Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7824, del 08-07-2016 (2016/4789)

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2016, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Alicante y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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Número DOGV
:   7824

Fecha DOGV
:   08-07-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/4789


Fecha del documento
:   07-06-2016

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2016, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Alicante y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. [2016/4789]  
Visto el expediente de modificación estatutaria instruido a instancia del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Alicante, inscrito con el número 99 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunitat Valenciana, en el que se solicita la inscripción de la modificación de sus Estatutos en dicho Registro, atendiendo a los siguientes  
  
Hechos  
  
Primero. En fecha 27 de enero de 2012, por Francisco Guardiola Blanquer, en su calidad de presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Alicante, se formalizó petición de modificación de sus Estatutos, de conformidad con lo acordado en la Asamblea General.  
A la vista de la citada documentación se inició el expediente 1-M/2012.  
Segundo. Con fecha 20 de abril de 2012 por la jefa del Servicio de Entidades Jurídicas de la entonces Conselleria de Gobernación y Justicia se remitió oficio a la citada corporación al objeto de que subsanase su petición inicial.  
Tercero. En fecha 29 de octubre de 2012, por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Alicante, se presentó escrito, como contestación al oficio de 20 de abril de 2012.  
Cuarto. Con fecha 31 de enero de 2013 por la jefa del Servicio de Entidades Jurídicas de la entonces Conselleria de Gobernación y Justicia se remitió oficio a la citada corporación al objeto de que subsanase su petición inicial, así como su escrito de 29 de octubre de 2012, por no reunir los requisitos necesarios para su tramitación.  
Quinto. En fecha 25 de junio de 2013, por Francisco Guardiola Blanquer, en su calidad de presidente, del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Alicante, se presentó escrito como subsanación de su petición de 27 de enero de 2012.  
Sexto. Mediante oficio de 27 de junio de 2013, por el Servicio de Entidades Jurídicas, de la entonces Conselleria de Gobernación y Justicia, se remitió oficio a la citada corporación al objeto de que subsanase su escrito de 20 de junio de 2013, por no contener el certificado de 21 de junio de 2013, del secretario del Colegio, con el visto bueno del presidente, el texto del artículo o artículos a modificar.  
Séptimo. En fecha 24 de julio de 2013, por Francisco Guardiola Blanquer, en su calidad de presidente, del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Alicante, se presentó nuevo escrito de modificación de Estatutos. A la vista del contenido de esté último escrito, se inició el expediente 15-M/2013.  
Octavo. Con fecha 6 de noviembre de 2013, por la jefa del Servicio de Entidades Jurídicas de la entonces Conselleria de Gobernación y Justicia, se remitió oficio a la citada corporación al objeto de que subsanase su petición de modificación estatutaria presentada el 24 de julio de 2013, al presentar defectos para su tramitación.  
Noveno. Por el presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Alicante se presentó, en fecha 15 de noviembre de 2013, escrito de subsanación de su petición presentada en fecha 24 de julio de 2013.  
Diez. Con fecha 23 de enero de 2014 por la Subdirectora General de Justicia de la entonces Conselleria de Gobernación y Justicia se formularon observaciones previas al control de legalidad en relación a la modificación del texto estatutario presentado el 24 de julio de 2013, solicitando se subsanara su petición inicial, concediéndose el plazo de un mes para subsanar su petición.  
Once. A la vista de las dos peticiones presentadas por el Colegio, de 24 de enero de 2012 y 25 de junio de 2013, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por el director general de Justicia con fecha 5 de septiembre de 2014 se acordó acumular las peticiones de modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Alicante de 24 de enero de 2012 (Exp. 1-M/2012) y 24 de julio de 2013 (Exp. 15-M/2013) en un único expediente.  
Doce. Transcurrido el plazo legalmente concedido, sin que por parte de los interesados se contestara al oficio de 23 de enero de 2014, con fecha 5 de septiembre de 2014, mediante oficio del Servicio de Entidades Jurídicas de la entonces Conselleria de Gobernación y Justicia se advirtió, que transcurridos tres meses, contados a partir del día siguiente a la notificación del citado oficio, sin que por el Colegio se efectuaran actuaciones, se procedería al archivo del expediente. Dicho oficio fue debidamente notificado, según acuse de recibo del Servicio de Correos de fecha 16 de septiembre de 2014 que consta en el expediente.  
Trece. Mediante oficio de 1 de diciembre de 2014, como respuesta a una petición telefónica efectuada por el Colegio, por el Servicio de Entidades Jurídicas, de la entonces Conselleria de Gobernación y Justicia, se remitió copia del escrito remitido por el Servicio de Entidades Jurídicas de 5 de septiembre de 2014, por el que se advertía expresamente de la caducidad del expediente. Dicho oficio fue debidamente notificado el 4 de diciembre de 2014, según acuse de recibo del Servicio de Correos que consta en el expediente.  
Catorce. Por el presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Alicante se presentó, en fecha 23 de diciembre de 2014, escrito de subsanación de su petición de 24 de julio de 2013, aportando el texto final de los Estatutos.  
Quince. Por el presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Alicante se presentó, en fecha 23 de diciembre de 2015, sendos escritos como ampliación al escrito presentado en fecha 23 de diciembre de 2014, adjuntando a los mismos el nuevo texto de los Estatutos, con las modificaciones y rectificaciones correspondientes.  
Dieciséis. El texto final de la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Alicante fue aprobado por la Asamblea General del Colegio el 28 de noviembre de 2015, según certificado del secretario del Colegio, con el visto bueno del presidente, de fecha 28 de noviembre de 2015.  
Diecisiete. El texto final de la modificación estatutaria, figura como anexo a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. Revisados los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Alicante estos contienen todas las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Segundo. Los Estatutos han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios Estatutos del Colegio.  
Tercero. El expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la citada Ley 6/1997, teniendo en cuenta lo previsto por la disposición final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 9 del Decreto 154/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.  
  
Vistos el artículo 36 de la Constitución y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de esta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, se dicta la siguiente resolución:  
  
Primero  
Inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Alicante.  
  
Segundo  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10, 14, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
Valencia, 7 de junio de 2016.- La directora general de Justicia: María Àngels García Vidal.  
  
  
Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores   
y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Alicante  
  
TÍTULO I  
Los Estatutos, el Colegio y sus miembros  
  
CAPÍTULO I  
Disposiciones generales  
  
Artículo 1. Ámbito de aplicación  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, y 6 de los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, aprobados por el Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, los presentes estatutos son de aplicación a los empleados públicos que formen parte de la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal, en sus diferentes subescalas de secretaría, intervención-tesorería y secretaría-intervención, que ocupen plazas o puestos de trabajo en las distintas corporaciones locales del territorio de la provincia de Alicante.  
Podrán formar parte asimismo quienes lleven a cabo las funciones reservadas a dicha escala como funcionarios interinos de la provincia de Alicante, con los derechos y obligaciones que se determinan en estos estatutos.  
  
Artículo 2. Denominación  
El colectivo de funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal de la provincia de Alicante se agrupa bajo la denominación de Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Alicante. En lo sucesivo solo se aludirá al Colegio.  
  
Artículo 3. Sede colegial  
La sede oficial del Colegio estará ubicada en la ciudad de Alicante; actualmente ocupa un local de su propiedad, sito en la calle Bailén 29, entresuelo izquierda.  
Artículo 4. Naturaleza y principios éticos del colegio  
1. El colegio es una corporación de derecho público, reconocido por la Constitución y amparado por el ordenamiento jurídico, con estructura y funcionamiento interno democráticos. Agrupa a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal de la provincia de Alicante y los demás descritos en el artículo 1 de estos Estatutos.  
2. Como tal corporación está sometida al derecho administrativo; salvo las cuestiones de índole civil o laboral, atribuidas a la jurisdicción ordinaria, así como las de personal contratado sometidas a la jurisdicción laboral.  
3. El Colegio velará porque la conducta profesional de los secretarios, interventores y tesoreros se rija, en todo momento, por el cumplimiento de valores éticos de actuación basados en la neutralidad política, defensa de los valores democráticos, servicio al interés público, lealtad, honestidad, honradez, imparcialidad, eficacia, eficiencia, profesionalidad, integridad, ejemplaridad, dedicación, diligencia, justicia, transparencia, cumplimiento de la legalidad y el respecto a los derechos humanos.  
4. El Colegio promoverá políticas de igualdad de género y se tenderá a la representación paritaria en todos sus órganos. Asimismo, velará por la asunción de nuevos valores éticos que faciliten el acercamiento a la ciudadanía y la modernización de la Administración para adaptarla a las nuevas demandas sociales, tales como la orientación al público, colaboración, información, diálogo y resolución de conflictos, trabajo en equipo e impulso de las nuevas tecnologías.  
  
Artículo 5. Personalidad jurídica  
1. El colegio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. En su organización y funcionamiento se encuentra sujeto al principio de transparencia en su gestión, gozando de plena autonomía en el marco de los Estatutos Generales y del propio Estatuto.  
2. El colegio, como representante de los colegiados y para la defensa de los intereses profesionales, podrá adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar y enajenar todo tipo de bienes, administrarlos y darles el destino que mejor convenga a los intereses profesionales y económicos.  
3. Podrá, asimismo, comparecer ante los tribunales y autoridades de los diferentes órdenes y grados de jerarquía para el ejercicio de acciones, excepciones y peticiones que crea conveniente en defensa de la profesión, de su patrimonio y, en general, de los derechos que dimanan de estos Estatutos y las disposiciones concordantes.  
  
Artículo 6. Fines  
1. Son fines esenciales del colegio:  
a) La colaboración con las Administraciones Públicas competentes en la ordenación de la profesión de secretario, interventor o tesorero de Administración Local.  
b) La realización de cuantas actuaciones redunden en la mejora y beneficios de los intereses generales de la ciudadanía destinataria de las funciones públicas reservadas a los secretarios, interventores y tesoreros de Administración Local.  
  
Artículo 7. Funciones  
Compete al Colegio, en su ámbito territorial, el ejercicio de las funciones consignadas en la legislación básica estatal y autonómica sobre colegios profesionales y, en particular, las siguientes:  
1) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y las especiales, los estatutos y reglamentos de régimen interior, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiados.  
2) Velar por el exacto cumplimiento de los deberes profesionales de los colegiados, por su ética y dignidad profesional.  
3) Tutelar y defender los derechos e intereses que afecten a la escala y subescalas y los de los funcionarios pertenecientes a las mismas, ostentar la representación y ejercer la defensa, en su ámbito, de unos y otros ante la administración, instituciones, tribunales y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales.  
4) Apoyar a las administraciones públicas competentes para que el ejercicio de la profesión se efectúe por los empleados públicos que la llevan a cabo, y especialmente por parte del personal colegiado, conforme a la normativa aplicable y al código ético existente para la misma.  
5) Aprobar sus estatutos, de conformidad con lo dispuesto en la respectiva legislación autonómica, sin perjuicio del previo informe del Consejo General sobre su adecuación a los Estatutos generales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.g del Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.  
6) Elaborar una memoria anual que contenga los extremos a que hace referencia la legislación básica de colegios profesionales.  
7) Conocer los recursos que se interpongan contra los acuerdos de sus órganos de gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo I del título IV de estos Estatutos.  
8) Mantener y estrechar la unión, compañerismo y armonía entre todas las personas colegiadas.  
9) Estimular y facilitar el perfeccionamiento profesional de las personas colegiadas bien sea directamente o colaborando con otros centros de investigación y formación; organizar actividades y servicios comunes de interés para el personal colegiado, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y análogos.  
10) Fomentar la proyección y capacitación profesional de los secretarios, interventores y tesoreros de administración local a través del mantenimiento del diálogo y la negociación con los poderes públicos, partidos políticos, sindicatos, federaciones de municipios y provincias y cualesquiera otras organizaciones municipalistas y de empleados públicos ya sean nacionales o internacionales; pudiendo establecer convenios de colaboración o, en su caso, integrarse en las mismas.  
11) Divulgar las disposiciones legales y las instrucciones y órdenes de las autoridades para el mejor conocimiento y cumplimiento por el personal colegiado, e informar a este de cuantas cuestiones puedan afectarles en el ámbito profesional.  
12) Impulsar, a través de publicaciones, conferencias y cuantos medios procedan, el estudio del derecho y técnicas de administración que afecten a los profesionales colegiados; así como colaborar, cuando sean requeridos, en la formación de las autoridades y cargos en relación con las materias propias de las funciones que ejerzan.  
13) Asesorar a las autoridades y corporaciones en las cuestiones relacionadas con la escala y subescalas, evacuando los informes, dictámenes y consultas pertinentes.   
14) Mantener relaciones permanentes de información y comunicación con los Consejos Autonómicos de Colegios y el Consejo General y especialmente facilitar a estos la información concerniente a las altas, bajas y cualesquiera otras modificaciones que afecten a los registros de colegiados para su conocimiento y anotación en los registros centrales de colegiados.  
15) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellas impuestas.  
16) Disponer de un servicio de atención a los usuarios que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas referidas a la actividad colegial o de las personas colegiadas se presenten por cualquier personal usuaria o profesional colegiada, así como por organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de intereses colectivos en los términos de la legislación básica sobre colegios profesionales.  
  
Artículo 8. Sistema normativo  
Sin perjuicio de su sujeción a la legislación reguladora de la función pública local, el Colegio se rige, en primer término, por la legislación básica estatal en materia de colegios profesionales y la autonómica dictada en su desarrollo, y de conformidad con estas, por el sistema normativo propio integrado por las siguientes disposiciones:  
a) Los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, aprobados por el Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo.  
b) Los Estatutos del Consejo Autonómico que se constituya, de acuerdo con la legislación autonómica.  
c) Los presentes Estatutos.  
d) El resto del ordenamiento jurídico en cuanto le sea aplicable.  
  
Artículo 9. Relaciones externas  
Por razón de la materia, sin perjuicio de la representación que, a nivel estatal, ostente el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, el Colegio Territorial de Alicante se relacionará:  
a) Con la Administración General del Estado a través del departamento ministerial competente en la materia.  
b) Respecto a la Comunitat Valenciana a través de la conselleria competente.  
c) En cuanto hace referencia al resto de España, se mantendrá estrecha relación de compañerismo y colaboración con el citado Consejo General, con los demás colegios territoriales y autonómicos. Se formalizarán, si es necesario, los correspondientes acuerdos entre los colegios interesados.  
  
Artículo 10. Ventanilla única  
1. El Colegio dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, quienes integran la profesión puedan, a través de un único punto, por vía electrónica, a distancia y de forma gratuita, realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el colegio territorial respectivo, presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la consideración de interesados, recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los expedientes, incluida la notificación de los disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios, ser convocados a las asambleas generales y poner en su conocimiento la actividad pública y privada de la organización colegial.  
2. La ventanilla única contendrá la información a que se refiere la legislación básica sobre colegios profesionales para la mejor defensa de los derechos de la ciudadanía destinataria de la actividad de los profesionales que agrupa la organización colegial, en especial el acceso al registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, administración pública de destino y situación administrativa, así como las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre un ciudadano y un colegiado o la organización colegial.  
  
CAPÍTULO II  
De los colegiados  
  
Artículo 11. Colegiación  
1. El colegio integrará a los empleados públicos que forman parte de la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, en sus diversas subescalas de, secretaría, intervención-tesorería y secretaría-intervención, que ejerzan las funciones reservadas a las mismas en administraciones locales de la provincia de Alicante. Podrán formar parte asimismo quienes lleven a cabo las funciones reservadas a dicha escala como funcionarios interinos en la provincia de Alicante.  
2. La colegiación tendrá carácter voluntario. Para la colegiación bastará con la incorporal al Colegio, y este dispondrá para ello de los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su petición por vía telemática. En el caso de que se previera cuota de inscripción, el importe de la misma no superará al de los costes de su tramitación.  
  
Artículo 12. Ámbito de colegiación  
Podrán formar parte voluntariamente del colegio las personas relacionadas en el artículo anterior que, teniendo o habiendo tenido alguna relación profesional en la provincia de Alicante, se encuentren en las situaciones siguientes:  
a) Que estén en situación administrativa de servicios especiales y mientras dure esta circunstancia.  
b) Al servicio de una comunidad autónoma.  
c) Excedentes en sus diferentes modalidades.  
d) Suspendidos de funciones.  
e) En expectativa de destino.  
f) Destituidas del cargo mientras dure esta situación.  
  
