Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4144, del 10-12-2001 (2001/11107)

Notificación de la propuesta de resolución del procedimiento EJEC: 101/2001-C.
------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4144

Fecha DOGV
:   10-12-2001

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2001/11721


Organismo emisor
:   Juzgado de Lo Social Número 32 de Madrid

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la propuesta de resolución del procedimiento EJEC: 101/2001-C. [2001/F11506]
  
Autos número D-120/2001
  
Ejecución número 101/2001-C
  
Propuesta de resolución de la secretaria judicial señora Olalla García
  
Auto
  
Hechos
  
1.º En el presente procedimiento, seguido entre las partes, de una como demandante doña Violeta Terrón Cano y de otra como demandados Esditex, SL, Itaca XXI, SL, y Francisco Montalvá Vidal, consta sentencia con fecha 19 de abril de 2001 cuyo contenido se da por reproducido.
  
2.º El citado título ha ganado firmeza sin que conste que la parte demandada haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 739.879 pesetas, más costas e intereses, solicita la parte ejecutante en escrito de fecha 29 de mayo de 2001.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero. El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales (artículo 117 de la Constitución Española y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
  
Segundo. La ejecución del título habido en este procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación (artículos 68 y 84.4 de la Ley de Procedimiento Laboral) se iniciará a instancia de parte y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (artículo 237 de la Ley de Procedimiento Laboral).
  
Tercero. Si el título que se ejecuta condenase al pago de cantidad líquida y determinada, se procederá siempre y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado al embargo de sus bienes en cuantía suficiente, sólo procediendo la adecuación del embargo al orden legal cuando conste la suficiencia de los bienes embargados (artículos 235.1 y 252 de la Ley de Procedimiento Laboral y 580 y 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  
Cuarto. Debe advertirse y requerirse al ejecutado: a) a que cumpla las resoluciones judiciales firmes y preste la colaboración requerida en la ejecución de lo resuelto (artículo 118 de la Constitución Española); b) a que cumpla estrictamente con su obligación de pago al ejecutante tras la notificación de este auto, y mientras ello no realice se irá incrementando el importe de su deuda con los intereses legales, las costas que se devenguen, a cuyo cargo se podrán imponer, incluso las derivadas de los honorarios o derechos de abogados, incluidos los de las administraciones públicas, procuradores o graduados sociales colegiados que defiendan o representen a la parte contraria (artículo 267.3 de la Ley de Procedimiento Laboral); c) a que se abstenga de realizar actos de disposición en perjuicio de sus acreedores (artículo 257.1.1 del Código Penal), indicándosele que está tipificado como delito de insolvencia punible el intento de eludir los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona pública o privada (artículo 257.2 del Código Penal).
  
Quinto. Asimismo debe advertirse y requerirse al ejecutado o a sus administradores o representantes, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad: a) a que, en el plazo máximo de tres días hábiles a contar desde la notificación de este auto, efectúe manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Asimismo deberá indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Deberá, igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran tener naturaleza ganancial o constituir vivienda conyugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados con cargas reales deberá manifestar el importe de crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esta fecha (artículo 247 de la Ley de Procedimiento Laboral); b) a que aporte la titulación de los bienes que se le embarguen (artículo 663 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  
Sexto. Debe advertirse al ejecutado que si deja transcurrir injustificadamente los plazos aludidos en los anteriores razonamientos sin efectuar lo ordenado y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento específico, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación que se ejecuta, se podrá, tras audiencia de las partes, imponerle el abono de apremios pecuniarios por cada día que se retrase en el cumplimiento de dar o entregar las sumas de dinero objeto de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones legales que se le impongan en la presente resolución judicial. Cantidades que son independientes de la responsabilidad exigible por demora en el cumplimiento (artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral).
  
Séptimo. Para dar cumplimiento de los artículos 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 23 y 274 de la Ley de Procedimiento Laboral, dése traslado del escrito presentado y de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial, al que se notificarán las sucesivas actuaciones, para que pueda ejercitar las acciones para las que está legitimado debiendo, en un plazo máximo de 15 días, instar lo que a su derecho convenga y designar los bienes del deudor principal que le consten. Recuérdesele sus obligaciones y derechos que, en aras a la rápida y eficaz conclusión del proceso de ejecución, se derivan de los artículos 118 de la Constitución Española, 33 del Estatuto de los Trabajadores, y 23, 24, 67, 251, 262, 264, 270, 274 y 275 de la Ley de Procedimiento Laboral.
  
Parte dispositiva
  
En atención a lo expuesto, se acuerda:
  
A) Despachar la ejecución solicitada por Violeta Terrón Cano contra Esditex, SL, Itaca XXI, SL, y Francisco Montalvá Vidal, por un importe de 739.879 pesetas de principal, más 73.988 y 55.490 pesetas, de costas e intereses que se fijan provisionalmente.
  
B) Trabar embargo sobre los bienes de la demandada que a continuación se detallan:
  
- Los que se encuentren en el domicilio de las ejecutadas; con su resultado, se acordará lo procedente respecto a los embargos solicitados en el escrito de ejecución.
  
Líbrese testimonio de la presente resolución con comunicación al Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los Juzgados de Madrid, al efecto de que por la Comisión Judicial se proceda al embargo de bienes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades, por las que despacha ejecución, y a quienes servirá el presente de mandamiento en forma, pudiéndose solicitar, si preciso fuere, el auxilio de la fuerza pública, así como hacer uso de los medios personales y materiales necesarios para poder acceder a los lugares en que se encuentren los bienes cuya traba se pretende.
  
C) Se advierte y requiere al ejecutado/s en los términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos 4 y 5.
  
D) Adviértase al ejecutado/s que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento jurídico 6, se le podrá imponer el abono de apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
  
E) Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines expresados en el razonamiento jurídico 7.
  
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de 10 días, por defectos procesales o por motivos de fondo (artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
  
Esta es la resolución que propone la secretaria judicial de este juzgado a doña María Luisa Gil Meana, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social número 32 de Madrid.