Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8453, del 28-12-2018 (2018/12619)

ORDEN 23/2018, de 27 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el programa de formación para el empleo para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas.
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Número DOGV
:   8453

Fecha DOGV
:   28-12-2018

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2018/12035


Fecha del documento
:   27-12-2018

Organismo emisor
:   Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * legislación

ORDEN 23/2018, de 27 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el programa de formación para el empleo para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas. [2018/12212]  
Artículo 1. Objeto  
Artículo 2. Tipología y duración de los programas de formación  
Artículo 3. Entidades beneficiarias  
Artículo 4. Obligaciones de la entidad beneficiaria  
Artículo 5. Personas participantes  
Artículo 6. Obligaciones del alumnado y causas de exclusión  
Artículo 7. Determinación de la subvención  
Artículo 8. Instrucción  
Artículo 9. Criterios de valoración de solicitudes  
Artículo 10. Propuesta de resolución y trámite de audiencia  
Artículo 11. Resolución de concesión y circunstancias modificativas  
Artículo 12. Subcontratación de los programas formativos  
Artículo 13. Normas sobre la impartición de los cursos.  
Artículo 14. Control, seguimiento y supervisión.  
Artículo 15. Evaluación de la eficacia e impacto de la formación.  
Artículo 16. Evaluación de la calidad de la formación.  
Artículo 17. Certificación de la formación.  
Artículo 18. Elegibilidad del gasto, justificación y liquidación económica de las subvenciones.  
Artículo 19. Anticipo de la subvención  
Artículo 20. Liquidación y reintegro de las subvenciones  
Artículo 21. Ayudas al alumnado participante en situación de desempleo  
Artículo 22. Gestión  
Artículo 23. Normativa de aplicación  
Disposición adicional única. Dispensa de la obligación de notificación  
Disposición final primera. Facultades de la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación  
Disposición final segunda. Entrada en vigor  
Anexo único a las bases reguladoras. Acciones de teleformación no certificable  
  
  
  
PREÁMBULO  
  
En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, se considera oportuno por parte de esta Administración actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, por lo que se procede, a continuación, a justificar la adecuación de la orden a los citados motivos:  
En aplicación de los principios de necesidad y eficacia, las razones de interés general que justifican el dictado de esta orden, devienen de la aplicación del artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2015, de 23 de octubre, en el que se establece, que la Estrategia Española de Activación para el Empleo se articulará en torno al eje Formación, entre otros, incluyendo las actuaciones de formación profesional para el empleo, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas públicos de empleo y formación, que permitan a las personas beneficiarias adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral.  
Teniendo en cuenta los cambios normativos que han determinado la publicación anterior de las Órdenes que modifican la Orden 8/2015, de 23 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el programa de formación para el empleo para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas, se considera procedente publicar la presente Orden que por un lado consolida las modificaciones aportadas por todas ellas, y por otro, atendiendo a la necesidad de proceder a la simplificación y racionalización de las previsiones reguladas en las mismas, pone a disposición de las personas y entidades interesadas un solo texto comprensivo de todos los cambios anteriores y actuales.  
La formación para el empleo tiene, entre sus finalidades, proporcionar a las personas trabajadoras, tanto a las desempleadas como a las ocupadas, la formación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, a fin de que obtengan los conocimientos y prácticas adecuados a los requerimientos que, en cada momento, necesiten las empresas, y que contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento, que permita optimizar la mejora de la capacitación, mejora de la empleabilidad profesional y promoción individual de trabajadores y trabajadoras.  
Constituyen principios generales de la formación dirigida a personas trabajadoras ocupadas: el protagonismo de los agentes sociales en su desarrollo; la unidad de mercado de trabajo y la libertad de circulación de los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo de las acciones formativas, tanto dentro del territorio español como en el ámbito de la Unión Europea; y la consideración de esta formación como instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida.  
La Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, establece que el aprendizaje permanente es un elemento esencial en la sociedad del conocimiento. Incluye esta ley dentro del ámbito de la formación profesional, entre otras enseñanzas, las orientadas a la formación de las personas trabajadoras ocupadas en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.  
La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, y previamente el Real Decreto ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral ha acometido una reforma integral del sistema que garantiza el interés general y la necesaria estabilidad y coherencia que el sistema precisa. Los objetivos estratégicos se centran en favorecer la creación de empleo estable y de calidad; contribuir a la competitividad empresarial; garantizar el derecho a la formación laboral; y ofrecer garantías de empleabilidad y promoción profesional de las personas trabajadoras.  
La citada ley prevé de forma expresa el desarrollo reglamentario de determinados contenidos recogidos en la misma, además de su desarrollo con carácter general. A tal efecto se ha publicado el Real decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral; no obstante, dicho desarrollo reglamentario no se agota en este real decreto, pues para determinados aspectos se considera más adecuada su regulación mediante las correspondientes órdenes ministeriales, a las que se remite para su desarrollo esta norma, y que resultarán de aplicación cuando se aprueben y entren en vigor.  
Hasta tanto no se desarrolle el citado Real Decreto, respecto de aquellas materias que precisen de un desarrollo posterior, resultará de aplicación la normativa recogida en el Real decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo que lo desarrolla.  
El Plan Estratégico de subvenciones aprobado por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación 2017-2019, incluye entre sus objetivos estratégicos, mejorar la cualificación de las personas, tanto desempleadas como ocupadas, a través de una formación que les capacite para el ejercicio cualificado de las profesiones y el acceso al empleo, así como permitirles compatibilizar la formación con la práctica profesional en el puesto de trabajo, mediante la formación en alternancia con el empleo. Una formación que responda a las necesidades, tanto presentes, como futuras de las personas y del tejido productivo de la Comunitat Valenciana, incrementando la calidad formativa. Asimismo, entre sus objetivos operativos establece la necesidad de mejorar la cualificación profesional y la inserción profesional de las personas con especiales dificultades de inserción en el mundo laboral, a través de los programas públicos empleo y formación dirigidos a mejorar la cualificación profesional y la inserción profesional de las personas con especiales dificultades de inserción en el mundo laboral.  
El Real decreto 34/2008, de 18 de enero, regula los certificados de profesionalidad, y cada uno de los correspondientes anexos de los Reales Decretos que regulan los diversos Certificados de Profesionalidad, publicados en función de la familia profesional en la que se encuadran, establecen para la impartición de los mismos, los requisitos que ha de reunir el personal formador, espacios, instalaciones y equipamientos necesarios para la realización de las acciones formativas, así como la adquisición de la competencia profesional correspondiente, los criterios de acceso del alumnado, el contenido y características de los módulos de prácticas profesionales no laborales (formación en centro de trabajo) y la evaluación continua del alumnado.  
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, regula los requisitos de concesión y justificación de las subvenciones concedidas en la Administración del Estado. En esta ley se recogen artículos que tienen carácter básico, por lo que son de aplicación a la normativa en esta comunidad autónoma y, consecuentemente, a esta orden de convocatoria.  
De conformidad con lo establecido en la redacción vigente de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, el procedimiento de concesión de las subvenciones públicas destinadas a financiar la ejecución de los programas de formación de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas se iniciará de oficio mediante convocatoria pública realizada por el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma, que será publicada en el diario oficial correspondiente y de las disposiciones que resulten de aplicación de acuerdo con lo previsto en las Disposiciones Transitorias de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.  
De otra parte, la experiencia acumulada en el desarrollo de las sucesivas convocatorias correspondientes a la iniciativa de formación de oferta aconseja, en la actual coyuntura de crisis económica, centrar la gestión en criterios de eficiencia y economía en la asignación y control de los recursos públicos. Con esta finalidad, se publicó en el DOGV de 27 de diciembre de 2017, la Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba el Manual de justificación económica de las subvenciones públicas de las distintas acciones formativas de formación profesional para el empleo.  
Con la misma finalidad, se incluyen en la valoración de las solicitudes presentadas, criterios que toman en consideración el mayor o menor grado de ejecución de actuaciones subvencionadas en anteriores convocatorias por la misma entidad, o la desviación de la valoración técnica calculada en la fase de liquidación respecto a la obtenida para la aprobación del plan en el proceso de valoración de solicitudes.  
Asimismo, se adecua la relación de sectores susceptibles de formular programas de formación a aquellos que se considera que muestran un comportamiento más positivo para intentar potenciarlos a través de la formación, con el objetivo de conseguir que dichos programas tengan una mayor incidencia en los sectores afectados, tratando de anticipar de este modo la formación al nuevo modelo productivo.  
Finalmente, alineándose con los objetivos establecidos en el Plan Anual de Política de Empleo, integrados, a su vez, en los distintos ámbitos de la Estrategia española de activación para el empleo, esta Orden tiene por finalidad, la mejora efectiva de la empleabilidad de la sociedad valenciana, mejorando la cualificación profesional de las personas trabajadoras a lo largo de toda su vida laboral y que esta responda a las necesidades de los sectores económicos valencianos presentes y futuros.  
Las presentes bases se dictan en uso de las competencias de autoorganización de la Generalitat y de las especialidades de procedimiento administrativo derivadas de ella de acuerdo con lo previsto en el artículo 49.1.1ª y 3ª del Estatuto de Autonomía, así como aquellas cuyo desarrollo esta reservado a las comunidades autónomas de acuerdo con la legislación básica estatal en materia de subvenciones contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
De acuerdo con lo anterior, la presente orden se considera el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de los principios de necesidad y eficacia, así como el de proporcionalidad, puesto que contiene la regulación imprescindible para atender el interés general protegido.  
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, citado en los párrafos anteriores, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.  
En aplicación del principio de transparencia, se posibilita el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  
En aplicación del principio de eficiencia, la orden evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.  
En cuanto la orden afecta a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, su aplicación queda supeditada al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  
Por todo lo anterior, en uso de las facultades que me confiere la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y el Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, conforme el Consejo Valenciano de Formación Profesional, y conforme el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana  
  
  
ORDENO  
  
Artículo 1. Objeto.  
1. Esta orden tiene por objeto la aprobación de las bases reguladoras de las ayudas para la realización de programas de formación dirigidos al menos en un 70 % para personas trabajadoras empleadas en empresas o centros de trabajo ubicados en la Comunitat Valenciana o trabajadoras autónomas residentes en la misma y en un 30 % como máximo a personas trabajadoras desempleadas residentes también en la Comunitat Valenciana. A tal efecto, la consideración como ocupadas o desempleadas vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación.  
2. La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad, para centros o entidades de formación acreditados o inscritos.  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones.  
3. Estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  
4. A efectos de facilitar y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en esta Orden y en las convocatorias que se dicten en aplicación de la misma, se declara inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos. No obstante la presentación de la documentación justificativa por parte de las entidades, en ningún caso podrá sobrepasar el 30 de septiembre del correspondiente ejercicio.  
  
Artículo 2. Tipología y duración de los programas de formación.  
1. Tipos de programas:  
a) Sectoriales: Los programas de formación sectoriales se compondrán de acciones formativas dirigidas a la formación de personas trabajadoras, con el fin de desarrollar acciones formativas de interés general para un determinado sector y para satisfacer necesidades específicas de formación del mismo. Las acciones específicas de estos programas también podrán dirigirse al reciclaje y recualificación de personal procedente de sectores en situación de crisis.  
b) Transversales: Los programas de formación transversales estarán compuestos por acciones formativas dirigidas a obtener competencias transversales a varios sectores de la actividad económica que deben ser objeto de atención prioritaria para dar respuesta a las tendencias identificadas y favorecer la empleabilidad y movilidad intersectorial de las personas trabajadoras, tomando como base el informe anual y el escenario plurianual previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, respectivamente.  
Asimismo, estos programas podrán incluir acciones formativas dirigidas a la obtención de las competencias clave para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 o de nivel 3.  
c) Economía social: A fin de atender las necesidades formativas de las personas trabajadoras de la economía social, estas podrán participar en los programas de formación sectoriales y transversales contemplados en los apartados anteriores a) y b).  
d) Las personas trabajadoras autónomas: A fin de atender las necesidades formativas de las personas trabajadoras autónomas, estas podrán participar en los programas de formación sectoriales y transversales contemplados en los anteriores apartados a) y b).  
  
2. Tipos de acciones formativas, que en todo caso deberán estar incluidas en el Catálogo de especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante SEPE):  
a) Acciones formativas no vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad que respondan a las necesidades de competencias específicas de los distintos sectores productivos así como de competencias transversales a los mismos, incluidas las requeridas por el trabajo autónomo y de la economía social.  
b) Acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad, completos o de oferta modular, que respondan a los requerimientos de cualificación profesional en los distintos sectores productivos así como de cualificaciones profesionales transversales a los mismos.  
c) Acciones formativas vinculadas con competencias clave de nivel 2 o de nivel 3 dirigidas al cumplimiento de los requisitos de acceso a los certificados de profesionalidad de dichos niveles, siempre que figuren en las necesidades identificadas en los ámbitos de negociación colectiva sectorial estatal.  
3. En cada convocatoria se determinarán las acciones formativas que se pueden solicitar para esa convocatoria, indicando duración y modalidad de impartición. En el caso de que las acciones formativas se refieran a un certificado de profesionalidad, podrán programarse los módulos y/o unidades formativas de las mismas.  
A efectos de la programación formativa se consideran áreas prioritarias las dirigidas a anticipar las necesidades de cualificación del sistema productivo así como a cubrir las necesidades actuales y las orientadas al desarrollo de los sectores más innovadores y/o con mejores perspectivas de empleo o necesidades vinculadas con los sectores productivos que tengan regulaciones específicas, de conformidad con lo que establezcan al respecto el informe anual y el escenario plurianual previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, respectivamente.  
Hasta tanto no se elaboren los citados documentos y de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, tendrán así mismo la consideración de prioritarias aquellas relacionadas con las competencias de idiomas, ofimática y tecnologías de la información y comunicación, conocimientos financieros, jurídicos y del funcionamiento de las Administraciones públicas, así como aquellas otras que se considere oportuno incluir atendiendo a las necesidades detectadas.  
4. Al menos el 30 % del alumnado de cada programa deberá recibir acciones de tipo presencial en exclusiva.  
5. Los programas de formación se organizarán para grupos (cursos) de al menos 10 participantes. Estos grupos (cursos) no podrán superar, en ningún momento, el número de participantes para los que el aula esté acreditada o inscrita en la especialidad o especialidades a impartir.  
6. Los programas de formación se ajustarán a lo establecido en el artículo 19 y siguientes del Real decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral y en ellos deberá especificarse la modalidad de impartición.  
7. Cuando se trate de formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad, deberá adecuarse a la normativa reguladora de los mismos establecida en el Real decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla, y los centros de formación deberán estar acreditados para la impartición de la correspondiente modalidad por la administración laboral competente.  
8. La impartición de los cursos de formación únicamente se podrá iniciar a partir de la notificación de la resolución de concesión de la subvención.  
  
Artículo 3. Entidades beneficiarias.  
1. Podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas los centros o entidades de formación acreditados o inscritos a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11.4 de esta Orden en relación con los cambios de domicilio de impartición.  
Asimismo, en el caso de que una entidad solicite una acción formativa no certificable, incluida en el Catálogo de Especialidades del SEPE, y carezca de la preceptiva inscripción, deberá aportar, junto con la solicitud de ayudas, una declaración responsable firmada por quien ostente la representación de la entidad sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para su inscripción en el registro y la disposición de instalaciones y recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para impartir la formación, tanto teórica como práctica, así como la calidad de las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.  
Estas inscripciones serán de aplicación únicamente en el supuesto de que la entidad resulte beneficiaria, y tendrán una vigencia limitada a la de la propia duración de la impartición de las acciones formativas subvencionadas. La falta de acreditación o inscripción previa o de presentación de la citada declaración responsable, determinará la anulación de la acción formativa y, en su caso, de la entidad afectada.  
En las mismas condiciones establecidas en los párrafos anteriores y de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3 de la LGS, las sociedades civiles y las comunidades de bienes podrán ser beneficiarias de la subvenciones reguladas en esta orden. Las sociedades civiles, cuando tengan personalidad jurídica propia, deberán acreditarlo documentalmente. En el caso de que dichas sociedades carezcan de personalidad jurídica propia, y las comunidades de bienes en todo caso, deberán hacer constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier caso, deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la LGS.  
2. Las convocatorias regularán la forma y plazo en que deberán presentarse las solicitudes.  
3. Las convocatorias de ayudas que se dicten al amparo de estas bases reguladoras, podrán limitar el número de solicitudes de ayudas a presentar para cada tipo de programa por las entidades que participen en la misma.  
  
Artículo 4. Obligaciones de la entidad beneficiaria.  
Además de las recogidas en el artículo 4 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, y demás normativa de aplicación, son obligaciones de las beneficiarias:  
1) Cumplir en la impartición de las acciones formativas las prescripciones que les sean de aplicación en virtud de disposición legal o reglamentaria, incluida la obligación de impartir la formación en los espacios y con los medios formativos acreditados para tal fin.  
2) Facilitar y corresponsabilizarse en el seguimiento de la participación de las personas participantes, del aprendizaje y su evaluación, así como en la investigación de metodologías y herramientas necesarias para la puesta al día del sistema de Formación para el Empleo en el ámbito laboral.  
3) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control durante un período mínimo de seis años.  
4) Aceptar su inclusión en la lista de entidades beneficiarias que se publicará de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y dar a conocer de forma inequívoca que se trata de una acción subvencionada por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación y, en su caso, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (SEPE), de conformidad con las instrucciones y los modelos que al efecto suministre la dirección general competente en materia de formación para el empleo, de acuerdo con lo previsto en el número 4 del mismo artículo.   
5) Mantener las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones, equipamiento y medios humanos tenidas en cuenta para la acreditación/inscripción de la especialidad.  
6) Comprobar que las personas participantes disponen de los requisitos de acceso, o de las competencias clave para realizar la acción formativa en función de los requerimientos de la misma.   
7) Llevar cuenta separada de la subvención concedida, abriendo las subcuentas necesarias de ingresos y gastos por cada acción subvencionada, y asignando en las subcuentas de gastos, en su caso, la parte correspondiente de gastos comunes imputada a la acción subvencionada. En el caso de entidades sujetas a contabilidad pública, esta obligación se adecuará a los sistemas de contabilización correspondientes.  
8) Informar a las personas interesadas en participar de la correspondencia de la acción formativa con un certificado de profesionalidad (CP) o una acreditación parcial acumulable (APA), en su caso.  
9) No percibir cantidad alguna de las personas participantes.  
10) Acreditar que está al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social tanto a la fecha de concesión como a la de pago.  
11) Acreditar no ser deudora por resolución firme de procedencia de reintegro frente a la administración pública, tanto a la fecha de concesión como a la de pago.  
12) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.  
13) En el caso de que las convocatorias establezcan un porcentaje de cofinanciación comunitaria, recabar de las participantes de la actuación los datos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 125.2 d) y e) del Reglamento 1303/2013 y artículo 5 y el anexo I y II del Reglamento 1304/2013, ambos del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.  
14) Suscribir en relación al alumnado tanto desempleado como ocupado, una póliza de seguro de accidente, con carácter previo al inicio de la acción formativa, que se ajustará tanto al período de duración teórico-práctico de la acción formativa, como a su horario diario, debiendo cubrir los gastos de accidente «in itinere», los riesgos derivados de las visitas del alumnado a empresas u otros establecimientos que se organicen en apoyo al desarrollo de las acciones formativas.  
a) El seguro deberá cubrir, según sea el caso, todo el periodo formativo y el módulo de formación práctica vinculado a los certificados de profesionalidad, en su caso.  
b) Dicha póliza deberá cubrir los daños que con ocasión de la ejecución de la formación se produzcan por los participantes, quedando el Servicio Valenciano de Empleo y Formación exonerado de cualquier responsabilidad al respecto. A tal efecto la póliza de aseguramiento de la responsabilidad civil frente a terceros se considerará como gasto relativo a la ejecución de la acción formativa.  
c) Se podrá optar por suscribir una póliza de seguros colectiva, con las indicaciones ya expuestas, que cubra a todo el alumnado desempleado del proyecto aprobado.  
d) En ningún caso, un participante podrá iniciar una acción formativa o un módulo de formación práctica sin que se haya suscrito la póliza de seguro de accidentes que deberá contener como mínimo las siguientes coberturas:  
1.º Fallecimiento por accidente.  
2.º Invalidez absoluta y permanente por accidente.  
3.º Invalidez permanente parcial por accidente, que será la que corresponda según baremo.  
4.º Asistencia sanitaria por accidente con cobertura equivalente a la del seguro escolar.  
Las convocatorias podrán establecer límites en cuanto a las cuantías.  
15) En el caso de acciones formativas (especialidades) vinculadas a certificados de profesionalidad, cumplir todo lo establecido en el Real decreto 34/2008, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, y la Orden ESS/1897/2013 que lo desarrolla.  
16) Cumplir la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de dicha obligación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat (DOGV 4907, 21.12.2004).  
17) Cuando la entidad beneficiaria de la subvención, sea una persona jurídica privada, y la cuantía en concepto de ayudas o subvenciones recibidas de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el artículo 2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, durante el período de un año, sea por un importe superior a 10.000 euros, deberá dar la adecuada publicidad a la misma, indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionado. La difusión de esta información se realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas web. En caso de que no dispongan de página web donde realizar dicha publicidad, deberán cumplir con dicha obligación a través del portal que ponga a su disposición la Generalitat.  
  
Artículo 5. Personas participantes.  
1. En los programas de formación subvencionados con cargo a esta orden, el porcentaje de alumnado trabajador ocupado deberá ser al menos del 70 % de los participantes en dichos programas.  
El alumnado desempleado participante en un programa de formación deberá estar inscrito como desempleado en los centros SERVEF de empleo, y deberán suponer un máximo del 30 % del alumnado participante en el programa.  
Las personas interesadas deberán solicitar su participación en las acciones formativas (especialidades) ofertadas en los distintos programas de formación, utilizando para ello el impreso de solicitud que podrá obtenerse a través de la página web www.labora.gva.es.  
Las convocatorias regularán la forma y plazo en que deberán presentarse las solicitudes.  
  
2. La selección del alumnado participante se realizará por la entidad beneficiaria y tendrán prioridad las mujeres y los colectivos vulnerables siguientes:  
a) Las víctimas de violencia de género.  
b) Personas con diversidad funcional.  
c) Personas con bajo nivel de cualificación  
d) Personas mayores de 45 años.  
e) Personas desempleadas de larga duración.  
f) Personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial o con contrato temporal.  
g) Personas trabajadoras de las pequeñas y medianas empresas.  
h) Las personas titulares y beneficiarias de la renta valenciana de inclusión.  
i) Las personas que encabezan familias monoparentales o monomarentales.  
  
Asimismo tendrán prioridad las personas trabajadoras contratadas al amparo del artículo 7 del Real Decreto ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en el que se regula la transformación de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en indefinidos.  
A efectos de facilitar el cumplimiento de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 6.2 del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, en relación con la realización de forma consecutiva de al menos una unidad formativa por año, se priorizará en la selección del alumnado, a aquellas personas que en el ejercicio anterior hubieran participado en el desarrollo de alguna unidad formativa de manera que se facilite a los mismos, el acceso a la certificación del módulo formativo y la acreditación de la unidad de competencia correspondiente.  
La acreditación de los citados extremos se acompañará a la justificación económica, mediante la aportación de un certificado de la persona que ostente la representación legal de la entidad.  
3. Cuando se trate de formación certificable, finalizado el proceso de selección, se levantará acta que firmarán la persona responsable del proceso y la persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria, donde constarán los siguientes datos: personas preseleccionadas, presentadas a las pruebas, en su caso, con su resultado, seleccionadas y reservas. Se incluirá manifestación expresa de que las personas candidatas seleccionadas cumplen los requisitos formativos y profesionales para cursar con aprovechamiento la acción formativa, en los términos previstos en el artículo 20 del Real decreto 34/2008. De todas estas incidencias se dejará constancia en la citada acta. En el plazo de cinco días hábiles se remitirá una copia del acta a la dirección general competente en materia de formación para el empleo.  
4. Las solicitudes de participación del alumnado y la documentación relativa al proceso de selección serán custodiadas por las entidades beneficiarias, que la pondrán a disposición de la Administración cuando les sea requerida.  
5. En todo caso, la entidad beneficiaria será la responsable de la selección así como de comprobar que las personas participantes disponen de los requisitos de acceso o de las competencias clave para realizar la acción formativa en función de los requerimientos de la misma.  
6. Las convocatorias podrán establecer límites en cuanto al número máximo de grupos (cursos) en los que podrá participar el alumnado, con excepción de la formación dirigida a la obtención de un certificado de profesionalidad.  
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2.c de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, los trabajadores pertenecientes a la plantilla de cualquier entidad de formación que imparta formación profesional para el empleo, en caso de actuar como beneficiaria o proveedora de la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas, podrán participar en las acciones formativas que aquella gestione hasta un límite del 10 por ciento del total de participantes programados sin superar, en ningún caso, el límite del 10 por ciento del personal en plantilla. A dichos efectos se tomará en consideración el número de personas actual en la plantilla de la entidad, siempre que hubieran estado incluidas en la misma, durante un periodo igual o superior a 9 meses.  
8. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2 del Real decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, el personal empleado público podrá participar en los programas de formación transversales con el límite de hasta un 10 por ciento del total de participantes de cada programa.  
  
Artículo 6. Obligaciones del alumnado y causas de exclusión.  
1. El alumnado está obligado a:  
a) Asistir a las clases de forma regular y continua y seguir con aprovechamiento la acción formativa.  
b) No simultanear cursos de formación para el empleo de carácter presencial cuando superen las 40 horas semanales, aunque exista compatibilidad horaria.  
c) Autorizar al Servicio Valenciano de Empleo y Formación para consultar su vida laboral, a efectos de control del cumplimiento de las condiciones establecidas en la orden.  
2. Causas de exclusión del alumnado:  
a) La falta de aprovechamiento o la obstaculización del normal desarrollo del curso, con el visto bueno previo del personal técnico de Formación.  
b) Simultanear cursos de formación para el empleo de carácter presencial cuando superen las 40 horas semanales, en cuyo caso, la exclusión se aplicará a los cursos a los que se hubiera incorporado de forma más reciente.  
c) No presentar la autorización para consultar la vida laboral o revocarla una vez presentada.  
  
Artículo 7. Determinación de la subvención.  
1. Para fijar la cuantía de la subvención, se aplicarán los siguientes módulos económicos máximos (coste por participante y hora de formación) según la modalidad de impartición de la formación:  
a) Presencial: 8 euros.  
b) Cuando se trate de acciones formativas de la modalidad Teleformación: 5 euros.  
c) Mixta: Se aplicarán los módulos correspondientes a las horas de formación presencial o teleformación que tenga la concreta acción formativa considerada aplicando los módulos expresados en las letras a) y b) anteriores.  
2. La subvención vendrá determinada por el presupuesto establecido y se adjudicará a las entidades beneficiarias, siguiendo el orden de puntuación obtenida de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9 de las presentes bases, hasta que se agote el crédito presupuestario asignado. A estos efectos para los programas establecidos en el artículo 2.1.a, programas sectoriales, la adjudicación de las subvenciones se hará independientemente para cada uno de los sectores convocados.  
3. Cuando se produzca la renuncia de alguna de las beneficiarias, el crédito presupuestario no aplicado podrá concederse, sin necesidad de nueva convocatoria, a la entidad solicitante o solicitantes siguientes a aquella, por orden de puntuación.  
4. Para la determinación de la financiación adicional para las ayudas al alumnado desempleado y con discapacidades, se calculará en base a las ayudas concedidas por dichos conceptos en la última convocatoria resuelta, importe que en ningún caso se considerará integrante de su patrimonio.  
  
Artículo 8. Instrucción  
1. El procedimiento de concesión de las ayudas, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, dentro de los créditos anuales destinados a las mismas y se iniciará de oficio mediante convocatoria pública realizada por el director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, que será publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real decreto 395/2007, de 23 de marzo.  
Las solicitudes se presentarán en la forma y plazo que establezca la correspondiente convocatoria, en la que asimismo se especificará la documentación acreditativa de los requisitos para obtener la subvención.  
El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Gestión de Programas de Formación para el Empleo, las solicitudes serán sometidas a una fase de instrucción en la que se verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos, pudiéndose recabar de las entidades solicitantes la aportación adicional de cuanta documentación se precise para acreditar el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en las convocatorias y asegurar que se dispone de los datos necesarios para su correcta valoración.  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el supuesto de que la solicitud presentada no cumpla los requisitos exigidos o la documentación aportada con carácter obligatorio, contuviera errores o fuera insuficiente, el órgano instructor requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la misma Ley.  
2. Se inadmitirán las solicitudes presentadas por una entidad para un determinado programa o sector, cuando tomando en consideración la liquidación obtenida en la última convocatoria en la que hubiera resultado beneficiaria en el mismo programa o sector, de entre las tres últimas publicadas, hubiera incurrido en alguno de los siguientes supuestos:  
a) Haber justificado de conformidad una cuantía inferior al 35 % de la subvención inicialmente concedida.  
b) Haber obtenido en la valoración técnica calculada en la fase de liquidación de la subvención una disminución superior a un 25 %, en relación con la obtenida para la aprobación del plan en el correspondiente proceso de valoración de solicitudes.  
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, el órgano colegiado en el procedimiento de concesión de subvenciones sometidas al régimen de concurrencia competitiva será la Comisión de Valoración, cuyos componentes serán designados por la persona que ostente la Jefatura del Servicio responsable de la instrucción, que asumirá las funciones de presidencia, o persona que la sustituya. La designación de los miembros de la Comisión de Valoración se ajustará a los principios de composición y presencia equilibrada de hombres y mujeres en aplicación de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, siempre que sea posible en atención a los recursos humanos disponibles.  
Vocales: Cinco personas técnicas del Servicio de Gestión de Programas de Formación para el Empleo.  
Secretaría: La ostentará una persona designada de entre las anteriores por la Comisión de Valoración.  
4. A la vista de la documentación obrante en el expediente y previa ponderación de los criterios de valoración, el órgano colegiado emitirá informe motivado en el que se concrete el resultado de la evaluación.  
5. Realizadas las valoraciones se emitirá un listado provisional de valoración donde quedará reflejada la puntuación obtenida en cada ítem de valoración y la puntuación final de cada una de las solicitudes que cumplen todos los requisitos necesarios para ser beneficiarias de estas subvenciones. Este listado se publicará en la página web www.labora.gva.es, al objeto de que puedan realizar las alegaciones correspondientes en el plazo de 10 días. Asimismo se remitirá un aviso a la dirección de correo electrónico que figure en el expediente, donde se informará de la citada publicación. La falta de práctica del aviso no impedirá que la publicación sea considerada plenamente válida desde su fecha.  
Una vez atendidas dichas alegaciones el órgano colegiado emitirá las correspondientes actas motivadas en las que se concrete el resultado definitivo de la valoración con indicación de los factores o criterios tenidos en cuenta en la valoración y su aplicación concreta en sus correspondientes anexos. Los listados de valoración anexos a dichas actas serán publicados en la página web www.labora.gva.es e incluirán las puntuaciones obtenidas en cada ítem de valoración y la puntuación final obtenidas por las solicitudes que cumplen todos los requisitos necesarios para ser beneficiaria de las subvenciones contempladas en la correspondiente convocatoria, sin que quepan alegaciones al mismo.  
  
Artículo 9. Criterios de valoración de solicitudes  
La valoración de las solicitudes tiene por objetivo el análisis y la determinación de la calidad de las diferentes solicitudes presentadas. En todo caso, se tomarán en consideración las condiciones que la entidad reúna a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, que deberán mantenerse como mínimo hasta la finalización del periodo máximo de ejecución de las acciones formativas.  
  
La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:  
  
A) ADECUACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA A LAS ACCIONES/ÁREAS PRIORITARIAS 65 ptos  
1. Alumnado en acciones prioritarias/alumnado total X 50 50 ptos  
Los apartados siguientes serán acumulables al anterior, sin que se puedan superar los 65 puntos en total.  
No obstante en caso de alumnado susceptible de ser puntuado en 2 de los apartados siguientes solamente puntuará en el que otorgue mayor puntuación.   
2. Alumnos en acciones prioritarias dirigidas a la obtención de una acreditación parcial acumulable que no conlleve capacitación profesional/alumnos totales X 5 5 ptos  
3. Alumnos en acciones prioritarias dirigidas a la obtención de certificado de capacitación profesional (carné profesional)/alumnos totales X 10 10 ptos  
4. Alumnos en acciones prioritarias dirigidas a la obtención de certificado de profesionalidad completo/alumnos totales X 15 15 ptos  
  
  
B) CAPACIDAD ACREDITADA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN:  
Acciones formativas de formación para el empleo dirigidas a personas ocupadas realizadas. A dichos efectos, se tomará en consideración la suma de los resultados de la segunda y tercera convocatoria anteriores a la que se estuviera valorando. 15 ptos  
 La entidad realizó entre 1 y 20 acciones formativas (grupos) 5   
 La entidad realizó entre 21 y 40 acciones formativas (grupos) 10   
 La entidad realizó más de 40 acciones formativas (grupos) 15   
  
  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.5 de esta orden, las entidades deberán mantener las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones, equipamiento y medios humanos tenidas en cuenta para la acreditación/inscripción de la especialidad, de tal forma que quede totalmente asegurada la solvencia técnica de la entidad solicitante.  
  
C) ALCANCE DEL PROGRAMA  
Se valorará el número de trabajadores participantes en el programa solicitado 20 ptos  
 Entre 30 y 60 participantes 4   
 Entre 61 y 90 participantes 6   
 Entre 91 y 120 participantes 8   
 Entre 121 y 180 participantes 12   
 Entre 181 y 270 participantes 16   
 Más de 270 participantes 20   
  
  
D) IMPLANTACIÓN TERRITORIAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 10 ptos  
 La entidad tiene centros acreditados o inscritos en una provincia de la Comunitat Valenciana 3   
 La entidad tiene centros acreditados o inscritos en dos provincias de la Comunitat Valenciana, ha programado y adquiere la obligación de formar al menos un 20 % de los alumnos en cada provincia donde exista centro acreditado o inscrito. A efectos de cumplimiento de esta condición, en el caso de teleformación, se tendrá en cuenta el lugar de residencia del alumnado. 6   
 La entidad tiene centros acreditados o inscritos en tres provincias de la Comunitat Valenciana, ha programado y adquiere la obligación de formar al menos un 20 % de los alumnos en cada provincia donde exista centro acreditado o inscrito. A efectos de cumplimiento de esta condición, en el caso de teleformación, se tendrá en cuenta el lugar de residencia del alumnado. 10   
  
  
E) Aplicación de normas de calidad:  
Se valorarán en este apartado los certificados que acrediten la gestión de la calidad en el desarrollo de la formación y el tratamiento de datos, con la siguiente puntuación:  
· Por estar en posesión de un certificado de calidad en vigor, LYR6221 cuyo alcance incluya la actividad en materia de formación para el empleo o EFQM (certificado de Excelencia Europea 200 + o superior): 16 puntos.  
· Por estar en posesión de Certificado SGSI de seguridad de la información (ISO 27435): 4 puntos.  
Los puntos asignados por cada certificado de calidad serán acumulativos hasta el máximo de 20 puntos.  
  
F) Aplicación de medidas de Responsabilidad Social.  
Se acreditarán de acuerdo con lo establecido en la correspondiente convocatoria.  
IS. Inclusión social.  
Se valorará con un máximo de 10 puntos un porcentaje igual o superior al 20 % de personas con diversidad funcional (1), personas afectadas con trastorno mental grave o muy grave, personas en situación o riesgo de exclusión social y mujeres víctimas de violencia de género, incluidas en las plantillas de las entidades solicitantes, los porcentajes inferiores al 20 % se valorarán proporcionalmente de acuerdo con la siguiente fórmula:  
  
Número de personas actualmente en la plantilla de la entidad, pertenecientes a los citados colectivos, que hubieran estado incluidas en la misma, durante un periodo igual o superior a 9 meses durante el ejercicio anterior.   
  
X 50  
Número de personas actualmente en la plantilla de la entidad, que hubieran estado incluidas en la misma, durante un periodo igual o superior a 9 meses durante el ejercicio anterior.   
  
  
(1) Grado igual o superior al 33 %.  
  
MH. Igualdad entre mujeres y hombres.  
En este apartado se valorarán la acciones positivas que garanticen y promuevan la igualdad de mujeres y hombres hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo con la distribución que se expone a continuación, en caso contrario, se puntuará con 0 puntos:  
. En la escritura de constitución o en los estatutos de la entidad inscritos en el registro correspondiente, figura como objetivo de la misma el trabajar a favor de la igualdad de hombres y mujeres o en caso de que la entidad no disponga de escritura de constitución o estatutos ha aportado declaración responsable a dichos efectos. Las entidades sujetas al régimen de función pública en materia de personal, cumplen este requisito por prescripción legal (1 puntos).  
- La entidad acredita disponer de un Plan de igualdad, visado por el órgano competente, suscrito por las organizaciones sindicales de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 y siguientes de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. De acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Única del Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana, las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente con capital público (empresas públicas autonómicas, provinciales y municipales) deberán elaborar un Plan de Igualdad, asimismo visado por el órgano competente.  
En el caso de empresas en las que no existan obligación legal, se deberá aportar el Plan aprobado, con la firma de las partes suscriptoras, debidamente visado por el órgano competente. Para las entidades sujetas al régimen de función pública en materia de personal, se considerará que cumplen este trámite previa aportación del plan. (9 puntos).  
  
G) Disminución de la puntuación en la valoración técnica.  
DP: En el caso de que la puntuación de la valoración técnica obtenida en un determinado programa o sector, calculada en la fase de liquidación de una determinada convocatoria, comporte una disminución respecto de la obtenida para la aprobación del plan en el proceso de valoración de solicitudes del mismo programa sector y convocatoria, se aplicará una reducción sobre la puntuación obtenida en el actual proceso de valoración.  
A dichos efectos, se tomarán en consideración los resultados de la liquidación de la tercera convocatoria anterior a la que se estuviera valorando y en el caso de que el resultado devuelva decimales se redondearán a la baja.  
Cuando el intervalo de desviación sea igual o inferior a 5 puntos porcentuales, no se reducirá la puntuación. A partir de una desviación igual o superior a 6 puntos porcentuales e igual o inferior a 25 puntos porcentuales se aplicará una reducción de 1 punto por cada punto porcentual que se iniciará con -1 punto cuando la desviación sea de 6 puntos porcentuales y finalizará con -20 puntos cuando la desviación sea de 25 puntos porcentuales, de acuerdo con la siguiente tabla:  
  
Tramo Intervalo de desviación Reducción a aplicar por cada punto porcentual Intervalo de reducción de puntos  
1 De 0 % a 5 % 0 0  
2 De 6 % a 25 % 1 De -1 a -20  
  
  
No obstante, en las tres convocatorias inmediatamente posteriores a la publicación de la presente Orden se aplicarán las reducciones que se relacionan a continuación, sobre el mismo programa o sector en el que se hubieran producido, correspondientes a la tercera convocatoria anterior a cada una de ellas y redondeando a la baja los decimales, en su caso:  
Cuando el intervalo de desviación sea igual o inferior a 10 puntos porcentuales, no se reducirá la puntuación. Cuando el intervalo de desviación sea igual o superior a 11 puntos porcentuales e igual o inferior a 25 puntos porcentuales se aplicará una reducción de 1 punto por cada punto porcentual de acuerdo con la siguiente tabla:  
  
Tramo Intervalo de desviación Reducción a aplicar por cada punto porcentual Intervalo de reducción de puntos  
1 De 0 % a 10 % 0 0  
2 De 11 % a 25 % 1 De -1 a -15  
  
  
Puntuación máxima total 150 ptos  
  
En relación con los apartados E y F, al tratarse de documentación voluntaria, solamente se valorará la documentación que acompañe la entidad con la solicitud.  
En caso de empate entre dos o mas proyectos, se resolverá a favor del proyecto que haya obtenido mayor puntuación en los apartados A, B, C, F, D y E, por este orden, y si aún así persistiera el empate se atenderá al número de orden del expediente.  
  
Artículo 10. Propuesta de resolución y trámite de audiencia.  
1. A la vista de la instrucción practicada se formulará propuesta de resolución provisional, de la que se dará audiencia a la entidad solicitante en el supuesto de que el importe de la subvención propuesto sea inferior al solicitado. En el plazo de diez días aquella entidad podrá aceptar y reformular el programa de formación a la cantidad propuesta o, formular las alegaciones que estime oportunas. En todo caso la reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como las condiciones previstas para cada programa en el artículo 2.  
2. Teniendo en cuenta lo alegado por la entidad solicitante en el trámite de audiencia y la reformulación del programa de formación, en su caso, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva.  
3. En el caso de que quedaran solicitudes presentadas al amparo de la correspondiente convocatoria, valoradas positivamente de acuerdo con el procedimiento establecido, y que no pudieran ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria, estas se constituirán en lista de reserva debidamente ordenada, y podrán ser resueltas favorablemente en la medida en que se disponga de crédito en la línea presupuestaria y tipo de programa correspondiente como consecuencia de mayor dotación presupuestaria o renuncias a subvenciones concedidas, de acuerdo con lo previsto en los artículos de esta Orden  
4. Las convocatorias de ayudas que se dicten al amparo de estas bases reguladoras podrán limitar el importe máximo que se puede conceder y/o el número máximo de grupos (cursos) que se puede aprobar en la misma para cada solicitante.  
  
Artículo 11. Resolución de concesión y circunstancias modificativas.  
1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación u órgano en quien delegue resolverá el procedimiento.  
El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, contados desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado resolución, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.  
2. A la resolución de concesión se anexará el correspondiente programa de formación, sus condiciones de ejecución, así como las acciones formativas (especialidades) a desarrollar y alumnado a formar. Asimismo contemplará una cuantía adicional con el importe de las ayudas correspondientes al número teórico de alumnado desempleado y con discapacidades que puedan asistir al programa de formación subvencionado, importe que en ningún caso se considerará integrante de su patrimonio.  
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 de la Orden TAS/718/2008, una vez recaída la resolución de concesión, las entidades beneficiarias podrán solicitar la modificación de la misma. Dicha modificación, que será única durante todo el periodo de ejecución, deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas durante el plazo de ejecución de la actividad subvencionada y formalizarse con carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso antes de la finalización del citado plazo de ejecución.  
La ejecución de la modificación propuesta solo podrá ser iniciada a partir del momento en que se notifique la resolución aprobatoria. En estas modificaciones no se podrá incluir ninguna acción formativa (especialidad) no contemplada en la solicitud inicial, ni comportarán cambios en la modalidad de ejecución y deberán respetar las condiciones que determinaron el cálculo de la valoración técnica de la solicitud y cualquier otro límite o condición indicados expresamente en la resolución. Las solicitudes que no respeten los citados límites serán denegadas.  
Las solicitudes de modificación se someterán al órgano instructor y serán resueltas por el órgano concedente de la subvención. En todo caso, la modificación solo podrá autorizarse si no daña derechos de terceros.  
El órgano concedente deberá dictar resolución aceptando o denegando la modificación propuesta en el plazo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.  
  
4. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades podrán solicitar, cambios en el domicilio de impartición. El órgano concedente podrá autorizar los cambios, previo informe del personal Técnico de Formación y propuesta de la Subdirección General de Formación Profesional para el Empleo o de la Jefatura del Servicio de Gestión de Programas de Formación para el Empleo, indistintamente. A dichos efectos, en el caso de formación no certificable incluida en el Catalogo de Especialidades del SEPE deberá presentarse la correspondiente solicitud de inscripción acompañada de declaración responsable sobre la solvencia técnica.  
El cambio de domicilio de impartición solo podrá realizarse a partir del momento en que se notifique la autorización.  
5. Estarán sujetos al deber de comunicación los cambios de las condiciones de impartición aprobadas para cada acción (especialidad), relativos al número de alumnado, calendario, horario y profesorado. Estos cambios serán efectivos y se podrán aplicar a partir del momento en que el personal Técnico de Formación los valide en la correspondiente aplicación informática.  
  
Artículo 12. Subcontratación de los programas formativos  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.3 del Real decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, la impartición de las acciones formativas contenidas en los programas señalados en esta Orden se realizará por entidades de formación acreditadas y/o inscritas. Estas entidades no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa que les haya sido adjudicada. A estos efectos, la contratación por la entidad adjudicataria del personal docente para la impartición de la formación no se considerará subcontratación. Por contratación de personal docente se entiende exclusivamente la contratación de personas físicas.  
  
Artículo 13. Normas sobre la impartición de los cursos  
1. La gestión de estas ayudas corresponderá al Servicio de Gestión de programas de Formación para el Empleo y a los servicios territoriales de Formación para el Empleo de la correspondiente provincia.  
2. Para la ejecución del correspondiente programa, se tendrá en cuenta lo previsto los apartados 4, 5, 6 y 7 del artículo 17 de la Orden TAS/718/2008 y en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en el Real decreto 694/2017, de 3 de julio, que la desarrolla y demás normativa de desarrollo y aplicación.  
3. En todo caso, la ejecución de los programas se iniciará durante el ejercicio presupuestario correspondiente a cada convocatoria y deberá finalizar en el plazo que se fije en la misma que en todo caso será dentro del siguiente ejercicio presupuestario.  
4. No podrá iniciarse ningún curso que tenga como finalidad dar acceso a carnés profesionales u otras actividades o profesiones reguladas sin contar previamente con la pertinente autorización administrativa, cuando sea preceptiva de acuerdo con la normativa correspondiente.  
5. La gestión de la ejecución y justificación del programa formativo se efectuará a través de la aplicación informática establecida al efecto.  
6. Las entidades beneficiarias deberán remitir al órgano gestor una «comunicación de inicio» de la formación que van a desarrollar, al menos 4 días naturales antes del inicio de cada uno de los grupos (cursos), especificando lugar, fecha y horario de su realización, utilizando la correspondiente aplicación informática. Asimismo, en este mismo plazo se comunicará la relación nominal del profesorado o personal tutor, que acreditará en la forma prevista en el en el artículo 13 del Real decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y el artículo 29 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla, el cumplimiento de los requisitos establecidos para este personal cuando se trate de formación certificable. En el caso de que se produzca una incorporación posterior de otro docente, se comunicará en el plazo de tres días naturales.  
7. Se comunicará la relación de participantes que inician el grupo (curso), en los tres primeros días lectivos. Antes de alcanzar el 25 % de la duración de la acción formativa, la entidad podrá incorporar alumnado hasta completar el número que fije la resolución de concesión, y sustituir las bajas con nuevas altas. Cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya superado dicho porcentaje, si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa. Si se produjeran abandonos con posterioridad, se admitirán disminuciones por acción formativa de hasta un 10 % del número de participantes que las hubieran iniciado. Todo el alumnado participante deberá estar dado de alta en la aplicación informática de gestión.   
8. La falta de comunicación en los plazos mencionados o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los anteriores apartados implicará que el correspondiente grupo (curso) se considere no realizado, salvo que dicha omisión se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.  
  
Artículo 14. Control, seguimiento y supervisión.  
1. Con el apoyo técnico que a tal fin pueda recabarse, el órgano gestor realizará actuaciones de seguimiento y control «en tiempo real» y «ex post».  
De igual forma, las entidades beneficiarias estarán sometidas a las actuaciones de fiscalización del resto de organismos de la Generalitat, estatales y comunitarios aplicables.  
2. La dirección general competente en materia de formación para el empleo, podrá recabar y revisar la documentación justificativa de los gastos efectivamente realizados correspondientes a las acciones formativas (especialidades) de cada programa formativo.  
  
Artículo 15. Evaluación de la eficacia e impacto de la formación.  
La dirección general competente en materia de formación para el empleo podrá realizar una evaluación externa respecto de las acciones de formación, gestionadas a través de los programas de formación de ámbito de la Comunitat Valenciana, tanto en lo que se refiere a su planificación (detección de necesidades, definición de objetivos y organización de las acciones) como a su ejecución (eficacia, eficiencia e impacto de la formación), con la finalidad de extraer conclusiones que puedan servir para introducir mejoras en el funcionamiento de la formación dirigida prioritariamente a personas ocupadas, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran resultar procedentes a la vista de la referida evaluación externa.  
  
Artículo 16. Evaluación de la calidad de la formación.  
En todo caso, las entidades beneficiarias realizarán una evaluación y control de la calidad de las acciones formativas que ejecuten sobre una muestra representativa de al menos el 5 % de los grupos a los que se haya impartido la formación, incluidas las prácticas. Esta actividad podrá ser desempeñada por personal no docente. Los resultados de esta evaluación se aportarán por la entidad beneficiaria, junto con la justificación de gastos.  
Sin perjuicio de la utilidad que estas evaluaciones tienen para las entidades beneficiarias y los centros o instituciones impartidoras de la formación, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación podrá requerir información complementaria, con el fin de analizar la calidad de las acciones de formación desarrolladas en el marco de los programas de formación regulados en esta orden. En el caso de formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad, la evaluación, seguimiento y control de la calidad de la formación, se realizará en los términos y con el contenido previsto en el Real decreto 34/2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla.  
  
Artículo 17. Certificación de la formación.  
El Servicio Valenciano de Empleo y Formación, previa petición telemática formulada por las entidades beneficiarias, expedirá el certificado individualizado de aprovechamiento del alumnado que haya superado el curso o alguno de sus módulos, con detalle de los módulos superados y su duración. Asimismo se consignarán los datos de registro del certificado.   
La entidad beneficiaria comunicará al alumnado que tiene a su disposición los citados diplomas, en el plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de recepción de los mismos.  
Si el curso se corresponde total o parcialmente con un Certificado de Profesionalidad, se emitirá previa solicitud del alumnado ante la dirección general competente en materia de formación para el empleo el Certificado de Profesionalidad o la Acreditación Parcial Acumulable de las unidades de competencia que correspondan. A tal efecto el centro que imparta la acción formativa presentará ante el citado órgano, en un plazo no superior a tres meses desde la finalización, las actas de evaluación firmadas y los documentos donde se reflejen los resultados de la misma con el contenido previsto en el Real decreto 34/2008, de 18 de enero, y en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla.  
  
Artículo 18. Elegibilidad del gasto, justificación y liquidación económica de las subvenciones.  
1. Hasta en tanto se establezcan los módulos económicos y los costes financiables, resultará de aplicación a los programas formativos la Orden TAS/718/2008, por la que se desarrolla el Real decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a su financiación.  
La entidad beneficiaria deberá aportar un informe económico fundamentando que los costes imputados a la acción formativa, se ajustan al valor de mercado relacionado directamente con la modalidad y formación prevista a impartir. Este informe podrá ser valorado por un Equipo Técnico del órgano instructor con la finalidad de apreciar motivadamente si los costes aportados son acordes o no a los valores de mercado, tal y como establece el artículo 33 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (en adelante LGS).  
Los costes subvencionables deben responder a costes reales, efectivamente realizados, pagados y justificados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente y que se hayan realizado durante el periodo de ejecución de la actuación.  
2. Se considerarán costes directos:  
a) Retribuciones del personal docente: se incluirán las retribuciones del personal docente tanto externo como interno, pudiendo incluir salarios, seguros sociales, dietas y gastos de locomoción y, en general, todos los costes imputables a dicho persona en el ejercicio de las actividades de impartición.  
b) Gastos de amortización de equipos didácticos y plataformas tecnológicas. La amortización será calculada con los criterios aceptados en las normas de contabilidad. Podrá incluirse el alquiler o arrendamiento financiero de los mismos, excluidos sus intereses, soportados en el periodo de ejecución de las acciones formativas.  
c) Gastos de adquisición de medios y materiales didácticos.  
d) Gastos en bienes consumibles empleados en la realización de las acciones formativas, incluyendo el material de protección y seguridad.  
Los gastos de los tres apartados anteriores deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el número de participantes en el caso de uso individual de los equipos o plataformas, en otro caso se imputarán por horas de utilización.  
e) Gastos de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses, o amortización de las aulas, talleres y demás superficies utilizadas en desarrollo de la acción. Los gastos de amortización se calcularán según normas de contabilidad generalmente aceptadas, siendo de aplicación el método de amortización según las tablas aprobadas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades. Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán por el período de duración de la acción y el espacio utilizado en el caso de locales. Por este concepto serán imputables los gastos que se produzcan tanto en el periodo de impartición del curso como en la semana anterior a su inicio, a efectos de posibilitar el procedimiento de selección del alumnado.  
f) Gastos de seguros de accidentes de los participantes. Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y su imputación se hará por el número de participantes.  
g) Los gastos de publicidad para la organización y difusión de las acciones formativas. El Servicio Valenciano de Empleo y Formación, a través de su página web establecerá el tamaño, color y disposición de los logotipos que se podrán utilizar, que se sujetará únicamente a la obligación de comunicación previa. Para el resto de formatos publicitarios será necesaria la previa autorización para comprobar que se adecuan a la normativa de aplicación. Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa, y será necesaria su comunicación  
3. Se considerarán costes asociados:  
a) Costes de personal de apoyo, tanto interno como externo, necesarios para la gestión y ejecución de la actividad formativa. Por este concepto serán imputables los gastos que se produzcan tanto en el periodo de impartición del curso como en los 30 días anteriores a su inicio y los 30 días posteriores a su finalización. La entidad beneficiaria aportará, de acuerdo con las instrucciones que le serán comunicadas antes del inicio de la acción formativa, control de asistencia con partes horarios al personal de apoyo.  
b) Otros costes: Luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza y vigilancia, asociados a la ejecución de la actividad formativa.  
Los costes asociados habrán de imputarse por la entidad beneficiaria a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realizó la actividad.  
Estos costes asociados se entenderán referidos al plan en su conjunto, con exclusión de los costes previstos en el apartado siguiente, para los que las convocatorias podrán establecer los términos y condiciones de su realización, imputación y justificación. No obstante, si en las mismas no se dispusiera otra cosa, su imputación y justificación se referirá así mismo al plan en su conjunto.  
La suma de los costes asociados no podrá superar el 10 por ciento de los costes correctamente justificados de la actividad formativa.  
4. Se considerarán otros costes:  
a) Costes de auditoria: En el caso de resultar obligatoria su presentación, por este concepto se podrá imputar hasta el 2 % de la subvención concedida o de la modificada, en su caso, para el programa formativo, excluidas las ayudas al alumnado hasta el límite de 15.000 euros.  
b) Evaluación y control de la calidad de la docencia: Este concepto solo será elegible si se ha especificado expresamente en el proyecto que acompaña a la solicitud y en sus mismos términos. Esta actividad no podrá ser desempeñada por personal que haya impartido docencia en la misma acción formativa. Por este concepto se admitirá como máximo el 5 % de la subvención concedida o de la modificada, en su caso.  
5. Coste de las ayudas al alumnado participante en situación de desempleo.  
6. En el caso de resultar obligatoria la presentación telemática de la documentación justificativa de la subvención por aplicación de lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de julio del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y siempre que en la convocatoria se prevea, serán justificables los costes del informe de auditor cuyo alcance será únicamente garantizar la autenticidad de los ficheros electrónicos de los justificantes de gasto y de la documentación acreditativa del pago, que se incorporarán al trámite telemático de justificación. Es decir, facturas y justificantes de pago conformarán un fichero electrónico y el auditor firmará este fichero a los efectos de acreditar que son imágenes fieles de los originales. La relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, se realizará utilizando la aplicación informática que en su caso se facilite.  
7. En ningún caso se permitirá la compensación entre los conceptos subvencionados.  
8. La cuenta justificativa se presentará a través de la aplicación informática que, en su caso, se facilite.  
9. Las ayudas al alumnado se justificarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la presente orden.  
10. Cuando la cuantía subvencionada sea superior a 100.000 euros, para proceder a la justificación y posterior liquidación final de la subvención, la entidad beneficiaria deberá cumplimentar y remitir al órgano gestor una cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, conforme lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y de acuerdo con la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo.  
La revisión de la memoria económica por la persona auditora abarcará la totalidad de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas y consistirá en comprobar los extremos recogidos en el artículo 3.2.b de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, anteriormente citada. Además, a efectos de lo previsto en el artículo 73 del RLGS, comprobará que la entidad beneficiaria ha estampillado el original de los justificantes haciendo constar el número de expediente y la cuantía imputada.  
La cuenta justificativa, junto con el informe del Auditor, deberán remitirse en el plazo máximo de dos meses a partir de la finalización del correspondiente programa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1.4 de esta Orden y sin que en ningún caso se pueda sobrepasar el 30 de septiembre del correspondiente ejercicio. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera efectuado la presentación de la indicada documentación, se aplicará lo previsto para estos casos en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
En dicha cuenta se incluirán los siguientes documentos:  
a) Certificado de ejecución del programa de Formación, firmado por la persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria, que será generado por la aplicación informática correspondiente.  
b) Certificado de costes, firmado por la persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria, que será generado por la aplicación informática correspondiente  
c) En el caso de que la entidad beneficiaria impute gastos de personal de apoyo, aportará, de acuerdo con las instrucciones que le serán notificadas antes del inicio del programa formativo, control de asistencia con partes horarios de dicho personal, junto con una memoria justificativa de los trabajos realizados por el mismo.  
d) Declaración de otros costes asociados, si los hubiere, que será generado por la aplicación informática correspondiente.  
e) Listado de imputaciones por acción formativa (especialidad) y grupo (curso), entidad beneficiaria, que será generado por la aplicación informática que se designe.  
f) Certificado positivo o negativo sobre percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, firmado por la persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria.  
g) Memoria relativa a las actuaciones de evaluación y control, firmado por la persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria.  
h) Presentar las tres ofertas de diferentes proveedores de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, modificada por Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Cuando la elección del proveedor no recaiga en la oferta económica más ventajosa deberá justificarse expresamente en una memoria que responde a criterios de eficiencia y economía.  
i) Justificante de devolución al Servicio Valenciano de Empleo y Formación de la cuantía de la subvención no utilizada si la cantidad justificada fuera inferior al anticipo recibido, cuyo ingreso se deberá efectuar mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta número 9396-2250-71-6144997773, cuyo titular es el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, identificando el número de expediente.  
j) Identificación de la subcuenta de ingresos donde se contabiliza la subvención concedida. Relación de subcuentas de gastos utilizadas para la gestión de la subvención.  
Todos estos documentos deberán ser sellados por la persona responsable de la Auditoría que haya revisado la cuenta justificativa.  
El informe de Auditoría deberá cubrir el contenido que figura en el anexo III de la Resolución de 18.03.2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, publicada en el BOE núm. 76 de 30.03.2011.  
11. Cuando la cuantía subvencionada sea inferior a 100.000 euros, se presentará en el plazo máximo de dos meses a partir de la finalización del correspondiente programa, la cuenta justificativa con todo el contenido previsto en el artículo 72 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Para el cómputo de este plazo, el mes de agosto se considerará inhábil, no obstante, la presentación en ningún caso podrá sobrepasar el 30 de septiembre del correspondiente ejercicio. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera efectuado la presentación de la indicada documentación, se aplicará lo previsto para estos casos en el artículo 70.3 del mismo texto reglamentario.  
12. El órgano gestor expedirá, en su caso, los certificados de comprobación y aprobación de la documentación justificativa del gasto, así como la propuesta de pago de los anticipos y liquidaciones.  
  
Artículo 19. Anticipo de la subvención.   
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 6.8 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, se podrá adelantar a la entidad beneficiaria, con carácter previo al inicio de la actividad formativa (una vez notificada la fecha en que va a iniciarse la misma), hasta un 25 por ciento del importe concedido y hasta un 35 por ciento adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Presupuestos de la Generalitat, en su caso.  
La beneficiaria deberá depositar la garantía (aval bancario) a favor del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, salvo los supuestos de exención de dicha obligación legalmente establecidos, por importe igual a la cantidad a anticipar, en el correspondiente Servicio Territorial de la Conselleria competente en materia de hacienda. Una vez obtenida la carta de pago acreditativa del depósito, deberá ser presentada por la beneficiaria en el Servicio de Gestión de Programas de Formación para el Empleo, como requisito previo e indispensable para el pago anticipado.  
Las garantías se cancelarán por acuerdo del órgano concedente en los siguientes casos:  
1. Una vez comprobada de conformidad la adecuada justificación del anticipo.  
2. Cuando se hubieran reintegrado las cantidades anticipadas.  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.5 de la Ley General de Subvenciones, los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las entidades beneficiarias no incrementarán el importe de la subvención concedida, en razón a la escasa cuantía de los mismos y la dificultad de su aplicación a las actividades subvencionadas y de su seguimiento y control.  
Con carácter previo al cobro la entidad beneficiaria deberá acreditar, mediante declaración responsable, que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, en virtud de lo previsto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
  
Artículo 20. Liquidación y reintegro de las subvenciones.  
1. Las subvenciones otorgadas al amparo de esta orden podrán ser objeto de reintegro total o parcial, comprendido el interés de demora desde el momento del abono de aquellas hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, desarrollados en los artículos 91 y siguientes de su Reglamento, y en los de incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta orden.  
2. De acuerdo con el resultado de la revisión de la documentación justificativa de gastos realizada según lo establecido en el artículo 18, se procederá a la liquidación de la subvención inicialmente concedida o de la modificada, en su caso (en adelante la subvención), con excepción de la ayuda al alumnado en el orden y por los conceptos establecidos en el presente apartado, de manera que cada uno de los ajustes o minoraciones se aplicará sobre el importe resultante del que le antecede. En el caso de que se hubiera concedido algún anticipo, la liquidación resultante podrá determinar la procedencia del reintegro total o parcial de la cantidad anticipada:  
1º Ajuste de la subvención a las circunstancias reales de ejecución:  
a) Ajuste por alumnado: Cuando la entidad beneficiaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3 de esta orden, hubiera procedido a redistribuir el número del alumnado participante, disminuyendo el número utilizado para el cálculo de la subvención, se procederá a ajustar la subvención a las circunstancias reales de ejecución.  
b) Ajuste por horas: Asimismo, en el caso de que se hubiera producido una disminución sobre número de horas de impartición que determinaron el cálculo de la subvención, se procederá al ajuste de la misma a las circunstancias reales de ejecución.  
2º Minoración por descertificación de grupos (cursos): La falta de comunicación del inicio de los grupos (cursos), y la ejecución de los no incluidos en la resolución de concesión o no autorizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3 de esta orden, determinará la minoración de la subvención por el importe del grupo (curso) correspondiente.  
3º Minoración por incumplimientos de porcentajes de colectivos: Las minoraciones por este concepto se realizaran cuando se produzca el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la entidad en cuanto a la distribución de los colectivos de personas desempleadas, ocupadas. Esta minoración se realizará de manera proporcional al incumplimiento.  
4º Minoración por justificación incorrecta o insuficiente de los costes elegibles: La cuantía resultante de los ajustes y minoraciones anteriores determinará el límite de los costes correctamente justificados y en el caso de que la cuantía de estos fuera menor, se minorará la subvención por la diferencia entre ambas.  
5º Minoración por superar el límite de costes asociados: Los costes asociados habrán de imputarse por la entidad beneficiaria a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realizó la actividad. La suma de los costes asociados no podrá superar el 10 por ciento del coste total de la actividad formativa realizada y justificada de conformidad.  
3. Serán causas específicas de revocación de la subvención concedida o modificada y, en su caso, de reintegro de la misma:  
a) Percibir por cualquier concepto alguna cuantía o remuneración del alumnado participante en la acción subvencionada.  
b) La falsedad de los datos contenidos en la cuenta justificativa de gastos.  
c) No impartir la acción formativa (especialidad) en un aula previamente acreditada o inscrita.  
d) Cualquier otro motivo que perjudique el fin último por el que la subvención haya sido concedida.  
e) Supondrá la pérdida del derecho al cobro de la subvención y de reintegro de la misma, que la subvención sea destinada a la realización de una actividad, o al cumplimiento de una finalidad, que manifiestamente supongan un agravio o menosprecio hacia las señas de identidad del pueblo valenciano.  
Todo ello sin perjuicio de lo previsto en la LGS y en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral en cuanto a infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.  
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria, siéndoles de aplicación, a efectos del cálculo, el interés legal del dinero en los términos establecidos en el artículo 38 de la LGS.  
4. La Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, u órgano en quién delegue, dictará resolución en el plazo de 12 meses desde la fecha del acuerdo de inicio, exigiendo, si procede, el reintegro.  
  
Artículo 21. Ayudas al alumnado participante en situación de desempleo  
El alumnado desempleado que asista a alguno de los programas de formación subvencionados con cargo a esta orden percibirá en concepto de ayuda de transporte, previa solicitud, 15 euros por día de asistencia.  
  
Las personas desempleadas con diversidad funcional con un grado reconocido igual o superior al 33 %, percibirán adicionalmente una beca de 9 euros por día de asistencia. En este caso el alumnado deberá aportar la acreditación de la misma mediante el correspondiente certificado emitido por la Administración competente.  
  
Artículo 22. Gestión  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, las entidades beneficiarias colaborarán en la gestión de las becas y ayudas al alumnado participante.  
La dirección general competente en materia de formación para el empleo entregará a las referidas entidades el importe de las ayudas correspondientes al número teórico de alumnado participante desempleado y con discapacidades que puedan asistir al programa de formación que le ha sido subvencionado, importe que en ningún caso se considerará integrante de su patrimonio.  
Las entidades deberán:  
1. Comprobar que el alumnado que accede a estas ayudas se encuentren inscrito, en situación de desempleo, en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación en el momento del inicio del grupo (curso).  
2. Depositar la cantidad transferida en concepto de ayudas/becas, en una cuenta separada de titularidad de la entidad colaboradora y comunicar al Servicio de Gestión de programas de Formación para el empleo el número de dicha cuenta.  
3. Comprobar que el alumnado desempleado con algún tipo de discapacidad, acredita la misma, mediante el correspondiente certificado emitido por la administración competente;  
4. Comprobar los días de asistencia al correspondiente grupo (curso);  
5. Entregar al alumnado beneficiario los fondos que les correspondan en concepto de ayuda de transporte y/o beca, según los días asistidos y justificados;  
6. Constituirá causa de pérdida del derecho a percibir las ayudas incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes en cada acción formativa.  
7. Justificar dentro del plazo de presentación de la cuenta justificativa, ante el Servicio de Gestión de Programas de Formación para el empleo, la correcta utilización de los fondos recibidos para ayudas de trasporte y becas al alumnado desempleado, para lo cual deberán presentar una Memoria en la que se recoja la relación del alumnado beneficiario, ficha de control de los días de asistencia al grupo (curso), ayudas y/o becas abonadas y el concepto de las mismas, debiendo cumplimentar y firmar los documentos generados por la aplicación informática.  
8. Dentro del mismo plazo, la entidad deberá proceder al ingreso en la cuenta que se establezca en cada convocatoria a favor del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, identificando el número de expediente, de los remanentes no aplicados, y acreditarlo ante el mismo órgano.  
9. La resolución de liquidación incluirá la cuantía considerada correctamente justificada según lo previsto en los apartados anteriores y la procedencia de la minoración o reintegro, en su caso, de la cuantía justificada de manera incorrecta o insuficiente.  
  
Artículo 23. Normativa de aplicación  
La presente Orden se dicta con el objeto de concretar o desarrollar en el ámbito competencial de la Comunitat Valenciana, lo previsto en la normativa estatal de general aplicación que a continuación se relaciona:  
La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.  
Real decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.  
Las disposiciones vigentes del Real decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo que lo desarrolla.  
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y su normativa de desarrollo.  
Asimismo cuando se trate de formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad, se aplicará supletoriamente el Real decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla.  
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL   
  
Única. Dispensa de la obligación de notificación  
1. Con carácter general, estas ayudas son compatibles con el mercado común a tenor del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y quedan dispensadas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108.3 del Tratado y de comunicar de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4 del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, ya que no reúnen todos los requisitos del citado artículo 107.1, debido a que no suponen ventaja económica para una empresa ni falsean la competencia, no afectando a los intercambios comerciales entre los estados miembros.  
2. En relación con la subvención de acciones formativas para personas ocupadas, estas acciones van dirigidas a todos los sectores, empresas o producciones sin discriminación. Por otro lado, la formación es totalmente externa, no está expedida por la empresa a la que presta sus servicios la persona trabajadora, ni participa en nada de la organización de dicha formación. La persona trabajadora asiste a las acciones a solicitud personal, no abona importe alguno y asiste a los cursos fuera del horario de trabajo o compatibiliza su asistencia con el mismo, sin perjuicio de que así lo acuerde con la empresa.  
3. En cuanto a la eventual ventaja que pudiera beneficiar a las entidades prestadoras de las acciones formativas, la compensación por la realización de las mismas no supone una ventaja económica para la entidad prestadora del servicio, que se realiza en condiciones normales de mercado y se hace a precios de referencia de mercado.  
4. Por todo ello, no cumplen con el requisito de la ventaja económica para una empresa, ni favorece solo a determinadas empresas o producciones, ni con el falseamiento de la competencia afectando a los intercambios comerciales entre los estados miembros.  
  
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA   
  
Única. Derogación normativa  
Queda derogada la Orden 8/2015 de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el programa de formación para el empleo para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas.  
Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta orden.  
  
  
DISPOSICIONES FINALES  
  
Primera. Facultades de la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación.  
Se faculta a la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, para dictar cuantas instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para la ejecución y aplicación de la presente orden, así como para modificar los plazos establecidos en la misma, con carácter excepcional, cuando concurran circunstancias debidamente motivadas; la citada modificación de plazos cuando tenga carácter general deberá publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (en adelante DOGV).  
Asimismo, se le faculta para que mediante resolución que será publicada en el DOGV, pueda, sin necesidad de abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, redistribuir los créditos inicialmente previstos en la convocatoria para un determinado ejercicio, y en el caso de que en el presupuesto de dicho ejercicio existiese crédito disponible, incrementar las dotaciones económicas para adjudicar ayudas a otros proyectos presentados al amparo de la convocatoria y que reuniendo todos los requisitos, inicialmente no pudieran ser financiados por insuficiencia de crédito para ello. La resolución de estos nuevos proyectos exigirá el informe previo de la respectiva comisión de valoración, y la propuesta del órgano instructor.  
  
Segunda. Entrada en vigor  
Esta disposición de carácter general entrará en vigor el mismo día de su publicación en el DOGV.  
  
València, 27 de diciembre de 2018  
  
El conseller de Economía Sostenible,   
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,  
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ  
  
  
  
ANEXO ÚNICO A LAS BASES REGULADORAS  
Acciones de formación no certificable  
  
Requisitos técnicos de la plataforma de teleformación y del contenido virtual de aprendizaje para especialidades formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad en la modalidad de teleformación  
  
1. Requisitos técnicos de la plataforma de teleformación  
La plataforma de teleformación que se utilice para impartir acciones formativas no conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad deberá reunir los siguientes requisitos técnicos:  
- Compatibilidad con los estándares SCORM e IMS.  
- Rendimiento, entendido como número de personas alumnas que soporte la plataforma, velocidad de respuesta del servidor a las personas usuarias, y tiempo de carga de las páginas Web o de descarga de archivos, que permita:  
- Soportar un número de alumnado equivalente al número total de participantes en las acciones formativas que esté impartiendo el centro o entidad de formación, garantizando un hospedaje mínimo igual al total del alumnado de dichas acciones, considerando un número de personas usuarias concurrentes del 40 % de ese alumnado.  
- Disponer de la capacidad de transferencia necesaria para que no se produzca efecto retardo en la comunicación audiovisual en tiempo real, debiendo tener el servidor en el que se aloja la plataforma un ancho de banda mínimo de 100Mbps, suficiente en bajada y subida.  
- Funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana.  
- Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración con cualquier infraestructura informática o sistema operativo, base de datos, navegador de internet de entre los más usuales o servidor web, debiendo ser posible utilizar las funciones de la plataforma con complementos (plug-in) y visualizadores compatibles. Si se requiriese la instalación adicional de algún soporte para funcionalidades avanzadas, la plataforma debe facilitar el acceso al mismo sin coste.  
- Integración de herramientas y recursos necesarios para gestionar, administrar, organizar, diseñar, impartir y evaluar acciones formativas a través de internet, disponiendo, específicamente, de las siguientes:  
Herramientas que faciliten la colaboración y la comunicación entre todos los alumnos, tanto de carácter asíncrono (foros, tablones, correo, listas, etc.), como síncrono, (sistema de mensajería, chat, videoconferencia, etc.).  
Herramientas de desarrollo, gestión e integración de contenidos.  
Herramientas de seguimiento formativo, control del progreso del alumnado y evaluación del aprendizaje.  
Herramientas de administración y gestión del alumnado y de la acción formativa.  
- Disponer del desarrollo informático a través del cual el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, de manera automática, realice el seguimiento y control de las acciones formativas impartidas, conforme al modelo de datos y protocolo de transmisión establecidos en el anexo II y en la página web de dicho organismo, a fin de auditar la actividad de los centros y entidades de formación y evaluar la calidad de las acciones formativas.  
Para poder realizar tal seguimiento, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, con la periodicidad que determine, se conectará automáticamente con las plataformas de teleformación, por lo que las mismas deberán contar con los desarrollos informáticos que posibiliten tales acciones de seguimiento (protocolo de conexión SOAP).  
Sin perjuicio de lo anterior, y de cara al seguimiento puntual de las acciones formativas de certificado de profesionalidad que se impartan, será preceptivo proporcionar al Servicio Valenciano de Empleo y Formación una dirección (con sus correspondientes credenciales) de acceso a la plataforma, con permiso de administrador, pero sin posibilidad de modificar datos.  
- Niveles de accesibilidad e interactividad que como mínimo cumplan las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2012 o posteriores actualizaciones, según lo estipulado en el Capítulo III del Real decreto 1494/2007, de 12 de noviembre.  
- El servidor la plataforma de teleformación ha de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, por lo que el responsable de dicha plataforma ha de identificar la localización física del servidor y el cumplimento de lo establecido sobre transferencias internacionales de datos en los artículos 33 y 34 de dicha Ley Orgánica y en el Título VI del Reglamento de desarrollo de la misma, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.  
- Incluir la imagen institucional del Servicio Valenciano de Empleo y Formación y de las entidades que él designe, con las pautas de imagen corporativa que se establezcan.  
- Disponibilidad de un servicio de atención a personas usuarias que proporcione soporte técnico y mantenga la infraestructura tecnológica y que, de forma estructurada y centralizada, atienda y resuelva las consultas e incidencias técnicas del alumnado. El servicio, que deberá estar disponible para el alumnado desde el inicio hasta la finalización de la acción formativa, deberá mantener un horario de funcionamiento de mañana y de tarde, tendrá que ser accesible mediante teléfono y mensajería electrónica y no podrá superar un tiempo de demora en la respuesta superior a 2 días laborables.  
  
2. Requisitos técnicos del contenido virtual de aprendizaje  
Para garantizar la calidad del proceso de aprendizaje del alumnado, el contenido virtual de aprendizaje de las especialidades formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad mantendrá una estructura y funcionalidad homogénea, cumpliendo los siguientes requisitos:  
- Como mínimo, ser los establecidos en el correspondiente programa formativo que conste en el fichero de especialidades formativas previsto en el artículo 20.3 del Real decreto 395/2007, de 23 de marzo y esté asociado a la especialidad formativa para la que se solicita inscripción.  
- Estar referidos tanto a los conocimientos como a las destrezas prácticas y habilidades recogidas en los objetivos de aprendizaje de los citados programas formativos, de manera que en su conjunto permitan conseguir los resultados de aprendizaje previstos.  
- Organizarse a través de índices, mapas, tablas de contenido, esquemas, epígrafes o titulares de fácil discriminación y secuenciase pedagógicamente de tal manera que permiten su comprensión y retención.  
- No ser meramente informativos, promoviendo su aplicación práctica a través de actividades de aprendizaje (autoevaluables o valoradas por la persona tutora-formadora) relevantes para la práctica profesional, que sirvan para verificar el progreso del aprendizaje del alumnado, hacer un seguimiento de sus dificultades de aprendizaje y prestarle el apoyo adecuado.  
- No ser exclusivamente textuales, incluyendo variados recursos (necesarios y relevantes), tanto estáticos como interactivos (imágenes, gráficos, audio, video, animaciones, enlaces, simulaciones, artículos, foro, chat, etc.). de forma periódica.  
- Poder ser ampliados o complementados mediante diferentes recursos adicionales a los que el alumnado pueda acceder y consultar a voluntad.  
- Dar lugar a resúmenes o síntesis y a glosarios que identifiquen y definan los términos o vocablos básicos, relevantes o claves para la comprensión de los aprendizajes.  
- Evaluar su adquisición durante o a la finalización de la acción formativa a través de actividades de evaluación (ejercicios, preguntas, trabajos, problemas, casos, pruebas, etc.), que permitan medir el rendimiento o desempeño del alumnado.