Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3400, del 24-12-1998 (1998/10096)

Recurso ordinario número R-88/1998. Notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3400

Fecha DOGV
:   24-12-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/10404


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso ordinario número R-88/1998. Notificación. [1998/Q10569]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don José Pascual Carda Corbato (c/ San Vicente núm. 11, 5. 12709 Castellón de la Plana) la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-88/1998.
  
Examinado el recurso ordinario formulado por don Juan Manuel Juan Riba; don José Gaspar Pallarés Tena, en representación de Borriol Urbana, SL; don José Pascual Carda Corbato, en representación de don Eduardo Ruiz Pérez en el expediente de construcción número 12/1M/0028/94/031 (F-13/97).
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por don José Miguel Bellés Beltrán, propietario de las viviendas de protección oficial sitas en Borriol, calle de San Antonio, s/n, se presentó denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón contra la mercantil Borriol Urbana, SL, por goteras en el techo de una habitación, enviándose a un perito de dicho organismo emitiendo informe, en base al que se acordó la incoación de expediente sancionador contra dicha mercantil así como contra el arquitecto y aparejador de la obra, con traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
Segundo
  
El instructor del expediente sancionador dictó propuesta de resolución en la que entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 153.c.6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, proponía la imposición de una sanción pecuniaria de 250.000 pesetas a cada uno de los expedientados, así como la orden de obras al promotor de subsanación de las deficiencias recogidas en el pliego de cargos.
  
Tercero
  
El jefe del Servicio Territorial dictó resolución en la que manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, acordó la imposición de las multas y orden de obras establecidas en la misma.
  
Cuarto
  
Contra dicha resolución interpone recurso ordinario don Juan Manuel Juan Riba; don José Gaspar Pallarés Tena, en representación de Borriol Urbana, SL; don José Pascual Carda Corbato, en representación de don Eduardo Ruiz Pérez, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 1.547, de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
Solicitan el arquitecto y aparejador recurrentes que se revoque y deje sin efecto la resolución recurrida por la caducidad del expediente a tenor del artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en relación con el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, además por no haberse demostrado la culpabilidad y por vulneración del principio de inocencia; manifestando el promotor recurrente que pone en duda que la filtración de debiera a defectos de obra.
  
En lo referente a la caducidad alegada ésta no se ha producido por cuanto el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece el plazo de 30 días para resolver desde el vencimiento del plazo en que se debió dictar resolución, por lo que se encuentra dentro del cómputo establecido en el citado artículo ya que según consta en las actuaciones la incoación del expediente se notificó el día 3 de abril de 1997 y la resolución en fecha 20 de octubre de 1997. Se entiende por otra parte que a los expedientes iniciados a instancia de parte se les aplicará en lo referente a los plazos el artículo 43.1 de la aludida ley en relación con el artículo 20.6 último párrafo del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por cuanto independientemente de la obligación de resolver en el término legalmente establecido entra en funcionamiento la posibilidad de solicitar la certificación de acto presunto del artículo 44 de dicha ley, o la certificación de caducidad del aludido real decreto.
  
Cuarto
  
En cuanto al fondo del asunto el recurso debe ser estimado. En efecto es abundante la jurisprudencia que establece la necesidad de probar la culpabilidad como medio para poder imponer una sanción derivada de una infracción, constando en el expediente un informe del perito del Servicio Territorial en el que se dice: "Mancha de humedad, con indicios de producirse por filtración de la cubierta...", por lo que en base a dicho informe lo que resulta acreditado es que existe una mancha de humedad pero no la causa de la misma, máxime cuando podría ser por rotura de una teja, según el informe del arquitecto de la obra de fecha 13 de marzo de 1997, no pudiendo establecerse culpa o negligencia por parte de ninguno de los intervinientes en la construcción, y en consecuencia no se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia del artículo 24.2 de la CE.
  
Quinto
  
Independientemente de lo expuesto procede mantener la orden de obras al promotor, a tenor del artículo 111 del RVPO, por la responsabilidad objetiva que tiene frente a los compradores al ser viviendas de protección oficial y por los genéricos compromisos que adquiere al ser mediador entre la administración y dichos adquirentes al promocionar este tipo de construcción, lo que le obliga a la reparación de las deficiencias constructivas que aparecieran en el inmueble en el plazo de cinco años desde la fecha de calificación definitiva.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Estimar los recursos ordinarios formulados por don Juan Manuel Juan Riba y don José Pascual Carda Corbato, en representación de don Eduardo Ruiz Pérez, y estimar parcialmente el recurso interpuesto por don José Gaspar Pallarés Tena, en representación de Borriol Urbana, SL, contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón de fecha 6 de octubre de 1997, revocando las sanciones impuestas con archivo del expediente sancionador, manteniendo la orden de obras a dicho promotor.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que, con carácter previo, el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos. 57.2.f (en relación con la disposición adicional undécima de la LRJAP y PAC) y artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de 27 de diciembre de 1956; así como artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 15 de julio de 1998.- El director general de Arquitectura y Vivienda: José M.ª García Zarco.