Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5105, del 03-10-2005 (2005/10112)

ORDEN de 27 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas previas a la jubilación de trabajadores y trabajadoras residentes en la Comunidad Valenciana.
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Número DOGV
:   5105

Fecha DOGV
:   03-10-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/10245


Fecha del documento
:   27-09-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * apoyo económico
    * jubilación anticipada
    * seguridad social
    * norma de trabajo
    * ayuda pública

ORDEN de 27 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas previas a la jubilación de trabajadores y trabajadoras residentes en la Comunidad Valenciana. [2005/A10804]
  
La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y anteriormente las consellerias que ejercían las competencias en materia de trabajo, tiene establecido un programa de ayudas a los trabajadores que por distintas causas se ven impelidos a extinguir su relación laboral con las empresas en las que desempeñan su actividad laboral y que llegado ese momento cuentan con una edad que dificulta su reinserción en el mercado de trabajo.
  
Dicho programa consistente en ayudas para el mantenimiento de sus rentas y cotizaciones a la seguridad social bajo modalidades de distintos tipos, pero con el denominador común de su adopción con carácter previo al momento en que puedan alcanzar la edad ordinaria de jubilación, ha venido adaptándose conforme el momento o las nuevas disposiciones normativas estatales y valencianas lo exigían.
  
La entrada en vigor y la finalización del periodo transitorio de adaptación de las modalidades de subvención a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, hace preciso la adaptación de las bases que regulan las citadas ayudas, introduciendo las modificaciones pertinentes en orden al cumplimiento de los preceptos que con carácter básico son de aplicación en el ámbito competencial de todas las administraciones publicas.
  
De otro lado, y respecto de la modalidad de ayudas financiada con fondos procedentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, debe respetarse la regulación propia del citado departamento estatal, si bien la actual redacción no impide su adaptación a la Ley General de Subvenciones al corresponder la competencia de ejecución a la Generalitat Valenciana, y no ser contrarios a la citada ley los preceptos de carácter material contenidos en su regulación.
  
Por razones de sistemática, las bases que se regulan en la presente orden se desarrollan en cuatro títulos:
  
El título I se refiere a las denominadas ayudas previas a la jubilación ordinaria, de conformidad con el régimen establecido por la Orden de 5 de octubre de 1994, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE de 22 de octubre de 1994), y cuya financiación proviene de fondos del citado ministerio, y la normativa propia de la Generalitat Valenciana en materia presupuestaria.
  
Sus destinatarios son los trabajadores residentes en la Comunidad Valenciana pertenecientes a empresas en crisis no sujetas a planes de reconversión industrial que hayan cesado en las mismas mediando acuerdo adoptado en el seno de las citadas empresas. Estas ayudas tienen por objeto evitar las consecuencias traumáticas ante la pérdida de rentas salariales y cotizaciones sociales hasta el momento en que los trabajadores puedan acceder a la jubilación ordinaria.
  
Las ayudas contenidas en el título II, constituyen un régimen de ayudas declarado formalmente a extinguir, en el que se contempla las mejoras de cotización mediante la suscripción de convenios especiales. Sus destinatarios son trabajadores que perdieron su empleo como consecuencia de los expedientes de despido colectivo incluidos en el anexo II.
  
Las mencionadas ayudas, tienen como objeto que los trabajadores que en el momento de producirse la extinción de sus relaciones laborales contaban con una determinada edad, puedan seguir cotizando mediante convenios especiales de cotización a la seguridad social de acuerdo a las bases de cotización que tenían en activo. La eficacia de dichas ayudas en orden a su futura jubilación ordinaria implica que dichos trabajadores puedan seguir acogiéndose anualmente a ellas mientras reúnan los requisitos establecidos al efecto.
  
Vinculado a este régimen de ayudas, se incluyen otras que tendrían por destinatarios a los mismos trabajadores cuando acudan a préstamos o pólizas de crédito bancarias para el pago de las cotizaciones mensuales y cuyo concepto seria el de subvención de los intereses que se devenguen por dichas operaciones crediticias.
  
Las bases contemplan asimismo un régimen de ayudas en su título III destinadas a trabajadores que hayan extinguido su relación laboral como consecuencia de procesos de despido colectivo. Su objeto es la subvención parcial del coste de los planes de prejubilación a los que voluntariamente se acojan; planes que deben estar suscritos con entidades aseguradoras autorizadas para operar por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en sus diversas modalidades, incluyendo aquellos que contemplen complementos de retribuciones a las que puedan percibir durante su situación de desempleo, y las relativas a la mejora de sus cotizaciones a la Seguridad Social, o bien planes específicos de pensiones cuyo rescate se produzca en el momento en que cumplan las condiciones de edad fijados en los mismos.
  
El título IV establece las disposiciones comunes adaptándose las bases a la Ley General de Subvenciones, pero teniendo en cuenta el carácter social de las ayudas que se regulan y el momento en que se producen las situaciones que se intenta proteger, lo que determina la imposibilidad de acudir al procedimiento de concurrencia competitiva y optar por el de concesión directa.
  
Los motivos por los que debe hacerse uso del procedimiento de concesión directa, tal y como excepcionalmente prevé el artículo 22.2.c de la Ley General de Subvenciones, son:
  
a) Por el interés social que persiguen, no puede establecerse un procedimiento de concurrencia competitiva, pues resultaría contrario al objeto de la ayuda poner en contradicción necesidades de las personas que no constituyen de por si la realización de ninguna actividad susceptible de ser atendida por la mejor opción que se presente.
  
b) La adopción de medidas sociales ante la perdida de empleo no puede ser objeto de programación, ni puede esperarse a la finalización de un determinado plazo para su resolución.
  
c) El objeto de las mismas, que no es otro que paliar los efectos traumáticos de las crisis empresariales y garantizar la jubilación ordinaria de aquellos trabajadores que extinguieron su relación laboral en anteriores ejercicios, con los que la administración adquirió el compromiso de atenderlos, sujeto únicamente a las disponibilidades presupuestarias.
  
d) La eficacia que este tipo de ayudas ha demostrado como instrumento coadyuvante a la superación de crisis empresariales, y su complementariedad demostrada con otras políticas activas de empleo. Eficacia que ha sido congruente con el carácter restrictivo de aquellas y el rigor presupuestario de los últimos ejercicios en los que las partidas destinadas a las mismas han permanecido prácticamente inalteradas.
  
No obstante, ello no empece que las mismas puedan ser objeto de convocatoria publica de acuerdo al régimen que aquí se establece: concesión con arreglo a criterios objetivos previamente delimitados, la existencia previa de crédito adecuado y suficiente y las obligaciones inherentes a todos los beneficiarios en cuanto al control financiero y el deber de colaboración con los órganos de la administración publica competentes.
  
Así mismo y respecto de la publicación de los beneficiarios, las ayudas que se establecen y cuyos destinatarios son los trabajadores, debe considerarse de aplicación la excepción contenida en el artículo 18.3.d de la Ley General de Subvenciones en orden a preservar la intimidad personal y familiar de sus destinatarios.
  
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
  
ORDENO
  
Artículo 1
  
Se aprueban las bases que constan como anexo I por las que se regulan la concesión de las ayudas previas a la jubilación para los trabajadores y trabajadoras residentes en la Comunidad Valenciana.
  
