Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4767, del 03-06-2004 (2004/5293)

Notificación a Mohammed Zbalah. Expediente número 095/2004.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4767

Fecha DOGV
:   03-06-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/5293


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Mohammed Zbalah. Expediente número 095/2004. [2004/E5293]
  
De conformidad con lo acordado por esta Subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente edicto se procede a notificar a Mohammed Zbalah, con último domicilio conocido en la calle de Juan Carlos, 22, de Redován (Alicante), acuerdo de iniciación de fecha 14 de abril de 2004, dictado por el director general de Calidad Ambiental en el expediente sancionador número 095/3940 ZNR, que se está tramitando en la Unidad de Inspección del Territorio de esta conselleria:
  
Vistas las actuaciones previas practicadas al amparo del artículo 12 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Visto que en fecha 17 de febrero de 2004, siendo las 18.30 horas, por agentes de la patrulla de la Guardia Civil de Callosa de Segura, se pudo comprobar que Mohammed Zbalah realizó el vertido de la totalidad del aceite usado del cárter del motor del vehículo marca Renault, modelo 19, matrícula NA-8074-Z, de su propiedad, junto a plantación agrícola a la altura de la carretera Campaneta, sin número, paraje Acequia Callosa del término municipal de Redován (Alicante), infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, que prohibe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio de la Comunidad Valenciana.
  
Visto que, los hechos referidos pueden constituir una infracción de acuerdo con lo tipificado en el artículo 73.4.a) en relación con el artículo 73.5.c) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, calificada como leve, y cuya sanción viene determinada en el artículo 75.2.c) de la citada ley, el cual establece:
  
«Las infracciones previstas en esta ley podrán dar lugar a la imposición de todas o de algunas de las siguientes sanciones:
  
c) Infracciones leves:
  
Multa de hasta 601,01 euros, excepto en los residuos peligrosos, que será de hasta 6.010,12 euros.»
  
En el presente supuesto correspondería una sanción de 301 euros (trescientos un euros).
  
Visto que, con independencia de la sanción que proceda el infractor esta obligado a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, según el artículo 78 de Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, y si no procediera a ello, se podrá acordar, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, la imposición de multas coercitivas, que no superaran el 20% de la sanción establecida, o la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
  
Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, siendo órgano competente para la resolución del presente expediente el director general de Calidad Ambiental, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.1.a) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana y en el artículo 15 del Decreto 199/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
A la vista de lo dispuesto en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se acuerda:
  
La incoación del correspondiente expediente sancionador a Mohammed Zbalah por una presunta infracción del artículo 73.4.a) en relación con el artículo 73.5.c) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, por actuación contraria a lo establecido en dicha ley.
  
Asimismo se acuerda nombrar instructora y secretaria del expediente sancionador, a Amparo Renau Almela y Susana Carrasco Marí respectivamente, a quienes se les notificará en forma este nombramiento, así como a los inculpados, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley 30/1992, RJ-PAC y en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, para que en cualquier momento del procedimiento puedan ser objeto de recusación a tenor de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del la citada Ley 30/1992, RJ-PAC.
  
En virtud de lo establecido en el art. 16.1 del Real Dereto 1398/1993, se le concede un plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga prueba concretando los medios de que pretenda valerse, significándole que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, el presente acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993. Actuaciones que pueden formularse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el artículo 10 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 20.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse dictado y notificado éste se producirá la caducidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 de la citada Ley 30/1992, de RJ-PAC.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.