Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6207, del 16-02-2010 (2010/1098)

Notificación de la sentencia 782 dictada en el rollo de apelación 699/09 dimanante del juicio verbal 445/09 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia 23 de Valencia.
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Número DOGV
:   6207

Fecha DOGV
:   16-02-2010

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2010/1098


Fecha del documento
:   01-02-2010

Organismo emisor
:   Audiencia Provincial de Valencia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia 782 dictada en el rollo de apelación 699/09 dimanante del juicio verbal 445/09 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia 23 de Valencia. [2010/1098]  
Rollo de apelación 09-0699   
Eugenia Rosa Martín Landete, secretaria de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, doy fe:   
Que en el rollo de apelación de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:   
«Sentencia número 782   
- Presidenta: María Mestre Ramos.   
- Magistrados:   
· María Eugenia Ferragut Pérez.  
· José Francisco Lara Romero.   
Valencia, 30 de diciembre de 2009   
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los magistrados anotados al margen, siendo ponente María Mestre Ramos, ha visto el presente recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 11 de junio de 2009, dictada en autos de juicio verbal 445-09, tramitados por el Juzgado de Primera Instancia número 23 de los de Valencia.   
Han sido parte en el recurso, como apelante demandante, Alicia Marta de la Rúa Navarro, representada por la procuradora de los tribunales María Consuelo Gomis Segarra, asistido de letrado Vicente Guilarte Gutiérrez; como apelada demandada, la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN), no personada ante este tribunal; apelada demandada, Manuel Ángel Rueda Pérez, representada por la procuradora de los tribunales Carmen Rueda Armengot y asistida por el letrado José María García García; apelada demandada, Blanca España Medina y Luis Ferrer Vidal, no personados ante este tribunal.   
Antecedentes de hecho   
1. La sentencia de fecha 11 de junio de 2009 contiene el siguiente fallo:  
"Que estimando la excepción de falta de legitimación activa de Alicia María de la Rúa Navarro, representada por la procuradora Consuelo Gomis Segarra, para impugnar judicialmente la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado, de fecha 10 de diciembre de 2009, debo desestimar y desestimo la demanda por la misma contra la Dirección General de los Registros y del Notariado, representada y asistida por el abogado del Estado Javier Gómez Ferrer Senent, procedimiento en el que intervenía en calidad de tercero el notario de Valencia Manuel Ángel Rueda Pérez, representado por la procuradora Carmen Rueda Armengol, dejando imprejuzgado el fondo del asunto. No ha lugar a hacer expresa imposición de las costas causadas".   
2. La sentencia dictada estableció que se ejercita por Alicia de la Rúa acción tendente a obtener la declaración de nulidad de la Resolución dictada el 10 de diciembre de 2008, mediante la cual se resolvía recurso planteado ante la DGRN planteado por el notario Manuel Ángel Rueda ante la negativa de la registradora de la propiedad accidental de Massamagrell a inscribir una escritura otorgada por el mismo en 11 de julio de 2007.   
El abogado del Estado alegó la falta de legitimación activa, y de conformidad con el artículo 328 de la Ley Hipotecaria, SAP Toledo, Sección Primera, de 14 de julio de 2008, SAP Granada, Sección Tercera, de 4 de diciembre de 2008, frente a la SAP Valencia, de 1 de octubre de 2008, dado que no se ha acreditado que la resolución impugnada afecte a un derecho o interés directo de la señora De la Rúa procede negar la legitimación activa. No se hace expresa imposición en costas.  
 3. Notificada la sentencia, Alicia María de la Rúa Navarro, previa preparación interpuso recurso de apelación alegando, en síntesis, en primer lugar infracción de los artículos 443 y 185 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que procede declarar la inutilidad del trámite verbal si bien, en aras del principio de economía procesal, no resulta procedente la reiteración de mismo. En segundo lugar, en cuanto a la falta de legitimación activa, es más acorde las sentencias dictadas por la AP Valencia, y en tercer lugar, se realiza una reflexión final sobre la del notario en el proceso por cuanto se acepta su legitimación.  
Solicitando se estime la legitimación de la actora y, entrando en el fondo, se estime la demanda.   