Artículo 2
  
1. Se convocan para el ejercicio del 2005 las ayudas económicas a que hace referencia el artículo primero.
  
2. El plazo para solicitarlas finalizará el 31 de octubre de 2005.
  
Contra lo dispuesto en este artículo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes si la resolución es expresa y tres en caso de silencio administrativo, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses si es expresa la resolución y seis meses en caso de silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Única
  
Para el año 2005, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el presente ejercicio, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo financiará las ayudas cuyas bases se aprueban en la presente orden, con cargo al programa 315.10, Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales, línea presupuestaria T0211000, con un importe de 2.520.717,61 euros; de los que 1.436.207,36 son fondos propios de la Generalitat Valenciana y 1.084.510,25 son fondos procedentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destinados íntegramente a la financiación de las ayudas establecidas en el título I.
  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  
Única
  
Las solicitudes de subvención realizadas en el presente ejercicio con anterioridad a la publicación de esta orden, al amparo de la de 22 de abril de 2002 (DOGV de 26 de abril), de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas previas a la jubilación de los trabajadores y trabajadoras residentes en la Comunidad Valenciana serán tramitadas y las ayudas concedidas de conformidad con lo dispuesto en las bases ahora aprobadas.
  
Los solicitantes no deberán reproducir su petición pero si completarán, en su caso, la documentación en su momento presentada aportando aquella que el órgano competente les requiera.
  
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  
Única
  
Se deroga la Orden de 22 de abril de 2002 (DOGV del día 26), de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas previas a la jubilación de los trabajadores y trabajadoras residentes en la Comunidad Valenciana.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta al director general de Trabajo y Seguridad Laboral para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 27 de septiembre de 2005
  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo,
  
GERARDO CAMPS DEVESA
  
ANEXO I
  
Bases que regulan el régimen de ayudas destinadas a la jubilación de trabajadores y trabajadoras residentes en la Comunidad Valenciana
  
Título I
  
Ayudas previas a la jubilación ordinaria
  
Primera . Objeto y ámbito
  
1. Las subvenciones reguladas en este título tienen por objeto facilitar una cobertura económica a los trabajadores afectados por los procesos de extinción de relaciones de trabajo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, siempre que cumplan los requisitos y condiciones exigidos por las presentes bases, hasta que se alcance la situación de jubilación, en su modalidad contributiva en el sistema de la Seguridad Social.
  
2. Las empresas en procesos de reestructuración podrán solicitar para los trabajadores que cesen en las mismas por las causas previstas en los artículos 51 y 52.c, del Estatuto de los Trabajadores, previa conformidad expresa e individual de cada uno, las ayudas que en las presentes bases se establecen, siempre que aquellos, al alcanzar la edad ordinaria para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva en el régimen de la Seguridad Social de encuadramiento, pudieran tener cubierto el período de cotización exigido para causar derecho a la citada pensión de jubilación en dicho régimen, estén en alta o situación asimilada en el mismo y con una edad de 60 años, real o teórica por aplicación de coeficientes reductores de edad, como mínimo, cuando accedan al sistema de ayudas.
  
3. La cuantía inicial de la ayuda será el 75 por 100 del resultado de dividir entre siete la suma de las bases de cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, excluidas las horas extraordinarias, correspondientes a los seis meses anteriores a la fecha de efectividad de la ayuda, sin que en ningún caso puedan superar a la pensión máxima establecida en el régimen general de la Seguridad Social para el año en que tenga lugar dicha efectividad.
  
4. La ayuda sólo podrá solicitarse hasta un máximo de cinco años. Durante el primer año de percepción, la cuantía de la ayuda será la que resulte de aplicar lo dispuesto en el número anterior. Para el segundo y sucesivos años se incrementará acumulativamente de acuerdo con las previsiones de incremento del índice de precios al consumo del año en que tenga efectividad.
  
5. Las empresas podrán acordar con sus trabajadores complementos adicionales sobre la cuantía señalada en el número anterior, siempre que el exceso resultante sea abonado íntegramente por aquéllas. A petición de las empresas, estos complementos podrán ser capitalizados conjuntamente con las ayudas, en cuyo caso serán abonados por la entidad gestora correspondiente.
  
6. El incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones contraídas en la financiación de ayudas de esta clase concedidas con anterioridad podrá motivar la denegación de nuevas ayudas.
  
Segunda. Situación del trabajador y cotización a la Seguridad Social
  
1. Durante el período de percepción de la ayuda, el trabajador beneficiario será considerado en situación asimilada al alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, a efectos de continuar cotizándose por él por el tipo correspondiente a contingencias comunes establecido para el año de efectividad de la ayuda. La base inicial de cotización del período se determinará tomando el promedio de las últimas seis bases cotizadas por contingencias comunes anteriores a la fecha en que deba comenzar a percibir la ayuda.
  
2. Cuando las ayudas se causen por trabajadores encuadrados en un régimen especial de la Seguridad Social en el que se cotice para la contingencia de jubilación por una base diferente a la de contingencias comunes, la base inicial de cotización para el período de percepción de la ayuda será el promedio de las bases correspondientes a la citada contingencia durante los últimos seis meses cotizados anteriores a la efectividad de la ayuda.
  
3. La base de cotización obtenida según los números anteriores se actualizará acumulativamente a partir del segundo año de percepción, en el porcentaje de incremento que se fije para la actualización de la ayuda, si bien en ningún caso podrá ser superior a la base máxima vigente en cada momento para el grupo de la categoría profesional de que se trate.
  
4. Cuando los trabajadores accedan al sistema de ayudas después de un período de desempleo, la base de cotización inicial se actualizará teniendo en cuenta la evolución que hayan experimentado las bases máximas de cotización del régimen general de la Seguridad Social durante aquel período.
  
Tercera. Financiación
  
La financiación de las ayudas previas a la jubilación ordinaria y de las cotizaciones a la Seguridad Social que hayan de realizarse durante la percepción de las mismas, corresponderá en un 60 por 100 a las empresas solicitantes y el 40 por 100 restante irá con cargo al programa 315.10 del presupuesto de gastos de la Generalitat Valenciana, con fondos procedentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
  
La participación de la empresa podrá superar dicho porcentaje si existe previa conformidad de la misma.
  
Cuarta. Documentación específica
  
1. Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación específica:
  
a) La que sea requerida, en cada caso, para los despidos colectivos del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
  
b) En los casos previstos en el artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores, se acreditará de forma fehaciente que se han cumplido los requisitos de los apartados a) y c) del artículo 53.1 de dicho texto legal.
  
c) Relación de los trabajadores para los que se solicitan las ayudas, indicando con claridad sus circunstancias personales y laborales, así como su número de afiliación a la Seguridad Social y su documento nacional de identidad.
  
d) Documento en el que se acredite la conformidad individualizada de los trabajadores de acogerse a las ayudas.
  
e) Documento en el que se recoja el compromiso de la empresa de realizar su aportación a la financiación de las ayudas en la forma y plazos que se establecen en la base sexta.
  
f) Documento en el que se recoja el compromiso de la empresa de anticipar a los trabajadores las ayudas previas a la jubilación ordinaria que les hubiesen sido reconocidas si transcurridos tres meses desde su concesión no se hubiesen hecho efectivas por causas imputables a la misma, pudiendo resarcirse aquélla de las cantidades anticipadas, previa la acreditación de las mismas, en el momento de efectuar su aportación.
  
g) Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social donde consten los períodos de permanencia de alta en la Seguridad Social.
  
h) Certificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina sobre bonificación de edad que corresponda, en su caso.
  
Quinta. Extinción e incompatibilidad de las ayudas
  
1. Las ayudas previas a la jubilación ordinaria y la obligación de cotizar se extinguirán:
  
a) Cuando el trabajador beneficiario cumpla la edad ordinaria de jubilación real, o teórica por aplicación de coeficientes reductores de edad.
  
b) En caso de fallecimiento del beneficiario.
  
c) Por declararse al trabajador, con posterioridad al reconocimiento de la ayuda, una incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta o gran invalidez.
  
d) Por el comienzo de actividad remunerada, por cuenta propia o ajena, con posterioridad al reconocimiento de la ayuda.
  
2. La ayuda previa a la jubilación ordinaria será incompatible, en todo caso, con la percepción de pensión por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez o con las prestaciones por desempleo.
  
Sexta. Forma de ingreso de las aportaciones a cargo de la empresa y de las administraciones públicas
  
1. Las empresas ingresarán la aportación a su cargo, ayudas y cuotas, en tantas anualidades como años vayan a permanecer los trabajadores percibiendo las ayudas, con un máximo de cinco.
  
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa podrá optar por realizar un único pago, en cuyo caso deberá manifestarlo por escrito a la Tesorería General de la Seguridad Social, debiendo efectuar aquélla el ingreso que le corresponda dentro del plazo de los treinta días siguientes a la notificación por el órgano gestor.
  
2. Para la financiación prevista en el primer párrafo del número anterior, el ingreso de la primera anualidad deberá realizarse en el plazo de treinta días naturales, a partir de su notificación por el órgano gestor, presentando en el mismo plazo garantías suficientes en derecho a juicio de la Tesorería General de la Seguridad Social, para responder del pago de las obligaciones pendientes y cuya validez se extenderá desde que los trabajadores deban comenzar a percibir las ayudas hasta al menos un año después del vencimiento de la anualidad que se garantiza.
  
El plazo para el abono de las anualidades restantes será el de los treinta días naturales inmediatamente anteriores a la iniciación de la anualidad de que se trate.
  
3. La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo pondrá a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social los fondos públicos necesarios para el abono de las ayudas, pudiendo hacerlo fraccionadamente, por anualidades, hasta un máximo de cuatro años.
  
Séptima. Supletoriedad de normas
  
En cuanto a la extinción e incompatibilidad de las ayudas, supuestos en los que procede la devolución de cantidades y el régimen de garantías de las empresas y, en general, en lo no previsto en esta disposición, se estará a lo dispuesto en la Orden de 5 de octubre de 1994, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 253, de 22.10.1994), por la que se regula la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
  
Título II
  
Ayudas destinadas a subvencionar convenios especiales de cotización a la Seguridad Social e intereses de préstamos o pólizas de crédito destinados al pago de las cuotas mensuales correspondientes a los citados convenios especiales. (A extinguir)
  
Capítulo I
  
Ayudas para sufragar los costes de los convenios especiales de cotización a la Seguridad Social
  
Octava. Objeto e importe de las ayudas.
  
Se podrán conceder ayudas a aquellos trabajadores mayores de 52 años pertenecientes a empresas en crisis que hubieran cesado en las mismas en virtud de expediente de regulación de empleo autorizado por la autoridad laboral en el que se hubiera alcanzado acuerdo en el periodo de consultas y que, habiendo agotado las prestaciones contributivas por desempleo, tengan suscrito con la Seguridad Social el correspondiente convenio especial de cotización regulado por la Orden TAS/2865/2003 de 13 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales (BOE de 18.10.2003)
  
Las ayudas se destinarán a subvencionar parcial o totalmente el coste anual de los referidos convenios de cotización.
  
El límite máximo de la ayuda por beneficiario será de 4.320 euros anuales o 360 euros mensuales.
  
Novena. Beneficiarios
  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas los trabajadores que extinguieron su relación laboral en virtud de alguno de los expedientes de regulación de empleo que se relacionan en el anexo II que se incorpora a estas bases, y que en el momento de su resolución contaban con una edad igual o superior a 52 años.
  
Diez. Documentación especifica
  
A la solicitud se adjuntará, además de la exigida en el título IV, la copia de la resolución por la que se aprobó el convenio o convenios especiales de cotización. En caso de interrupción deberá acreditarse su reanudación.
  
Capítulo II
  
Subvenciones de intereses de préstamos y pólizas de crédito cuyo destino sea el pago de las cotizaciones mensuales correspondientes a los convenios de cotización incluidos en el régimen de ayudas del capítulo I.
  
