Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9002, del 21-01-2021 (2021/400)

ORDEN 1/2021, de 14 de enero, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelve la revocación expresa de la autorización del centro privado María de Icíar de Riba-roja de Túria, con código 23278386.
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Número DOGV
:   9002

Fecha DOGV
:   21-01-2021

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2021/400


Fecha del documento
:   14-01-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
    * Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
    * centro de enseñanza

ORDEN 1/2021, de 14 de enero, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelve la revocación expresa de la autorización del centro privado María de Icíar de Riba-roja de Túria, con código 13905191. [2021/400]  
Antecedentes de hecho  
Primero. El centro privado María de Iciar de Riba-roja de Túria, con código 02482855, posee autorización administrativa de apertura y funcionamiento como centro docente para impartir Educación Infantil, primer y segundo ciclo, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, de acuerdo con la Orden de 29 de febrero de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se realiza la última modificación de su autorización administrativa.  
  
Segundo. En fecha 17 de diciembre de 2019 se remite por parte de Inspección General de Educación el informe de Inspección de Educación de la Dirección Territorial de esta Conselleria en Valencia tras las visitas giradas al centro privado María de Iciar, en fechas 15 y 28 de octubre y 8 de noviembre de 2019. En dicho informe se dejó constancia de diferentes incumplimientos por parte de la titularidad del centro en relación con las unidades autorizadas y las unidades en funcionamiento, deficiencias en cuanto a la posesión de la titulación académica del profesorado, incumplimiento entre las enseñanzas autorizadas e impartidas. De todos estos hechos se dejó constancia detallada en el referido informe.  
  
Tercero. En fecha 7 de febrero de 2020, se realiza un requerimiento a la titularidad del centro en el que se expone los incumplimientos constatados por Inspección de Educación, y se concede un plazo de quince días para que subsane las deficiencias señaladas, de acuerdo con el artículo 17 del Real decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias.  
  
Cuarto. En fecha 23 de marzo de 2020, la representante de la titularidad del centro presenta alegaciones y documentación adjunta al requerimiento en las que manifiesta, en conclusión, que considera que se han subsanado todas las deficiencias y, por lo tanto, solicita el archivo del expediente.  
  
Quinto. Las alegaciones junto con la documentación adjunta fueron remitidas a la Inspección de Educación con el fin de que se compruebe si las deficiencias han sido subsanadas.  
  
Sexto. En fecha 20 de julio de 2020, se emite informe de la Inspección de Educación en respuesta a las alegaciones y documentación presentadas.  
  
Séptimo. En fecha 21 de octubre de 2020, a la vista de las alegaciones y documentación adjunta presentada y a la vista del informe de la Inspección de Educación, se acuerda el inicio de oficio del procedimiento de extinción de la autorización por revocación expresa de la autorización al centro al considerar no subsanadas las deficiencias referentes a:  
1º Incumplimiento en el funcionamiento del centro respecto de la autorización:  
El centro está autorizado para tener en funcionamiento:  
- 3 unidades de Educación infantil de primer ciclo.  
- 3 unidades de Educación infantil de segundo ciclo.  
- 6 unidades de Educación Primaria.  
- 4 unidades de ESO.  
- 4 unidades de Bachillerato, en las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, y Ciencias.  
Sin embargo, de acuerdo con las actas del 15 de octubre y del 8 de noviembre de 2019, el centro funciona de la siguiente manera:  
- Educación infantil de primer ciclo, no está en funcionamiento.  
- Educación infantil de segundo ciclo, está en funcionamiento una sola unidad con una agrupación mixta no autorizada con 9 alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 5 años.  
- Educación Primaria, solamente está en funcionamiento 3 unidades con una agrupación mixta no autorizada, con un total de 29 alumnos. Una unidad agrupa alumnos de primero y segundo; una segunda unidad agrupa alumnos de tercero y cuarto y, finalmente, una tercera unidad agrupa alumnos de quinto y sexto.  
- Educación Secundaria Obligatoria, se encuentra en funcionamiento dos unidades mixtas no autorizadas, una unidad que agrupa alumnos de primer y segundo curso y otra que agrupa alumnos de tercer y cuarto curso.  
- Bachillerato, se encuentra en funcionamiento dos unidades mixtas no autorizadas, una unidad con alumnos de primero y segundo de la modalidad de Ciencias y otra unidad con alumnos de primero y segundo de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.  
2º Titulaciones del profesorado.  
Se identifican por la Inspección Educativa el profesorado del centro cuya titulación no se corresponde con la requerida por la normativa para impartir las materias correspondientes.  
3º Enseñanzas autorizadas.  
El curriculum que se imparte en este centro no se corresponde con las enseñanzas autorizadas.  
  
Octavo. Intentada la notificación del anterior acuerdo en dos ocasiones y no siendo recogida dicha notificación en las oficinas de correo por la titularidad del centro, se pone en conocimiento de la representante de la titularidad la circunstancia aceptando la misma la notificación telemática, la cual se realiza en fecha 10 de noviembre de 2020,  
Noveno. En fecha 1 de diciembre de 2020, la representante de la titularidad del centro presenta alegaciones y documentación adjunta, en la que expresa de forma sucinta lo siguiente:  
1º El procedimiento actual fue iniciado el 7 de febrero de 2020 por el trámite previsto en el art. 17.2 del Real Decreto 332/19722, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias ha caducado en virtud del artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, al haber transcurrido más de 3 meses sin resolver el mismo, con independencia de la interrupción por el Real decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se suspenden del 14 de marzo al 4 de junio de 2020.  
La situación excepcional que vivió el alumnado y profesorado con la carga adicional de trabajo debería haber sido considerado motivo suficiente para archivar el presente procedimiento.  
2º Subsanación de agrupamiento: las unidades autorizadas quedaron subsanadas por la situación excepcional de la suspensión de presencialidad acordada por Resolución 13 de marzo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la cual se establecen instrucciones de organización y funcionamiento en los centros educativos sostenidos con fondos públicos afectados por las medidas de suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19).   
Como dicha resolución acuerda la suspensión temporal de la actividad educativa presencial, queda subsanada la agrupación en virtud del art. 281.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, en el que se establece que «no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.»   
«No existen agrupaciones ni ubicación física inadecuada a partir del 12 de marzo y ningún nivel supera la ratio autorizada, dentro del plazo concedido para la subsanación.»  
Considera que las agrupaciones de alumnos que realiza el centro ahora están permitidas de acuerdo con la Resolución de 17 de julio de 2020, donde se especifican en el punto 3.2.3 los criterios de confección de grupos del alumnado con el objetivo de cumplir las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19.  
Por último, alega el art. 13 e) de la Ley 39/2015 el derecho de los administrados a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, considerando que existe una actitud persecutoria y no conciliadora respecto de la inspectora de zona, la cual vulnera el derecho del administrado del art. 53.2 b de la Ley 39/2015 en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora.  
3º Titulación académica del profesorado.   
Considera que no se han tenido en cuenta sus anteriores alegaciones en las que se acreditó la subsanación:  
- Raúl Ruíz Bueno, es personal no docente, por lo que queda subsanado.  
- Miguel Ramón Jiménez, no es necesaria la subsanación puesto que se encontraba en el aula como sustituto de guardia ante la ausencia ese día por indisposición del especialista titular de lengua José Coloma.  
- Ricardo de María González, queda subsanado porque se acreditó su formación pedagógica. En cuanto a la capacitación didáctica para impartir biología y geología, queda subsanada mediante las certificaciones adjuntas, además de la experiencia docente de haberla impartido.  
4º Enseñanzas autorizadas.  
Considera que ya estaba subsanado y que se adjunta documento a efectos de acreditar este extremo.  
Décimo. En fecha 29 de diciembre de 2020 se ha emitido informe de la Inspección de Educación en el que se da respuesta a las alegaciones realizadas por la representante de la titularidad del centro privado María de Icíar.  
A estos hechos le son de aplicación los siguientes  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. La competencia para adoptar la presente orden corresponde al conseller Educación, Cultura y Deporte conforme al artículo 15 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias.  
  
