Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6734, del 14-03-2012 (2012/2358)

Concurso para la programación y selección de urbanizador del programa de actuación integrada del sector UZI-12 Alto de Salinetas del Plan General.
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Número DOGV
:   6734

Fecha DOGV
:   14-03-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2012/2358


Fecha del documento
:   24-02-2012

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Petrer

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Petrer
    * contrato administrativo
    * plan de urbanismo

Concurso para la programación y selección de urbanizador del programa de actuación integrada del sector UZI-12 Alto de Salinetas del Plan General. [2012/2358]  
En cumplimiento del artículo 132.2 de la Ley Urbanística Valenciana y el artículo 291 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, se publica el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 23 de febrero de 2012, relativo al anuncio de concurso para la programación y selección de urbanizador del programa de actuación integrada del sector UZI-12 Alto de Salinetas del Plan General de Petrer, que en su parte dispositiva establece:  
  
«Primero. Admitir a trámite la solicitud de programación formulada por la mercantil Promociones Suayfre, SL e iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del programa de actuación integrada del UZI-12 Alto de Salinetas del Plan General de Petrer  
  
Segundo. Aprobar las bases particulares para la selección y adjudicación del programa de actuación integrada del UZI-12 Alto de Salinetas del Plan General de Petrer, que han sido redactadas por los técnicos municipales.  
  
Tercero. Publicar el anuncio de concurso, con el contenido establecido reglamentariamente, en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento, Diario Oficial de la Unión Europea y Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, advirtiendo de la posibilidad de presentar por parte de los interesados proposiciones para participar en el concurso del programa de actuación integrada dentro de los plazos legalmente previstos.  
  
Cuarto. Suspender el otorgamiento de licencias y la admisión de iniciativas de programación por tramitación del presente programa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 289 y 190 del ROGTU.  
  
Quinto. Notificar el presente acuerdo a Promociones Suayfre, SL y a los demás interesados, con expresión de los recursos procedentes en derecho.  
- Se informa que la fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea es 27.02.2012.  
- Entidad local adjudicadora del programa: Ayuntamiento de Petrer (Alicante); plaza de Baix, 1, Petrer, 03900.  
Teléfono de contacto: 361 232 683  
Fax de contacto: 087 904 700  
Dirección de correo electrónico de contacto:   
Dirección de Internet:   
Unidad administrativa de la entidad local responsable de la tramitación: Departamento de Urbanismo.  
  
Bases particulares para la selección y adjudicación del programa de actuación integrada del sector UZI-12 Alto de Salinetas del Plan General de Petrer:  
  
I. Objeto del contrato  
Las presentes bases particulares tienen por objeto el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada sobre el ámbito de actuación que se detalla a continuación, y regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la selección de una propuesta de programa de actuación integrada y de un urbanizador para el desarrollo urbanístico de la actuación.  
  
Ámbito de actuación: UZI-12 Alto de Salinetas del Plan General  
  
II. Régimen jurídico (art. 286.1.d del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y, en todo lo no previsto en las presentes bases particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, y modificado por Decreto 36/2007, de 13 de abril, y las bases generales de programación que, con carácter supletorio se contienen en el citado reglamento.  
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el capítulo V del título II del libro IV del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de junio, relativas al contrato de servicios, y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, así como las normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
  
III. Ordenación urbanística vigente (art. 131.2.a Ley Urbanística Valenciana)  
La ordenación urbanística vigente en el ámbito de actuación es la siguiente:  
  
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IV. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada (art. 131.2.b Ley Urbanística Valenciana)  
1. Memoria de necesidades:  
El ámbito del suelo urbanizable UZI-12 Alto de Salinetas y su ordenación pormenorizada se contienen en el Plan General vigente, con un uso residencial en la zona de ordenación residencial aislada, con cuyo desarrollo se pretende:  
- Culminar el desarrollo de la zona residencial en el ámbito de Salinetas-Llobera, conforme a las previsiones del Plan General vigente.  
- Impulsar el desarrollo urbanístico y económico de la población, revitalizando la oferta de vivienda residencial en el término municipal.  
2. Objetivos de la programación:  
De conformidad con el cuadro que se inserta a continuación, los objetivos de la programación son los siguientes:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:  
- Recabar de los correspondientes registros (de la Propiedad y Catastro), toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.  
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación con carácter previo a la redacción del proyecto.  
- En caso de existir, efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semiconsolidadas, con propuesta de solución en los términos previstos en el capítulo III del título I de la Ley Urbanística Valenciana.  
- Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación.  
- Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.  
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.  
- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, ferrocarril, barrancos y otros)  
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el Catastro.  
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.  
b) Urbanizar completamente la unidad o unidades de ejecución que constituyen el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa (definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales).  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:  
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico y otros).  
- Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).  
- Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las obras complementarias que fuesen necesarias.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:  
- El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.  
- Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantando la correspondiente acta de entrega.  
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados.  
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público del suelo a favor de la administración actuante de forma gratuita.  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.   
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de programa.  
i) En su caso, y con carácter complementario, se fijan como objetivos a cargo del urbanizador y sin que sean repercutibles a los propietarios de terrenos afectados, la ejecución de los programas de restauración paisajística, dentro del ámbito del programa de actuación integrada, conforme a las directrices establecidas en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
  
  
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V. Parámetros urbanísticos (art. 131.2.c Ley Urbanística Valenciana)  
Los parámetros urbanísticos son los resultantes de la ficha de programación contenida en el Plan General, que se reflejan a continuación:  
  
  
  
  
  
VI. Criterios y objetivos territoriales (art. 131.2.d Ley Urbanística Valenciana)  
El ámbito de actuación es una zona delimitada y ordenada en el propio Plan General, con la finalidad de cerrar el suelo urbano colindante.  
  
VII. Criterios de ordenación urbanística (art. 131.2.d Ley Urbanística Valenciana)  
Los criterios de ordenación urbanística son, como mínimo, los regulados en el Plan General vigente que contiene la ordenación pormenorizada del sector.  
La alternativa técnica podrá proponer la modificación de la ordenación pormenorizada, con la finalidad de mejorar los estándares previstos en el Plan General. No se podrá modificar la ordenación estructural.  
  
VIII. Objetivos de edificación privada (art. 131.2.e Ley Urbanística Valenciana)  
Tanto las condiciones de las edificaciones privadas, como de las parcelas edificables serán las establecidas en el Plan General, que contiene la ordenación pormenorizada, así como en las ordenanzas complementarias del Plan General y normativa contenida en la LUV y ROGTU.  
  
No se establece para el urbanizador como obligación simultanear la urbanización y la edificación en un porcentaje mínimo, aunque se incentivará como criterio de adjudicación el compromiso de simultanear un porcentaje mínimo de edificación con la urbanización.  
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.b y disposición transitoria 1ª del Real Decreto Legislativo 2/2008, y disposición transitoria 3ª del Decreto Ley 1/2008, la edificabilidad residencial prevista en el ámbito objeto de programación deberá destinarse como mínimo en un 30% a algún régimen de protección pública, y se incentivará como criterio de adjudicación el compromiso de destinar un mayor porcentaje.  
  
IX. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión (art. 131.2.f Ley Urbanística Valenciana)  
  
   
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X. Prescripciones técnicas del proyecto urbanización (art. 131.2.h Ley Urbanística Valenciana).  
1. El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No podrá modificar las previsiones del plan que desarrolla. En ningún caso, podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen de suelo o de la edificación. Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el artículo 156.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
2. Antes de la aprobación del proyecto de urbanización se deberá disponer de los informes de las compañías suministradoras de los diferentes servicios sobre las instalaciones previstas y el dimensionamiento de las mismas.  
3. En su caso, se deberá aportar los convenios suscritos con las compañías suministradoras.  
4. El proyecto deberá cumplir las condiciones de urbanización reguladas en las ordenanzas municipales, en cuanto sean compatibles con la legislación vigente:  
- Ordenanza contra incendios.  
- Ordenanza de desarrollo y ejecución urbanística del Plan General.  
- Ordenanza de policía de la edificación.  
- Ordenanza de vertidos a la red municipal de alcantarillado.  
- Ordenanza sobre prevención de la contaminación acústica.  
- Ordenanza sobre criterios de urbanización de zonas verdes.  
5. Deberá preverse una partida para control de calidad de los materiales, que incluya la realización de los ensayos pertinentes a cada elemento de obra y el certificado de calidad.  
6. Se deberán tener en consideración los siguientes criterios específicos para el tratamiento de la zona verde:  
a. Su diseño deberá ser adecuado al entorno en que se ubica y posibilitará un fácil y económico mantenimiento para la administración.  
b. Las especies que se proponga plantar deberán ser adecuadas a la altitud y temperaturas de la zona, para su adecuada subsistencia.  
c. Deberá tenerse en consideración el arbolado existente actualmente en el espacio a desarrollar, de forma que se mantenga el máximo posible en su actual ubicación, y en cualquier caso mantenerlo mediante trasplante en aquellos casos que sean susceptibles de esta práctica, con una adecuada planificación temporal de las actuaciones que garantice la viabilidad de estos trasplantes.  
d. Se preverá la existencia de un acceso adecuado para entrada de vehículos para el futuro mantenimiento.  
e. La red de riego debe cumplir las siguientes observaciones:  
- La tubería irá alojada en todo su recorrido en un tubo funda que facilite su futura reparación.  
- En el recorrido de la tubería de riego se intercalarán arquetas para poder realizar los trabajos de sustituciones en posibles roturas.  
- Se construirá una arqueta de derivación por cada alcorque.  
- Se ubicará una caseta para albergar el equipo de control, contadores, filtros y demás productos.  
f. Los bancos y papeleras serán los homologados por el departamento de servicios de este Ayuntamiento.  
  
XI. Precio de licitación (art. 286.1.h del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
El precio de licitación de las cargas del programa, que tendrá el carácter de máximo y que sirve de base para el cálculo de la garantía provisional, es el siguiente:  
En cifra: 770.000 € más IVA.  
En letra: setecientos setenta mil euros más IVA.  
  
XII. Plazos de desarrollo y ejecución del programa (art. 131.2.i Ley Urbanística Valenciana y art. 286.1.i del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
Las propuestas de programa contendrán los plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por parte del urbanizador:  
a) Plazo máximo para la selección del empresario-constructor de la obra civil de urbanización, contado desde la aprobación del proyecto de urbanización, caso de ser necesario o proponerlo en la licitación.  
b) Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación desde la selección de empresario-constructor.  
c) Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización contado desde la aprobación del proyecto de reparcelación.  
d) Plazo máximo de edificación de los solares contado desde la recepción de las obras de urbanización.  
  
Se establecen los siguientes plazos máximos:  
  
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XIII. Capacidad para ser urbanizador  
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
XIV. Solvencia económica y financiera (art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana)  
La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
  
XV. Solvencia técnica y profesional (art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana)  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
  
XVI. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación del presente programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las siguientes garantías:  
Garantía provisional: 2% del coste estimado de cargas del programa  
En cifra: 15.400,00 €  
En letra: quince mil cuatrocientos euros  
Garantía definitiva: 5% del coste de cargas del programa aprobado  
En cifra: a determinar s/cargas programa  
En letra: a determinar s/cargas programa  
La exigencia de constitución de la garantía provisional está justificada en el hecho de la resolución de una anterior programación del UZI-12 Alto de Salinetas por incumplimiento del urbanizador, que justifica garantizar la viabilidad de las propuestas que se puedan presentar.  
2. Procederá elevar la garantía definitiva al 10% en los supuestos de aprobación de Programas de Actuación Integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público.  
3. En cuanto al plazo y forma de constitución, obligaciones de que responden, cancelación e incautación se estará a lo regulado en el artículo 140 de la Ley Urbanística Valenciana y, supletoriamente, a la legislación de contratos del sector público.  
  
XVII. Presentación de proposiciones  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar sus proposiciones en el plazo y lugar siguientes:   
  
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Las proposiciones estarán integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
Sobre A. Alternativa técnica: se presentará en sobre abierto.  
Sobre B. Proposición jurídico-económica: se presentará en sobre cerrado y sellado.  
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.  
Sobre C. Se presentará en sobre cerrado y sellado con el título de Documentación y, para acreditar la personalidad jurídica, la capacidad y la solvencia del aspirante, contendrá la siguiente documentación:  
a) Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en Urbanismo.  
b) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentará escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.  
c) Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base XVI.  
e) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación del sector público, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
f) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.  
g) Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.  
h) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
i) En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, y en cuanto a la admisibilidad de variantes se estará a la base XX. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente hábil.  
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes de los documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones.  
  
