Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7623, del 25-09-2015 (2015/7678)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 1145/2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7623

Fecha DOGV
:   25-09-2015

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2015/7678


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 1145/2014. [2015/7678]  
Procedimiento: famlia, guarda, custodia, alimento, hijo menor no matrimonial no consensuado 001145/2014.  
Demandante: Francisco Javier Morales Santos.  
Procurador: Jesús Rivera Huidobro.   
Demandada: Isabel Ortiz Díaz.  
Procurador: -  
  
Pedro Moya Donate, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, que en el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva tiene el texto literal que es el siguiente:  
«Fallo  
Que estimando parcialmente la demanda formulada por el procurador señor Rivera Huidobro, en nombre y representación de Francisco Javier Morales Santos, contra Isabel Ortiz Díaz, debo decretar y decreto la adopción de las siguientes medidas:  
1. La patria potestad sobre el hijo menor común, J., será compartida por ambos progenitores, precisándose el consentimiento de ambos, o, en su defecto, autorización judicial, para adoptar las decisiones que afecten a los aspectos más trascendentes de la vida, salud, educación y formación del menor.  
En particular, quedan sometidas a este régimen, y no podrán ser adoptadas unilateralmente por el progenitor custodio, las decisiones relativas a fijación del lugar de residencia del menor, y los posteriores traslados de domicilio de este que le aparten de su entorno habitual; las referidas a la elección del centro escolar o institución de enseñanza, pública o privada, y sus cambios ulteriores; las relativas a la orientación educativa, religiosa o laica, y a la realización por el menor de actos de profesión de fe o culto propios de una confesión; el sometimiento del menor, de menos de 16 años, a tratamientos o intervenciones médicas preventivas, curativas o quirúrgicas, incluidas las estéticas, salvo los casos de urgente necesidad; la aplicación de terapias psiquiátricas o psicológicas al menor y la realización por este de actividades extraescolares deportivas, formativas o lúdicas, y, en general, todas aquellas que constituyan gastos extraordinarios que deban satisfacerse por ambos progenitores.  
Notificada fehacientemente al otro progenitor la decisión que uno de ellos pretenda adoptar en relación con el menor, recabando su consentimiento a la decisión proyectada, se entenderá tácitamente prestado el mismo, si, en el plazo de 10 días naturales siguientes, aquel no lo deniega expresamente. En este supuesto será precisa la previa autorización judicial para poder ejecutar la decisión objeto de discrepancia.  
Las decisiones relativas a aspectos o materias de la vida del menor distintas de las enunciadas, así como las de prestación de asistencia sanitaria en caso de urgente necesidad, corresponde adoptarlas al progenitor que tenga consigo al menor, en el momento en que la cuestión se suscite.  
El progenitor con quien el menor convive habitualmente vendrá obligado a informar al otro progenitor de todas aquellas cuestiones trascendentales en la vida del menor, respecto de las cuales no pueda este último obtener directamente información. Igual deber pesa sobre el progenitor con quien no viva habitualmente el hijo respecto de iguales cuestiones acaecidas en el tiempo que tenga consigo al menor.  
Los progenitores tienen derecho a solicitar y obtener de terceros, sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuanta información obre en poder de estos últimos sobre la evolución escolar y académica de su hijo y su estado de salud física o psíquica.   
El progenitor custodio tendrá el deber de entregar al otro progenitor, junto con el hijo menor, la documentación personal de este (libro de familia, pasaporte, DNI, tarjeta sanitaria, cartilla de vacunación), que será devuelta a aquel al reintegrarle al menor a la finalización de la estancia.  
Mientras la madre resida en el extranjero, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el padre.  
2. Se atribuye al padre la custodia del hijo menor.  
3. Se establece el siguiente régimen de visitas entre la madre y el hijo:  
A) Mientras la madre resida fuera de España: la mitad de los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano (estas últimas comprenderán los meses de julio y agosto, alternos), correspondiendo a la madre la primera mitad de los periodos vacacionales en los años pares y la segunda mitad en los años impares.  
B) Cuando la madre vuelva a fijar su residencia en España: las visitas se ampliarán con fines de semana alternos, desde la salida del colegio el viernes hasta las 20.00 horas del domingo.  
En todos los casos, la madre o un familiar autorizado por ella recogerán y devolverán al hijo en el domicilio del padre al inicio y final de cada visita.  
4. La madre abonará, en concepto de pensión de alimentos para el hijo, la suma de 150 euros mensuales, que ingresará dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe el padre, y que se actualizarán anualmente conforme a las variaciones del índice de precios al consumo.  
5. Los gastos extraordinarios que genere el hijo serán abonados por ambos progenitores a partes iguales.  
6. Se prohíbe sacar al hijo del territorio de la Unión Europea sin el consentimiento expreso de ambos progenitores o, en su defecto, autorización judicial.  
Todo ello sin realizar expresa imposición de costas a ningún litigante.  
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma, cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días, que no suspenderá la eficacia de las medidas acordadas.  
De conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el artículo 1.19 de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición del recurso de apelación la parte recurrente deberá constituir un depósito de 50 euros, que consignará en la cuenta de consignaciones de este juzgado, sin que pueda admitirse a trámite el recurso si el depósito no estuviere constituido.  
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. El juez.  
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez que la ha dictado, estando constituido en audiencia pública, en el mismo día de su pronunciamiento, ante el secretario judicial. Doy fe.»  
  
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, se ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado, para llevar a efecto la diligencia de notificación.  
  
Castellón de la Plana, 17 de septiembre de 2015.- El secretario judicial: Pedro Moya Donate.