Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9473, del 18-11-2022 (2022/10526)

ORDEN 13/2022, de 15 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas para el impulso de los delegados y las delegadas, supervisores y supervisoras o responsables territoriales de prevención de riesgos laborales.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9473

Fecha DOGV
:   18-11-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2022/10780

CVE
:   VHOR-D-7741-11452

Fecha del documento
:   15-11-2022

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * ayuda pública

ORDEN 13/2022, de 15 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas para el impulso de los delegados y las delegadas, supervisores y supervisoras o responsables territoriales de prevención de riesgos laborales. [2022/10397]  
Índice  
Preámbulo  
Capítulo I. Disposiciones generales  
Artículo 1. Objeto y ámbito  
Artículo 2. Organizaciones beneficiarias  
Artículo 3. Requisitos de los convenios colectivos sobre los que se fundamenta la ayuda  
Artículo 4. Financiación  
Artículo 5. Distribución del presupuesto  
Artículo 6. Importe máximo de la ayuda por organización beneficiaria  
Artículo 7. Costes subvencionables  
Artículo 8. Subcontratación  
Capítulo II. Solicitudes de subvención y tramitación  
Artículo 9. Convocatoria de ayudas y documentación a aportar  
Artículo 10. Solicitudes y plazo de presentación  
Artículo 11. Proyecto de trabajo de los delegados o delegadas territoriales de prevención y requisitos mínimos de formación  
Artículo 12. Instrucción del procedimiento  
Artículo 13. Propuesta de concesión  
Artículo 14. Resolución y recursos  
Capítulo III. Liquidación, justificación, control y seguimiento de las subvenciones  
Artículo 15. Liquidación y pago de la ayuda  
Artículo 16. Constitución de garantías  
Artículo 17. Justificación de la subvención  
Artículo 18. Obligaciones de las organizaciones beneficiarias de las ayudas  
Artículo 19. Minoración, revocación y reintegro de las subvenciones  
Artículo 20. Incidencia presupuestaria  
Artículo 21. Habilitación competencial  
Artículo 22. Régimen jurídico  
Artículo 23. Tratamiento de datos de carácter personal  
Artículo 24. Verificación de datos  
Artículo 25. Transparencia  
Disposición final  
Única. Entrada en vigor  
  
  
PREÁMBULO  
  
La entrada en vigor de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que traspuso al derecho interno la Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de las personas trabajadoras en el trabajo, supuso un cambio trascendental en las políticas de seguridad y salud en el trabajo, así como en la acción que las empresas debían desarrollar para la protección de las personas trabajadoras. De esta forma, la protección de la persona trabajadora frente a los riesgos laborales exige desde entonces una actuación en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas.  
Transcurridos más de 25 años desde su entrada en vigor, es necesario profundizar las acciones de prevención de riesgos laborales en aquellas empresas que carecen de representación legal de las personas trabajadoras o donde no se han constituido los órganos de participación y colaboración en esta materia. En este sentido, el nuevo marco estratégico de la Unión Europea sobre salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 prevé expresamente el desarrollo de herramientas de apoyo y orientación para que el empresariado cumpla la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, que se dirigirán en particular a las micro y pequeñas empresas.  
La Generalitat, consciente que el impulso y desarrollo eficiente de las políticas de seguridad y salud en el trabajo requiere la plena colaboración la administración autonómica con las organizaciones empresariales y sindicales que tienen representación en los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, estableció en sus Presupuestos Generales para 2022 una línea de subvención a las organizaciones sindicales y empresariales de la Comunidad Valenciana que suscriban convenios colectivos, cuyo ámbito territorial no sea superior al de la Comunidad Valenciana, y en cuyo clausulado se haya incorporado la figura de las personas como delegadas, supervisoras o responsables territoriales de prevención de riesgos laborales.  
La función de esta figura que se impulsa mediante la presente Orden de bases es tanto colaborar en la vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, como proponer a la dirección de la empresa y a las personas trabajadoras de la misma, acciones para la mejora de la prevención de riesgos laborales y desarrollar actividades concretas para promover la integración de las acciones de prevención de riesgos laborales en el seno de la empresa.  
En la presente Orden se ha tenido en cuenta lo que se establece en la Ley 18/2018, de 13 de julio, para el fomento de la responsabilidad social, así como en el Decreto 118/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones. En este sentido, la propia naturaleza y objeto de la ayuda incide en aspectos de carácter social dado que repercute directamente en la mejora de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4 del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, se indica que estas subvenciones no están sujetas a la obligación de notificación previa a la Comisión Europea por no concurrir todos los requisitos del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que la subvención pública concedida, por su naturaleza, no supone una ventaja económica, no falsea ni puede falsear la competencia, ni los intercambios comerciales entre los estados miembros.  
El anteproyecto de la presente Orden se sometió a informe previo de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana, en la reunión celebrada por el Pleno del Consejo Tripartito para el desarrollo de las relaciones laborales y de la negociación colectiva del 15 de junio de 2022.  
Esta norma se adecúa a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En concreto, cumple con los principios de necesidad y eficacia, pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar que la normativa europea se aplica de un modo homogéneo en todo el territorio nacional, lo que garantiza el interés general. También se adecúa al principio de proporcionalidad, pues no se impone obligaciones a los destinatarios. En cuanto a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, dicha norma se adecúa a los mismos pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y se ha procurado la participación de las partes interesadas, evitando cargas administrativas innecesarias o accesorias.  
En su virtud, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 38/2003, general de subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley mencionada, y en uso de las facultades que me confieren el artículo 28 de la Ley 5/1983, del Consell, y los artículos 160.2.b) y 165 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y habiendo sido recabado el informe previo de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención Delegada en la Conselleria,  
  
  
  
  
  
  
ORDENO  
  
CAPÍTULO I  
Disposiciones generales  
  
Artículo 1. Objeto y ámbito  
El objeto de esta Orden es aprobar las bases que regirán la concesión de ayudas destinadas a subvencionar a las organizaciones sindicales y empresariales de la Comunitat Valenciana que suscriban convenios colectivos estatutarios cuyo ámbito territorial no sea superior al de la Comunitat Valenciana, su ámbito funcional sea superior a la empresa o grupo de empresas y en el clausulado del convenio colectivo se haya regulado la figura del delegado/a, supervisor/a o responsable territorial de prevención de riesgos laborales.  
A los efectos de esta orden se define como delegado/a, supervisor/a o responsable territorial de prevención de riesgos laborales, aquellas personas designadas por las organizaciones sindicales o las asociaciones empresariales para desarrollar, en el marco del ámbito del convenio colectivo, entre otras, alguna de las siguientes funciones, siempre que la actividad se desarrolle en empresas en las que no exista representación legal de las personas trabajadoras, o no se haya designado delegado/a de prevención o no se haya constituido el comité de seguridad y salud:  
- Colaborar en la vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  
- Proponer a la dirección de la empresa y a las personas trabajadoras de la misma, acciones para la mejora de la prevención de riesgos laborales.  
- Desarrollar acciones para promover la integración de la prevención de riesgos laborales en el seno de la empresa con perspectiva de género y adaptadas a las características diferenciadas de sexo, de conformidad con lo previsto en los artículos 5.4 y artículos 26.2 y 26.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
- Divulgar contenidos relacionados con el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos laborales, fundamentalmente la específica de aplicación al sector.  
- Realizar actuaciones que permitan dar a conocer buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo y contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo.  
Las personas que ejerzan la labor de delegado/a, supervisor/a o responsable territorial de prevención de riesgos laborales deberán contar, como mínimo, con una formación de 300 horas en materia de prevención de riesgos laborales.  
Podrán acogerse a la presente Orden las actuaciones llevadas a cabo por el/la delegado/a, supervisor/a o responsable territorial de prevención de riesgos laborales en el período comprendido entre el día 1 de enero y el día 30 de noviembre de cada año, siempre que reúnan los requisitos que aquí se determinan.  
  
Artículo 2. Organizaciones beneficiarias  
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria las organizaciones empresariales y sindicales, legalmente constituidas, que hayan suscrito un Convenio colectivo en los términos señalados en el párrafo primero del artículo anterior.  
2. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarias:  
A) Las entidades en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; a tal efecto, las organizaciones solicitantes deberán presentar la correspondiente declaración responsable.  
B) Las organizaciones que en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de la ayuda hayan sido sancionadas como consecuencia de infracciones tipificadas en el RD Legislativo 5/2020, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y sanciones del orden social, y la infracción haya sido calificada como grave o muy grave y la resolución administrativa sancionadora haya adquirido firmeza.  
3. Cuando una misma organización beneficiaria de la ayuda designe en el ámbito de un mismo convenio colectivo, más de una persona como delegada, supervisora o responsable territorial de prevención, procurará una presencia equilibrada de hombres y mujeres. Cuando no sea posible que la designación respete la indicada presencia equilibrada, deberán justificar las causas en la memoria final a la que hace referencia el art. 18.2 de la presente orden.  
Artículo 3. Requisitos de los convenios colectivos sobre los que se fundamenta la ayuda  
Los convenios colectivos sobre los que se fundamenta la ayuda prevista en la presente orden de bases deben cumplir los siguientes requisitos:  
1. Los convenios colectivos deben tener naturaleza estatutaria, es decir, negociados y acordados conforme al Estatuto de los Trabajadores.  
2. Los convenios colectivos deberán tener un ámbito superior al de la empresa o de grupo de empresas. En ningún caso el ámbito funcional del convenio colectivo debe formar parte del sector público.  
3. El ámbito territorial del convenio no debe ser en ningún caso superior al de la Comunidad Valenciana.  
4. El convenio colectivo debe estar vigente a la fecha de la presentación de la solicitud de la ayuda conforme al art. 86 del Estatuto de los Trabajadores. Entendiendo como tal, los que se encuentren en situación de prorroga una vez finalizada su vigencia inicial.  
5. En el convenio colectivo debe estar regulado de forma expresa la figura del o de la responsable, coordinador/a o supervisor/a territorial en materia de prevención de riesgos laborales, con funciones equivalentes a las señaladas en el artículo primero. Dicha regulación podrá consistir en la remisión a otro convenio de ámbito superior o convenio marco en el que se recoja expresamente esta figura.  
6. El convenio colectivo debe haber sido suscrito por la organización solicitante de la ayuda.  
  
Artículo 4. Financiación  
1. Los créditos disponibles iniciales para atender las subvenciones que se convoquen según lo establecido en la presente orden serán los contemplados en la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio anual correspondiente.  
2. En la resolución de convocatoria, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se dará publicidad a los créditos presupuestarios disponibles para cada ejercicio.  
3. Las convocatorias podrán fijar, además de la cuantía total máxima de los créditos disponibles, una cuantía adicional, como consecuencia del aumento presupuestario derivado de una generación, ampliación o incorporación de crédito, en cuyo caso, la cuantía del crédito adicional quedará condicionada a la efectiva disponibilidad del mismo, que será publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, con carácter previo a la resolución del procedimiento, sin que tal publicidad implique la apertura de un nuevo plazo para la presentación de solicitudes.  
4. Las subvenciones que se otorguen serán concedidas hasta el límite de las consignaciones presupuestarias, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos en la presente orden, de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.  
  
Artículo 5. Distribución del presupuesto  
El presupuesto anual destinado a financiar la presente Orden de ayudas se distribuirá en dos tramos:  
a) El 50 % del presupuesto asignado anualmente a esta línea de ayudas se destinará a las asociaciones empresariales que hayan suscrito convenios colectivos en los términos señalados en los artículos precedentes  
b) El 50 % restante, se destinará a las organizaciones sindicales que hayan suscrito convenios colectivos en los términos señalados en los artículos precedentes.  
No obstante lo anterior, cuando después de finalizado el plazo de presentación de cada convocatoria anual de ayudas el órgano administrativo instructor de estas ayudas compruebe que existe algún tramo de la reserva de presupuesto que tendrá crédito sobrante, podrá proponer al órgano concedente la reasignación de los porcentajes establecidos en el apartado primero de este artículo, con el objeto de facilitar la cobertura del mayor número de las solicitudes presentadas en cualquiera de los tramos anteriormente señalados.  
  
Artículo 6. Importe máximo de la ayuda por organización beneficiaria  
La cuantía máxima que puede recibir cada plan de actuación será de 75.000,00 euros. En ningún caso se podrá presentar más de una solicitud de subvención por una misma entidad.  
  
Artículo 7. Costes subvencionables  
Se subvencionará a la organización beneficiaria el coste salarial y de seguridad social de la persona o personas que ejerzan la función de delegado/a, supervisor/a o responsable territorial de prevención de riesgos laborales, en los siguientes términos:  
a) Gastos de personal propio, incluidos los costes de la Seguridad Social, y gastos de personal contratado o que pueda contratar la entidad beneficiaria a los efectos de esta ayuda.  
Cuando se subvencionen gastos de personal propio de la organización beneficiaria, deberá acreditarse en la justificación de la ayuda las horas de trabajo dedicadas a las distintas funciones desarrolladas, consignadas en el documento identificativo de la actuación, dejando constancia del método seguido para establecer dichos costes.  
b) Gastos de desplazamiento y dietas: transporte, alojamiento y manutención devengados por razón de las actividades desarrolladas por el delegado/a, supervisor/a o responsable territorial de prevención de riesgos laborales.  
c) Honorarios, costes de las auditorías de las cuentas auditadas. Se incluye exclusivamente el coste correspondiente a la actuación de persona auditora independiente para la justificación de la subvención en los términos previstos en estas bases, que deberá ser convenientemente especificado, distinguiéndolo del coste que pudiera corresponder a cualquier otra labor desarrollada por la persona auditora para la beneficiaria.  
  
Artículo 8. Subcontratación  
1. A los efectos de esta subvención, se entenderá que existe subcontratación cuando la entidad beneficiaria concierte con terceras partes la ejecución parcial de las acciones previstas en estas bases reguladoras. En cualquier caso, las personas de la entidad subcontratada que deban ejecutar las acciones señaladas en el artículo 1 de esta Orden deberán disponer de una formación mínima de máster en prevención de riesgos laborales y una experiencia de, al menos, cinco años en materia de prevención de riesgos.  
2. La subcontratación de acciones por parte de la beneficiaria se hará en condiciones de libre competencia, sometiéndose en todo caso a lo dispuesto en el artículo 29 de la LGS y en el artículo 68 del RLGS, sin perjuicio de cualquier otra normativa de aplicación.  
3. Serán subvencionables los gastos correspondientes a acciones subcontratadas hasta el límite del noventa por ciento de la subvención concedida.  
4. Cuando alguno de los servicios subcontratados supere el valor estimado de 15.000,00 euros previsto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público como umbral máximo para la adjudicación de contratos menores, la beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedoras, con carácter previo a la contracción, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, circunstancia que deberá ser acreditada por la beneficiaria.  
5. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo dar prioridad en la subcontratación a entidades sociales o sin ánimo de lucro y justificando expresamente la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.  
6. De acuerdo con lo que dispone el artículo 21.2 del Decreto 118/2022, de 5 de agosto, del Consell, cuando las entidades beneficiarias subcontraten con terceros la realización de parte de la actividad subvencionada, deberán exigir a dichos terceros que se comprometan por escrito a respetar la normativa ambiental y social, así como a cumplir con los compromisos sociales, de transparencia, éticos y ambientales asumidos por la entidad beneficiaria.  
  
  
CAPÍTULO II  
Solicitudes de subvención y tramitación  
  
Artículo 9. Convocatoria de ayudas y documentación a aportar  
1. La forma y plazo de presentación de solicitudes y los documentos e informaciones a aportar se recogerán en la correspondiente Resolución de convocatoria que deberá realizar la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de esta Conselleria, de conformidad con lo dispuesto en la presente orden de bases y en la normativa vigente en materia de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
2. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las bases reguladoras, y conllevará la autorización a la Conselleria competente en materia de trabajo, para que esta, a los efectos de que la entidad solicitante acredite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos establecidos en el artículo 13 de la LGS, y el artículo 22 de su Reglamento, pueda recabar:  
a) De la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el certificado que acredite de que la entidad solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.  
b) De la Tesorería General de la Seguridad Social el certificado acreditativo de que la entidad solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  
c) De la Agencia Tributaria Valenciana, competente en materia de hacienda, el certificado acreditativo de que la entidad solicitante no tiene deudas de naturaleza tributaria con la Generalitat. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen las medidas de simplificación y reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público.  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el o los documentos señalados en los apartados anteriores, el órgano competente podrá requerir a la entidad solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refieren los mismos. No obstante, la entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces junto con el resto de la documentación las certificaciones antes señaladas, que deberán tener una vigencia de, al menos, cinco meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.  
  
Artículo 10. Solicitudes y plazo de presentación  
Las solicitudes para la obtención de las subvenciones reguladas en estas bases, junto con la documentación requerida, se presentarán exclusivamente de forma telemática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante, LPAC), de acuerdo con los modelos oficiales disponibles en la Sede Electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es), mediante el procedimiento que figurará publicado y disponible en la misma Sede Electrónica de la Generalitat.  
Tanto la solicitud como el resto de los documentos a presentar deberán firmarse electrónicamente con certificación de persona jurídica, emitida por cualquiera de las entidades admitidas por el portal electrónico de la Generalitat, o con certificación digital de su representante, que deberá haberse registrado previamente en el Registro de Representantes de la Generalitat.  
  
Artículo 11. Proyecto de trabajo de los delegados o delegadas territoriales de prevención y requisitos mínimos de formación  
A la solicitud de la ayuda deberá acompañarse, necesariamente, la siguiente documentación:  
- Un «Plan de actuación de los delegados/as, supervisores/as o responsables territoriales de prevención», conforme a las directrices/modelos que se establezcan en cada convocatoria anual de ayudas. En el Plan se deberá indicar la actividad programada para el delegado/a, sin perjuicio de las actuaciones que puedan determinarse en función de las necesidades concretas del sector o empresas en las que actúe.  
- La documentación que acredite la formación del delegado/a, supervisor/a o responsable territorial de prevención de riesgos laborales.  
- Compromiso de la organización de colaboración con la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo en la evaluación y seguimiento del programa. Para este último objeto, las organizaciones autorizarán la cesión de datos y estadísticas anonimizadas a efectos exclusivos del estudio científico de los resultados del programa.  
  
