Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4756, del 19-05-2004 (2004/4815)

Notificación a Manuel Pérez Peña. Expediente número 122/2004.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4756

Fecha DOGV
:   19-05-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/4815


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Manuel Pérez Peña. Expediente número 122/2004. [2004/E4815]
  
De conformidad con lo acordado por esta Subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; mediante el presente edicto, se procede a notificar a Manuel Pérez Peña, con último domicilio conocido en la avenida de Ausiás March, 53, 1ª, de la localidad de Valencia, el acuerdo de iniciación de fecha 7 de abril de 2004, dictado por el director Territorial de Territorio y Vivienda de Valencia, en el expediente sancionador número 122/04 SAN, que se está tramitando en el Área de Inspección del Territorio:
  
Vistas las actuaciones previas practicadas al amparo del artículo 12 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Visto que en fecha 4 de noviembre de 2003, por la guardería del Parque Natural de la L'Albufera se pudo constatar en la parcela 6, polígono 8, del término municipal de Sueca, ubicada dentro del ámbito territorial del Parque Natural de la L'Albufera y propiedad de Manuel Pérez Peña, la construcción de una vivienda de 70 m2, de una sola planta, destinada claramente a un uso residencial ya que la tipología constructiva determina el uso posterior, puertas estrechas de aluminio lacado en blanco, ventanales con persianas del mismo material, distribución interior con división en habitaciones, cocina, baño, chimenea, etc, sobre suelo calificado como de Protección Especial Agrícola, sin que se haya solicitado licencia municipal ni autorización para ello al Parque Natural, contraviniendo lo establecido en el Decreto 71/1993 de Creación del Parque Natural de L'Albufera y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfica de L'Albufera.
  
Visto que la actividad descrita ocasiona una marcada alteración de las condiciones físicas originales del medio, tanto por el cambio en los usos del suelo, como por los resultados propios asociados con dicha ocupación irregular. Entre los perjuicios originados por el cambio de usos del suelo se debe mencionar que la ocupación de parcelas da lugar a la pérdida del potencial agrícola de terrenos y a la progresiva humanización del medio en una superficie escasamente urbanizada. La instalación de dichas construcciones da lugar a una alteración evidente del ecotono paisajístico de este ámbito territorial, registrándose una pérdida de los valores visuales en un medio físico (agrícola y natural) escasamente urbanizado.
  
Pudiendo constituir los referidos hechos una infracción tipificada en el artículo 52 apartados 13 y 19 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, y calificada de menos grave en el artículo 54 2. c), y cuya sanción viene determinada en el artículo 58 de la citada ley, el cual establece:
  
Las infracciones tipificadas en el artículo 52 de esta ley se sancionarán con las siguientes multas:
  
b) Infracciones menos graves: de 601,02 € a 6.010,12 euros.
  
En el presente supuesto la sanción sería 6.010 € (seis mil diez euros).
  
Visto que con independencia de la sanción que proceda, el infractor está obligado a la reparación del daño y reposición de las cosas a su estado original tal y como establece el artículo 55 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, en el presente caso consistirá en la eliminación de la edificación construida.
  
En el supuesto de que los responsables de las infracciones no procedan a la reparación del daño causado, la Conselleria de Territorio y Vivienda podrá optar por imponer multas coercitivas de hasta 3.005,06 euros, reiteradas por lapsos de tiempo suficientes para llevar a cabo lo ordenado, o proceder a la reparación de forma subsidiaria serán exigibles por vía ejecutiva.
  
Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, siendo órgano competente para la resolución del presente expediente el director Territorial de Territorio y Vivienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
  
A la vista de lo dispuesto en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se acuerda:
  
La incoación del correspondiente expediente sancionador a Manuel Pérez Peña, por presunta infracción del artículo 52 apartados 13 y 19 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, en relación con el Decreto 71/1993, de Creación del Parque Natural de L'Albufera y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfica de L'Albufera.
  
Así mismo se acuerda nombrar instructora y secretaria del expediente sancionador, a Amparo Renau Almela y a Susana Carrasco Marí respectivamente, a quienes se les notificará en forma este nombramiento, así como a los inculpados, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley 30/9665 GT-WRT y en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, para que en cualquier momento del procedimiento puedan ser objeto de recusación a tenor de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del la citada Ley 30/3840 UX-VLG.
  
En virtud de lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, se le concede un plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes, significándole que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, el presente acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 apartado 4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en relación con el apartado 6 del artículo 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse dictado y notificado éste se producirá la caducidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.