Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5283, del 19-06-2006 (2006/7011)

ORDEN de 26 de mayo de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se determina el Programa de Formación Profesional Continua y se regula el procedimiento general para la concesión de ayudas durante el ejercicio 2006.
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Número DOGV
:   5283

Fecha DOGV
:   19-06-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - D) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/7011


Fecha del documento
:   26-05-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * apoyo económico
    * organización patronal
    * ayuda a las empresas
    * economía social
    * reciclaje profesional
    * cámara de comercio e industria
    * pequeña y mediana empresa
    * sindicato
    * universidad
    * ayuda pública

ORDEN de 26 de mayo de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se determina el Programa de Formación Profesional Continua y se regula el procedimiento general para la concesión de ayudas durante el ejercicio 2006. [2006/M7011]  
Uno de los elementos esenciales de las políticas activas de empleo es, sin duda, la formación continua. Ello es así porque la internacionalización de las economías, los acelerados procesos de cambio tecnológico y organizativo y la evolución demográfica requieren de la constante actualización profesional de las personas, a lo largo de toda su vida laboral.  
Así se puso de manifiesto en el Consejo Europeo de Lisboa, donde los jefes de gobierno dieron a la Unión Europea un plazo de 10 años para convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenido con más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social. El aprendizaje permanente es un elemento central de esta estrategia, fundamental no sólo para la competitividad y la empleabilidad, sino también para la inclusión social, la ciudadanía activa y el desarrollo personal.  
Las cumbres de Barcelona y Sevilla, durante la presidencia española de la Unión Europea, dieron un fuerte impulso para hacer realidad un espacio europeo para el aprendizaje permanente, cuyo último exponente constituye la Declaración de Copenhague, sobre cooperación en materia de formación profesional.  
En la Comunidad Valenciana el Gobierno firmó con los principales agentes económicos y sociales el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE), en el que se contempla la colaboración de las empresas en materia de formación y el establecimiento de un sistema que incluya la posibilidad de la formación a distancia, Pacto que ha sido actualizado recientemente.  
Además, el Plan Valenciano de Formación Profesional, que fue aprobado por el Consell de la Generalitat el 15 de octubre de 2002 destaca la necesidad de implicar en la formación continua a las pequeñas y medianas empresas, tejido económico mayoritario en nuestra Comunidad, ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje a los trabajadores, especialmente a aquellos que tienen mayores dificultades para el mantenimiento del empleo, y extender esta formación a todos los sectores y todos los territorios, pero sin olvidar el papel de cualquier tipo de empresa en la mejora de las cualificaciones profesionales de nuestros trabajadores.  
La ordenación de la formación continua en el ámbito de la Comunidad Valenciana se plantea complementar y reforzar los mecanismos diseñados en el ámbito estatal por el Real Decreto 1.046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el susbsistema de formación profesional continua y apostar por un incremento de los incentivos a las pequeñas y medianas empresas, autónomas y empresas de economía social que configuran la red básica de nuestra economía, al objeto de maximizar el esfuerzo de inversión en capital humano que lleva asociado. Ello ha sido posible, una vez mas, con la participación activa de los agentes económicos y sociales que, en el Consejo Valenciano de Formación Profesional, han otorgado validez a este nuevo modelo que, en líneas generales, no presenta cambios significativos con respecto al sistema de gestión que se ha venido desarrollando en los últimos años y que ha permitido un aumento notable del esfuerzo de las empresas en la mejora de la formación de sus trabajadores.  
Por todo ello, y en uso de las facultades que me confieren la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano; la Ley de la Generalitat Valenciana 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio Valenciano de Empleo y Formación; el Decreto 112/2003, de 11 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y el Decreto 41/2001, de 27 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del SERVEF, modificado por el Decreto 173/2002, de 15 de octubre, y por el Decreto 141/2003, de 1 de agosto, ambos del Gobierno Valenciano, oído el Consejo Valenciano de Formación Profesional,  
ORDENO  
CAPÍTULO I  
Normas generales  
Artículo 1. Objeto y gestión  
1. El objeto de la presente orden es el fomento y el desarrollo de actividades de formación continua, que podrán ser impartidas de manera presencial o a distancia, con contenidos modulares preferentemente, dirigidas a trabajadores ocupados, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, pertenecientes a empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana, con la finalidad de que:  
. Adquieran los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias ante la incorporación de tecnologías avanzadas, especialmente las derivadas de la sociedad de la información, en sus puestos de trabajo.  
. Puedan afrontar con éxito, en su caso, la reconversión de su puesto de trabajo, y aumentar de esta forma su estabilidad en el empleo  
. Amplíen sus posibilidades de promoción profesional.  
2. La gestión de las ayudas contempladas en la presente orden corresponderá al Servicio Valenciano de Empleo y Formación (en adelante SERVEF).  
Artículo 2. Naturaleza de las ayudas  
Las ayudas contempladas en la presente orden tendrán la naturaleza jurídica de subvenciones públicas e irán destinadas a la financiación, total o parcial, del coste de las acciones formativas que se realicen al amparo de la misma.  
Artículo 3. Entidades beneficiarias  
1. Podrán solicitar las ayudas contempladas en la presente orden a fin de realizar acciones de formación continua para trabajadores ocupados:  
a) Empresas, incluidas las pertenecientes a la economía social, ubicadas en la Comunidad Valenciana, para sus propios trabajadores y/o sus socios trabajadores.  
b) Organizaciones empresariales, constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, que agrupen empresas y/o trabajadores autónomos, así como las fundaciones sin fin de lucro, entre cuyas finalidades esté la formación, por ellas constituidas, a fin de impartir acciones formativas a los trabajadores de las indicadas empresas.  
c) Organizaciones sindicales, así como las fundaciones sin fin de lucro, entre cuyas finalidades esté la formación, por ellas constituidas a fin de impartir acciones formativas.  
d) Cámaras de comercio, industria y navegación, colegios profesionales, e institutos tecnológicos   
2. Todas las entidades deberán reunir los requisitos generales siguientes:  
. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social en los términos establecidos por la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda.  
. Acreditar la capacidad suficiente en medios materiales, humanos y organizativos, para cumplir con los objetivos establecidos en el programa.  
. Tener su sede social o delegación en la Comunidad Valenciana  
. Cumplir la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de dicha obligación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.   
3. No podrán obtener la consideración de beneficiario las entidades incursas en alguna de las situaciones previstas en el artículo 13.2) y 3) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
Así mismo, serán de aplicación todas las normas contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  
Artículo 4. Destinatarios de los cursos  
En todos los casos, los destinatarios de las acciones formativas serán los trabajadores ocupados en empresas con centro de trabajo en la Comunidad Valenciana, los socios trabajadores de las entidades de economía social, así como los autónomos, residentes todos ellos en la Comunidad Valenciana.  
De igual modo, tendrán prioridad para participar como alumnos:  
1. Mujeres  
2. Mayores de 45 años en sectores donde se introduzcan nuevas tecnologías, empleados de sectores o zonas en proceso de reconversión.  
3. Trabajadores con baja cualificación o discapacitados:  
. Jóvenes menores de 25 años con un primer contrato de 6 meses o inferior.  
. Discapacitados en grado igual o superior al 33%.  
. Inmigrantes.  
. Reingresados al mercado de trabajo tras un periodo de interrupción de su vida laboral superior a tres años, durante los seis primeros meses.  
. Mayores de 45 años con niveles de formación inferiores a Bachillerato.  
. Reingresados al mercado laboral, tras un periodo ininterrumpido de 12 meses como desempleado, durante los 6 primeros meses.  
4. Trabajadores con dificultades para el acceso a la formación (propietarios y trabajadores de microempresas, trabajadores de zonas alejadas de la oferta formativa).  
En el supuesto de que la beneficiaria de la ayuda sea una gran empresa los destinatarios de las acciones formativas deberán pertenecer a los indicados colectivos.   
Artículo 5. Difusión  
Será obligación de los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente orden dar a conocer de forma inequívoca que se trata de una acción subvencionada por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y cofinanciada por el Fondo Social Europeo, de conformidad con las instrucciones y los modelos que al efecto suministre el SERVEF.  
CAPÍTULO II  
Procedimiento  
Artículo 6. Presentación de solicitudes, documentación y plazo e instrucción  
1. Las solicitudes de ayudas deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente orden, en los registros de las direcciones territoriales del SERVEF, o en cualquiera de los registros a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999.  
2. Las solicitudes se formularán en los modelos normalizados establecidos al efecto. Cada solicitud se formulará incluyendo todas las acciones formativas correspondientes a la entidad en su ámbito provincial.  
3. Toda solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:  
A) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y su representante legal.  
B) Documento de identificación fiscal del solicitante.  
C) Declaración responsable de no encontrarse en los supuestos del artículo 13-2-y3) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  
D) Declaración responsable de la entidad solicitante sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de dicha obligación.  
E) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros).  
F) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda (DOGV núm. 2775), cuya validez deberá extenderse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.   
En cuanto a las obligaciones tributarias con el estado autorización expresa al Servicio Valenciano de Empleo y Formación para recabar ante la Agencia Estatal de la administración Tributaria los datos tributarios expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante la cumplimentación del modelo de autorización que se facilitará.  
En el supuesto de no concederse tal autorización, deberá presentarse certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda (DOGV núm. 2.775), cuya validez deberá extenderse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes  
G) Proyecto de los cursos que se desea impartir. El proyecto que contenga el plan formativo de la entidad se presentará en una única solicitud en soporte magnético y papel, y en el mismo se indicarán los siguientes aspectos:  
. Caracterización de la empresa o del sector, los fines de la formación continua que se persiguen y la formulación de los objetivos que la realización del curso puede cumplir en relación con el incremento de la cualificación profesional de los trabajadores asistentes, y con el crecimiento de la productividad de la empresa o al desarrollo de la organización en su caso.  
. Indicación del tipo de formación que hay que realizar (presencial o modular a distancia), señalando en este caso el plan de realización de las sesiones colectivas de carácter presencial y las tutorías.  
. Datos generales de la acción formativa:  
. denominación de la acción formativa  
. lugar de impartición  
. número de alumnos  
. número de horas.  
. Perfil del alumnado hacia el que está dirigido el curso: categoría y grupo profesional.  
. Contenidos teóricos y prácticos de la acción formativa, entre los que se incluirán aquellos relacionados con la defensa del medio ambiente, adaptados a la especialidad, y que según la duración de la acción formativa tendrán a su vez la siguiente duración.  
. De 10 a 50 horas 1 hora  
. De 51 a 130 horas 4 horas  
. De 131 a 200 horas 9 horas  
. Indicación expresa de los datos del perfil del profesorado (titulación, experiencia profesional y docente, así como formación en didáctica), que acredite su idoneidad para impartir la docencia en cuestión. El SERVEF podrá solicitar cuantos certificados de los extremos contenidos en dicho perfil estime conveniente.  
. Descripción de espacios, medios y materiales que se vayan a utilizar durante el desarrollo del curso. Esta descripción se ceñirá a infraestructuras ligadas a la docencia en cuestión. En el supuesto de la formación modular a distancia, se deberán indicar los medios informáticos que sea preciso utilizar.  
. Desglose detallado del presupuesto, especificando el coste total y el importe que haya que subvencionar por parte del SERVEF, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.  
. Entidades u organismos que colaboran en la financiación de la acción, así como la cuantía de dicha colaboración  
No se aportarán los documentos mencionados en los apartados A) y B) si obrasen ya en poder de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por haber sido aportados en el ejercicio 2005.  
4. Cuando el solicitante sea una cooperativa o sociedad laboral, se deberá, además, aportar una declaración suscrita por su representante legal, con referencia a la fecha de solicitud, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por su legislación específica.  
5. Cuando el solicitante sea una pequeña o mediana empresa deberá acreditar:  
. Que su plantilla no sobrepasa de los 250 trabajadores.  
. Que su volumen de negocio no sobrepasa los 40 millones de euros, o que su balance general anual de 2005, o en su defecto el correspondiente al ejercicio 2004, no exceda de 27 millones de euros.  
. Que no sea una empresa participada en cuantía igual o superior al 25% por una gran empresa  
Para ello deberá aportar, además de la documentación exigida con carácter general:  
. Certificado de la Seguridad Social acreditativo del número de trabajadores de la empresa.  
. Cuenta de explotación y balance de situación de la empresa del ejercicio 2005, si han sido elaborados, o, en su defecto, del ejercicio 2004.  
. Certificado de la composición del accionariado o de los socios partícipes, en el caso de sociedades anónimas o limitadas.  
5. En el supuesto de que los documentos que deben acompañar a la solicitud de concesión de las ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha, el expediente y el órgano o la dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y que no hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.  
6. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.  
7. Cuando la solicitud no refleje los datos establecidos en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de dicha Ley.  
8. Corresponderá la instrucción de los expedientes a las direcciones territoriales de Empleo del SERVEF.  
Artículo 7. Valoración de las solicitudes  
1. Toda solicitud estará sujeta a una valoración de la infraestructura docente (incluyendo los siguientes ítem: condiciones materiales de las instalaciones, equipamiento y material de consumo), que se valorará hasta 11 puntos; el proyecto presentado (incluyendo los siguientes ítem: alumnado, contenidos teórico-prácticos, adecuación de los mismos al Catálogo Nacional de Cualificaciones, el profesorado), que se valorará hasta 13 puntos, y la oportunidad de la realización de la acción formativa propuesta (incluyendo los siguientes ítem: capacidad de la entidad, impartición prevista de las acciones formativas a trabajadores pertenecientes a sectores industriales en crisis), que se valorará hasta 5 puntos. La puntuación mínima en cada ítem será de dos, excepto en el correspondiente a la capacidad de la entidad que será uno.  
La valoración de la infraestructura docente y de la oportunidad de la realización de la acción será realizada por personal del SERVEF..  
El análisis del proyecto formativo será realizado por el Comité de Expertos previsto en el artículo 13 de la Orden de 21 de diciembre de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se determina el Programa de Formación Profesional Ocupacional con cargo al Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional para el ejercicio 2006 (DOGV de 30.12.2005).   
2. Realizada la valoración, por el Comité de Expertos se emitirá informe, recogiendo por programas y provincias el resultado de la valoración, con indicación de los factores o los criterios tenidos en cuenta y su aplicación concreta.  
Artículo 8. Resoluciones y recursos  
1. La dirección territorial de Empleo del SERVEF de cada provincia, a la vista del expediente y del informe resultado de la valoración, formulará la propuesta de resolución debidamente motivada.  
2. La directora general del SERVEF, o el órgano en que delegue, dictará la resolución procedente, de acuerdo con la propuesta recibida, y hasta que se agoten las disponibilidades presupuestarias.  
3. La resolución contendrá los datos relativos a cada curso: denominación del mismo, número de expediente, entidad beneficiaria, modalidad de la impartición (presencial o a distancia), lugar de impartición o de realización de las sesiones presenciales y de las tutorías, duración horaria, número de alumnos y módulo económico.  
4. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada en la Ley 4/1999.  
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses a partir de la fecha de presentación de las solicitudes.  
6. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.  
7. Las resoluciones ponen fin a la vía administrativa, y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. Y ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.  
8. El SERVEF publicará de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las ayudas concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.  
Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios  
Son obligaciones de los beneficiarios:  
. Impartir los cursos subvencionados según lo previsto en esta orden y en la resolución de aprobación, y justificar su realización.  
. Facilitar al SERVEF las tareas de seguimiento y control técnico.  
. Sujetarse a las acciones de control de calidad de la docencia que se establecen en esta misma orden.  
. Sujetarse a las acciones de control financiero que legalmente correspondan en relación con la subvención concedida, incluidas las previstas en el artículo 45 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.  
. Comunicar al SERVEF la concesión de cualesquiera otras subvenciones o ayudas que, con la misma finalidad, les sea otorgada por otra administración o ente público o privado.  
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.   
. No percibir cantidad alguna del alumnado participante en la acción formativa.  
. Llevar contabilidad separada de los gastos imputables a cada curso.  
. Las demás obligaciones de los beneficiarios previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
Artículo 10. Cuantía de la subvención  
1. El importe máximo de la subvención para la impartición de cada una de las acciones formativas será de 15 euros por hora y alumno, distribuidos de la siguiente forma:  
a) Parte A: 10 euros por hora y alumno.  
b) Parte B: 5 euros por hora y alumno.  
La indicada cuantía está dentro del límite máximo por hora de formación y alumno señalado en el régimen de ayudas regionales a la formación continua, Ayuda de Estado número N627/1999 de la Comisión Europea, autorizado a la Comunidad Valenciana para el período 2000-2006.  
2. La cuantía de la subvención a percibir en el caso de que el beneficiario sea una empresa se limitará, cuando se trate de una pequeña o mediana empresa, al 80% de los gastos correctamente justificados en el caso de la formación general, y al 45% en el caso de la formación específica, y cuando se trate de una gran empresa al 60% de los gastos correctamente justificados en el caso de la formación general, y al 35% en el caso de la formación específica. Estas cuantías podrán incrementarse hasta un 10% más, en el caso en que la totalidad de los participantes pertenezca a grupos de trabajadores desfavorecidos, descritos en el artículo 4.3. En ningún caso se superará la cantidad concedida en la resolución de concesión para las partes A y B.  
3. La cuantía de la subvención a percibir en el caso de que el beneficiario sea una entidad sin ánimo de lucro será del 100% de los gastos justificados correctamente, y sin superar la cuantía que se derive de la aplicación del apartado 1 de este artículo.  
4. Se entenderá como formación genérica la que incluye una enseñanza que no es única o principalmente aplicable en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria, sino que proporciona cualificaciones trasferibles a otras empresas o a otros ámbitos laborales.  
