Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4990, del 21-04-2005 (2005/4225)

Notificación a la SAT número 9.430 Los Valles (OP nº 409). Expediente número 92-429-9922.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4990

Fecha DOGV
:   21-04-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/4225


Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a la SAT número 9.430 Los Valles (OP nº 409). Expediente número 21-514-0249. [2005/M4225]
  
No habiendo podido notificar a la SAT número 9.430 Los Valles (OP nº 409) en el domicilio conocido por esta administración, la Resolución, de fecha 22 de febrero de 2005, del secretario autonómico de Agricultura y Relaciones Agrarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, se hace público el texto íntegro de la citada resolución para que el presente anuncio sirva de notificación de la anterior.
  
Con fecha 30 de julio de 2004 el secretario autonómico de Agricultura y Relaciones Agrarias con la Unión Europea dictó resolución por la cual, accediendo a la solicitud de la SAT número 9.430 Los Valles (OP nº 409), decretaba la suspensión de la ejecución de la Resolución, de 21 de mayo de 2004, del director general de Producción y Comercialización Agraria, recaída en el expediente 35-853-6020. La suspensión se condicionaba a la prestación de garantía o caución suficiente, para lo cual concedía un plazo de 15 días. La notificación tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2004.
  
Contra ésta resolución se ha interpuesto, el 1 de octubre de 2004, recurso de reposición por Doménec Jiménez Condomina, en representacion de la SAT número 9.430 Los Valles (OP nº 409), argumentando que la exigencia de aval o garantía suficiente no es ajustado a derecho y lesivo a sus intereses. En concreto, basa su tesis el recurrente:
  
- No existen indicios que pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza si se procede a la suspensión del acto sin caución.
  
- La inaplicación del artículo 111.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, en base al principio de tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.
  
- En el deber que tiene la administración en concretar el daño o perjuicio a los intereses públicos.
  
Fundamento jurídico
  
Es competente para la resolución del recurso de reposición el secretario autonómico de Agricultura y Relaciones Agrarias con la Unión Europea de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con lo que disponen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Decreto 113/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
  
Como se refleja en la resolución recurrida, la suspensión de la ejecución podría ocasionar perjuicios a los intereses financieros de la Comunidad Europea. Máxime si se tiene en cuenta que las cuantías a reintegrar son elevadas.
  
Habida cuenta de la situación económica en la que, como manifiesta el representante, se encuentra la SAT número 9.430 Los Valles, como ha manifestado el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de octubre de 2002, el impago de una suma significativa pendiente de ingreso constituye en si un perjuicio de reparación imposible que puede derivarse de la suspensión y consiguiente aplazamiento del pago durante la previsible duración del proceso. Una evolución desfavorable de la vida económica de la empresa en éste plazo podría producir, en efecto, la desaparición o disminución de los elementos patrimoniales que constituyen la garantía de la ejecución en caso de ser necesario acudir a la vía de apremio. La exigencia de caución o garantía tiende razonablemente a evitar los perjuicios derivados de esta posible situación.
  
La suspensión de la ejecución es una medida cautelar que tiene por objeto asegurar las resultas del procedimiento y evitar que la resolución que en su día recaiga no pueda ser llevada a puro y debido efecto, y cuya adopción ha de apoyarse, por un lado, en torno al principio de la eficacia de la actividad administrativa (art. 103.1 de la Constitución) y al de presunción de validez de los actos administrativos (art. 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) de los que deriva la regla de la ejecutividad inmediata de los actos y disposiciones administrativas y de otra parte, en la posibilidad de la suspensión, a tenor del artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, hasta la resolución del recurso, cuando tal ejecución hiciera perder al recurso su finalidad legítima.
  
La exigencia de caución se erige en instrumento idóneo para al tiempo que permite la suspensión del acto impugnado, garantizar, mediante la prestación de aquélla, la salvaguarda que la quiebra de los intereses financieros de las comunidades europeas pudieran experimentar en el momento en que de confirmarse la resolución recurrida, no se pudiera ejecutar por insuficiencia de recursos de la recurrente.
  
En ningún momento la recurrente ha probado, tan siquiera mínimamente, que la prestación de la caución exigida le reportara un gran quebranto económico, sin que baste para la consecución de su propósito, recordemos, la obtención de la suspensión sin caución, invocaciones sobre los trastornos no probados que su constitución pudiera ocasionarle.
  
La resolución recurrida concreta que la suspensión de la ejecución podría ocasionar perjuicios a los intereses financieros de las comunidades europeas.
  
Por lo expuesto, atendiendo a las actuaciones del procedimiento y vistos los preceptos legales citados, los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás de general y pertinente aplicación, visto el informe del Servicio Jurídico, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Doménec Jiménez Condomina, en representación de la SAT número 9.430 Los Valles (OP nº 409) contra la Resolución del secretario autonómico de Agricultura y Relaciones Agrarias con la Unión Europea, de fecha 30 de julio de 2004, por la que se decreta la suspensión de la ejecución de la Resolución de 21 de mayo de 2004, del director general de Producción y Comercialización Agraria, recaída en el expediente 45-173-7589 previa prestación de garantía o caución suficiente.
  
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y frente a ella puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente.