Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4782, del 24-06-2004 (2004/6527)

Notificación a Antonio Fernández Montilla. Expediente número 514/1150 VFE.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4782

Fecha DOGV
:   24-06-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/6527


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Antonio Fernández Montilla. Expediente número 514/1671 JDG. [2004/E6527]
  
De conformidad con lo acordado por esta Subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente edicto se procede a notificar a Antonio Fernández Montilla, con último domicilio conocido en la calle de Cronista Vicente Beguer Esteve, 1,10, de Torrent (Valencia), propuesta de resolución dictada por la instructora del expediente y sanción de fecha 14 de junio de 2004, dictada por la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente en el expediente sancionador número 514/8930 IDX, que se está tramitando en la Unidad de Inspección del Territorio de esta conselleria:
  
Visto el expediente sancionador instruido a Antonio Fernández Montilla, como consecuencia de la denuncia formulada en fecha 1 de agosto de 2003, por los agentes medioambientales números 19, 21 y 22 de la 4ª demarcación, por supuesta infracción tipificada en la vigente Ley 10/2000, de la Generalitat Valenciana, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Habiéndose dictado acuerdo de iniciación por la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente, de fecha 29 de diciembre de 2003, nombradas las correspondientes instructora y secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en el artículo 13.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Comunicado dicho acuerdo mediante edicto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en fecha 27 de febrero de 2004 (DOGV número 4.701), y publicación en el tablón de anuncios del ayuntamiento de la localidad del último domicilio conocido (Torrent), por haber fracasado el intento de notificación efectuado en fecha 12 de enero de 2004 (por desconocido), de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el que se imputaban los hechos siguientes:
  
Que en fecha 10 de abril de 2002, se pudo constatar por el Seprona de la Guardia Civil de Paiporta que en una nave situada en la partida Aleta, sin número, detrás de la Hípica Rabel, del término municipal de Aldaia, habían sido abandonados unos 8.000 litros de diferentes tipos de residuos líquidos (disolventes y tintes) envasados en bidones de 25 y 200 litros y catalogados con los códigos y 14.06.03 y 08.01.11 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, así como unas 800 garrafas y botes que han contenido disolventes, tintes y productos de acabado.
  
Efectuadas las investigaciones pertinentes por la Guardia Civil resultó que los residuos fueron abandonados por Antonio Fernández Montilla, el cual ejerció una actividad en dicha nave que había cesado en el momento de la inspección, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Incurriendo en infracción en el artículo 73.3.c) en relación con el artículo 73.4.f) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Visto que el interesado no ha efectuado alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento y lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora sobre la consecuencia que dicha actuación puede tener.
  
Visto el artículo 73.3.c) en relación con el artículo 73.4.f) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana y el artículo 75.2.b) de la misma que prevé las sanciones para las infracciones graves.
  
Visto que de conformidad con el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio.
  
Visto el artículo 75.2.b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, que establece que las infracciones graves se sancionaran con multa desde 601,02 euros hasta 30.050,61 euros, excepto en los residuos peligrosos, que será desde 6.010,13 euros hasta 300.506,05 euros, tenido en cuenta el principio de proporcionalidad del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y las circunstancias para la fijación de las sanciones previstas en el artículo 75.1 de la Ley 10/2000.
  
Visto el artículo 80.1.b) de la citada Ley 10/2000, en relación con la Orden de 26 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, sobre delegación de competencias sancionadoras (DOGV número 4.656, de 23 de diciembre de 2003), que otorga competencia sancionadora en el supuesto de infracciones graves a la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente.
  
Visto que, con independencia de la sanción que proceda el infractor esta obligado a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, según el artículo 78 de Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, consistente en este caso en la retirada de los residuos justificando su entrega a gestor autorizado ante el Área de Inspección del Territorio mediante la presentación de los documentos de control y seguimiento correspondientes, y si no procediera a ello, se podrá acordar, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, la imposición de multas coercitivas, que no superaran el 20% de la sanción establecida, o la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
  
El instructor formula la siguiente propuesta de resolución:
  
Que se imponga a Antonio Fernández Montilla una multa de 12.020 euros (doce mil veinte euros) y la obligación de proceder a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, consistente en este caso en la retirada de los residuos justificando su entrega a gestor autorizado ante el Área de Inspección del Territorio mediante la presentación de los documentos de control y seguimiento correspondientes.
  
Vista la propuesta de resolución que antecede.
  
Vistos el artículo 75 de la citada ley, que establece las sanciones correspondientes a cada tipo de infracción; tenidas en cuenta las circunstancias contempladas en el párrafo 1 del citado precepto legal, y el artículo 80 que determina la competencia sancionadora.
  
Visto que, con independencia de la sanción que proceda el infractor esta obligado a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, según el artículo 78 de Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, consistente en este caso en la retirada de los residuos justificando su entrega a gestor autorizado ante el Área de Inspección del Territorio mediante la presentación de los documentos de control y seguimiento correspondientes, y si no procediera a ello, se podrá acordar, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, la imposición de multas coercitivas, que no superaran el 20% de la sanción establecida, o la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
  
El órgano competente para sancionar, resuelve:
  
Imponer a Antonio Fernández Montilla una multa de 12.020 euros (doce mil veinte euros), y la obligación de proceder a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, consistente en este caso en la retirada de los residuos justificando su entrega a gestor autorizado ante el Área de Inspección del Territorio mediante la presentación de los documentos de control y seguimiento correspondientes.
  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer, con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 apartado 1 en relación con los artículos 109 apartado c) y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, o bien interponer directamente el recurso contencioso administrativo, a elección del demandante, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, sede del órgano que ha dictado el acto administrativo a impugnar, o ante el juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
En el supuesto de que no se haga uso de su derecho a recurrir deberá hacer efectiva la multa en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras que se indican en el margen izquierdo del impreso que los interesados deberán recoger en la Unidad de la Inspección del Territorio de la Conselleria de Territorio y Vivienda. El pago deberán efectuarlo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto. Una vez efectuado el ingreso deberá remitirse a la Unidad de la Inspección del Territorio la copia rosa del documento como justificante de haber efectuado el pago.
  
Se le apercibe que de no abonarlo en dicho periodo voluntario, procederá sin más trámite a su exacción por vía ejecutiva.
  
Significándole que a los efectos previstos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente:
  
1. Acta de Inspección de 10 de abril de 2002, formulado por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Paiporta.
  
2. Acuerdo de iniciación de fecha 29 de diciembre de 2003.
  
3. Edicto de notificación publicado el 27 de febrero de 2004 (DOGV número 4.701).
  
4. Certificado del secretario de exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Torrent, de fecha 26 de febrero de 2004.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.
  
Valencia, 15 de junio de 2004.- El subsecretario: Ramón Doménech Doménech.