Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8714, del 10-01-2020 (2019/10280)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 257/2019.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8714

Fecha DOGV
:   10-01-2020

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2019/10832


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Torrent

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 257/2019. [2019/10880]  
Javier García Bayo, letrado de la Administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Torrent, hago saber, que en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
  
«Sentencia número 126/2019  
Torrent, 23 de mayo de 2019  
Vistos por Inmaculada Mas Sánchez, magistrada juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Torrente (Antiguo Mixto 8), los presentes autos de juicio verbal número 257/2019 seguidos ante este juzgado a instancia de Banco Sabadell, SA, representado por la procuradora Elena Medina Cuadros, contra los ignorados ocupantes de la vivienda sita en Torrent, calle Manuel Mera Solano, número 1, planta 3, puerta 6, declarado en rebeldía, en atención a los siguientes  
Antecedentes de hecho  
Primero. Que por la procuradora mencionada y en la representación indicada, se presentó demanda contra la demandada, solicitando se dicte sentencia por la que estimando la demanda se condene a los ignorados ocupantes de la vivienda sita en Torrent, calle Manuel Mera Solano, número 1, planta 3, puerta 6, a desalojar la vivienda titularidad de la actora, imponiéndoseles las costas del procedimiento.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la entidad demandada para que en el plazo de diez días se personase en los autos y contestase a la demanda, lo cual no efectuó por lo que fue declarada en rebeldía.  
Tercero. La parte actora en su demanda no solicitó la celebración de vista, no estimándose la misma necesaria atendida la documental presentada.  
Cuarto. Que en la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.  
  
Fundamentos de Derecho  
Primero. La situación de rebeldía del demandado no supone «per se» que los hechos constitutivos de la pretensión del actor sean ciertos, e impone al demandante la obligación de acreditar tales hechos, conforme al principio de la carga de la prueba consagrado en el artículo 1214 del Código Civil; e igualmente, aún demostrando los hechos constitutivos de la pretensión, es necesario que las consecuencias jurídicas sean las que dimanan de los hechos acreditados, sin que la situación de rebeldía suponga que hayan de ser aceptadas las establecidas por el actor en su demanda. Pero, por las mismas razones, la rebeldía de la parte demandada condiciona el resultado probatorio, dado que el precepto citado obliga al demandado a probar los hechos impeditivos y extintivos de su pretensión.  
Segundo. En el presente caso el actor en su demanda ejercita acción de juicio verbal de desahucio por precario en reclamación de la posesión de la vivienda sita en Torrent, calle Manuel Mera Solano, número 1, planta 3, puerta 6, la cual no ha sido arrendada a nadie por la actora, sino que diferentes personas se han ido instalado en la vivienda sin ningún título que les amparase, y aun cuando han sido requeridos por la actora para que la abandonen, han hecho caso omiso, permaneciendo en la vivienda, pese a ser conocedores de que carecen de titulo legitimo para ello. En el momento del emplazamiento, la vivienda resultó estar ocupada por Francisco Javier Hernaiz Jimenez según consta en la diligencia practicada, sin que el mismo haya comparecido en el procedimiento a fin de aportar algún título que justifique la ocupación de la vivienda de la actora, lo que sin duda pone de manifiesto de forma clara y meridiana la ocupación ilegitima y por tanto la situación de precarista que recoge la demanda. La entidad actora es la actual titular de la vivienda, tal y como consta de la certificación registral aportada.  
Por otra parte, concurriendo los requisitos propios del desahucio como son que la persona que ejercite la acción tenga la posesión mediata de la finca como propietaria, usufructuaria o por cualquier otro título que le de derecho a disfrutarla y, otro, que la persona o personas demandadas disfruten o tengan la posesión inmediata del inmueble sin título legitimador de clase alguna, sin pagar renta o merced arrendaticia, procede examinar la figura del precario. Tal y como señala la Audiencia Provincial de Valencia, sección 11ª, S 27.12.2010 existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo a la hora de definir el precario. Dicha sentencia señala que el precario «se aleja así de aquella idea originaria típicamente romana enraizada en el clientelismo y en los deberes morales que imponía el officium, que lo presentaba como una concesión graciosa practicada por el precario dans, generadora de una situación posesoria libremente revocable por el concedente por la vía interdicta) (interdictum quod precario) que nacía de una petición (preces) del precario accipiens, extendiéndose, como recoge el juzgador de instancia, a aquellas situaciones en que poseyéndose de hecho las cosas, sin embargo no se corresponde con la posesión o titulación jurídica de las mismas, es decir, que se amplía a cuantos sin pagar renta o merced utilizan la posesión de un inmueble careciendo de título adecuado para ello, ya por no haberlo tenido nunca, bien porque teniendo en un tiempo virtualidad la haya perdido, deviniendo ineficaz, de donde tal posesión de hecho o detentación material solo tiene, a lo más, base en la concesión graciosa y revocable del dueño respecto del precarista, que se convierte en abusiva y da lugar al desahucio cuando falta aquella tolerancia y el dueño no quiere seguir favoreciendo en aquella forma al que disfruta de la posesión.»  
Encontrándonos en la situación de que la actora ni siquiera realizó una concesión graciosa y revocable, sino que los codemandados aprovecharon que la vivienda no había sido ocupada por la actora, y se introdujeron en la misma sin tener título alguno, es evidente que la ocupación de los codemandados se ha de tener por abusiva ya que no existe título que legitime su posesión procediéndose a declarar el desahucio de los mismos.  
Tercero. En cuanto a las costas devengadas y de conformidad con lo dispuesto en 394 de la Ley de enjuiciamiento civil, y habiéndose estimado íntegramente la pretensión de la actora procede su imposición al demandado.  
Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación.  
  
Fallo  
Que estimando la demanda formulada por Banco Sabadell, SA, representado por la procuradora Elena Medina Cuadros, contra ignorados ocupantes c/ Manuel Mera Solano, número 1, planta 3ª, puerta 6ª, de Torrent, declarado en rebeldía, debo declarar y declaro haber lugar al desahucio interesado respecto al inmueble propiedad de la entidad actora que ha sido ocupado en precario por los demandados y en consecuencia debo condenar y condeno a la parte demandada a desalojar y dejar a disposición de la actora en el mismo estado en que la ocupó, la vivienda sita en Torrent, calle Manuel Mera Solano, número 1, planta 3, puerta 6, bajo apercibimiento de que si no lo verificara voluntaria e inmediatamente el lanzamiento se practicará el próximo 15 de octubre de 2019 a las 10:40, con expresa imposición de costas a la parte demandada.  
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Valencia (art. 455 LECn). E1 recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación. En la interposición el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. En aplicación de la disposición adicional 15ª, introducida por la Ley orgánica del poder judicial, en la redacción dada a la misma por la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, se indica a la parte de la necesidad de la constitución de un depósito de 50 euros para recurrir la resolución bajo apercibimiento de inadmisión. Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores. La parte recurrente deberá acreditar haberlo constituido dentro del plazo concedido para interponerlo y aportar justificante de su ingreso en la cuenta corriente que este juzgado tiene abierta en la oficina del Banco Santander (antes oficina Banesto), sita en calle Sagra número 2, 46965 de Torrent, teléfono: 99-2412749 y fax 29-2276628, con el número 4281 0000 01 CDEF J.K. Los dígitos CDEF identificará el número concreto del procedimiento en que se recurra (así se pondrá 0987 si se trata del procedimiento número 987, 0014 si se trata del procedimiento número 14, 0003 si se trata del procedimiento núm. 3) y JK identificará el año (así 09 para un procedimiento de 2009, 10 para un procedimiento de 2010). En caso de transferencia el número de cuenta del Banco de Santander ES41 1530 6382 08 9659345148, en observaciones y para que dicho ingreso llegue correctamente, se deberá hacer constar el número de cuenta del procedimiento de destino del dinero: 4281 0000 02 CDEF JK, tal y como que se ha indicado antes, sustituyendo las letras por los dígitos correspondientes según la forma explicada.  
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.»  
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, y para llevar a efecto la diligencia de notificar a ignorados ocupantes c/ Manuel Mera Solano, número 1, piso 3º, puerta 6ª, de Torrent, acordada en autos se expide el presente.  
  
Torrent, 5 de septiembre de 2019.- El letrado de la Administración de justicia: Javier García Bayo.