Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4345, del 27-09-2002 (2002/10064)

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2002, del director del Centro de Desarrollo Marítimo, por la que se otorga a la mercantil Canospert, SL concesión administrativa para ocupar y explotar como bar-restaurante un local, denominado Buenavista, en el Puerto de Vinaròs.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4345

Fecha DOGV
:   27-09-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - D) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/10666


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2002, del director del Centro de Desarrollo Marítimo, por la que se otorga a la mercantil Canospert, SL concesión administrativa para ocupar y explotar como bar-restaurante un local, denominado Buenavista, en el Puerto de Vinaròs. [2002/10459]
  
Dada cuenta de la solicitud formulada por Sebastián Gombau Espert, en representación de la mercantil Canospert, SL, para ocupar y explotar como bar-restaurante un local, denominado Buenavista, en el Puerto de Vinaròs.
  
Resultando que por Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón se otorgó al citado Sr. autorización administrativa para la explotación como restaurante del indicado local, entre cuyas condiciones se establecía un canon anual de 515.788 PTA. y una fianza de explotación de 257.894 PTA. Dicha autorización vence el 22 de junio de 2002.
  
Visto informe favorable emitido por el Servicio de Explotación y Conservación de Puertos proponiendo se otorgue la concesión administrativa solicitada, en el que se indica:
  
«La mercantil Canospert, SL, viene explotando el local que nos ocupa desde 1996, sin que sean reseñables incidencias en el desarrollo de su actividad.
  
Los posibles usos en el puerto no prevén a fecha de hoy el destino del local y superficie a fines distintos del actual, que, por otra parte, complementa el resto de la actividad portuaria.
  
No obstante, y estando pendiente la planificación por esta administración del puerto, se considera prudente limitar el plazo concesional a tres años, si bien con la posibilidad de sucesivas prórrogas anuales hasta un total de cinco años, incluido el inicial?.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Costas, se sometió la solicitud a información pública por plazo de veinte días, durante el cual no se presentaron alegaciones.
  
Notificada al interesado la resolución de 13 de junio de 2002, de sometimiento de condiciones en las que podría otorgarse la concesión de referencia, con fecha 12 de julio de 2002 tiene entrada en el Servicio de Gestión de Puertos escrito de aceptación de las mismas, suscrito por Sebastián Gombau.
  
En uso de las atribuciones que concede al director del Centro de Desarrollo Marítimo el artículo 35 del Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, resuelvo:
  
Otorgar a la mercantil Canospert, SL, concesión administrativa para ocupar y explotar como bar-restaurante un local, denominado Buenavista, en el Puerto de Vinaròs; de conformidad con las condiciones que se indican en los pliegos insertados a continuación:
  
1. Plazo:
  
Esta concesión se otorga, por el plazo de tres años, a contar desde el 23 de junio de 2002, prorrogables a la tácita año tras año hasta dos años más, siendo el plazo máximo total de cinco años; dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero, sin cesión del dominio público ni de las facultades dominicales de la administración.
  
2. Transmisibilidad:
  
La presente concesión es transmisible por actos inter vivos previa autorización de la Autoridad Portuaria entendiéndose que quién se subrogue en sus derechos asumirá también las obligaciones que se imponen en esta concesión.
  
La Autoridad Portuaria podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en los términos legalmente previstos.
  
Cuando la persona jurídica titular de una concesión se transforme, se fusione con otra o se escinda, se considerará que se ha producido un cambio de titularidad, siendo por tanto necesario la autorización expresa a que se refiere el párrafo anterior.
  
Cuando el concesionario sea una persona jurídica, cuya actividad principal consista en el disfrute de la concesión, se considerará transmisión cualquier cambio de titularidad de las acciones o participaciones que suponga sustitución de los socios o accionistas que lo fueren al tiempo del otorgamiento de la concesión, en porcentaje igual o superior al 50% del capital social.
  
Si la sociedad titular cambia únicamente de denominación social, solamente estará obligado a notificarlo a la Autoridad Portuaria.
  
3. Gravamen:
  
La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre la concesión deberá ser autorizada por la Autoridad Portuaria.
  
4. Uso y explotación:
  
La concesión se destinará a la actividad definida en la resolución de otorgamiento, sin que el concesionario pueda destinar el dominio público concedido, ni las obras en él ejecutadas a usos distintos de los expresados.
  
5. Rescate por obras:
  
En el caso de que el dominio público sea necesario total o parcialmente para la realización de actividades o ejecución de obras declaradas de utilidad pública y para realizarlas fuera preciso utilizar o destruir en todo o en parte las obras de la concesión, la administración podrá proceder al rescate de la misma antes de su vencimiento.
  
A tal efecto se incoará expediente de rescate de la concesión, en el que se dará audiencia al concesionario, sin que el concesionario tenga otro derecho que el de ser indemnizado por las obras no amortizadas, valoradas en los términos establecidos en la Ley de Puertos.
  
En esta valoración no se tendrán en cuenta las obras realizadas por el concesionario sin previa autorización, las cuales pasarán igualmente a la administración sin derecho a indemnización. El concesionario podrá, además, retirar libremente aquellos elementos existentes en la concesión que no hubieran sido relacionados en el acta de reconocimiento final y no estén unidos de manera fija al inmueble, siempre que con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, salvo que la administración decida también su rescate.
  
Si las obras se encontrasen deterioradas, se determinará por la administración el presupuesto de los gastos necesarios para dejarlas en buen estado, el cual se notificará al concesionario antes de ser aprobado. Su importe se rebajará de la tasación, y la diferencia que resulte será la cantidad que se abone al concesionario.
  
Realizada la entrega a la Autoridad Portuaria de los bienes rescatados se devolverá la fianza de explotación, a solicitud del concesionario, con la deducción, en su caso, de las cantidades que el concesionario deba hacer efectivas por las responsabilidades en que haya incurrido.
  
6. Impuestos y fianzas:
  
Dentro del plazo de un mes, contado a partir del conocimiento de la resolución de otorgamiento por el concesionario, se abonará por éste el importe correspondiente al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, conforme al RD Legislativo 1/93, de 24 de septiembre
  
En el plazo de diez días a partir de la notificación de la Resolución de adjudicación, el concesionario deberá consignar una fianza de explotación, por importe de siete mil seiscientos cuarenta y siete euros con setenta y un céntimos (7.647,71 euros), en metálico o en aval bancario, en la Tesorería de la Generalitat, de cuyo cumplimiento dará conocimiento a esta Administración.
  
La fianza de explotación responderá de todas las obligaciones derivadas de esta concesión, de las sanciones que por incumplimiento de las condiciones de la misma se puedan imponer al titular de la concesión y de los daños y perjuicios que tales incumplimientos pueda ocasionar.
  
Si la administración ejecutase parcial o totalmente la fianza, el concesionario queda obligado a completarla o reponerla en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la disminución de su importe. El incumplimiento de esta obligación será causa de caducidad de la concesión.
  
La fianza de explotación se actualizará cada cinco años en proporción a la variación experimentada por el índice general de precios al consumo para el conjunto nacional total (IPC) durante ese periodo.
  
La fianza de explotación será devuelta al término del plazo concesional si no existiera responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de que responde.
  
7. Replanteo y proyecto de construcción:
  
Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto técnico a que se hace referencia en las condiciones particulares y en el plazo que en las mismas se indica.
  
El concesionario solicitará por escrito, con la suficiente antelación para que las obras puedan comenzarse dentro del plazo, el replanteo de las mismas, que se practicará por el Ingeniero director del Puerto y personal auxiliar a sus órdenes, con asistencia del interesado, levantándose Acta y Plano en los que se consignará la superficie ocupada, que será sometida al director general de Obras Públicas para su aprobación, si procede.
  
Cuando el proyecto presentado por el concesionario tenga carácter de básico, antes del replanteo de las obras, y en todo caso y en el plazo de dos meses, desde el conocimiento de la adjudicación de la concesión, el concesionario deberá presentar el proyecto de construcción.
  
