Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 1973, del 26-02-1993 (1993/827275)

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1993, del Director General d'Urbanisme i Ordenació Territorial, por la que hace pública la aprobación definitiva por la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant de la modificación puntual de las normas subsidiarias de Aspe.
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Número DOGV
:   1973

Fecha DOGV
:   26-02-1993

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1993/827275


Fecha del documento
:   02-02-1993

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

Resolución de 2 de febrero de 1993, del Director General de Urbanismo y Ordenación Territorial, por la que hace pública la aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de la modificación puntual de las normas subsidiarias de Aspe.  
La Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant en sesión celebrada el 16 de octubre de 1992, acordó: aprobar definitivamente la modificación puntual de las normas subsidiarias de Aspe.  
La Comissió Territorial d'Urbanisme, en sesión celebrada el 16 de octubre de 1992, a la vista del expediente de referencia y en base a los siguientes:  
Antecedentes de hecho  
1. El ayuntamiento, en sesión plenaria de 7 de mayo de 1992, acordó su aprobación provisional, tras cumplir los trámites de aprobación inicial y exposición pública mediante anuncios aparecidos en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión, provincial.  
2. Con fecha 3 de julio de 1992, la Conselleria del Medi Ambient, ha emitido declaración de impacto ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales, la modificación de referencia, con una serie de condiciones.  
3. El Servei de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, con fecha 23 de julio de 1992, emitió informe al proyecto de referencia en los términos siguientes:  
«- Respecto a la ampliación de suelo urbanizable para uso industrial junto al polígono Tres Hermanas:  
Primero. Debe desclasificarse el área de nueva clasificación que queda inmediatamente al norte de la carretera C-3317, pues supondría la creación de una travesía, además de provocar problemas de paso a través de esta infraestructura.  
Segundo. La zona de protección de la carretera C-3317 será destinada a reserva viaria, y no se permitirá en ella el establecimiento de ningún nuevo uso (incluida la construcción de viales de servicio del polígono). Esta zona deberá grafiarse debidamente acotada en el plano correspondiente y será de cesión gratuita.  
Tercero. No se permitirá el acceso al polígono de nueva creación directamente desde la carretera C-3317, debiendo acceder a través del enlace del polígono de Tres Hermanas.  
Cuarto. Cabe proporcionar información detallada sobre el sistema de accesos propuestos para la nueva zona.  
- Respecto a la modificación de los límites de suelo urbanizable del sector 5.  
Cabe informar positivamente esta modificación.  
El informe de esta división de carreteras es así negativo, en lo que se refiere a la ampliación de suelo urbanizable para uso industrial, en tanto no se subsanen las deficiencias señaladas.»  
4. Con fecha 31 de julio de 1992, el ayuntamiento remitió escrito tanto al Servei de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, como a la secretaría permanente de esta comisión (remitido el 5 de agosto a dicho servicio) en contestación del anterior informe de aquél organismo.  
5. El ayuntamiento, en sesión plenaria de 25 de septiembre de 1992, adoptó acuerdo aclarando extremos puntuales del contenido de la modificación objeto del presente acuerdo, en el, que se señalaba entre otras cuestiones, que el Cap del Servei de l'Oficina del Pla de Carreteres había prestado su conformidad, en conversación telefónica, a la contestación municipal al informe de tal organismo.  
6. La documentación está integrada por memoria justificativa, planos de información y de ordenación y normas urbanísticas.  
7. El objeto del presente expediente es:  
- Cambio dé clasificación de suelo no urbanizable agrícola a suelo urbanizable industrial, para ampliación del sector 11, en una superficie de 43,70 ha.  
- Cambio de clasificación de suelo no urbanizable agrícola a suelo urbanizable residencial, para ampliación del sector 5, en una superficie de 3,77 ha.  
- Cambio de clasificación de suelo urbanizable programado sector 5 a suelo urbano dotacional.  
- Cambio de clasificación de suelo no urbanizable agrícola a suelo urbano dotacional. Ambas reclasificaciones suponen un aumento de 5,838 ha de suelo urbano, todas ellas destinadas a equipamientos.  
La presente modificación se justifica en la necesidad de suelo urbanizado que tiene el municipio, y a la promoción pública de ambos sectores, habiéndose firmado con la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) sendos convenios para su desarrollo.  
Consideraciones técnico- jurídicas  
I. La tramitación se estima correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 por remisión del 128.1 del texto refundido de 1992 y artículos 125 y 127 a 130 del Reglamento de Planeamiento, por remisión del 151.2 del mismo texto legal.  
II. La documentación se estima completa de conformidad con el artículo 80.2 del texto refundido de 1992 y 97 del Reglamento de Planeamiento, y suficiente en función del contenido y alcance de la presente modificación. No obstante, deberán aportarse los planos modificados y el resto de documentación con el mismo formato que los vigentes, de manera que pueda refundirse convenientemente.  
III. Se ha dado cumplimiento a lo previsto en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental, y su reglamento, aprobado por Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana 162/1990, de 15 de octubre, siendo favorable la declaración de impacto ambiental, con las siguientes condiciones:  
«A. Respecto a las ampliaciones de los sectores 5 y 11, así como la ampliación del suelo urbano, en el proyecto de urbanización deberá reflejarse:  
A.1 La ubicación de vertederos y acopios de tierra, garantizando la inexistencia de afecciones al dominio público hidráulico, al suelo no urbanizable de protección y a la población; los residuos vegetales se transportaran al vertedero de urbanos.  
A.2 Con el fin de reducir las emisiones de polvo y partículas se realizaran riegos periódicos de viales y materiales que los produzcan.  
A.3 Dado el riesgo sísmico de la zona, en el diseño de las edificaciones se velará por el cumplimiento de la normativa sismorresistente, siendo recomendable, especialmente, en la ampliación del sector 5 y del suelo urbano la realización de estudios de detalle.  
B. Respecto a la ampliación del sector 11 del suelo urbanizable industrial, tanto en la fase de construcción como en la de explotación:  
B.1 El ayuntamiento, en la concesión de licencias, incluirá las sustancias contenidas en la relación I del anexo al título III del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) como sustancias cuyo vertido a la red general de alcantarillado queda prohibida.  
B.2 El ayuntamiento garantizará según determina la normativa vigente, la recogida, tratamiento y/o eliminación de los diferentes tipos de residuos y efluentes generados. Respecto a los efluentes y residuos incluidos en la legislación sobre residuos tóxicos y peligrosos poseerán una forma de recogida, transporte, tratamiento y/o eliminación separada de los asimilables a urbanos; garantizando el ayuntamiento, vía calificación de actividades, las medidas protectoras y correctoras oportunas.»  
Sin perjuicio de que, tal y como se afirma en el acuerdo municipal de 25 de septiembre de 1992, tales condiciones formarán un todo coherente con las exigidas para la autorización del proyecto (artículo 24 del reglamento), el carácter de norma jurídica del planeamiento general municipal, demanda en garantía del principio de seguridad jurídica, que se recoja en el propio texto del proyecto todas aquellas condiciones y determinaciones que tengan un carácter prescriptivo respecto a los restantes instrumentos de planeamiento y gestión urbanística que deban aprobarse en desarrollo de aquél. En consecuencia se deberán incorporar al texto de la modificación puntual las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental, y antes transcritas.  
Como complemento de las referidas condiciones, y a propuesta del representante de la Conselleria del Medi Ambient en la comisión informativa de esta comisión territcirial se deberá hacer constar, igualmente, en la normativa, la prohibición de vertido de efluentes de industrias insalubres o nocivas de índice medio o alto a la red de alcantarillado, de conformidad con el Decreto 54/1990, por el que se aprueba el Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  
IV. En relación con el informe desfavorable del Servei de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, y visto el escrito municipal de contestación al mismo, debe señalarse que pese a que no se ha emitido nuevo informe favorable al mismo, el dilatado período de tiempo transcurrido sin que dicho organismo haya manifestado oposición a su contenido, muy superior al plazo de un mes que se fija en el artículo 25.2, párrafo 2º, de la Ley 6/1991, de la Generalitat Valenciana, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana, así como los términos en que se plantea tal contestación, en que se garantiza que en cualquier caso en la tramitación del plan parcial correspondiente se resolverán adecuadamente tanto los accesos como la inexistencia de peligro de creación de travesías y peligro de paso a través de la C3317, permiten el adoptar una resolución sobre la aprobación definitiva del expediente, sin perjuicio de que, tal y como se ha señalado en la consideración tercera, deba incorporarse al texto de la modificación el contenido de los prescripciones propuestas por el ayuntamiento pata cumplimentar el informe de Carreteres de fecha 23 de julio de 1992.  
V. Las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Aspe tienen una vigencia superior a 10 años, lo cual, a la vista de la modificación planteada, unida al reconocimiento de la falta de interés o imposibilidad de desarrollo de los suelos clasificados a tal fin, parece requerir la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio y de la clasificación del suelo, de manera que se redacte un documento más acorde con las necesidades presentes del municipio, disconformes, a la vista del expediente, con las que hace 10 años posibilitaron el vigente planeamiento. Asimismo, se adaptaría el plan a la abundante legislación surgida desde el año 1982 hasta la actualidad, tanto de ámbito estatal como específico de la Comunidad Valenciana, destacando en el primero el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y en el segundo la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre suelo no urbanizable.  
No obstante lo señalado anteriormente y con carácter excepcional dado que la modificación planteada responde a un interés general, justificado en la necesidad urgente de suelo destinado tanto al uso industrial como residencial, de promoción pública, la alteración del planeamiento que se pretende puede considerarse como una modificación del mismo, aunque suponga cambios aislados en la calificación del suelo de conformidad con lo establecido en el artículo 126 del citado texto refundido de 1992 y en el artículo 154.4 del Reglamento de Planeamiento.  
Esta consideración resulta reforzada si tenemos en cuenta que el ayuntamiento, el 14 de mayo de 1992, acordó la elaboración de un Plan General Municipal de Ordenación, y estableció los criterios generales para su elaboración.  
VI. La modificación supone un incremento de volumen edificable de la zona cuantificado en un aumento de 62 viviendas sobre las previstas en el planeamiento anterior por lo que, en cumplimiento del artículo 128.2 del texto refundido de 1992, se incrementa la superficie de zonas verdes en 43.500 m2, que supera con creces el estándar de 5 m2 por habitante.  
VII. Las determinaciones en que se plasma el contenido de la presente modificación se estiman en general correctas y adecuadas al objeto pretendido, si bien en el ámbito de los sectores de suelo apto para urbanizar modificados deberá adaptarse el documento al texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio, en particular en lo que se refiere a determinación del aprovechamiento tipo y de los planes para la adquisición gradual de facultades urbanísticas.  
VIII. La Comissió Territorial d'Urbanisme es competente para la adopción del presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 118.3.a) del texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y en el artículo 15.10 del Reglamento de los órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto 137/1990, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana.  
Vistos los preceptos mencionados y demás disposiciones de general aplicación, acordó: aprobar definitivamente la modificación puntual de las normas subsidiarias de Aspe, supeditando su publicación y consiguiente entrada en vigor, al cumplimiento de las siguientes condiciones:  
1. Deberán incluirse en el texto de las modificaciones propuestas las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental.  
2. Se deberá hacer constar, igualmente, en la normativa, la prohibición de vertido de efluentes de industrias insalubres o nocivas de índice medio o alto a la red de alcantarillado, de conformidad con el Decreto 54/1990, por el que se aprueba el Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.  
3. Se deberán incluir, igualmente el contenido de las previsiones propuestas por el ayuntamiento para cumplimentar el informe de fecha 23 de julio de 1992 del Servei de Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.  
4. Deberá adaptarse el documento a las determinaciones que le sean de aplicación del texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y en particular en lo que se refiere a determinación del aprovechamiento tipo y plazos para adquisición gradual de facultades urbanísticas.  
Igualmente deberá remitir al ayuntamiento planos modificados y el resto de la documentación con el mismo formato que los vigentes, a fin de que puedan refundirse convenientemente.  
Visto el acuerdo adoptado por la Comissió Territorial d'Urbanisme en sesión de 16 de octubre de 1992, por el que aprobó definitivamente el expediente de referencia supeditando su publicación al cumplimiento de ciertas condiciones, así como la documentación presentada por el ayuntamiento con fecha 26 de octubre de 1992 que cumplimenta en todos sus extremos el referido acuerdo de la comisión, resuelvo:  
Ordenar la inmediata publicación del referido acuerdo de aprobación definitiva a efectos de su entrada en vigor, recordando al ayuntamiento la necesidad de que proceda a publicar íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante las ordenanzas y normas urbanísticas, a efectos de su vigencia, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del, Régimen Local en relación con el artículo 124.3 del texto refundido sobre reforma del régimen del suelo y ordenación urbana, de 26 de junio de 1992, y notificar el contenido de la resolución a cuantos interesados aparezcan en el expediente.  
Lo que se hace público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 124 del texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y 134 del Reglamento de Planeamiento. Contra los anteriores acuerdos, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada. ante el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en el plazo de quince días, según disponen los artículos 122 a 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el 23.1 del Decreto 137/1990, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana.  
Valencia, 2 de febrero de 1993.- El Director General d'Urbanisme i Ordenació Territorial: Gerardo- Roger Fernández Fernández.