Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2600, del 05-10-1995 (1995/836355)

ACUERDO de 25 de septiembre de 1995, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la ordenación urbanística para la construcción de edificios e instalación de industria de fabricación de cerámica, en suelo no urbanizable común del término municipal de Almazora, como actuación integral de interés comunitario.
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Número DOGV
:   2600

Fecha DOGV
:   05-10-1995

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1995/836355


Fecha del documento
:   25-09-1995

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 25 de septiembre de 1995, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la ordenación urbanística para la construcción de edificios e instalación de industria de fabricación de cerámica, en suelo no urbanizable común del término municipal de Almazora, como actuación integral de interés comunitario.   
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 25 de septiembre de 1995, adoptó el siguiente acuerdo:  
Visto el expediente tramitado a instancia de Almosafa SL, para la declaración de interés comunitario, por el procedimiento extraordinario, de una actuación industrial para fábrica de cerámica, suelo no urbanizable, en el término municipal de Almazora (Castellón).  
Antecedentes de hecho  
Primero  
Con fecha 3 de marzo de 1995, tiene entrada la solicitud formulada por Almosafa, SL, para la declaración de interés comunitario de una actuación industrial, para fábrica de cerámica, por el procedimiento extraordinario.  
De la citada solicitud y documentación que la acompaÑaba (proyecto técnico, comprensivo de memoria, planos de información y ordenación, plan de etapas, normas urbanísticas, estudio económico-financiero y estudio de impacto ambiental), se dio cuenta a la Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo que, en la sesión de 16 de marzo de 1995, apreció, en síntesis, la no justificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 20.1 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre suelo no urbanizable, advirtiendo por otra parte insuficiencias documentales y contradicciones en los documentos aportados. A la vista de ello, tal Comisión acordó disponer la suspensión de la tramitación del expediente, condicionando la exposición al público del mismo a la justificación por parte de la promotora de la concurrencia en la actuación de las condiciones establecidas en el precepto citado, sin perjuicio de que, durante la exposición al público del expediente, se pudieran subsanar las deficiencias documentales y contradicciones advertidas.  
El 17 de marzo de 1995 se recibe la documentación justificativa del cumplimiento de las condiciones repetidamente citadas y el 21 de marzo de 1995, el presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo resolvió admitir a trámite la solicitud disponiendo la prosecución de la tramitación del expediente.  
Durante dicha tramitación, mediante un escrito presentado el 9 de mayo de 1995, Almosafa, SL, completa la documentación y resuelve las contradicciones advertidas en el acuerdo de la Comisión Informativa que se ha citado.  
Segundo   
El expediente ha sido expuesto al público, por el plazo de 20 días, previa publicación del correspondiente anuncio en el periódico Levante de Castellón, de 30 de marzo de 1995, y Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 2.491, de 19 de abril de 1995.  
Asimismo, se procedió a la notificación individualizada a los propietarios de fincas incluidas en el ámbito de la actuación.  
Durante el trámite de información pública no se formuló ninguna reclamación relativa al estudio de impacto ambiental ni se presentó ninguna propuesta alternativa a la que desencadenó el presente procedimiento.  
Se presentó en cambio, escrito firmado por don Pascual Amiguet Cabedo, mediante el que solicitaba la adquisición de la totalidad de su parcela afectada por la actuación objeto del expediente.  
Tercero  
Asimismo, se concedió audiencia a los municipios de la zona (Castellón de la Plana, Villarreal y Almazora), habiendo evacuado informe éste último, únicamente, mediante acuerdo de su Comisión de Gobierno, de 4 de abril de 1995, en sentido favorable y fijando la valoración de las compensaciones económicas sustitutivas de las obligaciones de cesión legalmente establecidas.  
Solicitado un informe del Servicio Territorial de Industria de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, lo emite con fecha 30 de marzo de 1995 en sentido favorable.  
Finalmente, la Conselleria de Medio Ambiente formula una declaración de impacto ambiental, con fecha 8 de junio de 1995, en sentido favorable bajo una serie de condiciones que se citarán en la parte dispositiva del presente acuerdo.  
La citada Conselleria cuando remite al Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón la expresada declaración de impacto, lo hace acompaÑando a la misma informes de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, respecto de los cuales se harán también seguidamente los oportunos comentarios.  
Cuarto  
La actuación en los términos que se concretan en la documentación presentada el 9 de mayo de 1995, afecta a una superficie total de terrenos de 162.243 m2, integrada por 49 parcelas catastrales del polígono 5, del término municipal de Almazora, suelo clasificado como no urbanizable común en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de esa población. La solicitante no es propietaria de la totalidad de los terrenos objeto de la actuación.  
El área objeto de la actuación se sitúa al noroeste de la población y limita al norte y al este con terrenos clasificados como suelo no urbanizable, al sur, con terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado, y al oeste con el camino de Borriol, por el que se accede desde la carretera nacional CN-340 y a través del camino del Pla de Museros.  
La declaración de interés comunitario, se solicita para la implantación de una industria cerámica que tendrá, tras las diversas fases de ejecución, una superficie total construida de 95.000 m2.  
Se prevé la inversión de cerca de 6.000 millones de pesetas y la creación de 212 puestos de trabajo.  
Se establece una sola fase para la ejecución de las infraestructuras totales. Las obras de urbanización se ejecutarán en el plazo de un aÑo después de obtener las licencias correspondientes. Las obras de instalaciones industriales, en su fase inicial, comenzarán en el plazo máximo de seis meses desde la concesión de las licencias pertinentes. Dicha fase inicial contempla la construcción de una nave granero de arcillas de 2.000 m2 y altura de 10 metros, una nave destinada a secciones de molienda, atomización y silos, de 25 metros de altura y 3.000 m2 de superficie, una nave modular de 40 metros de luz con una longitud de 250 metros y 6,5 metros de altura, para las secciones de prensado, secado, preparación de esmaltes, pulmones de material crudo y cocido, hornos y líneas de selección y embalaje y una cuarta nave de 4.000 m2 y altura de 6,5 metros destinada a almacén de producto terminado. A medida que las necesidades de la producción de la empresa vayan creciendo se ampliarán los módulos antes descritos hasta alcanzar los 95.000 m2 construidos.  
Quinto  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes informó favorablemente mediante resolución de 4 de septiembre de 1995.  
Fundamentos de derecho  
Primero  
A la vista del último de los antecedentes que preceden, es evidente que la actuación pretendida tiene que resolverse por el cauce procesal del artículo 20 de la Ley Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de junio, sobre suelo no urbanizable, una vez constatado que se cumplen las condiciones fijadas en el número 1 de tal precepto, toda vez que:  
a) Las características de la actuación precisan disponer de una superficie uniparcelaria de grandes dimensiones que aconseja no utilizar el suelo urbanizable no programado industrial colindante que por sus características y localización debería quedar, de acuerdo con las previsiones de planeamiento y según informa el Ayuntamiento de Almazora, para la implantación de industrias de pequeÑo y mediano tamaÑo de las que resultaría una ordenación más abierta e integrada con la trama urbana.  
b) La actuación resuelve los servicios que demanda su establecimiento sin que se produzca una sobrecarga de demanda en las infraestructuras existentes, seÑaladamente en las de carácter viario, pues se justifica que el tráfico que genera la misma representa en torno al 1 por ciento del actual tráfico existente en la zona del polígono industrial del Ramonet, en el término municipal de Almazora, quedando demostrado que los caminos que se ha de utilizar tienen capacidad portante para la circulación de los camiones con origen o destino en la fábrica a implantar.  
c) La mercantil promotora de la actuación asume el cumplimiento de las obligaciones, deberes y cesiones propias del adjudicatario de un programa de actuación urbanística, no inferiores a las legalmente exigibles en suelo urbanizable programado si bien sustituidas por sus equivalentes económicos, de conformidad con lo informado por el Ayuntamiento de Almazora, de manera que dichas cesiones tienen los respectivos equivalentes económicos que a continuación se expresan:  
- Cesión del 10 por ciento de la superficie bruta de la actuación para zona verde (16.224 m2), que se sustituye por doce millones cincuenta y cuatro mil cuatro-cientas treinta y dos pesetas (13.134.279 PTA), resultantes de considerar a 338 PTA/m2 el valor inicial del suelo y a 405 PTA/m2 el coste de urbanización tipo de la zona verde.  
- Sustitución del 15 por ciento del aprovechamiento urbanístico no patrimonializable (14.250 m2), por su equivalente económico que se cifran en pesetas veintiocho millo-nes quinientas mil pesetas (68.988.708 PTA), que resultan de considerar el valor residual del suelo a razón de 2.000 PTA/m2.  
Segundo  
La tramitación del expediente ha sido formalmente correcta habiéndose cumplido las exigencias procesales establecidas en el artículo 20.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de junio, sobre suelo no urbanizable, en relación con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.  
En este orden, la única alegación formulada en el trámite de información pública, suscrita por don Pascual Amiguet Cabedo, en la que solicita la compra de toda la finca de su propiedad, carece de entidad en el aspecto de la ordenación urbanística para evitar la implantación de la actuación, máxime cuando su autorización lleva aparejada la potestad expropiatoria en beneficio del promotor de la actuación.  
Tercero  
Los servicios que demanda la actuación quedan adecuadamente resueltos a cargo de la mercantil promotora, ya que:  
a) El suministro de agua se efectúa a partir de la red de riegos de la zona, con construcción de un depósito para el uso industrial y otro para los servicios. El agua para el consumo humano será embotellada no utilizándose la de tales circuitos. Se establece un clorador que, conforme a la declaración de impacto ambiental, se ha de instalar a la entrada o en el mismo depósito.  
b) La red de saneamiento y de evacuación de aguas residuales, se diseÑa separativa, hasta depuradora biológica la primera y la segunda hasta pozo absorbente. Las aguas residuales industriales se depurarán antes de su vertido y se recogen a través de circuito propio. Las únicas aguas residuales que precisarán de la red municipal serán las procedentes de los servicios sanitarios, que enlazará con el servicio público existente en el camino Ramonet diseÑado para asumir el vertido correspondiente a una población máxima de 250 personas.  
c) La red de energía eléctrica y alumbrado conectará en media tensión desde la estación transformadora de La Plana, mediante línea subterránea de 20.000 V, hasta el centro de entrega situado en el límite de la parcela.  
d) El suministro de gas natural se efectúa desde la red de distribución que discurre por el camino de Ramonet, hasta el que se llegará mediante canalización subterránea en condiciones reglamentarias para la alimentación a 16 atm a lo largo de los caminos de Ramonet y de Borriol, estando prevista una estación de regulación y medida en el límite de la parcela.  
e) El servicio de recogida de basuras será el municipal, extremo éste que no ha recibido oposición del Ayuntamiento de Almazora en su citado informe.  
f) El acceso rodado se efectúa desde la instalación por el camino de Borriol, camino del Pla de Museros y hasta alcanzar la carretera nacional CN-340. El camino de Borriol (8 metros de ancho) se amplía con una banda de 9 metros que será utilizada como vial de servicio de la instalación (4,5 metros de ancho) y como aparcamiento exterior (4,5 metros de ancho).  
g) Se contempla en la propia superficie de la actuación la previsión de aparcamientos suficientes para atender la demanda.  
Cuarto  
La actuación solicitada es de implantación adecuada desde el punto de vista de la ordenación territorial, al efectuarse en zona de usos predominantemente industriales de las características de la que es objeto de la presente, sin que interfiera en suelos de uso residencial o terciario próximos. Por otra parte, el propio Ayuntamiento de Almazora ha justificado que el suelo clasificado para uso industrial, colindante con el que es objeto de la actuación, se pretende destinar a pequeÑa y mediana industria, tipología en la que no encaja la que es objeto del presente expediente, según se ha visto en los antecedentes del presente.  
Desde el punto de vista económico y social la actuación tampoco es irrelevante. Aporta un esfuerzo inversor privado considerable en un sector puntero de la economía valenciana y oferta un importante número de puestos de trabajo.  
De todo ello se sigue que procede la declaración de interés comunitario de la actuación solicitada, con las condiciones que se dirán en la parte dispositiva de el presente acuerdo.  
Quinto  
El Gobierno Valenciano es el órgano competente para la resolución del expediente, con la consiguiente aprobación de la ordenación y definición del correspondiente uso y aprovechamiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre suelo no urbanizable, previo informe del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano  
ACUERDA  
Primero  
Aprobar definitivamente la ordenación urbanística para la construcción de edificios e instalación de industria de fabricación de cerámica, en suelo no urbanizable común del término municipal de Almazora, que afecta a una superficie de 162.243 m2, que abarca varias parcelas catastrales del polígono 5 del citado término municipal, como actuación integral de interés comunitario que se ha de desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre suelo no urbanizable.  
Segundo  
Adjudicar la referida actuación integral de interés comunitario a Almosafa, SL, que deberá ejecutar tal actuación con arreglo a las siguientes condiciones:  
1) Satisfacer al Ayuntamiento de Almazora las compensaciones económicas sustitutivas de los deberes de cesión de terrenos para zonas verdes y las equivalentes al aprovechamiento urbanístico no patrimonializable, con anterioridad al comienzo de tal ejecución. El incumplimiento de tal obligación determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la declaración de interés comunitario que comporta.  
2) Obtener del Ayuntamiento de Almazora, una licencia municipal previa a dicha ejecución, que deberá interesar, en condiciones de obtenerla, en el plazo máximo de los seis meses siguientes al de publicación del presente acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En garantía de la ejecución de las obras de urbanización la adjudicataria depositará ante tal Ayuntamiento garantía, conforme a derecho, del 6 por ciento del coste total de tales obras.  
3) La ejecución de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado al efecto, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente. Asimismo serán de observancia las condiciones fijadas en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 8 de junio de 1995.  
4) Almosafa, SL, deberá efectuar un seguimiento arqueológico de las obras en proyecto en el momento de su ejecución y principalmente en el movimiento de tierras, así como realizar las excavaciones arqueológicas que resulten del estudio del terreno a realizar, dando cuenta de ello a la Dirección General del Patrimonio Artístico, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, a la que también se comunicará el comienzo de las obras para su seguimiento.  
5) Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción objeto de la presente actuación integral deberá ser autorizada por el Gobierno Valenciano.  
Tercero  
La presente aprobación y adjudicación de la actuación integral implica, a efectos expropiatorios, la declaración del interés social y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios, conforme al proyecto presentado, para la ejecución de aquélla. El adjudicatario tiene la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo de su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer. Todo ello, conforme al artículo 20.3 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre suelo no urbanizable.  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, procede interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día de la notificación o publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Con carácter previo a la interposición del mencionado recurso, será requisito imprescindible que el recurrente lo comunique al Gobierno Valenciano, de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f) y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Todo ello, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 25 de septiembre de 1995  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,  
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO