Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9497, del 26-12-2022 (2022/12194)

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones en el ejercicio 2022, destinadas al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Número DOGV
:   9497

Fecha DOGV
:   26-12-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2022/12909


Fecha del documento
:   21-12-2022

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * ayuda pública

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones en el ejercicio 2022, destinadas al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. [2022/12279]  
  
El sector comercial minorista valenciano tiene un carácter estratégico para la Comunitat Valenciana por su importancia económica y social, ya que supone el 6 % del PIB y un tejido empresarial de casi 50.000 empresas que operan en su territorio. El comercio minorista es el eslabón final de una cadena de distribución que presta servicios indispensables para la calidad de vida y el desarrollo económico regional y local, con aproximadamente 60.000 puntos de venta y una generación en el pasado 2021, de más de 200.000 afiliaciones a la Seguridad Social.  
El sector del comercio minorista es un sector muy atomizado, conformado en un 99 % por pymes, de las cuales alrededor del 96 % se encuadran en la categoría de microempresas, que adolece de importantes deficiencias en el uso de las tecnologías, en su adaptación a los actuales hábitos de consumo o en la forma de interactuar con los clientes. Esta especial idiosincrasia lo hace más vulnerable ante la crisis, lo que exige impulsar proyectos destinados a aumentar la competitividad y acelerar su digitalización hacia un modelo resiliente que perdure en el tiempo, recupere la confianza del consumidor y facilite la apertura de un sector a nuevos canales de distribución, transformándose para llegar a territorios fuera de su ámbito tradicional de venta y, además, más sostenible.  
Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional por covid-19 el 11 de marzo de 2020, los estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.  
Estas medidas han tenido un drástico impacto económico y social en el conjunto de los países de la Unión Europea, habiendo influido directamente en la actividad comercial de sus pueblos y ciudades. Este impacto motivó la necesidad de reaccionar de forma rápida adoptando medidas urgentes y contundentes con el objetivo de amortiguar el efecto de esta crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, e impulsar la pronta recuperación económica, sentando las bases del crecimiento de las próximas décadas.  
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad de realizar un esfuerzo singular y un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU), por importe de 750.000 millones de euros, compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (en adelante, MRR), y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).  
Como consecuencia de estos acuerdos, la Unión Europea ha adoptado el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la covid-19 y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
La financiación ayudará a los Estados miembros a hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia, garantizando, asimismo, que sus economías emprendan las transiciones ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes, con inversiones que aceleren la recuperación y refuercen el crecimiento a largo plazo para que el mercado interior funcione correctamente con pequeñas y medianas empresas (pymes) sólidas, que puedan aumentar la capacidad de respuesta y afrontar otros retos.  
Con base en lo anterior, el Gobierno de España ha elaborado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede» (en adelante, Plan de Recuperación), que incluye diez políticas tractoras o palancas que van a incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social. El Plan de Recuperación ha sido aprobado por el Consejo el 13 de julio de 2021, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 20 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.  
De las diez políticas tractoras, la quinta, «Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora», se centra esencialmente en la competitividad industrial y de las pymes.  
Los proyectos que constituyen dicho Plan de Recuperación, alineados con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la transición verde y digital, permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones que permitan, por un lado, una adaptación del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la covid-19 y, por otro, una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que dicho modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.  
La mayoría de las actividades susceptibles de apoyo del Plan de Recuperación se van a desarrollar durante un periodo de tiempo breve, de 2021 a 2023, dada la urgencia en hacer frente a la situación crítica ocasionada por la pandemia, y su utilización como una oportunidad estratégica para acometer las citadas transformaciones.  
Para el sector del comercio, si la digitalización era ya un reto ineludible para las empresas, especialmente para las más pequeñas, la irrupción de la crisis por los efectos de la covid-19 ha convertido dicha exigencia, además, en inaplazable.  
La línea de ayudas que se regula por esta Resolución se incardina en el Componente 13 del Plan de Recuperación, denominado «Impulso a la pyme», en la inversión 4 «Apoyo al comercio», dentro de la actuación «Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico» que incluye una línea de ayudas para pequeños y medianos comerciantes, de forma individual o a través de asociaciones, por su generación de empleo y cohesión social, para la financiación de proyectos en el sector tendentes a la incorporación de nuevas tecnologías que permitan al comercio local dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo y que impacten en la transformación digital y sostenibilidad del propio establecimiento o en su modelo de negocio.  
Los proyectos promoverán a través de la digitalización el desarrollo de infraestructuras digitales y de datos, agrupaciones y centros de innovación digital y soluciones digitales abiertas, garantizando la igualdad de posibilidades de obtención y disfrute de los potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, sin distinción de territorios como base de la ordenación económica general y con una incidencia directa en la actividad económica sin menoscabo de las competencias autonómicas.  
De esta manera, y alineados con los objetivos marcados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en el Plan de Recuperación, esta línea de ayuda tiene por objetivo específico subvencionar proyectos que desarrollen actuaciones dirigidas a actualizar y modernizar el sector comercial minorista adaptándolo a los nuevos hábitos de consumo, fomentar la implementación de nuevas tecnologías y de soluciones que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad, eficiencia, la promoción del reciclaje y reutilización de residuos en los establecimientos comerciales, así como la formación y sensibilización en ambas áreas.  
Por otro lado, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en cumplimiento de la presente resolución, deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas previstas en la Componente 13, Inversión 4.1.2 en la que se enmarca, tanto en lo referido al principio DNSH, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6, 7 y 8 del documento del Componente del Plan».  
De acuerdo con la regulación establecida en el artículo 61 del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en todas las medidas que ayuden a agilizar y flexibilizar su tramitación, se incorpora a las presentes bases reguladoras de subvenciones la convocatoria correspondiente a dichas ayudas.  
Asimismo, al proceder los fondos públicos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo, y en atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los fondos europeos «Next Generation EU», se aplicará a estas bases reguladoras, así como a la convocatoria que, excepcionalmente, se incorpora a las mismas, y a la que se publique en el ejercicio 2023, el citado Real Decreto ley 36/2020 y, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de este Real Decreto ley 36/2020, el procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, entendida como modalidad de la concurrencia competitiva, concediéndose por riguroso orden de presentación de solicitudes hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible, y se iniciará de oficio mediante convocatoria pública.  
Esta misma previsión se recoge en el Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el citado Real Decreto ley 36/2020.  
Por Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Comercio, BOE número 126, de 27 de mayo de 2022, se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, del crédito destinado al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, por importe total de 100 millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023, en el marco del Componente 13, Inversión I4.1.2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En dicho Acuerdo se determinan los criterios objetivos de distribución y su peso relativo, asegurando la participación equilibrada de todas las comunidades y ciudades autónomas, determinando una cuantía mínima de recursos aplicables a las actuaciones desarrolladas en el ámbito territorial de cada una, según un coeficiente que refleja la importancia de su tejido comercial y de su población, y asegurando que los objetivos a conseguir con este acuerdo se alcancen en el sector comercial en todo el territorio nacional.  
De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Comunitat Valenciana, para cada una de las convocatorias realizadas en los ejercicios 2022 y 2023, un importe de 5.136.635 euros, es decir un total de 06.578.157 euros para los dos ejercicios presupuestarios. No obstante, las respectivas convocatorias ascenderán a un importe global máximo estimado de 4.828.435 euros, destinados a dos líneas de ayudas, una para pymes comerciales y otra para agrupaciones de comercio, destinando el resto del presupuesto, hasta un máximo del 6 % de la dotación asignada, permitido por la normativa europea que regula el MRR, para los costes de implementación o asistencias técnicas externas, esenciales para el desarrollo de las actuaciones.  
La regulación establecida en estas bases reguladoras cumple con la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación y, respetar la igual dignidad de las personas en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución. Conforme al ordenamiento jurídico, las administraciones públicas no subvencionarán, bonificarán o prestarán ayudas públicas a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme por alguna de las infracciones calificadas como muy graves, en los términos y plazos previstos en el título IV de dicha ley. En ningún caso, podrán tampoco otorgar ayudas que tengan por objeto la realización de una actividad o el cumplimiento de una finalidad que atente, aliente o tolere prácticas calificadas como infracciones en el citado título.  
Asimismo, se ha tenido en cuenta la regulación establecida en el Decreto 118/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones, aunque no se han incluido los criterios de ponderación y baremación recogidos en el mismo, por regirse la concesión de estas ayudas, de manera excepcional y atendiendo a las circunstancias concurrentes de urgencia y necesidad de agilización de la tramitación de concesión, por el régimen de concurrencia no competitiva.  
Las ayudas reguladas en esta resolución, en aplicación del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, son compatibles con el mercado interior y no es necesaria la notificación de estas a la Comisión Europea, puesto que no cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 107 TFUE, dado que estas ayudas se acogen al régimen de minimis, y, por lo tanto, están sometidas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352, de 24.12.2013), modificado por el Reglamento (UE) núm. 2020/972 de la Comisión, de 2 de julio de 2020, por el cual se modifica el Reglamento (UE) núm. 1407/2013, respecto a su prórroga y, el Reglamento 651/2014, en cuanto a su prórroga y a los ajustes pertinentes (DO L 215, de 07.07.2020).  
La presente Resolución cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa normativa justificada por los intereses que se persiguen, estableciendo las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para financiar, apoyar e impulsar la competitividad y modernización, a través de la transformación digital y sostenible de las pequeñas y medianas empresas de comercio.  
Asimismo, es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo solo las condiciones que establece la normativa europea y la española.  
Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las empresas.  
Por lo demás, es coherente con los principios de eficiencia, en tanto que asegura la máxima eficacia de sus postulados para garantizar que las ayudas llegan de una manera ágil a todas las entidades beneficiarias, incorporando en su seno la propia convocatoria.  
En cuanto al principio de transparencia, establece unos criterios de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente. En este caso, se aplica el régimen de concesión de concurrencia no competitiva, concediéndose por orden de presentación de las solicitudes, hasta agotar el crédito disponible, no considerándose presentada la solicitud hasta la aportación completa de la documentación requerida.  
El instrumento jurídico, a tenor de lo establecido en el artículo 23 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19, es una resolución de la persona titular de la conselleria competente en materia de comercio. En dicha resolución se recogen los elementos fundamentales recogidos en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, La Ley 38/2003, General de Subvenciones y su desarrollo reglamentario en el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
El proyecto de la Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023 incluye dentro del programa 721.99, MRR. Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, la línea presupuestaria S0934, denominada Programa de modernización del comercio: Fondo tecnológico, de capítulo VII, que financia las ayudas recogidas en estas bases reguladoras.  
Los artículos 40 y 41 de la Ley 1/2015, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, modificada por el Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia de gestión económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19, establecen que podrá tramitarse anticipadamente los expedientes de gasto para subvenciones a cargo de los capítulos IV y VII, siempre que, o bien exista previsión reiterada en ejercicios anteriores, asociada en el programa presupuestario, de crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del gasto de que se trate, en los Presupuestos de la Generalitat, o bien exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de Ley de presupuestos en el próximo ejercicio, en el caso de que haya sido presentado para su aprobación por las Cortes correspondiente al ejercicio siguiente. De conformidad con el artículo 167 de la citada Ley 1/2015, en la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones, podrá llegar, como máximo, al momento procedimental inmediatamente anterior al de la resolución de concesión, y tendrá que constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.  
Asimismo, en el expediente de gasto se tendrá que incluir una cláusula suspensiva indicando que su resolución queda condicionada a la efectiva existencia de crédito adecuado y suficiente, una vez se apruebe el presupuesto de la Generalitat correspondiente al ejercicio en el cual se tenga que realizar el gasto.  
La Resolución contempla que las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria. También se ha tenido en cuenta lo establecido en el Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19, en relación con el artículo 160.2 b) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y habiéndose emitido informe por la Abogacía de la Generalitat, así como por la Intervención Delegada en la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de la Intervención General, resuelvo:  
  
Primero. Objeto y finalidad  
Aprobar las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a apoyar e impulsar la competitividad y modernización, a través de la transformación digital y sostenible de las pequeñas y medianas empresas de comercio, en el marco del Componente 13 del Plan de Recuperación, denominado «Impulso a la pyme», en la inversión 4 «Apoyo al comercio», dentro de la actuación «Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico».  
  
Segundo. Convocatoria  
Convocar las subvenciones destinadas a la financiación, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas destinadas a apoyar e impulsar el Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del Componente 13, I.4.2.  
  
Tercero. Financiación  
Las ayudas se financiarán con cargo a la correspondiente línea de subvención habilitada al efecto en el anexo de transferencias de capital, del presupuesto de la Generalitat, procedente de créditos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del Componente 13, Inversión I4.1.2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conforme a la Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, del crédito destinado al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, por un importe total de 100 millones de euros para ayudas convocadas en los ejercicios 2022 y 2023, en el marco del Componente 13, Inversión I4.2 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.  
  
Cuarto. Habilitación  
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo a dictar todas las resoluciones e instrucciones que sean necesarias para la interpretación, el desarrollo y ejecución de esta Resolución y de las correspondientes convocatorias.  
  
Quinto. Entrada en vigor  
Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
València, 21 de diciembre de 2022.- El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo: Rafael Climent González.  
  
  
ANEXO I  
Bases reguladoras por las que se regula la concesión de subvenciones destinadas al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  
  
Base primera. Objeto y ámbito de aplicación  
1. El objeto de la presente Resolución es establecer las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Componente 13, Impulso a la pyme, Inversión I4.1.2, Apoyo al comercio, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
2. La finalidad de estas ayudas es financiar el desarrollo de planes y proyectos de contenido tecnológico, innovador y sostenible que, presentados por las pequeñas y medianas empresas de comercio, ya sea de manera individual o a través de sus asociaciones, incidan en la gestión de la actividad comercial y en su modelo de negocio, garantizando su adaptación a los nuevos hábitos de consumo, modalidades de venta, posicionamiento y distribución.  
3. Las actuaciones susceptibles de recibir apoyo se desarrollarán en la Comunitat Valenciana.  
  
Base segunda. Marco normativo  
1. Estas ayudas tienen la consideración de subvenciones públicas y se rigen por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su desarrollo mediante el Reglamento 887/2006, de 21 de julio, así como por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
2. Las ayudas reguladas en esta resolución, en aplicación del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, son compatibles con el mercado interior y no es necesaria la notificación de estas a la Comisión Europea, puesto que no cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 107 TFUE, dado que estas ayudas se acogen al régimen de minimis, y, por lo tanto, están sometidas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352, de 24.12.2013), modificado por el Reglamento (UE) núm. 2020/972 de la Comisión, de 2 de julio de 2020, por el cual se modifica el Reglamento (UE) núm. 1407/2013, respecto a su prórroga y, el Reglamento 651/2014, en cuanto a su prórroga y a los ajustes pertinentes (DO L 215, de 07.07.2020). Las ayudas reguladas en estas bases, no se encuentran entre las excluidas enumeradas en el artículo 1.1 del citado Reglamento (UE) 1407/2013.  
En consecuencia, al tratarse de ayudas sometidas al régimen de minimis, el importe total de la subvención concedida a una única empresa no excederá de 200.000 euros concedidos en el actual ejercicio fiscal y los dos anteriores.  
Base tercera. Acciones subvencionables  
1. Se establecen dos líneas de ayudas diferenciadas:  
a) Línea destinada a pequeñas y medianas empresas del comercio minorista.  
b) Línea destinada a asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial.  
2. Podrán ser objeto de subvención las inversiones realizadas por las entidades beneficiarias en los siguientes conceptos:  
a) Proyectos de nuevas tecnologías dirigidas a mejorar diferentes áreas de la estrategia comercial en línea y de comunicación, del modelo de negocio y de la experiencia de compra (gastos en inversión referidos a la transformación digital).  
b) Proyectos de nuevas tecnologías para la adaptación del espacio físico de venta tanto a las nuevas necesidades y hábitos de los consumidores como a nuevos modelos de gestión (gastos en inversión referidos a transformación del punto de venta).  
c) Proyectos de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la entrega de última milla (gastos en inversión relativos a la cadena de suministro y trazabilidad).  
d) Proyectos de aplicación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de los recursos (gastos en inversión relativos a la sostenibilidad y la economía circular).  
3. La inversión mínima aprobada no será inferior a 5.000 euros (IVA excluido) y, la ayuda será del 100 %, con el límite de 200.000 euros.  
4. En la línea destinada a pequeñas y medianas empresas del comercio minorista, las inversiones objeto de subvención estarán siempre vinculadas al establecimiento comercial.  
5. Se considerarán como subvencionables las actuaciones realizadas desde el 1 de enero del 2022 y hasta la fecha de presentación de la solicitud de subvención, salvo que se establezca un plazo diferente en la convocatoria de las ayudas. La justificación de la actuación realizada se presentará junto con la solicitud.  
  
Base cuarta. Gastos subvencionables  
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, estén relacionados con la actividad objeto de la ayuda, sean necesarios para su ejecución, hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución aprobado para cada proyecto beneficiario y se encuentren efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación. Los gastos deberán estar sujetos a precios de mercado.  
2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, la beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la concesión de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse junto con la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.  
3. Las entidades solicitantes deberán presentar una solicitud de ayuda única por establecimiento, que podrá englobar una o varias de las categorías de gastos indicados en los apartados anteriores. Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse individualmente en la memoria a presentar junto con la solicitud. En caso contrario, no serán tenidos en cuenta en la configuración del gasto financiable.  
4. En ningún caso serán subvencionables los siguientes gastos:  
a) El impuesto sobre el valor añadido (IVA) satisfecho por la adquisición de bienes y servicios y, cualquier otro impuesto indirecto que recaiga sobre la entidad beneficiaria.  
b) Proyectos que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo», en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En cualquier caso, no serán financiables las actividades incluidas en la lista de exclusión establecida en la Decisión de Ejecución del Consejo para esta inversión:  
b.1. Las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos (excepto los proyectos en el marco de esta medida relacionados con la generación de electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1).  
b.2. Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes (cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una explicación motivada al respecto. Parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos de emisión en relación con las actividades que se inscriben en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, según lo establecido en el Reglamento de ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión).  
b.3. Las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras (esta exclusión no se aplica a las acciones emprendidas en el marco de esta medida en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las planta o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente por cada planta), plantas de tratamiento mecánico-biológico (esta exclusión no se aplica a las acciones emprendidas en el marco de esta medida en las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente por cada planta).  
b.4. Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente. El pliego de condiciones exigirá además que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente.  
c) Gastos corrientes para el funcionamiento de las entidades beneficiarias, asociaciones y pymes, incluyendo, arrendamientos, adquisición de material y suministros o, gastos corrientes en general.  
d) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, multas, tasas, impuestos o tributos y gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos, aunque sean necesarios para la obtención de permisos o licencias.  
e) Seguros suscritos por la entidad solicitante.  
f) Gastos financieros, reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones, circulante y otros impuestos o tasas, gastos bancarios de cualquier tipo de operación, así como aquellos que generen autofacturación.  
g) Inmuebles y artículos de exposición y de prueba susceptibles de posterior venta al público y la instalación de expositores de carácter temporal.  
h) Elementos de transporte.  
i) Gastos de arrendamiento de establecimientos o gastos corrientes de la actividad de la beneficiaria.  
j) No se considerarán subvencionables los trabajos realizados por la propia empresa o asociación solicitante de la subvención ni aquellas actuaciones cuando el vendedor de los activos o el prestador de la actividad fuera la propia empresa o asociación solicitante o se diera un supuesto análogo del que pudiera derivarse autofacturación.  
k) Costes asociados a sanciones penales, así como gastos de procedimientos judiciales.  
  
Base quinta. Entidades beneficiarias  
1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta Resolución:  
a) A la línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas del sector comercial: las empresas del sector del comercio que tengan la consideración de pyme, con arreglo a la definición establecida en el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías).  
La actividad principal del negocio deberá corresponderse con alguna de las actividades incluidas en la sección G, código 47 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) aprobada por el Real decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), excepto los grupos y clases 4726, 473, 4773 y 479.  
Se incluyen como beneficiarias, a las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sociedades civiles, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, sin que, en este caso, puedan solicitar ayuda, al mismo tiempo, los socios, comuneros o integrantes de estas agrupaciones.  
Si en el establecimiento se ejercen de manera simultánea actividades de comercio junto con otras que no tengan dicha consideración, se deberá acreditar que la actividad principal ejercida en el establecimiento es la de comercio, presentando para ello documentación acreditativa de la cifra de negocio o de ventas de las distintas actividades económicas u otra documentación que pueda acreditar dicha circunstancia.  
En el caso de comercio no sedentario, se admitirán exclusivamente las modalidades de venta en mercadillos y el comercio itinerante en vehículos-tienda o canales cortos de comercialización. La actividad principal de la empresa debe ser la venta ambulante.  
b) A la línea de ayudas destinada a las asociaciones, las asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial, así como las entidades asociativas que integren varias asociaciones de comerciantes o las federaciones y confederaciones, legalmente constituidas y con sede social en la Comunitat Valenciana:  
1º. Que tengan entre sus fines estatutarios y programas de actuación la defensa de los intereses del sector comercial y la realización de actividades que contribuyan a la dinamización y fomento de la actividad comercial.  
2º. Que al menos el 51 % de miembros, desarrollen actividad comercial que se encuadre dentro de la Sección Primera, Agrupaciones 61, 62, 64, 65 y 66 (excepto 664 y 665), el grupo 755 de la Agrupación 75 y la Agrupación 97, del Impuesto de Actividades Económicas según Real Decreto ley 1175/1990, de 28 de septiembre.  
2. Además de las condiciones previstas en el apartado anterior, las beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:  
a) Asumir, frente a la entidad convocante, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
b) Cumplir con lo estipulado en estas bases reguladoras, en particular con las condiciones, requisitos y obligaciones.  
c) No incurrir en alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
d) No ser deudora por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones.  
e) No haber sido sancionada por resolución administrativa firme, conforme a lo establecido en el título VI de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.  
f) No haber sido sancionada por resolución administrativa firme por alguna de las infracciones calificadas como muy graves en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.  
  
Base sexta. Obligaciones de las entidades beneficiarias  
1. Con carácter general, son obligaciones de cada beneficiaria las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adicionalmente y en particular, las siguientes:  
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de las subvenciones en los términos establecidos en estas bases reguladoras, en cada convocatoria y, en su caso en la concesión de la ayuda. En este contexto, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la tramitación de la solicitud podrá dar lugar a la modificación de la resolución, sin perjuicio de que la no comunicación de estas modificaciones pueda ser causa suficiente para la minoración o revocación de la ayuda.  
b) Acreditar la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la ayuda en la forma, condiciones y plazos establecidos en estas bases reguladoras, en cada convocatoria y, en su caso en la concesión de la ayuda.  
c) Las beneficiarias deben destinar los bienes objeto de subvención al fin concreto para el que se concedió la subvención durante un plazo de cinco años desde la finalización de la ejecución del proyecto o durante su vida útil, en el caso de bienes inscribibles, o de dos años, en el resto de bienes. Ello no impedirá la sustitución de instalaciones o equipos que hayan quedado obsoletos o se hayan averiado dentro de ese período, siempre y cuando la actividad económica se mantenga en la zona de que se trate durante el período mínimo aplicable. Todo ello, conforme a lo establecido en el artículo 31.4 y 31.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El cumplimiento de este requisito estará sujeto a comprobaciones a criterio del órgano gestor de las ayudas.  
d) Comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que hubiera obtenido para el mismo proyecto.  
e) Mantener un sistema de contabilidad separado y específico en relación con el proyecto objeto de la subvención, o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con el proyecto.  
f) Disponer de libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente acreditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la beneficiaria en cada caso. Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) núm. 1296/2013, (UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. 1303/2013, (UE) núm. 1304/2013, (UE) núm. 1309/2013, (UE) núm. 1316/2013, (UE) núm. 223/2014 y (UE) núm. 283/2014 y la Decisión núm. 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) núm. 966/2012.  
g) Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca en las convocatorias o las resoluciones de concesión.  
h) En el diseño y ejecución de las actuaciones subvencionadas, las entidades beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo» o, según sus siglas en inglés «DNSH» de Do Not Substancial Harm, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión, Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.  
Todos los proyectos objeto de la ayuda en todas las fases del diseño, ejecución y justificación de los proyectos y de manera individual para cada actuación, deberán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») y las condiciones del etiquetado climático y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en los componentes que le sean de aplicación, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento de los componentes del plan. Para ello, las beneficiarias deberán aportar justificación del cumplimiento del principio DNSH mediante una evaluación favorable de adecuación al principio DNSH, o en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del mismo, de acuerdo a los modelos establecidos en la Guía DNSH del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  
i) Además, en caso de adquirir equipos de tecnologías de la información deberán asegurarse de que estos cumplan con los requisitos relacionados con la energía establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Real decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Código de Conducta para las TIC de la Comisión Europea, y se tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados.  
2. Asimismo, deben cumplir las obligaciones relacionadas con el compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR, siguiendo el modelo del anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.  
3. Son obligaciones relacionadas con la cesión y el tratamiento de datos sobre la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) y de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del mismo plan (PRTR), con la finalidad de cumplir con los apartados 2 y 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DSNH) y el etiquetado climático, de conformidad con la declaración responsable.  
5. Las entidades beneficiaras deberán dar visibilidad al origen de los fondos recibidos, haciendo constar en la difusión de las actuaciones subvencionadas por esta resolución, «financiado por la Unión Europea-Next Generation EU». Deberán incorporar los logos y emblemas de la Generalitat, el emblema y la referencia a los fondos que financian la actuación.  
6. Asimismo, se deberán cumplir las obligaciones en materia de transparencia y publicidad activa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el artículo 4 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley general de subvenciones y otra legislación aplicable.  
La difusión de la información se realizará a través de la página web de la entidad beneficiaria, o bien, a través de la plataforma TEP-Transparencia Entidades Privadas- de la GVAOberta: https://gvaoberta.gva.es/es/tep  
7. Deberán someterse, además, a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, así como al control financiero que corresponde a la Intervención General de la Generalitat y, en su caso, de los órganos competentes de otros Organismos Públicos cofinanciadores en relación con las ayudas concedidas.  
  
Base séptima. Compatibilidad de las ayudas  
1. Las subvenciones reguladas en las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, teniendo en cuenta que el importe total de las subvenciones recibidas, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procediendo en tal caso el reintegro del exceso.  
2. Las ayudas de minimis concedidas con arreglo a la presente Resolución podrán acumularse con las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) núm. 360/2012 de la Comisión, hasta el límite máximo establecido en este Reglamento. Podrán acumularse con ayudas de minimis concedidas con arreglo a otros reglamentos de minimis hasta el límite máximo pertinente que se establece en el artículo 3, apartado 2 del Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.  
Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables o con ayuda estatal para la misma medida de financiación de riesgo, si dicha acumulación excediera de la intensidad de la ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categoría o una decisión adoptados por la Comisión. Las ayudas de minimis que no se concedan para costes subvencionables específicos podrán acumularse con otras ayudas estatales concedidas en virtud de un reglamento de exención por categorías o de una decisión adoptados por la Comisión.  
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, las ayudas previstas en esta Resolución respetan el principio de adicionalidad y la necesidad de establecer mecanismos que eviten la doble financiación y, por tanto, solo se admitirá la compatibilidad siempre que quede garantizado que dicha ayuda no cubra el mismo coste, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión (Reglamento Financiero).  
4. Las entidades beneficiarias deberán declarar las ayudas que hayan solicitado o percibido por parte de otras Administraciones o entidades para la misma finalidad y objeto, tanto en el momento de la presentación de la solicitud como durante la tramitación del procedimiento.  
  
Base octava. Procedimiento de concesión  
1. De conformidad con el artículo 24 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19, el procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, concediéndose por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.  
2. El procedimiento se iniciará de oficio, con la publicación en el DOGV de la convocatoria pública, y le será de aplicación el régimen jurídico establecido en la misma, de acuerdo con el artículo 23.2 de la Ley General de Subvenciones.  
3. La información de cada convocatoria y los impresos normalizados de solicitud, anexos y resto de modelos estarán disponibles en la página web de la Generalitat, ww.gva.es, a partir de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Asimismo, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para su publicación en dicho portal, de conformidad con el artículo 20.8 de la LGS.  
  
Base novena. Órganos competentes para la convocatoria y tramitación del procedimiento  
1. La Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo podrá realizar diferentes convocatorias de ayudas, que serán publicadas en el DOGV, de conformidad con las consignaciones presupuestarias existentes.  
2. La Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, como órgano instructor, podrá realizar de oficio todas las actuaciones precisas para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deban formularse las correspondientes propuestas de resolución y recabar de la solicitante, organismos y entidades la aportación adicional de otros documentos, informes o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud formulada.  
3. Examinadas las solicitudes, el órgano instructor emitirá un informe o hará constar que se cumplen los requisitos necesarios para la concesión de las ayudas y formulará la propuesta de resolución de concesión al órgano competente para resolver.  
4. Con carácter general, todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de beneficiarias y verificación del cumplimiento de condiciones deben cumplir con las obligaciones relacionadas con la prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Se configuran como actuaciones obligatorias para los órganos gestores, la evaluación de riesgo de fraude, la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), siguiendo el modelo del anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, y la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses.  
  
Base décima. Resolución de las subvenciones  
1. Corresponde a la persona titular de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, u órgano en quien delegue, dictar la resolución de concesión de las ayudas.  
2. Se delega en la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo la resolución de las incidencias que puedan producirse con posterioridad a la resolución de las ayudas, incluidos los errores materiales, aritméticos o, de hecho.  
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese notificado resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de la Administración de resolver expresamente sobre la petición formulada.  
4. Las subvenciones se concederán por orden de presentación de solicitudes, una vez completado el expediente y, realizadas las comprobaciones de concurrencia de los requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria. A estos efectos, no se considerará presentada la solicitud hasta que se aporte toda la documentación requerida. En caso de coincidencia en la misma fecha, se priorizará la solicitud de subvención en función de la fecha de solicitud más antigua y, si tampoco se resolviera el empate, en función del número de expediente más bajo.  
5. La resolución se notificará a las personas solicitantes en los términos que se fijen en la convocatoria y de conformidad con la legislación vigente de procedimiento administrativo común, e incluirá en su caso, el importe de la ayuda equivalente de subvención en bruto, así como su carácter de minimis, haciendo referencia expresa al título y a la publicación del Reglamento en el DOUE.  
6. Las resoluciones se publicarán en el DOGV y se remitirán a la Base Nacional de Datos de Subvenciones para su publicación en dicho portal.  
7. El procedimiento podrá resolverse de manera parcial, a medida que las solicitantes presenten la totalidad de la documentación exigida.  
8. La resolución de concesión de las ayudas pone fin a la vía administrativa. Contra las mismas, la persona interesada podrá optar entre interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, conforme a la legislación vigente de procedimiento administrativo común, o bien, impugnarla directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir de su notificación, formulando para ello el correspondiente recurso administrativo al amparo de lo establecido en los artículos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
9. En los expedientes de gastos vinculados a la convocatoria se incluirá la cumplimentación por todo el personal que interviene en el procedimiento de concesión de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), de la Orden HFP/1030/2021, en línea con la prevención del fraude, así como la declaración responsable, por parte del órgano competente, de que estas ayudas respetan el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH).  
  
Base undécima. Presentación de solicitudes y documentación  
1. Las solicitudes se formularán en los modelos que se determinen en cada convocatoria que establecerá el procedimiento telemático para la presentación y tramitación de las mismas.  
Junto con la solicitud se presentará la liquidación de las ayudas, ejecutado el proyecto en su totalidad, de acuerdo con el presupuesto presentado y en los términos y plazos fijados para la concesión de la ayuda.  
2. Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan:  
a) Aportación de la documentación acreditativa de la identidad de la persona solicitante o de su representante, si se trata de una persona jurídica, en el caso de oponerse a la consulta de estas por parte del órgano gestor, de conformidad con el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el cual se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público, así como la autorización expresa a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, para que esta compruebe los datos del impuesto de actividades económicas, si procede, así como el domicilio fiscal de la solicitante.  
Cuando se trate de una persona jurídica se tendrá que aportar, además, documentación acreditativa e identificativa, que consiste en copia de la escritura de constitución/estatutos actualizada y sus posibles modificaciones, y acreditación de la inscripción en el Registro Mercantil o registro correspondiente, así como de la tarjeta de identificación fiscal. En caso de que esta haya sido aportada anteriormente y no haya sufrido ninguna variación, hará falta el certificado de la secretaría de la entidad acreditativo de que no se ha producido ningún cambio en la documentación identificativa de la entidad y de la vigencia del nombramiento de quien ostente la presidencia o su representación a fecha de presentación de la solicitud. Esta documentación no será necesaria cuando la persona que presente la solicitud sea la persona representante legal de la solicitante.  
b) Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre el impuesto de actividades económicas o copia del alta censal o declaración responsable sobre la no realización de ninguna actividad económica, si procede, en el caso de no conceder autorización expresa a la Conselleria.  
c) Datos de domiciliación bancaria: Si la cuenta bancaria no ha sido utilizada en las relaciones con esta Conselleria la entidad solicitante deberá dar de alta la domiciliación bancaria mediante el trámite automatizado establecido por la Generalitat en la Orden 2/2022, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se regulan las actuaciones o trámites de alta, modificación y baja de los datos personales identificativos y bancarios de las personas físicas y jurídicas que se relacionen económicamente con la Generalitat. En otro caso, se indicará el número de la cuenta anteriormente utilizada y dada de alta a estos efectos  
d) Autorización expresa a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, para que esta obtenga de forma directa a través de certificados telemáticos, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias. La Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo requerirá a la persona solicitante si la información obtenida presenta alguna incidencia para enmendarla.  
Sin embargo, la persona solicitante podrá denegar expresamente esta autorización y tendrá que aportar los certificados de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria Valenciana.  
Para la acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, la administración podrá consultar u obtenerla directamente, salvo que la persona interesada se opusiera a ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.1.d del Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Las personas que se opongan a esta consulta u obtención de datos tendrán que aportar la documentación acreditativa de que se encuentran al corriente de las mencionadas obligaciones.  
En el caso de solicitudes realizadas por las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sociedades civiles, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia, tendrán que presentarse los certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias de cada uno de los socios, comuneros o integrantes de estas entidades o la autorización para poder consultarlo de forma directa, a través de certificados telemáticos por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Cuando se trate de las obligaciones ante la Seguridad Social, la administración podrá consultar u obtenerlas directamente, salvo que los comuneros, socios o integrantes de estas entidades se opongan a ello.  
En este sentido, las certificaciones expedidas por las administraciones tributarias y por la Seguridad Social tendrán una validez de seis meses desde la fecha de su expedición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 del Real decreto 887/2006, por el cual se aprueba el Reglamento de la LGS.  
e) Declaración responsable de no ser deudora por reintegro de subvenciones.  
f) Declaración responsable que acredite que la solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria establecidas en el artículo 13 de la LGS, cumple con los requisitos exigidos en la normativa reguladora, dispone de la documentación que así lo acredita y se compromete a mantener su cumplimiento hasta la finalización del procedimiento.  
g) Declaración responsable de no haber recibido ni solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad o, en su caso, relación de entidades a las cuales se hayan solicitado o de las cuales se hayan obtenido, con indicación de la cantidad solicitada o concedida, fecha de concesión en su caso y normativa en que se ampara.  
h) Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, cuando la solicitante de la subvención ejerza actividad empresarial, en caso contrario, declaración de estar exenta. En cualquier caso, se indicará el porcentaje de personas trabajadoras con diversidad o discapacidad en relación con su plantilla, a día anterior a la publicación de cada convocatoria, o se incluirá compromiso por escrito de contratar un porcentaje mayor de ellas durante el ámbito temporal de la ayuda.  
i) En su caso, declaración responsable de las ayudas de minimis concedidas por cualquier proyecto a la empresa o entidad solicitante, incluidos los costes para los que se solicita apoyo, durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara; o en su caso, declaración de no haber recibido ninguna.   
j) Declaración responsable de no haber sido sancionada por resolución administrativa firme, conforme a lo establecido en el título VI de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.  
k) No haber sido sancionada por resolución administrativa firme por alguna de las infracciones calificadas como muy graves en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.  
l) Declaración responsable del cumplimiento del principio DNSH, de acuerdo con los modelos establecidos en la Guía DNSH del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  
m) Declaración responsable del compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR, siguiendo el modelo del anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.  
n) Modelo de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).  
o) Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (en adelante OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la fiscalía europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.  
3. Asimismo, deberá acreditarse la condición de pyme mediante la aportación de la siguiente documentación, tanto de la propia empresa, como, en su caso, de las empresas asociadas o vinculadas a esta:  
a) Código de actividad del Impuesto de Actividades Económicas o CNAE al que pertenece.  
b) Certificado emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, en el que se indique el número anual medio de personas trabajadoras empleadas por la empresa durante los tres últimos años de todos los códigos de cuenta de cotización (CCC) que tenga la entidad beneficiaria, o documento equivalente.  
c) Balance general anual o cuenta de pérdidas y ganancias del último ejercicio cerrado, con acreditación de la aprobación de las mismas por el órgano competente, y en su caso, su depósito en el correspondiente Registro Mercantil. En caso de no tener obligación de presentación de cuentas anuales, documentación acreditativa equivalente relativa a la presentación de declaraciones de IVA e IRPF. En empresas que no hayan cerrado aún sus cuentas por primera vez, certificado de la propia empresa sobre el estado de las cuentas a la fecha de publicación de la convocatoria, o documento equivalente.  
4. Las empresas dedicadas al comercio no sedentario deberán presentar declaración responsable sobre los mercadillos en los que participa con carácter habitual o las rutas de comercio itinerante en vehículos-tienda que realiza.  
5. En el caso de las asociaciones deberán aportar, además:  
a) Solicitud de inscripción registral para aquellas asociaciones, federaciones y confederaciones de nueva constitución.  
b) Acuerdo de los órganos competentes de la asociación, federación o confederación por el que se decide solicitar la ayuda.  
c) Declaración firmada electrónicamente por la persona que ostente la representación de la entidad, en la que se indique un listado de todos sus asociados, detallando para cada uno de ellos, el nombre del local, actividad que desarrolla y su código según la clasificación del IAE o CNAE.  
6. Junto con la solicitud se presentará la documentación para la liquidación de las ayudas, que se realizará mediante cuenta justificativa, conteniendo lo siguiente:  
a) Relación detallada de las actuaciones realizadas, apoyadas por la subvención, con indicación de cada uno de los gastos incurridos (con identificación de la acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago), manifestando expresamente que se ha cumplido el objeto de la subvención y que los bienes o mejoras se destinarán a los fines concretos para los que se concedió la subvención por un periodo no inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes.  
b) Justificación de los gastos y pagos realizados.  
b.1. Justificantes de los gastos realizados: facturas y otros documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, justificativos del gasto efectuado, expedidos de acuerdo con la normativa vigente. Las facturas deberán contar con los datos formales que exige para su expedición el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento que regula las obligaciones de facturación. También se presentará documentación acreditativa de su pago: recibos, transferencias o cargos bancarios o, si procede, copia de los efectos mercantiles entregados al proveedor o acreedor garantizados por una entidad financiera o compañía de seguros. No podrán acreditarse pagos en efectivo con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.  
  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2 de la LGS, se considerará gasto realizado, con carácter general, el gasto aprobado que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación que se determine en la convocatoria o resolución de concesión.  
b.2. Cuando el importe de la subvención concedida sea superior a los 50.000 euros, o bien sea inferior a dicha cantidad y la beneficiaria así lo prefiera, los documentos citados en el apartado anterior se sustituirán por un informe de profesional de auditoría de cuentas inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que contendrá la siguiente documentación:  
- Memoria de actuación, suscrita por la beneficiaria, justificativa del cumplimiento de las condiciones de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.  
- Informe de auditoría en el que detallará las comprobaciones realizadas y hará constar todos aquellos hechos o excepciones que pudieran suponer un incumplimiento por parte de la beneficiaria de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la percepción de la subvención, debiendo proporcionar la información con suficiente detalle y precisión para que el órgano gestor pueda concluir al respecto. Dicho informe contendrá los extremos y estructura establecidos en el artículo 7 de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la LGS.  
Para emitir este informe, la persona auditora deberá comprobar:  
  
- La adecuación de la cuenta justificativa de la subvención presentada por la beneficiaria y que la misma haya sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.  
- El contenido de la memoria de actuación, estando alerta ante la posible falta de concordancia entre la información contenida en esta memoria y los documentos que hayan servido de base para realizar la revisión de la justificación económica.  
- Que la información económica está soportada por una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con identificación de la acreedora y del documento -facturas-, su importe total y el imputado a la subvención, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.  
- Que la entidad dispone de los documentos acreditativos de los gastos justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables.  
- Que los gastos que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones y que se produce la necesaria coherencia entre los gastos justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.  
- Que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor, en aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.  
- Que no se han realizado subcontrataciones de la actividad subvencionada, fuera de los casos permitidos en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, artículo 68 de su Reglamento y estas bases reguladoras.  
- Que no se han concedido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, que sean incompatibles o que superen los costes de la actividad subvencionada.  
Al término de su trabajo la persona auditora solicitará a la entidad beneficiaria una carta, firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado a la auditora acerca de todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la subvención.  
También se incluirán las manifestaciones que sean relevantes y que sirvan de evidencia adicional a la persona auditora sobre los procedimientos realizados.  
c) Documentación que acredite la realización del material gráfico, audiovisual y, en su caso, de cualquier acción (promocional, formativa, informativa o divulgativa) subvencionada. En ellos deberá hacerse constar el apoyo de la Generalitat y esta Conselleria y los logos y emblemas de la Unión Europea.  
d) Cuando el importe del gasto subvencionable alcance o supere la cuantía de 40.000 euros, cuando se trate de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de suministro o de servicios, ambas cantidades IVA excluido, la beneficiaria deberá aportar también justificación de haber solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, y justificación de la elegida cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.  
7. En cada convocatoria, además, se podrá solicitar la aportación de documentación adicional.  
8. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en la legislación vigente de procedimiento administrativo común o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta Orden resulte exigible, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistida de su petición.  
9. En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, la solicitante podrá alegar este extremo, de conformidad con la legislación vigente de procedimiento administrativo común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios siempre que sean asimismo acreditativos del cumplimiento de los requisitos requeridos.  
10. El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la correspondiente convocatoria y, con carácter general, no será inferior a 15 días naturales ni superior a un mes.  
  
Base duodécima. Concesión y pago de las subvenciones  
1. Se concederán las ayudas por orden de presentación de las solicitudes, una vez revisadas y verificado que cumplen con los requisitos exigidos, hasta agotar el límite del crédito disponible en la convocatoria.  
2. Sobre la cantidad justificada y aprobada, una vez verificado lo presentado por la beneficiaria, se aplicará el porcentaje de apoyo concedido.  
3. El pago de estas ayudas se realizará en el ejercicio 2023 con cargo al presupuesto aprobado para dicho ejercicio.  
  
Base decimotercera. Comprobación y control de las subvenciones  
1. Se llevará a cabo el control de la realización de las actividades subvencionadas mediante la comprobación y control material de la documentación administrativa y de carácter económico justificativa del importe concedido y del resto de documentación aportada relativa a la actuación subvencionada, que al efecto se ha establecido en las presentes bases como de aportación preceptiva por la persona beneficiaria, para el pago de la ayuda, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 de la LHPS.  
2. El control administrativo y material se realizará sobre el 100 % del total del pago que se proponga. En este caso, tratándose de inversiones se comprobará, además, la efectiva realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad mediante visita, por el personal del órgano concedente, en el lugar y fecha indicados por la beneficiaria para la realización de la actividad, sobre al menos el 50 % de los proyectos subvencionados, seleccionados de manera aleatoria.  
3. El órgano concedente podrá realizar visitas, en el lugar y fecha indicados por la beneficiaria para la realización de la actividad, y solicitar toda aquella documentación e información, que considere necesaria tanto para la evaluación de la actuación como para verificar la adecuación a la finalidad del gasto efectuado. Asimismo, las beneficiarias se comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, se efectúen. La oposición a la realización de estas comprobaciones e inspecciones podrá constituir causa de reintegro de la ayuda, sin perjuicio de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.  
4. El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación.  
5. La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia podrán acceder a la información contenida en el Registros de Titularidades Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, así como a cualquier otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los titulares reales.  
5. A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los Sistemas de los Fondos Europeos.  
  
Base decimocuarta. Publicidad e información  
1. Las beneficiarias de la ayuda deberán cumplir con las obligaciones en materia de publicidad e información establecidas en el Acuerdo de Financiación entre la Comisión Europea y el Reino de España y en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
2. Para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Acuerdo de Financiación, en todos los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc., se deberán incluir los siguientes logos que pueden encontrarse en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual:  
a) El emblema de la Unión Europea  
b) Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea - Next Generation EU» junto al logo del PRTR  
c) Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag\_es#download  
  
  
Base decimoquinta. Revocación y reintegro de las subvenciones y régimen sancionador  
1. Dará lugar a la revocación de la subvención el incumplimiento por la beneficiaria de cualquiera de los requisitos, condiciones, la alteración de alguna de las características sustanciales y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas a la persona beneficiaria y el incumplimiento en la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública recibida. Cuando figuren en el expediente o sean tenidos en cuenta en dicha resolución otros hechos u otras alegaciones que las aducidas por a la persona interesada se le garantizará el derecho a la audiencia en los términos y con los efectos fijados en la legislación vigente de procedimiento administrativo común.  
2. Dará lugar a la incoación por el órgano competente para la concesión de las ayudas, del correspondiente expediente que podrá finalizar en su caso, con la revocación de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención, la constatación del incumplimiento por la persona beneficiaria de cualquiera de los requisitos, condiciones, la alteración de alguna de las características sustanciales y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas a la beneficiaria o de los compromisos asumidos por la misma, una vez autorizado el libramiento de la subvención o esta esté efectivamente abonada. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho de la persona interesada a la audiencia.  
Procederá, así mismo, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente cuando concurran las causas legalmente establecidas en los artículos 36 y 37 de la LGS, de 17 de noviembre y en el artículo 172 de la LHPS.  
Asimismo, el incumplimiento de las condiciones asociadas al principio DNSH por parte de las entidades beneficiarias de la ayuda también supondrá la revocación de las ayudas o el reintegro de las cuantías percibidas.  
El procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas se ajustará a las previsiones contenidas en el artículo 172 de la LHPS.  
4. El régimen sancionador se aplicará por la comisión de infracciones administrativas contempladas en la normativa básica estatal a aquellos sujetos que sean responsables de las mismas y se regirá por lo dispuesto en el capítulo IV del título X de la LHPS.  
  
Base decimosexta. Protección de datos de carácter personal  
1. La gestión de las ayudas previstas en las presentes bases comporta el tratamiento de datos de carácter personal relativas a representantes, teniendo que cumplirse con las medidas y garantías reguladas en la normativa en materia de protección de datos, especialmente el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
2. En el diseño de la solicitud, de los formularios, de la aportación documental, en las publicaciones y otros actos administrativos deberán tenerse en cuenta los principios de protección de datos. En concreto, los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo que sea necesario en relación con los fines para los que son tratados.  
3. En la convocatoria se incluirá la información que tiene que facilitarse a las personas interesadas en relación con sus datos de carácter personal, de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 11 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.  
Cuando la persona solicitante, o su representante legal, aporte datos de carácter personal de terceras personas en el procedimiento administrativo tendrá la obligación de informarlas de los siguientes aspectos:  
- La comunicación de estos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.  
- La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otras cuestiones, su veracidad. Si esta consulta requiere autorización por ley por parte de las personas cuyos datos se consultarán, la persona solicitante, o su representante legal, tendrá que haber solicitado esta autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.  
  
- La posibilidad y manera de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición que lo asisten en relación con el tratamiento de sus datos personales.  
  
Base decimoséptima. Verificación de datos  
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados por las personas interesadas con la finalidad de comprobar la exactitud de estas.  
La potestad de verificación incluye verificar la identidad de la persona solicitante o, si es el caso, de su representante legal y consultar los siguientes datos que constan en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): las subvenciones y ayudas que le han sido concedidas, incluyendo aquellas a las que se aplica la regla de minimis, y que la persona solicitante no está inhabilitada para percibir subvenciones.  
  
  
ANEXO II  
Convocatoria de ayudas en el ejercicio 2022  
  
Primero. Objeto de la convocatoria, condiciones y finalidad de la concesión  
1. Se convocan ayudas en materia de comercio, en los términos establecidos en las bases reguladoras incluidas en el anexo I de esta resolución, destinadas a apoyar e impulsar la competitividad y modernización, a través de la transformación digital y sostenible de las de las pequeñas y medianas empresas de comercio minorista.  
2. La finalidad de estas ayudas es financiar el desarrollo de planes y proyectos de contenido tecnológico, innovador y sostenible que, presentados por las pequeñas y medianas empresas de comercio al por menor, ya sea de manera individual o a través de sus asociaciones, incidan en la gestión de la actividad comercial y en su modelo de negocio, garantizando su adaptación a los nuevos hábitos de consumo, modalidades de venta, posicionamiento y distribución, haciendo a las empresas más competitivas y resilientes. Los proyectos elegibles habrán de cumplir con el principio de «no causar un perjuicio significativo» a objetivos medioambientales en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
3. La convocatoria se enmarca en la inversión 4, apoyo al comercio, del Componente 13, Impulso a la PYME, del Plan de Recuperación, y contribuirá a los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de recuperación y resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.  
4. El pago de la ayuda se ordenará según lo dispuesto en la base duodécima del anexo I de la presente resolución.  
5. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la concesión.  
6. Las ayudas reguladas en esta resolución, en aplicación del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, son compatibles con el mercado interior y no es necesaria la notificación de estas a la Comisión Europea, puesto que no cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 107 TFUE, dado que estas ayudas se acogen al régimen de minimis, y, por lo tanto, están sometidas al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352, de 24.12.2013), modificado por el Reglamento (UE) núm. 2020/972 de la Comisión, de 2 de julio de 2020, por el cual se modifica el Reglamento (UE) núm. 1407/2013, respecto a su prórroga y, el Reglamento 651/2014, en cuanto a su prórroga y a los ajustes pertinentes (DO L 215, de 07.07.2020). En consecuencia, las beneficiarias no podrán obtener ayudas acogidas a este régimen cuyo importe acumulado en un periodo de tres ejercicios fiscales supere el límite de 200.000 euros.  
  
