Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9542, del 27-02-2023 (2023/2023)

DECRETO 17/2023, de 24 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras de concesión directa de ayudas a empresas del sector agroalimentario afectadas por los incendios de julio y agosto de 2022.
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Número DOGV
:   9542

Fecha DOGV
:   27-02-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2023/2023


Fecha del documento
:   24-02-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Tipo de documento
:   Decreto

Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
    * ayuda pública

DECRETO 17/2023, de 24 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras de concesión directa de ayudas a empresas del sector agroalimentario afectadas por los incendios de julio y agosto de 2022. [2023/2023]  
Durante los meses de julio y agosto de 2022 la Comunitat Valenciana se ha visto afectada por incendios de grandes dimensiones, cuya gravedad e importancia ha llevado a la Generalitat a establecer, de conformidad con el Plan especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunitat Valenciana, el Índice de Gravedad Potencial en nivel 1 y 2, con situaciones operativas de nivel 2.  
Los esfuerzos de extinción de las autoridades y del voluntariado no impidieron importantes daños en infraestructuras, masas forestales, explotaciones agropecuarias, y otros bienes, con un notable impacto medioambiental y también para la actividad económica más cercana a las zonas destruidas.  
Las áreas afectadas son zonas rurales en las que la actividad agraria supone una de las principales fuentes de ingreso. Con frecuencia, son espacios con una orografía complicada, con explotaciones de reducidas dimensiones, y pequeñas industrias vinculadas al territorio, que han visto amenazada su pervivencia económica. También confluyen aspectos paisajísticos, medioambientales, de población con una edad media elevada, y mercados locales que mantienen vivas y activas estas sociedades rurales, frágiles y amenazadas por la despoblación.  
Cobra especial importancia la existencia de empresas de transformación y comercialización de los productos agrarios, necesarias para que los agricultores y ganaderos participen del valor añadido que generan los procesos de acondicionamiento, sin olvidar otras funciones que también desempeñan, como la de vertebración del territorio y la fijación de la población.  
Los servicios prestados por estas empresas conforman una red de relaciones económicas que mantienen activo el flujo de materias primas y alimentos, frescos y transformados, desde las explotaciones de origen hasta los puntos de venta, consumo o restauración. Resulta pues vital insuflar el apoyo necesario para superar las tensiones provocadas por la destrucción de los medios de producción, la pérdida de productos básicos, o el cierre temporal de la actividad por causa de los incendios.  
Ante esta situación, el Consell adoptó el Acuerdo, de 30 de agosto de 2022, de inicio de las actuaciones para paliar los daños producidos por los graves incendios forestales de julio y agosto de este año, acuerdo cuyo punto séptimo prevé la elaboración de un plan integral que contemple ayudas directas a los municipios, líneas financieras bonificadas, planes extraordinarios de empleo e inversiones directas en aquellas industrias locales que ejercen de palanca tractora de la actividad económica y el empleo en las zonas castigadas por el fuego.  
La finalidad que persigue este decreto es la de contribuir a la recuperación de las capacidades, dañadas por los incendios en las empresas agroalimentarias que realizan operaciones de acondicionamiento y/o, transformación y/o, comercialización, de productos y materias primas, cuyo suministro ha cesado o menguado, directa o indirectamente, como consecuencia de la pérdida de cosechas, de rebaños, de cultivos o de su aprovechamiento en el entorno de los incendios ocurridos. También, por efecto de los desequilibrios ocasionados por la interrupción de la entrega de materias e inputs a las citadas empresas, por reducción de la demanda de consumidores de la población flotante y de paso en las zonas de influencia.  
En el presente contexto, concurren circunstancias singulares y razones de interés público, social, y económico que dificultan la convocatoria de estas ayudas y justifican su otorgamiento en régimen de concesión directa, de acuerdo con lo que establece el artículo 22, apartado 2, letra c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (en adelante LGS). Por otro lado, el artículo 168 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, establece el contenido mínimo de las bases reguladoras de las subvenciones mencionadas, y también algunos de los trámites que tienen que seguirse en el procedimiento de elaboración. Las actuaciones, además, deben tener el carácter de máxima urgencia.  
Se han emitido todos los informes preceptivos para su tramitación, destacando los informes de la Abogacía General de la Generalitat, de la Dirección General de Presupuestos, de la Dirección General de Tecnologías de la Información, de la Dirección General de Fondos europeos y de la Intervención General.  
Por lo expuesto, en virtud de lo que disponen los artículos 168.1.C de la Ley 1/2015, de 6 de abril, de la Generalitat, y 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell; a propuesta de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y previa deliberación del Consell, en la reunión del 24 de febrero de 2023,  
  
  
DECRETO  
  
Artículo 1. Objeto y ámbito territorial de aplicación  
1. El objeto de este decreto es aprobar las bases reguladoras y de concesión directa a las empresas agroalimentarias que realicen funciones de acondicionamiento y/o, transformación y/o, comercialización de productos agrarios, que como consecuencia de los incendios acaecidos en los meses de julio y agosto de 2022 han visto reducida su actividad económica de manera significativa.  
2. A efectos de este régimen de ayudas se consideran municipios cuya actividad económica ha resultado afectada por los incendios, los que se indican en el anexo I de este decreto.  
  
Artículo 2. Régimen jurídico  
1. Estas ayudas tienen la consideración de subvenciones públicas y se rigen por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento, y demás normativa concordante, y por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
2. Estas ayudas se someten al régimen de minimis, establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352 de 24.12.2013), modificado por el Reglamento (UE) 2020/972 de la Comisión, de 2 de julio de 2020, por el que se modifican el Reglamento (UE) 1407/2013 en lo que respecta a su prórroga y el Reglamento (UE) 651/2014 en lo que respecta a su prórroga y los ajustes pertinentes (DO L 215 de 07.07.2020).  
En este sentido, conforme al artículo 1.1 del Reglamento (UE) 1407/2013, las ayudas previstas en este decreto no se consideran:  
a) ayudas concedidas a las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) 104/2000 del Consejo;  
b) ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas;  
c) ayudas concedidas a las empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:  
i) cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas,  
ii) cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los productores primarios;  
d) ayudas a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es decir, las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora;  
e) las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.  
3. La aplicación de este régimen supone que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa (se entenderá por única empresa la definida como tal en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión) no excederá de 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales consecutivos.  
4. Las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión podrán acumularse con las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) 360/2012 de la Comisión hasta el límite máximo establecido en este último Reglamento. Podrán acumularse con ayudas de minimis concedidas con arreglo a otros reglamentos de minimis hasta el límite máximo pertinente que se establece en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión. El centro gestor de las ayudas previstas en este decreto aplicará las medidas de control previstas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión.  
  
Artículo 3. Procedimiento y financiación  
1. Estas subvenciones se conceden de forma directa, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en relación con lo que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la mencionada ley, y el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015, por concurrir razones de interés público, económico y social. En concreto, el carácter singular de estas subvenciones deriva de la naturaleza excepcional, única e imprevisible de los acontecimientos que las motivan, y de la fragilidad del medio rural al que se orienta la actuación, tal como queda expuesto en el preámbulo de este decreto.  
2. De conformidad con el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la concesión de estas ayudas no requerirá otra justificación que la indicada en el artículo 4, sin perjuicio de los controles que se efectúen con posterioridad, que se extenderán a la totalidad de las personas y entidades beneficiarias.  
3. Las ayudas al sector agroalimentario serán atendidas, hasta el importe global máximo de 2.000.000 de euros en el ejercicio 2023, con cargo al capítulo IV, nueva línea presupuestaria, creada mediante enmienda al proyecto de presupuestos, del programa 542.70 «Industria Agroalimentaria, Transferencia Tecnológica, I+D+I», de los Presupuestos de la Generalitat 2023.  
4. El importe global máximo indicado en el apartado 3 de este artículo podrá ser incrementado con el fin posibilitar la concesión de ayudas a las personas solicitantes que, cumpliendo todos los requisitos exigidos en este decreto, no resultasen beneficiarias por falta de consignación presupuestaria. El referido incremento del importe global máximo de las ayudas a conceder requerirá la modificación previa de este decreto.  
  