Artículo 13. Clases de colegiados  
1. Los colegiados pueden serlo a título de ejercientes, interinos, no ejercientes, jubilados o de honor.  
2. Serán colegiados ejercientes los funcionarios con habilitación de carácter estatal que:  
a) Se encuentren en situación de servicio activo en la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal.  
b) Ocupen puestos en las administraciones locales no reservados exclusivamente a funcionarios con habilitación de carácter estatal.  
c) Ocupen en su condición de funcionarios puestos en la Administración del Estado o en la Administración autonómica en los casos en que ello sea posible conforme a la normativa reguladora de la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal.  
3. Serán colegiados interinos quienes lleven a cabo las funciones reservadas a la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal bajo nombramiento interino.  
4. Serán colegiados no ejercientes aquellos funcionarios que perteneciendo a la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal no se encuentren en ninguno de los supuestos descritos en el apartado 2 anterior; o que habiendo pertenecido a dicha escala se encuentre en situación de jubilación.  
5. Podrán ser nombrados colegiados de honor las personas físicas o jurídicas que hayan contraído méritos profesionales o académicos respecto de los secretarios, interventores y tesoreros de Administración local, o en relación con la función pública en general. Asimismo, respecto de las administraciones públicas, o la organización colegial en general o de un colegio territorial en particular. También a quienes hayan destacado por su especial labor en interés de la ciudadanía, conforme a lo dispuesto en estos Estatutos.  
  
Artículo 14. Procedimiento de ingreso  
1. Producido el nombramiento para ocupar un puesto de trabajo de los reservados a los funcionarios con habilitación de carácter estatal, dentro del territorio de la provincia, el funcionario podrá solicitar la colegiación.  
2. El nombrado adquirirá automáticamente todos los derechos y contraerá todas las obligaciones establecidas en los presentes Estatutos desde el momento en que se produzca la colegiación.  
En ningún caso se podrá denegar la colegiación a los profesionales que reúnan los requisitos establecidos en los Estatutos.  
  
Artículo 15. Pérdida de la condición de colegiado  
1. La condición de colegiado se perderá por las siguientes causas:  
a) Defunción.  
b) Incapacidad legal.  
c) Baja voluntaria comunicada por escrito.  
2. La perdida de la condición de colegiado no librará del cumplimiento de las obligaciones vencidas.  
  
Artículo 16. Efectos de la suspensión o inhabilitación  
La suspensión o la inhabilitación del ejercicio profesional no comprenden necesariamente la pérdida de la condición de colegiado. La persona suspendida o inhabilitada podrá continuar perteneciendo al colegio, con la limitación de derechos que la causa o los acuerdos de suspensión o de la inhabilitación hayan producido.  
La suspensión o inhabilitación tendrá que comunicarse al Consejo General de Colegios y al Autonómico.  
  
Artículo 17. Domicilio de los colegiados  
Cada colegiado comunicará al colegio su domicilio para la notificación a todos los efectos colegiales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de estos Estatutos. Asimismo, el Colegio comunicará expresamente cualquier cambio de domicilio social.  
A falta de comunicación expresa a los meros efectos de colegiación, se reputará como domicilio el lugar en donde se ubique el puesto de trabajo.  
  
Artículo 18. Derechos de los colegiados  
a) Concurrir, con voz y voto, a las asambleas.  
b) Dirigirse a los órganos de gobierno formulando peticiones y quejas, y recabando información sobre la actividad colegial.  
c) Elegir y ser elegido para cargos directivos en las condiciones que señalen estos Estatutos.  
d) Requerir la intervención del Colegio, o su informe, cuando proceda.  
e) Ser amparado por el Colegio en cuanto afecte a su condición de funcionario.  
f) Disfrutar de las concesiones, beneficios, derechos y ventajas que se otorguen a los colegiados en general, para sí o para sus familias.  
  
Artículo 19. Obligaciones y deberes de los colegiados  
1. Son deberes generales de los colegiados:  
a) Someterse a la normativa legal y estatutaria, a las normas y usos propios de la deontología profesional y al régimen disciplinario colegial.  
b) Observar una conducta digna de su condición y del cargo que ejerza y desempeñar este con honradez, celo y competencia.  
c) Establecer, mantener y estrechar las relaciones de unión y compañerismo que deben existir entre todos los funcionarios que forman la escala.  
2. Son obligaciones especiales de los colegiados:  
a) Contribuir puntualmente al sostenimiento económico del colegio.  
b) Declarar en debida forma su situación administrativa y los demás actos que le sean requeridos en su condición de funcionario de Administración local con habilitación de carácter estatal, relativos a sus derechos y obligaciones colegiales.  
c) Acatar y cumplir los acuerdos que adopten los órganos corporativos en la esfera de su competencia.  
d) Comunicar al Colegio cuantas circunstancias de orden profesional sean requeridas para al cumplimiento de las funciones colegiales.  
  
Artículo 20. Incumplimiento de obligaciones económicas  
Si cualquier colegiado incurriese en mora, el presidente del Colegio le requerirá para que satisfaga su deuda en el plazo máximo de un mes. Si pasare otro mes desde el requerimiento sin que hiciese efectivo sus débitos colegiales, el colegiado moroso quedará automáticamente suspendido de los derechos que le reconoce el presente Estatuto. La suspensión se mantendrá hasta el debido cumplimiento de sus deberes económicos colegiales, sin perjuicio de su eventual reclamación judicial por la vía procedente.  
  
  
TÍTULO II  
Organización, funcionamiento y competencia  
  
CAPÍTULO I  
Organización interna  
  
Artículo 21. Organización básica  
Es competencia del Colegio establecer y regular su propia organización interna, cuyo organigrama básico se distribuye así:  
a) Asamblea general.  
b) Junta de gobierno.  
c) Presidencia.  
  
Artículo 22. Asamblea general  
1. La asamblea general de los colegiados es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio; se rige por los principios de participación igual y democrática de todos los colegiados. La participación en la asamblea será personal, pudiendo ser también por representación o delegación.  
2. Son competencias propias y exclusivas de la asamblea general:  
a) Aprobar los estatutos particulares y el Reglamento de Régimen Interior del Colegio, sin perjuicio de la facultad de la junta de gobierno para aprobar las correspondientes normativas de desarrollo.  
b) Aprobar en el mes de enero de cada año la memoria correspondiente al ejercicio vencido, que contendrá como mínimo la información que exige para la misma la legislación básica sobre colegios profesionales, además de la liquidación de los presupuestos y las cuentas de ingresos y gastos.  
c) Autorizar los actos de disposición de los bienes inmuebles propios y derechos reales constituidos sobre estos, así como de los restantes bienes patrimoniales propios que figuren inventariados como de considerable valor.  
d) Controlar la gestión de la junta de gobierno, recabando informes y adoptando, en su caso, las oportunas mociones.  
  
Artículo 23. Junta de gobierno  
1. La junta de gobierno es el órgano de administración y dirección del Colegio que ejerce las competencias que no estén reservadas a la asamblea general conforme al artículo anterior, ni asignadas específicamente por los Estatutos a otros órganos colegiales.  
2. A fin de garantizar la representación de las tres subescalas, la junta de gobierno se integra por 9 miembros, con la siguiente composición:  
1) Tres de la subescala de secretaría.  
2) Tres de la subescala de intervención-tesorería.  
3) Tres de la subescala de secretaría-intervención.  
3. Dentro de la subescala de intervención-tesorería están incluidas, además de las dos categorías de entrada y superior, el colectivo de interventores no integrados y tesoreros no integrados.  
4. Dentro de la subescala de secretaría-intervención están incluidos, además, los colectivos de secretarios de segunda no integrados, los secretarios de tercera no integrados y los secretarios de ayuntamiento a extinguir.  
5. La junta elegirá de entre sus miembros al presidente, vicepresidente, secretario, vicesecretario, interventor y tesorero. El resto de miembros de la junta de gobierno, tendrán la condición de vocales y desempeñarán las delegaciones que se les asignen.  
  
Artículo 24. El presidente  
1. El presidente ostenta la representación legal del Colegio, preside la asamblea general y junta de gobierno, velará por la debida ejecución de los acuerdos de ambas y, en los casos de urgencia, adoptará las medidas procedentes de las que dará cuenta al órgano competente.  
2. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del presidente, será sustituido, con plenas atribuciones, por el vicepresidente.  
3. Si por circunstancias especiales en un momento concreto no hubiera presidente y tampoco vicepresidente, debidamente nombrado para ejercer las funciones, quedará circunstancialmente habilitado como presidente el miembro de más edad de la junta de gobierno.  
  
