Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5815, del 28-07-2008 (2008/8856)

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, relativa a la homologación del sector 2 residencial del Plan General de Segorbe. Exp. PL-102/2007, Segorbe.
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Número DOGV
:   5815

Fecha DOGV
:   28-07-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/8856


Fecha del documento
:   10-03-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Segorbe
    * plan de urbanismo

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, relativa a la homologación del sector 2 residencial del Plan General de Segorbe. Exp. PL-102/2007, Segorbe. [2008/8856]  
Visto el expediente relativo a la Homologación del Sector 2 Residencial del Plan General de Segorbe, y de conformidad con los siguientes,  
Antecedentes de hecho  
Primero. El Ayuntamiento Pleno de fecha 11 de mayo de 2004 acuerda el sometimiento a exposición pública, entre otros documentos, del documento de homologación y el Plan parcial del sector 2 residencial del PGOU de Segorbe, atendiendo la alternativa técnica formulada por la mercantil Inversegorbiga, SL.. La exposición pública se produjo mediante edictos insertados en el periódico El Mundo de Castellón de fecha 7 de junio de 2004 y el DOGV n.º 4780 de fecha 22 de junio de 2004. Durante el citado trámite se recibieron 16 alegaciones y el arqueólogo municipal redacta informe en el que propone determinados cambios en la ordenación pormenorizada. El Ayuntamiento Pleno resuelve la aprobación provisional adaptando los documentos, lo cual tiene su acuerdo de aprobación en fecha 5 de octubre de 2004, remitiendo al Servicio Territorial la documentación relativa al documento de homologación y el Plan parcial por registro de entrada de fecha 13 de enero de 2005.   
En fecha 2 de agosto de 2005, se suscribe con el Ayuntamiento de Segorbe un primer trámite de consultas previas en virtud de lo establecido en el articulo 39.1 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU). El Ayuntamiento Pleno resuelve en fecha 23 de agosto de 2005 atender el citado trámite aprobando nueva documentación conteniendo las directrices señaladas en el informe de período consultivo dentro del documento de homologación, y requerir al organismo competente su pronta aprobación, quedando por tanto el plan parcial pendiente de la aprobación definitiva municipal.  
En fecha 25 de mayo de 2006 el Ayuntamiento da respuesta al escrito formulado por el Servicio de Ordenación del Territorio por el que se requiere la ubicación y número de viviendas protegidas dentro del documento, no obstante este todavía contiene imprecisiones que son requeridas en sucesivos trámites de período consultivo de fechas 27 de marzo de 2007 y 7 de agosto de 2007, tras lo cual se acuerda por el Ayuntamiento la aprobación de nueva documentación por Acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 19 de septiembre de 2007, que tuvo entrada en el Servicio Territorial el 3 de octubre del mismo año.  
Segundo. La documentación aportada, y que se somete a estudio para su aprobación definitiva, si procede, consiste en documento de homologación modificativa que contiene memoria informativa y justificativa, planos de información y planos de ordenación ficha de planeamiento del sector y cuadro descriptivo de las magnitudes del desarrollo propuesto.  
Tercero. La finalidad del proyecto de homologación es el desarrollo del ámbito de suelo urbanizable no programado del sector n.º 2 de uso residencial del Plan General de Segorbe, que en el presente caso es de carácter modificativo de las previsiones previamente establecidas por éste. Para ello, la homologación previa del sector resulta indispensable en orden a identificar y diferenciar las determinaciones que definen la ordenación estructural de las que se refieren a la ordenación pormenorizada, para establecer el orden secuencial de desarrollo del ámbito, definir sus características urbanísticas de orden estructural y señalar el grado de adecuación al planeamiento de rango superior.   
El objetivo perseguido por el documento de homologación será modificar y complementar las determinaciones del Plan general en el ámbito afectado, estableciendo la ordenación estructural del mismo conforme a lo previsto en el artículo 17.1 y, en especial, definiendo la red primaria o estructural de reservas de suelo para dotaciones públicas, así como las previsiones del artículo 17.4 y, en su caso, 17.3, 17.6 y 18 todos ellos de la LRAU.   
La documentación diferencia e identifica las determinaciones que han de reputarse integrantes de la ordenación estructural y de la red primaria de reservas de suelo para dotaciones públicas, respecto a las que integran la ordenación pormenorizada, propia del planeamiento parcial, que en el presente caso no se somete a aprobación, aunque inicialmente si se aportó conjuntamente con la alternativa técnica en desarrollo del sector, previéndose el desarrollo de la única unidad de ejecución en el definida, que abarca la totalidad del sector.  
Las variables comparativas de la nueva ordenación respecto a la vigente son las siguientes:  
  
\* Nota: El plan general establece que para el cálculo de la intensidad, asimilable al concepto de edificabilidad, se contabilizarán 3,5 habitantes por vivienda y 150 m² por vivienda, estableciendo una densidad para el sector de 75 viv/ha. Todo ello se deberá calcular respecto del ámbito total del sector excluida la superficie de sistema general de zona verde, que el documento de homologación cuantifica en 30.600 m². Cálculos propios.  
Las características del desarrollo urbanístico previsto son las siguientes:  
   
 Superficie % Hom % RPCV  
   
Residencial-terciario 20.430 m² 23,54%   
Zona verde de sistema general 30.770 m² 35,46% 10,50%  
Equipamientos 12.150 m² 14% 14%  
Red Viaria-aparcamientos 23.431 m² 27% 27%  
   
El documento de homologación plantea una capacidad poblacional en desarrollo del sector resultado de una densidad de 75 viv/ha y 651 viviendas, que suponen 249 viviendas más de las previstas por el planeamiento general, ello como consecuencia de que los ratios para el cálculo del techo edificable por vivienda son menores en el documento de homologación respecto a los que señala el planeamiento vigente, (aproximadamente de 100 m²/viv frente a 150 m²/viv). Ello no comporta la necesidad de aportar incremento alguno en las zonas verdes previstas por cuanto no se supera el millar de habitantes, en cumplimiento del artículo 17 del anexo al RPCV, y los estándares de parque público quedan en el planeamiento vigente suficientemente holgados, según se acredita en el documento de homologación, por lo que incluso la disminución de la superficie de parque público en compensación con la de zona verde de la red pormenorizada, que propone el documento de homologación, no plantea problemas en su cómputo global para la población prevista en agotamiento de sus previsiones.  
Respecto al cumplimiento de los estándares establecidos para la ordenación pormenorizada se justifica que los porcentajes de cada tipo de suelo se encuentran en los límites legalmente establecidos, superándose ampliamente los 9.112 m² que estrictamente serían exigibles en concepto de zona verde, al reservarse 30.770 m², valor que también supera la zona verde inicialmente establecida por el Plan General dentro de los sistemas generales de parque público de la población de necesaria obtención por el presente sector. En conjunto se reserva un 76,46% de suelo de destino y uso público y un 23,54% de suelo con destino al aprovechamiento lucrativo privado.  
La homologación prevé que el 20% de la edificabilidad residencial se destinará a vivienda protegida.  
Cuarto. Se han emitido los siguientes informes:  
1. En fecha 17 de enero de 2005 se solicitaron informes a la Diputación Provincial de Castellón, a la División de Recursos Hidráulicos y a la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, a la Dirección General de Régimen Económico de la entonces Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, a la Dirección Territorial de la Conselleria de Sanidad, a la Gerencia del IVVSA y a la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos.  
Por otra parte en fechas 13 de septiembre de 2006 se solicitó informe a Confederación Hidrográfica del Júcar y en fecha 16 de enero de 2007 a la administración de Infraestructuras Ferroviarias, el cual fue emitido en fecha 30 de enero de 2007 en sentido favorable.  
2. En fecha 1 de febrero de 2005 tuvo entrada informe favorable de la Oficina del Plan de Carreteras, en fecha 2 de marzo de 2005 informe favorable de la Diputación de Castellón, en fecha 21 de junio de 2006 se emite informe favorable por parte del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos.  
3. En fecha 27 de octubre de 2005 tuvo entrada informe de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, en el que se expresa la condición de que el concierto previo del Plan general cumpla determinadas condiciones respecto a la reserva de una parcela de uso dotacional docente.  