Once. Objeto, beneficiarios y cuantía de las ayudas
  
Los trabajadores incluidos en el ámbito de las ayudas mencionadas en el capítulo anterior podrán obtener ayudas en concepto de subvención de intereses si para el pago de las cotizaciones mensuales de los convenios especiales concertaren préstamos o pólizas de crédito, exclusivamente destinados a dicho fin.
  
La concesión de estas ayudas no supondrá automáticamente que se concedan las establecidas en el capítulo I ni viceversa, aunque se declara la compatibilidad para la percepción de ambas.
  
El importe máximo anual que cada beneficiario podrá percibir será de 771 euros.
  
Doce. Documentación especifica.
  
Los interesados adjuntaran a su solicitud, además de la documentación señalada en la base décima:
  
a) Copia de la póliza de crédito o contrato de préstamo, individual o colectiva, concertada/o con la entidad bancaria o de ahorro.
  
b) Certificación de dicha entidad en la que conste que dichos instrumentos de crédito se destinan al pago de las cotizaciones mensuales a través de una cuenta abierta exclusivamente para dicho fin.
  
c) Periodos de liquidación de intereses y cuadro de amortización del principal, en el caso de los préstamos.
  
Título III
  
Ayudas destinadas a subvencionar parcialmente planes de prejubilación promovidos por las empresas o sus trabajadores
  
Trece. Objeto y beneficiarios
  
Se podrán conceder ayudas a trabajadores que hayan extinguido su relación laboral en virtud de un expediente de regulación de empleo o por la causa prevista en el artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores, al objeto de subvencionar el coste de los Planes de prejubilación a los que voluntariamente se acojan.
  
Los Planes deberán ser concertados con entidades aseguradoras autorizadas para operar por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Podrán consistir en cualquiera de las modalidades recogidas en la Ley 8/1987, de 8 de junio, Reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones.
  
Las prestaciones aseguradas por los planes o seguros colectivos de rentas podrán consistir en:
  
a) Rentas con carácter temporal.
  
b) Complemento de prestaciones.
  
c) Cotizaciones correspondientes a convenios especiales suscritos con la Seguridad Social.
  
Con carácter general los planes tendrán efecto a partir del ejercicio en que se solicite la ayuda. En el caso de que se hayan suscrito en ejercicios anteriores al de solicitud deberán desplegar sus efectos en el que se solicite y posteriores en un porcentaje superior al cuarenta por ciento.
  
Catorce. Cuantía de las ayudas
  
1. Cuando el tomador sea la empresa la subvención no podrá superar el cuarenta por ciento del coste global del plan, incluidas las primas debidas y los gastos de estudio y gestión.
  
La aportación empresarial comprenderá la totalidad de la indemnización legal o pactada que corresponda percibir a los trabajadores como consecuencia de la extinción de los contratos de trabajo mas la aportación voluntaria que realice.
  
El importe de la subvención tendrá como límite la cantidad que resulte de multiplicar la cifra de 18.000 euros por el número de trabajadores incluidos en el Plan. La subvención se aplicará al coste global de la prima.
  
2. Cuando los planes sean promovidos directamente por los trabajadores, el importe de la subvención será la diferencia entre el coste del Plan y su aportación, que no podrá ser inferior a la indemnización legal percibida por todos los partícipes.
  
3. En el caso de los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo que constan en el anexo II y los que sean partícipes de un plan cuyas prestaciones aseguradas sean las indicadas en los parágrafos a) o b) de la base anterior, que soliciten las ayudas al objeto exclusivo de capitalizar las cotizaciones correspondientes a convenios especiales suscritos con la Seguridad Social, el importe máximo por trabajador no podrá exceder del resultado de multiplicar la cantidad de 360 euros por el numero de meses que falten para alcanzar la edad de jubilación ordinaria, tomándose las fracciones de mes como mes completo.
  
En este supuesto no se requerirá aportación al Plan por parte de los trabajadores.
  
Quince. Documentación especifica
  
A las solicitudes se adjuntará la documentación siguiente:
  
a) Relación de los trabajadores solicitantes
  
b) Acta del acuerdo adoptado entre la empresa y los trabajadores, o sus representantes legales en las empresas que tienen delegados de personal o comité de empresa, sobre el Plan al que se adhieran, salvo que éste se promueva directamente por los trabajadores.
  
c) Documento de aceptación como partícipe en el Plan de todos y cada uno de los solicitantes.
  
d) Proyecto inicial del Plan o del Contrato de Seguro Colectivo de Rentas.
  
e) En el caso de planes complementarios cuyo objeto exclusivo sea la capitalización de las cuotas de los convenios especiales, se aportará además de lo señalado en el parágrafo anterior copia del que se complementa.
  
Título IV
  
Sección primera
  
Disposiciones comunes
  
Dieciséis. Prohibición para ser beneficiario
  
No podrán ostentar la condición de beneficiarios los sujetos que incurran en las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
  
Diecisiete. Solicitudes, documentación y plazo
  
1. Las solicitudes se realizarán mediante instancia dirigida al conseller de Economía, Hacienda y Empleo según modelo normalizado y se presentarán en cualquiera de los registros de entrada de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo o en cualesquiera otra de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Las solicitudes podrán formularse individual o colectivamente. En éste caso los interesados deberán designar un representante con quien se entenderán todas las actuaciones.
  
2. Deberán acompañarse, además de la que para cada tipo de ayudas se especifica en las bases correspondientes, de la siguiente documentación:
  
a) Copia del documento nacional de identidad y número de identificación fiscal de cada uno de los solicitantes y, en su caso, de su representante legal.
  
b) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros). Asimismo deberán facilitarse estos datos cuando la subvención se libre mediante endoso a favor de la empresa o entidad de previsión o de seguros.
  
c) Declaración responsable de no incurrir en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
3. En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  
En el caso de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
  
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado, de conformidad con el artículo 71 de la ley, para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la ley.
  
5. El plazo para presentación de solicitudes se fijará anualmente en la orden en que se efectúe la convocatoria de las ayudas y se de publicidad a los créditos presupuestarios que las financien.
  
Dieciocho. Procedimiento de concesión de las ayudas. Instrucción y resolución del procedimiento
  
1. El procedimiento para la concesión de las ayudas se llevará a cabo en forma directa, de conformidad con el artículo 22.2.c de la Ley General de Subvenciones, sin necesidad de esperar a la finalización del plazo para presentación de solicitudes y en tanto y cuanto exista crédito adecuado y suficiente.
  
2. La instrucción se realizará por el Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral.
  
El plazo máximo para tramitar el procedimiento y notificar la resolución será de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud en cualquiera de los registros de entrada de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
El transcurso del plazo señalado sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, legitimará al interesado que hubiera deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio administrativo, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.
  
3. El director general de Trabajo y Seguridad Laboral, vista la propuesta elevada por el instructor del procedimiento resolverá, por delegación del conseller de Economía, Hacienda y Empleo, las ayudas reguladas en las presentes bases, fijando expresamente la cuantía e incorporando, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse el beneficiario. Las resoluciones agotan la vía administrativa.
  
Sección segunda
  
Diecinueve. Pago de las ayudas reguladas en el título I
  
1. El pago de las ayudas previstas en el título I se llevará a cabo por la Tesorería General de la Seguridad Social en la misma forma y plazos que las pensiones del propio sistema de la Seguridad Social, una vez garantizada su financiación por parte de la empresa.
  
