Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8584, del 04-07-2019 (2019/6802)

ORDEN 26/2019, de 14 de junio, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de revocación de la autorización del CEE privado de EDUCATIO-Dificultades de Aprendizaje y Patologías del Lenguaje de Paterna-La Cañada, con código 92294199.
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Número DOGV
:   8584

Fecha DOGV
:   04-07-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2019/6802


Fecha del documento
:   14-06-2019

Organismo emisor
:   Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
    * centro de enseñanza

ORDEN 26/2019, de 14 de junio, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de revocación de la autorización del CEE privado de EDUCATIO-Dificultades de Aprendizaje y Patologías del Lenguaje de Paterna-La Cañada, con código 50277850. [2019/6802]  
Antecedentes de hecho  
  
Primero. Por Orden de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, de 28 de abril de 1986, se autorizó el Centro Privado de Educación Especial audiofonológico Aljalil. Posteriormente, por Orden, de 22 de septiembre de 1997, de la Conselleria de Educación, Cultura y Ciencia se cambió la denominación específica de dicho centro de educación especial pasando a denominarse EDUCATIO-Dificultades de Aprendizaje y Patologías del Lenguaje, de Paterna-La Cañada, con código 06488536.  
Segundo. En fecha 19 de enero de 2018, el inspector jefe de la Dirección Territorial de Valencia remitió, al Servicio de Autorizaciones de Centros Privados y Conciertos Educativos, informe propuesta de revocación de la autorización administrativa del centro, tras dejar constancia de los siguientes hechos, entre otros:  
- Irregularidades en cuanto a las enseñanzas impartidas por este centro, al existir una divergencia respecto de las enseñanzas autorizadas y las impartidas, tras el examen de las actas de evaluación final remitidas por el centro correspondientes a los cursos 2015/2016 y 2016/2017 y que se refieren a los diferentes niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en las que se indican las áreas cursadas correspondientes al curriculum oficial de estas etapas educativas, las calificaciones numéricas obtenidas y la situación de promoción o no promoción de cada unos de los alumnos referenciados. En dichas actas se encuentran los siguientes hechos:  
a) En cuanto al curso 2015/16, se específica que tres de la totalidad de los alumnos cursan una adaptación curricular, los tres referidos a primer nivel de ESO.  
b) Todos los alumnos de Educación Primaria promocionan, así como el resto de los que cursan primer ciclo de la ESO.  
c) En visitas giradas por la inspección educativa al centro, la titular del mismo manifiesta textualmente que cuando los alumnos se aproximan a la edad de titulación «los lanzan» a otros centros para que obtengan el graduado en ESO. Este hecho no ha sido objeto de comprobación ya que el alumnado no estaba reflejado en ITACA, lo que hace imposible un seguimiento del NIA asignado a cada uno de ellos. Se presenta relación de libros de texto por niveles que va referida a los diferentes niveles de Educación Primaria y ESO.  
- Irregularidades en la plantilla de profesorado. De acuerdo con las Fichas de Organización Pedagógica (FOP), seis profesores de la plantilla aparecen como profesorado de la etapa de ESO. Además, forman parte de la plantilla personas con titulación en Economía y con contrato laboral como «instructora infantil en prácticas»; una pedagoga que imparte en la etapa ESO Latín, Lenguas, Historia; un monitor deportivo con atribución docente en la asignatura de Educación Física en ESO; un especialista de Inglés con contrato laboral de dos horas semanales. Otros profesionales disponen de contrato laboral que pertenece al grupo 7, correspondiente al capítulo «servicios generales».  
- El perfil del alumnado escolarizado no se corresponde a la de modalidad de escolarización específica, obrando en poder de la Inspección Educativa informes elaborados por servicios psicopedagógicos escolares a instancia de las propias familias en los que consta que su perfil no se corresponde con el alumnado propio de un centro de educación especial, existiendo ya alumnado cuyo traslado se ha hecho efectivo a centros ordinarios.  
