Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3539, del 15-07-1999 (1999/6271)

Información pública de la notificación de la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-436/1997.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3539

Fecha DOGV
:   15-07-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/6271


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la notificación de la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-436/1997. [1999/S6271]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a doña Ángeles Montalbán Moreno, calle Pintor Manuel Baeza, 1, 4-A, 03600 Alicante, la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-436/1997.
  
Asunto: recurso ordinario formulado por doña M.ª Ángeles Montalbán Moreno contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante, de fecha 24 de abril de 1997.
  
«Resolución
  
Examinado el recurso ordinario formulado por doña M.ª Ángeles Montalbán Moreno en la solicitud de visado de contrato y ayudas económicas directas para la adquisición protegida de una vivienda a precio tasado del expediente número 03/1T/1772/94/014.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
La interesada, adquirente de una vivienda a precio tasado mediante escritura de compraventa de fecha 3 de junio de 1994, presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante la solicitud de visado de contrato y ayudas económicas directas el día 28 de julio de 1994.
  
Segundo
  
A la vista de la documentación aportada y en base con lo establecido en el Real Decreto 2.190/1995, de 28 de diciembre, el Servicio Territorial resuelve visar la escritura precitada y en su caso, conceder una subsidiación del tipo de interés del préstamo cualificado al 7,50%. Asimismo le comunica a título meramente informativo las subvenciones que podrían corresponderle en ese momento, según las condiciones que acredita y de acuerdo con la normativa vigente.
  
Tercero
  
En 10 de marzo de 1997, la interesada aporta escrito en donde se hace constar que la solicitud no se ha acogido a ninguna clase de préstamo cualificado, renunciando en su escrito a la financiación cualificada.
  
Cuarto
  
A la vista de la documentación aportada y en base con lo establecido en la disposición transitoria quinta del Decreto 113/1995, de 5 de junio, del Gobierno Valenciano, el Servicio Territorial dicta resolución denegando las ayudas a fondo perdido de la Generalitat Valenciana, que en su caso pudieran haberle correspondido, por incumplimiento de las condiciones exigidas en la referida disposición transitoria.
  
Quinta
  
Contra la citada resolución, la interesada interpone recurso ordinario en tiempo y forma, con las alegaciones que constan en el mismo y que se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 32/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano (DOGV número 3.218, de 6 de abril).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
La Orden de 26 de septiembre de 1995, del entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, por la que se regula el cierre ordenado del sistema de financiación de las actuaciones protegibles del Plan de Vivienda 1992-1995, con referencia a la fecha límite de 16 de octubre de 1995, aboca a la Generalitat Valenciana, una vez sobrepasados los objetivos del mismo y agotados los recursos que le habían sido asignados, a adoptar sus propias medidas en relación con el citado cierre, lo que viene a establecer en cumplimiento de la meritada norma ministerial, la Orden de 10 de octubre de 1995, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se adoptan medidas en relación con el cierre del citado Plan de Vivienda 1992-1995.
  
Cuarto
  
De conformidad con lo establecido en el artículo segundo apartado 2 de la Orden de 10 de octubre de 1995 precitada, las solicitudes de viviendas a precio tasado pendientes de concesión a 16 de octubre de 1995, no podrán optar a la financiación cualificada del Plan de Vivienda 1992-1995.
  
Quinto
  
Asimismo, a tenor de lo señalado en la disposición transitoria quinta del Decreto 113/1996, de 5 de junio del Gobierno Valenciano, sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda para el período 1996-1999: «Las adquisiciones de viviendas a precio tasado solicitadas con anterioridad al 16 de octubre de 1995 y visadas con posterioridad a esa fecha, podrán acceder a las ayudas previstas en el presente Decreto, siempre que las actuaciones cumplan las condiciones establecidas en el Decreto 55/1992, de 30 de marzo y el Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre y acrediten la disposición del préstamo cualificado...»
  
Sexto
  
En el caso que nos ocupa, examinada la documentación obrante en el expediente, se comprueba que:
  
1. Que el derecho para la solicitante a percibir las ayudas interesadas y correlativamente la obligación de la administración de hacerlas efectivas no nace con la presentación de la solicitud, sino en el momento en que se dicta la resolución de concesión de las mismas.
  
2. Que en la fecha límite del 16 de octubre de 1995, es decir una vez finalizado el plan de vivienda 1992-1995, el expediente de referencia se hallaba en tramitación, no habiéndose completado por la adquirente la documentación que necesariamente debía presentar con el escrito de la solicitud del visado y las ayudas económicas interesadas.
  
3. Que la mencionada disposición transitoria quinta faculta la posibilidad de acogerse al plan de vivienda 1996-1999, a los adquirentes de viviendas a precio tasado que solicitaron las ayudas interesadas antes del 16 de octubre de 1995 y que obtuvieron visado del contrato/escritura de compraventa aportada con posterioridad a dicha fecha, siempre que acrediten la disposición del préstamo cualificado y se cumplan los requisitos establecidos en el plan 1992-1995.
  
4. Que consta en el expediente manifestación expresa de la solicitante indicando que la vivienda se pagó al contado, por lo que no se cumplen las condiciones de la referida disposición transitoria quinta.
  
En consecuencia, a la vista de lo actuado, no desvirtuando lo aducido por la recurrente el contenido de la resolución impugnada, procede confirmar la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la Propuesta de Resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Desestimar el recurso ordinario formulado por doña M.ª Ángeles Montalbán Moreno contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante, de fecha 24 de abril de 1997, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f (en relación con la disposición adicional undécima de la LRJAP y PAC) y artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956; así como el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.