Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3614, del 28-10-1999 (1999/9139)

ACUERDO de 19 de octubre de 1999, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la solicitud de don Jorge Cañamás Mauri, en nombre y representación de la mercantil Cítricos Valencianos, SAT, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable, para la construcción de una central hortofrutícola en el polígono 9, parcela 97, del término municipal de l'Alcúdia.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3614

Fecha DOGV
:   28-10-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/9139


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 19 de octubre de 1999, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la solicitud de don Jorge Cañamás Mauri, en nombre y representación de la mercantil Cítricos Valencianos, SAT, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable, para la construcción de una central hortofrutícola en el polígono 9, parcela 97, del término municipal de l'Alcúdia. [1999/X9139]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 19 de octubre de 1999, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Los días 28 de mayo y 3 de junio de 1998 tuvo entrada en la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia la solicitud formulada por don Jorge Cañamás Mauri, en nombre y representación de Cítricos Valencianos, SAT, de la declaración de interés comunitario de una actuación integral, consistente en la implantación de una central hortofrutícola en el polígono 9, parcela 97, del término municipal de l'Alcúdia, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable (en adelante, LSNU).
  
El 15 de junio de 1998 se revisó la documentación del expediente requiriéndose al interesado para que la completase en los términos indicados en el artículo 20 de la LSNU, y se dio audiencia el día 23 de julio al propio Ayuntamiento de l'Alcúdia como municipio afectado por la actuación y a los municipios de la zona (Masalavés, Algemesí, Guadassuar, Benimodo y Carlet).
  
El día 26 de junio se completó la documentación solicitada.
  
Con fecha 23 de julio de 1998 se solicitó informe de la Diputación Provincial de Valencia (Servicio de Explotación).
  
Con fecha 23 de julio de 1998, se requirieron informes de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (en adelante, COPUT), Oficina del Plan de Carreteras, Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento, Confederación Hidrográfica del Júcar, y con fecha 5 de junio de 1998 a la Subdirección Territorial de Agricultura, Dirección General de Transportes (COPUT), Conselleria de Economía y Hacienda, Subdirección Territorial de Medio Ambiente y Servicio Territorial de Industria.
  
De todos ellos se ha recibido informes:
  
- Diputación Provincial de Valencia, de 14 de septiembre de 1998, no procede emitir informe porque el emplazamiento de la construcción está fuera de la zona de protección de las carreteras de competencia de esa Diputación.
  
- Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento, de fecha 10 de septiembre de 1998, por el que se indica que dicha actividad se encuentra situada fuera de los límites de defensa de la carretera, a unos 100 m. de la arista exterior de la explanación, y sus accesos son a través de caminos vecinales del término municipal, por lo que no se emite informe, por no afectar de manera directa a la carretera perteneciente a la Red de Interés General del Estado.
  
- Ayuntamiento de l'Alcúdia, de 30 de julio de 1998, de carácter favorable, remitiéndose a los dos informes municipales obrantes en el expediente de fecha 30 de enero de 1998 y 25 de mayo de 1998.
  
- Ayuntamiento de l'Alcúdia, de fecha 19 de agosto de 1998 de carácter favorable al estudio de impacto ambiental presentado por Cítricos Valencianos, SAT.
  
- Ayuntamiento de Guadassuar de 17 de agosto de 1998, en el que se indica que no se aprecian obstáculos en relación con la construcción solicitada.
  
- Ayuntamiento de Carlet, de 17 de septiembre de 1998, de carácter desfavorable por los siguientes motivos:
  
La construcción se ubicará a una distancia de 100 m. de la estación depuradora de aguas residuales de Carlet, resultando incompatible con la actividad de manipulación de cítricos, así como la indicación de que la actividad que se pretende instalar carece de suministro de agua potable y de evacuación de aguas residuales.
  
Existe suelo apto para instalar dicha actividad en el municipio de l'Alcúdia o en cualquiera de los colindantes.
  
- Oficina del Plan de Carreteras COPUT, de fecha 22 de septiembre de 1998, de carácter desfavorable, dado que deben definirse los accesos a las instalaciones para el tráfico de pesados desde la Autovía N-430, tanto desde el sentido de Valencia como desde Alicante, y sin perjuicio de lo que disponga el Ministerio de Fomento.
  
- Ayuntamiento de l'Alcúdia, de fecha 25 de septiembre de 1998, en el que se justifica que la estación depuradora que tiene previsto construir la entidad pública de Saneamiento de Aguas Residuales la Generalitat Valenciana por Carlet, no tiene una ubicación definitiva, siendo en todo caso la distancia muy superior a 100 m, y realizándose por otro lado consideraciones respecto al concepto de ?zona- previsto en la Ley 4/1992.
  
Segundo
  
La comisión informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión del día 24 de septiembre de 1988 acordó no admitir a trámite el expediente.
  
Posteriormente, y en base a las alegaciones presentadas tanto por el promotor, con fecha 2 de octubre de 1998, como por el Ayuntamiento de l'Alcúdia, con fecha 25 de sepiembre de 1998, el día 27 de noviembre de 1998 el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes resolvió admitir a trámite el expediente de referencia, ordenando el sometimiento del expediente al trámite de información pública por el plazo de 20 días simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento.
  
A este respecto, se publicaron sendos anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 11 de enero de 1999 y en el diario Las Provincias de 14 de diciembre de 1998, no habiéndose presentado ningún escrito de alegaciones ni alternativa al expediente en cuestión, según se acredita en la diligencia emitida por la jefa de negociado del Registro de los servicios territoriales de Urbanismo de 10 de febrero de 1999.
  
Tercero
  
La documentación presentada consta de memoria informativa, memoria justificativa, programa de actuación integrada, propuesta de convenio, ordenanzas reguladoras, resumen del presupuesto, planos de ordenación e información y estudio de impacto ambiental.
  
Cuarto
  
El día 20 de abril de 1999, la Dirección General de Desarrollo Sostenible (Conselleria de Medio Ambiente) emitió declaración de impacto ambiental, en la que se estima aceptable, desde el punto de vista ambiental, la actuación solicitada, sujetándola a determinados condicionantes.
  
Quinto
  
La comisión informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en fecha 20 de mayo de 1999, informó favorablemente la aprobación de la presente declaración de interés comunitario, por el procedimiento extraordinario, en suelo no urbanizable, del término municipal de l'Alcúdia.
  
Sexto
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes informó favorablemente la presente declaración de interés comunitario mediante Resolución de fecha 16 de junio de 1999.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Constituye el objeto del presente expediente la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico del proyecto para la implantación de una central hortofrutícola sobre una superficie de actuación de 61.872 m², a una distancia de 500 m. del suelo urbano, emplazándose al otro lado del río Magro en su margen derecha y a 100 m de la autovía N-340 en el punto más cercano.
  
La edificación proyectada tiene un total de 23.000 m², de los cuales 22.575 m² corresponden a un edificio industrial, proyectándose asimismo un edificio de oficinas de 425 m² en planta baja y tres alturas, y acondicionándose el resto del solar para la rodadura de vehículos, aparcamiento y accesos.
  
El uso previsto como dominante es el industrial, siendo usos compatibles el uso de vivienda destinado a los vigilantes y guardia, el uso de oficinas, y el uso comercial reducido exclusivamente a establecimientos dedicados a exposición y venta de productos industriales.
  
La actuación cuyo interés comunitario se solicita, dadas sus características: superficie necesaria para el desarrollo de la actuación superior a 4 hectáreas, y construcción superior a 8.000 m², constituye una actuación integral en sí misma considerada que hace imposible su ubicación en suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización previstos por los planeamientos vigentes de los municipios de la zona. De modo que su ordenación y aprovechamiento urbanístico debe resolverse en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable, por tratarse de una actividad industrial, consistente en la implantación de una central hortofrutícola, que requiere una superficie ocupada superior a los cuarenta mil metros cuadrados, por lo que sólo puede autorizarse su implantación en el suelo no urbanizable como una actuación integral a través del procedimiento extraordinario de declaración de interés comunitario.
  
Segundo
  
Respecto al procedimiento, se han observado en el presente caso las prescripciones legales que exige la citada Ley de la Generalitat Valenciana del Suelo No Urbanizable y la documentación del expediente está completa en los términos requeridos en el artículo 20.2, segundo párrafo, de la referida Ley 4/1992 y la vigente legislación de impacto ambiental.
  
Tercero
  
La actuación integral proyectada, por sus propias dimensiones constituye un elemento influyente en la estructura territorial. Se propone un emplazamiento a una distancia de 500 m del suelo urbano, y a 100 m. de la autovía N-340 en el punto más cercano.
  
El acceso a la actuación se realizará a través del vial de servicio que discurre paralelo a la autovía N-340.
  
A este respecto, cabe indicar asimismo que ha sido concertada una solución técnica para el acceso a la actuación desde una rotonda de conexión, que la promotora asume como obra a ejecutar por sus propios medios.
  
La actividad se plantea como una actuación integral que resuelve en sí misma su ensamblaje territorial, de forma que garantiza la solución de los servicios sin que, de otro lado, se ocasionen sobrecargas en el funcionamiento normal de las redes de servicios generales. En este punto se justifica que el abastecimiento de agua se realizará mediante el agua de un pozo existente, previéndose la construcción de una depuradora para el tratamiento de los efluentes. Se prevé el suministro de gas, energía eléctrica y alumbrado público.
  
Cuarto
  
Respecto al régimen de deberes y cesiones, conforme al artículo 20 de la Ley 4/1992, la promotora ha asumido las cargas y obligaciones propias de una adjudicatario de un programa de actuación urbanística. En el presente caso se plantea acogerse a las posibilidades de sustitución que permite la propia LSNU en los términos que a continuación se refieren:
  
Se plantea la sustitución de la cesión de dotaciones públicas mediante la compensación económica de 2.784.150 pesetas correspondiente al 10% de la superficie de la actuación, es decir, 6.187 m², a razón de 450 PTA el m².
  
En concepto de aprovechamiento, el urbanizador se compromete a liquidar en metálico al ayuntamiento la diferencia entre el aprovechamiento subjetivo y el objetivo, cifrada en 1.782.242 pesetas, a razón de 1.131 PTA. el m².
  
Asimismo, el urbanizador se compromete a conectar la nueva urbanización proyectada con las redes de infraestructuras, comunicaciones y servicios públicos existentes y a la urbanización total de la unidad de ejecución.
  
Quinto
  
A la hora de definir la adecuación de la actuación a la ordenación territorial y urbanística cabe tener en cuenta tanto la solución consensuada respecto de los accesos, aportando la promotora el compromiso formal de ejecución de los accesos a la central hortofrutícola, para lo que solicitará el correspondiente permiso a la Dirección General de Carreteras de la COPUT mediante la presentación del proyecto de construcción del citado acceso, como de lo indicado por el órgano medioambiental mediante declaración de impacto ambiental (Dirección General de Desarrollo Sostenible).
  
Sexto
  
El Gobierno Valenciano es competente para la aprobación de la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo preceptuado en el apartado segundo del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable.
  
De conformidad con lo establecido en los preceptos legales citados y concordantes de general y pertinente aplicación, y a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano,
  
ACUERDA
  
I. La aprobación definitiva de la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por la mercantil Cítricos Valencianos, SAT, de una actuación integral consistente en la construcción de una central hortofrutícola, en la parcela 97, polígono 9, en suelo no urbanizable, del término municipal de l'Alcúdia, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado II, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente acuerdo.
  
La aprobación de la actuación integral llevará implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de interés social y de la necesidad de ocupación de los terrenos que, conforme al proyecto aprobado, sean necesarios para la ejecución de aquella y para su enlace con los correspondientes sistemas generales. El promotor de la iniciativa finalmente aprobada tendrá, cuando no sea propietario de la superficie afectada por la actuación, o de parte de ella, la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo de su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer, con independencia de las obligaciones asumidas en el procedimiento de aprobación de su iniciativa.
  
II. Adjudicar dicha actuación integral a favor de la entidad Cítricos Valencianos, SAT, a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, para promover la instalación de la referida central hortofrutícola.
  
III. Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados ?a favor del ayuntamiento- para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
IV. El promotor deberá garantizar ante el Ayuntamiento de l'Alcúdia la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral por importe de un 7% del coste total de los servicios y obras de urbanización previstos. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósitos de valores, antes del inicio de las obras.
  
V. Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Gobierno Valenciano.
  
VI. El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado II, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado III, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de l'Alcúdia. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.
  
VII. El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la declaración de impacto ambiental de 20 de abril de 1999. Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación de dicha central hortofrutícola.
  
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno Valenciano en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 19 de octubre de 1999
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,