Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5204, del 22-02-2006 (2006/1639)

ORDEN de 3 de febrero 2006 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Hórtola (subtramo IV: del barranco abrevador de Los Rabadanes hasta el mojón trifinio que une los términos municipales de Requena, Cortes de PallÁs y YÁtova) a su paso por el término municipal de Requena y la Cañada Real de Castilla a su paso por el término municipal de Cortes de Pallás, a lo largo del mismo recorrido (Valencia).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5204

Fecha DOGV
:   22-02-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/1639


Fecha del documento
:   03-02-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * Requena
    * Cortes de Pallás
    * legislación
    * vía rural
    * ganado

ORDEN de 3 de febrero 2006 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Hórtola (subtramo IV: del barranco abrevador de Los Rabadanes hasta el mojón trifinio que une los términos municipales de Requena, Cortes de PallÁs y YÁtova) a su paso por el término municipal de Requena y la Cañada Real de Castilla a su paso por el término municipal de Cortes de Pallás, a lo largo del mismo recorrido (Valencia). [2006/X1639]  
Visto el expediente de deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Hórtola (subtramo IV: del barranco abrevador de Los Rabadanes hasta el mojón trifinio que une los términos municipales de Requena, Cortes de Pallás y Yátova) a su paso por el término municipal de Requena y la Cañada Real de Castilla a su paso por el término municipal de Cortes de Pallás, a lo largo del mismo recorrido, instruido por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda, con el fin de consolidar el carácter de dominio público de la misma.  
Resultando que el deslinde se ajusta a la Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Cortes de Pallás, aprobada por Orden Ministerial de fecha 17 de febrero de 1975 y publicada en el Boletín Oficial del Estado, núm. 73, de fecha 26 de marzo de 1975, y a la Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Requena, aprobada por Orden Ministerial de fecha 20 de octubre de 1971, y publicada en el Boletín Oficial del Estado, núm. 275, de fecha 17 de noviembre de 1971.  
Resultando que en fecha 23 de diciembre de 2002 (BOE 22.01.03), se suscribió convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, para la ejecución del proyecto de deslinde, amojonamiento y señalización de las vías pecuarias del Corredor Valle del Cabriel Albufera de Valencia (Ramal Meridional) en los términos municipales de Camporrobles, Fuenterrobles, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Requena, Cortes de Pallás, Yátova, Dos Aguas, Tous, Catadau, Alfarp, Carlet, L'Alcúdia, Algemesí, Guadassuar, Albalat de la Ribera y Sueca.  
Resultando que mediante Resolución de 7 de julio de 2.003 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, se autorizó el inicio de los expedientes de deslinde de los terrenos de las vías pecuarias incluidas en el convenio suscrito en fecha 23 de diciembre de 2002 (BOE 22.01.03), entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.  
Resultando que dentro del periodo de información pública a que fue sometido el expediente fueron presentadas alegaciones por:  
Teresa Marzo Navarro y Joaquín Vidal Balaguer  
Ignacio Iranzo Reig  
Resultando que por la Dirección General de Gestión del Medio Natural se propone la aprobación del deslinde de acuerdo con los términos que figuran en el expediente.  
Visto el informe del Área Jurídica de la Conselleria de Territorio y Vivienda.  
Considerando que se han cumplido en el expediente los trámites señalados por la Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.  
Considerando lo dispuesto en el Decreto 8/2.004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat, mediante el cual se asignan competencias a la Presidencia y a las Consellerias con competencias ejecutivas, y en la Ley 14/2.003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, corresponde a la Conselleria de Territorio y Vivienda la aprobación del deslinde de las vías pecuarias, resuelvo:  
Artículo 1  
Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Hórtola (subtramo IV: del barranco abrevador de Los Rabadanes hasta el mojón trifinio que une los términos municipales de Requena, Cortes de Pallás y Yátova) a su paso por el término municipal de Requena y la Cañada Real de Castilla a su paso por el término municipal de Cortes de Pallás, a lo largo del mismo recorrido, de acuerdo con la Propuesta de Deslinde y planos que constan en el expediente y cuyas características son las siguientes:  
Longitud deslindada: 3,244 km  
Anchura: 75 m  
Superficie deslindada: 244.523 m2  
Artículo 2  
Desestimar las siguientes alegaciones presentadas en base a los motivos que se indican:  
. Teresa Marzo Navarro junto con Joaquín Vidal Balaguer, manifiestan que la vía pecuaria objeto del deslinde es una vereda y no una cañada, y que si finalmente sus terrenos son considerados como terrenos pertenecientes a la vía pecuaria, se les abone su valor, ya que alegan que de ser una vereda a una cañada el perjuicio producido es considerable, afectando 3 Has.  
. Ignacio Iranzo Reig manifiesta que el procedimiento administrativo de deslinde que se ha llevado a cabo es inexacto e irregular. Que las fincas propiedad de Hermanos Iranzo Reig C.B. fueron adquiridas libres de toda carga, correspondiendo a la administración la carga de la prueba de la servidumbre predial de paso que se pretende. Que no aparecen referencias a la vía pecuaria en ningún plano catastral y que tampoco aparecen dichas cargas en el Registro de la Propiedad. También manifiesta que la calificación como demanial de las vías pecuarias no es titulo suficiente para practicar dicho deslinde. Que es cuestionable la existencia de una vía pecuaria denominada Cañada de Castilla en la Comunidad de Valencia. Que en caso de haber existido unas hipotéticas vías pecuarias, se habría producido la desafectación tácita y posterior adquisición por prescripción de las mismas a favor de los particulares, y que a lo sumo se trataría de una vereda. Que la vía pecuaria fue desamortizada. Que el hecho de que haya sido realizada por la administración una Clasificación en 1971 no es título suficiente para proceder ahora al deslinde, ya que debe entenderse caducada y debería procederse a una nueva Clasificación. Que el meritado deslinde carece de utilidad práctica y que habiendo desaparecido la finalidad última de las vías pecuarias (trashumancia), no se puede desvirtualizar dicha finalidad para nuevos usos, habiéndose en todo caso que recurrir al Procedimiento de Expropiación Forzosa. Por último, el alegante manifiesta que el Estado ha reconocido la titularidad a los alegantes y sus antecesores con el pago de la contribución territorial rústica sobre toda la superficie, y posteriormente impuesto de bienes inmuebles, es decir, el Estado ha admitido la titularidad de las fincas a los alegantes con el pago de Impuestos como prueba.  
Previamente a la Propuesta de Deslinde, tras el acto de apeo el alegante ya presentó escritos en los que argumentaba que en las normas subsidiarias y complementarias del Ayuntamiento de Requena se manifiesta una propuesta o acuerdo de trasladar el eje de la hipotética vía pecuaria que pudiera existir, a la línea divisoria de términos entre Requena y Cortes de Pallás, lo cual no se había tenido en cuenta, no habiéndose dado audiencia a los Ayuntamientos; y que además fue afectada por la desamortización de Madoz, acompañando a estos escritos planos del Servicio Geográfico y Catastral y del Servicio Geográfico del Ejercito. De 1960 y 1941 respectivamente. Manifestaba también que aparecen denominaciones como Casa de la Vereda y Casilla de la Vereda.  
Por último, ya finalizado el trámite de audiencia, y con ocasión del requerimiento efectuado por parte de la Conselleria de Territorio y Vivienda para que se acreditara conforme a derecho la representación de la C.B. Hermanos Iranzo Reig por sus titulares, fue presentado un nuevo documento, en el que el alegante y tres más se reiteran en sus alegaciones, añadiendo a las mismas que la administración deberá probar; el itinerario exacto por donde discurre la vía pecuaria, que la villa de Requena y su término no disfrutaba de privilegios que especialmente protegían derechos de agricultores y dueños de heredades sobre los de los ganaderos, y que no existe un auto judicial firme de la Audiencia de Valencia en que el propio Estado reconoce que en la finca El Belmontejo no existe vía pecuaria alguna.  
En primer lugar, en relación con la alegaciones presentadas por D. Ignacio Iranzo Reig en relación con la finca denominada El Belmontejo, cuyo titular es la C.B. Hermanos Iranzo Reig, hay que decir que no ha quedado acreditada conforme a derecho la representación de la C.B., pese a que posteriormente al trámite de audiencia se requirió tal acreditación, ya que de los documentos obrantes en el expediente y de los aportados con ocasión de este requerimiento no se desprende la representación de D. Francisco Javier Iranzo Reig, siendo sin embargo a la vista de la documentación presentada, titular de una cuarta parte indivisa de la C.B..  
Respecto al procedimiento administrativo de deslinde que se ha llevado a cabo, hay que decir que no es inexacto ni irregular ya que se ha realizado conforme a la legislación básica en materia de vías pecuarias y conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Respecto a la categoría de la Vía pecuaria cabe decir que teniendo en cuenta lo establecido en el art. 8.1 de la Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la finalidad del deslinde es la definición de los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la Clasificación. Dicha Clasificación se estableció en la Orden Ministerial de fecha 17 de febrero de 1975, que aprueba el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del término municipal de Cortes de Pallás, estableciendo la anchura de la Cañada Real de Castilla en 75,22 metros y en la Orden Ministerial de 20 de octubre de 1971, que aprueba el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del término municipal de Requena, estableciendo la anchura de la Cañada Real de Hórtola en 75,22 metros. Estas clasificaciones vienen respaldadas por los antecedentes históricos, como es el deslinde practicado en 1891, donde figura la denominación de cañada y su amplitud reglamentaria de 75 metros. Así mismo, en el art. 4.1 de la Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, se definen las cañadas como aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros.   
Respecto a la naturaleza de las vías pecuarias cabe decir que son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, no siendo por tanto servidumbres de paso que necesitan de contrato alguno. El domino público, además, no tenía la obligación de constar en el Registro de la Propiedad. Por tanto el procedimiento que se está llevando a cabo es un procedimiento administrativo de deslinde de vías pecuarias, no de servidumbres, no hay limitaciones de dominio, sino definición de límites del dominio público pecuario.  
La no inclusión tanto en el Catastro como en el Registro de la Propiedad de referencias a vías pecuarias no presuponen la no existencia de las mismas, en el caso del Registro de la Propiedad por lo ya mencionado, y en el caso del Catastro por ser un Registro que no otorga propiedad, sino que tal y como establece el Real Decreto Legislativo 1/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en su artículo 1 apartado 1, el Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales tal y como se definen en esa ley.  
Respecto a la existencia de la vía pecuaria queda suficientemente demostrada por la propia Clasificación de las Vías Pecuarias de los términos de Requena y Cortes de Pallás, en cuyos proyectos quedan grafiadas las distintas vías pecuarias de los municipios. Además, en el fondo documental recopilado al efecto de realizar este deslinde, se constatan documentos que hacen referencia a la ya referida Cañada Real de Hórtola, y que ya entonces la sitúan por el trazado que ahora se propone (traslado del año 1744 de la renovación y señalamiento de las veredas de San Juan y de Hórtola) y deslinde de 1.891 de las servidumbres pecuarias de Requena.   
Es necesario tener presente los artículos 3 y 5 de la Ley 3/95, en ellos se establecen por una parte los fines que deben perseguir las actuaciones de las Comunidades Autónomas sobre las vías pecuarias, como el ejercer las potestades administrativas en defensa de la integridad de las mismas, así como la enumeración de las potestades administrativas que sobre las vías pecuarias corresponden a las Comunidades Autónomas, por ejemplo el derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías, la realización del deslinde, etc.  
Respecto a las inscripciones registrales, cabe decir que la determinación gráfica del dominio registral no ofrece en ningún caso detalle de la localización geográfica exacta en la que se encuentra la finca en cuestión, sino que pretende la identificación de la finca registral, de la porción de terreno delimitada por un dominio; no pretende la descripción exhaustiva de la misma. Por otra parte, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 3/95 el deslinde aprobado declara posesión y titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, no pudiendo prevalecer las inscripciones del Registro de la Propiedad frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. Además el artículo 8.4 de esa misma Ley, señala que la resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Todo ello sin olvidar el carácter de dominio público del que gozan las vías pecuarias.  
No se ha producido desamortización alguna de la vía pecuaria, por lo que no cabe exigir a la administración prueba alguna de un hecho que no se ha producido.  
Respecto a la desafectación de terrenos de dominio público, según nuestro ordenamiento jurídico, la misma requiere necesariamente de un procedimiento expreso, procedimiento que no se ha realizado sobre la vía pecuaria, no habiendo lugar a la desafectación tácita en ningún caso, tal y como establece el artículo 10 de la Ley 3/95 [.] los terrenos ya desafectados o que en lo sucesivo se desafecten tienen la condición de bienes patrimoniales de las Comunidades Autónomas y en su destino prevalecerá el interés público o social.  
Respecto a la prescripción, hay que insistir en que las vías pecuarias son bienes de dominio público y esta naturaleza no es nueva, es decir, ya eran demaniales en la anterior legislación de vías pecuarias, tal como lo señala el propio alegante, en toda esta legislación las vías pecuarias no son susceptibles de prescripción. Igualmente es preciso recordar que no se puede adquirir por prescripción ordinaria ni extraordinaria una vía pecuaria clasificada, es decir, declarada su existencia en 1.891, dada su naturaleza demanial.  
Asimismo no se puede desviar, tal y como pretende el alegante, el procedimiento de deslinde hacia un procedimiento de expropiación forzosa.  
En cuanto a la pretensión del alegante de que debiera realizarse una nueva Clasificación ya que la Clasificación de 1971 debe entenderse caducada, no tiene fundamento jurídico o base jurídica. Por una parte el deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la Clasificación. Y de otra, la vía pecuaria que nos ocupa figura en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de Requena, como Cañada Real de Hórtola, y en el de Cortes de Pallás, como Cañada Real de Castilla, con un ancho legal de 75,22 metros en ambos proyectos, ambos vigentes y firmes y por tanto no caducados.   
Como ya se ha comentado, estas clasificaciones vienen respaldadas por antecedentes históricos, Traslado de 1744 de la renovación y señalamiento de las veredas de San Juan y de Hórtola, deslinde realizado en 1891, en el que figura el recorrido que coincide con la actual Propuesta de Deslinde, y que en cuanto a su categoría y anchura establece: .en cuyo trayecto no se ha encontrado plantación alguna ni terreno roturado dentro de la cañada que se deslinda y por lo tanto ningún labrador intruso [.] Siendo la hora de costumbre el Sr. Presidente dio por terminadas las operaciones de este día sin haberse presentado protesta ni reclamación alguna habiéndose dado a la Cañada Real la amplitud reglamentaria de setenta y cinco metros (90 varas)..  
En el atestado de la Guardia Civil (1954) al que hace referencia el alegante, se nombra la vía pecuaria no sólo como vereda, sino como Vereda Real.   
Respecto a que en los planos aportados por el alegante, del Servicio Geográfico del Ejército de 1.949, referente a la denominación de vereda, al igual que en el mapa del mismo Servicio del año 1975, cabe decir que este Servicio no tenía competencias para establecer la categoría de las Vías Pecuarias. No obstante, existe un plano del Instituto Geográfico y Estadístico del año 1902, en que la denominación es de Cañada Real de Castilla o de Hórtola.  
Respecto a que carece de utilidad práctica el meritado deslinde, cabe decir que si bien es cierto que la actividad trashumante en esta zona ha disminuido hasta ser un movimiento de ganado residual, sí que continua existiendo movimiento de ganado de carácter local. No obstante, la Ley 3/95 establece unos usos complementarios y compatibles, y no hay que olvidar que en todo caso los terrenos objeto de este procedimiento de deslinde tienen el carácter de dominio público, por lo que nadie es privado de sus bienes y derechos, tal como manifiesta el alegante, y por tanto no procede que este procedimiento derive en un expediente de expropiación forzosa.  
Por último, cabe decir que el pago de los impuestos correspondientes por las tierras tales como la Contribución Territorial Rústica y posteriormente el Impuesto de Bienes Inmuebles, se apoya en el Catastro Inmobiliario, que como ya se ha dicho anteriormente, es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales tal y como se definen en el Real Decreto Legislativo 1/2.004, es decir trata, del inventario de la riqueza territorial y no da fe del dominio y demás derechos reales inmobiliarios. De hecho, es habitual que aparezcan parcelas catastrales a nombre de desconocidos, o basadas en la apariencia física, sin investigación alguna acerca de su configuración jurídica. Asimismo, la extensión de una finca en catastro no es prueba, conforme a derecho, de la realidad de su cabida, y por tanto de sus verdaderos lindes.  
En relación a lo manifestado tras el acto de apeo, hay que decir que los Ayuntamientos no son competentes en materias de vías pecuarias, sino la Generalitat Valenciana. No obstante, el plano al que hace referencia el alegante pertenece al documento Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento, en el cual no consta ninguna propuesta o acuerdo de trasladar el eje de la hipotética vía pecuaria al que se refiere el alegante. En el plano nº 2-9 de este documento aparece grafiada la cañada como suelo no urbanizable (Protección Cañadas), limítrofe con límite de término, a escala inadecuada para un procedimiento de deslinde. No obstante, este hecho no contradice el proyecto de Clasificación, puesto que según el mismo, la cañada transcurre, en la zona divisoria de términos, caballera entre ambos durante gran parte del recorrido. Es más, este plano no hace más que corroborar la existencia de una vía pecuaria, pero no puede ser tenido en consideración en un procedimiento de deslinde, ya que no es el objeto de estas normas subsidiarias determinar la ubicación exacta de las vías pecuarias. Respecto a la audiencia a los Ayuntamientos, hay que decir que han sido notificados conforme a derecho de todas las actuaciones realizadas. En relación con la desamortización alegada, se ha de tener en consideración que el dominio público es inalienable, inembargable e imprescrptible, siendo además el proyecto de Clasificación de las vías pecuarias de Requena muy posterior a la referida desamortización.  
Respecto al documento presentado posteriormente al trámite de audiencia, hay que decir que el trazado propuesto es fiel a la documentación histórica recopilada, que se ajusta claramente tanto a los antecedentes descritos en el traslado de 1744, en el deslinde de 1891, en la Clasificación de las vías pecuarias, y en los documentos del año 1901 del Servicio Geográfico y Estadístico relativos a la línea límite entre los términos de Requena y Cortes de Pallás, así como con el resto de documentación incluida en el fondo documental recuperado. Respecto a la demanda de que sean probadas por la administración que la villa de Requena y su término no disfrutaba de privilegios que especialmente protegían derechos de agricultores y dueños de heredades sobre los de los ganaderos, y que no existe un auto judicial firme de la Audiencia de Valencia en que el propio Estado reconoce que en la finca El Belmontejo no existe vía pecuaria alguna, hay que decir que difícilmente la administración puede demostrar la inexistencia de unos hechos; estaríamos ante una .prueba diabólica., por lo que, ante lo planteado por parte del interesado respecto a la existencia de unos hechos y que tienen unas consecuencias jurídicas, deberá ser el alegante quien ha de tener la obligación de probar su existencia.  
Respecto a la alegación presentada por doña Teresa marzo Navarro y D. Joaquín Vidal Balaguer, hay que decir que la categoría de la vía pecuaria está sobradamente demostrada por la ya expuesto en párrafos anteriores, habiéndose realizado el deslinde con su anchura legal de 75 metros. Es igualmente aplicable lo ya descrito en este texto en relación a los planos catastrales, e igualmente sobre la naturaleza jurídica de este procedimiento, el cual no puede pretenderse derivar en un procedimiento de carácter expropiatorio.  
Artículo 3  
Que se proceda a la cancelación total o parcial de cuantas inscripciones registrales resulten contradictorias con el deslinde.  
Artículo 4   
Iniciar la práctica de amojonamiento de las vías pecuarias Cañada Real de Hórtola (subtramo IV: del barranco abrevador de Los Rabadanes hasta el mojón trifinio que une los términos municipales de Requena, Cortes de Pallás y Yátova) a su paso por el término municipal de Requena y la Cañada Real de Castilla a su paso por el término municipal de Cortes de Pallás, a lo largo del mismo recorrido, de acuerdo con el convenio suscrito en fecha de 23 de diciembre de 2002 (BOE 22.01.03), entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, para la ejecución del proyecto de deslinde, amojonamiento y señalización de las vías pecuarias del Corredor Valle del Cabriel . Albufera de Valencia (Ramal Meridional) en los términos municipales de Camporrobles, Fuenterrobles, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Requena, Cortes de Pallás, Yátova, Dos Aguas, Tous, Catadau, Alfarp, Carlet, L'Alcúdia, Algemesí, Guadassuar, Albalat de la Ribera y Sueca.  
Contra esta orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso potestativo de Reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ante el conseller de Territorio y Vivienda, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo (art. 116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.  
Valencia, 3 de febrero de 2006  
El conseller de Territorio y Vivienda,  
RAFAEL BLASCO CASTANY