4. En fecha 30 de enero de 2006 se recibe informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano en sentido favorable con la condición de que los urbanizadores presenten un proyecto de excavación arqueológica de la cima del cerro, que se ejecutará en la fase de urbanización.  
5. En fechas 2 de agosto de 2005, 27 de marzo de 2007 y 7 de agosto de 2007 se suscribió con el Ayuntamiento sucesivos trámites de período consultivo, quedando el documento de homologación aprobado por el pleno de 19 de septiembre de 2007 adaptado a los citados requerimientos, y aportada la nueva documentación en 3 de octubre de 2007.  
Quinto. La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión de 4 de diciembre de 2007, acordó informar favorablemente el documento de homologación del sector 2 de SUNP residencial de Segorbe, con la siguiente condición de desarrollo:  
"En la tramitación del correspondiente Plan Parcial y Programa de Actuación Integrada del nuevo sector de suelo residencial deberá de solicitarse de nuevo informe sobre suficiencia de agua de la correspondiente Confederación Hidrográfica, a la que se le deberá aportar la documentación necesaria para que pueda emitir su informe, el cual deberá ser tenido en cuenta por el Ayuntamiento en el momento de la resolución del procedimiento, ello en los términos que resulte de la legislación vigente. Una vez aprobado dicho Plan Parcial y Programa, las obras de urbanización no podrán comenzar hasta que el Ayuntamiento acredite que dispone de los títulos administrativos necesarios para poder utilizar tales caudales".  
Igualmente se elevó propuesta de aprobación definitiva ante el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, previo dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.  
Mediante resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de fecha 10 de enero de 2008 se informó favorablemente el presente expediente administrativo y se solicitó el preceptivo dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana que, con fecha 28 de febrero de 2008, señaló que "el proyecto de Homologación del Sector 2 Residencial del Plan General de Ordenación Urbana de Segorbe es conforme con el ordenamiento jurídico."  
Fundamentos de derecho  
Primero. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera, apartado primero, de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (en adelante LUV), la aprobación definitiva de este expediente ha de resolverse de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la LUV.  
Segundo. La tramitación del documento de homologación ha sido correcta, conforme a lo establecido en el artículo 45, 48 y 52 y concordantes de la LRAU y la documentación está completa, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la LRAU, 64 y 173 del Reglamento de Planeamiento de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre (en adelante RPCV) y en el apartado III.1.B de la Instrucción de Planeamiento 1/1996, aprobada por Orden del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 29 de marzo de 1996 (en adelante Instrucción de Planeamiento 1/1996).  
Tercero. La disposición transitoria segunda establece que a partir de la entrada en vigor de la LRAU no se podrá iniciar la tramitación de nuevos programas de actuación urbanística de los previstos en la anterior legislación, en tanto no se produzca la homologación del correspondiente sector, de donde se desprende la necesidad de la previa homologación a la LRAU para su desarrollo. Por otra parte, conforme establece el apartado tercero de la disposición transitoria primera de la LRAU la aprobación de planeamiento de desarrollo que modifiquen determinaciones de los planes generales vigentes a la entrada en vigor de esta ley requiere, así mismo, la homologación del sector correspondiente, homologación que en este caso será modificativa del planeamiento en vigor. Tal homologación deberá establecer las determinaciones estructurales necesarias, en función de lo prevenido en el artículo 17 de la LRAU.  
Cuarto. El documento de homologación que se presenta tiene un carácter complementario y modificativo del planeamiento general, en el que se indica la distinción entre los elementos pertenecientes a la ordenación estructural, como el uso tipológico básico, el aprovechamiento tipo, la densidad máxima y la superficie del sector, en la ficha de planeamiento que se acompaña, en contraposición con los elementos pertenecientes a la red pormenorizada definidos por la red viaria interna del sector así como el resto de suelo dotacional público.  
