Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3998, del 14-05-2001 (2001/3912)

Notificación de la resolución del recurso administrativo de alzada.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3998

Fecha DOGV
:   14-05-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/3912


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso administrativo de alzada. [2001/Q3912]
  
Al no haberse podido practicar la notificación a don Pablo Sapiña Alcañiz en representación de Programas Integrados, SL, y conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 22 de enero de 2001.
  
Visto el recurso administrativo de alzada interpuesto por don Pablo Sapiña Alcañiz, en nombre y representación de la mercantil Programas Integrados, SL, contra la Resolución del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, de 6 de julio de 1999, por la que se paraliza el procedimiento para expedición de la cédula de urbanización del plan parcial del sector PRR 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera, promovida por la citada mercantil, y del que resultan los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
1. Mediante Resolución de 6 de julio de 1999, el subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, acordó «paralizar el procedimiento de expedición de la cédula de urbanización referida al plan parcial del sector PRR 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera, promovida por Programas Integrados, SL, hasta tanto se subsanen las deficiencias relacionadas en los fundamentos de derechos».
  
En la citada resolución se advertía de la improcedencia de otorgar la cédula de urbanización instada por los interesados, por no haberse justificado adecuadamente la conexión de la actuación integrada con las infraestructuras necesarias para su desarrollo integral, como es la ejecución en su totalidad del vial de acceso desde la VP-1017, calificada por el Plan General de Cullera como «una estructura de acceso imprescindible». Y no considerando adecuadas dichas condiciones de conexión e integración, se acuerda paralizar el procedimiento hasta tanto se subsanen las deficiencias relacionadas en la fundamentación jurídica de dicho acuerdo.
  
Aun cuando no consta entre la documentación incorporada al expediente la acreditación de la notificación formal del acuerdo a la mercantil interesada, en el informe emitido por los servicios territoriales de Urbanismo de Valencia, de fecha 13 de septiembre de 1999, se dice que dicha notificación tuvo lugar el día 21 de julio de 1999.
  
2. Mediante escrito de fecha 29 de julio de 1999, certificado en Correos en fecha 30 de julio de 1999 dirigido a los servicios territoriales de Urbanismo de Valencia, don Pablo Sapiña Alcañiz, en nombre y representación de la mercantil Programas Integrados, SL, interpone recurso de alzada contra la Resolución del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, de 6 de julio de 1999, antes citada por considerar que la petición de cédula de urbanización debió ser atendida dado que la misma se ajustaba al ordenamiento jurídico aplicable alegando lo que a su derecho convino.
  
3. Remitido el escrito presentado al Ayuntamiento de Cullera y al Servicio de Explotación de Vías y Obras de la Diputación de Valencia, ninguno de ellos ha manifestado alegación alguna al respecto.
  
4. Los Servicios Territoriales de Urbanismo, con fecha 13 de septiembre de 1999, ha informado desfavorablemente el recurso de alzada interpuesto concluyendo la procedencia de desestimarlo y confirmar la resolución recurrida en todos sus términos. En dicho informe se reitera que la propuesta planteada por la mercantil interesada no garantiza la ejecución del vial de conexión con las infraestructuras viarias externas con lo que se incumple el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
5. Mediante escrito de fecha 30 de marzo de 2000, se requirió a don Pablo Sapiña Alcañiz para que en el plazo de 10 días acreditase la representación que decía ostentar respecto de la mercantil Programas Integrados, SL, para la interposición del presente recurso ordinario, escrito cuya recepción, el día 7 de abril de 2000, consta en el expediente, por lo que se considera transcurrido con creces el plazo concedido al efecto, sin que, sin embargo, se haya acreditado tal extremo.
  
6. El Servicio Jurídico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 23 de mayo de 2000, informó favorablemente la desestimación del presente recurso de alzada.
  
Fundamentos de derecho
  
1. El recurso de alzada interpuesto se sustancia al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
El recurso de alzada ha sido interpuesto dentro del plazo de un mes previsto con carácter general en el artículo 115 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
  
Por lo demás, concurren en la mercantil interesada los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa necesarias para la interposición del recurso de alzada. La representación legal de don Pablo Sapiña Alcañiz no ha sido debidamente acreditada a pesar del requerimiento formal notificado el día 4 de abril de 2000. Sin embargo, pese a dicha irregularidad en virtud del principio pro actione se procede a resolver el recurso.
  
Además de la señalada anteriormente, deben tenerse en cuenta otras cuestiones jurídico-formales, de necesario estudio con anterioridad a la adopción de una resolución definitiva. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el acto recurrido no sería, en principio, susceptible de recurso, por cuanto no se dan las circunstancias de impugnabilidad señaladas en dicho precepto: no nos encontramos ante una resolución, ni ante un acto de trámite que decida directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, o determine la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, como se evidencia a continuación.
  
De los antecedentes incorporados al expediente cabe concluir que nos encontramos ante un típico acto de impulso del procedimiento, en el que el órgano encargado de su resolución requiere del particular interesado la subsanación de determinadas deficiencias, que impiden la resolución definitiva sobre el asunto. Si bien dicho acto de impulso no reúne los requisitos exigidos por la norma, por cuanto no otorga ningún plazo al interesado para subsanar las deficiencias observadas, tal como exige el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, bien es cierto que dicho acto de trámite no decide en ningún caso sobre el fondo del asunto, ni directa ni indirectamente, pues deja suspendida la decisión final hasta la subsanación de dichas deficiencias; ni mucho menos determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, pues la subsanación requerida se sustenta en la aplicación estricta de las normas materiales aplicables al caso siendo las deficiencias apuntadas perfectamente revisables por el particular en todo momento, dada su condición de entidad mercantil conocedora del tráfico jurídico propio del sector. No provoca tampoco indefensión por cuanto la Subsecretaría de Urbanismo y Ordenación Territorial no cerró las puertas a la posterior impugnación en vía administrativa o jurisdiccional del acto definitivo que en su momento se dictará.
  
No debemos olvidar que nos encontramos ante un procedimiento cuyo objeto no es otro que el otorgamiento de una cédula de urbanización considerada en sí misma como un acto de trámite no susceptible de recurso de acuerdo con la interpretación asentada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana en su sentencia número 2/1999, de fecha 2 de enero de 1999, recaída en el recurso número 1/1111/1996, en la que se aborda de forma sistemática la determinación de la naturaleza jurídica de esta figura urbanística. En lo que aquí interesa baste con señalar que dicha sentencia únicamente admite la impugnación del acto administrativo denegatorio, pero en ningún caso del de otorgamiento, en coherencia con el régimen jurídico contenido en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citado, por considerar que la cédula de urbanización es diseñada por la norma como un mero requisito legal para la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico: si su denegación determina la imposibilidad de continuar el procedimiento de aprobación de dicho planeamiento, su otorgamiento en nada condiciona la posterior resolución definitiva ?aprobatoria o denegatoria- que, en su caso, adopte el órgano urbanístico competente.
  
Ello no obstante, ha de hacerse una importante salvedad derivada de las concretas circunstancias que concurren en el presente supuesto: en la notificación de la resolución de fecha 6 de julio de 1999, dirigida a la mercantil interesada, se incluye pie con expresión de los recursos pertinentes contra el acto notificado, ofreciendo la posibilidad de interponer recurso de alzada ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, motivo por el cual no cabe otra solución jurídica que la admisión a trámite del presente recurso a pesar de considerar que el acto no es susceptible de recurso conforme al artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Como afirma la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 1 de febrero de 19597 «tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la jurisprudencia de este alto considera que el principio de buena fe protege la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el comportamiento propio», lo que obliga a la administración a admitir a trámite el recurso de alzada interpuesto.
  
2. Es objeto del presente procedimiento la resolución del recurso administrativo de alzada interpuesto por don Pablo Sapiña Alcañiz, en nombre y representación de la mercantil Programas Integrados, SL, contra la Resolución del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, de 6 de julio de 1999, por la que se paraliza el procedimiento para la expedición de la cédula de urbanización del plan parcial del sector PRR 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera.
  
3. Como establece el artículo 120 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana (RPCV) «la cédula de urbanización, respecto a cada actuación integrada, certifica su adecuación a la ordenación estructural vigente en el municipio y fija las condiciones mínimas de conexión e integración en su entorno»; se señala en los preceptos siguientes del RPCV el contenido certificante de la cédula, así como los límites legales y demás condiciones de conexión e integración que deben reunir las propuestas de programa para que se les otorgue la correspondiente cédula. Esto es, la cédula de urbanización es el instrumento que se encarga de constatar el cumplimiento de una serie de requisitos por una propuesta de planeamiento, así como de garantizar unas concretas condiciones de conexión e integración de dicha actuación urbanística en la red de infraestructuras tanto municipales como supramunicipales. Tales condiciones de conexión e integración, como afirma el artículo 125.d del RPCV «son vinculantes, pero no limitan la competencia municipal para imponer condiciones y mejoras de interés público local al programar las actuaciones».
  
