Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6974, del 27-02-2013 (2013/1240)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 135/2011.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6974

Fecha DOGV
:   27-02-2013

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2013/1240


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Alcoy

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 135/2011. [2013/1240]  
Procedimiento ordinario 135/2011   
Parte demandante: Alfredo López Giménez.  
Parte demandada: Obras y Reformas Lodasamale, SL, y Jorge Sanjuán Sempere.   
En el juicio de referencia se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Sentencia número 186/2011   
Alcoy, 21 de diciembre de 2011  
Vistos por mí, Laura Cristina Morell Aldana, jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alcoy y su partido, los presentes autos de juicio ordinario número 11178511, seguidos a instancia de Alfredo López Jiménez, representado por el procurador Antonio Penadés Martínez, contra Jorge Sanjuán Sempere, representado por el procurador José Blasco Plá, y contra la mercantil, Reformas Lodasamale, SL, declarada en rebeldía procesal civil, en reclamación de cantidad.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Con fecha de 9 de febrero de 2012 tuvo entrada en este Juzgado demanda de juicio ordinario, interpuesta por el procurador de los tribunales Antonio Penadés Martínez, en nombre y representación de Alfredo López Giménez, contra Jorge Sanjuán Sempere y la mercantil Reformas Ludasamale, SL, en reclamación de cantidad.   
En su demanda exponía que el actor era propietario de la vivienda sita en la calle Panical, número1, Urbanización Gormaig, y que el edificio fue terminado de construir en el año 2007, siendo el constructor y vendedor Obras y Reformas Ludasamale, SL, y el arquitecto técnico Jorge Sanjuán Sempere. Según relataba, con posterioridad a la terminación de la obra y dentro del plazo de garantía se dieron graves defectos de construcción, en concreto se reventó el pavimento de la terraza, lo que dio lugar a tener que volver a colocar la misma, y posteriormente se pudo observar que varias baldosas sonaban a hueco, yendo dicha patología en aumento. Afirmaba la actora que tal patología afectada en la actualidad a la totalidad del pavimento (según pericial adjunta), y que ello se debería una colocación inadecuada de las baldosas (por inexistencia de junta perimetral, por no limpieza de las baldosas previa aplicación del adhesivo) así como por un incumplimiento de las normas sobre la recepción de materiales en la obra. Consideraba la actora que la responsabilidad debía recaer en el constructor y director de ejecución de la obra, proponiendo una forma de reparación de la patología, adjuntando un presupuesto a tal fin.   
En el petitum de su demanda solicitaba la condena de la mercantil Obras y Reformas Ludasamale, SL, y de Jorge Sanjuan Sempere, previa declaración de responsabilidad solidaria o persona e individualizada, a la reparación mediante el arranque y sustitución de la totalidad del pavimento y rodapié actual de la planta baja y primer aplanta y pintado de pared de conformidad con lo establecido en la memoria de reparación del informe pericial (aportado como documento número 1 de la demanda por la parte actora) y todo ello en el breve plazo que judicialmente se acuerda (entendiendo que no debería ser superior a dos meses desde la fecha de la sentencia), condenándoles igualmente a indemnizar al actor a los daños y perjuicios derivados de la citada reparación (mudanza y gastos de realojo) cuya cantidad se determinará en ejecución de sentencia. Alternativa o subsidiariamente, para el supuesto de la no ejecución de dichas obras en el plazo establecido, a contar desde la notificación de la sentencia, se condene a los codemandados: a) Al pago de forma conjunta y solidaria o en las proporciones que se determinen, de la cantidad equivalente al coste de las obras de reparación en el momento de su ejecución, a determinar en ejecución de sentencia, incluyendo en dicha cantidad todos los gastos necesarios para su ejecución; b) A indemnizar al actor a los daños y perjuicios derivados de la citada reparación (mudanza y gastos de realojo), cuya cantidad se determinará en ejecución de sentencia; c) Fijada en su caso la deuda indemnizatoria satisfacer, en forma conjunta y solidaria se les condenará al pago de los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la sentencia hasta su total ejecución. Yen todo caso al pago, en forma conjunta y solidaría o en las proporciones que se determinen, de las costas del presente pleito.   
Segundo. Admitida a trámite la demanda por medio de Decreto de 15 de marzo de 2011, se emplazó a los codemandados para que en el término de 20 días se personasen y la contestasen, lo que verificó por el procurador de los tribunales José Blasco Pla, en nombre y representación de Jorge Sanjuán Sempere con fecha de 18 de mayo de 2011, contestando y oponiéndose a la demanda.   
En primer término el codemandado alegó una serie de excepciones procesales, como son la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda; caducidad de la garantía anua y trienal con la consecuencia falta de acción (acto non nata) y prescripción de la acción ejercitada, ex artículo 18 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Pasando a contestar a la demandada, manifestaba en primer término que el actor era el autopromotor y propietaria de la vivienda construida, y que Ludasamale no era la vendedora de la vivienda. Admitían la intervención de Jorge Sanjuán Sempere, pero con expresa sumisión al contenido del proyecto, obedeciendo las órdenes de los arquitectos Jornet, Vicent y Picó. Negaba que las deficiencias se produjeran dentro del período de garantía, así como que al demandado le fuera puesto de manifiesto problema alguno, negando cualquier tipo de responsabilidad del demandado en tales patologías. Solicitaba en suma en el petitum de su contestación a la demanda la íntegra desestimación de la misma, con condena en costas a la actora.  
Tercero. Convocada la audiencia previa y celebrada con fecha de 13 de septiembre de 2011, compareciendo el demandante y únicamente el codemandado Jorge Sanjuán Sempere, siendo declarado en situación de rebeldía procesal civil el también codemandado Reformas Ludasamale, SL. Comprobándose que subsistía el litigio entre ellos, se procedió a fijar los hechos controvertidos y no controvertidos, Por el codemandado Jorge Sanjuán Sempere se pusieron de manifiesto las siguientes excepciones procesales: defecto legal en el modo de proponer la demande, por falta de claridad; caducidad de la garantía anual y trienal y prescripción de la acción; y normativa a aplicar en la resolución de la litis. Acordándose resolver sobre las excepciones de caducidad, prescripción y normativa a aplicar en sentencia y desestimándose la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda.   
Con posterioridad se procedió a la apertura del periodo de prueba, en base al artículo 429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y una vez admitidas las pruebas pertinentes y útiles, se convocó a las partes a juicio.   
Cuarto. El 21 de diciembre de 2011 tuvo lugar la celebración de la vista del presente juicio ordinario, practicándose la prueba que resultó propuesta y admitida, consistente en interrogatorio del demandado Jorge Sanjuán Sempere, testifical de José Vicente Jornet Moya y Jesús Rodríguez Peara y pericial de Gabriel Sepere. Tras la práctica de la prueba, y formuladas las conclusiones por las partes, quedó el juicio concluso para el dictado de la sentencia.   
Fundamentos jurídicos:   
Primero. En la presente litis el actor, Alfredo López Gímenez, ejercita las acciones previstas en el artículo 3. 1.c de la Ley de Ordenación de la Edificación, con un plazo de garantía para su ejercicio de 10 años (art. 17.1.a del mismo cuerpo legal), en conjunción con el artículo 1591 del Código Civil, dirigida contra dos codemandados, Jorge Sanjuán Sempere, en su cualidad de arquitecto técnico y la mercantil Reformas Ludasamale, SL, en su cualidad de constructora y vendedora de la obra, de acuerdo con el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 17 LOE.   
En la demanda el actor relataba que era propietario de la vivienda sita en la el Panical número 1, Urbanización Gormaig, y que el edificio fue terminado de construir en el año 2007, siendo el constructor y vendedor Obras y Reformas Ludasamale, SL, y el arquitecto técnico Jorge Sanjuán Sempere. Según relataba, con posterioridad a la terminación de la obra y dentro del plazo de garantía se dieron graves defectos constructivos, en concreto se reventó el pavimento de la terraza, lo que dio lugar a tener que volver a colocar la misma, y posteriormente se pudo observar que varias baldosas sonaban a hueco, yendo dicha patología en aumento.   
Considerando que la responsabilidad de tal patología era imputable al arquitecto técnico y a la constructora, solicitaba la condena de ambos previa declaración de responsabilidad solidaria o personal e individualizada, a la reparación mediante el arranque y sustitución de la totalidad del pavimento y rodapié actual de la planta baja y primera planta y pintado de pared de conformidad con lo establecido en la memoria de reparación del informe pericial (aportado como documento número 1 de la demanda por la parte actora) y todo ello en el breve plazo que judicialmente se acuerda (entendiendo que no debería ser superior a dos meses desde la fecha de la sentencia), condenándoles igualmente a indemnizar al actor a los daños y perjuicios derivados de la citada reparación (mudanza y gastos de realojo) cuya cantidad se determinará en ejecución de la sentencia. Alternativa o subsidiariamente, para el supuesto de la no ejecución de dichas obras en el plazo establecido, a contar desde la notificación de la sentencia, se condenase a los codemandados: a) Al pago de forma conjunta y solidaria o en las proporciones que se determinen, de la cantidad equivalente al coste de las obras de reparación en el momento de su ejecución, a determinar en ejecución de sentencia, incluyendo en dicha cantidad todos los gastos necesarios para su ejecución; b) A indemnizar al actor a los daños y perjuicios derivados de la citada reparación (mudanzas y gastos de realojo), cuya cantidad se determinará en ejecución de sentencia; c) Fijada en su caso la deuda indemnizatoria satisfacer, en forma conjunta y solidaria se les condenará al pago de los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la sentencia hasta su total ejecución. Y en todo caso al pago en forma conjunta y solidaria o en las proporciones que se determinen, de las costas del presente pleito.   
Por el codemandado Jorge Sanjuán Sempere se contestó a la demanda en tiempo y forma, oponiéndose a la misma. Tras esgrimir las excepciones procesales de defecto legal en el modo de proponer la demanda, por falta de claridad (que fue desestimada en el acto de la audiencia previa) y las excepciones de caducidad de la garantía anual y trienal y prescripción de la acción; y normativa a aplicar en la resolución de la litis (acordándose resolver sobre las mismas en sentencia), pasó a contestar la demanda, oponiéndose a la misma. Señaló en primer término que el actor era el auto-promotor y propietario de la vivienda construida, y que Ludasamale no era la vendedora de la vivienda. Admitían la intervención del Sanjuán, pero con expresa sumisión al contenido del proyecto, obedeciendo las órdenes de los arquitectos Jornet, Vicent y Picó. Negaba que las deficiencias se produjeran dentro del periodo de garantía, así como que al demandado le fuera puesto de manifiesto problema alguno, negando cualquier tipo de responsabilidad del demandado en tales patologías. Solicitaba en suma en el petitum de su contestación a la demanda la íntegra desestimación de la misma, con condena en costas a la actora.   
Segundo. En primer término hemos de pronunciamos brevemente sobre la excepción procesal alegada por el codemandado Sanjuán, en cuanto a la legislación a aplicar al caso que nos ocupa, ya que sostiene que el actor ha realizado una "mezcolanza" (sic) de acciones entre las previstas en la Ley de Ordenación de la Edificación y las previstas en el artículo 1591 del Código Civil Resulta de aplicación a la presente litis la Ley de Ordenación de la Edificación, porque de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria 1.ª y disposición final 4.ª de esta Ley, la misma se aplicará a las obras de nueva construcción cuya licencia de edificación se solicite a partir de su entrada en vigor (mayo de 2000), situación que concurre en nuestro caso, pues consta que la solicitud de la licencia tuvo lugar el día 3 de septiembre de 2007.   
Tercero. La segunda de las excepciones procesales alegadas (caducidad de las acciones ejercitadas por el actor, por encontrarnos ante vicios ruinógenos cuyos plazos para el ejercicio de las acciones correspondientes serían de uno y tres años; y por ende prescripción de la acción) se encuentra ínsitamente relacionada con el fondo del asunto, por lo que se procede a su análisis de forma conjunta con la prueba.   
El artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación establece que "1. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de estas:   
a. Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, la vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.  
b. Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3.  
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año".   
Se considera preciso comenzar por el examen de la alegación de caducidad efectuada por el codemandado señor Sanjuán (cuya representación letrada considera que estamos ante vicios o defectos de ejecución que afectan a elementos de terminación y que al haber transcurrido el periodo anual ha caducado la acción) ya que el triunfo de la misma determinaría la innecesariedad de entrar en otros aspectos sometidos a debate.  
El artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación menciona la responsabilidad civil de todos los agentes que intervienen en el proceso de edificación por los daños materiales ocasionados en el edificio, y distingue tres plazos distintos que son de garantía, garantía que da comienzo desde la fecha de la recepción de la obra, que en el caso de autos la fijaríamos el 19 de julio de 2007. Entendemos que debe partirse de dicha fecha para el cómputo del dies a quo para el ejercicio de las acciones de la actora, y no desde el 19 de agosto de 2007 como postula también la actora, ya que no nos encontramos ante un supuesto de recepción tácita sino expresa. Constando el documento número 3 y documento número 3 bis de la contestación a la demanda el certificado final de obra, con el oportuno visado colegial, no cabe la aplicación de la normativa supletoria sobre recepción tácita, sino atenernos a los datos que de modo fehaciente obran en las actuaciones.   
Será preciso determinar, por ende, si el actor ha ejercitado en tiempo y forma las acciones previstas en el artículo 17.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación a contar desde el díes a quo, que este tribunal fija el 19 de julio de 2007. Ello debido principalmente a que el artículo17. 1de la Ley de Ordenación de la Edificación ha de ser interpretado a la luz del artículo18 del mismo cuerpo legal, que dispone que "Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el artículo anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de 2 años a contar desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual".   
Se colige, por tanto, que sí el vicio constructivo surge después del plazo máximo para su reclamación (anual, trienal o decenal) no nace la obligación de reparar el daño causado y por lo tanto no existe la acción (ni entra en juego su plazo de prescripción bianual) que pueda ser ejercitada por la actora.   
Así que la cuestión se centra en determinar, bajo el prisma del artículo 17.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación, sí los defectos constructivos alegados por la actora son de los previstos en el apartado a), en el apartado b) o en el párrafo 2.° del artículo 17.1de la Ley de Ordenación de la Edificación. Valorando en conjunto la prueba practica en acto de juicio, se considera que los daños cuya indemnización pretende la actora son daños de los que respondería únicamente el constructor y que por lo tanto el plazo de caducidad que se les aplicaría sería el anual, y en ningún caso el plazo decenal cuya aplicación pretendió la actora en el momento de exponer sus conclusiones; daños que habrían sido detectados, de manera fehaciente, en el momento en que el perito señor Sempere se personó en la vivienda del actor y elaboró su informe pericial, o sea el 17 de septiembre de 2010.   
Si los defectos constructivos fueron detectados por primera vez el 17 de septiembre de 2010 Y la licencia de obras es de fecha 19 de julio de 2007, siendo defectos constructivos con plazo de caducidad anual, la conclusión no puede ser otra que la íntegra desestimación de la demanda,   
Ello se infiere principalmente de las manifestaciones del perito señor Sempere. El perito en ningún momento califica los vicios o defectos constructivos como "vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia y la estabilidad del edificio". Y de las explicaciones ofrecidas a la sala, ha quedado acreditado que el problema con las baldosas no afecta en modo alguno al forjado, por lo que no es un problema de estructura. Los defectos manifestados ala sala (ruido de chasquido como de nueces y ruido de hueco cuando se pisa encima de la baldosa) entendemos que de ningún modo pueden ser calificados de una magnitud tal como para considerar que son defectos estructurales, En primer término porque parece dudoso que los chasquidos se produzcan constantemente; en segundo término, porque ni siquiera sabemos sí todos los ladrillos suenan a hueco, ya que como manifestó el señor Sempere, que fijase en el 88 por ciento las baldosas que estaban mal, fue un cálculo aproximativo, ya además solo realizó una cata y el resultado de esa única cata lo extrapoló al 100 por ciento de la vivienda, y finalmente porque el pavimento ha sido calificado jurisprudencialmente como elemento de revestimiento y por tanto sujeto al plazo de caducidad anual.  
