Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6118, del 07-10-2009 (2009/10093)

Bases particulares reguladoras de la adjudicación del Programa de Actuación Integrada, por gestión indirecta, correspondiente al Sector SO-5 del PGOU de Callosa de Segura.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6118

Fecha DOGV
:   07-10-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2009/10086


Fecha del documento
:   18-09-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Callosa de Segura

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Callosa de Segura
    * plan de urbanismo
    * administración local

Bases particulares reguladoras de la adjudicación del Programa de Actuación Integrada, por gestión indirecta, correspondiente al Sector SO-5 del PGOU de Callosa de Segura. [2009/10064]  
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de agosto de 2009, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:  
Primero. Iniciar el procedimiento, por medio de gestión indirecta, para el desarrollo del Programa de Actuación Urbanística Integrada del Sector SO-5, del Plan General de Ordenación Urbana de Callosa de Segura, de acuerdo con las bases generales establecidas en el anexo II del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Segundo. Aprobar las bases particulares para la programación de la actuación urbanística integrada del SO-5, del PGOU de Callosa de Segura, como anexo a la presente propuesta.  
Tercero. Ordenar la publicación del correspondiente anuncio de concurso para la selección de agente urbanizador en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en Callosa de Segura.  
Bases particulares reguladoras de la adjudicación del Programa de Actuación Integrada, por gestión indirecta, correspondiente al Sector SO-5 del PGOU de Callosa de Segura.  
Antecedentes:   
El PGOU de Callosa de Segura fue aprobado definitivamente por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 20 de mayo de 2002, aprobado al amparo de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana.  
Tras la entrada en vigor de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana -en adelante LUV-, que derogó la anterior legislación urbanística (LRAU), y de acuerdo con lo previsto en los artículos 42 y 131 de dicha ley, el Ayuntamiento de Callosa de Segura ha aprobado, con fecha 23 de noviembre de 2006, las bases generales para la adjudicación de programas de actuación integradas y aisladas ajustadas a las exigencias legales.  
Habiéndose instado por parte de Saturnino Rodríguez Gómez, mediante escrito y documentación presentada ante el Ayuntamiento con fecha 23 de abril de 2009, el inicio del procedimiento necesario para el desarrollo del PAI del Sector SO-5, habiéndose cumplimentado la documentación exigida en el artículo 130.2 de la LUV y 280 del ROGTU, de conformidad y sobre la base tanto de lo establecido en el artículo 131 de la LUV, como en el artículo 287 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística -en adelante ROGTU-, y con objeto de regular las cuestiones jurídicas, económicas y administrativas que afectan tanto al procedimiento de adjudicación como al desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada, por gestión indirecta, del Sector SO-5 del PGOU de Callosa de Segura, se establecen las presentes:  
Bases particulares  
Primera. Objeto del presente concurso   
Las presentes bases particulares tienen por objeto la programación de la actuación urbanística integrada del sector SO-5 de suelo urbano del PGOU de Callosa de Segura, así como regular las condiciones básicas de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo para la selección de un programa de actuación integrada y un urbanizador para el desarrollo del citado sector.  
Se trata, pues, de programas en un ámbito de suelo ya clasificado por el vigente PGOU como suelo urbano residencial y dotado desde el mismo de ordenación pormenorizada.  
Las presentes bases particulares deben interpretarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2005, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana (LUV), el artículo 286 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, y las bases generales aprobadas por el Ayuntamiento de Callosa de Segura y publicadas en el BOP de fecha 18 de diciembre de 2006.   
Segunda. Ámbito de las presentes bases particulares. Ordenación vigente y directrices  
Ámbito de las bases particulares. El ámbito que constituye el objeto de las presentes Bases Particulares, y del presente concurso, lo constituye la unidad de ejecución denominada SO-5 por el PGOU de Callosa de Segura, a los efectos de posibilitar la iniciación de la tramitación de un programa de actuación integrada en régimen de gestión indirecta.   
La unidad de ejecución SO-5, de acuerdo con el Plan General, es un suelo urbano ordenado pormenorizadamente, zona de borde inmediata al suelo urbano (antigua UA B2 PGOU 1986), incluida dentro del área de reparto AR 1/5. Sus lindes son los siguientes:   
Al norte: centro deportivo municipal  
Al sur: espalda edificio Constructora Pajares Salinas  
Al este: rotonda fuente av. Víctimas del Terrorismo  
Al oeste: calle Francisco Martínez Guilabert  
Ordenación vigente y directrices: de acuerdo con la ficha de de planeamiento del PGOU los parámetros urbanísticos son los siguientes:  
Superficie unidad: 9.318,46 m²  
Superficie cesiones: 63,47%  
Superficie privada: 36,53%  
Sup. máx. edificable residencial: 10.894,08 m²  
Sup. máx. edif.. otros usos en P. B. compatibles: 3.404,40 m²  
Nº máximo de plantas: B + 4  
Fondo máximo: 20 m.  
Uso plantas preferente: Residencial  
Superficie zona verde: 1.292,04 m²  
Superficie dotacional: 931,83 m²  
Índice edificabilidad bruta: 1,53 m²/m²  
Aprovechamiento tipo: 1,53 m²/m²  
Desarrollo y gestión: PAI  
Cumplimiento artículo 22 LRAU   
(dotación - zona verde) 5.004,30 m²/2.141,70 m²  
Observaciones: artículo 22.2 LRAU zona de borde inmediata al suelo urbano (antigua UA B2 PGOU 86). Completa anterior unidad de actuación en suelo urbano B  
Uso en planta baja: comercial y aparcamientos obligatorio. Usos prohibidos: según zonas (ES).  
Se trata, pues, de programar un ámbito de suelo ya clasificado en el PGOU como suelo urbano SO-5, con una superficie total de 9.318,46 m².  
En ningún caso se podrá proponer una alteración del límite territorial del sector, si no es a los efectos de pequeñas modificaciones necesarias para dotar de coherencia al mismo o mejorar sus accesos o infraestructuras.   
Tercera. Necesidades y objetivos a satisfacer por el programa de actuación integrada  
El Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución SO-5 atenderá a los fines propios y determinados por el instrumento de planeamiento local para el desarrollo del citado ámbito residencial ordenado pormenorizadamente. El desarrollo de la actuación integrada del ámbito descrito en la base anterior tiene como función su incorporación a la estructura general del territorio de este municipio, y a su entramado urbano.  
A estos efectos, la alternativa técnica del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución SO-5 de Callosa de Segura deberá contemplar como mínimo, los siguientes documentos de planeamiento y sus complementos:  
· Memoria de la alternativa técnica.  
· Proyecto de urbanización.  
La proposición jurídico-económica habrá de contener documentación suficiente para definir, con precisión, los requisitos contemplados en el artículo 127 de la LUV y en los artículos 302 y siguientes del ROGTU. La citada documentación detallará con claridad detallará con claridad el conjunto de magnitudes económicas del Programa, con especial referencia a las diferentes partidas de gastos y costes a sufragar por la propiedad y al coeficiente de canje que se proponga para los que retribuyan en suelo la labor urbanizadora. En todo caso, se habrá de garantizar el acceso de los propietarios a toda información que resulte relevante para la defensa de sus intereses, de acuerdo con lo que, a dichos efectos, establece la normativa vigente.   
En cualquier caso, el programa deberá contener todas las previsiones precisas para cumplir con los siguientes objetivos mínimos, establecidos con carácter general por el artículo 124 de la LUV:   
- Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa.  
- Urbanizar completamente la unidad de ejecución objeto del programa, y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.  
- Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes.  
- Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.  
- Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, a favor de la administración gratuitamente.  
- Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda al Ayuntamiento, con destino al patrimonio municipal de suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, sin perjuicio de la obligación legal de soportar las cargas de urbanización correspondientes a la cesión, así como la posibilidad de compensación del excedente de aprovechamiento podrá realizarse mediante compensación económica afecta al patrimonio municipal de suelo a cuenta del urbanizador.  
- Ordenar el reparto equitativo de beneficios y cargas de la actuación entre los afectados.  
- Establecer plazos para edificar los solares resultantes, que serán más breves en caso de ser propiedad del urbanizador, siendo esto último un objetivo complementario.   
Cuarta. Sobre la posibilidad de presentar variantes  
No se contempla la posibilidad de presentar variantes sobre el ámbito de la unidad de ejecución SO-5 que ha sido ordenado pormenorizadamente desde el propio Plan General de Callosa de Segura, salvo la excepción contemplada a tal efecto en la LUV relativa a ajustes de detalle en algún punto perimetral, que no se considerarán variantes.  
Quinta. Prescripciones técnicas particulares del proyecto de urbanización  
El proyecto de urbanización deberá de ajustarse a las previsiones de las ordenanzas del Plan General y al contenido de las normas municipales para la ejecución de las obras de urbanización y demás normativas técnicas sectoriales aprobadas con posterioridad y aplicables.  
A) Condiciones específicas de conexión e integración de la unidad de ejecución. Se establecen las siguientes:  
El proyecto de urbanización deberá describir y valorar los servicios básicos correspondientes a la obra civil e instalación eléctrica de la prolongación de la avenida de Juan Pablo II.   
El viario deberá quedar de igual manera a la actual avenida de Juan Pablo II siendo continuidad de ésta y el proyecto de urbanización respetará la misma configuración manteniendo los anchos de viales tanto en acera como en calzada, además de emplear los mismos materiales, mantener las zonas ajardinadas, iluminación, etc- y soterramiento de contenedores de recogida de residuos, de las mismas características que los existentes en esta población.   
Deberá realizarse una rotonda de conexión con la calle de Francisco Martínez de Guilabert, conforme a proyecto, a los efectos de la fluidez del tráfico de la zona.  
Sexta. Procedimiento y forma de adjudicación del contrato  
El presente concurso se regirá por las bases generales del término municipal de Callosa de Segura, las reglas y normas que resultan del contenido de las presentes bases particulares, por las contenidas en la LUV, el ROGTU, y atendiendo a la legislación de contratos, en concreto ala modalidad establecida en el TRLCAP 2000, de procedimiento abierto y por concurso.  
Se regirá el procedimiento por lo establecido en los artículos 130 a 140 de la LUV y artículos 284 a 325 del ROGTU.  
Séptima. Candidatos a agente urbanizador (art. 119 LUV)   
Se remite a lo establecido por la ordenanza de bases generales del término municipal de Callosa de Segura, en concreto a su base séptima:  
Podrán ser urbanizadores y promover programas de actuación las personas, físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados, y reúnan las condiciones de legitimación, solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigidos por la LUV y el ROGTU, por la normativa aplicable en materia de contratación con las administraciones públicas y por las bases particulares de programación.  
Octava. Prescripciones técnicas particulares del proyecto de urbanización  
El proyecto de urbanización deberá ajustarse a las previsiones de las ordenanzas del PGOU y al contenido de las normas municipales para la ejecución de las obras de urbanización y demás normativas técnicas sectoriales aprobadas con posterioridad a las citadas normas. Se adjunta como anexo el pliego de prescripciones técnicas que, en cualquier caso, deberá respetar el proyecto de urbanización.  
Novena. Estimación de los plazos de desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada   
Los plazos para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada se ajustarán a lo establecido en el artículo 332 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.   
Salvo circunstancias sobrevenidas de importancia, tras comunicación de éstas al Ayuntamiento, los plazos totales o parciales de ejecución previstos no podrán prorrogarse. El incumplimiento de esta obligación esencial habilitará al Ayuntamiento a imponer las penalidades por incumplimiento previstas en el artículo 143 de la LUV y en los artículos 336 y siguientes del ROGTU y en la legislación aplicable en materia de contratos de las administraciones públicas.   
Diez. Innecesariedad del informe del Consejo del Territorio y el Paisaje  
Dado que el ámbito objeto de programación viene clasificado y ordenado pormenorizadamente en y desde el propio Plan General, es inferior a 50 hectáreas y no muestra ninguna complejidad, no se considera necesario pedir dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje. Ello, de conformidad a lo establecido en el artículo 136.4 de la LUV.   
Once. Previsión relativa al precio de licitación y a las garantías a prestar por los licitadores y el adjudicatario  
De acuerdo con la documentación obrante en el expediente y con los informes técnicos realizados, el presupuesto estimado de licitación se determina en la cantidad de 615.198,50 euros, IVA incluido.  
A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 140.1 de la LUV y 286.1 h del ROGTU se considera, con carácter de aproximación, que las cargas del programa podrán ascender a la cantidad de 445.666,90 euros, por lo que la garantía provisional a constituir por los participantes en el proceso de licitación se fija en la cantidad de 8.913,34 euros, cantidad que supone el 2% de la estimación aproximada de las cargas del programa de actuación.   
Del mismo modo y en relación con lo que dispone el artículo 140.3 de la LUV, se fija en 44.566,69 euros el importe de la garantía definitiva a prestar, en su momento, por el adjudicatario del concurso, equivalente al 10% de las cargas de urbanización, sin perjuicio de su adaptación en función del presupuesto definitivo de cargas de urbanización, que no podrá superar el máximo establecido en estas bases.  
Todas las cantidades anteriores llevan incluido el IVA.  
En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el capítulo III del título II del libro I de TRLCAP 2000, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 de su Reglamento.  
La presentación de garantía provisional se acreditará de la siguiente forma:  
- Mediante resguardo de la tesorería municipal, cuando se haya constituido en dinero, en valores públicos o en valores privados.  
- Mediante aval o póliza de seguro de caución, debiendo verificarse fehacientemente la personalidad y/o legitimación de la persona que firma el documento en nombre de la entidad.  
La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el contrato, acordándose su devolución en la adjudicación. Sin embargo, será retenida la del adjudicatario e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP.   
Si el adjudicatario optase, en su caso, por aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, deberá ser cancelada la garantía provisional simultáneamente a la constitución de la garantía definitiva.  
En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y la de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. Para el adjudicatario del presente concurso dicho porcentaje quedará afecto al pago de lo establecido en la cláusula de garantía definitiva.  
La garantía definitiva se constituirá previamente al otorgamiento del contrato de adjudicación de agente urbanizador, y su constitución y efectos se regirán por lo dispuesto en el TRLCAP/00 y su Reglamento.  
Podrán comprometerse garantías adicionales respecto de las ofertas complementarias y se constituirán de igual modo que la definitiva.  
Doce. Modelo de proposición a presentar por los interesados  
En su momento las proposiciones para tomar parte en el concurso deberán ser redactadas en idioma español y se presentarán en tres sobres cerrados, acompañando instancia que podrá ajustarse al modelo establecido en el anexo a estas bases.  
Trece. Contenido de la proposición a presentar por los interesados  
Sobre A. Documentación administrativa. Acreditación de condiciones para participar en el concurso.  
Se presentará en sobre cerrado y sellado, ajustándose a lo determinado en el artículo 300.1 del ROGTU, en relación a lo dispuesto a los efectos y concurrentes en la LUV. En el citado sobre figurará, para su identificación, etiqueta señalando:  
"Acreditación de condiciones para participar en el concurso para el desarrollo de la actuación integrada de la unidad de ejecución SO-5 del PGOU"  
1. En él se incorporarán los documentos siguientes:  
a) Aquellos que acrediten la personalidad jurídica del aspirante y, si procede, su representación.  
b) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera, conforme a los exigidos por las bases particulares reguladoras del concurso.  
c) Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, y de no haber participado en la redacción, investigación o desarrollo de la ordenación sobre la que se sustenta la actuación.  
d) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.  
e) Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.  
f) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV. A estos efectos, el listado de titulares y domicilios fiscales será facilitado por esta corporación a todo aquel que, iniciado el período de licitación, manifieste por escrito ante este Ayuntamiento su intención de formular proposición para obtener la adjudicación de la condición de agente urbanizador.  
En todo caso, con carácter previo a la formalización del contrato administrativo, el Ayuntamiento de Callosa de Segura requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
En referencia al artículo 133.2 de la LUV, cada concursante no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.   
Sobre B. Alternativa técnica.  
Se presentará en sobre abierto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 300.3 del ROGTU, en relación a lo dispuesto a los mismos efectos en la LUV, y se acompañará de su contenido en soporte informático.   
Contendrá tres copias de la documentación integrante de la misma, toda vez que la alternativa técnica estará conformada, como mínimo, por los proyectos o instrumentos urbanísticos descritos en la base tercera.  
