Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6447, del 27-01-2011 (2010/13652)

Notificación del auto dictado en el juicio de pieza de medidas provisionales coetáneas número 1293/2009.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6447

Fecha DOGV
:   27-01-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2010/13059


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del auto dictado en el juicio de pieza de medidas provisionales coetáneas número 1293/2009. [2010/13209]  
Asunto civil 001293/2009  
Soledad Juan Ruiz, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana.  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Auto 493/2010  
Castellón de la Plana, 13 de diciembre de 2010  
Hechos  
Primero. La procuradora señora Tugal Sorribes, en la representación que tiene acreditada de Sehila Lafuente Aledo, formuló demanda sobre medidas en relación con hijos extramatrimoniales contra Noureddine Ferhat, en la que por medio de otrosí se solicitaba la adopción de las siguientes medidas provisionales hasta que se dictara sentencia definitiva:  
1. Guarda y custodia del hijo menor para la demandante, con patria potestad compartida.  
2. Pensión de alimentos para el hijo de 150 euros mensuales y gastos extraordinarios por mitad.  
3. Régimen de visitas entre padre e hijo cuando aquél residiera en España.  
4. Prohibición de sacar al hijo del territorio español sin consentimiento escrito de la madre.  
5. Obligación del demandado de recoger al hijo en el domicilio de la madre que ésta elija libremente.  
Segundo. Formada la oportuna pieza separada, que se registró con el número 1293/2009, se citó a las partes y al Ministerio Fiscal a la comparecencia prevista en el artículo 771.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tuvo lugar el día 10 de diciembre de 2010, compareciendo a parte actora, que se ratificó en su demanda, así como el Ministerio Fiscal compareció en la persona de Antonio Llusar Martí, que solicito informar tras la práctica de la prueba. El demandado no compareció, pese a haber sido legalmente citado.  
Tercero. Solicitado el recibimiento a prueba, su señoría accedió a lo solicitado, procediéndose a la práctica de la propuesta y admitida, que por la parte actora consistió en documental (dar por reproducida la aportada con su demanda y otra que aportó en el acto). El Ministerio Fiscal hizo suya la prueba de la parte y propuso el interrogatorio de la demandante.  
Cuarto. Practicada la prueba en el acto, y tras informar el fiscal sobre las medidas que interesaba, quedaron conclusos los autos.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. El artículo 770.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que «en los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, para la adopción de las medidas cautelares que sean adecuadas a dichos procesos, se seguirán los trámites establecidos en esta ley para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de utilidad, separación o divorcio". Se han solicitado medidas cautelares coetáneas análogas a las previstas en el artículo 104 del Código Civil.  
Siguiendo un orden lógico, la primera medida sobre la que hay que resolver es la relativa a la custodia y patria potestad respecto del hijo menor, que actualmente cuenta con 5 años de edad. Como ha subrayado una abundantísima jurisprudencia, el principio fundamental que ha de presidir la determinación de la guarda y custodia de los menores de edad es el de la protección de los hijos, o favor filii, de acuerdo con los tratados y resoluciones de las organizaciones internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1959, la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, la Resolución A 3-01479/1992, del Parlamento Europeo sobre la Carta de los Derechos del Niño, y la Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño, de 19 de abril de 1996, así como el artículo 39.2 de la Constitución española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección integral de los hijos; este principio inspira también numerosos preceptos del Código Civil, y constituye la idea básica de la regulación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Por lo tanto, a la hora de establecer el régimen de la guarda y custodia de los menores en las situaciones de crisis matrimoniales, sin desconocer que los padres gozan del derecho de relacionarse con sus hijos, ha de procurarse ante todo el interés del hijo menor de edad en cuyo favor se reconoce este derecho-deber de los padres, de acuerdo con el artículo 39.3 de la Constitución, que establece la obligación de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.  
Acreditado que, desde que se rompió la convivencia hace unos dos años, ha sido la madre quien ha quedado viviendo con el hijo y haciéndose cargo personalmente de su cuidado, sin colaboración del padre quien se encuentra en ignorado paradero, al parecer en Argelia, es evidente que la solución más beneficiosa para el niño es la de atribuir a la madre no sólo la guarda y custodia, sino también el ejercicio exclusivo de la patria potestad que ella viene ejerciendo de ipso desde hace mucho tiempo.  
Segundo. La atribución de la custodia a la madre obliga a determinar la forma en que el padre, como progenitor no custodio, haya de relacionarse con su hijo durante la minoría de edad de éste. El artículo 94 del Código Civil establece que el progenitor que no tenga consigo a los hijos gozará del derecho a visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieran graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. Por lo tanto, el derecho de visitas regulado en el artículo 94 del Código Civil en concordancia con el artículo 161 también del Código Civil, no es un propio y verdadero derecho, sino un complejo de derechos-deberes cuyo adecuado cumplimiento no tiene por finalidad satisfacer los deseos o derechos de los progenitores sino también y sobre todo cubrir las necesidades afectivas y educativas de los hijos en aras de su desarrollo armónico y equilibrado; se trata de un derecho subordinado al interés del menor, y así está recogido en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por Asamblea General de Naciones Unidas de 1959, la Resolución de 29 de mayo de 1967, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; y la Convención del Consejo de Europa de 1980, sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de Guarda de Niños. Por ser el más valioso y necesitado de protección, debe ser concedido al margen y por encima de los motivos que dieron lugar a la separación o divorcio de los cónyuges, ya que el derecho de visitas cumple una evidente función familiar que aunque la familia atraviese una crisis o ruptura, incluso definitiva, se cumplan, en la medida de lo posible, los fines asignados al núcleo familiar, entre ellos, el del pleno desarrollo de la personalidad de los mismos. Asimismo, el artículo 94 del Código Civil admite la posibilidad de limitar o suspender el derecho del progenitor a visitar al hijo que no tenga consigo en el caso de que incumpliera grave y reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial o se diesen circunstancias que así lo aconsejen, pero esta limitación o supresión únicamente puede entrar en juego cuando se den las circunstancias legalmente previstas en el artículo 94 del Código Civil, pues la misma no sólo produce una incidencia negativa sobre el progenitor, que no podrá ver colmadas sus aspiraciones a estar con su hijo, sino que redunde además en mayor o menor medida en una deficiente formación de la personalidad del hijo, que se habrá desarrollado sin contar con la asistencia, la tutela, el seguimiento y el apoyo de su progenitor, por lo que debe ser objeto de una interpretación restrictiva. Ha quedado acreditado que el padre no mantiene contacto físico con el hijo desde hace unos dos años, pero que mantiene relación con el menor por teléfono e Internet, habiendo reconocido la madre que la relación padre-hijo es correcta. También hay que tener en cuenta que el padre reside en el extranjero y que no se sabe si tiene intención ni posibilidades de volver a España. Valorando todas estas circunstancias, se considera oportuno no fijar un régimen de visitas concreto, sino permitir que, en caso de que el padre venga a España, pueda disfrutar de la compañía del hijo sábados alternos desde las 10.00 hasta las 17.00 horas, en presencia de la madre si ello fuera necesario ante la actitud que pueda tener el niño al reencontrarse con un padre al que prácticamente no conoce, debiendo ser el padre el que inste el establecimiento de un régimen más amplio si ello le conviniera y se adaptare a las circunstancias del padre y del hijo. En cualquier caso, será el padre quien deba acudir a casa de la madre para recoger y devolver al hijo en las visitas.  
Tercero. Se solicita por la madre que se establezca la prohibición de sacar al hijo del país si no es con su consentimiento escrito. Atendido que el padre es de nacionalidad argelina, que no tiene arraigo en España y que hace tiempo que no tiene relación física con el hijo, se considera oportuno, al amparo de lo previsto en el artículo 158.3.a del Código Civil, prohibir que el padre saque al hijo del territorio español si no cuenta con el consentimiento expreso de la madre.  
Cuarto. Finalmente, queda por determinar la forma en que el padre haya de contribuir al sostenimiento económico de su hijo, lo que se concretará en el pago de una pensión de alimentos que, conforme al artículo 146 del Código Civil, ha de ser proporcional a los medios del alimentante y las necesidades del alimentista. Ciertamente hay poca constancia, por no decir ninguna, de la actual situación económica del padre, aunque sí que constan las circunstancias económicas de la madre (con un trabajo a tiempo parcial que le reporta unos ingresos de 500 euros mensuales, sin que conste que tenga cargas económicas distintas a su propia manutención y la de su hijo) y del hijo (estudia en un colegio público con beca de comedor, sin que conste que tenga gastos ordinarios distintos a los normales en niños de su edad). Señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección Segunda, de 5 de mayo de 2006: «a efectos de la fijación de alimentos, lo que el artículo 146 del Código Civil tiene en cuenta, no es simplemente el caudal de bienes de que pueda disponer el alimentante, sino también la necesidad del alimentista, puesta en relación con el patrimonio de quien haya de darlos, cuya apreciación de proporcionalidad viene atribuida al prudente arbitrio del tribunal sentenciador de instancia (sentencias del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1942, 24 de febrero de 1955, 8 de marzo de 1961, 20 de abril de 1967, 2 de diciembre de 1970, 9 de junio de 1971 y 16 de noviembre de 1978), relación de proporcionalidad que en todo caso queda difuminada en el margen de cobertura de las necesidades (alimentación, vestidos, educación, ocio, etc., en cuantos elementos integrantes del concepto jurídico de alimentos) del alimentista integrantes del llamado «mínimo vital" o mínimo imprescindible para el desarrollo de la existencia de los menores en condiciones de suficiencia y dignidad a los efectos de garantizar, al menos, y en la medida de lo posible, un mínimo desarrollo físico, intelectual y emocional al que deben coadyuvar sus progenitores por razón de las obligaciones asumidas por los mismos por su condición de tal (SAP de Alicante, Sección 4.ª, de 17 de marzo de 2000)". Por ello, y para cubrir al menos ese mínimo vital, se considera adecuada la pensión solicitada por la demandante, de 150 euros mensuales, más la obligación de pagar por mitad los gastos extraordinarios que genere el menor.  
Quinto. De conformidad con el artículo 773.3 de la Ley 1/2000, contra este auto no cabrá interponer recurso alguno.  
Parte dispositiva  
En atención a lo expuesto,  
José Luis Conde-Pumpido García, juez de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, acuerda que debía adoptar y adoptaba las siguientes medidas:  
1. Se atribuye a Sehila Lafuente Aledo la guarda y custodia y el ejercicio exclusivo de la patria potestad respecto de su hijo menor.  
2. En caso de que el padre Noureddine Ferhat venga a España, podrá disfrutar de la compañía del hijo sábados alternos desde las 10.00 hasta las 17.00 horas, en presencia de la madre si ello fuera necesario. El hijo será recogido y reintegrado en el domicilio materno en las visitas.  
3. Se prohíbe al padre sacar al hijo del territorio español sin el consentimiento escrito de la madre.  
4. El padre abonará, en concepto de pensión de alimentos para el hijo, la suma de 150 euros mensuales, que ingresará dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe la madre, y que se actualizará anualmente conforme a las variaciones del índice de precios al consumo.  
5. Los gastos extraordinarios que genere el hijo serán sufragados por ambos progenitores a partes iguales.  
Estas medidas quedarán sin efecto, en todo caso, cuando sean sustituidas por las de la sentencia definitiva, o cuando se ponga fin al procedimiento de cualquier otro modo.  
Para la notificación al demandado Noureddine Ferhat, en ignorado paradero, publíquense edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Así por este mi auto, que se unirá al libro de autos dejando testimonio en las actuaciones, y contra el que no cabe interponer recurso alguno, lo ordeno y firmo».  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por el juez en el propio auto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación a Noureddine Ferhat.  
Castellón de la Plana, 13 de diciembre de 2010.- La secretaria judicial: Soledad Juan Ruiz.