Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 1656, del 05-11-1991 (1991/823103)

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1991, del Director General de Administración Local de la Conselleria de Administración Pública de la Generalitat Valenciana, por la que se ordena publicar un texto de Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos Locales.
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Número DOGV
:   1656

Fecha DOGV
:   05-11-1991

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1991/823103


Fecha del documento
:   25-10-1991

Organismo emisor
:   Conselleria de Administración Pública

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

Resolución de 25 de octubre de 1991, del Director General de Administración Local de la Conselleria de Administración Pública de la Generalitat Valenciana por la que se ordena publicar un texto de Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos Locales.  
La Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, obligó a las entidades locales a adoptar antes del 1 de enero de 1990 los acuerdos necesarios para renovar todas las ordenanzas fiscales hasta entonces vigentes. Ello supuso efectuar un esfuerzo normativo considerable que, en el caso de los municipios con menor capacidad de gestión, ha ralentizado durante un largo período el resto de sus actividades.  
La competencia para la imposición y ordenación tributaria viene atribuida a los propios entes locales que deben aprobar cada una de las ordenanzas, pudiendo además establecer y aprobar ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección.  
El establecimiento de una ordenanza general puede simplificar, en gran medida, la ordenación e imposición singular de cada tributo y solucionar parte de los problemas que se pueden plantear:  
- Por un lado se evitan duplicidades y reproducciones innecesarias en la publicación de las ordenanzas específicas de cada tributo, por lo que se refiere a sus normas comunes de gestión, recaudación e inspección;  
- Por otro, con la recopilación normativa que supone la redacción de una ordenanza fiscal general, cada entidad local va a contar, para la gestión, recaudación e inspección de sus recursos tributarios, con un marco reglamentario de carácter general que, con respeto a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, adapta al ámbito municipal la normativa vigente en materia tributaría.  
En definitiva, con la ordenanza fiscal general se pretende facilitar la aplicación del sistema tributario local por cada Entidad, racionalizar su gestión y clarificar su interpretación por los contribuyentes.  
Hay que recalcar que, en cualquier caso, la remisión que cada ayuntamiento efectúe en sus respectivos acuerdos a la ordenanza que se ofrece y publica desde la Dirección General de Administración Local, no sustituye el procedimiento a que se debe someter para su aprobación por cada entidad local, ya que la presente resolución no tiene carácter normativo sino de mero instrumento de apoyo y consulta para que cada corporación confeccione su propio modelo. No obstante, las entidades locales que asuman íntegra o parcialmente el texto propuesto, pueden hacer referencia, en sus acuerdos y anuncios, a las publicaciones en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y boletines oficiales instadas desde este centro directivo, solucionando de esta forma, el problema que en muchas ocasiones supone, tanto temporal como económico, el que cada entidad publique íntegramente su propio texto de ordenanza.  
Las numerosas consultas recibidas sobre estos aspectos aconsejan que por parte de esta dirección general se redacte una ordenanza fiscal general cuyo texto se publica al objeto de que pueda ser utilizado por aquellos entes locales de la Comunidad Valenciana que consideren que el mismo contiene las soluciones que precisan.  
En su virtud resuelvo,  
Primero  
Publicar como anexo de esta resolución el texto de una ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección de los tributos locales, al objeto de que pueda ser utilizado total o parcialmente por aquellas entidades locales que lo consideren conveniente, sin perjuicio de su necesaria aprobación mediante el procedimiento legalmente establecido.  
Segundo  
Las entidades locales que asuman como propio y de forma global el texto de la ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección que en esta resolución se propone, podrán remitirse en sus respectivos acuerdos y anuncios, a la presente publicación.  
Tercero  
Aquellas otras corporaciones que asuman tan sólo parcialmente la ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección que en esta resolución se propone deberán publicar, independientemente, el texto de los artículos de la misma que se modifiquen, añadan o supriman, remitiéndose en los preceptos no modificados a la presente publicación.  
Cuarto  
En ambos supuestos, tanto de asunción íntegra como parcial de la ordenanza, cuando se remitan por la entidad local los anuncios para su publicación se hará constar, en su caso, que esta ordenanza se corresponde con el Texto de ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y Boletín Oficial de la Provincia correspondiente y sus fechas, con las modificaciones en su caso introducidas por cada corporación.  
Valencia, 25 de octubre de 1991. - El Director General de Administración Local: Salvador Verger i Estrela.  
ANEXO  
Ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e inspección de los tributos locales  
TITULO I  
Normas generales en materia tributarla  
CAPITULO I  
Principios generales  
Objeto  
Artículo primero  
La presente ordenanza fiscal general tiene por objeto establecer los principios básicos y las normas de gestión, recaudación e inspección comunes a todas las exacciones que constituyen el régimen fiscal de esta entidad local, y se dicta en uso de la potestad reglamentaria específica que le atribuye el artículo 106.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local. Las normas de esta ordenanza se considerarán parte integrante de las ordenanzas de los tributos propios, en todo lo que no esté especialmente regulado en éstas.  
Ambito de aplicación  
Artículo segundo  
Esta ordenanza fiscal general obligará:  
a) Ambito territorial: en todo el territorio del término municipal.  
b) Ambito temporal: desde su aprobación hasta su nueva modificación o derogación.  
Interpretación de las ordenanzas  
Artículo 3  
1. Ejerciéndose la potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaría a través de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección, el Pleno podrá dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.  
2. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.  
3. Para evitar el fraude de ley se entenderá, a los efectos del número anterior, que no existe extensión del hecho imponible cuando se graven hechos realizados con el propósito probado de eludir el tributo, siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. Para declarar que existe el fraude de ley será necesario un expediente en el que se aporte por la Administración la prueba correspondiente y se dé audiencia al interesado.  
Artículo cuarto  
La exacción se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica y económica del hecho imponible.  
CAPITULO II  
Elementos de relación tributaria  
El hecho imponible  
Artículo quinto  
1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijada en la ley y ordenanza fiscal correspondiente, en su caso, para configurar cada exacción y cuya realización origina el nacimiento de la obligación de contribuir.  
2. Las ordenanzas de los respectivos tributos completarán, en su caso, la determinación concreta del hecho imponible mediante la mención de los supuestos de no sujeción, así como de las condiciones en que nace la obligación de contribuir.  
Sujeto pasivo  
Artículo sexto  
En todo lo relativo al sujeto pasivo (principios generales, responsables del tributo, capacidad de obrar y domicilio fiscal) se estará a lo dispuesto en los artículos 30 al 46 de la Ley General Tributaria, y a las modificaciones que con posterioridad puedan promulgarse sobre tales materias.  
En especial, y por lo que se refiere al domicilio fiscal, cuando no se efectúe la preceptiva declaración del domicilio dentro del término municipal, tendrán la consideración de representantes de los titulares de la propiedad o actividad económica:  
a) Los administradores, apoderados o encargados de los propietarios de bienes o titulares de actividades económicas.  
b) En su defecto, los colonos, arrendatarios o aparceros de fincas rústicas, cuando sus propietarios o administradores no residieran en el término municipal.  
c) Los inquilinos de fincas urbanas, cuando cada una de ellas estuviere arrendada a una sola persona o no residiere en la localidad el dueño, administrador o encargado.  
Base de gravamen  
Artículo séptimo  
Se entiende por base de gravamen la calificación del hecho imponible como módulo de imposición a los efectos de fijar la deuda tributaria mediante la aplicación de una tarifa o de una cantidad fija señalada en cada caso.  
Artículo octavo  
El régimen de estimación directa o indirecta que sea de aplicación respecto de la determinación de las bases tributarias se regirá por lo dispuesto en los artículos 48, 50 y 51 de la Ley General Tributaria, estableciéndose en la ordenanza propia de cada exacción los medios y métodos para determinar la base imponible dentro de los regímenes expresados.  
CAPITULO III  
Deuda tributaria  
Artículo noveno  
1. La deuda tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo a la administración, integrada por la cuota tributaria e incrementada, en su caso, con los siguientes conceptos:  
a) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas.  
b) El interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente el día que comience el devengo de aquel, incrementado en un veinticinco por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.  
c) El recargo de apremio que será del veinte por ciento.  
d) Las sanciones pecuniarias de carácter fiscal.  
2. El interés de demora se aplicará:  
a) A los débitos satisfechos en vía de apremio, aunque lo sean sin requerimiento previo de la administración.  
b) A los aplazamientos y fraccionamientos que se concedan para el pago de la deuda.  
c) A las infracciones graves.  
Determinación de la cuota  
Artículo diez  
La cuota se determinará:  
a) Por cantidad fija, señalada al efecto en la correspondiente ordenanza como módulo de tributación.  
b) Mediante tarifas establecidas en las ordenanzas propias de cada tributo, que se aplicarán sobre la base de gravamen.  
c) Aplicando al valor base de imposición el tipo de gravamen que corresponda. .  
d) Globalmente en las contribuciones especiales, para el conjunto de los obligados a contribuir, por el tanto por ciento del coste de las obras e instalaciones que se impute al interés particular, distribuyéndose la cuota global entre los sujetos pasivos, conforme a módulos que se fijen.  
Artículo once  
1. Para la determinación de la cuantía de las tasas deberán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica que respondan a parámetros objetivos de titularidad o goce efectivo de renta y patrimonio de los sujetos obligados a satisfacerlos.  
2. Las cantidades fijas o los porcentajes sobre la base referidos a categorías viales, serán aplicados de acuerdo con el índice fiscal de calles aprobado por este ayuntamiento con carácter general o para cada tributo en especial.  
Extinción de la deuda tributaría  
Artículo doce  
La deuda tributaria se extinguirá total o parcialmente, según los casos, por:  
a) Pago.  
b) Prescripción.  
c) Compensación, según lo establecido en el artículo 68 de la Ley General Tributaría y el artículo 109 de la Ley de Bases de Régimen Local.  
d) Condonación.  
e) Insolvencia probada del deudor.  
Del pago  
Artículo trece  
Respecto del pago de las deudas tributarías se estará, en general, a lo previsto el título II, capítulo V, sección 2ª, de la Ley General Tributaria, y a lo dispuesto en el título III de la presente ordenanza.  
De la prescripción  
Artículo catorce  
1. Prescribirán a los cinco años los siguientes derechos y acciones:  
1.1. En favor de los sujetos pasivos:  
a) El derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, contado dicho plazo desde el día del devengo o, en su caso, desde el día en que se finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.  
b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarías liquidadas, contado desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario.  
c) La acción para imponer sanciones tributarías, contado desde el momento en que se cometieren las respectivas infracciones.  
