Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6372, del 08-10-2010 (2010/10055)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal de desahucio por falta de pago. Expediente número 2552/2009.
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Número DOGV
:   6372

Fecha DOGV
:   08-10-2010

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2010/10215


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Castellon de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal de desahucio por falta de pago. Expediente número 2552/2009. [2010/10992]  
Juicio verbal de desahucio por falta de pago 002552/2009-B  
De: Pilar Estrada Herrera.  
Procuradora: Rosa Isabel Andreu Nácher.  
Contra: Milton Abelardo Londoño.  
En el presente procedimiento verbal desahucio, seguido a instancia de Pilar Estrada Herrera frente a Milton Abelardo Londoño, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia número 177/2009  
Castellón de la Plana, 15 de septiembre de 2010  
Vistos ante mí, Víctor Calatayud Chollet, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón de la Plana, los presentes autos de juicio verbal por desahucio y reclamación de rentas, promovidos por la procuradora Rosa Isabel Andreu Nácher, actuando en representación de Pilar Estrada Herrera, dirigida por la letrada Salomé Fradas, contra Milton Abelardo Londoño (que ha sido declarado en rebeldía), con base en los siguientes:  
Antecedentes de hecho  
1. En fecha 20 de octubre de 2009, se presentó por la procuradora de los tribunales Rosa Isabel Andreu Nácher, en la representación ya dicha de Pilar Estrada Herrera, demanda de juicio verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas contra Milton Abelardo Londoño.  
2. Por medio de auto de 9 de noviembre de 2009, se acordó admitir a trámite la demanda y, conforme a lo previsto en el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citar a las partes para la celebración de la vista, haciendo saber a la parte demandada que de no comparecer a la vista se declarará el desahucio sin más trámites.  
3. El juicio ha tenido lugar el día 15 de septiembre de 2010, compareciendo la parte actora asistida de letrado y procurador, no compareciendo la parte demandada, pese a haber sido citada y llamada en legal forma.  
En la propia vista, la parte actora ha solicitado que la sentencia incluya la condena al pago de las rentas vencidas y cantidades asimiladas devengadas con posterioridad a la presentación de la demanda.  
Recibido el pleito a prueba y practicada con el resultado que obra en los autos, estos quedaron vistos para sentencia, habiéndose observado en la tramitación de este procedimiento todas las prescripciones legales, Pilar Estrada Herrera, salvo los plazos procesales, habida cuenta el gran volumen de asuntos tramitados ante este Juzgado.  
Fundamentos de derecho  
1. Ejercita la parte actora en el presente procedimiento acción de desahucio de finca urbana por falta de pago de la renta estipulada y reclamación de las rentas debidas. Ante el incumplimiento de la obligación principal del arrendatario, que es el pago de la renta, la ley concede al arrendador la posibilidad de solicitar la resolución del contrato de arrendamiento y la recuperación del bien, solicitud que se decidirá en juicio verbal (art. 250 de la LEC), con las especialidades establecidas en los artículos 439, 440, 443 y 444 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Las pretensiones de Pilar Estrada Herrera se fundan en que las partes hoy litigantes suscribieron, haciéndolo la actora en calidad de arrendadora y Milton Abelardo Londoño de parte arrendataria, en fecha de 9 de noviembre de 2008, contrato de arrendamiento destinado a vivienda, sobre el inmueble sito en la calle del Cardenal Costa, número 61, 7.°, H, de Castellón de la Plana, por una renta mensual de 500,00 euros, habiendo incumplido el demandado de forma continuada con la obligación de abonar la renta, adeudando al tiempo de interponerse la demanda y por este concepto la suma de 3.500,00 euros. Asimismo, se reclaman 195,84 euros de gastos de energía eléctrica, 107,38 euros de consumo de agua y 151,99 euros de suministro de gas. En prueba de cuanto se afirma en el escrito de demanda, se acompaña al mismo: el contrato de arrendamiento (documento número 1), los recibos impagados de suministro de luz (bloque documental 2), los recibos impagados por suministro de agua (bloque documental 3), y los recibos impagados del gas (bloque documental 4).  
En el acto de la vista, la parte actora ha solicitado que la condena al pago se haga extensiva a las rentas devengadas con posterioridad a la presentación de la demanda, de noviembre de 2009 a octubre del año en curso, que totalizan otros 6.000,00 euros, a los 442,16 euros adeudados por suministro eléctrico, 196,69 euros de los recibos impagados de agua, 602,78 euros de los recibos impagados de suministro de agua y 88,56 euros por los tres recibos impagados correspondientes a la tasa de recogida de basuras. Como justificación de estas sumas se ha aportado: los movimientos de la cuenta en la que debieron efectuarse los pagos de la renta y cargarse los recibos impagados, y los recibos impagados correspondientes a los importes reclamados.  
2. Citadas las partes a juicio, la parte demandada no compareció pese a haber sido citada en forma legal situándose en posición de rebeldía procesal, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resulta procedente dictar sentencia acordando la resolución del contrato con el consiguiente desahucio.  
3. Sin perjuicio de lo señalado en el precedente fundamento, respecto a la acción acumulada de reclamación de rentas vencidas, debe tenerse presente que, como se expone en la sentencia de la Audiencia Provincial Valencia, Sección Octava, de 7 de junio de 2005: "La situación de rebeldía, conforme reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial, no supone ni el allanamiento del demandado o renuncia a la oposición, como tampoco la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión, que liberaría al actor de la carga de probar los que sirvan de soporte a su demanda, de manera que el promotor del proceso ha de desarrollar la actividad probatoria que entienda necesaria para que su acción llegue a buen término. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, siguiendo la doctrina jurisprudencial antes expuesta, ha venido a recoger en el artículo 496.2 dichos principios, al decir que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario".  
La parte actora ha solicitado la declaración del demandado y, dada su incomparecencia que sea tenido por confeso. Efectivamente, el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el caso de incomparecencia de la parte al interrogatorio atribuye al juzgador la facultad de poder considerar reconocidos como ciertos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial; de lo expuesto se infiere que la incomparecencia de la parte no produce estos efectos ipso iure, sino que para efectuar tal declaración debe atenderse al contenido del debate y a lo que la parte incomparecida hubiera podido aportar a su esclarecimiento. En este sentido, se señala en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 21), de 1 de octubre de 2002, "como regla general, no debe acudirse a la ficta confessio del demandado ante una carencia total y absoluta de prueba por parte del actor, sino que la ficta confessio solo debe servir para complementar una prueba deficiente del demandado". No obstante, no puede pasarse por alto a la hora de valorar la prueba que como se precisa en la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Segunda, de 16 de octubre de 1998 "[...] también debe decirse que situándose voluntariamente el demandado en esa cómoda posición procesal, la exigencia de un rigor excesivo en las probanzas del actor, no resulta equitativo ya que, precisamente por esa actitud de la contraparte, el demandante se ve privado de los habituales medios probatorios de mayor entidad (absolución de posiciones del demandado, cotejo de letras, etc.)".  
En consecuencia, a la vista del proceder del demandado y, de la documental adjunta a autos, no impugnada, deben considerase como debidas las sumas reclamadas. Ciertamente, ha de considerarse que la cantidad debida por la demandada es la reclamada en este proceso al no constar datos, hechos o circunstancias diferentes de las presentadas por la actora y de las que se desprendan hechos extintivos, impeditivos o excluyentes de la deuda solicitada. En definitiva, la parte actora ha acreditado suficientemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los hechos generadores de la deuda que reclama por impago de alquileres, mientras que el demandado no ha acreditado (o no ha podido acreditar) hecho extintivo, excluyente o impeditivo del nacimiento de la obligación de pago generada por la suscripción, como arrendatario, del contrato de alquiler que le vinculaba con el actor.  
4. Puesto que se adeudan las rentas objeto de reclamación, siendo el pago de la renta la principal obligación del arrendatario (art. 1543 y 1555 del Código Civil y 27.2.a de la Ley de Arrendamientos Urbanos), procede la condena del demandado al pago de las rentas mensuales vencidas hasta la fecha de presentación de la demanda, en aplicación de los citados preceptos y de los artículos 1258 y 1901 del Código Civil, de los que resulta la obligatoriedad de los contratos y de las obligaciones que nacen de los mismos.  
Asimismo y por idénticas razones, en aplicación de los citados preceptos y la estipulación cuarta del contrato de arrendamiento, el demandado debe ser condenado al pago de las sumas reclamadas por los suministros adeudos.  
5. La parte actora reclama, igualmente, en este proceso el pago de los alquileres de la finca arrendada vencidos y las cantidades asimiladas devengadas con posterioridad a la presentación de la demanda cuyo pago debe ser condenado el demandado.  
6. La obligación de pago del alquiler tiene la consideración de una obligación de prestación periódica (condena de presente a una prestación futura); y el espíritu de la Ley de Arrendamientos de 1994 persigue la evitación de múltiples reclamaciones a la misma persona; y que la actitud de la demandada en el proceso revela claramente su voluntad de impago de las rentas futuras. Una vez extinguido el contrato de arrendamiento, las cantidades adeudadas, aún coincidiendo con la renta periódica, tienen la naturaleza de indemnización por los daños y perjuicios causados por la ocupación indebida del inmueble, o, en su caso, una excepción al principio de que la condena se contraiga a prestaciones vencidas y exigibles, por ser una prestación periódica, lo cual viene autorizado por los artículos 148.2, 1099, 1124.3 y 1128 del Código Civil para otros supuestos y 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En definitiva, procede la condena al pago de las rentas mensuales vencidas desde la fecha de esta sentencia, hasta el desalojo o lanzamiento.  
7. Según resulta del artículo 1101 del Código Civil, queda sujeto a indemnización de los daños y perjuicios causados el que contraviniere el tenor de la obligación contraída por incurrir en morosidad en su cumplimiento; mora que comienza, a tenor del precedente artículo 1100, desde la exigencia judicial o extrajudicial de la prestación por el acreedor. Consistiendo la obligación en el pago de una cantidad de dinero, aquella indemnización se identifica por el artículo 1108 del mismo cuerpo legal, para el caso de mora, con la cuantía de los intereses convenidos, y en defecto de éstos, con el interés legal. De la conjunta aplicación de los tres preceptos citados se desprende que las cantidades que por esta sentencia se declaran adeudadas devengarán el interés legal desde la fecha de la interposición de la demanda, incrementándose en dos puntos el mencionado rédito desde la data de la presente resolución hasta su completa ejecución, tal y como establece el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las rentas vencidas con posterioridad a la presentación de la demanda, tan solo devengarán intereses desde la fecha de su exigibilidad.  
8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales se imponen a la parte demandada al ser estimadas las pretensiones de la actora en su integridad.  
Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación.  
Fallo  
Que estimando como estimo íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales Rosa Isabel Andreu Nácher, en nombre y representación de Milton Abelardo Londoño, contra Pilar Estrada Herrera:  
1. Declaro resuelto, por falta de pago de las rentas y cantidades asimiladas, el contrato de arrendamiento que ligaba a las partes y que tenía por objeto el inmueble sito en la calle del Cardenal Costa, número 61, 7.°, H, de Castellón de la Plana.  
2. Condeno al demandado a estar y pasar por esta resolución y a que deje libre, vacua y a disposición de la parte actora el referido inmueble, habiéndose señalado al efecto el día 15 de octubre de 2010, a las 09.30 horas, para que se proceda al lanzamiento.  
3. Condeno a la parte demandada a que pague a la actora:  
a) Tres mil quinientos euros (3.500,00 euros), en concepto de rentas impagadas hasta la fecha de presentación de la demanda.  
b) En concepto de cantidades asimiladas a renta impagadas hasta la fecha de presentación de la demanda: 195,84 euros de gastos de energía eléctrica, 107,38 euros de consumo de agua y 151,99 euros de suministro de gas.  
c) Seis mil euros (6.000,00 euros), en concepto de rentas vencidas desde la interposición de la demanda hasta la fecha de la presente resolución.  
d) En concepto de cantidades asimiladas a renta devengadas desde la interposición de la demanda hasta la fecha de la presente resolución: 442,16 euros adeudados por suministro eléctrico, 196,69 euros de los recibos impagados de agua, 602,78 euros de los recibos impagados de suministro de agua, y 88,56 euros por los tres recibos impagados correspondientes a la tasa de recogida de basuras.  
e) Las rentas que venzan y cantidades asimiladas que se devenguen, hasta la entrega de la posesión de la finca.  
f) Más los intereses vencidos y que venzan en los términos establecidos en el fundamento de derecho séptimo de la presente resolución.  
4. Condeno a la parte demandada al pago de las costas procesales causadas.  
Notifíquese la presente resolución a las partes en los términos acordados, advirtiéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, que se preparará mediante escrito dirigido a este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles desde su notificación y, con los requisitos del artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo constituir, como requisito exigible al tiempo de la preparición del recurso, el depósito exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.  
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, incluyéndose la original en el libro de sentencias.  
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo».  
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez que la suscribe, estando constituido en audiencia pública, en el día de su fecha, de lo que hoy doy fe.  
Y encontrándose dicho demandado, Milton Abelardo Londoño, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
Castellón de la Plana, 16 de septiembre de 2010.- El secretario judicial: Alexandre Ros Ros.