Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7682, del 21-12-2015 (2015/10986)

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2015, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del convenio entre la Generalitat, la Universitat Jaume I de Castellón y la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de un programa de mediación en materia de intervención socio-educativa y ejecución de medidas de medio abierto con menores infractores.
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Número DOGV
:   7682

Fecha DOGV
:   21-12-2015

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2015/10893


Fecha del documento
:   17-12-2015

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2015, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del convenio entre la Generalitat, la Universitat Jaume I de Castellón y la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de un programa de mediación en materia de intervención socio-educativa y ejecución de medidas de medio abierto con menores infractores. [2015/10389]  
La Generalitat, la Universitat Jaume I de Castellón y la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 26 de octubre de 2015, el convenio para el desarrollo de un programa de mediación en materia de intervención socio-educativa y ejecución de medidas de medio abierto con menores infractores.  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del citado convenio, que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 662/2015 y que figura como anexo de esta resolución.  
  
Valencia, 17 de diciembre de 2015.- El director general de Relaciones con Les Corts: Antonio Torres Salvador.  
  
  
Convenio de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castellón, la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana y la Generalitat para el desarrollo de un programa de mediación en materia de intervención socio-educativa y ejecución de medidas de medio abierto con menores infractores  
  
Castellón, 26 de octubre de 2015  
  
Reunidos  
De una parte, Mónica Oltra Jarque, vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, en nombre y representación de la Generalitat, autorizada para la suscripción del presente convenio por acuerdo del Consell de fecha 23 de octubre de 2015.  
De otra parte, Vicent Climent Jordà, rector de la Universitat Jaume I de Castellón, en su nombre y representación, conforme a lo dispuesto en el artículo 70.t, de sus Estatutos, aprobados por Decreto 116/2010, de 27 de agosto, del Consell de la Generalitat (DOGV 6344, 31.08.2010).  
Y de otra parte, en representación de la Fiscalía, Antonio Montabes Córdoba, fiscal superior de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, según nombramiento efectuado por el Real Decreto 887/ 2013, de 8 de noviembre (BOE 269, 09.11.2013), y José Luis Cuesta Merino, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón, según nombramiento efectuado por Real Decreto 1568/2012, de 15 de noviembre, de 2012 (BOE 276, 16.11.2012).  
Todas las partes se reconocen mutuamente la necesaria capacidad jurídica y de obrar para este otorgamiento en las representaciones que ostentan y acreditan.  
  
Manifiestan  
Primero. Que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas es el departamento del Consell al que corresponde ejercer las atribuciones de la Generalitat sobre el menor infractor derivadas de la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.  
Segundo. Que la Universitat Jaume I de Castellón es un centro de enseñanza superior y de investigación que valora la educación como participación en la transformación económica y cultural del conjunto de la sociedad e incorpora a sus actividades, como instrumentos de acción positiva, la mejora continua de la calidad en todos sus servicios, el compromiso social, el principio de solidaridad, el respeto a la diversidad, la igualdad entre los hombres y las mujeres, la mejora y protección del medio ambiente y el trabajo por la paz.  
Tercero. Que el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.  
De acuerdo con el artículo 124.1 de la Constitución Española, corresponde al Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.  
En materia de responsabilidad penal de menores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban realizarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento.  
Cuarto. Que en el contexto de esta ley reviste un particular interés la reparación del daño causado y la conciliación con la víctima que, en aras del principio de intervención mínima, y con el concurso mediador del equipo técnico pueden dar lugar al sobreseimiento del expediente (art. 19 y 27.3 LORPM), o a la finalización del cumplimiento de la medida impuesta en sentencia (art. 51.3 LORPM).  
A este fin, el artículo 8.7 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, prevé que las entidades públicas podrán poner a disposición del Ministerio Fiscal y los Juzgados de Menores los programas necesarios para realizar las funciones de mediación.  
Quinto. Que la Ley Orgánica 5/2000 contempla en su artículo 40.2.c la posibilidad de acordar la suspensión de la ejecución del fallo bajo ciertas condiciones, entre las que se cuenta, si el juez así lo establece, la obligación de realizar la actividad socio-educativa recomendada por el Equipo Técnico o la entidad pública de protección o reforma de menores, incluso con compromiso de participación de los padres, tutores o guardadores del menor.  
El artículo 8.1 del Reglamento atribuye a las comunidades autónomas la competencia en la ejecución de dicha actividad.  
Sexto. Que los equipos técnicos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas adscritos a las fiscalías y los juzgados de menores, compuestos por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, tienen la función de asistir técnicamente, en las materias propias de su disciplina profesional, a los jueces de menores y al Ministerio Fiscal, pudiendo informar sobre la posibilidad de que el menor efectúe una actividad reparadora o de conciliación con la víctima, o proponer una concreta intervención socio-educativa.  
Corresponde también a estos equipos técnicos realizar las funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado, e informar al Ministerio Fiscal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento.  
Séptimo. La Ley Orgánica 5/2000, prevé la posibilidad de imponer a los menores infractores una serie de medidas que se ha dado en llamar de medio abierto, porque su ejecución no requiere el ingreso de los menores en centros de reeducación, lo que permite llevar a cabo todas las actuaciones incluidas en el proyecto individualizado de ejecución en su propio entorno sociofamiliar, y hacer uso de los recursos normalizados del ámbito comunitario. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no retribuidas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. La medida de realización de tareas socioeducativas obliga a participar en actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitar el desarrollo de la competencia social.  
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cuenta con la colaboración de diferentes entidades locales y privadas sin ánimo de lucro para la ejecución de todas las medidas judiciales de medio abierto, incluidas las prestaciones en beneficio de la comunidad y la realización de tareas socio-educativas.  
Octavo. Que la Universitat Jaume I cuenta con un Laboratorio de Familia, vinculado al Máster Universitario de Intervención y Mediación Familiar, centro dedicado al estudio de la familia y de los menores que tiene como objetivo fundamental crear espacios profesionales, de reflexión práctica y de investigación, focalizados en la mejora de la propia práctica y en la aplicación de los resultados de la investigación, a distintos escenarios sociales en los que se requiere una respuesta, innovación y/o ayuda para mejorar y potenciar los contextos socio-familiares y educativos en el ámbito de la intervención social.  
Que la Universitat Jaume I, a través del Laboratorio de Familia, de acuerdo con sus principios y sus funciones y profesionales con formación especializada en procedimientos de mediación, conciliación, reparación e intervenciones socioeducativas, supervisados por expertos en mediación familiar y penal juvenil.  
Que el Laboratorio de Familia está interesado en la generación de conocimiento y en la mejora de las medidas desarrolladas al amparo de la Ley Orgánica 5/2000.  
Noveno. Por todo lo expuesto, las partes deciden concretar su colaboración para la puesta en marcha del presente acuerdo, con la finalidad de hacer efectivas las previsiones de la Ley Orgánica 5/2000 en lo que se refiere a la mediación, conciliación con la víctima o perjudicado, la reparación del daño, la realización de actividades y tareas socioeducativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad, ya se trate de medidas judiciales o alternativas a la judicialización, impulsando la realización de estudios de investigación en el campo al que se refiere el convenio.  
En consecuencia, habiendo llegado las partes a su completo y total acuerdo, deciden formalizar el presente convenio de colaboración con arreglo a las siguientes  
  
