Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6620, del 30-09-2011 (2011/9591)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 388/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6620

Fecha DOGV
:   30-09-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/9591


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Dénia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 388/2010. [2011/9591]  
Juicio verbal 000388/6066-XZQ  
De: Antonio Miguel Escrivá Galán.  
Procurador: Enrique Sastre Botella.  
Contra: Grupo Cebrián Urbana.  
En el presente procedimiento verbal seguido a instancia de Antonio Miguel Escrivá Galán frente a Grupo Cebrián Urbana, SL, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia número 187/2011  
Dénia, 25 de julio de 2011  
Vistos por mí, Javier Alba Marín, juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Dénia y su partido, los presentes autos de juicio verbal número 388/2010 seguidos entre partes, de una y como demandante, Antonio Miguel Escrivá Galán, representado por el procurador Enrique Sastre Botella y bajo la dirección jurídica del letrado Agustín Ferrer Peiró; y de otra, como demandado, la mercantil Grupo Cebrián Urbana, SL, que fue declarada en situación de rebeldía procesal. Ha sido objeto del proceso una reclamación de cantidad por responsabilidad extracontractual.  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. El procurador Enrique Sastre Botella, con fecha 8 de marzo de 2010, en nombre y representación de Antonio Miguel Escrivá Galán, presentó demanda de juicio verbal contra la mercantil Grupo Cebrián Urbana, SL, en la que reclamaba la cantidad de 886,01 euros, más los intereses legales y las costas del procedimiento.  
Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a la demandada, señalándole juicio para el día 19 de julio de 2011 y, llegado el día, compareció la actora pero no la demandada por lo que, habiendo sido citada en legal forma, se procedió a su declaración en rebeldía.  
  
Segundo. La demandante se afirmó y ratificó en su escrito de demanda, proponiendo como prueba la ratificación del informe pericial a cargo del perito Jacinto Lloret Ruiz, la cual fue admitida, y tras su práctica se declaró el pleito visto para sentencia.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. La parte demandante ejercita una acción de reclamación de cantidad derivada de la responsabilidad extracontractual en la que habría incurrido la sociedad demandada, por razón de los daños causados en la vivienda de la actora, sita en la calle La Pau, número 28, de Beniarbeig, a causa de las obras que ejecutó en un solar colindante con la misma, consistentes en la construcción de un edificio de nueva planta. Considera la actora que tales daños se produjeron con motivo de la conducta negligente de la demandada, por todo lo cual interesa se la condene al pago del importe de los citados daños, en total 886,01 euros, así como los correspondientes intereses legales y las costas del proceso.  
El demandado, a pesar de haber citado en forma, no compareció por lo que fue declarado en rebeldía.  
Segundo. En apoyo de su pretensión la actora presenta un informe pericial elaborado por el señor Lloret Ruiz que, llamado a deponer en el acto del juicio, se afirmó íntegramente en el mismo. En tal informe se refieren los daños causados en la vivienda propiedad de la demandante, sita en la población de Beniarbeig, consistentes en la aparición de grietas en la terraza y en el comedor, así como filtraciones en el tejado ocasionadas porque sobre el mismo se dejaron escombros y tablones.  
Aunque de forma escueta el perito manifestó en el acto del juicio que tales daños eran imputables a las obras de construcción que se llevaban a cabo en el solar colindante con la vivienda de la actora.  
Por otro lado, en el citado informe se procede a una cuantificación de los mismos que se fija en la cantidad reclamada de 886,01 euros.  
Por tanto, se considera probado tanto la existencia del daño, como la imputación de éste a la ejecución de las obras llevadas a cabo por la mercantil demandada, y la cuantificación económica del mismo.  
Tercero. El artículo 1902 del Código Civil dispone: El que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.  
El citado precepto viene a establecer la responsabilidad extracontractual o aquiliana, para cuya apreciación es necesaria la concurrencia de una serie de requisitos que, reiteradamente, han sido establecidos por la jurisprudencia. Así por ejemplo, entre otras muchas, la sentencia del Tribunal Supremo 182/2001, de 2 de marzo, señala que: «La responsabilidad por culpa extracontractual requiere para su apreciación, la concurrencia de una acción u omisión objetivamente imputable al agente, la culpa o negligencia por parte de éste, la realidad del daño causado y el nexo o relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño causado; de estos requisitos, unos (la acción y el daño causado) tienen naturaleza fáctica; otros (la culpa o negligencia y la relación de causalidad) tienen un marcado matiz jurídico.  
En el supuesto de autos ha quedado probada la acción culpable, esto es, la ejecución de obras, consistentes en la construcción de una edificación, llevadas a cabo por la sociedad demandada en el solar colindante con la vivienda de la actora, y la relación de causalidad entre esta acción imputable a la demandada y el daño producido, determinada por la naturaleza de tales obras susceptibles de provocar el resultado lesivo efectivamente producido y, por último, dado que igualmente ha quedado acreditada la cuantía de los daños, procede declarar la responsabilidad extracontractual de la mercantil demandada, estimar la demanda, y condenar a aquella al pago de los referidos daños en la cuantía de 886,01 euros.  
Cuarto. Respecto de los intereses solicitados, conforme a lo dispuesto en los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, procede la condena al pago del interés legal correspondiente de la cantidad reclamada, 886,01 euros, desde la fecha en que tuvo lugar la interpelación judicial, esto es el día 8 de marzo de 2010, hasta su completo pago.  
  
Quinto. De conformidad con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los procesos declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que hubiere visto rechazados todas sus pretensiones, salvo que se apreciaran serias dudas de hecho o de derecho.  
En el caso que nos ocupa procede, por tanto, la condena en costas a la parte demandada.  
Vistos los textos legales que se citan y demás preceptos de general aplicación al caso,  
  
Fallo  
Estimo íntegramente la demanda interpuesta por el procurador Enrique Sastre Botella, en nombre y representación de Antonio Miguel Escrivá Galán contra la mercantil Grupo Cebrián Urbana, SL, y condeno a la demandada a que, tan pronto sea firme esta resolución judicial, pague a la parte actora la suma de 886,01 euros, más los intereses legales correspondientes de dicha cantidad desde el día 8 de marzo de 2011 hasta su completo pago, con expresa imposición de las costas de este juicio a la parte demandada.  
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos y se notificará a las partes en la forma ordinaria, haciéndoles la prevención de no ser firme por caber contra ella recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado para ante la Audiencia Provincial de Alicante, en término de cinco días, previa consignación del depósito legalmente previsto, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.  
Publicación. En la misma fecha la anterior sentencia fue leída y publicada por el/la juez que la suscribe mientras celebraba audiencia pública. Doy fe».  
Y encontrándose dicho demandado, Grupo Cebrián Urbana, en paradero desconocido y en situación de rebeldía, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Dénia, 29 de julio de 2011.- La secretaria judicial: Esther Ferrer Cejalvo.