Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 1655, del 04-11-1991 (1991/800194)

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1991, del Director General de Administración Local, de la Conselleria de Administración Pública de la Generalitat Valenciana, por la que se ordena publicar un texto de Ordenanza General reguladora de los precios públicos locales.
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Número DOGV
:   1655

Fecha DOGV
:   04-11-1991

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1991/800194


Fecha del documento
:   25-10-1991

Organismo emisor
:   Conselleria de Administración Pública

Tipo de documento
:   Resolución

Resolución de 25 de octubre de 1991, del Director General de Administración Local de la Conselleria de Administración Pública de la Generalitat Valenciana, por la que se ordena publicar un texto de Ordenanza General reguladora de los precios públicos locales.  
Una de las principales novedades introducidas por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, ha sido sin duda la relacionada con los precios públicos. La difícil separación de éstos con otras exacciones locales puesta de manifiesto por la doctrina, justifica la breve regulación que efectúa la citada Ley (artículos 41 a 48) pero deja sin respuesta numerosas cuestiones que sólo en parte pueden ser resueltas por la aplicación supletoria y analógica de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (BOE del 15 de abril 1989), así como del resto de legislación presupuestaria y tributaria del estado y de las comunidades autónomas.  
Sin embargo, no es posible extender a los precios públicos el régimen jurídico general de los tributos por cuanto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales queda claramente determinada la voluntad del legislador de dotarlos de un régimen jurídico propio y mucho más simple, al enumerarlos como recursos de diferente naturaleza y prever la posibilidad de su establecimiento por la comisión de gobierno.  
A tal objeto, para completar esta escasa regulación, de conformidad con el artículo 5.E de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las entidades locales pueden redactar sus propias ordenanzas y es por ello que se ofrece a través de la presente resolución un modelo que pueda servir para su adopción total o parcial por aquellas entidades que quieran completar la escasa regulación.  
En la tramitación de la Ordenanza General deberá seguirse el procedimiento y régimen previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local para la aprobación de ordenanzas locales y no el procedimiento establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ya que no hay que olvidar que los precios públicos no tienen naturaleza tributaria.  
El texto que se presenta pretende sistematizar y aclarar la regulación legal, siendo de destacar el procedimiento previsto para el establecimiento y fijación de los mismos.  
En este sentido, entre las posibilidades tenidas en cuenta para la redacción de la ordenanza, consistente una en someter el establecimiento y fijación al rígido procedimiento del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y, la otra, en adecuar el procedimiento a la Ley de Procedimiento Administrativo, la ordenanza opta por un régimen intermedio que, garantizando la audiencia de los interesados, y la seguridad jurídica con la previa publicación, permite la agilización procedimental buscada por el legislador para estos recursos.  
Así pues, el texto que se publica, que es fruto del trabajo de la Comisión de Coordinación con las Diputaciones en materia de asesoramiento, recoge en aquellos aspectos que no son una mera transcripción de la ley, una de entre las varias posibilidades de regular los precios públicos; de ahí que se ofrezca este modelo de ordenanza a los entes locales para que o bien lo aprueben en su totalidad, si se adaptara a sus necesidades, o bien sólo en aquellos aspectos de mayor interés para las mismas.  
La presente resolución, no supone en ningún caso la sustitución del procedimiento de aprobación de la ordenanza por cada ente local, si bien estos podrán, si lo consideran conveniente, efectuar las publicaciones correspondientes haciendo una remisión a la presente resolución por lo que se refiere al texto íntegro.  
En su virtud resuelvo:  
Primero  
Publicar como anexo de esta resolución el texto de una Ordenanza General reguladora de los precios públicos locales, al objeto de que pueda se utilizado total o parcialmente por aquellas entidades locales que lo consideren conveniente, para su aprobación mediante el procedimiento legalmente establecido.  
Segundo  
La presente publicación que se efectuará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en cada uno de los boletines oficiales de las provincias de esta comunidad autónoma podrá utilizarse como referencia y sustituir la publicación del texto íntegro. A tal efecto, en el anuncio que se remita al Boletín Oficial de la Provincia respectivo, se hará constar, en su caso, que se corresponde íntegramente con el publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y Boletín Oficial de la Provincia correspondiente y sus fechas.  
Valencia, 25 de octubre de 1991. - El Director General d'Administració Local: Salvador Verger i Estrela.  
ANEXO  
Ordenanza genera reguladora de los precios públicos locales  
Objeto  
Artículo primero  
La presente ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el establecimiento, fijación, administración y cobro de los precios públicos de esta entidad local.  
Procedimiento para el establecimiento, modificación y fijación de los precios públicos  
Artículo segundo  
1. El establecimiento, modificación y fijación de los precios públicos se efectuará por el pleno de la corporación y, en su caso, por la comisión de gobierno, organismos autónomos locales y consorcios en los términos del artículo 48 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales.  
2. Los organismos autónomos podrán fijar los precios públicos, previamente establecidos por el ente local respectivo, que se refieran a los servicios a su cargo siempre que se prevea que como mínimo cubrirán el coste del servicio, con arreglo al siguiente procedimiento:  
a) El organismo autónomo que pretenda la fijación o modificación, enviará al ente local del que dependa, propuesta y estado económico del que se desprenda que los precios públicos cubrirán el coste del servicio.  
b) Examinada la propuesta y comprobado que cumple los requisitos exigidos, el pleno o, en su caso, la comisión de gobierno, acordará el establecimiento o modificación de los precios públicos y atribuirá expresamente la fijación al organismo solicitante.  
c) La fijación por el organismo autónomo se efectuará por su presidente, el cual dará cuenta inmediata al órgano plenario del mismo y al pleno o, en su caso, comisión de gobierno del ente local.  
d) Sin perjuicio del cumplimiento de otros requisitos, la fijación no producirá efectos ni será exigible hasta que haya tenido entrada en el registro del ente local copia literal del acuerdo de fijación y se haya procedido a la publicación conforme al artículo siguiente.  
3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a los consorcios salvo que se disponga otra cosa en sus estatutos.  
Contenido mínimo y tramitación  
Artículo tercero  
1. Los acuerdos de establecimiento de los precios públicos contendrán únicamente el servicio, actividad, ocupación o utilización a que se refieran. Los acuerdos o resoluciones que, además de establecer, fijen los precios públicos, contendrán como mínimo, además de la referencia al servicio, actividad u ocupación del dominio público a que afecten, los supuestos de hecho de los que derive la obligación de pagar, así como las contraprestaciones pecuniarias exigibles por cada acto o hecho singularizado.  
En ambos casos contendrán aquellos aspectos singulares que se consideren necesarios.  
2. La referencia a los acuerdos de establecimiento, modificación y fijación de los precios públicos, así como el texto íntegro en que se contengan las contraprestaciones pecuniarias exigibles y los aspectos singulares introducidos, una vez aprobados inicialmente, deberán exponerse al público mediante anuncios en los tablones de edictos del ente local y de los organismos autónomos y consorcios a que se refieran, durante un plazo de treinta días, en el que podrá examinarse el expediente y formularse reclamaciones y sugerencias. Si no se formulare ninguna o, formuladas, no se resolvieren expresamente en un plazo de quince días, se entenderán denegadas, deviniendo el acuerdo definitivo y entrando en vigor una vez se publique el citado texto en el Boletín Oficial de la Provincia.  
En el supuesto de que la fijación de los precios públicos se efectúe por los organismos autónomos o consorcios, la publicación conjunta del establecimiento y fijación en el Boletín Oficial de la Provincia se ordenará por el ente local.  
3. En las oficinas del ente respectivo estará a disposición de los administrados durante el horario de atención al público un ejemplar de los precios vigentes. Igualmente podrán obtenerse copias de los mismos.  
Tramitación  
Artículo cuarto  
1. Toda propuesta de establecimiento, fijación o modificación de precios públicos irá acompañada de una memoria económico- financiera que al menos deberá prever los siguientes aspectos:  
a) Justificación del importe de los precios que se propongan.  
b) Grado de cobertura financiera de los respectivos costes económicos.  
c) Las previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del precio subvencionada cuando se haga uso de las facultades previstas en el artículo 5.3 de esta ordenanza, de las que se dará cuenta inmediatamente a la oficina presupuestaria.  
2. Tratándose de precios públicos por la utilización o aprovechamiento del dominio público, la referida memoria deberá recoger, además, los valores de mercado que se hayan tomado como referencia para su fijación y, en su caso el deterioro o daños previsibles que se puedan ocasionar respecto del dominio público local.  
3. La memoria se revisará al menos una vez al año con ocasión de la liquidación presupuestaria.  
Cuantía  
Artículo quinto  
1. Los precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades deberán cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada, debiendo tener en cuenta para la determinación de aquel los costes directos e indirectos, tanto fijos como variables, incluyendo las amortizaciones técnicas.  
El importe de los precios públicos por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se fijarán tomando como referencia el valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de aquellos. La utilidad se determinará calculando el coste financiero que supondría la adquisición de un bien de similares características y análoga situación, aplicando el interés legal del dinero.  
Cuando se trate de precios públicos por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquellos consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el uno y medio por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal dichas empresas.  
2. En todo caso la estimación del coste del servicio o de la actividad, el valor del mercado o la utilidad derivada a tener en cuenta será la que se prevea en la memoria a que se refiere el artículo anterior.  
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, la entidad podrá fijar precios públicos inferiores a los parámetros previstos en el presente artículo, cuando aprecie la existencia de razones sociales, benéficas, culturales o de interés público.  
Salvo que se determine otra cosa en el acuerdo de fijación, con carácter general se establece una reducción del cincuenta por ciento en los precios públicos exigibles por servicios, actividades, ocupación o utilización del dominio público relativas a actividades encaminadas a la promoción y recuperación del valenciano y de las tradiciones culturales locales y comunitarias, así como aquellas dirigidas a la promoción social, económica y cultural de aquellas personas o grupos menos favorecidos y a la protección del medio ambiente.  
4. A las contraprestaciones pecuniarias que en concepto de precios públicos se establezca se sumará, en su caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el tipo vigente en el momento del devengo del mismo, y que se producirá y exigirá conforme a sus propias reglas.  
Obligados al pago  
Artículo sexto  
1. Son obligados al pago quienes disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público en beneficio particular, o se beneficien de los servicios o actividades por los que deben satisfacerse los precios públicos.  
2. Se presumen como obligados al pago, con carácter general, los solicitantes del servicio, actividad y utilización o aprovechamiento del dominio público.  
3. Resultan igualmente obligados al pago del importe de los precios públicos quienes aún no siendo solicitantes, resulten beneficiados por los servicios o actividades, o por el disfrute o aprovechamiento especial del dominio público, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que se deriven de la falta de dicha solicitud.  
4. Cuando se trate de precios públicos por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales en favor de empresas explotadoras de servicios y suministros qiie afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, estarán obligados al pago las citadas empresas, quienes deberán justificar al menos semestralmente los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal.  
Artículo séptimo  
Los obligados al pago deberán:  
a) Formalizar cuantas declaraciones se les exijan en razón del precio público.  
b) Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones, así como la entrega de datos, antecedentes y justificantes que les sean solicitados.  
c) Declarar su domicilio, entendiéndose a todos los efectos subsistente el último domicilio que figure en cualquier documento de naturaleza tributaría o económica, mientras no comunique otro distinto a la administración o ésta no lo rectifique mediante la comprobación pertinente.  
Responsables subsidiarios y solidarios  
Artículo octavo  
Quedan obligados, en su caso, igualmente al pago de la deuda por precios públicos, los responsables subsidiarios y solidarios.  
Artículo noveno  
Serán responsables subsidiarios:  
a) Los administradores de las personas jurídicas, por la totalidad de la deuda, en los casos que no realicen los actos necesarios a que estuvieren obligados, consintieren el incumplimiento de dichas obligaciones por quienes de ellos dependan, o efectuaren actuaciones y adoptaren acuerdos que hicieran posible tales infracciones.  
b) Los administradores de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones pendientes de las mismas.  
c) Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando, por negligencia o mala fe, no realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los obligados al pago.  
d) Los adquirentes de bienes, afectos por Ley a la deuda contraída, que responderán con ellos por derivación de la acción, si la deuda no se paga, una vez agotado el procedimiento de apremio.  
Artículo diez  
En los casos de responsabilidad subsidiaria será inexcusable la previa declaración de fallido del obligado al pago, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan reglamentariamente adoptarse.  
La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá, previamente, un acto administrativo, que será notificado reglamentariamente, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del obligado al pago.  
Los responsables subsidiarios están obligados al pago de las deudas cuando concurran las siguientes circunstancias:  
a) Que el deudor principal haya sido declarado fallido conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.  
b) Que exista acto administrativo de derivación de responsabilidad.  
El acto administrativo de derivación de responsabilidad contra los responsables subsidiarios será dictado por la alcaldía- presidencia, una vez obre en su poder el expediente administrativo de apremio con la declaración de fallido de los obligados al pago.  
Dicho acto, en el que se cifrará el importe de la deuda exigible al responsable subsidiario, será notificado a éste.  
Artículo once  
Serán responsables solidarios:  
a) Las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción de las normas reguladoras de los precios públicos, y  
b) Los copartícipes de las entidades jurídicas, en proporción a sus cuotas.  
No obstante, podrá dirigirse la acción en cualquier momento del procedimiento, contra los responsables solidarios.  
La liquidación, en su caso, será notificada al responsable solidario al mismo tiempo que al obligado al pago.  
La responsabilidad alcanzará tanto al importe del precio como a los demás elementos que integran la deuda.  
Administración y cobro  
Artículo doce  
La administración y cobro de los precios públicos se realizará por la propia corporación. Podrá llevarse a cabo igualmente, a través de organismos a los que se encomiende dicha función, así como por los servicios, órganos o entes que hayan de percibirlos, quienes podrán establecer normas concretas para la gestión de los mismos.  
Obligación de pagar  
Artículo trece  
1. La obligación de pago nace desde que se inicie la prestación del servicio, se realice la actividad o se conceda o autorice la utilización privativa o el aprovechamiento especial.  
2. La presidencia de la corporación es el órgano competente para la aprobación de las liquidaciones y para realizar cuantos actos de gestión no estén atribuidos expresamente a otros órganos.  
Pago  
Artículo catorce  
1. El pago de los precios públicos se efectuará, con carácter general, anticipadamente al momento de presentar la correspondiente solicitud, mediante el ingreso del depósito previo de su importe total. Se adjuntará la oportuna carta de pago acreditativa del ingreso.  
Podrán exigirse en régimen de auto- liquidación aquellos precios públicos cuya naturaleza permita el pago a través de dicho sistema y cuando para una mejor gestión recaudatoria así lo determine la corporación.  
2. Salvo los supuestos previstos en el artículo 15.1 de la presente Ordenanza en los que podrá establecerse el pago por anualidades anticipadas en los que específicamente así se prevea, no se admitirá a trámite ninguna solicitud que carezca de dicho requisito. Sin perjuicio de lo anterior, la utilización o aprovechamiento especial del dominio público sólo podrá llevarse a cabo cuando se obtenga la correspondiente autorización o concesión. Tampoco facultará para exigir la prestación del servicio o de la actividad administrativa de que se trate hasta la obtención de la correspondiente licencia o autorización en su caso.  
3. El pago se realizará en efectivo o mediante los efectos que pueda determinar la corporación.  
4. El ingreso se efectuará en la caja de la corporación o en las cuentas que a tal efecto queden abiertas en las entidades colaboradoras que se determinen.  
Artículo quince  
1. Cuando se trate de servicios, actividades, utilización o aprovechamientos especiales del dominio público, de prestación periódica o duración continuada o superior a un año, el precio se abonará, por primera vez, en el plazo de dos meses, contando desde el día siguiente a la notificación de la correspondiente resolución.  
Para los ejercicios sucesivos, la exposición pública de los padrones y matrículas producirá los efectos de dicha notificación. En los mismos bastará que conste el servicio, actividad o dominio público a que afecten, nombre del interesado e importe, sin perjuicio de hacer constar cuantos datos se consideren de interés.  
Dichos padrones y matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación de la Presidencia y se expondrán al público a efectos de examen, reclamaciones y corrección de datos por parte de los legítimamente interesados durante el plazo de quince días.  
2. Cuando se trate de servicios, actividades o aprovechamientos llevados a cabo sin solicitud o autorización, el ingreso se efectuará en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del correspondiente requerimiento, sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar por la omisión de dicha solicitud cuando sea preceptiva o no resultara ajustado a derecho el respectivo aprovechamiento o utilización.  
3. Las notificaciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con sujeción a las normas reguladoras de procedimiento administrativo local común.  
Artículo dieciséis  
1. El importe del depósito previo a que se refieren los artículos anteriores tendrá carácter provisional. La administración en el plazo de tres meses procederá a su revisión elevándola a definitiva. Transcurrido este plazo sin efectuarla la deuda devendrá definitiva.  
2. Caso de que exista discordancia entre la deuda provisional y la definitiva, las cantidades en su caso ingresadas en concepto de depósito previo se considerarán a cuenta de la cantidad definitiva que resulte. En este supuesto deberá notificarse la diferencia que se haya producido, debiendo procederse a su devolución parcial o ingreso suplementario en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la mencionada notificación.  
Devolución de ingresos  
Artículo diecisiete  
1. Cuando, por causas no imputables al obligado al pago, el servicio público, la actividad administrativa o la utilización del dominio público no tenga lugar, procederá la devolución del importe total cuando no se hubiera iniciado la prestación o utilización respectiva, o del importe parcial en proporción a la intensidad y plazo en que se haya prestado o utilizado sobre el total previsto y al gasto que la corporación hubiese efectuado si se trata de causas no imputables a ésta.  
2. Cuando se trate de espectáculos que no se celebren por causas metereológicas u otras de fuerza mayor procederá la devolución únicamente de las cantidades que la administración no venga obligada a pagar por aquellos eventos. Cuando sea posible, podrán canjearse las entradas por otra sesión.  
Procedimiento de apremio  
Artículo dieciocho  
1. Transcurridos seis meses contados a partir del día siguiente al último concedido para pagar en período voluntario, se requerirá a los que no lo hubieren efectuado, mediante notificación, a fin de que lo hagan efectivo en los veinte días siguientes, apercibiéndoles que, de no efectuarlo, se exigirá mediante el procedimiento administrativo de apremio.  
2. En el caso de que transcurra este plazo sin efectuarse el pago, por quienes gestionen su cobro se remitirá a la tesorería expediente en el que figuren las solicitudes, las liquidaciones, padrones, notificaciones y cuantos actos y documentos acrediten las gestiones de cobro llevadas a cabo.  
3. La tesorería, previa comprobación del cumplimiento de los trámites exigibles en el expediente, expedirá la oportuna providencia de apremio, que se llevará a cabo por el procedimiento previsto en la legislación tributaría.  
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, las cantidades no satisfechas en el período cobratorio respectivo devengarán intereses legales de demora conforme a las reglas generales que rigen para los tributos.  
Normas específicas para precios públicos referidos al dominio público  
Artículo diecinueve  
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, se estará a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y a lo establecido en los apartados siguientes del presente artículo.  
2. Sólo existirá la aludida obligación de reintegro cuando la destrucción o deterioro del dominio público no se haya tenido en cuenta en la memoria respectiva a que se refiere el artículo 4 de la presente ordenanza. A tales efectos, el procedimiento para su exigencia será el siguiente, distinguiéndose según el carácter reparable o irreparable de los daños:  
a) Cuando los daños sean reparables, antes de iniciarse la utilización o aprovechamiento, deberá prestarse, por parte del beneficiario, fianza en metálico en cuantía suficiente que asegure la reparación o reconstrucción por éste, conforme a las instrucciones y plazos que se determinen por la corporación. Para la devolución de dicha fianza será requisito indispensable que en el expediente obre informe técnico favorable referido a la reconstrucción o reparación efectuada. El incumplimiento de las instrucciones o plazos para reparar o reconstruir facultará a la administración, sin más formalidades, para ejecutar las obras necesarias con cargo a la fianza depositada, dando cuenta de ello al interesado, devolviendo o exigiendo según los casos, la diferencia del importe que resulte respecto del depósito previo.  
b) Cuando los daños sean irreparables se exigirá depósito con carácter previo a la utilización o aprovechamiento, por el importe previsible de la indemnización. La administración quedará facultada, al tener constancia de haberse producido el daño irreparable previsto, y tras comprobación del mismo que se acreditará en el expediente y de la que se dará cuenta al beneficiario, para hacer efectivo su derecho, sin más trámites, con cargo al depósito efectuado.  
c) La evaluación económica que del daño reparable o irreparable ha de efectuarse con carácter previo a la utilización o aprovechamiento, con arreglo a las anteriores normas, a fin de proceder al reintegro o indemnización correspondiente, se fijará a través del oportuno informe de los servicios técnicos, que tendrán en cuenta respectivamente, según se trate de reintegro o indemnización, el coste de los gastos de reconstrucción o reparación; o el importe del valor, bien de los bienes destruidos, bien del deterioro de los dañados.  
d) Las fianzas deberán actualizarse periódicamente.  
3. En ningún caso cabrá la condonación total o parcial de las indemnizaciones o reintegros regulados en el presente artículo.  
Régimen de recursos  
Artículo veinte  
Contra los actos de gestión de los precios públicos podrá interponerse recurso de reposición, previo al contencioso- administrativo.  
DISPOSICION ADICIONAL  
En lo no previsto expresamente en la presente ordenanza ni en los acuerdos de establecimiento y fijación de los precios públicos ni en la normativa específica que los regule, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General aprobada por esta corporación, en todo aquello que no sea incompatible con la naturaleza de los ingresos citados, y en el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE núm. 3, de 3 de enero de 1991).  
DISPOSICION FINAL  
La presente ordenanza, que consta de 20 artículos y una disposición adicional, aprobada inicialmente en fecha   
y definitivamente en fecha , comenzará a regir el  
1 de enero de 1992 y continuará vigente hasta su modificación o derogación.