Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5483, del 03-04-2007 (2007/2619)

ACUERDO de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, de 30 de enero de 2007, relativo a la la modificación puntual nº5 del Plan General de Vinaròs.
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Número DOGV
:   5483

Fecha DOGV
:   03-04-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/2619


Fecha del documento
:   30-01-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Vinaròs
    * administración local
    * plan de urbanismo

Visto el expediente relativo a la modificación puntual núm. 5 del Plan General de Vinaròs, y de conformidad con los siguientes,   
Antecedentes  
Primero. El Pleno del Ayuntamiento de Vinaròs, en sesión de 31 de marzo de 2005, acordó exponer al público la modificación, lo que se llevó a cabo mediante anuncios publicados en el periódico El Mundo de 22 de abril de 2006 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 7 de mayo de 2005. Transcurrido el período de información al público, durante el que no se formuló ninguna alegación, el Pleno aprobó provisionalmente la modificación en sesión de 10 de mayo de 2005. El acuerdo plenario de exposición al público de 31 de marzo de 2005 fue ratificado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 19 de octubre de 2005.  
Segundo. El proyecto consta de memoria y planos.   
Tercero. El objeto del documento es introducir en el planeamiento general del municipio de Vinaròs los siguientes cambios:  
- Se elimina el suelo dotacional donde se ubica el campo de fútbol, cuya superficie es de 9.860 m².  
- Se establece una reserva de suelo dotacional deportivo con una superficie de 64.000 m², ubicado en suelo no urbanizable, donde se va a construir el nuevo campo de fútbol.  
- Se establece la ordenación pormenorizada de los 9.860 m² ocupados por el antiguo campo de fútbol. De esta superficie, 2.800 m² de suelo se califican como zona verde y los 7.060 m² de suelo se califican como residencial unifamiliar edificación en hilera, con una edificabilidad total de 6.000 m² de techo.  
Los terrenos del antiguo campo de fútbol son propiedad del Ayuntamiento, que va a mantener la propiedad del suelo, en su nueva calificación.  
Por otra parte, la modificación viene acompañada con un convenio urbanístico en virtud del cual el Ayuntamiento adquiere la propiedad de la parcela de 64.000 m² en la que se ubica la nueva instalación deportiva, en la que se construirá el nuevo campo de fútbol.  
Cuarto. El 22 de julio de 2005 se ha emitido informe por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en el que se señala que "no se observa el incumplimiento de la legislación sectorial vigente".  
El 14 de junio de 2005 se solicitó informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Transcurrido el plazo, no se ha emitido el informe.  
El 14 de junio de 2005 se solicitó informe de la Inspección de Patrimonio Histórico Artístico de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Transcurrido el plazo, no se ha emitido informe.  
El 17 de febrero de 2006 se ha emitido informe favorable condicionado por parte de la Unidad de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento.   
Fundamentos de derecho  
Primero. Teniendo en cuenta los numerosos cambios legislativos producidos (entrada en vigor de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, en adelante LUV, que ha derogado la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, en adelante LRAU, así como entrada en vigor del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, en adelante ROGTU, que ha derogado el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, en adelante RPCV) debe en primer lugar determinarse cuál es la legislación urbanística aplicable a la resolución de este expediente. Esto es especialmente relevante, puesto que soluciones que podían ajustarse a la legislación aplicable en el momento en el que se aprobaron provisionalmente pueden ahora no acomodarse a preceptos de la nueva normativa que, conforme a sus disposiciones transitorias, sí pueden ser aplicables a expediente iniciados con anterioridad.  
Puesto que nos encontramos ante una modificación puntual de un Plan General cuya información al público concluyó antes de la entrada en vigor de la LUV (que se produjo el 1 de febrero de 2006) es claro, según resulta de la Disposición Transitoria Primera, apartado primero, de la LUV, que la aprobación definitiva de este expediente se regirá "por la legislación anterior", compuesta fundamentalmente por la LRAU y por el RPCV. Esto debe entenderse sin perjuicio de lo que resulta del apartado tercero de la Disposición Transitoria Primera de la LUV, del que se extrae, como luego se verá, que determinados aspectos de esta última Ley relativos a vivienda sometidas a algún régimen de protección pública son en todo caso aplicables también a los instrumentos de planeamiento cuya información al público ya había concluido a la entrada en vigor de la LUV.  
Segundo. La tramitación de la presente modificación puntual del Plan General de Vinaròs ha sido correcta, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 y siguientes de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU), así como en el artículo 158 y siguientes del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre (en adelante RPCV).  
Tercero. La documentación, está completa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 en relación con el 55.1 de la LRAU, así como en el artículo 45 y siguientes del RPCV.  
Cuarto. La resolución de este expediente ha de partir del sistema de distribución de competencias entre Comunidad Autónoma y Municipios en materia de aprobación definitiva del planeamiento general establecido en la legislación aplicable, en el que la posición del Municipios es muy relevante.  
Según ha señalado el Tribunal Constitucional en su sentencia 51/2004, de 13 de abril, "la decisión sobre la configuración del asentamiento urbano municipal en que consiste el Plan de urbanismo (marco regulador del espacio físico de la convivencia de los vecinos) es una tarea comprendida prioritariamente en el ámbito de los intereses del municipio, y sobre aquélla decisión se proyecta, por tanto, de forma especialmente intensa las exigencias de la autonomía municipal". Si bien es posible también la intervención de otras Administraciones Públicas, por la imbricación de intereses diversos que se proyectan sobre el mismo territorio municipal, esta intervención "no ha de oscurecer el principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es tarea que fundamentalmente corresponde al municipio, y que la intervención de otras Administraciones se justifica sólo en la medida en que concurran intereses de carácter supramunicipal o controles de legalidad que, de conformidad con el bloque de la constitucionalidad, se atribuyen a las Administraciones supraordenadas sobre las inferiores".  
El artículo 40 de la LRAU se inspira en esos conceptos, puesto que, tras explicitar los cometidos autonómicos que permiten formular objeciones a la aprobación definitiva del planeamiento municipal, establece que le está vedado a la resolución autonómica de aprobación cuestionar la interpretación del interés público local formulada por el Municipio desde su propia representatividad. Como se indica en el Preámbulo de la LRAU, esta Ley atribuye a la política municipal gestora del urbanismo un espacio de decisión propio, en el que los órganos representativos de la colectividad local podrán apreciar la oportunidad de las iniciativas urbanísticas que se le planteen.  
Quinto. Las alteraciones que se incluyen en esta modificación son la suma de un conjunto de decisiones municipales, unas que suponen el ejercicio de una potestad discrecional (expresión de la autonomía municipal legal y constitucionalmente garantizada), y otras que implican el ejercicio de potestades regladas (respecto de las cuales cabe un control de legalidad, en la medida en la que existen determinados preceptos que establecen límites concretos a esa potestad).  
La ubicación de la nueva reserva de suelo dotacional deportivo (nuevo campo de fútbol) incidía sobre la carretera nacional, por lo que se solicitó informe de la Unidad de Carreteras del Estado. El 17 de febrero de 2006 se ha emitido por parte de la Unidad de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento informe favorable condicionado. En concreto, en el informe se indica lo siguiente:  
"Se informa favorablemente debiéndose cumplas las siguientes condiciones:  
1. El Ayuntamiento se comprometerá a realizar a su cargo todo el acondicionamiento (proyectos y obras) que garantice la seguridad vial, peatonal y de todo tipo en la zona de influencia de la carretera N-232 y accesos afectados.  
2. El acondicionamiento anteriormente indicado deberá estar totalmente terminado antes de la entrada en funcionamiento de cualquier tipo de instalación deportiva.  
3. Todos los proyectos, obras y actuaciones que deba realizar el Ayuntamiento para acondicionamiento en la zona de influencia de la N-232 su futura duplicación (prolongación de la av. de Zaragoza) deberán ser previamente informadas y/autorizadas por esta Unidad de Carreteras".  
Estas condiciones deberán ser cumplidas en la ejecución del Plan.  
En atención a las competencias autonómicas, no cabe efectuar ninguna objeción a la decisión municipal de atribuir un uso residencial a los terrenos del antiguo suelo dotacional, que son, además, de titularidad municipal, circunstancia ésta que garantiza de forma particularmente eficaz la participación pública en las plusvalías que genera la actividad urbanística. participación a que se refiere el artículo 47 de la Constitución. Sin embargo, a la hora de establecer la concreta edificabilidad residencial que puede atribuirse a este suelo, así como en la fijación de la superficie de suelo dotacional que deba reservarse, o en la decisión sobre si ha de preverse o no determinadas reservas de vivienda protegida, el Ayuntamiento ya no está ejerciendo una potestad discrecional, sino que esas decisiones están tan condicionadas por lo establecido en los preceptos legales a los que haremos referencia, que bien puede concluirse que, en estos extremos, nos hallamos ante el ejercicio de una potestad reglada en la que es posible un control de legalidad pleno por parte de la Comunidad Autónoma.  
Sexto. La eliminación del suelo dotacional deportivo del actual campo de fútbol municipal se ve suficientemente compensada con la creación de la nueva reserva de suelo dotacional deportivo de 64.000 m² de superficie, en la que se ubicarán las nuevas instalaciones. Ha quedado garantizado en el expediente la obtención por parte del Ayuntamiento de los terrenos de la nueva reserva de suelo deportivo. Además, la previsión de la nueva zona verde de 2.800 m² de superficie es suficiente compensación, a los efectos del artículo 17 del Anexo del RPCV, por el incremento en 6.000 m² de techo del suelo residencial. Por último, queda asegurada la total participación pública en las posibles plusvalías que se generen, puesto que el Ayuntamiento es el propietario de la totalidad del suelo que ahora se convierte en residencial.  
En definitiva, la modificación se ajusta a lo establecido en los artículos 19, 55.3 de la LUV y 17 del Anexo del RPCV.  
Séptimo. Ha de examinarse si en este caso es exigible que en la ordenación pormenorizada de la parcela de 9.860 m² donde se ubica el campo de fútbol municipal que se traslada ha de establecerse algún tipo de reserva para vivienda protegida.  
Según la Disposición Transitoria Primera, apartado tercero, de la LUV, "en todo caso resultarán de aplicación a todos los planes y programas que no hubieran sido aprobados definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, las previsiones relativas a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública contenidas en los artículos 36.1.i) y 37.1.h) y en la disposición adicional sexta de la presente ley".   
De lo establecido en los artículos 36.1.j, 37.1.h y Disposición Adicional Sexta de la LUV, así como también en la Disposición Transitoria Primera del ROGTU, se extrae que en el caso de suelo urbano que deba ser desarrollado mediante un Plan de Reforma Interior y éste implique una atribución global de nuevos usos también es exigible que se establezca una reserva mínima de suelo destinado a vivienda sujeta a algún régimen de protección oficial.  
Así, si bien la Disposición Adicional Sexta de la LUV parece exigir sólo esta reserva para el caso de "Planes Parciales, Planes de Reforma Interior y Programas para el desarrollo de actuaciones integrales en suelo urbanizable residencial", el artículo 36.1.j de la LUV, al enumerar las determinaciones de la ordenación estructural, señala que "para sectores de suelo urbanizable de uso residencial y, en su caso, urbanos: fijación del porcentaje mínimo de edificación con destino a vivienda de protección pública", con lo que queda la duda sobre si también es exigible la reserva en el caso de suelos urbanos desarrollados a través de un Plan de Reforma Interior. Esta duda queda despejada con la Disposición Transitoria Octava, apartado primero, del ROGTU, según la cual "a efecto de lo previsto en el artículo 46.4 y en la disposición transitoria quinta de la Ley Urbanística Valenciana, y en el artículo 9 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, se establecen las reservas mínimas que se aplicarán al suelo urbanizable y en su caso al suelo urbano que deba ser desarrollado mediante Planes de Reforma Interior en los supuestos previstos en el artículo 73 de la LUV, mientras los Planes Generales vigentes no se adapten a la LUV". El artículo 73 de la LUV se refiere a los Planes de Reforma Interior que impliquen "la atribución global de nuevos usos o aprovechamientos para áreas de suelo urbano en remodelación". Por ello, debe concluirse que los suelos urbanos cuya ordenación se remita a un posterior Plan de Reforma Interior y en los que exista una atribución global de nuevos usos o aprovechamientos han de fijarse también una reserva de suelo para vivienda protegida, en los términos de la Transitoria Octava del ROGTU.  
En el caso que se examina no nos hallamos ante un sector de suelo urbano que se remite un posterior Plan de Reforma Interior que va a efectuar una atribución global de nuevos usos, por lo que no es legalmente exigible que se prevea una reserva de suelo para vivienda protegida.  
Octavo. Queda por analizar otra última cuestión, que es la que se plantea como consecuencia del dato de que los terrenos a los que se atribuye el nuevo uso residencial son de titularidad municipal.  
Hasta la entrada en vigor de la LUV, resultaba de aplicación lo establecido en el artículo 90.2 Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, según el cual "cuando resultaren incluidos en el Plan bienes de propios (esto es, los bienes patrimoniales) quedarán afectados al Patrimonio municipal del suelo". Según este precepto, el cambio de calificación urbanística de los terrenos del antiguo equipamiento deportivo significaba que todos los terrenos pasaban a integrarse en el Patrimonio Municipal del Suelo, con todo lo que ello significa, en cuanto a que quedan afectos a los fines propios de esta institución.  
En estos momentos, el artículo 260.1.a de la LUV, que es el precepto aplicable, no establece que todos los bienes patrimoniales municipales incluidos dentro del suelo urbano se integran en el Patrimonio Municipal del Suelo, pues restringe esta integración a los "bienes patrimoniales (...) a los que el planeamiento territorial y urbanístico asigne expresamente tal destino, así como aquellos que legal o reglamentariamente se adscriban al patrimonio público del suelo". Sin embargo, el artículo 543.1.b.3º del ROGTU sí indica que "las viviendas de propiedad pública" se integran en el Patrimonio Público del Suelo. Por ello, debe recordarse al Ayuntamiento que los inmuebles municipales que resulten del desarrollo del suelo residencial Interior se integrarán en el Patrimonio Municipal del Suelo, en los términos que resulte de la legislación vigente.  
Noveno. La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta de la directora general de Ordenación del Territorio, es el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva de los Planes Generales -y de sus modificaciones- de municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 por remisión del artículo 55.1, de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con el artículo 10.a) del Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat.  
En virtud de todo lo que antecede, la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón: acuerda:  
Aprobar definivamente la modificación puntual núm. 5 del Plan General de Vinaròs (campo de fútbol) en cuya ejecución deberán cumplirse las condiciones establecidas en el informe de la Unidad de Carreteras del Estado, recordando al Ayuntamiento al Ayuntamiento que los inmuebles municipales que resulten del desarrollo del suelo residencial se integrarán en el Patrimonio Municipal del Suelo, en los términos que resulte de la legislación vigente.  
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda, ello sin perjuicio de utilizar cualquier otro recurso que se considere oportuno.  
Castellón, 30 de enero de 2007.- El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: Fernando Renau Faubell.