Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4650, del 15-12-2003 (2003/13596)

ORDEN de 4 de diciembre de 2003, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sobre concesión de ayudas en materia de recuperación y mejora del medio ambiente afectado por actividades mineras, para el ejercicio presupuestario 2004.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4650

Fecha DOGV
:   15-12-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2003/13774


Fecha del documento
:   04-12-2003

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda a las empresas
    * apoyo económico
    * organización patronal
    * protección del paisaje
    * colegio profesional
    * asociación profesional
    * industria minera
    * administración local

ORDEN de 4 de diciembre de 2003, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sobre concesión de ayudas en materia de recuperación y mejora del medio ambiente afectado por actividades mineras, para el ejercicio presupuestario 2004. [2003/13185]
  
Las actividades mineras ocasionan sobre el entorno una serie de impactos ambientales, de carácter residual, que en algunas ocasiones llegan a ser importantes. Estos impactos afectan a parte de los elementos del medio natural en el entorno de su emplazamiento, por lo que la sociedad en los últimos años tiene una especial sensibilización ante esta situación.
  
En la Comunidad Valenciana la situación se encuentra influenciada por ser una región donde predomina fundamentalmente la actividad minera relacionada con las rocas industriales y ornamentales, con gran tradición por tanto en la cantería de aquellas rocas, arcillas, caolines, etc. y en donde además se han realizado numerosas obras públicas que han precisado ingentes cantidades de áridos para construcción, obtenidos de explotaciones mineras a cielo abierto, canteras, en cuya ubicación ha primado básicamente la proximidad de la obra. Todo ello ha dado lugar a una elevada cantidad de huecos mineros, así como a la existencia de ciertas escombreras, balsas y diques mineros, de gran variedad de formas y volúmenes que afectan en mayor o menor medida a la calidad paisajística y medioambiental.
  
Las actividades mineras de aprovechamiento de recursos minerales a cielo abierto que fueron realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 2.994/1982, de 15 de octubre, que obliga a la restauración de los terrenos afectados por aquella actividad minera, no están sujetas ni a esta normativa ni a las más recientes leyes de medio ambiente, tanto del Estado como de la Comunidad Valenciana. Por ello la restauración, recuperación y mejora del territorio donde se ubican los huecos y otras estructuras mineras creados al término de la operación de aprovechamiento minero, al carecer de una persona o entidad responsable de los mismos, debe entrar en consideración de la administración.
  
Por otra parte, es preciso propiciar el desarrollo de líneas de actuación relacionadas con la Investigación y Desarrollo Tecnológico en materia de disminución del impacto medioambiental para el sector de las industrias extractivas mineras y de los establecimientos de beneficio de materias primas minerales.
  
La Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, tiene atribuidas competencias en materia de régimen minero. En el ejercicio de tales competencias procede a establecer un régimen de ayudas que tienda a conseguir la mejora y recuperación del medio ambiente afectado por actividades mineras en la Comunidad Valenciana.
  
El Gobierno Valenciano consciente de la necesidad de conciliar la existencia y desarrollo racional de la actividad económica con el derecho social a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como de la realidad de los cambios producidos en la sociedad que afectan a esa actividad de manera sustancial, considera oportuno convocar ayudas que permitan proceder a subsanar las alteraciones ambientales causadas a lo largo del tiempo por aquellos aprovechamientos y estructuras mineras, así como facilitar el desarrollo de proyectos en materia de I+D+I que ayuden a minimizar el impacto de las actividades mineras sobre el medio ambiente.
  
Por último, se señala que las ayudas que se concedan de acuerdo con lo previsto en la presente orden, lo serán en el marco del Reglamento (CE) núm. 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (DOCE L 10/30 de 13 de enero de 2001).
  
Por ello y en virtud de las facultades que me confieren el artículo 35 de la Ley 5/1983, del Gobierno Valenciano, y el artículo 47 de la Ley de Hacienda Pública Valenciana,
  
ORDENO
  
CAPÍTULO I
  
Régimen de ayudas
  
Artículo 1. Objeto y ámbito
  
1. El objeto de la presente orden es establecer el régimen de concesión de ayudas en materia de recuperación y mejora del medio ambiente afectado por actividades y estructuras mineras, para las acciones que se indicarán, desarrolladas en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que al efecto establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2004.
  
