Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6936, del 04-01-2013 (2012/11865)

Información pública de la iniciación del procedimiento para la gestión indirecta del programa de actuación integrada, para el desarrollo del ámbito de suelo no urbanizable, coincidente con los terrenos ocupados por la actual Ciudad Deportiva del Valencia CF.
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Número DOGV
:   6936

Fecha DOGV
:   04-01-2013

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2012/11628


Fecha del documento
:   26-12-2012

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Paterna

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Paterna
    * plan de urbanismo
    * administración local

Información pública de la iniciación del procedimiento para la gestión indirecta del programa de actuación integrada, para el desarrollo del ámbito de suelo no urbanizable, coincidente con los terrenos ocupados por la actual Ciudad Deportiva del Valencia CF. [2012/11703]  
Por el Ayuntamiento Pleno, en la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de agosto de 2012, se ha resuelto iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del programa de actuación integrada, para el desarrollo del ámbito de suelo no urbanizable, coincidente con los terrenos ocupados por la actual Ciudad Deportiva del Valencia CF.   
Las bases generales tipo son las aprobadas por la Generalitat Valenciana, publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5264-bis, de 23 de mayo de 2006 (según Decreto núm. 67/2006, de 12.05.2006, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), y las bases particulares para la selección y adjudicación del mencionado programa de actuación integrada son las que se transcriben a continuación:  
  
«Primera. Objeto de las bases particulares de programación  
Las presentes bases particulares de programación, que desarrollan las bases generales reguladoras de la gestión indirecta, aprobadas por la Generalitat Valenciana, se redactan de acuerdo con lo previsto en el artículo 131.2 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y artículo 286 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), que la desarrolla.  
Tienen por objeto definir y regular las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo para la adjudicación de la condición de urbanizador, y el posterior desarrollo y ejecución, por medio de gestión indirecta, de la actuación integrada de los suelos actualmente ocupados por las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Valencia CF, y de aquellos suelos necesarios para llevar a cabo su adecuada integración y conexión con las redes de comunicación.  
  
Segunda. Régimen jurídico (art. 286.1.d del ROGTU)  
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las presentes bases particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y el ROGTU, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, y las bases generales de programación.  
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como las normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
  
Tercera. Ordenación urbanística vigente (art. 131.2.a de la LUV)  
En el planeamiento vigente dichos suelos vienen clasificados como suelo no urbanizable, por lo que la propuesta de programación deberá plantear la modificación de la clasificación de dichos suelos.  
Se concreta en la parcela en la que actualmente está ubicada la ciudad deportiva del Valencia CF, SAD. La clasificación establecida en el plan general de ordenación urbana (PGOU) para la parcela es suelo no urbanizable, clave UN-III-21, zonas sin otras limitaciones que las derivadas del contenido de los artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo, estableciéndose sus condiciones urbanísticas en el artículo 196 del PGOU.  
1. Definición: terrenos constituyentes del medio rural que no gozan de especiales cualidades para el cultivo ni presentan masas forestales objeto de protección y no son susceptibles de inundaciones periódicas, ni constituyen vías de agua.   
2. Condiciones de uso:  
a. Uso dominante: agrícola.  
b. Usos compatibles, los siguientes:  
i. Vivienda unifamiliar aislada, forestal y pecuaria.  
ii. Los que se declaren de utilidad pública e interés social de los siguientes: en categoría 6.ª, almacenes calificados, espectáculos y actividades de pública concurrencia, sanitario, asistencial, cultural, matadero, seguridad, defensa, cementerio, viario, infraestructuras básicas; solo cuando deban situarse en medio rural.  
iii. Los que deban implantarse como asociados a los de utilidad pública e interés social para asegurar su adecuado ejercicio: oficinas, aparcamiento, deportivo ordinario, religiosos y espacios libres y zonas verdes.   
c. Usos incompatibles: vivienda unifamiliar agrupada, vivienda plurifamiliar, actividad artesana, almacenes no calificados, extractivos, vertidos de residuos, hospedaje, comercio, deportivo especial y singular y los que se relacionan en el tercer subapartado de los definidos compatibles en este artículo, cuando no vengan condicionados por la implantación de los de utilidad pública e interés social.  
d. Uso exclusivo: no se determina.  
3. Condiciones para la edificación:  
a. Parcela mínima edificable: 30.000 m².  
b. Ocupación máxima de parcela: 5 por ciento.  
c. Índice de intensidad neta de edificación: 0,005 m²t/m²s.  
d. Edificación máxima. 3.000 m²t.  
e. Altura reguladora máxima: 6,50 metros.  
f. Distancia mínima a lindes de parcela y a otras edificaciones: 25 metros.  
g. Distancia mínima a cualquier núcleo de población: 450 metros.  
h. Número máximo de unidades edificadas por parcela: 5 unidades.  
4. Condiciones de aplicación de los parámetros anteriores y de implantación de los usos compatibles.  
a. Altura reguladora máxima: excepcionalmente podrá alcanzar 10 metros en edificios para alojamiento del uso, almacenes calificados.  
b. Lindes de parcela: no se permitirán cerramientos de obra opacos por encima de 0,40 metros.  
c. Vivienda unifamiliar: solo se permitirá una vivienda unifamiliar por parcela.  
En la ficha del planeamiento en tramitación se determina una superficie para la actuación de 166.760,90 m²s, sin que se compute en esa superficie la cesión prevista en el artículo 13.6 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, que deberá necesariamente preverse.  
  
Cuarta. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada (art. 131.2.b de la LUV)  
1. Memoria de necesidades:  
En la memoria de necesidades deberá justificarse en las propuestas de programación la necesidad de abordar un desarrollo urbano armónico, aprovechando al máximo las condiciones naturales y de accesibilidad del territorio.  
2. Objetivos de la programación:  
En los objetivos de la programación, el programa de actuación integrada deberá contener las previsiones necesarias, para satisfacer todos los objetivos mínimos e imprescindibles de la programación a que se refiere el artículo 124 de la LUV, y así deberá:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:  
a.1) Redactar y tramitar la totalidad de documentos urbanísticos y ambientales necesarios para alcanzar el fin previsto.   
a.2) Recabar, de los correspondientes registros (de la Propiedad y Catastro), toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.  
a.3) Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación, con carácter previo a la redacción del proyecto.  
a.4) Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación.  
a.5) Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.  
a.6) Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.  
a.7) Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, ferrocarril, barrancos y otros).  
a.8) Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el Catastro.  
a.9) Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.   
b) Urbanizar completamente la unidad o unidades de ejecución que constituyen el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa (definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales).  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:   
c.1) Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico y otros).  
c.2) Aportar informe de existencia de recursos hídricos.  
c.3) Aportar informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).  
c.4) Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las obras complementarias que fuesen necesarias.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de la Administración gratuitamente. A estos efectos:   
· El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la Administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.  
· Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantando la correspondiente acta de entrega.  
· Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la aprobación y adjudicación definitiva del presente programa conllevará la obligación de ceder gratuitamente al Ayuntamiento el suelo no urbanizable protegido, en una superficie igual a la reclasificada.  
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público del suelo, con carácter gratuito, libre de todo coste y/o carga o gravámenes.  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados. (El Ayuntamiento, en los supuestos en que proceda el deber de cesión previsto en el artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, deberá establecer los criterios de valoración y la secuencia para hacer efectivo el deber).  
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de programa.  
i) En su caso, y con carácter complementario, se fijan como objetivos a cargo del urbanizador y sin que sean repercutibles a los propietarios de terrenos afectados, la ejecución de los programas de restauración paisajística, dentro del ámbito del programa de actuación integrada, conforme a las directrices establecidas en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, y adquisición de excedentes de aprovechamiento municipal provenientes de otros ámbitos de planeamiento.  
  
Quinta. Parámetros urbanísticos (art. 131.2.c de la LUV)   
Los parámetros urbanísticos son los establecidos en la ficha de planeamiento y gestión que se adjunta.   
  
  
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Sexta. Criterios y objetivos territoriales (art. 131.2.d de la LUV)  
Al tratarse el sector de una zona clasificada como suelo no urbanizable en el planeamiento vigente, no cuenta con ordenación pormenorizada, por lo que las proposiciones que presenten los interesados para el desarrollo de la actuación deberán tener en cuenta lo siguiente:  
Condiciones generales:  
El establecimiento de las mejores soluciones técnicas en orden a una adecuada y óptima ordenación urbanística, así como dar solución a las problemáticas de tránsito viario, accesibilidad e infraestructuras.  
En virtud de lo cual se considera conveniente disponer de forma ordenada, secuencial y proporcionada, tanto las tipologías edificatorias, como los usos previstos en el sector, atendiendo a criterios de localización física, integración paisajística y protección ambiental (impacto visual, contaminación acústica, actividades molestas?) y su relación con el entorno urbanizado colindante (red viaria y accesos rodados, peatonales, carril-bici?).  
Condiciones específicas:  
Las propuestas de ordenación deberán integrarse con la estructura urbana existente actualmente en el parque tecnológico, resolviendo la interconexión de las tramas viarias, entendiéndose como una ampliación de la ordenación existente.  
Se deberá resolver adecuadamente la integración de la ordenación propuesta respecto a las vías de comunicación circundantes, estableciendo los elementos de filtro adecuados para mitigar el impacto negativo de los mismos, con especial énfasis en el estudio de las afecciones acústicas, y cumplimiento de la normativa especifica en este sentido.  
Se deberá diseñar elementos de conexión con las redes de tráfico de alta capacidad independiente de los existentes en el parque tecnológico, potenciando la conexión de la red viaria diseñada con la vía parque.  
El planeamiento, proyecto de urbanización y normas urbanísticas deberán incorporar un programa de actuación medioambiental, orientado a establecer unos parámetros mínimos de sostenibilidad urbana en las propuestas que se desarrollen.  
  
Séptima. Criterios de ordenación urbanística (art. 131.2.d de la LUV)  
Los criterios de ordenación urbanística se ajustarán a los parámetros establecidos en la legislación urbanística vigente.  
  
Octava. Objetivos de edificación privada (art. 131.2.e de la LUV)  
1. Los objetivos de edificación, reserva de aparcamientos, y restantes condiciones urbanísticas se establecerán en los instrumentos de planeamiento a redactar, en base a las normas urbanísticas de aplicación.  
2. Se podrá simultanear la urbanización y la edificación del sector.  
  
Novena. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión (art. 131.2.f de la LUV)  
Dado que el ámbito del presente concurso es una zona de suelo no urbanizable, cuya clasificación y calificación se pretende modificar, el programa deberá instar la modificación de la ordenación vigente. Por ello, junto a la alternativa técnica, deberá presentarse:  
- Plan parcial modificativo de la ordenación estructural.  
- Justificación de integración territorial.  
- Estudio de impacto ambiental.   
- Estudio acústico.  
- Estudio de integración paisajística.  
- Proyecto de urbanización, y  
- Todos aquellos que pudieran ser exigidos por la legislación sectorial.  
De cada uno de los documentos integrantes de la referida documentación técnica se presentarán dos copias en soporte papel, acompañadas de una copia en soporte informático CD, en los siguientes programas:  
Textos: Microsoft Word.  
Hojas de cálculo: Microsoft Excel.  
Bases de datos: Microsoft Acces.  
Presentaciones: Microsoft Power Point.  
Dibujos: Autocad 2004.  
Además, se aportaran todos los documentos en formato PDF.  
  
Diez. Prescripciones técnicas del proyecto urbanización (art. 131.2.h LUV)  
El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de Técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No podrá modificar las previsiones del plan que desarrolla. En ningún caso, podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el artículo 156.1 de la LUV y en el artículo 350 del ROGTU.  
Además de lo anterior, se hace especial hincapié en la necesidad de aportar la siguiente documentación:  
1. Base cartográfica municipal. El proyecto de urbanización incorporará la base cartográfica municipal como elemento de referencia para definir las obras a ejecutar. La planta viaria se superpondrá a la base cartográfica para definir el estado inicial del ámbito del programa. Asimismo, en el proyecto de urbanización se incorporará la ordenación pormenorizada, los usos y la edificabilidad de cada parcela, así como todos los datos que se precisen para establecer la demanda de los servicios públicos que desarrolla el proyecto de urbanización, incluida la ficha de gestión propia de la unidad de ejecución y las principales características del plan de reforma interior.  
2. Identificación de los servicios públicos existentes, punto de conexión de la red de distribución del plan con la red existente, con capacidad suficiente para garantizar el suministro a las parcelas edificables. El urbanizador deberá justificar la demanda que se genera en la unidad de ejecución para cada uno de los servicios, definiendo las principales características del mismo y justificando el cumplimiento de la legislación reguladora, y solicitará de las empresas encargadas de la gestión de cada uno de los servicios, la definición del punto o puntos de conexión con la red de distribución existente, con capacidad suficiente para atender la demanda generada en el sector, y las condiciones de desarrollo de la red de distribución propia del sector.  
Se deberá incorporar anexo de coordinación con las compañías de servicios en los que se justifique las condiciones de conexión, informes emitidos por las mismas relativos a condiciones técnicas y capacidad de suministro, así como copia de los convenios para la implantación de las instalaciones urbanas.  
Esta documentación se deberá incorporar obligatoriamente al proyecto de urbanización. La documentación relativa a cada uno de los servicios se puede incorporar al proyecto mediante un anexo específico.  
3. Identificación de los elementos más significativos del medio físico (edificios, arbolado, caminos, acequias, campos de cultivo, instalaciones de servicios públicos, etc.) definiendo sus características y el estado de conservación, y justificando la actuación propuesta sobre los mismos.  
4. Definición de las zonas de dominio restringido vinculadas a las infraestructuras existentes (carreteras, colectores...), zona de dominio público, servidumbre y afección o reserva, vinculadas a los mismos.  
5. Mediciones parciales y el detalle de las unidades de obra, con exclusión del cuadro de precios unitarios, el cuadro de precios descompuestos, el presupuesto de ejecución material (PEM), y el presupuesto de licitación, determinaciones estas a incluir en la proposición jurídico-económica.  
6. Estudio geotécnico de identificación de suelos y medidas a tomar para la capacidad portante requerida en cada caso, con el objeto de obtener las explanadas requeridas, y el urbanizador será responsable de las circunstancias de origen geotécnico no previstas surgidas durante la ejecución.  
7. Estudio de seguridad y salud, de las obras definidas en el proyecto de urbanización.  
8. Derribos a efectuar (descripción, valoración y planos). Deberán ser tenidos en cuenta en el estudio de seguridad y salud como tarea de riesgo, así como sus correspondientes medidas de prevención. Además deberán incluirse en el proyecto con el suficiente detalle (plano en el que se reflejen las construcciones a demoler, descripción en memoria, etc.) y no solo en el presupuesto. De no incluirse en el proyecto de urbanización debería presentarse el correspondiente proyecto de derribo y el estudio de seguridad y salud específico.  
9. Estudio de control de calidad para la ejecución de las obras de urbanización. Se determinarán los ensayos de control de calidad a realizar de cada unidad de obra durante el proceso constructivo y las pruebas de recepción específicas establecidas en la normativa reguladora, definiendo los criterios de aceptación y rechazo de la prueba.  
10. Estudio de movilidad urbana, en el que se definan los itinerarios, tanto peatonales como de tránsito rodado, estudiando los recorridos de los trasportes públicos y los trasportes alternativos (carril bici), que enlacen esta actuación con los barrios ubicados en su entorno.  
11. Estudio de contaminación acústica y medidas correctoras a tomar en caso necesario (barrera acústica), considerando el estado en que se encuentre la urbanización en el momento de la ejecución del programa de actuación integrada y la futura ordenación.  
12. Programa de trabajos, que incluirá el programa previsto para la ejecución de la obra urbanizadora desde su inicio hasta su finalización, con desglose mensual referido a la ejecución parcial de cada uno de los capítulos, conforme al plazo propuesto para su ejecución.  
  
El proyecto de urbanización deberá ajustarse a las ordenanzas municipales de aplicación, así como a las condiciones técnicas definidas por el Área de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Paterna.  
La justificación de la suficiencia en las infraestructuras y servicios urbanos, por parte de los entes de gestión de servicios e infraestructuras será una condición imprescindible para la consideración de las propuestas presentadas.  
  
Once. Precio de licitación (art. 286.1.h del ROGTU)   
El precio de licitación ha sido calculado estimativamente en 42.791.494,00 euros (dieciséis millones seiscientos noventa y cinco mil euros), impuesto sobre el valor añadido excluido. Dicho precio queda determinado exclusivamente para el cálculo de la garantía provisional.  
Quienes deseen participar en el concurso de programación deberán presentar resguardo acreditativo de la garantía provisional en los términos previstos en la base general 16, apartado 1, por importe de 333.900,00 euros (trescientos treinta y tres mil novecientos euros), equivalente al dos por ciento del precio de licitación, impuesto sobre el valor añadido excluido.  
  
Doce. Plazos de desarrollo y ejecución del programa (art. 131.2.i de la LUV y art. 286.1.i del ROGTU)  
De conformidad con los artículos citados, los plazos serán los siguientes:  
1. Anuncio del concurso. La información pública de este concurso se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la LUV y concordantes del ROGTU.  
2. Proposiciones de los interesados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.3 de la LUV, las proposiciones de los interesados, acompañadas de la documentación exigida en el apartado 1 del citado precepto, se presentarán en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.  
3. Información pública. los concursantes someterán la documentación a la que hace referencia los artículos 134.1 de la LUV y 293 del ROGTU a información pública, por plazo de un mes.  
4. Adjudicación del programa. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses, contados a partir de la apertura de las proposiciones de los interesados, para la aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada.  
Esta aprobación municipal será provisional y no legitimará el despliegue y ejecución del programa, hasta la aprobación definitiva del plan parcial modificativo de la ordenación estructural, por la conselleria competente en materia de urbanismo (art. 137.5 de la LUV).  
5. Formalización del contrato. En el plazo de un mes, contado desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación definitiva del programa al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada que, como mínimo, incluirá en sus cláusulas la referencia a las cuestiones previstas en el artículo 138.3 de la LUV.  
6. La presentación de textos refundidos. Correspondientes al planeamiento o proyecto de urbanización, deberá producirse en el plazo máximo de dos meses, contados desde que tenga lugar la notificación de la aprobación provisional o definitiva, que impusiera modificaciones a la alternativa técnica formulada.  
7. Licitación, en su caso, de las obras de urbanización. El empresario constructor será seleccionado mediante concurso o subasta, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y artículos 120 y 160 de la LUV y concordantes del ROGTU, salvo que concurran las excepciones legalmente previstas.  
El inicio del procedimiento de pública concurrencia para la selección de empresario constructor, debe tener lugar en el plazo de un mes, desde la formalización del contrato entre el urbanizador y la administración actuante (art. 332.6 del ROGTU).  
8. Proyecto de reparcelación. el proyecto de reparcelación deberá someterse a información pública en el plazo máximo de cuatro meses, desde la expiración del plazo que el artículo 167.3 de la LUV habilita a los propietarios para optar por el modo de retribuir al urbanizador.  
9. Ejecución material de las obras de urbanización.  
- Inicio: tres meses desde que adquiera firmeza en vía administrativa la aprobación del proyecto de reparcelación.  
- Terminación: un plazo máximo de 36 meses desde el inicio de las obras para la ejecución de las obras de urbanización previstas.  
- Plazo garantía: 12 meses desde la recepción definitiva de las obras de urbanización.  
- Prórroga: el plazo de ejecución será prorrogable por causa justificada no imputable al urbanizador, que le impida realizar las obras dentro del plazo previsto.  
- Penalización: el urbanizador está obligado a cumplir los plazos fijados en la LUV, en las presentes bases y en el contrato que suscriba con el Ayuntamiento de Paterna.  
El incumplimiento de esta obligación habilitará al Ayuntamiento de Paterna a imponer las multas coercitivas señaladas en la legislación de contratos de las administraciones públicas y, en su caso, a resolver el contrato con incautación de la fianza definitiva.  
10. Solicitud de licencias de edificación en los solares resultantes.  
El urbanizador deberá solicitar licencia para la edificación de los solares de su propiedad en el plazo máximo de seis meses desde la recepción de las obras de urbanización.   
  
Trece. Capacidad para ser urbanizador  
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores, ni promover Programas de Actuación Integrada, las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.   
  
Catorce. Solvencia económica y financiera (art. 131.2.m LUV)  
  
Para justificar la solvencia económica y financiera del urbanizador, deberá reunir uno de los siguientes requisitos:  
A) Personas jurídicas: presentación de cuentas anuales o extracto de las mismas y capital social mínimo del 10 por ciento del precio de licitación del programa.  
Este extremo será acreditado por medio de certificado expedido por el Registro Mercantil, de una antigüedad no superior a tres meses.  
B) Agrupación de interés urbanístico: se entenderá que cuentan con solvencia financiera en todo caso. Se acreditará tal extremo mediante certificado acreditativo de la inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico.  
  
Quince. Solvencia técnica y profesional (art. 131.2.m LUV)   
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto, el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
  
Dieciséis. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada, tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, una garantía provisional equivalente al dos por ciento de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido.  
  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se establece en un 10 por ciento del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en el plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
El urbanizador seleccionado, en el mismo plazo, deberá acreditar, igualmente, el pago de todos los gastos originados por el concurso, así como de estar al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de tributos autonómicos y estatales, mediante la aportación de los correspondientes certificados y el Ayuntamiento comprobará por sus medios, que se encuentra al corriente en el pago de tributos municipales.  
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20 por ciento en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad, calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
  
Diecisiete. Presentación de proposiciones  
Quienes deseen tomar parte en la licitación, deberán presentar sus proposiciones en el plazo y lugar siguientes:  
1. Plazo de presentación: las proposiciones se presentarán en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de envío del anuncio de concurso al Diario Oficial de la Unión Europea, fecha que se hará constar en todos los anuncios de licitación.  
2. Lugar de presentación: Las proposiciones se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento de Paterna, situado en la plaza del Ingeniero Castells, número 1, de Paterna.  
Las proposiciones, integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran, y firmados por el licitador o persona que lo represente, e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
- Sobre A. Alternativa técnica, se presentará abierto.  
- Sobre B. Proposición jurídico-económica, se presentará en sobre cerrado.  
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.  
- Sobre C. Se presentará con el título de «Documentación» y contendrá la siguiente documentación:  
A. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico, dependiente de la conselleria competente en urbanismo.  
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.  
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar documento nacional de identidad o fotocopia legalizada del mismo.  
D. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base 16.  
E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.  
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.  
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la Administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por este.  
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.  
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes de los documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del ROGTU. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositarán una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, solo a los efectos de la presentación de alegaciones.  
Dieciocho. Contenido mínimo de la alternativa técnica  
La alternativa técnica del programa de actuación integrada tendrá el contenido siguiente:  
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación pormenorizada a desarrollar.  
Dado que la propuesta de programa modifica la ordenación estructural, al suponer una reclasificación de suelo no urbanizable, deberá incorporarse la documentación establecida en los artículos 72 a 74 de la LUV y concordantes del ROGTU.  
Las propuestas de programación que se presenten deberán aportar un anexo de coordinación de servicios, tanto con las compañías suministradoras, como con las administraciones afectadas, de forma que queden perfectamente definidas las actuaciones a realizar.  
La incorporación del citado anexo a la documentación integrante de la propuesta de programación, la aprobación del mismo por el Ayuntamiento de Paterna y Generalitat Valenciana, así como su cumplimiento en las actuaciones a desarrollar, debe ser una condición imprescindible para desarrollar la programación de los suelos.  
b) Ámbito de la actuación. El ámbito de actuación se ceñirá al definido en la ficha de planeamiento y gestión incorporada a las presentes bases, se permitirán las redelimitaciones del ámbito territorial a programar por parte de la alternativa técnica, exclusivamente aquellas motivadas por las necesidades de conexión a las infraestructuras de comunicación y servicios urbanos necesarios para el sector.  
En defecto de previsión expresa, únicamente tendrá lugar cuando tenga por objeto la ampliación de la red primaria y secundaria prevista en el planeamiento vigente. En todo caso, se debe asegurar el suplemento de dotaciones de red primaria y de red secundaria que exija la ampliación y su debida integración en la estructura urbanística del plan.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización, como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
f) Proyecto de urbanización.  
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen, conforme a lo dispuesto en la LUV, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
  
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables, cuyo importe, aún siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
k) Si la propuesta de programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la documentación establecida para tales supuestos en la LUV.  
Deberá contenerse el compromiso del licitador de edificar de forma simultánea a la ejecución de la urbanización un 20 por ciento de la edificabilidad asignada al sector.   
  
Diecinueve. Proposición jurídico-económica  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
B) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento, que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.  
C) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
D) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe reglamentariamente.   
E) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b) de la LUV.  
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la LUV.   
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10 por ciento.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización a los propietarios acogidos a ellas, que, en su caso, deberán estar apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
F) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
G) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.  
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.  
  
Veinte. Admisibilidad de variantes (art. 131.2.g de la LUV)  
1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca las de carácter económico, siempre y cuando estas últimas no alteren sustancialmente la ordenación urbanística propuesta.  
2. No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
3. En caso de admitirse, cada aspirante a urbanizador podrá presentar una única variante.  
4. La presentación de una variante en ningún caso legitimará la presentación de una nueva proposición jurídico-económica.   
5. El Ayuntamiento podrá elegir, de entre la alternativa original y la variada, aquella que mejor satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la proposición jurídico-económica formulada y sin poder modificar en ningún caso el contenido de las bases particulares.  
6. No se entenderá como alternativa técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar alternativa técnica, que no se considerará variante de su avance de programación, todo ello con respeto a lo dispuesto en las bases generales y particulares que regulen el procedimiento.   
  
Veintiuna. Criterios de adjudicación (art. 286.1.j del ROGTU).  
Los criterios de adjudicación de las proposiciones serán:  
1. Alternativa técnica.  
- Calidad técnica de la ordenación propuesta: ponderación 50 por ciento (50 puntos).  
- Calidad técnica de las resoluciones propuestas para la urbanización: 20 por ciento (20 puntos).   
- Compromisos complementarios adicionales, asumidos voluntariamente por el urbanizador y a su cargo, en especial compromisos de adquisición de excedentes de aprovechamiento de titularidad municipal: 25 por ciento (25 puntos).  
- Plazos de ejecución del programa: 5 por ciento (5 puntos).  
La puntuación mínima de la alternativa técnica deberá ser de 50 puntos, para poder valorar la proposición jurídico-económica.  
2. Proposición jurídico-económica.  
- Importe de las cargas: 20 por ciento (20 puntos).  
- Valoración de los terrenos a efectos de fijación del porcentaje de canje, junto con la menor proporción de solares o aprovechamiento que deba ser puesta a disposición del urbanizador, por medio de la reparcelación forzosa como retribución en especie: 20 por ciento (20 puntos).  
- Mayor proporción de terrenos propios o de asociados, que deban quedar afectos con garantía real: 20 por ciento (20 puntos).  
- Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa: 20 por ciento (20 puntos).  
- Propuesta de adquisición de excedentes municipales de aprovechamiento urbanístico: 20 por ciento (20 puntos).  
3. Porcentajes de la alternativa técnica y de la proposición jurídico-económica en la determinación final de la puntuación:  
- Alternativa técnica: 60.  
- Proposición jurídico-económica: 40.  
  
Veintidós. Adjudicación del programa (art. 286.1.g del ROGTU)  
1. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base 16 de las presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva del coste de las indemnizaciones, justiprecios y gastos de realojo necesarios para realizar la actuación, la totalidad del coste de las obras de urbanización complementarias y un siete por ciento del coste de las obras de edificación.   
  
Veintitrés. Formalización del contrato  
1. En el plazo de un mes, contado a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.  
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.  
3. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
  
Veinticuatro. Dictamen del Consejo del Territorio y Paisaje (art. 286.1.c del ROGTU)  
Será exigible la emisión de informe del Consejo del Territorio y Paisaje, de conformidad con lo establecido en el artículo 73.1 de la LUV.  
  
Veinticinco. Cumplimiento  
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.  
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquellas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.  
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva, que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.  
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.   
6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese período, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.  
  
Veintiséis. Resolución  
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la Administración.  
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La no formalización del contrato en plazo.  
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la LUV y las normas que la desarrollen.  
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada, o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que estos puedan ejercitar plenamente los derechos que la LUV les otorga.  
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la Administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal, que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20 por ciento.  
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia, la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de este, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.   
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta ley.  
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.  
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador, será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.  
  
Veintisiete. Prerrogativas de la Administración (art. 286.1.e del ROGTU)   
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  
  
Veintiocho. Jurisdicción competente (art. 286.1.f del ROGTU)   
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la Administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia».  
Por lo que se refiere al modelo de anuncio de concurso, es el modelo tipo aprobado por Orden de 13 de diciembre de 2006, del conseller de Territorio y Vivienda, y publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5408, de 15 de diciembre de 2006; debiendo redactarse las ofertas o solicitudes de participación en lengua española (ES). Y habiéndose remitido el anuncio para la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea el día 26 de diciembre de 2012.  
Igualmente, se hace constar que, de acuerdo con el artículo 101.2 de la LUV y con el artículo 289 del ROGTU, se suspende el otorgamiento de licencias de edificación, derribo y parcelación, así como la adopción de acuerdos aprobatorios de nuevos programas en el ámbito territorial definido anteriormente.  
Para efectuar cualquier consulta o recabar información, podrán dirigirse al Ayuntamiento de Paterna, sito en la plaza de Enginyer Castells, número 1, 46793 Paterna (Valencia-España), Área de Sostenibilidad, Sección de Planeamiento Urbanístico, teléfonos números 432 180 272 y 639 957 498, fax número 266 907 414, a la dirección de correo electrónico , o a la página web .   
  
Paterna, 26 de diciembre de 2012.- El alcalde: Lorenzo Agustí Pons.