Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6456, del 09-02-2011 (2011/540)

Notificación del auto dictado en el recurso contencioso número 3/001572/2010 pieza de suspensión.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6456

Fecha DOGV
:   09-02-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/540


Organismo emisor
:   Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del auto dictado en el recurso contencioso número 3/001572/2010 pieza de suspensión. [2011/540]  
Presidente: Juan Luis Lorente Almiñán.  
Magistrados: Luis Manglano Sada, Manuel J. Baeza Díaz-Portolés.  
Valencia, 27 de octubre de 2010.  
Hechos:  
Primero. Por la recurrente María Milagro Llorens Sellés se ha solicitado la suspensión de la ejecución del acto administrativo objeto de impugnación, la resolución de 27 de julio de 2010 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, desestimatoria parcial de la reclamación 03/2384/2006 planteada contra la liquidación número 1129/01, por un importe de 217,07 euros.  
Segundo. Formada pieza separada y habiéndose dado traslado de la petición actora a la parte demandada, ésta formuló su oposición a la medida suspensoria.  
Fundamentos jurídicos:  
Primero. En determinados supuestos la tutela jurisdiccional no será efectiva si, al pronunciarse la sentencia, resulta inviable la satisfacción de la pretensión deducida frente a un acto o disposición administrativa, razón por la que cabe plantear en el proceso administrativo la suspensión como medida de tutela cautelar. El artículo 129 de la Ley, de esta jurisdicción permite a los interesados solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia, en armonía con el principio de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). A tenor el artículo 130 de dicho texto legal, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto.  
Segundo. Así pues, de la normativa anteriormente expuesta se desprende que esta sala deberá previamente realizar una valoración de los intereses en conflicto y, seguidamente, acordar la medida cautelar interesada sólo en el supuesto de que la ejecución del acto impugnado inviabilizara la legítima finalidad del recurso, salvo grave perturbación de los intereses generales. Así, la valoración de los intereses en conflicto deberá tomar en consideración: la naturaleza del daño, la seriedad de los motivos de impugnación del acto o disposición y la relación de los mismos con los intereses generales.  
En el presente supuesto litigioso se pretende la tutela cautelar respecto a un acto de naturaleza tributaria, debiendo resaltar la reiterada jurisprudencia que establece que la suspensión de los actos tributarios constituye un acto debido, de comprobación de requisitos, tan sólo condicionada a la aportación de garantías de pago de la deuda tributaria, afirmando que procede la suspensión cautelar a los actos tributarios por no afectar la suspensión cautelar a los intereses generales vinculados al sistema tributario si se constituye previamente garantía suficiente, posibilitando con ello la coexistencia del principio de tutela judicial efectiva con el de eficacia administrativa.  
Por ello, tomando en consideración la argumentación anteriormente expuesta, las alegaciones formuladas por las partes en esta pieza y lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de esta jurisdicción, procederá acordar la medida cautelar suspensoria solicitada por haberse acreditado convenientemente la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos.  
Cuarto. Teniendo en cuenta que el artículo 133 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa regula que «cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios», procederá exigir, a la parte recurrente, la presentación de caución o garantía, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, para responder de los perjuicios que la suspensión pudiera causar a la Hacienda Pública.  
La sala acuerda otorgar la suspensión solicitada por María Milagro Llorens Sellés, previa prestación de caución o garantía en la cuantía del principal más los intereses legales de demora, o acreditación de que la prestada en vía administrativa extiende sus efectos a esta fase jurisdiccional, que deberá presentarse ante esta Sala en el plazo de 30 días, a contar desde la notificación de esta resolución, advirtiéndole que de no presentarse quedará automáticamente sin efecto, sin posibilidad de rehabilitación.  
Esta resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de súplica en el plazo de cinco días ante la Sala.  
Lo acuerdan, mandan y firman los magistrados anotados.  
Seguidamente se cumple lo acordado y se pasa al oficial para notificar. Doy fe.  
Valencia, 21 de diciembre de 2010.- El secretario judicial: Jesús Olarte Modero.