Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6488, del 25-03-2011 (2011/3302)

Notificación de la resolución desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo del tribunal de la Convocatoria 44/08, grupo A, sector administración especial, ingenieros de caminos, canales y puertos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6488

Fecha DOGV
:   25-03-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/3302


Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo del tribunal de la Convocatoria 44/08, grupo A, sector administración especial, ingenieros de caminos, canales y puertos. [2011/3302]  
Por no haberse podido practicar la notificación de forma personal y directa al interesado, de la resolución que a continuación se detalla, se procede a su publicación íntegra en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, con fecha 1 de diciembre de 2010, ha dictado, en el expediente 10/153, la siguiente Resolución:  
«Visto el recurso de alzada interpuesto por José Andrés Coves García, contra el Acuerdo de fecha 15 de octubre de 2010, del tribunal de la Convocatoria 44/08, grupo A, sector administración especial, ingenieros de caminos, canales y puertos, turno de promoción interna, por el que se dispone la publicación de los opositores que han superado el segundo ejercicio de la Convocatoria 44/08, con su respectiva puntuación, así como la fase de oposición, se considera que su adecuada resolución debe tener en cuenta la concurrencia de los siguientes:  
  
Antecedentes de hecho  
  
Primero. Mediante Orden de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, de 16 de febrero de 2009, se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A, sector administración especial, ingenieros de caminos, canales y puertos, turno de promoción interna, Convocatoria 44/08, correspondiente a la oferta de empleo público del año 2008 para el personal de la administración de la Generalitat, a la que concurrió el ahora recurrente.   
  
Segundo. Mediante Acuerdo del tribunal calificador de 15 de octubre de 2010, se dispone la publicación de los opositores que han superado el segundo ejercicio, turno de promoción interna, Convocatoria 44/08, con su respectiva puntuación, así como la fase de oposición, detallándose en anexo II, la relación de aspirantes que han superado el ejercicio, en la que no figura incluido el interesado.  
  
Tercero. Disconforme con el contenido de este Acuerdo, el interesado presenta el 9 de noviembre de 2010 un escrito por el que solicita la revisión presencial de su examen y en fecha 15 de noviembre de 2010 presenta otro escrito mediante el que interpone recurso de alzada por no estar de acuerdo con la puntuación de 10,61 otorgada en el segundo ejercicio y no pasar el corte de 17,5 establecido en la base 8.3.2 de la convocatoria, solicitando la anulación del Acuerdo impugnado, así como la suspensión cautelar del proceso selectivo.   
El recurrente alega que el tribunal de la presente convocatoria no ha aplicado correctamente los criterios establecidos en la base mencionada, sobre todo en lo que se refiere a la declaración de suspenso, ya que el desarrollo del ejercicio consistió en resolver por escrito dos supuestos prácticos, propuestos por el tribunal, el primero de materias de costas, plantas de tratamiento y medio ambiente, y el segundo de transportes y carreteras, que el recurrente considera que resolvió sobradamente en todos sus apartados para ser declarado apto y alega como prueba de ello el hecho de contar con una dilatada experiencia profesional así como una extensa formación académica.  
El interesado tras resumir la evolución jurisprudencial sobre la discrecionalidad técnica, cuestiona que la valoración del ejercicio práctico fue irrazonable y arbitraria, rebasando el límite de la razonabilidad que es inherente a la constitucional interdicción de la arbitrariedad. Considera, además, que existe la necesidad de que la administración (a través del tribunal calificador) motive suficientemente la calificación dada a ese ejercicio práctico para demostrar que dicha calificación cumplió debidamente con el mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad. Solicita asimismo una prueba pericial que sea realizada por un órgano objetivo.  
En base a lo expuesto, el recurrente solicita la revisión de su examen, la entrega de copia testimoniada de los supuestos prácticos del segundo ejercicio y de sus respuestas con el fin de que se pueda emitir valoración pericial suficiente y objetiva que acredite, en su caso, las irregularidades puestas de manifiesto, así como la suspensión cautelar del proceso selectivas hasta en tanto se aporte dicha pericial y se reúnan los miembros del tribunal para valorar dicho elemento.  
  
Cuarto. En fecha 25 de noviembre de 2010, el tribunal además de proceder a realizar la revisión presencial solicitada por el interesado, entregándole copia fidedigna de su ejercicio, emite el siguiente informe en relación con el recurso interpuesto por el recurrente. En tal sentido el tribunal considera que:  
«El tribunal de la Convocatoria 44/08, correspondiente al proceso selectivo de ingenieros de caminos, canales y puertos, según la Orden de 16 de febrero de 2009, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 12 de marzo de 2009, en relación al recurso de alzada interpuesto por el candidato José Andrés Coves García en fecha 15 de noviembre de 2010 contra el Acuerdo de fecha 15 de octubre de 2010, que daba publicidad a las calificaciones del segundo ejercicio del proceso selectivo, el citado tribunal, reunido en fecha 26 de noviembre de 2010, emite el siguiente informe:  
  
Primero. En fechas 14 y 15 de octubre de 2010, se reunió el tribunal con la finalidad de proceder, entre otros asuntos, a la corrección del segundo ejercicio del proceso selectivo anteriormente mencionado (Convocatoria 44/08), correspondiente al turno de promoción interna.  
  
Segundo. En dichas reuniones se establecieron los criterios de valoración y corrección del citado ejercicio objeto del presente recurso de alzada.  
  
Tercero. En el caso que nos ocupa, la puntuación obtenida por el interesado en el segundo ejercicio del proceso selectivo fue de 10,61. Dicho ejercicio fue calificado por el tribunal aplicando los criterios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir todo proceso selectivo y, además, aplicando los criterios siguientes:  
a) Cada uno de los dos supuestos, en los que consiste el ejercicio se ha calificado entre 0 y la mitad de la puntuación máxima asignada a este ejercicio en las bases correspondientes de la Convocatoria 44/08. La nota final del ejercicio práctico se ha obtenido sumando ambas calificaciones. Por otra parte, cada uno de los dos supuestos incluye, a su vez, ocho apartados o preguntas que se valoran por igual cada uno de ellos.  
b) Además, el tribunal, también ha aplicado rigurosamente los siguientes criterios de corrección y valoración a la hora de calificar el segundo ejercicio del proceso selectivo:  
- Planteamiento estructurado y coherente.  
- Precisión en los conceptos e ideas básicas.  
- Tratamiento de todos los contenidos.  
- Rigor en los conocimientos.  
- Exposición fluida, clara y coherente de las cuestiones planteadas.  
- Uso de la terminología propia de la especialidad.  
- Capacidad de análisis y sentido crítico.  
  
Cuarto. Cabe resaltar que este tribunal, para garantizar los principios de igualdad y objetividad corrigió los ejercicios de los candidatos presentados de forma totalmente anónima, y tan solo una vez corregidos los ejercicios, procedió a la identificación de los opositores.  
  
Quinto. Se informa que la calificación del recurrente en el segundo ejercicio del proceso selectivo, 10,61 puntos sobre un máximo posible de 35, anteriormente mencionada, se ha obtenido como suma de las calificaciones de los dos supuestos que componen este ejercicio: 4,59 puntos en el supuesto número uno y 6,02 puntos en el supuesto número dos, cada uno ellos referido, a su vez, a una puntuación máxima de 17,5.  
  
Sexto. Centrándonos en las respuestas dadas por el candidato recurrente en el ejercicio segundo del proceso selectivo, y, más concretamente, en el supuesto número 1, el tribunal hace las siguientes apreciaciones, siguiendo los apartados numerados del enunciado, considerando que se ha motivado suficientemente la calificación otorgada al candidato:  
Apartado 1: omite la figura de planeamiento y, por lo tanto, su contenido y tramitación administrativa.  
Apartado 2: no define, ni grafía el ámbito del parque litoral.  
Apartado 3: insuficiente desarrollo del diseño. Confunde términos de la Ley de Costas.  
Apartado 4: la respuesta no se ajusta al contenido de la pregunta.  
Apartado 5: omite importantes alternativas y no aclara la solución final del vertido.  
Apartado 6: desarrollo insuficiente.  
Apartado 7: respuesta insuficiente, no específica ubicación del punto del vertido final y de infraestructuras para la reutilización propuesta.  
Apartado 8: respuesta incompleta e incurre en errores y contradicciones técnicas.  
Por otra parte, en relación al supuesto número 2 del segundo ejercicio del proceso selectivo, y, siguiendo los apartados numerados en el enunciado, hace las siguientes consideraciones, quedando suficientemente motivada la calificación otorgada:  
Apartado 1 y 2: planteamiento de enfoque limitado, proponiéndose soluciones técnicas inadecuadas no justificadas, con poco rigor y confusión en los conceptos utilizados (vinculación del número de paradas de una línea de transporte con el intervalo de paso, trazado de las líneas de transporte público alejado de los puntos de generación de demanda, etc.).  
Apartado 3: enfoque muy limitado, con graves omisiones (limita las medidas a incluir en un plan de movilidad sostenible a la construcción de un carril-bici).  
Apartado 4: solución técnica incorrecta e injustificada (plantea la localización de una zona de actividades logísticas en un área alejada del puerto y de su zona de expansión, junto a una autopista de peaje sin mención a las dificultades asociadas a la construcción de un nuevo enlace en esta vía, etc.).   
Apartado 5: la respuesta no se ajusta a lo solicitado en el enunciado, proponiendo una vía parque en vez del vial de una sola calzada solicitado.  
Apartado 6: el diseño propuesto no satisface adecuadamente las necesidades del tráfico.   
Apartado 7: planteamiento correcto, pero omite parte de la norma aplicable.  
Apartado 8: desarrollo insuficiente. Omite parte de la tramitación administrativa.   
  
Séptimo. Por otra parte cabe resaltar que este tribunal se reunió en fecha 25 de noviembre de 2010 al objeto de proceder a la revisión presencial solicitada por el candidato recurrente, adoptando el acuerdo de ratificarse en la calificación otorgada a José Andrés Coves en el segundo ejerció del proceso selectivo publicada por acuerdo de fecha 15 de octubre de 2010.  
  
Octavo. Finalmente este tribunal manifiesta que ha actuado en todo momento en base a los principios de equidad y objetividad, valorando los ejercicios de todos los candidatos del proceso selectivo con el máximo rigor técnico y procedimental y, en base a todo lo anteriormente expuesto considera que el recurso de alzada interpuesto no debería ser estimado, lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.»  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. Resultan de aplicación al presente recurso la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Publica Valenciana, de 9 de julio de 2010; el Decreto 206/2009, de 13 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas; la Orden de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, de 16 de febrero de 2009, por la que se realiza la convocatoria; y demás normativa de general y concordante aplicación.  
  
Segundo. El conseller de Economía, Hacienda y Empleo es competente, por delegación, para dictar esta resolución, en virtud de la delegación del ejercicio de las competencias en materia de función publica, conferida en el apartado b del punto primero de la Resolución de 30 de julio de 2010, de la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, sobre delegación de competencias en otros órganos de la administración de la Generalitat.   
  
Tercero. El recurso se ha interpuesto por quien ostenta un interés directo que le confiere legitimación activa, dentro del plazo legalmente establecido y en debida forma.  
  
Cuarto. En cuanto a las alegaciones efectuadas por el recurrente, se comparte la opinión expresada por el tribunal calificador en su informe, en cuanto se ha realizado dentro del ámbito de su discrecionalidad técnica y de acuerdo con las propias bases de la convocatoria, que vinculan por igual a la administración y a los participantes en el proceso selectivo.   
Es doctrina reiterada por el Tribunal Supremo «que los órganos calificadores de oposiciones y concursos gozan de la denominada discrecionalidad en el desarrollo de su cometido de valoración, de modo que solo en determinadas circunstancias tales como la existencia de dolo, coacción, infracción de las normas reglamentarias que regulan su actuación o de las propias bases de la convocatoria, que vinculan por igual a la administración y a los participantes en el proceso selectivo, es posible la revisión jurisdiccional de las actuaciones de tales órganos».  
  
Quinto. La suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas constituye la excepción al principio general de ejecutividad de los actos administrativos (artículos 56 y 94 de la LPC). Esta regla general tiene su fundamento en el principio de eficacia que debe presidir la actuación administrativa (artículo 103.1 de la Constitución y artículo 3.1 de la LPC) y en la presunción de legalidad que se predica de los actos administrativos (artículo 57.1 de la LPC).   
  
Sexto. El artículo 111.2 de la LPC establece que «el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62 de esta Ley».  
La «ratio» del precepto consiste en evitar la causación, por obra de la ejecutividad inmediata del acto impugnado, de perjuicios de reparación imposible o difícil, para el caso de estimación posterior del recurso. La regla trata, por tanto, de prevenir situaciones en las que la estimación «a posteriori» del recurso no permita reconstruir la situación alterada por el acto recurrido.  
Dos son los criterios que maneja el legislador para que la administración, al resolver el recurso, pueda decretar la suspensión cautelar del procedimiento: el «fumus boni iuris» y el «periculum in mora».  
Respecto de la primera de las pautas -apariencia de buen derecho-, ha de notarse simplemente que el recurrente no fundamenta su recurso en ninguna de las causas de nulidad de pleno derecho establecidas en el artículo 62 de la LPC (de hecho, tampoco la apoya en ninguna de las causas de anulabilidad del artículo 63, prescindiendo, así, de la exigencia impuesta por el artículo 107 del mismo texto legal).  
El segundo de los criterios -el perjuicio irreparable- no puede, tampoco, sustentar una resolución suspensiva, pues resulta completamente inaceptable el alegato que, en términos puramente formularios, plantea el aspirante, toda vez que como tiene declarado el Tribunal Supremo «[?] debe probarse la irreparabilidad que posiblemente se siga de la ejecución misma, sin que sea suficiente que el interesado se limite a decir que la ejecución de los actos impugnados le produciría un grave trastorno, sin aportar ningún principio de prueba encaminado a demostrar la veracidad de su afirmación[?]» (AATS de 22 de marzo, 13 de abril y 23 de mayo de 1983, y de 28 de junio de 1993, entre otros muchos.)   
Por todo lo cual, y vistos los preceptos legales citados y demás general y pertinente aplicación, resuelvo:  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por José Andrés Coves García por los argumentos anteriormente expuestos.  
Desestimar la solicitud de suspensión provisional del procedimiento correspondiente a la Convocatoria 44/08 instada por el recurrente.  
Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de Valencia o aquél en cuya circunscripción tenga el recurrente su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.»  
  
Valencia 15 de marzo de 2011.- La directora general de Administración Autonómica: Carmela Cots Soler.