Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5813, del 24-07-2008 (2008/7854)

Información pública del concurso de programación del sector I-3, suelo urbanizable industrial, del Plan General de La Pobla de Vallbona.
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Número DOGV
:   5813

Fecha DOGV
:   24-07-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2008/7854


Fecha del documento
:   21-05-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Pobla de Vallbona, la
    * plan de urbanismo
    * contrato administrativo

Información pública del concurso de programación del sector I-3, suelo urbanizable industrial, del Plan General de La Pobla de Vallbona. [2008/7854]  
Por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada en fecha 29 de abril de 2008, se aprobaron las bases particulares reguladoras del concurso de programación del suelo urbanizable industrial sector I-3, procediéndose a su publicación en cumplimiento de lo establecido en los artículos 131 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana y 291 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Bases generales  
Las que figuran como anexo al Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Instrumento urbanístico y ámbito.  
Plan General de La Pobla de Vallbona, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 2 de julio de 2004.  
Ámbito objeto de programación: suelo urbanizable industrial sector I-3, del Plan General de La Pobla de Vallbona  
Acuerdo municipal aprobación inicio concurso: Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2008.  
Fecha remisión anuncio al DOUE: 23.06.2008.  
Bases particulares reguladoras del concurso:  
I. Objeto y naturaleza del contrato  
1. Es objeto de las presentes bases la selección de la alternativa técnica y la adjudicación de la condición de urbanizador del Programa de Actuación Integrada del Sector I-3, área de reparto nº 4, suelo urbanizable industrial del Plan General de La Pobla de Vallbona, conforme a estas bases y los pliegos de prescripciones técnicas que forman parte de las mismas.  
Estas bases y los pliegos de prescripciones y cláusulas administrativas particulares, con los documentos que preceptivamente los integran, formarán parte del contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada y el Plan General de Ordenación Urbana aprovado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el día 2 de julio de 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 100, de fecha 28 de abril de 2006.  
En el propio Plan General se delimita el sector I-3 y en la ficha de planeamiento y gestión se contiene la ordenación estructural del citado sector, estableciéndose que será objeto de programación única.  
2. El contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada suscrito entre el Ayuntamiento y el urbanizador seleccionado, tiene la naturaleza de contrato administrativo especial y se regirá por lo establecido en la normativa urbanística valenciana y por lo dispuesto en las presentes bases. En todo lo no previsto en las disposiciones anteriores será de aplicación la normativa vigente sobre el contrato de gestión de servicios públicos prevista en la legislación contractual de las administraciones públicas.   
3. Serán de aplicación las bases generales descritas en el anexo II del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial, cuya publicación se realizó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5264, de 23 de mayo de 2006.  
II. Ámbito de la actuación integrada   
El ámbito territorial sobre el que se ejecutará la actuación integrada se circunscribe al sector I-3, área de reparto nº 4, suelo urbanizable industrial del Plan General de La Pobla de Vallbona.  
En el anexo I de estas bases se incorpora plano de delimitación del sector I-3, área de reparto nº 4, así como la ficha de planeamiento del citado sector que forma parte de las normas de ordenación estructural del Plan General.  
No se admitirán variantes en cuanto a la ampliación o disminución del ámbito territorial objeto de programación.  
A los efectos señalados en el artículo 131.2.g) LUV, no se considerarán variantes, por lo que serán admisibles, en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
III. Prescripciones técnicas  
Las prescripciones técnicas que como mínimo deberán respetarse en los documentos de ordenación y gestión, la normativa a desarrollar, así como con referencia al proyecto de las obras de urbanización exigibles figuran en el anexo II de estas bases.  
IV. Plazos de ejecución y cumplimiento del contrato (artículo 332 ROGTU)   
1. Se fijan los siguientes plazos máximos para el desarrollo del programa de actuación integrada que podrán mejorarse por los licitadores en su alternativa técnica.  
1. Presentación, si fuera necesario, de un texto refundido del plan parcial del sector: dos meses desde la notificación del acuerdo de adjudicación del programa en el que se detallen las modificaciones.   
2. Presentación, si fuera necesario, de un texto refundido del proyecto de urbanización: dos meses desde la notificación del acuerdo de adjudicación del programa en el que se detallen las modificaciones.   
3. Selección de empresario constructor: no es necesaria la selección de empresario constructor por cuanto que el presupuesto de licitación de las obras de urbanización no supera, excluido el impuesto sobre el valor añadido, los 5.278.000 €, conforme dispone el artículo 120.6 de la LUV.  
