Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3409, del 11-01-1999 (1998/10976)

Notificación de la resolución del expediente CS-RACNU-1/98.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3409

Fecha DOGV
:   11-01-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/10453


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del expediente CS-RACNU-1/98. [1998/L10787]
  
En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por esta, se notifica al interesado que a continuación se indica, la resolución administrativa de contrato de compraventa por la no ocupación de la vivienda por su titular como domicilio habitual y permanente.
  
Visto el expediente de resolución administrativa de contrato de compraventa por la no ocupación de la vivienda incoado contra los adjudicatarios siguientes:
  
Expediente: CS-RACNU-1/98.
  
Adjudicatario: Ismael Ramón Reverter Bañón.
  
Código de la vivienda: 8979431956.
  
Dirección: calle Blasco Ibáñez núm. 12, puerta 7ª.
  
Población: Villareal.
  
Província: Castellón.
  
Régimen de cesión: compraventa.
  
Fecha de adjudicación: 1 de desembre de 1988.
  
Resultando que la citada vivienda es de promoción pública de la Generalitat Valenciana.
  
Resultando que en fecha 9 de diciembre de 1988, la referida vivienda fue adjudicada en régimen de compraventa a don Ismael Ramón Reverter Bañón.
  
Resultando que previas visitas de inspección a las viviendas de referencia, se acredita, según los informes adjuntos de inspección, policía, asociación de vecinos, empadronamiento que el titular según contrato no ocupa la vivienda habitualmente, hallándose esta, evidentemente, desocupada durante más de tres meses seguidos al año, con incumplimiento de su función social y de la obligación legal establecida en el artículo 27.1 párrafo 1º del Real Decreto 2.960/1976, de 12 de noviembre, sobre Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial, artículo 107 del Decreto 2.114/1968, de 24 de Julio, en relación con el artículo 3 del Real Decreto 3.148/1978, sobre Política de Vivienda, de 10 de noviembre.
  
Resultando asimismo, por lo anterior se les requirió para que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 76 y 84. 1º de la Ley 30/1992, en el plazo de diez días hábiles, a partir de la fecha en que recibieran dicha comunicación, formulasen las alegaciones y propusieran las pruebas que considerasen oportunas para su descargo, presentando la documentación en «domicilio oficinas» en horario de atención al público.
  
Se les advirtió, asimismo que, transcurrido dicho plazo se les declararía decaidos en su derecho al referido trámite de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la citada Ley 30/1992, continuándose con la tramitación del expediente.
  
Resultando que los interesados no han presentado alegaciones o propuesto pruebas que desvirtuen la causa legal de la resolución.
  
Considerando que, según esta normativa de Viviendas de Protección Oficial y preceptos citados, el adjudicatario debe destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente, existiendo, a efectos legales, domicilio permanente cuando constituye la residencia de su titular bien como propietario bien como arrendatario. Se entiende que existe habitualidad en la ocupación de la vivienda cuando no permanezca desocupada más de tres meses seguidos al año.
  
Considerando que la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo, en sus artículos 5, 7 y 8 en relación con los artículos 112, y 113, en la regulación de los contratos administrativos califica como de administrativos especiales los contratos que tengan carácter administrativo «por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública» y en general por suponer una especial tutela del interés público.
  
Considerando asimismo lo establecido en las cláusulas del contrato correspondiente se establece específicamente la obligación del adjudicatario de «destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente» con el alcance visto anteriormente.
  
Considerando que ha quedado acreditado el cargo que justifica el expediente, y, por lo mismo, la propuesta de resolución es motivada (artículos 89.3 en relación con el artículo 54.1 a, de la Ley 30/1992).
  
Vistos los hechos, las citadas disposiciones y las de general aplicación, y examinada la citada propuesta de resolución formulada por el director de Administración de Patrimonio del Instituto Valenciano de Vivienda SA, esta Dirección General de Arquitectura y Vivienda en ejercicio de sus facultades, resuelve:
  
Primero
  
Que se da por resuelto el contrato respecto de la vivienda de referencia, debiéndose proceder seguidamente al lanzamiento de personas y desalojo de muebles y enseres. Asimismo se requiere mediante la presente resolución a los interesados para que lo efectúen en el plazo de 48 horas, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 93.2 y 95 de la Ley 30/1992.
  
Segundo
  
Que en el caso de que no se cumpla el anterior requerimiento en el plazo indicado, se proceda al desalojo forzoso, con la correspondiente autorización judicial de entrada a domicilio, según previenen los artículos 96.1.d, 96.3 y 100 de la repetida Ley 30/1992.
  
Notifíquese la resolución a los interesados en la forma legal. La presente resolución no agota la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso ordinario, ante el conseller de Obras Públicas Urbanismo y Transportes en el plazo de un mes a contar desde la notificación de esta resolución (artículos 89.3 y 114.2 de la Ley 30/1992).
  
Castellón, 2 de diciembre de 1998.- El director general de Arquitectura y Vivienda: José Mª García Zarco.
  
Diligència: Asesoría Jurídica de Patrimonio del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, hace saber al interesado la notificación de la resolución del expediente nombrado.
  
El grupo 120827 corresponde a la localidad de Villareal.
  
Castellón, 2 de diciembre de 1998.- Asesoría Jurídica de Patrimonio: Pedro Lucas Matheu.