Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6066, del 28-07-2009 (2009/8431)

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta, ante esta Conselleria, por don Isidro Ruiz Moreno en representación no acreditada de la mercantil Isidro Ruiz Moreno.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6066

Fecha DOGV
:   28-07-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/8431


Fecha del documento
:   05-06-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta, ante esta Conselleria, por don Isidro Ruiz Moreno en representación no acreditada de la mercantil Isidro Ruiz Moreno. [2009/8431]  
Vistos los antecedentes del expediente 0042/2007 que constan en el Servicio de Gestión Administrativa, resultan los siguientes antecedentes de hecho:  
1. En fecha 21 de marzo de 2007 se presenta en el Servicio Territorial de Transportes de Valencia, reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de D. Isidro Ruiz Moreno en nombre de la mercantil Isidro Ruiz Moreno, teniendo entrada en la Conselleria de Infraestructuras y Transporte el 8 de mayo de 2007. En la misma se solicita una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la pasividad de la administración en la realización del trámite administrativo de expedición de la tarjeta de tacógrafo digital, lo que conllevó la sanción por la conducción sin la autorización debida al trabajador de la mercantil, D. Isidro Ruiz Moreno.  
2. Mediante escrito de fecha 9 de marzo de 2009, el instructor del expediente comunicó a la reclamante que su solicitud adolecía de una serie de deficiencias que debían ser subsanadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
3. A fecha de redacción de la presente resolución, 5 de junio de 2009, no consta que se hayan subsanado las deficiencias observadas en el escrito de reclamación por lo que procede entender desistida al interesado en su petición.  
A los anteriores hechos le son aplicables los siguientes fundamentos de derecho:  
1. Derecho de reclamación de la responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas. La Constitución en su artículo 106.2º y la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 139, párrafo 1, disponen: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos».  
2. Competencia. A tenor de lo dispuesto en el artículo 142.2º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común le corresponde dictar la correspondiente resolución sobre reclamación de responsabilidad patrimonial, al conseller de Infraestructuras y Transporte.  
3. Desistimiento de la acción. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, «si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado, para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42».  
En el caso que nos ocupa, la solicitud de iniciación no reúne los requisitos del artículo 70 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ni del artículo 6 del Decreto 429/1993, dado que ha resultado imposible determinar todos los extremos requeridos para su subsanación, por lo que ha de entenderse producido un desistimiento en su petición al no subsanar en el plazo legal conferido.   
Mediante escrito de fecha 9 de marzo de 2009, se le comunicó la necesidad de acreditar, mediante original o copia cotejada, entre otras, la declaración de no haber interpuesto idéntica reclamación contra otra Administración Pública, en vía judicial o extrajudicial, civil o administrativa y declaración de no haber sido indemnizado por los mismos hechos por entidad pública, privada o aseguradora; la acreditación de la realidad de la sanción, mediante la remisión del boletín de denuncia de la fuerza pública actuante o cualquier otro documento que acreditara la sanción; el permiso de conducir del conductor sancionado en vigor en el momento de la sanción; permiso de circulación, para determinar y justificar la propiedad del vehículo; la póliza del seguro que amparaba la circulación del vehículo y del recibo del pago de la prima de la anualidad correspondiente al momento del accidente; la solicitud de tarjeta de tacógrafo digital; la acreditación del pago de la sanción, así como la acreditación de la representación por cualquier medio válido en Derecho que autorice a D. Isidro Ruiz Moreno para formular solicitudes en nombre de la mercantil Isidro Ruiz Moreno, indicándole que de así no hacerlo, se le tendría por desistido de su petición.   
Se aportan junto a la reclamación, copia de la solicitud de tarjeta de tacógrafo digital y, copia del boletín de la sanción, todo ello sin compulsar.  
En este caso la reclamación presentada por D. Isidro Ruiz Moreno en representación no acreditada de la mercantil Isidro Ruiz Moreno, adolece de deficiencias en su forma de iniciación, todo ello, a pesar de habérsele requerido la necesidad de subsanar su solicitud, expresándole que si así no lo hiciera se le tendría por desistido, por lo que ha de entenderse producido un desistimiento en su petición al no subsanar en el plazo legal conferido.   
4. Obligación de dictar resolución. Conforme a lo preceptuado en el artículo 42 de la Ley 4/1999 de Modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone entre otros extremos: «La Administración, esta obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia al derecho, caducidad o desistimiento de la solicitud la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concierne en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables».  
La declaración del desistimiento impide entrar a consideraciones de fondo.   
Vistos los hechos, fundamentos de derecho aplicables y de acuerdo con la normativa de general y singular aplicación, vengo a dictar la siguiente resolución:  
Única  
Tener por desistido en su petición a D. Isidro Ruiz Moreno en representación no acreditada de la mercantil Isidro Ruiz Moreno, al no haber subsanado las deficiencias observadas en el escrito de reclamación, que les fueron comunicadas.  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, Recurso de Reposición ante el conseller de Infraestructuras y Transporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente, recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el caso de que la pretensión no exceda a 30.050 euros, o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana si supera dicho importe, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 y 8.2 apartado c) y 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que considere oportuna.  
Valencia, 5 de junio de 2009.- El conseller de Infraestructuras y Transporte: Mario Flores Lanuza.