Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6392, del 08-11-2010 (2010/11045)

Información pública de la modificación de las bases particulares de programación del Borde Norte.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6392

Fecha DOGV
:   08-11-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2010/11616


Fecha del documento
:   05-10-2010

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Sagunto

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Sagunto
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de la modificación de las bases particulares de programación del Borde Norte. [2010/11676]  
Considerando que el Pleno del Ayuntamiento de Sagunto, en su sesión de fecha 30.07.2010, adoptó acuerdo de estimación parcial de varios recursos de reposición interpuestos contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sagunto de 30.12.2009, por el que se aprobaron las bases particulares de programación del Borde Norte, por medio de la presente se procede a publicar aquellos extremos que es preciso modificar respecto del texto que fue publicado íntegramente en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 15.03.2010.  
Primero. En la determinación sexta de las mismas se incluirán los siguientes párrafos adicionales:  
«En todo caso los aspirantes a agente urbanizador deberán ajustarse en sus actuaciones procedimentales de instrucción del expediente de planeamiento y de aportación de documentación a las previsiones de la Ley 9/2006, de 28 de abril, debiéndose tener en cuenta además que el período de información pública será de 45 días y no de un mes.  
El Ayuntamiento se compromete contractualmente a mostrar la máxima diligencia en el uso del mecanismo del silencio administrativo ante la instancia autonómica y, en definitiva, a realizar en cuanto sea legalmente posible, la "denuncia de la mora", que permita activar el segundo de los plazos establecidos legalmente a los efectos de conseguir una aprobación definitiva autonómica, bien expresa, bien tácita en el menor plazo posible.  
En todo caso los aspirantes a agente urbanizador deberán ajustarse en sus propuestas de sectorización a la línea del deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobada por medio de Orden ministerial de 6 de julio de 1950 o, en su caso, a la que esté siendo objeto de trámite del procedimiento descrito en el artículo 12 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en los términos en que la misma haya sido propuesta, debiéndose obtener documentación del Ministerio de Medio Ambiente en ese sentido.   
Las propuestas de ordenación que se presenten deberán tener en cuenta:  
Desde el punto de vista objetivo de la propuesta presentada:  
En todo caso las servidumbres de protección que se tomarán como referencia para plasmar la propuesta de ordenación (100 m de limitación de la edificación) atenderán a la solución de deslinde más restrictiva, sea esta la vigente o la que se encuentre en tramitación en el Ministerio.  
Desde el punto de vista subjetivo de los derechos de los propietarios afectados:  
A los efectos de preservar posibles derechos de terceros particulares, hasta la fecha de redacción de proyecto de reparcelación se estará a lo que resulte de la instrucción de dicho expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, evitando la existencia de espacios sin tratamiento de equidistribución entre el PAI y el dominio público formalmente declarado en ese momento, si hubiese cambios respecto del actualmente vigente (OM de 06.07.1950), pero evitando al mismo tiempo la inclusión en la reparcelación de suelo formalmente declarado dominio público marítimo-terrestre. Si para dicha fecha no hubiese una declaración formal que altere la de 1950, en ese caso y respecto de los propietarios que se encuentren afectados se realizará respecto de sus parcelas un doble tratamiento, referente a aquella porción no afectada por la instrucción del expediente de deslinde y aquella que sí lo está, debiendo respecto de esta última atender a las reglas del artículo 172.2 y 4 de la LUV.»  
Segundo. Sustituir la previsión de la determinación sexta que señala:  
«De conformidad con lo establecido en el artículo 226 del Decreto 67/2006, se deberá impulsar por el aspirante la tramitación de la correspondiente cédula territorial de urbanización ante la Conselleria.»  
Por la siguiente redacción:  
«De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo, es innecesaria la tramitación de la cédula territorial de urbanización ante la Conselleria con competencia en materia de Urbanismo. Como consecuencia de ello, las previsiones del artículo 137.5 de la LUV no serán de aplicación y en consecuencia en el supuesto de denegación de la aprobación definitiva por el órgano competente de la Generalitat, el adjudicatario del programa de actuación integrada no tendrá derecho a que el Ayuntamiento le reintegre los gastos ocasionados por la redacción de proyectos, al no contar dicha administración local con antecedentes de la posición autonómica sobre dicho sector propuesto.»  
Tercero. La determinación novena se modificará en los siguientes términos:  
«Determinación novena. Estimación de los plazos de despliegue y ejecución del programa de actuación integrada, así como la regulación de los efectos de su incumplimiento.  
a) La presentación de los textos refundidos correspondientes al planeamiento o al proyecto de urbanización deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de la aprobación definitiva que imponga modificaciones a la alternativa técnica.   
b) El inicio del procedimiento de pública concurrencia para la selección del empresario-constructor deberá tener lugar en el plazo de un mes desde la formalización del contrato entre el urbanizador y la administración actuante.  
B') La notificación a los interesados para el ejercicio de la opción por modalidad de retribución previsto en los artículos 166 de la Ley Urbanística Valenciana deberá practicarse en el plazo máximo de un mes desde la selección del contratista de obras.  
c) El proyecto de reparcelación deberá presentarse ante el Ayuntamiento por el urbanizador en el plazo máximo de cuatro meses desde la finalización del plazo para la opción por modalidad de retribución previsto en los artículos 166 de la Ley Urbanística Valenciana. A tal efecto, el urbanizador deberá presentar ante la administración actuante acreditación justificativa de la práctica de las comunicaciones reguladas exigibles.  
d) La presentación de los textos refundidos correspondientes al proyecto de reparcelación deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de las modificaciones a introducir en el proyecto inicialmente formulado.  
e) El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo de dos meses desde la íntegra notificación de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, acreditándose mediante acta de replanteo suscrita por la dirección de las obras y, al menos por un técnico municipal. A estos efectos, el urbanizador deberá acreditar, en el acta de replanteo, el pago a los acreedores netos de la cuenta de liquidación o bien la consignación de dicha cantidad en la tesorería municipal  
f) Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo máximo de 36 meses desde su inicio. La finalización de las obras se acreditará mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director facultativo. No obstante el Ayuntamiento se reserva la potestad de prórroga en plazos mayores si así se justificase debidamente por condicionantes de organismos supramunicipales o de compañías de servicios.   
Efectos de su incumplimiento.  
El retraso en el cumplimiento de cualquiera de los plazos indicados y no sólo el de la ejecución material de las obras, tendrá una penalización de 1- del presupuesto íntegro del PAI por día natural de demora.»  
Cuarto. Se dará la siguiente redacción al párrafo último de la determinación vigésimo segunda:  
«Dado que se está ante un PAI cuya aprobación definitiva corresponde a la Generalitat, es preciso añadir un matiz respecto al concepto del precio cierto, total y cerrado, y es el de que una vez que se fijen los importes por parte de este Ayuntamiento, por medio del acuerdo de aprobación provisional del PAI y hasta el momento de la fecha del envío a publicación de los anuncios de licitación de las obras de urbanización, al importe fijado por el primero de los dos (acuerdo municipal) se le aplicará el IPC hasta la fecha del segundo trámite, operando a partir de esa fecha el concepto de precio cierto, total y cerrado, siempre y cuando el agente urbanizador muestre la debida diligencia en los plazos de formalización del PAI, constitución de garantías e impulsión del procedimiento de selección del contratista de obras.»  
Sagunto, 5 de octubre de 2010.- El alcalde: Alfredo Castelló Sáez.