Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3327, del 10-09-1998 (1998/6516)

Recurso ordinario número R-644/97. Notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3327

Fecha DOGV
:   10-09-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/6516


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso ordinario número R-644/97. Notificación. [1998/A6516]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución del recurso ordinario, con número de referencia interna R-644/97, a don Manuel Vinaixa Faucha, calle Maestro Gozalbo número 5, de Valencia.
  
Resolución
  
Examinado el recurso ordinario formulado por Construcciones Gómez Tormo, SL, Silcer, SA, y don Joaquín Piedra Alcaraz, arquitecto técnico, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia en el expediente de construcción número B-26-X-62/84.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por la comunidad de propietarios del edificio de protección oficial sito en Bocairent (Valencia), calle Cervantes número 4, se presentó denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia contra la promotora Silcer, SA, y Construcciones Gómez Tormo, por deficiencias constructivas en el citado inmueble, por lo que se envió a un perito, quien realizó el correspondiente informe, acordándose la incoación de expediente sancionador contra los facultativos de la obra y promotores y constructor promotor aludidos, con traslado del pliego de cargos.
  
Segundo
  
Por las alegaciones efectuadas al pliego de cargos por parte del aparejador de la obra, se ordena nueva inspección pericial y se dicta propuesta de resolución por el instructor del expediente sancionador, en la que entendía la falta de responsabilidad de la dirección técnica en las deficiencias y la comisión de una infracción muy grave del artículo 153.6 y 7 del Reglamento sobre Vivienda de Protección Oficial (RVPO) por parte del promotor constructor Construcciones Gómez Tormo y del promotor Silcer, SA, proponiendo la imposición de una sanción solidaria de 300.000 pesetas así como la obligación de realizar las obras de acuerdo con el artículo 111 del citado reglamento, consistentes en «Impermeabilizar la fachada en los puntos donde existen filtraciones de agua. Reparación de los desconchados producidos en la misma»
  
Tercero
  
Por el jefe del Servicio Territorial se dictó resolución en la que, manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, acordó la imposición de una sanción de 300.000 pesetas a Silcer, SA, y a Construcciones Gómez Tormo, por la comisión de una infracción muy grave del artículo 153.C 6 y 7 del RVPO, así como la orden de obras establecida en la propuesta.
  
Cuarto
  
Contra dicha resolución interpone recurso ordinario Construcciones Gómez Tormo, SL, Silcer, SA, y don Joaquín Piedra Alcaraz, arquitecto técnico, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 1.547 de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
Presenta recurso contra la resolución del Servicio Territorial el arquitecto técnico Joaquín Piedra Alcaraz, imputado en el procedimiento sancionador, que efectúa alegaciones sobre las que no procede entrar a valorar, por cuanto probablemente por error el recurrente ha entendido que se le considera infractor a tenor del artículo 153.C 6 y 7 del RVPO, con imposición de sanción, cuando ya en la propuesta de resolución quedaba excluida de responsabilidad la dirección técnica de la construcción, lo que se mantiene en la resolución que recurre, deduciéndose, no obstante, no constar expresamente, porque en el pliego de cargos la imputación se efectuaba tanto a los facultativos como a los promotores, haciéndose mención solamente de Silcer, SA, y Construcciones Gómez Tormo en las citadas propuesta y resolución.
  
Cuarto
  
Asimismo interpone recurso ordinario la promotora constructora Construcciones Gómez Tormo, SL, y la promotora Silcer, SA, formando ambas a su vez una comunidad de bienes para la construcción, en que alegan su disconformidad con la imputación de la infracción del artículo 153.C 6 y 7 del RVPO, así como con la sanción de 300.000 pesetas y la orden de obras de reparación, ya que consideran que no está suficientemente motivado, aduciendo por otra parte haber subsanado los problemas de la edificación que no consideran defectos constructivos. Hacen mención expresa de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 8 de junio de 1995, en la que se entendía la improcedencia de la imposición de la sanción y de la orden de obras por ser cuestiones independientes, al considerarse ésta última obligación del promotor desligada de la determinación de la culpa o negligencia, por lo que solicitan la revocación de la resolución recurrida.
  
El recurso debe ser desestimado. Según queda patente en el expediente sancionador por los informes periciales obrantes en el mismo, y por el informe del arquitecto técnico de la obra, Joaquín Piedra Alcaraz, de fecha 2 de diciembre de 1996, asimismo expedientado en las mismas actuaciones, existen unas deficiencias constructivas que son las que se ordena subsanar y que persisten, cuya orden se establece en base al artículo 111 del RVPO, como responsabilidad objetiva del promotor y no como derivada de la comisión de infracción, y así se recoge en el segundo considerando de la propuesta de resolución, lo que se deduce reproducido en la resolución al no establecerse expresamente de otra forma. En cuanto a la imputación de la comisión de la infracción del artículo 153.C. 6 y 7 del RVPO y consecuente sanción pecuniaria, asimismo queda motivada en el considerando primero de la citada propuesta de resolución al remitirse al informe pericial de fecha 14 de enero de 1997, en el que hace constar la inexistencia de responsabilidad por parte de la dirección técnica de la obra en los vicios constructivos; entiende en consecuencia el instructor del expediente, por el tipo de deficiencias constructivas que son responsables de las mismas, los demás intervinientes en la obra como son el constructor y promotor, manteniéndose en la resolución e imponiéndose la sanción pecuniaria de 300.000 pesetas a Silcer, SA, (promotora) y a Construcciones Gómez Tormo (constructora promotora), y la orden de obras al promotor, que son coincidentes en las mismas personas jurídicas, en base al artículo 111 del citado RVPO, por lo que procede confirmar la resolución recurrida.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Desestimar el recurso ordinario formulado por Construcciones Gómez Tormo, SL, Silcer, SA, y don Joaquín Piedra Alcaraz, arquitecto técnico, contra la Resolución de fecha 10 de junio de 1997, del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f (en relación con la disposición adicional undécima de la LRJAP y PAC) y artículo 58 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; así como artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.