Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5216, del 10-03-2006 (2006/2381)

Notificación a Violeta Zoltan. Juicio de medidas de hijos extramatrimoniales número 441/2005.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5216

Fecha DOGV
:   10-03-2006

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2006/2381


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Violeta Zoltan. Juicio de medidas de hijos extramatrimoniales número 441/2005. [2006/M2381]  
Montserrat Isabel Cabrera, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón, en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
Sentencia número 240/2006.  
Castellón de la Plana, 21 de febrero de 2006.  
José Luis Conde-Pumpido García, magistrado-juez de Primera Instancia número 7 de Castellón, ha conocido los presentes autos sobre medidas de hijos extramatrimoniales número 441/2005, promovidos por Emil Tudor Bazavan, representado por la procuradora señora Ballester Villa y defendido por la letrada señora Falomir Villacañas, contra Violeta Zoltan, en rebeldía, y en los que ha sido parte el Ministerio Fiscal.  
Antecedentes de hecho:  
Primero  
La procuradora señora Ballester Villa, en la representación que tiene acreditada de Emil Tudor Bazavan, formuló demanda para regular las relaciones respecto del hijo menor extramatrimonial contra Violeta Zoltan, solicitando la adopción de las que se contenían en dicha demanda, y que por economía procesal se dan por reproducidas. Los hechos en que fundaba su demanda eran:   
1. De la relación de convivencia entre demandante y demandada nació un hijo el 29 de mayo de 2004.   
2. A raíz de denuncia interpuesta por el señor Bazavan contra la señora Zoltan, el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón dictó auto de protección de la víctima atribuyendo al padre la custodia del hijo, con un régimen de visitas entre la madre y el hijo en el punto de encuentro, y una pensión de alimentos a favor del hijo de 90 euros mensuales.   
3. La madre ejerce la prostitución con unos ingresos de unos 500 euros al mes.  
Segundo  
Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada (que no compareció y fue declarada en rebeldía) y al Ministerio Fiscal, que contestó solicitando que se dictara sentencia de acuerdo con el resultado de la prueba que se practicara.  
Tercero  
Citadas las partes a comparecencia, ésta se celebró el 20 de enero de 2006, con la sola asistencia de la parte actora, que se ratificó en su demanda aunque modificándola en el sentido de que no se estableciera régimen de visitas entre la demandada y su hijo, y del Ministerio Fiscal, que se ratificó en su demanda.  
Cuarto  
Recibido el pleito a prueba, se procedió a la práctica de la propuesta y admitida, que por la parte demandante consistió en documental (dar por reproducida la aportada con la demanda, y otra que aportó en el acto), mientras que por el Ministerio Fiscal se interesó el interrogatorio de la demandante.  
Practicada en el acto toda la prueba admitida, y tras concretar el fiscal su petición, quedó el pleito visto para sentencia.  
Quinto  
En el presente procedimiento hay que declarar como hechos probados los siguientes:  
1. Emil Tudor Bazavan y Violeta Zoltan mantuvieron una convivencia de hecho, fruto de la cual nació un hijo, Ionut Mario, el 29 de mayo de 2004.  
(Hecho probado mediante la certificación de nacimiento del hijo aportada con la demanda.)  
2. El 16 de marzo de 2005, el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón dictó auto de medidas de protección de la víctima en el que, junto a medidas de carácter penal, adoptaba las siguientes de orden civil:  
1. Se atribuye a Emil Tudor Bazavan el uso y disfrute del domicilio familiar.  
2. Se atribuye a Emil Tudor Bazavan la guarda y custodia del hijo común menor de edad.  
3. Se concede a Violeta Zoltan el régimen de visitas sobre el hijo común menor de edad consistente en los sábados alternos desde las 11.00 hasta las 13.00 horas. Las visitas deberán realizarse en el punto de encuentro familiar sito en la calle de Palanques, número 2, de Castellón de la Plana, a presencia de educador o psicólogo infantil del centro.  
4. Se fija como pensión de alimentos a satisfacer por Violeta Zoltan a favor de su hijo menor la suma de 90 euros, suma que deberá abonarse en los 5 primeros días de cada mes en la cuenta que designe Emil Tudor Bazavan.  
(Hecho probado mediante la copia del Auto de l6 de marzo de 2005 aportada con la demanda.)  
3. La madre ha incumplido el régimen de visitas fijado en el Auto de 16 de marzo de 2005, sin acudir al punto de encuentro. (Hecho probado mediante la documental aportada por la parte demandante en la vista del 20 de febrero de 2006.)  
4. La madre se dedica a la prostitución, con unos ingresos de unos 500 euros mensuales. (Hecho probado por la aplicación de lo prevenido en el artículo 770.3 de la LEC, ante la incomparecencia de la demandada.)  
Fundamentos jurídicos:  
Primero  
En el presente procedimiento, se ejercita por la parte actora demanda de guarda y custodia sobre hijo menor con fundamento en el artículo 748.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 770.6 del mismo texto legal. En primer lugar, hay que tener presente que para la resolución y adopción de las presentes medidas, debe partirse de la igualdad absoluta de los hijos nacidos de una unión de hecho, con respecto a los matrimoniales, dada la claridad del artículo 39 C.E. que asegura la protección integral de los hijos ante la ley con independencia de la filiación; debe decirse que en las uniones de hecho, cuando se extinguen, como en este caso, surgen previsiones normativas que tienen como destinatarios a los hijos, ya que éstos .como ya se ha indicado. son iguales ante la ley con independencia de su filiación (art. 39.2 C.E.) y habidos dentro o fuera del matrimonio, los padres deben prestarles asistencia de todo orden (art. 39.3 C.E.), precisamente, entre otros motivos, como dice la STC 15 de noviembre de 1990 «porque su filiación y condición de habidos dentro o fuera del matrimonio es el resultado de decisiones ajenas a los mismos», y en esa asistencia, dentro de la patria potestad como función, es decir, como derecho-deber, está el velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, según el artículo 154.1 C.C., deberes y facultades que se engloban dentro del concepto de relaciones paterno-filiales. No se puede olvidar que el criterio de nuestra jurisprudencia actual apunta a que toda la normativa legal reguladora de las medidas relativas a los hijos en los casos de nulidad, divorcio y separación, y por extensión a los supuestos de cese de la convivencia en uniones no matrimoniales, está informada por el criterio primordial del favor filii, de tal forma que los acuerdos sobre cuidado y educación habrán de ser tomados siempre en beneficio del menor, y ello supone que debe atenderse, como guía para resolver todas las cuestiones que suscite el ejercicio efectivo de la guarda y custodia, a la formación integral de los hijos, entendida como adecuado desarrollo de las aptitudes morales, intelectuales y físicas.   
Por ello, no pueden entenderse las pretensiones de las partes en este litigio como derechos e intereses exclusivos de uno u otro que queden favorecidos o perjudicados por una sentencia dictada a favor o en contra. Debe entenderse el pronunciamiento como un fallo que pretende, ante todo, velar por el interés del menor y procurar para él una situación que le favorezca en la mayor medida posible. La Ley 30/1981, de 7 de julio, alteró sustancialmente el criterio determinador de la atribución de la guarda y custodia de los hijos menores en casos de crisis matrimonial, de tal manera que de concebirse como un premio o castigo a los esposos en atención a la relación matrimonial en sentido estricto, pasó a considerarse exclusivamente en el interés de los hijos y en el mantenimiento de la unidad familiar dentro de lo posible. Dicho cambio, del que es muestra el artículo 92.2 del C.C. en cuanto establece que «las medidas judiciales sobre el cuidado y educación de los hijos serán adoptadas en beneficio de ellos», se reforzó aún más tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en la que se expone que «primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir».   
Puesto que es el padre quien viene desempeñando las funciones propias de la patria potestad en exclusiva desde el cese de la convivencia, sin que la madre se haya interesado ni siquiera en cumplir las limitadas visitas establecidas en el auto de orden de protección del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, sin interesarse ni preocuparse afectiva ni materialmente del pequeño, resulta lo más adecuado para proteger el interés del menor atribuir de modo definitivo su custodia al padre.   
Segundo  
La conclusión alcanzada en el fundamento jurídico anterior obliga a determinar el modo en que la madre, como progenitora no custodia, haya de relacionarse con el hijo. El artículo 94 del Código Civil establece que el progenitor que no tenga consigo a los hijos gozará del derecho a visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieran graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. Por lo tanto, el derecho de visitas regulado en el artículo 94 del Código Civil, en concordancia con el artículo 161 también del Código Civil, no es un propio y verdadero derecho, sino un complejo de derechos-deberes cuyo adecuado cumplimiento no tiene por finalidad satisfacer los deseos o derechos de los progenitores sino también y sobre todo cubrir las necesidades afectivas y educativas de los hijos en aras de su desarrollo armónico y equilibrado; se trata de un derecho subordinado al interés del menor. Puesto que debe intentarse el mantenimiento de las relaciones entre padres e hijos, ya que ambos progenitores, salvo que se declare en sentencia que alguno de ellos debe ser suspendido o privado de la patria potestad, son un referente necesario para el menor. Puesto que la madre no se ha dignado ni siquiera en cumplir el régimen de visitas limitado y supervisado establecido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, mostrando así un absoluto desinterés por el menor y una total falta de afecto hacia el mismo, se considera adecuado no fijar ningún régimen de visitas.  
Tercero  
En lo que respecta a las medidas de contenido patrimonial, en primer término, y conforme al artículo 96 del Código Civil, el uso del domicilio familiar ha de atribuirse al padre y al menor que queda bajo su custodia. Respecto a la pensión de alimentos que la madre haya de abonar para contribuir al sostenimiento material de su hijo, la incomparecencia de la demandada obliga, conforme al artículo 770.3 de la LEC, a tenerla por conforme con los hechos alegados en la demanda para sustentar este tipo de medidas, en concreto sus ingresos de unos 500 euros mensuales dimanantes del ejercicio de la prostitución, por lo que se considera adecuado mantener la pensión de 90 euros fijada en el Auto de 16 de marzo de 2005.   
Cuarto  
La especial naturaleza de las pretensiones deducidas en este pleito impide imponer el pago de las costas a ninguno de los litigantes.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.  
Fallo:  
Que estimando la demanda formulada por la procuradora señora Ballester Villa en nombre y representación de Emil Tudor Bazavan contra Violeta Zoltan, debo adoptar y adopto las siguientes medidas:   
1. Se atribuye a Emil Tudor Bazavan el uso y disfrute del domicilio familiar.   
2. Se atribuye a Emil Tudor Bazavan la guarda y custodia del hijo común menor de edad, Ionut Mario.   
3. Se fija como pensión de alimentos a satisfacer por Violeta Zoltan a favor de su hijo menor la suma de 90 euros, suma que deberá abonarse en los 5 primeros días de cada mes en la cuenta que designe Emil Tudor Bazavan, y que se actualizará anualmente con arreglo a las variaciones que experimente el IPC. Todo ello sin efectuar pronunciamiento condenatorio en costas.  
Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días. Para la notificación a la demandada Violeta Zoltan, en ignorado paradero, publíquense edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que se diligenciarán de oficio al gozar el demandante del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez que la ha dictado, estando constituido en audiencia pública, en el mismo día de su pronunciamiento, ante el secretario judicial. Doy fe.  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia al demandado.  
Castellón de la Plana, 21 de febrero de 2006.. La secretaria judicial: Montserrat Isabel Cabrera.