Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4944, del 11-02-2005 (2005/987)

Notificación de la resolución del recurso de alzada, referencia interna R-109/2004, a Vicente Fernández Fuentes.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4944

Fecha DOGV
:   11-02-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/987


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso de alzada, referencia interna R-109/2004, a Vicente Fernández Fuentes. [2005/X987]
  
De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a Vicente Fernández Fuentes, C/ Almàssera, 10-1ª (46128 Valencia) la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-109/2004.
  
Examinado el recurso de alzada formulado por Rogelio Soriano González en representación de la mercantil Espacio y Urbanismo SL, contra resolución del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Valencia, en el expediente nº 46/1G/0023/1999/220 (VIVI-040502/531).
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Por la Comunidad de propietarios del edificio sito en Valencia, C/ Almàssera 8 y 10 y Músico Penella 7 y 9, se formuló el 21 de octubre de 2002, denuncia en la que se solicitaba a la Generalitat Valenciana, que obligara a Espacio y Urbanismo, SL, a cumplir con determinadas especificaciones previstas en el proyecto y no ejecutadas, así como la subsanación de una serie de deficiencias constructivas, cuya relación fue aportada posteriormente (documento 4 del expediente).
  
Segundo. Por el inspector de la sección de fiscalía del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de valencia, se giró visita de inspección el 12 de febrero de 2003, advirtiéndose la presencia de 18 deficiencias en el edificio y ordenándose las obras a realizar (documento 5). Se invitó a Espacio y Urbanismo a realizar dichas obras mediante escrito remitido el 18 de febrero.
  
Tercero. Mediante escrito de fecha 2 de abril de 2004, Espacio y Urbanismo comunicaba al servicio territorial que había iniciado la realización de las obras de reparación.
  
Cuarto. Con fecha 27 de julio de 2003, se pasó segunda visita de inspección, cuyo resultado obra al documento 14 del expediente. En este informe el número de deficiencias es de 16.
  
Quinto. A la vista de este informe el 18 de noviembre de 2003, se incoa expediente sancionador contra el promotor de la edificación Espacio y Urbanismo SL. y contra la empresa constructora Edrix, Edificaciones y Promociones La Ribera, SAL, formulándose el correspondiente pliego de cargos.
  
Un tercer informe de fecha 16 de octubre de 2003 ratificó que las obras no se habían realizado.
  
Por ello con fecha 10 de marzo de 2004, se dictó resolución por el jefe del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Valencia por la que calificando la infracción como muy grave impuso a Edrix, Edificaciones y Promociones La Ribera, SL, una sanción de 4.210 euros y obligó solidariamente a ésta y a Espacio y Urbanismo, SL, a realizar las obras de reparación que se enumeran en la resolución (documento 29).
  
Sexto. Contra esta resolución Espacio y Urbanismo presentó recurso de alzada en el que enumeraba tres vicios de ésta:
  
1. Nulidad por falta de motivación y por haber prescindido totalmente del procedimiento establecido,
  
2. Prescripción de la infracción.
  
3. Vulneración del artículo 9 in fine de la Ley 1/1997.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Competencia.
  
Es órgano competente para la resolución de este recurso el director general de Vivienda y Proyectos Urbanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 19 del Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
Segundo. Procedimiento.
  
Se ha observado en la tramitación del expediente lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Tercero. Sobre la resolución recurrida.
  
Planteado el recurso de la forma elegida por el recurrente, procede analizar por separado cada uno de los vicios que Espacio y Urbanismo denuncia como cometidos.
  
1. Debe decaer pronto la imputación de falta de motivación de la resolución recurrida pues la misma posee los requisitos exigidos por la jurisprudencia: relación de los hechos tipificados como infracción administrativa, autor de los mismos y sanción impuesta.
  
A Espacio y Urbanismo y a Edrix se les ha impuesto la sanción de realizar las obras enumeradas y a Edrix, además la multa de 4210 euros.
  
La STS de 29.9.1992, establece que «la motivación de cualquier resolución administrativa constituye el cauce esencial para la expresión de la voluntad de la administración, que a su vez constituye garantía básica del administrado que así puede impugnar, en su caso, el acto administrativo con plenitud de posibilidades críticas del mismo, porque el papel representado por la motivación del acto es que no prive al interesado del conocimiento de los datos fácticos y jurídicos necesarios para articular su defensa. El déficit de motivación productor de anulabilidad del acto radica, en definitiva, en la producción de indefensión en el administrado».
  
La STS de 25 de enero de 1992 señala que «la doctrina científica ha señalado que la motivación es el medio técnico de control de la causa del acto. No es un requisito meramente formal, sino de fondo».
  
El Tribunal Constitucional ha venido afirmando que la motivación de un acto administrativo es la que permite discernir entre discrecionalidad y arbitrariedad (STC 165/93, 18 de mayo), y así «...la exigencia de motivación suficiente es, sobre todo una garantía esencial del justiciable mediante la que se puede comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exigencia racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad» (SSTC 75/1988, 199/1991, 34/1992 y 49/1992).
  
La STC 232/92, de 14 de diciembre señala que «...el interesado o parte ha de conocer las razones decisivas, el fundamento de las decisiones que le afecten, en tanto que instrumentos necesarios para su posible impugnación y utilización de recursos».
  
Si se trata de una acto discrecional de la administración, la STC 224/1992, de 14 de diciembre, asegura que «dicha facultad no constituye por sí misma justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionada estrechamente a la exigencia de que tal resolución esté motivada, pues sólo así puede procederse a un control posterior de la misma, en evitación de toda posible arbitrariedad que, por lo demás, vendría prohibida por el art. 9.3 CE».
  
La motivación será, pues, el medio que posibilite el control jurisdiccional de la actuación administrativa, como exponente del control que los Jueces y Tribunales deben realizar de la legalidad de la actuación administrativa y del sometimiento de ésta a los fines que la justifican (art. 106.1 CE).
  
No exige la jurisprudencia en ningún caso que la resolución para que sea motivada, recoja una contestación expresa y prolija sobre cada una de las alegaciones efectuadas por el expedientado, que es lo que parece entiende el recurrente que debía haberse hecho. Así, es claro que el órgano instructor no considera la existencia de una prescripción de la infracción, cuando eleva una propuesta de resolución sancionadora al jefe del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Valencia, sin que la legalidad de esta propuesta, y en consecuencia de la correlativa resolución sancionatoria, se vea afectada porque en su texto no se haya hecho expresa mención al rechazo de la prescripción de la infracción.
  
2. Igual suerte debe seguir la denuncia de haber prescindido del procedimiento establecido para ello.
  
Como indica la disposición adicional primera de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Sancionador en Materia de Vivienda: ?El procedimiento sancionador se ajustará al que, con carácter general, establezca el Gobierno Valenciano y, en su defecto, al establecido con carácter general por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?.
  
Y esto es lo que ha hecho el órgano instructor, y por lo tanto su actuación debe afirmarse que es ajustada a derecho.
  
3. Interpreta el recurrente que la obligación de realizar obras de reparación es una medida complementaria de las sanciones consistentes en multas.
  
Esto es un error, porque el artículo 9 de la Ley 1/1997 califica la ?obligación de realizar obras de conservación y conservación?, como una ?sanción?.
  
Se trata por tanto de una sanción independiente que puede imponerse sin necesidad de imponer una sanción pecuniaria.
  
?A los autores de infracciones graves y muy graves se podrán imponer, además, las sanciones siguientes: ....- Y entre ellas se encuentra la indicada.
  
Espacio y Urbanismo es infractor grave, y como consecuencia de ello se le ha impuesto la sanción de realizar las obras de reparación enumeradas en la resolución que se recurre.
  
4. Alega por último el recurrente la prescripción de la infracción por tratarse de defectos a la vista, y haber transcurrido más de un año, desde la entrega de las viviendas.
  
La propuesta de resolución no considera los defectos como a la vista, y por su componente técnico habrá de estarse primordialmente a ella, por lo que debe entenderse que el plazo de prescripción es de tres años y no de uno, como pretende el recurrente.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la Propuesta de Resolución del Área de Promoción, Resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Rogelio Soriano González en representación de la mercantil Espacio y Urbanismo, SL, formulado contra la resolución de la jefe del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Valencia, de fecha 10 de marzo de 2004, confirmando en consecuencia íntegramente la misma.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.