Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5432, del 19-01-2007 (2006/14818)

Notificación a María Fernández Muñoz. Recurso de alzada número R-5/2006.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5432

Fecha DOGV
:   19-01-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/14192


Fecha del documento
:   23-06-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Edicto

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a María Fernández Muñoz, paseo de Colon, nº 41-8º-15ª, 46389 Tavernes de la Valldigna, la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-5/2006.  
Resolución  
Examinado el recurso de alzada formulado por María Fernández Muñoz, contra resolución denegatoria del visado de contrato y de la financiación cualificada para la adquisición de una vivienda existente (VEX 217), relativa al expediente número 46/IT/3522/2005/238.  
Antecedentes de hecho  
1. María Fernández Muñoz, adquirente de la vivienda sita en Tavernes de la Valldigna (Valencia), paseo de Colón número 41, piso octavo, puerta 15, mediante escritura de liquidación de sociedad de gananciales de fecha 31 de marzo de 2005, presentaron en el Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Valencia el día 28 de julio de 2005 solicitud de visado de contrato y financiación cualificada para la adquisición de la citada vivienda.   
2. A la vista del expediente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 en relación con el artículo 7 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, y en los artículos 5.3 y 12.1 del Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, el Jefe del Servicio Territorial en fecha 8 de noviembre de 2005 dicta resolución denegatoria del visado y la financiación cualificada, al quedar acreditado que el valor de la mitad indivisa del inmueble objeto de las ayudas, por un importe de 50.000 euros, supera el precio máximo del cincuenta por ciento de la vivienda, que es de 45.331,10 euros.   
3. Contra la citada resolución interpone recurso de alzada en tiempo y forma María Fernández Muñoz, con las alegaciones que constan en el mismo, y que se dan por reproducidas en aras de la brevedad.   
Fundamentos de derecho  
I. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 4.543 de 14 de julio de 2003).  
II. Lo dispuesto en los artículos 107; 110; 114 y 115, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.  
III. Según establece el artículo 24 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, el precio máximo de venta por metro cuadrado útil de las viviendas existentes, será el establecido con carácter general por la comunidad autónoma o las ciudades de Ceuta y Melilla para las viviendas de nueva construcción, calificadas o declaradas provisionalmente como protegidas, y para los garajes y trasteros, en la misma localidad, en el momento en que tenga lugar el contrato de opción de compra o compraventa visado por el órgano administrativo competente.  
IV. El artículo 7 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, establece el precio básico a nivel nacional por metro cuadrado de superficie útil, que servirá como referencia para la determinación del precio máximo de venta y renta de las viviendas acogidas a las medidas de financiación cualificada del citado real decreto.  
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán, según su propia normativa, podrán fijar las cuantías máximas de los precios de venta.   
El Consejo de Ministros acordará para los años 2002, 2003 y 2004 la cuantía del precio básico, habida cuenta de la evolución del Plan de Vivienda 2002-2005.   
V. Según dispone el artículo 12.1, en relación con el artículo 5.3 del Decreto 92/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, se considera módulo de venta por metro cuadrado de superficie útil para las viviendas existentes, el resultado de multiplicar el precio básico a nivel nacional establecido en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, con las actualizaciones del mismo que en su caso correspondan, aplicable en el momento de la fecha en la que se lleve a cabo la compraventa, por el valor de coeficiente de zona que corresponda, el cual se determina en la tabla que describe el mismo artículo 12.1 del citado Decreto 92/2002.   
VI. En el caso que nos ocupa, revisada la documentación obrante en el expediente, se comprueba que el precio máximo de la vivienda objeto de las ayudas es de 90.672,29 euros, cantidad que resulta de multiplicar el precio básico vigente en el momento de la compraventa, que es 695,19 euros, por el coeficiente de zona de la localidad de Xirivella en la fecha de solicitud de visado y financiación cualificada, que es 1,45, y su resultado (1.008,03), multiplicado por la superficie útil de la vivienda, que es 89,95 metros cuadrados. De esta cantidad el 50% asciende a 45.336,14 euros   
VII. Alega la recurrente que del valor de 50.000,00 euros dado a la mitad indivisa de la vivienda, 10.000,00 euros corresponden a la totalidad de los bienes inmuebles que se hallan en su interior, aportando un documento privado en el que así lo manifiestan, si bien es un documento privado y las firmas no están legitimadas. Dicha modificación es una modificación de escritura pública por lo que debería haberse hecho modificación de la escritura de liquidación de gananciales de fecha 31 de marzo de 2005 para que dicha manifestación tuviera efecto.  
De este modo, y dado que el precio del 50% de la vivienda asciende a 50.000,00 euros, resulta que el citado precio supera el precio máximo legal de venta, por lo que no es posible estimar el recurso de alzada interpuesto.  
Sentado lo anterior, y no habiéndose aportado por la parte recurrente prueba suficiente y adecuada que desvirtúe el contenido de la resolución impugnada, procede confirmar la misma.   
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución del Área de Promoción, resuelvo:  
Desestimar el recurso de alzada formulado por María Fernández Muñoz contra la resolución del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Valencia, de fecha 8 de noviembre de 2005, que queda confirmada.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 23 de junio de 2006.- El director general de Vivienda y Proyectos Urbanos: Bernabé Bueno Miralles.