Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7236, del 18-03-2014 (2014/2130)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 257/2012.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7236

Fecha DOGV
:   18-03-2014

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2014/2130


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Alzira

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 257/2012. [2014/2130]  
Juicio verbal 000257/2012  
Demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.  
Procuradora: Sara Blanco Lleti.  
Demandado: Jaime Freddy Vega Gonza.  
Procurador/a:-  
Pilar Lluna Gascó, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 6, certifico que en los autos referenciados se ha dictado la resolución que copiada en lo necesario dice lo siguiente.  
En el Juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
  
«Sentencia número 108/2012  
Alzira, 18 de septiembre de 2012  
Vistos por mí, Sergio Montoya Gil, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alzira y su partido, los presentes autos de juicio verbal número 257/2012, promovidos por la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, representada por la procuradora de los tribunales Sara Blanco Lleti y asistida por el letrado Francisco Engo Mompó, contra Jaime Freddy Vega Gonza, declarado en situación de rebeldía procesal.  
  
Antecedentes de hechos  
Primero. En fecha 2 de marzo de 2012, por la procuradora de los tribunales Sara Blanco Lleti, en nombre y representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, se promovió demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad contra Jaime Freddy Vega Gonza, en virtud de los hechos y los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminando por solicitar que, previo el trámite legal correspondiente, en su día se dictase sentencia por la que se condenara al demandado a pagar a su mandante la suma de 1.883,31 euros, más los intereses pactados y costas del presente procedimiento.  
  
Segundo. Admitida a trámite la demanda por decreto de fecha 7 de marzo de 2012, se acordó citar a las partes para la celebración de la vista.  
  
Tercero. En fecha 18 de septiembre de 2012, se celebró el acto de la vista, compareciendo únicamente la parte actora, declarándose a Jaime Freddy Vega Gonza en situación de rebeldía procesal.  
En el citado acto, el letrado de la parte actora se ratificó en el contenido de la demanda, solicitando únicamente la práctica de prueba documental.  
En el acto de la vista se practicó toda la prueba que, propuesta por las partes, fue admitida, quedando las actuaciones conclusas para dictar sentencia.  
  
Cuarto. Son hechos probados que han de servir de base a la decisión del pleito los siguientes:  
1. En fecha 4 de junio de 2007, la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, como prestamista, y Jaime Freddy Vega Gonza, como prestatario, formalizaron un contrato de préstamo por importe de 3.000 euros, obligándose el prestatario a su devolución mediante 36 pagos mensuales de 83,33 euros cada uno de ellos, con fecha de vencimiento el día 5 de junio de 2010.  
2. El prestatario no ha cumplido con el pago de las cuotas de amortización pactadas en la póliza desde el vencimiento correspondiente al mes de junio de 2008.  
3. La entidad actora dio por vencida anticipadamente la póliza de préstamo.  
4. Cerrada la cuenta al día de 8 de febrero de 2010, resultó deudor, a favor de la actora, de 1.883.31 euros.  
  
Quinto. En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.  
  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. Se ejercita en el presente pleito una acción de reclamación de la cantidad de 1.883,31 euros, derivadas del contrato de préstamo suscrito entre las partes en litigio en fecha 4 de junio de 2007.  
Por tanto, la cuestión a resolver en el presente procedimiento se reduce a determinar si se ha concurrido la causa alegada por la parte demandante para justificar el vencimiento anticipado del préstamo concertado y, en su caso, si la cuantía reclamada es o no precedente. En este sentido, constituye la cláusula de vencimiento anticipado del contrato, expresamente pactado por las partes, en base al principio de libertad contractual regulado en el artículo 1255 del Código Civil, una cláusula habitual en este tipo de contratos y que no supone actuación abusiva del prestamista, pues el fraccionamiento de pago, porrateándolo durante un periodo más o menos dilatado en el tiempo, se concibe como un mecanismo idóneo para facilitar su reintegro, pero condicionado al cumplimiento por el prestatario de las obligaciones contractuales asumidas, entre ellas el atender, a su vencimiento, las sucesivas cuotas. Desde el momento en que incumple con la obligación de pago, el prestamista puede solicitar el vencimiento anticipado como así lo ha hecho, sin que quepa interpretar el ejercicio de esa posibilidad como una actitud abusiva (entre otras, sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Asturias, de fecha 29.04.2010).  
  
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, de efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda. En su escrito de demanda, la entidad actora formuló su pretensión, adjuntando los documentos que consideró necesarios para acreditar su posición, en concreto se aportó ejemplar del contrato de préstamo suscrito por las partes en fecha 4 de junio de 2007 (documento núm. 1), liquidación practicada en fecha 8 de febrero de 2010 (documento núm. 3 y 4), telegrama remitido al demandado y acuses de recibo (documentos núm. 5 y 6).  
La carga probatoria impuesta a la parte actora no queda desvirtuada por el hecho de la declaración de rebeldía de la parte demandada efectuada por en el acto de la vista. Y así, el artículo 496.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento no como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario. En este sentido, la jurisprudencia viene proclamando que la declaración de rebeldía no implica el allanamiento de la demanda, ni libera, como consecuencia de la conducta del rebelde, de probar los hechos constitutivos de la misma (SSTS 04.03.1989 y 10.11.1990). No obstante ello, como señala la sentencia de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 23 de febrero de 2004, ?ciertamente existe una corriente doctrinal y jurisprudencial en el sentido de que en casos de rebeldía del demandado no debe llegarse a un exceso de rigorismo en la valoración de la prueba existente en las actuaciones, pues con tal incomparecencia puede privarse al actor de la práctica de algún medio de prueba como confesión en juicio o cotejo de letras, de modo que la actitud pasiva del demandado en la defensa de sus intereses tampoco ha de producir un perjuicio a quien ejercita la acción y desarrolla la actividad probatoria que le es exigible?. Asimismo, como destaca la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida, de fecha 18 de noviembre de 2004, ?aunque la rebeldía deja subsistente e intangible el objeto básico del litigio, sí implica para el demandado soportar el riesgo de que por su misma falta de presencia no tenga oportunidad de realizar los actos procesales que a su interés convenga, entre ellos oponerse a la demanda, siendo el momento de la contestación cuando pueden invocarse excepciones, y/o oponer hechos impeditivos, extintivos u obtativos a la preetensión del actor (405 y 443 LEC), de modo que si el demandado se persona con posterioridad, después de la contestación, únicamente podrá probar la ?inexactitud- de las alegaciones adversas?.  
  
Tercero. En este caso, examinado el total contenido de las presente actuaciones y los medios probatorios aportados (en especial, la documentación aportada junto en el escrito rector del presente procedimiento), debemos concluir que ha quedado suficientemente acreditado que la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, y el demandado suscribieron, en fecha 4 de junio de 2007, una póliza de préstamo, en virtud del cual el prestatario percibió la cantidad de 3.000 euros, comprometiéndose, asimismo, a devolverla (junto con los correspondientes gastos e intereses) en una serie de plazos; posteriormente, el prestatario ha incumplido el plan de reintegro, dejando de pagar varios plazos (en concreto, desde el mes 06.2008).  
Por todo ello, y de conformidad con la clausula quinta del contrato suscrito por las partes, el préstamo debe considerarse vencido y el contrato resuelto, habida cuenta del incumplimiento por parte del prestatario de las obligaciones asumidas.  
  
Cuarto. En cuanto a la determinación de la cantidad reclamada, la misma debe considerarse como correcta, en la medida en que el demandado no ha impugnado la cuantificación llevada a cabo por la entidad actora.  
  
Quinto. Por todo ello, habiéndose acreditado la existencia de un contrato de préstamo entre las partes, así como una cantidad adeudada por la parte demandada, y teniendo en cuenta no solo la normativa general de contratos establecida en el Código Civil y en el Código de Comercio (en concreto, los artículos 1089, 1091, 1254, 1255, 1250, 1753 y 1755 del Código Civil, en relación con los artículos 311, 312, 314, 315, 316, y 317 del Código de Comercio), sino también el contenido de los pactos y estipulaciones incluidos en el contrato de préstamo suscrito, que se consideran plenamente válidos y eficaces, procede condenar al demandado a entregar a la entidad actora la suma de 1.883,31 euros.  
  
Sexto. La condena al abono de la cantidad reclamada lleva consigo la obligación accesoria de satisfacer los correspondientes intereses. En este sentido, el artículo 1108 del Código Civil establece que si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en demora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.  
Por su parte, el artículo 316 del Código de Comercio determina que los deudores que demoren el pago de sus deudas después de vencidas deberán satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento el interés pactado para este caso o, en su defecto, el legal.  
De conformidad con lo dispuesto en los citados preceptos, procede condenar a la parte demandada a abonar el interés de demora pactado.  
  
Séptimo. El artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo la rúbica de ?condena en las costas de la primera instancia?, determina que en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o derecho.  
En el presente proceso, habiéndose estimado íntegramente la demanda formulada por la parte actora, procede imponer a la parte demandada las costas originadas en el presente procedimiento.  
Vistos los artículos citados y demás concordantes y de pertinente aplicación.  
  
Fallo  
Que estimando la demanda formulada por la procuradora de los tribunales Sara Blanco Lleti, en nombre y representación de la entidad Banco Bilbao Bizcaya Argentaria, SA, contra Jaime Freddy Vega Gonza, debo condenar y condeno al demandado a que abone a la entidad actora la cantidad de mil ochocientos ochenta y tres euros con treinta y un céntimo (1.883,31 €), más los intereses pactados en los términos expresados en el fundamente de derecho sexto de la presente resolución. Y todo ello, con expresa imposición a la parte demandad de las costas procesales.  
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas actuaciones, con inclusión del original en el libro de sentencias.  
Contra esta sentencia no cabe interponer ningún recurso (art. 455 LEC).  
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el juez que la dictó en forma legal y en el día de su fecha, de lo que doy fe.»  
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de fecha de hoy, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1564.4 y 164 de la Ley 1/20043, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado y, en su caso, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de notificación a la parte demandada, Jaime Freddy Vega Gonza.   
  
Alzira, 21 de noviembre de 2013.- La secretaria judicial: Pilar Lluna Gascó.