Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4920, del 10-01-2005 (2005/36)

ORDEN de 29 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, sobre concesión de ayudas en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad en minería y pirotecnia; y de restauración, protección y mejora del medio ambiente afectado por actividades mineras para el ejercicio presupuestario 2005.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4920

Fecha DOGV
:   10-01-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/36


Fecha del documento
:   29-12-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Tipo de documento
:   Orden

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * asociación profesional
    * organización patronal
    * protección del paisaje
    * ayuda a las empresas
    * industria minera
    * explosivo
    * apoyo económico
    * seguridad en el trabajo
    * ayuda pública

ORDEN de 29 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, sobre concesión de ayudas en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad en minería y pirotecnia; y de restauración, protección y mejora del medio ambiente afectado por actividades mineras para el ejercicio presupuestario 2005. [2005/36]
  
La actividad minera y la de fabricación de artificios pirotécnicos, conforman dos sectores en los que como consecuencia de las condiciones propias de estas industrias existen, además de los riesgos que pueden encontrarse en otros sectores de actividad, algunos muy específicos. Tradicionalmente en estos sectores ha existido una elevada siniestralidad laboral, por lo que se hace preciso aunar esfuerzos mediante la colaboración de las partes implicadas: administraciones, empresas y trabajadores, en el marco de sus respectivas competencias y responsabilidades.
  
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 5 establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. Del mismo modo, las administraciones públicas fomentarán aquellas actividades en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y la promoción de estructuras eficaces de prevención.
  
La referida Ley de Prevención de Riesgos, igualmente establece en su disposición derogatoria única, que no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el capítulo IV del Real Decreto 3.255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero, y en sus normas de desarrollo, así como las del Real Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias. Por otro lado, en su artículo 7, señala que, entre otras, las funciones relacionadas con la promoción de la prevención, continuaran siendo desarrolladas, en lo referente a trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera, a los que impliquen fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos o el empleo de energía nuclear, por los órganos específicos contemplados en su normativa reguladora.
  
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, tiene por objeto, entre otros, la prevención y limitación de los riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos.
  
Por otra parte, las actividades mineras ocasionan sobre el entorno una serie de impactos ambientales. Estos impactos afectan a parte de los elementos del medio natural en el entorno de su emplazamiento, por lo que la sociedad en los últimos años tiene una especial sensibilización ante esta situación. Por ello, es preciso propiciar el desarrollo de líneas de actuación relacionadas con la Investigación y Desarrollo Tecnológico en materia de disminución del impacto medioambiental para el sector de las industrias extractivas mineras y de los establecimientos de beneficio de materias primas minerales.
  
El Gobierno Valenciano consciente de la necesidad de conciliar el desarrollo racional y en condiciones de seguridad de la actividad económica con el derecho social a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como de la realidad de los cambios producidos en la sociedad que afectan a esa actividad de manera sustancial, considera oportuno convocar ayudas que favorezcan avances efectivos en materia de prevención de riesgos laborales en los sectores minero y pirotécnico así como facilitar el desarrollo de proyectos en materia de I+D+I y otro tipo de actuaciones que ayuden a minimizar el impacto de las actividades mineras sobre el medio ambiente y a mejorar la ordenación mineroambiental y territorial, favoreciendo el desarrollo sostenible de las actividades mineras.
  
La Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, tiene atribuidas competencias en materia de régimen minero e industrial. En el ejercicio de tales competencias procede a establecer un régimen de ayudas que tienda a conseguir la promoción de la prevención de riesgos laborales y de la seguridad industrial en las empresas de los sectores minero y pirotécnico así como la restauración, protección y mejora del medio ambiente afectado por actividades mineras en la Comunidad Valenciana.
  
Por último se señala que las ayudas que se concedan de acuerdo con lo previsto en la presente orden, lo serán en el marco del Reglamento (CE) nº 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (DOCE L 10/30 de 13 de enero de 2001).
  
Por ello y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre de Gobierno Valenciano, y el artículo 47 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat,
  
ORDENO
  
Artículo 1. Objeto y ámbito
  
1. El objeto de la presente orden es establecer el régimen de concesión de ayudas de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que al efecto establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2005, para el desarrollo en la Comunidad Valenciana de las acciones que se expresan en el artículo 2 en las siguientes materias y actividades:
  
1.1 Prevención de riesgos laborales, la seguridad y la gestión de la calidad en las actividades minera y pirotécnica.
  
1.2 Restauración, protección y mejora del medio ambiente afectado por actividades y estructuras mineras.
  
2. El régimen de ayudas será de aplicación tal y como se determina en los siguientes artículos.
  
Artículo 2. Acciones apoyables
  
1. Las ayudas podrán ir destinadas a las actuaciones siguientes:
  
1.1. Prevención de riesgos laborales en minería y pirotecnia.
  
a) Formación e información:
  
Acciones formativas e informativas, incluida la realización de cursos, jornadas, congresos, foros de debate, mesas, reuniones o comités técnicos y seminarios relacionados con la prevención de riesgos laborales, la seguridad y la gestión de la calidad, así como la edición y divulgación de los documentos, manuales etc., en cualquier soporte físico (papel, cinta vídeo) o magneto-óptico (CD, DVD), cuyo objetivo fundamental sea conseguir una buena cualificación técnica de los trabajadores, técnicos y empresarios de los referidos sectores en la Comunidad Valenciana, a efectos de incrementar la seguridad y la calidad, y reducir la accidentalidad en las explotaciones mineras, en los establecimientos de beneficio y en los talleres de pirotecnia, incluyéndose entre otras las siguientes:
  
- Formación general sobre prevención de riesgos laborales, seguridad y gestión de la calidad.
  
- Formación específica sobre procesos y productos y, en particular, sobre manejo de maquinaría.
  
- Información general en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y gestión de la calidad.
  
- Información específica sobre procesos, productos y, en particular, sobre manejo de maquinaría.
  
b) Fomento de iniciativas:
  
Acciones relacionadas con el diagnóstico de situaciones, de sectores y de actividades de riesgo y con la elaboración, edición y divulgación (en cualquier soporte) de estudios, investigaciones, auditorias, proyectos, planes o propuestas de acción, documentos, guías técnicas y manuales de procedimientos u otras actuaciones, cuyo objetivo fundamental se relacione con la mejora de la calidad, la seguridad y la prevención de riesgos laborales en minería o pirotecnia.
  
c) Factores humanos:
  
- Acciones cuyo objetivo fundamental se relacione con la elaboración en la Comunidad Valenciana de campañas o actividades específicas, incluida la realización, edición y divulgación (en cualquier soporte), dirigidas a conseguir un nivel adecuado de competencia en todos los trabajos desarrollados en las explotaciones mineras, establecimientos de beneficio y talleres de pirotecnia.
  
- Actuaciones o estudios que basándose en el comportamiento humano traten de mejorar las condiciones de seguridad.
  
1.2. Restauración, protección y mejora del medio ambiente afectado por actividades y estructuras mineras.
  
a) Proyectos dirigidos a la mejora de la gestión de aspectos relacionados con el medio ambiente en el sector de las industrias extractivas mineras y de los establecimientos de beneficio de materias primas minerales, mediante el desarrollo, elaboración y validación de documentación (necesaria para la posterior certificación de sistemas de gestión medioambiental basados en modelos internacionales); así como acciones formativas e informativas en materia de ordenación mineroambiental y territorial, de medio ambiente y restauración de terrenos afectados por actividades mineras y establecimientos de beneficio y de otras actividades que incidan favorablemente en el desarrollo sostenible de las actividades mineras; además de la elaboración, edición y divulgación (en cualquier soporte) de estudios, diagnósticos de situación o de sectores, guías técnicas, manuales de procedimientos y otros documentos encaminados a mejorar la calidad en dichas empresas, a reducir el impacto ambiental que éstas producen por el desarrollo de su actividad industrial y a favorecer la ordenación mineroambiental y territorial y el desarrollo sostenible de la actividad minera.
  
Entre ellos se incluyen:
  
- Desarrollo de sistemas y marcas de certificación de aspectos medioambientales específicos, basados en modelos internacionales, adaptados a los requerimientos de las industrias extractivas mineras y establecimientos de beneficio de materias primas minerales.
  
- Elaboración de guías o manuales orientados a la incorporación de los aspectos medioambientales en la gestión de las empresas del sector minero y a facilitar el conocimiento y cumplimiento de la normativa medioambiental.
  
- Elaboración de planes de optimización de la explotación de los recursos mineros orientados a su mejor aprovechamiento y a la reducción del impacto ambiental sobre su entorno.
  
- Realización de estudios orientados a la reducción del impacto ambiental de explotaciones mineras y establecimientos de beneficio, escombreras u otras estructuras mineras, atendiendo a criterios de minimización y reutilización de los subproductos generados y a la restauración o rehabilitación de los espacios afectados por las mismas.
  
- Realización de acciones formativas e informativas (jornadas, seminarios, congresos, foros de debate, conferencias, cursos, mesas, reuniones o comités técnicos) en materia de medio ambiente y restauración, recuperación o mejora de terrenos afectados por actividades mineras y establecimientos de beneficio de materias primas minerales o en materia de ordenación mineroambiental y territorial o de desarrollo sostenible de las actividades mineras.
  
- Acciones relacionadas con el diagnóstico de situaciones o de sectores y con la elaboración, edición y divulgación (en cualquier soporte) de estudios, investigaciones, auditorias, proyectos, planes o propuestas de acción, documentos, guías y manuales técnicos o de procedimientos u otras actuaciones, cuyo objetivo fundamental se relacione con la mejora del medio ambiente afectado por actividades mineras, la ordenación mineroambiental y territorial o el desarrollo sostenible de las actividades mineras.
  
b) Ejecución, edición y divulgación (en cualquier soporte) de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico orientados a la creación, puesta a punto y demostración de tecnologías que permitan disminuir el impacto medioambiental de las industrias extractivas mineras y de los establecimientos de beneficio de materias primas minerales, y mejorar el aprovechamiento de los recursos mineros disponibles e incidan favorablemente en el desarrollo sostenible de las actividades mineras. Entre ellos se incluyen proyectos dirigidos al desarrollo de:
  
- Metodologías y tecnologías para la optimización de las explotaciones mineras que permita un aprovechamiento máximo de los recursos con el mínimo impacto medioambiental.
  
- Nuevos productos y tecnologías que permitan el aprovechamiento de los estériles, y otros residuos mineros generados durante la extracción de los minerales o en las actividades de tratamiento y procesado de las materias primas minerales.
  
- Tecnologías para la restauración y rehabilitación de los espacios naturales afectados por las actividades extractivas.
  
2. Las ayudas que se establecen en la presente orden tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.
  
3. Las subvenciones concedidas podrán alcanzar una cuantía máxima de hasta el 100 por ciento del coste total de las actividades a realizar, conforme a los siguientes criterios:
  
a) Para las empresas definidas en el apartado a) del artículo 3: la subvención máxima posible será de hasta el 30 por ciento del coste total subvencionable del proyecto o acción, sin que en ningún caso el importe máximo de la subvención otorgada por actuación pueda superar la cantidad de 12.000 euros.
  
b) Para las entidades referidas en el apartado b) del artículo 3: la subvención máxima posible podrá alcanzar hasta el 70 por ciento del coste total subvencionable del proyecto o actuación solicitada, sin que en ningún caso el importe máximo de la subvención otorgada por actuación pueda superar la cantidad de 36.000 euros. Excepcionalmente y para estas mismas entidades, en el supuesto de actuaciones que se consideren de especial trascendencia para el desarrollo del tejido industrial minero y pirotécnico o para el desarrollo sostenible de estas actividades en la Comunidad Valenciana, los límites señalados anteriormente podrán ser superados hasta alcanzar el 100 por ciento del coste total subvencionable del proyecto o actuación solicitada. La resolución será motivada.
  
En el caso de actuaciones formativas, serán subvencionables los conceptos imputables a la acción formativa y los gastos necesarios para su realización.
  
4. No será subvencionable en ningún tipo de actuación:
  
- El IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servicios y en general, cualquier impuesto pagado por el beneficiario.
  
- Los gastos financieros consecuencia del proyecto o actuación.
  
- Los gastos de adquisición de bienes muebles y equipos informáticos, en su caso.
  
