Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3280, del 07-07-1998 (1998/5030)

Expediente número 03/RG/I/49/89. Notificación de resolución.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3280

Fecha DOGV
:   07-07-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/5030


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Expediente número 03/RG/I/49/89. Notificación de resolución. [1998/A5030]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución del recurso ordinario con número de referencia interna R.251/97 a Sobri, SA.
  
«Examinados los recursos ordinarios formulados por don Juan Manuel Cánovas Martínez y don Cayetano Oliver Ferrández, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante, en el expediente de construcción número 03/RG/I/49/89.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por don Joaquín Castillo, propietario de la vivienda de protección oficial sita en Albatera, calle Lope de Vega número 33, se presentó denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante por deficiencias constructivas en el citado inmueble, y se acordó la incoación de expediente sancionador contra la promotora Sobri, SA, y los facultativos de la obra, con traslado del correspondiente pliego de cargos, al que presentaron alegaciones en el sentido que consta en las diligencias.
  
Segundo
  
Por el jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante se dictó resolución en la que, entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 153.C.6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial (R. VPO), en relación con el artículo 111 del mismo cuerpo legal por parte de los expedientados, acordó requerir solidariamente a los mismos para la reparación de las deficiencias descritas en el pliego de cargos.
  
Tercero
  
Contra dicha resolución interponen recursos ordinarios don Juan Manuel Cánovas Martínez y don Cayetano Oliver Ferrández, con las alegaciones que constan en los mismos y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalidad Valenciana (DOGV núm. 1.547 de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
Interponen recurso ordinario el aparejador Manuel Cánovas Martínez y el arquitecto Cayetano Oliver Fernández; el primero alega la nulidad de actuaciones por no haberse practicado la prueba solicitada, por no haberse dictado la preceptiva Propuesta de resolución, vulneración de las normas sustantivas al haberse aplicado el artículo 153.C.6 del R. VPO sin haberse depurado responsabilidades, y por infracción de lo dispuesto en el artículo 111 del citado reglamento de VPO. Asimismo, el arquitecto recurrente alega que la resolución es errónea y no ajustada a derecho por aplicación indebida del aludido artículo 111 del R. VPO.
  
En lo referente a la cuestión formal planteada, en el expediente sancionador no consta que se haya llevado a cabo el trámite necesario de la propuesta de resolución, según se establece en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 18 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, lo que ya implicaría la nulidad de actuaciones y la retroacción del expediente al momento anterior en que debiera haberse efectuado. No obstante, e independientemente de ello, se ha producido la errónea aplicación del artículo 111 del R. VPO, por cuanto el tenor de dicha norma establece solamente para el promotor la obligación de reparar las deficiencias constructivas aparecidas en el inmueble en el transcurso de los cinco años siguientes a la fecha de calificación definitiva, habiéndose acordado respecto de los facultativos y promotora.
  
Obra por otra parte en las diligencias un informe del perito del Servicio Territorial de fecha 10 de febrero de 1997, en el que se hace constar que no se pueden determinar las causas de las grietas y fisuras, siendo imposible por lo tanto probar la culpabilidad o negligencia de los intervinientes en la obra. En consecuencia, sería ineficaz e inadecuado acordar la retroacción del expediente, pero sí procede mantener la orden de obras exclusivamente respecto del promotor a tenor del citado artículo 111 del R. VPO, archivándose el expediente respecto de los facultativos imputados.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la Propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Estimar los recursos ordinarios formulados por don Juan Manuel Cánovas Martínez y don Cayetano Oliver Ferrández, contra la Resolución de fecha 10 de febrero de 1997, del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante, revocando la misma, manteniéndose la orden de obras al promotor Sobri, SA.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que, con carácter previo, el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f (en relación con la disposición adicional undécima de la LRJAP y PAC) y artículo 58 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; así como artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.