Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9590, del 08-05-2023 (2023/3190)

Anuncio por el que se declara la elevación a definitivo del acuerdo de aprobación de la modificación de los Estatutos del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas (CCV).
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Número DOGV
:   9590

Fecha DOGV
:   08-05-2023

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2023/3190


Organismo emisor
:   Consorci de Les Comarques Centrals Valencianes

Tipo de documento
:   Anuncio

Anuncio por el que se declara la elevación a definitivo del acuerdo de aprobación de la modificación de los Estatutos del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas (CCV). [2023/3190]  
Visto el expediente tramitado para llevar a cabo la modificación de los Estatutos del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas.  
  
Considerando que la Junta General del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas (ccv) en sesión extraordinaria de 24 de marzo de 2022 acordó aprobar inicialmente la propuesta de modificación de los Estatutos del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas en los términos que se anexan a esta.  
Considerando que se acordó someter la presente modificación estatutaria a información pública por un plazo de treinta días hábiles contadores desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el DOGV, indicando que el acuerdo quedaría elevado a definitivo si durante la exposición pública no se presentará ninguna reclamación o alegación.  
Considerando que efectuada la publicación en el DOGV núm. 9317, de 11.04.2022, y una vez finalizado en plazo de exposición y no habiendo sido presentada ninguna reclamación o alegación, procede declarar la elevación a definitivo del acuerdo hasta entonces provisional.  
Considerando que la totalidad de las entidades miembros del Consorcio han dado aprobación a la modificación por los acuerdos plenarios que seguidamente se detallan:  
  
Entidad Fecha del pleno  
Alcoy 07.10.2022  
Cocentaina 28.07.2022  
Dénia 28.07.2022  
Ibi 27.07.2022  
Gandia 28.07.2022  
Oliva 11.07.2022  
Ontinyent 28.07.2022  
Xàtiva 30.07.2022  
Tavernes de la Valldigna 01.08.2022  
Mancomunidad de la Vall d'Albaida 22.03.2023  
Mancomunidad de la Costera 22.09.2022  
Mancomunidad de la Canal de Navarrés 12.12.2022  
Mancomunidad del Alcoià-el Comtat 10.10.2022  
Mancomunidad de la Safor 5.07.2022  
  
  
Por todo lo que precede y en uso de las atribuciones de la Presidencia del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas, he resuelto:  
  
Primero  
Declarar la elevación a definitivo del acuerdo de la Junta General del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas (ccv) de 24 de marzo de 2022, por el que se aprobó inicialmente la propuesta de modificación de los Estatutos del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas en los términos que se anexan, una vez aprobados por la totalidad de las entidades miembros del Consorcio.  
  
Segundo  
Comunicar esta resolución a los miembros del Consorcio a los efectos de su constancia y efectos.  
  
Tercero  
Ordenar la publicación de los Estatutos del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas en el DOGV.  
  
Cuarto  
Contra la modificación de estos estatutos se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación, de conformidad con lo que dispone el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y artículos 10.1.b y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
  
  
ANEXO  
Estatutos del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas  
  
Las mancomunidades de municipios de La Costera-Canal, La Canal de Navarrés, La Safor, La Vall d'Albaida y L'Alcoià-Comtat, y los ayuntamientos de Alcoy, Cocentaina, Dénia, Gandia, Ibi, Oliva, Ontinyent, Tavernes de la Valldigna y Xàtiva acuerdan constituirse en consorcio de forma voluntaria para la organización y la prestación de los servicios, programas o las actividades de su competencia, que se recogen en los presentes estatutos.  
  
Estatutos del Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas  
  
Primero. Objeto  
Estos estatutos tienen el objeto de establecer el régimen jurídico y las finalidades del Consorcio para la promoción, el desarrollo social y económico sostenible, la ordenación y articulación territorial de las comarcas centrales valencianas, según las demarcaciones territoriales que se detallan en el anexo a estos estatutos. Con el objeto de modernizar y vincular las administraciones a la realidad del territorio superando así la actual demarcación provincial decimonónica.  
  
Segundo. Interpretación y cumplimiento  
Los órganos de decisión establecidos en estos estatutos, integrados por los representantes de todas las entidades consorciadas, resolverán los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de estos estatutos.  
  
Tercero. Composición, personalidad jurídica y adscripción del Consorcio  
Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 28, forman parte de este consorcio, las mancomunidades de municipios de La Costera-Canal, La Canal de Navarrés, La Safor, La Vall d'Albaida y L'Alcoià-Comtat, y los ayuntamientos de Alcoy, Cocentaina, Dénia, Gandia, Ibi, Oliva, Ontinyent, Tavernes de la Valldigna y Xàtiva.  
El Consorcio que se crea tendrá personalidad jurídica propia distinta de la de los entes consorciados y plena capacidad jurídica para realizar y conseguir las finalidades que constituyen el objeto de este. En consecuencia, podrá adquirir, poseer, reivindicar, enajenar bienes de toda clase, obligarse, realizar contratos, ejercer acciones y excepciones, e interponer recursos, dentro de la legislación vigente, siempre que estos actos se realicen para el desempeño de las finalidades y las actividades que constituyen el objeto de este. El Consorcio realizará sus actividades para el desempeño de las finalidades y funciones que se le atribuyen, en nombre propio.  
El Consorcio, atendiendo a los criterios establecidos en la Ley del régimen jurídico del sector público se adscribirá a la Administración que financie en mayor medida la actividad desarrollada por el Consorcio tanto en aportaciones en cuotas como en aportaciones por la utilización y gastos de funcionamiento de la sede del Consorcio radicada en la ciudad de Ontinyent en las dependencias de la Mancomunidad de Municipios de La Vall d'Albaida (calle de Sant Francesc, 8, 46551 Ontinyent).  
  
Cuarto. Finalidades, competencias y potestades del consorcio  
1. El Consorcio tendrá las siguientes finalidades:  
Favorecer la cohesión social, el desarrollo equilibrado y sostenible y la promoción económica, cultural y medioambiental del área territorial de las comarcas centrales valencianas, mediante las acciones y los programas que en cada momento establezcan sus órganos de decisión y velar por el mantenimiento de los servicios públicos de este territorio.  
Ejercer aquellas competencias que las entidades locales integrantes le asignen, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 en relación con el 25, de la Ley reguladora de las bases del régimen local o los que los sustituyan o modifiquen en las siguientes materias:  
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.  
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.  
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.  
d) Infraestructura viaria y otras equipaciones de su titularidad.  
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.  
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.  
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.  
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.  
i) Ferias, abastecimientos, mercados, lonjas y comercio ambulante.  
j) Protección de la salubridad pública.  
k) Cementerios y actividades funerarias.  
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.  
m) Promoción de la cultura y equipaciones culturales.  
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial.  
o) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
p) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.  
Igualmente podrá ejercer aquellas competencias que en el marco de la vigente legislación local sean delegadas en los municipios tanto por la Administración central como autonómica, siempre que la ley estatal o autonómica autorice expresamente la posibilidad de delegar las competencias delegadas en los municipios del Consorcio, en las siguientes materias:  
a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.  
b) Protección del medio natural.  
c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.  
d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la comunidad autónoma.  
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de Educación Infantil.  
f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.  
g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la comunidad autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española.  
h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la comunidad autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usan fuera del horario lectivo.  
i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.  
j) Promoción y gestión turística.  
k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.  
l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la comunidad autónoma o del Estado.  
m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la comunidad autónoma o de la Administración del Estado.  
n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.  
o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.  
2. La prestación y explotación de los servicios podrá realizarla el Consorcio de acuerdo con cualquier de las formas previstas en el ordenamiento jurídico vigente.  
3. El Consorcio como entidad de derecho público tendrá todas las potestades que en cada momento le sean atribuidas por la legislación vigente.  
  
Quinto. Duración  
El Consorcio tendrá una duración indefinida y subsistirá mientras perdure la necesidad de las finalidades y funciones que se le atribuyan, si no es que, por imposibilidad sobrevenida para el cumplimiento de sus finalidades u otras circunstancias excepcionales, se decida la disolución por acuerdo de los miembros, con el cuórum establecido en estos estatutos y siguiendo el mismo procedimiento que para la constitución.  
  
Sexto. Domicilio  
El domicilio del Consorcio radicará en la ciudad de Ontinyent, en la sede de la Mancomunidad de Municipios de La Vall d'Albaida, calle de Sant Francesc, 8, y los servicios especializados podrán tener la sede en cualquier lugar de las comarcas centrales valencianas, cuando así lo requiera el desarrollo de las finalidades y funciones de este, según el parecer de las entidades intervinientes.  
  
Séptimo. Órganos del Consorcio  
El Consorcio estará regido por los órganos siguientes:  
a) La Asamblea General.  
b) La Comisión Ejecutiva.  
c) El presidente.  
d) El vicepresidente o vicepresidentes (en su caso).  
Cuando lo considere conveniente, la Asamblea General del Consorcio, podrá abrir proceso para la creación y provisión del puesto de coordinador/a general, con funciones directivas y las facultades que expresamente se le asignen, de acuerdo con lo que prevé la normativa de función pública aplicable. La Secretaría, la Intervención de Fondo y los otros puestos de trabajo serán proveídos en la forma establecida por la legislación sobre personal al servicio de la administración publica.  
  
Octavo. La Asamblea General  
La Asamblea General del Consorcio estará constituida por los representantes de las entidades consorciadas, los cuales serán designados por estas, en la proporción que a continuación se determina, y entre los que serán elegidos, por la propia Asamblea, el presidente y el vicepresidente o vicepresidentes de la entidad.  
El número de vocales representantes de los ayuntamientos consorciados se establece en uno por cada 10.000 habitantes o fracción que exceda de 5.000, según las cifras del último padrón oficial aprobado por el INE.  
Para determinar el número de representantes de las mancomunidades legalmente constituidas, se seguirá el mismo criterio, restando del número total de habitantes de la comarca el de los municipios de esta que forman parte del Consorcio y tengan representación directa en los órganos de este.  
Para determinar el número de representantes de los municipios no integrados en mancomunidades comarcales que puedan adherirse o incorporarse al Consorcio, se seguirá el mismo criterio establecido en los dos párrafos anteriores, puesto que tendrán que reunir, en conjunto, un mínimo de 10.000 habitantes para designar, entre ellos, un vocal a la Asamblea General.  
Aquellos municipios que encontrándose dentro del ámbito territorial de las comarcas centrales, no pertenezcan a ninguna mancomunidad y no cuenten con los 10.000 habitantes establecidos para incorporarse, podrán firmar un convenio específico de asociación al Consorcio si entre ellos reúnen esta cifra poblacional, para lo que designarán la persona representante o representantes ante el Consorcio. Firmado el convenio entre los municipios interesados se solicitará la incorporación a la Presidencia del Consorcio a los efectos que la asamblea, en su caso, acuerde la firma de un convenio específico de adhesión en el que se concretarán los términos de su participación en el Consorcio.  
Aquellos municipios que formen parte de más de una mancomunidad miembro del Consorcio de Comarcas Centrales deberán acordar y comunicar al Consorcio la mancomunidad a la que quedan adscritos a efectos de su representatividad en el Consorcio.  
Formarán parte de la Asamblea General, con voz pero sin voto, el secretario, el interventor del Consorcio, así como el coordinador/a general -si hubiera- los cuales serán designados por la Asamblea General entre el personal funcionario perteneciente a las administraciones consorciadas previa la selección correspondiente.  
Los vocales serán nombrados y separados libremente por las administraciones respectivas y cesarán al perder la condición representativa en cuya virtud hubieran sido designados.  
  
Noveno. La Comisión Ejecutiva  
La Comisión Ejecutiva estará integrada por el presidente/a, el vicepresidente/a o vicepresidentes/as y por nueve (9) vocales que serán elegidos por la Asamblea General, entre sus miembros, y se procurará que en estos exista una representación, tanto de los municipios que constituyen capital comarcal como de las distintas mancomunidades que integran el territorio de las comarcas centrales valencianas.  
Este número podrá ser ampliado hasta un máximo de 17, por razón de nuevas incorporaciones, sin perjuicio de su ratificación por la Asamblea General.  
Formarán parte de la Comisión, con voz pero sin voto, el secretario, el interventor del Fondo del Consorcio y, en su caso, el coordinador/a general de este.  
En caso de cese de algún vocal por pérdida de su condición representativa o por cualquier otra causa reglamentaría, se procederá, por parte de la Asamblea General, a elegir quien deba sustituirlo, que ejercerá el cargo durante el tiempo que faltara a su antecesor para completar el periodo de actuación.  
  
Diez. Atribuciones de la Asamblea General.  
10.1. Corresponderán a la Asamblea General, a todos los efectos, las atribuciones necesarias para el desarrollo y la realización de las finalidades de estos estatutos y, en particular, las siguientes:  
10.1.1. Elección del presidente, vicepresidente (o vicepresidentes) y de los miembros que componen la Comisión Ejecutiva.  
10.1.2. La determinación de las directrices de gestión para la ejecución de las finalidades del Consorcio.  
10.1.3. El encargo para la elaboración de estudios, planes y programas para la ejecución completa de los acuerdos del Consorcio.  
10.1.4. El encargo de realización, la aprobación de los proyectos de obras e instalaciones de los servicios comprendidos en el ámbito de actuación del Consorcio, sin perjuicio de las competencias que, en relación con este, correspondan a las administraciones públicas intervinientes.  
10.1.5. La aprobación de la plantilla de puestos de trabajo del Consorcio.  
10.1.6. La designación del secretario/a, del interventor/a y del coordinador/a general.  
10.1.7. La modificación de los estatutos del Consorcio.  
10.1.8. La aprobación del Programa de Actuación del Consorcio, de sus presupuestos, examen y aprobación de cuentas, aprobación de operaciones de crédito y cualquier otra clase de compromisos económicos.  
10.1.9. La adquisición, la alienación, el gravamen de bienes y derechos de que el Consorcio sea titular por cualquier concepto.  
10.1.10. La aprobación de reglamentos de régimen interior y de servicios, así como las tarifas correspondientes y ordenanzas de exacciones, de acuerdo con las normas que resultan de aplicación.  
10.1.11. La contratación de las obras y los servicios necesarios para llevar a cabo sus finalidades.  
10.1.12. El ejercicio de las acciones administrativas y jurisdiccionales, y la defensa de los procedimientos dirigidos contra el Consorcio.  
10.1.13. Aprobar la memoria de la gestión anual, y dar cuenta a las administraciones consorciadas.  
10.1.14. Acordar la disolución del Consorcio.  
10.1.15. Cualquier otra función que no esté expresamente atribuida a los órganos de gobierno y administración del Consorcio.  
10.2. Serán delegables en la Comisión Ejecutiva las atribuciones de los números 10.1.3, 10.1.4, 10.1.9, 10.1.11 y 10.1.12 del apartado anterior.  
10.3. La Comisión ejecutiva actuará como Comisión Informativa de dictamen y seguimiento de la gestión del Consorcio e igualmente se constituirá como Comisión Especial de Cuentas. No obstante por acuerdo de la Asamblea General se podrá acordar la constitución especifica de comisiones informativas por estos asuntos.  
  
Once. Atribuciones del presidente o presidenta  
11.1. Elaborar el orden del día, convocar, presidir, suspender y cerrar las sesiones, y dirigir las deliberaciones decidiendo los empates con voto de calidad.  
11.2. Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General y de la Comisión Ejecutiva.  
11.3. Ordenar los gastos fijos y de atenciones ordinarias dentro de los límites fijados en las bases de ejecución del presupuesto ordinario del Consorcio.  
11.4. Ordenar los pagos.  
11.5. Representar judicial y administrativamente al Consorcio, con poder para conferir mandamientos para el ejercicio de esta representación, y ejercer las acciones en caso de urgencia, sin perjuicio de la ratificación posterior de la Asamblea General.  
11.6. Dirigir e inspeccionar las actividades y los servicios del Consorcio.  
11.7. Delegar en el vicepresidente/a, o vicepresidentes/as, en su caso, o en el coordinador/a el ejercicio de las atribuciones indicadas en los apartados precedentes.  
  
Doce. La coordinación general  
La coordinación general del Consorcio podrá atribuirse a personal de las administraciones consorciadas o como consecuencia del correspondiente proceso específico de selección de personal.  
La coordinación general tendrá encomendadas las funciones siguientes:  
12.1. Bajo la dirección de la Presidencia, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos.  
12.2. Bajo la dirección de la Presidencia, la coordinación, ejecución e inspección de los servicios y las actividades que se realizan.  
12.3. Asistir a las reuniones de los órganos colegiados del Consorcio con voz pero sin voto.  
12.4. Asesorar e informar al presidente/a cuando este se lo requiera y proponerle los dictámenes y asuntos resolutivos que sean necesarios para la buena marcha y gestión de las finalidades del Consorcio.  
12.5. Elaborar la memoria de la gestión anual del Consorcio.  
12.6. Las otras funciones de gestión que la Asamblea General o la Comisión Ejecutiva le encomiendan.  
  
Trece. Secretario/a e interventor/a  
El secretario/a y el interventor/a serán designados entre personal funcionario de las administraciones respectivas con las funciones que expresamente se les atribuyen en estos estatutos.  
  
Catorce. Sesiones y acuerdos  
Los regímenes de sesiones y acuerdos del Consorcio y, en general, su funcionamiento, se ajustará a lo que dispone la legislación de régimen local, en todo aquello que le sea aplicable y sin perjuicio de las especialidades derivadas de su propia organización.  
  
Quince. Régimen de reuniones  
La Asamblea General realizará una reunión ordinaria, como mínimo, dos veces en el año; y la Comisión Ejecutiva, una vez al trimestre; sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que convoque el presidente o las que propongan la tercera parte de los miembros, en este caso el presidente deberá convocar la reunión solicitada durante los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud.  
A las sesiones podrán asistir, con voz pero sin voto, los técnicos y el personal especializado que convenga oir en algún asunto o asuntos determinados.  
De cada sesión de la Asamblea General y de la Comisión Ejecutiva se extenderá el acta correspondiente por el secretario del Consorcio que, una vez aprobada en la sesión siguiente, será transcrita en el libro de actas respectivo, el cual será foliado y encuadernado, y legalizado cada hoja con la rúbrica del presidente, y en el cual se expresará, en la primera página, mediante diligencia del secretario, el número de folios y la fecha de apertura.  
Durante el primer trimestre de cada año, la Asamblea General deberá considerar la memoria de gestión del año anterior y la rendición de cuentas referida a este. En reunión que tendrá lugar durante el último trimestre de cada año, la Junta deberá considerar el programa de actuación y el presupuesto del año siguiente.  
  
Dieciséis. Acuerdos y cuórum  
Los acuerdos de la Asamblea General y de la Comisión Ejecutiva se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes y en caso de empate, se procederá a decidir mediante el voto de calidad del presidente.  
Será necesaria la mayoría absoluta del número total de votos del Consorcio para la validez de los acuerdos de la Asamblea General que se adoptan para la disolución y liquidación del Consorcio.  
  
Diecisiete. Ratificación de acuerdos  
Las decisiones y los acuerdos del Consorcio obligarán a las entidades asociadas. Solo requerirán la ratificación por los entes consorciados los acuerdos que impliquen aportación o responsabilidad económica no prevista inicialmente.  
  
Dieciocho. Los principios de actuación administrativa  
La actuación administrativa del Consorcio se regirá por los preceptos contenidos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, y se desarrollará de acuerdo con los principios de economía, celeridad, eficacia y servicio a los ciudadanos.  
La publicación de las resoluciones y los acuerdos del Consorcio se hará, además de en los boletines oficiales en los que proceda legalmente, en los locales del domicilio del Consorcio y en los de las administraciones consorciadas, sin perjuicio de darles la máxima difusión a través de los medios de comunicación social.  
  
Diecinueve. Impugnación de acuerdos  
Los acuerdos y resoluciones del Consorcio serán impugnables en vía administrativa y judicial de conformidad con lo que establece la legislación de procedimiento administrativo común.  
  
Veinte. Gestión económica-financiera  
20.1. Recursos económicos  
La hacienda del Consorcio está constituida por los recursos previstos en la legislación vigente de régimen local y por las aportaciones de los municipios y mancomunidades del Consorcio.  
20.2. Ordenanzas fiscales  
1. Para la imposición, exacción, liquidación y cobranza de sus recursos, el Consorcio aprobará las ordenanzas correspondientes a los distintos servicios, que tendrán fuerza obligatoria de todos los integrantes del Consorcio, una vez aprobadas.  
2. Corresponderá a los integrantes del Consorcio facilitar toda la información necesaria para la formación de padrones, altas, bajas y el resto de modificaciones referidas a los contribuyentes afectados por los distintos servicios que constituyan los fines regulados en artículos anteriores.  
3. El Consorcio podrá en todo momento, por sus propios medios, comprobar la veracidad y exactitud de los datos a que se refiere el número anterior.  
20.3. Aportaciones económicas  
La aportación económica necesaria para financiar se realizará por número de habitantes de cada uno de los miembros del Consorcio.  
Para futuros servicios que vaya asumiendo el Consorcio se irán adoptando los acuerdos de financiación convenientes en cada caso, siempre de acuerdo con la legislación vigente.  
En todo caso, se podrán establecer:  
a) Una cuota principal, en función del uso, ejecución de obras o para el establecimiento, la ampliación y la mejora de servicios competencia del Consorcio.  
b) Una cuota complementaria y obligatoria para atender los gastos generales de conservación, mantenimiento y administración, se realicen o no los servicios, en proporción al número de habitantes de derecho de cada municipio, según el padrón municipal.  
c) Una cuota extraordinaria y obligatoria para atender los gastos de este carácter.  
d) Ingresos de derecho privado.  
e) Subvenciones y otros ingresos de derecho público.  
f) Tasas y precios públicos y contribuciones especiales.  
g) Los procedentes de operaciones de crédito.  
h) Cualquier otro ingreso o recurso que autorice la legislación vigente.  
Las aportaciones de los miembros del Consorcio se fijarán anualmente para cada ejercicio económico por la Asamblea del Consorcio.  
20.4. Características de las aportaciones  
1. Las aportaciones económicas de los integrantes del Consorcio se realizarán en la forma y plazos que determine la Asamblea General.  
2. Para el caso de que no fueran ingresadas las cuotas en la forma y plazos aprobados se realizará un nuevo requerimiento con indicación que, de no ser atendido, la Comisión Ejecutiva podrá adoptar acuerdos de limitación en la prestación de servicios o realización de actividades respecto de la entidad incumplidora hasta su total liquidación.  
20.5. Presupuesto  
1. El Consorcio aprobará anualmente un presupuesto de conformidad con lo que dispone la legislación de régimen local vigente.  
2. El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio económico.  
3. Se incluirán en el presupuesto, las inversiones que se puedan realizar, así como sus fuentes de financiación.  
4. Los presupuestos anuales del Consorcio, con carácter previo a su aprobación por la Junta General, deberán incorporar como anexo una certificación emitida por el órgano competente en la materia de cada una de las administraciones que lo integran, en la que se contemple expresamente la existencia de crédito suficiente en los presupuestos corrientes de cada administración para hacer frente a las obligaciones económicas que asuma cada una de ellas o el compromiso firme de consignación en el presupuesto a que se refieran.  
En todo caso, los presupuestos no podrán ser autorizados hasta que se incluyan todas las certificaciones a que se refiere el párrafo anterior, y siempre que los importes certificados sean suficientes para atender a las mencionadas obligaciones.  
Igualmente, el Consorcio no podrá autorizar ningún proyecto específico de gestión, si los presupuestos del Consorcio, en los términos expresados en el punto anterior, no incluyen dotación suficiente para hacer frente a las citadas obligaciones. En el supuesto de que los presupuestos del Consorcio no contemplaran dotación a este efecto, el proyecto de gestión solo podrá autorizarse si se incorpora a este, como anexo, certificación relativa a la existencia de crédito suficiente para atender las obligaciones que se derivaran del mismo, subscrita por el órgano competente en la materia de cada una de las administraciones que integran el Consorcio.  
  
Veintiuno. Patrimonio  
1. El patrimonio del Consorcio estará integrado por cualquier clase de bienes, derechos y acciones que legítimamente adquieran, bien en el momento de su constitución o con posterioridad. A este efecto deberá formarse un inventario de conformidad con lo que establecen las disposiciones vigentes en la materia.  
2. La participación de cada entidad del Consorcio en este patrimonio se fijará tanto inicialmente, como en adelante en función del número de habitantes de derecho de cada entidad, según el padrón municipal.  
Sin embargo, y dadas las características de las aportaciones al Consorcio, podrán ser tenidos en cuenta otros factores de ponderación.  
  
Veintidós. Ejecución de obras y prestación de servicios  
Para la ejecución de las obras y la prestación de servicios se confeccionará el proyecto correspondiente, en el cual se determinará el sistema de financiación que sea procedente, en consonancia con los recursos del Consorcio.  
  
Veintitrés. Programa de actividades y presupuesto de inversiones  
El Consorcio desarrollará su actuación de acuerdo con un programa general de actividades, la vigencia del cual se extenderá en el periodo que se indique, y formará un presupuesto ordinario anual, que se ajustará a lo que establezca la legislación presupuestaría aplicable. El Consorcio formulará, así mismo, un presupuesto de inversiones, en el cual se incluirán los gastos de este carácter, relativo a la actividad que le es propia, así como los ingresos derivados de esta, de acuerdo con lo que establezcan las normas generales que resulten de aplicación.  
  
Veinticuatro. Contabilidad  
El régimen de contabilidad, la aprobación y la rendición de cuentas se ajustará a lo que establece la legislación general aplicable.  
  
Veinticinco. Modificaciones estatutarias  
La modificación de estos estatutos, tras el acuerdo de la Asamblea General, deberá ser ratificada por las administraciones consorciadas y aprobada con las mismas formalidades que para la aprobación de aquellos.  
  
Veintiséis. Causas de disolución y posterior liquidación.  
26.1. El Consorcio podrá disolverse por las causas siguientes:  
a) Para finalizar el objeto por el que se constituyó.  
b) Por acuerdo unánime de las administraciones consorciadas.  
c) Por la transformación del Consorcio en otra entidad que se acuerde por unanimidad de las administraciones consorciadas.  
El acuerdo de liquidación determinará la forma en que se deba de proceder a la liquidación de los bienes del Consorcio y a la reversión de las obras y las instalaciones existentes a las entidades consorciadas.  
26.2. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución que las finalidades para las que fue creado el consorcio hayan sido cumplidas.  
26.3. La Asamblea General, como máximo órgano de gobierno del consorcio, al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la administración pública a la que el consorcio esté adscrito.  
26.4. La responsabilidad que le corresponde al empleado público como miembro de la entidad o órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la administración pública que lo designó, quién podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, si procede, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.  
26.5. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto desprendido de la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será lo dispuesto en los estatutos.  
26.6. A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiera realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.  
26.7. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que esta resultará positiva.  
26.8. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con el fin de mantener la continuidad de la actividad y conseguir los objetivos del consorcio que se extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del consorcio cedente.  
  
Veintisiete. Ejercicio del derecho de separación  
27.1. Cualquier entidad consorciada podrá separarse del Consorcio siempre que cumpla las condiciones siguientes:  
a) Preaviso de un año dirigido al presidente del Consorcio.  
b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos anteriores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes.  
c) Garantizar que la separación no comportará perjuicios para la realización de cualquiera de los servicios o las actividades del Consorcio, ni perjuicios para los intereses públicos encomendados a este.  
27.2. El ejercicio del derecho de separación solo producirá la disolución del consorcio cuando el resto de sus miembros no acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una administración  
27.3. Cuando el ejercicio del derecho de separación no comporte la disolución del consorcio se aplicarán las siguientes reglas:  
a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quién ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos.  
A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación.  
A falta de determinación de la cuota de liquidación se tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del consorcio que haya efectuado quién ejerce el derecho de separación, como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiera realizado aportaciones por no estar obligado a esto, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, si procede, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.  
Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quién ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.  
La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.  
b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la ley, a la administración que ha ejercido el derecho de separación, deberá acordarse por el consorcio a quien se adscribe, de las restantes administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una administración que permanecen en el consorcio, en aplicación de los criterios establecidos en la ley.  
  
Veintiocho. Incorporación de nuevos miembros  
Solo podrán incorporarse a este consorcio los municipios y las mancomunidades de municipios pertenecientes a las comarcas centrales valencianas según la relación de demarcaciones territoriales que aparece en el anexo, es decir, los integrados en las comarcas naturales de L'Alcoià, La Costera-Canal, La Canal de Navarrés, El Comtat, La Marina Alta y Marina Baixa, La Safor y La Vall d'Albaida.  
Aquellos municipios que, perteneciendo al ámbito territorial de una mancomunidad comarcal, legalmente constituida e integrada en el Consorcio, no formen parte de aquella, solo podrán integrarse a través de la mancomunidad respectiva.  
Los municipios de las comarcas que no tengan constituida una mancomunidad podrán incorporarse al Consorcio, pero deberán reunir 10.000 habitantes o más para designar, entre ellos, sus representantes en la Asamblea General. Mientras se completa el proceso, podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General como observadores, con derecho a voz pero sin voto.  
Podrán incorporarse a este consorcio otras administraciones o corporaciones de derecho público, así como entidades privadas, sin finalidad lucrativa, que persigan finalidades de interés público concurrentes con el objeto y las finalidades del Consorcio. Esta incorporación lo será en comisiones técnicas de trabajo en los términos que se determinan por la Comisión Ejecutiva e incluso en la Comisión Ejecutiva o Asamblea General con voz pero sin voto.  
Corresponde a la Comisión Ejecutiva la decisión de aceptar la incorporación de nuevas entidades, después de la solicitud de estas, siempre que acepten las condiciones que resulten del Convenio de Colaboración, aquellas que les sean impuestas y que aprueben estos estatutos. El acuerdo de la Comisión Ejecutiva deberá ser ratificado por la Asamblea General y determinará la posible representación y participación económica del nuevo miembro en los órganos del Consorcio.  
  
Veintinueve. Derecho supletorio  
En todo aquello no establecido en estos estatutos, será de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, la normativa autonómica aplicable, y en cuanto al régimen de derecho de separación disolución, liquidación y extinción, se estará a lo establecido en el Código civil sobre la sociedad civil, a excepción del régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, y en su defecto al Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio.  
Las normas de la Ley 7/1985, de 2 de abril y la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local sobre los consorcios tendrán carácter también supletorio respecto de la Ley 40/2015.  
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
  
Se ratifican y se consideran válidos los acuerdos adoptados por la Red de Ciudades de las Comarcas Centrales Valencianas que consten en acta formal, subscrita por el presidente de aquella y el secretario del ayuntamiento y mancomunidad respectivos.  
  
DISPOSICIONES FINALES  
  
Primera  
La entrada en vigor de estos estatutos se producirá a partir de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en los boletines oficiales de las administraciones intervinientes.  
  
Segunda  
La reunión constitutiva de la Junta General del Consorcio se producirá durante los 20 días siguientes al de la publicación del acto de aprobación del Consorcio; en la misma reunión, se tendrá que proceder a la designación y constitución de la Comisión Ejecutiva del Consorcio, y a la fijación de la fecha y la hora de realización de las reuniones.  
  
  
  
ANEXO  
Demarcaciones territoriales de las comarcas centrales valencianas  
  
Según anexo de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de la Comunidad Valenciana o las que en un futuro pueda determinar la legislación sobre delimitación comarcal, en su caso (art. 12 Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana.  
  
Alcoià  
Alcoy, Banyeres de Mariola, Benifallim, Castalla, Ibi, Onil, Penàguila y Tibi.  
  
Comtat  
Agres, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Millena, Muro d'Alcoi, Lorcha, Planes, Quatretondeta y Tollos.  
  
Marina Alta  
Alcalalí, L'Atzúbia, Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, Benissa, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Benitachell, Els Poblets, El Ràfol d'Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, La Vall d'Alcalà, La Vall d'Ebo, La Vall de Gallinera, La Vall de Laguar, El Verger, Jávea y Xaló.  
  
Marina Baixa  
L'Alfàs del Pi, Altea, Beniardà, Benidorm, Benifato, Benimantell, Bolulla, Callosa d'en Sarrià, El Castell de Guadalest, Confrides, Finestrat, la Nucia, Orxeta, Polop, Relleu, Sella, Tàrbena y Viallajoyosa.  
  
Canal de Navarrés  
Anna, Bicorp, Bolbaite, Énguera, Millares, Navarrés, Quesa y Chella.  
Costera  
L'Alcúdia de Crespins, Barxeta, Canals, Cerdà, Estubeny, La Font de la Figuera, El Genovés, La Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Llocnou d'en Fenollet, La Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés y Xàtiva.  
  
Safor  
Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, L'Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, La Font d'en Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga, Xeraco y Xeresa.  
  
Vall d'Albaida  
Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d'Albaida, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bocairent, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, Llutxent, Montaverner, Montichelvo, L'Olleria, Ontinyent, Otos, El Palomar, Pinet, La Pobla del Duc, Quatretonda, Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere y Terrateig.  
  
Ontinyent, 23 de marzo de 2023.- El presidente: Roberto Granero Martin. El secretario: Cèsar A. Narbón Clavero.