Segundo. El Real decreto 332/1992 dispone en su artículo 17 que cuando un centro docente deje de reunir alguno de los requisitos mínimos referidos a la titulación académica del profesorado, relación numérica alumno-profesor, instalaciones docentes y deportivas y número de puestos escolares, «se pondrá de relieve al titular para que subsane las deficiencias; en caso de no hacerlo en el plazo que se le conceda, se iniciará el oportuno expediente.» Es decir, antes de iniciar de oficio del correspondiente procedimiento de extinción de la autorización por revocación expresa por incumplimiento de alguno de los requisitos mínimos, se debe de requerir al titular del centro para la subsanación de los incumplimientos. En cumplimiento de ello, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en fecha 7 de febrero de 2020, requirió a la titularidad del centro la subsanación de los incumplimientos constatados por la Inspección de Educación, como se expresa en el hecho tercero de la presente resolución, por lo que en ese momento aún no se ha iniciado procedimiento de revocación, de manera que no puede haberse producido la caducidad con referencia a la fecha del requerimiento.   
Tras el citado requerimiento, la titularidad del centro María de Icíar presentó alegaciones y documentación, las cuales fueron examinadas por la Inspección de Educación dejando constancia de ello en el correspondiente informe; a la vista de ambas actuaciones, la Dirección General de Centros Docentes, en fecha 21 de octubre de 2020, adopta el Acuerdo el inicio de oficio del procedimiento de extinción de la autorización por revocación expresa al citado centro por incumplimiento de los requisitos mínimos para impartir las enseñanzas con garantía de calidad (artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación) y así como por no impartir las enseñanzas para las que el centro fue autorizado (artículo 19 del Real decreto 332/1992).  
El 21 de octubre de 2020 es el dies a quo, es decir, día a partir del cual comienza el plazo de tres meses para dictar y notificar la resolución expresa, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.3 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Sobrepasado este plazo se produciría la caducidad del procedimiento según el artículo 25.1 b) de la citada Ley 39/2015.  
Como queda demostrada no se ha producido aún la caducidad del actual procedimiento, por lo que se desestima la alegación primera de la representante de la titularidad del centro respecto a la caducidad del presente procedimiento.  
  
