Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5777, del 04-06-2008 (2008/5908)

Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo del Sector Arquillo del Suelo Urbano de Teresa.
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Número DOGV
:   5777

Fecha DOGV
:   04-06-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2008/5908


Fecha del documento
:   12-04-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Teresa

Tipo de documento
:   Convocatoria

Descriptores 

:   * Teresa
    * obras públicas
    * contrato de obras
    * administración local
    * plan de urbanismo
    * licitación

Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo del Sector Arquillo del Suelo Urbano de Teresa. [2008/5908]
Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo del Sector Arquillo del suelo urbano de Teresa.
Base I. Objeto del contrato
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada que se especifica en las presentes bases particulares, en las que se regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo para la selección de una propuesta de programa de actuación integrada y de un urbanizador para el desarrollo urbanístico de una unidad de ejecución cuya clasificación actual es de suelo urbano.
La unidad de ejecución comprende la zona anexa al casco urbano con una superficie de 14.743,16 metros cuadrados, lindando al norte con la avenida de Viver, al sur con la calle de la Excelentísima Diputación, al este suelo no urbanizable común, al oeste con la calle de la Excelentísima Diputación. Se define y delimita la unidad de ejecución objeto de estas bases en la modificación puntual número 3 del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Teresa.
Base II. Régimen jurídico
Todo ello partiendo de que la relación jurídica que une al agente urbanizador que se procede a seleccionar y a la administración local es la de un contrato administrativo especial. Por tanto, el presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las presentes bases particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, y las bases generales de programación.
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, así como las normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.
Base III. Ordenación urbanística vigente
La ordenación urbanística vigente en el ámbito de actuación es la siguiente:
I. Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano vigente en el municipio de Teresa, el cual fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 28 de noviembre de 1989.
II. Se han iniciado por parte del Ayuntamiento de Teresa los trámites para la aprobación de la modificación número 3 del Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano, de modo que, una vez aprobado el citado expediente, el suelo sobre el que se pretende actuar estará totalmente ordenado y delimitado en una unidad de ejecución. Se hace constar expresamente en estas bases que no podrá recaer acuerdo de adjudicación del presente programa hasta tanto no sea definitiva la modificación puntual número 3 del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Teresa, en consecuencia todos los plazo legales que se refieran a la adjudicación deberán entenderse referidos de forma general a la entrada en vigor de la mencionada modificación puntual número 3 del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Teresa.
Base IV. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada
1. Memoria de necesidades:
Deberá satisfacer las necesidades y objetivos básicos recogidos en el artículo 124 de la Ley Urbanística Valenciana, y en la modificación número 3 del Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano vigente en Teresa, la cual ordena la unidad de ejecución objeto de programación.
2. Objetivos de la programación:
El programa deberá cumplir los objetivos señalados en el artículo 124 de la Ley Urbanística Valenciana, y por tanto, contendrá las previsiones precisas para:
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:
A. Recabar, de los correspondientes Registros (de la Propiedad y Catastro), toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.
B. Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la Reparcelación con carácter previo a la redacción del Proyecto.
C. En caso de existir, efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semi-consolidadas, con propuesta de solución en los términos previstos en el capítulo III del título I de la Ley Urbanística Valenciana.
D. Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación.
E. Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.
F. Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.
G. Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, barrancos y otros).
H. Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el Catastro.
I. Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituye el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa (definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales).
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:
A. Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, dominio público hidráulico, y otros).
B. Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).
C. Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las siguientes obras complementarias que fuesen necesarias, y en concreto, el traslado del centro de transformación existente dentro del casco urbano o su potenciamiento aunque implique la construcción de uno nuevo.
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:
A. El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.
B. Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantando la correspondiente acta de entrega.
C. Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados.
f) Obtener, en su caso, el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público del suelo a favor de la administración actuante de forma gratuita.
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de programa.
i) En su caso, y con carácter complementario, se fijan como objetivos a cargo del urbanizador y sin que sean repercutibles a los propietarios de terrenos afectados, la ejecución de los programas de restauración o implementación paisajística, dentro del ámbito del programa de actuación integrada, conforme a las directrices establecidas en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y el Estudio de Integración Paisajística que acompaña a la modificación puntual número 3 del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Teresa.
Base V. Parámetros urbanísticos
Los parámetros urbanísticos son los establecidos en la ficha de gestión que se incorpora a las presentes bases, cuyo contenido deberá ser respetado por las propuestas de programación.
No se admitirán propuestas de planeamiento dado que el mismo se encuentra definido en la modificación puntual número 3 del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Teresa.Base VI. Criterios y objetivos urbanísticos y territoriales
La unidad de ejecución UE-2 dispone de ordenación pormenorizada, cuyo régimen normativo se establece en el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Teresa y en la modificación puntual número 3.
Constituyen los criterios y objetivos urbanísticos a cumplir por la actuación integrada, con carácter general y programático, los siguientes conceptos:
1. El establecimiento de las mejores soluciones técnicas en orden a una adecuada y óptima ordenación urbanística y arquitectónica, así como dar solución a los problemas logístico-funcionales (carga y descarga, abastecimiento, recogida de residuos, ubicación de los centros de transformación, etc.).
En este sentido se establece como objetivo preferente la reubicación del centro de transformación existente en el centro urbano.
2. La adopción de las mejores soluciones a los posibles problemas de tráfico, accesos, salidas y uso fluido de las zonas de aparcamiento.
3. La mejor forma, diseño, ordenación y distribución de las zonas verdes.
4. La introducción de principios de sostenibilidad, facilitando la implantación de energías renovables y cuantificando su importancia.
5. Implantación de infraestructuras, tanto públicas o privadas, que mejoren las condiciones urbanas del entorno.
6. La consideración de las características urbanas preexistentes ya consolidadas por edificaciones unifamiliares aisladas compatibles con la ordenación.
Base VII. Objetivos de edificación privada
1. Uso global o dominante es el residencial, en sus categorías de unitario y múltiple.
2. Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los establecidos en los instrumentos de planeamiento que resulten de aplicación y en concreto en la modificación número 3 del Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano.
3. Se establece la obligación de simultanear la urbanización y la edificación.
Base VIII. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión
Los documentos técnicos del programa que deberán ser presentados por el aspirante a urbanizador deberán redactarse con estricta observancia de las prescripciones impuestas por la Ley Urbanística Valenciana.
Se deberán presentar tres copias en soporte papel y en formato digital.
Base IX. Prescripciones técnicas del proyecto de urbanización
El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
No podrá modificar las previsiones del plan que desarrolla. En ningún caso, podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el artículo 156.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
Base X. Precio de licitación
El precio de licitación, que sirve exclusivamente de base para el cálculo de la garantía provisional, es el de ochocientos cincuenta mil euros (850.000 €), de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana.
Base XI. Plazos de desarrollo y ejecución del programa
Dado que el presupuesto de ejecución de las obras de urbanización a realizar no supera la cantidad señalada en el artículo 120.6 de la Ley Urbanística Valenciana, no se exige licitación de las obras de urbanización, de manera que el urbanizador podrá ejecutar por sí mismo las obras, siempre que cumpla el requisito establecido en el párrafo siguiente o, alternativamente, contratar las mismas con un tercero contratista de obras. El urbanizador se compromete a dar cuenta al Ayuntamiento de tal contratación antes de iniciar las obras.
Se establecen los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por parte del urbanizador:
A) Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación: seis meses desde la finalización de la aprobación del proyecto de urbanización.
B) Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización contado desde la selección del empresario-constructor o la aprobación del proyecto de reparcelación: 18 meses.
C) Plazo máximo de edificación de los solares contado desde la recepción de las obras de urbanización: un año.
Base XII. Capacidad para ser urbanizador
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Base XIII. Solvencia económica y financiera
La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.
Base XiV. Solvencia técnica y profesional
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.
Base XV. Garantías
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía provisional equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas del programa, impuesto sobre el valor añadido no incluido, la cual asciende a la cantidad de ochocientos cincuenta mil euros (850.000,00 €).
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece en un 10% del valor de las cargas de urbanización, impuesto sobre el valor añadido no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20% en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.
Base XVI. Presentación de proposiciones
Modelo de proposición
Modelo de proposición a presentar por los interesados:
«(Nombre y apellidos ...), mayor de edad, con DNI/NIF número ..., actuando en (nombre propio o en representación de ?, según escritura otorgada el día ?, ante el notario de ...), y con domicilio a estos efectos en ..., en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar,
EXPONE:
Que enterado de las bases particulares que rigen para la adjudicación de la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución UE-2 de suelo urbano residencial del Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Teresa, adjunto a la presente acompaña la documentación requerida en las citadas bases particulares para participar en el concurso público para la adjudicación del referido programa de actuación integrada.
Por lo expuesto,
SOLICITA:
Sea admitida a trámite la documentación que se adjunta a los efectos legales oportunos.
Lugar y fecha.
Nombre y firma».
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación, deberán presentar la documentación en el Registro del Ayuntamiento de Teresa, sito en la calle de Mayo, número 3, dentro del plazo de tres meses, a partir de la fecha del envío del anuncio de concurso al Diario Oficial de la Unión Europea, en horario de lunes a viernes, de 09.00 horas a 14.00 horas. Cada propuesta de programa deberá estar integrada por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:
Sobre A. Alternativa técnica, se presentará abierto y adicionalmente en soporte informático.
Sobre B. Proposición jurídico-económica, se presentará en sobre cerrado.
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.
Sobre C. Se presentará con el título de «Documentación administrativa» y contendrá la siguiente documentación:
A. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en urbanismo.
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar documento nacional de identidad o fotocopia legalizada del mismo.
D. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base XV.
E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.
I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes de los documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones. Antes de la publicación del anuncio de información pública, los concursantes tendrán que haber remitido aviso del inicio del procedimiento de gestión indirecta del programa de actuación integrada al domicilio fiscal de los que consten en el Catastro como titulares de los derechos afectados por la actuación propuesta. Tales avisos se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del aviso. La acreditación del aviso efectuado se incorporará al expediente. Cuando el aviso se practique en el domicilio del interesado, si no se encuentra presente en el momento de su entrega, podrá hacerse cargo del mismo cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo del aviso, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó, habiendo de proceder nuevamente, por una sola vez y en una hora distinta, a practicar el aviso dentro de los tres días siguientes al primer intento.
Base XVII. Contenido mínimo de la alternativa técnica
La alternativa técnica del programa de actuación integrada tendrá el contenido siguiente:
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación pormenorizada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al presente concurso.
b) Ámbito de la actuación.
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.
f) Proyecto de urbanización. El cuadro de precios descompuestos y el PEM se extraerán del proyecto de urbanización y se presentarán junto a la proposición jurídico-económica, en la plica cerrada.
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.
k) Condiciones de diseño y calidad de las edificaciones propuestas.
Se adjuntará al sobre de la alternativa técnica el documento de justificación de la integración territorial ajustado a lo que establece el artículo 74 de la Ley Urbanística Valenciana.
Base XVIII. Proposición jurídico-económica
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.
B) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.
C) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.
D) Hoja resumen de los datos económicos relevantes.
E) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b) de la Ley Urbanística Valenciana.
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.
F) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.
G) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.
Base XIX. Admisibilidad de variantes
No se considerarán variantes. En cualquier caso serán admisibles las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.
Base XX. Criterios de adjudicación
En cuanto a la puntuación de la alternativa técnica, y tratándose de una alternativa consistente en un proyecto de urbanización por pretender el desarrollo de una unidad de ejecución que cuenta ya con ordenación pormenorizada, representará un 50% de la valoración en relación con la proposición jurídico-económica, que representará otro 50%, bien entendido que estos porcentajes se refieren a la máxima puntuación posible a obtener.
Por tanto, los criterios de puntuación y su importancia relativa, serán, siguiendo lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Urbanística Valenciana y 312 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, los siguientes:
a) La conexión adecuada a las obras de urbanización de la actuación en su entorno. Este criterio representará un 30% de la valoración de la alternativa técnica.
b) La calidad técnica de las soluciones y de los materiales propuestos para la urbanización. Este criterio representará un 40%.
c) Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Este criterio supondrá un 5% del valor total de la alternativa técnica.
d) Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. Este criterio representará un 5%.
e) Plazo de ejecución del programa de actuación integrada, este criterio supondrá un 5% del valor total de la alternativa técnica.
f) Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente exigible, este criterio supondrá un 5% del valor total de la alternativa técnica.
g) Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador, este criterio supondrá un 5% del valor total de la alternativa técnica.
h) Medidas para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa un 5% del valor total de la alternativa técnica.
Criterios de puntuación de las proposiciones jurídico-económicas:
1. De conformidad con los artículos 135.4 de la Ley Urbanística Valenciana y 313 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística los criterios de puntuación de las proposiciones jurídico-económicas, y su importancia relativa, serán los siguientes, atendiendo a una valoración total efectuada sobre cien:
a) Menor importe respecto de referencias de cuadros de precios de práctica usual de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. Este criterio representará un 30% de la valoración de la proposición jurídico-económica.
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de la reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente representará un 20%.
c) Mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa representará un 40% del valor total de la proposición jurídico-económica.
d) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. Este criterio supondrá un 10% del valor total de la proposición jurídico-económica.
El porcentaje dado a cada uno de los criterios anteriores viene dado atendiendo a la importancia concedida al apoyo de la proposición por parte de los propietarios afectados por la actuación y al primar el menor importe en los costes de urbanización.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.4 de la Ley Urbanística Valenciana serán objeto de valoración como criterios de adjudicación del programa de actuación integrada la proposición jurídico económica en su integridad y la alternativa técnica, salvo los siguientes documentos:
1. Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286.j del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, podrán ser tenidas en cuenta aquellas mejoras que plantee una alternativa técnica respecto de la integración de la actuación en su entorno.
2. Constitución, en su caso, de la agrupación de interés urbanístico y estatutos y acuerdos sociales de la misma.
3. Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.
4. Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.
5. El documento de justificación de la integración territorial (art. 74 de la LUV).
Base XXi. Adjudicación del programa
1. El programa de actuación integrada se adjudicará dentro de los dos meses siguientes a la apertura de las proposiciones. Corresponde al Ayuntamiento de Teresa la aprobación del presente programa dado que no se modifica la ordenación estructural.
2. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base XVI de las presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva del precio de adjudicación correspondiente.
Base XXII. Formalización del contrato
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.
3. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o normativa en vigor en ese momento.
Base XXIII. Dictamen del Consejo del Territorio y Paisaje
No es exigible el dictamen del Consejo del Territorio y Paisaje para la aprobación del programa dado que ni reviste especial complejidad técnica ni comprende un ámbito superior a 50 hectáreas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley Urbanística Valenciana.
Base XXIV. Cumplimiento
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el Urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las facturas de las obras.
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.
6. El plazo de garantía será de 18 meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.
Cláusula XVIII. Penalizaciones
1. El urbanizador está sujeto al cumplimiento de las distintas obligaciones establecidas en el presente pliego y aquellas otras que sean de aplicación en materia de urbanismo y contratación pública.
2. El incumplimiento de dichas obligaciones es constitutivo de infracción administrativa, las cuales se califican en leves, graves y muy graves.
3. Son faltas muy graves:
a. La demora en el cumplimiento de los plazos fijados en las Bases Generales y Particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.
b. No ingresar la garantía definitiva en plazo.
c. La no formalización del contrato en plazo.
d. La inactividad del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.
e. La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.
f. La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.
4. Son faltas graves:
a. La existencia de deficiencias graves en el cumplimiento de los compromisos asumidos.
b. Dificultar las labores de inspección del servicio por parte de la administración.
5. Son faltas leves:
a. El incumplimiento de otras obligaciones del contrato.
b. El incumplimiento de plazos parciales no superior a un tercio de los mismos.
6. Las faltas leves se sancionarán con multa de 300 a 3.000 euros; las faltas graves con multa de 3.001 a 30.000 euros; y las faltas muy graves con multa de 30.001 a 60.000 euros y/o resolución de la adjudicación. No obstante, la demora en el inicio de la ejecución material de las obras por negligencia del urbanizador en la realización de las actuaciones preparatorias de gestión urbanística será penalizada con un uno por mil por día natural de demora respecto al importe previsto en concepto de beneficio y gastos de gestión.
Base XXV. Resolución
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.
2. Son causas automáticas de resolución del contrato las siguientes:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.
c) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.
d) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.
e) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.
f) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.
g) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.
h) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
i) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
j) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por la Ley Urbanística Valenciana y su normativa de desarrollo.
k) El incumplimiento de cualesquiera de los compromisos ofertados.
l) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.
m) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.
n) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.
o) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.
3. Son causas no automáticas de resolución del contrato que conllevarán la previa imposición de la penalización que corresponda, las siguientes:
a) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.
b) La no formalización del contrato en plazo.
c) La demora en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.
d) La inactividad del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.
e) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.
f) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.
4. El Ayuntamiento, al resolver el contrato de adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador, por plazo de 10 días hábiles, y en caso de exisitir alegaciones del urbanizador se requerirá antes de la resolución definitiva previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje.
Base XXVI. Prerrogativas de la administración
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.
Base XXVII. Jurisdicción competente
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.
Teresa, 12 de abril de 2008.- El alcalde presidente: Juan Ernesto Pérez Calatayud.