Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3375, del 18-11-1998 (1998/902724)

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la directora general de Servicios Sociales, por la que se revoca la Resolución de aprobación del expediente de contratación del servicio de limpieza de la Residencia de la Tercera Edad de Silla (Valencia), por el procedimiento abierto mediante concurso (exp. S-170/98).
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/1998/10/27/(2)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   3375

Fecha DOGV
:   18-11-1998

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   1998/902724


Fecha del documento
:   27-10-1998

Organismo emisor


Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Silla
    * tercera edad

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la directora general de Servicios Sociales, por la que se revoca la Resolución de aprobación del expediente de contratación del servicio de limpieza de la Residencia de la Tercera Edad de Silla (Valencia), por el procedimiento abierto mediante concurso (exp. S-170/98). [1998/X9749]  
Examinado el expediente incoado para la contratación del servicio de limpieza de la Residencia de la Tercera Edad de Silla (Valencia) por el procedimiento abierto mediante concurso, cuyo importe de licitación es 56.432.429 PTA.  
Resultando que iniciado el expediente se procede al trámite de licitación mediante anuncio en el DOGV de fecha 23 de septiembre de 1998.  
Resultando que cuando se publique la presente resolución habrá finalizado el plazo de presentación de proposiciones para participar en el presente concurso.  
Resultando que durante el periodo de presentación de ofertas se recibe en el Servicio de Gestión de la Contratación informe de la directora territorial de Bienestar Social de Valencia, de 8 de octubre de 1998, sobre la necesidad de anular dicho expediente, debido a que en el pliego de prescripciones técnicas se incluye por error el servicio de lavandería, siendo que el mismo debe ser realizado por el personal fijo del centro.  
Resultando que dicho servicio altera substancialmente el coste económico de la prestación y que, a pesar de que las empresas licitadoras que han solicitado información, la actual empresa adjudicataria y el centro han sido informados de este error, no puede tenerse constancia de que todas las empresas tengan conocimiento del mismo, y dado que al estar este servicio de lavandería incluido en los pliegos, podría exigirse su cumplimiento.  
Considerando lo dispuesto en la Resolución de 5 de marzo de 1997 de la consellera de Bienestar Social, por la que se delega la firma en la directora general de Servicios Sociales en las materias de contratación administrativa, gestión económico-presupuestaria y gestión de personal que contempla la Orden de 15 de octubre de 1993, de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, (DOGV de 26.10.93), modificada sucesivamente por Orden de 15 de marzo de 1994 (DOGV de 6 de abril de 1994), y por Orden de 8 de julio de 1994 (DOGV de 1 de septiembre de 1994).  
Considerando el art. 60 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE nº 119, de 19 de mayo) por el que se dispone que dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente ley, el órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.   
Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  
Considerando el art. 94 apartado 6 de la Ley 13/95, en lo que se refiere a las comunicaciones a los candidatos o licitadores en los casos en los que se ha decidido renunciar a un contrato ofertado.  
Considerando el artículo 105.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), en el que se dispone que las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos expresos o presuntos no declarativos de derecho y los de gravámenes, siempre que tal revocación no sea contraria al ordenamiento jurídico.  
Vistos los preceptos legales citados y los demás generales de pertinente aplicación, resuelvo:  
Primero  
Revocar la Resolución de aprobación del expediente incoado para la contratación del servicio de limpieza de la Residencia de la Tercera Edad de Silla (Valencia) y todos los actos de trámite anteriores y, en consecuencia, iniciar nuevamente el expediente, previo informe del Servicio Jurídico.  
Segundo  
Anular al retención de crédito por importe de treinta y dos millones ochocientas treinta y nueve mil trescientas cuarenta y cuatro pesetas (39.574.339 PTA), con cargo a la aplicación presupuestaria 69.07.72.6094.579.52.659.86 del Estado de Gastos del Presupuesto de la Generalitat Valenciana del ejercicio económico de 1998, o su equivalente para los ejercicios siguientes.  
Tercero  
En su caso, devolver a los licitadores si los hubiere la documentación presentada para concursar.  
Cuarto  
Publicar esta resolución en el DOGV.  
Notifíquese esta resolución a los interesados, advirtiéndose que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá formularse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, previa comunicación a la Conselleria de Bienestar Social, de la intención de interponer dicho recurso, en el plazo de dos meses, contados de fecha a fecha, a partir del día de la recepción de la notificación de esta resolución. Todo ello sin perjuicio de la procedencia del recurso administrativo de revisión, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992).  
Valencia, 27 de octubre de 1998.- La directora general de Servicios Sociales (por delegación de firma, otorgada por Resolución de 5 de marzo de 1997, de la consellera de Bienestar Social): Mª Luisa García Merita.


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