Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9763, del 10-01-2024 (2023/13916)

RESOLUCIÓN 13 de diciembre de 2023, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve inscribir los nuevos estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón, en el Registro de colegios profesionales y consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.
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Número DOGV
:   9763

Fecha DOGV
:   10-01-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2023/13271


Fecha del documento
:   13-12-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia e Interior

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia e Interior
    * anuncio público

RESOLUCIÓN 13 de diciembre de 2023, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve inscribir los nuevos estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón, en el Registro de colegios profesionales y consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana. [2023/13447]  
Visto el expediente de solicitud de modificación estatutaria instruido a instancia del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón, inscrito con el número 66 de la Sección Primera del Registro de colegios profesionales y consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, en el que se solicita la inscripción de los nuevos estatutos en dicho registro, atendiendo a los siguientes  
  
Hechos  
  
Primero. En fecha 27 de abril de 2022 se presentó la solicitud de inscripción de los nuevos estatutos de la corporación profesional en el Registro de colegios profesionales y consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
Segundo. Los vigentes estatutos del Colegio fueron inscritos en el Registro de colegios profesionales y consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana en fecha 30 de mayo de 2005, por Resolución de 30 de mayo de 2005, de la directora general de Justicia, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (DOGV 21685, 15.06.2005), modificados por Resolución de 18 de diciembre de 2009, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (DOGV 6188, 20.01.2010).  
Tercero. Mediante oficio de 6 de marzo de 2023, el Servicio de Colegios Profesionales y Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana formuló reparos a la documentación remitida y al contenido de la propuesta de modificación de los estatutos, solicitando que subsanaran las deficiencias.  
Cuarto. El 1 de diciembre de 2023 el Colegio remitió el texto modificado de los estatutos, y el 12 de diciembre del referido año presentó documentación complementaria que subsanaba los reparos formulados a los estatutos.  
Quinto. Consta en el expediente el certificado de la secretaria del Colegio, de fecha 30 de noviembre de 2023, suscrito por la decana, en el que se indica que la junta general celebrada el 29 de noviembre de 2023, aprobó por unanimidad la modificación de los estatutos.  
Sexto. La modificación estatutaria cuya inscripción se solicita se refiere a unos nuevos estatutos, que quedan redactados según el anexo de la presente resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. Revisada la solicitud de nuevos estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón, estos contienen las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
Segundo. Los estatutos han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios estatutos del Colegio.  
Tercero. Esta dirección general es competente para tramitar y resolver el presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta lo previsto por la disposición final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana; y en virtud de las atribuciones contenidas en el artículo 69 del Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y en el artículo 9.2.h del Decreto 134/2023, de 10 de agosto, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia e Interior.  
Por todo lo anterior, visto el artículo 36 de la Constitución y el artículo 49.1.22ª del estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; los artículos 11, 25 y 26 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana; así como los artículos 21 y 74 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de esta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, resuelvo:  
  
Primero  
Inscribir los nuevos estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón en el Registro de colegios profesionales y consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
  
Segundo  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
València, 13 de diciembre de 2023.- La directora general de Justicia: Cristina Gil Fabregat.  
  
  
ANEXO  
Estatuto del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón  
  
TÍTULO I  
Disposiciones generales  
  
Artículo 1. Objeto  
El objeto del presente estatuto es regular la organización y funcionamiento del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón (ICPCS), que actúa al servicio del interés general de la sociedad y de los colegiados mediante el ejercicio de las funciones y competencias que le son propias.   
  
Artículo 2. Naturaleza y personalidad  
1. El ICPCS es una Corporación de derecho público constituida y reconocida con arreglo a la ley e integrada por quienes ejercen la profesión de procurador de los tribunales.  
2. El Colegio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.  
3. En su organización y funcionamiento goza de plena autonomía en el marco del presente estatuto y bajo la garantía de los tribunales de justicia.  
  
Artículo 3. Ámbito territorial y domicilio  
1. El ámbito territorial del ICPCS se corresponde con los partidos judiciales de Castellón, Vila-real, Nules, Vinaròs y Segorbe.  
2. No obstante lo anterior, el Colegio podrá realizar legítimamente actuaciones fuera de su ámbito territorial, con respeto a las competencias del Consejo General y del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, en el ejercicio de sus fines y funciones, en el marco de lo dispuesto en este estatuto.  
3. El domicilio del Colegio radica en Castelló de la Plana, c/ Bulevar Blasco Ibáñez, 2 bajo.  
  
Artículo 4. Fines esenciales  
Son fines esenciales del ICPCS  
a) Ordenar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de la profesión.  
b) Ostentar la representación institucional exclusiva de la procura en su ámbito territorial.  
c) Defender los intereses profesionales de los procuradores.  
d) Velar por la observancia de la deontología profesional y por la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.  
e) Colaborar activamente en la obtención y acreditación de la capacitación profesional de los procuradores y promover la calidad de la actividad profesional de sus colegiados mediante la formación continuada.  
f) Colaborar, promover y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como prestar los servicios que las leyes procesales y orgánicas le encomiendan.  
  
Artículo 5. Relaciones con la Generalitat  
1. El ICPCS se relacionará con la Administración de la Comunitat Valenciana, en las cuestiones relativas a los aspectos institucionales y corporativos a través de la conselleria competente en materia de colegios profesionales, y en las cuestiones referentes al contenido de la profesión, a través de la conselleria o consellerias cuya competencia tenga relación con la profesión.  
2. El Colegio podrá ejercer, además de sus funciones propias, las competencias administrativas que le delegue el correspondiente órgano de la Administración.  
3. El ICPCS mantendrá relaciones y atenderá a las vinculaciones institucionales que le correspondan con la Administración general del Estado, las administraciones locales y demás organismos e instituciones públicas.  
  
TÍTULO II  
De los colegiados  
  
CAPÍTULO I  
Régimen de colegiación  
  
Artículo 6. Obligatoriedad  
1. Para el ejercicio de la profesión de procurador es requisito indispensable la incorporación en el colegio profesional correspondiente, en los términos que dispone el artículo 3, apartado 2, de la ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, o la disposición básica que lo sustituya.  
Para la colegiación en el ICPCS los procuradores deberán tener domicilio profesional en el ámbito territorial del Colegio.   
2. La incorporación al Colegio habilita al procurador para ejercer su profesión en todo el territorio español. El Colegio no podrá exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de su colegiación comunicación ni habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por las cuotas colegiales.  
3. En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al ICPCS, en beneficio de los consumidores y usuarios, este deberá utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (LAASE).  
  
Artículo 7. Libertades de establecimiento y de prestación de servicios  
El ejercicio permanente en España de la profesión de procurador y la prestación ocasional de sus servicios con título profesional obtenido en otro estado miembro de la Unión Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se regirá por lo dispuesto en su legislación específica.  
  
Artículo 8. Adquisición de la condición de colegiado  
1. Son condiciones necesarias para ingresar en el ICPCS:  
a) Poseer el título universitario oficial de licenciado o de grado en Derecho u otro título universitario de grado equivalente.  
b) Poseer el título profesional para el ejercicio de la abogacía y de la procura, al haber superado la prueba única para la evaluación de la aptitud profesional.  
El Real decreto 64/2023, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de la abogacía y la procura, establece el acceso único a ambas profesiones, exigiendo un mismo curso de formación especializada de capacitación para ellas; de forma que quienes superen la prueba única para la evaluación de la aptitud profesional, podrán ejercer indistintamente la abogacía o la procura, según su elección, sin más requisitos que la colegiación en el correspondiente colegio profesional y sin más límite que la prohibición del ejercicio simultáneo de ambas profesiones.  
c) No hallarse incapacitado o inhabilitado legalmente para el ejercicio de la profesión de procurador.  
d) No encontrarse suspendido en el ejercicio profesional por sanción colegial firme.  
e) Abonar la cuota colegial de ingreso.  
f) Cumplir los demás requisitos legalmente requeridos para el ejercicio en España de la profesión de procurador.  
2. Quienes estén en posesión de la titulación requerida y cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior tendrán derecho a ser admitidos en el Colegio.  
  
Artículo 9. Procedimiento de incorporación  
1. La Junta de Gobierno resolverá y notificará las solicitudes de colegiación en el plazo máximo de un mes, pudiendo denegarlas únicamente cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior. La Junta podrá delegar en uno de sus miembros el ejercicio de esta competencia, resolución que, en cualquier caso y sentido, quedará sometida a la ratificación de la Junta de Gobierno.  
2. Transcurrido dicho plazo máximo sin que la Junta de Gobierno hubiera notificado la resolución, la solicitud se entenderá estimada.  
3. Podrá suspenderse el plazo para resolver, por término no superior a dos meses, con el fin de subsanar deficiencias de la documentación presentada o de efectuar las comprobaciones pertinentes para verificar su autenticidad y suficiencia.  
4. La denegación de incorporación al Colegio deberá ser motivada y podrá ser impugnada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, en los términos dispuestos en el capítulo III del título III del estatuto.  
  
Artículo 10. Pérdida de la condición de colegiado  
1. Son causas de la pérdida de la condición de colegiado:  
a) La renuncia voluntaria.  
b) El incumplimiento o la no persistencia, debidamente comprobadas, de las condiciones de incorporación al Colegio consignadas en el artículo 8.  
c) La expulsión en virtud de sanción disciplinaria firme.  
d) El impago de las contribuciones colegiales, cuando el colegiado deja de abonar más de dos cuotas colegiales fijas, o cuotas extraordinarias o servicios colegiales cuyo importe supere el de dos cuotas fijas.  
e) El fallecimiento.  
2. No procederá la baja por renuncia voluntaria del colegiado en el supuesto de que el procurador estuviera incurso en procedimiento disciplinario hasta su conclusión y a resultas del mismo.  
3. En el supuesto previsto en la letra b) del apartado anterior, la Junta de Gobierno, constatadas las circunstancias determinantes de la eventual baja colegial, las pondrá de manifiesto al interesado y le concederá trámite de audiencia por período de quince días. Transcurrido dicho plazo y a la vista de las alegaciones efectuadas, adoptará la correspondiente resolución motivada, en el plazo máximo de un mes, que será notificada al interesado.  
4. En el caso descrito en la letra c), el procedimiento a seguir será el disciplinario contemplado en el capítulo V del título III de este estatuto.  
5. En el supuesto previsto en la letra d), la Junta de Gobierno pondrá de manifiesto al interesado la situación de impago de las contribuciones y le concederá trámite de audiencia por período de quince días. Transcurrido dicho plazo y a la vista de las alegaciones efectuadas, adoptará la correspondiente resolución motivada, en el plazo máximo de un mes, que habrá de ser notificada al interesado. Acordada en su caso, la baja, la eventual reincorporación quedará condicionada al abono de las cantidades adeudadas con el interés legal correspondiente.  
6. La resolución que determine la pérdida de la condición de colegiado podrá ser impugnada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores en los términos previstos en el artículo anterior para la denegación de acceso al Colegio.  
  
Artículo 11. Suspensión de la condición de colegiado  
1. Son causas de la suspensión de la condición de colegiado:  
a) La inhabilitación o incapacitación para el ejercicio profesional dispuesta por resolución judicial firme.  
b) La suspensión en el ejercicio profesional como consecuencia de sanción colegial firme.  
c) El incumplimiento por el colegiado ejerciente de su obligación de estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o estar incorporado a la mutualidad de los procuradores de los tribunales de España.  
2. La condición de colegiado suspenso se mantendrá en tanto subsista la causa determinante de la suspensión.  
  
Artículo 12. Tramitación electrónica y comunicaciones de las resoluciones de los procedimientos sobre colegiación  
1. El Colegio dispondrá los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar los procedimientos de ingreso o de baja colegial por vía electrónica, a través de la ventanilla única a que se refiere el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales.  
2. El Colegio comunicará de inmediato las incorporaciones, bajas o suspensiones de colegiación, así como los cambios de domicilio profesional, al Consejo General a efectos de su anotación en el registro central de colegiados, al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores y a los juzgados y tribunales de su territorio.  
  
Artículo 13. Colegiados ejercientes y no ejercientes  
1. Los Procuradores incorporados al ICPCS tendrán la condición de ejercientes o de no ejercientes.  
2. La condición de ejerciente la ostentarán aquellos colegiados que estén en activo.  
3. La condición de no ejerciente se adquirirá cumpliendo los requisitos establecidos por la normativa legal vigente, para la incorporación en el Colegio sin ejercicio activo de la profesión. También se ostentará en aquellos casos en los que se produzca una incompatibilidad o incapacidad temporal para el ejercicio profesional, mientras la causa que la determine subsista, salvo renuncia expresa del colegiado afectado; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de los presentes estatutos relativa a la subsistencia de dicha condición para aquellos que la tuvieran en el momento de su aprobación.  
  
  
CAPÍTULO II  
Derechos y obligaciones  
  
Artículo 14. Principios generales  
1. La incorporación al ICPCS confiere los derechos y obligaciones recogidos en el presente estatuto.  
2. Todos los procuradores de los tribunales son iguales en los derechos y obligaciones reconocidos en el estatuto. Los actos o acuerdos colegiales que impliquen restricción indebida o discriminación de los derechos u obligaciones son nulos pleno derecho.  
  
Artículo 15. Derechos de los colegiados  
1. Son derechos de los Procuradores colegiados:  
a) La petición de amparo en su actuación profesional a los órganos corporativos para la protección de su independencia y de su libertad de ejercicio. A tal efecto, podrán pedir que se ponga en conocimiento de los órganos de gobierno del poder judicial, jurisdiccionales o administrativos, la vulneración o desconocimiento de este derecho.  
b) La participación en el gobierno del Colegio mediante la intervención y voto en las sesiones de la Junta General; el derecho a elegir y ser elegido para formar parte de los órganos de gobierno y el derecho a remover a los titulares de los órganos de gobierno mediante moción de censura en los términos regulados en este estatuto.  
c) La formulación de peticiones y la presentación de iniciativas, quejas y reclamaciones ante los órganos del Colegio, así como el derecho de recurso contra los acuerdos y resoluciones de aquellos.  
d) La obtención de información regular sobre el gobierno corporativo y la actividad de interés profesional así como el examen de los documentos contables que reflejen la actividad económica del Colegio.  
e) La obtención de información y, en su caso, la certificación de los documentos y actos colegiales que les afecten personalmente.  
f) La utilización de los servicios colegiales, en particular de formación y de capacitación profesional, en la forma y condiciones que se determinen.  
g) Crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del Colegio, con sometimiento en todo caso a los órganos de gobierno.  
h) Ser mantenidos en el pleno disfrute de sus derechos colegiales hasta tanto no se produzca la suspensión o pérdida de su condición de colegiado.  
i) En el ejercicio de su profesión los procuradores podrán ser sustituidos por otro procurador. También para los actos y en la forma que se determine reglamentariamente podrán ser sustituidos por oficial habilitado.  
Para la sustitución del procurador, bastará con la simple aceptación del sustituto, manifestada en la asistencia a los actos de juicio, actos de comunicación, comparecencias, y demás actuaciones profesionales, no siendo necesario que el sustituto se encuentre facultado en el apoderamiento del sustituido, ni que el sustituido acredite la necesidad de la sustitución.  
  
Artículo 16. Obligaciones de los colegiados  
1. Los Procuradores colegiados están obligados a:  
a) Ejercer la profesión con rectitud y sentido ético, con observancia de la deontología profesional.  
b) Cumplir las obligaciones legales que le impongan las leyes orgánicas, procesales y sectoriales, en el desempeño de su profesión y, en particular, de colaboración y cooperación con los órganos jurisdiccionales, así como disponer de los medios y recursos adecuados y actualizados para ello.   
c) Acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el período hábil de actuaciones, para la realización de los actos de comunicaciones y demás actuaciones profesionales correspondientes.  
d) Conocer y cumplir, en el desempeño de la profesión, las disposiciones estatutarias, las normas deontológicas y las resoluciones dictadas por los órganos colegiales.  
e) Guardar el debido respeto a los titulares de los órganos colegiales, y en el ejercicio de su profesión a sus colegas, litigantes, letrados, jueces y magistrados, fiscales, letrados de la Administración de justicia y demás miembros de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia.  
f) Comunicar al Colegio las circunstancias determinantes de su ejercicio profesional, así como sus modificaciones y los demás datos necesarios que se les requieran para el cumplimiento de las funciones colegiales de ordenación del ejercicio profesional.  
g) Mantener el secreto profesional.  
h) Observar las incompatibilidades profesionales, en particular con el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado, en los términos precisados por el artículo 23 de la Ley de enjuiciamiento civil, y las causas de abstención legalmente establecidas.  
i) Informar al cliente de sus actuaciones profesionales y rendir cuenta a este de los servicios prestados, con especificación de las cantidades percibidas de él, con arreglo a las disposiciones vigentes reguladoras del arancel de derechos de los procuradores de los tribunales y precisión de los conceptos e importes exactos de los pagos realizados.  
j) Satisfacer puntualmente las contribuciones económicas del Colegio, y abonar, en su caso, los servicios colegiales de que haga uso, conforme a lo dispuesto en las normas estatutarias y en los acuerdos adoptados por los órganos colegiales para su aplicación.  
k) Actuar con lealtad y diligencia en el desempeño de los cargos colegiales para los que sea elegido o designado, guardando el secreto de las deliberaciones de los órganos colegiales a los que pertenezca así como de los que hubiera participado.  
l) Los procuradores no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas, que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente y que puedan constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales, hasta transcurridos 45 días desde el hecho.  
Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.  
m) Mantener un nivel adecuado y actualizado de los conocimientos requeridos para el desempeño de su profesión.  
n) Estar dado de alta en Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o estar incorporado a la mutualidad de los procuradores de los tribunales de España, durante todo el tiempo de ejercicio de su actividad profesional.  
ñ) Observar y aplicar las disposiciones reguladoras del arancel de derechos de los procuradores de los tribunales en su ejercicio profesional.  
2. Estos deberes configuran el régimen necesario de la actuación profesional y corporativa del procurador. Su observancia constituye el objeto propio de las potestades colegiales de control y disciplina reguladas en el presente estatuto.  
  
  
TÍTULO III  
Del Colegio  
  
CAPÍTULO I  
Funciones  
  
Sección 1ª. Funciones generales  
  
Artículo 17. De las funciones del Colegio  
Para la consecución de los fines esenciales señalados en el artículo 4 del estatuto, el ICPCS ejercerá, en su ámbito territorial, las funciones que le atribuyen, tanto la legislación estatal y autonómica sobre colegios profesionales, como las leyes orgánicas, procesales y sectoriales que se describen en el presente capítulo.  
  
Artículo 18. De ordenación del ejercicio profesional  
Son funciones de ordenación del ejercicio profesional las siguientes:  
a) El registro de sus colegiados en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombres y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, fecha de alta, domicilio profesional, dirección electrónica y situación de habilitación profesional. El Colegio ofrecerá a los consumidores y usuarios acceso gratuito al Registro de Colegiados a través de su ventanilla única.  
b) El registro de las sociedades profesionales con domicilio social en el ámbito territorial del Colegio. El Colegio comunicará las inscripciones practicadas en su registro de sociedades al Consejo General a efectos de su constancia en el Registro Central de sociedades profesionales y al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.  
c) La vigilancia de la actividad profesional para que esta se someta, en todo caso, a la ética y dignidad de la profesión y al debido respeto a los derechos de los ciudadanos.  
d) La observancia del cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio profesional, las normas estatutarias y corporativas, y demás resoluciones de los órganos colegiales.  
e) El ejercicio, en el orden profesional y colegial, de la potestad disciplinaria.  
f) La adopción, dentro del ámbito de su competencia, de las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional y a evitar los actos de competencia desleal que se produzcan entre los colegiados.  
g) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales y los estatutos y reglamentos, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.  
h) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados, así como sobre las sanciones firmes que les hubiera impuesto y las peticiones de comprobación, inspección o investigación sobre aquellos, que les formulen las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la LAASE. En particular, las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones deberán estar debidamente motivadas, debiéndose emplear la información obtenida únicamente para la finalidad solicitada.  
  