Sobre C. Proposición jurídico-económica.  
En el sobre figurará:  
"Acreditación de condiciones para participar en el concurso para el desarrollo de la actuación integrada de la unidad de ejecución SO-5 del PGOU"  
La proposición jurídico-económica, que se presentará en plica cerrada, en virtud de lo previsto en el artículo 300.2 del ROGTU.  
El modelo de instancia incluida en el sobre será el previsto en anexo a las presentes bases particulares. En atención a lo anteriormente señalado la proposición jurídico-económica incluirá necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
a) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución, que se concretarán según el artículo 302.1 del ROGTU, en los contenidos siguientes:  
1. Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación, tales como dimensiones de parcela mínima de resultado, aprovechamiento subjetivo y superficie mínima de terreno de origen necesarios para resultar adjudicatario de parcela resultante o de cuota indivisa.  
2. Importe global de las cargas de urbanización y del coeficiente de canje.  
3. Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
4. Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
b) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
c) Hoja resumen de los datos económicos relevantes, según modelo que se acompaña como anexo.  
d) La documentación necesaria para determinar con claridad las magnitudes económicas del programa, diferenciando los siguientes aspectos:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b de la LUV.  
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c. de la LUV.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
Catorce. Plazo y lugar para la presentación de las proposiciones   
El plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses desde la remisión del anuncio de concurso al Diario Oficial de la Unión Europea, cuya fecha exacta se indicará en el citado anuncio del concurso que habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 132 y 133.3 de la LUV y 291del ROGTU.  
Los documentos serán aportados en el Registro Municipal en días y horas hábiles.   
Ayuntamiento de Callosa de Segura.  
Plaza de España, 1  
03398 Callosa de Segura (Alicante)  
Si el último día de plazo coincidiera en sábado, se entenderá inhábil a estos efectos computándose el día siguiente hábil.   
Quince. Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de solvencia económica y financiera, técnica y profesional, exigibles a los concursantes  
1. Criterios de evaluación de la solvencia económica y financiera:   
La solvencia económica y financiera de los aspirantes a agente urbanizador podrá ser justificada por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
Si por razones justificadas el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias mencionadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante cualquier otro documento que la administración considere suficiente, pudiendo basarse en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos. A estos efectos, las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.  
La justificación de la solvencia económica y financiera de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas o otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrán basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus miembros.  
2. Criterios para la evaluación de la solvencia técnica y profesional:  
La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitada por el ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, habiendo de demostrar en este caso ante el ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
Dieciséis. Recepción de la documentación  
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del registro correspondiente expedirá una certificación relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que conjuntamente con aquélla remitirán al secretario de la mesa de estudio de las propuestas.  
Si se hubiere anunciado la remisión por correo, con los requisitos establecidos en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de 10 días indicado en el mismo, el jefe de la oficina receptora expedirá certificación de la documentación recibida para remitirla, igualmente, al secretario de la mesa de estudio de las propuestas.  
Diecisiete. Mesa de estudio de las propuestas  
Aplicando los criterios del TRLCAP/00, para el examen y valoración de las proposiciones de los licitadores, el órgano de contratación estará asistido pro una mesa de estudio de las propuestas. Esta mesa estará compuesta por:  
El alcalde presidente de la corporación municipal o miembro en quien delegue.  
Vocales:  
El secretario de la corporación, o persona que legalmente le sustituya.  
 El técnico al servicio del Ayuntamiento o, en su defecto, a designar por el presidente de la corporación.  
El concejal de Medio Ambiente o de Hacienda, si existiera, o persona en quien delegue.  
El concejal de Obras, o persona en quien delegue.  
Secretario: funcionario del Ayuntamiento.  
Esta mesa podrá recabar en cualquier tiempo los asesoramientos de terceros expertos miembros o no de los servicios de la corporación, cuando lo estime oportuno.  
Dieciocho. Criterios objetivos de adjudicación del programa de actuación integrada  
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 312.2.c del ROGTU, en relación con lo que establece el número 3 del mismo artículo, se decide que la puntuación de la alternativa técnica representará el 50% del total de la valoración del concurso, alcanzando la puntuación de la proposición jurídico-económica el 50% restante.  
