Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5015, del 27-05-2005 (2005/6021)

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga planteada en el sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Valencia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/2005/05/24/(1)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   5015

Fecha DOGV
:   27-05-2005

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2005/6021


Fecha del documento
:   24-05-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * huelga
    * legislación
    * derecho de huelga
    * empresa de servicios

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga planteada en el sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Valencia. [2005/M6021]
  
Visto el escrito con Registro de Entrada de fecha 19 de mayo de 2005, suscrito por Jaime Martínez Clemente, en representación de la Federación de Actividades Diversas de CCOO-PV y por Lola Navarro Jiménez, en representación de la Federación de Servicios de UGT-PV, que anuncia la convocatoria de huelga planteada en el sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Valencia, que tendrá lugar a partir de las 00.00 horas del día 30 de mayo de 2005, con carácter indefinido.
  
Y habiendo dado cumplimiento al preaviso preceptivo establecido en la legislación vigente.
  
Resultando que se ha intentado la mediación del Tribunal de Arbitraje Laboral, sin que se haya conseguido acuerdo, en la reunión celebrada el día 19 de mayo de 2005.
  
Resultando que se ha citado a las partes, para oírlas e intentar un acuerdo acerca de los servicios esenciales mínimos a establecer, en la Dirección Territorial de Empleo de Valencia, el día 23 de mayo de 2005, no habiéndose alcanzado acuerdo alguno respecto de los mismos.
  
Resultando que el sector de actividad afectado por esta convocatoria incluye la limpieza de edificios y locales donde se prestan diferentes servicios públicos, como sanidad, educación, servicios sociales o transportes, de los que es acreedora la comunidad.
  
Considerando que la competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio público prevista en el art. 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana y por delegación a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 4.105/1982, de 29 de diciembre, en el Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del presidente de la Generalitat Valenciana, sobre asignación de competencias, y el Decreto 112/2003, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y de conformidad con lo establecido en los artículos 28.2, 148.1.5ª y 149.1.7ª de la Constitución Española y el artículo 33.1 y 38 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio.
  
Considerando que como cualquier otro derecho fundamental reconocido en la Constitución, el de huelga, (art. 28.2 CE), no es absoluto e ilimitado, sino que en su alcance, jerarquía y «limitabilidad», ostentan diferente significación, por lo que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, debe establecerse una graduación jerárquica entre los mismos, atendiendo a las «características» de los que están en pugna, (STS 29-V-95, RJ 4395).
  
En la limitación del ejercicio de huelga por otros derechos y por el respeto de bienes constitucionalmente protegidos, el Tribunal Constitucional ha determinado en su importante Sentencia de 8 de abril de 1981, desarrollada posteriormente, entre otras, por las sentencias números 26 y 33/81, 51 53/86, 27/89 y 43/90, que en la medida en que la destinataria, y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y que éstos son al mismo tiempo esenciales para ella, aquella no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los citados servicios, entendiendo que el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga, sin que, por otra parte, la consideración de un servicio como esencial signifique la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos.
  
Considerando que de acuerdo con doctrina constitucional reiterada, el carácter de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa, como se ha señalado, en el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y en el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito en el que se concreta esta resolución se traduce en lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la protección de la salud, y su desarrollo en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, donde en su primer artículo se hace referencia al «derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución».
  
Considerando que el legítimo ejercicio del derecho de huelga no debe suponer, bajo ningún concepto, un riesgo para la salud de las personas afectadas por dicho ejercicio y que en el presente caso, entre los locales afectados por la huelga se encuentran, entre otros de carácter público, centros sanitarios, de enseñanza y de prestación de servicios sociales, en los cuales se presta un servicio público de carácter esencial y prioritario para la comunidad, y en los cuales una limpieza e higiene mínimas resultan indispensables para evitar consecuencias lesivas para la salud.
  
Considerando que el carácter indefinido de la huelga convocada podría conducir a un empeoramiento progresivo de las consecuencias expuestas en el considerando anterior.
  
Considerando que si bien la continuidad del servicio debe quedar asegurada durante la huelga, el establecimiento de los servicios mínimos ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios, (SSTC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras). La propia OIT, a través de la Resolución número 239 del Comité de Libertad Sindical, señala que el derecho de huelga no implica el derecho de dejar de cumplir los deberes de seguridad.
  
De cuanto se ha señalado se concluye que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del artículo 10. del Real Decreto 17/1977 mencionado, debe conjugarse la atención de los servicios esenciales para la comunidad con el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, por lo que se debe limitar éste en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, mantenimiento que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal, estableciendo el Tribunal Constitucional que los servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente.
  
Considerando que se debe conjugar la atención de los servicios públicos con el ejercicio del derecho de huelga que con la calificación de fundamental instituye nuestra Constitución, por lo que debe limitar éste en la justa y estricta medida imprescindible para el mantenimiento del servicio público.
  
