Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5352, del 22-09-2006 (2006/10167)

ORDEN de 17 de julio de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se anuncia la aprobación del deslinde de la Cañada Real de Castilla a su paso por los términos municipales de Cortes de Pallás y Yátova.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5352

Fecha DOGV
:   22-09-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/10226


Fecha del documento
:   17-07-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * Cortes de Pallás
    * Yátova
    * ganado
    * vía rural
    * legislación

ORDEN de 17 de julio de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se anuncia la aprobación del deslinde de la Cañada Real de Castilla a su paso por los términos municipales de Cortes de Pallás y Yátova. [2006/F10584]  
Visto el expediente de deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Castilla a su paso por los términos municipales de Cortes de Pallás y Yátova (Tramo VIII).  
Resultando que el deslinde se ajusta a las clasificaciones de las vías pecuarias del término municipal de Cortes de Pallás, aprobada por Orden Ministerial de fecha 17 de febrero de 1975, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado nº 73 de fecha 26 de marzo de 1975 y la de Yátova, aprobada por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1977, que se público en el Boletín Oficial del Estado nº 210 de fecha 2 de septiembre de 1977.  
Resultando que en fecha de 23 de diciembre de 2002 (BOE 22.01.2003), se suscribió convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, para la ejecución del proyecto de deslinde, amojonamiento y señalización de las vías pecuarias del Corredor Valle de Cabriel . Albufera de Valencia (Ramal Meridional) en los términos municipales de Camporrobles, Fuenterrobles, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Requena, Cortes de Pallás, Yátova, Dos Aguas, Tous, Catadau, Alfarp, Carlet, L'Alcúdia, Algemesí, Guadassuar, Albalat de la Ribera y Sueca.  
Resultando que mediante Resolución del 7 de julio de 2003 de la Conselleria de Territorio y Vivienda se autorizó el inicio de los expedientes de deslinde de los terrenos de las vías pecuarias incluidas en el convenio suscrito en fecha 23 de diciembre de 2002 (BOE 22.01.2003), entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.  
Resultando que dentro del periodo de información pública a que fue sometido el expediente se presentaron dos alegaciones:  
. Juan García Pinto, en su nombre y en representación de Manuel Arenas Tamarit, como heredero universal de la señora Tamarit, Francisco Rodríguez Robledo, Antonio Hernández Rodríguez, Antonio Martínez Aroca, como heredero universal de Trinidad Linares, María Dolores Perpiñán Ponce, José Elías Robledo Gil, Ángel Ponce Grau, expone que:  
No están de acuerdo con el trazado deslindado, en su día se clasificó la vía pecuaria por un trazado diferente al «histórico». No alegaron en su momento en el procedimiento de clasificación, porque no tuvieron oportunidad (dudan de la existencia de un período de exposición pública de la clasificación). Solicitan se revise el trazado de la Cañada, modificando la clasificación.  
. Agustín Iranzo Reig, en su nombre y mandatario verbal de Manuel Iranzo Reig y José Iranzo Reig, expone que:  
Que la denominación de cañada es una «anomalía inteligible» ya que el régimen jurídico era distinto en la zona de Castilla y en el Reino de Valencia. Incumbe a la administración probar que las VP no fueron desamortizadas y cual es su verdadero trazado tras su desamortización. Que la clasificación como cañada, se basa en falsedades. En la memoria del proyecto de clasificación habla de «servidumbres renovables». Las fincas afectadas fueron adquiridas por Julio Iranzo Reig, libres de toda carga o gravámenes habiéndose satisfecho todos los impuestos incluido el IBI. Estando las mencionadas fincas inscritas en el Registro de la Propiedad hace más de cuarenta años.  
Resultando que por la Dirección General de Gestión del Medio Natural se propone la aprobación del deslinde de acuerdo con los términos que figuran en el expediente.  
Visto el informe del Área Jurídica de la Conselleria de Territorio y Vivienda.  
Considerando que se han cumplido en el expediente los trámites señalados por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso. Considerando lo dispuesto en el Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat, mediante el cual se asignan competencias a la Presidencia y a las consellerias con competencias ejecutivas, y en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, corresponde a la Conselleria de Territorio y Vivienda la aprobación del deslinde de las vías pecuarias, resuelvo:  
Artículo 1  
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Castilla a su paso por los términos municipales de Cortes de Pallás y Yátova (tramo VIII), de acuerdo con la propuesta de deslinde y planos que constan en el expediente y cuyas características son las siguientes:  
Cañada Real de Castilla  
Longitud deslindada: 8.844 m  
Anchura: 75 m  
Superficie deslindada: 64,0512 ha  
Artículo 2  
Desestimar las alegaciones presentadas por los motivos que se indican a continuación:  
En primer lugar, en relación con la alegación presentada por Juan García Pinto, en su nombre y en representación de Manuel Arenas Tamarit, como heredero universal de la señora Tamarit, Francisco Rodríguez Robledo, Antonio Hernández Rodríguez, Antonio Martínez Aroca, como heredero universal de Trinidad Linares, María Dolores Perpiñán Ponce, José Elías Robledo Gil y Ángel Ponce Grau. Que no están de acuerdo con el trazado deslindado, en su día se clasificó la vía pecuaria por un trazado diferente al «histórico». No alegaron en su momento en el procedimiento de clasificación, porque no tuvieron oportunidad (dudan de la existencia de un período de exposición pública de la clasificación). Solicitan se revise el trazado de la Cañada, modificando la clasificación. Además, el señor Pinto dice comparecer en representación de otros que forman la Comisión de Afectados Cañada Real . Cortes de Pallás. Y tras ser solicitada la acreditación de la representación que dice ostentar mediante carta certificada recibida por el señor Pinto el 8 de febrero de 2006, éste no ha procedido a subsanar en plazo dicha falta de acreditación de conformidad con el artículo 32 de la Ley 30/1992 teniéndoles por desistido del trámite, pero no obstante se procede meramente a efectos informativos. Se deniegan debido a que:  
La Orden Ministerial OM de 17.02.1975, que aprobó la Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de Cortes de Pallás, tiene un valor normativo, es un acto firme, y conforme a ella se efectúa el deslinde, no siendo pues este procedimiento, el adecuado para discutir la existencia, el ancho o categoría de una vía pecuaria. Estas circunstancias quedaron establecidas, adquirieron firmeza, mediante la reglamentaria clasificación. Aprobada de acuerdo con el correspondiente expediente, en el que, tal y como se recoge en la citada Orden Ministerial, no se formuló «reclamación o protesta alguna durante su exposición pública».  
El artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Se refiere al deslinde como «el acto administrativo por el que se definen los límites de la vías pecuarias de conformidad con el acto de clasificación».  
En este sentido, el trazado y dirección del dominio público deslindado es fiel reflejo de los datos que aparecen en la clasificación de Cortes de Pallás, datos que se han revisado y confrontado con cuantos antecedentes gráficos o escritos obran en el expediente de deslinde así como los reconocimientos en el campo realizados por los técnicos encargados de las operaciones de deslinde.  
Una modificación del tipo que describe el solicitante, requiere previamente la desafectación de los terrenos adyacentes al camino. Según el artículo 10 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, se podrán desafectar los terrenos, que no sean adecuados para el tránsito del ganado ni sean susceptibles de los usos compatibles y complementarios.  
Por Juan García Pinto se manifiesta en desacuerdo con el deslinde solicitando la reducción de la anchura de la vía pecuaria a la propuesta en el proyecto de clasificación. Tal petición no puede ser atendida dentro del marco legal vigente, pues nos encontramos ante dos procedimientos administrativos diferenciados: el primero el acto de clasificación (art. 7 Ley 3/1995) «por el que se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria» y el segundo el deslinde (art. 8 Ley 3/1995) en el que se «se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de clasificación». Estos dos procedimientos administrativos se ejecutan materialmente con un tercero: en el amojonamiento (art. 9 Ley 3/1995).  
En el presente expediente nos encontramos ante un procedimiento de deslinde que debe de ser conforme y respetar la clasificación, sin que se pueda en el presente trámite de deslinde modificar la clasificación. Por consiguiente, deben de ser rechazadas las alegaciones formuladas pues el deslinde se ha efectuado de conformidad con la clasificación vigente ya que la clasificación de vías pecuarias del término municipal de Cortes de Pallás, fue aprobado por Orden Ministerial de 17 de febrero de 1975, que se publicó en el BOE de 26.03.1975, clasificando la actual vía pecuaria en cañada y con un ancho legal de 75 metros de conformidad con el artículo 4.1.a) de la Ley 3/1995.  
Las clasificaciones son actos administrativos, tienen carácter declarativo, y determinan la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de las vías pecuarias dentro de los términos municipales.  
Considerando lo anteriormente expuesto, se informa que el deslinde se ha realizado según derecho, no procediendo en él la regularización de la anchuras, siendo objeto de ello un expediente aparte.  
Respecto a las alegaciones presentadas por Agustín Iranzo Reig, en su nombre y mandatario verbal de Manuel Iranzo Reig y José Iranzo Reig, en el que manifiesta: que el procedimiento de deslinde esta plagado de irregularidades. Que la denominación de cañada es una «anomalía inteligible» ya que el régimen jurídico era distinto en la zona de Castilla y en el Reino de Valencia. Incumbe a la administración probar que las vías pecuarias no fueron desamortizadas y cual es su verdadero trazado tras su desamortización. Que la clasificación como cañada, se basa en falsedades. En la memoria del proyecto de clasificación habla de «servidumbres renovables». Las fincas afectadas fueron adquiridas por Julio Iranzo Reig, libres de toda carga o gravámenes habiéndose satisfecho todos los impuestos incluido el IBI. Estando las mencionadas fincas inscritas en el Registro de la Propiedad hace más de cuarenta años. En ningún plano catastral correspondiente a las fincas afectadas aparece la vía pecuaria siendo la titularidad catastral siempre ha pertenecido a esta parte. Se deniegan debido a que:  
Respecto al procedimiento administrativo de deslinde que se ha llevado a cabo, hay que decir que no es irregular ya que se ha realizado conforme a la legislación en materia de vías pecuarias, Ley 3/1995, y conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
La existencia y las características fundamentales de una vía pecuaria, tales como categoría, ancho, denominación y trazado son legalmente establecidas en su clasificación, en este caso la clasificación de la vías pecuarias de Cortes de Pallás fue aprobada por OM de 17.02.1978 publicada en el BOE de 26.03.1975 y la clasificación de las vías pecuarias de Yátova fue aprobada por OM 14.05.1977 y publicada en el BOE de 02.09.1977.  
Por otra parte, no se ha producido ninguna desamortización alguna de la vía pecuaria, por lo que no cabe exigir a la administración prueba alguna de un hecho que no se ha producido.  
Respecto a la naturaleza de las vías pecuarias cabe decir que son bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, no siendo por tanto servidumbres de paso que necesitan de contrato alguno. El dominio público, además, no tenía la obligación de constar en el Registro de la Propiedad.  
En cuanto a la alegación realizada por el interesado en la que manifiesta ser titular de los terrenos afectados por la vía pecuaria, como consta en el Registro de la Propiedad decir que la determinación gráfica del dominio registral no ofrece en ningún caso detalle de la localización geográfica exacta en la que se encuentra la finca en cuestión, sino que pretende la identificación de la finca registral, de la porción de terreno delimitada por un dominio; no pretende la descripción exhaustiva de la misma. Por otra parte, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el deslinde aprobado declara posesión y titularidad demanial a favor de la comunidad autónoma, no pudiendo prevalecer las inscripciones del Registro de la Propiedad frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. Además el artículo 8.4 de la misma ley señala que la resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Todo ello sin olvidar el carácter de dominio público del que gozan las vías pecuarias, establecido en el artículo 2 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, que establece que las vías pecuarias son bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
Además, respecto al hecho de que las parcelas estén inscritas en el Registro de la Propiedad cabe reseñar: que la inscripción registral de una finca da fe de la titularidad jurídico real sobre la misma y su función es dar seguridad jurídico inmobiliario, no pudiendo existir una representación gráfica del dominio diferente del objeto del dominio en sí. Es decir, el objeto del registro de la propiedad no es la finca registrada sino el dominio o los derechos reales constituidos sobre ella. Respecto a esto, la descripción que de las fincas registrales se hace en el folio registral procede de la declaración del titular registral, en consecuencia la determinación gráfica del dominio depende, en última instancia, de la voluntad del dueño de la finca. De hecho, esta grafía es una operación jurídica de calificación por parte del registrador y no una operación técnico topográfica.  
Con relación a que el Estado ha admitido la titularidad de las fincas al alegante como el pago de Impuestos como prueba, hay que decir que el pago de los impuestos correspondientes por las tierras tales como la contribución territorial rústica y posteriormente el Impuesto de Bienes Inmuebles, se apoya en el Catastro Inmobiliario, que es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales tal y como se definen en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto de la Ley del Catastro Inmobiliario (BOE 8 de marzo de 2004), es decir trata del inventario de la riqueza territorial y no da fe del domino y demás derechos reales inmobiliarios. De hecho, es habitual que aparezcan parcelas catastrales a nombre de desconocidos, o basadas en la apariencia física, sin investigación alguna acerca de su configuración jurídica. Así mismo, la extensión de una finca en catastro no es prueba, conforme a derecho, de la realidad de su cabida, y por tanto de sus verdaderos lindes.  
Por último, respecto a la existencia de la vía pecuaria queda suficientemente demostrada por la propia clasificación de la vías pecuarias de los términos municipales de Cortes de Pallás, Requena y Yátova, en cuyos proyectos quedan grafiadas las distintas las distintas vías pecuarias de los municipios. Además, en el fondo documental recopilado al efecto de realizar este deslinde, se constatan documentos que hacen referencia a la ya referida Cañada Real de Hórtola, y que ya entonces la sitúan por el trazado que ahora se propone traslado del año 1744 de la renovación y señalamiento de las veredas de San Juan y de Hórtola y deslinde de 1891 de las servidumbres pecuarias de Requena.  
Artículo 3  
Que se proceda a la cancelación total o parcial de cuantas inscripciones registrales resulten contradictorias con el deslinde.  
Artículo 4  
Iniciar la práctica del amojonamiento de la vía pecuaria Cañada Real de Castilla a su paso por los términos municipales de Cortes de Pallás y Yátova (Tramo VIII), de acuerdo con el convenio suscrito en fecha de 23 de diciembre de 2002 (BOE 22.01.2003), entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, para la ejecución del proyecto de deslinde, amojonamiento y señalización de las vías pecuarias del Corredor Valle del Cabriel . Albufera de Valencia (ramal meridional) en los términos municipales de Camporrobles, Fuenterrobles, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Requena, Cortes de Pallás, Yátova, Dos Aguas, Tous, Catadau, Alfarp, Carlet, L'Alcudia, Guadassuar, Algemesí, Albalat de la Ribera y Sueca.  
Contra la presente orden, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta orden, ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 y concordantes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de Contencioso Administrativa.  
Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición ante el conseller de Territorio y Vivienda, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.   
Valencia, 17 de julio de 2006  
El conseller de Territorio y Vivienda,  
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS.