Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9128, del 15-07-2021 (2021/7613)

ORDEN 21/2021, de 8 de julio, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a personas físicas mediadoras en la Comunitat Valenciana y a ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana, para la realización de actuaciones en materia de mediación.
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Número DOGV
:   9128

Fecha DOGV
:   15-07-2021

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2021/7613


Fecha del documento
:   08-07-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
    * profesión financiera
    * ayuda pública

ORDEN 21/2021, de 8 de julio, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a personas físicas mediadoras en la Comunitat Valenciana y a ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana, para la realización de actuaciones en materia de mediación. [2021/7613]  
  
Los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), entre los cuales se encuentra la mediación, han demostrado su eficacia como cauces participativos a través de los que las personas pueden gestionar sus discrepancias, favoreciéndose de este modo el fomento de una cultura de la paz y del diálogo. Asimismo, el acceso a esta vía de gestión de controversias contribuye a la desjudicialización de los conflictos, lo que repercute positivamente en la actuación de la Administración de Justicia.  
La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, dictada en el ejercicio de las competencias exclusivas estatales en materia de legislación mercantil, procesal y civil, y «sin perjuicio de las disposiciones que dicten las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias», supuso un punto de inflexión en el reconocimiento de la mediación en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente por dotar al acuerdo de mediación de fuerza ejecutiva y por regular la suspensión de la prescripción o la caducidad de las acciones.  
Por otra parte, la disposición adicional segunda de la Ley 5/2012 ordena, que las «Administraciones públicas competentes para la provisión de medios materiales al servicio de la Administración de justicia, proveerán la puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales y del público de información sobre la mediación como alternativa al proceso judicial». Igualmente señala que «Las administraciones públicas competentes procurarán incluir la mediación dentro del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previstos en el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en la medida que permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes».  
El objetivo de la citada Ley 1/1996 es regular un sistema de justicia gratuita que permita a las personas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar proveerse de personas profesionales necesarias para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos. Se cumple así el mandato constitucional del artículo 119 según el cual la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Garantizándose de este modo el derecho fundamental, reconocido en el artículo 24, por el que todas las personas tienen derecho a la tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.  
El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, atribuye a la Generalitat competencias en multitud de ámbitos o sectores en los que la mediación, como medio para la resolución de conflictos, puede desplegar sus efectos. Entre ellos, el artículo 9.3 del texto estatutario que conlleva el compromiso activo de la Generalitat para instaurar los medios adecuados para que exista una Administración de justicia próxima a la ciudadanía y sin demoras indebidas; y el artículo 10 que establece que la Generalitat, en el marco de sus competencias y mediante su organización jurídica, promoverá las condiciones necesarias para que «los derechos sociales de los ciudadanos valencianos y de los grupos y colectivos en que se integren sean objeto de una aplicación real y efectiva».  
Asimismo, la Generalitat tiene estatutariamente asignada, en su artículo 49.1.36ª, la competencia exclusiva en Administración de justicia. Junto a ello, el artículo 6 del Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, asigna a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, entre otras, las competencias en materias de justicia y de reformas democráticas.  
El Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat señala en su Título V, la estructura y competencias de los órganos superiores y directivos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. Y, el Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, en su artículo 10 atribuye a la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, entre otras, el ejercicio de las funciones en materia de mediación.  
Por otra parte, la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de mediación de la Comunitat Valenciana, regula la mediación fomentando el acceso de la ciudadanía a este método alternativo de solución de conflictos, con una previsión expresa para los supuestos de mediación gratuita, y establece la actuación de la Generalitat en orden a garantizar, en colaboración con el resto de administraciones públicas competentes de la Comunitat Valenciana, el acceso de todas las personas a los servicios de mediación, así como, difundir y fomentar la mediación entre la ciudadanía, y colaborar con las administraciones locales, las entidades públicas y privadas y con los servicios y centros de mediación ya existentes, en la difusión y el desarrollo de las actuaciones de mediación.  
Por último, el «Plan Justicia 2030» que impulsa el Ministerio de Justicia, viene a garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia, tanto desde el punto de vista de sus derechos, como de su ejercicio. Para ello se tienen que desarrollar actuaciones y habilitar medidas que aseguren que la justicia sea accesible a todas las personas. Este acceso a la justicia ha de hacer especial énfasis en facilitar las condiciones de acceso a los grupos más vulnerables y asegurar la permanente adaptación del servicio público de justicia a la realidad social.  
Todo lo anterior hace aconsejable articular los mecanismos necesarios con el fin de lograr una justicia eficaz que garantice tanto el acceso de la ciudadanía a la justicia como a la tutela judicial efectiva de sus derechos y libertades, fomentando e impulsando las actuaciones de mediación a través de las personas mediadoras en quienes recaiga la derivación efectuada por los órganos judiciales, y las actuaciones llevadas a cabo por los ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana que cuenten con una cifra oficial de población superior a 7.000 habitantes, en orden a establecer espacios adecuados y próximos a la ciudadanía en los que sea posible llevar a cabo actuaciones que favorezcan la solución de controversias.  
Para ello, es necesario que la Generalitat, a través de la conselleria competente en materia de mediación aporte recursos económicos con el fin de fomentar la mediación, así como para que la misma se convierta en un medio accesible para la ciudadanía, contribuyendo, de este modo a la efectiva implantación de este medio alternativo de resolución de controversias.  
El artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, establece, en su apartado 2.c, la posibilidad de conceder de forma directa, con carácter excepcional, subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.  
En este sentido, el artículo 168 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, regula el contenido mínimo de las bases reguladoras de las subvenciones mencionadas, así como algunos de los trámites que tienen que desarrollarse durante el procedimiento de elaboración.  
Junto a ello, la disposición adicional quinta de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021 (en adelante, Ley 4/2020, de 30 de diciembre), determina el órgano competente para aprobar las bases reguladoras y otorgar este tipo de subvenciones.  
La citada Ley 4/2020, de 30 de diciembre, recoge la línea S8409000, denominada «Subvención a personas físicas y jurídicas mediadoras en la Comunitat Valenciana y ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana» para otorgar, por concesión directa, ayudas para actuaciones de mediación, con una dotación total de 420.000 euros.  
Esta línea se encuentra incluida en el Plan estratégico de subvenciones de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública para el periodo 2020-2022, aprobado por Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, modificada por Resolución de 18 de febrero de 2021, de la misma Conselleria.  
Por todo lo expuesto, se hace necesario aprobar las bases reguladoras para la concesión de la subvención en materia de mediación, con un doble objetivo:  
Por un lado, subvencionar las actuaciones de mediación llevadas a cabo en la Comunitat Valenciana por las personas físicas mediadoras, siempre que estas procedan o sean consecuencia de derivación judicial. Dichas actuaciones comprenden, por una parte, las dirigidas a informar sobre, entre otras cuestiones, las características, requisitos y organización del procedimiento, así como las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar. Y, de otra, las realizadas en el desarrollo del procedimiento de mediación intrajudicial, respecto de aquellas partes implicadas en el proceso que tengan reconocida la condición de beneficiarias de justicia gratuita o que se encuentren incluidas en los colectivos a los que se refiere el artículo 41.2 de la Ley 24/2018.  
Las actuaciones subvencionables pueden comprender sesiones informativas celebradas a partir del día 16 de octubre de 2019, y procedimientos de mediación intrajudicial iniciados a partir del 1 de junio de 2019, fechas que vienen determinadas por los periodos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Orden 9/2019, de 7 de octubre, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a las personas físicas mediadoras de la Comunitat Valenciana para la mediación intrajudicial gratuita (DOGV 8654, 11.10.2019), tal y como se desprende del contenido de las bases 2ª y 5ª de la misma.  
Por otro lado, subvencionar a los ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana que cuenten con una cifra oficial de población superior a 7.000 habitantes, por la realización de actividades de atención e información ciudadana relativas a la mediación como alternativa al proceso judicial, en un espacio que favorezca la solución de controversias y posibilite la celebración de sesiones informativas y, en su caso, de sesiones de mediación.  
La determinación de estas administraciones locales es conforme a lo dispuesto en los artículos 99 a 103 de la Ley orgánica del poder judicial y, principalmente, en los artículos 50.1 y 51.2 de la Ley 38/1988, de demarcación y planta judicial, en virtud de los cuales, en los municipios con población superior a 7.000 habitantes, la Secretaría de los Juzgados de Paz es desempeñada por un oficial al servicio de la Administración de justicia, es decir por personal funcionario del cuerpo de gestión procesal y administrativa.  
Dicha estructura organizativa propicia la implantación de los servicios de atención e información ciudadana relativos a la mediación en aquellas instalaciones destinadas por los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes a la ubicación de los juzgados de paz o en otras instalaciones adyacentes a los mismos. Todo ello, en cumplimiento de los principios del artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y, especialmente, de los principios de igualdad y no discriminación, coadyuvando al objetivo de instaurar una justicia de proximidad, del principio de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, así como del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  
En definitiva, se trata de fomentar la mediación en su relevancia social, como método alternativo a la vía judicial y medio para alcanzar la tutela judicial efectiva, al tiempo de impulsar y favorecer su realización en condiciones de igualdad y de proximidad a la ciudadanía evitando de este modo el trato desigual por lugar de residencia.  
Pudiéndose destacar que la mediación contribuye al fomento de la cultura de la paz, del diálogo, de la participación, de la convivencia, de la justicia reparadora, de la escucha y del reconocimiento de la otra persona, así como la regeneración de los lazos sociales. Indicando, además, que la promoción de este tipo de mecanismos alternativos o complementarios repercute en la reducción del alto nivel de litigiosidad y sobrecarga de asuntos judiciales, contribuyendo así a mejorar la efectividad de la administración de justicia. Todo ello con una clara incidencia social.  
Y que, en orden a garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia, tanto desde el punto de vista de sus derechos, como de su ejercicio, se tienen que desarrollar actuaciones y habilitar medidas que aseguren que la justicia sea accesible para todas las personas. Este acceso a la justicia ha de hacer especial énfasis en facilitar las condiciones de acceso a los grupos más vulnerables y asegurar la permanente adaptación del servicio público de justicia a la realidad social.  
Todas las circunstancias señaladas justifican el carácter singular de las ayudas y acreditan, en todo caso, el interés social para la aprobación de la presente orden, así como la necesidad de articularla como concesión directa.  
De conformidad con lo establecido en la citada disposición adicional quinta de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, relativa a la concesión directa de subvenciones, las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones objeto de la presente orden no tienen la consideración de disposición administrativa de carácter general.  
En relación con la política de la competencia de la Unión Europea, las ayudas que se convocan no precisan notificación o comunicación a la Unión Europea, al no falsear o amenazar con falsear la competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
En virtud de cuanto antecede, vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, la ley 24/2018 y demás normas de general y pertinente aplicación, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 28.e de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell,  
  
ORDENO  
  
Primero. Objeto de la orden  
1. Es objeto de la presente orden establecer las bases reguladoras y convocar la concesión de ayudas destinadas a:  
a) Personas físicas mediadoras para la realización en la Comunitat Valenciana, de las actuaciones de mediación previstas en el Capítulo II del anexo I de esta orden, siempre y cuando estas sean consecuencia de derivación judicial.  
b) Ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana que cuenten con una cifra oficial de población superior a 7.000 habitantes, para la realización de actividades de atención e información ciudadana relativas a la mediación como alternativa al proceso judicial, llevadas a cabo en un espacio que favorezca la solución de controversias y posibilite la celebración de sesiones informativas y, en su caso, de sesiones de mediación, denominado MEDIAPROP.  
A los efectos de la subvención regulada en esta orden se denomina MEDIAPROP, al espacio destinado a favorecer la solución de controversias en el que se realicen actividades de atención e información a la ciudadanía sobre la mediación como alternativa al proceso judicial, se lleven a cabo sesiones informativas y, en su caso, sesiones de mediación a solicitud de la ciudadanía, de las personas físicas mediadoras y de las entidades mediadoras de la Comunitat Valenciana y, en todo caso, del Servicio de Orientación y Mediación del Centro de Mediación de la Comunitat Valenciana, y que resulte accesible a las personas con diversidad funcional o discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 24/2018.  
2. Las bases contenidas en el anexo I de esta orden regulan, dentro del ejercicio presupuestario 2021, mediante el procedimiento de concesión directa por razones de interés público, social y económico, la concesión de las citadas ayudas económicas.  
Se podrá subvencionar hasta un importe máximo de 18.000 euros por persona o entidad beneficiaria.  
  
Segundo. Concesión directa  
Las subvenciones se concederán de forma directa, en aplicación de lo previsto en el artículo 168.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en su modificación realizada en la disposición adicional quinta de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, relativa a la concesión directa de subvenciones por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.  
  
Tercero. Habilitación  
La dirección general competente en materia de reformas democráticas y acceso a la justicia queda facultada para dictar cuantas instrucciones resulten necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente orden.  
  
Cuarto. Normativa aplicable  
Además de lo previsto en esta orden, serán de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, su reglamento de desarrollo aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de mediación de la Comunitat Valenciana, la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021 y demás normativa de preceptiva aplicación.  
  
Quinto. Efectos  
La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe la interposición de recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, en virtud de los artículos 112.1, 115, 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directamente formular recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, en virtud de los artículos 8, 10.1.a, 14 y 46 de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, contados a partir del día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente.  
  
València, 8 de julio de 2021  
  
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública,  
GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO  
  
  
  
ANEXO I  
Bases reguladoras  
  
CAPÍTULO I  
Bases generales  
  
Primera. Objeto  
El objeto de estas bases es regular, dentro del ejercicio presupuestario 2021, mediante el procedimiento de concesión directa por las razones de interés público, social y económico, contenidas en la parte expositiva de la presente orden, la concesión de ayudas económicas destinadas a sufragar:  
a) Las actuaciones de mediación previstas en el capítulo II de estas bases realizadas en la Comunitat Valenciana por las personas físicas mediadoras, siempre y cuando estas sean consecuencia de derivación judicial.  
b) Las actividades de atención e información ciudadana relativas a la mediación como alternativa al proceso judicial realizadas por los ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunidad Valenciana que cuenten con una cifra oficial de población superior a 7.000 habitantes, llevadas a cabo en un espacio que favorezca la solución de controversias y posibilite la celebración de sesiones informativas y, en su caso, de sesiones de mediación, denominado MEDIAPROP, previstas en el capítulo III de estas bases.  
En concreto, las razones que justifican el otorgamiento directo de la subvención radican en contribuir a la relevancia social de la mediación, como método alternativo a la vía judicial y medio para alcanzar la tutela judicial efectiva, realizada en condiciones de igualdad y de proximidad a la ciudadanía.  
  
Segunda. Régimen jurídico aplicable  
1. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 168.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, y en la disposición adicional quinta de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, por las razones de interés público, social y económico justificadas en la parte expositiva de la presente orden, las subvenciones objeto de la misma, se concederán de forma directa a las personas físicas mediadoras y a los ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana que cumplan los requisitos para ser beneficiarias de la subvención.  
2. Las ayudas que se concedan en el marco de la presente orden tienen la consideración de subvenciones públicas y se regirán por lo dispuesto en esta orden, en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, y, en su defecto, la Ley general de subvenciones y su reglamento de desarrollo, quedando sometidas al régimen de fiscalización y control contemplado en las citadas normas.  
  
Tercera. Crédito presupuestario  
1. Estas subvenciones se financiarán con cargo al capítulo IV, línea S8409000, del programa 22.48.56.375.09, Subvención a personas físicas y jurídicas mediadoras en la Comunitat Valenciana y ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana, del Presupuesto de la Generalitat para 2021, por un importe máximo total de 420.000 euros.  
2. La citada línea presupuestaria se desglosa en las siguientes sublíneas:  
a) Ayudas a personas físicas mediadoras en la Comunitat Valenciana contempladas en el capítulo II, por un importe global máximo de 220.000 euros.  
b) Ayudas a ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana contenidas en el capítulo III, por un importe global máximo de 200.000 euros.  
3. Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de otras administraciones o entes públicos o privados, si bien, en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad subvencionada.  
  
Cuarta. Concesión de las subvenciones  
Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de esta orden, atendiendo al carácter singular derivado de la concurrencia de razones sociales, económicas y de interés público que determinan su convocatoria al amparo de lo previsto en el artículo 168.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, y en el artículo 22.2.c, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 38, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
  
Quinta. Resolución de la subvención  
1. La competencia para resolver las solicitudes de subvención a las que se refiere la presente orden corresponde al Centro de Mediación de la Comunitat Valenciana.  
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del plazo para presentar la solicitud, siempre y cuando esta reúna los requisitos exigidos y vaya acompañada de toda la documentación a la que se refiere este orden. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a las personas y entidades solicitantes para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de concesión de la subvención.  
3. Contra la resolución que se dicte se podrá interponer recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Justicia y Administración Pública, en la forma y en los plazos establecidos en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o cualquier otro recurso que considere pertinente.  
4. La resolución se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Sexta. Protección de datos de carácter personal  
1. La solicitud de las ayudas contenidas en esta orden conlleva el tratamiento de datos de carácter personal en el marco de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
2. La información relativa al tratamiento de los datos de carácter personal se encuentra disponible en el Registro de Actividades de Tratamiento publicado en la página web de la conselleria competente en materia de mediación.  
  
Séptima. Plan de control  
1. Se llevará a cabo el control de la realización de las actividades subvencionadas mediante la comprobación y control material de la documentación administrativa y de carácter económico justificativa del importe concedido y del resto de documentación aportada relativa a la actuación subvencionada, que al efecto se ha establecido en las presentes bases como de aportación preceptiva por la persona o entidad beneficiaria, para el pago de la ayuda, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero.  
2. El control administrativo y material se realizará sobre el 100 % del total del pago que se proponga en la línea presupuestaria. Cuando se trate de espacios destinados a MEDIAPROP, el órgano concedente podrá realizar visitas, en el lugar y fecha indicados por la entidad beneficiaria para la realización de la actividad, y solicitar toda aquella documentación e información, que considere necesaria tanto para la evaluación de la actuación como para verificar la adecuación a la finalidad del gasto efectuado.  
3. Sin perjuicio de aplicar el control administrativo sobre el 100 % de los expedientes administrativos generados en el marco de la presente convocatoria, las modalidades de comprobación previstas en el apartado anterior se aplicarán como mínimo, a un 10 % del total de las subvenciones financiadas con cargo a la sublínea presupuestaria destinada a los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana.  
  
Octava. Información y publicidad de las ayudas  
La conselleria competente en materia de mediación publicará en la Base de datos nacional de subvenciones la información sobre la presente convocatoria y la resolución de concesión recaída, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. En el portal de transparencia de la Generalitat la información indicada en el artículo 9 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana. Y, en su página web la información referente a las ayudas contenidas en esta orden.  
  
  
CAPÍTULO II  
Ayudas a personas físicas mediadoras en la Comunitat Valenciana  
  
Novena. Ámbito temporal y actuaciones subvencionables  
1. Las subvenciones se aplicarán a las actuaciones de mediación intrajudicial llevadas a cabo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la derivación producida en un procedimiento judicial, y realizadas por personas físicas mediadoras conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.  
Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente capítulo las actuaciones de mediación extrajudicial.  
2. Podrán ser objeto de subvención las siguientes actuaciones:  
a) Las sesiones informativas:  
a.1) Que se hayan celebrado a partir del día 16 de octubre de 2019 y finalizado hasta la entrada en vigor del Decreto que aprueba el Reglamento de Mediación de la Comunitat Valenciana, con independencia de que las partes en conflicto tengan o no la condición de personas beneficiarias de mediación gratuita.  
a.2) Que se hayan celebrado a partir de la entrada en vigor del Decreto que aprueba el Reglamento de Mediación de la Comunitat Valenciana y finalizado hasta el 15 de octubre de 2021, respecto de la parte o partes en conflicto que no tengan la condición de persona beneficiaria de mediación gratuita.  
A partir de la entrada en vigor del decreto que apruebe el Reglamento de Mediación de la Comunitat Valenciana, solo podrá ser objeto de subvención aquellas sesiones informativas que se hayan tramitado a través del SOM correspondiente (Servicio de Orientación y Mediación, unidad administrativa de ámbito territorial encargada de la gestión de expedientes de mediación).  
b) Y, los procedimientos de mediación intrajudicial siempre que alguna de las partes en conflicto tenga la condición de persona beneficiaria de mediación gratuita, y se hayan realizado dentro del siguiente ámbito temporal:  
b.1) Los iniciados a partir del día 1 de junio de 2019 y finalizados después del día 16 de octubre de 2019.  
b.2) Los iniciados a partir del día 16 de octubre de 2019 y finalizados antes de la entrada en vigor del Decreto que aprueba el Reglamento de Mediación de la Comunitat Valenciana.  
b.3) Los que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del Decreto que aprueba el Reglamento de Mediación de la Comunitat y finalizados hasta el 15 de octubre de 2021.  
Se entenderá que un procedimiento de mediación intrajudicial se ha celebrado cuando se haya realizado la sesión inicial constitutiva, con la que se inicia el procedimiento, y la sesión final que pone término al procedimiento.  
3. A los efectos de la presente orden tendrá la condición de persona beneficiaria de mediación gratuita la parte o partes en conflicto que tenga o tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita por resolución del órgano competente, o que se encuentren incluidas en los colectivos a los que se refiere el artículo 41.2 de la Ley 24/2018.  
  
Décima. Cuantía de la subvención  
1. Los importes de las ayudas destinadas a sufragar las actuaciones objeto de la subvención serán los siguientes:  
a) En los supuestos en los que se haya celebrado un procedimiento de mediación intrajudicial:  
a.1) Respecto de la parte o partes que tenga o tengan la condición de persona beneficiaria de mediación gratuita, el importe a subvencionar, por todas las actuaciones, resultará de multiplicar la cuantía del módulo aplicable según el anexo II de la presente orden, por el número de partes que tengan la condición de persona beneficiaria de mediación gratuita, sin que el factor multiplicador pueda ser superior a tres.  
En dicho importe queda incluida la subvención correspondiente a la sesión informativa respecto de la parte o partes que tenga o tengan la condición de persona beneficiaria de mediación gratuita.  
a.2) Respecto de la parte o partes que no tenga o tengan la condición de persona beneficiaria de mediación gratuita, solo se aplicará la cuantía del módulo del anexo II correspondiente a las sesiones informativas por sesión y parte. El múltiplo de los factores multiplicadores (número de sesiones y número de partes) ha de ser inferior o igual a tres.  
b) En los supuestos en los que, tras realizarse la sesión o sesiones informativas, no se haya celebrado un procedimiento de mediación intrajudicial, el importe de la subvención resultará de multiplicar la cuantía del módulo aplicable a las sesiones informativas según el anexo II de la presente orden, por el número de partes en conflicto. El múltiplo de los factores multiplicadores (número de sesiones y número de partes) ha de ser inferior o igual a tres.  
c) A los efectos de lo establecido en las letras a.2 y b de este apartado el importe máximo subvencionable que pueda percibir una persona mediadora respecto de la sesión o sesiones informativas relativas a un procedimiento de mediación intrajudicial, no podrá exceder de ciento cinco euros (105,00 ?).  
Asimismo, en todo caso, la cuantía máxima por todos los conceptos que puede percibir una persona mediadora no puede ser superior al triple del importe del módulo aplicable del anexo II, considerándose incluidas la sesión o sesiones informativas realizadas.  
2. Quedan fuera del ámbito de la subvención los gastos de funcionamiento, infraestructuras o de cualquier otra índole, directos o indirectos, que, en su caso, tengan que satisfacer las personas físicas mediadoras para el desarrollo de las actuaciones relativas a un procedimiento de mediación intrajudicial.  
3. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones y ayudas, públicas o privadas, supere el coste de las actuaciones subvencionadas.  
El coste máximo de las actuaciones subvencionadas será el coste de la mediación declarado por la persona mediadora, de acuerdo con lo exigido en los artículos 34 y 35.1 de la Ley 24/2018.  
4. En todo caso, la concesión de estas subvenciones estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias existentes.  
  
Decimoprimera. Solicitantes de las subvenciones  
Podrán solicitar las subvenciones reguladas en el presente capítulo las personas físicas mediadoras que lleven a cabo en el ámbito de la Comunitat Valenciana alguna de las actuaciones enumeradas en la base 9ª y 10ª, y reúnan los siguientes requisitos:  
a) Realizar actuaciones de mediación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana como consecuencia de derivación judicial.  
b) Estar al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  
c) No hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
  
Decimosegunda. Solicitud de la subvención y documentación complementaria.  
1. El procedimiento de concesión se iniciará a solicitud de la persona física mediadora que haya realizado actuaciones de mediación subvencionables de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo.  
La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la persona solicitante para que el centro directivo con competencias en materia de mediación obtenga directamente de los órganos administrativos correspondientes la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, prevista en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, en cuyo caso las personas no deberán aportar las correspondientes certificaciones, según lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
No obstante, se podrá denegar este consentimiento, si así se señala expresamente en el formulario de solicitud. En dicho supuesto, deberá aportarse los correspondientes certificados emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Conselleria competente en materia de Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social, de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  
Junto a la solicitud que figura en el anexo III de esta orden, deberá acompañarse la documentación justificativa y la declaración responsable que se relaciona en los apartados siguientes.  
2. Respecto de las sesiones informativas realizadas después de la entrada en vigor de la presente orden, junto a la solicitud no será necesario aportar la documentación acreditativa de las mismas por tratarse de actuaciones de mediación tramitadas a través del SOM.  
3. Respecto de las actuaciones de mediación realizadas o iniciadas antes de la entrada en vigor del Decreto que aprueba el Reglamento de Mediación de la Comunitat Valenciana, junto a la solicitud, se deberá presentar la siguiente documentación:  
a) Copia del documento acreditativo de la derivación judicial para llevar a cabo la mediación.  
b) Copia del documento acreditativo de la celebración de la sesión informativa realizada y del conocimiento de su coste por las partes.  
c) Copia del acta de la sesión inicial de constitución, anonimizada respecto de la parte o partes que no tengan la condición de beneficiarias de mediación gratuita en la que deberá constar el coste de la mediación.  
d) Copia del acta de la sesión final, anonimizada respecto de la parte o partes que no tengan la condición de beneficiarias de mediación gratuita.  
e) Copia del documento remitido al juzgado sobre el resultado de la mediación.  
f) Y, copia del documento acreditativo de la condición de persona beneficiara de mediación gratuita de la parte o partes del procedimiento de mediación intrajudicial, en función de las circunstancias por las que se reúna dicha condición:  
- Respecto de la parte o partes que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita, bastará con identificar a la persona beneficiaria (nombre, apellidos y NIF) e indicar el número de expediente de la correspondiente Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, por la que se reconoció dicho derecho.  
- Respecto de las personas con discapacidad a las que se refiere el artículo 41.2.a de la Ley 24/2018, se deberá aportar el documento acreditativo del grado de discapacidad reconocido a favor de la persona mediada. Y el acta o documento que acredite que la controversia objeto de la mediación guarda relación con las circunstancias de salud o discapacidad de la persona mediada.  
- Respecto de las personas a las que se refiere el artículo 41.2.b de la Ley 24/2018, se deberá aportar los datos de la persona que tenga a su cargo con discapacidad y declaración de la relación que existe entre ambas. Y el acta o documento que acredite que la controversia objeto de la mediación guarda relación con las circunstancias de salud o discapacidad de la persona mediada.  
- Y, respecto de las personas víctimas, directas e indirectas, a las que se refiere el artículo 41.2.c de la Ley 24/2018, se deberá aportar documento acreditativo de la presentación de denuncia o querella, o de la iniciación de un procedimiento penal, por delito o delito leve, así como acreditación de la vigencia de la condición de víctima a la finalización del procedimiento de mediación.  
No obstante, solo se deberá aportar la documentación referida en los apartados a, b y e cuando tras la celebración de la sesión informativa las partes en conflicto decidan no mediar.  
4. Declaración responsable de la persona física mediadora solicitante, a los efectos de acreditar los siguientes extremos:  
a) Haber sido designada en la mediación derivada de un procedimiento judicial.  
b) No haber percibido retribución alguna de las personas mediadas.  
  
c) Coste de la mediación fijado por la persona mediadora.  
d) El importe de las actuaciones para las que solicita la subvención no supera, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, el coste de la actividad subvencionada.  
e) No hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
f) No ser deudora de la Generalitat por reintegro de subvenciones.  
  
g) Veracidad de la información suministrada y de la documentación justificativa aportada.  
5. Para el caso de que la persona sea una nueva perceptora o de haber cambiado de número de cuenta bancaria se deberá unir el impreso normalizado de domiciliación bancaria que figura en el anexo V.  
6. La solicitud, declaraciones responsables y el modelo de domiciliación bancaria, en su caso, deberán firmarse electrónicamente por la persona física mediadora solicitante.  
  
Decimotercera. Forma y plazo de presentación de las solicitudes  
1. La presentación de solicitudes, documentación justificativa y declaraciones responsables contenidas en la base 12ª se realizará de forma telemática en el Portal de la Generalitat www.gva.es, accediendo a la «Sede Electrónica» y seleccionando en dicha sede el servicio correspondiente para la presentación de solicitudes en esta convocatoria, o en la Guía PROP, en el apartado «trámites y servicios».  
Para ello, la persona solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, según lo dispuesto en el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana, y expedido por la Generalitat o cualquier otro prestador de servicios de certificación con el que la Generalitat haya firmado el oportuno convenio  
2. El plazo para su presentación será de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en los siguientes supuestos:  
a) Cuando tras realizarse la sesión o sesiones informativas no se hubiese celebrado un procedimiento de mediación intrajudicial, y estas se hubiesen efectuado dentro del ámbito temporal referido en la base 9ª apartado 2, letra a.1, con independencia de que las partes en conflicto tengan o no la condición de personas beneficiarias de mediación gratuita.  
b) Cuando se hubiese celebrado un procedimiento de mediación intrajudicial dentro del ámbito temporal contenido en la base 9ª apartado 2, letras b.1 y b.2, siempre que alguna de las partes en conflicto tenga la condición de persona beneficiaria de mediación gratuita.  
3. El plazo para su presentación será de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a aquel en que finalice:  
a) La sesión informativa o, en su caso, la última de las sesiones informativas celebradas dentro del ámbito temporal citado en la base 9ª apartado 2, letra a.2, respecto de la parte o partes en conflicto que no tengan la condición de persona beneficiaria de mediación gratuita.  
b) El procedimiento de mediación intrajudicial referido en la base 9ª apartado 2, letra b.3, respecto de la parte o partes en conflicto que tengan la condición de persona beneficiaria de mediación gratuita.  
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con este capítulo resulte exigible o se considere necesaria para resolver, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en la legislación básica sobre procedimiento administrativo común.  
Decimocuarta. Criterios objetivos para el otorgamiento de la subvención  
El criterio objetivo para el otorgamiento de las subvenciones contenidas en este capítulo para las personas físicas mediadoras será el momento de la presentación de las correspondientes solicitudes o, en su caso, el momento de la presentación de la solicitud debidamente subsanada. Y en todo caso, hasta el agotamiento del crédito, previsto para este tipo de ayudas en la base 3ª apartado 2, letra a). Con carácter previo al agotamiento del crédito se publicará dicha circunstancia y una vez agotado el mismo se dará cuenta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del agotamiento de dichos fondos.  
  
Decimoquinta. Personas beneficiarias de la subvención  
Tendrán la consideración de personas beneficiarias de las subvenciones previstas en este capítulo las personas físicas mediadoras, a las que, cumpliendo todos los requisitos exigidos en la presente orden, se les conceda la subvención.  
  
Decimosexta. Obligaciones de las personas beneficiarias  
1. Con carácter general, las personas mediadoras beneficiarias deberán cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas físicas mediadoras en las que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003.  
2. Además, deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:  
a) Cumplir el objetivo, realizar la actuación y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en este capítulo, aportando los datos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones realizadas.  
b) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actuaciones que constituyan el contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.  
c) Someterse a la normativa sobre supervisión, seguimiento y control de subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, órgano gestor de la subvención.  
d) Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control, en relación con la normativa en materia de subvenciones.  
3. Las personas beneficiarias deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad Social, así como no tener deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma, ni ser deudora por resolución de procedencia de reintegro de las causas recogidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
  
Decimoséptima. Régimen de libramiento de pago  
El pago de la subvención se realizará, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases 12ª y 13ª, mediante transferencia a la cuenta bancaria que la persona mediadora beneficiaria haya determinado en la solicitud.  
  
  
CAPÍTULO III  
Ayudas a ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana  
  
Decimoctava. Actuaciones subvencionables  
1. Las subvenciones se aplicarán a sufragar los gastos soportados por los ayuntamientos y las mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana que cuenten con una cifra oficial de población superior a 7.000 habitantes, por realizar en los espacios destinados a MEDIAPROP, las siguientes actuaciones de mediación:  
a) Atención e información a la ciudadanía sobre la mediación como alternativa al proceso judicial.  
b) Celebración de sesiones informativas y, en su caso, sesiones de mediación a solicitud de la ciudadanía, de las personas físicas mediadoras y de las entidades mediadoras de la Comunitat Valenciana y, en todo caso, del Servicio de Orientación y Mediación del Centro del Mediación de la Comunitat Valenciana.  
2. Tendrán la consideración de gastos subvencionables, los siguientes:  
a) Arrendamiento de edificios, maquinaria, mobiliario, equipos de información y otro inmovilizado material que resulte necesario para llevar a cabo en los espacios MEDIAPROP las actuaciones de mediación contenidas en el apartado anterior, incluidos los medios de apoyo a la comunicación oral, el braille, la comunicación táctil o cualquier otro sistema que permita a las personas con diversidad funcional o discapacidad participar plenamente del procedimiento de mediación en condiciones de igualdad.  
b) Reparaciones, mantenimiento y conservación del espacio MEDIAPROP, maquinaria, y otro inmovilizado material destinado a dicho espacio, excluidas aquellas actuaciones subsumibles en el capítulo VI de gastos de inversión.  
c) Material no inventariable del MEDIAPROP: material de oficina y material informático.  
d) Suministros del espacio destinado a MEDIAPROP: electricidad, agua, limpieza, repuestos de maquinaria, material electrónico y de telecomunicaciones.  
e) Sueldos y cotizaciones sociales del personal que realice las tareas propias de atención e información a la ciudadanía sobre la mediación como alternativa al proceso judicial y gestione las reservas de los espacios MEDIAPROP, para la celebración de las sesiones informativas y, en su caso, de las sesiones de mediación.  
f) Comunicaciones del espacio destinado a MEDIAPROP: telefónicas, postales, telegráficas, informáticas y otros gastos de comunicaciones.  
g) Trabajos realizados por empresas y profesionales externos, para la difusión de las actuaciones de mediación llevadas a cabo en el espacio destinado a MEDIAPROP.  
3. Solo serán subvencionables aquellos gastos que se hayan realizado, en su integridad, dentro del ejercicio correspondiente en la presente convocatoria y en el plazo expresamente previsto en la base 19ª apartado 1.  
  
Decimonovena. Cuantía de la subvención  
1. Los importes de las ayudas irán destinadas a sufragar los gastos producidos por la realización de las actividades de mediación contenidas en la base 18ª apartado 1, así como, los derivados del funcionamiento de los espacios destinados a MEDIAPROP, desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre de 2021.  
2. El importe de la subvención vendrá determinado por la suma del importe total de los gastos subvencionables realizados por las entidades solicitantes que cumplan todos los requisitos establecidos en este capítulo. Este importe en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones y ayudas, públicas o privadas, supere el coste real de los gastos subvencionados. Ni podrá ser superior a 18.000 euros por entidad solicitante.  
3. La entidad solicitante deberá comunicar la concurrencia o no concurrencia con otras ayudas o subvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración, ente público o privado, nacional o internacional.  
4. En todo caso, la concesión de estas subvenciones estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias existentes.  
  
Vigésima. Solicitantes de las subvenciones  
1. Podrán solicitar las subvenciones reguladas en el presente capítulo los ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana que cuenten con un número superior a 7.000 habitantes de acuerdo con las cifras oficiales de población conforme al Real decreto regulador de la materia y dispongan de un espacio destinado a MEDIAPROP en el que se realicen las actuaciones de mediación contenidas en la base 18ª apartado 1.  
2. Cada ayuntamiento o mancomunidad de municipios de la Comunitat Valenciana, solo podrá presentar una única solicitud a la presente convocatoria de subvenciones, tanto de modo individual como de manera conjunta.  
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la inadmisión a trámite de la solicitud de subvención presentada de manera individual por el ayuntamiento de que se trate.  
3. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones reguladas en este capítulo aquellas en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
  
Vigesimoprimera. Solicitud de la subvención y documentación complementaria.  
1. El procedimiento de concesión se iniciará a solicitud del ayuntamiento o mancomunidad de municipios de la Comunitat Valenciana que cuente con un número superior a 7.000 habitantes de acuerdo con las cifras oficiales de población conforme al Real decreto regulador de la materia y disponga de un espacio destinado a MEDIAPROP, en el que se realicen las actuaciones de mediación previstas en la base 18ª apartado 1.  
2. Junto a la solicitud que figura en el anexo IV de esta orden, deberá acompañarse la siguiente documentación:  
a) Certificado que acredite la resolución o acuerdo adoptado por el órgano de gobierno de la entidad local para formular la solicitud de subvención, en el que se apruebe la presentación de la solicitud a la presente convocatoria y en el que conste expresamente el importe solicitado y su consignación presupuestaria. Este impreso se cumplimentará y firmará electrónicamente por la persona funcionaria de la administración local con habilitación de carácter nacional.  
b) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, que incluya la descripción de las actividades de mediación realizadas y, en su caso, de los resultados obtenidos, así como, el número de personas y entidades usuarias del espacio destinado a MEDIAPROP, distinguiendo las personas y entidades mediadoras del resto de las personas usuarias, de estas últimas se indicará sexo y localidad de residencia.  
c) Memoria económica de los gastos producidos por la realización de las actividades de mediación contenidas en la base 18ª apartado 1, y por el funcionamiento del espacio destinado a MEDIAPROP, con una relación clasificada de los gastos subvencionables soportados, con identificación de la persona o entidad acreedora, el documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.  
d) Certificación por parte de la persona funcionaria de la administración local con habilitación de carácter nacional indicando:  
- Que los gastos especificados en la memoria económica justificativa responden de manera indubitada a la naturaleza de los gastos subvencionables referidos en la base 18ª apartados 2 y 3, resultan estrictamente necesarios, han sido efectivamente efectuados y pagados. La dirección general competente en materia de mediación comprobará, a través de técnicas de muestreo los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la entidad beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.  
- Que el importe de los gastos soportados por la entidad local para los que se solicita la subvención no supera, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, el coste real de los gastos producidos por la realización de las actividades de mediación contenidas en la base 18ª apartado 1, y por el funcionamiento del espacio destinado a MEDIAPROP.  
En caso de que existan, se acompañará el detalle de otras subvenciones recibidas o solicitadas para los mismos gastos subvencionables, procedentes de cualquiera de las administraciones o entidades públicas o privadas, con especificación de la cuantía, la fecha de concesión y la entidad otorgante.  
- Que el espacio destinado a MEDIAPROP resulta accesible a las personas con diversidad funcional o discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 24/2018.  
- Que se ha cumplido la normativa de contratos del sector púbico en vigor.  
- Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones: por reintegro de subvenciones que, en su caso, se le hubiesen exigido, de conformidad con lo que determina el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; de rendición de sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Comptes, según lo dispuesto en el artículo 199.4 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. Este requisito se entenderá cumplido si la entidad local, previamente al pago de esta subvención, figura en el certificado que publica mensualmente en su página web la Sindicatura de Comptes, requiriendo en caso contrario a dicha entidad local para que acredite el cumplimiento de la obligación; de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no estar incursa la entidad en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
3. Para el caso de que la entidad local sea una nueva perceptora o de haber cambiado de número de cuenta bancaria se deberá unir el impreso normalizado de domiciliación bancaria que figura en el anexo V de esta orden. Este impreso deberá ser suscrito por la persona titular de la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios o de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento. Al impreso se adjuntará una certificación expedida por la persona que ejerza las funciones de secretaría de la corporación local, en la que acredite que la persona firmante del impreso de domiciliación bancaria es titular del cargo correspondiente.  
4. La solicitud, las memorias justificativas y el modelo de domiciliación bancaria, en su caso, deberán firmarse electrónicamente por la persona titular de la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios o de la Alcaldía-Presidencia del ayuntamiento.  
5. La presentación de las solicitudes comporta la aceptación plena por parte de las entidades locales de las bases contenidas en el presente capítulo.  
6. De conformidad con el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, las entidades locales interesadas son responsables de la veracidad de los documentos que presenten, pudiendo solicitar los órganos gestores de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por ellos, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tienen atribuidas las administraciones públicas.  
  
Vigesimosegunda. Forma y plazo de presentación de las solicitudes  
1. La presentación de solicitudes y demás documentación contenida en la base 21ª, se realizará de forma telemática en el Portal de la Generalitat www.gva.es, accediendo a la «Sede Electrónica» y seleccionando en dicha sede el servicio correspondiente para la presentación de solicitudes en esta convocatoria, o en la Guía PROP, en el apartado «trámites y servicios».  
Para ello, la entidad local deberá disponer de firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, según lo dispuesto en el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana, y expedido por la Generalitat o cualquier otro prestador de servicios de certificación con el que la Generalitat haya firmado el oportuno convenio.  
2. El plazo para su presentación será el siguiente:  
El plazo de presentación de las solicitudes junto con el resto de la documentación referida en el base 21ª finalizará el día 15 de octubre de 2021.  
El incumplimiento del mencionado plazo dará lugar a la inadmisión a trámite de la solicitud.  
3. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con este capítulo resulte exigible o se considere necesaria para resolver, se requerirá a la entidad local interesada para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en la legislación básica sobre procedimiento administrativo común.  
Los requerimientos a los que se hace referencia, así como cualquier otro que pudiera llevarse a cabo, se efectuarán mediante notificación electrónica, de acuerdo con lo previsto en los artículos 53 y siguientes del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. Tal como dispone el artículo 53 de dicha norma, la notificación electrónica de los actos administrativos producirá efectos jurídicos cuando dicha vía resulte obligatoria para el interesado, como sucede en este caso.  
  
Vigesimotercera. Criterios objetivos para el otorgamiento de la subvención  
El criterio objetivo para el otorgamiento de las subvenciones contenidas en este capítulo para los ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana que cuenten con una cifra oficial de población superior a 7.000 habitantes, será el momento de la presentación de las correspondientes solicitudes acompañadas de la documentación referida en la base 21ª o, en su caso, el momento de la presentación de la debida subsanación requerida por el órgano gestor de estas ayudas, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 20ª apartado 2, párrafo segundo. Y en todo caso, hasta el agotamiento del crédito, previsto para este tipo de ayudas en la base 3ª apartado 2 letra b. Con carácter previo al agotamiento del crédito se publicará dicha circunstancia y una vez agotado el mismo se dará cuenta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del agotamiento de dichos fondos.  
  
Vigesimocuarta. Entidades beneficiarias de la subvención  
Tendrán la consideración de entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en este capítulo los ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana que cuenten con un número superior a 7.000 habitantes de acuerdo con las cifras oficiales de población conforme al Real decreto regulador de la materia, y que, cumpliendo todos los requisitos exigidos en el presente capítulo, se les conceda la subvención.  
  
Vigesimoquinta. Obligaciones de las entidades beneficiarias  
1. Las entidades beneficiarias de la subvención deberán:  
a) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.  
b) Justificar el cumplimiento de los requisitos, condiciones y finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.  
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que corresponden a la Generalitat, y aportar toda la información y documentación que les fuere requerida.  
d) Comunicar a la conselleria competente en materia de mediación la obtención de cualquier otra ayuda o subvención para la misma finalidad, procedente de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.  
e) Las demás previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y de su Reglamento, aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
f) Cumplir lo establecido en el artículo 2.1.d de la Ley 2/2015, de 2 de abril de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, respecto a la obligatoriedad de dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de las actuaciones objeto de subvención, de conformidad con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tal como indica el artículo 8.4 de la Ley 2/2015, así como el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
g) Mantener a disposición de la administración, durante al menos los cuatro años siguientes al pago final, los justificantes de pago de los gastos financiados y de los ingresos por las ayudas percibidas.  
h) Reintegrar los fondos percibidos cuando proceda conforme a lo establecido en los artículos 36, 37 y artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
i) Elaborar y aplicar el Plan de Igualdad, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional séptima del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  
2. El incumplimiento de las anteriores obligaciones dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que correspondan, de acuerdo con la legislación vigente.  
  
Vigesimosexta. Régimen de libramiento de pago  
El pago de la subvención se realizará, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases 21ª y 22ª, mediante transferencia a la cuenta bancaria que la entidad local beneficiaria haya determinado en la solicitud.  
  
  
ANEXO II  
  
Código JURISDICCIÓN Importe (?)  
1000 JURISDICCIÓN PENAL   
1001 Procedimiento penal general 445  
1002 Juicio con jurado 585  
1003 Procedimiento abreviado 210  
1004 Enjuiciamiento rápido de determinados delitos 205  
1005 Juicio por delito leve 80  
1006 Penal menores 195   
1007 Procedimientos y enjuiciamientos no contemplados en los módulos anteriores (módulo residual) 290  
1008 Apelaciones 110  
1009 Apelaciones en jurisdicción del menor 75  
2000 JURISDICCIÓN CIVIL   
2001 Procedimiento ordinario 280  
2002 Procedimiento verbal 190  
2003 Procedimiento monitorio 165  
2004 Proceso de ejecución 160  
2005 Procedimiento jurisdicción voluntaria 165  
2006 Procedimiento concursal 290  
2007 Familia mutuo acuerdo 175  
2008 Familia contencioso 255  
2009 Procedimientos y procesos no contemplados en los módulos anteriores (módulo residual) 210  
2010 Apelaciones 105  
3000 JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA   
3001 Procedimiento contencioso ordinario ante la Sala 250  
3002 Procedimiento contencioso ordinario ante el Juzgado 130  
3003 Procedimiento abreviado ante el Juzgado 100  
3004 Procedimientos no contemplados en los módulos anteriores (módulo residual) 160  
3005 Apelaciones 105  
4000 JURISDICCIÓN SOCIAL   
4001 Procedimiento ordinario 160  
4002 Procedimiento monitorio 150  
4003 Procedimiento ejecutivo 75  
4004 Procedimientos no contemplados en los módulos anteriores (módulo residual) 120  
4005 Suplicaciones 95  
  
  
Código Concepto Importe (?)  
0 SESIÓN INFORMATIVA  
0001 Sesión informativa 35 ?, por sesión y parte, en los términos y con los límites fijados en la Base 10ª