Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5349, del 19-09-2006 (2006/10008)

Acuerdo de 31 de julio de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la expropiación de terrenos por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos de titularidad privada necesarios para ejecutar la conexión viaria del sector D con las infraestructuras existentes, mediante la conexión del paso inferior de la línea del ferrocarril Valencia-Utiel (p. k. 83,5) y la ejecución del Camí de Picanya en el municipio de Xirivella.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5349

Fecha DOGV
:   19-09-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - F) EXPROPIACIONES

Número del documento
:   2006/10015


Fecha del documento
:   31-07-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Xirivella
    * expropiación

Acuerdo de 31 de julio de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la expropiación de terrenos por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos de titularidad privada necesarios para ejecutar la conexión viaria del sector D con las infraestructuras existentes, mediante la conexión del paso inferior de la línea del ferrocarril Valencia-Utiel (p. k. 83,5) y la ejecución del Camí de Picanya en el municipio de Xirivella. [2006/F10496]  
En relación con el expediente remitido por el Ayuntamiento de Xirivella, relativo a la expropiación de terrenos por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos de titularidad privada necesarios para ejecutar la conexión viaria del sector D con las infraestructuras existentes, mediante la conexión del paso inferior de la línea del ferrocarril Valencia-Utiel (p. k. 83,5) y la ejecución del Camí de Picanya, se destacan los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:  
Antecedentes   
Uno. El Pleno del Ayuntamiento de Xirivella, mediante acuerdo adoptado en sesión de 16 de diciembre de 1999, dispuso la aprobación provisional de la homologación y plan parcial y PAI para la ordenación y desarrollo urbanístico del sector D de SUP, redactado a instancia del Ayuntamiento de Xirivella, decidiendo que su ejecución se llevase a cabo a través de la modalidad de gestión indirecta, y seleccionando como agente urbanizador a los proponentes asociados Calviga, SA, y Servicios de Excavaciones, SA (Sedesa), a quienes se requirió la redacción del correspondiente proyecto de expropiación al objeto de proceder a la obtención de los terrenos definidos por el programa de actuación integrada, necesarios para ejecutar la conexión viaria del sector con las infraestructuras existentes. Posteriormente, mediante acuerdo del Pleno del ayuntamiento adoptado en sesión de 15 de marzo de 2001 se decidió aprobar la cesión de la condición de agente urbanizador del sector D de SUP formulada por las mercantiles Calviga, SA, y Sedesa a favor de la sociedad Sector Industrial Xirivella, SL.  
El instrumento de planeamiento relativo a la homologación y plan parcial del sector D de SUP fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 30 de abril de 2002.   
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de febrero de 2003, se resolvió proceder a la tramitación de los proyectos de expropiación mediante el procedimiento de tasación conjunta, y en consecuencia, someter los citados proyectos a exposición pública por el plazo reglamentariamente establecido de un mes.  
El anuncio correspondiente a dicho trámite fue publicado en el DOGV número 4.552, de 25 de julio de 2003; en el BOP número 160, de 8 de julio de 2003 y en el diario Levante de fecha 27 de junio de 2003. Igualmente fue notificado individualmente a los propietarios de las fincas afectadas.   
Consta en el expediente el certificado del secretario del ayuntamiento de fecha 14 de octubre de 2003, certificando la relación de escritos de alegaciones presentado en el Registro de Entrada del ayuntamiento durante el plazo de exposición pública, así como los presentados fuera de ese plazo. De estos escritos se dio traslado al agente urbanizador el día 3 de marzo de 2004, a los efectos de la emisión del correspondiente informe, que presentó ante el ayuntamiento el 30 de abril de 2004.  
El arquitecto municipal, a la vista de las alegaciones emitió informe con fecha 19 de mayo de 2004 en el que ratifica las consideraciones del informe presentado por el agente urbanizador.  
Finalmente, los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Xirivella emitieron informe el 29 de junio de 2004, resolviendo las alegaciones de conformidad con los razonamientos expuestos en los informes emitidos por los técnicos municipales y, en lo que no quede resuelto en ellos, conforme a lo propuesto por el técnico redactor de los proyectos en los informes que fueron emitidos a tal efecto a instancia del agente urbanizador.  