Por otra parte, el documento de homologación se plantea como modificativo del planeamiento general por cuanto se redelimita su ámbito, se concreta su superficie y se modifica la zona verde de sistema general prevista en el planeamiento vigente. Por otra parte, como consecuencia de las nuevas determinaciones introducidas en el documento se amplía el número de viviendas, aunque se mantiene idéntico techo edificable residencial. Como consecuencia de ello, no se ha necesitado observar lo señalado en cumplimiento del articulo 17.2 de la LRAU, el establecimiento dentro de la red primaria o estructural de dotaciones públicas de la reserva de zona verde en proporción no inferior a media hectárea por cada millar de habitantes, por cuanto este valor no ha sido alcanzado con el incremento de viviendas máximo previsto.  
Quinto. Durante la tramitación del expediente, con fecha 13 de septiembre de 2006, se solicitó informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la suficiencia de recursos hídricos. Este informe no ha sido emitido.  
Según el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, el transcurso del plazo sin que se emita el informe implica que éste tiene carácter desfavorable. El carácter negativo que la Ley de Aguas otorga a la no emisión del informe constituye, en realidad, una simple presunción de que no existe justificación de la suficiencia de recursos hídricos. La administración urbanística puede romper esa presunción apoyándose en otros informes o estudios de los que resulte que sí existe suficiencia de agua. La solución contraria, esto es, considerar que en ningún caso le es posible a la administración urbanística apartarse del carácter negativo del silencio, implicaría atribuir al informe del artículo 25.4 de la Ley de Aguas un carácter vinculante que no tiene (como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en su auto de 15 de enero de 2007) y podría dar lugar a un uso abusivo de las competencias estatales en materia de aguas y a una limitación indebida, más allá de lo necesario, de las competencias autonómicas en urbanismo. Por ello, el ejercicio legítimo de la competencia estatal en materia de aguas exige que el informe se emita expresamente por escrito. La no emisión del informe sólo puede suponer una simple presunción de la no existencia del recurso hídrico, presunción que puede destruirse mediante otros informes o estudios justificativos de su existencia.   
El auto de 15 de enero de 2007 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, al aplicar el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, respalda la anterior interpretación, pues, según el Tribunal, "se hace difícil admitir que una Administración, en este caso el Estado, pueda limitar las competencias de la comunidad autónoma o municipio con base en el 'silencio administrativo negativo', pues para limitar una competencia es necesario exponer de forma clara y precisa en qué modo y manera la actuación de una Administración limita o cercena las competencias de otra Administración".   
Mediante informe de la empresa suministradora del servicio (FACSA) se ha acreditado la suficiencia de agua. En relación con ello, en el informe de FACSA se señala lo siguiente:  
"El referido sector prevé la construcción de 651 viviendas, que supondrá una demanda estimada de 124.743 m³ anuales.  
En la actualidad el servicio de suministro de agua potable del municipio de Segorbe se abastece desde el manantial de La Esperanza, con una capacidad técnica estimada, en la dotación correspondiente al abastecimiento de Segorbe, en torno a 2.100.000 m³ anuales, si bien dado que dicho manantial sirve para suministrar agua con destino a riego y abastecimiento, dicha dotación podría verse incrementada en la parte proporcional correspondiente que, en un futura, dejara de destinarse al riego.  
El servicio de abastecimiento del municipio ha consumido la última anualidad un total de 1.552.594 m³.  
Por lo que, atendiendo a la capacidad técnica de dichas instalaciones podemos estimar que existen recursos en cantidad suficiente para suministrar la nueva actuación urbanística planteada. Ello, lógicamente, atendiendo a las circunstancias concurrentes en la situación actual, salvadas las excepcionales épocas de estiaje que, en un futuro, pudieran plantearse".  
Durante el transcurso de la sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo, por parte del vocal del Ministerio de Medio Ambiente se hace constar su voto en contra a la aprobación de este expediente. Sin embargo la Comisión Territorial de Urbanismo, en vista de todo lo anterior, y con el voto en contra del citado vocal, considera que sí existe acreditada la suficiencia de recursos hídricos, por lo que puede informarse favorablemente el expediente.  
