Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3454, del 15-03-1999 (1999/1322)

Notificación de resolución de solicitud de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad patrimonial de la administración.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3454

Fecha DOGV
:   15-03-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/1322


Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución de solicitud de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad patrimonial de la administración. [1999/Q1322]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución de indemnización de daños y perjuicios formulada por doña María Carmen Amores Fernández en materia de responsabilidad patrimonial de la administración.
  
«Vista la solicitud de indemnización de daños y perjuicios formulada por doña M.ª del Carmen Amores Fernández en nombre y representación de su hijo menor de edad, Felipe Simal Amores, y vistos los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Mediante escrito de fecha 19 de febrero de 1998, doña M.ª del Carmen Amores Fernández solicita indemnización, en la cantidad de 52.000 pesetas, por los daños sufridos por el alumno Felipe Simal Amores, el día 2 de diciembre de 1997, en el Colegio Público Rajoletes, de San Juan de Alicante, Alicante.
  
Segundo
  
Mediante Resolución de 11 de marzo de 1998, de la Dirección General de Régimen Económico, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, se acuerda la incoación del expediente indemnizatorio para determinar la responsabilidad patrimonial de la administración.
  
Tercero
  
Concluida la instrucción del procedimiento, y tras el trámite de audiencia a los interesados, se formula la correspondiente propuesta de resolución, recayendo posteriormente informe del Servicio Jurídico de la Conselleria y dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de fecha 10 de septiembre de 1998.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
El artículo 106 de la Constitución española establece el principio de la responsabilidad patrimonial de la administración pública por las lesiones que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, precepto constitucional que desarrolla el título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
En consecuencia, el procedimiento que se ha seguido para tramitar la solicitud formulada por doña M.ª del Carmen Amores Fernández es el previsto en el artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial.
  
Segundo
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es competente para la resolución de la reclamación de indemnización el titular de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. Dicha competencia ha sido delegada en el director general de Régimen Económico de esta Conselleria, mediante Orden de 22 de noviembre de 1996 (DOGV núm. 2.881, de 02.12.96).
  
Tercero
  
El artículo 139 de la Ley 30/1992 establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
  
Según la doctrina científica y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo ?sentencias de 20 de diciembre de 1994, 25 de mayo de 1995 y 20 de junio de 1995- para que proceda la acción de responsabilidad patrimonial de la administración es necesario que el daño o la lesión patrimonial sufridos por el reclamante sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que puedan influir, alterando el nexo causal.
  
De los documentos obrantes en el expediente se desprende que el día 2 de diciembre de 1997, en el Colegio Público Rajoletes, de San Juan de Alicante, al entrar en clase, un alumno pone la zancadilla a Felipe Simal Amores y éste cae al suelo dañándose los dientes.
  
Por otra parte, en cuanto a la actuación del centro docente, se recuerda el contenido del dictamen del Consejo de Estado 301/1992, de 12 de junio, en cuanto sostuvo que es doctrina reiterada que el deber de vigilancia ?no puede exceder de lo que sea razonablemente exigible?. Por ello, en ocasiones no es posible evitar que se produzcan daños derivados de actos que dada la rapidez con la que se producen son imprevisibles.
  
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la edad de los alumnos, nueve años de edad, se considera que existe una relación de causa a efecto entre el daño y el funcionamiento del servicio público, por lo que concurren los requisitos exigidos por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Habiendo comprobado que el importe de los daños alegados asciende a la cantidad de 52.000 pesetas, procede que se lleve a cabo su abono en metálico de una sola vez.
  
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y conforme con el Consejo Jurídico Consultivo, según dictamen indicado en los antecedentes de hecho de la presente resolución, resuelvo:
  
Estimar la reclamación de indemnización, presentada por doña M.ª del Carmen Amores Fernández, en la cantidad de 52.000 pesetas, por concurrir, en el supuesto en cuestión, los requisitos legalmente previstos para que proceda la responsabilidad patrimonial de la administración, al existir nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido.
  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer, previa comunicación a este órgano, recurso contencioso administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitar otro que estime procedente.
  
Valencia, 26 de octubre de 1998.- El director general de Régimen Económico, por Orden de 22 de noviembre de 1996 (DOGV número 2.881, de 02.12.96): José Luis Serna Clares.»