Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7805, del 14-06-2016 (2016/4305)

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2016, de la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se constituye un grupo de trabajo para la elaboración de un Plan estratégico de recursos humanos en el ámbito de la Administración de la Generalitat.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7805

Fecha DOGV
:   14-06-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/4305


Fecha del documento
:   31-05-2016

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2016, de la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se constituye un grupo de trabajo para la elaboración de un Plan estratégico de recursos humanos en el ámbito de la Administración de la Generalitat. [2016/4305]  
Los ajustes en el empleo público habidos en el periodo 2012-2015 €tanto en el colectivo de personal no permanente como las restricciones al reclutamiento existentes en las ofertas de empleo público- han condicionado la evolución de los plantillas para los próximos años. A esta circunstancia de contar con un volumen de efectivos inferior al necesario la Generalitat debe afrontar diversos retos. Unos compartidos con las restantes comunidades autónomas, como la jubilación en los próximos años de un porcentaje elevado de su personal empleado público y otros específicos, como la imposibilidad de contar con los recursos presupuestarios necesarios para afrontar con garantías la sostenibilidad de sus plantillas, cuestión derivada de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.  
La respuesta del actual Consell ha sido impulsar la concertación social y la aprobación de ofertas de empleo público para los ejercicios 2015 y 2016. Ello no obstante, a pesar de las urgencias y los condicionantes expuestos se hace imprescindible el establecimiento de un marco de gestión de las plantillas a medio plazo sobre la base del conocimiento fundado de la situación de los efectivos y de los servicios públicos como cimientos sobre los fijar unos estándares mínimos de calidad de los mismos y como fundamento de un ejercicio responsable de priorización en las políticas relacionadas con el empleo público autonómico. El objetivo es, en línea con lo establecido por el legislador del Estatuto Básico del Empleado Público, contribuir a la consecución de una mayor eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en empleo de los recursos disponibles, meta que solamente puede ser alcanzada mediante el dimensionamiento de los recursos humanos necesarios como paso previo para la definición de las estrategias a adoptar en materia organizativa, de desarrollo, distribución y movilidad.  
Tal es la finalidad de la planificación de recursos humanos en el empleo público, un modelo de gestión reclamado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuando en 2013 procedió a evaluar la última iniciativa de reforma del sector público, el denominado informe CORA, implementado en la Administración General del Estado, demasiado enfática en los ajustes a corto plazo y caracterizada por carecer de un horizonte de evolución del sector público a medio y largo plazo, justamente lo que pretende el Consell aun de manera limitada, conscientes de las escasas experiencias de planificación en la Administración existentes en España y que hace aconsejable innovar en este terreno. Por ello se apuesta por potenciar medios propios, existentes en la propia estructura administrativa autonómica y por una metodología de trabajo transversal y ad hoc, que aúne tanto los propios centros directivos concernidos, las direcciones generales de función pública y presupuestos como los escasos órganos de reflexión y apoyo existentes, como la inspección de servicios o el IVAP.  
Por último no hay que olvidar tampoco la contribución a la integridad institucional de un planteamiento de estas características mediante una mayor transparencia en este campo de la actividad pública que explicite planes y programas, objetivos, actividades e indicadores, reclamados tanto por la ley estatal (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno) como por la valenciana (la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana), sobre la base de que lo se pretende es que el órgano ejecutivo disponga del trabajo técnico necesario para adoptar su propio criterio y proceder seguidamente a negociarlo con las organizaciones sindicales para que los objetivos propuestos cuenten con eficacia jurídica vinculante, ya que en este ámbito, tanto los planes e instrumentos de planificación como los criterios generales al respecto constituyen materias de negociación obligatoria con los agentes sociales y que el Consell como es lógico pretende respetar y potenciar, en el convencimiento de que el acuerdo fundado en un diagnóstico compartido es una poderosa herramienta de política de personal.  
En función de todo lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la presidencia y de las consellerias de la Generalitat, en cuyo artículo 19.1 se atribuye a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas las competencias en materia de función pública, señalándose en el apartado 2 del citado artículo 19 que la Dirección General de Función Pública asume las funciones en materia de función pública, ordenación, selección, provisión, relaciones sindicales y formación del personal al servicio de la Administración del Consell, resuelvo:  
  
Primero. Creación, naturaleza y objeto  
Se constituye en el seno de la Dirección General de Función Púbica, un grupo de trabajo cuya misión será, en primer lugar, elaborar un diagnóstico de situación en materia de los recursos humanos al servicio de la Administración del Consell, en dimensiones tales como su estructura, composición y, evolución vegetativa en los próximos años y su adecuación a los servicios públicos existentes. Seguidamente se propondrán criterios en materia de reclutamiento, sobre la base de la determinación orientativa de las necesidades y disponibilidades de efectivos, así como las acciones aconsejables en materia organizativa, de puestos de trabajo y perfiles profesionales, de formación y movilidad que contribuyan a impulsar un modelo flexible, meritocrático e independiente de función pública valenciana.  
Como resultado de sus trabajos, el grupo de trabajo presentará a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, un documento en el que se plasmen los objetivos referidos en el apartado anterior, en el plazo de un mes desde su constitución.  
  
Segundo. Composición  
Estará compuesto por los siguientes miembros que a continuación se designan:  
Presidencia: Eva Coscollà Grau, directora general de Función Pública.  
Secretario: José Javier Cuenca Cervera, subdirector general del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP)  
Vocales:  
- Esteban Rodríguez Lozano, subdirector general de Análisis y Evaluación del Gasto Público.  
- Manuel López Estornell, jefe del Servicio de Coordinación de la Presidencia.  
- José Andrés Lacarcel Benlloch, técnico del Servicio de Aplicaciones Corporativas y Administración Electrónica de la DGTIC  
- Alicia Gavara Estañol, inspectora de servicios  
- Vicente Serra Martínez, subdirector general de Planificación y Régimen Jurídico  
  
Tercero. Funcionamiento  
Para dar cumplimiento de sus cometidos, la persona que ostente la presidencia del grupo de trabajo establecerá el calendario de sesiones, el método de trabajo y, en general, decidirá todos aquellos aspectos que considere necesarios para el buen fin del mismo.  
Podrá reunirse cuantas veces considere conveniente en la sede de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y podrá, asimismo, solicitar informes sectoriales sobre determinadas materias, tanto a la propia administración de la Generalitat, en función de sus competencias, como a otros órganos e instituciones que se consideren convenientes.  
Por lo demás, su régimen jurídico será el establecido previsto para los órganos colegiados en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Cuarto. Infraestructura y medios  
El soporte administrativo y técnico que precise el grupo de trabajo para el debido ejercicio de sus funciones será prestado por la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.  
  
Quinto. Incidencia económica en la dotación de gasto  
La aplicación y desarrollo de esta resolución no podrá tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y, en todo caso, deberá ser atendido con sus medios personales y materiales.  
  
Sexto. Recursos  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto que se recurre, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o cualquier otro recurso que estime procedente para la defensa de sus intereses.  
  
Valencia, 31 de mayo de 2016.- La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas: Gabriela Bravo Sanestanislao.