Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6092, del 01-09-2009 (2009/9570)

Bases particulares reguladoras del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de la UE 36/2 del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera.
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Número DOGV
:   6092

Fecha DOGV
:   01-09-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2009/9570


Fecha del documento
:   05-08-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Cullera

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Cullera
    * plan de urbanismo
    * administración local

Bases particulares reguladoras del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de la UE 36/2 del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera. [2009/9570]  
Unitats d'execució en sòl urbà  
Fitxa de característiques de la unitat  
UE 36/2  
1. Àmbit territorial Sant Antoni  
2. Superfície total 14.754,80 m.²  
3. Superfície neta 14.754,80 m.²  
4. Superfície dotacions públiques:  
Espais lliures públics 288,60 m.²  
Servici públic i/o servici urbà 1.820,25 m.²  
El Pleno del Ayuntamiento de Cullera, en sesión celebrada en fecha 28 de julio de 2009, adoptó, entre otros, acuerdo relativo a la apertura de procedimiento para la gestión indirecta de un programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución 36/2, aprobación de bases particulares y publicación de anuncios del concurso.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, se transcriben literalmente las bases particulares reguladoras de dicho programa:  
Bases particulares reguladoras del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de la Unidad de Ejecución UE-36/2 del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera.  
Base I. Objeto del contrato  
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada que se especifica en las presentes bases particulares, en las que se regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la selección de un propuesta de programa de actuación integrada y de un urbanizador para el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución UE-36/2 del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera.   
Base II. Régimen jurídico   
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las presentes bases particulares serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat (modificado por Decreto 36/2007), y las bases generales de programación aprobadas por el Ayuntamiento de Cullera, en sesión de fecha 28 de marzo de 2006 (BOP 22.09.06).   
Serán, asimismo, de aplicación supletoria las disposiciones contenidas la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, así como las normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación aprobadas por este Ayuntamiento y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
Base III. Ordenación urbanística vigente  
La ordenación urbanística en el ámbito de actuación está constituida por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Cullera de 1995, que clasifica el suelo objeto de nueva programación como suelo urbano, incluyéndolo dentro de la unidad de ejecución UE 36/2, cuyas determinaciones se prevén en la ficha de características y que son las siguientes:   
Educatiu cultural m.²  
Vials 8.033,15 m.²  
Total superfície dotacions públiques 11.488,10 m.²  
5. Edificabilitat lucrativa i superfície sòl lucratiu:  
CAS (casc) m²t m.²  
EDT (edificació tancada) 5.409,25 m²t 491,75 m.²  
EDO-1 (edificació oberta tipus 1) 13.234,00 m²t 4.612,80 m.²  
UFA (unifamiliar aïllada) m²t m.²  
UFH (unifamiliar agrupada) m²t m.²  
TER-1 (enclavament terciari) m²t m.²  
TER-2 (àrea terciària) m²t m²  
TER-3 (terciari recreatiu) m²t m.²  
IND (indústries i magatzems) m²t m.²  
Altres m²t m.²  
Total edificabilitat lucrativa 18.643,25 m²t  
Total sòl lucratiu 5.104,55 m.²  
6. Aprofitament mitjà (m² EDA-1/m² sòl)\* 1,264 m²t/m²s  
7. Sistema d'actuació compensació  
8. Termini d'execució\*\* 2 anys  
\* \* \* \* \*  
Unidades de ejecución en suelo urbano  
Ficha de características de la unidad  
UE 36/2  
1. Ámbito territorial San Antonio  
2. Superficie total 14.754,80 m.²  
3. Superficie neta 14.754,80 m.²  
4. Superficie dotaciones públicas:  
Espacios libres públicos 288,60 m.²  
Servicio público y/o servicio urbano 1.820,25 m.²  
Educativo cultural m.²  
Viales 8.033,15 m.²  
Total superficie dotaciones públicas 11.488,10 m.²  
5. Edificabilidad lucrativa y superficie suelo lucrativo:  
CAS (casco) m²t m.²  
EDC (edificación cerrada) 5.409,25 m²t 491,75 m.²  
EDA-1 (edificación abierta tipo 1) 13.234,00 m²t 4.612,80 m.²  
UFA (unifamiliar aislada) m²t m.²  
UFH (unifamiliar agrupada) m²t m.²  
TER-1 (enclave terciario) m²t m.²  
TER-2 (área terciaria) m²t m²  
TER-3 (terciario recreativo) m²t m.²  
IND (industrias y almacenes) m²t m.²  
Otros m²t m.²  
Total edificabilidad lucrativa 18.643,25 m²t  
Total suelo lucrativo 5.104,55 m.²  
6. Aprovechamiento medio (m² EDA-1/m² suelo)\* 1,264 m²t/m²s  
7. Sistema de actuación compensación  
8. Plazo de ejecución\*\* 2 años  
Base IV. Objetivos de la programación  
Los principales objetivos de la programación son:  
a) Regularizar la situación jurídica de las fincas incluidas en la unidad de ejecución.  
b) Urbanizar la unidad de ejecución que constituye el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa y a lo que se establezca en el proyecto de urbanización que apruebe este Ayuntamiento.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, hidráulicas, de comunicaciones y servicios públicos existentes en su entorno y adecuarlas a las nuevas necesidades que se deriven de la urbanización de la zona.   
d) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, a favor de la administración gratuitamente.  
3. Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público de suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, contemplando la posibilidad de que dicha compensación del excedente de aprovechamiento pueda realizarse mediante compensación económica afecta al patrimonio municipal de suelo a cuenta del urbanizador.   
En este sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1.b del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, en relación con el artículo 21.2 de la Ley Urbanística Valenciana, tras la redacción dada por el Decreto Ley 1/2008, de 27 de junio, del Consell, de medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo, deberán cederse al Ayuntamiento libre de cargas las parcelas edificables correspondientes al 5% del aprovechamiento tipo o su equivalente económico, cuantificado sobre la base de un estudio de mercado actualizado que en caso de presentarse por el agente urbanizador deberá someterse al análisis de los servicios técnicos municipales.   
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.  
Base V. Precio de licitación  
El precio de licitación, a los únicos efectos de servir de base para el cálculo de la garantía provisional (art. 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana), se establece en 1.912.719,26 euros, incluyendo dicha cantidad el presupuesto de ejecución material, los gastos generales (16%), el beneficio industrial(6%) y el impuesto sobre el valor añadido (16%), no incluyendo por tanto las restantes cargas que habrán de concretarse en las respectivas ofertas (beneficio del urbanizador, honorarios de redacción de proyectos, gastos de gestión, indemnizaciones si las hubiera, etc.)   
El precio de licitación deviene de la actualización de los precios del proyecto de urbanización aprobado por Resolución de Alcaldía, de 3 de junio de 2008, en desarrollo del programa de actuación integrada aprobado por este Ayuntamiento en fecha 31 de enero de 2006, el cual posteriormente resultó anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de 12 de septiembre de 2008 (sentencia número 1349/08. Sección Primera). Conforme a lo señalado en el informe suscrito conjuntamente por el arquitecto municipal Luis J. Latorre y el letrado asesor de Urbanismo, Salvador Bañuls, en fecha 7 de julio de 2009, ello no impide que pueda tomarse dicho programa como referencia a estos efectos, toda vez que la anulación decretada por la sala no obedeció a ninguna causa imputable a la documentación aprobada.   
Base VI. Plazos de desarrollo y ejecución del programa  
Se establecen los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por parte del urbanizador:  
A) Plazo máximo para presentar un nuevo proyecto de reparcelación ajustado al nuevo programa, a contar desde la firma del convenio, tras la aprobación de la adjudicación del programa: tres meses.  
B) Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización contado desde la firma del acta de replanteo de inicio de obras, que deberá suscribirse a su vez en un plazo de 15 días a contar desde la firmeza en vía administrativa del proyecto de reparcelación: nueve meses.  
Teniendo en cuenta el entorno en que está situada la unidad de ejecución a desarrollar, las obras de urbanización deberán ejecutarse entre los meses de septiembre y mayo.   
Base VII. Capacidad para ser urbanizador  
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en los artículos 49 y 50 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.   
Base VIII. Solvencia económica y financiera  
La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
d) Acreditación de propiedades ubicadas en el sector en cantidad suficiente para que estos garanticen al menos en parte la ejecución de las obras.  
Base IX. Solvencia técnica y profesional  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
e) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
f) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés urbanístico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
Base X. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, una garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto estimado de las cargas de urbanización.  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se establece para esta programación en un mínimo del 10% del valor de las cargas de urbanización. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
Base XI. Presentación de proposiciones  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Cullera, sito en la plaza de la Virgen, número 5, en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha del envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea y en horario de 09.00 a 14.00 horas, sus proposiciones, integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
Sobre A. Alternativa técnica, que se presentará en sobre abierto.   
Sobre B. Proposición jurídico-económica, que se presentará en sobre cerrado.  
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.  
Sobre C. Se presentará con el título de «Documentación» y contendrá la siguiente:  
a) Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en urbanismo.  
b) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.  
c) Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar documento nacional de identidad o fotocopia legalizada del mismo.  
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base X.  
e) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
f) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera  
g) Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.  
h) En su caso, declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la Ley Urbanística Valenciana.  
En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
1. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.  
Base XII. Proposición jurídico-económica  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
B) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.  
C) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
D) Hoja resumen de los datos económicos relevantes.  
E) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b) de la Ley Urbanística Valenciana.  
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos, a que se refiere el artículo 168.1 de la Ley Urbanística Valenciana.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución cuando ello resulte materialmente posible.  
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
F) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
G) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones, plantaciones y demás conceptos que en su caso deban desaparecer.  
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.  
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.  
Base XIII. Admisibilidad de variantes  
1. Únicamente se admitirán aquellas variantes en el planeamiento que supongan una mejor integración de la unidad con su entorno o una mejor solución a los problemas de tráfico que podría plantear el desarrollo de la unidad tal como ésta aparece prevista en el Plan General de Ordenación Urbana. Dichas variantes, que en ningún caso podrán suponer una modificación en la ordenación estructural prevista por el Plan General de Ordenación Urbana, podrán presentarse bajo la forma de plan de reforma interior de aprobación municipal.  
2. No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las modificaciones que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
3. La presentación de una variante en ningún caso legitimará la presentación de una nueva proposición jurídico-económica.  
Base XIV. Criterios de adjudicación  
Los criterios de valoración para seleccionar al agente urbanizador serán los siguientes:   
Criterios para la valoración de las alternativas técnicas (100 puntos).  
1. Calidad técnica de la ordenación propuesta (50 puntos).  
2. La resolución adecuada de la integración en el entorno (10 puntos).  
3. Mejor estructuración de las dotaciones públicas y espacios libres (10 puntos).  
4. La calidad técnica de las resoluciones propuestas para la urbanización (10 puntos).  
5. Número, ubicación y calidad de viviendas sometidas a algún régimen de protección (5 puntos).  
6. Inversión de programas de restauración paisajística o imagen urbana (5 puntos).  
7. Menor plazo de ejecución de la obra de urbanización, sin que sea admisible una reducción de plazo superior a dos meses.   
8. Compromisos de edificación simultánea a la urbanización.  
9. Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador.  
10. Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa, incluido el compromiso de contratar un técnico competente que supervise el desarrollo de las obras y emita informes mensuales (7+8+9+10 = 10 puntos).  
No se abrirán las proposiciones jurídico-económicas de aquellas alternativas técnicas que no sumen al menos 70 puntos.  
Criterios para la valoración de las proposiciones jurídico-económicas (100 puntos).  
1. Menor importe de las cargas de urbanización, expresado en ?/m²t: 25 puntos.  
2. Mayor valoración de los terrenos a los efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie: 30 puntos.  
3. Mayor proporción de terrenos propios y asociados: 25 puntos.  
4. Menor proporción de solares o aprovechamientos que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa: (2+3+4 = 55-75%) 15 puntos.  
5. Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador: 5 puntos.  
Ponderación de la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica:  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 312.2 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, se aplicará una ponderación de los criterios de puntuación de modo que la alternativa técnica supondrá un 60% y la proposición jurídico-económica supondrá un 40% de la valoración final.  
Base XV. Adjudicación del programa  
La adjudicación del programa y la formalización del contrato se realizará en los términos establecidos en las bases generales aprobadas por el Ayuntamiento de Cullera (art. 16 y 17).  
Base XVI. Cumplimiento  
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las citadas obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador del certificado final de obra y de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.  
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y recabar informe del técnico supervisor, y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.  
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.  
6. El plazo de garantía será de 12 meses desde el momento en que se haya llevado a cabo la recepción por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten.  
Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario, previa subsanación de las posibles deficiencias.  
Base XVII. Resolución  
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.  
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La no formalización del contrato en plazo.  
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.  
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación.  
Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.  
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.  
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por la normativa urbanística y contractual.   
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.  
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje o cualquier otro organismo al que competa emitir el mismo.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje (u organismo competente), que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.  
Base XVIII. Prerrogativas de la administración  
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  
Base XIX. Jurisdicción competente  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador.  
Cullera, 5 de agosto de 2009.- El alcalde: Ernesto Sanjuán Martínez.