Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6531, del 30-05-2011 (2011/6095)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante a Diemotrans, SL. Expediente número 038/10-A.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6531

Fecha DOGV
:   30-05-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/6095


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante a Diemotrans, SL. Expediente número 038/10-A. [2011/6095]  
Manuel Sánchez Gallego, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Diemotrans, SL, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: Manuel Sánchez Gallego. Vocales: Francisco Ortiz Gutiérrez, Miguel García Navarro. Secretaria vocal: Carolina Casal Asensio. Partes: reclamante: Transportes Pastor SL, representada por Manuel Pastor Bastán; reclamado: Diemotrans, SL, que no comparece al acto de vista.  
En Alicante, el 12 de mayo de 2011 y siendo las 12.30 horas, se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente 038/10-A, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes. Incomparecencia del demandado. Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene, Manuel Pastor Bastán, con DNI 14639560G, en su condición de administrador único de la sociedad, cuestión que acredita con poder notarial exhibido al efecto a los miembros de la Junta Arbitral. A la parte reclamada le fue notificada la demanda y la citación a vista para el día 12 de mayo de 2011 mediante publicación el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 7 de abril de 2011, y publicación por edictos en el Ayuntamiento de Murcia desde el día 30 de marzo de 2011 hasta el 9 de abril de 2011, según consta debidamente acreditado en el expediente. Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes   
  
Antecedentes de hecho  
1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda manifiesta que, como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamada realizó, por cuenta de la reclamante, un transporte desde Langres (Francia) hasta Barcelona realizado en fecha 10 de noviembre de 2009. Seguidamente y con fecha 19 de noviembre de 2009, se presentó para su cobro la factura número 92333 por importe de 986 euros, con vencimiento a noventa días. Dicha factura resultó impagada.   
2. Reiterando todos los motivos de la reclamación solicita se tengan en cuenta y reconocido que sea su derecho se dicte laudo estimatorio de sus pretensiones y se condene a la reclamada al pago de la cantidad de 986 euros más los intereses correspondientes. Sin más cuestiones a tratar se da por concluida la vista.  
Son de aplicación los siguientes  
  
Fundamentos jurídicos  
1. En primer lugar, hay que entrar a analizar la cuestión de competencia territorial de este órgano. La competencia territorial de la Junta, viene determinada en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/90) y artículo 1.º del CMR. De los antecedentes obrantes en el expediente se desprende que efectivamente el transporte se inicia en Francia y su destino es Barcelona, por tanto ni el origen ni el destino es Alicante. En cuanto al lugar de celebración del contrato, se alega por la parte demandante en el fundamento de derecho primero, que la competencia de esta Junta Arbitral viene determinada por tratarse de una contratación electrónica por lo que la competencia será el domicilio del usuario, en este caso del transportista, lugar de celebración del contrato según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 34/2002, y artículo 38 apartados 1 y 2, de la LOTT, de 30 de junio del 87, y los artículos 6,1 y 7.2 de su reglamento. De lo manifestado por el reclamante, la primera cuestión objeto de análisis es la aplicación alegada del artículo 29 de la citada Ley 34/2002, el cual establece en su literalidad lo siguiente:  
"1. Consumidor/empresario: los contratos celebrados por vía electrónica en los que interviene un consumidor se presumen celebrados en el lugar en que este tenga su residencia habitual.  
2. Empresario/profesional: los contratos electrónicos celebrados entre profesionales o empresarios se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de los servicios".  
De lo expresado en este segundo apartado del artículo y dándose el supuesto exigido por el precepto, la competencia de la Junta Arbitral inicial estaría atribuida a la Junta Arbitral de Alicante, al tener su domicilio el prestador de servicios en la provincia de Alicante. En la documentación aportada por la parte demandante consta una oferta realizada vía Internet a través de una página denominada Transnet, que contiene la oferta realizada por la empresa demandada. Igualmente se contiene en dicha documentación una confirmación de transporte remitida por vía fax. La empresa demandante manifiesta que el contrato se aceptó por medios electrónicos, sin que haya prueba en contrario, por lo que resulta de aplicación el precitado artículo 29, de la Ley 34/2002.  
2. La sumisión a juntas arbitrales, no estando expresamente pactada, y siendo la cuantía inferior a la que determina el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: "se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado". No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en sentido contrario a este precepto.  
3. Junto a la normativa invocada hay que aplicar la referida al transporte internacional. La demanda, que recoge la cantidad global de la deuda, contiene los CMR referentes a los distintos transportes de carácter internacional realizados. El Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974, n.º 109). Contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5 de julio de 1978 al que se adhirió España por Instrumento de 23 de septiembre de 1982 (Jefatura del Estado) publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de diciembre de 1982, número 203, establece para cuestiones de competencia, lo recogido en el artículo 31.1.a. No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas del los estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación el Código de Comercio, LOTT y su reglamento y demás normas de general aplicación.  
4. Es determinante la circunstancia de que ambas partes litigantes son empresas nacionales y con residencia mercantil en España, habiendo por lo tanto perfeccionado el contrato de transportes bajo la legislación nacional que invocamos. No hay motivo fundado en derecho que mantenga que la actuación de las juntas arbitrales de transportes deba circunscribirse solamente a las controversias nacidas como consecuencia del transporte de carácter interno. En este sentido no hay mas que considerar de aplicación lo establecido en el artículo 33 del CMR que dice "El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un tribunal arbitral, a condición de que esta cláusula prevea que dicho tribunal arbitral aplicará el presente convenio". Abundando en esta línea, el artículo 31 del CMR hace una remisión a la jurisdicción de los estados para la resolución de los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado en él, lo que en este caso hace plenamente aplicable la presunción de sometimiento. Considerando que por todo lo expuesto puede ser determinada la competencia territorial y la sumisión al arbitraje con las disposiciones legislativas que señala el ordenamiento español, por lo que en todo caso esta Junta Arbitral de Alicante es competente para resolver esta controversia.  
5. De las manifestaciones realizadas en la vista y de la documentación que se aportó con la reclamación, se constata fehacientemente que los portes que son reclamados en esta demanda y cuya factura consta adjunta a la misma fueron efectivamente realizados, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar, la demanda interpuesta por Transportes Pastor, SL, representada por Manuel Pastor Bastán, contra Diemotrans, SL, por considerar que realizado el transporte cuyo importe se demanda de acuerdo con lo contratado ha de abonarse su importe.  
  
Por todo ello Diemotrans, SL, debe abonar a Transportes Pastor, SL, la cantidad de novecientos ochenta y seis euros (986 euros), más los intereses devengados desde la fecha de la presentación de la demanda (01.06.2010), hasta la ejecución del presente laudo, momento en el que se procederá al cálculo de los mismos.   
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante la Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
  
Con independencia de lo anterior, dentro de los 10 días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos 20 días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil».  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Alicante, 20 de mayo de 2011.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante: Manuel Sánchez Gallego.