Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6286, del 10-06-2010 (2010/5472)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal de desahucio por falta de pago número 305/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6286

Fecha DOGV
:   10-06-2010

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2010/5472


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Castellon de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal de desahucio por falta de pago número 305/2010. [2010/5472]  
Juicio verbal (desahucio por falta de pago) 000305/2010  
De: Renau Alquileres y Servicios, SL.  
Procuradora: Elena Sánchez Rodríguez  
Contra: Laurentina Marilena Otelea y Stefan Romeo Ogrezeanu.  
En el presente procedimiento juicio verbal desahucio seguido a instancia de Renau Alquileres y Servicios, SL, frente a Laurentina Marilena Otelea y Stefan Romeo Ogrezeanu se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:   
«Sentencia número 85/2010   
Castellón de la Plana, 5 de mayo de 2010  
Vistos ante mí, Víctor Calatayud Chollet, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón, los presentes autos de juicio verbal por desahucio de vivienda y reclamación de rentas, promovidos por la procuradora Elena Sánchez Rodríguez, en representación de Renau Alquileres y Servicios, SL, dirigida por la letrada María Teresa Ferrando Esteve, contra Laurentina Marilena Otelea y Stefan Romeo Ogrezenau, declarados en rebeldía, resuelvo con base en los siguientes:   
Antecedentes de hecho:   
Primero. En fecha 3 de febrero de 2010 se presentó por la procuradora Elena Sánchez Rodríguez, en la representación acreditada demanda de juicio verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas contra Laurentina Marilena Otelea y Stefan Romeo Ogrezenau, en la que, con base en los hechos y razonamientos jurídicos que se estimaron procedentes al caso, instó que se declare resuelto por falta de pago de las rentas y cantidades asimiladas el contrato de arrendamiento que ligaba a las partes y que tenía por objeto el inmueble sito en la calle Tomás Viciano Rebollar Violinista, número 2, escalera 8, bajo, puerta 73, y la plaza de garaje y trasteros anexos inseparables identificados con el número 73, que se condene a Laurentina Marilena Otelea y Stefan Romeo Ogrezenau a estar y pasar por esta resolución y a que dejen libre, vacua y a disposición de la parte actora el referido inmueble, y, a que paguen a la actora la cantidad de 1.223,04 euros, se correspondían a rentas adeudadas hasta la fecha de presentación de la demanda, más las rentas y cantidades asimiladas que venzan hasta el lanzamiento, todo ello con expresa imposición de costas.   
Segundo. Por medio de auto de 27 de febrero de 2010, se acordó admitir a trámite la demanda y conforme a lo previsto en el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil citar a las partes para la celebración de la vista, haciendo saber a la parte demandada que de no comparecer a la vista se declarará el desahucio sin más trámites.   
Tercero. El juicio ha tenido lugar el día 5 de mayo de 2010, compareciendo la parte actora asistida de letrado y procurador, no compareciendo los demandados pese a haber sido citados y llamados en legal forma.   
En la propia vista la parte actora, ha insistido en su voluntad de desistir de la acción de desahucio ejercitada dado que los demandados abandonaran el inmueble el día 28 de febrero de 2010. Asimismo ha solicitado que la condena incluya la condena al pago de las rentas vencidas y cantidades asimiladas devengadas con posterioridad a la presentación de la demanda.  
Recibido el pleito a prueba y practicada con el resultado que obra en los autos, estos quedaron vistos para sentencia, habiéndose observado en la tramitación de este procedimiento todas las prescripciones legales.   
Fundamentos de derecho:  
Primero. Ejercita la parte actora en el presente procedimiento acción de desahucio de finca urbana por falta de pago de la renta estipulada, de la que ha desistido, y reclamación de las rentas debidas.   
Las pretensiones de la mercantil Renau Alquileres y Servicios, SL, se fundan en que las partes hoy litigantes suscribieron, la actora en calidad de arrendador y Laurentina Marilena Otelea y Stefan Romeo Ogrezenau de parte arrendataria, en fecha 26 de enero de 2009 contrato de arrendamiento destinado a vivienda, sobre el inmueble sito en la calle Tomás Viciano Rebollar Violinista, número 2, escalera 8, bajo, puerta 73, y la plaza de garaje y trasteros anexos inseparables identificados con el número 73, por una renta mensual de 310 euros, más los gastos de comunidad de propietarios que fecha de interposición de la demanda se elevaban a 60 euros mensuales, habiendo dejado de abonar los demandados, la renta y gastos de comunidad correspondientes a los meses de marzo de 2009, julio a diciembre de ese mismo año y enero de 2010 (2.960,00 euros), los recibos de electricidad de febrero y marzo, mayo, y julio a diciembre de 2009 (448,32 euros), 159,35 euros correspondientes al IBI de la vivienda y garaje, 102,17 euros por recibos de suministro de agua de marzo, junio y septiembre de 2009, más otros 23,20 euros de gastos generados por los impagos. Igualmente los arrendatarios fueron efectuando ingresos a cuenta por importe total de 2.470,00 euros, por lo que la suma total adeudada al tiempo de interponerse la demanda se limita a 1.223,04 euros. En prueba de cuanto se afirma en el escrito de demanda, se acompaña: el contrato de arrendamiento (documento número 1), recibos de renta, devoluciones bancarias y gastos por devolución (d. 2 y 2A a 8 y 8A), recibos del 1.8.1. (d. 9 y 10), recibos por suministro eléctrico (d. 11 y 11A a 19 y 19A) y recibos por suministro de agua (d. 20 y 20A a 22 y 22A).   
En el acto de la vista se ha extendido la reclamación a la renta del mes de febrero de año en curso, que tras la actualización aplicada, se eleva a 375,12 euros, y a las cantidades asimiladas a renta, a las que se refieren los documentos aportados en la vista, que se elevan a otros 954,35 euros, de los que debe deducirse el abono a cuenta de 300,00 euros que se reconoce haber recibido. De la factura de Iberdrola aportada en la vista como documento 4, se ha deducido prudencialmente la mitad de su importe dado que la misma comprende un periodo de 15 días durante los cuales los demandados ya no ocupaban el inmueble.   
Segundo. Habiendo desistido la parte actora de la acción ejercitada de desahucio de finca urbana por falta de pago de la renta estipulada, tan solo subsisten las acciones de resolución del contrato y de reclamación de las rentas debidas.   
Tercero. Citadas las partes al juicio los demandados no han comparecido pese a haber sido citados en forma legal situándose en posición de rebeldía procesal, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resulta procedente dictar sentencia acordando la resolución del contrato con el consiguiente desahucio.  
Cuarto. Frente a la acción ejercitada por la no comparecencia de la parte actora, los demandados se han limitado a una actitud pasiva. Precisamente la no comparecencia de la parte demandada, determina la declaración y en situación de rebeldía de la misma. Como se expone en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Octava, de 7 de junio de 2005: «La situación de rebeldía, conforme reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial, no supone ni el allanamiento del demandado o renuncia a la oposición, como tampoco la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión, que liberaría al actor de la carga de probar los que sirvan de soporte a su demanda, de manera que el promotor del proceso ha de desarrollar la actividad probatoria que entienda necesaria para que su acción llegue a buen término. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, siguiendo la doctrina jurisprudencial antes expuesta, ha venido a recoger en el artículo 496.2 dichos principios, al decir que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la Ley expresamente disponga lo contrario. «No obstante, como se precisa en la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Segunda, de 16 de octubre de 1998 [...] también debe decirse que situándose voluntariamente el demandado en esa cómoda posición procesal, la exigencia de un rigor excesivo en las probanzas del actor, no resulta equitativo ya que, precisamente por esa actitud de la contraparte, el demandante se ve privado de los habituales medios probatorios de mayor entidad (absolución de posiciones del demandado, cotejo de letras, etc.).» Atendiendo a lo expuesto y, a la vista del voluntario e indolente proceder de los demandados, que han adoptado una conducta de absoluta pasividad ante la presente reclamación, así como la documental adjunta al escrito de demanda, y la aportada en el acto de la vista, que no ha sido impugnada, deben tenerse por ciertos los hechos de la demanda, debiendo considerase que la cantidad reclamada en este proceso es la debida por los demandados al no constar datos, hechos o circunstancias diferentes de las presentadas por la actora y de las que se desprendan hechos extintivos, impeditivos o excluyentes de la deuda solicitada. En definitiva, la parte actora ha acreditado suficientemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los hechos generadores de la deuda, mientras que los demandados no han acreditado hecho extintivo, excluyente o impeditivo del nacimiento de la obligación que les vinculaba con la actora.   
Quinto. Puesto que se adeudan las rentas objeto de reclamación, siendo el pago de la renta la principal obligación del arrendatario (artículos 1543 y 1555 del Código Civil y 27.2.a de la Ley de Arrendamientos Urbanos), procede la condena de los demandados al pago de las rentas y cantidades asimiladas adeudadas a fecha de presentación de la demanda, ascendiendo su importe a la suma de 1.223,04 euros, así como al pago de 1.029,47 euros, correspondientes a adeudas posteriores a la demanda hasta la fecha de recuperación del inmueble el 28 de febrero de 2010, y todo ello en aplicación de los citados preceptos, de las cláusulas cuarta y sexta del contrato y de los artículos 1258 y 1901 del Código Civil, estableciendo el primero de ellos que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y el segundo, que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.   
Sexto. Según resulta del artículo 1.101 del Código Civil, queda sujeto a indemnización de los daños y perjuicios el que contraviniere el tenor de la obligación contraída por incurrir en morosidad en su cumplimiento; mora que comienza, a tenor del precedente artículo 1100, desde la exigencia judicial o extrajudicial de la prestación por el acreedor. Consistiendo la obligación en el pago de una cantidad de dinero, aquella indemnización se identifica por el artículo 1108 del mismo cuerpo legal, para el caso de mora, con la cuantía de los intereses convenidos, y en defecto de éstos, con el interés legal. De la conjunta aplicación de los tres preceptos citados se desprende que las cantidades que por esta sentencia se declaran adeudadas devengarán el interés legal desde la fecha de la interposición de la demanda, en cuanto a las reclamadas en la demanda, y las restantes desde su exigibilidad, incrementándose en dos puntos el mencionado rédito desde la data de la presente resolución hasta su completa ejecución, tal y como establece el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.   
Séptimo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales se imponen a la parte demandada al ser estimadas las pretensiones de la actora en su integridad.   
Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación,   
Fallo  
Que estimando como estimo íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora Elena Sánchez Rodríguez, en nombre y representación de Renau Alquileres y Servicios, SL, contra Laurentina Marilena Otelea y Stefan Romeo Ogrezenau:   
1. Declaro resuelto por falta de pago de las rentas y cantidades asimiladas el contrato de arrendamiento que ligaba a las partes y que tenia por objeto el inmueble sito en la calle Tomás Viciano Rebollar Violinista, número 2, escalera 8, bajo, puerta 73, y la plaza de garaje y trasteros anexos inseparables identificados con el número 73.   
2. Condeno a los demandados a estar y pasar por esta resolución.   
3. Condeno a los demandados a que paguen a la actora, de forma solidaria, la cantidad de mil doscientos veintitrés euros con cuatro céntimos (1.223,04 euros), en concepto de rentas y cantidades asimiladas impagadas a fecha de presentación de la demanda, mil veintinueve euros con cuarenta y siete céntimos (1.029,47 euros), en concepto de rentas y cantidades asimiladas adeudadas desde la interposición de la demanda hasta el desalojo y, los intereses vencidos y que venzan en los términos establecidos en el fundamento de derecho sexto de la presente resolución.   
4. Condeno a la parte demandada al pago de las costas procésales causadas.   
Notifíquese la presente resolución a las partes en los términos acordados, advirtiéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, que se preparará mediante escrito dirigido a este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles desde su notificación y, con los requisitos del artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo constituir el depósito de 50 euros exigido por la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.  
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, incluyéndose la original en el libro de sentencias.  
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.  
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez que la suscribe, estando constituido en audiencia pública, en el día de su fecha, de lo que hoy doy fe».   
Y encontrándose dicho demandado, Laurentina Marilena Otelea y Stefan Romeo Ogrezeanu, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.   
Castellón de la Plana, 6 de mayo de 2010.- El secretario judicial: Alexandre Ros Ros.