Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5669, del 28-12-2007 (2007/15512)

ORDEN de 20 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y convocan subvenciones destinadas a la implantación de planes integrales de empleo para personas desempleadas de difícil inserción laboral, para el periodo 2008-2009.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5669

Fecha DOGV
:   28-12-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2007/15984


Fecha del documento
:   20-12-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * violencia
    * administración local
    * ayuda pública
    * apoyo económico
    * acceso al empleo
    * mujer
    * discapacitado
    * inserción profesional
    * trabajador de edad avanzada
    * exclusión social
    * cámara de comercio e industria
    * paro femenino
    * reconversión del empleo
    * lucha contra el paro
    * reciclaje profesional
    * ayuda al empleo
    * joven
    * creación de empleo
    * paro de larga duración
    * sociedad sin fines de lucro

ORDEN de 20 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y convocan subvenciones destinadas a la implantación de planes integrales de empleo para personas desempleadas de difícil inserción laboral, para el periodo 2008-2009. [2007/15496]  
La Generalitat, a través del SERVEF, vuelve a convocar tras varios años de andadura los programas de subvenciones destinadas a la implantación de planes integrales de empleo para personas desempleadas que por distintas causas afrontan especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo.   
La presente convocatoria ha agrupado las diferentes órdenes que reglaban este instrumento de fomento del empleo, con la pretensión de simplificar y homogeneizar los procedimientos de los distintos programas de ayudas que hasta este momento tenían una regulación singularizada en función de los colectivos objeto de atención.  
De este modo, la orden contempla tres tipos genéricos de planes integrales de empleo:   
a) Planes integrales de empleo para la inclusión social, que albergarían los planes para personas en riesgo de exclusión social y los planes para mujeres víctimas de la violencia de género.  
b) Planes integrales de empleo para personas con discapacidad.   
c) Planes integrales de empleo para mayores de cuarenta y cinco años, parados de larga duración y jóvenes.  
En todos los proyectos las entidades promotoras deberán trazar un itinerario individualizado para cada uno de los participantes en función de sus capacidades y habilidades personales y sus específicas necesidades formativas, teniendo en cuenta además la problemática que soporta de forma genérica cada colectivo. A tal efecto los itinerarios deberán comprender acciones de información, orientación y asesoramiento, además de técnicas para la búsqueda de empleo y el fortalecimiento de las habilidades sociales y la motivación de los desempleados. La labor de las entidades promotoras, que asumen el compromiso de insertar un significativo porcentaje de los participantes en los planes integrales de empleo, incluye asimismo el seguimiento de los trabajadores en las empresas que les contraten para propiciar la adecuación de las inserciones.  
A fin de incrementar las posibilidades de contratación de los desempleados pertenecientes a los colectivos indicados anteriormente, lo que en definitiva constituye el objetivo último de la convocatoria, la orden contempla otra línea de ayudas destinadas a las entidades empleadoras, cuyo importe se hace depender tanto del colectivo de pertenencia del trabajador como de las condiciones contractuales que se suscriban.  
Cabe resaltar por último que los programas mantienen un desarrollo bienal con el propósito de facilitar que puedan completarse adecuadamente los itinerarios de inserción así como la consecución de los objetivos de inserción fijados para las entidades promotoras.  
Las ayudas recogidas en la presente convocatoria están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Integrado para la Comunitat Valenciana 2000-2006 que fue aprobado por Decisión C(2001) 249, de 7 de marzo de 2001, de la Comisión, y podrán ser objeto de cofinanciación por el nuevo Programa Operativo dentro del periodo de programación 2007-2013.  
En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y por el Decreto 129/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,  
ORDENO  
CAPÍTULO I  
Disposiciones generales  
Artículo 1. Objeto de la subvención  
1. El objeto de la presente orden es establecer un programa de ayudas económicas destinadas a favorecer la generación del empleo en la Comunitat Valenciana, a través de los siguientes planes integrales de empleo:  
a) Planes integrales de empleo para la inclusión social.  
b) Planes integrales de empleo para personas con discapacidad.   
c) Planes integrales de empleo para mayores de cuarenta y cinco años, parados de larga duración y jóvenes.  
2. Las ayudas que se establecen en la presente orden sólo se concederán para la mejora de la empleabilidad de las personas inscritas como desempleadas en los Centros SERVEF de Empleo que participen en los correspondientes planes integrales de empleo, siempre que las acciones de inserción se lleven a efecto en la Comunitat Valenciana.  
3. Los requisitos de inscripción como desempleado y de pertenencia al colectivo correspondiente deberán cumplirse en el momento de la firma del acuerdo de incorporación al plan.  
Artículo 2. Ámbito de los planes integrales de empleo  
1. Los planes integrales de empleo para la inclusión social podrán adoptar dos modalidades:  
a) Planes integrales de empleo para personas en riesgo de exclusión social, de acuerdo con el previo informe de los servicios sociales competentes, así como jóvenes menores de 30 años residentes en barrios declarados de Acción Preferente al amparo de lo dispuesto en el Decreto 157/1988, de 11 de octubre, del Consell.  
b) Planes integrales de empleo para mujeres víctimas de violencia de género. La condición de mujer víctima de la violencia de género se acreditará mediante informe de los servicios sociales públicos o de la Dirección General de la Mujer.  
2. Los planes integrales de empleo para personas con discapacidad se dirigen a los siguientes colectivos:  
a) Desempleados que acrediten una discapacidad psíquica o enfermedad mental igual o superior al 33%, o una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%. Se entenderán incluidos en este colectivo los supuestos de incapacidad permanente total siempre que el certificado del organismo competente para el reconocimiento recoja la concurrencia de discapacidades de carácter psíquico o enfermedades mentales.  
b) Desempleados que acrediten discapacidades menos severas que las recogidas en el apartado anterior.  
En todo caso se aplicarán los criterios establecidos en la Disposición Adicional tercera del Real Decreto 357/1991 a los efectos de determinar el grado de incapacidad de los participantes. De conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE 3/12/03), se considerarán afectados, en todo caso, por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, así como los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. La acreditación de la incapacidad exigirá, respectivamente, la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad por Clases Pasivas del Ministerio de Economía y Hacienda o del órgano de procedencia del funcionario.   
3. Los planes integrales de empleo para mayores de cuarenta y cinco años, parados de larga duración y jóvenes se dirigen a los siguientes colectivos:  
a) Desempleados mayores de 45 años.  
b) Desempleados que tengan la consideración de parados de larga duración, de acuerdo con los siguientes criterios:  
- Desempleados menores de 25 años que en la fecha de incorporación al proyecto figuren inscritos en los correspondientes centros SERVEF de Empleo por un periodo ininterrumpido igual o superior a 180 días.  
- Desempleados mayores de 25 años inscritos en los centros SERVEF de Empleo por un periodo ininterrumpido de más de 365 días previos a la fecha de incorporación al proyecto. A estos efectos se considerará interrumpida la demanda de empleo por haber trabajado un periodo acumulado de 90 o más días en los 365 días anteriores a la fecha de la realización del contrato que da derecho a la subvención.  
c) Desempleados menores de 30 años inscritos en los centros SERVEF de Empleo por un periodo ininterrumpido de al menos tres meses previos a la incorporación al proyecto.  
Artículo 3. Beneficiarios  
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones para el desarrollo de los programas de empleo regulados en esta orden:  
l. En calidad de entidades promotoras de los itinerarios de inserción de:  
1.1 Planes integrales para mayores de cuarenta y cinco años, parados de larga duración y jóvenes:  
a) Las administraciones locales, así como las entidades dependientes de una administración local o vinculadas a ella siempre que se ubiquen en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.  
b) Las entidades que hayan suscrito pactos territoriales para el Empleo con la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, a través de convenios de colaboración que se encuentren en vigor durante el periodo de vigencia de esta orden.  
c) Las universidades situadas en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.   
d) Cámaras de Comercio situadas en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.   
e) Las entidades sin ánimo de lucro que acrediten experiencia en la realización de procesos de inserción laboral de desempleados.  
1.2 Planes integrales para personas con discapacidad y planes integrales para personas en riesgo de exclusión social:  
Las entidades recogidas en los epígrafes a), b) y e) del apartado 1.1 de este artículo.  
1.3 Planes integrales para mujeres víctimas de la violencia de género:  
Las entidades recogidas en el epígrafe a) del apartado 1.1 de este artículo.  
2. En calidad de entidades empleadoras:  
Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, las personas físicas y las entidades privadas sin ánimo de lucro, con ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana, que suscriban los contratos subvencionables con los participantes en el plan integral, siempre que se desarrollen exclusivamente en centros de trabajo radicados en la Comunitat Valenciana, y reúnan los requisitos y condiciones establecidas en la presente orden.   
En ningún caso podrán acogerse a las ayudas previstas para las entidades empleadoras las administraciones públicas a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 30/1992 ni las sociedades civiles; tampoco podrán resultar beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan realizar las actuaciones que darían derecho a las ayudas.   
3. Con carácter general no podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuya apreciación se hará en la forma prevista en dicho artículo.  
Capítulo II  
Cuantía y condiciones de las ayudas  
Artículo 4. Cuantía y condiciones de las ayudas para los planes integrales de empleo para la inclusión social.  
l. Ayudas a las entidades promotoras del proyecto:  
1.1 Las entidades promotoras presentarán proyectos singularizados en los que se preverá, en colaboración con los servicios sociales generales o especializados así como, en su caso, la Dirección General de la Mujer, la participación de al menos 30 desempleados pertenecientes a alguno de los colectivos a que hace referencia el artículo 2.1 de la orden. A la finalización del plan deberá acreditarse la inserción laboral de dos tercios de los participantes de cada proyecto con contratos de una duración mínima de tres meses.   
1.2 La cuantía de la ayuda se establecerá en la resolución de concesión y se calculará a razón de un importe medio de 3.000 euros por participante. Una vez finalizado el plan, la liquidación de la ayuda concedida se realizará teniendo en cuenta los objetivos establecidos en la resolución y conforme a las cuantías previstas en el siguiente apartado.  
1.3. Cuantía de las ayudas:  
1.3.1 Una ayuda de 1.200 euros, acumulable a las descritas en los párrafos siguientes, por atención en su itinerario de inserción a cada participante en el proyecto.  
1.3.2 Una ayuda por un importe de 6.000 euros por cada inserción de carácter estable y a jornada completa de los participantes en el proyecto.  
1.3.3 Una ayuda de 1.500 euros por cada contrato temporal a jornada completa con una duración de al menos tres meses o de 3.000 euros en el caso de que el contrato temporal a jornada completa tenga una duración mínima de seis meses. Estas ayudas son incompatibles entre sí, y corresponderá la de importe superior en caso de concurrencia en un mismo trabajador. Se subvencionará con los mismos importes dos o más contratos de al menos un mes de duración correspondientes a un mismo trabajador cuya acumulación alcance los periodos indicados en este epígrafe aun cuando no hayan sido suscritos por el mismo empleador.  
1.3.4 Una ayuda de 900 euros, acumulable a la ayuda por contratación temporal, por cada alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de los participantes en el Plan que tenga lugar durante la vigencia del proyecto una vez finalizado el tercer mes de participación en el itinerario.   
2. Ayudas a las entidades empleadoras:  
2.1. Una ayuda de 8.000 euros por cada inserción de carácter estable a jornada completa, bien por contrato indefinido inicial o bien por conversión en indefinido de contrato temporal que tenga lugar durante la vigencia del Plan.  
2.2 Una ayuda de 3.000 euros por cada contrato a jornada completa con una duración mínima de seis meses, o de 1.500 euros en el caso de que el contrato a jornada completa tenga una duración mínima de tres meses.  
Artículo 5. Cuantía y condiciones de las ayudas para los planes integrales de empleo para personas con discapacidad.  
l. Ayudas a las entidades promotoras del proyecto:  
1.1 Las entidades promotoras presentarán proyectos singularizados en los que se preverá la participación de al menos 30 desempleados pertenecientes indistintamente a cualquiera de los colectivos a que hace referencia el artículo 2.2 de la orden. A la finalización del plan deberá acreditarse la inserción laboral con contratos de una duración mínima de tres meses de un tercio de los participantes pertenecientes al colectivo indicado en el epígrafe a) del artículo 2.2 y de dos tercios de los participantes pertenecientes al colectivo indicado en el epígrafe b) del artículo 2.2.   
1.2 La cuantía de la ayuda se establecerá en la resolución de concesión y se calculará a razón de un importe medio de 3.000 euros por participante. Una vez finalizado el plan, la liquidación de la ayuda concedida se realizará teniendo en cuenta los objetivos establecidos en la resolución y conforme a las cuantías previstas en los siguientes apartados.  
1.3. Cuantía de las ayudas en el caso de participantes que pertenezcan al colectivo previsto en el apartado a) del artículo 2.2:  
1.3.1. Una ayuda de 1.800 euros, acumulable a las descritas en los párrafos siguientes, por atención en su itinerario de inserción a cada participante en el proyecto.  
1.3.2. Una ayuda de 10.500 euros por cada inserción de carácter estable y a jornada completa de los participantes en el proyecto.   
1.3.3. Una ayuda de 3.000 euros por cada contrato temporal a jornada completa con una duración de al menos tres meses o de 4.500 euros en el caso de que el contrato temporal a jornada completa tenga una duración mínima de seis meses. Estas ayudas son incompatibles entre sí, y corresponderá la de importe superior en caso de concurrencia en un mismo trabajador. Se subvencionará con los mismos importes dos o más contratos de al menos un mes de duración correspondientes a un mismo trabajador cuya acumulación alcance los periodos indicados en este epígrafe aun cuando no hayan sido suscritos por el mismo empleador.  
1.3.4. Las inserciones previstas en los apartados anteriores podrán realizarse tanto en empresas ordinarias como en Centros Especiales de Empleo, aunque en este último caso la cuantía de las ayudas se reducirá en un 50%.  
1.4 La cuantía de las ayudas en el caso de participantes que pertenezcan al colectivo previsto en el apartado b) del artículo 2.2 coincidirá con la establecida en el artículo 4.1.3, con la salvedad de la cuantía por inserciones de carácter estable y a jornada completa que ascenderá a 7.500 euros.  
1.5 En el caso de los planes integrales de empleo cuyos participantes pertenezcan íntegramente al colectivo indicado en el epígrafe a) del artículo 2.2, las entidades promotoras podrán percibir asimismo una subvención de 1.200 euros, adicional a la ayuda media, por atención a participantes en planes integrales de empleo que hubieran sido insertados en una empresa con su intermediación, siempre que el contrato se encuentre en vigor dentro del tiempo de duración del proyecto subvencionado.  
2. Ayudas a las entidades empleadoras:  
2.1 Por cada inserción de carácter estable a jornada completa, bien por contrato indefinido inicial o bien por conversión en indefinido de contrato temporal que tenga lugar durante la vigencia del Plan, corresponderá una ayuda de 8.000 euros.  
2.2. Una ayuda de 3.000 euros por cada contrato a jornada completa con una duración mínima de seis meses, o de 1.500 euros en el caso de que el contrato a jornada completa tenga una duración mínima de tres meses.   
Artículo 6. Cuantía y condiciones de las ayudas para los planes integrales de empleo para mayores de cuarenta y cinco años, parados de larga duración y jóvenes.  
1. Ayudas a las entidades promotoras del proyecto:  
1.1. Cada proyecto deberá contemplar la participación de ciento veinte desempleados pertenecientes a cada uno de los tres colectivos a que hace referencia el artículo 2.3, con la siguiente distribución: sesenta y cinco jóvenes, treinta y cinco parados de larga duración y veinte mayores de cuarenta y cinco años. A la finalización del plan deberá acreditarse la inserción laboral de dos tercios de los participantes pertenecientes a cada uno de los colectivos. El veinticinco por ciento de las inserciones correspondientes a cada colectivo deberán ser obligatoriamente de carácter estable y el resto de las contrataciones deberán tener una duración de, al menos, seis meses. Con carácter excepcional podrán aprobarse proyectos de diferente número de participantes, para los que se establecerán unos objetivos de inserción que respeten la proporcionalidad prevista.   
1.2. La cuantía de la ayuda se establecerá en la resolución de concesión y se calculará a razón de un importe medio de 2.600 euros por participante. Una vez finalizado el plan, la liquidación de la subvención concedida se efectuará en función del cumplimiento de los objetivos de inserción fijados en la resolución de concesión, tanto en cuanto al número de inserciones como en cuanto a las características de las mismas y con arreglo a criterios de proporcionalidad con respecto a las inserciones de carácter estable que se hayan justificado. La subvención concedida en concepto de inserciones de carácter estable no podrá liquidarse en concepto de inserciones de carácter temporal; tampoco se admitirá la sustitución entre participantes de distinto colectivo a los efectos del cumplimiento de objetivos ni de su liquidación.  
1.3. Cuantía de las ayudas:  
1.3.1. Una ayuda de 900 euros, acumulable a las descritas en los párrafos siguientes, por atención en su itinerario de inserción a cada participante en el proyecto.  
1.3.2. Una ayuda por un importe de 4.200 euros por cada inserción de carácter estable y a jornada completa de los desempleados insertados y participantes en el proyecto.  
1.3.3. Una ayuda de 1.200 euros por cada contrato temporal a jornada completa, con una duración mínima de seis meses. Se subvencionará igualmente con 1.200 euros dos o más contratos de un mismo trabajador cuya duración total alcance los seis meses aun cuando no hayan sido suscritos por el mismo empleador.  
1.3.4. Una ayuda de 900 euros, acumulable a la ayuda por contratación temporal, por cada alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de los participantes en el plan que tenga lugar durante la vigencia del proyecto una vez finalizado el tercer mes de participación en el itinerario.  
2. Ayudas a las entidades empleadoras del proyecto:   
Una ayuda de 6.000 euros por cada inserción de carácter estable a jornada completa, bien por contrato indefinido inicial o bien por conversión en indefinido de contrato temporal que tenga lugar durante la vigencia del Plan.   
Artículo 7. Criterios para el cálculo de la liquidación.  
1. Para determinar el cómputo de objetivos y el correspondiente cálculo de la liquidación, se excluirán los supuestos a que hace referencia el artículo 24 de la presente orden, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 1.4.0.0. Asimismo se tendrá en cuenta la efectividad de los contratos en la fecha de la finalización del Plan: con independencia de la duración formal de los contratos aportados como cumplimiento de los objetivos de inserción, cuando el contrato se resuelva antes de la fecha prevista en el mismo la liquidación se efectuará en función del periodo real en que los participantes hayan estado de alta en la empresa, de modo que las cuantías y condiciones indicadas en el Capítulo II se aplicarán a dicho periodo.   
2. Los itinerarios que no pudieran completarse, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 8.4, no serán objeto de subvención, si bien los importes concedidos por este concepto podrán compensarse mediante las inserciones que superen los objetivos previstos en la resolución de concesión.  
3. La cuantía por atención en los itinerarios de inserción se reducirá un 50% en el caso de cualquier participante que no haya sido insertado. A estos efectos, tales inserciones deberán tener una duración efectiva de al menos un mes con el mismo empleador en todos los planes.   
4. En el caso de que se produzca la conversión en indefinido de alguno de los contratos temporales subvencionados, tanto para las entidades promotoras como empleadoras, el importe de las ayudas fijadas para los mismos se deducirá del establecido para las inserciones de carácter estable.  
5. Los contratos a tiempo parcial podrán ser objeto de subvención, tanto para las entidades promotoras como empleadoras, siempre que tengan una duración de al menos 20 horas semanales, con reducción proporcional de la cuantía de la ayuda.   
6. El importe de las ayudas por inserción de carácter estable mediante la modalidad de contratación de fijo discontinuo, tanto para las entidades promotoras como empleadoras, será del 25% del importe de la ayuda correspondiente a la contratación indefinida, con reducción proporcional de la cuantía de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo.   
Artículo 8. Funcionamiento de los Planes Integrales de Empleo  
1. Los proyectos se iniciarán en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la ayuda. A tal efecto los centros SERVEF de Empleo remitirán a las entidades beneficiarias un número suficiente de personas desempleadas pertenecientes a los colectivos correspondientes a cada plan integral de empleo, con la excepción de los planes a que hace referencia el artículo 2.1. En el supuesto de que el número de personas desempleadas remitidas resulte insuficiente para completar el total de participantes en los proyectos aprobados, las entidades promotoras podrán ofertar la participación en los itinerarios de inserción a otras personas desempleadas que cumplan los requisitos exigidos para cada colectivo. Con excepción del plan previsto en el artículo 2.2 de la orden en que se admitirá un porcentaje de participación femenina del 40%, las mujeres deberán representar al menos el 50% de los participantes en los planes.  
2. Deberá acreditarse la incorporación de la totalidad de los participantes al plan en el plazo de tres meses, salvo en el plan de personas con discapacidad en que el plazo será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la ayuda a través del correspondiente certificado de inicio según modelo normalizado. Los listados de participantes en el plan se presentarán a través de la aplicación informática SIDEC, que será facilitada por el SERVEF a los beneficiarios de las ayudas y se actualizarán trimestralmente.   
En el caso de que dichos desempleados causen baja en el programa, la entidad promotora deberá comunicar el motivo de la baja del participante; dicha vacante será repuesta por el centro SERVEF correspondiente y la entidad promotora deberá comunicar la sustitución en el plazo de un mes desde la fecha en que se produzca. En cualquier caso, no podrá sustituirse durante la vigencia del plan a más del veinticinco por ciento de los participantes inicialmente seleccionados y recogidos en el certificado de inicio.   
3. Antes de su incorporación al proyecto, los participantes suscribirán ante la entidad promotora un documento de adhesión al plan integral donde se comprometerán a realizarlo en su integridad salvo causas justificadas.  
4. El itinerario de inserción deberá tener una duración mínima de tres meses, donde podrá incluirse el seguimiento posterior a la inserción en la empresa; en cualquier caso al menos un mes del itinerario deberá ser previo a la inserción. El itinerario se iniciará con una entrevista individualizada en profundidad orientada a concretar la aptitud y la actitud de la persona desempleada frente a la búsqueda de empleo. Las conclusiones permitirán determinar las acciones que deban desarrollarse y que podrán consistir en orientación profesional, aplicación de técnicas de motivación y comunicación (individuales o en grupo) y acciones formativas (individuales o en grupo) sobre desarrollo de habilidades personales para el empleo de carácter general y/o con relación a un sector de actividad específico,   
Tras la inserción laboral, las entidades promotoras efectuarán un seguimiento del participante en la empresa durante la vigencia del contrato hasta la finalización del Plan. Para ello, al menos con carácter semanal durante los dos primeros meses, se realizarán las actuaciones necesarias para propiciar la adecuación de la inserción, tanto desde el punto de vista del trabajador como del empleador.   
El personal técnico que lleve a cabo las acciones indicadas en los párrafos anteriores estará integrado por licenciados, preferentemente, en Psicología, Pedagogía o similar. Asimismo podrá realizarse por diplomados en las mismas áreas de conocimiento (Trabajo Social, Relaciones laborales o similar), todos ellos con formación y/o experiencia en la realización de las mismas; en su defecto, podrá realizarse por personal que acredite, mediante los contratos de trabajo correspondientes, experiencia en la realización de este tipo de acciones. Cuando deba impartirse una formación relacionada con un sector específico de actividad, el profesorado deberá acreditar sus conocimientos y/o experiencia en el mismo.  
Las acciones desarrolladas deberán figurar en la ficha personal a que hace referencia el artículo 19.2; en ella se reflejarán los tipos de acción desarrollados, grupo de pertenencia dentro de los descritos anteriormente, duración de las mismas y personal que las ha impartido.   
5. En el mes que se indique en la resolución de concesión de la subvención, las entidades promotoras facilitarán a la dirección territorial de empleo correspondiente los datos provisionales sobre el cumplimiento de objetivos en modelo normalizado que será facilitado por el SERVEF.  
6. Los desempleados participantes en los itinerarios de inserción tendrán derecho a la expedición, por parte de las entidades promotoras y/o colaboradoras, de un certificado por el que se acredite su participación en el plan integral de empleo, según modelo normalizado.   
7. Los itinerarios de inserción, las contrataciones y altas en el régimen general de trabajadores autónomos que de ellos se deriven y su posterior seguimiento deberán tener lugar durante la vigencia del proyecto subvencionado a la entidad promotora, sin que puedan exceder del 30 de septiembre de 2009 salvo en los planes para personas con discapacidad en que los participantes pertenezcan íntegramente al colectivo señalado en el apartado a) del artículo 2.2 en que no podrán exceder del 30 de diciembre de 2009.  
Artículo 9. Procedimiento de concesión  
1. La competencia para conceder y resolver las solicitudes de las entidades promotoras corresponde al director general del SERVEF y, por delegación de éste, la competencia para conceder y resolver las solicitudes de las entidades empleadoras corresponde a los directores territoriales de Empleo del SERVEF; en ambos casos la instrucción del procedimiento corresponderá a las direcciones territoriales de empleo del SERVEF.   
2. La concesión de las subvenciones a las entidades promotoras se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, entendiendo por tal aquella que, imputada a un mismo crédito presupuestario, contempla una eventual pluralidad de solicitudes y la comparación, en un único procedimiento, de dichas solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convocatoria, estimando las ayudas para los proyectos a los que se haya otorgado mayor valoración, hasta que se extinga el crédito presupuestario. A estos efectos, se constituirá una Comisión de Valoración y Seguimiento de los Planes que estará formada por cinco miembros, con la siguiente composición: presidente, el jefe del Área de Fomento de Empleo, o persona en quien designe para su sustitución, tres vocales, uno por cada dirección territorial de Fomento de Empleo, y un representante del Área de Fomento de Empleo, que actuará como secretario.  
3. Instruidos los expedientes, serán remitidos a la Comisión de Valoración y Seguimiento que, atendiendo a los criterios establecidos en la presente convocatoria, emitirá informe sobre la evaluación de los proyectos y el importe de la ayuda asignado a cada uno. A la vista del informe, el órgano instructor elaborará la propuesta de resolución para su remisión al director general del SERVEF. Las ayudas a las entidades empleadoras se concederán de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la presente orden.  
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses a contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud en cualquiera de los registros de entrada del SERVEF, en el supuesto de las entidades empleadoras. Para las solicitudes presentadas por las entidades promotoras, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución por la que se dé publicidad a la dotación presupuestaria correspondiente.  
5. Transcurridos los plazos anteriores sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por Ley 4/99, de 13 de enero, en relación con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat Valenciana; y ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la solicitud.  
6. La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente su cuantía económica, así como el número de desempleados participantes que haya que atender en el itinerario de inserción y el número de inserciones laborales previstas, e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse el beneficiario de las mismas, y se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/92 antes mencionada.  
7. Las resoluciones que se dicten al amparo de la presente orden agotarán la vía administrativa, y contra ellas podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes, computados en los términos ya dichos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Cuando la interesada sea una administración local, podrá efectuar requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso administrativo, ante el órgano competente en el plazo de dos meses que se computarán a partir del día siguiente al de su notificación, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 29/98.  
Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interponerse idéntico recurso, en el plazo de seis meses desde que hubiese finalizado el plazo que para dictar y notificar la resolución expresa se menciona en el punto 4 de este artículo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 y 46.6 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa; y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117, antes mencionados.  
Artículo 10. Resolución de incidencias  
1. Los directores territoriales de Empleo, por delegación del director general del SERVEF, serán los órganos competentes para resolver las incidencias (tales como prórrogas de plazos, modificaciones justificadas o cualquier otra variación de las condiciones particulares de la concesión) que se produzcan con posterioridad a la concesión de las ayudas.  
