Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6363, del 27-09-2010 (2010/9913)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal de desahucio por falta de pago número 858/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6363

Fecha DOGV
:   27-09-2010

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2010/9913


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Castellon de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal de desahucio por falta de pago número 858/2010. [2010/9913]  
Juicio verbal (desahucio por falta de pago) 000858/2010  
Demandante: Carlos Sanz de Bremond Noriega.  
Procurador: M.ª Carmen Linares Beltrán.  
Demandado: Dragomir Marinescu y Camelia Rad.  
Procurador: -  
Alexandre Ros Ros, secretario de esta ciudad y su partido, hago saber:  
Que en el juicio arriba referenciado ha dictado sentencia de fecha 24 de junio de 2010, cuyo encabezamiento y fallo son del texto literal siguiente:  
«Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón de la Plana  
Procedimiento: Juicio verbal número 858/2010 (desahucio y reclamación de rentas).  
Sentencia número 142/2010  
Castellón de la Plana, 24 de junio de 2010.  
Vistos ante mí, Víctor Calatayud Chollet, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón de la Plana, los presentes autos de juicio verbal por desahucio y reclamación de rentas, promovidos por la procuradora Carmen Linares Beltrán, en nombre y representación del letrado y parte Carlos Sanz de Bremond Noriega, contra Dragomir Marinescu y Camelia Rad (ambos declarados en rebeldía), con base en los siguientes:  
Antecedentes de hecho:  
Primero. En fecha 7 de abril de 2010, se presentó por la procuradora Carmen Linares Beltrán, en la representación ya dicha de Carlos Sanz de Bremond Noriega, demanda de juicio verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas contra Dragomir Marinescu y Camelia Rad.  
Segundo. Por medio de auto de 26 de abril de 2010, se acordó admitir a trámite la demanda y conforme a lo previsto en el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil citar a las partes para la celebración de la vista, haciendo saber a la parte demandada que de no comparecer a la vista se declarará el desahucio sin más trámite.  
Tercero. El juicio ha tenido lugar el día en que se dicta la presente resolución, compareciendo en forma la parte actora, presentándose en la sala los demandados sin la debida representación procesal y dirección letrada, pese a haber sido advertida al efecto, por lo que ha sido declarada en rebeldía.  
En la propia vista, la parte actora ha solicitado que la sentencia incluya la condena al pago de las rentas vencidas con posterioridad a la presentación de la demanda.  
Recibido el pleito a prueba y practicada con el resultado que obra en los autos, estos quedaron vistos para sentencia, habiéndose observado en la tramitación de este procedimiento todas las prescripciones legales.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Ejercita la parte actora en el presente procedimiento acción de desahucio de finca urbana por falta de pago de la renta estipulada y reclamación de las rentas debidas. Ante el incumplimiento de la obligación principal del arrendatario, que es el pago de la renta, la ley concede al arrendador la posibilidad de solicitar la resolución del contrato de arrendamiento y la recuperación del bien, solicitud que se decidirá en juicio verbal (artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), con las especialidades establecidas en los artículos 439, 440, 443 y 444 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Estas pretensiones se fundan en que las partes hoy litigantes suscribieron, Carlos Sanz de Bremond Noriega, en calidad de arrendador y los demandados Dragomir Marinescu y Camelia Rad de parte arrendataria, en fecha 23 de junio de 2008, contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda, sobre local sito en Castellón de la Plana, calle de Crevillent, número 5, bajo, por una renta mensual de 400 euros, que posteriormente fue reducida a 300 euros, sobre la que se devenga la correspondiente cuota de IVA (16%, 48 euros), y se deduce la preceptiva retención a efectos de IRPF (18%, 54 euros) habiendo dejado de abonarla los arrendatarios desde el mes de julio de 2009, por lo que la renta adeuda al tiempo de interponerse la demanda ascendía a 2.940 euros. A esta suma deben añadirse las rentas devengadas tras la interposición de la demanda, hasta la fecha de la celebración de la vista, es decir, las de los meses de mayo y junio del año en curso, permaneciendo invariada la renta a excepción del aumento de la retención del IRPF, que ha pasado a ser del 19%. Así pues, la suma total adeudada en concepto de rentas al tiempo de la celebración de la vista asciende a 3.510 euros.  
En prueba de cuanto se afirma en el escrito de demanda, se acompaña al mismo: el contrato de arrendamiento (documento número 2), documento de subsanación de error en cuanto a la determinación del plazo de vigencia (documento número 3), y escrito en que se plasma el acuerdo de reducción de la renta (documento número 4).  
Segundo. Citadas las partes a juicio, los demandados, que se han presentado en la sala de vistas, no lo han hecho en la debida forma, con la correspondiente representación procesal, ni bajo la pertinente dirección letrada, situándose en posición de rebeldía procesal, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resulta procedente dictar sentencia acordando la resolución del contrato con el consiguiente desahucio.  
Tercero. Respecto la acción acumulada de reclamación de rentas vencidas y sin perjuicio de lo previsto en el anterior fundamento, los demandados, preguntados al respecto, no solo han reconocido los documentos de la demanda que les han sido exhibidos, sino que además, han admitido el impago que se les atribuye de contrario.  
Puesto que se adeudan las rentas objeto de reclamación, siendo el pago de la renta la principal obligación del arrendatario (artículos 1543 y 1555 del Código Civil y 35 y 27.2.a de la Ley de Arrendamientos Urbanos), procede la condena de los demandados a su pago de las rentas mensuales vencidas hasta la fecha de presentación de la demanda, ascendiendo su importe a la suma de 2.940 euros en aplicación de los citados preceptos y de los artículos 1.258 y 1901 del Código Civil.  
Cuarto. La parte actora reclama igualmente en este proceso el pago de los alquileres de la finca arrendada a la demandada vencidas con posterioridad a la presentación de la demanda, hasta la fecha de celebración de juicio a cuyo pago deben ser igualmente condenados los demandados, así como al de las que se devenguen hasta la recuperación de la posesión, ya que la obligación de pago del alquiler tiene la consideración de una obligación de prestación periódica («condena de presente a una prestación futura»); y el espíritu de la Ley de Arrendamientos de 1994 persigue la evitación de múltiples reclamaciones a la misma persona, lo cual viene autorizado por los artículos 148.2, 1099, 1124.3 y 1128 del Código Civil para otros supuestos y 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así pues, incluso una vez extinguido el contrato de arrendamiento, debe reconocerse el derecho de la parte arrendadora a ser indemnizada por los daños y perjuicios causados por la ocupación indebida del inmueble. En todo caso.  
Quinto. Según resulta del artículo 1101 del Código Civil, queda sujeto a indemnización de los daños y perjuicios causados el que contraviniere el tenor de la obligación contraída por incurrir en morosidad en su cumplimiento; mora que comienza, a tenor del precedente artículo 1.100, desde la exigencia judicial o extrajudicial de la prestación por el acreedor. Consistiendo la obligación en el pago de una cantidad de dinero, aquella indemnización se identifica por el artículo 1108 del mismo cuerpo legal, para el caso de mora, con la cuantía de los intereses convenidos, y en defecto de éstos, con el interés legal. De la conjunta aplicación de los tres preceptos citados se desprende que las cantidades que por esta sentencia se declaran adeudadas devengarán el interés legal desde la fecha de la interposición de la demanda, incrementándose en 2 puntos el mencionado rédito desde la data de la presente resolución hasta su completa ejecución, tal y como establece el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las cantidades vencidas o devengadas con posterioridad a la interposición de la demanda, devengarán intereses sino desde su exigibilidad.  
Sexto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales se imponen a la parte demandada al ser estimadas las pretensiones de la actora en su integridad.  
Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación.  
Fallo  
Que estimando como estimo íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora Carmen Linares Beltrán, en nombre y representación del letrado y parte Carlos Sanz de Bremond Noriega, contra Dragomir Marinescu y Camelia Rad:  
1. Declaro resuelto por falta de pago de las rentas y cantidades asimiladas al contrato de arrendamiento que ligaba a las partes y que tenía por objeto el local sito en Castellón de la Plana, calle Crevillente, número 5 bajo.  
2. Condeno a los demandados a estar y pasar por esta resolución y a que dejen libre, vacua y a disposición de la parte actora el referido inmueble, habiéndose señalado al efecto el día 9 de septiembre de 2010, a las 10.00 horas, para que se proceda al lanzamiento, que tendrá lugar sin más trámite, es decir, sin necesidad de que se solicite por la parte actora la ejecución del pronunciamiento de la sentencia relativo al lanzamiento.  
3. Condeno a los demandados a pagar a la actora la suma de tres mil quinientos diez euros (3.510 euros) en concepto de rentas impagadas hasta la fecha de la presente resolución, más las rentas que venzan hasta la entrega de la posesión de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras, el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda, que ascendió a 300 euros al mes, sobre la que se devengará la correspondiente cuota de IVA (16%, 48 euros), y se deducirá la preceptiva retención a efectos de IRPF (19%, 57 euros). Más los intereses legales.  
4. Condeno a los demandados al pago de las costas procesales causadas.  
Notifíquese la presente resolución a las partes en los términos acordados, advirtiéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, que se preparará mediante escrito dirigido a este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles desde su notificación y, con los requisitos del artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo constituir el depósito exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.  
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, incluyéndose la original en el libro de sentencias.  
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».  
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez que la suscribe, estando constituido en audiencia pública, en el día de su fecha, de lo que hoy doy fe.  
Castellón de la Plana, 30 de julio de 2010.- El secretario: Alexandre Ros Ros.