Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4345, del 27-09-2002 (2002/9970)

Notificación a Repuestos Industriales, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4345

Fecha DOGV
:   27-09-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/9970


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Repuestos Industriales, SA. [2002/F9970]
  
No habiendo podido notificar a mercantil Repuestos Industriales, SA, en el domicilio conocido por esta administración, la Resolución del director del Centro de Desarrollo Marítimo, de fecha 10 de junio de 2002, por la que se ordena a la citada mercantil el traslado de la embarcación La Savina fuera del puerto de Dénia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de notificación de la anterior, se hace público el texto integro de la citada resolución para que el presente anuncio sirva de notificación de la anterior.
  
«Dada cuenta del expediente de referencia, del que resultan los siguientes antecedentes de hecho:
  
1. Por el Servicio de Explotación y Conservación de Puertos se emite informe en relación con la embarcación La Savina (matrícula f 40-2ª) que se halla en las instalaciones portuarias del puerto de Dénia, sin autorización para ello, en el que se indica que la embarcación se halla en estado de abandono, existiendo peligro de hundimiento por lo que periódicamente es necesario el achique de agua, encontrándose inoperativa, así como que:
  
- Los gastos ocasionados hasta la fecha (17.01.2002) ascienden a 41.023,44 euros.
  
- Los gastos de su posible desguace y retirada ascenderían a 32.755 euros.
  
- La valoración del buque, aportada por la Inspección Marítima, asciende a 147.848,98 euros.
  
- Diariamente, el buque origina unos gastos de 80,05 euros.
  
2. Según certificado de la Dirección General de la Marina Mercante, Capitanía Marítima de Dénia, expedido el 4 de septiembre de 2000, la mercantil Flebasa aparece en calidad de armador y consignatario del buque La Savina.
  
Según comunicó a esta administración la propia mercantil, en fecha 2 de septiembre de 1999 se firmó el convenio por el que Fletamentos de Baleares, SA, cede y transmite a Eurolíneas Marítimas, SAL, la titularidad de las concesiones, derechos y deberes de las que era titular, asumiendo y subrogándose la segunda en la titularidad de las concesiones, derechos y obligaciones de la primera.
  
3. El 29 de junio de 2000, por el jefe del Servicio de Explotación y Conservación de Puertos, se dictó resolución por la que se autorizaba a Eurolíneas Marítimas, SAL, el atraque del buque La Savina en el puerto de Dénia por plazo de 15 días a contar desde el 5 de julio de 2000, y ordenando el desatraque y abandono del puerto a la conclusión del plazo señalado.
  
4. A dicha resolución se contestó por Eurolíneas Marítimas, SAL, alegando que esta mercantil no es ni propietaria ni naviera del buque, y que carece de mandato de los propietarios de éste para retirarlo de su atraque.
  
5. En fecha 5 de febrero de 2002 se dictó resolución por el director del Centro de Desarrollo Marítimo en la que se dispone:
  
Ordenar a la mercantil Eurolíneas Marítimas, SAL, el traslado de la embarcación La Savina fuera del puerto de Dénia, en el plazo de 15 días a partir de la notificación de la presente, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento por parte de éste, se procederá a la declaración de abandono de la embarcación, y a la ejecución subsidiaria por la administración, y a costa del ejecutado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 95 a 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, corriendo a cargo de esa mercantil tanto los gastos ocasionados por la embarcación La Savina hasta la fecha como los generados por las operaciones mencionadas.
  
6. Notificada esta resolución a la mercantil Eurolíneas Marítimas, SAL, en fecha 18 de febrero de 2002, según acuse de recibo que consta en el expediente, el 29 de abril de 2002 se recibe informe del Servicio de Explotación y Conservación de Puertos en el que se hace constar que la embarcación continúa atracada, acompañando dos actas levantadas al efecto los días 25 de marzo y 12 de abril de 2002.
  
7. Efectuadas las oportunas averiguaciones, resulta que según el Registro de Buques de Ibiza, la embarcación La Savina aparece inscrita a nombre de la mercantil Repuestos Industriales, SA, según nota de fecha 28 de febrero de 2000.
  
Considerando que por la mercantil Eurolíneas Marítimas, SAL, consignataria del buque, no se ha dado cumplimiento a la resolución donde se apercibía de ejecución subsidiaria a costa del ejecutado.
  
Considerando que, según dispone el artículo 66 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la disponibilidad de zonas de fondeo y la asignación de puesto de fondeo, así como la asignación de atraque, y el amarre y desamarre, y en general cuanto afecta al movimiento de embarcaciones, son servicios puramente portuarios; y en general, la ocupación del dominio público portuario está sujeta a autorización de la autoridad portuaria, conforme dispone el artículo 57 de la citada ley.
  
Considerando que la prestación de dichos servicios portuarios se realiza directamente por esta administración, en el puerto de Dénia, zona de gestión directa, donde se halla la embarcación La Savina.
  
Considerando que para la estancia de la embarcación en el puerto es necesario disponer de la correspondiente autorización de la administración titular del servicio público portuario; siendo que en el presente supuesto la embarcación carece de la citada autorización, incumpliendo la ordene recibida de retirada de la embarcación.
  
Considerando que el artículo 107 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante dispone:
  
1. La autoridad portuaria, previo informe de la Capitanía Marítima, cuando un buque presente peligro de hundimiento en el puerto, si, requerido el naviero o consignatario para que abandone el puerto o repare el buque, éste no lo hace, podrá trasladarlo o proceder a su hundimiento, a costa de aquél, en donde no perjudique la actividad portuaria, la navegación o la pesca. a este último efecto, se solicitará informe de la administración pesquera, que se entenderá positivo si no se emite en el plazo de 15 días o en el que se fije por la autoridad portuaria, por razones de urgencia ante la amenaza de hundimiento.
  
2. En los supuestos de hundimiento de buques en las aguas de un puerto, la autoridad portuaria señalará a sus propietarios, navieros, representantes o a las compañías aseguradoras dónde deben situar sus restos o el buque una vez reflotado, dentro del plazo que al efecto determine, así como las garantías o medidas de seguridad a tomar para evitar un nuevo hundimiento.
  
Si incumplieran las órdenes o acuerdos de la autoridad portuaria, ésta podrá utilizar para el rescate del buque hundido los medios de ejecución forzosa previstos en el ordenamiento jurídico, quedando obligado, en todo caso, el propietario o naviero a sufragar los gastos ocasionados.
  
Si éste no abonase en el plazo reglamentariamente establecido las cantidades devengadas por el rescate, la autoridad portuaria podrá proceder a la enajenación de los restos del buque, deduciendo del importe obtenido los gastos ocasionados. si no fuera suficiente, la diferencia será exigida por vía de apremio
  
Considerando lo dispuesto en los artículos 95 a 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Considerando, respecto de las alegaciones efectuadas a la orden de retirada, que el Código de Comercio define en su artículo 586 el concepto de naviero: ?Se entiende por naviero la persona encargada de avituallar o representar el buque en el puerto en que se halle.-
  
Por su parte, el artículo 73 de la Ley de Puertos se refiere al consignatario de buques:
  
1. A los efectos de esta ley, se considera agente consignatario de un buque a la persona física o jurídica que actúa en nombre y representación del naviero o del propietario del buque, haciéndose responsable del pago de las liquidaciones que por tarifas u otros conceptos originados por la estancia de buques en el puerto sean practicadas por la autoridad portuaria o marítima.
  
En cualquiera de los casos, fue esa mercantil quien introdujo el buque en el puerto, y a quien se autorizó su entrada según el informe transcrito; por lo que por sus propios actos se erige en representante del buque en el puerto.
  
No obstante, y sin que ello exima en absoluto de responsabilidad a la mercantil consignataria, generándose en todo caso una responsabilidad solidaria entre ésta y la propietaria, a la vista de lo dispuesto en el artículo 107.2 antes citado, no parece oportuno proceder a la ejecución subsidiaria sin antes haber requerido así mismo al propietario del buque para que retire la embarcación del puerto de Dénia.
  
En uso de las atribuciones que concede al director del Centro de Desarrollo Marítimo el artículo 35 del Real Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, resuelvo:
  
Primero. Ordenar a la mercantil Repuestos Industriales, SA, el traslado de la embarcación La Savina fuera del puerto de Dénia, en el plazo de 15 días a partir de la notificación de la presente, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento por parte de éste, se procederá a la declaración de abandono de la embarcación, y a la ejecución subsidiaria por la administración, y a costa del ejecutado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 95 a 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, corriendo a cargo de esa mercantil tanto los gastos ocasionados por la embarcación La Savina hasta la fecha como los generados por las operaciones mencionadas.
  
Segundo. Reiterar a la mercantil Eurolíneas Marítimas, SAL, la orden de traslado explicitada en el punto anterior, que se le efectuó por Resolución de fecha 5 de febrero de 2002.
  
Dése traslado de la presente al Servicio de Explotación y Conservación de Puertos.
  
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno por venir referida a un acto de trámite, sin perjuicio del derecho del administrado a formular las alegaciones que estime oportunas, que serán tenidas en cuenta en la resolución final que en su caso se dicte decretando el abandono y la ejecución subsidiaria; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior.»