Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5349, del 19-09-2006 (2006/10327)

Procedimiento de aplicación del párrafo segundo de la cláusula octava del convenio especial suscrito entre Les Corts y la Tesorería General de la Seguridad Social el 28 de junio de 1999.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5349

Fecha DOGV
:   19-09-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/10073


Fecha del documento
:   12-07-2006

Organismo emisor
:   Corts Valencianes

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Parlamento regional

Procedimiento de aplicación del párrafo segundo de la cláusula octava del convenio especial suscrito entre Les Corts y la Tesorería General de la Seguridad Social el 28 de junio de 1999. [2006/F10607]  
Mesa de les Corts Valencianes  
Se eleva a la Mesa de les Corts el expediente tramitado en relación con la aplicación del párrafo segundo de la cláusula octava del convenio especial suscrito entre Les Corts y la Tesorería General de la Seguridad Social el 28 de junio de 1999.  
Con respecto a dicha cuestión han de realizarse las siguientes consideraciones:  
Primero. El convenio especial al que se hace referencia fue suscrito por Les Corts en base al Real Decreto 705/1999, de 30 de abril, que modificó la regulación relativa a la suscripción de convenios especiales con la administración de la Seguridad Social por los parlamentos de las comunidades autónomas a favor de sus miembros. Esta norma dispone en su artículo 2.1 que:  
«Los parlamentos de las comunidades autónomas podrán suscribir convenio especial con respecto a aquellos de sus miembros que lo deseen, a efectos de su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, aun cuando con anterioridad estos no hubieran estado afiliados al sistema de la Seguridad Social o hubieran estado encuadrados en algún régimen especial de dicho sistema. La suscripción de dicho convenio especial implicará en relación con los beneficiarios la consideración de situación asimilada al alta en el citado régimen general a partir de la fecha de constitución de cada legislatura.»  
Y, complementariamente, la disposición adicional primera del real decreto establece que:  
«Se autoriza a la administración de la Seguridad Social a convenir con los correspondientes parlamentos de las comunidades autónomas la fórmula adecuada que, en el orden jurídico y sin coste económico adicional para el sistema de Seguridad Social, permita a los parlamentarios autonómicos, que con anterioridad a su elección no hayan estado incluidos en el campo de aplicación de dicho sistema, causar derecho a pensión de jubilación cuando hayan cumplido la edad de 65 años, en los mismos términos y condiciones que los establecidos para los parlamentarios de las Cortes Generales.»  
Segundo. El convenio especial suscrito por Les Corts con la Tesorería General de la Seguridad Social en fecha 28 de junio de 1999 tiene por objeto «formalizar la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de los miembros que lo deseen de Les Corts» (cláusula primera) y, en virtud del mismo, Les Corts se obligan «.al ingreso de las cuotas correspondientes a todos sus miembros que resulten beneficiarios del mismo y, consecuentemente, se encuentren en situación asimilada al alta» (cláusula octava).  
De manera específica, la cláusula octava del convenio especial dispone lo siguiente:  
«Respecto de los parlamentarios que lo hayan sido durante dos legislaturas al menos y tuvieran cumplidos 55 años de edad, Les Corts podrán solicitar la prórroga de los vigentes convenios durante el tiempo que sea necesario para que aquellos completen el período mínimo de cotización exigido para tener derecho a la pensión de jubilación.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de parlamentarios que, además de reunir las circunstancias personales a que se refiere dicho párrafo, tengan cumplidos 65 años de edad en la fecha de la extinción de su mandato parlamentario y no reúnan dicho período mínimo de cotización exigido para tener derecho a pensión de jubilación, podrán acceder a la misma siempre que Les Corts ingresen en la Tesorería General de la Seguridad Social el importe a que asciende el valor actual del capital coste de pensión y/o el valor actual de las cotizaciones correspondiente a un período de tiempo equivalente al que falta para completar el período mínimo de cotización exigido.  
El beneficio pactado en el párrafo anterior se extenderá a aquellos que en el momento de extinguirse su mandato parlamentario no tengan cumplidos 65 años de edad pero que los cumplan antes de haber completado el período mínimo de cotización exigido para tener derecho a pensión de jubilación en la forma prevista en el párrafo primero de esta cláusula.»  
Tercero. De la redacción literal de la cláusula se desprenden dos posibilidades para el acceso de los diputados de Les Corts al derecho a pensión por jubilación, aunque no hayan completado el período mínimo de cotización exigido legalmente. Estas dos posibilidades son las siguientes:  
1. Posibilidad de que Les Corts ingresen en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital coste de pensión y el valor actual de cotizaciones necesarias, siempre que se cumplan estos requisitos:  
. Haber sido parlamentario durante dos legislaturas al menos.  
. Tener cumplidos 65 años de edad en la fecha de extinción de su mandato parlamentario o cumplirlos antes de haber completado el período mínimo de cotización exigido para tener derecho a pensión de jubilación.  
2. Posibilidad de que Les Corts soliciten la prórroga de los convenios vigentes durante el tiempo que sea necesario para que los parlamentarios completen el período mínimo de cotización exigido, siempre que se cumplan estos requisitos:  
. Haber sido parlamentario durante dos legislaturas al menos.  
. Tener cumplidos 65 años de edad en la fecha de extinción de su mandato parlamentario.  
Cuarto. En relación con el período mínimo de cotización necesario para el acceso a pensión, hay que recordar que el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, establece en su artículo 161 que:  
«1. Tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, las personas incluidas en este régimen general que, además de la general exigida en el apartado 1 del artículo 124, reúnan las siguientes condiciones:   
a) Haber cumplido 65 años de edad.   
b) Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.»  
Hay que señalar también que la cuantía de la pensión por jubilación a que podría accederse mediante la aplicación de la cláusula octava estaría en función de dos variables legales y económicas:  
1. La base reguladora de la pensión que resultare aplicable en cada caso, en función de las bases de cotización que se tomaran como referencia para efectuar el cálculo regulado en el artículo 162 del texto refundido de la LGSS.  
2. El porcentaje aplicable en cada caso en función de lo previsto en el artículo 163 del mismo texto refundido, el cual establece que la cuantía de la pensión por jubilación, en su modalidad contributiva, se determinará aplicando a la base reguladora, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, los porcentajes siguientes:  
. Por los primeros 15 años cotizados, el 50 por 100.  
Esto es, en el caso de una pensión que hubiese de percibirse en el 2006, la pensión no superaría en ningún caso el 50 por cien del límite máximo fijado para el presente año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el señalamiento inicial de pensión o la concurrencia de varias pensiones en un mismo titular, esto es, el 50% de 2.202,31 euros mensuales.  
Quinto. Hay que recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó la Sentencia 241/2004, de 23 de febrero, en la cual, con respecto a la interpretación de la referida cláusula octava del convenio, se declaró lo siguiente:  
«.la literalidad de la cláusula 8ª del convenio no admite duda interpretativa: la posibilidad de que el diputado acceda a la pensión está condicionada a que las Cortes acuerden el ingreso del valor actual del capital-coste de dicha pensión; ninguna obligación impone el convenio al parlamento autonómico en orden a que .deba. ingresar imperativamente dicha suma, ni dicho ingreso constituye un derecho subjetivo del diputado en materia de Seguridad Social .nada se desprende del Reglamento de las Cortes que avale tal tesis.; y debe recordarse que los derechos ciudadanos en el campo de la Seguridad Social son de configuración legal (STC 37/94), por lo que a la hora de determinar su alcance habrá que estar, en el caso de los diputados autonómicos, a las concretas cláusulas del convenio libremente suscrito por Les Corts con la Tesorería, que constituye su marco normativo de referencia.»  
Por otra parte, dado que en el asunto examinado por la sala la resolución denegatoria adoptada por la Mesa indicaba que no se había acreditado la concurrencia de un estado de necesidad en el recurrente, la sentencia declaró al respecto que:  
«.se trata tan sólo de que, siendo .como se ha dicho. una facultad discrecional de las Cortes el proceder o no al pago, la concurrencia de una situación de necesidad en el reclamante pudiera ser un factor que orientara en un determinado sentido el ejercicio de tal facultad discrecional.»  
Sexto. Cabe afirmar, en aplicación de dicha interpretación judicial, que la cláusula octava del convenio especial suscrito por las Cortes con la Tesorería General de la Seguridad Social el 28 de junio de 1999 permite la posibilidad de que la Mesa de Les Corts acuerde el ingreso del valor actual del capital-coste, estimado por la Tesorería y necesario para que el ex diputado o la ex diputada pueda acceder a la pensión por jubilación que ha solicitado y que le sería reconocible en base a dicho convenio especial. Bien entendido, por otra parte, que ninguna obligación impone el convenio especial a la Cámara en orden a que «deba» ingresar imperativamente dicha suma. Por tanto, dicho ingreso no constituye un derecho subjetivo del diputado en materia de Seguridad Social.   
Séptimo. La decisión de la Mesa de Les Corts acerca de la valoración de una situación de necesidad, para ejercer la facultad discrecional que se regula en la cláusula octava del convenio especial suscrito con la Seguridad Social, debe adoptarse en el marco de un tratamiento general referible a todos los diputados y diputadas que pudieran encontrarse en la misma situación y a los que fuere aplicable la mencionada cláusula octava.  
Para aplicar la posibilidad prevista en el párrafo segundo de dicha cláusula octava, la Comisión de Gobierno Interior de Les Corts ha considerado que con carácter general ha de aplicarse el mismo criterio que ha fundamentado en el Congreso de los Diputados la resolución de solicitudes similares. Dicho criterio tiene en cuenta el hecho de que el ex diputado o la ex diputada solicitante no perciba ninguna otra pensión de jubilación con cargo al sistema público de pensiones.  
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Mesa de Les Corts, visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos de Les Corts y teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno Interior en su reunión celebrada el día 6 de julio de 2006, ha adoptado por unanimidad, en su reunión celebrada el 12 de julio de 2006, el siguiente:  
Acuerdo  
Primero. Aprobar el procedimiento que ha de tramitarse para la resolución de solicitudes formuladas por ex diputados o ex diputadas de Les Corts, al amparo del párrafo segundo de la cláusula octava del convenio especial suscrito entre Les Corts y la Tesorería General de la Seguridad Social en fecha 28 de junio de 1999. El procedimiento estará integrado por las siguientes actuaciones:  
1. El procedimiento se iniciará con la comunicación remitida por la Tesorería General de la Seguridad Social a Les Corts trasladando la solicitud de reconocimiento del derecho a pensión de jubilación formulada por un ex diputado o una ex diputada de Les Corts y expresando la estimación actuarial del capital coste que ha de ser ingresado para que el ex diputado o la ex diputada solicitante pueda acceder a la pensión solicitada en aplicación del párrafo segundo de la cláusula octava del convenio especial suscrito por Les Corts.  
2. A la vista de la comunicación recibida, la Mesa de Les Corts adoptará acuerdo teniendo conocimiento de la misma y aprobando la realización de las actuaciones que se detallan en los siguientes apartados.  
3. Dicho acuerdo será notificado al ex diputado o a la ex diputada para que, en un plazo de 10 días, pueda formular las alegaciones y aportar los documentos que estime oportunos en defensa de sus derechos o intereses.  
5. Se emitirá un informe relativo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula octava del convenio especial.  
6. Se emitirá por el Área Económica un certificado acreditativo de la existencia de crédito disponible en el presupuesto de Les Corts para efectuar, en su caso, el ingreso del importe estimado por la Tesorería General de la Seguridad Social.  
7. Una vez concluidas dichas actuaciones, el expediente se elevará a la Mesa de Les Corts para la adopción del acuerdo resolutorio del mismo. Dicho acuerdo será debidamente motivado y, si se hubiere acreditado que concurren los requisitos exigidos en el párrafo segundo de la referida cláusula octava y la persona solicitante no percibe otra pensión con cargo al sistema público de pensiones, resolverá en sentido favorable la solicitud formulada por el ex diputado o la ex diputada.   
8. El acuerdo adoptado por la Mesa de Les Corts se comunicará al ex diputado o a la ex diputada solicitante, a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Área Económica de Les Corts, a fin de que proceda a su ejecución. Asimismo, del acuerdo adoptado se dará cuenta a la Comisión de Gobierno Interior en la primera sesión que celebre.  
Segundo. El presente acuerdo se comunicará a la Tesorería General de la Seguridad Social, a los grupos parlamentarios y al Área Económica de Les Corts, y se publicará en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes y el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Además de lo anterior, en la finalización de cada legislatura de les Corts se pondrá en conocimiento de los diputados y las diputadas, mediante notificación personal a cada uno de ellos, la existencia del presente procedimiento.  
Valencia, 12 de julio de 2006.. El presidente: Julio de España Moya. La secretaria segunda: Carmen Ninet Peña.