Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5956, del 17-02-2009 (2009/1446)

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2009, de la secretaria autonómica de Justicia, por la que se resuelve la revisión de oficio de la Resolución de 20 de septiembre de 2007, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, por silencio administrativo.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5956

Fecha DOGV
:   17-02-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/1446


Fecha del documento
:   23-01-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * profesión paramédica
    * colegio profesional
    * reglamento interno

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2009, de la secretaria autonómica de Justicia, por la que se resuelve la revisión de oficio de la Resolución de 20 de septiembre de 2007, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, por silencio administrativo. [2009/1446]  
En el expediente sobre revisión de oficio de la Resolución de 20 de septiembre de 2007, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, por silencio administrativo, en lo concerniente al apartado 3 del artículo 10 de los mismos, concurren los siguientes  
Antecedentes  
Primero. José Vicente Mauri-Vera Lavarías, presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, presentó en fecha 5 de abril de 2006, solicitud de inscripción de la modificación de los Estatutos del mismo en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales y publicación en el entonces Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, previo ejercicio del preceptivo control de legalidad.  
La Asamblea General del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia aprobó la nueva redacción de sus Estatutos en sesión celebrada en fecha 31 de marzo de 2006, según acta suscrita por Pedro José Olivares Pérez, secretario de dicho Colegio, con el visto bueno del presidente, que afectaba al contenido de los artículos 10, 11, 12, 16, 31 y 68 así como al cambio de numeración de los artículos 69 a 89.  
Segundo. Existiendo dudas acerca de la legalidad del apartado 3 que se añadía ex novo al artículo 10 de los citado Estatutos, en virtud del cual la Junta de Gobierno del Colegio quedaba facultada para acordar la colegiación «de oficio» de aquellas personas que se verificara que ejercían la actividad profesional sin haberla solicitado, en fecha 27 de julio de 2006,la directora general de Justicia cursó a la Subsecretaría de la conselleria de Justicia, Interior, y Administraciones Públicas, solicitud de informe a la Abogacía General de la Generalitat sobre la cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Decreto 84/2006, de 16 de junio, del Consell. Informe que, evacuado por la Abogacía General de la Generalitat en fecha 15 de septiembre de 2006, tuvo entrada en el Servicio de Entidades Jurídicas el 29 de septiembre de 2006 y cuya ratio decidendi finalizaba afirmando lo siguiente:  
«En conclusión, y salvo opinión mejor fundada en derecho, no se considera admisible esa modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia.»  
Tercero. En fecha 24 de octubre de 2006, por el Servicio de Entidades Jurídicas, unidad administrativa a la que correspondía la instrucción del procedimiento, se puso de manifiesto el expediente a la corporación profesional interesada, dándose el trámite de audiencia establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a los efectos de que pudiera aportar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimara pertinentes en el plazo de diez días.   
Cuarto. En fecha 8 de noviembre de 2006, Joaquín Morey Navarro, letrado representante del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, formuló escrito de alegaciones, dedicado a rebatir el contenido del citado informe de la Abogacía General.  
Quinto. En fecha 20 de abril de 2007, Joaquín Morey Navarro, solicitó se dictara resolución «por la que se confirme la estimación por silencio administrativo de la solicitud de inscripción de las modificaciones estatutarias y publicación en el DOGV solicitadas en 5 de abril de 2006».  
Sexto. En fecha 19 de septiembre de 2007, el Servicio de Entidades Jurídicas formuló Propuesta favorable a la inscripción de la modificación estatutaria solicitada, dictando resolución el director general de Justicia y Menor de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas el 20 de septiembre de 2007, por la que se resolvía inscribir, por silencio administrativo, la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, y se disponía su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En el cuerpo de las dichas Propuesta y Resolución se razonaba que el nuevo apartado 3 del artículo 10 de los Estatutos del citado Colegio, que permitía a la corporación profesional proceder a la colegiación «de oficio» de aquellas personas que se verificara que ejercían la actividad profesional sin la misma, no se consideraba ajustado a derecho, como había concluido el informe del Área Jurídica.  
La resolución fue notificada a la corporación interesada en fecha 28 de septiembre de 2007 y publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5617, de 11 de octubre de 2007.  
Séptimo. En fecha 30 de octubre de 2007 tuvo entrada en el registro de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas escrito de José Vicente Mauri-Vera Lavarias, en calidad de presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, mediante el que interponía recurso de reposición contra la Resolución de 20 de septiembre de 2007 del director general de Justicia y Menor, única y exclusivamente en lo que se refería al contenido de la misma destinado a argumentar o fundamentar la no consideración de procedencia o legalidad de la inscripción del apartado 3 del artículo 10 de los Estatutos reformados del Colegio.  
En fecha 20 de diciembre de 2007 se dictó Resolución por parte del director general de Justicia y Menor desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia.  
Octavo. En fecha 18 de febrero de 2008 por la secretaria autonómica de Justicia de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas se dispuso el inicio del expediente para la revisión de oficio del apartado 3, del artículo 10, de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, modificados por la citada Resolución de 20 de septiembre de 2007, del director general de Justicia y Menor de la misma conselleria.  
Noveno. Instruido el procedimiento por el Servicio de Entidades Jurídicas, incluyendo el incidente de recusación del instructor, se formuló propuesta de resolución y se elevó el expediente a dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en fecha 23 de junio de 2008, concluyéndose por el pleno de dicho órgano consultivo:«Que no procedía resolver acerca del procedimiento de revisión de oficio, al encontrarse caducado, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, pudiera iniciarse un nuevo procedimiento».  
Recibido dicho dictamen, de conformidad con lo establecido en el mismo, en fecha 9 de septiembre de 2008 se dictó Resolución por la secretaria autonómica de Justicia declarando la caducidad del procedimiento de revisión de oficio (notificada el 29.09.2008).  
Décimo. En atención a lo dispuesto en el citado dictamen, en fecha 11 de septiembre de 2008, por la secretaria autonómica de Justicia de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas se acordó la iniciación del procedimiento de revisión de oficio del apartado 3 del artículo 10, de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, modificados por la citada Resolución de 20 de septiembre de 2007, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, siendo notificada la misma a la corporación interesada el 29 de septiembre de 2008.  
Undécimo. En fecha 29 de septiembre de 2008, mediante oficio del Servicio de Entidades Jurídicas, se dio traslado a la interesada de la apertura del trámite de audiencia del procedimiento de revisión de oficio, concediéndole un plazo de 10 días desde la notificación del mismo (16 de octubre de 2008, según consta en el expediente) para que pudiera aportar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimaran pertinentes de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, lo cual llevó a cabo en fecha 28 de octubre de 2008, recibiéndose en la unidad administrativa instructora el 5 de noviembre.  
Duodécimo. En fecha 6 de noviembre de 2008, el Instructor del expediente, jefe del Servicio de Entidades Jurídicas, formuló propuesta interesando que, previo dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y conforme con el mismo, se dictara por la Secretaría Autonómica de Justicia resolución mediante la que se acordara, por resultar contrario a derecho, la nulidad del apartado 3 del artículo 10 de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, aprobados por la citada Resolución de 20 de septiembre de 2007, del director general de Justicia y Menor.  
Decimotercero. En fecha 7 de noviembre de 2008, como órgano competente para ello, la consellera de Justicia y Administraciones Públicas remitió el expediente al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana solicitando el preceptivo dictamen, acordándose en esa misma fecha por la Secretaría Autonómica de Justicia de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas la suspensión del plazo máximo legal para resolver y notificar la resolución del presente procedimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Acuerdo de suspensión cuya notificación fue cursada a la corporación interesada, indicándose la fecha de petición.  
Decimocuarto. En fecha 15 de enero de 2009 se recibió en el Servicio de Entidades Jurídicas el dictamen número 871/2008 de 30 de diciembre de 2008, del Consell Jurídic Consultiu de la C. Valenciana relativo a la revisión de oficio del apartado 3 del artículo 10 de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia.  
Fundamentos jurídicos  
I. Legitimación. De acuerdo con el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán declarar de oficio la nulidad de aquellos de sus actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.   
II. Plazo. El citado artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no señala plazo concreto para efectuar la revisión de oficio, indicando que se podrá realizar «en cualquier momento», si bien las facultades revisoras quedan condicionadas por las circunstancias establecidas al respecto en el artículo 106 de la misma, no permitiéndola cuando su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.  
La Resolución cuya revisión se plantea fue dictada el 20 de septiembre de 2007, publicándose el 11 de octubre de 2007 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, no apreciándose la concurrencia de ninguna de las circunstancias anteriores en cuanto al plazo transcurrido.  
