Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6522, del 17-05-2011 (2011/5041)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio de divorcio número 658/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6522

Fecha DOGV
:   17-05-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/5041


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio de divorcio número 658/2010. [2011/5041]  
Asunto civil 000658/2010  
Pedro Moya Donate, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana.   
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Sentencia número 000281/2011  
Castellón de la Plana, 19 de abril de 2011   
José Luis Conde-Pumpido García, magistrado juez de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, ha conocido los presentes autos de juicio de divorcio número 658/2010 promovidos a instancia de Vasilica Berzescu, representada por la procuradora señora Alfaro Martínez y defendida por el letrado señor Canós Martí, contra Ion Daniel Berzescu, en rebeldía, en los que ha sido parte el Ministerio Fiscal.   
  
Antecedentes de hecho  
  
Primero. La procuradora señora Alfaro Martínez, en la representación que tiene acreditada de Vasilica Berzescu, promovió demanda de divorcio contra Ion Daniel Berzescu en la que, tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, concluyó con la súplica de que se dictase sentencia declarando haber lugar al divorcio de los litigantes, con adopción de las medidas que allí se exponían y que se dan por reproducidas. La demanda se fundamentaba en los siguientes hechos:  
1. Los litigantes contrajeron matrimonio el 2 de diciembre de 2000, habiendo tenido 3 hijos, todos ellos menores de edad.   
2. En marzo de 2009, el demandado, de carácter violento, abandonó el domicilio conyugal tras una discusión en la que agredió a su esposa, sin que desde entonces haya contactado con ésta ni con los hijos, de los que se ha despreocupado totalmente.   
3. La esposa percibe 630 euros de prestación por desempleo, y el marido unos 1.230 euros mensuales por el mismo concepto.   
  
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se emplazó en legal forma a la parte demandada, que no compareció, por lo que fue declarado en rebeldía.   
El Ministerio Fiscal contestó solicitando que se dictase sentencia de acuerdo al resultado de la prueba que se practicase.   
  
Tercero. Citadas las partes a la vista, ésta se celebró el día 18 de abril de 2011, compareciendo la parte actora, que se ratificó en su demanda, y el Ministerio Fiscal, en la persona de Isael Pla Martorell, que se ratificó en su contestación, no compareciendo el demandado. Recibido el pleito a prueba, se practicaron las admitidas y declaradas pertinentes que, por la parte actora, consistieron en interrogatorio del demandado y documental (dar por reproducida la obrante en autos, consulta telemática en TGSS e INEM, y otra que aportó en el acto); por el Ministerio Fiscal se propuso documental (por reproducida) e interrogatorio de ambas partes.   
  
Cuarto. No pudiendo practicarse en el acto toda la prueba propuesta y admitida, se abrió el periodo probatorio previsto en la ley, y una vez practicada la prueba que faltaba, y tras haber evacuado la demandante y el Ministerio Fiscal sus respectivas conclusiones finales, quedaron conclusos los autos.   
  
Quinto. En este procedimiento deben declararse como hechos probados los que se relatan a continuación.   
1. Ion Daniel Berzescu y Vasilica Matei, ambos de nacionalidad rumana, contrajeron matrimonio en Otelo Rosu, distrito de Caras Severin (Rumanía), el día 2 de diciembre de 2000.   
(Hecho acreditado mediante la certificación de matrimonio acompañado con la demanda).   
2. El citado matrimonio tuvo tres hijos: [?] (12 de octubre de 2000), [?] (12 de enero de 2002) y [?] (22 de junio de 2003).   
(Hecho acreditado mediante las certificaciones de nacimiento de los hijos acompañadas a la demanda).   
3. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana se tramitó procedimiento de medidas provisionales número 719/2010, en el que se dictó auto de fecha 29 de septiembre de 2010, acordando adoptar las siguientes medidas provisionales respecto del matrimonio de Ion Daniel Berzescu y Vasilica Berzescu:  
1. Los cónyuges podrán vivir separados, cesando la presunción de convivencia conyugal.   
2. Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.   
3. Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.   
4. Se atribuye a la esposa la guarda y custodia y el ejercicio exclusivo de la patria potestad respecto de los 3 hijos menores comunes, [?], [?] y [?].   
5. El padre abonará, en concepto de pensión de alimentos para sus hijos, la suma de 540 euros mensuales (180 euros para cada hijo), que ingresará dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe la madre, y que se actualizará anualmente conforme a las variaciones del índice de precios al consumo.   
6. Ambos progenitores abonarán por mitad los gastos extraordinarios necesarios que generen los menores.   
7. En garantía del pago de la pensión de alimentos, se decreta la retención de 540 euros mensuales de la prestación por desempleo que percibe el señor Berzescu, oficiándose a tal efecto al Instituto Nacional de Empleo.   
Estas medidas quedarán sin efecto, en todo caso, cuando sean sustituidas por la de la sentencia definitiva, o cuando se ponga fin al procedimiento de cualquier otro modo, salvo la revocación de poderes, que es definitiva.   
(Hecho acreditado mediante el testimonio del auto de 29 de septiembre de 2010 obrante en las actuaciones).   
4. La convivencia conyugal se rompió en marzo de 2009 tras una discusión en la que el marido agredió a la esposa, abandonando el esposo el domicilio conyugal y desentendiéndose desde ese momento el padre totalmente de sus hijos, tanto a nivel afectivo como material.   
(Hecho probado mediante el testimonio de ambas partes, incluido el del marido respecto del cual se aplica el reconocimiento tácito de los hechos de la demanda al no haber comparecido para ser interrogado).   
5. El señor Berzescu, que al tiempo de dictarse el auto de medidas provisionales percibía una prestación por desempleo de 1.230 euros netos mensuales, en la actualidad ya no percibe ninguna prestación ni está afiliado a ningún régimen de la Seguridad Social, desconociéndose si tiene algún tipo de ingreso.   
(Hecho probado mediante la documental obrante en autos).   
  
6. La señora Berzescu tiene como único ingreso en la actualidad los 426 euros de un subsidio de desempleo, y ha de abonar los 220 euros mensuales del arrendamiento de la vivienda en la que reside con sus tres hijos.   
(Hecho probado mediante la documental obrante en autos y el interrogatorio de la demandante en las medidas provisionales).   
7. Los hijos están escolarizados en colegios públicos, con becas, sin que tengan gastos especiales más allá de los normales en niños de sus edades.   
(Hecho probado mediante el interrogatorio de la demandante en las medidas provisionales).   
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Es doctrina jurisprudencial consolidada la que entiende que la declaración de rebeldía del demandado ha de ser entendida propiamente, no como un allanamiento de éste a lo pretendido por el actor, antes al contrario, como verdadera oposición a lo sustentado en el escrito de demanda, subsistiendo por tanto para el actor la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, por aplicación de la norma del artículo 1214 del Código Civil, único precepto legal que regula en nuestro derecho la distribución de la carga de la prueba en el proceso. La comparecencia del demandado, personándose en forma en el proceso que contra él se dirige, es en puridad una carga en sentido técnico-procesal, y no un auténtico deber jurídico cuya infracción conlleve sanción por el ordenamiento, puesto que al no observar el demandado la carga de la comparecencia y ser declarado en rebeldía, los únicos efectos que de ello deriva la ley se concretan en la pérdida de la posibilidad de actuar activamente en el proceso en tanto no enerve dicha situación, junto con los demás efectos que la ley deriva, especialmente en orden a los actos de comunicación. Así lo dispone expresamente el artículo 492.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al establecer que "la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión tácita de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente diga lo contrario". Las anteriores consideraciones son especialmente aplicables a los procedimientos matrimoniales, por cuanto que en ellos se ventilan pretensiones relativas a materias de orden público indisponibles por las partes, por afectar al estado civil. Por ello, y en lo que respecta tanto a las causas de divorcio como a las medidas que deben adoptarse en relación con la hija menor de edad de los litigantes, la parte actora no queda eximida de la carga de la prueba de los hechos en que basa sus pretensiones.   
  
Segundo. El artículo 107 del Código Civil, en su redacción dada por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, en su número 2, establece, con carácter general, que la separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de presentación de la demanda. Siendo ambos cónyuges de nacionalidad rumana, resulta aplicable su ley nacional común, la rumana, por lo que hay que acudir a los siguientes preceptos del Código de Familia. El artículo 37 dispone: "el matrimonio se puede disolver mediante divorcio". El artículo 38, primer párrafo: "el tribunal no podrá disolver el matrimonio mediante divorcio más que en el caso en que por motivos fundados las relaciones entre los cónyuges estén gravemente dañadas y la continuidad del matrimonio ya no sea posible".   
Habiendo quedado probado que los cónyuges llevan ya separados ininterrumpidamente durante dos años, sin voluntad de reanudar la relación, resulta evidente que no es posible la continuidad del matrimonio, por lo que debe decretarse el divorcio.   
  
Tercero. En lo que concierne a las medidas que, conforme al artículo 91 del Código Civil, hayan de regir tras el divorcio, procede acordar lo siguiente al amparo de la normativa del Código de Familia rumano.   
  
1. En cuanto a la custodia de los hijos menores, de 10, 9 y 7 años de edad a día de hoy, y conforme al artículo 42 del Código de Familia, procede atribuírsela a la madre, por ser ella quien ha quedado al cargo de los hijos desde la ruptura de la convivencia, sin que consten las circunstancias personales del padre y su capacidad para hacerse cargo del cuidado de dichos hijos, de los que se ha desentendido completamente desde que cesó la convivencia familiar. Del mismo modo, el total abandono que el padre ha hecho respecto de sus hijos, con los que no contacta ni va a verlos ni contribuye a su sostenimiento material (fuera de las cantidades que se le embargaron de su prestación de desempleo hasta que dejó de percibirla), procede atribuir a la madre el ejercicio exclusivo de la patria potestad, lo cual será más beneficioso para los hijos al no precisar la madre la obtención de autorización o colaboración del padre para cualquier gestión relativa a los hijos cuando el padre ha sido imposible de localizar.   
2. El artículo 43 del Código de Familia dispone que "el padre divorciado, al que no se haya otorgado la custodia del hijo, conservará el derecho a mantener relaciones personales con el mismo". La parte actora no solicitó el establecimiento de ningún régimen de visitas, y el padre tampoco lo ha reclamado, lo que, unido a que el padre no ha visitado nunca a los hijos desde que se fue de casa, ni tampoco los ha llamado para interesarse por ellos, no procede fijar ningún régimen de visitas.   
3. En cuanto a la pensión de alimentos, que en el auto de medidas provisionales se fijó en 540 euros mensuales (180 para cada hijo) en atención a los ingresos que entonces tenía el padre de unos 1.200 euros de prestación por desempleo, en la actualidad se desconoce qué ingresos pueda tener el padre, al haberse extinguido esa prestación que percibía. Sin embargo, como la cuantía que se fijó ya era de por sí mínima, y tratándose de pensiones para hijos menores, hay que atender a la satisfacción de sus necesidades vitales más básicas (lo que se viene denominado como "mínimo vital") se considera adecuado, en interés de los menores, mantener la cuantía de la pensión. Así lo señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 2.ª, de 5 de mayo de 2006: "a efectos de la fijación de alimentos, lo que el artículo 146 del Código Civil tiene en cuenta no es simplemente el caudal de bienes de que pueda disponer el alimentante, sino también la necesidad del alimentista, puesta en relación con el patrimonio de quien haya de darlos, cuya apreciación de proporcionalidad viene atribuida al prudente arbitrio del tribunal sentenciador de instancia (sentencias del TS de 6 de febrero de 1942, 24 de febrero de 1965, 8 de marzo de 1961, 20 de abril de 1967, 2 de diciembre de 1970, 9 de junio de 1971 y de 16 noviembre de 1978), relación de proporcionalidad que en todo caso queda difuminada en el margen de cobertura de las necesidades (alimentación, vestidos, educación, ocio, etc., en cuanto elementos integrantes del concepto jurídico de alimentos) del alimentista integrantes del llamado 'mínimo vital' o mínimo imprescindible para el desarrollo de la existencia de los menores en condiciones de suficiencia y dignidad, a los efectos de garantizar, al menos, y en la medida de lo posible, un mínimo desarrollo físico, intelectual y emocional al que deben coadyuvar sus progenitores por razón de las obligaciones asumidas por los mismos por su condición de tal (SAP de Alicante, Sección 4.ª, de 17.03.2000)".   
4. Finalmente, se solicitó por la esposa la recuperación de su apellido de soltera, lo que resulta procedente a amparo del artículo 40 del Código Civil rumano, al no haber existido acuerdo para que lo conservara tras el divorcio.   
  
Cuarto. Al haberse celebrado el matrimonio entre extranjeros ante la autoridad de otro estado, no procede comunicar de oficio la sentencia al registro civil, sino que deberán ser las partes las que interesen su reconocimiento ante la autoridad competente del estado de celebración.   
  
Quinto. La especial naturaleza de las pretensiones deducidas en este pleito hace que no se estime procedente condenar a ninguno de los litigantes al pago de las costas.   
  
Vistos los preceptos legales citados, y, demás de general y pertinente aplicación.   
  
Fallo  
Que estimando la demanda formulada por la procuradora señora Alfaro Martínez, en nombre y representación de Vasilica Berzescu, contra Ion Daniel Berzescu, debo decretar y decreto el divorcio de los expresados litigantes, con todos los efectos legales, adoptando las siguientes medidas:  
1. Se atribuye a la esposa la guarda y custodia de los hijos menores del matrimonio, así como el ejercicio exclusivo de la patria potestad.   
2. El padre abonará, en concepto de pensión de alimentos para sus hijos, la suma de 540 euros mensuales (180 por cada hijo), que ingresará dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe la madre, y que se actualizará anualmente con arreglo a las variaciones del índice de precios al consumo.   
4. Los gastos extraordinarios necesarios que generen los hijos serán sufragados por ambos progenitores al 50%.   
5. La esposa recuperará su apellido de soltera, Matei.   
Todo ello sin realizar expreso pronunciamiento condenatorio en costas.   
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, que no suspenderá la eficacia de las medidas acordadas.   
  
De conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el artículo 1.19 de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición del recurso de apelación la parte recurrente deberá constituir un depósito de 50 euros que consignará en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, sin que pueda admitirse a trámite el recurso si el depósito no estuviere constituido.   
Para notificación al demandado rebelde, en ignorado paradero, publíquense edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.   
Así, por esta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.   
El juez».   
  
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez que la ha dictado, estando constituido en audiencia pública, en el mismo día de su pronunciamiento, ante el secretario judicial. Doy fe.   
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, el 19 de abril de 2011, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia a Ion Daniel Berzescu.   
  
Castellón de la Plana, 19 de abril de 2011.- El secretario judicial: Pedro Moya Donate.