Artículo 12. Instrucción del procedimiento  
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones a las que se refiere la presente Orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, en los términos establecidos en el título I de la Ley General de Subvenciones.  
2. Corresponderá la instrucción del procedimiento a la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de esta Conselleria, que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, comprobación de datos y evaluación de las solicitudes.  
3. El órgano instructor podrá recabar de las organizaciones interesadas la aportación adicional de cuantos documentos y datos aclaratorios estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada. Examinadas las solicitudes, el órgano instructor emitirá informe donde hará constar que las organizaciones beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para la concesión de las ayudas.  
4. En la Dirección general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral se constituirá un órgano colegiado integrado por la persona titular de la Subdirección General de Relaciones Laborales o persona que se designe para su sustitución, que la presidirá; dos vocales; y un secretario, con voz, pero sin voto. Quienes actuarán de vocales y la o el secretario serán designados por la persona titular de la dirección general. El órgano colegiado emitirá informe donde se concrete el resultado de la evaluación efectuada.  
El órgano colegiado establecido en el párrafo anterior aplicará los siguientes criterios de valoración para las solicitudes que cumplan los requisitos para participar en el presente programa de ayudas:  
- Valoración global del «Plan de actuación de los delegados/as, supervisores/as o responsables territoriales de prevención» al que se refiere el artículo siguiente (máximo 40 puntos).  
En concreto se valorará el Plan de acuerdo con los siguientes parámetros:  
o La coherencia y calidad del plan (hasta 5 puntos).  
o Las actuaciones a desarrollar (hasta 10 puntos).  
o La previsión de resultados e incidencia en la mejora de la prevención de riesgos laborales en las empresas (hasta 15 puntos).  
o Si la actuación se desarrolla íntegramente por la entidad beneficiaria (10 puntos).  
o Si la entidad subcontrata parte de las actuaciones cumpliendo con lo establecido en el artículo 21.2 del Decreto 118/2022, de 5 de agosto, del Consell (5 puntos).  
Para la valoración del proyecto y sus efectos sobre la mejora de la prevención de riesgos laborales, el órgano instructor deberá solicitar informe del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT). Este informe deberá ser emitido por el INVASSAT con carácter previo a la reunión del órgano colegiado.  
- Número de personas trabajadoras y empresas incorporadas al «Plan de actuación» señalado en el punto anterior (máximo 30 puntos).  
- Para las organizaciones sindicales solicitantes, número de representantes legales de los trabajadores con mandato vigente que acredite cada organización en el convenio colectivo en el que se desarrollará el Plan de actuación. Y para las organizaciones empresariales, la representatividad de la organización en el ámbito sectorial del convenio colectivo (máximo 30 puntos).  
En caso de igual puntuación, se otorgará preferencia para la concesión de la subvención a aquellas entidades que, conforme al artículo 11 del Decreto 118/2022, de 5 de agosto, del Consell cuenten con un Plan de Igualdad registrado por la Autoridad Laboral, conforme a lo dispuesto en el RD 901/2020 de 13 de octubre, aún no estando obligadas legalmente.  
Si persistiera la igualdad, se otorgará preferencia a aquellas que tengan la calificación de entidad valenciana socialmente responsable, obtenida en la forma establecida reglamentariamente en desarrollo del título III de la Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social.  
Si finalmente persistiera la igualdad, el criterio de concesión será por orden de registro de entrada de la solicitud.  
  
Artículo 13. Propuesta de concesión  
1. El órgano colegiado establecido en el apartado 4 del artículo anterior formulará propuesta de concesión que elevará al órgano competente para resolver, junto con su informe de evaluación de las solicitudes.  
2. La propuesta de concesión deberá contener la relación de solicitantes que cumplen los requisitos exigidos, indicando el orden de prelación que les haya correspondido en aplicación de los criterios fijados en el artículo 12 de estas bases y haciendo constar, igualmente, la cuantía de la subvención propuesta para cada uno de ellos.  
  
Artículo 14. Resolución y recursos  
1. La competencia para resolver sobre las solicitudes presentadas corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral.  
2. La propuesta de concesión se formulará por el órgano colegiado determinado en el apartado 4 del artículo 12 de la presente orden, a través del órgano instructor.  
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese notificado resolución expresa, las empresas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley general de Subvenciones. Ello, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de la Administración de resolver expresamente sobre la petición formulada. La resolución deberá de ser motivada  
4. Las resoluciones que se dicten se notificarán a las empresas interesadas en los términos previstos en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común.  
5. Las resoluciones de concesión o denegación de las ayudas agotarán la vía administrativa y, contra ellas, podrán interponerse los recursos que establezca la propia resolución de concesión, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
  
CAPÍTULO III  
Liquidación, justificación, control y seguimiento de las subvenciones  
  
Artículo 15. Liquidación y pago de la ayuda  
1. El abono de la subvención se efectuará a las organizaciones beneficiarias del siguiente modo:  
- un anticipo del 30 % del importe de la subvención en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la resolución de concesión, previa solicitud de la organización beneficiaria y acompañada de garantía o justificación de la exoneración en los términos señalados en el artículo siguiente;  
- el 70 % restante, a la finalización de la acción para la que se conceda la subvención, una vez se haya justificado la realización de la acción subvencionada.  
2. Conforme dispone el artículo 34 de la LGS, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.  
  
3. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS.  
  
Artículo 16. Constitución de garantías  
En cuanto al régimen de garantías, se estará a lo dispuesto en el artículo 171.5 de la Ley 1/2015, sin perjuicio de lo que puedan disponer las Leyes de Presupuestos de la Generalitat para cada ejercicio, en orden a su exención.  
La constitución de la garantía o fianza por el anticipo del 30 % del importe de la subvención previsto en el artículo precedente, se formalizará conforme a lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1986, de la Conselleria de Economía y Hacienda (DOGV 07.03.1986).  
  
Artículo 17. Justificación de la subvención  
1. La modalidad de justificación de estas subvenciones será la de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor en los términos previstos en el artículo 74 del RLGS. La cuenta justificativa incorporará, además de la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, a que se refiere el apartado 1 del artículo 72 del RLGS, una memoria económica abreviada que contendrá, por remisión al artículo 7 de estas bases, un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.  
La justificación de la subvención se realizará, como máximo, el 30 de noviembre (inclusive) del ejercicio en que se conceda la subvención y, de conformidad con lo previsto en la normativa básica en materia de procedimiento administrativo, se podrá contemplar una prórroga de los plazos de realización y justificación, cuando el proyecto o actividad subvencionada no pueda realizarse o justificarse en el plazo previsto, por causas debidamente justificadas previstas.  
2. En el supuesto de que los gastos justificados fueran inferiores a la subvención concedida, esta se minorará en la cantidad correspondiente, debiendo la beneficiaria proceder, en su caso, al reintegro de las cantidades recibidas en exceso, incrementadas con los correspondientes intereses.  
3. En caso de observarse deficiencias subsanables en la documentación justificativa aportada por la beneficiaria, la dirección general competente en materia de trabajo lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para la subsanación de aquellas. De no llevarse a cabo la subsanación requerida, se tendrá por no justificado el gasto correspondiente.  
  
Artículo 18. Obligaciones de las organizaciones beneficiarias de las ayudas  
1. Las organizaciones que resulten beneficiarias de estas subvenciones tendrán las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 14 de la LGS.  
2. Con carácter específico, serán obligaciones de las organizaciones beneficiarias de la subvención prevista en esta Orden las siguientes:  
a. Presentar la información estadística sobre los resultados obtenidos por la ejecución del Plan señalado en el art. 11 de la presente Orden que les sea requerida, para su seguimiento y evaluación por la dirección general competente en materia de trabajo.  
b. Facilitar cuantos informes cualitativos y cuantitativos se les soliciten por la dirección general competente en materia de trabajo al objeto de conocer el desarrollo del programa.  
c. Cooperar con la dirección general competente en materia de trabajo para facilitar el seguimiento y evaluación del Plan presentado por la empresa  
d. Presentar la memoria de actuación justificativa en los términos previstos en el artículo anterior ante la dirección general competente en materia de trabajo.  
  
Artículo 19. Minoración, revocación y reintegro de las subvenciones  
1. Procederá la revocación y el reintegro total de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora devengado desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro (o la fecha en que la deudora ingrese el reintegro si es anterior a esta), o bien la declaración de la pérdida del derecho al cobro de la misma si este pago no se hubiere efectuado, en caso de que concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS.  
2. Igualmente, procederá el reintegro de las cantidades percibidas en exceso y la exigencia del interés de demora devengado desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en caso de que la beneficiaria no haya procedido al reintegro voluntario.  
3. Procederá la minoración o, en su caso, el reintegro parcial de las cantidades concedidas cuando la beneficiaria no justifique la totalidad del importe subvencionado, en una cuantía igual a la diferencia entre lo concedido y lo efectivamente justificado, más los intereses de demora, en su caso.  
4. El procedimiento de reintegro se iniciará por la dirección general competente en materia de trabajo siguiendo las disposiciones generales sobre procedimiento administrativo común, con las especialidades señaladas en el artículo 172 de la LHPS.  
  
Artículo 20. Incidencia presupuestaria  
La ejecución de lo dispuesto en esta Orden no conllevará incremento del gasto público, más allá de los créditos consignados al efecto en los presupuestos de la Generalitat, dentro del programa y línea adecuados para financiar sus correspondientes convocatorias.  
  
Artículo 21. Habilitación competencial  
1. Se faculta a la persona titular de la dirección general competente en materia de trabajo para que dicte las resoluciones e instrucciones que se consideren oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden y se delega en ella la resolución de incidencias que puedan producirse con posterioridad a la resolución de las ayudas, incluidos los errores materiales, aritméticos o de hecho.  
2. Se delega expresamente en la persona titular de la dirección general competente en materia de trabajo la convocatoria anual de las subvenciones reflejadas en la presente orden. Las resoluciones que puedan dictarse serán publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Artículo 22. Régimen jurídico  
La presente orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el título X de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en los preceptos declarados básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, del Reglamento que la desarrolla aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el resto de normativa comunitaria, estatal y autonómica que resulte de aplicación.  
  
Artículo 23. Tratamiento de datos de carácter personal  
1. La gestión de las ayudas previstas en las presentes bases comporta el tratamiento de datos de carácter personal relativos a representantes, teniendo que cumplirse con las medidas y garantías reguladas en la normativa en materia de protección de datos, especialmente el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
2. En el diseño de la solicitud, de los formularios, de la aportación documental, en las publicaciones y otros actos administrativos deberán tenerse en cuenta los principios de protección de datos. En concreto, los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los cuales son tratados.  
3. En la convocatoria se incluirá la información que tiene que facilitarse a las personas interesadas en relación con sus datos de carácter personal, en conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 11 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Cuando la persona solicitante o, su representante legal, aporte datos de carácter personal de terceres personas en el procedimiento administrativo, tendrá la obligación de informarlos de los siguientes aspectos:  
- La comunicación de estos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.  
- La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad. Si esta consulta requiere autorización legal por parte de las personas cuyos datos se consulten, la persona solicitante, o su representante legal, deberá haber recabado esta autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.  
  
- La posibilidad y manera de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición que le asisten en relación con el tratamiento de sus datos personales.  
  
Artículo 24. Verificación de datos  
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados por las personas interesadas con la finalidad de comprobar la exactitud de los mismos.  
2. La potestad de verificación incluye verificar la identidad de la persona solicitante o, en su caso, de su representante legal y consultar los siguientes datos obrantes en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): las subvenciones y ayudas que le han sido concedidas, incluidas aquellas a las que se les aplica la regla de minimis, y que la persona solicitante no está inhabilitada para percibir subvenciones.  
Artículo 25. Transparencia  
1. Las empresas beneficiarias de la subvención, en aplicación del artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, del artículo 4 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, y del artículo 3 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, por el cual se desarrolla la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV 8118, 01.09.2017), tendrán que cumplir, las siguientes obligaciones en materia de publicidad activa, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la LGS y otra legislación aplicable:  
a) En el caso de entidades que perciben durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 50.000 euros o cuando, al menos, el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que suponen como mínimo la cantidad de 5.000 euros, tendrá que cumplir las obligaciones de publicidad activa recogidas en el capítulo II del título Y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.  
b) Sin perjuicio del anterior, en el caso de percibir, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones, de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el artículo 3 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, por importe superior a 10.000 euros, tendrá que dar la adecuada publicidad, indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionada.  
2. La difusión de la información que establece este artículo se tiene que realizar a través de la página web de la entidad, o bien a través de la plataforma TEP - Transparencia Entidades Privadas, de GVA Abierta, a la cual se puede acceder en https: https://gvaoberta.gva.es/es/tep1.  
  
  
DISPOSICIÓN FINAL  
  
Única. Entrada en vigor  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
València, 15 de noviembre de 2022  
  
El conseller de Economía Sostenible,  
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,  
Rafael Climent González