Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5584, del 24-08-2007 (2007/9126)

Licitación para la selección de agente urbanizador para el desarrollo del Programa de Actuación Integrada del ámbito del Sector 1 del Concierto Previo del Plan General de Albocàsser.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5584

Fecha DOGV
:   24-08-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2007/9126


Fecha del documento
:   19-06-2007

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Albocàsser

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Albocàsser
    * contrato de obras
    * obras públicas
    * administración local
    * plan de urbanismo
    * licitación

Licitación para la selección de agente urbanizador para el desarrollo del Programa de Actuación Integrada del ámbito del Sector 1 del Concierto Previo del Plan General de Albocàsser. [2007/9126]  
El Ayuntamiento de Albocàsser, en sesión plenaria celebrada el día 24 de mayo de 2007, en relación con la solicitud de gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector 1 del Concierto Previo ha resuelto, entre otros, adoptar los siguientes acuerdos:  
Primero. Iniciar los procedimientos para la gestión indirecta del programa.  
Segundo. Aprobar sus bases particulares reguladoras.  
Tercero. Publicar anuncio establecido en el artículo 132 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.  
A continuación se publica el texto íntegro de las bases particulares aprobadas:  
Primera. Ordenación urbanística vigente  
El municipio de Albocàsser cuenta con un planeamiento aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión celebrada el 23 de febrero de 1993, que consta de normas subsidiarias, que han sido redactadas por subrogación por parte de la Generalitat.  
El pasado 8 de marzo de 2007 fue aprobado, por el Pleno del Ayuntamiento de Albocàsser, el documento inicial del Concierto Previo, con el objeto de iniciar la tramitación del nuevo Plan General, expuesto a información pública desde el día 27 de abril de 2007 (DOCV núm. 5.500).  
Segunda. Ámbito del programa propuesto  
El sector cuya programación se propone correspondiente al sector I del Concierto Previo del Plan General de Albocàsser que se está tramitando, está situado al norte y oeste del término municipal y comprende la zona anexa al suelo urbano. El ámbito a programar deberá comprender los citados terrenos y aquellos necesarios para la correcta conexión e integración. La superficie aproximada de toda la actuación urbanística es de 185.739 m², sin computar en esa superficie la cesión prevista en el artículo 13.6 de la LOTT. No se podrá ampliar el ámbito de la actuación integrada, salvo que se requiera para la mejor integración del sector con el suelo urbano o su entorno.  
En el planeamiento vigente el suelo está clasificado como suelo no urbanizable común, por lo que la propuesta de programación deberá plantear la modificación de la clasificación del suelo.  
Tercera. Memoria de necesidades y objetivos a satisfacer con el programa de actuación integrada  
Se consideran como objetivos imprescindibles para el correcto desarrollo del programa de actuación integrada:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa.  
b) Urbanizar completamente el sector que constituye el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen para cumplir lo dispuesto en los apartados siguientes, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, y en especial, urbanizar el entorno de la actuación integrada en su borde con el casco urbano adyacente, para evitar dejar parcelas sin la condición de solar.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de actuación o adscritos a la misma a favor de la administración gratuitamente. Entre ellos se deberá cumplir con la cesión de suelo no urbanizable protegido en una cantidad igual o superior a la reclasificada, prevista en el artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público de suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, sin perjuicio de la obligación legal de soportar las cargas de urbanización correspondientes a la cesión.  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.  
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora.  
Cuarta. Ficha de gestión y directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio  
Las normas subsidiarias no contienen fichas de gestión ni directrices sobre el sector, dado que actualmente no tiene la clasificación de suelo urbanizable.  
Deberán tenerse en cuenta las siguientes cuestiones, con carácter de directrices de ordenación del territorio las siguientes:  
Integración con el entorno rural (mejorar el frente del límite del suelo urbano con zonas agrícolas, regenerando las zonas verdes, bordes de urbanización y parcelas con árboles autóctonos de la zona).  
Morfología del tejido urbano y edificación que permita integración con el entorno rural (tratamiento de los elementos de urbanización /pavimentación, mobiliario urbano, adaptándolos a las condiciones naturales de la zona).  
Quinta. Criterios y objetivos urbanísticos y territoriales de las propuestas de planeamiento a formular  
El sector delimitado no tiene ordenación pormenorizada, por cuanto se trata de una zona clasificada como suelo no urbanizable. Constituyen criterios y objetivos urbanísticos a cumplir por la actuación integrada y los instrumentos de planeamiento que precise, los siguientes conceptos:  
Criterios generales:  
1. El establecimiento de las mejores soluciones técnicas en orden a una adecuada y óptima ordenación urbanística y arquitectónica, así como solucionar problemas de tránsito viario, accesibilidad e infraestructuras.  
