Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9325, del 26-04-2022 (2022/2910)

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2022, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación de la concesión minera derivada del permiso de investigación Ragudo, número 2789, para cinco cuadrículas mineras, en el término municipal de Viver. Expediente 160/2011/AIA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9325

Fecha DOGV
:   26-04-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2022/2910


Fecha del documento
:   12-01-2022

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
    * Viver
    * impacto ambiental

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2022, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación de la concesión minera derivada del permiso de investigación Ragudo, número 2789, para cinco cuadrículas mineras, en el término municipal de Viver. Expediente 160/2011/AIA. [2022/2910]  
  
Declaración de impacto ambiental  
Expediente: (1858612) 160/3428-NXE.  
Título: concesión minera derivada del permiso de investigación «Ragudo» núm. 2789, para cinco cuadrículas mineras.  
Promotor: Eurominerales Cerámicos, SA.  
Autoridad sustantiva: Dirección General de Industria, Energía y Minas de Castellón.  
Ref. órgano sustantivo: MIEXCD/2005/5/12.  
Localización: polígono 1, parcelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,69, 70, 71 y 72. Polígono 35, parcelas: 36 y 37. Polígono 39, parcelas: 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 85, 86, 87, 88, 89, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 167, 170, 171, 194, 195, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 y 219, del TM de Viver (Castellón).  
  
1. Antecedentes  
En fecha 11 de octubre de 2011, el Servicio Territorial de Energía de Castellón remite al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental la solicitud de evaluación de impacto ambiental del «Proyecto de explotación de la concesión minera derivada del permiso de investigación Ragudo, número 2789», de recursos de la sección C), en el término municipal de Viver para seis cuadrículas mineras. La solicitud de concesión derivada de explotación se inició en el citado servicio territorial el 30 de agosto de 2005 a nombre de MC Castellón, SL, que actuaría como empresa explotadora. Una vez otorgados los derechos mineros, dicha empresa los transfirió, mediante cambio de titularidad autorizado el 6 de abril de 2006, a Eurominerales Cerámicos, SL, quien se inicia en el campo de la minería.  
La documentación que se presentó en el Servicio Territorial de Energía de Castellón en fecha 29 de noviembre de 2005 (estudio geológico, proyecto de explotación y plan de restauración integral) está redactada en noviembre de 2005 y en ella se preveía que el área de actuación se desarrollaría en seis cuadrículas mineras. Asimismo, el estudio de impacto ambiental, que se presentó en octubre de 2008, está elaborado para una demarcación con las mismas cuadrículas. No es hasta la presentación del Plan de restauración integral de julio de 2013 cuando la empresa hace constar en el texto y planos que son cinco las cuadrículas mineras solicitadas, sin que se tenga constancia de que ello haya sido notificado al Servicio de Evaluación Ambiental. De las seis cuadriculas iniciales, cuatro estaban alineadas de forma horizontal y las dos restantes se ubicaban en la parte inferior derecha de aquellas. Las cinco cuadrículas otorgadas no corresponden a la reducción en una cuadrícula de las seis iniciales (una de las dos inferiores), sino a la eliminación de las dos inferiores y a la adición de una cuadrícula más -que no se considera en la documentación citada- sobre las cuatro cuadrículas horizontales. Todo lo cual modifica el escenario del estudio, cambia el ámbito, las previsiones y las características del proyecto de explotación, sus impactos y las medidas correctoras.  
Según se refleja en el plano de la demarcación de la concesión de explotación derivada «Ragudo» núm. 2789, elaborado y firmado por los servicios territoriales de Industria, Energía y Minas de Castellón, en fecha 25 de octubre de 2021, las coordenadas de las cinco cuadrículas de la demarcación (European Datum 1950, ED50) son las siguientes:  
  
  
  
Coordenadas geográficas europeas  
Vértice Longitud (O) Latitud (N)  
P.P. 0º 39- 00?- 39º 58- 00?-  
1 0º 38- 40?- 39º 58- 00?-  
2 0º 38- 40??- 39º 57- 40?-  
3 0º 38- 00?- 39º 57- 40?-  
4 0º 38- 00?- 39º 57- 20?-  
5 0º 39- 20?- 39º 57- 20?-  
6 0º 39- 20?- 39º 57- 40?-  
7 0º 39- 00?- 39º 57- 40?-  
  
  
2. Objeto y características del proyecto según la documentación aportada.  
La explotación se localiza en las parcelas ya reseñadas, de los polígonos 1, 35 y 39 del término municipal de Viver. Según los datos y la información contenida en la documentación presentada por el promotor, el área afectada directamente por el laboreo se extiende sobre unas 49,6 ha de las que 40,67 serán para la explotación. Se pretende extraer los materiales arcillosos del tramo superior del Buntsandstein, aflorantes en la concesión, mediante una explotación a cielo abierto con bancos descendentes. Las labores de explotación constarán de tres bancos en secuencia descendente, que llegarán a ocho bancos en el cerro que corona la explotación, al tener la masa del mineral a explotar mayor altura que el alcance del brazo de la pala retroexcavadora. Los bancos tendrán una altura de entre 8 m a 10 m (máximo), tanto en el desmonte del recubrimiento del paquete calizo suprayacente a las argilitas en el sector central del permiso, como en las operaciones de extracción del material beneficiable. Tras finalizar el avance se dejarán unas plataformas de 12 m.  
La morfología resultante tras la restauración será bien distinta, pues el perfil de 8 a 10 m x 12 m solo permanecerá en los huecos enterrados tras la remodelación morfológica, dado que en las laderas que deban permanecer visibles, se situarán taludes continuos solo alterados por alguna plataforma que se tenga que utilizar para labores selvícolas y/o acceso a campos de cultivo. La inclinación del talud resultante oscilará entre 27º y 30º en consonancia con el entorno.  
El arranque se realizará por medios mecánicos en las labores de aprovechamiento, aunque en la fase de desmonte de las calizas del cerro se tendrá que recurrir al uso de explosivos para extraer el recubrimiento, que no puede ser excavado mediante una retroexcavadora hidráulica; lo mismo sucederá con las intercalaciones de areniscas y conglomerados.  
El inicio de las labores se realizará en el límite NW de la concesión por encima de la vía férrea, avanzando en sentido WE, y descendiendo hacia el sur. Se llevará a cabo mediante siete fases, en otras tantas zonas de explotación, restaurando de forma cronológica las zonas explotadas. Los taludes resultantes de la excavación serán modelados de manera que se consiga un perfil geotécnicamente estable, integrado en la morfología característica del entorno y donde sea factible la implantación posterior de la vegetación. En un principio no será necesario el aporte de material de relleno, puesto que se irá transfiriendo de una fase a otra, permitiendo que al tiempo que se realiza la explotación, se pueda ir restaurando la fase anterior de la actividad. Pese a la transferencia y reserva de materiales para relleno, llegará un momento en el que estos serán insuficientes y, se deberá dar comienzo simultáneamente a la explotación en la zona baja y a las labores de rebaje en la parte alta de la demarcación, lo cual irá dotando de materiales de relleno a la parte explotada, al tiempo que irá perfilando los futuros taludes de restauración.  
El volumen total de excavación se establece en 10,9 Mm³, de los que se esperan comercializar 7,7 Mm³ de arcilla beneficiable en banco, que, con una densidad de 1,9 t/m³, suponen 14,6 Mt, quedando 3,1 Mm³ como estéril aprovechable para conformar la morfología final y 117.000 m³ de suelo edáfico para la restauración del suelo. La producción deseada se estima en 300.000 tm/a, por lo que a ese ritmo de producción las reservas se agotarían a los 51 años de iniciada la actividad.  
En un principio no está previsto instalar ninguna planta de tratamiento para el material dentro de la concesión minera, sino tan solo una zona de acopio para homogeneización de las arcillas previo a la carga en camión. Debido a la exigencia por parte de las industrias consumidoras de estas sustancias de unos diámetros determinados, no se descarta la posibilidad de tener que instalar una planta móvil de molienda, como paso previo a la carga del material, que se situaría junto al acopio de homogeneización.  
  
3. Información pública y consulta a las administraciones afectadas.  
La Conselleria de Industria, Comercio e Innovación sometió el proyecto de «Proyecto de explotación de la concesión minera derivada del permiso de investigación Ragudo, número 2789», de recursos de la sección C)» a información pública, mediante anuncio publicado en el DOGV de fecha 21 de mayo de 2009, por un plazo de 30 días. Se formuló consulta por el órgano sustantivo al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y al Área Forestal de la DG de Gestión del Medio Natural. Se emitió certificado de información pública y resultado de la misma, realizado por el jefe del Servicio Territorial de Energía, de fecha 3 de octubre de 2011. Consta en el expediente administrativo resolución de autorización para la realización de prospección paleontológica emitida en fecha 17 de junio de 2009 (referencia 2009/1079-SE). El 11 de agosto de 2009 se remite por la DG de Gestión del Medio Natural informe forestal, solicitando la redacción de un nuevo Plan de restauración integral de conformidad con el Decreto 82/2005. El 9 de septiembre de 2009, tuvo entrada en el órgano sustantivo informe del IGME, que señala algunas carencias documentales. El promotor aporta documentación al expediente con el objetivo de subsanar las cuestiones indicadas por los organismos consultados.  
4. Tramitación administrativa ambiental  
En fecha 11 de octubre de 2011, el Servicio Territorial de Energía de Castellón remite al Servicio de Evaluación Ambiental el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental, y el plan de restauración integral (en adelante PRI) del espacio afectado por el proyecto y el resultado de la información pública. Se acompaña dicho escrito del informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la afección a dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre y policía, incidencia en el régimen de corrientes y disponibilidad de recursos hídricos. También se adjunta escrito favorable del Servicio de Patrimonio Arqueológico, Etnológico e Histórico de la Conselleria de Cultura y Deportes.  
En fecha 30 de noviembre de 2011, el Servicio Territorial de Energía remite un escrito al que adjunta un informe del Servicio de Gestión Forestal mediante el que se procede a la devolución de la documentación a la espera de que se tramite un nuevo PRI por haber sido detectadas deficiencias técnicas que deben ser subsanadas.  
En fecha 30 de mayo de 2013, la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial requiere al órgano sustantivo que aclare si se está tramitando por parte del promotor un nuevo PRI o si, en caso contrario, se debe continuar con el trámite de evaluación de impacto ambiental a pesar del informe desfavorable sobre el PRI.  
El 17 de septiembre de 2013, el Servicio Territorial de Energía adjunta copia, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, del nuevo PRI que el promotor ha solicitado.  
Desde el inicio de la tramitación del expediente, se tiene constancia de hasta 8 informes desfavorables sobre el PRI emitidos por parte del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, el último de ellos emitido en marzo de 2016, en contestación a otros tantos informes redactados por el promotor. Tras la recepción de ese informe, en mayo del mismo año el promotor dirige un escrito al Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón en el que aclara y rebate las consideraciones del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, y solicita la tramitación de la declaración de impacto ambiental y la aprobación del Plan de restauración integral para que se pueda otorgar la concesión minera Ragudo núm. 2789.  
Tras el trámite anterior, el 20 de mayo de 2016, tiene entrada en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental un escrito del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón en el que se reitera que se prosiga con la tramitación del expediente y se emita la declaración de impacto ambiental.  
En fecha 30 de septiembre de 2016, se recibe escrito del Servicio Territorial de Industria y Energía en el que se expone una relación de los trámites realizados con este servicio, y se solicita nuevamente la emisión de la declaración de impacto ambiental. También se adjunta escrito con las recomendaciones del Síndic de Greuges de fecha 9 de agosto de 2016 (registro de salida núm. 17.100, queja 1600518). En este escrito el Síndic de Greuges indica en relación con el PRI que «se da cuenta de un total de 8 informes desfavorables, algunos de los cuales son emitidos bastante después de su solicitud y sin concretar cuáles son exactamente los defectos ya subsanados y los que todavía se encuentran pendientes de subsanación. Y todo ello, habiendo transcurrido casi 10 años desde que se solicita el primer informe con fecha 1 de julio de 2007 y casi 11 años desde que se interesa la concesión minera con fecha 29 de noviembre de 2005». Concluye el escrito recomendando a las consellerias de Economía Sostenible y de Agricultura y Medio Ambiente que, «extremen sus esfuerzos para impulsar la tramitación administrativa y la resolución de la solicitud de concesión minera derivada del permiso de investigación Ragudo núm. 2789».  
El 27 de febrero de 2017 la Subdirección General de Evaluación Ambiental requiere documentación para que la explotación de los recursos de la concesión minera «Ragudo» núm. 2789 se adapte a lo regulado en la memoria ambiental del Plan general de Viver, que emitió la Comisión Territorial de Evaluación Ambiental el 9 de febrero de 2017. Señala, que la viabilidad ambiental del proyecto queda condicionada a que el perímetro de explotación de la concesión minera se ajuste al suelo no urbanizable común genérico, por lo que el promotor deberá realizar un nuevo proyecto de explotación, que deberá ir acompañado del correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental, y señala una serie de prescripciones técnicas.  
El 31 de marzo de 2017 el Servicio Territorial de Castellón contesta al requerimiento anterior y adjunta escrito del promotor en el que solicita al citado servicio que anule el requerimiento de documentación y se emita la correspondiente declaración de impacto ambiental.   
El 15 de junio de 2017 la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental emite una declaración de impacto ambiental en la que se estima «No aceptable, a los solos efectos ambientales, el «Proyecto de explotación de la concesión minera derivada del permiso de investigación Ragudo, número 2789» por no ajustarse a la valoración contenida en la memoria ambiental del Plan general de Viver, por incluir parcialmente en su ámbito de explotación terrenos cuyas características ambientales y técnicas son incompatibles con el desarrollo del uso minero de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica realizada al Plan general en tramitación».  
La declaración de impacto ambiental fue publicada en el DOGV núm. 8109 de 21 de agosto de 2017 y comunicada al servicio territorial, al promotor y al Ayuntamiento de Viver el 15 de junio de ese año. El Servicio Territorial de Industria y Energía comunica al promotor el 4 de agosto que se abre el trámite de audiencia para que pueda presentar alegaciones en el plazo de quince días. Tras recibir las alegaciones el 24 de enero de 2018 la Dirección General de Industria y Energía resuelve declarar la terminación del expediente de solicitud de la concesión derivada de la concesión minera «Ragudo» núm. 2789, con cancelación de la inscripción y el archivo de las actuaciones.  
  
5. Actuaciones posteriores a la emisión de la DIA  
Tras el recurso interpuesto por el promotor ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Dirección General de Industria, Energía y Minas remite en fecha 15 de octubre de 2021 la sentencia núm. 380/2021, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, procedimiento ordinario número: 1/72/2019. En el escrito se comunica que se va enviar el expediente completo a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, para que una vez recibido emita, a la mayor brevedad y dentro del plazo que determina la sentencia, declaración de impacto ambiental, en orden a dar cumplimiento al fallo de la referida sentencia, en la que se reconoce en el punto dos de su fallo: «Anular, por ser contrarias a derecho, las indicadas resoluciones administrativas, y reconocer, como situación jurídica individualizada, el derecho de la actora al otorgamiento, en el plazo máximo de dos meses, de la concesión minera derivada del permiso de investigación Ragudo núm. 2789, de cinco cuadrículas mineras, de recursos de la sección C, en el término municipal de Viver (Castellón).  
El 8 de noviembre de 2021 el TSJ-CV emite decreto por el que se declara la firmeza de la sentencia ya que en el plazo establecido no se ha presentado por ninguna de las partes recurso de casación contra la resolución. La comunicación formulada por el TSJ-CV del citado decreto tiene entrada en el registro de la Generalitat el 15 de noviembre de 2021.  
Así pues, la presente declaración de impacto ambiental se emite para dar cumplimiento al fallo de la sentencia núm. 380/2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ya que su resolución favorable es imprescindible para el otorgamiento de la concesión minera.  
  
6. Consideraciones ambientales y territoriales. Afecciones.  
Cuando en octubre de 2011 se inició la tramitación del expediente en el Servicio de Impacto Ambiental (así como en agosto de 2005, en el momento de presentarse la solicitud de concesión minera ante el órgano sustantivo), el planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Viver eran las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico (en adelante NNSS), aprobadas el 10 de mayo de 1990, las cuales no fueron sometidas a ningún trámite de evaluación ambiental, ni tampoco estaban homologadas a la LRAU. Según el plano consultado, correspondiente a una modificación puntual de las NNSS en febrero de 1991, las cuadrículas de la concesión se ubicaban sobre suelo no urbanizable: los relieves alomados correspondían a suelo calificado como no urbanizable de especial protección y los de uso agrícola como suelo no urbanizable genérico. En las normas para el suelo no urbanizable de especial protección (arts. 114 y 115 de las NNSS) se establecían una serie de usos: los ya existentes, forestales, de repoblación, edificaciones de utilidad pública e interés social, etc. Para el suelo no urbanizable genérico (arts. 118 y 119 de las NNSS) los usos permitidos eran «los previstos en la Ley del régimen del suelo y ordenación urbana». En ningún de los dos casos figuraba el uso minero -ni el ganadero- ya que las determinaciones de uso y las leyes del momento no desarrollaban y concretaban las actuaciones que podían instalarse en cada suelo.  
Ya que no se han de tener en cuenta las normas posteriores al inicio de tramitación del expediente, para esta actividad sería de aplicación lo dispuesto en la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del suelo no urbanizable. Esta ley recoge en su artículo 24 1. que la explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o recursos geológicos, mineros o hidrológicos en suelo no urbanizable común «exige la declaración de interés comunitario anterior en los términos previstos en esta ley». Por lo que respecta al suelo no urbanizable protegido, la misma ley determina en su artículo 16 que los planes generales y, en su caso, los planes especiales, o planeamiento sectorial determinantes de su protección específica, establecerán las normas de utilización, conservación y aprovechamiento que garanticen la consecución de los fines determinantes de dicha protección. Además, según el artículo 17, en el suelo no urbanizable protegido, solo se podrán realizar instalaciones, construcciones u obras que tenga previstas el planeamiento por ser necesarias y compatibles con el mejor aprovechamiento, conservación, cuidado y restauración de los recursos naturales. Señalar igualmente que la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, de conformidad con su disposición transitoria primera, resulta de aplicación a los planes cuyo primer acto preparatorio formal sea posterior al 21 de julio de 2004, requiriéndose por tanto la evaluación ambiental del plan especial.  
No consta en el expediente certificado de compatibilidad alguno ni declaración de interés comunitario ni plan especial que ampare el uso minero en el ámbito pretendido. En virtud de la normativa urbanística vigente del municipio en el momento de iniciarse el expediente, cabe concluir que el uso minero no estaba previsto de forma explícita en el suelo no urbanizable. Para permitir ese uso en suelo no urbanizable protegido debería modificarse el planeamiento, o tramitarse un plan especial y, en cualquier caso, ambos deberían ser sometidos a una evaluación ambiental de forma previa. Por lo que respecta al suelo no urbanizable común, sería necesaria la previa declaración de interés comunitario.  
También le es aplicable el Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de ordenación ambiental de explotaciones mineras en espacios forestales de la Comunitat Valenciana -en vigor al inicio del expediente- que en su disposición adicional tercera 1 señala que: «las explotaciones mineras que pretendan desarrollarse en montes o terrenos forestales clasificados como suelo no urbanizable común o sometido a protección especial, sin regulación de la actividad minera como uso compatible, requerirán la previa modificación o revisión del plan general o, en su caso, la elaboración y aprobación de un plan especial conforme a la legislación urbanística de la Comunitat Valenciana que ordene el uso y aprovechamiento minero (?)». Dicha circunstancia no ha sido considerada por el promotor (ni advertida por el Servicio de Ordenación Forestal).   
Todos los terrenos del norte de la demarcación limítrofes con la vía férrea forman parte del lugar de importancia comunitaria (LIC) «Alto Palancia». La propuesta de LIC para la constitución de la Red Natura 2000, se formuló por Acuerdo del Consell de 10 de julio de 2001, en base a la presencia en determinados espacios de hábitats o especies considerados prioritarios, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, de conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. De conformidad con la citada directiva (transpuesta al ordenamiento español mediante el Real decreto 1997/1995, de 7 de diciembre) y con la Ley 4/1989, de 27 de marzo (vigentes en el momento de iniciarse el expediente considerado), «Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo, las Comunidades Autónomas correspondientes solo manifestarán su conformidad con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública (art. 6.3)». El promotor no aporta documentación alguna que analice la afección del proyecto sobre el citado espacio y los hábitats y especies presentes en el mismo (de hecho, el estudio de impacto ambiental se elaboró sin incluir en el ámbito de estudio la cuadrícula superior), por lo que no es posible asegurar que el mismo no causará perjuicio a la integridad del citado lugar. Resulta por tanto procedente excluir de la concesión de explotación, cualquier actuación prevista al norte del trazado del ferrocarril.  
Por otra parte, en relación con el terreno forestal (clasificado como suelo no urbanizable de especial protección-forestal en las NNSS de Viver, vigentes en 2005), no cabe pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental del proyecto, puesto que se requiere en todo caso un plan especial o una modificación del planeamiento citado, sujetos en cualquier caso a evaluación ambiental de planes y programas con carácter previo (o simultáneo) a la tramitación de cualquier proyecto de explotación de los recursos mineros en el ámbito del plan.  
Por tanto, el ámbito del área de actuación de la actividad extractiva quedaría circunscrito a las parcelas 85, 86, 88, 89,170, 171, 190, 194, 195, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 161, 160, 159, 157, 156, 204, 155, 221, 223, 154, 81, 201, y 202 del polígono 39, de carácter agrícola (no forestal). Todo ello de acuerdo con las limitaciones de precisión derivadas de la correlación entre la cartografía de la documentación gráfica recibida con la de las NNSS de Viver del año 1990 y considerando la cartografía de las seis cuadrículas mineras reflejadas en el estudio de impacto ambiental. En consecuencia, el proyecto de explotación deberá ajustarse al ámbito anteriormente indicado, que incluirá un proyecto de restauración del terreno afectado por la explotación (exigible en todo caso en 2005, estando vigente el Real decreto 2994/1982, de 15 de octubre y la Orden de 20.11.1984).  
  
7. Marco normativo  
En el momento del inicio del expediente, la evaluación de impacto ambiental de proyectos estaba regulada en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental de la Generalitat Valenciana, el Decreto 162/1990, de 15 de octubre y el Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio (posteriormente modificado por el Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos), desarrollado por el RD 1131/1988, de 30 de septiembre. El proyecto considerado debe someterse a evaluación de impacto ambiental por encontrarse tipificado en el anexo I, grupo 3. Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados, epígrafe c1. Materiales de construcción (sustancias arcillosas, rocas y pizarras, elaboración de áridos por machaqueo, yesos, rocas ornamentales) del Decreto162/1990.  
  
8. Consideraciones jurídicas  
El proyecto examinado está sujeto a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el anexo I, apartado 3.c.1 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de impacto ambiental.  
En el expediente se han observado los trámites previstos en la sección tercera del capítulo tercero del Decreto 162/1990 y en las demás disposiciones que le son de aplicación.   
El artículo 13 del Decreto 176/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, atribuye a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental la competencia sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos.  
Por todo cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y con el visto bueno del subdirector general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que ostento, resuelvo:  
  
Primero  
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación el proyecto de la «Concesión Minera Derivada del Permiso de Investigación «Ragudo» núm. 2789» en el TM de Viver, siempre que el mismo se restrinja a las parcelas 85, 86, 88, 89,170, 171, 190, 194, 195, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 161, 160, 159, 157, 156, 204, 155, 221, 223, 154, 81, 201, y 202 del polígono 39, de carácter no forestal, lo cual deberá cumplir las siguientes condiciones:  
- De conformidad con la normativa vigente al inicio del expediente o la que, en su caso, resulte de aplicación, el promotor deberá disponer del certificado de compatibilidad urbanística de los terrenos para su uso minero.  
- Será necesario formalizar ante el órgano competente en materia de minería la presentación de un nuevo proyecto de explotación ajustado al citado ámbito y acompañar un proyecto de restauración coherente con dicha delimitación.  
- El proyecto de explotación incorporará medidas preventivas específicas para la reducción de los impactos ambientales derivados de la explotación, en particular, limitación de la emisión de partículas a la atmósfera, contaminación de cauces por arrastre de material y contaminación del suelo por vertidos accidentales. Se incorporará un plan de vigilancia que contemplará el control documental del cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras aplicadas y su eficacia.  
- El proyecto de restauración procurará la integración de los terrenos explotados en el entorno mediante la ejecución de taludes y desmontes de pendiente similar a la del entorno y la revegetación de los terrenos. Describirá los materiales a emplear y el perfil resultante, así como el cronograma de restauración, en coordinación con el de explotación.  
- Deberán excluirse del ámbito de la explotación las parcelas no citadas expresamente en la resolución, que no quedan amparadas por la presente, sin perjuicio de que el promotor pueda instar la explotación de estas mediante los instrumentos urbanísticos adecuados. En este sentido, deberá elaborar para su posterior aprobación un plan especial y/o una declaración de interés comunitario, según se especifica en el apartado de consideraciones ambientales. Será sobre estos documentos sobre los que se determinarán de forma pormenorizada las características del potencial impacto, las medidas protectoras y correctoras, las actuaciones a desarrollar y la redacción del Plan de vigilancia ambiental en dicho ámbito.  
De acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental establecida en el artículo 43 de la citada Ley 21/2013 es aplicable a la presente resolución.  
  
Segundo  
a. La actual declaración de impacto ambiental se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 162/1990, del 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental  
b. Esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.  
Tercero  
En el procedimiento de autorización del proyecto el órgano sustantivo deberá tener en cuenta la evaluación de impacto ambiental efectuada atendiendo a lo establecido en el art. 32 del Decreto 162/1990 referidos al contenido y condicionado de la autorización.  
  
València, 12 de enero de 2022.- El director general de Calidad y Educación Ambiental: Joan Piquer Huerga.