Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7034, del 29-05-2013 (2013/5335)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 098/12-A .
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7034

Fecha DOGV
:   29-05-2013

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/5335


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 098/12-A . [2013/5335]  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Cash Utiel, AIE, que se ha dictado laudo en el expediente de referencia y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: Ramón Escrig Moreno. Vocales: Francisco Ortiz Gutiérrez, Miguel García Navarro. Secretaria-vocal: Carolina Casal Asensio. Partes. Reclamante: Trans Avella, SA, representada por Ainoha Llorens Solaz. Reclamados: Cash Utiel, AIE, que no comparece al acto de vista, estando citado a través del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, Stock Sin Limite, SL, representada por Vicente Belloch Bau.  
En Alicante, a 18 de abril de 2012 y siendo las 10.30 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente 098/12-A, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes. Falta de legitimación.  
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de las partes comparecientes y la calidad con que intervienen.   
A la reclamada Cash Utiel, AIE, le fue notificada la demanda y la citación a vista para el día 18 de abril de 2013 ante la reiterada imposibilidad de realizarla a través de Correos, se ha procedido a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, por ser Valencia el último domicilio conocido, número 6982, de 11 de marzo de 2013, según queda acreditado con el anuncio que consta en el expediente.   
La codemandada Stock Sin Limite, SL, si que comparece al acto de vista, aunque alega su falta de legitimación para ser demandada.  
  
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes antecedentes de hecho  
1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda manifiesta que como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada, diversos transportes desde Valencia a Italia.  
Concluidos los mismos se emitieron las facturas número A-488/12, de 22 de febrero de 2012, por importe de 1.829,00 euros, la número A-2676/11, de 18 de diciembre de 2011, por importe de 1.829,00 euros, la número A-2689/11, de 20 de diciembre de 2011, por importe de 1.829,00 euros, la número A-2741/11, de 27 de diciembre de 2011, por importe de 531,00 euros, la número A-2755/11, de 26 de diciembre de 2011, por importe de 1.829,00 y la número A-2758/11, de 30 de diciembre de 2011 por importe de 2.478,00 euros. Suma el total facturado la cantidad de 10.246,00 euros.  
Todas estas facturas resultaron impagadas y aunque se iniciaron diversas gestiones de cobro sin conseguirlo, motivo por el que se interpuso, con fecha 28 de septiembre de 2012, la presente demanda, por lo que solicita que una vez que se ha reconocido su derecho se condene a las demandadas al pago de la cantidad de 10.246,00 euros, más los intereses de demora devengados.  
La demanda se dirige de forma solidaria frente a las mercantiles Cash Utiel, AIE y Stock Sin Limite, S., puesto que si bien el transporte se contrató con Cash Utiel, AIE, esta actuaba por encargo de Stock Sin Limite, SL, quedando establecido en el CMR que ante el impago de facturas, se puede dirigir reclamación contra los partícipes en la cadena del transporte.  
2. Tomando la palabra la representación de la reclamada Stock Sin Limite, SL, alega en primer lugar su falta de legitimación pasiva, por no considerarse parte del contrato de transportes, puesto que en ningún momento contrató ningún servicio de transporte con ella. La actividad de su representada se limita a la venta de la mercancía (bolsos, calzado, etc.) que al parecer la reclamada Cash Utiel, AIE pidió a la reclamante que transportase a Italia. Es decir, realizada la venta, el comprador o empresa delegada ordena al transportista que pase a recogerla para su entrega en destino, no teniendo ninguna relación en el transporte, solamente constando como cargadora esta reclamada.  
De acuerdo con lo manifestado se solicita que sea desestimada la demanda en la parte referida a Stock Sin Limite, SL.  
3. Tomando nuevamente la palabra la reclamante, manifiesta que aún no teniendo la orden de carga en la que se designe a Stock Sin Limite, SL, como ordenante del transporte, esta si que consta en el CMR como cargadora, por lo que considera que si es responsable solidaria de la deuda, de acuerdo con lo señalado en el CMR.   
Terminadas las intervenciones y no teniendo mas que añadir se da por concluida la vista.   
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos:  
1. En cuanto a la competencia territorial, referida a los transportes realizados, dice el artículo 31.1 del CMR: Para todos los litigios que pueda dar lugar el transporte regulado por este convenio, el demandante podrá escoger, fuera de las jurisdicciones de los países contratantes, designadas de común acuerdo por las partes del contrato, las jurisdicciones del país en el territorio del cual: a) El demandado tiene su residencia habitual, su domicilio principal o sucursal de agencia por intermedio de la cual ha sido concluido el contrato de transporte y b) Esta situado el lugar en que el transportista se hizo cargo de la mercancía o el lugar designado para la entrega de la misma, no pudiendo escogerse mas que estas jurisdicciones. En este mismo sentido señala la competencia territorial de la Junta Arbitral en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (RD 1211/90) referida al transporte nacional.   
2. La sumisión, puesto que la contratación se realiza entre dos empresas españolas, además de venir expresamente pactada en el documento CMR, viene determinada de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/87 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres: "se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado".  
No consta en la documentación probatoria aportada, que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido de excepción de la presunción señalada, motivo que induce a la Junta Arbitral a aplicar la sumisión del artículo 38, puesto que de haber querido pactar para estos transportes sumisión expresa diferente debió así manifestarse en el momento anterior a la ejecución del transporte.  
3. La normativa nacional está complementada, en cuanto a los transportes de carácter internacional, por el convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE 109, 07.05.1974). Contrato de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5 de julio de 1978 al que se adhirió España por Instrumento de 23 de septiembre de 1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE número 203, de 18 diciembre de 1982, que establece para cuestiones de competencia lo regulado en el artículo 31.1.a. No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas del los Estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación, en su caso, el Código de Comercio, la LOTT y su Reglamento y demás Normas de procedimiento y general aplicación.  
En este caso se da la circunstancia de que la contratación se realiza por empresas que tienen su residencia o establecimiento en España, lugar en el que se produce la contratación por más que posteriormente la carga o descarga se produzca en país diferente.  
4. Como cuestión general y partiendo de las manifestaciones realizadas en vista por las partes, se deduce que, efectivamente, los portes que son reclamados en esta demanda y cuyas facturas constan adjuntas a la misma fueron realizados por la hoy demandante Trans Avella, SA, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la misma.  
No obstante hay que determinar, oída la alegación de la reclamada compareciente de falta de legitimación pasiva, cual es la vinculación con el contrato de transportes de cada una de las partes codemandadas para así poder señalar la responsabilidad y por lo tanto quien es la obligada al pago.  
5. En los distintos documentos CMR aportados a la demanda constan, como remitente-expedidor Stock Sin Limite, SL, y como porteadora Trans Avella, SA. La consignataria es variable en cada uno de los portes realizados.  
No consta en ninguno de los documentos CMR incidencias que deban ser resaltadas en este punto.  
Terminados los portes se extienden las facturas correspondientes y que han sido aportadas como documentos de reclamación y donde constan como mercantil emisora la reclamante Trans Avella, SA. como porteadora y como pagadora Cash Utiel, AIE, en su calidad de contratante del transporte.   
De acuerdo con este proceder y teniendo en cuenta el reconocimiento de la demandante, es Cash Utiel, AIE, la que contrata el transporte con Trans Avella, SA. hoy demandante.   
6. De acuerdo con el artículo 4, puntos 1 y 4) de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías: 1. Cargador es quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo. El 4. dice: "Expedidor es el tercero que por cuenta del cargador haga entrega de las mercancías al transportista en el lugar de recepción de la mercancía".  
De acuerdo con estas definiciones legales, la demandante si que señala claramente mediante sus facturas, que el cargador y quien contrata el transporte es Cash Utiel, AIE puesto que es a esta mercantil a la que intenta cobrar el transporte. Es decir, con sus actos, señala a la segunda codemandada Stock Sin Limite, SL., como expedidora ya que en definitiva es la que entrega la mercancía para transportar, no existiendo prueba alguna aportada a este expediente, que determine que la contratación se realizó por cuenta de la señalada codemandada Stock Sin Limite, SL.  
Es importante esta matización puesto que la representación de esta mercantil (Stock Sin Limite, SL.) manifestó en vista su oposición a la demanda por no estar legitimada pasivamente por cuanto no contrata los transportes, sino que pone la mercancía a disposición del porteador destinado a realizar el porte. Es por lo tanto la porteadora-reclamante la que debe aportar prueba consistente que demuestre la intervención en la contratación del transporte de la codemandada Stock Sin Limite, SL. para poder atribuirle una responsabilidad solidaria en dicha contratación.   
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Trans Avella, SA., representada por Ainoha Llorens Solaz, contra Cash Utiel, AIE ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece, que habiéndose realizado los transportes reclamados dentro de las condiciones contractuales convenidas ha de ser abonado su importe.  
Desestimar la demanda interpuesta por Trans Avella, SA, representada por Ainoha Llorens Solaz contra Stock Sin Limite, SL, representada por Vicente Benlloch Bau, por no haber quedado acreditada la responsabilidad solidaria argumentada en la demanda por la falta de pruebas que así lo acrediten al ser su intervención en este contrato como expedidora de la mercancía, careciendo por lo tanto de legitimación pasiva en este procedimiento.  
Por todo ello Cash Utiel, AIE, deberá abonar a Trans Avella, SA, la cantidad de diez mil doscientos cuarenta y seis (10.246,00 euros), más los intereses legales devengados, contados a partir de la interposición de la presente demanda (28.09.2012) y cuya liquidación se efectuará en el momento de ejecución del presente laudo.  
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de 1.ª Instancia de Alicante conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Alicante, 18 de abril de 2013. El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante: Ramón Escrig Moreno.