Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6456, del 09-02-2011 (2011/41)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 2575/2009.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6456

Fecha DOGV
:   09-02-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/41


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Castellon de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 2575/2009. [2011/41]  
Juicio verbal 002575/2009  
De: Osmofilter, SL.  
Procurador: Pablo Medina Aina.  
Contra: Alberto Miralles Ferrer.  
Procurador/a: -  
En el presente procedimiento juicio verbal 2575/2009 seguido a instancia de Osmofilter, SL, frente a Alberto Miralles Ferrer se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón de la Plana  
Procedimiento: juicio verbal número 2575/2009.  
Sentencia número 264/2010  
Castellón de la Plana, 16 de diciembre de 2010.  
Vistos ante mí, Víctor Calatayud Chollet, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón de la Plana, los presentes autos de juicio verbal, promovidos por el procurador de los tribunales Pablo Medina Aina, en representación de Osmofilter, SL, dirigida por la letrada María-José Aragó Domingo, contra Alberto Miralles Ferrer (declarado en rebeldía), con base en los siguientes:  
Antecedentes de hecho  
Primero. El día 22 de octubre de 2009 se presentó por la representación procesal de la parte actora demanda arreglada a las prescripciones legales, ejercitando acción de reclamación de cantidad, en la que, con base en los hechos y razonamientos jurídicos que se estimaron procedentes al caso, solicitó se dicte sentencia, en la que de conformidad con el suplico de la demanda, se condene a Osmofilter, SL, a abonar a la actora la cantidad de 2.145,82 euros de principal, más los intereses desde la interposición de la demanda, con expresa condena en costas.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda mediante auto de fecha 30 de octubre de 2009, se acordó dar a los autos la tramitación prevenida para el juicio verbal de conformidad con el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 437 y concordantes de la misma ley procesal civil.  
Tercero. Las partes fueron citadas a la vista prevista en el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y concordantes, la demanda mediante edictos, para su celebración el día 15 de diciembre de 2010, asistiendo únicamente la actora, siendo la demandada declarada en rebeldía.  
La vista se ha celebrado con el resultado que obra en acta, registrándose el resultado de la vista en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen con arreglo al artículo 187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habiéndose observado en la tramitación de este procedimiento todas las prescripciones legales.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Ejercita la mercantil Osmofilter, SL, acción de reclamación de cantidad contra Alberto Miralles Ferrer, en demanda de los 2.145,82 euros en que cifra la deuda de éste, en concepto de precio impagado de la venta una serie de aparatos, consistentes básicamente en cartuchos de línea de carbón y otros, así como un equipo de ósmosis, y el servicio técnico reflejados en las facturas, albaranes, hojas de transporte y hoja de servicio técnico, adjuntas como documentos 1 a 16. En prueba del impago se aportan como documentos 17 a 20, tres devoluciones de recibos, y la cuenta del libro mayor correspondiente al demandado.  
Segundo. Frente a la acción ejercitada por la parte actora, el demandado se ha limitado a una actitud pasiva. Precisamente la no comparecencia de la parte demandada, determina la declaración de la misma en situación de rebeldía de la misma. Como se expone en la sentencia de la Audiencia Provincial Valencia, Sección 8.ª, de 7 de junio de 2005: «La situación de rebeldía, conforme reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial, no supone ni el allanamiento del demandado o renuncia a la oposición, como tampoco la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión, que liberaría al actor de la carga de probar los que sirvan de soporte a su demanda, de manera que el promotor del proceso ha de desarrollar la actividad probatoria que entienda necesaria para que su acción llegue a buen término. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, siguiendo la doctrina jurisprudencial antes expuesta, ha venido a recoger en el artículo 496.2 dichos principios, al decir que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario». No obstante, como se precisa en la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 2.ª, de 16 octubre de 1998, «[?] también debe decirse que situándose voluntariamente el demandado en esa cómoda posición procesal, la exigencia de un rigor excesivo en las probanzas del actor, no resulta equitativo ya que, precisamente por esa actitud de la contraparte, el demandante se ve privado de los habituales medios probatorios de mayor entidad (absolución de posiciones del demandado, cotejo de letras, etc.)». Atendiendo a lo expuesto y a la vista del voluntario e indolente proceder del demandado, que ha adoptado una conducta de absoluta pasividad ante la presente reclamación, así como la documental adjunta al escrito de demanda, que no ha sido impugnada, y las declaraciones de testigos, empleados de la demandante, que han aseverado que el señor Miralles Ferrer era cliente de la actora, aclarado que Natacha Brovkyna era cliente de Alberto, por lo que este dijo que los gastos que se reflejan en la documentación adjunta se cargaran en su cuenta, deben tenerse por ciertos los hechos de la demanda, debiendo considerase que la cantidad reclamada en este proceso es la debida por la demandada al no constar datos, hechos o circunstancias diferentes de las presentadas por la actora y de las que se desprendan hechos extintivos, impeditivos o excluyentes de la deuda solicitada. En definitiva, la parte actora ha acreditado suficientemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los hechos generadores de la deuda, mientras que el demandado no ha acreditado hecho extintivo, excluyente o impeditivo del nacimiento de la obligación que le vinculaba con la actora.  
Tercero. En definitiva, procede la condena del demandado al pago de las sumas reclamadas, en cumplimiento de lo convenido y en aplicación de los artículos 1258, 1091 y 1124 del Código Civil de los que resulta la obligatoriedad de los contratos y de las obligaciones que nacen de los mismos, así como su exigibilidad por aquel de los contratantes que ha cumplido con sus obligaciones, y en concreto de los preceptos 1445 y 1500 de los que se deriva la obligación del pago del precio de los bienes comprados.  
Cuarto. Según resulta del artículo 1101 del Código Civil, queda sujeto a indemnización de los daños y perjuicios causados el que contraviniere el tenor de la obligación contraída por incurrir en morosidad en su cumplimiento; mora que comienza, a tenor del precedente artículo 1100, desde la exigencia judicial o extrajudicial de la prestación por el acreedor. Consistiendo la obligación en el pago de una cantidad de dinero, aquella indemnización se identifica por el artículo 1108 del mismo cuerpo legal, para el caso de mora, con la cuantía de los intereses convenidos, y en defecto de éstos, con el interés legal. De la conjunta aplicación de los tres preceptos citados se desprende que las cantidades que por esta sentencia se declaran adeudadas devengarán el interés legal desde la fecha de la interposición de la demanda, incrementándose en dos puntos el mencionado rédito desde la data de la presente resolución hasta su completa ejecución, tal y como establece el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Quinto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales se imponen a la parte demandada al ser estimadas las pretensiones de la actora en su integridad.  
En atención a lo expuesto, vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso planteado.  
Fallo  
Que estimando como estimo íntegramente la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales Pablo Medina Aina, en representación de Osmofilter, SL, contra Alberto Miralles Ferrer (declarado en rebeldía): condeno al demandado a abonar a la actora la cantidad de dos mil ciento cuarenta y cinco euros con ochenta y dos céntimos (2.145,82 euros), más los intereses legales desde la interposición de la demanda. Todo ello con expresa condena en costas.  
Notifíquese la presente resolución a las partes en los términos acordados, advirtiéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, que se preparará mediante escrito dirigido a este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles desde su notificación y, con los requisitos del artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo constituir el depósito exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.  
Así por esta mi sentencia, de la que se dejará testimonio en los autos, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo».  
Publicación. La presente sentencia fue dada, leída y publicada por el juez firmante de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, y asistido de mí, el secretario judicial. Doy fe.  
Y encontrándose dicho demandado, Alberto Miralles Ferrer, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
Castellón de la Plana, 16 de diciembre de 2010.- El secretario judicial: Alexandre Ros Ros.