Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9961, del 21-10-2024 (2024/10444)

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2024, del director general de Atención a las Victimas y Acceso a la Justicia, por la que se resuelve inscribir los nuevos Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9961

Fecha DOGV
:   21-10-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2024/10656

CVE
:   QBJY-B-5632-44651

Fecha del documento
:   27-09-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia e Interior

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * València
    * reglamento interno
    * colegio profesional
    * profesión administrativa
    * vivienda

Vista la propuesta de resolución de la jefa de servicio de Colegios Profesionales y Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana sobre la solicitud realizada por el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, inscrito con el número 1 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, en el que se insta la inscripción de los nuevos Estatutos en dicho registro, atendiendo a los siguientes

*Hechos*

Primero. En fecha 5 de diciembre de 2022 el presidente del Colegio presentó la solicitud de inscripción de los nuevos Estatutos de la corporación profesional en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana.

Segundo. Los actuales estatutos del Colegio fueron inscritos en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana el 26 de septiembre de 2007, por resolución de 18 de septiembre de 2007, del director general de Justicia y Menor, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (DOGV núm. 5612, de 03.10.2007), modificados por resolución de 8 de enero de 2014, del director general de Justicia de la Conselleria de Gobernación y Justicia (DOGV núm. 7196, de 21.01.2014),  por resolución de 28 de junio de 2017, de la directora general de justicia de la Conselleria de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas (DOGV núm. 8079, de 07.07.2017) y por resolución de 25 de febrero de 2019, de la directora general de Justicia de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas (DOGV núm. 8500, de 06.03.2019).

Tercero. Mediante oficio de 23 de octubre de 2023, el Servicio de Colegios Profesionales y Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana formuló reparos a la documentación remitida, presentando el Colegio en fecha 21 de diciembre de 2023 documentación complementaria que subsanaba los reparos formulados.

Cuarto. Una vez revisada la nueva propuesta, el Servicio de Colegios Profesionales y Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana, en fecha 11 de enero de 2024, formuló nuevo requerimiento de subsanación. En fecha 4 de julio de 2024 el Colegio presentó documentación complementaria que subsanaba los reparos formulados.

Quinto. Consta en el expediente el certificado de la secretaria del Colegio, de fecha 11 de abril de 2024, suscrito por el presidente en el que se indica que la Junta General Extraordinaria de colegiados, celebrada el 30 de noviembre de 2022, aprobó por unanimidad la modificación de los Estatutos y facultó a la Junta de Gobierno del Colegio para introducir en el texto estatutario aprobado por la Junta General, las aclaraciones, adiciones y subsanaciones que requiriese el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana. El 27 de abril de 2024, la Junta de Gobierno del Colegio, aprobó por unanimidad subsanar y aclarar los estatutos aprobados, conforme a los requerimientos recibidos por parte del Servicio de Colegios Profesionales y Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, consta en el expediente el certificado emitido por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana, de fecha 18 de abril de 2024, que acredita la comunicación realizada por el Colegio Profesional al Consejo respecto a la modificación estatutaria.

Séptimo. La modificación estatutaria cuya inscripción se solicita se refiere a unos nuevos Estatutos, que quedan redactados según el anexo de la presente resolución.

*Fundamentos de derecho*

Primero. Revisada la solicitud de nuevos Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, estos contienen las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana.

Segundo. Los Estatutos han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios Estatutos del Colegio.

Tercero. Esta dirección general es competente para tramitar y resolver el presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta lo previsto por la disposición final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana; y en virtud de las atribuciones contenidas en el artículo 5 del Decreto 17/2024, de 12 de julio, del president, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias y sus atribuciones y en el artículo 10 bis 2.f) del Decreto 134/2023, de 10 de agosto, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia e Interior.

Por todo lo anterior, visto el artículo 36 de la Constitución y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; los artículos 11, 25 y 26 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana; así como los artículos 21 y 74 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de esta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación,

RESUELVO

*Primero*

Inscribir los nuevos Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.

*Segundo*

Publicar la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.*

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

ANEXO

*Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón aprobados por su Junta General extraordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2023, y subsanados o aclarados por la Junta de Gobierno del Colegio en reunión celebrada el 27 de abril de 2024, conforme a requerimiento recibido del Servicio de Colegios Profesionales y de Uniones de Hecho de la Dirección General de Justicia el 12 de enero de 2024*

Índice

Título primero: El Colegio. Fines y funciones**.**

Artículo 1. Personalidad y naturaleza

Artículo 2. Ámbito territorial, domicilio y delegaciones. Fusión, absorción, segregación y disolución

Artículo 3. Normas legales

Artículo 4. Fines esenciales

Artículo 5. Funciones del Colegio

Artículo 6. Estatutos

Artículo 7. Relaciones orgánicas

Título segundo: Administradores y administradoras de fincas

Artículo 8. Definiciones

Artículo 9. Ámbito de funciones

Artículo 10. Clases de administradores

Artículo 11. Requisitos para la colegiación

Artículo 12. Altas

Artículo 13. Bajas. Suspensión de los derechos colegiales

Artículo 14. Derechos

Artículo 15. Deberes

Artículo 16. Publicidad profesional

Artículo 17. Ejercicio profesional en forma societaria

Artículo 18. Sustitución

Artículo 19. Reglamentos de régimen interior, y otras instrucciones y normas

de rango inferior a esos reglamentos

Título tercero: De los órganos de gobierno. Junta de Gobierno y Junta General

Capítulo primero: Junta de Gobierno

Sección 1ª: Composición y competencias

Artículo 20. Composición y competencias de la Junta de Gobierno. Sustitución de sus miembros

Artículo 21. Reuniones de la Junta de Gobierno, convocatoria, adopción de acuerdos, y actas

Artículo 22. Presidencia de la Junta de Gobierno y del Colegio. Sustitución

Artículo 23. Vicepresidencia de la Junta de Gobierno y del Colegio

Artículo 24. Secretaría de la Junta de Gobierno y del Colegio

Artículo 25. Tesorería de la Junta de Gobierno y del Colegio

Artículo 26. Contaduría-Censura

Artículo 27. Vocales de la Junta de Gobierno

Sección 2ª: Elecciones a la Junta de Gobierno

Artículo 28. Principios electorales. Electores y candidatos. Derecho de voto. Modo de ejercer el derecho de voto

Artículo 29. Prohibición para ser candidatos

Artículo 30. Duración del mandato de los miembros de la Junta de Gobierno

Artículo 31. Antigüedad requerida a los candidatos

Artículo 32. Provisión de las vacantes en la Junta de Gobierno

Artículo 33. Convocatoria del proceso electoral

Artículo 34. Presentación de las candidaturas

Artículo 35. Proclamación de los candidatos y de las candidatas

Artículo 36. Elección

Artículo 37. Sobres y papeletas de votación

Artículo 38. Mesa electoral

Artículo 39. Voto por correo

Artículo 40. Introducción de los votos en las urnas

Artículo 41. Fin de la votación

Artículo 42. Escrutinio de los votos emitidos

Artículo 43. Anuncio de los resultados de la votación y proclamación de los candidatos y de las candidatas electos

Sección 3ª: Cese de los miembros de la Junta de Gobierno

Artículo 44. Causas y procedimiento para el cese

Sección 4ª: Miembros honorarios de la Junta de Gobierno

Artículo 45. Miembros honorarios

Capítulo Segundo: Junta General

Artículo 46. Definición

Artículo 47. Convocatoria y clases de Juntas Generales

Artículo 48. Junta General ordinaria

Artículo 49. Convocatoria de la Junta General extraordinaria

Artículo 50. Asuntos a tratar en Junta General extraordinaria

Artículo 51. Lugar, día y hora de celebración de las Juntas Generales

Capítulo tercero: Disposiciones comunes para la Junta de Gobierno y la Junta General

Artículo 52. Libros de actas. Reuniones presenciales y a distancia

Título cuarto: Normas deontológicas, responsabilidades y régimen disciplinario.

Capítulo primero: Normas deontológicas

Artículo 53. Principios generales

Artículo 54. Relaciones con los clientes

Artículo 55. Relaciones con los restantes administradores de fincas

Artículo 56. Relaciones con el Colegio

Capítulo segundo: Responsabilidades de las personas colegiadas

Artículo 57. Sujeción a responsabilidades penal, civil y disciplinaria

Capítulo tercero: Régimen disciplinario

Sección 1ª: Disposiciones generales

Artículo 58. Preceptos disciplinarios

Artículo 59. El principio “*non bis idem*” y la subordinación de la potestad sancionadora del Colegio al orden jurisdiccional penal.

Artículo 60. Ámbito territorial de la potestad disciplinaria del Colegio

Artículo 61. Procedimiento, notificaciones y prórroga de los plazos

Artículo 62. Derechos de las personas colegiadas contra las que se dirigen los procedimientos disciplinarios

Sección 2ª: Infracciones y sanciones disciplinarias

Artículo 63. Clases de infracciones disciplinarias: faltas muy graves, graves y leves

Artículo 64. Sanciones

Artículo 65. Competencia de la Junta de Gobierno para imponer sanciones, y procedimiento según la clase de sanciones

Artículo 66. Prescripción de las infracciones

Sección 3ª. Procedimiento disciplinario

Subsección 1ª: Inicio por queja o reclamación razonada, y de oficio. Particularidades cuando los clientes son comunidades de propietarios o sus agrupaciones.

Artículo 67. Inicio del procedimiento por queja o reclamación razonada, o de oficio

Artículo 68. Particularidades cuando los clientes son comunidades de propietarios y las agrupaciones de tales comunidades, de la Ley sobre Propiedad Horizontal.

Subsección 2ª: Diligencias Informativas Previas

Artículo 69. Archivo inicial de la queja o reclamación. Apertura de las diligencias informativas previas. Interrupción del plazo de prescripción

Artículo 70. Finalidad, duración y finalización de las diligencias informativas previas

Subsección 3ª: Expediente disciplinario

Artículo 71. Inicio. Normas generales. Caducidad

Artículo 72. Alegaciones y aportación de documentos u otros elementos de juicio por el colegiado o la colegiada inculpados en el procedimiento disciplinario

Artículo 73. Periodo extraordinario de prueba en el expediente disciplinario

Artículo 74. Trámite de audiencia en el expediente disciplinario

Artículo 75. Finalización del expediente disciplinario

Artículo 76. Recursos contra los actos de finalización del expediente disciplinario

Artículo 77. Ejecutividad de los acuerdos de la Junta de Gobierno que imponen sanciones a los colegiados y colegiadas, por infracciones disciplinarias

Artículo 78. Anotación de las sanciones disciplinarias

Artículo 79. Rehabilitación

Título quinto: Régimen jurídico de los actos y su impugnación

Artículo 80. Régimen jurídico de los actos del Colegio

Artículo 81. Recurso de alzada contra los acuerdos de la Junta de Gobierno

Artículo 82. Recurso de alzada contra los acuerdos de la Junta General

Artículo 83. Nulidad de pleno derecho de los actos administrativos.

Suspensión de la ejecución de los actos nulos de pleno derecho

Artículo 84. Impugnación judicial de los actos y acuerdos del Colegio.

Título sexto: Recursos económicos

Artículo 85. Recursos económicos ordinarios del Colegio

Artículo 86. Recursos económicos extraordinarios del Colegio

Artículo 87. Administración del patrimonio del Colegio

Disposición adicional única

Disposición transitoria única

Disposición derogatoria

Disposición final

**TÍTULO PRIMERO**

**El Colegio - Fines y funciones**

*Artículo 1. Personalidad y naturaleza*

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón es una corporación de derecho público, amparada por la ley y reconocida por el Estado y por la Comunitat Valenciana, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La estructura interna del Colegio y su funcionamiento son democráticos.

*Artículo 2. Ámbito territorial, domicilio y delegaciones. Fusión, absorción, segregación y disolución*

1. Ámbito territorial y domicilio. El ámbito territorial del Colegio comprende las provincias de Valencia y Castellón.

La sede social radica en Valencia, plaza de Crespins, número 3, y tiene una delegación en Castellón, calle Mayor, número 2; sin perjuicio de la facultad de la Junta General para trasladar la sede a otro lugar de Valencia, y para abrir y cerrar delegaciones en cualquier población de su territorio, con la consiguiente modificación de los estatutos.

2. Fusión, absorción, segregación y disolución

La unión del Colegio con otros Colegios relacionados con la misma rama de actividad por fusión o absorción, su segregación y su disolución voluntaria, se ajustarán a lo establecido en la Ley y en los presentes estatutos, y requerirán los pertinentes acuerdos de la Junta General, en reunión extraordinaria convocada al efecto.

El *quórum*  de asistencia requerido para adoptar válidamente esos acuerdos será en primera convocatoria de al menos la mitad de los colegiados en ejercicio, y en segunda convocatoria de al menos un diez por ciento de los colegiados en ejercicio.

Para la aprobación de los antedichos acuerdos de fusión, absorción, segregación y disolución se requerirá la mayoría de los votos válidamente emitidos en la Junta General.

El procedimiento para la aprobación de estos acuerdos será el siguiente: la Junta de Gobierno redactará el proyecto de fusión, absorción, segregación o disolución, y a continuación convocará la Junta General extraordinaria para deliberar y decidir sobre la aprobación de ese proyecto; entre la convocatoria y la celebración de la Junta General habrá de mediar al menos un mes, y durante ese periodo estará a disposición de todos los colegiados el proyecto que se haya de someter a aprobación de la Junta General.

*Artículo 3. Normas legales*

Al circunscribir el ámbito territorial del Colegio exclusivamente a parte del territorio de la Comunitat Valenciana (provincias de Valencia y de Castellón), sin perjuicio de la legislación básica del Estado y de la normativa legal que regula la profesión de administrador de fincas, el Colegio se rige por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales -que es la norma básica-,  por la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, por los presentes estatutos, los estatutos generales de la profesión, los reglamentos de régimen interior del Colegio y los acuerdos de sus órganos de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia.

*Artículo 4. Fines esenciales*

Son fines esenciales del Colegio:

a) La ordenación de la profesión respecto de las personas colegiadas, dentro del marco legal de aplicación, en el ámbito de su competencia, en beneficio tanto de la sociedad a la que sirve como de los intereses generales que le están encomendados.

b) Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando el conocimiento y cumplimiento de todo tipo de disposiciones legales que la afecten, y haciendo cumplir la ética profesional y las normas deontológicas que le sean específicamente propias, así como velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de las personas colegiadas; para ello promoverá su formación permanente y continua.

c) La defensa de los intereses profesionales de las personas colegiadas y la representación del ejercicio de la profesión.