En virtud de lo cual se considera conveniente disponer de manera ordenada, secuencial y proporcionada, tanto las tipologías edificatorias como los usos previstos en el sector, atendiendo a criterios de localización física (topográfica u otros condicionantes), integración paisajística y protección ambiental (impactos visuales, contaminación acústica, actividades molestas...), relación con el casco urbano existente, red viaria y accesos (rodados, peatonales, carril-bici...).  
2. La mejor forma, localización, ordenación y distribución de las zonas verdes y suelos dotacionales públicos, integrando adecuadamente los existentes. Por otra parte se valorará positivamente la utilización y disposición de especies vegetales autóctonas y elementos propios del entorno en las zonas verdes y espacios públicos, de manera que se compatibilice la integración paisajística con una adecuada utilización de los recursos hídricos y, además, se facilite el futuro mantenimiento de dichos espacios ajardinados.  
Asimismo deben articularse soluciones en el perímetro del ámbito propuesto que garanticen una adecuada transición del suelo urbanizado hacia los terrenos protegidos, utilizando preferiblemente elementos y áreas «de amortiguación».  
3. La introducción de principios de sostenibilidad, facilitando la implantación de energías renovables y cuantificando su importancia de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación y demás legislación aplicable.  
Atendiendo a esta cuestión y lo mencionado en apartados anteriores se considera de interés la adopción de soluciones que permitan el aprovechamiento de las aguas pluviales (escorrentías, canalizaciones y aforamientos con depósitos, aljibes...).  
4. Implantación de infraestructuras, tanto públicas o privadas, superiores a las legalmente exigibles, que mejoren las condiciones de los núcleos edificados existentes.  
Criterios específicos:  
a) Función territorial: el sector garantizará suelo suficiente para que sea posible el desarrollo del núcleo urbano de Albocàsser, proporcionando la cantidad de viviendas necesarias para eliminar la tensión que creaba la falta de suelo, hecho agravado debido a la inminente apertura del centro penitenciario en construcción.  
b) Uso característico o global: se establece como uso característico o global el residencial, en las categorías de residencial unitario y múltiple, según la definición contenida en el artículo 84 de Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana, aprobado por Orden de 26 de abril de 1999, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.  
c) En cuanto al suelo de suelo no urbanizable protegido consecuencia de la clasificación de suelo no urbanizable de Albocàsser en suelo urbanizable previsto, conforme a la cesión establecida en el artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de la Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la ubicación concreta del suelo a ceder se determinará en el instrumento de planeamiento que lo desarrolle, dentro del suelo no urbanizable protegido establecido en el Concierto Previo, conforme al futuro Plan General que se está tramitando.  
d) Realizar la conexión con los caminos rurales existentes y reservar al menos un 15% de la edificabilidad residencial a viviendas sujetas a algún régimen de protección.  
Sexta. Descripción de los objetivos de edificación privada  
Los solares que el agente urbanizador obtenga como consecuencia de la retribución de su labor urbanizadora deberán ser edificados en un plazo no superior a cuatro años, siendo obligatoria la ejecución de, al menos, el 20% de dicha edificabilidad de forma simultánea a las obras de urbanización, una vez estén aprobados los proyectos de urbanización y reparcelación.  
Séptima. Prescripciones técnicas que tendrán que respetarse en la redacción de los documentos de ordenación y gestión exigibles  
Con carácter general se consideran prescripciones técnicas mínimas, que tendrán que respetarse en la redacción de los documentos de ordenación y gestión las establecidas en la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, y Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística y el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana (Orden de 26 de abril de 1999, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes).  
Se deberá de efectuar la cesión de suelo prevista en el artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, al tratarse de una clasificación de suelo no urbanizable en suelo urbanizable.   
Deberá incorporarse a la documentación un estudio acústico para su ámbito de ordenación, utilizando modelos matemáticos predictivos que permitan evaluar el impacto acústico y adoptar las medidas adecuadas para su reducción. Este estudio considerará, entre otros elementos, la influencia de las principales vías de comunicación de la zona, todo ello según exigencias del artículo 25 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica (Diari Oficial de la Generalitat de 18 de julio de 2006).  
Se deberá redactar documento de justificación de la integración territorial de conformidad con el artículo 74 de la Ley Urbanística Valenciana.  
Se tramitará un estudio de impacto ambiental, de conformidad con el la Ley 2/1989, del Medio Ambiente.  
Se efectuará un estudio de integración paisajístico, según el artículo 48.4.a del Decreto 120/2006, del Reglamento del Paisaje.  
Se deberá solicitar la cédula territorial de urbanización, de conformidad con los artículos 112 y siguientes de la Ley Urbanística Valenciana.  
Se tendrá en cuenta en la ordenación la normativa específica en materia de accesibilidad, especialmente el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, que desarrolla la Ley 1/1998, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano, y la Orden de 9 de junio de 2004, de la conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.  
Se contemplará una ordenación y gestión de los residuos generados por las diferentes actividades que se vayan a implantar en la zona de actuación, de forma que se dé prioridad a las actuaciones tendentes a prevenir y reducir la cantidad de residuos generados, potenciando igualmente el reciclaje y/o valorización atendiendo a los criterios establecidos por la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos, de la Comunidad Valenciana. Se implementarán sistemas adecuados que no provoquen incomodidades por el ruido o los olores, buscando los siguientes objetivos: maximizar la capacidad de almacenamiento con la mínima ocupación de espacio público, facilitar la implantación y aumento de la recogida selectiva, utilizar sistemas totalmente herméticos que eviten los olores desagradables y permita la aportación durante las 24 horas del día redundando en una mejor calidad del servicio prestado al ciudadano y facilitar la utilización por parte de personas con diferentes limitaciones físicas.  
Asimismo deberá procurarse que las zonas verdes se sitúen en zonas de fácil accesibilidad.  
No será exigible la emisión del informe del Consejo del Territorio y el Paisaje previsto en el artículo 136.4 de la Ley Urbanística Valenciana, al no ser complejo el programa de actuación integrada, y no exceder su ámbito de 50 hectáreas.  
Octava. Admisibilidad de variantes  
No se admitirán variantes respecto a las prescripciones establecidas en la base séptima.  
Se podrán admitir variantes respecto del ámbito territorial a programar propuesto por la administración siempre que se justifiquen por la mejor conexión a las redes generales o infraestructuras básicas o necesarias para el desarrollo del sector, así como una mejora en la integración territorial del ámbito propuesto en el conjunto del municipio.  
Novena. Prescripciones técnicas que tendrán que respetarse en la redacción del proyecto de obras de urbanización.  
Con carácter general y de acuerdo con el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000, según remisión efectuada por el artículo 131.2.f de la Ley Urbanística Valenciana 16/2005, las prescripciones técnicas serán definidas por referencia a normas nacionales que transpongan normas europeas a documentos de idoneidad técnica europeos o especificaciones técnicas comunes, y, en cualquier caso, podrán definirse por referencia a normas nacionales que transpongan normas internacionales a normas nacionales o a otras normas.  
Según artículos 152 a 155 de la Ley Urbanística Valenciana, los proyectos de urbanización definen los detalles técnicos de las obras públicas previstas por los planes. Se redactarán con precisión suficiente para poder, eventualmente, ejecutarlos bajo dirección de técnico distinto a su redactor. Toda obra pública de urbanización, ya sea integrada o aislada, exige la elaboración de un proyecto de urbanización, su aprobación administrativa y la previa publicación de ésta en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones del plan que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras. Si la adaptación supone alterar determinaciones sobre ordenación o régimen del suelo o la edificación debe legitimarse tramitando una modificación de planeamiento. En ningún caso los proyectos de urbanización pueden contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación.  
Documentación de los proyectos de urbanización. (Artículo 156 de la LUV).  
Los proyectos de urbanización comprenderán los siguientes documentos:  
1. Memoria descriptiva de las características de las obras.  
2. Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano.  
Incluirán la planta viaria de planeamiento que se ejecuta y el entorno inmediato.  
3. Planos de proyecto y de detalle con el siguiente contenido mínimo:  
a) Planta viaria general a escala mínima 1:1.000.  
b) Plantas de pavimentación a escala mínima 1:1.000.  
c) Perfiles longitudinales de todo el viario público y planta de cotas, rasantes y perfiles de jardines y parques.  
d) Perfiles transversales de todo el viario público, cada 20 metros, como mínimo.  
e) Plantas de la red de saneamiento y pluviales y perfiles longitudinales de las mismas a escala mínima 1:1.000.  
f) Plantas de todas las redes de servicios previstas a escala mínima 1:2.000.  
g) Detalles constructivos de las diferentes redes y secciones tipo de aceras y calzadas con ubicación de los diferentes servicios.  
h) Plantas de jardinería, a escala mínima 1:500, con identificación de especies, localización de mobiliario urbano, elementos de juegos infantiles, alumbrado, estanques y demás elementos compositivos.  
i) Red de riego, tanto de jardines como, en su caso, de las restantes parcelas privadas, cuando se prevea una reutilización de aguas depuradas.  
j) Red de alumbrado público, con detalles de luminarias.  
k) Otros planos y detalles necesarios para una completa definición de las obras.  
4. pliego de condiciones técnicas, generales y particulares.  
5. Mediciones.  
6. Cuadros de precios unitarios y descompuestos.  
7. Presupuesto general y resumen de presupuesto.  
8. Presupuesto de ejecución material con detalle de las unidades de obra.  
9. Estudio de seguridad y salud.  
10. Estudios específicos (acústico, de tráfico, inundabilidad, contaminación, reutilización de aguas y otros que puedan ser necesarios o exigidos por la legislación sectorial aplicable).  
Cuando el proyecto de urbanización esté integrado en una alternativa técnica de programa el cuadro de precios descompuesto y el presupuesto de ejecución material deben formar parte de la proposición jurídico-económica que debe presentarse en plica sellada. No obstante sí podrán presentarse a la vista las mediciones y el detalle de las unidades de obra.  
Las obras de urbanización a incluir en el proyecto de urbanización, entre otras, serán las siguientes (artículo 157 de la LUV):  
a) Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal, carril-bici y tratamiento de espacios libres, mobiliario urbano y señalización.  
b) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.  
c) Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de evacuación de aguas pluviales.  
d) Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones.  
e) Red de alumbrado público.  
f) Jardinería, arbolado y ornamentación en el sistema de espacios libres.  
Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los de la red primaria y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos. En los servicios de titularidad privada se acreditará la disponibilidad real de suministros por parte de las empresas titulares del servicio.  
Los proyectos de urbanización para actuaciones integradas resolverán todas las necesidades de conexión e integración de la actuación en su entorno territorial o urbano y las demás exigencias establecidas en el correspondiente programa.  
En la redacción del proyecto de urbanización se tendrá en cuenta la normativa específica en materia de accesibilidad, especialmente el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, que desarrolla la Ley 1/1998, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano, y la Orden de 9 de junio de 2004, de la conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.  
Se consideran prescripciones técnicas mínimas en cada uno de los capítulos la normativa sectorial de obligado cumplimiento.  
Diez. Estimación de los plazos de despliegue y ejecución del programa  
1. En el plazo de un mes, a partir de la notificación del acuerdo de aprobación definitiva y adjudicación del programa al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada, que tendrá el contenido que se indica en el artículo 138 de la Ley Urbanística Valenciana.  
Calendario de plazos del programa  
a) La presentación de los textos refundidos correspondiente al proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación deberá producirse en el plazo máximo de cuatro meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de la aprobación que imponga modificaciones a la alternativa técnica.  
b) El inicio del procedimiento de pública concurrencia para la selección del empresario constructor deberá tener lugar en el plazo de dos meses desde la formalización del contrato entre el urbanizador y la administración actuante.  
c) El proyecto de reparcelación deberá someterse a información al público por el urbanizador en el plazo máximo de cinco meses desde la finalización del plazo para la opción por modalidad de retribución previsto en los artículos 166 de la Ley Urbanística Valenciana y en este reglamento. A tal efecto el urbanizador deberá presentar ante la administración actuante acreditación justificativa de la práctica de las notificaciones reguladas exigibles.  
d) El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo de diez meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. El inicio de las obras se acreditará mediante acta de replanteo suscrita por la dirección de obras y, al menos, un técnico municipal.  
e) Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo máximo de 48 meses desde su inicio. La finalización de las obras se acreditará mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director facultativo.  
f) Plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora. Se establece como plazo máximo el plazo legal.  
De conformidad con el artículo 287.3 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística estos plazos podrán prorrogarse por causas justificadas, de común acuerdo entre el urbanizador y el Ayuntamiento de Albocàsser.  
2. Con anterioridad a la formalización del contrato el urbanizador tendrá que acreditar ante el Ayuntamiento la constitución de la garantía definitiva, en la forma y cuantía que se establecidas en la presentes bases.  
3. El documento de formalización será firmado por el alcalde y el urbanizador, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares reguladoras del programa.  
Once. Modelo de proposición a presentar por los interesados  
«(Nombre y apellidos) ..., con documento nacional de identidad número ..., natural de ..., provincia de ..., mayor de edad y con domicilio en ..., calle ..., teléfono ..., actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente), manifiesta que, enterado del anuncio remitido en fecha ..., y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fechas ..., respectivamente, conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante concurso, en libre y pública concurrencia, el contrato para obtener la condición de agente público urbanizador sector del suelo no urbanizable unidad de ejecución única del sector I establecido en el Concierto Previo del Plan General de Albocàsser aprobado en fecha 8 de marzo de 2007, en los términos expresados en el artículo 119 de la Ley Urbanística Valenciana 16/2005, y demás preceptos concordantes del TRLCAP 2/2000; así como de las bases particulares aprobadas por el Ayuntamiento de Albocàsser que han de regir en la adjudicación de dicho programa de actuación integrada, y en la representación que ostenta se compromete a asumir, en virtud del contrato administrativo especial, a formalizar de acuerdo con el artículo 138 de la Ley Urbanística Valenciana; de acuerdo a la siguiente documentación que presenta:  
Sobre A. Documentación administrativa según artículo 133 de la Ley Urbanística Valenciana.  
Sobre B. Alternativa técnica compuesta por ...  
Sobre C. Proposición jurídico-económica.  
Por lo cual, solicita:  
Sea admitida la citada documentación a los efectos oportunos.  
Lugar, fecha y firma del proponente».  
Doce. Documentación a presentar por cada licitador  
Conforme al artículo 133 de la Ley Urbanística Valenciana y 300 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, las proposiciones de los aspirantes a urbanizador deben incorporar la siguiente documentación:  
Sobre A. Incluirá la documentación que acredite la personalidad jurídica, la capacidad y la solvencia técnica y económica del aspirante, en los términos de los artículos 122 y 123 de la Ley Urbanística Valenciana. Se presentará en un sobre cerrado y sellado y contendrá justificación documental de los extremos referidos en el artículo 133.1, letras a), b), c), d), e) y f) de la Ley Urbanística Valenciana.  
Contenido del sobre A:  
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente.  
Cada concursante no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
En dicho sobre deberán incluirse necesariamente la siguiente documentación:  
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica y capacidad de obrar del concursante, y, cuando proceda, su representación, según el siguiente detalle:  
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que se acreditará mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.  
Deberá aportarse poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, en este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.  
En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el documento nacional de identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada.  
b) Documentos acreditativos de los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera, en los términos exigidos en los artículo 122 y 123 de la Ley Urbanística Valenciana y concordantes del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
c) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
Así como la declaración de no incurrir en ningún supuesto de incompatibilidad especial previsto en el artículo 121 de la Ley Urbanística Valenciana.  
d) Resguardo acreditativo de haber constituido a favor del Ayuntamiento de Albocàsser una garantía provisional por importe del 2% del presupuesto estimado de las cargas de urbanización del programa de actuación fijada en estas bases particulares y que servirá de precio máximo de licitación, de acuerdo con los artículos 132.1.h y 140 de la Ley Urbanística Valenciana.  
e) Los concursantes extranjeros aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  
f) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la Ley Urbanística Valenciana. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental de tales extremos.  
Sobre B. La alternativa técnica, presentada en sobre abierto y adicionalmente en soporte informático. La alternativa técnica contendrá la documentación exigida en el artículo 126 de la Ley Urbanística Valenciana y 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Sobre 3. La proposición jurídico-económica que se presentará en plica cerrada. La proposición jurídico-económica contendrá la documentación exigida en el artículo 127 de la Ley Urbanística Valenciana y 302 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Contenido del sobre B:  
La alternativa técnica de programa de actuación integrada contendrá la documentación siguiente:  
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación detallada a desarrollar si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al concurso para la selección del urbanizador. En cualquier otro caso la alternativa técnica deberá ir acompañada necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación detallada para el ámbito del programa.  
b) Ámbito de la actuación integrada.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
f) Proyecto de urbanización determinándose el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
g) Informes emitidos por las compañías suministradoras de servicios en relación con la actuación propuesta o, en su defecto, resguardo acreditativo de haberlos solicitado.  
h) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme al artículo 124.2 de la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
i) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
j) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
k) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas, incluyendo, al menos, si procediera, la de las obras de urbanización que deban ser ejecutadas por cuenta de una actuación distinta y posterior, pero que, beneficiando a la actuación que es objeto de la alternativa técnica, deba ser en parte sufragada con cargo a ésta a través del correspondiente canon de urbanización. En todo caso tendrán la consideración de gastos variables los enunciados en el artículo 308.2 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
l) Estimación aproximada, no vinculante, de las indemnizaciones y compensaciones que correspondan por todos los conceptos con cargo a la actuación, sin perjuicio de la valoración definitiva que proceda en el momento de exponer al público el proyecto de reparcelación.  
m) Si la propuesta de programa modificara la ordenación estructural deberá incorporar la documentación establecida en los artículos 72 a 74 de la Ley Urbanística Valenciana y concordantes del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, en especial el documento de justificación de la integración territorial y el estudio de impacto ambiental.  
Además del contenido enumerado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, será exigible un proyecto de edificación cuando el aspirante a urbanizador ofrezca como compromiso voluntario la edificación simultánea a la urbanización.  
El adjudicatario del concurso deberá presentar, además, la documentación en soporte digital.  
Sobre C. Proposición jurídico-económica.  
Contenido del sobre C:  
La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
a) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
A estos efectos la proposición jurídico-económica deberá incluir la siguiente información:  
- Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación, tales como dimensiones de parcela mínima de resultado, aprovechamiento subjetivo, valor unitario de repercusión del suelo urbanizado y anterior a la urbanización (m²t), equivalente valor unitario de suelo bruto (m²s bruto) y superficie mínima de terrenos de origen necesarios para resultar adjudicatario de parcela resultante.  
- Información, en su caso, sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en metálico y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esta opción de retribución.  
- Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
- Hoja resumen de los datos económicos relevantes.  
b) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa.   
La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
En tal supuesto la proposición jurídico-económica deberá incluir la siguiente documentación referida a esos terrenos:  
1. Certificación registral de dominio y cargas de fecha no anterior a 15 días a la fecha de presentación de la proposición jurídico-económica.  
2. En caso de que los terrenos no estén inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del aspirante a urbanizador deberá aportar los títulos que acrediten su derecho de propiedad o las escrituras públicas otorgadas con terceros que le legitimen o le otorguen poder bastante para afectar las fincas con carácter real e inscribir esa afección en el Registro de la Propiedad.  
c) Plan o programa económico de la total inversión, con desglose de los distintos capítulos de cargas. La inversión vendrá distribuida en mensualidades referenciadas a la fecha de suscripción del convenio de adjudicación del programa de actuación integrada, salvo en el caso de las obras de urbanización, en que lo estarán a la fecha de inicio de las propias obras.  
La proposición jurídico-económica incluirá la documentación necesaria para determinar con claridad las magnitudes económicas del programa, diferenciando los siguientes aspectos:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b) de la Ley Urbanística Valenciana, y con el desglose por partidas previsto en el artículo 303 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. El presupuesto de licitación indicará si el impuesto sobre el valor añadido se entiende incluido o excluido de los importes que se consignen. En caso de que no se haga referencia expresa al impuesto sobre el valor añadido se entenderá incluido.  
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que en ningún caso podrá superar el 10%.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
En las cargas de urbanización no se incluirán las indemnizaciones que procedan ni los gastos variables mencionados en el artículo 126.j de la Ley Urbanística Valenciana, cuya estimación preliminar debe constar en la alternativa técnica y fijarse con carácter definitivo en el proyecto de reparcelación.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución. La proposición jurídico-económica deberá expresar el coeficiente de canje conforme a alguna de las dos fórmulas matemáticas previstas en el artículo 306 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización a aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
Todas las anteriores magnitudes económicas se expresarán por metro cuadrado de suelo y de techo, debiendo hacerse indicación de que los importes serán revisados cuando se determinen las cuantías definitivas correspondientes a los gastos variables a que se refiere el artículo 126.j de la Ley Urbanística Valenciana.  
Trece. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones  
Cada concursante sólo podrá presentar una proposición, tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste, todo ello tal como regula el precepto 133.2 de la Ley Urbanística Valenciana 16/2005.  
Los sobres antes reseñados deberán ser entregados en el Registro General de entrada del Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo de tres meses, a partir de la fecha de envío del anuncio de concurso al Diario Oficial de la Unión Europea, cuya reseña constará en el propio anuncio, así como en el del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, por aplicación de los principios de publicidad y seguridad jurídica, o enviados por correo dentro dicho plazo.  
En caso que el plazo de presentación de proposiciones finalizara en sábado o día inhábil se entenderá prorrogado dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente.  
Cuando las proposiciones se envíen por correo el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo.  
Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición ésta no será admitida en ningún caso.  
Catorce. Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de solvencia económica y financiera, técnica y profesional  
La solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por medio de alguno de los medios relacionados en el artículo 122 de la Ley Urbanística Valenciana, con las prescripciones especiales en él contenidas. Respecto de la solvencia técnica y profesional igualmente se acreditará por uno o varios de los medios y requisitos regulados en el artículo 123 de la Ley Urbanística Valenciana.  
Quince. Criterios objetivos de adjudicación del programa de actuación integrada  
Siendo un programa cuya alternativa técnica va acompañada de instrumentos de planeamiento que supone una modificación de la ordenación estructural, la puntuación de la alternativa técnica representará entre un 75% de la valoración en relación con la proposición jurídico-económica, que representará y un 25% (312.2.a del ROGTU).  
I. De conformidad con el artículo 135.3 de la Ley Urbanística Valenciana los criterios de puntuación de las alternativas técnicas, y su importancia relativa, serán los siguientes (sobre 100 puntos), quedando excluida aquella alternativa técnica que no alcance la puntuación mínima de 50 puntos:  
a) La calidad técnica de la ordenación propuesta. Este criterio representará un máximo de 50 puntos de la valoración de la alternativa técnica.  
b) La resolución adecuada de la integración de la actuación en su entorno, un máximo de 10 puntos.  
c) La mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios libres un máximo de 10 puntos.  
d) La calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización. Este criterio representará un máximo de 10 puntos.  
e) Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. Este criterio representará un máximo de 5 puntos.  
f) Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Este criterio supondrá un máximo de 5 puntos.  
g) Plazo de ejecución del programa de actuación integrada, un máximo de 5 puntos.  
h) Encima de un mínimo legalmente exigible, un máximo de 2 puntos.  
i) Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador, un máximo de 2 puntos.  
j) Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa, un máximo de 1 punto.  
II. De conformidad con el artículo 135.4 de la Ley Urbanística Valenciana los criterios de puntuación de las proposiciones jurídico-económicas y su importancia relativa serán los siguientes (sobre 100 puntos):  
a) Importe de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. Este criterio representará entre un máximo de 35 puntos de la valoración de la proposición jurídico-económica. Y 0 puntos a la que proponga mayor carga, gradando el resto mediante la aplicación de una regla de tres aplicada al diferencial entre el mínimo y el máximo presupuesto.  
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente, y mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa representará un máximo de 60 puntos. Y 0 puntos a la que proponga coeficiente de canje, gradando el resto mediante la aplicación de una regla de tres aplicada al diferencial entre el mínimo y el máximo propuesto.  
c) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. Este criterio supondrá entre un máximo de 5 puntos.  
La puntuación mínima que deberá obtener la alternativa técnica para poder ser valorada la proposición jurídico-económica que lo desarrolle será de 45 puntos.  
Dieciséis. Garantía provisional  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía provisional equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas del programa, que se fija en nueve millones quinientos mil euros (9.500.000 €), impuesto sobre el valor añadido no incluido, la cual asciende a la cantidad de ciento noventa mil euros (190.000 €).  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece en un 10% del valor de las cargas de urbanización, impuesto sobre el valor añadido no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días, a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20% en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
Diecisiete. Formalización de contrato y garantía definitiva a prestar por el adjudicatario del programa  
De conformidad con el artículo 138 de la Ley Urbanística Valenciana la formalización en documento administrativo del contrato para la ejecución del programa de actuación integrada, bajo la fe pública del secretario municipal, y su despliegue se efectuará en el plazo de un mes, a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del citado programa al adjudicatario. Dicho contrato deberá incluir, como mínimo, las cláusulas a que hace referencia el apartado 3 del citado artículo 138, con especial mención a la letra j) y su remisión al artículo 143, todo ello de la Ley Urbanística Valenciana.  
Con anterioridad a la citada formalización del contrato el adjudicatario del programa de actuación integrada y de la condición de urbanizador tendrá que constituir ante el Ayuntamiento la garantía definitiva, por el importe del 10% del valor de las cargas de urbanización, y que se acreditará por cualquiera de las formas previstas para la garantía provisional en las bases generales, de acuerdo con el artículo 140 de la Ley Urbanística Valenciana.  
Supletoriamente, en cualquiera de las formas y regulación previstas en los artículos 36 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, en su desarrollo, en lo previsto en el libro I, título, capítulo II, artículos 55 a 65, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
La garantía provisional aportada por quien resulte adjudicatario del programa se aplicará a completar la garantía definitiva, que será minorada en el importe ya asegurado por la garantía provisional.  
Transcurrido el plazo de 12 meses desde que se entiendan recibidas las obras de urbanización, de conformidad con lo previsto en estas bases, procederá la devolución de la garantía definitiva.  
Dieciocho. Prerrogativas municipales  
De conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas que atribuye la misma a las administraciones públicas para el desarrollo y ejecución de los programas de actuación, y, como mínimo, las de interpretar el contrato administrativo suscrito y formalizado en su ejecución; resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento; modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las bases y que sean de interés público; acordar la resolución de la condición de urbanizador y del contrato y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecido en la Ley Urbanística Valenciana y reglamento de desarrollo, así como las demás facultades que, específicamente, le reconozca el ordenamiento urbanístico valenciano.  
Diecinueve. Carácter vinculante de las bases y su condición de normas reguladoras del contrato  
Como consecuencia de la adjudicación del programa se firmará un contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador, que tiene carácter de contrato administrativo especial en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
La participación en el procedimiento de selección para adquirir la condición de agente urbanizador implicará la previa aceptación de forma expresa por los aspirantes, de la sumisión a las presentes bases particulares.  
Las citadas bases constituirán normas reguladoras del contrato. El desconocimiento del contrato administrativo especial suscrito, en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.  
Igualmente la participación en el procedimiento de selección y posterior adjudicación, con la sujeción a las presentes, conlleva la asunción por los participantes y posterior adjudicatario de la obligación de renuncia por cualquier indemnización a cargo del Ayuntamiento en concepto de gastos ocasionados por la promoción urbanística y, en especial, por la redacción de proyectos; no existiendo obligación de reintegro con cargo al Ayuntamiento y menos por la denegación autonómica, en su caso.  
