Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8953, del 16-11-2020 (2020/9572)

Convocatoria de 6 de noviembre de 2020, del director general del Institut Valencià de Finances, de la línea de financiación «Préstamo participativo para el relanzamiento de grandes industrias».
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Número DOGV
:   8953

Fecha DOGV
:   16-11-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2020/9572


Fecha del documento
:   06-11-2020

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Finanzas

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * ayuda pública

Convocatoria de 6 de noviembre de 2020, del director general del Institut Valencià de Finances, de la línea de financiación «Préstamo participativo para el relanzamiento de grandes industrias». [2020/9572]  
El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud anunció que, dados los niveles de propagación y gravedad del coronavirus (Covid-19), la enfermedad debía ser considerada a todos los efectos como una pandemia. España y, por extensión, la Comunitat Valenciana, ha sido uno de los países más afectados por la crisis sanitaria, con profundas y graves consecuencias sobre la actividad económica. Diversos organismos nacionales e internacionales prevén una caída del PIB español superior al 9 % para 2020, con una fuerte destrucción de puestos de trabajo y un empeoramiento significativo de los indicadores de solvencia de las empresas.  
Desde principios de año, la caída de actividad ya era sensible en los sectores más expuestos a la actividad económica internacional. Tras la declaración del estado de alarma, sectores estratégicos como el transporte, el turismo y algunos sectores industriales, han registrado una paralización prácticamente absoluta de la actividad comercial. En este contexto, resulta absolutamente imprescindible asegurar que las empresas valencianas que operan en estos sectores dispongan de liquidez suficiente para hacer frente a sus pagos con regularidad, al objeto de garantizar el consumo de las familias cuyos ingresos corrientes dependen de ellas, preservar la estabilidad financiera de nuestro tejido productivo, y asegurar una rápida recuperación de la actividad económica una vez superada la situación de crisis sanitaria.  
El gobierno valenciano ha puesto en marcha distintas iniciativas de apoyo financiero a las empresas, entre las que destacan:  
a) Aumentar en 17 millones de euros el Fondo de Provisiones Técnicas de AFIN-SGR,  
b) Crear una línea de préstamos bonificados por 100 millones de euros, destinada a financiar operaciones de circulante e inversión de grandes empresas, PYMES y autónomos valencianos, y  
c) Ofrecer sendas líneas de préstamos participativos y subordinados por importe global de 38 millones de euros, dirigidas a las PYMES que, por motivos de solvencia, no podían acogerse a la línea de financiación bonificada.  
El éxito de esta última iniciativa aconseja su extensión a las grandes empresas industriales de la Comunitat Valenciana, y que debido a la afectación de la crisis sanitaria encuentran también dificultades para acceder a los mecanismos de financiación diseñados por los gobiernos central y autonómico.  
Por otra parte, el pasado 19 de marzo, la Comisión Europea publicó un nuevo Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19. Dicho marco comporta una notable flexibilización de la normativa de ayudas de Estado.  
En concreto, por tres motivos fundamentales, el marco temporal aprobado por la Comisión resulta ventajoso para las empresas valencianas:  
a) Aumenta la ayuda permitida en el ejercicio 2020 hasta 800.000 euros, acumulable además con otras ayudas acogidas al régimen de minimis que la empresa pueda eventualmente recibir durante el ejercicio o haya recibido en los dos años anteriores al mismo.  
b) No exige a la empresa probar el efecto incentivador de la ayuda, sino que debe ser el ente concedente quien justifique ante las autoridades comunitarias su oportunidad en las actuales circunstancias.  
c) Rebaja muy sustancialmente los tipos de interés que el IVF puede aplicar a las empresas dentro del nuevo marco temporal aplicable a las ayudas de Estado.  
Por todas estas razones, el Consejo Ejecutivo del Fondo FININVAL, con el impulso de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, ha decidido crear un instrumento financiero de apoyo a grandes empresas industriales valencianas que permita a las empresas de tamaño superior a la PYME y con bajos niveles de solvencia, obtener liquidez para el sostenimiento del ciclo de la explotación.  
En concreto, se plantea una convocatoria de préstamos que incorporan un tipo de interés variable en función del beneficio obtenido por la empresa; de este modo, tienen la consideración de préstamos participativos a los efectos de lo establecido en el art. 20 del Real Decreto ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica y, por tanto, se considerarán patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil.  
De conformidad con lo establecido en el acuerdo vigente entre la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y el Instituto Valenciano de Finanzas, para la gestión del Fondo «instrumentos financieros de la Comunitat Valenciana» (FININVAL), previa autorización del Consejo Ejecutivo del Fondo FININVAL, en su reunión de fecha 22 de octubre de 2020, al director general del Instituto Valenciano de Finanzas, y en cumplimiento del Acuerdo de la Comisión de Inversiones Crediticias de Economía - FININVAL, se procede a la convocatoria de la línea de financiación «Préstamos participativos FININVAL para el relanzamiento de grandes industrias».  
  
Artículo 1. Disponibilidad presupuestaria  
El presupuesto máximo disponible para esta línea de financiación es de 2.250.000 euros y se financiará con cargo al Fondo para la gestión de instrumentos financieros de la Comunitat Valenciana (FININVAL) constituido en virtud de lo dispuesto en los artículos 96 al 99 de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.  
También se podrá destinar a esta convocatoria los recursos o remanentes no ejecutados en aplicación del instrumento financiero originalmente diseñado para impulsar la actividad económica en zonas con riesgo de despoblamiento, así como aquellos recursos que se obtengan de la devolución de los préstamos otorgados al amparo de la convocatoria efectuada en 2019 o al amparo de las convocatorias que se hallan realizado en 2020.  
  
Artículo 2. Objeto de la convocatoria  
Constituye el objeto de la presente convocatoria el otorgamiento por parte de FININVAL de préstamos participativos para la financiación de proyectos de inversión y capital circulante, que cumplan las condiciones establecidas en esta convocatoria.  
  
Artículo 3. Características específicas de los proyectos y necesidades financiables con cargo a esta convocatoria  
Los proyectos de inversión y las necesidades de capital circulante objeto de financiación al amparo de esta convocatoria son aquellos que reúnan alguna de las siguientes características:  
a) Sostenibilidad del ciclo de explotación, en supuestos de transformación del modelo de negocio o bien por la caída continuada de ventas o contención de ciclo productivo derivada de la Covid-19.  
b) Proyectos empresariales de modernización de los procesos de producción y diversificación de la cartera de productos o el desarrollo de nuevas actividades industriales.  
c) Proyectos empresariales con impacto positivo en el empleo, preferentemente cualificado, y que promuevan la igualdad de oportunidades.  
d) Procesos de internacionalización y crecimiento del tamaño de la empresa.  
e) Actuaciones que permitan un incremento de la conectividad y la capacidad logística que favorezca la apertura de nuevos mercados.  
  
Artículo 4. Empresas beneficiarias de la financiación  
1. Las empresas beneficiarias deben cumplir los siguientes requisitos:  
a) Ser grandes empresas privadas que lleven desarrollando, al menos 3 años antes de la fecha de concesión, una actividad industrial productiva en la Comunitat Valenciana.  
Se entiende por gran empresa aquella que no reúna las condiciones para ser considerada una pequeña o mediana empresa conforme los criterios establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) num. 651/2014 de la Comisión.  
Se entiende por empresa privada cualquier entidad que realice una actividad económica, con independencia de su forma jurídica, que disfrute de personalidad jurídica privada propia y diferenciada, y que acredite estar válidamente constituida e inscrita en el correspondiente registro público en el momento de solicitar la financiación. No podrán ser beneficiarias de este instrumento financiero, las administraciones públicas, las entidades de derecho público, las universidades públicas, los organismos autónomos, las empresas públicas, las sociedades mercantiles públicas entendiendo por tales aquellas en las que más de la mitad del capital social pertenezca directa o indirectamente a una Administración pública, las Fundaciones públicas, y las sociedades participadas mayoritariamente por cualquiera de las anteriores.  
Se entiende que una empresa realiza una actividad industrial productiva cuando el CNAE de su actividad principal es el 0811, el 2370, o alguno de los previstos en la Sección C-Divisiones 10 a 32, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real decreto 475/2007, de 13 de abril.  
b) Contar, a 1 de enero de 2020, con una calificación crediticia superior o igual a B-, en terminología de la Agencia de Rating Standard and Poors, de acuerdo con el sistema interno de análisis de riesgos del Institut Valencià de Finances.  
c) Estar en disposición de contar con todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios y cumplir la normativa nacional y comunitaria que resulte aplicable y, en particular, en materia de competencia, contratación del sector público y medio ambiente.  
d) Acreditar, antes de la concesión, estar al corriente de cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat, así como de las obligaciones ante la Seguridad Social.  
e) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente, después de una decisión de la Comisión Europea declarando una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.  
f) No encontrarse en ninguna de las siguientes circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (LGS):  
i. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.  
ii. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  
iii. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.  
iv. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.  
v. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
vi. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.  
vii. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan.  
viii. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3 de la LGS, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.  
ix. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.  
No estar ya en situación de empresa en crisis el 31 de diciembre de 2019, aunque con fecha posterior haya adquirido tal condición. Se entiende que una empresa estaba ya en crisis, cuando de acuerdo con lo establecido en el punto 2.18 del Reglamento (UE) 651/2014, de 17 de junio, general de exención por categorías, concurran en la misma al menos una de las siguientes circunstancias:  
i. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE (1) y «capital social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión.  
ii. Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad, cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la Directiva 2013/34/UE.  
iii. Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores.  
iv. Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración.  
v. Cuando durante los dos ejercicios anteriores:  
1. La ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y  
2. La ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA, se haya situado por debajo de 1,0  
El cumplimiento de los requisitos del presente artículo debe acreditarse mediante la firma de la Declaración Responsable, salvo estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social, que se comprobará directamente por el IVF. El hecho de presentar esta declaración responsable facultará al IVF, en tanto que gestor de FININVAL, para hacer, en cualquier momento, telemáticamente o por otros medios, las comprobaciones por muestreo o exhaustivas necesarias para verificar la conformidad de los datos de esas declaraciones.  
2. Las empresas beneficiarias de la financiación no podrán operar en los siguientes sectores:  
a) La fabricación de armamento, armas y munición, el material o las infraestructuras militares o policiales y el material o las infraestructuras destinados a limitar los derechos individuales o la libertad de las personas (es decir, cárceles y centros de detención de todo tipo) o que violen los derechos humanos.  
b) Los juegos de azar y el material correspondiente.  
c) La fabricación, la transformación o la distribución de tabaco.  
d) Las actividades controvertidas por razones éticas o morales o prohibidas por la legislación nacional.  
e) Las actividades meramente financieras.  
  
Artículo 5. Obligaciones de las empresas beneficiarias  
Las beneficiarias de la financiación regulada en la presente convocatoria quedan sometidos a las siguientes obligaciones:  
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta el otorgamiento de la financiación y acreditarlo ante el IVF, en tanto que gestor de FININVAL.  
b) Justificar ante el IVF, en tanto que gestor de FININVAL, el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que determinan el otorgamiento de la financiación.  
c) Someterse a las actuaciones de comprobación que correspondan al IVF, en tanto que gestor de FININVAL, y a la Intervención General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a otros órganos competentes, tanto nacionales como comunitarios, y aportar toda la información que le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  
d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y otros documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control por parte del IVF, en tanto que gestor de FININVAL.  
e) Conservar durante 5 años, contados a partir de la fecha de vencimiento del préstamo, los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto que puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, de acuerdo con la normativa comunitaria.  
f) Comunicar las ayudas, subvenciones, ingresos o recursos públicos o privados que hubieran obtenido o solicitado para los mismos costes financiados.  
g) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, la empresa beneficiaria deberá mantener en la Comunitat Valenciana los bienes por un plazo que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de los bienes. El incumplimiento de la obligación de conservar los bienes será causa de reintegro, con las siguientes excepciones:  
- Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la financiación y este uso se mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por el IVF.  
- Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o gravamen sea autorizado por el IVF. En este supuesto, el adquirente asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro de la financiación.  
  
