Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4174, del 23-01-2002 (2002/321)

Notificación a doña Josefa Luisa Martínez. Expediente número SC-20010231.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4174

Fecha DOGV
:   23-01-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/321


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a doña Josefa Luisa Martínez. Expediente número SC-20010231. [2002/F321]
  
Por no haber sido posible practicar en el domicilio del interesado la notificación que se relaciona a continuación, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Expediente: SC-20010231
  
Municipio: Gilet
  
Asunto: edificación sin licencia en zona verde
  
Promotor: Josefa Luisa Martínez
  
Documento: notificación resolución incoación expediente sancionador
  
El director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, en fecha 29 de octubre de 2001, adoptó la siguiente resolución:
  
«Vistos los antecedentes obrantes en esta Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes relativos a construcción de edificación sin licencia de obras en zona verde.
  
Resultando que, como se pone de manifiesto en el informe emitido por el técnico competente de esta Comisión Territorial de Urbanismo, sobre los terrenos del parque urbano PU-5 Urbanización Santo Espíritu 1 se han realizado obras y construcciones auxiliares para el soporte de una actividad de restauración ubicada en los bajos del edificio denominado La Torre. Consisten en almacén para el acopio de materiales y enseres, un cerramiento perimetral y la cubrición de una terraza contigua mediante cubierta metálica ligera.
  
Que el planeamiento vigente es el Plan General de Ordenación Urbana de Gilet, que clasifica los terrenos sobre los que se ubica como suelo urbano, con calificación de zona verde parque urbano (PU-5 Urbanización Santo Espíritu 1), sistemas generales. Además el emplazamiento está afectado por la protección de la vía pecuaria V-1, azagador del río Palancia, y posiblemente por el dominio público hidráulico del barranco de Maladicha.
  
Resultando que según consta en el informe técnico de este organismo, la valoración actual de las obras realizadas y unas características de ejecución adecuadas a la tipología desarrollada, asciende estimativamente a la cantidad de 18.030,36 euros (3.000.000 pesetas).
  
Resultando que en fecha 6 de marzo de 2001 se remitieron las actuaciones al Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio previsto en el artículo 319 del Código Penal.
  
El 21 de junio de 2001 se requirió al Ayuntamiento de Gilet para que ejerciera las competencias que en cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora le corresponden de acuerdo con el artículo 25.d) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con apercibimiento de que si en el plazo de un mes no procedía a ello esta administración autonómica entendería que podía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la misma norma, proceder al ejercicio de éstas por sustitución.
  
Resultando que en el expediente aparece como responsable en concepto de promotor doña Josefa Luisa Martínez, sin que conste la identidad del constructor y del técnico director.
  
Resultando que con fecha 2 de mayo de 2001 se resuelve el archivo de las actuaciones por parte del Ministerio Fiscal por no revestir los requisitos necesarios para el tipo del artículo 319 del Código Penal.
  
Considerando que de acuerdo con la disposición adicional tercera, apartado 6, de la Ley del Suelo No Urbanizable se prevé la posibilidad de que la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes pueda ejercer la competencia propia del ayuntamiento, tendente al ejercicio de la potestad sancionadora, por sustitución, según lo previsto en el artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y previo requerimiento específico que en presente caso se ha llevado a efecto.
  
Considerando que las obras llevadas a cabo requieren de la previa y preceptiva licencia municipal tal y como establece el artículo 242 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y en el artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
  
Considerando que dichas obras son constitutivas de una infracción urbanística por contravenir lo establecido en la legislación urbanística.
  
Considerando que la infracción cometida aparece concretamente tipificada en el artículo 76 y 90 del Reglamento de Disciplina Urbanística, sin perjuicio de lo que se determine a lo largo de la instrucción del expediente, procediendo en consecuencia la imposición de la sanción de multa del 10 al 20% del valor de la obra ejecutada.
  
Considerando que no son de aplicación circunstancias modificativas de la responsabilidad, y a tenor de los artículos 55 y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística, procede imponer la sanción en su grado medio, esto es, el 15%, que supone la cantidad de cuatrocientas cincuenta mil pesetas (450.000 PTA).
  
Considerando que el presente expediente debe tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Considerando que el órgano competente para la incoación del expediente sancionador y para el nombramiento del instructor y secretario es el director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.d) del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Considerando que el órgano competente para imponer, en su caso, la sanción es el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, conforme al artículo 6 del Decreto 77/1996 anteriormente citado.
  
A la vista de los antecedentes y fundamentos expuestos y de la legislación vigente en materia de urbanismo, resuelvo:
  
Primero. Incoar expediente administrativo sancionador a doña Josefa Luisa Martínez, en concepto de promotor, por las obras consistentes en almacén para el acopio de materiales y enseres, un cerramiento perimetral y la cubrición de una terraza contigua mediante cubierta metálica ligera, sobre los terrenos del parque urbano PU-5 Urbanización Santo Espíritu 1, en el término de Gilet.
  
Segundo. Nombrar instructor del expediente sancionador a don José Manuel Palau Navarro, y como secretario a doña Teresa Ibáñez Simó, ambos funcionarios de carrera adscritos al Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia.
  
Tercero. Imponer, salvo modificaciones determinadas en la instrucción del expediente, a doña Josefa Luisa Martínez, en concepto de promotor, la sanción de 2.704,55 euros (450.000 PTA) por la ejecución de las obras consistentes en almacén para el acopio de materiales y enseres, un cerramiento perimetral y la cubrición de una terraza contigua mediante cubierta metálica ligera, sobre los terrenos del parque urbano PU-5 Urbanización Santo Espíritu 1, en el término de Gilet.
  
Contra la presente incoación de expediente sancionador podrá interponerse alegaciones en el plazo de 15 días contados desde el siguiente a su notificación, advirtiéndose que de no efectuar alegaciones en plazo sobre su contenido, la misma podrá ser considerada como propuesta de resolución del instructor.
  
Contra el nombramiento del instructor y secretario del expediente puede promoverse recusación según el régimen y por las causas previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Debiendo advertirse que conforme al artículo 8 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora si el infractor reconoce su responsabilidad se dará lugar a la resolución del procedimiento con la imposición de la sanción correspondiente, del mismo modo el pago voluntario de la sanción por el imputado podrá implicar la terminación del procedimiento.»