III. Competencia. Esta Secretaría Autonómica de Justicia resulta competente para resolver el procedimiento de revisión de oficio iniciado, competencia que se deriva de lo previsto en la Disposición adicional primera de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, en aplicación de la previsión del artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. Todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 11 del Decreto 122/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en relación con el Decreto 92/2007, de 6 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.  
IV. Fundamentación de la revisión. El ejercicio de las facultades de revisión en el presente supuesto tiene su fundamento en los siguientes argumentos:  
a) La Resolución de 20 de septiembre de 2007 de la Dirección General de Justicia y Menor se vio legalmente constreñida a aprobar la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos, por silencio administrativo, producido por el transcurso del plazo máximo para resolver, no obstante considerar contrario a derecho el apartado 3 del artículo 10 de los mismos. Y ello, porque si bien el artículo 6.c) de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales incluye entre las funciones propias de los Colegios Profesionales la de ejercer las acciones que establezcan las leyes para evitar el intrusismo, lo que no confiere esta, ni la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, ni tampoco la Ley 2/2000, de 31 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de la Comunidad Valenciana, es la potestad o facultad de acordar la colegiación de oficio.  
En este sentido, el reciente Dictamen 583/2008 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha incidido en la necesidad de una atribución normativa expresa para que los Consejos y los Colegios Profesionales puedan ejercer potestades públicas, debiendo interpretarse restrictivamente las funciones a ejercer por parte de los mismos, conforme señaló el Tribunal Constitucional en su Sentencia 67/1985.  
b) La jurisprudencia del Tribunal Supremo, tras la aprobación de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si bien ha aceptado la producción de efectos contra legem del silencio administrativo, al mismo tiempo ha declarado expresamente que el artículo 62.1.f) de tal Ley constituye un límite a dichos efectos, pudiendo la administración instar los correspondientes procedimientos para declarar dicha nulidad de pleno derecho en los supuestos que procedan.  
En este sentido, el Fundamento 7º de la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), de 24.11.2003, afirma que: «Es cierto que la LRJ-PAC, al introducir en el artículo 62.1.f) un nuevo supuesto de nulidad radical referido (aunque no exclusivamente) a los actos presuntos, situó el tema no tanto en si se produce o no el silencio administrativo cuando se solicita algo contrario a la legalidad, cuanto simplemente en establecer que el silencio positivo despliega sus efectos incluso contra legem, si bien en tales casos el acto presunto surgido por silencio puede ser nulo de pleno derecho, por aplicación directa de la referida causa de nulidad radical si se trata de actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico, por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.»  
Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª), de 7 de octubre de 2003, en su Fundamento Séptimo, en la misma línea, también señalaba: «En todo caso, los efectos que comporta la vía del silencio positivo tienen como límite lo establecido en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (que dispone la nulidad de pleno derecho para los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición».  
c) El citado artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, faculta a las Administraciones Públicas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, para declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.   
Ambas condiciones se encuentren concurren en este caso. En primer lugar, las resoluciones administrativas en materia de colegios profesionales ponen fin a la vía administrativa según establece el artículo 75 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana. Y en segundo lugar, en atención a lo argumentado en la propia resolución y al contenido del informe emitido, el sentido positivo de la misma en virtud del silencio administrativo supone la adquisición por medio de un acto presunto de una facultad (la colegiación de oficio) por parte del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, que no tienen legalmente atribuida estas corporaciones de derecho público, a las que corresponden las facultades o derechos que les atribuya su ley de creación y el resto del ordenamiento jurídico.   
Se trataría, por tanto, de un supuesto de nulidad de pleno derecho encuadrable en el apartado f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición»), por cuanto la existencia de la particular e individual obligación de colegiación para el profesional que quiere ejercer la profesión, no presupone o lleva aparejada la atribución de la facultad o derecho de proceder a la colegiación de oficio.   
d) El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en su dictamen de 23 de junio de 2008, únicamente se pronunció sobre el transcurso del plazo de tramitación del procedimiento, sin entrar en el fondo del asunto, concluyendo expresamente que ello era sin perjuicio de que, en su caso, pudiera iniciarse un nuevo procedimiento de revisión, como dicho órgano consultivo ha declarado en dictámenes precedentes.  
e) Iniciado e instruido nuevo procedimiento, en fecha 30 de diciembre de 2008 el Consell Jurídic Consultiu emitió nuevo dictamen sobre la revisión de oficio que nos ocupa, manifestando en su consideración octava que: «La Resolución de 20 de septiembre de 2007 se limitó a constatar el silencio positivo producido en relación con la solicitud del Colegio Oficial y a proceder a la inscripción y publicación de la modificación de los Estatutos corporativos. Y ello a pesar de significar que no se estimaba procedente la inscripción de su artículo 10.3'Es decir, el acto administrativo consistió en ordenar el registro y publicación de los Estatutos colegiales, no en aprobarlos?», y concluyendo que procedía la revisión de oficio de la citada resolución en dicho punto.   
V. Análisis de las alegaciones del Colegio: La corporación ha recurrido, a lo largo del expediente objeto del presente procedimiento, con el derecho que a ello le ampara, a esgrimir varias cuestiones que, por accesorias, no deben distraer de lo principal que ha dado lugar al presente expediente de revisión de oficio, la posibilidad de autoatribución de la «colegiación de oficio» efectuada por los Colegios Profesionales. Y así:  
a) Los fines esenciales que el artículo 4 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana atribuye a los Colegios Profesionales no pueden amparar la modificación estatutaria pretendida. En concreto, respecto del fin relativo a «Ordenar la profesión en beneficio tanto de la sociedad a la que sirven como de los intereses generales que les son propios», dicho precepto reconoce tal fin en los siguientes términos: «a) La ordenación de la profesión, dentro del marco legal respectivo, en el ámbito de su competencia (?)». Y en relación al fin de «Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando el conocimiento y el cumplimiento de todo tipo de disposiciones legales», hay que destacar que «facilitar» no es sinónimo de «obligar» o «sustituir en el cumplimiento» de todo tipo de disposiciones legales, a no ser que el Colegio esté habilitado expresamente para ello en cada caso, ya que la redacción del precepto alude a un objetivo básicamente formativo en relación a un ejercicio de la profesión ajustado al ordenamiento. La potestad de proceder a la colegiación de oficio por parte del Colegio resulta contraria a las normas anteriormente citadas, por lo que no es conforme con el ordenamiento jurídico. Hay que tener en cuenta, tal y como la propia interesada alega, que las competencias de los Colegios Profesionales se extienden a las potestades públicas que las leyes les encomienden, no existiendo ninguna norma legal o reglamentaria que les atribuya tal potestad.  
Y todo ello sin perjuicio de la existencia de la obligatoriedad en la colegiación para el ejercicio de la profesión, que no cabe, ni se pretende, cuestionar en absoluto, pero sin compartir que de tal obligatoriedad se desprenda o lleve aparejada el derecho o facultad a la colegiación de oficio.  
b) En referencia concreta a los medios de que disponen las corporaciones profesionales para la ejecución de sus actos, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 25 de enero de 2007, afirma que los Colegios Profesionales pueden proceder «no sólo a ejercer sus facultades de ejecución forzosa sino, además, utilizar otros medios indirectos para lograr el cumplimiento de sus resoluciones, también en materia de colegiación». Dicha sentencia, relativa al Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, cita a título de ejemplo como medio indirecto, la posibilidad de que el mismo se dirija a la administración con atribuciones en el sector (en aquel caso, la Dirección General de Aviación Civil) para que haga cumplir, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones normativas correspondientes respecto de los pilotos que carezcan de los requisitos establecidos para el ejercicio de su profesión.  
Por otra parte, el carácter de personalísima de la obligación de colegiación para ejercer la profesión de protésico dental se ve sustentada en el hecho de que, la admisión como colegiado en un colegio profesional, es un acto que la corporación profesional dicta a instancia de parte que requiere de la presentación de una solicitud por el interesado, en la que ha de declarar la concurrencia de determinadas condiciones personales que a priori sólo el interesado y no el Colegio, se encuentra en disposición de acreditar. En el caso del Colegio que nos ocupa, en su artículo 10.2 se establece que dichas condiciones son: estar en posesión del Título de Protésico Dental o habilitado, ser mayor de edad y estar dado de alta como autónomo o trabajador por cuenta ajena desempeñando funciones de protésico dental; y especialmente, la condición establecida en el punto c) del citado artículo, que exige aportar una «declaración jurada» a los efectos de demostrar no estar incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de la profesión. Extremos que determinan que la colegiación se presente como un acto personalísimo, ya que exigiría una magna labor de investigación de datos personales, solicitud de múltiples certificaciones ante diferentes organismos públicos e incluso de examen personal del afectado (al cual no se le puede obligar), por parte del colegio oficial, que devienen en prácticamente inviable la colegiación sin el concurso del interesado.   
Así por ejemplo, el artículo 13 de los Estatutos incluye como circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la profesión de protésico dental: los impedimentos físicos o mentales que, por su naturaleza o intensidad, imposibiliten el cumplimiento y el desarrollo de su profesión con garantías de seguridad, la inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la profesión, en virtud de sentencia o resolución firme, las sanciones disciplinarias que lleven consigo la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de otros Colegios de Protésicos dentales. La ausencia de estas incapacidades se acredita mediante la citada «declaración jurada», mediante la cual el interesado, conociendo sus circunstancias personales, manifiesta dicha ausencia y asume las posibles responsabilidades que pudieran derivarse en caso de falsedad, cosa que el Colegio no puede realizar.  
c) No se ha producido agravio comparativo o discriminación alguna, o trato contrario a la equidad, respecto del Colegio de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia. Y ello porque los alegados estatutos de los Colegios de Veterinarios de la Comunitat Valenciana fueron aprobados, con idéntico criterio y coherencia jurídica, durante los años 1999 (Valencia, resolución de 25 de octubre de 1999), 2000 (Alicante, resolución de 5 de enero de 2000) y 2001 (Castellón, resolución de 18 de enero de 2001) con plena independencia de las competencias de otras Comunidades Autónomas.  
Sin poder conocer la causa que motivó aquel primer control de legalidad favorable, de los estatutos del Colegio de Veterinarios de Valencia, no parece arriesgado aventurar que, en los siguientes, la Secretaría General de esta conselleria - órgano a la sazón competente en materia de colegios profesionales - no quiso introducir diferencias o contradicciones entre Corporaciones profesionales sustancialmente idénticas. Por otra parte, los Estatutos de los Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Valencia y de Alicante también la recogieron, pero debe tenerse presente que las resoluciones de aprobación de tales estatutos se dictaron en fecha 3 de enero de 2000 y 23 de febrero de 2000, respectivamente, lo que nuevamente permite pensar, que el órgano resolutorio se mantuvo en el mismo criterio jurídico que había asumido en fechas inmediatas.   
Y, en cuanto a la reciente aprobación de los Estatutos del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Alicante, debe señalarse que tal aprobación lo es, en realidad, de una modificación parcial de los estatutos aprobados por la citada resolución de 23 de febrero de 2000, en cuyo artículo 8 ya figuraba la colegiación de oficio. No se trata, pues, del reconocimiento ex novo de una nueva facultad o derecho para tal Colegio, sino del mantenimiento - cuanto menos provisionalmente - de una situación jurídica preexistente - en tanto en cuanto no se dispusiera de otros relevantes criterios: Consell Jurídic Consultiu o, en su caso, jurisdiccionales - que permitan concluir fehacientemente sobre la tal modalidad de colegiación y permitan sentar un criterio definitivo para el control de legalidad sobre los estatutos de los colegios profesionales en la Comunitat Valenciana.  
d) Poco puede decirse acerca de lo esgrimido respecto de que el informe del Área Jurídica se basó en opiniones o consideraciones personales, pues ello no parece impropio de un informe, ni motivo de desdoro del mismo, siempre que se trate de reflexiones jurídicas como en el presente caso, sin perjuicio de caber otras opiniones jurídicas; y tampoco sobre lo alegado en lo tocante a la diferencia entre la ejecutividad y a la ejecutoriedad de los actos administrativos, más allá de afirmar que se comparte la posición doctrinal sustentada por la corporación, no obstante no compartir sus conclusiones.  
En atención a lo anteriormente expuesto, se dicta la siguiente  
RESOLUCIÓN  
1. Revisar, conforme el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, la Resolución de 20 de septiembre de 2007, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resolvía inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia y se disponía su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV número 5617, de 11.10.2007), declarando nulo el apartado 3 del artículo 10 de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia por resultar contrario a derecho al vulnerar lo dispuesto en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2. Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.   
Valencia, 23 de enero de 2009.- La secretaria autonómica de Justicia: Patricia Montagud Alario.