Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4865, del 19-10-2004 (2004/10047)

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2004, de la Unidad Territorial de Energía de Alicante, sobre autorización administrativa de aprobación de proyecto de ejecución y de declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléct6rica de la LAT-20 kV desde el polígono Los Azarbes a CR Vega Baja en los términos municipales de Dolores y San Fulgencio. Expediente ATLINE 2004/13.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4865

Fecha DOGV
:   19-10-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/10129


Fecha del documento
:   09-08-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * San Fulgencio
    * Dolores
    * empresa privada
    * suministro de energía eléctrica

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2004 de la Unidad Territorial de Energía de Alicante, sobre autorización administrativa de aprobación de proyecto de ejecución y de declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléct6rica de la LAT-20 kV desde el polígono Los Azarbes a CR Vega Baja en los términos municipales de Dolores y San Fulgencio. Expediente ATLINE 2004/13. [2004/X10110]
  
Visto el expediente incoado en esta Unidad Territorial por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, en solicitud de autorización administrativa, de aprobación de proyecto de ejecución y de declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica, cuyas características son:
  
Línea Aérea-Subterránea Doble Circuito de M.T. a 20 kV desde ?Polígono de Los Azarbes- a Centro de Reparto ?Vega Baja- de 5.150 m. de longitud, que partiendo del Centro de Reparto Los Azarbes termina en el Centro de Reparto ?Vega Baja- (siendo ambos centros propiedad de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU).
  
Antecedentes de hecho:
  
1. Con fecha 16.01.2004, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, presentó solicitud, proyecto y relación de bienes y derechos afectados relativos a esta instalación.
  
2. Se efectuó la información pública correspondiente, según edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 16.03.2004, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 24/03/2004 y en el diario Información de fecha 23.03.2004.
  
3. Durante el periodo de información pública, se presentaron alegaciones: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU alega: a) Que esa empresa eléctrica está en condiciones de garantizar la calidad y seguridad del suministro en esa zona de la Vega Baja del Segura, con carácter inmediato y a un menor coste que la mercantil Hidrocantábrico; b) Que esa empresa eléctrica cuenta con redes de distribución eléctrica, preexistentes en la zona, desde las que es posible prestar el suministro con mayor eficiencia económica, mejor calidad y seguridad de servicio, menor perjuicio a los propietarios e inexistente impacto ambiental, mediante el sobredimensionamiento de la infraestructura eléctrica ya existente en esa zona; c) Que las instalaciones proyectadas por Hidrocantábrico inciden negativamente en el funcionamiento del Sistema, al vulnerar expresamente la normativa eléctrica vigente y, en particular, los principios de red única, acceso de terceros a la red, prestación del suministro al menor coste posible, prestación obligatoria del suministro, protección del medio ambiente y sobredimensionamiento de las redes para atender a las demandas de nuevos suministros. Ramón Aniorte García, José Aniorte García, Miguel Pertusa Abadía, Juan Antonio Sánchez Martínez, Paz Filiu Andrés, Rosario Filiu Andrés, Antonio Ferrández Gil, Carmen García Ramón, Antonio García Abellán, Manuel Castaño Martínez, Aurora Ruiz Cano, Antonia Candela Oliver, Vicente Giménez Cuevas, Leonor Baeza Ruiz, Carmelo Gómez Hernández, Jesús Miguel Abellán García, Ángel López Ruiz y María del Carmen López Ruiz alegan: a) Que Hidrocantábrico debería ejercer su derecho de acceso a la red existente actualmente; b) Que caso de no conectarse a la red existente se incumpliría la Ley de Expropiación Forzosa; c) Que el trazado de la línea eléctrica debería ser subterráneo al paso por las parcelas de su propiedad; d) Los últimos seis alegantes referenciados solicitan se les incluya en la relación de afectados y se les notifique. Juan Ramón Carrión Sánchez alega: a) Que Hidrocantábrico debería ejercer su derecho de acceso a la red existente actualmente; b) Que caso de no conectarse a la red existente se incumpliría la Ley de Expropiación Forzosa; c) Que el trazado de la línea eléctrica debería ser subterráneo en todo su trazado; d) Que no siendo afectado se notifique legalmente al titular de las fincas que a él se le atribuyen. La Familia López Ruiz alega: a) Que el proyecto carece de justificación técnica, económica y medioambiental; b) Que la línea discurre subterránea antes y después de las fincas de su propiedad y por tanto debería soterrarse; c) Su disconformidad con la indemnización propuesta. María José Cañizares Canales alega: a) Que no está de acuerdo con el vuelo sobre su finca a no ser que se le diera un punto de entronque a un C.T. particular de abonado. El Ayto. de Dolores alega: a) Que Hidrocantábrico debería ejercer su derecho de acceso a la red existente actualmente; b) Que no se aporta documento de síntesis del estudio de impacto ambiental a que hace referencia el artículo 127 del RD 1.955/2000; c) Que el trazado de la línea debería transcurrir paralelo a caminos, acequias, redes viarias, etc., intentando, dentro de lo posible, su soterramiento.
  
4. Las alegaciones fueron contestadas por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, poniendo de manifiesto en síntesis lo siguiente: respecto a las alegaciones de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU manifiesta lo siguiente: a) Que se han cumplido todos los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/1997 y el artículo 111, siguientes y concordantes del Real Decreto 1.955/2000, son exigibles para otorgar la autorización administrativa solicitada; b) Que en relación a las alegaciones relativas a la falta de seguridad y calidad del suministro, las instalaciones estarán conectadas a la red nacional de transporte a través de la Subestación de Elche, aportándose además índices comparativos entre empresas eléctricas de calidad del suministro de energía eléctrica publicados por UNESA; c) Con referencia a las alegaciones relativas a la duplicidad y redundancia de instalaciones, la instalación eléctrica objeto del expediente administrativo es necesaria para dotar de suministro eléctrico a actuaciones urbanísticas de nueva creación carentes de infraestructura eléctrica, y que Hidrocantábrico es titular de las redes eléctricas previstas en los proyectos de urbanización, bien por haberlas construido a sus expensas, o bien por participar en los costes de esa infraestructura eléctrica que hace suya, al amparo de lo establecido en el art. 45 del Real Decreto 1.955/2000; d) Que no puede ser aceptada la exclusividad de Iberdrola para implantar instalaciones de distribución eléctrica en dicho área, ya que se estaría negando frontalmente e imposibilitando el régimen de liberalización de mercados y competencia en el sector eléctrico establecido por la Ley 54/1997, y que, tanto la propiedad como la gestión de la ?red única- puede ser, y de hecho lo es, operada en sus diferentes tramos por distintos agentes eléctricos; en este sentido la Ley 54/1997, en su artículo 40 establece que la autorización de instalaciones de distribución ?en ningún caso se entenderá concedida en régimen de monopolio ni concederá derechos exclusivos?. Respecto a las alegaciones de Ramón Aniorte García, José Aniorte García, Miguel Pertusa Abadía, Juan Antonio Sánchez Martínez, Paz Filiu Andrés, Rosario Filiu Andrés, Antonio Ferrández Gil, Carmen García Ramón, Antonio García Abellán, Manuel Castaño Martínez, Aurora Ruiz Cano, Antonia Candela Oliver, Vicente Giménez Cuevas, Leonor Baeza Ruiz, Carmelo Gómez Hernández, Jesús Miguel Abellán García, Ángel López Ruiz y María del Carmen López Ruiz manifiesta lo siguiente: a) Que según el artículo 140 del Real Decreto 1.955/2000 se declaran de utilidad pública las instalaciones de distribución de energía eléctrica; b) Que la instalación eléctrica interesada forma parte de la red eléctrica de distribución y se conectará a la red de transporte a través de la Subestación de Elche, siendo una instalación necesaria para dotar de suministro eléctrico a una zona nueva carente de infraestructura eléctrica; c) Que el derecho de acceso a la red de distribución no constituye una obligación que limite a una empresa distribuidora el desarrollo de sus propias redes; d) Que las variaciones propuestas por los alegantes no resultan posibles de conformidad con el art. 161 del RD 1.955/2000; e) Que la relación de afectados ha sido elaborada en base a los datos de la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante, no apartando los no incluidos en la relación de afectados referencia ni descripción de la parcela ni título habilitante. Respecto a las alegaciones de Juan Ramón Carrión Sánchez manifiesta lo siguiente: a) Que según el artículo 140 del Real Decreto 1.955/2000, se declaran de utilidad pública las instalaciones de distribución de energía eléctrica; b) Que la instalación eléctrica interesada forma parte de la red eléctrica de distribución y se conectará a la red de transporte a través de la Subestación de Elche, siendo una instalación necesaria para dotar de suministro eléctrico a una zona nueva carente de infraestructura eléctrica; c) Que el derecho de acceso a la red de distribución no constituye una obligación que limite a una empresa distribuidora el desarrollo de sus propias redes; d) Que la variación propuesta por el alegante no resulta posible de conformidad con el art. 161 del RD 1.955/2000; e) Que ya ha sido subsanada la notificación realizada erróneamente al alegante, habiéndose tramitado las notificaciones a nombre de los propietarios reales. Respecto a las alegaciones de la Familia López Ruiz manifiesta lo siguiente: a) Que el artículo 140 del RD 1.955/2000 declara de utilidad pública las instalaciones de distribución de energía eléctrica, no habiendo fundamentación alguna en la alegación de ausencia de justificación técnica, económica y medioambiental, b)Que la instalación eléctrica interesada resulta necesaria para atender la demanda de energía eléctrica de una actuación urbanística de nueva construcción carente de toda infraestructura eléctrica, c) Que la variación propuesta por el alegante no resulta posible de conformidad con el art. 161 del RD 1.955/2000 y que en oposición a lo manifestado por el alegante 2.674 metros de 5.150 metros están proyectados en aéreo, d)Que la cuantificación de los daños y perjuicios habrá de dilucidarse dentro de la pieza separada de justiprecio. Respecto a las alegaciones de María José Cañizares Canales manifiesta lo siguiente: a) Que el artículo 140 del RD 1.955/2000 declara de utilidad pública las instalaciones de distribución de energía eléctrica; b) Que la instalación eléctrica interesada resulta necesaria para atender la demanda de energía eléctrica de una actuación urbanística de nueva construcción carente de toda infraestructura eléctrica; c) Que la solicitud de un punto de entronque a un C.T. particular de abonado deberá ser tramitada conforme a lo establecido en los artículos 60, siguientes y concordantes del RD 1.955/2000. Respecto a las alegaciones del Ayto. de Dolores manifiesta lo siguiente: a) Que según el artículo 140 del Real Decreto 1.955/200 se declaran de utilidad pública las instalaciones de distribución de energía eléctrica; b) Que la instalación eléctrica interesada forma parte de la red eléctrica de distribución y se conectará a la red de transporte a través de la Subestación de Elche, siendo una instalación necesaria para dotar de suministro eléctrico a una zona nueva carente de infraestructura eléctrica; c) Que el derecho de acceso a la red de distribución no constituye una obligación que limite a una empresa distribuidora el desarrollo de sus propias redes; d) Que el artículo 127 del Real Decreto 1.955/2000 requiere la presentación ?en su caso- de un documento de síntesis del estudio de impacto ambiental y que en aplicación del Decreto 162/1990 (por el que se aprueba del Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental) la instalación eléctrica interesada no requiere evaluación de impacto ambiental, e) Que la variación propuesta por el alegante no resulta posible de conformidad con el art. 161 del RD 1.955/2000.
  
Fundamentos de derecho:
  
- Artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.
  
- Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre (Sección 1ª ?Autorización Administrativa?).
  
Vistas las actuaciones habidas e informes de los Organismos que han intervenido en la tramitación del expediente y propuestas las condiciones bajo las cuales puede otorgarse.
  
Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales con un trazado racional de las instalaciones, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones que habrán de determinarse por mutuo acuerdo o mediante el correspondiente expediente de justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiaciones.
  
Esta Unidad Territorial, en cumplimiento de lo expuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto1.955/2000, de 1 de diciembre, ha resuelto otorgar la autorización administrativa, aprobar el proyecto de ejecución y declarar, en concreto, su utilidad pública, relativo a la instalación de Línea Aérea-Subterránea de M.T. a 20 kV anteriormente mencionada, de acuerdo con las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse, de acuerdo con el proyecto presentado, y las modificaciones que resulten de su realización deberán adaptarse a las instrucciones y reglamentos vigentes o por las cláusulas de la presente autorización.
  
2. El plazo de ejecución de las obras e instalaciones será de doce meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas.
  
3. Tanto durante la construcción como en el período de su utilización, estas instalaciones quedarán sometidas a la inspección reglamentaria de esta Unidad Territorial.
  
4. La Administración dejará sin efecto la presente autorización, en cualquier momento en que se compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con el establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.