Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 131, del 17-11-1983 (1983/802491)

ACUERDO del Consell de la Generalidad Valenciana, de 27 de octubre de 1983, por cuya virtud se revoca el acuerdo del Consell de 14 de febrero de 1983, relativo a la aprobación parcial del Proyecto de Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante a la vigente Ley del Suelo y adopta nuevo acuerdo por el que se suspende la aprobación definitiva de dicho Proyecto.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   131

Fecha DOGV
:   17-11-1983

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1983/802491


Fecha del documento
:   27-10-1983

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

Acuerdo del Consell de la Generalidad Valenciana, de 27 de octubre de 1983, por cuya virtud se revoca el acuerdo del Consell de 14 de febrero de 1983, relativo a la aprobación parcial del Proyecto de Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante a la vigente ley del Suelo y adopta nuevo acuerdo por el que se suspende la aprobación definitiva de dicho Proyecto.  
Vistos los Recursos de Reposición interpuestos por D. Juan Manuel Fuertes Pérez, en representación de «Lácteas Levantinas, S. A.»; D. Manuel Anguita Martos, en calidad de Presidente de la Asociación de Vecinos «Convivencia de Ciudad Jardín»; D. Juan Manuel Campello Ruiz, en nombre y representación de la Cámara Agraria Local de Alicante; D. Jesús Rotea Martínez, en representación de «Suces. de Daniel Seguí y Cía. Limitada»; D. Lars Nilsson, en nombre y representación de la sociedad mercantil «Urbana de Terrenos, S. A.» (UTESA); D. Miguel Bernal Samper; D.ª Concepción García Jerez, en su propio nombre y en el de sus hijas, Concepción, Isabel, Pilar y Rosa; D.ª María de la Concepción Galiana García; D. Miguel Cortés Ripoll; D. Vicente Iborra Aracil; D. Aquilino Pérez Rosón; D. Enrique Alcaraz Varó; D. Guillermo Espi Lloret; D.ª Dolores Pacheco Vives; D. Michel Matay y D.ª Claudine Michele Grade; D. Lars Nilsson, en representación de «Valle Grande, S. A.», y D. Eduardo Miralles Palencia, contra acuerdo del Pleno del Consell de la Generalidad Valenciana de fecha 14 de febrero de 1983, por el que se aprobó parcialmente el Proyecto de Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.   
Resultando que la resolución adoptada por el Pleno del Consell relativa al Proyecto de Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante se concreta únicamente en la aprobación de la nueva calificación del suelo urbano y en la supresión de parcela mínima en varias zonas de suelo no urbanizable, cuando el conjunto del Proyecto citado afectaba a otros puntos sustanciales como son clasificación del suelo urbanizable, determinación del aprovechamiento medio, incorporación del programa de actuación, refundición de las Normas Urbanísticas y otros temas puntuales como el nuevo tratamiento del suelo no urbanizable, los cuales quedan pendientes de su aprobación hasta tanto el Ayuntamiento de Alicante no proceda a remitir los documentos en los que se expresen nuevos criterios más coherentes y cualificados; lo que hasta la fecha no se ha cumplimentado por el citado Ayuntamiento, entendiendose, pues, que lo únicamente vigente, tras su aprobación definitiva, es la nueva clasificación del suelo urbano de la Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante a la nueva Ley de 2 de mayo de 1975.   
Resultando que los recursos presentados, y cuyos suscribientes corresponden a los seis primeros enunciados ya que los siguientes no son de interés por su reiteración, tiene por objeto la impugnación de temas muy concretos, pero sin embargo pasamos a sintetizar las alegaciones de dichos recurrentes.   
1.º Que los terrenos propiedad de su representada, situados en la C/. Trento, de Alicante, son urbanos, mientras que la Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana los considera como suelo no urbanizable.   
2.º Que no es necesario prever nuevas zonas verdes en el conjunto de la unidad de actuación «Ciudad Jardín» que no se repercute sobre la totalidad de los propietarios, la carga de viales previstos, por cuanto parte de los mismos ya han sido satisfechos en el momento en que se obtuvo licencia y que el equipamiento asistencial sea totalmente a cargo del Ayuntamiento y no objeto de reparto ni de satisfacción de contribuciones especiales.   
3.º Que se aumente el límite de las zonas de urbanización en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, para permitir la edificación de viviendas unifamiliares rurales al servicio de los agricultores de la zona.   
4.º Que los terrenos propiedad de su representado, situados en el Polígono Benalúa-Sur, no sean clasificados como suelo urbanizable no programado, por considerar que son urbanos.   
5.º Que se clasifique la no incorporación de la Modificación de Zonas Verdes del Plan General y Plan Parcial en la unidad de actuación «G» del Plan Parcial 3/1 de la Playa de San Juan aprobado definitivamente el 31 de enero de 1983, al Proyecto de Adaptación aprobado, y se entiende, a todos los efectos, perfectamente vigente.   
6.º Discrepancia en torno a la clasificación de unos terrenos sitos en la Albufereta y en el Pla del Xiaru, ya que se consideran por el recurrente como urbanos. Según parece, el recurso es extemporáneo, al transcurrir más de un mes desde la notificación del acuerdo y su interposición (28 abril y 31 de mayo de 1983, respectivamente).   
Considerando que, como podemos apreciar, la escasa relevancia de los motivos alegados no hacen cuestionar ni siquiera la parte de la Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente, ya que todos ellos redundan en consideraciones personales en torno a la clasificación de sus terrenos como «urbanos» por contraposición a lo previsto en la Adaptación referida. Algunas de las alegaciones, como las vertidas en los números 2 y 3, son verdaderamente disparatadas, ya que rozan la ilegalidad más bochornosa al tratar de forzar la interpretación de sus intereses, muy pocos comunitarios con lo que debería ser la nueva legalidad urbanística de Alicante.   
Tan sólo la contenida en el número 5 y correspondiente a D. Lars Nilsson debe ser asumida como que permanece vigente la modificación aprobada por el Pleno del Consell en sesión 31 de enero de 1983 y, por lo tanto, no queda afectada por la Adaptación aprobada parcialmente.   
Considerando que no obstante el estudio del recurso presentado por D.ª María de la Concepción Galiana García y D.ª Concepción García Jerez nos hace reexaminar profundamente el alcance del Proyecto de Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y el del mismo acto aprobatorio parcialmente, otorgado por el Pleno del Consell de 14 de febrero de 1983, puesto que la globalidad de sus alegaciones cuestionan verdaderamente la naturaleza, alcance y significado de la resolución recaída.   
En síntesis, sus consideraciones son las siguientes:   
a) El contenido de toda Adaptación de Plan General a la nueva Ley ha de ser: clasificación del suelo, determinación del aprovechamiento medio e incorporación del programa de actuación, lo que contradice el acuerdo adoptado, ya que éste solamente aprueba la clasificación de suelo urbano, por lo que se incumple el artículo 132, 3.º, del Reglamento de Planeamiento en el sentido de que el Decreto 18/1983, de 14 de febrero, no adopta ninguna de las tres posibilidades previstas.   
b) Dado el carácter de instrumentos de ordenación integral del territorio que tienen los Planes Generales que han de abarcar términos municipales completos, la aprobación parcial adoptada es contraria a lo dispuesto en la legislación del suelo.   
c) El Plan General de Ordenación Urbana de Alicante no se puede considerar adaptada a la Ley del Suelo vigente, sino modificado parcialmente, derivándose una grave inseguridad jurídica.   
d) Se entiende vigente en todos sus términos el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante aprobado definitivamente por 00. MM. de Vivienda de fechas 21 de octubre de 1970, 19 de octubre de 1972 y 30 de marzo de 1973, al considerar la propuesta de Adaptación como denegada.   
e) La publicación del acuerdo recurrido, producida por el Ayuntamiento de Alicante y enunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de mayo de 1983, supone una Modificación del primitivo acuerdo al interpretar, discrecionalmente, el acuerdo adoptado por el Pleno del Consell.   
f) Por lo que los citados recurrentes pretenden obtener satisfacción a sus demandas particulares legítimas, cuyo objeto no es preciso relatar.   
Considerando que las alegaciones expuestas merecen, pues, una reflexión acerca del significado del acuerdo recurrido, desde un punto de vista formal, que alcanza una dimensión sustancial en la resolución definitiva de este asunto pendiente de tratamiento último en vía administrativa, ya que el contenido material del Proyecto de Adaptación recurrido fue objeto de análisis por la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo y forma parte del cuerpo del acuerdo en sus resultados y considerandos a los que nos remitimos para obviar una mera reproducción.   
La cuestión principal reside en clarificar si el acuerdo de aprobación parcial del Proyecto de Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante a la vigente Ley del Suelo es un acuerdo válido, eficaz y conforme a derecho. Concretando más en el objetivo de la litis, si la forma adoptoda por la resolución del Pleno del Consell en sesión de 14 de febrero de 1983, es la requerida para adoptar resolución definitiva válida.   
Despejada cualquier duda respecto a la esfera competencial del órgano que resolvió, ya que entró en juego válidamente el artículo 23 en relación del artículo 21 del Decreto de 2 de agosto de 1979, al existir discrepancia entre el informe del Organo Consultivo Superior y el Conseller de Obras Públicas y Urbanismo, pasamos a analizar la cuestión planteada inicialmente y, que reiteramos, es la fundamental aun cuando afecta a los aspectos más formales del contenido del acto administrativo recurrido.   
El Ayuntamiento de Alicante procedió a dar cumplimiento a esa obligación pendientes, retrasada e ineludible de proceder a.una adaptación a la vigente Ley del Suelo de su Plan General de Ordenación Urbana que fue aprobada definitivamente por 00. MM. de Vivienda de fechas 21 de octubre de 1970, 19 de octubre de 1972 y 30 de marzo de 1973 (incluyendose las modificaciones puntuales efectuadas posteriormente) y procedió a formular Proyecto de Adaptación a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1.ª de la Ley del Suelo, en su Texto refundido aprobado por Decreto de 9 de abril de 1976 y, posteriormente, por lo señalado en el artículo I, 2.º, del Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, sobre Adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbana. A tal efecto presentó una propuesta de nueva clasificación del Suelo, determinación del aprovechamiento medio, incorporación del programa de actuación, refundición de normativa urbanística y otros temas puntuales, por lo que ofrecia cumplimiento a la necesidad de ajustar el contenido de dicha Adaptación a lo determinado expresamente en dicha Disposición Transitoria 1.ª de la Ley del Suelo.   
El posterior análisis de la documentación, y de sus propuestas globales, realizado por la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo, dio como resultado la imposibilidad de estimar aconsejable la asimilación del conjunto de las propuestas contenidas en el referido documento, por lo que se entendió oportuno proceder a reorientar la mayoría de los criterios contenidos en cuanto a la clasificación del suelo urbanizable, así como los de definición de núcleo de población en el suelo no urbanizable y, en consecuencia, rechazarlos por considerar, se decía expresamente, que: «... del análisis de los documentos aportados se desprende la insuficiencia de la Adaptación del Planeamiento a la nueva Ley del Suelo, para resolver los graves problemas que la abrumadora densificación y carencia de dotaciones conlleva, agravadas por una planificación parcial excesiva e inabordable que ha sustentado un proceso de consolidación, ocasionalmente discrepante con el propio planeamiento.»   
Criterio que coincidía plenamente con el emanado de la Comisión Central de Urbanismo, que en sesión de 22 de diciembre de 1982 informó el expediente, considerando que: «la figura de la Adaptación resulta inadecuada para resolver los graves problemas que la ciudad tiene planteados, y que se podría limitar la capacidad instrumental de la propia revisión del Plan actualmente, además de expresar que no se fija el aprovechamiento medio global del suelo urbanizable programado, hay una falta de asignación de sistemas generales a las distintas clases de suelo e indeterminación de programas de actuación.»   
Por lo que, en consecuencia, el Pleno del Consell, al conocer del Proyecto de Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, fue rechazado salvo la parte relativa a la clasificación de suelo urbano y la autorización de aplicar la supresión mínima de parcelas en concretas áreas de suelo no urbanizable, requiriendose al Ayuntamiento de Alicante para que procediese, en el plazo de seis meses, a revisar los criterios del resto de determinaciones contenidas en la citada Adaptación.   
La cuestión que se plantea consiste en determinar si este acuerdo del Pleno del Consell de 14 de febrero de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana el día 25 de febrero de 1983, fue un acto administrativo perfectamente válido y conforme a derecho.   
La aprobación parcial de una figura urbanística como la Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana a la Ley del Suelo, no es una técnica tipificada que puede ser considerada, en puridad, como un acto administrativo válido y eficaz, por cuanto la legislación urbanística expresa concretamente las facultades alternativas que el órgano competente para resolver definitivamente puede escoger.   
El artículo 132, 3.º, del Reglamento de Planeamiento limita las posibilidades de dicho órgano a los siguientes:   
a) Aprobar pura y simplemente el Plan sometido a consideración.   
b) Suspender la aprobación del Plan por deficiencias subsanables sin necesidad de nuevo trámite de información pública o exigiendose dicho nuevo trámite.   
c) Denegar la aprobación definitiva del Plan.   
Fuera de estas concretas posibilidades no cabe adoptar acuerdo definitivo que responda a otras características.   
En conclusión, si el acuerdo del Pleno del Consell solamente aprueba la clasificación del suelo urbano y autoriza la supresión de parcelas mínimas del suelo no urbanizable, sin llegar a aprobar ni el resto de clasificación del suelo urbanizable, ni la determinación del aprovechamiento medio, ni asimila el programa de actuación, contenido mínimo que debiera conllevar dicho acuerdo recurrido es un acto incompleto, viciado en su contenido y, por tanto, inexistente.   
Porque no se puede entender vigente una Adaptación de Plan General de Ordenación Urbana que solamente incorpora una nueva clasificación de suelo urbano cuando se puede contradecir el resultado definitivo de la misma al introducir los criterios revisados de clasificación del suelo urbanizable y del suelo no urbanizable, los cuales, el Ayuntamiento de Alicante debe cumplimentar a tenor del mandato del acuerdo recurrido, lo que de hacerse modificaría sustancialmente la parte aprobada de dicha Adaptación. Otra cuestión sería la de que el citado Ayuntamiento no procediere a cumplimentar lo exigido por el acuerdo del Pleno del Consell de 14 de febrero de 1983-aspecto que no se ha ejecutado hasta la fecha-, porque la situación creada encerraría un grado elevado de inseguridad jurídica en lo que se refiere al planeamiento de la ciudad de Alicante, y ante cuya hipótesis es necesario intervenir definitivamente, mediante resolución, en reposición, de los recursos planteados por los particulares afectados cuya consistencia, rigor interpretativo valoración de los principios generales concurrentes y conocimiento de la problemática urbanística de Alicante merecen una consideración satisfactoria.   
Considerando que la situación planteada a raíz de la publicación por el Ayuntamiento de Alicante del acuerdo plenario del Consell, así como del propio acuerdo de dicho Ayuntamiento de 18 de marzo de 1983-publicados ambos en el «Boletín Oficial del Estado» número 113, de 12 de mayo de 1983-ha conllevado una complicación más preocupante al quedar el contenido del acto del Pleno del Consell desbordado por el propio acuerdo del Ayuntamiento de Alicante que ha «interpretado abusivamente» el acuerdo de aprobación parcial de la Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, al rechazar la necesidad de revisar los criterios de clasificación del suelo urbanizable y suelo no urbanizable y remitir simplemente a un escrito de aclaraciones -presentado en la Consellería de Obras Púbicas y Urbanismo- entendiendo coincidentes los criterios del Ayuntamiento contenidos en la Adaptación y los de la Consellería formulados en la fundamentación jurídica de la resolución, cuando en realidad, y sin lugar a dudas, son criterios opuestos, irreconciliables, por lo que no se puede reconducir el tema de la aprobación de la Adaptación acordada parcialmente, soslayando la necesidad de proceder a completar y revisar aspectos fundamentales del Proyecto de Adaptación y entendiendo que no es necesario formular nuevos criterios.   
Se estima que el acto del Pleno del Consell de 14 de febrero de 1983 no tiene validez jurídica, por vicio de forma, y puede ser reputado como inexistente a todos los efectos, pues, de lo contrario, se encadenarían consecuencias de difícil solución, dada la situación de inseguridad jurídica en cuanto al planeamiento urbanístico vigente de la ciudad de Alicante.   
Por lo que cabría entender que la forma adoptada no se correspondería con el espíritu perseguido y, en consecuencia, sería oportuno rectificar el aspecto formal de la resolución tal y como se establece en el acuerdo.   
Por otra parte, se hace patente la necesidad urgente e ineludible de llevar a cabo la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, como instrumento urbanístico propio y más idóneo con el que enfrentarse, con la necesaria perspectiva y metodología, a fin de solucionar los graves problemas urbanísticos localizados en dicha ciudad   
no correspondiendo soluciones parciales que puedan condicionar la necesidad de actuar en profundidad.   
Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación, el Consell de la Generalidad Valenciana en sesión celebrada el día 27 de octubre de 1983, acuerda revocar el acuerdo de 14 de febrero de 1983, adoptado por el Pleno del Consell, relativo a la aprobación parcial del Proyecto de Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante a la vigente Ley del Suelo, entendiendose inexistente por vicio de forma, y, en su consecuencia, adoptar nuevo acuerdo por el que se suspende la aprobación definitiva del Proyecto de Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante a la vigente Ley del Suelo, por presentar graves deficiencias de contenido material respecto a los criterios globales de clasificación de suelo urbanizable en sus dos subcategorías, que se sustituya la planificación especial por la ordinaria en los casos en que puedan adoptarse soluciones a este nivel, y que se proceda a una clasificación del suelo no urbanizable a los efectos de definir núcleos de población. Modificaciones, todas ellas sustanciales, que afectan al resto de determinaciones mínimas contenidas en un Proyecto de Adaptación, por lo que se debe someter a nueva información pública elevándose, previo acuerdo del Ayuntamiento de Alicante, a la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para su aprobación definitiva.   
Por lo que, en consecuencia, se entiende vigente la normativa urbanística aplicable en el municipio de Alicante hasta la fecha del acuerdo, ahora revocado, sin perjuicio del resto de la legislación del suelo aplicable.   
Valencia, a 27 de octubre de 1983.   
El Presidente de la Generalidad,  
JOAN LERMA I BLASCO