Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5642, del 19-11-2007 (2007/13410)

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada en el sector del Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/2007/11/13/(1)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   5642

Fecha DOGV
:   19-11-2007

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2007/13488


Fecha del documento
:   13-11-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * huelga
    * transporte de enfermos
    * legislación
    * derecho de huelga

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada en el sector del Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia. [2007/13207]  
Visto el escrito de fecha 9 de noviembre de 2007 suscrito por Juan Bautista Boscá Monzó, en representación de la Federación Sindical de Comunicación y Transporte de CCOO en el País Valencià, que anuncia convocatoria de huelga que afectará a la totalidad del personal y centros de trabajo de las empresas del sector de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia, que tendrá lugar los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de noviembre de 2007, cifrándose en 1.200 el número de trabajadores afectados.  
Y habiéndose dado cumplimiento al preaviso preceptivo establecido en la legislación vigente.  
Resultando que el servicio que prestan las empresas de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia en sus diferentes modalidades es vital para la salud, curación y salvamento de vidas humanas, tratándose mayoritariamente de empresas que prestan servicio mediante gestión indirecta tanto en la sanidad pública como privada, y que el mismo es considerado esencial y prioritario por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 8-4-81), en relación con lo previsto en el artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo.  
Considerando que la competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio público, establecida en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, corresponde al Consell de la Generalitat, y por delegación a esta conselleria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 7/2007, de 28 de junio, del presidente de la Generalitat, sobre asignación de competencias, y en el Decreto 129/2007, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 28.2, 148.1.5 y 149.1.7 de la Constitución Española y el artículo 51.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, así como el artículo 2º, 1 del Real Decreto 4105/82 de 29 de diciembre y su anexo I sobre transferencias de funciones y servicios de la administración del Estado a la Generalitat Valenciana en materia de Trabajo.  
Considerando que el servicio que se presta en las empresas afectadas por la huelga es esencial para la comunidad y de reconocida e inaplazable necesidad, suponiendo la no prestación del mismo un riesgo para la salud de las personas particularmente afectadas, y que el legítimo ejercicio del derecho a huelga no debe implicar bajo ningún concepto riesgo para la vida o la salud de las personas afectadas por dicho servicio.   
Considerando que se debe conjugar la atención de los servicios públicos con el ejercicio del derecho de huelga que con la calificación de fundamental instituye nuestra Constitución en su artículo 28.2, tal como ha señalado la importante sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981, desarrollada posteriormente, entre otras, por las sentencias 26 y 33/81, 51 y 53/86, 27/89 y 43/90, en concordancia con el RDL. 17/97 de 4 de marzo. En consecuencia, se debe limitar el derecho de huelga en la justa y estricta medida para el mantenimiento de los servicios públicos y la autoridad laboral podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos.  
En la medida en que la destinataria y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y que éstos son al mismo tiempo esenciales para ésta, aquella no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los citados servicios, entendiendo que el derecho de la comunidad a estas prestaciones es prioritario respecto del derecho de huelga, sin que, por otra parte, la consideración de un servicio como esencial signifique la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos.  
Considerando que de acuerdo con doctrina constitucional reiterada, la naturaleza esencial de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa en el ejercicio de derechos fundamentales y el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito en el que se concreta esta resolución, se traduce en lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Española, sobre derecho a la vida y a la integridad física y en el artículo 43, sobre protección de la salud, respectivamente.  
Considerando que la atención que presta el personal que presta sus servicios en las empresas de transporte de enfermos y accidentados en ambulancias puede estimarse, en la medida que afecta al derecho a la salud establecido en el artículo 43.1 de la Constitución Española, como un servicio esencial para la comunidad, de inaplazable necesidad y que el legítimo ejercicio del derecho a huelga no debe implicar bajo ningún concepto riesgo para la salud de las personas afectadas por dicho servicio. Por tanto, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, en concreto en Sentencia de 3 de abril de 1981, procede dentro de los términos constitucionales limitar el derecho de huelga de los trabajadores para garantizar la prestación de lo que en este concreto supuesto se estima como servicios públicos de inaplazable necesidad, pero sólo aquellos cuya falta de prestación pueda ocasionar a sus usuarios un deterioro en su derecho fundamental a la salud, por lo que se exige una valoración restrictiva por parte de la autoridad laboral, de modo que no se vea lesionado el derecho a la huelga.  
Considerando el derecho que asiste a las personas usuarias del servicio público sanitario a recibir la atención adecuada y la consecuente prestación de servicios no puede determinarse de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes y derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurren para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho de huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12-11-1997, nº: 1147/1997).  
En el presente caso la convocatoria afecta a todo el personal y a la totalidad de las empresas dedicadas al transporte en ambulancia de enfermos y accidentados, y tendrá lugar durante seis días casi consecutivos, durante toda la jornada.  
Considerando que si bien la continuidad del servicio debe quedar asegurada durante la huelga, el establecimiento de los servicios mínimos ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios, (SSTC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).  
De cuanto se ha señalado se concluye que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del artículo 10 del RD 17/1977 mencionado, debe conjugarse la atención de los servicios esenciales para la comunidad con el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, por lo que se debe limitar éste en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, mantenimiento que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal, estableciendo el Tribunal Constitucional que los servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente.  
Considerando lo anteriormente señalado, la amplitud de días convocados, la naturaleza del servicio público afectado, y teniendo en cuenta asimismo que en la fijación de los servicios mínimos no se debe impedir ni menoscabar el ejercicio del derecho de huelga, se han fijado servicios mínimos con la finalidad de hacer compatible el derecho de huelga de los trabajadores y el derecho del usuario del servicio sanitario, en consonancia además con lo establecido en diversas sentencias judiciales dictadas en relación a convocatorias anteriores como son la 42/2005 y la 2052/2005, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Los usuarios ven afectados seriamente su servicio pero no se les impide su utilización.   
Considerando que en la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta, resuelvo :  
Primero  
A los efectos previstos en el apartado 2º del artículo 10º del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar los servicios esenciales mínimos que deberán prestarse por el personal afectado mientras dure la situación de huelga, en los términos que a continuación se especifican:   
1. Se atenderán todas las demandas generadas por el teléfono 085.  
2. Se atenderán a todas las demandas de carácter urgente ordenadas por los facultativos de los centros dependientes de la conselleria de Sanitat, centros concertados y de carácter privado.  
3. Se atenderán a todos los traslados programados de los pacientes sometidos a tratamiento de hemodiálisis, radioterapia, quimioterapia y hospital de día.  
4. En el resto de servicios de traslado de pacientes tales como rehabilitaciones y otros traslados de carácter no urgente, los servicios de ambulancia funcionarán al 60%.  
A las empresas, oído el Comité de Huelga, corresponderá la aplicación de estos servicios, que deberán prestarse con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose ambas partes del cumplimiento de los mismos.  
Segundo  
Los servicios esenciales establecidos en la presente resolución, no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación. En caso de producirse serán considerados ilegales y quienes los ocasionaran incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.  
Tercero  
Notifíquese la resolución al Comité de Huelga, a las empresas afectadas, a la conselleria de Sanidad y a la Subdelegación del Gobierno.  
Cuarto  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su notificación a las partes interesadas.  
Adviértase con la notificación a las partes del derecho que le asiste de recurrir la presente resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, conforme se dispone en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativas, dentro de plazo de los diez días siguientes a su notificación, en la forma prevista en los artículos 115 y siguientes de la mencionada ley.  
Valencia, 13 de noviembre de 2007.- El director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por delegación de firma (Resolución 21.07.2003): Román Ceballos Sancho.


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