Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3865, del 26-10-2000 (2000/8553)

ACUERDO de 17 de octubre de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario como actuación integral la instalación de una fábrica de puertas de madera en el término municipal de Castalla.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3865

Fecha DOGV
:   26-10-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/8553


Fecha del documento
:   17-10-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Castalla
    * plan de urbanismo
    * industria de la madera

ACUERDO de 17 de octubre de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario como actuación integral la instalación de una fábrica de puertas de madera en el término municipal de Castalla. [2000/F8553]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 17 de octubre de 2000, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Con fecha 21 de octubre de 1998, don Antonio Cascales Nieto, en representación de la mercantil Puertas Castalla, SL, presentó en el Servicio Territorial de Alicante de la Subsecretaría de Urbanismo y Ordenación del Territorio, instancia y documentación complementaria solicitando la declaración de interés comunitario para la instalación de una industria de fabricación de puertas de madera como actuación integral, en la partida de Costera La Marjal, en suelo no urbanizable, del término municipal de Castalla, sobre la parcela 97, del polígono catastral número 3, inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona al tomo 1.010, libro 192, folio 30, finca 1.305 y al mismo tomo y libro, folio 28, finca 13.805.
  
Con fecha 27 de enero de 1999 se presentó nueva documentación por los interesados, en sustitución de la inicialmente formulada.
  
Segundo
  
Del análisis de la documentación aportada se desprende que la instalación pretendida se localiza en suelo no urbanizable de edificación rústica dispersa, según el planeamiento general de aplicación, en parcela de 89.360,00 metros cuadrados de superficie, de propiedad de la mercantil solicitante.
  
De la superficie total de la parcela se destinan a la instalación 72.886,00 metros cuadrados, siendo de reserva viaria los restantes 16.474,00 metros cuadrados, por estar afectada esta porción de la parcela por la autovía Central. De esta superficie total 31.000,00 metros cuadrados serán ocupados por las construcciones, con una altura máxima de 12,00 metros, una edificabilidad máxima de 0,163 m2/m2, y una separación mínima a linderos de 15,00 metros y de 80,00 metros a la carretera de Alcoy a Villena. Por su parte, la ocupación máxima propuesta es del 55,00%.
  
Tercero
  
La documentación aportada está integrada por memoria informativa y justificativa de la ordenación, planos de información urbanística y de ordenación, estudio económico-financiero, plan de etapas y estudio de impacto ambiental. En la misma quedan definidas las características de la ordenación propuesta, y se prevén todas las obras de conexión con las redes generales de infraestructuras y servicios públicos necesarios para el funcionamiento de la actividad.
  
Cuarto
  
Consta, asimismo, compromiso de asunción por el promotor del régimen de deberes, cesiones y obligaciones propios del suelo urbanizable, si bien el cumplimiento de los mismos se materializará en los términos que se derivan de la propuesta.
  
Quinto
  
Obran en el expediente los siguientes informes municipales:
  
1º. El Ayuntamiento de Castalla, mediante acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno municipal, en sesión de fecha 1 de febrero de 1999, ha informado favorablemente la implantación, dada la riqueza que generará para el municipio.
  
Por el contrario, el colindante municipio de Onil ha emitido informe en fecha 8 de febrero de 1999, significando que, de acuerdo con la revisión del plan general, actualmente en trámite, existe suelo urbanizable no pormenorizado industrial que sería apto para albergar la industria propuesta, en concreto los designados con las claves APD-07 y APD-08, encontrándose este último en el límite con el término municipal de Castalla.
  
2. Nuevo informe emitido por el Ayuntamiento de Castalla, según acuerdo del Pleno municipal de 27 de mayo de 1999, por el que se aprueba la propuesta de cesiones formulada mediante convenio por el promotor que asciende a 63.781.012 pesetas, facultando al alcalde para que lo suscriba. La propuesta de cesiones se concreta en:
  
a) Cesión del 10% de la superficie para dotaciones: 7.289,00 metros cuadrados valorados en 2.915.600 pesetas.
  
b) Cesión del 10% del aprovechamiento: 3.100,00 metros cuadrados valorados en 8.097.000 pesetas.
  
