Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4388, del 28-11-2002 (2002/13769)

ACUERDO de 26 de noviembre de 2002, del Gobierno Valenciano, por el que se establece un arbitraje obligatorio en el conflicto derivado de la huelga convocada en el sector de transportes de viajeros por carretera de la provincia de Castellón.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4388

Fecha DOGV
:   28-11-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/13203


Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 26 de noviembre de 2002, del Gobierno Valenciano, por el que se establece un arbitraje obligatorio en el conflicto derivado de la huelga convocada en el sector de transportes de viajeros por carretera de la provincia de Castellón. [2002/A13159]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 26 de noviembre de 2002, adoptó el siguiente acuerdo:
  
El día 11 de octubre de 2002 se comunicó a la Autoridad Laboral la declaración de huelga en el sector de transporte de viajeros por carretera de la provincia de Castellón, por los representantes de la Federación Sindical de Comunicación y Transportes de CCOO-PV y por la Federación Sindical Provincial de Transporte, Comunicaciones y Mar de UGT-PV, contra la parte empresarial representada por la asociación de empresarios del transporte de viajeros por carretera de la provincia de Castellón, Autobuses Furió, SL, Autos Mediterráneo, Autos Vallduxense, SA, e Hicid y Accsa, SA, afectando la huelga convocada a todos los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo provincial de Castellón del transporte de viajeros por carretera de la citada provincia, estando motivada la citada huelga por desacuerdos en la negociación del convenio colectivo del sector en materia de salarios, jornada, horas extras y otras materias de índole social y sindical.
  
Con fecha 14 de noviembre se ha planteado, por las mismas organizaciones sindicales, la ampliación de la huelga a los días 25 y 26 de noviembre, y 2, 3, 4, 5, 9, 16 y 17 de diciembre de 2002, y 10, 13, 14, 20, 21 y 24 de enero de 2003.
  
La huelga preavisada en primer lugar se ha llevado a efecto durante los días 25, 28 y 31 de octubre, y 4, 8, 11 y 15 de noviembre de 2002.
  
En virtud de resoluciones, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de 24 de octubre y 20 de noviembre de 2002, se han establecido los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada los días 11 de octubre y 14 de noviembre, por considerar que el servicio de transporte de viajeros por carretera tiene carácter esencial para la comunidad, que no puede quedar interrumpido por el ejercicio del derecho de huelga al afectar de modo sustancial al derecho de los ciudadanos a la libre circulación, por su gran incidencia en la actividad económica general de la provincia y, por lo tanto, por su vinculación con el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos, que gozan de la máxima protección jurídica.
  
En tal sentido se ha manifestado, entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de noviembre de 1997, señalando que "el transporte regular de viajeros es un servicio esencial en cuanto constituye instrumento en muchos supuestos, no sólo necesario, sino imprescindible (piénsese en los disminuidos físicos y psíquicos escolares), a través del cual se garantiza el ejercicio de derechos fundamentales o la prestación de bienes constitucionalmente protegidos como la educación o el trabajo".
  
En el presente caso hay que señalar que la convocatoria de huelga se extiende a todo el ámbito territorial de la provincia de Castellón, afectando al transporte colectivo por carretera en sus distintas modalidades, es decir, transporte regular de uso general, transporte regular de uso especial (escolar, de estudiantes y de trabajadores), transporte regular temporal, transporte discrecional y turístico y transporte de disminuidos físicos y psíquicos, lo que incide en la prestación de servicios que resultan esenciales para el ejercicio de derechos tan básicos como la educación, el trabajo o la asistencia sanitaria, en especial en aquellas zonas que no disponen de un medio alternativo de desplazamiento de carácter público.
  
Habida cuenta de que las negociaciones mantenidas por las partes en conflicto para conciliar las posturas no han logrado resultado alguno, habiéndose agotado de este modo las medidas contempladas en el ordenamiento jurídico para la resolución de los conflictos de manera negociada, se hace preciso adoptar la medida prevista en el artículo 10, párrafo primero, del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, consistente en un arbitraje obligatorio, posibilidad que no solo mereció el juicio positivo, respecto de su constitucionalidad, en el fundamento jurídico número 19 de la Sentencia del Tribunal Constitucional número 11/1981, de 8 de abril, sino que la sentencia señaló que se trata de un medio idóneo de solución posible para casos tan excepcionales como los que el precepto describe, siempre que en él se respete el requisito de la imparcialidad del árbitro.
  
La competencia para adoptar esta medida está atribuida al Gobierno Valenciano en el ámbito territorial de la referida huelga, de acuerdo con lo establecido en los artículos 28.2, 148.1.5 y 149.1.7 de la Constitución española, en los artículos 33.1 y 38 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, y en el Real Decreto 4.105/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado a la Generalitat Valenciana en materia de trabajo.
  
Teniendo en cuenta que la duración de la huelga afecta a los meses de noviembre y diciembre de 2002 y enero de 2003, habiendo dado comienzo el pasado mes de octubre, y que los servicios mínimos decretados han sido incumplidos absolutamente, que las posiciones de las partes continúan muy distanciadas hasta el punto de que razonablemente se considera superada y agotada la fase de posible entendimiento entre las partes, y que se está produciendo un grave perjuicio de toda índole para el conjunto de la sociedad en la provincia afectada, así como para el ejercicio de derechos constitucionales como el de educación, trabajo y libre circulación de los ciudadanos, es por lo que, a propuesta del conseller de Economía, Hacienda y Empleo, el Gobierno Valenciano
  
ACUERDA
  
Primero
  
Establecer un arbitraje obligatorio como medio de resolución de la huelga declarada en el sector de transporte de viajeros por carretera en el ámbito territorial de la provincia de Castellón, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, ante el incumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la administración autonómica y con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos esenciales afectados.
  
Segundo
  
Instar a las partes para que en el plazo de 24 horas, a contar desde la notificación del presente acuerdo, procedan de común acuerdo a la designación de un árbitro.
  
Para el caso de que transcurrido ese plazo no se hubiera logrado acuerdo, el árbitro designado será Vicente Sampedro Guillamón, en quien concurre el requisito de imparcialidad exigido en su condición de inspector de Trabajo y Seguridad Social.
  
Tercero
  
La decisión del árbitro habrá de resolver en equidad cuantas cuestiones se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo del conflicto.
  
Cuarto
  
El árbitro dictará su decisión, previa audiencia de las partes, en un plazo de cinco días desde que acepte el nombramiento.
  
Quinto
  
El presente acuerdo se notificará a las partes en conflicto.
  
Valencia, 26 de noviembre de 2002
  
El vicepresidente y secretario del Gobierno Valenciano,