Considerando que en la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de materia concreta, resuelvo:
  
Primero
  
A los efectos previstos en el apartado 2º del artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios de limpieza de locales y edificios públicos de la provincia de Valencia, con motivo de la huelga convocada a partir de las fechas que se indican en el preámbulo de la presente resolución, y mientras dure la misma.
  
Los servicios mínimos que deberán prestarse son los siguientes:
  
A. Centros sanitarios:
  
Se prestarán como servicios mínimos el 100% de los servicios normales en las siguientes unidades:
  
1. Zonas de urgencia relacionados con enfermos
  
2. Unidades de cuidados intensivos
  
3. Neonatología
  
4. Paritorios
  
5. Quirófanos y áreas quirúrgicas
  
6. Unidades de aislamiento
  
7. Unidades de esterilización
  
8. Hemodiálisis
  
9. Prematuros
  
10. Lactantes
  
11. Biberonería
  
12. Unidades de reanimación
  
13. Unidad de quemados
  
14. Oncología médica
  
15. Unidades de enfermedades infecciosas
  
16. Hemodinámica
  
17. Laboratorios y bancos de sangre
  
18. Servicio de bacteriología y microbiología
  
19. Urodinámica y radioterapia
  
20. Sintron y coagulopatías congénitas
  
21. Recogida de basuras biocontaminantes y su transporte al compactador
  
22. Unidades de transplantados
  
23. Cocinas: preparación y servicio de alimentos a enfermos.
  
24. Transporte y reparto de ropa limpia a todos los centros
  
25. Limpieza de camas y aseos de alta
  
26. Cualquier zona considerada de alto riesgo no contemplada anteriormente
  
Se prestaran como servicios mínimos el 50% de los servicios normales en las siguientes unidades:
  
1. Unidades de hospitalización/hospitales de día
  
2. Lavandería
  
3. Laboratorios generales
  
4. Unidades de radiología
  
5. Consultas externas
  
6. Farmacia
  
7. Resto de quirófanos
  
8. Parapléjicos
  
9. Psiquiatría
  
10. Clínica del dolor
  
11. Tanatorio
  
12. Prestación nocturna
  
13. Aseos de las habitaciones de enfermos
  
14. Aseos públicos y de personal
  
15. Recogida de ropa sucia, su clasificación, transporte a lavandería
  
16. Reparto de toallas, papel higiénico y jabón
  
Se prestaran como servicios mínimos el 25% de los servicios normales en las siguientes unidades:
  
1. Vestuarios
  
2. Salas de espera
  
3. Resto de zonas del hospital.
  
B. Aeropuertos, estaciones de ferrocarril y estaciones de autobuses:
  
1. En el aeropuerto:
  
- Dos agentes en el turno de mañana, uno en el de tarde y uno en el de noche, encargado de las aguas residuales de los aviones y agua potable.
  
- Para la limpieza de aseos una persona por turno en jornada completa.
  
2. En estaciones de ferrocarril y estación de autobuses:
  
- Para limpieza de aseos, una persona por turno en jornada completa.
  
- Un agente por turno encargado del agua potable y de los residuales del medio de transporte en que los hubiere.
  
C. Centros para la prestación de servicios sociales (residencias y centros para la tercera edad, discapacitados, familia, infancia y juventud y albergues de transeúntes), locales y oficinas de organismos públicos y mercados municipales:
  
Se realizará la limpieza de los aseos y de los comedores, y la retirada de basuras, empleándose a los trabajadores según la siguiente escala:
  
Número de trabajadores del centro:
  
De 1 a 5 trabajadores 1 trabajador
  
De 6 a 10 trabajadores 2 trabajadores
  
De 11 a 15 trabajadores 3 trabajadores
  
De 16 a 20 trabajadores 4 trabajadores
  
D. Centros de enseñanza:
  
La cobertura del servicio se llevará cabo con un 20% de las horas contratadas en cada uno de los centros, siempre y cuando se garantice la realización, a diario, de la limpieza del 100% de los aseos de los centros, la retirada de basura y la limpieza de los comedores escolares. En caso contrario, podrían incrementarse los servicios mínimos en lo estrictamente necesario para garantizar dichas prestaciones.
  
Segundo
  
Lo dispuesto en esta resolución, no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.
  
Tercero
  
Que habida cuenta del grave riesgo que para la salud pública pudiera constatarse por los servicios sanitarios como consecuencia de la huelga, dado su carácter continuado, pudiera proceder, en su momento, una modificación de estos servicios esenciales mínimos, de acuerdo con las competencias para establecer dichas medidas reflejadas en el cuarto considerando de la presente resolución.
  
Cuarto
  
Notifíquese la resolución a los sindicatos convocantes, al Comité de Huelga, a las consellerias afectadas y a la representación empresarial.
  
Quinto
  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su notificación a las partes interesadas.
  
Adviértase con la notificación a las partes que la presente resolución es definitiva y que contra ella podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de 10 días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes que establece el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 167, de 14.07.1998).


Copia Permalink ELI