Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3448, del 05-03-1999 (1999/1015)

Notificación de la resolución del recurso ordinario con número de referencia interna R.167/98.
----------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3448

Fecha DOGV
:   05-03-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/1015


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso ordinario con número de referencia interna R.167/98. [1999/M1015]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución del recurso ordinario con número de referencia interna R.167/98 a don Vicente Lassala Bau.
  
Resolución
  
Examinados los recursos ordinarios formulados por don Miguel Carrasco Moreno y por don Pedro Sánchez Marín en representación de Safraga SL, contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia en el expediente de construcción número 21-0K-339-27 (DFV 217/96).
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por doña Rosa Mª Calas Tarazona, propietaria de la vivienda de protección oficial sita en Valencia, calle de Ismael Blat número 7-5ª, se presentó escrito de denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda contra la promotora Sufraga SL, por presuntas deficiencias constructivas en el citado inmueble por lo que se envió a un perito de dicho organismo quién emitió el correspondiente informe, acordándose la incoación de expediente sancionador contra dicha mercantil así como contra el arquitecto y aparejador de la obra.
  
Segundo
  
Por el instructor del expediente sancionador se dictó propuesta de resolución en la que considerando que debía exonerarse de responsabilidad a los facultativos de la obra, y por otra parte considerando probada la comisión de la infracción muy grave del artículo 153 C) 6 y 7 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, por parte del promotor constructor, proponía la imposición de una sanción pecuniaria de 250.000 pesetas, así como la orden de subsanación de las deficiencias constructivas.
  
Tercero
  
El jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta dictó una resolución acordando la imposición de la sanción y de la orden de obras establecidas en la misma.
  
Cuarto
  
Contra dicha resolución interponen recursos ordinarios don Miguel Carrasco Moreno y don Pedro Sánchez Marín en representación de Safraga SL, con las alegaciones que constan en los mismos y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 1547 de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
Presenta alegaciones el arquitecto técnico recurrente en las que solicita que no se le efectúe ninguna notificación al haber sido exonerado de toda responsabilidad, no obstante no puede accederse a lo solicitado, por cuanto aunque se ha sobreseído el expediente sancionador respecto de los facultativos por entenderse que el tipo de deficiencias son imputables al promotor constructor, en calidad de interesado en el mismo procede toda notificación a la que tiene derecho y está obligada la administración, a tenor del artículo 31.b) en relación con el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Por lo que procede desestimar el recurso.
  
Cuarto
  
Solicita la mercantil recurrente Safraga SL que se revoque la resolución alegando que el 9 de mayo de 1996 se concedió la cédula de calificación definitiva lo que implica la revisión por la Generalitat Valenciana de la finca para comprobar que se ajusta a la legalidad sin que se detectara ninguna anomalía; entendiendo por otra parte que las deficiencias imputadas son de mera utilización de la vivienda no existiendo infracción, y por último dice que el artículo 155 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial fija para las faltas muy graves un tope de 250.000 pesetas, sin que se hayan modificado estas cuantías.
  
El recurso debe ser desestimado, es abundante la jurisprudencia que establece que la calificación definitiva no sana las deficiencias en la edificación que tuviera el inmueble, atribuyendo ésta un régimen jurídico singular a unas viviendas determinadas que implica derechos y obligaciones para el promotor y adquirentes (ss del Tribunal Supremo de 30.01.90, 27.09.93 y 01.03.94 entre otras). Ello nos conduce a la responsabilidad objetiva que tiene el promotor atribuida por el artículo 111 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, que le obliga a la reparación de los vicios constructivos que aparecieran en el edificio en el transcurso de los cinco años siguientes a la fecha de calificación definitiva.
  
En cuanto a las alegaciones de que las deficiencias son por la utilización de la vivienda, consta en el expediente informe pericial de fecha 4 de octubre de 1996 en el que textualmente se dice que: «..se trata de cuestiones originadas en la colocación y de acabado durante la ejecución de la obra. A la vista de ello se considera que estas son imputables al promotor-constructor ...». Teniendo en cuenta que la fecha de la escritura de compraventa es de 28 de junio de 1996, la presentación de la denuncia de fecha 3 de julio de 1996, habiendo aportado el propio recurrente escrito de la compradora denunciante de 8 de mayo de 1996 en el que ya le comunicaba la existencia de deficiencias en la vivienda, difícilmente éstas se pueden haber producido por el uso de la misma. Por lo que queda probado que el promotor constructor ha ejecutado la obra sin la debida diligencia lo que ha producido un resultado dañoso, configurándose la infracción imputada.
  
En lo referente a la cuantía de las multas por las faltas muy graves, se regulan por el Real Decreto 3.148/78, de 10 de noviembre, en su artículo 57, y no por el artículo 155 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial que alude el recurrente.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Desestimar los recursos ordinarios formulados por don Miguel Carrasco Moreno y por don Pedro Sánchez Marín en representación de Safraga, SL, contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 2 de febrero de 1998, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2-f (en relación con la disposición adicional undécima de la LRJAP y PAC) y el artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956, así como el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.