Se entenderá como formación específica la que incluye una enseñanza teórica y práctica directamente aplicable al puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria y que ofrece cualificaciones que no son trasferibles, o sólo de forma muy restringida, a otras empresas o a otros ámbitos laborales.  
Artículo 11. Liquidación y pago de las ayudas  
1. La cuantía de la subvención se hará efectiva al finalizar la acción formativa tras la presentación, a través de la aplicación informática SIDEC, que se entregará por el SERVEF a las entidades beneficiarias al inicio del curso, de la declaración de gastos efectivamente realizados por la impartición de la misma, las fichas de asistencia de los alumnos y los documentos justificativos siguientes:  
Para la Parte A:  
. Documentos justificativos del gasto correspondiente.  
. Documentación acreditativa de la correspondiente transferencia bancaria efectuada para abonar dicho gasto.  
Para la Parte B:  
. La memoria a que hace referencia el artículo 12.2 de la presente orden.  
. Facturas u otros documentos justificantes del gasto correspondientes a esta Parte.  
Dicha declaración de gastos, realizada a los efectos establecidos en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, deberá efectuarse en el plazo máximo de 30 días naturales contados desde el día siguiente a la finalización de la acción formativa, sin superar nunca el 30 de diciembre.  
2. Las facturas presentadas para la justificación de los gastos deberán cumplir lo dispuesto por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, y demás normativa vigente.  
La entidad estará obligada a comunicar al SERVEF cualquier suministro o contratación de bienes o servicios con empresas a ella vinculadas. Se entiende por empresa o entidad vinculadas aquellas en las que el beneficiario pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante, o aquellas que puedan ejercerla sobre él o que, del mismo modo que el beneficiario, estén sometidas a la influencia dominante de otra empresa o entidad por razón de propiedad, participación financiera o normas que la regulen. Se presumirá que existe influencia dominante cuando una entidad o empresa, directamente o indirectamente, con relación a otra, esté en posesión de un 25% del capital suscrito, o de un 25% de los votos inherentes a las participaciones emitidas por la empresa o entidad, o pueda designar al menos el 25% de los miembros del órgano de administración, dirección o control de la empresa.  
En este caso, únicamente se aceptarán aquellos justificantes de gasto que reflejen estrictamente el coste del bien o servicio suministrado.  
3. La justificación incluirá el importe, la procedencia y la aplicación de los fondos no subvencionados.  
4. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en esta norma.  
5. Una vez notificada la resolución de concesión de la ayuda, se podrá adelantar a la entidad beneficiaria el 75% del importe de la ayuda, previo aval a favor del SERVEF en la forma legalmente prevista.  
6. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.  
Artículo 12. Costes elegibles  
Los costes elegibles se distribuirán en:  
1. Parte A: gastos de profesorado y control de la docencia  
Quedarán comprendidos en este concepto:  
. Los costes salariales del profesorado o, en su caso, del servicio docente externo, para el horario exclusivo de impartición de la acción formativa, evaluaciones y revisiones periódicas de los alumnos, preparación de clases y tutorías. En estos costes se incluirán los de la Seguridad Social a cargo de la entidad, cuando haya contratado a los docentes como trabajadores por cuenta ajena con obligación de su afiliación y/o alta en la Seguridad Social.  
En la modalidad a distancia, y siempre que se justifique debidamente, las horas de dedicación del profesorado podrán ser superiores a las horas de presencia efectiva de cada uno de los alumnos, sin superar el doble de las horas lectivas del curso y sin que suponga un incremento de la Parte A  
. Costes del control de la calidad de la docencia, concepto que deberá estar especificado en el proyecto que acompaña a la solicitud de la acción formativa, si se fueran a justificar gastos por el mismo. Las actividades de control de la docencia podrán ser desempeñadas por personal no docente. Como máximo, el importe que se impute a este apartado será el 10% del total que se justifique de conformidad como Parte A.  
Únicamente se admitirán justificantes de pagos a personas físicas, tanto si el servicio ha sido prestado por personal de la propia entidad beneficiaria, como si se ha contratado una prestación de servicios profesionales con personas ajenas a la misma.   
2. Parte B: gastos de organización o institucionales, entre los que podrán incluirse:  
. Gastos de personal de dirección, coordinación, asesoría y administración atribuibles al desarrollo de la acción formativa, hasta un máximo del 20% de la Parte B que figure en la resolución de concesión.   
. Amortización de instalaciones, equipos y herramientas, que habrán de tener siempre una conexión directa con la actividad docente, de duración superior a un ejercicio natural, con exclusión de la de aquellos bienes que hayan sido objeto de subvención pública para su adquisición. Dichos gastos se calcularán de acuerdo con la normativa vigente y deberán corresponder a inversiones oficialmente registradas en la contabilidad del beneficiario de la subvención.  
. Material consumible adquirido para el desarrollo de la docencia no recuperable a la finalización del curso.  
. Material didáctico.  
. Gastos de traducción, recopilación o impresión de materiales de enseñanza.  
. Gastos de desplazamiento del personal docente y de los beneficiarios de la formación.  
. Salario de los propios trabajadores participantes en la acción formativa, cuando el beneficiario de la ayuda sea una empresa incluida en el artículo 3.1 a), siempre que la acción tenga lugar durante la jornada laboral y exclusivamente por el período coincidente  
. Otros costes:  
. Alquileres, tanto de instalaciones como de maquinaria ligada directamente a la docencia.  
. Energía eléctrica, combustible y, en general, mantenimiento de las instalaciones y equipos docentes.  
. Comunicación (fax, teléfono, Internet, etc.), hasta un máximo del 5% de la Parte B que figure en la resolución de concesión, limitación que no se aplicará en la modalidad a distancia.  
En el caso de otros costes contemplados anteriormente, el beneficiario deberá acompañar a la documentación exigida con carácter general para la justificación de gastos, una memoria explicativa por acción formativa de los cálculos realizados para imputar dichos costes.  
3. Se considerarán como gastos elegibles los que se produzcan hasta 15 días antes del comienzo de la acción formativa, y hasta 15 días después.   
4. No se considerará coste elegible el IVA u otras cargas tributarias cuando sean susceptibles de ser compensadas por las entidades beneficiarias.  
5. En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.  
6. Los cursos deberán ser impartidos por el profesorado del propio solicitante, por lo que los gastos deberán ser abonados por la propia entidad beneficiaria, que es la que debe de reunir las características y los requisitos enunciados en el artículo 3, con la prohibición expresa de la subcontratación.  
Artículo 13. Minoraciones y reintegro de la ayuda concedida  
1. La alteración de alguna de las características no esenciales del proyecto aprobado, el incumplimiento de algunas condiciones establecidas en la resolución, la falta de justificación de la totalidad de los gastos subvencionados, y la concesión, con posterioridad a la presentación de la solicitud, de otras ayudas públicas o privadas que en su conjunto superen el coste de la actividad que ha de desarrollar por el beneficiario, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.  
En especial, a la vista de la documentación presentada, relativa a la acción formativa desarrollada por la entidad, se procederá a la minoración de la subvención concedida en los siguientes supuestos:  
a) No haberse impartido la totalidad de las horas lectivas aprobadas por resolución. Se procederá en este supuesto a la minoración proporcional de la subvención concedida para las partes A y B.  
b) Por bajas de los alumnos. La diferencia entre el número de alumnos que figure en la resolución de concesión y los alumnos que finalicen el curso determinará la minoración proporcional en la Parte B de la subvención concedida, o del importe de la subvención resultante una vez practicada la minoración por horas, en su caso.  
c) Por no haberse justificado en los términos establecidos en la Orden y en la resolución de concesión de ayudas la totalidad de los gastos subvencionados.  
2. Cualquiera de los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dará lugar a la incoación por el órgano competente para la concesión de las ayudas del correspondiente procedimiento de reintegro, que podrá finalizar, en su caso, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas y el interés de demora, desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará en todo caso el derecho del interesado a la audiencia.  
En especial, se podrá resolver la subvención concedida en los siguientes supuestos de incumplimiento por parte de la entidad:  
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.  
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida, o de las condiciones exigidas para su concesión en la resolución de aprobación.  
c) Percepción por parte de la entidad colaboradora de cualquier cantidad económica procedente del alumnado participante en los cursos.  
d) Cualquier otro motivo que perjudique el fin último por el que la subvención haya sido concedida y, en particular, el incumplimiento de los criterios emanados de la presente orden.  
e) La falsedad de los datos contenidos en la declaración contemplada en el apartado 2 del artículo 11 de la presente orden.  
f) La obstaculización de las actuaciones de seguimiento y control por el SERVEF, o el incumplimiento de las obligaciones de información de datos.  
Todo ello sin perjuicio de lo previsto en la mencionada Ley 38/2003, en cuanto a infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.  