Artículo 6. Forma de presentación de solicitudes  
1. La solicitud de financiación se realizará mediante el formulario de cumplimentación electrónica previsto en la presente convocatoria como anexo II, siendo obligatoria su presentación online a través de los medios disponibles en la página web del IVF (https://prestamos.ivf.es), con firma y registro electrónico.  
2. Para realizar la tramitación electrónica, la empresa solicitante podrá utilizar cualquiera de los sistemas de firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/web/sede\_electronica/sede\_certificados), entre los cuales se encuentra el certificado electrónico emitido por la Agencia Valenciana de Certificación.  
3. La presentación de la solicitud llevará implícita la aceptación de las condiciones establecidas en esta convocatoria.  
  
Artículo 7. Plazo de presentación de solicitudes  
1. Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en la página web del IVF, gestor de FININVAL.  
2. Se podrán presentar solicitudes de financiación hasta el 31 de mayo de 2021, o hasta que se agoten los recursos disponibles según lo indicado en el artículo primero de esta convocatoria.  
3. Para general conocimiento el IVF, en tanto que órgano gestor de FININVAL, publicará en su página web la fecha en la que se cerrará esta convocatoria por la circunstancia expresada en el párrafo anterior.  
  
  
Artículo 8. Documentación necesaria para la presentación de las solicitudes  
La solicitud de financiación irá acompañada de la siguiente documentación:  
1. Impreso de solicitud, conforme a lo indicado en el formulario de la solicitud de financiación incorporado al anexo II de la convocatoria, que incluirá la autorización expresa al IVF para la comprobación de oficio de los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Generalitat, y de las obligaciones con la Seguridad Social, por parte de la empresa solicitante.  
2. Identificación del solicitante:  
a) Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del representante legal de la empresa solicitante, junto con la fotocopia de la escritura de apoderamiento. Además, se incorporará a la solicitud la fotocopia de la escritura de titularidad real y la escritura de constitución de la sociedad.  
b) Si la sociedad mercantil forma parte de un grupo, se identificarán las empresas del grupo en un organigrama que incluirá los porcentajes de participación en cada sociedad. Para cada empresa recogida en la declaración, se reflejará el número de empleados, balance y volumen de negocio anual de la empresa.  
3. Las Cuentas anuales correspondientes a los dos últimos ejercicios cerrados con anterioridad a la solicitud de financiación. Si el solicitante es una sociedad mercantil que forma parte de un grupo de empresas definido conforme al artículo 42 del Código de Comercio, el solicitante adjuntará también las cuentas anuales consolidadas del grupo correspondientes a los últimos dos ejercicios cerrados. Las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, correspondientes a los dos últimos ejercicios cerrados con anterioridad a la solicitud de financiación.  
4. En caso de que la empresa solicitante sea una sociedad mercantil que no audite sus cuentas anuales, se aportarán las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, correspondientes a los dos últimos ejercicios cerrados con anterioridad a la solicitud de financiación.  
5. Informe actualizado de riesgos emitido por la Central de Información de Riesgos del Banco de España.  
6. Informe sobre la capacidad de repago de la empresa solicitante de la deuda contraída con el IVF, elaborado por un experto independiente con experiencia profesional acreditada en la materia. Este informe se podrá aportar con posterioridad a la presentación de la solicitud de financiación.  
7. Documentación acreditativa de la obtención de financiación bancaria adicional, por un importe mínimo equivalente al 50 % del importe del préstamo solicitado al IVF.  
8. Declaración Responsable del cumplimiento de los requisitos para ser empresa beneficiaria de la financiación y del compromiso expreso del cumplimiento de las obligaciones que en caso de resultar beneficiaria corresponderían a la empresa solicitante, según consta en el anexo III.  
9. Detalle de otras ayudas recibidas correspondientes a los mismos gastos elegibles que los incluidos en el proyecto empresarial cuya financiación se solicita, según consta en el anexo IV.  
10. Plan de negocio, conforme al modelo incluido en el anexo V.  
11. Acreditación del CNAE principal de la empresa solicitante, mediante aportación de nota informativa del registro mercantil o equivalente, en la que deberá constar en algún apartado uno de los CNAEs comprendidos en el apartado 1 del artículo 4 de esta convocatoria. En caso de no constar en dicha nota, deberá aportarse informe de la seguridad social sobre la situación del código de cuenta de cotización de la empresa solicitante, en el que conste uno de los CNAEs referenciados.  
12. Documentación que acredite el desarrollo de una actividad industrial en la Comunitat Valenciana desde al menos 3 años antes de la concesión.  
13. En el caso de presentarse solicitudes que no se hayan cumplimentado aportando toda la información que se requiere y/o no hubieran acompañado toda la documentación establecida en la convocatoria, el IVF requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición.  
14. Los requerimientos se realizarán por medios electrónicos y se entenderán practicados o rechazados en los términos que se señalan en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y en la legislación complementaria. En este sentido, si transcurren diez días hábiles sin que se acceda al contenido del requerimiento, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por realizado el trámite de notificación.  
15. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, el IVF podrá, con posterioridad a la solicitud, requerir a la solicitante cualesquiera otros datos, documentos e informes complementarios que resulten necesarios para la resolución del expediente.  
  
Artículo 9. Procedimiento de valoración de las solicitudes  
1. El procedimiento de otorgamiento es el de concurrencia competitiva, según lo previsto por el artículo 165.2 apartado f de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, atendiendo exclusivamente al orden de presentación de las solicitudes, hasta agotar el importe total de la financiación previsto en el artículo 1 de esta convocatoria, sin que sea necesario establecer comparación entre solicitudes ni la prelación entre las mismas.  
2. Recibidas las solicitudes de financiación, los servicios técnicos del IVF realizarán las siguientes actuaciones:  
a) Comprobación del cumplimiento de los requisitos de la empresa beneficiario y elegibilidad del proyecto.  
b) Determinación del importe de los gastos elegibles financiables del proyecto.  
c) Comprobación de que el experto independiente seleccionado por el solicitante de financiación para elaborar el Informe de capacidad de repago a que se refiere el artículo 8.6 de esta Convocatoria tiene capacidad y experiencia suficientes para realizar el citado informe.  
d) Comprobación de que el Informe sobre la capacidad de repago de la empresa elaborado por el experto independiente concluye que el solicitante, en el escenario central y más probable de la evolución de los negocios, acredita capacidad para atender los vencimientos del préstamo solicitado, quedando acreditada de este modo la viabilidad económica de la operación.  
4. Para aquellos proyectos que resulten elegibles, y considerando el resultado de las actuaciones relacionadas en el presente artículo, el IVF elevara informe sobre el cumplimiento de las condiciones de la presente Convocatoria al órgano de FININVAL que resulte competente para la aprobación o denegación de la financiación.  
5. Las operaciones que se acojan a esta convocatoria serán aprobadas o rechazadas en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de entrada de la correspondiente solicitud.  
  
Artículo 10. Gastos financiables elegibles  
1. El importe financiable de cada proyecto presentado se determinará a partir del importe total de los costes que tengan la consideración de gastos financiables elegibles según determina esta convocatoria. En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos financiables elegibles podrá ser superior al valor de mercado.  
A estos efectos, se consideran gastos financiables elegibles aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza del proyecto financiado y se realicen en los seis meses anteriores a la solicitud y con posterioridad a la misma. En concreto, serán gastos financiables elegibles los siguientes:  
a) Servicios externos.  
b) Costes de consumibles, materias primas, materiales y otros aprovisionamientos, así como otros suministros necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa.  
c) Gastos del personal (coste salarial bruto, y coste de la Seguridad Social a cargo de la empresa).  
d) Gastos generales y otros gastos de explotación adicionales (asesoramiento, auditorías, seguros, mantenimientos, gastos de gestión, costes de transferencia de conocimientos y comunicación, costes de homologación, etc.), que se deriven directamente de la actividad de la empresa.  
e) Inversión en activos materiales e inmateriales.  
2. No se considerarán gastos financiables elegibles ni los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los trabajos realizados por la empresa beneficiaria para su inmovilizado, ni los impuestos personales sobre la renta.  
  
Artículo 11. Justificación de los gastos financiables elegibles  
1. Las empresas beneficiarias de la financiación deben justificar la aplicación de los fondos ante el IVF, mediante pruebas documentales claras, específicas y actualizadas. Para ello, la empresa beneficiaria remitirá copia de las facturas acreditativas del gasto incurrido, que deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.  
2. Salvo que el gasto hubiera sido realizado con anterioridad a la fecha de la solicitud de la financiación, la empresa beneficiaria deberá disponer como mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, cuando el importe del gasto financiable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor (contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios).  
3. Las ofertas deben estar suficientemente detalladas, especificando los trabajos que deben realizarse y su precio; deberán estar fechadas, y contener los datos que permitan la correcta identificación del remitente, junto con el logo o el sello de la empresa. La selección de las ofertas deberá realizarse entre empresas de las que al menos dos de ellas no sean empresas asociadas a la entidad beneficiaria y no formen parte de su Junta Directiva o Consejo de Administración, ni ostenten derechos de voto superiores al 50 %.  
4. La elección entre las ofertas presentadas deberá recaer en la más económica, justificando en un informe la elección en otro sentido. El IVF podrá requerir un informe de valoración de la obra, servicio o suministro de que se trate a realizar por experto independiente si la propuesta elegida por el solicitante supera en más de un 25 % el precio de la oferta más económica, cuando a la vista de la justificación que aporte el solicitante, expresamente referida a esta decisión, sea posible apreciar que se haya podido ver afectado el principio de objetividad en la decisión adoptada. En este caso, se considerará como gasto financiable elegible el importe menor entre el de la factura aportada y el del propio valor de tasación.  
5. En el supuesto de gastos recurrentes de explotación, como servicios externos, materias primas, mercaderías y suministros, el IVF acumulará el importe de las facturas emitidas por el mismo proveedor y por el mismo concepto. El solicitante estará exento de presentar las tres ofertas preceptivas, si acredita que el precio de adquisición unitario es inferior o igual al precio medio correspondiente a los doce meses anteriores a la fecha de la solicitud, incrementado en un 10 %.  
  
Artículo 12. Características de los préstamos de FININVAL  
1. La financiación acogida a esta modalidad tendrá la consideración de préstamo participativo a los efectos de lo establecidos en el artículo 20 del Real Decreto ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, y por tanto se considerará patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil.  
2. El valor nominal del préstamo se situará entre 200.000 y 800.000 euros, sin que pueda superar el 100 % del importe de los gastos financiables elegibles.  
3. Cada empresa beneficiaria no podrá obtener préstamos, al amparo de la presente convocatoria, que en su conjunto superen la cuantía máxima de 800.000 euros.  
4. El plazo de amortización de la financiación se situará en un máximo de ocho años, con posibilidad de un periodo de carencia de amortización de capital de hasta tres años, incluido en ese plazo.  
5. El tipo de interés nominal de la operación se obtiene como la suma de a el tipo de interés EURIBOR para depósitos a un año, con un valor mínimo igual 0 %, y b el margen financiero del ejercicio, equivalente a la rentabilidad financiera registrada por el prestatario durante el ejercicio en que se liquidan los intereses, con un valor mínimo igual al 3 % y un valor máximo igual al 6 %. A estos efectos, la rentabilidad financiera se define como el porcentaje que representa el resultado del último ejercicio cerrado antes de impuestos sobre los fondos propios del prestatario.  
6. El tipo de interés nominal final de la operación podrá experimentar una bonificación de 0,25 % en el caso que la empresa presente una memoria de sostenibilidad o responsabilidad social, integre el plan de igualdad, y que esta tenga un máximo de 3 años de antigüedad. La memoria se ajustará a los siguientes principios: deberá ser transparente, incluirá opiniones de los grupos de interés, será auditable, completa, relevante, precisa, neutral, comparable y clara. La memoria de responsabilidad social se basará en cualquiera de los modelos nacionales e internacionales existentes, expresando la vinculación y compromiso de la entidad con las políticas de responsabilidad social y sostenibilidad, así como la puesta en marcha en su organización de este tipo de políticas, mostrando los resultados obtenidos.  
7. A efectos de liquidar el préstamo, el Euribor se revisará anualmente el 15 de diciembre y las liquidaciones de intereses serán trimestrales, los días 15 de marzo, junio, septiembre y diciembre. Los préstamos se amortizarán por trimestres vencidos, transcurrido el periodo de carencia, si procede, y coincidiendo con la liquidación de los intereses.  
8. No se aplicarán comisiones.  
9. La empresa beneficiaria solo podrá amortizar anticipadamente el préstamo si dicha amortización se compensa con una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que este no provenga de la actualización de activos.  
10. Sin garantías adicionales a las que aporta el propio proyecto empresarial.  
11. La obtención de la financiación estará vinculada a la obtención por parte de la empresa solicitante de una financiación bancaria adicional que deberá representar al menos el 50 % de la financiación aportada por FININVAL. El plazo de vencimiento de dicha financiación será como mínimo igual al plazo de carencia del préstamo participativo otorgado por el IVF.  
  
Artículo 13. Normativa en materia de ayudas de estado  
1. La financiación prevista en esta convocatoria estará sujeta al Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos, consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos, destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19. Dicho Marco Nacional fue aprobado por la Comisión a través de la Decisión de la ayuda SA. 56188, al amparo del marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19 (19.3.2020 C (2020) 1863). En concreto, el instrumento financiero se acoge al apartado 3 del Marco Nacional Temporal relativo a las ayudas directas. La ejecución del presente instrumento financiero la llevará a cabo de forma directa el Instituto Valenciano de Finanzas sin que intervengan instituciones financieras privadas.  
2. La ayuda se computará por el importe total de la operación financiera concedida, al tener los préstamos participativos la consideración de cuasi capital.  
3. Las ayudas acogidas al apartado 3.1 de la Comunicación sobre el Marco Temporal son compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, siempre que se cumpla la totalidad de las condiciones siguientes:  
a) las ayudas no superan los 800.000 euros por empresa (todas las cifras utilizadas constituyen importes brutos, es decir, antes de impuestos y otras retenciones)  
b) las ayudas se otorgan con arreglo a un régimen con presupuesto estimado;  
c) las ayudas pueden concederse a empresas que no estaban en crisis (a tenor de lo dispuesto en el Reglamento general de exención por categorías) a 31 de diciembre de 2019; por tanto, pueden concederse a empresas que no estén en crisis y/o a empresas que no estaban en crisis a 31 de diciembre de 2019 pero que sí lo estaban o empezaron a estarlo con posterioridad a consecuencia del brote de Covid-19;  
d) las ayudas se conceden y formalizan, a más tardar, el 30 de junio de 2021;  
e) las ayudas concedidas a las empresas que operan en la transformación y comercialización de productos agrícolas están supeditadas a que no se repercutan total o parcialmente a los productores primarios y no se fijan en función del precio o la cantidad de los productos adquiridos a los productores primarios o comercializados por las empresas interesadas.  
4. Las medidas de ayuda temporal previstas en esta norma pueden acumularse con:  
a) las ayudas que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento de minimis (DO L 352 de 24.12.2013)  
b) las ayudas concedidas en virtud de los artículos 4 y 5 del Marco Nacional Temporal, si bien estas últimas no podrán acumularse entre sí.  
c) otras ayudas estatales en relación con los mismos gastos financiables elegibles, siempre que dicha acumulación no exceda de la intensidad o el importe máximo de ayuda fijados atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, en virtud o bien de Directrices Comunitarias, o bien de un reglamento de exención por categorías, o bien de una decisión adoptada por la Comisión, relativa a un determinado programa de ayudas previamente notificado por el organismo concedente.  
  
Artículo 14. Aprobación de la financiación  
1. Una vez evaluadas las solicitudes en los términos previstos en el artículo 9 de esta convocatoria la Comisión de Inversiones Crediticias de Economía - FININVAL, decidirá sobre la aprobación o no de la financiación.  
2. La aprobación determinará con exactitud las condiciones financieras de la operación, que deberán ser aceptadas expresamente por la empresa solicitante y serán inmodificables en la formalización del Contrato de Préstamo, a excepción de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de esta convocatoria, así como el importe de la ayuda concedida calculada de conformidad con la normativa europea de aplicación.  
  
Artículo 15. Formalización del contrato de préstamo  
1. Tras la aprobación de la financiación se deberá formalizar entre el IVF, en representación de FINNVAL, y la empresa solicitante, el Contrato de Préstamo en documento público, surtiendo a partir de esa firma entre las partes todos sus efectos.  
2. El contrato de préstamo deberá recoger todos los requisitos específicos del mismo, derivados de la aplicación de esta Convocatoria, así como las condiciones particulares en orden a la ejecución del mismo (disposición de los fondos, amortizaciones anticipadas, justificación de la aplicación de los fondos recibidos, facultades de control por parte del IVF, importe de la ayuda calculada de conformidad con la normativa europea en materia de ayudas de estado).  
3. Las operaciones de préstamo acogidas a la presente convocatoria se podrán formalizar hasta el 30 de junio de 2021.  
4. Los contratos de préstamo mediante los cuales se formalicen las operaciones de financiación se someterán al derecho privado.  
  
Artículo 16. Disposición de los fondos  
1. El desembolso de los préstamos será de una sola vez o en desembolsos parciales.  
2. El plazo máximo para disponer y, si procede, el número máximo de disposiciones parciales será el establecido en la aprobación de la financiación y se trasladará sin modificación al contrato de préstamo. Este plazo no excederá el periodo de carencia en la amortización del préstamo.  
3. El desembolso se realizará a solicitud del prestatario y se requerirá la presentación de facturas, informes de auditoría u otros documentos de valor probatorio equivalente que justifiquen la actuación realizada, de acuerdo con lo que establezca en el acuerdo de otorgamiento del préstamo.  
4. Transcurrido el plazo máximo de disposición sin que se disponga de la totalidad de los fondos, el importe del préstamo quedará fijado en la cuantía efectivamente dispuesta. En este supuesto, el IVF, en representación de FININVAL, emitirá una resolución modificando el acuerdo de otorgamiento de la financiación y anulando el compromiso por la parte no dispuesta, y se ajustará el importe de la ayuda equivalente al resultante del importe efectivamente dispuesto.  
  
Artículo 17. Modificación de las condiciones de la financiación  
1. En caso de que surgieran circunstancias debidamente justificadas que alterasen las condiciones recogidas en el otorgamiento de la financiación, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la misma.  
2. Además del supuesto regulado en el artículo 16.4 de esta Convocatoria, los supuestos en los que resultará posible modificar las condiciones iniciales de la financiación otorgada son:  
a) Cambios de titularidad, operaciones de transformación societaria, fusión o escisión, siempre y cuando el nuevo titular siga cumpliendo todos los requisitos generales y específicos establecidos en la presente convocatoria.  
b) Ampliación del plazo de amortización del préstamo que derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles con un comportamiento diligente del beneficiario en el momento en que tuvo lugar el otorgamiento de la financiación, o que siendo previsibles fueran inevitables.  
En ningún caso se considerará como causa justificativa de la ampliación del plazo de amortización la situación económica de la empresa beneficiaria.  
c) Ampliación del plazo de disposición, previa solicitud motivada por parte de la empresa beneficiaria, y siempre que ello no implique una alteración de las cuotas anuales de amortización del principal de la operación.  
3. Para valorar la procedencia de la modificación solicitada, los servicios técnicos del IVF, en tanto que gestor de FININVAL, podrán requerir cuanta información y documentación consideren conveniente debiendo informar favorablemente, en su caso, la modificación con base en las razones ofrecidas por la empresa beneficiaria.  
4. En todo caso no se podrá modificar el otorgamiento de la financiación si las circunstancias alegadas para justificar la procedencia de la modificación hubieran determinado en su momento la desestimación de la solicitud realizada.  
5. Una vez aprobada la modificación del acuerdo aprobatorio de la financiación se tendrá que formalizar la correspondiente adenda al contrato de préstamo, en documento público, rigiendo a este respecto lo que establece el artículo 13 de esta convocatoria.  
  
Artículo 18. Rectificación de errores  
El IVF podrá rectificar de oficio el acuerdo de otorgamiento de la financiación cuando de los elementos que figuren en él se deduzca la existencia de un error material, de hecho, o aritmético.  
  
Artículo 19. Seguimiento y control ordinario  
1. Las empresas beneficiarias de la financiación deben justificar la aplicación de los fondos ante el IVF, en tanto que gestor de FININVAL.  
2. Las empresas beneficiarias tendrán que facilitar cualquier información o comprobación relativa al objeto y finalidad de la financiación que le pueda requerir el IVF, en tanto que gestor de FININVAL.  
3. El IVF, en tanto que gestor de FININVAL, comprobará la adecuada justificación de la aplicación de las cantidades recibidas, la realización de la actividad o el cumplimiento de la finalidad que determina el otorgamiento de la financiación.  
4. La comprobación administrativa de la justificación documental de la inversión para la que se ha concedido la financiación se realizará mediante la revisión de las facturas, informes de auditoría u otros documentos que justifiquen la actuación realizada de acuerdo con los procedimientos de control vigentes en el IVF.  
5. El IVF, en tanto que gestor de FININVAL, realizará actuaciones específicas de control como consecuencia de denuncias o de la existencia de indicios de fraude o irregularidades en la ejecución de la actividad financiada al amparo de la presente convocatoria.  
6. El procedimiento de información y control del IVF deberá integrarse como anexo en los contratos de préstamo que se formalicen entre FININVAL y los beneficiarios de la financiación, siendo sus obligaciones vinculantes para estos últimos y siendo además su incumplimiento causa de vencimiento anticipado del contrato de préstamo.  
  