- Los gastos de asistencia de los alumnos, si procede.
  
- Los gastos de personal propio y los ocasionados por los consumos habituales utilizados para el normal funcionamiento y desarrollo de las funciones inherentes a los beneficiarios.
  
5. El importe de las presentes ayudas no podrá hacer que el importe total de las ayudas de minimis que reciba la empresa durante un periodo de tres años sea superior al límite de 100.000 euros.
  
6. Se podrá subcontratar la actividad objeto de la subvención hasta el 100 por ciento de la misma, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas
  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas:
  
a) Las empresas que sean titulares de derechos mineros o que desarrollen actividades mineras de aprovechamiento o de preparación, concentración o beneficio en establecimientos de beneficio de materias primas minerales o de fabricación de productos pirotécnicos en talleres de pirotecnia oficialmente autorizados, dentro del territorio de la Comunidad Valenciana.
  
b) Las asociaciones empresariales o profesionales con implantación en el sector minero o pirotécnico así como los colegios profesionales y las fundaciones con sede o delegación en la Comunidad Valenciana relacionados con cualquiera de los dos sectores o con las materias de seguridad objeto de la presente convocatoria.
  
Artículo 4. Presentación de solicitudes y plazo.
  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente orden, deberán dirigirse a la Dirección General de Industria y Comercio y se presentarán en el impreso normalizado, en el Registro General de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia o en cualesquiera otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan:
  
a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y de su representante legal.
  
b) Documentación acreditativa de hallarse el solicitante al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que a continuación se relacionan, cuya vigencia deberá extenderse hasta la fecha de otorgamiento de la subvención, en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda:
  
- Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. Cuando el solicitante esté exento del citado impuesto, acreditará ésta circunstancia mediante declaración responsable.
  
- Certificación positiva de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones. Dicha certificación podrá ser sustituida por la declaración responsable del interesado de que cumple las circunstancias señaladas, acompañada de autorización a la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria le ceda la información.
  
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Dicha certificación podrá ser sustituida por la declaración responsable del interesado de que cumple las circunstancias señaladas, acompañada de autorización a la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, para que la Tesorería General de la Seguridad Social le ceda la información.
  
- Certificación de los servicios territoriales de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, acreditativa de que el solicitante no tiene deudas de naturaleza tributaria con la Generalitat. Dicha certificación podrá ser sustituida por la declaración responsable del interesado de que cumple las circunstancias señaladas, acompañada de autorización a la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, para que la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo le ceda la información.
  
c) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se han presentado con anterioridad ante la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia y no han experimentado variación.
  
d) Memoria descriptiva y presupuesto detallado por partidas o facturas proforma por duplicado. Además se incluirá, según proceda en función del tipo de actuación para la que se solicita la ayuda, los siguientes apartados: Memoria técnica, Planos así como los Anexos precisos. Se especificarán, igualmente, los objetivos perseguidos, la descripción del proyecto y su repercusión en relación con la prevención de riesgos laborales, la mejora de la seguridad industrial o la calidad en minería o pirotecnia o con la restauración, protección y mejora del medio ambiente con indicación de su ámbito territorial y expresión de las fases y plazos de realización y finalización que necesariamente será dentro del ejercicio 2005. En todo caso se especificará la cuantía global del gasto y la cuantía de la ayuda solicitada. Asimismo, se expresará la entidad subcontratada que, en su caso, participará en el desarrollo del proyecto o actuación. Por último, se incluirá información de interés en relación con los criterios de valoración establecidos en el artículo 5.
  
e) Declaración responsable, si procede, de las ayudas de minimis concedidas por cualquier proyecto a la empresa durante los tres últimos años, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara; o en su caso, declaración de no haber recibido ninguna.
  
f) Declaración responsable de no estar incurso en las demás prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13, apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
g) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá aportar también justificación de haber solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la publicación de la presente orden o que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, y justificación de la elegida cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
  
3. Los solicitantes podrán ejecutar los proyectos a partir de 1 de enero de 2005, sin esperar a que la concesión de la ayuda se produzca y sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente se adopte.
  
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición
  
5. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y el 22 de marzo de 2005.
  
Artículo 5. Criterios de evaluación de las solicitudes
  
Para la concesión de las ayudas se valorará especialmente:
  
a) El grado de adecuación de los proyectos o actuaciones al objetivo de estas ayudas, reducción de las causas de siniestralidad en las actividades mineras y pirotécnicas, fomento de la seguridad y de la calidad, así como a la restauración, protección y mejora del medio ambiente afectado por actividades y estructuras mineras.
  
b) La naturaleza e interés del proyecto de acuerdo con lo especificado en el artículo 2.
  
c) La incidencia de la acción sobre el mayor número de beneficiarios.
  
d) La incidencia de la actuación sobre el mayor número de subsectores de cada sector.
  
e) El menor tamaño de la empresa.
  
f) Que la actividad o actividades formativas específicas formen parte del desarrollo de un programa general de formación en seguridad o en calidad, establecido o diseñado por el solicitante para un subsector o sector concreto.
  
g) Las actuaciones de formación en seguridad teórica o teórico-práctica de trabajadores en el propio centro de trabajo, o en instalaciones situadas en la misma localidad cuando aquella formación se imparta a trabajadores pertenecientes a diferentes empresas o centros de trabajo.
  
h) Que la entidad solicitante disponga de sede o delegación en la Comunidad Valenciana.
  
i) La mayor aportación económica de la entidad solicitante.
  
j) La formulación de propuestas fácilmente aplicables por las empresas para la mejora de la seguridad de las personas y las instalaciones.
  
k) La repercusión sectorial/subsectorial o territorial de la actuación.
  
l) El carácter innovador y demostrativo del proyecto.
  
m) La experiencia y medios empleados por la entidad y/o profesionales en la realización de las acciones en los sectores de la minería y/o la pirotecnia.
  
n) Los cursos de formación específica frente a los generales.
  
ñ) El mayor valor ambiental del ámbito territorial objeto de la actuación.
  
o) La mayor incidencia de la actuación sobre explotaciones o estructuras mineras.
  
p) Los proyectos colectivos frente a las actuaciones particulares.
  
q) En su caso, la experiencia, capacidad, solvencia técnica y tecnológica de la entidad subcontratada que realiza el proyecto o actuación.
  
r) La disminución del impacto ambiental como consecuencia del proyecto.
  
s) La incidencia favorable del proyecto en la ordenación mineroambiental y territorial o en el desarrollo sostenible de la actividad minera.
  
t) La formulación de propuestas fácilmente aplicables por las industrias mineras y por los establecimientos de beneficio para la disminución del impacto medioambiental.
  
u) Las acciones formativas, informativas y divulgativas desarrolladas por entidades ajenas al beneficiario y a aquellas otras entidades a las que pertenezcan las personas a las que van dirigidas.
  
v) La especial transcendencia para el desarrollo del tejido industrial minero o pirotécnico o para el desarrollo sostenible de estas actividades.
  
Artículo 6. Estudio y evaluación de las solicitudes.
  
1. La Dirección General de Industria y Comercio podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada. Igualmente, podrá requerir al correspondiente Servicio Territorial de Industria y Seguridad Industrial o a la entidad externa que a tal efecto designe, informe relativo a la actuación o proyecto cuya subvención se solicita.
  
2. Examinadas las solicitudes por el Servicio de Minas, aquellas que cumplan y acrediten los requisitos de esta orden serán evaluadas por una Comisión Calificadora, formada por el jefe del Area de Industria y Minas, el jefe del Servicio Territorial de Industria y Seguridad Industrial de cada provincia de la Comunidad Valenciana y el jefe del Servicio de Minas, que elaborará las correspondientes propuestas de concesión de las ayudas y determinación de sus cuantías.
  
3. La evaluación se efectuará atendiendo a los criterios de prioridad definidos en el artículo 5.
  
4. El régimen jurídico de la Comisión es el establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Artículo 7. Resolución de la concesión de ayudas
  
1. Evaluadas las solicitudes, la Dirección General de Industria y Comercio elevará la propuesta al conseller de Empresa, Universidad y Ciencia que dictará resolución de concesión de ayudas, fijando expresamente la cuantía e incorporando en su caso las condiciones y obligaciones que afecten al desarrollo del proyecto. Asimismo, podrán establecerse plazos parciales para que el beneficiario ejecute como mínimo un determinado porcentaje del proyecto y para la justificación del cumplimiento de otras condiciones.
  