Artículo 19. De representación y defensa de la profesión y de sus colegiados  
El Colegio ejercerá las siguientes funciones de representación y defensa de la profesión y de sus colegiados:  
a) Ejercer, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante las administraciones públicas, los órganos jurisdiccionales y demás poderes públicos, así como ante cualesquiera instituciones, entidades y particulares.  
b) Defender y amparar a los colegiados en el ejercicio de su profesión, particularmente en la protección de su independencia y libertad de ejercicio.  
c) Actuar ante los juzgados y tribunales en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, con la legitimación que la ley les otorga, y hacerlo en representación o en sustitución procesal de sus miembros.  
d) Intervenir en los procedimientos, administrativos o judiciales, en que se discutan cualesquiera cuestiones profesionales, cuando sean requeridos para ello o cuando se prevea su participación con arreglo a la legislación vigente.  
e) Informar los proyectos de disposiciones normativas del Consell que afecten a la profesión de procurador.  
f) Participar en la elaboración de los planes de estudio y mantener permanente contacto con los centros docentes correspondientes, en los términos que determine la legislación sectorial.  
g) Participar en los consejos, organismos consultivos, comisiones y órganos análogos de la Administración de la Comunitat Valenciana cuando la misma lo requiera o así se establezca en la normativa vigente, así como en los de las organizaciones, nacionales o internacionales, cuando sea requerido para ello.  
h) Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por las administraciones públicas y colaborar con ellas mediante la realización de estudios, la emisión de informes, la elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que pueden serles solicitadas o acuerde formular por iniciativa propia.  
i) Organizar un servicio de atención de quejas o reclamaciones presentadas por sus colegiados.  
j) Organizar actividades y servicios de interés para los colegiados de índole profesional, formativa, cultural, médico-profesional, y otros análogos, o la colaboración, en su caso, con instituciones de este carácter, así como para la cobertura de responsabilidades civiles contraídas por los profesionales en el desempeño de su actividad.  
k) Desarrollar cuantas otras funciones y servicios redunden en beneficio de los intereses profesionales de los colegiados.  
  
Artículo 20. Del arbitraje y mediación institucionales  
El ICPCS impulsará y desarrollará la mediación, así como desempeñará funciones de arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.  
  
Artículo 21. Servicio de atención a consumidores y usuarios  
1. El ICPCS velará por la protección de los intereses de los consumidores y usuarios.  
2. A estos efectos, dispondrá de un servicio de atención a aquellos, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales de sus colegiados, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.  
3. Las quejas y reclamaciones podrán presentarse por vía electrónica y por vía presencial en el registro de la sede del Colegio en Castellón, C/ Bulevar Blasco Ibáñez, 2 bajo. El Colegio resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión según corresponda.  
  
Artículo 22. Ventanilla única  
1. El ICPCS dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. A través de esta ventanilla única, los profesionales podrán, de forma gratuita:  
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.  
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.  
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.  
d) Ser convocados a las juntas generales ordinarias y extraordinarias y conocer la actividad pública y privada del Colegio.  
2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio ofrecerá la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:  
a) El acceso al registro de colegiados y al registro de sociedades profesionales.  
b) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional.  
c) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.  
d) El contenido del código deontológico.  
3. El Colegio deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad.  
  
Artículo 23. De las formas de ejercicio profesional y del control del ejercicio societario  
1. Los procuradores podrán ejercer su profesión individual o conjuntamente en unión de otro u otros profesionales de la misma o de distinta profesión, siempre, en este último caso, que no sean incompatibles legalmente.  
2. Tanto en el supuesto de ejercicio individual como de ejercicio conjunto se podrá actuar en forma societaria. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo dispuesto en las Leyes.  
3. Se inscribirán obligatoriamente en el Registro de sociedades profesionales del ICPCS las sociedades profesionales que tengan su domicilio social único o principal en el ámbito territorial del Colegio.  
4. La inscripción de la sociedad profesional en dicho registro de sociedades profesionales determina la incorporación de la Sociedad al Colegio y la consiguiente sujeción de aquella a las competencias que la legislación estatal y autonómica sobre colegios profesionales atribuye al Colegio sobre los profesionales incorporados al mismo.  
  
Sección 2ª. Funciones de servicio y colaboración con la administración de justicia.  
  
Artículo 24. Servicio de recepción de notificaciones y traslado de copias y documentos  
El ICPCS organizará un servicio de recepción de notificaciones y traslados de copias y documentos de conformidad con lo dispuesto en las leyes orgánicas y procesales.   
  
Artículo 25. Servicio de representación jurídica gratuita  
1. El ICPCS organizará un servicio de representación gratuita que atienda las peticiones de representación procesal derivadas del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.  
2. A tal efecto, establecerá sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales que impidan que el servicio quede desprovisto del número de colegiados necesarios para su adecuado funcionamiento. Dicho sistema, que será público para todos los procuradores y podrá ser consultado por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, se organizará con arreglo a los siguientes principios:  
a) El territorio del Colegio se dividirá en las zonas que reglamentariamente se determinen, a los efectos de prestar el servicio de representación gratuita.  
b) La designación realizada por el Colegio es de aceptación obligatoria para todos los procuradores. Excepcionalmente, podrá suspenderse la obligación de prestación en casos debidamente justificados por razones graves de carácter personal o de orden profesional, correspondiendo a la Junta de Gobierno acordar dicha suspensión.  
c) Los miembros de la Junta de Gobierno que así lo soliciten podrán ser dispensados de la obligación de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita durante su mandato, en atención al cumplimiento de los deberes inherentes al cargo.  
3. Los procuradores adscritos al servicio deberán cumplir las condiciones mínimas de formación y especialización necesarias que reglamentariamente se determinen, con objeto de asegurar la calidad y competencia profesional.  
4. El Consejo General de Procuradores supervisará la creación y funcionamiento del servicio colegial y se asegurará de que la prestación de la asistencia jurídica gratuita se haga de forma eficaz y continuada.  
  
Artículo 26. Servicio de turno de oficio  
1. El ICPCS organizará un servicio de turno de oficio para garantizar la representación procesal de los justiciables al amparo de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución y de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales.  
2. El Colegio designará procurador, por turno de oficio, cuando, siendo su intervención preceptiva o no, el órgano jurisdiccional ordene que la parte sea representada por procurador. Asimismo, efectuará la designación a instancia del interesado. El representado vendrá obligado al pago de los derechos arancelarios y suplidos del procurador por la prestación de los servicios profesionales.  
3. La designación realizada por el Colegio es de aceptación obligatoria para los procuradores. A este efecto, el Colegio adoptará fórmulas que impidan que el servicio quede desprovisto del número de profesionales necesarios para su adecuado funcionamiento.  
  
Artículo 27. Servicio de depósitos de bienes embargados  
El ICPCS podrá constituir y organizar servicios de depósitos de bienes embargados, que deberán ser adecuados para asumir las responsabilidades legalmente establecidas para el depositario.  
  
Artículo 28. Designación como entidad especializada en la realización de bienes  
El ICPCS podrá constituirse y ser designado como entidad especializada en la realización de bienes. Asimismo, el Colegio podrá organizar un servicio de valoración de bienes embargados.  
  
Artículo 29. Servicio Común de Actos de Comunicación  
El ICPCS organizará el Servicio Común de Actos de Comunicación para la práctica de los actos procesales y demás funciones atribuidas a los procuradores, conforme a lo previsto en el artículo 23.6 de la LEC, de conformidad con el Reglamento de actos de comunicación y protocolos que se dicten al efecto.  
  
Sección 3ª. De la calidad de la práctica profesional  
  
Artículo 30. Participación en la capacitación profesional  
El ICPCS participará en la formación especializada de capacitación para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador, prevista en el Real decreto 64/2023, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de la abogacía y la procura, que establece el acceso único a ambas profesiones, exigiendo un mismo curso de formación especializada de capacitación; de forma que quienes superen la prueba única para la evaluación de la aptitud profesional, podrán ejercer indistintamente la abogacía o la procura, según su elección, sin más requisitos que la colegiación en el correspondiente colegio profesional y sin más límite que la prohibición del ejercicio simultáneo de ambas profesiones. La participación en la formación se regula a través de un Convenio que suscriben el Colegio de Procuradores y la Universidad de Castellón (actualmente UJI) y que se ajusta a los requisitos normativos.  
  
Artículo 31. Formación continuada  
Los procuradores están obligados a mantener un nivel adecuado y actualizado de los conocimientos requeridos para el desempeño de su profesión.  
  
  
CAPÍTULO II  
Organización  
  
Sección 1ª. Disposiciones generales.  
  
Artículo 32. Organización básica  
1. Son órganos necesarios del ICPCS:  
a) La Junta General.  
b) La Junta de Gobierno.  
c) La decana o el decano.  
2. El Reglamento de régimen interior del Colegio podrá crear otros órganos de gobierno y desarrollar las previsiones organizativas del presente estatuto.  
  
Sección 2ª. Junta General.  
  
Artículo 33. De la Junta General y sus competencias  
1. La Junta General es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio y se constituye por todos los colegiados en pleno ejercicio de sus derechos.  
2. Son competencias propias y exclusivas de la Junta General:  
a) Aprobar el estatuto, el Reglamento de régimen interior, y el código deontológico del Colegio, así como sus modificaciones, sin perjuicio de la facultad de la Junta de Gobierno para dictar las correspondientes normativas de desarrollo.  
b) Conocer y sancionar la memoria anual del Colegio, que tendrá el contenido que se describe en el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.  
c) Aprobar los presupuestos del Colegio y fijar el importe de las contribuciones colegiales.   
d) Aprobar definitivamente la liquidación de los presupuestos y las cuentas de gastos e ingresos de cada ejercicio vencido.  
e) Autorizar los actos de disposición de los bienes inmuebles y derechos reales constituidos sobre los mismos, así como de los restantes bienes patrimoniales que figuren inventariados como de considerable valor.  
f) Proceder a la elección del decano y de los miembros de la Junta de Gobierno, de acuerdo con el procedimiento determinado en el presente estatuto.  
g) Controlar la gestión del decano y de la Junta de Gobierno, recabando informes y adoptando, en su caso, las oportunas mociones, incluso la de censura con carácter revocatorio mediante el procedimiento fijado estatutariamente.  
3. La Junta General también podrá conocer de cuantos otros asuntos le someta la Junta de Gobierno y de los demás previstos en el presente estatuto.  
  
Artículo 34. Juntas Generales ordinarias y extraordinarias  
1. La Junta General puede celebrar sesiones con carácter ordinario o extraordinario.  
2. En el primero y en el último trimestre de cada año natural se celebrarán sesiones de la Junta General, que tendrán carácter ordinario. La primera de ellas conocerá necesariamente de los asuntos descritos en las letras b) y d) del apartado segundo del artículo anterior, y la segunda del relacionado en la letra c) del mismo apartado y artículo.  
3. Podrán celebrarse también sesiones extraordinarias, para conocer de los asuntos propios de la convocatoria, cuando lo acuerde la Junta de Gobierno, por propia iniciativa, a instancia de quien ostente el decanato o por solicitud de, al menos, la tercera parte de los colegiados.  
4. Las juntas generales, ordinarias y extraordinarias, se podrán convocar, constituir, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.  
En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la identidad de los miembros, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, la interactividad e intercomunicación entre sus miembros en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión.  
Los miembros que participen a distancia tendrán a todos los efectos la consideración de asistentes y, en particular, a los efectos de determinación del quórum requerido para la válida constitución del órgano colegiado y el régimen de mayorías en la adopción de acuerdos.  
En todo caso, estas previsiones podrán ser desarrolladas por el Reglamento del régimen interior del colegio de procuradores.  
  
Artículo 35. Proposiciones de los colegiados  
Hasta cinco días antes de la junta general ordinaria, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a deliberación y acuerdo de la Junta General. Serán incluidas en el orden del día para ser tratadas en el apartado denominado proposiciones, cuando se presenten suscritas por un mínimo del diez por ciento del censo de colegiados.  
  
Artículo 36. Convocatoria  
1. La Junta de Gobierno convocará las sesiones de la Junta General con quince días de antelación, que en los casos de urgencia debidamente justificada, podrá reducirse a diez.  
2. La convocatoria se publicitará en la página web del Colegio y por medio de circular, que habrá de remitirse a cada colegiado mediante su depósito en los correspondientes cajetines de notificaciones o por medio electrónico cuando el colegiado haya señalado dicho medio como preferente o consentido su utilización.  
3. En la convocatoria se habrá de precisar el lugar, día y hora de celebración, y si la misma se celebrará en forma presencial o a distancia. La convocatoria incluirá el orden del día e irá acompañada, cuando sea necesario, de la documentación correspondiente a los temas a debatir. Los colegiados, en todo caso, podrán ejercer su derecho a la obtención de información sobre los asuntos del orden del día.  
  
Artículo 37. Celebración de las sesiones  
1. Las sesiones de la Junta General se celebrarán en el lugar, día y hora señalados en la primera o, si procediera, en la segunda convocatoria. En primera convocatoria se exigirá la concurrencia de la mitad más uno de los colegiados ejercientes. En segunda, la Junta se celebrará con los que concurran, cualquiera que sea su número, salvo que se exija en los presentes estatutos un determinado quórum de asistentes.  
2. Las sesiones estarán presididas y dirigidas por el decano/a del Colegio o, en su defecto, por quien legalmente lo sustituya. En cualquiera de los dos casos ha de estar presente para la celebración de las sesiones el secretario o persona que le sustituya.  
3. Abierta la sesión, se procederá a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior y se debatirán a continuación los asuntos incluidos en el orden del día definitivo.  
4. Si reunida la Junta General no pudiera en una sesióntratar todos los asuntos para los que hubiera sido convocada, por falta de tiempo o por cualquier otro motivo, se suspenderá y continuará el día o días que en la misma se señalen o, en su defecto, en los que designe la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 38. Ordenación del debate  
1. El presidente moderará el debate y concederá el turno de palabra según usos democráticos.  
2. El que se halle en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido, sino para ser llamado al orden por el presidente, por hallarse fuera de la cuestión, o por otro motivo justificado, a juicio de la presidencia.  
3. Se retirará el uso de la palabra al que, dentro de la misma cuestión, hubiese sido llamado en tres ocasiones al orden.  
4. Si algún colegiado continuase faltando al orden después de que se le retirara el uso de la palabra, el presidente podrá tomar las decisiones que crea convenientes, incluida la de expulsión del local donde la junta se celebre.  
  
Artículo 39. Adopción de acuerdos  
1. Las votaciones podrán ser ordinarias o secretas. La presidencia de la Junta General decidirá la modalidad de votación a emplear. La votación secreta se efectuará mediante papeletas que deberán depositarse en urna.  
2. Como regla general, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos emitidos. No obstante, la adopción de acuerdos relativos a la disolución y fusión del Colegio exigirá la concurrencia de los quórum de asistencia y de votación especialmente previstos en estos estatutos.  
3. El voto de los ejercientes tiene valor doble que el de los no ejercientes, y en ambos casos deberá ser ejercido personalmente, sin que se admitan los votos por escrito de los colegiados no asistentes, ni el voto por delegación.  
4. En caso de empate, el decano/a o quien legalmente le sustituya tiene voto de calidad.  
5. No podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos que no figuren en el orden del día.  
6. Si la reunión se celebra a distancia, sus miembros ejercitarán en tiempo real el voto que les corresponda. El presidente ordenará iniciar la votación durante la reunión y recopilar las respuestas de sus asistentes. Los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar en el que se ubique la sede colegial.  
  
Artículo 40. Aprobación de las actas  
Los acuerdos adoptados en la Junta General se harán constar en acta que confeccionará el secretario del Colegio y que será autorizada por él mismo y por el decano. Las actas se transcribirán a un libro foliado y debidamente legalizado o incorporadas a un soporte informático. El acta deberá ser ratificada en la siguiente sesión de la Junta General.  
  
Sección 3ª. Junta de Gobierno.  
  
Artículo 41. De la Junta de Gobierno  
1. La Junta de Gobierno es el órgano de administración y dirección del Colegio.  
2. La Junta de Gobierno está integrada, al menos, por los siguientes miembros: decano/a-presidente; vicedecano/a; secretario/a; vicesecretario/a; tesorero/a; contador/a; censor/a; y un vocal.  
  
Artículo 42. Competencias  
La Junta de Gobierno ejerce las competencias no reservadas a la Junta General, ni las asignadas específicamente a otros órganos colegiales. Además, y con carácter particular, ejercerá las siguientes funciones:  
1. Con relación a los colegiados y a los órganos colegiales:  
a) Resolver sobre las solicitudes de colegiación, así como sobre la pérdida y suspensión de la condición de colegiado, pudiendo delegar esta facultad en alguno de sus miembros, siendo ratificada dicha decisión por la Junta de Gobierno.  
b) Acordar la inscripción de sociedades profesionales en el Registro colegial de sociedades profesionales.  
c) Organizar y gestionar los turnos de oficio y justicia gratuita, así como distribuir los turnos en las causas de los litigantes de justicia gratuita o de quienes sin gozar de aquel beneficio soliciten la designación de procurador de oficio.  
d) Organizar y gestionar los servicios de notificaciones, traslados de escritos, depósitos y realización de bienes, y cuantos otros servicios le encomienden las leyes procesales y orgánicas.  
e) Ejercer las funciones colegiales de control de la actividad profesional. Vigilar para que, en el ejercicio profesional, los colegiados desempeñen sus funciones con decoro, diligencia, probidad y demás circunstancias exigibles al procurador, así como propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal, conforme a la legalidad vigente.   
f) Proponer a la Junta General la aprobación o la modificación del estatuto, del Reglamento de régimen interior y del código deontológico del Colegio.  
g) Elaborar la memoria anual del Colegio y darle publicidad a través de la página web del Colegio, una vez aprobada por la Junta General.  
  
h) Convocar la elección de los miembros de la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo.  
i) Conocer de los recursos que se interpongan contra los acuerdos colegiales en el supuesto descrito en el artículo 67 del estatuto.  
j) Ejercer la potestad disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V del título III.  
k) Velar por el cumplimiento de la normativa, legal y colegial, y de los acuerdos adoptados por el Colegio.  
l) Coordinar el funcionamiento de toda la actividad y organización del Colegio.  
m) Impedir y perseguir ante los tribunales de justicia el intrusismo y el ejercicio profesional con incumplimiento de sus normas reguladoras.  
  
n) Organizar la enseñanza de formación, actualización y especialización de los profesionales.  
ñ) Cuidar de las publicaciones, así como de la actividad promocional del Colegio.  
o) Aprobar las bases de los concursos que se convoquen para cubrir las plazas de empleados del Colegio y proceder a su contratación.  
p) Resolver las quejas o reclamaciones de los usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.  
q) Organizar y gestionar el servicio de atención a los colegiados.  
r) Implantar y organizar nuevos servicios colegiales, vigilando, programando y controlando los existentes.  
s) Convocar la Junta General, en sesiones ordinarias y extraordinarias.  
2. Con relación a la actividad externa del Colegio:  
a) Defender y amparar a los procuradores cuando considere que son perturbados o perseguidos injustamente en el desempeño de sus funciones profesionales.  
b) Emitir dictámenes, informes y evacuar consultas, cuando los órganos judiciales, entidades públicas o privadas, usuarios o consumidores requieran actuaciones del Colegio.  
c) Realizar y promover en nombre del Colegio cuantas mejoras se estimen convenientes al progreso y a los intereses de la Procura y del correcto funcionamiento de la Administración de justicia.  
d) Designar a los representantes del Colegio en los tribunales, jurados, y comisiones cuando fuera requerida la participación del Colegio.  
3. Con relación al régimen económico del Colegio:  
a) Recaudar el importe de las contribuciones colegiales establecidas para el sostenimiento de las cargas del Colegio, así como de los demás recursos económicos previstos, distribuir y administrar el patrimonio del Colegio.  
b) Determinar la estructura económica del Colegio, de sus presupuestos y del inventario de sus bienes.  
c) Elaborar y someter a la Junta General el proyecto anual de presupuestos.  
d) Cerrar y someter a la aprobación de la Junta General la liquidación del presupuesto y las cuentas de ingresos y gastos.  
e) Proponer a la Junta General el importe de las contribuciones colegiales y el establecimiento de las cuotas extraordinarias o derramas colegiales.  
f) Administrar el patrimonio colegial.  
  
