Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7011, del 25-04-2013 (2013/3804)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 683/2011.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7011

Fecha DOGV
:   25-04-2013

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2013/3804


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Alcoy

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 683/2011. [2013/3804]  
Asunto civil 000683/2011   
Óscar Daniel Ludeña Benítez, secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcoy, por el presente hago saber:  
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento de seguido a instancia de Comunidad de Propietarios Hércules, bloque III, 2.ª fase COO, contra Rehabilitaciones Sin Andamios, SL, y en los cuales se ha dictado la siguiente resolución cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Procedimiento: asunto civil 000683/2011   
Autos: juicio verbal civil 683/2011.  
Demandante: Comunidad de Propietarios Hércules, bloque III, 2.ª fase COO.  
Procuradora: señora Llopis Gomis.  
Letrada: Alicia Alcolea Rodríguez  
Demandado: Rehabilitaciones Sin Andamios SL.  
Sentencia número 22/2012  
Alcoy, 6 de febrero de 2012  
Vistos por mí, Luis Geras Montilla, juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy y su partido, los presentes autos de juicio verbal número 683/2011, seguidos a instancia de la Comunidad de Propietarios Hércules, bloque III, 2.ª fase COO, representada por la procuradora señora Llopis Gomis y asistida de la letrada Alicia Alcolea Rodríguez, sustituida por su compañera Reyes Galán, contra la entidad Rehabilitaciones Sin Andamios, SL, declarada en rebeldía, en ejercicio de acción de obligación de hacer.  
I. Antecedentes de hecho  
Primero. El día 15 de julio de 2011 tuvo entrada, siendo turnada a este Juzgado, demanda de juicio verbal civil formulada por Comunidad de Propietarios Hércules, bloque III, 2.ª fase COO, en reclamación de la cantidad de obligación consistente en la ejecución de obra contratada por importe de 3.499,14 euros. Basó la demanda en las siguientes alegaciones:   
1) Que su mandante contrató los servicios de la empresa Rehabilitaciones Sin Andamios, SL, para la rehabilitación de su edificio. El contrato de ejecución de obra se plasmó oralmente con precio cierto.  
2) Según figura en el presupuesto de reparación, el importe de los trabajos ascendía a 11.663,78 euros, que se pagarían en tres plazos, a razón de 35 por ciento al inicio de la obra, 35 por ciento a mitad de obra y 30 por ciento al final de obra. Se efectuaron los dos primeros pagos en fecha 25 de septiembre de 2009 y 16 de octubre de 2009, y la empresa abandonó la obra sin terminar, quedando aproximadamente el 30 por ciento del trabajo pendiente. Por tanto, ha existido un abandono real cuando aún quedaba un 30 por ciento de la misma.   
3) Que ante el incumplimiento del contrato, la comunidad de propietarios intentó ponerse en contacto con la parte demandada a fin de que terminasen el trabajo pendiente sin obtener respuesta. Tras alegar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminó solicitando sentencia según los términos del suplico de su demanda, con imposición de intereses y costas.   
Segundo. Admitida a trámite la demanda mediante decreto de fecha 9 de septiembre de 2011, se señaló día y hora para la celebración de la preceptiva vista con citación de las partes, señalándose el 22 de octubre siguiente, si bien tuvo que suspenderse al no constar citada la entidad demandada, señalándose nuevamente para el 2 de febrero de 2012. Tras las diversas gestiones para notificar a la entidad demandada, se dictó diligencia de ordenación acordando la citación por edictos de la entidad demandada. Se pidió la suspensión, no accediéndose a la misma, por los motivos que se expusieron en la providencia de 31 de marzo de 2012. Al acto de la vista compareció la parte demandante, no haciéndolo la entidad demandada pese a constar citada en legal forma, por lo que fue declarada en rebeldía. La actora se ratificó en su demanda interesando la condena en los términos interesados.  
Tercero. En periodo de prueba, las partes propusieron las pruebas que estimaron convenientes, en concreto, documental por reproducida, con el resultado que obra en autos y en el CD, tras lo cual quedaron los autos vistos para sentencia.  
Cuarto. En la sustanciación del presente procedimiento se han observado las formalidades y prescripciones legales.  
II. Fundamentos jurídicos  
Primero. La parte actora ejercita acción consistente en obligación de hacer, solicitando en concreto la finalización de la ejecución de las obras en el edificio que alberga la Comunidad de Propietarios Hércules, bloque III, 2.ª fase COO, sito en la calle de Manuel Maciá Sempere, número 2, de Alicante, y ello en la medida que había pactado con la entidad demandada, Rehabilitaciones Sin Andamios, SL, las obras de reparación para la rehabilitación de los cerramientos del edificio, habiendo suscrito un presupuesto por importe total de 11.663,78 euros, acordando tres pagos correspondientes al 35 por ciento al inicio de la obra, el 35 por ciento a mitad de la obra y el 30 por ciento restante al terminar la obra, resultando que tras comenzar los trabajos, y habiéndose pagado los dos primeros plazos, restando únicamente el último de ellos por importe del 30 por ciento del total pactado, la entidad demandada abandonó la obra dejando los trabajos sin terminar.  
La entidad demandada no compareció al acto del juicio, por lo que fue declarada en rebeldía.  
Segundo. El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que corresponde a la actora la carga de la prueba de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto jurídico pretendido, mientras que corresponde al demandado la probanza de los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos alegados.  
El hecho de que la entidad demandada haya sido declarada en rebeldía, no sitúa a la misma en una situación asimilable al allanamiento, puesto que la parte actora sigue teniendo la obligación de probar los hechos alegados según las reglas generales de la carga de la prueba.  
En cuanto al fondo del asunto, se alega el artículo 1.124 del Código Civil. Efectivamente, la documentación aportada justifica cumplidamente los hechos objeto de reclamación. Así, se adjuntan como documentos número 1 y número 2 los presupuestos emitidos por la entidad demandada a la actora, en los que presupuesta las obras de reparación y acondicionamiento de cerramientos en el edificio de la comunidad de propietarios y que ascienden a un total de 11.663,78 euros, constando igualmente el presupuesto adjunto, de fecha de 7 de julio de 2.009, por importe de 1.064 euros, partida que se incluye igualmente en el presupuesto de 23 de septiembre de 2.009, en el que el valor total de las obras a realizar se presupuesta en la cantidad de 11.663,78 euros y se establecen los plazos para el pago.  
Se reconoce por la actora que se comenzaron a ejecutar los trabajos, y se llegó a abonar lo pactado, por la cantidad de 4.082,32 euros en un primer pago, correspondiente al 35 por ciento del total ejecutado y la cantidad de 4.082,32 euros por un segundo pago, correspondiente al 35 por ciento del total ejecutado, quedando 11.663,78 euros por pagar, correspondiente al 30 por ciento, que no se ejecutó. Se han adjuntado igualmente los justificantes de los pagos, concretamente los cheques entregados y el correspondiente recibí suscrito por el legal representante de la entidad demandada. En definitiva, se ha justificado la existencia de una obligación entre las partes y resultan aplicables los artículos 1089 y 1091 del Código Civil, así como el artículo 1254 del Código Civil que regula las obligaciones dimanantes del contrato suscrito, así como el artículo 1588 y siguientes del Código Civil, que regula el contrato de ejecución de obra y las respectivas obligaciones que asumen las partes contratantes, en concreto, la actora asume el pago del precio pactado y la entidad demandada asume la obligación de llevar a cabo las obras de reparación conforme a las especificaciones del presupuesto y lo pactado por las partes.  
Por su parte, el artículo 1124 del Código Civil prevé la posibilidad de resolver las obligaciones que se encuentra implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe. Y en tal caso el perjudicado tiene derecho a exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación.  
En el presente caso, la parte actora ha justificado el cumplimiento de sus obligaciones, en este caso el abono de lo convenido en los plazos pactados, mientras que la entidad demandada no ha cumplido con la obligación de ejecutar en su integridad las obras de reparación que asumió.  
Todo ello se pone de manifiesto en el informe pericial emitido por Isidoro Sevilla Palacios, que acude a la obra y, tras constatar los trabajos contratados, comprueba que los trabajos se comenzaron a realizar y se fueron pagando según lo convenido, constatando que efectivamente la empresa demandada ha dejado de ejecutar un 30 por ciento de las obras a realizar e incluso ofrece una posible motivación para el abandono de la obra, al no existir las lamas necesarias para llevar a cabo los trabajos pactados, lo que requería hacer un pedido muy superior para poder atender la obligación de acondicionamiento y reparación de cerramientos.  
Pero ello no es motivo exoneratorio alguno, pues la parte demandada se obligó a realizar dichos trabajos por el precio pactado, atendiendo a lo que consta en el presupuesto, por lo que la mayor dificultad para conseguir los materiales no es motivo para incumplir su obligación.  
En definitiva, habiéndose acreditado el incumplimiento en atención al informe pericial emitido que especifica y cuantifica los trabajos que faltan por ejecutar, y debiendo otorgarse a dicho informe pericial el valor de prueba plena, al no haber sido objeto de impugnación alguna, la valoración de toda la prueba practicada pone de manifiesto la existencia de las respectivas obligaciones de las partes, el cumplimiento de la parte actora de sus obligaciones de pago, y ello en consecuencia debe llevar a la estimación de la demanda, al haber optado la parte que cumplió sus obligaciones con exigir el cumplimiento de las suyas a la entidad demandada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1124 del Código Civil, quien a su vez tendrá derecho a percibir los 3.499,14 euros restantes, una vez lleve a cabo la ejecución de la obra.  
En definitiva, y en valoración conjunta de la prueba practicada, la demanda debe ser estimada en los términos interesados.  
Tercero. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estimarse las pretensiones de la parte actora en su integridad, y en base al criterio del vencimiento, procede imponer las costas procesales a la entidad demandada.  
Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,  
III. Fallo  
Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales Trinidad Llopis Gomis, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Hércules, bloque III, 2.ª fase COO, sita en la calle de Manuel Maciá Sempere, número 2, de Alicante, debo condenar y condeno a la entidad Rehabilitaciones Sin Andamios, SL, declarada en rebeldía, a que lleve a cabo la terminación de la ejecución de las obras a cambio del importe de 3.499,14 euros, conforme se pactó en presupuesto de 23 de septiembre de 2009, llevando a cabo el trabajo pendiente de ejecutar consistente en trabajos de reparación y cerramiento de cerramientos del edificio de dicha comunidad, correspondiente al 30 por ciento del total según consta especificado en el informe pericial aportado, con expresa imposición de costas a la entidad demandada.  
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación a interponer ante este Juzgado en el plazo de 20 días y a resolver por la Audiencia Provincial de Alicante.  
Así mismo, para la interposición del recurso previsto en esta resolución es requisito ineludible constituir depósito con carácter previo en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, indicando en el resguardo de ingreso y en el campo "Concepto en que se realiza" la mención de "recurso". Se ha de acompañar fotocopia del ingreso con el escrito de interposición del recurso. Sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.  
Así, por esta mi sentencia, que se llevará al libro de las de su clase, extendiendo en los autos el secretario el oportuno testimonio, definitivamente juzgando en primera instancia, mando y firmo.   
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez o jueza que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el secretario o secretaria judicial doy fe.  
Alcoy, 6 de febrero de 2012.»  
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, el secretario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia de notificación.  
Diligencia. La extiendo yo, el secretario judicial, para hacer constar que el presente edicto ha quedado fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios, y una vez verificado el plazo legal retírese. Doy fe.  
  
Alcoy, 27 de noviembre de 2012.- El secretario judicial: Óscar Daniel Ludeña Benítez.