Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3536, del 12-07-1999 (1999/5680)

Acuerdo del ayuntamiento pleno de 29 abril 1999, sobre programa de actuación integrada en el ámbito del sector 7, Vistahermosa.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3536

Fecha DOGV
:   12-07-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1999/5680


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de L'Eliana

Tipo de documento
:   Acuerdo

Acuerdo del ayuntamiento pleno de 29 abril 1999, sobre programa de actuación integrada en el ámbito del sector 7, Vistahermosa. [1999/5680]
  
Edicto sobre acuerdo pleno de 29 de abril de 1999, programa de actuación integrada sector 7.
  
Hace saber:
  
Que el ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 29 de abril de 1999, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
  
"Visto el programa de actuación integrada en el ámbito del sector 7 de las vigentes normas subsidiarias.
  
Resultando que el procedimiento se inicia por escrito de don Juan Alberto Ollez Sanz, en representación de Calviga, SA, en fecha 18 de septiembre de 1997, presentando programa de Actuación Integrada: alternativa técnica acompañada de anteproyecto de urbanización, Plan Parcial y documento de Homologación, solicitando su tramitación según lo previsto en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Resultando que en fecha 22 de septiembre de 1997 se presenta por Generos Bertolín Martín, por el Grupo Bertolín, SA, nueva propuesta de Alternativa Técnica a su vez con la misma documentación, según lo previsto en el artículo 48 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Resultando que durante el plazo de exposición al público, se presentan dos nuevas alternativas técnicas por Calviga, SA y Nivel y Plomada, SL, y sólo dos proposiciones jurídico-económicas a estas dos últimas alternativas.
  
Considerando que se ha seguido el procedimiento previsto en los artículos 46 y siguientes de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).
  
Considerando que tras las reuniones mantenidas con la propiedad, se ha llegado a la conclusión de que tratándose de una zona de ampliación-ensanche del caso urbano el aprovechamiento establecido por las normas subsidiarias como el recogido en las alternativas técnicas modificativas de las mismas, son excesivamente bajos, haciendo en la práctica inviable el desarrollo urbanístico por antieconómico.
  
Considerando que ha existido desde el inicio una frontal oposición de la propiedad del suelo, materializada en la creación de una agrupación de interés urbanístico que solicita se deje desierta la adjudicación del programa para que puedan iniciarse nuevos plazos, que permitan a esta agrupación presentar la documentación correspondiente, expresando las modificaciones puntuales que se consideran necesarias para hacer viable el desarrollo del sector, todo ello según escrito presentado en fecha 15 de marzo de 1999.
  
Considerando que el artículo 47 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística permite rechazar razonadamente todas las alternativas por considerar que ninguna de ellas ofrece base adecuada para ello. Resolviendo la no programación del terreno o programarlo sin adjudicación.
  
La Corporación, por catorce votos a favor (PSOE-PP y los señores Aleixandre y Daries) y dos en contra (EU), acuerda:
  
Primero. Rechazar ambas proposiciones por no considerarlas adecuadas según los motivos expuestos en el cuerpo de este escrito.
  
Segundo. Establecer como criterios para la nueva programación, los siguientes:
  
- Nueva delimitación: Se tendrán en consideración los informes técnicos, así como la normativa vigente en el momento de la presentación de la nueva proposición, manteniendo el resto de parámetros que se recogen a continuación.
  
- La ordenación que se establece por los bloques de EDA puede alterarse de forma que los elementos públicos de espacio libre y deportivo pueden pasar a ser manzanas de ordenación siendo los definidos como privados-públicos, siempre que se respeten los estándares del Reglamento de Planeamiento.
  
- Los bloques de edificación tendrán un máximo de IV alturas. El uso comercial puede incluirse en los bajos de los bloques de edificación.
  
- Se mantendrá el equipamiento escolar y de servicios en la zona donde se ubican. Se mantendrá al eje viario central.
  
- Las zonas señaladas para UFH y UFA podrán cambiar a zonificaciones de parcela inferior (200 metros cuadrados-400 metros cuadrados).
  
- La edificabilidad bruta máxima con los criterios expresados y la nueva delimitación será de: 0,70 metros cuadrados/metros cuadrados.
  
- Se requerirá el apoyo de los propietarios que representan más del 50 por ciento de la superficie afectada.
  
Tercero. Notificar a las empresas proponentes, así como a los interesados particulares personados en el expediente el presente acuerdo.
  
Cuarto. Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de la Generalitat y en el Boletín Oficial de la Provincia".
  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación; potestativamente, podrá V. interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acuerdo que se le notifica, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de la presente notificación, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere procedente. Interpuesto recurso potestativo de reposición, no podrá interponerse el contencioso hasta que sea resuelto expresamente el primero o se haya producido la desestimación presunta del mismo, lo que tendrá lugar una vez transcurrido el plazo de un mes desde la interposición. Todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el artículo 116 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.