2. El régimen de ayudas será de aplicación tal y como se determina en los siguientes artículos.
  
Artículo 2. Acciones apoyables
  
1. Las ayudas podrán ir destinadas a las actuaciones siguientes:
  
a) Realización de planes de restauración o de recuperación y mejora del medio ambiente, así como de otros proyectos o actuaciones dirigidas a corregir el impacto ambiental o a la recuperación o rehabilitación de zonas afectadas por las actividades mineras y estructuras mineras que se relacionan, cuya explotación, depósito o vertido, se hubiese realizado total o parcialmente con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 2.994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras (BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 1982):
  
- Antiguos aprovechamientos mineros y otros huecos mineros, así como antiguas balsas, presas de residuos mineros y escombreras mineras, que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: inactivos, abandonados, caducados, o en proceso de caducidad iniciado a la publicación de esta convocatoria.
  
b) Realización de planes de restauración del espacio natural afectado por actividades mineras autorizadas por la Generalitat Valenciana y actualmente en fase de explotación, o en proceso de caducidad, que supongan una mejora respecto al plan de restauración existente en el expediente administrativo de la explotación minera.
  
c) Proyectos dirigidos a la mejora de la gestión de aspectos relacionados con el medio ambiente en las empresas pertenecientes al sector de las industrias extractivas mineras y de los establecimientos de beneficio de materias primas minerales, mediante el desarrollo, implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental basados en modelos internacionales; así como acciones formativas e informativas en materia de medio ambiente y restauración de terrenos afectados por actividades mineras y establecimientos de beneficio; además de la elaboración, edición y divulgación (en cualquier soporte) de estudios, diagnósticos de situación, guías, manuales y otros documentos encaminados a mejorar la calidad en dichas empresas y a reducir el impacto ambiental que éstas producen por el desarrollo de su actividad industrial.
  
Entre ellos se incluyen:
  
- Desarrollo de sistemas y marcas de certificación de aspectos medioambientales específicos, basados en modelos internacionales, adaptados a los requerimientos de las industrias extractivas mineras y establecimientos de beneficio de materias primas minerales.
  
- Elaboración de guías o manuales orientados a la incorporación de los aspectos medioambientales en la gestión de las empresas del sector minero y a facilitar el conocimiento y cumplimiento de la normativa medioambiental.
  
- Elaboración de planes de optimización de la explotación de los recursos mineros orientados a su mejor aprovechamiento y a la reducción del impacto ambiental sobre su entorno.
  
- Realización de estudios orientados a la reducción del impacto ambiental de explotaciones mineras y establecimientos de beneficio, escombreras u otras estructuras mineras, atendiendo a criterios de minimización y reutilización de los subproductos generados y a la restauración o rehabilitación de los espacios afectados por las mismas.
  
- Realización de acciones formativas e informativas (jornadas, seminarios, congresos, conferencias, cursos) en materia de medio ambiente y restauración, recuperación o mejora de terrenos afectados por actividades mineras y establecimientos de beneficio de materias primas minerales.
  
d) Ejecución, edición y divulgación (en cualquier soporte) de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico orientados a la creación, puesta a punto y demostración de tecnologías que permitan disminuir el impacto medioambiental de las industrias extractivas mineras y de los establecimientos de beneficio de materias primas minerales, y mejorar el aprovechamiento de los recursos mineros disponibles. Entre ellos se incluyen proyectos dirigidos al desarrollo de:
  
- Metodologías y tecnologías para la optimización de las explotaciones mineras que permita un aprovechamiento máximo de los recursos con el mínimo impacto medioambiental.
  
- Nuevos productos y tecnologías que permitan el aprovechamiento de los estériles, y otros residuos mineros generados durante la extracción de los minerales o en las actividades de tratamiento y procesado de las materias primas minerales.
  
- Tecnologías para la restauración y rehabilitación de los espacios naturales afectados por las actividades extractivas.
  
2. Para las actuaciones definidas en los apartados a) y b), del punto 1 anterior, las subvenciones concedidas podrán alcanzar una cuantía máxima de hasta el 100 por ciento del coste total de las actividades a realizar exclusivamente en los terrenos afectados por las referidas actividades o estructuras mineras hasta la entrada en vigor del expresado RD 2.994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración, y hasta el 30 por ciento en los demás supuestos, conforme a los siguientes criterios:
  
a) Para las empresas definidas en el apartado a) del artículo 3, la subvención máxima posible será de hasta el 30 por ciento del coste total subvencionable del proyecto, sin que en ningún caso pueda superar la cantidad de 36.050 euros por proyecto.
  
b) Para las entidades locales referidas en el apartado b) del artículo 3, y para el desarrollo de actividades incluidas en el apartado 1.a) del artículo 2, la subvención máxima posible será de hasta el 100 por ciento, conforme a los siguientes criterios:
  
b.1) Según el siguiente baremo de población, cuando la actuación se desarrolle en terrenos de titularidad pública:
  
- Inferior a 5.000 habitantes, hasta el 100 por ciento del coste total subvencionable.
  
- Comprendidas entre 5.000 y 20.000 habitantes, en escala descendente, entre el 80 por ciento y el 40 por ciento de la cuantía subvencionable.
  
- Superior a 20.000 habitantes, hasta un 30 por ciento del importe total del proyecto.
  
b.2) Independientemente de la población, hasta el 30 por ciento del coste total subvencionable cuando la actuación se desarrolle en terrenos de titularidad no pública, siempre que el objeto del proyecto esté relacionado con un destino social definido.
  
3. Para las actuaciones definidas en los apartados c) y d), del punto 1 anterior, las subvenciones podrán alcanzar hasta el 100 por ciento del importe total del proyecto o actuación a realizar, conforme a los siguientes criterios:
  
a) Para las empresas definidas en el apartado a) del artículo 3: la subvención máxima posible será de hasta el 30 por ciento del coste total subvencionable del proyecto o acción, sin que en ningún caso el importe máximo de la subvención otorgada por actuación pueda superar la cantidad de 36.050 euros.
  
b) Para las entidades referidas en el apartado c) del artículo 3: la subvención máxima posible podrá alcanzar hasta el 100 por ciento del coste total subvencionable del proyecto o actuación solicitada, sin que en ningún caso el importe máximo de la subvención otorgada por actuación pueda superar la cantidad de 72.101 euros.
  
4. Las ayudas que se establecen en la presente orden tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.
  
5. Serán subvencionables los gastos por contratación externa de redacción, y visado, si procede, del plan de restauración o proyecto técnico requerido en el apartado 2, d) del artículo 4 relativo a la actividad propuesta.
  
6. No será subvencionable:
  
- El IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servicios, y en general cualquier impuesto pagado por el beneficiario.
  
- Los gastos financieros consecuencia de la inversión.
  
- Los gastos de adquisición de terrenos, maquinaria, equipos informáticos, bienes muebles, en su caso.
  
- Los gastos de asistencia de los alumnos o asistentes a las acciones formativas o informativas, si procede.
  
- Los gastos de personal propio y los ocasionados por los consumos habituales utilizados para el normal funcionamiento y desarrollo de las funciones inherentes a los beneficiarios.
  
7. El importe de las presentes ayudas no podrá hacer que el importe total de las ayudas de minimis que reciba la empresa durante un periodo de tres años sea superior al límite de 100.000 euros.
  
Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas
  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas:
  
a) Las empresas que desarrollen actividades mineras de aprovechamiento o de preparación, concentración o beneficio en establecimientos de beneficio de materias primas minerales dentro del territorio de la Comunidad Valenciana para las actuaciones incluidas en el apartado 1.a), b), c) y d) del artículo 2.
  
b) Las entidades locales de la Comunidad Valenciana para actuaciones incluidas en el apartado 1.a) del artículo 2.
  
c) Las asociaciones empresariales con implantación en el sector minero, los colegios profesionales y asociaciones profesionales relacionadas con el sector minero para las actuaciones incluidas en los apartados 1.c) y 1.d) del artículo 2.
  
CAPÍTULO II
  
Procedimiento
  
Artículo 4. Presentación de solicitudes y plazo
  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente orden, deberán dirigirse a la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada y se presentarán en el impreso normalizado, en el Registro General de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, o en cualesquiera otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan:
  
a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y, en su caso, de su representante legal.
  
b) Documentación acreditativa de hallarse el solicitante al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que a continuación se relaciona, cuya vigencia deberá extenderse hasta la fecha de otorgamiento de la subvención, en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda:
  
- Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. Cuando el solicitante esté exento del citado impuesto, acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.
  
- Certificación positiva de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que acredite que el solicitante cumple las obligaciones tributarias a que hace referencia el artículo 13. 1, b) a d) del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Dicha certificación podrá ser sustituida por la declaración responsable del interesado de que cumple las circunstancias señaladas, acompañada de autorización a la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria le ceda la información.
  
- Certificación acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
  
- Certificación acreditativa de que el solicitante no tiene deudas de naturaleza tributaria con la Generalitat Valenciana. Dicha certificación podrá ser sustituida por la declaración responsable del interesado de que cumple las circunstancias señaladas, acompañada de autorización a la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, para que la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo le ceda la información.
  
c) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se han presentado con anterioridad ante la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo y no han experimentado variación.
  
d) En función del tipo de actuación para la que se solicita la ayuda, Memoria descriptiva, Plan de Restauración o Proyecto técnico, por duplicado (que cuando corresponda estará suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente colegio profesional) que incluirá, al menos y según proceda, los siguientes apartados: Memoria técnica, Planos y Presupuesto así como los Anexos precisos. Se especificarán, igualmente, los objetivos perseguidos, la descripción del proyecto y su repercusión en relación con la restauración, recuperación, mejora del medio ambiente, o la disminución del impacto ambiental, con expresión de las fases y plazos de realización y finalización que necesariamente será dentro del ejercicio 2004. Se hará constar, en su caso, la titularidad de los terrenos objeto de la inversión, con indicación del lugar concreto donde se efectuará aquella actuación dentro del término municipal. Asimismo, se expresará la entidad externa que, en su caso, participará en el desarrollo del proyecto o actuación. Por último, se incluirá información de interés en relación con los criterios de valoración establecidos en el artículo 5.
  
En el caso de actuaciones incluidas en el apartado 1.b) del artículo 2, se expresarán las mejoras de restauración propuestas, y se adjuntará copia del último plan de restauración de la explotación presentado en el correspondiente Servicio Territorial de Industria.
  
El Presupuesto, teniendo en cuenta la naturaleza de la actuación cuya subvención se solicita, especificará, entre otros, los siguientes aspectos:
  
- Cuantía global de la inversión o del gasto necesario para la realización de la actuación.
  
- Detalle del total de la inversión o del gasto desglosado por partidas, que puede sustituirse por facturas proforma.
  
- Costes de redacción y visado del proyecto o plan de restauración, en el caso de actuaciones incluidas en el artículo 2, punto 1, apartados a) y b).
  
- Cuantía de la ayuda que se solicita, acorde con lo establecido en la presente orden para el tipo de actuación solicitada y la entidad solicitante.
  
e) Declaración responsable, si procede, de las ayudas de minimis concedidas por cualquier proyecto a la empresa durante los tres últimos años, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara; o en su caso, declaración de no haber recibido ninguna.
  
f) Acreditación de la titularidad de los terrenos y autorización documental del titular de dichos terrenos para la ejecución programada, si procede.
  
g) Certificación del acuerdo del Pleno o del correspondiente órgano de gobierno de la entidad local en el que se exprese su voluntad de acogerse a la presente orden de subvenciones, en su caso.
  
h) Si procede, autorización del titular del derecho minero para la ejecución del proyecto, así como renuncia definitiva del mismo a la realización de cualquier actividad minera en el área afectada por la subvención solicitada.
  
i) Certificación del padrón del municipio o municipios solicitantes a la fecha de petición de ayuda, en su caso.
  
3. Las solicitudes se presentarán con anterioridad al inicio de la ejecución del proyecto.
  
4. Los solicitantes podrán ejecutar los proyectos a partir de 1 de enero de 2004, sin esperar a que la concesión de la ayuda se produzca y sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente se adopte.
  
5. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y el 4 de febrero de 2004.
  
6. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.
  
Artículo 5. Criterios de evaluación de las solicitudes
  
Para la concesión de las ayudas se valorará especialmente:
  
a) El grado de adecuación de los proyectos o actuaciones al objetivo de estas ayudas, mejora y recuperación del medio ambiente afectado por actividades y estructuras mineras, o la disminución del impacto ambiental de las actividades mineras.
  
b) La naturaleza e interés del proyecto de acuerdo con lo especificado en el artículo 2.
  
c) La incidencia sobre zonas con mayor ubicación de actividades o estructuras mineras.
  
d) El mayor valor ambiental del área afectada por la actividad o estructura minera.
  
e) La mayor aportación de la empresa o entidad solicitante.
  
f) El interés social del proyecto.
  
g) La creación de fuentes de riqueza alternativa.
  
h) La mayor incidencia sobre explotaciones o estructuras mineras caducadas, abandonadas.
  
i) El mayor impacto ambiental del hueco o estructura minera.
  
j) La proximidad a núcleos de población o vías de comunicación.
  
k) El grado de mejora del plan de restauración.
  
l) Los proyectos colectivos frente a las actuaciones particulares.
  
m) La mayor incidencia sobre uno o más subsectores mineros.
  
n) La experiencia, capacidad, solvencia técnica y tecnológica de la entidad externa que realiza el proyecto o actuación.
  
o) La disminución del impacto ambiental como consecuencia del proyecto.
  
p) El carácter innovador y demostrativo del proyecto.
  
q) La formulación de propuestas fácilmente aplicables por las industrias mineras y por los establecimientos de beneficio para la disminución del impacto medioambiental.
  
r) Las acciones formativas e informativas desarrolladas por entidades ajenas al beneficiario y a aquellas otras entidades a las que pertenezcan las personas a las que van dirigidas.
  
Artículo 6. Estudio y evaluación de las solicitudes
  
1. Para el estudio y evaluación de las solicitudes presentadas y la elaboración de las correspondientes propuestas de concesión o denegación de las subvenciones y, en su caso, determinación de la cuantía de la ayuda, así como definición de condiciones y obligaciones específicas, se crea una Comisión de Evaluación, presidida por el director general de Industria e Investigación Aplicada y cuyo vicepresidente será el jefe del Área de Ordenación y Seguridad Industrial y Minera. Serán vocales, el jefe del Servicio Territorial de Industria de cada provincia de la Comunidad Valenciana y el jefe del Servicio de Minas, que además actuará como secretario de la misma.
  
2. La evaluación se efectuará atendiendo a los criterios de prioridad definidos en el artículo 5.
  
3. El régimen jurídico de la Comisión es el establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
4. En su caso, la Comisión podrá solicitar informe a las Consellerias de Territorio y Vivienda o Agricultura, Pesca y Alimentación respecto a cualquiera de los proyectos presentados. El plazo de evacuación del mismo y sus efectos en el procedimiento serán los establecidos en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Artículo 7. Resolución de la concesión de ayudas
  
1. La Dirección General de Industria e Investigación Aplicada podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada. Igualmente, podrá requerir al correspondiente Servicio Territorial de Industria o a la entidad externa que a tal efecto designe, informe relativo a la actuación o proyecto cuya subvención se solicita.
  
2. Para las actuaciones incluidas en el punto 1, apartados a) y b) del artículo 2, previamente a la resolución de la solicitud de subvención, el proyecto o plan relativo a la actividad solicitada, se someterá a informe de supervisión de personal técnico del Servicio Territorial de Industria de la provincia que corresponda, salvo que a tal efecto la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada designe expresamente otro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.3 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.
  
3. Las solicitudes serán estudiadas y valoradas por la Comisión de Evaluación definida en el artículo anterior.
  
4. Evaluadas las solicitudes, el conseller de Industria, Comercio y Turismo dictará resolución de concesión de ayudas, a propuesta de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada, fijando expresamente la cuantía de la ayuda e importe de la inversión o gasto subvencionado e incorporando, en su caso, las condiciones técnicas, económicas y obligaciones adicionales que afecten al desarrollo de la actuación objeto de subvención. Asimismo, podrán establecerse plazos parciales para que el beneficiario ejecute como mínimo un determinado porcentaje del proyecto y para la justificación del cumplimiento de otras condiciones.
  
5. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
6. El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen para la concesión de las ayudas que se establecen en la presente orden será de cuatro meses contados desde la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución se entenderá desestimada la solicitud de concesión de ayuda, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
7. Las resoluciones a que se refieren los párrafos anteriores agotan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución correspondiente.
  
Artículo 8. Resolución de incidencias
  
El órgano competente para la concesión de las ayudas contempladas en la presente orden, resolverá las incidencias que se produzcan con posterioridad a dicha concesión y en especial los supuestos de:
  
- Cambios de titularidad.
  
- Cambios de ubicación.
  
- Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión con carácter excepcional.
  
- Modificaciones justificadas del proyecto inicial.
  
- Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto a los efectos de liquidación de la ayuda.
  
Artículo 9. Control de las acciones
  
1. La Dirección General de Industria e Investigación Aplicada, a través de sus servicios territoriales de Industria o por sus propios medios, realizará el control y seguimiento de los proyectos por medio de las inspecciones que estime necesarias, emitiendo, certificado final de conformidad a los objetivos del proyecto objeto de ayuda, que servirá de base para la tramitación del correspondiente expediente de liquidación de la subvención concedida.
  
2. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, en relación con las subvenciones o ayudas concedidas.
  
Artículo 10. Obligaciones del beneficiario
  
Son obligaciones del beneficiario:
  
a) Ejecutar el proyecto en los términos establecidos por la resolución de concesión de ayuda.
  
b) Obtener las autorizaciones precisas para la realización de cualquier obra, instalación, etc., que pudiera incluirse dentro del proyecto objeto de subvención, cuyo procedimiento será independiente del relativo a la concesión y liquidación de las ayudas correspondientes, así como asegurarse, si procede, de que la calificación urbanística de la zona es conforme para la realización del proyecto.
  
c) Desarrollar el proyecto o actuación elaborando, en su caso, la documentación de seguridad precisa y adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la ejecución de los trabajos.
  
d) Acreditar la realización de la actividad subvencionada mediante la presentación de los certificados y documentación correspondientes ante la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada en la forma y plazos señalados en la respectiva resolución de concesión de ayuda.
  
e) Informar puntualmente del estado de ejecución del proyecto a la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, a los efectos de su seguimiento y control de la realización.
  
f) Hacer constar de manera explícita el apoyo de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo. Cuando el objeto de la subvención sea la realización de obras se hará mediante cartel informativo situado en las mismas.
  
g) El beneficiario deberá comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
  
Artículo 11. Liquidación de las ayudas
  
1. La liquidación de las ayudas se efectuará una vez ejecutado el proyecto en su totalidad o en las fases previstas, de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados para la concesión de la ayuda.
  
2. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los beneficiarios, en el plazo de un mes desde la ejecución del proyecto o de las fases previstas, y en todo caso hasta el 30 de octubre de 2004 inclusive y salvo que por circunstancias concurrentes se determine un plazo distinto en la resolución de concesión de la ayuda, deberán presentar:
  
a) Facturas, certificaciones de obra cuando proceda, y demás documentos justificativos de la inversión o gasto efectuado expedidos de acuerdo con la normativa vigente. Cuando se trate de inversiones realizadas por entidades locales, bastará a estos efectos la presentación de los correspondientes certificados de contracción del gasto, expedidos por el secretario o interventor, en los que conste el acuerdo de reconocimiento de la obligación por el órgano competente, acompañados en su caso de las respectivas certificaciones de obra.
  
b) Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se hubieran establecido en la resolución de la concesión de la ayuda.
  
c) Cuando proceda, certificado de dirección y terminación de obra suscrito por técnico competente y visado, en su caso, por el colegio oficial correspondiente, en el que conste su adecuación al plan o proyecto técnico y su efectiva realización, y si procede acta de recepción de la obra.
  
Artículo 12. Minoración y resolución de las ayudas
  
1. La alteración de alguna de las características del proyecto aprobado, el incumplimiento de condiciones y plazos establecidos en la resolución, la no ejecución parcial de la inversión o gasto aprobado, la insuficiente justificación de la inversión o gasto efectivamente realizado y la concesión de otras ayudas públicas o privadas, con posterioridad a la presentación de la solicitud si en su conjunto exceden de los límites establecidos, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.
  
2. El incumplimiento por el beneficiario de cualesquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, la variación de la finalidad de la actuación o la falta de justificación de la realización del proyecto, dará lugar a la incoación por el órgano competente para la concesión de las ayudas del correspondiente expediente que podrá finalizar en su caso, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
1. La concesión de las ayudas previstas en esta orden estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para ello en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2004.
  
2. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública y de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2004, por orden de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo se dará publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo destinado a la concesión de las ayudas previstas en la presente disposición.
  
Segunda
  
1. En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o en su caso emitidos y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  
2. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta al secretario autonómico de Industria y Comercio para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 4 de diciembre de 2003
  
El conseller de Industria, Comercio y Turismo,
  
MIGUEL I. PERALTA VIÑES