Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5689, del 28-01-2008 (2008/538)

Notificación a Amparo Moreno Beso. Expediente número VIVI/049807/89.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5689

Fecha DOGV
:   28-01-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/538


Fecha del documento
:   11-06-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a Amparo Moreno Beso. Expediente número VIVI/049807/89. [2008/538]  
De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se procede a la Notificación de acuerdo no iniciación a Amparo Moreno Beso con expediente VIVI/049807/89.  
Vista la denuncia presentada por Amparo Moreno Beso, en virtud de lo dispuesto en el artículo11. D), del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, en la que se imputaban hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa del régimen legal que regula las Viviendas de Protección Pública, y siendo de aplicación los siguientes:  
Antecedentes de hecho  
Primero. El 16.05.2007 se presenta por Amparo Moreno Beso denuncia por presunta vulneración del régimen jurídico de la Viviendas de Protección Pública, relatando los hechos que consideró constitutivos de infracción de dicho régimen. Utilización de un local de negocio perteneciente al edificio sito en Torrent, C/ Angel del Alcázar nº 23, como garaje destinado al aparcamiento de vehículos.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Es competente para la adopción del presente acuerdo este Servicio Territorial, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 137/2006, de 29 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Territorio y Vivienda, en relación con la Orden de 15 de febrero de 2007, de la conselleria de Territorio y Vivienda, en relación con lo dispuesto en los artículos 62 y 79 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre y el artículo 10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.  
Segundo. El artículo 12.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto establece que con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.  
Tercero. Examinada la Cédula de Calificación Definitiva del edificio, expediente nº V-I-7000/74, no se establece limitación alguna respecto al uso al cual deben destinarse los locales comerciales. Esta limitación sí que consta en nota marginal del Registro de la Propiedad de Torrente, aportada como documento nº uno, estableciendo que «el local de negocio del sótano, finca nº 33101, no se destinará a garaje ni a aparcamiento de vehículos».  
Cuarto. El artículo 108 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, permite que los locales de negocio situados en edificios de protección pública puedan cederse en venta o arrendamiento y dedicarse a usos comerciales o industriales, centros docentes, oficinas, despachos, consultorios y otros análogos. La Ley 8/2004, de 20 de octubre de Vivienda de la Comunidad Valenciana, tipifica como infracción muy grave dedicar las viviendas de protección pública a usos no autorizados o alterar el régimen de uso y utilización de las mismas, establecido en la calificación definitiva.  
En el presente supuesto la calificación definitiva no establece ninguna limitación al régimen de uso de los locales de negocio situados en el edificio citado, en consecuencia pueden éstos ser destinados a cualquiera de los usos que el artículo 108 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio permite. Entre esos usos se incluyen expresamente los comerciales y industriales u otros análogos, debiendo entenderse que el uso de aparcamiento debe considerarse como análogo a los industriales, puesto que, en caso contrario, se estaría realizando una interpretación restrictiva del artículo 108 que excluiría cualquier supuesto distinto de los expresamente enumerados.  
Quinto. Tal como hemos visto, la Ley 8/2004, de 20 de octubre, califica como infracción administrativa alterar el régimen de uso de las viviendas de protección pública establecido en la calificación definitiva. Este precepto resulta aplicable a las viviendas de protección pública no a los locales comerciales, debiendo realizarse una interpretación restrictiva y estricta de este precepto, acorde a los principios que rigen la aplicación del Derecho Penal que informan también el ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones Públicas, no siendo admisible por tanto la aplicación por analogía de un precepto previsto para viviendas de protección pública a locales comerciales que no gozan de la calificación de vivienda.  
Sexto. Del examen de la documentación aportada por la denunciante, se aprecia que en el Registro de la Propiedad de Torrente como nota marginal consta una prohibición de uso de los locales comerciales para la actividad de garaje. Esta limitación consta en el título constitutivo de la propiedad horizontal del edificio pero no en la calificación definitiva, en consecuencia los hechos denunciados no constituyen infracción administrativa al régimen de viviendas de protección pública por las razones ya expuestas, aunque sí podrían constituir un incumplimiento del título constitutivo de la propiedad horizontal materia de la que este órgano carece de competencia para conocer sin perjuicio de que la denunciante pueda ejercitar, en su caso, las acciones correspondientes ante la jurisdicción ordinaria.   
Vistos los preceptos legales citados, la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat Valenciana, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y demás normas de general y pertinente aplicación, el jefe del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos, acuerda la no iniciación del procedimiento sancionador, por no concurrir circunstancias que justifiquen tal iniciación.   
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el director general de Vivienda y Proyectos Urbanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, los artículos 107 y 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de puedan ejercitar cualquier recurso que proceda.   
Valencia, 11 de junio de 2007.- El jefe del Servicio Territorial: José Manuel Vacas Tatay.