Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3642, del 10-12-1999 (1999/9881)

Expediente número A-DAFT-12/1999. Notificación de la resolución de expediente administrativo de desahucio por falta de título.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3642

Fecha DOGV
:   10-12-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/9881


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Expediente número A-DAFT-12/1999. Notificación de la resolución de expediente administrativo de desahucio por falta de título. [1999/F9881]
  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica a los interesados que en el expediente administrativo de desahucio que se relaciona se ha dictado la siguiente:
  
Resolución del director general de Arquitectura y Vivienda de expediente administrativo de desahucio por falta de título.
  
Visto el expediente de desahucio administrativo iniciado por el director de Administración de Patrimonio del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 43.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1993, de 31 de diciembre, y de la escritura de subapoderamiento otorgado ante el notario de Valencia don Antonio Soto Bisquert en fecha 15 de enero de 1996, al número 94 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil en fecha 14 de febrero de 1996, y acta de referencia de fecha 3 de diciembre de 1996, contra el ocupante de la vivienda que a continuación se referencia:
  
Expediente número A-DAFT-12/1999.
  
Datos del ocupante:
  
- Nombre: José.
  
- Apellidos: Lara Martínez.
  
Datos de la vivienda:
  
- Código de la vivienda: 03/0802/0189.
  
- Dirección: c/ Olmo, 27, puerta 5.
  
- Localidad: Elche.
  
- Provincia: Alicante.
  
Resultando que, según consta en el expediente instruido, el actual ocupante ocupa una vivienda sin título legal para ello.
  
Resultando que a través de los informes de la Inspección de Administración de Patrimonio del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, empresa gestora del patrimonio de promoción pública de la Generalitat Valenciana, y de los datos obrantes en el expediente, se deduce la ocupación sin título legal, siendo este hecho constitutivo de la causa de desahucio administrativo a tenor de lo dispuesto en el artículo 138 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del Real Decreto 2.960/1976, de 12 de noviembre.
  
Resultando que, como consecuencia de lo anterior, se le notificó el correspondiente pliego de cargos, en el que se hacía constar que el interesado ocupaba la vivienda sin título legal para ello, por lo que se le requería, de acuerdo con los artículos 142 y 161 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, y el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para que en el plazo de 10 días hábiles formulase las alegaciones, presentara los documentos y justificantes que estimara pertinentes o propusiera las pruebas que considerase oportunas para su descargo.
  
Resultando que, como consecuencia de estas actuaciones, recayó propuesta de resolución del contrato, y se le apercibía al interesado de la posibilidad de utilizar y aplicar el régimen sancionador y ejecución forzosa, establecido en el Real Decreto 3.148/1978, el Decreto 2.114/1968 y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dando conocimiento de las mismas para que en el plazo de 10 días alegase cuanto considerase conveniente en su defensa.
  
Resultando que el interesado no ha presentado pruebas o formulado alegaciones que desvirtúen lo anterior.
  
Considerando que de las actuaciones practicadas resulta suficientemente acreditado que el actual ocupante incurre en causa legal de desahucio administrativo, por aplicación del artículo 138 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio.
  
Considerando que el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial y el Real Decreto 2.960/1976 configuran como motivo de desahucio administrativo el ocupar una vivienda sin título legal para ello.
  
Considerando que en la tramitación de este expediente se ha cumplido el procedimiento señalado en el artículo 142 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968.
  
Vistos los hechos, las citadas disposiciones y las de general aplicación, de acuerdo con la propuesta de resolución de fecha 24 de febrero de 1999, esta Dirección General de Arquitectura y Vivienda, en virtud de las competencias que le atribuye el Decreto 85/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, resuelve:
  
Primero
  
Dar por resuelto el expediente de desahucio por falta de título respecto de la vivienda de referencia, debiéndose proceder seguidamente al lanzamiento de cuantas personas, muebles y enseres pudieran estar ocupando la misma, requiriéndose, mediante esta resolución, a los interesados en este sentido.
  
Segundo
  
En el caso de que no cumpla lo anterior, se procederá forzosamente al desalojo de la misma, con la correspondiente autorización judicial, por lo que el lanzamiento será ejecutado por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, que designará a la persona que haya de llevarlo a efecto, recabando si fuera necesario la ayuda de los agentes de la autoridad.
  
Tercero
  
Esta Dirección General de Arquitectura y Vivienda se reserva la posibilidad de utilizar el régimen sancionador y de ejecución forzosa previsto en el Real Decreto 3.148/1978 y demás legislación aplicable, incluso la vía de apremio sobre sus bienes.
  
Cuarto
  
La presente resolución de desahucio ha sido tramitada de acuerdo con lo dispuesto en la sección VI del capítulo VI del Decreto 2.114/1968, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 33, cuarta, del citado decreto, no procede el reintegro, al adjudicatario, de la fianza o entrega inicial.
  
Quinto
  
La presente resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada y potestativo de revisión, ante el director general de Arquitectura y Vivienda o ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, competente para resolverlo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de esta notificación.