Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5651, del 30-11-2007 (2007/14879)

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente la homologación sectorial y Plan de reforma interior de mejora de la Uunidad de Ejecución de la calle Periodista Gil Sumbiela del municipio de Valencia..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5651

Fecha DOGV
:   30-11-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/14438


Fecha del documento
:   25-09-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * València
    * plan de urbanismo

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente la homologación sectorial y Plan de reforma interior de mejora de la Uunidad de Ejecución de la calle Periodista Gil Sumbiela del municipio de Valencia.. [2007/14151]  
Visto el expediente relativo a la Homologación Sectorial y Plan de Reforma Interior de Mejora de la UE de la C/ Periodista Gil Sumbiela, remitido por el Ayuntamiento de Valencia, y de conformidad con los siguientes,   
Antecedentes de hecho  
Primero. El Proyecto se sometió a información pública mediante Edictos en el DOGV de fecha 18 de agosto de 2005, y el diario El Mundo en fecha 12 de agosto de 2005, presentándose, en dicho periodo, una alegación del Grupo Municipal Socialista que fue desestimada, en la sesión plenaria, de fecha 28.07.2006  
Segundo. El Proyecto consta de documento de homologación y plan de reforma interior de mejora que contiene, memoria informativa, memoria justificativa, normas urbanísticas y planos.  
Tercero. Durante la tramitación del expediente se han solicitado los siguientes informes:  
- DG de Transportes. CIT.  
- Mº de Ciencia y Tecnología  
- SS.TT de Cultura.  
- DG de Vivienda.  
Hasta el momento, no se ha emitido informe alguno, aunque en el expediente administrativo se incorpora la siguiente documentación:  
- Informe de la jefe de Sección de la Oficina Técnica de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia, de fecha 19.07.06, señalando que existe Informe de la conselleria de Cultura, Educación y Deporte que dice lo siguiente: En el supuesto de no poder ampliarse la actual parcela de «Equipamientos, Servicios Públicos», de 1.805,56 m², con la parcela vecina calificada como uso terciario de 1.493,59 m², dicha parcela de«"Equipamiento, Servicios Públicos», de 1.805,56 m², no se considera necesaria, a los efectos de implantar en ella algún centro escolar correspondiente a enseñanza competencia de esta conselleria, al no permitir en su superficie hacer una actuación adecuada.  
- Informe del jefe de Sección de Proyectos de Infraestructuras y, del Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Valencia, de fecha 18.07.06, señalando que:  
Por lo que respecta al saneamiento, el Proyecto presentado se adapta al Informe del Servicio del Ciclo Integral del Agua, de fecha 07.12.2005, ajustándose la solución propuesta a la exigencia de una red de saneamiento con la capacidad suficiente para atender correctamente el servicio, según prescriben las Ordenanzas correspondientes.   
Por lo que respecta al abastecimiento del agua, señala que la red deberá adaptarse al Informe del Servicio Integral del Agua, de fecha 13.01.06, que, en términos generales, establece una propuesta favorable hacia la instalación de la fuente de bebedero, y, unas correcciones a realizar, como pueden ser que la disposición de las tuberías diseñada y existentes se ajusten a las Ordenanzas municipales, etc. Al respecto, hay que señalar que no se ha dado traslado de la documentación a la CHJ para su convalidación, aunque, una vez detectado el error, se ha dado traslado de la documentación a la CHJ para la convalidación de la misma.   
Cuarto. En la sesión de la CTU de 20.04.2007, el representante del Ministerio de Medio Ambiente votó en contra, siendo el tenor literal del voto el siguiente:  
El artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; y modificado por la Ley 11/2005, de 22 de junio) exige que los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias sobre ordenación del territorio y urbanismo deben contar con el informe previo de las Confederaciones Hidrográficas. Dicho informe debe versar sobre la posible afección de la actuación al dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre y policía, sobre la existencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer las nuevas demandas planteadas, y sobre la posible incidencia de la actuación en el régimen de corrientes. El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al efecto.  
Por su parte, el artículo 19.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje ?LOTTP- (modificada por Ley 16/2005), determina que la implantación de usos residenciales, industriales, terciarios, agrícolas u otros que impliquen un incremento del consumo de agua, requerirá la previa obtención de informe del organismo de cuenca competente, sobre su disponibilidad y compatibilidad con las previsiones de los planes hidrológicos, además de la no afección o menoscabo a otros usos existentes legalmente implantados; lo cual requiere título habilitante mediante resolución adoptada en expediente administrativo con audiencia a terceros afectados y análisis de compatibilidad con la planificación hidrológica. La conjunción de los tres extremos sobre los que debe manifestarse el informe, supone necesariamente la existencia de derechos de agua, no pudiendo identificarse disponibilidad con la simple existencia de recursos hídricos.  
Del mismo modo, hay que señalar que la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, de 23 de mayo, en relación con el artículo 83.3 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, establece que la administración General del Estado emitirá informe en la instrucción de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial y urbanística que puedan afectar al ejercicio de las competencias estatales y que dicho informe tiene carácter vinculante.  
Asimismo, el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Medidas Cautelares nº 1/001003/4654-ARF), de 15 de enero de 2007, en el seno del proceso instruido por Recurso 1003/2006 interpuesto por la administración del Estado contra acuerdo de 30 de junio de 2006 dictado por esa Comisión Territorial de Urbanismo, de Aprobación de la Homologación Modificativa y Plan Parcial Sector El Pinaret, en término municipal de Ador, establece tres cuestiones esenciales:  
Que el informe del Organismo de cuenca es preceptivo, no pudiendo la Comunidad Autónoma legislar sobre la forma, modo y manera en que el Estado debe ejercer sus competencias, ni puede sustituir su intervención mediante norma autonómica.  
Que el informe que pueda emitir una presunta entidad colaboradora autorizada para el suministro - tal como alude el art. 19.2 de la LOTPP - no puede sustituir al informe del organismo de cuenca.  
Que el informe previo del Organismo de cuenca es requisito necesario par que pueda aprobarse por la Generalitat Valenciana (incluso por el Ayuntamiento) un instrumento de planeamiento, cuando se den las condiciones del art. 25 TRLA.  
A mayor abundamiento de lo anterior, la legitimación de las Entidades Colaboradoras debe venir avalada por una inscripción en un Registro al efecto, cuya llevanza corresponde a la propia Generalitat Valenciana; todo ello, amparado por normativa específica sobre su regulación. A este respecto, el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, que regula las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y crea y regula su Registro - aprobado por cierto con posterioridad a la LOTPP - no parece amparar las funciones a que alude el precepto del art. 19.2 LOTPP. No se tiene constancia de la existencia de otra norma reguladora de tales entidades. Se desconoce también si las condiciones de la posible concesión para el suministro de abastecimiento o el objeto social de la mercantil posibilitan a la misma para emitir los informes en cuestión.  
En consecuencia, debe concluirse necesariamente que las empresas suministradoras carecen de legitimidad, idoneidad y capacidad para informar sobre derechos de agua, competencia originaria, exclusiva y por tanto insustituible de los Organismos de cuenca; derechos, por otra parte, cuyos titulares legítimos han debido o bien declarar - en los plazos establecidos en la legislación de aguas - para su inscripción en el Registro de Aguas o en el Catálogo de Aguas Privadas, o bien acceder al uso privativo mediante la preceptiva concesión administrativa que finalmente debe ser inscrita asimismo en el Registro de Aguas. Ni que decir tiene que la llevanza de dicho Registro de Aguas o Catálogo de Aguas Privadas corresponde al Organismo de cuenca, en virtud del TRLA.  
Por otra parte, dada la complejidad de los expedientes sometidos a la Comisión, el no disponer de la documentación necesaria para emitir el informe, con la antelación suficiente para poder ser estudiada, analizada y valorada imposibilita que este miembro de la Comisión pueda ejercer de manera adecuada la función para la que ha sido designado, lo cual puede suponer infracción del artículo 24 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así como contravenir la doctrina jurisprudencial al respecto; pudiendo incluso constituir una posible vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española.  
Por todo lo expuesto, y tenidos en cuenta todos los argumentos anteriores, deben hacerse adicionalmente las siguientes precisiones y consideraciones sobre el expediente de referencia, que se somete a la Comisión Territorial:  
No se ha solicitado, ni el informe del art. 25.4 del TRLA, ni tampoco el del art. 19.2 de la LOTPP. En consecuencia, no se dispone de documentación de ninguna clase.  
Por otra parte, y, según se expuso en la Comisión Informativa previa celebrada el 17 de los corrientes, la actuación comportaría un incremento en la edificabilidad total, comprendiendo un número indeterminado de viviendas nuevas. De ello se deduce necesariamente que existen nuevas demandas de recursos hídricos, por lo que resulta de aplicación el art. 25.4 del TRLA. Habida cuenta lo anterior, y dada la ausencia total de información disponible que permitiera al Vocal que suscribe hacer un análisis rápido en el periodo comprendido entre la Comisión Informativa y la Territorial, a fin de fundamentar mejor su posible voto en esta última, solicitó al término de la indicada Comisión Informativa a su Secretario, al menos, una copia del informe que se sometió a la misma, donde vienen los antecedentes al respecto, petición que le fue verbalmente denegada. A este respecto, quien esto suscribe hace constar que varios miembros de la Mesa tuvieron a su disposición copia de todos los informe correspondientes al Orden del Día. Resulta notorio que mientras algunos de los miembros pudieron acceder a esta documentación durante el transcurso de la sesión, otros resultaron discriminados por lo que se produjo un agravio comparativo. Esta situación se viene produciendo habitualmente en todas las Comisiones Informativas. En virtud de lo anteriormente expuesto, y, no habiéndose podido emitir el preceptivo informe del art. 25.4 del TRLA, debe entenderse que se estarían desconociendo competencia del Estado en materia de dominio público hidráulico, por lo que, el expediente urbanístico se ha tramitado con omisión de un trámite preceptivo. Debe recordarse aquí la posición defendida por la Sindica de Greuges de la Comunitat Valenciana en relación con los informes del art. 25.4 del TRLA y, que, reiteradamente viene defendiendo la necesidad de contar con los informes del Organismo de Cuenca, previos y vinculantes, a la aprobación de instrumentos urbanísticos. Posición, pues, de una Institución Valenciana, que coincide plenamente con los planteamientos de esta CHJ.  
Por todo lo anteriormente expuesto, y, en consonancia con el informe desfavorable emitido, el representante del Mº de Medio Ambiente en la CTU de Valencia, vota en contra de la propuesta de aprobación del instrumento urbanístico de referencia, solicitando que este voto particular conste en el Acta de la Sesión, y, que se incorpore a la misma y al expte nº 2007/0341 en el presente escrito que sustenta y fundamenta dicho voto.  
Quinto. Valencia cuenta con Plan General, aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 28 de diciembre de 1988.  
Sexto. La Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 20 de abril de 2007, con el voto favorable de todos los vocales presentes salvo el representante del Ministerio de Medio Ambiente que lo emitió en sentido desfavorable acordó: informar favorablemente la Homologación Sectorial y PRIM de la C/ Periodista Gil Sumbiela del municipio de Valencia, y supeditar la Elevación del expediente al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, proponiendo su aprobación definitiva, a la emisión del informe de suficiencia de recursos hídricos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.   
Septimo. La directora general de Ordenación del Territorio, en fecha 18 de septiembre de 2007, de conformidad con el Informe sobre el Cumplimiento de la Supeditación, de la Comisión territorial de Urbanismo, de fecha 15 de junio de 2007, resolvió:   
1. Considerar cumplidos los condicionantes contenidos en el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 20 de abril de 2007.   
2. Elevar al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda propuesta de aprobación definitiva de la Homologación y Plan de Reforma Interior de Mejora de la U.E. Periodista Gil Sumbiela de Valencia.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. De acuerdo con lo dispuesto en la D.T. Primera de la LUV, el régimen a seguir es el señalado en la LRAU, al haber vencido el plazo máximo para resolver previsto en la Ley. No obstante, de conformidad con lo establecido en la D.T Cuarta del Decreto 67/06, determinadas actuaciones deben regirse por lo dispuesto en la LUV (como es el caso de la prestación de la garantía definitiva, suscripción del contrato...). La propuesta de Programa fue tramitada a través del procedimiento simplificado en vía notarial, regulado en el art. 48 de la LRAU, cumpliendo la misma con lo dispuesto en el artículo 17 del Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, en cuanto a los estándares aplicables a las modificaciones de planeamiento por lo que respecta al Suelo urbano.  
Segundo. El Proyecto tiene por objeto la Homologación y desarrollo del sector C/ Periodista Gil Sumbiela, no modificándose la clasificación del Suelo que continua siendo Suelo urbano, y, no modificándose el uso global de la zona, que sigue siendo «Residencial Ensanche», siendo su localización espacial la siguiente:  
- Norte: C/ Periodista Gil Sumbiela.  
- Sur: C/ Picayo y traseras de las edificaciones en la Plaza Pintor Llanos.  
- Este: C/ General Llorens.  
- Oeste: Traseras de las edificaciones recayentes a C/ Rosales y, conexión con las Calles Enova y Monserrat.  
- La superficie del ámbito del PRIM es de 7.604,25 m², mientras que la superficie de la U.E es de 5.844,54 m².   
La aprobación del PRIM va a traer consigo los siguientes objetivos:  
a) El esponjamiento de la zona, creando una Zona Verde: Se pretende crear una zona verde (de 1.025,68 m²), con calificación de Jardín, ubicándose en el centro de la manzana formada por las calles Periodista Gil Sumbiela, General Llorens, Rosales, Picayo y, Doctor Marco, accediéndose a la misma desde la C/ Periodista Gil Sumbiela, mediante un vial, que tiene una superficie de 3.067,60 m², de los que 2.876,59 m² se encuentran incluidos en la U.E.  
b) Cambio de Uso de la Manzana que estaba destinada a Terciario, por Uso Residencial para realización de Viviendas de Protección Pública y Privadas, y, locales de uso compatible en planta baja: Se plantea modificar la edificabilidad existente de TER-3, de 2.988,38 m²t, por uso residencial con calificación de ENS-1, para la construcción de Viviendas de Protección Pública (con 2.579,76 m²t)y privadas, así como locales de uso compatible en planta baja.  
c) Reubicación de 2.545,07 m²t de Techo Calificado ENS-1: En el ámbito de la U.E, se propone la reubicación de 2.545,07 m²t calificado ENS-1, del interior de la manzana, a la nueva edificación que se proyecta.  
d) Incremento de la Edificabilidad en la U.E, con destino a Viviendas Protegidas: Se pretende un incremento de la edificabilidad con destino a VPP, por lo que se compensará al Ayuntamiento por dicho incremento. La superficie edificable reubicada en la edificación propuesta, sería:  
Superficie m²t según PGOU  
TER-3 C/ General Llorens 2.988,38 m²t  
ENS-1 Patio de Manzana 2.545,07 m²t  
Total superficie aportada: 5.533,45 m²t(1)   
Superficie m²t según propuesta   
Total Superficie Aportada 5.533,45 m²t(1)  
Incremento de Edificabilidad 5.975,41 m²t  
Total Edificabilidad 11.508,86 m²t  
De los 11.508,86 m²t, se destinan a los siguientes usos:   
- Planta baja (libre): 1.942,27 m²t.  
- Vivienda Libre: 1.011,34 m²t  
- VPP: 8.555,25 m²t  
A través del PRIM, también, se pretende lo siguiente:  
a) Cambio de la alineación de la fachada interior del edificio ENS-1, recayente a la C/ Picayo para alinearse a la C/ Monserrat.  
b) Eliminación de la edificación de 1 planta, sita en la trasera del edificio recayente a la C/ Picayo, de manera que este edificio se alinee a la C/ Monserrat con 5 plantas.  
c) No se altera la edificabilidad de dicho edificio, pues, se compensa la pérdida de edificabilidad en el bajo con la altura.  
d) Una parcela edificable de 1.942,27 m², y, de 11.508,86 m²t.  
e) Un Suelo dotacional de 4.093,28 m².   
La distribución del Suelo dotacional en el ámbito del Sector, es la siguiente:  
SRV 3.067,60 m²  
 SRV Viario Rodado 0 m²  
 SRV Viario Peatonal 3.067,60 m²  
SJL 1.025,68 m²  
Los parámetros de la UE son los siguientes:  
  
El instrumento de planeamiento propone un aumento de edificabilidad que se cifra en 5.975,41 m²t, con lo que la edificabilidad total propuesta para la U.E asciende a 11.508,86 m²t. De esta edificabilidad total, 8.555,15 m²t se destinarán a VPP, que supone algo más al 20% del aprovechamiento objetivo residencial, y, 2.953,58 m²t a viviendas de renta libre.  
Tercero. Por lo que respecta a la capacidad del saneamiento y depuración de aguas residuales, el Ayuntamiento presenta información al respecto quedando justificada la viabilidad del tratamiento de las aguas residuales.  
Cuarto. La alteración de la ordenación establecida por el Plan general, debido al aumento del aprovechamiento lucrativo privado debido al cambio de calificación del Terciario-3 a Residencial, cumple con el art. 55.3 de la LRAU, ya que, no se produce pérdida de dotación pública para el sector puesto que se propone un cambio dentro del uso dotacional, consistente en cambiar de Equipamiento (con 1.805,56 m²) a Zona Verde, Espacios Libres y Red Viaria (3.902,27 m²), aumentándose la superficie dotacional de 1.805,22 m² a 3.902,27 m². Por lo tanto, la propuesta responde satisfactoriamente al interés público, y no se aprecia obstáculo legal que impida la aprobación autonómica, conforme al artículo 40 LRAU.   
Quinto. Actualmente, son varios los autos dictados por el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en las piezas separadas de suspensión de recursos interpuestos por el Ministerio de Medio Ambiente-Confederación Hidrográfica del Júcar, contra la aprobación de planes urbanísticos que no contaban con informe favorable del organismo de cuenca.   
Por ello, conviene analizar la doctrina que está sentando al respecto el TSJCV, y que ha ido evolucionando y perfilándose en los diferentes autos, para poder concluir si las pautas y directrices de los órganos judiciales han sido respetadas en el presente expediente de Homologación y PRIM Periodista Gil Sumbiela de Valencia.  
Se analiza a continuación el contenido de las siguientes resoluciones judiciales:  
A. Auto dictado el 15.01.2007 por la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del tsjcv en el recurso 1/01467/2006. (Asunto PP Pinaret de Ador)  
De este auto se extrae el siguiente resumen:  
1. De los preceptos 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 19 de la Ley de la Generalitat Valenciana, 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje se desprenden dos cuestiones a tratar:  
a) Necesidad de solicitud de informe al organismo de cuenca  
1. Es preceptiva la solicitud de informe al organismo de cuenca.  
2. El informe debe tomar como base «lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno...»  
3. Cuando comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas.  
Por su parte, del artículo 19.2 de la Ley 4/2004, cabe destacar la posibilidad de sustituir el previo informe del organismo de cuenca (Estatal) por el de «entidad colaboradora autorizada para el suministro...», previsión que reproduce el artículo 41.1 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
La Sala interpreta este precepto entendiendo que la Comunidad Autónoma no puede legislar sobre la forma, modo y manera en que el Estado debe ejercer sus competencias ni puede sustituir su intervención mediante norma autonómica. Pero ello no significa que el informe de la entidad gestora no pueda ser valorado por la Generalitat Valenciana, Municipio o por el propio Tribunal a la hora de tomar la decisión, pero no como sustitutivo del informe del organismo de cuenca.  
Por tanto, se llega a la conclusión de que el informe previo del organismo de cuenca es requisito necesario para que pueda aprobarse por el Ayuntamiento o la Generalitat Valenciana un instrumento de planeamiento cuando se den las condiciones del art. 25.4 de la Ley Estatal.  
b) El carácter vinculante del informe  
El carácter vinculante del informe del organismo de cuenca no viene recogido ni en el art. 25.4 del TR Ley de Aguas ni en el art.19.2 de la Ley 4/2004 de la Generalitat. Las razones que existen para que sea de esta forma son:  
- Así se deduce de doctrina sentada en sentencias del Tribunal Constitucional (118/1998, 123/2003, 149/1991, 227/1988).  
- El art. 83.1 Ley 30/92 que dice: «salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos no vinculantes».  
- Según el art. 16.3 de la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones cuando un instrumento de planeamiento sea aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, para su aprobación definitiva por silencio administrativo sólo se exigen dos condiciones: solicitud de informes preceptivos e información pública.  
- Además, la actual Ley del Suelo estatal habla de informes determinantes, pero no vinculantes.  
2. El Fundamento Jurídico Cuarto del Auto, valora la incidencia de los informes del organismo de cuenca para que la Sala pueda suspender un instrumento de planeamiento distinguiendo los siguientes supuestos:  
a) Informes vía silencio administrativo positivo: Tendrían este carácter todas aquellas solicitudes de informe del Organismo de Cuenca anteriores a la entrada en vigor de la Ley 11/2005, que modifica la Ley 10/2001. En estos casos la dificultad para el Estado radica en oponerse a un Instrumento de planeamiento que cuenta con informe legal de carácter favorable al existir un principio general de que «nadie puede ir válidamente contra sus propios actos».  
b) Informes desfavorables vía silencio administrativo negativo del artículo 25.4 en la redacción dada por la Ley 11/2005. En este caso entiende la Sala que se hace difícil admitir que una Administración, en este caso el Estado pueda limitar las competencias de una Comunidad Autónoma o Municipio con base en el "silencio administrativo negativo", pues para limitar una competencia es necesario exponer de forma clara y precisa en qué modo y manera la actuación de una Administración limita o cercena las competencias de otra Administración.  
c) En caso de informes expresos, en cada caso en concreto se debe examinar la pugna o choque de intereses para resolver sobre la suspensión.  
La Sala considera que, a la hora de emitir informe el organismo de cuenca deberá hacerlo tomando como parámetros:   
a) La Planificación Hidrológica y   
b) Los Estudios sobre Aguas en la Comunidad Valenciana. En este sentido cita la Directiva 200/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que establece unos plazos, que actualmente ya han transcurrido, para recabar información y elaborar estudios sobre aguas superficiales y subterráneas. Si este aspecto de la Directiva se hubiera cumplido el Organismo de Cuenca debería contar con gran información sobre todas las aguas de la Comunidad Valenciana, superficiales, y subterráneas, su calidad, usos, etc, y contaría con todos los elementos para hacer un informe completo, y además, toda esta información debería estar al alcance de todos, Generalitat, Municipios, Entidades Gestoras y particulares.   
La Sala no va a dar por válidos informes que no se ajusten a los parámetros que se acaban de citar, ni al Organismo de Cuenca ni a las Entidades Colaboradoras o empresas.  
3. El fundamento jurídico Quinto del Auto establece el contenido mínimo de los informes de las Empresas Suministradoras de Agua. Dicho contenido mínimo es el siguiente:  
1. Titularidad de los pozos  
2. Disponibilidad presente o futura del agua de los mismos.  
3. Aforo, para saber la cantidad de agua y la previsión del artículo 52.2 del TR de la Ley de Aguas y 84 del Reglamento según se sobrepasen o no los 70756 metros cúbicos de volumen anual.  
4. Calidad de las aguas teniendo en cuenta que en este caso son para consumo humano. La calidad de suministro de suministro humano en el fondo determinará la cantidad de agua disponible para este uso esencial, el art. 40.1.a) del Decreto 67/2006 se remite al Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, desarrollado en la Orden SCO/1 591/2005, de 30 de mayo, sobre el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo y el Plan de Autocontrol aprobado por las Autoridades Sanitarias. La normativa sobre la calidad de las aguas en la Comunidad Valenciana ha sido desarrollada por Decreto 58/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
5. Necesidad o no de tratamiento.  
6. Necesidad o no de hacer obras de infraestructuras.  
B. Auto dictado el 01-03-2007 por la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del tsjcv en el recurso 1/01638/2006 (2º Auto PP Pinaret de Ador):  
En este auto, tras concretarse en el Fundamento de Derecho Primero que el informe de la CHJ no tiene carácter vinculante, en los siguientes fundamentos jurídicos hace hincapié en el hecho de que la Confederación es la que conoce o debería conocer los datos precisos sobre los recursos físicamente existentes y la efectiva disponibilidad de recursos hídricos de acuerdo con el Plan Hidrológico, máxime en los casos en los que se discute la existencia de recursos hídricos para el abastecimiento a las poblaciones que es el uso del agua que goza de prioridad ope legis (art.60 TRLA). Así, las SSTC 61/2002 y 227/91 afirman que corresponde a la administración la carga de la prueba cuando se trata de datos que debería poseer. Resulta insuficiente que los informes de la CHJ sólo se refieran a los aprovechamientos concedidos o en tramitación, pues del artículo 25.4 del TRLA no se deduce que sea necesario acreditar la existencia de concesión, basta que se acredite la existencia física del agua y su disponibilidad.   
Por tanto, en el caso examinado en este auto, habiéndose aportado un informe de la entidad gestora que acredita la existencia física de agua y no habiendo acreditado la CHJ prima facie su no disponibilidad, el fumus juega en este caso a favor de la no adopción de la medida cautelar porque no existe apariencia suficiente de buen derecho de la administración recurrente a la vista de la existencia de una acreditación mínima de recursos hídricos.  
C. Auto dictado el 30-05-2007 por la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV en el recurso 1/000059/2007 (Asunto PP Realenc de Carcaixent)  
Este auto contiene exactamente los mismos fundamentos jurídicos que el Auto de Ador de fecha 15-01-2007, analizado anteriormente, a excepción del fundamento jurídico Quinto, en el que, tras examinar tanto el informe de la entidad gestora como el informe negativo de la Confederación llega a la siguiente conclusión:  
- El informe emitido por Aguas de Valencia de 5.06.2006 complementado por otro emitido el 31.01.2005, cumple estrictamente el auto de esta Sala de fecha 15.01.2007 (autos 1003/2006), al tratarse de un informe razonado sobre existencia de agua, titularidad de los pozos, disponibilidad presente o futura, aforo y calidad de las aguas, necesidad o no de tratamiento, obras de infraestructuras necesarias.  
- El informe de la Confederación se basa en los parámetros siguientes: a) las empresas suministradoras carecen de idoneidad y b) no se dispone de documentación necesaria. Estos dos parámetros son rebatidos por la Sala indicando con respecto al primer punto que no es que las empresas gestoras carezcan de idoneidad para la emisión de informes, sino que efectivamente su informe no puede sustituir al de la Confederación, y con respecto al segundo punto incide en el hecho de que la Confederación no informa de qué documentación es necesaria, ya que su informe no debe pronunciarse sobre el proyecto sino sobre la existencia de agua o las circunstancias concretas sobre su falta de disponibilidad.  
Por tanto, y dado que el proyecto claramente dice que se suministrará de la red municipal y el informe de Aguas de Valencia especifica la disponibilidad presente y futura, y gozando, por tanto, los instrumentos de planeamiento de presunción de legalidad y no habiendo desvirtuado mínimamente ni demostrado el periculum in mora procede denegar la suspensión solicitada.  
Sexto. Centrándonos en el caso objeto de examen, y tratándose de un expediente de planeamiento en suelo urbano del municipio de Valencia, conviene señalar que este municipio dispone de suficiencia de recursos hídricos, por lo siguiente:   
1. El informe de EMIVASA de fecha 16 de marzo de 2007, complementario a otro emitido el día 7 del mismo mes, en relación con la tramitación de otro expediente urbanístico de la ciudad de Valencia, indica lo siguiente:  
- La Ciudad de Valencia posee las siguientes concesiones de agua para potabilización: 3 m³/seg del Júcar, 0,95 m³/seg del Túria y 0,65 m³/seg de pozos, este caudal de 4,60 m³/seg equivale a un volumen anual de 145,06 Hm³.  
- El consumo de agua potable registrado en la Ciudad de Valencia en el año 2005 ha sido de 49,011 Hm³..."  
2. Por Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de fecha 16 de octubre de 1963, se otorgó al Ayuntamiento de Valencia una concesión a perpetuidad par derivar un caudal de 0,95 m³/seg de aguas del Río Túria (BOE 1-11-1963).  
3. Por Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas publicada en el BOE nº 307 de fecha 23 de diciembre de 1976, se concedió al Ayuntamiento de Valencia el aprovechamiento de un caudal máximo de 3.000 l/seg. de aguas del río Júcar, con destino a complementar el abastecimiento de aguas potables de la ciudad. Esta concesión se otorgó por un plazo de 99 años.  
Además, en el presente caso, hay que tener en cuenta que la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el requerimiento efectuado el 7-06-2007 reconoce la existencia de ambas concesiones de agua superficial.  
En consecuencia se considera que existe un caudal autorizado que cubre la demanda que se plantea.  
Séptimo. Según reconoce la misma Confederación Hidrográfica del Júcar en el requerimiento efectuado el 7-06-2007 «la demanda de agua podría ser similar en el planeamiento vigente y en la PRIM propuesto, puesto que disminuye el suelo edificable, aumenta el viario, desaparece terciario y servicios públicos y, por el contrario, aumenta la zona verde».  
De no comportar nuevas demandas de recursos hídricos, no resultaría de aplicación el artículo 25-4 de la Ley de Aguas, como la propia Confederación parece reconocer.  
No obstante, y a pesar de reconocer la inexistencia de nuevas demandas de recursos hídricos, la CHJ en lugar de manifestarse incompetente para la emisión de informe en este caso en concreto, requiere documentación que contemple los siguientes datos:  
1. La cuantificación de la demanda correspondiente a los usos previstos en el PRIM.  
En relación a este punto cabe indicar que la Confederación Hidrográfica del Júcar conoce los usos previstos y en su informe-requerimiento valora el incremento de habitantes en 222, por tanto, conoce los datos precisos para cuantificar los recursos físicamente existentes y la efectiva disponibilidad de recursos hídricos. No es necesario requerir al Ayuntamiento para determinar ese cálculo.  
Cabe recordar los Autos citados anteriormente de fecha 15.01.2007 y 30.05.2007, según los cuales la Confederación Hidrográfica del Júcar, en cumplimiento de la Directiva 200/60/CE debería conocer los recursos físicamente existentes y la disponibilidad de los mismos, para, ante una demanda concreta y determinada, valorar la suficiencia de recursos hídricos.  
Del mismo modo, según se desprende del Auto de fecha 1.03.2007 del TSJCV, la Confederación es la que conoce o debería conocer los datos precisos sobre los recursos físicamente existentes y la efectiva disponibilidad de recursos hídricos de acuerdo con el Plan Hidrológico, máxime en los casos en los que se discute la existencia de recursos hídricos para el abastecimiento a las poblaciones que es el uso del agua que goza de prioridad ope legis (art.60 TRLA). Así, las SSTC 61/2002 y 227/91 afirman que corresponde a la administración la carga de la prueba cuando se trata de datos que debería poseer.  
2. Por otra parte la CHJ manifiesta en su informe-requerimiento que el Ayuntamiento no ha aportado información relativa a la concesión o derecho administrativo que ampara el consumo de agua y no se indica si se hará uso de doble red para agua potable y para otros usos.  
A este respecto cabe recordar el Auto del TSJCV de fecha 1.03.2007 según el cual del artículo 25.4 del TRLA no se deduce que sea necesario acreditar la existencia de concesión, basta que se acredite la existencia física del agua y su disponibilidad.   
Y en el presente supuesto, no sólo existe suficiencia de agua, sino también concesión: 3 m³/s del Río Júcar y 0,95 m³/s del Río Túria para abastecer al municipio de Valencia.  
Por todo ello, carece de sentido el requerimiento de documentación efectuado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que únicamente parece un intento de obstaculizar la aprobación definitiva de un plan urbanístico que para nada compromete la suficiencia de recursos hídricos de la ciudad de Valencia.  
Y en este sentido hay que recordar el Auto de fecha 15.01.2007 y 30.05.2007 del TSJCV según el cual para limitar una competencia es necesario exponer de forma clara y precisa en qué modo y manera la actuación de una Administración limita o cercena las competencias de otra Administración.  
Por ello, y disponiendo de los elementos de juicio necesarios para elaborar un informe completo, la Confederación Hidrográfica del Júcar, debería haber valorado el expediente en lugar de obstaculizar el procedimiento con requerimientos carentes de sentido.  
Por todo ello, se entiende que se ha dado cumplimiento al acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 20 de abril de 2007, ya que, aún cuando no se ha emitido informe por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en este expediente se han cumplido las pautas señaladas por el TSJCV en los autos aquí analizados, pues:  
1. Se ha cumplido el requisito de solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar, aún cuando la actuación no supone un incremento de consumo de agua respecto al planeamiento vigente, tal y como ha considerado la misma Confederación Hidrográfica del Júcar en su requerimiento.  
2. Queda garantizada la suficiencia de agua para la presente actuación habida cuenta de las concesiones otorgadas a la ciudad de Valencia, tal y como se ha indicado en el fundamento jurídico segundo.  
3. El informe emitido por la Confederación solicitando datos, permite levantar el supeditado establecido en el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo citado.   
Octavo. El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda es el órgano competente para la aprobación definitiva de planes de municipios de más de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6e) del Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, Por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana.  
Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación, conforme a la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, resuelvo:  
Aprobar definitivamente la Homologación Sectorial y Plan de Reforma interior de Mejora de la Unidad de Ejecución de la C/ Periodista Gil Sumbiela del Municipio de Valencia.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 25 de septiembre de 2007.- El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: José Ramón García Antón.