4. El Juzgado dio traslado a la parte contraria, Manuel Rueda Pérez, el abogado del Estado, que presentaron escrito de oposición solicitando la confirmación de la sentencia.   
5. Las pruebas que se han practicado en primera instancia y que son objeto de nueva valoración por el tribunal han sido:   
1. Documental.  
6. Recibidos los autos por este tribunal, se señaló el día 16 de diciembre de 2009 para deliberación y votación, que se verificó quedando seguidamente para dictar resolución.  
7. Se han observado las prescripciones legales.   
Fundamentos de derecho   
Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución apelada en lo que no se opongan a los contenidos en esta:   
1. La cuestión planteada por la parte apelante, Alicia María de la Rúa Navarro, virtud del recurso de apelación es si procede estimar la infracción de los artículos 443 y 185 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; si procede desestimar la excepción de falta de legitimación activa y, en tercer lugar, si se entra en el fondo del asunto si procede declarar la nulidad de la resolución dictada por la Dirección General de Registros y del Notariado, de fecha 10 de diciembre de 2008.   
2. El primer motivo del recurso postula la declaración de infracción en el procedimiento de los artículos 443 y 185 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto no se permitió a la parte proceder a formular alegaciones sobre las excepciones planteadas de contrario, aunque sin postular consecuencia jurídica alguna respecto a dicha infracción.   
Es cierto que el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece la de oír al demandante ante la alegación por la de "un hecho o circunstancia que puedan obstar la válida prosecución y terminación del proceso con sentencia sobre el fondo", sin embargo en el presente caso no se considera a la vista de las contestaciones a la demanda formuladas por las partes demandadas que las mismas conllevaran alegar cuestión que impidieran entrar a conocer del fondo del asunto dado que todas ellas afectaban al fondo de la cuestión debatida, empezando por la falta de legitimación activa ad causam y concluyendo por la validez o no de la calificación negativa del registrador de la propiedad revocada por la Dirección General de Registros y del Notariado.   
3. El segundo motivo del recurso postula la desestimación de la excepción de falta de legitimación activa.   
La resolución de la presente cuestión debe nacer del concreto contenido del párrafo cuarto del artículo 328 de la Ley Hipotecaria, que tiene la siguiente redacción:   
"Carecen de legitimación para recurrir la resolución de la Dirección General, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, el Consejo General del Notariado y los colegios notariales. El notario autorizante del título, o su sucesor en el protocolo, así como el registrador de la propiedad, mercantil y de bienes muebles, cuya calificación negativa hubiera sido revocada mediante resolución expresa de la Dirección General de los Registros y del Notariado, podrán recurrir la resolución de ésta cuando la misma afecte a un derecho o interés del que sean titulares. El juez que conozca del recurso interpuesto podrá exigir al recurrente la prestación de caución o fianza para evitar cualquier perjuicio al otorgante del acto o negocio jurídico que haya sido calificado negativamente".  
Y ante esta cuestión, el tribunal debe fijar que existe doctrina de nuestras audiencias provinciales contradictorias así podríamos mencionar como estimatorias de la legitimación activa del registrador de la propiedad para recurrir las resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado, entre otras la dictada por la Sección Novena que ha dicho en sentencia de fecha 29 de abril de 2009, número 103/2009, recurso 81/2009. Ponente: Gonzalo Caruana Font de Mora.  
"Tercero. La primera cuestión a tratar respecto a la demanda inicial es la falta de legitimación tanto el registrador que suscribió dicho pliego como de la registradora que personada posteriormente, el Juzgado de lo Mercantil la admitió con tal cualidad por ostentar un interés directo y legítimo que luego en la sentencia le deniega.  
Ciertamente, la legitimación de los registradores, al caso mercantiles, para el ejercicio de la acción prevista en el artículo 328 de la Ley Hipotecaria, es una cuestión ya tratada y solucionada por esta sala en varias resoluciones, todas ellas, resolviendo recursos de apelación frente al Juzgado de lo Mercantil 2 de esta ciudad.  
