Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7137, del 23-10-2013 (2013/10799)

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2013, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada en el sector de la enseñanza en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7137

Fecha DOGV
:   23-10-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/10308


Fecha del documento
:   21-10-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * huelga

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2013, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada en el sector de la enseñanza en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2013/10786]  
Antecedentes  
Vistos los siguientes escritos con entrada en la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo:  
- Escrito presentado el día 8 de octubre de 2013, presentado por Vicent Maurí i Genovés, en representación del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana, por el que se pone en conocimiento de la autoridad laboral la convocatoria de una huelga que afectará a todos los funcionarios y trabajadores dependientes de todas las administraciones educativas y de las universidades, tanto al PAS laboral, PAS funcionario, PDI laboral y PDI funcionario, afectando también a todos los trabajadores docentes y no docentes de la enseñanza sostenida total o parcialmente con fondos públicos, monitores de comedor y otras actividades en centros públicos y privados concertados, personal de atención educativa o asistencial externalizado, personal de las escuelas dependientes de la Administración local, y personal de titularidad municipal, con servicio externalizado. La huelga tendrá lugar durante la jornada del día 24 de octubre de 2013, comenzando a las 00.00 horas y acabando a las 24 horas del citado día.   
- Escrito presentado el día 8 de octubre de 2013 por Daniel Matoses Climent, en representación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF - Comunitat Valenciana, por el que se pone en conocimiento de la autoridad laboral la convocatoria de huelga en el ámbito nacional, afectando a todos los empleados públicos del sector de la enseñanza, que se realizará el día 24 de octubre de 2013 desde las 00.00 hasta las 23.59 horas.  
- Escrito presentado el día 11 de octubre de 2013 por Miguel Ángel Vera Mora, en representación de CCOO, PV y por Guillermo Martí Peris, en representación de FETE-UGT, por la cual se anuncia la convocatoria de una huelga general que afectará a todas las actividades desempeñadas por funcionarios públicos docentes de las administraciones públicas educativas establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico español, incluyendo el personal funcionario dependiente de las administraciones educativas en el exterior, afectando por tanto a todos los empleados públicos de la Administración educativa del Estado, Administración educativa de comunidad autónoma, Administración local, Administración educativa en el servicio exterior y universidades públicas. Igualmente afecta a todos los trabajadores docentes y no docentes de la enseñanza sostenida total o parcialmente con fondos públicos, monitores de comedor y otras actividades en centros públicos y privados concertados, personal de atención educativa o asistencial externalizado y personal de la escuelas dependientes de la Administración local. La huelga se llevará a efecto el día 24 de octubre de 2013, desde las 00.00 hasta las 24 horas. Para aquellos trabajadores y trabajadoras de centros con jornadas especiales podrá comenzar a las 02.00 horas del día 23 hasta las 08.00 horas del día 25 de octubre de 2013.  
- También ha tenido entrada el escrito de convocatoria de huelga en la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, presentado por Laureano Bárcena Ortiz, en representación de ANPE Comunitat Valenciana, que afectará a todo el personal contratado y personal funcionario del sector docente, dependiente de administraciones educativas, y demás personal de la Administración que desee adherirse a la misma.  
También se ha tenido conocimiento de las siguientes convocatorias de huelga de carácter estatal:  
- Convocatoria de huelga de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO), que afectará a las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y empleados públicos (independientemente del tipo de relación jurídica que tengan: funcionarios, laborales, estatutarios, interinos, discontinuos y/o temporales) y privados de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado Español.  
- Convocatoria de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), de huelga en el sector de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos y empresas de atención a personas con discapacidad que tengan suscrito concierto educativo con las administraciones de todo el territorio del Estado español, que afectará a todos los docentes de dichas empresas, docentes de todos sus niveles educativos y no docentes, llevándose a efecto el día 24 de octubre de 2013 desde las 00.00 hasta las 24.00 horas.  
  
Fundamentos jurídicos  
  
Primero. La competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio público, establecida en el artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana y por delegación a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, según los decretos 19/2012, de 7 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se determinan las consellerías en que se organiza la Administración de la Generalitat; 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, y 188/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 28.2, y 149.1.7. de la Constitución Española y el artículo 51.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, así como el artículo 2.º, 1 del Real Decreto 4105/1982, de 29 de diciembre, y su anexo I sobre transferencias de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalitat Valenciana en materia de trabajo.  
Segundo. Se debe conjugar la atención de los servicios públicos con el ejercicio del derecho de huelga que, con la calificación de fundamental instituye nuestra Constitución en su artículo 28.2, tal como ha señalado la importante Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981, desarrollada posteriormente, entre otras, por las sentencias 26 y 33/81, 51 y 53/86, 27/89 y 43/90, en concordancia con el Real Decreto Ley 17/1997, de 4 de marzo. En consecuencia, solo se debe limitar el derecho de huelga en la justa y estricta medida para el mantenimiento de los servicios públicos, pudiendo la autoridad laboral acordar las medidas necesarias para asegurar su funcionamiento.  
En la medida en que la destinataria y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y si estos son al mismo tiempo esenciales para esta, su ejercicio no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los citados servicios, entendiendo que el derecho de la comunidad a estas prestaciones es prioritario respecto del derecho de huelga, sin que, por otra parte, la consideración de un servicio como esencial signifique la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento. Se señala finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos.  
Tercero. De acuerdo con doctrina constitucional reiterada, el carácter esencial de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa, como se ha señalado, en el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y en el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito en el que se concreta esta resolución, se traduce en lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española, sobre derecho a la educación y su desarrollo en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. Además, el artículo 49 obliga a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con deficiencias físicas, sensoriales y psíquicas. Por último, también el artículo 39 de la Constitución garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia.  
Cuarto. La clase y número de trabajos que hayan de realizarse para cubrir los derechos y libertades que el servicio satisface, y el tipo de garantías que ha de adoptarse, no pueden determinarse de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes y/o derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurren para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho de huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12.11.1997, núm. 1147/1997).  
En este sentido la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2007 ha incidido en la exigencia de motivación en las resoluciones que fijen los servicios mínimos, señalando que esta misma debe concretarse hasta alcanzar a las circunstancias singulares de la convocatoria de que se trate. También la Sentencia de 10 de noviembre de 2010 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo tribunal ha incidido en esta exigencia, en mayor medida cuando se refuerzan servicios mínimos establecidos en sentencias anteriores, y en la exigencia de distinguir en el establecimiento de servicios mínimos las peculiaridades de los diversos días y horas que concurren en una misma convocatoria.  
Quinto. En el presente caso, la huelga tendrá lugar durante una jornada lectiva completa.  
El ejercicio del derecho de huelga mediante la presente convocatoria afecta a otro derecho fundamental como es el de educación, bien jurídico también protegido. En este sentido, este último no puede verse interrumpido totalmente mediante el cierre generalizado de los centros, lo que supondría la prevalencia absoluta de un derecho sobre otro.   
En el análisis sobre los servicios esenciales mínimos a establecer, hay que partir del hecho de que los centros deben permanecer abiertos en su horario habitual, sin que la Administración educativa o las empresas que gestionan centros privados de enseñanza puedan determinar un cierre absoluto por parte de sus responsables durante los paros, que sería antijurídico, y ello además para garantizar el derecho de los usuarios a acudir a los centros, que no puede serles impedido, y también el de los trabajadores que pudieran no seguir los paros. Por este motivo, no es posible asimilar el día de la huelga con un día festivo a efectos de la fijación de los servicios mínimos a desempeñar. Lo contrario supondría la prevalencia absoluta del derecho de huelga sobre los intereses, también constitucionalmente protegidos, de los usuarios del servicio.   
Además, la apertura de los centros, con el consiguiente e ineludible acceso de los usuarios menores de edad, incluyendo niños/as de muy corta edad, puede ocasionar una situación de peligro en relación a estos, que son especialmente vulnerables, requiriéndose especial atención y cuidada vigilancia por razón de su seguridad, lo cual supone un rasgo particular de la presente convocatoria, que en otras podría no darse por tratase de usuarios mayores de edad con autonomía personal.   
Tampoco se puede olvidar la general afectación a la sociedad en general por los problemas derivados de la conciliación de la vida familiar y laboral, debiendo conjugarse el derecho de huelga con el derecho al trabajo de los padres, tal y como sostiene el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 19 de junio de 2002, dictado como consecuencia de la suspensión de la Orden de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de 13 de junio de 2002, por la que se establecían los servicios esenciales mínimos para la huelga general convocada para el día 20 de junio de 2002.   
Debido a la exigencia de apertura de todos los centros, con el consiguiente acceso de los menores, cuyos padres tienen derecho a conciliar su vida familiar y laboral, con la consiguiente situación de peligro en relación a la seguridad de los alumnos, derivada de la falta de vigilancia o de atención sobre los mismos, se considera imprescindible la prestación de unos servicios mínimos consistente en la presencia física en los centros de parte de las personas responsables, para evitar cualquier tipo de alteración o incidente no deseado.   
Además, deben garantizarse estos servicios esenciales en todas las etapas educativas de la enseñanza: Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, en las que los alumnos son menores de edad, y por supuesto en la educación especial, por las características personales de los alumnos, de especial vulnerabilidad, en congruencia con el deber de vigilancia que compete a la Administración educativa sobre los menores que concurren a los centros escolares.  
En cuanto a la fijación concreta del número de personas responsables, que deberán desempeñar los servicios mínimos necesarios para satisfacer los intereses que deben ser protegidos, garantizando, tanto el derecho de huelga, como los derechos a trabajar de los padres y de los alumnos a su propia seguridad, el análisis debe centrarse en el aspecto cuantitativo del número de alumnos que habitualmente acuden a los centros, porque no es posible predecir cuántos de ellos asistirán a clase el día de la huelga. La ratio de alumnos por aula se sitúa actualmente en un máximo de 30 en Educación Infantil y Primaria y 36 en Educación Secundaria, por lo que este será el patrón máximo para discernir cuál debe ser la presencia mínima de profesionales para atender la necesidad de seguridad de los alumnos o las incidencias que se planteen en los centros, sin pretender cubrir la actividad lectiva habitual.  
En primer lugar, debe ser fijada la presencia de una persona responsable en cada centro, en la figura de un miembro del equipo directivo, imprescindible para la atención y resolución de las incidencias que puedan surgir.  
En los centros de Infantil y Primaria, que agrupan a niños de corta edad, desde 3 hasta 12 años, se considera necesaria la presencia mínima de un profesor por etapa, con un mínimo de un profesor por cada seis unidades. Esto se justifica en el número de alumnos que se podría llegar a atender, que, como se ha mencionado, aunque resulta difícil de predecir, y que podría ascender en cada etapa educativa a un máximo de 9 unidades en Infantil y 18 en Primaria, en los centros que cuenten con tres unidades en cada nivel, lo que multiplicado por la ratio actual, aun cuando el número de alumnos disminuya significativamente por la huelga, da un número excesivo para ser atendido por un único profesor, por lo que se debe considerar establecer el límite de un profesor por cada seis unidades que, suponiendo seis veces más que la atención habitual, no resulta razonable superar.  
En los centros de Secundaria Obligatoria, con niños desde 12 hasta 16 años, con mayor grado de autonomía, se considera necesaria la presencia de un profesor por etapa, con un mínimo de un profesor por cada ocho unidades. Si bien el número de alumnos a atender, siguiendo la motivación realizada en el caso anterior de la educación infantil y primaria, también puede ser ciertamente elevado, e incluso algo superior, porque la ratio es mayor, hay que valorar la mayor madurez de estos alumnos, por lo que se amplía a ocho el mínimo de unidades en las que tiene que haber un profesor.  
En los centros específicos de educación especial, debido a los motivos ya señalados y a la particularidad añadida de que agrupa a alumnos claramente vulnerables, la prestación de servicios mínimos deberá ser realizada por un educador por cada cinco unidades.  
Por último, en los centros de enseñanza o educación con internado, se debe garantizar adicionalmente que se prestarán los servicios propios de los días festivos, porque lo contrario podría suponer una situación de desamparo para los niños.  
Por los motivos expuestos, se considera necesario el desempeño de servicios mínimos por parte de un miembro del equipo directivo, y de un profesor por etapa, con un mínimo de un profesor cada seis unidades en Infantil-Primaria y cada ocho en secundaria obligatoria, y uno por cada cinco educadores en la enseñanza especial, porque se considera que es el único modo de garantizar, tanto el derecho de huelga, como los derechos a trabajar de los padres y de los alumnos a su propia seguridad.   
Sexto. Si bien la continuidad del servicio debe quedar asegurada durante la huelga, el establecimiento de los servicios mínimos ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios (SSTC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).  
De cuanto se ha señalado se concluye que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del artículo 10 del Real Decreto 17/1977 mencionado, debe conjugarse la atención de los servicios esenciales para la comunidad con el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, por lo que se debe limitar este en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, mantenimiento que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal, estableciendo el Tribunal Constitucional que los servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente, objetivo este que se considera cumplido con el nivel de servicios mínimos establecido en la presente resolución.  
Séptimo. Considerando lo anteriormente señalado, la vulnerabilidad de los menores afectado en los casos citados, la incidencia en la sociedad en general y teniendo en cuenta asimismo que en la fijación de los servicios mínimos no se debe impedir ni menoscabar el ejercicio del derecho de huelga, se han fijado servicios mínimos con la finalidad de hacer compatible el derecho de huelga de los trabajadores y el derecho de la comunidad al servicio prestado.  
Octavo. En la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta,  
El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo resuelve:  
  
Primero  
A los efectos previstos en el apartado 2.º del artículo 10º del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar los servicios esenciales mínimos que deberán prestarse por el personal afectado mientras dure la situación de huelga, en los términos que a continuación se especifican:   
1. En todos los centros, en cada turno deberá haber un miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas.   
2. En los centros de Educación Infantil y Enseñanza Primaria: adicionalmente a lo establecido en el apartado anterior, un profesor por cada etapa educativa, con un mínimo de un profesor por cada seis unidades.  
3. En los centros de Educación Secundaria Obligatoria: un profesor por cada etapa educativa, con un mínimo de un profesor por cada ocho unidades, adicionalmente a lo establecido en el apartado primero.  
4. En los centros específicos de educación especial, un educador de educación especial, por cada cinco unidades; adicionalmente a lo establecido en el apartado primero.  
5. En los centros de enseñanza o educación con internado, además de los servicios establecidos en los apartados anteriores para supuestos idénticos, se prestarán los servicios propios de los días festivos.  
A los servicios competentes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, oído el Comité de Huelga, corresponderá la aplicación de estos servicios, que deberán prestarse con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose las partes del cumplimiento de estos servicios esenciales mínimos.  
  
Segundo  
Lo dispuesto en los apartados anteriores de esta resolución, no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.  
  
Tercero  
Notifíquese la resolución a los servicios competentes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, al Comité de Huelga y a la Subdelegación del Gobierno.  
  
Cuarto  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su notificación a las partes interesadas.  
  
Adviértase con la notificación a las partes el derecho que les asiste de recurrir la presente resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de los 10 días hábiles siguientes a su notificación, en la forma prevista en los artículos 115 y siguientes de la mencionada ley.  
  
Valencia, 21 de octubre de 2013.- El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, p. d. f. (R 27.12.2012), el director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social: Rafael Miró Pascual.