Artículo 25. Otros órganos  
La junta de gobierno podrá acordar, además, la constitución y nombramiento de comisiones informativas, o colaboradoras, indicando sus funciones y régimen de trabajo. Igualmente podrá designar delegados comarcales, con las competencias que en cada caso se asignen.  
  
CAPÍTULO II  
Elección de miembros directivos  
  
Artículo 26. Convocatoria  
Las elecciones para la junta de gobierno se ajustarán al principio de libre e igual participación de los colegiados; salvo que el voto de los ejercientes tendrá doble valoración respecto de los no ejercientes. La convocatoria de las elecciones y las normas complementarias se acordarán por la junta de gobierno y se ejecutarán por el presidente del colegio. El anuncio de convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
Un ejemplar de la convocatoria y de los censos electorales, permanecerá expuesto en la sede del colegio a disposición y examen de los colegiados.  
  
Artículo 27. Duración del mandato  
Los cargos de la junta lo serán por un plazo de 4 años, transcurridos los cuales se renovarán, de acuerdo con las previsiones de los presentes Estatutos.  
Una vez tomada posesión, la baja en el servicio activo o el cambio de categoría o puesto de trabajo, no comportará el inmediato cese de la junta. La provisión de vacantes, antes de la expiración de mandatos, se ajustará al procedimiento descrito en el artículo 38.  
  
Artículo 28. Electores  
Serán electores todas las personas colegiadas con derecho a voto; tanto para ejercer el derecho a voto como, conforme a los Estatutos, como para presentar candidato. Pero será necesario que, en la fecha de la convocatoria de las elecciones, el colegiado no tenga deudas pendientes con el Colegio por cuotas colegiales puestas al cobro.  
La junta de gobierno elaborará el censo electoral referido al mismo día del acuerdo de convocatoria; los electores se agruparán según las subescalas descritas en el artículo 23. Si el colegiado pertenece a más una subescala, se optará por aquella en la que ocupe el puesto de trabajo.  
Artículo 29. Las candidaturas  
1. Las candidaturas estarán formadas por colegiados de las diferentes escalas y subescalas, con igualdad de género y representación paritaria.  
Las candidaturas completas han de ser presentadas, al menos, por dos colegiados de cada una de las subescalas, excluidos los propios candidatos.  
2. Para ser candidato o formar parte de una candidatura se requiere:  
a) Ser elector y pertenecer a una de las subescalas de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter estatal.  
b) Estar colegiado en Alicante.  
c) No estar inhabilitado o suspendido de colegiación.  
d) No tener pendiente de pago cuota ordinaria o extraordinaria.  
3. Dentro de los 15 primeros días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria y durante el habitual horario de apertura del Colegio, podrán presentarse en la sede colegial candidaturas para la elección.  
  
Artículo 30. Proclamación de candidatos  
1. A las 17.00 horas del quinto día laborable siguiente al de finalización del plazo de presentación de candidaturas, la junta de gobierno examinará y comprobará las presentadas, y la cualidad de los electores elegibles, de los proponentes y de los candidatos, y hará la proclamación de estos.  
A los candidatos que lo pidan, se les entregará certificación del acuerdo de proclamación. El citado acuerdo tendrá que incluir una relación nominal de las candidaturas y de los candidatos proclamados.  
2. La proclamación de candidatos equivale a la elección como miembro de la junta de gobierno en el caso de que la composición numérica de la candidatura presentada no exceda del número de vacantes y se adecue a las mismas. En tal supuesto, la Junta proclamará la elección.  
  
Artículo 31. Mesa electoral  
La junta de gobierno, el mismo día de la proclamación de candidatos, por insaculación elegirá a la mesa electoral, que estará formada por un representante de cada subescala.  
Será presidente de la mesa el de más edad y secretario el de menos edad, actuando los restantes como escrutadores. Juntamente con los titulares se designarán los suplentes necesarios.  
  
Artículo 32. Local y día de la votación  
La votación se celebrará en la sede del Colegio y tendrá una duración de tres horas a partir de la hora de comienzo que indique la junta de gobierno en el acto de la convocatoria.  
La votación se celebrará el día que determine la junta, entre los 30 y los 40 días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
Los candidatos proclamados tendrán derecho a presenciar todas las operaciones electorales por ellos mismos o por medio de apoderados; a nombrar un interventor y un suplente; a formular reclamaciones que será necesario hacer constar en acta; y a formular los recursos que crean convenientes.  
  
Artículo 33. Votaciones e incidencias  
1. Una vez proclamados los candidatos, se formará una lista, ordenada alfabéticamente, por subescalas, categorías y puestos de trabajo.  
El voto se ejercerá personalmente o por correo, de acuerdo con las normas electorales complementarias al efecto para garantizar su autenticidad. La votación será secreta y cada elector podrá elegir por cada grupo a tantos candidatos como puedan integrarse en la junta de gobierno.  
2. Serán nulas las papeletas que contengan cualquier inscripción diferente a las marcas con que se tengan que indicar los candidatos escogidos, así como aquellas que contengan más de dos marcas o figuren como elegidos más candidatos de los que corresponden a cada grupo.  
3. El presidente de la mesa tendrá plenas atribuciones para mantener el orden del acto de las elecciones, y para resolver, en primera instancia, las reclamaciones, dudas o incidentes que puedan presentarse.  
  
Artículo 34. Escrutinio  
El escrutinio será realizado por la mesa electoral nombrada de conformidad con los Estatutos y las normas complementarias. La mesa, que con estos efectos tendrá la condición de junta electoral, hará la proclamación de los elegidos entre los que hayan obtenido mayor número de votos válidos.  
Todas las resoluciones que adopte el presidente o la mesa, en los casos establecidos en los presentes Estatutos, podrán ser objeto de recurso en el plazo de dos días hábiles ante de la junta de gobierno.  
  
Artículo 35. Recursos electorales  
Contra los actos de la junta de gobierno procederán, si es necesario, los recursos establecidos en el artículo 109 y concordantes de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio.  
  
Artículo 36. Posesión de los cargos  
1. Los cargos electos tomarán posesión en la sede del Colegio, en reunión extraordinaria convocada por el presidente de la junta de gobierno cesante.  
Se entregará a cada posesionado la credencial acreditativa de su elección, posesión, cargo asignado y duración del mismo.  
El acto de posesión se realizará en el plazo máximo de 15 días, a partir de la proclamación de los elegidos por la mesa electoral.  
2. Si la candidatura no indicara los respectivos cargos a desempeñar, los posesionados procederán a elegir entre ellos un presidente, vicepresidente, secretario, vicesecretario, interventor y tesorero.  
Todos los miembros de la candidatura pueden ser candidato a los cargos de la junta, tan solo se requiriere la mayoría de los votos.  
3. Una vez tomada posesión del cargo, la baja en el servicio activo de la provincia, el cambio de categoría comportará el cese automático de miembro de la junta. La vacante o vacantes se cubrirán conforme a lo dispuesto en el artículo 38.  
4. Con la toma de posesión del nuevo presidente, cesa automáticamente el anterior y su junta de gobierno.  
En el plazo de cinco días desde la constitución de la junta de gobierno el presidente deberá comunicar la composición al Consejo General, Consejo Autonómico Valenciano, al órgano competente de la Comunitat Valenciana y al departamento ministerial correspondiente.  
  
Artículo 37. La moción de censura  
1. La moción de censura a la junta de gobierno se presentará por escrito con exposición de motivos y propuesta de candidatura, dirigido a la presidencia y firmado, al menos, por el 25 por 100 de los electores. Se expondrán los motivos en los que se funda y la propuesta de candidatura.  
El presidente, en el plazo de un mes, ha de convocar asamblea general extraordinaria y esta celebrará sesión dentro de los treinta días naturales a la fecha de la convocatoria.  
2. Para que prospere la moción ha de ser aprobada por la mayoría absoluta legal de los miembros que integran la asamblea general.  
Si la moción de censura es aprobada, la candidatura propuesta queda automáticamente proclamada y sus miembros integran la nueva junta de gobierno. En el supuesto de no ser aprobada, los colegiados que la firmaron no podrán presentar otra dentro del mismo mandato.  
  
Artículo 38. Ceses y provisión de vacantes  
1. Los miembros de la junta cesarán por alguna de las siguientes causas:  
a) Expiración de mandato  
b) Renuncia motivada del mismo.  
c) Sanción disciplinaria por falta grave o muy grave, o sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.  
d) Pérdida de la condición de colegiado por traslado a otra provincia, en virtud de nombramiento de cualquier clase.  
e) Por excedencia voluntaria.  
f) Moción de censura.  
2. Cuando, antes de expirar el mandato, se produzca una o varias vacantes de miembros de la junta o la cuarta parte del censo electoral correspondiente a una subescala o categoría alegue estar sin representación, se podrá formular propuesta escrita de colegiado o colegiados para completar la junta; esta se incluirá en el orden del día de la primera sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar por la asamblea general. Quedará elegido el colegiado o la candidatura que hubiere obtenido mayor número de votos; los empates se dirimirán a favor del candidato o cabeza de candidatura de más edad.  
Los miembros de la junta elegidos tomarán posesión inmediata de los cargos y permanecerán en ellos hasta el final del mandato de la propia junta.  
  
CAPÍTULO III  
Funciones y atribuciones  
  
Artículo 39. Asamblea general  
Son competencias propias y exclusivas de la asamblea general:  
a) Aprobar los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior del Colegio, sin perjuicio de la facultad de la junta de gobierno para aprobar las correspondientes normativas de desarrollo.  
b) Aprobar anualmente la memoria del ejercicio anterior, que contendrá como mínimo la información exigida para la misma por la legislación sobre colegios profesionales, además de la liquidación de los presupuestos y las cuentas de gastos e ingresos.  
c) Autorizar los actos de disposición de los bienes inmuebles propios y derechos reales constituidos sobre estos, así como de los restantes bienes patrimoniales propios que figuren inventariados como de considerable valor.  
d) Controlar la gestión de la junta de gobierno, recabando informes y, en su caso, adoptar las oportunas mociones.  
e) Ejercer las competencias que estos Estatutos le otorgan.  
  
Artículo 40. De la junta de gobierno  
La junta de gobierno tendrá las atribuciones y facultades siguientes:  
l) Determinar el régimen interior del Colegio y sus oficinas.  
2) Acordar las peticiones, propuestas e informes que sean necesarios enviar a autoridades u organismos oficiales.  
3) Designar delegados comarcales.  
4) Designar ponencias o comisiones, temporales o permanentes para estudiar, informar o intervenir en la redacción de proyectos e informes, o bien en el estudio de cuestiones de interés colegial.  
5) Conceder ayudas, dentro de los créditos presupuestados.  
6) Acordar los actos de contratación y disposición necesarios, dentro de los créditos presupuestados.  
7) Formar la plantilla, y si es necesario, los escalafones de personal de Colegio y nombrarlo, sancionarlo y separarlo de acuerdo con las disposiciones vigentes.  
8) Aprobar los presupuestos, sus modificaciones y visar las cuentas.  
  
9) Determinar las cuotas colegiales de todo tipo, dentro de los límites aprobados por la asamblea general.  
10) Proponer la modificación de estos Estatutos a la asamblea.  
11) Perseguir el intrusismo ante los tribunales competentes y evitar la competencia desleal.  
12) Adoptar cualquier resolución urgente en defensa de los intereses del Colegio o de algún colegiado, sin perjuicio de dar cuenta a la asamblea en la primera sesión que se celebre.  
13) Decidir respecto a la admisión de miembros voluntarios del colegio.  
14) Aprobar el censo colegial y sus modificaciones.  
15) Aprobar los padrones de cuotas y sus modificaciones.  
16) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados de acuerdo con la normativa contenida en estos Estatutos, y nombrar instructor del expediente o ratificar, en su caso, el designado por la presidencia.  
17) Proponer el nombramiento de miembros de honor del Colegio u otra distinción honorífica.  
18) Determinar las entidades bancarias o de ahorros donde se abran las cuentas corrientes o de ahorros del colegio.  
19) Velar muy especialmente el cumplimiento por parte de los colegiados de las obligaciones generales y especiales que les corresponden según el artículo 19 de estos Estatutos.  
  
Artículo 41. El presidente  
Corresponde al presidente como órgano rector del Colegio las atribuciones y facultades siguientes:  
l) Tener, en todo momento, la representación plena del Colegio ante toda clase de autoridades, organismos, tribunales, entidades, corporaciones y particulares.  
2) Convocar, presidir, abrir y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta de gobierno y de la asamblea, canalizar las deliberaciones y evitar que se traten otros asuntos que no figuren en el orden del día.  
3) Ejecutar los acuerdos de la junta y de la asamblea.  
4) Adoptar en caso de urgencia las resoluciones provisionales necesarias, y dar cuenta al órgano competente en la primera sesión que se celebre.  
5) Designar representantes del Colegio para tribunales, comisiones y organismos.  
6) Disponer la incoación de expedientes disciplinarios, decretar la suspensión preventiva del personal al servicio del Colegio e imponer, si es necesario, la sanción de apercibimiento.  
7) Amonestar a los colegiados que incumplan sus deberes.  
8) Ordenar el pago con cargo a los fondos colegiales.  
9) Disponer de fondos junto con el interventor o el tesorero.  
10) Decidir qué tramitación se tiene que dar a los asuntos para su mejor y diligente trámite.  
11) Velar para el exacto cumplimiento de las disposiciones legales que afecten a las profesiones de los colegiados, y de lo que se prevé en estos Estatutos.  
12) Decidir con voto de calidad los empates que se produzcan en cualquier tipo de votación si lo considera conveniente.  
13) Asistir en representación del colegio a las reuniones del Consejo General en pleno del Colegio Nacional y a las del Consejo de Colegios de la Comunitat Valenciana, así como a las reuniones de las entidades y organismos de la profesión, dentro y fuera de la comunidad autónoma, y poder delegar esta representación a cualquier otro miembro de la junta de gobierno.  
14) Con carácter residual, todas la no atribuidas expresamente a la presidencia o bien a la asamblea general o la junta de gobierno.  
  
Artículo 42. Competencia del secretario  
Son funciones esenciales del secretario  
a) Llevar los libros de actas, que reflejarán con exactitud las reuniones de los distintos órganos colegiales.  
b) Recibir y tramitar cuantos documentos entren, dando cuenta al presidente.  
c) Autorizar, con el visto bueno del presidente, las credenciales de los cargos directivos y del personal empleado del Colegio, con referencia a los correspondientes acuerdos de designación.  
d) Expedir con el visto bueno del presidente, certificaciones de extremos que obren en documentos confiados a su custodia.  
e) Formular la memoria anual sobre el desenvolvimiento del Colegio, para conocimiento general conocimiento de los distintos órganos del mismo.  
f) Dirigir y vigilar los registros y ficheros de colegiados, procurando que se hallen siempre al día.  
  
Artículo 43. Funciones del interventor  
Compete al interventor:  
a) Redactar el anteproyecto de presupuesto del colegio.  
b) Expedir los mandamientos de pagos e ingresos que, con arreglo al presupuesto, acuerdos y resoluciones adoptados, procedan.  
c) Proponer al presidente los proyectos de habilitación de créditos o suplementos e incrementos de ingresos, cuando sea necesario.  
d) Llevar los libros de contabilidad correspondientes.  
e) Formular la memoria anual sobre la situación económica del Colegio.  
f) Expedir certificaciones con referencia a los documentos cuya custodia le compete.  
g) Disponer de fondos junto con el presidente o el tesorero.  
  
Artículo 44. Funciones del tesorero  
Compete al tesorero:  
a) Custodiar los fondos que le estén encomendados.  
b) Efectuar los pagos y cobros, con los requisitos debidos.  
c) Verificar los arqueos que el presidente estime necesarios.  
d) Llevar cuantos libros le permitan el mejor desempeño de su función.  
e) Disponer de fondos junto con el presidente o el interventor.  
  
Artículo 45. Competencias del vicepresidente y de los vocales  
El vicepresidente o, en su caso, los vicepresidentes sustituirán al presidente en las ausencias legales y ejercerán las competencias que se le deleguen.  
Los vocales ejercerán los cometidos que se les encomiende por la asamblea general, la junta de gobierno o el presidente.  
  
CAPÍTULO IV  
El funcionamiento de los distintos órganos  
  
Artículo 46. La presidencia  
1. El presidente del colegio se considera en función permanente, desde la toma de posesión y hasta su cese.  
2. En ausencia del presidente, asumirá la presidencia, con plenitud de funciones, el vicepresidente o el miembro de más edad de la junta de gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 y concordantes de los Estatutos.  
  
Artículo 47. Las reuniones de la asamblea general  
La asamblea se reunirá ordinariamente una vez en los meses de octubre a diciembre de cada año. Con carácter extraordinario, cuando lo decida el presidente o a iniciativa de la tercera parte de los colegiados.  
  
Artículo 48. De la junta de gobierno  
La junta de gobierno se reunirá con carácter ordinario cada trimestre y, con carácter extraordinario, cuando lo decida el presidente o a iniciativa de la tercera parte de la misma.  
  
Artículo 49. Convocatorias  
1. Toda reunión será objeto de previa convocatoria individual, que contendrá el orden del día de los asuntos a tratar.  
2. Todas las convocatorias de la junta de gobierno se cursarán con cuarenta y ocho horas de antelación; salvo las declaradas de urgencia, que serán sometidas a su posterior ratificación por la misma junta.  
3. La convocatoria de la asamblea general se notificará con 15 días de antelación; salvo las declaradas de urgencia por el presidente o la junta de gobierno, que serán sometidas a su posterior ratificación por la misma asamblea.  
  
Artículo 50. De las sesiones  
1. Para celebrar válidamente sesiones la asamblea o la junta de gobierno será precisa la asistencia del presidente y del secretario, o de quienes legalmente les sustituyan.  
2. En las sesiones extraordinarias solo se podrán tratar los asuntos incluidos en el orden del día.  
Los asuntos, primero, serán discutidos y, después, votados. En las discusiones se concederá, cuando menos, dos turnos a favor y dos en contra; pero no consumirán turno el presidente y, si lo hubiere, el ponente.  
3. Los acuerdos se adoptarán, en primera votación, por mayoría absoluta legal y, por mayoría simple, en segunda votación, la cual se celebrará seguidamente, salvo que fuere necesaria la unanimidad o un quórum especial.  
  
Artículo 51. De las actas  
De toda reunión se levantará el acta correspondiente, que será autorizada por la firma del secretario y el visto bueno del presidente.  
Las actas se transcribirán mecánicamente en libros independientes para la asamblea y la junta, en hojas timbradas, foliadas y diligenciadas debidamente.  
  
Artículo 52. Gastos de funcionamiento  
Los miembros de la junta de gobierno, cuando por esta condición hayan de desplazarse de la localidad en la que residen, tendrán derecho a dietas y al abono de gastos de viaje, con cargo a los fondos del Colegio.  
  
  
  
CAPÍTULO V  
El personal del Colegio  
  
Artículo 53. La plantilla  
1. El Colegio podrá adscribir al servicio personal retribuido en cualquiera de las modalidades establecidas para las entidades locales.  
2. El régimen del personal, su nombramiento, sanción y separación, con arreglo a las disposiciones vigentes, será de la competencia de la junta de gobierno; no obstante, el presidente podrá ordenar, cuando procediere, la incoación de expedientes disciplinarios, decretar la suspensión preventiva e imponer la sanción de apercibimiento.  
3. El personal adscrito con la condición de funcionario se regirá por las normas vigentes para los funcionarios de Administración local.  
4. Las cuestiones de personal serán resueltas por la junta de gobierno, previa audiencia del interesado, y contra dichas resoluciones este podrá hacer uso de los recursos jurisdiccionales procedentes.  
  
  
TÍTULO III  
Régimen económico y presupuestario  
  
CAPÍTULO I  
Régimen económico  
  
Artículo 54. El patrimonio  
El patrimonio del colegio lo integran el conjunto de todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones de su pertenencia. Por secretaría se redactará el oportuno inventario, que se revisará anualmente.  
  
Artículo 55. El presupuesto  
El régimen económico del Colegio es presupuestario, que será único para cada ejercicio, coincidente con el año natural. El presupuesto comprenderá la totalidad de ingresos y gastos del colegio durante el ejercicio en cuestión.  
El proyecto de presupuesto, con la antelación suficiente, se redactará por el interventor y se informará por la junta de gobierno. Deberá ser aprobado por la asamblea general antes del inicio del año de su aplicación; en su defecto, se considerará tácitamente prorrogado el vigente.  
El colegio enviará copia literal certificada de sus presupuestos al Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local.  
  
Artículo 56. La contabilidad  
1. Las cuentas se llevarán con arreglo a las normas de contabilidad corriente, con la máxima claridad y los debidos justificantes para su mejor y más rápida fiscalización.  
2. Todas las cuentas irán explicadas en la memoria redactada por el interventor de la junta de gobierno con indicación de cuantos aspectos y conceptos lo requieran.  
  
CAPÍTULO II  
Los recursos económicos  
  
Artículo 57. Recursos económicos  
Los colegios dispondrán de los siguientes recursos económicos:  
a) El importe de las cuotas que satisfagan los colegiados.  
b) Las rentas, productos e intereses de su patrimonio.  
c) Las donaciones, legados, herencias y subvenciones de los que el Colegio pueda ser beneficiario.  
d) Las aportaciones, en su caso, de entidades públicas.  
e) El rendimiento de los servicios o prestaciones derivadas del ejercicio de funciones colegiales, incluidas las publicaciones.  
f) Los beneficios de sus contratos y conciertos con entidades públicas o particulares.  
g) Los que por cualquier otro concepto procedieren conforme a la normativa aplicable.  
  
Artículo 58. Las cuotas  
Las cuotas que, para el sostenimiento del colegio, vienen obligados a satisfacer los colegiados, serán de dos clases: las ordinarias y las extraordinarias.  
  
Artículo 59. Cuotas ordinarias  
1. Las cuotas ordinarias son anuales, salvo las de los colegiados de nueva incorporación o ingreso colegial, cese o jubilación, en cuyos casos se fraccionarán trimestralmente. La cuantía se determinará de conformidad con las siguientes reglas:  
a) Para los colegiados ejercientes, 1 por 100, como mínimo, del sueldo anual, sea cual fuere la situación administrativa en que se hallen en la subescala correspondiente. A estos efectos, se considera sueldo anual la cuantía que en concepto de salario base se prevea para cada ejercicio en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para el grupo A, subgrupo A1, de los relacionados en el Estatuto Básico del Empleado Público.  
b) Para los colegiados interinos, el 0,25 por 100 del respectivo sueldo base.  
c) Para los colegiados voluntarios, en situación de excedencia voluntaria, hasta el 0,10 por 100 del sueldo que corresponda a la subescala a que pertenecen.  
d) Para los restantes colegiados voluntarios que, a título de no ejercientes, figuren incorporados al Colegio, se estará a lo dispuesto al respecto por la asamblea general.  
2. Quienes se hallen en expectativa de destino estarán exentos durante el tiempo que dure esta situación.  
3. Las variaciones en la cuota ordinaria tendrán efectos desde el día en que el funcionario haya pasado a distinta situación administrativa o a disfrutar nuevo sueldo.  
  
Artículo 60. Cuotas extraordinarias  
Las cuotas extraordinarias deberán ser acordadas por la asamblea general del colegio, con las limitaciones que en su caso se establezcan con motivo de la aprobación del presupuesto. En todo caso, el importe no excederá de la cuota ordinaria anual del ejercicio.  
  
Artículo 61. Recaudación de cuotas  
1. La cuota anual se fraccionará en cuatro plazos de igual cuantía, coincidentes con los trimestres naturales del correspondiente año. Los recibos se confeccionarán mecánicamente a recaudar, por medio de entidad de ahorros o crédito, desde la segunda quincena del primer mes de cada período.  
2. Todos los colegiados comunicarán a la secretaria del colegio los datos de la domiciliación bancaria a cuya cuenta se remitirán los recibos.  
3. Cuando un colegiado incurriese en mora, el presidente le requerirá para el pago de la deuda en el plazo máximo de un mes. Si advertido de la mora, transcurriese otro mes sin hacer efectivo sus débitos colegiales, el colegiado moroso quedará automáticamente suspendido de los derechos que le otorgan los presentes Estatutos.  
La suspensión se mantendrá hasta el cumplimiento de sus deberes económicos colegiales, sin perjuicio de la reclamación judicial por la vía procedente.  
  
Artículo 62. Aportaciones  
El Colegio efectuará aportaciones económicas al Consejo General y al Consejo Autonómico en los términos que preceptúan los respectivos Estatutos.  
  
  
TÍTULO IV  
Procedimiento y régimen jurídico  
  
CAPÍTULO I  
Régimen jurídico de los acuerdos y disposiciones corporativas  
  
Artículo 63. Régimen jurídico  
El colegio ajustará su actuación a las normas de derecho administrativo y, en especial, a la normativa que en cada momento se encuentre vigente sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, salvo en sus relaciones laborales o civiles, en los que quedarán sujetos al régimen jurídico correspondiente.  
  
