Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9844, del 08-05-2024 (2024/3498)

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2024, de la directora general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, por la que se resuelve inscribir los nuevos estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.
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Número DOGV
:   9844

Fecha DOGV
:   08-05-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2024/3498


Fecha del documento
:   07-03-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia e Interior

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia e Interior

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2024, de la directora general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, por la que se resuelve inscribir los nuevos estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana. [2024/3498]  
Visto el expediente de solicitud de modificación estatutaria instruido a instancia del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, inscrito con el número 30 de la Sección Primera del Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, en el que se solicita la inscripción de los nuevos estatutos en dicho registro, atendiendo a los siguientes  
  
Hechos  
Primero. En fecha 5 de julio de 2023 el decano del Colegio presentó la solicitud de inscripción de los nuevos estatutos de la corporación profesional en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
Segundo. Los actuales estatutos del Colegio fueron inscritos en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana el 25 de febrero de 2008, por la Resolución de 20 de febrero de 2008, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (DOGV 5735, 04.04.2008).  
Tercero. Mediante oficio de 13 de julio de 2023, el Servicio de Colegios Profesionales y Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana formuló reparos a la documentación remitida, y al contenido de la propuesta de modificación de los estatutos, solicitando que subsanaran las deficiencias.  
Cuarto. En fecha 27 de febrero de 2024, el Colegio presentó documentación complementaria que subsanaba los reparos formulados a los estatutos, y se remitió el texto modificado de los estatutos.  
Quinto. Consta en el expediente el certificado del secretario del Colegio, de fecha 23 de febrero de 2024, suscrito por el decano en los que se indica que la Junta General ordinaria de colegiados, celebrada el 26 de enero de 2024, aprobó por unanimidad la modificación de los estatutos y facultó a la Junta de Gobierno del Colegio para realizar ante la Conselleria de Justicia e Interior, las gestiones necesarias para su tramitación y publicación.  
Sexto. La modificación estatutaria cuya inscripción se solicita se refiere a unos nuevos estatutos, que quedan redactados según el anexo de la presente resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Revisada la solicitud de nuevos estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, estos contienen las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Segundo. Los estatutos han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios estatutos del Colegio.  
Tercero. Esta dirección general es competente para tramitar y resolver el presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta lo previsto por la disposición final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana; y en virtud de las atribuciones contenidas en el artículo 70 bis del Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y en el artículo 10 bis 2.f) del Decreto 134/2023, de 10 de agosto, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia e Interior.  
Por todo lo anterior, visto el artículo 36 de la Constitución y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; los artículos 11, 25 y 26 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana; así como los artículos 21 y 74 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de esta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, resuelvo  
  
Primero  
Inscribir los nuevos estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
  
Segundo  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
València, 7 de marzo de 2024.- La directora general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia: María Belén Pulgar Gutiérrez.  
  
  
  
ANEXO  
Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira  
  
Capítulo I  
Del Colegio y de las personas colegiadas  
  
Artículo 1. Del Colegio  
1. El Ilustre Colegio de Abogados de Alzira es una corporación de derecho público amparada por la ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.  
2. Se regirá por la Ley de Colegios Profesionales y las demás disposiciones estatales y autonómicas pertinentes, en su caso, así como por el Estatuto General de la Abogacía Española, el presente estatuto y el reglamento de régimen interior que se aprobase en su desarrollo y por las normas de orden interno y acuerdos de los órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas competencias.  
3. El acceso y ejercicio a la profesión de sus miembros se rigen por los principios de igualdad de trato y no discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en los términos previstos en la legislación pertinente.  
  
Artículo 2. Ámbito territorial y domicilio  
1. El ámbito territorial del Colegio se extiende a los distintos pueblos que abarcan su partido judicial: Alberic, Alcàntera de Xúquer, Alzira, Algemesí, Antella, Beneixida, Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Cotes, L'Énova, Gavarda, Guadassuar, Manuel, Massalavés, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Tous y Castelló.  
2. Su domicilio radica en la ciudad de Alzira y su sede está en plaza del Sufragio número 9, 2ª planta, de la localidad de Alzira (Valencia), CP 46227.  
Por acuerdo de la Junta de Gobierno y de la Junta General se podrá trasladar a otro lugar dentro de la misma ciudad.  
  
Artículo 3. Fines y funciones  
1. Son fines esenciales del Colegio en el territorio de su competencia, la ordenación del ejercicio de la profesión, su exclusiva representación institucional, la defensa de los derechos e intereses profesionales de los abogados y abogadas, el control deontológico y el ejercicio de la potestad disciplinaria, la formación inicial y permanente de los colegiados y colegiadas, la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la administración de la justicia, la organización y prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en los términos establecidos en las leyes, la intervención en el proceso de acceso a la profesión, la defensa del estado social y democrático de derecho, la promoción y defensa de los derechos humanos y los demás que contemple el Estatuto General de la Abogacía Española y la normativa estatal y autonómica, en su caso, de aplicación.  
Igualmente, es fin esencial del Colegio la protección de los intereses de consumidores y usuarios, tanto en relación con los servicios que preste directamente como en los que presten sus miembros.  
A los efectos de cumplir con este fin, el Colegio dispondrá de un servicio de atención a los consumidores y usuarios el cual tramitará y resolverá las quejas y reclamaciones o, en su caso, las remitirá para su resolución por la Junta de Gobierno.  
2. Son funciones del Colegio:  
a) Aprobar sus estatutos y reglamentos de régimen interior.  
b) Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante la Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, todo ello conforme a la legislación vigente.  
c) Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional.  
d) Ejercer el derecho de petición conforme a la ley.  
e) Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, de interés para sus miembros.  
f) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones.  
g) Establecer y exigir aportaciones económicas.  
h) Llevar un registro de sus miembros en el que conste, al menos, testimonio auténtico del título académico oficial, la fecha de alta en el colegio, el domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio profesional, en su caso.  
i) Elaborar criterios generales y orientativos de honorarios a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas, de conformidad con lo establecido con la ley.  
j) Informar en los procedimientos administrativos o judiciales, cuando sea requerido para ello o cuando se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente.  
k) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.  
l) Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente.  
m) Ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad disciplinaria.  
n) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del aseguramiento de la responsabilidad civil de sus miembros.  
o) Participar en los órganos consultivos de la Administración, cuando sea preceptivo o esta lo requiera.  
p) Informar los proyectos normativos de la Administración sobre las condiciones del ejercicio profesional o que afecten directamente al Ilustre Colegio de Abogados de Alzira.  
q) Ejercer cuantas competencias le sean atribuidas legalmente, así como colaborar con la Administración mediante la realización de estudios o emisión de informes.  
r) Cumplir y hacer cumplir a sus miembros las normas generales y especiales, los estatutos colegiales, los reglamentos de régimen interior y los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en materia de su competencia.  
s) Aquellas que se les atribuya por otras normas de rango legal o reglamentario, les sean delegadas por las administraciones públicas o se deriven de convenios de colaboración.  
t) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios.  
u) Atender las solicitudes de información sobre sus miembros y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la ley siempre que estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó en los términos previstos en la legislación sobre protección de datos personales.  
v) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses profesionales de sus miembros.  
w) En general, cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los colegios profesionales.  
  
