Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5355, del 27-09-2006 (2006/10283)

Información pública del proyecto de reparcelación forzosa del sector de suelo urbanizable industrial sector Llombai-Monges (NPI-6)SUR-I-4 del Plan General de Ordenación Urbana de Burriana.
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Número DOGV
:   5355

Fecha DOGV
:   27-09-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2006/10704


Organismo emisor
:   Urbanizadora Llombai, SL

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del proyecto de reparcelación forzosa del sector de suelo urbanizable industrial sector Llombai-Monges (NPI-6)SUR-I-4 del Plan General de Ordenación Urbana de Burriana. [2006/F10199]  
Por la presente se le notifica de los siguientes extremos:  
Primero. El Ayuntamiento Pleno de Burriana, en sesión de 3 de abril de 2003, aprobó provisionalmente el programa de actuación integrada para el desarrollo del sector Llombai-Monges, adjudicando provisionalmente la condición de agente urbanizador a la mercantil Urbanizadora Llombai, SL, con las modificaciones introducidas en acuerdo del Pleno de 15 de julio de 2004, aprobándose y adjudicándose definitivamente dicho programa en sesión plenaria de 2 de diciembre de 2004.  
Segundo. Dicho programa contiene las determinaciones que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 177.1, en relación con el 166.1 de la Ley Valenciana 16/2005, Urbanística Valenciana, seguidamente se relaciona:  
a) La parcela mínima edificable es de 800 m².  
b) El aprovechamiento subjetivo total del sector es de 265.785,69 m²/t.  
c) Para obtener la adjudicación de una finca de resultado independiente la superficie mínima de suelo aportado es de 1.125,80 m² (Debiendo adquirir en este caso el 15% de la parcela adjudicada mediante la correspondiente indemnización económica por exceso de adjudicación al corresponderle a esta superficie un derecho a la adjudicación del 85% de la parcela mínima).   
d) El importe total de las cargas de urbanización del programa es de 52.264.756 € IVA incluido. Dicho importe no incluye las indemnizaciones por construcciones, plantaciones y demás elementos incompatibles con el planeamiento.  
e) El coeficiente de canje en caso de optar por la modalidad retributiva de pago de las obras de urbanización en terreno es de 60,58% m², pagando la parte correspondiente al IVA en dinero, o del 64,62% si se opta por pagar dicho tributo también en terrenos.  
f) El programa prevé la retribución en metálico por parte del propietario que no manifieste expresamente lo contrario, viniendo obligado el agente urbanizador a aceptar hasta un 30% de retribuciones en terrenos. A dicho fin, el propietario interesado en retribuir en terrenos debió manifestarlo en el plazo de 10 días a contar desde la notificación de la aprobación del proyecto de urbanización. En todo caso será admisible el pago en terrenos siempre que traiga causa en el mutuo acuerdo entre propietario y agente urbanizador.  
g) Los importes a que se refiere esta notificación son provisionales, y serán revisados cuando se determine los importes definitivos de los gastos variables a que se refiere el artículo 126.j) LUV, si bien no existe de forma preliminar previsión alguna de repercusión de gastos de dicha índole. Se estima inicialmente que el total de indemnizaciones del sector por construcciones, plantaciones a demoler y demás derechos a extinguir o actividades a cesar o trasladar por su incompatibilidad con el planeamiento supondrá una repercusión de 4,7423 € por cada metro cuadrado de suelo aportado, lo que se concretará en la liquidación definitiva de la reparcelación.  
h) A las fincas de referencia les corresponde de forma individualizada una indemnización por construcciones, plantaciones o derechos a extinguir o actividades a cesar o trasladar por su incompatibilidad con el planeamiento que se ejecuta de . €. El propietario deberá formular al respecto las alegaciones documentales que tenga por conveniente durante el período de información pública.  
i) El propietario tiene la obligación legal de manifestar las situaciones jurídicas que afectan a las fincas de su propiedad y facilitar la documentación necesaria para identificarlas, calificarlas y, en su caso valorarlas.  
Tercero. Por la presente, y conforme a lo dispuesto en el artículo 177 LUV, se somete a exposición pública por plazo de un mes, a contar desde la publicación del edicto en el DOGV, el proyecto de reparcelación forzosa del sector de suelo urbanizable industrial Llombai-Monges de Burriana y la certificación de dominio y cargas emitida por el Registro de la Propiedad para dicho ámbito, durante cuyo plazo se encontrará a su disposición para ser consultado en el Ayuntamiento de Burriana pudiendo formular las alegaciones y cursar los requerimientos que considere oportuno.   
Durante dicho período, quienes figuren como titulares de derechos en proindiviso, podrán cursar los requerimientos para su disolución a que se refiere el artículo 174.4 LUV, en la forma prevista en dicho artículo, a fin de sustituir las cuotas de condominio previstas en el proyecto con indemnizaciones en metálico.  
En la misma forma y plazo podrán cursarse requerimientos para determinar si corresponde pagar o cobrar la indemnización de aquellos propietarios para los cuales el proyecto tenga prevista una indemnización sustitutoria de adjudicación, conforme a lo previsto en el artículo 174.5 LUV.  
Cuarto. Contra el acuerdo de aprobación definitiva del programa podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Pleno del ayuntamiento, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. También podrá recurrir los actos que se produzcan en aplicación del mismo y, a su vez, indirectamente a través de éstos el propio programa siempre que la impugnación de los actos de aplicación se base en que éste no sea conforme a derecho.  
Quinto. Existen en la parcela de referencia edificaciones consolidadas por lo que se le hace saber de los derechos que en el capítulo III del título I de la LUV se contiene un régimen especial para aquellos supuestos en que le sea de aplicación.  
Sexto. El convenio suscrito entre el agente urbanizador y el ayuntamiento es del siguiente tenor literal:  
«Burriana, 4 de febrero de 2005  
Ante mi, Iluminada Blay Fornás, secretario general del Ayuntamiento de Burriana,  
Reunidos  
De una parte, Alfonso Ferrada Gómez, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burriana.  
Y de otra parte, Enrique Granell Doñate, mayor de edad, con domicilio a efectos del presente convenio en Camino de Onda, 45 .bajo, de la ciudad de Burriana, y NIF 54.872.112-J.  
Intervienen  
Alfonso Ferrada Gómez como alcalde presidente del Ayuntamiento de Burriana.  
Enrique Granell Doñate como legal representante de la mercantil Urbanizadora Llombai, SL, según facultades derivadas de la escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada, otorgada en fecha de 27 de marzo de 2.001 ante la notario de Castellón de la Plana, Inmaculada Nieto Aldea, con el número 689 de su protocolo.  
Los comparecientes se reconocen capacidad suficiente para contratar, y en virtud de la misma,  
Exponen  
I. Antecedentes  
Primero. El Ayuntamiento de Burriana, tras la correspondiente información pública y el estudio de las alegaciones presentadas, aprobó en sesión plenaria, el Plan General de Ordenación Urbana de Burriana, en la actualidad vigente.  
Segundo. Con los informes favorables de las administraciones sectoriales afectadas, la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, acordó, en sesión de 21 de abril de 1995, aprobar el Plan General de Ordenación Urbana de Burriana. Aprobado definitivamente el 10 de mayo de 1995.  
Tercero. El área a desarrollar es el sector industrial-Monges, del PGOU de Burriana, y comprende una parte de suelo calificado por el Plan General de Ordenación urbana como urbanizable, conexo al casco urbano de la población.  
Cuarto. El promotor ha considerado conveniente optar a la designación por parte de la administración como agente público responsable de ejecutar la urbanización o Urbanizador, de la actuación integrada sector industrial Llombai-Monges del PGOU de Burriana, con el objetivo de desarrollar, gestionar, y urbanizar el área afectada por ésta, imbricando de esta forma la trama de la zona, y obteniendo el correspondiente suelo de destino público.  
1. Distribución de la propiedad  
Los terrenos que se incluyen dentro del ámbito de actuación abarcan una superficie de 508.638 metros cuadrados, que se encuentra repartida entre los propietarios registrales, de parcelación dispersa.  
2. Objetivos y fines  
Primero. En previsión del desarrollo urbanístico del programa de actuación integrada, se presenta la siguiente propuesta de programa para el desarrollo y ejecución del sector industrial Llombai-Monges, del PGOU de Burriana.  
Dicho Programa se va a llevar a cabo mediante gestión indirecta, asumiendo la mercantil Urbanizadora Llombai, SL. la adjudicación del mismo como Urbanizador. El artículo 32.C de la LRAU prevé en estos supuestos la necesidad de la firma de un convenio urbanístico.  
En virtud de todo lo anterior,   
Estipulan:  
1º. Condición de Urbanizador.  
El promotor, en su condición de adjudicatario del programa en pública competencia, asumirá la gestión indirecta de su ejecución, adquiriendo la condición de urbanizador.  
2º. Obras de urbanización a realizar  
El urbanizador se compromete a realizar las obras de urbanización que prevea el proyecto de urbanización que aprobará el ayuntamiento, siendo responsable de financiar el coste de las inversiones, instalaciones, obras y compensaciones necesarias para ejecutar el programa.  
Igualmente se compromete a ejecutar las obras de urbanización propuestas como mejoras del sector en la proposición económico-financiera, siempre y cuando se cumplan previamente los condicionantes allí indicados.  
3º. Plazos.  
El urbanizador se compromete, a la redacción del proyecto de urbanización, y a su presentación ante el ayuntamiento en el plazo de tres meses a contar desde la notificación de la aprobación definitiva de este programa y la consiguiente adjudicación de la condición de agente urbanizador de la actuación.  
En cuanto al proyecto de reparcelación, el urbanizador se compromete a su presentación en el plazo de cuatro meses desde el día siguiente a aquél en el que se le notifique la aprobación definitiva del proyecto de urbanización.  
3.1. Ejecución de las obras.  
El urbanizador se compromete a iniciar las obras en el plazo de tres meses desde la inscripción en el Registro de la Propiedad del proyecto de reparcelación. Las obras deberán quedar concluidas en el plazo de diecisiete meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de replanteo. Se adjunta al presente convenio urbanístico programa detallado de las fases y tiempo estimado de ejecución de las obras de urbanización.  
Suspensión del cómputo de los plazos. El cómputo del plazo se suspenderá automáticamente en el supuesto de fuerza mayor a que hace referencia el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Prórrogas. Podrán solicitarse por el urbanizador y acordarse por el ayuntamiento, cuando de forma fundada así se solicite; resolviéndose las mismas conforme a la legalidad administrativa vigente.  
4º. Responsabilidad del urbanizador.  
El coste de las inversiones, instalaciones, obras y compensaciones necesarias para ejecutar el programa será financiado por el urbanizador, que lo repercutirá en la propiedad de los solares resultantes.  
El coste estimado de las obras de urbanización es el que figura en la proposición económico-financiera anexa.  
5º. Garantías.  
A. Garantía general de la promoción.  
El urbanizador asegura el cumplimiento de las previsiones del programa mediante garantía financiera que será del ocho por ciento del coste de urbanización previsto. La garantía ofrecida se cancelará automáticamente cuando estén recepcionadas las obras de urbanización.  
B. Garantía de retribución.  
En fase de desarrollo del programa, al objeto de asegurar el buen destino de los solares que el urbanizador puede recibir como retribución, éste presentará ante el Ayuntamiento de Burriana, aval o garantía financiera suficiente o constituirá el oportuno gravamen hipotecario, por importe igual a la retribución que las motive. A los efectos previstos en el artículo 66.3 LRAU, y salvo las determinaciones que pudieran acordarse con el propietario conforme prevé el artículo 66.5 del mismo texto legal, si se optase por constituir primera garantía hipotecaria, el urbanizador, podrá solicitar del ayuntamiento la sustitución por garantía financiera del mismo el importe que el correspondiente a la garantía real que sustituye.  
Respecto de la garantía de retribución en metálico, no obstante la posibilidad legal de anticipar el pago de la obra urbanizadora y por ello prestar el urbanizador la garantía de retribución, al objeto de procurar la mejor colaboración de los propietarios, se considera conveniente que las cuotas de urbanización se giren con arreglo a las certificaciones de obra realmente ejecutada, con unos plazos mínimos de un mes.  
C. Garantía de simultaneidad de obras.  
El promotor, como agente urbanizador podrá proceder a la edificación de las parcelas de su propiedad y de las que por pacto expreso se le adjudiquen con motivo de su acción urbanizadora. Esta edificación no será autorizada mientras no se haya prestado garantía de retribución.  
Por ello, el urbanizador prestará garantía o afianzamiento íntegro de las obras de urbanización, necesarios para convertir la parcela en solar (art. 73 LRAU).  
En el mismo sentido, cualquier propietario, cuyo inmueble pueda estar perfectamente definido conforme a la adjudicación que le corresponda en la reparcelación, y tras la correspondiente audiencia previa del agente urbanizador y la prestación de fianza del importe íntegro del coste de las obras de urbanización precisas, salvo que éstas estuviesen ya avaladas, podrá construir su parcela.  
6º. Relaciones con los propietarios.  
Las relaciones del urbanizador con los propietarios, que prevé el artículo 29.9 de la LRAU, se regirán por lo establecido en la proposición económico-financiera, la cual se adjunta anexa como parte integrante del convenio.  
7º. Relaciones entre el adjudicatario y el ayuntamiento.  
La administración ejercerá sus potestades públicas (como la expropiación o la reparcelación forzosa) cuando resulte necesario para desarrollar la actuación. El urbanizador puede proponerlo, redactando los proyectos técnicos y financiando los gastos que ello conlleve.  
En la medida en que el ayuntamiento tenga la obligación de retribuir al urbanizador en la proporción que represente el excedente de las fincas afectadas (Art. 66.7 LRAU), éste podrá optar por el pago en terrenos o en metálico, según sus posibilidades presupuestarias, teniendo en cuenta que, si se manifestara la voluntad municipal de satisfacer la retribución en terrenos, éstos no computarán a los efectos del porcentaje límite del 30% fijado.  
Dicha retribución incluirá la totalidad de cargas de urbanización con excepción del gasto relativo al importe de las indemnizaciones, las cuales se deberán satisfacer entre sí por los propietarios, en atención a sus derechos y obligaciones respecto del coste de las mismas (Art. 67.2 LRAU).  
Caducidad de la adjudicación. El incumplimiento del plazo de ejecución de un programa determinará, salvo prórroga justificada en causa del interés público, la caducidad de la adjudicación, la cual deberá ser expresamente declarada por el ayuntamiento. El adjudicatario, en caso de que incumpla sus compromisos, puede ser objeto de las penas contractuales previstas en el propio programa y ser, en casos graves, privado de su condición de urbanizador.  
Revocación anticipada del programa. Los adjudicatarios de programas tendrán derecho a que se les compense, en los términos previstos por la legislación general de contratación administrativa, por su revocación anticipada o cuando el inadecuado ejercicio de sus potestades públicas por la administración actuante impida el normal desarrollo de la actuación.  
Variación de las previsiones del programa. Las decisiones públicas que alteren el desarrollo de una actuación integrada variando las previsiones del programa comportarán las compensaciones económicas que procedan para restaurar el equilibrio económico de la actuación a favor de la administración o del adjudicatario. Cuando estas alteraciones, por su importancia, afecten en más de un 20 por ciento el coste de los compromisos y las obligaciones asumidos por el adjudicatario, se resolverá la adjudicación, salvo que, por el estado de desarrollo de la actuación, ello lesione los intereses públicos o que, para la mejor satisfacción de éstos, se alcance acuerdo entre las partes afectadas que permita proseguir la actuación.  