1.2. En favor de la administración: El derecho a la devolución de ingresos indebidos, contado desde el día en que se realizó dicho ingreso.  
2. Los plazos de prescripción a que se refiere el apartado 1.1 del número anterior se interrumpen:  
a) Por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo conducente al reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación de la exacción devengada por cada hecho imponible.  
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase: cuando por culpa imputable a la propia administración ésta no resuelva dentro del plazo marcado por la legislación vigente, el período de prescripción volverá a computarse a partir del momento en que deba entenderse transcurrido dicho plazo.  
c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda tributaría.  
Para el caso del apartado 1.2 del número 1 anterior, el plazo de prescripción se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso indebido, o por cualquier acto de la administración en que se reconozca su existencia.  
3. La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo. Corresponde su declaración a la Presidencia.  
4. Anualmente se instruirá por la tesorería municipal expediente colectivo para declarar la prescripción de todas aquellas deudas prescritas en el año que no hayan sido declaradas individualmente. Dicho expediente será aprobado por la Presidencia previa fiscalización del órgano interventor.  
De la condonación  
Artículo quince  
Las deudas tributarias sólo podrán ser objeto de condonación, rebaja o perdón en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determine.  
Insolvencia probada del deudor  
Artículo dieciséis  
1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los correspondientes procedimientos ejecutivos por insolvencia probada del sujeto pasivo y demás responsables, se declararán provisionalmente extinguidas en la cuantía procedente, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción. Si, vencido este plazo, no se hubiere rehabilitado la deuda, quedará ésta definitivamente extinguida.  
2. La declaración de fallidos se ajustará a las normas contenidas en el libro III del Reglamento General de Recaudación, correspondiendo su aprobación a la presidencia, previo expediente instruido por la tesorería.  
CAPITULO IV  
Las infracciones tributarias y su sanción  
Artículo diecisiete  
El concepto de infracción tributaria, sus clases y tipificación, las sanciones aplicables y los órganos competentes para su imposición, la graduación de las mismas, su cuantía y condonación en su caso y resto de consecuencias jurídicas en materia de infracciones tributarias serán las reguladas en los artículos 77 a 89 de la vigente Ley General Tributaria y en el Real Decreto 2631/85, de 18 de diciembre, (BOE núm. 16, de 18 de enero de 1986) sobre procedimiento para sancionar las infracciones tributarias, con las peculiaridades que se señalan en los artículos siguientes.  
Concepto  
Artículo dieciocho  
1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia.  
2. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes y, en particular, a las que se refiere el apartado 3 del artículo 77 de la Ley General Tributaria.  
3. En los supuestos previstos en el artículo 77.4 de la Ley General Tributaria, las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a la responsabilidad por infracción tributaria, aunque se exigirá el interés de demora, además de las cuotas, importes y recargos pertinentes, al regularizar la situación tributaria de los sujetos pasivos o de los restantes obligados.  
4. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de los delitos contra la hacienda pública regulados en el Código Penal, la alcaldía pasará el tanto de culpa a la jurisdicción penal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme. La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición o sanción administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito, la alcaldía decretará la continuación del expediente sancionador en base a los hechos que los tribunales hayan considerado probados.  
Clases de infracciones tributarías  
Artículo diecinueve  
Las infracciones tributarias podrán ser simples o graves.  
Artículo veinte  
1. Constituyen infracciones simples el incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de los tributos y cuando no constituyan infracciones graves.  
2. Dentro de límites establecidos por la ley, las ordenanzas de los tributos podrán especificar supuestos de infracciones simples, de acuerdo con la naturaleza y las características de la gestión de cada uno de ellos.  
Artículo veintiuno  
Constituyen infracciones graves las conductas siguientes:  
a) Dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentariamente señalados, la totalidad o parte de la deuda tributaría, de los pagos a cuenta o fraccionados.  
b) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones.  
c) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas a deducir o compensar en las bases o en la cuota en declaraciones- liquidaciones propias o de terceros.  
Sanciones  
Artículo veintidós  
1. Las infracciones tributarías se sancionarán, según los casos, mediante:  
a) Multa pecuniaria, fija o proporcional, dentro de los límites establecidos en el artículo 24 de la presente ordenanza fiscal general.  
b) Pérdida, durante un plazo de cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones o crédito oficial de la corporación.  
c) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos de cualquier naturaleza con esta corporación.  
2. El órgano competente para la imposición de las sanciones a que se refiere la letra «a» del apartado anterior será en todo caso la alcaldía- presidencia, correspondiendo al pleno u órgano en quien delegue, la imposición de las tipificadas en las letras «b» y «c» de dicho apartado.-  
Artículo veintitrés  
Las sanciones tributarías se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:  
a) La buena o mala fe de los sujetos infractores.  
b) La capacidad económica del sujeto infractor.  
c) La sanción repetida de infracciones tributarias.  
d) La resistencia, negativa y obstrucción de la acción investigadora de la administración tributaría.  
e) El cumplimiento espontáneo de las obligaciones o deberes formales y el retraso en el mismo.  
f) La transcendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o antecedentes no facilitados y, en general, el incumplimiento de las obligaciones formales, de las de índole contable o registral y de colaboración o información a la administración tributaría.  
g) La cuantía del perjuicio económico ocasionado a la Hacienda municipal.  
h) La conformidad del sujeto pasivo, o del responsable a la propuesta de liquidación que le formule.  
Límite de las sanciones  
Artículo veinticuatro  
1. Cada infracción simple será sancionada con multa de 1.000 a 150.000 pesetas, salvo lo dispuesto en los especiales supuestos recogidos en los artículos 83.ª 86 de la Ley General Tributaria.  
2. Las infracciones tributarías graves serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Ley General Tributaría.  
Condonación de sanciones  
Artículo veinticinco  
Por causas justificadas mediante expediente instruido al efecto, las multas impuestas en concepto de sanciones tributarias se podrán reducir o dejar sin efecto mediante condonación graciable con respeto, en todo caso, de lo dispuesto en la normativa tributaria vigente.  
La condonación graciable se concederá discrecionalmente por los órganos resolutivos de la corporación municipal, dentro de los siguientes límites:  
a) Por la presidencia, cuando el importe de la sanción no exceda de 100.000 pesetas.  
b) Por el pleno, las superiores a 100.000 pesetas.  
c) Asimismo, corresponderá al pleno, u órgano en quien delegue, la condonación de las sanciones previstas en los apartados b y c del artículo 22.1 de la ordenanza fiscal general.  
Será necesaria, en todo caso, la previa solicitud de los sujetos pasivos o responsables del tributo, y que éstos renuncien expresamente al ejercicio de toda acción de impugnación correspondiente al acto administrativo por el que se apruebe la liquidación en la que se comprenda o de la que derive la sanción tributaria cuya condonación se solicite. En principio, el beneficio de la condonación no podrá aplicarse a quienes sean reincidentes, salvo que se aprecien circunstancias excepcionales que el órgano resolutorio considerare aceptables para otorgar el beneficio.  
CAPITULO V  
Régimen de revisión de actos en vía administrativa y recursos  
Artículo veintiséis  
Respecto de la revisión de actos en materia de gestión tributaria y de recursos sobre actos de aplicación y efectividad de los tributos locales será de aplicación lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, en relación con los artículos 108, 110 y 113 de la vigente Ley 7/85, de 2 de abril.  
Artículo veintisiete  
1. Contra los actos de las entidades locales sobre aplicación y efectividad de los tributos locales podrá formularse, ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la notificación expresa o fecha de la finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes; contra la denegación de dicho recurso los interesados podrán interponer recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos meses si la denegación fuese expresa, y de un año si fuese tácita a contar desde la fecha de interposición del respectivo recurso de reposición.  
2. Los interesados podrán interponer directamente el recurso contencioso- administrativo contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en relación con los acuerdos de esta corporación en materia de imposición de tributos y aprobación y modificación de ordenanzas fiscales.  
Artículo veintiocho  
El régimen de suspensión de actos y acuerdos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, será fijado por el artículo 14 de la Ley 39/88, de Haciendas Locales.  
Artículo veintinueve  
La administración podrá rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, y siempre que no hayan transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación, los errores materiales o de hecho, así como los aritméticos.  
Rectificación de autoliquidaciones  
Artículo treinta  
1. En los supuestos en que un obligado tributario entienda que una declaración- liquidación o autoliquidación formulada por él ha dado lugar a la realización de un ingreso indebido, podrá instar la restitución de lo indebidamente ingresado a la presidencia, solicitud que habrá de tramitarse con sujeción a lo establecido por el artículo 8 del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre (BOE núm. 230, de 25 de septiembre de 1990).  
2. Cuando un obligado tributario considere que una declaración- liquidación o autoliquidación formulada por él ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, sin dar lugar a la realización de un ingreso indebido, podrá instar su rectificación a la presidencia según el procedimiento regulado en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1163/1990 de 21 de septiembre (BOE núm. 230, de 25 de septiembre de 1990).  
TITULO II  
Normas de gestión tributaria  
Ambito y carácter de la gestión  
Artículo treinta y uno  
1. La Gestión de las exacciones comprende todas las actuaciones necesarias para la determinación de la deuda tributaria y su recaudación.  
2. Los actos de determinación de las bases y deudas tributarias gozan de presunción de legalidad que sólo podrán destruirse mediante revisión, revocación o anulación practicadas de oficio o en virtud de los recursos pertinentes.  
Las consultas  
Artículo treinta y dos  
1. Los sujetos pasivos y los demás obligados tributarios podrán formular a la administración consultas debidamente documentadas respecto al régimen o a la clasificación tributaria que, en cada caso, les corresponda. La contestación tendrá carácter de mera información y no el de acto administrativo, y no vinculará a la administración ni al administrado, salvo en los supuestos previstos en el artículo 107.2 de la Ley General Tributaría.  
2. No obstante, el sujeto pasivo que, dentro de plazo, cumpliera con las obligaciones tributarias de acuerdo con la contestación que a su consulta diera la administración, no incurrirá en responsabilidad alguna si la consulta reunió los siguientes requisitos:  
a) Que hubiera comprendido todos los antecedentes y circunstancias necesarias para la formación del juicio de la administración.  
b) Que aquellos antecedentes y circunstancias no hubieran sufrido alteración posterior; y  
c) Que se hubiera formulado la consulta antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo concedido para su declaración.  
3. La exención de responsabilidad cesará cuando se modifique la legislación aplicable y no impedirá, en ningún caso, la exigencia de intereses de demora además de las cuotas, importes o recargos pertinentes.  
4. Los interesados no podrán entablar recurso alguno contra la contestación, aun cuando puedan hacerlo posteriormente contra el acto administrativo basado en ella.  
5. Corresponde al presidente de la entidad local la evacuación de las consultas reguladas en el presente artículo.  
Iniciación de la gestión tributaría  
Artículo treinta y tres  
La gestión de los tributos se iniciará:  
a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo.  
b) De oficio.  
c) Por actuación investigadora.  
d) Por denuncia pública.  
Declaración tributaría  
Artículo treinta y cuatro  
1. Se considerará declaración tributaría todo documento por el que se manifieste o reconozca que se han dado o producido las circunstancias o elementos de un hecho imponible, entendiéndose también como tal declaración la simple presentación del documento en que se contenga o constituya un hecho imponible.  
2. En ningún caso se exigirá que las declaraciones fiscales se formulen bajo juramento o promesa.  
3. Al tiempo de la presentación se dará a los interesados un recibo acreditativo de la misma, pudiendo servir a estos efectos el duplicado de la declaración.  
Obligatoriedad de su presentación  
Artículo treinta y cinco  
Será obligatoria la presentación de la declaración dentro de los plazos determinados en cada ordenanza particular, y, en general, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el hecho imponible. La no presentación dentro del plazo será considerada como infracción simple y sancionada como tal.  
Efectos de la presentación  
Artículo treinta y seis  
1. La presentación de la declaración ante la administración no implica aceptación o reconocimiento de la procedencia del gravamen.  
2. La administración puede recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así como la subsanación de los defectos advertidos en cuanto fuere necesario para la liquidación de la exacción y para su comprobación.  
Liquidación de la deuda tributaria  
Artículo treinta y siete  
Determinadas las bases imponibles, la gestión continuará mediante la práctica de la liquidación para fijar la deuda tributaria cuya aprobación corresponderá, salvo disposición legal expresa en contrario, al presidente de la entidad local.  
Tipos de liquidaciones  
Artículo treinta y ocho  
1. Las liquidaciones serán provisionales o definitivas.  
Tendrán la condición de definitivas:  
a) Las practicadas previa investigación administrativa del hecho imponible y comprobación de la base de gravamen, haya mediado o no liquidación provisional.  
b) Las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo de prescripción.  
2. Fuera de los casos que se indican en el número anterior, las liquidaciones tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales así como las autoliquidaciones.  
Comprobación a efectos de liquidación  
Artículo treinta y nueve  
1. La administración no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos. A tal fin la administración comprobará, al practicar las liquidaciones, todos los actos, elementos y valoraciones consignadas en las declaraciones tributarías a través de su actividad de investigación regulada en el título IV de la presente ordenanza.  
2. El aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo, con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que la motiven, conjuntamente con la liquidación que se practique.  
Notificación de la liquidación  
Artículo cuarenta  
1. Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos con expresión:  
a) De los elementos esenciales de aquéllas.  
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercitados, con indicación de plazos y órganos ante quienes hayan de interponerse.  
c) Del lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la- deuda tributaria.  
2. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se dé expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectúe el ingreso de la deuda tributaria.  
3. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos pasivos que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieran omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal dentro de ese plazo, en solicitud de que la administración rectifique la deficiencia.  
Padrón o matrícula de contribuyentes  
Artículo cuarenta y uno  
1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula de contribuyentes, los tributos en los que por su naturaleza la realización del hecho imponible tenga carácter periódico.  
2. Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en conocimiento de la administración, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan, toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el padrón.  
3. Las altas se producirán:  
a) Por declaración del sujeto pasivo.  
b) De oficio o por la acción investigadora de la administración. Surtirán efecto las altas desde la misma fecha que se practiquen o en aquella otra que, por disposición de cada ordenanza específica, nazca la obligación de contribuir.  
4. Las bajas deberán ser solicitadas por los sujetos pasivos, y una vez comprobadas, producirán, en su caso, la definitiva eliminación del padrón, con efectos a partir del período siguiente a aquel en que hubiesen sido prestadas, salvo las excepciones que se establezcan en cada ordenanza específica.  
Aprobación, exposición al público y reclamaciones de los padrones  
Artículo cuarenta y dos  
1. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación de la presidencia y se expondrán al público a efectos de examen, reclamación y corrección de datos por parte de los legítimamente interesados, durante el plazo de quince días.  
2. La exposición al público se realizará fijando el edicto en el tablón de anuncios de la casa consistorial e insertando copia del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo podrá divulgarse por los medios de comunicación que se consideren adecuados.  
3. A dicho edicto podrá acompañarse anuncio de cobranza que deberá contener, al menos, lo siguiente:  
a) El plazo de ingreso.  
b) Los lugares, días y hora de ingreso.  
c) La advertencia de que transcurrido el plazo de ingreso las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengaran el recargo de apremio, interés de demora, y en su caso, los costes que se produzcan.  
Artículo cuarenta y tres  
La exposición al público de los padrones y matrículas que contengan la cuota tributaria producirá los efectos de notificación de la correspondiente liquidación pudiendo interponerse por los interesados recurso de reposición contra la misma en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de la finalización del período de exposición pública.  
Carácter de registro público  
Artículo cuarenta y cuatro  
El padrón o matrícula de contribuyentes tendrá la consideración de un registro permanente y público, que podrá llevarse por cualquier procedimiento, incluso mecánico, que la entidad local acuerde establecer. En los casos en que exista fichero o registro informatizado, los que tengan la condición de interesados según la Ley de Procedimiento Administrativo, tendrán derecho a consultarlo y a obtener certificaciones sobre sus datos, las cuales tendrán el mismo valor que las expedidas a partir de ficheros tradicionales.  
Refundición de la liquidación y recaudación de tributos  
Artículo cuarenta y cinco  
1. Podrán refundirse la liquidación y la recaudación de las exacciones que afecten a un mismo sujeto pasivo.  
2. La refundición requerirá los siguientes requisitos:  
2.1. En cuanto a la liquidación, habrán de constar en la misma las bases y los tipos o cuotas de cada concepto, con lo que quedarán determinadas e individualizadas cada una de las liquidaciones que se refunden.  
2.2. Respecto de la recaudación, deberán constar por separado las cuotas relativas a cada concepto, cuya suma determinará la cuota refundida a exaccionar mediante el documento único.  
3. Las cuotas relativas a cada concepto tributario podrán ser recurridas de modo independiente respecto de la cuota refundida, siendo de aplicación a tal efecto el régimen general de suspensión y recursos.  
Cuotas cuya gestión resulta antieconómica para los intereses municipales  
Artículo cuarenta y seis  
1. Dejarán de liquidarse, se anularán de oficio o serán baja, según la situación de su respectivo proceso de gestión, aquellas cuotas que por su cuantía resultan antieconómicas para la hacienda local, por exceder el potencial importe de sus gastos de gestión al de la respectiva cuota.  
2. Cada ordenanza reguladora de los tributos propios fijará, en su caso, la cuantía máxima del límite para que opere la previsión del apartado precedente.  
TITULO III  
Normas de recaudación tributaria  
Normas de recaudación  
Artículo cuarenta y siete. Disposición General  
1. La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de todos los recursos de derecho público que constituyen la hacienda local.  
2. La recaudación podrá realizarse:  
a) En período voluntario.  
b) En período ejecutivo.  
3. En período voluntario, los obligados al pago harán efectiva sus deudas dentro de los plazos señalados al efecto. En período ejecutivo, la recaudación se realizará coercitivamente por vía de apremio sobre el patrimonio del obligado que no haya cumplido la obligación a su cargo en el período voluntario.  
Sistemas de recaudación  
Artículo cuarenta y ocho  
1. La gestión recaudatoria de esta entidad está atribuida a la misma y se llevará a cabo:  
a) Directamente por la propia entidad.  
b) Por otros Entes territoriales a cuya demarcación pertenezcan, con los que se haya formalizado el correspondiente convenio o en los que se haya delegado esta facultad.  
2. Son competentes para la gestión recaudatoria de esta entidad los órganos, servicios o entidades que se determinen en las correspondientes normas orgánicas.  
Clasificación de las deudas. a efectos recaudatorios   
Artículo cuarenta y nueve  
Las deudas tributarías resultantes de liquidaciones practicadas por los órganos competentes se clasificarán a efectos de su recaudación en:  
a) Notificadas: para que la deuda sea exigible será indispensable el requisito de la notificación en forma legal.  
b) Sin notificación: son aquellas deudas que por derivar directamente de padrones o matrículas de contribuyentes, no se precisa su notificación individual, aunque la deuda tributaria varíe periódicamente por aplicación de recargos o aumentos del tipo impositivo previamente determinados en la respectiva ordenanza. Tampoco se precisará notificación individualizada cuando se trate de modificación de la deuda tributaria incluida en padrones o matrículas que tengan su origen en la modificación de la base tributaría, cuando ésta haya sido notificada, individual o colectivamente, según la normativa que regule cada tributo.  
c) Autoliquidadas: son aquellas en las que el sujeto pasivo, por medio de efectos timbrados o a través de declaraciones- liquidaciones, procede al pago simultáneo de la deuda tributaría.  
d) Concertadas: las que hubieran sido objeto de concierto, en los casos no prohibidos por la ley, previa solicitud del interesado.  
Lugar de pago  
Artículo cincuenta  
Las deudas tributarías deberán satisfacerse en la tesorería o en la entidad o entidades colaboradoras, salvo que se establezca otro lugar de pago específico.  
Plazos de pago  
Artículo cincuenta y uno  
1. De las deudas notificadas:  
a) Las notificadas entre los días 1 y uno 5 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.  
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.  
2. De las que se satisfacen mediante efectos timbrados.  
Deberán abonarse en el momento de la realización del hecho imponible.  
3. De las autoliquidadas por el propio sujeto pasivo.  
Deberán satisfacerse al tiempo de la presentación de las correspondientes declaraciones, en las fechas y plazos que señalan las ordenanzas específicas de cada tributo. Con carácter general y supletorio de lo dispuesto en cada ordenanza específica, la autoliquidación deberá hacerse desde que tenga lugar el hecho imponible hasta el último día hábil del mes natural siguiente a aquel en que se haya producido.  
4. De las que se satisfacen mediante concierto.  
4.1. Las deudas concertadas deberán abonarse en los plazos que señalen sus respectivos convenios.  
4.2. Vencidos tales plazos, la administración podrá expedir certificaciones de descubierto para hacer efectiva la deuda concertada por vía de apremio, sin perjuicio de la facultad de la administración de rescindir el concierto.  
5. De las deudas periódicas o que se satisfacen mediante recibo.  
5.1. El plazo de ingreso del período voluntario de las deudas por recibo, será el de dos meses contados a partir de la fecha en que quede abierta su respectiva cobranza, salvo que las necesidades del servicio aconsejen la modificación de dicho plazo. Dicha ampliación será acordada, en supuestos excepcionales acreditados en el expediente, por la presidencia y a la misma se le dará la debida publicidad.  
5.2. La fecha inicial de cada período de cobranza se ajustarán al plan de distribución regulado en el artículo siguiente.  
6. Las deudas no satisfechas en período voluntario se harán efectivas en vía de apremio.  
Plan de distribución de la cobranza  
Artículo cincuenta y dos  
1. El pleno fijará un plan para la distribución durante el año de la recaudación de las distintas exacciones que hayan de cobrarse mediante recibo, a fin de que, aun manteniendo el cobro de las cuotas por períodos anuales, para evitar la proliferación de los recibos, se distribuya la cobranza del conjunto de las exacciones escalonadamente durante el ejercicio, con lo que se evitará el que soporten los contribuyentes con carácter general el pago de todas sus cuotas anua les en un solo período, a la par que se distribuye también, armónicamente, el ingreso de los recursos en la tesorería.  
2. El referido plan deberá estar debidamente aprobado y publicado para general conocimiento, en el Boletín Oficial de la Provincia antes del final del ejercicio inmediato anterior al que se concrete la planificación. Una vez aprobado tal plan, para los ejercicios siguientes sólo se requerirá someter a tal procedimiento aquellas exacciones que fueran nuevas o respecto de las que se alterase el período de cobranza programado anteriormente.  
3. Por regla general, en el plan de cobranza mediante recibo se distribuirán los diferentes tributos en los períodos siguientes: del uno de marzo al uno de mayo y del uno de septiembre al uno de noviembre.  
Recursos recaudados a través de otras administraciones públicas  
Artículo cincuenta y tres  
La recaudación de recursos que corresponda a las entidades a que hace referencia la letra b) del art. 48.1 anterior se regirá conforme a la normativa y sistemas que las mismas tengan establecidas para efectuaría.  
Pago en efectivo  
Artículo cincuenta y cuatro  
El pago de las deudas tributarias tendrá que realizarse en efectivo, salvo que la ordenanza propia de cada tributo disponga el empleo de efectos de otra clase.  
Artículo cincuenta y cinco  
1. El pago de las deudas tributarias que deba realizarse en efectivo se hará por alguno de los medios siguientes:  
a) Dinero de curso legal.  
b) Giro postal o telegráfico.  
c) Cheque de cuenta corriente bancaria o de caja de ahorros, debidamente conformado por la entidad.  
d) Cheque bancario.  
e) Transferencia bancaria o de caja de ahorros en las cuentas abiertas al efecto a favor del ayuntamiento.  
2. En cuanto a la forma, requisitos, efectos extintivos de la deuda, entrega de carta de pago y resto de cuestiones referidas al pago, se estará a lo prevenido en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por RD 1684/1990, de 20 de diciembre, y disposiciones de desarrollo.  
3. No obstante lo previsto anteriormente, cuando se trate de deudas tributarias de vencimiento periódico, de las que no exigiera notificación expresa, podrá acordarse la domiciliación bancaria o en caja de ahorros de dichas deudas, de modo que la entidad actúe como administrador del sujeto pasivo pagando las deudas que éste le haya autorizado; tal domiciliación no necesita de más requisito que el previo aviso escrito a la tesorería y a la entidad bancaria de que se trate, de los conceptos contributivos a que afecte dicha domiciliación.  
4. Dicha domiciliación en tanto no sea anulada por el interesado, o rechazada por la entidad, tendrá validez por tiempo indefinido.  
Aplazamientos y fraccionamientos  
Artículo cincuenta y seis  
Estas materias estarán sujetas a lo dispuesto en la legislación específica del régimen local, Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones concordantes y complementarias. En todo caso, corresponderá al presidente de la corporación su concesión y resolución, así como la determinación de las garantías que haya de constituir el peticionario.  
Procedimiento de apremio  
Artículo cincuenta y siete  
1. Se iniciará cuando, vencidos los respectivos plazos de ingreso en período voluntario, no se hubiese satisfecho la deuda.  
2. El procedimiento se regirá por lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones concordantes y complementarias, vigentes en cada momento.  
Créditos incobrables  
Artículo cincuenta y ocho  
1. Las cuotas legítimamente impuestas que no hayan podido hacerse efectivas en el período de apremio, por ignorarse el domicilio del deudor o por insolvencia del mismo, podrán declararse créditos incobrables mediante resolución de la presidencia a propuesta de la tesorería, y previos los trámites y con arreglo a las normas que se establecen en el Reglamento General de Recaudación.  
Del ingreso o depósito previo  
Artículo cincuenta y nueve  
1. La administración podrá utilizar el sistema de ingreso o el depósito previo al amparo de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que así se establezca en la respectiva ordenanza específica reguladora del tributo y de conformidad con el procedimiento regulado en los apartados siguientes de este artículo. En tal supuesto, al solicitarse de la prestación del servicio o la realización de la actividad administrativa, deberá acreditarse, mediante la oportuna carta de pago, el ingreso del importe de las cantidades correspondientes.  
2. La liquidación que se practique para realizar este ingreso previo tendrá el carácter de provisional y en ningún caso facultará para la, prestación del servicio o realización de la actividad administrativa de que se trate, que sólo podrá, llevarse a cabo cuando se obtenga la correspondiente autorización.  
3. A los efectos del párrafo anterior, presentarán los interesados en las oficinas de la entidad local declaración de las bases tributarías y demás elementos necesarios para la liquidación de la exacción.  
4. Llegado el momento de practicar la liquidación definitiva por los servicios o actividades que se autoricen o realicen, según los casos, se compensará en esta liquidación el importe del ingreso o depósito previo.  
5. Si de la liquidación definitiva resultara cantidad a exaccionar por diferencia a favor de la entidad local, se notificará al interesado y se seguirán los trámites reglamentarios para su gestión. Si no lo hubiera, se considerará automáticamente elevado a definitivo el ingreso previo, sin necesidad de ningún otro trámite. Si, por el contrario, se diera saldo a favor del contribuyente, quedará éste a su disposición y se devolverá de oficio sin necesidad de petición del interesado.  
6. El importe del ingreso previo se devolverá al interesado, siempre que, por causas no imputables al mismo, se dejara de prestar el servicio o de realizar la actividad administrativa. A estos efectos, tratándose de licencias, el servicio se entenderá prestado, y devengada la tasa, por el hecho de efectuarse la actividad conducente a su concesión, aunque la licencia fuera denegada.  
TITULO IV  
Investigación e inspección  
Investigación e Inspección  
Artículo sesenta  
1. La administración investigará los hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible, y comprobará la valoración de la base de gravamen.  
2. La investigación se realizará mediante el examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar del sujeto pasivo; también con la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente de información que sea necesario para la determinación del tributo.  
3. A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, la entidad local podrá establecer, con sujeción a su propio reglamento orgánico, los servicios de inspección de tributos.  
Deber de colaboración  
Artículo sesenta y uno  
1. Los sujetos pasivos están obligados a llevar y conservar los libros de contabilidad, registro y demás documentos que en cada caso se establezca y a facilitar la práctica de las inspecciones, proporcionando a la administración los datos, informes y antecedentes o justificantes que tengan relación con el hecho imponible.  
2. Toda persona natural o jurídica, privada o pública, por simple deber de colaboración con la administración, estará obligada, a requerimiento de ésta, a proporcionar toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria deducidos de sus relaciones con otras personas.  
Documentación de las actuaciones de la inspección  
Artículo sesenta y dos  
Las actuaciones de la inspección, en cuanto hayan de tener alguna trascendencia económica para los sujetos pasivos, se documentará a través de:  
- Diligencias: para hacer constar cuantos hechos o circunstancias relevantes se producen en el curso del procedimiento inspector, así como las manifestaciones de las personas que intervienen en el mismo.  
- Comunicaciones: medios documentales mediante los cuales la inspección se relaciona unilateralmente con cualquier persona u organismo, en el ejercicio de sus funciones.  
- Actas previas o definitivas: documentos en los que se recogen los resultados de las actuaciones de la inspección y se propone la regularización de las situaciones del sujeto pasivo respecto a la Hacienda Local, con expresión, en su caso, de las infracciones apreciadas, incluyendo, cuando proceda, los intereses de demora y sanción aplicable.  
Contenido de las actas de la inspección  
Artículo sesenta y tres  
1. En las actas de inspección se consignará:  
a) El nombre y apellidos de la persona con la que se entienda la diligencia y el carácter o representación con que comparezca en la misma.  
b) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo.  
c) La regulación de las situaciones tributarias que se estime procedente.  
d) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo o de su representante.  
2. Cuando el sujeto pasivo no suscriba el acta, o suscribiéndola no preste su conformidad a las circunstancias en ella consignadas, así como cuando el acta no se suscribiera por persona suficientemente autorizada para ello, se incoará el oportuno expediente administrativo, en el que se le dará al sujeto pasivo un plazo de quince días para que presente sus alegaciones.  
3. La resolución del expediente se notificará al interesado conjuntamente con la liquidación que recaiga y podrá formularse, ante el mismo órgano que dictó el acto administrativo, el correspondiente recurso de reposición.  
4. En todo caso la inspección se regirá por las normas contenidas en los artículos 140 y siguientes de la Ley General Tributaría y por el Real Decreto 939/86, de 25 de abril (BOE núm. 115, de 14 de mayo) por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos.  
DISPOSICION ADICIONAL  
Para lo no previsto en esta ordenanza regirá la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como la legislación general tributaria del Estado, de las que será supletoria la Ley General Presupuestaria; y las respectivas leyes que dicte la Generalitat Valenciana en el marco y de conformidad con la aludida legislación estatal.  
DISPOSICION FINAL  
1. La presente ordenanza, que consta de 63 artículos y una disposición adicional, fue aprobada por el pleno:  
- Provisionalmente en fecha   
- Definitivamente en fecha   
2. La presente ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 1992 y continuará en lo sucesivo hasta que el ayuntamiento aprueba su modificación o derogación.