Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2466, del 09-03-1995 (1995/834064)

ACUERDO de 21 de febrero de 1995, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la ordenación urbanística para la instalación de construcciones destinadas a industria agroalimentaria, en las parcelas 105, 106, 41, 42, 43, 44, 45, 19, 20 y 21, de la partida Sotaya, del municipio de Alquería de la Condesa.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   2466

Fecha DOGV
:   09-03-1995

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1995/834064


Fecha del documento
:   21-02-1995

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 21 de febrero de 1995, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la ordenación urbanística para la instalación de construcciones destinadas a industria agroalimentaria, en las parcelas 105, 106, 41, 42, 43, 44, 45, 19, 20 y 21, de la partida Sotaya, del municipio de Alquería de la Condesa.   
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 21 de febrero de 1995, adoptó el siguiente acuerdo:  
Visto el expediente promovido por D. Federico Frasquet Martínez, en nombre y representación de Mermeladas y Dulces, SA, sobre solicitud para la declaración de interés comunitario de una actuación integral consistente en la instalación de construcciones destinadas a industria agroalimentaria, en las parcelas 105, 106, 41, 42, 43, 44, 45, 19, 20 y 21 de la partida Sotaya, del término municipal de Alquería de la Condesa (Valencia).  
Antecedentes de hecho  
Primero. El 7 de mayo de 1993, tuvo entrada en la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia la solicitud de referencia, siendo sucesivamente completada la documentación en fechas 17 de diciembre de 1993, 23 y 25 de marzo de 1994 y 5 y 19 de julio de 1994. El día 20 de mayo de 1993 se dio audiencia a los Ayuntamientos de la zona (Rafelcofer, Palmera, Oliva, Piles, Bellreguard y la Font d'En Carròs) dando plazo de 15 días para formular las alegaciones que tuvieran por conveniente. En fecha 5 de junio de 1994, se requirió informe del Ayuntamiento de Alquería de la Condesa. También, en fecha 20 de mayo de 1993, se solicitó informe de las consellerias de Agricultura, Pesca y Alimentación, Economía y Hacienda e Industria, Comercio y Turismo.  
Segundo. El 26 de mayo de 1994, la Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo acordó que se completara la solicitud presentada mediante documentación que adaptase el proyecto a las exigencias establecidas en el informe emitido por la Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia. Y que, mejorase la ordenación interna del proyecto entrando en la consideración de la ordenación del entorno.  
Completada dicha documentación el 22 de agosto de 1994, el director general de Urbanismo y Ordenación Territorial adoptó una resolución por la que se sometía al trámite de información pública por el plazo de un mes, simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento. Lo que se cumplimentó mediante la publicación de sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, de 1 de septiembre de 1994 y en el diario Levante el 9 de septiembre de 1994, sin que se haya presentado alegación ni alternativa alguna en relación con el proyecto del presente expediente.  
Tercero. El Ayuntamiento de Piles, presentó el 3 de junio de 1993 informe favorable a la solicitud presentada, lo mismo que el Ayuntamiento de la Font d'En Carròs de 3 de septiembre de 1993, y el de Bellreguard de 11 de junio de 1993, si bien este último sujetándolo a la condición de la calidad de los vertidos de aguas residuales.  
Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, tras sucesivos informes desfavorables de fechas 13 de agosto de 1993 y 14 de febrero de 1994, a raíz de las diferentes modificaciones incluidas en el proyecto, el 7 de julio de 1994 emite informe favorable al cumplirse los condicionantes exigidos, sin perjuicio, de las condiciones que se establezcan en la preceptiva autorización por parte de la Dirección General de Carreteras del Estado. En la declaración de impacto ambiental de 7 de noviembre de 1994 se establecen las demás condiciones que han de cumplir las aguas residuales antes de su vertido a la red de saneamiento general, así como la prohibición de vertido directo o indirecto a las instalaciones de saneamiento de una serie de productos, y estima aceptable, a los efectos ambientales, la solicitud presentada.  
Cuarto. La documentación que consta en el proyecto se compone de memoria informativa, memoria justificativa, anexos, plan de etapas, estudio económico financiero, ordenanzas, planos de información y planos de ordenación. Además, el proyecto se acompaÑa de estudio de impacto ambiental.  
Quinto. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes informó favorablemente la actuación integral mediante resolución de 25 de enero de 1995.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Constituye el objeto del presente expediente la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico del proyecto para la construcción de instalaciones necesarias para la actividad de transformación de frutas en mermeladas y su envasado, sobre una superficie total de 14.372 m2 de parcela en suelo no urbanizable, según las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Alquería de la Condesa.  
Segundo. La actuación integral propuesta se caracteriza por el establecimiento de una zonificación de terrenos, distinguiendo entre áreas industriales de uso privado (con una subárea de 5.442 m2 de superficie y 5.442 m2 de techo más un altillo de 800 m2 construidos, y otra subárea de 910 m2 de superficie y 910 m2 de techo más altillo de 200 m2 construidos) y de cesión al Ayuntamiento (con una superficie de 1.617 m2 de superficie y 1617 m2 de techo). Junto a esta zona industrial se prevé una zona verde de 1.804 m2, viales y aparcamientos, 3599 m2 y una zona de servidumbre de 1.000 m2. Con unos totales de 14.372 m2 de superficie y 8.969 m2 de techo.  
Para su ejecución se delimita una sola unidad de ejecución.  
Tercero. Dadas las características seÑaladas la actuación solicitada debe tramitarse como una actuación integral, tal como se regula en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable, ya que se trata de una actividad industrial que cuenta con más de 8.000 m2 de construcción (8.969 m2) y no se puede emplazar su instalación en suelos urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar previstos en los planeamientos vigentes en los municipios de la zona, y, por tanto, sólo cabe su implantación mediante la tramitación del procedimiento extraordinario previsto para la atribución y definición de uso y aprovechamiento de actividades terciarias e industriales de especial importancia.  
Cuarto. En el presente caso, respecto al procedimiento se han observado las prescripciones legales que exige la citada Ley de la Generalitat Valenciana sobre suelo no urbanizable. Y, la documentación del expediente está completa en los términos requeridos por el artículo 20.2 de la referida Ley 4/1992, y la vigente legislación de impacto ambiental.  
Quinto. La actuación integral proyectada, por sus propias dimensiones constituye un elemento influyente en la estructura territorial. Se pretende realizar una instalación agroalimentaria de gran superficie en que se ubicarán las construcciones anteriormente referidas según la ordenación que se refleja en la documentación gráfica. Se resuelven en ella adecuadamente todos los servicios urbanísticos requeridos para su funcionamiento; también se garantiza que no se produce una sobrecarga de demanda en las infraestructuras y servicios generales, como se acredita mediante informe del Ayuntamiento de Alquería de la Condesa y certificación de Iberdrola, SA Además, todas las obras de conexión con las redes generales son a cargo de la actuación, estando incluidas en el estudio económico y financiero. De esta forma, la actividad se plantea como una actuación integral, ya que resuelve, por sí misma, su ensamblaje territorial.  
Sexto. El régimen de deberes, obligaciones y cesiones es equivalente al propio del adjudicatario de un programa de actuación urbanística, ya que se ceden los terrenos destinados a dotaciones públicas correspondientes a un plan parcial de uso industrial, se ceden los terrenos en que se localiza el 15% del aprovechamiento y se compromete a costear y ejecutar la urbanización en los plazos previstos, incluyendo las conexiones con las redes generales.  
Séptimo. La implantación de la actuación solicitada es adecuada desde el punto de vista de la ordenación del territorio, ya que se sitúa próxima al conjunto urbano constituido por los núcleos de Bellreguard, Alquería de la Condesa y Palmera, facilitando de esta manera la conexión con las redes generales de servicios; se apoya en la carretera nacional CN-332, que constituye un eje estructurante de la zona y, tanto por el uso propuesto como por su propia configuración, se integra adecuadamente en la trama urbana característica del entorno. Por todo ello, se concluye que el emplazamiento propuesto es más conveniente -considerando criterios de ordenación territorial- que otras posibles áreas del entorno que no disponen de esas buenas condiciones de accesibilidad, proximidad a núcleos urbanos y facilidad de conexión a las redes generales de servicios, por lo que, en definitiva, se favorece la racional utilización del territorio.  
Octavo. El Gobierno Valenciano es competente para la aprobación y definición del aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo preceptuado en el apartado segundo del artículo 20 de la Ley 4/1992 de la Generalitat Valenciana, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano  
ACUERDA:  
Primero  
Aprobar definitivamente la ordenación urbanística para instalar una industria agroalimentaria, promovida por D. Federico Frasquet Martínez, en representación de la mercantil Mermeladas y Dulces, SA en las parcelas 105, 106, 41, 42, 43, 44, 45, 19, 20 y 21 de la Partida Sotaya, suelo no urbanizable, del municipio de Alquería de la Condesa, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable. Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado, se sujetará a las condiciones especiales establecidas en el presente informe.  
Segundo  
Adjudicar la referida actuación integral de interés comunitario a favor de la empresa Mermeladas y Dulces, SA.  
Tercero  
Condicionar el otorgamiento de la licencia municipal a que la promotora designada cumpla y satisfaga, en su totalidad, las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación del expediente, que quedarán afectados en favor del Ayuntamiento de Alquería de la Condesa. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.  
Cuarto  
La promotora deberá garantizar, ante el Ayuntamiento de Alquería de la Condesa, la correcta y puntual ejecución de las obras de urbanización e implantación de los servicios que conlleva la presente actuación integral, por importe del 6% de su coste, antes del inicio de las obras. Las garantías podrán presentarse por cualquiera de las formas previstas en derecho.  
Quinto  
Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la presente actuación integral, precisará la previa autorización del Gobierno Valenciano.  
Sexto  
El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente punto 2º, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3º, caducará si en el plazo de 6 meses, a contar desde su notificación, la interesada no hubiera solicitado en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se seÑale en la licencia municipal, con un máximo de 2 aÑos. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Alquería de la Condesa. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esa actuación integral hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.  
Séptimo  
El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por la promotora adjudicataria, excepto en los aspectos que resultan afectados por las condiciones impuestas tanto por la declaración de impacto ambiental de 7 de noviembre de 1994, como por el informe de la Demarcación de Carreteras del Estado del MOPTMA de 4 de mayo de 1994. Condiciones que prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obra que desarrollen esta declaración como en el posterior mantenimiento y explotación de las instalaciones, sin perjuicio de obtener los demás permisos y autorizaciones que resulten necesarios para el normal y lícito desarrollo de la actividad agroalimentaria.  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, procede interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día de la notificación o publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Con carácter previo a la interposición del mencionado recurso, será requisito imprescindible que el recurrente lo comunique al Gobierno Valenciano, de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f) y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Todo ello, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
València, 21 de febrero de 1995  
El conseller secretari del Govern Valencià,  
LUIS BERENGUER FUSTER