Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4505, del 22-05-2003 (2003/5406)

Notificación de la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 27-01-03 (RA-105/2002), a Amparo Hernandis Simarro y otros.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4505

Fecha DOGV
:   22-05-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/5406


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 27-01-03 (RA-105/2002), a Amparo Hernandis Simarro y otros. [2003/5406]
  
Al no haberse podido practicar las notificaciones a Dª Amparo Hernandis Simarro, D. José Estarlich Ortega, D. José Bernardo Oliver Pau, D. Ramón Palacios Cortés, Dª Concepción Oliver, Dª Inés Cebolla, Dª Mª Carmen Pau Viñals y Dª Trinidad Redal Sánchez y conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 27 de enero de 2003 (RA-105/2002)
  
Visto los recursos de alzada interpuestos por los propietarios de la calle Dr. Ferrán de Alzira, doña Cecilia Marrades, Nº 75 de la calle Dr. Ferrán, don José Bernardo Oliver Pau, Nº 79-B, doña Mª Carmen Pau Viñals, doña Milagros Martínez, Nº 33 don Rafael Lozano, N 29-B, doña Ana Sansaloni, Nº 3, doña Raquel Sierra 3-B, doña Sara Valle, Nº 37-B, don Ramón Palacios Cortés, Nº 2, doña Agustina Palacios Cortés, 27-1º, don José Calvo Caro, Nº 17, don José Estarlich Ortega, Nº 25, don Rafael Matoses Torres, Nº 7-Bajo, doña Amada-María Sansoloni, Nº 45-Bajo doña Josefa Sansaloni, Nº 45-Bajo, doña Concepción Oliver, nº 19, don Ismael Ortí, Nº 51, doña Inés Cebolla Nº 2, don Bernardo Mira, Nº 53, doña Amparo Feria, Nº 69, Doña Bernarda Castín, Nº 47, y por Doña Desamparados Redal Sánchez, doña Trinidad Redal Sánchez y doña Amparo Hernandis Simarro, contra el acuerdo dictado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2001, por la que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Alzira, y de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión de fecha 21 de diciembre de 2001, acordó suspender la aprobación definitiva de la ordenación propuesta por Plan General de Alzira en el ámbito del sector Tulell y, supeditar la aprobación definitiva del proyecto en el resto de sus determinaciones, hasta tanto se elaborase un texto refundido del Plan, donde se adscribiesen los yacimientos arqueológicos al suelo no urbanizable protegido y se completase el Catálogo, siguiendo las indicaciones de la administración con competencia en materia patrimonial y se justificase que la tramitación se ajustaba a lo establecido en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana (LRAU), mediante la acreditación de que se hubiesen efectuado las correspondientes notificaciones sobre las modificaciones introducidas a los personados en el procedimiento.
  
Segundo
  
Con fecha 23 de mayo de 2002, los Servicios Técnicos del Servicio Territorial de Urbanismo y Ordenación Territorial examinaron la documentación presentada por el Ayuntamiento de Alzira el día 15 de mayo de 2002, informando favorablemente la misma, considerándose cumplimentado el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de fecha 21 de diciembre de 2001, razón por la que el director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, en fecha 27 de mayo de 2002, dio por subsanadas las deficiencias a que se refiere el acuerdo antes mencionado declarando definitivamente aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Alzira, ordenando su publicación, lo que tuvo lugar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, de fecha 5 de julio de 2002.
  
Tercero
  
En fecha 1 de agosto de 2002, doña Cecilia Marrades en compañía de otros propietarios de la calle Doctor Ferrán de Alzira, interpusieron recurso de Alzada contra el acuerdo referido, manifestando su disconformidad con la zonificación prevista en los números impares 1 a 79 €Area Comercial Dr. Ferrán?, ?Residencial Histórico y Residencial unifamiliar en manzana (tres alturas); que dichos usos no se ajustan a la realidad existente, ?edificaciones plurifamiliares, cinco alturas lo que provoca una incompatibilidad entre ambos; que todo ello conlleva una diferencia de valor en los suelos, de la que deberían ser indemnizados.
  
Cuarto
  
Que en fecha 1 de agosto de 2002, doña Desamparados y doña Trinidad Redal Sánchez y doña Amparo Hernandis Simarro, interpusieron recurso de Alzada contra el acuerdo referido alegando que las modificaciones introducidas tras la aprobación provisional requerían nuevo periodo de información pública; que el Plan General de Alzira había cambiado la clasificación de sus terrenos pasando de ?Suelo Urbano, espacio libre de sistemas generales- a Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agrícola, lo que conlleva la obligación de indemnizarles por importe de 78.345.922`27 euros.
  
Quinto
  
Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2002, esta Conselleria, dio traslado de los citados recursos al Ayuntamiento de Alzira, para que en el plazo de 15 días, conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, pudiera alegar cuanto estimase conveniente, no habiendo recibiendo informe de dicha Entidad Local.
  
Sexto
  
Los servicios territoriales de Urbanismo de Valencia, en fecha 13 de septiembre de 2002, en relación con el objeto del presente expediente, emitieron informe proponiendo la desestimación de los recursos.
  
Séptimo
  
El Área jurídica de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 21 de enero de 2003, informó favorablemente la desestimación de los presentes recursos de alzada.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Los recursos de alzada deducidos son admisibles puesto que se interpusieron en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el artículo 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (en adelante LRJAPC) modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en consecuencia procede entrar en el fondo de las cuestiones que en el mismo se plantean.
  
Los presentes recursos de alzada tienen una íntima conexión e identidad sustancial entre sí, por lo que procede su acumulación, de conformidad con lo establecido en el art. 73 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Segundo
  
El objeto de los recursos interpuestos es la revocación del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de fecha 21 de diciembre de 2001, por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación de Alzira, en el sentido que se modifique la clasificación del suelo de los terrenos de los recurrentes y tipología de edificación, o en su defecto que se les indemnice.
  
Tercero
  
En cuanto al primero de los motivos, referente la disconformidad con la clasificación, tipología y usos, que el Plan General ha otorgado a los terrenos de los recurrentes, indicar que nos encontramos ante el ejercicio del ?Ius variandi- tantas veces reconocido por la Jurisprudencia. El fundamento de ius variandi se encuentra en la necesidad de adoptar las previsiones urbanísticas y de dar respuestas que demandan los nuevos requerimientos del espacio físico urbano (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1992, Aranzadi 4145) Los planes, dice el Tribunal Supremo en su Sentencia de 19 de febrero de 1987, no se trazan en función de los propietarios del suelo, sino de los ciudadanos y de las necesidades colectivas. Proyección de aquel principio resulta el de la presunción de legalidad de la actuación administrativa que tienda o pretenda cubrir déficit, estableciendo nuevas dotaciones urbanísticas. De esta manera, las coordenadas del interés general se cierran con la exigencia de racionalidad de las nuevas decisiones urbanísticas, que las situaciones fácticas estén valoradas correctamente, que la utilización del suelo sea coherente con las necesidades objetivas de la comunidad y se formule una adecuada ordenación territorial y un correcto ajuste a las finalidades perseguidas, que la decisión planificadora guarde coherencia con la realidad de los hechos (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 1ª, de 19 de mayo de 2001, Aranzadi 1984.
  
La potestad planificadora de la administración afecta indudablemente, en ocasiones, al derecho de los propietarios del suelo afectado. Debe decirse que la facultad de alterar la planificación tiene perfecta cobertura constitucional y está anclada en el artículo 33 (que habla de la función social de la propiedad) y en el artículo 45 (referido al medio ambiente, la calidad de vida y la utilización racional de los recursos) de la Constitución Española. De esta manera, la concepción dinámica de la estructura jurídica urbana impide hablar de derechos adquiridos en el sentido clásico del término, a tenor de reiterada jurisprudencia, al decir que: «Frente al plan no existen derechos adquiridos» o que «frente a la actuación del ?ius variandi- los derechos de los propietarios no son un obstáculo impediente, ya que el plan puede afectar a terrenos ya ordenados, bien para conservar su situación urbanística, bien para modificarla, por lo que prescindiendo del grado de desarrollo de la planificación, su sola existencia no impide la posterior modificación.
  
Que, por otro lado, es doctrina consolidada en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, partiendo del estudio de los artículos 137 y 140 de la Constitución Española, que la concreción y limitación de la extensión del control de la comunidad autónoma en el momento de la aprobación definitiva, no puede recaer sobre aspectos discrecionales de la potestad de planificar, correspondientes a intereses puramente locales, respecto de los cuales ha de prevalecer el modelo físico diseñado por el municipio con la legitimación democrática que supone la participación ciudadana desarrollada a lo largo del trámite procedimental. (Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 62/2000 Santa Cruz de Tenerife, Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo), de 20 enero de 2000, Aranzadi 2000/1339; Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 17 de octubre de 1995, Aranzadi 7704 y, de fecha 22 de junio de 1999, Aranzadi 5521).
  
Que recientemente el Tribunal Supremo ha acotado un poco más la función de control autonómico sobre los entes locales, fijando que ?La indudable implicación de intereses supramunicipales en esta actuación no significa una privación al Ayuntamiento de Valencia de sus competencias para decidir los usos a que destina el territorio incluido el citado programa de actuación urbanístico, que siguen siendo de naturaleza estrictamente local y en los que, en consecuencia, la Generalitat Valenciana no puede imponer sus decisiones basadas en puros criterios de oportunidad?. (Sentencia del Tribunal Supremo, 20 de junio de 2002, Aranzadi 5732).
  
En general y a la vista de las cuestiones formuladas por los recurrentes, hay que considerar que éstas son de competencia estrictamente municipal, por lo que no cabe entrar en su contenido y no debe el órgano autonómico cuestionar la interpretación del interés público local formulada por el Municipio desde la representatividad que le confiere su legitimación democrática, tal y como prescribe el artículo 40.2 de la LRAU.
  
Que en relación con la falta de exposición pública de las modificaciones introducidas tras la fase de información publica recordar el artículo 38.2.A) de la LRAU, por cuanto establece que no será preceptivo reiterar el trámite de información pública, ni aun cuando se introduzcan modificaciones sustanciales, así como el artículo 58.3 de la LRJAPC, por cuanto que fija que las notificaciones que omitan algunos de los requisitos previstos en la propia Ley, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.
  
Cuarto
  
Respecto a la indemnización solicitada por los propietarios de la calle Dr. Ferrán de Alzira, derivada de la reducción de alturas en dicha calle, manifestar que dicha alteración no puede dar lugar a indemnización, habida cuenta que sólo a los recurrentes le es imputable la no materialización del aprovechamiento que le correspondía durante los años de vigencia del Plan. Que esta manifestación se corrobora con las propias fotografías acompañadas por los recurrentes al recurso, en donde se puede comprobar que existen edificios lindantes que tienen cinco alturas, lo cual acredita que otros propietarios de la calle Dr. Ferrán, a diferencia de los recurrentes, en pleno ejercicio de sus derechos, han materializado el aprovechamiento que les correspondía en el tiempo de vigencia del Plan General de Ordenación.
  
Que respecto a la indemnización instada por doña Desamparados y doña Trinidad Redal Sánchez y doña Amparo Hernandis Simarro, indicar que ésta ya se encuentra instada y tramitada ante el propio Ayuntamiento de Alzira, por lo que la reclamación de una nueva indemnización podría dar lugar a un enriquecimiento injusto por parte de las recurrentes.
  
Que, en cualquier caso, ninguno de ellos pueden ser acreedores de derecho indemnizatorio alguno puesto que no han acreditado encontrarse entre los supuestos previstos en el artículo 41 de la Ley 6/1998 del Régimen del Suelo y Valoraciones, que es el único encuadrable dentro de su petición.
  
Que tal y como se establece en las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 31 de octubre de 1994 (Aranzadi 7673) y de fecha 17 de julio de 1997 (Aranzadi 6226), las indemnizaciones exigen la existencia de una lesión, física o moral, o de un daño, traducible en una indemnización económica individualizada, constituye el núcleo esencial de tal responsabilidad patrimonial. Tal daño ha de ser real y efectivo, no traducible a meras especulaciones o simples expectativas y pesando sólo al interesado la carga de la prueba del mismo, siendo necesario consolidar la existencia de los daños y perjuicios.
  
En el presente caso, habida cuenta que la reclamación de indemnización solicitada se realiza de forma genérica y abstracta, sin fijar de forma individualizada los perjuicios económicos sufridos, o sin acreditarlos, es decir sin cumplir los requisitos básicos e ineludibles que proclama el artículo 139.2 de a Ley 30/1992, no procede su admisión, debiendo tramitarse de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 429/93 por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en materia de Responsabilidad Patrimonial.
  
Que es preciso, a modo de colofón, invocar la nutrida doctrina jurisprudencial recogida en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1.991 (Aranzadi 2225), entre otras, respecto a los criterios de indemnización los cuales deben ser interpretados siempre con carácter excepcional y restringido.
  
Quinto
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es competente para resolver los recursos interpuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, y el Decreto 77/1996, de 16 de abril del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de Organos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Desestimar los recursos de alzada interpuestos por los propietarios de la calle Dr. Ferrán de Alzira, doña Cecilia Marrades, Nº 75 de la calle Dr. Ferrán, don José Bernardo Oliver Pau, Nº 79-B, doña Mª Carmen Pau Viñals, doña Milagros Martínez, Nº 33 don Rafael Lozano, N 29-B, doña Ana Sansaloni, Nº 3, doña Raquel Sierra 3-B, doña Sara Valle, Nº 37-B, don Ramón Palacios Cortés, Nº 2, doña Agustina Palacios Cortés, 27-1º, don José Calvo Caro, Nº 17, don José Estarlich Ortega, Nº 25, don Rafael Matoses Torres, Nº 7-Bajo, doña Amada-María Sansoloni, Nº 45-Bajo doña Josefa Sansaloni, Nº 45-Bajo, doña Concepción Oliver, nº 19, don Ismael Ortí, Nº 51, doña Inés Cebolla Nº 2, don Bernardo Mira, Nº 53, doña Amparo Feria, Nº 69, Doña Bernarda Castín, Nº 47, y por Doña Desamparados Redal Sánchez, doña Trinidad Redal Sánchez y doña Amparo Hernandis Simarro, contra el acuerdo dictado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2001, por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Alzira, (Valencia).
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.