Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3466, del 01-04-1999 (1999/1937)

Expedientes números RO-61/98 y RO-71/98. Notificación de la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 14 de septiembre de 1998, sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Riba-Roja del Turia.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3466

Fecha DOGV
:   01-04-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/1937


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Expedientes números RO-61/98 y RO-71/98. Notificación de la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 14 de septiembre de 1998, sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Riba-Roja del Turia. [1999/M1937]
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 14 de septiembre de 1998, adoptó la resolución que a continuación se transcribe:
  
«Vistos los recursos ordinarios acumulados interpuestos por don Rafael Sancho Merle, don José Romero Marsal, don Francisco Alcaide Palomar, don José Luis Tudela Blasco, don Juan García Requena, don Enrique Miñana Sendra, en representación de Ribardiscotec, SA, Otrota Belladona, SL y don Antonio Ramírez Estivalis, contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de 13 de marzo de 1997, que aprueba la modificación el Plan General de Ordenación Urbana de Riba-roja de Túria (Valencia), y del que resultan relevantes los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Tras la oportuna tramitación seguida en los servicios territoriales de Valencia, la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 13 de marzo de 1997, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Riba-roja de Túria.
  
Segundo
  
Notificada la anterior resolución a los interesados, mediante diferentes escritos interponen recursos ordinarios contra el citado acuerdo.
  
De los recursos se concede audiencia al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria para que alegase lo que estimara conveniente en defensa de sus intereses legítimos.
  
Tercero
  
El recurso interpuesto por don Rafael Sancho Merle tiene por objeto la reducción de la zona verde prevista para el sector NPI-1 del suelo urbanizable no programado, ya que según el recurrente se prevé para el citado ámbito una reserva destinada a dicho uso de 20.299 metros cuadrados, argumentando que dicho estándar se entienda cumplido siempre que la suma de las zonas verdes, sea cual sea su titularidad (pública o privada), supere el mínimo legal exigible. También solicita la previsión de una zona de aparcamiento para 100 vehículos con una superficie aproximada de 2.470 metros cuadrados, así como otra serie de peticiones que se pueden incluir en las anteriores.
  
Cuarto
  
El recurso interpuesto por don José Romero Marsal versa sobre la desclasificación como suelos urbanos de los terrenos conocidos como Los Carasoles, ya que en el Plan General vigente los clasifica como no urbanizables, exigiendo subsidiariamente el pago de una indemnización.
  
Quinto
  
El recurso interpuesto por don Francisco Alcaide Palomar tiene por objeto el cambio de alineación de una calle sita en la urbanización denominada Valencia La Vella.
  
Sexto
  
El recurso interpuesto por don José L. Tudela Blasco tiene por objeto solicitar la calificación de unos terrenos situados en la Partida La Malla, con una extensión superficial de 10 hectáreas aproximadamente, como suelo no urbanizable común en lugar de la calificación de protegido por razones ecológico-paisajísticas, además de aducir vicios formales pero sin concretar éstos.
  
Séptimo
  
El recurso interpuesto por don Juan García Requena tiene por objeto manifestar su disconformidad con la configuración de un vial que afecta a su propiedad.
  
Octavo
  
El recurso interpuesto por don Enrique Miñana Sendra, en representación de Ribardiscotec SA, Otrota Belladona SL y don Antonio Ramírez Estivalis, tiene por objeto solicitar la calificación de una parcela como de tolerancia industrial (según el recurrente el plan la califica como suelo socio cultural) y que el ancho de la prolongación de la calle de la Generalitat se fije en ocho metros en lugar de los 10 que establece el Plan General de Ordenación Urbana, instando al mismo tiempo la retroacción del expediente debido a las modificaciones operadas de la aprobación inicial a la definitiva.
  
Noveno
  
El Servicio Jurídico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 5 de agosto de 1998, emitió un informe favorable de la propuesta de resolución desestimatoria del recurso interpuesto.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
En relación con el recurso interpuesto por don Rafael Sancho Merle cabe argumentar lo siguiente respecto de los distintos argumentos aducidos:
  
1) En lo relativo a los distintos argumentos esgrimidos respecto de la zona verde cabe aducir que, según la ficha la ficha del sector NPI-1 Mas de San Antonio, la superficie máxima prevista de zona verde es la establecida en el artículo 22.1.C) de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, o sea la equivalente al mínimo legal exigible (que será alrededor de 14.115 metros cuadrados), si bien desde el Plan General ya se fija la ubicación concreta en torno al elemento de uso sociocultural de titularidad privada previsto. Por lo anterior no puede compartirse lo aducido por el recurrente respecto de la superficie de la zona verde, ya que en el documento expuesto se deja claro que la superficie de zona verde será, como mínimo, la que tenga una mayor superficie de las dos previstas (el mínimo legal descrito o los 13.491 metros cuadrados ya ubicados en el sector), por lo tanto muy inferior a la descrita en el recurso.
  
En lo relativo al carácter público de la reserva para zona verde, cabe aducir que, según los artículos 22 y 58.4, ambos de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, la titularidad de éstas al objeto de computar para el cumplimiento del estándar exigido debe ser pública, por lo que no cabe otro tipo de consideración. No obstante, respecto de la exención prevista en el artículo 22.3.A) de la norma autonómica, cabe aducir que el sector en cuestión no se encuentra «aislado» respecto de otros suelos, sino que su forma parte de la zona industrial y residencial que se desarrolla al sur del término municipal de Riba-roja de Túria, por lo que no será aplicable la exención citada al formar parte de una unidad territorial integrada y de ámbito superficial muy extenso.
  
2) Respecto de la reserva de aparcamientos, cabe aducir que en los suelos industriales no se aprecia la existencia de una incompatibilidad de usos, luego nada impide que una parcela pueda destinarse a dicho uso de forma específica sin necesidad que el instrumento de planeamiento fije la ubicación exacta.
  
Por todo lo anterior, procede la desestimación del presente recurso.
  
Segundo
  
En relación con el recurso interpuesto por don José Romero Marsal cabe argüir que los citados suelos, según los informes que constan en el expediente y en el propio instrumento de planeamiento, no han sido desarrollados en un plazo que supera en muchos los máximos establecidos en la legislación aplicable, no reuniendo los requisitos exigidos en la legislación aplicable para que dichos suelos se clasifiquen como urbanos, más cuando el recurrente no ha aportado prueba en contrario.
  
Respecto de la petición de indemnización hay que remitirse a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Estatal 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, precepto que dispone que sólo procede indemnización por alteración del planeamiento si ésta se produce antes de transcurrir los plazos previstos para su ejecución o si la ejecución no se ha llevado a cabo por causas imputables a la administración, apreciándose que se ha producido el transcurso de los plazos previstos y que esta circunstancia es imputable al propietario o promotor, pero nunca a la administración, más cuando no se ha llegado nunca en los terrenos en cuestión a ejecutar en su totalidad la urbanización ni a su cesión en los plazos legales establecidos.
  
Por todo lo anterior, procede la desestimación del presente recurso.
  
Tercero
  
En relación con el recurso interpuesto por don Francisco Alcaide Palomar cabe aducir que la urbanización donde se ubica la parcela del recurrente está parcialmente consolidada y con las obras de urbanización no ejecutadas, teniendo gran parte de sus viales una anchura muy reducida como consecuencia de ser antiguos caminos rurales sobre los que se ha ido asentando de forma irregular las edificaciones. Dicha anchura viaria resulta injustificada en una urbanización que alcanza una superficie de 60 hectáreas y capaz de albergar 900 viviendas, lo que exige un viario acorde con esta realidad. Esto ha conllevado a la necesidad de estudiar esta cuestión y en el supuesto del vial objeto del recurso, por ser uno de los pocos posibles que permiten un recorrido con cierta amplitud por la urbanización, supone la necesidad de afectar propiedades particulares para garantizar la funcionalidad del tráfico, sin que además por el recurrente se aporten soluciones técnicas que desvirtúen las expuestas en el instrumento de planeamiento general.
  
Por todo lo anterior, procede la desestimación del presente recurso.
  
Cuarto
  
En relación con el recurso interpuesto por don Jose L. Tudela Blasco cabe aducir que el recurrente no aporta argumentos técnicos que desvirtúen la calificación como protegidos que el Plan General de Ordenación Urbana otorga a los terrenos en cuestión, más cuando del citado instrumento de planeamiento forma parte el estudio de impacto ambiental y como consecuencia del cual se ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable que, por lo tanto, considera procedente la protección otorgada a los suelos que nos ocupan. Respecto de los vicios formales parece ser que estos se concretan en la falta de declaración de impacto ambiental que, como ya hemos expuesto con anterioridad, fue emitida con fecha 16 de agosto de 1996.
  
Por todo lo anterior, procede la desestimación del presente recurso.
  
Quinto
  
En relación con el recurso interpuesto por don Juan García Requena cabe aducir que el objeto del recurso versa sobre la alineación de un vial en la urbanización denominada La Llobatera. Al respecto, la configuración del vial se realiza de conformidad con las necesidades apreciadas en la citada urbanización, sin que por el recurrente se aporten soluciones o argumentaciones técnicas que desvirtúen la bondad de la propuesta.
  
Por todo lo anterior, procede la desestimación del presente recurso.
  
Sexto
  
En relación con el recurso interpuesto por don Enrique Miñana Sendra, en representación de Ribardiscotec SA, Otrota Belladona SL y don Antonio Ramírez Estivalis, hay que tratar en primer lugar el argumento relativo a los cambios operados desde la aprobación inicial a definitiva del Plan General. Respecto de esta cuestión hay que aludir que tanto el cambio de calificación de una parcela, como la alteración de la anchura de una calle, no son modificaciones sustanciales que supongan una alteración sustancial del modelo del territorial y, por lo tanto, sería innecesaria una nueva exposición pública; pero es que a mayor abundamiento, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en su artículo 38.2.A), establece la falta de necesidad de reiterar el trámite de información pública aun en el caso de operarse modificaciones sustanciales. Por lo tanto, dado que en este caso las modificaciones no son sustanciales, y la ausencia de procedencia de repetir el trámite de información pública, procede desestimar la presente argumentación.
  
Respecto de los temas relacionados con el cambio de calificación y de anchura de la prolongación de la calle de la Generalitat, señalar que la falta de fundamentación y de apoyo técnico de los argumentos esgrimidos obligan a su desestimación, más cuando la propuesta del Plan General se encuentra suficientemente fundamentada.
  
Por todo lo anterior, procede la desestimación del presente recurso.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Desestimar los recursos interpuestos por los recurrentes antes citados contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, de fecha 13 de Marzo de 1997, por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Riba-roja de Túria.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día de la notificación o publicación de la misma. Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f) y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.»
  
La presente notificacion es transcripcion exacta de la resolucion original que consta en el expediente.