Tercero. En cuanto a las alegaciones de agrupamiento de las unidades, que suponen un incumplimiento de los puestos escolares y de las instalaciones.  
Como se ha expresado en el hecho séptimo del presente acuerdo, la Inspección de Educación ha constatado, tras diferentes visitas al centro, que el funcionamiento del centro no se corresponde con la autorización concedida. La autorización se concedió conforme a la normativa aplicable, entre las normas que se encuentra el Real decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Este real decreto establece lo siguiente:  
En su artículo 6.1 «los centros que ofrecen el segundo ciclo de la educación infantil deberán contar con un mínimo de tres unidades, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional tercera del presente real decreto.»   
Sin embargo, el centro está funcionando en Educación Infantil de segundo ciclo con una sola unidad, realiza una agrupación mixta no autorizada con alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 5 años.   
Educación infantil de primer ciclo no está en funcionamiento.  
En su artículo 9: «Los centros de educación primaria tendrán, como mínimo, una unidad por cada curso salvo lo establecido en la disposición adicional tercera del presente real decreto.»  
Sin embargo, el centro en esta etapa solo funciona con 3 unidades, con una agrupación mixta no autorizada, con un total de 29 alumnos. Una unidad agrupa alumnos de primero y segundo; una segunda unidad agrupa alumnos de tercero y cuarto y, finalmente, una tercera unidad agrupa alumnos de quinto y sexto.  
En su artículo 13 el Real decreto dispone: «En los centros de educación secundaria que ofrezcan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria se deberán impartir los cuatro cursos de que consta esta etapa educativa con sujeción a la ordenación académica en vigor. Dichos centros deberán tener, como mínimo, una unidad para cada curso (?)»  
El centro en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se encuentra en funcionamiento dos unidades mixtas no autorizadas, una unidad que agrupa alumnos de primer y segundo curso y otra que agrupa alumnos de tercer y cuarto curso.  
Asimismo, el Real decreto establece en su artículo 15 que en la etapa de Bachillerato los centros deberán disponer un aula por cada unidad.  
El centro funciona en la etapa de Bachillerato con dos unidades mixtas no autorizadas, una unidad con alumnos de primero y segundo de la modalidad de Ciencias y otra unidad con alumnos de primero y segundo de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.  
En ningún momento el centro privado María de Icíar ha sido autorizado para realizar agrupaciones de alumnos reduciendo sus unidades. Su autorización en todo momento ha sido para atender líneas completas en todas las enseñanzas autorizadas. Estas agrupaciones suponen una vulneración de la autorización administrativa de apertura y funcionamiento.   
Vulneración que se traduce en una infracción, entre otros, del artículo 4 del Real decreto 132/2010 que regula los puestos escolares disponiendo en su apartado primero «El número de puestos escolares de los centros se fijará en las correspondientes disposiciones por las que se autorice su apertura y funcionamiento, teniendo en cuenta el número máximo de alumnos por unidad escolar y el número total de unidades autorizadas en función de las instalaciones y condiciones materiales establecidas en este real decreto.»  
Los requisitos exigidos para las instalaciones no son independientes de cómo deben de utilizarse las mismas, por lo que la finalidad de dichos requisitos está íntimamente relacionados con el destino que se va a dar a las instalaciones. Si la norma exige que la educación infantil de segundo ciclo tenga como mínimo tres unidades, el centro privado María de Icíar pervierte el sentido de la norma al juntar niños de 3 a 6 años, aun cuando no sobrepase el número de puestos escolares autorizados. Ya que ese número se autoriza en relación con un número máximo de alumnos pero también en relación con el número total de unidades autorizadas. Lo mismo se debe decir del resto de enseñanzas: educación primaria, educación secundaria obligatoria y Bachillerato. El centro debe funcionar como se le ha autorizado: una unidad por curso escolar sin sobrepasar el límite máximo de alumnos establecidos.  
Ningún sentido tendría exigir a los centros privados que dispongan como mínimo de un aula por curso si lo que se pretende es que no se llegue a un número máximo de alumnos por aula sin importar el curso que se imparta. Por el contrario, la norma exige que los cursos se correspondan con las aulas físicas, un aula por curso, y además, que exista un número máximo de alumnos por aula de acuerdo con sus dimensiones.   
Otro argumento a favor es que la normativa al respecto establece un número máximo de alumnado por aula para garantizar una calidad, permitiendo en casos excepcionales, y solo para educación infantil y primaria, la agrupación, no contemplando que un colegio con poco alumnado pueda realizar la configuración que le sea más oportuna, sin atender a la calidad de la enseñanza.  
Señalada a la titularidad del centro estas infracciones, la representante de la titularidad no niega estas agrupaciones de alumnos con reducción de unidades y ahora aduce que dicha agrupación ha quedado subsanada por la situación excepcional de la suspensión de presencialidad acordada por la Resolución de 13 de marzo de 2020 de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional.  
La citada Resolución son instrucciones de aplicación a los centros docentes sostenidos con fondos públicos, el centro privado María de Icíar ni es un centro docente concertado ni público por lo que no está sostenido con fondos públicos, por lo tanto de entrada es un centro excluido de la aplicación de la resolución que alega pero además dicha resolución tiene como finalidad el acompañamiento educativo al alumnado mientras se mantenga la suspensión temporal de la actividad educativa presencial; es decir, no se está autorizando la agrupación de alumnado con reducción de unidades que es lo que se le reprocha al centro María de Icíar. Debiendo además resaltarse que dicha resolución tiene un carácter temporal: mientras dure la suspensión temporal de la actividad educativa presencial.  
La única subsanación posible es que el centro deje de agrupar cursos de diferentes edades en una sola aula, reduciendo unidades, y mantenga el número de unidades que tiene autorizadas.  
Por otra parte, alega también la representante de la titularidad que tras la Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se ha determinado la suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los centros etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de la Comunidad Valenciana, la representante de la titularidad considera que ello determina que queda probada la subsanación de agrupamiento ya que según la Ley de Enjuiciamiento Civil no es necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.   
Considera la titularidad del centro que puesto que no existen agrupaciones ni ubicación física inadecuada a partir del 12 de marzo y ningún nivel supera la ratio autorizada dentro del plazo concedido para la subsanación.  
Todo ello constituye una interpretación distorsionada de la situación que ha supuesto la pandemia por COVID-19, de las resoluciones y de la normativa en general, por lo que se hace necesaria una explicación exhaustiva de la situación de este centro educativo:  
1º Ya en el año 2018 existen varios informes de la Inspección de Educación en los que se deja constancia que el centro funciona mediante agrupaciones de alumnos no autorizadas con reducción de unidades, ello dio lugar en su momento tanto a un requerimiento de subsanación como a un posterior acuerdo de inicio de oficio de un procedimiento de revocación de la autorización que caducó por no haberse resuelto en el plazo de tres meses establecidos en la norma, no porque el centro hubiera subsanado este incumplimiento.  
2º Una vez más la Inspección de Educación realiza en el curso 2019-2020 varias visitas al centro y, tras ellas, deja constancia de que el centro continúa funcionando de forma contraria a su autorización, por ello se requiere a la titularidad del centro para que subsane y no realice las agrupaciones no autorizadas.   
El plazo no es para que subsane y después funcione como desee, sino que subsane de manera definitiva, algo que no ha realizado la titularidad, así lo demuestra el historial de informes que ha realizado Inspección Educativa.   
La titularidad ya alegó, en su respuesta al requerimiento previo al inicio de este procedimiento, que estas agrupaciones de alumnos estaban justificadas en aplicación del Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, y como ya se expresó en Acuerdo de inicio del presente procedimiento, este decreto en ningún momento a lo largo de su articulado autoriza o motiva a realizar las agrupaciones de alumnado para disminuir unidades que es lo que realiza el centro privado María de Iciar.   
3º En la actualidad, la titularidad se acoge a la excepcional situación vivida a partir de la declaración del estado de alarma a causa de la crisis sanitaria como causa de subsanación de esas agrupaciones de alumnos en las que disminuye unidades.  
Tal y como expresa el informe de Inspección de Educación, de fecha 29 de diciembre de 2020, «las alegaciones señaladas al respecto por la titularidad no justifican las irregularidades en los agrupamientos constatadas por la inspección de educación en informe de fecha 17.12.2019 ni la posterior subsanación de los mismos, sino que evidencian una organización diferenciada establecimiento un modelo de educación a distancia con motivo de la pandemia por la Covid-19.  
En las alegaciones realizadas no se acredita una nueva configuración de los grupos atendiendo a las unidades autorizadas en las unidades autorizadas en las diferentes enseñanzas ni constan las ratios asociadas a los mismos. Además, no se acredita una reorganización y/o contratación de profesorado con la correspondiente atribución docente para asegurar la atención educativa del alumnado de las diferentes unidades.  
Por todo lo expuesto, no se consideran subsanadas las irregularidades en los agrupamientos incumpliendo los requisitos mínimos de la autorización, no siendo justificación suficiente que la atención no presencial no precise una ubicación física.»  
Continúa el informe de Inspección de Educación en respuesta a la alegación respecto a que la Resolución de 17 de julio de 2020 permite las agrupaciones de alumnado, «En relación a la alegación en la que la titular justifica las agrupaciones realizadas en virtud de lo establecido en la Resolución de 17 de julio de 2020 por la que se posibilita la configuración de grupos estables excepcionalmente de hasta 25 alumnos, así como la agrupación de dos niveles en un mismo grupo y la configuración de grupos no estables a partir de tercero de primaria manteniendo una distancia interpersonal de 1,5 m.  
Se desestima la alegación presentada ya que las irregularidades en los agrupamientos detectados en el centro se produjeron previamente a la situación de crisis sanitaria y sus motivaciones en aquel momento no respondían a la aplicación de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19. Así mismo, cabe señalar que la Resolución de 17 de julio de 2020, mencionada por la titular, fue publicada con posterioridad a los hechos que motivaron la incoación del expediente.»  
Por lo que se desestima las alegaciones realizadas en cuanto a la subsanación de agrupación del alumnado con reducción de las unidades autorizadas.  
  
Cuarto. Respecto a la alegación en relación con las actas en las que se hace constar que «en ninguna de las actas figura indicación o asesoramiento de la inspectora incumpliendo su función respecto al procedimiento a seguir para la regularización de agrupaciones, ahora permitidas teniendo en cuenta la Resolución de julio de 2020.»  
El informe de Inspección de Educación, de fecha de 29 de diciembre de 2020, declara: «Se considera desestimada esta alegación ya que las actas emitidas por la inspección fueron consecuencia de las visitas realizadas con anterioridad a la publicación de la Resolución de 17 julio de 2020. No obstante, la inspectora de zona, Dª Nieves García Brizuela, y el inspector que suscribe este informe desarrollaron actuaciones de asesoramiento a lo largo del curso 2018/2019 y 2019/2020 tanto a la titular como al personal del centro.  
Tal y como establece el artículo 31 de la Orden 17/2019 los inspectores, en el ejercicio de sus funciones y como autoridad pública, podrán levantar actas para la acreditación de los hechos. Por lo que estos inspectores en virtud de las funciones y atribuciones que les confiera la norma, en el ejercicio de su actividad profesional con valor probatorio que comporta presunción de certeza, constataron en las actas emitidas las presuntas infracciones haciendo referencia expresa a la norma presuntamente vulnerada. De esta forma, las actas levantadas en las visitas realizas al Centro María de Icíar durante los curos 2018/2019 y 2019/2020 se ajustaron a lo regulado en la citada normativa.»  
Además, la interesada cuestiona la actuación de la Dª Nieves García Brizuela «por la actitud persecutoria y no conciliadora- lo que prejuzga y suplanta la actuación del procedimiento administrativo». La Inspección de Educación al respecto deja constancia de lo siguiente: «Cabe señalar que tanto las visitas al centro como los informes presentados fueron elaborados conjuntamente por la inspectora Dª Nieves García Brizuela y el inspector que suscribe este informe, y se desarrollaron atendiendo a los principios éticos y de conducta contemplados en la Resolución de 2 de junio de 2011 por el que se regula la carta de buenas prácticas de la Inspección de Educación. Se desestima la alegación puesto que la actuación inspectora reflejada en las actas e informes presentados se realizó con la finalidad de velar y garantizar el derecho a una educación de calidad.»  
Quinto. Respeto las alegaciones de las titulaciones del profesorado para el ejercicio docente en las diferentes enseñanzas la Inspección de Educación deja constancia en su informe de lo siguiente:  
«a) La titular alega que D. Raúl Ruíz Bueno es personal no docente con funciones de apoyo, vigilancia y cuidado del alumnado.  
Se considera que D. Raúl Ruíz Bueno, contratado en calidad de personal no docente y habiendo acreditado el título de Técnico Superior de Actividades Físicas y Deportivas puede ejercer las funciones señaladas por la titular como personal no docente. No obstante, los hechos constatados por la inspección en las visitas realizadas reflejan que el interesado se encontraba ejerciendo funciones docentes al alumnado de segundo ciclo de educación infantil y no de apoyo.»  
La titularidad del centro ha incumplido al permitir el ejercicio docente de D. Raúl Ruíz Bueno en segundo ciclo de Educación Infantil cuando no contaba con la titulación correspondiente.  
b) La titular alega que «D. Miguel Ramón Jiménez no requiere subsanación alguna ya que se encontraba realizando la substitución de forma puntual como profesor de guardia ese día ante la ausencia del titular de lengua y literatura castellana D. José Coloma.» Este inspector considera justificable lo alegado por la titular tal como se hizo constar en el informe inicial. No obstante, cabe trasladar a la titular la necesidad de elaborar un plan de sustitución ante la ausencia del profesorado que deberá constar en las normas de organización y funcionamiento.»  
Se admite respecto de este profesor la alegación de la titularidad.  
«c) La titular alega que D. Ricardo de María González puede impartir la materia de Biología y Geología aportando, junto al título de Ingeniero de Geodesía y Cartografía, el título de máster de profesor de educación secundaria y la certificación de haber impartido la materia de Biología y Geología durante los cursos 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020.  
Se estiman las alegaciones presentadas por la titular al constatarse, tras la supervisión de las actas de evaluación y propuestas de títulos presentadas y en aplicación del RD 860/2010, que impartió la citada materia en los cursos 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. De esta forma, quedan subsanadas las incidencias señaladas por la inspección de educación relativas al docente D. Ricardo de María.  
