Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3449, del 08-03-1999 (1999/1123)

Información pública de la notificación de la propuesta de resolución en el expediente sancionador número 724/1995.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3449

Fecha DOGV
:   08-03-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/1123


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la notificación de la propuesta de resolución en el expediente sancionador número 724/1995. [1999/S1123]
  
No habiendo podido notificar en el domicilio conocido por esta Administración, la propuesta de resolución del instructor del expediente sancionador número 724/1995, de fecha 8 de enero de 1999, por la que se propone declarar a don Miguel García Egea y doña Dolores Benítez Fuentes, responsables de infracción de la Ley de Costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se hace público el texto íntegro de la citada resolución para que el presente anuncio sirva de notificación al interesado.
  
«Propuesta de Resolución que formula don José Luis Martínez Zahonero, instructor del expediente sancionador que se sigue contra don Miguel García Egea y doña Dolores Benítez Fuentes, por realización de obras en zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa.
  
Conforme con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, formulo la presente propuesta de resolución que baso en los siguientes:
  
I. Hechos
  
1. Que se ha procedido a la construcción de una vivienda unifamiliar en la parcela número 83 de la partida de Sant Gregori, correspondiente a la parcela catastral 695 del polígono 12, en el tramo norte de la costa de Burriana, a la altura de los mojones 59 y 60 del deslinde Río Seco- Río Mijares, aprobado por Orden Ministerial de 30 de junio de 1993, en suelo no urbanizable de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Burriana aprobado en 1982, sin licencia municipal. Dichas obras se encuentran afectadas por la zona de servidumbre de protección, y no cuentan con autorización de esta Administración.
  
Con fecha 6 de agosto de 1998 se notificó la resolución del director general de Obras Públicas por la que se acordaba la instrucción de expediente sancionador, por realización de las citadas obras en zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa. Con fecha 16 de octubre de 1998 se notificó a don Miguel García Egea el pliego de cargos, y con fecha 23 de noviembre de 1998 se notificó dicho pliego de cargos a doña Dolores Benítez Fuentes.
  
2. El inculpado formula alegaciones a la incoación del expediente sancionador, y al pliego de cargos en las que manifiesta que: por idénticos hechos el Ayuntamiento de Burriana abrió expediente e impuso sanción económica por importe de 500.000 pesetas, por lo que la presente sanción supondría la conculcación del principio non bis in idem; que la infracción ha prescrito dado que las obras se iniciaron en el verano del año 1994, y que, existiendo multitud de edificaciones levantadas sin los correspondientes permisos que no han sido demolidas, el requerimiento de demolición al interesado constituye un agravio comparativo.
  
3. A solicitud de este Servicio, por el Servicio de Costas se emite informe en el que se indica:
  
«Efectuada visita el pasado 24 de noviembre, tal como se aprecia en las fotos tomadas, la casa está en perfectas condiciones, con lo que el administrado no ha procedido a la restitución de las cosas a su estado anterior.»
  
II. Análisis de las alegaciones efectuadas
  
Las alegaciones efectuadas por el administrado no desvirtúan los hechos y fundamentos jurídicos tenidos en cuenta para la iniciación del presente expediente sancionador: haberse iniciado (y continuado) las obras sin contar con la preceptiva autorización de esta administración. La Ley y el Reglamento de Costas tipifican claramente este hecho en sus artículos 91.2.e y 175.2.e, respectivamente: serán infracciones graves: la realización de construcciones no autorizadas en la zona de servidumbre de protección, siendo éste el supuesto ante el que nos encontramos.
  
Para la aplicación del principio general de non bis in idem, se requiere una triple identidad: sujeto, hecho y fundamento. El principio consistente en la prohibición del doble castigo a un mismo sujeto por idénticos hechos respondiendo a idéntico planteamiento normativo (sentencia de 20 de enero de 1995, de la Audiencia Provincial de Tarragona (FCG 9828/202).
  
En el caso que nos ocupa, efectivamente se da una identidad en el sujeto infractor y en el hecho material (construcción de una vivienda); pero éste hecho constituye, por una parte, infracción de la legislación urbanística, por lo que se abrió el oportuno expediente por la Autoridad Municipal competente, de conformidad con el artículo 185 del Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; y por otra parte supone una infracción de la Ley de Costas, al ubicarse la construcción en zona de servidumbre de protección, y no contar con la autorización preceptiva de la administración Autonómica.
  
No hay, por tanto, identidad en cuanto al fundamento o planteamiento negativo, elemento imprescindible para la apreciación del principio al que se apela.
  
En el mismo sentido se manifiesta la Sentencia número 237/1997, de 3 de abril de 1997, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala Contencioso Administrativo, Sección segunda.
  
Respecto de la prescripción de la infracción alegada, tampoco puede apreciarse habida cuenta que nos hallamos ante una infracción grave, que prescribe a los cuatro años, a contar desde su finalización. Al tratarse de la construcción de una vivienda, se aplica el artículo 176.3 del Reglamento de Costas que indica: «Se considerará que una construcción o instalación está totalmente terminada, cuando estuviera dispuesta para servir al fín previsto, sin necesidad de ninguna actuación posterior.»
  
Obra en el expediente denuncia de la Demarcación de Costas en Valencia, Servicio Provincial de Castellón, de fecha 23 de febrero de 1995, en la que se indica que la vivienda está en construcción, y se acompañan fotografías en las que se aprecia dicho estado. No han transcurrido, pues, cuatro años desde la finalización de la obra hasta el inicio del expediente sancionador.
  
Por último, en cuanto a la referencia genérica a la existencia de otras edificaciones realizadas sin permiso de obras, debe tenerse presente que el principio de igualdad sólo opera en el marco de la legalidad, y no cabe aludir a situación de ilegalidad para justificar la propia conducta. En este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1997 (RJ 5729):
  
«?2. Que se trata de un caso idéntico al de toda la manzana. En efecto, así parecen ser las cosas, pero a tal argumento ya contestó la sentencia de instancia: las infracciones no pueden justificarse en otras precedentes, porque no existe el derecho a infringir el ordenamiento jurídico porque otros lo hayan hecho.»
  
Conforme a lo actuado en el procedimiento se declaran hechos probados los siguientes:
  
1. Que se ha procedido a la construcción de una vivienda unifamiliar en la parcela número 83 de la partida de Sant Gregori, correspondiente a la parcela catastral 695 del polígono 12, en el tramo norte de la costa de Burriana, a la altura de los mojones 59 y 60 del deslinde Río Seco- Río Mijares, aprobado por Orden Ministerial de 30 de junio de 1993, en suelo no urbanizable de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Burriana aprobado en 1982, sin licencia municipal.
  
2. Que dichas obras se encuentran afectadas por la zona de servidumbre de protección, y no cuentan con autorización de esta Administración, no siendo legalizables.
  
Los hechos declarados probados están calificados como infracción grave y tipificados en el artículo 174.c y 175.2.e del Reglamento de Costas.
  
Para la indicada infracción se propone una sanción de 893.188 pesetas según lo dispuesto en el artículo 183.b del Reglamento para la ejecución de la Ley de Costas, en este supuesto el 25% del valor de las obras, estimadas por esta Administración en 3.572.750 de pesetas.
  
Dichos hechos son imputables a don Miguel García Egea y doña Dolores Benítez Fuentes, como propietarios, de conformidad con el artículo 177.1.b del Reglamento de Costas.
  
En su consecuencia este instructor propone:
  
1. Desestimar las alegaciones formuladas por don Miguel García Egea por cuanto en nada desvirtúan la realidad de los hechos, es decir que las obras se iniciaron y continuaron sin autorización de esta Administración.
  
2. Declarar responsables en concepto de autores de la infracción de la Ley de Costas consistente en construcción de una vivienda unifamiliar en la parcela número 83 de la partida de Sant Gregori, correspondiente a la parcela catastral 695, del polígono 12, en el tramo norte de la costa de Burriana, a la altura de los mojones 59 y 60 del deslinde Río Seco- Río Mijares, aprobado por Orden Ministerial de 30 de junio de 1993, en suelo no urbanizable de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Burriana aprobado en 1982, sin licencia municipal, en la zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa a don Miguel García Egea y doña Dolores Benítez Fuentes.
  
3. Imponer solidariamente a don Miguel García Egea y doña Dolores Benítez Fuentes una sanción consistente en multa de 893.188 pesetas.
  
4. Ordenar la demolición de lo ilegalmente construido y restitución del estado anterior de la construcción.
  
Valencia, 8 de enero de 1999.- El instructor del expediente: José Luis Martínez Zahonero.»