Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4236, del 25-04-2002 (2002/4168)

ORDEN de 22 de abril de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas empresas.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4236

Fecha DOGV
:   25-04-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/4168


Fecha del documento
:   22-04-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda a las empresas
    * pequeña empresa
    * apoyo económico
    * ergonomía
    * equipo de protección

ORDEN de 22 de abril de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas empresas. [2002/M4168]
  
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. Del mismo modo, las administraciones públicas fomentarán aquellas actividades en orden a reducir los riesgos laborales y a la promoción de estructuras eficaces de prevención.
  
La lucha contra la siniestralidad laboral es una responsabilidad compartida de empresarios, trabajadores, administraciones públicas y el conjunto de la sociedad.
  
El tejido productivo de la Comunidad Valenciana constituido mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, que a menudo no cuentan con los conocimientos y recursos necesarios para implantar en sus centros de trabajo la necesarias disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo que exige el Real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto de 1997), por lo que en aras a coadyuvar al cumplimiento de dichas disposiciones mínimas de seguridad y salud, el establecimiento de un régimen de ayudas que incentive el esfuerzo económico de las pequeñas empresas se considera un instrumento plenamente adecuado con el Plan de Acción contra los riesgos laborales de la Comunidad Valenciana perfectamente compatible con la obligación que tienen todas las empresas de cumplir dichas disposiciones mínimas y que persigue atender precisamente la situación desigual de la pequeña empresa en cuanto a volumen económico respecto de las medianas y grandes empresas a la hora de acometer las necesarias inversiones que el establecimiento de los modernos sistemas preventivos demandan.
  
La presente orden tiene por objeto regular las bases del régimen de ayudas, que se encuadra en el ámbito de actuación hasta el año 2006, coincidiendo con el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana (POCV) presentado a la Comisión Europea, en el marco de Apoyo Comunitario y el Plan de Desarrollo Regional para las Regiones del Objetivo 1, en este aspecto y respecto de actuaciones precedentes constituye una novedad que persigue dotar al citado régimen de ayudas de la necesaria estabilidad que el propio programa operativo en el que se incardinan exige, ello sin perjuicio de introducir en los años en que esta prevista su vigencia las modificaciones que la evolución de la situación haga necesarias o aquellas otras que la experiencia aconseje.
  
En su virtud y en el ejercicio de las competencias que en materia de seguridad y salud en el trabajo tiene atribuidas la Comunidad Valenciana procede establecer este régimen de ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales y promoción de la mejora de la seguridad y salud en el trabajo con vocación de vigencia hasta el año 2006 coincidiendo con el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana..
  
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, y el artículo 47 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,
  
ORDENO
  
Artículo único
  
Se aprueban las bases que regirán en lo sucesivo y para el periodo que incluye el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana, la convocatoria de ayudas destinadas a la realización por las pequeñas empresas de la Comunidad Valenciana de las inversiones necesarias para adaptar sus condiciones de trabajo a la legislación vigente.
  
Las bases que se citan, se contienen en el anexo que sigue a la presente orden, y constituyen el texto normativo y de procedimiento al que podrán acogerse los destinatarios del régimen de ayudas que en las mismas se establece.
  
Disposición adicional primera
  
Durante los ejercicios en que la presente orden permanezca en vigor, se determinaran las dotaciones presupuestarias anuales, consignadas en las leyes de presupuestos de la Generalitat Valenciana, y en su caso aquellas dotaciones adicionales que se provean mediante modificaciones presupuestarias autorizadas al efecto.
  
Las dotaciones presupuestarias citadas serán autorizadas por orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2002 es de 410.620 euros, en la línea de subvención T2231.000 del programa 315.10, Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales.
  
Disposición adicional segunda
  
Para el ejercicio de 2002 las ayudas establecidas que se regulan en las bases anexas irán destinadas a la realización de inversiones necesarias para adaptar los equipos de trabajo de las pequeñas empresas, según las definiciones contenidas en el Real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE núm. 188, de 7 de agosto de 1997)
  
Las bases aprobadas por la presente orden podrán ser objeto de actualización y/o modificación cuando así lo requiera la situación del momento o la evolución previsible de la política de prevención de riesgos laborales, así como por motivo de modificación de las condiciones exigidas por la Unión Europea o de los reglamentos comunitarios que regulan los fondos estructurales.
  
Disposición final
  
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y desarrollará su vigencia desde el 1 de enero de 2002, hasta el año 2006, sin perjuicio de las modificaciones que oportunamente se introduzcan coincidiendo con el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana.
  
Valencia, 22 de abril de 2002
  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo,
  
VICENTE RAMBLA MOMPLET
  
ANEXO
  
Bases que regulan el régimen de ayudas destinadas a la mejora de las condiciones de trabajo en las pequeñas empresas de la Comunidad Valenciana.
  
Capítulo I
  
Disposiciones generales
  
Primera. Objeto y ámbito
  
Se convocan ayudas económicas para la realización de inversiones destinadas para la mejora de las condiciones de trabajo en las pequeñas empresas de la Comunidad Valenciana
  
Las ayudas establecidas sólo podrán financiar alguna de las actuaciones siguientes:
  
1. Inversiones en las pequeñas empresas para eliminar o reducir mediante protección colectiva los riesgos de seguridad derivados de la maquinaria utilizada o/y encaminadas a la mejora de las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo propios de la citada maquinaria.
  
2. Específicamente, son apoyables las actuaciones de diseño e implantación de protecciones de elementos móviles, resguardos, barreras y órganos mecánicos en movimiento y de cuadros de mando, dispositivos de parada de emergencia, señales de alarma visuales o acústicas, así como de cualquier otro dispositivo cuya adopción suponga mejora en orden a garantizar la integridad física de los usuarios del centro de trabajo.
  
Se consideran mejoras de las condiciones ergonómicas, especialmente, a todas aquellas medidas tendentes a optimizar las condiciones de trabajo del operador o que tengan por finalidad aumentar la visibilidad del trabajo, disminuir ruido y vibraciones, aminorar esfuerzos físicos y fisiológicos, y mejorar la posición de trabajo adoptando posturas más naturales y menos forzadas.
  
Solo podrán ser objeto de ayuda las actividades que se desarrollen dentro del ejercicio económico en que se concedan, no admitiéndose actuaciones de carácter plurianual.
  
Segunda. Beneficiarios de las ayudas, cuantías de las mismas y gastos elegibles
  
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las pequeñas empresas de la Comunidad Valenciana que ocupen hasta 50 trabajadores y que, adicionalmente, no incumplan los criterios de independencia recomendados por la Comisión Europea para su consideración como tales.
  
Las empresas solicitantes deberán haber realizado la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva en los términos previstos en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
  
En las convocatorias que anualmente se realicen se podrán delimitar el destino de las ayudas a sectores específicos del tejido productivo y de servicios valenciano.
  
2. La cuantía que puede concederse en concepto de ayuda, para el primer ejercicio en que las presentes bases estén en vigor podrá ser como máximo del 70% del coste presupuestado por actuación presentada, con un límite cuantitativo de 6.000 euros por beneficiario
  
Para los sucesivos ejercicios dichas cuantías podrán ser actualizadas en la orden que autorice los créditos consignados en los mismos.
  
En cualquier caso, las ayudas por beneficiario en su conjunto no podrán superar la cuantía de 100.000 euros en un periodo de tres años a contar desde el año en que se conceda una ayuda por este procedimiento (ayudas de minimis).
  
Con carácter general, no será subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servicios, y cualquier impuesto pagado por el beneficiario.
  
3. Los gastos elegibles que pueden ser objeto de las ayudas que se rigen por las presentes bases se determinarán de conformidad a los Reglamentos de la Unión Europea de aplicación a los fondos estructurales europeos vigentes en cada momento.
  
Capítulo II
  
Procedimiento
  
Tercera. Presentación de solicitudes y plazo
  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas deberán dirigirse a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral y se presentarán, en impreso normalizado, en las correspondientes Direcciones Territoriales de Empleo y Trabajo o en cualesquiera otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
  
2. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el ultimo día del mes de febrero de cada ejercicio en que las presentes bases permanezcan vigentes. No obstante, excepcionalmente en el ejercicio de 2002 el plazo para presentar solicitudes será de tres meses a contar desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases.
  
3. Las solicitudes deberán acompañarse, de los documentos que a continuación se relacionan:
  
3.1 Documentos de carácter general:
  
a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y, en su caso, de su representante legal o voluntario.
  
b) Documentación acreditativa de hallarse el solicitante al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda.
  
c) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), si no se hubiese presentado con anterioridad ante la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y no hubiera experimentado variación.
  
d) Declaración responsable sobre las ayudas de minimis obtenidas anteriormente.
  
3.2. Documentos de carácter especifico según la actuación que se presente a la convocatoria anual:
  
a) Memoria explicativa de la actuación a desarrollar, con expresión de modalidad de ejecución y calendario previsible de realización. Si las inversiones a realizar requiriesen proyecto técnico, este deberá presentarse debidamente visado por el colegio profesional correspondiente.
  
b) Presupuesto desglosado por partidas, según gastos elegibles.
  
c) Fuentes de financiación y procedencia, incluyendo la ayuda que se solicita.
  
d) Cualquier otra información adicional que se estime conveniente aportar.
  
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la mencionada ley, para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se dictará resolución en la que se le tenga por desistido de su petición.
  
Cuarta. Criterios de evaluación de las solicitudes
  
Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos:
  
1. La incidencia del proyecto en la mejora de las condiciones de trabajo y la eficacia preventiva de las inversiones proyectadas.
  
2. El sector sobre el que se pretenda actuar, en función de la siniestralidad laboral que se constaten en las estadísticas oficiales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
  
3. La localización geográfica dentro de la Comunidad Valenciana, en función asimismo de los parámetros del punto anterior.
  
4. Cualquier otro criterio que razonadamente se considere por la Comisión de Evaluación y Valoración a que se refieren las bases siguientes.
  
Quinta. Resolución
  
1. Las direcciones territoriales de Empleo y Trabajo, una vez completo el expediente, en su ámbito territorial, remitirán las actuaciones a la comisión de evaluación y valoración que se regula en la base séptima.
  
2. La comisión de evaluación y valoración de las ayudas formulará su propuesta de resolución dentro de los limites máximos que se fijan en la base décima, que podrá ser individualizada o inclusiva de todos o algunos de los solicitantes que estime deben obtener las ayudas.
  
3. En dicha propuesta bastará hacer sucinta referencia a los criterios que se establecen en la base anterior, si bien para la atención de los criterios a que se refiere el punto 4 de la misma, deberá motivarse expresamente en relación con la entidad beneficiaria a la que se apliquen.
  
4. Cuando la propuesta de la comisión de evaluación y valoración determine una cuantía de subvención que no supere el 75% de la ayuda solicitada lo pondrá de inmediato en conocimiento del solicitante al objeto de que el mismo en el plazo de 10 días pueda formular adaptación del proyecto de actuación a la cantidad propuesta por la comisión.
  
5. Vista la propuesta formulada por la comisión de evaluación y valoración, el director general de Trabajo por delegación del conseller de Economía, Hacienda y Empleo dictará resolución concediendo o denegando la ayuda, que será notificada a los interesados. Antes de resolver, podrá recabarse del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que se estimen necesarios para decidir sobre la solicitud presentada.
  
6. En caso de concesión de la ayuda, la resolución fijará expresamente la cuantía de la subvención e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el cumplimiento de la subvención. Las cargas, modos y condiciones de la subvención se imputarán al beneficiario de la misma, sin que éste pueda oponer las excepciones que, en su caso, deriven de sus relaciones jurídicas con terceros.
  
7. Las resoluciones de concesión podrán retrotraer sus efectos a la actividad desarrollada con anterioridad a la fecha de aquellas, siempre que ésta se incluya en el ejercicio en que se conceda la ayuda.
  
Sexta. Plazo para dictar resolución
  
1. El plazo máximo para tramitar y resolver los expedientes será de tres meses a contar desde la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes fijado en estas bases. Transcurrido el expresado plazo sin que haya recaído resolución, se entenderá desestimada la solicitud de concesión de la ayuda en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. Las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior agotarán la vía administrativa y podrán ser impugnadas directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los legitimados para ello estimen procedente.
  
Séptima. Comisión de evaluación y valoración de las ayudas
  
La comisión de evaluación y valoración estará integrada por el jefe del Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral, que será su presidente, los directores territoriales de Empleo y Trabajo, los directores de los gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el jefe del Servicio de Condiciones de Trabajo de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral que actuará como secretario de la comisión.
  
La comisión adaptará su funcionamiento a las reglas generales que son de aplicación a los órganos colegiados.
  
Octava. Resolución de incidencias
  
1. El órgano competente para la concesión de las ayudas contempladas en la presente orden, resolverá las incidencias que se produzcan, y en especial los supuestos de:
  
- Modificaciones justificadas del proyecto inicial.
  
- Cambios de titularidad.
  
- Cambios de ubicación de las inversiones.
  
- Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión, con carácter excepcional y siempre que se soliciten antes de la expiración del plazo o término cuya prórroga se pretende.
  
- Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto a los efectos de liquidación de la ayuda.
  
- Expedientes de revalorización de la ayuda o de resolución total o parcial de la misma.
  
2. El beneficiario deberá comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas y privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, lo que dará lugar al correspondiente expediente de revalorización de la ayuda y adaptación a las nuevas circunstancias financieras del beneficiario.
  
Novena Control de las acciones
  
La Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral realizará el control y seguimiento de las inversiones realizadas a través de las comprobaciones que considere necesarias.
  
Serán de aplicación en dichas comprobaciones las normas y criterios de valoración generalmente aceptadas en función de las características técnicas de cada tipo de inversión; para lo cual la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral podrá solicitar se practiquen aquellas por técnicos al servicio de la administración de la Generalitat Valenciana o por expertos independientes de acreditada solvencia.
  
Diez. Pago de las ayudas
  
1. El pago de las ayudas se librará una vez ejecutado el proyecto, de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados por la resolución de concesión. Deberá acreditarse que la actuación se ha ejecutado al menos en sus dos terceras partes de la actividad material y el gasto en su totalidad.
  
2. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los beneficiarios, en el plazo de un mes desde la realización de las inversiones proyectadas, y en todo caso con anterioridad al 31 de octubre de cada año de vigencia de estas bases, y salvo que por circunstancias concurrentes se determine un plazo distinto, deberán presentar:
  
2.1. Acreditación de haber ejecutado las inversiones proyectadas objeto de ayuda, de conformidad a las presentes bases y resolución de concesión.
  
2.2. Facturas y demás documentos justificativos del gasto efectuado, de acuerdo con la normativa vigente.
  
2.3. Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se hubieran establecido en la resolución.
  
Once. Obligaciones del beneficiario
  
Son obligaciones del beneficiario:
  
- Realizar las inversiones que fundamenta la concesión de la subvención.
  
- Acreditar la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determine la resolución de concesión de la ayuda, así como las que deriven de la ley, su naturaleza u objeto.
  
- El sometimiento a actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Generalitat Valenciana, en relación con las ayudas concedidas.
  
- Hacer constar de manera explícita en la difusión de las acciones subvencionables, el apoyo de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
  
- Hacer constar de manera explícita en la difusión de las acciones subvencionables, el apoyo de la Unión Europea, a los efectos de publicidad relativa a la cofinanciación por fondos FEDER, previstos por el Reglamento C.E. número 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000, (DOCE de 31.02.2000)
  
Doce. Minoración y resolución de la ayuda concedida
  
1. La alteración de alguna de las características del proyecto aprobado, el incumplimiento de condiciones y plazos establecidos en la resolución, la falta de justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas que en su conjunto excedan de los límites establecidos, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.
  
2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, la variación de la finalidad de la actuación o la falta de justificación de la realización del proyecto, dará lugar a la incoación, por el órgano competente para la concesión de las ayudas, del correspondiente expediente que podrá finalizar en su caso, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.