Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9581, del 24-04-2023 (2023/4353)

ACUERDO de 14 de abril de 2023, del Consell, por el que se declara la extensión de la televisión digital terrestre (TDT) en la zona II de la Comunitat Valenciana y el servicio de explotación de la red de TDT en dicha zona como un servicio de interés económico general (SIEG).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9581

Fecha DOGV
:   24-04-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2023/4353


Fecha del documento
:   14-04-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
    * televisión

ACUERDO de 14 de abril de 2023, del Consell, por el que se declara la extensión de la televisión digital terrestre (TDT) en la zona II de la Comunitat Valenciana y el servicio de explotación de la red de TDT en dicha zona como un servicio de interés económico general (SIEG). [2023/4353]  
De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de comunicación audiovisual, el servicio público de comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual. Así mismo, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, general de telecomunicaciones, los servicios de Telecomunicaciones son servicios de interés general.  
La extensión de los servicios de la televisión digital en las zonas geográficamente desfavorecidas de la Comunitat Valenciana (la denominada zona II) constituye un objetivo de primer orden para la Generalitat en aras al principio de cohesión territorial.  
Sin la intervención de los poderes públicos, el alcance de la cobertura de la televisión se limitaría a la obligación legal que asiste a los radiodifusores, sean públicos o privados, y computada en su ámbito de emisión. Ello comportaría que una parte importante de la población valenciana y una gran parte del territorio no tendrían acceso a los programas de televisión de todos los ámbitos. De ahí el interés general concurrente e inspirador de la decisión de intervención pública en esta materia, pues lo contrario abriría una brecha de información y conocimiento inaceptable en una sociedad moderna. La existencia de un fallo de mercado en la cobertura televisiva en zonas remotas y menos urbanizadas del territorio es lo que justifica la intervención pública en este ámbito, garantizando el acceso universal a la información y a la pluralidad, y ayudando a la vertebración territorial, independientemente de su localización geográfica, tal y como prevé precisamente el Real decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital. Así, en la disposición adicional sexta de dicho real decreto se establece expresamente que los órganos competentes de las administraciones públicas y entidades dependientes de ellas podrán llevar a cabo iniciativas para la difusión a los ciudadanos del servicio de televisión digital en zonas donde no exista cobertura del servicio de televisión digital terrestre.  
Todo ello comporta que las medidas conducentes a universalizar la oferta televisiva vigente, conforme a la regulación imperante en cada momento, tengan, en definitiva, la consideración de servicio de interés económico general (SIEG), toda vez que concurren los elementos calificadores para ello, en los términos y con el alcance definidos por la Decisión de la Comisión Europea de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general.  
Y, además, dentro del amplio margen de apreciación que los estados miembros disponen a la hora de definir un SIEG, es decir, de la capacidad discrecional que poseen para prestar, encargar, financiar y organizar los SIEG, tal y como establece el artículo 14 del citado Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, el Consell ha estudiado ponderadamente las diferentes alternativas de prestar este servicio de manera eficiente. Para ello, ha dispuesto de un informe previo suficientemente