2. El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen para la concesión de las ayudas que se establecen en la presente orden será de cuatro meses contados desde la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución se entenderá desestimada la solicitud de concesión de ayuda, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
3. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
4. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, con expresión de la convocatoria, del programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
  
5. Las resoluciones a que se refieren los párrafos anteriores agotan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución correspondiente o recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución correspondiente.
  
Artículo 8. Resolución de incidencias
  
1. El órgano competente para la concesión de las ayudas contempladas en la presente orden, resolverá las incidencias que se produzcan con posterioridad a dicha concesión y en especial los supuestos de:
  
- Cambios de titularidad.
  
- Cambios de ubicación.
  
- Prórrogas para la ejecución del proyecto o actuación y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión con carácter excepcional.
  
- Modificaciones justificadas del proyecto inicial.
  
- Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto o acción a los efectos de liquidación de la ayuda.
  
2. El beneficiario deberá comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, y en todo caso con anterioridad a la justificación de la actuación subvencionada, otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
  
Artículo 9. Control de las acciones
  
1. La Dirección General de Industria y Comercio, por sus propios medios o a través de sus servicios territoriales, realizará el control y seguimiento de los proyectos o actuaciones por medio de las inspecciones que estime necesarias, emitiendo cualquiera de estos órganos administrativos certificado final de conformidad a los objetivos del proyecto aprobado, que servirá de base para la tramitación del correspondiente expediente de liquidación de la subvención concedida.
  
2. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General de la Generalitat, en relación con las subvenciones o ayudas concedidas.
  
Artículo 10. Liquidación de las ayudas
  
1. La liquidación de las ayudas se efectuará una vez ejecutado el proyecto en su totalidad o en las fases previstas, de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados para la concesión de la ayuda.
  
2. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los beneficiarios, en el plazo de un mes desde la ejecución del proyecto o de las fases previstas, y en todo caso hasta el 31 de octubre de 2005 y salvo que por circunstancias concurrentes se determine un plazo distinto en la resolución de concesión de la ayuda, deberán presentar:
  
a) Originales o copias compulsadas de los gastos realizados: facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, justificativos del gasto efectuado, expedidos de acuerdo con la normativa vigente. Las facturas deberán contar con los datos formales que exige para su expedición el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
  
b) Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se hubieran establecido en la resolución de la concesión de la ayuda.
  
c) En su caso, acreditación del importe, procedencia y aplicación de los fondos propios y de otras subvenciones o recursos con los que, además de la subvención, hayan sido financiadas las actuaciones. A tal fin el beneficiario presentará una declaración responsable sobre la disponibilidad de fondos propios para financiar la parte del gasto no subvencionado.
  
3. A efectos de justificación se considerará que el gasto subvencionado se ha realizado aunque las facturas no hayan sido efectivamente pagadas con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
  
Artículo 11. Minoración y resolución de las ayudas
  
1. La alteración de alguna de las características no sustanciales de la acción aprobada, el incumplimiento de alguna de las condiciones y plazos establecidos en la resolución, la no ejecución o ejecución inadecuada de parte del gasto aprobado, la insuficiente justificación de alguno de los gastos efectivamente realizados y la concesión de otras ayudas públicas o privadas, con posterioridad a la presentación de la solicitud, si en su conjunto exceden de los límites establecidos podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.
  
2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario, la variación de la finalidad de la actuación o la falta de justificación de la realización de la misma, dará lugar a la incoación por el órgano competente para la concesión de las ayudas, del correspondiente expediente que podrá finalizar en su caso, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
1. La concesión de las ayudas previstas en esta orden estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para ello en los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2005.
  
2. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública y de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el año 2005, por orden de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia se dará publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo destinado a la concesión de las ayudas previstas en la presente disposición.
  
Segunda
  
1. En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o en su caso emitidos y cuando no hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  
2. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta al secretario autonómico de Empresa para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 29 de diciembre de 2004
  
El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia