Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4373, del 07-11-2002 (2002/11839)

Notificación a Eduardo Noguera Moltó. Recurso número 2002/76/78.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4373

Fecha DOGV
:   07-11-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/11410


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Eduardo Noguera Moltó. Recurso número 2002/76/78. [2002/A11921]
  
No habiéndose podido notificar a Eduardo Noguera Moltó en el domicilio conocido por esta administración, la resolución del jefe del Servicio de Gestión de Puertos, de fecha 8 de julio de 2002, del recurso interpuesto contra liquidación de tarifa portuaria G-5, sobre embarcaciones deportivas y de recreo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, se hace público el texto íntegro de la citada resolución para que el presente anuncio sirva de notificación al interesado.
  
«Visto el recurso de reposición número 2002/76/78, formulado por Eduardo Noguera Moltó, contra la liquidación número 037.8.1.0.800883.8, practicada al mismo por el concepto de tarifa G-5 sobre embarcaciones deportivas y de recreo como titular de la embarcación denominada Algon II, con base en el puerto deportivo de Dénia, se adopta la presente resolución, que se basa en los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Ha tenido entrada escrito de recurso en el que el recurrente fundamenta su pretensión en la existencia de doble imposición con relación al canon concesional que paga el Club Náutico de Dénia, que es, a su juicio, quien verdaderamente presta los servicios gravados por la tarifa G-5.
  
A estos hechos son de aplicación los siguientes
  
Fundamentos de derecho
  
1. En cuanto a la competencia para dictar la presente resolución:
  
El artículo 1 del Decreto 34/1983, de 21 de marzo, por el que se aprueban normas provisionales para la resolución de reclamaciones interpuestas contra liquidaciones de tributos propios de la Generalitat Valenciana.
  
El Decreto 182/1999, de 5 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea el Centro de Desarrollo Marítimo de la Generalitat Valenciana y el Consejo Asesor de Puertos y Actividades Náuticas de la Comunidad Valenciana.
  
El Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
2. En cuanto al fondo del asunto:
  
Las alegaciones del recurrente confunden el concepto y naturaleza del canon con el de tarifa, y no distinguen entre los servicios que le presta la Generalitat y los que le son prestados por el club náutico. No obstante, junto a los servicios específicos prestados por el concesionario, existen otros servicios generales prestados por esta administración que motivan el devengo de la tarifa G-5 al amparo de lo previsto en la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Tarifas Portuarias.
  
Por ello es conveniente, en primer lugar, distinguir los conceptos de canon concesional y tarifas portuarias y, en segundo lugar, especificar los tramos de que se compone la tarifa G-5.
  
a) El canon que se impone al club náutico es una manifestación del contenido necesario de toda autorización o concesión, pues se trata de la contraprestación por la utilización y aprovechamiento del dominio público, que se sustrae a su utilización por otros posibles candidatos, poniéndose los recursos públicos a disposición del concesionario. Por tanto, los importes que por este concepto se liquidan no corresponden a servicios prestados por la Autoridad Portuaria.
  
El artículo 69 de la Ley 27/1.992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, reformada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la primera, establece el devengo del canon a favor de la Autoridad Portuaria por la ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario en virtud de una concesión o autorización, así como la base imponible del mismo y criterios para su determinación.
  
b) Las tarifas portuarias, entre las que se encuentra el tramo de la tarifa G-5 de embarcaciones deportivas que se le liquida al recurrente, configuradas como Tasas a partir de la mencionada Ley 1/1999, engloban un conjunto de prestaciones exigidas por la administración de la Generalitat Valenciana que encuentran su fundamento en la utilización por los particulares del dominio público portuario y sus instalaciones, así como en la prestación por dicha Autoridad Portuaria de una serie de servicios complementarios.
  
El artículo 30 de la citada Ley 1/1999 distingue tres tramos en la tarifa portuaria G-5: el tramo A), que corresponde a la utilización de las aguas del puerto tanto en las zonas deportivas en concesión, dentro de un puerto de la Generalitat Valenciana, como fuera de ellas; y los tramos B) y C), que se aplican a las embarcaciones que se encuentran fuera de las zonas deportivas en concesión, y que por tanto, no son aplicables al recurrente.
  
Desde el momento de la entrada de una embarcación para su amarre en una zona deportiva en concesión, se produce la utilización de servicios prestados por dos entidades diferentes: la administración, en cuanto mantiene el balizamiento, las obras y canales de acceso, dragado, etc. del puerto, que proporcionan abrigo a todas las embarcaciones que entran en él; y el concesionario, en cuanto presta los servicios propios de la zona de amarre y fondeo, exclusivamente a las embarcaciones que utilizan sus instalaciones. Se trata, por tanto, de servicios distintos, que generan derechos de cobro a favor de quienes los prestan.
  
