Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8032, del 04-05-2017 (2017/2698)

Resolución del PAI de la unidad de ejecución del sector S10.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8032

Fecha DOGV
:   04-05-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2017/2698


Fecha del documento
:   27-02-2017

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Cabanes

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Cabanes
    * administración local
    * plan de urbanismo

Resolución del PAI de la unidad de ejecución del sector S10. [2017/2698]  
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2017 adoptó el acuerdo de resolución del PAI de la unidad de ejecución del sector S10, procediéndose a su exposición al público de conformidad con el artículo 163 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana y en los términos del artículo 206 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, sin perjuicio del contenido que puedan resultar de la aprobación definitiva del acta de la sesión:  
  
«Resolución del programa de actuación integrada sector S10  
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2016, acordó entre otras cuestiones relativas al programa de actuación integrada del sector S10, 4.º Iniciar un nuevo procedimiento para la resolución del programa de actuación integrada del sector S10, al encontrarse la mercantil Augimar Empresa Urbanizadora, SAU en un proceso de liquidación judicial, con la devolución del aval depositado como garantía de la ejecución del presente programa.  
En cumplimiento de este acuerdo se ha instruido el nuevo procedimiento, en el que han emitido informes la jefa de Servicio de Régimen Interior y el jefe de Sección de Urbanismo. Asimismo, una vez tramitado el expediente y con carácter previo a dictar la propuesta de resolución, en aplicación del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, este se ha puesto de manifiesto a Augimar Empresa Urbanizadora, SA (como agente urbanizador del sector S10) y al administrador concursal de dicha mercantil, sin que en el periodo concedido se hayan presentado alegaciones o nuevos documentos.  
Por todo ello y de conformidad con los citados informes, en los que se han considerado e invocado los siguientes:  
  
1. Antecedentes de hecho  
Primero. El Ayuntamiento de Cabanes, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2005, aprobó definitivamente el programa de actuación integrada del sector S10, así como la subrogación a favor de la mercantil Augimar Empresa Urbanizadora, SA la condición de agente urbanizador del sector S10. Aprobación que comprende:  
«Capítulo III-Proposicion económico-financiera - Apartado III.2.1. Alcance de la retribución. El urbanizador tiene derecho a ser retribuido por los propietarios del suelo afectados por la actuación de los gastos que haya efectuado, por los siguientes conceptos: a. El coste de las obras, proyectos e indemnizaciones respecto de las inversiones necesarias para cubrir los objetivos imprescindibles del programa, regulados en el artículo 30.1 de la LRAU, incluyendo todos los gastos necesarios para realizar las obras previstas en el proyecto de urbanización que se apruebe en el desarrollo de este programa, así como las modificaciones que el Ayuntamiento apruebe del mismo, incluso las que tengan por objeto las inversiones propuestas al amparo del artículo 30.2 de la LRAU ...»  
  
Segundo. Con fecha 20 de mayo de 2005, la mercantil Augimar Empresa Urbanizadora, SA presentó ante el Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 29.8 de la Ley 6/1994, reguladora de la actividad urbanística, aval bancario con el número 105/98 y 183/99 de la entidad Banco Español de Crédito, por un importe de 281.736,08 - (7 del coste de urbanización)  
  
Tercero. El alcalde del Ayuntamiento de Cabanes y el representante de la mercantil Aguimar Empresa Urbanizadora, SA suscribieron, con fecha 30 de noviembre de 2005, el convenio urbanístico para el desarrollo del programa de actuación integrada del sector S10.  
  
Cuarto. En dicho convenio las partes formalizaron, entre otras, las siguientes estipulaciones:  
Segunda. Serán a cargo del urbanizador Augimar Empresa Urbanizadora, SA el coste total de las obras, instalaciones, compensaciones, formalización y tramitación de documentos y, en general, todos los gastos que pueda generar la ejecución del programa aprobado por el Ayuntamiento, hasta su total conclusión. Augimar Empresa Urbanizadora, SA.  
  
Cuarta. Plazos: «El plazo del que dispone el urbanizador para llevar a cabo las actuaciones administrativas y finalizar las obras de urbanización es de 20 meses, a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón del acuerdo de aprobación y adjudicación definitiva del presente programa. Se presentará proyecto de urbanización en un plazo de 3 meses desde la fecha de la notificación de la adjudicación del programa, y proyecto de reparcelación en el de 3 meses desde la aprobación del proyecto de urbanización. El urbanizador se compromete al inicio de la ejecución material de las obras de urbanización en el plazo máximo de 2 meses desde la fecha de la firmeza administrativa de la aprobación del proyecto de reparcelación, o a su conclusión en 12 meses desde que física y jurídicamente los terrenos estén disponibles para la realización de la obra.  
  