Este proyecto de construcción será examinado por los servicios técnicos para comprobar que es suficientemente completo y no altera el proyecto básico sometido a información pública. Si dichos servicios estiman que el proyecto es incompleto, el concesionario deberá completarlo debidamente en el plazo que al efecto se le conceda.
  
En el caso de que el proyecto de construcción difiera sustancialmente del proyecto básico sometido a información pública la administración podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones:
  
a) Obligar al concesionario a que adapte el proyecto de construcción al básico.
  
b) Someter el proyecto de construcción a información pública y a los trámites pertinentes para la modificación de las concesiones.
  
La concesión no surtirá efectos hasta que esta Administración dé su conformidad al proyecto de construcción.
  
Si transcurrido el plazo señalado en las condiciones particulares para el comienzo de las obras, éstas no se hubiesen iniciado por causas no justificadas, a juicio de la Autoridad Portuaria, ésta declarará la caducidad de la concesión, quedando a su favor la fianza de construcción.
  
En el supuesto en que el concesionario acredite que no ha iniciado las obras en el plazo establecido porque se le han denegado, por parte de otros organismo públicos, las licencias, permisos y otras autorizaciones necesarias, podrá renunciar a la concesión, en cuyo caso se le devolverá la fianza de construcción.
  
En todo caso, el concesionario podrá solicitar la prórroga del plazo establecido para el inicio de las obras que será otorgada por la autoridad Portuaria siempre que existan razones que justifiquen la demora en la iniciación de las obras.
  
8. Reconocimiento de las obras:
  
Terminadas las obras el concesionario solicitará por escrito de la Dirección Técnica del Puerto el reconocimiento de las mismas, que se practicará con asistencia de éste y del interesado, levantándose acta que será elevada al director general de Obras Públicas, para su aprobación, si procede.
  
En el acta se recogerá la superficie exacta ocupada por la concesión, a la que se aplicará el canon a que se hace referencia en la condición 14ª.
  
9. Vigilancia de las obras:
  
Las obras quedarán bajo la inspección y vigilancia del director Técnico del Puerto y no serán obstáculo al paso para el ejercicio de la vigilancia litoral, quedando obligado el concesionario o conservarlas en buen estado y no pudiendo, lo mismo que el terreno, arrendarlas ni destinarlas a usos distintos que los expresados.
  
10. Inspección de la ejecución:
  
La Administración podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras, para comprobar si las mismas se ajustan al proyecto en base al cual se ha otorgado la concesión. Si apreciara la existencia de desviaciones en relación con el mismo, podrá aprobar el reconocimiento de las obras cuando estime que la modificación no altera sustancialmente la concesión, ni requiere una nueva información pública, o tramitar su legalización mediante el procedimiento correspondiente, o disponer que las obras se ajusten al proyecto autorizado. En este último supuesto, si el concesionario no lo hiciese en el plazo que se le indique, se procederá a la incoación de expediente de declaración de caducidad de la concesión.
  
11. Gastos:
  
Los gastos originados por los anuncios de la información pública y de la resolución de otorgamiento de la concesión serán de cuenta del concesionario.
  
Los gastos que se originen por el replanteo, la inspección y el reconocimiento de las obras, serán de cuenta del concesionario.
  
12. Otras autorizaciones:
  
El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones que sean legalmente exigibles, ni del pago de los impuestos que le sean de aplicación, incluyendo el impuesto sobre bienes inmuebles, o el que legalmente le sustituya.
  
13. Renuncia:
  
Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza o fianzas constituidas. Además, salvo decisión contraria de la administración, quedará obligado a levantar las obras e instalaciones a su costa, dejando el terreno de la concesión libre de toda ocupación, en el plazo que se le señale.
  
14. Canon:
  
El titular de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, viene obligado a abonar a la Generalitat Valenciana las siguientes cantidades:
  
a) Canon por aprovechamiento de superficies: cuatro mil quinientos veintinueve euros con tres céntimos/año [4.529,03 euros/año] pagaderos por semestres adelantados, previa liquidación que se le practicará por esta Administración, calculados a razón de 10'65 euros/m2/año por los 177,78 m2 de superficie descubierta y 28,18 euros/m2/año por los 93,53 m2 construidos de edificios.
  
b) Canon por resultado de la explotación para el concesionario: tres mil ciento dieciocho con sesenta y ocho euros/año [3.118,68 euros/año]
  
Total canon anual: 7.647,71 euros
  
El importe señalado no incluye el IVA o cualquier otro impuesto que deba ser aplicado.
  
El día 1 de enero de cada año, el canon podrá ser revisado aplicando las variaciones registradas en el Índice de Precios al Consumo del año anterior, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística
  
Sin perjuicio de lo establecido en la condición general 19, a efectos de lo dispuesto en el artículo 159.c) del Reglamento de Costas, el impago en periodo voluntario, de dos o más liquidaciones giradas en concepto de canon concesional, será causa de caducidad de la concesión.
  
15. Obligación de conservación y mantenimiento:
  
El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos concedidos en perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, de higiene y de estética, realizando a su cargo los trabajos de conservación y mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello.
  
16. Efectos reversión:
  
Cuando por vencimiento del plazo concesional se produzca la reversión, quedarán extinguidos automáticamente, sin necesidad de declaración expresa, los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre el dominio público concedido y las obras e instalaciones objeto de la concesión.
  
Tampoco asumirá la administración los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por lo tanto, pueda en forma alguna entenderse que la reversión implica la sucesión de empresa prevista en el artículo 44 del texto refundido de Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ni que la Autoridad Portuaria sea el empresario principal de la actividad realizada por el concesionario, a los efectos del artículo 42 de dicho texto refundido.
  
Terminado el plazo concesional, revertirán al dominio público estatal los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, estando obligado el concesionario, a sus expensas, a la demolición y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna, excepto en el caso de que la administración, de propia iniciativa o a petición del concesionario, declare que, dado que se mantiene el interés público de las obras e instalaciones, procede su mantenimiento para continuar su explotación en la forma que se determine.
  
El concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de reconocimiento final levantada conforme establece la anterior condición 9.ª, siempre que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, si la administración no decide también su adquisición.
  
17. Acta de reversión:
  
De la recepción por la administración de los bienes revertidos, se levantará la correspondiente acta en presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se reseñará el cumplimiento por el concesionario de la obligación de reponer el terreno a su anterior estado o, en el caso de que la administración hubiera optado por el mantenimiento de las obras e instalaciones, el estado de conservación de las mismas, especificándose los deterioros que presenten. En este último caso, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se indicará al concesionario el conjunto de reparaciones necesarias a ejecutar a su cargo en el plazo que se le señale.
  
18. Sanciones:
  
El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas en la concesión dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, sin perjuicio de que, cuando a juicio de la administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, ésta pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente.
  
19. Caducidad:
  
Será causa de declaración de caducidad de esta concesión, además de las previstas legalmente, el incumplimiento de las obligaciones descritas en este pliego.
  
La declaración de caducidad supondrá la perdida de la fianza o fianzas constituidas, pudiendo llevar aparejada, a criterio de la administración, la demolición, retirada de las obras e instalaciones, parcial o total, a cargo del concesionario, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna.
  
La tramitación del expediente de caducidad se realizará con independencia de la incoación del procedimiento sancionador que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en la anterior condición.
  
20. Inscripción en el registro de la propiedad.
  
Si el concesionario inscribiera la concesión en el Registro de la Propiedad, deberá facilitar a la administración certificación acreditativa de dicha inscripción.
  
Extinguida la concesión el concesionario solicitará la cancelación de la inscripción y dará cuanta de ello a la administración concedente.
  
21. Ejecución subsidiaria:
  
Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se le ordenen por la administración, en aplicación de las condiciones correspondientes, ésta, de conformidad con la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de los gastos, así como de los daños y perjuicios a cargo del concesionario.
  
22. Obras a realizar:
  
Se ejecutarán, a cargo del concesionario, las obras de adecuación del local consistentes en pintado interior y exterior del local.
  
Esta resolución no agota la vía administrativa. Contra ella puede interponerse recurso de alzada ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de la presente, sin perjuicio de la utilización por el interesado de cualquier otro recurso que se estime oportuno.