En todo caso, se establece expresamente la condición de desarrollo consistente en que, en la tramitación del correspondiente Plan parcial y Programa de actuación integrada del nuevo sector de suelo residencial deberá de solicitarse de nuevo informe sobre suficiencia de agua de la correspondiente Confederación Hidrográfica, a la que se le deberá aportar la documentación necesaria para que pueda emitir su informe, el cual deberá ser tenido en cuenta por el Ayuntamiento en el momento de la resolución del procedimiento, ello en los términos que resulte de la legislación vigente. Una vez aprobado dicho Plan parcial y Programa, las obras de urbanización no podrán comenzar hasta que el Ayuntamiento acredite que dispone de los títulos administrativos necesarios para poder utilizar tales caudales. No obstante lo anterior, por parte del vocal del Ministerio de Medio Ambiente se vota en contra de este dictamen, aportando al efecto un voto particular.  
Sexto. La homologación prevé que el 20% de la edificabilidad residencial se destinará a vivienda protegida. Con ello se cumple la reserva de vivienda protegida resultante de lo establecido en la disposición transitoria octava del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, y modificada en su apartado 3 por el Decreto 36/2007, de 13 de abril.  
Séptimo. Los cambios introducidos por el documento de homologación se fundamentan en criterios de racionalidad y no se opone a lo establecido en la legislación aplicable, habiendo sido tomados en consideración todos los informes realizados por los distintos organismos. Así, el documento aprobado en fecha 19 de septiembre de 2007 se puede estimar que alcanza los objetivos mínimos exigibles a un documento de homologación.   
En especial, y dentro de los cambios introducidos por el documento de homologación, adquiere especial trascendencia la alteración de la anterior delimitación de las verdes previstas desde el planeamiento general, las cuales, con su nueva delimitación, ven ligeramente aumentada su superficie, y dispuesta su localización en el entorno de la ordenación, de conformidad con lo señalado por los técnicos municipales en materia de patrimonio. Esta modificación supone por tanto una alteración de la calificación de zonas verdes, lo que hace necesario que se sigan determinados trámites adicionales:  
- Por un lado, y de conformidad con el artículo 55.4 de la LRAU, resulta preceptivo el informe del Consejo Superior de Urbanismo. Según lo establecido en la disposición transitoria novena de la LRAU, y al no haberse constituido el citado Consejo, sus funciones corresponden al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, previo informe de la Comisión Territorial de Urbanismo.  
- De otro lado, según el artículo 10.8.e de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, se necesita también el previo dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en los casos de modificaciones en las que se lleve a cabo una diferente zonificación de zonas.  
En cuanto al fondo de la modificación, en lo que afecta a las zonas verdes, las mismas ven aumentadas su superficie, siendo su ubicación similar, por lo que no existe impedimento a su aprobación.  
Sobre este aspecto, tanto el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda como el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana han informado favorablemente la citada modificación de zonas verdes.  
Octavo. La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta de la directora general de Ordenación del Territorio, es el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva de las homologaciones de municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera, punto 3, y el artículo 54.2.B de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con el artículo 10.a) del Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Territoriales y Urbanísticos de la Generalitat.  
Noveno. El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda es el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, habida cuenta que se produce una modificación en las zonas verdes inicialmente previstas, y previo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana de conformidad con lo establecido en los artículos 55.4 y 39 de la referida LRAU, en relación con el artículo 6.e) del Reglamento de los Órganos Territoriales y Urbanísticos de la Generalitat.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, conforme al Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón y al dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, resuelvo:  
Aprobar definitivamente el documento de homologación del sector 2 de SUNP residencial de Segorbe, con la siguiente condición de desarrollo:  
En la tramitación del correspondiente Plan parcial y Programa de actuación integrada del nuevo sector de suelo residencial deberá de solicitarse de nuevo informe sobre suficiencia de agua de la correspondiente Confederación Hidrográfica, a la que se le deberá aportar la documentación necesaria para que pueda emitir su informe, el cual deberá ser tenido en cuenta por el Ayuntamiento en el momento de la resolución del procedimiento, ello en los términos que resulte de la legislación vigente. Una vez aprobado dicho Plan parcial y Programa, las obras de urbanización no podrán comenzar hasta que el Ayuntamiento acredite que dispone de los títulos administrativos necesarios para poder utilizar tales caudales.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 10 de marzo de 2008.- El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: José Ramón García Antón.