Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6413, del 09-12-2010 (2010/13538)

ORDEN 16/2010, de 1 de diciembre, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas a programas de atención a menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales en medio abierto, para el ejercicio correspondiente al año 2011.
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Número DOGV
:   6413

Fecha DOGV
:   09-12-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2010/13291


Fecha del documento
:   01-12-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda pública

ORDEN 16/2010, de 1 de diciembre, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas a programas de atención a menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales en medio abierto, para el ejercicio correspondiente al año 2011. [2010/13011]
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, atribuye a las comunidades autónomas la competencia en la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores en el ejercicio de su función jurisdiccional, si bien contempla la posibilidad de que establezcan los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, de la administración del Estado, local o de otras comunidades autónomas, o privadas sin ánimo de lucro, para el ejercicio de estas atribuciones.
En el ámbito de la Comunitat Valenciana, la ejecución de estas medidas corresponde a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 19/2009, de 3 de noviembre, del president de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, y el artículo 23 del Decreto 198/2009, de 6 de noviembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.
La mayoría de las medidas que suelen adoptar los jueces de menores no requiere el ingreso de estos en un centro de reeducación. Este tipo de medidas, que se ha dado en llamar de medio abierto, permite llevar a cabo todas las actuaciones previstas en su proyecto individualizado de ejecución sin separar a los menores de su entorno sociofamiliar, utilizando los recursos normalizados del ámbito comunitario. Su idoneidad para llevar a cabo intervenciones educativas con menores infractores es manifiesta; tanto es así que la propia Ley Orgánica 5/2000, en su artículo 7.2, dispone que las medidas de internamiento deben ir seguidas, siempre y en todos los casos, de un periodo de libertad vigilada.
A través de esta orden, se convocan y regulan ayudas destinadas a financiar programas de atención a menores y jóvenes sujetos a alguna de las medidas judiciales de medio abierto previstas en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
Las presentes ayudas no afectan a la libertad de competencia establecida en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Comunidad Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.
Por todo ello, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, y el Decreto 206/2009, de 13 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, modificado mediante el Decreto 22/2010, de 22 de enero, del Consell.
ORDENO
Título i
Ayudas y subvenciones
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1. Objeto
El objeto de esta convocatoria es regular y convocar en régimen de concurrencia competitiva ayudas económicas destinadas al sostenimiento de los programas de intervención y reinserción social de menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales de medio abierto para el año 2011, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
Artículo 2. Conceptos subvencionados
Las ayudas económicas a que se refiere la presente orden se destinarán al pago de los salarios y seguridad social de los profesionales que intervienen en los programas y a cubrir los gastos de sostenimiento de estos.
Artículo 3. Exclusiones
Quedan expresamente excluidos de las ayudas contempladas en esta orden los conceptos correspondientes a otros ejercicios económicos, las cuotas pagadas por las personas físicas a las asociaciones o federaciones y los gastos suntuarios.
CAPÍTULO II
Beneficiarios
Artículo 4. Solicitantes
Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas ayudas:
- los municipios
- las mancomunidades
- las instituciones privadas sin ánimo de lucro
Artículo 5. Requisitos de las entidades solicitantes
1. Las entidades solicitantes deberán reunir, con carácter general, los siguientes requisitos:
a) Inscripción en el Registro General de los Titulares de Actividades, Servicios y Centros de Acción Social de la Comunitat Valenciana
- Instituciones privadas sin ánimo de lucro: tendrán que estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el citado registro previamente a la concesión de la ayuda. No obstante, si no están inscritas en el momento de la solicitud, la correspondiente Dirección Territorial Justicia y Administraciones Públicas informará, en la plantilla técnica de estudio, si los fines de actuación de la entidad solicitante se adecuan al ámbito de la subvención solicitada.
- Entidades locales: se entienden registradas de oficio, estando exceptuadas de acreditar dicho requisito.
b) Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
- Las entidades solicitantes no podrán estar incursas en las prohibiciones que se establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.
2. Las instituciones privadas sin ánimo de lucro deberán, además:
a) Tener como fin en sus estatutos la realización de actividades relacionadas con el objeto de estas ayudas.
b) Acreditar la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Artículo 6. Criterios de valoración de las solicitudes
Tendrán prioridad para la concesión de estas ayudas los programas presentados por entidades locales y los programas financiados por este mismo concepto en el ejercicio 2010 que hayan mostrado un mejor y más alto nivel de ejecución, siempre que reúnan los requisitos establecidos en esta orden para ser subvencionados.
En segundo lugar, los programas cuyo ámbito de actuación presente necesidades especiales a causa de su problemática social y, en particular, del número de medidas judiciales impuestas a menores de dicho ámbito en el ejercicio 2010.
En tercer lugar, aquellas entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que colaboren con la Generalitat en el terreno de la promoción e inserción social y laboral de los menores, con especial referencia a las actuaciones orientadas a la prevención de la delincuencia juvenil.
La valoración de las solicitudes se llevará a cabo de acuerdo con los criterios precedentes, a los que se atribuirá una ponderación relativa del 70%, 15% y 15%, respectivamente.
Artículo 7. Subcontratación de las actividades subvencionadas
La subcontratación se regirá por los procedimientos previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y específicamente en el artículo 17 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los contratos sujetos a regulación armonizada, y en todo caso, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Municipios y mancomunidades:
Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmente la actividad subvencionada, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En todo caso, los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la actividad subvencionada por la administración.
No se entenderá como subcontratación las actuaciones realizadas por voluntarios, siempre que las mismas estén contempladas en el programa solicitado.
Tampoco se considerará subcontratación la prestación de servicios por un profesional, sea o no de forma continuada, cuando el modo de pago se realice al mismo mediante factura.
2. Instituciones privadas sin ánimo de lucro:
Las instituciones privadas sin ánimo de lucro no podrán subcontratar ningún porcentaje de la actividad subvencionada.
No se entenderá como subcontratación la prestación de servicios por un profesional, cuando el modo de pago se realice por factura, ni las actuaciones realizadas por voluntarios, siempre que las mismas estén contempladas en el programa.
CAPÍTULO III
Importe de las ayudas
Artículo 8. Criterios generales en la determinación de la cuantía
El cálculo de la cuantía que se asignará a cada programa atenderá a los siguientes criterios:
1. Adecuación de los gastos:
Sólo se subvencionarán los gastos realmente previstos y adecuados al programa. En la plantilla técnica de estudio que cumplimentarán las direcciones territoriales podrá indicarse, en su caso, qué gastos de los cuales se solicita subvención no se consideran adecuados al objeto de ésta.
En el supuesto de que se solicite la subvención de programas que incluyan gastos por conceptos que no se dediquen de modo exclusivo a la actividad para la cual se solicita la ayuda, la entidad indicará en la solicitud qué porcentaje dedica al programa. Dicho porcentaje podrá ser utilizado en la justificación que se efectuará respecto a la subvención concedida, en su caso.
2. Referido a gastos de personal:
a) La retribución salarial del personal que debe desarrollar el programa, y que esté en situación regular de contratación, incluidos los gastos de seguridad social.
La subvención que se otorgue por este concepto no dependerá de la titulación de quien ocupa el puesto, sino de la que fuere necesaria para ocupar éste.
b) El importe máximo de la ayuda a subvencionar por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas será el 100% del coste.
3. Referido a gastos de sostenimiento, se observarán como criterios para identificar el gasto y su cuantificación:
a) El importe máximo de la ayuda a subvencionar por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas corresponderá a un 100% del importe a justificar.
Cuando se trate de entidades locales, dicho importe máximo será sólo del 65%; el restante 35%, hasta completar el 100%, deberá ser atendido por las entidades subvencionadas.
Podrán subvencionarse aquellos gastos que sean necesarios para la realización del programa, como seguros, tributos, gastos de local, teléfono, desplazamientos, obras de reparación y similares. A este respecto se tendrá en cuenta que:
- Se excluirán las sanciones a que haya habido lugar por incumplimientos fiscales y las cantidades correspondientes al impuesto del valor añadido, en el supuesto de estar exento del pago del mismo.
- Respecto a los gastos en concepto de desplazamientos del equipo que desarrolle el programa, sólo se observarán para aquellas entidades cuyo ámbito territorial de actuación sea superior al municipal.
Del mismo modo, podrán subvencionarse también como sostenimiento los gastos realizados por personal que presta sus servicios para la entidad de modo voluntario, y las prestaciones continuadas de servicios por profesionales, aún cuando éstas no cubran todo el periodo subvencionado.
4. Agrupación de conceptos:
Si estuviera justificado por las características del programa, y existe propuesta en tal sentido de la comisión de valoración, podrá concederse la subvención unificando los conceptos de personal y sostenimiento. No obstante, la resolución podrá indicar, respecto al personal subvencionado, el número mínimo y tipología que debe atender el programa.
TÍTULO II
Procedimiento
CAPÍTULO I
Iniciación del procedimiento
Artículo 9. Iniciación
El inicio y tramitación del procedimiento se ajustará a lo establecido en la presente orden y, con carácter general, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Artículo 10. Solicitud
1. Las solicitudes de ayuda de la presente convocatoria se presentarán por duplicado, debidamente formalizadas y suscritas por quien ostente la representación legal de la entidad titular del programa, según el modelo que figura en el anexo I.
El modelo incluye la Ficha de mantenimiento de terceros, que servirá para acreditar la titularidad de la cuenta a través de la cual el beneficiario desea percibir la ayuda.
2. Los modelos de solicitud se encontrarán a disposición de los solicitantes en las direcciones territoriales de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en las oficinas PROP y en la web de la Generalitat.
Artículo 11. Documentación
1. La documentación presentada será original o, si es copia, legalizada por notario, cotejada o compulsada.
2. La documentación a presentar, junto a la solicitud correctamente cumplimentada y firmada por un representante debidamente autorizado para ello, será la siguiente:
a) De modo general:
a.1) Todas las entidades:
- CIF de la entidad.
- Proyecto del programa a desarrollar, que podrá ser presentado en documento aparte o cumplimentando el apartado D del modelo de solicitud que figura en el anexo I de esta orden.
- Memoria del programa ejecutado, si la entidad fue subvencionada para llevarlo a cabo en el ejercicio de 2010, al amparo de la Orden de 25 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas a programas de atención a menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales en medio abierto, para el ejercicio correspondiente al año 2010, publicada en el DOCV nº 6162, de 10 de diciembre de 2009.
- Declaración responsable del solicitante en la que haga constar que no está incurso en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiario, señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18.11.2003) y que ha cumplido con la obligación del reintegro de subvenciones que, en su caso, se le hubiesen exigido. A estos efectos, bastará con cumplimentar debidamente el apartado I del modelo de solicitud que figura en el Anexo I de esta orden.
- Relación de los menores (nombre, apellidos y, en su caso, municipio de residencia) respecto a los que se hayan ejecutado o estén ejecutándose medidas judiciales a lo largo del ejercicio de 2010, con independencia de que la misma se haya iniciado en este ejercicio de 2010 o en otro anterior.
a.2) Las mancomunidades harán constar en la solicitud, de modo expreso, lo siguiente:
- Nombramiento de un representante o apoderado único, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario corresponden a la misma.
a.3) Las instituciones privadas sin ánimo de lucro deberán presentar, además, la siguiente documentación:
- Estatutos de la entidad, salvo que se trate de una entidad beneficiaria de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 25 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas a programas de atención a menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales en medio abierto, para el ejercicio correspondiente al año 2010.
- Si no estuviera inscrita, solicitud de la inscripción en el Registro General de Titulares de Actividades, Servicios y Centros de Acción Social de la Comunitat Valenciana.
