Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2765, del 07-06-1996 (1996/838418)

INSTRUCCIÓN conjunta, de 1 de abril de 1996, de la Intervención General y la Dirección General de Presupuestos y Tesoro, sobre modificaciones por habilitación o suplemento de crédito para el abono de indemnizaciones por demora en el pago del justiprecio de un bien expropiado, dictada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden de 1 de febrero de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   2765

Fecha DOGV
:   07-06-1996

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1996/838418


Fecha del documento
:   01-04-1996

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía y Hacienda

Tipo de documento
:   Instrucción

Análisis jurídico

INSTRUCCIóN conjunta, de 1 de abril de 1996, de la Intervención General y la Dirección General de Presupuestos y Tesoro, sobre modificaciones por habilitación o suplemento de crédito para el abono de indemnizaciones por demora en el pago del justiprecio de un bien expropiado, dictada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden de 1 de febrero de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda.   
La Orden de 1 de febrero de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de gestión y modificación del presupuesto de gastos de la Generalitat Valenciana para 1996, en su apartado 5.2 regula el procedimiento singular en la tramitación de las modificaciones por habilitación o suplemento de crédito por intereses de demora. El artículo 43 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, establece el derecho de todo acreedor de la Generalitat Valenciana a percibir, en concepto de intereses de demora, cuando el pago de las obligaciones económicas se realiza excedido el plazo de 90 días naturales desde el nacimiento efectivo de la obligación. Es la Intervención General quien procederá a liquidar los intereses correspondientes, dando traslado al conseller de Economía y Hacienda, para autorizar el gasto y ordenar el pago con cargo al crédito correspondiente.  
Así, y en la actualidad, el reconocimiento de obligaciones por intereses de demora se efectúa, bien de oficio, bien a instancia de parte, bien los derivados de cumplimiento de sentencias judiciales firmes. Siendo por tanto de aplicación a todos los casos anteriores el procedimiento establecido en el apartado 5.2 de la citada orden de la Conselleria de Economía y Hacienda.  
Cuestión distinta es el reconocimiento de una obligación cuya causa viene derivada por el retraso en el pago de la cantidad del justo precio de un bien expropiado, ya que de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 56 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, el propietario de un bien expropiado por la administración tiene derecho a percibir, en el plazo de 6 meses a partir de la determinación del justo precio, el importe del bien expropiado, y transcurrido este plazo, la administración expropiante, culpable de la demora, está obligada a abonar al expropiado una indemnización que consiste en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, y que se debe liquidar con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado.  
Nos encontramos pues en un supuesto excepcional de reconocimiento de obligación por intereses de demora, cuyo origen inmediato no está en el artículo 43 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, sino más bien en los derechos y obligaciones que, para la administración expropiante y sujeto pasivo expropiado, vienen determinados en la ya citada Ley de Expropiación Forzosa y, por consiguiente, es opinión de ambos centros directivos que la tramitación de las posibles modificaciones presupuestarias para habilitar o suplementar créditos por retraso en el pago del justiprecio, debe de sujetarse al procedimiento general establecido en el apartado 5.8 de la Orden de 1 de febrero de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda.  
Valencia, 1 de abril de 1996.- El interventor general: Ramón Brull Mandingorra; El director general de Presupuestos y Tesoro: Máximo Caturla Rubio.