Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4221, del 04-04-2002 (2002/2511)

Notificación a doña Sonia Castronuño Reith.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4221

Fecha DOGV
:   04-04-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/2511


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a doña Sonia Castronuño Reith. [2002/M2511]
  
Al no haberse podido practicar la notificación a doña Sonia Castronuño Reith y conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 11 de octubre de 2001 (DIC-103/2001).
  
Visto el expediente promovido por doña Sonia Castronuño Reith, solicitando la declaración de interés comunitario para la instalación de actividad de desguace, en el término municipal de Villar del Arzobispo, (Valencia) y de conformidad con los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
1. Con fecha 18 de noviembre de 1997 tuvo entrada en el Registro de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes la solicitud de doña Sonia Castronuño Reith instando la declaración de interés comunitario para la instalación actividad de desguace en el término municipal de Villar del Arzobispo.
  
2. El día 15 de enero de 1998 se requirió al Ayuntamiento de Villar del Arzobispo para que emitiese el informe preceptivo señalado en el artículo 16 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Suelo no Urbanizable, según el cual la decisión de atribuir los usos o aprovechamientos corresponde a la administración de la Generalitat en ejercicio de su potestad de ordenación territorial y urbanística de planeamiento, siempre y cuando el ayuntamiento haya emitido previamente informe favorable a la actuación.
  
3. Habiendo transcurrido un plazo superior a los tres meses previstos en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, sin que la emisión del preceptivo informe tuviera lugar, la Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de abril de 2001, acordó emitir informe desfavorable en relación con la solicitud de declaración de interés comunitario presentada.
  
4. En fecha 26 de junio de 2001 se requirió nuevamente al ayuntamiento para que presentara el informe preceptivo señalado, no habiéndose contestado a tal requerimiento.
  
Fundamentos de derecho
  
1. El presente expediente ha de resolverse al amparo de lo establecido en los artículos 8.2, 16 y 18 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo No Urbanizable y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. La atribución de uso y aprovechamiento para tales actividades se efectúa mediante una técnica, creada en la propia ley, denominada declaración de interés comunitario y a la que en el preámbulo de la ley se configura como «una especie de planeamiento puntual».
  
El mismo preámbulo señala que con la declaración de interés comunitario no se trata de apreciar el interés público de una actividad, sino de precisar la preferencia e idoneidad de la localización concreta, según los criterios y fines propios de la competencia para la ordenación del territorio. No se trata, añade el texto, de dirimir qué actuaciones constructivas son asumibles en el espacio rural, sino que hay que ponderar los emplazamientos que den mejor apoyo para la correcta vertebración del territorio.
  
Late, por tanto, en la idea del legislador la pretensión de que la declaración de interés comunitario se efectúe en favor del mejor emplazamiento desde el punto de vista, no sólo de la concreta actividad y del uso a que se destinará, sino de la ordenación territorial. Por ello, en el artículo 16.2 de la propia ley se exige que el acto administrativo que decida sobre la atribución del uso y aprovechamiento previo informe municipal favorable, pondere las circunstancias tales como: las características de la actividad a realizar y las construcciones necesarias para la misma, su incidencia sobre la ordenación territorial adecuada. La incidencia de la actividad por su ubicación prevista, sobre la estructura del territorio, especialmente en relación con los núcleos urbanos y las redes generales de infraestructuras, servicios y dotaciones. Oportunidad y conveniencia de la actividad desde el punto de vista del desarrollo económico-social local autonómico y general. Evaluación del impacto en el medio físico y, especialmente, en la utilización de los recursos naturales, el paisaje, y los espacios clasificados de suelo no urbanizable protegido.
  
La decisión positiva de atribución de uso y aprovechamiento debe estar fundada en la positiva valoración de la actividad para el interés público, en función, tanto de la necesidad del emplazamiento en el medio rural, como de la oportunidad y conveniencia de la localización propuesta frente a otras áreas del suelo no urbanizable y de la ponderación del la racional utilización colectiva del territorio.
  
Puestas en relación las anteriores consideraciones con la solicitud objeto del presente expediente se advierte que, pese a los reiterados requerimientos efectuados al ayuntamiento a fin de que se manifestase respecto a la actuación solicitada, dicho trámite ha devenido ineficaz, por lo que dado el carácter preceptivo otorgado por la Ley 4/1992, del Suelo No Urbanizable, al referido informe, únicamente cabe pronunciarse por esta conselleria, dentro del estricto ámbito de sus competencias, denegando la solicitud formulada.
  
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 4/1992, de la Generalitat Valenciana, de 5 de junio, sobre Suelo No Urbanizable, y en el artículo 6.D del Decreto 77/1996, de 16 de abril, que aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, la competencia para la denegación corresponde al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Denegar la solicitud de declaración de interés comunitario formulada por doña Sonia Castronuño Reith para la instalación de actividad de desguace, en el término municipal de Villar del Arzobispo (Valencia).
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.