Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4285, del 04-07-2002 (2002/7042)

Recurso de casación en interés de ley número 1/2001.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4285

Fecha DOGV
:   04-07-2002

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2002/7042


Organismo emisor
:   Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso de casación en interés de ley número 1/2001. [2002/M7042]
  
José Luis de la Vega Jiménez, secretario de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, certifica:
  
Que en los autos de que luego se hace mención, se ha dictado la resolución que copiada a la letra dice: recurso de casación en interés de ley número 1/2001.
  
Sentencia número: 723/2002.
  
Presidente: Mariano Ferrando Marzal.
  
Magistrados: Miguel Soler Margarit y Amalia Basanta Rodríguez.
  
Valencia, 7 de junio de 2002.
  
Visto el recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Generalitat Valenciana, asistida y representada por sus servicios jurídicos, contra la sentencia número 135/01, dictada en 5 de octubre de 2001, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón en el P.A. 158/01, habiendo sido parte recurrida doña Elia Mira Martínez y el ministerio fiscal, que actúa en defensa de la legalidad.
  
Ha sido ponente la magistrada Amalia Basanta Rodríguez.
  
Antecedentes de hecho:
  
1. Con fecha 5 de octubre de 2001 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón, dictó sentencia en el recurso contencioso administrativo número 158/01 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
  
«Fallo: Estimar el recurso contencioso administrativo presentado por doña Elia Mira Martínez contra la Resolución de 1 de junio de 2001 por la que el secretario general de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación acuerda el descuento de haberes como consecuencia del ejercicio del derecho de huelga el día 14 de diciembre de 2000, y por ser dicha declaración contraria a derecho se anula totalmente y se reconoce como situación jurídica individualizada el derecho de la demandante a que se le reintegre la suma de 1.114 pesetas con los intereses legales correspondientes y sin hacer expresa condena en costas».
  
Se informaba a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1.a) de la L.J. frente a la misma no cabía recurso alguno.
  
2. La administración demandada entabló frente a dicha sentencia, recurso de casación en interés de ley por considerarla gravemente al interés general al afectar al descuento a practicar a los funcionarios que ejerciten su derecho de huelga; y errónea por interpretación equivocada de lo dispuesto en el artículo 55.bis párrafo 4 de la X.P.F.Q.
  
3. Por proveído de 28 de noviembre de 2001 fue admitido con reclamación de actuaciones emplazamiento de las partes y conferido traslado para alegaciones fueron evacuadas estrictamente por el ministerio fiscal, que se mostró acorde con la estimación del recurso.
  
4. Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 4 de junio de 2002, teniendo lugar la misma el citado día.
  
5. En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
  
Fundamentos de derecho:
  
1. Como viene declarando el Tribunal Supremo el recurso de casación en interés de ley es un recurso extraordinario que permite a los recurrentes acudir al Tribunal Supremo, máximo intérprete de la legalidad infraconstitucional, para salir al paso de sentencias reputadas erróneas y que pueden comprometer el interés general más allá del caso definitivamente resuelto con fuerza de cosa juzgada material, siempre y cuando no sean susceptibles del recurso de casación ordinario (sentencias de 19 de junio y 27 de diciembre de 1999, 12 de febrero de 1997, 7 de febrero de 1998).
  
La sentencia de 7 de febrero de 1998 explica además que este medio excepcional de impugnación está concebido en defensa del ordenamiento jurídico, tanto en lo relativo a la interpretación y aplicación de las normas con rango de ley como de las normas reglamentarias, en consonancia con la importancia de estas últimas dentro del ordenamiento administrativo, facilitándose así la existencia de un medio de control que permita, a través del Tribunal Supremo, y como genuina función de éste, mantener la uniformidad del ordenamiento jurídico, en forma paralela al papel que juega el Tribunal Constitucional con respecto a la constitucionalidad de las normas con rango de ley.
  
La vigente L.J. ha introducido la modalidad de recurso de casación en interés de ley a conocer por los correspondientes tribunales superiores de Justicia con relación a las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces de lo contencioso administrativo, siempre que se plantee la correcta interpretación y aplicación de las normas emanadas de la C.A. que hayan sido determinantes del fallo recurrido.
  
Así lo previene el artículo 101 de la L.J., con la doble exigencia ?también característica del recurso cuyo conocimiento viene atribuido al Tribunal Supremo- de que la doctrina cuya declaración se propone revista el doble carácter de ser de interés general y que, de ser ella la que se declare ajustada al ordenamiento, resulte que la propugnada por la sentencia recurrida sea errónea y gravemente dañosa para dicho interés general.
  
A las anteriores exigencias ha de añadirse la de que este recurso sólo será admisible con relación a sentencias dictadas en única instancia, por los jueces de lo contencioso administrativo, que no sean susceptibles de alguna de las otras dos modalidades casacionales, esto es, la ordinaria o la referente al recurso para unificación de doctrina.
  
2. En el supuesto que nos ocupa la administración autonómica recurrente pretende que se declare doctrina legal por esta sala la de que «la deducción de haberes a los funcionarios de la Generalitat Valenciana que ejerciten el derecho de huelga tendrá lugar multiplicando el número de horas que hayan permanecido efectivamente en huelga por el valor resultante de las siguientes operaciones: dividir la totalidad de retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario por treinta y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día».
  
La sentencia de instancia entiende, sin embargo, que con independencia del número de horas que el funcionario haya permanecido en huelga, será siempre la «media» de horas que tenga obligación de cumplir cada día la que sirva de referencia para calcular los haberes a deducir en razón del valor/hora a calcular dividiendo los haberes íntegros por treinta y el resultado por la media que tenga obligación de cumplir cada día.
  
Concluye, en definitiva, que en el supuesto enjuiciado, siendo la media ocho horas diarias, la deducción a aplicar será sobre éstas y no sobre las nueve horas y media que la funcionaria en cuestión permaneció en huelga al tener ese día horario de 08.00 a 15.00 y de 17.00 a 19.30 horas.
  
Pues bien, dejando al margen la escasa cuantía de la pretensión (1.114 pesetas), es lo cierto que, en los términos que la Generalitat Valenciana destaca la doctrina sentada por la sentencia recurrida es contraria al interés general, así como gravemente dañosa en la medida que es extensible a un considerable número de supuestos y en ocasiones conllevará una deducción perjudicial para los intereses económicos del funcionario, y en otras para los de las arcas de la administración.
  
Resulta, además, errónea como pasamos a exponer.
  
El artículo 55.bis de la Q.U.B.U. (T.R. aprobado por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995) establece en su apartado 4.º lo siguiente:
  
«... La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario o funcionaria dará lugar, salvo justificación, a la correspondiente deducción proporcional de haberes...
  
Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario o la funcionaria dividida por treinta, y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario o la funcionaria tenga obligación de cumplir de media cada día.»
  
Esta previsión hay que entenderla en el marco de la disposición adicional 12.ª (de carácter básico) de la Ley 30/1984 según la cual «los funcionarios que ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en dicha situación...», complementada por el artículo 36 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 cuya redacción ha sido acogida en sustancia por la ley valenciana en el precepto transcrito.
  
Pues bien, siguiendo con la correcta interpretación del transcrito artículo 55 resulta que una cosa es la forma de cálculo del valor/hora ?dividendo la totalidad de retribuciones íntegras mensuales por 30 y este resultado por el número de horas que de media tenga obligación de cumplir cada día- y otra la de las horas «de paro» a tener en cuenta para la deducción que no es otro que el número efectivo de horas no trabajadas, que en el caso que nos ocupa fueron nueve y media.
  
En resumen, procede estimar el recurso de casación interpuesto por la Generalitat Valenciana, declarando como correcta la doctrina por ella pretendida.
  
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la L.J. no procede hacer imposición de costas.
  
Vistos los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general aplicación,
  
Fallamos:
  
Primero
  
Que estimando el recurso de casación en interés de la ley interpuesto por la Generalitat Valenciana contra la sentencia número 135/015-10-01, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón en el recurso 158/01, se fija la siguiente doctrina legal:
  
«la deducción de haberes a los funcionarios de la Generalitat Valenciana que ejerciten el derecho de huelga tendrá lugar multiplicando el número de horas que hayan permanecido efectivamente en huelga por el valor resultante de las siguientes operaciones: dividir la totalidad de retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario por treinta y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día».
  
Todo ello con respecto de la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida.
  
Segundo
  
No hacer expresa imposición de costas.
  
Publíquese este fallo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a los efectos previstos en el artículo 101.4 de la Ley 19/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
  
Publicación. La anterior sentencia ha sido leída por la magistrada ponente el día de su fecha estando celebrando audiencia pública esta sala, de lo cual, yo, como secretario de la misma, certifico.
  
Es copia de su original al que me remito. Y para que conste, cumpliendo lo mandado, extiendo la presente que firmo.