Cláusulas  
Primera. Objeto  
Constituye el objeto del presente convenio sentar las bases de colaboración entre la Universitat Jaume I de Castellón, la Fiscalía Provincial de Castellón y la Generalitat para hacer posible el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores relativas a la mediación, conciliación con la víctima o perjudicado, la reparación del daño, la realización de actividades y tareas socioeducativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad.  
Segunda. Obligaciones de las partes  
a) Obligaciones de la Universitat Jaume I de Castellón  
La Universitat Jaume I de Castellón, a través del Laboratorio de Familia, vinculado a su Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar, y en función de su disponibilidad real y efectiva de medios personales y materiales, se compromete a:  
Proporcionar el personal adecuado para colaborar en la búsqueda de una solución extrajudicial en los casos derivados por el Equipo Técnico de la Generalitat adscrito a la Fiscalía y los Juzgados de Menores de Castellón.  
Seleccionar conjuntamente con la Unidad de Medidas Judiciales de la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón y con el técnico responsable de la ejecución de cada medida el recurso más adecuado para la realización de las tareas socioeducativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad, y comunicar al técnico responsable del caso cualquier incidencia que se produzca, así como su finalización y adecuado cumplimiento.  
Impulsar y desarrollar actividades de investigación en el contexto de la mediación, conciliación, reparación e intervenciones socioeducativas a partir de las problemáticas y necesidades detectadas en el campo al que se refiere este convenio.  
La colaboración de la Universitat Jaume I de Castellón en el desarrollo del presente convenio puede hacerse extensiva en el futuro a otros órganos o servicios.  
b) Obligaciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas  
1. Corresponde al Equipo Técnico de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas adscrito a la Fiscalía y los Juzgados de Menores de Castellón:  
Valorar las circunstancias personales del menor y la posibilidad de llevar a cabo una solución extrajudicial del caso, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000.  
Realizar las funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado, en aquellos casos en que sea posible y conveniente la conciliación o reparación directa o social del daño causado.  
Seleccionar, conjuntamente con el personal del Laboratorio de Familia de la Universitat Jaume I de Castellón, una actividad que permita una solución extrajudicial del caso, y elaborar el proyecto socioeducativo de la misma, en el que se hará constar su naturaleza y objetivos, su calendario de realización y los nombres del técnico responsable y de la persona designada por la Universitat Jaume I de Castellón.  
Llevar a cabo el seguimiento de la actividad mediante una comunicación directa y periódica entre ambas entidades.  
Notificar al menor y a su familia la suspensión de la actividad, en su caso, y poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los motivos por los que no han podido llevarse a término los compromisos alcanzados, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 19.4 y 5 de la Ley Orgánica 5/2000.  
2. Corresponde a la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón:  
- Designar al técnico responsable de la ejecución de las medidas de realización de tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad, y de la elaboración de su programa individualizado de ejecución.  
- Valorar y seleccionar junto con el técnico designado alguna actividad organizada por la Universitat Jaume I de Castellón en el programa individualizado de ejecución.  
- Llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de estas medidas a través del profesional designado comunicando las incidencias que puedan surgir al Juez de Menores y al Ministerio Fiscal.  
- Elaborar y tramitar a través del profesional designado todos los informes previstos en el artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000.  
- Facilitar el acceso de investigadores acreditados desde el Máster Universitario de Mediación e Intervención familiar para la realización de estudios de investigación de carácter científico-técnico, previamente planificados y aceptados por el organismo y/o departamento competente de la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón, con el fin de mejorar y desarrollar propuestas científico-técnicas en el ámbito al que se refiere el presente convenio.  
3. La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se compromete a mantener las pólizas de Responsabilidad Civil y de Accidentes ya suscritas para los menores susceptibles de participar en las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de este convenio. Dichas pólizas contemplan un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes por los actos de los menores derivados a esta Conselleria por los órganos correspondientes de la Administración de Justicia, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.  
Tercera. Obligaciones económicas  
La aplicación y ejecución de este convenio, incluyéndose al efecto todos los actos jurídicos que pudieran dictarse en su ejecución y desarrollo, no podrá suponer obligaciones económicas para la Generalitat y, en todo caso, deberá ser atendida con sus medios personales y materiales.  
Cuarta. Publicidad  
Todas las actividades incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio que sean objeto de divulgación, difusión o publicación deberán hacer constar de forma expresa que se realizan en virtud de un convenio suscrito por la Universitat Jaume I de Castellón, la Fiscalía Provincial de Castellón (Sección de Menores) y la Generalitat.  
Quinta. Protección de datos de carácter personal  
La Universitat Jaume I de Castellón se compromete a tratar los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso a través del presente convenio de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el RD 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.  
El Laboratorio de Familia no tendrá acceso a los datos personales de los menores. La realización de cualquier estudio o trabajo de investigación por parte de la Universitat Jaume I requerirá la previa disociación de los datos de los menores a los que puedan acceder los investigadores.  
La Universitat Jaume I se obliga, asimismo, a no comunicar los ficheros automatizados de datos de carácter personal, ni ningún dato procedente de aquellos, ni siquiera para su conservación, a otras personas distintas de las que son parte en el convenio, salvo que sea requerido para ello por una autoridad competente o por el propio titular en el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de acuerdo con la normativa vigente.  
  
