Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9555, del 16-03-2023 (2023/2888)

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2023, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, de concesión y gestión de las subvenciones destinadas al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados para indemnizar las actuaciones de asistencia jurídica gratuita, acceso a la justicia, representación y defensa del turno de oficio, asistencia a la persona detenida o presa, derecho de defensa y funcionamiento de los servicios de orientación jurídica (SOJ), actuaciones humanitarias e inversiones recogidas en la ley 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9555

Fecha DOGV
:   16-03-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2023/2888


Fecha del documento
:   24-02-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
    * ayuda pública

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2023, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, de concesión y gestión de las subvenciones destinadas al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados para indemnizar las actuaciones de asistencia jurídica gratuita, acceso a la justicia, representación y defensa del turno de oficio, asistencia a la persona detenida o presa, derecho de defensa y funcionamiento de los servicios de orientación jurídica (SOJ), actuaciones humanitarias e inversiones recogidas en la ley 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023. [2023/2888]  
  
La Constitución Española contempla en su Título I «De los Derechos y Deberes Fundamentales», artículo 24, el derecho fundamental de todas las personas a obtener una tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, reconoce el derecho de todos al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado. Y en el artículo 119 establece que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.  
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996), tiene por objeto determinar el contenido y alcance del derecho a la asistencia jurídica gratuita, al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad.  
En este sentido, su artículo 37 dispone que: «Las Administraciones públicas competentes, asegurando el derecho a la asistencia jurídica gratuita, al que se refiere el artículo 119 de la Constitución, subvencionarán con cargo a sus dotaciones presupuestarias la implantación, atención y funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los colegios de abogados y procuradores».  
El Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, desarrolla el procedimiento para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, la organización de los servicios de asistencia jurídica gratuita que comprenden la asistencia letrada y la defensa y representación gratuita establecidos en la Ley 1/1996, y el procedimiento para otorgar la subvención compensatoria derivada de la prestación de dichos servicios de asistencia jurídica gratuita. Igualmente regula y desarrolla la asistencia jurídica específica para personas en las que concurren factores de especial vulnerabilidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.  
En este sentido, el artículo 46 del citado reglamento establece: «La conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de justicia gratuita subvencionará, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita» que se enumeran en el citado artículo, que son realizados por las personas colegiadas en los distintos colegios de la abogacía y la procura y los respectivos colegios y consejos autonómicos.  
La Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en su Título II, plasma las medidas de la Generalitat para hacer frente a la violencia sobre la mujer, desarrollando en el capítulo VI las relativas al ámbito jurídico, destinadas a garantizar la protección y seguridad en la tramitación de procedimientos judiciales, el derecho a la información, al asesoramiento y a la asistencia jurídica gratuita, haciendo previsión expresa a la suscripción de convenios con los colegios de la abogacía al objeto de establecer servicios de orientación jurídica especializada y turnos de oficio especializados (artículo 48).  
Por otro lado, para lograr la tutela judicial efectiva de todas las personas en condiciones de igualdad, la Administración ha de impulsar actuaciones que refuerzan los mecanismos y las garantías de protección para los colectivos especialmente vulnerables, garantizando la asistencia letrada en situaciones de urgencia humanitaria.  
Respecto de los colegios profesionales, el Decreto 175/2021 señala que velarán y garantizarán la eficacia y correcto ejercicio del derecho de defensa contribuyendo a la garantía del derecho constitucional de defensa y acceso a la justicia mediante la organización y prestación de la defensa de oficio y la gestión de los servicios de asistencia jurídica gratuita y orientación jurídica.  
El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los colegios de la abogacía de la Comunitat Valenciana, y entre sus fines está ordenar el ejercicio profesional, velar por el prestigio de la profesión, exigir a los colegios profesionales y a sus personas colegiadas el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos y trabajar para alcanzar una justicia más ágil, moderna y eficaz.  
El Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, en el artículo 10, atribuye a la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, las competencias en materia de asistencia jurídica gratuita, mediación, asistencia a las víctimas del delito, ayudas a las víctimas del terrorismo, y de los instrumentos que profundicen en el desarrollo democrático y en la promoción de los derechos, y la Orden 5/2021, de 19 de febrero de desarrollo el decreto citado, atribuye en su artículo 9 a la Subdirección General de Acceso a la Justicia y Promoción de los Derechos, la coordinación de los servicios adscritos a la misma, la coordinación externa con otras administraciones públicas en materia de asistencia jurídica gratuita, mediación y promoción de derechos.  
En la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023, en el programa presupuestario 112.70 «Reformas Democráticas y acceso a la Justicia», se recogen las siguientes líneas nominativas:  
Línea S1674000, con cargo al capítulo IV, con la descripción y finalidad: «Indemnización de las actuaciones correspondientes a asistencia jurídica gratuita, acceso a la justicia, representación por abogado/a de turno de oficio y asistencia letrada al detenido/a o preso/a, derecho de defensa, funcionamiento de los SOJ y actuaciones humanitarias», por importe de 30.526.986 €, cuyo beneficiario es el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana.   
Línea S8425000, con cargo al capítulo VII, con la descripción y finalidad: «Indemnización de las inversiones para la dotación en infraestructuras necesarias para el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de los SOJs, realizadas por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y sus colegios profesionales», por importe de 150.000 €, cuyo beneficiario es el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana.  
Las líneas mencionadas corresponden a subvenciones establecidas por una norma con rango legal, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de las previstas en el artículo 168.1, apartado B) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero. Este tipo de subvenciones «seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa».  
El Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Decreto 175/2021, prevé, en su artículo 46.4, que «mediante resolución de la persona titular de la conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de justicia gratuita, se regulará el procedimiento para la concesión y gestión de las subvenciones de carácter legal, previstas en el presente reglamento».  
Serán de aplicación a la concesión y gestión de las subvenciones objeto de la presente resolución, los artículos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones de, así como los preceptos de tal carácter del Reglamento de la mencionada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y las previsiones de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
Las líneas se encuentran incluidas en el Plan estratégico de subvenciones de la Conselleria aprobado para el periodo 2023-2025.  
La presente resolución es el instrumento a través del cual se conceden y gestionan las subvenciones destinadas a indemnizar las actuaciones correspondientes a asistencia jurídica gratuita, acceso a la justicia, representación y/o defensa por profesionales de la abogacía de turno de oficio y asistencia letrada a la persona detenida, presa, investigada o víctima violencia de género, derecho de defensa, funcionamiento de los SOJ, asesoramiento previo en el marco de actuaciones humanitarias y las inversiones para la dotación en infraestructuras necesarias para el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de los SOJs, realizadas por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y sus colegios profesionales.  
Por lo expuesto, a propuesta del director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, de conformidad con lo previsto el artículo 168.1, apartado B) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, de acuerdo con lo que establece la Ley 9/2022 de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 del Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de asistencia jurídica gratuita, y en virtud de las competencias establecidas en el Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, resuelvo:  
  