Segundo. Financiación  
1. Las ayudas recogidas en la presente convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el proyecto de Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023, se financiarán con cargo a la línea presupuestaria que se indica, hasta un importe global máximo, atendiendo al carácter anticipado de su tramitación, de cuatro millones ochocientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y cinco euros (4.828.435 euros) y su tramitación quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las subvenciones en la Ley de presupuestos de la Generalitat que resulte aprobada para el ejercicio 2023, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56.2 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Estas ayudas se concederán con cargo al crédito consignado en el presupuesto de gasto de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en la correspondiente línea de subvención del capítulo 7, con el siguiente desglose:  
a) Línea de ayudas destinada a pymes del sector comercial: un importe global máximo estimado de 3.500.000 euros con cargo a la línea presupuestaria S9034, de capítulo 7.  
b) Línea de ayudas destinada a asociaciones sin ánimo de lucro: un importe global máximo estimado de 1.328.435 euros con cargo a la línea presupuestaria S9034, de capítulo 7.  
2. Esta convocatoria está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, y en el artículo 37 del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación.  
3. La dotación de esta convocatoria podrá incrementarse si concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 11 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat. La convocatoria podrá ser incrementada en una cuantía máxima adicional, que se fija en quince millones de euros (58.682.980 ?), sin necesidad de realizar una nueva convocatoria, si concurre alguna de las circunstancias previstas en dicho artículo 11. En todo caso, dicho incremento queda condicionado a la declaración de disponibilidad del crédito que deberá ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Esta publicidad no implicará la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo para resolver.  
  
Tercero. Procedimiento de concesión de las ayudas.  
El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia no competitiva, por orden de presentación de solicitudes, entre las presentadas por las potenciales beneficiarias establecidas en la base quinta del anexo I de la presente resolución, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.  
  
Cuarto. Beneficiarias  
Podrán acogerse a las ayudas que se convocan en la presente resolución, las pequeñas y medianas empresas del comercio minorista y las asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial que cumplan los requisitos establecidos para cada tipo de ayuda en la base quinta del anexo I de la presente resolución.  
  
Quinto. Obligaciones de las beneficiarias  
1. Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con las obligaciones a que se refiere la base reguladora sexta de esta resolución.  
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones, europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:  
a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en virtud del artículo 22.2.e del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero.  
b) Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero. Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.  
c) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de consecución de cada actuación.  
d) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.  
e) Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.  
En este sentido, las perceptoras de la ayuda deberán conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir de la operación. Este período será de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.  
f) Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.  
g) Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.  
h) En la ejecución de las actuaciones subvencionadas no se perjudicará significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.  
3. Asimismo, deben cumplir con las obligaciones de información y publicidad indicadas en la base decimocuarta.  
  
Sexto. Solicitudes y documentación  
1. Las entidades solicitantes deberán presentar una solicitud de ayuda única por establecimiento, que podrá englobar una o varias de las categorías de gastos susceptibles de ser subvencionados indicados en la base tercera del anexo I de la presente resolución. Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse individualmente en la memoria a presentar junto con la solicitud. En caso contrario, no serán tenidos en cuenta en la configuración del gasto financiable. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases reguladoras.  
2. Las solicitudes, según el modelo normalizado disponible en el correspondiente trámite telemático según la ayuda que se pretenda solicitar, de las reguladas en esta convocatoria, se presentarán únicamente por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es), a la GUIA PROP, Trámites y servicios, de acuerdo con lo previsto en la base undécima de las bases reguladoras y en aplicación de lo que se dispone en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (de ahora en adelante LPACAP). Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento diferente del aquí descrito, será inadmitida.  
a) Las personas jurídicas y las entidades tendrán que rellenar la solicitud, accediendo con la firma digital de representante de entidad emitida por cualquiera de las entidades admitidas en el portal electrónico de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/web/sede\_electronica/sede\_certificados), o certificado digital de su representante que tendrá que inscribirse en el Registro de Representantes de la Generalitat.  
b) Las personas físicas tendrán que rellenar la solicitud accediendo con la firma digital de ciudadanía o a través de un representante inscrito en el Registro de Representantes, en los mismos términos que en el párrafo anterior.  
3. En la página web de la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es) consta la información sobre las firmas digitales admitidas y las instrucciones para la tramitación telemática de la solicitud y posteriores aportaciones de documentación, si procede.  
4. Hay una dirección electrónica de asistencia técnica generalitat\_en\_xid@vft.vt destinada a solucionar cualquier problema técnico relacionado con la presentación telemática de esta solicitud.  
5. A la solicitud, y al anexo correspondiente según la ayuda solicitada, se adjuntará la documentación que sea procedente, de la indicada en la base undécima de esta resolución, y de la específica que pueda exigirse en las mencionadas bases reguladoras en cada una de las ayudas que se convoquen. Aquella documentación que tenga que presentarse firmada, se tendrá que presentar con la firma de representante de entidad o ciudadanía, según corresponda, y se aportará por vía telemática. Cuando la solicitud y la documentación las presente una persona física, una persona jurídica o una entidad que actúe en nombre propio, no a través de representante, se entenderá firmada la documentación remitida, excepto en los documentos en que expresamente se requiera la aportación firmada por una persona con cargo o representación específica. En este caso tampoco habrá que aportar la documentación acreditativa e identificativa de la entidad y de su representante legal.  
6. Los modelos de anexos, declaraciones responsables y certificados requeridos en las bases reguladoras estarán disponibles en la GUÍA PROP, Trámites y servicios, a partir de la publicación de esta convocatoria en el DOGV.  
7. La enmienda o la aportación telemática de documentación podrá hacerse utilizando el siguiente trámite de la GUÍA PROP Aportación de documentación a un expediente abierto de ayudas de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos'id\_proc=15867  
  
Séptimo. Plazo de presentación de las solicitudes y justificación de las ayudas  
1. El plazo para la presentación de solicitudes, en la forma establecida en los puntos 1 y 2 de la base undécima y el resuelvo quinto de esta convocatoria, para las ayudas convocadas mediante esta resolución, será desde el día 10 de enero hasta el 3 de febrero de 2023, ambos inclusive.  
  
2. Junto con la solicitud se presentará la justificación de las ayudas, de acuerdo con la base undécima de la regulación contenida en el anexo I de la presente resolución. Se considerarán apoyables las actuaciones realizadas desde el 1 de enero de 2022, hasta la fecha de presentación de la solicitud, siempre que se trate de gastos subvencionables y efectivamente pagados con anterioridad a la presentación de la ayuda, de conformidad con las bases reguladoras del anexo I.  
  
Octavo. Criterios de valoración  
Las solicitudes se tramitarán de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y la concesión se efectuará en régimen de concurrencia no competitiva, de acuerdo con lo establecido en las mencionadas bases reguladoras, por orden de presentación de solicitudes, hasta agotar el crédito disponible. A estos efectos, no se considerará presentada la solicitud hasta que se aporte toda la documentación requerida y el expediente esté completo.  
  
Noveno. Publicación de la resolución  
1. Las resoluciones de concesión se publicarán en el DOGV en los términos establecidos en la base décima, y con los efectos establecidos en la LPACAP. Para avisar de la publicación de las resoluciones de notificación en el DOGV, se enviará un correo electrónico al indicado en la solicitud.  
2. Esta publicación sustituirá a la notificación, y tendrá los mismos efectos. La fecha de la publicación será la que se considere a efectos de notificación.  
3. La resolución de concesión de las ayudas pone fin a la vía administrativa. Contra las mismas, la persona interesada podrá optar entre interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, conforme a la legislación vigente de procedimiento administrativo común, o bien, impugnarla directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir de su notificación, formulando para ello el correspondiente recurso administrativo al amparo de lo establecido en los artículos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
València, 21 de diciembre de 2022.- El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo: Rafael Climent González.