Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7998, del 13-03-2017 (2017/1779)

Modificación de los Estatutos del Consorcio del Plan zonal de residuos de la zona 7 área de gestión A2.
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Número DOGV
:   7998

Fecha DOGV
:   13-03-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2017/1779


Fecha del documento
:   02-03-2017

Organismo emisor
:   Consorcio Plan Zonal de Residuos Zona 7 Área de Gestión A2

Tipo de documento
:   Anuncio

Modificación de los Estatutos del Consorcio del Plan zonal de residuos de la zona 7 área de gestión A2. [2017/1779]  
La Junta de Gobierno de este consorcio, en sesión celebrada en fecha 6 de abril de 2016, aprobó inicialmente la modificación de sus Estatutos.  
Publicado anuncio de información pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 85, de 6 de mayo de 2016, y transcurrido el plazo de 30 días hábiles, no se han presentado reclamaciones o alegaciones, por lo que el acuerdo quedó elevado a definitivo.  
Remitido el acuerdo ya definitivo a todas las entidades consorciadas, tanto la Diputación Provincial de Alicante como la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos, han acordado su aprobación, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, se procede a la publicación del texto de la modificación:  
Estatutos del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan zonal de residuos 7 area de gestión A2 (Consorcio A2)  
Apartado 1 del artículo 1. Entidades que integran el Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan zonal de residuos 7 área de gestión A2 (Consorcio A2)  
1. El Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan zonal 7 área de gestión A2 (en adelante el Consorcio), para la prestación de los servicios de valorización y eliminación de residuos urbanos o municipales, está integrado por la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante y por los municipios que se relacionan en el anexo a estos Estatutos.  
  
Artículo 2. Naturaleza y adscripción  
1. El Consorcio es una entidad de derecho público de carácter asociativo con personalidad jurídica propia y distinta de los entes consorciados, adscrita a la Diputación Provincial de Alicante.  
2. El Consorcio tiene plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimento de sus fines, ostentando las potestades y prerrogativas que se atribuyen a las entidades locales que lo integran por la legislación vigente, excepto la potestad expropiatoria y la facultad de establecer impuestos.  
  
Artículo 4. Domicilio  
El Consorcio tendrá su domicilio en el Palacio Provincial, sito en la avenida de la Estación, número 6 de Alicante. Este domicilio podrá variarse por acuerdo de la Junta General, la cual podrá también acordar la instalación de oficinas en cualquiera de los municipios consorciados.  
  
Artículo 5. Duración  
El Consorcio tendrá una duración indefinida y subsistirá mientras perdure la necesidad de sus fines, sin perjuicio de que la Junta General acuerde la disolución por las causas y procedimiento previsto en los presentes Estatutos y demás normas que sean de aplicación.  
  
Artículo 6. Órganos de gobierno y administración  
1. El gobierno y la administración del Consorcio corresponde a los siguientes órganos necesarios:  
- La Junta General.  
- La Comisión de Gobierno.  
- El presidente.  
- Los vicepresidentes.  
2. Se configuran como órganos complementarios de dirección y gestión, de constitución potestativa, el gerente y las comisiones técnicas.  
3. El Consorcio contará con una Secretaría e Intervención, que asistirán con voz y sin voto a las reuniones de la Junta General, así como con Tesorería cuyas funciones serán las que les atribuye la legislación de régimen local.  
  
Artículo 7. Composición de los órganos  
1. La Junta General es el órgano colegiado de representación de todos los entes consorciados, y estará integrada por dos representantes de la Generalitat, designados por el conseller competente en materia de medio ambiente, dos representantes de la Diputación Provincial de Alicante, y por un representante de cada una de las corporaciones locales consorciadas.  
Deberá designarse un suplente de cada representante designado como titular.  
2. La Comisión de Gobierno, órgano colegiado de gobierno y administración, estará integrada por:  
- El presidente del Consorcio.  
- El vicepresidente o vicepresidentes.  
- Dos representantes de la Diputación de Alicante y dos representantes de la Generalitat Valenciana, miembros de la Junta General.  
- Cinco representantes de los municipios consorciados, elegidos por la Junta General entre sus miembros, excluidos los vicepresidentes.  
3. El presidente, órgano unipersonal del Consorcio, será nombrado por la Junta General de entre sus miembros y presidirá tanto la Junta General como la Comisión de Gobierno.  
4. Los vicepresidentes, en un máximo de cuatro, serán nombrados por la Junta General de entre sus miembros.  
5. Las comisiones técnicas, órganos colegiados potestativos de carácter técnico, podrán ser creadas cuando la Junta General lo estime oportuno.  
6. El gerente, órgano potestativo de carácter técnico, será designado por la Junta General, previa selección conforme a los principios de mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia.  
  
Artículo 8. Renovación de los órganos  
1. La Junta General, la Comisión de Gobierno, el presidente y el vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, se renovarán totalmente con la misma periodicidad que las corporaciones de que formen parte sus miembros, permaneciendo en funciones hasta la constitución de la nueva Junta General. Durante dicho periodo no podrán adoptarse acuerdos que requieran una mayoría especial, ni relativas al proyecto de gestión, salvo, en este último caso, previa justificación de su urgencia apreciada por unanimidad de los asistentes.  
2. Los órganos del Consorcio se constituirán dentro de los cuatro meses siguientes a aquel en que se constituya la corporación de adscripción.  
Hasta la constitución, si hubiera cesado en su cargo de origen el presidente del Consorcio, la presidencia en funciones la ejercerán por su orden las personas que ostenten las vicepresidencias, y en caso de que todas hubieran perdido su condición, se asumirá por la Presidencia de la Diputación Provincial, como administración pública la que se encuentra adscrito el Consorcio.  
La sesión constitutiva será presidida por la mesa de edad, integrada por el miembro de mayor y menor edad de los presentes en el acto. En caso de empate decidirá el voto del miembro de mayor edad.  
3. En caso de fallecimiento o pérdida del cargo representativo en cualquiera de los entes consorciados, estos designarán el correspondiente sustituto en el Consorcio en el plazo de 30 días.  
4. La Junta General y las administraciones consorciadas podrán revocar en cualquier momento los nombramientos que les corresponden, de conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.  
  
Artículo 9. De la Junta General  
Son atribuciones de la Junta General:  
a) El control y fiscalización de los demás órganos del Consorcio.  
b) La modificación de Estatutos y, en su caso, la disolución y liquidación del Consorcio, el nombramiento de órgano o entidad liquidadores y la forma y condiciones del pago de las cuotas de liquidación positivas.  
c) Los acuerdos de admisión y separación voluntaria de miembros del Consorcio y la aprobación de la cuota de separación.  
d) Las medidas de limitación de la actividad del Consorcio y de suspensión temporal del derecho de voto, así como la separación de los miembros del Consorcio, por incumplimiento de las obligaciones especificadas en los presentes Estatutos, o en la legislación que resulte aplicable.  
e) La aprobación, si procede, del Reglamento y las normas de régimen interior del Consorcio.  
f) La disposición y adquisición de acciones, derechos o bienes muebles e inmuebles.  
g) La aprobación de los presupuestos anuales del Consorcio, así como las cuentas que hayan de rendirse referentes al resultado de la gestión económico-financiera.  
h) La ordenación e imposición de tributos propios.  
i) La contratación de préstamos y concierto de operaciones de crédito, con excepción de las operaciones de tesorería.  
j) El control y aprobación de las formas de gestión de los servicios atribuidos al Consorcio y especialmente, todas las funciones relacionadas con la tramitación de los proyectos de gestión de residuos.  
k) La aceptación de delegación de competencias hechas por otras administraciones públicas  
l) El planteamiento de conflictos de competencias a otras administraciones públicas.  
m) La creación de comisiones técnicas.  
n) La elección y nombramiento de los miembros de la Comisión de Gobierno, del presidente, y del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso.  
o) Nombrar al secretario, al interventor y al tesorero, así como, en su caso, al gerente del Consorcio.  
p) Aprobar la plantilla de personal.  
q) La aplicación de medidas disciplinarias al personal, cuando las mismas supongan el cese de la relación laboral o la separación del servicio.  
r) Cualesquiera otras atribuidas expresamente en los presentes Estatutos.  
  
Artículo 10. De la Comisión de Gobierno  
Serán atribuciones de la Comisión de Gobierno:  
a) El gobierno del Consorcio.  
b) La contratación de obras, servicios, suministros y contratos administrativos especiales y contratos privados, con excepción de la contratación del servicio de valorización y eliminación de residuos urbanos y los contratos menores, que corresponden a la Junta General y presidente respectivamente.  
c) La disposición y adquisición de bienes muebles en la cuantía que fije la Junta General.  
d) El ejercicio de acciones judiciales o administrativas.  
e) La aprobación de las bases de selección del personal, el nombramiento y, en su caso, contratación de personal y la aplicación de medidas disciplinarias, cuando las mismas no supongan la separación del servicio o el cese de la relación laboral.  
f) El concierto de las operaciones de tesorería necesarias para el adecuado desenvolvimiento de la gestión económica del Consorcio.  
g) La aprobación y disposición de gastos en los casos de su competencia.  
h) Los proyectos de obras y servicios cuya contratación le corresponda.  
i) Aprobación y rectificación del Inventario de bienes, derechos y acciones.  
j) La propuesta de los asuntos que hayan de ser sometidos a deliberación de la Junta General.  
  
Artículo 11. Del presidente  
1. Son atribuciones del presidente las siguientes:  
a) La dirección administrativa del Consorcio.  
b) Representación legal del Consorcio en todos los ámbitos, sin perjuicio de las delegaciones especiales que pueda hacer.  
c) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones, suspender y levantar las sesiones de los órganos colegiados del Consorcio, así como autorizar el orden del día correspondiente a las mismas.  
d) Autorizar con su visto bueno las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados por la Junta General y por la Comisión de Gobierno.  
e) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Consorcio, y todas las competencias que la legislación vigente otorga a los presidentes de las corporaciones locales en materia de personal que no estén atribuidas por los presentes Estatutos a otro órgano.  
f) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando cuenta a la Comisión de Gobierno.  
g) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta General y por la Comisión de Gobierno.  
h) Celebrar contratos menores.  
i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto.  
j) Aprobar la liquidación del presupuesto y desarrollar la gestión económico-financiera y presupuestaria no atribuida expresamente a otro órgano.  
k) Promover la participación de los agentes económicos y sociales en todas las cuestiones relacionadas con la reducción, la valorización y la eliminación de residuos.  
l) Impulsar programas de formación ambiental, información, sensibilización y concienciación social en el ámbito de los residuos.  
m) Mantener un contacto permanente con los responsables ejecutivos de las instituciones y entidades integrantes del Consorcio a fin de garantizar la máxima coordinación funcional.  
n) Las funciones previstas para el Gerente en el supuesto de no crearse este órgano, y en los casos de ausencia, vacante o enfermedad.  
o) Las demás que expresamente le delegue la Comisión de Gobierno.  
p) Cualesquiera otras que, correspondiendo al Consorcio, no estén atribuidas expresamente a otro órgano.  
2. El presidente podrá delegar en la Comisión de Gobierno o vicepresidente las facultades incluidas en las letras h) a m) del apartado anterior.  
  
Artículo 13. De las comisiones técnicas  
Las atribuciones, composición, funciones y régimen de funcionamiento de las comisiones técnicas serán las que se determinen por la Junta General en el acuerdo de creación.  
  
Artículo. 14. Del gerente  
Son atribuciones del gerente:  
a) La ejecución de los acuerdos de los órganos colegiados.  
b) La dirección efectiva del personal del Consorcio  
c) La dirección, control e inspección de la gestión del servicio de valorización y eliminación y programas ambientales  
d) Adoptar todas aquellas medidas de orden interno que garanticen el correcto funcionamiento del Consorcio en todos los ámbitos de su actividad, informando al presidente de la Junta General.  
e) Colaborar con el presidente en la elaboración del proyecto de presupuesto.  
f) Supervisar la gestión económica y administrativa del Consorcio, ajustándose a las normas que exige la naturaleza pública del Consorcio.  
g) Elaborar los pliegos técnicos de contratación.  
h) Asistir a las reuniones de todos los órganos colegidos con voz pero sin voto.  
i) Otras funciones que la Junta General le atribuya.  
Párrafo cuarto del Artículo 15. Régimen de sesiones.  
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, al régimen de funcionamiento de la Junta General y de la Comisión de Gobierno le serán de aplicación, con carácter supletorio, las disposiciones de la legislación de régimen local sobre funcionamiento del Pleno y Junta de Gobierno Local.  
  
Artículo 16. Convocatoria de sesiones  
1. La convocatoria de las reuniones de la Junta General y de la Comisión de Gobierno se hará con ocho días de antelación, con indicación del lugar y hora de celebración, debiendo contener el orden del día, fuera del cual no se podrán adoptar acuerdos válidos, salvo que se encuentren presentes en la reunión todos los miembros del órgano y así lo acuerden por mayoría de votos.  
2. En casos de urgencia, la convocatoria se hará al menos con 48 horas de antelación por medios electrónicos. En este caso, una vez considerado el orden del día, se deberá apreciar, por mayoría absoluta, la existencia de la urgencia. Si no se apreciara, se convocará la sesión según lo que dispone el punto anterior.  
3. A efectos del apartado anterior, se entenderá por mayoría absoluta cuando voten a favor más de la mitad del número de miembros de la Comisión de Gobierno que la componen, y más de la mitad de votos ponderados de la Junta General conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de los presentes Estatutos.  
  
Artículo 17. Régimen de sesiones de la Junta General  
1. Para la válida constitución de la Junta General, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia de un número de miembros que represente la mayoría absoluta de la totalidad de votos de la Junta. En todo caso, será imprescindible la asistencia del presidente y del secretario o de quienes los sustituyan.  
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, salvo las excepciones que prevén los presentes Estatutos, en función de las siguientes reglas de ponderación:  
a) Los votos que cada ente municipal consorciado ostentará en la Junta General vendrán determinados por la siguiente escala:  
1. Municipios con población hasta 250 habitantes: 1 voto.  
2. Municipios con población de 251 a 1.000 habitantes: 2 votos.  
3. Municipios con población de 1.001 a 2.000 habitantes: 3 votos.  
4. Municipios con población de 2.001 a 5.000 habitantes: 4 votos.  
5. Municipios con población de 5.001 a 10.000 habitantes: 5 votos.  
6. Municipios con población de 10.001 a 20.000 habitantes: 6 votos.  
7. Municipios con población de 20.001 a 50.000 habitantes: 7 votos.  
8. Municipios con población de más de 50.000 habitantes: 8 votos.  
A los efectos de este apartado, se considerará como número de habitantes del municipio la población declarada oficialmente, con carácter anual, por el Estado.  
A la puesta en funcionamiento de las instalaciones de gestión de residuos previstas en el Plan zonal y en el correspondiente proyecto de gestión, la Junta podrá acordar que el voto ponderado establecido en función del criterio poblacional sea corregido atendiendo al volumen de residuos que genere cada una de las entidades consorciadas.  
b) El número de votos resultante de la suma de los ostentados por todos los municipios consorciados por aplicación de la regla de ponderación del apartado a de este artículo, constituirá el 60 % de los votos de derecho totales de la Junta General, ostentando la Diputación Provincial de Alicante el 21 % y la Generalitat Valenciana el 19 % restante, hasta completar el 100 % de los mismos. Los dos representantes de la Generalitat Valenciana así como los dos representantes de la Diputación Provincial, actuarán con unidad de voto.  
3. No obstante, se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del número total de votos, ponderados en la forma señalada anteriormente, para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:  
a) Disolución del Consorcio y, en su caso, la cesión de activos y pasivos a otra entidad.  
b) Admisión de nuevos miembros del Consorcio.  
c) Separación de sus miembros.  
d) Modificación de los Estatutos  
4. En caso de empate si el acuerdo requiere mayoría simple, se procederá a una nueva votación, y de persistir el empate decidirá el voto de calidad del presidente.  
5. Por regla general la votación será ordinaria. No obstante, el presidente podrá disponer la votación nominal por orden alfabético de los municipios, la Diputación y, en último lugar, la Generalitat, cuando se requiera para agilizar el recuento de los votos.  
6. La Junta General podrá acordar la suspensión temporal del derecho de voto de las entidades consorciadas que incumplan manifiestamente sus obligaciones establecidas en los presentes estatutos, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiación.  
  
Artículo 18. Régimen de sesiones de la Comisión de Gobierno  
1. Para la válida constitución de la Comisión de Gobierno, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia de la mitad más uno de sus miembros.  
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, sin ponderación de los mismos.  
3. En caso de empate, se repetirá la votación, y de persistir el empate decidirá el voto de calidad del presidente.  
4. Por regla general la votación será ordinaria. No obstante, el presidente podrá disponer la votación nominal por orden alfabético de los municipios, la Diputación y, en último lugar, la Generalitat.  
  
Artículo 19. Personal  
1. El personal del Consorcio será funcionario y laboral propio o adscrito de las entidades consorciadas, conforme a la normativa aplicable.  
2. Asimismo la Administración de adscripción pondrá al servicio del Consorcio el personal que resulte necesario, cuyas retribuciones serán a cargo de aquella.  
3. La Secretaría, Intervención y Tesorería comprenderán las funciones previstas para dichos puestos en las corporaciones locales y se proveerán con arreglo a lo previsto para los puestos reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.  
Apartados 1 y 5 del artículo 20. Régimen jurídico.  
1. En lo no previsto por la normativa estatal reguladora del régimen jurídico del sector público, la normativa autonómica aplicable y estos Estatutos, se estará a lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá en defecto de dichas normas, a la legislación sobre sociedades de capital.  
[.../...]  
5. La aprobación definitiva de los proyectos por el Consorcio requerirá, en caso de ser necesario, que la Administración pública a que esté adscrito el Consorcio ejercite la potestad expropiatoria, siendo beneficiario de la expropiación el Consorcio o el contratista según se acuerde por la Junta General o establezca en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.  
Puntos 3.º y 4.º y nuevo párrafo, al final, del artículo 21. Principios.  
3.º. En los supuestos de gestión directa del servicio de valorización y eliminación por parte del Consorcio, este realizará las inversiones necesarias para la construcción de las instalaciones previstas en el Plan zonal y proyecto de gestión. En estos supuestos la Generalitat Valenciana aportará el 19 % de las inversiones, la Diputación Provincial de Alicante aportará el 21 % y el 60 % restante se aportará por las entidades locales consorciadas en proporción al número de habitantes.  
4.º. En el caso de que las instalaciones de gestión de residuos a que se refiere el punto anterior sean subvencionadas con otras aportaciones de otras administraciones o de fondos europeos o internacionales, la subvención se restará de la financiación total y el resto se financiará según la proporción siguiente: 19 % en aportaciones de la Generalitat valenciana, 21 % de la Diputación Provincial de Alicante y el 60 % restante se aportará por las entidades locales consorciadas en proporción al número de habitantes.  
[...]  
En el caso de incumplimiento de las obligaciones de financiación del consorcio por las entidades consorciadas, sin perjuicio del inicio de los procedimientos de recaudación que procedan, la Junta General podrá declarar limitaciones de la actividad del consorcio en relación a las entidades a las que afecta el incumplimiento.  
Apartado 1 del artículo 23. Régimen de aportaciones económicas de los entes consorciados.  
1. El importe de los gastos generales del Consorcio, entre los que no quedarán incluidos los correspondientes a los costes de inversión para el establecimiento y prestación de los servicios de valorización y eliminación de los residuos urbanos o municipales, así como aquellos que sean asumidos en el proyecto de gestión que se adjudique será cofinanciado por las entidades consorciadas, correspondiendo a la Generalitat Valenciana el 19 %, a la Diputación de Alicante el 21 % y el resto a los municipios consorciados en la proporción que se acuerde.  
  
Artículo 24. Gestión presupuestaria, contabilidad y control interno  
1. El régimen presupuestario, de contabilidad y control interno de la gestión económica del Consorcio se ajustara a la normativa aplicable a las corporaciones locales.  
2. El presupuesto, una vez aprobado por la Junta General, se remitirá a la administración de adscripción con antelación suficiente para su aprobación junto con el presupuesto de la misma.  
  
Artículo 25. Patrimonio del Consorcio  
Constituyen el patrimonio del Consorcio:  
a) Todos los estudios, anteproyectos, proyectos, obras e instalaciones que costee o realice el Consorcio.  
b) Los otros bienes y derechos que le aporten las entidades consorciadas.  
c) Los bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier título.  
d) El patrimonio del Consorcio quedará reflejado en el inventario correspondiente, que revisará y aprobará la Comisión de Gobierno.  
  
Artículo 26. Cuenta general  
La cuenta general será elaborada por la Intervención del Consorcio y una vez aprobada por la Junta General se remitirá con antelación suficiente a la administración pública de adscripción, para su aprobación con la cuenta general de la misma.  
  
Artículo 27. Disolución  
1. La disolución del Consorcio podrá producirse por alguna de las siguientes causas:  
a) Por imposibilidad legal o material de cumplir sus objetivos.  
b) Por acuerdo de la Junta General previa la adopción de los correspondientes acuerdos al menos de más de la mitad de las entidades del Consorcio, adoptado por mayoría absoluta del número legal de sus respectivos miembros u órgano correspondiente de la Generalitat.  
c) Por la separación de algunos de sus miembros en los términos previstos en el artículo 29 de los presentes Estatutos.  
2. La disolución del Consorcio produce su liquidación y extinción sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.  
3. Durante el periodo de liquidación el Consorcio conservará su personalidad jurídica, debiendo añadir a su denominación la expresión en liquidación, y se observarán las disposiciones de los presentes Estatutos en cuanto al régimen de funcionamiento de los órganos colegiados, excepto la periodicidad de las sesiones ordinarias.  
4. El acuerdo de disolución deberá adoptarse por la mayoría de dos tercios del número total de votos ponderados, y deberá contener la designación de una liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la administración pública de adscripción.  
5. El liquidador, en el plazo máximo de cuatro meses desde su nombramiento, formulará un inventario de los bienes y derechos y propondrá el destino de los bienes, sin perjuicio de la reversión de los cedidos a las entidades que los hubieran aportado, y calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del Consorcio de conformidad con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el porcentaje de las aportaciones que corresponda a cada miembro del Consorcio.  
6. La Junta General aprobará inicialmente:  
a) El destino de los bienes y derechos.  
b) El destino del personal propio funcionario y laboral fijo.  
c) La cuota de liquidación, así como la forma y condiciones en que tendrá lugar su pago en el supuesto en que esta resulte positiva, sin que pueda tener lugar dicho pago antes del abono a los acreedores de sus créditos.  
Dicho acuerdo se remitirá a los entes consorciados para que se pronuncien sobre el mismo, si lo estiman conveniente, en el plazo máximo de dos meses, tras la cual se someterá a su aprobación definitiva.  
7. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría de dos tercios del número total de votos ponderados, la cesión total de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del Consorcio que se liquida.  
  
Artículo 28. Incorporaciones  
1. Podrán incorporarse al Consorcio cualesquiera otras entidades locales incluidas en el Plan zonal, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana.  
La Junta General acordará las condiciones de la incorporación y, especialmente, el régimen económico-financiero aplicable a cada caso.  
2. La integración de nuevos miembros al Consorcio requerirá la aprobación de la Junta General, con el régimen de mayorías establecido en el artículo 17.3 de estos Estatutos y únicamente podrá ser denegada para los ayuntamientos incluidos en el Plan zonal en el caso de que no se asuman las obligaciones que de su ejecución se deriven o los compromisos formales y económico financieros acordados por la Junta General para su incorporación al Consorcio.  
  
Artículo 29. Derecho de separación  
1. La separación voluntaria de alguno de los entes consorciados estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
a) Que la entidad que solicite la separación esté al corriente de sus compromisos económicos.  
b) Que se comunique con al menos un año de antelación al inicio del ejercicio presupuestario en que deba surtir efecto.  
c) Que se haya abonado la cuota de separación en caso de ser negativa.  
2. La separación deberá acordarse por el Pleno de las corporaciones locales por mayoría absoluta del número legal de sus miembros y por órgano competente de la Generalitat, debiendo constar expresamente el compromiso de abonar la cuota de participación en su caso.  
3. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del Consorcio, salvo que el resto de sus miembros, por mayoría absoluta de votos ponderados, excluido el que solicita la separación, acuerden su continuidad, y sigan permaneciendo en el Consorcio, al menos, un número de municipios que representen más del 50 por 100 de la población del Plan zonal y, en todo caso, la Diputación de Alicante o la Generalitat Valenciana.  
4. La separación producirá efectos el primer día del ejercicio presupuestario, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el apartado primero de este artículo.  
5. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del Consorcio se aplicarán las siguientes reglas:  
a) Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será en proporción a sus aportaciones de quien ejerce el derecho de separación.  
b) Se acordará por el Consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.  
La efectiva separación del Consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.  
6. Si la entidad que ha ejercido su derecho de separación fuera la administración de adscripción quedará automáticamente adscrita a la administración que resulte de los Estatutos según los criterios establecidos en la ley, sin perjuicio de la simultánea modificación de los Estatutos si fuere necesario.   
Introducir nuevo capítulo VI. Modificación de los Estatutos.  
  
Artículo 30. Modificación de los Estatutos  
1. Para la modificación de los Estatutos deberá seguirse el siguiente procedimiento:  
a) Aprobación inicial de la Junta General con la mayoría establecida en el artículo 17.3.  
b) Exposición pública por el plazo de treinta días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
c) Aprobación definitiva con resolución, en su caso, de las alegaciones presentadas con la misma mayoría.  
En caso de no presentarse sugerencias o reclamación la aprobación inicial se entenderá elevada a definitiva si así se hubiese previsto en aquella.  
d) El acuerdo de aprobación definitiva o el de aprobación inicial elevado a definitivo, en su caso, se remitirá a todos los entes del Consorcio para su aprobación por el Pleno de los entes locales por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, y por el órgano competente de la Generalitat, requiriéndose en todo caso la ratificación expresa de, al menos, dos terceras partes de los entes consorciados.  
2. Sin perjuicio de lo anterior, bastará con su tramitación por la Junta General del Consorcio las modificaciones que afecten exclusivamente a la Administración pública de adscripción prevista en el artículo 2.1, al capítulo IV y la admisión de nuevos miembros. En caso de cambio de adscripción a una administración pública distinta de la prevista en estos Estatutos, la modificación deberá aprobarse en un plazo no superior a seis meses contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción.  
3. Para el cambio de domicilio bastará con el acuerdo de la Junta con la mayoría exigida en los presentes Estatutos, debiendo en todo caso, publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).  
4. Toda modificación de los Estatutos deberá publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).  
Suprimir la disposición adicional.  
Añadir disposición final.  
A los efectos de la sujeción al régimen presupuestario, de contabilidad y control, el Consorcio se considerará adscrito a la Diputación Provincial de Alicante con efectos de 1 de enero de 2016.  
Contra la modificación de los Estatutos aprobada podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la presente publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y los artículos 10.1.b y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
Alicante, 2 de marzo de 2017.- La presidenta: Isabel López Galera. El secretario: José Manuel Baeza Menchón.