Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3137, del 05-12-1997 (1997/11843)

Notificación de la Resolución de 30 de junio de 1997, del director general de Arquitectura y Vivienda.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3137

Fecha DOGV
:   05-12-1997

Sección del DOGV
:   OTROS ANUNCIOS - OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1997/11673


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución de 30 de junio de 1997, del director general de Arquitectura y Vivienda. [97/Q11726]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación a doña Paula Colera García de la Resolución de 30 de junio de 1997, del director general de Arquitectura y Vivienda, que a continuación se transcribe:
  
«Resolución
  
Examinado el recurso ordinario formulado por doña Paula Colera García en la solicitud de visado de contrato y ayudas económicas directas para la adquisición protegida de una vivienda a precio tasado, en el expediente 12/1T/0141/96/040.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
La interesada, adquirente de una vivienda a precio tasado, mediante contrato de compraventa de fecha 22 de noviembre de 1995, presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón de la Plana la solicitud de visado de contrato y ayudas económicas directas el día 11 de julio de 1996.
  
Segundo
  
A la vista de la documentación presentada y en base a lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 113/1996, de 5 de junio, del Gobierno Valenciano, sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda (DOGV número 2.770, de 14 de junio de 1996), en concordancia con el artículo 24.2.c. del Real Decreto 2.190/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para el período 1996-1999 (BOE número 312, de 30 de diciembre de 1995), el Servicio Territorial dicta resolución denegatoria de las ayudas económicas interesadas por haber transcurrido más de dos meses entre la formalización de la escritura de compraventa y la solicitud del visado de la misma.
  
Tercero
  
Contra la citada resolución, la parte interesada interpone recurso ordinario en tiempo y forma, con las alegaciones que constan en el mismo y que se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV número 1.547, de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
La Orden de 26 de septiembre de 1995, del entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, por la que se regula el cierre ordenado del sistema de financiación de las actuaciones protegibles del Plan de Vivienda 1992-1995, con referencia a la fecha límite de 16 de octubre de 1995, aboca a la Generalitat Valenciana, una vez sobrepasados los objetivos del mismo y agotados los recursos que le había sido asignados, a adoptar sus propias medidas en relación con el citado cierre.
  
Cuarto
  
En cumplimiento de este mandato, el artículo 2, párrafo 3, de la Orden de 10 de octubre de 1995, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se adoptan medidas en relación con el cierre precitado, dispone que no se tramitarán las solicitudes de vivienda a precio tasado con fecha posterior al 16 de octubre de 1995.
  
Quinto
  
En 28 de diciembre de 1995 se aprueba y publica el Real Decreto 2.190/1995, sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda para el período 1996/99, estableciendo expresamente el artículo 3.2 de dicha normativa que: ?el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente satisfará, con cargo a sus presupuestos las subvenciones y subsidios determinados en este real decreto en aquellos casos en los que las comunidades autónomas hayan reconocido el derecho a dichas ayudas en virtud de su propia normativa y en el marco del correspondiente convenio con el Ministerio de Obras públicas, Transporte y Medio Ambiente?.
  
En consecuencia sin la suscripción del convenio marco entre la administración central y la autonómica, no hay posibilidad de respaldar las actuaciones programadas. Igualmente, sin existencia de esa regulación autonómica a la que se refiere el texto del real decreto, no se puede posibilitar la utilización de los recursos convenidos con el Ministerio de Fomento.
  
Sexto
  
En la Conferencia Sectorial de la Vivienda celebrada el día 29 de enero de 1996, en Santander, se procede a la suscripción de los convenios marco entre cada comunidad autónoma y el Ministerio de Obras Públicas atendiendo a los recursos económicos que la administración central destina para cada uno de los territorios autonómicos.
  
Séptimo
  
En 5 de junio de 1996, la Comunidad Valenciana, una vez analizadas las disponibilidades presupuestarias, los objetivos prioritarios recogidos en el Convenio Marco y en especial los compromisos adquiridos al objeto de diligenciar los expedientes pendientes de financiar provenientes del Plan 1992-1995, aprueba y regula, mediante el Decreto 113/1996, las condiciones de acceso a las ayudas públicas en las actuaciones protegibles en materia de vivienda. Dicha normativa contempla las nuevas situaciones dispuestas para el período 1996-1999, así como el régimen transitorio de aquellos expedientes devenidos del anterior plan.
  
Octavo
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3 del Decreto 113/1996, de 5 de junio, del Gobierno Valenciano, en relación con el artículo 24.2.c. del Real Decreto 2.190, de 28 de diciembre, ?para poder solicitar la financiación cualificada de vivienda a precio tasado deberá cumplirse: que entre la celebración del contrato de opción de compra, compraventa o adjudicación y la solicitud del visado del mismo, no hayan transcurrido más de dos meses... ?.
  
Noveno
  
En el caso que nos ocupa, examinada la documentación obrante en el expediente, se comprueba:
  
1. Que la parte interesada, adquirió la vivienda objeto de la solicitud de ayudas una vez cerrado el Plan de Vivienda 1992-1995 y antes de la aprobación y entrada en vigor de una normativa autonómica propia que estableciera el régimen básico de las mismas, las condiciones de accesibilidad y los requisitos y exigencias para obtener el derecho a aquellas en el período 1996-1999.
  
2. Que respecto al Plan de Vivienda 1996-1999, la Generalitat pretende no generar expectativas entre los ciudadanos que después no pueda asumir. Es por ello que, hasta no tener datos ciertos y fiables tras la conclusión del plazo habilitado al objeto de diligenciar los expedientes pendientes (situación devenida por el cierre del Plan 1992-1995, con cerca de 22.000 viviendas calificadas y sin financiación), resultaba temerario permitir la admisión de nuevas solicitudes, a las cuales no se podía hacer frente. En este sentido, basta suponer que podría haber concurrido la circunstancia de que debido al número de expedientes diligenciados, se agotasen los objetivos fijados para el período 1996-1999, con los excedentes del Plan 1992-1999.
  
3. Que la Comunidad Valenciana optó, dentro de sus potestades de autogobierno y en base a los fundamentos precitados, porque la vigencia del Decreto 113/1996, de 5 de junio, no se retrotrajera en el tiempo a un momento anterior, sino que fuera a los 15 días de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, por lo que si los interesados hubiesen solicitado las ayudas económicas referenciadas con anterioridad al 2 de julio de 1996, éstas hubiesen sido igualmente denegadas.
  
4. Que no debe abandonarse la perspectiva de que la conformación de los planes de vivienda constituye un cuerpo limitado y cerrado de actuaciones a financiar con ayudas públicas y en consecuencia la aplicación de los efectos del plan a enero de 1996, no produciría otros efectos prácticos que resolver la concreta situación de una serie de ciudadanos que adquirieron una vivienda cuando la normativa no les proporcionaba cobertura, con posible detrimento de otros muchos, que pudiendo haber adquirido una vivienda a precio tasado, esperaron a la publicación de la norma autonómica.
  
5. Que el expediente no cumple las condiciones para poder acogerse a ninguna de las disposiciones transitorias del Decreto 113/1996.
  
6. Que el expediente referenciado entra en el Plan 1996-1999 y lo alegado por la parte interesada no desvirtúa el hecho de que entre la celebración del contrato de opción de compra, compraventa o adjudicación y la solicitud de visado del mismo han transcurrido más de dos meses, incumpliendo lo dispuesto en la normativa vigente.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la división de promoción privada, resuelvo:
  
Desestimar el recurso ordinario formulado por doña Paula Colera García contra la Resolución del Servicio Territorial de Castellón de la Plana, de fecha 22 de octubre de 1996, que queda confirmada.»
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f (en relación con la disposición adicional 11 de la LRJAP y PAC) y artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956; así como el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 30 de junio de 1997.- El director general de Arquitectura y Vivienda: José M.ª García Zarco.
  
Conselleria de Obras Públicas,
  
Urbanismo y Transportes