Sexto
  
Mediante Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 29 de abril de 1999, fue admitida a trámite la solicitud formulada y su sometimiento a información pública por plazo de 20 días, simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento. A este respecto, se publicaron sendos anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.521, de fecha 21 de junio de 1999, y diario La Prensa de fecha 14 de mayo de 1999, anuncios que, asimismo, servían para someter a información pública la necesaria declaración de impacto ambiental. No fue necesaria la remisión de avisos al domicilio de quienes aparecen como titulares catastrales de derechos afectados por la actuación, al ser promovida por los propietarios de la totalidad de suelo afectada por la actuación.
  
Durante el citado plazo no consta la presentación de alegaciones ni de alternativas en competencia.
  
No obstante, como consecuencia de los informes emitidos por la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, al que más adelante se hará referencia, fue necesario que los promotores plantearan el ensanchamiento del camino existente hasta un total de 6,00 metros, circunstancia que determinó la afección a un total de 32 propietarios de suelo externo a la actuación. En consecuencia, se procedió a la notificación individualizada de los acuerdos adoptados, otorgándoles plazo de audiencia respecto al contenido de la propuesta.
  
Durante el plazo de alegaciones fue presentado un único escrito por parte de don Francisco J. Valor Gadea, en el que manifiesta no tener nada que objetar a la actuación siempre que se recabe su autorización con carácter previo al inicio de cualquier actuación o bien se siga el procedimiento legalmente exigible al efecto.
  
Séptimo
  
Durante la tramitación del expediente han sido emitidos los siguientes informes sectoriales:
  
1. Respecto del acceso a la instalación, obra en el expediente informe favorable del Ministerio de Fomento, de fecha 16 de diciembre de 1998, al no resultar afectada la actuación por las obras de la autovía Central. Así como informe de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 18 de junio de 1999, favorable, al considerar adecuada la mejora del acceso existente a través del camino de Costera La Marjal, una vez subsanadas las deficiencias apuntadas en un previo informe desfavorable de fecha 27 de enero de 1999. Posteriormente, la referida Oficina del Plan de Carreteras emitió informe favorable con las condiciones siguientes:
  
Primera. Se establecen las mismas condiciones que en el anterior informe emitido por este servicio el pasado 18 de junio de 1999.
  
Segunda. En cuanto la salida del camino de acceso a la carretera comarcal CV-811 (anteriormente A-211) debe realizarse un proyecto de intersección en T con carril de almacenamiento para los giros a la izquierda, que debe ser tramitado y aprobado por el Servicio Territorial de Carreteras de Alicante.
  
2. Por lo que se refiere al impacto ambiental de la actuación integral, la directora general de Planificación y Gestión del Medio ha emitido, el 21 de diciembre de 1999, declaración de impacto ambiental favorable, siempre que se cumplan las condiciones que a continuación se relacionan, así como las medidas correctoras del estudio de impacto ambiental que no entren en contradicción con los mismos:
  
Primera. Se deberá establecer un programa de vigilancia ambiental en el que se realice un seguimiento de las medidas correctoras previstas. Se indicará la gestión de los residuos sólidos generados por la actividad y su adecuación a la normativa vigente, así como la gestión de las aguas residuales. Anualmente se remitirá a la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio un informe con los resultados de dicho programa.
  
Segunda. En caso de afección a las vías pecuarias se estará a lo dispuesto sobre la materia en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
  
Tercera. Los ejemplares adultos de pinos y encinas se integrarán en las zonas de ajardinamiento o espacios verdes de la parcela.
  
Cuarta. Los residuos generados en la actividad se gestionarán de acuerdo con la tipología de los mismos. Si su destino es a vertedero, éste deberá disponer de las autorizaciones preceptivas.
  
Quinta. Si durante la ejecución de las obras se encontrasen restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el titular deberá poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura y Educación, de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.
  
Sexta. Otros condicionantes de carácter ambiental que se establezcan en las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación.
  
3. Con fecha 20 de mayo de 1999, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante de la Conselleria de Industria y Comercio emite informe favorable a la actuación. Dicho informe fue ratificado en fecha 12 de agosto de 1999, en respuesta a la solicitud expresa formulada desde el Servicio de Urbanismo y Ordenación Territorial de Alicante, a fin de que se pronunciaran acerca de la posible reducción del estándar aplicable con carácter general a los suelos urbanizables de carácter industrial.
  
Octavo
  
La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en fecha 24 de enero de 2000, informó favorablemente la aprobación de la presente declaración de interés comunitario, por el procedimiento extraordinario, en suelo no urbanizable del municipio de Castalla.
  
Noveno
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 21 de marzo de 2000, informó favorablemente la presente declaración de interés comunitario.
  
Consideraciones técnico-jurídicas
  
Primero
  
La solicitud formulada debe resolverse al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable, debiendo sustanciarse por el procedimiento de declaración de interés comunitario a que se refiere el artículo 8.2 de la ley en relación con el artículo 20 de la misma.
  
En efecto, de conformidad con el último de los preceptos legales, las edificaciones e instalaciones destinadas a actividades terciarias e industriales que, entre otros, precisen la ocupación de una superficie mayor de 4,00 hectáreas, requieran más de 8.000,00 metros cuadrados construidos o exijan la realización de más de 1.000,00 metros lineales de desarrollo, sólo podrán realizarse como actuaciones integrales previo cumplimiento de las condiciones exigidas por el párrafo primero del citado artículo.
  
A la vista de las características concurrentes en la actuación pretendida no cabe duda de que el cauce procedimental adecuado para la resolución del expediente resulta ser el procedimiento extraordinario previsto en el artículo citado, una vez constatado que se cumplen las condiciones fijadas en el número 1 de tal precepto, toda vez que:
  
a) Las características de la actuación precisan disponer de una superficie de grandes dimensiones, siendo igualmente importantes las necesidades constructivas de la industria, que implican una ocupación de 31.000,00 metros cuadrados de suelo por las construcciones, no siendo posible su localización dentro de los suelos urbanos o urbanizables existentes en el municipio.
  
En este sentido debe afirmarse la imposibilidad de estimar la solicitud de implantación efectuada por el Ayuntamiento de Onil en base a las previsiones que se plasman en el instrumento de planeamiento actualmente en trámite en el municipio de Onil, por cuanto el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable, en su apartado 1.a), establece como condición para permitir la ubicación de este tipo de instalaciones que «no puedan emplazarse en los suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización previstos por los planeamientos vigentes en los municipios de la zona», exigiendo en consecuencia que los instrumentos de planeamiento que prevean estos suelos se encuentren vigentes, es decir, haya recaído respecto a los mismos acuerdo de aprobación definitiva, y éste haya sido publicado junto al texto íntegro de sus normas urbanísticas en los términos establecidos en el artículo 59 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
b) La actuación resuelve los servicios que demanda su establecimiento sin que se produzca una sobrecarga de demanda de las infraestructuras existentes, siendo de destacar, a estos efectos, los informes favorables emitidos por las diferentes administraciones sectoriales que han intervenido en el procedimiento.
  
c) La mercantil promotora de la actuación asume el cumplimiento de las obligaciones, deberes y cesiones propias del adjudicatario de un programa de actuación, no inferiores a las legalmente exigibles en suelo urbanizable, si bien se materializarán en los términos que se derivan de la propuesta obrante en el expediente.
  
Segundo
  
La tramitación del expediente ha sido formalmente correcta, habiéndose cumplido las exigencias procesales establecidas en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable.
  
Tercero
  
Los servicios que demanda la actuación quedan adecuadamente resueltos a cargo de la mercantil promotora, en los términos que resultan del expediente.
  
Cuarto
  
La actuación solicitada es de implantación adecuada desde el punto de vista de la ordenación territorial, al efectuarse en suelo no urbanizable común no merecedor de ninguna protección.
  
Desde el punto de vista económico y social, la actuación aporta soluciones, sin duda, al desarrollo de la zona.
  
Quinto
  
En relación con la única alegación presentada, debe señalarse que la misma queda incorporada al presente acuerdo, por cuanto en todo caso la ejecución de la ampliación del camino existente requerirá, en cualquier caso, seguir los procedimientos legalmente establecidos, en los que el propietario tendrá, en todo caso, su debida participación.
  
Sexto
  
En relación con la cuantificación de las cesiones correspondientes a los promotores de la actuación, que se cifran en el 10% del aprovechamiento lucrativo de la actuación y el 10,00% del suelo afectado con destino a zona verde, debe destacarse que a la presente solicitud, dada su fecha de admisión a trámite, resulta de aplicación el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, que en el artículo 14 de su anexo, al definir los estándares aplicables a sectores industriales los establece en un 40,00% de la superficie total de la actuación, de los cuales el 10% deberá ser necesariamente destinado a zonas verdes.
  
Al propio tiempo se establece la posibilidad de minorar esta reserva mediante resolución motivada del conseller competente en Urbanismo, previo informe de la conselleria competente en materia de Industria y del Consejo Superior de Urbanismo, siempre que se trate de complejos industriales aislados o esté previsto algún tipo de actividad productiva especial para la que no resulta adecuado.
  
En el presente caso se estima procedente que se resuelva la minoración del estándar aplicable con carácter general a estos suelos, al estimarse que concurren los requisitos establecidos en el citado precepto:
  
1. La Conselleria de Industria y Comercio ha emitido informe favorable a la propuesta contenida en el expediente en los mismos términos en que se plantea.
  
2. Se trata de un complejo industrial aislado, constituido por una única actividad industrial. En consecuencia, resulta absolutamente superfluo el establecimiento de cualquier previsión de viario público interior a la actuación. Por lo tanto, dado que la actuación resuelve convenientemente, de acuerdo con el informe emitido por la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, sus conexiones con la red pública viaria de carácter supramunicipal exterior a la actuación, el interior de la parcela queda configurado como una unidad de íntegra titularidad privada, en cuyo interior existirán, únicamente, las vías y aparcamientos privados que demande el funcionamiento de la actividad industrial.
  
Por lo tanto, se considera procedente permitir la minoración de la parte correspondiente a red viaria, manteniendo el deber de cesión del 10,00% de suelo con destino a zona verde, en los términos que son asumidos en la propuesta, en que se plantea su sustitución económica en los términos autorizados por el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable.
  
En consecuencia con lo expuesto, mediante Resolución de 4 de abril de 2000, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes minoró la reserva legal de suelo dotacional de la presente actuación integral de conformidad con el citado artículo 14 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.
  
Séptimo
  
El Gobierno Valenciano es el órgano competente para la resolución del expediente, con la consiguiente aprobación de la ordenación y definición del correspondiente uso y aprovechamiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
De conformidad con los preceptos legales citados y demás de general y concurrente aplicación, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano
  
ACUERDA
  
Primero
  
Aprobar definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitada por la entidad mercantil Puertas Castalla, SL, de una actuación integral consistente en la implantación de una industria de fabricación de puertas de madera en la parcela 97, del polígono 3, en suelo no urbanizable del municipio de Castalla, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado segundo, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente acuerdo.
  
La aprobación de la actuación integral llevará implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de interés social y de la necesidad de ocupación de los terrenos que, conforme al proyecto aprobado, sean necesarios para la ejecución de aquélla y para su enlace con los correspondientes sistemas generales. El promotor de la iniciativa finalmente aprobada tendrá, cuando no sea propietario de la superficie afectada por la actuación, o de parte de ella, la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo de su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer, con independencia de las obligaciones asumidas en el procedimiento de aprobación de su iniciativa.
  
Segundo
  
Adjudicar dicha actuación integral en favor de la entidad mercantil Puertas Castalla, SL, a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, para promover la instalación de la referida ampliación de la industria.
  
Tercero
  
Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados ?en favor del ayuntamiento- para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
Cuarto
  
El promotor deberá garantizar ante el Ayuntamiento de Castalla la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral por importe de, al menos, un 7% del coste total de los servicios y obras de urbanización previstos. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes del inicio de las obras.
  
Quinto
  
Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Gobierno Valenciano.
  
Sexto
  
El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado segundo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras, acompañada de la documentación legalmente exigida para el inicio del trámite en los términos previstos en la disposición adicional cuarta de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Castalla. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.
  
Séptimo
  
El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la declaración de impacto ambiental de 21 de diciembre de 1999. Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación de la referida industria.
  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno Valenciano en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Valencia, 17 de octubre de 2000
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,