Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5480, del 29-03-2007 (2007/2637)

Notificación a Francisco J. Ventura García. Expediente número DIC-40/2006.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5480

Fecha DOGV
:   29-03-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/2637


Fecha del documento
:   09-02-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Edicto

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para efectuar la notificación dirigida a Francisco J. Ventura García al domicilio que figura en su solicitud de declaración de interés comunitario para la instalación de cabañas de turismo rural adaptadas a minusválidos en Cortes de Pallás, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se lleva a efecto por el presente edicto.  
Acto que se notifica:  
"El conseller de Territorio y Vivienda adoptó, en fecha 3 de abril de 2006, la resolución que a continuación se transcribe:  
"Visto el expediente referido a la solicitud de declaración de interés comunitario relativa a cabañas de turismo rural adaptadas a minusválidos, del término municipal de Cortes de Pallás.  
Antecedentes de hecho  
1. Con fecha 27 de abril de 2004, tuvo entrada en el Registro del Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial de València de la Conselleria de Territori i Habitatge el expediente de referencia.  
2. Con fecha 21 de abril 2004, se requirió al Ayuntamiento de Cortes de Pallás para que emitiese el informe preceptivo municipal favorable previsto en el artículo 16 de la Ley 4/1992, del Suelo No Urbanizable.  
3. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada en fecha 27 de febrero de 2006, acordó informar desfavorablemente la presente solicitud.  
Fundamentos de derecho  
1. Según establece el preámbulo de la Ley 4/1992, de Suelo No Urbanizable, el suelo no urbanizable es, por principio aquel que se decide preservar del proceso urbanizador. La administración planificadora, cuando pretende habilitar zonas del territorio como soporte de actuaciones de índole urbana, ha de clasificarlas como suelo urbano o urbanizable, reservando la clasificación de no urbanizable al espacio que de ordinario, no haya de utilizarse sino con fines agrícolas o similares, ajenos a la transformación urbanística del suelo y adecuados al uso racional de sus recursos naturales. En consecuencia los actos de edificación de tipo urbanístico, en este suelo deben revestir, por exigencia de su definición institucional carácter excepcional y restrictivo. Según lo establecido en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 1 de abril de 2000: 'debe afirmarse que el destino natural de suelo no urbanizable lo constituye la realización de actividades primarias de carácter agrario o similar y que la realización de obras o construcciones, así como de uso y disposición de instalaciones y edificaciones distintos a los de carácter agrario, constituyen una excepción a la regla, pudiendo ejercitarse con sujeción estricta a lo dispuesto en la ley, y como tal su interpretación debe ser restrictiva'. Esta interpretación restrictiva se basa en el principio de no desvirtuar la función social encomendada a los terrenos clasificados como no urbanizable, cuya preservación se encuentra estrechamente vinculada a la protección del medio ambiente (art. 45 CE), lo que implica que el criterio prevalente es el interés público de defenderlo y conservarlo (STS de 22.02.1988). Por eso, la declaración de interés comunitario debe efectuarse a favor del mejor emplazamiento desde el punto de vista no solo de la actividad y del uso a que se destina, sino de la Ley de Ordenación Territorial. En este sentido el citado artículo 16.2 de la propia Ley del Suelo No Urbanizable, exige que el acto administrativo que decide la atribución del uso y aprovechamiento pondere tales circunstancias de la actividad propuesta sobre la ordenación del territorio y la oportunidad y conveniencia de su localización en el suelo no urbanizable.  
2. A tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 de la Ley del Suelo No Urbanizable, la decisión de atribuir los usos o aprovechamientos corresponde a la administración de la Generalitat en ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística de planeamiento adoptándose previo informe municipal favorable. Es decir, se requiere la emisión de un informe municipal preceptivo y favorable a la actuación.  
3. Han transcurrido más de los tres meses previstos en el artículo 42.5.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, desde la citada solicitud al Ayuntamiento, sin que la emisión del informe preceptivo y favorable haya tenido lugar. Consecuentemente, no se ha justificado la conveniencia de la actividad propuesta desde el punto de vista del desarrollo local y autonómico. Ni puede, por tanto, efectuarse una valoración positiva de la misma para el interés público, en función de la necesidad de emplazamiento en el medio rural. Ni en la documentación presentada por el promotor consta debidamente ponderada la racional utilización colectiva del territorio (art. 16 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de Suelo No Urbanizable).  
4. Por otra parte, la administración autonómica cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para apreciar si concurren en el caso concreto las circunstancias que fundamenten la atribución del uso y aprovechamiento conforme a una jurisprudencia consolidada, como por ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (1.174/2004), más concretamente en su fundamento de derecho número 5: 'La lectura del artículo 16 de la Ley Valenciana del Suelo no Urbanizable nos indica con claridad que dicha declaración tiene o contiene valoraciones que podemos afirmar que tendrían el carácter de reglado y otras de carácter discrecional como sucede con el artículo 16.1.c sobre '...oportunidad y conveniencia de las actividades que se trate desde el punto de vista del desarrollo económico-social, autonómico y general...', lo que significa que la administración municipal goza de discrecionalidad para emitir el informe favorable o desfavorable, de la misma forma, que la Generalitat la tiene a la hora de determinar que una determinada actividad es o no 'de interés comunitario' el hecho de ubicarse en un determinado lugar. Este criterio lo podemos ver reflejado en la sentencia de la Sala Tercera Sección Quinta del Tribunal Supremo que en su sentencia de 29 de enero de 2003 nos dirá al respecto de la declaración de interés comunitario para el ejercicio de las actividades reguladas en la Ley 4/1992, de las Cortes Valencianas, constituye una decisión que ha de adoptarse, según el artículo 16.2 in fine de dicha ley, entre otros criterios de carácter reglado, atendiendo a la mayor oportunidad y conveniencia de la localización propuesta frente a otras áreas de suelo no urbanizable, lo que supone el ejercicio de una potestad discrecional que corresponde en último extremo a la administración, y, que no puede ser llevado a cabo por los órganos de la jurisdicción...'.  
Además de todo lo expuesto anteriormente cabe destacar de manera resumida los siguientes aspectos: en primer lugar las mencionadas instalaciones se encuentran ubicadas en las parcelas 268 y 270 en el paraje de agua de en medio, el uso actual de las parcelas es el destinado a la agricultura. En el artículo 125 de las normas se establece que en esa zona no se permite otro uso que el agrícola sin admitirse las excepciones que para el suelo urbanizable establece el artículo 84 de la Ley del Suelo, permitiéndose no obstante edificaciones para el almacenamiento y guarda de cosechas, aperos e instrumentos de labranza y para estancia del propietario y trabajadores en consonancia con las necesidades de la explotación agrícola.  
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 4/1992, del Suelo No Urbanizable, y en el artículo 6.e del Decreto 201/2003, de 3 de octubre, que aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, la competencia para la denegación de las declaraciones de interés comunitario corresponde al conseller de Territori i Habitatge.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de genera y pertinente aplicación, resuelvo:  
Denegar la solicitud de declaración de interés comunitario para construcción de cabañas de turismo rural adaptadas a minusválidos en el municipio de Cortes de Pallás, promovida a instancias de Francisco José Ventura García.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el conseller de Territorio y Vivienda en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno".  
La presente notificacion es transcripción exacta de la resolucion original que consta en el expediente".  
Valencia, 9 de febrero de 2007.- La directora general de Ordenacion del Territorio, p. s. (art. 7 del Decreto 137/2006), la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente: Cristina Serrano Mateo.