Artículo 4. Tratamiento y símbolos corporativos  
1. El Colegio tiene el tratamiento que tradicionalmente se le ha asignado que es el de Ilustre Colegio de Abogados de Alzira.  
2. La Corporación posee un escudo que tiene la siguiente descripción: escudo tradicional de armas de la ciudad de Alzira y con una filacteria que recorre ambos lados del escudo y su parte superior con la leyenda COLEGIO DE ABOGADOS DEL PDO; y en la base, Alzira. Al tiempo que su emblema actual está constituido por el escudo de armas de la ciudad de Alzira enmarcado en la balanza de la justicia, incluyendo en su parte superior la leyenda Ilustre Colegio de Abogados de Alzira. Sin perjuicio de ello, la Junta puede modificar dicho escudo, previa consulta a la Junta General.  
3. El Colegio es aconfesional si bien por razones históricas se acoge al Patrocinio secular de santa María, en su inmaculada concepción.  
  
Artículo 5. De la acción social del Colegio  
1. El Colegio tendrá especialmente en cuenta su responsabilidad para con la sociedad en que se integra. Por ello podrá promover, organizar y ejecutar programas de acción social en beneficio de los sectores más desfavorecidos, así como para la promoción y difusión de los derechos fundamentales, los valores democráticos de convivencia o la cooperación internacional.  
2. Sin perjuicio de las competencias derivadas de la legislación sobre asistencia jurídica en materia de servicios de orientación jurídica, el Colegio podrá organizar y prestar servicios gratuitos, con o sin financiación externa pública o privada, dedicados a asesorar a quienes no tengan acceso a otros servicios gratuitos y se encuentren en situaciones de necesidad, desventaja o riesgo de exclusión social.  
  
Artículo 6. De las personas colegiadas  
Pueden ser:  
a) Ejercientes, que son las que se dedican profesionalmente al ejercicio de la abogacía. Pueden ser residentes o no residentes según si tienen en el ámbito colegial su despacho único o principal.  
b) No ejercientes, que no se dedican al ejercicio profesional de la abogacía careciendo del derecho a denominarse abogadas o abogados.  
c) Inscritas, que son las que, de conformidad con la legislación, pueden ejercer en España con el título de su país de origen.  
d) De honor, que son las que hayan sido objeto de esta distinción en razón a sus méritos o a los servicios relevantes prestados a la abogacía o a la corporación.  
  
Artículo 7. Incorporación al Colegio  
1. Son requisitos necesarios para la incorporación al Colegio los que determina el Estatuto General de la Abogacía Española: estar en posesión del título habilitante, satisfacer la cuota de incorporación, que no podrá exceder en ningún caso de los costes asociados a la tramitación de la inscripción y carecer de antecedentes penales que inhabiliten para el ejercicio de la Abogacía.  
2. La solicitud se realizará mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno al que se acompañará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para la colegiación. Dicha solicitud podrá tramitarse por vía telemática a través de la ventanilla única.  
3. La colegiación como residente exige tener en su ámbito territorial despacho único o principal y no estar incorporado en ningún otro colegio en tal carácter, sin perjuicio del traslado que exigirá la baja en el colegio de proveniencia para causar alta en este colegio.  
4. La incorporación a la profesión por primera vez será solemne, exigirá el juramento o promesa de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y de cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Se ajustará a las siguientes formalidades: podrá ser apadrinado o apadrinada por un compañero o una compañera que en el acto de la ratificación pública de la jura o promesa de guardar la Constitución del Estado así como cumplir fielmente sus obligaciones, según las normas deontológicas que rigen la profesión, lo presentará a la Junta de Gobierno. En el supuesto de que el nuevo colegiado o colegiada no disponga de padrino o padrina será apadrinado o apadrinada por un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio.  
5. El Colegio podrá comunicar los datos que tengan carácter profesional, incluirlos en guías colegiales y cederlos a terceros conforme a lo previsto en la legislación pertinente con las limitaciones que establezcan.  
  
Artículo 8. Incorporación de profesionales de la abogacía procedentes de otros colegios  
1. Podrán incorporarse como no residentes al Colegio los profesionales de la abogacía procedentes de otros colegios de España, acreditando su ejercicio y pertenencia actual y vigente a la respectiva corporación de residencia.  
2. Deberán también justificar no estar dados de baja o suspendidos temporalmente en el ejercicio de la abogacía por otros colegios.  
3. Se estará a lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española en lo relativo a las personas que hayan ejercido previamente en otro estado de la Unión Europea.  
  
Artículo 9. Aprobación y denegación de la incorporación  
1. Las solicitudes de incorporación serán aprobadas, suspendidas o denegadas, previa la tramitación que proceda, por la Junta de Gobierno mediante resolución motivada, debiendo admitirse a quienes reúnan los requisitos establecidos para colegiarse.  
2. La denegación de incorporación como ejerciente adoptada por un colegio impedirá la incorporación a esta corporación cuando se trate de causa insubsanable o que no haya sido debidamente subsanada.  
3. La resolución de la Junta de Gobierno deberá pronunciarse dentro del mes después de cuyo plazo se entenderá aprobada la colegiación.  
4. La resolución que deniegue la incorporación será motivada y puede ser objeto de los pertinentes recursos.  
  
Artículo 10. Acreditación de la condición de persona colegiada  
En el momento de la incorporación se asignará un número de colegiación que deberá consignarse junto al nombre cuando se realicen actuaciones profesionales. El Colegio expedirá documento acreditativo de tal condición.  
  
Artículo 11. Actuación de profesionales de la abogacía de otros colegios  
1. Los profesionales de la abogacía pertenecientes a otros colegios quedarán sujetos a las normas y régimen disciplinario de esta corporación cuando actúen en su ámbito territorial teniendo derecho a la utilización de los servicios colegiales directamente relacionados con el ejercicio de la profesión.  
2. La libertad e independencia en la actuación profesional quedarán bajo la protección de este colegio.  
  
Artículo 12. Suspensión y pérdida de la condición de persona colegiada  
1. La suspensión y pérdida de la condición de persona colegiada se regirá por lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
2. La persona colegiada que cause baja por impago de cuotas podrá rehabilitar sus derechos abonando las cantidades debidas, pagando lo adeudado con sus intereses al tipo legal incrementado en dos puntos, conforme determina el Estatuto General.  
  
Artículo 13. Rehabilitación  
1. El profesional de la abogacía que haya sufrido la sanción disciplinaria de expulsión podrá obtener la rehabilitación para el ejercicio de la profesión cumpliendo con los requisitos previstos en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
2. La Junta de Gobierno establecerá las actividades formativas que en materia de deontología profesional deberán superar los que soliciten la rehabilitación.  
3. Las resoluciones que se adopten en materia de rehabilitación serán siempre motivadas.  
  
Artículo 14. Ventanilla única  
1. El Colegio dispondrá de un portal electrónico para que, a través de la ventanilla única prevista en la ley, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. El Colegio hará lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita:  
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.  
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.  
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y su resolución por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando fuera procedente.  
d) Ser convocados a las juntas generales ordinarias y extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.  
2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio ofrecerá la siguiente información de forma, clara, inequívoca y gratuita:  
a) El acceso al registro de los profesionales de la abogacía colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.  
b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en la ley.  
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y una persona colegiada o el Colegio de Alzira.  
d) El contenido del Código Deontológico de la Abogacía Española y de otros que puedan ser de aplicación.  
  
Artículo 15. Memoria anual  
1. El Colegio está sujeto al principio de transparencia en su gestión. Para ello, elaborará una memoria anual que contenga la información siguiente:  
a) Informe de la gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo, en su caso.  
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.  
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, con observancia, en todo caso, de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.  
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, con observancia, en todo caso, de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.  
e) Los cambios en el contenido del Código Deontológico, si los hubiere.  
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno.  
2. La memoria anual aprobada deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año.  
  
Artículo 16. Servicio de atención a los miembros del Colegio y a las personas consumidoras o usuarias  
1. El Colegio deberá atender las quejas o reclamaciones presentadas.  
2. Asimismo, dispondrá de un servicio de atención a las personas consumidoras o usuarias, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de sus miembros se presenten por ellas, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.  
3. El Colegio, a través de este servicio de atención resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiéndola a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.  
La tramitación del procedimiento de resolución de quejas y reclamaciones será regulado por la Junta de Gobierno.  
4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.  
  
Capítulo II  
De las obligaciones y derechos de los miembros del Colegio  
  
Artículo 17. De las obligaciones de los miembros del Colegio  
Las obligaciones de los colegiados y colegiadas con el Colegio son las que impone el Estatuto General de la Abogacía Española y demás normas que regulan la profesión.  
  
Artículo 18. De los derechos de los colegiados y de las colegiadas  
Además de los derechos que otorga el Estatuto General de la Abogacía Española y normas que regulan la profesión, los que estén incorporados y los que actúen dentro del ámbito del Colegio gozarán del amparo colegial.  
  
Artículo 19. De la asistencia jurídica gratuita  
El Colegio dictará normas que regulen la prestación de los servicios en su ámbito territorial y establecerá un régimen sancionador para el incumplimiento de las obligaciones que conlleva. Se propondrá la especialización del turno de oficio.  
  
Artículo 20. Del ejercicio individual, colectivo y multiprofesional  
1. La abogacía podrá ejercerse en las formas previstas en el Estatuto General de la Abogacía Española y en la legislación vigente.  
2. Las sociedades profesionales deberán inscribirse en el registro de sociedades profesionales que el Colegio tiene creado al efecto y tendrán las mismas obligaciones deontológicas que el resto de colegiados con las particularidades que le sean propias. Las sociedades profesionales deberán presentar para su inscripción en el registro del Colegio los cambios de socios y administradores o de cualquier modificación del contrato social que deba ser objeto de inscripción, debiendo abonar las cargas previstas colegialmente.  
3. Los deberes de información e identificación que establece el Estatuto General de la Abogacía Española recaen también sobre las sociedades multidisciplinares en las que son socios profesionales abogados o abogadas.  
4. Igualmente, el secreto profesional incumbe también a las sociedades de profesionales de la abogacía, a los despachos colectivos y a las sociedades multidisciplinares con participación de profesionales de la abogacía.  
5. El Colegio ejercerá sobre las sociedades profesionales que estén inscritas las mismas competencias que se le atribuyen en relación con las personas colegiadas, especialmente en lo relativo a la deontología y a la potestad disciplinaria.  
6. En la hoja de encargo profesional deben figurar los datos de identificación de las sociedades profesionales, de los despachos colectivos y de las sociedades multidisciplinares, en su caso.  
  
Artículo 21. De la sustitución  
1. La sustitución en la defensa o en el asesoramiento se regirá por las normas contenidas en el Estatuto General de la Abogacía Española y en el Código Deontológico.  
2. Las obligaciones que imponen son exigibles en el ámbito del Colegio y de necesario cumplimiento tanto en asuntos judiciales como extrajudiciales, defensa, asesoramiento y gestión y mientras conste que haya un asunto encargado antes a otro compañero o compañera, incluso cuando se haya comunicado su cese por el cliente.  
  
Artículo 22. Honorarios profesionales  
1. La cuantía de los honorarios será libremente convenida con el cliente y debe ser objeto de acuerdo previo a través de la utilización de la hoja de encargo o medio equivalente.  
2. El Colegio elaborará unos criterios orientadores de honorarios a los solos efectos de tasación de costas y de la jura de cuentas.  
  
Artículo 23. Distinciones y honores  
1. Con el fin de reconocer los méritos contraídos en beneficio e interés de la abogacía y del derecho, los servicios prestados a la corporación y la dedicación constante al ejercicio profesional, a iniciativa de la Junta de Gobierno podrá conceder -previa la tramitación del oportuno expediente- los títulos distintivos de decano o decana de honor emérito o emérita, abogado o abogada de honor, así como cualquier otra distinción y honor que estime la Junta de Gobierno.  
2. El decano o decana tendrá el tratamiento de Excelentísimo o Excelentísima, y otros que legalmente le correspondan. El resto de miembros de la Junta de Gobierno tendrán tratamiento de Ilustrísimos.  
3. El decano o decana y los miembros de la Junta de Gobierno usarán en los actos oficiales, como distintivo de su personalidad las medallas con cordón, colgadas al cuello, que tradicionalmente ya se vienen utilizando, así como togas con el escudo del Colegio, y puñetas en la bocamanga, pudiendo igualmente utilizar una medalla de solapa.  
4. Las medallas con cordón, se utilizarán únicamente mientras se pertenezca a la Junta de Gobierno, pudiendo usarse las de solapa, en todo momento, incluso después de cesar en el cargo.  
  
Capítulo III  
Órganos de gobierno  
  
Artículo 24. Principios rectores y órganos de gobierno  
1. El gobierno del Colegio está presidido por los principios de democracia, autonomía y transparencia, Son sus órganos de gobierno el decano o decana, la Junta de Gobierno y la Junta General.  
2. De las sesiones y deliberaciones de los órganos colegiados se levantará acta, que firmará el titular de la Secretaría en unión de quien hubiera presidido la sesión. Las actas se someterán a aprobación en la siguiente sesión que celebre el órgano de que se trate, bastando el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.  
3. Los acuerdos contenidos en las actas serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de su ulterior aprobación.  
4. Capacidad para formar parte de la Junta.  
4.1. No podrán formar parte de la Junta de Gobierno:  
a) Los colegiados o colegiadas que hayan sido condenados por sentencia firme, que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto estas subsistan.  
b) Los colegiados o colegiadas a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria por falta grave en cualquier colegio de abogados, mientras no haya sido rehabilitado.  
c) Los colegiados o colegiadas que sean miembros de órganos rectores de otro colegio profesional.  
d) En el caso de sanciones disciplinarias impuestas por tribunal, juzgados u órganos que no sean colegios de abogados cuyas sanciones consten en su expediente personal, la Junta de Gobierno, mediante decisión motivada, decidirá si constituyen o no impedimento para el acceso a los cargos directivos.  
4.2. Quienes se hallaren en alguna de las situaciones a que se refieren los apartados anteriores no podrán ser objeto de sufragio pasivo en las elecciones, y si son miembros de la Junta cesarán de inmediato.  
4.3. El decano o decana y los demás miembros de la Junta de Gobierno serán colegiados ejercientes, que tengan la condición de elector y residentes en la demarcación del Colegio, y en el que no o concurra ninguna de las causas de incapacidad ni en las prohibiciones establecidas en estos estatutos.  
4.4. No se podrá pertenecer a la Junta de Gobierno en cargos distintos.  
4.5. Para concurrir a las elecciones como candidato a decano o decana, será necesario haber desarrollado durante cinco años el ejercicio profesional, para los demás cargos, tres años.  
  
Artículo 25. Del decano o decana  
Le corresponderá la representación legal del Colegio en todas sus relaciones, incluidas las que mantenga con los poderes públicos, entidades, corporaciones y personas de cualquier orden, la presidencia de todos los órganos colegiados, la ordenación de los pagos y las demás que le atribuye el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 26. Composición de la Junta de Gobierno  
1. La Junta de Gobierno es el órgano de dirección, gestión y administración del Colegio. Estará constituida por ejercientes e integrada por quien desempeñe el decanato, la secretaría, y diputados o diputadas, numerados ordinalmente, de entre los cuales se designará por la Junta de Gobierno a propuesta de quien desempeñe el decanato, un tesorero o tesorera.  
2. La Junta de Gobierno estará compuesta por 7 miembros. La Junta de Gobierno se entenderá ampliada en un nuevo miembro por cada 100 ejercientes que sobrepasasen la citada cifra. La elección para cubrir los puestos así creados se celebrará en la próxima oportunidad en que haya de renovarse el órgano de gobierno. Los elegidos por tal razón permanecerán en sus cargos aun cuando disminuya el censo colegial por debajo de la cifra que determinó su elección. En ningún caso y cualquiera que sea el número de miembros, los integrantes de la Junta sobrepasarán el número de 10 miembros.  
  
Artículo 27. Del Vicedecanato  
Quien ostente el cargo al que corresponda el numeral uno de los miembros de la Junta tendrá la consideración de vicedecano o vicedecana desempeñando todas aquellas funciones que le confiera el Decanato, asumiendo las de esta en caso de fallecimiento, ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante. En caso de que le afecte alguna de esas circunstancias será sustituido por el diputado o diputado que el siga en orden de numeración.  
  
Artículo 28. De la Secretaría  
Quien desempeñe la Secretaría del Colegio también actuará en ese carácter en la Junta de Gobierno y en la Junta General y tendrá las siguientes funciones:  
a) Redactar las actas de las juntas generales y de las sesiones de Junta de Gobierno.  
b) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las instrucciones que reciba del Decanato y con la anticipación debida.  
c) Recibir y dar cuenta de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.  
d) Expedir con el visto bueno del decano o decana las certificaciones que se soliciten por los interesados.  
e) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la jefatura del personal.  
f) Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.  
g) Asumir el control de la legalidad de los actos colegiales.  
h) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 29. De la Tesorería  
Corresponde al miembro de la Junta nombrado como tesorera o tesorero las siguientes funciones:  
a) Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.  
b) Pagar los libramientos debidamente autorizados por el Decanato.  
c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno sobre la cuenta de ingresos y gastos, así como de la marcha del presupuesto.  
d) Redactar para su presentación a la Junta General las cuentas del ejercicio económico vencido y los presupuestos anuales.  
e) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias de que fuere titular el Colegio, mancomunadamente con el decano o decana.  
f) Llevar el inventario de los bienes del Colegio.  
g) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 30. Del contador o contadora  
La Junta de Gobierno podrá designar de entre sus miembros a uno de ellos para intervenir las operaciones de tesorería y las restantes funciones que se le encomienden.  
  
Artículo 31. Del bibliotecario o bibliotecaria  
La Junta de Gobierno podrá designar uno de sus miembros para que, siguiendo sus directrices y acuerdos, pueda adoptar las medidas oportunas a fin de que la biblioteca se encuentre en adecuado uso, actualizando permanentemente los fondos que deba acoger, tanto bibliográficos como informáticos o en cualquier otro soporte, llevando los oportunos registros y catálogos. Deberá proponer a la Junta de Gobierno las adquisiciones de todo orden que entendiere precisas o convenientes para el buen servicio.  
  
Artículo 32. De las sustituciones  
Quienes desempeñen las funciones previstas en los cuatro artículos precedentes serán sustituidos, en el supuesto de ausencia temporal o definitiva, por el miembro que designe la Junta de Gobierno hasta que se celebren elecciones, en su caso.  
  
Artículo 33. Atribuciones de la Junta de Gobierno  
Además de las que establece el Estatuto General de la Abogacía Española y demás normativa aplicable, son atribuciones de la Junta de Gobierno las siguientes:  
a) Convocar los congresos de la abogacía dentro del ámbito colegial.  
b) Promover el respeto, la divulgación, conocimiento y enseñanza de las normas deontológicas.  
  
Artículo 34. Funcionamiento de la Junta de Gobierno  
1. La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario una vez al mes, salvo durante el mes de agosto. Además, podrá reunirse, con carácter extraordinario, cuantas veces estime necesarias o convenientes quien la presida en función de los intereses del Colegio o cuando lo soliciten al menos una tercera parte de sus componentes. En este último caso, deberán señalar el objeto de la convocatoria.  
2. El orden del día lo confeccionará quien la presida y deberá estar en poder de los componentes de la Junta de Gobierno al menos con veinticuatro horas de antelación, salvo situaciones de urgencia. Se remitirá por el medio que el convocante estime conveniente, siempre que quede constancia e incluirá los siguientes asuntos:  
a) Los que el decano o decana estime pertinentes.  
b) Los propuestos por los miembros de la Junta de Gobierno.  
c) Los que hubieren sido propuestos por las personas colegiadas.  
d) Ruegos y preguntas.  
Para que puedan adoptarse acuerdos sobre materias no incluidas en el orden del día deberá apreciarse previamente su urgencia por la propia junta.  
3. Cuando sean razones de máxima urgencia las que motiven la convocatoria de la Junta, se prescindirá del orden del día y del requisito temporal de conocimiento de la convocatoria antes establecido, bastando que, por cualquier medio, se haga saber a los miembros de la Junta el motivo de la convocatoria y el lugar y hora de celebración.  
4. La Junta quedará válidamente constituida cuando concurran mayoría de sus miembros, será presidida por el decano, decana o por quien estatutariamente le sustituya, quien dirigirá los debates, dando turno de palabra y cuidando de que las intervenciones sean concisas y ajustadas al asunto objeto de cuestión.  
5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, que se emitirán de forma escrita y secreta si algún miembro de la Junta así lo solicita. En caso de empate decidirá el voto de calidad de quien presida. Todo ello, salvo los supuestos que expresamente se establezcan en una norma de rango superior o se precise una mayoría cualificada.  
6. La documentación relativa a los asuntos a tratar deberá estar en la Secretaría del Colegio, a disposición de los componentes de la Junta con al menos veinticuatro horas de antelación a la celebración de la sesión de que se trate.  
7. Los miembros de la Junta de Gobierno que tengan interés directo o indirecto en un concreto asunto incluido en el orden del día, se ausentarán de la sesión durante su discusión y votación, incorporándose a ella una vez hubiera tomado la Junta la decisión que sobre tal extremo hubiera estimado pertinente. De tal hecho se dejará constancia en el acta.  
8. La asistencia a la Junta de Gobierno es obligatoria para todos sus componentes, por lo que la ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en un periodo de un año conllevan la pérdida de la condición de miembro de la Junta, previo acuerdo en tal sentido adoptado por la Junta de Gobierno. Una vez notificado el acuerdo, se podrá convocar elecciones para proveer la vacante o vacantes que por tal motivo se hubieren producido.  
  
Artículo 35. De las juntas generales  
1. La Junta General tendrá las siguientes atribuciones además de las establecidas en el Estatuto General de la Abogacía Española y demás normativa aplicable:  
a) Aprobar el Estatuto del Colegio y sus modificaciones o reformas.  
b) Debatir y, en su caso, aprobar los presupuestos y las cuentas anuales de cada ejercicio.  
c) Debatir y, en su caso, resolver sobre la reprobación o censura de la Junta de Gobierno o de cualquiera de sus miembros.  
d) Aprobar la imposición de cuotas extraordinarias.  
e) Aprobar la inversión o disposición del patrimonio colegial si se tratare de inmuebles.  
f) Aprobar los reglamentos de régimen interior que le proponga la Junta de Gobierno.  
g) Cualquier otra facultad que le atribuyan las leyes, los reglamentos o el presente estatuto.  
Es el órgano máximo de gobierno del Colegio y se reunirá con carácter ordinario, dos veces al año y con carácter extraordinario cuando sea debidamente convocada a iniciativa del decano o decana, de la Junta de Gobierno o de un número de colegiados y colegiadas que represente a la mayoría.  
2. Las juntas generales deberán convocarse con una antelación mínima de quince días, salvo en los casos de urgencia, en que a juicio de la Junta de Gobierno deba reducirse el plazo, debiendo motivarse en la convocatoria la causa concreta que la justifique.  
3. La convocatoria, conteniendo el orden del día, se publicará en los tablones de anuncios del Colegio y en la página web a través de la ventanilla única, notificándose a todos los miembros por medios telemáticos o por correo ordinario.  
4. La citación señalará la fecha, hora y lugar de celebración y expresará debidamente numerado el orden del día. Si la convocatoria o alguno de los puntos a tratar fueren a instancia de las personas colegiadas deberá indicarse tal circunstancia.  
5. No se exigirá quórum especial para la válida constitución de la junta, salvo en los supuestos previstos en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
6. Los votos de los no ejercientes se considerarán como «medios votos».  
7. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, excepto en los casos en que se exija una mayoría cualificada.  
8. Se permitirá la delegación por escrito del voto que deberá ser específico para la Junta General a la que se refiera la delegación, siempre que conste debidamente acreditada su autenticidad y recaiga en un colegiado o colegiada. No puede delegarse el voto para las elecciones y votaciones de censura y con un máximo de 10 delegaciones por votante. El voto para participar en las juntas generales donde deba tratarse el cambio de denominación, la fusión, segregación, disolución y liquidación del Colegio tampoco será delegable.  
9. Desde la fecha de la convocatoria y hasta el día de su celebración, se podrán consultar en la Secretaría los antecedentes relativos al contenido del orden del día.  
10. En la junta general ordinaria, a celebrar en el primer trimestre de cada año, podrán incluirse las proposiciones que presenten la mitad más uno de los colegiados o colegiadas. La propia junta acordará si procede o no abrir discusión sobre las proposiciones presentadas.  
11. Del contenido de la junta se levantará acta que será firmada por quien presida y por quien desempeñe la Secretaría.  
12. El voto de censura a la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Capítulo IV  
De las elecciones  
  
Artículo 36. Del régimen electoral  
1. Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos en votación directa y secreta entre los del Colegio en los términos y condiciones que establece el Estatuto General de la Abogacía Española.  
2. Serán electores todos los colegiados y colegiadas con una antigüedad de más de un año de incorporación a la fecha de la convocatoria.  
3. En las elecciones, el voto de los ejercientes y las personas inscritas será uno y el de los no ejercientes la mitad.  
4. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección mediante votación directa y secreta de todos los colegiados y colegiadas, ejercientes, no ejercientes y personas inscritas, computándose el valor de los votos de aquellos como doble del de estos últimos.  
5. Los cargos durarán cinco años.  
6. La renovación de los cargos de la Junta de Gobierno se verificará por mitad, cada dos años y medio, con sujeción al siguiente turno de rotación:  
a) Decano o decana, diputado segundo o diputada segunda, bibliotecario o bibliotecaria y secretario o secretaria.  
b) Diputado primero o diputada primera, diputado tercero o diputada tercera y tesorero o tesorera.  
7. Si se produjera alguna vacante en la Junta de Gobierno, se proveerá también por elección, en la junta general de más próxima celebración y el elegido desempeñará su cargo por el tiempo que medie hasta la época de su renovación, según el turno establecido anteriormente. Los que fueren designados en esta elección para sustituir a aquellos que no hubieren agotado el término de su mandato, ocuparán los cargos durante el tiempo legal que faltase a los sustituidos, pero podrán ser reelegidos en la renovación ordinaria de cargos, tomando posesión inmediatamente.  
8. En el caso de que opte por presentarse a las elecciones algún miembro de la Junta de Gobierno, se le tendrá por renunciado automáticamente de todos sus cargos, una vez presentada la candidatura.  
9. Si por esta circunstancia quedaran vacantes más de la mitad de los integrantes de la Junta de Gobierno, esta se completará provisionalmente con los colegiados o colegiadas más antiguos que hayan sido miembros de la Junta de Gobierno, que serán llamados siguiendo el orden de su colegiación, comenzando por el de incorporación menos reciente. Si vacasen por esta razón todos los miembros de la Junta, el llamamiento lo efectuará el Consejo Autonómico o el Consejo General de la Abogacía Española y ostentará -en ese caso- el Decanato el más antiguo de los llamados y la Secretaría el más moderno.  
10. Esta norma se aplicará también cualquiera que sea la razón de la vacancia.  
  
Artículo 37. Convocatoria de las elecciones  
1. La Junta de Gobierno convocará elecciones tres meses antes a la finalización del mandato ordinario o cuando se produjese alguna vacante en la misma.  
2. Cuando por cualquier causa la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno queden vacantes, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados designará una junta provisional de entre los colegiados o colegiadas ejercientes con más de 25 años de ejercicio, que convocará en el plazo de treinta días elecciones para la provisión de los cargos vacantes. Estas elecciones deberán celebrase dentro de los cuarenta y cinco días siguientes, contados a partir de la convocatoria.  
3. Si quedasen vacantes la mitad o más de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados las completará en forma también provisional, actuándose para su provisión definitiva en la forma antes consignada. En el caso previsto en el párrafo primero de este artículo, la mitad de los elegidos, que se concretarán por sorteo, ostentarán el mandato por un periodo de dos años, efectuándose la renovación de la otra mitad y las sucesivas del modo que previere con carácter general esta sección.  
4. En el supuesto de que la convocatoria lo fuere para cubrir vacantes que se produjeran en la Junta de Gobierno durante la vigencia de su mandato, la Junta adoptará el pertinente acuerdo para la celebración de elecciones en las fechas que estime más conveniente. El plazo del mandato de los elegidos para rellenar vacantes durará hasta la próxima renovación del cargo que ocupa.  
5. El acuerdo de convocatoria se adoptará 3 meses antes y contendrá en todo caso lo relativo a la apertura del periodo electoral, trámites a seguir y fijará la fecha, que coincidirá con un día hábil, los cargos objetos de elección, los requisitos para optar a cada uno de ellos, la hora y lugar de celebración de las elecciones, la posibilidad de ejercitar el voto por medios telemáticos o por correo, así como la hora de comienzo y cierre de las votaciones, conforme a lo establecido en los artículos siguientes.  
  
Artículo 38. Presentación de candidaturas  
1. El decano o decana y los demás miembros de la Junta de Gobierno serán colegiados o colegiadas ejercientes, que tengan la condición de elector y residentes en la demarcación del Colegio, y en el que no concurra ninguna de las causas de incapacidad ni en las prohibiciones establecidas en estos estatutos.  
2. No se podrá pertenecer a la Junta de Gobierno en cargos distintos.  
3. Las candidaturas deberán presentarse en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de publicación de la convocatoria de elecciones y podrán ser conjuntas para varios cargos.  
4. Las candidaturas deberán ser suscritas para su presentación exclusivamente por candidatos o candidatas.  
5. Nadie podrá presentarse a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en la misma convocatoria.  
6. En el término de 7 días desde la finalización del plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral proclamará a quienes reúnan los requisitos. En el supuesto de que haya una sola candidatura para alguno de los cargos convocados, será proclamado electo.  
7. La relación de los proclamados será expuesta en los tablones de anuncios de la corporación y en su página web y se notificará a los candidatos.  
  
Artículo 39. Desarrollo de las votaciones  
1. El día fijado para las elecciones se constituirán mesas electorales en la sede del Colegio, en las demás dependencias de este y en cada una de las delegaciones, en su caso.  
2. Constituidas las mesas electorales, los candidatos o candidatas podrán nombrar un interventor o interventora que les represente durante el desarrollo de las votaciones.  
3. Las votaciones comenzarán a las nueve de la mañana del día de las elecciones y continuarán ininterrumpidamente hasta las 13.30 horas de la tarde en que se cerrarán las urnas para proceder al correspondiente escrutinio.  
4. En la sede electoral se habilitarán dos urnas, una para los ejercientes e inscritos y otra para los no ejercientes.  
5. Las papeletas de votación que edite el Colegio deberán ser blancas y deberán llevar impresos en su anverso exclusivamente la relación de los cargos que se eligen, sin perjuicio de que se puedan introducir en la papeleta de voto las modificaciones que sean necesarias e imprescindibles para su lectura y recuento por medios telemáticos, requiriéndose en todo caso para su edición la aprobación del formato por la Junta Electoral.  
6. Una vez abierto el acto de la votación cada mesa procederá a introducir en las urnas los votos anticipados y los emitidos por correo y, una vez terminadas estas operaciones, podrán ejercitar su derecho al voto los restantes. Los votantes deberán acreditarse ante las mesas electorales.  
7. La papeleta deberá introducirse en un sobre de color blanco que a tal efecto será facilitado por el Colegio.  
8. La mesa comprobará la inclusión en el censo electoral del votante, indicando que vota, tras lo cual introducirá el sobre en la urna que corresponda.  
9. Las mesas votarán en último lugar, dando por concluida la votación.  
10. Seguidamente en cada mesa electoral, si son varias, las urnas, debidamente precintadas serán trasladadas a la sede principal para su recuento. Una vez finalizadas las votaciones en todas las mesas, comenzará el escrutinio y una vez finalizado se proclamará electos para cada cargo a los candidatos o las candidatas que obtengan la mayoría.  
11. En caso de empate se entenderá elegido la candidatura que más votos hubiere obtenido entre los ejercientes; de persistir este, la candidatura de mayor tiempo de ejercicio en el Colegio; y si aún se mantuviere el empate, la candidatura de mayor edad.  
  
Artículo 40. Votación anticipada  
Se podrá ejercer el derecho al voto de manera anticipada dentro de los 15 días hábiles anteriores al señalado para las elecciones ininterrumpidamente, desde las 10 horas de la mañana del primer día de votación anticipada hasta las 13.30 horas del día hábil anterior al de las elecciones mediante comparecencia personal del colegiado o colegiada en la sede colegial.  
  
Artículo 41. Voto por correo  
1. Quien desee emitir su voto por correo deberá comunicarlo por escrito en la Secretaría del Colegio, con una anticipación mínima de 15 días a la fecha señalada para la votación. Le será facilitada junto a la papeleta de voto y el correspondiente sobre.  
2. Se deberá introducir la papeleta en su sobre y este junto con la acreditación y una fotocopia de su carné de identidad o profesional en una plica que deberá remitir por correo al Colegio, indicando junto a la dirección de la corporación la mención «a la atención de la Junta Electoral». La plica deberá obrar en su poder antes de que comiencen las votaciones.  
  
Artículo 42. Toma de posesión  
Las personas elegidas tomarán posesión, en acto solemne, en la fecha que se estipule, y, previo juramento o promesa de cumplir fielmente el cargo respectivo y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno, se les impondrán los distintivos colegiales acreditativos de sus cargos.  
  
Artículo 43. Disposiciones comunes a la elección  
1. Los plazos señalados en días serán naturales.  
2. Los recursos que se interpongan durante el proceso electoral o contra su resultado serán admitidos en un solo efecto y no suspenderán la votación, proclamación y toma de posesión de los electos.  
3. Las resoluciones o acuerdos de la Junta Electoral podrán ser recurridas ante la Junta de Gobierno en el plazo de siete días. Será competente para conocer de los recursos contra los actos de la Junta de Gobierno el Consejo Autonómico o el Consejo General de la Abogacía Española.  
  
Capítulo V  
De las delegaciones  
  
Artículo 44. De las delegaciones  
1. Para el mejor cumplimiento de sus fines y la mayor eficacia de sus funciones, el Colegio podrá establecer, por acuerdo de su Junta de Gobierno y de la Junta General, delegaciones en aquellos partidos judiciales en que así lo requieran los intereses profesionales, que funcionarán conforme al reglamento que aprobará la Junta de Gobierno. La demarcación de cada delegación podrá comprender uno o varios partidos judiciales.  
2. La delegación ostentará la representación de la Junta de Gobierno en el ámbito de su demarcación y tendrá como misión colaborar con esta, bajo cuyas directrices actuará.  
3. Tendrá en el ámbito de su demarcación las funciones siguientes:  
a) Velar por la libertad e independencia de los colegiados y colegiadas en el cumplimiento de sus deberes profesionales y por el reconocimiento y la consideración debida a la Abogacía, informando con toda diligencia a la Junta de Gobierno sobre cualquier vulneración o irregularidad de la que tenga conocimiento.  
b) Velar por la ética y la dignidad profesionales y por el respeto debido a los derechos de los particulares, informando a la Junta de Gobierno sobre todo comportamiento incorrecto o que no guarde el celo y la competencia exigidos en la actividad profesional de los colegiados.  
c) Combatir el intrusismo, denunciando a la Junta de Gobierno todo supuesto de ejercicio irregular de la abogacía o que se realiza en forma y bajo condiciones contrarias al orden legal establecido.  
d) Canalizar hacia la Junta de Gobierno las quejas, reclamaciones y sugerencias de los colegiados y colegiadas residentes en el ámbito territorial de la delegación.  
e) Fomentar la comunicación periódica entre los colegiados y colegiadas, creando una sede para la delegación y propiciando reuniones de carácter profesional y la publicación periódica o colaboración en las publicaciones del Colegio y, en general, las actividades formativas, sociales, culturales, artísticas, recreativas y deportivas de los colegiados y colegiadas.  
f) Proponer a la Junta de Gobierno un presupuesto que financie las actividades y necesidades de la delegación que sirva de información para la confección de los presupuestos generales del Colegio.  
g) Organizar la asistencia jurídica gratuita y el servicio de orientación jurídica, con estricto cumplimiento de la legalidad vigente en la materia, atendiendo las instrucciones que al respecto fije la Junta de Gobierno y adaptándose a las particularidades territoriales de la demarcación.  
h) Regular el funcionamiento interno de la actividad de la delegación.  
i) Representar al Colegio en los actos oficiales dentro de su demarcación, previa delegación específica para cada caso de la Junta de Gobierno.  
j) Informar inmediatamente a la Junta de Gobierno y asumir la defensa en casos graves y urgentes de los colegiados que en el ejercicio de la profesión lo precisen y hasta tanto la Junta provea lo necesario.  
k) Remitir al servicio de atención a los consumidores y usuarios del Colegio las quejas y reclamaciones de estos y  
l) En general, acercar los servicios del Colegio a los colegiados y a los ciudadanos, colaborar con la Junta de Gobierno en todos aquellos asuntos que le sean encomendados y ejercer las facultades que le sean delegadas.  
4. Las delegaciones estarán a cargo de uno o más colegiados o colegiadas cuya designación corresponde a la Junta de Gobierno.  
5. Los así designados prestaran ante esta juramento o promesa de mantener el secreto de las deliberaciones en las que participen.  
6. Las delegaciones podrán ser disueltas en cualquier momento por acuerdo de la Junta de Gobierno.  
  
Capítulo VI  
De las comisiones  
  
Artículo 45. Creación y clases de comisiones  
1. La Junta de Gobierno, para una mayor eficacia en el desarrollo de sus funciones, estará asistida de las comisiones que se creen mediante acuerdo de forma permanente o temporal cuando se considere necesario u oportuno, pudiendo delegar en ellas las competencias que estime oportunas.  
2. Las comisiones podrán designar de entre sus miembros dos personas para que desempeñen una la coordinación y otra la secretaría y podrán organizarse mediante subcomisiones.  
  
Artículo 46. Comisión de Deontología Profesional  
1. Con esa denominación existirá en el ámbito del Colegio una comisión cuyo cometido será la instrucción y tramitación de los expedientes que en materia disciplinaria sean incoados por la Junta de Gobierno, ateniéndose tanto a lo preceptuado en el Estatuto General de la Abogacía Española como a lo regulado en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario.  
2. Igualmente procederá al estudio y averiguación del contenido de cuantas denuncias se interpusieren ante el Colegio en materia de intrusismo, proponiendo a la Junta de Gobierno cuantas iniciativas y medidas deban adoptarse en esta materia.  
3. A requerimiento de la Junta de Gobierno, evacuará los informes sobre las materias que le son propias.  
4. Las fases de instrucción de los procedimientos disciplinarios viene atribuida a los instructores, que deberán ser ejercientes, no pertenecientes a la Junta de Gobierno, con más de 5 años de antigüedad, designados por acuerdo de esta.  
5. La resolución de las informaciones previas y los expedientes disciplinarios corresponde a la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 47. Del funcionamiento, composición y miembros de las comisiones  
1. Las comisiones funcionarán bajo principios democráticos, adoptando sus acuerdos por el voto mayoritario de sus componentes, ostentando voto de calidad la persona que lleve la coordinación en caso de empate.  
2. Para su constitución se requerirá un quórum de asistencia de la mitad más uno de sus componentes.  
3. La persona coordinadora podrá no ser miembro de la Junta de Gobierno pero será designada en todo caso por esta.  
4. Los miembros serán designados por la Junta de Gobierno y desarrollarán su cometido durante el tiempo de mandato de la Junta, pero podrán ser cesados por esta en cualquier momento.  
5. Las relaciones entre cada comisión y la Junta de Gobierno se mantendrá a través del miembro de la Junta que esta designe o de la persona que lleve la coordinación.  
6. Con carácter excepcional y en función de la trascendencia de una determinada cuestión sometida al conocimiento de la comisión, a petición de la persona que lleve la coordinación, podrá asistir el miembro de la comisión que se designase, con voz pero sin voto, a la sesión de Junta de Gobierno que hubiere de estudiar el asunto o decidir sobre él.  
7. Los miembros de las comisiones prestarán ante la Junta de Gobierno juramento o promesa de mantener el secreto de las deliberaciones.  
  
Capítulo VII  
De las agrupaciones y secciones  
  
Artículo 48. De la agrupación de la abogacía joven  
1. En la corporación podrá existir una agrupación de la abogacía joven a la que podrán pertenecer quienes cuenten con una edad inferior a los 40 años cumplidos y con menos de 10 años de ejercicio profesional.  
2. La organización, régimen y funcionamiento de la agrupación se regularán en sus estatutos particulares que en ningún caso podrán ser contrarios a los del Colegio.  
3. En los presupuestos generales del Colegio se podrá proveer, en su caso una partida como dotación económica para atender al mantenimiento de la agrupación debiendo darse cuenta en el mes de enero de cada año a la Junta de Gobierno del concreto destino dado a los fondos que se le hubieren entregado a fin de que se justifiquen debidamente en la cuenta general de gastos del Colegio.  
4. Corresponderá a la Junta de Gobierno aprobar la constitución, suspensión o disolución de la agrupación, así como sus estatutos y sus modificaciones.  
  
Artículo 49. De las secciones  
La Junta de Gobierno, por propia iniciativa o a petición de la mayoría de los colegiados o colegiadas, podrá crear cuantas secciones tenga por conveniente al objeto de posibilitar el contacto entre especializados en materias concretas y el recíproco intercambio de información técnico-jurídica sobre el tema que se trate. Las secciones deberán proponer las iniciativas que estimen procedentes a la Junta de Gobierno para ser elevadas a las instancias que correspondan.  
  
Artículo 50. De las otras agrupaciones  
1. Igualmente, la Junta de Gobierno podrá crear con fines distintos de los previstos en los artículos anteriores cuantas agrupaciones estime convenientes para el mejor desarrollo de las actividades colegiales.  
2. Las agrupaciones y secciones de abogados y abogadas que se constituyan en el Colegio actuarán subordinadas a la Junta de Gobierno.  
  
3. Las actuaciones y comunicaciones de las comisiones, secciones y agrupaciones existentes en el seno del Colegio habrán de ser identificadas como de tal procedencia, sin atribuirse a la corporación.  
  
Capítulo VIII  
Régimen económico  
  
Artículo 51. Principios informadores y cuentas anuales  
1. De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española, el funcionamiento económico del Colegio se ajustará al régimen de presupuesto anual y será objeto de una ordenada contabilidad, coincidiendo el ejercicio económico con el año natural, a cuyos efectos se confeccionará una memoria anual, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.  
2. Todos los colegiados y colegiadas podrán examinar las cuentas durante los 15 días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Junta General a que hubieran de someterse para su aprobación o rechazo. Este derecho de información se ejercerá mediante examen personal por parte del colegiado o colegiada, quien podrá auxiliarse de perito titulado en la materia previa petición por escrito.  
  
Artículo 52. Recursos económicos  
Constituyen recursos económicos del Colegio:   
a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades que realice, especialmente los derivados de la organización de actividades de formación, y los bienes o derechos que integren su patrimonio.  
b) Las cuotas de incorporación.  
c) Los derechos que correspondan por expedición de certificaciones.  
d) Los derechos que correspondan por la emisión de dictámenes, resoluciones, informes o consultas que se realicen sobre cualquier materia, incluidas las referidas a honorarios, así como por la prestación de otros servicios colegiales.  
e) El importe de las cuotas ordinarias, fijas o variables, así como el de las cuotas extraordinarias.  
f) Las subvenciones o donativos que se concedan por cualesquiera administraciones públicas o por personas físicas o jurídicas.  
g) Los bienes y derechos de toda clase que, por herencia, legado u otro título pasen a formar parte de su patrimonio.  
h) las sanciones de multa que, en su caso, se apliquen  
i) Cualquier otro que legalmente procediere.  
  
Artículo 53. Presupuesto  
1. Anualmente la Junta de Gobierno elaborará un presupuesto que elevará a la Junta General para su examen, enmienda y aprobación o rechazo.  
2. Si no se aprobasen antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio económico anterior.  
  
Artículo 54. De la contabilidad  
La contabilidad del Colegio se adaptará al plan general de contabilidad que esté vigente en cada momento.  
  
Capítulo IX  
De la responsabilidad  
  
Artículo 55. De la responsabilidad disciplinaria  
La Junta de Gobierno es competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria en los términos que prevén las normas legales y estatutarias sobre la materia.  
  
Artículo 56. Principios generales  
1. Los abogados, las abogadas y las sociedades profesionales en que participen o presten servicio están sujetos a responsabilidad disciplinaria.  
2. Las facultades jurisdiccionales de la autoridad judicial sobre los profesionales de la abogacía se ajustarán a lo dispuesto en las leyes procesales. Las sanciones (judiciales) que impongan los tribunales se harán constar en el expediente de la persona sancionada.  
3. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente personal del colegiado, colegiada o en el particular de la sociedad profesional.  
  
Artículo 57. Potestad disciplinaria  
La potestad disciplinaria sobre los abogados, abogadas y sociedades profesionales se ejercerá por el Colegio cuando en su ámbito territorial se haya cometido la infracción, salvo que recaiga sobre miembros de la Junta de Gobierno o consejeros del Consejo General de la Abogacía Española o del Consejo Autonómico. En ese caso, se estará a lo previsto en el Estatuto General de la Abogacía Española y en las demás normas aplicables.  
  
Artículo 58. Infracciones de los profesionales de la abogacía  
Las infracciones de los profesionales de la abogacía que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y leves.  
Son infracciones disciplinarias muy graves las recogidas en el artículo 124 del Estatuto General de la Abogacía Española.  
Son infracciones disciplinarias graves, además de las recogidas en el artículo 125 del Estatuto General de la Abogacía Española, la infracción consistente en no atender con la diligencia debida la misión de asesoramiento o defensa que le haya sido encomendada.  
Son infracciones disciplinarias leves, además de las recogidas en el artículo 126 del Estatuto General de la Abogacía, las siguientes:  
- Los actos y omisiones que constituyan una ofensa leve a la dignidad de la profesión y a las reglas que la gobiernan.  
- La inasistencia injustificada a cualquier diligencia judicial cuando no concurra la circunstancia prevista en el artículo 125 ñ del Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 59. Sanciones  
1. Las sanciones que podrán imponerse por las infracciones cometidas son las siguientes:  
a) Apercibimiento.  
b) Multa pecuniaria.  
c) Suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a dos años.  
d) Expulsión del colegio.  
2. Sanciones para los profesionales de la abogacía.  
2.1. Por la comisión de infracciones muy graves, atendiendo a criterios de proporcionalidad, podrá imponerse la expulsión del Colegio o la suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo superior a un año sin exceder de dos.  
2.2. Por la comisión de infracciones graves podrá imponerse la sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo superior a 15 días sin exceder de un año o multa pecuniaria por importe de entre 1.001 y 10.000 euros.  
2.3. Por la comisión de infracciones leves podrá imponerse la sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a 15 días, o multa pecuniaria por importe de hasta 1.000 euros.  
  
Artículo 60. Principio de proporcionalidad  
1. La imposición de cualquier sanción guardará la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. A tal fin se considerará, en todo caso, la existencia de reincidencia y reiteración, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza y entidad de los perjuicios causados a terceros o a la profesión.  
2. Se graduarán en conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 61. Sanciones a los profesionales de la abogacía en el turno de oficio  
Las sanciones a los profesionales por infracciones cometidas en el desempeño de la defensa en turno de oficio serán las que prevé el Estatuto General de la Abogacía.  
  
Artículo 62. Regla general sobre infracciones y sanciones a sociedades profesionales  
1. La sociedad profesional podrá ser sancionada en los términos previstos en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
2. Las sociedades profesionales podrán ser sancionadas, con arreglo al Estatuto General de la Abogacía Española, por las infracciones cometidas por los abogados y abogadas que las integran, cuando resulte acreditada su responsabilidad concurrente, como partícipes o encubridores, en la comisión de dichas infracciones. Se presumirá que existe esa responsabilidad concurrente cuando las infracciones se hayan cometido por cuenta y en provecho de la sociedad profesional por sus administradores o por quienes, siguiendo sus instrucciones, la representen. En estos supuestos se considerará la infracción de la sociedad profesional como de la misma clase que la cometida por el abogado o la abogada a efectos de aplicar la sanción correspondiente.  
3. Igualmente podrán ser sancionadas las sociedades profesionales por la realización de conductas directamente imputables a la sociedad que se encuentren tipificadas como infracciones para los abogados o abogadas, graduándose las infracciones con arreglo a lo previsto en el Estatuto General de la Abogacía Española en su capítulo II del título XI.  
4. Infracciones de las sociedades profesionales.  
4.1. Es infracción muy grave de las sociedades profesionales la falta de un seguro en vigor o garantía equivalente que cubra la responsabilidad en la que puedan incurrir en el ejercicio de sus actividades cuando la obligación de contar con dicho régimen de garantía esté prevista por ley.  
4.2. Constituye una infracción grave de las sociedades profesionales, la falta de presentación para su inscripción en el registro del Colegio correspondiente, en el plazo establecido, de los cambios de los socios y administradores o de cualquier modificación del contrato social que deba ser objeto de inscripción, así como el impago de las cargas previstas colegialmente.  
4.3. El retraso no superior a un mes, en el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior se conceptuará como infracción leve.  
  
Artículo 63. Sanciones para las sociedades profesionales  
Las sanciones son las que determina el Estatuto General de la Abogacía Española en su artículo 132.  
  
Artículo 64. De la mediación decanal  
El profesional que recibiere el encargo de promover actuaciones contra un compañero o compañera sobre responsabilidad emanada del ejercicio profesional, y no constitutiva de delito deberá informar al Decanato con carácter previo a su ejercicio, como regla de consideración, a fin de que se realice una labor de mediación, salvo que excepcionalmente la considere de todo punto innecesaria.  
  
Artículo 65. Del procedimiento disciplinario  
El procedimiento disciplinario se tramitará de acuerdo con el Reglamento de régimen disciplinario del Consejo General de la Abogacía Española.  
  
Capítulo X  
De la modificación del Estatuto  
  
Artículo 66. Modificación del Estatuto  
La modificación del presente estatuto será competencia de la Junta General, en los términos y con los requisitos que prevé el Estatuto General de la Abogacía Española, a propuesta de la Junta de Gobierno o de un grupo de más de la mitad más uno de los colegiados y colegiadas.  
Quienes hubieran propuesto la modificación redactarán el proyecto, que será distribuido a todos los miembros del Colegio para su conocimiento y cualquiera podrá formular enmiendas totales o parciales, que deberá presentar dentro de los dos meses siguientes a la publicación del proyecto, siendo estas las únicas que se sometan a discusión y votación.  
La Junta General se convocará dentro del mes siguiente a la expiración de plazo y recepción de enmiendas; debiendo celebrarse antes de los dos meses siguientes a la convocatoria.  
En la junta general, el miembro de la Junta que por esta se designe defenderá el proyecto y, seguidamente, quien hubiere propuesto la enmienda, o si fueren varias, la persona que de entre ellos designen podrá hacer uso del derecho a su defensa. Una vez finalizada su intervención, se abrirán turnos a favor y en contra, de forma alternativa por cada enmienda presentada, sometiéndose seguidamente a votación.  
Finalizado el turno de enmiendas el texto definitivo del proyecto será sometido a votación y, en su caso, se elevará al Consejo correspondiente para su aprobación. Se remitirá también a la administración con competencia en materia de régimen jurídico de colegios profesionales y al Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, para su aprobación definitiva, previa calificación de legalidad.  
  
Capítulo XI  
Del cambio de denominación, fusión,   
segregación, disolución y liquidación  
  
Artículo 67. Del cambio de denominación, fusión, segregación, disolución y liquidación del Colegio  
El cambio de denominación, la fusión con otros colegios, la segregación para constituir otro de ámbito territorial inferior y la disolución del Colegio podrán ser acordados en junta general extraordinaria convocada especialmente al efecto por la Junta de Gobierno, solo cuando lo soliciten al menos una quinta parte de los colegiados ejercientes, con más de 2 años de antigüedad en el ejercicio profesional. A la Junta deberán asistir personalmente, al menos la mitad más uno de los integrantes del censo colegial, no permitiéndose la delegación del voto.  
En el supuesto de aprobarse la disolución, la misma junta general proveerá lo conveniente en cuanto a la liquidación, determinará el número de liquidadores y designará a los colegiados y colegiadas que deban actuar como tales, así como establecerá las atribuciones que les correspondieren en el ejercicio de su función y el procedimiento que deba seguirse para la liquidación.  
  
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
  
Única  
En todo lo no previsto en el presente estatuto será de aplicación lo prevenido en las leyes que regulan los Colegios Profesionales y el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
  
Única  
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al contenido de los presentes estatutos, así como los anteriores estatutos para el régimen y gobierno del Colegio de Abogados de Alzira.  
  
  
DISPOSICIÓN FINAL  
  
Única  
El presente estatuto entrará en vigor el siguiente día de su publicación, debiendo la Junta de Gobierno dar la oportuna publicidad a su texto para el general conocimiento de los colegiados.