Las empresas ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de las ayudas y de las cuotas a su cargo, en tantas anualidades como años vayan a permanecer los trabajadores percibiendo las mismas, con un máximo de cinco, debiendo realizarse los ingresos en la forma siguiente:
  
a) La primera anualidad deberá ingresarse en el plazo de treinta días naturales a partir de la notificación de la concesión de las ayudas.
  
b) El resto de anualidades se ingresará en el plazo de treinta días naturales inmediatamente anteriores a la iniciación de la anualidad de que se trate.
  
c) La empresa deberá aportar garantías suficientes a juicio de la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberán extenderse desde que los trabajadores comiencen a percibir las ayudas hasta al menos un año después del vencimiento de la anualidad que garanticen. Dichas garantías se aportarán previa o simultáneamente al ingreso especificado en el apartado a), y podrán consistir en cualquiera de las admitidas en derecho.
  
d) No obstante lo dispuesto en el número anterior, las empresas pueden optar por realizar un único pago, en cuyo caso deberán manifestarlo por escrito a la Tesorería General de la Seguridad Social, debiendo efectuar el ingreso dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha en que se les notifique la concesión de la ayuda.
  
e) La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo pondrá a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social los fondos públicos necesarios para el abono de las ayudas, pudiendo hacerlo fraccionadamente, por anualidades, hasta un máximo de cuatro años.
  
Sección tercera
  
Veinte. Pago de las ayudas reguladas en los títulos II y III
  
1. El pago de las ayudas establecidas en el título II se efectuará previa justificación por los beneficiarios en los términos exigidos en las resoluciones de concesión pudiendo efectuarse pagos parciales correspondientes a las justificaciones que se presenten según las especificaciones siguientes:
  
a) El pago de las ayudas establecidas en el capítulo I se efectuará previa justificación del ingreso de las cuotas de los convenios especiales en la Tesorería de la Seguridad Social. Se podrá librar anticipadamente el pago de la totalidad de la subvención previa autorización del Consell en cuyo caso se fijará como garantía la exclusiva disponibilidad de la cuenta de destino de las ayudas para el pago de las referidas cuotas.
  
b) El pago correspondiente a la subvención de intereses recogida en el capítulo II, se efectuará previa liquidación total o parcial, debidamente certificada por la entidad bancaria acreedora. Dicha certificación podrá ser individual o colectiva en los mismos términos en que se haya instruido el expediente.
  
2. El pago de las ayudas establecidas en el título III se efectuará capitalizando la aportación de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo en su totalidad. Para ello los tomadores deberán presentar en el plazo de 30 días desde la notificación de la resolución:
  
a) Póliza del plan o del contrato de seguro colectivo suscrito.
  
b) Acreditación del ingreso de su aportación al plan o, en su caso, plan de financiación en el que se especifique el calendario de vencimiento de las primas. En éste supuesto se aportará garantía suficiente en derecho.
  
La subvención se librará directamente, según proceda, a las empresas o a las entidades de previsión con las que se suscriban los planes de prejubilación.
  
Cuando los planes se hayan suscrito por los trabajadores indicados en el apartado tercero de la base decimocuarta no se requerirá la documentación señalada en el parágrafo b).
  
Sección cuarta
  
Veintiuno. Minoración y revocación de las ayudas concedidas
  
Serán causas de revocación o minoración de las ayudas concedidas las contempladas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y específicamente el incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, la variación de su finalidad o la falta de justificación de la misma. Ello dará lugar a la incoación, por el órgano competente para la concesión de las ayudas, del correspondiente expediente que podrá finalizar, en su caso, con la revocación de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
  
Veintidós. Concurrencia de ayudas públicas
  
Será incompatible la percepción de las ayudas concedidas al amparo de las presentes bases cuando en concurrencia con otras ayudas se exceda el importe del hecho apoyado. Su incumplimiento podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida o, en su caso, al reintegro del exceso obtenido con la exigencia del interés de demora correspondiente.
  
Veintitrés. Régimen sancionador
  
Será de aplicación el régimen sancionador previsto en el título IV de la Ley General de Subvenciones por las infracciones administrativas en que incurran los beneficiarios de las ayudas reguladas en las presentes bases.
  
Veinticuatro. Actualización del importe de las ayudas