Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6699, del 25-01-2012 (2012/134)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 1004/2009.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6699

Fecha DOGV
:   25-01-2012

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2012/134


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Castellon de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 1004/2009. [2012/134]  
Procedimiento ordinario 001004/2009  
De: María del Carmen Bou Forcada y Miguel Moliner Carreres.  
Procuradora: M.ª Pilar Sanz Yuste.  
Contra: Alfonso García Piqueras y Vanesa García Piqueras.  
Procuradora: M.ª Luisa Pascual Vallés.  
En el presente procedimiento ordinario seguido a instancia de María del Carmen Bou Forcada y Miguel Moliner Carreres frente a Alfonso García Piqueras y Vanesa García Piqueras se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia número 92/2011  
Juez que la dicta: José Antonio Orea Martínez.  
Lugar: Castellón de la Plana.  
Fecha: 11 de abril de 2011.  
Parte demandante: María del Carmen Bou Forcada y Miguel Moliner Carreres.  
Procuradora: M.ª Pilar Sanz Yuste.  
Parte demandada: Alfonso García Piqueras y Vanesa García Piqueras.  
Procuradora: M.ª Luisa Pascual Vallés.  
Vistos por José Antonio Orea Martínez, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Castellón de la Plana los presentes autos de juicio ordinario sobre resolución contractual y reclamación de cantidad seguidos ante este Juzgado bajo el número 1004 del año 2009 a instancia de María del Carmen Bou Forcada y Miguel Moliner Carreres representados por la procuradora M.ª Pilar Sanz Yuste y asistidos por la letrada Mara Donnay Brisa contra Vanesa García Piqueras y Alfonso García Piqueras representado este último por la procuradora M.ª Luisa Pascual Vallés y asistido por la letrada Carolina D. Mallach Monferrer.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por el procurador de la parte actora en la representación indicada y mediante escrito que por turno de reparto correspondió a este Juzgado se presentó demanda de juicio ordinario en la que, en síntesis, alegaba: en fecha 12 de julio de 2008 los demandantes suscribieron con los demandados un contrato que denominaron Contrato de arras o señal, para la adquisición de una vivienda. En dicho contrato, los demandados se obligaban a vender y los demandantes a comprar la vivienda-apartamento libre de cargas y arrendamientos y al corriente de pago de las contribuciones e impuestos por el precio estipulado. En el acto de la firma, los demandantes entregaron a los demandados la cantidad de 10.000 euros, pactando que se devolverían dobladas en caso que incumplieran los vendedores lo pactado, o se perderían si quién incumplía eran los compradores. Las partes se obligaron a firmar la escritura pública de compraventa en enero de 2009, momento en el cual se abonaría el resto del precio pactado. En el momento que se iba a escriturar el notario advirtió que la finca estaba gravada con una hipoteca de 153.800 euros, la cual los demandados estaban dispuestos a cancelar con el importe de la venta, pero además también estaba gravada con un embargo dimanante de la ejecución hipotecaria número 378/2002 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Almansa por importe de 142.797 euros, habiéndose expedido certificación de cargas en dicho procedimiento. La fecha de anotación del embargo (19 de junio de 2008) era anterior a la firma del contrato de arras que nos ocupa, por lo que era conocido por los demandados. Los demandantes se negaron a suscribir el contrato y los demandados se negaron incluso a restituir la cantidad que se les entregó. Al no poder transmitir la vivienda libre cargas procede resolver el contrato con restitución del doble de la cantidad entregada en concepto de arras por haberse así pactado.  
Aducía los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se dictara sentencia por la que se estime íntegramente la demanda y declare resuelto el contrato suscrito entre las partes de fecha 12 de julio de 2008 y condene a los demandados a abonar a los demandantes la cantidad de 20.000 euros, con expresa condena en costas.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda se emplazó a los demandados, que a través de su representación presentó escrito de contestación el codemandado señor García en el que, resumidamente, alegaba: se desconocía la existencia del embargo que de hecho se anotó días antes a suscribir el contrato. El embargo era sobre el 50% de la vivienda que era titular el demandado, sin que tuviera conocimiento que pudiera existir alguna deuda pendiente con el Banco Bilbao Vizcaya. Dicho embargo se realizó en el curso de una ejecución hipotecaria (número 378/2002 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Almansa) instado hace seis años por la entidad bancaria. La vivienda se subastó o adjudicó a la ejecutante pensando el demandado que con ello había sido satisfecha completamente la deuda. El demandado, que no se personó en el procedimiento, decidió cerrar la empresa y trasladarse a Castellón. Por ello desconocía los embargos ya que las notificaciones se realizaban por edictos, ello a pesar que desde el 2004 está empadronado en Benicasim por lo que el Juzgado podría averiguar el domicilio. Al pensar que había saldado las deudas compró en 2004 la vivienda objeto de las presentes actuaciones junto con su hermana. Además, al no poder vender la vivienda el Banco de Valencia ha instado un procedimiento de ejecución hipotecaria. Se trató de solucionar el problema a través del padre de los demandados pero éstos no quisieron atender a una solución. No procede la devolución del doble de las cantidades entregadas ya que el contrato es nulo ya que existe en los contratantes un error en el consentimiento al creer que la vivienda no tenía más cargas que la hipoteca. Los demandantes sólo pueden reclamar la devolución de lo entregado, pero reclamando las cantidades en base a una resolución contractual, no pueden reclamarse en este procedimiento. No obstante, la interpretación tanto del artículo 1454 como del artículo 1152 del Código Civil debe ser restrictiva, permitiendo su moderación por los tribunales. El incumplimiento del contrato no fue por voluntad de los vendedores, además el registro es público.  
Tras aducir los fundamentos de derecho pertinentes terminaba solicitando que se dictara sentencia por la que:  
- Se desestime la demanda interpuesta por ser nulo el contrato, absolviendo a mi representado de las pretensiones de los demandantes, con imposición de las costas procesales.  
- Subsidiariamente se desestime parcialmente la demanda declarando que la única cantidad a abonar por el demandado es 10.000 euros, sin otros intereses que los del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y sin condena en costas.  
Tercero. Celebrada la audiencia previa y tras intentar la conciliación sin éxito, las partes, en su caso, realizaron alegaciones respecto a las excepciones procesales e impugnación documental, con fijación de hechos controvertidos. Al ser la única prueba propuesta la documental que consta en las actuaciones, se dejaron estas conclusas para sentencia.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Las partes suscriben un contrato de arras redactado por los demandados, ya que nada en contrario indican, por tanto son éstos los que determinan las cláusulas contractuales aceptadas por los demandantes (art. 5227 KV). En dicho contrato se determina el objeto de la compraventa y de forma clara se establece que el inmueble será comprado (por tanto transmitido) libre de cargas y arrendamientos (pacto primero). En el pacto segundo se establece la entrega, en concepto de arras o señal, de la cantidad de 10.000 euros por los compradores, que perderán "si incumplieran lo convenido en el presente documento, o tendrán derecho a percibir dobladas si el incumplimiento se produjera por los vendedores".  
Actualmente la jurisprudencia ha distinguido entre los siguientes tipos de arras: a) Confirmatorias. Son las dirigidas a reforzar la existencia del contrato, constituyendo una señal o prueba de su celebración, o bien representando un principio de ejecución. b) Penales. Su finalidad, es la de establecer una garantía del cumplimiento del contrato mediante su pérdida o devolución doblada, caso de incumplimiento por uno u otro contratante. c) Penitenciales. Son un medio lícito de desistir las partes del contrato mediante la pérdida o restitución doblada, que se refiere específicamente el artículo 1454 del Código Civil.  
Las dudas que puedan surgir en la determinación del tipo de arras que nos encontramos han de resolverse en atención a las normas de interpretación de los contratos, para saber el alcance y eficacia que las partes quisieron dar a las arras. Teniendo en cuenta que las arras o señal que como garantía permite el artículo 1.454 del Código Civil tiene un carácter excepcional que exige una interpretación restrictiva de las cláusulas contractuales debiendo entenderse en caso contrario que se trata de un simple anticipo a cuenta del precio que sirve para confirmarlo, por lo que su condición penitencial será necesario que esa sea la expresa voluntad de las partes. Debiendo, por tanto, expresar de una manera clara y evidente su carácter de penitenciales o penales.  
Según lo indicado no cabe duda que las partes quisieron dar el carácter de penales a las arras ya que determinan las consecuencias para el caso de incumplimiento por alguna de las partes, como así se observa de lo determinado en la cláusula segunda.  
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 10 de octubre de 2006 explica que "en sustancia las arras son una cantidad de dinero (o en otras cosas generalmente fungibles) que pueden entregarse ambos contratantes entre sí o solamente uno a otro, en un contrato o precontrato (habitualmente de compraventa, aunque también pueda ser de otro tipo, por ejemplo, permuta o arrendamiento) La función que cumplan esas arras o señal será la que los contratantes hayan querido darles en cada caso".  
Establece la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 11 enero de 2010: "La sentencia de instancia hace un análisis detenido del contrato suscrito en documento privado de fecha 22 de febrero de 2007, con las modificaciones realizadas por otro de 18 de mayo de 2007, y llega a una conclusión acertada tanto sobre su carácter, de verdadero contrato de compraventa, como sobre la cláusula séptima, en relación con la segunda a), que recogía la entrega de los 12.000, entendiendo que no se trata de un supuesto genuino de arras penitenciales, pese a la expresión en el propio contrato, sino que la entrega de tal cantidad integraba un simple anticipo a cuenta del precio, estableciéndose en la cláusula séptima que si el vendedor incumplía el contrato tendría que reembolsar al comprador el doble del importe que le hubiere entregado. En función de los términos de esa cláusula y entendiendo que no constituía un verdadero pacto de arras penitenciales en la medida en que no permitía el desistimiento voluntario del contrato mediante la pérdida o la restitución doblada (arras a las que específica y únicamente se refiere el artículo 8928 HS), no cabe duda de que sí suponía un supuesto de las denominadas arras penales, a las que se le asigna una función de garantía de cumplimiento, que se pierden en caso de incumplimiento pero que no permite desligarse del contrato, y que funcionan de modo similar a la cláusula penal del artículo 1154 del Código Civil, como resarcimiento, para el caso de incumplimiento.  
Desde esta perspectiva, la expresa pero genérica referencia contenida en el contrato se puede interpretar que comportaba la firme, deliberada y decidida voluntad de vendedor y comprador de suscribir un pacto en el que la demostración del incumplimiento reprochable al vendedor comportase que estuviera obligado a restituir al comprador el doble de la cantidad entregada por éste, y así se estipuló expresamente. Por tanto, la juzgadora de instancia, haciendo una adecuada interpretación de la cláusula controvertida, concluye que se trata de arras penales las establecidas en el contrato y, en consecuencia, estima la demanda, no siendo incongruente que las arras que sirven para confirmar el contrato puedan considerarse como penales, ante la previsión del incumplimiento, que es lo que quisieron los interesados al redactar el pacto de la cláusula séptima del contrato".  
Segundo. La escritura pública no se otorgó debido a que la finca no sólo estaba gravada con una hipoteca, conocida por los demandados y que a fecha de dicha escritura nada hicieron para cancelarla como era su obligación según lo pactado, sino que además estaba gravada con un embargo. El demandado señor García viene a alegar en general que:  
  
1.º Desconocía la existencia del embargo. Por ello el contrato es nulo ya que hay un vicio del consentimiento.  
2.º Los demandados no quisieron atender a la solución que les propusieron los vendedores.  
Respecto a esta última alegación no se alcanza a saber qué solución puede existir más allá de cancelar el embargo con el pago de la cantidad que corresponda, circunstancia que no se hizo. Tampoco explica la parte la solución que se propone. Pero además, los compradores aquí demandantes instan lo que se pactó, esto es, que se les transmitiera el inmueble libre de cualquier gravamen.  
Respecto al error alegado, que el artículo 1256 del Código Civil prevé junto al dolo ya la intimidación, como vicio del consentimiento y que da lugar a la nulidad del contrato si cumple lo dispuesto en su artículo 1266, la sentencia del Tribunal Supremo 24 de enero de 2003 señala: "de acuerdo con la doctrina de esta Sala, para que el error invalide el consentimiento, se ha de tratar de error excusable, es decir, aquel que no se pueda atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya que el error inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar el consentimiento, así lo entienden las sentencias de 14 y 18 de febrero de 1994, 6 de noviembre de 1996 y 30 de septiembre de 1999", señalándose en la penúltima de las citadas que "la doctrina y la jurisprudencia viene reiteradamente exigiendo que el error alegado no sea inexcusable, habiéndose pronunciamiento por su inadmisión, si este recae sobre las condiciones jurídicas de la cosa y en el contrato intervino un letrado, o se hubiera podido evitar el error con una normal diligencia"; con cita de otras varias, la sentencia de 12 de julio de 2002 recoge doctrina respecto al error en el objeto al que se refiere el párrafo primero del artículo 1265 del Código Civil y establece que "será determinante de la invalidación del contrato únicamente si reúne dos fundamentales requisitos: a) Ser esencial porque la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de éste. b) Que no sea imputable a quien lo padece y no haya podido ser evitado mediante el empleo, por parte de quien lo ha sufrido, de una diligencia media o regular teniendo en cuenta la condición de las personas, pues de acuerdo con los postulados de la buena fe el requisito de la excusabilidad llene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza infundida por la declaración (sentencias de 18 de febrero y 3 de marzo de 1994)". En principio resulta paradójico que quién alegue el error del consentimiento sea el propio vendedor sobre las cargas que pesan sobre su finca. La existencia de un procedimiento ejecutivo era sabido por el demandado, como no puede ser de otra forma ya que dejó de cumplir sus obligaciones de pago del préstamo hipotecario. Si se desentiende del procedimiento, no es responsabilidad de los demandantes, ni puede pretender que sea el juzgado ejecutante el que se encargue de averiguar su domicilio, máxime cuando la diligencia hace que sea el propio demandado (ejecutado en dicho procedimiento) el que deba facilitar su domicilio al juzgado e interesarse por las actuaciones que se siguen contra el mismo. La alegación referente a que se le hizo notificaciones por edictos lo único que denota es la irresponsabilidad y dejadez del demandado ante una actuación ejecutiva frente a su patrimonio, dicha actitud no puede perjudicar a los demandantes. Pero además, como bien dice el demandado, el registro es público por lo que teniendo en cuenta las circunstancias que concurrían en el mismo (ejecución indicada) era en todo punto lógico que se asegurara del resultado de dicho procedimiento ejecutivo que pudiera afectar (como así ha sido) a otros bienes de su patrimonio. En definitiva, el supuesto error alegado es en todo punto excusable.  
Por tanto, los demandados incumplen su obligación de transmitir la vivienda libre de cargas, estando gravada con un embargo además de una hipoteca. Por lo que en virtud de lo pactado por las partes deben restituir el doble de la cantidad entregada por los demandantes con resolución del contrato.  
Tercero. Las costas se impondrán a los demandados por imperativo del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Vistos los artículos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,  
Fallo:  
Estimar la demanda interpuesta por María del Carmen Bou Forcada y Miguel Moliner Carreres contra Vanesa García Piqueras y Alfonso García Piqueras y condeno a los demandados a los siguientes pronunciamientos: se declara resuelto el contrato de fecha 12 de julio de 2008, debiendo pagar a los demandantes doce mil euros (12.000 €) más interés legal desde la interposición de la demanda y costas procesales.  
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se notifique esta resolución.  
En virtud de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, de Poder Judicial, para la admisión a trámite del recurso será necesario que la parte recurrente haya efectuado el depósito correspondiente en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado; sin dicho requisito no se admitirá a trámite.  
Llévese el original al libro de sentencia.  
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio mando y firmo».  
  
Publicación. Dada, leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el magistrado juez que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública, el mismo día de su fecha. Doy fe.  
  
Y encontrándose dicha demanda, Vanesa García Piqueras, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma a la misma.  
  
Castellón de la Plana, 28 de noviembre de 2011.- La secretaria judicial: Ana Isabel Yagüe Ribes.