Artículo 43. Régimen de funcionamiento  
1. La Junta de Gobierno se reunirá, al menos, una vez al mes, previa convocatoria del decano cursada con la antelación necesaria para que se halle en poder de sus componentes cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada para la sesión, salvo que razones de urgencia justifiquen la convocatoria con menor antelación.  
La Junta de Gobierno se podrá convocar, constituir, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas, tanto de forma presencial como a distancia.  
En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la identidad de los miembros, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, la interactividad e intercomunicación entre sus miembros en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión.  
2. En la convocatoria se expresará el lugar, día y hora en que deba celebrarse la sesión y el orden del día, y si la misma se celebrará en forma presencial o a distancia.  
3. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno se requerirá la presencia del decano y del secretario o de quien le sustituya, y de, al menos, la mitad de sus componentes.  
Los miembros que participen a distancia tendrán a todos los efectos la consideración de asistentes y, en particular, a los efectos de determinación del quórum requerido para la válida constitución del órgano colegiado y el régimen de mayorías en la adopción de acuerdos.  
4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. En caso de empate, el decano ostenta voto de calidad.  
5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.  
6. Si la reunión se celebra a distancia, sus miembros ejercitarán en tiempo real el voto que les corresponda. El Presidente ordenará iniciar la votación durante la reunión y recopilar las respuestas de sus asistentes. Los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar en el que se ubique la sede colegial.  
7. En todo caso, las previsiones relativas a las sesiones a distancia podrán ser desarrolladas por el Reglamento del régimen interior del colegio de procuradores.  
  
Artículo 44. Decano/a  
1. El decano/a ostenta la representación institucional del Colegio, ejecuta los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del Colegio, convoca y preside la Junta General y la Junta de Gobierno y adopta en los casos de urgencia las medidas o acuerdos procedentes, que someterá a la Junta de Gobierno para su ratificación.  
2. También preside las reuniones de los demás órganos colegiales cuando asista y ejerce cuantas otras funciones le asigne el presente estatuto y el Reglamento de régimen interior del Colegio.  
  
Artículo 45. Del Vicedecano/a, Secretario/a, Vicesecretario/a, Tesorero/a, Contador/a y Censor/a  
El Reglamento de régimen interior del Colegio desarrollará las previsiones sobre las competencias de los restantes miembros de la Junta de Gobierno, a partir de las siguientes previsiones básicas.  
a) El vicedecano sustituirá al decano en todas sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.  
b) El secretario da fé de los actos y acuerdos del Colegio, lleva y custodia sus libros, extiende las actas y certificaciones y dirige el personal administrativo siguiendo las directrices de la Junta de Gobierno.  
c) Corresponde al vicesecretario sustituir al secretario en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.  
d) Es competencia del tesorero controlar todos los documentos decarácter económico cuya utilización sea obligatoria para los colegiados, gestionando los fondos y demás recursos del Colegio.  
e) Corresponde al contador sustituir al tesorero en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.  
f) El censor participará y colaborará en el ejercicio material de las funciones disciplinarias.  
  
Artículo 46. Del vocal  
Las funciones atribuidas al vocal se determinan por acuerdo de la Junta de Gobierno. El vocal formará parte de las comisiones de trabajo y emitirá los informes que determine la Junta de Gobierno. Además, sustituirá en sus funciones al censor, contador y vicesecretario respectivamente en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.  
  
Sección 4ª. Régimen de provisión de cargos.  
  
Artículo 47. Carácter electivo y duración del mandato  
1. Los cargos de la Junta de Gobierno tienen carácter electivo. Son honoríficos y no remunerados.  
2. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se hará por sufragio universal, libre, directo y secreto.  
3. Su duración será de cuatro años. Agotado el período de mandato podrán ser reelegidos para elmismo o distinto cargo.  
  
Artículo 48. Condiciones de elegibilidad  
1. Para ser candidato a cualquiera de los cargos de la Juntade Gobierno, será requisito indispensable hallarse en el ejercicio de la profesión y contar con cinco años de ejercicio ininterrumpido, salvo el cargo de Decano que requerirá de diez años de ejercicio también ininterrumpido.  
2. Además, no deben estar incursos en ninguna de las siguientes situaciones:  
a) Condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos.  
b) Sancionados disciplinariamente por cualquier colegio de procuradores, mientras no hayan sido canceladas las sanciones.   
c) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de contribución colegial.  
3. Ningún colegiado podrá presentarse, como candidato, a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en la misma convocatoria.  
  
Artículo 49. Causas de cese  
Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:  
a) Renuncia del interesado.  
b) Ausencia inicial o pérdida sobrevenida de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.  
c) Expiración del plazo de mandato para el que fueron elegidos.  
d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno o a cinco alternas en el término de un año, previo acuerdo de la propia junta.  
e) La aprobación de una moción de censura, de acuerdo con lo previsto en el siguiente artículo.  
  
Artículo 50. Moción de censura  
1. La moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros deberá sustanciarse siempre en junta general extraordinaria convocada a ese solo efecto.  
2. La solicitud de esa convocatoria de junta generalextraordinaria deberá ser suscrita, como mínimo, por un tercio de los colegiados ejercientes y expresará, con claridad, las razones en que se funde.  
3. La junta general extraordinaria deberá celebrarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. No podrán debatirse en la misma otros asuntos que los expresados en la convocatoria.  
4. La válida constitución de la junta generalextraordinaria requerirá la concurrencia personal de más de la mitad del censo colegial con derecho a voto. En esta junta el voto será siempre personal, directo y secreto.  
5. Para que prospere la moción de censura será necesario elvoto positivo de dos tercios de los asistentes.  
6. Hasta transcurrido un año de su celebración no podrá volver a plantearse otra moción de censura.  
  
Artículo 51. Provisión de vacantes  
Si por cualquiera otra causa que no sea la expiración del plazo para el que fueron elegidos se produjeran vacantes en la Junta de Gobierno que no sobrepasen el veinticinco por ciento del total de sus miembros, sus puestos serán cubiertos por el resto de componentes de la Junta de Gobierno, conforme a las disposiciones establecidas en el capítulo tercero del presente título, sin perjuicio de convocar elecciones para cubrir las vacantes habidas.  
  
Artículo 52. Junta provisional  
1. Cuando por cualquier causa quedaren vacantes más de la mitad de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores o, en su defecto, el Consejo General de Procuradores de España, designará una junta provisional, integrada por los colegiados ejercientes con mayor antigüedad, la cual convocará elecciones dentro de los treinta días siguientes al de su constitución. La junta provisional, así constituida, ejercerá sus funciones que hasta que tomen posesión los designados en virtud de elección.  
2. Los designados vienen obligados a aceptar el cargo, que será irrenunciable, salvo razón de grave enfermedad.  
  
Sección 5ª. Régimen electoral.  
  
Artículo 53. Derecho de sufragio activo  
Son electores todos los colegiados que a la fecha de convocatoria del proceso electoral se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos colegiales.  
  
Artículo 54. Convocatoria  
1. La Junta de Gobierno del Colegio convocará elecciones para la provisión de cargos con al menos cuarenta días naturales de antelación a la fecha de su celebración.  
2. La convocatoria habrá de contener los extremos siguientes: cargos objeto de elección; día, hora y lugar de la elección; y calendario electoral.  
3. La Junta de Gobierno podrá aprobar normas electorales que rijan para cada proceso electoral en desarrollo de las presentes previsiones estatutarias. En ese caso, se habrán de adjuntar a la convocatoria.  
  
  
Artículo 55. Junta Electoral  
1. Convocadas elecciones, la Junta de Gobierno procederá a la designación de la junta electoral que estará integrada por un presidente, un secretario y un vocal, elegidos mediante sorteo entre procuradores ejercientes con más de cinco años de ejercicio profesional.  
2. El ejercicio del cargo de miembro de la junta electoral tendrá carácter obligatorio para los designados, quienes solo se podrán excusar por causas graves que habrá de estimar justificadas la Junta de Gobierno.  
3. La Junta Electoral velará por el respeto de las normas estatutarias y colegiales que rigen el proceso electoral, ejerciendo las funciones de impulso y ordenación del proceso electoral que se le atribuyen en el presente estatuto.  
   
Artículo 56. Censo electoral   
1. El Secretario del Colegio elaborará el censo electoral, en el que habrán de figurar todos los colegiados con derecho a voto en la fecha de convocatoria de las elecciones.  
2. El censo estará expuesto en domicilio social del Colegio transcurridos quince días desde la convocatoria de las elecciones. Dentro de los primeros diez días naturales podrán presentarse reclamaciones sobre la inclusión o exclusión de electores. Las reclamaciones se resolverán por la Junta Electoral en los cinco días naturales siguientes. Sólo los colegiados que figuren inscritos en el censo podrán participar en el proceso electoral.  
  
Artículo 57. Presentación y proclamación de candidatos  
1. Las candidaturas deberán presentarse en la secretaría del Colegio, con al menos veinte días naturales de antelación a la fecha señalada para el acto electoral, en sobre cerrado y sellado, que permanecerá bajo custodia de la Junta Electoral hasta el día siguiente a la expiración del plazo.  
2. Las candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.  
3. La junta electoral convocará para el día siguiente de la terminación del plazo de presentación de candidaturas a un representante de cada una que, previamente, haya consignado su nombre en la secretaría del colegio, a tal efecto. En presencia de todos los que hubieran acudido, se abrirán los sobres, y se levantará acta. A continuación, procederá a la proclamación de candidatosde quienes reúnan los requisitos estatutarios.  
4. La junta electoral resolverá las reclamaciones que hubiere dentro de los cinco días naturales siguientes, notificando su resolución a los reclamantes.  
5. La junta electoral proclamará las candidaturas resueltas, en su caso, las reclamaciones interpuestas y dará conocimiento de la proclamación a los colegiados a través de la página web colegial y mediante la inserción en el tablón de anuncios de la sede colegial. La junta electoral aprobará el modelo oficial de papeletas cuya confección deberá iniciarse inmediatamente después de la proclamación.  
  
Artículo 58. Proclamación como electos de candidatos únicos  
En el supuesto de que se presentara una sola candidatura para cada cargo, y fuese proclamada por la junta electoral, la Junta General debidamente constituida podrá acordar su proclamación como decano o miembro de la junta de gobierno sin necesidad de proceder a la votación.  
  
Artículo 59. Campaña electoral  
1. Proclamados los candidatos, dará comienzo la campañaelectoral, que finalizará cuarenta y ocho horas antes de la hora señalada para la celebración de las elecciones.  
2. No podrá difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral, una vez que esta haya legalmente terminado, ni tampoco durante el período comprendido entre la convocatoria de las elecciones y el inicio de la campaña.  
  
Artículo 60. Modalidades de votación. Voto por correo  
1. El voto se podrá ejercer personalmente o por correo.  
2. La votación por correo requiere que quede constancia del envío, se acredite la identidad del votante, se garantice el secreto del voto y sea recibido por la Junta Electoral antes de la finalización de la votación.  
3. El procedimiento de votación por correo se ajustará a los siguientes requisitos:  
a) Con una antelación mínima de diez días, remitirá su voto en la papeleta oficial, que introducirá en un sobre, que será cerrado y, a su vez, introducido en otro mayor, en el que también se incluirá una fotocopia del documento nacional de identidad del elector, quien firmará sobre la misma.  
b) El voto podrá ser remitido mediante correo certificado a través de las oficinas de Correos o mediante empresas privadas prestadoras de servicios postales, debiendo constar, cualquiera que sea el medio utilizado, la fecha de la presentación. El envío se hará a la sede del Colegio de Procuradores, haciendo constar junto a las señas: «Para la junta electoral». El Colegio registrará la entrada de estos envíos y sin abrir el sobre se entregará a la junta electoral el día de la votación.  
4. El día anterior a la celebración de las elecciones será el último día hábil para recibir el voto por correo.  
5. Todo elector podrá revocar su voto por correo compareciendo a votar personalmente. En tal caso, el sobre será destruido en el mismo acto y en su presencia.  
  
Artículo 61. Escrutinio, proclamación de resultados y reclamaciones  
1. Finalizada la votación, la junta electoral procederá de inmediato al escrutinio. Se proclamarán electos para cada cargo a los candidatos que obtengan mayor número de votos. En caso de empate, se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio colegio y, si se mantuviera el empate, el de mayor edad.  
2. Veinticuatro horas antes de comenzar la votación, las candidaturas podrán comunicar a la junta electoral la designación de un interventor de mesa. Los interventores podrán asistir a todo el proceso de votación y de escrutinio y formular las reclamaciones que estimen oportunas, que serán resueltas por aquella y recogidas en el acta por el secretario. Los interventores y los candidatos podrán examinar al término del escrutinio las papeletas que ofrezcan dudas.  
3. Acabado el escrutinio, se levantará acta del resultado y el presidente de la junta electoral hará públicos los mismos a los presentes en la sala. La junta electoral proclamará elegidos a los candidatos correspondientes y publicará los resultados levantando el acta oportuna.  
4. Las reclamaciones contra el resultado de las elecciones se presentarán ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores en el plazo máximo de un mes desde la celebración de las elecciones.  
  
Artículo 62. Toma de posesión  
1. Los nuevos cargos electos tomarán posesión dentro del plazo de los cinco días siguientes a la proclamación de su elección.  
2. En los diez días siguientes, el decano comunicará la toma de posesión de los nuevos cargos al Consejo General de Procuradores, al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores y a la conselleria competente en materia de colegios profesionales.  
  
  
CAPÍTULO III  
Régimen jurídico.  
  
Artículo 63. Normativa aplicable  
1. El ICPCS se rige por las siguientes normas:  
a) La legislación básica estatal y la legislación autonómica en materia de colegios profesionales.  
b) El presente estatuto.  
c) El Reglamento de régimen interior, el código deontológico, y demás normas que se adopten en desarrollo y aplicación del estatuto.  
d) El resto del ordenamiento jurídico en cuanto le resulte aplicable.  
2. Los actos y disposiciones del Colegio adoptados en el ejercicio de funciones públicas se sujetarán al derecho administrativo.  
3. La legislación vigente sobre Régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común será de aplicación supletoria en defecto de previsiones contenidas en las normas estatutarias o reglamentarias en las actuaciones sujetas al derecho administrativo.  
4. Los acuerdos, decisiones o recomendaciones del Colegio deberán observar los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia o leyes que la sustituyan.  
5. En materia de comunicaciones comerciales se estará a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad, y a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal o leyes que las sustituyan.  
  
Artículo 64. Eficacia de los actos  
Los acuerdos adoptados por el Colegio en ejercicio de potestades administrativas se considerarán ejecutivos desde su adopción, sin más requisito que su notificación o publicación cuando proceda y salvo que de sus propios términos resulten sometidos a plazo o condición de eficacia. De esta regla solo se exceptúan las resoluciones en materia disciplinaria que se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 83 del estatuto.  
  
Artículo 65. Régimen general de impugnación  
1. Los acuerdos y resoluciones de los órganos colegiales, incluso los actos de trámite que directa o indirectamente decidan el fondo del asunto, impiden la continuación del procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, son susceptibles de recurso en los siguientes términos:  
a) Los acuerdos de la Junta de Gobierno y de la Junta General son recurribles ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores de los Tribunales.  
b) Los acuerdos de los demás órganos colegiales serán recurribles en su caso ante la Junta de Gobierno.  
2. La interposición, plazos y resolución de los recursos en la vía colegial se regirán por lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades que se disponen en el siguiente precepto.  
3. Los acuerdos dictados en uso de facultades o competencias delegadas de la Administración de la Comunitat Valenciana estarán sometidas al régimen de impugnación general de los actos de la misma.  
  
Artículo 66. Especialidades del procedimiento de recurso  
1. Los recursos de que conozca el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores se interpondrán ante la Junta de Gobierno, que deberá elevarlos, con sus antecedentes y el informe que proceda, al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación.  
2. El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores deberá resolver y notificar en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente a la interposición del recurso. El silencio tendrá efectos desestimatorios. El recurrente podrá solicitar la suspensión del acuerdo recurrido y el Consejo Valenciano de Procuradores de los Tribunales podrá acordarla o denegarla motivadamente.  
3. La Junta de Gobierno estará legitimada en todo caso para recurrir los acuerdos de la Junta General. Si la Junta de Gobierno entendiese que el acuerdo recurrido es nulo de pleno derecho o gravemente perjudicial para los intereses del Colegio, podrá solicitar la suspensión del acuerdo recurrido al Consejo Valenciano, que podrá acordarla o denegarla motivadamente.  
  
Artículo 67. Revisión jurisdiccional  
Los actos emanados de la Junta General y de la Junta de Gobierno del ICPCS, en cuanto estén sujetos al derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
  
CAPÍTULO IV  
Régimen económico-financiero.  
  
Artículo 68. Recursos económicos  
1. Son ingresos ordinarios del Colegio:  
a) Los productos de los bienes, derechos y obligaciones del patrimonio colegial.  
b) Las contribuciones económicas de los procuradores, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.  
c) Las percepciones por la expedición de certificaciones o copias de datos o documentos obrantes en sus archivos, o de copias de documentos por él producidos.  
d) Los honorarios por la elaboración de informes, dictámenes, estudios, y cualesquiera otros asesoramientos que se requieran al Colegio, así como los derechos por admisión y administración de arbitrajes y mediaciones.  
e) Los beneficios que obtenga por sus publicaciones u otros servicios o actividades remuneradas que realice.  
f) Los que por cualquier otro concepto legalmente procedan.  
2. Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:  
a) El producto de las multas, subvenciones, donativos, herencias o legados de los que el Colegio pueda ser beneficiario.  
b) El producto de la enajenación de los bienes de su patrimonio.  
c) Las cantidades que en cualquier concepto corresponda percibir al Colegio por administración de bienes ajenos.  
d) Los ingresos por patrocinio publicitario.  
e) Los que por cualquier otro concepto legalmente procedan.  
  
Artículo 69. Contribuciones de los procuradores  
1. Son contribuciones económicas de los procuradores:  
a) La cuota de incorporación al Colegio. Su importe no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación del ingreso.  
b) La cuota ordinaria fija. Tendrá carácter periódico y será única para todos los colegiados ejercientes.  
c) Los derechos económicos que se devenguen por actuaciones profesionales.  
d) Las cuotas extraordinarias o las derramas colegiales.  
e) Las cantidades que, en su caso, se establezcan por el uso individualizado de los servicios colegiales.  
2. La Junta General determinará la cuantía de las contribuciones colegiales.  
3. A los procuradores procedentes de otro coleººººgio que realicen actuaciones profesionales en el ámbito del ICPCS, al margen de las cantidades que procedan por la utilización de los servicios colegiales, no podrán exigírseles cuotas de ingreso, cuotas ordinarias fijas ni cuotas extraordinarias o derramas colegiales.  
  
Artículo 70. Régimen presupuestario  
1. El régimen económico del Colegio es presupuestario. El presupuesto será anual, único y equilibrado, y comprenderá la totalidad de los ingresos, gastos e inversiones del Colegio referido a un año natural.  
2. En cada presupuesto se cifrarán con la suficiente especificación los gastos previstos en función del programa de actividades a desarrollar por los órganos colegiales, así como los ingresos que se prevea devengar durante el correspondiente ejercicio.  
  
Artículo 71. Auditoría  
Cuando se produzca la renovación total de los miembros de la junta de gobierno o la renovación parcial, en porcentaje igual o superior al 80 % del total de sus miembros, el Colegio, previo acuerdo de Junta General convocada al efecto, deberá ser auditado, por auditor de cuentas titulado, sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponde a los organismos públicos legalmente habilitados para ello.  
  
Artículo 72. Del patrimonio y su administración  
1. Constituye el patrimonio de cada Colegio el conjunto de todos sus bienes, derechos y obligaciones.  
2. La Junta de Gobierno administrará el patrimonio colegial.  
  
Artículo 73. Del personal del Colegio  
La Junta de Gobierno aprobará las bases por las que han de regirse los concursos que se convoquen para cubrir las plazas del personal del Colegio, y procederá a su designación, ya sea con ocasión de vacante o de plazas de nueva creación, en función de las necesidades de la corporación.  
  
  
CAPÍTULO V  
Régimen disciplinario  
  
Sección 1ª. Disposiciones generales  
  
Artículo 74. De la potestad disciplinaria  
1. Los profesionales integrados en el ICPCS deben tener como guía de su actuación el servicio a la comunidad y el cumplimiento de las obligaciones deontológicas propias de la profesión.  
2. El ICPCS sancionará disciplinariamente las acciones y omisiones de los profesionales y, en su caso, de las sociedades profesionales, que vulneren las normas reguladoras de la profesión, el estatuto y reglamentos colegiales o el código deontológico.  
3. Las infracciones se calificarán como muy graves, graves o leves.  
  
Artículo 75. Competencia  
1. El ejercicio de la potestad disciplinaria es competencia ordinaria de la Junta de Gobierno del Colegio.  
2. La competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los miembros de la Junta de Gobierno del ICPCS reside en el Consejo Valenciano de Procuradores de los Tribunales.  
  
Sección 2ª. Infracciones.  
  
Artículo 76. Infracciones muy graves  
Son infracciones muy graves:  
a) La percepción indebida de derechos económicos en la prestación del servicio de representación gratuita.  
b) La realización de actividades profesionales incompatibles por razón del cargo o función desempeñada o en asociación o colaboración con quienes estén afectados por la situación de incompatibilidad.  
c) La emisión de facturas o minutas por conceptos inexistentes o por actuaciones profesionales no realizadas.  
d) La condena de un colegiado en sentencia firme por la comisión de un delito en el ejercicio de su profesión.  
e) La inasistencia reiterada e injustificada a los órganos jurisdiccionales o a los servicios comunes de notificaciones y traslados de escritos.  
f) El incumplimiento de la prohibición descrita en la letra l) del artículo 16 dará lugar a responsabilidad disciplinaria por infracción muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan.  
g) El impago de las contribuciones colegiales cuando el colegiado deja de abonar más de dos cuotas colegiales fijas, o cuotas extraordinarias o servicios colegiales cuyo importe supere el de dos cuotas fijas.  
  
Artículo 77. Infracciones graves  
Son infracciones graves:  
a) El incumplimiento de los deberes consignados en el código deontológico, salvo que el mismo se tipifique como infracción muy grave o leve.  
b) El incumplimiento de las obligaciones de los colegiados descritas en el artículo 16 de este estatuto, salvo que el mismo lo tipifique como infracción muy grave o leve.  
c) La falta de atención o de diligencia o fidelidad en el desempeño de los cargos colegiales, o el incumplimiento de los deberes correspondientes al cargo.  
d) El incumplimiento o desatención de los requerimientos de los órganos colegiales competentes.  
e) La práctica de comunicaciones comerciales no ajustadas a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, o a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.  
f) La práctica de actos de competencia desleal declarados por el órgano administrativo o jurisdiccional competente.  
g) La desconsideración ofensiva hacia los cargos de gobierno colegiales.  
h) El incumplimiento de la obligación de puesta a disposición de los destinatarios del servicio profesional de la información exigida en el artículo 22.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
  
Artículo 78. Infracciones leves  
Son infracciones leves:  
a) La falta de consideración a los colegiados.  
b) La desconsideración no ofensiva hacia los cargos de gobierno colegiales.  
c) Las acciones descritas en el artículo anterior cuando no tuvieran la entidad suficiente para ser consideradas faltas graves.  
  
Sección 3ª. Sanciones  
  
Artículo 79. Clases de sanciones  
1. Podrán imponerse las siguientes sanciones disciplinarias:  
1ª Apercibimiento por escrito.  
2ª Reprensión pública.  
3ª Multa de hasta 300 €.  
4ª Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo de hasta seis meses.  
5ª Multa desde 301 a 6.000 €.  
6ª Multa desde 6.001 a 12.000 €.  
7ª Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo superior a seis meses e inferior a dos años.  
8ª Expulsión del Colegio.  
2. Las sanciones 4ª a 8ª implican accesoriamente la suspensión de los derechos electorales por el mismo período de su duración así como, en su caso, el cese en los cargos colegiales que se ejercieran.  
3. Cuando las infracciones sean cometidas por una sociedad profesional, se aplicarán las mismas sanciones que a los colegiados con las siguientes especialidades:  
a) Las sanciones 4ª y 7ª conllevarán simultáneamente la baja de la sociedad en el Registro de sociedades profesionales por el mismo período de su duración.  
b) La sanción 8ª consistirá en la baja definitiva del Registro de sociedades profesionales con prohibición indefinida de ejercicio profesional.  
c) No resultará de aplicación la sanción accesoria descrita en el apartado segundo de este precepto.  
  
Artículo 80. Correspondencia entre infracciones y sanciones  
1. A las infracciones leves corresponderán las sanciones 1ª, 2ª y 3ª descritas en el apartado primero del artículo anterior, a las graves las sanciones 4ª y 5ª, y a las muy graves, las sanciones 6ª, 7ª y 8ª.  
2. En la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:  
a) Intencionalidad manifiesta de la conducta.  
b) Negligencia profesional inexcusable.  
c) Obtención de lucro ilegítimo.  
d) Desobediencia reiterada a acuerdos o requerimientos colegiales.  
e) Daño o perjuicio grave a terceros.  
f) Hallarse en el ejercicio de cargo público o colegial al cometer la infracción, cuando prevalezca esta condición.  
g) Haber sido sancionado anteriormente por resolución colegial firme no cancelada, a causa de una infracción grave.  
  
Artículo 81. Eficacia y ejecución de las sanciones  
1. Las sanciones impuestas por el Colegio surtirán efectos en todo el territorio español de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 LCP.  
2. Las sanciones no se ejecutarán hasta que no alcancen firmeza.  
  
3. De todas las sanciones, excepto de la 1ª, así como de su cancelación, se dejará constancia en el expediente colegial del interesado y se dará cuenta al Consejo General, al Consejo Valenciano, y en su caso al colegio de pertenencia.  
  
Sección 4ª. Prescripción y Cancelación.  
  
Artículo 82. Prescripción de infracciones y de sanciones  
1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.  
2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las correspondientes a infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones muy graves a los tres años.  
3. Los plazos de prescripción de las infracciones comenzarán a contar desde el día de la comisión de la infracción y los de las sanciones desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución sancionadora.  
Artículo 83. Cancelación de las sanciones  
Las sanciones se cancelarán al año si la sanción impuesta fuera la 1ª, 2ª o 3ª, a los dos años si fuera la 4ª o 5ª, a los cuatro años si fuera la 6ª o 7ª, y a los cinco años la 8ª. Los plazos anteriores se contarán a partir del cumplimiento efectivo de la sanción. La cancelación supone la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos.  
  
Sección 5ª. Procedimiento disciplinario.  
  
Artículo 84. Régimen jurídico del procedimiento  
El ejercicio de la potestad disciplinaria requerirá la incoación del correspondiente procedimiento disciplinario.  
  
Artículo 85. Actuaciones previas  
1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, la Junta de Gobierno podrá realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación.  
2. Estas actuaciones se orientarán, en especial, a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación del procurador que pudiera resultar responsable y las circunstancias relevantes que concurran en unos u otros.  
3. La apertura de este trámite se comunicará al denunciado, con aportación en su caso de la queja o denuncia presentada para que la conteste y formule las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de diez días.  
4. La Junta de Gobierno podrá acordar la práctica de cuantas diligencias de investigación estime oportunas.  
5. Una vez conclusas las actuaciones previas y, en todo caso, transcurrido el plazo máximo de dos meses desde su acuerdo, la Junta de Gobierno ordenará el archivo o la incoación de procedimiento disciplinario a resultas de la misma. Deberá notificarse a los interesados con indicación de los recursos que, en su caso, procedan contra la misma.  
  
