Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3745, del 09-05-2000 (2000/3537)

ACUERDO de 25 de abril de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario un complejo socio-deportivo, en la Dehesa de Campoamor, en el término municipal de Orihuela.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3745

Fecha DOGV
:   09-05-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - F) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Número del documento
:   2000/3537


Fecha del documento
:   25-04-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Orihuela
    * instalación deportiva
    * plan de urbanismo

ACUERDO de 25 de abril de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario un complejo socio-deportivo, en la Dehesa de Campoamor, en el término municipal de Orihuela. [2000/X3537]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 25 de abril de 2000, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Con fecha 29 de enero de 1996 la mercantil Lomas de Campoamor, SA, representada por don Constantino Ortiz Sánchez, presentó en el Servicio Territorial de Alicante de la Subsecretaría de Urbanismo y Ordenación del Territorio, instancia y documentación complementaria solicitando, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley del Suelo No Urbanizable, la declaración de interés comunitario para la legalización de un complejo socio-deportivo vinculado a un campo de golf existente y en funcionamiento desde el año 1988, en parcela de su propiedad sita en la Dehesa de Campoamor, en la zona costera del término municipal de Orihuela.
  
A lo largo del curso de tramitación del procedimiento, el interesado en diversas ocasiones ha aportado documentación complementaria, y así, con fecha 17 de octubre de 1996 presentó nuevo proyecto refundido que fue nuevamente completado y corregido en fechas 2 de diciembre de 1996 y 7 de febrero de 1997, quedando en esta fecha completo el expediente a efectos de su exposición pública y requerimiento de informes de las diversas administraciones afectadas por la actuación.
  
Segundo. Si bien en la fecha de inicio del procedimiento la parcela soporte de la actuación se encontraba clasificada por el Plan General de Ordenación vigente en el municipio como suelo urbanizable no programado (PAU 5), se había iniciado la tramitación de una modificación puntual del citado instrumento de planeamiento que reclasificaba los terrenos de referencia, para considerarlos como suelo no urbanizable común (Clave 1.5), que fue definitivamente aprobada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por Resolución de 3 de enero de 1997, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 1 de marzo, y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 15 de abril del mismo año.
  
Los parámetros fundamentales de la actuación se pueden concretar en los siguientes:
  
a) Superficie de la parcela afectada a la actuación: 501.875 m².
  
b) Usos previstos e instalaciones necesarias para albergarlos:
  
- Club social : 2.500 m² construidos.
  
- Club deportivo, constituido por cantina, vestuarios y aseos: 500 m² construidos
  
- Club infantil, con parque de juegos: 200 m² construidos
  
- Hotel y dependencias complementarias: 4.500 m² construidos
  
- Aparcamientos cubiertos: 500 m².
  
- Pistas deportivas para la práctica de tenis, squash, frontenis, natación, picadero, footing, etc.
  
- Campo de golf de 18 hoyos apto para competiciones profesionales.
  
Tercero. La documentación aportada consta de:
  
1. Memoria informativa y justificativa de la actuación conteniendo los criterios de la ordenación.
  
2. Planos de información y de ordenación.
  
3. Ordenanzas reguladoras de la edificación.
  
4. Evaluación económico-financiera y programación de la actuación, compromisos a contraer entre el promotor y la administración.
  
5. Documentación relativa a la propiedad de los terrenos.
  
6. Estudio de Impacto Ambiental.
  
7. Anexos relativos a infraestructuras y servicios urbanísticos y cuadros resumen de magnitudes de la actuación.
  
Cuarto. Contiene el proyecto propuesta de resolución a cargo de la actuación de la totalidad de los servicios requeridos para su establecimiento y funcionamiento, presentando planos suficientemente indicativos del trazado y características de las redes de comunicaciones y servicios y su enlace con los elementos integrantes de las redes y sistemas generales del territorio.
  
