Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2937, del 24-02-1997 (1997/860567)

ORDEN de 7 de febrero de 1997, de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se desarrolla el Decreto 331/1995, de 3 de noviembre, por el que se establece la ayuda económica para el cuidado de ancianos y ancianas desde el ámbito familiar, y se convocan dichas ayudas para el ejercicio 1997.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/1997/02/07/(4)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   2937

Fecha DOGV
:   24-02-1997

Sección del DOGV
:   DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   1997/860567


Fecha del documento
:   07-02-1997

Organismo emisor
:   Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

ORDEN de 7 de febrero de 1997, de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se desarrolla el Decreto 331/1995, de 3 de noviembre, por el que se establece la ayuda económica para el cuidado de ancianos y ancianas desde el ámbito familiar, y se convocan dichas ayudas para el ejercicio 1997.  
Artículo 1. Objeto  
Es objeto de esta disposición desarrollar el Decreto 331/95, de 3 de noviembre, y convocar las ayudas económicas para el cuidado de ancianos y ancianas desde el ámbito familiar en el ejercicio 1997, con la finalidad de evitar su institucionalización y conseguir la permanencia en su núcleo familiar convivencial de origen.  
Artículo 2. Beneficiarios  
Los requisitos que se exigen para la concesión de estas ayudas, y que deben concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y a lo largo de todo el período de percepción de la ayuda, son los siguientes:  
1. Solicitante. Los requisitos que deben concurrir en la persona solicitante de esta ayuda son los siguientes:  
1.1 Residir en la Comunidad Valenciana y estar empadronada en algún municipio de la misma.  
1.2 Tener 45 años o más.  
1.3 No percibir rendimientos del trabajo personal en el año 1997 y dedicarse a las tareas propias del hogar y al cuidado de un anciano o anciana, con el fin de remediar una situación de necesidad que afecta su autonomía, apoyando su normal desarrollo humano y favoreciendo su integración social, bien en el seno del núcleo familiar o en domicilio próximo, según lo señalado en el artículo 4.  
1.4 Estar contemplado dentro de los límites económicos señalados en el artículo 3.  
2. Persona anciana:  
2.1 Tener nacionalidad española, residir en la Comunidad Valenciana y estar empadronado en algún municipio de la misma.  
2.2 Tener 75 años o más.  
2.3 Residir en el domicilio familiar del solicitante, integrado en la unidad familiar o bien residir en domicilio próximo a éste, según lo señalado en el artículo 4.  
2.4 Estar contemplado en los límites económicos señalados en el artículo 3.  
Artículo 3. Límites económicos  
A efectos de cálculo de límites económicos se tendrán en cuenta dos supuestos:  
3.1 Persona anciana integrada en la unidad familiar del solicitante.  
La renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenece el solicitante no podrá superar la cuantía anual de 750.000 pesetas.  
En el cálculo de la renta familiar anual se incluirán los ingresos percibidos por el anciano o anciana, así como los obtenidos por el beneficiario de la ayuda o cualquier miembro que integre la unidad familiar.  
3.2 Cuando el anciano o anciana no resida en el domicilio del solicitante, pudiendo tener, o no, lazos de parentesco con él.  
1. Los ingresos ordinarios percibidos por el anciano o anciana no podrán ser superiores a la pensión mínima de jubilación de la Seguridad Social (843.080 pesetas en 1995). Al montante anual derivado de la percepción anteriormente mencionada podrá añadirse hasta un máximo de 550.000 pesetas anuales por otros conceptos.  
2. En este supuesto, el anciano o anciana podrá convivir con otras personas que hayan alcanzado la edad de jubilación y no perciban ingresos superiores a las 550.000 pesetas anuales.  
3. La renta per cápita anual de la unidad familiar del solicitante no podrá superar las 600.000 pesetas. En el cálculo de esta renta no se incluirán los ingresos del anciano o anciana.  
3.3 En ambos casos:  
1. Se entenderá por unidad familiar todos aquellos supuestos de convivencia del beneficiario de la ayuda con otras personas, unidas con aquél por matrimonio o relación análoga a la conyugal, y por lazos de parentesco, de consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado.  
2. Se entenderá por renta per cápita anual la cantidad que resulte de dividir los ingresos anuales brutos de la unidad familiar por el número de personas que componen la misma.  
3. Se entenderán por ingresos los provenientes de sueldos, rentas, propiedades, intereses bancarios, incluidas las pensiones o ayudas de cualquiera de sus miembros.  
4. La persona solicitante de la ayuda, para poder ser beneficiaria de la misma, sólo podrá percibir los siguientes ingresos:  
1. La pensión mínima de viudedad de la Seguridad Social establecida para 1995 (716.520 pesetas).  
2. Otros ingresos, derivados de propiedades, intereses bancarios, pensiones alimenticias, o similares, sin superar éstos la cantidad de 600.000 pesetas al año.   
3. En ningún caso podrá percibir, en el momento de la solicitud, otros rendimientos del trabajo personal.  
Artículo 4. Proximidad de domicilio  
En relación a la proximidad de domicilio se considerará como tal:  
4.1 Personas que residen en poblaciones con número inferior de 2.500 habitantes.  
4.2 En poblaciones con número superior de habitantes se tendrán en cuenta las siguientes posibilidades:  
a) Que habiten en la misma calle.  
b) Que habiten en diferente calle, pero que sus viviendas disten un máximo de 700 metros.  
Artículo 5. Cuantía de la ayuda económica  
El importe de las ayudas económicas será de 10.000, 15.000, 20.000 y 25.000 pesetas al mes, en función de cual sea el nivel de renta familiar, según el cuadro siguiente:  
 Renta per cápita   
 Persona anciana Persona anciana  
 Importe integrada en no integrada en  
de la ayuda la unidad familiar en la unidad familiar  
 25.000 Hasta 400.000 Hasta 400.000   
 20.000 De 400.001 a 500.000 De 400.001 a 450.000   
 15.000 De 500.001 a 600.000 De 450.001 a 500.000   
 10.000 De 600.001 a 750.000 De 500.001 a 600.000   
Artículo 6. Procedimiento  
El procedimiento se iniciará por la persona interesada y se ajustará a lo establecido en la presente orden y, con carácter general, en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Se presentará solicitud, de acuerdo con modelo oficial, junto a la documentación requerida, en la Dirección Territorial de Trabajo y Asuntos Sociales de la provincia donde resida el solicitante sin perjuicio de lo que dispone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
En aquellos supuestos en que la solicitud sea presentada en los registros de los ayuntamientos o de las mancomunidades de municipios que actúen como colaboradores en la tramitación de estas ayudas, se reconocerá como válida, a todos los efectos, dicha presentación.  
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y finalizará el día 31 de octubre de 1997.  
Artículo 7. Documentación  
A) La documentación debe estar referida a todos los requisitos señalados en el artículo 2 y los supuestos contemplados en los artículos 3 y 4.  
7.1 Solicitante.  
1. Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.  
2. Certificado de empadronamiento.  
3. Certificado de convivencia con especificación de todos los miembros que componen la misma.  
4. Justificación de los ingresos económicos del solicitante y de los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, referidos al año 1995, con la presentación del certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y del certificado de pensión del Instituto Nacional de la Seguridad Social.  
7.2. Persona anciana.  
1. Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.  
2. Certificado de empadronamiento.  
3. Justificación de sus ingresos.  
4. Aceptación por parte de la persona anciana, o por su tutor o curador en caso de incapacidad declarada por sentencia, especificando que desea ser atendido por el solicitante.  
5. En el caso de que la persona anciana no resida en el domicilio familiar del solicitante: certificado del ayuntamiento de la distancia entre los domicilios del solicitante y la persona que va a ser atendida en el caso comprendido en el apartado b, del punto 4.2 del artículo 4.  
6. Además de lo señalado en el punto anterior, cuando la persona anciana conviva con otras personas.  
a) Fotocopia del documento nacional de identidad de todas ellas.  
b) Justificación de las pensiones y otros ingresos de cada una de estas personas.  
c) Certificado del ayuntamiento de convivencia con especificación de todos los miembros.  
B) La justificación de los ingresos se realizará de la forma siguiente:  
La renta anual del ejercicio 1995 se justificará con la totalidad de las hojas, incluyendo la hoja de ingreso o devolución debidamente sellada, de la declaración o declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas.  
En el supuesto que se haya presentado declaración complementaria se tendrá que aportar en las mismas condiciones establecidas en el párrafo anterior.  
Si se está exento de la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, justificará sus ingresos mediante los certificados del ejercicio 1995 de las empresas u organismos oficiales (INEM, Seguridad Social, Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, etcétera) de los que los perciba.  
Sólo en casos excepcionales, en que no puedan ser acreditados los ingresos por certificados, se aceptarán las declaraciones juradas de ingresos referidos al ejercicio de 1995.  
En los casos en que no exista declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas se presentará el certificado de la Delegación o Administración de Hacienda acreditativo de no haber presentado la declaración de dicho impuesto en el año 1995.  
Podrá autorizarse a la Dirección General de Servicios Sociales para solicitar los justificantes a las administraciones correspondientes.  
Artículo 8. Tramitación  
1. Recibidas las solicitudes, por la Dirección General de Servicios Sociales serán verificadas y podrán realizarse de oficio las actuaciones que consideren necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.  
Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, o no se acompañe la documentación, que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se tendrá por desistida su petición, archivándose el expediente sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, tal como regula el artículo 71.1, de la misma ley, para la subsanación y mejora de la solicitud.  
2. En cualquier fase de la tramitación del expediente, a la vista de la documentación obrante en cada uno de éstos y de las obligaciones que se adquieren por la concesión de la ayuda, se podrán recabar informes de los organismos y entidades cuando se estime oportuno y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello.  
Artículo 9. Resolución y pago  
1. Se delega en la directora general de Servicios Sociales la resolución de las solicitudes que se formulen, y se le autoriza para que dicte las instrucciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta orden.  
2. El plazo de resolución de las ayudas será de 6 meses como máximo a contar desde la fecha de la solicitud. En aquellos supuestos en que no se produzca resolución expresa en el plazo señalado se entenderá que las solicitudes han sido desestimadas, a los efectos previstos por el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Para dar eficacia al acto presunto, deberá procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de dicha ley.  
3. En el caso de concesión de la ayuda, el devengo de la misma tendrá carácter mensual, en tanto se mantengan los requisitos exigidos, procediéndose al abono a través de cuenta bancaria señalada por el solicitante con efecto del día 1 del mes siguiente a su solicitud.  
4. Las solicitudes no resueltas, con motivo de la falta de consignación presupuestaria, se incorporarán a la convocatoria del año siguiente, pudiendo ser atendidas cuando en dicho ejercicio se sigan cumpliendo las condiciones previstas por la normativa vigente para el acceso a las mismas, debiendo ratificarse los interesados en la solicitud presentada y aportar, todo ello a instancias de la Dirección General de Servicios Sociales, aquellos documentos exigidos por la presente orden y que no consten en poder de esta administración.  
Dichas solicitudes serán resueltas con efectos de 1 de enero del año siguiente a su presentación inicial.  
Las solicitudes que no obtengan una resolución expresa antes de 6 meses, desde el día siguiente a la presentación de su ratificación, se entenderán desestimadas.  
Artículo 10. Causas de denegación  
Serán causas de denegación de las ayudas:  
1. No cumplir alguno de los requisitos fijados como básicos para poder acceder a las ayudas.  
2. La reiteración de solicitudes en una misma convocatoria de ayudas, si no se ha producido una variación en las circunstancias.  
3. Ser beneficiario ya de una ayuda económica para el cuidado de una persona anciana al amparo del Decreto 331/1995, de 3 de noviembre, por el que se establecen dichas ayudas.  
4. Ser perceptor de estas ayudas algún miembro de la propia unidad familiar.  
5. Encontrarse en la situación de anciano o anciana cuidado por otra persona perceptora de estas ayudas.  
6. Presentar solicitud para atender a un anciano/na que ya recibe los cuidados de otra persona perceptora de las ayudas reguladas en esta orden.  
Artículo 11. Extinción  
La percepción de la ayuda económica quedará condicionada al mantenimiento de las causas que dieron lugar a su reconocimiento, por lo que dejarán de percibirse en los siguientes casos:  
1. Fallecimiento de la persona anciana o del titular de la ayuda.  
2. Superación de los límites económicos exigidos.  
3. Variación de las circunstancias relacionadas con la atención a la persona anciana y en especial la disconformidad manifiesta del mismo con respecto a la atención recibida.  
4. Incumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios.  
Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios  
Los perceptores de las presentes ayudas vendrán obligados a comunicar, en el plazo máximo de 30 días desde la fecha en que se produzca, cualquier variación de su situación de convivencia, estado civil, residencia, recursos económicos propios o ajenos computables por razón de convivencia, y cuantas puedan tener incidencia en la conservación de aquélla.  
Cuando del incumplimiento de esta obligación se derive una percepción no conforme con la normativa reguladora de estas ayudas, el interesado deberá reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, desde el primer día del mes siguiente a aquél en que hubiera variado la situación, cualquiera que sea el momento en que se detecte la variación.  
Artículo 13. Dejación sin efectos, o minoración de las ayudas económicas, y revisión de las mismas  
1. Se podrá dictar una resolución de dejación sin efectos o minoración y, en todo caso, de reintegro de las cantidades recibidas en los supuestos del artículo 47.9 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.  
El procedimiento se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano competente, de una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan atribuidas o no facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia.  
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.  
El plazo máximo para resolver será de 6 meses desde el momento en que fue incoado el expediente de revocación o minoración.  
Las cantidades que se deberán reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público a los efectos del procedimiento aplicable a su cobranza.  
Al procedimiento establecido en este artículo le será igualmente de aplicación la delegación prevista en el artículo 9.  
2. En cuanto al procedimiento de revisión de las ayudas, en los casos de nulidad, anulabilidad y rectificación de errores de los actos administrativos que sirvieron de base a la concesión de estas ayudas se estará a lo dispuesto en el capítulo 1, del título VII, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Artículo 14. Recursos  
1. Contra las resoluciones expresas o presuntas dictadas por la directora general de Servicios Sociales, por delegación del conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, se podrá interponer recurso contencioso administrativo en la forma, plazo y condiciones que determina la ley reguladora de dicha jurisdicción, después de la comunicación a la Dirección General de Servicios Sociales de la intención de interponer dicho recurso.  
2. En todo caso, para la interposición del recurso contencioso administrativo, contra las resoluciones presuntas, será preciso que con carácter previo el interesado acredite la eficacia del acto presunto conforme a lo dispuesto del artículo 44 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
Artículo 15  
Las ayudas convocadas por la presente orden para el ejercicio 1997 serán atendidas dentro de la sección 13 con cargo al Programa Presupuestario 313.10 de Servicios Sociales. La línea de subvención es 407/97 con un importe de 2.199.437.865 pesetas.  
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
Primera  
Los aspectos regulados en la presente orden se aplicarán sin perjuicio de cuantas normas rigen el régimen jurídico de la administración de la Generalitat, especialmente en materia presupuestaria.  
Segunda  
Se entenderá aplicable esta orden a ejercicios posteriores en todo lo que implica de desarrollo del Decreto 331/1995, de 3 de noviembre, quedando condicionadas las ayudas, así como la fijación de las cantidades a los créditos que se aprueben en las sucesivas leyes de presupuestos y a las respectivas convocatorias anuales de estas ayudas.  
Tercera  
Sin perjuicio de la delegación prevista en el artículo 9.1 de la presente orden, se delega en la directora general de Servicios Sociales la firma de cuantos documentos se requieran para la gestión de los pagos previstos por la misma, y en particular la revisión de justificantes, el reconocimiento de la obligación de pago y la firma de cuantos documentos contables sean necesarios.  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
Primera  
Agotados los fondos de la subvención con cargo a los presupuestos de 1996, las solicitudes que fueron presentadas en el ejercicio anterior y que no han sido resueltas por motivo de la falta de consignación presupuestaria, serán atendidas con cargo al presupuesto de 1997, rigiéndose por las condiciones establecidas en la presente orden en cuanto a los requisitos exigibles para su concesión.  
Estas solicitudes se tramitarán conforme a los establecido en el apartado 4, del artículo 9, de la presente orden.  
Dichas solicitudes serán resueltas con efectos de 1 de enero de 1997.  
Segunda  
Las solicitudes del ejercicio 1996, que fueron resueltas positivamente, serán tramitadas con cargo al presupuesto de 1997, rigiéndose por las condiciones establecidas en la presente orden, en cuanto a los requisitos exigibles para su concesión.  
Los beneficiarios del ejercicio 1996 deberán aportar, a instancias de la Dirección General de Servicios Sociales, ratificación de su solicitud de continuidad en el percibo de la ayuda de 1996, condicionada en su cuantificación definitiva a la presentación de la documentación que le sea requerida a efectos de su actualización, con efectos desde el 1 de enero de 1997 y para dicho ejercicio.  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
Queda derogada la Orden de 5 de febrero de 1996, de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se desarrolla el Decreto 331/1995, de 3 de noviembre, por el que se establece la ayuda económica para el cuidado de ancianos y ancianas desde el ámbito familiar.  
DISPOSICIÓN FINAL  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Valencia, 7 de febrero de 1997  
El conseller de Trabajo y Asuntos Sociales,  
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES


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