Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3048, del 01-08-1997 (1997/9478)

ORDEN de 30 de julio de 1997 de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en las pequeñas y medianas empresas (PYME).
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Número DOGV
:   3048

Fecha DOGV
:   01-08-1997

Sección del DOGV
:   CONVENIOS Y ACTOS - CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1997/9478


Fecha del documento
:   30-07-1997

Organismo emisor
:   Conselleria de Empleo, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

ORDEN de 30 de julio de 1997 de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en las pequeñas y medianas empresas (PYME).  
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 5 establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.  
Del mismo modo, las administraciones públicas fomentarán aquellas actividades en orden a reducir los riesgos laborales y la promoción de estructuras eficaces de prevención.  
El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención, establece en su artículo 8 la necesidad de planificación de la actividad preventiva, cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, al objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores expuestos a las mismas.  
El predominio de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el modelo industrial implantado en la Comunidad Valenciana, a menudo no cuenta con los medios necesarios para dedicar una parte suficiente de sus recursos a la seguridad de sus instalaciones, lo que origina un mayor número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, no disponen de las infraestructuras necesarias que faciliten el desarrollo de la acción preventiva y especialmente en lo que se refiere a la información de los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos y la formación teórica y práctica, suficiente y adecuada para su protección.  
La Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, tiene atribuidas las competencias en materia de trabajo y seguridad e higiene. En el ejercicio de tales competencias procede a establecer un régimen de ayudas que tienda a conseguir la promoción de la prevención en las PYME radicadas en la Comunidad.  
Por último se señala que las ayudas que se concedan de acuerdo con lo previsto en la presente orden lo serán en el marco de la Comunicación de la Comisión 96/C 68/06 (DOCE C 68, 6 de marzo de 1996).  
En su virtud, esta Conselleria de Empleo, Industria y Comercio ha dispuesto:  
Artículo 1. Objeto y ámbito  
1. El objeto de la presente orden es establecer el régimen de concesión de ayudas para la realización de inversiones destinadas para la mejora de las condiciones de trabajo en las PYME de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que para el ejercicio 1997 establece la Ley de Presupuestos para la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio.  
2. El régimen de ayudas será de aplicación tal y como se determina en los siguientes artículos.  
Artículo 2. Acciones apoyables  
Las ayudas podrán ir destinadas a las actuaciones siguientes:  
a) Inversiones en las PYME que tras las evaluaciones de los riesgos se han puesto de manifiesto situaciones de riesgo y necesiten proyectos de inversión para su corrección.  
b) Inversiones en infraestructuras que faciliten a las PYME el cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo.  
Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas:  
a) Para las actuaciones señaladas en el artículo 2 a):  
Las PYME de la Comunidad Valenciana menores de 25 trabajadores.  
b) Para las actuaciones señaladas en el artículo 2 b):  
Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Comunidad Valenciana, constituidas al amparo de la Ley 19/1977, y sus fundaciones entre cuyos objetivos se encuentre la prevención de riesgos laborales.  
Artículo 4. Cuantía de las ayudas  
1. Las ayudas que se establecen en la presente orden tendrán la consideración de subvención a fondo perdido.  
2. Para las acciones señaladas en el artículo 2 a), las ayudas podrán alcanzar una cuantía máxima del 50% del coste total del proyecto de inversión.  
Excepcionalmente y a criterio de la Dirección General de Trabajo, se podrá conceder hasta el 100%, cuando especiales circunstancias lo justifiquen.  
En ningún caso la cuantía de las ayudas podrá ser superior a 2.000.000 de pesetas por inversión total que solicite una empresa beneficiaria indicada en el artículo 3 a).  
3. Para las acciones señaladas en el artículo 2 b), las ayudas podrán alcanzar una cuantía del 100% del coste total del proyecto de inversión.  
En ningún caso la cuantía de las ayudas podrá ser superior a 36.580.374 de pesetas por la inversión total que solicite una entidad beneficiaria indicada en el artículo 3 b).  
El importe de las presentes ayudas no podrá hacer que el importe total de ayudas de minimis que reciba la empresa durante un período de tres años sea superior al límite de 100.000 ecus.  
Artículo 5. Presentación de solicitudes y plazo  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente orden, deberán dirigirse al director general de Trabajo y se presentarán en el impreso normalizado, en el Registro General de las Jefaturas de Área de Trabajo de los servicios territoriales de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio o en cualesquiera otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2. Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan:  
a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante.  
b) Justificación de hallarse el solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, en los términos previstos en la Orden de la Conselleria de Economía y Hacienda de 30 de mayo de 1996.  
c) Para las acciones indicadas en el artículo 2 a), la evaluación de riesgos y el plan de prevención priorizado, en función de la magnitud de los riesgos y trabajadores afectados.  
Para las acciones indicadas en el artículo 2 b), memoria descriptiva de la actuación para la que se solicita la ayuda y su repercusión en la mejora de las condiciones de trabajo de las PYME.  
En ambos casos se presentará un programa de trabajo en el que se refleje su desarrollo temporal así como presupuesto detallado por partidas o facturas proforma.  
En caso de resultar necesario por la naturaleza de la actuación a realizar, deberá presentarse proyecto técnico, que deberá ser sometido a informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos o de técnicos designados por la Conselleria  
d) Declaración de otras ayudas públicas solicitadas o concedidas para el mismo proyecto, si las hubiere.  
e) Ficha mantenimiento de terceros, cumplimentada de acuerdo con el modelo normalizado en el anexo.  
f) Declaración responsable según modelo, de las ayudas de minimis concedidas por cualquier proyecto a la empresa durante los últimos tres años, contados desde la primera ayuda obtenida por la norma de minimis, con indicación del importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara; o en su caso declaración responsable de no haber recibido ninguna  
3. Los solicitantes podrán ejecutar los proyectos sin esperar a que la concesión de la ayuda se produzca y sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente se adopte.  
4. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y el 31 de agosto de 1997.  
Artículo 6. Criterios de evaluación de las solicitudes  
1. Para la concesión de las ayudas indicadas en el artículo 2 a), la comisión calificadora valorará entre otros aspectos:  
a) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa.  
b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades.  
c) La gravedad de los daños que pueden producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.  
d) El número de trabajadores afectados.  
e) Adopción de medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
f) Línea seguida por la empresa en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.  
2. Para la concesión de las ayudas indicadas en el artículo 2 b), la comisión calificadora valorará entre otros aspectos la incidencia de las acciones en la mejora de las condiciones de trabajo en las PYME y especialmente en aquellos sectores o actividades que no disponen de las infraestructuras necesarias que faciliten el desarrollo de la acción preventiva.  
Artículo 7. Resolución de la concesión de ayudas  
1. Las Áreas de Trabajo de los Servicios Territoriales, remitirán los expedientes a la Dirección General de Trabajo tras comprobar la documentación aportada por los solicitantes y subsanadas las deficiencias observadas, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2. La Dirección General de Trabajo podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos complementarios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.  
3. Previo informe de una comisión calificadora, el director general de Trabajo por delegación del conseller de Empleo, Industria y Comercio dictará resolución de ayuda, fijando expresamente la cuantía e incorporando, en su caso, las condiciones y obligaciones que afecten al desarrollo del proyecto. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Asimismo, podrán establecerse plazos parciales para que el beneficiario ejecute como mínimo un determinado porcentaje del proyecto y para la justificación del cumplimiento de otras condiciones.  
4. El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen para la concesión de las ayudas que se establecen en la presente orden será de un mes contado desde la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.  
Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución se entenderá desestimada la solicitud de concesión de ayuda, en los términos previstos en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Artículo 8. Resolución de incidencias  
1. El órgano competente para la concesión de las ayudas contempladas en la presente orden, resolverá las incidencias que se produzcan con posterioridad a dicha concesión, y en especial los supuestos de:  
- Cambios de titularidad.  
- Cambios de ubicación.  
- Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión, con carácter excepcional.  
- Modificaciones justificadas del proyecto inicial.  
- Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto a los efectos de liquidación de la ayuda.  
2. El beneficiario deberá comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.  
Artículo 9. Control de las acciones  
1. La Dirección General de Trabajo realizará el control y seguimiento de los proyectos por medio de las inspecciones que estime necesarias, y emitirá un certificado final de conformidad a los objetivos del proyecto aprobado, que servirá de base para la tramitación del correspondiente expediente de liquidación de la subvención concedida.  
2. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General, en relación con las subvenciones o ayudas concedidas.  
Artículo 10. Liquidación de las ayudas  
1. La liquidación de las ayudas se efectuará una vez ejecutado el proyecto en su totalidad o en las fases previstas, de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados para la concesión de la ayuda.  
2. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los beneficiarios, en el plazo de un mes desde la ejecución del proyecto o de las fases previstas, y en todo caso con anterioridad al 1 de noviembre de 1997, y salvo que por circunstancias concurrentes se determine un plazo distinto en la resolución de concesión de la ayuda, deberán presentar:  
a) Facturas y documentos justificativos del pago efectuado, de acuerdo con la normativa y los usos vigentes.  
b) En los casos en que resulte exigible proyecto técnico, certificación de la obra expedida por un técnico competente.  
c) Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se hubieran establecido en la resolución de la concesión de la ayuda.  
3. No será subvencionable el impuesto sobre el valor añadido (IVA) satisfecho por la adquisición de bienes y servicios y en general cualquier impuesto pagado por el beneficiario.  
Artículo 11. Pago anticipado  
Con carácter excepcional, podrá anticiparse el pago de la ayuda con anterioridad a la realización del proyecto en un 15%, previa presentación por el beneficiario de aval bancario por las cuantías anticipadas, constituido, de acuerdo con la normativa vigente, en los servicios territoriales de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública.  
Artículo 12. Obligaciones del beneficiario  
1. La alteración de alguna de las características del proyecto aprobado, el incumplimiento de condiciones y plazos establecidos en la resolución, la no ejecución parcial de la inversión, la falta de justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas que en su conjunto excedan de los límites establecidos, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.  
2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención o la falta de justificación de la realización del proyecto, dará lugar a la incoación por los órganos competentes para la concesión de las ayudas el correspondiente expediente que podrá finalizar en su caso, con la revocación de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
Primera  
Para el ejercicio 1997, y de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, las ayudas previstas en la presente orden se financiarán, de acuerdo con el crédito presupuestario disponible, con cargo a la sección, programa, línea e importe global que a continuación se relaciona:  
- Sección 1. Programa 315.10: Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales. Línea 703, Importe global: 687.366.128 de pesetas.  
Segunda  
En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.  
DISPOSICIONES FINALES  
Primera  
Se faculta al director general de Trabajo para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.  
Segunda  
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Valencia, 30 de julio de 1997  
El conseller de Empleo, Industria y Comercio,  
DIEGO SUCH PÉREZ