Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8126, del 13-09-2017 (2017/7817)

Resolución del Programa de actuación integrada del sector S7.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8126

Fecha DOGV
:   13-09-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2017/7817


Fecha del documento
:   29-08-2017

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Cabanes

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Cabanes
    * plan de urbanismo
    * administración local

Resolución del Programa de actuación integrada del sector S7. [2017/7817]  
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2017, adoptó el acuerdo de resolución del Programa de actuación integrada del sector S7, procediéndose a su exposición al público de conformidad con el artículo 163 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana y en los términos del artículo 206 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, sin perjuicio del contenido que pueda resultar de la aprobación definitiva del acta de la sesión:  
  
Resolución Programa actuación integrada del sector S7  
La Alcaldía, con fecha 20 de marzo de 2017, dictó la providencia en la que dispuso «que se proceda a la instrucción del expediente administrativo que posibilite la resolución del Programa de actuación integrada del sector S7. Tramitado el expediente administrativo el jefe de Sección de Urbanismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales ha emitido informe en el que ha considerado los siguientes:  
  
1. Antecedentes de hecho  
Primero. Gres Blanc, SA y Fabricación Española Sanitaria, SA presentaron, con fecha 15 de octubre de 2002 (R. entrada 3069), petición, acompañada de diversa documentación, en la que solicitan la aprobación y la adjudicación del Programa de actuación integrada del sector S7.   
Segundo. Por Resolución de la Alcaldía, dictada el 11 de noviembre de 2002, se admitió a trámite la alternativa técnica y propuesta de Programa de actuación integrada del sector S7, significándoles que la misma debería de «adecuarse a las determinaciones y posibles afecciones que puedan establecerse» en la homologación modificativa del ámbito del «entorno del casco urbano de Cabanes», que en ese momento se encontraba en tramitación.  
Tercero. La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el 12 de diciembre de 2003, aprobó definitivamente el documento de la homologacion modificativa del entorno del casco urbano de Cabanes, en el que se incluyó el sector S7 de suelo urbanizable, de uso característico industrial, con una superficie de 1.028.041 m² y una edificabilidad de 0,60 m² t/m².  
Cuarto. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de enero de 2006, aprobó provisionalmente el programa y plan parcial del sector S7.  
Quinto. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2007, aceptó la cesión de la condición de agente urbanizador del sector S7 de la mercantil Fabricación Española Sanitaria, SA, a favor de Accionistas Sindicados del Gaido, SL, los cuales quedaron subrogados a los mismos deberes, obligaciones y derechos ante los propietarios y administraciones públicas que el agente originario.  
Sexto. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 2 de febrero de 2008, aprobó el programa de actuación integrada, la proposición jurídico-económica y el plan parcial del sector S7, supeditado a la presentación del texto refundido del plan parcial que incorpore los requerimientos y condicionantes instados en la declaración de impacto ambiental e informes técnicos. Asimismo se acordó adjudicar la ejecución y la gestión indirecta de dicho programa a las mercantiles Gres Blanc, SA y Accionistas Sindicados del Gaido, SL.  
Séptimo. Presentado el texto refundido del plan parcial del sector S7 el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2009, acordó:  
Considerar conforme el texto refundido del plan parcial del sector S7 presentado, reiterando su aprobación.  
Comunicar al agente urbanizador, de conformidad con lo regulado en la disposición transitoria cuarta del Decreto 67/2006, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial urbanística, que al tratarse de un procedimiento sobre el que no había recaído la aprobación definitiva con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/2005 urbanística valenciana, esta se aplicará a los siguientes procedimientos: la tramitación y aprobación del proyecto de urbanización, al derivarse modificaciones en el mismo, con la aprobación del plan parcial. La prestación de garantías. La firma del contrato de programación. La contratación y ejecución de las obras de urbanización. La redacción, contenido, tramitación y aprobación del proyecto de reparcelación. La retasación de cargas. La imposición de cuotas de urbanización.  
Octavo. El referido acuerdo y ordenanzas del plan parcial del sector S7 se publicaron, con fecha 4 de agosto de 2009, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 94. Contra dicho acuerdo la mercantil Seven Stars Cerámica, SL presentó recurso contencioso-administrativo, el cual fue desestimado en la Sentencia número 333, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en autos de procedimiento ordinario núm. 135/2005.  
