Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7225, del 03-03-2014 (2014/1651)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 61/2013.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7225

Fecha DOGV
:   03-03-2014

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2014/1651


Organismo emisor
:   Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Número 1 de Gandia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 61/2013. [2014/1651]  
Familia, guarda, custodia al hijo menor no matrimonio no consensuado 000061/2013-V  
De: Carolina Ortega Ferrer.  
Procuradora: Ana María Tomás Alberola.  
Contra: Daniel Donet Morant.  
Procurador/a: -  
María Carmen Pellicer Verdú, secretaria judicial de Violencia sobre la Mujer número 1 de Gandia.  
En el presente procedimiento guardia y custodia no consensuada, seguido a instancia de Carolina Ortega Ferrer frente a Daniel Donet Morant, se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el siguiente:  
  
«Sentencia número 9/2014  
Gandia, 20 de febrero de 2014  
Vistos por el magistrado juez del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Gandia, Antonio Rafael Hernández Olivencia, los presentes autos de juicio verbal número 061/2013, entre partes; de una, como demandante, Carolina Ortega Ferrer, representado por la procuradora señora Tomás Alberola y asistida del letrado señor Escrivá Escrivá, y de otra, como demandada, Daniel Donet Morant, en rebeldía, sobre solicitud de efectos de regulación de relaciones paternofiliales, con intervención del Ministerio Fiscal.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por la representación antes indicada se presentó demanda contra el expresado demandado, en la que después de exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimaba pertinentes, y que aquí se dan por reproducidos, terminaba solicitando se dictase sentencia sobre solicitud de efectos de regulación de relaciones paternofiliales.  
Segundo. Por turno de reparto, correspondió a este Juzgado la anterior demanda, que fue admitida a trámite y, emplazado el demandado y el Ministerio Fiscal, el demandado no contestó, siendo declarado en rebeldía.  
Tercero. Teniéndose por contestada la demanda, se convocó a las partes a juicio verbal, en el que la parte actora se ratificó en sus pretensiones y el ministerio público interesó se dictara sentencia recogiendo dichas solicitudes, modificando sus pretensiones en el sentido de que la pensión alimenticia (habida cuenta de que la indagación patrimonial había sido totalmente negativa) lo fuera de 150 euros mensuales y que el régimen de visitas fuera progresivo, con intervención del PEF-Gandia, y en idéntico sentido informó el ministerio público.  
Cuarto. Hechos probados: de la relación sentimental entre Carolina Ortega Ferrer y [...] nació y vive el 20 de noviembre de 2008, D. D. O. Existen antecedentes procesales de violencia contra la mujer en este órgano.  
Quinto. En la tramitación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Ante la situación de crisis de una unión de hecho (o, como en el presente caso, de la falta de regulación judicial de los efectos del divorcio de los padres sobre los hijos comunes, que crea una situación de desregulación que merece ser paliada), es obligación de los tribunales pronunciarse sobre las consecuencias personales y patrimoniales derivadas de la ruptura de la convivencia, y ello, en atención a la protección social, económica y jurídica de la familia que proclama nuestro texto constitucional en el artículo 39.1, habiendo reconocido el Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de octubre de 1992, la plena legalidad de la estable unión de hecho, entre un hombre y una mujer, como manifestación del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (art. 10 de la Constitución) y la susceptibilidad de constituir con ello una familia tan protegible como la creada a través de la unión matrimonial, y si bien la normativa prevista para las crisis matrimoniales no resulta aplicable de manera general a la ruptura de la unión de hecho (sentencias del Tribunal Constitucional, de 15 de noviembre de 1990; del Tribunal Supremo, de 11 de diciembre de 1992, 18 de febrero de 1993 y 5 de julio de 2001, entre otras), sin embargo, los hijos son iguales ante la ley, como proclama el citado artículo 39, en el punto 2, de la Constitución, que asegura la protección integral de los hijos ante la ley con independencia de la filiación. Tal equiparación entre los hijos por naturaleza, sean matrimoniales o no, como se razona en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 28 de septiembre de 1999, provoca que las normas sustantivas reguladoras de las crisis matrimoniales (art. 92 a 96 del Código Civil) sean aplicables a las relaciones paternofiliales que se crean en las parejas de hecho, cuando se produce la ruptura de la convivencia more uxorio. Así, la patria potestad de la prole actúa como derecho inherente de la paternidad y maternidad y en nuestro ámbito tiene indudable carácter de función tutelar que la configura como institución a favor de los hijos, como establece el artículo 154 y lo tiene declarado la jurisprudencia desde antiguo (sentencias del Tribunal Supremo, de 28 de octubre de 1981, 25 de junio de 1983) así como las más recientes (sentencias de 23 de julio de 1987, 5 de marzo de 1998, 9 de julio de 2002), como declara el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 11.12.1966), y refiere el artículo 39.3 de la Constitución, en su vertiente obligatoria de derecho-función. Por ello, el cese de la convivencia de la pareja exige el tener que regular la forma de desarrollo del derecho-deber de los padres de velar por ellos, tenerlos en su compañía, educarles y procurarles una formación integral (art. 154 CC).  
Segundo. No se observa ningún impedimento para aprobar las pretensiones de la parte actora al no considerarse perjudiciales para el menor ni contrarios a las normas. Hecha indagación patrimonial, no se ha encontrado patrimonio, renta ni bien alguno del padre que determine una situación económica determinada para imponer una pensión distinta de la solicitada, de 150 euros, por lo que procede condenar al padre a abonar la cantidad de 150 euros mensuales, 12 mensualidades al año, los cinco primeros días de cada mes, actualizable anualmente conforme al índice de precios al consumo según certificación del Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya, siendo los gastos extraordinarios por mitad. No existiendo vivienda común, nada que resolver al respecto.  
Las medidas que se aprueban son, además de las antes expresadas, las siguientes:  
1. Patria potestad compartida.  
2. Guardia y custodia a favor de la madre.  
3. Visitas. Dado el tiempo transcurrido sin que el padre se haya relacionado con el hijo, y para facilitar la gradual aproximación de ambos, se acuerda un régimen progresivo que, partiendo de un sistema inicial mínimo alcance, en el plazo más breve que el tratamiento o terapia permita, un régimen ordinario. El sistema inicial de visitas consistirá en dos horas los sábados alternos por la mañana en el punto de encuentro familiar de Gandia, desde las 11.00 horas hasta las 13.00 horas (o el horario concreto que fije el PEF según sus normas de funcionamiento), en régimen de visitas intervenidas (sin la necesaria presencia permanente de personal del centro, salvo que dicho personal técnico observare la necesidad de su presencia). Sólo si fuera incompatible con el trabajo del padre, podrá serlo el domingo por la tarde, de 17.30 a 19.30 horas.  
Previo informe favorable del personal técnico del punto de encuentro, dichas visitas pasarían a serlo fuera del PEF y, también previo informe de dicho personal técnico, en el plazo más breve posible pasarían a ser un sistema ordinario de visitas, con las etapas intermedias que dicho personal proponga (propuesta que comprenderá los sucesivos grados y plazos), hasta llegar a configurarse en el plazo más breve que el seguimiento permita como un régimen de fines de semana alternos, desde las 10.00 horas del sábado hasta las 19.00 horas del domingo, y la mitad de las vacaciones escolares, que constituirá el antes denominado régimen ordinario, al que se llegará previo informe favorable del PEF-Gandia o del domicilio del menor, si lo cambiare.  
Asimismo, se establece que, dado el largo tiempo transcurrido sin que el padre se haya relacionado con el hijo y la total falta de interés de este de relacionarse con él, el régimen de visitas, comunicaciones y estancias, no se establece como imperativo, sino potestativamente, de tal manera que pese al dictado de la presente resolución, permanecerá en suspenso hasta que el padre manifieste formalmente ante este órgano su disposición a cumplirlo, y en tal caso y tras la correspondiente resolución que al efecto se dicte, se aplicará lo aquí contemplado. La manifestación del padre habrá de serlo sobre el régimen en su integridad, sin alteraciones. El carácter potestativo, por tanto, lo es sobre su entrada en vigor, no sobre su contenido, el cual solo podrá ser variado en la forma legalmente prevista.  
Tercero. No se aprecian motivos que puedan determinar una especial condena en costas procesales.  
Fallo  
Que estimando en parte la demanda formulada por la procuradora señora Capellino Climent, en nombre y representación de Carolina Ortega Ferrer, contra Daniel Donet Morant, en rebeldía, debo acordar las medidas en beneficio del hijo, D. D. O. contempladas en el fundamento jurídico segundo.   
Sin costas.  
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en lo por ellos acordado, y que respecto de las demás previsiones, podrán recurrirse en apelación ante este Juzgado para ante la Audiencia Provincial de Valencia, dentro del plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (según redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre).  
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.  
Publicación. Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el juez que la dictó estando celebrando audiencia pública. Doy fe.»  
  
Y encontrándose dicho demandado, Daniel Donet Morant, en rebeldía, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Gandia, 24 de febrero de 2014.- La secretaria judicial: María Carmen Pellicer Verdú.