Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4518, del 10-06-2003 (2003/6451)

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2003, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se estima parcialmente el recurso administrativo de alzada interpuesto por doña Carmen Félix Roig Martínez contra la modificación a) de la modificación puntual del Plan General de Benicasim aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón el día 30 de octubre de 2002 y, en consecuencia, anular parcialmente dicho acuerdo, denegando la aprobación definitiva de la delimitación de una unidad de ejecución en la calle La Corte esquina con la calle Yolanda Casalduch.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4518

Fecha DOGV
:   10-06-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/6451


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2003, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se estima parcialmente el recurso administrativo de alzada interpuesto por doña Carmen Félix Roig Martínez contra la modificación a) de la modificación puntual del Plan General de Benicasim aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón el día 30 de octubre de 2002 y, en consecuencia, anular parcialmente dicho acuerdo, denegando la aprobación definitiva de la delimitación de una unidad de ejecución en la calle La Corte esquina con la calle Yolanda Casalduch. [2003/6451]
  
Visto el recurso de alzada interpuesto por Doña Carmen Félix Roig Martínez contra el apartado a) del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de fecha 30 de octubre de 2002 por el que se aprobaba la delimitación de una nueva unidad de ejecución en la calle La Corte esquina calle Yolanda Casalduch, en el municipio de Benicasim (Castellón), y de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión de 30 de octubre de 2002, aprobó definitivamente la modificación puntual del Plan General de Benicasim relativa a la apertura de viales y delimitación de varias unidades de ejecución, entre la que se encontraba la delimitación de una nueva unidad de ejecución en la calle Corte esquina Yolanda Casalduch, siendo publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 12 de diciembre de 2002.
  
Segundo
  
En fecha 9 de enero de 2003 doña Carmen Félix Roig Martínez interpuso recurso administrativo de alzada contra el apartado a) de dicha modificación, aduciendo vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la fuerza normativa de lo fáctico, vulneración del principio de proporcionalidad como límite de la discrecionalidad, infracción del principio de reparto beneficios y cargas, vulneración del principio de igualdad, infracción del principio de proporcionalidad entre lo aportado y lo adjudicado, y vulneración de la Jurisprudencia aplicable al caso, solicitando la anulación de la modificación de las alineaciones de las calles La Corte y Yolanda Casalduch fijada en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Benicasim aprobado en el año 1994; la revocación del acuerdo de fecha 30 de octubre de 2002 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón que ahora se impugna, y subsidiariamente, el establecimiento de un mecanismo compensatorio para indemnizar el equivalente al valor del aprovechamiento urbanístico reducido por la modificación.
  
Tercero
  
En fecha 10 de enero de 2003, se dio traslado del citado recurso al Ayuntamiento de Benicasim, para que en el plazo de 15 días, conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiera alegar cuanto estimase conveniente, recibiendo informe de dicha Entidad Local en fecha 4 de febrero de 2003.
  
Cuarto
  
Los servicios territoriales de Castellón en fecha 7 de febrero de 2003, en relación con el objeto del presente expediente, propusieron la desestimación del recurso.
  
Quinto
  
El Área Jurídica de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 2 de mayo de 2003, informó favorablemente la estimación parcial del presente recurso de alzada.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
El recurso de alzada deducido es admisible puesto que se interpuso en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el artículo 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en consecuencia procede entrar en el fondo de las cuestiones que en el mismo se plantean.
  
Segundo
  
A través del presente recurso se pretende impugnar la delimitación de la nueva unidad de ejecución efectuada a través del apartado a) de la modificación Puntual del Plan General de Benicasim aprobada por acuerdo, fecha 30 de octubre de 2002 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, así como las alineaciones establecidas para su parcela en el Plan General de Benicasim aprobado definitivamente el 28 de junio de 1994.
  
Tercero
  
Respecto a las modificaciones introducidas en la aprobación del Plan General de Benicasim del año 1994, la modificación puntual que ahora se impugna no introduce alteración alguna en la ordenación pormenorizada establecida en dicho Plan, manteniendo las alineaciones y la calificación entonces fijadas. Puesto que tal es el alcance de la modificación que se recurre, el objeto del recurso debe limitarse a dilucidar si se ajusta o no a Derecho la decisión de delimitar la nueva unidad de ejecución, sin que sea ahora posible el cuestionar la concreta calificación urbanística (alineaciones viarias y calificación) establecidas en el Plan General de Benicasim del año 1994.
  
Cuarto
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana (en adelante LRAU), y sin perjuicio de las competencias autonómicas de aprobación definitiva del planeamiento, corresponde a la administración municipal ?desde la representatividad que le confiere su legitimidad democrática- decidir cómo ha de quedar ordenado el suelo urbano, ejercitando para ello una potestad administrativa discrecional.
  
Como reiteradamente ha establecido la jurisprudencia, la determinación concreta de la calificación de unos terrenos incluidos en el suelo urbano o del trazado de unos viales se enmarca claramente dentro de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, gozando en tales casos la administración de amplia libertad para elegir, entre las alternativas posibles, la forma en la que el territorio ha de quedar ordenado. La LRAU recoge claramente esta línea jurisprudencial, así el artículo 40 de esta Ley autonómica, tras explicitar los cometidos autonómicos que permiten formular objeciones a la aprobación definitiva del planeamiento municipal, establece que le está vedado a la resolución autonómica de aprobación cuestionar la interpretación de tal interés formulada por el Municipio desde su propia representatividad.
  
No obstante lo anterior, debe igualmente señalarse que, aun tratándose de una cuestión de discrecionalidad enmarcable dentro de la autonomía municipal, no por ello dejan de actuar determinados límites a los que tal potestad discrecional debe acomodarse. En particular, cabe aquí citar los límites derivados de la existencia de unos fines conforme a los que según el artículo 2.2 de la LRAU, debe ejercitarse la potestad de planeamiento (asegurar un entorno ambiental, rural o urbano, adecuado al desarrollo de la persona, su calidad de vida y su derecho a disfrutar de una vivienda digna, así como de los espacios y construcciones constitutivos del patrimonio cultural colectivo), fines que determinarán todas las decisiones públicas respecto a la utilización de los terrenos. Igualmente, por exigencia del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la decisión discrecional debe estar suficientemente motivada en criterios de racionalidad.
  
De este modo, cabe un control de legalidad autonómico tendente a comprobar tanto que la potestad de modificar el planeamiento se ha utilizado de conformidad a los fines enumerados en la LRAU, como que la misma se ha ejercitado sin vulnerar las exigencias derivadas del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos establecido en el artículo 9.3 de la Constitución. Tal control tiene su cabida en la previsión del artículo 40.1 in fine de la LRAU, según la cual «la Generalitat no podrá aprobar definitivamente los Planes que incurran en infracción de una disposición legal estatal o autonómica».
  
Corresponde a la administración municipal, a través del correspondiente instrumento de planeamiento, el delimitar las unidades de ejecución que puedan preverse tanto en suelo urbano, como en el suelo urbanizable. La delimitación de las unidades de ejecución ha de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 33 de la LRAU, precepto desarrollado fundamentalmente en los artículos 114 a 116 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, disposiciones legales éstas que utilizan una serie de conceptos jurídicos indeterminados que presentan un importante margen de apreciación que ha de ser actuado por el Ayuntamiento, con los límites resultantes de los principios a los que antes se ha hecho referencia.
  
En el caso que nos ocupa se incluye en la unidad de ejecución una única parcela no edificada enclavada en un suelo urbano que, según las fotografías incorporadas al expediente, se halla ya consolidado y urbanizado. La unidad de ejecución no implica la urbanización de dos o más parcelas, ni exige producir dos o más solares, ni su superficie supera los 40.000 m2. Por lo tanto, únicamente cabría pensar que la delimitación se ampara en lo previsto en el artículo 6.3.C de la LRAU, al estimar el Ayuntamiento oportuno ejecutar en la unidad un Actuación Integrada ?para asegurar una mayor calidad y homogeneidad en las obras de urbanización?.
  
El Ayuntamiento de Benicasim justifica la delimitación atendiendo, por un lado, a la falta de iniciativa privada para llevar a cabo la ordenación prevista por el Plan General del año 1994, y por otro lado, el aseguramiento de la urbanización del viario previsto en el planeamiento vigente mediante el correspondiente Proyecto de Urbanización incluido en el necesario Programa para el desarrollo de una Actuación Integrada. Sin embargo, esta justificación municipal no resulta congruente con la realidad que se deriva de la simple contemplación de las fotografías incorporadas al expediente. La delimitación de la unidad de ejecución no puede decirse que tenga cobertura en el artículo 6.3.C de la LRAU, pues nos hallamos ante una parcela en suelo urbano dotada de todos los servicios urbanísticos y que no necesita de obras de urbanización de las previstas en dicho precepto legal. Tampoco tiene justificación que la calle de La Corte, que en todo su trazado tiene un ancho de 10 metros, en el frente de la parcela de la recurrente se ensanche a 15,5 metros; y que la calle Yolanda Casalduch, que en todo su trazado tiene un ancho de 10 metros, en el frente de la parcela de la recurrente se ensanche a 16,5 metros. No obstante, y sin prejuzgar la corrección jurídica de dicho ensanchamiento, el pretender ahora que la obtención de este suelo se efectúe de modo forzoso y gratuito a través de la delimitación de una unidad de ejecución en la que sólo se incluye la parcela de la recurrente no resulta ni congruente con la realidad ni conforme con el principio de proporcionalidad y de justa distribución de beneficios y cargas.
  
En este sentido es preciso recordar la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha venido estableciendo que, no es que el principio de justa distribución de beneficios y cargas deba examinarse en todo caso y exclusivamente con ocasión de los instrumentos de gestión urbanística inferiores sino que tal principio está siempre presente en el ejercicio de todas las competencias urbanísticas y merece ser tenido en cuenta siempre, como criterio rector y cardinal. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 27 de diciembre de 2002, RJCA-390/2002)
  
También es preciso resaltar que las cesiones gratuitas de terrenos impuestas a los propietarios en suelo urbano, exigen que cuando se actúe por medio de unidades de ejecución, éstas tengan entidad suficiente para permitir la distribución justa entre los propietarios de los beneficios y cargas derivados del planeamiento (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 20 de junio de 2002, RJCA-839/2002)
  
En cuanto a la solicitud de indemnización solo cabría entrar en el fondo del asunto para el caso que el presente recurso fuese desestimado.
  
Por todo ello, procede estimar el recurso, en este aspecto, y anular por tanto por contraria a Derecho el apartado de la modificación puntual del Plan General de Benicasim aprobada el 30 de octubre de 2002, en el punto a) relativo a la delimitación de la unidad de ejecución en la calle La Corte esquina con la calle Yolanda Casalduch.
  
Quinto
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es competente para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Decreto 210/2001, de 18 de diciembre y el Decreto 77/1996, de 16 de abril del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de Organos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Estimar parcialmente el recurso administrativo de alzada interpuesto por Doña Carmen Félix Roig Martínez contra la modificación a) de la modificación puntual del Plan General de Benicasim aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón el día 30 de octubre de 2002 y, en consecuencia, anular parcialmente dicho acuerdo, denegando la aprobación definitiva de la delimitación de una unidad de ejecución en la calle La Corte esquina con la calle Yolanda Casalduch.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 5 de mayo de 2003.- El conseller: José Ramón García Antón.