Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3919, del 17-01-2001 (2001/158)

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de la directora general de Planificación y Gestión del Medio, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se ordena la parte dispositiva de las declaraciones de impacto ambiental.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3919

Fecha DOGV
:   17-01-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - E) MEDIO AMBIENTE

Número del documento
:   2001/158


Fecha del documento
:   11-12-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Almedíjar
    * Rojales
    * vigilancia del medio ambiente
    * impacto ambiental

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2000, de la directora general de Planificación y Gestión del Medio, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se ordena la parte dispositiva de las declaraciones de impacto ambiental. [2001/A158]
  
Los artículos 4.3 y 22 del Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y del Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del anterior decreto, respectivamente, establecen la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones de impacto ambiental.
  
Siguiendo dicha línea, los artículos 5.3 y 28 de la Ley 2/1989, de 3 marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental, y de su reglamento, aprobado por el Decreto 162/1990, respectivamente, establecen la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones de impacto ambiental, y en particular, de publicar dicha declaración en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
En su virtud, resuelvo:
  
Artículo único
  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana las declaraciones de impacto ambiental correspondientes a los expedientes 104/4179-QNL y 469/8860-GYE, que según el reglamento aprobado por el Decreto 162/1990 establece la obligatoriedad de su publicación.
  
Valencia, 11 de diciembre de 2000.- La directora general de Planificación y Gestión del Medio: Amparo Monrós Chancosa.
  
Declaración de impacto ambiental
  
Visto el expediente 104/9730-VTJ referente a la evaluación de impacto ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Almedíjar (Castellón).
  
Resultando que el expediente fue incoado, en fecha 16 de febrero de 1.999, a raíz de la remisión por la Dirección Territorial de Medio Ambiente en Castellón, de la documentación que le había presentado el ayuntamiento y compuesta por:
  
1. Memoria informativa y justificativa y planos.
  
2. Normas urbanísticas.
  
3. Estudio de evaluación de impacto ambiental.
  
Resultando que en fecha 16 de julio de 1999, se recibe un escrito del Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón que da cuenta de la recepción de un escrito del Ayuntamiento de Almedíjar, en que solicita la inmediata conclusión del período consultivo y que se resuelva la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana.
  
Resultando que el expediente se hallaba incompleto, al no disponer de:
  
- Publicación anuncio exposición pública.
  
- Certificado de exposición al público y resultado de alegaciones.
  
- Certificado del acuerdo del Pleno de aprobación provisional.
  
- Se solicitó dicha documentación a la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, remitiendo la misma mediante fax en fecha 26 de julio de 1999.
  
Resultando que el estudio de impacto ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Almedíjar fue sometido a información pública por el plazo de un mes, mediante un edicto publicado en el periódico Castellón Diario de 9 de agosto de 1997, y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.077, del 12 de septiembre de 1997.
  
Resultando que analizadas las 19 alegaciones presentadas, ninguna lo es al estudio de impacto ambiental o aluden a cuestiones de índole ambiental.
  
Resultando que el ayuntamiento en pleno, en la sesión celebrada en fecha 22 de enero de 1999, acordó la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana.
  
Resultando que las clasificaciones que se proponen son:
  
Suelo urbano:
  
Se corresponde con el casco consolidado y el que se desarrollará por actuaciones aisladas
  
Suelo urbanizable:
  
Está formado por una parte del que el proyecto de delimitación clasificaba como urbano, pero que no presenta urbanización alguna, y el resto, por suelo clasificado como no urbanizable, pero rodeado de construcciones y servicios.
  
Se ha optado por continuar la ampliación del casco por la zona SO y O, siendo la zona menos accidentada y con mejores condiciones para la urbanización.
  
Suelo no urbanizable:
  
Se ha clasificado como suelo no urbanizable todo el no clasificado como urbano o urbanizable, tanto el que, por sus valores naturales, forestales, estéticos, se quiere dotar de una especial protección para la conservación de los mismos, como aquél sobre el que simplemente, quiere evitarse la acción urbanizadora.
  
Suelo no urbanizable común:
  
Son suelos agrícolas y eriales sobre los que no se considera necesario una especial protección.
  
Dentro del mismo se delimitan dos zonas diferenciadas:
  
Reserva de suelo para tratamiento de residuos sólidos urbanos y reserva de suelo para vertedero de inertes.
  
Se establecen dos reservas de suelo al sudoeste de la población, en Palomera, con la consideración de sistema estructural.
  
