Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4275, del 20-06-2002 (2002/6003)

Notificación a don Guillermo Monera Villa. Expediente número R-343/2001.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4275

Fecha DOGV
:   20-06-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/6003


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a don Guillermo Monera Villa. Expediente número R-343/2001. [2002/M6003]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Guillermo Monera Villa, calle del 6 de Diciembre, número 5-4ª, 46397 Torrent, la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-343/2001.
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada presentado por don Guillermo Monera Villa, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, en el expediente por solicitud de prórroga de la subsidiación del tipo de interés del préstamo cualificado 3196/2001 (46/269/1994/244).
  
Antecedentes de hecho
  
1. Don Guillermo Monera Villa, titular de un préstamo concedido por Caja de Ahorros del Mediterráneo, acogido al Real Decret0 1.932/1991, de 20 de diciembre, y destinado a la adquisición de una vivienda de protección oficial, presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia el día 13 de junio de 2001 solicitud de prórroga de la subsidiación del tipo de interés del préstamo cualificado.
  
2. A la vista de la documentación obrante en el expediente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1.c) del Real Decreto 1.932/1991, de 20 de diciembre, y en el artículo 5.c) del Decreto 55/1992, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, el jefe del Servicio Territorial en fecha 16 de agosto de 2001 dicta resolución denegatoria de la prórroga de subsidiación del tipo de interés solicitada, al no quedar acreditada la ocupación de la vivienda objeto del expediente en los plazos establecidos en la legislación vigente, y en todo caso, dentro de los tres meses siguientes a su entrega.
  
3. Contra la citada resolución interpone recurso de alzada en tiempo y forma don Guillermo Monera Villa, con los documentos y las alegaciones que constan en el mismo, y que se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 4.165 de 10 de enero).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115 de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso.
  
3. Según disponen el artículo 8.1.c) del Real Decreto 1.932/1991, de 20 de diciembre, y el artículo 5.c) del Decreto 55/1992, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, es requisito para acceder a la financiación cualificada que las viviendas promovidas para uso propio y las adquiridas o rehabilitadas sean ocupadas dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente, y en todo caso, en los tres meses siguientes a su entrega, salvo prórroga justificada por razones de tipo familiar o laboral, que deberá ser autorizada por la autoridad competente.
  
4. En el caso que nos ocupa, revisada la documentación obrante en el expediente, se comprueba que la fecha de alta en los servicios de suministro de agua y electricidad en la vivienda objeto del expediente son de fecha 25 de marzo de 1997, siendo lo cierto que la escritura de compraventa de la vivienda objeto de las ayudas es de fecha 11 de septiembre de 1996, por lo que la ocupación de la vivienda no se ha producido en los plazos establecidos en la normativa, dado que no es humanamente posible habitar una vivienda sin agua y sin electricidad.
  
Por otra parte, los consumos de agua y electricidad correspondientes a los ejercicios 1998 y 1999 aportados al expediente, y salvo los relativos a los últimos meses del año 1999, son extraordinariamente bajos, e incluso en ocasiones nulos.
  
A mayor abundamiento, el domicilio fiscal que figura en las declaraciones de IRPF correspondientes a los ejercicios 1998 y 1999 no es el de la vivienda objeto de las ayudas.
  
Todo lo anterior acredita a este órgano que la vivienda no ha sido ocupada en los plazos establecidos al efecto por la normativa de vivienda.
  
5. En otro orden de cosas, señalar al recurrente que las alegaciones por él formuladas en fecha 3 de agosto de 2001 fueron tenidas en cuenta por parte del Servicio Territorial, el cual entendió que no desvirtuaban el contenido de la resolución impugnada.
  
Entiende este órgano que los consumos y la fecha de las altas de agua y luz no son indicios o presunciones para comprobar la ocupación efectiva de una vivienda, sino que acreditan fehacientemente si ésta ha sido ocupada o no en los plazos establecidos.
  
Respecto a los certificados de residencia y empadronamiento este órgano entiende que existe prueba concluyente en contrario, como son las altas de agua y electricidad en la vivienda. Lo mismo cabe señalar respecto de la declaración jurada de los vecinos del inmueble.
  
Sentado cuanto antecede, y no habiéndose aportado por la parte recurrente prueba suficiente y adecuada que desvirtúe la resolución impugnada, procede confirmar la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación, de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada formulado por don Guillermo Monera Villa contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, de fecha 16 de agosto de 2001, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.