Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5349, del 19-09-2006 (2006/10239)

ACUERDO de 31 de julio de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la expropiación de terrenos por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos de titularidad privada incluidos en la calle de Beuna y calle de En Proyecto, número 18 de Algemesí.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5349

Fecha DOGV
:   19-09-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/10953


Fecha del documento
:   31-07-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Algemesí
    * expropiación

ACUERDO de 31 de julio de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la expropiación de terrenos por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos de titularidad privada incluidos en la calle de Beuna y calle de En Proyecto, número 18 de Algemesí. [2006/M10504]  
En relación con el expediente remitido por el Ayuntamiento de Algemesi, relativo a la expropiación de terrenos por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos de titularidad privada incluidos en la calle de Beuna y calle En Proyecto, número 18, se destacan los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:  
Antecedentes   
Uno. En fecha 25 de noviembre de 2004, acordó someter a información pública el proyecto de urbanización de la calle en proyecto número 18.  
Dicha información pública se ha efectuado mediante la inserción de anuncios en el BOP número 300, de fecha 17 de diciembre de 2004, en el Diari Oficial de la Generalitat número 4.907, de 21 de diciembre de 2004 y en el diario Levante de 4 de diciembre de 2004.  
Dos. El objeto del proyecto de expropiación es describir y valorar, a los efectos expropiatorios, los bienes y derechos que es necesario ocupar para poder ejecutar la obra de urbanización de la calle de Beuna sita en el Barrio del Carrascalet, tramo situado entre calle de San Fermín a conectar con calle Joan de Joanes, en el límite oeste del casco urbano de Algemesí.  
Para la ejecución de la obra, según el proyecto de ejecución de la obra, es necesario ocupar un total de 8 parcelas, todas ellas sin uso.  
La relación de propietarios y descripción de bienes y derechos a expropiar figura en el proyecto de obra por lo que la aprobación por lo que la aprobación por el Ayuntamiento en Pleno legitima la necesidad de urgente ocupación de los mismos y permite iniciar la expropiación que se sustentará en la tramitación del presente proyecto de expropiación.  
Según el vigente Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 27 de octubre de 1987, y el proyecto redactado, son necesarios ocupar un total de 2.229,16 metros cuadrados de terrenos, que no están cedidos para vía pública.  
Tres. Algemesí cuenta con Plan General de Ordenación Urbana aprobado el 27 de octubre de 1987.   
Cuatro. Durante la tramitación del expediente se solicitó informe con fecha de 1 de diciembre de 2005 a la Gerencia Regional del Catastro en el cual se indica que: «Que el justiprecio de los bienes y derechos expropiados por el procedimiento de tasación conjunta de referencia debe determinarse conforme a lo establecido en el título III de la Ley 6/1998, modificada por la Ley 10/2003, sobre régimen del suelo y valoraciones, según indica el artículo 36 de la propia ley. Así mismo resulta de aplicación la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento.  
1 Valoración del suelo  
 Se trata de un suelo urbano sin urbanización consolidada ni atribución por el planeamiento de aprovechamiento lucrativo, por lo que es de aplicación el artículo 28 y 29 de la Ley 6/98, donde se especifica que el valor del suelo se determinará por aplicación, al aprovechamiento resultante de la medida ponderada de los aprovechamientos referidos al uso predominante, del polígono fiscal en que a efectos catastrales este incluido en el mismo, el valor básico de repercusión más específico recogido en las ponencias de valores catastrales para el terreno concreto a valorar. De dichos valores se deducirán los gastos que establece el artículo 30 de la ley, salvo que ya se hubieran deducido en su totalidad en la determinación de los valores de las ponencias.  
La ponencia para el municipio de Algemesí se aprobó en el año 2000 con efectos 2001. Los terrenos objeto de la tasación conjunta se localizan en el polígono fiscal P-108, zona valorativa 10895, donde se fija un valor de repercusión para el uso predominante de 8.085 PTA/m2 (48,59€/m2).  
En la tasación se ha aplicado el valor básico de repercusión de la ponencia por el aprovechamiento bruto calculado para el polígono fiscal, sin la deducción de los gastos de urbanización pendiente, circunstancia que compensa la falta de actualización de los valores al momento de exposición al público del proyecto de expropiación según se establece en el artículo 24 de la Ley 6/1998.  
Así pues, los criterios de valoración del suelo utilizados en el proyecto de tasación conjunta de referencia se consideran conformes con la normativa vigente.   
Cinco. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 26 de julio de 2006, por unanimidad, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, cumpliendo así lo preceptuado en el artículo 23 del Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.  
Fundamentos jurídicos  
1. La aprobación definitiva de los proyectos de expropiación por tasación conjunta, corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo conforme a lo establecido en los apartados del 6 al 8 del artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto (en adelante RGU) y en el artículo 10.e) del Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano.  
La resolución de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo, deberá limitarse a un mero control de legalidad, sin valoración alguna de la oportunidad del proyecto y a la vez, la intervención de este órgano lo va a ser sin perjuicio de la ulterior actuación del Jurado Provincial de Expropiación, que será el que en última instancia, de existir oposición de los expropiados, resolverá sobre el justiprecio. Así las cosas, la intervención de la comisión deberá limitarse a la comprobación de que la tramitación del proyecto   
se ha ajustado a la normativa vigente, que la documentación es suficiente para cumplir los preceptos legales y que el método de valoración efectuado se ha ajustado a los procedimientos legales.  
El artículo 23 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante LRSV) dispone que «a los efectos de expropiación, las valoraciones del suelo se efectuarán con arreglo a los criterios establecidos en la presente Ley, cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime». De este modo, en ese simple control de legalidad que nos ocupa, de lo que se tratará fundamentalmente es de comprobar la adecuación del proyecto a esta ley y a la normativa complementaria de la misma.  
2. La valoración del suelo debe efectuarse siguiendo los criterios del artículo 27 LRSV por tratarse de suelo urbanizable.  
3. Tal y como dispone el artículo 203.1 RGU, la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados.  
A la vista de cuanto antecede la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 31 de julio de 2006, por unanimidad, acuerda:  
Primero  
aprobar definitivamente el proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta para proceder al desarrollo y gestión de la calle de Beuna del PGOU de Algemesí.  
Segundo  
Aprobar las valoraciones de bienes y derechos a expropiar.  
Tercero  
Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados.  
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, en lo que atañe al punto 3, se puede interponer recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente, según dispone el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación.  
En su caso, las administraciones públicas pueden formular requerimiento de anulación o revocación según dispone el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente por analogía con el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del Título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación. El citado artículo 44 de la Ley 29/1998 establece literalmente;  
Artículo 44.1. En los litigios entre administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.  
En el supuesto de no formular el requerimiento indicado, las administraciones públicas podrán interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo previsto en el artículo 46-1 de la citada Ley 29/1998.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.  
Respecto de los puntos 1 y 2 no cabe recurso alguno por tratarse de actos de trámite que no dan lugar a la imposibilidad de continuar un procedimiento ni producen indefensión.  
Así mismo procede notificar la presente resolución a los interesados titulares de bienes que figuren en el proyecto de expropiación, acompañando a éste copia de la correspondiente hoja de justiprecio y significándoles que, en el plazo de los 20 días hábiles siguientes al de recibo de tal notificación, podrán manifestar por escrito ante esta Comisión Territorial de Urbanismo su disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado. Si en tal plazo los interesados no formulan oposición a la valoración, se entenderá aceptada la que se fija en el acto presente de aprobación del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.  
De las hojas de aprecio impugnadas se dará traslado por esta comisión, junto con el expediente, al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia, y la tasación de los bienes se hará de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la ley sobre régimen del suelo y valoraciones.  
Lo que se certifica con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente y a reserva de los términos precisos que se deriven de la misma, conforme lo autoriza el artículo 27-5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).  
Valencia, 31 de julio de 2006  
El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo,  
ALVARO ALEIXANDRE ORTÍ