Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5578, del 16-08-2007 (2007/9837)

Notificación a Cesar Ramos Guillén de la resolución del recurso de alzada, referencia interna R-332/2006.
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Número DOGV
:   5578

Fecha DOGV
:   16-08-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/9837


Fecha del documento
:   28-03-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a Cesar Ramos Guillén de la resolución del recurso de alzada, referencia interna R-332/2006. [2007/9837]  
De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a Cesar Ramos Guillén, C/ Domínguez Margarit, nº 8, 1ºD (03342 Alicante) la Resolución del Recurso de Alzada con el número de referencia interna R-332/2006.  
Resolución de la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente de recurso de alzada relativo al expediente de desahucio administrativo por ocupación de vivienda sin título legal (A-DAFT-0139/05) de la vivienda sita en Alicante, calle Dominguez Margarit nº 8, 1º pta-dcha (COD.VVDA. 03/0001/0298)  
Datos del reclamante.  
Nº Expte Apellidos y nombre.  
A-DAFT-0139/05 Ramos Guillén, César  
Datos de la vivienda.  
Código Vivienda. 03/0001/0298.  
Domicilio: c/ Domínguez Margarit nº 8, 1º pta-dcha. de Alicante.   
I. Antecedentes.  
Cronológicamente expuestos, los hechos esenciales relativos a dicho expediente, son los siguientes:  
Primero. Al haberse detectado con motivo de las visitas periódicas realizadas por personal adscrito a la Inspección de Patrimonio del IVVSA la ocupación de la vivienda sita en Alicante, c/ Domínguez Margarit nº 8, 1º, pta-dcha., el 20 de julio de 2005 se procedió a la incoación de expediente administrativo de desahucio por ocupación de vivienda sin título legal contra César Ramos Guillén.  
Segundo. El 20 de junio de 2005 se formuló el correspondiente pliego de cargos que fue notificado directamente al interesado según diligencia unida al mismo.  
Tercero. Por el interesado en fecha 1 de agosto de 2005 se presentó escrito de alegaciones al citado pliego de cargos, al que se acompañaba copia de reclamación en expediente de subrogación y de recibo de pago de renta. Dichas alegaciones fueron desestimadas en virtud de escrito de con registro de salida a 30 de septiembre de 2005, al que se une el correspondiente acuse de recibo.  
Cuarto. Con fecha 31 de enero de 2006 se dictó Propuesta de Resolución que tras dos intentos de notificación con resultado negativo fue objeto de publicación por edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alicante y en el DOGV nº 5197 de 13 de febrero de 2006.  
Quinto. El 22 de febrero de 2006 se presentó escrito de alegaciones por el interesado que fueron desestimadas por carta de fecha 7 de marzo de 2006.   
Sexto. El 24 de abril de 2006 se dictó resolución del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos resolviendo el expediente que fue notificada directamente al interesado en virtud de burofax entregado debidamente el 28 de abril de 2006.  
Séptimo. El 23 de mayo de 2006, se presentó escrito del interesado en el que se formalizaba Recurso de Alzada contra la referida resolución.  
II. Fundamentos de derecho.  
Los artículos 30 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto 2.960, de 12 de noviembre de 1.976, y 138 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, de 24 de Julio de 1.968, configuran como motivo de Desahucio Administrativo, el ocupar una vivienda sin título legal para ello.  
El art. 30 del mencionado Texto Refundido, así como, los artículos 138 y 142 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, establecen que la administración actuante podrá acordar el Desahucio Administrativo por ocupación de una vivienda sin título legal, con el lanzamiento de los ocupantes de viviendas y el desalojo de bienes y enseres.  
El artículo 57, 5º punto 2, letra b, de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat regula como motivo de desahucio administrativo el ocupar una vivienda sin título legal para ello.  
Artículos 20 y 24 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.  
Artículo 59 y siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
III. Contestación a las alegaciones.  
La legislación vigente en materia de viviendas de protección oficial de promoción pública, establece unas condiciones especiales de protección dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a aquellas familias más desfavorecidas y, con ese fin, la recuperación de las mismas cuando se encuentran ocupadas por personas que carecen de título legal para ello, por lo que en el presente caso, resultando acreditado por las propias manifestaciones del interesado el fallecimiento de Mercedes Cuenca Ortuño, adjudicataria en arrendamiento de la vivienda objeto de este expediente, y la tramitación de expediente de subrogación (A-SBRG-00550/03) en el que examinada la solicitud de Cesar Ramos Guillén se denegó dicha subrogación al no concurrir los requisitos necesarios para la misma (no se notificó el fallecimiento con certificado de defunción en el plazo de tres meses desde la muerte de la arrendataria), resulta evidente que no existe relación jurídica con el recurrente que le sirviera o le sirva de título para la ocupación realizada de la vivienda. Nos encontramos por lo tanto ante un claro supuesto de ocupación ilegal y las circunstancias que se dan en el presente caso se corresponden con las que tiene en cuenta la normativa aplicable para dar lugar al desahucio administrativo por ocupación de la vivienda sin título legal.  
En cuanto a la alegación formulada por el interesado en su escrito de interposición del recurso sobre la existencia de una autorización implícita del arrendador a la subrogación por el hecho del cobro de recibos, la misma no puede ser admitida pues como se desprende del único recibo de adeudo por domiciliaciones acompañado por el interesado con su escrito presentado el día 1 de agosto de 2005 (correspondiente a la renta de mayo del 2004), los recibos se seguían emitiendo a nombre de Mercedes Cuenca Ortuño y se adeudaban en una cuenta en la que sólo ella aparecía como titular. Por lo tanto no existe autorización implícita alguna a la subrogación sino la normal emisión de recibos y cargo de los mismos a nombre de la arrendataria hasta tanto se aclarara la posible subrogación de persona con legítimo derecho. Téngase en cuenta además que no se produce comunicación alguna del fallecimiento de la arrendataria por parte de sus familiares hasta casi un año después de haber ocurrido.  
Por lo que se refiere al vicio de incongruencia denunciado (artículo 89.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) solo se puede concluir que el mismo no se ha producido ya que las alegaciones formuladas por el interesado han sido contestadas suficientemente decidiendo si procedía o no acceder a lo solicitado, sin que resulte necesario al resolver referirse de forma concreta a todas y cada una de las alegaciones al quedar claro el motivo de la desestimación y estar abierta la vía impugnativa.  
Por todo lo anterior y no existiendo título jurídico que legitime la ocupación de Cesar Ramos Guillén, la Resolución del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos de 24 de abril de 2006 debe ser íntegramente confirmada.  
Resolución  
Visto el expediente, se deduce que ha quedado acreditado que no existe título jurídico que legitime la ocupación de la vivienda sita en c/ Domínguez Margarit nº 8, 1º pta-dcha. de Alicante.  
Vistos los hechos, las disposiciones legales citadas y las de general aplicación, así como la Propuesta del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos, la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente  
Resuelve la desestimación del recurso de alzada.  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de recibo de la misma, a tenor de los Arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1.998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 28 de marzo de 2007.- La secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente: Cristina Serrano Mateo.