Consta, asimismo, compromiso de asunción por el promotor del régimen de deberes, cesiones y obligaciones propios del suelo urbanizable, si bien el cumplimiento de los mismos se materializará en los términos que se derivan de la propuesta.
  
Quinto. Obran en el expediente los siguientes informes municipales:
  
1. Informe suscrito por el concejal-delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, de fecha 11 de noviembre de 1996, manifestando que la entidad local no consideraba inconveniente o inoportuna la admisión a trámite del expediente, como se ponía de manifiesto en la tramitación y aprobación municipal de una modificación puntual encaminada a posibilitar la legalización de las instalaciones al amparo del procedimiento que nos ocupa.
  
2. Acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal de fecha 19 de agosto de 1997, por el que se informa favorablemente la declaración de interés comunitario objeto del expediente, en base a una positiva consideración del emplazamiento propuesto, puesto que el propio plan general, en su inicial redacción, previa a la modificación puntual, preveía la instalación de un campo de golf en el suelo entonces clasificado como urbanizable no programado.
  
Sexto. Mediante Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 29 de enero de 1997, fue admitida a trámite la solicitud formulada y su sometimiento a información pública por plazo de veinte días, simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento. A este respecto, se publicaron sendos anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.934, de fecha 20 de febrero de 1997 y diario La Verdad de fecha 18 de febrero de 1997, anuncios que, asimismo, servían para someter a información pública la necesaria declaración de impacto ambiental. Por otra parte, dado que la parcela afectada a la instalación es propiedad íntegra de la mercantil solicitante, no ha sido necesario la remisión de aviso al domicilio de quienes aparezcan como titulares catastrales de derechos afectados por la actuación.
  
Durante el citado plazo no se presentó alegación alguna al respecto.
  
Séptimo. Durante la tramitación del expediente han sido emitidos los siguientes informes sectoriales:
  
1. Respecto del acceso a la instalación obra en el expediente informe emitido en fecha 17 de julio de 1997, por la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, favorable a la aprobación, una vez que se aportó por el interesado documentación subsanatoria de las observaciones contenidas en el previo informe emitido de forma desfavorable en fecha 10 de junio de 1997. No obstante, el mismo se condiciona a la desvinculación del acceso desde la CV-941 al campo de golf y complejo socio- deportivo.
  
Igualmente consta, respecto a las infraestructuras viarias, el informe emitido el 30 de julio de 1997 por el Ministerio de Fomento, manifestando la inexistencia de inconveniente alguno a la actuación propuesta
  
2. Por lo que se refiere al impacto ambiental de la actuación integral, el director general para el Desarrollo Sostenible ha emitido el 9 de julio de 1997 declaración de impacto ambiental favorable, siempre que se cumplan las condiciones que en la misma se señalan.
  
3. Informe de 21 de marzo de 1997 de la Sección de Deportes de la Conselleria de Bienestar Social, indicando la innecesariedad de que tal órgano efectúe pronunciamiento respecto a las instalaciones propuestas.
  
Octavo. En relación con el régimen de cesiones a asumir por los promotores de la actuación, se ha desarrollado un prolongado periodo de negociaciones a fin de alcanzar un acuerdo entre las propuestas del interesado y los criterios del ayuntamiento al respecto, puestos de manifiesto en los sucesivos informes emitidos.
  
En este sentido, entre los compromisos asumidos por el promotor en el proyecto aportado se concretaban tales obligaciones en la cesión de 50.187 m² (10% de la superficie total de la actuación) en favor del Ayuntamiento, con destino dotacional público (zona verde) y la sustitución de los deberes de cesión del exceso del aprovechamiento lucrativo de la actuación sobre el aprovechamiento subjetivo de los propietarios por su equivalente en metálico con destino al patrimonio municipal de suelo, que se cifraba en 2.533.000 PTA (10% del coste estimado de las obras de urbanización de la actuación 93.831.063 PTA). Quedaba únicamente por concretar la ubicación exacta de la cesión de suelo con destino a zona verde.
  
La Comisión Municipal de Gobierno, en su sesión de 19 de agosto de 1997, al tiempo que informó favorablemente la propuesta, fijó un canon de aprovechamiento urbanístico de 3.799.500 PTA.
  
Con fecha 30 de octubre de 1997 se solicitó del ayuntamiento aclaración sobre la propuesta de canon efectuada, puesto que parecía corresponder con los términos del artículo 16.4 de la Ley 4/1992 (declaración de interés comunitario ordinaria) y no daba respuesta en sus propios términos a la propuesta del interesado formulada en los concretos términos del artículo 20.1.c) de la misma Ley, aplicable al caso.
  
Dicha petición fue reiterada mediante escrito de fecha 9 de junio de 1998 ante la falta de respuesta municipal.
  
El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Orihuela, mediante escrito de 14 de julio de 1998, clarificó los términos del previo acuerdo de la Comisión de Gobierno, significando que la cuantía de 3.799.500 PTA, correspondía al 15% del coste de las obras de urbanización en concepto de exceso sobre el aprovechamiento subjetivo de los propietarios, mientras que respecto a la concreta situación de los terrenos a ceder en concepto de suelo dotacional público, a ubicar en el exterior de la actuación, se estaba en proceso negociador al existir discrepancias al respecto. Del contenido de dicho informe se dio traslado al interesado a efectos de alegaciones.
  
Finalmente, el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Orihuela, con fecha 8 de febrero de 1999, comunicó a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes que la propuesta de la promotora de ceder al Ayuntamiento una parcela de 50.187 m² y el camino de acceso hasta la misma desde la carretera A-4141 de Orihuela a La Matanza, sita en el Cabezo Lo Ros, Pda. El Escorratel de ese término municipal, que se segregaría de la finca registral nº 26.680, en sustitución de las cesiones para zona verde de uso público que correspondería hacer en el ámbito de la actuación integrada, según delimitación efectuada en plano, había sido informado favorablemente por los servicios técnicos municipales, estando pendiente de su aprobación por el órgano municipal competente.
  
El interesado, por su parte, el día 19 de febrero de 1999 ha presentado nuevo escrito instando la resolución definitiva del expediente, en base a la aceptación municipal de su oferta de cesión de suelo, y manifestando su oposición a la cuantía del 15% del coste de las obras de urbanización, al estimar que el porcentaje exigible de acuerdo con la vigente legislación urbanística es del 10%, de conformidad con su inicial propuesta (2.533.000 PTA).
  
Noveno. La comisión informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en fecha 29 de marzo de 1999, informó favorablemente la aprobación de la presente declaración de interés comunitario, por el procedimiento extraordinario, en suelo no urbanizable, del término municipal de Orihuela.
  
Décimo. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 19 de mayo de 1999, informó favorablemente la presente declaración de interés comunitario.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero. La solicitud formulada debe resolverse al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable, debiendo sustanciarse por el procedimiento de declaración de interés comunitario a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley en relación con el artículo 20 de la misma.
  
En efecto, de conformidad con el último de los preceptos legales, las edificaciones e instalaciones destinadas a actividades terciarias que, entre otros, precisen la ocupación de una superficie mayor de 4 hectáreas, requieran más de 8.000 m² construidos o exijan la realización de más de 1000 metros lineales de desarrollo sólo podrán realizarse como actuaciones integrales previo cumplimiento de las condiciones exigidas por el párrafo primero del citado artículo.
  
A la vista de las características concurrentes en la actuación pretendida no cabe duda de que el cauce procedimental adecuado para la resolución del expediente resulta ser el procedimiento extraordinario previsto en el artículo citado una vez constatado que se cumplen las condiciones fijadas en el número 1 de tal precepto, toda vez que:
  
a) Las características de la actuación precisan disponer de una superficie de grandes dimensiones, siendo imposible su localización dentro de los suelos urbanos o urbanizables existentes en el municipio. A mayor abundamiento, se trata de una actuación prevista en la exacta ubicación objeto de la propuesta desde el plan general para el uso de campo de golf.
  
b) La actuación resuelve los servicios que demanda su establecimiento sin que se produzca una sobrecarga de demanda de las infraestructuras existentes, siendo de destacar, a estos efectos, los informes favorables emitidos por las diferentes administraciones sectoriales que han intervenido en el procedimiento.
  
c) La mercantil promotora de la actuación asume el cumplimiento de las obligaciones, deberes y cesiones propias del adjudicatario de un programa de actuación, no inferiores a las legalmente exigibles en suelo urbanizable, si bien se materializarán en los términos que se derivan de la propuesta obrante en el expediente.
  
No obstante, en este punto debe señalarse que la cuantificación de los deberes legales con relación al aprovechamiento deben cifrarse en el 10% del coste estimado para las obras de urbanización, al haber sido tácitamente modificado en este punto el apartado 1.c) del artículo 20 por la legislación urbanística posterior y, en particular, los artículos 18.4 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y 19 de la Ley 14/1997, de 26 de diciembre, de Medidas de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, todo ello como se contiene en la propuesta efectuada por la promotora.
  
Segundo. La tramitación del expediente ha sido formalmente correcta, habiéndose cumplido las exigencias procesales establecidas en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable.
  
Tercero. Los servicios que demanda la actuación quedan adecuadamente resueltos a cargo de la mercantil promotora, en los términos que resultan del expediente.
  
Cuarto. La actuación solicitada es de implantación adecuada desde el punto de vista de la ordenación territorial al efectuarse en suelo no urbanizable común no merecedor de ninguna protección.
  
Desde el punto de vista económico y social, la actuación aporta soluciones, sin duda, al desarrollo de la zona.
  
Quinto. El Gobierno Valenciano es el órgano competente para la aprobación de la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo No Urbanizable.
  
De conformidad con lo establecido en los preceptos legales citados y concordantes de general y pertinente aplicación, y a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano
  
ACUERDA
  
Primero
  
Aprobar definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por la mercantil Lomas de Campoamor, SA, de una actuación integral consistente en la construcción y legalización de un complejo social-deportivo vinculado a un campo de golf existente y en funcionamiento, en la Dehesa de Campoamor, finca registral nº 65.472, inscrita al folio 9, libro 679, del tomo 880, del Registro de la Propiedad de Orihuela, en suelo no urbanizable, del término municipal de Orihuela, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado II, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente.
  
La aprobación de la actuación integral llevará implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de interés social y de la necesidad de ocupación de los terrenos que, conforme al proyecto aprobado, sean necesarios para la ejecución de aquélla y para su enlace con los correspondientes sistemas generales. El promotor de la iniciativa finalmente aprobada tendrá, cuando no sea propietario de la superficie afectada por la actuación, o de parte de ella, la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo de su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer, con independencia de las obligaciones asumidas en el procedimiento de aprobación de su iniciativa.
  
Segundo
  
Adjudicar dicha actuación integral en favor de la entidad Lomas de Campoamor, SA., a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, para promover la instalación del referido complejo social-deportivo.
  
Tercero
  
Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados ?en favor del Ayuntamiento- para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
Cuarto
  
El promotor deberá garantizar ante el Ayuntamiento de Orihuela la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral por importe de un 7% del coste total de los servicios y obras de urbanización previstos. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes del inicio de las obras.
  
Quinto
  
Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Gobierno Valenciano.
  
Sexto
  
El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado II, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado III, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente Acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Orihuela. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.
  
Séptimo
  
El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la declaración de impacto ambiental de 9 de julio de 1997. Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación del referido complejo social-deportivo.
  
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno Valenciano en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 25 de abril de 2000
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,