Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5732, del 01-04-2008 (2008/3376)

Información pública de las bases particulares reguladoras del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de la Unidad de Ejecución Número 29 de suelo urbano residencial del Plan General de Ordenación Urbana de Segorbe.
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Número DOGV
:   5732

Fecha DOGV
:   01-04-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2008/3376


Fecha del documento
:   27-03-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Segorbe

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Segorbe
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de las bases particulares reguladoras del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de la Unidad de Ejecución Número 29 de suelo urbano residencial del Plan General de Ordenación Urbana de Segorbe. [2008/3376]  
Cláusula I. Objetivos de la programación  
1. Las presentes bases particulares tienen por objeto regular las condiciones básicas de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la selección de un programa de actuación integrada y un urbanizador para el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución número 29 de suelo urbano de uso residencial del Plan General de Segorbe. Todo ello partiendo de que la relación jurídica que une al agente urbanizador que se procede a seleccionar y a la administración local es la de un contrato administrativo especial.  
2. Los principales objetivos de la programación del sector son:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa.  
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, a favor de la administración gratuitamente.  
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público de suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, sin perjuicio de la obligación legal de soportar las cargas de urbanización correspondientes a la cesión, así como la posibilidad de compensación del excedente de aprovechamiento podrá realizarse mediante compensación económica afecta al patrimonio municipal de suelo a cuenta del urbanizador.  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.  
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora.  
Cláusula II. Ordenación urbanística vigente en el ámbito de la actuación integrada  
1. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Segorbe, aprobado en fecha 19 de noviembre de 1990, por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, de la conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana.  
El ámbito de la actuación se circunscribe a la unidad de ejecución número 29 de suelo urbano de uso residencial del PGOU de Segorbe.  
2. En ningún caso, se podrá proponer una alteración del límite territorial del sector, si no es a los efectos de pequeñas modificaciones necesarias para dotar de coherencia al mismo o mejorar sus accesos o infraestructuras.  
3. No será exigible el informe del Consejo de Territorio y el Paisaje previsto en el artículo 136.4 de la Ley Urbanística Valenciana.  
Cláusula III. Suspensión de licencias y programas  
La publicación del anuncio de las presentes bases particulares de programación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana será el que produzca los efectos suspensivos del otorgamiento de licencias regulados en el artículo 101 de la Ley Urbanística Valenciana, así como, de los acuerdos de nuevos programas en la zona afectada por la actuación, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley Urbanística Valenciana. Durante el período de vigencia de la suspensión de los acuerdos aprobatorios de programas no se admitirán iniciativas de programación. Tampoco se podrán aprobar bases particulares de programación, ni de forma expresa ni por aplicación del silencio administrativo.   
Cláusula IV. Directrices de ordenación urbanística  
Las directrices de la ordenación urbanística aplicables a la unidad de ejecución número 29 son:  
A. Ampliar la oferta de suelo residencial.  
B. Aumentar la calidad y flexibilidad del suelo ofertado.  
C. Planificar los usos de las diferentes áreas.  
D. Resolver los accesos y las conexiones viarias.  
E. Incorporar suelo residencial.  
F. Localizar suelo residencial con grandes espacios libres y dotaciones.  
Cláusula V. Precio de licitación  
Se establece un precio máximo de licitación de 246.760,26 euros más IVA, que tiene carácter de máximo y que sirve de base para el cálculo de la garantía provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística valenciana.  
Cláusula VI. Prescripciones técnicas aplicables  
Las prescripciones técnicas de las obras de urbanización tienen como objeto establecer y regular, en el ámbito de aplicación del programa, las condiciones, niveles de calidad y criterios técnicos mínimos que deberán reunir las obras de urbanización, así como la instalación de servicios públicos en el subsuelo, suelo y vuelo de dominio y uso público municipal así como en terrenos propiedad particular que vayan a ser destinados a dicho régimen. Las exigencias de condiciones, calidad y criterios técnicos de ejecución se materializarán en el acuerdo de aprobación del proyecto de urbanización.  
Cláusula VII. Condiciones y objetivos de la edificación  
Las condiciones edificatorias se establecen en el PGOU.  
Cláusula VIII. Plazos de despliegue y ejecución del programa  
Se establecen los siguientes plazos máximos:  
A. Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización: 24 meses, desde la aprobación del proyecto de reparcelación o, en su caso, a contar desde la selección del empresario-constructor.  
B. Plazo máximo de edificación de los solares: cuatro años, a contar desde la recepción de las obras de urbanización.  
Cláusula IX. Capacidad  
1. Podrán ser urbanizadores y promover el presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del TRLCAP.  
Cláusula X. Solvencia económica y financiera  
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
Cláusula XI. Solvencia técnica y profesional  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, habiendo de demostrar en este caso ante el ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
Cláusula XII. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el TRLCAP, una garantía provisional equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad de 4.935,21 euros.  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el TRLCAP, se establece en un 10% del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20% en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
Cláusula XIII. Presentación de proposiciones  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Segorbe, sito en la plaza del Agua Limpia, número 2, en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea, y en horario de 09.00 horas a 14.00 horas, de lunes a viernes, sus proposiciones, integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
Sobre A. Se presentará en sobre abierto y, adicionalmente, en soporte informático, con el título de alternativa técnica programa de actuación integrada.  
Sobre B. Se presentará en plica cerrada con el título de proposición jurídico-económica programa de actuación integrada.  
Sobre C. Se presentará con el título de documentación y contendrá la siguiente documentación:  
A. Si concurriese una sociedad o empresa, deberá presentar escritura de constitución de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente urbanismo  
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el registro mercantil o registro público correspondiente.  
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y es empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
D. Resguardo acreditativo de la fianza provisional   
E. Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.  
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.  
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.  
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deber acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.  
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública del proyecto de urbanización, así como, en caso de que introduzcan modificaciones en la ordenación, en los documentos de ordenación, así como aquellos otros documentos complementarios. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio de Segorbe, y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones. Antes de la publicación del anuncio de información pública, los concursantes tendrán que haber remitido aviso del inicio del procedimiento de gestión indirecta del programa de actuación integrada al domicilio fiscal de los que consten en el catastro como titulares de los derechos afectados por la actuación propuesta. Tales avisos se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del aviso. La acreditación del aviso efectuado se incorporará al expediente. Cuando el aviso se practique en el domicilio del interesado, si no se encuentra presente en el momento de su entrega, podrá hacerse cargo del mismo cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo del aviso, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó, habiendo de proceder nuevamente, por una sola vez y en una hora distinta, a practicar el aviso dentro de los tres días siguientes al primer intento.  
Cláusula XIV. Contenido mínimo de la alternativa técnica  
Las alternativas técnicas de los programas de actuación integrada contendrán la siguiente documentación:  
A) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación detallada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al concurso para la selección del urbanizador. En cualquier otro caso, la alternativa técnica deberá ir acompañada necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación detallada para el ámbito del programa.  
B) Ámbito de la actuación integrada.  
C) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
D) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes  
E) Proyecto de urbanización.  
F) Enunciado de los objetivos complementarios, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
G) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
H) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
I) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutibles a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
J) Condiciones de diseño y calidad de las edificaciones propuestas.  
Cláusula XV. Proposiciones jurídico-económicas  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
B) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b de la Ley Urbanística Valenciana.   
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
Cláusula XVI. Criterios de adjudicación  
Los criterios de adjudicación al programa serán los siguientes:  
1. Para las alternativas técnicas.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 312.2.c del ROGTU, según modificación de dicho reglamento realizada por el Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, la puntuación de la alternativa técnica representa un 50% de la valoración en relación con la proposición jurídico-económica, que representa un 50%, bien entendido que estos porcentajes se refieren a la máxima puntuación posible a obtener.  
A tenor del artículo 135.3. de la Ley Urbanística Valenciana, los criterios de puntuación y su importancia relativa de la alternativa técnica, serán los siguientes:  
a) La conexión adecuada a las obras de urbanización de la actuación en su entorno. Este criterio representará un 19% de la valoración de la alternativa técnica.  
b) La calidad técnica de las soluciones y de los materiales propuestos para la urbanización. Este criterio representará un 18,50%.  
c) Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. Este criterio representará entre un 0%.  
d) Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del Programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de ordenación del territorio y protección del paisaje. Este criterio supondrá un 2,5% del valor total de la alternativa técnica.  
f) Plazo de ejecución del programa de actuación integrada. Este criterio representará el 3%.  
g) Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente exigible. Este criterio representará un 1%.  
h) Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador. Este criterio representará un 1%.  
i) Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa. Este criterio representará un 5%.  
Motivación: se da importancia a la integración en su entorno y a la restauración paisajística y de imagen urbana dada la alta degradación actual de dichos valores, los criterios de la letra f) a i) se puntual al máximo por su potencial de mejora para los resultados del conjunto de la actuación integrada.  
2. Para la proposición jurídico-económica.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 312.2.c del ROGTU según modificación de dicho Reglamento realizada por Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, la puntuación la puntuación de la proposición jurídico-económica representa un 50% de la valoración en relación con la alternativa técnica, que representa un 50%, bien entendido que estos porcentajes se refieren a la máxima puntuación posible a obtener.  
A tenor del artículo 135.4 de la Ley Urbanística Valenciana, los criterios de puntuación de las proposiciones jurídico-económicas, y su importancia relativa, serán los siguientes:  
a) Menor importe respecto de referencias de cuadros de precios de práctica usual de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. Este criterio representará un 15% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente. Este criterio representará un 15% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
c) Mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa representará un 17,5%.  
d) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. Este criterio supondrá entre un 2,5% del valor total de la proposición jurídico-económica.  
Motivación: Se puntúa al máximo las cargas de urbanización por la repercusión económica que supone para los propietarios que obtengan adjudicación de aprovechamiento, se puntúa al mínimo los compromisos financieros para poder puntuar el máximo restante el coeficiente de cambio para pago en especie por la importante repercusión económica que supone para aquellos propietarios que no alcancen el derecho a adjudicarse aprovechamiento en solares edificables.  
Cláusula XVII. Adjudicación del programa  
La adjudicación del programa y la formalización del contrato se realizará en los términos establecidos en las bases generales de selección de programas aprobadas por el Ayuntamiento de Segorbe.  
Cláusula XVIII. Penalizaciones  
1. El urbanizador está sujeto al cumplimiento de las distintas obligaciones establecidas en el presente pliego y aquellas otras que sean de aplicación en materia de urbanismo y contratación pública.  
2. El incumplimiento de dichas obligaciones es constitutivo de infracción administrativa, las cuales se califican en leves, graves y muy graves.  
3. Son faltas muy graves:  
a. No cumplir los plazos totales de desarrollo de la actuación urbanística, salvo concurrencia de causas excepcionales y no imputables al adjudicatario que retrasen dicha actuación.  
b. No ingresar la garantía definitiva en plazo.  
c. No suscribir en plazo el contrato administrativo en plazo.  
d. La inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos.  
e. La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación o la realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa.  
4. Son faltas graves:  
a. La existencia de deficiencias graves en el cumplimiento de los compromisos asumidos.  
b. Dificultar las labores de inspección del servicio por parte de la administración.  
5. Son faltas leves:  
a. El incumplimiento de otras obligaciones del contrato.  
b. El incumplimiento de plazos parciales no superior a un tercio de los mismos.  
6. Las faltas leves se sancionarán con multa de 300 a 3.000 euros; las faltas graves con multa de 3.001 a 30.000 euros; y las faltas muy graves con multa de 30.001 a 60.000 euros y/o resolución de la adjudicación. No obstante, la demora en el inicio de la ejecución material de las obras por negligencia del urbanizador en la realización de las actuaciones preparatorias de gestión urbanística será penalizada con un 1 por mil por día natural de demora respecto al importe previsto en concepto de beneficio y gastos de gestión.  
Cláusula XIX. Cumplimiento y resolución  
1. La relación jurídica entre el Ayuntamiento y el urbanizador se extingue por cumplimiento o por resolución.  
2. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo.  
3. Son causas de resolución del contrato de las siguientes:  
a. La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de la personalidad jurídica de la empresa urbanizadora.  
b. La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
d. La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva y la no formalización del contrato de despliegue en plazo.  
e. La demora en el cumplimiento del plazo global de ejecución de la programación y urbanización propuesta.   
f. La comisión por el urbanizador de infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado.  
g. La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación o la realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa.  
h. La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.   
i. El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar la programación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que, en su caso, procedan o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
j. La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello de lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
K. La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
l. La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.  
ll. La inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos.  
m. El incumplimiento tanto del plazo total como de los plazos parciales cuando implique el incumplimiento del plazo total.  
n. El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por la Ley Urbanística Valenciana.  
ñ. El incumplimiento grave de las restantes obligaciones contractuales esenciales.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.   
Cláusula XX. Prerrogativas de la administración  
El Ayuntamiento de Segorbe ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana.   
Cláusula XXI. Normativa aplicable  
En todo lo no previsto en las presente bases particulares será de aplicación tanto la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana; Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística; y las bases generales que aprueban dicho reglamento.  
Cláusula XXII. Jurisdicción competente  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.  
El expediente queda a disposición de quien quiera examinarlo en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Segorbe, en horario de oficinas.  
Segorbe, 27 de febrero de 2008.- El alcalde: Rafael Calvo Calpe.