Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9969, del 30-10-2024 (2024/10121)

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2024, del director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, por la que se resuelve inscribir la modificación parcial de los Estatutos del Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de Valencia, en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9969

Fecha DOGV
:   30-10-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2024/10716

CVE
:   KWXF-Z-8298-25268

Fecha del documento
:   10-10-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia e Interior

Tipo de documento
:   Resolución

Vista la propuesta de resolución de la jefa de servicio de Colegios Profesionales y Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana sobre la solicitud realizada por el Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de Valencia, inscrito con el número 34 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales, en el que se insta la inscripción de la modificación parcial de los vigentes estatutos, atendiendo a los siguientes

*Hechos*

Primero. En fecha 25 de junio de 2024, el Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de Valencia presentó la solicitud de inscripción de la modificación parcial de los Estatutos de la corporación profesional en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.

Segundo. Los actuales estatutos del Colegio fueron inscritos el 28 de junio de 2019 en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales, según resolución de 7 de junio de 2019, de la directora general de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas (DOGV núm. 8576, de 21.06.2019).

Tercero. Mediante oficio de 3 de julio de 2024, el Servicio de Colegios Profesionales y Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana formuló reparos a la documentación remitida, y al contenido de la propuesta de modificación de estatutos, solicitando que subsanaran las deficiencias.

Cuarto. En fecha 13 de septiembre de 2024, el Colegio presentó documentación complementaria que subsanaba los reparos formulados y se remitió el texto modificado de los Estatutos.

Quinto. Consta en el expediente el certificado de la secretaria del Colegio, de fecha 21 de junio de 2024, suscrito por la decano-presidente, en el que se indica que la junta general extraordinaria de colegiados, celebrada el 15 de junio de 2023, aprobó por unanimidad la modificación de los Estatutos y facultó a la Junta de Gobierno del Colegio para llevar a cabo las rectificaciones de los errores materiales, mecanográficos y aritméticos, así como a subsanar las observaciones o recomendaciones de adecuación a la legalidad que considere necesarias efectuar el Consejo General de Procuradores, a fin de poder instar el procedimiento de aprobación de la modificación estatutaria ante los órganos de la Comunidad Autónoma, a efectos de calificación de legalidad en atención a la normativa de carácter autonómico, inscripción en el Registro Oficial de Colegios Profesionales y publicación en el diario oficial.

Sexto. La modificación estatutaria cuya inscripción se solicita se refiere a la inclusión de un artículo 44 bis en el capítulo 2 “Gobierno y Administración del Colegio”, del título III “La Organización del Colegio, su gobierno y administración”; la ampliación del apartado 2 del artículo 81, así como la inclusión de un nuevo artículo 81 bis y 91 bis del mencionado título; la modificación de los artículos 118, 119, 120, 121 y 122, incluidos en la sección 3ª “Comisión Deontológica y tramitación del procedimiento sancionador”, del capítulo 2 “Responsabilidad disciplinaria”, título VI “Responsabilidades y régimen disciplinario”, que quedarán redactados del siguiente tenor literal:

Artículo 44 bis

Las sesiones ordinarias o extraordinarias de las Juntas Generales podrán en casos extraordinarios o excepcionales constituirse, celebrar, adoptar acuerdos y remitir actas, tanto en forma presencial en la sede del Colegio, como a distancia, a través de conexión telemática de todos o parte de los colegiados, siendo el decano presidente quien determine el modo en que se celebre cada sesión que convoque.

Las sesiones telemáticas o a distancia se podrán celebrar siempre y cuando se asegure el dispositivo operativo y tecnológico necesario que permita una conexión óptima de todos los colegiados para la celebración efectiva de la misma, debiendo el secretario/a asegurarse que tal dispositivo tecnológico lo permita, que igualmente pueda constarle y certificar la identidad y asistencia de los colegiados, indicándolo así en el acta que se levante de la sesión, así como el contenido de sus manifestaciones y el momento en que éstas se producen y la interactividad y conexión de todos los participantes en tiempo real y la disponibilidad de los medios tecnológicos durante toda la sesión.

No podrán celebrarse sesiones a distancia o telemáticas cuando se deban adoptar acuerdos cuya votación sea de carácter secreto, o de aquellas sesiones en las que por este estatuto se requiera la concurrencia personal de colegiados (Art. 48 Juntas para resolver la moción de censura).

Con independencia de los medios utilizados, deberá garantizarse el derecho de los colegiados a participar en las sesiones, así como la posibilidad de defender y contrastar sus respectivas posiciones; la formación de la voluntad colegiada y el mantenimiento del *quorum*  de constitución.

Se considerarán medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y videoconferencias o cualquier otro tipo de sistema tecnológico que permita cumplir con los requisitos anteriormente indicados para la celebración de las sesiones.

Los colegiados que participen mediante conexión telemática tendrán la consideración de asistentes a efectos de determinación del quórum necesario y requerido para la válida constitución del órgano colegiado y el régimen de adopción de los acuerdos.

A todos los efectos, el lugar de las sesiones que se desarrollen a distancia será la sede del domicilio del Colegio de Procuradores de Valencia.

Artículo 81

1. La Junta de Gobierno se reunirá, cuando menos, una vez al mes previa convocatoria del decano, cursada con la antelación necesaria para que se halle en poder de sus componentes cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada para la sesión, salvo que razones de urgencia justifiquen la convocatoria con menor antelación. Dicha convocatoria podrá efectuarse a través de correo electrónico.

2. En la convocatoria se expresará el lugar, día y hora, en que deba celebrarse la sesión, en primera y segunda convocatoria y el orden del día, así como si la sesión de la Junta será presencial o a distancia, en cuyo caso se facilitará el enlace de la conexión telemática a la misma.

3. El orden del día será fijado por el decano y en él se podrá incluir cualquier asunto a solicitud de un miembro de la Junta de Gobierno.  Podrán incorporarse otras cuestiones siempre que así se acuerde al principio de la sesión por los asistentes.

4. Si por el decano no se convocara Junta de Gobierno con arreglo a lo establecido en los números anteriores, ésta se podrá convocar por iniciativa de la mitad de los miembros que la compongan, con establecimiento del orden del día y asuntos a tratar.

5. Por razones de urgencia podrá deliberarse y tomarse el oportuno acuerdo sobre cuestiones que no figuren en el orden del día, siempre que se tome este acuerdo por mayoría.

6. Los miembros de la Junta de Gobierno están obligados a guardar secreto sobre las deliberaciones de las sesiones.

Artículo 81 bis

Las sesiones telemáticas o a distancia se podrán celebrar siempre y cuando se asegure el dispositivo operativo y tecnológico necesario que permita una conexión óptima de todos los miembros de la Junta para la celebración efectiva de la misma, debiendo el secretario/a asegurarse que tal dispositivo tecnológico lo permita;  que igualmente pueda constarle y certificar la identidad y asistencia de los miembros de la Junta indicándolo así en el acta que se levante de la sesión, así como el contenido de sus manifestaciones y el momento en que éstas se producen y la interactividad y conexión de todos los participantes en tiempo real y la disponibilidad de los medios tecnológicos durante toda la sesión.

No podrán celebrarse sesiones a distancia o telemáticas cuando se deban adoptar acuerdos cuya votación sea de carácter secreto.

Con independencia de los medios utilizados, deberá garantizarse el derecho de los miembros de la Junta a participar en las sesiones, así como la posibilidad de defender y contrastar sus respectivas posiciones; la formación de la voluntad colegiada y el mantenimiento del quorum de constitución.

Se considerarán medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y videoconferencias o cualquier otro tipo de sistema tecnológico que permita cumplir con los requisitos anteriormente indicados para la celebración de las sesiones.

Los miembros de la Junta que participen mediante conexión telemática tendrán la consideración de asistentes a efectos de determinación del *quórum*  necesario y requerido para la válida constitución del órgano colegiado y el régimen de adopción de los acuerdos.

A todos los efectos, el lugar de las sesiones que se desarrollen a distancia será la sede del domicilio del Colegio de Procuradores de Valencia.

En todo caso, las previsiones relativas a las sesiones a distancia podrán ser desarrolladas por el Reglamento del régimen interior del Colegio de Procuradores.

Artículo 91 bis

Los colegiados que hayan ostentado cargos en las distintas Juntas de Gobierno podrán prestar colaboración a la Junta de Gobierno actual, cuando fuera interesada su experiencia para ser oídos respecto de aquellos asuntos que, por haberlos conocido por razón del cargo que en su día ocuparan, pudieran con sus explicaciones y observaciones contribuir al mejor gobierno colegial.

Los ex miembros de Juntas de Gobierno no se considerarán parte integrante de la Junta de Gobierno existente, si bien podrán asistir a la celebración de las sesiones de ésta, previo su juramento ante la misma de guardar secreto de las deliberaciones y temas que en la misma se traten.

Artículo 118

1. La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia ejercerá la potestad disciplinaria sobre los colegiados ejercientes en relación con su actividad profesional; sobre los no ejercientes y sobre aquellos que, sin ser colegiados de este Colegio, ejerzan su actividad profesional ante los órganos judiciales del ámbito territorial del Colegio.

2. Las sanciones disciplinarias solo podrán imponerse en virtud de procedimiento instruido al efecto en el que se garanticen al interesado los derechos a ser notificado de los hechos que se le imputan, a formular alegaciones y a utilizar los medios de prueba para su defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, que resulten procedentes.

3. El procedimiento disciplinario se sustanciará conforme a las normas que se indican a continuación o bien sean previstas en un Reglamento de Procedimiento Disciplinario que se apruebe y rija en lo sucesivo. En defecto de dicho Reglamento, se estará a lo dispuesto en las normas de procedimiento sancionador contenidas en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios Públicos de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986 de 10 de enero y demás legislación concordante, sin perjuicio de las especialidades contenidas en este estatuto.

Artículo 119. Procedimiento disciplinario

El procedimiento disciplinario podrá iniciarse:

De oficio por la Junta de Gobierno, dando traslado del acuerdo a la Comisión Deontológica para la tramitación del expediente.

A petición razonada del Decano.

Por denuncia, queja o reclamación de un colegiado o de un tercero con interés legítimo, que en todo caso deberá manifestar y acreditar.

En caso de queja, denuncia o reclamación, ésta deberá constar por escrito que identifique al denunciante, contenga el relato de los hechos que a su juicio constituyan la infracción; identifique al colegiado contra el que se dirige; se adjunte documentación relativa al asunto del que dimana y sea firmada. La falta de los requisitos anteriormente indicados dará lugar a que quede en suspenso su presentación hasta que sean subsanados, previo requerimiento al efecto y apercibimiento de archivo para el caso de que no sean subsanados.

Artículo 120. Comisión Deontológica

La instrucción de los procedimientos disciplinarios recaerá en la Comisión Deontológica de la Junta de Gobierno, por delegación de ésta, para incoar la información previa a través de Diligencias Informativas; para adoptar propuesta de archivo de las denuncias, quejas o reclamaciones y propuestas de apertura de expediente disciplinario y la consecuente propuesta de sanciones.

La Comisión Deontológica estará compuesta por un mínimo de 5 miembros de la Junta de Gobierno o bien de colegiados designados discrecionalmente por la Junta de Gobierno, de entre los que hayan ostentado algún cargo en otras Juntas de Gobierno y que cuenten con más de 10 años de ejercicio profesional.

Formarán parte de la Comisión Deontológica como miembros natos de la misma, el censor y el secretario de la Junta de Gobierno.

De entre los miembros de la Comisión Deontológica, se designará para cada caso un instructor, que tendrá facultades para abrir un periodo de información previa con el fin de determinar si procede o no iniciar el procedimiento disciplinario y practicar las diligencias que considere convenientes para la comprobación de los hechos.

El acuerdo de iniciar diligencias informativas será comunicado al colegiado afectado, dándole traslado del escrito de denuncia, queja o reclamación presentada, quien podrá en el plazo de 10 días formular las alegaciones que tenga por conveniente en su descargo, incluso solicitando la práctica de pruebas.

Artículo 121. Trámite

El instructor designado para cada asunto, así como el secretario de la Comisión podrán participar en las deliberaciones de la Junta de Gobierno, pero no tendrán voto en el acuerdo de ésta sobre el sobreseimiento y archivo o apertura de expediente disciplinario.

El instructor tras las oportunas y necesarias diligencias informativas y vistos los escritos y alegaciones propondrá a la Junta de Gobierno, el archivo de las diligencias y el escrito presentado por no haber encontrado indicios de ilícito disciplinario o la apertura de expediente disciplinario, formulando en este caso, el oportuno pliego de cargos que contendrá con precisión los actos profesionales o colegiales que se presumen ilícitos; la calificación jurídica de la infracción en la que se haya incurrido y en su caso, la propuesta de sanción de la que sea acreedor el colegiado, que será elevado a la Junta de Gobierno para que ésta acuerde en su caso, la apertura de expediente disciplinario o el archivo.

El acuerdo de archivo será comunicado tanto al denunciante como al colegiado afectado.

El pliego de cargos será comunicado al colegiado para que pueda alegar ante el instructor cuanto considere conveniente en el plazo de 10 días. Igualmente podrá proponer prueba de cualquier modo de los admitidos por el ordenamiento jurídico.

Artículo 122

La instrucción del expediente concluirá transcurrido el plazo de alegaciones, se hayan efectuado o no, con la propuesta de resolución que efectuará por escrito el instructor que será elevada a la Junta de Gobierno a través del censor para que ésta adopte la resolución que corresponda decidiendo todas las cuestiones planteadas que no podrán versar sobre hechos distintos de los que sirvieron de base a la propuesta de resolución y que contendrá los siguientes extremos de modo claro:

Identificación del colegiado/s responsable/s; relación de los hechos que motivan la apertura de expediente; con expresión de la infracción presuntamente cometida y la sanción que se propone imponer, indicando los recursos que procedan, el plazo para su interposición y los órganos ante los que hubiera que presentarlos. También se podrán proponer medidas de carácter cautelar y se le indicará la posibilidad que el colegiado tiene de reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el art. 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Esta propuesta de resolución será trasladada al colegiado quien en el plazo de 10 días podrá efectuar las alegaciones que considere por conveniente.

Si el instructor formara parte de la Junta de Gobierno no podrá participar en las deliberaciones ni en la adopción de la resolución que ponga fin al procedimiento.

*Fundamentos de derecho*

Primero. Revisada la solicitud de la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de Valencia, estos contienen las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.

Segundo. La modificación estatutaria ha sido aprobada con los requisitos y formalidades previstos en el mencionado artículo y en los propios estatutos del Colegio.

Tercero. Esta Dirección General es competente para tramitar y resolver el presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta lo previsto por la disposición final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana; y en virtud de las atribuciones contenidas en el artículo 64 del Decreto 81/2024, de 12 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y en el artículo 10 bis 2.f) del Decreto 134/2023, de 10 de agosto, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia e Interior.

Por todo lo anterior, visto el artículo 36 de la Constitución y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; los artículos 11, 25 y 26 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana; así como los artículos 21 y 74 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de esta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación,

RESUELVO

*Primero*

Inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de Valencia en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales.

*Segundo*

Publicar la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.*

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

  

València, 10 de octubre de 2024

Francisco Javier Soler Flores

Director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia