Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8016, del 06-04-2017 (2017/2930)

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, por la que se determinan los criterios objetivos y subjetivos adicionales para regularizar la situación, mediante adjudicación, con carácter excepcional, de viviendas ocupadas sin título.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8016

Fecha DOGV
:   06-04-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2017/2930


Fecha del documento
:   04-04-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
    * legislación

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, por la que se determinan los criterios objetivos y subjetivos adicionales para regularizar la situación, mediante adjudicación, con carácter excepcional, de viviendas ocupadas sin título. [2017/2930]  
Antecedentes  
1. La falta de una política activa de vivienda del anterior Consell dio lugar a un aumento de situaciones consentidas de ocupación irregular de viviendas del Parque Público de la Generalitat. Al inicio de la presente legislatura se detectaron más de 500 viviendas ocupadas sin título por diferentes motivos, pero mayoritariamente sin posibilidad de acreditar consentimiento de acceso.  
El actual Consell, decidido a activar una política de vivienda inclusiva y de rescate de las personas, ha marcado las directrices para no permitir en ningún caso nuevas ocupaciones, es decir, se está actuando firmemente frente a las ocupaciones «recientes», ya que vulneran los derechos de las personas que están registradas en la lista de demandantes de viviendas con mayor derecho para acceder a un inmueble, impiden la adecuación y rehabilitación de la vivienda y suponen un riesgo por falta de seguridad para el propio ocupante y el resto de vecinos del inmueble puesto que en muchos casos van acompañadas de enganches ilegales a las redes de suministros. Sin olvidar que además la falta de intervención estaba suponiendo, en la mayoría de los casos, un efecto llamada a incumplir la ley que la administración no puede ni debe permitir.  
Pero por otra parte, no se puede continuar ignorando las situaciones de las familias que en las pasadas legislaturas convirtieron las viviendas públicas abandonadas en su hogar ante la pasividad de la administración que ni recuperó la posesión de las viviendas, ni regularizó estas ocupaciones. El paso del tiempo ha hecho que muchas de estas familias hayan mejorado las condiciones de habitabilidad de las viviendas, se hayan integrado en las comunidades de vecinos e incluso hayan colaborado al mantenimiento de las mismas. No obstante la falta de título legal, les ha impedido y les impide aún hoy, normalizar su situación en relación a los suministros y sobre todo les deja fuera de un marco legal claro de derechos y obligaciones frente a la Generalitat como propietario de las viviendas y frente a la comunidad de la que forman parte.  
Ante esta coyuntura, el Consell ya ha puesto en marcha mecanismos para la regularización de las situaciones generadas en aquellos casos en que la propia administración podía acreditar el consentimiento de la ocupación por tratarse de expedientes administrativos resueltos pero en los que no se había procedido al desalojo forzoso.  
En consecuencia con lo anterior, por Resolución de fecha 8 de marzo de 2016, el director general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, aprobó los criterios objetivos y subjetivos aplicables a la legalización de ocupantes cuya solicitud de subrogación se hubiera presentado fuera de plazo y cumplieran con los requisitos necesarios para acceder a vivienda de promoción pública.  
Asimismo, por Resolución de fecha 28 de julio de 2016, la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, aprobó los criterios objetivos y subjetivos aplicables a la legalización de ocupantes de viviendas en compraventa cuya relación contractual hubiera sido resuelta por falta de pago de cuotas de amortización.  
No obstante, a la mayoría de las familias ocupantes sin título, les resulta complicado acreditar el consentimiento de la ocupación. Es por ello que desde el Consell se han dictado directrices para continuar con el proceso de regularización de los ocupantes que lo son de forma previa al inicio de una política de vivienda clara y activa. Para ello se deben estudiar no solo individualmente sino en el contexto del barrio, grupo e incluso escalera, teniendo en cuenta los factores adicionales que han podido favorecer las ocupaciones.  
2. El artículo 160 del Decreto 75/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, establece que «el director general competente en materia de vivienda, por resolución motivada podrá establecer criterios objetivos y subjetivos, adicionales compatibles a los contemplados en el presente título, para regularizar la situación, mediante la adjudicación, con carácter excepcional, de aquellas viviendas que se encuentren ocupadas ilegalmente, cuando así lo aconseje su número y repercusión social».  
3. Dado el alto número de viviendas del parque público de la Generalitat ocupadas sin título y la repercusión social que ello implica, puesto que muchos de los ocupantes cumplen con las condiciones para ser adjudicatarios de viviendas de promoción pública, y además en algunos casos se encuentran en situación de vulnerabilidad social, se considera prioritario regularizar su situación, no solo para normalizar el patrimonio de promoción pública sino para evitar el desalojo forzoso de los ocupantes de las referidas viviendas, cuando no tienen alternativa para acceder a otra vivienda del mercado libre.  
4. En base a todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 160 del reglamento de vivienda de promoción pública, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat como gestor del referido patrimonio ha propuesto, por una parte, que por esta Dirección General se establezcan los criterios objetivos y subjetivos, que se indican en la referida propuesta, para regularizar la situación, mediante adjudicación con carácter excepcional, de aquellas viviendas que se encuentren ocupadas sin título con fecha anterior al 1 de julio de 2015 y por otra parte, que se proceda a incluir en esta resolución el contenido de las resoluciones de legalización de ocupantes sin título de fechas 8 de marzo de 2016 y 28 de julio de 2016, no solo para homogeneizar las condiciones de regularización sino también para dotar de mayor seguridad jurídica a las situaciones que pueden ampararse en el proceso de legalización.  
  
Fundamentos de derecho  
1. La Generalitat Valenciana es titular del patrimonio de promoción pública de la Comunitat Valenciana, correspondiendo a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), la gestión y administración del mencionado patrimonio en virtud de lo dispuesto en el Decreto 118/1988, de 29 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se determina el alcance concreto de la transmisión del patrimonio de promoción pública de la vivienda al IVV,SA; en la Orden de 2 de noviembre de 1988, conjunta de las consellerias de Economía y Hacienda y Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, modificada por la Orden 8/2011, de 22 de noviembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente; en el Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, así como la Ley 1/2013, de 21 de marzo, de la Generalitat, de medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, en cuya virtud se ceden el global de los activos y pasivos del IVV, SA a EIGE.  
2. El artículo 57.3 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la vivienda de la Comunitat Valenciana, en relación con el establecimiento de programas para la normalización y regularización de ocupaciones irregulares con el fin realizar una adecuada gestión del patrimonio de vivienda de promoción pública.  
3. El artículo 160 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección pública a la vivienda establece la posibilidad de que:  
«El director general competente en materia de vivienda, por resolución motivada, podrá establecer criterios objetivos y subjetivos, adicionales compatibles a los contemplados en el presente título, para regularizar la situación, mediante la adjudicación, con carácter excepcional, de aquellas viviendas que se encuentran ocupadas ilegalmente, cuando así lo aconseje su número y repercusión social»  
4. El artículo 1.2 y 1.3 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, modificado por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, respecto a los supuestos de especial vulnerabilidad.  
5. El artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en cuanto a la publicación de los actos administrativos.  
Vistos los hechos, las disposiciones legales citadas y las de general aplicación así como la propuesta de la directora general de la Entidad de Infraestructuras de La Generalitat, la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Resuelve:  
  
Único  
Aquellos ocupantes sin título de vivienda de promoción pública de la Generalitat que hubieran establecido su domicilio habitual y permanente en la vivienda ocupada que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:  
A) Ocupantes de vivienda de promoción pública que, a pesar de cumplir los requisitos necesarios para tener derecho a subrogarse en la vivienda que ocupan, hayan presentado su solicitud fuera del plazo establecido por el Decreto 75/2007 y la Ley de arrendamientos urbanos.  
  
B) Ocupantes de vivienda de promoción pública que, habiendo sido titulares de un contrato de compraventa sobre la misma, su relación contractual haya quedado extinguida por falta de pago de cuotas de amortización o cantidades a las que vinieran obligados contractualmente, por lo que se han convertido en ocupantes sin título que, no obstante, siguen residiendo en la vivienda por no haberse ejecutado su lanzamiento.  
  
C) Ocupantes sin título de viviendas de promoción pública de la Generalitat que hubieran establecido su domicilio habitual y permanente en la vivienda ocupada con fecha anterior al 1 de julio de 2015.  
Podrán ser legalizados cuando concurran los criterios objetivos y subjetivos que, de conformidad con el artículo 160 del Reglamento de vivienda de promoción pública, se determinan a continuación por esta Dirección General, para regularizar la situación, mediante adjudicación con carácter excepcional de dichas viviendas, a fin de normalizar el patrimonio de promoción pública y evitar el desalojo forzoso de los ocupantes de las referidas viviendas, cuando se cumplan las condiciones para ser adjudicatario de vivienda de promoción pública:  
1. Criterios  
1A. Criterios objetivos:  
El ocupante deberá acreditar reunir los requisitos necesarios para acceder a una vivienda de promoción pública según el Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de promoción pública a la vivienda, modificado por el Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, salvo el exigido por el apartado b del artículo 155 del Decreto 75/2007.  
Además de dichos requisitos deberá:  
1. Acreditar situación de vulnerabilidad social en base a lo establecido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, modificada por la ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, y otras medidas de orden social:  
  
a) Familias numerosas, de conformidad con la legislación vigente.  
b) Unidades familiares monoparentales, con dos o más hijos a cargo.  
  
c) Unidades familiares con hijos menores de edad.  
d) Unidades familiares en las que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 %, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.  
e) Ocupantes en situación de desempleo que hayan agotado las prestaciones por desempleo.  
f) Unidades familiares en que exista alguna víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente.  
h) Ocupantes mayores de 60 años.  
j) Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores, previo informe de los Servicios Sociales.  
2. Acreditar, por cualquier medio probatorio admitido en derecho, que la ocupación de la vivienda como residencia habitual y permanente viene efectuándose desde antes de 1 de julio de 2015, de forma continuada e ininterrumpida.  
3. El ocupante en las situaciones A y B anteriores (ocupantes cuya solicitud de subrogación haya sido presentada fuera del término legal y los ocupantes por no haberse efectuado el lanzamiento después que su contrato de compraventa hubiera sido resuelto) deberá asumir el pago de una cantidad equivalente a los meses que lleve ocupando la vivienda como si la ocupación hubiera tenido lugar en arrendamiento, con un máximo de 24 mensualidades.  
  
  
El ocupante en la situación C anteriormente citada, deberá asumir el pago de una cantidad equivalente a 24 meses de renta como si la vivienda la hubiera ocupado en arrendamiento.  
  