Artículo 64. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad  
1. Son nulos de pleno derecho cualesquiera actos del Colegio en los casos siguientes:  
a) Los que lesionen los derechos y libertadas susceptibles de amparo constitucional.  
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.  
c) Los que tengan un contenido imposible.  
d) Los que sean constitutivos de infracción penal.  
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiales, según lo dispuesto en los Estatutos.  
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.  
2 Son anulables los restantes actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.  
  
Artículo 65. Ejecución de los actos  
1. Los actos y resoluciones del colegio serán ejecutivos cuando estén sujetos a derecho administrativo.  
2. Cuando el colegio, en algún supuesto concreto, no disponga de capacidad propia, ni de medios para la ejecución forzosa de sus propios actos administrativos, los pondrán en conocimiento de la conselleria de adscripción. A tal efecto, recabará el auxilio ejecutivo necesario para la ejecución forzosa de sus actos administrativos.  
  
Artículo 66. Impugnación de actos y resoluciones  
1. Los actos y disposiciones del Colegio, cuando estén sujetos al derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativo que hubiere, serán impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora.  
  
2. Con carácter previo a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, los actos y resoluciones del Colegio podrán recurrirse en alzada en el plazo de un mes ante el Consejo Autonómico Valenciano o, en tanto no se haya constituido, ante el Consejo General.  
  
Contra los actos y normas emanadas del Consejo Autonómico Valenciano podrán plantearse los recursos corporativos que prevean expresamente sus Estatutos.  
  
Artículo 67. Delegación de firma y encomiendas de gestión  
1. Los titulares de la organización colegial, en materia de su propia competencia, podrán delegar la firma de determinados actos en la unidad administrativa dependiente, excluidos los de carácter sancionador. La delegación no alterará la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.  
2. También se podrá encomendar, libremente, a personas físicas o jurídicas, la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios, de la competencia colegial. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de su competencia, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.  
  
CAPÍTULO II  
Honores y distinciones  
  
Artículo 68. Honores y méritos   
1. Podrán ser nombrados colegiados de honor aquellas personas físicas o jurídicas que hayan contraído méritos profesionales o académicos respecto a los secretarios, interventores o tesoreros de Administración local, o en relación a la función pública en general. Asimismo, respecto a las administraciones públicas, o la organización colegial en general o de un colegio territorial en particular. También a quienes hayan destacado por su especial labor en interés de la ciudadanía, todo ello de conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos.  
2. Los colegiados que, en el desempeño de plaza de funcionario de administración local con habilitación de carácter estatal, se hayan distinguido por su dedicación, rendimiento, innovación u otras causas de interés general para la Administración local, son merecedores de general reconocimiento por parte del colegio.  
Se consideran actos dignos de mención o reconocimiento del colegio:  
1.º Ser o haber sido colegiado durante más 20 años ininterrumpidos o acumulados en varias ocasiones.  
2.º El desempeño con dedicación y general estima de los cargos de presidente u otro de la junta de gobierno durante un mandato completo.  
3.º Haber ejercido una misma plaza de habilitación estatal de la provincia de Alicante al menos durante 15 años. También por el desempeño sucesivo de varias plazas de la provincia durante más de 25 años.  
4.º Haber obtenido de una corporación local de la provincia de Alicante un reconocimiento oficial por su entrega, dedicación, innovación o estima general.  
5.º Ser autor de libros, trabajos o colaboraciones en revistas profesionales sobre temas generales o específicos de Administración local.  
6.º Haber coordinado u organizado cursos homologados de formación personal, así como la habitual participación como ponente de los cursos de formación o de jornadas informativas y mesas redondas.  
7º Haber prestado servicios a la Administración local durante más de 35 años.  
8º Cualquier otro trabajo o dedicación especial sobre temas locales o de interés preferente para el Colegio, no comprendidos en los números anteriores y que a criterio de la junta de gobierno o a propuesta de 10 colegiados, deban ser objeto de reconocimiento y distinción colegial.  
  
Artículo 69. Las distinciones  
1. Los colegiados que se hayan destacado, realizado, promovido o colaborado de manera perceptible en alguno de los hechos relacionados en el artículo anterior, deben ser objeto de expediente honorífico y reconocido con alguna o más de las distinciones siguientes:  
1.º Concesión de los títulos de honor de presidente, vicepresidente, secretario, vocal o similar del colegio.  
2.º Placa de oro o plata.  
3.º Insignia colegial de oro o plata.  
4.º Petición de la medalla de San Raimundo de Peñafort, del Trabajo u otras de adecuadas de carácter estatal.  
5.º Petición de medalla u otra distinción honorífica de la Comunitat Valenciana o de la provincia de Alicante.  
2. La asamblea general, por mayoría absoluta y con expediente motivado, también podrá conceder las pertinentes y adecuadas distinciones honoríficas a personas físicas o jurídicas que hayan colaborado o prestado asesoramiento o ayuda altruistas al colegio o, de modo muy especial, a algún colegiado o grupo colegial.  
  
Artículo 70. Competencia  
1. El expediente honorífico se iniciará por escrito motivado y propuesto por la junta de gobierno o, al menos, 10 colegiados. El presidente dará traslado de la propuesta a todos los colegiados, los cuales durante el plazo de 10 días naturales podrán presentar alegaciones o sugerencias.  
2. La asamblea general, en sesión ordinaria o extraordinaria, resolverá sobre la propuesta. La aprobación requiere la mayoría absoluta de los miembros asistentes.  
3. El acuerdo se notificará, en primer lugar, al colegiado distinguido.  
La distinción se entregará, a ser posible, en acto público a celebrar en la sede colegial.  
4. En su caso se comunicará al departamento ministerial y a la conselleria que tuvieren competencia en asuntos de personal de habilitación estatal.  
5. Cuando el colegiado distinguido se encuentre en situación activa o en la distinción se haya tenido en cuenta acuerdo o petición de una corporación, se dará cuenta de la resolución.  
  
CAPÍTULO III  
Régimen disciplinario  
  
Artículo 71. Potestad sancionadora  
El colegio ejercerá la potestad sancionadora para corregir las acciones y omisiones que realicen los profesionales, en el orden profesional y colegial, que se definen en los presentes Estatutos o en el Código Deontológico aprobado por el Consejo General de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local.  
  
Artículo 72. Competencia sancionadora  
Las infracciones cometidas por los colegiados serán corregidas por la junta de gobierno del colegio o, en su caso, por el presidente.  
Las infracciones de los deberes profesionales y colegiales por parte de los miembros de las juntas de gobierno del colegio, serán corregidas por el Consejo General de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local, sin perjuicio de la legislación aplicable.  
  
Artículo 73. Tipificación de infracciones  
Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.  
1. Serán faltas leves:  
a) La desconsideración hacia los compañeros, tanto en relación con la actividad de carácter colegial como profesional.  
b) Los actos de desconsideración hacia los miembros de la junta de gobierno, Consejo Autonómico o Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local  
2. Son faltas graves:  
a) La desconsideración grave hacia los compañeros tanto en relación con la actividad de carácter colegial como profesional.  
b) Los actos graves de desconsideración hacia los miembros de la junta de gobierno, Consejo Autonómico o Consejo General de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local.  
c) La desatención a los cargos colegiales como consecuencia de la falta de asistencia no justificada.  
d) La obstaculización al ejercicio de los derechos de acceso a los cargos y a los puestos reservados a los funcionarios de las tres escalas.  
e) Realizar actuaciones encaminadas a favorecer, amparar o tolerar el intrusismo.  
f) La realización de actividades ilegales que pueden perjudicar gravemente a la imagen, consideración social o profesional, o al prestigio de los colegiados o de la organización colegial.  
g) La infracción de los deberes generales y obligaciones especiales a los que se refiere el artículo 18 de los Estatuto General de Colegios de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local.  
3. Son faltas muy graves:  
a) La desatención grave a los cargos colegiales como consecuencia de la falta de asistencia no justificada.  
b) El falseamiento o inexactitud grave de la documentación profesional, y la ocultación o simulación de datos que el Colegio debe conocer para ejercitar sus funciones o para el reparto equitativo de los cargos colegiales.  
c) Confeccionar baremos a medida propia.  
d) Imposibilitar el acceso a una plaza que se ostenta en régimen de acumulación.  
e) El ejercicio ilegal de funciones reservadas a funcionarios de la escala.  
f) La connivencia con los órganos competentes de la corporación local en el mantenimiento ilegal de la categoría o la reclasificación de una plaza en aras de intereses particulares, cuando dicha ilegalidad haya sido declarada por sentencia judicial firme.  
g) Toda actuación profesional que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social.  
  
Artículo 74. Tipificación de sanciones  
Podrán imponerse las siguientes sanciones:  
a) Apercibimiento privado.  
b) Suspensión en la condición de colegiado hasta seis meses.  
c) Separación del cargo colegial de un mes a un año.  
d) Separación del cargo colegial durante el período del mandato en curso.  
e) Separación del cargo colegial durante el período del mandato en curso y declaración de incapacidad para el siguiente.  
f) Suspensión en la condición de colegiado desde seis meses y un día hasta dos años.  
  
Artículo 75. Correspondencia entre infracciones y sanciones  
1. Para las faltas leves, se aplicará la sanción prevista en la letra a) del artículo anterior. Para las faltas graves, las sanciones enumeradas en las letras b a c, y para las faltas muy graves, las sanciones determinadas en las letras d a f.  
2. En la imposición de estas sanciones se deberá guardar la debida proporción entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Se considerarán especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:  
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.  
b) La naturaleza de los perjuicios causados.  
c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.  
d) Negligencia profesional inexcusable.  
e) Obtención de lucro ilegítimo merced a la actuación ilícita.  
  
Artículo 76. Prescripción y cancelación  
Las infracciones leves prescriben a los seis meses; las graves, al año; y las muy graves, a los dos años.  
Las sanciones leves prescriben a los seis meses; las graves, al año; y las muy graves, a los dos años.  
Los plazos de prescripción de las infracciones comenzarán a contar desde la comisión de la infracción; los de las sanciones desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. La prescripción de las infracciones se interrumpirá por cualquier acto colegial expreso y manifiesto dirigido a investigar la presunta infracción. La realización de cualquier acto colegial expreso y manifiesto de ejecución de la sanción interrumpirá, el plazo de prescripción de la misma.  
La cancelación supone la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos. Las sanciones leves se cancelarán al año; las graves, a los dos años; y las muy graves, a los cuatro años, a contar desde el cumplimiento de las sanciones.  
  
Artículo 77. Rehabilitación  
El sancionado podrá pedir al órgano sancionador su rehabilitación, con la consecuente cancelación de la nota en su expediente personal.  
  
Los plazos de rehabilitación, una vez cumplida la sanción, serán los siguientes:  
1. Por faltas leves, a los 6 meses.  
2. Por faltas graves, a los 2 años.  
3. Por faltas muy graves, a los 4 años.  
  
Artículo 78. Procedimiento sancionador  
1. No se podrá imponer ninguna sanción colegial sin instrucción previa de expediente disciplinario. El procedimiento sancionador a seguir para depurar la eventual responsabilidad disciplinaria, se ajustará, en todo caso, a los principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador consagrados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y normas que la desarrollan.  
2. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, mediante acuerdo o resolución del órgano competente, con indiferencia del modo por el que haya tenido conocimiento de los hechos.  
3. Antes de iniciar el procedimiento, podrán realizarse diligencias previas encaminadas a determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciativa. Estas actuaciones se orientarán, de modo especial, a determinar con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurren en uno y otros. Estas actuaciones previas no forman parte del expediente y, por ello, no interrumpen el plazo de la prescripción. En todo caso, estas actuaciones previas deberán ser acordadas por la junta de gobierno.  
4. Será preceptiva la apertura de expediente en todo procedimiento sancionador. La junta de gobierno designará libremente, de entre los colegiados, al instructor y al secretario del mismo.  
  
Artículo 79. Resolución del expediente  
Nadie podrá ser sancionado por hechos no tipificados en estos Estatutos, ni ser objeto de sanción diferente a las previstas en los mismos.  
El instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, que comprenderá los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones que puedan ser de aplicación. Se notificará al interesado para que pueda contestar las alegaciones que considere convenientes, con la aportación de cuantos documentos y propuestas de prueba considere de interés.  
Concluida la prueba, el instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución, que se notificará a efecto de que pueda formular alegaciones; después se elevará lo actuado a la junta de gobierno para que dicte la resolución final, que ha de estar motivada.  
Artículo 80. Recursos corporativos contra las sanciones  
Las resoluciones del presidente y de la junta de gobierno serán recurribles en alzada, en el plazo de 15 días ante la asamblea general del Colegio, sin perjuicio de la legislación aplicable a la impugnación previa y potestativa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en su caso.  
  
CAPÍTULO IV  
Modificación de estatutos  
  
Artículo 81. Modificación de los estatutos  
Los Estatutos pueden ser modificados, con memoria motivada, a instancia del presidente o a propuesta de la junta de gobierno. La asamblea general es la competente en ambos supuestos para aprobar la modificación.  
  
  
TÍTULO V  
Relaciones con otros colegios  
  
CAPÍTULO I  
Con entidades profesionales  
  
Artículo 82. Asociación con otros colegios  
El colegio podrá asociarse de pleno derecho o, en su caso, adherirse con las pertinentes condiciones, en asociaciones de colegios profesionales de ámbito provincial. Si la incorporación no requiere la modificación de estos Estatutos, podrá ser acordada por la junta de gobierno; en caso contrario, por la asamblea general.  
  
CAPÍTULO II  
Agrupación, segregación y disolución  
  
Artículo 83. Consejo General de Colegios  
Sin contenido.  
  
Artículo 84. Consejo autonómico  
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Comunidad Valenciana, el Colegio Territorial de Alicante se integrará en el Consejo Valenciano de Colegios Territoriales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.  
Los fines y funciones se determinarán en los propios Estatutos, con sujeción a la legislación básica estatal y a la autonómica valenciana.  
  
Artículo 85. Unión, fusión, absorción y segregación  
La unión o fusión, así como la absorción del Colegio ha de ser acordada por la asamblea general y requerirá, a tenor de lo preceptuado en el artículo 8 de la Ley de la Comunidad Valenciana 6/1997, de 4 de diciembre, la aprobación del Gobierno Valenciano. Igual observancia se tendrá en cuenta en caso de segregación de este Colegio para constituir uno de nuevo.  
  
Artículo 86. Suspensión  
1. En el supuesto de reducida colegiación, se convocará a la asamblea general en sesión extraordinaria y como asunto preferente la suspensión temporal de sus actividades. No obstante, el acuerdo ha de ser aprobado por la Generalitat, previo informe del Consejo Valenciano de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.  
2. La suspensión del colegio tendrá lugar:  
a) Por acuerdo de la asamblea tomado por las tres quintas partes de los colegiados.  
b) Por la falta de colegiados suficientes para cubrir los puestos de la Junta de Gobierno sin coincidir o duplicar cargos.  
  
Artículo 87. Disolución y liquidación  
1. El colegio tiene vigencia indefinida; salvo en el caso que lo imponga directamente la ley. En tal supuesto se requiere el acuerdo de la asamblea general en la forma que se determinan en estos Estatutos y posterior aprobación por el Consell, previo informe del Consejo Valenciano de Colegios Profesionales.  
2. El Consejo de Colegios será parte en el proceso de disolución, tomará las medidas que las circunstancias aconsejen y autorizará la destinación del patrimonio que sea procedente.  
El acuerdo de disolución se publicará en Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, por lo que se comunicará previamente a la conselleria competente, para la adopción de la resolución apropiada y para su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales.  
3. El patrimonio social se destinará en primer lugar a cubrir el pasivo. Al activo restante se le dará la determinación que haya acordado la asamblea.  
  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
  
Primera. Utilización de los géneros femenino y masculino  
Las menciones que hacen los presentes Estatutos al presidente, a los delegados, colegiados, funcionarios, ciudadanos, usuarios y consumidores se entenderán referidas indistintamente a la presidenta o presidente, a las delegadas o delegados, colegiadas o colegiados, funcionarias o funcionarios, ciudadanas o ciudadanos, usuarias o usuarios y consumidoras o consumidores.  
  
Segunda. Código ético  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.3 de los presentes Estatutos, el código ético profesional aprobado en la asamblea general de secretarios, interventores y tesoreros de administración local celebrada en la ciudad de Salamanca el 14 de mayo de 2005 regirá la actuación de los profesionales que integran la organización colegial.