*Artículo 5. Funciones del Colegio*

En el cumplimiento de sus fines, corresponden al Colegio las siguientes funciones:

1) Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, funciones que conlleva el velar por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los consumidores o usuarios, en particular mediante la exigencia de las normas deontológicas en el ejercicio de la profesión y el ejercicio de las facultades disciplinarias.

2) Ostentar en su ámbito territorial la representación y defensa de la profesión ante las Administraciones públicas, corporaciones, tribunales y particulares, con plena legitimación para ser parte en cuantos litigios y cuestiones afecten a los intereses profesionales y colegiales, y ejercitar el derecho de petición, con arreglo a la ley.

3) Ejercer la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines.

4) Facilitar a los tribunales y a cuantos organismos públicos lo requieran, la relación de profesionales capacitados para intervenir como peritos, sin perjuicio del carácter no exclusivo de esta competencia.

5) Organizar y promover actividades o servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cooperativo y otros análogos.

6) Organizar cursos y demás actos encaminados a la formación permanente y continua profesional.

7) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados el ordenamiento jurídico en cuanto afecte a la profesión, los estatutos, reglamentos y normas adoptados por el Colegio en materia de su competencia.

8) Difundir las ventajas de la colegiación en interés de los usuarios de los servicios profesionales de los administradores de fincas, respetando la normativa de defensa de la competencia.

9)  Procurar el respeto y colaboración entre las personas colegiadas, e impedir, dentro de sus competencias, la competencia desleal entre ellas.

10) Establecer medios alternativos de solución de conflictos, tales como, entre otros, la mediación, la negociación directa o a través de abogados, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión de experto independiente y el arbitraje de equidad o de derecho; especialmente para la solución de conflictos relacionados con la propiedad horizontal, el uso, disfrute y administración de inmuebles, la extinción del condominio, la división de patrimonios, la convivencia en edificios y complejos residenciales privados, y la convivencia ciudadana. Y a tal fin, instituir los correspondientes tribunales de arbitraje, y los centros y servicios para organizar, ofrecer y poner a disposición de los colegiados y de los usuarios de sus servicios todos esos medios, formando y seleccionando a todos los profesionales que intervengan en la prestación de esos medios alternativos.

Su creación y supresión será competencia de la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno; todo lo relativo a su organización y funcionamiento, control y supervisión, incluidos sus reglamentos de funcionamiento, protocolos de actuación, y códigos de conducta, será competencia de la Junta de Gobierno.

La mediación que puede ejercer el Colegio se desarrollará en los términos del artículo 5.ñ de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, sin que la misma se ejerza o desarrolle de forma exclusiva.

11) Mediante los medios alternativos señalados en el apartado 10 de este artículo, resolver las discrepancias que puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por las personas colegiadas en el ejercicio de la profesión.

12) Aprobar sus propios presupuestos de ingresos y gastos, regular y percibir las cuotas de las personas colegiadas, establecer y contratar sus propios seguros y los de caución y responsabilidad civil de los colegiados y colegiadas, y administrar los recursos del Colegio. Respecto a los seguros de caución y de responsabilidad civil, el Colegio debe dar distintas opciones de elección a las personas colegiadas, atendiendo a lo dispuesto en la normativa de defensa de la competencia.

13) Atender a las solicitudes de información sobre sus colegiados y colegiadas, y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.

14) Atender las quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados y colegiadas, y disponer de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.

15) Disponer de una web con sede electrónica/registro electrónico, de conformidad con lo que preceptúa la legislación aplicable sobre procedimiento administrativo común y colegios profesionales.

16) Actuar con transparencia de conformidad con la legislación aplicable sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y elaborar la Memoria Anual que exige la legislación aplicable sobre colegios profesionales.

17) Emitir informes y dictámenes, de carácter no vinculante, en procedimientos judiciales o administrativos, a petición del tribunal o del órgano de la Administración ante el que se sustancie el proceso judicial o el procedimiento administrativo de que se trate.

18) Emitir informe sobre los anteproyectos normativos que les solicite la Administración y participar en cuantas mesas sea llamado o considere de interés, conforme a la ley, los estatutos y normas concordantes.

19) Organizar y gestionar en el ámbito del Colegio todo lo relativo a los administradores de fincas de oficio (AFO) en el ámbito de los convenios que al efecto formalice con cualesquiera Administraciones públicas.

20) Todas las demás funciones que sean beneficiosas para los intereses profesionales y que se encaminan al cumplimiento de los objetivos colegiales, dentro del marco de la legislación vigente.

*Artículo 6. Estatutos*

Los Estatutos serán aprobados por el propio Colegio, según acuerdo de la Junta General de colegiados; y después habrán de ser inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, conforme al artículo 24.b) de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana.

Para la modificación de los Estatutos, se observarán los mismos requisitos que para su aprobación.

*Artículo 7. Relaciones orgánicas*

El Colegio, en todo lo que se refiere a los aspectos institucionales y corporativos considerados en la Ley 6/1997 de la Comunitat Valenciana, y de conformidad con la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, de la Generalitat, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, se relaciona con la Consellería competente en materia de colegios profesionales. En todo lo que atañe a los contenidos de la profesión de administrador de fincas, el Colegio se relaciona con las consellerías de la Generalitat Valenciana cuyas competencias tengan relación con dicha profesión.

En sus relaciones con el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, con el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, y en sus relaciones con otras organizaciones y entes con los que colabore, se estará a lo que disponen las normas respectivas.

**TÍTULO SEGUNDO**

**Administradores y administradoras de fincas**

*Artículo 8. Definiciones*

1. Administrador y administradora de fincas.

Tendrán la consideración de administradores y administradoras de fincas, a los efectos de la presente norma, las personas naturales que, cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa de aplicación y por los presentes estatutos, ejerzan profesionalmente la actividad de administración de fincas urbanas o rústicas, o, habiendo cesado en el ejercicio de esa profesión, continúan de alta como colegiados o colegiadas no ejercientes, o colegiados o colegiadas jubilados.

Se entenderá que ejercen profesionalmente la administración de fincas aquellas personas naturales que, de forma habitual y constante, con despacho abierto al efecto y con la capacitación profesional a que se refiere la disposición adicional sexta de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, destinan todo o parte de su trabajo a administrar fincas urbanas o rústicas de terceros, en beneficio de éstos, con sujeción a las leyes y a los presentes estatutos, devengando por sus servicios profesionales los correspondientes honorarios.

También son administradores o administradoras de fincas, los de honor, distinguidos con ese título por acuerdo de la Junta General, con sujeción a lo que establece el artículo 10.4 de los presentes estatutos.

2. Sociedades

La actividad de la administración de fincas podrá ejercerse a través de una sociedad no profesional, cumpliendo los requisitos establecidos en las leyes.

Para el ejercicio de la actividad profesional, la Sociedad   podrá inscribirse en el Registro de Sociedades del Colegio, con sujeción al protocolo o reglamento que apruebe la Junta de Gobierno.

3. Oficiales habilitados

Para el ejercicio de la profesión de administrador o administradora de fincas las personas colegiadas podrán valerse de oficiales habilitados, con sujeción a los requisitos que establezca la Junta de Gobierno del Colegio.

4. Clientes, consumidores o usuarios

Clientes, consumidores o usuarios son quienes contratan los servicios profesionales de las personas colegiadas; tienen esta condición los entes sin personalidad jurídica como las comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios de la Ley sobre Propiedad Horizontal, pues son ellos quienes designan a las personas colegiadas para ostentar sus órganos de administración y secretaría, y para ejercer las funciones que establecen las leyes, sus estatutos y los acuerdos de sus Juntas de Propietarios, y quienes los remueven de su cargo antes de la expiración del mandato, conforme establece la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal.

*Artículo 9. Ámbito de funciones*

1. El ejercicio profesional comprende todas las funciones conducentes a la administración, reparación y conservación de los bienes encomendados, y las que se relacionen directamente con cualquier forma de arrendamiento, uso u ocupación y estén encaminadas a conseguir el óptimo rendimiento, según el destino dado al inmueble por el propietario o propietaria, condueños/condueñas o copropietarios/copropietarias. En el desarrollo de estas funciones, el administrador o la administradora están facultados para realizar cuantos actos de administración y gestión sean necesarios, con observancia de las normas legales aplicables, la costumbre y la prudencia, sin otras limitaciones que las establecidas en las leyes, las derivadas de competencias legalmente atribuidas a otros profesionales, y las impuestas por los propietarios de los bienes.

2. Los servicios profesionales de los administradores o administradoras de fincas pueden prestarse de manera habitual o continuada respecto a los bienes cuya administración tienen encomendada, o para actos, servicios o asesoramientos puntuales que les encarguen los propietarios o propietarias en relación a bienes que están fuera de la administración habitual de estos colegiados o colegiadas.

3. Parte de las funciones enumeradas en los apartados 1 y 2 del presente artículo son un ámbito de actividad de los administradores de fincas compartido con los agentes de la propiedad inmobiliaria, por lo que, dado que es un espacio compartido por ambas profesiones, su ejercicio se realizará en régimen de libre competencia y de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

4. La publicidad del ejercicio de la profesión de administración de fincas se ajustará a lo dispuesto en la ley general de publicidad y a la normativa de competencia.

5. Las comunicaciones que efectúen los colegiados, sean profesionales o publicitarias, se harán conforme preceptúan las leyes, y salvaguardarán la independencia e integridad de la profesión y el secreto profesional.

*Artículo 10. Clases de administradores de fincas*

1. Los administradores y las administradoras de fincas pueden ser: ejercientes, no ejercientes, jubilados y de honor.

2. Los administradores y las administradoras de fincas pueden ser ejercientes o no ejercientes. Estos últimos no podrán identificarse con los títulos de "administrador de fincas” ni “administradora de fincas" sino con los de “administrador de fincas no ejerciente” o “administradora de fincas no ejerciente”. Si omiten la indicación de que son “no ejercientes”, serán considerados como ejercientes, con todas las obligaciones que de ello se deriva, y sin perjuicio de la sanción disciplinaria que procediera por competencia desleal si realmente ejercieran la profesión.

3. Las personas colegiadas que, generalmente por razón de la edad, dejan de trabajar y perciben pensión de jubilación, pero deciden continuar inscritos en el Colegio, pasarán a la categoría de “administradores o administradoras de fincas jubilados”, y se identificarán como tales. Abonarán la cuota que a tal fin establezca la Junta General, estando exentos de las cuotas extraordinarias para el levantamiento de las cargas colegiales y para cualquier inversión extraordinaria del Colegio. Tendrán voz, pero no voto en las Juntas Generales. No podrán participar en los órganos directivos del Colegio, aunque sí podrán ser consultados por éstos.

4. El Colegio podrá nombrar administradores y administradoras de honor: a colegiados y a colegiadas que se hayan distinguido en el ejercicio profesional, o en la prestación de servicios muy significativos en beneficio de la profesión o del Colegio, o hayan dedicado singular esfuerzo y apoyo a la mejora, promoción y desarrollo del sector de la administración de las comunidades de propietarios de inmuebles en régimen de propiedad horizontal, o de los sectores del arrendamiento de viviendas y de la propiedad inmobiliaria, o de la legislación reguladora de tales sectores; y a otras personas o entidades en quienes concurran uno o más de los antedichos méritos. Su nombramiento corresponderá a la Junta General, por mayoría simple de los asistentes, a propuesta de la Junta de Gobierno. Quienes ostenten la condición de administradores o administradoras de honor tendrán derecho de asistir a las Juntas Generales, ocupando un lugar preferente, con voz, pero sin voto, salvo que ya estén colegiados como ejercientes, no ejercientes o jubilados, en cuyo caso tendrán el voto que les corresponda como tales.

*Artículo 11. Requisitos para la colegiación*

1. Son requisitos indispensables para la colegiación como administrador o administradora de fincas ejerciente y no ejerciente:

a) Ser mayor de edad.

b) No hallarse inhabilitado o suspendido, en virtud de sentencia firme, para el ejercicio de la profesión.

c) Tener la capacitación profesional y cumplir las condiciones a que se refiere el número 2 de la disposición adicional sexta de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

d) Satisfacer la cuota de ingreso establecida por el Colegio dentro de los límites de la ley.

e) Cumplir cuantas obligaciones fiscales y de la Seguridad Social sean, en su caso, legalmente exigibles para iniciar el ejercicio de la profesión de administrador de fincas.

2. El acceso al Colegio se regirá por el principio de igualdad de trato y no discriminación.

3. Las personas que se encuentren incorporadas al Colegio a la entrada en vigor de estos estatutos tendrán derecho, en todo caso, a mantenerse colegiadas.

*Artículo 12. Altas*

1. La incorporación al Colegio exigirá:

a) Presentar al Colegio la correspondiente solicitud, acompañada de la documentación que acredite la identidad de la persona solicitante y el cumplimiento de los requisitos para la colegiación establecidos en el artículo 11 de estos estatutos.

b) Declaración de no estar incurso en inhabilitación o suspensión profesional o colegial como consecuencia de resolución firme.

c) Satisfacer la cuota de ingreso, la cual no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción, y las demás obligaciones económicas que puedan ser establecidas de acuerdo con la legislación vigente.

d) Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de cuantas obligaciones fiscales o de cualquier otro tipo sean exigibles legalmente para el ejercicio de la profesión.

e) Designar una dirección de correo electrónico a efectos de que se practiquen las notificaciones del Colegio, y el lugar físico en que desea que se practiquen esas notificaciones. También podrá aportar su dispositivo electrónico donde se le avise del envío o puesta a disposición de esas y cualesquiera otras notificaciones.

f) Designar cuenta bancaria y documento de domiciliación en esa cuenta, a efectos de pago, de los recibos del Colegio por cuotas colegiales, derramas para gastos, seguros, sanciones disciplinarias, venta de productos, cursos y jornadas de formación, publicaciones y cualesquiera otros servicios que el Colegio presta a los colegiados.

2. La colegiación podrá tramitarse presencialmente o por vía telemática a través del registro electrónico previsto en los presentes estatutos.

3. No podrá negarse la incorporación al Colegio a quienes la soliciten conforme se indica en el número 1 de este artículo y reúnan los requisitos exigibles para ello en los presentes estatutos, ni tampoco podrá limitarse el número de los colegiados.

4. Es competencia de la Junta de Gobierno la decisión sobre las solicitudes de incorporación, que habrá de regirse por los principios de igualdad de trato y no discriminatorio. El plazo máximo de resolución será de tres meses a contar desde la presentación de la solicitud con la documentación indicados en el número 1 de este artículo; el vencimiento de dicho plazo sin que se haya notificado a la persona solicitante resolución expresa, la legitimará para entenderla estimada por silencio administrativo.

Las resoluciones que denieguen o suspendan la incorporación deberán estar fundamentadas y se notificarán a los solicitantes; éstos podrán interponer en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana. Una vez agotada la vía administrativa, podrá interponerse contra la resolución desestimatoria recurso contencioso-administrativo, en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Una vez sea admitida la solicitud de incorporación al Colegio, tras dar cuenta al Consejo General, se hará entrega a la persona colegiada de la documentación acreditativa correspondiente. Los administradores y las administradoras de fincas harán constar en su despacho profesional, web, correspondencia, comunicaciones y publicidad, su condición de colegiados o colegiadas.

*Artículo 13. Bajas. Suspensión de los derechos colegiales*

1. La condición de colegiado o de colegiada se perderá, sin perjuicio en todos los casos del cumplimiento de las obligaciones pendientes, por cualquiera de las causas siguientes:

a) Baja voluntaria a petición del propio colegiado o colegiada.

b) Inhabilitación permanentemente para ejercer la profesión, en cumplimiento de una resolución disciplinaria firme en vía administrativa, o como pena impuesta por sentencia judicial firme.

c) La expulsión acordada por la Junta de Gobierno por impago de las cuotas ordinarias o extraordinarias de dieciocho meses, aprobadas por la Junta General, o por el impago de las primas de los seguros obligatorios de dos años, aprobadas por la Junta General, salvo que la persona colegiada acredite ante el Colegio tener contratados y en vigor seguros similares a los aprobados por el Colegio.

d) Muerte o declaración de fallecimiento.

2. La baja por las causas de los antedichos apartados b) y c) será notificada por escrito a la persona interesada en el domicilio postal y/o de correo electrónico que tenga designado en su ficha colegial, surtiendo efectos desde esa notificación. Si no pudiera practicarse allí, se notificará en el tablón de anuncios de la página web del Colegio.

3. Cuando la baja se funde en la causa c), los afectados podrán reincorporarse abonando las cantidades debidas y, además, la cantidad fijada por la Junta de Gobierno por los gastos administrativos inherentes a la tramitación de la reincorporación.

4. La Junta de Gobierno podrá acordar la suspensión de los derechos colegiales de las personas colegiadas que no paguen durante al menos un año las cuotas ordinarias o extraordinarias, o las primas de los seguros obligatorios, aprobadas por la Junta General. Esta suspensión quedará sin efecto inmediatamente que paguen las cuotas y primas adeudadas, más los intereses correspondientes, calculados al tipo del interés legal del dinero incrementado en dos puntos porcentuales. El acuerdo de suspensión de los derechos colegiales se notificará al colegiado o colegiada a que se refiera, siguiendo el procedimiento previsto en el apartado 2 de este artículo.

*Artículo 14. Derechos*

Todos los colegiados y las colegiadas ejercientes, no ejercientes y jubilados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar activamente en la vida corporativa, mediante el ejercicio del derecho de voz y voto en los términos indicados a continuación: los colegiados y las colegiadas ejercientes tienen su derecho voto con valor doble del que tienen los colegiados y las colegiadas no ejercientes, mientras que los colegiados y colegiadas jubilados no dispondrán de voto, pero sí de voz. Solo los colegiados y las colegiadas ejercientes tendrán acceso a los cargos directivos con sujeción a lo establecido en los presentes estatutos.

b) Ser amparados y defendidos por el Colegio en el ejercicio profesional o con motivo del mismo, previo el discrecional acuerdo de la Junta de Gobierno.

c) Ser representados y asistidos por los servicios jurídicos, si la Junta lo considera conveniente, a fin de presentar acciones relacionadas con el ejercicio profesional ante autoridades, tribunales, entidades o particulares.

d) Presentar al Colegio cuantas proposiciones estimen convenientes para la profesión o el Colegio.

e) Formular quejas contra la actuación de cualquiera de los miembros de los órganos de gobierno del Colegio que se hallen en el ejercicio de su cargo, y promover el voto de censura contra los mismos. Los administradores jubilados también podrán formular esas quejas y promover dicho voto de censura, aunque carezcan de voto en la Junta General.

f) Utilizar cuantos servicios se establezcan por el Colegio en beneficio de los colegiados.

g) Percibir de sus clientes la debida contraprestación por sus servicios profesionales.

h) Ejercer su actividad en todo el territorio del Estado en los términos establecidos en la Ley de Colegios Profesionales. Cuando quienes se hallan colegiados en este Colegio ejercen actividades profesionales en el ámbito territorial de otro Colegio, están sujetos a la potestad disciplinaria de ese otro Colegio en todo lo relacionado con la actuación profesional desarrollada en el territorio del mismo.

i) Ejercer cuantos derechos se deduzcan de estos estatutos y de las demás disposiciones aplicables.

*Artículo 15. Deberes*

Todos los miembros del Colegio sean o no ejercientes, tendrán los siguientes deberes:

a) Cumplir diligentemente la normativa vigente y cuantas prescripciones contienen estos estatutos y los del Colegio Territorial al que pertenezcan y en los reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos válidamente adoptados por el respectivo Colegio y el Consejo General.

b) Cumplir su cometido profesional con diligencia, ajustando su actuación a los principios de la confianza y la buena fe con sus clientes, con respeto y acatamiento a las normas deontológicas, y aplicando la técnica profesional adecuada al caso.

c) Actuar en sus relaciones con otros colegiados y colegiadas y con el Colegio conforme a lo establecido en estos estatutos y en las normas deontológicas.

d) Aceptar los cargos colegiales para los que fueren elegidos y desempeñarlos diligentemente, salvo justa causa.

e) Abonar puntualmente las cuotas ordinarias o extraordinarias, las primas de los seguros para el ejercicio de la profesión, y las derramas para levantar las cargas colegiales de cualquier naturaleza; todo ello, en la cuantía y modo que determinen la Junta General o la disposición legal o estatutaria aplicables, dentro de los límites establecidos en las leyes. Están exceptuadas de este deber las personas colegiadas jubiladas y colegiadas de honor.

f) Constituir las garantías para el ejercicio profesional que vengan impuestas por norma de rango legal.

g) Hacer constar en los documentos relativos a su actividad y a sus comunicaciones profesionales, su nombre, apellidos, domicilio profesional y número de colegiación.

h) Comunicar al Colegio, de forma clara, directa, individualizada y fehaciente, el domicilio y una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones del Colegio; podrán modificarlos notificando de igual modo esos cambios al Colegio.

j) Respetar las normas del Colegio de acogida cuando ejerzan profesionalmente en territorio distinto al del Colegio de inscripción, quedando sometidos a la potestad sancionadora de aquél por todo lo relativo a la actuación profesional desarrollada en el territorio del mismo.

*Artículo 16. Publicidad profesional*

La publicidad del ejercicio de la profesión de los administradores y administradoras de fincas se ajustará a la normativa general sobre publicidad, con las restricciones que establecen las leyes.

*Artículo 17. Ejercicio profesional en forma societaria*

El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes, y en el artículo 8.2 de los presentes estatutos.

*Artículo 18. Sustitución*

El colegiado o la colegiada a quien se encargue la administración de una comunidad de propietarios o de los bienes de cualquier otra persona en sustitución de otro colegiado o colegiada, deberá comunicárselo al profesional sustituido en alguna forma que permita la constancia de la recepción y adjuntar a esa comunicación algún documento que acredite haber recibido el encargo del cliente y, en su caso, la autorización para recibir en nombre del cliente los documentos que se dirán a continuación.

El colegiado o la colegiada sustituidos acusarán recibo de la antedicha comunicación en el plazo máximo de cinco días naturales, y dentro de los treinta días naturales siguientes a recibirla habrán de entregar al cliente o a quien éste designe la documentación, practicar liquidación finiquito y abonar, en su caso, el saldo final que proceda. Si el cese o la sustitución del colegiado o colegiada se hubiese acordado en una reunión de la Junta de Propietarios a la que la persona cesada o sustituida hubiera asistido, los indicados plazos se contarán a partir de la fecha de aquella reunión. La entrega de la documentación podrá realizarse con la intermediación del Colegio, en los términos establecidos por la Junta de Gobierno.

Las controversias sobre la liquidación finiquito, o sobre su abono, no determinarán la suspensión ni la prórroga del plazo establecido para entregar la documentación. Habrán de sustanciarse en vía judicial, o a través de los medios alternativos para la solución de controversias que determinen las partes, entre los que se hallan la mediación ante el Centro de Mediación del Colegio y el arbitraje de derecho o de equidad ante el Tribunal de Arbitraje del Colegio.

*Artículo 19. Reglamentos de régimen interior, y otras instrucciones y normas de rango inferior a esos reglamentos*

1). La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá aprobar y modificar Reglamentos de Régimen Interior del Colegio. Habrán de inscribirse en la sección de Colegios Profesionales, del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesional, según preceptúa el artículo 24.c) de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Comunitat Valenciana.

2). La Junta de Gobierno podrá aprobar y modificar instrucciones, normas y protocolos de actuación para la dirección, la administración y la gestión ordinaria del colegio, de sus registros, servicios, centros, comisiones, grupos de trabajo, comunicaciones, publicaciones, archivos, asesorías, actividades de formación, mediación, arbitraje, publicidad, patrocinio, relaciones sociales, relaciones institucionales, y cualesquiera otras que promueva o en las que intervenga el Colegio, respetando siempre los presentes estatutos y la voluntad expresada por la Junta General. Tienen este inferior rango los vigentes reglamentos del Centro de Mediación y del Tribunal de Arbitraje Inmobiliario del Colegio, así como el Reglamento de Oficiales habilitados, el referido a la Asesoría Jurídica y el del Registro de Notificaciones, y cuantos otros se acuerden por la voluntad expresada por la Junta General.

**TÍTULO TERCERO**

**De los órganos de gobierno del Colegio**

CAPÍTULO PRIMERO

*Junta de Gobierno*

Sección 1ª

Composición y funciones

*Artículo 20. Composición y competencias de la Junta de Gobierno. Sustitución de sus miembros*

Uno: Composición de la Junta de Gobierno

El Colegio estará regido por una Junta de Gobierno, constituida por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, contador-censor y un número de vocales no inferior a cinco ni superior a seis, salvo el caso que se dirá a continuación para el vocal colegiado en Castellón y con despacho profesional en la provincia de Castellón.

Uno de los miembros de la Junta de Gobierno habrá de ser una persona colegiada en Castellón y con despacho profesional en la provincia de Castellón; si entre los elegidos no hubiere ninguno que reúna esos requisitos, tras las elecciones, una vez constituida la Junta de Gobierno, ésta designará un vocal adicional colegiado en Castellón y con despacho en la provincia de Castellón, pudiendo en tal caso llegar a siete el número total de vocales.

Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán derecho a ser indemnizados económicamente por su asistencia efectiva a las sesiones formalmente convocadas de la Junta de Gobierno y de sus Comisiones, siendo la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, quien determinará, al aprobar los presupuestos anuales, el importe de esas indemnizaciones por asistencias y por cuantos gastos se acuerden; distinguirá entre las indemnizaciones correspondientes a los cargos de presidente, secretario, tesorero y contador-censor, y las correspondientes a los restantes cargos de la Junta de Gobierno, atendiendo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada uno de esos cargos.

Dos: Competencias de la Junta de Gobierno

Corresponde a la Junta de Gobierno, en general, asumir, promover y realizar todas las funciones atribuidas al Colegio, excepto las que son competencia de la Junta General, y en particular:

1) Aprobar, denegar o suspender la incorporación de nuevos colegiados y colegiadas y acordar las bajas en los casos que proceda.

2) Sancionar las infracciones disciplinarias en que incurran los colegiados y las colegiadas, conforme a lo establecido en el título cuarto de los presentes estatutos.

3) Amparar y defender a las personas colegiadas cuando la Junta de Gobierno considere que están sufriendo presiones injustas que comprometen el libre y correcto ejercicio de la profesión.

4) Mediar en los conflictos que puedan surgir entre las personas colegiadas, y entre éstas y sus clientes, cuando así lo soliciten todos los interesados.

5) Premiar y distinguir a los administradores que sobresalgan en el ejercicio de la profesión y en la prestación de servicios al Colegio.

6) Facilitar información a los colegiados y colegiadas sobre cuestiones de interés profesional, corporativo o colegial.

7) Procurar que en el ejercicio profesional sean respetadas las normas y condiciones adecuadas para no menoscabar el prestigio de la profesión, ejercitando las acciones que fueren menester para ello.

8) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Junta General.

9) Proponer a la Junta General la cuota de incorporación, las cuotas ordinarias o extraordinarias, las primas de los seguros para el ejercicio de la profesión, y las derramas para levantar las cargas colegiales de cualquier naturaleza; todo ello, dentro de los límites establecidos en las leyes.

10) Recaudar y administrar los fondos del Colegio.

11) Elaborar los presupuestos y formular las cuentas anuales que habrán de presentar para su aprobación por la Junta General.

12) Nombrar, separar y destinar a los trabajadores y trabajadoras del Colegio, y a los asesores y asesoras externos.

13) Convocar elecciones para la provisión y renovación de cargos de la Junta de Gobierno.

14) Proveer provisionalmente las vacantes que se produzcan en los cargos de la Junta de Gobierno, hasta que se celebren nuevas elecciones.

15) Convocar Juntas Generales ordinarias o extraordinarias, incluyendo en el orden del día las cuestiones que estime oportunas.

16) Constituir, modificar y extinguir las Comisiones de trabajo para encargarles los cometidos y trabajos que estime convenientes. Tales comisiones no serán órganos colegiados a los efectos de lo dispuesto en la Ley 40/2015 o norma que la modifique o sustituya, salvo que el acuerdo de creación de las mismas así lo disponga expresamente.

17) Aprobar y modificar instrucciones, normas y protocolos de actuación para la dirección, la administración y la gestión ordinaria del colegio, de sus registros, servicios, centros, comisiones, grupos de trabajo, comunicaciones, publicaciones, archivos, asesorías, actividades de formación, mediación, arbitraje, publicidad, patrocinio, relaciones sociales, relaciones institucionales,  y cualesquiera otras que promueva o en las que intervenga el Colegio, respetando siempre los presentes estatutos y la voluntad expresada por la Junta General.

18) Establecer, modificar y organizar los servicios colegiales, tanto de asesoramiento al Colegio y a los colegiados, como de atención a éstos y a los consumidores y usuarios.

El Servicio de Atención a los Colegiados y a los Consumidores y Usuarios necesariamente tramitará y resolverá sobre las quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados y colegiadas, y sobre las quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados y colegiadas, presentadas por cualquier consumidor o usuario que contrate sus servicios profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.

El Colegio resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: o informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, o remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, o archivando, o adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.

Estas quejas y reclamaciones podrán presentarse presencialmente o a través del registro electrónico, habiendo de justificar siempre la identidad de su autor, así como acompañar la documentación acreditativa de la situación o hecho que motiva la denuncia.

19) Proponer a las Administraciones públicas y autoridades sugerencias y estudios para satisfacer el derecho a la vivienda digna, y sobre la rehabilitación energética de los inmuebles, la mejora de las ciudades y de su entorno, la administración de fincas y el sector inmobiliario, colaborando en las cuestiones técnicas y en las demás relacionadas con los fines del Colegio.

20) Llevar a término todas las demás funciones atribuidas al Colegio en los presentes estatutos o en cualquier otra disposición legalmente aplicable, que no estén expresamente reservadas a la Junta General.

Tres: Sustitución de los miembros de la Junta de Gobierno en caso de ausencia, enfermedad, suspensión o vacante

En los casos de ausencia, enfermedad, suspensión o vacante:

a) De quien ostente la presidencia de la Junta de Gobierno: será sustituido por quien ostente la vicepresidencia de la Junta de Gobierno; si tampoco hubiera vicepresidente o vicepresidenta, será elegido para ocupar la presidencia de la Junta de Gobierno por orden de cargo los siguientes: el secretario o secretaria, el tesorero o tesorera, el contador-censor o contadora-censora, y vocales por su ordinal. En todo caso, la duración del mandato del sustituto o sustituta será únicamente la que restase por cumplir a la persona a quien sustituya.

b) De quienes ostenten la secretaría, la tesorería, la contaduría-censura o vocalías: serán sustituidos por el miembro de la Junta de Gobierno que el presidente o presidenta designe previas las oportunas consultas no vinculantes al resto de miembros de la Junta de Gobierno.

*Artículo 21. Reuniones de la Junta de Gobierno, convocatoria, adopción de acuerdos, actas*

1. La Junta de Gobierno deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre, en la sede del Colegio o en cualquier otro lugar designado por acuerdo de dicho órgano.

2. La Junta de Gobierno será convocada por quien ostente la presidencia, o por la persona que le sustituya en el cargo. La convocatoria será cursada por quien ostente la secretaría de la Junta de Gobierno, siguiendo las indicaciones de la presidencia, al menos con cinco días de antelación, salvo casos urgentes. La convocatoria se hará por escrito, indicando la fecha y lugar de su celebración, y la hora de comienzo en única convocatoria; contendrá el orden del día de los asuntos a tratar, y no se podrán adoptar acuerdos sobre cuestiones no incluidas en el orden del día, salvo las urgentes sobrevenidas después de la convocatoria, o las que no siendo urgentes sean aceptadas unánimemente por los asistentes.

Un tercio como mínimo de los miembros de la Junta de Gobierno podrán solicitar, a quien presida la Junta de Gobierno, la convocatoria de una reunión extraordinaria para tratar el asunto o asuntos que indiquen en su solicitud. Si dentro de los quince días hábiles siguientes a presentar esa solicitud la presidencia no convocase la reunión solicitada de la Junta de Gobierno, para celebrarse antes de que transcurran treinta días hábiles desde que se presentó aquella solicitud, los peticionarios podrán convocar la reunión directamente, indicando en la convocatoria la fecha y lugar de su celebración, y la hora de comienzo en única convocatoria, y el orden del día de los asuntos a tratar, que habrá de ser idéntico al incluido en la solicitud de convocatoria desatendida por la presidencia de la Junta de Gobierno.

3. Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, correspondiendo a la presidencia el voto de calidad en caso de empate.

4. Se levantará acta de las reuniones de la Junta de Gobierno, que se extenderá en el libro correspondiente, y será firmada por quienes hayan desempeñado su presidencia y secretaría.

5. La Junta de Gobierno se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, de conformidad con lo que establecen los estatutos y la legislación sectorial aplicable.

*Artículo 22. Presidencia de la Junta de Gobierno y del Colegio. Sustitución*

El presidente o la presidenta ostenta legalmente la representación del Colegio, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que le afecten, ante Administraciones públicas, corporaciones, autoridades y cualesquiera otras entidades y personas naturales o jurídicas, de derecho público o de derecho privado.  Le corresponde impulsar la dirección del Colegio, supervisar el funcionamiento de sus servicios, ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno y de la Junta General, y promover y coordinar las acciones para el mejor cumplimiento de los fines colegiales. Podrá adoptar resoluciones urgentes, dando cuenta a la Junta de Gobierno en la siguiente reunión que se celebre.

Además, tendrá las siguientes facultades:

a) Velar por la legalidad de todos los actos y acuerdos colegiales.

b) Convocar, presidir y dirigir las reuniones de la Junta General, de la Junta de Gobierno, utilizando su voto de calidad, cuando proceda.

c) Ordenar los pagos a realizar con cargo a los fondos del Colegio.

d) Realizar toda clase de operaciones bancarias, conjuntamente con las personas que desempeñen los cargos de secretario o secretaria o de tesorero o tesorera, tales como apertura de cuenta, disposición de fondos, libramiento y aceptación de letras de cambio, depósitos de valores y, en general, cuanto admite la práctica bancaria, sin excepción.

e) Firmar cuantos documentos públicos o privados conlleven la representación del Colegio.

f) Representar al Colegio en juicio y ante toda clase de tribunales, pudiendo otorgar poderes de representación para pleitos, con todas las facultades generales y especiales.

g) Y, en general, ejercitar cuantas otras facultades le atribuyen los presentes estatutos.

En caso de ausencia, enfermedad o suspensión del presidente, o de hallarse vacante dicho cargo, le sustituirá el vicepresidente y, en su defecto, los restantes miembros de la Junta de Gobierno, por el orden en que aparecen enunciados sus cargos en el artículo 20 apartado uno, párrafo primero, y apartado 3 del mencionado artículo.

*Artículo 23. Vicepresidencia de la Junta de Gobierno y del Colegio*

La persona que ostente la vicepresidencia de la Junta de Gobierno ostenta también la vicepresidencia del Colegio, y realizará las funciones que le encomiende quien ostente la presidencia, habiendo de sustituirlo en caso de ausencia, enfermedad, suspensión o vacante.

*Artículo 24. Secretaría de la Junta de Gobierno y del Colegio*

La persona que ostente el puesto de secretario o secretaria de la Junta de Gobierno ostenta la secretaría del Colegio y de la Junta General.

Corresponde al secretario o secretaria de la Junta de Gobierno:

a) Redactar y firmar los escritos de citación para todos los actos del Colegio, siguiendo las instrucciones de quien ostente la presidencia.

b) Instrumentar la organización administrativa del Colegio, comprobando su funcionamiento de modo permanente, con especial atención a la puesta al día del registro y expedientes de colegiados, con su historial, distinciones y sanciones disciplinarias.

c) Confeccionar el censo anual de colegiados.

d) Ostentar la jefatura del personal del Colegio, comprobando el cumplimiento de las tareas que corresponde al mismo.

e) Recibir todas las comunicaciones y correspondencia, dando cuenta a quien proceda, y firmar los escritos cuya firma no corresponda a la presidencia del Colegio.

f) Intervenir y firmar, conjuntamente con el presidente o presidenta, en la realización de todas las operaciones bancarias.

g) Autorizar con su firma, con el visto bueno del presidente o presidenta, las certificaciones y demás documentos colegiales.

h) Tener a su cargo el sello y documentación del Colegio.

i) Informar a la Junta de Gobierno sobre todos los asuntos que competen a la secretaría del Colegio, y proponer la adopción, en su caso, de los acuerdos pertinentes.

j) Elaborar la Memoria Anual del Colegio, con sujeción al principio de transparencia en la gestión, que deberá contener al menos la información enumerada en el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.

k) Autorizar con su firma las actas de recepción y entrega de la documentación de las comunidades de propietarios que hayan decidido utilizar el servicio ofrecido por el Colegio, a instancia de ellas o de un colegiado o colegiada. Para estos casos podrá delegar en cualquier otro miembro de la Junta de Gobierno o en algún trabajador del Colegio, pero supervisando con su visto bueno esas actas de recepción o de entrega de la documentación que haya autorizado por delegación algún trabajador del Colegio.

*Artículo 25. Tesorería de la Junta de Gobierno y del Colegio*

La persona que ocupe el puesto de tesorero o tesorera de la Junta de Gobierno desempeñará la Tesorería del Colegio.

Sus funciones serán:

a) Recaudar y custodiar los fondos del Colegio.

b) Atender las órdenes de pago libradas por quien desempeñe la presidencia del Colegio.

c) Controlar la contabilidad y verificar la caja.

d) Informar a la Junta de Gobierno sobre los saldos de las cuentas y la ejecución de las previsiones presupuestarias de ingresos y gastos del Colegio.

e) Controlar trimestralmente el cobro de las cuotas, derramas colegiales y facturas que emita el Colegio, proponiendo la adopción de las medidas procedentes ante los impagos.

f) Redactar los presupuestos y las cuentas anuales que la Junta de Gobierno haya de formular para su aprobación por la Junta General.

g) Intervenir y firmar, juntamente con quien desempeñe la presidencia, todas las operaciones bancarias.

*Artículo 26. Contaduría-Censura*

La persona que ocupe el puesto de contador-censor o contadora-censora de la Junta de Gobierno desempeñará la Contaduría y Censura de cuentas del Colegio.

Sus funciones serán:

a) Inspeccionar la contabilidad y la caja del Colegio.

b) Intervenir los libramientos de pago de quien presida el Colegio y el movimiento de las cuentas bancarias y de los fondos del Colegio.

c) Adoptar las medidas que estime convenientes para la salvaguarda de los recursos económicos del Colegio, dando cuenta a la Junta de Gobierno.

d) Confeccionar, conjuntamente con el tesorero o tesorera, los presupuestos y cuentas que hayan de someterse a la aprobación de la Junta General.

e) Practicar el inventario de los bienes del Colegio, de los que será administrador.

f) Colaborar con el tesorero o tesorera en el control de los fondos y recursos económicos del Colegio.

*Artículo 27. Vocales de la Junta de Gobierno*

Los vocales de la Junta de Gobierno estarán numerados, desempeñarán los trabajos que expresamente les encomiende la Junta de Gobierno, colaborando de modo permanente en la misma.

Sección 2ª

Elecciones a la Junta de Gobierno

*Artículo 28. Principios electorales. Electores y candidatos. Derecho de voto. Modo de ejercer el derecho de voto*

1)  La elección de todos los cargos de la Junta de Gobierno se efectuará, a través de sufragio universal, libre, directo y secreto, por todos los colegiados. A tal fin deberá convocarse Junta General, dentro de la cual se ejercerá la elección mediante voto personal, ajustándose al principio de libre e igual participación de los colegiados, si bien en las elecciones a la Junta de Gobierno el voto de los ejercientes tendrá el doble de valor que el de los no ejercientes, por lo que habrá una o más urnas para los ejercientes y no ejercientes, perfectamente diferenciadas, en las que se introducirá el voto previamente la identificación de quien ejerce el mismo.

2) Serán electores todos los colegiados o colegiadas ejercientes y no ejercientes que no estén incursos en prohibición o incapacidad legal o estatutaria para votar. No cabrá el voto delegado.

3) Podrán ser candidatos los colegiados y colegiadas en ejercicio que, ostentando la condición de electores, no estén incursos en prohibición o en incapacidad legal o estatutaria para ello, y cumplan los requisitos de antigüedad establecidos en el artículo 31 de los presentes estatutos.

4) El derecho de voto podrá ejercerse presencialmente o por correo postal, en la forma que determine la Junta de Gobierno, siempre que se garantice la autenticidad y el secreto del voto; salvo que la Junta de Gobierno acuerde la posibilidad de votar también mediante voto electrónico, si se garantiza totalmente la autenticidad y el secreto del voto.

5) Si sólo hubiera una única candidatura, será proclamada electa por la Mesa Electoral, sin necesidad de que los colegiados y colegiadas voten en la Junta General.

*Artículo 29. Prohibición para ser candidatos*

No podrán ser candidatos a ningún puesto en la Junta de Gobierno los colegiados y colegiadas que estén cumpliendo pena de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la profesión de administrador de fincas, o sanción disciplinaria colegial de suspensión del ejercicio de la profesión de administrador de fincas o de expulsión de cualquier Colegio Territorial de Administradores de Fincas de España.

*Artículo 30. Duración del mandato de los miembros de la Junta de Gobierno*

El mandato de los miembros de la Junta de Gobierno será de cuatro años. No obstante, si alguien fuese designado o elegido para sustituir cualquier vacante producida en la Junta de Gobierno antes de expirar el mandato de la persona sustituida, el mandato del sustituto o sustituta será igual al tiempo que restase por cumplir la persona a quien sustituya.

Todos los cargos de la Junta de Gobierno se elegirán y renovarán al mismo tiempo, una vez transcurra su mandato, salvo lo establecido en el párrafo anterior para cubrir las vacantes.

Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser reelegidos para ocupar el mismo cargo sólo por un segundo mandato de cuatro años, sin que nadie pueda desempeñar ininterrumpidamente el mismo cargo en la Junta de Gobierno durante más de ocho años. Se exceptúa de esta prohibición lo siguiente: Si al cumplirse los ocho años en la presidencia de la Junta de Gobierno, el presidente o la presidenta estuviese ocupando cargo electo en el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España o la presidencia del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, podrán presentar candidatura para su reelección como presidente o presidenta de la Junta de Gobierno del Colegio por un tercer mandato consecutivo de cuatro años.

*Artículo 31. Antigüedad requerida a los candidatos*

A los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y contaduría, se exigirá una antigüedad en la colegiación como administradores o administradoras ejercientes de cinco años; a los candidatos o candidatas a las vocalías se exigirá una antigüedad en la colegiación de sólo un año.

*Artículo 32. Provisión de las vacantes en la Junta de Gobierno*

Cuando quedare vacante la presidencia de la Junta de Gobierno por cualquier motivo, ocupará ese cargo quien ostente la vicepresidencia. Si tampoco hubiera vicepresidente o vicepresidenta, será elegido para ocupar la presidencia de la Junta de Gobierno por orden de cargo los siguientes: el secretario o secretaria, el tesorero o tesorera, el contador-censor o contadora-censora, y vocales por su ordinal. En todo caso, la duración del mandato del sustituto o sustituta será únicamente la que restase por cumplir a la persona a quien sustituya.

Las vacantes de quienes ostenten la secretaría, la tesorería, la contaduría-censura o vocalías serán cubiertas por el miembro de la Junta de Gobierno que el presidente o presidenta designe, previas las oportunas consultas no vinculantes al resto de miembros de la Junta de Gobierno. En todo caso, la duración del mandato del sustituto o sustituta será únicamente la que restare por cumplir a la persona a quien sustituya.

Cuando quedare vacante de forma simultánea más de la mitad de los cargos de la Junta de Gobierno, se convocará Junta General para elegir a las personas que hayan de sustituirlos; los sustitutos sólo cubrirán esos cargos por el tiempo de mandato que restara a quienes sustituyan.

*Artículo 33. Convocatoria del proceso electoral*

1. La convocatoria de elecciones corresponde a la Junta de Gobierno, y habrá de hacerla al menos con un mes de antelación a la fecha en que hayan de celebrarse las elecciones.

El acuerdo de convocatoria de las elecciones contendrá al menos los siguientes extremos:

a) Los cargos objeto de la elección y los requisitos para ser candidato o candidata.

b) Lugar, día y hora de inicio de la Junta General en que se celebrarán las elecciones.

c) Horario para las votaciones.

d) Instrucciones para emitir válidamente el voto presencial y el voto por correo postal, o, en su caso, por voto electrónico.

e) Designación de las tres personas que constituirán inicialmente la mesa electoral, como presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta y secretario o secretaria de la mesa; al menos dos de ellas habrán de estar de alta como colegiadas, y la tercera podrá ser asesor o asesora o trabajador o trabajadora del Colegio. La Junta de Gobierno podrá designar uno o más sustitutos o sustitutas. Ninguno de los designados o designadas podrá participar como candidato o candidata en el proceso electoral

f) Se indicará que, si sólo hubiera una candidatura, se proclamará electa, sin votar en la Junta General.

2. La convocatoria se expondrá inmediatamente en el tablón de anuncios y en la web del Colegio, sin perjuicio de informar después a los electores mediante anuncio en prensa o por correo postal o telemático. Contendrá, al menos, los extremos indicados a los apartados a), b), c), d) y e) del número 1.

3. Asimismo se expondrá en el tablón de anuncios y en la web del Colegio la lista de colegiados o colegiadas con derecho a voto, distinguiendo entre ejercientes y no ejercientes, y recordando que el voto de los ejercientes tiene el doble de valor que el de los no ejercientes.

En el plazo de cinco días naturales siguientes desde esa exposición, quienes resulten excluidos o excluidas de dicha lista podrán reclamar su inclusión a la Mesa Electoral, y ésta resolverá definitivamente la reclamación en el plazo máximo de tres días naturales, notificándose a las personas reclamantes, y publicándose, además, en el tablón de anuncios y en la web del Colegio si fuera estimatoria.

*Artículo 34. Presentación de las candidaturas*

Los candidatos y las candidatas deberán presentar por escrito en el Colegio sus candidaturas, con quince días naturales de antelación, al menos, a la fecha de celebración de elecciones; habrán de estar firmadas por todos los candidatos y candidatas, y contener la designación de una dirección electrónica en la que recibir las notificaciones de la mesa electoral y del Colegio durante todo el proceso electoral, y de un número de teléfono de contacto.

Las candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos o individuales para uno solo, sin que se permita a ningún colegiado ni colegiada ser candidato o candidata a más de un cargo. Las candidaturas conjuntas designarán qué candidato ostenta su representación ante la mesa electoral y el Colegio durante todo el proceso electoral, y designarán a efectos de notificaciones sólo una dirección de correo electrónico, y un número de teléfono de contacto.

*Artículo 35. Proclamación de los candidatos y las candidatas*

Al siguiente día de terminar el plazo para presentar candidaturas, la Mesa Electoral proclamará candidatos y candidatas a quienes reúnan los requisitos legales, notificándose por correo electrónico a los interesados e interesadas, y publicándose además en el tablón de anuncios y en la web del Colegio.

Los candidatos y las candidatas que no hayan sido admitidos podrán interponer recurso ante la Mesa Electoral en el plazo máximo de dos días hábiles, y ésta habrá de resolverlo y notificarles la resolución definitiva al siguiente día hábil, que se notificará también a los demás candidatos y candidatas, y se publicará en el tablón de anuncios y en la web del Colegio.

*Artículo 36. Elección*

Si hay proclamadas dos o más candidaturas para el mismo cargo la elección tendrá lugar mediante votación secreta en la Junta General, ordinaria o extraordinaria, siendo el tiempo destinado a la votación no inferior a tres horas.

Si sólo hubiera una candidatura para los cargos, no habrá votación, y la Junta General se limitará a declarar electa a la única candidatura presentada.

*Artículo 37. Sobres y papeletas de votación*

El Colegio editará los sobres y las papeletas de votación, y, en su caso, regulará el acceso y ejercicio del voto electrónico. Los candidatos y las candidatas podrán confeccionar a su costa sobres y papeletas adicionales de votación siempre que estos sean iguales a los del Colegio.

En el local donde se celebre la elección deberá haber sobres y papeletas de votación suficientes de todas las candidaturas que concurran a la elección. Habrá además papeletas con espacios en blanco para escribir los nombres de los candidatos.

*Artículo 38. Mesa Electoral*

La Mesa Electoral estará compuesta inicialmente por los tres miembros designados por la Junta de Gobierno que se indican en el artículo 33.1.e) de los estatutos, y que ocuparan la presidencia, la secretaría y la vocalía de la Mesa.

Tras proclamarse las candidaturas, cada candidatura colectiva a cubrir todos los puestos de la Junta de Gobierno podrá designar un interventor no candidato o candidata que la represente en la Mesa Electoral; los restantes candidatos o candidatas podrán elegir por mayoría, en reunión convocada al efecto por la Mesa Electoral, a otro interventor o interventora no candidato que los represente en la Mesa Electoral.

Corresponde a la Mesa Electoral el conocimiento y resolución de todas las reclamaciones e incidencias que surjan en el proceso electoral.

*Artículo 39. Voto por correo*

Quienes deseen votar por correo postal habrán de hacer lo siguiente:

1.º) Introducir la papeleta de voto en el sobre de votación, y colocarlo en otro sobre que contenga, además, la fotocopia de su DNI en la que el votante haya estampado su firma original; en el anverso de este segundo sobre se colocará la mención “mesa electoral”, y en el reverso el nombre y apellidos del votante, y su domicilio postal.

2.º) Remitir al Colegio el antedicho sobre dirigido a la mesa electoral de modo que tenga entrada en el Colegio al menos dos días laborables antes del de la fecha de la votación.

*Artículo 40. Introducción de los votos en las urnas*

Habrá una urna para los colegiados y colegiadas ejercientes, y otra u otras para los colegiados no ejercientes.

Primero introducirán su voto los electores o electoras que acudan presencialmente a votar; tras comprobar la Mesa Electoral su identidad, que figuran en el censo de electores y electoras y que aún no han votado, entregarán el sobre a quien presida la Mesa Electoral para que, a su presencia, introduzca el sobre de voto en la correspondiente urna.

Cuando finalice el tiempo establecido para el voto presencial, la Mesa Electoral procederá a abrir los sobres que contienen los votos por correo; tras comprobar que los electores y electoras figuran en el censo electoral, que no han votado presencialmente, y que en la fotocopia de su DNI han estampado su firma original. Y finalmente podrán votar los miembros de la Mesa Electoral.

*Artículo 41. Fin de la votación*

El voto de los miembros de la Mesa Electoral pondrá fin a la votación, sin que después de ellos pueda votar nadie más.

*Artículo 42. Escrutinio de los votos emitidos*

1. Finalizada la votación, la Mesa Electoral procederá al escrutinio de los votos emitidos. Abrirá todos los sobres y leerá todas las papeletas, comenzando con los votos introducidos en la urna o urnas de los colegiados ejercientes y de los no ejercientes.

2. La Mesa Electoral declarará nulos totalmente los votos que contengan tachaduras o raspaduras, o simples menciones ajenas al contenido de la votación. Cuando para un mismo cargo se indique más de un nombre, se declarará parcialmente nulo el voto respecto al cargo o cargos donde concurra esta circunstancia. Serán válidas las papeletas que no indiquen candidatos para uno o más de los cargos.

*Artículo 43. Anuncio de los resultados de la votación y proclamación de los candidatos y candidatas electos*

Terminado el escrutinio, la Mesa Electoral anunciará los resultados, y proclamará electos a los candidatos y candidatas que hubieran obtenido mayor número de votos para cada cargo; en el caso de los vocales se asignará a cada uno la vocalía que le corresponde, según el número de votos obtenidos. Los casos de empate se resolverán mediante la repetición del proceso electoral en el plazo de un mes desde la fecha de celebración de las elecciones.

La Junta General refrendará el resultado de la elección; los candidatos elegidos tomarán posesión de los cargos en la misma.

Sección 3ª

Cese de los miembros de la Junta de Gobierno

*Artículo 44. Causas y procedimiento para el cese*

1. Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán en su cargo por alguna de las siguientes causas:

a) Renuncia del interesado o interesada.

b) Pérdida de los requisitos para desempeñar el cargo.

c) Fin del mandato para el que fueron designados o designadas.

d) Falta injustificada de asistencia a las reuniones de la Junta, en tres sesiones consecutivas o cinco alternas en el transcurso de un año.

e) Haber sido sancionado o sancionada con la pérdida o suspensión de la condición de colegiado o colegiada, cuando la sanción sea firme en vía administrativa y su ejecución no haya sido suspendida cautelarmente por la organización colegial ni por los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.

f) Moción de censura aprobada por la Junta General extraordinaria, promovida por un número de colegiados y colegiadas con derecho a voto que representa al menos el diez por ciento del censo colegial. La Junta General extraordinaria habrá de convocarse para celebrarse en el plazo de treinta días hábiles desde que se presente en forma la propuesta de censura, firmada debidamente por todos los colegiados y colegiadas que la promuevan.

2. Para proceder al cese de los miembros de la Junta de Gobierno, por incurrir en las causas establecidas en los apartados d) y f) del número anterior, será necesaria la audiencia del interesado o interesada por plazo de quince días hábiles en el que podrá formular alegaciones y aportar pruebas en su defensa, y el acuerdo posterior de la Junta de Gobierno, contra el que cabrá recurso de alzada ante el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana.

Sección 4ª

Miembros honorarios de la Junta de Gobierno

*Artículo 45. Miembros honorarios*

La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá designar miembros honorarios de la Junta de Gobierno a aquellos colegiados y colegiadas en quienes concurran, a juicio de la Junta General, méritos extraordinarios para ese reconocimiento.

El Colegio y sus órganos de gobierno dispensarán a los miembros honorarios de la Junta de Gobierno respeto y consideración, haciéndoles partícipes en todos los actos sociales, y solicitando su parecer en aquellas cuestiones que considere apropiadas; a tales efectos tendrán voz, pero no voto.

CAPÍTULO SEGUNDO

*Junta General*

*Artículo 46. Definición*

La Junta General de colegiados y colegiadas es el órgano soberano del Colegio. Todos los colegiados y colegiadas ejercientes y no ejercientes tienen derecho de asistencia con voz y voto conforme a lo establecido en los presentes estatutos. Los colegiados jubilados tendrán derecho de asistencia con voz, pero sin derecho de voto.

*Artículo 47. Convocatoria y clases de Juntas Generales*

Las Juntas Generales deberán convocarse por la Junta de Gobierno, con quince días naturales de antelación, salvo en los casos de urgencia, en que podrán reducirse el plazo a juicio de la persona que presida el Colegio.

La convocatoria, con el orden del día, se expondrá en el tablón de anuncios y en la web del Colegio, y se remitirá a la dirección electrónica de las personas colegiadas. Si lo estima conveniente la Junta de Gobierno, además, podrá enviarse al domicilio postal de las personas colegiadas que figure en la base de datos del Colegio, y publicarse en uno o más periódicos del ámbito territorial del Colegio.

La convocatoria indicará: día, hora, lugar y/o medio o canal por el que se retransmite, con el orden del día de los asuntos a tratar.

Las Juntas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias.

*Artículo 48. Junta General ordinaria*

1. La Junta General ordinaria se reunirá obligatoriamente una vez al año, dentro de sus seis primeros meses. En el orden del día podrán incluirse toda clase de asuntos que estime convenientes la Junta de Gobierno, y necesariamente los puntos relativos a la aprobación de cuentas del ejercicio anterior, los presupuestos del año corriente, y la gestión de la Junta de Gobierno, así como un apartado para ruegos, preguntas y proposiciones.

Corresponde a la Junta General ordinaria, la aprobación de las cuotas de incorporación, cuotas ordinarias y extraordinarias y derramas por cargas generales, que proponga la Junta de Gobierno, sin perjuicio de lo que establece el artículo 50 respecto a los asuntos a tratar en la Junta General extraordinaria.

2. Hasta cinco días naturales anteriores al de la fecha de la reunión, quien presida el Colegio podrá adicionar nuevas cuestiones a las inicialmente contenidas en la convocatoria, comunicándose a los colegiados y colegiadas; asimismo, tendrá facultad para alterar el orden en que se aborden en la reunión convocada de la Junta General los asuntos de la convocatoria.

3. Los colegiados y colegiadas podrán proponer la inclusión de otros asuntos en el orden del día de la Junta General ordinaria, presentando la petición por escrito en el Colegio con ocho días naturales de antelación, al menos, al de su celebración; la decisión de incluir esa petición corresponderá a quien presida la Junta General.

*Artículo 49. Convocatoria de la Junta General extraordinaria*

La Junta de Gobierno convocará Junta General extraordinaria por propia iniciativa, o a solicitud del presidente del Colegio o de al menos el 10% de todos los colegiados y colegiadas que tienen derecho a voto, en la que se incluya el orden del día de los asuntos a tratar, que necesariamente habrán de guardar relación con los fines directos del Colegio.

Si la Junta General extraordinaria hubiera de celebrarse a petición del presidente del Colegio o de los referidos colegiados y colegiadas, se celebrará en el plazo máximo de treinta días naturales desde la fecha en que presente su solicitud, sin que puedan tratarse más asuntos que los indicados en la convocatoria.

*Artículo 50. Asuntos a tratar en Junta General extraordinaria*

1. Las Juntas Generales extraordinarias serán competentes para la aprobación o modificación de los Estatutos y de los reglamentos de régimen interior; aprobar las cuotas extraordinarias y derramas por cargas generales si fuera necesario; aprobar la moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros; deliberar y decidir sobre la adquisición, venta y gravamen de bienes inmuebles, y sobre cualquier otra cuestión que por su importancia y urgencia así lo requiera.

2. Cuando los asuntos enunciados en el número anterior coincidan al tiempo de celebrarse la Junta General ordinaria, podrán incluirse en el orden del día de la misma, excepto la propuesta de aprobación o modificación de Estatutos, que precisarán acuerdo en la Junta General extraordinaria convocada a este solo efecto, y que precisará un quórum de asistencia del  25% de colegiados con derecho a voto, que, si no se reuniera, hará necesaria una segunda Junta General, también extraordinaria, al menos media hora después, que podrá adoptar acuerdos por mayoría simple de asistentes, sin quórum especial de asistentes.

*Artículo 51. Lugar, día y hora de celebración de las Juntas Generales*

1. Las Juntas Generales deberán celebrarse en el lugar, día y hora señalados, cualquiera que sea el número de asistentes, salvo que la naturaleza del asunto requiera un quórum especial.

2. Todos los colegiados y colegiadas, ejercientes o no, pueden ser representados en la Junta General por otro colegiado o colegiada, mediante escrito que lo acredite, que necesariamente habrá de presentarse en la Secretaría del Colegio antes del segundo día laborable inmediato anterior al de la fecha de celebración de la Junta General. A estos efectos se considerarán días laborables únicamente aquellos que lo sean para el personal del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia - Castellón, en todas las sedes.

Se entenderá que acredita dicha representación aquel escrito en el que se haga constar el nombre y los apellidos completos del representado, su DNI y su número provincial de colegiado o colegiada, debiendo indicarse expresamente en el escrito, además, la reunión de la Junta General para la que se otorga la representación, así como el nombre y los apellidos completos del colegiado o colegiada representante, su DNI y su número provincial de colegiado o colegiada.

La presentación de dicho documento podrá hacerse telemáticamente con firma digital del representado o representada, o aportando el documento original, firmado de su puño y letra por el colegiado o colegiada representados, con la copia de su DNI.

Únicamente los documentos de representación que cumplan los antedichos requisitos, y que se haya presentado del modo y con la antelación establecidos en este artículo, serán debidamente registrados de entrada en el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón; los que no cumplan los repetidos requisitos o se presenten sin atenerse a la forma o plazo establecidos, se reputarán nulos, y no se les reconocerá ningún valor ni efecto.

3. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría de votos y serán obligatorios para todos los colegiados y colegiadas, e inmediatamente ejecutivos, salvo que la Junta razonadamente hubiera dispuesto expresamente otra cosa.

CAPÍTULO TERCERO

*Disposiciones comunes para la Junta de Gobierno y la Junta General.*

*Artículo 52. Libros de actas. Reuniones presenciales y a distancia*

1). Se llevarán obligatoriamente dos libros de actas: uno para las Juntas Generales y otro para la Junta de Gobierno.

Las actas serán firmadas por quienes ocupen los cargos de presidente o presidenta y de secretario o secretaria, o por quienes les hayan sustituido en sus funciones en esas reuniones de la Junta General o de la Junta de Gobierno.

2). La Junta General y la Junta de Gobierno del Colegio se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, con las limitaciones que se indican a continuación.

Las sesiones de la Junta General y de la Junta de Gobierno podrán celebrarse por videoconferencia u otros medios alternativos en el ámbito digital cuando su convocante así lo decida, y quien actúe como secretario o secretaria del órgano reconozca la identidad de los asistentes y así lo exprese en el acta. Se exceptúan de esta posibilidad las sesiones de la Junta General en cuyo orden del día se incluya la elección o la remoción de la Junta de Gobierno o de cualquiera de sus miembros, que sólo podrán celebrarse mediante asistencia presencial y no a distancia, sin perjuicio de que en estas Juntas Generales cabrá votar por correo.

Las sesiones que se celebren por videoconferencia se entenderán realizadas en el domicilio principal del Colegio.

**TÍTULO CUARTO**

**Normas deontológicas, responsabilidades y régimen disciplinario**

CAPÍTULO PRIMERO

*Normas deontológicas*

*Artículo 53. Principios generales*

a) Las normas de este título cuarto se aplican a las actuaciones profesionales que realicen en el ámbito territorial de este Colegio, tanto los administradores y administradoras de fincas colegiados en el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, como los colegiados y colegiadas en otros Colegios Territoriales de Administradores de Fincas; y se encaminan a conformar la conducta profesional de los administradores y de las administradoras de fincas, al código ético profesional en las relaciones que mantienen con sus clientes, con sus compañeros y compañeras, y con el Colegio, conforme a los principios recogidos en el capítulo I del Código Deontológico del Administrador de Fincas del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.

A estos efectos se reputan clientes del administrador o de la administradora de fincas las comunidades de propietarios y las personas naturales o jurídicas, y los entes asimilados a éstas últimas, que contratan sus servicios profesionales. Cuando sean las comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios, de la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal, quienes contraten los servicios de los administradores y administradoras de fincas para el desempeño de los órganos de administración o de secretaría de tales entes, a los efectos previstos en el artículo 12.2 de la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales y en el presente capítulo, se reputarán clientes a dichas comunidades y agrupaciones de comunidades, y no a las personas propietarias individualmente consideradas que las integran, salvo cuando éstas ejerciten reclamaciones contra el administrador o la administradora relativas al envío de las convocatorias y de las actas de las Juntas de Propietarios, la puesta a su disposición de la documentación sobre los asuntos a tratar en las reuniones convocadas de la Junta de Propietarios, o a la expedición del certificado sobre el estado de deudas con la comunidad a que se refiere el artículo 9.1.e), párrafo cuarto, de la Ley 49/1960.

b) Con independencia de la técnica profesional, los administradores y las administradoras de fincas han de ejercer su conducta profesional con sujeción a los imperativos de la buena fe, la confianza, el respeto y la responsabilidad, anteponiendo los legítimos intereses que tiene encomendados a cualquier otro.

c) En el desarrollo de su actividad profesional, el administrador y la administradora de fincas vienen obligados a actuar aplicando la técnica profesional relativa al caso, para lo que atenderán a su permanente y adecuada formación, mediante el estudio y conocimiento de las materias, la ley, la doctrina jurisprudencial, y la práctica, que sean imprescindibles para el correcto ejercicio profesional

d) Independientemente de su pericia técnica, el administrador y la administradora de fincas acomodarán su conducta profesional a las normas éticas, y a la realidad social.

e) El administrador y la administradora de fincas deben respetar el principio de la probidad profesional, y sus actuaciones estarán basadas en la rectitud y la honestidad, conformando una conducta profesional correcta y ordenada.

f) En su actuación, el administrador y la administradora de fincas deben rechazar cualquier presión o injerencia ajenas que limiten su libertad profesional o que procuren beneficios injustos a unos clientes en perjuicio de otros clientes.

g) El ejercicio de la profesión debe ser prestado personalmente por el titular, sin perjuicio de las colaboraciones y ayudas administrativas o de otra clase que precise para el buen funcionamiento de su despacho. Ningún administrador o administradora de fincas debe permitir que se usen su nombre o sus servicios profesionales en tal forma que sea posible la práctica profesional de personas que no estén legalmente autorizadas para ello.

h) Los profesionales colegiados y colegiadas deberán ajustar su conducta en materia de comunicaciones comerciales y publicidad a lo dispuesto en la ley, para salvaguardar el buen nombre de la profesión, y el secreto profesional. En todo caso, en su aplicación, se atenderá a lo dispuesto en la normativa de defensa de la competencia.

*Artículo 54. Relaciones con los clientes*

a) La relación de los administradores y las administradoras de fincas con sus clientes debe desarrollarse bajo los principios básicos de la confianza y la buena fe, protegiendo y promoviendo sus legítimos intereses.

b) En el desempeño de su cometido profesional, el administrador y la administradora de fincas será diligente, ejecutando puntualmente los trabajos adecuados en cada momento, del mejor modo posible, según la naturaleza del caso y las instrucciones que pudiera haber recibido; deben guardar secreto de las informaciones que de cualquier forma lleguen a su conocimiento con motivo del encargo profesional, aún después de terminado éste; viene obligados a dar cuenta de sus operaciones en los bienes que les han sido encomendados profesionalmente y a practicar las liquidaciones y abonar los saldos puntualmente en los períodos convenidos.

c) En la administración de las comunidades de propietarios y de las agrupaciones de comunidades de propietarios, de la Ley sobre Propiedad Horizontal, los administradores y administradoras de fincas procurarán cumplir las funciones que legal y estatutariamente les correspondan según los acuerdos adoptados por la Junta de Propietarios, que es quien les nombra y contrata, y quien en reunión extraordinaria convocada al efecto puede removerlos de su cargo antes de la expiración del mandato para el que hayan sido designados.

d) Cuando el administrador o la administradora de fincas cesen en la prestación de sus servicios profesionales, por expiración de su mandato, remoción anticipada, o renuncia, habrán de entregar al cliente su documentación, practicar la liquidación de cuentas, y abonar los saldos que procediera en su caso, todo ello en el plazo máximo de treinta días desde la fecha en que se le comunique la no renovación o la remoción, o desde que ellos notifiquen su renuncia al cliente.

Las controversias sobre la liquidación de cuentas y el abono de saldos entre el cliente y el administrador o la administradora, no excusa de la obligación de entregar al cliente su documentación. Para facilitar este trámite y la debida constancia de los documentos entregados, el Colegio pondrá a disposición de los colegiados y colegiadas, y de sus clientes, el correspondiente servicio de depósito y entrega de la documentación.

*Artículo 55. Relaciones con los restantes Administradores de fincas*

Las relaciones de cualquier clase entre los administradores y las administradoras de fincas deben desarrollarse con respeto y cortesía.

Los administradores y las administradoras de fincas de reciente incorporación podrán pasar prácticas en los despachos de compañeros y compañeras más expertos, en el marco organizativo que establezca el Colegio.  La pasantía tiene como fundamento esencial prestar a los nuevos colegiados el magisterio de la profesión, especialmente en su aspecto práctico, por lo que, salvo lo que establezcan las leyes y lo que pacten los interesados, no será retribuida.

*Artículo 56. Relaciones con el Colegio*

a) Los administradores y las administradoras de fincas están obligados a colaborar y prestar ayuda al Colegio; a cumplir los acuerdos que dicte el Colegio en asuntos de su competencia, y a contribuir económicamente al sostenimiento del Colegio.

b) Para los colegiados y las colegiadas debe constituir un honor aceptar los cargos para los que fueran designados, realizar los cometidos que el Colegio les encargue, tomar parte activa en la vida colegial, asistiendo a los actos colegiales y proponiendo las cuestiones que estimen convenientes para el interés general.

CAPÍTULO SEGUNDO

*Responsabilidades de las personas colegiadas*

*Artículo 57. Sujeción a responsabilidades penal, civil y disciplinaria*

Los administradores y las administradoras de fincas estarán sujetos a responsabilidad penal por los delitos en que incurran en su ejercicio profesional, y a la civil cuando por dolo o negligencia causen daños en los bienes o intereses cuya administración tengan encomendada, viniendo obligados en este caso a indemnizar los perjuicios ocasionados.

Además, las personas colegiadas están sujetas a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes profesionales o deontológicos; las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en el expediente personal del administrador o administradora de fincas colegiado.

CAPÍTULO TERCERO

*Régimen disciplinario*

Sección 1ª

Disposiciones generales

*Artículo 58. Preceptos disciplinarios*

El régimen disciplinario de los administradores y las administradoras de fincas colegiados, y de los miembros de los órganos de gobierno de este colegio profesional, está inspirado en las disposiciones generales del capítulo I del Código Deontológico de los Administradores de Fincas, del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, y se regirá únicamente por lo establecido en estos estatutos y en las normas legales aplicables para la exigencia de las responsabilidades disciplinarias en las que puedan incurrir las personas colegiadas, en caso de infringir sus deberes profesionales o colegiales; sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que sea exigible a las personas colegiadas, judicialmente o a través de los medios alternativos de solución de conflictos.

*Artículo 59. El principio “*non bis idem*” y la subordinación de la potestad sancionadora del Colegio al orden jurisdiccional penal*

1. No podrán sancionarse disciplinariamente los hechos que hayan sido sancionados penalmente, si se aprecia identidad de sujeto, hecho y fundamento.

2. En el supuesto de tramitarse un proceso penal por los mismos hechos, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario, hasta que recaiga pronunciamiento judicial firme en el proceso penal.

3. Cuando el instructor o instructora del expediente disciplinario considere que la infracción imputada pueda ser constitutiva de delito, lo pondrá en conocimiento de la Junta de Gobierno y propondrá a ésta que acuerde suspender el expediente disciplinario y pasar el tanto de culpa al Ministerio Fiscal, o ponerlo en conocimiento del juzgado de instrucción competente.

4. Al finalizar el procedimiento judicial penal por resolución firme, se alzará la suspensión del expediente disciplinario, y el Colegio habrá de respetar los hechos probados y la cosa juzgada establecidos por aquella resolución judicial penal.

