Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3137, del 05-12-1997 (1997/11623)

Notificación de la resolución dictada en el expediente número 368/1981.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3137

Fecha DOGV
:   05-12-1997

Sección del DOGV
:   OTROS ANUNCIOS - OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1997/11885


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución dictada en el expediente número 368/1981. [97/Q11727]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación a don José Millán Martínez Palomo de la Resolución de 25 de julio de 1997, del director general de Arquitectura y Vivienda, que a continuación se transcribe:
  
«Resolución
  
Examinado el recurso ordinario formulado por don Jaime Anchel Rubio, en representación de doña Sara y don Óscar Cortes Marco, contra la resolución del Servicio Territorial de Valencia en el expediente de construcción número Z-17-Y-420/81.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por doña M.ª Ángeles Gómez Calderón y otros propietarios de viviendas de protección oficial sitas en Torrent, calle de la Mare de Déu del Bon Consell, número 6, se presentó denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia contra los propietarios de las viviendas sitas en el mismo inmueble, puertas número 1, 2 y 3, por no destinarlas a domicilio habitual y permanente de los propietarios o arrendatarios, y haberlas transformado en residencia de la tercera edad con finalidad de lucro, por lo que una vez practicadas las actuaciones previas de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de Procedimiento Sancionador, se acordó la iniciación de procedimiento sancionador dándose traslado del correspondiente pliego de cargos a los imputados, sin que se presentaran alegaciones al mismo.
  
Segundo
  
Por el instructor del expediente sancionador se dictó la correspondiente propuesta de resolución en la que entendiendo probada la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 153.B.8 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, por la utilización de más de una vivienda de protección oficial, así como de una infracción muy grave del artículo 56 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, por desvirtuar el destino de domicilio habitual y permanente, proponía la imposición de una multa de 200.000 pesetas por la infracción grave, y otra de 750.000 pesetas por la infracción muy grave, así como la descalificación con carácter de sanción de las viviendas sitas en calle de la Mare de Déu del Bon Consell, 6, puertas 2 y 3, de Torrente, a tenor del artículo 152 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial y artículo 3 del Real Decreto 2.569/1968, de 5 de diciembre.
  
Tercero
  
El jefe del Servicio Territorial dictó resolución en la que manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, acordó la imposición de las multas y la descalificación de las viviendas establecidas en la misma.
  
Cuarto
  
Contra dicha resolución interpone recurso ordinario don Jaime Anchel Rubio en representación de doña Sara y don Óscar Cortes Marco, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV número 1.547, de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
Presentan alegaciones los recurrentes solicitando la revocación de la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, ya que consideran que desde la iniciación del expediente sancionador por medio de la denuncia en fecha 7 de julio de 1995, hasta su notificación el 14 de noviembre de 1995 han transcurrido más de 4 meses, siendo procedente el archivo a tenor del artículo 6.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto. Se alude además a que la iniciación del procedimiento a través del pliego de cargos no reúne los requisitos del artículo 13 del citado real decreto, así como que la propuesta de resolución infringe lo dispuesto en el artículo 18 de la aludida norma causando indefensión.
  
El recurso debe ser desestimado. En lo referente al archivo del expediente la parte recurrente confunde la iniciación o incoación del expediente sancionador con las actuaciones previas, pues tanto en la 1.ª como en la 2.ª alegación se hace mención a ?la iniciación del expediente sancionador?, refiriéndose en el primer caso al momento de la presentación de la denuncia y en el segundo al de traslado del pliego de cargos. Son cuestiones distintas y en el enunciado del capítulo II del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, se distingue en fases diferenciadas, estableciéndose en el artículo 11 la iniciación del procedimiento y el artículo 12 del citado cuerpo legal las actuaciones previas. El transcurso de los dos meses desde la fecha de iniciación del procedimiento y la notificación del mismo para que pudiera ser procedente el archivo a que aluden los recurrentes basándose en el artículo 6.2, viene referido al momento de la incoación del procedimiento sancionador y no al de las actuaciones previas causadas por la denuncia de fecha 7 de julio de 1995, constando en el expediente que el acuerdo de incoación es de fecha 7 de noviembre de 1995, y fue notificado según consta en acuse de recibo el 14 de noviembre de1995, como los propios recurrentes hacen constar en su alegación 2.ª, por lo que en modo alguno se ha producido la situación que se alega.
  
En cuanto a la vulneración de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, tampoco puede estimarse ya que según queda patente tanto en el acuerdo de incoación del expediente, en el pliego de cargos, como en la notificación de instructor y secretario y en la propuesta de resolución, se contienen todos y cada uno de los requisitos requeridos, especialmente a los que se hace mención en el escrito de alegaciones como son los apartados b) y f) del citado artículo 13, ya que expresamente se especifica en el pliego de cargos los hechos imputados, que son: ?la utilización de más de una vivienda protegida- tipificada como falta grave en el artículo 153.B.8 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, pudiendo corresponderle una sanción de 50.000 pesetas a 250.000 pesetas, así como ?desvirtuar el destino de domicilio habitual y permanente?, como infracción muy grave del artículo 56 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, con una sanción de 250.000 pesetas a 1.000.000 pesetas. En el encabezamiento del citado pliego de cargos se les concede el plazo de 15 días para contestarlo y solicitar el recibimiento a prueba, lo que no efectuaron los recurrentes.
  
Por todo lo cual procede la confirmación de la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por don Jaime Anchel Rubio, en representación de doña Sara y don Óscar Cortes Marco, contra la Resolución del Servicio Territorial de Valencia de fecha 26 de febrero de 1997, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57.2.f (en relación con la disposición adicional 11 de la LRJAP y PAC) y artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956; así como artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.»
  
Valencia, 25 de julio de 1997.- El director general de Arquitectura y Vivienda: José M.ª García Zarco.
  
Conselleria de Obras Públicas,
  
Urbanismo y Transportes