Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6456, del 09-02-2011 (2011/759)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal de desahucio por falta de pago número 334/2008.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6456

Fecha DOGV
:   09-02-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/759


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia e Instruccion Número 2 de Nules

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal de desahucio por falta de pago número 334/2008. [2011/759]  
Juicio verbal desahucio falta pago 000334/2008  
De: Isidro Garrido Tierno.  
Procuradora: Pilar Ballester Ozcáriz.  
Contra: III Milenium Stylo Constructivo, SL.  
Procurador/a: -  
En el presente procedimiento verbal seguido a instancia de Isidro Garrido Tierno frente a III Milenium Stylo Constructivo, SL se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia número 179/2010  
Jueza que la dicta: Tomasa Olivas Rubio.  
Lugar: Nules.  
Fecha: 21 de diciembre de 2010.  
Parte demandante: Isidro Garrido Tierno.  
Procuradora: Pilar Ballester Ozcáriz.  
Parte demandada: III Milenium Stylo Constructivo, SL.  
Procurador/a: -  
Vistos por Tomasa Olivas Rubio, jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules, los presentes autos de juicio verbal en acumulación de acciones de resolución de contrato y reclamación de cantidades adeudadas, seguidos ante este Juzgado bajo el número 334 del año 2008, a instancia de Isidro Garrido Tierno, representado por la procuradora Mª Pilar Ballester Ozcáriz y asistido por la letrada Enriqueta Dauden Vicente, contra la mercantil III Milenium Stylo Constructivo, SL, en situación procesal de rebeldía.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por la procuradora Pilar Ballester Ozcáriz, en la representación indicada y mediante escrito que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, se presentó demanda de juicio verbal, en la que, tras aducir los hechos y fundamentos de derecho que estimaba pertinentes a su reclamación, terminaba suplicando que se dictara sentencia "por la que, estimando la demanda, se declare resuelto el contrato por falta de pago y se decrete el desahucio de la demandada respecto de la vivienda que viene ocupando, sita en Betxí, en la calle Barranco número 15, esquina con calle Dolores, con condena en costas a la expedita entrega de la misma, y al pago de la cantidad de mil setecientos cincuenta y nueve euros con ochenta y ocho céntimos (1.759,88 euros), en concepto de rentas vencidas y no satisfechas a la fecha de presentación de la demanda y gastos de la vivienda arrendada, cantidad que deberá incrementarse con las rentas y gastos vencidos desde la presentación de la demanda hasta el completo pago y desalojo de la vivienda, más sus intereses moratorios, y los procesales de la ley, con expresa imposición de las costas del juicio".  
Segundo. Admitida a trámite la demanda por auto de fecha 16 de octubre de 2008, se dio traslado de la misma a la demandada y se citó a las partes al acto de juicio, que se celebró el día 20 de diciembre de 2010 y al que no compareció la demandada, según resulta de las actuaciones, por lo que fue declarada en situación procesal de rebeldía. En dicho acto, la parte actora, se ratificó en su escrito de demanda, solicitó el recibimiento del pleito a prueba y cuantificó la suma que estimaba adeudaba la demandada y se habían devengado con posterioridad a la interposición de la demanda, manifestando que el total del importe adeudado ascendía a la cantidad de 6.806,88 euros. Recibido el pleito a prueba, la parte actora, propuso como medios de prueba de que intentaba valerse en defensa de sus pretensiones, en primer lugar, interrogatorio del demandado con aplicación de lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, en segundo lugar la documental, consistente en que se tuvieran por reproducidos los documentos acompañados al escrito de demanda y más documental aportada en el acto de juicio. Los medios de prueba fueron admitidos y, a continuación, se declararon las actuaciones conclusas y vistas para sentencia, lo que se verifica a través de la presente.  
Tercero. Las presentes actuaciones han sido tramitadas conforme a las normas procesales que le son de aplicación, habiéndose observado el cumplimiento de las prescripciones legales.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. Como ha quedado anteriormente expuesto, la parte actora, en la demanda instauradora del presente procedimiento, llevaba a cabo una acumulación de acciones, de modo que, por un lado, ejercitaba una acción de desahucio por la que instaba la resolución del contrato de arrendamiento celebrado, entre Isidro Garrido Tierno, en la calidad de arrendador y Joaquín José Texeira, legal representante de la mercantil demandada III Milenium Stylo Constructivo, SL, como arrendataria, sobre la vivienda sita en la localidad de Betxí (Castellón), calle Barranco número 15, esquina con calle Dolores, por falta de pago de las rentas pactadas, así como, por otro lado, ejercitaba una acción de reclamación de cantidad, en cuya virtud interesaba la condena del demandado, a abonar al demandante la suma de 1.759,88 euros.  
Las referidas pretensiones las basaba la parte actora en la aplicación de los artículos 17, 27.1 y 27.2.a de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, así como artículos 1555.1, 1556, 1100.1 y 1108 del Código Civil (CC).  
Segundo. Con carácter previo al examen de la acción ejercitada, cabe señalar que, en los juicios declarativos, la rebeldía, en cuanto situación procesal en la que se encuentra la demandada, determina la ausencia del litigio del litigante concernido, lo que produce una situación de incertidumbre acerca de su posición jurídica respecto de la pretensión actuada de adverso, la cual, por su propia naturaleza, no autoriza a dictar automáticamente sentencia de conformidad con las peticiones de la parte actora, sino que resulta necesario que por parte de ésta se acredite la realidad de los hechos que constituyen el fundamento de su pretensión. En consecuencia, la situación de rebeldía procesal en que se encuentra el demandado nos obliga a examinar si de los diferentes medios de prueba practicados ha resultado acreditada la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos para poder dictar una resolución estimatoria de las pretensiones efectuadas por la parte actora, esto es: en primer lugar, la existencia del contrato de arrendamiento cuya resolución es pretendida por la actora, y, en segundo lugar, la concurrencia de alguna de las causas que facultan al arrendador para instar la resolución del correspondiente contrato.  
Por lo que respecta al primero de los elementos expuestos, este órgano judicial entiende acreditada la existencia del contrato de arrendamiento verbal suscrito en enero de 2007 entre los que son parte del presente procedimiento, en virtud del documento número 2, acompañado a la demanda, puesto que en el contrato de arrendamiento de fecha 5 de enero de 2008, acompañado a la demanda como documento número 3, carece de valor probatorio alguno, al no constar debidamente firmado por las partes, con respecto a la vivienda sita en la localidad de Betxí (Castellón), calle Barranco número 15, esquina con calle Dolores, que hace prueba plena de su existencia, habida cuenta de la falta de impugnación del referido documento por la parte demandada y de conformidad con lo que aparece previsto en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en relación con el artículo 319 del mismo cuerpo legal.  
En cuanto a la concurrencia de alguna de la causas legalmente previstas para la posible resolución de un contrato de arrendamiento a instancia del arrendador, cabe señalar que, el demandado ha dejado de abonar las rentas correspondientes a los meses de enero (por importe de 113,20 euros) a diciembre de 2008 y enero a julio de 2009, (fecha en la que el arrendatario entregó la posesión de la vivienda) así como gastos de suministro de agua. Al igual que señalábamos respecto al requisito anterior, la referida falta de pago de las rentas y cantidades asimiladas se considera concurrente, basándonos para ello en la falta de acreditación, por parte del demandado, del cumplimiento de la obligación de pago, que como arrendatario re corresponde en virtud de lo dispuesto en el artículo 1555 del Código Civil. Esta circunstancia debe ser puesta en relación con la teoría de la carga de la prueba que, contemplada en el artículo 217.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, supone que cuando el tribunal considere dudosos hechos de los que dependa la resolución de un procedimiento, desestimará las pretensiones del actor o del demandado, dependiendo de a quien corresponda la carga de probar los mismos. Así, debido a que la falta de concurrencia de la causa alegada, esto es, la prueba del pago de las rentas y cantidades asimiladas, corresponde a la parte demandada, de acuerdo con el contenido del artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto dispone que corresponde al demandado la carga de probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de aquellos en los que el actor funde sus pretensiones, procede entender concurrente la causa de resolución alegada por la parte actora, es decir, la falta de pago de las rentas y cantidades asimiladas devengadas por importe de 6.806,88 euros, que de conformidad con lo estipulado en el contrato de arrendamiento, le incumbía satisfacer al demandado.  
Apreciándose, de conformidad con lo anteriormente expuesto, la concurrencia de las condiciones que el artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en cuanto precepto regulador de la resolución de los contratos de arrendamiento de vivienda, exige para la válida resolución del contrato, procede estimar la acción de desahucio ejercitada por el actor y, en consecuencia, declarar la resolución del contrato de arrendamiento que desde enero de 2007, venían manteniendo entre los que son parte del presente procedimiento, sobre el inmueble sito en la localidad de Betxí (Castellón), calle Barranco número 15, esquina con calle Dolores, habiendo cumplido la parte actora en su escrito de demanda con el requisito que previene el artículo 22.4, en relación con el 439.3, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en orden a la indicación de las circunstancias concurrentes que puedan permitir o no la enervación de la acción.  
