Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4432, del 04-02-2003 (2003/1216)

Notificación a la OP número 716, SAT número 175 Masfrut, Ltda., de la Resolución de 10 de diciembre de 2002, de la consellera de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por las ayudas a la producción por entrega de cítricos a la transformación. Campaña 1998-1999.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4432

Fecha DOGV
:   04-02-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/1216


Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a la OP número 716, SAT número 175 Masfrut, Ltda., de la Resolución de 10 de diciembre de 2002, de la consellera de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por las ayudas a la producción por entrega de cítricos a la transformación. Campaña 1998-1999. [2003/A1216]
  
La consellera de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, notifica mediante escrito a la OP número 716, SAT número 175, Masfrut, Ltda., con domicilio en calle La Vila Vella, número 72, 12925 Nules (Castellón) que:
  
«Con fecha 15 de julio de 2002 el director general de Producción Agraria de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación dictó resolución en el expediente número 17-0007-2002, por la que se declara que la organización de productores (OP) número 716, sociedad agraria de transformación (SAT) número 175, Masfrut, Ltda., incumplió la normativa reguladora del régimen de ayudas a la producción por entrega de cítricos a la transformación correspondiente a la campaña 1998-1999, con lo que percibió indebidamente la subvención por importe de 50.542,13 euros y, en consecuencia, se ordena el pertinente reintegro de dicha cantidad más los intereses correspondientes.
  
Contra la resolución citada presenta dicha OP recurso de alzada con base en alegaciones y argumentos a que posteriormente se hará referencia.
  
Para la resolución de la impugnación han de tenerse en cuenta los siguientes
  
Antecedentes
  
1. La OP recurrente, al amparo de los reglamentos (CE) número 2.202/1996 del Consejo y (CE) número 1.169/1997 de la Comisión, contrató con industrias de transformación, para la campaña 1998-1999, la entrega de determinadas cantidades clementina para su transformación en zumo y gajos, y naranja para zumo, entregándose efectivamente cierto número de kilogramos de fruta (cantidades, unas y otras, que se especifican en el expediente y en la resolución recurrida).
  
Como consecuencia de tales actuaciones y con base en las referidas normas, la OP percibió a lo largo de dicha campaña por entrega a transformación de cítricos, en concepto de anticipos y saldo de la ayuda, un importe total de 8.409.503 pesetas (50.542,13 euros), de acuerdo con lo que el expediente y la resolución recurrida igualmente especifican.
  
Con el fin de verificar el cumplimiento por la OP de las disposiciones comunitarias que justifican las este tipo de ayudas económicas a la transformación de cítricos, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 18 del Reglamento (CE) 1.169/1997 citado, se realizaron por funcionarios de esta Conselleria los controles que dicho precepto establece, los cuales se plasmaron en las correspondientes actas que obran en el expediente.
  
2. Ante el contenido de tales actas se inicia el expediente de reintegro, y tras las alegaciones de la interesada y los informes de los técnicos de la dirección general de Producción Agraria, finaliza el procedimiento con la citada Resolución de 15 de julio de 2002, del director general de Producción Agraria, que declara que la OP incumplió la normativa reguladora de la ayuda a la producción por entrega de cítricos a la transformación correspondiente a la campaña 1998-1999 y, en consecuencia, ordena el reintegro de dichas ayudas. Dicho incumplimiento resulta, resumida y fundamentalmente, de los siguientes extremos:
  
- Se constata que no son conciliables los datos sobre kilogramos contabilizados en las entradas con los de las salidas (falta de la concordancia exigida por el artículo 18.2 del Reglamento 1169/1997).
  
- No se justifica documentalmente que las entregas a industria procedan efectivamente de producto de los socios de la OP (incumplimiento del artículo 3 del Reglamento 1.169/1997).
  
- Se incumplen las normas sobre liquidaciones, plazos y forma de pago a los socios de la OP (inobservancia del artículo 15.2 del Reglamento 1.169/1997).
  
- Uno de los socios no figura en los listados de efectivos productivos (LEP) presentados por la OP
  
(transgresión del artículo 8.1 del Reglamento 1.169/1997).
  
3. Contra la citada resolución interpone la interesada recurso de alzada con base, resumida y fundamentalmente, en las siguientes alegaciones:
  
- Las diferencias constatadas entre las entradas y salidas de producto del almacén son debidas a las mermas que son normales y corrientes en este tipo de operaciones.
  
- Las dudas de la administración acerca de que las entregas a industria procedan efectivamente de producto de los socios de la OP, se deben a que aquélla toma como referencia los albaranes de entrada en el almacén, y éstos pueden reflejar datos erróneos.
  
- Los defectos en la formalización de las liquidaciones son debidos a la creencia de que se estaba actuando correctamente, sin que ello haya impedido que los socios de la OP hayan percibido las cantidades pertinentes.
  
- Se solicita una interpretación flexible de las normas contenidas en los reglamentos comunitarios de aplicación.
  
4. Con fecha 20 de septiembre de 2002 se emite informe por el propio director general de Producción Agraria, que concluye proponiendo la desestimación del recurso presentado.
  
Fundamentos de derecho
  
1. La competencia para resolver este recurso de alzada corresponde a la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero), en relación con el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, aprobado por Decreto 89/1999, del Gobierno Valenciano, y con el Decreto 178/1996, de 2 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se designa el organismo pagador y el organismo de certificación de los gastos correspondientes a la sección de garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) en la Comunidad Valenciana, y se establece su régimen de organización y funcionamiento.
  
2. Las alegaciones contenidas en el recurso de alzada se limitan a reproducir lo ya señalado por la interesada durante la tramitación del procedimiento de reintegro, y han sido ya debida y correctamente contestadas por la resolución que puso fin a aquél, y que ahora es objeto de recurso.
  
Así, la recurrente en ningún momento discute ni pone en cuestión la realidad de las irregularidades apreciadas por la Administración, circunscribiéndose a discutir las consecuencias jurídicas aplicables a aquéllas (a pesar de lo evidente de las mismas) o a ofrecer ?con mayor o menos peso jurídico- lo que entiende como explicaciones o justificaciones de tales inobservancias, justificaciones que en ningún caso están contempladas por las normas de aplicación al caso.
  
Por lo que hace referencia a las ?mermas- que, según la recurrente, justificarían las diferencias entre los datos de entrada y salida del producto en y desde la OP, baste remitirnos aquí a lo que correctamente se señala en la resolución impugnada, acerca de la constatación irrebatible de tales discordancias con base incluso en la propia contabilidad formalizada por la OP, a pesar de que ésta mantiene que tales mermas no se contabilizaron.
  
Tampoco cabe admitir el argumento acerca de las dudas sobre la fiabilidad de los albaranes (en cuanto a la falta de justificación de que las entregas a industria procedan efectivamente de socios de la OP), pues son precisamente tales documentos los que permiten ?a falta de otro tipo de acreditación, inexistente en este caso- comprobar que la mercancía enviada a industrialización proviene de los socios de la OP (artículo 3 del reglamento).
  
3. En todo caso, y como contestación común a estos dos argumentos del recurso debe señalarse aquí que una de las cuestiones fundamentales que exige el presente régimen de ayudas es que sea posible comprobar y acreditar que existe concordancia entre el producto enviado a transformación y el puesto a disposición de la OP por sus socios, siendo necesario para ello garantizar que toda la materia prima que se destina a industria procede únicamente de aquéllos, y evitar cualquier duda acerca de que se aproveche este régimen para que, ilícitamente, por los almacenes con los que la OP colabora se envíe a la industria fruta no procedente de socios de la OP y productores independientes que tengan suscritos contratos con ésta.
  
Y para ello se hace esencial que la OP controle las entradas en la misma que dan origen de las entregas a industria, encontrándose la OP obligada a unas especiales actuaciones fiscalizadoras y preventivas, lo cual no es sino manifestación de lo que se establece expresamente en el preámbulo del Reglamento (CE) 2.202/1996, al señalar que la intervención de las organizaciones de productores se prevé, entre otras razones, para ?el control eficaz de los productos que vayan a entregarse?.
  
Esta comprobación diligente que compete a la OP (y cuya realización ha de acreditar ante la Administración) puede plasmarse en uno u otro soporte documental, pero lo que ha de verificar y tener por demostrado el órgano administrativo es que la OP ha efectuado esas actuaciones fiscalizadoras y preventivas mencionadas, a las que está especialmente obligada ?reiteramos- dada la condición de comerciantes de los almacenes con los que colabora.
  
Por consiguiente, la discusión debe centrarse no tanto en el valor atribuible a los albaranes per se, como en si ha quedado demostrado de forma fehaciente que la OP ha intervenido con la diligencia debida en aquella fase del proceso consistente en la entrada de fruta proveniente de sus socios en las instalaciones desde las que se envía el producto a su transformación.
  
Y para la obtención de la certeza acerca de si la OP ha intervenido diligentemente en esa fase del proceso (lo que no supone en definitiva sino la comprobación por parte de la administración de la coherencia a que se refiere el artículo 18 del Reglamento 1.169/1997) no cabe considerar bastante lo aportado por la recurrente, ya que de la misma no se deduce indubitadamente la presencia o intervención documentada de la OP en el momento de entrada de la mercancía de socios en el ámbito organizativo de aquélla; por ello, de acuerdo con la norma comunitaria de aplicación, al no haber sido posible realizar las verificaciones pertinentes para establecer la concordancia a la que alude el citado artículo 18 (que justifica, entre otros, la finalidad de estas ayudas), no cabe concluir sino en el incumplimiento de este régimen subvencional por falta de las justificaciones pertinentes.
  
4. Nada se alega en el recurso sobre lo constatado por la administración acerca de la transgresión del artículo 8.1 del Reglamento 1.169/1997, al no existir coincidencia entre los socios perceptores de las ayudas y los que figuras en los LEP, y tampoco cabe admitir ?por razones obvias- los argumentos de la recurrente acerca del incumplimiento del artículo 15.2 del reglamento (creencia de estar actuando correctamente).
  
Por último, y ante la solicitud de flexibilidad en la interpretación o aplicación de las normas reglamentarias por la administración, baste recordar aquí la exigencia constitucional de que el actuar de la administración sirva con objetividad el interés público ajustándose plenamente a derecho.
  
Por lo expuesto, atendiendo a las actuaciones contenidas en el procedimiento y vistos los preceptos legales citados, los de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y demás de general y pertinente aplicación, se dicta la siguiente
  
Resolución
  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por la organización de productores (OP) número 716, sociedad agraria de transformación (SAT) número 175, Masfrut Ltda., contra la Resolución de 15 de julio de 2002, del director general de Producción Agraria de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, dictada en el expediente número 17-0007-2002, por la que se declara que la organización de productores citada incumplió la normativa reguladora de la ayuda a la producción por entrega de cítricos a la transformación correspondiente a la campaña 1998-1999, con lo que percibió indebidamente la subvención por importe de 50.542,13 euros y, en consecuencia, se ordena el pertinente reintegro de dicha cantidad más los intereses correspondientes.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir del siguiente al de la fecha de la recepción de esta notificación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
  
Lo que le comunico de conformidad con lo previsto en los artículos 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 29/1998, de 13 de julio.
  
Valencia, 10 de diciembre de 2002.- La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación: Mª Àngels Ramón-Llin i Martínez.»