Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4352, del 08-10-2002 (2002/10697)

Juicio verbal número 748/2001. Cédula de notificación.
------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4352

Fecha DOGV
:   08-10-2002

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2002/10561


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 1 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Juicio verbal número 748/2001. Cédula de notificación. [2002/Q10339]
  
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valencia.
  
Juicio: juicio verbal 000748/2001.
  
Parte demandante: Caja de Ahorros del Mediterráneo.
  
Parte demandada: Carlos Gracia Ballester.
  
Sobre: demás verbales.
  
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
  
Procedimiento: juicio verbal 748/2001.
  
Sentencia número 639.
  
Jueza que la dicta: Gema Castelló García.
  
Lugar: Valencia.
  
Fecha: 22 de julio de 2002.
  
Parte demandante: Caja de Ahorros del Mediterráneo.
  
Abogado: Téllez Lapeira, Antonio.
  
Procurador: Díaz Panadero Sandoval, Miguel A.
  
Parte demandada: Carlos Gracia Ballester, en rebeldía.
  
Abogado.
  
Procurador.
  
Objeto del juicio: demás verbales.
  
Antecedentes de hecho:
  
1. Por la referida parte actora se presentó mediante escrito de 3 de octubre de 2001, demanda origen de los presentes autos en reclamación de cantidad de 1.098,52 euros, intereses pactados y costas.
  
2. Admitida a trámite la demanda por auto de fecha 4 de octubre de 2001, se procedió a citar al demandado reiteradamente, en virtud de las diligencias negativas, citándolo, definitivamente, por edictos, no personándose el día señalado para la vista, por lo que fue declarado en rebeldía procesal.
  
Concedida la palabra a la actora, se ratificó en su demanda solicitando el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo únicamente la documental por reproducida y quedando los autos conclusos para sentencia.
  
3. Hechos probados:
  
Primero: que la Caja de Ahorros del Mediterráneo suscribió un contrato de expedición de tarjeta de crédito en fecha 21 de julio de 2000 con Carlos Gracia Ballester, cuya cláusula 17 permite resolver el contrato ante el incumplimiento de la parte.
  
Segundo: que el señor Gracia Ballester es deudor de 165.275 pesetas en concepto de principal, más los intereses pactados y por mora, lo que asciende a un total de 182.778 pesetas, es decir, 1.098,52 euros.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Ejercita la parte actora acción de reclamación de cantidad en la que solicita se condene a la demandada al pago de la suma de 1.098,52 euros.
  
Según dispone el vigente artículo 217.2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: «corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda según las normas jurídicas a ellas aplicables el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención», mientras al demandado corresponde probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.
  
Del análisis de la prueba practicada fundamentalmente documental se desprende que Caja de Ahorros del Mediterráneo suscribió un contrato de expedición de tarjeta de crédito en fecha 21 de julio de 2000 con Carlos Gracia Ballester, así como que en agosto de 2001 el demandado adeudaba 165.275 pesetas en concepto de principal, 453 pesetas por intereses y 17.050 pesetas en concepto de mora (doc. 1 y 2).
  
Frente a la prueba propuesta y practicada a instancia de la entidad demandante, el demandado dada su incomparecencia, no propuso prueba alguna por lo que no asumió la carga probatoria que le incumbía. De conformidad con el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la rebeldía no implica un allanamiento ni una admisión de los hechos, por lo que no procede estimar sin más la demanda presentada sino que debe valorarse la prueba en su conjunto y comprobar que los hechos alegados son ciertos.
  
En el supuesto de autos, el actor ha logrado acreditar la veracidad de sus alegaciones.
  
No hay que olvidar que el artículo 1.091 del Código Civil, prevé la fuerza de ley entre los contratantes, de las obligaciones nacidas de los contratos, así como por lo establecido por los artículos 1.254 y 1.258 del mismo cuerpo legal, en virtud de los cuales, los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley, y el demandado no ha cumplido la obligación de pago que le incumbía.
  
2. De conformidad con el artículo 1.255 del Código Civil, las partes pueden establecer pactos o cláusulas que estimen convenientes, siempre que no sean contrarias a las leyes, la moral ni al orden público. En el contrato suscrito entre las partes, se contienen cláusulas que permiten a la entidad demandante, no sólo resolver el contrato, sino reclamar la cantidad adeudada con los intereses pactados (13, 16 y 17).
  
Los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil señalan que, los deudores que incurran en mora en el cumplimiento de sus obligaciones quedan sujetos al pago de los intereses pactados o a falta de éstos en los legales desde la fecha de la presentación de la demanda.
  
3. En cuanto a las costas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se imponen a la parte demandada.
  
Fallo:
  
Que estimando la demanda formulada a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo contra Carlos Gracia Ballester debo condenar y condeno al demandado a pagar la suma de mil noventa y ocho euros con cincuenta y dos céntimos (1.098,52 euros) más los intereses pactados desde la reclamación judicial e imposición de costas.
  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia (artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
  
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
  
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 17 de septiembre de 2002 el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación sentencia al demandado.