Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5142, del 24-11-2005 (2005/12326)

Notificación a Carlos Peidró Monllor del fallo recaído en los autos de juicio ordinario número 460/2002.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5142

Fecha DOGV
:   24-11-2005

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2005/12300


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Alcoy

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Carlos Peidró Monllor del fallo recaído en los autos de juicio ordinario número 460/2002. [2005/Q12537]
  
Asunto: juicio ordinario número 460/2002
  
Demandante: Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha
  
Procurador: señor Blasco Santamaría
  
Demandado: Carlos Peidró Monllor
  
Sentencia
  
Alcoy, 18 de mayo de 2005
  
Vistos por la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcoy, Purificación Villalta Mompeán, los presentes autos de juicio ordinario, entre partes; de una, como demandante, la entidad Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, representada por el procurador señor Blasco Santamaría, con la asistencia letrada del señor Santos Martínez, y de otra, como demandado, Carlos Peidró Monllor, declarado en rebeldía procesal, ejercitando acción de obligación de hacer y,
  
Antecentes de hecho
  
1. Por la representación antes citada se presentó demanda turnada a este juzgado, fundándola en los hechos que se concretan en síntesis en que, la entidad actora es dueña exclusiva y en pleno dominio de la finca que se formó por segregación de la finca registral número 2.542 obrante al folio 9 del tomo 986, libro 43 del Ayuntamiento de Benilloba, que se describe en el hecho primero del escrito de demanda.
  
Que la finca pertenece a la entidad actora por virtud de adjudicación en pública subasta celebrada en los autos número 3/1995, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta ciudad frente a Vicente Bernabeu Catalán y otros y que aparece gravada con una garantía hipotecaria.
  
La referida carga o gravamen según manifestaciones del anterior propietario, Vicente Bernabeu Catalán, fue totalmente satisfecha por cuanto con respecto a la letra de cambio no obra en su poder por haber sufrido extravío y con respecto a la amortización de préstamo hipotecario en la misma certificación aparece la acreditación de que la hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia gravaba la finca número 1.349 de dicho Registro se encuentra totalmente cancelada.
  
Así, desde la fecha de su constitución, tampoco el titular del derecho real, hoy demandado, ni sus causahabientes o sucesores en su caso, han ejercitado facultades o acciones de ninguna clase que de ellas pudiera derivarse.
  
2. Por auto de fecha 13 de noviembre de 2002, se admitió a trámite la demanda, dando traslado de la demanda a la parte demandada para que se persone en los autos en legal forma, mediante abogado y procurador y conteste a la demanda en el plazo de 20 días, que no habiendo comparecido la sociedad demandada y tras varias diligencias de citación negativa, acordando librar los oficios para averiguación de domicilio, por providencia de fecha 21 de enero de 2005, se declara en rebeldía procesal.
  
3. Que se procede a celebrar la audiencia previa el día 18 de enero de 2005, y siendo el día y la hora señalada comparece por la parte actora el procurador señor Blasco Santamaría y el letrado señor Santos Martínez, y proponiendo la parte actora como prueba la documental acompañada a la demanda, que se tiene por reproducida y la aportada a autos, que es admitido por su señoría, solicitándose por la parte demandante que se dictara sentencia conforme las peticiones de la demanda y de conformidad con el apartado 8 del artículo 429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al ser la única prueba que resulta admitida la de documentos, y éstos han sido aportados por la parte actora sin ser impugnados, este tribunal procede a dictar sentencia, sin previa celebración del juicio.
  
4. Que tras la valoración conjunta de la prueba practicada quedan como hechos probados:
  
a) Que la entidad actora es dueña exclusiva y en pleno dominio de la finca que se formó por segregación de la finca registral número 2.542 obrante al folio 9 del tomo 986, libro 43 del Ayuntamiento de Benilloba, que se describe en el hecho primero del escrito de demanda.
  
b) Que la finca pertenece a la entidad actora por virtud de adjudicación en pública subasta celebrada en los autos número 3/1995, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta ciudad frente a Vicente Bernabeu Catalán y otros y que aparece gravada con una garantía hipotecaria.
  
c) Que la referida carga o gravamen según manifestaciones del anterior propietario, Vicente Bernabeu Catalán, fue totalmente satisfecha por cuanto con respecto a la letra de cambio no obra en su poder por haber sufrido extravío y con respecto a la amortización de préstamo hipotecario en la misma certificación aparece la acreditación de que la hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia que gravaba la finca número 1.349 de dicho Registro se encuentra totalmente cancelada.
  
d) Que desde la fecha de su constitución tampoco el titular del derecho real, hoy demandado ni sus causahabientes o sucesores, en su caso, han ejercitado facultades o acciones de ninguna clase que de ellas pudiera derivarse.
  
5. En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Que de la documental aportada con el escrito de demanda se acreditan los hechos descritos en el antecedente de hecho cuarto, al haber probado la parte actora la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenden, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y ello de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  
Las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública no se cancelarán sino por sentencia contra la que no se halle pendiente recurso de casación o por escritura o documento auténtico, en el que preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación o sus causahabientes o representantes legítimos, según dispone el primer párrafo del artículo 82 de la Ley Hipotecaria.
  
Si constituida la inscripción o anotación por escritura pública procediere su cancelación y no consintiere en ella aquél a quien ésta perjudique, podrá el otro interesado exigirla en juicio ordinario (artículo 82, párrafo 3.º de la Ley Hipotecaria).
  
2. Que en aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y al estimarse en su totalidad las pretensiones de la demanda las costas serán abonadas por la parte demandada.
  
Vistos los preceptos citados y demás de aplicación.
  
Fallo
  
Que debo estimar y estimo la demanda deducida por el procurador, señor Blasco Santamaría, en nombre y representación de la entidad Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, frente a Carlos Peidró Monllor, condenando al demandado a otorgar escritura pública de cancelación de la condición resolutoria expresa que grava la finca número 2.850 del Registro de la Propiedad de Cocentaina (Alicante) y con expresa imposición de costas a la parte demandada.
  
Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días desde el día siguiente a su notificación, ante la Audiencia Provincial, conforme a los artículos 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, lo pronuncio, mando y firmo.
  
Alcoy, 18 de mayo de 2005.- La secretaria: María Nieves Martín Rincón.