Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4272, del 17-06-2002 (2002/6000)

Notificación a don Antonio Cumplido Campos. Expediente número R-292/2001.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4272

Fecha DOGV
:   17-06-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/6000


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a don Antonio Cumplido Campos. Expediente número R-292/2001. [2002/M6000]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Antonio Cumplido Campos, calle de José Ballester, 60-2º-C, 46014 Valencia, la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-292/2001.
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada formulado por don Antonio Cumplido Campos contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, en el expediente por solicitud de visado y financiación cualificada para la adquisición de una vivienda ya construida, número 46/1T/0355/2000/250.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Don Antonio Cumplido Campos, adquirente de una vivienda ya construida mediante escritura de compraventa de fecha 7 de enero de 2000, presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, solicitud de visado y de ayudas económicas directas el día 25 de febrero de dicho año.
  
2. A la vista de la documentación aportada, en fecha 3 de marzo de 2000, el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, resolvió (VYC 510) visar de conformidad la citada escritura y, en su caso, conceder la subsidiación por un período inicial de cinco años, del tipo de interés del convenio de un préstamo cualificado (del Plan de Vivienda 98-2001), de acuerdo con las condiciones y limitaciones establecidas por el Real Decreto 1.186/1998, de 12 de junio. Asimismo se puso en conocimiento del interesado, entre otros extremos lo siguiente: «Para solicitar este préstamo dispone de seis meses a contar desde la fecha de recepción de esta resolución, por lo que es importante que la entidad bancaria le expida un certificado en el que conste la fecha en la que usted solicita el préstamo. También deberá tener en cuenta que si transcurren 12 meses desde la recepción de la presente sin que usted acredite que se le ha concedido un préstamo cualificado o solicite las subvenciones, se producirá la caducidad y posterior archivo de su expediente».
  
Según consta en el reverso del acuse de recibo obrante en el expediente dicha resolución fue recibida por el interesado en fecha 14 de junio de 2000.
  
3. Mediante escrito remitido por carta certificada con acuse de recibo de fecha 13 de diciembre de 2000, el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda comunicó al interesado, «que dispone del plazo de 12 meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación del visado, para solicitar la concesión de las subvenciones personales acreditando la disposición de préstamo cualificado, y en todo caso, de un plazo de tres meses desde el día siguiente a la recepción de la presente, advirtiéndole que de no hacerlo en los plazos señalados, se procederá a dictar resolución declarando la caducidad de la citada resolución de concesión de visado de contrato y subsidiación para adquisición de la vivienda ya construida, a los solos efectos de solicitud de las subvenciones personales».
  
Asimismo se notificó al interesado la posibilidad de solicitar la prórroga del plazo de 12 meses establecido en el artículo 5.5, segundo párrafo, del Decreto 173/1998, de 20 de octubre del Gobierno Valenciano, antes del transcurso del mismo.
  
4. Visto el expediente, transcurrido el plazo de doce meses sin que el interesado hubiese solicitado la prórroga, ni acreditado la disposición del préstamo cualificado el jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda, dictó en fecha 3 de julio de 2001, resolución declarando la caducidad de la resolución de visado y financiación cualificada (VYC 510), a los solos efectos de solicitar las subvenciones personales.
  
5. Contra la citada resolución, don Antonio Cumplido Campos interpuso recurso de alzada en tiempo y forma, con los documentos y las alegaciones que constan en el mismo y a los que nos remitimos en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 4.165 de 10 de enero de 2002).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115 de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
3. En virtud de lo establecido en el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable a este, la administración le advertirá que transcurridos tres meses se producirá la caducidad del mismo. Todo ello en relación con lo establecido en el artículo 5.5, segundo párrafo del Decreto 173/1998, de 20 de octubre, del Gobierno Valenciano. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.
  
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, apartado 1 y 3 de la meritada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, «la administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan, y con ello no se perjudican derechos de terceros... Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación, deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación, un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no son susceptibles de recurso».
  
5. En el caso que nos ocupa, examinada la documentación obrante en el expediente se comprueba que si bien en fecha 5 de diciembre de 2000, se advirtió al interesado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la meritada Ley 30/1992, la posibilidad de que disponía de solicitar la prórroga del plazo de doce meses establecido en el artículo 5.5, párrafo segundo, del Decreto 173/1998, de 20 de octubre, en relación al artículo 57.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, extremo que el adquirente no efectuó, lo cierto es que vencido el mencionado plazo sin que el interesado acreditara la disposición del préstamo, éste estaba amparado en las garantías que le concedía el invocado artículo 92 de la Ley 30/1992 y en el plazo de tres meses que en el mismo se establece y que es de observar, conforme a lo que se consigna en el artículo 56 de la repetida Ley 30/1992, y como esto no se hizo en aquel entonces, procede retrotraer las actuaciones para que a la vista de lo actuado y tras los tramites oportunos se dicte nueva resolución ajustada a derecho.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Estimar el recurso de alzada interpuesto por don Antonio Cumplido Campos contra Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 3 de julio de 2001, que queda revocada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 10.1 a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente.