Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7995, del 08-03-2017 (2017/1902)

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2017, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada en el sector de la enseñanza en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7995

Fecha DOGV
:   08-03-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2017/1902


Fecha del documento
:   03-03-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * huelga

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2017, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada en el sector de la enseñanza en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2017/1902]  
Vista la propuesta de resolución de la Subdirección General de Relaciones Laborales, de la que se ha dado traslado a esta Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral en la misma fecha, cuyo tenor literal es el siguiente:  
  
«Propuesta de resolución de 2 de marzo de 2017, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada en el sector de la enseñanza en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  
  
Antecedentes  
Primero. Visto el escrito con entrada en la Dirección General de Empleo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, firmado por Francisco José García Suárez, en representación de le Federación de Enseñanza de CC.OO, por Frederic Monell Lliró, en representación de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT, por Salvador Benavent Martínez, en representación de STEs-I y por Almudena Gómez-Álvarez Abajo, en representación de CGT, por el que se convoca huelga general en el ámbito de la enseñanza, que afectará a todas las actividades desempeñadas por los empleados públicos docentes y no docentes de las administraciones públicas educativas establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico español y al personal dependiente de las administraciones educativas en el exterior, incluyendo por tanto a todos los empleados públicos, en todos los niveles educativos, de la administración educativa de Comunidad Autónoma y afectando igualmente a todo el personal docente y no docente de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, en todos sus niveles educativos.  
La huelga se llevará a efecto el día 9 de marzo de 2017 y tendrá lugar durante la jornada laboral de ese mismo día, comenzando a las 00.00 horas y terminando a las 24.00 horas.  
Se ha dado cumplimiento al requisito de preaviso obligatorio previsto en el artículo 3.3. del Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo.  
  
Segundo. Los sindicatos convocantes CGT-PV, FESP-UGT, FECCOO-PV y STEPV-Iv han realizado la siguiente propuesta de servicios mínimos:  
??Una persona del equipo directivo. En los centros con más de un turno de enseñanza la persona del equipo directivo podrá ser relevada por otra del equipo directivo.  
Esta propuesta está motivada por la propia convocatoria unitaria de la huelga, ya que també participan las organizaciones de padres y madres y las organizaciones de estudiantes que forman parte de la Plataforma de Defensa de la Enseñanza Pública, tanto de la estatal como de la del País Valencià.  
De esta manera se prevé que los centros educativos estarán vacíos el día de la jornada de huelga. Los sindicatos firmantes entendemos, por tanto, que esta propuesta garantiza la cobertura de los servicios mínimos obligatorios en este servicio público??.  
  
Tercero. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport propone como servicios esenciales mínimos a prestar ??por el personal afectado mientras dure la situación de huelga, en los centros sostenidos con fondos públicos,...-?, los siguientes:  
??1. En todos los centros sostenidos con fondos públicos: El director o directora del centro en funciones directivas, con exclusión de actividades lectivas. En caso de vacante o ausencia justificada, el vicedirector o la vicedirectora, jefe o jefa de estudios, secretario o secretaria o personal responsable del centro. En los centros con más de un turno de enseñanza, podrá ser relevado el cargo directivo que preste el servicio por otro miembro del equipo directivo.  
2. En los centros de Educación Infantil y Educación Primaria además, un profesor por etapa educativa, con un mínimo de un profesor por cada seis unidades; adicionalmente a lo establecido en el apartado anterior.  
3. En los centros que imparten la Educación Secundaria Obligatoria además, un profesor por etapa educativa, con un mínimo de un profesor por cada 8 unidades; adicionalmente a lo establecido en el apartado primero.  
4. En los centros específicos de Educación Especial, un educador de Educación Especial, por cada cinco unidades; adicionalmente a lo establecido en el apartado primero.  
5. En los centros educativos con internado, además de los servicios establecidos en los apartados anteriores se prestarán los servicios propios de los días festivos.  
  
Fundamentos jurídicos  
Primero. La competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del Servicio Público, a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, viene atribuida al Consell de la Generalitat Valenciana y, por delegación, a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de acuerdo con los decretos 7/2015, de 29 de junio, del President de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la Administración de la Generalitat; 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la Generalitat y 157/2015, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; y por delegación de firma la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, de acuerdo con la Resolución del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de 27 de julio de 2015.  
  
Segundo. El derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, tiene carácter de derecho fundamental, dada su ubicación en la sección primera del capítulo II, del título I, de la Constitución Española y, por tanto con los medios de tutela y garantía reforzada establecidos en el artículo 53.1 y 2 de la Constitución Española. La Sentècia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril, señala (fundamento jurídico 9) que ??la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea del Estado social y democrático de Derecho establecido por el artículo 1.1 de la Constitución Española, que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes, y entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos, conflictos que el Estado social no puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces institucionales; lo es también con el derecho reconocido a los sindicatos en el art. 7 de la Constitución, ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad democrática, vaciado prácticamente de contenido; y lo es, en fin, con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sociales sean reales y efectivas (art. 9.2 CE)??. En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 33/2011, de 28 de marzo.  
En esta línea, la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992 de 28 de septiembre, estableció que ??el derecho de huelga, que hemos calificado ya como subjetivo por su contenido y fundamental por su configuración constitucional, goza además de una singular preeminencia por su más intensa protección. En efecto, la Constitución reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la huelga, para colocarlo en lugar preferente, el artículo 28, confiriéndole ?como a todos los de su grupo- una mayor consistencia que se refleja en el mayor rango exigible para la Ley que lo regule y en la más completa tutela jurisdiccional, con un cauce procesal ad hoc en la vía judicial ordinaria y el recurso de amparo ante nosotros (art. 53, 81 y 161 C. E.). La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y, en cierto modo, anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva del empresario, regulada en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores».  
  
Tercero. Sin embargo, lo señalado anteriormente no supone que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución tengan la consideración de absolutos o ilimitados. Respecto del derecho de huelga, el límite viene dado por la concurrencia con otros derechos fundamentales y por el respeto de los bienes constitucionalmente protegidos. Desde la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril, el Tribunal Constitucional ha ido estableciendo estos límites (sentències del Tribunal Constitucional 26/1981, 33/1981, 51/1986, 53/1986, 27/1989 y 43/1999, entre otras), en la medida en que la destinataria y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y, al mismo tiempo, esenciales para ella, sin que la consideración de un servicio como esencial implique la supresión de este derecho, sino únicamente la adopción de las garantías precisas para compatibilizar ambos intereses.  
Respeto a las limitaciones de la huelga por afectar a servicios esenciales, la Sentencia del Tribunal Constitucional 184/2006, de 19 de junio, ha establecido lo siguiente: «a) El derecho de huelga puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, aunque nunca podrán rebasar su contenido esencial, hacerlo impracticable, obstruirlo más allá de lo razonable o despojarlo de la necesaria protección. Una de esas limitaciones, expresamente previstas en la Constitución, procede de la necesidad de garantizar los servicios esenciales de la comunidad (sentencias del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril, FFJJ 7, 9 y 18; 51/1986, de 24 de abril, fundamento jurídico 2; 53/1986, de 5 de mayo, fundamento jurídico 3; 27/1989, de 3 de febrero, fundamento jurídico 1; 43/1990, de 15 de marzo, fundamento jurídico 5.a; 148/1993, de 29 de abril, fundamento jurídico 5)??. Consecuentemente, la consideración de un servicio como esencial no puede significar en modo alguno la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos. En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1995 (RJ 4395), estableció que los límites ostentan diferente significación, en función del servicio afectado, por lo que debe establecerse una graduación jerárquica entre los mismos, atendiendo a las características de los que están en pugna.  
  
Cuarto. De acuerdo con doctrina constitucional reiterada, el carácter esencial de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa, como se ha señalado, en el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y en el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito a que se concreta esta resolución, se traduce en lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española, sobre derecho a la educación y su desarrollo legal. Además, el artículo 49 obliga a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con deficiencias físicas, sensoriales y psíquicas. Por último, también el artículo 39 de la Constitución garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia, si bien estos últimos preceptos no gozan del mismo nivel de tutela al estar incluidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución Española.  
  
Quinto. La clase y número de trabajos que hayan de realizarse para cubrir los derechos y libertades que el servicio satisface, y el tipo de garantías que ha de adoptarse, no pueden determinarse de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes o derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurren para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho de huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de noviembre de 1997, núm. 1147/1997)  
En este sentido la sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2007 ha incidido en la exigencia de motivación en las resoluciones que fijen los servicios mínimos, señalando que esta misma debe concretarse hasta alcanzar a las circunstancias singulares de la convocatoria de que se trate. También la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2010, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, ha incidido en esta exigencia, en mayor medida cuando se refuerzan servicios mínimos establecidos en sentencias anteriores, y en la exigencia de distinguir en el establecimiento de servicios mínimos las peculiaridades de los diversos días y horas que concurren en una misma convocatoria.  
  
Sexto. En el presente caso, la huelga tendrá lugar durante una jornada lectiva completa.  
El ejercicio del derecho de huelga mediante la presente convocatoria afecta a otro derecho fundamental como es el de educación, bien jurídico también protegido. En este sentido, este último no puede verse interrumpido totalmente mediante el cierre generalizado de los centros, lo que supondría la prevalencia absoluta de un derecho sobre otro.  
En el análisis sobre los servicios esenciales mínimos a establecer, hay que partir del hecho de que los centros deben permanecer abiertos en su horario habitual, sin que la Administración educativa o las empresas que gestionan centros privados de enseñanza puedan determinar un cierre absoluto por parte de sus responsables durante los paros, que sería antijurídico, y ello además para garantizar el derecho de los usuarios a acudir a los centros, que no puede serles impedido, y también el de los trabajadores que pudieran no seguir los paros. Por este motivo, no es posible asimilar el día de la huelga con un día festivo a efectos de la fijación de los servicios mínimos a desempeñar, pues ello supondría la prevalencia absoluta del derecho de huelga sobre los demás derechos con el mismo nivel de tutela constitucional y, por tanto, de sus titulares.  
Además, la apertura de los centros y el consiguiente acceso de los usuarios menores de edad, incluyendo aquellos de muy corta edad, demandantes de mayor atención y cuidada vigilancia por razón de su seguridad, lo cual supone un rasgo particular de la presente convocatoria, que en otras podría no darse por tratase de usuarios mayores de edad con autonomía personal.  
Tampoco se puede olvidar la general afectación a la sociedad en general por los problemas derivados de la conciliación de la vida familiar y laboral, debiendo conjugarse el derecho de huelga con el derecho al trabajo de los padres, como sostuvo el Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 19 de junio de 2002, dictado como consecuencia de la suspensión de la Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de 13 de junio de 2002, por la que se establecían los servicios esenciales mínimos con motivo de la huelga general convocada para el día 20 de junio de 2002.  
  