2. La entidad beneficiaria deberá comunicar a la dirección territorial de Empleo correspondiente, durante el plazo de vigencia del expediente, la solicitud o la concesión de otras ayudas públicas o privadas que hubiera solicitado u obtenido para el mismo proyecto o actuación subvencionada mediante la presente orden.  
Artículo 11. Modificación y reintegro de las ayudas concedidas  
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.  
2. Darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y de conformidad con lo establecido en los artículos 91, 92 y 93 del Real Decreto 887/2006.  
3. Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación sin perjuicio de la posible calificación de los hechos como infracción administrativa e incoación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la citada Ley General de Subvenciones y el Título IV del Real Decreto 887/2006.   
4. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   
Artículo 12. Control de las ayudas  
1. Corresponderá a las direcciones territoriales de Empleo del SERVEF, en colaboración con la Comisión de Valoración y Seguimiento de los Planes, ejercer la función de control de las subvenciones concedidas, así como la evaluación y el seguimiento del presente programa. Para ello se utilizarán cuantos medios estén a disposición del SERVEF, incluidas la contratación con terceros y la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
2. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero previsto en el artículo 45 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que se realicen por parte de la Intervención General y, en su caso, de las instituciones comunitarias, por estar las ayudas financiadas por el Fondo Social Europeo. A estos efectos deberá disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso. Asimismo estará obligado a conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. Del mismo modo, el beneficiario deberá cumplir con la obligación de colaboración con el control financiero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
CAPÍTULO III  
Subvenciones para las entidades promotoras   
Artículo 13. Presentación de solicitudes, documentación y plazo  
1. Las entidades promotoras de los itinerarios de inserción presentarán la solicitud de ayuda en impreso normalizado, junto con la documentación requerida, en las direcciones territoriales de Empleo del SERVEF, sin perjuicio de poder presentarla en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por Ley 4/99.  
La documentación que acompañe a la solicitud se presentará en dos copias y original, que será devuelta previa compulsa.  
2. Con carácter general, la solicitud deberá acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan:  
a) Documentación acreditativa e identificativa de la entidad solicitante y de su representante legal. Las entidades sin ánimo de lucro deberán presentar copia compulsada de la escritura pública de constitución y de los estatutos donde conste que disponen de personalidad jurídica y carecen de fines lucrativos. Se exceptúa a las administraciones locales o entidades públicas de la presentación de estos documentos, entendiendo a efectos de esta orden por administraciones públicas y entidades de derecho público, las administraciones y las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
b) Declaración responsable del representante legal de la entidad de no estar incursos en las demás prohibiciones para obtener la condición de beneficiario a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones.  
c) Dos ejemplares originales de los datos de domiciliación bancaria, según modelo normalizado (ficha de mantenimiento de terceros). Asimismo, de conformidad con el artículo 4.1 c) de la Orden de 15 de febrero de 2005, de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (DOGV núm. 4959, de 4 de marzo de 2005), se aportará certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta bancaria correspondiente.  
d) Memoria explicativa del proyecto, que contendrá necesariamente una memoria de actividades y una memoria económica. La presentación de la memoria explicativa se considera requisito imprescindible para entrar a valorar dicha solicitud. Los epígrafes mínimos de la memoria de actividades y de la memoria económica son los que se especifican en los artículos siguientes.  
e) En el caso de los planes previstos en el artículo 2.1, se acompañará certificado de los servicios sociales generales o especializados donde se exprese su colaboración con la entidad promotora para derivarle un número suficiente de personas pertenecientes a los colectivos que resultan objeto de atención.  
3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el Servef obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social previstas en los artículos 18 y 19, respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.  
No obstante, el solicitante podrá denegar o revocar este consentimiento efectuando comunicación escrita al SERVEF en tal sentido. En este supuesto, deberán presentarse certificados originales positivos de la Agencia Estatal de la administración Tributaria, de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Tesorería General de la Seguridad Social, expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la ayuda.  
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado conforme a lo dispuesto en el artículo 71.1 para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, y se archivará la solicitud en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.  
5. La administración podrá recabar de la persona o entidad solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.  
6. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Artículo 14. Contenido y presentación de la memoria de actividades  
La memoria de actividades hará referencia, como mínimo, a los siguientes aspectos:  
1. Denominación del proyecto.  
2. Memoria de actividades del proyecto, que incluirá una enumeración detallada de cada una de las acciones que lo componen. En este apartado, y a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento (CE) número 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan las normas de desarrollo del Reglamento (CE) número 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión, el solicitante de la ayuda deberá prever y presupuestar las medidas que adopte en materia de información y publicidad de la cofinanciación de las ayudas por el Fondo Social Europeo.  
3. Descripción de la experiencia de la entidad solicitante en la realización de procesos de inserción laboral de desempleados que hayan sido objeto de subvención pública en programas de fomento de empleo.  
4. Relación de medios materiales y recursos humanos de que dispone o de que se dotará el solicitante, en la que se especifiquen las condiciones de aquéllos y el historial y capacidades de éstos (currículum profesional), con indicación de los que se van a afectar para llevar a cabo las acciones propuestas. Se detallará la situación jurídica del inmueble o los inmuebles donde se desarrollará el proyecto indicando si se trata de bienes propios de la entidad o en alquiler, así como si la entidad puede estar en disposición de ellos en el momento de presentación de la solicitud y, en caso contrario, el tiempo que estima necesario poder conseguir su disponibilidad.  
5. Lugar donde se desarrollarán las acciones.  
6. Calendario del proyecto con indicación de la fecha prevista de inicio y finalización del mismo. Las actuaciones se desarrollarán teniendo en cuenta que la fecha límite de finalización del proyecto es el 30 de septiembre 2009, salvo en los planes para personas con discapacidad en que los participantes pertenezcan íntegramente al colectivo señalado en el apartado a) del artículo 2.2 en que el proyecto podrá prolongarse hasta el 30 de diciembre de 2009. También se especificará la duración de las distintas actuaciones o fases intermedias que tengan una entidad propia a juicio del promotor en el desarrollo y la ejecución del proyecto.  
7. El número de inserciones previstas en el proyecto. En este apartado se deberá considerar las inserciones mínimas exigibles en la regulación del Plan.   
8. Relación de entidades empleadoras que estén dispuestas a colaborar en el proyecto  
Todos los aspectos detallados en la memoria de actividades deberán ser cumplimentados según el modelo normalizado que será facilitado en las direcciones territoriales de Empleo, y que podrá encontrarse publicado en la web del SERVEF (www.servef.com).  
Artículo 15. Contenido y presentación de la memoria económica  
La memoria económica hará referencia, como mínimo, a los siguientes aspectos:  
1. Previsión del coste del proyecto. Se detallarán los gastos específicos asociados a su ejecución, excluyendo los impuestos que no sean soportados por el beneficiario, de acuerdo con los siguientes conceptos que serán elegibles por la entidad promotora, a excepción de los gastos previstos en el apartado 7 por ser de obligado cumplimiento.   
2. Los gastos salariales del personal propio o contratado por la entidad promotora para el desarrollo del proyecto no podrán superar, en el caso del personal de apoyo, los 1.500 euros mensuales por trabajador, y en el caso del personal técnico, 2.100 euros mensuales por trabajador; en ambos casos los límites corresponden a contratos a jornada completa. En el supuesto de imputación parcial de la jornada de dicho personal, los citados importes se reducirán proporcionalmente.  
Las administraciones públicas, las universidades y las cámaras de comercio no podrán imputarse como gasto salarial el derivado de puestos de trabajo que cuenten con dotación correspondiente al capítulo de personal de su presupuesto.   
3. Los gastos de formación para los desempleados que, en su caso, se lleven a cabo por medios externos, no podrán superar el 10% del coste total del proyecto.  
4. El importe de los gastos correspondientes al material didáctico asociado a la formación de los desempleados no podrá superar el 10% del coste total del proyecto.   
5. El importe de los gastos corrientes imputables al proyecto no podrá superar el 20% del coste total del proyecto.  
6. Los gastos de dietas y gastos de desplazamiento se podrán imputar al proyecto con un límite máximo del 5% del coste total del proyecto.  
7. Deberá hacerse una previsión de gastos de información y publicidad del proyecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 de la orden. Estos gastos podrán imputarse al proyecto con el límite del 10% del coste total del proyecto.  
8. Recursos económicos disponibles por la entidad solicitante, especificando los recursos propios que se destinarán a la financiación del proyecto e indicando el porcentaje que representan respecto del coste total del mismo.  
Todos los aspectos detallados en la memoria económica deberán ser cumplimentados según el modelo normalizado que será facilitado en las direcciones territoriales de Empleo del SERVEF, y que podrá encontrarse publicado en la página web del SERVEF (www.servef.com).  
Artículo 16. Criterios para la concesión de las ayudas  
La Comisión de Valoración y Seguimiento del Plan a que hace referencia el artículo 9.2 de esta orden evaluará los proyectos atendiendo a los siguientes criterios de priorización:  
a) La experiencia acreditada de la entidad solicitante en la realización de procesos de inserción laboral de desempleados y que hayan sido objeto de subvención pública en programas de fomento de empleo apoyados por las administraciones públicas: hasta 20 puntos.  
b) Los resultados obtenidos en la ejecución de planes integrales de empleo subvencionados por el SERVEF en años anteriores, en especial en los colectivos objeto de actuación: hasta 20 puntos.  
c) Dotación de equipamiento e instalaciones del centro adecuadas al desarrollo del proyecto: hasta 10 puntos.  
d) Currículum profesional de las personas que serán contratadas para la gestión del proyecto que haya que subvencionar y del personal propio de la entidad que colaborará en el mismo: hasta 10 puntos.  
e) Relación de entidades empleadoras que estarían dispuestas a colaborar con la entidad promotora del proyecto contratando a los desempleados que realicen el itinerario: hasta 10 puntos.  
f) Esfuerzo cofinanciador de la entidad promotora: hasta 10 puntos.  
g) El proyecto presentado según los aspectos detallados en la memoria explicativa regulada en esta orden, con especial referencia a las acciones previstas para los desempleados en los itinerarios, así como los objetivos de inserción que se prevean: hasta 10 puntos.   
h) El ámbito geográfico en que se desarrollan las actuaciones previstas en el proyecto: hasta 10 puntos.  
Artículo 17. Incompatibilidades   
Las ayudas a las entidades promotoras al amparo de los planes de empleo previstos en esta orden son incompatibles con cualquier otra ayuda de fomento de empleo que tenga el mismo objeto.   
Artículo 18. Justificación de las ayudas  
1. La presentación de justificaciones deberá tener lugar en el plazo que se especifique en la resolución y, en su defecto, como fechas límite el 31 de enero de 2009 para los gastos correspondientes a la anualidad de 2008; y el 31 de octubre de 2009 para los gastos de esta segunda anualidad.   
2. En el caso de los planes para personas con discapacidad en que los participantes pertenezcan íntegramente al colectivo señalado en el apartado a) del artículo 2.2, el plazo de justificación concluirá el 31 de enero de 2010.  
3. La subvención concedida se destinará al cumplimiento de la finalidad y de las obligaciones contenidas en la resolución de concesión, teniendo en cuenta que el coste total del proyecto se financiará con cargo a los presupuestos de 2008 para las actuaciones correspondientes a esa anualidad, y el resto con cargo a los presupuestos de 2009.  
4. La justificación de la subvención concedida se regirá por lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
Artículo 19. Liquidación de las ayudas  
1. El resumen de gastos, excluidos los impuestos que no sean soportados por el beneficiario, se aportará a través de la aplicación informática SIDEC. Sólo se admitirán los gastos realizados a partir de la fecha de la resolución de concesión, con excepción de los gastos salariales que podrán imputarse desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Los gastos serán acreditados mediante las correspondientes facturas o recibos de nómina y boletines de cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2) en el caso de los gastos salariales. Deberán acompañarse además las transferencias bancarias o los cargos en cuenta que acrediten la efectividad del pago. La transferencia bancaria requerirá la presentación de justificante bancario acreditativo del periodo a que hace referencia el cargo, cargo en cuenta de los importes e identificación del trabajador en el caso de los gastos salariales. La liquidación se efectuará conforme a los criterios cualitativos y cuantitativos recogidos en el artículo 15 para los gastos imputables al desarrollo del proyecto.   
2. Además de la documentación indicada en el apartado anterior, las entidades promotoras deberán aportar:   
a) Un documento en impreso normalizado firmado por el trabajador, la entidad empleadora y la entidad promotora que acreditará que se ha realizado la contratación del desempleado en los términos establecidos en esta orden, así como copia de los contratos y alta del trabajador en la Seguridad Social que justifiquen el cumplimiento de objetivos objeto de subvención por parte de la promotora. En el supuesto de contratos temporales efectuados por obra o servicio, deberá aportarse además documento justificativo de la duración final del contrato a efectos de constatar su adecuación a los mínimos establecidos en la presente orden.   
b) La ficha personal firmada por cada participante donde se acredite su presencia en las distintas actividades previstas en el proyecto.   
c) DNI y tarjeta de demanda de empleo del trabajador.   
d) Acreditación de la pertenencia al colectivo correspondiente a cada plan integral de empleo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2. Para los colectivos recogidos en el artículo 2.3, se aportará asimismo certificado de la vida laboral.  
e) Declaración sobre el importe y destino de la ayuda, según modelo normalizado que al efecto facilitará el SERVEF.  
3. A solicitud de las entidades beneficiarias mediante modelo normalizado que al efecto facilitará el SERVEF, podrán librarse anticipos de las ayudas en los términos y límites establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991; en concreto la subvención correspondiente a la primera anualidad se podrá pagar de forma anticipada hasta el cien por cien del importe de la ayuda de este periodo previa acreditación de la incorporación al plan del 100% de los participantes, salvo en el caso del plan para personas con discapacidad en que será suficiente haber incorporado al 50%.   
El importe de la ayuda correspondiente a la segunda anualidad se librará en 2009. A solicitud igualmente de las entidades beneficiarias, podrá efectuarse un pago anticipado de hasta el 40% del importe de la subvención correspondiente a esta anualidad siempre que se haya incorporado el 100% de los participantes, no existan deudas pendientes respecto al anticipo de 2008 y se acredite el cumplimiento del 20% de los objetivos de inserción del proyecto.  
La liquidación final de la subvención concedida se efectuará en 2009 y en la misma se ajustará la cuantía a percibir por la entidad tras la acreditación definitiva de los objetivos de inserción alcanzados, procediendo el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. En el caso de los planes para personas con discapacidad en que los participantes pertenezcan íntegramente al colectivo señalado en el apartado a) del artículo 2.2, la liquidación final se producirá en el mes de febrero de 2010.  
4. Los rendimientos financieros que generen los fondos librados a los beneficiarios no incrementarán el importe de la subvención concedida, en razón a su escasa cuantía y a la dificultad de su aplicación a las actividades subvencionadas y de su seguimiento y control.  
5. Los directores territoriales de Empleo del SERVEF, por delegación del director general del SERVEF, serán los competentes para el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de la ayuda concedida.  
Artículo 20. Obligaciones del beneficiario  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, son obligaciones del beneficiario:  
1. Acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda, así como el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que determinen esa concesión.  
2. Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones concedidas, le sean requeridos por el SERVEF, así como comunicar a la misma las incidencias y las variaciones que se produzcan con relación a aquéllas.  
3. Cumplir las obligaciones impuestas por la legislación específica aplicable.  
4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.  
5. Por tratarse de ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, el beneficiario estará sujeto a las normas de información y publicidad que establece el Reglamento (CE) número 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) número 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) número 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  
6. Emitir, a instancias del interesado, el certificado a que se refiere el artículo 8.6.  
CAPÍTULO IV  
Subvenciones para las entidades empleadoras  
Artículo 21. Presentación de solicitudes, documentación y plazo  
1. Las entidades promotoras de los itinerarios de inserción colaborarán en la presentación de la solicitud de las entidades empleadoras definidas en el artículo 3 de esta orden, en impreso normalizado, junto con la documentación requerida, en las direcciones territoriales de Empleo del SERVEF, sin perjuicio de poder presentarla en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2. Con carácter general, la solicitud deberá acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan:  
a) Documentación acreditativa e identificativa de la entidad solicitante y de su representante legal.   
b) Declaración responsable del representante legal de la entidad de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora a que hacer referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones.  
c) Dos ejemplares originales de los datos de domiciliación bancaria, según modelo normalizado (ficha de mantenimiento de terceros). Asimismo, de conformidad con el artículo 4.1 c) de la Orden de 15 de febrero de 2005, de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (DOCV núm. 4959, de 4 de marzo de 2005), se aportará certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta bancaria correspondiente.  
d) Copia compulsada del contrato de trabajo que da lugar a la ayuda, debidamente registrado por el centro SERVEF, o copia del contrato firmado por las partes junto con el justificante de la comunicación telemática al SERVEF, y alta del trabajador en la Seguridad Social. Además se aportará específicamente:  
- Documento que acredite la duración final de los contratos por obra o servicio a fin de constatar su adecuación a los mínimos establecidos en la convocatoria.  
- Certificado de la vida laboral que acredite el mantenimiento de los contratos suscritos en el ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud, conforme a lo establecido en el apartado 5 de este artículo.  
e) Declaración responsable de que las contrataciones realizadas no están comprendidas en los supuestos contemplados en el artículo que recoge las exclusiones.  
f) Declaración responsable del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de dicha obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Estatuto de las Personas con Discapacidad.  
g) Certificado de la entidad promotora del proyecto en el que se acredite que la contratación del trabajador se ha llevado a cabo con su colaboración.  
h) Tarjeta de demanda de empleo del trabajador.   
i) Acreditación de la pertenencia al colectivo correspondiente a cada plan integral de empleo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2. Para los colectivos recogidos en el artículo 2.3, se aportará asimismo certificado de la vida laboral.  
j) En el caso de que la entidad empleadora sea una empresa, persona física o jurídica, con independencia de su forma jurídica, declaración responsable referida a las ayudas sujetas al régimen de minimis recibidas por la entidad durante el ejercicio fiscal corriente y los dos ejercicios fiscales anteriores, con indicación del importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en el que se amparaba, o, en su caso, declaración responsable de no haber recibido ninguna ayuda.  
3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el Servef obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social previstas en los artículos 18 y 19, respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.  
No obstante, el solicitante podrá denegar o revocar este consentimiento efectuando comunicación escrita al SERVEF en tal sentido. En este supuesto, deberán presentarse certificados originales positivos de la Agencia Estatal de la administración Tributaria, de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Tesorería General de la Seguridad Social, expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la ayuda.  
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70.1 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que, de acuerdo con esta orden, resulte exigible, se requerirá al interesado conforme a lo establecido en el artículo 71.1 para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, y se archivará la solicitud en los términos previstos en el articulo 42 de la citada Ley.  
5. La administración podrá recabar de la persona o la entidad solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.  
6. Las solicitudes de las ayudas correspondientes a los contratos suscritos con los trabajadores enviados por las entidades promotoras deberán presentarse en los dos meses siguientes a la formalización del contrato y, en todo caso, dentro de las siguientes fechas límite:  
a) Hasta el 31 de octubre de 2008 para los contratos celebrados hasta el 30 de septiembre de 2008.  
b) Desde el 2 de enero hasta el 31 de octubre de 2009 para los contratos celebrados en este segundo año. Las solicitudes de ayuda por transformaciones de contratos temporales así como por mantenimiento de contratos celebrados en los tres últimos meses de 2008 se presentarán en los meses de enero y febrero de 2009, sin que les resulte de aplicación el plazo de los dos meses siguientes a la formalización del contrato.  
Artículo 22. Criterios para la concesión de las ayudas a las entidades empleadoras  
Las solicitudes presentadas se tramitarán según el orden en que hayan tenido entrada en cualquiera de los registros a que se hace referencia en el artículo 13 de la presente orden y se resolverán una vez que se haya acompañado la totalidad de la documentación establecida en el artículo anterior. Las ayudas se concederán hasta agotar el crédito disponible, según el orden en que se hayan completado los expedientes y siempre que concurran las condiciones exigidas por la convocatoria.   
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad, en caso de empate tendrán preferencia aquellas empresas que acrediten un mayor grado de compromiso con la inserción laboral de este tipo de trabajadores en los términos previstos por el artículo referenciado.  
Artículo 23. Requisitos de las entidades empleadoras  
Además de los requisitos previstos con carácter general en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades empleadoras deberán cumplir los siguientes requisitos:  
a) No haber sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por la comisión de infracciones muy graves, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.  
b) Acreditar el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de dicha obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Estatuto de las Personas con Discapacidad.  
Artículo 24. Exclusiones  
Quedan excluidos de las ayudas reguladas en la presente orden los siguientes supuestos:  
1. Relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2.1. del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y demás disposiciones reglamentarias.  
2. Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad o de las entidades privadas sin ánimo de lucro, así como las que se produzcan con estos últimos.  
3. Contrataciones realizadas con trabajadores que en los 24 meses anteriores a la fecha de contratación hubiesen prestado servicios en la misma entidad empleadora mediante un contrato por tiempo indefinido.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación en el supuesto de vinculación laboral del trabajador, en los 24 meses anteriores a la contratación subvencionable, con empresas a las que el solicitante de los beneficios haya sucedido en virtud de lo establecido en el artículo 44 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.  
4. Trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido por mutuo acuerdo en un plazo de tres meses anterior a la formalización del contrato.  
5. Las contrataciones realizadas por las empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición del trabajador contratado para prestar servicios en empresas usuarias.  
6. Las contrataciones realizadas por las entidades promotoras de los planes integrales de empleo respecto de los participantes en los proyectos beneficiarios de ayuda que ellas promuevan.  
7. Por someterse al régimen de minimis, regulado en el Reglamento 1998/2006, de 15 de diciembre de 2006, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (DOCE de 28 de diciembre de 2006), las ayudas a las entidades empleadoras no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:  
a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (CE) nº 104/2000 del consejo.  
b) Producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado.  
c) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros cuando la ayuda esté vinculada a la creación y funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la actividad de exportación.  
d) Carbón, según se define en el Reglamento (CE) nº 1407/2002.  
e) Quedan excluidas, asimismo, las empresas en crisis.  
La aplicación de este régimen supone que la ayuda total de minimis concedida a cualquier empresa no pueda superar los 200.000 euros durante cualquier periodo del ejercicio fiscal corriente y los dos ejercicios fiscales anteriores; si la empresa opera en el sector del transporte por carretera, el importe máximo se reducirá a 100.000 euros.  
Artículo 25. Justificación y liquidación de las ayudas  
La ayuda concedida se liquidará de una sola vez con la presentación de los contratos de trabajo en los términos previstos en esta orden.   
Artículo 26. Obligaciones de las entidades empleadoras  
Con independencia de las obligaciones específicas contempladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en esta orden y de las que, en su caso, expresamente se recojan en la resolución de concesión, son exigibles las siguientes obligaciones genéricas para los empleadores, sin perjuicio de las que la normativa laboral vigente establece y que a continuación se indican:  
1. Formalizar los contratos de trabajo por escrito.  
2. Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de subvención en la forma y los plazos establecidos.  
3. Justificar ante el órgano concedente la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que determine la concesión.  
4. En el supuesto de que el trabajador contratado cause baja, la empresa tendrá la obligación de sustituirle en el plazo de un mes por otro de los participantes en el Plan o, en su defecto, por quien reúna los requisitos para poder ser participante del plan de empleo que se trate, en las mismas condiciones contractuales que tenía el trabajador sustituido. La sustitución deberá ser comunicada al órgano que concedió la subvención en un plazo no superior a quince días a contar desde el siguiente al de la fecha de suscripción del nuevo contrato. Si la baja se produce con anterioridad a la resolución de concesión, decaerá el derecho a la solicitud presentada.  
5. Mantener los puestos de trabajo subvencionados un mínimo de tres años, o de dos años en el caso de las pymes. El empleo creado deberá suponer un incremento neto del número de trabajadores tanto en el establecimiento como en la empresa afectada, en comparación con la media de los doce meses anteriores.  
6. Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones concedidas, les sean requeridos por el SERVEF, así como comunicar al mismo en el plazo de quince días las incidencias y las variaciones que se produzcan con relación a aquéllas.  
7. Corresponde únicamente a la entidad empleadora la obligación de reintegrar la ayuda recibida por la contratación en el caso de que se incumplan las obligaciones establecidas en este artículo.  
8. Emitir, a instancias del interesado, el certificado a que se refiere el artículo 8.6.  
Artículo 27. Incompatibilidades   
Las ayudas establecidas en esta orden son incompatibles con cualquier otra ayuda contenida en los programas de fomento de empleo de la Generalitat o del Estado que tengan el mismo objeto, salvo las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social.  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
Primera. Financiación.  
La presente convocatoria queda condicionada a la existencia en los presupuestos de la Generalitat de los años 2008 y 2009, de crédito adecuado y suficiente para ello. A tal efecto, se deberán publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana las Resoluciones del Secretario Autonómico de Empleo, director general del SERVEF, por las que se dará publicidad a las líneas de crédito y al importe global máximo destinado a la concesión de las ayudas previstas en la presente orden.  
Segunda. Compatibilidad con el mercado común  
Las ayudas a las entidades promotoras son compatibles con el mercado común y no están sujetas a comunicación o notificación a la Comisión Europea al no resultar de aplicación lo previsto en el artículo 87, apartado 1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea por estar destinadas a administraciones públicas y entidades no lucrativas para la realización de itinerarios de inserción laboral, actividad que por su naturaleza no puede afectar a los intercambios comerciales, en los términos del citado artículo 87.  
Las ayudas a las entidades empleadoras son compatibles con el mercado común al no resultar de aplicación lo previsto en el artículo 87, apartado 1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por tratarse de ayudas acogidas al régimen de ayudas de minimis, establecido en el Reglamento 1998/2006, de 15 de diciembre de 2006, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis, publicado en el DOCE de fecha 28 de diciembre de 2006.  
Tercera. Modelos normalizados.  
Los modelos normalizados a los que se alude en la presente orden se encuentran a disposición de las entidades solicitantes en la dirección de Internet «http://www.servef.es», así como en las direcciones territoriales de Empleo del SERVEF.  
Cuarta. Aportación de documentación.  
En el supuesto de que los documentos que deben acompañar a la solicitud de concesión de las ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración de la Generalitat Valenciana, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha, el órgano o la dependencia al que fueron dirigidos, la identificación del procedimiento en que obren, y que no hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.  
Quinta. Normativa aplicable.  
Las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden tendrán la consideración de subvenciones públicas, y se regirán en lo no dispuesto por la misma, por los preceptos en vigor del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y por los preceptos de carácter básico tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, como del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo.  
DISPOSICIONES FINALES  
Única. Facultades de ejecución y desarrollo.  
Se faculta al director general del SERVEF para dictar cuantas instrucciones sean precisas para la ejecución y el desarrollo de lo dispuesto en esta orden, y se delega en el mismo la competencia para la ampliación de los plazos de presentación de instancias y justificaciones, con carácter excepcional, siempre que concurran en el expediente circunstancias debidamente motivadas que imposibiliten la presentación de la justificación en los plazos señalados en la presente orden. El director general del SERVEF podrá autorizar la ampliación de dichos plazos hasta la fecha de cierre del ejercicio presupuestario correspondiente, dentro de los límites legalmente establecidos.  
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes, computados en los términos ya dichos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Cuando la interesada sea una administración local, podrá efectuar requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso administrativo, ante el órgano competente en el plazo de dos meses que se computarán a partir del día siguiente al de su publicación, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 29/1998.  
Valencia, 20 de diciembre de 2007.  
El vicepresidente segundo del Consell,  
conseller de Economía, Hacienda y Empleo,  
GERARDO CAMPS DEVESA