Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5090, del 12-09-2005 (2005/9779)

Juicio ordinario número 19/2005. Cédula de notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5090

Fecha DOGV
:   12-09-2005

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2005/9779


Organismo emisor
:   Juzgado de Lo Mercantil Número 1 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Juicio ordinario número 19/2005. Cédula de notificación. [2005/F9779]
  
Procedimiento: juicio ordinario número 19/2005.
  
José Miguel Guillén Soria, secretario judicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, por el presente hago saber que en el procedimiento de referencia se ha dictado la siguiente
  
Sentencia número 57
  
Valencia, 23 de junio de 2005
  
Vistos por Salvador Vilata Menadas, magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, los presentes autos de juicio ordinario, registrados con el número 19/2005, de los asuntos civiles de este juzgado; siendo partes la entidad Majofer Joyas, SA, representado por el procurador señor Rivaya Carol y asistido del letrado señor Membrives Alonso, como parte demandante y la mercantil Duc Joyeros, SL, José Carlos Llorente Tarín y Ángel Terre Ortega, como parte demandada, declarada en rebeldía, se procede, en nombre del rey, a dictar la presente resolución.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. La parte actora antes mencionada promovió demanda, que por reparto fue turnada a este juzgado, frente a los ya citados demandados, en reclamación de la cantidad de 43.815,89 euros de principal, con más los intereses correspondientes de la misma y las costas del procedimiento, pretensión que trae causa de las relaciones comerciales que se dicen habidas entre las mercantiles en litigio y el saldo deudor no atendido por la demandada consecuencia de ellas, impetrándose la condena solidaria de los administradores de la entidad codemandada.
  
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en 20 días compareciere en autos y la contestase, y no verificándolo en legal forma, fue declarada en situación procesal de rebeldía. Seguidamente se proveyó la convocatoria de audiencia previa, que se ha celebrado en 22 de junio de 2005 con la asistencia de solo la parte actora que ha ratificado su pretensión y ha interesado el recibimiento del pleito a prueba, y como quiera que todos los medios propuestos y admitidos ya obraban practicados en autos, sin más trámite han quedado los autos conclusos para dictar sentencia.
  
Tercero. Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado formalidades legales pertinentes.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. La situación procesal de rebeldía declarada respecto de la parte demandada no implica, per se, su allanamiento a la demanda deducida de adverso, de suerte que no queda la parte actora liberada de la carga de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, de conformidad con lo prevenido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  
En el caso de autos, resulta perfectamente acreditada la legitimación activa ostentada por la parte demandante por lo que al crédito ostentado frente a la mercantil aquí codemandada se refiere.
  
Pues bien, la parte actora ha cumplido adecuadamente con tal carga, habiéndose acreditado por la documental aportada con el escrito de demanda inicial ?que se ha tenido oportunamente por reproducida- la existencia, certeza y exactitud del crédito que se pretende de la mercantil codemandada, tratándose de documentos ordinarios de comercio, para el ramo de actividad de que se trata atendido el objeto social de la actora, que responde a prácticas mercantiles preordenadas y en que constan las circunstancias del negocio y las personales del deudor, el cual por último no ha comparecido para impugnar en modo alguno su legitimidad.
  
Por lo expuesto, de conformidad con lo prevenido en los artículos 1088, 1091, 1254, 1255 y 1258 del Código Civil, y los artículos 2, 325 y 339 del Código de Comercio, debe estimarse íntegramente la demanda rectora de las presentes actuaciones respecto de la mercantil codemandada.
  
Segundo. De conformidad con lo establecido en los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, los artículos 339 y 341 del Código de Comercio, y el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe condenarse además a la parte demandada al pago de los intereses legales devengados por la cantidad debida desde la fecha de interposición de la demanda inicial, a saber, 14 de enero de 2005, y hasta el completo pago de la deuda, incrementados en la forma determinada por el citado artículo 576 de la ley procesal.
  
Tercero. Resulta evidente la posibilidad de subsumir el supuesto fáctico que ahora nos ocupa en la ratio que inspira la norma del artículo 262 de la Ley de Sociedades Anónimas. Esto es, el fundamento de la responsabilidad del señor Llorente Tarín y del señor Terre Ortega como administradores de la sociedad demandada, si bien tal vez no deba buscarse en el artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, sino en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, al que se remitía el artículo 30 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 25 de julio de 1989, y que actualmente reproduce el artículo 105.5 de la Ley 2/1995, en virtud del cual responderán solidariamente de las deudas sociales los administradores que incumplan la obligación de convocar la junta general para que adopte en su caso el acuerdo tendente a la pertinente modificación del capital social, o el acuerdo de disolución cuando exista causa legal para ello, responsabilidad esta que tiene una naturaleza distinta a la establecida en los artículos 134 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, pues ni se trata de una responsabilidad por daños, ni, a diferencia de aquélla, exige por ello la concurrencia de culpa o negligencia en la actuación del administrador, ni siquiera requiere que la sociedad se encuentre en una situación de insolvencia patrimonial, sino que constituye una pena civil al incumplimiento de un deber del cargo, que tiene por fundamento el evitar la costumbre tan generalizada como dañina para los intereses sociales y de terceros, de que en aquellos supuestos en que por las pérdidas acumuladas o la concurrencia de otra causa legal, se disuelve de facto la sociedad, cesando los administradores sin proceder a la liquidación de la misma ni adoptar ninguna medida tendente a evitar perjuicios a terceros (en este sentido, Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de mayo de 1997 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 22 de diciembre de 1998).
  
Y es que la responsabilidad establecida en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 105.5 de la Ley 2/1995, no exige como fundamento una actuación negligente del administrador, sino que tal viene objetivada y se apoya únicamente en el incumplimiento del deber legal de promover la disolución de la sociedad cuando exista causa legal para ello; deber que los codemandados, pese a continuar designado como administrador de la mercantil demandada incumplió, concurriendo además circunstancias que han llevado ope legis al cierre registral, bien entendido que en todo caso al tiempo de la perfección del negocio jurídico inter partes ostenta a todos los efectos el cargo de administrador de la mercantil Duc Joyeros, SL, y sin que eventuales actos posteriores, de carácter unilateral y que pudieren acceder al Registro varios años después, puedan venir a afectar el régimen de responsabilidad que queda conformado en garantía del acreedor frustrado, que cumple la prestación a que contractualmente venía obligado y que, correlativamente, detecta a posteriori la situación de la contraparte.
  
Por ello debe estimarse la pretensión que se deduce por la actora en punto a la declaración de la responsabilidad solidaria de los administradores frente al acreedor.
  
Cuarto. Las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte demandada que resulta vencida, de conformidad con lo previsto por el vigente artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.
  
Fallo
  
Que estimando como estimo la demanda promovida por el procurador señor Rivaya Carol en la representación que ostenta de su mandante Majofer Joyas, SA, debo condenar y condeno a la mercantil demandada Duc Joyeros, SL, a que abone a la parte actora la cantidad de cuarenta y tres mil ochocientos quince euros con ochenta y nueve céntimos (43.815,89 euros) de principal, con más los intereses legales de la misma desde el día 14 de enero de 2005 y hasta el completo pago de la deuda, declarando a todos los efectos pertinentes la responsabilidad solidaria de los administradores José Carlos Llorente Tarín y Ángel Terre Ortega, a quienes se condena a estar y pasar por esta declaración, todo ello con imposición a los demandados del pago de las costas procesales causadas.
  
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que frente a la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Valencia, que deberá prepararse en el plazo de cinco días.
  
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
  
Y para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para que sirva de notificación al demandado Ángel Terre Ortega, en ignorado paradero, expido el presente.