- Declaración responsable del representante de la institución en la que se haga constar que se dispone de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos. A este fin, bastará con cumplimentar el apartado I del modelo de solicitud que figura en el anexo I de esta orden.
Artículo 12. Lugar de presentación
1. Las solicitudes de ayuda formuladas al amparo de la presente orden se presentarán, junto con la documentación requerida, en el Registro de la Dirección Territorial la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la provincia donde se desarrolle el programa para el que se solicita la subvención.
2. También podrán presentarse en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La presentación de las solicitudes en las oficinas de correos deberá ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la prestación de servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.
Artículo 13. Plazos de presentación
El plazo de presentación de solicitudes será un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Para dicho cómputo, se tendrá en cuenta que el día de finalización del plazo corresponderá al mismo ordinal del día en que se ha publicado esta orden. Caso de que no exista dicho ordinal, el plazo expirará el último día del mes. Si el último día fuera inhábil, se entenderá prorrogado el plazo al siguiente día hábil.
Artículo 14. Subsanación de la solicitud
1. Recibidas las solicitudes e incoado el expediente, las direcciones territoriales de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas las verificarán y podrán realizar de oficio las actuaciones que consideren necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.
2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación que resulte exigible de acuerdo con esta orden, se notificará a la entidad interesada la causa que impide la continuación del procedimiento y se le requerirá para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de archivo, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello de conformidad con lo que previene el artículo 71 de esta misma norma.
Esta resolución será dictada por el director o la directora Territorial de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Al adoptarse por delegación, indicará expresamente esta circunstancia y se considerará dictada por el órgano delegante, agotando la vía administrativa.
Contra la misma se podrá interponer recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma, plazo y condiciones que determina la ley reguladora de dicha jurisdicción.
Con carácter previo, se podrá interponer, potestativamente, y según proceda, recurso de reposición conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
CAPÍTULO II
Ordenación e instrucción del procedimiento
Artículo 15. Ordenación e instrucción
Recibidas las solicitudes, la Sección correspondiente las verificará y podrá realizar de oficio las actuaciones que considere necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.
En esta fase, a la vista de la documentación obrante en el expediente y de las obligaciones que se adquieran por la concesión de la ayuda, se podrá recabar los informes de los organismos y entidades que se estimen oportunos y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello.
Artículo 16. Estudio del expediente
Completo el expediente, se procederá a elaborar las plantillas técnicas de estudio, que serán firmadas por el director o la directora Territorial, y se remitirán junto al expediente a la Dirección General de Justicia y Menor. La Dirección Territorial mantendrá en su poder, en todo caso, uno de los ejemplares de la solicitud presentada por los interesados.
CAPÍTULO III
Finalización del procedimiento
Artículo 17. Propuesta
Recibido el expediente en la Dirección General de Justicia y Menor, junto a la plantilla técnica, será valorado por una comisión de valoración que se constituirá al efecto y que elevará propuesta de resolución a la consellera de Justicia y Administraciones Públicas.
Artículo 18. Comisión de valoración
1. La comisión de valoración estará compuesta por el director general de Justicia y Menor, que actuará como presidente; los directores territoriales de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas; el jefe del Área de Justicia Juvenil y Prevención de la Violencia, que actuará como secretario; el jefe del Servicio de Atención al Menor Infractor; el jefe de Sección de Medidas Judiciales y un técnico de esta unidad.
2. Dicha comisión elaborará propuestas de concesión o denegación de las ayudas que serán elevadas a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para que resuelva como estime procedente.
3. A la citada comisión de valoración podrá convocarse a los técnicos de las direcciones territoriales y/o de la dirección general que se considere oportuno.
Artículo 19. Resolución
1. El plazo máximo para tramitar, resolver y notificar las solicitudes sobre las ayudas recogidas en esta orden será de tres meses contados a partir de la fecha en que se hubieran hecho públicos los créditos para la financiación de las ayudas.
