Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5687, del 24-01-2008 (2008/88)

Asunto civil 1.472/2006. Notificación de la sentencia a Romualdo Vicente García.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5687

Fecha DOGV
:   24-01-2008

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2008/88


Fecha del documento
:   11-12-2007

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * sistema judicial

Asunto civil 1.472/2006. Notificación de la sentencia a Romualdo Vicente García. [2008/88]  
Procedimiento: asunto civil 001472/2006  
Eva María Murciano Vicente, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, en el juicio referenciado, ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Juzgado de Primera Instancia número 7 Castellón de la Plana  
Procedimiento: modificación medidas contencioso 001472/2006  
Sentencia número 808/2007  
Juez que la dicta: José Luis Conde-Pumpido García  
Lugar: Castellón de la Plana  
Fecha: 11 de diciembre de 2007   
Parte demandante: María del Mar Gil Amor  
Procuradora: Pilar Sanz Yuste  
Parte demandada: Romualdo Vicente García  
José Luis Conde-Pumpido García, magistrado juez de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, ha conocido los presentes autos de modificación de medidas número 1.472/2006, dimanante del divorcio número 364/2004, del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrijos (Toledo), promovidos por María Mar Gil Amor, representada por la procuradora señora Sanz Yuste y defendida por la letrada señora Hernández Melón, contra Romualdo Vicente García, en rebeldía, en los que ha sido parte el ministerio fiscal.  
Antecedentes de hecho  
Primero. La procuradora señora Hernández Yuste, en nombre y representación de María Mar Gil Amor, formuló demanda de modificación de medidas acordadas en los autos de divorcio número 364/2004, del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrijos (Toledo), contra Romualdo Vicente García, solicitando que se dictase sentencia por la que se suspendiera al demandado en el ejercicio de la patria potestad respecto de la hija menor común, durante un plazo mínimo de dos años. Los hechos en los que sustentaba su petición eran los siguientes:  
1. Demandante y demandado se encuentran divorciados por sentencia de fecha 16 de septiembre de 2005.  
2. Dicha sentencia atribuyó a la madre la custodia de la hija menor, con un régimen de visitas entre demandado e hija.  
3. Desde la sentencia de divorcio, el demandado sólo ha visitado a la hija en dos ocasiones, la última de las cuales no la devolvió al final del periodo de visitas, por lo que fue condenado en el juicio de faltas. Además. Incumple la obligación de pago de la pensión de alimentos, lo que evidencia una falta de preocupación hacia su hija.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada y al ministerio fiscal. La parte demandada no compareció pese a estar debidamente emplazada, por lo que fue declarada en rebeldía. El ministerio fiscal contestó solicitando que se dictara sentencia de conformidad con lo que resultara probado. Citadas las partes y el ministerio fiscal a la comparecencia prevista en el artículo 770.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tuvo lugar el día 10 de diciembre de 2007, compareciendo la parte actora, que se ratificó en su demanda, mientras que la parte demandada no compareció, y el ministerio fiscal se ratificó en su contestación.  
Tercero. Solicitando el recibimiento a prueba por todas las partes, su señoría accedió a lo solicitado, procediéndose a la práctica de la propuesta y admitida, que se practicó toda en el acto, y que consistió, por la parte actora, en interrogatorio del demandado, documental (dar por reproducida la aportada con la demanda) y testifical (de Rocío Criado Frutos y José Luis Estacio Martín). El ministerio fiscal no propuso prueba. Su señoría acordó de oficio el interrogatorio de la demandante.  
Cuarto. Practicada la prueba en el mismo acto, y tras emitir informe el fiscal en el sentido de que se suspendiera la patria potestad durante un periodo de un año, quedaron conclusos los autos sin más trámites.  
Quinto. En este procedimiento deben declararse como hechos probados que se relatan a continuación:  
1. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrijos (Toledo) se tramitó procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo número 364/2004, entre Romualdo Vicente García y María Mar Gil Amor, dictándose sentencia en fecha 16 de septiembre de 2005 por la que se decretó el divorcio de los cónyuges y se aprobó el convenio regulador suscrito por ambos (hecho acreditado mediante la copia de la sentencia aportada con la demanda).  
2. En el convenio regulador del divorcio se atribuyó a la esposa la guarda y custodia de la hija menor común, con un régimen de visitas entre el padre y la hija menor y la obligación del padre de abonar una pensión de alimentos de 180 euros mensuales a favor de su hija. (Hecho probado mediante la copia de la sentencia de divorcio aportada con la demanda).  
3. Desde que se dictó la sentencia de divorcio, el padre apenas ha visitado a su hija, habiéndose producido la última visita en la Semana Santa de 2006, momento en el cual el padre se negó a devolver a la hija a la madre al acabar el periodo de visitas, teniendo a la hija en paradero desconocido durante dos semanas, hasta que la dejó en casa de la abuela paterna en malas condiciones. Por estos hechos, Vicente García fue condenado como autor de una falta contra las relaciones familiares por sentencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón de la Plana, de fecha 26 de junio de 2006, en el juicio de faltas número 342/2006. Desde entonces, el padre no ha visitado a su hija en ninguna otra ocasión. (Hecho probado mediante la documental aportada con la demanda, el interrogatorio de las partes y las testificales practicadas a propuesta de la parte demandante).  
4. El padre no abona la pensión de alimentos establecida en la sentencia de divorcio, y tampoco abona la de la anterior sentencia de separación. (Hecho probado mediante el interrogatorio de las partes y las testificales practicadas a instancia de la parte actora).  
Fundamentos jurídicos  
Primero. El último inciso del artículo 91 del Código Civil contempla que las medidas acordadas en las sentencias de separación, nulidad o divorcio podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.  
Como tiene señalado reiterada jurisprudencia de las audiencias provinciales (entre otras muchas, SAP Castellón, sección 1ª, de 26 de mayo de 1999), las medidas adoptadas, judicial o convencionalmente, para regular los efectos de la separación o del divorcio, no están afectadas por la santidad de la cosa juzgada y cabe su modificación por cambio de las circunstancias, según dispone el artículo 90, párrafo 3º, del Código Civil, al decir que «Las medidas que el juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias», y aunque este artículo se destina a la regulación del convenio, el párrafo citado se refiere tanto a las medidas convencionales como a las judiciales, siendo de añadir que también el artículo 91 in fine de dicho Código dispone que las medidas acordadas en defecto de acuerdo de los cónyuges pueden ser modificadas «cuando se alteren sustancialmente las circunstancias». Es ello así porque el pronunciamiento de toda sentencia de separación o de divorcio relativo a los efectos secundarios de la misma, y a las medidas correspondientes que los disciplinan, por referirse aquellos a aspectos contingentes y sobre todo por estar estrechamente ligados a realidades vivenciales, y por ello cambiantes, no puede quedar inamovible e invariable al contrario de lo que ocurre con los efectos primarios o esenciales, que una vez adquiere firmeza la sentencia tienen el valor de cosa juzgada, y, por tanto, devienen intangibles. Por ello, es valor entendido en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos que tales efectos secundarios, y las medidas adoptadas para regularlos, tienen una validez rebus sic stantibus, y modificada seriamente la realidad subyacente que aconsejó o determinó su originaria ordenación en aquel primer sentido, deben ser modificadas paralelamente para su correcta y justa adecuación a la nueva realidad. No otra cosa pretenden los citados artículos 90, párrafo 3º, y 91, último párrafo, del Código Civil, aunque también se encuentran más adelante otros preceptos, cuando se regulan algunas medidas en concreto, que contienen normas expresas en que se reconoce y ordena de nuevo su modificabilidad en función de la alteración de las circunstancias como el artículo 93, que al referirse a la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos a los hijos, habla de la «acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento», y también el artículo 94, que al regular el derecho de visitas y relaciones con sus hijos del progenitor que no los tenga consigo, prevé al final que el juez «podrá limitar o suspender (ese derecho) sí se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial», así como en cuanto a la pensión compensatoria del artículo 97, que el artículo 100 dice que «sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno y otro cónyuge». En definitiva, pues, puede afirmarse que las medidas judicialmente adoptadas están sometidas a una legal cláusula de actualización dependiente de una variación sustancial de la coyuntura en que fueron acordadas. Ahora bien, presupuesto para el cambio de tales medidas es la alteración sustancial de las circunstancias, lo que exige una ponderación por el juzgador de las concurrentes al tiempo de la adopción de las medidas cuya modificación se pretende y de las cuales, pero el concepto de alteración sustancial de las circunstancias, y sobre todo la apreciación de la sustancialidad, son determinaciones totalmente casuísticas, y aunque cuando la ley habla de alteración sustancial parece referirse a que ha de ser grave, sin embargo, esa gravedad no se puede entender como supuesto derivado de variaciones extraordinarias e insólitas en las circunstancias, sino como importantes en función de la configuración inicial de las prestaciones a las que se quiere equilibradas, como demuestra la posibilidad de su nueva aprobación cuando entrañen un grave perjuicio para los cónyuges; por eso cuando el mantenimiento de la situación originariamente pactada o adoptada por el juez suponga la producción de un perjuicio de esa entidad, o al menos no leve para una de las partes, se debe considerar que estamos ante la sustancialidad de la alteración que el artículo 90 menciona.  
En el supuesto de autos, la modificación interesada es la de suspender, por un plazo mínimo de dos años, el ejercicio de la patria potestad del padre demandado respecto de su hija menor por un plazo mínimo de dos años. El artículo 170 del Código Civil establece que, «el padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial». Conforme a la jurisprudencia, aunque la patria potestad, por derecho natural y positivo viene otorgada a los progenitores, atendiendo a que integra en su función no sólo derechos sino muy principalmente deberes, puede en determinados casos restringirse, suspenderse e incluso cabe privar de la misma por ministerio de la ley, cuando sus titulares no asuman las funciones inherentes a ella o las ejercen con desacierto y perjuicio para el descendiente. El artículo 170, más que una sanción, implica una medida de protección del niño, y por ende debe ser adoptada en beneficio del mismo. El sentido proteccionista sobre los menores de edad se manifiesta en la Convención sobre Derechos del Niño de naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, en su artículo 9 en relación con el artículo 3, e inspira la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (STS 12 de febrero de 1992, 31 de diciembre de 1996 o 24 de abril de 2000). En cualquier caso, el artículo 170 del Código Civil, al ser una norma de carácter sancionador, debe ser objeto de interpretación restrictiva, y su aplicabilidad exige que en el caso concreto aparezca plenamente aprobado que el progenitor al que se pretende privar de la patria potestad haya dejado de cumplir los deberes inherentes a la misma (STS de 6 de julio y 18 de octubre de 1996). Al respecto, cabe citar la SAP Castellón, sección 2ª, de 6 de marzo de 2007: «concebida la patria potestad como un derecho-deber o como un derecho-función, puede en determinados supuestos, y por causa de esa concepción, restringirse o suspenderse, e incluso cabe privarse de la misma por ministerio de la ley cuando sus titulares, por una razón u otra, no asumen las funciones inherentes a ella o las ejercen con desacierto o perjuicio para sus hijos, llegando a la solución más radical en el supuesto de incumplimiento de los deberes que configuran tal institución jurídica conforme prescribe el artículo 170 del Código Civil que, a diferencia de la redacción originaria contemplada en dicho texto sustantivo, no requiere sustentar la indignidad del progenitor, no localizar a toda costa una culpabilidad en el cumplimiento de los deberes y que, según interpretación doctrinal y jurisprudencia, más que una sanción al progenitor incumplidor, implica una medida de protección del niño que debe ser adoptada, por ende, en beneficio del mismo, en tanto que la conducta de aquél, que ha de calificarse como gravemente lesiva de los intereses prioritarios del menor, no se revele precisamente como la más adecuada para la futura formación y educación del mismo». En el caso de autos, ha quedado acreditado, a través del interrogatorio de las partes (incluyendo el del demandado, a quien se tiene por conforme con los hechos alegados por la contraparte al no haber comprendido sin justa causa, conforme al artículo 304 de la LEC) y las testificales, que Vicente García, desde que se dictó la sentencia de divorcio (y también durante la vigencia de la anterior sentencia de separación) ha incumplido de modo reiterado y grave sus deberes paternofiliales, en el siguiente modo:  
1. Sólo ha visitado a su hija de modo esporádico, y siempre según su propia conveniencia.  
2. En la Semana Santa de 2006, no devolvió a la hija al final del periodo de visitas, amenazando a la madre con no devolvérsela, y sin que la madre tuviera noticias del paradero de la hija durante al menos dos semanas, durante las cuales la hija no pudo asistir al colegio, siendo dejada finalmente, en mal estado, en casa de su abuela paterna, quien avisó a la madre para que la recogiera. Por estos hechos, de mayor gravedad, Vicente García llegó a ser condenado penalmente en un juicio de faltas, habiendo precisado la hija asistencia psicológica.  
3. El padre se ha desentendido también en el plano económico de su hija, habiendo dejado de pagar la pensión de alimentos durante al menos tres años.  
Esta conducta del padre supone, no sólo el incumplimiento de sus deberes paternos, sino también una situación de riesgo para la propia hija, que no sólo fue privada de su libertad durante unos días, sino que carece de la ayuda de su padre tanto a nivel emocional (no se ven desde hace un año y medio) como material, habiendo dejado el padre de contribuir al sostenimiento material y económico de la menor, con el perjuicio que esto conlleva para la propia subsistencia de la hija. Por ello, se considera que existen motivos suficientes como para suspender temporalmente el ejercicio de la patria potestad por parte del padre, durante al menos dos años tal y como se solicitaba en la demanda, periodo durante el cual la patria potestad será ejercida de modo exclusivo por la madre, quedando en suspenso el régimen de visitas entre el padre y la hija, el cual, para poder reanudarse, requerirá de una solicitud previa por parte del padre y la cumplida acreditación de que esa reanudación no va a resultar perjudicial para la hija que, en ese momento, contará con al menos 12 años de edad y llevará casi cuatro años sin tener contacto con su padre.  
Segundo. Dada la especial naturaleza de las pretensiones deducidas en este procedimiento, y no siendo aplicables las normas contempladas en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,   
Fallo  
Que estimando la demanda de modificación de medidas formulada por la procuradora señora Sanz Yuste en nombre y representación de María Mar Gil Amor contra Romualdo Vicente García, debo modificar y modifico las medidas aprobadas en la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2005 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrijos (Toledo) en el procedimiento de divorcio 364/2004, en el sentido de suspender durante un plazo de dos años, desde la firmeza de esta sentencia, la patria potestad de Romualdo Vicente García respecto de su hija menor XXXXXXX, así como el régimen de visitas establecido entre ambos, siendo preciso para su futura reanudación una solicitud previa por parte del padre y la cumplida acreditación de que esa reanudación no va a resultar perjudicial para la hija.  
Todo ello sin efectuar expresa imposición de costas a ninguno de los litigantes.  
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días.  
Para la notificación al demandado Romualdo Vicente García, en ignorado paradero, publíquense edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, que se entregarán a la parte demandante para su diligenciamiento.  
Así por esta mi sentencia, lo ordeno, mando y firmo».  
Publicación: leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez que la ha dictado, estando constituido en audiencia pública, en el mismo día de su pronunciamiento, ante el secretario judicial. Doy fe.  
En atención a desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 11 de diciembre de 2007 el juez, de conformidad con lo dispuesto e los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.  
Castellón de la Plana, 11 de diciembre de 2007.- La secretaria judicial: Eva María Murciano Vicente.