Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6229, del 18-03-2010 (2010/2609)

Información pública de la aprobación de la propuesta de retasación de cargas del PAI relativo a la UA 3.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6229

Fecha DOGV
:   18-03-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2010/2609


Fecha del documento
:   10-02-2010

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Mislata

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Mislata
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de la aprobación de la propuesta de retasación de cargas del PAI relativo a la UA 3. [2010/2609]  
La Alcaldía Presidencia, en relación con el expediente que se tramita para la retasación de cargas del PAI relativo a la UA 3 de éste término municipal, con fecha 2 de febrero de 2010, adoptó el siguiente:  
Decreto nº 236/2010  
A la vista del expediente que se tramita para la retasación de cargas del PAI relativo a la UA 3 de este término municipal, a instancia del urbanizador Payá Miralles, SA, y a la vista del informe emitido por el arquitecto municipal y el jefe de Servicio de Urbanismo.  
Antecedentes  
La Alcaldía Presidencia, con fecha 25 de septiembre de 2009, adoptó resolución (Decreto nº 2572/2009) por la que se sometía a información pública el documento de de retasación de cargas de la UA 3, presentado en fecha 29 de julio de 2009, remitiendo, previamente, aviso de su contenido a los titulares catastrales. A los interesados se les concedió un plazo de 15 días, a contar desde la publicación del edicto, para formular alegaciones.  
El edicto fue publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 28 de octubre de 2009.  
Dentro del periodo de información pública se presentaron escritos de alegaciones por Teresa y Trinidad Zarzo Aliena (registro de entrada 17830) y Carmen Zarzo Aliena (registro de entrada 18833) los días 12 y 20 de noviembre de 2009, respectivamente.  
Que las alegaciones anteriores se pusieron en conocimiento del urbanizador que, con fecha 11 de diciembre de 2009 (registro de entrada 19057), presenta instancia acompañando la contestación que considera oportuna a las alegaciones anteriores.  
Que por Teresa y Trinidad Zarzo Aliena se oponen a la pretensión del urbanizador de retasar las cargas por las siguientes consideraciones:  
- Que entienden que al existir en la tramitación del expediente dilaciones imputables a Payá Miralles, SA no es posible la retasación de cargas por el transcurso de más de dos años desde la aprobación de la proposición económico-financiera.  
- Que debe ser rechazada la pretensión de incluir, en la retasación de cargas, partidas que constan incorporadas en el proyecto de urbanización aprobado el 22 de julio de 2009 pero que no obedecen a una circunstancia sobrevenida.  
- Que, en todo caso, si el resultado de la retasación superara el 20% del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica, la cantidad que exceda de dicho porcentaje no podrá en ningún caso repercutirse a los propietarios.  
- Que la retasación de cargas, de aprobarse, no podrá suponer incremento alguno del beneficio empresarial del urbanizador.  
Que Carmen Zarzo Aliena se opone a la pretensión del urbanizador por las siguientes consideraciones:  
- Entiende que no concurren las circunstancias para acordar la retasación por el transcurso del tiempo ya que ha habido un retraso imputable al agente urbanizador.  
- Estima que cualquier nueva partida que se incluya en la retasación de cargas y que no se encontraba contenida en la proposición jurídico-económica de 1999 resulta improcedente.  
- Juzga, en tercer lugar, que de proceder la retasación, en ningún caso podrá repercutirse a los propietarios afectados cantidad alguna que exceda del 20% del importe de las cargas previstas en la proposición jurídico-económica.  
- Considera que nunca puede incrementar la retasación, el beneficio empresarial del urbanizador.  
- Y por último, invoca un vicio invalidante de nulidad de pleno derecho por no haberse seguido el procedimiento previsto en el artículo 168 de la LUV.  
La entidad urbanizadora, en su instancia presentada el día 11 de diciembre de 2009 (registro de entrada nº 19933), acompaña copia de la propuesta de contestación a las alegaciones en la que, en síntesis, advierte:  
a) Respecto de la alegación relativa a la improcedencia de la retasación por dilaciones indebidas imputables a Payá Miralles, SA la rechaza y tras argumentar su procedencia transcribe parte de la Sentencia nº 1286/2009, de 1 de octubre, dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 1708/2005.  
b) Respecto de la alegación relativa a la prohibición de que la retasación supere el 20%, advierte que de la simple comprobación y comparación de los presupuestos se evidencia que la retasación no supera dicho límite.  
c) Respecto de la alegación relativa al hecho de que en el expediente de retasación se aumenta el beneficio del urbanizador, advierte que es incorrecto ya que no se han aumentado los honorarios profesionales ni los gastos generales ni los porcentajes de beneficio industrial. Considera que los alegantes confunden el beneficio del urbanizador con el beneficio industrial.  
d) Respecto de la alegación relativa al supuesto incumplimiento del artículo 168 de la LUV, considera que también debe ser desestimado porque cuestiona el procedimiento seguido para la aprobación del proyecto de urbanización, que nada tiene que ver con la retasación. Entiende que la disconformidad con aquel debió ser objeto, en su día, del oportuno recurso contencioso-administrativo.  
e) Considera, por último, que las alegaciones efectuadas por Carmen Zarzo Aliena son extemporáneas al haberse formalizado con posterioridad al plazo concedido para ello.  
Fundamentos de derecho  
I. El procedimiento de retasación de cargas, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera del ROGTU, se somete a las disposiciones de la LUV (Ley 16/2005).  
II. La retasación de cargas está regulada en el artículo 168 de la LUV y en los artículos 389 a 393, ambos inclusive, del ROGTU.  
III. Conforme a lo previsto en los preceptos anteriores, la entidad urbanizadora Payá Miralles, SA ha instado retasación de cargas aportando memoria justificativa de la petición.  
En la memoria, el urbanizador justifica la concurrencia de las causas legales que habilitan para su tramitación. La documentación aportada es la prevista en el artículo 390.1 del ROGTUV.  
IV. Se ha procedido al sometimiento a información pública del expediente, mediante notificación a quienes figuran como interesados en el expediente, así como la publicación del anuncio en el DOCV de 28 de octubre de 2009 (nº 6132). Artículo 390.2 del ROGTUV.  
V. Se han formulado alegaciones por tres de los interesados conforme se refleja en los antecedentes de este informe, en concreto, por Teresa, Trinidad y Carmen Zarzo Aliena.  
Las dos primeras presentaron la instancia el día 12 de noviembre de 2009 y la tercera el día 20 de noviembre de 2009, cuando habían transcurrido 15 días hábiles siguientes a su publicación.  
VI. Las alegaciones son, básicamente, las mismas salvo la última invocada por Carmen Zarzo Aliena relativa a la nulidad de pleno derecho del expediente de retasación.  
VII. Con carácter previo, en relación con la extemporaneidad del escrito presentado por Carmen Zarzo Aliena, ha de admitirse que es cierto lo indicado por el urbanizador, no obstante, ha de advertirse que no estamos en fase de recurso sino de instrucción del expediente en orden a la adopción de la oportuna resolución. Independientemente de ello, la incomparecencia en éste trámite no impide a los interesados interponer los recursos procedentes a la vez que, en el presente caso, las alegaciones de ambos recurrentes son esencialmente idénticas (art. 86 de la LRJAP y PAC), la contestación se extiende, por tanto, a todos los alegantes.  
VIII. Sobre la concurrencia o no del requisito o motivo de retasación basado en el transcurso de más de dos años desde la presentación de la proposición jurídico-económica por motivos no imputables al urbanizador.  
Los técnicos que suscriben en este apartado no pueden más que rechazar la petición de los alegantes y hacer suya la cita textual del fundamento de derecho tercero de la sentencia dictada por el TSJ en el recurso contencioso-administrativo nº 1708/2005 interpuesto contra la aprobación del PAI en esta UA al analizar la cuestión de la caducidad del expediente:  
«De otro lado, la pretendida caducidad del expediente tampoco puede ser acogida a la luz del artículo 92.1 de la Ley 30/1992, en la medida en que si bien nos encontramos ante un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, no consta que la paralización se haya debido a causa imputable al mismo, ni tampoco que la administración le advierta de que, transcurridos tres meses, se produciría la caducidad; antes al contrario, la propia parte demandante conviene en que la paralización no es atribuible a la entidad codemandada Payá Miralles, SA ("es cierto que la paralización no obedece a una actuación directa del solicitante", se dice en el apartado X, relativo a la infracción del plazo de resolución. Caducidad del expediente, de los fundamentos de derecho de la demanda) y, por añadidura, fue la propia entidad codemandada la que, sin ser requerida, solicitó la reanudación de la tramitación, como asimismo reconoce la propia parte actora con cita (en ese mismo apartado de la demanda) del escrito de fecha 20 de junio de 2005 presentado por la sociedad recurrida.»  
IX. Sobre la imposibilidad de incorporar nuevas partidas en la retasación de cargas y la limitación legal de no sobrepasar el 20% del importe previsto en la proposición jurídico-económica.   
Dado que ambas alegaciones van íntimamente unidas, se les otorgará un tratamiento conjunto en su contestación.  
Del simple análisis comparativo de las cargas previstas a repercutir, aprobadas en el año 1999 y las previstas en el proyecto de retasación se advierte que el importe de los honorarios profesionales se mantienen íntegramente, así como los gastos generales derivados de anuncios, notaría, publicaciones, etc. Sólo se modifica el presupuesto de contrata por la ejecución de las obras que pasa de 708.132,94 euros (sin IVA) a 849.759,53 euros (sin IVA.), manteniéndose (aún cuando es superior) en el límite legal del 20% sin sobrepasarlo.  
Inicialmente, pues, no se infringen en modo alguno las previsiones establecidas en el artículo 168.4 de la LUV, sobre el límite de repercusión en los supuestos de retasación de cargas.  
Debe recordarse que, en el momento de la aprobación del PAI, la proposición jurídico-económica que se aprobó partía de la consideración de que el instrumento que se aprobaba era el anteproyecto de urbanización y no el proyecto de urbanización. Este fue aprobado posteriormente, (Decreto nº 1916 /2009, de 22 de julio), fue notificado a los interesados y no se tiene constancia alguna de que, contra el mismo, se haya interpuesto recurso contencioso-administrativo.  
Si comparamos ambos presupuestos se advierte, prima facie, que el primer resumen presupuestario está delimitado por zonas y el segundo determinado por elementos o conceptos.  
Pero la expresión resumida por zonas no quiere decir que no exista un estudio pormenorizado de los capítulos que integran el anteproyecto aprobado junto con la aprobación del PAI.  
Así, este documento desglosa partidas correspondientes a demoliciones, movimientos de tierra, pavimentos, saneamiento, acequias, redes de distribución, alumbrado, redes de media y baja tensión, telefonía, zonas verdes y jardinería, mobiliario urbano, señalizaciones, foso de chimenea, etc.  
Hay dos conceptos que aparentan ser nuevos pero que no lo son, el primero viene referido a las obras de reforzamiento de la chimenea y el segundo al coste de parte de las obras de urbanización del PAI desarrollado en una porción de suelo colindante. Tanto el segundo (vial) como el primero (chimenea) se encuadran perfectamente en conceptos aprobados junto con la proposición jurídico-económica y el PAI, tales como viales, parque y foso de la chimenea. Esta última va a integrarse, como elemento protegido, en la infraestructura de la zona verde (la disposición adicional quinta introducida por la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, establece que en todo caso de la consideración de bien inmueble de relevancia local "las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940") y el segundo es una repercusión por obras ejecutadas, anticipadamente, en una calle común a dos programas. El programa colindante al que no ocupa ya ha sido ultimado en todas sus fases y la calle fue realizada por ese urbanizador (a exigencia del Ayuntamiento) con el fin de otorgarle un tratamiento único y homogéneo, impidiendo la desvirtuación que supone la ejecución de un vial por partes. La cantidad repercutida corresponde a la parte proporcional del ámbito vial de la UA 3.  
La imposición por el Ayuntamiento de un determinado tipo de luminaria tampoco puede considerarse como elemento previsible no repercutible ya que, dado el tiempo transcurrido y las exigencias de este tipo se hacen por razones técnicas y de homogeneización.  
X. Sobre el hecho de que la retasación de cargas no puede suponer, en ningún caso, beneficio alguno del urbanizador, por imponerlo así el artículo 168.3 de la LUV.  
Debe destacarse la circunstancia que supone que, ni en el presupuesto de la plica aprobada junto con el programa, ni en la propuesta de retasación de cargas, existe concepto alguno que venga referido al beneficio de urbanizador.  
La propuesta, por tanto, no infringe el precepto aludido.  
Debe tenerse en consideración que el beneficio del urbanizador es un concepto diferente del beneficio industrial y gastos generales imputables a quienes ejecutan las obras. Estos dos conceptos se incluyen en cualquier obra pública y nada tienen que ver con el beneficio del urbanizador que incluye la labor de gestión, no la obra, y el riesgo mercantil que asume. En el artículo 168 de la LUV el coste de las obras enunciadas en el artículo 157 de la LUV (a donde se integra el beneficio industrial y gastos generados) es distinto de la carga repercutible que supone el beneficio empresarial del urbanizador y sus gastos de gestión).  
De cualquier modo, repetimos, en el presente caso no existe propuesta de beneficio del urbanizador.  
XI. Sobre la nulidad de pleno derecho de la retasación propuesta.  
La articulación de esa alegación es de difícil encuadre jurídico ya que por un lado parece que lo que se pretende es solicitar la nulidad del proyecto de urbanización, algo materialmente y legalmente imposible por ser un acto firme en vía administrativa e irrecurrible en vía contenciosa (su planteamiento daría lugar a la invocación de la extemporaneidad del recurso), y por otro lado, menciona el incumplimiento del artículo 168 que establece el procedimiento de retasación de cargas y éste se está cumpliendo escrupulosamente por el Ayuntamiento.   
Pretende mezclar, la recurrente, con una finalidad clara y con aire dialéctico uno y otro concepto (proyecto de urbanización y retasación de cargas). El primero ya está aprobado y en él se establece lo que se hace.   
El segundo está en tramitación y en él se establece cuanto cuesta y cuando es repercutible a los distintos propietarios de terrenos del ámbito de la actuación.  
No hay, en modo alguno, vicio invalidante del procedimiento.  
XII. El urbanizador justifica la retasación por el transcurso del plazo de más de dos años transcurridos desde la presentación de la proposición jurídico-económica y advierte que el porcentaje de incremento, aún siendo superior, se mantiene dentro del límite de 20%, asumiendo el resto el urbanizado, y recuerda que la variación del índice de precios de consumo en el periodo comprendido entre el mes de agosto de 1999 y el mes de mayo de 2009 es del 33,4%.  
El artículo 389 del ROGTU se remite al ya derogado artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, por lo que debe entenderse referido al artículo 78 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.  
Pues bien, en el apartado 3 del artículo anterior se advierte que uno de los índices de referencia es el de precios de consumo elaborado por el INE con una limitación de revisión del 85% de la variación experimentada.  
No cabe duda de que existen más formulas de revisión de precios en la Ley 30/2007 pero la propia ley indica que reglamentariamente se estableció la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios.  
En la disposición transitoria segunda de la ley anterior se advierte que en tanto no se aprueben las nuevas fórmulas de revisión de precios seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto 3650/1970, por el Real Decreto 2167/1981 y por el Decreto 2341/1975.  
El resultado de la aplicación de las formulas contenidas en las disposiciones anteriores dan, en cualquier caso, un porcentaje de revisión superior:  
Fórmula 1. Explanación en general. Firmes en general con tratamientos superficiales. Obras completas de nueva carretera con explanación y pavimentos de hormigón. Túneles de gran sección. Canales.  
Coeficiente: 1,2932  
Fórmula 4. Obras de fábrica en general. Obras con predominio de las fábricas. Obras de hormigón armado. Firmes con pavimentos de hormigón hidráulico. Obras accesorias. Infraestructura con obras de fábrica normales. Obras de riego con sus instalaciones y servicios.  
Coeficiente: 1,3198  
Fórmula 9. Abastecimiento y distribuciones de aguas.  
Coeficiente: 1,3356  
Fórmula 24. Jardinería y plantaciones.  
Coeficiente: 1,2503  
Fórmula 29. Instalaciones subterráneas de electrificación en baja tensión incluida transformación y conexión en alta tensión en zonas urbanas.  
Coeficiente: 1,3419  
Fórmula 40. Afirmado y pavimentación. Con firme flexible. Dotado de base regular (con pavimentación de mezcla bituminosa).  
Coeficiente: 1,3798.  
Por todo ello, la Alcaldía Presidencia resuelve:   
Primero. Desestimar las alegaciones formuladas por Teresa, Trinidad y Carmen Zarzo Aliena por las razones obrantes en los antecedentes de esta resolución.  
Segundo. Aprobar la propuesta de retasación formulada por el urbanizador, la entidad mercantil Payá Miralles, SA.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. La desestimación presunta del recurso de reposición se producirá por el transcurso de un mes desde su interposición, y contra ella podrá interponerse, en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia. El recurso contencioso-administrativo podrá también interponerse directamente ante el juzgado citado, sin necesidad de previo recurso de reposición y siempre que no se haya interpuesto éste, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.  
No obstante, el interesado podrá ejercitar cualquier otro que estime procedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992.  
La interposición de cualquier recurso no suspende, por sí sola, la ejecución del acto impugnado, a menos que una disposición establezca lo contrario (art. 111 Ley 30/1992).  
Mislata, 10 de febrero de 2010.- El alcalde: Manuel Corredera Sanchis.