Estimamos que el perito no ofreció razones de ciencia para considerar que los vicios detectados eran de los previstos en el apartado 17.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación, confundiendo en numerosas ocasiones, a pesar de las preguntas del tribunal los conceptos de daño y lesión como elementos determinantes de las patologías puestas de relieve en su informe pericial. Según señaló el señor Sempere, el daño sería que el pavimento -baldosas estarían despegados del suelo y que sonaría a hueco y la lesión sería (igualmente) el ruido que produce a los moradores y que en el futuro se pueden romper las baldosas. En cuanto a los perjuicios futuros, el tribunal por aplicación de los artículos 218 y 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no entra a pronunciarse ya que no son daños constatados sino puramente hipotéticos; y en cuanto a la lesión causada a los moradores, consistente en ese sonido a hueco cuando se golpea la baldosa, entendemos que no encaja en las patologías descritas en el artículo 17.1.a de la Ley de Ordenación de la Edificación por la propia dicción del artículo. El testigo señor Rodríguez llegó incluso a manifestar que observando las fotografías de la pericial de la actora, consideraba que incluso podría afirmarse que no existiría patología alguna, y que en concreto, el hecho de que "suene a hueco" ni siquiera podría calificarse de patología., sino que derivaría del propio sistema constructivo de la baldosa de gres utilizada, usando como ejemplo que también el pladur suena a hueco y ello no quiere decir que exista un defecto en dicho material.   
Considerando que, de acuerdo con numerosa jurisprudencia (entre otras, SAP de Murcia, de 29 de septiembre de 2009,'SAP de Barcelona, de 4 de septiembre de 2007) los problemas relativos al pavimento o solado de la vivienda son "vicios o defectos de ejecución que afectan a elementos de terminación o acabado" y que tales vicios no surgieron en el periodo del año siguiente a la emisión del certificado final de la obra; puesto que ninguna prueba ha podido aportar la actora de que los vicios surgieran en el periodo anual de garantía, ya que el codemandado señor Sanjuán señaló que ningún problema se le manifestó ni durante la ejecución de la obra ni le notificó el actor hasta la interposición de la demanda, ni tampoco al testigo señor Jornet, y la única prueba que tenemos, en cuanto a fecha, de surgimiento fehaciente del vicio es la fecha de visita del perito señor Sempere -transcurrido ya dicho plazo de un año- la conclusión no puede ser otra que estimar que ha caducado la obligación que al constructor le correspondería en la reparación de otros vicios. Obligación que en todo caso solo afectaría a la rebelde procesal civil, la mercantil Reformas Ludasamel, SL., ya que el otro codemandado, Jorge Sanjuán Sempere intervino en el proceso constructivo en cualidad de arquitecto técnico. Procediendo por ende la integra desestimación de la demanda interpuesta por la actora frente a los dos codemandados.   
Cuarto. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede su imposición a la actora, al haberse desestimado íntegramente las pretensiones ejercitadas por la misma.  
Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación.   
Fallo  
Desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de Alfredo López Giménez contra la mercantil Reformas Ludasamale, SL, y Jorge Sanjuán Sempere, condenando a Alfredo López Giménez a abonar las costas causadas en la presente instancia.   
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante (art. 455 LECn).   
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este juzgado dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, debiendo exponer el apelante, las alegaciones en que basa la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que se impugna (art. 458 LECn). De acuerdo con la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 1/2009 que modifica la LO 6/1985) la parte que interponga un recurso frente a la presente resolución deberá, como requisito indispensable, constituir un depósito de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado. Para materializar el mencionado depósito, deberá especificar en el resguardo de Ingreso, en el campo "Concepto de apelación", que se trata de un recurso, seguido del código 02 y la palabra "apelación". El ingreso del depósito ha de acreditarse con copia del resguardo de ingreso, junto con la presentación del escrito de interposición del recurso. La obligatoriedad del depósito incluye a las resoluciones notificadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2009. Quedan excluidos los litigantes que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita (instrucción del secretario general de la administración de justicia de 4 de noviembre de 2009). Si el recurso fuese estimado total o parcialmente, la parte deberá interesar la devolución del depósito, mediante escrito presentado ante este juzgado, una vez que los autos hayan sido devueltos al mismo.  
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»  
En atención al desconocimiento o residencia de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, he acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia al legal representante de La Mercantil Obras y Reformas Ludasamale, SL, con CIF B-5389440.  
  
Alcoy, 4 de febrero de 2013.- La secretaria judicial: Cristina Modesto Cortes.