Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9136, del 27-07-2021 (2021/8181)

DECRETO 103/2021, de 23 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19
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Número DOGV
:   9136

Fecha DOGV
:   27-07-2021

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2021/8181


Fecha del documento
:   23-07-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

Tipo de documento
:   Decreto

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
    * ayuda a la industria
    * enfermedad infecciosa
    * ayuda pública

DECRETO 103/2021, de 23 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19 [2021/8181]  
Mediante el Decreto 61/2021, de 14 de mayo, el Consell aprobó las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19, a que se refiere el Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, por el que se crea una línea de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas para la reducción del endeudamiento y el apoyo a la solvencia del sector privado.  
Por medio de este decreto se incluye la posibilidad de aplicar las ayudas a la satisfacción de los costes fijos no cubiertos que hayan sido determinantes de pérdidas contables (excluyendo las pérdidas por deterioro del valor puntuales), definidos de conformidad con el Marco Temporal Nacional relativo a las medidas de ayuda a autónomos y empresas destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de covid-19.  
Por otra parte, atendiendo a la probada interrelación entre actividades pertenecientes a diferentes sectores económicos que, por la proximidad geográfica de las empresas, entre otros factores, se engloban en la misma área de especialización, lo que les hace dependientes unas de otras, el decreto ley aprobado hoy por el Consell, modifica el Decreto ley 7/2021, de 7 de mayo, del Consell, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, en base a lo cual se amplía a todas las empresas del sector privado -que cumplan los requisitos de elegibilidad y operen en la Comunitat Valenciana- la condición de beneficiarios de las ayudas, con independencia del código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 09) al que estén adscritas, con la excepción de las empresas financieras.  
En consecuencia, es necesario modificar la redacción de determinados artículos del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell para que estos sean coherentes con la ampliación del alcance de las ayudas a todos los CNAEs de las empresas no financieras.  
Asimismo, en fecha 4 de junio de 2021, haciendo uso de la habilitación del artículo 22 del Decreto 61/2021, se publicó la Instrucción 1/2021 de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, relativa a la tramitación de estas subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19, con la finalidad de facilitar la comprensión de los requisitos de elegibilidad y clarificar algunas cuestiones que habían sido objeto de consulta por parte de los potenciales beneficiarios de las ayudas, en lo que respecta a la amortización anticipada del nominal de los préstamos y clarificar el momento en el que se puede hacer efectivo el pago de las ayudas subvencionables. El contenido de dicha instrucción se incorpora al decreto.  
Por último, advertido un error en la redacción del artículo 5, del decreto que se modifica, procede su corrección mediante la especificación de los ingresos íntegros fiscalmente computables correspondientes a 2019.  
Por todo lo expuesto, en virtud de lo que dispone el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell; a propuesta del conseller de Hacienda y Modelo Económico, previa deliberación del Consell, en la reunión de 23 de julio de 2021,  
  
  
DECRETO  
  
Artículo 1. Modificación del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19.  
Se modifican los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15 y 21 del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, que quedan redactados en los términos que figuran en el anexo de este decreto.  
  
Artículo 2. Nuevo plazo de solicitudes  
1. Se abre un nuevo plazo para la presentación de solicitudes que será común para todos los solicitantes. Se iniciará a las 09.00 horas del día 28 de julio de 2021 y finalizará a las 23.59 horas del día 20 de agosto de 2021.  
2. En aquellos casos en los que se haya presentado ya una solicitud para acceder a las ayudas, se podrá presentar nueva solicitud en los plazos indicados en el apartado anterior. En los casos en que la solicitud no haya sido resuelta, se tendrá en cuenta solamente la última solicitud presentada, que deberá recoger la totalidad de los gastos que se vayan a imputar a la subvención. En los casos en que la solicitud ya haya sido resuelta, se podrá presentar una nueva, declarando gastos subvencionables adicionales a los de la primera solicitud, sin perjuicio de la aplicación de los límites máximos correspondientes.  
3. No se admitirá ninguna ampliación de plazo, salvo que no puedan presentarse las solicitudes por imposibilidades técnicas atribuibles a la Administración.  
  
Artículo 3. Efectos  
1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 del Decreto ley de 23 de julio de 2021, del Consell, de modificación del Decreto ley 7/2021, de 7 de mayo, del Consell, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, se suprime el anexo del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19.  
2. Este decreto producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Artículo 4. Recursos  
Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Todo esto en conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 44 y 46 de la mencionada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, y sin perjuicio que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
  
  
ANEXO  
  
1. Se modifica el artículo 4 del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, que queda redactado en los siguientes términos  
«Artículo 4. Beneficiarios  
Tendrán la consideración de beneficiarios de estas ayudas los empresarios, profesionales y entidades no financieras más afectados por la pandemia, siempre y cuando:  
a) Tengan su domicilio fiscal en territorio de la Comunitat Valenciana. A estos efectos, se considerarán las siguientes excepciones:  
1º. Los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros que desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico o ciudad autónoma, podrán participar en esta convocatoria si operan en la Comunitat Valenciana.  
2º. Los grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en régimen de tributación consolidada podrán presentar solicitud de ayuda si operan en la Comunitat Valenciana. En cualquier caso, la solicitud será presentada por la sociedad representante (dominante) del grupo en todo caso e incluirá a todas las entidades que hayan formado parte del grupo en 2020.  
3º. Las entidades no residentes no financieras que operen en la Comunitat Valenciana a través de establecimiento permanente.  
b) Hayan realizado durante 2019 y 2020 alguna actividad económica no financiera y continúen en su ejercicio en el momento de la solicitud.  
c) Que cumplan, además de los dos apartados anteriores, con los requisitos de elegibilidad que se detallan en el artículo 5 de este decreto.  
La aplicación de estos requisitos establecidos para la concesión de la ayuda se realizará atendiendo al conjunto de actividades llevadas a cabo por la persona física, entidad o grupo solicitante de la ayuda.»  
  
2. Se modifica el artículo 5 del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, que queda redactado en los siguientes términos:  
«Artículo 5. Requisitos de elegibilidad  
1. Los empresarios y profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, y los profesionales o empresas que se hayan dado de alta o creado entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, no será necesario que cumplan el requisito de elegibilidad de caída del volumen de negocio que se recoge en los apartados siguientes.  
A estos efectos, se entenderá por modificaciones estructurales las reguladas por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.  
De la misma forma, los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en 2019 o 2020 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con independencia de que realicen otras actividades a las que resulte de aplicación el régimen de estimación directa, incluso cuando se haya renunciado al régimen de estimación objetiva para 2021, tampoco será necesario que cumplan el requisito de elegibilidad de caída del volumen de negocio que se recoge en los apartados siguientes.  
2. Podrán ser beneficiarios los empresarios, profesionales y entidades, que no apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que el volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 haya caído más de un 30 % con respecto a 2019 y tengan un volumen de deudas pendientes y, en su caso, costes fijos subvencionables de, al menos, 4.000,00 euros, teniendo en cuenta las siguientes particularidades:  
a) Para el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada, se entenderá como destinatario a efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y transferencias, el citado grupo como un contribuyente único, y no cada una de las entidades que lo integran, por lo cual el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.  
Las entidades que hayan formado parte de un grupo en 2019, pero no en 2020, serán consideradas como independientes y podrán solicitar las ayudas siempre que cumplan los requisitos de forma individualizada.  
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de grupos se acudirá a las reglas de cálculo del volumen de operaciones solo en relación con las entidades que formaron parte del mismo grupo tanto en 2019 como en 2020.  
b) Las entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán solicitar las ayudas cuando cumplan las condiciones para ello. La beneficiaria directa de la ayuda será la entidad solicitante y no sus socios, comuneros, herederos o partícipes. Las magnitudes a considerar en la determinación de la ayuda se calcularán en sede de la entidad.  
3. No se considerarán destinatarios aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los dos apartados anteriores de este artículo y que en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubieran aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas.  
4. Cuando el solicitante de la ayuda realice exclusivamente operaciones no sujetas o exentas que no obligan a presentar autoliquidación periódica del IVA (art. 20 y 26 de la Ley 31/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido) y no aplique el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2019 y 2020, a efectos de determinar el cumplimiento del requisito de la caída del 30 % del volumen de negocio en 2020 con respecto a 2019, se entenderá que el volumen de operaciones en 2019 y 2020 lo constituye:  
1º. Para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la información sobre la totalidad de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad económica incluidos en su declaración del impuesto en 2019, así como la suma de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad económica incluidos en sus autoliquidaciones de pagos fraccionados correspondiente a 2020.  
2º. Para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, la información sobre la base imponible previa declarada en el último pago fraccionado de los años 2019 y 2020 respectivamente en el supuesto de que dichos pagos fraccionados se calculen según lo dispuesto en el artículo 40.3 de la ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
5. Cuando el empresario o profesional solicitante de la ayuda realice una actividad de comercio minorista cuyo rendimiento de actividades económicas se determine mediante el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando por dicha actividad el régimen especial del recargo de equivalencia en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, se entenderá que su volumen de operaciones en el ejercicio 2019 lo constituye la totalidad de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad económica minorista incluidos en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019, mientras que su volumen de operaciones en el ejercicio 2020 será la suma de los ingresos íntegros fiscalmente computables incluidos en sus autoliquidaciones de pagos fraccionados del ejercicio 2020.  
6. En aquellos casos en los que el beneficiario pueda participar en las convocatorias que se realicen en todos los territorios en los que operen, el criterio de distribución de la caída del volumen de operaciones entre los territorios se efectuará a partir de las retribuciones del trabajo personal consignadas en la declaración informativa resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta, las cuales serán atribuidas a cada territorio en función de la residencia de los perceptores.  
7. El cumplimiento de los requisitos anteriores se verificará con la información facilitada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la Generalitat en base a las obligaciones de suministro de información recogidas en el convenio firmado entre ellas en aplicación a lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto ley 5/2021.  
8. Los destinatarios de las ayudas previstas en este decreto deberán cumplir, en el momento de presentación de la solicitud, los siguientes requisitos:  
a) No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.  
b) No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.  
c) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.  
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  
e) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarado insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  
f) No tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
g) No tratarse de beneficiarios incursos en alguno de los supuestos de lo establecido en el artículo 21 de este decreto respecto a la normativa de la Unión Europea en materias de ayudas de estado.»  
  
3. Se modifica el artículo 6 del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, que queda redactado en los siguientes términos:  
«Artículo 6. Gastos subvencionables  
1. Serán subvencionables las cantidades que se destinen a satisfacer la deuda con proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como los costes fijos no cubiertos incurridos siempre y cuando estos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.  
2. A estos efectos, se considerarán costes fijos no cubiertos las pérdidas contables de las empresas durante el periodo subvencionable. Los costes fijos no cubiertos son los costes fijos soportados por las empresas durante el período subvencionable que no estén cubiertos por la contribución a los beneficios (es decir, los ingresos menos los costes variables) durante el mismo período y que no estén cubiertos por otras fuentes, como seguros, medidas de ayuda temporal cubiertas por el Marco Temporal Nacional o ayudas de otras fuentes. La intensidad de la ayuda no superará el 70 % de los costes fijos no cubiertos, excepto en el caso de las microempresas y las pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del reglamento General de Exención por Categorías), respecto de las cuales la intensidad de la ayuda no superará el 90 % de los costes fijos no cubiertos.  
3. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y acreedores no financieros, por orden de antigüedad; en segundo lugar, el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público. Finalmente, se cubrirán los costes fijos a que se refiere el último párrafo del apartado anterior, siempre y cuando no se trate de costes o gastos que hayan sido imputados a estas ayudas bajo la consideración de deuda pendiente.  
4. Se considerará subvencionable la amortización anticipada del nominal de la deuda de los solicitantes, contraída con anterioridad al 13 de marzo de 2021, sin que sean subvencionables los gastos que puedan derivarse de dicha cancelación.  
5. El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha de emisión de las facturas y los pagos pendientes podrán ser satisfechos desde el momento de presentación de la solicitud.  
6. Solo se concederán ayudas por el importe de la base imponible de los gastos subvencionables, excluido el IVA o impuesto indirecto equivalente.»  
  
4. Se modifica el artículo 7 del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, que queda redactado en los siguientes términos:  
«Artículo 7. Cuantía de la ayuda y financiación  
1. La cuantía de la ayuda para las empresas, profesionales o entidades beneficiarias se determinará en dos fases, con arreglo a los siguientes parámetros:  
a) En una primera fase, se resolverán las solicitudes de aquellos empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En este caso se concederá una cantidad fija equivalente al volumen de deudas pendientes declaradas por el solicitante, así como los costes fijos incurridos en los términos del artículo 6 de este decreto que vayan a imputarse a la subvención. Esta cantidad tendrá un máximo de 3.000,00 euros por solicitante.  
Todo beneficiario que haya aplicado el régimen de estimación objetiva en 2019 o 2020, con independencia de que realice otras actividades a las que resulte de aplicación el régimen de estimación directa, incluso cuando se haya renunciado al régimen de estimación objetiva para 2021, se regirá por este apartado. Por tanto, no será posible aplicar a un beneficiario simultáneamente las ayudas previstas para los beneficiarios recogidos en este apartado y en el siguiente.  
Asimismo, a los efectos de cuantías, criterios de resolución y plazos de presentación de solicitudes, aquellas empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, y los profesionales o empresas que se hayan dado de alta o creado entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 se les aplicará lo establecido en este apartado, de tal forma que podrán percibir hasta un máximo de 3.000,00 euros.  
En caso de no existir crédito suficiente para atender todas las solicitudes presentadas a partir del 28 de julio de 2021 que cumplan los requisitos, se realizará el correspondiente reparto proporcional atendiendo al volumen de deuda declarada por los solicitantes.  
b) En una segunda fase, se resolverán las solicitudes para aquellos empresarios y profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como entidades y establecimientos permanentes cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, tal y como se describe en el artículo 5.  
Esta ayuda no podrá ser nunca inferior a 4.000,00 euros ni superior al volumen de deudas pendientes declaradas por solicitante, así como los costes fijos incurridos en los términos del artículo 6 de este decreto que vayan a imputarse a la subvención, con un máximo de 200.000,00 euros. En el caso de los grupos a que se refiere el artículo 4.a 2º los límites anteriores se aplicarán al grupo en su conjunto.  
El proceso de concesión para esta tipología de solicitudes se realizará por etapas.  
Inicialmente se asignará un importe mínimo garantizado de 4.000,00 euros. Si no existiera crédito suficiente para atender todas las solicitudes, se dará prioridad a aquellos solicitantes que, cumpliendo todos los requisitos, acrediten una mayor caída de volumen de negocio en términos porcentuales. En caso de empate, tendrán prioridad aquellos solicitantes con un mayor importe de caída de negocio en términos absolutos.  
Una vez garantizada esta cuantía mínima, se procederá a una segunda asignación con el crédito restante para aquellos que todavía no hayan cubierto con el importe mínimo todas sus deudas pendientes comunicadas. El procedimiento de reparto será el siguiente:  
1º. Para cada uno de estos solicitantes se calculará, tal y como se indica en el artículo 5, el volumen absoluto de caída de operaciones entre 2020 y 2019 que supera el 30 %.  
2º. Se establecerán dos grupos de solicitantes: los que tienen hasta 10 trabajadores y los que tienen más en 2020, calculado teniendo en cuenta el número medio en 2020 de perceptores de rendimientos dinerarios del trabajo consignados en las declaraciones mensuales o trimestrales, de retenciones e ingresos a cuenta (modelo 111).  
3º. Para los solicitantes que tienen hasta 10 trabajadores se calcula la ayuda que supondría cubrir el 2 % de ese exceso de caída superior al 30 % y para solicitantes de más de 10 trabajadores lo que supondría cubrir el 1 %. Si la suma total de estas cantidades del conjunto de solicitudes no supera los recursos sobrantes se asigna directamente a cada solicitante la cantidad calculada. En caso contrario, se reparte de forma proporcional al peso que tenga cada solicitante en dicha suma total.  
4º. Si tras esta etapa sigue existiendo importe sobrante, este proceso se volverá a realizar en los mismos términos, pero solo para aquellos solicitantes a los que se les haya asignado una cuantía inferior al importe máximo de la ayuda que les pueda corresponder.  
2. La ayuda máxima que se concederá para los solicitantes del apartado b anterior no podrá ser superior al 40 % de su caída de operaciones anual que supere el 30 % calculada tal y como se indica en el artículo 5 para solicitantes que tengan hasta 10 trabajadores, y al 20 % para solicitantes con más de 10 trabajadores, ni superior a 200.000,00 euros y con un importe mínimo de 4.000,00 euros, en todo caso.  
3. El importe global máximo de las ayudas a conceder asciende a 627.456.763,00 euros de acuerdo con lo dispuesto en la Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el título I del Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19. Este importe global, se distribuirá de acuerdo con los siguientes criterios:  
a) Para los beneficiarios cuya resolución se rige por lo descrito en el apartado 1.a de este artículo, es decir que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aquellas empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, y los profesionales o empresas que se hayan dado de alta o creado entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 se destinará un importe máximo de 052.366.410,00 euros. Si no se agotará el crédito destinado a esta tipología de beneficiarios, el importe sobrante incrementará el indicado en el apartado siguiente, sin necesidad de nueva convocatoria.  
b) Para los beneficiarios cuya resolución se rige por lo descrito en el apartado 1.b de este artículo, es decir aquellos empresarios o profesionales y entidades que no apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se destinará un importe de 483.554.859,00 euros, sin perjuicio de su incremento en los términos indicados en el apartado anterior.  
4. Estas ayudas se imputarán a la línea de subvención que se habilite mediante el correspondiente expediente de modificación presupuestaria.  
5. La dotación presupuestaria prevista en este artículo podrá ser ampliada con fondos procedentes del Estado, de la Unión Europea o fondos propios que puedan dar lugar a una generación, ampliación o incorporación de crédito. En todo caso, dicho incremento quedará condicionado a la declaración de disponibilidad del crédito, que deberá ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, lo que no implicará la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver. Los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán que se dicten resoluciones de concesión complementarias para aquellas solicitudes que, cumpliendo todos los requisitos, hubieran sido denegadas por agotamiento del mismo.»  
  
5. Se modifica el artículo 9 del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, que queda redactado en los siguientes términos:  
«Artículo 9. Documentación que debe acompañar a la solicitud  
1. La presentación de la solicitud llevará implícita la aceptación de lo dispuesto en este decreto.  
2. En el formulario de solicitud, debidamente cumplimentado y firmado, se harán constar, los siguientes extremos:  
a) NIF del solicitante de la ayuda.  
b) Domicilio fiscal de la empresa o profesional autónomo.  
c) Si el profesional o empresario ha aplicado en 2019 o 2020 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
d) Si se trata de un grupo consolidado que tributa en el Impuesto de Sociedades.  
e) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un grupo que aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio foral, la composición de dicho grupo en 2020 y si alguna entidad del mismo tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos del IVA en dichos años.  
f) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un grupo que aplique en régimen de consolidación fiscal de territorio común, si alguna entidad del mismo tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos del IVA en dichos años.  
g) Indicación de si se van a solicitar ayudas en territorios distintos al del domicilio fiscal.  
h) Indicación de si realiza exclusivamente operaciones no sujetas o exentas que no obligan a presentar autoliquidación periódica de IVA y determina el pago fraccionado, de acuerdo con la modalidad prevista en el artículo 40.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
i) Conjunto de ayudas públicas recibidas en el periodo de vigencia del Marco Nacional Temporal y sus correspondientes modificaciones relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos, aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56082 (2020/N), de 2 de abril. Asimismo, se indicarán aquellas ayudas recibidas destinadas a los mismos gastos subvencionables que se van a imputar a estas ayudas, en su caso.  
j) Declaración responsable de cumplir con los requisitos establecidos por el Marco Nacional Temporal y sus correspondientes modificaciones relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19.  
k) Importes de deudas pendientes, desglosado entre la correspondiente a proveedores y acreedores y la correspondiente al nominal de la deuda bancaria, con indicación de si tienen aval público, o no. Asimismo, se aportará el importe de los costes fijos incurridos a los que se va a destinar la subvención, en su caso, en los términos establecidos en el artículo 6 de este decreto.  
l) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.  
m) Declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la disposición adicional cuarta del Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, relativos a mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022, no repartir dividendos durante 2021 y 2022 y no aprobar incrementos retributivos de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la concesión de la ayuda.  
n) Autorización expresa para que la AEAT pueda suministrar la información necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de la ayuda y de las obligaciones derivadas de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.1.k de la Ley General Tributaria. Asimismo, autorización para el intercambio de información con el Ministerio de Hacienda relativa a las ayudas concedidas y los reintegros que puedan producirse, en relación con las mismas.  
o) En el formulario de solicitud se incluirá la información de domiciliación bancaria para el pago de la subvención.  
3. La utilización del certificado electrónico para la tramitación de la solicitud exime de la obligación de presentar la documentación relativa a la representación con la que se actúa en la fase de solicitud; el órgano instructor podrá obtener a través de los registros correspondientes cualquier información adicional acerca de la personalidad jurídica de la entidad solicitante.  
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o no se acompañe de la documentación que de acuerdo con esta convocatoria sea exigible, se requerirá a la empresa solicitante para que -en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de la recepción del requerimiento- subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución dictada en los términos previstos en la normativa en materia de procedimiento administrativo.  
Los requerimientos se realizarán por medios electrónicos y se entenderán practicados o rechazados en los términos que se señalan en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sentido, si transcurren diez días naturales sin que se acceda al contenido del requerimiento, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por realizado el trámite de la notificación.»  
  
6. Se modifica el artículo 12 del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, que queda redactado en los siguientes términos:  
«Artículo 12. Medios de notificación  
1. La notificación de los actos de trámite se practicará a través de la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es), para lo que deberá disponer de firma electrónica avanzada, bien con el certificado reconocido de entidad (personas jurídicas) o bien con el certificado reconocido para ciudadanos (personas físicas). A tal fin se remitirá un aviso a la dirección de correo electrónico que figure en el expediente, donde se informará de la puesta a disposición de una notificación en la citada sede electrónica. La falta de práctica del aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.  
2. Para la notificación indicada en el apartado anterior podrá aplicarse el código seguro de verificación como firma electrónica.  
3. Las resoluciones se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, así como en la página web de la Generalitat Valenciana (www.gva.es), en el apartado correspondiente a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.»  
  
7. Se modifica el artículo 15 del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, que queda redactado en los siguientes términos:  
«Artículo 15. Justificación  
1. La justificación de las ayudas se realizará necesariamente en formato electrónico a través de la sede electrónica de la Generalitat.  
2. La presentación de la justificación se realizará en el plazo máximo de tres meses desde que las ayudas fueron pagadas, en los términos indicados en este artículo.  
3. La justificación se realizará, para aquellas ayudas concedidas por importe igual o superior a 60.000,00 euros, mediante presentación de la cuenta justificativa con aportación de informe de persona auditora de cuentas inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance de que la ayuda ha sido destinada al pago de las facturas y deudas pendientes que figuraban en la solicitud de subvención con el orden de prelación establecido en el artículo 6 de este decreto.  
El informe de auditoría deberá reflejar las comprobaciones realizadas y todo aquello que pueda suponer un incumplimiento por parte del beneficiario de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la obtención de la subvención, debiendo acompañarse la siguiente documentación:  
a) Relación de documentación requerida y revisada.  
b) Análisis detallado de los justificantes de gasto y pago, con indicación del tipo de incidencia detectado, así como de los contratos de los que traen causa.  
c) Relación detallada de otros ingresos destinados al pago de los gastos subvencionables, con indicación del importe, procedencia y aplicación de tales fondos a los gastos subvencionables, así como del importe total de las ayudas recibidas.  
Los pagos efectuados por los beneficiarios deberán documentarse mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente, así como con los correspondientes documentos acreditativos del pago.  
En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por una persona auditora sometida a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por la misma persona auditora. En el supuesto en que la persona o entidad beneficiaria no esté obligada a auditar sus cuentas anuales, habrá de designar expresamente una auditora de cuentas.  
El beneficiario de la ayuda estará obligado a poner a disposición de la persona auditora de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1.f de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como conservarlos al objeto de permitir las actuaciones de comprobación y control previstas en la ley.  
La revisión de las cuentas justificativas de las ayudas por parte de la persona auditora de cuentas así como la elaboración del informe correspondiente, deberán adecuarse a lo establecido en la Orden EHA/1949/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
4. Para las subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000,00 euros, los beneficiarios justificarán la subvención mediante aportación de cuenta justificativa simplificada, conforme a lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, siempre que contenga:  
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención.  
b) Una relación clasificada de los pagos realizados, con identificación de la persona o entidad acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. Asimismo, se indicará la fecha del contrato del que trae causa.  
c) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado los gastos subvencionables con indicación del importe y su procedencia.  
5. En aquellos casos en que se destine la subvención a satisfacer costes fijos a que se refiere el artículo 6 de este decreto, para subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000,00 euros, la justificación se realizará mediante declaración responsable sin perjuicio de la documentación que la Administración puede requerir para el control de las ayudas. Para subvenciones concedidas por importe superior a 3.000,00 euros, se deberá aportar informe emitido por un auditor de cuentas que acredite, en todo o en parte, el destino de la subvención a la satisfacción o cobertura de estos costes fijos. Este informe tendrá que acreditar en relación con los costes fijos imputados, los siguientes aspectos:  
a) Que se han devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.  
b) Que proceden de contratos anteriores al día 31 de marzo de 2021.  
c) Que cumplen con el orden de prelación establecido en el apartado 2 del artículo 4.  
d) Que no incluyen costes o gastos determinantes de deudas o pagos subvencionables que ya se hayan imputado a la ayuda.  
e) Que no se incluyen pérdidas por deterioro de valores puntuales.  
f) En el caso de que las pérdidas incluyan dotaciones en provisiones diferentes de las causadas por deterioro de valor puntuales, el informe se tendrá que manifestar sobre la corrección de estas de acuerdo con la normativa contable.  
g) Que los costes fijos, por los importes imputados, no han sido objeto de otras subvenciones públicas.  
h) Que no se superen los umbrales de intensidad establecidos para este concepto subvencionable, en los términos que se indican en este decreto.  
A este informe de auditoría le será de aplicación lo dispuesto para los informes de auditoría que deben presentarse para las ayudas concedidas por importe igual o superior a 60.000,00 euros.  
El órgano concedente comprobará a través de técnicas de muestreo, al menos en un cinco por ciento de los expedientes concedidos los justificantes de gasto y pago que permitan obtener una evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.  
5. Asimismo, en el plazo de un mes desde que hayan transcurrido dos años desde la concesión de la ayuda, deberá aportar certificado acreditativo de no haber aprobado incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la concesión de la ayuda.  
6. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante la persona titular del órgano instructor, este requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda concedida.»  
  
8. Se modifica el artículo 21 del Decreto 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, que queda redactado en los siguientes términos:  
«Artículo 21. Normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado  
En relación con el cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado, esta ayuda se configura de conformidad con el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19, aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56466 (2020/N) de 2 de abril y sus correspondientes modificaciones: SA.57872, SA.58372, SA.59381, SA.60351, SA.59655 y SA.61648. Con carácter general, la empresa o beneficiario no podrá recibir ayudas que, acumuladamente, superen 1,8 millones de euros desde el inicio de la vigencia del Marco Temporal el 2 de abril de 2020. En aquellos supuestos en los que no superen dicha cuantía, será necesario que la empresa o autónomo realice una declaración responsable indicando que el conjunto de ayudas públicas recibidas hasta la fecha desde el inicio de la vigencia del Marco Nacional Temporal no supera 1,8 millones de euros. En aquellos casos en que la ayuda total acumulada por empresa supere los 1,8 millones de euros, la empresa no podrá ser beneficiaria, salvo que justifique los costes fijos no cubiertos y resto de requisitos exigidos por la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.  
En los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura se aplican los siguientes límites: 270.000,00 euros por empresa activa en los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura o 225.000,00 euros por empresa activa en la producción primaria de productos agrícolas.  
Asimismo, la ayuda global que puede percibir una empresa relativa al apoyo por costes fijos no cubiertos no podrá ser superior a los 10 millones de euros por empresa.  
Sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en este decreto, no podrán concederse ayudas a las empresas que ya estaban en crisis (a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 apartado 18 del Reglamento General de Exención por Categorías) el 31 de diciembre de 2019, excepto a microempresas y pequeñas empresas, siempre y cuando no se encuentren en un procedimiento concursal y no hayan recibido una ayuda de salvamento o de reestructuración.»  
  
Albocàsser, 23 de julio de 2021  
  
El president de la Generalitat,  
XIMO PUIG I FERRER  
  
El conseller de Hacienda y Modelo Económico,  
VICENT SOLER I MARCO