Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7086, del 09-08-2013 (2013/7999)

Acuerdo de 19 de julio de 2013 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, relativo a la ejecución de sentencia por la que se anula la modificación puntual número 11 del Plan General de Vinaròs.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7086

Fecha DOGV
:   09-08-2013

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2013/7999


Fecha del documento
:   19-07-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Vinaròs
    * plan de urbanismo

Acuerdo de 19 de julio de 2013 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, relativo a la ejecución de sentencia por la que se anula la modificación puntual número 11 del Plan General de Vinaròs. [2013/7999]  
La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión de 19 de julio de 2013, adoptó el siguiente acuerdo:  
«Visto el expediente relativo a la ejecución de sentencia en relación con la modificación puntual núm. 11 del Plan General de Vinaròs, y de conformidad con los siguientes antecedentes:  
Primero. La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión de 6 de noviembre de 2007, acordó informar favorablemente la modificación puntual núm. 11 del Plan General de Vinaròs, elevando propuesta de aprobación definitiva al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, previo informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, al suponer la nueva ordenación pequeñas alteraciones en la anterior calificación de la zonas verdes.  
Segundo. Mediante resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 30 de noviembre de 2007 se solicitó dictamen al Consell Jurídic Cosultiu que, en sesión de 17 de enero de 2008, dictaminó: «que el proyecto de modificación puntual núm. 11 del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs (Castellón) es acorde con la legalidad urbanística, emitiéndose informe favorable a la citada modificación».  
Tercero. Mediante resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 29 de enero de 2008 se aprobó definitivamente la modificación puntual núm. 11 del Plan General de Vinaròs.  
  
Cuarto. El objeto de la precitada modificación puntual era cambiar la ordenación previamente establecida en el plan parcial que desarrolló el sector de suelo urbanizable residencial SUR-17 de Vinaròs, ello como consecuencia de tener que ejecutar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana 1318/2004, de 7 de octubre, y 515/2005, de 10 de mayo, que establecieron que determinados terrenos de dicho sector debían quedar clasificados como suelo urbano. De este modo, con la modificación se clasificaba como suelo urbano las parcelas recayentes a la avenida de Tarragona y a la avenida 29 de septiembre. En particular se clasificaban como suelo urbano las parcelas 39, 41, 43 y 45 de la avenida de Tarragona.  
Con la modificación por un lado se redelimitaba el sector SUR-17 y se modificaba su ordenación pormenorizada fijada en el Plan parcial, y por otro las parcelas que se clasificaban como suelo urbano se incluían en una unidad de ejecución.  
El acuerdo establece que «el sector de suelo urbanizable redelimitado es de 97.353 m². El aprovechamiento tipo es de 1 m²t/ m²s, con una previsión de 712 viviendas. Las zonas verdes son 12.559,41 m², los equipamientos son 16.633,91 m² y la reserva viaria y aparcamientos son 32.466,73 m². La edificabilidad residencial es de 82.563,63 m²t y la terciaria de 9.764,29 m²t. En cuanto a la unidad de ejecución (denominada residencial 21) su superficie es de 5.580,10 m², de los cuales 2.348 m² son de viales, 235,74 m² de zonas verdes y 2.996,17 m² de la parcela edificable. El techo edificable es de 17.023 m²t, estando previsto un número máximo de viviendas de 167.  
La modificación supone un pequeño cambio de calificación de zonas verdes».  
Quinto. Contra la aprobación de la modificación puntual se interpuso recurso contencioso administrativo ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por el delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana. Al recurso le correspondió el número 60/08, siguiéndose procedimiento ordinario núm. 1/000061/2008-B.   
Sexto. La sección primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictó sentencia con fecha 1 de diciembre de 2009 (sentencia 1707). El fallo de la sentencia, tras auto de aclaración de 13 de enero de 2010, fue el siguiente:  
«Que debemos estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, contra una resolución del conseller de Medio Ambiente, Urbanismo, Agua y Vivienda de fecha 29 de enero de 2008, por el que se procede aprobar la modificación puntual núm. 11 del Plan General de Vinaròs, que anulamos por ser contraria a derecho. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas.»  
De acuerdo con la sentencia «el acto recurrido no se ciñe estrictamente al contenido de la sentencia que se dice ejecutar, ya que por una parte, si bien diseña una unidad de ejecución para tratar los suelos clasificados como urbanos por la sala, por otra, se reordena pormenorizadamente un sector de casi 100.000 m², que no tiene nada que ver, aparentemente, con la sentencia dictada.  
De esta manera, es obvio que, la sentencia y la cosa juzgada que determina, afecta exclusivamente, como mucho, a aquel suelo urbano integrado en la unidad de ejecución que se diseña, pero no sirve de paraguas para el resto de suelo urbanizable que integra el sector.   
Así pues, la tesis de la administración de que por tratarse de la ejecución de una sentencia, no son necesarios los informes preceptivos que señala la ley, es inconsistente porque:  
a) De una parte, serán necesarios todos los informes que señala la ley en lo que se refiere a la superficie de suelo urbanizable que se reordena pormenorizadamente. Porque este suelo ni fue objeto de la sentencia, ni fue considerado por ella.  
b) De otra, serán necesarios todos los informes precisos que la ley exige, respecto de los suelos urbanos, así declarados en la sentencia, en lo que se refiere a aspectos no considerados por la sentencia misma.  
De esta manera, la sentencia solo tomó en consideración la existencia de la prestación del servicio de suministro de agua, pero en absoluto, consideró la posibilidad de que esa zona padeciera riesgo de inundación, o que las parcelas declaradas urbanas formaran parte de un cauce público. Estas dos cuestiones, son perfectamente tratables aquí, pese a la declaración de suelo urbano que hicimos entonces, y no resulta afectada la cosa juzgada, respecto de materias o cuestiones que aquella sentencia ni se planteó.»  
La sentencia declara nulo el instrumento de planeamiento porque no consta informe favorable de la administración hidrológica sobre la afección a cauce público e informe favorable sobre la sostenibilidad de los recursos hídricos y, por no observar las determinaciones del PATRICOVA o desvirtuarlas mediante el oportuno estudio de inundabilidad.   
Séptimo. Interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por la Generalitat Valenciana se presentó escrito desistiendo del mismo, lo que dio lugar al Decreto de fecha 26 de abril de 2013 por el que se acuerda «declarar terminado el presente recuso por desistimiento de la parte recurrente».  
Octavo. El 28 de mayo de 2013 ha tenido entrada en la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón el escrito del 21 de mayo de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por el que se remite la sentencia citada «para que se lleve a puro y debido efecto».  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. El artículo 118 de la Constitución y los artículos 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, y 103.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante LJCA), establecen la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes dictadas por los tribunales de justicia. Las presentes actuaciones administrativas tienen como fundamento legal lo que respecto a la ejecución de sentencias se establece en los artículos 103 y siguientes de la LJCA.  
El escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 2 de mayo de 2013 exige «que se lleve a puro y debido efecto» la sentencia.  
El fallo de la sentencia que ha de cumplirse y ejecutarse dice lo siguiente:  
«Que debemos estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, contra una resolución del conseller de Medio Ambiente, Urbanismo, Agua y Vivienda de fecha 29 de enero de 2008, por el que se procede aprobar la modificación puntual núm. 11 del Plan General de Vinaròs, que anulamos por ser contraria a derecho. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas.»  
Puesto que la sentencia declara la nulidad de la modificación puntual núm. 11 del plan general, y puesto que los instrumentos de planeamiento urbanístico tienen el carácter de disposición general, seguramente el Tribunal hubiera podido hacer uso de lo señalado en el artículo 107.2 de la LJCA, según el cual «si la sentencia anulara total o parcialmente una disposición general (?) el secretario del órgano judicial ordenará su publicación en diario oficial en el plazo de diez días a contar desde la firmeza de la sentencia». Esta publicación ha de ponerse en relación con lo establecido en el artículo 72.2 de la LJCA, según el cual «las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada».  
Sin embargo, en este caso el Tribunal no ha enviado directamente a publicar la sentencia firme anulatoria de la modificación puntual núm. 11 en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada sino que ha ordenado a la Comisión Territorial de Urbanismo que proceda al cumplimiento de la sentencia.  
Teniendo en cuenta el contenido del fallo de la sentencia, así como lo dispuesto en los artículos citados de la LJCA, en este caso la actuación de la Comisión Territorial de Urbanismo ha de limitarse a declarar que se cumple la sentencia y a publicar en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada que la modificación puntual núm. 11 del Plan General de Vinaròs ha sido anulada por el Tribunal y queda por tanto nula y sin efectos.  
Segundo. La Comisión Territorial de Urbanismo es el órgano competente para la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, que sean competencia autonómica, de municipios de menos de 50.000 habitantes, ello conforme a lo que resulta del artículo 8.1 del Reglamento de los órganos territoriales, de evaluación ambiental y urbanísticos de la Generalitat, aprobado por el Decreto 125/2011, de 30 de septiembre, y por tanto también es el órgano competente para ejecutar la sentencia.  
En virtud de todo lo que antecede, la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón acuerda:  
  
Primero  
Ejecutar la sentencia firme dictada por la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en fecha 1 de diciembre de 2009 (sentencia 1707/recurso contencioso administrativo núm. 61/08), y por lo tanto declarar, conforme a lo ordenado por la sentencia, la anulación de la modificación puntual núm. 11 del Plan general de Vinaròs.  
  
Segundo  
Publicar este acuerdo en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.  
  
Tercero  
Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Vinaròs con el objeto de que se tramite expediente, al efecto de ejecutar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 1318/04 y 515/05.»  
  
Castellón de la Plana, 19 de julio de 2013.- El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: Fernando Renau Faubell.