4. Acreditación ante el Ayuntamiento de la práctica de las notificaciones a los propietarios afectados para elección de la modalidad de retribución: dos meses antes de la exposición al público del proyecto de reparcelación.  
5. Proyecto de reparcelación:  
5.1 Exposición al público: seis meses desde la finalización del plazo concedido a los propietarios para la opción por la modalidad de retribución. La concesión de dicho plazo no será necesaria en el supuesto de que la retribución del urbanizador se articule mediante la modalidad de pago en metálico, en cuyo caso el proyecto de reparcelación podrá ser sometido a información pública junto con la alternativa técnica de programa.  
5.2 Presentación de textos refundidos del proyecto de reparcelación en el caso de haberse impuesto modificaciones en su aprobación: dos meses desde la notificación al urbanizador del acuerdo de aprobación del proyecto.  
5.3 Elevación a documento público: un mes a contar desde el momento en que el acuerdo de aprobación sea firme en vía administrativa y certificada por el secretario.  
5.4 Presentación en el Registro de la Propiedad: a los cinco días hábiles desde la elevación a documento público.  
6. Obras de urbanización:  
6.1 Suscripción del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras: 1 mes desde la inscripción en el Registro de la Propiedad del proyecto de reparcelación que acredita la libre disposición de los terrenos objeto de cesión.  
6.2 Plazos parciales (si se prevén en el pliego de prescripciones técnicas).  
6.3 Plazo máximo para ejecución del programa: 36 meses. A su vez, las obras de urbanización deberán concluirse en el plazo máximo de 24 meses.\_\_\_  
6.4 Expedición del certificado final de obras, de acuerdo con el proyecto de obras, no se expedirá en un plazo superior a los 24 meses desde su inicio.  
7. Edificación de los solares: los programas preverán la edificación de los solares resultante de manera justificada con las condiciones de absorción del mercado inmobiliario, con un plazo máximo de 4 años determinándose la secuencia y prioridad de la ejecución en dos fases bianuales, en aplicación del artículo 125.6 de la LUV.  
8. No se concederán licencias de edificación simultáneas a la urbanización hasta que no se hayan ejecutado las siguientes fases de las obras de urbanización:  
- Ejecución completa de los elementos y servicios de la red primaria estructural adscritos al sector.  
- Suscripción del convenio de electrificación con la compañía suministradora.  
- Ejecución y conexión de la red de saneamiento interior.  
- Encintado de aceras.  
El incumplimiento de los plazos será sancionado a tenor de lo establecido en las presentes bases.  
La petición de plazo de prórroga por el urbanizador deberá tener lugar en un plazo máximo de 15 días naturales desde que se produzca la causa originaria del retraso en el cumplimiento de cualquiera de los plazos señalados, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo necesario de su duración a los efectos de que el Ayuntamiento, antes de que finalice el plazo de ejecución, resuelva de forma expresa sobre su prórroga.   
En ningún momento podrá producirse la prórroga en el cumplimiento de los plazos por mutuo consentimiento tácito entre el Ayuntamiento y el urbanizador.  
En el caso de que el urbanizador no solicitase la prórroga en el plazo anteriormente señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultado el Ayuntamiento para conceder la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que se señalan en el presente pliego.  
Cuando la petición de prorroga venga motivada por modificaciones del proyecto de urbanización que, sin introducir nuevas unidades de obra, requieran un reajuste de los plazos de su ejecución, estos no podrán ser aumentados en mayor proporción que dicha modificación suponga en el importe del contrato. Este plazo se concretará en meses, redondeándose al alza en número de días sobrante que resulte.   
Cuando estas modificaciones supongan la introducción de nuevas unidades de obra, se estará a lo que el director de la obra informe al Ayuntamiento sobre el reajuste de los plazos de ejecución, previa supervisión por los técnicos municipales.  
V. Capacidad para contratar  
Están capacitados para participar en el concurso de programación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, no estando afectadas por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 20 del TRLCAP como prohibitivas para contratar, tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles en las presentes bases.  
La administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escrituras públicas hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la administración y ante la cual nombrarán un representante o apoderado único.  
No podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada aquellos quienes hayan participado en la investigación, experimentación, el estudio o el desarrollo del Plan General de La Pobla de Vallbona.  
VI. Tipo de licitación   
Conforme a lo establecido en el artículo 286.h) del ROGTU, se establece como precio cierto de licitación -excluido el impuesto sobre el valor añadido- que tendrá carácter de máximo y que servirá de base para el cálculo de las garantías reguladas en la base siguiente, la cantidad de tres millones de euros (3.000.000,00?).   
Repercusión cargas/m2t con base en el precio de licitación  
Precio licitación Edif. sector (m2t) Cargas/m2t  
3.000.000,00 40.206,00 74,62 €  
No tiene la consideración de cargas del programa el importe correspondiente a la anticipación de las obras de urbanización de la ronda Norte (RV-11), ya que se trata de una carga del sector R-17 cuya anticipación se exige en el presente programa con derecho de reintegro previa tramitación del expediente de canon de urbanización.  
Sin embargo, sí tienen la consideración de cargas de urbanización las obras de ampliación del camino de Casablanca, ya que se consideran imprescindibles para garantizar el acceso a la edificaciones que se ejecuten en el sector.  
VII. Régimen de las garantías   
De acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística valenciana, estas bases particulares precisan las siguientes especialidades:  
1. Garantía provisional.  
La garantía provisional será de sesenta mil euros (60.000,00 €), equivalente al 2% de la estimación de los costes de la urbanización (con el detalle que figura en la siguiente tabla), y se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 35 del TRLCAP.  
Precio licitación % Garantía provisional Importe fianza  
3.000.000,00 2,00 % 60.000,00 €  
2. Garantía definitiva.  
Rige para esta garantía lo previsto en el artículo 168 LUV, estableciéndose para este concurso una cantidad equivalente al 12,50% del valor de las cargas de urbanización, cuantificado en la cantidad de trescientos setenta y cinco mil euros (375.000,00 €), con el detalle que figura en la siguiente tabla:  
Precio licitación % Garantía provisional Importe fianza  
3.000.000,00 12,50 % 375.000,00 €  
En el supuesto de adjudicación a un urbanizador cuyo presupuesto de urbanización hubiera estado incurso inicialmente en presunción de temeridad, la garantía definitiva será del 20% del valor de las cargas de urbanización.  
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:  
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.  
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.  
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.  
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.  
3. Garantías complementarias  
3.1. Se establecen las siguientes garantías complementarias:  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 4 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 2%.  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 5 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 4%.  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 6 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 6%.   
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 7 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 8%.  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 8 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 10%.  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 9 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 12%.  
3.2. La constitución de las garantías complementarias, cuando proceda, deberá acreditarse junto con la garantía definitiva. El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la resolución del contrato.  
VIII. Documentación  
1. Lugar y plazo de presentación. La documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio de la tramitación administrativa que deba efectuarse a través de la notaría con competencia territorial en este municipio.   
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 293 ROGTU, no estableciéndose especialidad alguna en cuanto al plazo, dado que la documentación a presentar no es de especial complejidad ni dificultad técnica.  
Plazo: tres meses.   
Cuando el último día coincida en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente.  
2. Contenido. Las proposiciones se ajustarán a lo previsto en el artículo 302 del ROGTU, con las siguientes especialidades:  
1. Sobre nº 1, expresará la inscripción de: «Documentación administrativa para concurrir al concurso de programación por gestión indirecta del sector I-3, suelo urbanizable industrial del Plan General de La Pobla de Vallbona» y contendrá la documentación indicada en los artículos 121, 122 y 123 LUV, debidamente foliada y precedida, en hoja independiente, de una relación numerada de los documentos que la integran, y que en resumen será:  
· Documentos que acrediten la capacidad y personalidad jurídica del concursante y la representación, en su caso, del firmante de la proposición de conformidad con la legislación contractual.  
· Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación de reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
· Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera del contratista, de conformidad con la legislación de contratos de las administraciones públicas:  
· Documentos acreditativos de la capacidad técnica y profesional del contratista. Al respecto, el adjudicatario estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente pliego, así como a la dirección técnica de las obras y, en su caso, a la coordinación de la seguridad y salud de la ejecución de las obras de urbanización, los facultativos cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en ella. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Igualmente el adjudicatario no podrá sustituir al personal facultativo establecido en su oferta sin expresa autorización del Ayuntamiento  
· Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional.  
· En caso de concursantes extranjeros: sumisión a la jurisdicción de los tribunales españoles.  
· Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado los avisos previstos en artículos 292 y 293 del ROGTU.  
· Acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública de la documentación técnica integrante del programa.  
La documentación que acredite la personalidad jurídica, la capacidad y la solvencia técnica y económica del aspirante, en los términos de los artículos 122 y 123 LUV, se presentará en un sobre cerrado y sellado y contendrá justificación documental de los extremos referidos en el artículo 133.1, letras a), b), c), d), e) y f) de la LUV.  
2. Sobre nº 2, denominado «Alternativa técnica para concurrir al concurso de programación por gestión indirecta del sector I-3, área de reparto nº 4, suelo urbanizable industrial del Plan General de La Pobla de Vallbona», se ajustará a lo establecido en los artículos 126 LUV y 307 y siguientes ROGTU. Se presentará en sobre abierto.  
3. Sobre nº 3, denominado «Proposición jurídico-económica para concurrir al concurso de programación por gestión indirecta del sector I-3, área de reparto nº 4, suelo urbanizable industrial del Plan General de La Pobla de Vallbona», se presentará en plica cerrada y se ajustará a lo establecido en los artículos 127 LUV y 302 ROGTU, redactada conforme al modelo que se inserta a continuación:  
«(Nombre) ..., mayor de edad, vecino de ..., con domicilio en ..., titular del DNI nº ... expedido con fecha ..., en nombre propio (o en representación de ..., con domicilio en ..., conforme acredito con poder bastanteado) enterado del concurso tramitado para la gestión indirecta del programa de actuación integrada para el desarrollo de (indicar el ámbito de la actuación) ... y la adquisición de la condición de urbanizador, se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por la cantidad de ... a que ascienden las cargas del programa, según presupuesto detallado y desglosado que a continuación se adjunta en los términos de los artículos 302 a 306 del ROGTU. Lugar, fecha, firma y sello.»  
IX. Vigencia de las ofertas  
Durante el plazo máximo fijado en la Ley Urbanística Valenciana y en el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, el licitador aspirante a urbanizador queda obligado al mantenimiento de la oferta que presenta.  
Transcurrido dicho plazo, e independientemente del número de proposiciones presentadas, el concursante tendrá derecho a retirar su proposición y a la devolución de las garantías provisionales.  
X. Mesa de programación  
La mesa de programación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 299 ROGTU, estará integrada del modo siguiente:  
Presidente, que será el alcalde o miembro de la corporación en quien delegue.  
El concejal delegado de Urbanismo o el concejal de Obras Públicas.  
El secretario del Ayuntamiento, que actuará como vocal y como secretario de la mesa, sin perjuicio de que pueda acordarse que la secretaría la asuma cualquier otro miembro técnico de la mesa.  
El interventor municipal.  
El arquitecto municipal  
El ingeniero técnico de Obras Públicas.  
El ingeniero técnico industrial.  
El oficial mayor.  
Un miembro por cada grupo político con representación municipal.  
XI. Calificación de la documentación general  
En el plazo de los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo para presentar la documentación se constituirá la mesa de programación en la forma prevista en la cláusula anterior a los efectos de proceder a la calificación de la documentación presentada por los aspirantes a urbanizador. Si el cómputo de este plazo finaliza en sábado se entenderá prorrogado al lunes inmediato siguiente.  
Para ello, se estará a lo dispuesto en los artículos 121 LUV y 310 y 311 ROGTU, tanto en lo referente a la calificación de la documentación, como a la resolución del incidente de exclusión de licitadores.  
XII. Valoración de la alternativa técnica  
1. Finalizado el acto de calificación de la documentación, firmes en vía administrativa los incidentes de exclusión que hubieran podido plantearse, acto seguido la mesa procederá a la valoración del sobre nº 2 continente de la alternativa técnica.  
Se procederá en la forma establecida en los artículos 135 y 137.1 LUV.  
2. La valoración total que la alternativa técnica tiene en el concurso será de un 64,50% (para su determinación debe tenerse presente el art. 312.5 ROGTU), distribuidos en los siguientes criterios de puntuación:  
A) Calidad técnica de la ordenación propuesta: 50% de la valoración de la alternativa técnica. Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:  
- Diseño viario: se valorará un diseño viario que facilite la circulación rodada mediante la creación de un vial perimetral al sector, que mejore los flujos de entrada y salida de vehículos y limite las intersecciones en las zonas de conexión el resto de la red viaria (ronda Nord, entre otras vías).  
- Estacionamiento de vehículos en vía pública: se valorarán fundamentalmente aquellos estacionamientos que faciliten las maniobras de aparcamiento de vehículos con la mínima interferencia en la circulación de vehículos.  
B) La resolución adecuada de la integración de la actuación en su entorno.  
C) La mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios libres.  
Se valorará, principalmente, el diseño y ubicación de las parcelas dotacionales públicas en lugares que permitan un mejor aprovechamiento y disfrute de las mismas conforme a su destino público, evitando su localización en zonas residuales, de escaso valor, así como facilitando su integración con el resto de elementos dotacionales situados en sus inmediaciones o cuya ejecución se prevea en otros sectores limítrofes.   
Los criterios establecidos en los apartados b) y c) anteriores representarán en conjunto un 20% de la valoración de la alternativa técnica.  
D) La calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización. Este criterio representará un 10% de la valoración de la alternativa técnica.  
E) Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. Tratándose de un sector de uso global industrial, en el que no tiene cabida el uso residencial, dicho criterio no es objeto de valoración.   
F) Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Este criterio representará un 10% del valor total de la alternativa técnica.  
G) Plazo de ejecución del programa de actuación integrada.  
H) Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente exigible.  
I) Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador.  
J) Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa.  
Los criterios establecidos en los apartados g), h), i) y j) anteriores representarán en conjunto un 10% de la puntuación total de la alternativa técnica.  
3. En el caso de que entre los criterios previstos para la valoración de las alternativas técnicas, la mesa apreciase el carácter desproporcionado o temerario de las bajas, de acuerdo con los criterios previstos en la cláusula VI de estas bases, requerirá la previa solicitud de información de todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Para emitir los informes previstos para esclarecer esta causa, se concederá a los aspirantes afectados un plazo de cinco días hábiles.  
Las razones aportadas y el asesoramiento del servicio técnico municipal, o en su caso, externo, serán tenidas en cuenta por la mesa de programación para la formulación de su propuesta.  
4. Se establece como puntuación mínima a los efectos de la ulterior valoración de la proposición jurídico-económica la de 65 puntos.  
XIII. Valoración de la proposición jurídico-económica  
1. Dentro de los 10 días siguientes a la resolución indicada en el artículo 314.5, se procederá a la apertura de las proposiciones jurídico-económicas en acto público presidido por el secretario, quien levantará acta. La fecha del acto de apertura de plicas se notificará a los aspirantes a urbanizador y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  
Solamente se procederá a la apertura de los sobres nº 3 continentes de la proposición jurídico-económica de aquellas alternativas que hayan superado el umbral mínimo de puntuación previsto en la cláusula anterior.  
Se actuará en la forma establecida en los artículos 135 y 137.1 LUV.  
2. La valoración total que la proposición jurídico-económica tiene en el concurso será de un 35,50% (para su determinación debe tenerse presente el artículo 312 ROGTU), distribuidos en los siguientes criterios de puntuación:  
a) Menor importe respecto de referencias de cuadros de precios de práctica usual de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. Este criterio representará un 30% de la valoración de la proposición jurídico-económica. En la valoración de dicho criterio se ha tenido en cuenta que se trata de un ámbito que no está ordenado pormenorizadamente por el Plan General y que debe ser objeto de desarrollo mediante plan parcial. Por tanto, el menor precio de las obras de urbanización es un criterio que se considera relevante, pero no fundamental, de ahí que dicho criterio se valore en su término medio.  
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente. Este criterio representará un 30% de la valoración de la proposición jurídico-económica. Tratándose de un sector en el que la repercusión de cargas por metro cuadrado de techo es inferior a los 0,00 €, dicho criterio no se considera relevante, de ahí que se pondere en su término medio.   
c) Mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa representará un 35% de la valoración de la proposición jurídico-económica. Dicho criterio tiene gran importancia por cuanto que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asuma el urbanizador en orden a la edificación de los solares resultantes de la actuación.  
d) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. Este criterio supondrá un 5% del valor total de la proposición jurídico-económica. Se trata de un criterio residual, pero no por ello deja de tener una importancia relativa, ya que en la contratación pública es habitual la oferta de «mejoras» en orden a la adjudicación de contratos.  
3. En el caso de que entre los criterios previstos para la valoración de las proposiciones jurídico-económicas, la mesa apreciase el carácter desproporcionado o temerario de las bajas, de acuerdo con los criterios previstos en la cláusula VI de estas bases, requerirá la previa solicitud de información de todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Para emitir los informes previstos para esclarecer esta causa, se concederá a los aspirantes afectados un plazo de cinco días hábiles.  
Las razones aportadas y el asesoramiento del servicio técnico municipal, o en su caso externo, serán tenidos en cuenta por la mesa de programación para la formulación de su propuesta.   
XIV. Adjudicación del programa  
Concluido el trámite de aceptación de las modificaciones propuestas por los informes técnicos a la alternativa técnica y a la proposición jurídico-económica, la mesa de programación elevará al Pleno la propuesta de adjudicación, quien resolverá la adjudicación del programa.  
La propuesta de adjudicación hecha por la mesa de programación no creará derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la administración, mientras no se le haya adjudicado el programa.  
El acuerdo de adjudicación del programa deberá adoptarse en un plazo no superior a los 2 meses desde la apertura de las proposiciones jurídico-económicas.  
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el artículo 137 de la LUV. En la notificación de la adjudicación se especificarán los gastos que deba abonar el urbanizador y que hasta ese momento sean conocidos por la administración, con expresa indicación de que su abono deberá efectuarse con carácter previo a la formalización del contrato.  
El urbanizador está obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de 30 días naturales a contar desde la notificación de la adjudicación del contrato, así como una memoria en la que figuren detalladamente las personas que tiene previsto designar a su ejecución, indicando su dedicación.  
Adjudicación conexa o condicionada (artículo 139.1 LUV): la adjudicación se condiciona a la anticipación del sistema viario estructural RV-11 (obtención del suelo y puesta en funcionamiento de dicho vial), que constituye una carga del sector R-17, salvo que éste sector fuera objeto de programación previa o simultánea al sector I-3 objeto de esta bases.  
Por lo que respecta al camino Casablanca, se valorará, especialmente, la ampliación, con cargo a la actuación proyectada, de la carretera existente en el tramo comprendido entre la cooperativa y el paso elevado sobre la autovía CV-35, mediante una calzada con una sección tipo de 15 metros (aceras de 3 m; carril bici de 2 m; y calzada de 3,5 m para cada sentido de circulación).  
XV. Formalización del contrato  
La administración y el urbanizador deberán formalizar el contrato para la ejecución del programa de actuación integrada en documento administrativo, dentro del mes siguiente a la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa, constituyendo título suficiente para acceder a cualquier registro. No obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del urbanizador y a su costa.  
El urbanizador, además del contrato, deberá firmar estas bases particulares y todos sus anexos, que quedarán incorporadas a su contenido.  
Regirá para la formalización del contrato lo dispuesto en el artículo 331 del ROGTU.   
Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
XVI. Gastos a cargo del urbanizador  
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:  
a) Los de publicación cualquier anuncio que genere el expediente para la aprobación del programa de actuación integrada y para su adjudicación siempre que su inserción en los boletines oficiales o en periódicos de amplia circulación ocasione un gasto al Ayuntamiento. Los gastos de los anuncios de licitación se abonarán en el mismo momento en que se deposite la garantía definitiva. Los gastos de los restantes anuncios que resulten onerosos a la administración se abonarán en la medida en que se vayan conociendo.  
b) Los gastos correspondientes a la asistencia técnica externa, en la forma en que se dispone a continuación.  
c) Los tributos estatales, municipales y regionales derivados del contrato.  
d) Los de elevación a escritura pública del contrato de adjudicación, si así lo solicitare el contratista.  
Por lo que respecta al abono de los gastos de los honorarios por la asistencia técnica y jurídica externa, contratada por el Ayuntamiento para supervisar toda la ejecución del programa, que se cifra en el 1% del precio de adjudicación del programa, se abonarán:  
- Un 25% junto con el depósito de la garantía definitiva, que se elevarán al 50% en el caso de que no se requiera aprobación del programa por el órgano competente de la comunidad autónoma  
- Un 25% con carácter previo a la aprobación del proyecto de urbanización  
- El restante 25% coincidiendo con la última certificación de obra. Para la cuantificación de la cantidad pendiente de abonar en este último plazo se realizará una liquidación definitiva para proceder a su recálculo en el caso de que los gastos fueran superiores al 1% del precio de adjudicación del programa.  
XVII. Retasación de cargas  
El importe máximo de las cargas de urbanización derivadas de la ejecución del programa de actuación integrada, será el previsto en la proposición jurídico-económica que resulte adjudicada.  
Sólo será posible una retasación de cargas en los supuestos expresamente previstos en la legislación urbanística valenciana vigente (art. 168 LUV y 389 ROGTU), y por el procedimiento expresamente regulado para tal finalidad.   
En el caso de que opere la retasación por transcurso de dos años desde la presentación de la proposición jurídico-económica sin que se haya iniciado el programa por motivos no imputables al urbanizador, la revisión de precios tendrá lugar automáticamente, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.  
XVIII. Ejecución del contrato   
1. La ejecución del contrato comenzará a computarse a partir del día siguiente al de su firma conforme con sus cláusulas y con las instrucciones de la administración, y se realizará a riesgo y ventura del urbanizador quien no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras de urbanización, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y siempre que no medie actuación imprudente por su parte. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases y en la normativa urbanística valenciana respecto a la retasación de cargas.  
El urbanizador será responsable de la calidad de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados de acuerdo con lo previsto en los arts. 211 y 217 a 219 del RD 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.   
Tratándose de un contrato cuyo presupuesto de ejecución no supera los 5.278.000 €, el urbanizador, conforme a lo dispuesto en el artículo 120.6 LUV, podrá ejecutar las obras de urbanización por sí mismo o a través de contratista de su elección.  
2. La recepción se realizará conforme a lo previsto en el art. 110 del TRLCAP.  
XIX. Cesión de la condición de urbanizador  
Se estará a lo dispuesto en los artículos 141 de la LUV y 333 y 334 del ROGTU.  
En todo caso la cesión, ya sea total o parcial, requerirá de autorización expresa del Ayuntamiento en Pleno.  
XX. Responsabilidad del urbanizador por los daños causados a terceros durante la ejecución del programa  
El urbanizador será responsable, durante la ejecución de las obras de urbanización, de todos los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o a cargo del empresario-constructor, o de una deficiente organización, protección o señalización de las obras.  
En el caso de que algún particular presentare en el Ayuntamiento reclamación patrimonial a la administración por cualquier daño ocasionado como consecuencia de la ejecución del presente contrato, cualquiera que fuera su naturaleza o causa, y la corporación aceptare la existencia de tal responsabilidad abonando las cantidades demandadas por el particular en tal concepto, el Ayuntamiento repetirá estas al urbanizador, quien a su vez podrá repercutirlas al empresario-constructor en la forma en que se prevea en el pliego que regula esta relación.   
XXI. Responsabilidad del urbanizador por vicios ocultos  
El urbanizador responderá, durante los 15 años siguientes a la fecha de la recepción definitiva de las obras de urbanización, de los daños y perjuicios ocasionados por ruina de las mismas motivada por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento del contrato. Tratándose de agrupaciones de interés urbanístico o de personas físicas o jurídicas cuya actividad urbanizadora finalice con la ejecución y entrega de las obras objeto del programa, la responsabilidad por vicios ocultos se exigirá, con carácter subsidiario, a la empresa contratista de las obras.  
XXII. Penalidades al urbanizador por incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato  
1. El incumplimiento, por causa imputable al urbanizador, de los plazos máximos totales y parciales fijados en estas bases particulares de programación y en el contrato, cuando se refieran a actuaciones propias de la fase administrativa previa, incluyendo el incumplimiento de cualquier requerimiento que el Ayuntamiento efectúe en desarrollo y ejecución del programa, comportará la aplicación de una penalidad por importe del 1 por 1.000 por día natural de demora aplicado sobre la suma del beneficio empresarial y los gastos de gestión del urbanizador, incluido el coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos.  
2. El incumplimiento, por causa imputable al urbanizador, de los plazos máximos totales y parciales fijados en estas bases particulares de programación y en el contrato, cuando se refieran a actuaciones propias de la fase de ejecución material de las obras de urbanización, dará lugar a la imposición de una penalidad diaria de 0,12 euros por cada 601,01 euros del precio del contrato, según lo previsto en el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este importe se aplicará sobre el precio del contrato, entendiendo por tal el importe de las cargas de urbanización del programa (CU) fijadas en el acuerdo de aprobación y adjudicación del mismo, excluida la estimación preliminar de las indemnizaciones y demás gastos variables a que se refiere el art. 308 del ROGTU e incrementadas con el 16% de IVA.  
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% de las cargas de urbanización, el órgano de contratación estará facultado para optar entre la resolución de aquel o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
3. Las penalidades serán aprobadas por acuerdo del órgano de contratación, previa concesión de un trámite de audiencia al urbanizador por plazo de 15 días hábiles.  
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al urbanizador.  
XXIII. Resolución de la adjudicación del programa  
Para la resolución de la adjudicación del programa se estará a lo dispuesto en la normativa urbanística valenciana y en la legislación estatal en materia de contratación pública.  
Además de las causas de resolución previstas en las disposiciones normativas vigentes, también lo serán:  
- La pérdida sobrevenida del urbanizador de los requisitos necesarios para contratar con la administración.  
- El incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del contrato.  
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la administración, siempre que tales causas hayan sido previamente advertidas por escrito al urbanizador. Se entenderán incluidas en este supuesto la negativa o la falta de colaboración del urbanizador con las medidas que la administración adopte para conocer en todo momento la identidad de las personas que prestan el servicio y para comprobar la completa y correcta aportación de medios personales y materiales contratados.  
- La facturación de ejecuciones no realizadas o medios no utilizados, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al urbanizador por la no aportación íntegra de los medios comprometidos y el derecho de la administración a requerirlos.   
XXIV. Prerrogativas del Ayuntamiento  
Corresponden al Ayuntamiento las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la legislación urbanística valenciana y en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Los acuerdos dictados al efecto pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  
XXV. Jurisdicción competente  
Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción o el recurso potestativo de reposición en los términos descritos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Asimismo, las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa de los tribunales de Valencia, no obstante lo cual, las partes pueden acordar el sometimiento de sus litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la legislación vigente.  
XXVI. Régimen jurídico  
El contrato que con base a este pliego se realice, tendrá carácter administrativo especial y en todo lo no previsto en él se estará a lo dispuesto en:  
- La Ley 16/05, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana.  
- El Decreto 67/06, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística  
- Las bases generales aprobadas por el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, en su caso.  
- El Plan General de La Pobla de Vallbona de 24 de julio de 2004 y los instrumentos de desarrollo del mismo que afecten al ámbito territorial de actuación objeto de la contratación.  
- Las ordenanzas municipales reguladoras de servicios públicos.  
- El Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
- El Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
- Ley 3/2004, de 30 junio, de la Comunidad Valenciana, sobre Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.  
- Supletoriamente regirán las restantes normas del derecho administrativo y, en su defecto, las del derecho privado.  
En caso de contradicción entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y el resto de la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego.  
ANEXO I  
Ordenación urbanística vigente en el ámbito de la actuación integrada, memoria de necesidades y objetivos  
Plano de la delimitación del sector I-3, área de reparto nº 4, suelo urbanizable industrial del Plan General de La Pobla de Vallbona y ficha de planeamiento del mismo.  
Ordenación y planeamiento vigente:   
Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el día 2 de julio de 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 100, de fecha 28 de abril de 2006.  
En el propio Plan General se delimita el sector I-3 y en la ficha de planeamiento y gestión se establece la ordenación estructural del citado sector, estableciéndose que será objeto de programación única.  
Memoria de necesidades y objetivos a satisfacer con el programa de actuación integrada:  
Además de lo establecido en el artículo 124 LUV, la ordenación pormenorizada del programa ejecutará, con cargo a la actuación proyectada, la ampliación de la carretera existente en el tramo comprendido entre la cooperativa y el paso elevado sobre la autovía CV-35, mediante una calzada con una sección tipo de 15 metros (aceras de 3 m; carril bici de 2 m; y calzada de 3,5 m para cada sentido de circulación), así como la anticipación del sistema viario estructural RV-11 (obtención del suelo y puesta en funcionamiento de dicho vial), que constituye una carga del sector R-17, salvo que éste sector fuera objeto de programación previa o simultánea al sector I-3 objeto de esta bases.  
ANEXO II  
Prescripciones técnicas  
1. Antecedentes y normativa a desarrollar  
1.1. Ordenación urbanística que se ejecuta a través de la programación   
Se delimita una única unidad de ejecución comprensiva de todo el sector I-3, área de reparto nº 4, suelo urbanizable industrial del Plan General de La Pobla de Vallbona.  
No se admitirán variantes en cuanto a la ampliación o disminución del ámbito territorial objeto de programación.   
A los efectos señalados en el artículo 131.2.g) LUV, no se considerarán variantes, por lo que serán admisibles, en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
1.2. Documentos de ordenación: plan parcial con el contenido que figura en el artículo 68 LUV y 155 y siguientes ROGTU.  
2. Memoria de necesidades y objetivos imprescindibles a satisfacer con el programa de actuación integrada: artículo 124 LUV.  
3. Prescripciones técnicas que como mínimo deben respetarse en la redacción del proyecto de urbanización.   
Será de aplicación lo establecido en los artículos 156 y 157 LUV, y los artículos 97.b) y 346 a 350 ROGTU.  
Los proyectos de urbanización se ajustarán a la Ordenanza Municipal sobre Condiciones Particulares y Obras de Urbanización, aprobada junto con el Plan General; igualmente, y por lo que respecta a los proyectos de alumbrado público, éstos deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de las Normas Técnicas relativas a los proyectos de alumbrado público municipal (publicada en el BOP número 69 de fecha 22 de marzo de 2004).  
4. Proyecto de reparcelación  
Se ajustará a lo establecido en los artículos 176 y 177 LUV y los artículos 394 a 428 del ROGTU.  
5. Informe del Consejo del Territorio y Paisaje (artículo 186.1.c ROGTU)  
Resulta innecesario al tratarse de un sector con una superficie inferior a 50 hectáreas y no revestir especial complejidad su desarrollo urbanístico.  
La Pobla de Vallbona, 21 de mayo de 2008.- La alcaldesa-presidenta: Mª Carmen Contelles Llopis.