Por último, este inspector constata tras consulta al negociado de centros en fecha 23/12/2020 que las fichas FOP presentadas en los cursos 2016/2017, 2018/2019 y 2019/2020 se encuentran incompletas, no figurando los documentos acreditativos de las correspondientes titulaciones en el registro de la Dirección Territorial de Educación de Valencia.»  
De acuerdo con lo expuesto, persisten deficiencias en las titulaciones del profesorado del centro, lo que supone un incumplimiento de uno de los requisitos mínimos que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, que es el referido a la titulación del profesorado.   
Quinto. En cuanto al incumplimiento en cuanto a las enseñanzas autorizadas. De acuerdo con los informes que dieron origen a este procedimiento: la Inspección de Educación realizó comprobación sobre si las materias impartidas son las propias del currículum de las enseñanzas autorizadas; resultando, de la visita girada al centro el 28 de octubre de 2019, que en educación infantil y primaria las referencias normativas referidas al currículum se encontraban derogadas, al tiempo que Inspección de Educación informaba de los decretos de currículum vigentes. En cuanto a Educación Secundaria, las programaciones de las materias de Música e Inglés no se ajustaban a la normativa básica. Respecto de Bachillerato las programaciones didácticas supervisadas carecían de concreción y adecuación a las características del grupo de alumnos y al contexto en el que se encontraban.  
En respuesta al Acuerdo de inicio del presente procedimiento la titularidad ha remitido el conjunto de programaciones didácticas de las diferentes enseñanzas, áreas y asignaturas en 3 carpetas comprimidas en formato ZIP. La primera correspondiente a infantil y primaria con un total de 72 archivos, la segunda correspondiente a ESO con un total de 49 archivos y la tercera correspondiente a Bachillerato con un total de 17 archivos. De la supervisión realizada por la Inspección de Educación se dejan constancia en el informe, de fecha 29 de diciembre de 2020, de las siguientes consideraciones de acuerdo con las diferentes enseñanzas autorizadas:  
«Educación infantil:  
- No se aporta propuesta pedagógica de la etapa infantil.  
- Las programaciones no han sido contextualizadas atendiendo al grupo de alumnos al que van dirigidos y a sus características.  
- La programación didáctica se dirige a todo el segundo ciclo de educación infantil.  
- Incorpora como elemento curricular las competencias básicas que no son propias de esta etapa y que no se ajusta a lo establecido en el Decreto 38/2008.  
- No figura el diseño curricular de las unidades didácticas, ni se concretan las actividades complementarias.  
- La descripción de medidas de atención a la diversidad son genéricas y no se ha incorporado el nuevo marco normativo para la inclusión regulado por el Decreto 104/2018 y la Orden 20/2019.  
Educación primaria:  
- El centro ha presentado la revisión de las programaciones didácticas correspondientes a la etapa primaria en los niveles de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de todas las áreas. Sin embargo, a excepción de la programación de 5º y 6º y Educación Física, las programaciones didácticas no se ajustan a los elementos básicos establecidos por el artículo 11 del Decreto 108/2014, de 4 de julio por el que se regula el currículo de primaria en la Comunidad Valenciana. En este sentido, únicamente figuran en documentos diferenciados el diseño curricular del nivel y área, la contextualización general del centro y del nivel correspondiente y la temporalización.  
- En los niveles de 5º y 6º la revisión realizada por el centro de las programaciones didácticas en base a las irregularidades detectadas por la inspección ha sido superficial e incompleta, incorporándose la normativa vigente reguladora del currículo en el apartado 1 correspondiente a la introducción y justificación, observando que no se ha tomado como referencia en el apartado 2 objetivos generales de la etapa tomando como referencia normativa derogada como el Decreto 111/2007 o el RD 1513/2006.  
- Las programaciones didácticas han sido realizadas por ciclos agrupando los niveles 5º y 6º.  
- Las programaciones didácticas están descontextualizadas al hacer referencia a las características generales de una edad determinada y no a las características del alumnado del grupo aula al queden ir dirigidas.  
  
- En cuanto a los apartados de las programaciones de 5º y 6º establecidos en el artículo 11 del Decreto 108/2014, cabe señalar que se ajustan parcialmente en cuanto a la forma, pero no en cuanto al contenido que debe concretar cada apartado. De esta forma, encontramos que el apartado 5 Unidades Didácticas, si bien se han temporalizado presentan un diseño curricular incompleto al carecer de justificación, actividades de enseñanza aprendizaje, actividades complementarias, medidas de atención a la diversidad y metodología específica. El apartado 7 evaluación carece de actividades de refuerzo y ampliación. El apartado 8 medidas de atención al alumnado con NEAE y NCD está descontextualizado y no se ajusta a la normativa vigente. El aparatado 9 elementos transversales no se ajusta a lo establecido en el artículo 10 del RD 126/2014 siendo incompleto al realizar únicamente referencia al fomento lector. En este sentido, el marco normativo de referencia utilizado, RD 1513/2006, se encuentra derogado.  
ESO y Bachillerato.  
Las programaciones presentadas se ajustan en cuanto a la estructura a los apartados regulados por el artículo 5 del Decreto 87/2015. No obstante, en cuanto al contenido: los apartados 1 introducción, 8 medidas de atención a la diversidad y 9 elementos transversales son generales y no han sido contextualizados atendiendo a las características y singularidades del grupo de alumnos al que deberán haberse dirigido en el curso 2019/2020. En este mismo sentido, cabe señalar que la mayor parte de las programaciones reproducen literalmente el diseño curricular establecido en los anexos I, II y III del Decreto 87/2015 o bien de la editorial SM sin desarrollar las unidades didácticas y sus elementos curriculares.»  
El artículo 19.2 del Real decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, dispone que será causa de revocación de la autorización «si el incumplimiento consistiera en no impartir las enseñanzas para las que se autorizó el centro, de acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio y con sujeción a las normas de ordenación académica en vigor». Según lo constatado por Inspección de Educación tras la documentación presentada por la titularidad del centro: no se están impartiendo las enseñanzas para las que se concedió la autorización al centro privado María de Icíar.  
De acuerdo con lo expuesto,   
  
  
ORDENO  
  
Revocar la autorización como centro docente al centro privado María de Icíar de Riba-roja de Túria, con código 69197448, por incumplimiento de los requisitos mínimos referidos a la titulación académica del profesorado, instalaciones docentes y número de puestos escolares e incumplimiento de las enseñanzas autorizadas.  
La revocación tendrá efectos a partir del curso 2021/2022.  
El presente acto que pone fin a la vía administrativa los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente. Todo ello de conformidad con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. O bien, podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante el titular de la conselleria competente en materia educativa en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acto, todo de conformidad con los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 14 de enero de 2021  
  
El conseller de Educación, Cultura y Deporte,  
VICENT MARZÀ I IBÁÑEZ