A todo lo expuesto, nos conduce igualmente lo previsto en el último inciso del apartado 3º del artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que resulta de plena aplicación al supuesto de autos, y que prevé que "se apercibirá al demandado que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites". De esta forma, atendida la situación procesal de rebeldía en que fue declarado el demandado, según resulta de las actuaciones, no procede declarar haber lugar al desahucio del demandado en los términos expuestos en los párrafos anteriores, puesto que el actor en julio de 2009 recobró la posesión del inmueble.  
Tercero. Por otro lado, por la parte demandante en la demanda instauradora del presente procedimiento, se instaba la condena del demandado al pago de la cantidad de 1.759,88 euros, en concepto de las rentas devengadas correspondiente a los meses de enero (por la cantidad de 113,20 euros) a abril de 2008, y cantidades asimiladas por gastos de suministro de agua, así como en concepto de rentas posteriores correspondientes a los meses de mayo a diciembre de 2008 y enero a julio de 2009, lo que asciende a la cantidad de 6.806,88 euros, que es objeto de reclamación en el presente juicio.  
De igual forma que sucedía respecto a la acción anterior, cabe estimar la pretensión ejercitada respecto a la reclamación de las rentas debidas y cantidades asimiladas a cuyo pago venía obligado el arrendatario, por lo que procede condenar al demandado al pago de las rentas cuyo pago debía asumir de acuerdo con el contrato. Así, siendo la obligación de pago de la renta una de las que el artículo 1555 del Código Civil hace pesar sobre el arrendatario y considerándose acreditada la falta de cumplimiento de la misma por los motivos expuestos en el fundamento jurídico anterior, procede la aplicación del artículo 1.911 del Código Civil, según el cual "del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros", y, en consecuencia, estimando la acción interpuesta de contrario, cabe condenar a la mercantil demandada III Milenium Stylo Constructivo, SL, a abonar al actor la cantidad de seis mil ochocientos seis euros con ochenta y ocho céntimos (6.806,88 euros), correspondiente a las rentas devengadas durante los meses de enero (por importe de 113,20 euros) a diciembre de 2008 y enero a julio de 2009 y cantidades asimiladas. La suma de condena devengará los intereses legales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil.  
Cuarto. En cuanto a las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por tanto, correrán a cargo de la demandada, por haber sido desestimadas todas sus pretensiones, en atención a que la rebeldía es considerada una oposición, aunque tácita, a las pretensiones del actor.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,  
Fallo  
Que estimando íntegramente como estimo la demanda interpuesta por la procuradora Mª Pilar Ballester Ozcáriz, en nombre y representación de Isidro Garrido Tierno, contra la mercantil III Milenium Stylo Constructivo, SL, en situación procesal de rebeldía, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento verbal celebrado entre los que son parte del presente procedimiento en enero de 2007 y, en consecuencia debo declarar y declaro dejar sin efecto el desahucio previsto para el próximo día 20 de enero de 2010 a las 09.30 horas, puesto que el actor recobró la posesión del referido inmueble en julio de 2009 y, debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la parte actora la suma de seis mil ochocientos seis euros con ochenta y ocho céntimos (6.806,88 euros), más los intereses legales aplicables. Todo ello con expresa imposición de las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento a la demandada.  
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación que, en su caso, deberá prepararse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se notifique esta resolución.  
Llévese el original al libro de sentencias.  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón (artículo 455 LECn).  
El recurso se preparará por medio de escrito presentando en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).  
Forma de constituir el depósito: mediante ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado y con destino a este concreto expediente, de la cantidad objeto de depósito, debiendo especificar en el apartado "Concepto" del documento de ingreso que se trata de un "recurso", seguido del código y tipo concreto de recurso del que se trate, según se detalla en la tabla anexa.  
00 Civil-reposición (25 euros).  
01 Civil-revisión resolución secretario judicial (25 euros).  
02 Civil-apelación (50 euros).  
03 Civil-queja (30 euros).  
04 Civil-extraordinario por infracción procesal (50 euros).  
05 Civil-rescisión sentencia firme a instancia rebelde (50 euros).  
06 Civil-casación (50 euros).  
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo; Tomasa Olivas Rubio, jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules.  
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la jueza que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, secretario judicial doy fe.  
Nules 21 de diciembre de 2010».  
Y encontrándose dicho demandado, III Milenium Stylo Constructivo, SL, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.   
Nules, 7 de enero de 2011.- El secretario judicial: Eugenio Ángel Martín Sánchez.