Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4986, del 15-04-2005 (2005/3591)

Información pública del edicto de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia sobre notificación de laudo a la empresa Albiarte, SL, expediente número V-69/2004.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4986

Fecha DOGV
:   15-04-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/3591


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del edicto de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia sobre notificación de laudo a la empresa Albiarte, SL, expediente número V-69/2004. [2005/S3591]
  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Albiarte, SL, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:
  
«Laudo
  
Tribunal: presidente: Ramón Escrig Moreno. Vocales: Aurora Costa Vicente, Ángel Grande Ballesteros, que excusa su asistencia, .Secretaria-vocal suplente: Amparo Peris Catalá. Partes: reclamante: Corgar 98, SA, (SEUR) representada por Pedro Cortés García y asistido por la letrada Isabel Gimeno Benlloch, reclamado: Albiarte, SL., que no comparece en el acto de vista.
  
Valencia, 16 de febrero de 2005 y siendo las 17.00 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes señaladas para resolver el expediente V-69/2004 procediéndose a la celebración de la Vista oral respecto de la siguiente RECLAMACION: Reclamación impago de portes.
  
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.
  
Deja basada su reclamación en los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, en fecha 27 de marzo de 2000, las partes suscribieron un acuerdo comercial para la prestación de servicios de transporte, acuerdo que se fue renovando durante varios años. En cumplimiento de este acuerdo, la reclamante realizó por cuenta de la reclamada, diversos transportes tal y como quedan reseñados en las facturas adjunta a la reclamación y que han sido trasladadas a la reclamada.
  
La reclamación de la deuda ha sido reiteradamente realizada sin que hasta el momento haya sido hecha efectiva motivo por el cual se interpone esta reclamación, que se unifica en una sola demanda pero que se corresponde a distintas cuantías, fechas de realización y destinos.
  
Termina solicitando que previo el reconocimiento de su derecho se condene a la reclamada al pago de los portes realizados y cuyo importe asciende a la suma de la cantidad de 955,60 euros.
  
La reclamada fue notificada en un primer momento a la dirección facilitada en la demanda, siendo devuelta la misma con la indicación de «marchó», lo que originó la anulación de la vista. Consecuentemente se requirió nuevo domicilio y facilitado el mismo se volvió a notificar y señalar. Consta en el expediente la notificación en esta nueva dirección a la reclamada sin que haya comparecido ni manifestado ningún tipo de alegación sobre la demanda.
  
Son de aplicación los siguientes
  
Fundamentos jurídicos
  
I. La competencia territorial de la Junta, de la que nada se alega, viene determinada en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/1990).
  
II. La sumisión la determina el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres que dice: «se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 3.005,06 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado.» No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido preceptuado.
  
II. De los hechos relatados y la documentación aportada se deduce que efectivamente el transporte de las mercancías que se referencian en la demanda fue realizado a buen fin, lo que reconoce un derecho de cobro de la presente reclamación a favor de la reclamante, hecho que por otra parte no ha sido contravenido por la reclamada. La Orden de 25 de abril de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se establecen las condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera, regula en su anexo B (respecto de los contratos de transporte de carga fraccionada) la obligación del pago del precio del transporte, su exigibilidad y modalidades, condiciones por otra parte conformes con el artículo 374 del Código de Comercio y concordantes. De acuerdo con las condiciones anteriores, dado que ha quedado acreditada la prestación de los servicios de transporte de la presente controversia, y de acuerdo con el art. 217.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en cuanto no se ha acreditado por la parte reclamada el abono de lo debido, procede estimar la reclamación planteada por la representación de la entidad demandante.
  
III. Dada la ausencia del vocal representante de Empresas Cargadoras, que excusó su asistencia, el presente laudo se dicta de conformidad con la previsión contenida en el apartado 7 del artículo 9 del ya mencionado Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, que aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que literalmente dispone que «la inasistencia de cualquiera de los miembros de la Junta, con excepción del Presidente, no impedirá que se dicte el laudo».
  
IV. De las manifestaciones realizadas en vista por la reclamante y las pruebas documentales aportadas, se establece la certeza de la ejecución del transporte tal y como ha quedado expuesto.
  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:
  
Estimar la demanda interpuesta por Corgar 98, SA, (SEUR), representada por Pedro Cortes Garcia contra Albiarte, SL, ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece que, realizados los distintos transportes deben ser abonados por la totalidad del importe reclamado.
  
Por todo ello Albiarte, SL, deberá abonar a Corgar 98, SA. (SEUR), la cantidad total de novecientos cincuenta y cinco euros con sesenta céntimos (955,60 euros).
  
Este laudo será ejecutivo si no se cumple dentro del plazo de 20 días contados a partir del siguiente a la recepción del mismo.
  
Contra este fallo, cabe únicamente acción de anulación ante la Audiencia Provincial de Valencia, que deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes al de la notificación del laudo por las causas específicas previstas en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de acuerdo con el procedimiento previsto en la mencionada ley, o de aclaración ante la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, dentro de los 10 días siguientes al de la notificación del mismo.
  
Contra el laudo arbitral firme sólo cabe recurso de revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias procesales firmes.»
  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 30 de marzo de 2005.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia: Ramón Escrig Moreno.
  
Conselleria de Infraestructuras y Transporte