Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6199, del 04-02-2010 (2009/14716)

Notificación del auto de 9 de diciembre de 2009 del juicio de medidas cautelares coetaneas 284/2009.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6199

Fecha DOGV
:   04-02-2010

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2009/14335


Fecha del documento
:   16-12-2009

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Alcoy

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del auto de 9 de diciembre de 2009 del juicio de medidas cautelares coetaneas 284/2009. [2009/14410]  
Medidas cautelares coetáneas 000284/2379-SF.  
Demandantes: Juan Baldo Boluda y Remedios Serra Vilaplana.  
Procurador: Rafael Palmer Peidró.  
Letrado: José Ferrándiz Ferrer.  
Demandados: Emilio Santacatalina Agencia de Seguros, SL y Emilio Santacatalina Revelles.  
Nieves Martín Rincón, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcoy (Alicante), hace saber:   
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de los demandados, Emilio Santacatalina Agencia de Seguros, SL, con CIF K44853101, y Emilio Santacatalina Revelles, con DNI 10305082L, por providencia del día de la fecha, la jueza, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificar auto de 9 de diciembre de 2009, siendo la resolución a notificar la que seguidamente se transcribe:   
«Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcoy.  
Procedimiento: pieza separada de medidas cautelares número 284/2009 dimanante del juicio ordinario número 160/2009.  
Demandantes: Juan Baldo Boluda y Remedios Serra Vilaplana.  
Procurador: señor Palmer Peidró.  
Demandados: Emilio Santacatalina, Agencia de Seguros, SL, y Emilio Santacatalina Revelles.  
Auto   
Alcoy, 9 de diciembre de 2009.  
Antecedentes de hecho   
Único. Por el procurador señor Palmer Peidró, en nombre y representación de Juan Baldo Boluda y Remedios Serra Vilaplana, se presentó un escrito por el que se interponía demanda de juicio ordinario contra la parte demandada en la que se ejercitaba una acción de reclamación de cantidad por importe de 102.171,21 euros.  
Que, asimismo, en el escrito de demanda se solicitaba como medida cautelar que el Juzgado sirviera decretar el embargo preventivo de bienes propiedad de la demandada con la finalidad de asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte en su día.  
Que se dictó auto por el que se acordaba la formación de pieza separada de medidas cautelares, citando a las partes a una comparecencia del artículo 733.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.   
Fundamentos de derecho   
Único. El fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, el peligro de la mora procesal y la prestación de caución son, desde luego, factores fundamentales imprescindibles para la adopción de medidas cautelares por implicar un grado de agresión al derecho del demandado. Dos son los requisitos que se exigen: 1. Justificación del derecho que se reclama (bonus fumus iuris o título), por cuanto carecería de sentido el aseguramiento de la efectividad de una sentencia si desde el principio no se ofreciese justificación alguna del derecho que se pretende se reconozca en la resolución definitiva.2. Periculum in mora, esto es, que exista peligro tangible de que el retraso en la obtención de la sentencia pueda dar lugar a su ineficacia real. Sin la concurrencia de tal peligro no podría procederse al aseguramiento que se solicite; todo ello sin olvidar que la existencia de peligro y la justificación del derecho no impedirán que el proceso pueda finalizar en una sentencia absolutoria, de manera que, para obviar este extremo, se exige de ordinario por la ley una contracautela.  
Que habiendo considerado los argumentos expuestos por el letrado de la parte actora a los efectos de la procedencia de la medida solicitada, ciertamente se cumplen los requisitos referidos, siendo la medida instada necesaria para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictase, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente (peligro por la mora procesal), ya que, sin entrar a valorar el fondo de la pretensión deducida con la demanda, la acción ejercitada tiene el correspondiente sustento o fundamento.   
Que concurren los requisitos de la existencia de una situación jurídica tutelable, la verosimilitud del derecho que se ejercita, fumus bonis iuris, la expectativa de un daño inmediato o de difícil reparación o la existencia del riesgo de que la ejecución se vea comprometida, pericu1um in mora, máxime cuando la sociedad demandada ha cesado en su actividad hace un año aproximadamente, no habiendo presentado las cuentas anuales desde el año 2005, y la temporalidad de la medida.   
En consecuencia, procede acordar la medida cautelar de embargo preventivo de los bienes designados por la parte, que se encuentran hipotecados, según las notas simples informativas que se acompañan al escrito de demanda, evitando así perjudicar el interés de la parte actora ante una posible insolvencia de la parte demandada, no satisfaciendo así el interés de la justicia, y previa prestación de caución, que se estima suficiente en el importe de 100 euros para responder de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio de la demandada y que se constituirá en dinero efectivo, que se ingresará en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado y ello de conformidad con el artículo 529, por remisión del artículo 728.3.  
La prestación de caución será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida cautelar acordada.  
Parte dispositiva   
Que procede acordar la medida cautelar de embargo preventivo de las siguientes fincas: la finca número 17288, inscrita en el Registro de la Propiedad de Cocentaina, inscripción 1ª en la fecha de 21 de enero de 1991, al tomo 1081, libro 244, folio 84; la finca número 17463, inscrita en el Registro de la Propiedad de Cocentaina, inscripción 1ª en la fecha de 21 de enero de 1991, al tomo 1081, libro 244, folio 82 y la finca número 17317, inscrita en el Registro de la Propiedad de Cocentaina, inscripción 1ª en la fecha de 21 de enero de 1991, al tomo 1081, libro 244, folio 86 y librándose los mandamientos que corresponda, el embargo preventivo [...].   
Asimismo, el actor deberá prestar una caución dineraria por importe de 100 euros para responder de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio de la demandada y que se constituirá en dinero efectivo, que se ingresará en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, que será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida cautelar, acordada y sin expresa imposición de costas.  
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación sin efectos suspensivos, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación y del que conocerá la Audiencia Provincial de Alicante.  
La parte que prepare un recurso frente a la presente resolución deberá, como requisito indispensable para su tramitación, constituir un depósito previo que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto, especificando en el resguardo de ingreso, en el campo "Concepto", que se trata de un recurso, seguido del código 02 y la palabra "apelación" sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (los artículos 455 y siguientes de la Ley 1/0837 CTT y la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre).  
El ingreso del depósito ha de acreditarse con copia del resguardo de ingreso junto con la presentación del escrito de preparación del recurso.  
La obligatoriedad del depósito incluye a las resoluciones notificadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2009. Quedan excluidos los litigantes que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita (instrucción del secretario general de la Administración de Justicia de 4 de noviembre de 2009).  
Si el recurso fuera estimado total o parcialmente, la parte deberá interesar la devolución del depósito mediante escrito presentado ante este Juzgado, una vez que los autos hayan sido devueltos al mismo, lo pronuncio, mando y firmo».  
Seguidamente, se cumple lo acordado. Doy fe.  
La secretaria.  
Firmados y rubricados.  
Alcoy, 16 de diciembre de 2009.- La secretaria judicial: Nieves Martín Rincón.