Constan en el informe diversas quejas y consultas realizadas por familiares de los alumnos, entre los que consta una expulsión de un alumno por crisis de agitación y trastorno de conducta; así como solicitudes de traslado de alumnos de colegios ordinario a CPEE EDUCATIO para continuar cursando enseñanzas ordinarias, las cuales fueron desestimadas por inspección educativa al no corresponderse la modalidad educativa determinada para los alumnos con las enseñanzas autorizadas a CPEE EDUCATIO; el cual solo está autorizado como centro de educación especial.  
Tercero. En fecha 13 de junio de 2018, la Inspección General de Educación, con base en el anterior informe, propone el inicio del expediente de extinción de la autorización administrativa de apertura y funcionamiento del centro CPEE EDUCATIO por las siguientes razones:  
- El CPEE EDUCATIO imparte enseñanzas que no se corresponden para las que dispone de autorización administrativa.  
- El perfil del alumnado escolarizado en el CPEE EDUCATIO no se corresponde con la modalidad de escolarización específica, obrando en poder de la Inspección de Educación informes psicopedagógicos en los que así consta.  
- El centro no ha presentado ningún informe psicopedagógico de los alumnos en el que se indique que el alumnado es susceptible de escolarización en un centro de educación especial ni ha dado respuesta al requerimiento remitido por la Inspección de Educación al centro, en cuanto a la entrega de adaptaciones curriculares significativas o planes educativos individualizados de uso común en los centros específicos de educación especial.  
- Respecto de las titulaciones del profesorado, en los centros de educación especial es preceptiva la existencia de titulados en Pedagogía Terapéutica, y Audición y Lenguaje. Se deja constancia que no existe ningún educador de educación especial y, sin embargo, existen profesionales que ostentan titulaciones de grado de carácter técnico con máster en Secundaria, que imparten materias correspondientes al currículum de ESO, como se ha comprobado.  
Cuarto. En fecha 3 de septiembre de 2018, el Servicio de Autorización de Centros Privados y Conciertos Educativos notifica al CPEE EDUCATIO requerimiento de subsanación de las citadas deficiencias.  
A este requerimiento, en fecha 19 de septiembre de 2018, el centro alega la falta de concreción de las irregularidades, asimismo solicita copia del expediente; la cual se le facilita mediante comparecencia en las oficinas administrativas el día 8 de noviembre de 2018.  
Quinto. En fecha 26 de octubre de 2018 se notifica a la titularidad del centro nuevo requerimiento detallando todas las irregularidades constatadas por Inspección Educativa, así como la normativa que se incumple con las mismas. Se concede un plazo de 10 días para su subsanación, de acuerdo con los artículos 17.2 y 19.2 del Real decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias (En adelante Real decreto 332/92.)  
En dicho requerimiento se concede el acceso a copia del expediente.  
Sexto. En fecha 8 de noviembre de 2018, la representante de la titularidad mediante comparecencia en las oficinas administrativas recoge la copia de todo el expediente hasta esa fecha.  
Séptimo. En fecha 9 de noviembre de 2018 la titular del centro presenta escrito en oficina de correos solicitando una ampliación del plazo de subsanación tras haber obtenido copia del expediente. A pesar que el escrito tiene entrada en el Servicio de Autorizaciones de centros privados y conciertos educativos en fecha 16 de noviembre de 2018, una vez transcurrido el plazo original, se concede dicha ampliación con el fin de garantizar el derecho de defensa de la titular del centro. La concesión de la ampliación fue notificada a la titular en fecha 26 de noviembre de 2018 en el que se conceden 5 días más desde la recepción del escrito.  
Octavo. En fecha 5 de diciembre de 2018, la titular del centro presenta escrito de alegaciones.  
Noveno. En fecha 18 de enero de 2019, tiene entrada informe de Inspección Educativa de la Dirección Territorial de esta Conselleria en Valencia en contestación a las alegaciones realizadas por el centro en el periodo de subsanación.  
Décimo. En fecha 20 de marzo de 2019, el director general de Centros y Personal Docente inicia de oficio el procedimiento de revocación de la autorización del centro con base en el escrito que la titular del centro presenta al requerimiento y en los informes realizados por inspección educativa. El acuerdo fue notificado en fecha 29 de marzo de 2019.  
En dicho acuerdo se da respuesta a todo los expresado por el centro en su escrito, señalándose que continúan las irregularidades en el centro en cuanto a las enseñanzas impartidas, las titulaciones del profesorado y el perfil del alumnado, lo que supone un incumplimiento de los requisitos mínimos de la autorización y, por ello, procede la revocación de la misma.  
Undécimo. En fecha 5 de abril de 2019, la titular del centro presenta solicitud de copia del informe emitido por el inspector jefe de la Dirección Territorial de Valencia de fecha 18 de enero de 2019.  
Ese mismo día la representante de la titularidad recoge en las dependencias administrativas el informe de inspección educativa de fecha 18 de enero de 2019, constando así mediante comparecencia.  
Duodécimo. En fecha 8 de abril de 2019 la titular presenta escrito; que es recibido en el Servicio de Autorizaciones de Centros Privados y Conciertos Educativos en fecha 12 de abril; solicitando ampliación del plazo de alegaciones dada la importancia del requerimiento efectuado y la necesidad de preparar las alegaciones, y dado que van a solicitar copia del resto del expediente del que no se tiene traslado completo, solicita ampliación de plazo.  
Décimo tercero. En fecha 9 de abril de 2019 presenta solicitud de copia del expediente desde el 8 de noviembre de 2018 hasta la actualidad.  
Décimo cuarto. En fecha 12 de abril de 2019, mediante un oficio, se comunica a la titular del centro que dispone del expediente de manera completa, así consta en sendas comparecencias en el mismo de fechas: 8 de noviembre de 2018 y 5 de abril de 2019, y en el acuse de recibo del acuerdo de inicio de la notificación del acuerdo de inicio de fecha 29 de marzo de 2019. No considerándose procedente la ampliación del plazo, ya que se han efectuado diversos requerimientos al centro, tanto por parte de Inspección Educativa como por el Servicio de Autorizaciones de centros privados y conciertos educativos sobre las mismas deficiencias que han dado lugar al acuerdo de inicio del procedimiento de revocación, por ello no se admite la ampliación de plazo.  
Décimo quinto. En fecha 12 de abril de 2019 la titular del centro presenta alegaciones al acuerdo de inicio en las que en síntesis se declara lo siguiente:  
1º Que no han sido atendidas su solicitud de copia del expediente ni de ampliación de plazo lo que cercena su derecho a defensa.  
2º Relata el itinerario normativo aplicable al centro desde su autorización, así como cuáles son las causas de revocación de la autorización que se encuentran en el artículo 14 y 23 de la Ley orgánica 3/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LORDE), de acuerdo con el artículo 17 y 19.2 del Real decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias (RD 332/92), resumiendo las causas de revocación en:  
- se incumplan los requisitos mínimos de titulación académica del profesorado;  
- se incumplan los requisitos mínimos de relación numérica alumno-profesor;  
- se incumplan los requisitos mínimos de instalaciones docentes y deportivas;  
- se incumplan los requisitos mínimos de puestos escolares;  
- no se impartan las enseñanzas para las que se autorizó.  
  
Cita las sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de junio de 2015 (RJ 2015/3678) y la sentencia núm. 345/2013, de fecha 30 de abril de 2013, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, las cuales establecen que solo se puede producir la revocación por el incumplimiento de los requisitos mínimos y no por otro tipo de irregularidades.  
3º En cuanto a las irregularidades de las enseñanzas impartidas:  
Tanto el Decreto 39/1998, de 31 de marzo, de ordenación de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales como la Resolución del 18 de julio de 2018, del Secretario autonómico de Educación e Investigación, permiten que en los centros de educación especial se imparta la educación básica obligatoria; y se establece una distribución de las etapas en los centros de educación especial de Educación Infantil, de 3 a 6 años, Educación Primaria de 6 a 12 años, Educación Secundaria de 12 a 16 años.  
Por lo que si ello se permite, EDUCATIO imparte las enseñanzas para las que tiene autorización.  
4º En cuanto a las irregularidades de la plantilla del profesorado.  
Realiza un listado del profesorado con indicación de la titulación, alegando que todos ellos cumplen con lo establecido en la normativa.  
5º En cuanto a las irregularidades del perfil de alumnado.  
