Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5738, del 09-04-2008 (2008/3816)

Notificación a Manuel Soriano Martínez. Expediente número A-DANU-0029/07.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5738

Fecha DOGV
:   09-04-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/3816


Fecha del documento
:   11-10-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a Manuel Soriano Martínez. Expediente número A-DANU-0029/07. [2008/3816]  
De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se procede a notificar a Manuel Soriano Martínez, C/ Pintor Gastón Castelló, nº 4, esc. Izq. 3º pta. B (03448 Alicante) la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-322/07  
Resolución de la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del recurso de alzada relativo al expediente administrativo de desahucio por no uso (A-DANU-0029/07) de la vivienda sita en Alicante, avenida Pintor Gastón Castello nº 4, bq-7,esc-izq.3 pta-B (cod. Vvda. 03/7069/0184).  
Datos del reclamante.  
Nº exp. Apellidos y nombre.  
A-DANU-0029/07 Soriano Martínez, Manuel  
Datos de la vivienda.  
Código vivienda. 03/7069/0184  
Domicilio: av. Pintor Gastón Castelló nº 4, esc. izq., 3 pta.B de Alicante.  
Régimen: arrendamiento.  
Adjudicatario: Manuel Soriano Martínez  
I. Antecedentes  
Cronológicamente expuestos, los hechos esenciales relativos a dicho expediente, son los siguientes:  
Primero. Con motivo de las visitas periódicas realizadas por personal adscrito a la Inspección de Patrimonio del IVVSA, se detectó la falta de ocupación de manera habitual y permanente de la vivienda de referencia por su adjudicatario, por lo que en fecha 14 de febrero de 2007 se dictó providencia de incoación de expediente A-DANU-0029/07.  
Segundo. Solicitada al Excmo. Ayuntamiento de Alicante la correspondiente información sobre empadronamiento y convivencia, por el mismo se emitió informe constatando respecto al adjudicatario que el mismo estaba empadronado en la vivienda objeto del expediente desde el 1 de mayo de 1996 haciéndose constar que no figuraba nadie mas inscrito en la misma hoja padronal. Por otro lado, solicitada información de consumos a Aguas Municipalizadas de Alicante se emitió el informe obrante en el expediente.  
Tercero. El 19 de febrero de 2007 se formuló el correspondiente pliego de cargos, que, como consta en el mismo fue notificado directamente al interesado.   
Cuarto. Con fecha 26 de febrero de 2007 se presentó escrito por el interesado, con el que aportaba facturas de suministros e informe médico oftalmológico de la Clínica Medimar.  
Quinto. Con fecha 16 de marzo de 2007 se dictó la correspondiente propuesta de resolución, que al no poder ser notificada directamente al interesado fue objeto de publicación por edictos y en el DOCV nº 5485 de 5 de abril de 2007.   
Sexto. El 21 de mayo de 2007, se dictó la correspondiente resolución del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos, que al no poder ser notificada al interesado, después de dos intentos negativos, fue objeto de publicación por edictos el DOCV nº 5523 de 30 de mayo de 2007.  
Séptimo. El 6 de junio de 2007 se presentó escrito por el interesado, completado por otro de 7 de junio de 2007, formalizando recurso de alzada contra la referida resolución.  
II. Fundamentos de derecho.  
El artículo 141 en relación con el artículo 138 ambos del Decreto 2114/68, de 24 de julio sobre Reglamento de viviendas de protección oficial, en relación también con el artículo 30 del RD. 2960/1976, de 12 de julio, por el que se aprueba el TR. de la legislación de viviendas de protección oficial, que incluyen entre las causas legales de desahucio administrativo de viviendas de promoción pública: «No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente del beneficiario...». Se entiende que existe habitualidad en la ocupación de la vivienda cuando no permanezca desocupada más de tres meses seguidos al año y que el domicilio es permanente cuando constituye la residencia de su titular bien como propietario bien como arrendatario.  
Los artículos 5, 7 y 8 en relación con los art. 112 y 113 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de contratos de las administraciones públicas que califica de administrativos especiales aquellos que tengan carácter administrativo por satisfacer de forma directa e inmediata una finalidad pública y en general por suponer una especial tutela del interés público.  
El artículo 57.5, 2), f) de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la vivienda de la Comunidad Valenciana que establece como causa de desahucio o pérdida del derecho de uso no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente del beneficiario o arrendatario u ocupantes por cualquier título. En el mismo sentido los artículos 181, 182 y 183 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell sobre Reglamento de protección pública a la vivienda.   
El artículo 143 del Decreto 2114/1968 de 24 de julio que reputa en todo caso el domicilio del interesado como la vivienda objeto del desahucio en relación con el artículo 59 y siguientes de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
III. Contestación a las alegaciones.  
De las visitas periódicas realizadas por personal adscrito a la Inspección de Patrimonio del IVVSA, que detectaron la falta de ocupación de manera habitual y permanente de la vivienda de referencia por su adjudicatario, se desprendía inicialmente que en el presente caso se daban las circunstancias que tiene en cuenta la normativa aplicable para dar lugar al desahucio o perdida del derecho de uso, y por lo tanto a la resolución del contrato de arrendamiento, cuando el arrendatario no la destina a domicilio habitual y permanente, por lo que se inició el correspondiente expediente de desahucio.  
Ahora bien, si tenemos en cuenta lo que dice el informe del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Alicante, que refleja el empadronamiento de Manuel Soriano Martínez desde el 1 de mayo de 1996, como los consumos de agua y electricidad acreditados, que muestran un consumo normal para una vivienda habitada por una sola persona, como los informes médicos acompañados por el propio interesado, que indican que fue intervenido de cataratas, solo se puede concluir que la ausencia del adjudicatario de la vivienda arrendada fue ocasional, temporal y debida a la necesaria convalecencia al cuidado de una hermana, como viene a confirmar, por último, el certificado emitido por el presidente y el secretario-administrador de la comunidad de propietarios del edificio, que refleja no solo que el Sr. Soriano se encuentra al corriente en gastos generales y derramas sino que también ocupa la vivienda.  
Por todo lo anterior, el presente recurso debe ser estimado y, como consecuencia, revocada la resolución del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos de fecha 21 de mayo de 2007.  
RESOLUCIÓN  
Visto el expediente, se deduce que no ha quedado acreditado que el adjudicatario de la vivienda sita en av. Pintor Gastón Castelló nº 4, esc. izq, 3 pta.B de Alicante, incurra en causa de resolución administrativa de contrato de arrendamiento y desahucio por no uso, habiendo quedado desvirtuada la causa que dio lugar a la incoación del expediente.  
Vistos los hechos, las disposiciones legales citadas y las de general aplicación, así como la propuesta de la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, resuelve la estimación del recurso de alzada.  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los arts. 10.1 a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 11 de octubre de 2007.- La secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: María Angeles Ureña Guillén.