Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6088, del 27-08-2009 (2009/9381)

Juicio ordinario 001468/2008. Notificación del auto a Hermenegildo Salvador Ventura Casañ y a Kalina Valesca Rosa de Jesús.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6088

Fecha DOGV
:   27-08-2009

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2009/9381


Fecha del documento
:   29-04-2009

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Juicio ordinario 001468/2008. Notificación del auto a Hermenegildo Salvador Ventura Casañ y a Kalina Valesca Rosa de Jesús. [2009/9381]  
Pilar Irles Martínez, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Auto número 214/09  
Castellón de la Plana, 29 de abril de 2009  
Hechos   
Primero. El procurador señor Borrell Espinosa, en la representación que tiene acreditada de Hermenegildo Ventura Gil y María del Carmen Casañ Roqueta, formuló solicitud de medidas previas a la demanda de regulación de medidas respecto de su nieta Ana María Ventura Rosa de Jesús contra Hermenegildo Salvador Ventura Casañ y Karina Valesca Rosa de Jesús.  
Segundo. Admitida a trámite la solicitud, se citó a las partes y al Ministerio Fiscal a la comparecencia prevista en el artículo 771.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tuvo lugar el día 28 de abril de 2009, compareciendo la parte actora, que se ratificó en su solicitud, mientras que los demandados no comparecieron, pese a haber sido citados en legal forma. El Ministerio Fiscal solicitó el recibimiento a prueba e informar tras la práctica de la misma.  
Tercero. Solicitado el recibimiento a prueba, su señoría accedió a lo solicitado, procediéndose a la práctica de la propuesta y admitida, que por la parte demandante consistió en documental (dar por reproducida la aportada con la demanda). Por el Ministerio Fiscal consistió en interrogatorio de los demandantes.  
Cuarto. Practicada la prueba en el acto, y tras informar el fiscal en el sentido de interesar la estimación de la demanda, quedaron conclusos los autos.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. El artículo 104 del Código Civil establece que el cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio, puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los dos artículos anteriores. Estos efectos y medidas sólo subsistirán si, dentro de los 30 días siguientes a contar desde que inicialmente fueron adoptadas, se presenta la demanda ante el juez o tribunal competente. Por analogía con el citado precepto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 770.6° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe la adopción de medidas provisionales previas a la interposición de demanda para regular de forma definitiva las medidas que afectan a la nieta de los demandantes, menor de edad.  
Segundo. La medida que se ha solicitado por la parte actora se refiere a la atribución de la patria potestad y la guarda y custodia de la nieta de los actores, Ana María, que actualmente cuenta con 7 años de edad. En principio, la patria potestad aparece regulada en el Código Civil como una función (entramado de deberes y derechos) que atañe a los padres respecto de sus hijos menores (artículo 154 del Código Civil). El artículo 170 del Código Civil establece que «el padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial». Conforme a la jurisprudencia, aunque la patria potestad, por derecho natural y positivo viene otorgada a los progenitores, atendiendo a que integra en su función no sólo derechos sino muy principalmente deberes, puede en determinados casos restringirse, suspenderse e incluso cabe privar de la misma por ministerio de la ley, cuando sus titulares no asuman las funciones inherentes a ella o las ejercen con desacierto y perjuicio para el descendiente. El artículo 170, más que una sanción, implica una medida de protección del niño, y por ende debe ser adoptada en beneficio del mismo. El sentido proteccionista sobre los menores de edad se manifiesta en la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, en su artículo 9 en relación con el artículo 3, e inspira la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (STS 12 de febrero de 1992, 31 de diciembre de 1996 ó 24 de abril de 2000). En cualquier caso, el artículo 170 del Código Civil, al ser una norma de carácter sancionador, debe ser objeto de interpretación restrictiva, y su aplicabilidad exige que en el caso concreto aparezca plenamente probado que el progenitor al que se pretende privar de la patria potestad haya dejado de cumplir los deberes inherentes a la misma (STS de 6 de julio y 18 de octubre de 1996). Al respecto, tiene manifestado la SAP Castellón, Sección 2.ª, de 6 de marzo de 2007: «concebida la patria potestad como un derecho-deber o como un derecho-función, puede en determinados supuestos, y por causa de esa concepción, restringirse o suspenderse, e incluso cabe privarse de la misma por ministerio de la ley cuando sus titulares, por una razón u otra, no asumen las funciones inherentes a ella o las ejercen con desacierto o perjuicio para sus hijos, llegando a la solución más radical en el supuesto de incumplimiento de los deberes que configuran tal institución jurídica conforme prescribe el artículo 170 del Código Civil que, a diferencia de la redacción originaria contemplada en dicho texto sustantivo, no requiere sustentar la indignidad del progenitor, no localizar a toda costa una culpabilidad en el cumplimiento de los deberes y que, según interpretación doctrinal y jurisprudencial, más que una sanción al progenitor incumplidor, implica una medida de protección del niño que debe ser adoptada, por ende, en beneficio del mismo, en tanto que la conducta de aquél, que ha de calificarse como gravemente lesiva de los intereses prioritarios del menor, no se revele precisamente como la más adecuada para la futura formación y educación del mismo.»  
Aplicando la anterior doctrina al caso de autos, ha quedado acreditado que tanto el padre como la madre han hecho una total dejación de sus deberes parentales, encontrándose ambos en paradero desconocido, y habiendo abandonado a su hija, que quedó a cargo de los abuelos paternos, de forma que ambos progenitores se han desentendido por completo de su hija, tanto a nivel afectivo (no la han visitado en muchos años) como material (ninguno de ellos contribuye ni minimamente a la manutención y los gastos de la pequeña). Por ello, para evitar que en el futuro cualquiera de estos progenitores pudiera reaparecer súbitamente pretender ejercer unos derechos respecto de la hija que pudieran trastocar la vida que la menor lleva, en compañía de sus abuelos que son su único referente familiar, causándole perturbaciones indeseables, procede privar a ambos progenitores de la patria potestad respecto de su hija.  
Tercero. Privados los padres de la patria potestad, se hace preciso determinar, en interés de la menor y para salvaguardar sus intereses, qué persona o personas vayan a desempeñar su custodia. El artículo 103 del Código Civil prevé la posibilidad de que la guarda y custodia pueda, excepcionalmente, ser encomendada a los abuelos u otros parientes. En el caso de autos, constando que son los abuelos los que se han hecho cargo de todos los cuidados de la nieta, incluso después de la sentencia de 3 de octubre de 2005 que atribuyó la custodia de la menor a su padre, es evidente que, en interés de la niña, debe atribuirse su custodia a los abuelos.  
Cuarto. De conformidad con el artículo 771, párrafos 4 y 5, de la Ley 1/2000, contra este auto no cabrá interponer recurso alguno, subsistiendo los efectos y medidas acordados si, dentro de los 30 días siguientes a su adopción, se presenta la demanda de separación, nulidad o divorcio.  
Parte dispositiva  
En atención a lo expuesto,   
José Luis Conde-Pumpido García, juez de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, acuerda que debía adoptar y adoptaba las siguientes medidas provisionales:  
1. Atribuir a Hermenegildo Ventura Gil y a María del Carmen Casañ Roqueta la guarda y custodia de su nieta menor de edad Ana María Ventura Rosa de Jesús.  
2. Privar a los progenitores de dicha menor, Hermenegildo Salvador Ventura Casañ y Karina Valesca Rosa de Jesús, de la patria potestad respecto de su hija Ana María.  
Estos efectos y medidas sólo subsistirán si en el plazo de 30 días desde la fecha de su adopción se interpone demanda de regulación definitiva de la guarda y custodia de la menor.  
Así por este mi auto, que se unirá al libro de autos dejando testimonio en las actuaciones, y contra el que no cabe interponer recurso alguno, lo ordeno y firmo.»  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 29 de abril de 2009 el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de notificación de auto a Hermenegildo Salvador Ventura Casañ y a Kalina-Valesca Rosa de Jesús.  
Castellón de la Plana, 29 de abril de 2009.- La secretaria judicial: Pilar Irles Martínez.