Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4518, del 10-06-2003 (2003/6445)

Notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador 32/03, a Ricardo Romon Honrubia.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4518

Fecha DOGV
:   10-06-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/6445


Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador 32/03, a Ricardo Romon Honrubia. [2003/X6445]
  
De conformidad con lo acordado por esta Secretaría General, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente edicto 32/03 SAN, se procede a notificar a la mercantil Ricardo Romon Honrubia, con último domicilio conocido en C/ Músico Espí nº 5, de Valencia, Acuerdo de Iniciación del Expediente Sancionador 32/03 SAN de fecha 27 de enero de 2003, dictado en el Expediente Sancionador, que se está tramitando en la Unidad de Inspección Medioambiental:
  
Visto que en virtud de las facultades inspectoras atribuidas a esta Conselleria, ha podido constatarse mediante informe del Servicio de Gestión de Residuos, de fecha 14 de enero de 2003, que la mercantil Ricardo Romon Honrubia, autorizada por esta Conselleria para la gestión de residuos peligrosos no ha presentado la memoria anual de actividades, infringiendo con ello lo dispuesto en el art. 38 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos tóxicos y peligrosos.
  
Pudiendo constituir los referidos hechos una infracción calificada de grave tipificada en el art. 73 párrafo 4 c) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, cuya sanción viene determinada en el art. 75 párrafo 2 b) de la citada Ley, el cual establece:
  
Las infracciones previstas en esta Ley podrán dar lugar a la imposición de todas o de algunas de las siguientes sanciones:
  
- Las faltas Graves se sancionaran con la imposición de una multa de 601,02 a 30.050,61 euros, excepto en los residuos peligrosos, que será desde 6.010,13 hasta 300.506,05 euros.
  
- Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año, en los supuestos de infracción tipificadas en las letras a), d), e) y f) del art. 73 párrafo 4.
  
- Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la presenta Ley por un periodo de tiempo de hasta un año.
  
En el presente supuesto la sanción sería de 12.020 euros (doce mil veinte euros) por la falta grave.
  
Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, siendo órgano competente para la resolución del presente expediente el conseller de Medio Ambiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80 párrafo 1 b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la citada Ley, la entidad expedientada está obligada a reparar el daño causado, adoptando las medidas necesarias para restablecer el equilibrio medioambiental.
  
A la vista de lo dispuesto en los arts.127 a 138 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y lo establecido en el Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se acuerda:
  
La incoación del correspondiente Expediente Sancionador contra la mercantil Ricardo Romon Honrubia por presunta infracción del artículo 73 párrafo 4 c) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, significándole que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 párrafo 1 del RD 1.398/93, podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
  
Asimismo, se acuerda nombrar Instructora y Secretaria del Expediente Sancionador, a doña Amparo Renau Almela y doña Susana Carrasco Marí respectivamente, a quienes se les notificará en forma este nombramiento, así como a los inculpados, de conformidad con lo establecido en el art. 135 de la Ley 30/92, RJ-PAC, y en el art. 13 párrafo 2 del RD 1.398/93, para que en cualquier momento del procedimiento puedan ser objeto de recusación a tenor de lo dispuesto en los arts. 28 y 29 del la citada Ley 30/92, RJ-PAC.
  
En virtud de lo establecido en el art. 16 párrafo 1 del RD 1.398/93, se le concede un plazo de quince días contados a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes, significándole que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, el presente acuerdo podrá ser considerado Propuesta de Resolución con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del RD 1.398/93.
  
De conformidad con lo dispuesto en el art.42 apartado 4 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en relación con el apartado 6 del art.20 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse dictado y notificado éste se producirá la caducidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del art.44 de la Ley de Régimen Jurídico.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.