La decisión del juez se basa en el criterio fijado en la SAP Valladolid (Sección 1.ª), de 17 de octubre de 2003, y en la interpretación del artículo 328 de la Ley Hipotecaria conforme a la exposición de motivos de la Ley 24/2005, en cuanto a que el registrador únicamente puede entablar la acción cuando está afectado por un derecho o interés concreto del que sea titular, que el juez de primera instancia estima no concurre al caso, a excepción del pronunciamiento relativo a la advertencia pública de apertura de expediente disciplinario.  
Dicho razonamiento es erróneo y la sala ni lo acepta ni lo comparte. De entrada, el apoyo jurisprudencial del Juzgador resulta inconsistente al basarse en una única sentencia que está dictada sobre la base de la normativa precedente a la reforma legal operada por la Ley 24/2005, PAM 0350/171123, y por ende inaplicable.  
En segundo lugar no se tiene en cuenta la contradicción manifiesta en este punto entre la dicción literal de la exposición de motivos de la Ley 24/2005 y el texto literal del precepto (artículo 328), por lo que el criterio interpretativo del juez resulta deficiente y por último porque es plenamente contradictorio negar legitimación al registrador para entablar la acción del artículo 328 de la Ley Hipotecaria para que a su instancia se revise la resolución del centro directivo pero, en cambio, afirmársela para utilizar dicha acción judicial a los efectos de los pronunciamientos referentes al apercibimiento de sanción incluidos en la resolución.  
Por tales razones esta sala a continuación expone los razonamientos y citas jurisprudenciales que representan, actualmente, la línea muy mayoritaria en la presente cuestión y que tenemos afirmada en la última sentencia dispuesta sobre este tema, de fecha 16 julio 2008 (rollo 264/08), en la cual fijamos:  
'Deniega el auto recurrido legitimación activa a la registradora mercantil para el ejercicio de la acción, por una interpretación restrictiva del artículo 328-IV de la Ley Hipotecaria en relación con la exposición de motivos de la Ley 24/05 y no haber alegado y concretado la responsabilidad cierta en que puede incurrir la registradora de mantenerse la resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado objeto de recurso; entendiendo el juez de lo mercantil que la mera invocación de tal principio de responsabilidad o de funcionamiento del instituto registral como fundamento legitimador para el ejercicio de la acción, convertiría el carácter excepcional de su ejercicio, en general, situación no querida por el legislador'.  
La sala no puede compartir los argumentos del auto del Juzgado de lo Mercantil y acepta los alegatos expuestos en el recurso de apelación, pues significan una interpretación excesivamente rigorista de la norma legal que determina en conclusión negar legitimación para el ejercicio de la acción al registrador mercantil cuando efectivamente la ley le reconoce por su condición y cualidad, legitimación para acudir a los tribunales a los efectos de su planteamiento.  
Traemos aquí la línea constante en defensa del principio pro actione fijada por el Tribunal Constitucional, vinculante de acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder judicial, VLB 3848/8754, y señalaremos entre sus resoluciones la sentencia de 17 de julio de 2006, ACM 4397/112606, donde se afirma:  
'Más en concreto, y por lo que se refiere a la decisión de inadmisión por carencia de legitimación activa, este tribunal ha destacado que, al conceder el artículo 24.1 de la Constitución española el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas que son titulares de derechos e intereses legítimos, está imponiendo a los órganos judiciales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en la atribución de la legitimación activa para acceder a los procesos judiciales, resultando censurables aquellas apreciaciones judiciales de falta de legitimación que carezcan de base legal o supongan una interpretación arbitraria, irrazonable o excesivamente restrictiva de la disposición legal aplicable al caso contrario a la efectividad del derecho fundamental'.  
Así, al caso, la interpretación rigorista y excesivamente restrictiva por parte del juzgador del precepto sustantivo indicado ha determinado, impedir a la demandante el ejercicio del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva.  
Las normas legales, conforme al artículo 3.1 del Código Civil, se interpretan conforme al sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.  
De entrada hay que resaltar, que el precepto aplicable lo es en la redacción operada por la Ley 24/2005, de 18 noviembre (con entrada en vigor en 20 de noviembre de 2005), de Reformas para el Impulso de la Productividad.  
Por ende, los criterios interpretativos fijados en resoluciones judiciales referentes a la aplicación del precepto en su redacción precedente carecen de la necesaria pertinencia para fijar de modo absoluto la exégesis del actual articulado.  
Dice el citado precepto: 'carecen de legitimación para recurrir la resolución de la Dirección General Propiedad y Mercantiles de España, el Consejo General del Notariado y los colegios notariales.  
El notario autorizante del título o su sucesor en el protocolo, así como el registrador de la propiedad, mercantil y de bienes muebles cuya calificación negativa hubiera sido revocada mediante resolución expresa de la Dirección General de los Registros y del Notariado, podrán recurrir la resolución de ésta cuando la misma afecte a un derecho o interés del que sean titulares.  
El juez que conozca del recurso interpuesto podrá exigir al recurrente la prestación de caución o fianza para evitar cualquier perjuicio al otorgante del acto o negocio jurídico que haya sido calificado negativamente'.  
De la dicción literal del precepto es claro que se reconoce legitimación para dicha acción (aunque se denomine recurso jurisdiccional) al registrador mercantil cuya calificación negativa ha sido revocada por la Dirección General de los Registros y Notariado, cuando afecte a un derecho o interés; por ende no puede ser negada dicha legitimación que es lo que se transcribe en la exposición de motivos de la mentada ley al decir: 'entre otros aspectos, se aclare y concreta la imposibilidad de que el registrador pueda recurrir la decisión de su superior jerárquico cuando revoca su decisión'.  
Es decir, que conforme al preámbulo de tal ley, el registrador está imposibilitado sin excepción alguna a recurrir la decisión revocatoria de su calificación negativa por parte de la Dirección General de los Registros y Notariado, mientras que en el articulado en cambio se reconoce tal legitimación y por ende la posibilidad que tiene por el ejercicio de tal cargo y función pública ante una decisión revocatoria de calificación negativa, cuando 'afecte a un derecho o interés del que sean titulares'.  
Tal disfunción por falta de armonización entre el contenido previo expositivo y el articulado ha de ser resuelto a favor de este último, no sólo por su carácter preferente, sino también por la causa que provoca tal contradicción sentada por seguro en el camino legislativo por la no proyección en primer lugar de un articulado acorde con tal aserto expositivo ni aprobación posteriormente de un texto legal acorde con tal exposición o en su caso, ante la aprobación de la redacción vigente del artículo 328-IV, por la supresión de la afirmación contenida en el prefacio de la ley.  
Atendido el criterio del antecedente legislativo, claro es que la inmediata y anterior redacción del artículo antes de tal reforma, en concreto la dada por la Ley 53/2002, de 31 de diciembre, plasmaba la legitimación del registrador, no obstante cierta imprecisión o confusión, como ya sentó esta misma sala en la sentencia de 3 mayo de 2005 invocada por la demandante apelante, sin condicionamiento o modalidad alguna para deducir ante los tribunales el mentado recurso jurisdiccional y ahora se mantiene igualmente esa legitimación si bien por el interés.  
De tal sistemática y contenido de la ley, no puede ampararse que la regla general sea la dispuesta en la exposición de motivos al carecer de reflejo en el articulado.  
Por consiguiente, el presupuesto del cual es necesario partir dado el contenido legal y en aplicación del principio pro actione, en correcta protección de la tutela judicial efectiva, es la viabilidad que ostenta el registrador para plantear tal acción judicial, sin que tampoco el artículo 328-IV la exprese con carácter excepcional, dada su propia redacción sino sometida a que tal acción se impetra por afectar a un derecho o interés del cual es titular el registrador.  
No especifica el legislador el contenido de tal derecho o interés y contrariamente a como se razona en la resolución recurrida, la demandante invocó en su escrito inicial como cumplimiento de tal condición tanto el principio de legalidad en el funcionamiento del Instituto Registral Mercantil como su interés en la defensa de su calificación por el principio legal de responsabilidad a que está sometido todo registrador.  
No puede compartirse la tesis del juzgador y también abanderada por el abogado del Estado de que de admitirse tal invocación para legitimar el planteamiento de la acción siempre se ostentará legitimación, conclusión que no cuadra con la excepcionalidad legal, cuando a parte de no aceptar el tribunal por las razones expuestas esa premisa interpretativa de una excepcional legitimación, pues no tiene respaldo en el texto legal, resulta evidente que amen de no poder ostentar en el ejercicio de tal acción el registrador un derecho o interés personal, dada la propia regla legal de incompatibilidad (artículo 102 del Reglamento Hipotecario, AJC 1258/1913) en la calificación de instrumentos donde tenga derechos o intereses comprometidos, los mismos han de venir ceñidos precisamente a los que se invocó en el escrito iniciador del procedimiento y si se niega que por éstos pueda plantear la acción nos encontramos con la conclusión absurda de que jamás el registrador podrá entablar el mentado recurso jurisdiccional y ello sí que implicaría contravenir claramente el texto legal y dejar vacío de contenido el acceso jurisdiccional, pues se deniega cuando expresamente se le reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva.  
Es más, teniendo presente que al caso la calificación negativa de la registradora mercantil afectaba a la inscripción de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, residía palmario el interés de aquélla en defender su posición ante el principio legal de responsabilidad (artículos 18, 99 y 100 de la Ley Hipotecaria, TUD 5553/1959 q) que puede repercutir sobre su esfera patrimonial (artículo 296 de la Ley Hipotecaria).  
La SAP Valladolid, Sección Primera, de 17 octubre de 2003, OHX 7952/210704, indicada en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil no resulta atinente dado estar basada en normativa del artículo 328 de la Ley Hipotecaria, DWV 8923/1959, en redacción precedente a la vigente aplicable al caso de autos.  
Ciertamente que la abogado del Estado invoca en apoyo de su tesis, cercenadura de tal legitimación a registradores, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 19 diciembre 2006, pero frente a esa única sentencia indicada, esta sala tiene que citar otras resoluciones recientes y que con aplicación del precepto en su redacción actual han otorgado y resuelto expresamente legitimación a los registradores de la propiedad y mercantiles para plantear el recurso jurisdiccional.  
Así, SAP Madrid, Sección Décimo Novena, de 22 de febrero de 2007 (ponente señor Legido), QHB 1254/52222, y Sección Décimo Cuarta, 31 de julio de 2007 (ponente señor García de la Ceca); SAP Pontevedra, Sección Tercera, 16 de octubre de 2007 (ponente señor Esain), SAP A Coruña, Sección Cuarta, 3 de diciembre de 2007 (ponente señor Fernández Moncells); SAP Badajoz, Sección Segunda, 29 de febrero de 2008 (ponente señor Paumard Collado), y SAP Barcelona, Sección Décimo Primera, 14 de mayo de 2008 (ponente señor Alavedra Fajardo).  
Añadir, además, que la decisión del juez de reconocer legitimación al registrador demandante para unos pedimentos y no para otros, pues se entiende legitimado para impetrar la tutela de la nulidad de parte de los pronunciamientos contenidos en la resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado, resulta ciertamente contradictorio, pues la acción es única y con una sola finalidad, por lo que tal deslinde para poder acudir a los tribunales no nos parece acertada pues o se ostenta legitimación para el recurso jurisdiccional o no se detenta.  
Precisamente ahonda la sentencia recurrida, en mayor contradicción, pues el propio Juzgado de lo Mercantil, al igual que el abogado del Estado, al conformarse con la sentencia, están reconociendo que el demandante tenía no solo legitimación sino además razón para interponer el presente recurso jurisdiccional desde el momento en que se acepta, falla y no es objeto de recurso que el pronunciamiento relativo a la apertura de expediente disciplinario es nulo y tal nulidad se ha declarado y es pronunciamiento firme por vía del recurso jurisdiccional del artículo 327 de la Ley Hipotecaria.  
Si la propia sentencia entiende que el registrador actor está legitimado para, por esta vía del citado artículo de la Ley Hipotecaria, EXI 7841/1959, anular determinados pronunciamientos de la resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado relativos a la apertura de expediente, resulta obvio el reconocimiento de un interés legítimo en entablar tal acción porque queda afectado su interés personal por lo que con mayor razón debe tener legitimación para accionar la nulidad o revocación de tal resolución en cuanto a los pronunciamientos primigenios (la revocación de la calificación negativa) que han traído como consecuencia la decisión publicada en la misma resolución de aperturar tal expediente disciplinario.  
