Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2058, del 01-07-1993 (1993/828530)

ORDEN de 14 de junio de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, por la que dispone el cumplimento en sus propios términos de la sentencia del Tribunal Supremo recaída en el recurso de apelación número 4081/1992, interpuesto contra la sentencia dictada por la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 12 de enero de 1992 (recurso contencioso-administrativo número 1329/1991).
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/1993/06/14/(1)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   2058

Fecha DOGV
:   01-07-1993

Sección del DOGV
:   DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   1993/828530


Fecha del documento
:   14-06-1993

Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

Orden de 14 de junio de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia del Tribunal Supremo recaída en el recurso de apelación número 4081/1992, interpuesto contra la sentencia dictada por la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 12 de enero de 1992 (recurso contencioso-administrativo número 1329/1991).  
En el recurso de apelación número 4081/92, interpuesto ante el Tribunal Supremo por la Generalitat Valenciana y otros, contra la sentencia de fecha 12 de enero de 1992, dictada por la sección primera de la sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso- administrativo número 1329/1991, interpuesto por Dª. Desamparados Rivera Auñón, en nombre y representación de D. José Vicente Sousa Martín contra la Orden de 29 de abril de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, por la que convocaba pruebas selectivas para la provisión de 980 plazas vacantes en el cuerpo de maestros, la sección séptima de la sala tercera del Tribunal Supremo en fecha 27 de abril de 1993, ha dictado la sentencia cuyos fundamentos de derecho y fallo son del siguiente tenor literal:  
«Primero. Interpuesta apelación contra la sentencia dictada en el recurso contencioso- administrativo de protección de los derechos fundamentales de la persona seguido contra la Orden de 29 de abril de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Comunidad Valenciana, por la que se había convocado la provisión de plazas de cuerpos docentes de maestros, la parte apelada alega que aquélla debe ser inadmitida, por ser el contenido del proceso una cuestión de personal, a la que sería aplicable la declaración general de inapelabilidad que sobre los de esta naturaleza hacía el artículo 94-1-a) de la ley de la jurisdicción. El motivo debemos rechazarlo porque la interpretación jurisprudencial del precepto, en su redacción anterior a la vez de la Ley 10/92, determinó que a los puros efectos de considerar apelable las sentencias, se equiparase el supuesto legal de la "separación de empleados públicos inamovibles" aquellos casos en que se litigue sobre el nacimiento o la extinción de un vínculo funcionarial de carrera.  
Establecida la apelabilidad de la sentencia, aludiremos brevemente al escrito en el que la parte apelada dice que había recurrido en súplica la providencia de señalamiento para votación y fallo. Aceptando que su escrito original no haya sido incorporado al rollo al tiempo de la presentación, sin embargo, no procede que a estas alturas del proceso lo hagamos retroceder con la finalidad de tramitar la súplica; primero, porque consta en las actuaciones que el auto de 13 de enero de 1993 le ha sido notificado en legal forma y, segundo, porque la pretendida acumulación no mejoraría la posibilidad de defensa del apelado ni contra su negativa cabría, además, recurso alguno.  
Segundo. El tema central sobre el que debemos pronunciarnos es si resulta conforme con el artículo 23-2. de la Constitución la valoración de la experiencia previa que se hace en la orden impugnada, en la que se permite asignarle una puntuación máxima de seis puntos.  
La cuestión la hemos resuelto, para casos sustancialmente iguales, en nuestras sentencias de 14 de abril y de 10 de noviembre de 1992. Decíamos en ellas que la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública, en su artículo 19-1 - considerado básico por el artículo 1.3- dispuso que la selección del personal se efectuará mediante convocatoria pública, a través del sistema de concurso, oposición o concurso- oposición, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad; no obstante lo cual, el apartado 2 de la disposición transitoria sexta reconoció al personal contratado e interino el derecho a participar en las pruebas de acceso para cubrir las plazas de nueva creación, respetando los criterios de mérito y capacidad, mediante las pruebas que reglamentariamente se determinen, en las que se valorarán los servicios efectivos prestados por este personal. Estas normas, según el apartado 3 de la misma transitoria, serán aplicadas por las comunidades autónomas al personal contratado administrativo de colaboración temporal dependiente de las mismas para acceder a las respectivas funciones públicas autónomas; y, en el apartado 4, se facultó a los consejos de gobierno de las comunidades autónomas para convocar pruebas específicas destinadas al personal que tuviese la condición de contratado administrativo mediante convocatorias públicas con anterioridad al 15 de marzo de 1984; siendo desestimadas por sentencia del Pleno el Tribunal Constitucional número 27/1991, de 14 de febrero, las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas respecto de este último precepto y de otras previsiones legales autonómicas análogas, por las salas de lo contencioso- administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Canarias, con sede respectivamente, en Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.  
Señalábamos. también que el artículo 1.º de la mencionada Ley de Reforma de la Función Pública estableció en su número 2 que, en aplicación de esta ley, podrán dictarse normas específicas para adecuarla a las peculiaridades, entre otros, del personal docente e investigador, peculiaridades a las que responde la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), al establecer en la disposición adicional novena, apartado 3, que el sistema de ingreso en la función pública docente será el de concurso- oposición convocado por las respectivas administraciones educativas, y, se valorarán en la fase de concurso, entre otros méritos, la formación académica y la experiencia docente previa y, en la de oposición, los conocimientos específicos necesarios para impartir la docencia, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para tal fin, si bien la transitoria quinta de la LOGSE, de modo análogo a lo que había hecho la transitoria sexta de la Ley 30/1984, respecto de los funcionarios interinos y contratados, dispuso la celebración de tres primeras convocatorias para ingreso en la función pública docente, con dispensa en ciertos casos de la titulación específica exigida, mediante un sistema de selección en el que se valoren los conocimientos sobre los contenidos curriculares que deberán impartir los candidatos seleccionados y su dominio de los recursos didácticos y pedagógicos, así como los méritos académicos, entre los que tendrán valoración preferente los servicios prestados en la enseñanza pública, teniendo en cuenta, para la selección de los aspirantes, la valoración ponderada y global de ambos apartados, precepto desarrollado por el Real Decreto 574/1991, de 22 de abril, por el que se reguló transitoriamente el ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes.  
Tercero. Siguiendo con la argumentación de las mencionadas sentencias, en las que consideramos que no había mediado atentado alguno al derecho fundamental en que se basa la demanda, decíamos que tal criterio se adoptaba "de acuerdo con la doctrina establecida en la sentencia de la sala segunda del Tribunal Constitucional de fecha 18 de abril de 1989 y el examen comparativo de los presupuestos concurrentes en uno y otro caso, señalando al efecto:  
A) En aquél se trataba de un concurso- oposición para ingreso en el cuerpo de titulados superiores de la administración en la Comunidad Autónoma de Extremadura; a éste se le denomina en la LOGSE y en el Real Decreto, sistema selectivo o proceso selectivo, sin encasillarlo en ninguno de los tres sistemas tradicionales de acceso a la función pública.  
B) En el anterior se valoraba como único mérito los servicios efectivos prestados; en éste se valora también el expediente académico y otros méritos - estar en posesión de otras titulaciones, el doctorado y la realización de cursos de formación, especialización o perfeccionamiento.  
C) En aquél la puntuación máxima de 13.5 puntos por servicios prestados, que suponía un 45 por 100 de la que podían obtener los del turno libre, se podía alcanzar con menos de dos años de servicio, a razón de 0'60 puntos por mes de servicios prestados; en éste, para obtener los seis puntos que como máximo se otorgan por experiencia docente, son necesarios cuatro cursos académicos completos, siempre que, en el mejor de los casos, esa experiencia previa haya tenido lugar en la enseñanza pública y en plazas de especialidades correspondientes al Cuerpo al que se opte.  
D) En aquél, los del turno libre tenían que obtener cinco puntos para superar cada año uno de los tres ejercicios de la fase de oposición, mientras que los que habían puntuado en la fase de concurso podían superar la fase de oposición con 2'50 puntos en cada ejercicio, y se completaban hasta cinco con la puntuación obtenida en la fase de concurso, que fue precisamente lo que el Tribunal Constitucional estimó como una diferencia de trato no razonable y arbitraria que determinó la estimación de la demanda de amparo; en el caso que se resuelve, por el contrario, en la primera fase eliminatoria todos los aspirantes se encuentran en absoluta igualdad de condiciones, pues a todos se les valoran los conocimientos curriculares y dominio de los recursos didácticos y pedagógicos, el expediente académico y los cursos de formación y perfeccionamiento convocados por las administraciones educativas o universidades, que no son privativos de ningún colectivo y pueden haber sido realizados por aspirantes de uno u otro grupo, y es necesario para superar esta primera fase haber alcanzado una puntuación mínima conjunta de cinco puntos; por tanto, se puede obtener un máximo de trece puntos, puntuación de esta primera fase o la que después de la suma para determinar el definitivo orden de colocación la otorgada por experiencia previa, con un máximo en el mejor de los casos de seis puntos, que representan un 31'57 por 100 de los 19 puntos que pueden alcanzarse en total y un 46'15 de los que pueden obtenerse en la primera fase eliminatoria, que no debe considerarse arbitraria y desproporcionada de acuerdo con lo establecido en la citada sentencia del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que también en este caso se trata de un régimen transitorio excepcional previsto por el legislador y que es la propia LOGSE la que ordena que se otorgue valor preferente a la experiencia previa".  
Cuarto. Las anteriores consideraciones, que conducen a una decisión revocatoria de la sentencia apelada, determinan que no deba prosperar la nulidad de actuaciones pedida por algunos apelantes, ya que en todo caso su pretensión de fondo era la de obtener una decisión como la que hemos indicado.  
Quinto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10-3 de la Ley 62/78, procede que impongamos al recurrente las costas causadas en la primera instancia a la administración demandada, sin que haya lugar a hacer especial declaración respecto a las ocasionadas en el recurso de apelación ni a las de las restantes partes personadas, por todo ello  
Fallamos  
Que, estimando los recursos de apelación interpuestos por los recurrentes expresados en el encabezamiento, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 12 de enero de 1992, dictada en el recurso 1329/1991, que revocamos, desestimamos el recurso contencioso- administrativo de protección de los derechos fundamentales formulado por D. José Vicente Sousa Martín contra la Orden de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Comunidad Valenciana, de 29 de abril de 1991, de provisión de plazas del cuerpo de maestros, sobre la que declaramos que no vulnera el artículo 23.2 de la Constitución.  
Imponemos al demandante las costas causadas a la administración demandada en la primera instancia y no hacemos especial declaración ni en cuanto a las de las restantes partes personadas, ni respecto a las del recurso de apelación. En su virtud,  
DISPONGO  
Primero  
El cumplimiento en sus propios términos de la sentencia de fecha 27 de abril de 1993, dictada por la sección séptima de la sala tercera del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de apelación número 4081/1992, interpuesto contra la sentencia número 22 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 12 de enero de 1992.  
Segundo  
Anular, dejándolas sin efecto, las siguientes disposiciones administrativas:  
- Orden de 24 de marzo de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia recaída en el recurso contencioso- administrativo número 1329/91, interpuesto por D.ª Desamparados Rivera Auñón en nombre y representación de D. José Vicente Sousa Martín contra la Orden de 29 de abril de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, por la que se convocaban pruebas selectivas para la provisión de 980 plazas vacantes en el cuerpo de maestros.  
- Resolución de 28 de septiembre de 1992, del Director General de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV 01.10.92), por la que publica las listas provisionales de las puntuaciones otorgadas a los aspirantes en las pruebas selectivas para la provisión de plazas en el cuerpo de maestros, convocadas por Orden de 29 de abril de 1991, en su redacción dada por la Orden de 24 de marzo de 1992, ambas de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (Corrección de errores DOGV de 19.10.92).  
- Resolución de 18 de diciembre de 1992, del Director General de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 30.12.91), por la que eleva a definitivas las, listas de las puntuaciones otorgadas a los aspirantes en las pruebas selectivas para la provisión de plazas en el cuerpo de maestros, convocadas por Orden de 29 de abril de 1991, en la redacción dada por la Orden de 24 de marzo de 1992, ambas de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.  
- Orden de 21 de diciembre de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 30.12.92) por la que hace públicas, en cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso contencioso- administrativo número 1329/1991, interpuesto por D. Desamparados Rivera Auñón, en nombre y representación de D. José Vicente Sousa Martín, las listas de los aspirantes que han superado los procedimientos selectivos convocados para la provisión de plazas en el cuerpo de maestros, por Orden de 29 de abril de 1991 (Corrección de errores DOGV de 10.03.93).  
- Orden de 7 de abril de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 21.04.93) por la que nombra funcionarios en prácticas del cuerpo de maestros, a los aspirantes seleccionados en el marco de la convocatoria de procedimientos selectivos convocada por Orden de 29 de abril de 1991.  
Tercero  
Declarar expresamente en vigor la Orden de 25 de septiembre de 1991, del Conseller de Cultura, Educación y Ciencia (DOGV de 14.10.91), por la que se hacen públicas las listas de los aspirantes que han superado los procedimientos selectivos convocados para la provisión de plazas en el cuerpo de maestros, por Orden de 29 de abril de 1991.  
Valencia, 14 de junio de 1993  
El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia,  
ANDREU LOPEZ BLASCO


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