Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5040, del 01-07-2005 (2005/7513)

ORDEN de 27 de junio de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se determina el Programa de Formación Profesional Continua y se regula el procedimiento general para la concesión de ayudas durante el ejercicio 2005.
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Número DOGV
:   5040

Fecha DOGV
:   01-07-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/7513


Fecha del documento
:   27-06-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * economía social
    * apoyo económico
    * reciclaje profesional
    * ayuda a las empresas
    * ayuda pública
    * pequeña y mediana empresa
    * sindicato
    * organización patronal
    * universidad
    * cámara de comercio e industria

ORDEN de 27 de junio de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se determina el Programa de Formación Profesional Continua y se regula el procedimiento general para la concesión de ayudas durante el ejercicio 2005. [2005/X7513]
  
Uno de los elementos esenciales de las políticas activas de empleo es, sin duda, la formación continua. Ello es así porque la internacionalización de las economías, los acelerados procesos de cambio tecnológico y organizativo y la evolución demográfica requieren de la constante actualización profesional de las personas, a lo largo de toda su vida laboral.
  
Así se puso de manifiesto en el Consejo Europeo de Lisboa, donde los jefes de gobierno dieron a la Unión Europea una plazo de 10 años para convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenido con más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social. El aprendizaje permanente es un elemento central de esta estrategia, fundamental no sólo para la competitividad y la empleabilidad, sino también para la inclusión social, la ciudadanía activa y el desarrollo personal.
  
Las cumbres de Barcelona y Sevilla, durante la presidencia española de la Unión Europea, dieron un fuerte impulso para hacer realidad un espacio europeo para el aprendizaje permanente, cuyo último exponente constituye la Declaración de Copenhague, sobre cooperación en materia de formación profesional, en cuestiones tan concretas como la transparencia de las cualificaciones o el modelo europeo de curriculum vitae.
  
En la Comunidad Valenciana el Gobierno firmó con los principales agentes económicos y sociales el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE), en julio de 2001, en el que se destaca la colaboración de las empresas y un sistema que incluya la posibilidad de la formación a distancia.
  
El Consejo Valenciano de Formación Profesional participó activamente en la elaboración de los memorándums europeos y asesoró en el diseño de las primeras convocatorias de Formación Continua. A lo largo del año 2002, presentó al Gobierno el Plan Valenciano de Formación Profesional, que fue aprobado por el Consell de la Generalitat el 15 de octubre de 2002. En este Plan se destaca la necesidad de implicar en la formación continua a las pequeñas y medianas empresas, tejido económico mayoritario en nuestra Comunidad, ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje a los trabajadores, especialmente a aquellos que tienen mayores dificultades para el mantenimiento del empleo, y extender esta formación a todos los sectores y todos los territorios.
  
Posteriormente, el Gobierno de la nación, en ejercicio de sus competencias, ha impulsado una profunda reforma del modelo de formación continua que tiene como principales objetivos recoger el nuevo marco normativo de la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, atender a las dos sentencias del Tribunal Constitucional en relación con los recursos interpuestos por las comunidades de Cataluña y Galicia, así como dar cabida al marco de las ayudas de Estado de la Unión Europea respecto de las subvenciones a las empresas. A tal fin, el Real Decreto 1.046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional Continua, viene a diseñar un nuevo modelo de organización institucional y de gestión de la formación continua que otorga a las empresas la decisión final de apostar por la cualificación de sus trabajadores, a la vez que mantiene la participación de los agentes sociales en este sistema y da entrada a las comunidades autónomas en los nuevos órganos creados al efecto, en pie de igualdad con la administración central.
  
La nueva ordenación de la formación continua en el ámbito de la Comunidad Valenciana se plantea complementar y reforzar los mecanismos diseñados en el ámbito estatal por el Real Decreto 1.046/2003, antes referido, y apostar por un incremento de los incentivos a las pequeñas y medianas empresas, autónomas y empresas de economía social que configuran la red básica de nuestra economía, al objeto de maximizar el esfuerzo de inversión en capital humano que lleva asociado. Ello ha sido posible, una vez mas, con la participación activa de los agentes económicos y sociales que, en el Consejo Valenciano de Formación Profesional, han otorgado validez a este nuevo modelo que, en líneas generales, no presenta cambios significativos con respecto al sistema de gestión que se ha venido desarrollando en los últimos años y que ha permitido un aumento notable del esfuerzo de las empresas en la mejora de la formación de sus trabajadores.
  
Por todo ello, y en uso de las facultades que me confieren la Ley 5/1983 de 30 de diciembre de Gobierno Valenciano; la Ley de la Generalitat Valenciana 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio Valenciano de Empleo y Formación; el Decreto 112/2003, de 11 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y el Decreto 41/2001, de 27 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del SERVEF, modificado por el Decreto 173/2002, de 15 de octubre, y por el Decreto 141/2003, de 1 de agosto, ambos del Gobierno Valenciano, oído el Consejo Valenciano de Formación Profesional,
  
ORDENO
  
CAPÍTULO I
  
Normas generales
  
Artículo 1. Objeto, ámbito y gestión
  
1. El objeto de la presente orden es el fomento y el desarrollo de actividades de formación continua, que podrán ser impartidas de manera presencial o a distancia, con contenidos modulares preferentemente, dirigidas a trabajadores ocupados, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, pertenecientes a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana, con la finalidad de que:
  
- Adquieran los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias ante la incorporación de tecnologías avanzadas, especialmente las derivadas de la sociedad de la información, en sus puestos de trabajo.
  
- Puedan afrontar con éxito, en su caso, la reconversión de su puesto de trabajo, y aumentar de esta forma su estabilidad en el empleo
  
- Amplíen sus posibilidades de promoción profesional.
  
2. La gestión de las ayudas contempladas en la presente orden corresponderá al Servicio Valenciano de Empleo y Formación (en adelante SERVEF).
  
Artículo 2. Naturaleza de las ayudas
  
Las ayudas contempladas en la presente orden tendrán la naturaleza jurídica de subvenciones públicas e irán destinadas a la financiación parcial del coste de las acciones formativas que se realicen al amparo de la misma.
  
Artículo 3. Entidades beneficiarias
  
1. Podrán solicitar las ayudas contempladas en la presente orden a fin de realizar acciones de formación continua para trabajadores de pequeñas y medianas empresas:
  
a) Pequeñas y medianas empresas, incluidas las pertenecientes a la economía social, ubicadas en la Comunidad Valenciana, para sus propios trabajadores y/o sus socios trabajadores.
  
b) Organizaciones empresariales, constituídas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, que agrupen empresas y/o trabajadores autónomos, así como las fundaciones sin fin de lucro por ellas constituidas, a fin de impartir acciones formativas a los trabajadores de las indicadas empresas.
  
c) Organizaciones sindicales, así como las fundaciones sin fin de lucro por ellas constituidas a fin de impartir acciones formativas.
  
d) Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, colegios profesionales, e institutos tecnológicos
  
2. Las pequeñas y medianas empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:
  
- Que sus plantillas no sobrepasen los 250 trabajadores.
  
- Que su volumen de negocio no sobrepase los 40 millones de euros, o que su balance general anual de 2004, o en su defecto el correspondiente al ejercicio 2003, no exceda de 27 millones de euros.
  
- Que no sean empresas participadas en cuantía igual o superior al 25% por una gran empresa.
  
3. Todas las entidades deberán reunir los requisitos generales siguientes:
  
- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social en los términos establecidos por la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda.
  
- Acreditar la capacidad suficiente en medios materiales, humanos y organizativos, para cumplir con los objetivos establecidos en el programa.
  
- Tener su sede social o delegación en la Comunidad Valenciana
  
Así mismo, serán de aplicación todas las normas contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
  
Artículo 4. Destinatarios de los cursos
  
En todos los casos, los destinatarios de las acciones formativas serán los trabajadores ocupados en las pequeñas y medianas empresas, los socios trabajadores de las entidades de economía social, así como los autónomos, residentes todos ellos en la Comunidad Valenciana.
  
De igual modo, tendrán prioridad para participar como alumnos:
  
1. Mayores de 45 años en sectores donde se introduzcan nuevas tecnologías, empleados de sectores o zonas en proceso de reconversión.
  
2. Trabajadores con dificultades para el acceso a la formación (propietarios y trabajadores de microempresas, trabajadores de zonas alejadas de la oferta formativa).
  
3. Trabajadores desfavorecidos:
  
- Jóvenes menores de 25 años con un primer contrato de 6 meses o inferior.
  
- Discapacitados en grado igual o superior al 33%.
  
- Inmigrantes.
  
- Reingresados al mercado de trabajo tras un periodo de interrupción de su vida laboral superior a tres años, durante los seis primeros meses.
  
- Mayores de 45 años con niveles de formación inferiores a bachillerato .
  
- Reingresados al mercado laboral, tras un periodo ininterrumpido de 12 meses como desempleado, durante los 6 primeros meses.
  
El alumnado asistente a una acción subvencionada con cargo a la presente orden no podrá simultanear su participación con cualquier otra acción formativa subvencionada por la Generalitat Valenciana o el Fondo Social Europeo.
  
Artículo 5. Difusión
  
Será obligación de los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente orden dar a conocer de forma inequívoca que se trata de una acción subvencionada por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y cofinanciada por el Fondo Social Europeo, de conformidad con las instrucciones y los modelos que al efecto suministre el SERVEF.
  
CAPÍTULO II
  
Procedimiento
  
Artículo 6. Presentación de solicitudes, documentación y plazo, e Instrucción
  
1. Las solicitudes de ayudas deberán presentarse en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente orden, en los registros de las direcciones territoriales del SERVEF, o en cualquiera de los registros a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999.
  
2. Las solicitudes se formularán en los modelos normalizados establecidos al efecto. Cada solicitud se formulará incluyendo todas las acciones formativas correspondientes a la entidad en su ámbito provincial.
  
3. Toda solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
  
A) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y su representante legal.
  
B) Documento de identificación fiscal del solicitante.
  
C) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros).
  
D) Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda (DOGV núm. 2775), cuya validez deberá extenderse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
  
En cuanto a las obligaciones tributarias con el Estado autorización expresa al Servicio Valenciano de Empleo y Formación para recabar ante la Agencia Estatal de la administración Tributaria los datos tributarios expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante la cumplimentación del modelo de autorización que se facilitará.
  
En el supuesto de no concederse tal autorización, deberá presentarse certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda (DOGV núm. 2.775), cuya validez deberá extenderse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
  
E) Proyecto de los cursos que se desea impartir. El proyecto que contenga el plan formativo de la entidad se presentará en una única solicitud en soporte magnético y papel, y en el mismo se indicarán los siguientes aspectos:
  
- Caracterización de la empresa o del sector, los fines de la formación continua que se persiguen y la formulación de los objetivos que la realización del curso puede cumplir en relación con el incremento de la cualificación profesional de los trabajadores asistentes, y con el crecimiento de la productividad de la empresa o al desarrollo de la organización en su caso.
  
- Indicación del tipo de formación que hay que realizar (presencial o modular a distancia), señalando en este caso el plan de realización de las sesiones colectivas de carácter presencial y las tutorías.
  
- Datos generales de la acción formativa:
  
- denominación de la acción formativa
  
- lugar de impartición
  
- número de alumnos
  
- número de horas.
  
- Perfil del alumnado hacia el que está dirigido el curso: categoría y grupo profesional.
  
- Contenidos teóricos y prácticos de la acción formativa, entre los que se incluirán aquellos relacionados con la defensa del medio ambiente, adaptados a la especialidad.
  
- Indicación expresa de los datos del perfil del profesorado (titulación, experiencia profesional y docente, así como formación en didáctica), que acredite su idoneidad para impartir la docencia en cuestión. El SERVEF podrá solicitar cuantos certificados de los extremos contenidos en dicho perfil estime conveniente.
  
- Descripción de espacios, medios y materiales que se vayan a utilizar durante el desarrollo del curso. Esta descripción se ceñirá a infraestructuras ligadas a la docencia en cuestión. En el supuesto de la formación modular a distancia, se deberán indicar los medios informáticos que haya que utilizar.
  
- Desglose detallado del presupuesto, especificando el coste total y el importe que haya que subvencionar por parte del SERVEF, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.
  
- Entidades u organismos que colaboran en la financiación de la acción, así como la cuantía de dicha colaboración
  
No se aportarán los dos primeros documentos arriba mencionados si obrasen ya en poder de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por haber sido aportados en el ejercicio 2004.
  
4. Cuando la solicitud la formule una pequeña o mediana empresa, deberá acompañarse a la documentación exigida, con carácter general:
  
- Certificado de la Seguridad Social acreditativo del número de trabajadores de la empresa.
  
- Cuenta de explotación y balance de situación de la empresa del ejercicio 2004, si han sido elaborados, o, en su defecto, del ejercicio 2003.
  
- Certificado de la composición del accionariado o de los socios partícipes, en el caso de sociedades anónimas o limitadas.
  
- Documentación acreditativa de haber consultado previamente a la representación legal de los trabajadores los planes formativos cuya realización se proyecta.
  
5. Cuando el solicitante sea una cooperativa o sociedad laboral, se deberá, además, aportar una declaración suscrita por su representante legal, con referencia a la fecha de solicitud, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por su legislación específica.
  
6. En el supuesto de que los documentos que deben acompañar a la solicitud de concesión de las ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o la dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y que no hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
  
7. Cuando la solicitud no refleje los datos establecidos en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de dicha Ley.
  
8. Corresponderá la instrucción de los expedientes a las Direcciones Territoriales de Empleo del SERVEF.
  
Artículo 7. Valoración de las solicitudes
  
1. Toda solicitud estará sujeta a una valoración de la infraestructura docente (condiciones materiales de las instalaciones y equipamiento), el proyecto presentado (características de la entidad, alumnado, contenidos teórico-prácticos, adecuación de los mismos al Catálogo Nacional de Cualificaciones, la metodología de impartición propuesta, el profesorado, material de consumo, innovación y utilización de nuevas tecnologías), y la oportunidad de la realización de la acción formativa propuesta (capacidad de la entidad, impartición prevista de las acciones formativas a trabajadores pertenecientes a sectores industriales en crisis, o de zonas afectadas por las inclemencias temporales, distribución territorial y por sectores económicos).
  
La supervisión de la infraestructura docente y de la oportunidad de la realización de la acción será realizadas por personal del SERVEF.
  
El análisis del proyecto formativo será realizado por el Comité de Expertos previsto en el artículo 7 de la Orden de 30 de diembre de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se determina el Programa de Formación Profesional Ocupacional con cargo al Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional para el ejercicio 2005 (I.A.Q.O de 22.02.2005). Este Comité determinará, igualmente, los criterios generales de distribución territorial y sectorial en los programas de formación impartidos por las entidades de los puntos b), c), y d) del artículo 3.1 de esta orden.
  
2. Realizada la valoración, por el Comité de Expertos se emitirá informe, recogiendo por programas y provincias el resultado de la valoración, con indicación de los factores o los criterios tenidos en cuenta y su aplicación concreta.
  
Artículo 8. Resoluciones y recursos
  
1. La dirección territorial de Empleo del SERVEF de cada provincia, a la vista del expediente y del informe resultado de la valoración, formulará la propuesta de resolución debidamente motivada.
  
2. La directora general del SERVEF, o el órgano en que delegue, dictará la resolución procedente, de acuerdo con la propuesta recibida, y hasta que se agoten las disponibilidades presupuestarias.
  
3. La resolución contendrá los datos relativos a cada curso: denominación del mismo, número de expediente, entidad beneficiaria, modalidad de la impartición (presencial o a distancia), lugar de impartición o de realización de las sesiones presenciales y de las tutorías, duración horaria, número de alumnos y módulo económico.
  
4. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada en la Ley 4/1999.
  
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses a partir de la fecha de presentación de las solicitudes.
  
6. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.
  
7. Las resoluciones ponen fin a la vía administrativa, y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. Y ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
  
8. El SERVEF publicará de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las ayudas concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
  
Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios
  
Son obligaciones de los beneficiarios:
  
- Impartir los cursos subvencionados según lo previsto en esta orden y en la resolución de aprobación, y justificar su realización.
  
- Facilitar al SERVEF las tareas de seguimiento y control técnico.
  
- Sujetarse a las acciones de control de calidad de la docencia que se establecen en esta misma Orden.
  
- Sujetarse a las acciones de control financiero que legalmente correspondan en relación con la subvención concedida.
  
- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
  
- Comunicar al SERVEF la concesión de cualesquiera otras subvenciones o ayudas que, con la misma finalidad, les sea otorgada por otra administración o ente público o privado. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
  
- No percibir cantidad alguna del alumnado participante en la acción formativa.
  
- Llevar contabilidad codificada de los gastos imputables a cada curso.
  
- Las demás obligaciones de los beneficiarios previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
Artículo 10. Cuantía de la subvención
  
El importe máximo de la subvención para la impartición de cada una de las acciones formativas será de 10 euros por hora y alumno, distribuidas de la siguiente forma:
  
1. Parte A: hasta 7 euros por hora y alumno.
  
2. Parte B: hasta 5 euros por hora y alumno.
  
En el supuesto de que, respetándose los citados limites máximos de 7 y 5 euros por hora y alumno, la suma de los importes solicitados para las partes A y B superasen el límite máximo de 10 euros por hora y alumno, el exceso se detraerá de la Parte B.
  
Artículo 11. Liquidación de las ayudas
  
1. La cuantía que se percibirá será el 80% de los gastos correctamente justificados en el caso de la formación genérica, y del 45% en el caso de la formación específica, sin que en ningún caso supere la cantidad concedida en la resolución de concesión para las partes A y B.
  
Se entenderá como formación genérica la que incluye una enseñanza que no es única o principalmente aplicable en el puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria, sino que proporciona cualificaciones trasferibles a otras empresas o a otros ámbitos laborales.
  
Se entenderá como formación específica la que incluye una enseñanza teórica y práctica directamente aplicable al puesto de trabajo actual o futuro del trabajador en la empresa beneficiaria y que ofrece cualificaciones que no son trasferibles, o sólo de forma muy restringida, a otras empresas o a otros ámbitos laborales.
  
Estas cuantías podrán incrementarse hasta el 90% y 55%, respectivamente, en el caso en que la totalidad de los participantes pertenezca a grupos de trabajadores desfavorecidos, descritos en el artículo 4.3.
  
2. La cuantía de la subvención se hará efectiva al finalizar la acción formativa tras la presentación, a través de la aplicación informática SIDEC, que se entregará por el SERVEF a las entidades beneficiarias al inicio del curso, de la declaración de gastos efectivamente realizados por la impartición de la misma, las fichas de asistencia de los alumnos y los documentos justificativos siguientes:
  
Para la Parte A:
  
- Documentos justificativos del gasto correspondiente.
  
- Documentación acreditativa de la correspondiente transferencia bancaria efectuada para abonar dicho gasto.
  
Para la Parte B:
  
- La memoria a que hace referencia el artículo 12.2 de la presente orden.
  
- Facturas u otros documentos justificantes del gasto correspondientes a esta Parte.
  
Dicha declaración de gastos, realizada a los efectos establecidos en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, deberá efectuarse en el plazo máximo de 30 días naturales contados desde el día siguiente a la finalización de la acción formativa, sin superar nunca el 15 de noviembre.
  
3. Las facturas presentadas para la justificación de los gastos deberán cumplir lo dispuesto por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, y demás normativa vigente.
  
La entidad estará obligada a comunicar al SERVEF cualquier suministro o contratación de bienes o servicios con empresas a ella vinculadas. Se entiende por empresa o entidad vinculadas aquellas en las que el beneficiario pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante, o aquellas que puedan ejercerla sobre él o que, del mismo modo que el beneficiario, estén sometidas a la influencia dominante de otra empresa o entidad por razón de propiedad, participación financiera o normas que la regulen. Se presumirá que existe influencia dominante cuando una entidad o empresa, directamente o indirectamente, con relación a otra, esté en posesión de un 25% del capital suscrito, o de un 25% de los votos inherentes a las participaciones emitidas por la empresa o entidad, o pueda designar al menos el 25% de los miembros del órgano de administración, dirección o control de la empresa.
  
En este caso, únicamente se aceptarán aquellos justificantes de gasto que reflejen estrictamente el coste del bien o servicio suministrado.
  
4. La justificación incluirá el importe, la procedencia y la aplicación de los fondos no subvencionados.
  
5. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en esta norma.
  
6. Una vez notificada la resolución de concesión de la ayuda, se podrá adelantar a la entidad beneficiaria el porcentaje máximo legalmente autorizado del importe de la ayuda, previo aval a favor del SERVEF en la forma legalmente prevista.
  
Artículo 12. Costes elegibles
  
Los costes elegibles se distribuirán en:
  
1. Parte A: gastos de profesorado y control de la docencia
  
Quedarán comprendidos en este concepto:
  
- Los costes salariales del profesorado o, en su caso, del servicio docente externo, para el horario exclusivo de impartición de la acción formativa, evaluaciones y revisiones periódicas de los alumnos, preparación de clases y tutorías. En estos costes se incluirán los de la Seguridad Social a cargo de la entidad, cuando haya contratado a los docentes como trabajadores por cuenta ajena con obligación de su afiliación y/o alta en la Seguridad Social.
  
En la modalidad a distancia, y siempre que se justifique debidamente, las horas de dedicación del profesorado podrán ser superiores a las horas de presencia efectiva de cada uno de los alumnos, sin superar el doble de las horas lectivas del curso y sin que suponga un incremento de la Parte A
  
- Costes del control de la calidad de la docencia, concepto que deberá estar especificado en el proyecto que acompaña a la solicitud de la acción formativa, si se fueran a justificar gastos por el mismo. Las actividades de control de la docencia podrán ser desempeñadas por personal no docente. Como máximo, el importe que se impute a este apartado será el 10% del total que se justifique de conformidad como Parte A.
  
Únicamente se admitirán justificantes de pagos a personas físicas, tanto si el servicio ha sido prestado por personal de la propia entidad beneficiaria, como si se ha contratado una prestación de servicios profesionales con personas ajenas a la misma.
  
2. Parte B: gastos de organización o institucionales, entre los que podrán incluirse:
  
- Gastos de personal de dirección, coordinación, asesoría y administración atribuibles al desarrollo de la acción formativa, hasta un máximo del 20% de la Parte B que figure en la resolución de concesión.
  
- Amortización de instalaciones, equipos y herramientas, que habrán de tener siempre una conexión directa con la actividad docente, de duración superior a un ejercicio natural, con exclusión de la de aquellos bienes que hayan sido objeto de subvención pública para su adquisición. Dichos gastos se calcularán de acuerdo con la normativa vigente y deberán corresponder a inversiones oficialmente registradas en la contabilidad del beneficiario de la subvención.
  
- Material consumible adquirido para el desarrollo de la docencia no recuperable a la finalización del curso.
  
- Material didáctico.
  
- Gastos de traducción, recopilación o impresión de materiales de enseñanza.
  
- Gastos de desplazamiento del personal docente y de los beneficiarios de la formación.
  
- Salario de los propios trabajadores participantes en la acción formativa, cuando el beneficiario de la ayuda sea una empresa incluida en el artículo 3.1 a), siempre que la acción tenga lugar durante la jornada laboral y exclusivamente por el período coincidente
  
- Otros costes:
  
- Alquileres, tanto de instalaciones como de maquinaria ligada directamente a la docencia.
  
- Energía eléctrica, combustible y, en general, mantenimiento de las instalaciones y equipos docentes.
  
- Comunicación (fax, teléfono, Internet, etc.), hasta un máximo del 5% de la Parte B que figure en la resolución de concesión, limitación que no se aplicará en la modalidad a distancia.
  
En el caso de otros costes contemplados anteriormente, el beneficiario deberá acompañar a la documentación exigida con carácter general para la justificación de gastos, una memoria explicativa por acción formativa de los cálculos realizados para imputar dichos costes.
  
3. Se considerarán como gastos elegibles los que se produzcan 10 días antes del comienzo de la acción formativa, y 10 días después.
  
4. No se considerará coste elegible el IVA u otras cargas tributarias cuando sean susceptibles de ser compensadas por las entidades beneficiarias.
  
5. En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
  
6. Los cursos deberán ser impartidos por el profesorado del propio solicitante o del servicio docente externo, por lo que los gastos deberán ser abonados por la propia entidad beneficiaria, que es la que debe de reunir las características y los requisitos enunciados en el artículo 3, con la prohibición expresa de la subcontratación.
  
Artículo 13. Minoraciones y reintegro de la ayuda concedida
  
1. La alteración de alguna de las características no esenciales del proyecto aprobado, el incumplimiento de algunas condiciones establecidas en la resolución, la falta de justificación de la totalidad de los gastos subvencionados, y la concesión, con posterioridad a la presentación de la solicitud, de otras ayudas públicas o privadas que en su conjunto superen el coste de la actividad que ha de desarrollar por el beneficiario, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.
  
En especial, a la vista de la documentación presentada, relativa a la acción formativa desarrollada por la entidad, se procederá a la minoración de la subvención concedida en los siguientes supuestos:
  
a) No haberse impartido la totalidad de las horas lectivas aprobadas por resolución. Se procederá en este supuesto a la minoración proporcional de la subvención concedida para las partes A y B.
  
b) Por bajas de los alumnos. La diferencia entre el número de alumnos que inician y los alumnos que finalicen el curso, a partir de la segunda baja de alumnos no imputable a la entidad, determinará la minoración proporcional en la Parte A y en la Parte B de la subvención concedida, o del importe de la subvención resultante una vez practicada la minoración por horas, en su caso.
  
c) Por no haberse justificado en los términos establecidos en la Orden y en la resolución de concesión de ayudas la totalidad de los gastos subvencionados.
  
2. Cualquiera de los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dará lugar a la incoación por el órgano competente para la concesión de las ayudas del correspondiente procedimiento de reintegro, que podrá finalizar, en su caso, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas y el interés de demora, desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará en todo caso el derecho del interesado a la audiencia.
  
En especial, se podrá resolver la subvención concedida en los siguientes supuestos de incumplimiento por parte de la entidad:
  
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
  
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida, o de las condiciones exigidas para su concesión en la resolución de aprobación.
  
c) Percepción por parte de la entidad colaboradora de cualquier cantidad económica procedente del alumnado participante en los cursos.
  
d) Cualquier otro motivo que perjudique el fin último por el que la subvención haya sido concedida y, en particular, el incumplimiento de los criterios emanados de la presente orden.
  
e) La falsedad de los datos contenidos en la declaración contemplada en el apartado 2 del artículo 11 de la presente orden.
  
f) La obstaculización de las actuaciones de seguimiento y control por el SERVEF, o el incumplimiento de las obligaciones de información de datos.
  
Todo ello sin perjuicio de lo previsto en la mencionada Ley 38/2003, en cuanto a infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.
  
CAPÍTULO III
  
Normas relativas al Programa
  
de Formación Profesional Continua Presencial
  
Artículo 14. Características de los cursos
  
Las acciones formativas en la modalidad presencial tendrán preferentemente una estructura modular y estarán dirigidas a un número de alumnos comprendido entre 10 y 15, excepto en el caso de que la entidad solicitante sea una pequeña empresa con un número inferior de trabajadores.
  
La duración de los contenidos teóricos y prácticos no será inferior a 10 horas, ni superior a 100 horas.
  
Artículo 15. Contenido de los cursos
  
Los contenidos teórico-prácticos de los cursos de Formación Continua en la modalidad presencial serán preferentemente los correspondientes a los módulos formativos de aquellas especialidades del Plan FIP provistas de real decreto que regule el correspondiente Certificado de Profesionalidad.
  
CAPÍTULO IV
  
Normas relativas al Programa de
  
Formación Continua Modular a Distancia
  
Artículo 16. Características de los cursos
  
1. Las acciones formativas en la modalidad a distancia tendrán una estructura modular y estarán dirigidas a un número de alumnos comprendido entre 20 y 30.
  
2. La duración de los contenidos teóricos y prácticos no será inferior a 20 horas, ni superior a 100 horas.
  
3. La tutorización se realizará en horario preestablecido, del cual tendrán conocimiento los alumnos y deberá ser notificado al técnico de enlace. Durante el horario de tutorización se atenderá la formación a distancia, y, en su caso, a los alumnos que se desplacen en tal horario. Deberá contemplarse la realización con carácter presencial de una sesión inicial del curso, una sesión final del curso para evaluación y una sesión cada semana, siempre que la duración del curso sea igual o superior a 30 horas.
  
Artículo 17. Contenido de los cursos
  
Los contenidos teórico-prácticos de la formación modular a distancia deberán corresponder a algún módulo de aquellas especialidades del Plan FIP provistas de real decreto que regule el correspondiente Certificado de Profesionalidad.
  
CAPÍTULO V
  
Normas relativas a la realización de los cursos
  
Artículo 18. Realización de los cursos
  
Los cursos se realizarán durante el ejercicio 2005 y deberán finalizar, como máximo, el 31 de octubre.
  
Artículo 19. Inicio del curso
  
1. Es preceptiva la comunicación fehaciente por parte de la entidad beneficiaria, incluso mediante fax, de la fecha de inicio de cada curso al técnico de enlace, con indicación del horario y del lugar de impartición, todo ello con anterioridad a dicha fecha.
  
2. Los cursos deberán comenzar con un número de alumnos no inferior a 10, salvo en empresas con un número inferior de trabajadores.
  
3. La entidad dispondrá de siete días naturales desde el comienzo del curso para remitir a la dirección territorial de Empleo que corresponda la siguiente documentación:
  
- Datos del curso: especialidad, calendario lectivo de cada acción y lugar de impartición.
  
- Relación de participantes que comienzan la acción junto con la declaración responsable de la empresa de pertenecer, en su caso, a grupos de trabajadores desfavorecidos y, en el caso de asociaciones descritas en el artículo 3.1.b), de pertenecer a una empresa asociada.
  
- Ficha de inscripción en el curso, suscrita por cada uno de los alumnos, en la que se manifieste que no simultanean su participación con cualquier otra acción formativa subvencionada por la Generalitat Valenciana o el Fondo Social Europeo.
  
Artículo 20. Control del desarrollo del curso
  
1. Una vez comenzado el curso y presentada la documentación anteriormente citada, la entidad beneficiaria estará obligada a aportar la siguiente documentación, de acuerdo con las instrucciones que le serán notificadas con anterioridad al inicio del curso:
  
- Control de asistencia que contenga la firma diaria de alumnos asistentes, cuando proceda, así como el listado de acceso de los alumnos a la plataforma informática, en su caso.
  
- Comunicación de incidencias que se produzcan en el desarrollo de cada curso
  
2. Es causa de exclusión de los alumnos incurrir en un número de faltas que sea superior al 20% de la duración total del curso. La entidad impartidora de la acción formativa deberá hacer efectiva la baja del participante el día lectivo siguiente, tras la acumulación de las faltas mencionadas. Las faltas de asistencia justificadas derivadas de incapacidad temporal no computarán a estos efectos, a no ser que por su cuantía supongan una evidente falta de aprovechamiento del curso.
  
En las acciones formativas realizadas en la modalidad a distancia será causa de baja del alumno la falta de realización de las tutorías presenciales obligatorias, así como la falta de realización de las evaluaciones intermedias que pudieran establecerse, o de la evaluación final.
  
3. Procederá la suspensión cautelar del desarrollo de la acción formativa cuando:
  
- El curso no esté en funcionamiento.
  
- En la modalidad presencial, el personal técnico docente y/o el alumnado no esté presente en el lugar de desarrollo de la acción formativa.
  
- El material de consumo o los equipos/dotaciones no se correspondan con los aprobados en la resolución.
  
Será competente para acordar la suspensión cautelar la directora general del SERVEF, o el órgano en que delegue, previa audiencia del interesado.
  
Artículo 21. Técnico de enlace
  
La dirección territorial de Empleo correspondiente asignará a cada una de las entidades beneficiarias un técnico que actuará como interlocutor entre éstas y la citada dirección territorial, a fin de agilizar la gestión.
  
Dicho técnico tendrá entre sus funciones:
  
- Informar a la entidad de los trámites que ha de seguir al desarrollar el curso.
  
- Conocer el comienzo y la finalización de cada curso.
  
- Conocer el horario de las clases, las tutorías y las sesiones presenciales en el caso de la formación modular a distancia.
  
- Estar informado de las incidencias acaecidas en cada curso.
  
- Coordinar las tareas necesarias para llevar a cabo el control de calidad de la docencia.
  
- Velar por el correcto desarrollo del curso proponiendo las medidas oportunas a la entidad o a la Dirección General del SERVEF, en su caso, incluida la suspensión cautelar de la acción formativa.
  
Artículo 22. Finalización de los cursos
  
1. En el plazo de 15 días naturales desde la conclusión de cada curso se presentará un acta que contendrá el aprovechamiento final de los alumnos asistentes.
  
En el supuesto de la formación modular a distancia se deberá presentar, así mismo, una copia de la prueba individual de la evaluación final de cada alumno debidamente firmada por el mismo.
  
2. El SERVEF expedirá el correspondiente certificado de aprovechamiento a los alumnos que hayan superado con éxito el curso.
  
Artículo 23. Sobre la calidad de la docencia
  
Los técnicos de enlace y el alumnado evaluarán la calidad de los cursos de Formación Profesional en los que participen. Esta valoración se realizará a través de modelos normalizados. La entidad beneficiaria facilitará el acceso y la realización de las oportunas pruebas, y será informada del contenido y del resultado de estas evaluaciones de la calidad de la formación desarrollada en cada curso impartido por la misma.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 19 /2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2005, se destina para atender las subvenciones que se concedan al amparo de la presente orden el importe máximo de 6.814.630 Euros (seis millones ochocientos catorce mil seiscientos treinta euros) con cargo a la línea presupuestaria T4165000, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, del subprograma presupuestario 322.52 «Formación profesional ocupacional y continua », del estado de gastos del presupuesto del SERVEF para el 2005.
  
La distribución territorial del citado importe es la siguiente:
  
Para la provincia de Alicante 2.150.400 euros
  
Para la provincia de Castellón 681.400 euros
  
Para la provincia de Valencia 3.982.830 euros.
  
En el supuesto de que se incrementara la dotación presupuestaría mencionada y existieran solicitudes debidamente valoradas que no hubiesen podido ser atendidas por haberse agotado la dotación inicial, dichas solicitudes se atenderán según su puntuación con cargo al incremento de la dotación presupuestaria que se pudiera producir.
  
Segunda
  
La presente orden se dicta al amparo de lo previsto en el régimen de ayudas regionales a la formación continua, Ayuda de Estado núm. N627/1999 de la Comisión Europea, autorizado a la Comunidad Valenciana para el período 2000-2006.
  
Tercera
  
En lo no previsto en la presente orden, se aplicará la normativa autonómica en vigor contenida en el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública Valenciana, así como la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta a la directora general del SERVEF, para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Tercera
  
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante éste mismo órgano en el plazo de un mes, computado en los términos ya dichos, según lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso de los previstos en la vigente legislación.
  
Valencia, 27 de junio de 2005
  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo,