Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3250, del 26-05-1998 (1998/3758)

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1998, de la Subsecretaría del Secretariado del Gobierno y Relaciones con las Cortes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana, por la que se dispone la publicación del Acuerdo-marco de colaboración entre la Conselleria de Sanitat y las Mutualidades de Acidentes de Trabajo i Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social actuantes en la Comunidad Valenciana.
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Número DOGV
:   3250

Fecha DOGV
:   26-05-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - A) CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1998/3758


Fecha del documento
:   28-04-1998

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1998, de la Subsecretaría del Secretariado del Gobierno y Relaciones con las Cortes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana, por la que se dispone la publicación del Acuerdo-marco de colaboración entre la Conselleria de Sanitat y las Mutualidades de Acidentes de Trabajo i Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social actuantes en la Comunidad Valenciana. [1998/X3758]
  
Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre la Conselleria de Sanidad y la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Unión Museba-Ibesvico, el día 8 de enero de 1998, un Acuerdo-marco de colaboración, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4 del Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, procede la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dicho Acuerdo que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios con el número 0164/98, y que figura como anexo de esta resolución.
  
Valencia, 28 de abril de 1998.- La subsecretaria del Secretariado del Gobierno y Relaciones con las Cortes: Catalina escuín Palop.
  
Acuerdo-marco de colaboración entre la Conselleria de Sanitat y las MATEPSS actuantes en la Comunidad Valenciana.
  
Reunidos
  
De una parte la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, representada en este acto por D. Joaquín Farnós Gauchía en calidad de conseller de Sanitat con plena capacidad legal para la suscripción del presente acuerdo,
  
De otra parte, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social "Unión Museba-Ibesvico"en el ámbito de la Generalitat Valenciana, representada en este acto por Dª Mª Ignacia Calatayud Segarra en calidad de delegada territorial de Levante.
  
Se encuentra legitimada para suscribir el presente acuerdo por escritura notarial otorgada el 10 de febrero de 1997, número de su protocolo 239, por la Notaría de D. Julián María Rubio de Villanueva, de Madrid, así como por la especial autorización dada por el director Gerente de la mutua, quien además se compromete a ratificar mediante comparecencia personal el apoderamiento.
  
Ambas partes, de común acuerdo, y en base a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, establecen el presente Acuerdo-marco de colaboración para la gestión y control eficaz de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del régimen general y de autónomos y agrarios por cuenta propia, que llevarán a cabo las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana. Y en tal sentido
  
Exponen
  
1. La Ley General de la Seguridad Social de 1994 (RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio), en vigor desde el 1º de septiembre de ese año, reproduciendo lo dispuesto en la LGSS de 1974, ha venido contemplando dos prestaciones, la Incapacidad Laboral Transitoria y la Invalidez Provisional, ambas con un denominador común: la necesidad del trabajador de continuar recibiendo asistencia sanitaria a la vez que se encontraba incapacitado para el trabajo, y con una duración máxima de la ILT de 12 meses prorrogables por otros 6, y la de la Invalidez Provisional de 6 años contados desde la fecha en que fue declarada la Incapacidad Laboral Transitoria.
  
2. La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en vigor desde el 1º de enero de 1995, reformando el correspondiente articulado de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 (RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio), ha reunido la prestación de Incapacidad Laboral Transitoria y la de Invalidez Provisional, que han desaparecido, en una nueva prestación denominada de Incapacidad Temporal, que integra, por una parte, a las situaciones debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, con una duración máxima de 12 meses prorrogables por otros 6 cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación, computándose dentro de este período máximo los de recaída y de observación; y, por otra parte, los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja para el trabajo, con una duración máxima de 6 meses, prorrogables por otros 6.
  
3. Junto a la anterior regulación general de la prestación, de alguna forma continuadora del régimen establecido con anterioridad, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, ha introducido un elemento novedoso que afecta, por una parte, a la gestión económica de la prestación de Incapacidad Temporal en general, y, por otra parte, al régimen de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, rompiendo con la clásica actividad colaboradora que estas Entidades han venido teniendo históricamente en la gestión de la Seguridad Social, limitada exclusivamente a las contingencias de índole laboral, y no común, como son el accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
  
Así, en el art. 35 de la mencionada Ley, dando una nueva redacción a la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, ha establecido que "cuando el empresario opte por formalizar la protección respecto de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional... con una Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, podrá, asimismo, optar porque la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de ese mismo personal se lleve a efecto por la misma Mutua, en los términos que reglamentariamente se establecen en el Real Decreto 1.993/1995, de 7 de diciembre, BOE 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social", continuando el precepto diciendo que el desarrollo reglamentario "establecerá, como así lo hecho, el respeto pleno a las competencias del sistema público en el control sanitario de las altas y las bajas, los instrumentos de gestión y control necesarios para una actuación eficaz en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal llevada a cabo tanto por las entidades gestoras como por las Mutuas", pudiendo las Mutuas, "establecer acuerdos de colaboración con el Instituto Nacional de la Salud o los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas".
  
4. Surge así, la necesidad de ir avanzando en la concreción de esos "instrumentos de gestión y control necesarios para esa actuación eficaz en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal que llevarán a cabo las Mutuas" en nuestro ámbito autonómico, concreción que debe llevarse a cabo junto a la Conselleria de Sanitat de la Comunidad Autónoma Valenciana, en el ámbito del presente acuerdo general de colaboración con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en esta materia, y que tiene en cuenta, por una parte, el principio de eficacia aludido, estimándose oportuno el marco de la Comisión Asesora de Mutuas de Accidente de Trabajo creada por Orden de 27 de abril de 1993, del conseller de Sanitat i Consum (DOGV nº 2.036, de 1/6/93).
  
5. La Ley 14/86 General de Sanidad establece entre los derechos de los usuarios, tanto del Sistema Sanitario Público como de los servicios sanitarios privados, el derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso artículos 10.3, 10.15 y 61.
  
La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, regula el uso de la informática y otras técnicas y medios de tratamiento automatizado de datos de carácter personal para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar.
  
El Decreto 56/1988, de 25 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula la obligatoriedad de la historia clínica establece que estos son documentos confidenciales, debiendo quedar garantizado el derecho del paciente a su intimidad personal y familiar.
  
Pactan - otorgan
  
1º. La participación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del régimen general y de autónomos y agrarios por cuenta propia, está establecida en base al respeto pleno de las competencias del sistema público en el control sanitario de las altas y las bajas médicas, cuestiones ambas que deberán compaginarse con el principio inspirador de la reforma producida, que no es otro que la eficacia en la gestión en general de la prestación y la eficacia en la gestión que, en particular, harán las Mutuas de la prestación económica.
  
2º. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, ambas partes comparecientes acuerdan el establecimiento de una comisión conjunta en el marco de la citada Comisión Asesora de Mutuas de Accidentes de Trabajo, con el objeto de poder desarrollar el encargo legal establecido tanto por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, por la vigente Ley General de la Seguridad Social y por el Real Decreto 1.993/95, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Esta Comisión Mixta vigilará, controlará y resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan presentarse derivados del presente convenio.
  
3º. Habida cuenta de las facultades otorgadas a las Mutuas de Accidentes de Trabajo para el control y seguimiento de las prestaciones, a través de los servicios médicos de que dispongan, con respeto de las competencias de los Servicios Públicos de Salud en el control de las altas y bajas, es necesario dispongan de una información ágil y suficiente. A estos efectos, se propiciará el que dicha información pueda llegar a las diferentes Mutuas una vez validada por la red informática de la Tesorería General de la Seguridad Social. Independientemente las Mutuas recibirán los partes de baja, alta y confirmación de las empresas en la forma establecida, en los que figura el diagnóstico codificado en base a la CIE-9. Las codificaciones se efectuarán por el personal sanitario que extienda el correspondiente parte de baja. La inclusión de un código de diagnóstico en el parte que debe entregarse a la empresa por el trabajador y que posteriormente ésta remita a la Mutua, hará que por un lado se preserve la confidencialidad, y , por otro, que el servicio médico de la Mutua pueda conocer un primer diagnóstico, que podrá completar solicitándolo a la Inspección Médica.
  
Por la Comisión Asesora de MATEPSS, se estudiará la incorporación de un ejemplar más del parte de baja, con inclusión del diagnóstico, destinado al Servicio Médico de la Mutua.
  
Se utilizará la Guía Práctica de Estandares de Duración de Procesos de Incapacidad Temporal, editada en 1994 por el Instituto Nacional de la Salud, Ministerio de Sanidad y Consumo, en el Manual de ayuda al médico para la gestión de la incapacidad temporal, como baremo orientativo de la duración media de los procesos.
  
4º. Ambas partes comparecientes participan del principio básico de que la mejor forma de control está en el establecimiento del más adecuado, eficaz y rápido proceso asistencial. En aras a la eficacia necesaria preconizada por la Ley, se acuerda diseñar protocolos de flujos que ha de seguir el asegurado en situación de I.T. para prestarle la asistencia que requiere: el motivo es que hay infinidad de diagnósticos, procesos y situaciones, lo que imposibilita su protocolización.
  
Los procesos sin embargo pueden ser integrados en uno o varios flujos que conduzcan a su tratamiento correcto, estimándose conveniente coordinar las citaciones, en orden a la mayor eficacia y al respeto que merece el enfermo.
  
El protocolo por flujos se incluye como Anexo.
  
Las Mutuas podrán habilitar los medios encaminados a acelerar el alta médica del paciente con cargo a sus propios recursos, sin perjuicio de los conciertos que se negociarán para compensar económicamente la colaboración prestada.
  
Las pruebas, tratamientos e intervenciones que realicen las Mutuas se efectuaran en centros legalmente autorizados y previo consentimiento del trabajador enfermo, todo ello sin menoscabo de las facultades de control médico reconocidas a la Mutua en el artículo 73 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre.
  
Se respetará la confidencialidad de la Historia Clínica. Cumpliéndose tanto la Ley 14/1986, General de Sanidad, como la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, y el Decreto 56/1988, de 25 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana; así como la legislación vigente que exista al respecto. Por ello, los servicios médicos de la Mutua en caso de necesidad de datos clínicos obrantes en la Historia deben acudir a la Inspección Médica con el objeto del conocimiento de los mismos respetando los derechos del paciente.
  
Esto no puede ser impedimento para que de forma natural pueda establecerse una comunicación fluida entre los médicos de Primaria, Especializada e Inspección Médica y los equipos médicos de la Mutua.
  
5º. La vía de comunicación de las Mutuas con la administración Sanitaria para solicitar información y resolver las dudas que se puedan plantear será con la Inspección médica a través de los Servicios Médicos de las Mutuas.
  
La relación de los trabajadores enfermos pertenecientes al colectivo protegido de cada una de las Mutuas, se hará según el protocolo de flujos que se incluye como Anexo.
  
6º. Las discrepancias entre el médico de Atención Primaria o Asistencia Especializada y el médico de las Mutuas las debe resolver la Inspección de Servicios Sanitarios. En el caso de que esta resolución no fuera aceptada por cualquiera de las partes, intervendrá la Comisión de Evaluación, en la que estarán representadas por médicos, tanto la Conselleria de Sanidad, como las Entidades Colaboradoras y los Servicios de Prevención de las empresas.
  
Esta comisión será ejecutiva y deberá estar legalmente constituida para toda la Comunidad Valenciana. Se creará mediante la oportuna Orden en el DOGV.
  
Composición mínima provincial propuesta:
  
- El director territorial de la Conselleria de Sanidad, miembro y presidente, o bien por delegación, el jefe de Sección de Coordinación de las Áreas de Inspección (CAI).
  
- Médico evaluador de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades (UVMI).
  
- Médico inspector que efectúa el seguimiento individualizado y protocolizado de los expedientes administrativos: Reclamación Alta Médica (RAM) previo a las sesiones de la Comisión de Evaluación de Altas Médicas (CEAM).
  
- Representante de la Dirección General de Salud Pública (Unidad de Salud Laboral).
  
- Representante médico de los servicios de prevención de las empresas.
  
- Representante médico de la entidad colaboradora afectada.
  
7º. El presente acuerdo debe ser conocido por todos los agentes del sistema público implicados en la gestión de la Incapacidad Temporal con el objeto de conseguir el adecuado cumplimiento de los mismos. Para ello será la Conselleria de Sanitat la que se encargue de divulgar los mencionados acuerdos entre dichos implicados.
  
8º. Para la Conselleria de Sanidad y para las Mutuas tiene especial interés la protección de la salud de los trabajadores, así como de habilitar mecanismos de control, gestión y formación para la buena consecución de estos objetivos. Con tal fin ambas entidades establecerán los acuerdos oportunos tendentes a permitir el aprovechamiento conjunto de los diversos programas de formación a través de la Jefatura de Servicio de Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública.
  
9º. El presente Acuerdo-marco de colaboración surtirá efecto desde el día 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre del mismo año, siendo prorrogable tácitamente por años naturales salvo que cualquiera de las partes firmantes proceda a su denuncia expresa antes del día 1 de diciembre de cada año.
  
10º. El presente acuerdo se podrá denunciar en cualquier momento por parte de la administración Pública cuando estime que no se cumplen los términos establecidos en el mismo.
  
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente documento por quintuplicado ejemplar en Valencia, a ocho de enero de 1998.
  
El conseller de Sanidad,
  
JOAQUÍN FARNÓS GAUCHÍA
  
Por Mutua Union Museba-Ibesvico,