Artículo 4. Personas beneficiarias  
1. Podrán tener la condición de entidades beneficiarias las empresas agroalimentarias que realicen operaciones de acondicionamiento y/o, transformación y/o, comercialización, de productos agrarios y alimentarios, que cumplan con los siguientes requisitos:  
a) Que dispongan de instalaciones y/o dependencias inscritas en el «Registro de Establecimientos Agroalimentarios de la Comunitat Valenciana», y que estén ubicadas en los municipios relacionados en el anexo I de este decreto.  
b) Que justifiquen pérdidas significativas con motivo de los incendios 2022 en el volumen de ventas, superiores al 30 % en alguno de los productos afectados, respecto a la media del último quinquenio 2017-2021, calculada según los apartados 2 y 3 de este artículo.  
2. El volumen de ventas que se indica en el apartado 1 se calculará como suma de los importes de las cuentas de ventas del grupo 7 de la contabilidad de la persona solicitante, referidas a venta de productos terminados, venta de productos semiterminados, y venta de subproductos y residuos.  
3. El cálculo de la media del volumen de venta del último quinquenio 2017-2021, se realizará eliminando el dato menor y el mayor de la serie.  
  
Artículo 5. Cuantía de la subvención y criterios de intensidad  
1. Se establece la siguiente ayuda base para las personas solicitantes en función del valor medio de ventas calculado en el apartado 3 del artículo 4:  
- Para un volumen de ventas medio igual o superior a 500.000 euros: una ayuda base de 70.000 euros.  
- Para un volumen de ventas medio inferior a 500.000 euros e igual o superior a 100.000 euros: una ayuda base de 50.000 euros.  
- Para un volumen de ventas medio inferior a 100.000 euros: una ayuda base de 20.000 euros.  
2. La ayuda base establecida en el apartado 1 se incrementará en los casos siguientes y por los factores de multiplicación que se indican, pudiendo acumularse el efecto combinado de dichos factores siempre dentro de los límites de este artículo:  
- Cuando la persona solicitante sea persona jurídica bajo la forma de entidad cooperativa agraria o agroalimentaria, o sociedad agraria de transformación, la ayuda base se multiplicará por dos.  
- Cuando la persona solicitante esté inscrita en los registros de alguna marca de calidad reconocida (denominación de origen, indicación geográfica de procedencia, o equivalentes, así como marca de calidad de la Comunitat Valenciana, o la persona solicitante esté inscrita en el Comité de Agricultura Ecológica de la C. Valenciana), la ayuda base se multiplicará por 1,5, por una sola vez, con independencia del número y tipo de marcas de calidad en las que esté inscrito.  
3. El importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no excederá de doscientos mil euros (200.000 €) durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales consecutivos.  
4. En ningún caso la cuantía de la subvención a conceder en base a este decreto podrá tener un valor superior a la diferencia existente entre el valor medio calculado conforme al apartado 3 del artículo 4, y el valor de las ventas para el ejercicio afectado por los incendios contemplados en esta ayuda, siempre que se cumpla lo previsto en el apartado 1.b del artículo 4.  
5. En ningún caso se concederán cuantías inferiores a 1.000 euros.  
  
Artículo 6. Presentación de solicitudes, plazos y condiciones  
1. Las solicitudes y la documentación que las acompaña se presentarán preferentemente en los registros de los órganos administrativos a los que se dirijan, pudiéndose presentar también en cualquiera de los registros previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, mediante el correspondiente modelo normalizado disponible a través de la sede electrónica de la Generalitat, en la dirección de internet sede.gva.es/es/proc23094, utilizando los correspondientes modelos normalizados disponibles en la misma.  
Las personas obligadas a relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como las personas solicitantes que, no estando obligadas a ello, opten por esta vía, presentarán las solicitudes telemáticamente a través de la sede electrónica de la Generalitat en la dirección de internet sede.gva.es/es/proc23094.  
Para acceder de forma telemática al procedimiento, la persona solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada, bien con el certificado cualificado de representante de entidad (si es persona jurídica) o bien con el certificado reconocido para ciudadanos (si es persona física), ambos emitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Asimismo, se podrá utilizar cualquier otro sistema de firma electrónica admitido por la sede electrónica de la Generalitat (sede.gva.es/es/sede\_certificados).  
Cuando se quiera tramitar un procedimiento en representación de otras personas físicas o jurídicas, se podrá otorgar dicha representación a través del Registro de Representantes de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). El acceso a dicho registro por parte de las personas representadas puede realizarse utilizando un certificado cualificado de ciudadano (si es persona física) o de representante de entidad (si es persona jurídica)  
Las solicitudes presentadas deben firmarse con el certificado digital de la persona física o jurídica que presenta la solicitud o, en su caso, con el certificado digital de su representante. Asimismo, se firmarán electrónicamente por quienes sean competentes para ello, aquellos documentos que se adjunten cuya firma sea obligatoria.  
Las subsanaciones o las aportaciones documentales posteriores a la presentación de la solicitud se realizarán telemáticamente en la sede electrónica de la Generalitat a través de la dirección de internet sede.gva.es/es/proc18170.  
Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, presenta su solicitud presencialmente, se les requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica en los términos previstos en el artículo 68.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.  
Cuando las personas interesadas necesiten dar de alta o modificar una cuenta bancaria para la percepción de las ayudas convocadas, dicha actuación se podrá realizar de manera telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat (sede.gva.es/proc22648), si bien tienen dicha obligación los sujetos previstos en el artículo 6 de la Orden 2/2022 de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se regulan las actuaciones o trámites de alta, modificación y baja de los datos personales identificativos y bancarios de las personas físicas y jurídicas que se relacionen económicamente con la Generalitat  
2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de este decreto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
3. Solo se podrá presentar una solicitud de ayuda por persona solicitante.  
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:  
• Acreditación de la identidad de la persona jurídica solicitante, en caso de no autorizar su consulta por el órgano gestor del procedimiento.  
• Acreditación, cuando proceda, de la identidad del representante legal, cuando esta representación se lleve a cabo por una persona jurídica, en caso de no autorizar su consulta por el órgano gestor del procedimiento.  
• Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social, en caso de no autorizar u oponerse a su consulta por el órgano gestor del procedimiento.  
• Balance de sumas y saldos de las cuentas del grupo 7, ventas correspondientes a los ejercicios contables cerrados necesarios para calcular la media del volumen de ventas definido en estas bases en el periodo 2017/2021.  
• Tabla declaración sobre el volumen de ventas del último quinquenio 2017/2021.  
• En caso de que el ejercicio contable que comprenda el periodo de los incendios esté cerrado a fecha de solicitud, se presentará el balance de sumas y saldos del grupo 7 ventas, correspondiente a dicho ejercicio, acompañado de una declaración responsable del administrador, del presidente, o del representante de la persona beneficiaria, relativa a la veracidad de la documentación contable que se aporta.  
• En el caso de que el ejercicio contable que comprenda el periodo de los incendios no estuviera cerrado a fecha de presentación de la solicitud, se aportará una estimación del volumen de ventas en dicho ejercicio, calculado acorde a lo descrito en las presentes bases, acompañado de una declaración responsable del administrador, del presidente, o del representante de la persona beneficiaria, relativa a la veracidad de la documentación contable que se aporta  
4. El formulario de solicitud incorporará, entre otras, la declaración relativa a las circunstancias relacionadas en el artículo 10.1 de esta convocatoria.  
5. La acreditación de la documentación relacionada se efectuará sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
Cuando la Administración actuante consulte o recabe datos o documentos en el ámbito de los fines de la convocatoria que estén en su poder o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, el régimen aplicable será el siguiente:  
a) El órgano gestor del procedimiento deberá estar autorizado por la persona interesada para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, y los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En caso contrario, la persona interesada deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.  
b) El órgano gestor del procedimiento tiene potestad para consultar los datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social. No obstante, si la persona interesada desea oponerse a ello, es imprescindible que indique la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone queda obligada a aportar los documentos acreditativos correspondientes.  
c) El órgano gestor podrá verificar la exactitud de los datos declarados por la persona interesada, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
  
Artículo 7. Tramitación, resolución de concesión de las subvenciones  
1. Corresponderá al Servicio competente en materia de industrias agroalimentarias y concentración de la oferta la instrucción de las solicitudes de ayuda presentadas, a cuya conclusión elevará propuesta de resolución a la persona titular de la dirección general que se indica en el apartado 3 de este artículo.  
2. Si la solicitud y documentación presentada fuera incompleta o defectuosa, se requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, previa notificación de la resolución en los términos del artículo 21 de la citada ley.  
3. Corresponde a la persona titular de la dirección general competente en industrias agroalimentarias y concentración de la oferta dictar la resolución de concesión y pago, anulación o reintegro de las subvenciones reguladas en este decreto.  
4. La resolución, con la especificación de los nombres de las personas beneficiarias y las ayudas económicas que les correspondan, se notificará individualmente a las solicitantes. Sin perjuicio de lo anterior, podrá también publicarse con carácter informativo en la página web de la Conselleria competente en materia de agricultura.  
  
Artículo 8. Pago y control de las ayudas  
1. Una vez dictada la resolución de concesión, la dirección general competente en industrias agroalimentarias y concentración de la oferta comprobará:  
a) Que para cada una de las solicitudes para las que hubiera recaído una resolución de concesión, y a partir de la documentación aportada en la misma, la reducción del volumen de ventas para el ejercicio afectado por los incendios, respecto al volumen de ventas medio del último quinquenio (2017-2021) eliminando el valor menor y mayor de la serie, ha sido superior al 30 %.  
b) que la subvención concedida no tiene un valor superior al diferencial entre el valor de ventas de 2022 y el valor de ventas medio calculado según el artículo 4 del presente decreto, evitando así sobrecompensación.  
c) que la empresa no está en crisis, según la definición contemplada en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.  
2. Realizadas las comprobaciones anteriores sobre la justificación de la subvención, se determinará el importe resultante y se procederá al pago.  
Cuando las comprobaciones mencionadas se efectúen sobre el volumen de ventas afectadas por los incendios del año 2022 acreditado sobre un ejercicio contable no cerrado, la persona beneficiaria deberá presentar antes del 31 de julio de 2023 la documentación de la contabilidad definitiva. A partir de esta documentación se verificará que los importes pagados no exceden de los que corresponden a situación contable real de la empresa. En caso de verificarse el pago de una ayuda por exceso, se iniciará procedimiento de reintegro de pagos indebidos.  
3. Corresponde a la dirección general que dictó resolución de concesión de ayuda, resolver la autorización del pago de esta.  
  
Artículo 9. Anulación y reintegro de las ayudas  
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en este decreto, dará lugar, previo el oportuno procedimiento, a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las subvenciones y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
2. El falseamiento o la ocultación de datos y documentos que afecten sustancialmente a la concesión y entrega de fondos públicos, dará lugar a la exigencia de responsabilidades tanto en el orden administrativo como en el jurisdiccional competente.  
3. El órgano gestor realizará cuantos controles técnicos y administrativos considere necesarios con objeto de conformar el correcto cumplimiento de los requisitos exigidos en este decreto.  
Artículo 10. Otras exigencias en relación con las personas solicitantes  
No podrán ser beneficiarias las entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
a) Estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
b) Las que tengan la consideración de «empresas en crisis».  
c) Las entidades con 50 o más trabajadores que no cumplan con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, según lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.  
d) Las entidades con 50 o más trabajadores que no cumplan con la obligación de contar con un plan de igualdad, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de hombres y mujeres.  
2. Las personas beneficiarias estarán sujetas a las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
3. En cuanto a los datos de carácter personal, las personas beneficiarias podrán ejercer los derechos reconocidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos). La aceptación de la subvención supone, para cada una de las beneficiarias, la aceptación y autorización expresa a la conselleria competente en agricultura para la recogida, incorporación a los respectivos ficheros y tratamiento de dichos datos personales, así como para su conservación durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables.  
  
Artículo 11. Compatibilidad de las subvenciones  
Si una empresa beneficiaria ha recibido por cualquier concepto otras subvenciones o ayudas de minimis de acuerdo con el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que, sumadas a la cuantía que pudiera corresponderle en virtud del presente decreto, excedieran los 200.000 euros de importe que establece el artículo 3 de dicho Reglamento en cualquier período dentro de este ejercicio fiscal y en los dos anteriores, el importe de la subvención prevista en este decreto se reducirá hasta no exceder el citado límite.  
Estas ayudas serán compatibles, asimismo, con otras de idéntica finalidad, concedidas al amparo de otra regulación europea siempre que la suma total no exceda el diferencial entre el valor de ventas establecido en el artículo 4.1, letra b), para 2022 y la media calculada según el artículo 4.3 y con otras ayudas concedidas a este mismo sector para la misma finalidad sobre una base jurídica distinta al Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.  
  
Artículo 12. Transparencia, suministro de información y datos abiertos  
En cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana y del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, las personas beneficiarias de la subvención deberán cumplir las siguientes obligaciones de transparencia:  
1. Las entidades privadas deberán cumplir las obligaciones de publicidad activa recogidas en el capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando:  
a) Perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros.  
b) Perciban durante el periodo de un año natural ayudas o subvenciones de las entidades públicas de la Comunitat Valenciana recogidas en el artículo 3 de la Ley 1/2022 en una cuantía superior a 50.000 euros.  
c) Las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.  
En particular, deberán publicar en los términos previstos en los principios generales del artículo 5 de la Ley 19/2013 la información institucional y organizativa del artículo 6 y la económica y presupuestaria del artículo 8 de la misma. Dicha publicación se realizará a través de la página web de la entidad, o bien a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la que se puede acceder en gvaoberta.gva.es/tep.  
Esta información se deberá publicar a partir del año siguiente a aquel en el que se hayan superado los umbrales establecidos, y tendrá que mantenerse publicada durante al menos cuatro años naturales.  
2. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el apartado anterior, todas las entidades o personas beneficiarias de subvenciones deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, incluyendo el logotipo de la Generalitat Valenciana en medios de difusión tales como carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales y en cualquier otro medio de publicidad que se realice de la actividad subvencionada.  
3. Las entidades o personas beneficiarias de subvenciones están obligadas a suministrar a la entidad concedente, previo requerimiento, toda la información que sea necesaria para el cumplimiento por esta de las obligaciones previstas en la Ley 1/2022, de 13 de abril, en el plazo de 15 días hábiles desde el requerimiento. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, el órgano que ha realizado el requerimiento podrá acordar, previa advertencia y audiencia a la persona interesada, la imposición de multas coercitivas en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 1/2022, de 13 de abril.  
4. Los nuevos conjuntos de datos que se generen por la formalización y el desarrollo de las subvenciones otorgadas por la administración de la Generalitat se deben disponer, siempre que sea posible, como conjunto de datos abiertos.  
  
Artículo 13. Información relativa al tratamiento de datos de carácter personal  
1. La gestión de las ayudas conlleva el tratamiento de datos de carácter personal, debiendo cumplirse con las medidas y garantías reguladas en la normativa en materia de protección de datos, en especial el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
2. De conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 11 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, respecto al tratamiento de datos de carácter personal cabe informar lo siguiente:  
a) Nombre de la actividad de tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de agricultura.  
b) Responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la Conselleria competente en materia de agricultura.  
c) Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural.  
d) Ejercicio de derechos: Las personas interesadas tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, así como solicitar la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de manera presencial o telemática, de conformidad con lo previsto en la siguiente dirección de internet: sede.gva.es/es/proc19970  
e) Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la protección de datos, puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de manera presencial o telemática, de conformidad con lo previsto en la siguiente dirección de internet: sede.gva.es/es/proc22094, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
f) Se puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: https://agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments  
3. Cuando la persona solicitante o su representante legal aporten datos de carácter personal de terceras personas en el procedimiento administrativo, tendrá la obligación de informarles de los siguientes extremos:  
a) La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.  
b) La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad. Si esta consulta requiere autorización por ley por parte de las personas cuyos datos se van a consultar, la persona solicitante o su representante legal deberá haber recabado dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.  
c) La posibilidad y forma de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición que le asisten en relación con el tratamiento de sus datos personales.  
  
  
DISPOSICIONES FINALES  
  
Primera. Habilitación para el desarrollo del decreto  
Se faculta a la persona titular de la conselleria competente en materia agraria para desarrollar lo dispuesto en este decreto.  
  
Segunda. Efectos  
Este decreto producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Todo esto en conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 44 y 46 de la mencionada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sin perjuicio que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
València, 24 de febrero de 2023  
  
El president de la Generalitat  
XIMO PUIG I FERRER  
  
La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural,  
Emergencia Climática y Transición Ecológica  
ISAURA NAVARRO CASILLAS  
  
  
  
ANEXO I  
Municipios afectados por los incendios a los que   
se refiere este decreto  
  
- Incendio forestal de La Vall d'Ebo  
• La Vall d'Alcalà  
• L'Atzúbia  
• Balones  
• Benimassot  
• Castell de Castells  
• Fageca  
• Famorca  
• Orba  
• Pego  
• Planes  
• Tollos  
• Tormos  
• La Vall d'Ebo  
• La Vall de Gallinera  
• La Vall de Laguar  
  
  
- Incendio forestal de Les Useres  
• Costur  
• Figueroles  
• Lucena del Cid  
• Useras  
  
- Incendio forestal de Bejís:  
• Alcublas  
• Altura  
• Andilla  
• Barracas  
• Bejís  
• Jérica  
• Sacañet  
• Teresa  
• Torás  
• El Toro  
• Viver  
  
- Otros Incendios forestales  
• Calles  
• Petrer  
• Olocau  
• Venta del Moro