CAPÍTULO III  
Normas relativas al Programa de   
Formación Profesional Continua Presencial  
Artículo 14. Características de los cursos  
Las acciones formativas en la modalidad presencial tendrán preferentemente una estructura modular y estarán dirigidas a un número de alumnos comprendido entre 10 y 15, excepto en el caso de que la entidad solicitante sea una pequeña empresa con un número inferior de trabajadores.  
La duración de los contenidos teóricos y prácticos no será inferior a 10 horas, ni superior a 200 horas, salvo que para la obtención de la correspondiente autorización para el ejercicio de una profesión se requiera un curso con una duración superior.  
Artículo 15. Contenido de los cursos  
Los contenidos teórico-prácticos de los cursos de Formación Continua en la modalidad presencial serán preferentemente los correspondientes a los módulos formativos de aquellas especialidades del Plan FIP provistas de real decreto que regule el correspondiente Certificado de Profesionalidad.  
CAPÍTULO IV  
Normas relativas al Programa de   
Formación Continua Modular a Distancia  
Artículo 16. Características de los cursos  
1. Las acciones formativas en la modalidad a distancia tendrán una estructura modular y estarán dirigidas a un número de alumnos comprendido entre 20 y 30.  
2. La duración de los contenidos teóricos y prácticos no será inferior a 20 horas, ni superior a 200 horas, salvo que para la obtención de la correspondiente autorización para el ejercicio de una profesión se requiera un curso con una duración superior.  
3. La tutorización se realizará en horario preestablecido, del cual tendrán conocimiento los alumnos y deberá ser notificado al técnico de enlace. Durante el horario de tutorización se atenderá la formación a distancia, y, en su caso, a los alumnos que se desplacen en tal horario. Deberá contemplarse la realización con carácter presencial de una sesión inicial del curso, una sesión final del curso para evaluación y una sesión cada semana, siempre que la duración del curso sea igual o superior a 30 horas.  
Artículo 17. Contenido de los cursos  
Los contenidos teórico-prácticos de la formación modular a distancia deberán corresponder a algún módulo de aquellas especialidades del Plan FIP provistas de real decreto que regule el correspondiente Certificado de Profesionalidad.  
CAPÍTULO V  
Normas relativas a la realización de los cursos  
Artículo 18. Realización de los cursos  
Los cursos se realizarán durante el ejercicio 2006 y deberán finalizar, como máximo, el 31 de octubre, salvo que con anterioridad al 1 de octubre se haya solicitado y presentado la pertinente carta de pago de un anticipo del 75% de la subvención concedida, en cuyo caso el curso deberá finalizar antes del 16 de diciembre.  
Artículo 19. Inicio del curso  
1. Es preceptiva la comunicación fehaciente por parte de la entidad beneficiaria, incluso mediante fax, de la fecha de inicio de cada curso al técnico de enlace, con indicación del horario y del lugar de impartición, todo ello con anterioridad a dicha fecha.  
2. Los cursos deberán comenzar con un número de alumnos no inferior a 10 o 20, según su modalidad de impartición, salvo en empresas con un número inferior de trabajadores.  
3. La entidad dispondrá de siete días naturales desde el comienzo del curso para remitir a la dirección territorial de Empleo que corresponda la siguiente documentación:  
. Datos del curso: especialidad, calendario lectivo de cada acción, y lugar de impartición.  
. Relación de participantes que comienzan la acción junto con la declaración responsable de la empresa de pertenecer, en su caso, a grupos de trabajadores desfavorecidos y, en el caso de asociaciones descritas en el artículo 3.1.b), de pertenecer a una empresa asociada.  
. Ficha de inscripción en el curso, suscrita por cada uno de los alumnos, en la que se manifieste que no simultanean su participación con cualquier otra acción formativa subvencionada por la Generalitat Valenciana o el Fondo Social Europeo.  
Artículo 20. Control del desarrollo del curso  
1. Una vez comenzado el curso y presentada la documentación anteriormente citada, la entidad beneficiaria estará obligada a aportar la siguiente documentación, de acuerdo con las instrucciones que le serán notificadas con anterioridad al inicio del curso:  
. Control de asistencia que contenga la firma diaria de alumnos asistentes, cuando proceda, así como el listado de acceso de los alumnos a la plataforma informática, en su caso.  
. Comunicación de incidencias que se produzcan en el desarrollo de cada curso  
2. Es causa de exclusión de los alumnos incurrir en un número de faltas que sea superior al 20% de la duración total del curso. La entidad impartidora de la acción formativa deberá hacer efectiva la baja del participante el día lectivo siguiente, tras la acumulación de las faltas mencionadas. Las faltas de asistencia justificadas derivadas de incapacidad temporal no computarán a estos efectos, a no ser que por su cuantía supongan una evidente falta de aprovechamiento del curso.  
En las acciones formativas realizadas en la modalidad a distancia será causa de baja del alumno la falta de realización de las tutorías presenciales obligatorias, así como la falta de realización de las evaluaciones intermedias que pudieran establecerse, o de la evaluación final.  
3. Procederá la suspensión cautelar del desarrollo de la acción formativa cuando:  
. El curso no esté en funcionamiento.  
. En la modalidad presencial, el personal técnico docente y/o el alumnado no esté presente en el lugar de desarrollo de la acción formativa.  
. El material de consumo o los equipos/dotaciones no se correspondan con los aprobados en la resolución.  
. El número de alumnos es inferior al indicado en el artículo 19.2.  
Será competente para acordar la suspensión cautelar la directora general del SERVEF, o el órgano en que delegue, previa audiencia del interesado.  
Artículo 21. Técnico de enlace  
La dirección territorial de Empleo correspondiente asignará a cada una de las entidades beneficiarias un técnico que actuará como interlocutor entre éstas y la citada dirección territorial, a fin de agilizar la gestión.  
Dicho técnico tendrá entre sus funciones:  
. Informar a la entidad de los trámites que ha de seguir al desarrollar el curso.  
. Conocer el comienzo y la finalización de cada curso.  
. Conocer el horario de las clases, las tutorías y las sesiones presenciales en el caso de la formación modular a distancia.  
. Estar informado de las incidencias acaecidas en cada curso.  
. Coordinar las tareas necesarias para llevar a cabo el control de calidad de la docencia.  
. Velar por el correcto desarrollo del curso proponiendo las medidas oportunas a la entidad o a la Dirección General del SERVEF, en su caso, incluida la suspensión cautelar de la acción formativa.  
Artículo 22. Finalización de los cursos  
1. En el plazo de 15 días naturales desde la conclusión de cada curso se presentará un acta que contendrá el aprovechamiento final de los alumnos asistentes.  
En el supuesto de la formación modular a distancia se deberá presentar, así mismo, una copia de la prueba individual de la evaluación final de cada alumno debidamente firmada por el mismo.  
2. El SERVEF expedirá el correspondiente certificado de aprovechamiento a los alumnos que hayan superado con éxito el curso.   
Artículo 23. Sobre la calidad de la docencia  
Los técnicos de enlace y el alumnado evaluarán la calidad de los cursos de Formación Profesional en los que participen. Esta valoración se realizará a través de modelos normalizados. La entidad beneficiaria facilitará el acceso y la realización de las oportunas pruebas, y será informada del contenido y del resultado de estas evaluaciones de la calidad de la formación desarrollada en cada curso impartido por la misma.  
Disposiciones adicionales  
Primera  
De conformidad con lo previsto en la Ley 15/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2006, el importe global destinado para la concesión de las ayudas previstas en la presente orden con cargo al subprograma presupuestario 322.52, Formación Profesional Ocupacional, línea T4165000, será de cuatro millones quinientos cincuenta mil euros (4.550.000 €), importe cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 70%, con la siguiente distribución territorial:  
Alicante 1.410.000 euros  
Castellón 455.000 euros  
Valencia 2.685.000 euros  
Segunda  
Se autoriza a la directora general del SERVEF a fin de que, mediante resolución, pueda modificar la distribución territorial de los fondos recogida en la anterior disposición.  
Tercera  
En el caso de que quedaran solicitudes presentadas al amparo de la presente orden valoradas positivamente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma, y que no hubieran podido ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria, éstas se constituirán en lista de reserva, debidamente ordenada, que podrán ser resueltas favorablemente en la medida en que exista crédito en la línea T4165000 que permita incrementar la dotación presupuestaria que se contempla en la disposición adicional primera.  
Cuarta  
La presente orden se dicta al amparo de lo previsto en el régimen de ayudas regionales a la formación continua, Ayuda de Estado número N627/1999 de la Comisión Europea, autorizado a la Comunidad Valenciana para el período 2000-2006.  
Quinta  
En lo no previsto en la presente orden, se aplicará la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como la normativa autonómica en vigor contenida en el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública Valenciana.  
Disposiciones finales  
Primera  
Se faculta a la directora general del SERVEF, para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo dispuesto en la presente orden.  
Segunda  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat.  
Tercera  
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante éste mismo órgano en el plazo de un mes, computado en los términos ya dichos, según lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso de los previstos en la vigente legislación.  
Valencia, 26 de mayo 2006  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo,  
GERARDO CAMPS DEVESA