Alega que el informe psicopedagógico solo es preceptivo tratándose de centros que se sostienen con fondos públicos, lo que no es EDUCATIO, por lo que considera que no tiene ninguna obligación de elaborar ningún informe psicopedagógico ni dictamen de escolarización.  
Transcribe el párrafo del acuerdo de inicio siguiente:  
«(?) la disconformidad con el centro no deriva de la existencia o no del dictamen de escolarización, sino de los derechos de los menores a una educación inclusiva en centros ordinarios, tal y como marca la LOE, que sí es de aplicación a todo el sistema educativo, dejando la opción de educación especial solo para los alumnos para los cuales los centros ordinarios no sea posible por la especificidad e intensidad del soporte que necesitan».  
Considera que ni la necesidad de un dictamen de escolarización ni el debate de si es mejor para los alumnos que reciban educación en un centro de educación especial o en un centro ordinario es motivo para la revocación de la autorización.  
6º Solicita junto con las alegaciones presentadas la apertura de un período probatorio a fin de acreditar lo expuesto en las alegaciones anteriores:  
- Documental, consistente en los documentos que conforman el expediente y los documentos que se acompañan al presente escrito de alegaciones.  
- Pericial, consistente en un informe jurídico.  
- Pericial, consistente en un informe psicopedagógico.  
Décimo sexto. En fecha 16 de mayo de 2019 se notifica a la titular del centro la resolución del director general de Centros y Personal Docente por la que se aceptan los documentos adjuntos a las anteriores alegaciones en ejercicio del derecho de audiencia y se rechazan las pruebas periciales por ser manifiestamente improcedentes.  
Con la indicación que contra dicha resolución por ser un acto de trámite no se podrá interponer ningún recurso, sin perjuicio de la su oposición podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.  
Décimo séptimo. En fecha 24 de mayo de 2019 la titular del centro presenta alegaciones a la anterior resolución, así como las pruebas periciales rechazadas.  
Décimo octavo. En fecha 30 de mayo de 2019, la Inspección Educativa de la Dirección Territorial de esta Conselleria en Valencia realiza informe a las alegaciones presentadas. En fecha 6 de junio de 2019 realiza informe complementario.  
  
A estos hechos le son de aplicación los siguientes  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. La competencia para adoptar la presente orden corresponde al conseller Educación, Investigación, Cultura y Deporte conforme al artículo 15 del Real decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias.  
Segundo. En cuanto al procedimiento seguido y la indefensión alegada por la titular del centro:  
- En el apartado de Hechos constan los requerimientos efectuados a la titularidad del centro, la ampliación de plazo más allá de lo establecido por la norma con el fin de que la titularidad del centro subsanase las deficiencias y no se diera lugar al inicio del presente procedimiento; en todo momento se ha garantizado no solo la posibilidad de defensa sino la de subsanación de las irregularidades producidas, actuando en todo momento conforme a la norma.  
- La titular del centro ha recibido varios requerimientos, tanto por parte de la Inspección Educativa como por parte del órgano que ha tramitado el presente procedimiento, todo se encuentra documentado, por lo que en ningún caso puede alegar que no ha tenido tiempo para preparar su defensa.  
- En cuanto a la copia del expediente, se le ha facilitado la misma y así consta en acreditado en el expediente mediante sendas comparecencias firmadas por la representante de la titularidad, así como la acreditación de la notificación efectuada del acuerdo de inicio.  
En cuanto al periodo de prueba, mediante resolución del órgano competente se rechazaron por improcedentes las pruebas periciales propuestas, aun así la titular del centro las ha presentado junto con unas alegaciones, a pesar que tras finalizar el trámite de audiencia regulado en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante Ley 39/2015) no se podrán presentar más alegaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la misma norma. Ni las pruebas ni las alegaciones que las acompañan serán tenidas en cuenta por este órgano en la presente orden.  
Tercero. Uno de los incumplimientos que ha dado lugar al inicio del procedimiento de revocación es el incumplimiento de los requisitos mínimos de la titulación académica del profesorado.  
En las alegaciones la titular del centro declara que no existe ninguna irregularidad en la titulación académica del profesorado y para ello realiza un listado de los profesores y su titulación de acuerdo con lo que consta en las Fichas de Orientación Pedagógica (en adelante FOP) y la Programación Anual del Centro correspondientes al curso 2017-2018.  
En respuesta a ello debemos dejar constancia, que tras visita de la inspección educativa al centro en el mes de octubre de 2017, de acuerdo con los diferentes informes de Inspección Educativa: «En el momento de inicio de las actuaciones, en el mes de octubre de 2017, formaban parte de la plantilla personas con titulación en Economía y contrato laboral como «instructora infantil en prácticas», una pedagoga que impartía en ESO Latín, Lenguas, Historia; un monitor deportivo con atribución docente en la asignatura de Educación Física en ESO, un especialista de inglés con contrato laboral de dos horas semanales. Otros profesionales disponen de contrato laboral que pertenece al grupo 7, correspondiente al capítulo «servicios generales». De estas situaciones existe alguna documentación que acompaña las fichas de organización pedagógica de cursos anteriores, y han dado testimonio dos maestras en entrevista realizada en la Dirección Territorial con fecha 13 de octubre de 2017. La Inspección Educativa es también conocedora en este sentido, atendido que el Juzgado ha solicitado informe al respecto de la existencia de denuncia laboral por parte de alguna de las profesionales que han prestado servicios en el centro». Es decir, comenzado el curso 2017-18 Inspección ya comprobó que había un incumplimiento en la titulación del profesorado.  
Dado que esta deficiencia podría haber sido subsanada por la titularidad del centro, y ya que en las alegaciones la titular del centro incluye una lista de profesores y sus titulaciones, se solicitó a Inspección Educativa que girara visita al centro para comprobar el profesorado existente respecto de lo declarado por la titular en sus alegaciones.  
  
En fecha 29 de mayo de 2019, la inspectora junto con su coordinadora giran visita al centro y dejan constancia en el informe de 30 de mayo de 2019, de lo siguiente:  
«El profesorado con atribución docente en la primera de las etapas, está conformado por 5 profesionales, uno de ellos la titular que supera ya el límite de edad para poder trabajar, y que se presenta como maestra especialista en audición y lenguaje, aunque no dispone de titulación ni tampoco existe alumnado que tenga asignado el recurso. Preguntada sobre esta cuestión, la Sra. Cantos contestó al inicio de las intervenciones que «no hay alumnado sordo»  
De la revisión de los expedientes del alumnado encontramos que, al menos 12 de los 35 alumnos presentes durante la visita, que no se reflejan en ITACA, (?) tienen necesidad del especialista de soporte a la inclusión en Audición y Lenguaje.  
En cuanto a los profesionales, se encuentran presente en el momento de la visita dos de los maestros, que imparten todas las áreas del currículum, excepto Educación Física, que se lleva a cabo durante una sesión semanal en cada grupo (lunes y miércoles) fuera del horario escolar, de 16.15 h a 17.15 h (entendemos dentro de las posibilidades de ampliación horaria del que disponen los centros privados) esta especialidad, ocupada por un profesional que aparece en las FOP presentadas, ya no está cubierto por este, sino que está a la espera de recepción de la documentación relativa a la nueva profesora.  
En el primero de los grupos interviene como maestro de soporte durante la última sesión de la mañana y la tarde un maestro especialista en Pedagogía Terapéutica.  
En la FOP que el centro presenta respecto de ESO, aparece de nuevo como profesorado de la etapa la titular y le acompañan 3 profesores más, uno de ellos con titulación en ingeniería de caminos con Máster de Secundaria, una segunda con Licenciatura en Pedagogía y una maestra que repite en esta etapa. El currículum que imparte, «similar al ordinario de la etapa», se divide en ámbitos y se atribuye a cada uno de estos profesionales. La lengua extranjera es impartida por el ingeniero. La titular nos comenta durante la visita que «está estudiando para sacar la titulación pero que todavía no la tiene».  
Respecto de la lista del profesorado que consta en las alegaciones que imparte clase en el centro y sus titulaciones, la inspección educativa tras girar visita, en su informe de fecha 6 de junio de 2019, deja constancia de lo siguiente:  
«a) \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* no se encuentra especializada en Audición y Lenguaje. El curso al que alude como acreditación de esta situación no habilita en ella, tratándose de un curso convocado por Orden ministerial de 1986, durante la visita manifiesta que atiende alumnado pero no presenta ningún tipo de informe, ni diagnóstico, ni tipo de tratamiento-  
b) \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* no está actualmente en el centro.  
c) \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* tampoco forma parte de la plantilla en la actualidad.  
d) \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* tampoco se encuentra en la relación de profesionales.  
e) \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* no forma parte de la plantilla.  
f) \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* no ha estado presente en ninguna de las visitas realizadas ni aparece como parte de la plantilla actual.  
g) \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* sí se encuentra en el momento de la visita, posee la titulación exigida e imparte hasta las 13h aproximadamente en un grupo que acoge alumnado situado entre cuarto y sexto de Educación Primaria. A partir de este momento se hace cargó una persona de soporte de nueva incorporación, \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*.  
h) \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* sí está impartiendo pero no tiene habilitación como especialista en Pedagogía Terapéutica. Interviene en el grupo de ESO (hasta 3º, como hemos ya comentado) con atribución docente en el ámbito sociolingüístico. El ámbito científico-matemático está impartido por un ingeniero de Caminos, \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*, así como Lengua Extranjera (inglés), sin ningún tipo de titulación.  
i) \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* tampoco forma parte del grupo de profesionales que trabajan en el centro.  
j) \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* aparece en la relación de profesorado, pero nunca ha estado presente en ninguna de las visitas. Se nos indica que ha sido sustituido por \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*, aunque la documentación oficial está en proceso de tramitación. Esta profesional tampoco está presente.»  
El artículo 6.1 del Real decreto 476/2013, de 21 de junio, indica textualmente «Los maestros en centros de Educación Especial (...) deberán estar en posesión del título de Graduado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de maestro en Educación Primaria que incluya una mención en Pedagogía Terapéutica, o aquellas otras menciones cuyo currículo esté específicamente relacionado con la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, respectivamente, o una mención en Audición y Lenguaje, o el título de Maestro con la especialidad de Educación Especial y de Audición y Lenguaje, respectivamente, o el Diploma en Profesorado de Educación General Básica, o el título de Maestro de Primera Enseñanza con la especialidad correspondiente.»  
Continúa en su apartado segundo este artículo «Los maestros a los que se refiere el apartado anterior que carezcan de la mención cualificadora o especialidad indicada podrán ocupar puestos en centros de Educación Especial o como profesores de apoyo de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, siempre que estén en posesión de alguno de los siguientes requisitos:  
a) Para puestos de Pedagogía Terapéutica:  
1.º Licenciado en Psicopedagogía.  
2.º Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección de Educación Especial, o equiparación correspondiente, (?), Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección de Ciencias de la Educación) en las opciones o especialidades de Pedagogía Terapéutica o Educación Especial al título de Profesor especializado en Pedagogía Terapéutica.  
3.º Diploma de Educación Especial correspondiente a cursos celebrados mediante convenio entre las diferentes Administraciones educativas y Universidades.  
4.º Haber superado los cursos de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, según lo establecido en el artículo 7 del presente real decreto.  
5.º Haber superado la fase de oposición de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, según lo establecido en el artículo 8 de este real decreto.  
b) Para puestos de Audición y Lenguaje:  
1.º Graduado en Logopedia.  
2.º Diplomado en Logopedia.  
3.º Certificados que hubiesen sido expedidos por el Ministerio de Sanidad y Consumo: Psicopatología del lenguaje y su rehabilitación, rehabilitación del lenguaje o rehabilitación audiofonológica y técnicas logopédicas.  
4.º Diploma de Patología del Lenguaje, hospital de la Santa Cruz y San Pablo (Barcelona).  
5.º Diploma de Logopedia. Universidad Pontificia de Salamanca.  
6.º Diploma de Psicología del Lenguaje. Universidad Pontificia de Salamanca.  
7.º Diploma de Logopedia correspondiente a los cursos celebrados mediante convenio entre las diferentes Administraciones educativas y Universidades.  
8.º Haber superado los cursos de la especialidad de Audición y Lenguaje, según lo establecido en el artículo 7 del presente real decreto».  
Del listado alegado solo se encuentran en plantilla tres de los profesionales mencionados. Solamente uno de ellos, \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* posee la titulación exigida a los profesionales de estos centros.  
Además se encuentra en la plantilla del profesorado un ingeniero que en ningún caso se encuentra capacitado para impartir clases en un centro de educación especial, el cual además imparte la materia «lengua extranjera» sin tener la titulación para su impartición.  
En el informe de inspección, de fecha 30 de mayo de 2019, en cuanto al profesorado y, tras la visita al centro, se deja constancia de lo siguiente:  
«En cuanto a los centros que imparten Educación Especial, todos los profesionales que forman la plantilla pertenecen al cuerpo de maestros, y disponen de la mención correspondiente. A nivel informático, ningún de ellos se registra como plantilla de ESO. En este sentido nada más 3 de los profesionales disponen de la especialidad en Pedagogía Terapéutica, no existe la figura del orientador/a, personal de soporte especialista en Audición y Lenguaje o Música.»  
De acuerdo con el artículo 17.1 del Real decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, procederá la revocación expresa de la autorización cuando el centro deje de reunir alguno de los requisitos mínimos establecidos en la norma, que en relación con el artículo 14 de la LORDE se considera requisito mínimo «la titulación académica del profesorado».  
En conclusión, como ha quedado sobradamente probado el centro privado de educación especial EDUCATIO ni ha dispuesto ni dispone en la actualidad de un profesorado con la titulación académica adecuada.  
Cuarto. Otra de las irregularidades que han dado lugar al inicio del presente procedimiento de revocación son las enseñanzas impartidas, así como las irregularidades en el perfil del alumnado, cuestiones que están íntimamente conectadas.  
La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación en su capítulo I del título II regula la educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, dedicando su sección primera al «alumnado que presenta necesidades educativas especiales». Define este alumnado como aquel que por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, necesita de determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.  
En el artículo 74.1 de la LOE aboga por los principios de normalización e inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia del sistema educativo. Y en dicho artículo in fine, establece que la escolarización de este alumnado en centros de educación especial solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.  
En el apartado segundo del artículo 74 establece una obligación, dirigida a todos los centros educativos públicos o privados, «la identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones públicas».  
Por una parte la Ley establece la inclusión de este alumnado en centros ordinarios como principio educativo, y como excepción la escolarización en centros de educación especial, siendo condición sine qua non la valoración previa de las necesidades educativas de este alumnado con el fin de poder conocer en qué tipo de centro se atenderán mejor sus necesidades educativas, las cuales no se conocerán si no existe una evaluación.  
El centro EDUCATIO se acoge al artículo 25 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación y considera que la autonomía para su régimen interno que recoge este artículo, así como que no exista una regulación especifica para los centros de educación especial, no le obliga a realizar evaluaciones de las necesidades de su alumnado.  
Sin embargo, de acuerdo con la LOE todo centro con alumnado con necesidades especiales está obligado a realizar esta evaluación, en primer lugar para conocer a qué tipo de centro le corresponde acudir a este alumnado y, en segundo lugar, porque si de la evaluación se concluye que debe de ser un centro de educación especial, el centro debe realizar las adaptaciones curriculares necesarias para atender las necesidades especiales del alumnado; esta atención de las necesidades especiales es el fin último de un centro de educación especial y el objeto principal de las enseñanzas autorizadas a EDUCATIO.  
En el informe de Inspección Educativa realizado en fecha 6 de junio 2019, se deja constancia de lo siguiente:  
«Tras la revisión de todos y cada uno de los expedientes académicos de los alumnos, durante las dos visitas llevadas a cabo, por parte de la inspectora coordinadora de circunscripción y por la que suscribe, se comprueba que ninguno de los alumnos escolarizados en estos momentos y durante los dos últimos cursos tiene asignada como modalidad de escolarización la específica. En los pocos casos en que aparece algún tipo de informe psicopedagógico hace referencia a centros en los que el alumnado ha estado escolarizado previamente, todos ellos ordinarios de diferente titularidad, y en ningún caso se especifica como modalidad educativa la escolarización específica».  
Relacionado con el perfil del alumnado, más adelante en el informe se deja consta por parte de inspección educativa que el centro ha incumplido el Decreto 51/2011, de 13 de mayo, sobre el sistema de comunicación de los datos a la Conselleria de Educación, el cual establece en el anexo III los aspectos que los centros privados han de realizar en dicha comunicación. Tras el requerimiento que la Administración Educativa realizó al centro, este ha regularizado las exigencias relativas a datos identificativos del alumnado escolarizado, pero no lo relativo al proceso de evaluación, titulación y certificación del alumnado, o calificaciones finales.  
«En el momento de la última visita, se vuelven a detectar irregularidades que dificultan el seguimiento del alumnado por parte de la Administración y que pueden derivar en duplicidad de expedientes académicos. Así encontramos presencia en ITACA de tres alumnos que ya no están asistiendo, y que por el contrario, acuden a otros centros (por una derivación de la Administración educativa tras la petición de los representantes legales, y otros por haberse incorporado a otros centros, siendo conocedores que un de ellos es el CP María de Iciar, con la finalidad clara de facilitar su titulación.) De otra parte encontramos físicamente presentes en el centro siete alumnos que no están registrados en la plataforma, todos ellos procedentes de centros ordinarios.  
Finalmente, y en referencia a los Planes de Actuación Individualizados, y a pesar de que el acta de requerimiento remitida en su momento contemplaba esta documentación como parte de la requerida por la Administración Educativa, hasta ahora continua sin darse respuesta a la demanda, como tampoco se facilita durante las visitas mantenidas. Gerencia del centro y profesionales nos indican reiteradamente que «se está trabajando en el tema», pero ni tan solo uno de los alumnos disponen de ningún tipo de adaptación, ni curricular ni de acceso.»  
El artículo 19.2 del Real decreto 332/1992 manifiesta que «Si el incumplimiento consistiera en no impartir las enseñanzas para las que se autorizó el centro, de acuerdo con los correspondientes programas y planes de estudio y con sujeción al as normas de ordenación académica, en vigor, se advertirá de ello al interesado para que subsane las deficiencias. De no hacerlo así, en el plazo que se señale, se iniciará el procedimiento de revocación de la autorización.»  
Un centro de educación especial debe identificar y evaluar las necesidades educativas de sus alumnos, lo antes posible, por personal con la debida cualificación, con el fin de atender adecuadamente a ese alumnado y realizar la adaptación curricular necesaria. De lo constatado por la Inspección Educativa y tras las alegaciones realizadas por el centro, se deja en evidencia que no ha habido ningún tipo de evaluación previa del alumnado, las únicas que existen fueron realizadas por centros ordinarios que no indicaban la necesidad de una educación especial o bien fueron realizadas a instancia de los representantes legales de los menores por los servicios educativos y se concluyó su inclusión en centros ordinarios; ni ninguna adaptación curricular del alumnado atendido. En conclusión, el centro privado EDUCATIO no está impartiendo las enseñanzas para las que se les concedió la autorización administrativa.  
Quinto. El Decreto 80/2017, de 23 de junio, del Consell, por el cual se regula la actuación, el funcionamiento y la organización de la inspección de educación de la Comunidad Valenciana, en el apartado primero del artículo 4 declara las personas que ejercen la función de inspección de educación tienen la consideración de autoridad pública. Asimismo, en su apartado segundo el articulo 4 establece «en correspondencia con la normativa vigente, los hechos recogidos en acta por el personal que ejerce la inspección de educación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar las personas interesadas.»  
Vistos los precedentes legales y en el ejercicio de mis atribuciones,  
  
  
ORDENO  
  
Primero  
Revocar la autorización para funcionar como centro docente al centro privado EDUCATIO- Dificultades de Aprendizaje y Patologías del Lenguaje, con código de centro 16441129, de Paterna-La Cañada, por incumplimiento de los requisitos mínimos de la autorización y por no impartir las enseñanzas para las que se autorizó al centro.  
  
Segundo  
La revocación tendrá efectos a partir del curso 2019-2020.  
  
Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente, de conformidad con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa; o bien, podrán interponer un recurso potestativo de reposición ante el titular de la conselleria competente en materia educativa en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acto, todo de conformidad con los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 14 de junio de 2019  
  
El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,  
VICENT MARZÀ I IBÁÑEZ