Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3888, del 29-11-2000 (2000/9193)

Notificación al interesado del texto íntegro de la Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 11 de julio de 2000, sobre los recursos ordinarios interpuestos contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, de 8 de junio de 1998, por el que se aprueba definitivamente el plan especial de la Franja Litoral del municipio de Benissa.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3888

Fecha DOGV
:   29-11-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/9193


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación al interesado del texto íntegro de la Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 11 de julio de 2000, sobre los recursos ordinarios interpuestos contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, de 8 de junio de 1998, por el que se aprueba definitivamente el plan especial de la Franja Litoral del municipio de Benissa. [2000/F9193]
  
Al no haberse podido practicar la notificación a don Luis Delgado de Molina Hernández (en representación de la entidad Patmore Establishment) y conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la Resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 11 de julio de 2000.
  
Vistos los recursos ordinarios interpuestos por don Salvador M. Ferrando Pérez, actuando en nombre y representación de la mercantil Cala Baladrar, SA; doña Mónica María Kordura Rothweiler; don Luis Delgado de Molina Hernández, en nombre y representación de la entidad Patmore Establishment, y don Rolf Eisele, contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de fecha 8 de junio de 1998, y de conformidad con los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. La Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en sesión celebrada el 8 de junio de 1998, adoptó el siguiente acuerdo: «1. Aprobar definitivamente el plan especial de la Franja Litoral del municipio de Benissa. 2. Publicar íntegramente el presente acuerdo aprobatorio junto con las normas urbanísticas correspondientes en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, insertando en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana una reseña del mismo a efectos de su inmediata entrada en vigor, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística».
  
Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 16 de diciembre de 1998, y asimismo, en fecha 11 de marzo de 1999, se procedió a la publicación de la reseña del citado acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Segundo. En fecha 12 de abril de 1999, don Salvador M. Ferrando Pérez, actuando en nombre y representación de la mercantil Cala Baladrar, SA, y doña Mónica María Kordura Rothweiler interponen sendos recursos ordinarios, y en fecha 18 de septiembre de 1998, don Luis Delgado de Molina Hernández, en nombre y representación de la entidad Patmore Establishment, interpone recurso ordinario, y en fecha 18 de mayo de 1999, don Rolf Eisele, interpone recurso ordinario; todos ellos contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de fecha 8 de junio de 1998.
  
Tercero. Con fechas 24 de septiembre de 1998 y 18 de mayo de 1999, se da traslado al Ayuntamiento de Benissa de los indicados recursos ordinarios, para que en el plazo de 15 días, conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiera alegar cuanto estimase pertinente en defensa de sus intereses legítimos. El alcalde presidente del Ayuntamiento de Benissa, mediante informes de fechas 19 de octubre de 1998 y de 9 de julio de 1999, se opone a la estimación de los referidos recursos ordinarios.
  
Cuarto. En fecha 17 de noviembre de 1998 y 18 de mayo de 1999, respectivamente, se remite escrito a la Dirección Territorial de Medio Ambiente y a la Conselleria de Medio Ambiente, para que en el plazo de 15 días, conforme al artículo 112 de la Ley 30/1992, pudieran alegar cuanto estimasen conveniente en defensa de sus intereses legítimos.
  
En contestación a dicha solicitud, el día 25 de enero de 1999, el director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente remite escrito de alegaciones, estimando que el recurso únicamente afecta a materias urbanísticas, no cuestionándose la normativa de Costas. La Conselleria de Medio Ambiente no se ha pronunciado hasta la fecha.
  
Quinto. El Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, en fecha 17 de abril de 2000, emitió informe sobre los referidos recursos ordinarios.
  
Sexto. El Servicio Jurídico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 10 de julio de 2000, informó favorablemente la desestimación de los presentes recursos ordinarios.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. El recurso interpuesto por don Luis Delgado de Molina Hernández, aunque fue formulado el 18 de septiembre de 1998, se le notificó el referido acuerdo vía ayuntamiento el 19 de agosto de 1998, y en la notificación se señalaba expresamente que podía interponerse recurso ordinario en el plazo de un mes de conformidad con el artículo 114 a 116 de la Ley 30/1992, y ello, en relación con los principios generales del derecho relativos al respeto de la confianza legítima, la buena fe y la prohibición de ir en contra de los propios actos, nos lleva a admitir el referido recurso aunque se haya interpuesto con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo impugnado.
  
Los recursos ordinarios formulados por la entidad Cala Baladrar, SA, y doña Mónica Mª Kordura Rothweiler, y dado que el último día (el 11 de abril de 1999) fue inhábil, en aplicación del artículo 48.3 de la Ley 30/1992, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y en consecuencia procede admitir los referidos recursos ordinarios que se interpusieron el 12 de abril de 1999.
  
En relación con el recurso formulado por don Rolf Eisele, conviene manifestar que el plazo establecido para interponer el recurso ordinario viene fijado en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, en relación con el artículo 48.2 de la referida Ley 30/1992, siendo de un mes a contar desde la publicación y en consecuencia, siendo la última publicación 11 de marzo de 1999, el plazo concluía el 12 de abril de 1999 (ya que el día 11 de abril fue inhábil), y en el presente caso resulta patente su extemporaneidad porque su interposición el día 18 de mayo de 1999 excedió del plazo legalmente establecido. Y fuerza a declarar su inadmisibilidad por haber devenido firme y consentido el acuerdo recurrido, sin que quepa formular otras consideraciones sobre el fondo de las cuestiones planteadas por el recurrente, al estar prohibida la anulación de un acto firme por vía de resolución de un recurso extemporáneo (STS 11 de marzo de 1967, 12 de mayo de 1969, 19 de abril de 1983, 9 de marzo de 1987, 3 de octubre de 1990, 15 de junio de 1993, 18 de enero de 1996, 13 de octubre de 1997 y 30 de abril de 1998, entre otras). De modo que no cabe más resolución que declarar que concurre, por extemporaneidad, causa de inadmisión del presente recurso ordinario.
  
Los presentes recursos ordinarios tienen una íntima conexión e identidad sustancial entre sí, por lo que procede su acumulación, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Segundo. En los recursos ordinarios de doña Mónica Mª Kordura y la entidad mercantil Cala Baladrar, SA, se alega, en síntesis, lo siguiente:
  
1. Incompetencia del concejal delegado de Urbanismo, que somete a información pública el citado plan especial cuando la competencia es del Ayuntamiento Pleno y en consecuencia el referido acto es nulo de pleno derecho.
  
2. Alteración de la calificación de los terrenos que pasan de suelo urbano residencial, por el Plan General de Ordenación Urbana de Benissa, a suelo dotacional mediante el referido plan especial.
  
3. Y la inclusión de los terrenos en el ámbito del plan especial carece de justificación y es contraria a las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Benissa.
  
Respecto a la incompetencia señala en el punto primero, incurriendo en un supuesto de nulidad de pleno derecho, hemos de manifestar que para que opere la nulidad absoluta, la incompetencia ha de ser manifiesta, y como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, sentencias de 30 de octubre y 10 de noviembre de 1992 (RJ 8263, 8664): «Es incompatible, como ha establecido la jurisprudencia, la exigencia de que sea manifiesta la incompetencia, con cualquier interpretación jurídica o exigencia de esfuerzo dialéctico, como corresponde a la semántica del adverbio empleado en el precepto». El citado requisito legal no concurre en el presente supuesto.
  
Por otra parte el Ayuntamiento de Benissa, en su informe de 9 de junio de 1999, señala que tras la modificación introducida por la Ley 11/1999, de 21 de abril, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, mantiene sólo la competencia del Pleno para aprobaciones iniciales asimilables al sometimiento a información pública sólo para el planeamiento general, siendo por el contrario competencia de la Alcaldía y delegable el ordenar la publicación de acuerdos adoptados por el Pleno. Además, se cita la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de octubre de 1996, que dice: «El Tribunal Supremo ha declarado la inutilidad de una retroacción de lo actuado para proceder en forma, cuando con la subsanación de defecto sólo se conseguiría dar ocasión de alegar a quienes ya lo habían hecho y que posiblemente se volvería a rechazar lo que, alegado precedentemente, no fue tomado en consideración».
  
En definitiva, en el presente supuesto no estamos ante una nulidad de pleno derecho por los motivos expresados anteriormente, sino en un caso de anulabilidad y por lo tanto subsanable, y habiendo sido convalidado el referido acto mediante acuerdo de 17 de febrero de 1997, del Ayuntamiento Pleno de Benissa, procede desestimar la referida alegación.
  
Con relación a la alteración de la calificación jurídica de los terrenos, que pasa de suelo urbano residencial a dotacional público (equipamientos), hemos de señalar que, en primer lugar, se ha mantenido la clasificación de suelo urbano (excepto en unas pequeñas porciones que han pasado a suelo no urbanizable de especial protección) que establecía el plan general de ordenación urbana vigente, según dispone el artículo 7 del plan especial de la Franja Litoral de Benissa.
  
En segundo lugar, el plan nunca es un instrumento estático, encerrado en sí mismo, sino muy al contrario susceptible de apertura dinámica al cambio, en la medida en que puede ser objeto de modificación o revisión. Alteraciones estas que se subsumen dentro de lo que se ha venido terminando ius variandi, que es algo inherente a la potestad de planificación. Su fundamento se encuentra en la necesidad de adaptar las previsiones urbanísticas a las cambiantes exigencias de la realidad, modulando las respuestas a los nuevos requerimientos que demanda el espacio físico urbano. Así lo ha declarado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias cuya cita es ociosa, pero entre las que podía mencionarse las siguientes: Sentencia de 24 de septiembre de 1989, 24 de febrero de 1984, 6 de febrero y 3 de abril de 1990, 8 de mayo de 1992, 15 de abril de 1992, de 25 de mayo de 1996, de 17 de junio de 1997, de 20 de octubre de 1997 y de 19 de febrero de 1998.
  
Esta misma jurisprudencia se ha preocupado de fijar los principios operativos a través de los cuales se actualiza aquella potestad; uno de ellos, no es sino el del interés general, en el que constitucionalmente se ancla todo el quehacer de la administración pública, «al servir con objetividad los intereses generales» (art. 105 de la Constitución Española). De aquí la justificación del sacrificio que muchas veces se pone no sólo a simples expectativas, sino a titularidades dominicales; de aquí, la objetivación de los poderes dominicales y la modulación de su ejercicio. Los planes, dice el Tribunal Supremo en Sentencia de 19 de febrero de 1987, «no se trazan en función de los propietarios del suelo, sino de los ciudadanos y de las necesidades colectivas». Corolario de aquel principio resulta el que algún sector de la doctrina ha denominado pro-equipamiento, conforme al cual todo aquel contenido de los nuevos planes que atienda o pretenda cubrir déficits, estableciendo nuevas dotaciones urbanísticas (viales, zonas verdes, centros docentes), goza de fuerte presunción de legalidad, (así Sentencias de 30 de junio de 1980 y 21 de febrero de 1984). De esta manera, ante una determinación de este tipo, el mantenimiento de la calificación, aunque no deviene irresistible, justifica suficientemente la reforma.
  
Por último, respecto a la cuestión de que no se justifica la inclusión de los terrenos en el ámbito del plan especial y no se ajusta a las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Benissa, cabe argumentar lo siguiente:
  
a) Los objetivos del plan especial se detallan en la memoria justificativa del mismo y son los siguientes:
  
- Creación de áreas dotacionales públicas y zonas verdes en el ámbito de la franja litoral de Benissa.
  
- Actuaciones para la mejora de la accesibilidad y uso público de dichas áreas.
  
- Reservar suelo para la conexión de todas las dotaciones por el frente costero.
  
- Protección de las microrreservas botánicas.
  
- Adaptar el planeamiento de la zona costera a la legislación vigente: Ley de Costas, Ley de Aguas y Ley de la Generalitat Valenciana sobre el Suelo No Urbanizable.
  
b) La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, en su informe de 14 de enero de 1999, muestra su conformidad con los criterios de clasificación hechos por la autoridad urbanística, habida cuenta que a la administración del estado le corresponde la gestión, tutela, policía y vigilancia del dominio público marítimo terrestre y, al destinar esos suelos a zona verde y sendero litoral, el citado dominio público marítimo-terrestre queda más protegido que con cualesquiera otros usos en estas zonas.
  
c) La posibilidad de modificar el plan general mediante un plan especial está expresamente prevista en el artículo 12.E) de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU), que establece: «Planes especiales, que ?en desarrollo, complemento o, incluso, modificación del planeamiento general y parcial- cumplen cualquiera de los siguientes cometidos: crear o ampliar reservas de suelo dotacional; definir y proteger las infraestructuras o vías de comunicación, el paisaje o el medio natural; adoptar medidas para la mejor conservación de los inmuebles de interés cultural o arquitectónico; concretar el funcionamiento de las redes de infraestructuras; y vincular áreas o parcelas, urbanas o urbanizables, a la construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública cuando el plan general se hubiera limitado a prever su destino residencial». Y asimismo, dicha posibilidad está prevista en el artículo 24 de la LRAU y actualmente también el artículo 86.1 del Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana (en adelante RPCV).
  
Finalmente, la entidad mercantil Cala Baladrar, SA, alega que tiene concedida licencia de obras en los referidos terrenos. A este respecto, el Ayuntamiento de Benissa, en su informe de 9 de junio de 1999, manifiesta que las referidas licencias de obras fueron caducadas mediante acuerdos de la Comisión de Gobierno de 1 de marzo de 1994 y 25 de octubre de 1994, y dichas resoluciones administrativas, por ser consentidas y no recurridas, devienen firmes.
  
Tercero. El recurso formulado por don Luis Delgado de Molina Hernández, en nombre y representación de la entidad Patmore Establishment, se fundamenta, en síntesis, en los mismos argumentos expuestos en los anteriores recursos, por lo que a fin de evitar reiteraciones y en aras a la concisión de la presente resolución, no remitimos a lo expuesto anteriormente, y además alega la falta de la evaluación o estimación ambiental y la inviabilidad técnica y económica del plan especial.
  
Ante las citadas alegaciones, hacemos las consideraciones siguientes:
  
a) La Conselleria de Medio Ambiente, en su informe de 15 de octubre de 1996, considera innecesario que se someta el referido plan especial al trámite de estimación de impacto ambiental.
  
Los artículos 28.1.d) y 43.2 de la LRAU exigen la declaración de impacto ambiental si se reclasifica suelo no urbanizable, circunstancia que no concurre en el presente supuesto, por cuanto el plan especial no modifica las clasificaciones de suelo del Plan General de Ordenación Urbana de Benissa, excepto en lo exigido por la Ley de Costas, la Ley de Aguas y la Ley de la Generalitat Valenciana sobre el Suelo No Urbanizable, que únicamente implican la conversión de algunas porciones de suelo urbano y urbanizable en suelo no urbanizable de especial protección.
  
Por otra parte, conviene manifestar que consta en la documentación del plan especial un estudio de entorno natural.
  
b) En la documentación del plan especial, no consta un «estudio económico-financiero», puesto que carece de trascendencia su redacción en un plan especial de las características como las del que nos ocupa (cuya finalidad primordial es proteger el paisaje y el medio ambiente). A mayor abundamiento, la LRAU ha suprimido la exigencia de dicho estudio económico en la documentación de los planes, manteniendo únicamente en los planes generales, según establece el artículo 27.1.B) de la LRAU: «Los planes generales que afecten a grandes poblaciones, según reglamentariamente se definan, deberán analizar, en su memoria, el tráfico, la movilidad y el transporte, así como evaluar críticamente las posibles implicaciones económicas y financieras del plan». Dichos requisitos no concurren en el presente supuesto, y actualmente el artículo 91 del RPCV tampoco exige el mencionado «estudio económico-financiero» con relación a los planes especiales.
  
Todo lo expuesto nos lleva a desestimar los presentes recursos ordinarios, excepto el recurso interpuesto por don Rolf Eisele, que procede inadmitir por extemporáneo.
  
Cuarto. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es competente para la resolución de los recursos ordinarios interpuestos conforme a lo establecido en el artículo 114 y concordantes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 14.2 del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Primero
  
Desestimar los recursos ordinarios interpuestos por don Salvador M. Ferrando Pérez, actuando en nombre y representación de la mercantil Cala Baladrar, SA; doña Mónica María Kordura Rothweiler; don Luis Delgado de Molina Hernández, en nombre y representación de la entidad Patmore Establishment, contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de fecha 8 de junio de 1998, por el que se aprobó definitivamente el plan especial de la Franja Litoral del municipio de Benissa.
  
Segundo
  
Inadmitir por extemporáneo el recurso ordinario interpuesto por don Rolf Eisele, contra el referido Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 8 de junio de 1998.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 i 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime oportuno.