El Pleno del ayuntamiento en sesión de 1 de julio de 2004, estimó y desestimó las alegaciones en el mismo sentido que los informes emitidos, resolviendo introducir modificaciones en el proyecto de expropiación en cuanto al coste de la expropiación de los terrenos, estimando parcialmente las alegaciones efectuadas en este sentido, aumentando el valor de los terrenos objeto de expropiación. Además, de los datos aportados por los interesados en dicha fase de información pública y tras la comprobación de los mismos, se ha rectificado el Proyecto de Expropiación en lo referente a algunas titularidades, mediciones, y descripción de bienes.  
En esta misma sesión plenaria de 1 de julio de 2004, se acuerda remitir el expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo para su aprobación. Asimismo, se acuerda la notificación de dicha resolución del pleno de la corporación a los interesados en el procedimiento.  
En fecha 28 de noviembre de 2004, tiene entrada en este registro copia diligenciada del expediente administrativo junto con el proyecto de expropiación.  
La aprobación definitiva del citado sector implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y legitima el correspondiente expediente expropiatorio, en el que el organismo promotor y titular de la potestad expropiatoria es el municipio de Xirivella, correspondiendo la condición de entidad beneficiaria a favor de la sociedad Sector Industrial Xirivella, SL.  
En fecha 14 de enero de 2005 tiene entrada en el Registro del Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial oficio del jefe del Área de Urbanismo dando traslado del escrito de alegaciones de Mª Carmen Rodrigo Tamarit y Mª José Rodrigo Tamarit, reiterando el escrito presentado ante el ayuntamiento en la fase de alegaciones del expediente administrativo municipal, manifestando su disconformidad con todos los instrumentos de planeamiento aprobados con anterioridad, referidos al sector D (así como con la tramitación, publicación y modo de adjudicación del programa al agente urbanizador), además manifiesta su disconformidad con el valor de expropiación asignado y la medición de la superficie de su parcela.  
Dos. El proyecto consta de relación de fincas y descripción de bienes y derechos afectados, planos en los que se determina el ámbito territorial, con fijación razonada del precio de los inmuebles y hojas de justiprecio individualizadas, por lo cual está completo y cumple con lo establecido en el artículo 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.  
Tres. La revisión adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Xirivella fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo el 22 de noviembre de 1989. Posteriormente, y en ejecución de la Sentencia del TSJ de Valencia de 30 de julio de 1992 se adoptó nuevo acuerdo de aprobación por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión de 24 de marzo de 1993. En dicho instrumento de planeamiento fue expresamente prevista la solución de conexión de la trama urbana de infraestructuras viarias existentes.  
Cuatro. El objeto del presente expediente es la expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de los terrenos y edificaciones afectados por la ejecución de la conexión viaria del sector D con las infraestructuras existentes, mediante la conexión del paso inferior de la línea del ferrocarril Valencia-Utiel (p. k.83,5) y la ejecución del Camí de Picanya.  
Cinco. Durante la tramitación del expediente se solicitó informe, con fecha de salida 15 de diciembre de 2004, a la Gerencia Regional del Catastro de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, habiendo sido reiterado dicho requerimiento con fecha de salida 14 de septiembre de 2005.   
En fecha 13 de octubre de 2005, tiene entrada en este Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial de Valencia el citado informe, en el que, en resumen, se indica lo siguiente:  
En cuanto a la valoración del suelo, «Se trata de un suelo no urbanizable, según proyecto de tasación presentado, por lo que le es de aplicación el artículo 26, donde se especifica que el valor del suelo se determinara por el método de comparación a partir de valores de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón que justifica su analogía deberá tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se valora, así como en su caso los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles.   
Los terrenos objeto de valoración, no se encuentran dentro del suelo delimitado en la ponencia de valores de urbana, tributando actualmente como suelos rústicos.   
La tasación se ha realizado tomando como referencia el valor de suelo utilizado en un programa de actuación integrada colindante (sector D), es decir que se ha utilizado el método de comparación, teniendo en cuenta el régimen urbanístico, situación y aprovechamientos.   
Así pues, concluye el informe, los criterios de valoración del suelo utilizados en el proyecto de tasación conjunta de referencia se consideran conformes a los fijados en el artículo 26 de la Ley 6/1998.  
