Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4314, del 14-08-2002 (2002/8068)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento demanda número 262/2002.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4314

Fecha DOGV
:   14-08-2002

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2002/8068


Organismo emisor
:   Juzgado de Lo Social Número 25 de Madrid

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento demanda número 262/2002. [2002/F8068]
  
María Luz Sanz Rubio, secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 25 de Madrid, hago saber:
  
Que en el procedimiento demanda 262/2002 de este juzgado de lo social, seguidos a instancias de don Alexander Emil Petrescu contra la empresa Fashion Flash, SL, sobre despido, se ha dictado sentencia del tenor literal que consta en la copia que se adjunta.
  
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fashion Flash, SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
  
Madrid, 10 de julio de 2002.- La secretaria judicial: María Luz Sanz Rubio.
  
Autos número D.262/2002
  
Sentencia número 281/2002
  
Madrid, 10 de julio de 2002
  
Don José Luis Asenjo Pinilla, magistrado juez del Juzgado de lo Social número 25 de Madrid y su provincia, tras haber visto los presentes autos seguidos sobre despido entre parte, de la una y como demandante don Alexander Emil Petrescu Conde de Transilvania, que comparece asistida de la letrada doña María Rosanna Merino Cañizares, y de la otra y como demandado Fashion Flash, SL, se ha pronunciado la siguiente sentencia:
  
Antecedentes de hecho
  
1. Presentada la demanda en fecha 26 de marzo de 2002 correspondió su conocimiento a este juzgado de lo social, dándose traslado al demandado y citando a las partes para la celebración del correspondiente juicio oral, y en su caso previo acto de conciliación judicial en fecha 9 de julio de 2002 en que tuvieron lugar las actuaciones, compareciendo las partes, solicitando sentencia de acuerdo a sus intereses, practicándose las pruebas que fueron declaradas pertinentes y elevando finalmente a definitivas sus conclusiones.
  
2. En la tramitación de este proceso se han observado todas las prescripciones legales.
  
Hechos probados
  
Primero. El actor comenzó a prestar servicios para la empresa demandada el 1 de septiembre de 2000, siendo su actual categoría profesional la de director de producción.
  
Últimamente ha percibido un salario de 2.275,26 euros mensuales, con inclusión del prorrateo de pagas extraordinarias.
  
Segundo. El 10 de febrero de 2002 fue despedido verbalmente.
  
Tercero. Ha trabajado para Croma Televisión, SL, desde el 25 de marzo hasta el 25 de abril, del año en curso.
  
Cuarto. El demandante no es, no ha sido en el año anterior a su cese, representante de los trabajadores.
  
Quinto. La actividad de la empresa es la de producción audiovisual.
  
Sexto. Se ha celebrado acto de conciliación el 15 de marzo de 2002, ante el SMAC, con el resultado de intentado y sin efecto.
  
Séptimo. Intentada la citación de la empresa por correo certificado y el servicio común de actos de comunicación, tales intentos han sido vanos, por lo que se ha procedido a publicar los correspondientes edictos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el boletín oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Acreditada la relación laboral por la prueba aportada en autos, y ante la incomparecencia a juicio de la empresa demandada, pese a haber sido citada en forma, y por ello al llamamiento a confesión judicial en el mismo, procede tenerla por confesa, respecto a los hechos de la demanda, de conformidad a lo dispuesto en el número 2, del artículo 91, del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el TRLPL.
  
Asimismo se han tomado en cuenta los documentos que el actor adjunta, que no han sido impugnados de contrario. Igualmente, se tiene en consideración el testimonio de la señora Mihalache.
  
2. El artículo 55.1 del TRET, exige que para que de un despido se pueda decir que cumple las formalidades inherentes al mismo, es necesario la concurrencia de tres requisitos de tal manera que al darles a los mismos, y por igual, un carácter ad solemnitatem, la ausencia de uno solo determina su vulneración, en aplicación de lo prevenido en el artículo 55.4, del mismo texto legal, que incide en que: «...cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado uno de este artículo...».
  