Por analogía cabría entender que nos encontramos ante un supuesto similar a los llamados dictámenes preceptivos y vinculantes: su contenido obliga a las entidades locales, pero éstas pueden imponer condiciones adicionales en función del interés público local; y de igual forma, la administración pública competente para la aprobación definitiva puede denegar la aprobación, aun cuando dicha propuesta de programa cuente con cédula de urbanización de acuerdo con la facultad expresa otorgada por el artículo 45.2.a de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística al alcalde. Lo que desde luego no podrá hacer ninguna administración pública es aprobar una propuesta de programa que no cuente con cédula de urbanización: es entonces cuando esa administración se encuentra realmente vinculada por la decisión adoptada previamente.
  
La cédula de urbanización se caracteriza, en definitiva, por ser un instrumento de coordinación entre el ejercicio de las competencias municipales en materia de planeamiento y el de las competencias urbanísticas y sectoriales de las demás administraciones titulares de infraestructuras supramunicipales que pueden resultar afectadas; y como tal instrumento se incardina dentro del procedimiento complejo de aprobación de los programas para el desarrollo de actuaciones integradas, como uno de sus trámites esenciales.
  
4. La unidad de ejecución UE-10 del plan parcial del sector PRR 10, Brosquil Centro, forma parte de una partida denominada El Brosquil, que está dividida por el planeamiento vigente en cuatro sectores de suelo urbanizable, de uso residencial, es decir, el que nos ocupa y tres más, como la propia mercantil señala en su escrito de recurso. El Plan General de Ordenación Urbana de Cullera prevé un vial de acceso a los cuatro sectores desde la VP-1017, como una infraestructura de acceso imprescindible para los mismos, dado que la zona se encuentra alejada del casco urbano de Cullera y presenta una accesibilidad deficiente.
  
Como única solución a este problema el Plan General de Ordenación Urbana de Cullera establece para la ordenación de los cuatros sectores un porcentaje de participación de los mismos en los costes totales de la ejecución de la red viaria de acceso desde la carretera VP-1017, Nazaret-Oliva, porcentaje que, sin embargo, hace referencia únicamente a un concepto económico que no garantiza la ejecución conjunta del vial, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística por cuanto la cédula de urbanización se expide para autorizar una propuesta de actuación que acredite una conexión e integración adecuadas de la nueva urbanización con las redes de infraestructuras, comunicaciones y servicios públicos existentes. Así, no puede entenderse cumplida la condición establecida por el plan con la sola ejecución del porcentaje que corresponda a cada sector, porque ello no garantiza el acceso a la zona ni la conexión de la misma con la carretera VP-1017. Esto es, la cédula se expide para acreditar que el ámbito que delimita la unidad de ejecución alcanza los objetivos que el artículo 30.1 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística considera imprescindibles, entre ellos la conexión e integración adecuadas de la nueva urbanización con las redes de infraestructuras, comunicaciones y servicios públicos existentes, de modo que, no estando la actuación integrada de la UER-10, Brosquil Centro-2 Cullera, en condiciones de garantizar aquéllas no puede ser expedida cédula, con lo que debió resolverse la denegación pura y simple de la misma pues no se daban los requisitos legales para su otorgamiento.
  
Sin embargo, el órgano urbanístico competente decidió requerir al solicitante para la subsanación de las deficiencias observadas, con la consiguiente suspensión del plazo para resolver, y, una vez notificado el requerimiento, el particular reitera su solicitud inicial negándose no sólo a subsanar dichas deficiencias sino impugnando, además, el requerimiento notificado, por lo que procede, desde luego, la denegación de la cédula de urbanización, dado el reiterado incumplimiento de los requisitos legales exigidos para su otorgamiento y la nula voluntad mostrada por el solicitante de rectificar su solicitud de acuerdo con las observaciones apuntadas en su día.
  
5. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es la autoridad competente para la resolución del recurso interpuesto conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la reforma operada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, y el artículo 14.2 del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Desestimar el recurso administrativo de alzada interpuesto por don Pablo Sapiña Alcañiz, en nombre y representación de la mercantil Programas Integrados, SL, contra la Resolución del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, de 6 de julio de 1999, por la que se paraliza el procedimiento para la expedición de la cédula de urbanización del plan parcial del sector PRR 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera, acordando junto con dicha desestimación, la denegación de la cédula de urbanización solicitada en su día por no reunir los requisitos legales necesarios para su otorgamiento.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime oportuno.