Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5944, del 30-01-2009 (2009/858)

ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas de fomento de empleo destinadas al Programa de Pactos Territoriales para el Empleo para el periodo 2009-2010.
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Número DOGV
:   5944

Fecha DOGV
:   30-01-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2009/858


Fecha del documento
:   30-12-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * Servicio Valenciano de Empleo y Formación
    * acceso al empleo
    * lucha contra el paro
    * ayuda al empleo
    * institución pública
    * apoyo económico
    * asociación de municipios
    * oficina de empleo
    * ayuda pública
    * administración local

ORDEN de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas de fomento de empleo destinadas al Programa de Pactos Territoriales para el Empleo para el periodo 2009-2010. [2009/858]  
El II Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo 2009-2013 (PAVACE II) fija como objetivo principal en materia laboral que la economía valenciana siga generando puestos de trabajo más estables y de calidad, hasta alcanzar la plena ocupación, atendiendo especialmente a la inserción de los colectivos de desempleados con mayores dificultades, como los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los parados de larga duración o las personas con discapacidad.  
Por ello se plantea como uno de los objetivos operativos en materia de empleo, establecer las bases para favorecer un crecimiento del empleo a medio y largo plazo más estable y con índices de productividad más elevados, fomentando las actividades emergentes y con mayor ventaja competitiva.   
Para lograr este objetivo se determinan unos ejes de actuación y unas medidas para mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo y afrontar los efectos de la situación económica en el empleo. Con este fin y como medida específica de fomento de empleo, se potencia los Pactos territoriales para el empleo con los interlocutores sociales más representativos, favoreciendo la participación de las entidades locales en la determinación de las estrategias y planes de actuación en sus territorios, fomentando la coordinación de las políticas de la Generalitat, y facilitando la actuación de otras administraciones en dicho ámbito.  
Asimismo, las directrices y orientaciones de la estrategia europea de empleo dan una gran importancia a la creación de puestos de trabajo a escala local y a la implicación de toda la sociedad en este objetivo, y consideran que siempre que sea posible las entidades locales han de planificar y aplicar medidas activas de empleo en colaboración con las organizaciones económicas y sociales.  
Con la finalidad de promover los planteamientos locales de desarrollo, crecimiento económico y empleo, y de acuerdo con el Plan de la Generalitat para el impulso de la economía y la creación de empleo, la Generalitat a través del SERVEF, mediante esta convocatoria, pretende apoyar las actuaciones de los Pactos Territoriales para el Empleo.  
Las subvenciones dirigidas a Pactos Territoriales para el Empleo podrán ser objeto de cofinanciación por el Programa Operativo para la Comunitat Valenciana 2007-2013, que fue aprobado por Decisión C (2007) 6844, de 20 de diciembre de 2007, de la Comisión.  
En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 129/2007, de 27 de julio del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.  
ORDENO  
CAPÍTULO I  
Disposiciones generales  
Artículo 1. Objeto y ámbito  
El objeto de estas ayudas, bajo la naturaleza jurídica de subvenciones públicas, consiste en el apoyo a los proyectos que lleven a cabo las entidades o Consorcios que gestionen los Pactos Territoriales de Empleo en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con la finalidad de activar el desarrollo local y el potencial de creación de empleo, y conseguir una estrategia aceptada por todos los agentes implicados en el ámbito territorial de actuación del Pacto. El Pacto Territorial deberá estar apoyado por un convenio de colaboración en vigor suscrito con la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo o con el SERVEF.  
Artículo 2. Beneficiarios de las subvenciones  
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente orden las entidades públicas o los consorcios de carácter público que constituyan Pactos Territoriales para el Empleo y posteriormente hayan suscrito un convenio de colaboración con la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo o con el SERVEF.  
2. Asimismo podrán ser beneficiarios aquellos Pactos Territoriales de Empleo que se encuentren en proceso de renovación de los convenios de colaboración con la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo o con el SERVEF, si bien el pago de las ayudas quedará condicionado a la efectiva renovación y vigencia de los mismos.  
3. No podrán ostentar la condición de beneficiarios los sujetos que incurran en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
Artículo 3. Obligaciones de los beneficiarios  
Con independencia de las obligaciones específicas que expresamente se recojan en la resolución de concesión, son exigibles las siguientes obligaciones genéricas:  
a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de la subvención en la forma y los plazos establecidos.  
b) Justificar ante el SERVEF la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y de las condiciones que determinen la concesión o el disfrute de la subvención.  
c) Comunicar al SERVEF la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier administración, ente público o privado, así como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, lo cual podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.  
d) Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones concedidas, les sean requeridos por el SERVEF.  
e) Las entidades beneficiarias estarán obligadas a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General de la Generalitat y, en su caso, de los órganos competentes del Fondo Social Europeo en relación con las subvenciones concedidas.  
f) Obligación de justificar, en su caso, la subvención del año anterior.  
g) Adoptar las medidas necesarias para dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa. Por tratarse de ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, el beneficiario estará sujeto a las normas de información y publicidad que establece el Reglamento (CE) número 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) número 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) número 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como a lo dispuesto en el Plan de Comunicación Programas Operativos FEDER-FSE de la Comunitat Valenciana 2007-2013, disponible en la página web de la Generalitat: www.gva.es. Entre las citadas normas destaca que la concesión de la subvención implica la aceptación de ser incluido en una lista que se publicará de forma electrónica o por cualquier otro medio, en la que figurarán los beneficiarios, la operación financiada y el importe de la ayuda.  
h) Las demás obligaciones contempladas en el artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones, y que no hayan sido citadas expresamente.  
Artículo 4. Acciones y proyectos subvencionables  
Se considera que una acción o proyecto es subvencionable cuando tenga como finalidad la inserción laboral o la creación de empresas dentro del territorio de actuación del pacto, garantizando la igualdad de oportunidades, la inserción laboral de colectivos más desfavorecidos, y un crecimiento sostenible y compatible con el medio ambiente. Son acciones subvencionables con cargo a este programa:  
a) Aquellos programas de empleo que tengan como finalidad la inserción laboral de los desempleados de su territorio y, en especial, de aquellos que tengan unas mayores dificultades de inserción laboral. Tendrán prioridad aquellos proyectos que prevean unos objetivos de inserción superiores, o vayan destinados a colectivos con mayores dificultades de inserción.  
b) Los programas destinados a la creación de empresas, incluyendo todas las fases desde el asesoramiento inicial, estudio de la viabilidad del proyecto empresarial, apoyo en la gestión, etcétera, con la finalidad de apoyar su creación, puesta en funcionamiento, y mantenimiento. Estos proyectos deberán llevar necesariamente una previsión de emprendedores que se vayan a atender y de posibles empresas que se vayan a constituir.  
c) Se podrá subvencionar la tutorización y el asesoramiento para las empresas de nueva creación, con la finalidad de potenciar su mantenimiento y asegurar su viabilidad en el mercado de trabajo. A efectos de esta orden, se define como una empresa de nueva creación aquella que se haya constituido dentro de los tres años anteriores a la publicación de esta orden.  
d) En el supuesto de que la acción subvencionada consista en la implantación de planes de igualdad en las empresas, deberá tener como objetivos la aprobación de planes concretos de igualdad en empresas ubicadas en el territorio del Pacto, o la inserción laboral de mujeres en sectores en los que esté subrepresentada, de conformidad con lo dispuesto en Orden de 16 de septiembre de 1998 para el fomento del empleo estable de mujeres en las profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino (BOE 29.09.1998).   
e) Proyectos dirigidos a la responsabilidad social corporativa. Para que puedan ser subvencionados, estos proyectos deberán prever necesariamente objetivos de inserción de desempleados en riesgo de exclusión social, o personas con discapacidad en empresas ubicadas en el territorio de la Comunitat Valenciana y especialmente dentro del territorio de actuación del Pacto. Este tipo de actuaciones debe promover el cumplimiento del porcentaje de minusválidos en empresas públicas y privadas previsto en el artículo 38 bis) de la ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido en la redacción dada por la disposición adicional 39.1 de la ley 66/1997, de 30 de diciembre y por la disposición adicional 11 de la ley 50/1998, de 30 de diciembre, o incrementar dicho porcentaje en las empresas que ya cumplan con el porcentaje mínimo legalmente previsto.  
f) Actividades formativas dirigidas a desempleados: cursos, seminarios, talleres, etcétera, siempre que vayan destinadas a atender necesidades concretas de formación del territorio y prevean objetivos de inserción para los alumnos participantes. No se subvencionarán cursos que pudieran ser coincidentes con los que lleva a cabo la dirección general de Formación y Cualificación Profesional del SERVEF.  
g) Se podrán subvencionar acciones que tengan por objeto el seguimiento real del mercado de trabajo dentro del territorio de actuación del Pacto. Estas actuaciones llevarán necesariamente implícito un trabajo de campo que permita conocer los datos concretos de las empresas ubicadas en su territorio de actuación, sus necesidades de personal y de formación, así como las nuevas posibilidades de empleo dentro del territorio objeto del Pacto.   
h) Con la finalidad de informar a los destinatarios de las ayudas que el proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se podrán subvencionar actuaciones de difusión y publicidad hasta el límite del 5% del coste del proyecto.  
Artículo 5. Requisitos de las acciones o proyectos subvencionables  
1. Para que una acción sea subvencionable deberá encontrarse entre las enumeradas en el artículo anterior y prever unos objetivos evaluables. Los objetivos previstos en las acciones o proyectos que sean aprobados por el SERVEF vincularán al beneficiario y serán considerados en el momento de la justificación final de la ayuda.  
2. Los proyectos, que deberán ajustarse en sus contenidos a lo dispuesto en el artículo anterior, se presentarán a través de los modelos normalizados que a tal efecto facilitará el SERVEF.  
3. Los servicios que presten los beneficiarios en el marco de los proyectos subvencionados deberán ser gratuitos.  
4. Para ser subvencionables, los proyectos deberán prever unos objetivos de inserción de al menos un tercio de los desempleados atendidos si se trata de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; y de dos tercios, en el resto de casos.   
A este respecto, sólo se admitirán contrataciones de al menos dos meses de duración en el caso de los desempleados con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; y de al menos cuatro meses en el caso de jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y parados de larga duración. Para el resto de desempleados, las contrataciones deberán tener al menos seis meses de duración.  
5. En el supuesto de que un proyecto presentado a subvención coincida con el objeto de una convocatoria de carácter general, deberá aportarse una justificación territorial de que el proyecto que se presenta a subvención va destinado a atender necesidades concretas del territorio de actuación del Pacto que no han sido satisfechas con las convocatorias generales de ayudas de fomento de empleo.  
6. En el caso de acciones dirigidas al seguimiento del mercado de trabajo serán propuestas referidas a empresas concretas o grupos de desempleados con determinadas y singulares características dentro del territorio de actuación del Pacto. Los objetivos de estas actuaciones son conocer y tener información, con carácter singular y territorial, sobre cuestiones incluidas dentro del ámbito competencial del SERVEF: necesidades de formación de empresas concretas situadas en el territorio objeto del pacto, posibilidades de empleo reales existen, etcétera. La admisión de los proyectos se condicionará a que lleven anexo un trabajo de campo y a que contengan datos y propuestas singulares y concretas referidas al territorio del Pacto.  
CAPÍTULO II  
Procedimiento para la concesión y gestión de las ayudas  
Artículo 6. Plazo y presentación de solicitudes  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente orden, en impreso modelo normalizado, deberán dirigirse al Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), y se presentarán preferentemente en el Área de Fomento del Empleo, sin perjuicio de poder presentarla en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la presente orden, o no se acompañe la documentación que, de acuerdo con la misma, resulte exigible, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la citada Ley 30/1992, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciese, se la tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el articulo 42 de la misma Ley.  
3. El plazo de presentación de solicitudes para las ayudas previstas en esta orden, será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
4. En el caso de nuevos Pactos Territoriales que se firmen durante el año 2009, siempre que la fecha del convenio de colaboración suscrito con la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sea anterior al 31 de julio, el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas será de 30 días naturales a contar desde la fecha de la firma del convenio.  
Artículo 7. Documentación  
1. Las solicitudes presentadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la presente orden, deberán ir acompañadas, con carácter general, de la siguiente documentación:  
a) Documentación acreditativa e identificativa de la entidad solicitante y de su representante legal, así como fotocopia compulsada del DNI de la persona que, en nombre y en representación de la entidad, solicita la concesión de la subvención.  
b) Certificación del acuerdo del órgano competente de la entidad solicitante de la aprobación del proyecto para el que se solicita la subvención.  
c) Certificación del secretario de la corporación local, u órgano equivalente, en el que conste la disposición de financiación para costear la parte no subvencionada por el SERVEF.  
d) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se ha presentado con anterioridad ante el SERVEF y no ha experimentado variación, en cuyo caso se indicará la cuenta en la que se practicará el ingreso.  
e) Declaración de la entidad solicitante de que no ha percibido ninguna ayuda que pueda concurrir con lo establecido en esta norma o, en caso de percepción, especificación de las ayudas recibidas y su cuantía.  
f) Declaración responsable del representante legal de la entidad beneficiaria, de que ésta no incurre en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.  
g) Copia del pacto territorial para el Empleo referido en el artículo 1 de esta orden.  
h) Memoria de Actividades y Memoria Económica (según modelos normalizados) de los proyectos que tienen previsto desarrollar la entidad o consorcio que gestione el Pacto Territorial por el Empleo:  
En la Memoria de Actividades se describirá cualitativamente el programa a desarrollar, distinguiéndose y cuantificándose las actuaciones a realizar en el 2009 y en el 2010. Se establecerá un cronograma, especificándose la fecha de inicio y finalización del proyecto, y las fases o actividades que comprende. Se especificarán los objetivos previstos respecto de todas y cada una de las acciones para las que se solicita subvención, las características de los desempleados sobre los que va a actuar, en atención a sus dificultades de inserción laboral, y los objetivos de inserción que se prevén conseguir.   
En la Memoria Económica se hará una previsión de los gastos en atención a cada uno de los proyectos para los que se solicita ayuda, realizándose dichos presupuestos por anualidades 2009 y 2010. Así mismo se especificará si el proyecto va a ser subcontratado y en qué cuantía.   
Estos modelos normalizados deberán presentarse en soporte papel e informático que será facilitado por el órgano gestor y deberán ir firmados por el responsable de la entidad y por el responsable del proyecto.  
2. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el Servef obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social previstas en los artículos 18 y 19, respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones; en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.  
No obstante, el solicitante podrá denegar o revocar este consentimiento efectuando comunicación escrita al SERVEF en tal sentido. En este supuesto, deberán presentarse certificados originales positivos de la Agencia Estatal de la administración Tributaria, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Tesorería General de la Seguridad Social, expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la ayuda.   
Artículo 8. Instrucción y procedimiento de concesión  
1. La concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, en los términos establecidos en el Título I de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
2. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a la Dirección General de Empleo e Inserción Laboral.  
Tras la evaluación y examen de las solicitudes, la comisión de valoración a la que se hace referencia en los apartados 3 y 4 de este mismo artículo, atendiendo a los criterios y requisitos establecidos para las ayudas recogidas en la presente orden, emitirá informe en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada, ; dicho informe determinará los proyectos seleccionados, así como el importe de la ayuda que individualmente se haya asignado a cada uno, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.  
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de valoración, formulará la correspondiente propuesta de resolución para su remisión al órgano competente.   
3. La comisión de valoración citada en el punto anterior estará formada por cuatro miembros con la siguiente composición: presidenta, la jefa del Área de Fomento de Empleo o persona en quien delegue; vocales, dos Jefes de Servicio adscritos al Área de Fomento de Empleo; y como secretario, un Jefe de Sección adscrito al Área de Fomento de Empleo.   
4. Esta Comisión de Valoración, en cuanto órgano colegiado, se ajustará en su funcionamiento al régimen establecido para los mismos en los artículos 22 a 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este órgano podrá ser asesorado por expertos externos al SERVEF.  
5. El órgano competente para la tramitación de las solicitudes podrá recabar de los interesados la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.  
6. Será requisito para la concesión de las subvenciones y para el pago de las mismas que los beneficiarios o entidades colaboradoras no sean deudores por resolución firme de procedencia de reintegro en los términos establecidos en el artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.   
Artículo 9. Valoración de los proyectos  
1. Para que un proyecto pueda ser valorado por la Comisión deberá cumplir los requisitos establecidos en esta orden y ser presentado según los modelos normalizados facilitados por el SERVEF.  
2. La Comisión de Valoración procederá a la valoración de los proyectos presentados en atención a los siguientes criterios:  
a) Los objetivos de inserción previstos en las acciones que tengan que realizar a través de los proyectos presentados. Se valorará específicamente las dificultades de inserción de los desempleados objeto del programa y las posibilidades de creación de empleo.  
b) El número de desempleados existentes en el territorio sobre el que actúa el Pacto, en relación con número total de desempleados de la Comunitat Valenciana.  
c) El enfoque territorial, la justificación de que el proyecto va destinado a atender necesidades concretas del territorio sobre el que actúa el Pacto, su planteamiento y viabilidad, su coste y sus objetivos.  
d) El grado de ejecución y los resultados de los proyectos que fueron presentados a las anteriores convocatorias de ayudas.  
e) El porcentaje de cofinanciación del proyecto. Este apartado se valorará en el supuesto de que el Pacto destine un porcentaje de cofinanciación superior al 20%.  
3. Realizada la valoración de los proyectos, se comunicará la propuesta de ayuda a efectos de que el solicitante presente, en su caso, una nueva memoria que se ajuste a la cuantía propuesta.  
Artículo 10. Resolución y recursos  
1. La competencia para conocer y resolver sobre las solicitudes formuladas corresponde al director general del SERVEF.  
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud en cualquiera de los registros de entrada del SERVEF, en el supuesto de que ésta se efectuase una vez publicada la resolución por la que se da publicidad a las líneas de crédito y al importe global máximo destinado a la concesión de ayudas previstas en la presente convocatoria. En caso contrario, el plazo se iniciará a partir del día siguiente a dicha publicación.  
3. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat; y ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, ya citada.  
4. La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente la cuantía concedida e incorporará, en su caso, las condiciones, las obligaciones y las determinaciones accesorias a que deba de sujetarse la entidad beneficiaria de la misma, con notificación a las personas interesadas en los términos previstos en el articulo 58 de la Ley 30/1992, antes mencionada.  
5. Si con posterioridad a la resolución de las ayudas, y una vez agotada la dotación inicial, se produjeran minoraciones en las ayudas concedidas como consecuencia de la alteración de las circunstancias de los proyectos aprobados, como el incumplimiento de condiciones y de plazos establecidos en la resolución, la falta de justificación de los gastos realizados u otras circunstancias, y se generara así un crédito disponible, dicho crédito podrá ser utilizado para la misma línea en aquellas solicitudes que, cumpliendo todos los requisitos, fueron valoradas positivamente y no pudieron ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria.  
6. Las resoluciones que se dicten al amparo de la presente orden agotarán la vía administrativa, y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, pudiendo efectuarse requerimiento previo, en el caso de entidades locales ante el órgano competente en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de su publicación de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) 44 y 46.1 y 6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. Y ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la posibilidad de que las personas interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que consideren procedente.  
7. Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interponerse idéntico recurso en el plazo de seis meses a contar desde la finalización del plazo que para dictar y notificar la resolución expresa se menciona en el apartado 2 de este artículo; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Artículo 11. Resolución de pago y resolución de incidencias  
Por delegación de la Dirección General del SERVEF, el órgano competente para efectuar el reconocimiento de obligaciones y la propuesta de pago de la subvención, y para resolver las incidencias producidas con posterioridad a la concesión de las ayudas, como prórroga de plazos, modificaciones justificadas del proyecto inicial o cualquier variación de las condiciones particulares de la concesión, será el director general de Empleo e Inserción Laboral.  
Artículo 12. Seguimiento y control de las ayudas  
1. Corresponderá a la Dirección General del SERVEF llevar a cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como la evaluación y el seguimiento del programa regulado en esta orden.  
2. Para la realización de estas funciones se utilizarán cuantos medios estén a disposición del SERVEF, incluso la contratación con terceros y la colaboración en el marco que proceda con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
3. A efectos de difusión pública, las actividades que se realicen en base a esta orden deberán identificarse convenientemente, por cada municipio, o entidad beneficiaria de la subvención, de manera expresa, dando publicidad de la colaboración del SERVEF y, en su caso, del FSE.  
4. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero previsto en el artículo 45 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se realicen por parte de Intervención General y, en su caso, de las instituciones comunitarias, por estar las ayudas financiadas por el Fondo Social Europeo. A estos efectos deberá disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso. Asimismo estará obligado a conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. Del mismo modo, el beneficiario deberá cumplir con la obligación de colaboración con el control financiero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
Artículo 13. Disponibilidad de la documentación  
El beneficiario se compromete a conservar los originales de los todos los documentos justificativos relacionados con los gastos y con las auditorias correspondientes, estando a disposición del SERVEF, de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas hasta el año 2016. Este periodo quedará interrumpido si se inicia un procedimiento judicial o a petición debidamente motivada de la Comisión.  
Artículo 14. Concurrencia de subvenciones  
El importe de las ayudas o de las subvenciones reguladas en la presente orden no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad que ha de desarrollar el beneficiario.  
Artículo 15. Rendimientos financieros  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios no incrementarán el importe de la subvención concedida, en razón a la escasa cuantía de los mismos y la dificultad de su aplicación a las actividades subvencionadas y de su seguimiento y control.  
Artículo 16. Evaluación de las actuaciones subvencionadas  
Una vez finalizado el ejercicio presupuestario, la entidad beneficiaria queda obligada a facilitar cuanta información sea necesaria y en la forma que se determine por la Dirección General del SERVEF, a fin de realizar la evaluación de los objetivos conseguidos como consecuencia de las actividades subvencionadas.  
Artículo 17. Gastos subvencionables. Requisitos  
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen dentro de los plazos establecidos en esta orden para la ejecución de los proyectos. Estos gastos deberán estar acreditados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente y haber sido efectivamente realizados y pagados con anterioridad a la fecha de finalización de los periodos de justificación previstos en esta orden.   
2. El coste de adquisición de los gastos subvencionables no podrá ser superior al valor de mercado. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los previstos en el artículo 31.7 de la ley General de Subvenciones.  
3. En las entidades consorciadas se podrá subvencionar parcialmente los gastos de personal: interventores, secretarios de ayuntamiento, o técnicos, que siendo personal de las administraciones públicas consorciadas presten funciones de gestión, seguimiento, y control de los proyectos subvencionados. El importe total que se impute por este concepto de gasto no podrá superar el 5% del coste total aprobado. Las autoridades competentes en materia de personal del Pacto y de la corporación local a la que pertenezca el funcionario, deberán emitir una resolución conjunta en la que se detalle el número de horas trabajadas que se imputan al proyecto concreto, dentro del límite anteriormente establecido.   
4. El importe total en concepto de dietas y gastos de desplazamiento imputados como gastos al proyecto no podrá superar el 5% del coste total aprobado del proyecto. Además, los gastos de dietas por asistencia no podrán superar los 46,88 € por persona y día; y los gastos de dieta por restauración no podrán superar los 30,05 € por persona y día.   
La justificación de las dietas se realizará mediante la presentación de un certificado del secretario, u órgano competente de la entidad beneficiaria.   
5. Los costes indirectos reales imputados al proyecto en concepto de: electricidad, agua, luz, teléfono, arrendamiento de locales, etcétera, se podrán imputar como una partida a tanto alzado hasta el límite del 15% del coste total aprobado del proyecto. La acreditación de estos costes indirectos se realizará mediante una certificación expedida por el responsable del Pacto. En dicha certificación se especificará y detallará el gasto por conceptos y el importe al que asciende cada concepto de gasto, así como los precios unitarios. En cualquier caso la entidad beneficiaria deberá conservar las facturas y documentos contables de valor probatorio equivalente que soporten dicha certificación hasta el año 2016.  
6. Los gastos salariales mensuales, incluido el prorrateo de las pagas extra, del personal que desempeñe su trabajo en el proyecto subvencionado, podrán ser objeto de subvención con los siguientes límites: Hasta 4.200 euros para el gerente; hasta 3.500 euros para el personal responsable del proyecto; hasta 2.600 euros para el personal técnico; y hasta 1.800 euros para el personal de apoyo. En los supuestos de jornada parcial, dichos límites se reducirán proporcionalmente.   
7. Sólo se subvencionarán los gastos destinados a actividades de información y publicidad y difusión hasta el límite del 5% del coste total aprobado, que deberán haberse ejecutado en los términos indicados en el artículo 3.  
8. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria de la ayuda deberá acreditar que se ha solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso, salvo que por las especiales características del gasto subvencionable, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten.  
9. En el caso de que un mismo justificante de gasto haya sido objeto de otras subvenciones publicas, el beneficiario deberá acreditar el porcentaje del justificante de gasto que haya sido subvencionado. En el caso de que no se acredite esta circunstancia, se considerará que ha sido subvencionado anteriormente en su totalidad.  
10. No se podrán subvencionar los siguientes gastos:  
a) Impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.  
b) Intereses deudores. Adquisiciones nuevas o de segunda mano de mobiliario, equipo, vehículos, infraestructuras, bienes inmuebles y terrenos.  
c) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.  
d) Los gastos de procedimientos judiciales.  
11. Los Pactos Territoriales de Empleo que se suscriban durante el ejercicio 2009 podrán imputar gastos subvencionables a partir de la presentación de la solicitud de la subvención.  
Artículo 18. Plazo de justificación  
Los proyectos podrán tener carácter plurianual. Los gastos se justificarán de la forma siguiente:  
a) Los gastos correspondientes a la anualidad 2009 serán los comprendidos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2009 y se justificarán como máximo el 21 de noviembre de 2009.  
b) Los gastos correspondientes a la anualidad 2010 serán los comprendidos entre el 1 de noviembre de 2009 al 30 de abril de 2010 y se justificarán como máximo el 30 de mayo de 2010.  
Artículo 19. Cuantía y liquidación de las ayudas  
1. El pago de la subvención a la entidad beneficiaria se librará una vez haya justificado la realización de las acciones subvencionadas mediante la cuenta justificativa del gasto que contendrá las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que hayan sido efectivamente pagadas con anterioridad a la finalización de los periodos de justificación previstos. La suma de todos los gastos presentados por el beneficiario que, examinados por la administración, se compruebe que cumplen con los requisitos para poder ser subvencionados determinan el Coste Total Aprobado del Proyecto. Sobre este Coste se aplicarán todos los límites establecidos en esta orden.  
2. El incumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto aprobado, la falta de justificación o la justificación parcial darán lugar a la minoración, o en su caso, a la revocación de la ayuda con el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma.  
La minoración en caso de incumplimiento de los objetivos se realizará prorrateando los objetivos previstos en relación con los objetivos conseguidos y con el coste aprobado del proyecto.  
3. El importe de las ayudas no podrá superar el 80 por 100 del coste de los gastos de las actuaciones subvencionadas. La cuantía de esta subvención en ningún caso podrá aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, superar el coste del proyecto o actividad subvencionados.  
4. La justificación de las acciones y de los gastos efectuados constituye un acto obligatorio para el beneficiario. Se realizará dentro de los plazos establecidos en el artículo 18. La cuenta justificativa de gasto deberá ir acompañada de la siguiente documentación:  
a) Una memoria de actividades. En ella se describirán y valorarán cualitativamente las actividades desarrolladas por el Pacto, detallando qué objetivos de inserción se han conseguido respecto de los previstos en el proyecto aprobado. En cualquier caso, la memoria de actividades deberá hacer referencia a los siguientes extremos: Fecha y lugar de realización de las acciones, enumeración detallada de las actividades realizadas en relación con el personal y los medios subvencionados, relación de personas o grupos atendidos y de personas insertadas, especificando en ambos casos al colectivo de desempleados que pertenecían, relación de empresas creadas, etcétera, según el modelo normalizado que se facilitará por el SERVEF.  
b) Una memoria económica. En ella se detallarán los gastos efectuados en atención a las acciones aprobadas.   
En el supuesto de que una o varias de las actividades se hayan subcontratado, se deberá aportar el contrato administrativo que se haya suscrito entre el Pacto y el subcontratista junto con las facturas.   
Estas memorias deberán presentarse en soporte papel e informático, según modelo normalizado que será facilitado por el órgano gestor. Estos dos modelos deberán ir firmados por el responsable del Pacto y por el responsable del proyecto.  
5. A efectos de la liquidación de las ayudas, no computarán como objetivos de inserción aquellas contrataciones que se produzcan en el marco de ofertas públicas de empleo o de programas de empleo público de interés general o social; tampoco computarán las contrataciones realizadas por empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas usuarias.  
6. Podrán librarse anticipos de la subvención concedida por el tope máximo autorizado en el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, o, en su caso, por el límite máximo que autorice la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2009.   
Artículo 20. Subcontratación  
1. Se podrá subcontratar hasta el 40% del coste total aprobado del proyecto. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. La subcontratación deberá celebrarse mediante contrato entre el beneficiario de la ayuda y el subcontratista, y ser autorizada por el SERVEF antes del inicio de la actuación subvencionada.  
2. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad cofinanciada frente a la administración.  
3. No se puede subcontratar con las personas y entidades previstas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.  
Artículo 21. Modificación y reintegro de las ayudas concedidas  
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.  
2. Darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de conformidad con lo establecido en los artículos 91, 92 y 93 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  
3. Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación sin perjuicio de la posible calificación de los hechos como infracción administrativa e incoación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la citada Ley General de Subvenciones y el Titulo IV del Reglamento de la misma.  
4. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
Primera. Financiación  
La presente convocatoria queda condicionada a la existencia en el presupuesto económico de los años 2009 y 2010 de crédito adecuado y suficiente para ello. A tal efecto, se deberá publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la resolución del secretario autonómico de Empleo, director general del SERVEF, por la que se dará publicidad a las líneas de crédito y al importe global máximo destinado a la concesión de las ayudas previstas en la presente orden.  
Segunda. Modelos normalizados  
Los modelos normalizados a los que se alude en la presente orden se encuentran a disposición de las entidades solicitantes en la dirección de Internet: http://www.servef.es.  
Tercera. Normativa aplicable  
Las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden tendrán la consideración de subvenciones públicas y se regirán por los preceptos en vigor del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat.   
Para lo no establecido expresamente en la presente convocatoria es de aplicación los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de la Disposición final primera de la misma, y de conformidad con los precepto básicos del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba su Reglamento.  
Cuarta. Compatibilidad con el mercado común  
Las ayudas reguladas en esta orden son compatibles con el mercado común y no están sujetas a comunicación o notificación a la Comisión Europea al no resultar de aplicación lo previsto en el artículo 87, apartado 1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea por estar destinadas a entidades públicas para la realización de actuaciones de fomento de empleo en su marco competencial.  
Quinta. Presentación de documentación  
En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha, el órgano o la dependencia al que fueron dirigidos, la identificación del procedimiento en que obren y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.   
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992.  
Sexta. Normativa supletoria  
Para determinar la cuantía de las ayudas en el caso de los proyectos de inserción se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden de 20 de diciembre de 2007, por la que se regulan y convocan subvenciones destinadas a la implantación de planes integrales de empleo para personas desempleadas de difícil inserción laboral, para el periodo 2008-2009 (DOCV de 28.12.2007). En ese sentido, se reducirán de forma proporcional los importes correspondientes en los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 5.4.  
DISPOSICION FINAL  
Única. Facultades de ejecución y desarrollo  
Se faculta al director general del SERVEF para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y la aplicación de la presente orden, así como para regular la intervención de los agentes sociales a los efectos de lo dispuesto en la misma, a través de los órganos de participación que se determinen, y se delega en el mismo la competencia para ampliar los plazos de justificaciones, con carácter excepcional, cuando concurran circunstancias debidamente motivadas que imposibiliten su presentación en los plazos señalados.  
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, computados en los términos ya dichos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Cuando la interesada sea una administración local, podrá efectuar requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso administrativo, ante el órgano competente en el plazo de dos meses que se computarán a partir del día siguiente al de su publicación, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 29/1998.  
Valencia, 30 de diciembre de 2008  
El vicepresidente segundo del Consell, conseller de Economía, Hacienda y Empleo,  
GERARDO CAMPS DEVESA