Artículo 86. Procedimiento disciplinario  
1. Las faltas leves se sancionarán por la Junta de Gobierno, mediante un procedimiento abreviado que se limitará a poner de manifiesto al interesado los hechos que lo motivan y la propuesta de sanción. Una vez oído el interesado y, en su caso, practicadas las pruebas, se dictará la resolución que proceda.  
2. Las faltas graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno tras la tramitación del correspondiente expediente disciplinario.  
3. El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio por la Junta de Gobierno, como consecuencia de iniciativa propia, petición razonada del decano o denuncia firmada por un colegiado o por un tercero con interés legítimo. La denuncia deberá contener la identificación del denunciante, el relato de los hechos que pudieran constituir motivo de infracción, así como su fecha y, cuando sea posible, la identificación del presunto responsable.  
4. El acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario deberá recoger la identificación del profesional o profesionales presuntamente responsables, los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del expediente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, así como la designación del instructor y, en su caso, secretario del procedimiento, con indicación del régimen de recusación de los mismos y la indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio. El acuerdo se notificará a los interesados.  
5. Tras las oportunas diligencias indagatorias, el instructor propondrá el sobreseimiento del expediente si no encontrara indicios de ilícito disciplinario o formulará pliego de cargos en caso contrario. La resolución de la Junta de Gobierno que disponga el sobreseimiento del expediente será inmediatamente notificada a los interesados.  
6. En el pliego de cargos se indicarán, con precisión, claridad y debidamente motivados, los actos profesionales o colegiales que se presumen ilícitos, la calificación del tipo de infracción en que incurre aquella conducta y la sanción a que, en su caso, pueda ser acreedora.  
7. Se concederá al interesado un plazo de quince días para que conteste por escrito y formule escrito de alegaciones, aporte documentos e informaciones y proponga las pruebas que estime oportunas para su defensa. Podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles en derecho. El instructor practicará las que estime pertinentes entre las propuestas o las que pueda acordar. De las audiencias y pruebas practicadas se dejará constancia escrita en el expediente.  
8. La instrucción concluirá con la formulación de una propuesta de resolución, que fijará con precisión los hechos imputados al expedientado, indicará la infracción o infracciones cometidas y las sanciones que correspondan. De esta propuesta se dará traslado al interesado, al que se concederá nuevo trámite de audiencia para que pueda alegar cuanto estime conveniente a su derecho.  
9. La Junta de Gobierno adoptará motivadamente la resolución que estime conveniente decidiendo todas las cuestiones planteadas. No podrá versar sobre hechos distintos de los que sirvieron de base a la propuesta de resolución. Si el instructor formara parte de la Junta de Gobierno no podrá participar en las deliberaciones ni en la adopción de la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario.  
  
  
CAPÍTULO VI  
Régimen de distinciones, protocolo y símbolos.  
  
Artículo 87. Colegiados y cargos de honor  
1. La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá nombrar colegiados de honor a las personas, físicas o jurídicas, que acrediten méritos o servicios relevantes prestados a la profesión. La distinción podrá, en su caso, concederse a título póstumo.  
2. La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, también podrá otorgar a título honorífico la condición de decano. La distinción recaerá en aquellas personas merecedoras de tal distinción por sus excepcionales cualidades profesionales y sociales y su contribución a la defensa, desarrollo y perfeccionamiento de la procura.  
  
Artículo 88. Otras recompensas  
1. La Junta de Gobierno del Colegio podrá conceder otras recompensas honoríficas y de carácter económico-científico.  
2. Las recompensas honoríficas podrán consistir en felicitaciones y menciones, propuesta de condecoraciones oficiales, designación como miembros honoríficos y otorgamiento de la Medalla de Honor del Colegio.  
3. Las recompensas de carácter económico-científico podrán ser las que, en cada momento, decida la Junta de Gobierno y serán concedidas por esta, pudiendo consistir en premios a trabajos de investigación y publicación, a cargo del Colegio, de aquellos trabajos de destacado valor científico o de investigación que en cada momento se acuerde editar.  
  
Artículo 89. Tratamientos honoríficos y protocolarios  
1. El decano del Colegio tendrá la consideración honorífica de presidente de Sala del Tribunal Superior de Justicia. Llevará vuelillos en su toga, así como las medallas y placas correspondientes a su cargo, en audiencia pública y actos solemnes a los que asistan en ejercicio de los mismos.  
2. En tales ocasiones, los demás miembros de la Junta de Gobierno del Colegio continuarán utilizando como atributos propios de sus cargos la placa de plata colegial y la medalla creada por la Real orden de 26 de junio de 1903.  
  
  
CAPÍTULO VII  
De los procedimientos de disolución y fusión  
  
Artículo 90. Disolución  
1. La disolución del Colegio de Procuradores de Castellón se producirá cuando venga determinada por disposición legal, estatal o autonómica, y será acordada por la Junta General, convocada al efecto, siendo necesario para su aprobación la asistencia de, por lo menos, tres quintas partes de los colegiados y el voto favorable de la mayoría absoluta de los asistentes. La Junta General decidirá sobre el destino del patrimonio colegial a propuesta de la Junta de Gobierno y designará una comisión encargada de liquidarlo.  
2. El acuerdo se comunicará a la conselleria competente en materia de Colegios Profesionales, al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España y al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores de los Tribunales.  
3. La disolución será aprobada por Ley de la Generalitat, previo informe del consejo valenciano de colegios profesionales competente.  
  
Artículo 91. Fusión con otros colegios de procuradores de la Comunitat Valenciana  
1. El ICPCS podrá fusionarse con todos o algunos de los colegios de procuradores de los tribunales que desarrollan su actividad profesional exclusivamente en la Comunitat Valenciana y no rebasen dicho ámbito territorial.  
2. La operación de fusión requerirá la aprobación de la Junta General por mayoría absoluta de los presentes, con la asistencia, al menos, de la cuarta parte de los colegiados, que se pronunciará sobre un protocolo de fusión, que habrá propuesto la Junta de Gobierno.  
3. Acordada por la Junta General la fusión, se someterá a informe preceptivo del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores y se enviará a la conselleria competente en materia de colegios profesionales para su ulterior aprobación por Decreto del Gobierno Valenciano.  
4. Si la aplicación de este procedimiento de fusión conllevara la disolución del Colegio no sería de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.  
  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
  
Primera. Exigencia del título profesional para el ejercicio de la abogacía y de la procura.  
1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley 15/2021, de 23 de octubre, los abogados ya incorporados a un colegio de abogados o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, podrán ejercer como procuradores en los términos establecidos en el artículo 1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre.  
2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la ley 15/2021, quienes, a la fecha de entrada en vigor de la exigencia del nuevo título habilitante para el ejercicio de la abogacía y de la procura regulado en la Ley 34/2006, hubiesen obtenido el título de procurador de los tribunales, estén en posesión de una licenciatura o grado en Derecho y estuvieran incorporados a un colegio de procuradores o en condiciones de incorporarse por cumplir todas las condiciones necesarias para ello, podrán ejercer como profesionales de la abogacía, en los términos establecidos en el artículo 1 de dicha ley siempre que cumplan los siguientes requisitos:  
a) Superación del curso de capacitación profesional a que se refiere el artículo 3 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sin perjuicio de que se reconozcan y convaliden los créditos que se corresponden con la adquisición de competencias específicas de la procura y con las prácticas externas.  
b) Superación de la prueba de evaluación de la aptitud profesional que tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación suficiente para el acceso al ejercicio profesional de la abogacía.  
3. El curso y la prueba de evaluación referidos en el apartado anterior deberán superarse dentro de los dos años académicos siguientes a la fecha de entrada en vigor del Reglamento de la Ley 34/2006, aprobado por Real decreto 64/2023, de 8 de febrero.  
4. La prueba de evaluación referida en el apartado 2.b se desarrollará en los mismos términos y condiciones previstos en el artículo 7 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre y en su reglamento de desarrollo.  
  
Segunda. Exigencia del título de licenciado en Derecho  
1. La condición de licenciado en Derecho recogida por el artículo 23 de la Ley de enjuiciamiento civil, tras la modificación efectuada a la misma por la disposición final primera de la Ley 16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea, se entenderá exigible desde la entrada en vigor de esta última disposición, producida el día 28 de mayo de 2006, de acuerdo con lo dispuesto en su disposición final cuarta.  
2. De acuerdo con la disposición transitoria segunda de aquella Ley, la exigencia del título de licenciado en Derecho no afectará a las situaciones anteriores a su entrada en vigor, no siendo por tanto de aplicación a quienes se encontraren amparados por la misma, la condición de ingreso al Colegio contenida en el artículo 8.1.a del estatuto.   
  
Tercera. Colegiados no ejercientes  
Los procuradores que, a la entrada en vigor del estatuto general, tuvieran la condición de no ejercientes con arreglo a lo dispuesto en el estatuto general de los procuradores de los tribunales de España, aprobado por Real decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, podrán seguir vinculados en tal condición al Colegio con los derechos y obligaciones establecidos en los presentes estatutos.  
  
Cuarta. Mandatos de cargos de gobierno del Colegio  
1. Los miembros de los actuales órganos de gobierno del Colegio permanecerán en sus cargos hasta la expiración de su mandato, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado segundo.  
2. En las primeras elecciones para la provisión de la Junta de Gobierno que se celebren de acuerdo con lo dispuesto en el presente estatuto, se procederá a la renovación completa de todos los miembros de la misma.  
  
Quinta. Recursos  
Los recursos que se encontraren en tramitación a la entrada en vigor del estatuto, continuarán la misma de acuerdo con las normas vigentes en el momento de su interposición.  
  
Sexta. Mantenimiento de vigencia de previsiones del anterior estatuto  
Entre tanto no se apruebe el Reglamento de régimen interior del Colegio en desarrollo del presente estatuto, se mantendrán en vigor las previsiones del anterior estatuto sobre competencias de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que no se opongan a lo dispuesto en este estatuto.  
  
DISPOSICIONES FINALES  
  
Primera. Adecuación y desarrollos normativos  
1. El Colegio adecuará la normativa reglamentaria interna del Colegio a las previsiones del presente estatuto.  
2. En tanto se proceda a dicha adaptación, la normativa interna del Colegio mantendrá su vigencia en cuanto no contradiga lo dispuesto en el presente estatuto.  
  
Segunda. Entrada en vigor  
El presente estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIAS  
  
Única. Efectos derogatorios  
Una vez publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana los presentes estatutos, quedará derogado el estatuto de los procuradores de los tribunales de Castellón, aprobado por acuerdo de Junta General de fecha 15 de enero de 2005, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 15 de junio de 2005, y modificado por acuerdo de Junta General de fecha 21 de noviembre de 2009, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 20 de enero de 2010, así como cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este estatuto.»