No obstante, si se desestimaran total o parcialmente algunas solicitudes por falta de consignación presupuestaria, y con posterioridad a la finalización del plazo de resolución se incrementaran los créditos destinados a financiar estas ayudas, dichas solicitudes podrán valorarse, resolverse y notificarse en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dé publicidad a este incremento.
2. En aquellos supuestos en que no se produzca resolución expresa en el plazo señalado, se entenderá que las solicitudes han sido desestimadas, a los efectos previstos por el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
3. El importe de las subvenciones concedidas no podrá, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar el coste de la actividad que han de desarrollar las entidades beneficiarias.
Artículo 20. Recursos
Contra las resoluciones dictadas por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas se podrá interponer recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma, plazo y condiciones que determina la ley reguladora de dicha jurisdicción.
Con carácter previo, se podrá interponer, potestativamente, y según proceda, recurso de reposición conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
TÍTULO III
Del pago y de la justificación
de las subvenciones
Artículo 21. Obligaciones
Las entidades subvencionadas deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Obligaciones generales:
a.1) Con posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda:
- Atender los pagos de las obligaciones que se contraen.
- Formalizar adecuadamente los documentos de seguimiento técnico y financiero contemplados en esta orden.
- Someterse a las actuaciones de comprobación respecto al programa subvencionado, facilitando la inspección, el control y el seguimiento de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y, en particular, de la Dirección General de Justicia y Menor o de sus unidades administrativas dependientes, con el fin de conocer cualquier aspecto de la actividad objeto de la subvención, especialmente, y a requerimiento de éstos, toda la información económica, fiscal, laboral, técnica y de cualquier tipo que les sea solicitada y tenga por objeto justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para la concesión de la subvención, la realización de las actividades o adopción del comportamiento que justifica el libramiento de ésta o bien la correcta aplicación de la suma librada a la finalidad prevista, sin perjuicio de la confidencialidad exigible.
- Someterse a las actuaciones de control financiero que corresponde a la Intervención General en relación con la subvención y ayudas concedidas.
- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.
- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
- Dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de los programas objeto de la subvención, haciendo constar explícitamente, cuando se haga difusión de los mismos, que el programa está «Subvencionado por la Generalitat, Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas».
- Reintegrar los fondos percibidos, en los supuestos y condiciones determinados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- No transferir el importe ni usar la subvención concedida en actividades que tengan lugar en otras comunidades autónomas, ni sufragar gastos de personal ni de sostenimiento de los representantes en otro u otros países extranjeros.
a.2) Durante todo el periodo subvencionado:
- Colaborar con la Generalitat en el ámbito del programa subvencionado, con la finalidad de favorecer su coordinación e integración en el campo del menor.
- No minorar ni anular la consignación que hubiesen previsto inicialmente en su presupuesto para este fin.
- Cumplir el objetivo y ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
- Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de las ayudas concedidas, en el plazo máximo establecido en la presente orden o las normas que sean de aplicación.
- Comunicar fehacientemente al órgano que concede la subvención la concesión de toda ayuda, con la misma finalidad, por parte de otros organismos públicos o privados. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
- Cumplimentar, cuando así sea solicitado, las memorias y documentos que el Ministerio de Sanidad y Política Social requiera para la tramitación o justificación de los fondos que dicho Ministerio destina a cofinanciar estos programas. Dichas memorias y documentos podrán ser solicitados antes o después de la resolución de la solicitud, tanto para presentar el proyecto a realizar, como para justificar la realización del mismo una vez finalizado.
Artículo 22. Sistema de pago
1. Por lo que se refiere al sistema de pago de las ayudas contempladas en esta orden, salvo que la legislación de la Generalitat permita otro régimen de libramientos, se aplicará el régimen general previsto en el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública, por los porcentajes máximos dispuestos en la misma.
2. Previamente al primer pago anticipado deberá haberse justificado la cuantía concedida por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas durante el ejercicio de 2010 si la hubiera, o bien, caso de no haberse justificado la misma en su totalidad, haber efectuado el reintegro de la cantidad que correspondiera o haberse iniciado el expediente de compensación de deuda que proceda. En todo caso, para que se actúe de este modo será necesario que, por un lado, dicha circunstancia haya sido constatada y declarada por la administración mediante resolución expresa motivada, que ya sea firme, dictada en un procedimiento con audiencia y notificación a la entidad interesada y, por otro lado, que los fondos a reintegrar hayan sido efectivamente librados por la Generalitat.
3. Las instituciones privadas sin ánimo de lucro que resulten beneficiarias de estas ayudas podrán optar por solicitar el pago de los gastos realizados en la ejecución del programa subvencionado mediante la presentación de las correspondientes justificaciones, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo III de esta orden. Para ello, deberán presentar en la Dirección General de Justicia y Menor la justificación de los gastos efectuados desde el 1 de enero de 2011 hasta el último día del mes anterior a la fecha de la resolución, dentro del plazo de los quince días siguientes a su notificación.
4. Para cobrar los gastos realizados en los meses posteriores, podrán presentar las justificaciones correspondientes, referidas, en todo caso, a periodos de tiempo de un mes natural, con anterioridad al día 15 del mes siguiente.
5. El director general de Justicia y Menor adoptará las medidas oportunas en relación con el procedimiento a seguir para justificar el gasto realizado en el mes de diciembre de 2011 por las instituciones privadas sin ánimo de lucro que opten por el sistema de pago previsto en los apartados 3 y 4 de este artículo.
Artículo 23. Garantías
1. Para la realización de los anticipos de pago previstos en el artículo anterior será necesario que el beneficiario de la subvención presente previamente garantías. A estos efectos, se entenderá por anticipos de pago las cantidades que sean libradas a favor del beneficiario con anterioridad a que éste justifique el gasto correspondiente.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los ayuntamientos y las mancomunidades, así como a las instituciones privadas sin ánimo de lucro cuya subvención no supere los 90.151'81 euros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat.
2. En caso de que sea necesaria la presentación de garantías, el beneficiario de la subvención vendrá obligado a aportar un aval bancario solidario con renuncia expresa al beneficio de excusión, o una póliza de aseguramiento suscrita con cualquier entidad oficialmente reconocida, por el importe de la cantidad anticipada. El aval se formalizará con antelación al primer anticipo y por el importe que corresponda, y no será necesaria ninguna garantía ulterior. La presentación de las garantías descritas será condición indispensable para poder efectuar el pago anticipado.
Para la constitución y tramitación de garantías, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; y la Orden de 14 de febrero de 1986, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.
Cualquiera que sea la forma elegida para formalizar la garantía, ésta deberá depositarse en los servicios territoriales de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la provincia correspondiente, los cuales harán entrega al beneficiario de la carta de pago acreditativa del depósito, que deberá ser presentada por éste en la Dirección General de Justicia y Menor, como requisito previo e inexcusable para el pago.
3. El importe de las garantías será un 100% de la cuantía total anticipada.
Artículo 24. Sistema de justificación de las ayudas y subvenciones
1. La justificación del gasto de las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden deberá referirse, como mínimo, al coste total estimado que se determinará en la resolución de concesión.
Dicha justificación se corresponderá siempre con el contenido del programa subvencionado, no siendo admisibles gastos de actuaciones que no estén específicamente contemplados en la descripción de aquél. La justificación por un importe menor a dicho coste hará que se minore proporcionalmente la ayuda concedida.
La forma de justificación será la siguiente:
a) En el caso de ayudas concedidas a entidades locales, dicha justificación se realizará mediante la presentación ante la correspondiente Dirección Territorial de Justicia y Administraciones Públicas de un certificado de obligación contraída o reconocida, o de pago ordenado, según modelo anexo II, recogido en esta orden.
Deberá acreditarse también el periodo trabajado, número y tipología del personal que ha ejecutado el programa, mediante los contratos de trabajo o certificado emitido por la entidad local. En el supuesto de personal compartido, deberán indicar en qué otro programa o servicio trabaja, y por cuánto importe y porcentaje se justifica en otras subvenciones concedidas.
b) En el caso de ayudas concedidas a instituciones privadas sin ánimo de lucro, la justificación del gasto consistirá en la presentación ante la correspondiente Dirección Territorial de Justicia y Administraciones Públicas, en su caso, de la siguiente documentación acreditativa del gasto efectuado:
b.1. Relación y documentos acreditativos del gasto correspondiente a la nómina de los trabajadores y pago a la Seguridad Social, según modelo anexo III.
b.2. Documentos y facturas de la cuantía del gasto efectuado en sostenimiento, adjuntando además relación de las mismas, asimismo según modelo anexo III.
b.3. Los gastos correspondientes al personal voluntario se justificarán mediante los recibos acreditativos del gasto efectuado, en los que se harán constar el nombre y apellidos del voluntario, DNI o NIF y su firma.
b.4. El gasto efectuado con motivo de la prestación continuada de servicios por un profesional se justificará mediante la factura emitida por el mismo. Dicha factura deberá incluir su titulación y el concepto por el que se emite.
2. Todas las facturas acreditativas del gasto realizado deberán reunir los requisitos recogidos en el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre (BOE núm. 27, de 1 de febrero de 2005)
3. Cuando la resolución de concesión diferencie los conceptos de personal y sostenimiento, en las justificaciones parciales presentadas respecto a la ayuda concedida se podrán unir, acumulándose, las cuantías correspondientes a personal y sostenimiento, siendo suficiente que en su conjunto cumplan el porcentaje requerido para efectuar el pago que proceda, ajustándose en la última justificación que se presente el porcentaje e importe procedente respecto a la cuantía concedida por conceptos y a justificar total, según lo dispuesto en la resolución de concesión.
4. En el supuesto de que la resolución de concesión unifique los conceptos de personal y sostenimiento, se podrá justificar la cuantía concedida en cualquiera de los conceptos hasta el importe total máximo a justificar.
5. La Administración podrá requerir de los beneficiarios de la subvención cuantos documentos, facturas, mandamientos de pago, etc., sean necesarios para justificar la cuantía del gasto efectuado de la ayuda concedida.
6. Los plazos y el sistema de justificación estarán en función de la forma de pago que se establezca. No obstante, la subvención concedida que incluya el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre deberá haberse justificado, como máximo a 31 de octubre de 2011, no pudiendo presentarse justificaciones de gasto efectuado en el ejercicio del año 2011 con posterioridad al 31 de enero del año 2012.
7. Excepcionalmente, la Dirección General de Justicia y Menor podrá admitir la documentación presentada fuera del plazo establecido en la presente convocatoria, acreditativa de la correcta realización de la actividad objeto de la subvención, siempre que el retraso obedeciera a causas debidamente justificadas en el expediente y no imputables al beneficiario de la subvención.
8. La entidad deberá conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
Artículo 25. Denegación, dejación sin efectos y minoración de las ayudas económicas
1. Podrán dictarse resoluciones de denegación de estas ayudas:
a) Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta orden.
b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de esta orden, previamente a la resolución de las mismas.
c) Por falta de adecuación de los fines de actuación de la entidad solicitante al ámbito de la subvención solicitada.
d) Por no disponer la entidad de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
e) Por no haber desarrollado de modo adecuado el mismo programa o haber justificado insuficientemente las ayudas económicas recibidas en el ejercicio de 2010 por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
f) Por tratarse de un programa que no responda específicamente a las características expresadas en esta orden.
g) Por tratarse de un programa que, por su naturaleza, sea propio de otros organismos, sin perjuicio de la necesaria colaboración para el caso de materias concurrentes.
h) Por tratarse de un programa para el que ya exista otra orden de ayudas específica o ya sea subvencionado, en todo o en parte y para el mismo objeto, por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
i) Por tratarse de un programa cuya realización ya esté suficientemente atendida por otras entidades a nivel local, provincial o comunitario.
j) Por haberse atendido otras solicitudes con mayor orden de prioridad, de acuerdo con los criterios establecidos en esta orden, y haberse agotado los créditos disponibles para resolver.
2. Podrán dictarse resoluciones de dejación sin efectos o minoración, de las ayudas concedidas y, en su caso, reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se dé cualquiera de las circunstancias contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Según lo dispuesto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando se alteren las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y se obtengan de modo concurrente subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones públicas u otros entes públicos o privados. En el supuesto de que la cantidad total percibida por la entidad sea superior al coste de la actividad subvencionada, podrá solicitarse el reintegro de la cuantía abonada que supere dicho coste.
c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de esta orden.
d) Si durante el intervalo temporal subvencionado existen periodos sin que el personal que consta en la resolución de concesión esté contratado para desarrollar el programa o servicio, o no lo atienda por cualquier otra circunstancia, tal como baja por enfermedad sin sustituir u otro motivo, la ayuda se minorará proporcionalmente. Queda exceptuado de este hecho el periodo de vacaciones reglamentarias, siempre y cuando el personal se mantenga en situación de contratación, aun cuando no sea sustituido.
e) Podrá dictarse una resolución de minoración o dejación sin efecto de la ayuda a una entidad cuando la falta de cumplimentación de las memorias y documentos que solicite el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad dé lugar a la imposibilidad de tramitar o justificar el convenio correspondiente entre la Generalitat y el citado Ministerio. Dicha resolución podrá efectuarse aún cuando se haya justificado el gasto objeto de la ayuda y efectuado el programa subvencionado.
3. Las cantidades que se deberán reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público a los efectos del procedimiento aplicable a su cobranza.
4. En los casos de nulidad, anulabilidad y rectificación de errores de los actos administrativos que sirvieron de base a la concesión de estas ayudas se estará a lo dispuesto en el capítulo I, del título VII, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Para la dejación sin efectos o minoración de las ayudas económicas se garantizará, en todo caso, por la Dirección Territorial de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, el derecho del interesado al trámite de audiencia.
6. El plazo para resolver y notificar será de seis meses contados a partir de que se inicie el expediente.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Las ayudas previstas en la presente convocatoria se abonarán con cargo al capítulo IV, línea de subvención «Medidas judiciales en medio abierto», código T2194000, del programa presupuestario 141.30 Justicia Juvenil y Prevención de la Violencia o su equivalente de los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, quedando condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicha anualidad. El crédito total máximo destinado al pago de estas ayudas en el Proyecto de Presupuestos de la Generalitat para dicho ejercicio es de 2.435.260 €.
Segunda
La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas publicará mediante resolución las dotaciones presupuestarias máximas para las ayudas convocadas, una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el Año 2011.
Tercera
En todo lo no regulado en esta orden se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991.
Cuarta
La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas no asumirá obligaciones que se deriven de la relación laboral del personal de los programas subvencionados, sino que serán los titulares de los mismos quienes responderán con carácter exclusivo.
Quinta
La concesión de una subvención al amparo de esta orden no conllevará obligación alguna por parte de esta Conselleria para próximos ejercicios.
Sexta
A esta orden se acompañan los siguientes anexos:
Anexo I: modelo de solicitud de ayuda de programas de atención a menores y jóvenes con medidas judiciales en medio abierto.
Anexo II: modelo certificación de justificación de obligación contraída, o reconocida, o de pago ordenado de entidades locales.
Anexo III: modelo de justificación de entidades privadas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Se autoriza a la Secretaría Autonómica de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y a la Dirección General de Justicia y Menor a elaborar las instrucciones de desarrollo de esta orden.
Segunda
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercera
Contra las bases de la presente convocatoria, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o bien puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente.
Valencia, 1 de diciembre de 2010
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía,
p. d. (R 30.07.2010, de la consellera de Justicia y Administraciones
Públicas, DOCV núm. 6323, de 02.08.10),
RAFAEL BLASCO CASTANY