En cuanto a la valoración de las construcciones: las edificaciones han sido valoradas con independencia del suelo, de acuerdo con la normativa catastral en función de su coste de reposición, corregido según su antigüedad, uso y estado de conservación, tal y como establece el artículo 31 punto 2 de la Ley 6/1998.  
La valoración de las plantaciones y sembradas se ha realizado de acuerdo a los criterios llevados a cabo por otras administraciones en expropiaciones recientes.   
Así pues, los criterios de valoración de las edificaciones y plantaciones utilizados en el proyecto de tasación conjunta referida se consideran conformes a los fijados en el artículo 31 de la Ley 6/1998.  
A las valoraciones resultantes se les ha aplicado el premio de afección del 5% que establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa.  
En resumen, concluye el informe que la valoración se encuentra conforme a la normativa vigente.  
Seis. Al carecer el expediente de la preceptiva publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado, la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el 2 de febrero de 2006 acordó suspender la aprobación definitiva del proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta de los bienes y derechos de titularidad privada necesarios para ejecutar la conexión viaria del sector D con las infraestructuras existentes, mediante la conexión del paso inferior de la línea del ferrocarril Valencia-Utiel (p. k. 83,5) y la ejecución del Camí de Picanya, hasta la publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado, por el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.  
Siete. El 26 de mayo de 2006 el Ayuntamiento de Xirivella remite copia del expediente administrativo acreditativo de la publicación el 29 de marzo de 2006 en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 75), del proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta del sector D.   
Durante el plazo de exposición pública de un mes se presentaron en el ayuntamiento los siguientes escritos de alegaciones:  
1. José Antonio Andreu Ortí.  
2. Sebastián Pascual, Mª Dolores y Mª del Carmen Alós Miguel.  
3. Miguel Pastor Pascual.  
Estas alegaciones han sido desestimadas por Decreto de la Alcaldía 903/2006, en virtud de los argumentos expuestos en los informes de los técnicos municipales (informe de los Servicios Jurídicos y del arquitecto municipal), y en lo que no quede resuelto en ellos, en el informe emitido por el agente urbanizador.  
Ocho. El 27 de abril de 2006 tiene entrada en el Registro del Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial, escrito de alegaciones de Mª Carmen Rodrigo Tamarit y Mª José Rodrigo Tamarit, que se resumen en los siguientes puntos:  
1. Invocan la nulidad del planeamiento y desarrollo urbanístico previsto.  
2. Invocan la caducidad del expediente de tasación conjunta, por estar paralizado a su entender, durante más de seis meses.  
3. Manifiestan que el proyecto que se sometió a información pública ha sido modificado sin haber sido sometido de nuevo a trámite de audiencia de los interesados y sin nueva publicación en el DOGV y en el BOE.  
4. Manifiestan su disconformidad con la valoración de los terrenos.  
5. Alegan que la Comisión Territorial de Urbanismo, en el acuerdo de 2 de febrero de 2006, que suspendió la aprobación definitiva del expediente, no ha entrado a resolver el fondo de sus alegaciones (en lo referente a la nulidad de la homologación, plan parcial y PAI del sector D).  
6. Alegan agravio comparativo y vulneración del principio de igualdad básica urbanística por haber utilizado la vía de la expropiación, en lugar de la reparcelación para todos los propietarios afectados por la actuación.  
7. Citan jurisprudencia según la cual hay que acudir siempre al «menor sacrificio del derecho de propiedad privada», si es posible acudir a mecanismos menos gravosos que la expropiación (como por ejemplo, la reparcelación).  
8. Finalmente solicitan la estimación de las alegaciones, se deje sin efecto el proyecto de expropiación y se opte por la vía del proyecto de reparcelación, y subsidiariamente invocan la acción de nulidad o recurso de revisión contra el plan parcial y homologación del sector D, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el día 30 de diciembre de 2002.  
De estas alegaciones se dio traslado al Ayuntamiento de Xirivella, habiendo aportado informe de contestación a las mismas del agente urbanizador, así como informe técnico del arquitecto municipal e informe jurídico de los Servicios Jurídicos del ayuntamiento, todos ellos en sentido desestimatorio.  
Nueve. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 26 de julio de 2006, por unanimidad, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, cumpliendo así lo preceptuado en el artículo 23 del Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. La aprobación definitiva de los proyectos de expropiación por tasación conjunta, corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo conforme a lo establecido en los apartados del 6 al 8 del artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto (en adelante RGU) y en el artículo 10.e) del Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano.  
La resolución de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo deberá limitarse a un mero control de legalidad, sin valoración alguna de la oportunidad del proyecto y a la vez, la intervención de este órgano lo va a ser sin perjuicio de la ulterior actuación del Jurado Provincial de Expropiación, que será el que en última instancia, de existir oposición de los expropiados, resolverá sobre el justiprecio. Así las cosas, la intervención de la comisión deberá limitarse a la comprobación de que la tramitación del proyecto se ha ajustado a la normativa vigente, que la documentación es suficiente para cumplir los preceptos legales y que el método de valoración efectuado se ha ajustado a los procedimientos legales.  
El artículo 23 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante LRSV) dispone que «a los efectos de expropiación, las valoraciones del suelo se efectuarán con arreglo a los criterios establecidos en la presente ley, cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime». De este modo, en ese simple control de legalidad que nos ocupa, de lo que se tratará fundamentalmente es de comprobar la adecuación del proyecto a esta ley y a la normativa complementaria de la misma.  
Segundo. El expediente se ha tramitado conforme a lo establecido en los artículos 138 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, por lo que se han cumplido las garantías procedimentales exigibles.  
La STC de fecha 11 de julio de 2001 declara inconstitucional el artículo 38 de la Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones, en el que se regulaba que, en la tramitación de las expropiaciones por tasación conjunta, el pago o depósito del importe de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el proyecto de expropiación habilitará para proceder a la ocupación de la finca. No obstante, y en virtud de la declaración de inconstitucionalidad de la disposición derogatoria del Texto Refundido de la Ley del Suelo 1992 (efectuada por la STC 61/1997) que derogaba la Ley del Suelo de 1976, se ha venido a rehabilitar dicho texto legal, en cuyo artículo 138 se recoge el mismo contenido legal que en el inconstitucional artículo 38. Por lo tanto, en defecto de regulación autonómica, y en virtud de la cláusula residual del artículo 149.3 de la Constitución, el procedimiento de tasación conjunta será el regulado por el artículo 138 de la Ley del Suelo de 1976.  
Tercero. El expediente está completo, con lo que se cumple lo establecido en el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística.   
Por otra parte, el proyecto ha de entenderse completo de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 del TRLS de 1976.  
Cuarto. La valoración del suelo debe efectuarse siguiendo los criterios del artículo 26 LRSV por tratarse de suelo no urbanizable.  
Quinto. Tal y como dispone el artículo 203.1 RGU, la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados.  
Sexto. Respecto a las alegaciones presentadas por Mª Carmen Rodrigo Tamarit y Mª José Rodrigo Tamarit, se han de resolver en idéntico sentido a los informes que ha aportado el ayuntamiento en contestación a estas alegaciones, desestimando las mismas por los siguientes motivos:   
1. Por lo que respecta a la impugnación del planeamiento, se insiste que no es este el momento procedimental para impugnar los instrumentos de planeamiento que fueron aprobados por la Comisión Territorial de Urbanismo el 30 de abril de 2002, sin perjuicio de que, en su caso, se proceda por el cauce legal correspondiente para la impugnación si concurren los requisitos necesarios para ello.  
2. Por lo que respecta a la caducidad alegada, no procede la misma, pues el expediente de tasación conjunta no ha estado paralizado durante más de seis meses antes de que se suspendiera por la Comisión Territorial de Urbanismo, y con posterioridad se ha aportado la documentación subsanatoria antes del transcurso del plazo de tres meses.   
3. En el expediente administrativo consta acreditada la notificación a los interesados en el expediente, de la resolución por medio de la cual se resuelven las alegaciones, así como de los informes municipales que han servido de base a la misma, también se ha notificado a los interesados el certificado del acuerdo plenario de 1 de julio de 2004, por lo que no puede invocar el alegante desconocimiento de las modificaciones habidas en el proyecto de expropiación, pues aún cuando no se haya publicado de nuevo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ni en el Boletín Oficial del Estado, si se ha notificado individualmente a todos los afectados en que sentido han sido resueltas sus alegaciones así como las modificaciones habidas en el proyecto de expropiación, habiéndole sido notificada a la alegante, según el informe jurídico de los Servicios Municipales, el Decreto 253/2003, de 21 de febrero, por el que se acordaba la exposición al público del proyecto de expropiación forzosa del sector D el 24 de junio de 2003, y el acuerdo del Pleno del ayuntamiento de 1 de julio de 2004, en el que se resuelven las alegaciones presentadas y se acuerda someter el proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta a la aprobación de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, el 29 de noviembre de 2004.  
