Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7024, del 15-05-2013 (2013/4636)

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2013, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se desestiman los recursos de alzada presentados por funcionarios docentes interinos contra las resoluciones de cese en fecha 30 de junio de 2012, en aplicación del artículo 13.2 del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7024

Fecha DOGV
:   15-05-2013

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/4636


Fecha del documento
:   02-05-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
    * Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2013, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se desestiman los recursos de alzada presentados por funcionarios docentes interinos contra las resoluciones de cese en fecha 30 de junio de 2012, en aplicación del artículo 13.2 del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana.  
 [2013/4636]  
Por los interesados que se relacionan en el anexo de la presente resolución se interponen los correspondientes recursos de alzada, contra las respectivas resoluciones de cese de fecha 30 de junio de 2012 y en los que resultan los siguientes  
  
Hechos  
Primero. Mediante Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana (DOCV 6688, 10.01.2012), fueron establecidas unas medidas excepcionales para el personal docente interino, profesorado especialista y de religión católica que no tenga carácter indefinido. El artículo 13.2, del referido decreto ley determina que todos los nombramientos vigentes de funcionarios docentes interinos así como los que se efectúen a partir de la entrada en vigor del presente decreto ley se extenderán desde la fecha del inicio de servicio y, como máximo, hasta el 30 de junio de cada año, devengándose las partes proporcionales de pagas extraordinarias y vacaciones.  
Segundo. Los interesados interponen los correspondientes recursos de alzada contra las resoluciones de los respectivos directores territoriales de Educación, Formación y Trabajo, de fecha 30 de junio de 2012, mediante las cuales se declara su cese, solicitando que se anulen o revoquen las resoluciones recurridas y se les reponga en sus puestos de trabajo con todos los efectos inherentes a tal pronunciamiento.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. El director general de Centros y Personal Docente, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, resulta competente para conocer de los presentes recursos de alzada en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 190/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte (DOCV 6929, de fecha 24.12.2012), así como con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC).  
Segundo. Debido a la identidad sustancial existente entre los recursos de alzada presentados y por razones de economía procesal y unificación de doctrina, procede disponer el tratamiento unitario de los mismos mediante su acumulación en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la LRJ-PAC.  
Tercero. Los recursos se han interpuesto por quienes son titulares de un derecho que les confiere legitimación activa, y dentro del plazo establecido para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la LRJ-PAC.  
Cuarto. Los recurrentes fundamentan su pretensión alegando, en síntesis, la utilización del decreto ley para modificar normas con rango de ley, como es el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, que con su cese se vulnera el principio de igualdad de trato para el personal temporal que establece la Directiva Comunitaria 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, que recoge el Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, así como también se han vulnerado las normas que han servido de cobertura legal para el nombramiento. Asimismo manifiestan la falta de motivación de las resoluciones de sus ceses.  
  
Quinto. Con el objeto de proceder a la resolución de los recursos de alzada planteados resulta imprescindible determinar si resulta ajustado a derecho la utilización de la figura del decreto ley como instrumento normativo válido para adoptar estas medidas excepcionales para el personal docente interino.  
Nuestra Constitución ha contemplado en el artículo 86 el decreto ley como instrumento normativo del que es posible hacer uso para dar respuesta a las perspectivas cambiantes de la vida actual, siempre que su utilización se realice bajo ciertas cautelas (STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5).  
Hay que entender el decreto ley no como un instrumento excepcional y usado en situación extremadamente excepcional (supuestos de alarma y excepción regulados en el artículo 116 CE) sino que también es usado en situaciones de necesidad relativa: situaciones concretas gubernamentales que por razones difíciles de prever requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes (STC 23/1993, de 21 de enero).  
La utilización del decreto ley es constitucionalmente lícita en todos aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requiere una normativa de inmediata acción y solo cabría rechazar un decreto ley en supuestos de uso abusivo o arbitrario (STC 111/1983, de 2 de diciembre.  
Es por ello que el Gobierno ha utilizado este instrumento con rango de ley para adoptar unas medidas ante una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Primero el Gobierno de la Nación, mediante el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre y luego el Consell de la Generalitat mediante el Decreto-Ley 1/2012, de 5 de enero.  
Sexto. El actual contexto económico y fiscal caracterizado por la grave crisis financiera internacional y los compromisos asumidos por las comunidades autónomas en el acuerdo marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013 aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como el establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas durante el período 2012-2014 fijado en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 24 de junio de 2011, ha originado que sea necesaria la adopción urgente de una serie de medidas tendentes a la racionalización y eficacia de los gastos de personal en las administraciones públicas, al constituir los mismos una partida significativa en los presupuestos generales, y con ello reducir el déficit público para asegurar así, la sostenibilidad fiscal.  
De esta forma, la Generalitat Valenciana haciendo uso de la potestad legislativa conferida en virtud del artículo 44.4 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el cual dispone que «el Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de decretos leyes sometidos a debate y votación en Les Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 de la Constitución Española para los decretos leyes que pueda dictar el Gobierno de España», y atendiendo a la doctrina constitucional consolidada en diversas sentencias, entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 23/1993, de 21 de enero y que ha sido reproducida en la sentencia 189/2005, de 7 de julio, así como en el Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, núm.63/2010, de 28 de octubre, en las que se señala que «la utilización del decreto ley para el tratamiento de coyunturas económicas problemáticas representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro, según tenemos reiterado, que subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes», ha abordado la adopción de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana, mediante el ya mencionado Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell (DOCV 6688, 10.01.2012).  
Séptimo. Respecto a la pretensión de los recurrentes y que es objeto de los recursos, el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, en su artículo 3 denominado «Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal», establece en el apartado dos, que:  
«Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.»  
Es por ello que, la Generalitat Valenciana, atendiendo al mandato establecido en el citado Real Decreto Ley 20/2011, al dictar el Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana, determina, en el artículo 13, una serie de medidas excepcionales para el personal docente interino, profesorado especialista y de religión católica que no tenga carácter indefinido, estableciendo que:   
«1. Durante los ejercicios 2012 y 2013 deviene inaplicable el artículo 9 de la Resolución de 26 de noviembre de 2010, del director general de Personal de la Consellería de Educación, por la que se acuerda la publicación del acuerdo suscrito por la Consellería de Educación y las Organizaciones Sindicales por el que se establece el sistema de provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad.   
2. Todos los nombramientos vigentes de funcionarios docentes interinos así como los que se efectúen a partir de la entrada en vigor del presente decreto ley se extenderán desde la fecha de inicio del servicio y, como máximo, hasta el 30 de junio de cada año, devengándose las partes proporcionales de pagas extraordinarias y vacaciones.»  
La racionalización del gasto público en materia de personal hace necesario, en estos momentos, que se anticipe el cese del personal interino que ha finalizado el curso escolar en fecha 30 de junio y que no va a tener ninguna actividad lectiva hasta que no se inicie el curso 2012-2013, el 1 de septiembre.   
Como bien determina el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público:  
«1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera [...].  
 [...]  
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.»  
Octavo. Por último, en cuanto a la alegación de los recurrentes fundamentada en la falta de motivación de las resoluciones, hay que resaltar que estas medidas se adoptan en un contexto excepcional y sin precedentes que exigen un esfuerzo adicional de austeridad en el conjunto de las administraciones públicas. Como hemos dicho anteriormente el Consell ha dictado el Decreto Ley 1/2012, como complemento a las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, por lo que no se trata de un acto fruto de la arbitrariedad o del capricho de la Administración, existiendo legislación e informes suficientes que apoyan y justifican estas medidas. Estamos ante una motivación por remisión o motivación aliunde, que satisface plenamente las exigencias de motivación que derivan del artículo 24.1 CE, según la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, Sentencia 82/2009, de 23 de marzo de 2009.   
Por su parte la Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, Sala de lo Contencioso, 22 de Mayo de 2001 determina en cuanto el alcance de la motivación que «El deber de motivación de las resoluciones no implica el derecho a exigir un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de las cuestiones a decidir, sino que deben considerarse suficientemente motivada aquellas resoluciones que permitan conocer cuál han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquella».  
En consecuencia, cabe concluir que la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad derivada de una alteración sustancial en las circunstancias económicas, posibilita que se puedan tomar una serie de medidas para reducir los gastos de personal de los empleados públicos, que pueden ser legítimamente adoptadas mediante la figura del decreto ley, dentro de los límites formales y materiales que respecto de dicho instrumento normativo exige la legalidad vigente.  
En virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7 del Decreto 190/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y demás legislación de general y pertinente aplicación, emito la siguiente resolución:   
Desestimar por las razones anteriormente expuestas, los recursos de alzada interpuestos por los interesados que se relacionan en el anexo de esta resolución, confirmando así las resoluciones de sus respectivos ceses, de fecha 30 de junio de 2012.  
Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de cualquier otro que estimen procedente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en que se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2, 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
  
Valencia, 2 de mayo de 2013.- El director general de Centros y Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.  
  
  
 ANEXO  
  
- Almela Lagarda, Carmen  
- Alonso Ribalta, Carmen  
- Andreu González, Tomás Antonio  
- Arnal Martínez, Salvador  
- Báez Arnau, Ignacio  
- Benavent Climent, Carmen  
- Benedicto Pasarrius, María José  
- Broseta Rico, Amparo  
- Carrión Chisvert, José  
- Casado Navarro, Enric Miquel  
- Castillo Sanchez, Antolina  
- Coso Casasus, Miguel  
- Cupe Bokoko, Fernando  
- Díaz Moro, Israel  
- Faus Ibáñez, Sagrario  
- Felip Orus, Vera  
- Felis Anaya, Mercé  
- Fernández Millán, Pilar  
- Galarza Cocharán, Milagros  
- Garcés Vázquez, Carles  
- García Dolz, Azucena  
- Gaya Montoliu, Carmen  
- Gisbert Catalá, Ruth  
- Gómez Serrano, Alicia  
- Gomis Gomis, Celia Manuela  
- González Sánchez, María Libertad  
- Gracia Albert, María del Remedio  
- Gracia García, Agustín Antonio  
- Guarino Drago, Josefa  
- Guillén Fernández, María Ángeles  
- Herrero Toledo, María Luisa  
- Hungría Hernando, Emilio  
- Ivars Pérez, M.ª Teresa  
- Jiménez Vicente, Bárbara  
- Llin Gea, Juan Jesús  
- Llorens Lloret, María Dolores  
- Llorente Carrasco, Cristina  
- Manzanera López, Silvia  
- Martín Gandia, Penélope  
- Martínez Ferrer, Eusebio José  
- Martínez Fonfría, Antonia  
- Martínez López, Elia  
- Miralles Ivars, Estíbaliz  
- Moliner López, Francisco  
- Morales Cavero, María Luisa  
- Narciso Romero, M.ª Begoña  
- Navarro Torres, María José  
- Olmos Ballesta, M.ª de las Nieves  
- Pardo Alonso, Ana Elena  
- Paredes Santos, Sergio  
- Peláez Pérez, Estela  
- Peral Miralles, M.ª Jesús  
- Pérez Ortiz Ruzafa, Alejandro  
- Pérez Simón, Alicia  
- Piqueras Martínez, José Javier  
- Salcedo Mari, Maria Dolores  
- Serrano Sánchez, Ana María Elena  
- Simarro Escrivá, Raquel  
- Sospedra Sebastián, Juan  
- Velasco Morente, José  
- Ventura Navarro, Rosa  
- Vicente Box, M.ª Teresa  
- Villanueva Gómez, Carmen  
- Zaragoza Blanes, Eduardo José  
- Zorrilla Peña, Lidón