Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3539, del 15-07-1999 (1999/6270)

Notificación de la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-466/1998.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3539

Fecha DOGV
:   15-07-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/6270


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-466/1998. [1999/M6270]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a Construcciones Impeco SL, Sagasta, 63, 46261 Puerto Sagunto la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-466/1998.
  
Asunto: recurso ordinario formulado por don José Giménez Ricarte, en representación de la mercantil Construcciones Gial SL, contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 22 de octubre de 1998.
  
Resolución
  
Examinado el recurso ordinario formulado por don José Giménez Ricarte, en representación de la mercantil Construcciones Gial SL, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 22 de octubre de 1998, en el expediente de construcción número 46-1G-117/92.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por don José Vicente Fons Roca propietario de la vivienda de protección oficial sita en Catarroja, calle de Emili Ferrer y Gómez número 1, 13ª, se presentó escrito de denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia por deficiencias constructivas en el citado inmueble, enviándose a un perito de dicho organismo quién emitió el correspondiente informe pericial, acordándose la incoación de expediente sancionador a Construcciones Gial SL y Construcciones Impeco SL, con traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
Segundo
  
Por el instructor del expediente sancionador se dictó propuesta de resolución en la que entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, proponía la imposición de una sanción pecuniaria de 501.000 pesetas, a cada uno de los expedientados, así como la orden de obras de reparación de las deficiencias constructivas.
  
Tercero
  
El jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda dictó resolución en la que manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, acordó la imposición de una multa de 501.000 pesetas a la constructora y promotora, así como la realización de las obras.
  
Cuarto
  
Contra dicha resolución interpone recurso ordinario don José Giménez Ricarte, en representación de la mercantil Construcciones Gial SL, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 32/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 3.218 de 6 de abril).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117 de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
Solicita la mercantil recurrente que se anule la resolución por vulneración del procedimiento establecido al no haberse dirigido, cuando se trata de deficiencias, contra promotor, constructor y facultativos; por vulneración del derecho fundamental de presunción de inocencia y culpabilidad ya que Construcciones Gial SL, se limitó a la promoción del edificio siendo la ejecución material de la constructora Construcciones Impeco SL la obligada a realizarlas de acuerdo con la normativa vigente, sin que se haya demostrado que la recurrente sea la causante de los defectos denunciados; vulneración del principio de tipicidad pues entiende que en ningún caso se puede considerar vicio o defecto grave el desprendimiento de las baldosas del suelo de la cocina; así como por vulneración del principio de proporcionalidad de la sanción impuesta.
  
El recurso debe ser desestimado por cuanto constan en el expediente sendos informes periciales del perito del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de fechas 3 de marzo y 21 de mayo de 1998, en los que se hace constar una vez realizadas las inspecciones correspondientes a la vivienda del denunciante que: 1. Se ha producido el desprendimiento de baldosas de los solados cerámicos de cocina ... De los defectos constructivos relacionados en este informe se considera responsables al promotor y al constructor. En inspección ocular se consideran graves los defectos constructivos denunciados y referidos en el punto 1. (Pueden afectar a la habitabilidad de la vivienda). En el segundo de los informes citados se manifiesta que: «2. Las deficiencias señaladas en el mismo (referido al informe de fecha 3 de marzo de 1998) considero que son debidas a una defectuosa ejecución, no al uso o al mal uso de los solados de cocina.».
  
En base al primero de los informes periciales se procedió a la tramitación del expediente sancionador, incoándose contra el constructor y el promotor por ser la causa de las deficiencias una ejecución defectuosa a la hora de poner los solados en la cocina, cuya consecuencia ha sido que las baldosas se han levantado afectando a la habitabilidad de la vivienda.
  
En consecuencia se configura la infracción tipificada en el artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Sancionador en Materia de Vivienda, al ser deficiencias graves que afectan a la habitabilidad de la vivienda, e imputables al promotor y al constructor al tratarse de ejecución defectuosa en ese apartado de las obras. En cuanto a la sanción pecuniaria se ha impuesto en su grado mínimo por disposición legal establecida en el artículo 8.c de dicha ley. Por lo que procede la confirmación de la resolución del Servicio Territorial.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la Propuesta de Resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Desestimar el recurso ordinario formulado por don José Giménez Ricarte, en representación de la mercantil Construcciones Gial SL, contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 22 de octubre de 1998, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 3 de mayo de 1999.- El director general de Arquitectura y Vivienda: José Mª García Zarco.
  
Conselleria de Obras Publicas,
  
 Urbanismo y Transportes