Noveno. El Ayuntamiento de Cabanes, mediante escritos del 16 de junio de 2009 (R. salida 1873 y 1872), recibidos respectivamente el 23 y 22 de junio de 2009, requirió a Accionistas Sindicados del Gaido, SL y Gres Blanc, SA, para que, de conformidad con el artículo 331 del Decreto 67/2006 por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística, «aporte proyecto de urbanización ajustado al plan parcial definitivamente aprobado, al objeto de poder iniciar los trámites para su aprobación, sin cuyo requisito no resulta factible la firma del contrato para el desarrollo y ejecución del presente programa. Asimismo se le comunica, de conformidad con lo regulado en el artículo 92 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que transcurridos tres meses sin la presentación del citado proyecto, podrá decretarse la caducidad del expediente, todo ello sin perjuicio del cumplimiento del resto de los trámites que fija la legislación urbanística para la firma del contrato y ejecución del programa, sin que haya presentado reclamación alguna por lo que dicho acuerdo alcanzó firmeza.». Transcurrido el plazo concedido, no constando la presentación de dicha documentación  
Diez. Con fecha 6 de octubre de 2009 (R. salida 2888 y 2891), nuevamente se remiten sendos escritos a Accionistas Sindicados del Gaido, SL y Gres Blanc, SA, en los que se reitera la presentación de la documentación instada en el apartado precedente, sin que conste su aportación.  
Once. Mediante escritos, de fecha 21 de febrero de 2011 (R. salida 462 y 464), recibidos respectivamente por Gres Blanc, SA y Accionistas Sindicados del Gaido, SL, el 1 de marzo de 2011 y 25 de febrero de 2011, nuevamente se les requiere para que aporten la documentación y cumplimenten los requisitos exigidos en los apartados precedentes, advirtiéndoles expresamente que de no cumplir lo instado, en el plazo de tres meses se decretaría la caducidad del expediente. Transcurrido el plazo concedido no se ha presentado dicha documentación, por lo que no ha sido posible la suscripción del contrato de programación, hecho que ha impedido el desarrollo y la ejecución del programa de actuación integrada.  
Doce. El arquitecto municipal, con fecha 21 de marzo de 2017, ha emitido informe en el que ha comprobado que no se han iniciado obras de urbanización del sector S7.  
Trece. El jefe de Sección de Urbanismo, con fecha 23 de marzo de 2017, emitió informe en relación a la tramitación del expediente administrativo tendente a la resolución del Programa de actuación integrada del sector S7.  
Catorce. El Ayuntamiento cumplimentó, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el trámite de audiencia a los titulares catastrales de las parcelas incluidas en el ámbito del programa, mediante la notificación individualizada y mediante la publicación del edicto sustitutorio, respecto de los titulares a los que no ha podido practicarse la notificación.  
Quince. En el periodo de audiencia no se han presentado alegaciones por los propietarios de terrenos. No obstante, Accionistas Sindicados del Gaido, SL Fabresa y Gres Blanc, SA, como agentes urbanizadores del sector S7, presentan respectivamente escritos, con fecha 29 de mayo de 2017 (R. entrada 2089) y 17 de mayo de 2017 (R. entrada 1894), en el que manifiesta:  
Que la situación económica del país es la que, contra su voluntad, ha impedido la ejecución del Programa de actuación integrada del sector S7, deviniendo, por dicha causa, inviable este momento.  
Considera que no existen especiales circunstancias que justifiquen la imposición de penalidades, puesto que no existe contrato de programación, ni se han producido daños o perjuicios a la Administración o los propietarios.  
Manifiesta su conformidad en la resolución del Programa del sector S-7, por mutuo acuerdo y demandando la clasificación de suelo urbanizable del sector, así como el mantenimiento de la ordenación pormenorizada que consta en el plan parcial.  
  
2. Fundamentos de derecho  
Primero. El presente informe se circunscribe al ámbito de la legislación urbanística y Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
Segundo. El Pleno del Ayuntamiento, en sesiones celebradas el 2 de febrero de 2008 y 26 de marzo 2009, aprobó definitivamente el Programa de actuación integrada del sector S7, no obstante la firma del contrato de programación, de conformidad con lo regulado en el artículo 331 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística (en adelante ROGTU) estaba supeditada al previo cumplimiento de los siguientes requisitos: «1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa al urbanizador, y siempre que se haya producido aprobación igualmente definitiva del proyecto de urbanización, se procederá a la formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El contrato se formalizará en documento administrativo bajo la fe pública del secretario municipal.  
2. Con anterioridad a la formalización del contrato, el urbanizador tendrá que acreditar ante la Administración la constitución de la garantía definitiva, cuya cuantía oscilará entre un mínimo del 10 % y un máximo del 20 % de las cargas totales del programa, excluidos los gastos a los que se refiere el artículo 168.2 de la Ley urbanística valenciana, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140.3 de La ley referida y en las bases reguladoras del concurso.»  
Tercero. El agente urbanizador no ha aportado para su tramitación la modificación del proyecto de urbanización que debía de incorporar las modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento, ni la garantía definitiva, lo cual ha imposibilitado la firma del contrato del programación y por consiguiente el cumplimiento del resto de las obligaciones y plazos que impone la proposición jurídico económica aprobada o, en su caso, las fijadas en el artículo 332 del ROGTU: «1. Salvo que se establezcan unos plazos más breves en las bases de programación, el desarrollo del programa de actuación integrada deberá sujetarse al siguiente calendario:  
a) La presentación de los textos refundidos correspondientes al planeamiento o al proyecto de urbanización deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de la aprobación, provisional o definitiva, que imponga modificaciones a la alternativa técnica.  
b) El inicio del procedimiento de pública concurrencia para la selección del empresario constructor deberá tener lugar en el plazo de un mes desde la formalización del contrato entre el urbanizador y la administración actuante.  
c) El proyecto de reparcelación deberá someterse a información al público por el urbanizador en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo para la opción por modalidad de retribución previsto en los artículos 166 de la Ley urbanística valenciana y en este reglamento. A tal efecto, el urbanizador deberá presentar ante la administración actuante acreditación justificativa de la práctica de las comunicaciones reguladas exigibles.  
d) La presentación de los textos refundidos correspondientes al proyecto de reparcelación deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de las modificaciones a introducir en el proyecto inicialmente formulado.  
e) El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, acreditándose mediante acta de replanteo suscrita por la dirección de las obras y, al menos por un técnico municipal. A estos efectos, el urbanizador deberá acreditar, en el acta de replanteo, el pago a los acreedores netos de la cuenta de liquidación o bien la consignación de dicha cantidad en la Tesorería municipal  
f) Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo máximo de 36 meses desde su inicio. La finalización de las obras se acreditará mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director facultativo.  
2. Los plazos previstos en el número anterior únicamente podrán ser prorrogados y suspendidos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones públicas. En particular:  
a) En lo relativo a la redacción de textos refundidos y proyecto de reparcelación, resultarán aplicables las reglas propias del contrato administrativo de consultoría y asistencia técnica.  
b) Por lo que se refiere a la ejecución de las obras, serán aplicables los preceptos relativos al contrato administrativo de obras.»  
Cuarto. De lo expresado en los apartados anteriores queda acreditado que ha existido una paralización en el expediente administrativo, imputable única y exclusivamente al agente urbanizador, por lo que le resulta de aplicación el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: «1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.   
2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.  
3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.  
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.  
4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.»  
Caducidad en el procedimiento que debe de acordarse expresamente por el Ayuntamiento y notificarse a los interesados.  
Quinto. La disposición transitoria cuarta del ROGTU, Procedimientos de programación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley urbanística valenciana, que han sido objeto de aprobación municipal, de forma expresa o implícita y con carácter provisional, establece, tal y como sucede en el presente supuesto, que:   
«1. En los procedimientos de programación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley urbanística valenciana, y aprobados por el Ayuntamiento, pero respecto de los que no hubiera recaído aprobación definitiva de la alternativa técnica con anterioridad a la entrada en vigor de esa ley, al cumplimiento y ejecución del programa se aplicará lo previsto en la Ley urbanística valenciana y el presente reglamento, que regirá, formal y sustantivamente, la aprobación definitiva de los nuevos instrumentos y actuaciones siguientes:  
a) La tramitación y aprobación del proyecto de urbanización, cuando se hubiese presentado anteproyecto junto con la alternativa técnica o cuando de la aprobación del instrumento de planeamiento se deriven modificaciones en el mismo.  
b) La prestación de garantías.  
c) La firma del contrato de programación.  
d) La contratación y ejecución de las obras de urbanización.  
e) La redacción, contenido, tramitación y aprobación del proyecto de reparcelación.  
f) La retasación de cargas.  
g) La imposición de cuotas de urbanización».  
Trámites y actuaciones entre los que no se encuentra el procedimiento de resolución del programa de actuación integrada.  
Sexto. Actualmente se encuentra en vigor la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP), que en su disposición derogatoria única, entre otras, deroga expresamente la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana (en adelante LUV) y el ROGTU. No obstante, dicha ley, en su disposición transitoria quinta, regula la legislación que le resulta de aplicación a los programas que ya se encontraban aprobados con anterioridad a su entrada en vigor: «Cuarta. Programas aprobados. 1 Los programas de actuación adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa que le resultaba de aplicación antes de la entrada en vigor de esta ley. No obstante lo anterior, en el procedimiento de resolución o prórroga del programa de actuación integrada o aislada no se deberá solicitar dictamen del Consejo Superior del Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones.»  
Séptimo. En aplicación de lo expresado en los fundamentos invocados en los apartados anteriores, la legislación urbanística para la resolución del programa debería ser la Ley 6/1994, reguladora de la actividad urbanística (LRAU), puesto que esta le resultó de aplicación para la aprobación y adjudicación del Programa de actuación integrada del sector S7.  
Octavo. La LRAU no establece un procedimiento específico de resolución del programa, difiriendo el mismo a las normas de contratación administrativa, aunque sí determina en su artículo 29.13 el cumplimiento de los siguientes requisitos, a excepción del dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, cuya exigencia ha sido eliminada por la actual LOTUP: «13. Otras incidencias. Las relaciones derivadas de la adjudicación del programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que estas no contradigan lo dispuesto por esta ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que reglamentariamente sean desarrollados. La resolución de la adjudicación se acordará por la administración actuante, previo dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación a las previsiones del artículo 10. El correspondiente acuerdo deberá, además y cuando proceda: A) Declarar, de conformidad con el referido dictamen, la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido suficientemente a las cargas de urbanización. B) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de las actuaciones aisladas. C) Incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya o, en otro caso, y salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, disponer: 1. La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento seguido para su adopción de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa cancelado, o 2. La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo urbanizador, cuando esta proceda. D) Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes.»  
Noveno. El texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, es la legislación de contratos vigente en la tramitación del presente programa, siendo esta la que le resulta de aplicación y por consiguiente, de conformidad con el artíuclo 41 del citado precepto legal, al no haberse constituido la garantía definitiva en el plazo de quince días por causas imputables al adjudicatario, el Ayuntamiento está facultado para declarar desierto el contrato.  
Diez. Independientemente de la legislación de contratos y de la LRAU, la LOTUP en su artículo 164 establece las siguientes causas para la posible remoción de la condición de agente urbanizador: «Remoción del urbanizador en sus funciones 1. La remoción del urbanizador sin mutuo acuerdo o con reconocimiento de derecho a indemnización requiere, tras la audiencia de los afectados, dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 2. Será revocada su encomienda al urbanizador cuando incurra en: a) Infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves, en relación con el ámbito programado. b) Obstaculización del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación o realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. c) Incumplimiento grave de sus compromisos, falta de prestación de garantías u otra infracción de los deberes del urbanizador directamente impuestos por la ley o estipulados con carácter esencial en el convenio de programación. d) Inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos, salvo prórroga expresa y justificada. e) Renuncia injustificada. f) Incapacidad legal sobrevenida del urbanizador para el desempeño de su tarea, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público. 3. El acuerdo de revocación comportará, previa ponderación de las circunstancias de cada caso, alguno o varios de los siguientes efectos: a) La incautación de las garantías. b) La imposición de penalidades. c) La indemnización de los daños y perjuicios irrogados a la Administración o a los afectados.»  
Once. El artículo 165 de la LOTUP fija las siguientes consecuencias de la resolución del programa de actuación integrada: «Artículo 165. Consecuencias objetivas de la caducidad o resolución del programa de actuación integrada. El acuerdo de caducidad o resolución del programa de actuación integrada establecerá lo que proceda para concluir la actuación y podrá: a) Declarar la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido legalmente a las cargas de urbanización. b) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de las actuaciones aisladas; y autorizar, en su caso, que el propietario de la parcela complete la urbanización en régimen de actuación aislada; y mantener el resto de los terrenos en alguna de las situaciones a que se refieren los apartados siguientes. c) Declarar la sujeción del ámbito de la actuación, o de parte de él, al régimen del suelo urbanizable sin programación o del suelo no urbanizable. d) La Administración, en caso de mantener la gestión indirecta del programa de actuación integrada, podrá requerir a quienes formularon proposiciones jurídico-económicas a la alternativa técnica seleccionada, por el orden derivado de la aplicación de los criterios de adjudicación del artículo 126 de esta ley, a fin de que acepten la adjudicación y prosigan con la ejecución del programa de actuación. e) Subsidiariamente, incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador, o la Administración en caso de optarse por la gestión directa, asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya. f) Salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, se podrá disponer: 1.º Dejar sin efecto, en todo o en parte, la reparcelación aprobada. 2.º La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, en metálico o en terrenos, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación, por el mismo procedimiento seguido para su adopción, de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa de actuación cancelado. 3.º La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización, con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo urbanizador, cuando esta proceda. g) Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes, dirimiendo y declarando las responsabilidades y penalizaciones correspondientes y acordando la incautación de garantías y la imposición de sanciones cuando proceda. h) También podrá acordarse la directa intervención gestora de la Administración para la prosecución provisional del programa de actuación mientras se resuelve sobre su resolución y, en su caso, nueva adjudicación. i) Levantar acta de recepción de la urbanización con las tachas que correspondan, realizar la medición y liquidación de las obras de urbanización realmente ejecutadas y, en su caso, entregarla al nuevo urbanizador.»  
Doce. Las obras de urbanización del sector S7 no se han iniciado y no se ha aprobado el proyecto de reparcelación, por lo que no procede:  
Declarar la edificabilidad de los solares, puesto que estos no existen en estos momentos.  
Iniciar el procedimiento para la reclasificación de los terrenos para incluirlos en el régimen propio de las actuaciones aisladas o a autorizar a los propietarios a completar la urbanización, puesto que esta no se ha iniciado.  
La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento seguido para su adopción de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa cancelado, puesto que estos no se han adoptado.  
La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo urbanizador, puesto que estas no se han liquidado.  
Trece. El Ayuntamiento deberá de ponderar y dirimir sobre:  
A) Declarar la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación (situación urbanística anterior a la aprobación del programa). Esta declaración no afectaría a la vigencia del plan parcial, puesto que en aplicación del artículo 67 de la LOTUP «Los planes con contenidos normativos tienen vigencia indefinida, salvo que en ellos se disponga otra cosa, y vinculan a la administración y a los particulares. Su revisión y sustitución procede en los casos que ellos mismos regulen o cuando se manifieste la inadecuación de su modelo territorial a nuevas circunstancias.». Asimismo, para la aprobación de cualquier modificación que afecte a dicho plan, tal y como establece el artículo 63 de la LOTUP y el artículo 55 de la LRAU, deberá de seguirse el procedimiento previsto para su aprobación.  
B) Mantener la gestión indirecta del programa de actuación integrada, en cuyo caso podrá requerir a quienes formularon proposiciones jurídico-económicas a la alternativa técnica seleccionada, por el orden derivado de la aplicación de los criterios de adjudicación, a fin de que acepten la adjudicación y prosigan con la ejecución del programa de actuación.  
C) Subsidiariamente, incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador, o la administración en caso de optarse por la gestión directa, asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya.  
D) La indemnización de los daños y perjuicios arrogados a la administración, puesto que no procede la incautación de garantías al no haberse depositado, ni al establecimiento de penalidades al no haberse iniciado prestación alguna.  
Catorce. No resulta posible la incautación de las garantías al no haberse depositado, ni tampoco se aprecian especiales circunstancias para determinar la existencia de daños y perjuicios a esta administración.  
Quince. No se considera necesaria la firma con el agente urbanizador de convenio alguno para la resolución del Programa de actuación integrada del sector S7, puesto que en su momento no llegó a formalizarse el contrato de programación, por lo que para la resolución del programa es suficiente el acuerdo que adopte el Ayuntamiento de Cabanes y la manifestación de conformidad y mutuo acuerdo en resolución del programa formulada por el agente urbanizador.  
Dieciséis. Queda acreditado que existe el mutuo acuerdo con el agente urbanizador para la resolución del programa del sector S7, por lo que de conformidad con el artículo 164 de la LOTUP, no se requiere dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.  
Diecisiete. No procede, en aplicación del artículo 163 de la LOTUP, prever compensación alguna al agente urbanizador o a los propietarios por la resolución del programa, puesto que esta se basa en la falta de la firma del contrato de programación y la imposibilidad del cumplimiento de las condiciones fijadas por el Ayuntamiento y no por causas de fuerza mayor o por cambios de criterios de planeamiento o programación.  
Dieciocho. En el presente procedimiento no se ha instado la modificación o anulación de la ordenación pormenorizada aprobada (plan parcial del sector S7), tramitación que, de conformidad con el artículo 63 de la LOTUP, debe de seguir el mismo procedimiento específico que para su aprobación. No obstante, el mantenimiento de la ordenación pormenorizada aprobada no supone ni presupone que este ayuntamiento no pueda ejercer plenamente las competencias de planeamiento que le otorga el artículo 2 de la LOTUP respecto al programa y plan parcial del sector S7.  
Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:  
1.º Declarar la caducidad del presente expediente, resolviendo y declarando desierto el contrato o convenio de programación que este Ayuntamiento, en sesiones celebradas el día 2 de febrero de 2008 y 26 de marzo de 2009, adjudicó a las mercantiles Gres Blanc, SA y Accionistas Sindicados del Gaido. Así como acordar la remoción, por mutuo acuerdo, de su condición de agente urbanizador del sector S7, al no haber cumplido los requisitos exigidos en dichos acuerdos para la firma del contrato de programación y no haber aportado las garantías exigidas para ello.  
2.º Considerar que no se ha acreditado en el expediente la existencia de especiales circunstancias que justifiquen la imposición de penalidades o que se hayan producido daños y perjuicios a esta Administración por el incumplimiento de los requisitos exigidos por el Ayuntamiento y que han imposibilitado la firma del contrato de programación. Tampoco resulta factible la incautación de la garantía, puesto que esta no se ha depositado.  
3.º No procede el reconocimiento de indemnización alguna al agente urbanizador o a los propietarios por la resolución del programa, puesto que esta no se basa en causas de fuerza mayor o por cambios de criterios de planeamiento o programación.  
4.º La resolución del programa de actuación integrada no conlleva la anulación o modificación del plan parcial del sector S7. No obstante, el mantenimiento de la ordenación pormenorizada aprobada no puede suponer ni presuponer que este ayuntamiento no pueda ejercer plenamente las competencias de planeamiento que le otorga el artículo 2 de la LOTUP respecto al plan parcial del sector S7.  
5.º Declarar la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación (situación urbanística anterior a la aprobación del programa).  
Este asunto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras reunida en sesión ordinaria el 20 de julio de 2017.  
Se somete a votación de los concejales la propuesta de la Alcaldía, siendo el resultado de esta el que sigue:  
Votos a favor: once (PSPV/PSOE, Units pel Poble: Compromís, Partido Popular, Ciudadanos).  
Votos en contra: ninguno.  
Votan abstención: ninguno.  
Por tanto, queda aprobada por unanimidad la propuesta de la Alcaldía.  
  
Cabanes, 29 de agosto de 2017.- La alcaldesa: Virginia Martí Sidro.