Sexta. Incumplimiento de sus compromisos por el urbanizador y sus penalizaciones: se entenderá que el urbanizador ha incumplido los plazos previstos en el programa cuando la demora a él imputable en el cumplimiento de sus obligaciones haga imposible concluir la actuación dentro de los tres meses siguientes a la conclusión del plazo global estipulado. El incumplimiento de plazos podrá ser declarado una vez transcurridos 20 meses desde la entrada en vigor del programa, mediante acuerdo expreso del urbanizador - La resolución del programa por incumplimiento doloso acordada por la administración actuante determinará la ejecución o incautación y pérdida por el urbanizador de las garantías prestadas por este para responder del cumplimiento de sus obligaciones. La extinción por quiebra o suspensión de pagos también podrá determinar la referida incautación o ejecución de garantías, a reserva de liquidar las obligaciones del urbanizador que hayan quedado pendientes de cumplimiento».  
  
Quinto. En la tramitación del programa de actuación integrada del sector S 10 constan, además de los citados, la presentación y aprobación de los siguientes proyectos:  
Proyecto de urbanización del sector, presentado por el agente urbanizador el 26 de octubre de 2005 y aprobado, de forma condicionada, por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cabanes en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2006. La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 17 de junio de 2010, autorizó, al haberse incorporado los requerimientos del acuerdo aprobatorio, la publicación de su aprobación, la cual se efectuó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 6316 del 22 de julio de 2010.  
Modificación del plan parcial del sector, presentado el 29 de mayo de 2007 y aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 9 de noviembre de 2007.  
Proyecto de reparcelación, presentado por el agente urbanizador y que fue notificado a los propietarios y expuesto al público en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5695, de fecha 4 de febrero de 2008. Documento que no ha sido objeto de aprobación administrativa.  
  
Sexto. Mediante escrito, presentado el 22 de junio de 2010 (R. entrada 2245), varios propietarios piden información sobre la situación del agente urbanizador y programa de actuación integrada, solicitan la paralización del mismo, al no poder asumir los costes y la recalifiquen los terrenos como rústicos. Con fecha 12 de julio de 2010 (R. entrada 2470) el agente urbanizador se opone a dicha petición al considerar que ha cumplido sus obligaciones, instando a la aprobación del proyecto de reparcelación y a conveniar la forma de desarrollo del programa estableciendo unos nuevos plazos, igualmente considera que la calificación de los terrenos es independiente de la situación del programa. Dichas contestaciones se trasladan a los propietarios mediante escrito de 26 de agosto de 2010 (R. salida 2183).  
  
Séptimo. Diversos propietarios, en su escrito presentado con fecha 22 de diciembre de 2010 (R. entrada 4505), solicitan a este ayuntamiento que proceda a la resolución de la condición de agente urbanizador de dicho sector a la mercantil Augimar Empresa Urbanizadora, SA, al haber sido declarada en concurso necesario de acreedores, acompañando auto de fecha 30 de noviembre de 2010, dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón en el procedimiento de concurso abreviado número 289/2010.  
  
Octavo. Trasladada la petición de resolución del programa al agente urbanizador, este con fecha 25 de enero de 2011 (R. entrada 236), presenta escrito de oposición a dicha resolución, alegando, entre otras cuestiones, que:  
El convenio urbanístico es un contrato administrativo especial y no un contrato de obras.  
Ha presentado los proyectos necesarios y ha cumplido el resto de obligaciones impuestas como agente urbanizador.  
La paralización del desarrollo no es imputable al mismo.  
Está garantizada la ejecución de la obra de urbanización, ya que la misma se financia mediante las cuotas de urbanización que deben de sufragar los propietarios y ha aportado las garantías necesarias.  
La resolución del contrato de programación en dicho momento conllevaría: la devolución del pago del excedente municipal y de la parte del canon de urbanización, por parte del Ayuntamiento. Pago de los gastos asumidos hasta la fecha por el agente urbanizador, así como la parte proporcional del beneficio correspondiente al agente urbanizador. Posibilidad de reclamación indemnizaciones por parte del urbanizador.  
El coste que manifiesta que ha asumido el agente urbanizador hasta dicha fecha asciende a 858.538,28 ?, según el siguiente detalle: gastos de tramitación (honorarios profesionales, etc.) 297.444,88 ?. Gastos de gestión del urbanizador: 129.667,38 ?. Pago del excedente municipal: 423.201,17 ?. Canon de urbanización para la mejora y adecuación de las infraestructuras 8.224,85 ?.  
  
Noveno. Trasladado, mediante comunicación del 28 de enero de 2011 (R. salida 234), el anterior escrito a los propietarios de los terrenos del sector que habían solicitado la resolución del programa, estos presentan nuevo escrito el día 15 de febrero de 2011 (R. entrada 477) reiterando la resolución del programa. Escrito que se traslada a Augimar Empresa Urbanizadora, SAU, que contesta al mismo el 25 de febrero de 2011 (R. entrada 586), oponiéndose a la resolución del programa, al estimar:  
Que ha cumplido con todos sus obligaciones como agente urbanizador.  
Que el coste que, hasta el día de la fecha, había asumido el agente urbanizador asciende a 858.538,28 ?, según el siguiente detalle: gastos de tramitación (honorarios profesionales, etc.) 297.444,88 ?. Gastos de gestión del urbanizador: 129.667,38 ?. Pago del excedente municipal: 423.201,17 ?. Canon de urbanización para la mejora y adecuación de las infraestructuras 8.224,85 ?.  
Que la única obligación que quedaba pendiente era la ejecución de las obras de urbanización, obras que están plenamente garantizadas puesto que la obra se financia con las cuotas de urbanización que deben de satisfacer los propietarios de los terrenos. No obstante, estas obras no pueden ejecutarse hasta que no se apruebe el proyecto de reparcelación. Aprobación que considera que tiene paralizada el propio Ayuntamiento, puesto que el proyecto se encuentra presentado.  
  
Décimo. Fomento Agrícola Castellonense, SA, mediante escrito recibido el 12 de abril de 2011 (R. entrada 1066), emitió informe en el que consideró que existen recursos en cantidad suficiente para suministrar la actuación urbanística planteada.  
  
Undécimo. Celebrada, el 11 de marzo de 2011, una primera reunión con la administración concursal sobre la situación del programa de actuación integrada del sector S10, la Alcaldía dictó con fecha 8 de abril de 2011, en la que acordó: «Por todo ello, dada la complejidad de las negociaciones a mantener he resuelto de conformidad con lo regulado en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común: suspender el plazo para la resolución de las alegaciones a la no-aprobación de la reparcelación y sobre la petición de resolución de la condición de agente urbanizador del sector S10. Todo ello desde el inicio de las conversaciones (11.03.2011) hasta la conclusión de las mismas.»  
  
Duodécimo. Mantenidas diversas conversaciones, finalmente Augimar Empresa Urbanizadora, SAU y la administración concursal, presentaron con fecha 3 de octubre de 2011, (R. entrada 3002), escrito de S10 solicitud resolucion de mutuo acuerdo, que fundamenta:  
En la situación económica existente, con una grave crisis que afecta especialmente al mercado del suelo y de la vivienda.  
Numerosas peticiones de propietarios que solicitaron la paralización del programa, cancelación del mismo e incluso su resolución.  
Crisis económica que ha llevado a la situación concursal del agente urbanizador.  
  
Décimo tercero. La resolución por mutuo acuerdo la condiciona el agente urbanizador a la aceptación de las siguientes condiciones:  
Devolución del aval bancario número 105/98 y 183,99 del Banco Español de Crédito, depositado para prestar la garantía legalmente prevista del 7 % del coste de las obras de urbanización previstas en el programa.  
Devolución a Augimar, por parte del Ayuntamiento, del importe retribuido por esta mercantil para la adquisición del excedente municipal, que asciende a la cantidad de 423.201,17 ?, pago que debe efectuarse de forma inmediata a la aprobación por el órgano municipal.  
Compensación a Augimar de los honorarios correspondientes al plan parcial y del 50 de los honorarios de redacción del proyecto de urbanización. Proyectos que sobre los que ha recaído la aprobación definitiva con anterioridad a la actual petición. Honorarios que ascienden en su conjunto con la cantidad de 123.839,15 ?. Pagos que se fraccionan en dos plazos del 50 % a materializar el 1 de marzo de 2012 y 1 de marzo de 2013.  
  
Décimo cuarto. En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, con fecha 28 de octubre de 2011 (R. salida 2625), se remite el expediente a los servicios territoriales de la Conselleria para la emisión del referido dictamen. En contestación a dicha petición la consellera de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente, con fecha 27 de diciembre de 2011, adoptó resolución, notificada a este ayuntamiento el 16 de enero de 2012 (R. entrada 134), de la que se desprende:  
El artículo 342 del ROGTU parece querer limitar la necesidad de dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo a aquellas causas que regulan los artículos 336 al 341, entre las que no se cita el artículo 143.2 de la LUV. No obstante, se considera que en aplicación del artículo 143 de la LUV sí que resulta necesario el citado dictamen, cuyas funciones hasta su constitución serán ejercidas por la titular de la conselleria competente en materia de Urbanismo, o quien esta designe.  
Que quedan justificadas las razones de interés público que hacen innecesario o inconveniente seguir con la programación.  
Que no se observa obstáculo legal a que pueda acordarse la resolución del programa por mutuo acuerdo del programa de actuación integrada del sector S10, emitiéndose dictamen favorable a la propuesta de resolución efectuada por este ayuntamiento.  
   
Décimo quinto. La Alcaldía, con fecha 24 de enero de 2012, dicta nueva propuesta de resolución por mutuo acuerdo del programa de actuación integrada del sector S10, propuesta que fue objeto de estudio por la Comisión de Urbanismo, en sesión celebrada el 30 de enero de 2012, en la que la Alcaldía indicó «que este asunto se tratará en otra comisión de Urbanismo y se realizarán las consultas oportunas», sin que conste un nuevo acuerdo plenario.  
  
Décimo sexto. Con fecha 19 de julio de 2012 (R. entrada 2398), se recibe oficio del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, dimanante del procedimiento de concurso ordinario número 289/6111-WA, en el que comunica la providencia, dictada el 11 de julio de 2012, en la que requiere a este ayuntamiento que efectúe el ingreso de 423.201,17 - a la cuenta bancaria designada e intervenida por la administración concursal, importe correspondiente a la adquisición del 10 % del aprovechamiento medio del sector S10. Providencia que quedó cumplida por resolución de esta Alcaldía dictada el 20 de julio de 2012.  
  
Décimo séptimo. Con fecha 27 de junio de 2013 (R. entrada 1979), la mercantil Augimar Empresa Urbanizadora, SAU presenta un nuevo escrito en el que insta a este ayuntamiento a la «resolución de la adjudicación del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución única del sector S10, ?por inactividad manifiesta de esta administración, durante más de seis meses y de modo relevante- con la compensación a esta mercantil amparada en el artículo 143.2.h de la LUV, de la totalidad de la inversión que, en el ejercicio diligente de su labor urbanizadora, ha llevado a cabo hasta la fecha este urbanizador, que asciende a un total de quinientos setenta y ocho mil doscientos noventa y tres euros y dos céntimos (578.293,02 ?)» detallando los conceptos que integran dicho importe, asimismo comunica que «esta mercantil se reserva el derecho de exigir la responsabilidad patrimonial y personal de este ayuntamiento, de sus autoridades y de su personal, por incumplimiento flagrante de sus obligaciones contractuales y legales».  
  
Décimo octavo. Con fecha 13 de diciembre de 2013, (R. entrada 4213), Augimar Empresa Urbanizadora, SA presenta nuevo escrito en el que reitera el acuerdo de resolución por mutuo acuerdo del programa del sector S10 y «propone a este ayuntamiento su definitiva formalización en un plazo que no deberá superar los 60 días desde la fecha, para su formalización y cumplimiento, quedando esta petición y, en su caso, acuerdo sin valor ni efecto alguno si transcurrido el mismo no se hubiera cumplido en su totalidad».  
Esta petición se informó por Secretaría el 20 de enero de 2014 (R. entrada 183/14), sin que conste acuerdo o resolución municipal alguna.  
  
Décimo noveno. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2015, acordó por unanimidad de los asistentes, que constituyen la totalidad de la corporación: «Que se proceda a la resolución del PAI de la unidad de ejecución del sector S-10, adjudicar a la mercantil Augimar Empresa Urbanizadora, SAU, con la devolución inmediata del aval y del excedente del aprovechamiento, en caso de que este no se haya devuelto ya».  
  
Vigésimo. La Alcaldía, de conformidad con el artículo 163.6 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, remitió el citado acuerdo, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, a la Dirección Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, sin que se manifestará objeción alguna.  
  
Vigésimo primero. La Alcaldía, con fecha 3 de noviembre de 2015, dictó providencia, de conformidad con el artículo 21.r de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, en la que dispuso: «1.º Considerar que el acuerdo plenario adoptado el 24 de septiembre de 2015, supone únicamente el inicio del expediente administrativo necesario para proceder a la resolución del programa, resolución que, de conformidad con el artículo 112 del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, tiene el carácter de obligatorio en el supuesto que se haya efectuado la apertura de la fase de liquidación.  
2.º Dejar sin efecto los tramites procedimentales dictados con anterioridad a la presente providencia y dar traslado del citado acuerdo plenario, concediendo un plazo de 10 días de audiencia al agente urbanizador, al avalista y a los propietarios para que manifiesten lo que consideren oportuno. Todo ello de conformidad con el artículo 109 del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y artículo 84 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
3.º Requerir al Registro Mercantil o organismo público competente la expedición de certificación acreditativa de la situación concursal de la mercantil Augimar Empresa Urbanizadora, SAU.»  
  
Vigésimo segundo. En la tramitación del expediente administrativo, dimanante del referido acuerdo plenario y providencia dictada por la Alcaldía, quedó acreditado que Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, en el procedimiento 289/2010 dictó, con fecha 3 de febrero de 2016, auto por el que se aprueban los planes de liquidación de la mercantil Augimar Empresa Urbanizadora, SA. Acreditada la fase de liquidación en la que se encontraba el agente urbanizador, la Alcaldía dictó nueva providencia, con fecha 30 de marzo de 2016, en la que dispuso: «Por todo lo expresado no queda acreditado que el agente urbanizador, a la fecha del acuerdo plenario de 24 de septiembre de 2015, se encontrase en fase de liquidación concursal, acreditación que sí existe a la fecha actual. Por ello dispongo:  
1.º Proceder a la tramitación del expediente administrativo para la resolución del programa y remoción de Augimar Empresa Urbanizadora, SA de la condición de agente urbanizador sector S10, al considerar que existe incapacidad legal sobrevenida para el desempeño de su tarea, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público.  
2.º Dejar sin efecto las providencias dictadas con anterioridad a la presente, así como los trámites realizados dimanantes de las mismas y que resulten incompatibles con esta providencia.  
3.º Requerir a la jefa del Servicio de Régimen Interior para que emita informe, en aplicación de la legislación de contratos, sobre los términos en que debe procederse a la revocación de la condición del sector S10.  
4.º Emitido el citado informe, requerir al jefe de Sección de Urbanismo para que emita informe en aplicación a la legislación urbanística, sobre los términos en que debe procederse a la revocación de la condición del sector S10.»  
  
Vigésimo tercero. Tramitado el citado expediente administrativo y dictada propuesta de resolución, en el plazo de audiencia concedido, el agente urbanizador manifestó su oposición a dicha propuesta de resolución, por lo que se solicitó informe al Consejo Consultivo Valenciano, cuyo órgano plenario, en sesión celebrada el 28 de julio de 2016, emitió informe en el que concluyó: «que procede que el Pleno del Ayuntamiento de Cabanes acuerde declarar la caducidad del procedimiento que inició en virtud del acuerdo del Pleno de 31 de marzo de 2005, y dejando sin efecto la providencia de la Alcaldía de 30 de marzo de 2016, sin perjuicio que pueda iniciar otro procedimiento de resolución.»  
  
Vigésimo cuarto. En cumplimiento de dicho dictamen, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2016, acordó:  
  
«1.º Declarar la caducidad del procedimiento que inició en virtud del acuerdo de 24 de septiembre de 2015, así como dejar sin efecto la providencia de la Alcaldía de 30 de marzo de 2016, para la resolución del programa de actuación integrada del sector S-10, al no haberse dictado resolución expresa en el plazo de seis meses.  
2.º Declarar la finalización del expediente iniciado, con fecha 3 de octubre de 2011 y con motivo de la petición formulada por Augimar Empresa Urbanizadora, SAU, para la resolución por mutuo acuerdo del programa de actuación integrada del sector S-10, puesto que dicha mercantil comunicó a este ayuntamiento su renuncia o desistimiento, al no haberse cumplido lo instado por el agente urbanizador en su escrito recibido el 13 de diciembre de 2013 (R. entrada 4213) y en la que expresamente indica: «Que interesando a Augimar Empresa Urbanizadora, SAU la formalización del citado acuerdo, propone a ese ayuntamiento su definitiva formalización en un plazo que no deberá superar los 60 días desde la fecha, para su formalización y cumplimiento, quedando esta petición y, en su caso, acuerdo sin valor ni efecto alguno si transcurrido el mismo no se hubiera cumplido en su totalidad.»  
3.º Notificar a los interesados el acuerdo por el que se declara la caducidad y la finalización de los procedimientos iniciados y citados en los apartados precedentes.  
4.º Iniciar un nuevo procedimiento para la resolución del programa de actuación integrada del sector S10, al encontrarse la mercantil Augimar Empresa Urbanizadora, SAU en proceso de liquidación judicial, con la devolución del aval depositado como garantía de la ejecución del presente programa.  
5.º Conceder a los interesados un plazo de 10 días para que manifiesten lo que consideren oportuno en relación al nuevo procedimiento que se inicie.»  
  
Vigésimo quinto. Notificado el referido acuerdo al agente urbanizador y a los que figuran como interesados y transcurrido el plazo concedido, no se han presentado alegaciones.  
  
2. Fundamentos de derecho  
Primero. Relativos a la legislación de contratación administrativa:  
1. El convenio urbanístico se suscribió el 30 de noviembre de 2005, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria 1.ª del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, la normativa reguladora de la contratación administrativa aplicable al presente supuesto se corresponderá a lo dispuesto en el Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas (TRLCAP) y en el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (RGLCAP).  
2. El artículo 111 del TRLCAP cita, entre otras, como causa de resolución, «la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento».  
El artículo 112 dispone que «la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación originarán siempre la resolución del contrato».  
De los citados preceptos y considerando que la mercantil se encuentra en fase de liquidación, se desprende que procede de manera inmediata la resolución del contrato. El procedimiento a seguir viene establecido en el artículo 109 del RGLCAP:  
«Procedimiento para la resolución de los contratos.  
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes:  
a) Audiencia del contratista por plazo de 10 días naturales, en el caso de propuesta de oficio.  
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía.  
c) Informe del servicio jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la ley.  
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.  
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente».  
3. En cuanto a la devolución del aval depositado como garantía de la ejecución del programa, procedería determinar si se ha producido incumplimientos por parte del agente urbanizador que justifiquen otras causas de resolución contractual, además de la apertura de la fase de liquidación, ya que artículo 113 del TRLCAP dispone que, cuando el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceden del importe de la garantía incautada.  
En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida.  
No constan posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales por las partes que justifiquen la imposición o pago de indemnizaciones y/o incautación de las garantías.  
  
Segundo. Relativos a la legislación urbanística.  
1. El Ayuntamiento de Cabanes, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2005, aprobó definitivamente el programa de actuación integrada del sector S10, así como la subrogación a favor de la mercantil Augimar Empresa Urbanizadora, SA, la condición de agente urbanizador del sector S10. Aprobación, al amparo de lo regulado en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la actividad urbanística. Legislación que quedó derogada con la entrada en vigor de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, urbanística valenciana, no obstante en su disposición transitoria primera, apartado segundo, determina: «No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los programas de actuación integrada iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se regirán por la legislación anterior, siempre que hubieran sido objeto de aprobación municipal...».  
2. La disposición transitoria tercera del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística, establece; tal y como sucede en el presente supuesto, que: «Los procedimientos de programación en los que la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica hubieran sido objeto de aprobación definitiva con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana, se regirán en su cumplimiento y ejecución por lo previsto en la Ley reguladora de la actividad urbanística» detallando una serie de actuaciones entre los que no se encuentra el procedimiento de resolución del programa de actuación integrada.  
3. Actualmente se encuentra en vigor la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP), que en su disposición derogatoria única, entre otras, deroga expresamente la citada Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana y el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell. No obstante, dicha ley, en su disposición transitoria quinta, regula la legislación que le resulta de aplicación a los programas que ya se encontraban aprobados con anterioridad a su entrada en vigor: «Cuarta. Programas aprobados. 1 Los programas de actuación adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa que le resultaba de aplicación antes de la entrada en vigor de esta ley. No obstante lo anterior, en el procedimiento de resolución o prórroga del programa de actuación integrada o aislada no se deberá solicitar dictamen del Consejo Superior del Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones.»  
4. En aplicación de lo expresado en los fundamentos invocados en los apartados anteriores la legislación urbanística para la resolución del programa debería ser la Ley 6/1994 reguladora de la actividad urbanística (en adelante LRAU), al ser la que le resultó de aplicación para la aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada del sector S10.  
5. La LRAU no establece un procedimiento específico de resolución del programa, difiriendo el mismo a las normas de contratación administrativa, aunque si determina en su artículo 29.13 el cumplimiento de los siguientes requisitos, a excepción del dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, cuya exigencia ha sido eliminada por la actual LOTUP: «13. Otras incidencias. Las relaciones derivadas de la adjudicación del programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que estas no contradigan lo dispuesto por esta ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que reglamentariamente sean desarrollados. La resolución de la adjudicación se acordará por la administración actuante, previo dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación a las previsiones del artículo 10. El correspondiente acuerdo deberá, además y cuando proceda: A) Declarar, de conformidad con el referido dictamen, la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido suficientemente a las cargas de urbanización. B) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de las actuaciones aisladas. C) Incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada, ejecutar la que la sustituya o, en otro caso, y salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, disponer: 1. La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento seguido para su adopción de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa cancelado, o 2. La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo urbanizador, cuando esta proceda. D) Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes.»  
6. Independientemente de la legislación de contratos y de la LRAU, la LOTUP, en su artículo 164 establece entre las causas de la posible remoción de la condición de agente urbanizador la de la incapacidad legal sobrevenida, que nos ocupa en el presente procedimiento:  «Remoción del urbanizador en sus funciones 1. La remoción del urbanizador sin mutuo acuerdo o con reconocimiento de derecho a indemnización requiere, tras la audiencia de los afectados, dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 2. Será revocada su encomienda al urbanizador cuando incurra en: a) Infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves, en relación con el ámbito programado. b) Obstaculización del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación o realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. c) Incumplimiento grave de sus compromisos, falta de prestación de garantías u otra infracción de los deberes del urbanizador directamente impuestos por la ley o estipulados con carácter esencial en el convenio de programación. d) Inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos, salvo prórroga expresa y justificada. e) Renuncia injustificada. f) Incapacidad legal sobrevenida del urbanizador para el desempeño de su tarea, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público. 3. El acuerdo de revocación comportará, previa ponderación de las circunstancias de cada caso, alguno o varios de los siguientes efectos: a) La incautación de las garantías. b) La imposición de penalidades. c) La indemnización de los daños y perjuicios irrogados a la administración o a los afectados.»  
7. El artículo 165 de la LOTUP fija las siguientes consecuencias de la resolución del programa de actuación integrada: «Artículo 165. Consecuencias objetivas de la caducidad o resolución del programa de actuación integrada. El acuerdo de caducidad o resolución del programa de actuación integrada establecerá lo que proceda para concluir la actuación y podrá: a) Declarar la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido legalmente a las cargas de urbanización. b) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de las actuaciones aisladas; y autorizar, en su caso, que el propietario de la parcela complete la urbanización en régimen de actuación aislada; y mantener el resto de los terrenos en alguna de las situaciones a que se refieren los apartados siguientes. c) Declarar la sujeción del ámbito de la actuación, o de parte de él, al régimen del suelo urbanizable sin programación o del suelo no urbanizable. d) La Administración, en caso de mantener la gestión indirecta del programa de actuación integrada, podrá requerir a quienes formularon proposiciones jurídico-económicas a la alternativa técnica seleccionada, por el orden derivado de la aplicación de los criterios de adjudicación del artículo 126 de esta ley, a fin de que acepten la adjudicación y prosigan con la ejecución del programa de actuación. e) Subsidiariamente, incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador, o la Administración en caso de optarse por la gestión directa, asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya. f) Salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, se podrá disponer: 1.º Dejar sin efecto, en todo o en parte, la reparcelación aprobada. 2.º La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, en metálico o en terrenos, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación, por el mismo procedimiento seguido para su adopción, de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa de actuación cancelado. 3.º La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización, con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo urbanizador, cuando esta proceda. g) Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes, dirimiendo y declarando las responsabilidades y penalizaciones correspondientes y acordando la incautación de garantías y la imposición de sanciones cuando proceda. h) También podrá acordarse la directa intervención gestora de la Administración para la prosecución provisional del programa de actuación mientras se resuelve sobre su resolución y, en su caso, nueva adjudicación. i) Levantar acta de recepción de la urbanización con las tachas que correspondan, realizar la medición y liquidación de las obras de urbanización realmente ejecutadas y, en su caso, entregarla al nuevo urbanizador.»  
8. No consta en el expediente urbanístico que el Ayuntamiento haya dictado resolución declarando el incumplimiento de las obligaciones de Augimar Empresa Urbanizadora, SA, como agente urbanizador del programa de actuación integrada del sector S10.  
9. Las obras de urbanización del sector S10 no se han iniciado y no se ha aprobado el proyecto de reparcelación, por lo que no procede:  
Declarar la edificabilidad de los solares, puesto que no existen en estos momentos.  
Iniciar el procedimiento para la reclasificación de los terrenos para incluirlos en el régimen propio de las actuaciones aisladas ni autorizar a los propietarios a completar la urbanización, puesto que esta no se ha iniciado.  
La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento seguido para su adopción de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa cancelado, puesto que estos no se han adoptado.  
La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo urbanizador, puesto que estas no se han liquidado.  
  
10. El Ayuntamiento deberá ponderar y dirimir sobre:  
A. Si existe un interés público, fundamentado en la actual coyuntura en la que nos encontramos que viene marcada, de un lado, por la voluntad de un gran número de propietarios afectados por el programa contrarios a la continuación del mismo y, por otro, por la situación económica que determina la ausencia de demanda de nuevos solares en el núcleo de Cabanes o en cualquier otra que estime aplicable, que justifique declarar la sujeción del ámbito de la actuación, al régimen del suelo urbanizable sin programación (situación urbanística anterior a la aprobación del programa). Esta declaración no afectaría a la vigencia del parcial, puesto que en aplicación del artículo 67 de la LOTUP «Los planes con contenidos normativos tienen vigencia indefinida, salvo que en ellos se disponga otra cosa, y vinculan a la Administración y a los particulares. Su revisión y sustitución procede en los casos que ellos mismos regulen o cuando se manifieste la inadecuación de su modelo territorial a nuevas circunstancias.» Asimismo, para la aprobación de cualquier modificación que afecte a dicho plan, tal y como establece el artículo 63 de la LOTUP y el artículo 55 de la Ley 6/1994 reguladora de la actividad urbanística, deberá seguirse el procedimiento previsto para su aprobación.  
B. Mantener la gestión indirecta del programa de actuación integrada, en cuyo caso podrá requerir a quienes formularon proposiciones jurídico-económicas a la alternativa técnica seleccionada, por el orden derivado de la aplicación de los criterios de adjudicación, a fin de que acepten la adjudicación y prosigan con la ejecución del programa de actuación.  
C. Subsidiariamente, incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador, o la administración en caso de optarse por la gestión directa, asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya.  
  
11. En el informe de la jefa de Servicio del Régimen Interior no se han formulado otras consideraciones para la resolución del contrato, excepto las relativas a la incautación del aval depositado como garantía de la ejecución de las obras de urbanización del sector, la cual no se ha considerado procedente al no constarle posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales. Incumplimiento que tampoco ha considerado la corporación, al no constar trámite o resolución en dicho sentido.  
Por todo ello, por la Alcaldía se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes acuerdos:  
  
Primero. Resolver el contrato o convenio de programación suscrito por este ayuntamiento con la mercantil Augimar Empresa Urbanizadora, SA para la urbanización del sector S10, así como la remoción de la condición de agente urbanizador, que se subrogó Augimar Empresa Urbanizadora, SA y aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2005, puesto que existe una incapacidad legal sobrevenida al haberse iniciado el procedimiento de liquidación de la mercantil, en autos dictados por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, en el procedimiento 289/2010.  
  
Segundo. Considerar que no se han constatado incumplimientos por el agente urbanizador que justifiquen la incautación del aval depositado como garantía de la ejecución de la urbanización del sector S10, por lo que procede la devolución de los avales bancarios número 105/98 y número 183/99 de la entidad Banco Español de Crédito, por un importe de 281.736,08 ?.  
  
Tercero. Considerar que existe un interés público, fundamentado en la actual coyuntura en la que nos encontramos que viene marcada, de un lado, por la voluntad de un gran número de propietarios afectados por el programa contrarios a la continuación del mismo y, por otro, por la situación económica que determina la ausencia de demanda de nuevos solares en el núcleo de Cabanes, por el que se justifica declarar el ámbito de la actuación sujeta al régimen del suelo urbanizable sin programación (situación urbanística anterior a la aprobación del programa).  
Este asunto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo reunida en sesión ordinaria el 16 de febrero de 2017.  
Se somete a votación de los concejales la propuesta de la Alcaldía, siendo el resultado de esta el que sigue:  
Votos a favor: diez (PSPV/PSOE, Units Pel Poble: Compromís, Partido Popular, Ciudadanos).  
Votos en contra: ninguno.  
Votan abstención: ninguno.»  
  
Por tanto, queda aprobada por unanimidad la propuesta de la Alcaldía.  
  
Cabanes, 27 de febrero de 2017.- La alcaldesa: Virginia Martí Sidro.