Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7019, del 08-05-2013 (2013/4705)

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2013, del conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada en el sector de la enseñanza en el ámbito de la Comunidad Valenciana
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Número DOGV
:   7019

Fecha DOGV
:   08-05-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/4705


Fecha del documento
:   06-05-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * huelga

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2013, del conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada en el sector de la enseñanza en el ámbito de la Comunidad Valenciana [2013/4705]  
Antecedentes  
  
Primero. Visto el escrito con entrada en la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo el día 24 de abril de 2013, presentado por Vicent Maurí i Genovés, en representación del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana, por el que se pone en conocimiento de la autoridad laboral la convocatoria de una huelga que afectará a todos los funcionarios y trabajadores dependientes de todas las Administraciones Educativas y de las Universidades, tanto al PAS laboral, PAS funcionario, PDI laboral y PDI funcionario, afectando también a todos los trabajadores docentes y no docentes de la enseñanza sostenida total o parcialmente con fondos públicos, monitores de comedor y otras actividades en centros públicos y privados concertados, personal de atención educativa o asistencial externalizado, personal de las escuelas dependientes de la Administración Local, y personal de titularidad municipal, con servicio externalizado. La huelga tendrá lugar durante la jornada del día 9 de mayo de 2013. comenzando a las 00.00 horas y acabando a las 24.00 horas del citado día.   
Mediante escrito de fecha 13 de abril de 2013, los sindicatos FE-CC.OO, FETE-UGT, STES y CGT, presentan la convocatoria de una huelga general que se llevará a efecto el día 9 de mayo de 2013 y que afectará a todas las actividades desempeñadas por funcionarios públicos docentes de las administraciones públicas educativas establecidas dentro del ámbito geográfico y jurídico español, incluyendo el personal funcionario dependiente de las administraciones educativas en el exterior, incluido el Instituto Cervantes, precisando que concretamente afectará a todos los funcionarios docentes de la administración educativa estatal, administración educativa de Comunidad Autónoma, administración local, administración educativa en el servicio exterior e Instituto Cervantes. Igualmente afecta a todos los trabajadores docentes y no docentes de la enseñanza sostenida total o parcialmente con fondos públicos, monitores de comedor y otras actividades en centros públicos y privados concertados, personal de atención educativa o asistencial externalizado, personal de la escuelas dependientes de la administración local.   
Se ha dado cumplimiento al requisito de preaviso obligatorio establecido en el artículo 3.3. del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo.  
  
Segundo. En la reunión mantenida el día 6 de mayo de 2012, en la sede de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, no se ha podido alcanzar acuerdo alguno sobre el establecimiento de los servicios esenciales mínimos a desempeñar en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  
  
Fundamentos jurídicos  
  
Primero. La competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del Servicio Público, establecida en el artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana y por delegación a esta consellería, según los Decretos: 19/2012, de 7 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se determinan las consellerías en que se organiza la Administración de la Generalitat; 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, y 188/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 28.2, y 149.1.7 de la Constitución española y el artículo 51.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, así como el artículo 2, 1 del Real Decreto 4105/82, de 29 de diciembre, y su anexo I sobre transferencias de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalitat Valenciana en materia de trabajo.  
  
Segundo. Se debe conjugar la atención de los servicios públicos con el ejercicio del derecho de huelga que con la calificación de fundamental instituye nuestra Constitución en su artículo 28.2, tal como ha señalado la importante sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981, desarrollada posteriormente, entre otras, por las Sentencias 26 y 33/81, 51 y 53/86, 27/89 y 43/90, en concordancia con el Real Decreto Legislativo 17/97, de 4 de marzo. En consecuencia, se debe limitar el derecho de huelga en la justa y estricta medida para el mantenimiento de los servicios públicos y la autoridad laboral podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos.  
En la medida en que la destinataria y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y que estos son al mismo tiempo esenciales para esta, aquella no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los citados servicios, entendiendo que el derecho de la comunidad a estas prestaciones es prioritario respecto del derecho de huelga, sin que, por otra parte, la consideración de un servicio como esencial signifique la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos.  
  
Tercero. De acuerdo con doctrina constitucional reiterada, el carácter esencial de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa, como se ha señalado, en el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y en el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito en el que se concreta esta resolución, se traduce en lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución española, sobre derecho a la educación y su desarrollo en las Leyes Orgánicas 8/85, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y 2/06, de 3 de mayo, de Educación. Además, el artículo 49 obliga a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con deficiencias físicas, sensoriales y psíquicas. Por último, también el artículo 39 de la Constitución garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia.  
  
Cuarto. La clase y número de trabajos que hayan de realizarse para cubrir los derechos y libertades que el servicio satisface, y el tipo de garantías que ha de adoptarse, no pueden determinarse de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes y/o derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurren para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho de huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12.11.1997, número: 1147/1997)  
En este sentido la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 15 de enero de 2007, ha incidido en la exigencia de motivación en las resoluciones que fijen los servicios mínimos, señalando que la misma debe concretarse hasta alcanzar a las circunstancias singulares de la convocatoria de que se trate. También la sentencia de 10 de noviembre de 2010 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo Tribunal ha incidido en esta exigencia, en mayor medida cuando se refuerzan servicios mínimos establecidos en sentencias anteriores, y en la exigencia de distinguir en el establecimiento de servicios mínimos las peculiaridades de los diversos días y horas que concurren en una misma convocatoria.  
  
Quinto. Si bien la continuidad del servicio debe quedar asegurada durante la huelga, el establecimiento de los servicios mínimos ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios (SSTC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).  
De cuanto se ha señalado se concluye que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del artículo 10 del Real Decreto 17/1977 mencionado, debe conjugarse la atención de los servicios esenciales para la comunidad con el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, por lo que se debe limitar este en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, mantenimiento que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal, estableciendo el Tribunal Constitucional que los servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente, objetivo este que se considera cumplido con el nivel de servicios mínimos establecido en la presente resolución.  
  
Sexto. En el presente caso, la huelga tendrá lugar durante una jornada lectiva completa.  
El ejercicio del derecho de huelga a que hace referencia la presente convocatoria, afecta al derecho fundamental de educación, bien constitucionalmente protegido, con independencia del régimen público o privado de su prestación y que no puede verse interrumpido totalmente mediante el cierre generalizado de los centros, lo que supondría la prevalencia absoluta de un derecho sobre otro, en este caso, del derecho de huelga.   
La exigencia de apertura de todos los centros, considerando además la amplia convocatoria de la huelga, puede suponer una situación de peligro en relación a la seguridad de los alumnos menores, derivada de la falta de vigilancia o de atención sobre dichos menores en los referidos centros, por lo que se considera imprescindible la prestación de un servicio mínimo consistente en la presencia física en estos por parte de las personas responsables de los mismos, para evitar cualquier tipo de alteración.  
Tampoco se puede olvidar la general afectación a la sociedad en general por los problemas derivados de la conciliación de la vida familiar y laboral, debiendo conjugarse el derecho de huelga con el derecho al trabajo de los padres, tal y como sostiene el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 19 de junio de 2002, dictado con ocasión de la huelga general convocada para el día 20 de junio de 2002.   
Por los motivos expuestos, se considera necesario establecer servicios esenciales mínimos para la enseñanza pública y privada, diferenciando los que se consideran imprescindibles para todos los centros y los que se refieren a los de educación infantil, enseñanza primaria y enseñanza secundaria obligatoria, así como para los centros específicos de educación especial y para los de enseñanza o educación con internado, considerándose de este modo no solo las etapas educativas en las que los alumnos son menores de edad, sino en la educación especial, las características personales de los alumnos, de especial vulnerabilidad y siendo congruentes con el deber de vigilancia que compete a la administración educativa, sobre los menores que concurren a los centros escolares.  
De este modo, se consideran servicios esenciales mínimos a prestar en todos los centros, un miembro del equipo directivo y, además, para los centros de educación infantil, enseñanza primaria y enseñanza secundaria obligatoria, un profesor por etapa educativa, con un mínimo de un profesor cada seis unidades, y para los centros específicos de educación especial, además asimismo del miembro del equipo directivo, un educador de educación especial por cada cinco educadores, precisando que para los centros de enseñanza o educación con internado, se prestarán además los servicios propios de los días festivos.  
  
Séptimo. Considerando lo anteriormente señalado, la vulnerabilidad de los menores afectados, la incidencia en la sociedad en general y teniendo en cuenta asimismo que en la fijación de los servicios mínimos no se debe impedir ni menoscabar el ejercicio del derecho de huelga, se han fijado servicios esenciales mínimos con la finalidad de hacer compatible el derecho de huelga de los trabajadores y el derecho de la comunidad al servicio afectado por la huelga.  
  
Octavo. En la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta, el conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo resuelve:  
  
Primero  
A los efectos previstos en el apartado segundo del artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar los servicios esenciales mínimos que deberán prestarse por el personal afectado mientras dure la situación de huelga, en los términos que a continuación se especifican:   
1. En todos los centros: Un miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. En los centros con más de un turno de enseñanza podrá ser relevado el cargo directivo que preste el servicio por otro miembro del equipo directivo.  
2. En los centros de Educación Infantil, Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria: un profesor por cada etapa educativa, con un mínimo de un profesor por cada seis unidades; adicionalmente a lo establecido en el apartado anterior.  
3. En los centros específicos de Educación Especial, un educador de Educación Especial, por cada cinco unidades; adicionalmente a lo establecido en el apartado primero.  
4. En los centros de enseñanza o educación con internado, además de los servicios establecidos en los apartados anteriores se prestarán los servicios propios de los días festivos.  
  
A los servicios competentes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, oído el comité de huelga, corresponderá la aplicación de estos servicios, que deberán prestarse con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose las partes del cumplimiento de estos servios esenciales mínimos.  
  
Segundo  
Lo dispuesto en los apartados anteriores de esta resolución, no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación, no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.  
  
Tercero   
Notifíquese la resolución a los servicios competentes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, al Comité de Huelga y a la Subdelegación del Gobierno.  
  
Cuarto  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su notificación a las partes interesadas.  
Adviértase con la notificación a las partes el derecho que les asiste de recurrir la presente resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a su notificación, en la forma prevista en los artículos 115 y siguientes de la mencionada ley.  
  
Valencia, 6 de mayo de 2013.- El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, p. d. f. (R. 27.12.2012), el director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social: Rafael Miró Pascual.