Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4841, del 14-09-2004 (2004/8971)

Notificación de laudo a Ropeval Iluminación, SL. Expediente número V-089/2003.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4841

Fecha DOGV
:   14-09-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/8971


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de laudo a Ropeval Iluminación, SL. Expediente número V-089/2003. [2004/F8971]
  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Ropeval Iluminación, SL, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero, o ausencia, se hace a través de la presente publicación a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:
  
«Tribunal: presidente, Ramón Escrig Moreno; vocales, Aurora Costa Vicente, Ángel Grande Ballesteros (que justifica su ausencia); secretario-vocal suplente, Manuel Fores Ante. Partes: reclamante, Trans(x)Tar, SL, representada por Alfonso García de la Fuente; reclamado: Ropeval Iluminación, SL, que no asiste a la vista (citada mediante publicación en el DOGV nº 4.783, de 25.6.2004).
  
En Valencia, a 8 de julio de 2004 y siendo las 12.00 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente V-89/2003, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes.
  
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.
  
Iniciado el acto de vista se concede seguidamente la palabra a la reclamante que se afirma y ratifica en su demanda remitiéndose a las pruebas y documentos aportados y que deja basada en los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada, diversos transportes con origen y destino distintos y también las fechas de su ejecución tal y como se refiere en las distintas facturas adjuntas a la demanda, sin ningún incidente, siendo entregadas las mercancías satisfactoriamente.
  
Segundo. De acuerdo con lo acordado se fueron facturando los transportes realizados de acuerdo con las facturas que obran en el expediente. De las cantidades facturadas, en alguno casos, tal y como relata la demanda, fueron abonadas parcialmente algunas de ellas, quedando pendiente una deuda total de 8.627,73 euros. Llegado a este extremo, no ha habido más remedio que acudir a la junta a través de la cual se reclama la deuda contraída.
  
Termina la mercantil reclamante solicitando que previo reconocimiento de su derecho se condene a la reclamante al pago de la cantidad de 8.627,73 euros, importe total de la deuda.
  
Son de aplicación los siguientes
  
Fundamentos jurídicos
  
I. La competencia territorial de la junta, de la que nada se alega, viene determinada en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1.211/1990).
  
II. La sumisión la determina el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que dice: ?se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 3.005,06 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado.-. No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido preceptuado.
  
III. De los hechos relatados y la documentación aportada se deduce que efectivamente el transporte de las mercancías que se referencian en la demanda fue realizado a buen fin, lo que reconoce un derecho de cobro de la presente reclamación a favor de la reclamante, hecho que por otra parte no ha sido contravenido por la reclamada. La Orden de 25 de abril de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se establecen las condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera, regula en su anexo B (respecto de los contratos de transporte de carga fraccionada) la obligación del pago del precio del transporte, su exigibilidad y modalidades, condiciones por otra parte conformes con el artículo 374 del Código de Comercio y concordantes. De acuerdo con las condiciones anteriores, dado que ha quedado acreditada la prestación de los servicios de transporte de la presente controversia, y de acuerdo con el artículo 217.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en cuanto no se ha acreditado por la parte reclamada el abono de lo debido, procede estimar la reclamación planteada por la representación de la entidad demandante.
  
IV. Dada la ausencia del vocal representante de empresas cargadoras, que excusó su asistencia, el presente laudo se dicta de conformidad con la previsión contenida en el apartado 7 del artículo 9 del ya mencionado Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, que aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que literalmente dispone que ?la inasistencia de cualquiera de los miembros de la junta, con excepción del presidente, no impedirá que se dicte el laudo?.
  
V. La demanda fue presentada con fecha 26 de mayo de 2003, siendo citadas las partes para vista, con traslado de la demanda, para el 25 de noviembre de 2003. La señalada vista no se pudo celebrar por haber sido devuelta la citación a la reclamada por desconocida, requiriéndose a la reclamante para que señalase nuevo domicilio. La reclamante presentó certificación registral en la que constaba como único domicilio conocido el mismo de citación, por lo que se procedió a publicar, de acuerdo con los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, la notificación y citación a vista señalando el día de hoy, 8 de julio de 2004, para su celebración.
  
No habiendo comparecido y seguidos los trámites establecidos debe dictarse laudo y seguir el procedimiento hasta su ejecución.
  
VI. Ante los hechos constatados y pruebas documentales y no existiendo oposición de la reclamada manifestada ante esta junta, no hay más que reconocer el derecho de la reclamante al cobro del importe del transporte.
  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:
  
Estimar la demanda interpuesta por Trans(x)Tar, SL, representada por Alfonso García de la Fuente contra Ropeval Iluminación, SL, ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece que, realizados los transportes de acuerdo con lo contratado debe serle abonado el importe reclamado.
  
Por todo ello Ropeval Iluminación, SL, deberá abonar a Trans(X)Tar, SL, la cantidad reclamada de ocho mil seiscientos veintisiete euros con setenta y tres céntimos (8.627,73 euros).
  
Este laudo será ejecutivo de no cumplirse, dentro del plazo de 20 días contados a partir del siguiente a la recepción del mismo.
  
Contra este fallo, cabe únicamente acción de anulación ante la Audiencia Provincial, que deberá presentarse dentro de los 10 días siguientes al de la notificación del laudo, o de aclaración, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del mismo.
  
Contra el laudo arbitral firme sólo cabe recurso de revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias procesales firmes.»
  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.