Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6623, del 05-10-2011 (2011/9706)

Notificación de la sentencia y auto de aclaración dictados en el juicio verbal número 183/2004.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6623

Fecha DOGV
:   05-10-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/9706


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Nules

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia y auto de aclaración dictados en el juicio verbal número 183/2004. [2011/9706]  
Juzgado de primera instancia nº 1 Nules  
Juicio juicio verbal - 000183/2004  
Parte demandante Fontaplic  
Parte demandada Ana Carmen Baguena Salvador  
Sobre  
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo literal es el siguiente:   
Juzgado de primera instancia nº 1 Nules.  
Avenida Marques de Santa Cruz, 15  
Teléfono: 31 861 90 18.  
NIG:12923-35-7-3021-5494480.  
  
Procedimiento: Juicio verbal 183/04.  
Sentencia nº 41/2010  
Nules, 15 de abril de 2010  
  
Sonia Lleó Martín, jueza sustituta del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Nules, ha conocido los presentes autos de juicio verbal en reclamación de cantidad 183/2004, promovidos por la procuradora Carmen Rubio Antonio, en nombre y representación de Fontaplic, SL, y en su defensa el letrado Miguel Baena Muñoz, contra los posibles herederos ignorados de Ana Carmen Báguena Salvador, declarados en situación de rebeldía procesal mediante Providencia de fecha 12 de febrero de 2010.  
Pronuncio la presente en base a lo siguiente,  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por la procuradora Carmen Rubio Antonio, en la representación indicada y mediante escrito que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, se presentó demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad contra Ana Carmen Báguena Salvador, en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba pertinentes a su reclamación, terminaba suplicando que "se dicte sentencia por la que se condene a los demandados a abonar a mi representado la cantidad que les es adeudada por importe de 1.914,03 euros, que deberá incrementarse con el interés legal del dinero desde la fecha de la presente reclamación, todo ello, con expresa imposición de costas a los demandados"   
Segundo. Admitida a trámite la demanda por auto de fecha veinticuatro de marzo de dos mil cuatro, se dio traslado de la misma a la demandada y se citó a las partes al acto de juicio, que si bien se señaló para el 6 de febrero de 2.009, éste se suspendió a la vista de la solicitud de la parte demandada, tal y como consta en el acta unida a las presentes actuaciones.  
Mediante escrito de fecha 23 de febrero de 2009 presentado por la parte demandada, se comunicó el fallecimiento de Ana Carmen Báguena Salvador, el cual había tenido lugar el 12 de febrero de 2009, constando inscrita su defunción en la Sección Tercera, Tomo 313, Página 218 del Registro Civil de Castellón.  
Por providencia de fecha 30 de marzo de 2009 se dio traslado de la certificación literal de defunción de la demandada a las partes al objeto de que instaran lo que a su derecho convinieran.  
Atendiendo a dicha resolución, por la representación procesal de la parte demandada se presentó, en fecha 24 de abril de 2009, escrito por el que interesaba el emplazamiento a los herederos o causahabientes de la demandada. Por la parte actora, mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2.010, se interesaba la continuación del procedimiento en los términos previstos en el artículo 16.3 de la LEC.  
Mediante providencia de fecha 12 de febrero de 2010, se acordó la continuación del procedimiento en los términos previstos en el artículo 16.3 de la LEC, declarando a la parte demandada en situación de rebeldía procesal, por no conocer la parte actora a los sucesores de la demandada fallecida, y convocando a las partes a la vista del juicio verbal para el día 6 de abril de 2010, notificando esta resolución por edictos a los sucesores de la parte demandada.  
Tercero. En el referido acto del juicio, que se celebró el día señalado, la parte actora, única compareciente, se ratificó en su escrito de demanda, y tras ser recibido el pleito a prueba, propuso como medios de prueba de que intentaba valerse en defensa de sus pretensiones, en primer lugar, la documental, consistente en que se tuvieran por reproducidos los documentos acompañados al escrito de demanda; y en segundo lugar, la testifical de Pascual Colonques Canós. Los referidos medios de prueba fueron admitidos y practicados, declarándose, a continuación, concluido el acto y visto para sentencia.  
  
Cuarto. En la sustanciación de los presentes autos se ha observado el cumplimiento de las prescripciones legales.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. Como ha quedado anteriormente expuesto, la parte actora, en su demanda instauradora del presente procedimiento, ejercitaba una acción de reclamación de demandante la suma de mil novecientos catorce euros con tres céntimos de euro (1.914,03?), en cuanto suma adeudada por la señora Báguena Salvador a la entidad actora, en virtud de los servicios prestados a aquélla durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2000, al ser la empresa demandante una entidad dedicada a las instalaciones de fontanería, agua, gas, calefacción, aire acondicionado y fontanería industrial. Así, según tenía ocasión de exponer en su demanda, posteriormente ratificada en el acto de juicio, dicho importe se correspondía con los materiales instalados y servicios ejecutados por la empresa demandante en la vivienda propiedad de la demandada señora Báguena.  
Como fundamento de la pretensión descrita, por la parte actora se alegaba la aplicación de los artículos 1.542, 1.544 del Código Civil referentes al arrendamiento de obra; artículos. 1.089, 1.090 y 1.091, relativos a las obligaciones en general; y artículos 1.156, 1.157, 1.254, 1.255, 1.256 y 1.258; 1.100 y 1.108 relativos a los intereses, todos ellos del Código Civil.  
Segundo. Con carácter previo al examen de la acción ejercitada, cabe señalar que, en los juicios declarativos, la rebeldía en cuanto situación procesal en la que se encuentra la parte demandada determina la ausencia del litigio del litigante concernido, lo que produce una situación de incertidumbre acerca de su posición jurídica respecto de la pretensión actuada de adverso, la cual, por su propia naturaleza, no autoriza a dictar automáticamente sentencia de conformidad con las peticiones del actor, sino que resulta necesario que por parte del demandante se acredite la realidad de los hechos que constituyen el fundamento de su pretensión. En consecuencia, la situación de rebeldía procesal en que se encuentra la parte demandada nos obliga a examinar si de los diferentes medios de prueba practicados ha resultado acreditada la existencia de la deuda, así como, en su caso, su pendencia.  
Examinadas las actuaciones, procede la íntegra estimación de la demanda, por cuanto de la prueba practicada resulta la concurrencia de todas las condiciones legal y jurisprudencialmente exigidas para que la acción de reclamación de cantidad pueda ser estimada. De esta forma, tratándose de una acción de la naturaleza indicada, de lo actuado debe resultar suficientemente acreditada la existencia de la deuda, cuyo pago se reclama, y, en su caso, su pendencia. Así, por lo que respecta al primero de los elementos expuestos, este órgano judicial considera probada la existencia de la relación jurídica entre las partes, así como la obligación de pago por parte de la demandada de la cantidad reclamada de mil novecientos catorce euros con tres céntimos de euro (1.914,03?), en virtud de los documentos acompañados al escrito de demanda, consistentes en los albaranes y facturas en los que se describen los servicios prestados y materiales empleados (documentos 1 a 12 de la demanda), por cuanto a los mismos les resulta de aplicación la eficacia probatoria que a los documentos privados atribuye el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en relación con el artículo 319 del mismo cuerpo legal, atendida la falta de impugnación de su autenticidad por la parte a quien perjudican, esto es, por el demandado, así como de la testifical del señor Colonques, que reconoció que la empresa actora prestó sus servicios en la vivienda de la demandada.  
Por lo que se refiere a la segunda de las condiciones expresadas en el párrafo primero del presente fundamento jurídico, su acreditación es consecuencia de la circunstancia de que por parte del demandado no se ha acreditado el cumplimiento de la obligación de pago o su extinción por cualquier otra causa, carga con la que estaba gravado ex artículo 217 de la LEC, en cuanto precepto regulador de la denominada teoría de la carga de la prueba, que implica que, cuando el tribunal considere dudosos hechos de los que dependa la resolución de la causa, desestimará las pretensiones del actor o del demandado, dependiendo de a quien corresponda la carga de probar los mismos. Así, debido a que la prueba de la falta de exigibilidad o pendencia de la deuda reclamada correspondería al demandado de acuerdo con lo establecido en el artículo 217.3 de la LEC, al disponer que corresponde al demandado la carga de probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos en los que el actor funde sus pretensiones, procede entenderse suficientemente probada la falta de cumplimiento por parte del demandado de la obligación de pago de la suma de mil novecientos catorce euros con tres céntimos de euro (1.914,03 €) debida por las servicios prestados por la actora en la vivienda de la señora Báguena.  
Sentado lo anterior y resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.091 del CC, según el cual "las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de la ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos", en relación con lo previsto en los artículos 1.088, 1.089 y 1.911 del CC, así como el 1.544 del CC, procede estimar íntegramente la demanda interpuesta por la entidad Fontaplic SL "frente a los posibles herederos ignorados de Ana Carmen Báguena Salvador, de tal forma que se condena a los mismos a abonar a la actora la suma de mil novecientos catorce euros con tres céntimos de euro (1.914,03?), más los intereses legales devengados por la citada cantidad desde la fecha de interposición de la demanda según lo dispuesto en los artículos 1.101 y 1.108 CC, y procesales desde la fecha de la sentencia hasta el completo pago según lo establecido en el artículo 576 de la LEC.  
Tercero. En cuanto a las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento, resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 394 de la LEC y, por tanto, correrán a cargo de la parte demandada, por haber sido desestimadas todas sus pretensiones.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,  
  
Fallo  
Que estimando íntegramente como estimo la demanda interpuesta por la procuradora Carmen Rubio Antonio, en nombre y representación de Fontaplic SL, contra los posibles herederos ignorados de Ana Carmen Báguena Salvador, declarados en situación de rebeldía procesal, debo condenar y condeno a los posibles herederos ignorados de Ana Carmen Báguena Salvador, a abonar a la actora la cantidad de mil novecientos catorce euros con tres céntimos de euro (1.914,03?), más los intereses legales devengados por la citada cantidad desde la fecha de interposición de la demanda según lo dispuesto en los artículos 1.101 y 1.108 CC, y procesales desde la fecha de la sentencia hasta el completo pago según lo establecido en el artículo 576 de la LEC.  
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe la interposición de recurso de apelación, que, en su caso, deberá prepararse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la presente sea notificada.  
Por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo: Sonia Lleó Martín, jueza sustituta del Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules.  
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la juez que la dictó en el día de su fecha. Doy fe.  
  
Testimonio  
Sergio Bustamante Balen secretario del Juzgado de primera instancia número 1, certifico:  
Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado que literalmente dice:  
Juzgado de primera instancia nº1   
Nules  
Avenida Marqués de Santa Cruz, 15  
Teléfono: 66 060 96 44.  
NIG: 12371-88-1-6840-7080631.  
Procedimiento: Juicio verbal 183/04.  
  
Auto  
Jueza que lo dicta: Sonia Lleó Martín.  
Lugar: Nules.  
Fecha: 23 de abril de 2010.  
Antecedentes de hecho  
  
Único. En fecha 21 de abril de 2010, por la procuradora Rubio Antonio, se ha presentado escrito solicitando la aclaración del fallo de la sentencia dictada el 15 de abril del presente año. Dada cuenta de dicho escrito, únase a los autos de su razón.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. El Articulo 214 de la Ley 1/2001, de Enjuiciamiento Civil (LEC), establece que los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero si aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.  
El artículo 215 de la citada Ley de Ritos, dispone que las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevar plenamente a efecto dichas resoluciones podrán ser subsanadas, mediante auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecidos en el artículo anterior.  
Segundo. La sentencia dictada en los presentes autos, si bien en su fundamento de derecho tercero recoge expresamente que " En cuanto a las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento, resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 394 de la LEC y, por tanto, correrán a cargo de la parte demandada, por haber sido desestimadas todas sus pretensiones", ha omitido recoger dicho pronunciamiento en el fallo de la sentencia.  
Siendo evidente que se ha cometido una omisión en el fallo de la sentencia, respecto de la condena en costas, procede aclarar el fallo de la misma, en el sentido de añadir que "Las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento correrán a cargo de la parte demandada".  
Parte dispositiva  
Se aclara el fallo de la sentencia dictada en los presentes autos en el sentido de añadir lo siguiente: "Las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento correrán a cargo de la parte demandada".  
  
Modo de impugnación: Esta resolución forma parte de la Sentencia de fecha 15 de abril de 2.010, contándose el plazo para recurrir la misma desde la notificación de este auto (articulo 448.2 LEC).  
  
Lo acuerda y firma SSª. Doy fe.