La liquidación practicada al recurrente no se refiere a ninguno de los servicios que le presta el club náutico dentro de sus instalaciones, sino que se refiere a servicios prestados y soportados por esta administración autonómica, lo que le da derecho a cobrar el tramo correspondiente de la tarifa.
  
En este sentido, cabe citar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, número 803 de 31 de julio de 1997, cuyo fundamento de derecho segundo dice: ?Que a la vista de lo actuado, y concretamente del certificado emitido por el Club Náutico Mascarat, unido al expediente, en la enumeración de los servicios que se prestan por tal club, de los que se deriva correlativa cuota que se le gira y paga la actora, no consta reseñado el específico aquí controvertido de balizamiento lo que está en armonía con el contenido de la Orden de 26 de abril de 1991, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, la que, con relación a la tarifa G-5, señala que, lo que se liquida a los usuarios de los puertos deportivos en concesión es exclusivamente el tramo A) de regla 6ª de dicha tarifa G-5, es decir, los costes de balizamiento a lo largo de la costa de la Comunidad Valenciana, realizados a cargo de la administración y cuyo servicio no aparece comprendido entre los que son objeto de concesión para ser prestado por el club náutico, como atraque, fondeo y los demás a los que se hace referencia en la certificación reseñada, y entre los que no consta el de balizamiento, realizado por la Administración fuera de la zona que tal club tiene en concesión, y en su virtud, en base a lo expuesto, procede desestimar el recurso, sin hacer expresa condena en costas, a tenor del artículo 131 de la LJCA-
  
Asimismo puede atenderse, por analogía, a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Sala de lo Contencioso Administrativo, número 729/1995, de 15 de septiembre de 1995, en cuyo fundamento jurídico tercero se dice: ?- aun en el supuesto de servicio prestado por concesionario, el organismo portuario presta la utilización de las aguas del puerto y las instalaciones de balizamiento, de las ayudas a la navegación, de las dársenas y zonas de fondeo y de los servicios generales de policía. Pues bien, si ninguno de estos servicios los presta el concesionario, es lógico y jurídicamente correcto que justifiquen la exacción de la tarifa cuestionada por el organismo portuario?-
  
En consecuencia, como dice la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 15 de junio de 1991, en su fundamento de derecho quinto: ??de lo que se trata es de quien presta los servicios y, consecuentemente, tiene derecho a cobrarlos??.
  
Por lo expuesto, no cabe sostener la existencia de doble imposición entre el canon concesional y la tarifa G-5, por cuanto el pago del canon por concesión administrativa no es equiparable al presupuesto de hecho que da origen a dicha tarifa, que viene motivada, según se ha expuesto, por la prestación de servicios generales en zona portuaria a las embarcaciones deportivas y de recreo. Es decir, el pago del canon permite la utilización privativa de un bien de dominio público, en tanto que la tarifa G-5 se devenga por la prestación de servicios generales en la zona portuaria, por lo que, siendo distintas las realidades que se consideran para el establecimiento de uno y otro tipo de exacción, no es posible entender la existencia de supuesto alguno de doble imposición.
  
En este sentido cabe citar la Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Valencia número 4, de 11 de octubre de 1999, que se remite a doctrina del Tribunal Supremo cuando, en su fundamento jurídico tercero, dice: «Aduce asimismo el actor como motivo de nulidad de las liquidaciones tributarias impugnadas que la administración demandada, al exigir la tarifa G-5, incurre en una doble imposición por cuanto dicha tarifa se devenga por unos servicios que son objeto de prestación por la organización portuaria privada que efectúa a la administración los correspondientes pagos. Aunque entiende este Juzgado que esta cuestión no puede ser objeto del presente recurso contencioso administrativo puesto que hubiera debido ser planteada por el demandante, no en la impugnación del apremio sino formulando los procedentes recursos contra las liquidaciones tributarias, de conformidad con la doctrina jurisprudencial expuesta, cabe señalar, a efectos meramente expositivos, que el Tribunal Supremo tiene declarado que la tarifa G-5 fijada por ley, como las demás tarifas portuarias, se devenga por los usuarios de embarcaciones deportivas y de recreo para financiar los servicios generales prestados por la administración en los puertos dependientes de la Generalitat en los que se realizan, y en esos mismos puertos en las instalaciones de concesionarios situados en las zonas interior o exterior de las aguas de cada puerto, en las que, en el ámbito más limitado por la concurrencia de los servicios generales o los prestados por la concesionaria, también se prestan estos servicios y por cuyo motivo las tarifas son más reducidas, no pudiendo compartirse por ello la interpretación de que los usuarios de embarcaciones de recreo que entren en las aguas de los puertos deportivos dependientes de la Generalitat de Cataluña en régimen de concesión administrativa hayan de devengar tarifas por unos servicios que no reciben por serles facilitados por la respectiva organización portuaria privada y por los que pagan el precio correspondiente (T.S., 3ª, Sección 3ª, S. de 14 de octubre de 1994)».
  
Y lo mismo ha entendido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de los de Valencia, que en su Sentencia de 6 de mayo de 2002, número 113, al establecer lo que a continuación se reproduce:
  
?Dentro del epígrafe referido a la tarifa G-5 se determina que en los puertos dependientes de la Gerencia de Puertos (hoy el Centro de Desarrollo Marítimo) la tarifa comprende: entrada y estancia en zona de puerto, atraque y fondeo en sus distintas modalidades y recargos por disponibilidad de servicios y atraque de dimensiones mayores de las necesarias. En la misma norma se determina que en las instalaciones de gestión indirecta dentro de estos puertos dependientes, se devengará únicamente la correspondiente al apartado 1 anterior (entrada y estancia en zona de puerto), siempre que el atraque o fondeo se efectúe dentro de la superficie objeto de gestión indirecta, sin perjuicio de la general aplicación de la tarifa A, incluso si la embarcación se halla en seco dentro de dicha superficie. Es decir, que en aquellos puertos dependientes de la Gerencia de Puertos (hoy el Centro de Desarrollo Marítimo) la tarifa exigible es la A y la B, y si la embarcación está amarrada en instalaciones de gestión indirecta como puede ser un club náutico, será a éste a quien se la abonen las tarifas o gastos de amarre y cualquier otro servicio que se le preste y que están especificados en la tabla baremo recogida en la orden antes mencionada, pago este último que no excluye el pago de la tarifa B, siendo que es obligación de la administración la prestación de todo servicio o actividad que permita la entrada de toda embarcación dentro de un determinado puerto, en cuyo interior puede existir un club náutico, gestión indirecta, a quien corresponde el cobro de los servicios concretos prestados a los titulares de las embarcaciones?.
  
Abundando en el sentido expuesto, y por analogía con la cuestión de fondo objeto de la presente resolución, también cabe citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo, número 131/1993, de 22 de febrero, que en su fundamento de derecho cuarto dice, respecto de la antigua tarifa G-5 aplicable en puertos del estado, que ??la ley establece el pago de la tarifa en atención a la existencia de unos servicios portuarios que se prestan o de los que se beneficia el titular de embarcaciones deportivas y la orden describe los que resultan más usuales, de modo que lo improcedente sería pretender la exigibilidad de la tarifa G-5 por la prestación de unos servicios que no son los propios o habituales de una zona portuaria o que para nada afecten a las embarcaciones recreativas o deportivas que se sirven de las instalaciones portuarias o a sus tripulantes??; y en su fundamento de derecho sexto se dice: ??la parte actora indica que con ocasión de la exigibilidad de esta tarifa se está produciendo un supuesto de doble imposición pues el Club de Mar satisface ya un canon por la concesión administrativa correspondiente a lámina de agua abrigada para el uso exclusivo y excluyente de embarcaciones deportivas; y de otra parte, es sujeto pasivo de la tarifa que se impugna que grava el uso de tales embarcaciones. Argumento que no puede ser compartido por la Sala, pues el pago del canon por una concesión administrativa no es equiparable al presupuesto de hecho que da origen a la tarifa G-5 que viene motivada, según se ha expuesto, por la prestación de una serie de servicios generales, en zona portuaria, a las embarcaciones deportivas y de recreo. Es decir, el pago del canon permite la utilización privativa de un bien de dominio público, en tanto que la tarifa que se cuestiona se devenga por la prestación de unos servicios generales en zona portuaria; siendo distintas las realidades que se consideran para el establecimiento de uno y otro tipo de exacción, no es posible entender la existencia de supuesto alguno la doble imposición, como se ha argumentado en el escrito de demanda.-
  
Finalmente, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 36, apartado Uno, de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Tarifas Portuarias, según el cual el importe de la tarifa aplicable será independiente de las entradas, salidas o días de ausencia de la embarcación, mientras tenga asignado puesto de atraque.
  
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, el jefe del Servicio de Gestión de Puertos resuelve:
  
Desestimar el recurso de reposición número 2002/76/78, formulado por Eduardo Noguera Moltó contra la liquidación número 645.5.9.6.849763.8, practicada al mismo por el concepto de tarifa G-5 sobre embarcaciones deportivas y de recreo como titular de la embarcación denominada Algon II, con base en el puerto deportivo de Dénia y, en su consecuencia, confirmar dicha liquidación como ajustada a derecho.
  
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra ella puede interponerse recurso de alzada ante el conseller de Economía y Hacienda, en el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la fecha de notificación de la presente, sin perjuicio de la utilización de cualquier otro recurso que estime oportuno.»