Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5318, del 04-08-2006 (2006/8124)

Notificación de la Resolución del recurso de alzada, referencia interna R-388/2005 a doña Manuela Sánchez Ruiz.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5318

Fecha DOGV
:   04-08-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/8124


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución del recurso de alzada, referencia interna R-388/2005 a doña Manuela Sánchez Ruiz. [2006/8124]  
De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a doña Manuela Sánchez Ruiz, av. de La Vega nº 37-esc.2-5º-pta.A (03364 Orihuela) la Resolución del Recurso de Alzada con el número de referencia interna R-388/2005  
.Resolución de la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de recurso de alzada relativo al expediente de resolución administrativa de contrato de compraventa por no uso (A-RACNU-0058/04) de la vivienda sita en Orihuela, avenida de la Vega nº 37, esc. 2, 5º, Pta-a (COD.VVDA. 03/0842/0049).  
Datos del reclamante.  
Apellidos y nombre: Sanchez Ruiz, Manuela  
Nº expte A-RACNU-0058/04  
Datos de la vivienda.  
Código Vivienda. 03/0842/0049.  
Domicilio: Avenida de La Vega nº 37, esc.2, 5º, pta.A de Orihuela (Alicante)  
Régimen: Compraventa.  
Adjudicatario: Manuela Sánchez Ruiz  
I. Antecedentes.  
Cronológicamente expuestos, los hechos esenciales relativos a dicho expediente, son los siguientes:  
Primero. El 16 de diciembre de 2004 con motivo de las visitas periódicas realizadas por personal adscrito a la Inspección de Patrimonio del IVVSA, se detectó la falta de ocupación de manera habitual y permanente de la vivienda de referencia por su adjudicataria. (documento 1)  
Segundo. Solicitada al Excmo. Ayuntamiento de Orihuela la correspondiente información sobre empadronamiento y convivencia (DOCUMENTO 2), por el mismo se emitió informe constatando que la interesada, su esposo e hija figuraban empadronados en el domicilio indicado con fecha anterior al 1 de marzo de 1991 (documento 3). Solicitado además a Aquagest Levante el oportuno informe de consumos del mismo se desprendía que durante los años 2003 y 2004 dicho consumo había sido el normal en una familia compuesta por tres personas (DOCUMENTO 4). Incoado el expediente, el 28 de enero de 2005 se formuló el correspondiente pliego de Cargos (DOCUMENTO 5).  
Tercero. Los días 31 de enero de 2005 y 2 de febrero de 2005 (mediante burofax) se realizaron los dos intentos de notificación del citado pliego de Cargos, tras lo cual y al ser infructuosos se realizaron las publicaciones del mismo en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela y en el Diari Oficial de la Generalitat nº 4.971 del 22 de marzo de 2005. (DOCUMENTOS 6 y 7).  
Cuarto. No habiéndose formulado alegación alguna por la interesada el 10 de junio de 2005 se dictó la correspondiente Resolución del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos (DOCUMENTO 8), realizándose los días 13 y 14 de junio de 2005 y mediante burofax los dos intentos de notificación de dicha resolución (DOCUMENTOS 9 Y 10), tras lo cual y al ser infructuosos se realizaron las publicaciones de la misma en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela (DOCUMENTO 11) y en el Diari Oficial de la Generalitat nº 5.048 del 13 de julio de 2005. (DOCUMENTO 12)  
Quinto.Los días 13 de julio de 2005 y 22 de septiembre de 2005 se presentaron escritos por la interesada, el primero, aportando documentación y realizando alegaciones, que fueron desestimadas mediante escrito de 8 de agosto de 2005, y el segundo, formulando Recurso de Alzada contra la referida resolución (DOCUMENTOS 13, 14 y 15).  
II. Fundamentos de derecho  
El artículo 141 en relación con el artículo 138 ambos del Decreto 2114/68, de 24 de julio sobre Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, en relación también con el artículo 30 del RD. 2960/1976, de 12 de julio, por el que se aprueba el TR. de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial, que incluyen entre las causas legales de Desahucio Administrativo de viviendas de promoción pública: «No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente del beneficiario...». Se entiende que existe habitualidad en la ocupación de la vivienda cuando no permanezca desocupada más de tres meses seguidos al año y que el domicilio es permanente cuando constituye la residencia de su titular bien como propietario bien como arrendatario  
Los artículos 5, 7 y 8 en relación con los artículos 112 y 113 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de contratos de las Administraciones Públicas que califica de administrativos especiales aquellos que tengan carácter administrativo por satisfacer de forma directa e inmediata una finalidad pública y en general por suponer una especial tutela del interés público.  
El artículo 12 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de régimen sancionador en materia de vivienda, que resulta de aplicación según Disposición Transitoria Tercera de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana y que establece que la comisión de infracciones graves o muy graves tipificadas en esta Ley efectuadas por arrendatarios u ocupantes por cualquier título de viviendas de propiedad pública, podrá dar lugar al desahucio o a la pérdida del derecho de uso.  
El artículo 143 del Decreto 2114/1968 de 24 de julio que reputa en todo caso el domicilio del interesado como la vivienda objeto del desahucio en relación con el artículo 59 y siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
III.Contestación a las alegaciones  
Aunque de las visitas periódicas realizadas por personal adscrito a la Inspección de Patrimonio del IVVSA, que detectaron la falta de ocupación de la vivienda de referencia por su adjudicataria (DOCUMENTO 1), se desprendía inicialmente que las circunstancias que se daban en el presente caso se correspondían con las que tiene en cuenta la normativa aplicable para dar lugar a la resolución administrativa del contrato de compraventa por no ocupación de la vivienda por su titular como domicilio habitual y permanente, lo cierto es que de los datos del padrón municipal (DOCUMENTO 3) y del informe de Aquagest Levante (DOCUMENTO 4) se desprendían indicios de que la vivienda estaba siendo realmente ocupada por doña Manuela Sánchez Ruiz, su esposo Pedro Sánchez Sánchez y su hija Cristina Sánchez Sánchez. Estos datos vinieron a ser confirmados en virtud de los documentos acompañados por la interesada con sus escritos de fechas 13 de julio y 22 de septiembre de 2005 (DOCUMENTOS 13 y 15), en especial el informe del padrón municipal de fecha 27 de junio de 2005, que incorpora los datos del último hijo de la familia nacido en el 2001, las facturas de consumos de agua y electricidad, que reflejan un consumo normal, y la copia de la solicitud de escrituración presentada el 16 de diciembre de 2004, que viene a demostrar que la interesada se encontraba tramitando dicha documentación en la misma fecha en que se realizaba la inspección por personal del IVVSA que dio lugar a la iniciación del expediente.  
Por todo ello, solo se puede llegar a la conclusión de que, si bien por motivos de trabajo o por realización de determinadas gestiones pudo darse la circunstancia de que en algún momento no se encontrara a nadie en la vivienda, lo cierto es que la misma, totalmente amortizada y pendiente únicamente de escrituración, constituye el verdadero domicilio habitual y permanente de doña Manuela Sánchez Ruiz y su familia, donde tienen sus muebles y enseres, y realizan gran parte de su actividad diaria.  
La vivienda objeto de este expediente constituye el verdadero hogar de doña Manuela Sánchez Ruiz y su domicilio legal, y quedando probada su voluntad de permanecer en la misma (amortización anticipada del precio y petición de escrituración), no se puede desprender de sus ausencias accidentales y justificadas incumplimiento alguno de su obligación de habitarla, por lo que, quedando desvirtuada la causa que originó la incoación del expediente y con estimación del recurso de alzada formulado, la resolución del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos de fecha 10 de junio de 2005 debe ser revocada y procederse al archivo del expediente.   
Resolución  
Visto el expediente, se deduce que ha quedado acreditado el cumplimiento de los requisitos y obligaciones legales exigidos quedando desvirtuada la causa que originó la incoación del expediente, procediendo la estimación del presente recurso.  
Vistos los hechos, las disposiciones legales citadas y las de general aplicación, así como la Propuesta del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos, la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente  
Resuelve la estimación del recurso de alzada.  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los arts. 10.1 a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 20 de marzo de 2006.. La secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente: Cristina Serrano Mateo.