Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5524, del 31-05-2007 (2007/4637)

Información pública del concurso y bases particulares reguladoras de la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector R-28 del Plan General de Ordenación Urbana de La Pobla de Vallbona.
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Número DOGV
:   5524

Fecha DOGV
:   31-05-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2007/4637


Fecha del documento
:   05-04-2007

Organismo emisor
:   Castelltercol 7, SL

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Pobla de Vallbona, la
    * plan de urbanismo

Información pública del concurso y bases particulares reguladoras de la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector R-28 del Plan General de Ordenación Urbana de La Pobla de Vallbona. [2007/4637]  
A fecha de 15 de mayo de 2006 se presentó al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona la solicitud de inicio de concurso para el desarrollo del sector R-28 del Plan General de este municipio, y que preceptúa el artículo 130 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. Implicando dicha solicitud el desarrollo de las directrices de la ordenación estructural vigente, y en aplicación del referido artículo 130, punto 5 del mismo texto legal, y 282.2 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de mayo, «[?] si no se emitiera o notificara la resolución expresa en el plazo máximo de tres meses, el interesado podrá entender estimada su solicitud en los términos y con los efectos que reglamentariamente se establezcan». Por tanto, en términos legales y habiendo sido certificado el silencio positivo, respecto a la solicitud de inicio de concurso, por la corporación municipal, establece el artículo 282.2 ROGTU: «a) Se entenderá aplicable directamente el modelo de bases particulares aprobado por la conselleria competente en materia de territorio. En el supuesto de no existir bases generales aprobadas por el municipio, regirán asimismo las que se aprueben como anexo II de este reglamento; b) El promotor del procedimiento podrá publicar por sus propios medios el inicio de concurso incluyendo, en todo caso, los anuncios que deban regir la licitación. El procedimiento, plazo y efectos de la publicación serán los regulados en los artículos 132 y siguientes de la Ley Urbanística Valenciana». En consecuencia se publica el presente anuncio de concurso que incluye todos los aspectos establecidos en el artículo 132 LUV, así como los reglamentarios.  
Que habiendo sido aprobadas por Orden de 13 de diciembre de 2006, del conseller de Territorio y Vivienda, el modelo tipo de bases particulares para la adjudicación de programas de actuación integrada, y publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a fecha de 15 de diciembre de 2006, es que, habiéndose estimado la solicitud de inicio de concurso para el desarrollo del sector R-28 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Pobla de Vallbona, se procede a su publicación al amparo de los antecitados preceptos legales. Asimismo, estas bases particulares se han adaptado a las Bases Generales aprobadas por el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia a fecha de 23 de febrero de 2007.  
Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector R-28 del PGOU de La Pobla de Vallbona  
I. Objeto del contrato  
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada que se especifica en las presentes bases particulares, en las que se regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la selección de una propuesta de programa de actuación integrada y de un urbanizador para el desarrollo urbanístico de la actuación. Especificándose en el anexo I, apartado A).  
II. Régimen jurídico (art. 286.1.d) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las presentes bases particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV) y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, y las bases generales de programación.  
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, así como las normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
III. Ordenación urbanística vigente (art. 131.2.a Ley Urbanística Valenciana)  
La ordenación urbanística vigente en el ámbito de actuación es la que figura en el apartado B) del anexo I.  
IV. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada (art. 131.2.b) Ley Urbanística Valenciana)  
1. Memoria de necesidades:  
Deberá justificarse en la propuesta de programación la necesidad de abordar un desarrollo urbano armónico, bajo un nuevo modelo que signifique una oferta de desarrollo inmobiliario, residencial, terciario e industrial de alta calidad, aprovechando al máximo las condiciones naturales y de accesibilidad del territorio.  
2. Objetivos de la programación:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:  
- Recabar, de los correspondientes registros (de la propiedad y catastro), toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.  
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación con carácter previo a la redacción del proyecto.  
- En caso de existir, efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semiconsolidadas, con propuesta de solución en los términos previstos en el capítulo III del título I de la Ley Urbanística Valenciana.  
- Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación.  
- Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.  
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.  
- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, ferrocarril, barrancos y otros)  
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el catastro.  
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.  
b) Urbanizar completamente la unidad o unidades de ejecución que constituyen el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa (definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales).  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:  
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, dominio público marítimo-terrestre y otros)  
- Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).  
- Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las siguientes obras complementarias que fuesen necesarias.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:  
- El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.  
- Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantando la correspondiente acta de entrega.  
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados.  
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público del suelo a favor de la administración actuante de forma gratuita.  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados. (El Ayuntamiento, en los supuestos en que proceda el deber de cesión previsto en el artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, deberá establecer los criterios de valoración y la secuencia para hacer efectivo el deber).  
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de programa.  
i) En su caso, y con carácter complementario, se fijan como objetivos a cargo del urbanizador y sin que sean repercutibles a los propietarios de terrenos afectados, la ejecución de los programas de restauración paisajística, dentro del ámbito del programa de actuación integrada, conforme a las directrices establecidas en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
Todo ello de conformidad con lo establecido en apartado C) del anexo I  
V. Parámetros urbanísticos (art. 131.2.c Ley Urbanística Valenciana).  
Los parámetros urbanísticos son los establecidos en la ficha de gestión que figura en el apartado D) del anexo I.  
VI. Criterios y objetivos territoriales (art. 131.2.d Ley Urbanística Valenciana).  
Los criterios y objetivos territoriales son los que se establecen en el apartado E) del anexo I  
VII. Criterios de ordenación urbanística (art. 131.2.d Ley Urbanística Valenciana).  
Los criterios de ordenación urbanística son los que se establecen en el apartado F) del anexo I  
VIII. Objetivos de edificación privada (art. 131.2.e Ley Urbanística Valenciana)  
1. Los objetivos de edificación privada son los establecidos en el apartado G) del anexo I.  
2. Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los establecidos en los instrumentos de planeamiento que resulten de aplicación y en concreto en al apartado G) del anexo I.  
3. Se establece la obligación de simultanear la urbanización y la edificación en el porcentaje mínimo establecido en el apartado G del anexo I.  
IX. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión (art. 131.2.f Ley Urbanística Valenciana)  
Deberán enumerarse detalladamente todos los documentos técnicos de ordenación y gestión que deberán ser presentados por el aspirante a urbanizador (plan parcial, documento de justificación integración territorial, estudio de paisaje, ...) así como las prescripciones técnicas y formales que deberán respetarse en su elaboración y presentación ante la administración (maqueta, soporte digital ...) de conformidad con lo establecido en el apartado H) del anexo I  
X. Prescripciones técnicas del proyecto urbanización (art. 131.2.h Ley Urbanística Valenciana)  
El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No podrá modificar las previsiones del plan que desarrolla. En ningún caso, podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación.  
Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el artículo 156.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
A tenor de las bases generales reguladoras, en los casos en que la obra de urbanización supere los 120.202,42 euros, el proyecto de urbanización deberá indicar la clasificación que se exigirá al empresario constructor.  
XI. Precio de licitación (art. 286.1.h del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
El precio de licitación, que sirve exclusivamente de base para el cálculo de la garantía provisional, es el establecido en el apartado I) del anexo I, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana.  
XII. Plazos de desarrollo y ejecución del programa (art. 131.2.i) Ley Urbanística Valenciana y art. 286.1.i del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
Se establecen, en el apartado J) del anexo I los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por parte del urbanizador:  
A. Plazo máximo para la selección del empresario constructor de la obra civil de urbanización, contado desde la aprobación del proyecto de reparcelación.  
B. Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación.  
C. Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización contado desde la selección del empresario-constructor.  
D. Plazo máximo de edificación de los solares contado desde la recepción de las obras de urbanización.  
XIII. Capacidad para ser urbanizador  
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
XIV. Solvencia económica y financiera (art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana).  
La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
XV. Solvencia técnica y profesional (art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana).  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
XVI. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad que se establece en el apartado K) del anexo I.  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece en un 10 por ciento del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20 por ciento en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
XVII. Presentación de proposiciones  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en el plazo y lugar que se establece en el apartado L) del anexo I, sus proposiciones, integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación, que es la establecida en la bases generales para la gestión indirecta de programas de actuación integrada aprobadas por el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona:  
El sobre número 1, que tendrá la denominación de Documentación administrativa, contendrá la siguiente documentación:  
1. Se hará mención a que los requisitos de capacidad y personalidad que resultaron acreditados con la solicitud, proponiendo el inicio del procedimiento.   
Se entenderán por documentos acreditativos de la personalidad, la capacidad, y la representación, en su caso, del firmante de la solicitud, los siguientes:  
1) Documento nacional de identidad del solicitante cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales, por fotocopia compulsada; o escritura de constitución de la sociedad mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera persona jurídica.  
2) Cuando se actúe por representación, esta deberá acreditarse mediante poder bastante al efecto, acompañándolo de una declaración jurada de este se encuentra vigente.  
3) En caso de presentar la solicitud de inicio varias empresas, constituyendo una unión temporal de urbanizadores, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la solicitud, la participación de cada una de ellas, designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración.  
4) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles de estados miembros de la Unión Europea, se acreditará por los medios descritos en el artículo 15 del TRLCAP y del artículo 9 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  
5) La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará por los medios descritos en el artículo 15 del TRLCAP y en el artículo 10 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  
El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Contratos y Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana será admitido como documento válido para acreditar la capacidad de obrar, personalidad jurídica y representación, siempre que se acompaña de una declaración responsable del licitador o de su representante de la vigencia de los datos inscritos.  
2. Una declaración jurada con el siguiente contenido:  
a. Que el aspirante no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en la normativa de contratos de las administraciones públicas.   
b. Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.  
c. Declaración jurada de no haber participado en la investigación, la experimentación, el estudio o el desarrollo del Plan de Acción Territorial o el Plan General que afecte la ordenación del ámbito del programa que se licita.  
3. Documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de solvencia económica y financiera, que se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras. Únicamente se admitirán informes emitidos por instituciones financieras registradas por el Banco de España y cuya fecha de emisión no sea posterior a los tres meses de la remisión del anuncio de licitación al DOCE.  
b) Si se trata de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o extracto de las mismas, en el caso de que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido. Sólo se admitirán las cuentas generales debidamente diligenciadas por su presentación en el Registro Mercantil en aquellos casos en que la legislación aplicable disponga tal obligación.  
c) Declaración del volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionados con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios. No se entenderá suficientemente acredita la solvencia económica de ningún aspirante con la sola presentación de este documento.   
d) Cualesquiera otros documentos que se fijen en las bases particulares, pudiendo basarse incluso en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos.  
Las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.  
La justificación de la solvencia económica y financiera de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrán basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus miembros.  
4. Documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica y profesional.  
La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada promovidos o gestionados por el concursante.  
b) Documentación acreditativa de la titulación de su equipo técnico redactor y asesor, debiendo este estar integrado, como mínimo por un arquitecto o ingeniero superiores y un licenciado en derechos, indicando que parte de este equipo técnico va a participar en la gestión del programa de actuación integrada y, especialmente, de los responsables de control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla de personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
h) Cualesquiera otros medios que demuestren al Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, basándose, incluso, en la solvencia técnica y profesional de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza suscritos entre ambos.  
La solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés urbanístico se acreditará, en todo caso, basándose en la solvencia técnica y profesional de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza suscritos entre ambos.  
La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrán basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus miembros.  
5. Resguardo acreditativo del depósito de la garantía provisional en la cuantía establecida en las bases particulares y en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, con las siguientes especialidades:  
5.1. Cuando se trate de garantías en metálico o en valores, se constituirán en la Tesorería del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, a disposición del Ayuntamiento, debiendo incluirse en el sobre 1 de documentación general la carta de pago acreditativo de su ingreso.  
5.2 Cuando se preste mediante aval por bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca, sólo se aceptarán si tales entidades se encuentran autorizadas para operar en España en la forma y condiciones establecidas en el artículo 56 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
5.3. Cuando se preste por contrato del seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de la caución. De conformidad con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas: la garantía deberá constituirse en forma de certificado individual del seguro, con la misma extensión y garantías que las resultantes de la póliza. Dicho certificado individual deberá hacer referencia expresa a que la falta de pago de la prima, sea única, primera o siguiente, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía, así como a que el asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle ante el tomador del seguro.  
6. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y despliegue del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.  
7. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la Ley Urbanística Valenciana. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental de tales extremos.  
El sobre número 2, que tendrá la denominación proposición jurídico-económica:  
Se presentará en plica cerrada y contendrá la documentación prevista en el artículo 127 de la LUV y 302 del ROGTU.  
Cada concursante no podrá presentar más de una proposición jurídico-económica. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por este.  
El sobre número 3, que tendrá la denominación Alternativa técnica:  
Se presentará en plica abierta y en el soporte informático que dispongan las bases particulares, y contendrá la documentación a que hace referencia el artículo 126 de la LUV y el artículo 307 ROGTU.  
Podrá presentarse una única variante a la alternativa técnica por cada aspirante a urbanizador en los términos descritos en el artículo 309 del ROGTU.  
XVIII. Contenido mínimo de la alternativa técnica.  
La alternativa técnica del programa de actuación integrada tendrá el contenido siguiente:  
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación pormenorizada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al presente concurso. En otro caso, la alternativa técnica deberá ir acompañada necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación pormenorizada para el ámbito de actuación.  
b) Ámbito de la actuación. Se permitirá la redelimitación del ámbito territorial a programar por parte de la Alternativa Técnica en las condiciones establecidas en el apartado M) del anexo I. En defecto de previsión expresa, únicamente tendrá lugar cuando tenga por objeto la ampliación de la red primaria y secundaria prevista en el planeamiento vigente. En todo caso, se debe asegurar el suplemento de dotaciones de red primaria y de red secundaria que exija la ampliación y su debida integración en la estructura urbanística del plan.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
f) Proyecto de urbanización.  
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
k) Si la propuesta de programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la documentación establecida para tales supuestos en la Ley Urbanística Valenciana.  
l) Deberá contenerse el compromiso del licitador de edificar de forma simultánea a la ejecución de la urbanización un porcentaje mínimo establecido en el apartado G) del anexo I.  
XIX. Proposición jurídico-económica  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos, de conformidad con lo establecido en el apartado N) del anexo I:  
A. Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
B. Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.  
C. Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
D. Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe reglamentariamente.  
E. Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b) de la Ley Urbanística Valenciana.  
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
F. Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
G. Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.  
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.  
XX. Admisibilidad de variantes (art. 131.2.g de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca las de carácter económico, siempre y cuando, estas últimas no alteren sustancialmente la ordenación urbanística propuesta.  
2. No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
3. En caso de admitirse, cada aspirante a urbanizador podrá presentar una única variante.  
4. La presentación de una variante en ningún caso legitimará la presentación de una nueva proposición jurídico-económica.  
5. El Ayuntamiento podrá elegir, de entre la Alternativa original y la variada, aquella que mejor satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la proposición jurídico-económica formulada y sin poder modificar en ningún caso el contenido de las bases particulares.  
6. No se entenderá como alternativa técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar alternativa técnica, que no se considerará variante de su avance de programación, todo ello con respeto a lo dispuesto en las bases generales y particulares que regulen el procedimiento.  
XXI. Criterios de adjudicación (art. 286.1.j del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
Los criterios de adjudicación son los establecidos en el apartado O) del anexo I.  
XXII. Adjudicación del programa (art. 286.1.g del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
1. El programa de actuación integrada se aprobará condicionado a la efectiva realización de las obras señaladas en el apartado P) del anexo I.  
2. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base XVI de las presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva del coste de las indemnizaciones, justiprecios y gastos de realojo necesarios para realizar la actuación, la totalidad del coste de las obras de urbanización complementarias y un 7 por 100 del coste de las obras de edificación.  
XXIII. Formalización del contrato  
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.  
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.  
3. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
XXIV. Dictamen del Consejo del Territorio y Paisaje (art. 286.1.c del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).  
En los supuestos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana deberá recabarse el informe del Consejo del Territorio y Paisaje.  
XXV. Cumplimiento  
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.  
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.  
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.  
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.  
6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.  
XXVI. Resolución  
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.  
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La no formalización del contrato en plazo.  
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.  
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20 por 100.  
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta Ley.  
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.  
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al Urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.  
XXVII. Prerrogativas de la administración (art. 286.1.e) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  
XXVIII. Jurisdicción competente (art. 286.1.f) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.  
Estas bases particulares para la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector R-28 del PGOU de La Pobla de Vallbona se adaptarán, en todo lo que en ellas no se encuentre preceptuado, a las exigencias que establezcan las bases generales aprobadas por el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia a fecha de 23 de febrero de 2007  
Valencia, 5 de abril de 2007. El presidente del Consejo Directivo de Castellterçol: Jordi Roselló Viñas.  
ANEXO I  
A. Objeto del contrato  
Ámbito de actuación:   
El ámbito de actuación es el sector R-28 delimitado en el Plan General de Ordenación Urbana de La Pobla de Vallbona. Sus límites son los siguientes:  
- Norte: sector Golf Pobla.  
- Sur: suelo urbano.  
- Este: carretera CV-372.  
- Oeste: sector Golf Pobla, vial RV-24B y suelo urbano.  
Número de expediente  
No existe  
B. Ordenación urbanística  
Documentación urbanística  
Planeamiento supramunicipal  
Estatal:  
- Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones.  
Autonómica:  
- Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
- Ley 10/2004, de 9 diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable.  
- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (DOGV 31.12.2005).  
- Ley 6/1991, de 27 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Carreteras de la Comunidad Valenciana (DOGV. Núm. 1016, de 5 de abril de 1991).  
- Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (DOGV. núm. 5264, del 23 de mayo de 2006).   
- Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana. Orden de 26 de abril de 1999 (DOGV de 5 de mayo de 1999).  
- Orden de 8 de marzo de 1999, de la conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, por la que se declaran de necesaria observancia, en la redacción de los planes urbanísticos o territoriales que se formulen en el ámbito de la Comunidad Valenciana determinadas cartografías temáticas y estudios integrantes del sistema de información territorial publicadas por esta conselleria.  
- Circular de la Subsecretaría de Urbanismo y Ordenación Territorial sobre la incidencia de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen de suelo y valoraciones en la legislación urbanística valenciana.  
Planeamiento general  
Sectorial:  
- Plan General de Ordenación Urbana de La Pobla de Vallbona (Valencia), aprobado definitivamente en fecha 2 de julio de 2004 C.T.U. (BOP de 28.04.2006).  
Planeamiento de desarrollo o en tramitación  
El sector R-28 se desarrollará con un plan parcial.  
Parámetros urbanísticos  
Parámetros urbanísticos   
Superficie del ámbito 135.288,29 m²s  
Clasificación Suelo urbanizable   
Calificación Residencial   
Aprovechamiento tipo 0,22 m²t h/m²s  
Red primaria Terrenos exteriores adscritos  
 a la gestión:  
RV-24 7.748,86 m²s  
5.748,33 m²s de ED-100 5.748,33 m²s  
ED-33 16.066,07 m²s  
Red secundaria A definir en ordenación detallada  
C. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada  
Transformación jurídica de las fincas  
Obras generales  
Las obras a realizar en el sector R-28 serán:  
- Movimiento de tierras: desmontes, terraplenes, explanaciones   
- Pavimentación de calles: calzadas, aceras, zona verde  
- Realización de la red de saneamiento y la red de pluviales: distribución, acometida  
- Realización de la red de agua potable y red de riego: distribución, acometidas  
- Realización de la red de energía eléctrica (media y baja tensión): distribución, acometidas  
- Realización de la red de alumbrado público  
- Realización de la red de telefonía y telecomunicaciones  
- Realización de la red de gas: distribución  
- Ajardinamiento  
- Colocación de mobiliario urbano  
D. Fitxa de gestió  
Descripció del sector   
Classe de sòl Sector Residencial   
Urbanitzable Denominació R-28   
Paràmetres d'edificabilitat   
Superfície del sector 135.288,29 m²s  
Edificabilitat lucrativa màxima total objectiva, o real 37.204,28 m²t  
Homogeneïtzada 36.498,50 m²t  
Edificabilitat objectiva màxima de l'ús residencial 35.344,07 m²t  
Edificabilitat objectiva màxima de l'ús terciari 1.860,21 m²t  
Índex edificabilitat 0,2750 m²t/m²s  
Índex edificabilitat parcial residencial 0,2613 m²t/m²s  
Índex edificabilitat parcial terciària 0,0137 m²t/m²s  
Usos   
Ús dominant Residencial ciutat jardí   
Ús incompatible Habitatges en bloc, industrials, no urbans,   
 i infraestructures i serveis urbans no compatibles   
 amb la residència, com a cementeri, abocador o altres  
Gestió   
Unitat d'execució Sector R-28   
Àrea de repartiment núm. 5   
Aprofitament tipus 0,22 m²t h/m²s  
Terrenys exteriors adscrits a la gestió RV-24 7.748,86 m²s  
5.748,33 m²s d'ED-100 5.748,33 m²s  
ED-33 16.066,07 m²s  
\* \* \* \* \*  
D. Ficha de gestión  
Descripción del sector   
Clase de suelo Sector Residencial   
Urbanizable Denominación R-28   
Parámetros de edificabilidad   
Superficie del sector 135.288,29 m²s  
Edificabilidad lucrativa máxima total objetiva, o real 37.204,28 m²t  
Homogeneizada 36.498,50 m²t  
Edificabilidad objetiva máxima del uso residencial 35.344,07 m²t  
Edificabilidad objetiva máxima del uso terciario 1.860,21 m²t  
Índice edificabilidad 0,2750 m²t/m²s  
Índice edificabilidad parcial residencial 0,2613 m²t/m²s  
Índice edificabilidad parcial terciaria 0,0137 m²t/m²s  
Usos   
Uso dominante Residencial ciudad jardín   
Uso incompatible Viviendas en bloque, industriales, no urbanos,   
 e infraestructuras y servicios urbanos no compatibles  
 con la residencia, como cementerio, vertedero u otros  
Gestión   
Unidad de ejecución Sector R-28   
Área de reparto nº 5   
Aprovechamiento tipo 0,22 m²t h/m²s  
Infraestructuras y dotaciones complementarias  
- Acondicionamiento del tramo de la carretera CV-372, comprendido entre la segunda rotonda RV23-RV24A y el linde del término municipal por el sur.  
Informes preceptivos  
El sector R-28 linda al este con la carretera CV-372 por ello será necesaria la aportación del informe de la Diputación Provincial de Valencia en materia de carreteras.  
Informe favorable de las compañías suministradoras.  
Características del PMS  
No condicionado por el Plan General.  
Cronograma  
Plazo de urbanización: A establecer en contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada (art. 138 LUV)  
Plazo de edificación: A establecer en contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada (art. 138 LUV)  
Terrenos exteriores adscritos a la gestión RV-24 7.748,86 m²s  
5.748,33 m²s de ED-100 5.748,33 m²s  
ED-33 16.066,07 m²s  
Condiciones   
Secuencia lógica del desarrollo territorial:   
La programación de este sector requiere la disponibilidad previa o simultánea de cualquiera de los dos accesos directos a la carretera de Riba-roja (ROT A, o bien, Rotonda RV-23--RV-24/A), completos, conforme la revisión del plan general.  
La ejecución del planeamiento se llevará a cabo mediante una única actuación integrada.  
Condiciones de incorporación de cada tramo de urbanización al entorno urbanizado, o a urbanizar en el futuro:  
- La acción de programación será única y comprenderá las siguientes actuaciones:  
a) La gestión del suelo y puesta en servicio del elemento de la red estructural de dotaciones públicas, viario, RV-24, incluso la rotonda de conexión con la carretera de Riba-roja de Túria (CV-372).  
b) El acondicionamiento del tramo de la carretera CV-372 comprendido entre la segunda rotonda (WK-46-KQ-17/A) y el linde del término municipal por el sur. Dicho acondicionamiento implicará en los terrenos calificados como EL CA, la ampliación de la calzada según la sección programa por el Área de Carreteras de la Diputación Provincial de Valencia, en el tramo variante desde el puente del FF.CC hasta rOT. A. El coste de tal actuación se repartirá proporcionalmente a la edificabilidad entre los sectores R-27 y R-28.  
Para la ejecución de todo lo anteriormente expuesto se deberá realizar un proyecto de construcción conforme a la normativa y legislación vigente en materia de carreteras y siguiendo las directrices del Área de Carreteras de la Diputación Provincial de Valencia, redactado por técnico competente y visado por colegio profesional, con el fin de obtener el receptivo permiso de la Diputación Provincial de Valencia.  
Asimismo, en relación a la carretera, y dado que el sector incluye, por el oeste, a la zona de protección de la misma, los proyectos de urbanización incorporarán un estudio de contaminación acústica y lumínica que deberá ser aprobado por el Área de Carreteras de la Diputación Provincial de Valencia.  
En ningún caso se admitirá la disposición de accesos directos al sector desde la carretera CV-372.  
c) La gestión de una superficie de 5.748,33 m² del elemento de la red estructural de dotaciones públicas- equipamiento, ED-100.  
d) La gestión del elemento de la red estructural de dotaciones públicas - equipamiento, ED-33, de 16.066,07 m² de superficie.  
e) La conexión, o adecuada articulación con el viario ya existente, o proyectado, en las áreas inmediatas clasificadas como suelo urbano.  
f) La conexión con el sistema de colectores de la red estructural que se determina en los planos de ordenación estructural del plan general, incluso la ejecución de los tramos de éstas que no estén disponibles hasta asegurar que el vertido producido es conducido a la estación depuradora de aguas residuales Camp de Túria.  
g) La conexión con el sistema de abastecimiento de aguas de la Red Estructural que se determina en los planos de ordenación estructural del Plan General, incluso la ejecución de los tramos de éstas que no estén disponibles.  
- En la ordenación pormenorizada, los terrenos que en el Plan General se identifican con la clave EL CA a lo largo de la carretera CV-372 son de destino público y se calificarán como espacio libre vinculado a la carretera, siendo de aplicación a los mismos el régimen urbanístico que se determina en los artículos 81 a 83 de las Normas de ordenación pormenorizada de la revisión del Plan General.  
E. Criterios y objetivos territoriales  
- Se trata de un suelo urbanizable delimitado en el vigente Plan General de Ordenación Urbana que da continuidad al crecimiento del municipio, y que aumenta, de una forma lógica y proporcionada, la oferta residencial de vivienda, fomentando el desarrollo sostenible del medio.  
- Entre los documentos que se adjunten al programa se encuentra el Estudio de integración paisajística.  
F. Criterios de ordenación urbanística  
Criterios de ordenación urbanística   
Zonas verdes, dotacional y plazas   
de aparcamiento públicas Art. 208 del ROGTU   
Número máximo de viviendas 270   
Parcela mínima   
RuBE, Vua: Viviendas unifamiliares aisladas 400m²  
RuBA, Vup: viviendas unifamiliares pareadas 300m²  
RuBA, Vuh: viviendas unifamiliares en hilera 250m²  
Ter BA, Ter: bloques para usos terciarios 500m²  
G. Objetivos de edificación  
A determinar en el documento de plan parcial en colaboración con el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona.  
H. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión  
El aspirante a urbanizador deberá presentar los siguientes documentos técnicos de ordenación y gestión:  
- Plan parcial.  
- Proyecto de urbanización.  
- Estudio de integración paisajística.  
- Estudio acústico.  
Toda esta documentación se presentará ante la administración en soporte digital.  
I. Precio de licitación  
Precio de licitación en cifra: 8.545.500 €.  
Precio de licitación en letra: ocho millones quinientos cuarenta y cinco mil quinientos euros.  
J. Plazos de desarrollo y ejecución del programa  
Plazo total   
Plazos parciales   
Para la selección del empresario constructor de la obra civil de urbanización: En el plazo de un mes desde la formalización del contrato entre el urbanizador y la administración actuante  
Para presentación del proyecto de reparcelación: Deberá someterse a información al público en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo para la opción por modalidad de retribución previsto en el artículo 166 LUV.  
Para la ejecución de las obras de urbanización: Deberá producirse en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación.  
Para la edificación de los solares: Plazo máximo de un año  
Prorrogas: Plazo de edificación prorrogable hasta dos años.  
K. Garantías  
Garantía provisional: 2% de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido.  
Garantía definitiva: 10% del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido.  
L. Presentación de proposiciones  
Plazo: En ausencia de previsión expresa será de tres meses a partir de la fecha de envío del anuncio al DOCE  
Razones de dificultad o complejidad técnica que justifican el aumento del plazo  
 Razones: Por la complejidad de redacción de los documentos que se presenten  
 Plazo: 1 mes  
Lugar Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, calle Colón, nº 93, CP 46272   
Horario: 09.00 a 14.00 horas  
N. Proposició juridicoeconòmica  
Relacions entre l'urbanitzador i els propietaris  
   
Modalitat de retribució Retribució en parcel·les edificables Condicions Termini  
Possibilitat d'optar   
per la retribució en metàl·lic Comunicació en document públic La sol·licitud s'acompanyarà Dos mesos des que rep  
 o per compareixença administrativad de garantia, real o financera, la comunicació que  
 suficient, que assegure preceptua l'article 166 LUV.  
 el desemborsament   
 de la retribució.  
 La garantia es prestarà   
 pels mitjans que lliurement   
 pacten els interessats   
 i l'urbanitzador.   
Drets d'adjudicació Parcel·la mínima Aprofitament subjectiu Superfície mínima de la  
 parcel·la aportada  
 per a ser adjudicatari  
 Establides en la taula de l'apartat F) 0,2750 m²t/m²s RuBE, Vua: 764 m²s  
 RuBA, Vup: 573 m²s  
 RuBA, Vuh: 478 m²s  
 Ter BA, Ter: 955 m²s  
Terrenys a disposició de l'urbanitzador Titularitat Identificació registral  
 Art. 127.b LUV Art. 127. b LUV   
Elements econòmics Es determinarà en la prop. juridicoeconòmica que es presentarà en sobre tancat  
Pressupost de licitació Es determinarà en la prop. juridicoeconòmica que es presentarà en sobre tancat  
Cost de projectes Es determinarà en la prop. juridicoeconòmica que es presentarà en sobre tancat  
Despeses de gestió Es determinarà en la prop. juridicoeconòmica que es presentarà en sobre tancat  
Benefici de l'urbanitzador Es determinarà en la prop. juridicoeconòmica que es presentarà en sobre tancat  
Càrregues d'urbanització Es determinarà en la prop. juridicoeconòmica que es presentarà en sobre tancat  
Coeficient de canvi Es determinarà en la prop. juridicoeconòmica que es presentarà en sobre tancat  
Preu del sòl a efectes del canvi Es determinarà en la prop. juridicoeconòmica que es presentarà en sobre tancat  
Finançament No  
\* \* \* \* \*  
N. Proposición jurídico-económica  
Relaciones entre el urbanizador y los propietarios  
   
Modalidad de retribución Retribución en parcelas edificables Condiciones Plazo  
Posibilidad de optar  
por la retribución en metálico Comunicación en documento público La solicitud se acompañará Dos meses desde que recibe  
 o por comparecencia administrativa de garantía, real o financiera, la comunicación que  
 suficiente, que asegure preceptúa el artículo 166 LUV  
 el desembolso   
 de la retribución.  
 La garantía se prestará   
 por los medios que libremente  
 pacten los interesados  
 y el urbanizador.  
Derechos de adjudicación Parcela mínima Aprovechamiento subjetivo Superficie mínima de la  
 parcela aportada  
 para ser adjudicatario  
M. Redelimitación del ámbito territorial  
No se permitirá la redelimitación / variantes en el ámbito contenido en la previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de La Pobla de Vallbona, a estos efectos no se considerarán variantes, por lo que serán admisibles, en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algunos puntos perimetrales de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por sus escasa dimensión no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
 Establecidas en la tabla del apartado F) 0,2750 m²t/m²s RuBE, Vua: 764 m²s  
 RuBA, Vup: 573 m²s  
 RuBA, Vuh: 478 m²s  
 Ter BA, Ter: 955 m²s  
Terrenos a disposición del urbanizador Titularidad Identificación registral  
 Art. 127.b LUV Art. 127. b LUV   
Elementos económicos A determinar en la prop. jurídico-económica que se presentará en sobre cerrado  
Presupuesto de licitación A determinar en la prop. jurídico-económica que se presentará en sobre cerrado  
Coste de proyectos A determinar en la prop. jurídico-económica que se presentará en sobre cerrado  
Gastos de gestión A determinar en la prop. jurídico-económica que se presentará en sobre cerrado  
Beneficio del urbanizador A determinar en la prop. jurídico-económica que se presentará en sobre cerrado  
Cargas de urbanización A determinar en la prop. jurídico-económica que se presentará en sobre cerrado  
Coeficiente de canje A determinar en la prop. jurídico-económica que se presentará en sobre cerrado  
Precio del suelo a efectos del canje A determinar en la prop. jurídico-económica que se presentará en sobre cerrado  
Financiación NoO. Criterios de adjudicación  
Criterios de adjudicación Ponderación  
1. Alternativa técnica   
Calidad técnica de la ordenación propuesta: 50%  
Resolución adecuada de la integración de la actuación en su entorno: 20%  
Mejor estructuración de las dotaciones públicas y espacios libres   
Calidad técnica de las resoluciones propuestas para la urbanización: 5% ?10%  
Viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador: 5%-15%  
Inversión en programas de restauración paisajísticas o de imagen urbana dentro del ámbito del programa: 5%-10%  
Plazo de ejecución del programa de actuación.   
Compromiso de edificación simultanea a la urbanización por encima del mínimo legalmente exigible: 5%-10%  
Compromisos adicionales asumidos voluntariamente a cargo del urbanizador   
2. Puntuación mínima de la alternativa para poder valorar la proposición jurídico-económica (?)  
3. Proposición jurídico-económica   
Valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio a efectos de pago en terrenos, junto con la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente, y mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el registro de la propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa: 55%-75%  
Importe de las cargas de urbanización (euros/m² edificabilidad): 25%-35%  
Compromisos financieros para la ejecución e las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa: 5%-10%  
4. Porcentaje de la alternativa técnica y proposición jurídico-económica   
A. Alternativa   
- Modificación de ordenación estructural 65%- 75%  
- Ordenación pormenorizada 60%-70%  
- Sin ordenación mi estructural ni pormenorizada 40%-50%  
B. Proposición jurídico-económica   
- Modificación de ordenación estructural 25%-35%  
- Ordenación pormenorizada 30%-40%  
- Sin ordenación mi estructural ni pormenorizada 50%-60%  
P. Adjudicación conexa o condicionada  
a) actuaciones previas o simultáneas a las que se condiciona la realización del programa de actuación  
Ninguna   
B) Obligaciones económicas precisas para compensar a los afectados por la actuación más costosa con cargo a los de otras que se beneficien de aquella por concentrarse en la misma obra o sobrecostes de común utilidad  
En cuanto al acondicionamiento del tramo de la carretera CV-372 comprendido entre la segunda rotonda (XS-94-IF-80/A) y el linde del término municipal por el sur implicará, en los terrenos calificados como EL CA, la ampliación de la calzada según la sección programada por el Área de Carreteras de la Diputación Provincial de Valencia, en el tramo variante desde el puente del FF.C. hasta rOT. A. El coste de tal actuación se repartirá proporcionalmente a la edificabilidad entre los sectores R-27 y R-28.