En todos los casos, la cantidad que los ocupantes deben asumir para que su situación sea regularizada, se calculará conforme a la normativa aplicable para el cálculo de la renta de las viviendas de promoción pública. Asimismo, para dicho cálculo se tendrán en cuenta las circunstancias personales y socioeconómicas de la unidad familiar, siendo aplicables, en su caso, las bonificaciones y/o subsidiaciones por familia numerosa reconocidas en el Decreto 75/2007 modificado por el Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de viviendas de protección pública.  
Para facilitar la asunción de la cantidad que resulte del cálculo anterior, el pago se podrá realizar de manera fraccionada mediante la suscripción de un Acta de reconocimiento de deuda y aplazamiento de pago, en condiciones lo suficientemente flexibles como para que el ocupante pueda hacer frente a su abono.  
4. El ocupante deberá asumir, en su caso, el pago de los gastos de comunidad generados durante los meses de ocupación sin título en las situaciones descritas en los apartados A y B anteriores (ocupantes cuya solicitud de subrogación haya sido presentada fuera del plazo legal y los que ocupen por no haberse efectuado el lanzamiento después de que su contrato de compraventa hubiera sido resuelto) que como máximo podrán ser 24 meses; y los generados en los últimos 24 meses en el caso de las situaciones del apartado C anterior (ocupaciones sin titulo con antigüedad superior al 01.07.2015).  
5. El ocupante deberá comprometerse a permitir el acceso al personal técnico de EIGE que se encargará de comprobar si la vivienda reúne las condiciones de habitabilidad necesarias para la obtención del correspondiente Certificado de Habitabilidad.  
6. En el caso de que por parte de los servicios técnicos de EIGE se considere que la vivienda reúne los requisitos necesarios para la obtención del correspondiente Certificado de Habitabilidad, el ocupante deberá aceptar la vivienda en las condiciones existentes, no pudiendo reclamar reparaciones relativas a actuaciones de mantenimiento que, de conformidad con la Ley de arrendamientos urbanos, le hubieran correspondido como arrendatario con carácter previo a la legalización.  
7. En el caso de que por parte de los servicios técnicos de EIGE se considere que la vivienda no reúne los requisitos necesarios para la obtención del correspondiente Certificado de Habitabilidad, y fuera necesario realizar obras u otro tipo de intervenciones en la vivienda, aunque fueran mínimas, para su obtención, el ocupante deberá aceptar la realización de dichas obras con carácter previo a su realización. El ocupante será advertido expresamente de que, posteriormente, no podrá reclamar reparaciones relativas a actuaciones de mantenimiento que, de conformidad con la Ley de arrendamientos urbanos, le hubieran correspondido como arrendatario con carácter previo a la legalización.  
1B. Criterios subjetivos:  
1. No debe constar sobre la vivienda ocupada, ni reclamaciones de la comunidad de arrendatarios/propietarios en la que se integra, ni quejas sobre convivencia con sus vecinos.  
2. La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat podrá recabar informe de los servicios sociales municipales sobre la conveniencia o no de la adjudicación y en el que se acrediten las circunstancias de la unidad familiar y, en su caso, las dificultades para el acceso a otra vivienda.  
3. Que la composición familiar del ocupante se adecue a la vivienda que habita. En caso contrario, se estudiará la posibilidad de legalización en otra vivienda distinta a la que ocupa, cuya superficie y número de habitaciones sea más idónea a la composición de su unidad familiar.  
  