*Artículo 60. Ámbito territorial de la potestad disciplinaria del Colegio*

1. El Colegio exigirá responsabilidad disciplinaria por hechos cometidos en el ámbito territorial del Colegio (provincias de Castellón y de Valencia), protagonizados por administradores o administradoras de fincas colegiados, tanto en el propio Colegio como en otros colegios de administradores de fincas del resto de España.

2. La baja voluntaria del colegiado o colegiada no le exonera de la responsabilidad disciplinaria por hechos que hubiere realizado antes de dicha baja, si el Colegio hubiese abierto expediente disciplinario antes del acuerdo de la Junta de Gobierno aprobando su baja.

*Artículo 61. Procedimiento, notificaciones y prórroga de los plazos*

1. El procedimiento disciplinario se regulará por lo establecido en el presente capítulo, y, subsidiariamente, por la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, o normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

2. Las notificaciones se harán en el domicilio profesional que el colegiado o colegiada haya comunicado al Colegio, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera existir por el hecho de no haber comunicado al Colegio en la forma establecida en el artículo 15. h) el cambio o traslado del domicilio profesional. La notificación se hará preferentemente por medios telemáticos, a la dirección de correo electrónico facilitada por la persona colegiada, cumpliéndose en cualquier caso los requisitos establecidos en el capítulo II del título III de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

3. Los plazos contenidos en este capítulo podrán prorrogarse por quien presida la Comisión Disciplinaria, sin que quepa recurso contra la prórroga.

*Artículo 62. Derechos de las personas colegiadas contra las que se dirigen los procedimientos disciplinarios*

Los colegiados y las colegiadas denunciantes y denunciados en un procedimiento disciplinario tendrán derecho a:

a) La presunción de inocencia.

b) Ser debidamente notificados con arreglo a lo establecido en la presente sección, y en la Ley, a través de la ventanilla única o sede electrónica del Colegio estos colegiados y colegiadas, podrán conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que sean parte, y recibir la notificación de los actos de trámite preceptivos, y de la resolución de los expedientes disciplinarios.

c) No declarar en su contra.

d) Formular alegaciones en su defensa y utilizar los medios de defensa en la forma y con el alcance que les viene reconocida en los presentes estatutos y en la Ley.

e) Los demás derechos reconocidos por la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, o normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

Sección 2ª

Infracciones y sanciones disciplinarias

*Artículo 63. Clases de infracciones disciplinarias*

Las infracciones disciplinarias, se calificarán en infracciones muy graves, infracciones graves e infracciones leves.

1. Son infracciones muy graves:

a) La falta de probidad material, entendida como la falta de honradez, integridad y rectitud en el actuar del colegiado o colegiada en el desempeño de sus funciones profesionales, cuando de esa conducta se deriven daños patrimoniales al cliente o al Colegio cuya cuantía supere los 3.000 euros.

b) La condena por sentencia firme por delito doloso, en cualquier grado de participación, en materia profesional, que conlleve la inhabilitación profesional.

c) El ejercicio de la profesión de administrador o administradora de fincas infringiendo la inhabilitación establecida como pena por sentencia judicial firme, o como sanción disciplinaria por resolución colegial firme.

d) La omisión grave, con dolo, culpa o negligencia inexcusables, de la debida pericia o diligencia en el desarrollo de las funciones profesionales o colegiales, cuando de esa omisión se deriven daños patrimoniales al cliente o al Colegio cuya cuantía supere 10.000 euros.

e) El quebrantamiento grave, con dolo, culpa o negligencia inexcusables, de los deberes de fidelidad y lealtad en el ejercicio de la profesión, causando daños patrimoniales al cliente o al Colegio cuya cuantía supere 10.000 euros.

f) El ejercicio profesional en forma societaria con infracción muy grave de las normas legales aplicables a tales formas societarias.

g). La reincidencia en el plazo de dos años de tres o más infracciones graves.

h) Ceder su título a terceros que carecen de la cualificación profesional y legalmente reconocida para que ejerzan la profesión de administrador o administradora de fincas colegiados.

i) El impago de las cuotas ordinarias o extraordinarias de dieciocho meses, aprobadas por la Junta General.

j) El impago de las primas de los seguros obligatorios de dos años, aprobadas por la Junta General, salvo que la persona colegiada acredite ante el Colegio tener contratados y en vigor seguros similares a los aprobados por el Colegio.

2. Son infracciones graves:

a) La competencia desleal, declarada en sentencia firme.

b) Faltar gravemente al respeto debido o formular imputaciones falsas a sus compañeros o compañeras, o a los miembros de los órganos de gobierno del Colegio que denigren su honor o imagen.

c) Hacerse cargo de la administración de una comunidad de propietarios utilizando procedimientos torticeros en perjuicio del administrador o administradora colegiado que hasta entonces desempeñaba la administración de la comunidad.

d) Ocultar al Colegio su situación real de ejerciente, cuando está colegiado o colegiada como no ejerciente o como jubilado o jubilada.

e) La incomparecencia injustificada ante los órganos colegiales, cuando fuere requerido o requerida para ello, o no contestar por escrito a los requerimientos que, al menos en dos ocasiones, le sean formulados por el Colegio, salvo que tales conductas estén amparadas en el ejercicio de su derecho de defensa.

f) La utilización de cualquier tipo de publicidad que no respete la norma establecida sobre la misma en el artículo 16 de los presentes estatutos.

g) La omisión grave, con dolo, culpa o negligencia inexcusables, de la debida pericia o diligencia en el desarrollo de las funciones profesionales o colegiales, cuando de esa omisión se deriven daños patrimoniales al cliente o al Colegio cuya cuantía sea superior a 3.000 € e inferior a 10.001 euros.

h) La reiteración o reincidencia en la comisión de tres o más infracciones leves en el plazo de seis meses.

i) No pagar durante al menos un año las cuotas ordinarias o extraordinarias aprobadas por la Junta General.

j) El impago de las primas de los seguros obligatorios de al menos un año, aprobadas por la Junta General, salvo que la persona colegiada acredite ante el Colegio tener contratados y en vigor seguros similares a los aprobados por el Colegio.

3. Son infracciones leves:

a) El retraso injustificado en el cumplimiento de sus deberes profesionales, cuando de ese retraso se deriven daños patrimoniales al cliente cuya cuantía supere los 1.000 €.

b) La omisión de la debida pericia o diligencia en el desarrollo de las funciones profesionales, cuando de esa omisión se deriven daños patrimoniales al cliente cuya cuantía no supere los 3.000 €.

c) La ligera incorrección en el trato con sus compañeros y compañeras o componentes de los Órganos de Gobierno del Colegio.

d) El incumplimiento reiterado de las instrucciones corporativas de carácter general sobre encuestas, estadísticas e informes o cualquier otra actitud demostrativa de persistente falta de colaboración colegial.

e) No dar cuenta de los cambios de domicilio o de cualquier otra circunstancia que pueda tener legítimo interés para el Colegio, en la forma establecida en el artículo 15 h) de los presentes Estatutos.

f) En general, el incumplimiento por descuido o negligencia excusable de los deberes colegiales que no tengan señalada otra calificación disciplinaria más grave.

4. A los efectos de las infracciones tipificadas en los números 1.d), 1.e), 2. g), 3.a) y 3.b) de este artículo, cuando la persona colegiada actúe como administrador o administradora, o administrador-secretario o administradora-secretaria de una comunidad de propietarios o de una agrupación de comunidades de propietarios de inmuebles en régimen de propiedad horizontal, se reputará “cliente” a esa comunidad o agrupación de comunidades, y no a cada uno de los propietarios que las integran.

*Artículo 64. Sanciones*

1. Sanciones:

1.1. Por las infracciones muy graves podrán imponerse a la persona colegiada las siguientes sanciones:

a) Inhabilitación permanente para el ejercicio de la profesión

b) Pérdida de la condición de colegiado o colegiada.

c) Multa de 601 € a 1.000 €

1.2. Por las infracciones graves podrán imponerse a la persona colegiada las siguientes sanciones:

a) Suspensión de los derechos colegiales por plazo de hasta un año.

b) Multa de 101 € a 600 €.

1.3. Por las infracciones leves podrán imponerse a la persona colegiada las siguientes sanciones:

a) Multa de 60 € a 100 €.

b) Amonestación privada o por escrito.

2. La imposición a una persona colegiada que sea miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, de alguna de las sanciones señaladas en los subapartados 1.1. o 1.2. del número 1 anterior, llevará aparejada el cese en dicho cargo a partir de la firmeza de la resolución sancionadora.

3. Las sanciones de inhabilitación permanente o pérdida de la condición de colegiado o colegiada, y de suspensión de los derechos colegiales, señaladas en los subapartados 1.1. o 1.2. del número 1 de este artículo, podrán ir acompañadas de la sanción de multa prevista para esa clase de infracciones.

*Artículo 65. Competencia de la Junta de Gobierno para imponer las sanciones, y procedimiento según la clase de sanciones*

La Junta de Gobierno impondrá la sanción correspondiente de entre las señaladas anteriormente para cada tipo de infracciones.

La imposición de sanciones muy graves y graves requerirá la apertura de expediente disciplinario.

La imposición de sanciones leves sólo requerirá la simple audiencia previa de la persona inculpada, para que durante el plazo de 10 días pueda alegar y aportar medios de prueba en su defensa.

*Artículo 66. Prescripción de las infracciones*

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Los plazos de prescripción comenzarán a contarse desde la fecha de comisión de las infracciones, quedando interrumpidos desde que la Junta de Gobierno acuerde la apertura del expediente disciplinario. En los mismos plazos anteriores prescribirán las sanciones impuestas, contados a partir de la fecha en que sea firme el acuerdo de su imposición.

Sección 3ª

Procedimiento disciplinario

Subsección 1ª

Inicio del procedimiento por queja o reclamación razonada, o de oficio. Particularidades cuando los clientes son comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios.

*Artículo 67. Inicio del procedimiento por queja o reclamación razonada, o de oficio*

El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, a instancia de parte interesada o de cualquier órgano del Colegio que tenga conocimiento de conductas que pudieran ser constitutivas de infracciones disciplinarias.

Los consumidores o usuarios de los servicios que prestan los colegiados y colegiadas, las asociaciones y organizaciones que los representan, y los propios colegiados, podrán interponer quejas o reclamaciones razonadas contra los colegiados y colegiadas, por actuaciones en el ejercicio de su actividad profesional. El servicio colegial de atención a colegiados y usuarios analizará esas quejas y reclamaciones, y las remitirá a la Comisión de Atención a colegiados y usuarios, o a la Comisión Deontológica y Disciplinaria, para que éstas inicien la tramitación correspondiente.

*Artículo 68. Particularidades cuando los clientes son comunidades de propietarios y las agrupaciones de tales comunidades de la Ley sobre Propiedad Horizontal*

Cuando sean las comunidades de propietarios y las agrupaciones de tales comunidades de la Ley sobre Propiedad Horizontal, quienes hayan contratado los servicios de los administradores de fincas para desempeñar la administración o la secretaría de tales entes, si la queja o reclamación fuera presentada por una persona que no acreditase documentalmente la representación legal o voluntaria de la comunidad o de la agrupación de comunidades, y esa queja o reclamación versa sobre asuntos distintos al envío a los propietarios de las convocatorias y de las actas de las Juntas de Propietarios, a la puesta a disposición de los propietarios, antes de celebrarse la Junta de Propietarios convocada, de la documentación relativa a los asuntos incluidos en el orden del día de la misma, o a la expedición del certificado sobre el estado de deudas con la comunidad del artículo 9.1.e), párrafo cuarto, de la indicada Ley, no se admitirá a trámite la queja o reclamación si en el plazo de diez días el reclamante no justifica documentalmente la representación legal o voluntaria de la comunidad o agrupación de comunidades, o presenta documento suscrito por quien ostente esa representación legal, o certificación del acuerdo de la Junta de Propietarios, autorizándole a presentar esa queja o reclamación en nombre de la comunidad o agrupación de comunidades.

Subsección 2ª

Diligencias informativas previas

*Artículo 69. Archivo inicial de la queja o reclamación. Apertura de las diligencias informativas previas. Interrupción del plazo de prescripción*

1) Admitida a trámite cualquier queja o reclamación contra una persona colegiada:

A. Si los hechos en que se apoya no revistieran indicios de infracción disciplinaria, o, aunque fueren ciertos, hubiesen prescrito las infracciones por haber transcurrido el plazo de prescripción del artículo 66 que le sea aplicable, el presidente de la Comisión Deontológica y Disciplinaria archivará motivadamente la queja o reclamación. Esa decisión se notificará a la parte reclamante y a la persona colegiada contra la que se dirige la queja o reclamación, con advertencia de los recursos que procedan.

B. Si los hechos en que se apoya la queja o reclamación, de ser ciertos, pudiesen ser constitutivos de infracción disciplinaria, y no hubiera transcurrido el plazo de prescripción aplicable, el presidente de la Comisión Deontológica y Disciplinaria abrirá diligencias informativas previas.

2) Igualmente, si el presidente del Colegio tuviera noticia de actuaciones protagonizadas por cualquier persona colegiada que pudieran constituir infracción disciplinaria, y no hubiere transcurrido el plazo de prescripción que le sea aplicable, también podrá abrir diligencias informativas previas, dando cuenta de ello a la Comisión Deontológica y Disciplinaria.

*Artículo 70. Finalidad, duración y finalización de las diligencias informativas previas*

1) La finalidad de las diligencias informativas previas es determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento disciplinario, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros, para concluir si de todo ello resultan indicios racionales de infracción disciplinaria por parte de la persona colegiada contra la que se dirige la queja o reclamación.

2) Las diligencias serán impulsadas por la Comisión Deontológica y Disciplinaria del Colegio, y se practicarán por su presidente, por cualquiera de los miembros de la Comisión en quien delegue el presidente, o por el personal del Colegio adscrito a la repetida Comisión bajo las directrices de quien la presida, garantizando el derecho de defensa de los interesados.

3) La primera actuación será notificar al colegiado o colegiada afectado la apertura de las diligencias, con traslado de la queja o reclamación y de los documentos acompañados a la misma. Al practicar esta notificación se requerirá a dicho colegiado o colegiada a que en el plazo de diez días alegue lo que a su derecho convenga sobre los hechos imputados, y aporte, en su caso, los documentos u otros elementos de juicio que acrediten sus alegaciones.

4) La duración de estas diligencias no podrá ser superior a tres meses.

