Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4665, del 08-01-2004 (2003/13880)

Notificación de Resolución de 5.02.02, relativa al recurso de alzada interpuesto por Manuel Giner Gens.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4665

Fecha DOGV
:   08-01-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/13805


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de Resolución de 5.02.02, relativa al recurso de alzada interpuesto por Manuel Giner Gens. [2003/X13191]
  
Por haber sido imposible practicar en el domicilio del interesado la notificación de la resolución dictada por el conseller de Innovación y Competitividad, de 5 de febrero de 2002, relativa al recurso de alzada interpuesto por Manuel Giner Gens contra el Acuerdo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante de 28.2.01, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su transcripción:
  
«Visto el recurso de alzada interpuesto en fecha 20.3.01 por Manuel Giner Gens, agente de la Propiedad Inmobiliaria, contra el Acuerdo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, de fecha 28.2.01, que desestimó la baja del mismo en el censo electoral de la Corporación y le obligaba a satisfacer el recurso cameral correspondiente.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Recibido el Acuerdo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, por el que se desestima la baja en el censo electoral, Manuel Giner Gens, agente de la Propiedad Inmobiliaria, interpuso recurso de alzada alegando en síntesis que la Ley 3/93 de 22 de marzo, declara especialmente comprendidas las actividades correspondientes a agencias inmobiliarias, de la propiedad industrial, de valores negociables, de seguros y de créditos, excluyendo los servicios de agentes y corredores de Seguros que sean personas físicas, así como los correspondientes a profesiones liberales no incluidas expresamente en el apartado anterior.
  
Alega asimismo que el acuerdo impugnado utiliza el concepto ?agencia inmobiliaria- de manera tergiversada y errónea identificándolo con la persona física de agente de la Propiedad Inmobiliaria, produciéndose un agravio comparativo respecto a la exclusión de los agentes de seguros que sean personas físicas.
  
Termina solicitando la baja en la Cámara ya que aquellos profesionales que ejercen como agentes de la Propiedad Inmobiliaria no se les puede exigir el pago del recurso cameral, ni su adscripción obligatoria a las Cámaras, por cuanto no se trata de una actividad comercial sino una actividad profesional.
  
Cita la Sentencia de 25.5.95 del Tribunal Supremo, que declara que los agentes de la Propiedad Inmobiliaria no son incluibles en el censo de las Cámaras de Comercio.
  
Segundo. A la vista del recurso planteado se solicitó informe de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante emitiéndose el mismo en sentido desfavorable a las pretensiones del recurrente.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero y único. La Cámara informa que el recurrente si está afecto a la obligatoriedad del recurso cameral permanente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, que establece expresamente:
  
«1. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades comerciales, industriales o navieras en el territorio nacional, tendrán la condición de electores de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, dentro de cuya circunscripción cuenten con establecimientos, delegaciones o agencias.
  
2. En especial, se consideran actividades incluidas en el apartado anterior, las ejercidas por cuenta propia, en comisión o agencia, en el sector extractivo, industrial, de la construcción, comercial, de los servicios, singularmente de hostelería, transporte, comunicaciones, ahorro, financieros, seguros, alquileres, espectáculos, juegos, actividades artísticas, así como los relativos a gestoría, intermediación, representación o consignación en el comercio, y los correspondientes a agencias inmobiliarias, de la propiedad industrial, de valores negociables, de seguros y créditos......
  
3. Se entenderá que una persona natural o jurídica ejerce actividad comercial, industria o naviera cuando por esta razón queda sujeto al Impuesto de Actividades Económicas o tributo que lo sustituya».
  
La sentencia del Tribunal Constitucional 107/1996, de 12 de junio, ha declarado la constitucionalidad de los artículos 6 y 12, confirmando la constitucionalidad de la adscripción obligatoria a las Cámaras, según lo previsto en la citada Ley.
  
Dicha norma considera actividad incluida en la condición de elector y por tanto, obligado al pago de la cuota cameral, la de las agencias inmobiliarias, citada expresamente en la Ley, no cabiendo duda alguna de que se está refiriendo a las actividades de intermediación en servicios inmobiliarios en forma de agencia o profesionalidad de agencia de promoción inmobiliaria. Este carácter se deduce incluso atendiendo a la normativa positiva y la doctrina sobre la figura de los agentes intermediarios, que actúan a través de contratos de agencia, comisión, intermediación o corretaje.
  
Resolución
  
En su virtud, esta Conselleria de Innovación y Competitividad resuelve desestimar el recurso de alzada interpuesto en fecha 20.3.01 por Manuel Giner Gens, agente de la Propiedad Inmobiliaria, contra el Acuerdo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, de fecha 28.2.01, el cual se confirma en todos sus extremos.
  
La presente resolución es definitiva en la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Valencia, 5 de febrero de 2002.
  
El conseller de Innovación y Competitividad: Fernando V. Castelló Boronat»