2. Procedimiento  
2.1. EIGE, en el caso de las subrogaciones solicitadas fuera de plazo del punto A) anterior, ofrecerá la legalización en los términos establecidos en la presente resolución, cuando devenga firme la Resolución por la que se le deniegue al ocupante la subrogación con motivo de la presentación fuera de plazo de su solicitud.  
2.2. En el resto de supuestos de legalización contenidos en la presente resolución, EIGE ofrecerá la misma en los términos establecidos en esta resolución por Comunidades según el calendario de Planes de Normalización previstos por esta entidad.  
En ambos casos, las legalizaciones se ofrecerán en función de las disposiciones presupuestarias necesarias para la adecuación de las viviendas que requieran de una intervención urgente para la emisión del imprescindible Certificado de Habitabilidad.  
Para acogerse a lo establecido en la presente resolución, en el momento en que EIGE oferte la legalización a los actuales usuarios sin título suficiente, estos deberán presentar la solicitud en el plazo señalado en el escrito de ofrecimiento.  
Las solicitudes se formularán en modelo oficial y deberán ir acompañadas, como mínimo de la siguiente documentación:  
a) Documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto 75/2007, para ser adjudicatario de vivienda de promoción pública:  
- DNI/NIE/Permiso de residencia.  
- Libro de Familia.  
- Certificado de Gestión Catastral acreditativo de que, ni el ocupante sin título, ni ningún miembro de su unidad familiar, es titular de vivienda.  
- Documentación acreditativa de que los ingresos anuales de la Unidad Familiar no exceden de 2,5 veces el IPREM y que suponen el mínimo suficiente para el pago de la renta.  
b) Certificado del Ayuntamiento o cualquier otro documento acreditativo de la fecha de ocupación de la vivienda como residencia habitual y permanente del ocupante.  
c) Documentación acreditativa de las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentre el ocupante y/o los miembros de la unidad familiar.  
d) Documento auténtico o copia debidamente autenticada acreditativo de la renuncia del titular y/o de la cesión efectuada por este, o en caso de no existir, declaración responsable sobre las circunstancias de la ocupación.  
e) El ocupante, en su solicitud de legalización deberá comprometerse, para el caso de cumplir las condiciones necesarias para la legalización y, en consecuencia, su solicitud se informe favorablemente, a lo siguiente:  
e.1) Asumir el abono de la cantidad equivalente a, como máximo, 24 meses de renta como si la vivienda la hubiera ocupado en arrendamiento y, en su caso, de los gastos de comunidad de dicho periodo.  
e.2) Permitir el acceso al personal técnico de EIGE que se encargará de comprobar si la vivienda reúne las condiciones de habitabilidad necesarias para la obtención del correspondiente Certificado de Habitabilidad y, en caso de que sea necesario, a permitir el acceso para la realización de las obras necesarias para la adecuación de la vivienda en orden a la obtención del Certificado de Habitabilidad.  
e.3) Aceptar la vivienda en las condiciones en las que se le entregue y no reclamar reparaciones relativas a actuaciones de mantenimiento que, de conformidad con la Ley de arrendamientos urbanos, le hubieran correspondido como arrendatario con carácter previo a la legalización.  
  
e.4) Dar de alta, en su caso, los suministros de forma legal con carácter previo a la firma del contrato, acreditando ante EIGE dicha alta y asumiendo las consecuencias, técnicas y económicas, que dicha legalización de suministros conlleve.  
EIGE podrá recabar en cualquier momento información de cualquier administración, entidad o empresa pública o privada sobre el ocupante y los miembros de su unidad familiar necesaria o relevante para la resolución del procedimiento de legalización, para lo cual el modelo de solicitud incluye la correspondiente autorización de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años.  
  
Analizada y valorada la documentación e información aportada por el interesado, que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 154 del Decreto 75/2007 y cumplir los criterios marcados por la presente resolución, la Dirección General de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat procederá a proponer a la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, la adjudicación excepcional con motivo de legalizar al ocupante sin título.  
Finalmente, la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana resolverá la adjudicación a propuesta de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat.  
3. Régimen de adjudicación  
La adjudicación de vivienda mediante el procedimiento expuesto se realizará en régimen de Arrendamiento y el adjudicatario deberá dar de alta, en su caso, los suministros de forma legal con carácter previo a la firma del contrato. En el momento en que acredite este extremo ante EIGE, podrá ser suscrito el contrato de arrendamiento con el ocupante. El incumplimiento de la acreditación del alta en suministros supondrá la ineficacia de la Resolución de adjudicación que será revocada y se iniciarán las acciones tendentes a la recuperación de la vivienda.  
4. Entrada en vigor  
Esta resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedando sin efecto a partir de dicha fecha las resoluciones de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de 8 de marzo y de 28 de julio de 2016, así como la de 2 de febrero de 2017.  
Los expedientes de legalización en tramitación conforme a lo dispuesto en las Resoluciones de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de 8 de marzo y de 28 de julio de 2016, así como la de 2 de febrero de 2017, seguirán su curso conforme lo dispuesto en las mismas. Los expedientes que se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente resolución se tramitarán conforme a lo dispuesto en esta.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interpones recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en el plazo de un mes desde el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 4 de abril de 2017.- La directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana: Rebeca Torró Soler.