La Universitat Jaume I mantendrá la más estricta confidencialidad y cumplimiento del deber de secreto con respecto a los asuntos y datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso, tanto durante la vigencia de este convenio como después de su terminación.  
Sexta. Comisión mixta  
1. Para el seguimiento del presente convenio se constituirá una comisión mixta que estará integrada, como máximo, por dos representantes de la Universitat Jaume I de Castellón, dos de la Fiscalía Provincial de Castellón y otros dos de la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón, que actuarán como presidente y secretario de la comisión, que tendrá las siguientes funciones:  
a) Supervisar la ejecución del convenio, así como adoptar la decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actividades convenidas, incluyendo al efecto la solución, en primera instancia, de las controversias de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios suscritos.  
b) Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la ejecución del convenio, así como, en su caso, proponer las correspondientes actualizaciones o modificaciones en las anualidades derivadas del retraso.  
c) Realizar una evaluación anual de las actuaciones practicadas y los resultados obtenidos, y emitir un informe o valoración final sobre el grado de cumplimiento de los objetivos consignados en el convenio.  
2. La comisión se reunirá con la periodicidad que se determine en el momento de su constitución, que tendrá lugar dentro de los dos meses siguientes a la firma del presente convenio, y siempre que lo solicite una de las partes.  
3. La comisión remitirá copia de las actas, acuerdos e informes que emita en el desarrollo y ejecución de sus funciones al órgano directivo de la Generalitat competente en materia de justicia juvenil.  
Séptima. Vigencia del convenio.  
El convenio tendrá un plazo de vigencia de dos años desde el momento de la firma, pudiendo prorrogarse expresamente por el mismo periodo de tiempo por acuerdo de las partes.  
Constituirá motivo de resolución del presente convenio el incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas, el acuerdo de su extinción por las partes, la denuncia unilateral expresa y por escrito de cualquiera de ellas con un preaviso de un mes o la concurrencia de cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.  
La comisión mixta de seguimiento dará cuenta en su informe final de las actuaciones que se encuentren en curso de ejecución en el momento de la extinción del convenio, a fin de que el órgano directivo de la Generalitat competente en materia de justicia juvenil determine el procedimiento a seguir para su conclusión.  
Octava. Carácter del convenio  
El presente convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, correspondiendo al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en su interpretación y cumplimiento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
Bajo los términos referenciados y en prueba de conformidad, suscriben las partes el presente convenio, por sextuplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.  
  
La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas: Mónica Oltra Jarque.  
El rector de la Universitat Jaume I de Castellón: Vicent Climent Jordá.  
El fiscal superior de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana: Antonio Montabes Córdoba.  
El fiscal-jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón: José Luis Cuesta Merino.s