Séptimo. La fijación concreta de los servicios mínimos debe tener en cuenta el número de personas responsables, que deberán desempeñar tales servicios destinados a satisfacer los intereses que deben ser protegidos, garantizando tanto el derecho de huelga como el derecho de los alumnos y su seguridad y el de los padres al trabajo, en su caso. Ello obliga a determinar cuál debe ser la presencia mínima de profesionales para atender la necesidad de seguridad de los alumnos o las incidencias que se planteen en los centros, sin pretender, en modo alguno, cubrir la actividad lectiva habitual. Asimismo, habrá que considerar cuál es el número de alumnos y alumnas que habitualmente acuden a los centros de educación, extremo que está en función de la ratio por aula, que actualmente se establece en un máximo de 25 en educación infantil y primaria y 30 en educación secundaria.  
Asimismo, el establecimiento de los servicios mínimos aún cuando debe asegurar la continuidad del servicio durante la huelga, ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, derivada de la fijación de estos servicios mínimos, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios, (sentencias del Tribunal Constitucional 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).  
Por todo ello, cabe concluir que, en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del artículo 10 del Real decreto legislativo 17/1977 mencionado, debe conjugarse el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y la atención de los servicios esenciales para la comunidad. De este modo, los servicios esenciales deben establecerse en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal. Señala el Tribunal Constitucional que estos servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente, objetivo este que se considera cumplido con el nivel de servicios mínimos que se señalan a continuación.  
  
Octavo. La atención del derecho a la educación, así como la de los centros, requiere de la presencia de una persona responsable en cada centro, en la figura de un miembro del equipo directivo, necesaria para la atención y resolución de las incidencias que puedan surgir.  
En los centros de infantil y primaria, que agrupan a niños y niñas de tres hasta doce años, se requiere la presencia mínima de un profesor o profesora por etapa, con un mínimo de un profesor por cada ocho unidades. Esto se justifica por el número de alumnos que se podría llegar a atender, que, en todo caso resulta difícil de predecir, por cuanto la huelga convocada cuenta con el apoyo, según manifiestan los sindicatos convocantes, de las organizaciones de madres y padres. La garantía de la seguridad y atención de quienes asistan parece satisfecha, considerando la disminución del alumnado durante la huelga, el carácter de mínimo de los servicios a cubrir y las ratios de alumnos por aula.  
En los centros de secundaria obligatoria, que atienden a niños y niñas desde doce hasta diceiseis años, por tanto con mayor grado de autonomía, y menor grado de demanda de atención, resulta necesaria la presencia de un profesor por etapa, con un mínimo de un profesor por cada diez unidades. Este porcentaje se establece en función de la mayor madurez de este alumnado, así como de su participación en la convocatoria de la huelga, de acuerdo con lo señalado por los sindicados convocantes, aún cuando en este supuesto la ratio de alumnos es superior al de la educación infantil y primaria.  
En los centros específicos de educación especial, debido a los específicos requerimientos del alumnado que atienden, dada su mayor vulnerabilidad, la prestación de servicios mínimos deberá ser realizada por un educador por cada cinco unidades.  
Por último, en los centros de enseñanza o educación con internado, se debe garantizar adicionalmente que se prestarán los servicios propios de los días festivos, pues lo contrario podría suponer una situación de desamparo al alumnado que acogen.  
Por los motivos expuestos, la concreción de los servicios mínimos a atender durante la huelga convocada, se establece del siguiente modo.  
1. En todos los centros educativos: la presencia física de una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas.  
2. En los centros de infantil y primaria: además de los señalados en el numera anterior, un profesor o profesora por etapa, con un mínimo de uno cada ocho unidades.  
3. En los centros de secundaria obligatoria: además del señalado en el numeral 1, un profesor o profesora por etapa, con un mínimo de uno por cada diez unidades. 4. En los centros específicos de educación especial: además del señalado en el numeral 1, un educador o educadora por cada cinco unidades.  
4. En los centros de enseñanza o educación con internado: Además de los que procedan por la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.  
  
Noveno. Los anteriores servicios mínimos se han establecido en atención a la vulnerabilidad de los menores afectados en los casos citados, la incidencia en la sociedad en general y teniendo en cuenta asimismo que, en la fijación de los servicios mínimos, se debe respetar el derecho de huelga, sin impedir ni menoscabar su ejercicio mediante medidas indirectas.  
  
Diez. En la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta.  
  
Por todo ello, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, se eleva la siguiente propuesta de resolución:  
  
  
Primero  
A los efectos previstos en artículo 10.2 del Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar los Servicios Esenciales Mínimos que deberán prestarse por el personal afectado mientras dure la situación de huelga convocada para el día 9 de marzo de 2017, en los términos que a continuación se especifican:  
1. En todos los centros educativos: la presencia física de una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas.  
2. En los centros de infantil y primaria: además de los señalados en el numera anterior, un profesor o profesora por etapa, con un mínimo de uno cada ocho unidades.  
3. En los centros de secundaria obligatoria: además del señalado en el numeral 1, un profesor o profesora por etapa, con un mínimo de uno por cada diez unidades. 4. En los centros específicos de educación especial: además del señalado en el numeral 1, un educador o educadora por cada cinco unidades.  
4. En los centros de enseñanza o educación con internado: Además de los que procedan por la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.  
A los servicios competentes de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, oído el comité de huelga, corresponderá la aplicación de estos servicios, que deberán prestarse con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose las partes del cumplimiento de estos servicios esenciales mínimos.  
  
Segundo  
Lo dispuesto en los apartados anteriores de esta resolución no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.  
  
Tercero  
Notifíquese la resolución a los servicios competentes de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, a los sindicatos convocantes y a las Subdelegaciones del Gobierno.  
  
Cuarto  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su notificación a las partes interesadas.  
  
Lo que se traslada a los oportunos efectos.  
No obstante por esa Dirección General se acordará lo pertinente en derecho.  
  
Valencia, 3 de marzo de 2016.- El subdirector general de Relaciones Laborales: Juan Ignacio Soler Tormo».  
  
A los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho arriba señalados, son de aplicación los siguientes  
  
Fundamentos de derecho  
I. Es competente para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio público, a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, el Consell de la Generalitat Valenciana y por delegación a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de acuerdo con los decretos 7/2015, de 29 de junio, del President de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la Administración de la Generalitat; 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y 157/2015, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; y por delegación de firma la persona titular Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, de acuerdo con la Resolución del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de 27 de julio de 2015.  
  
II. De todo lo actuado, obrante en este expediente, cabe estimar en su integridad los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho recogidos en la propuesta de resolución arriba transcrita literalmente, por lo que procede asumir en sus propios términos la referida propuesta de resolución.  
  
Por todo ello, resuelvo:  
  
Primero  
A los efectos previstos en artículo 10.2 del Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar los servicios esenciales mínimos que deberán prestarse por el personal afectado mientras dure la situación de huelga convocada para el día 9 de marzo de 2017, en los términos que a continuación se especifican:  
1. En todos los centros educativos: la presencia física de una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas.  
2. En los centros de infantil y primaria: además de los señalados en el número anterior, un profesor o profesora por etapa, con un mínimo de uno cada ocho unidades.  
3. En los centros de secundaria obligatoria: además del señalado en el número 1, un profesor o profesora por etapa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.  
4. En los centros específicos de educación especial: además del señalado en el número 1, un educador o educadora por cada cinco unidades.  
5. En los centros de enseñanza o educación con internado: además de los que procedan por la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.  
A los servicios competentes de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, oído el comité de huelga, corresponderá la aplicación de estos servicios, que deberán prestarse con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose las partes del cumplimiento de estos servicios esenciales mínimos.  
  
Segundo  
Lo dispuesto en los apartados anteriores de esta resolución, no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.  
  
Tercero  
Notifíquese la resolución a los servicios competentes de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, a los sindicatos convocantes y a las subdelegaciones del Gobierno.  
  
Cuarto  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su notificación a las partes interesadas.  
Adviértase, con la notificación a las partes, el derecho que les asiste de recurrir la presente resolución ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a su notificación, en la forma prevista en los artículos 115 y siguientes de la mencionada ley.  
  
València, 3 de marzo de 2017.- El conseller de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, p. d. (R 27.07.2015), la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral: Cristina Moreno Fernández.