XVIII. Contenido mínimo de la alternativa técnica  
La alternativa técnica del programa de actuación integrada, como mínimo, tendrá el contenido siguiente:  
a) El documento de planeamiento que regula la ordenación pormenorizada a desarrollar es el Plan General vigente. No obstante, se podrá presentar documento de planeamiento que modifique la ordenación pormenorizada del ámbito de actuación en los términos previstos en estas bases.  
b) Ámbito de la actuación: no se permite la redelimitación del ámbito territorial a programar.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
e) Plazos totales y parciales a que se compromete para el desarrollo de la actuación, determinándose según la base XII.  
f) Proyecto de urbanización.  
g) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
h) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
i) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aún siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
j) Si la propuesta de programa modificara la ordenación pormenorizada, deberá incorporar la documentación establecida para tales supuestos en la Ley Urbanística Valenciana.  
k) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir.  
l) Compromiso del número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que se comprometa a promover el urbanizador.  
m) Estudio fehaciente de las parcelas semiconsolidadas, con propuesta de solución en los términos previstos en el capítulo III del título I de la Ley Urbanística Valenciana, incluyendo, en su caso, ordenanza reguladora del canon de urbanización derivado de la gestión de servicios urbanísticos preexistentes en dichas edificaciones.  
  
XIX. Proposición jurídico-económica  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos, de conformidad con lo establecido en los cuadros que se insertan a continuación:  
a) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
b) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.  
c) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
d) Hoja resumen de los datos económicos relevantes.  
e) Descripción de los siguientes elementos económicos-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
- Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b de la Ley Urbanística Valenciana.  
- Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.  
- Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
- Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
- Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
- Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
- Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
- Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
f) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
g) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
  
  
Quadro 1.  
  
  
  
Quadro 2.  
  
  
  
Quadro 3.  
  
  
  
Quadro 4.  
  
  
(\*) El càlcul del coeficient de canvi s'efectuarà d'acord amb les dos fórmules matemàtiques indicades en l'article 306 del ROGTU.  
  
Quadro 5.  
  
Cuadro 1.  
  
  
Cuadro 2.  
  
  
Cuadro 3.  
  
  
  
Cuadro 4.  
  
  
(\*) El cálculo del coeficiente de canje se efectuará conforme a las dos fórmulas matemáticas contenidas en el artículo 306 del ROGTU.  
  
  
Cuadro 5.  
  
  
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada, ajustada al siguiente modelo:  
«(Nombre y apellidos) ..., con domicilio a estos efectos en ..., con DNI número ..., en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio, o en representación de ..., con DNI/CIF ..., toma parte en el proceso de selección y adjudicación del programa de actuación integrada del UZI-12 Alto de Salinetas del Plan General de Petrer, a cuyos efectos hace constar:  
a) Afirma conocer el contenido íntegro de las bases particulares y generales que rigen el procedimiento y acepta cuantas obligaciones se deriven de las mismas.  
b) Ofrece la ejecución y desarrollo del programa de actuación integrada de acuerdo con la alternativa técnica y proposición jurídico-económica presentadas.   
c) (Opcional) Propone la adquisición del excedente de aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento por el precio total de ... euros, más IVA, de acuerdo con la valoración motivada que se incorpora a la proposición jurídico-económica.  
(Fecha y firma del licitador)».  
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.  
  
XX. Admisibilidad de variantes (art. 131.2.g de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Régimen sobre la admisibilidad de variantes:  
a) Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca las de carácter económico, siempre y cuando, estas últimas no alteren sustancialmente la ordenación urbanística propuesta.  
b) No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
c) En caso de admitirse, cada aspirante a urbanizador podrá presentar una única variante.  
d) La presentación de una variante en ningún caso legitimará la presentación de una nueva proposición jurídico-económica.  
e) El Ayuntamiento podrá elegir, de entre la alternativa original y la variada, aquella que mejor satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la proposición jurídico-económica formulada y sin poder modificar en ningún caso el contenido de las bases particulares.  
f) No se entenderá como alternativa técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar alternativa técnica, que no se considerará variante de su avance de programación, todo ello con respecto a lo dispuesto en las bases generales y particulares que regulen el procedimiento.  
2. En las presentes bases particulares no se admitirán variantes.  
  
XXI. Criterios de adjudicación (art. 286.1.j del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
1. Al tratarse de un programa cuya alternativa técnica consiste en un proyecto de urbanización por pretender el desarrollo de un sector que cuenta con ordenación pormenorizada fijada en el planeamiento general, y el uso característico es el residencial, la puntuación de la alternativa técnica representará un 50% de la valoración en relación con la proposición jurídico-económica, que representará el restante 50%. Se fija el porcentaje mínimo para la valoración de la alternativa técnica por la escasa complejidad del planeamiento a desarrollar.  
2. Los criterios de puntuación de la alternativa técnica y su importancia relativa serán los siguientes:  
  
  
  
Dentro de los márgenes previstos reglamentariamente, y considerando la existencia de una ordenación previa, se incentiva la mejor calidad técnica de las soluciones y materiales para la urbanización, así como la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y el compromiso de edificación y urbanización simultánea de un mayor número de viviendas.  
3. Los criterios de puntuación de la proposición jurídico-económica y su importancia relativa serán los siguientes:  
  
  
  
(1) Se considerarán como precios usuales de referencia para la urbanización de la zona verde 50 €/m²s y para el viario 90 €/m²s.  
  
Se incentiva el menor importe de las cargas de urbanización, y la valoración del suelo y consecuente porcentaje de solares a entregar al urbanizador como modalidad de pago.  
4. En aquellos criterios que sea posible, la ponderación de los criterios de adjudicación se realizará otorgando a la mejor oferta la máxima puntuación y a la menor 0 puntos siempre que la diferencia entre ambas sea superior al 20%, y el resto se calculará proporcionalmente.  
  
XXII. Adjudicación del programa (art. 286.1.g del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
1. El programa de actuación integrada se aprobará condicionado a la efectiva realización de las obras señaladas seguidamente:  
  
  
  
2. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base XVI de las presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
3. El urbanizador adjudicatario establecerá un lugar de recepción del correo que le remitan los propietarios de suelo y el Ayuntamiento durante toda la vigencia del programa, y también establecerá un lugar abierto al público, en Petrer, con un mínimo de horas por la mañana y tarde, para atender las consultas, hasta el momento de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación.  
  
XXIII. Formalización del contrato  
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.  
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.  
3. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
  
XXIV. Dictamen del Consejo del Territorio y Paisaje (art. 286.1.c del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
En los supuestos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana deberá recabarse el informe del Consejo del Territorio y del Paisaje. En principio, no se considera necesario el citado dictamen.  
  
XXV. Cumplimiento  
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario-constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.  
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.  
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.  
6. El plazo de garantía será de 12 meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.  
  
XXVI. Resolución  
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.  
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La no formalización del contrato en plazo.  
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.  
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.  
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta ley.  
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.  
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo Superior de Territorio y Urbanismo.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.  
  
XXVII. Penalidades por incumplimiento y resolución del contrato  
Regirá lo dispuesto en los artículos 143 de la LUV y 336 a 344 del ROGTU.  
  
XXVIII. Prerrogativas de la administración (art. 286.2.e del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos del sector público, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  
  
XXIX. Jurisdicción competente (art. 286.1.f del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.»  
Lo que se publica para su general conocimiento, advirtiendo que contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, incluidas las bases particulares, puede interponer, con carácter potestativo, indistinta y alternativamente los siguientes recursos:  
- De reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al que se le notifique, considerando prorrogable al día siguiente hábil el plazo marcado cuando el último día recayera en sábado.  
- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al que se le notifique, y en el supuesto de haber interpuesto con anterioridad el de reposición, contados a partir de la notificación de su resolución expresa o de su desestimación presunta, entendiendo desestimado el mismo a falta de resolución y notificación expresa en el plazo de un mes desde su interposición. Sin que para la interposición de este recurso jurisdiccional corra plazo el mes de agosto.   
Todo ello sin perjuicio de poder utilizar otros medios de impugnación si lo estima conveniente, y de lo previsto respecto a la competencia territorial de los juzgados y tribunales de este orden que establece el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.  
  
Petrer, 24 de febrero de 2012.- El alcalde: Pascual Díaz Amat.