Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3731, del 14-04-2000 (2000/2633)

Recurso ordinario con el número de referencia interna R-176/1999. Notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3731

Fecha DOGV
:   14-04-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/2633


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso ordinario con el número de referencia interna R-176/1999. Notificación. [2000/Q2633]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Antonio Lara Bautista, representante de Promociones y Construcciones Loar, SL, avenida de Burriana, 15, 3 (12203 Castellón de la Plana), la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-176/1999.
  
«Resolución
  
Examinados los recursos ordinarios formulados por don Manuel Romaní Suay y por don Enrique Corujo Gabaldón, en representación de don Juan Manuel Requena Puertas, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón en el expediente de construcción número 12/1/0024/1990.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Por doña Elisa Dols Gimeno y don Mateo Delgado Sancho, se presentó denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón por deficiencias constructivas en las viviendas de protección oficial sitas en Castellón de la Plana, calle de Juan Ramón Jiménez, número 20, enviándose a un perito de dicho organismo emitiendo informe, en base al que se acordó la incoación de expediente sancionador contra la promotora, constructora así como contra los facultativos de la obra, con traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
2. El instructor del expediente sancionador dictó propuesta de resolución en la que entendiendo probada la comisión de dos infracciones muy graves del artículo 153.c.4 y 6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, proponía la imposición de dos sanciones pecuniarias de 250.000 pesetas a cada uno de los expedientados, así como la orden de obras a la promotora de subsanación de las deficiencias recogidas en el pliego de cargos.
  
3. El jefe del Servicio Territorial dictó resolución en la que modificaba la propuesta, entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 153.c.6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, imponiendo una multa de 250.000 pesetas a la promotora y constructora, y una de 100.000 pesetas al arquitecto y aparejador, con orden de obras de subsanación de las deficiencias a Promociones y Construcciones Loar, SL.
  
4. Contra dicha resolución interpone en tiempo y forma recurso de ordinario don Manuel Romaní Suay y por don Enrique Corujo Gabaldón, en representación de don Juan Manuel Requena Puertas, con las alegaciones que constan en los mismos y que se dan aquí en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y del PAC), como por lo establecido en el Decreto 32/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano (DOGV número 3.218, de 6 de abril).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y del PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
3. Solicitan los recurrentes que se revoque y deje sin efecto la resolución recurrida por la caducidad del expediente a tenor del artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en relación con el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como la inexistencia de infracción y la necesidad de demostrar la culpabilidad al no existir prueba; la nulidad de pleno derecho por inaplicación del artículo 62.e de la LRJAP y del PAC al no haber realizado la administración los actos mínimos necesarios para la comprobación de los hechos; la vulneración del principio de presunción de inocencia, vigencia del principio de personalidad de las sanciones e improcedencia de solidaridad en el derecho administrativo sancionador, y la exigencia de dolo o culpabilidad.
  
4. En cuanto a la caducidad alegada ésta no existe ya que a los expedientes sancionadores iniciados a instancia de parte como en el presente caso que fue por denuncia, aunque el acto formal del acuerdo de incoación lo efectúe el jefe del Servicio Territorial por impulso de la solicitud de los denunciantes, se les aplica en lo referente a los plazos el artículo 43.1 de la aludida Ley 30/1992, en relación con el artículo 20.6, último párrafo, del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por cuanto el artículo 43.4 de la misma se refiere exclusivamente a los expedientes sancionadores incoados de oficio (ss de los del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 20 de junio y 10 de febrero de 1997, de Murcia de 18 de diciembre de 1996 y 2 de julio de 1997, de Cataluña y Navarra de 6 de junio de 1996 y 30 de junio de 1994, respectivamente), es decir, cuando no existen terceros, sino únicamente la administración y el expedientado, lo que no ocurre en este asunto.
  
5. En lo referente al fondo del asunto, consta en el informe pericial de fecha 11 de junio de 1997, referido a los escapes de gases fecales en los cuartos de baño que ?no aparecen en la cubierta las tuberías de ventilación de las bajantes, lo que pudiera ser causa del desifonamiento del sistema de evacuación?, esta omisión en la construcción del edificio que vulnera lo dispuesto en la Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad Valenciana, HD 1991, en sus artículos 2.6 y 2.22 referido a ventilación y confort higrotérmico, así como la exigencia sobre salubridad en su anexo III (informe del perito del servicio territorial de fecha 11 de abril de 1997), es la causa de los escapes de gases fecales en los cuartos de baño, resultado de la falta de actuación diligente por parte de los recurrentes que incumplieron normas tan elementales en la edificación, pues su deber de vigilancia les obliga a ello, así como del promotor y constructor por su obligación de buen construir.
  
Dichos informes periciales tienen carácter determinante para la resolución del expediente, a tenor del artículo 17.3 y 4 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y en consecuencia queda probada la comisión de la infracción imputada por cuanto existe relación causa efecto entre la conducta de los imputados y el resultado de la deficiencia constructiva.
  
En cuanto a la solidaridad alegada, no se produce ya que las sanciones son independientes al entenderse que cada uno de los imputados es autor de una infracción muy grave del artículo 153.c.6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la división de promoción privada, resuelvo:
  
Desestimar los recursos ordinarios formulados por don Manuel Romaní Suay y por don Enrique Corujo Gabaldón, en representación de don Juan Manuel Requena Puertas, contra Resolución de fecha 6 de julio de 1998, del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 28 de julio de 1999.- El director general de Arquitectura y Vivienda: José M.ª García Zarco».