Sección primera  
Disposiciones comunes  
  
Primera. Finalidad y objeto  
La presente resolución tiene por finalidad dar cumplimiento, en el ámbito competencial de la Generalitat, a la obligación constitucional de garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita y asegurar el acceso a la justicia.  
Constituye el objeto de esta resolución la concesión y gestión de las subvenciones destinadas a:  
a) Sufragar el coste de las actuaciones derivadas de la Ley 1/1996, correspondientes a asistencia jurídica gratuita, acceso a la justicia, representación y defensa por profesional de la abogacía de turno de oficio y asistencia letrada a la persona detenida, presa, investigada o víctima violencia de género y funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de los servicios de orientación jurídica (SOJ general y SOJ especializados) y de las unidades encargadas de la calificación provisional de las pretensiones.  
b) Sufragar el coste de las actuaciones en los supuestos en los que profesionales designados en virtud de requerimiento judicial, resolución administrativa u obligación legal, acrediten que han visto frustrada su pretensión, previo requerimiento al efecto, de percibir sus honorarios por los servicios efectivamente prestados dentro del sistema de asistencia jurídica gratuita.  
c) Sufragar el coste del asesoramiento letrado prestado por los profesionales de la abogacía en el marco de actuaciones humanitarias.  
d) Sufragar el coste de las inversiones para la dotación en infraestructuras necesarias para el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de los SOJ, de las unidades encargadas de la calificación provisional de las pretensiones, realizadas por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) y sus colegios profesionales.  
  
Segunda. Crédito presupuestario  
Las actuaciones, servicios y actividades que constituyen el objeto de la presente resolución se financiarán, de conformidad con la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023, con cargo al programa presupuestario 112.70 de la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública:  
a) Para las actuaciones indicadas en los párrafos a), b) y c) del apartado anterior, se destinarán 77.012.516 € de la línea S1674000, con cargo al capítulo IV, con la descripción y finalidad: «Indemnización de las actuaciones correspondientes a asistencia jurídica gratuita, acceso a la justicia, representación por abogado/a de turno de oficio y asistencia letrada al detenido/a o preso/a, derecho de defensa, funcionamiento de los SOJ y actuaciones humanitarias»  
b) Para las actuaciones indicadas en el párrafo d) del apartado anterior, 150.000 € de la línea S8425000, con cargo al capítulo VII, con la descripción y finalidad: «Indemnización de las inversiones para la dotación en infraestructuras necesarias para el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de los SOJs, realizadas por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y sus colegios profesionales».  
Estas subvenciones resultan incompatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el mismo objeto o finalidad, procedente de cualquier otra Administración Pública o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  
  
Sección segunda  
Actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita, acceso a la justicia, representación y/o defensa por profesional de la abogacía de turno de oficio y asistencia letrada a la persona detenida o presa, derecho de defensa, funcionamiento de los SOJ y asesoramiento previo en el marco de actuaciones humanitarias (programa presupuestario 66.38.73.564.64. capítulo IV línea S1674000)  
  
Tercera. Entidades y personas beneficiarias  
1. Es beneficiario de la subvención el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (en adelante, CVCA). A su vez, en su calidad de entidad colaboradora, distribuirá a los colegios profesionales de la abogacía de la Comunitat Valenciana el importe de la subvención que corresponda a la actividad desarrollada por cada uno de ellos.  
2. Asimismo, son entidades y personas beneficiarias de esta subvención:  
a) Los colegios de la abogacía de la Comunitat Valenciana.  
b) Las personas profesionales de la abogacía inscritas en los turnos de guardia permanente, en los turnos de oficio y en los servicios de orientación jurídica generales y especializados que hayan realizado actuaciones o prestado servicios subvencionables en el marco de esta sección segunda.  
3. El CVCA recibirá las transferencias de la Generalitat y distribuirá el crédito entre sus colegios de la abogacía. Éstos, a su vez, abonarán las indemnizaciones correspondientes a las personas profesionales de la abogacía que resulten beneficiarias.  
El CVCA informará a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública del importe de la compensación que le corresponda en relación con la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.   
  
Cuarta. Gastos subvencionables  
Serán susceptibles de ser financiados en el ámbito de la sección segunda de la presente resolución, aquellos gastos que figuren en las certificaciones presentadas por el CVCA y sus respectivos colegios profesionales, expedidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, que correspondan a actuaciones, servicios y actividades prestadas a las personas beneficiarias del derecho de justicia gratuita derivados de la Ley 1/1996, realizadas por el CVCA, los colegios de la abogacía de la Comunitat Valenciana y personal colegiado, en materia asistencia jurídica gratuita, acceso a la justicia, defensa y/o representación por profesional de la abogacía del turno de oficio y asistencia letrada a la persona detenida, presa, investigada, o víctima de violencia de género y funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de los SOJ y de las unidades encargadas de la calificación provisional de las pretensiones y el asesoramiento previo en el marco de actuaciones humanitarias.  
Asimismo, serán susceptibles de ser financiados los gastos que correspondan a actuaciones en los supuestos en los que profesionales designados en virtud de requerimiento judicial, resolución administrativa u obligación legal, acrediten que han visto frustrada su pretensión, previo requerimiento al efecto, de percibir sus honorarios por los servicios efectivamente prestados dentro del sistema de asistencia jurídica gratuita.  
  
Quinta. Servicios de asistencia jurídica gratuita obligatorios  
1. Los servicios de asistencia jurídica obligatorios que implantan y presten los colegios de la abogacía, serán los establecidos en el artículo 14.2 del reglamento de asistencia jurídica gratuita, se compensarán con cargo a la línea del capítulo IV, S1674000, y serán los siguientes:  
a) Un servicio de orientación jurídica (SOJ general y SOJ especializados);  
b) Un servicio de turno de guardia permanente y  
c) Un servicio de turnos de oficio especializados, para la defensa y representación gratuita realizadas por los/as profesionales designados/as de entre ellos/as.  
En todo caso, la ejecución material de los servicios de asistencia jurídica gratuita obligatorios prestados por los colegios profesionales de la abogacía no podrá ser objeto de subcontratación con ninguna entidad.  
2. Los turnos de oficio especializados que los colegios de la abogacía podrán establecer, en función de su censo y de su capacidad organizativa, son los recogidos en el artículo 20 del reglamento de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de otros que, en atención a circunstancias jurídicas, sociales o económicas, puedan considerar necesarios. Su acreditación documental se realizará de la manera prevista en el artículo 51.2 del citado reglamento.  
  
Sexta. Otras obligaciones de los colegios profesionales de la abogacía en relación con las actuaciones, servicios y actividades en materia de asistencia jurídica gratuita y acceso a la justicia.  
1. Los colegios de la abogacía, en relación con las actuaciones, servicios y actividades en materia de asistencia jurídica gratuita y acceso a la justicia, deberán:  
a) Adoptar las medidas precisas para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de asistencia jurídica gratuita.  
b) Difundir adecuadamente la localización de sus dependencias, funciones y servicios.  
c) Disponer de una página web actualizada y de fácil acceso en la que aparezcan y se informe de los servicios de asistencia jurídica gratuita.  
2. Asimismo, en cuanto a los servicios de orientación jurídica y de las unidades encargadas de la calificación provisional de las pretensiones, deberán cumplir las siguientes obligaciones:  
a) Enviar telemáticamente a la comisión de asistencia jurídica gratuita correspondiente los datos de las solicitudes de justicia gratuita que se presenten. Mientras no se disponga de las herramientas precisas para ello, esta documentación deberá ser remitida en formato papel.  
b) Enviar telemáticamente a la comisión de asistencia jurídica gratuita correspondiente la documentación económica de los expedientes tramitados.  
c) Informar a la ciudadanía de sus derechos y obligaciones y de la vida administrativa de su expediente de asistencia jurídica gratuita, tanto si se le concede como si se deniega el beneficio a la persona solicitante a través de los distintos mecanismos que establezcan los correspondientes colegios de la abogacía.  
d) Ofrecer un servicio de traducción para los casos en los que se precise prestar una asistencia jurídica adecuada que será facilitado e irá a cargo a las dotaciones presupuestarias de la Generalitat, mediante el correspondiente contrato suscrito al efecto.  
3. Las obligaciones de los colegios de la abogacía en la prestación del servicio de asistencia letrada, representación, en su caso, y defensa gratuita son las establecidas en los artículos 17 y 20 del reglamento de asistencia jurídica gratuita y demás normativa aplicable en la materia.  
  
Séptima. Obligaciones del CVCA en relación con las actuaciones, servicios y actividades en materia de asistencia jurídica gratuita y acceso a la justicia.  
1. En el mes de enero de 2023, las juntas de gobierno de los colegios de la abogacía, a través del consejo autonómico de la abogacía, remitirán a la conselleria competente en materia de justicia gratuita, la siguiente documentación:  
a) La relación de servicios de justicia gratuita disponibles, así como las normas de funcionamiento, sede y horario de atención al público de los servicios de orientación jurídica.  
b) La relación de profesionales colegiados ejercientes adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indicación expresa de su nombre y apellidos, número de colegiación, domicilio profesional, teléfono, dirección de correo electrónico, detalle de las especializaciones por órdenes jurisdiccionales o en las diversas ramas jurídicas, así como indicación expresa del servicio de orientación jurídica, turno de guardia y turno de oficio, general o especializado, al que estén adscritos.  
c) Cualquier actualización de las bases de datos de las personas colegiadas dadas de alta en los servicios de asistencia jurídica gratuita cumpliendo con lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal, deberá ser facilitada con carácter bimestral.  
d) Los acuerdos que fijen las demarcaciones que están sujetas al sistema de retribución fija por día de guardia.  
De dicho acuerdo se dará traslado a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública dentro de los 10 días siguientes a su adopción.  
e) Información del número y clase de las actuaciones realizadas en el año anterior por los servicios de orientación jurídica, los turnos de guardia permanentes y turnos de oficio especializados.  
f) Información sobre las resoluciones y medidas adoptadas como consecuencia de los expedientes disciplinarios que, en su caso, fueran incoados, según lo indicado en el artículo 7.g) del reglamento de asistencia jurídica gratuita.  
2. La documentación mencionada deberá ser remitida telemáticamente en formato que permita su tratamiento automatizado, de conformidad con el modelo aprobado por Resolución del director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia.  
  
Octava. Cálculo del coste de las actuaciones relativas a los SOJ y de las unidades encargadas de la calificación provisional de las pretensiones, turno de guardia permanente, turnos de oficio, SOJ especializados y asesoramiento previo en el marco de actuaciones humanitarias  
1. En relación con los servicios de orientación jurídica y de las unidades encargadas de la calificación provisional de las pretensiones, se tendrán en cuenta los gastos de funcionamiento directos e indirectos, en los que se incluyen los gastos que genere a los consejos autonómicos y a los colegios, el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento, y la orientación a los ciudadanos previos al proceso, y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.  
Dentro de este concepto, se entenderán incluidos aquellos gastos materiales y personales necesarios para la correcta prestación del servicio, de conformidad con el artículo 47 del reglamento de asistencia jurídica gratuita, que considera gastos de funcionamiento los siguientes:  
a) Los gastos derivados, directa o indirectamente, del personal y profesionales que participan en la prestación u organización de los servicios de orientación jurídica o, en su caso, del personal adscrito exclusivamente o de forma parcial al servicio de asistencia jurídica gratuita, para la tramitación de los procedimientos de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.  
b) Los gastos de mantenimiento, reparación, mejora y limpieza de las instalaciones colegiales donde se lleve a cabo cualquiera de las actuaciones cubiertas; y los de suministros en dichas sedes, en la parte que corresponda, de los servicios de electricidad, agua, gas, telefonía, acceso a internet, seguros o alarmas.  
c) El gasto de las primas de seguro que cubra los accidentes que puedan suceder en la prestación del servicio.  
d) Los gastos derivados de la gestión administrativa y contable y, en su caso, de las auditorías contables o de calidad de la prestación del servicio.  
e) Los gastos destinados a publicitar los servicios entre sus posibles usuarios, siempre que se haga constar que los mismos están sufragados por la Generalitat.  
f) Los gastos de comunicación con las personas profesionales prestadoras del servicio.  
g) Los gastos o amortización de las herramientas utilizadas por el personal de los colegios, del CVCA y las demás personas profesionales prestadoras del servicio.  
h) Los gastos en impresos necesarios para la prestación de los servicios.  
i) Los gastos de alquiler o amortización de los locales e instalaciones en las que se lleven a cabo los servicios.  
j) Los gastos en material de oficina que se utilicen en la prestación del servicio.  
k) Los gastos relativos al arrendamiento y mantenimiento de los equipos y programas informáticos, impresoras, fotocopiadoras, sitios web, mobiliario, centralitas telefónicas, teléfonos móviles utilizados para la prestación del servicio y correo, mensajería, buroSMS o, en definitiva, cualquier elemento utilizado para la prestación de los servicios referidos.  
l) Aquellos otros gastos debidamente justificados siempre y cuando se acredite que los mismos resultan necesarios para el correcto funcionamiento operativo y prestación del servicio.  
En relación con los apartados g) e i) tendrá carácter subvencionable, de acuerdo con el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, el gasto de amortización que se sujete a las siguientes condiciones:  
a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.  
b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.  
c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable.  
En relación con el apartado d), tendrán carácter subvencionable los gastos derivados de los informes de auditoría, con el límite de 5.000 euros por informe.  
2. En relación con los servicios de turno de guardia permanente, se tendrá en cuenta el importe destinado a sufragar las actuaciones profesionales devengadas por las personas profesionales de la abogacía del turno de guardia permanente, y se compensará mediante el módulo de compensación económica previsto por la actuación profesional de los servicios de guardia de asistencia letrada a la persona detenida, presa e investigada vigente en al tiempo de realizar la actuación, que incluirá tanto la asistencia prestada ante los órganos policiales, como la prestada ante los órganos judiciales. Se computará como una única asistencia la prestada a una misma persona detenida en ambas instancias.  
El pago por asistencia ordinaria, y por servicio de guardia, se realizará en los términos establecidos en los artículos 50.3 y 51.1 del reglamento de asistencia jurídica gratuita.  
3. En relación con los servicios de turno de oficio, la retribución de las personas profesionales designadas de oficio, se realizará conforme a las bases económicas y módulos de compensación, en atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan, vigentes en el momento de su realización.  
4. En relación con los servicios de orientación y asistencia jurídica especializados, previstos en el artículo 16 del reglamento de asistencia jurídica gratuita, serán objeto de compensación económica a los colegios de la abogacía, las actuaciones consistentes en el asesoramiento y orientación para la prestación del servicio, así como los gastos necesarios para la prestación del servicio, de conformidad con el artículo 53 del citado reglamento.  
La retribución de profesionales por las actuaciones diarias realizadas a las que se refiere el párrafo anterior se abonará conforme a los módulos y bases económicas de compensación, referidas a los mismos en el anexo II del reglamento de asistencia jurídica gratuita.  
Se consideran gastos subvencionables los previstos en el apartado 1 del resuelvo octavo, y los gastos de desplazamiento previstos en el artículo 16.3 del reglamento de asistencia jurídica gratuita.  
5. En relación con el asesoramiento previo prestado en el marco de las actuaciones humanitarias, de conformidad con el artículo 53.5 del reglamento de asistencia jurídica gratuita, el importe de las actuaciones subvencionables será el equivalente a la cuantía que corresponda a las siguientes bases y módulos de compensación económica, fijados en el Anexo II de dicho reglamento.   
a) Servicio de guardia, hasta seis asistencias.  
b) Servicio de guardia superior a seis asistencias.  
  
Novena. Devengo de la indemnización  
1. El derecho al cobro de las actuaciones subvencionables incluidas en esta sección se devengará de la siguiente forma:  
a) Respecto de los gastos del funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de los SOJ generales y de las unidades encargadas de la calificación provisional de las pretensiones, la cantidad resultante de multiplicar el módulo por cada expediente, se devengará cuando quede constancia de que éste se ha resuelto provisionalmente por el colegio de la abogacía correspondiente, y enviado a la correspondiente comisión de asistencia jurídica gratuita para su resolución definitiva.  
b) Respecto del servicio de turno de guardia permanente, la cantidad aplicable se devengará una vez finalizada la intervención, bien mediante el sistema de pago por día de guardia, también llamado servicio de guardia, bien mediante el pago por asistencia ordinaria para la asistencia letrada a la persona investigada, detenida, presa o víctima de violencia de género.  
c) Respecto del servicio de turnos de oficio, las personas profesionales de la abogacía designadas de oficio devengarán la indemnización correspondiente a su actuación, conforme al baremo vigente, una vez acrediten documentalmente, ante el colegio profesional respectivo, la intervención profesional realizada que justifique el módulo de compensación económica fijado en atención a la tipología del procedimiento.  
d) Respecto de los servicios de orientación jurídica especializada:  
d.1) La indemnización de las actuaciones prestadas, se devengará una vez finalizada la intervención y acreditada documentalmente ante el colegio profesional de conformidad con el artículo 53 del reglamento de asistencia jurídica gratuita.  
d.2) Los gastos necesarios para su funcionamiento se devengan cuando se realice el pago efectuado por el respectivo colegio.  
d.3) El CVCA certificará los pagos librados en el bimestre anterior.  
e) El derecho al cobro de las actuaciones subvencionables por el asesoramiento prestado en el marco de actuaciones humanitarias se devengará tras la presentación de las certificaciones a la que se refiere la disposición siguiente.  
2. El baremo aplicable será el vigente al tiempo en que se realice la actuación que genera el derecho al cobro.  
  
Décima. Certificación de la subvención en relación con las actuaciones subvencionables en el ámbito de la presente sección del convenio  
1. El CVCA remitirá a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, dentro del mes natural siguiente al de finalización de cada bimestre, una certificación de la subvención que contendrá los siguientes extremos:  
a) Respecto del servicio de orientación jurídica general: el número de expedientes completos tramitados y enviados por cada colegio de la abogacía que han tenido entrada en ese periodo en las comisiones de asistencia jurídica gratuita de la Comunitat Valenciana.  
b) Respecto del turno de guardia permanente: número total de asistencias ordinarias, servicios de guardia o disponibilidad por guardia realizados con indicación del módulo aplicable, cuantía del módulo e importe total. A esta certificación se unirá un fichero en soporte informático susceptible de tratamiento de los datos. La identificación del fichero deberá ser coincidente con la de la certificación.  
En el fichero constarán los datos relativos a:  
a. Identificación de la certificación.  
b. Identificación de las actuaciones realizadas en el turno de guardia: partido judicial y fecha de cada asistencia, servicio de guardia o disponibilidad realizada.  
c. Identificación de profesional: nombre, apellidos y número de colegiación de la persona profesional que ha realizado la actuación.  
d. Identificación de la persona asistida: nombre y apellidos de la persona asistida.  
e. Importe: identificación del módulo aplicable y de su cuantía conforme a los módulos y bases de compensación económica previstos en el reglamento de asistencia jurídica gratuita, así como el importe total correspondiente.  
f. Identificación de las asistencias y servicios de guardia desagregadas por género y rango de edad.  
Dichos datos deberán ser cumplimentados según modelo que figura en los anexos IV y V del reglamento de asistencia jurídica gratuita.  
En el caso de que la asistencia prestada, hubiera derivado en un procedimiento judicial para la persona profesional que ha asistido en la guardia, también deberán hacerse constar los posibles reintegros derivados de las cantidades percibidas por intervenciones de dichos profesionales designados, así como identificación de la certificación en la que se incluyó dicha actuación y todos aquellos datos consignados en la misma referidos a la actuación objeto de reintegro, todo ello en relación con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50.3 del reglamento de asistencia jurídica gratuita.  
c) Respecto de los turnos de oficio especializados: la certificación deberá contener los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas y verificadas por cada colegio. A esta certificación se unirá un fichero en soporte informático susceptible de tratamiento de los datos. La identificación del fichero deberá ser coincidente con la de la certificación.  
En el fichero constarán los datos relativos a:  
a. Identificación de la certificación.  
b. Identificación del expediente de justicia gratuita (número expediente del colegio profesional).  
c. Identificación profesional (nombre, apellidos y número de colegiación de la persona profesional que ha realizado la actuación). Identificación de la persona beneficiaria del derecho de asistencia jurídica gratuita (nombre y apellidos, DNI/NIE/pasaporte o, en su caso, indicación de que carece de documentación).  
d. Estado de la resolución de asistencia jurídica gratuita (reconocido, denegado, archivado, pendiente).  
e. Identificación del expediente judicial: órgano y procedimiento judicial (tipo de procedimiento), asunto, número, número de identificación general (NIG).  
f. Identificación de la resolución que ponga fin al procedimiento o documento equivalente expedido por el órgano judicial que posibilite el cobro del módulo aplicable: tipo de resolución y fecha.  
g. Identificación del módulo aplicable y de su cuantía conforme a los módulos y bases de compensación económica previstos en los anexos II y VIII del reglamento de asistencia jurídica gratuita, así como el importe total correspondiente.  
Dichos datos deberán ser cumplimentados según modelo que figura en el anexo VI del citado reglamento de asistencia jurídica gratuita.  
Las cuantías certificadas por los colegios de la abogacía, según los módulos detallados en el anexo II del mencionado reglamento, por los servicios prestados en virtud de requerimiento judicial que hayan visto frustrada su pretensión previo requerimiento al efecto, serán retribuidas con cargo al presupuesto de la Generalitat bimestralmente.  
d) Respecto de los servicios de orientación jurídica especializados:  
En el caso SOJ de extranjería y SOJ de diversidad funcional: mediante la aportación de documento acreditativo en el que conste la identificación del local o dependencia específica donde se realice la actuación, la identificación de la persona profesional que realiza la actuación, la identificación de la persona asistida y fecha de realización de la actuación. Dicho documento deberá ser firmado por la persona asesorada y por el profesional actuante.  
En el caso de SOJ CIE y SOJ penitenciario: mediante la aportación de documento o parte expedido y sellado por el propio centro. Dicho documento o parte deberá indicar, como mínimo, la identificación del centro, la identificación de la persona profesional que realiza la actuación, la identificación de la persona asesorada y fecha de realización de la actuación. El documento o parte deberá ser firmado por el profesional actuante.  
La certificación deberá contener los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas y verificadas por cada colegio a lo largo de dicho periodo. A esta certificación se unirá un fichero en soporte informático susceptible de tratamiento de los datos. La identificación del fichero deberá ser coincidente con la de la certificación.  
En el fichero constarán los datos relativos a:  
a. Identificación de la certificación.  
b. Identificación de la sede y fecha de cada orientación y asistencia jurídica especializadas.  
c. Identificación del profesional: nombre, apellidos y número de colegiación de la persona profesional que ha realizado la actuación.  
d. Identificación de la persona asistida: nombre y apellidos de la persona asistida.  
e. Identificación del módulo aplicable a la asistencia y orientación jurídica especializados y de su cuantía conforme a los módulos y bases de compensación económica previstos en el anexo II del reglamento de asistencia jurídica gratuita, así como el importe total correspondiente.  
f. Identificación de las asistencias y orientación jurídicas especializadas desagregadas por género y rango de edad.  
En el caso de que la orientación y la asistencia jurídica especializadas diese lugar a la tramitación de un expediente de justicia gratuita, además deberá figurar:  
g. Identificación del expediente de justicia gratuita (número expediente del colegio profesional).  
h. Identificación de la persona beneficiaria del derecho de asistencia jurídica gratuita (nombre y apellidos).  
i. Estado de la resolución de asistencia jurídica gratuita (reconocido, denegado, archivado, pendiente).  
El CVCA certificará bimestralmente los gastos de funcionamiento necesarios para la prestación de los servicios de orientación y asistencia jurídica especializados.  
La documentación que deberá presentarse, en el primer semestre del año 2024, para la debida justificación de los gastos de funcionamiento será la siguiente:  
a) Los criterios que se han seguido para imputar la parte proporcional o porcentaje que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad.  
b) Relación clasificada de gastos en los que se haya incurrido como consecuencia de la realización de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, concepto del gasto, su importe desglosado (base imponible, IVA no recuperable o compensable, IRPF), fecha de emisión y fecha de pago.  
c) Relación detallada de las actividades realizadas con personal propio, especificando para cada una de ellas el personal que ha intervenido, identificación de la nómina correspondiente con indicación del mes o periodo, porcentaje imputado a la misma y desglose de importes (bruto, neto, retención IRPF, seguridad social a cargo del trabajador, seguridad social a cargo de la entidad).  
d) Todos los documentos justificativos de los gastos de funcionamiento, subvencionables conforme a derecho, correspondientes a los gastos directos e indirectos (nóminas, facturas, recibos y/o otros documentos justificativos válidos en derecho) que se presenten, expedidos de conformidad con lo exigido en la normativa legal de aplicación, así como los justificantes de pago de dichos gastos.  
2. Además de lo dispuesto en el apartado 1, las certificaciones contendrán la relación de reintegros derivados de cantidades percibidas por las actuaciones o intervenciones de los profesionales designados, la certificación deberá contener, como mínimo:  
a) Identificación de la certificación.  
b) Identificación del expediente de justicia gratuita (número expediente del colegio profesional)  
c) Identificación del módulo aplicable y de su cuantía, indicando, de forma expresa, la certificación en la que se presentó la actuación objeto de reintegro.  
d) Causa del reintegro y cuantía a reintegrar:  
d1. Revisión de oficio,  
d2. Mejor fortuna,  
d3. Finalización del juicio con resultado económico positivo para el justiciable que litiga con el beneficio de asistencia jurídica gratuita,  
d4. Otros, lo que incluirá aquellos casos en que no se conozca fehacientemente el motivo.  
En el caso de que no procedan reintegros la certificación bimestral deberá contener expresamente esta circunstancia.  
e) Respecto del asesoramiento prestado en el marco de actuaciones humanitarias:  
En el fichero constarán los datos relativos a:  
1) Número y clase de actuaciones acreditadas por las personas profesionales de la abogacía ante el respectivo colegio y verificadas por éste durante el período bimestral certificado, con indicación de los siguientes datos respecto de cada actuación:  
a) Relación de actuaciones realizadas, con indicación de la fecha y lugar.  
b) Identificación de las personas asistidas, desagregadas por sexo, edad y colectivo/s de persona/s vulnerable/s al/los que pertenezca/n, en su caso.  
En el supuesto de que las personas asistidas no autoricen de forma expresa que quede constancia de sus datos, no se dejará constancia de nombre, apellidos, NIF, domicilio, teléfono ni correo electrónico.  
c) Objeto de la actuación.  
d) Nombre y apellidos de las personas profesionales de la abogacía que hayan realizado las actuaciones.  
2) Importe global de cada una de las actuaciones señaladas en el apartado anterior, así como su desglose por cada uno de los colegios de abogados.  
3. Las certificaciones se enviarán en soporte electrónico a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, acompañadas de los archivos informáticos en formatos que permitan su tratamiento de datos, conforme a las indicaciones que para cada una de ellas y con la suficiente antelación para su adaptación por parte de los colegios profesionales, señale la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.  
4. Las actuaciones contenidas en las certificaciones del apartado 1 deberán verificarse por los colegios de la abogacía, quienes conservarán la oportuna justificación documental a disposición del CVCA y de la Administración por el plazo de cuatro años.  
  
Decimoprimera. Justificación anual de la subvención relativa a la aplicación de los fondos recibidos, el importe destinado a los servicios de orientación jurídica para la asistencia y orientación jurídica general, así como la atención de las tareas administrativas de soporte a la gestión colegial correspondiente al ejercicio presupuestario anterior  
1. El CVCA justificará documentalmente en el primer semestre del año 2024, la aplicación de los fondos recibidos, el importe destinado a los servicios de orientación jurídica para la asistencia y orientación jurídica general, así como a la atención de las tareas administrativas de soporte a la gestión colegial correspondiente al ejercicio presupuestario anterior.  
2. El CVCA remitirá a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, en formato hoja de cálculo hasta que esté operativo el módulo de la aplicación DEBADES que corresponda, certificación de los extremos enumerados en el artículo 55.1 y la información solicitada en el artículo 49.1 del reglamento de asistencia jurídica gratuita.  
3. La aplicación del importe de la subvención será justificada por el CVCA y los colegios de la abogacía, mediante la presentación de la cuenta justificativa, acompañada de un informe de auditoría realizado por profesional inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y contendrá los siguientes documentos:  
a) Una memoria de actuación, suscrita por los beneficiarios, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.  
b) Una memoria económica abreviada justificativa del gasto realizado, que incluya la certificación, expedida por la/s persona/s representante/s del Colegio, con capacidad legal para ello, de la siguiente documentación:  
b.1) Importes destinados a atender los gastos necesarios para el funcionamiento operativo de los Servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas (tramitación expedientes justicia gratuita).  
b.2) Liquidación de los servicios de orientación jurídica prestados, que comprenderá, al menos, su coste total, la indicación expresa de las personas que los hayan realizado, el porcentaje de dedicación, en su caso, su remuneración, y el número de asistencias realizadas, relacionadas por especialidades.  
b.3) Que los citados gastos, tanto directos como los porcentajes de los gastos indirectos, responden a la propia naturaleza de los servicios prestados y son estrictamente necesarios para su funcionamiento. Los criterios de imputación de dichos porcentajes se reflejarán en un informe justificativo que acompañará a la justificación económica donde se certificará los criterios de reparto.   
b.4) Respecto de las cantidades distribuidas al colegio por el CVCA, el detalle de la aplicación que el propio colegio haya hecho en cada materia.  
b.5) Que los importes relativos al Impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto indirecto que, en su caso figuren en la relación de gastos no han sido objeto de recuperación y/o compensación.  
4. Así mismo el CVCA presentará una certificación, expedida por la/s persona/s representante/s del Consejo, con capacidad legal para ello, comprensiva, al menos, de los siguientes extremos:  
a) Importes destinados a atender los gastos de funcionamiento operativo de los Servicios de asistencia jurídica gratuita que presta el Consejo.  
b) Liquidación de los servicios prestados, que comprenderá, al menos, su coste total, la indicación expresa de las personas que los hayan realizado, su remuneración y el porcentaje de dedicación, en su caso.  
c) Y, respecto de las cantidades distribuidas por el CVCA a los colegios, el criterio seguido para su distribución.   
5. El informe de la auditoria se realizará sobre la totalidad de los gastos justificativos de la subvención que, además de comprobar los extremos anteriores, deberá determinar la corrección de:  
a. Los criterios que se han seguido para imputar la parte proporcional o porcentaje que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad.  
b. Relación clasificada de gastos en los que se haya incurrido como consecuencia de la realización de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, concepto del gasto, su importe desglosado (base imponible, IVA no recuperable o compensable, IRPF), fecha de emisión y fecha de pago.  
c. Relación detallada de las actividades realizadas con personal propio, especificando para cada una de ellas el personal que ha intervenido, identificación de la nómina correspondiente con indicación del mes o periodo, porcentaje imputado a la misma y desglose de importes a cargo de la persona trabajadora (bruto, neto, retención IRPF, seguridad social a cargo de la persona trabajadora, seguridad social a cargo de la entidad).  
d. Todos los documentos justificativos de los gastos de funcionamiento, subvencionables conforme a derecho, correspondientes a los gastos directos e indirectos (nóminas, facturas, recibos y/o otros documentos justificativos válidos en derecho) que se presenten, expedidos de conformidad con lo exigido en la normativa legal de aplicación, así como los justificantes de pago de dichos gastos.   
6. Los consejos autonómicos tendrán a disposición de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, la justificación documental mencionada, durante el plazo de cuatro años a contar desde el momento del pago de la subvención.  
  
Decimosegunda. Otras obligaciones del CVCA y sus respectivos colegios, como beneficiarios de la subvención de las actuaciones correspondientes a la presente sección de esta resolución:  
1. El CVCA deberá distribuir entre sus respectivos colegios el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por estos ante el CVCA, así como de los expedientes tramitados.   
2. Para esta misma subvención, corresponde a los colegios de la abogacía:  
a) Verificar la efectiva prestación de los servicios por parte de las personas profesionales.  
b) Presentar la documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos, documentación que, en caso de no presentarse, se requerirá.  
c) Distribuir entre las personas profesionales adscritas al turno de oficio el importe de la subvención que corresponda a cada una en función de las actuaciones realizadas y justificar la aplicación de los fondos percibidos.  
d) Atender las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de esta subvención pueda realizar la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto autonómicos como estatales, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  
  
Decimotercera. Obligaciones de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública en relación con la subvención de las actuaciones correspondientes a la presente sección:  
1. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, llevará a cabo las actuaciones de comprobación de la justificación de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 y concordantes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
2. Previa comprobación administrativa, procederá a efectuar el libramiento del importe correspondiente a las certificaciones presentadas por el CVCA.  
3. Las liquidaciones de la subvención consistirán en la cantidad resultante de sumar los importes certificados en el periodo correspondiente para cada uno de los servicios de turno de guardia permanente y turnos de oficio, servicios de orientación jurídica especializados (SOJ especializados), derecho de defensa y asesoramiento previo en el marco de actuaciones humanitarias, así como los importes certificados por el CVCA y sus respectivos colegios profesionales relativos a los gastos del funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de los SOJ y de las unidades encargadas de la calificación provisional de las pretensiones y de los gastos necesarios para la prestación del asesoramiento previo en el marco de actuaciones humanitarias.   
4. Estos gastos se financiarán aplicando a cada expediente el importe del módulo correspondiente previsto en el anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita.  
5. El importe de esta subvención se aplicará a retribuir las actuaciones, servicios y actividades derivados de la Ley 1/1996, realizados por los colegios de la abogacía de la Comunitat Valenciana y las personas colegiadas en materia asistencia jurídica gratuita, acceso a la justicia, defensa y/o representación por profesional de la abogacía del turno de oficio y asistencia letrada a la persona detenida, presa, investigada, o víctima de violencia de género, derecho de defensa y funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de los SOJs y de las unidades encargadas de la calificación provisional de las pretensiones.  
6. La liquidación del importe de la subvención correspondiente al periodo certificado se efectuará mediante transferencia al CVCA dentro del mes natural siguiente al de la presentación de la certificación.  
  
Sección tercera  
Actuaciones correspondientes a las inversiones para la dotación en infraestructuras necesarias para el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de los SOJs realizadas por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y sus colegios profesionales (programa presupuestario 36.54.00.071.38. capítulo VII. línea s8425000)  
  
Decimocuarta. Actuaciones objeto de subvención  
Constituye el objeto de la subvención de la presente sección de la resolución el coste que genere al CVCA y a los colegios de la abogacía que lo conforman los gastos de inversión y la dotación para infraestructuras necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de los SOJ (general y especializados) y de las unidades encargadas de la calificación provisional de las pretensiones. Dichos costes se financiarán con cargo a la línea S 8425000, del capítulo VII.  
  
Decimoquinta. Beneficiarios  
1. Es beneficiario de la subvención el CVCA. A su vez, en su calidad de entidad colaboradora, distribuirá a los colegios de la abogacía de la Comunitat Valenciana el importe de la subvención que corresponda a cada uno de ellos.  
2. Asimismo, son beneficiarios de esta subvención los colegios de la abogacía de la Comunitat Valenciana.  
3. El CVCA informará a la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia del importe de la compensación que se acuerde con los colegios profesionales en relación con los gastos de inversiones previstos en la presente sección.  
  
Decimosexta. Gastos subvencionables  
Serán susceptibles de ser financiados por la presente resolución aquellos gastos realizados por el CVCA y sus colegios profesionales, en el ámbito de la presente sección, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, que correspondan a gastos de inversión y la dotación para infraestructuras necesarias para el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de los SOJs (general y especializados) y de las unidades encargadas de la calificación provisional de las pretensiones.  
Se entenderá por gastos relativos a las inversiones para la dotación en infraestructuras:  
1º. Los gastos relativos a la compra de los equipos y programas informáticos, impresoras, fotocopiadoras, sitios web, mobiliario, centralitas telefónicas, teléfonos móviles utilizados para la prestación del servicio y correo, mensajería o, en definitiva, cualquier elemento utilizado para la prestación de los servicios referidos.  
2º. Aquellos otros gastos de inversión debidamente justificados siempre y cuando se acredite que los mismos resultan necesarios para el correcto funcionamiento operativo y prestación del servicio.  
  
Decimoséptima. Tramitación del pago  
Los colegios certificarán los gastos de inversión efectivamente facturados. Dichas certificaciones se expedirán al CVCA a la finalización de cada bimestre natural.  
El CVCA expedirá, dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada bimestre, certificación relativa a los gastos de inversión, y remitirá dicha certificación, junto con las expedidas por los colegios, a la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública.  
En función de dichas certificaciones, la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública procederá al libramiento de los fondos correspondientes relativos a los gastos de inversión en los términos del artículo 47.3 del Reglamento de asistencia jurídica gratuita.  
  
Decimoctava. Forma y plazo de justificación de la subvención para la dotación en infraestructuras necesarias para el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de los SOJ  
1. Dentro del primer semestre del año 2024, los colegios y el CVCA justificarán documentalmente el importe destinado a sufragar los gastos de inversión.  
La justificación de la subvención de la presente sección deberá efectuarse mediante la presentación de la correspondiente cuenta justificativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Dicha cuenta justificativa contendrá de la siguiente documentación:  
1º. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las inversiones efectuadas. Deberá justificarse la necesidad de dichas inversiones para el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de los SOJs (general y especializados) y de las unidades encargadas de la calificación provisional de las pretensiones.  
2º. Una memoria económica justificativa del coste de las inversiones realizadas, que contendrá:  
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones realizadas, con identificación de la persona acreedora y del documento al que se refiere el siguiente apartado b), su importe, fecha de emisión y fecha de pago.  
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago, incluidas las correspondientes a los gastos directos y/o indirectos que, en su caso, figuren en la relación.  
c) Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.  
d) Indicación de los criterios de reparto de los gastos relativos a las inversiones para la dotación en infraestructuras y/o indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a), incluyendo referencia expresa al coste total y la justificación de la adopción de dichos criterios. Deberá diferenciarse la parte correspondiente, en su caso, al CVCA por la gestión de las inversiones previstas en la presente sección, de la parte que corresponda a cada uno de los colegios.  
e) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003 que, en su caso, deben de haber solicitado las entidades beneficiarias.  
f) Certificado de que los importes relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto indirecto que, en su caso figuren en la relación de gastos no han sido objeto de recuperación y/o compensación.  
La relación a la que se refiere el apartado a) se presentará en soporte electrónico a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, acompañada del archivo informático en formato que permita el tratamiento de sus datos.  
2. La cuenta justificativa la presentará el CVCA y estará conformada por las memorias de actuación y memorias económicas correspondientes al propio CVCA y a cada uno de los colegios de la abogacía que lo constituyen.  
Las memorias de actuación y memorias económicas, y las relaciones, deberán estar firmadas, según corresponda, por la persona representante del CVCA o de cada colegio de la abogacía que cuenten con capacidad legal para ello de conformidad con lo previsto en los respectivos estatutos.  
3. A los efectos de lo establecido en el apartado decimoctavo, número 2, B), del Acuerdo de 24 de agosto de 2012, del Consell, por el que se determinan los extremos adicionales a comprobar por la Intervención en el ejercicio de la fiscalización del gasto, (DOCV núm. 6849, de 28 de agosto de 2012), el CVCA y sus colegios de profesionales de la abogacía deberán presentar, en todo caso, copia de las facturas de los gastos realizados, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a la que se hace referencia en el apartado b) del número anterior y la documentación acreditativa del pago.  
  
Sección cuarta  
Otras disposiciones comunes  
  
Decimonovena. Otras obligaciones del CVCA y sus respectivos colegios, como beneficiarios de las subvenciones.  
El CVCA y sus respectivos colegios profesionales deberán:  
a) Cumplir lo dispuesto los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y cualesquiera otros requisitos y obligaciones derivados de la normativa aplicable en materia de subvenciones.  
b) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en la normativa aplicable y en la presente resolución, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones por parte de la Conselleria.  
c) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.  
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la Intervención de la Generalitat en relación con la ayuda concedida, aportando cuanta información le sea requerida para ello y facilitar la inspección y control de la Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, y en particular de la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, al objeto de conocer cualquier aspecto de la actividad objeto de la subvención, en los términos previstos en el artículo 169 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
e) Acreditar ante el órgano concedente, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.1.e) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y 22 y 23 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Para ello, las entidades beneficiarias podrán autorizar a la Conselleria para que obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 165/2010 de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen las medidas de simplificación y reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público. En caso de no otorgar dicha autorización, las entidades beneficiarias deberán aportar la documentación acreditativa de que se hallan al corriente de las citadas obligaciones. La Dirección General competente se reserva el derecho de requerir a la entidad si la información obtenida presenta alguna incidencia.  
f) No alterar la finalidad de las subvenciones y cumplir cuantas obligaciones establece la legislación vigente para los perceptores de fondos públicos.  
g) De conformidad con lo establecido en el artículo 16 3, j) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el CVCA en su condición de entidad colaboradora, deberá llevar libros y registros contables específicos en relación con estas subvenciones para facilitar su adecuada justificación y la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente resolución. De dichos libros y registros específicos se dará constancia expresa a la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia.  
  
Vigésima. Derecho de la competencia   
Estas subvenciones no tienen el carácter de ayuda de Estado a que se refiere el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que la ayuda pública concedida, por su naturaleza, no supone una ventaja económica, no falsea ni puede falsear la competencia ni los intercambios comerciales entre Estados miembros. En consecuencia, queda exenta de la obligación a que se refiere el artículo 3.1 del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.  
  
Vigesimoprimera. Protección de datos personales  
Para el desarrollo de las actuaciones objeto de la presente resolución y en relación con el tratamiento de los datos personales que precisen las partes, se observará en todo momento lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, y en las disposiciones dictadas en su desarrollo.  
  
Vigesimosegunda. Reintegro  
Procederá, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley 1/2015, el reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos y por los sujetos obligados que se determinan en dicho artículo y en la normativa básica estatal.  
  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo que establecen los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o un recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso de los previstos en la legislación vigente.  
  
València, 24 de febrero de 2023.- La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.