Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5767, del 21-05-2008 (2008/5020)

Información pública de las bases particulares para la programación de la actuación integrada por gestión indirecta de las unidades de ejecucion números 2 y 3 del sector número 4 de suelo urbanizable de uso terciario del Plan General de Ordenación Urbana de Masalavés.
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Número DOGV
:   5767

Fecha DOGV
:   21-05-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2008/5020


Fecha del documento
:   14-03-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Massalavés

Tipo de documento
:   Información Pública

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Massalavés
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de las bases particulares para la programación de la actuación integrada por gestión indirecta de las unidades de ejecucion números 2 y 3 del sector número 4 de suelo urbanizable de uso terciario del Plan General de Ordenación Urbana de Masalavés. [2008/5020]  
Cláusula I. Objetivos de la programación  
1. Las presentes bases particulares tienen por objeto regular las condiciones básicas de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la selección de un programa de actuación integrada y un urbanizador para el desarrollo urbanístico de las unidades de ejecución número 2 y 3 del sector número 4 de suelo urbanizable de uso terciario del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Masalavés, delimitado el sector en el expediente de homologación de las normas subsidiarias del PGOU de Masalavés aprobado definitivamente en fecha 28 de mayo de 1997 y el plan parcial del sector SUT 4 aprobado definitivamente el 29 de julio de 2003, en el que se delimitaron tres unidades de ejecución. Todo ello partiendo de que la relación jurídica que une al agente urbanizador que se procede a seleccionar y a la administración local es la de un contrato administrativo especial tal y como establece la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.   
2. Los principales objetivos de la programación del sector son:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa.  
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.   
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente.  
f) obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público del suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, sin perjuicio de la obligación legal de soportar las cargas de urbanización correspondientes a la cesión.   
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.  
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora.  
3. De acuerdo con lo prevenido en el artículo 124.2 de la LUV, el programa podrá incluir, si procede, otros objetivos complementarios cuyo coste sea asumido por el urbanizador sin repercutirlo a los propietarios de terrenos afectados, tales como la realización, bajo condiciones y plazos específicos, de obras particulares que revistan especial interés social, o la implantación de instalaciones recreativas o deportivas privadas, o de obras públicas accesorias susceptibles de concesión y que, por razones técnicas, hayan de ejecutarse junto a las principales del programa, o la ejecución de programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, conforme a las directrices establecidas en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. La edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa en plazos más breves que los establecidos en el programa con carácter general, se considera siempre objetivo complementario del programa.  
Cláusula II. Ordenación urbanística  
1. La ordenación urbanística estructural del sector 4 de suelo urbanizable de uso terciario está conformada por el documento de homologación modificativa de las normas subsidiarias de Masalavés, aprobada definitivamente por la Conselleria de Territorio y Vivienda el 28 de mayo de 1997.  
2. En fecha 29 de julio de 2003 se aprobó, como instrumento de planeamiento de desarrollo, el plan parcial del sector SUT 4 en el que se delimitaron tres unidades de ejecución. Por lo tanto este instrumento contiene la ordenación pormenorizada del ámbito del sector, en desarrollo del documento de homologación global.  
3. Las presentes bases regulan los requisitos de programación para las unidades de ejecución 2 y 3 de dicho sector de suelo urbanizable de uso terciario.   
4. En ningún caso, se podrá proponer una alteración del límite territorial del sector si no es a los efectos de pequeñas modificaciones necesarias para dotar de coherencia al mismo o mejorar sus accesos o infraestructuras.   
Cláusula III. Suspensión de licencias y programas  
La publicación del anuncio de las presentes bases particulares de programación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana será la que produzca los efectos suspensivos del otorgamiento de licencias regulados en el artículo 101 de la Ley Urbanística Valenciana, así como, de los acuerdos de nuevos programas en la zona afectada por la actuación, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley Urbanística Valenciana.   
Durante el período de vigencia de la suspensión de los acuerdos aprobatorios de programas no se admitirán iniciativas de programación. Tampoco se podrán aprobar bases particulares de programación, ni de forma expresa ni por aplicación del silencio administrativo.  
Cláusula IV. Directrices de ordenación urbanística  
Las directrices de la ordenación urbanística aplicables para el desarrollo de las unidades de ejecución números 2 y 3 del sector 4 de suelo urbanizable de uso terciario, además de ser las de ampliar la oferta de suelo urbanizable de uso terciario, se encuentran en la memoria justificativa del plan parcial de dicho sector que establece como justificación para dicho sector:  
1. Interponer entre las parcelas edificables y la antigua CC-340 una zona de separación, destinada a espacio libre de uso público, que mejore la visión de los futuros edificios y dignifique el aspecto del conjunto del sector.  
2. Situar el mayor espacio libre de uso público restante en el centro del sector.  
3. Obtener grandes parcelas en la ordenación para lograr el emplazamiento en ellas de actividades de la magnitud que sea necesaria.  
4. Resolver la conexión con la antigua CC-340 únicamente en dos puntos, dando mayor importancia al que dispone de ronda de acceso.  
5. Mantener y mejorar el viario estructural definido en la homologación para este sector.   
6. Conseguir la mayor regularidad geométrica en las parcelas edificables.  
7. Interponer entre este sector y el sector número 2 residencial otro elemento de espacio libre de uso público, que sirve para dignificar el acceso principal y lograr una mayor separación de las actividades de ambos sectores (terciario y residencial).  
Cláusula V. Ficha de planeamiento y gestión  
Ficha de planeamiento y gestión  
Sector 4  
Superficies  
Sector: 140.424,60 m²  
Terrenos exteriores  
Adscritos a la gestión  
 Viario VIA-2 entre S4 y S3 3.447,85 m²  
Usos  
Dominante Terciario  
Usos incompatibles Residencial, industrial  
Aprovechamiento tipo 0,98 m²t/m²s  
Parámetros del aprovechamiento y de la ordenación pormenorizada  
Edificabilidad lucrativa máxima total  
 Objetiva 123.300 m²t  
Altura máxima de cornisa 20,50 m  
Nº máximo de plantas de la edificación Cinco plantas (V)  
Ancho mínimo del viario interior 15,00 m²  
Secuencia del desarrollo territorial   
La programación de este sector requiere la disponibilidad del elemento viario VIA-2 entre los sectores nº 4 y 3, la conexión del colector con el programado en el S3 y la conexión en rotonda con la CC-340.   
La unidad de ejecución nº 1 será la primera en gestionarse y llevará con su propuesta la solución del viario VIA-2, el colector y la rotonda citados.  
Las unidades de ejecución nº 2 y 3 podrán gestionarse indistintamente una antes que la otra.   
Cláusula VI. Precio de licitación  
Se establece un precio máximo de licitación de cuatro millones y medio de euros (4.500.000 €) más el IVA correspondiente, que tiene carácter de máximo y que sirve de base para el cálculo de la garantía provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana.   
Cláusula VII. Prescripciones técnicas aplicables  
1. Las prescripciones técnicas particulares aplicables para el desarrollo de las unidades de ejecución números 2 y 3 del sector 4 de suelo urbanizable de uso terciario serán las que con carácter general rigen la redacción de proyectos de urbanización.  
2. El proyecto de urbanización contendrán la siguiente documentación:  
a) Memoria descriptiva de las características de las obras  
b) Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano  
c) Planos de proyecto y de detalle  
d) pliego de condiciones técnicas  
e) Mediciones  
f) Cuadros de precios descompuestos  
g) Presupuesto de ejecución material con detalle de las unidades de obra  
3. Las obras de urbanización que deberá contemplar el proyecto de urbanización serán las reguladas en el artículo 157.2 LUV.   
Cláusula VIII. Condiciones y objetivos de la edificación  
1. Las condiciones edificatorias se establecen en las normas urbanísticas del plan parcial del sector SUT 4 y en la ficha de planeamiento y gestión de dicho sector.  
2. Se establece un porcentaje mínimo del 25% de solares cuya edificación ha de ser simultánea a la urbanización.  
Cláusula IX. Plazos de despliegue y ejecución del programa  
Se establecen los siguientes plazos máximos:  
A). Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización: 12 meses, a contar desde la selección del urbanizador.  
B). Plazo máximo para el inicio de la edificación de los solares: 12 meses, a contar desde la recepción de las obras de urbanización, prorrogables por causa justificada de interés público.  
Cláusula X. Capacidad  
1. Podrán ser urbanizadores y promover el presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del TRLCAP.  
3. Tratándose de un programa de actuación integrada cuyo presupuesto de ejecución de las obras de urbanización no supera los 5.278.000,00 €, las obras de urbanización podrán ser ejecutadas por el propio urbanizador, por sí o a través de contratistas de su elección, mediante el procedimiento y condiciones adecuadas.  
Cláusula XI. Solvencia económica y financiera  
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o si procede, seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, además de lo prevenido en la cláusula a) habrán de presentarse las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas a las que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
Cláusula XII. Solvencia técnica y profesional  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional y económica y financiera, basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, habiendo de demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos.  
Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
Cláusula XIII. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el TRLCAP, una garantía provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad establecida como máxima de cuatro millones y medio de euros (4.500.000,00 €).  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el TRLCAP, se establece en un 10 por ciento del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 30 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20 por ciento en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
Cláusula XIV. Presentación de proposiciones  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Masalavés, calle València, número 12, en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea, y en horario de 09.00 horas a 14.00 horas, de lunes a viernes, sus proposiciones jurídico-económicas y propuestas de programas, integradas por dos sobres cerrados, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
Sobre A. Se presentará con el título de Propuesta de programa de actuación integrada y contendrá:  
A. Alternativa técnica.   
B. Proposición jurídico-económica.  
La documentación obrante en este sobre será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.  
Sobre B. Se presentará con el título de Documentación y contendrá la siguiente documentación:  
A. Si concurriese una sociedad o empresa, deberá presentar escritura de constitución de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente urbanismo.  
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el registro mercantil o registro público correspondiente.  
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y es empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
D. Resguardo acreditativo de la fianza provisional.  
E. Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera  
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.  
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deber acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.  
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública del proyecto de urbanización, así como, en caso de que introduzcan modificaciones en la ordenación, en los documentos de ordenación, así como aquellos otros documentos complementarios.  
A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio de Masalavés, y depositarán una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones.   
Antes de la publicación del anuncio de información pública, los concursantes tendrán que haber remitido aviso del inicio del procedimiento de gestión indirecta del programa de actuación integrada al domicilio fiscal de los que consten en el catastro como titulares de los derechos afectados por la actuación propuesta. Tales avisos se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del aviso. La acreditación del aviso efectuado se incorporará al expediente. Cuando el aviso se practique en el domicilio del interesado, si no se encuentra presente en el momento de su entrega, podrá hacerse cargo del mismo cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo del aviso, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó, habiendo de proceder nuevamente, por una sola vez y en una hora distinta, a practicar el aviso dentro de los tres días siguientes al primer intento.  
Cláusula XV. Contenido mínimo de la alternativa técnica  
Las alternativas técnicas de los programas de actuación integrada contendrán la siguiente documentación:  
A) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación detallada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al concurso para la selección del urbanizador. En cualquier otro caso, la alternativa técnica deberá ir acompañada necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación detallada para el ámbito del programa.  
B) Ámbito de la actuación integrada.  
C) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
D) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
E) Enunciado de los objetivos complementarios, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
F) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
G) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
H) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
I) Condiciones de diseño y calidad de las edificaciones propuestas.  
Cláusula XVI. Proposiciones jurídico-económicas  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
B) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b) de la Ley Urbanística Valenciana.   
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.   
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores. El urbanizador debe incluir en estos gastos el 1,5% del presupuesto de ejecución de las obras, en concepto de gastos de gestión del Ayuntamiento de Masalavés, que se abonarán en el momento de la firma del contrato para el despliegue y eficacia del programa de actuación integrada.   
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
Cláusula XVII. Criterios de adjudicación  
1. Los criterios de adjudicación al programa serán los siguientes (hasta un máximo de)  
A. Mayor porcentaje de suelo propiedad del aspirante a urbanizador: 20 puntos.   
B. Importe de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad: 15 puntos.   
C. Mayor colaboración de los propietarios afectados: 15 puntos  
D. Mayor calidad técnica de la ordenación prevista y de las resoluciones propuestas para la urbanización: 10 puntos  
E. Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares: 10 puntos.  
F. Plazos de ejecución del Programa de actuación integrada: 10 puntos   
G. Coeficiente de cambio a efectos de pago en terrenos: 10 puntos.   
H. Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador: 10 puntos.  
Cláusula XVIII. Adjudicación del programa  
1. La adjudicación del programa y la formalización del contrato se realizará en los términos establecidos en las bases generales de selección de programas, rigiendo para el municipio de Masalavés las bases generales de carácter supletorio del Anexo II del Decreto 67/2006 de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana, con las modificaciones introducidas por el Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell.  
2. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada.  
3. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base XVI de las presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
Cláusula XIX. Penalizaciones  
1. El urbanizador está sujeto al cumplimiento de las distintas obligaciones establecidas en el presente pliego y aquellas otras que sean de aplicación en materia de urbanismo y contratación pública.  
2. El incumplimiento de dichas obligaciones es constitutivo de infracción administrativa, las cuales se califican en leves, graves y muy graves.  
3. Son faltas muy graves:  
1. No cumplir los plazos totales de desarrollo de la actuación urbanística, salvo concurrencia de causas excepcionales y no imputables al adjudicatario que retrasen dicha actuación.  
2. No ingresar la garantía definitiva en plazo.  
3. No suscribir en plazo el contrato administrativo en plazo.  
4. La inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos.  
5. La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación o la realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa.  
4. Son faltas graves:  
1. La existencia de deficiencias graves en el cumplimiento de los compromisos asumidos.  
2. Dificultar las labores de inspección del servicio por parte de la administración.  
5. Son faltas leves:  
1. El incumplimiento de otras obligaciones del contrato.  
2. El incumplimiento de plazos parciales no superior a un tercio de los mismos.  
6. Las faltas leves se sancionarán con multa de 300 a 3.000 euros; las faltas graves con multa de 3.001 a 30.000 euros; y las faltas muy graves con multa de 30.001 a 60.000 euros y/o resolución de la adjudicación. No obstante, la demora en el inicio de la ejecución material de las obras por negligencia del urbanizador en la realización de las actuaciones preparatorias de gestión urbanística será penalizada con un 1 por mil por día natural de demora respecto al importe previsto en concepto de beneficio y gastos de gestión.  
Cláusula XX. Cumplimiento y resolución  
1. La relación jurídica entre el Ayuntamiento y el urbanizador se extingue por cumplimiento o por resolución.  
2. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo.  
3. Son causas de resolución del contrato de las siguientes:  
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de la personalidad jurídica de la empresa urbanizadora.  
2. La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
3. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
4. La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva y la no formalización del contrato de despliegue en plazo.  
5. La demora en el cumplimiento del plazo global de ejecución de la programación y urbanización propuesta.  
6. La comisión por el urbanizador de infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado.  
7. La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación o la realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa.  
8. La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
9. El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar la programación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que, en su caso, procedan o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
10. La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello de lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
11. La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
12. La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20 por ciento.  
13. La inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos.  
14. El incumplimiento tanto del plazo total como de los plazos parciales cuando implique el incumplimiento del plazo total.  
15. El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por la Ley Urbanística Valenciana.  
16. El incumplimiento grave de las restantes obligaciones contractuales esenciales.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la Actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.  
Cláusula XXI. Prerrogativas de la administración  
El Ayuntamiento de Masalavés ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes Bases y que sean de interés público.  
Cláusula XXII. Normativa aplicable  
En todo lo no previsto en las presente bases particulares será de aplicación tanto la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, como el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, y las bases generales de programación, rigiendo para el municipio de Masalavés las bases generales de carácter supletorio del anexo II del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5264, de 23 de mayo de 2006, por el que se establece el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana, con las modificaciones introducidas por el Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell.  
Cláusula XXIII. Jurisdicción competente  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.  
El expediente queda a disposición de quien quiera examinarlo en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Masalavés en horario de oficina.   
Disposición final  
Las presentes bases particulares adquirirán validez con la aprobación municipal. No obstante, su eficacia quedará demorada hasta su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y reseña en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, dada su naturaleza de acto administrativo de carácter general y sin perjuicio de la remisión a la conselleria la competente en materia de urbanismo y con independencia del régimen especial de eficacia prevista para los programas, en virtud de que su alternativa técnica acompañe planes de desarrollo que modifiquen o no la ordenación estructural, de acuerdo con el artículo 137.5 y 6 respectivamente de la LUV.  
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131, 132.1.b y concordantes de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el Pleno, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia a contar, en ambos casos, desde el día siguiente a la publicación de este anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.   
Masalavés, 14 de marzo de 2008. El alcalde: Enrique Doménech Sanz.