Artículo 20. Control externo  
1. Al margen del seguimiento y control ordinario que realice el IVF, los beneficiarios de la financiación otorgada por FININVAL quedarán sujetos al control financiero que corresponda a la Intervención General de la Generalitat, así como a las actuaciones de comprobación previstas en la normativa de la Sindicatura de Comptes u otros órganos competentes.  
2. En el contrato de préstamo a formalizar entre el IVF, en representación de FININVAL, y la empresa beneficiaria deberá constar el sometimiento expreso de este a las facultades de comprobación y control externo de los organismos citados en el apartado anterior.  
3. La negativa u obstrucción a las labores de control de la Intervención General de la Generalitat Valenciana o de la Sindicatura de Comptes será causa de vencimiento anticipado del contrato de préstamo.  
  
Artículo 21. Declaración de vencimiento anticipado del préstamo y revocación unilateral de la ayuda por parte de FININVAL  
1. El contrato de préstamo que se formalice deberá reconocer expresamente la facultad que ostentará el IVF, en tanto que gestor de FININVAL, de declarar unilateralmente el vencimiento anticipado de la financiación y la revocación de la ayuda cuando se produzca el impago de dos liquidaciones consecutivas de capital y/o intereses de acuerdo con el plan de vencimientos previsto en el contrato de préstamo.  
2. Así mismo serán causas de revocación unilateral del préstamo:  
a) Obtención de la misma falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.  
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la financiación.  
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos previstos en esta convocatoria.  
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en esta Convocatoria.  
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en esta convocatoria, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades objeto de la financiación.  
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas en la aprobación de la financiación siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la misma.  
g) Incumplimiento de las obligaciones a los beneficiarios, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades objeto de la financiación.  
h) La adopción de una decisión de recuperación por parte de la Comisión Europea, de la cual se derive una necesidad de reintegro.  
3. El contrato de préstamo deberá recoger expresamente las causas de vencimiento anticipado de la financiación a instancias del IVF, como gestor de FININVAL, previstas en los apartados anteriores de este artículo, estableciendo expresamente que en el momento que al IVF, en tanto que gestor de FININVAL, le consten fehacientemente las circunstancias fácticas indicadas procederá de inmediato a suspender la disposición de los fondos pendientes.  
Al propio tiempo el contrato deberá contemplar una condición resolutoria susceptible de ser activada por el IVF, gestor de FININVAL, en el momento le consten fehacientemente las circunstancias expresadas en este artículo.  
  
Artículo 22. Cancelación anticipada del préstamo a instancias del beneficiario de la financiación  
Las empresas beneficiarias pueden renunciar a la financiación, mediante cancelación anticipada del préstamo una vez formalizado, sin que se contemple comisión alguna por dicha cancelación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.8 de esta convocatoria.  
  
Artículo 23. Publicidad de la financiación por parte de las entidades beneficiarias  
1. Al aceptar la financiación concedida, el beneficiario autoriza al IVF a dar publicidad a terceros del préstamo concedido, a través de la Base de datos Nacional de Subvenciones, de las cuentas anuales del IVF o de cualquier otro medio que el Institut considere oportuno.  
2. Conforme a lo establecido en la Ley 2/2015, de 2 de abril de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana, las empresas beneficiarias de los préstamos tendrán que incluir en su página web que han obtenido esta financiación a través del fondo Fininval de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.  
  
Artículo 24. Eficacia  
Esta convocatoria comenzará a desplegar efectos a partir del día siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en la página web del IVF, como gestor de FININVAL.  
  
València, 6 de noviembre de 2020.- Por FININVAL actúa el Institut Valencià de Finances según mandato conferido por la Comisión de Inversiones Crediticias y el Consejo Ejecutivo de FININVAL: Manuel Illueca Muñoz.  
  
ANEXO I  
Definición de pequeña y mediana empresa  
  
Artículo 1. Empresa  
Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular.  
  
Artículo 2. Efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas  
1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR.  
2. En la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones EUR.  
3. En la categoría de las PYME, se define microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones EUR.  
  
Artículo 3. Tipos de empresas considerados para el cálculo de los efectivos y los importes financieros  
1. Es una «empresa autónoma» la que no puede calificarse ni como empresa asociada a tenor del apartado 2, ni como empresa vinculada a tenor del apartado 3  
2. Son «empresas asociadas» todas las empresas a las que no se puede calificar como empresas vinculadas a tenor del apartado 3 y entre las cuales existe la relación siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por sí sola o conjuntamente con una o más empresas vinculadas, a tenor del apartado 3, el 25 % o más del capital o de los derechos de voto de otra empresa (empresa participada).  
Una empresa podrá, no obstante, recibir la calificación de autónoma, sin empresas asociadas, aunque se alcance o se supere el límite máximo del 25 %, cuando estén presentes las categorías de inversores siguientes, y a condición de que entre estos, individual o conjuntamente, y la empresa en cuestión no existan los vínculos descritos en el apartado 3:  
a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos inversores providenciales en la misma empresa sea inferior a 1 250 000 EUR;  
b) universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;  
c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional;  
d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones EUR y una población inferior a 5 000 habitantes.  
3. Son «empresas vinculadas» las empresas entre las cuales existe alguna de las siguientes relaciones:  
a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;  
b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra empresa;  
c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o de una cláusula estatutaria de la segunda empresa;  
d) una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas o socios.  
Se presumirá que no existe influencia dominante cuando los inversores enumerados en el apartado 2, párrafo segundo, no tengan implicación directa o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin perjuicio de los derechos que les correspondan en su calidad de accionistas.  
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en el párrafo primero a través de otra u otras empresas, o con los inversores enumerados en el apartado 2, se considerarán también vinculadas.  
Asimismo, se considerarán empresas vinculadas las que mantengan alguna de dichas relaciones a través de una persona física o un grupo de personas físicas que actúen de común acuerdo, si dichas empresas ejercen su actividad o parte de la misma en el mismo mercado de referencia o en mercados contiguos.  
Se considerará «mercado contiguo» el mercado de un producto o servicio situado en una posición inmediatamente anterior o posterior a la del mercado en cuestión.  
4. A excepción de los casos citados en el apartado 2, párrafo segundo, una empresa no podrá ser considerada PYME si el 25 % o más de su capital o de sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o más organismos públicos, conjunta o individualmente.  
  
5. Las empresas podrán efectuar una declaración relativa a su calificación como empresa autónoma, asociada o vinculada, así como a los datos relativos a los límites enunciados en el artículo 2. Podrá efectuarse esta declaración, aunque el capital esté distribuido de tal forma que no se pueda determinar con precisión quién lo posee, en cuyo caso la empresa podrá declarar de buena fe que puede tener la presunción legítima de que el 25 % o más de su capital no pertenece a otra empresa ni lo detenta conjuntamente con empresas vinculadas entre sí. Tales declaraciones no eximirán de los controles y verificaciones previstos por las normativas nacionales o de la Unión.  
  
Artículo 4. Datos que hay que tomar en cuenta para calcular los efectivos, los importes financieros y el período de referencia  
1. Los datos seleccionados para el cálculo del personal y los importes financieros serán los correspondientes al último ejercicio contable cerrado y se calcularán sobre una base anual. Se tendrán en cuenta a partir de la fecha en la que se cierren las cuentas. El total de volumen de negocios se calculará sin el impuesto sobre el valor añadido (IVA) ni tributos indirectos.  
2. Cuando una empresa, en la fecha de cierre de las cuentas, constate que se han excedido en un sentido o en otro, y sobre una base anual, los límites de efectivos o financieros enunciados en el artículo 2, esta circunstancia solo le hará adquirir o perder la calidad de mediana o pequeña empresa, o de microempresa, si este exceso se produce en dos ejercicios consecutivos.  
3. En empresas de nueva creación que no hayan cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero.  
  
Artículo 5. Efectivos  
Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos se incluirán las categorías siguientes:  
a) asalariados;  
b) personas que trabajen para la empresa, que tengan con ella un vínculo de subordinación y estén asimiladas a asalariados con arreglo al Derecho nacional;  
c) propietarios que dirijan su empresa;  
d) socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten de ventajas financieras por parte de la empresa.  
Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán dentro de los efectivos. No se contabilizará la duración de los permisos de maternidad o de los permisos parentales.  
  
Artículo 6. Determinación de los datos de la empresa  
1. En el caso de las empresas autónomas, los datos, incluidos los efectivos, se determinarán únicamente sobre la base de las cuentas de dicha empresa.  
2. Los datos, incluidos los efectivos, de una empresa con empresas asociadas o vinculadas se determinarán sobre la base de las cuentas y demás datos de la empresa, o bien, si existen, sobre la base de las cuentas consolidadas de la empresa, o de las cuentas consolidadas en las cuales la empresa esté incluida por consolidación.  
A los datos contemplados en el párrafo primero se agregarán los datos de las posibles empresas asociadas con la empresa en cuestión, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a esta. La agregación será proporcional al porcentaje de participación en el capital o en los derechos de voto (el más elevado de estos dos porcentajes). En caso de participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje más elevado.  
A los datos contemplados en los párrafos primero y segundo se añadirá el 100 % de los datos de las empresas que puedan estar directa o indirectamente vinculadas a la empresa en cuestión y que no hayan sido incluidas en las cuentas por consolidación.  
3. A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas asociadas con la empresa en cuestión han de proceder de las cuentas, consolidadas si existen, y de los demás datos, a los cuales se habrá de añadir el 100 % de los datos de las empresas vinculadas a estas empresas asociadas, salvo si sus datos contables ya se hubiesen incluido por consolidación.  
A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas vinculadas a la empresa en cuestión han de proceder de sus cuentas, consolidadas si existen, y de los demás datos. A estos se habrán de agregar proporcionalmente los datos de las empresas que puedan estar asociadas a estas empresas vinculadas, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a estas, salvo si se hubieran incluido ya en las cuentas consolidadas en una proporción por lo menos equivalente al porcentaje definido en el apartado 2, párrafo segundo.  
4. Cuando en las cuentas consolidadas no consten los efectivos de una empresa dada, se calcularán incorporando de manera proporcional los datos relativos a las empresas con las cuales la empresa esté asociada, y añadiendo los relativos a las empresas con las que esté vinculada.  
  
  
  
  
ANEXO V  
Plan de Negocio  
  
La empresa incluirá en la solicitud de la financiación una memoria técnica o plan de negocio que deberá contar al menos con los siguientes apartados:  
a) Estructura de propiedad de la empresa, indicando si la empresa forma parte de un grupo, con independencia de que esté obligada o no a formular estados financieros consolidados. En este caso, se adjuntará una descripción detallada del grupo, incluyendo un organigrama con los porcentajes de participación, y de las transacciones económicas entre empresas del grupo con incidencia en los estados contables del solicitante.  
b) Explicación detallada del modelo de negocio de la empresa.  
c) Explicación detallada de los efectos del brote de coronavirus (COVID-19) en las cuentas anuales de la empresa. A estos efectos, se presentará desglose mensual de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, durante los doce meses anteriores a la solicitud y en el ejercicio en curso (básicamente, Importe neto de la cifra de negocios, Aprovisionamientos, Gastos de Personal, Amortizaciones, Otros gastos de la explotación, Ingresos Financieros y Gastos Financieros).  
d) Explicación de las medidas adoptadas por la empresa para limitar el impacto del brote de coronavirus (Covid-19) en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
e) Estimación mensual de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias tras las medidas adoptadas en tres escenarios: a) prolongación del estado de alarma; b) recuperación al 50 % de la actividad; c) recuperación total de la actividad.  
f) La empresa aportará información acerca de la estructura de vencimientos de sus obligaciones financieras, los límites de las pólizas de crédito disponibles y el porcentaje medio de disposición de las mismas durante el último ejercicio.