Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4522, del 16-06-2003 (2003/7138)

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2.003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos, con ocasión de la huelga convocada para los días 18 y 19 de junio de 2003 y que afecta a los funcionarios de la administración de Justicia de los juzgados de instrucción, de primera instancia i Instrucción y fiscalía del TSJCV.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4522

Fecha DOGV
:   16-06-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/7138


Fecha del documento
:   13-06-2003

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * profesión jurídica
    * derecho de huelga
    * legislación
    * huelga

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2.003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos, con ocasión de la huelga convocada para los días 18 y 19 de junio de 2003 y que afecta a los funcionarios de la administración de Justicia de los juzgados de instrucción, de primera instancia i Instrucción y fiscalía del TSJCV. [2003/7138]
  
Por las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras del País Valenciano, y en su nombre Carmen Perales Presencia, y Unión General de Trabajadores del País Valenciano, y en su nombre Vicente Seguí Ana y Juan Ortiz Yerbes, en ambos casos pertenecientes al sector de Justicia, se ha convocado huelga de dos horas de duración, desde las once a las trece, de cada uno de los días 18 y 19 del presente mes de junio, afectando a todos los funcionarios de la administración de Justicia que prestan servicios en los juzgados de instrucción, de primera instancia e instrucción y fiscalía del TSJ de la Comunidad Valenciana.
  
Resultando que el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, es de carácter fundamental, hallándose reconocido en el art. 28.2 de la Constitución Española, y condicionado su ejercicio al establecimiento de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, representando sin duda el citado mantenimiento, el principal límite externo de este derecho fundamental.
  
A estos efectos, el Tribunal Constitucional ha establecido que no existe ningún tipo de actividad que por su naturaleza pueda ser considerado esencial, definiendo la naturaleza esencial de los servicios en función de los bienes e intereses satisfechos con el mismo, que deben ser a su vez, esenciales, entendiéndose por tales, los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos.
  
Resultando que el artículo 470.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, determina que el ejercicio del derecho de huelga por el personal al servicio de la administración de Justicia, está sujeto a las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la administración de Justicia que son aquellos cuya paralización puede suponer un perjuicio no reparable para los derechos e intereses de los ciudadanos, bien por hacer imposible con carácter irreversible su protección jurisdiccional, bien por generar una situación contraria al principio de seguridad jurídica en la actuación de los ciudadanos ante los Tribunales, pues en ambos casos se produciría un resultado abiertamente lesivo al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva garantizado por el artículo 24 de la Constitución española y, como reflejo de ello, de los bienes constitucionalmente protegidos, protección que garantiza el Estado mediante el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
  
Considerando. La determinación en concreto de qué actividades o servicios públicos deben considerarse esenciales para la comunidad, a efectos de limitar en ellos el ejercicio de la huelga, compete, de conformidad con el art. 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, a la autoridad gubernativa, que en el presente caso, y en cuanto a los servicios o actividades que se desarrollen o ejerzan en el ámbito de la Comunidad Valenciana y ésta haya asumido competencias respecto a los mismos, corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana y, en particular a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 4150/1982, de 29 de diciembre, el Decreto 7/2000, de 22 de mayo, del Presidente de la Generalitat de asignación de competencias, y el Decreto 90/2001 de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, desarrollado por la Orden de 11 de septiembre de 2001 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 28.2, 148.1.5º y 149.1.7º de la Constitución Española y los artículos 33.1 y 38 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio.
  
Considerando. Como cualquier otro derecho fundamental reconocido en la Constitución, el de huelga, (art. 28.2 CE), no es absoluto e ilimitado, sino que en su alcance, jerarquía y «limitabilidad», ostentan diferente significación, por lo que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, debe establecerse una graduación jerárquica entre los mismos, atendiendo a las ?características- de los que están en pugna, (STS 29-V-95, RJ 4395).
  
En la limitación del ejercicio de huelga por otros derechos y por el respeto de bienes constitucionalmente protegidos, el Tribunal Constitucional ha determinado en su importante Sentencia de 8 de abril de l98l, desarrollada posteriormente, entre otras, por las Sentencias nº 26 y 33/81, 51 53/86, 27/89 y 43/90, que en la medida en que la destinataria, y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y que éstos son al mismo tiempo esenciales para ella, aquella no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los citados servicios, entendiendo que el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga, sin que, por otra parte, la consideración de un servicio como esencial signifique la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos, presión que se produce también cuando no se respeta la libertad de trabajo de los no huelguistas, vulnerando lo establecido en el artículo 6.4 del RDL 17/1977, el cual exige el respeto de la libertad de trabajo de los no huelguistas para sumarse o no a la convocatoria.
  
Considerando. De acuerdo con doctrina constitucional reiterada, el carácter esencial de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa, como se ha señalado, en el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y en el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito en el que se concreta esta resolución, se traduce en las actuaciones sometidas a plazo, las que se prestan con la naturaleza de urgente por el Registro Civil, las causas con preso, las medidas cautelares o el registro de documentos, que no pueden paralizarse por una situación de huelga, como tampoco las que se llevan a cabo por los juzgados de guardia y fiscalías, lo que justifica que los mismos se consideren servicios esenciales, y deban contar con toda su dotación de personal. determinando todo ello, la necesidad de que establezcan los servicios mínimos que aseguren la continuidad en la prestación del servicio.
  
Considerando. Que si bien la continuidad del servicio debe quedar asegurada durante la huelga, el establecimiento de los servicios mínimos ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios, (SSTC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).
  
De cuanto se ha señalado se concluye que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del art. 10. del RD 17/1977 mencionado, debe conjugarse la atención de los servicios esenciales para la comunidad con el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, por lo que se debe limitar éste en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, mantenimiento que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal, estableciendo el Tribunal Constitucional que los servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente.
  
Considerando. En el presente caso no se ha estimado conveniente celebrar el trámite de mediación a los efectos del establecimiento de los servicios mínimos en la huelga convocada que ha venido siendo práctica habitual de esta administración aunque no es un requisito imprescindible para la validez de la decisión administrativa desde el plano constitucional, (STC 51/1986, de 24-IV.86), porque los servicios mínimos que se decretan, son los que, adaptados a los órganos afectados por la huelga, se acordaron por las partes en la convocada en el sector de Justicia el 27 de noviembre de 2002, que fueron establecidos en virtud de resolución de 2º del citado mes, determinados asimismo en virtud de la Resolución de 4 de abril de 2003 con ocasión de la huelga general de dos horas de duración, convocada para el 10 de abril en los turnos en que se concretó.
  
Considerando. Que se debe conjugar la atención de los servicios públicos con el ejercicio del derecho de huelga que con la calificación de fundamental instituye nuestra Constitución, por lo que debe limitar éste en la justa y estricta medida imprescindible para el mantenimiento del servicio público.
  
Considerando. Que en la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta, resuelvo
  
Primero
  
A los efectos previstos en el apartado 2º del artículo 10º del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar los servicios esenciales mínimos en la huelga convocada en el sector del personal funcionario al servicio de la administración de Justicia, que presta servicios en los juzgados de instrucción, de primera instancia e instrucción y fiscalía del TSJ de la Comunidad Valenciana, que se desarrollará los días 18 y 19 de junio de 2003 desde las 11 hasta las 13 horas de cada uno de los dos días, en los términos que a continuación se señalan:
  
A) Se consideran servicios esenciales:
  
- Actuaciones urgentes de Registro Civil.
  
- Registro de documentos.
  
- Todas aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la ley, cuyo incumplimiento pueda suponer pérdida o perjuicio de derechos.
  
- Medidas cautelares o provisionales.
  
- Servicio de guardia de juzgados y fiscalías.
  
- Juicios orales del orden penal en causas con preso
  
B) Servicios mínimos que se establecen para atender dichos servicios esenciales:
  
Con excepción de los Juzgados que actúen de guardia, que habrán de contar con toda la dotación de personal que efectúa el servicio de guardia habitualmente, en los órganos que se especifican a continuación, se consideran mínimos los funcionarios siguientes:
  
Juzgados de primera instancia e instrucción: un oficial o un auxiliar, y por cada cuatro juzgados, un agente.
  
Juzgados de instrucción: Un oficial o un auxiliar, y por cada cuatro juzgados, un agente.
  
Fiscalías: un oficial, un auxiliar y un agente en cada fiscalía, con excepción de los que se encuentran de guardia. En las adscripciones, un funcionario.
  
Segundo
  
Lo dispuesto en el ordinal primero de esta resolución, no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación, no empleado en la cobertura de los servicios esenciales establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motivan la huelga.
  
Tercero
  
Notifíquese la presente resolución a los sindicatos convocantes, al Comité de Huelga y a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
  
Cuarto
  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de notificación a las partes interesadas.
  
Adviértase con la notificación a las partes de que la misma es definitiva en vía administrativa, y del derecho que les asiste de recurrir la presente resolución ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el procedimiento preferente de amparo judicial de las libertades y derechos previsto en el artículño 53.2 de la Constitución Española.