Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5791, del 24-06-2008 (2008/7295)

Asunto Civil 001459/2007. Notificación del auto a Paula Calvo Izquierdo.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5791

Fecha DOGV
:   24-06-2008

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2008/7295


Fecha del documento
:   22-05-2008

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * sistema judicial

Asunto Civil 001459/2007. Notificación del auto a Paula Calvo Izquierdo. [2008/7295]  
Rosa María Martínez Molina, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón.  
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
Auto número 000230/08.  
Castellón, 14 de mayo de 2008.  
Hechos:  
Primero  
La procuradora señora Castro Campillo, en nombre y representación de José Serrano Serrano, en los autos de modificación de medidas número 1344/2007, dedujo solicitud de modificación provisional de medidas definitivas contra doña Paula Calvo Izquierdo, por medio de otrosí en la demanda principal, en los siguientes términos:  
1. Extinguir la pensión de alimentos del hijo mayor de edad.  
2. Oficiar al Ministerio de Economía para dejar sin efecto la retención mensual del salario del demandante.  
Segundo  
Formada la oportuna pieza separada, que se registró con el número 1459/2007, se citó a las partes y al Ministerio Fiscal a la comparecencia prevista en el artículo 773.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tuvo lugar el día 13 de mayo de 2008, compareciendo la parte actora, que se ratificó en su solicitud, mientras que la demandada no compareció, pese a estar debidamente citada.  
Tercero  
Solicitado el recibimiento a prueba, su señoría accedió a lo solicitado, procediéndose a la práctica de la propuesta y admitida, que por la parte demandante consistió en: documental (que aportó en el acto). Practicada toda la prueba en el acto, quedaron conclusos los autos sin más trámites.  
Fundamentos jurídicos:  
Primero  
El artículo 775.3 de la LEC contempla la posibilidad de que las partes puedan solicitar, en la demanda o en la contestación, la modificación provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. Esta petición se sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 773. La pretensión ha de dilucidarse conforme al último inciso del artículo 91 del Código Civil, que contempla que las medidas acordadas en las sentencias de separación, nulidad o divorcio podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias, y al artículo 775.1 de la LEC, que se pronuncia en idéntico sentido.  
Como tiene señalado reiterada jurisprudencia de las Audiencias Provinciales (entre otras muchas, SAP Castellón, sección primera, de 26 de mayo de 1999), las medidas adoptadas, judicial o convencionalmente, para regular los efectos de la separación o del divorcio, no están afectadas por la santidad de la cosa juzgada y cabe su modificación por cambio de las circunstancias, según dispone el artículo 90, párrafo tercer del Código Civil, al decir que «Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias» y aunque este artículo se destina a la regulación delconvenio, el párrafo citado se refiere tanto a las medidas convencionales como a las judiciales, siendo de añadir que también el artículo 91 in fine de dicho código dispone que las medidas acordadas en defecto de acuerdo de los cónyuges pueden ser modificadas «cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.» Es ello así porque el pronunciamiento de toda sentencia de separación o de divorcio relativo a los efectos secundarios de la misma, y a las medidas correspondientes que los disciplinan, por referirse aquellos a aspectos contingentes y sobre todo por estar estrechamente ligados a realidades vivenciales, y por ello cambiantes, no puede quedar inamovible e invariable al contrario de lo que ocurre con los efectos primarios o esenciales, que una vez adquiere firmeza la sentencia tienen el valor de cosa juzgada, y por tanto, devienen intangibles. Por ello, es valor entendido en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos que tales efectos secundarios, y las medidas adoptadas para regularlos, tienen una validez «rebus sic stantibus», y modificada seriamente la realidad subyacente que aconsejó o determinó su originaria ordenación en aquel primer sentido, deben ser modificadas paralelamente para su correcta y justa adecuación a la nueva realidad. No otra cosa pretenden los citados artículos 90, párrafo tercero y 91, último párrafo, del Código Civil, aunque también se encuentran más adelante otros preceptos, cuando se regulan algunas medidas en concreto, que contienen normas expresas en que se reconoce y ordena de nuevo su modificabilidad en función de la alteración de las circunstancias como el artículo 93, que al referirse a la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos a los hijos, habla de la «acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento», y también el artículo 94, que al regular el derecho de visitas y relaciones con sus hijos del progenitor que no los tenga consigo, prevé al final que el juez «podrá limitar o suspender (ese derecho) si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial», así como en cuanto a la pensión compensatoria del artículo 97, que el artículo 100 dice que «sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno y otro cónyuge». En definitiva, pues, puede afirmarse que las medidas judicialmente adoptadas están sometidas a una legal cláusula de actualización dependiente de una variación sustancial de la coyuntura en que fueron acordadas. Ahora bien, presupuesto para el cambio de tales medidas es la alteración sustancial de las circunstancias, lo que exige una ponderación por el juzgador de las concurrentes al tiempo de la adopción de las medidas cuya modificación se pretende y de las actuales, pero el concepto de alteración sustancial de las circunstancias, y sobre todo la apreciación de la «sustancialidad», son determinaciones totalmente casuísticas, y aunque cuando la ley habla de alteración sustancial parece referirse a que ha de ser grave, sin embargo, esa gravedad no se puede entender como supuesto derivado de variaciones extraordinarias e insólitas en las circunstancias, sino como importantes en función de la configuración inicial de las prestaciones a las que se quiere equilibradas, como demuestra la posibilidad de su nueva aprobación cuando entrañen un grave perjuicio para los cónyuges; por eso cuando el mantenimiento de la situación originariamente pactada o adoptada por el juez suponga la producción de un perjuicio de esa entidad, o al menos no leve para una de las partes, se debe considerar que estamos ante la sustancialidad de la alteración que el artículo 90 menciona.  
Segundo  
En el caso de autos, la modificación que con carácter provisional se solicita consiste en la supresión de la pensión de alimentos que el demandante abona a favor de su hijo en virtud de la sentencia de divorcio de 4 de abril de 1991 (procedimiento 209/1990 del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Castellón). En dicha sentencia se mantuvo la obligación del señor Serrano Serrano de abonar una pensión de alimentos para su hijo establecida en la previa sentencia de separación de fecha 2 de abril de 1986 (procedimiento 558/85 del mismo Juzgado), la cual, a su vez, se había remitido al auto de medidas provisionales de fecha 28 de octubre de 1985, que fijó esa pensión en 15.000 pesetas mensuales. En la fecha en que se estableció por primera vez la pensión de alimentos (auto de medidas provisionales) el hijo contaba apenas tres años de edad (nació el 14 de abril de 1982), mientras que en la actualidad cuenta ya 26 años. Consta igualmente, por medio de la información remitida por REGIN, que el hijo está dado de alta en la Seguridad Social desde 1999, y que desde el 1 de junio de 2005 figura de alta en el Régimen Especial de Autónomos, lo que supone que en la actualidad cuenta con ingresos económicos propios que le dotan de autonomía económica. Por ello, y de conformidad con el artículo 152.3 del Código Civil, debe darse por extinguida la obligación del demandante de seguir abonando esa pensión.  
Consta igualmente que de la nómina del señor Serrano Serrano se le efectúa mensualmente una retención a favor de la demandada, que se corresponde con la pensión que debía pagar en virtud de las sentencias de separación y divorcio, por lo que, habiéndose dejado sin efecto esa pensión, deberá dejarse sin efecto esa retención, por lo que deberá oficiarse a la entidad pagadora de la nómina, para que dejen de retener en lo sucesivo.  
Tercero  
De conformidad con el artículo 773.3 de la Ley 1/2000, contra este auto no cabrá interponer recurso alguno.  
Parte dispositiva:  
En atención a lo expuesto, José Luis Conde-Pumpido García, magistrado-Juez de Primera Instancia número 7 de Castellón, acuerda la modificación provisional de las medidas definitivas acordadas en el procedimiento de divorcio número 209/1990 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castellón, en los siguientes términos:  
1. Se deja sin efecto la obligación de José Serrano Serrano de abonar a Paula Calvo Izquierdo la pensión de alimentos para el hijo común de ambos, Víctor Serrano Calvo.  
2. Se deja sin efecto la retención practicada sobre la nómina del señor Serrano.  
Estas medidas quedarán sin efecto, en todo caso, cuando sean sustituidas por la de la sentencia definitiva, o cuando se ponga fin al procedimiento de cualquier otro modo.  
Para la efectividad de lo acordado, ofíciese a la Unidad de Clases Pasivas de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón a fin de que dejen sin efecto las retenciones que venían practicando sobre la nómina del señor Serrano Serrano.  
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.  
Así por este mi auto, lo ordeno y firmo.  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 14 de mayo de 2008 el señor juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de auto a Paula Calvo Izquierdo.  
Castellón de la Plana, 22 de mayo de 2008.- La secretaria judicial: Rosa María Martínez Molina.