Como quiera que ya se indicó que el despido fue articulado verbalmente, debe declararse la improcedencia del mismo, de conformidad a los preceptos ya citados, así como a los artículos 108.1 y 110.1, del a su vez Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, con las consecuencias legales y económicas que se deducen de las normas de referencia.
  
No obstante, en relación a los salarios de tramitación y sin perjuicio de otras consideraciones ajenas al litigio en este momento, debe excluirse el período que abarca del 25 de marzo al 25 de abril; visto lo declarado probado en tercer lugar.
  
3. En el séptimo hecho declarado probado se constata que la empresa ha cerrado sus instalaciones, por lo que de conformidad al artículo 23.2 del TRLPL, se procedió a citar al Fondo de Garantía Salarial, mediante providencia de 17 de mayo de 2002.
  
Aunque el criterio de este juzgado era favorable a aplicar el artículo 274.4, del citado TRLPL, en supuestos similares, se ha de modificar parcialmente el mismo, dadas las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al respecto. Así las referidas no estiman viable la condena líquida a cantidad alguna, aunque sea con carácter subsidiario, y previa resolución judicial en la que se declare la insolvencia provisional de la empresa afectada.
  
Con todo, dichas resoluciones también precisan la necesaria mención que se debe hacer a este organismo en la parte dispositiva de esta sentencia, y que textualmente es: «...la responsabilidad subsidiaria que el Fondo de Garantía Salarial en su día pudiera corresponder...».
  
4. Que según lo dispuesto en el número 3, del artículo 66, del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, al no haber comparecido la demandada al preceptivo acto de conciliación y coincidir la sentencia esencialmente con la pretensión formulada en su día en la papeleta de conciliación, tal actitud es constitutiva de temeridad o mala fe, por lo que por aplicación del número 3, del artículo 97, del real decreto legislativo antes citado, haya que imponer la sanción de 150 euros, todo ello en consonancia a las sentencias de 18 de diciembre de 1995, 30 de diciembre de 1977, 24, 25 de marzo y 30 de noviembre de 1999, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
  
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.
  
Fallo
  
Que estimando parcialmente la demanda formulada por don Alexander Emil Petrescu Conde de Transilvania, debo declarar la improcedencia del despido efectuado el 10 de febrero de 2002, condenando en consecuencia a la empresa Fashion Flash, SL, a que a su opción, le readmita en su puesto de trabajo y en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o le abone una indemnización que asciende a 5.119,34 euros; y, en todo caso, a los salarios de tramitación dejados de percibir desde el día siguiente al del despido y hasta que se produzca la notificación de esta resolución, excluyendo el período que abarca del 25 de marzo al 25 de abril; extendiéndose dicha condena a una sanción pecuniaria de 150 euros; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que le sea exigible al Fondo de Garantía Salarial.
  
Dicha opción se formulará por escrito y/o comparecencia ante la Secretaría de este juzgado; en el plazo máximo de cinco días y sin esperar a la firmeza de la presente resolución.
  
Contra esta sentencia, cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se anunciará dentro de los cinco días siguientes a su notificación, bastando para ello la manifestación de la parte, de su abogado o de su representante en el momento de la notificación, pudiendo hacerlo también estas personas por comparecencia y/o por escrito ante este juzgado, en el mismo plazo.
  
Se acompañará al anuncio justificante de haber ingresado 150,25 euros, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado, con el número 5025, con indicación del número de procedimiento en la sucursal del Banco Bilbao-Vizcaya, en la calle de la Basílica, número 19 (esquina a General Moscardó), y justificante de haber ingresado, en el mismo banco y cuenta, la cantidad objeto de condena. Esta última cantidad podrá ser sustituida por aval bancario, en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.
  
Al hacer el anuncio, se designará por escrito y/o comparecencia letrado que dirija el recurso, y si no se hace, lo solicitará de oficio, si se trata de trabajador o empresario con beneficio de justicia gratuita, el cual ostentará también la cualidad de representante a menos que hubiese hecho designación expresa de éste último.
  
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.