Por las razones expuestas en dicha sentencia, perfectamente aplicables al presente, los registradores demandantes ostentan legitimación para el ejercicio de la acción legalmente denominada recurso del artículo 328 de la Ley Hipotecaria y el interés en acudir en la tutela judicial es incluso palmario a la vista de la sanción de apercibimiento de expediente disciplinario, interés, incluso, fijado por la sentencia recurrida y que no es objeto de ataque para la alzada pues parte alguna ha impugnado ese pronunciamiento, no obstante el objeto del proceso especial verbal tramitado.  
En consecuencia, el primer motivo del recurso de apelación de los demandantes iniciales ha de ser estimado".  
O también en el mismo sentido la sentencia dictada por la Sección Octava, en fecha de 1 de octubre de 2008 (ponente María Fe Ortega Midsuf).  
4. Y como desestimatorias de dicho reconocimiento y por tanto estimatorias de la falta de legitimación activa de los registradores de la propiedad, entre otras la mencionada en la sentencia apelada dictada por la AP Granada, en fecha de 4 de diciembre de 2008, pero también en la SAP A Coruña, Sección Cuarta, de fecha 3 de septiembre de 2008, número 378/2008, recurso 173/2008, presidente Antonio Miguel Fernández-Montelis y Fernández, que resolvió:  
"Tercero. Se alega por la parte apelante, registrador de la propiedad demandante, su legitimación activa para impugnar las resoluciones de la Dirección General del Registro y del Notariado revocatorias de su calificación negativa, basándose para ello en la nueva redacción del párrafo cuarto del artículo 328 de la Ley Hipotecaria, llevada a cabo en la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, que se vincula a que la resolución afecte a un derecho o interés del que sean titulares.  
Ciertamente es muy polémica la cuestión jurídica planteada en el recurso de apelación que nos corresponde ahora resolver, encontrándose francamente dividida le denominada jurisprudencia menor, con sentencias de las distintas audiencias provinciales con argumentaciones sólidas en uno y otro sentido, al no haber doctrina sentada al respecto por el Tribunal Supremo sobre la cuestión, que no es otra que la posibilidad de que el registrador pueda recurrir en vía jurisdiccional, por las normas del juicio verbal, la resolución dictada por la Dirección General de los Registros y del Notariado cuando revoca su calificación negativa en recurso gubernativo, lo que en la sentencia apelada se niega al registrador de la propiedad demandante por cuanto no ha alegado, especificado ni concretado el interés o derecho del que fuera titular, como fundamento o presupuesto legitimador para poder ejercitar la acción, excepción que admite el juzgador a quo para que aquél pudiese acudir a los tribunales para su planteamiento, no bastando para ello la mera alegación genérica de la defensa de la legalidad hipotecaria ni de la responsabilidad que pudiera incurrir por la revocación de su calificación negativa a inscribir.  
Se basa el recurso de apelación, en síntesis, en lo dispuesto en el artículo 328 de la Ley Hipotecaria y en sentencia dictada por este mismo tribunal, de fecha 3 de noviembre de 2007, que se venía a admitir la legitimación del registrador al no haberse cuestionado en primera instancia por los demandados en momento procesal oportuno, tratándose de una cuestión nueva planteada en la alzada, por cuanto no fue aducida en primera instancia, razón suficiente para su desestimación, y precisamente para unificar criterio se convoca por el presidente de esta Audiencia Provincial, Junta General de Magistrados, que componen las secciones civiles, acordándose, por unanimidad, en Junta de fecha 10 de abril de 2008: 'la Junta, a la vista de la modificación introducida en la Ley Hipotecaria por la Ley 24/2005, de 16 de noviembre, así como su ratio legis concluye, por unanimidad, que los registradores de la propiedad no están legitimados activamente, con carácter general, para promover la impugnación judicial de las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, salvo que acreditasen que les afecta a un derecho o interés del que sean titulares, que deberá justificarse caso por caso, y sin que baste exclusivamente la mera invocación de la defensa de la legalidad hipotecaria o cualquier otro interés difuso abstracto'.  
Cuarto. Cierto es que la exposición de motivos de la Ley 24/2005 se indica la imposibilidad de que el registrador pueda recurrir la decisión de su superior jerárquico cuando revoca su calificación, asimismo establece la vinculación de todos los registradores a las resoluciones de la Dirección General del Registro y del Notariado cuando resuelve recursos frente a la calificación, lo que entra en contradicción con el artículo 328, que admite tal posibilidad por cuanto en ella vinculándola a que afectase a un derecho o interés del que sean titulares, considerando el recurrente que tal interés legítimo deriva del ejercicio de la función que le es propia, de su calificación negativa, y con ello de la protección de la legalidad registral y de los terceros afectados por la inscripción.  
Para la decisión del recurso consideramos conveniente tener en cuenta los antecedentes legislativos sobre la materia, a tal fin, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que modifica la regulación del recurso gubernativo, dando nueva redacción a los artículos 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria, una vez que al Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 22 de mayo de 2000, declaró nulo de pleno derecho el artículo 1 del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y da nueva redacción a determinados artículos del Reglamento Hipotecario, porque aquél regula materias reservadas a la ley, vulnera la Constitución e infringe las leyes, estableciendo la nueva regulación que el registrador que firmaba la nota de calificación negativa no podía recurrir frente a la resolución de la Dirección General del Registro y del Notariado cuando estimaba el recurso, puesto que supondría un contrasentido que en un esquema administrativo jerarquizado pudiese recurrir al inferior jerárquico la resolución del superior, que además era ejecutiva y ejecutoria desde que se dictare, de tal modo obligaba al registrador a inscribir el título en los términos dimanantes del mismo y de la resolución dictada. Y se establecía la vinculación, de todos los registros, de la doctrina contenida en las resoluciones desde la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado, mientras dicha resolución no se anulara por sentencia firme.  
Ahora bien, la claridad del sistema diseñado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, vino enturbiada con las reformas introducidas por leyes de acompañamiento, concretamente la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, VYX 9926/54596, y la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Así, la primera de las leyes citadas, y a través de su disposición adicional decimocuarta, modificó el párrafo quinto del artículo 327 de la Ley Hipotecaria a los efectos de permitir que el registrador pudiera poner de manifiesto el recurso a terceros que entendiera pudieran verse afectados por el mismo; igualmente, y en esa primera Ley de Acompañamiento, se otorgó legitimación al registrador para que pudiera recurrir la resolución de esta Dirección General cuando fuera estimatoria y revocatoria de su nota de calificación (párrafo cuarto del artículo 328 de la Ley Hipotecaria). Por su parte la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, modificó el párrafo sexto del artículo 328 de la Ley Hipotecaria, a los efectos de aplicar por primera vez en nuestro sistema administrativo un esquema de suspensión automática de la resolución de esa Dirección General, por el simple hecho de que se interpusiera recurso frente a la misma, sin tener ni siquiera que solicitar del juez la suspensión de la resolución que se recurre.  
De tal modo, con que el registrador, cuya calificación hubiera sido revocada por la Dirección General del Registro y del Notariado, que tenía legitimación activa para impugnar dicha resolución, suspendía la ejecutoriedad de la resolución dictada por dicha Dirección General. Por otra parte, el titular del derecho subjetivo a la inscripción veía cómo el título y el negocio o acto jurídico documentado no accedía al registro, en virtud de una controversia -la planteada por el registrador- que le era absolutamente ajena.  
Y precisamente esta situación es lo que se pretendió corregir con la reforma legislativa operada con la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, que vuelve al sistema anterior, por cuanto el vigente en aquel momento había planteado graves distorsiones, admitiendo como excepcional la posibilidad de la legitimación del registrador para recurrir frente a una resolución de esta Dirección General que revoca su calificación negativa, únicamente cuando la misma afecte a un derecho o interés específico del propio registrador (párrafo cuarto del artículo 328 de la Ley Hipotecaria); la dificultad y discrepancia en la denominada jurisprudencia menor viene a ser la interpretación del referido inciso final.  
Que estimamos que ese derecho o interés no puede ser el genérico de la mera legalidad, por mera disconformidad con la decisión del superior por cuanto se encuentra vinculado por el principio de jerarquía administrativa, como funcionario público que es el registrador, de la doctrina contenida en las resoluciones de la Dirección General del Registro y del Notariado, como órgano superior, cuando se resuelve recurso frente a su calificación negativa, con el fin de imponer la seguridad jurídica, por tanto de obligado acatamiento mientras no se anule por los tribunales en sentencia firme; por ello tiene que ser derecho o interés específico del propio registrador, esto es, de su misma situación jurídica, y previa acreditación de cuál sea ese derecho o interés afectado por la resolución de esta Dirección General revocatoria de su nota da calificación.  
Y como en el caso, no se invoca en la demanda ese derecho o interés del que sea titular, para que el registrador demandante se encuentre legitimado para recurrir la decisión de su superior jerárquico, que revoca su calificación negativa, sin que quepa aceptar la defensa a priori de una eventual responsabilidad ante una futura demanda, lo que aquí no se cuestiona, y de lo que podría defenderse en el oportuno proceso, máximo cuando el demandante lo que pretende con la acción ejercitada con su demanda es la mera revisión de determinada doctrina de la Dirección General del Registro y del Notariado, contraria a su calificación negativa, que le es vinculante, y por último señalar que los registradores no tienen expresamente encomendada legalmente una función de promoción de la justicia en defensa de la legalidad, como sí la tiene el Ministerio Fiscal, o de los intereses genéricos de terceros que directa o indirectamente pudiesen verse afectados por la inscripción, que en todo caso debería ser invocada y justificada de forma suficiente para que pudiese fundamentar su legitimación activa el registrador, consecuentemente debe ser confirmada la sentencia apelada, sin que sea preciso entrar a examinar el resto de los motivos alegados en el recurso de apelación ante la falta de legitimación del demandante".  
Y de ambas posturas el tribunal opta por esta última al considerar que resulta fundamental tener en cuenta por una parte que la Dirección General de Registros y del Notariado es superior jerárquico de la registradora de la propiedad demandante apelante por la que la misma salvo la excepción que luego se dirá está sometida a sus decisiones y ello es el tenor literal: "que se desprende de la exposición de motivos, fundamental para comprender el sentido del artículo y por otra parte el tribunal considere la regla general es la carencia de legitimación de los registradores de la propiedad y la excepción es la posibilidad de recurrir pero solo como se ha dicho cuando 'cuando la misma afecte a un derecho o interés del que sean titulares', y dicha afectación o interés no puede equipararse a la mera revocación de la calificación realizada pues entonces siempre tendría afectado su derecho o interés particular; y por otra parte no se desprende del contenido de la demanda pretendiendo la nulidad de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 10 de diciembre de 2008, que fundamente o excepcione un derecho o interés del que sea titular".  
Por todo ello procede la desestimación de este segundo motivo y no procede entrar a conocer del resto de pretensiones revocatorias.  
5. En materia de costas procesales, y en virtud del artículo 394 en relación con el artículo 390 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer expresa imposición a la parte apelante en cuenta las dudas de derecho que plantea la cuestión enjuiciada, con sentencias contradictorias entre las distintas audiencias provinciales, en relación con la interpretación de la normativa que se ha sometido a nuestra consideración, apreciamos la concurrencia de circunstancias excepcionales que, conforme a lo establecido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 398 de la misma ley.  
Vistos los preceptos legales aludidos y demás de general y concordante aplicación al caso de autos.  
Fallo  
En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, en nombre del rey y la autoridad conferida por la Constitución aprobada por el pueblo español, decide:  
Primero. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Alicia de la Rúa Navarro.  
Segundo. Confirmar la sentencia de fecha 11 de junio de 2009.  
Tercero. No se hace expresa condena en costas a la parte apelante.  
Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos».  
Concuerda bien y fielmente con el original al que me remito, y para remitir al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a los efectos de notificar a los demandados apelados, Blanca España Medina y Luis Ferrer Vidal, conste y a los efectos oportunos, expido la presente.  
Valencia, 1 de febrero de 2010.- La secretaria: Eugenia Rosa Martín Landete.