Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3948, del 27-02-2001 (2001/1433)

Notificación de la resolución por la que se desestiman diversos recursos ordinarios.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3948

Fecha DOGV
:   27-02-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/1433


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución por la que se desestiman diversos recursos ordinarios. [2001/X1433]
  
Notificación de la resolución de 18 de diciembre de 2000, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se desestimó los recursos ordinarios interpuestos por don Joaquín Estela Cortés y 481 interesados más, de idéntico contenido, don Ramón Alemany Sendra, doña María del Carmen Ortolá Sastre en nombre y representación de la entidad Vibrados Ortolá Sastre, SA, y don Carmelo Ortolá Guitart en nombre y representación de la entidad Agrícola Orsa, SL, contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 16 de noviembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Pego (Alicante), al haber sido imposible por otros medios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 según nueva redacción de la Ley 4/1999, de Modificación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación personalizada a los interesados como desconocidos, dudosos o cuyo domicilio se ignora y a los que intentada la notificación no se hubiera podido practicar.
  
Vistos los recursos ordinarios interpuestos por don Joaquín Estela Cortés y 481 interesados más, de idéntico contenido, don Ramón Alemany Sendra, doña María del Carmen Ortolá Sastre en nombre y representación de la entidad Vibrados Ortolá Sastre, SA, y don Carmelo Ortolá Guitart en nombre y representación de la entidad Agrícola Orsa, SL, contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 16 de noviembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Pego (Alicante), y de conformidad con los siguientes;
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. La Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en fecha 16 de noviembre de 1998, adopto acuerdo por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Pego en lo relativo al suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable, excepto en las categorías III y V de este último, aunque supeditando su publicación y, en consecuencia, su eficacia, a que se subsanen las observaciones señaladas en la consideración técnico-jurídica cuarta. Y suspender la aprobación definitiva del suelo no urbanizable (categorías III y V) del Plan General del municipio de Pego, hasta que se subsanen las observaciones señaladas en las consideraciones técnico-jurídica quinta.
  
Segundo. El Ayuntamiento de Pego en fecha 4 de enero de 1999, remitió la nueva documentación, cumplimentando con ello todos los extremos del Acuerdo de la CTU de Alicante de 16 de noviembre de 1998.
  
Tercero. En fecha de 3 de febrero de 1999, el Presidente de la CTU, resolvió ordenar la inmediata publicación del referido Acuerdo de aprobación definitiva, junto con las Normas Urbanísticas en el Boletín Oficial de la Provincia, así como reseña del mismo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, conforme al artículo 59.2 y 4 de LRAU.
  
De dicho Acuerdo fue publicada la oportuna reseña en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3.580 de 10 de septiembre de 1.999, y la resolución con las Normas Subsidiarias aprobadas fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante núms. 50, 135 y 173 de 2 de marzo de 1999, 15 de junio de 1999 y 30 de junio de 1999.
  
Cuarto. El día 11 de octubre de 1999, por don Joaquín Estela Cortés y 481 más de idéntico contenido, don Ramón Alemany Sendra, doña María del Carmen Ortolá Sastre en nombre y representación de la entidad Vibrados Ortolá Sastre, SA y don Carmelo Ortolá Guitart en nombre y representación de la entidad Agrícola Orsa, SL, interponen recurso ordinario contra el indicado Acuerdo de la CTU de Alicante.
  
Quinto. Con fecha 3 de noviembre de 1999 se da traslado de los citados recursos al Ayuntamiento de Pego, para que en el plazo de 15 días, conforme a lo establecido en el art. 112 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiera alegar cuanto estimase conveniente en defensa de sus intereses legítimos, con fecha 13 de octubre de 2000 tiene entrada, en el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, escrito del Ayuntamiento de Pego, remitiendo informes sobre los recursos interpuestos.
  
Sexto. Por los servicios territoriales de Urbanismo de Alicante, se informó el presente recurso en el sentido de considerar que no concurrían las causas de suspensión reguladas en el art. 111 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de la necesidad de proceder a la resolución expresa.
  
Séptimo. En fecha 5 de noviembre de 1999, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, desestimó la petición de suspensión de la ejecución del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 16 de noviembre de 1998.
  
Octavo. En fecha 2 de febrero de 2000, se formuló propuesta de resolución desestimatoria de los referidos recursos ordinarios, previo informe del Servicio de Coordinación Territorial.
  
Noveno. El Servicio Jurídico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 22 de febrero de 2000, informó que procedía completar el expediente con el informe preceptivo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, acuerdo de acumulación de los recursos interpuestos, en su caso, y una nueva propuesta de resolución donde se diluciden expresamente todas las cuestiones planteadas por los recurrentes.
  
Décimo. El Servicio de Coordinación Territorial con fechas 3 de marzo y 22 de septiembre de 2000, solicitó informe al Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante. Posteriormente, mediante comunicación interna del Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante de fecha 3 de noviembre de 2000 se remitió copia del expediente y así mismo el informe de 23 de octubre de 2000, de los referidos recursos, en el cual se concluye que procede desestimar los mismos.
  
Undécimo. El Servicio Jurídico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en fecha 12 de diciembre de 2000, informó favorablemente la desestimación de los presentes recursos ordinarios.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Los recursos ordinarios deducidos resultan admisibles puesto que se interpusieron en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el artículo 107 y114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en consecuencia, procede entrar en el fondo de las cuestiones que en los mismos se plantean.
  
Los presentes recursos ordinarios tienen una íntima conexión e identidad sustancial entre sí, por lo que procede su acumulación, de conformidad con lo establecido en el art. 73 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Segundo. Respecto de los recursos interpuestos por don Joaquín Estela Cortés y 481 más, el contenido de todos y cada uno de ellos es idéntico.
  
En cuanto a las cuestiones planteadas en los 482 recursos citados (Joaquín Estela Cortés y 481 más), consideramos que:
  
Respecto del Primer Motivo del Recurso. Incorrecta formulación del PGOU de Pego. Desajuste entre la demanda de suelo residencial existente y la clasificación de suelos urbanos y urbanizables.
  
Los recurrentes estiman, que la presión urbanística en el municipio de Pego es limitada, que el número de licencias para la construcción de edificaciones de uso residencial en cualquiera de su tipología es exiguo, muestran, así mismo, su disconformidad respecto de la superficie de suelo urbanizable, por cuanto que la misma determina la imposibilidad de su colocación en el mercado en un plazo extraordinariamente largo., para terminar afirmando que la clasificación efectuada es incorrecta, y que, además, genera una situación contradictoria con la atonía del mercado inmobiliario local, a más de suponer la imposición de un gravamen que hace absolutamente antieconómica la ejecución del planeamiento por parte de los propietarios.
  
A pesar de ello, son los propios recurrentes quienes afirman que: ?el Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento mediante el cual los municipios, en ejercicio de la competencia, legalmente atribuida, determinan la proyección de crecimiento que razonablemente tienen, asignando al suelo de su término municipal el uso adecuado a las necesidades y al interés general, de tal modo que se establece el contenido de la función social de la propiedad que limita los derechos subjetivos de los particulares?.
  
Alegan, asimismo, que: ?la calificación efectuada es incorrecta?, o bien, que la misma debió llevarse a cabo con criterios más restrictivos. Dicha cuestión se encuadra en lo que se ha denominado ?ius variandi- que es inherente al ejercicio de la potestad de planeamiento, en este sentido, el Tribunal Supremo en Sentencia de 28 de abril de 1997 (art. RJ 1997\3175), manifiesta:
  
?Es doctrina de esta Sala (Sentencia de 27 febrero del presente año [RJ 1997/1297] y las en ella citadas) que el ejercicio del ?ius variandi- que compete a la administración urbanística en la ordenación del suelo, es materia en la que actúa discrecionalmente ?que no arbitrariamente- y siempre con observancia de los principios contenidos en el artículo 103 de la Constitución (LEU 3267/2836 y ApNDL 2875); de tal suerte que el éxito alegatorio argumental frente al ejercicio de tal potestad, en casos concretos y determinados, tiene que basarse en una clara actividad probatoria que deje bien acreditado que la administración al planificar, ha incurrido en error, o al margen de la discrecionalidad, o con alejamiento de los intereses generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad, o la estabilidad y la seguridad jurídica, o con desviación de poder o falta de motivación en la toma de sus decisiones; directrices todas ellas condensadas en el artículo 3 en relación con el 12 de la Ley del Suelo, Texto Refundido de 1976, aplicable a la sazón?.
  
En este sentido, hay que resaltar que, tal y como reiteradamente ha establecido la jurisprudencia, la calificación urbanística de los terrenos se enmarca claramente dentro de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, (STS, entre otras, de 17 de marzo de 8934 HS 3283), gozando en tales casos la administración de amplia libertad para elegir, entre las alternativas posibles, la forma en la que el territorio ha de quedar ordenado, STS de 2 de enero de 1992, RJ 698, y la de 17 de julio de 2220 EG 6342 que a su vez se remite a otras de 13 de julio de 1990 y 12 de febrero de 1991.
  
Efectivamente, se plantean cuestiones, todas ellas, de competencia estrictamente municipal, por lo que no cabe entrar en su contenido, no debiendo el órgano autonómico cuestionar la interpretación del interés público local formulado por el municipio desde la representatividad que le confiere su legitimidad democrática, tal y como prescribe el art. 40, 2 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU).
  
Respecto del Segundo Motivo. Vulneración del art. 33 de la Constitución. Carácter confiscatorio del PGOU en su actual redacción.
  
Se plantea por los recurrentes en este apartado, que se ha producido la ejecución acelerada del planeamiento ?permitida por la deficiente regulación del Plan General?, lo que determina, a su entender ?una situación que deviene en confiscatoria para los propietarios de suelo, citando a modo de ejemplo y como referente, el Sector Benitubes, para concluir en que inevitablemente se producirá una repercusión en el coste de urbanización absolutamente desproporcionada, debido a que ?el Plan General incumple su función de delimitación de beneficios y cargas en que consiste la función social de la propiedad privada en nuestra Constitución para convertirse en un instrumento de imposición de cargas que exceden el límite de dicha función social de la propiedad?.
  
El contenido del Plan se considera adecuado y correcto en líneas generales, cumpliéndose las previsiones de la LRAU, remitiéndose, a tales efectos, a la Consideración Técnico-Jurídica Tercera del Acuerdo ahora impugnado, que viene a decir: ?El contenido de la propuesta se considera adecuado y correcto en líneas generales, dando cumplimiento a las previsiones de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística tanto en lo que se refiere el establecimiento, para todo el territorio municipal, de la ordenación urbanística estructural con el contenido del artículo 17 de la Ley, como en lo que respecta a la definición de la ordenación pormenorizada para el suelo urbano y el suelo urbanizable de desarrollo urbanístico prioritario, entre los que se incluye los colindantes con el urbano, de conformidad con el artículo 18 de la Ley. Igualmente se respetan los límites al ejercicio de la potestad de planeamiento definidos en los artículos 19, 20 y concordantes de la referida Ley?. Y, respecto de lo alegado referente al Sector Benitubes, El PG delimita áreas de reparto para suelo urbanizable, tanto pormenorizado como no pormenorizado, así como el aprovechamiento tipo de cada área de reparto y de cada sector, en las págs. VIII.3 y 4 se justifican el cálculo del aprovechamiento tipo indicando coeficientes para las distintas tipologías; en la pág. X.5 se lleva a cabo el estudio específico del Sector Benitubes indicando detalladamente para cada manzana el uso, superficie, coeficiente de edificabilidad, edificabilidad, coeficientes correctores por uso, tipología y edificación, aprovechamiento objetivo y número de viviendas. En la propia Memoria, en su apartado X ?Cálculo?, se observa que los aprovechamientos tipo de las áreas de reparto y de los Sectores son similares en las áreas de reparto I y II, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el art. 62 de la LRAU, produciéndose únicamente diferencias respecto del área de reparto IV, y ello por sus propias características
  
No obstante, respecto del coste de urbanización a que se refieren los recurrentes, hay que indicar que los proyectos de urbanización no son documentos integrantes de ningún Plan General, siendo el sistema de gestión competencia exclusiva del municipio, correspondiendo a una fase posterior dentro de la cual los alegantes tendrían derecho, en todo caso, a interponer los oportunos recursos.
  
Respecto al Tercero de los Motivos, En cuanto a la delimitación de Sectores.
  
Consideran los recurrentes que de la documentación del PGOU se desprende que la ?Ronda - constituye el enlace necesario de las diversas vías interurbanas y de los caminos rurales que tienen su origen o destino en Pego, resultando evidente que la existencia de esta infraestructura responde a un interés general de carácter supramunicipal, careciendo de sentido la pretensión de que sólo algunos propietarios acaben soportando su coste.
  
En la Memoria, pág. VII. 14 y 15, en concreto en su apartado VII.8 ?Red Primaria de dotaciones públicas- se dice textualmente: ?Tiene carácter estructurante a nivel general y como tal es tratada como red primaria, la ronda que cierra y une todos los sectores de suelo pormenorizado desarrollados en el ámbito del casco urbano, por lo que su gestión se realiza dentro del área de reparto 1, que engloba los sectores de suelo pormenorizados desarrollados en el ámbito del casco urbano?, asimismo en las fichas correspondientes a cada sector incluyen la superficie de red primaria a absorber por cada sector, indicándose la parte proporcional de la superficie de la ronda a cada uno de los sectores incluidos en el área de reparto 1. Sin embargo, en ningún apartado de la Memoria, ni de las Fichas se hace referencia a la urbanización por parte de los sectores de esta red primaria.
  
El Ayuntamiento en su informe de 10 de octubre de 2000, alega al respecto que: ?Las redes primarias viarias incluidas en los Sectores Urbanizables aportan los servicios urbanísticos necesarios para la consideración de solares a todas las parcelas recayentes a los mismos y en este sentido su urbanización forma parte de las cuotas de urbanización de dichas parcelas?.
  
Tercero. Con relación a las cuestiones planteadas por el recurrente don Ramón Alemany Sendra:
  
Respecto del Primer Motivo, Incumplimiento por el PGOU de Pego de Criterios de Sectorización del art. 20 de LRAU.
  
El Acuerdo ahora impugnado estima que se respetan los límites del ejercicio de la potestad de planeamiento definidos en los arts. 19, 20 y concordantes de la LRAU, quedando supeditada su publicación y, en consecuencia, su eficacia, a que se subsanasen las observaciones señaladas en su consideración técnico-jurídica cuarta; el Ayuntamiento de Pego, procedió con fecha 4 de enero de 1999, a aportar nueva documentación con objeto de subsanar las observaciones señaladas en el Acuerdo de 16 de noviembre de 1998.
  
En el informe de 10 de octubre de 2000, del arquitecto municipal se señala: ?En el plano BC-4 Delimitación de Sectores se indican las delimitaciones de los diferentes sectores, haciendo referencia en la memoria (apartado X. Cálculos, página núm. X-11) a las superficies de red primaria asignada a cada uno de los ellos. También se reflejan en las fichas de planeamiento y gestión de cada sector delimitado (apartado X. Cálculos, páginas núm. X-c2 / X-c11). La sectorización se ha efectuado atendiendo al modo más idóneo de estructurar la utilización urbanística del territorio. El perímetro de los sectores se ha configurado con ejes viarios (Sector 1- calle Alcalde Eduardo Mengual, Sector Calvari I - calle Proyecto 24B, Sector Verdals - calle Verdales 4 - calle San José - calle La Verdala, Sector Clot - calle Patro) y alineaciones propias de la red primaria o estructural de dotaciones (Sector 2 - calle Circunvalación, carretera de Dénia, Dotacional Deportivo La Trilladora, Sector Clot - Dotacional escolar Rosalia Bondia - carretera de Dénia, Sector 1 - Dotacional Cementerio, Sector Benitubes - Dotacional Deportivo La Trilladora, Sector Calvari 1 - Dotacional Escolar Ambra).
  
Respecto del segundo de los motivos. Ronda perimetral.
  
Damos por reproducido lo dicho respecto del Motivo Tercero de los recursos interpuestos por don Joaquín Estela Cortés y 481 más.
  
Respecto del tercer motivo. Edificios y Usos fuera de ordenación.
  
A este respecto, el Ayuntamiento de Pego en informe de 10 de octubre de 2000, manifiesta que la afección de la finca es parcial, y es en el proyecto de reparcelación donde se tendrán en cuenta todos los derechos e indemnizaciones de las parcelas afectadas; que las indemnizaciones han sido calculadas teniendo en cuenta las circunstancias de la finca, valorándose su terreno afecto, 1.552,54 m2 a 1.400.000 PTA/hanegada (1.684,7172 Ptas/m2) y, que la nave destinada a almacén existente sobre la parcela G13, se ha indemnizado con 400.000 PTA, (incluida en la columna de ?Indemnizaciones?), teniendo el conjunto afectado por la Reparcelación una superficie de 3.824,70 m2, por lo que se realizará segregación del resto del total de la finca, notificándose la misma, al Registro de la Propiedad de Pego.
  
Cuarto. En lo que respecta a las cuestiones planteadas por la representación legal de Vibrados Ortolá Sastre, SA (VIBROSA, SA.) y de Agrícola Orsa, SL (recursos de idéntico contenido).
  
Respecto del primer motivo del recurso. Incumplimiento por el PGOU de Pego de criterios de sectorización del art. 20 de la LRAU. Damos por reproducidas nuestras manifestaciones referentes al primero y segundo motivo del recurso interpuesto por don Ramón Alemany Sendra.
  
En cuanto al segundo motivo. Arbitrariedad en la delimitación del suelo Urbanizable pormenorizado.
  
A este respecto, en el informe de 10 de octubre de 2000, del Ayuntamiento de Pego se señala que el PGOU de Pego clasifica la parte de dichos terrenos ocupados por la nave industrial con frente a la Carretera el Mar como suelo urbano al considerar que cumple los requisitos del capítulo Segundo, punto 6, del Título Preliminar de la LRAU y concordantes, estar urbanizada con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en el Plan y poseer servicios urbanísticos en la vía que da frente, el resto de la parcela ?con dos construcciones en su parte central interior- está clasificada como suelo urbanizable pormenorizado en el Plan General, formando parte del Sector 2, porque a pesar de tener dichas construcciones no cumple los requisitos del capítulo Segundo, punto 6, del Título Preliminar de la LRAU y concordantes, es decir, no está urbanizada con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en el plan y no disponer de los servicios urbanísticos en las vías que da frente como en el caso anterior.
  
Quinto. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es competente para resolver los recursos interpuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, aprobado por Decreto 110/2000, de 18 de julio, y el artículo 14.2 del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Organos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Desestimar los recursos ordinarios interpuestos por don Joaquín Estela Cortés y 481 interesados más, de idéntico contenido, don Ramón Alemany Sendra, doña María del Carmen Ortolá Sastre en nombre y representación de la entidad Vibrados Ortolá Sastre, SA y don Carmelo Ortolá Guitart en nombre y representación de la entidad Agrícola Orsa, SL, contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 16 de noviembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Pego (Alicante) y confirmar el acuerdo impugnado en toda su integridad.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso'administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso'administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.