Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6290, del 16-06-2010 (2010/6325)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal de desahucio por falta de pago número 1821/2009.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6290

Fecha DOGV
:   16-06-2010

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2010/6325


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 23 de València

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal de desahucio por falta de pago número 1821/2009. [2010/6325]  
Juicio verbal de desahucio número 1821/2009   
«Sentencia número 63/2010  
Valencia, 22 de marzo de 2010  
Vistos por Desamparados Almenar Belenguer, magistrada jueza del Juzgado de Primera Instancia número 23 de los de Valencia, los autos de juicio verbal civil seguidos bajo el número 1821/2009, a instancia de Llanos Hernández López, representada por la procuradora Mercedes Peris García y asistida del letrado Vicente Ballester Herrera, contra Mohammed Ahsina, declarado en rebeldía; ejercitándose acción de resolución de contrato de arriendo de vivienda por falta de pago de la renta y cantidades asimiladas y acumulada de reclamación de rentas.  
Antecedentes de hecho  
Primero. En 7 de octubre de 2009 por el Juzgado Decano se turnó a este Juzgado demanda de juicio verbal instada en 6 de octubre por Llanos Hernández López contra Mohammed, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que se estimaron más idóneos, se concluía suplicando se dictara sentencia declarando la resolución del contrato de arriendo de fecha 1 de marzo de 2006, por falta de pago, y en consecuencia se decretara haber lugar al desahucio de la vivienda sita en la plaza Beatriu Civera, número, 2, puerta 22ª y plaza de garaje anexa, de Valencia, condenando al demandado al pago de 2.564,34 euros en concepto de rentas debidas, más las que se devengaran hasta la restitución de la posesión a la parte actora, intereses y costas del procedimiento. Admitida a trámite la demanda por auto de 19 de octubre, una vez acreditada la representación procesal de la actora, se convocó a las partes para la celebración de la vista, fijándose a tal fin el 21 de diciembre de 2009.  
Segundo. No siendo posible la citación personal del demandado por no ser hallado en el domicilio indicado, se procedió a la suspensión del señalamiento. Finalmente, no resultando su localización pese a las indagaciones practicadas en registros públicos, se acordó su citación a través de edictos, fijándose para la vista el 22 de marzo de 2010. Llegado el día, compareció a la vista tan solo la parte actora, por lo que el demandado fue declarado en rebeldía. Ratificada la demandante, solicitó sentencia declarativa de la resolución del contrato y de condena al pago de la suma de 2.564,34 euros exclusivamente, intereses y costas. Recibido el pleito a prueba, solicitó como prueba la documental, por reproducción de los documentos aportados. Admitida, quedaron los autos conclusos para sentencia.  
Tercero. En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Se ejercita por Llanos Hernández López y contra Mohammed Ahsina, acción de resolución del contrato de arriendo firmado por las partes en 1 de marzo de 2006 y relativo a la vivienda propiedad de la actora, sita en Valencia, plaza Beatriu Civera, número 2, piso sexto, puerta 22ª, con plaza de garaje anexa; resolución que fundamenta en el impago de la renta desde el mes de junio de 2009 en adelante, y acción a la que acumula la de reclamación de esas rentas, por importe que a la fecha de presentación de la demanda asciende a 2.564,34 euros, manteniéndose la misma reclamación cuantitativa a la fecha de la vista.  
Pretensión ante la cual el demandado Mohammed Ahsina nada dice por cuanto citado a través de edictos al no ser localizado pese a las gestiones realizadas, no comparece a juicio, siendo declarado en rebeldía.  
Segundo. A través de los documentos aportados por la parte actora, los que al no haber sido impugnados por el demandado, tienen plena fuerza probatoria conforme a los artículos 326 y 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, y a través igualmente de la ficta confessio en que hay que tener al arrendatario, conforme a lo dispuesto en el artículo 440.3 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, resulta acreditado tanto el hecho del arrendamiento como el acto material del impago de las rentas. En consecuencia, procede estimar la primera de las pretensiones deducidas, por incumplimiento por el inquilino de la obligación de pago a su cargo, conforme al artículo 27.2.a de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y por ende procede declarar resuelto el contrato de arriendo de fecha 1 de marzo de 2006 y con él acordar el desahucio de la vivienda cuya posesión la parte actora pretende recuperar.  
Tercero. Decretada la resolución del contrato por falta de pago de la renta y dado el cumulativo ejercicio de las acciones deducidas, deberá también condenarse al demandado al pago a la parte demandante de la totalidad de las rentas devengadas y no satisfechas. Por todo ello, denunciándose por la propiedad que el inquilino adeuda la renta desde el mes de junio de 2009 al mes de octubre de 2009 a razón de 490,90 euros/mes, así como gastos por consumo de suministro de gas por la cantidad de 109,84 euros, y siendo así que en el acto de la vista la parte actora no ha modificado dicha suma, afirmando que restringía su reclamación a la cantidad indicada, procede la condena del demandado al pago de la suma de 2.564,34 euros.  
Cuarto. La cantidad indicada devengará el interés legal desde la fecha de la interpelación judicial (6 de octubre de 2009) conforme a los artículos 1100 y 1108 del Código Civil.  
Quinto. De conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, la estimación de la demanda determina se impongan al demandado las costas del procedimiento.  
Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación  
Fallo  
Que estimando la demanda deducida por Llanos Hernández López, representada por la procuradora Mercedes Peris García, contra Mohammed Ahsina, declarado en rebeldía, debo condenar y condeno al demandado al pago a la actora de la cantidad de dos mil quinientos sesenta y cuatro euros con treinta y cuatro céntimos (2.564,34 euros), más los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial (6 de octubre de 2009) y debo declarar y declaro resuelto por falta de pago de la renta el contrato de arrendamiento suscrito por las partes en 1 de marzo de 2006 y en consecuencia, declaro haber lugar al desahucio de la vivienda propiedad de la actora y sita en la plaza Beatriu Civera, número 2, piso sexto, puerta 22 de Valencia, con plaza de garaje anexa, apercibiendo al demandado que, si no la desaloja voluntariamente, se procederá a su lanzamiento, a su costa. Se imponen al demandado las costas del procedimiento.  
Contra esta sentencia, que no es firme, cabe recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial, que deberá prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación, en los términos del artículo 457 Ley de Enjuiciamiento Civil 2000 y con sujeción a lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial en orden a la necesidad de efectuar depósito para recurrir.  
Póngase en conocimiento del arrendatario que, de conformidad con el artículo 449.1 Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, no le será admitido el recurso si al prepararlo no manifiesta, acreditándolo por escrito, que tiene satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deban pagar adelantadas.  
Póngase igualmente en conocimiento del arrendatario que, en el caso de que no desaloje voluntariamente el inmueble arrendado, firme que sea la sentencia y presentada que sea la demanda ejecutiva por el demandante, se procederá al lanzamiento del arrendatario en la fecha ya indicada de 26 de mayo de 2010 a las 10.15 horas.  
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo».  
Valencia, 22 de marzo de 2010. El secretario judicial: Alberto Martínez de Santos.