Otras obligaciones.  
a. Cobro de cuotas de urbanización. En particular, el Ayuntamiento de Burriana, previa aprobación que podrá ser simultánea a la del proyecto de reparcelación, autorizará el cobro de las cuotas de urbanización que pudieran generarse.  
El ayuntamiento, previo requerimiento del urbanizador, ante los impagados de las cuotas de urbanización consideradas individualmente, iniciará la vía ejecutiva de apremio contra los propietarios deudores.  
b. Actividades y obras ilegales en el ámbito de la actuación.  
De existir actividades económicas en el interior de la unidad de ejecución que no contaran con la preceptiva licencia de actividad municipal, el urbanizador podrá instar al cierre de las mismas por parte del ayuntamiento, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 3/1989, de Actividades Calificadas de la Generalitat Valenciana. De no iniciar el correspondiente procedimiento en el plazo de 15 días desde la puesta en comunicación por el urbanizador, el ayuntamiento incurrirá en las responsabilidades correspondientes por los daños y perjuicios generados.  
De existir construcciones realizadas sin licencia y cuya antigüedad sea inferior a cuatro años, el urbanizador podrá instar al ayuntamiento a que, de no ser legalizable, se proceda a decretar el derribo de las mismas conforme a la reglamentación en materia de disciplina urbanística. De no iniciar el correspondiente procedimiento en el plazo de 15 días desde la puesta en conocimiento por parte del urbanizador, el ayuntamiento incurrirá en la responsabilidad correspondiente por daños y perjuicios generados.  
c. Desahucio administrativo. Una vez aprobada definitivamente la reparcelación y declarados terrenos de dominio público aquellos que la actuación así designe; si se observara la oposición por parte de algún propietario a abandonar o retirar los bienes y enseres que ocupan la vía pública, el urbanizador podrá instar al ayuntamiento para que proceda a efectuar el pertinente desahucio administrativo conforme a lo previsto en el título II del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD 1372/86, de 13 de junio).  
8º. Prerrogativas del urbanizador y derechos de los propietarios.  
a. El urbanizador puede ejercer las siguientes prerrogativas y facultades:  
Primera. Someter a aprobación administrativa proyectos de urbanización, y presupuestos correspondientes a las cargas de urbanización.  
Segunda. A falta de acuerdo con los afectados, el urbanizador, podrá presentar uno o varios proyectos de reparcelación forzosa dentro del ámbito de la actuación; debiendo ser oído antes de la aprobación definitiva del proyecto presentado.  
Tercera. Oponerse a la parcelación y a la edificación en el ámbito de la actuación, hasta el pleno cumplimiento de las previsiones del programa. El otorgamiento de las licencias correspondientes a la parcelación y edificación en el ámbito de la actuación, estará sujeto a audiencia previa del urbanizador, no pudiendo en consecuencia la administración, otorgar licencias de parcelación o edificación en la unidad de ejecución o para terrenos sometidos a la actuación integrada hasta que, una vez aprobado su correspondiente programa, se cumplan las condiciones legales previstas en el mismo para ello, siendo imprescindible que el titular de la parcela haya contribuido efectiva y proporcionalmente a las cargas de la actuación y haya quedado garantizada la urbanización de dicha parcela simultáneamente, al menos, a su propia edificación.  
Cuarta. Exigir que los propietarios le retribuyan pagándole cuotas de urbanización. El urbanizador, en cuanto perceptor de dicha retribución, tendrá la consideración legal de Junta de Compensación a los efectos tributarios y registrales determinados por la legislación estatal, según el régimen reglamentario previsto en los artículos 157 y siguientes del RD 3288/1978 (Reglamento de Gestión Urbanística) en todo aquello que todavía estuviera vigente.  
Quinta. Solicitar la ocupación directa de los terrenos sujetos a reparcelación y necesarios para desarrollar las infraestructuras de urbanización, en los términos previstos por la legislación estatal, y a obtener la correspondiente autorización administrativa para ello.  
b. Los propietarios tienen reconocido derecho a los efectos del presente convenio:  
Primero. A recibir, en todo momento, información debidamente documentada respecto a los costes de urbanización que haya de asumir.  
Segundo. A cooperar con la actuación en los términos establecidos por la ley y el programa, siempre que asuman los beneficios, cargas y riesgos de su desarrollo.  
Tercero. El propietario que contribuya a las cargas de la urbanización podrá exigir del urbanizador, que ejecute sus responsabilidades en la actuación, con la diligencia de un buen empresario, y que la administración actuante tutele aquella en los términos previstos por la ley.  
Cuarto. El derecho de los propietarios afectados por la Actuación se determinará en función de su aprovechamiento subjetivo.  
9º. Penalizaciones por incumplimiento.  
Cuando el urbanizador, por causas imputables exclusivamente a sí mismo, hubiera incurrido en demoras injustificables respecto al cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento de Burriana podrá optar indistintamente, mediante acuerdo expreso, por la resolución del programa o por la imposición de las penalidades que aquí se determinan.   
A. Incumplimientos leves.  
Será considerado como leve el incumplimiento, de cualquiera de las obligaciones del urbanizador, que produzca como resultado una demora inferior a cuatro meses en la finalización de las obras de urbanización previstas en el programa, siempre y cuando esta demora sea imputable al urbanizador.  
El incumplimiento leve de sus obligaciones será sancionado con multa de 2.715,43 euros por cada día natural de retraso, conforme a la proporción de 0,12 por 601,01 euros establecida en el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este régimen se entiende sin perjuicio del establecido en el artículo 66.4 LRAU.  
B. Incumplimientos graves.  
Será considerado como grave el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del urbanizador que produzca como resultado una demora superior a cuatro meses en la finalización de las obras de urbanización previstas en el programa, siempre y cuando esta demora sea imputable al urbanizador.  
El incumplimiento grave de sus obligaciones por el urbanizador comportará la resolución de la adjudicación, con los efectos previstos en el artículo 66 de la LRAU.  
10º. Compromisos adquiridos.  
A. Compromisos técnicos.  
El urbanizador se compromete a contratar las obras de urbanización con empresa con clasificación como contratista de la administración pública y con capacidad suficiente para las características de la obra a realizar.  
B. Otros compromisos y mejoras.  
Asimismo, esta urbanizadora se compromete a ejecutar todas las obras incluidas en el proyecto de urbanización, así como las obras para la conexión e integración adecuadas de la nueva urbanización con las redes de infraestructuras existentes. En concreto:  
a. Ejecución de la rotonda de conexión con la futura Ronda, situada en el cruce de la carretera de Nules con el camino Monges:  
La ejecución de esta rotonda es necesaria para garantizar la conexión del sector, al igual que también lo es para los sectores La Joya Export o el sector NPI-5, colindantes con la misma, de modo que su ejecución y financiación será llevada a cabo inicialmente por el ámbito que primero de inicio a las obras, quien repercutirá a los otros dos sectores su parte proporcional del coste de su ejecución. Por tanto, el urbanizador se compromete a ejecutar, en caso de ser el primer sector en dar inicio a las obras de urbanización del sector, y con carácter previo o simultáneo a éstas, a ejecutar la rotonda citada en este apartado, con derecho a repercutirá los costes que ello genere a los citados sectores colindantes, a quienes se impondrá el correspondiente canon de urbanización a que se refiere el artículo 80 LRAU.  
No obstante, en el caso de que alguno de dichos sectores colindantes ejecuten con carácter previo la urbanización del Sector, serán las que procedan a su ejecución y desarrollo.  
La obtención de los terrenos necesarios para efectuar el desarrollo de la futura rotonda se llevará a cabo por el propio urbanizador. No obstante, de no obtener acuerdo con los propietarios, el urbanizador redactará y propondrá un proyecto de expropiación de los mismos al ayuntamiento, que lo tramitará en beneficio de aquel con sometimiento al principio de legalidad. Los gastos de redacción de proyectos, así como la adquisición de los terrenos y los gastos de gestión, formarán parte de los costes a repercutir a los sectores colindante.  
b. Terrenos externos que discurren entre el linde oeste del sector La Joya Export y la rotonda de la carretera Nules-Burriana:  
Como mejoras del sector, esta empresa propone y se compromete a ejecutar la urbanización de los terrenos .externos al ámbito de actuación. que discurren entre el linde oeste del sector La Joya Export (en tramitación) y la rotonda de la carretera Nules-Burriana, consiguiendo así la total homogeneidad y continuación de la ampliación de la trama viaria de dicha carretera hasta la indicada rotonda, con cargo al presupuesto expresado en el capítulo IV de la proposición económico-financiera y; siempre y cuando concurran previamente dos condicionantes: por un lado, que el Ayuntamiento de Burriana disponga anticipadamente de dichos terrenos, a través del método de expropiación o cualquier otro apropiado para llevar a cabo tal gestión, y por otro, que el ayuntamiento acuerde y apruebe administrativamente la gestión y ejecución urbanística del sector industrial La Joya Export.  
c. Urbanización de la UE D.3-3 del PGOU de Burriana:  
Del mismo modo y como otra mejora a la urbanización del sector, la mercantil Urbasur Siglo XXI, SL, empresa colaboradora de Urbanizadora Llombai, SL, pretende realizar la urbanización de la UE D.3-3 del PGOU de Burriana, y por ello ambas empresas se comprometen a la coordinación de la ejecución de ambos sectores, garantizándose así la adecuada conexión de la parte no ejecutada de la susodicha unidad con la actuación de este sector.  
Así pues, el pasado 6 de agosto de 2002 se depositó alternativa técnica del programa de actuación integrada de la UE D3-3 del suelo urbano industrial del PGOU de Burriana ante el ayuntamiento de la localidad, publicándose la propuesta en el DOGV de fecha 29.11.2002.   
En fecha 31 de julio de 2003 se acuerda la aprobación y adjudicación del programa a Urbasur Siglo XXI, SL, el 15 de marzo de 2004 se presentó ante este ayuntamiento el correspondiente programa de urbanización que fue aprobado posteriormente en fecha 18 de octubre de 2004.  
Actualmente se encuentra en la elaboración del proyecto de reparcelación.  
Con esta propuesta de mejora se da por cumplida una de las bases establecidas por este ayuntamiento como criterio preferente en la selección del agente urbanizador de esta actuación.  
Sigue documento anexo I.  
ANEXO I  
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 177 LUV, se somete a exposición pública por plazo de un mes, a contar desde la publicación del edicto en el DOGV, el proyecto de reparcelación forzosa del sector de suelo urbanizable industrial Llombai-Monges de Burriana y la certificación de dominio y cargas emitida por el Registro de la Propiedad para dicho ámbito, durante cuyo plazo se encontrará a su disposición para ser consultado tanto en el Ayuntamiento de Burriana pudiendo formular las alegaciones y cursar los requerimientos que considere oportuno, tal y como se especifica en el extremo tercero del presente escrito, como en la notaría de Ana Valdivielso Gago, calle Encarnación, 26 A, bajo, de Burriana (Castellón), mediante acta de fecha 28 de julio de 2.006, pudiendo formular ante dicha notaria las alegaciones y cursar los requerimientos que considere oportuno.  
Durante dicho período, quienes figuren como titulares de derechos en proindiviso, podrán cursar los requerimientos para su disolución a que se refiere el artículo 174.4 LUV, en la forma prevista en dicho artículo, a fin de sustituir las cuotas de condominio previstas en el proyecto con indemnizaciones en metálico.  
En la misma forma y plazo podrán cursarse requerimientos para determinar si corresponde pagar o cobrar la indemnización de aquellos propietarios para los cuales el proyecto tenga prevista una indemnización sustitutoria de adjudicación, conforme a lo previsto en el artículo 174.5 LUV.  
Todo lo cual se firma en señal de conformidad en el lugar y fecha indicados.»  
Burriana, 30 de agosto de 2006.. El administrador solidario de Urbanizadora Llombai, SL: Enrique Granell Doñate.