4. Por lo que respecta a la valoración de los terrenos, hay que hacer la observación de que las valoraciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de marzo de 2006 fueron las calculadas en un principio, sin perjuicio de que la nueva valoración asciende en estos momentos a 28,25 euros, considerándose la misma correcta en base al informe emitido por la Gerencia Regional del Catastro de Valencia del Ministerio de Economía y Hacienda, y que obra en el presente expediente administrativo, todo ello sin perjuicio de la ulterior actuación del Jurado Provincial de Expropiación en caso de disconformidad de los propietarios con el justiprecio.  
5. De nuevo se insiste que no es este el momento procedimental oportuno para resolver sobre la nulidad de la homologación, plan parcial y PAI del sector D, por ello en el acuerdo de fecha 2 de febrero de 2006, no se entró en el fondo del asunto.  
6. En lo que respecta a la inclusión de los expropiados en el sector D, y de ese modo hacerlos partícipes del aprovechamiento urbanístico por la vía de la reparcelación, por suponer un «menor sacrificio del derecho de propiedad privada», hay que hacer mención a lo expuesto en el fundamento jurídico primero, dado que la resolución de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo, debe limitarse a un mero control de legalidad, sin valoración alguna de la oportunidad del proyecto y a la vez, la intervención de este órgano lo va a ser sin perjuicio de la ulterior actuación del Jurado Provincial de Expropiación, que será el que en última instancia, de existir oposición de los expropiados, resolverá sobre el justiprecio. Así las cosas, la intervención de la comisión deberá limitarse a la comprobación de que la tramitación del proyecto se ha ajustado a la normativa vigente, que la documentación es suficiente para cumplir los preceptos legales y que el método de valoración efectuado se ha ajustado a los procedimientos legales, por lo que no debemos entrar a valorar si se debería acudir a la vía de la reparcelación en lugar de la expropiación, pues ésta es una competencia municipal.  
A la vista de cuanto antecede la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 31 de julio de 2006, por unanimidad, acuerda:  
Primero. Aprobar definitivamente el proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta para proceder a ejecutar la conexión viaria del sector D con las infraestructuras existentes, mediante la conexión del paso inferior de la línea del ferrocarril Valencia-Utiel (p. k. 83,5) y la ejecución del Camí de Picanya de Xirivella.  
Segundo. Aprobar las valoraciones de bienes y derechos a expropiar.  
Tercero. Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados.  
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, en lo que atañe al punto 3, se puede interponer recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente, según dispone el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y artículo 55 del título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación.  
En su caso las administraciones públicas pueden formular requerimiento de anulación o revocación según dispone el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente por analogía con el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación. El citado artículo 44 de la Ley 29/1998 establece literalmente:  
Art. 44.1. En los litigios entre administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una administración interponga recurso contencioso administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.  
En el supuesto de no formular el requerimiento indicado, las administraciones públicas podrán interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo previsto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.  
Respecto de los puntos 1 y 2 no cabe recurso alguno por tratarse de actos de trámite que no dan lugar a la imposibilidad de continuar un procedimiento ni producen indefensión.  
Así mismo procede notificar la presente resolución a los interesados titulares de bienes que figuren en el proyecto de expropiación, acompañando a éste copia de la correspondiente hoja de justiprecio y significándoles que, en el plazo de los 20 días hábiles siguientes al de recibo de tal notificación, podrán manifestar por escrito ante esta Comisión Territorial de Urbanismo su disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado. Si en tal plazo los interesados no formulan oposición a la valoración, se entenderá aceptada la que se fija en el acto presente de aprobación del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.  
De las hojas de aprecio impugnadas se dará traslado por esta comisión, junto con el expediente, al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia, y la tasación de los bienes se hará de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.  
Lo que se certifica con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente y a reserva de los términos precisos que se deriven de la misma, conforme lo autoriza el artículo 27-5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).  
Valencia, 31 de julio de 2006.. El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: Álvaro Aleixandre Ortí.