Suelo no urbanizable de especial protección:
  
Engloba todos aquellos suelos que, por su elevada calidad ambiental o por el hecho de que les afecten disposiciones legales vigentes en la actualidad, merecen una protección especial, no sólo frente al proceso urbanizador, sino también frente a las demás actividades humanas que sobre el mismo pueden desarrollarse, por lo que su uso está limitado por las necesidades que derivan de su conservación.
  
Este tipo de suelo se subdivide en:
  
Suelo no urbanizable de protección forestal:
  
Son suelos de alto valor ecológico y ambiental, ocupados por masas de arbolado de bosque mediterráneo, zonas de matorral y monte bajo. También se han incluido las parcelas agrícolas abandonadas dentro de enclaves forestales que son susceptibles de repoblación forestal con fines paisajísticos y de protección contra la erosión, y en general, de recuperación de los ecosistemas. El interés de su conservación también es muy elevado. Los usos a los que debe destinarse este suelo son los que presenta en la actualidad, permitiéndose exclusivamente labores de mantenimiento, de conservación de la flora y la fauna, de prevención de incendios forestales, así como repoblaciones.
  
Suelo no urbanizable de protección ambiental:
  
Son suelos que por su cercanía a entornos forestales o a conjuntos residenciales de un interesante valor ambiental y de imagen quieren preservarse de cualquier acción urbanizadora en el primer caso o de actuaciones aisladas y no controladas en el segundo.
  
Suelo no urbanizable: protección de cauces:
  
Son los suelos sobre los que discurren corrientes de agua ya sean permanentes o estacionales, comprende los lechos de los ríos, barrancos y ramblas con sus zonas de protección correspondiente.
  
Suelo no urbanizable: protección de yacimientos arqueológicos
  
Se han calificado así los entonos de los terrenos sobre los que la Conselleria de Cultura tiene catalogados yacimientos arqueológicos. Comprende las zonas de:
  
- Yacimiento arqueológico del Collado del Cañar
  
- Castillo de la Rodana
  
- El Castillet.
  
Suelo no urbanizable: protección abastecimientos
  
Suelo no urbanizable: protección carreteras
  
Suelo no urbanizable: protección de vías pecuarias:
  
La clasificación de vías pecuarias de Almedíjar contiene las siguientes:
  
- La vereda de Almedíjar: recorre el límite entre los términos de Almedíjar y Soneja, internándose levemente en el primero en un par de tramos. Tiene una anchura de 20 metros y su longitud dentro del término de Almedijar es aproximadamente de 2.600 metros.
  
- La vereda de las Balsillas: recorre prácticamente el límite entre los términos de Castellnovo y Almedíjar. Tiene también una anchura de 20 metros y su longitud es de 5.500 metros.
  
- La colada de Azuébar a Vall de Almonacid cruza el término de Almedíjar de sur a norte por su mitad, desde Boquera al Rincón de Faustino, atravesando el núcleo urbano. Su anchura es de 14 metros y su longitud de 5.200 metros.
  
Resultando que el término municipal de Almedíjar está incluido dentro de los límites del Parque Natural de la Sierra de Espadán, aprobado por el Decreto 161/1998, del Gobierno Valenciano.
  
Resultando que igualmente está incluido dentro de los límites del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Espadán, aprobado por el Decreto 218/1997, del Gobierno Valenciano.
  
Considerando que las disposiciones de ambos preceptos legales no se encuentran recogidas en la normativa urbanística del plan general.
  
Considerando que el proyecto examinado constituye uno de los supuestos fácticos en los que resulta preceptiva la formulación de una declaración de impacto ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquél, según se desprende del artículo 5 de la Ley de Impacto Ambiental y concordantes de su reglamento.
  
Considerando que en el expediente se han observado los trámites previstos en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental; en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana y en las demás disposiciones que le son de aplicación.
  
Considerando que el artículo 5 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de Impacto Ambiental, atribuye la competencia al órgano ambiental, para las declaraciones y estimaciones de impacto ambiental de los proyectos a los que se aplique esta ley.
  
Considerando que el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, aprobado por el Decreto 90/1999, de 30 de julio de 1999, del Gobierno Valenciano, atribuye a la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio la competencia para la tramitación y formulación de la declaración de impacto ambiental.
  
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente
  
Declaración de impacto ambiental
  
Primero
  
Estimar aceptable, desde el punto de vista ambiental, el proyecto del Plan General de Ordenación Urbana de Almedíjar, siempre y cuando se ajuste a la documentación presentada y a las recomendaciones desarrolladas en su estudio de impacto ambiental y al siguiente condicionante:
  
1. En los artículos: 7 (normativa urbanística complementaria); artículo 18 (suelo no urbanizable); y artículo 50 (régimen general de usos y actividades) de la normativa urbanística propuesta, se habrá de hacer mención explícita a las disposiciones que al respecto determinan los decretos 161/1998, de 29 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se declara parque natural a la sierra de Espadán y el Decreto 218/1997, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Espadán.
  
Segundo
  
Notificar a los interesados que contra la presente resolución, por ser un acto de trámite que no pone fin al procedimiento ni produce indefensión, no cabe recurso alguno; sin perjuicio de utilizar los medios que en defensa de su derecho se estimen pertinentes.
  
Tercero
  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la presente declaración de impacto ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
  
Valencia, 19 de agosto de 1999.- La directora general de Planificación y Gestión del Medio Natural: Amparo Monrós Chancosa.
  
Declaración de impacto ambiental
  
Visto el expediente 469/2847-BBN, referente al proyecto de homologación modificativa y ampliación del sector I de las normas subsidiarias del término municipal de Rojales, promovido por el ayuntamiento.
  
Resultando que el 22 de julio fue presentado por el Ayuntamiento el estudio de impacto ambiental correspondiente a la modificación propuesta. Según un certificado expedido por el secretario general del Ayuntamiento de Rojales, el estudio de impacto ambiental y su documento de síntesis han sido sometidos a información pública mediante un edicto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.453, de 12 de marzo de 1999, y en el diario La Verdad de 5 de marzo de 1999, no significando se hayan presentado alegaciones en el período establecido.
  
Resultando que asimismo se certifica que, en la sesión la plenaria celebrada el 19 de mayo de 1999, fue aprobada provisionalmente la homologación modificativa y ampliación del sector I y su correspondiente plan parcial y alternativa técnica del programa.
  
Resultando que el territorio objeto en esta homologación abarca los siguientes ámbitos, de forma simultánea:
  
a) El sector I (Lo Marabú o Doña Pepa) del suelo apto para urbanizar (SAU/PP), cuyo plan parcial fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el día 2 de marzo de 1990 y que en la actualidad está ya completamente urbanizado y consolidado por edificación en su mayor parte. Su superficie es de 431.200 metros cuadrados o 43,12 hectáreas, según los datos del planeamiento aprobado.
  
b) Dos áreas separadas de suelo no urbanizable rústico general (SNU/R) ubicadas en ambos lados del sector I original con objeto de ampliarlo. Su superficie acumulada es de 81.530 metros cuadrados o 8,153 hectáreas; descomponiéndose en: 71.210 metros cuadrados en el lindero noreste y 10.320 metros cuadrados en el lado noroeste.
  
Considerando que en el estudio de impacto ambiental presentado queda de manifiesto que la superficie de suelo no urbanizable que se clasifica como urbanizable presenta una cubierta vegetal degradada que acompaña a cultivos abandonados, no determinándose valores ambientales de especial relevancia o significación dignos de proteger.
  
Considerando que el proyecto examinado constituye uno de los supuestos fácticos en los que resulta preceptiva la formulación de una declaración de impacto ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquél, según se desprende del artículo 5 de la Ley de Impacto Ambiental y concordantes de su reglamento.
  
Considerando que en el expediente se han observado los trámites previstos en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental; en la ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, y en las demás disposiciones que le son de aplicación.
  
Considerando que el artículo 5 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 2/1989, de Impacto Ambiental, atribuye la competencia al órgano ambiental para las declaraciones y estimaciones de impacto ambiental de los proyectos a los que se aplique esta ley.
  
Considerando que el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, aprobado por el Decreto 90/1999, de 30 de julio de 1999, del Gobierno Valenciano, atribuye a la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio la competencia para la tramitación y formulación de la declaración de impacto ambiental.
  
Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente
  
Declaración de impacto ambiental
  
Primero
  
Estimar aceptable, desde el punto de vista ambiental, el proyecto de homologación modificativa y ampliación del sector I de las normas subsidiarias del término municipal de Rojales.
  
Segundo
  
Notificar a los interesados que contra la presente resolución, por ser un acto de trámite que no pone fin al procedimiento ni produce indefensión, no cabe recurso alguno; sin perjuicio de utilizar los medios que en defensa de su derecho se estimen pertinentes.
  
Tercero
  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la presente declaración de impacto ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley 2/1989, de 3 marzo, de Impacto Ambiental.