De acuerdo con lo expuesto y con lo que establece el artículo 312.5 del ROGTU, los elementos susceptibles de valoración de la alternativa técnica, que podrán alcanzar en conjunto un máximo de 50 puntos, se evaluarán de acuerdo con los criterios siguientes:  
1. La calidad técnica de la solución propuesta para la urbanización representará el 50% del total, por lo que podrá alcanzar un máximo de 25 puntos.  
2. La resolución de la integración de la actuación en su entorno y mejor estructuración de dotaciones públicas y espacios libres representará un 20% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 10 puntos.  
3. La calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización representará un 10% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 5 puntos.  
4. El número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador representará un 5% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 2,5 puntos.  
5. La inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa representará un 5% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 2,5 puntos.  
6. El plazo, los compromisos de edificación simultánea a la urbanización, los compromisos adicionales asumidos por el urbanizador y los medios para el control de las diferentes prestaciones representarán, en conjunto, un 10% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 5 puntos.  
Los elementos susceptibles de valoración de la proposición jurídico-económica que, tal como se ha señalado, podrán alcanzar en conjunto un máximo de 50 puntos, se evaluarán de acuerdo con los criterios siguientes:  
1. El importe de las cargas de urbanización por metro cuadrado de edificabilidad representará un 40% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 20 puntos.  
2. La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de canje y de determinar la proporción de aprovechamientos que deben constituir la retribución del urbanizador cuando proceda y la mayor proporción de terrenos afectos con garantía real al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación representará un 40% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 20 puntos.  
3. Los compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas por el urbanizador representarán un 20% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 10 puntos.  
Para la precisión de estos criterios se ha considerado la necesidad de dotar al Sector de una urbanización de calidad, lo que no aconseja primar excesivamente la variable relativa a las cargas de urbanización. Paralelamente, se ha optado por un tratamiento neutro de la variable relativa a la valoración de los terrenos, para no incentivar claramente la opción de dedicar un exceso de recursos a este extremo, en detrimento de su dedicación a la calidad de la urbanización. En todo caso, tampoco parece aconsejable primar la asunción de obligaciones especiales de edificación.  
Diecinueve. Puntuación mínima que deberán superar las alternativas técnicas  
En cumplimiento de lo que dispone el apartado k) del número 1 del artículo 286 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, se fija en 50 puntos el mínimo que deben superar las alternativas técnicas para que puedan ser sometidas a valoración las proposiciones jurídico-económicas que las desarrollan.   
Veinte. Adjudicación conexa o condicionada  
En principio no se prevé la necesidad de producirse una eventual adjudicación condicionada, a la efectiva realización de determinaciones propias de otras actuaciones urbanísticas. De entenderse necesario en la elaboración de las alternativas, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la LUV.  
Veintiuna. Naturaleza del contrato y prerrogativas de la administración y carácter jurisdiccional  
El contrato a suscribir entre el adjudicatario del concurso y el Ayuntamiento tendrá carácter de administrativo especial, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
En todo caso, el Ayuntamiento ostentará las prerrogativas que le reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas y, como mínimo, las de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las Bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos y establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y en el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Veintidós. Orden jurisdiccional competente  
El orden jurisdiccional competente para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del citado contrato administrativo especial entre la administración municipal y el agente urbanizador será el contencioso-administrativo, tal como establece el artículo 2.b) de la LRJCA 29/1998.  
Veintitrés. Efecto suspensivo  
La publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) del anuncio de la aprobación de las bases particulares de programación producirá los efectos suspensivos del otorgamiento de licencias y de nuevos programas a que se refieren los artículos 101.2 y 103 de la LUV, respectivamente, referido al ámbito a programar y sin perjuicio del efecto suspensivo del propio acuerdo municipal en virtud del artículo 101.1 del citado texto legal.  
Veinticuatro. Entrada en vigor.  
Las presentes bases particulares adquieren validez con la aprobación municipal y su eficacia quedará demorada hasta la publicación en el DOCV.  
Callosa de Segura, 18 de septiembre de 2009.- El alcalde: Francisco Javier Pérez Trigueros.