5) Estas diligencias terminarán por resolución del presidente de la Comisión Deontológica y Disciplinaria:

5.1) Si estimara que el hecho o hechos no son constitutivos de infracción disciplinaria, o no aparece suficientemente justificada su perpetración por parte del administrador o de la administradora contra quien se dirige la queja o reclamación, acordará el sobreseimiento y archivo, y dará cuenta de esa resolución a la Junta de Gobierno del Colegio.

Esta decisión de sobreseimiento y archivo no pone fin al procedimiento administrativo, y contra ella los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana.

5.2) Si estimara que el hecho o hechos podrían ser constitutivos de infracción disciplinaria leve, sancionable únicamente con amonestación privada o por escrito prevista en el artículo 64.1-e) de estos estatutos, dará audiencia a la persona inculpada, para que durante el plazo de 10 días pueda alegar y aportar medios de prueba en su defensa. Transcurrido ese plazo, si el presidente de la comisión mantuviera esa calificación, elevará a la Junta de Gobierno su propuesta de sancionar a la persona inculpada, como autora de una falta leve, con la sanción de amonestación privada o por escrito. Si, por el contrario, a la vista de esas alegaciones y medios de prueba aportados, llegase a la conclusión de que el hecho o hechos no son constitutivos de infracción disciplinaria, o no aparece suficientemente justificada su perpetración por parte del administrador o administradora contra quien se dirige la queja o reclamación, acordará el sobreseimiento y archivo, y dará cuenta de esa resolución a la Junta de Gobierno del Colegio.

5.3) Si estimara que el hecho o hechos podrían ser constitutivos de infracción disciplinaria grave o muy grave, elevará a la Junta de Gobierno su propuesta de iniciar procedimiento disciplinario.

Subsección 3ª

Expediente disciplinario

*Artículo 71. Inicio. Normas generales. Caducidad*

1) Inicio. El expediente disciplinario comenzará con el acuerdo de la Junta de Gobierno aprobando la propuesta de iniciación presentada por el presidente de la Comisión Deontológica y Disciplinaria, que habrá de tener al menos el contenido siguiente:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

c) Identificación del instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con expresa indicación de su régimen de recusación.

d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

Excepcionalmente, cuando en el momento de proponer el acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos por parte del instructor, que deberá ser notificado a los interesados.

Después de que el instructor y el secretario del expediente disciplinario acepten esos cargos, la Junta de Gobierno sólo podrá sustituirlos en caso de fallecimiento, enfermedad o renuncia, y también si aprobara su abstención o recusación. La abstención y la recusación del instructor o del secretario del expediente disciplinario se regirá por lo regulado en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2) Vinculación de los hechos declarados probados en resoluciones judiciales penales firmes.

A tenor de lo que preceptúa el artículo 77.4 de la Ley 39/2015, de 1 de junio, los hechos declarados probados en resoluciones judiciales penales firmes, vinculan al Colegio en los procedimientos disciplinarios que sustancie.

3) Impulso de oficio y notificaciones.

El expediente disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites, siendo en todo caso de obligado cumplimiento los principios de la potestad sancionadora contenidos en las leyes administrativas comunes. La tramitación y las notificaciones se ajustarán a lo establecido en los presentes estatutos.

4) Caducidad.

En el caso de infracciones graves o muy graves, si no recayese resolución transcurrido un año desde la iniciación del expediente disciplinario, se producirá la caducidad del procedimiento.

La declaración de caducidad de oficio o a instancia del propio interesado no impedirá la incoación de un nuevo expediente disciplinario en el supuesto de que la falta cometida no hubiere prescrito.

*Artículo 72. Alegaciones y aportación de documentos u otros elementos de juicio por el colegiado o la colegiada inculpados en el procedimiento disciplinario*

La Junta de Gobierno notificará el antedicho acuerdo a los interesados, y requerirá a la persona o personas contra quienes se dirige el procedimiento para que en el plazo de diez días formulen alegaciones y aporten documentos u otros elementos de juicio en su defensa.

Si el inculpado o inculpados dejaren transcurrir el antedicho plazo de diez días sin formular alegaciones, finalizará el expediente disciplinario, se reputará la propuesta de inicio de dicho expediente como propuesta de resolución, y el instructor elevará las actuaciones a la Junta de Gobierno para que acuerde lo que proceda en derecho.

*Artículo 73. Periodo extraordinario de prueba en el expediente disciplinario*

Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por plazo no superior a un mes, en el que se practicarán ante el instructor las pruebas propuestas por los interesados cuando no el instructor no las califique como manifiestamente improcedentes o innecesarias mediante resolución motivada. En los casos en que a petición de cualquier interesado deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que haya de soportar el Colegio, el instructor exigirá el anticipo de tales gastos a los proponentes de esas pruebas, en el plazo de tres días, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba, conforme preceptúa el artículo 78.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre; si el requerido no aportase la provisión en el plazo concedido, se tendrá por no propuesta esa prueba.

*Artículo 74. Trámite de audiencia en el expediente disciplinario*

Una vez instruido el expediente, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Los interesados, en un plazo de diez días podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el expediente ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

*Artículo 75. Finalización del expediente disciplinario*

Una vez realizados los trámites del artículo 72, y, en su caso, los trámites de los artículos 73 y 74, si la persona instructora los considerase necesarios, ésta habrá de realizar una de las actuaciones siguientes:

1) Archivo

El instructor resolverá finalizar el expediente disciplinario con archivo de las actuaciones, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.

b) Cuando los hechos no resulten acreditados.

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción disciplinaria.

d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad disciplinaria.

e) Cuando se concluya, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

Este archivo se notificará a la Junta de Gobierno del Colegio y a los interesados.

2) Propuesta de resolución. Notificación a la persona o personas inculpadas para que puedan formular alegaciones en su defensa. Elevación del expediente completo a la Junta de Gobierno.

Si considera la persona instructora que hay hechos constitutivos de infracción disciplinaria, formulará una propuesta de resolución en la que de forma motivada:

a) Fijará los hechos que considere probados, con la valoración de las pruebas practicadas, especialmente de aquellas que constituyan fundamentos básicos de la decisión.

b) Fijará la exacta calificación jurídica de los hechos que considere probados.

c) Determinará la infracción que, en su caso, constituyan esos hechos, la persona responsable, y la sanción que se proponga.

Esta propuesta de resolución se notificará a la persona o personas inculpadas para que, en el plazo improrrogable de diez días, con vista del expediente, puedan presentar cuantas alegaciones consideren convenientes en su defensa.

La persona instructora, oído el inculpado o la inculpada, o transcurrido el plazo concedido sin que se haya presentado alegación alguna, elevará a la Junta de Gobierno la propuesta de resolución con el expediente completo, para que ésta resuelva.

3) Acuerdo de resolución del expediente disciplinario por la Junta de Gobierno

Si el instructor eleva a la Junta de Gobierno propuesta de resolución, el acuerdo que apruebe la Junta de Gobierno incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijará los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad. El acuerdo de la Junta de Gobierno no podrá aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del expediente disciplinario, con independencia de su diferente valoración jurídica.

No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución del instructor, se notificará al inculpado indicando la sanción que podría proceder, para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días; y finalmente la Junta de Gobierno adoptará el acuerdo que estime pertinente.

Para la imposición de sanciones será preciso que asistan a la reunión de la Junta al menos la mitad más uno de sus miembros, y que voten a favor del acuerdo sancionador al menos dos tercios de los miembros asistentes a la reunión. El voto será secreto si lo solicita cualquiera de los asistentes a la reunión. En la deliberación y votación no intervendrán quienes hayan actuado en la fase de instrucción del procedimiento como instructor y secretario, sin que se computen a efectos de "*quórum*" ni de "mayorías".

*Artículo 76. Recursos contra los actos de finalización del expediente disciplinario*

Los actos del Colegio que finalizan el expediente disciplinario no agotan la vía administrativa; contra los mismos cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, en el plazo de un mes desde su notificación; el recurso podrá presentarse: en el Colegio, que lo enviará al Consejo autonómico para su resolución; o directamente en dicho Consejo.

*Artículo 77. Ejecutividad de los acuerdos de la Junta de Gobierno que imponen sanciones a los colegiados y colegiadas, por infracciones disciplinarias*

1) La resolución que ponga fin al expediente disciplinario en vía administrativa será ejecutiva; pero podrá suspenderse cautelarmente si el interesado manifiesta al Colegio su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

a) Transcurra el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

b.1. No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.

b.2. El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.

2) La sanción de multa podrá reclamarse en vía judicial ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción civil ordinaria.

*Artículo 78. Anotación de las sanciones disciplinarias*

Las sanciones disciplinarias que se impongan serán anotadas en el expediente personal de los colegiados afectados, y surtirán efectos en todo el territorio español, a cuyo fin el Colegio las comunicará al Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana y al Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. El Colegio deberá utilizar los oportunos mecanismos de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en las leyes, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al Colegio y para el control efectivo de los colegiados, como prestadores de servicios conforme a las leyes vigentes.

*Artículo 79. Rehabilitación*

1) Los colegiados y las colegiadas sancionados podrán solicitar su rehabilitación al Colegio en los plazos siguientes, contados a partir desde que cumplan la sanción impuesta:

Si la infracción fuere leve, a los seis meses.

Si la infracción fuere grave, a los dos años.

Si la infracción fuere muy grave, a los cuatro años.

Si la infracción hubiese consistido en inhabilitación permanente, a los cinco años.

La rehabilitación llevará consigo la cancelación de la nota puesta en su expediente personal.

2) La Junta de Gobierno, si la persona sancionada no hubiese vuelto a ser sancionada, acordará su rehabilitación.

**TÍTULO QUINTO**

**Régimen jurídico de los actos y su impugnación**

*Artículo 80. Régimen jurídico de los actos del Colegio*

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, como corporación de derecho público, está sujeto al derecho administrativo, en cuanto ejerza las potestades públicas que las leyes le encomiendan. El resto de su actividad se rige por el derecho privado.

*Artículo 81. Recurso de alzada contra los acuerdos de la Junta de Gobierno*

Los acuerdos de la Junta de Gobierno no ponen fin a la vía administrativa, y son recurribles en alzada ante el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, en el plazo de un mes desde que se notifiquen.

El recurso de alzada se presentará en el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, o en el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón, que lo remitirá a dicho Consejo autonómico para su tramitación y resolución.

*Artículo 82. Recurso de alzada contra los acuerdos de la Junta General*

Los acuerdos de la Junta General de colegiados no ponen fin a la vía administrativa, y son recurribles en alzada por la Junta de Gobierno o por cualquier colegiado ante el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, en el plazo de un mes.

*Artículo 83. Nulidad de pleno derecho de los actos administrativos. Suspensión de la ejecución de los actos nulos de pleno derecho*

1. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos de los órganos colegiales en que se den algunos de los siguientes supuestos: los manifiestamente contrarios a la ley; los adoptados con notoria incompetencia; aquellos cuyo contenido sea imposible o constitutivo de delito; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, y los demás previstos en el artículo 47 de la Ley 39/2015.

2. La Junta de Gobierno deberá suspender la ejecución de esos actos nulos de pleno derecho y formular recurso contra los mismos.

*Artículo 84. Impugnación judicial de los actos y acuerdos del Colegio*

1. Los actos de los órganos del Colegio sujetos al Derecho administrativo, una vez firmes en vía administrativa, serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. A tales actos se les aplicará lo establecido en los presentes estatutos y en las leyes, especialmente en las leyes 39/2015 y 40/2015.

2. Los actos del Colegio no sujetos al derecho administrativo, se regirán por las normas de derecho privado.

**TÍTULO SEXTO**

**Recursos económicos**

*Artículo 85. Recursos económicos ordinarios del Colegio*

Constituyen los recursos ordinarios del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón:

1. Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos que integran el patrimonio del Colegio.

2. Las cuotas de incorporación al Colegio que determine la Junta de Gobierno, ajustándose al coste efectivo de su tramitación, en aplicación de la normativa de defensa de la competencia.

3. Los derechos por los informes, dictámenes o resoluciones, que evacue la Junta de Gobierno.

4. Los derechos por los dictámenes, resoluciones o arbitrajes que se sometan a la Junta de Gobierno.

5. El importe de las cuotas ordinarias o extraordinarias a abonar por los colegiados, que se fijarán por la Junta de Gobierno.

6. Las derramas que apruebe la Junta General de colegiados, para el levantamiento de las cargas colegiales, o para cualquier inversión extraordinaria.

7. Los derechos por expedición de certificaciones, visados, registro, envío o inscripción de documento, así como la prestación de cualquier otro servicio o entrega de bienes.

8. Las rentas procedentes de la inversión de los remanentes de ejercicios anteriores, si los hubiere.

9. Los ingresos por la promoción entre los colegiados de servicios, actividades y bienes de terceros.

10. Los ingresos procedentes de la prestación de servicios en la forma y cuantía que la Junta de Gobierno establezca.

11. Cualquier otro concepto que legalmente proceda.

Las rentas o ingresos del Colegio que por su origen o procedencia deban ser asignadas a fines específicos, se aplicarán al cumplimiento de los mismos.

*Artículo 86. Recursos económicos extraordinarios del Colegio*

Constituirán los recursos extraordinarios del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón:

1) Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el Estado o Corporaciones Oficiales, Entidades o particulares.

2) Los bienes que por cualquier título pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.

3) Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio cuando administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, cultural o benéfico, determinados bienes o rentas.

4) Cualquier otro que legalmente proceda

*Artículo 87. Administración del patrimonio del Colegio*

El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno.

La ejecución de las órdenes de pagos corresponderá al tesorero y, en su caso, a cualesquiera otros miembros de la Junta de Gobierno que ésta designe al efecto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

*Única*

En el plazo de un mes desde la aprobación de los presentes estatutos se presentarán en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, para su inscripción, conforme a lo preceptuado en la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

*Única*

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de los presentes estatutos se adaptarán las sociedades inscritas en el Registro de sociedades del Colegio a los requisitos exigidos en estos estatutos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor de los presentes estatutos quedan derogados los estatutos anteriores del Colegio que figuran inscritos en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.

DISPOSICIÓN FINAL

Los presentes estatutos entrarán en vigor y surtirán efectos frente a terceros a partir de su publicación en el DOGV y su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.

  

València, 27 de septiembre de 2024

Francisco Javier Soler Flores

Director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia