Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6135, del 02-11-2009 (2009/11882)

Juicio verbal de desahucio y reclamación de rentas 00523/2008-A. Notificación a Wilson Coronado Ramos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6135

Fecha DOGV
:   02-11-2009

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2009/11255


Fecha del documento
:   29-09-2009

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Alcoy

Tipo de documento
:   Edicto

Juicio verbal de desahucio y reclamación de rentas 00053/2008-A. Notificación a Wilson Coronado Ramos. [2009/11286]  
Demandante: María Lidia Verdú Gisbert.   
Procurador: Rafael Palmer Peidró.   
Letrado: Javier Llopis Cartagena.   
Demandado: Wilson Coronado Ramos.  
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alcoy  
Juicio verbal (desahucio por falta de pago) 000609/2008  
Parte demandante: María Lidia Verdú Gisbert.   
Parte demandada: Wilson Coronado Ramos y Arael Jordá Ganga.  
Sobre: verbales arrendaticios.  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«David López de Cervantes Valencia, secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alcoy (Alicante), doy fe y testimonio de que en el juicio verbal (desahucio por falta de pago) 000609/2008, que se tramita en este Juzgado a instancias del procurador Rafael Palmer Peidró, en nombre y representación de María Lidia Verdú Gisbert, se ha dictado con esta fecha la siguiente resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:   
"Sentencia número 79/2009  
Alcoy, 22 de septiembre de 2009   
Vistos por mí, Luis Geras Montilla, juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alcoy y su partido, los presentes autos de juicio verbal de desahucio y reclamación de cantidad número 609/2008, seguidos a instancias de María Lidia Verdú Gisbert, representada por el procurador de los tribunales Rafael Palmer Peidró y asistida del letrado Javier Llopis Cartagena, contra Wilson Coronado Ramos, declarado en rebeldía, y Arael Jordá Ganga, respecto del cual se desistió de la acción.   
Antecedentes de hecho  
Primero. En fecha 17 de octubre de 2008 fue presentada y turnada a este Juzgado demanda de juicio verbal de desahucio y reclamación de rentas vencidas formulada por el procurador de los tribunales Rafael Palmer Peidró, en nombre y representación de Maria Lidia Verdú Gisbert contra Wilson Coronado Ramos y Arael Jordá Ganga, la cual basó en los hechos siguientes: 1. La actora es propietaria de una vivienda sita en calle Muro, número 12, piso 5º izquierda, de Alcoy concertando a través de la Sociedad Pública de Alquiler un contrato de arrendamiento de dicha vivienda; 2. En la cláusula sexta de dicho contrato se pactaba una renta mensual de 295 euros. En la cláusula novena se establecía que serán por cuenta del arrendatario los gastos por consumos de agua, electricidad, butano y comunidad de propietarios; 3. Arael Jordá Ganga se constituyó en el contrato de arrendamiento como fiador solidario del inquilino, sujeto a las responsabilidades económicas derivadas del contrato de arrendamiento según se estableció en la cláusula decimoséptima; 4. El hoy demandado ha dejado de cumplir su obligación de pago adeudando las mensualidades de diciembre de 2007, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2008, que a razón de 295 euros la mensualidad, asciende a un total de 2.065 euros. Así mismo, ha dejado de pagar una serie de gastos de Iberdrola y agua que ascienden a 504,65 euros. Se adjuntan documentos acreditativos; 5. Infructuosas las gestiones extrajudiciales realizadas, por lo que se impetra el auxilio judicial. Tras alegar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, terminó por suplicar del Juzgado que, previos los trámites legales de rigor, en su día fuera dictada sentencia por la que, estimando la referida demanda inicial, se declarara la resolución del contrato de arrendamiento de vivienda por falta de pago decretando haber lugar al desahucio del demandado, advirtiendo la facultad de enervación y previniéndole de la obligación que tiene de desalojar la finca arrendada, dejándola libre y expedita en el término que marca la ley y que, de no verificarlo de grado, será lanzado por la fuerza y a su costa, así como declarando que el demandado adeuda por rentas impagadas y asimiladas la cantidad de 2.569,65 euros, más las que se pudieran devengar en el curso de la tramitación del procedimiento hasta el efectivo desahucio de la vivienda arrendada, todo ello con expresa imposición de costas al demandado.   
Segundo. Por auto de 18 de noviembre de 2008 se acordó admitir a trámite la demanda, resultando infructuoso el emplazamiento de los demandados, por lo que se suspendió el primer señalamiento para el día 17 de diciembre de 2008, señalando nuevamente para el día 18 de mayo de 2009, sin que fuera hallado el codemandado Wilson Coronado Ramos, por lo que por providencia de 9 de junio de 2009, se acordó, previa comprobación en el registro de rebeldes civiles, el emplazamiento edictal de codemandado Wilson Coronado Ramos, señalando nuevamente vista para el día 22 de septiembre de 2009 y el lanzamiento para el día 19 de noviembre de 2009 a las 11.00 horas. El día señalado tuvo lugar el juicio, con el resultado que obra en el acta y en el CD. No constando citado el codemandado Arael Jordá Ganga, la parte actora manifestó que desistía de la acción y pretensión planteada contra el mismo, solicitando se continuara el juicio respecto del codemandado Wilson Coronado Ramos, sin perjuicio de reservar las acciones civiles contra el codemandado respecto del que se desistía. Al acto del juicio compareció la parte actora, no haciéndolo el demandado Wilson Coronado Ramos pese a estar citado en legal forma, por lo que fue declarado en rebeldía. Abierto el acto, el letrado de la parte actora solicitó se declarara el desahucio, así como se condenara al pago de las rentas adeudadas en la cantidad de 2.569,65 euros, sin perjuicio de reservar la posibilidad de interponer futuras acciones civiles por las rentas devengadas desde la fecha de interposición de la demanda, solicitando la imposición de costas. Tras la práctica de las pruebas que se consideraron útiles y pertinentes quedó el juicio visto para sentencia.   
Tercero. En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente uso y aplicación, incluido el plazo para dictar sentencia, debiéndose la dilación del procedimiento en las gestiones de localización y emplazamiento de los demandados.   
Fundamentos jurídicos  
Primero. El presente juicio de desahucio versa sobre la resolución de contrato de arrendamiento estipulado entre las partes y relativo a la vivienda sita en la calle Muro número 12, piso 5º, izquierda, de Alcoy así como reclamación de rentas adeudadas. Dicho inmueble fue arrendado al demandado el 4 de septiembre de 2007. El desahucio solicitado se funda en el impago de diversas rentas desde diciembre de 2007 a agosto de 2008, que asciende a la cantidad de 2.065 euros, así como otros gastos asimilables cuyo pago le correspondía según el contrato de arrendamiento, y que ascendían en la fecha de presentación de la demanda, a la cantidad de 504,65 euros. La parte actora solicita la resolución del contrato de arrendamiento así como la condena al demandado a dejar libre, vacua y expedita la vivienda arrendada, con pago de las rentas adeudadas y la imposición de las costas procesales. Se da la circunstancia de que el demandado fue declarado en rebeldía, al no comparecer al acto del juicio pese a estar citado en legal forma.   
Segundo. El contrato de arrendamiento es un contrato bilateral sinalagmático, que produce obligaciones para ambas partes, cada una de las cuales es la causa de la otra. La obligación principal del arrendador es la de poner en este caso la vivienda o local de negocio a disposición del arrendatario en condiciones aptas para su uso durante el tiempo pactado; y la del arrendatario el abono de las rentas y demás cantidades pactadas.   
El artículo 27 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, establece en el número 2, como causa por la que el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato de arrendamiento en su apartado a) la falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario, articulándose procesalmente un juicio sumario, acumulable a la reclamación de rentas adeudadas por mor del artículo 438.3 Ley de Enjuiciamiento Civil. El demandado fue declarado en rebeldía, por lo que procede el desahucio sin más trámites, de conformidad con lo previsto en el artículo 440.3 Ley de Enjuiciamiento Civil.   
Dicha circunstancia se complementa con la documental adjuntada a la demanda que acredita el impago de las cantidades acordadas. Se adjunta el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes en fecha 4 de septiembre de 2007 (doc. número1).Consta que el contrato inicial se pactó por 295 euros. Se aportan como documento número 2 certificación de la entidad Sociedad Pública de Alquiler acreditativa del impago de las rentas pactadas de diciembre de 2007 a agosto de 2008 a razón de 295 euros la mensualidad. Dichas mensualidades impagadas ascienden a la cantidad de 2.065 euros de los meses de diciembre de 2007 a agosto de 2008. Así mismo, se acompaña como documento número 3 a 14 justificantes acreditativos de otras cantidades asimiladas no abonadas, correspondientes a suministro eléctrico y agua, por un importe total de 504,65 euros, cantidades que han sido debidamente acreditadas con los justificantes reseñados. Dichas cantidades son repercutibles conforme a lo pactado en el contrato de arrendamiento (cláusula novena del contrato). La suma de todas esas cantidades asciende al total reclamado de 2.569,65 euros. En definitiva, estando acreditado por las aseveraciones de la actora, documentación aportada y ausencia del demandado a los efectos de rebatir las mismas, que se deben dichas mensualidades y demás gastos asimilables, la suma de todo ello nos da un total adeudado de 2.569,65 euros, correspondiente a la suma adeudada en la fecha de interposición de la demanda, sin perjuicio de la posible reclamación de cantidades devengadas tras la contestación a la demanda, que no han sido reclamadas en este procedimiento conforme a lo que se declaró en el propio juicio, sin perjuicio de ulterior reclamación en otro procedimiento.   
Por ultimo, el demandado no ha comparecido al acto del juicio pese a estar citado en legal forma. Dado que la falta de pago de la renta constituye un hecho negativo, cuya prueba resulta más fácil para el arrendatario, de conformidad con el principio de proximidad y facilidad probatoria se traslada la carga de la prueba a la parte demandada, y por ende siendo el medio normal para acreditar el pago de la renta la exhibición de los correspondientes recibos emitidos por el arrendador y no habiendo sido aportados los mismos ni practicado ningún tipo de prueba al respecto, todo lo cual permite acreditar que el demandado ha incurrido en causa de resolución del contrato de arrendamiento al no haber pagado la renta correspondiente a varias mensualidades y otras cantidades asimiladas, por lo que procede dictar sentencia estimatoria de la demanda y declarar resuelto el arrendamiento existente, debiendo el arrendatario proceder al desalojo de la vivienda arrendada, dejando la misma libre y expedita, con apercibimiento de que si no lleva a cabo el desalojo voluntario se procederá a su lanzamiento el 19 de noviembre de 2009, a las 11.00 horas, con auxilio de la fuerza pública si fuese necesario.   
Tercero. Por disposición del artículo 447.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales que decidan sobre la pretensión de desahucio.   
Cuarto. En materia de costas, por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al declarar haber lugar al desahucio procede condenar en las ocasionadas como consecuencia del juicio al demandado.   
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,   
Fallo  
Tener por desistido al actor de la demanda presentada frente al codemandado Arael Jordá Ganga, con reserva de acciones civiles.   
Que estimando íntegramente la demanda formulada por el procurador de los tribunales Rafael Palmer Peidró, en nombre y representación de María Lidia Verdú Gisbert, contra Wilson Coronado Ramos, declarado en rebeldía, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento de vivienda de fecha 4 de septiembre de 2007, y consecuentemente, debo declarar y declaro haber lugar al desahucio del demandado de la expresada vivienda sita en calle Muro número12, piso 5º, izquierda de Alcoy apercibiéndole que si no la desaloja dentro del término legal, será lanzado el día 19 de noviembre de 2009, a las 11.00 horas, condenando así mismo al demandado a satisfacer a la parte actora la cantidad de dos mil quinientos sesenta y nueve euros con sesenta y cinco céntimos (2.569,65 euros); con expresa imposición de costas procesales a la parte demandada.   
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y frente a ella podrá interponerse recurso de apelación ante este Juzgado, para ante la Audiencia Provincial de Alicante, por escrito en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación. Se hace expresa advertencia al demandado que no se le admitirá recurso alguno si, al prepararlo, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas.   
Así por esta mi sentencia, que se llevará al libro de las de su clase, extendiendo en los autos el secretario el oportuno testimonio, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo".  
Lo anteriormente expresado concuerda bien y fielmente con el original al que me remito y, para que conste, libro el presente.  
Alcoy, 29 de septiembre de 2009.   
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por resolución del día de la fecha el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4, 164 y 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación sentencia dictada en fecha 22 de septiembre de 2009 al demandado Wilson Coronado Ramos».   
Alcoy, 29 de septiembre de 2009.- El secretario judicial: David López de Cervantes Valencia.