Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6406, del 26-11-2010 (2010/12177)

ORDEN 15/2010, de 18 de noviembre, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que convocan ayudas económicas para la extensión de la banda ancha en la Comunitat Valenciana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6406

Fecha DOGV
:   26-11-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2010/12430


Fecha del documento
:   18-11-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Orden

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda pública

ORDEN 15/2010, de 18 de noviembre, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que convocan ayudas económicas para la extensión de la banda ancha en la Comunitat Valenciana. [2010/12896]
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que constituyen la base tecnológica de la llamada «sociedad de la información y del conocimiento», están ya plenamente integradas en las diversas actividades sociales y económicas. Una integración que en la vertiente social está cambiando el modo en que las personas, las empresas y las administraciones se relacionan entre si y que, en la vertiente económica, constituyen, junto con la I+D+i y la inversión en capital humano, una parte de la llamada «economía del conocimiento», actualmente considerada como importante motor del crecimiento económico y del empleo a largo plazo.
El acceso a las infraestructuras y redes de telecomunicaciones de banda ancha es clave para la adopción, el desarrollo y la utilización intensiva de las TIC en la economía, en la administración y en la sociedad, y tiene una gran importancia estratégica, dada su capacidad de acelerar la contribución de las TIC al crecimiento y la innovación en todos los sectores de la economía y a la cohesión social y territorial.
Esta importancia ha sido recogida por la propia Comisión Europea que en su Comunicación al Consejo Europeo, de fecha 26 de noviembre de 2008 «Un Plan Europeo de Recuperación Económica»- COM(2008) 800 final, incluye, entre otras, y como intervención prioritaria, la consecución de una «Internet de alta velocidad para todos», dentro de la línea de acción de infraestructura y energía.
Por otra parte, los beneficios económicos y sociales de la banda ancha son tales que la no disponibilidad de la misma genera un grave desequilibrio entre aquellas personas y áreas geográficas que tienen acceso a los servicios de banda ancha y las que no lo tienen (lo que ha venido a denominarse brecha digital). Aunque son varias las razones de este desequilibrio, la más importante es la falta de infraestructuras de banda ancha. La experiencia de los últimos años demuestra, además, que esta brecha incluso se agranda con la innovación tecnológica, con la aparición de redes de nueva generación (NGA).
La presente orden es consecuencia del Plan de Acción para el Fomento de la Banda Ancha en la Comunitat Valenciana 2010-2013, aprobado por el Gobierno Valenciano en su reunión del 12 de noviembre de 2010, que recoge la voluntad del Consell de diseñar y ejecutar las políticas y las actuaciones necesarias en materia de infraestructuras y redes de telecomunicaciones en banda ancha que garanticen la cohesión social y la vertebración territorial, la integración de todos los ciudadanos en la sociedad de la información, y la consecución de un modelo de desarrollo económico que garantice un empleo estable y de calidad.
La orden y las actuaciones en ella previstas se inscriben asimismo en el Plan de Innovación y Modernización de la administración Pública Valenciana (Gobernanza 2013), aprobado por el Gobierno Valenciano en su reunión del 5 de febrero de 2010, que garantiza que todos los ciudadanos puedan relacionarse y comunicarse con la administración autonómica con la máxima calidad, inmediatez y seguridad, atributos propios de las comunicaciones en banda ancha.
El objetivo de esta orden es también perfectamente reconocible e integrable en los perseguidos por el Programa Operativo de la Comunitat Valenciana (FEDER 2007-2013).
Finalmente, con la orden se cumple lo previsto en la Adenda al Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de la Comunitat Valenciana para el desarrollo del Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones en el ámbito del Plan Avanza, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de fecha 22 de diciembre de 2008, y que se orienta a garantizar la existencia de una infraestructura de banda ancha en la Comunitat Valenciana.
Las actuaciones previstas en esta orden pueden ser consideradas como ayudas de Estado, por lo que las bases de la misma se han diseñado ajustándose al contenido de las directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (2009/C 235/04). Asimismo, se ha recabado informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de acuerdo a la disposición adicional primera de la Circular 1/2010 de la citada Comisión, previamente a su notificación a la Comisión Europea de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En consecuencia, las presentes ayudas no serán abonadas hasta la previa autorización por la Comisión Europea.
La orden recoge los principios en los que se apoya la estrategia de concesión de las ayudas: equilibrio y cohesión territorial, preeminencia de la iniciativa privada, transparencia, igualdad y no discriminación, neutralidad tecnológica, licitación abierta, acceso mayorista, no consolidación de posición dominante de ningún operador, difusión de los resultados y utilización de infraestructuras existentes. Asimismo, se dedica una atención preferente a la delimitación de las zonas de actuación, las zonas blancas, tal como se definen en las anteriormente citadas directrices comunitarias.
Por otra parte, dada la incesante innovación tecnológica y los nuevos servicios que aparecen en el mercado, cada vez más exigentes en el ancho de banda necesario, la brecha digital es una situación recurrente, es decir, que, resuelta en un determinado momento, puede volver a aparecer tras un intervalo de tiempo. Por ello, se desea que el efecto benéfico de los recursos públicos no se agote rápidamente y sea lo más duradero posible, de modo que las prestaciones de las infraestructuras financiadas no resulten superadas a medio plazo.
Por ello, la orden define unas ambiciosas prestaciones mínimas, siendo especialmente valoradas las propuestas de infraestructuras de telecomunicaciones que ofrezcan ya en la actualidad las más elevadas prestaciones así como un alto grado de escalabilidad para hacer posible su adaptación a las perspectivas de evolución de las necesidades de los usuarios.
Así pues, en virtud de todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en uso de las facultades que me otorga el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell -en su redacción dada por la Ley 12/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano-, previo sometimiento a información pública de la delimitación de las zonas geográficas objeto de la actuación, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 16 de septiembre de 2010), y a propuesta de la Dirección General de Modernización,
ORDENO
Primero
Se convocan ayudas económicas destinadas a fomentar las infraestructuras y servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha en la Comunitat Valenciana y se aprueban las bases por las que se rige esta convocatoria (anexo I), así como los modelos normalizados de solicitud y documentación necesarios (anexos II, III, IV y V).
Segundo
El importe global máximo estimado de estas ayudas será de 29.729.756 €. y se abonarán con cargo a los capítulos IV y/o VII del programa 49.65.89.552.29 o su equivalente de los presupuestos de la Generalitat de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, quedando condicionado dichos pagos a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los citados presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 26 de septiembre de 1994, sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto de la Conselleria de Economía y Hacienda.
Las ayudas podrán ser susceptibles de cofinanciación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en cuyo caso los adjudicatarios de las ayudas deberán de cumplir las normas de publicidad establecidas al efecto.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Las actuaciones incluidas en la presente orden se inscriben en las líneas 1 «Fomento de la banda ancha en zonas insuficientemente cubiertas» y línea 2 «Fomento de las redes de banda ancha de nueva generación» del Plan de Acción para el Fomento de la Banda Ancha en la Comunitat Valenciana 2010-2013, y en la Adenda Infraestructuras del Plan Avanza, firmada entre la Generalitat y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, las actuaciones se inscriben en el Eje 1, tema prioritario 13, actuación 2, «Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la cohesión social y la vertebración territorial» del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2007-2013 (FEDER).
Segunda
Las ayudas que se concedan en esta convocatoria no serán abonadas hasta el momento que la Comisión Europea las autorice o de que puedan considerarse autorizadas por la ausencia de decisión de la Comisión, de conformidad con lo previsto en el apartado 6 del artículo 4 del Reglamento (CE) del Consejo nº 659/1999 y del Decreto 147/2007 de 7 de septiembre, del Consell.
Tercera
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales de las personas solicitantes recogidos en el transcurso del presente procedimiento de concurrencia competitiva, serán incluidos en un fichero automatizado titularidad de la Dirección General de Modernización, con domicilio en la calle Colón, 66, CP. 46836 Valencia (España), y cuya finalidad será resolver la concesión de las ayudas dirigidas a fomentar la banda ancha en la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Se autoriza al director general de Modernización a dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el desarrollo de la presente orden.
Segunda
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercera
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes de conformidad con lo establecido en el artículo 116 y siguientes de la LRJPAC.
Valencia, 18 de noviembre de 2010
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas,
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA
ANEXO I
Bases de la convocatoria
Artículo 1. Objeto
1. Es objeto de la presente orden realizar la convocatoria de ayudas económicas para fomentar las infraestructuras y servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha en las zonas de la Comunitat Valenciana insuficientemente cubiertas.
2. Las ayudas están dirigidas a:
A) Reducir la brecha digital entre los entornos rurales y aislados, más desfavorecidos en cuanto al acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, y el urbano de la Comunitat Valenciana, mediante actuaciones dirigidas a promover la oferta de estos servicios a los ciudadanos de las zonas rurales y aisladas, en condiciones técnicas y económicas similares a los que se ofrecen en las zonas urbanas.
B) Impulsar el desarrollo de la banda ancha de muy alta velocidad.
Artículo 2. Tipos de proyectos objeto de ayuda
1. Cada proyecto susceptible de obtener ayuda estará encuadrado en una de las líneas de actuación que se describen a continuación:
Línea A: Extensión de los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha.
Se trata de extender los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha a los usuarios de las zonas o áreas geográficas, principalmente rurales y aisladas, en las que actualmente no existen infraestructuras para proporcionar dichos servicios a precios asequibles, ni planes para su despliegue en los próximos tres años por parte de ningún operador, es decir, zonas blancas de banda ancha tradicional, tal como se definen en las directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (2009/C 235/04). A estos efectos, se ha considerado como velocidad límite para la delimitación de estas zonas la de 1 Mbps (en el sentido red-usuario).
Las zonas de actuación de cada proyecto se corresponderán con una, varias o todas las entidades de población de las antedichas zonas blancas pertenecientes a una misma provincia de la Comunitat Valenciana que no tengan una población censada superior a los 20.000 hab. y, dentro de dichas entidades, a la parte sin cobertura, hasta alcanzar a la práctica totalidad de las viviendas y locales comerciales o industriales de la zona, con las siguientes características:
I. Prestaciones del servicio al usuario final:
- Velocidad nominal red-usuario: = 3 Mbps (preferiblemente 6 Mbps).
- Velocidad nominal usuario-red: = 300 Kbps.
- Tasa de disponibilidad de acceso: = 99%
- Factor de agregación: aquel que teniendo en cuenta la eficacia estadística aplicable resulte en una calidad de servicio similar al de la oferta mayoritaria de acceso a banda ancha existente en España..
II. Precios máximos al usuario final:
- Cuota de alta: la correspondiente según la propuesta comercial del operador en las zonas urbanas para el mismo tipo de acceso vigente en el momento de la contratación.
- Cuota mensual: la correspondiente según la propuesta comercial del operador en las zonas urbanas para el mismo tipo de acceso vigente en el momento de la contratación.
III. Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA). Los proyectos deberán incluir una propuesta de Acuerdo de Nivel de Servicio tipo que defina la calidad de las prestaciones que el operador garantiza a los usuarios finales de los servicios.
En la sección de la Dirección General de Modernización del portal web de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas () se facilita la relación de las entidades de población que cumplen, total o parcialmente, dichos requisitos, con indicación del porcentaje de población actualmente cubierta. Las actuaciones objeto de ayuda se corresponderán con las dirigidas a la parte de población sin cobertura.
Además de estas entidades de población, los solicitantes podrán proponer otras en las cuales puedan acreditar el cumplimiento de los requisitos anteriores y, por lo tanto, puedan ser consideradas como zonas blancas.
Los proyectos pueden tener carácter plurianual, siendo el plazo máximo de ejecución el 31 de diciembre de 2013.
Línea B: Impulso al desarrollo de banda ancha de muy alta velocidad.
Esta actuación está orientada a impulsar la introducción y desarrollo de nuevas infraestructuras de banda ancha de muy alta velocidad (velocidad red-usuario = 50 Mbps.), denominadas redes de nueva generación (redes NGA).
El ámbito territorial de cada uno de estos proyectos será elegido entre las zonas en las que no existan dichas infraestructuras, ni se prevea su despliegue por parte de ningún operador en los próximos tres años, es decir, las denominadas zonas blancas NGA en las directrices comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha (2009/C 235/04), ni competencia en infraestructuras (redes xDSL y redes de cable) y en las que se constate, además, la insuficiencia de los servicios existentes para satisfacer las necesidades de los usuarios empresariales o privados.
En la sección de la Dirección General de Modernización del portal web de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (http://www.cjap.gva.es/portal/web/dgmod/dgmod) se facilita la relación de municipios en los que ya existen infraestructuras de redes de nueva generación o planes para su despliegue en los próximos tres años o competencia en infraestructuras (existencia de redes xDSL y redes de cable), las cuales tienen en principio la consideración de zonas de actuación excluidas. En consecuencia, el resto de las zonas de la Comunitat pueden considerarse zonas blancas NGA, salvo que el solicitante pueda acreditar lo contrario ya sea en relación con todo un municipio o con una parte diferenciada del mismo.
Las zonas de actuación de cada proyecto se corresponderán con una, varias o todas las entidades de población o entornos de las antedichas zonas blancas NGA pertenecientes a una misma provincia de la Comunitat Valenciana. Los proyectos se dirigirán preferentemente a entornos empresariales (polígonos o parques industriales) aunque también podrán incluir las zonas residenciales que puedan estar en el entorno del parque o polígono industrial.
La Generalitat, mediante esta línea de ayudas, quiere también adquirir el conocimiento, tanto de la parte técnica de la solución desplegada como de la parte relacionada con la explotación comercial de estas tecnologías.
Los proyectos pueden tener carácter plurianual, siendo el plazo máximo de ejecución el 31 de diciembre de 2013.
2. En ambos tipos de proyectos se entenderá que el operador ofrece cobertura en una ubicación cuando exista el compromiso de facilitar la conexión inicial en un plazo máximo de 60 días y una indemnización razonable al usuario en caso de incumplimiento.
3. Las actuaciones anteriores se regirán por los principios de equidad y cohesión territorial, preeminencia de la iniciativa privada, libre competencia, coordinación a distintos niveles entre las administraciones públicas, coordinación con la situación actual de las infraestructuras y servicios disponibles en cada zona, neutralidad tecnológica y gradualidad.
4. La presente orden no prescribe el despliegue de una solución tecnológica concreta, siendo los solicitantes de las ayudas los que deberán expresar y motivar en los proyectos la solución tecnológica más adecuada para cada ámbito territorial.
5. Los beneficiarios de las ayudas quedarán obligados a ofrecer a los demás operadores un acceso mayorista efectivo a las infraestructuras subvencionadas por un periodo mínimo de siete años. Los precios de dicho acceso deberán tener como referencia los precios mayoristas fijados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones al operador con peso significativo de mercado, para servicios similares. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a solicitud de terceros operadores interesados, podrá intervenir dictando instrucciones para el efectivo cumplimiento de dicha obligación, teniendo en cuenta las condiciones de mercado y la ayuda recibida.
6. En el anexo III se establece el contenido de la memoria técnica y económica que los solicitantes deberán aportar para cada uno de los Proyectos.
7. Para ambas líneas no se fijan presupuestos mínimos ni máximos de los proyectos que opten a las ayudas reguladas por esta orden.
8. La asignación inicial del crédito para cada una de las líneas de actuación es la siguiente:
a) Línea A. Extensión de los servicios de banda ancha: 74.849.899 €.
b) Línea B. Impulso al desarrollo de banda ancha de muy alta velocidad: 2.000.000 €.
En caso de que en alguna línea de actuación no se cubriera la totalidad del crédito disponible, los excedentes serán asignados automáticamente a la otra línea.
Artículo 3. Régimen normativo de las ayudas
1. Las ayudas se otorgarán en la modalidad de subvención a fondo perdido
2. El procedimiento para la concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, tal como establece el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.
3. En lo no contemplado en estas bases, serán de aplicación la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, y demás disposiciones que resulten de aplicación.
4. La presentación de la solicitud para optar a estas ayudas implica la plena aceptación por el solicitante de las bases por las que se rige esta convocatoria.
Artículo 4. Intensidad máxima de ayuda. Compatibilidad de las ayudas
1. Se entiende por intensidad de ayuda el importe bruto de la misma, expresado en porcentaje de los costes subvencionables del proyecto. Todas las cifras empleadas se entenderán antes de deducciones fiscales o de otro tipo.
2. La intensidad máxima de las ayudas previstas en esta orden no podrá superar el 50% del coste de todos los conceptos subvencionables ni las previsiones de déficit comercial del proyecto a largo plazo en ausencia de subvenciones.
3. El importe de la ayuda para cada proyecto será fijado en el proceso de evaluación de las solicitudes. En todo caso, este importe será menor o igual al límite de intensidad de ayuda fijado en el apartado anterior. Para evitar una sobrecompensación posterior, las resoluciones de otorgamiento de las ayudas incluirán una cláusula de revisión del importe de la ayuda que contemple la devolución de la parte causante de dicha sobrecompensación, en función del tipo de proyecto y de las incertidumbres de previsión de la demanda.
4. Las ayudas otorgadas al amparo de la presente orden no son compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.
Artículo 5. Ámbito objetivo. Elementos y actuaciones subvencionables
Relacionados con el mismo y que se realicen desde la presentación de la solicitud hasta la finalización del proyecto.
2. Son subvencionables los siguientes elementos y actuaciones asociados exclusivamente al proyecto:
a) Gastos de personal.
b) Suministro e instalación de aparatos y equipos.
c) Subcontrataciones para la realización de trabajos objeto de la ayuda.
d) Material fungible permanentemente destinado al proyecto.
e) Gastos de promoción y difusión.
f) Infraestructuras y obra civil.
3. El gasto derivado de la elaboración del informe de auditor mencionado en el artículo 18 de la presente orden, tendrá la consideración de gasto financiable hasta el límite del uno por ciento del presupuesto financiable, sin exceder los 6.000 euros por proyecto.
4. En el caso de subcontrataciones, cuando el coste subvencionable de la actuación que se pretende subcontratar supere las siguientes cuantías:
- 12.000 €, para el suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, o
- 30.000 €, en el supuesto de coste por ejecución de obra,
el beneficiario deberá solicitar, con carácter previo a la contracción del compromiso de subcontratación, un mínimo de tres ofertas de otros tantos proveedores, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de empresas o entidades que suministren o presten los bienes o servicios que se subcontratan.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 17 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público cuando los contratos subcontratados lo sean de regulación armonizada.
5. En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
6. Tampoco serán elegibles, en ningún caso, las inversiones y gastos que se hubieran comprometido o realizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de la ayuda.
Artículo 6. Ámbito subjetivo. Beneficiarios de las ayudas
1. Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de operador habilitado para la prestación de los servicios de acceso a la red, telefonía y acceso a Internet en España, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
2. Podrán ser también beneficiarios las personas físicas o jurídicas que manifiesten de forma inequívoca su compromiso de adquirir la anterior condición de operador habilitado en el momento que deban prestar los servicios de comunicaciones electrónicas en los proyectos de los que hayan resultado beneficiarios.
Artículo 7. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios
1. Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que prohíben la obtención de tal condición, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Asimismo, no podrán ser beneficiarios de las ayudas convocadas en la presente orden los solicitantes que no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.
3. No podrán ser beneficiarias las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado común.
4. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de las presentes bases, comunique la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
5. El órgano instructor de las ayudas podrá requerir en cualquier momento del procedimiento cuanta información adicional estime necesaria para la acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de beneficiario, establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las bases que se aprueban por la presente orden.
6. La resolución de concesión notificará a los beneficiarios la obligación del cumplimiento de la normativa sobre los fondos que puedan cofinanciar las ayudas convocadas por esta orden. Como referencia para el cumplimiento de las obligaciones de información y comunicación indicadas, se podrá acudir a la guía práctica de comunicación relacionada con los fondos estructurales 2007-2013 de la Unión Europea, disponible en la página web de la Conselleria de Economía.
7. Las empresas que opten a las ayudas deberán acreditar la solvencia económica y financiera, así como la solvencia técnica o profesional, en los términos que se recogen en el artículo 10.4.h de estas bases.
8. Dicha acreditación, podrá realizarse por medio de cualesquiera de las formas que se establecen en el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Generalitat y su sector público.
Artículo 8. Modalidades de participación: Subcontratación
1. El coste de la subcontratación de una parte de un proyecto no podrá superar el 50 por ciento del coste total de éste.
2. Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda, según se indica en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad financiada.
3. No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurran algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 29.7 de la referida Ley General de Subvenciones.
4. Cuando la subcontratación exceda del 20 por ciento del importe de la ayuda y dicho importe sea superior a 60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y su celebración deberá ser autorizada previamente por el órgano concedente de la ayuda. En ausencia de autorización expresa, se entenderá autorizada la celebración del contrato por el órgano concedente de la ayuda, cuando se publique la resolución de la concesión.
Artículo 9. Órganos competentes para la instrucción y la resolución
1. El órgano competente para instruir será el director general de Modernización de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Asimismo, será el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, a efectos de lo previsto en el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. El órgano competente para resolver será la consellera de Justicia y Administraciones Públicas u órgano directivo en quien delegue.
Artículo 10. Plazo de presentación de solicitudes. Documentación
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
2. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en el artículo 35.f) de la LRJPAC, debiendo indicar en el formulario de solicitud el número de expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3. La solicitud tendrá que formalizarse según el modelo de solicitud incluido en el anexo II.
4. De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 165/2010 relativo a la supresión de aportar determinados documentos, la solicitud se acompañará con la siguiente documentación:
a) La memoria técnica y económica del proyecto, según modelo indicado en el anexo III.
b) Ficha de mantenimiento de terceros, según el formulario que figura en el anexo II.
c) Copia compulsada del CIF de la entidad solicitante, así como del poder de representación suficiente o documento equivalente según las prescripciones legales, de la persona que firme la solicitud.
d) El correo electrónico, cuenta declarada por la empresa solicitante. Será el método preferente de contacto entre el órgano instructor de las ayudas y la entidad solicitante, por lo que ésta se comprometerá a mantener actualizada dicha dirección de contacto.
e) Acreditación de que el solicitante de la subvención se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
A este respecto, en el modelo de solicitud se hará constar la autorización para que el órgano instructor obtenga de forma directa, a través de certificados electrónicos, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Si no da esta autorización, el solicitante deberá aportar las certificaciones siguientes:
- Certificación positiva de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones.
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- Certificación de las direcciones territoriales de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, acreditativa de que el solicitante no tiene deudas de naturaleza tributaria con la Generalitat.
f) La acreditación de que el solicitante reúne la condición de operador habilitado para la prestación de los servicios de acceso a la red, telefonía y acceso a Internet en España, mediante aportación del certificado de estar inscrito en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, o bien indicando nombre, servicio y fecha de resolución que figura en dicho registro, para su comprobación por el órgano instructor.
g) En su caso, declaración responsable del solicitante (de conformidad con el art. 71bis de la Ley 30/92 LRJAC), por la que se compromete a adquirir la condición de operador habilitado para la prestación de los servicios de acceso a la red, telefonía y acceso a Internet en España, en el momento que deba iniciar la prestación del servicio.
h) La información o los documentos que permitan acreditar la solvencia técnica y económica y financiera del solicitante.
- Para la solvencia técnica:
· Relación de los proyectos ejecutados en los últimos tres años y la parte de ellos que se pueda considerar asociada al despliegue de redes e infraestructuras de telecomunicaciones de banda ancha, con indicación de sus fechas, importes y destinatarios públicos o privados de los mismos, a la que se incorporarán los correspondientes certificados.
· Relación del personal técnico responsable de la ejecución del proyecto. Esta relación se acompañará de los curriculos, el organigrama y las funciones asignadas a cada miembro del equipo.
Se considerará acreditada la solvencia técnica cuando se hayan realizado previamente proyectos de similares o superiores características en los últimos tres años, y se disponga de personal suficiente, en capacitación y número, para la realización del proyecto.
- Para la solvencia económica y financiera:
· Declaración apropiada de una entidad o institución financiera donde conste que el solicitante tiene solvencia económica suficiente para afrontar la ejecución del proyecto, con indicación del presupuesto estimado del mismo.
· Declaración relativa al volumen de las inversiones realizadas en los tres últimos años.
Se considerará acreditada la solvencia económica cuando el coste total del proyecto para el que solicita la ayuda sea menor que la mitad del volumen medio anual de las inversiones realizadas en los últimos tres años.
5. Las solicitudes de subvención junto con la documentación requerida deberán presentarse, preferentemente, en los siguientes registros:
a) Registro General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (c/ Santo Caliz, 2; CP: 46818, Valencia).
b) Registro de la Dirección Territorial de Justicia y Administraciones Públicas - Alicante (Rambla Méndez Núñez, 41 - Torre de la Generalitat -; CP: 03302, Alicante).
c) Registro de la Dirección Territorial de Justicia y Administraciones Públicas - Castellón (c/ Mayor, 76 - Casa dels Caragols -; CP: 12034, Castellón de la Plana).
6. La preferencia prevista en el apartado anterior no obsta lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuya virtud las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos y ciudadanas dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los siguientes registros:
a) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la administración general del Estado, a la de cualquier administración de las comunidades autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
7. Asimismo, la documentación referenciada en el apartado anterior podrá presentarse en cualquiera de las oficinas PROP que figuran enumeradas en el anexo V.
8. Si la solicitud no fuera presentada en los registro indicados en el apartado 5, se recomienda al solicitante remitir por fax copia de la solicitud al órgano gestor de la convocatoria (Dirección General de Modernización núm.: 679799757), indicando el número y la fecha de entrada al registro, y el órgano donde se ha presentado la solicitud.
9. Quienes así lo deseen, podrán realizar la presentación de la solicitud en forma telemática, y para ello se accederá al catálogo de servicios públicos interactivos de la Generalitat accesibles a través de y se seleccionará el servicio correspondiente.
Para poder acceder a este sistema telemático, la empresa solicitante deberá disponer del certificado de firma electrónica de entidad emitido por la ACCV . En el caso de que el solicitante sea una persona física, será necesario el certificado de firma electrónica de ciudadano, emitido por la ACCV .
10. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos y documentos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
11. Asimismo, el órgano instructor podrá requerir a la entidad solicitante cuanta documentación y/o información adicional relacionada considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación del proyecto o actuación.
12. A través de la sede electrónica del portal de la Generalitat , en el apartado zona personalizada, se podrán consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. Asimismo, la presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la aceptación para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través de dicha sede electrónica.
13. La publicación en la indicada sede electrónica de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas surtirá todos los efectos de la notificación practicada, según lo dispuesto en el art. 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva. Desde esta dirección de Internet, los interesados tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar las propias resoluciones.
14. Asimismo, la presentación de la solicitud de subvención implicará la aceptación de la inclusión del solicitante, en su caso, en la lista de beneficiarios que se publicará electrónicamente, o por otros medios, con el nombre de los proyectos y la cantidad de fondos públicos asignados a ellos.
Artículo 11. Instrucción
1. Recibidas las solicitudes, el órgano instructor las valorará, según los criterios establecidos en el artículo 12, pudiendo realizar de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.
2. En cualquier fase de la tramitación del expediente, a la vista de la documentación obrante en el mismo y de las obligaciones que se adquieren por la concesión de la ayuda, se podrán recabar informes de los organismos y de las entidades que se estime oportuno, así como efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello.
3. Con carácter general, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados en el curso del procedimiento se sustanciarán conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 12. Evaluación: órganos y criterios de evaluación
1. A fin de evaluar cada solicitud, se creará una comisión de valoración integrada por los siguientes miembros:
a) Presidente: el director general de Modernización.
b) Vocales:
- El jefe de Área de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
- La jefa de Servicio de Estudios, Proyectos y Planificación de las Telecomunicaciones.
c) Secretario: un funcionario de la Dirección General de Modernización, nombrado por su titular, con voz y voto.
2. La comisión evaluadora adaptará su funcionamiento a lo establecido en la convocatoria y, de manera subsidiaria, a las reglas contenidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Sólo se evaluarán los proyectos que cumplan con los siguientes criterios previos de elegibilidad:
a) El solicitante acredita reunir la condición de operador o su compromiso de adquirir esta condición, así como la solvencia técnica y económica necesaria para el desarrollo del proyecto.
b) El proyecto se adecua a los objetivos de la convocatoria.
4. La valoración técnico-económica se realizará en base a los siguientes criterios:
CRITERIO PUNTUACIÓN
A. Ayuda por usuario beneficiado 20
B. Calidad en la definición del proyecto
y adecuación del mismo 15
C. Características del servicio a los usuarios finales 15
D. Viabilidad económico-financiera 15
E. Plan de implantación y explotación 10
F. Características del acceso mayorista ofertado 10
G. Impacto económico y social 10
H. Plan de comunicación y estímulo de la demanda 5
TOTAL 100
A continuación se detallan cada uno de los criterios anteriores:
A. Ayuda por usuario beneficiado.
Se valorará la menor ayuda solicitada por usuario final beneficiado con la realización del proyecto, ponderado por las prestaciones de los servicios ofrecidos y las entidades beneficiadas. A estos efectos se contabilizarán como usuarios finales beneficiados:
- Línea A: los habitantes censados y los trabajadores o empleados de las empresas/instituciones a las que se les proporcione cobertura.
- Línea B: las empresas/instituciones y los trabajadores de los polígonos/parques industriales y, en su caso, a los habitantes censados a los que se proporcione cobertura.
B. Calidad en la definición del proyecto y adecuación del mismo.
Se valorarán los siguientes aspectos:
a) Delimitación geográfica y análisis de la situación. Se valorará la claridad de la delimitación geográfica de la zona de actuación y del análisis de situación en relación con su caracterización económica y la prestación de servicios de banda ancha en la misma.
b) Adecuación de la solución elegida. Se valorará la adecuación de la solución tecnológica y su escalabilidad o facilidad de ampliación para posibilitar su adaptación a las perspectivas de evolución de las necesidades de los usuarios.
c) Aprovechamiento de infraestructuras existentes. Se valorará el mayor grado de aprovechamiento de las infraestructuras existentes.
C. Características del servicio a usuarios finales.
Se valorarán los siguientes aspectos:
a) El incremento de la cobertura que se obtiene con la ejecución del proyecto, en términos de usuarios residenciales y no residenciales.
b) Los siguientes parámetros del servicio o servicios ofrecidos:
- Velocidad nominal red-usuario.
- Velocidad media red-usuario.
- Velocidad nominal usuario-red.
- Factor de agregación.
- Tasa de disponibilidad.
- Tiempo medio de suministro de la conexión inicial en las zonas cubiertas.
- Tiempo medio de reparación de averías.
c) El menor precio del servicio, particularmente el de la oferta más económica.
D. Viabilidad económico-financiera.
Se valorará la calidad y adecuación del plan de negocio.
E. Plan de implantación y explotación.
Se valorará la calidad y adecuación del plan para la implantación y explotación del proyecto.
F. Características del acceso mayorista ofertado.
Se valorará la concreción, amplitud, calidad, precio y difusión del servicio mayorista ofertado.
G. Impacto económico y social.
Se valorará la mayor incidencia sobre el desarrollo económico de la zona y su contribución al desarrollo social de sus habitantes en función de la inversión prevista.
H. Plan de comunicación y estímulo de la demanda.
Se valorará el plan para difundir el proyecto y fomentar la demanda en las zonas de actuación.
5. La puntuación total de la evaluación estará comprendida en el rango de 0 a 100 puntos. En ningún caso se concederán ayudas a aquellos proyectos cuya puntuación global no supere los 50 puntos o el 25 por ciento de la máxima puntuación asociada a cada criterio.
6. En los casos de proyectos con la misma puntuación, y a efectos de resolver el empate, se tendrá en cuenta la puntuación obtenida para cada criterio, siguiendo el orden en el que figuran en el artículo 12.4, hasta que se produzca el desempate. En caso de haber agotado los criterios y mantenerse el empate, tendrá preferencia la solicitud que se haya presentado antes.
7. Una entidad o un conjunto de entidades de población no pueden estar incluidas en más de un proyecto que resulte beneficiario. Por ello, la financiación de las acciones en la zona común a varios proyectos se incluirá sólo en el mejor valorado de éstos.
8. En los proyectos de la línea B, si es posible por el número de proyectos presentados, se procurará un adecuado reparto entre las diversas provincias de la Comunitat.
9. La Comisión de Evaluación trasladará al órgano instructor los resultados de las evaluaciones, el informe de la evaluación final y la propuesta de estimación o desestimación de las solicitudes de financiación de proyectos.
Artículo 13. Propuesta de resolución
1. El órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión de Evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará a los interesados, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
2. Se prescindirá del trámite de audiencia, no siendo necesaria la notificación de la propuesta de resolución provisional, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
3. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá incluir como mínimo:
a) La identidad del solicitante para el que se propone la concesión de la ayuda.
b) Proyecto para el que se propone la ayuda.
b) La cuantía de ayuda que se propone conceder.
d) El resultado de la evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
Artículo 14. Resolución definitiva y notificación
1. Elevada la correspondiente propuesta de resolución definitiva, el órgano competente dictará la resolución estimatoria o desestimatoria de concesión de las ayudas solicitadas. La resolución, además de contener la relación de solicitantes a los que se concede la ayuda hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación o la no concesión por desistimiento, renuncia o imposibilidad material reconocida, del resto de las solicitudes. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa.
2. La resolución vendrá debidamente motivada, para lo que incluirá las referencias a esta orden, así como a los informes del órgano instructor y de la Comisión de Evaluación. En el caso de las solicitudes estimadas se señalará también el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente orden. En el caso de las solicitudes desestimadas se indicará el motivo de desestimación.
3. El plazo máximo para tramitar, resolver y notificar las solicitudes sobre las ayudas recogidas en esta orden será de un mes contado a partir de la fecha en que se hubieran hecho públicos los créditos para la financiación de las ayudas. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes.
4. En la resolución estimatoria de concesión de las ayudas se hará constar:
a) Identidad de los beneficiarios de las ayudas concedidas.
b) Proyectos beneficiados, así como sus características y motivación.
c) Importe de las ayudas concedidas.
d) Condiciones técnicas y económicas que han de cumplir cada uno de los proyectos objeto de la ayuda concedida.
f) La documentación e informes técnicos y económicos que se deberán aportar para la justificación de la realización de cada uno de los proyectos objeto de la ayuda, así como los plazos para ello. En los casos en que la resolución de concesión de la ayuda lo requiera explícitamente, los beneficiarios deberán presentar un informe realizado por un auditor o empresa de auditoria inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
g) Obligación por parte de cada uno de los perceptores de las ayudas de expresar en sus referencias al proyecto que el mismo ha sido apoyado por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, así como las fuentes de financiación del mismo, mediante la inclusión de los logos u otros elementos identificativos.
h) Cuantos extremos sean necesarios por las características del proyecto objeto de la ayuda.
5. La resolución de adjudicación de las ayudas se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, acto que de acuerdo con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, surtirá los efectos de notificación a los interesados.
6. De acuerdo con el artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno frente a la administración a favor del beneficiario propuesto, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 15. Modificación de la resolución de concesión de ayudas
1. Cuando en la ejecución de un proyecto surjan circunstancias concretas, debidamente justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, la Dirección General de Modernización de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas podrá autorizar la modificación del proyecto. Estas modificaciones podrán referirse a:
a) Plazos de ejecución y justificación.
b) Condiciones técnico-económicas.
c) Distribución entre partidas del presupuesto financiable aprobado, siempre que no se aumente el presupuesto financiable total aprobado para el beneficiario ni la cuantía de la ayuda concedida al mismo.
2. El beneficiario podrá solicitar la modificación del proyecto una vez le haya sido notificada la resolución de concesión y antes de que finalice el plazo de ejecución del mismo. Cualquier cambio en el proyecto requerirá simultáneamente:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos de terceros.
b) Que el cambio sea aceptado expresamente.
Estas modificaciones podrán solicitarse mediante escrito dirigido a la Dirección General de Modernización, en su calidad de órgano encargado del seguimiento de las ayudas.
2. En casos debidamente justificados se podrán admitir incrementos de hasta un 20 por ciento en los conceptos susceptibles de ayuda relacionados en el artículo 5 y que figuren en la resolución de concesión, siempre que se compensen con disminuciones de otros, de forma que no se supere el importe total de la ayuda y se compruebe que permiten la consecución o mejora de los objetivos previstos en el proyecto. En estos casos, no habrá necesidad de modificar la resolución de concesión.
Artículo 16. Recursos
1. La resolución de concesión de las ayudas agota la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Ante la desestimación por silencio administrativo de la solicitud podrá interponerse frente al acto presunto idéntico recurso, en el plazo de tres meses a contar desde el que hubiese finalizado el plazo para dictar y notificar la resolución expresa que se indica en artículo 14 de la presente orden.
3. Todo ello sin perjuicio de que, en ambos supuestos, la persona o entidad interesada pueda interponer, directamente, recurso contencioso administrativo en la forma, plazo y condiciones fijadas en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción o cualquier otro recurso que estime procedente.
Artículo 17. Pago
1. El libramiento de las cantidades fijadas para cada proyecto se realizará de acuerdo con lo establecido en el art. 47 bis del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, y según el elemento o gasto subvencionable, en los términos siguientes:
a) Transferencias corrientes:
- El 40% del importe total de la parte de la ayuda correspondiente a gastos corrientes subvencionables se librará de inmediato, tras dictarse la resolución de la concesión, previa presentación de aval bancario por importe del pago que se anticipa.
- El 20% del importe total de la parte de la ayuda correspondiente a gastos corrientes subvencionables se librará tras la aportación y comprobación de la documentación justificativa de la efectiva y correcta aplicación de la suma librada.
- El 40% restante del importe total de la parte de la ayuda correspondiente a gastos corrientes subvencionables se librará una vez se justifique por el beneficiario el cumplimiento del proyecto.
b) Transferencias de capital.
El libramiento de las cantidades correspondientes a inversiones (gastos de capital) se efectuará contra certificación de la obra expedida por técnico competente. No obstante, podrá adelantarse, a petición de la beneficiaria de la subvención, un 15% del importe global, previa presentación del oportuno aval bancario por importe del pago que se anticipa.
2. No obstante lo anterior, dichos pagos quedarán condicionados a que exista constancia por parte del órgano instructor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en la presente orden, así como los señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre ellos el de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y el de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro. En el caso de que no conste la situación del beneficiario respecto a tales obligaciones, se le requerirá para que en el plazo máximo de 10 días, desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos certificados. La no aportación o aportación fuera de plazo conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda.
Artículo 18. Justificación de la realización del proyecto o acción
1. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV, artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el título II, capítulo II, del Reglamento de la referida Ley General de Subvenciones.
2. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la ayuda se realizará según la modalidad de cuenta justificativa, bien con aportación de justificantes de gasto o con aportación de informe de auditor.
3. En el caso de beneficiarios que opten por presentar la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, la aportación de los justificantes de gasto de la memoria económica justificativa será sustituida por un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4. El informe del auditor se ajustará a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de las cuentas justificativas de subvenciones. Este informe recogerá además, de forma complementaria a lo establecido en el artículo 7 de la mencionada orden, el contenido que se detalla en el anexo IV de la presente orden, siendo su objeto la comprobación de la adecuación de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y de la documentación acreditativa del pago a la resolución de concesión y a las instrucciones de justificación de ayudas.
5. Las cuentas justificativas, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos objeto de la ayuda serán presentadas en el registro de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero.4 de la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, los beneficiarios que no dispongan de documentos electrónicos para la justificación de las subvenciones podrán aportar copias digitalizadas compulsadas de los originales en papel.
7. Los informes de justificación se presentarán antes del 31 de marzo del año inmediato posterior al de la realización del proyecto y se entregarán a la Dirección General de Modernización, órgano encargado del seguimiento de las ayudas, sin perjuicio de la presentación de los informes de seguimiento que se establezcan en la resolución de concesión y de los que expresamente solicite el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, en los plazos y con el contenido que allí se determine. En todo caso, las inversiones y gastos o compromisos de gasto previstos deberán realizarse siempre dentro del período especificado de realización del proyecto más, en su caso, la ampliación concedida. Sin embargo, los documentos de pago emitidos por el beneficiario pueden tener fecha de vencimiento posterior, siempre que dicha fecha esté comprendida dentro del plazo concedido para presentar la documentación justificativa.
8. Los importes de la ayuda asociados a cada uno de los conceptos financiables que figuran en la resolución de concesión, representan los límites máximos de ayudas, con la salvedad de lo señalado en el artículo 15.3 de la presente orden.
9. Con posterioridad a la presentación de la documentación aludida en los puntos anteriores, se realizará la correspondiente comprobación técnico-económica. Esta comprobación podrá realizarse mediante técnicas de muestreo que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la ayuda, usando criterios de selección de la muestra que tengan en cuenta, entre otros, aspectos tales como concentración de la ayuda, factores de riesgo y distribución territorial.
10. El órgano encargado del seguimiento de la ayuda concedida, tras la correspondiente comprobación técnico-económica, emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de la ayuda. Dicha certificación será necesaria para el inicio del procedimiento de reintegro e igualmente para la devolución de garantías, según proceda.
Artículo 19. Actuaciones de comprobación y control
1. El beneficiario de la ayuda está obligado a facilitar las comprobaciones que permitan garantizar la correcta realización del proyecto objeto de la misma. Asimismo, el beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
2. A los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas, los beneficiarios deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, y garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad del beneficiario.
Artículo 20. Publicidad de las ayudas concedidas
1. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. En las publicaciones, actividades de difusión, páginas Web y otros resultados a los que pueda dar lugar el proyecto deberá mencionarse a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y, en su caso, al resto de entidades cofinanciadoras.
Artículo 21. Incumplimientos, reintegros y sanciones
1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.
3. Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 22. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos
1. El incumplimiento de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda concedida.
2. En caso de que el beneficiario acredite una acción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, el incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda asignada al beneficiario en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
3. Transcurrido el plazo establecido de justificación más, en su caso, la ampliación concedida sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda no justificada y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, con la excepción prevista en el artículo 15.3, supondrá la devolución de las cantidades desviadas.ANEXO III
Modelo de memoria técnica y económica
La memoria técnica y económica para cada proyecto tendrá el contenido mínimo que se recoge en los apartados siguientes. Los solicitantes podrán ampliarla con la información que consideren de interés o anexando documentos independientes, debidamente referenciados.
1. Línea A: Extensión de los servicios de banda ancha.
Cada proyecto puede abarcar una, varias o todas las entidades de población de una misma provincia de la Comunitat Valenciana, e incluirá todos los elementos de red necesarios para proporcionar la cobertura ofrecida.
1.1 Contenido de la memoria del proyecto.
1.1.1. De carácter general.
a) Descripción general del proyecto. Identificación y ubicación. Relación con otros proyectos presentados por el solicitante.
b) Relación de las nuevas infraestructuras a desplegar (denominación, coste unitario, número de unidades y ubicación).
c) Grado previsto de aprovechamiento de infraestructuras existentes y estimación del porcentaje de reducción del coste del proyecto debido a dicho aprovechamiento.
d) Identificación del área a la que van prestar servicio las infraestructuras anteriores, mediante la relación de entidades de población con código INE de 11 cifras.
e) Relación de las entidades de población elegibles, con código INE de 11 cifras, a las que se les van a resolver sus carencias de cobertura. En esta relación se indicará, para cada entidad, su cobertura actual y la prevista tras la ejecución del proyecto. En caso de no figurar en el listado de zonas elegibles, se adjuntará la acreditación de la existencia de dichas carencias.
f) Costes asociados al proyecto, desglosados por los conceptos que se especifican en el artículo 7 de la orden.
g) Porcentaje del coste del proyecto imputable a las zonas y al objetivo elegible.
h) Número de ciudadanos beneficiados con la ampliación de la cobertura (habitantes censados y empleados de las empresas/instituciones de la zona).
i) Fecha prevista de puesta en servicio.
j) Se indicará la Tasa Interna de Retorno (TIR) de las inversiones con la ayuda solicitada y la demanda prevista. Se especificará la demanda que podría dar lugar a una sobre compensación con la ayuda solicitada, entendida como aquella que daría lugar a un TIR superior al coste de capital medio ponderado del solicitante correspondiente al último ejercicio disponible.
1.1.2. De carácter técnico:
a) Características de la solución tecnológica utilizada, en especial, su escalabilidad o capacidad de adaptación a las perspectivas de evolución de las necesidades de los usuarios.
b) Características del servicio de banda ancha (prestaciones y precios) ofrecidos:
- Velocidad nominal red-usuario.
- Velocidad media red-usuario.
- Velocidad nominal usuario-red.
- Factor de agregación.
- Tasa de disponibilidad.
- Tiempo medio de suministro de la conexión inicial a partir de la entrada en servicio.
- Tiempo medio de reparación de averías.
- Precios para el usuario final
2. Línea B: Impulso al desarrollo de banda ancha de muy alta velocidad.
Cada proyecto se corresponderá con una zona de actuación determinada y contendrá la siguiente información:
2.1. Delimitación del ámbito geográfico del proyecto.
Se delimitará inequívocamente la zona de actuación, incluyendo:
- Caracterización socioeconómica (número de empresas/instituciones, principales actividades económicas y perspectivas de evolución y, en su caso, población y número de viviendas)
- Análisis de la situación en relación con la prestación de servicios de banda ancha existentes en la zona (principales ofertas, cobertura, número de usuarios y principales carencias detectadas).
2.2. Justificación de la no suficiencia de los servicios existentes para satisfacer las necesidades de los usuarios.
Se realizará en base a la existencia de una brecha digital en la zona caracterizada por una oferta y una penetración de los servicios de banda ancha significativamente inferiores al del resto de zonas de similares características.
2.3. Descripción técnica del proyecto y objetivos a conseguir.
Se incluirá un breve resumen de las características técnicas del proyecto, motivando su adecuación a las carencias detectadas: solución tecnológica, arquitectura, aprovechamiento de infraestructuras existentes y otros elementos significativos.
2.4. Usuarios finales beneficiados con el desarrollo del proyecto.
Se cuantificará el número de potenciales usuarios finales que se beneficiarán con el desarrollo del proyecto por pasar a disponer de la posibilidad de usar los nuevos servicios de banda ancha de muy alta velocidad, desglosado por el número de empresas/instituciones y de empleados, y, en su caso, por usuarios residenciales (habitantes censados).
2.5. Características del servicio o servicios de banda ancha a usuarios finales:
a) Prestaciones ofrecidas y calidad de servicio:
1) Velocidad nominal red-usuario.
2) Velocidad nominal usuario-red.
3) Factor de agregación o velocidades de acceso garantizadas.
4) Tasa de disponibilidad.
5) Tiempo medio de suministro de la conexión inicial en las zonas cubiertas a partir de la entrada en servicio.
6) Tiempo medio de reparación de averías.
b) Precios para el usuario final
c) Cobertura (en porcentaje de empresas/instituciones y de viviendas de cada zona).
d) Disponibilidad: fecha prevista de entrada en servicio.
2.6. Detalle de las inversiones.
Se facilitará el detalle anualizado de las inversiones asociadas: denominación, coste unitario y número de unidades, desglosadas según los conceptos que se especifican en el artículo 7 de la orden.
2.7. Umbral de posible sobre compensación. Se indicará la TIR de las inversiones con la ayuda solicitada y la demanda prevista. Se especificará la demanda que podría dar lugar a una sobre compensación con la ayuda solicitada, entendida como aquella que daría lugar a un TIR superior al coste de capital medio ponderado del solicitante correspondiente al último ejercicio disponible
3. Para ambas líneas de actuación.
3.1. Utilización de infraestructuras públicas existentes.
Se incluirá un análisis de otras infraestructuras públicas existentes (carreteras, ferrocarriles, conductos de energía y agua, alcantarillado, instalaciones de cable, conductos industriales, etc.) cuya utilización aportaría mayores sinergias al proyecto, solicitando, en su caso, la colaboración del órgano gestor para facilitar su utilización en el proyecto, con la consiguiente reducción de la inversión necesaria.
3.2. Descripción del acceso mayorista ofertado.
Se concretará el tipo de servicio mayorista ofertado, su composición, prestaciones, calidad, precio, plazo de vigencia (no inferior a siete años) y difusión del mismo. Para los proyectos de la línea B, este deberá incluir, además, la infraestructura pasiva, como conducciones y distribuidores en la calle.
En cuanto a los precios, se deberá explicar cómo se ha tenido en cuenta la referencia de los precios mayoristas fijados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones al operador con peso significativo de mercado para servicios similares y cuales son estos servicios.
3.3. Plan de implantación, que incluye:
a) Metodología de seguimiento, control, evaluación y calidad.
b) Gestión comercial prevista.
c) Comunicación periódica de resultados.
d) Acciones de difusión y publicidad del proyecto.
e) Detalle de las actividades a realizar y calendario detallado.
3.4. Beneficios socio-económicos.
Se explicitarán y, en la medida de lo posible, se cuantificarán los beneficios socio-económicos derivados de la ejecución del proyecto y, en particular, los relativos a:
a) El desarrollo económico de la zona.
b) El impacto medioambiental.
c) La igualdad efectiva (igualdad de oportunidades) de mujeres y hombres.
d) La accesibilidad de las personas con discapacidad.
e) Otros beneficios socio-económicos.
3.5. Plan de negocio.
Se realizará un análisis a medio y largo plazo y se presentarán los resultados de:
a) Previsiones de demanda.
b) Previsiones de ingresos.
c) Costes de explotación.
d) Cuenta de resultados.
e) Tasa Interna de Retorno (TIR).
f) Fuentes de financiación.
ANEXO IV
Modelo de informe de auditor
Para su informe, el auditor deberá tomar el presupuesto financiable establecido en la resolución de concesión y, en su caso, en resoluciones posteriores autorizando modificaciones, agrupado por:
- Aparatos y equipos lógicos dedicados al proyecto.
- Gastos en materiales fungibles exclusivamente destinados al proyecto.
- Gastos de personal propio.
- Subcontrataciones derivadas directa y exclusivamente del proyecto.
- Infraestructuras y obra civil.
- Otros gastos generales, incluyéndose en este grupo los gastos derivados de informe auditor con los límites establecidos en la presente orden.
- Total.
Subvención concedida (euros).
Análisis del gasto
En su análisis, el auditor deberá tener en cuenta:
- Las condiciones técnico-económicas de la resolución de concesión.
- El presupuesto financiable inicial y sus posibles cambios aprobados por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
1. Aparatos y equipos.
El auditor deberá analizar:
- Si este concepto está incluido dentro del presupuesto financiable que figura en la resolución de concesión.
- Si los aparatos y equipos incluidos coinciden con los del proyecto aprobado.
- En el caso de que alguno de ellos sea diferente, el auditor analizará si se trata de cambios de aparatos y equipos por otros de funcionalidad equivalente y por ello no sujetos a aprobación previa o, en el caso de que no sea así, analizará si los cambios han sido previamente aprobados por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
- Las fechas de las facturas y los documentos acreditativos del pago deberán ser coherentes con el calendario de realización del proyecto que figura en la resolución de concesión o sus posibles ampliaciones de plazo de ejecución aprobadas por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
El auditor explicará las diferencias entre el presupuesto imputado y el justificado, con indicación de los motivos y su importe total, e incluirá cualquier comentario que a su juicio sea relevante y añada claridad al análisis realizado.
Entre los motivos de diferencias pueden incluirse los siguientes:
- Facturas fuera de plazo, que el auditor deberá identificar.
- Pagos fuera de plazo, correspondientes a facturas identificadas. iii) Ausencia de documentos de pago.
- Facturas o documentos de pago de aparatos y equipos no directamente relacionados con el proyecto o acción.
- Otros.
2. Gastos de personal.
El auditor deberá analizar:
- Si este concepto está incluido dentro del presupuesto financiable que figura en la resolución de concesión.
- Si las personas en él incluidas, las horas imputadas y su coste horario coinciden, con el margen que se fije en las Instrucciones de justificación, con los del presupuesto financiable del proyecto o acción aprobada.
- Si las personas están incluidas en documento TC2 de la Seguridad Social y en el modelo 190 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o certificado de retenciones del IRPF.
- En el caso de que alguno de ellos sea diferente, el auditor analizará si se trata de cambios de personal por otros de titulación equivalente y por ello no sujetos a aprobación previa o, en el caso de que no sea así, analizará si los cambios han sido previamente aprobados por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas
- Las fechas de las nóminas deberán ser coherentes con el calendario de realización del proyecto que figura en la resolución de concesión o sus posibles ampliaciones de plazo de ejecución aprobadas por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
- En el caso de que se imputen costes de personal autónomo contratado en concepto de personal propio, el auditor verificará:
a) Que dicho personal trabaja regularmente en la entidad que imputa los gastos y no se trata de una contratación esporádica, y que ha tenido una dedicación al proyecto por la cuantía de horas imputada.
b) Que se han realizado efectivamente los pagos al personal autónomo contratado por la cuantía imputada.
El auditor elaborará un cuadro resumen que incluya cuatro columnas, con indicación del Presupuesto financiable según resolución de concesión, el presupuesto imputado o presentado por el beneficiario en la documentación justificativa, el presupuesto realmente justificado teniendo en consideración los criterios anteriores y el presupuesto finalmente válido, teniendo en cuenta que no podrá superar al financiable.
Explicará las diferencias entre el presupuesto imputado y el justificado, con indicación de los motivos y su importe total, e incluirá cualquier comentario que a juicio del auditor sea relevante y añada claridad al análisis realizado.
Entre los motivos de diferencias pueden incluirse los siguientes:
- Número de horas superior a las incluidas en el proyecto o acción aprobada, teniendo en cuenta el margen de desviación aceptable según las Instrucciones de justificación.
- Horas fuera del plazo de ejecución, correspondientes a personal identificado.
- Horas de personal ajeno al beneficiario.
- Otros.
3. Infraestructuras y obra civil. El auditor deberá analizar:
- Si este concepto está incluido dentro del presupuesto financiable que figura en la resolución de concesión.
- Si las obras e infraestructuras certificadas contra el proyecto estén destinadas a la prestación del servicio de banda ancha en las zonas objeto el proyecto.
- Que se haya cumplido con cuantas normas de salud y seguridad, así como medioambientales sean de aplicación.
- Que los conceptos e importes especificados en factura son coherentes con la descripción de trabajos realizados en las certificaciones de obra.
- Las fechas de las facturas y los documentos acreditativos del pago deberán ser coherentes con el calendario de realización del proyecto que figura en la resolución de concesión o sus posibles ampliaciones de plazo de ejecución aprobadas por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
Explicará las diferencias entre el presupuesto imputado y el justificado, con indicación de los motivos y su importe total, e incluirá cualquier comentario que a juicio del auditor sea relevante y añada claridad al análisis realizado.
Entre los motivos de diferencias pueden incluirse los siguientes:
- Facturas fuera de plazo, que el auditor deberá identificar.
- Pagos fuera de plazo, correspondientes a facturas identificadas.
- Ausencia de documentos de pago.
- Facturas o documentos de pago de aparatos y equipos no directamente relacionados con el proyecto.
- La infraestructura no está destinada a la prestación del servicio de banda ancha en alguna de las zonas señaladas en la resolución de concesión como objeto del proyecto.
- Otros.
ANNEX V
Oficines PROP
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4. Materiales, subcontratación y otros gastos.
Para las partidas referidas a gastos en material fungible y subcontratación será de aplicación lo indicado para las inversiones en aparatos y equipos.
Para la correcta comprobación de los gastos certificados con cargo a la partida denominada, otros gastos, el auditor comprobará y plasmará en su informe el método racional utilizado por el beneficiario para la imputación de los gastos generales al proyecto.
ANEXO V
Oficinas PROP
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