En el supuesto de denegación definitiva por el órgano competente de la Generalitat de la aprobación del programa, el adjudicatario renuncia expresamente a cualquier indemnización a que tuviere derecho, inclusive por la redacción de proyectos. La exoneración o renuncia respecto del régimen general de la obligación de reintegro previsto en el artículo 137.5 in fine deberá contenerse igualmente el contrato administrativo especial a formalizar con el adjudicatario.  
El anterior régimen excepcional de renuncia al derecho de indemnización o compensación se extiende al caso de que tras la petición por un particular del inicio de un procedimiento de programación por gestión indirecta se resuelva por el Ayuntamiento la sujeción del programa al régimen de gestión directa. Por lo que el autor de la propuesta, por asunción de las bases, renuncia al derecho al resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, y a cualquier incremento porcentual como compensación; sin perjuicio de que la propuesta hubiera resultado o no insuficiente de acuerdo con su propia finalidad y no pudiese ser aprovechada por la administración.  
Veinte. Procedimiento y forma de adjudicación  
La adjudicación del programa de actuación y la posterior formalización del contrato para el despliegue y ejecución de tales programas se realizarán mediante el procedimiento abierto de licitación y la forma de concurso, en los términos establecidos legal y reglamentariamente.  
De conformidad con el artículo 139 de la Ley Urbanística Valenciana se podrá aprobar el programa condicionado a la efectiva realización de determinaciones propias de otras actuaciones previa o simultáneamente programadas, siempre que se garantice suficientemente el cumplimiento de aquellas condiciones conexas y se prevea una adecuada coordinación entre las respectivas actuaciones.  
Veintiuna. Orden jurisdiccional competente  
El orden jurisdiccional competente para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del citado contrato administrativo especial entre la administración municipal y el agente urbanizador será el contencioso-administrativo, tal como establece el artículo 2.b de la LRJCA 29/1998.  
Veintidós. Extinción del contrato  
Son causas de resolución del contrato las previstas en la Ley Urbanística Valenciana, en su reglamento de desarrollo y en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para los contratos administrativos especiales, con los efectos que se establecen en cada una de ellas.  
Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.  
Veintitrés. Régimen de penalizaciones y resolución del contrato  
1. Las penalizaciones por demora, tal como regula el artículo 143.1 de la Ley Urbanística Valenciana, por incumplimiento injustificado de los plazos previstos en las bases o, en su defecto, en la ley y normas de desarrollo comportará la aplicación de las reglas sobre resolución de contratos y penalizaciones por retraso previstas en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 143 de la Ley Urbanística Valenciana la inactividad injustificada del urbanizador durante un período de cuatro meses consecutivos o seis alternos determinará la resolución del contrato con el municipio de Albocàsser. A los efectos de computar el plazo de inactividad del urbanizador se estará a los documentos y antecedentes obrantes en el expediente administrativo, sin perjuicio de la potestad inspectora que, en todo caso, corresponde a la administración municipal.  
3. De acuerdo con el artículo 143.2 de la Ley Urbanística Valenciana la imposición de alguna sanción al urbanizador por infracción urbanística o medioambiental grave o muy grave en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
4. La resolución por obstaculización del ejercicio de los derechos y deberes de los afectados por el programa, según el artículo 143.2.b de la Ley Urbanística Valenciana, será causa de resolución del contrato entre el municipio y el urbanizador.  
Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
5. La realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa será causa de resolución del contrato entre el municipio y el urbanizador. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia, todo ello tal como prevé el artículo 143.2.b de la Ley Urbanística Valenciana.  
6. El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar la programación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta será causa de resolución del programa, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar las previsiones del programa si ello fuera posible sin desvirtuarlas sustancialmente, tal como contempla el artículo 143.2.f de la Ley Urbanística Valenciana.  
Constituyen condiciones territoriales que son causa de resolución aquellos elementos de valor ambiental, cultural, paisajístico, arqueológico o de otro tipo, sujetos a protección por la legislación sectorial, que no se hayan tenido en cuenta por el proyecto a ejecutar y cuya preservación determine la inviabilidad de la ejecución del mismo.  
En dicho caso de resolución no procede compensación o reembolso alguno al urbanizador con cargo al Ayuntamiento en virtud de las presentes bases y su propia previsión, asumida por aquellos que suscriban la participación y adhesión a las mismas y al proceso licitador que derive en su cumplimiento y ejecución.  
Veinticuatro. Régimen jurídico  
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial y, en todo lo no previsto en las presentes bases particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, y las bases generales de programación.  
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, así como las normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
Contra el acuerdo aprobatorio de las bases transcritas podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la publicación del presente anuncio. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la presente publicación.  
El anuncio de licitación ha sido remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea en fecha 13 de junio de 2007.  
Albocàsser, 18 de junio de 2007.- El alcalde: Antonio Querol Ferrando.