Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6971, del 22-02-2013 (2013/1260)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 52/2011.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6971

Fecha DOGV
:   22-02-2013

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2013/1260


Organismo emisor
:   Jugado de Primera Instancia Numero 03 de San Vicente del Raspeig

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 52/2011. [2013/1260]  
Juicio verbal 000052/2011   
Demandante: Francisco José Torregrosa Aracil.   
Procurador: Juan Navarrete Ruiz.  
Demandado: Aligesx Grupo Empresarial, SL.   
Procurador/a: -  
Diligencia de ordenación  
Secretario judicial que lo dicta: Arturo Hernández Beltrán.   
Lugar: San Vicente del Raspeig.   
Fecha: 11 de diciembre de 2012.  
El escrito presentado con fecha 19 de octubre de 2012 por el procurador Juan Navarrete Ruiz, en nombre y representación de Francisco José Torregrosa Aracil, únase a los autos de su razón.   
A la vista del contenido del mismo y del estado de las presentes actuaciones, y toda vez que consta que el demandado, declarado en situación procesal de rebeldía según consta en el acta de juicio, no ha podido ser notificado personalmente de la sentencia en forma prevista por el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y efectuadas previamente las averiguaciones pertinentes de su domicilio o localización durante la tramitación de los presentes autos, y con la finalidad de notificar la sentencia dictada en fecha 21 de febrero de 2012, por imperativo de lo expuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procédase a notificar la misma al demandado Aligesx Grupo Empresarial, SL, con DNI número [?] a través de la publicación de los correspondientes edictos en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana o Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su inserción en el tablón de anuncios de este Juzgado.   
Arturo Hernández Beltrán, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 3 de San Vicente del Raspeig, hago saber:  
Que en el juicio asunto civil seguido en este Juzgado con el número 000052/2011se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:   
«Sentencia número 28/2012   
Jueza que la dicta: Marta Rodríguez Andreu.   
Lugar: San Vicente del Raspeig.   
Fecha: 21 de febrero de 2012.  
Demandante: Francisco José Torregrosa Aracil.   
Abogado/a: -  
Procurador: Juan Navarrete Ruiz.   
Demandado: Aligesx Grupo Empresarial, SL.   
Procedimiento: juicio verbal 000052/2011.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Tuvo entrada en el Juzgado de los de San Vicente demanda de juicio verbal sobre reclamación de cantidad promovida a instancias de Francisco José Torregrosa Aracil basándose en los hechos y fundamentos de derecho que estimo aplicables interesando que se dicte sentencia por la que se condene al demandado a abonar la cantidad de 648,23 euros, mas los intereses legales y a la expresa condena en costas.   
Segundo. Por decreto se admite a trámite la demanda y se cita a las partes al acto del juicio, con los apercibimientos y advertencias legales previstas en los artículos 441 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.   
Abierto el acto del juicio en el día de la fecha, la parte demandada debidamente citada al acto del juicio no comparece en forma siendo declarada en situación de rebeldía procesal, la parte actora se afirma y ratifica en la demanda e interesa el recibimiento del pleito a prueba. Se proponen como medios de prueba aquellos que se consideran oportunos admitiéndose aquellos pertinentes y útiles, se practica la prueba declarada pertinente y los autos quedan conclusos para dictar sentencia.   
Tercero. En la tramitación del presente juicio se han observado las prescripciones y términos legales.   
Fundamentos de derecho   
Primero. El actor en la presente litis ejercita acción de reclamación de cantidad derivada de los daños producidos en fecha de 17 de marzo de 2010 en los bajos del vehículo propiedad del demandante al pasar por encima de una placa metálica dispuesta por la demandada en medio de la vía y colindante con las obras de un edificio de nueva construcción llevado a cabo por la demandada solicitando se condene al demandado al pago de la cantidad de 648,23 euros. Apoya su pretensión en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil.   
Constituyen hechos controvertidos la existencia de los requisitos necesarios para la prosperabilidad de la acción ejercitada y si corresponde el resarcimiento correspondiente a todos los conceptos.   
Segundo. A estos efectos, debe señalarse que los requisitos para la viabilidad de la acción de responsabilidad civil por culpa extracontractual, que reconoce el artículo 1902 del Código Civil, vienen constituidos, tal y como establece la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de diciembre de 1999, por: a) una acción u omisión negligente (que es cuestión de hecho); b) la realidad de unos daños y/o perjuicios ocasionados (que también es quaestio facti), y c) el nexo causal entre la acción y los daños y perjuicios ocasionados (que es una cuestión. de derecho). En relación con este último requisito, el alto tribunal en sentencia de fecha 31 de julio de 1999, ha declarado que la cuestión sobre la existencia o no de dicho nexo causal es requisito esencial para que pueda surtir sus efectos la llamada responsabilidad extracontractual, o más bien la obligación nacida del acto ilícito de reparar el daño causado que proclama el artículo 1902 del Código Civil con carácter de principio y que ha sido suficientemente desarrollado por la doctrina y jurisprudencia de esa sala, y se ha de basar en la acción y el resultado dañino, cuestiones esencialmente de hecho (por todas, la sentencia de fecha 31 de enero de 1992), además -sigue diciendo la expresada resolución-, hay que tener en cuenta lo que dice la sentencia de esa misma sala de fecha 1 de abril de 1997, cuando en ella se afirma que para la determinación de la existencia de la relación o enlace preciso y directo entre la acción u omisión -causa-y el daño o perjuicio resultante -efecto-, la doctrina jurisprudencial viene aplicando el principio de casualidad que exige, para apreciar la culpa del agente, que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad; debiendo entenderse por consecuencia natural aquella que propicia, entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad, conforme a los conocimientos normalmente aceptados; y debiendo valorarse en cada caso concreto si el acto antecedente que se presenta como causa tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficiente las simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos, que por una mera coincidencia, induzcan a pensar en una posible interrelación de esos acontecimientos, sino que es precisa la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo. Y esta necesidad de una cumplida justificación no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo o la inversión de la carga de la prueba, aplicables en la interpretación de los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, pues "el cómo y el porqué se produjo el accidente" constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del evento dañoso (en sentido análogo, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de mayo de 1999). Reiterando este criterio, el Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 18 de julio de 2006, ha indicado que la Sentencia de 25 de septiembre de 2003 recoge la doctrina jurisprudencial sobre la necesidad de un nexo causal entre la acción u omisión imputada al agente y el daño producido; así dice la sentencia de 30 de abril de 1998, citada en la de 2 de marzo de 2001, que "como ha declarado esa sala (sentencia de 2 de febrero de 1946 y otras posteriores) en el nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño ha de hacerse patente la imputabilidad de aquel y su obligación de repararlo; queda así expresado que la causalidad [...] es más bien un problema de imputación; esto es que los daños y perjuicios se deriven o fueran ocasionados por un acto imputable a quienes se exige indemnización por culpa o negligencia y que tales daños resulten consecuencia necesaria del acto u omisión del que se hace dimanar".   
Por otra parte, la sentencia de 10 de octubre de 2002 dice que "el artículo 1902 del Código Civil ha sufrido una evolución jurisprudencial acorde con la realidad social siempre cambiante (art. 301 del Código Civil) que, manteniendo un fondo de reproche culpabilístico, desplaza cada vez más la prueba de la culpa a la prueba del nexo causal ya que subsume en la causa del daño la existencia de culpa"; asimismo tiene declarado esa sala que "corresponde la carga de la prueba de la base fáctica (del nexo causal) y por ende de las consecuencias desfavorables de su falta al demandante" y "en todo caso es preciso que se pruebe la existencia de nexo causal, correspondiendo la prueba al perjudicado que ejercita la acción (sentencia de 6 de noviembre de 2001, citada en la de 23 de diciembre de 2002); siempre será requisito ineludible la exigencia de una relación de casualidad entre la conducta activa o pasiva del demandado y el resultado dañoso producido, de tal modo que la responsabilidad se desvanece si el expresado nexo causal no ha podido concretarse (sentencia de 3 de mayo de 1995 citada en la 3 de octubre de 2002)".  
No cabe duda de que la cuestión litigiosa a la que se contraen las presentes actuaciones se concreta -prácticamente con exclusividad- en la valoración de la prueba yen la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba.   
Tercero. Proyectada la anterior doctrina sobre el caso de autos, y teniendo en cuenta que la base de la prueba se configura como la actividad procesal por la que se tiende alcanzar el convencimiento psicológico de juzgador sobre la existencia o inexistencia de los datos que han sido aportados al proceso por la parte pudiendo hablarse, por tanto, y, propiamente de prueba a los efectos que nos interesan con relación a aquella que se produce en el proceso ha quedado acreditado por la prueba practicada en el acto del juicio, concretamente de la documental, que efectivamente existe unos menoscabos en los elementos propiedad del demandante tal y como se infiere de la documental y que el origen de los mismos deriva de la ausencia de las medidas necesarias por parte de la empresa que estaba llevando a cabo las obras tal y como se infiere del propio atestado policial, como en este caso sería la adecuada colocación de las planchas metálicas a los efectos de que ningún menoscabo se produjese a los usuarios de la vía al pisar la misma. Dado que los documentos presentados por la demandante en cuanto a la existencia de los daños y valoración de los mismos no ha sido cuestionado se ha de dar, conforme a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pleno valor probatorio procediendo la integra estimación de la demanda.   
Cuarto. De conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la parte demandada abonará las costas causadas.   
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en virtud de la autoridad que me confiere la Constitución española,   
Fallo   
Estimo íntegramente la demanda formulada por el procurador de los tribunales Navarrete Ruiz en nombre y representación de Francisco José Torregrosa Aracil frente a Aligesx Grupo Empresarial, SL, y debo condenar a la parte demandada a abonar la cantidad de 648,23 euros y las costas de este juicio.  
Contra esta sentencia no cabe recurso conforme a lo establecido en el artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Llévese el original al libro se sentencias.  
Así por mí esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.»  
De la presente diligencia se da cuenta al juez.   
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante el secretario que la dicta, no obstante se llevará a efecto lo acordado. El escrito deberá presentarse en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, expresando la infracción cometida a juicio del impugnante, sin cuyos requisitos no se admitirá la impugnación (art. 451 y 452 de la LECn).  
Y para que sirva de notificación de sentencia al demandado Aligesx Grupo Empresarial, SL, cuyo domicilio conocido era en calle Redes número 25, Alicante expido el presente.  
  
San Vicente del Raspeig, 11 de diciembre de 2012.- El secretario judicial: Arturo Hernández Beltrán.