Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3948, del 27-02-2001 (2001/1482)

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual referida a la zona verde P-25, del Plan General de Orpesa.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3948

Fecha DOGV
:   27-02-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/1482


Fecha del documento
:   10-01-2001

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Oropesa del Mar
    * plan de urbanismo

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual referida a la zona verde P-25, del Plan General de Orpesa. [2001/X1482]
  
Visto el expediente relativo a la modificación puntual referida a la zona verde P-25, del Plan General de Orpesa (Castellón), y de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. El pleno del Ayuntamiento de Orpesa acordó exponer al público la modificación por acuerdo de 30 de junio de 2000, lo que se llevó a cabo mediante anuncios insertados en el diario Mediterráneo de 12 de julio de 2000, en el Boletín Oficial de la Provincia de 13 de julio de 2000 y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 27 de julio de 2000. Transcurrido el período de información al público, durante el que no se presentaron alegaciones, el pleno aprobó provisionalmente la modificación en sesión de 28 de septiembre de 2000, tras lo que se remite para aprobación definitiva el 24 de octubre de 2000.
  
Segundo. El proyecto consta de memoria y planos.
  
Tercero. No se han emitido informes sectoriales.
  
Cuarto. La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión de 21 de diciembre de 2000, adoptó, el siguiente acuerdo: ?1º. Informar favorablemente la modificación puntual del Plan General de Orpesa relativa a la zona verde P-25. 2º. Elevar propuesta de aprobación definitiva de la modificación al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes?.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. La tramitación de la modificación ha sido correcta, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y siguientes de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU).
  
La documentación está completa, a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la LRAU.
  
Segundo. El objeto de la modificación es la regularización, manteniendo la superficie total, de la zona verde P-25, del Plan General de Orpesa.
  
La zona verde P-25 está prevista por el Plan en el centro de una manzana de forma sensiblemente trapezoidal, con una morfología también trapezoidal y con una superficie total de 3.000 m². Así, el conjunto resultante en dicha manzana consiste en dos solares edificables de forma irregular (ambos en forma romboidal) con ángulos agudos, nada propicios para una clara y diáfana distribución de la edificación, y en una zona verde cuya forma romboidal genera también ángulos agudos inadecuados e impropios para una correcta ordenación y para un adecuado uso por los vecinos.
  
De este modo, se propone una pequeña modificación que consiste en una regularización de los límites de la zona verde, ortogonalizando su perímetro para optimizar así su uso social. Así se mantiene la superficie de 3.000 m² de zona verde, pero se da a ésta una forma cuadrada.
  
Tercero. La modificación que se examina supone la introducción de alteraciones en la ordenación pormenorizada del suelo urbano.
  
Tal y como reiteradamente ha establecido la jurisprudencia, la determinación concreta de la calificación de unos terrenos incluidos en el suelo urbano o del trazado de unos viales se enmarca claramente dentro de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, gozando en tales casos la administración de amplia libertad para elegir, entre las alternativas posibles, la forma en la que el territorio ha de quedar ordenado. Asimismo, son las citadas materias determinaciones urbanísticas que trazan, junto con otras, el modelo físico de una convivencia puramente local, sin incidencia en intereses supralocales, por lo que, cuando de tales determinaciones se trate, aquella discrecionalidad debe ser efectuada por el Ayuntamiento, desde la representación que le confiere su legitimación democrática.
  
La Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU) recoge claramente esta línea jurisprudencial. Así, el artículo 40 de esta Ley autonómica, tras explicitar los cometidos autonómicos que permiten formular objeciones a la aprobación definitiva del planeamiento municipal, establece que le está vedado a la resolución autonómica de aprobación cuestionar la interpretación de tal interés formulada por el Municipio desde su propia representatividad. Como se indica en el Preámbulo de la LRAU, esta Ley atribuye a la política municipal gestora del urbanismo un espacio de decisión propio, en el que los órganos representativos de la colectividad local podrán apreciar la oportunidad de las iniciativas urbanísticas que se le planteen.
  
De este modo, la resolución autonómica de aprobación definitiva se ha de limitar en este caso a llevar a cabo un control de mera legalidad del contenido de la modificación. En el caso que nos ocupa la modificación se ajusta a criterios de racionalidad y de mejora del interés público y no vulnera precepto legal alguno, por lo que no cabe efectuar reparo alguno a su aprobación.
  
Cuarto. La presente modificación conlleva una pequeña alteración en la delimitación de una zona verde. De ello se deriva la necesidad de que se sigan determinados trámites específicos:
  
- Por un lado, y de conformidad con el artículo 55.4 de la LRAU, resulta preceptivo el informe del Consejo Superior de Urbanismo. Según lo establecido en la disposición transitoria novena de la LRAU, y al no estar todavía constituido el citado Consejo, sus funciones corresponden al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, previo informe de la Comisión Territorial de Urbanismo.
  
- De otro lado, según el artículo 10.8.e de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, se necesita también el previo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo en los casos de modificaciones ?cuyo objeto- sea llevar a cabo una diferente zonificación de zonas verdes. Según la interpretación que de tal precepto ha llevado a cabo el Consejo Jurídico Consultivo en numerosas ocasiones, no es necesario solicitar su dictamen cuando el objeto de la modificación es más amplio y sólo indirectamente, como consecuencia derivada de otro objeto principal, se altere levemente una zona verde. De conformidad con esta doctrina del Consejo Jurídico Consultivo, que ha sido ya seguida por diversas resoluciones de esta Conselleria, en atención a las características de la modificación, no es preceptivo el dictamen del citado órgano consultivo.
  
En cuanto al fondo de la modificación, en lo referente a las zonas verdes, debe concluirse que la misma satisface plenamente los criterios de racionalidad, siendo claro el beneficio para el interés general, por lo que procede informar favorablemente la modificación.
  
Quinto. Respecto a la competencia para la aprobación del expediente, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la LRAU, en relación con el artículo 6.D del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Primero
  
Informar favorablemente la modificación puntual referida a la zona verde P-25, del Plan General de Orpesa.
  
Segundo
  
Aprobar definitivamente la modificación puntual referida a la zona verde P-25, del Plan General de Orpesa.
  
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso'administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso'administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 10 de enero de 2001.- El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: José Ramón García Antón.