Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9597, del 17-05-2023 (2023/5306)

ORDEN 4/2023, de 15 de mayo de 2023, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se convocan ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado, por la Unión Europea, NextGeneration EU.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9597

Fecha DOGV
:   17-05-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2023/5306


Fecha del documento
:   15-05-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

Tipo de documento
:   Orden

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
    * legislación

ORDEN 4/2023, de 15 de mayo de 2023, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se convocan ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado, por la Unión Europea, NextGeneration EU. [2023/5306]  
El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) y, en cumplimiento de lo establecido en este, el Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) y el Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19, establecen los proyectos que se pondrán en marcha en el periodo 2021-2024 para maximizar el impacto que los fondos van a tener sobre la recuperación y transformación rápida de la economía.  
El mencionado Plan de recuperación, transformación y resiliencia está estructurado en cuatro ejes, diez políticas palanca y treinta componentes, las cuales recogen el conjunto de acciones públicas y privadas para acelerar el cumplimiento de los objetivos recogidos en el mismo. Más específicamente, dentro de la política palanca 2 (Infraestructuras y ecosistemas resilientes), el componente 6 (Movilidad sostenible, segura y conectada) pretende avanzar en la consecución de determinados objetivos orientados al sector del transporte y la movilidad a través de una serie de líneas de inversión. En concreto, la inversión 4 (C6.I4) pretende impulsar el sector del transporte mediante actuaciones destinadas a la digitalización e intermodalidad, a través de una serie de líneas de acción, entre las que destaca la línea de acción 15: Proyectos de inversión para la digitalización de los servicios de transporte de pasajeros y mercancías en el ámbito autonómico y local.  
Este programa de inversiones pretende incrementar la eficiencia de las empresas y del sistema de transporte mediante la digitalización, la sostenibilidad, la conectividad, la renovación de los sistemas y la introducción de nuevas tecnologías en el sector, ya que se considera necesario, no solo promover la modernización de las empresas de transporte, sino también de los operadores de transporte y de las empresas cargadoras, como miembros indispensables de la cadena de transporte. Con el objetivo de desarrollar y dotar de contenido la mencionada línea de acción, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó el Real decreto 902/2022, de 25 de octubre, por el que se aprueba la concesión directa, a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, de ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia - financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.  
El marco regulador de las ayudas es acorde con la distribución competencial existente en la materia, concretada en los artículos 149.1.13.ª y 149.1.23.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, respectivamente.  
Debido al marco competencial y a la jurisprudencia constitucional aplicable en materia de ayudas y subvenciones que comenzó a articularse con la sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero y que, recientemente, se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de enero y 62 y 64/2018, de 7 de junio, el Real decreto 902/2022, de 25 de octubre, se aplica el procedimiento de concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, basado en mecanismos de cooperación y colaboración sustanciales a la estructura del Estado de las autonomías. De esta manera, dicho Real Decreto establece que corresponderá a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla la aprobación de las convocatorias de subvenciones a favor de las personas destinatarias últimas de las ayudas, con estricto cumplimiento de los hitos y objetivos del PRTR.  
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 y del Real Decreto ley 36/2020, el Consell aprobó el Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19. El Capítulo VI del Decreto ley 6/2021 establece que las disposiciones de ese capítulo se aplicarán exclusivamente a la tramitación, gestión y ejecución de inversiones, acciones y proyectos de la Administración de la Generalitat y de las entidades de su sector público instrumental, incluidas en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por el mecanismo europeo de recuperación y resiliencia y por los Fondos REACT-EU para apoyar a la recuperación después de la crisis de la Covid-19 establecido en el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, aunque se incluya también algún porcentaje de fondos propios de la Generalitat.  
Por su parte, en el artículo 10 del Real decreto 902/2022 se establecen las obligaciones de las Comunidades Autónomas en relación con la concesión y gestión de las ayudas y, en concreto, establece un plazo máximo de cinco meses desde la concesión de la subvención, para que se efectúen las convocatorias de las comunidades autónomas. Asimismo, y en cumplimiento de las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla como entidades ejecutoras deberán disponer de un Plan de medidas antifraude que les permitan garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, según lo estipulado en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021.  
El Plan de medidas antifraude de fecha 22 de febrero de 2022, aprobado por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad cumple con los requerimientos establecidos en el artículo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En el mismo se configuran como actuaciones obligatorias para el órgano gestor la evaluación del riesgo, la cumplimentación de la declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses. Por su parte la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR, ha desarrollado el contenido de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2023, regulando el procedimiento de análisis sistemático y automatizado del riesgo del conflicto de interés mediante una herramienta informática de data mining, con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España. En lo referente a la lucha contra el fraude, la Ley 2/2023, de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, refuerza las disposiciones normativas de persecución del fraude.  
El artículo 62 del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el caso de subvenciones relacionadas financiables con fondos europeos, reguladas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, cuyo objeto sea financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran de valoración comparativa con otras propuestas permite dictar las resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria. En la misma línea, el artículo 24 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19 faculta para que, siempre que se den las condiciones previstas a tal efecto, en el ámbito de dicho decreto ley, será de aplicación el régimen de concurrencia no competitiva previsto en el artículo 62.1 del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre.  
  
  
ORDENO  
  
Artículo 1. Objeto  
Es objeto de esta orden la convocatoria de ayudas en el marco jurídico y con sujeción a las bases reguladoras aprobadas por el Real decreto 902/2022, de 25 de octubre, por el que se aprueba la concesión directa a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, en el marco de la Inversión 4 del Componente 6 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.  
En lo no previsto en la presente convocatoria de ayudas, se estará a lo establecido en las bases reguladoras aprobadas por el Real decreto 902/2022, de 25 de octubre.  
  
Artículo 2. Régimen jurídico de concesión  
1. Estas ayudas se conceden en régimen de concurrencia no competitiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, y en el artículo 24 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19.  
2. Esta ayuda se otorga al amparo de la subvención concedida de forma directa por el Real decreto 902/2022, de 25 de octubre, por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del Mecanismo de recuperación y resiliencia.  
3. La concesión de las ayudas aprobadas por esta orden estará sometida a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, sin perjuicio del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo europeo de recuperación y resiliencia como del PRTR.  
El importe total de las ayudas de minimis que podrá concederse a cada una de estas personas destinatarias últimas no podrá exceder la cifra de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.  
Asimismo, el importe total de las ayudas de minimis que podrá concederse a cada una de estas personas destinatarias últimas, en el caso de que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera, no podrá exceder la cifra de 100.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.  
  
Artículo 3. Financiación y distribución de las ayudas  
1. La dotación de las ayudas reguladas por la presente convocatoria asciende a un importe global máximo de 33.761.930 €, asignado a la Comunitat Valenciana en el anexo II del Real decreto 902/2022, de 25 de octubre. Dicho importe será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 73.54.03.23663.2 línea S9077000 del vigente presupuesto de gastos. Dichas ayudas serán objeto de financiación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, al estar este programa incluido en el Componente 6 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR).  
2. Durante la vigencia de esta convocatoria y para cada una de las anualidades de duración de la misma, se podrán incorporar al siguiente ejercicio presupuestario, en su caso y de conformidad con el artículo 21 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril del Consell, los remanentes de crédito asociados a la citada línea de subvención correspondientes al presupuesto anual que no hubiera podido destinarse a la financiación de las inversiones establecidas inicialmente, si el importe global máximo establecido en el apartado 1 de este artículo no se hubiera agotado.  
  
Artículo 4. Personas destinatarias últimas y requisitos  
1. Serán personas destinatarias últimas de las ayudas previstas en esta orden, siempre que tengan su residencia fiscal en la Comunitat Valenciana, tanto las personas jurídicas privadas que se incluyan en la definición de PYME de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, como las personas físicas, cuando, en ambos casos, cumplan alguna de las siguientes condiciones a la fecha de solicitud de las ayudas:  
a) Sean titulares de alguna de las siguientes autorizaciones en vigor:  
1.º Una autorización de transporte público de mercancías habilitante para hacer transporte con vehículos o conjuntos de vehículos de más de 3,5 tn. de masa máxima, identificada con la clave MDPE.  
2.º Una autorización de transporte público discrecional de viajeros en autobús, identificada con la clave VDE.  
3.º Una autorización de transporte público de mercancías, habilitante para hacer transporte con vehículos de hasta 3,5 tn de masa máxima, identificada con la clave MDLE.  
4.º Una autorización de operador de transporte habilitante para intermediar en la contratación de transportes públicos de mercancías, identificadas registralmente con la clave OT.  
b) Presten servicio público de transporte urbano en autobús y estuvieran exentas de la obtención de alguna de las autorizaciones incluidas en la letra a) del presente apartado.  
c) Intervengan en el proceso de transporte de mercancías como cargador/descargador o expedidor/receptor, tal y como se refleja en la Ley 16/1987, de 30 de julio, en el documento de control y en el ADR.  
2. La persona destinataria última, para adoptar las soluciones de modernización incluidas como actuaciones subvencionables en el artículo 6.1 y destinar el importe de la subvención a estas, deberá formalizar los correspondientes acuerdos de prestación de soluciones de modernización con los proveedores de soluciones de modernización adheridos de conformidad con lo previsto en los artículos siguientes de la presente orden.  
3. No podrán ser destinatarias últimas de las ayudas:  
a) Las empresas que se encuentren en situación de crisis, conforme a la definición que a estos efectos se realiza en el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L187/1, 26.06.2014).  
b) Las personas o entidades en las que concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
c) Las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente sobre cualquier ayuda o subvención que les hubiera sido otorgada con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, bien por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le vinieran atribuidas en la concesión.  
d) Las empresas o entidades de titularidad pública que sean prestadoras del servicio de transporte público urbano.  
  
Artículo 5. Proveedores de Soluciones de modernización  
1. Podrán ser proveedores de soluciones de modernización adheridos las empresas que cumplan los siguientes requisitos y se adhieran al programa mediante el procedimiento establecido en el apartado 6 del presente artículo:  
a) Tener su domicilio fiscal y centro de prestación de las actividades objeto de subvención en la Unión Europea.  
b) Una facturación acumulada de, al menos, 100.000 euros en los dos años anteriores a contar desde el momento de la presentación de la solicitud de adhesión, o 50.000 euros en el año anterior, en proyectos similares a los que se deben desarrollar para las personas destinatarias últimas en cualquiera de las soluciones de modernización de las actividades subvencionables del artículo 6.1. Para el caso de personas trabajadoras autónomas sin trabajadores a su cargo, la facturación acumulada deberá ser de, al menos, 70.000 euros en los dos años anteriores a contar desde el momento de la presentación de la solicitud de adhesión, o 35.000 euros en el año anterior, en proyectos similares a los que se deben desarrollar para las personas destinatarias últimas en cualquiera de las soluciones de modernización de las actividades subvencionables. La facturación que se acredite deberá corresponder al mercado de la Unión Europea.  
c) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  
d) No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L187/1, 26.06.2014).  
El cumplimiento de los requisitos previstos en las letras a) a d) deberán acreditarse en la forma y con los medios que se determinen en el anuncio de adhesión.  
2. Los proveedores de soluciones de modernización adheridos serán quienes podrán prestar las Soluciones de Modernización objeto de subvención incluidas en el artículo 6.1 de la presente orden.  
3. Las obligaciones de los proveedores de soluciones de modernización adheridos serán las siguientes:  
a) Comunicar, en caso de requerimiento, las empresas contratadas, en el supuesto de que las hubiera, con las que va a prestar cada una de las soluciones de modernización.  
b) Mencionar, en las acciones de comunicación, publicaciones, páginas web o similares realizadas para la difusión de su condición de adheridos a este programa de ayudas, que la financiación de las ayudas se efectúa con fondos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de España, financiado por el Plan europeo Next Generation EU, conforme a lo establecido en el artículo 34 del RMRR, y en el artículo 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.  
c) Prestar la colaboración debida en las labores de comprobación de la correcta prestación de las actuaciones subvencionadas, especialmente, en el caso de auditorías.  
d) Colaborar en la justificación y presentar la documentación correspondiente a tales efectos de conformidad con el artículo 12 y anexo II de la presente orden.  
e) No promocionar a través de los canales y medios que ponga a disposición la Administración de la Generalitat, en su caso y para este programa de ayudas, productos y servicios que no correspondan con actuaciones subvencionables incluidas en el artículo 6.1 de esta orden, y no condicionar a la persona destinataria última para que contrate cualquier otro producto que no corresponda a las actuaciones mencionadas.  
f) Cumplir todas las condiciones que estén contenidas en el anuncio de adhesión para ser proveedor de soluciones de modernización.  
g) Mantener su domicilio fiscal y centro de prestación de las actividades objeto de subvención en la Unión Europea.  
h) Cumplir con el Principio de no causar daño significativo (Principio Do No Significant Harm DNSH), recogido en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, en cada Acuerdo de prestación de soluciones de modernización que se formalice.  
i) Establecer medidas eficaces y proporcionadas para evitar el fraude en el cumplimiento de lo exigido por la normativa de subvenciones públicas, así como para impedir la doble financiación y la falsificación de la documentación.  
4. Los proveedores de soluciones de modernización adheridos podrán asistir de forma voluntaria a las personas destinatarias últimas en la solicitud y gestión de las ayudas correspondientes.  
5. La adhesión al presente programa de ayudas implica el compromiso de realizar buenas prácticas en la prestación de servicios a empresas.  
6. Las entidades interesadas en adquirir la condición de proveedores de soluciones de modernización adheridos deberán solicitar su adhesión en la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  
7. Los proveedores de soluciones de modernización adheridos estarán sujetos a un procedimiento de control por parte del órgano concedente. Este procedimiento de control abarcará los requisitos y obligaciones establecidas en esta orden para dichos proveedores y se establecerá de forma continua durante el periodo de vigencia del programa de ayudas. En caso de detectarse el incumplimiento de cualquiera de los requisitos u obligaciones dispuestos en la presente orden, se darán de baja todas las referencias de actuaciones subvencionables que el proveedor de soluciones de modernización adherido hubiera dado de alta, previa audiencia al mismo por plazo de diez días, sin perjuicio del reintegro y de la imposición de sanciones en aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
8. La condición de proveedor de soluciones de modernización adherido al programa podrá perderse mediante petición expresa de la entidad interesada siempre y cuando no existan trabajos pendientes de realizar o justificar derivados de los acuerdos de prestación de soluciones de modernización que hubiera formalizado con las personas destinatarias últimas.  
9. Los proveedores de soluciones de modernización adheridos al programa estarán dados de alta y por tanto capacitados como proveedores de soluciones de modernización, para una o varias de las tipologías de actuaciones subvencionables definidas en el artículo 6.1 e incluidas en el anexo I.  
10. Dicha condición de alta se considerará oficial mediante la publicación del proveedor de soluciones de modernización adherido y su oferta de servicios en el registro que para tal efecto disponga el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se publicará en la Sede Electrónica del mismo.  
11. Los proveedores de soluciones de modernización adheridos deberán contribuir a los objetivos de soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición, cuando proceda, de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.  
12. En todo caso, se entenderá que es el proveedor de soluciones de modernización, como endosatario, quien recibirá el pago del cheque moderniza, previamente solicitado y concedido a la persona destinataria última, en nombre de esta y mediante transferencia bancaria realizada al efecto. El fundamento del pago al proveedor de soluciones de modernización se encuentra en la suscripción del acuerdo de prestación de soluciones de modernización firmado entre las partes.  
  
Artículo 6. Actuaciones subvencionables  
1. Serán actuaciones subvencionables las categorías de soluciones de modernización que se listan a continuación y que cumplan los requisitos que se establecen en el anexo I de la presente orden:  
a) Categoría 1. Gestión de documentos de control electrónicos.  
b) Categoría 2. Sistema de tacógrafo inteligente de segunda generación.  
c) Categoría 3. Integración de documentos de control electrónicos en los sistemas de gestión.  
d) Categoría 4. Implantación de sistemas TMS/ERP.  
e) Categoría 5. Implantación de sistemas SAE.  
f) Categoría 6. Actualización de sistemas SAE.  
g) Categoría 7. Ayudas a los servicios de transporte de viajeros.  
h) Categoría 8. Implantación de aplicaciones para reclamaciones por medios electrónicos.  
i) Categoría 9. Mejora de sistemas de ticketing.  
2. Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones, por parte de las personas destinatarias últimas de las ayudas, que se inicien con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda. En este contexto, se entenderá como fecha de inicio de actuaciones la fecha de la firma del contrato entre la persona destinataria última y el proveedor de soluciones de modernización.  
3. En ningún caso, el coste de adquisición de los servicios o productos podrá ser superior al valor de mercado, de conformidad con el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
4. No se considerarán subvencionables el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto General Indirecto Canario, ni el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación que se devenguen en la adopción de soluciones de modernización, de conformidad con el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
Artículo 7. Cuantía de las ayudas  
1. Las cuantías unitarias de las ayudas a las personas destinatarias últimas para las actuaciones subvencionables, en función de su tamaño y tipo de actividad, se recogen en la siguiente tabla:  
  
2. Cada persona destinataria última podrá elegir hasta un máximo de dos soluciones de modernización de entre las establecidas como elegibles en el anexo I para su tamaño y tipo de actividad.  
  
Artículo 8. Compatibilidad de las ayudas  
1. Las ayudas para las actuaciones subvencionables a las que se hace referencia en el artículo 6 de esta orden serán incompatibles con otras subvenciones o ayudas que pudieran concederse para los mismos costes subvencionables, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o de organismos internacionales.  
2. Las ayudas para las actuaciones subvencionables previstas en el artículo 6 de esta orden serán incompatibles con la percepción de otras ayudas, que cubran el mismo coste, procedentes de otros programas e instrumentos de la Unión Europea, en aplicación del artículo 9 del RMRR y del artículo 191 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018.  
3. Se establecen las siguientes incompatibilidades en relación con el Programa Kit Digital regulado por la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de recuperación, transformación y resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU:  
a) Las personas destinatarias últimas que tengan menos de 10 empleados y que hayan sido beneficiarias de las ayudas del Programa Kit Digital correspondientes con la Categoría de solución de digitalización IV. Gestión de clientes, no podrán solicitar las siguientes categorías de soluciones de modernización de entre las previstas en el artículo 6:  
1. Categoría 8. Implantación de aplicaciones para reclamaciones por medios electrónicos.  
2. Categoría 9. Mejora de sistemas de ticketing.  
b) Los personas destinatarias últimas que tengan menos de diez empleados y que hayan sido beneficiarias de las ayudas del Programa Kit Digital correspondientes con la Categoría de solución de digitalización VI. Gestión de procesos, no podrán solicitar las siguientes categorías de Soluciones de Modernización de entre las previstas en el artículo 6 de esta orden:  
1. Categoría 1. Gestión de documentos de control electrónicos.  
2. Categoría 3. Integración de documentos de control electrónicos en los sistemas de gestión.  
3. Categoría 4. Implantación de sistemas TMS/ERP.  
4. Categoría 5. Implantación de sistemas SAE.  
5. Categoría 6. Actualización de sistemas SAE.  
  
Artículo 9. Forma y plazo de presentación de las solicitudes  
1. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente de su publicación en el DOGV y finalizará el 30 de junio de 2024. Se deberá presentar una solicitud por cada categoría de soluciones de modernización solicitada, con el límite máximo de dos categorías por cada persona beneficiaria última de la ayuda. En caso de que se realicen más de dos solicitudes por una misma persona solicitante, aquellas solicitudes que excedan del máximo de dos, establecido por el artículo 20.2 del Real decreto 902/2022, se denegarán, salvo que renuncie expresamente a alguna de las dos primeras solicitudes registradas.  
2. Para las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas, en los términos del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la presentación de solicitudes y la documentación para la obtención de las ayudas convocadas en la presente orden se realizará mediante trámite electrónico a través de la sede electrónica de la generalitat (http://sede.gva.es), apartado servicios online, seleccionando el trámite correspondiente. Las solicitudes se presentarán a través del siguiente URL: https://www.gva.es/es/proc24168.  
Quienes intervengan en el proceso de transporte de mercancías como cargador/descargador o expedidor/receptor, que sean personas físicas y que, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, podrán presentar las solicitudes y documentación complementaria que dirijan a los órganos de las administraciones públicas:  
a) En el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. de la mencionada ley, a través del siguiente enlace: https://www.gva.es/es/proc24168.  
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.  
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.  
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.  
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  
3. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos.  
Se considerará agotado el presupuesto cuando se efectúe el registro de la última solicitud de ayuda que totalice el importe asignado a la Comunitat Valenciana en el anexo II del Real decreto 902/2022, de 25 de octubre. En caso de agotamiento del presupuesto, y siempre que no hubiera expirado la vigencia de los programas, podrán seguir registrándose solicitudes en una lista de reserva provisional, que serán atendidas por riguroso orden de entrada, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o renuncias de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso, la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional generará derecho alguno para la persona solicitante, hasta que no se valide la solicitud.  
4. La documentación requerida para formalizar la solicitud será la siguiente:  
a) Fotocopia del DNI, para los ciudadanos españoles, o de documento equivalente que acredite la identidad de los ciudadanos extranjeros y en el que figure el NIE de la persona física titular del establecimiento o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la persona jurídica, así como, en ambos casos, de su representante, salvo consentimiento expreso de la persona interesada para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el Sistema de verificación de datos de identidad establecido en la Orden LHA 6839/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la configuración, características y requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de verificación. Igualmente, los personas destinatarias últimas podrán optar por presentar la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la persona jurídica o permitir la consulta por parte de la Administración, a través del consentimiento expreso de la persona interesada. No obstante, conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se eximirá a las personas interesadas de la presentación de la documentación que haya sido elaborada por cualquier administración, o que haya sido ya aportada anteriormente por los mismos, siempre que el interesado no se oponga a que la administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos. Por su parte, la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, reconoce la potestad de verificación de las administraciones públicas, en relación con los datos personales que obre en su poder, para comprobar la exactitud de los mismos.  
b) En el caso de que la persona interesada tramite el procedimiento mediante representante, la representación deberá acreditarse conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, bien mediante documentación acreditativa de las facultades de representación de quien formule la solicitud, debidamente inscrita en los registros públicos correspondientes, o bien mediante modelo normalizado de acreditación de la representación, firmado electrónicamente por ambas partes.  
c) Las personas destinatarias últimas que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores o el Certificado de Situación Censal, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada la fecha de solicitud de la ayuda, salvo consentimiento expreso de las personas interesadas para que sus datos puedan ser solicitados de forma directa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria al amparo del artículo 95.1.k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre y conforme a lo regulado en la Orden de 18 de noviembre de 1999 por la que se regula el suministro de información tributaria a las administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo 113.1 (actual 95.1) de la Ley general tributaria.  
d) En el caso de empresas, declaración responsable en la que figure la condición de PYME. A los efectos de la presente orden se considerarán PYMES aquellas que se ajusten a la definición recogida en el anexo I del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014:  
i. La categoría de mediana empresa está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.  
ii. Se define pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.  
iii. Se define microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.  
e) Documentación que acredite encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, la Administración de la Generalitat y frente a la Seguridad Social a efectos de obtener una subvención otorgada por las administraciones públicas, cuando la cuantía de la ayuda supere los 10.000 euros por persona destinataria última, conforme a lo previsto por la letra c) del artículo 63 del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre. En caso de no estar obligadas a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se deberá hacer mención expresa del fundamento de dicha exención, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de dicho Reglamento. Por el contrario, no existiendo exención de la obligación de presentar tales declaraciones o documentos, deberán constar certificaciones acreditativas del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, según lo previsto en el artículo 22 del mismo. La presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.  
No obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación.  
f) Declaración responsable de que no concurre ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, de hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, que no se encuentra en situación de crisis y que no está sujeta a una orden de recuperación por declaración de la Comisión de ayuda ilegal e incompatible, según el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. Con relación a la declaración de no tener la consideración de empresa en crisis, los personas destinatarias últimas tendrán la obligación de comunicar cualquier variación de esta circunstancia a lo largo de todo el procedimiento y hasta la justificación de las ayudas recibidas.  
g) Declaración responsable en modelo normalizado de que no ha solicitado ni recibido otras subvenciones o ayudas para los mismos costes subvencionables que los solicitados en el contexto del presente programa de ayudas, de cualquier Administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional.  
h) Declaración por la cual se compromete a conceder los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.  
i) Aceptación de la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.  
j) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión.  
k) Documentación necesaria para acreditar la condición de la persona destinataria última en aquellos casos en los que no es necesario disponer de una autorización para ejercer la actividad:  
i. Para acreditar que la persona destinataria última interviene en el proceso de transporte de mercancías como cargador/descargador o expedidor/receptor, tal y como se refleja en la Ley 16/1987, de 30 de julio, en el documento de control y en el ADR, aportando una Declaración Responsable que incluya una relación de un mínimo de cien documentos de transporte del mismo periodo anual (cartas de porte, documentos de control o CMR) que así lo evidencien. Estos documentos tendrán que estar a disposición de la autoridad concedente de las subvenciones si así lo requiere.  
ii. Para acreditar que la persona destinataria última presta servicio público de transporte urbano en autobús y estuviera exento de la obtención de alguna de las autorizaciones incluidas en la letra a) del artículo 14.1: certificación expedida por el órgano competente de la correspondiente entidad local que acredite la prestación del servicio público de transporte urbano a fecha de solicitud de la ayuda.  
l) Declaración de compromiso sobre conflicto de intereses (DCCI), según modelo normalizado.  
m) Declaración responsable de todas las ayudas sujetas al Reglamento de minimis que se han solicitado o recibido durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso. Asimismo, se deberá aportar el certificado de ayudas minimis, emitido por la Intervención General de la Administración del Estado.  
n) Certificado acreditativo de la plantilla media en situación de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en el periodo de los 12 meses anteriores desde la solicitud de la ayuda.  
ñ) Documento acreditativo del número de vehículos titularidad de la persona solicitante en el momento de solicitud de la ayuda, en caso de no autorizar la consulta en el Registro de empresas y actividades de transporte (REAT).  
o) Las personas obligadas a relacionarse telemáticamente con las administraciones públicas deberán realizar el trámite telemático «Procedimiento para tramitar las altas, modificaciones y bajas de las domiciliaciones bancarias (PROPER)», debiendo aportar el justificante de haber realizado el mencionado procedimiento.  
Quienes intervengan en el proceso de transporte de mercancías como cargador/descargador o expedidor/receptor, que sean personas físicas y que, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas, darán de alta, modificarán o darán de baja las domiciliaciones bancarias preferentemente mediante el trámite telemático anterior o podrán presentar, en formato físico, el modelo normalizado de domiciliación bancaria.  
5. Examinada la documentación aportada, si esta no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe la documentación necesaria con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de la solicitud.  
  
Artículo 10. Procedimiento de concesión  
1. Esta ayuda se concede en régimen de concurrencia no competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, y de acuerdo con el artículo 24 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19.  
2. La tramitación y gestión de esta ayuda se realizará por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a través de la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible.  
La competencia para resolver sobre las solicitudes presentadas corresponde a la persona titular de la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible, y la instrucción del procedimiento corresponderá a la persona titular de la Subdirección General de Transporte.  
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso de no haberse notificado la resolución en dicho plazo, se podrá entender desestimada la solicitud. En ningún caso se aceptarán resoluciones de concesión posteriores al 31 de diciembre de 2024.  
4. Para las personas que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, los trámites a cumplimentar en el procedimiento de las ayudas de esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos y las notificaciones se entenderán practicadas o rechazadas en los términos que se señalan en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La aportación de cuanta documentación sea obligatoria o se considere conveniente, deberá hacerse a través del enlace específico que se habilite para ello.  
Por su parte, quienes intervengan en el proceso de transporte de mercancías como cargador/descargador o expedidor/receptor, que sean personas físicas y que, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas, podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. El medio elegido por la persona para comunicarse con las administraciones públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. Las notificaciones se practicarán de la forma prevista en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
5. A los efectos de la presente convocatoria, el derecho de cobro que nace de la resolución de concesión para las personas destinatarias últimas se denomina cheque moderniza, por la cuantía correspondiente a cada una de las actuaciones para las que se solicita la ayuda. Este cheque moderniza no podrá hacerse efectivo hasta que el proveedor de soluciones de modernización adherido, en nombre de la persona destinataria última, y siendo esta la responsable última, presente la documentación justificativa de la realización de la actividad para la que se concede la subvención y el órgano concedente considere justificada la subvención.  
6. La persona destinataria última deberá emplear la ayuda concedida, el «cheque moderniza», en la contratación de las soluciones de modernización incluidas en el artículo 6 y detalladas en el anexo I de esta orden, formalizando para ello acuerdos de prestación de soluciones de modernización, que deberán cumplir los requisitos incluidos en el artículo 11, con los proveedores de soluciones de modernización adheridos.  
7. En este sentido, el plazo máximo para la formalización de los acuerdos de prestación de soluciones de modernización entre las personas destinatarias últimas y los proveedores de soluciones de modernización adheridos será de tres meses desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda. Transcurrido dicho plazo, la persona destinataria última perderá el derecho al cobro del importe de la subvención concedida que no esté asociado a acuerdos de prestación de soluciones de modernización formalizados.  
8. Una vez formalizado el acuerdo de prestación de soluciones de modernización, se procederá a la prestación de la solución de modernización escogida por parte del proveedor de soluciones de modernización adherido. El proveedor de soluciones de modernización emitirá a la persona destinataria última una única factura por el importe total de la solución de modernización contratada, asociada al acuerdo de prestación de soluciones de modernización. La factura reflejará la reducción en el importe a abonar por la persona destinataria última, con respecto a la cuantía de la subvención concedida en el cheque moderniza.  
9. El pago de la prestación se realizará por la persona destinataria última, mediante la cesión al proveedor de soluciones de modernización adherido de la parte del cheque moderniza asociado al acuerdo de prestación de soluciones de modernización suscrito, y abono de la parte correspondiente de los costes no subvencionables.  
10. La resolución de concesión no agota la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo que establecen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
11. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1 del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, y teniendo en cuenta que las ayudas previstas por esta orden se destinan a financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieren de valoración comparativa con otras propuestas, se podrán dictar las resoluciones de concesión correspondientes por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en las convocatorias.  
Artículo 11. Acuerdos de prestación de soluciones de modernización  
1. De conformidad con el artículo 10, para ejercer el derecho de cobro de la subvención concedida (cheque moderniza), la persona destinataria última deberá firmar acuerdos de prestación de soluciones de modernización con los proveedores de soluciones de modernización adheridos que proporcionen soluciones de modernización disponibles en el mercado para las actuaciones subvencionables, y con los que haya formalizado contrato previo.  
2. El documento de acuerdo de prestación de soluciones de modernización será un documento normalizado y de uso obligatorio en la fase de formalización del acuerdo de prestación de soluciones de modernización. El contenido del citado documento de Acuerdo se ajustará a los requisitos establecidos en el Real decreto 902/2022, de 25 de octubre.  
3. El acuerdo de prestación de soluciones de modernización establecerá el importe de la subvención concedida aplicado o la parte del «cheque moderniza» asociado, así como las cláusulas y condiciones entre el proveedor de soluciones de modernización adherido y la persona destinataria última en el marco de la subvención concedida, entre ellas:  
a) La persona destinataria última cederá al proveedor de soluciones de modernización adherido el derecho al cobro (cheque moderniza) por el importe asociado al acuerdo de prestación de soluciones de modernización.  
b) La persona destinataria última obtendrá la aceptación de la colaboración del proveedor de soluciones de modernización adherido en las tareas de justificación de la ayuda, en virtud de lo establecido en la presente orden y en el Real decreto 902/2022, de 25 de octubre, así como la colaboración en el resto de las actuaciones de control que se deriven de esta subvención.  
c) La persona destinataria última y el proveedor de soluciones de modernización adherido declararán responsablemente que se comprometen a garantizar el cumplimiento del Principio de no causar daño significativo (Principio Do No Significant Harm DNSH), recogido en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020.  
d) La persona destinataria última abonará al proveedor de soluciones de modernización adherido los costes incurridos en caso de incumplimiento por causa de la primera, que motive pérdida total o parcial del derecho al cobro asociado.  
e) Las indemnizaciones que deban recibir las partes en caso de incumplimiento y los mecanismos de resolución de conflictos.  
4. Para firmar dichos acuerdos de prestación de soluciones de modernización, la persona destinataria última deberá previamente haber formalizado contrato con el proveedor de soluciones de modernización adherido para la solución de modernización que desee adoptar, basado en las actuaciones subvencionables.  
5. La persona destinataria última, o su representante legal, y el proveedor de soluciones de modernización adherido deberán firmar electrónicamente la propuesta de acuerdo de prestación de soluciones de modernización.  
6. Una vez firmada la propuesta del acuerdo de prestación de soluciones de modernización, la persona destinataria última lo pondrá a disposición del órgano concedente para comprobar su conformidad con los requisitos exigidos por la presente orden y en el real decreto 902/2022, de 25 de octubre. Junto con el acuerdo de prestación de soluciones de modernización, la persona destinataria última deberá presentar el contrato previo que haya formalizado con el proveedor de soluciones de modernización adherido con quien vaya a firmar el acuerdo. La aportación de cuanta documentación sea obligatoria o se considere conveniente, deberá hacerse a través del enlace electrónico específico que se habilite para ello. Quienes no estén obligados a relacionarse telemáticamente con la administración, deberán presentar la documentación que corresponda en los términos del artículo 9.1 de la presente orden.  
7. El órgano instructor deberá pronunciarse sobre su conformidad en un plazo de diez días hábiles. Los acuerdos de prestación de soluciones de modernización serán válidos y tendrán efectos una vez que el órgano concedente de la subvención se haya pronunciado sobre su conformidad. Asimismo, en el caso de que la persona destinataria última no haya recibido el pronunciamiento de conformidad sobre el acuerdo presentado en el plazo establecido, dicho acuerdo será válido y tendrá efectos. Se podrá realizar la comprobación de conformidad mediante técnicas de muestreo.  
8. No podrá formalizarse acuerdo de prestación de soluciones de modernización en los siguientes casos:  
a) Cuando entre el proveedor de soluciones de modernización adherido y la persona destinataria última exista vinculación en los supuestos como los recogidos en el artículo 68.2.a, b), d), e), f) y g) del Reglamento de la Ley general de subvenciones, para los casos de subcontratación de la actividad subvencionada.  
b) Cuando el proveedor de soluciones de modernización adherido y la persona destinataria última formen parte del mismo grupo empresarial.  
9. No se aceptarán propuestas de modificación de los acuerdos de prestación de soluciones de modernización.  
10. Se llevará a cabo un procedimiento de análisis sistemático y automatizado del riesgo del conflicto de interés al ser una convocatoria del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), en cumplimiento de lo establecido en la Disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2023, estando este procedimiento regulado por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
En el caso de personas jurídicas, para proceder a dicho análisis, según lo establecido en el artículo 7 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, será obligatorio que, junto a la propuesta de acuerdo, se presente una certificación notarial o registral de los datos de titularidad real de la persona destinataria última de la ayuda.  
  
Artículo 12. Justificación y pago de las ayudas  
1. Tras la prestación de la solución de modernización, el proveedor de soluciones de modernización adherido, en nombre de la persona destinataria última, deberá presentar la justificación de las acciones realizadas consistente en la documentación exigida y las demás pruebas admitidas en derecho, en su caso, en un plazo máximo de doce meses desde la fecha de la resolución de concesión de la subvención a la destinataria última. La aportación de cuanta documentación sea obligatoria o se considere conveniente, deberá hacerse a través del enlace específico que se habilite para ello.  
2. Con carácter general, el proveedor de soluciones de modernización deberá aportar la siguiente documentación para la justificación de las ayudas:  
a) Documentación que acredite que la persona destinataria última se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, la Administración de la Generalitat y frente a la Seguridad Social a efectos de obtener una subvención otorgada por las administraciones públicas, cuando la cuantía de la ayuda supere los 10.000 euros por persona destinataria última, conforme a lo previsto por la letra c) del artículo 63 del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre. En caso de no estar obligados a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, se deberá hacer mención expresa del fundamento de dicha exención, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de dicho reglamento. Por el contrario, no existiendo exención de la obligación de presentar tales declaraciones o documentos, deberán constar certificaciones acreditativas del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, según lo previsto en el artículo 22 del mismo. La presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización de la persona solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.  
No obstante, la persona destinataria última podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación.  
b) Certificación que acredite que el proveedor de soluciones de modernización es el titular de la cuenta bancaria en la que va a ingresarse el importe de la ayuda.  
c) Justificante de haber realizado el trámite telemático Procedimiento para tramitar las altas, modificaciones y bajas de las domiciliaciones bancarias (PROPER).  
d) Impresión de pantalla acreditativa de la publicidad realizada según lo establecido en el artículo 15 de la presente orden, en caso de disponer de página web propia de la entidad. En caso de no disponer de página web, deberá aportar impresión de pantalla de la publicidad realizada en la plataforma TEP.  
3. Además de lo establecido en el apartado anterior, el proveedor de soluciones de modernización deberá presentar ante el órgano instructor, la documentación establecida en el anexo II de esta orden para cada una de las categorías, en los términos del anexo III del Real decreto 902/2022, de 25 de octubre.  
La documentación que se aporte para justificar la ejecución de la actuación debe ser coherente con la información aportada en el formulario de solicitud de la ayuda.  
4. Una vez presentada la documentación de justificación por el proveedor de soluciones de modernización adherido, el órgano competente deberá verificar el cumplimiento de la ejecución de la actuación objeto de subvención y proceder, en su caso, al pago del «cheque moderniza» en el plazo máximo de seis meses.  
De manera excepcional, se podrá ampliar el plazo establecido, siempre que se cumpla que todas las actuaciones estén justificadas antes del 30 de abril de 2026.  
5. Una vez sea comprobada y verificada la prestación de la solución de modernización a la persona destinataria última por parte del proveedor de soluciones modernización adherido, así como la entrega de toda documentación exigida, dentro del plazo establecido, el órgano competente ordenará el pago al proveedor de soluciones de modernización adherido por el importe del cheque moderniza correspondiente a la ayuda asociada al acuerdo de prestación de soluciones de modernización suscrito con la persona destinataria última, con expresa referencia a la procedencia de los fondos del PRTR, mencionando al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como el mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, conforme a lo que pudiera establecerse al respecto.  
Asimismo, en caso de que el importe del cheque moderniza, correspondiente a la ayuda asociada al acuerdo de prestación de soluciones de modernización suscrito con la persona destinataria última, supere el coste de la actuación subvencionable realizada por el proveedor de soluciones de modernización adherido, el pago de la subvención se realizará por el importe del coste de la actuación subvencionable resultante de las facturas, justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y demás documentación justificativa exigida.  
6. En caso de que la persona destinataria última no cumpliera, por medio del proveedor de soluciones de modernización adherido, con la obligación de justificación establecida en el precedente apartado, no se procederá al pago de la subvención correspondiente al «cheque moderniza», y se declarará la pérdida del derecho al cobro de la misma. En el supuesto de que el pago de la ayuda no pueda realizarse como consecuencia de incumplimiento por causa de la persona destinataria última según lo indicado en el apartado anterior, deberá ser esta quien asuma la obligación de pago al proveedor de soluciones de modernización adherido de los costes incurridos, y quedará así reflejado en el acuerdo de prestación de soluciones de modernización.  
7. Según la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o irregularidad podrá poner dichos hechos en conocimiento de las autoridades públicas por los canales internos o externos habilitados a este efecto, previstos en la Ley 2/2023 y que garantizan el anonimato. En el Plan de medidas antifraude de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, publicado en la web de la Conselleria se da cuenta de los canales de comunicación y los buzones de denuncias.  
  
Artículo 13. Obligaciones de las personas destinatarias últimas  
1. La persona destinataria última deberá cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las contenidas en el Real decreto 902/2022, de 25 de octubre, las que se establecen en la presente orden, cuantas otras que puedan figurar en la resolución de concesión de las ayudas en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.  
2. La persona destinataria última deberá comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, tan pronto como tenga conocimiento de ello y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.   
3. La persona destinataria última deberá registrar en su contabilidad, en un código contable diferenciado, el detalle de todas las transacciones relacionadas con la actividad subvencionada. Asimismo, deberá disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona destinataria última en cada caso, así como conservar las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago y de la aplicación de los fondos recibidos, justificando la utilización del cheque moderniza por la cuantía otorgada como pago al proveedor de soluciones de modernización por la actuación subvencionable realizada. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad de las personas destinatarias últimas y deberá conservarse durante un plazo mínimo de cinco años, a contar desde el vencimiento del plazo para justificar la ayuda.  
4. La persona destinataria última deberá declarar al órgano concedente todas las ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.  
5. La persona destinataria última, para adoptar las soluciones de modernización incluidas como actuaciones subvencionables en el artículo 6 y destinar el importe de la subvención a estas, deberá formalizar los correspondientes acuerdos de prestación de soluciones de modernización con los proveedores de soluciones de modernización adheridos de conformidad con lo establecido en la presente orden, así como de acuerdo con lo recogido en el Real decreto 902/2022, de 25 de octubre.  
6. La persona destinataria última deberá establecer medidas eficaces y proporcionadas para evitar el fraude en el cumplimiento de lo exigido por la normativa de subvenciones públicas, así como para impedir la doble financiación y la falsificación de la documentación.  
7. La persona destinataria última deberá cumplir con los requisitos del artículo 4 de esta orden en cada acuerdo de prestación de soluciones de modernización que se formalice.  
8. En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el RMRR, y su normativa de desarrollo, en particular la comunicación de la Comisión guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del Principio de no causar un perjuicio significativo, con lo requerido en la decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de España (CID) y su documento anexo, así como en la decisión sobre los acuerdos operativos (OA), la persona destinataria última y el proveedor de soluciones de modernización garantizarán que todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento del presente programa de ayudas deben respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (Principio DNSH por sus siglas en inglés, Do No Significant Harm). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas en la componente 6, inversión I4 línea 15, en la que se enmarcan dichas actuaciones, recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del componente del plan y en el anexo a la CID y el OA. En concreto se respetarán las condiciones específicas del Plan para esta línea de actuación para el objetivo de transición a una economía circular: se tomarán medidas que aumente la durabilidad la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados. Se adoptarán medidas adecuadas para que se apliquen los requisitos de diseño ecológico que facilitan la reutilización y el tratamiento de los RAEE establecidos en el marco de la Directiva 2009/125/CE, hasta el final de su vida útil aplicando las directrices que marca la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).  
Para ello los personas destinatarias últimas y los proveedores de soluciones de modernización adheridos deberán presentar una declaración responsable de cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio Do No Significant Harm DNSH), recogido en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, para cada uno de los objetivos medioambientales, así como declarar cumplir con la legislación medioambiental aplicable. Esta declaración formará parte de los acuerdos de prestación de soluciones de modernización, conforme a lo establecido en el artículo 18 de Real decreto 902/2022, de 25 de octubre.  
En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.  
9. La persona destinataria última, en los términos del artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberá destinar los bienes objeto de la solución de modernización al fin concreto para el que se haya concedido la subvención durante un periodo mínimo de dos años. El incumplimiento de la obligación de destino, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos en el capítulo II del título II de la mencionada ley, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.  
  
Artículo 14. Reintegro y minoración  
1. El incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el Real decreto 902/2022, de 25 de octubre, en la presente orden de convocatoria, y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones particulares que, en su caso, se puedan establecer en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, o a la pérdida de derecho al cobro no ejercitado, conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
2. A los efectos de la presente orden, se considerará que existe incumplimiento de los fines para los que se concedió la ayuda en los siguientes casos:  
a) Destinar la ayuda concedida a actividades diferentes de las determinadas en el Real decreto 902/2022, de 25 de octubre.  
b) No realizar la instalación de las soluciones, entregas de productos o servicios establecidos en los acuerdos de prestación de soluciones de modernización por parte de los proveedores de soluciones de modernización adheridos según los requisitos establecidos en el anexo I.  
c) No presentar la justificación de la realización de las actuaciones financiadas en el plazo establecido la presente orden.  
d) No cumplir con alguna o algunas de las obligaciones específicas recogidas en la presente orden.  
e) La obtención de cualquiera de las categorías del Programa Kit Digital declaradas como incompatibles, según el artículo 8.3 de la presente orden, desde la fecha de presentación de la solicitud y hasta la fecha de resolución de pago de la ayuda.  
3. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deberá ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las personas destinatarias últimas una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. En el caso de incumplimiento parcial motivado por la inobservancia de las obligaciones en materia de publicidad, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la presente orden, el importe a reintegrar queda fijado en el diez por ciento de la ayuda concedida.  
  
Artículo 15. Publicidad  
1. Las personas beneficiarias de la subvención que perciban durante el periodo de un año natural ayudas o subvenciones de las entidades recogidas en el artículo 4 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, en una cuantía superior a 50.000 euros, o cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros, tendrán que cumplir las obligaciones en materia de publicidad activa, en los términos del artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y del artículo 4 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y otra legislación aplicable.  
2. Las personas perceptoras de financiación de la Unión Europea deben mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples personas destinatarias, incluidos los medios de comunicación y el público.  
3. Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas reguladas por la presente orden en publicaciones, actividades de difusión, páginas web y, en general, en cualesquiera medios de difusión deberá cumplir con los requisitos que figuren en el manual de imagen del PRTR y, en su caso, en el manual que sea aprobado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  
4. La difusión de la información que establece esta cláusula deberá realizar a través de la página web de la entidad, o bien a través de la plataforma TEP - Transparencia Entidades Privadas, de GVA Oberta.  
5. La persona destinataria última de las ayudas informará al público del apoyo obtenido de los fondos europeos haciendo una breve descripción de la operación en su página web, en caso de que disponga, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados.  
6. El proveedor de soluciones de modernización adherido informará al público de las soluciones de modernización que presta, haciendo clara mención al Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
7. En todo caso, las personas destinatarias últimas deberán cumplir cualesquiera instrucciones que se puedan impartir respecto a la forma y contenido de la información que deban facilitar.  
  
Artículo 16. Plan de control  
1. De acuerdo con el artículo 169 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental y Subvenciones se realizará la comprobación administrativa de la justificación documental de la subvención concedida por medio de la revisión de la documentación establecida en el artículo 12 y en el anexo II de la presente orden como de aportación preceptiva por el proveedor de soluciones de modernización.  
2. La comprobación material de la efectiva realización de la actividad subvencionada, existencia de la condición o cumplimiento de la finalidad, se llevará a cabo en los términos establecidos en el plan de control que elaborará la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible, aprobado por esta con carácter previo a su ejecución, y habrá de constar como mínimo la información siguiente:  
a) Tipo de control a efectuar sobre la línea: administrativos, sobre el terreno, a posteriori o de calidad.  
b) Criterios de selección de la muestra: aleatorios, dirigidos o de riesgo.  
c) Porcentaje mínimo de ayuda que se controlará sobre el total pagado en esa línea.  
Todo ello con el fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción de la ayuda previstos en la presente convocatoria.  
  
Artículo 17. Protección de datos de carácter personal  
1. La gestión de las subvenciones supone el tratamiento de datos de carácter personal debiendo contemplarse las medidas y garantías previstas en la normativa referente a la materia.  
2. En el diseño de los formularios y en la solicitud de documentación deberán tenerse en cuenta los principios de protección de datos. En concreto:  
- Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.  
- Los formularios y la documentación solicitada serán proporcionales a las necesidades de gestión y concesión de las subvenciones.  
- La publicación de datos se efectuará teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional 7ª de la Ley orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y en cualquier otra recomendación o directriz realizada por los órganos competentes en materia de protección de datos y en materia de publicidad de subvenciones. No obstante, no se publicarán las subvenciones o ayudas públicas concedidas a personas físicas cuando la información contenida o el propio objeto de la convocatoria, proporcione información o datos especialmente protegidos de las personas beneficiarias o las personas físicas que se encuentren en una situación de protección especial que pudiera verse agravada con la cesión o publicación de sus datos personales.  
- Los datos serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; los solicitantes se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten; en todo caso, se tendrá en cuenta que la entidad convocante no será responsable de la inexactitud de los datos cuando hayan sido aportados por las personas solicitantes o sus representantes u obtenidos de registros públicos.  
- Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y de conformidad con normativa de archivos y documentación.  
En relación con la conservación de las publicaciones efectuadas, la información sobre concesiones a personas jurídicas permanecerá publicada durante los cuatro años naturales siguientes al año en que se concedió la subvención, siendo retirada automáticamente transcurrido dicho plazo. En el caso de concesiones a favor de personas físicas, la publicidad se reduce al año de concesión y al año siguiente.  
3. Con carácter general, la finalidad para el tratamiento de datos personales en relación con estas bases será la gestión de la concesión de subvenciones teniendo como condiciones de licitud general las siguientes:  
a) Estarán legitimados por el interés público los tratamientos de datos realizados para la gestión general de las subvenciones, la gestión de solicitudes y los actos de instrucción.  
b) Tendrán como base de legitimación el cumplimiento de una obligación legal los siguientes tratamientos en relación con las normas que se citan a continuación:  
- Las publicaciones realizadas con efectos de notificación de acuerdo con las normas del procedimiento administrativo común y con lo regulado en la Ley general de subvenciones.  
- La comunicación de datos a la Base de datos nacional de subvenciones conforme al art. 20 de la Ley general de subvenciones.  
- Las publicaciones realizadas en el portal de transparencia exigibles por la legislación de transparencia.  
- La comunicación de datos para la aplicación informática COFFEE y las necesarias para la gestión del PRTR.  
4. Cuando los datos personales no se obtengan de la persona solicitante o interesada, además de lo dispuesto en este artículo, se informará a la misma de las categorías de datos objeto de tratamiento y las fuentes de las que procedieran los mismos.  
En el caso de que se recojan datos, tanto en la solicitud como en el procedimiento de justificación, de personas que no son la persona solicitante o beneficiaria deberá proporcionarse un documento que contenga lo establecido en este artículo debiendo incluir en la declaración responsable la obligación del solicitante de informar a aquellas personas de las que se aporten datos para la obtención de la subvención.  
5. La administración concedente conservará toda la documentación respecto de las ayudas otorgadas con esta convocatoria durante diez (10) años desde la fecha de concesión de la última ayuda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 apartado 4 del Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013; el punto 14.9 del Marco nacional temporal aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56293(2020/N) de 2 de abril, y sus modificaciones; el artículo 12 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014; y, el punto 2.9 de la Decisión de la Comisión Europea SA.63189 (2021/N).  
  
Artículo 18. Aplicación e interpretación  
Cualquier duda que pueda surgir en la aplicación o interpretación de la presente convocatoria y sus bases se resolverá de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 1ª, en su apartado 2, del Real decreto 902/2022, de 25 de octubre, por el que se aprueba la concesión directa, a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, de ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia -financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.  
  
Artículo 19. Habilitación  
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible para dictar resoluciones, instrucciones y adoptar las medidas necesarias para su aplicación y ejecución.  
Artículo 20. Entrada en vigor  
Esta orden producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Artículo 21. Recursos  
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
València, 15 de mayo de 2023  
  
La consellera de Política Territorial,  
Obres Públiques i Mobilitat  
REBECA TORRÓ SOLER  
  
  
ANEXO I  
Cuantía de las ayudas a personas destinatarias últimas y definición de las actuaciones  
  
a) Cuantía y requisitos de las ayudas.  
Se incluyen a continuación las cuantías unitarias de las subvenciones correspondientes a las actuaciones de cada actividad, así como sus requisitos:  
  
Categorías de soluciones de modernización  
  
1. Gestión de documentos de control electrónicos  
Objetivo:  
Hacer difusión y formación de:  
- En el caso del transporte de mercancías: la generación de eCMR (documento de control correspondiente al transporte de mercancías internacional; regulado por el protocolo adicional al convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), relativo a la carta de porte electrónica), así como del documento administrativo de control en formato electrónico (correspondiente al transporte de mercancías nacional; regulado por la Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que se regula el documento de control administrativo exigible para la realización de transporte público de mercancías por carretera, el artículo 222.2 del Real decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, en adelante ROTT, y la Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que en soporte electrónico exigidos en los transportes por carretera).  
- En el caso del transporte de viajeros: la generación de la hoja de ruta en formato electrónico (documento de control correspondiente al transporte de viajeros, regulado por la Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera, el mencionado artículo 222.2 del ROTT y Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre).  
Asimismo, se establece como objetivo difundir y formar sobre la aplicación desarrollada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (https://sede.mitma.gob.es/DOCUMENTO-CONTROL/) que permite la remisión de los documentos de control (eCMR, documento administrativo de control y hoja de ruta) en formato electrónico (PDF no superior a 4 MB) requeridos por el agente de control en el marco de una inspección realizada en carretera.  
Se impartirá formación y difusión sobre el Reglamento (UE) 2020/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías (Reglamento eFTI), mediante el cual se define el marco jurídico para la comunicación por vía electrónica de información reglamentaria relativa al transporte de mercancías en el territorio de la Unión entre los operadores económicos interesados (OEI) y las autoridades competentes (AC) en los distintos modos (ferrocarril, aéreo, navegación interior y carretera, incluyendo cabotaje, transporte combinado, transporte de MMPP y traslado de residuos) a excepción del marítimo. Este reglamento será de aplicación a partir del 21 de agosto de 2024, y las autoridades competentes (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) deberán ser capaces de aceptar documentos en formato electrónico a más tardar el 21 de agosto de 2025.  
Finalmente, se pretende fomentar el uso de aplicaciones y servicios de modernización del transporte, mediante la puesta a disposición de las personas destinatarias últimas de servicios de consultoría.  
Contenidos mínimos de la actuación subvencionable:  
- Curso de formación en la utilización del eCMR y el documento administrativo de control en formato electrónico, así como en la aplicación desarrollada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y en el Reglamento (UE) 2020/1056, para las empresas relacionadas con el transporte de mercancías.  
- Curso de formación en la utilización de hoja de ruta en formato electrónico, así como en la mencionada aplicación desarrollada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para las empresas relacionadas con el transporte de viajeros.  
En ambos casos, la duración de la formación será de un mínimo de diez horas e incluirá ejemplos reales del uso de las distintas aplicaciones.  
- Servicio de consultoría que incluya la puesta a disposición de un técnico que proporcione asistencia en el acceso y uso de las aplicaciones SaaS o que, en su caso, instale el software que pudieran requerir, necesarias para la generación y utilización del eCMR y en el documento administrativo de control en formato electrónico (para las empresas del ámbito del transporte de mercancías) y para la generación y la utilización de la hoja de ruta en formato electrónico (para las empresas de transporte de viajeros). Asimismo, mediante este servicio de consultoría, se facilitará ayuda a las empresas para la obtención de la firma digital y de todos los trámites y herramientas digitales accesorias que fueran necesarias para la implantación y utilización de estos servicios. El servicio de consultoría y el técnico deberá estar a disposición de la empresa para consultas y resolución de problemas durante un mínimo de tres meses.  
- Generación de un mínimo de cinco documentos de transporte electrónicos (eCMR, documento administrativo de control en formato electrónico, hoja de ruta en formato electrónico…), asociados a casos reales de operaciones de transporte y/o a casos de prueba.  
La generación de los documentos de control deberá ser conforme con:  
• En el caso del transporte de mercancías: la generación de eCMR (documento de control correspondiente al transporte de mercancías internacional) deberá ser conforme con el protocolo adicional al convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), relativo a la carta de porte electrónica. El documento administrativo de control en formato electrónico (correspondiente al transporte de mercancías nacional) será conforme con la Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que se regula el documento de control administrativo exigible para la realización de transporte público de mercancías por carretera, el artículo 222.2 del Real decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres, en adelante ROTT, y la Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que establecen las características que deben reunir los documentos de control administrativo en soporte electrónico exigidos en los transportes por carretera.  
• En el caso del transporte de viajeros: la generación de la hoja de ruta en formato electrónico (documento de control correspondiente al transporte de viajeros) deberá ser conforme con la Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera, el mencionado artículo 222.2 del ROTT y Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre.  
- En caso de que el uso de la aplicación SaaS, o en su caso del software, para generación de documentos electrónicos lleve aparejado una licencia, se incluye esta por un plazo de seis meses.  
  
2. Sistema de tacógrafo inteligente de segunda generación  
Objetivo:  
Implantación de los sistemas de tacógrafos digitales inteligentes de segunda generación.  
Contenidos mínimos de la actuación subvencionable:  
- Adquisición del sistema de tacógrafo digital inteligente de segunda generación que incluya: unidad intravehicular, sensor de movimiento y calibración.  
- Software que permita archivar los datos obtenidos del sistema de tacógrafo de forma segura, permitiendo la descarga de manera remota y automática sin intervención del conductor.  
- Formación en la utilización del sistema de tacógrafo digital inteligente de segunda generación. El curso deberá tener una duración mínima de seis horas y contar con ejemplos reales de su uso.  
- Puesta a disposición de la empresa de personal técnico para facilitar el uso de los dispositivos, resolver incidencias y dudas. Este servicio deberá estar disponible para la empresa durante un mínimo de tres meses.  
Requisitos:  
- Si el destinatario último tiene hasta tres vehículos, se deberá instalar como mínimo un sistema de tacógrafo inteligente de segunda generación.  
- Si el destinatario último tiene entre cuatro y diez vehículos, se deberán instalar como mínimo tres sistemas de tacógrafos inteligentes de segunda generación.  
- Si el destinatario último tiene más de diez vehículos, se deberá instalar como mínimo diez sistemas de tacógrafos inteligentes de segunda generación.  
  
3. Integración de documentos de control electrónicos en los sistemas de gestión  
Objetivo:  
Integración de los sistemas de generación de documentos de control electrónicos en los sistemas de gestión de las empresas transportistas y cargadoras.  
Contenidos mínimos de la actuación subvencionable:  
- Servicio técnico de integración y/o actuación de los sistemas de gestión de las empresas para que sean compatibles con la generación de documentos de control electrónicos (eCMR y el documento administrativo de control en formato electrónico).  
- Formación sobre el uso de los sistemas, con el fin de que puedan emitir documentos de control electrónicos. La formación deberá incluir sesiones prácticas del uso de las herramientas una vez integradas, así como sesiones informativas que permitan el máximo aprovechamiento con otras tecnologías que permitan mejorar la coordinación en la cadena de transporte  
La generación de eCMR (documento de control correspondiente al transporte de mercancías internacional) deberá ser conforme con el protocolo adicional al convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), relativo a la carta de porte electrónica. El documento administrativo de control en formato electrónico (correspondiente al transporte de mercancías nacional) será conforme con la Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que se regula el documento de control administrativo exigible para la realización de transporte público de mercancías por carretera, el artículo 222.2 del Real decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en adelante ROTT, y la Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que establecen las características que deben reunir los documentos de control administrativo en soporte electrónico exigidos en los transportes por carretera.  
- Licencia por un año.  
  
  
  
  
4. Implantación de sistemas TMS/ERP  
Objetivo:  
Implantación de sistemas TMS. El sistema TMS (Transport Management System) puede definirse como un sistema de gestión de transporte que recoge, almacena, procesa y dispone información relacionada con todas las operaciones de transporte de mercancías que requiere una empresa. Es un software análogo a otros que también disponen las empresas para gestionar sus distintas áreas, como puedan ser las relacionadas con la cadena de suministro, almacenes, información de los productos, recursos humanos, contabilidad y finanzas etc. pero centrado específicamente en las operaciones de transporte.  
Implantación de sistemas ERP. El sistema ERP (Enterprise Resource Planning) puede definirse como un sistema de gestión que recoge, almacena, procesa y dispone información relacionada con una o varias de las áreas de una empresa. Es un software, compuesto por uno o varios módulos relacionados entre sí, para la gestión unificada de las diferentes áreas empresariales (laboral, comercial, compras, logística, producción, financiera, etc.), proporcionando acceso a la información de cada una en tiempo real. En ese sentido, un sistema TMS puede constituir un módulo dentro de un sistema ERP más completo.  
Contenidos mínimos de la actuación subvencionable:  
- Servicio TMS/ERP:  
• En el caso del servicio TMS, incluyendo la suscripción durante dos años y el hardware necesario, que deberá incluir las siguientes funciones:  
 Geolocalización de vehículos (opcional).  
 Control de flota (control de costes y conductores).  
 Integración con el eCMR, el documento administrativo de control en formato electrónico y la firma digital.  
 Control del tacógrafo inteligente de segunda generación.  
• En el caso del servicio ERP, incluyendo la suscripción durante dos años y el hardware necesario, debiendo incluir módulos relacionados con las actividades logísticas y de transporte de la empresa como:  
 Producción/Ciclo de compras y ventas (tickets, presupuestos, gestión de pedidos, albaranes, facturación…).  
 Gestión documental (facturas, documentos, cartas de porte, eCMR, documento administrativo de control en formato electrónico…).  
- Formación sobre el uso de los sistemas, sus beneficios y las posibilidades de gestión y de valor añadido derivadas. La formación deberá definir y fomentar las bases de conocimiento necesarias para el uso de los sistemas de manera continuada en el tiempo. Asimismo, deberá incluir contenidos relativos a la coordinación de estos sistemas con las tecnologías digitales propias del transporte por carretera, como la carta de porte electrónica, el eCMR, el documento administrativo de control en formato electrónico y el tacógrafo inteligente de segunda generación, así como relativos a la normativa asociada a estas tecnologías digitales (Reglamento (CE) 165/2014 relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera y sus actos de desarrollo, Reglamento (UE) 2020/1056 sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías, artículo 222.2 del ROTT, Orden FOM/2861/2012 por la que se regula el documento de control administrativo exigible para la realización de transporte público de mercancías por carretera, Orden FOM/1230/2013 por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera, Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que establecen las características que deben reunir los documentos de control administrativo en soporte electrónico exigidos en los transportes por carretera, etc.).  
  
5. Implantación de sistemas SAE  
Objetivo:  
Implantación de sistemas SAE (Sistema de ayuda a la explotación). Sistema de gestión de vehículos de transporte de viajeros basado en la localización y conocimiento de los datos relativos a la flota de vehículos y la comunicación con esta en tiempo real. Mediante estos sistemas se puede hacer un seguimiento del servicio y la calidad ofertada a los viajeros, y mantenerlos actualizados sobre la información relativa al servicio y a las incidencias. Entre las funcionalidades que ofrece este sistema se encuentra: Supervisión de la flota en tiempo real, información sobre las rutas, paradas y ocupación, mejora en la planificación de rutas, envío de mensajes y comunicación por voz en tiempo real, etc.  
Se podrá incluir también la gestión de expediciones y cancelación de billetes mediante la integración del sistema SIRDE en el SAE, que necesitan las empresas contratistas de servicios regulares estatales, de acuerdo a las especificaciones recogidas en: https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/sistemas-inteligentes-de-transporte/sistemas-inteligentes-de-transporte-its/sirde  
Contenidos mínimos de la actuación subvencionable:  
- Instalación de un sistema SAE que incluya el hardware y el software necesario y que disponga de los siguientes elementos:  
• Geolocalización de vehículos mediante GNSS y herramientas de visualización del posicionamiento de los vehículos (GIS, etc.).  
• Gestión de conductores (avisos, correcciones).  
• Consola de mensajes.  
• Informes de indicadores de consumos, estilo conducción, mantenimiento y revisiones, etc.  
• Control de vehículos y mantenimientos (sensores de telemetría).  
• Gestión de datos procedentes del tacógrafo inteligente de segunda generación.  
• Automatización de la generación y mantenimiento del fichero o ficheros de datos para su publicación en el NAP (Punto de Acceso Nacional) de transporte multimodal, regulado por el Reglamento Delegado (UE) 2017/1926 de la Comisión, de 31 de mayo de 2017, que complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión.  
- Formación sobre el uso de los sistemas. Los cursos incluirán sesiones prácticas sobre el uso del sistema. Asimismo, se incluirá formación en la gestión de los datos generados y su publicación en el NAP de transporte multimodal.  
- Gestión del alta en el NAP de transporte multimodal del correspondiente fichero o ficheros de datos generados con dicho fin, realizando la comunicación, mediante el portal «https://nap.mitma.es/» o la dirección de correo «eco@wmnju.ju», de la dirección URL donde se encuentre el fichero automáticamente actualizado y el sistema NAP de transporte multimodal pueda acceder a él.  
  
6. Actualización de sistemas SAE  
Objetivo:  
Actualización de sistemas SAE para empresas que ya dispongan de estas tecnologías pero que no estén maximizando los beneficios de su utilización. Asimismo, se persigue favorecer la explotación de estos sistemas para aprovechar los datos, facilitando su difusión a través de plataformas de movilidad y específicamente en el NAP de transporte multimodal.  
Implantación de los sistemas necesarios para permitir que genere y mantenga automáticamente actualizado el fichero o ficheros de datos para su publicación en el NAP de transporte multimodal, regulado por el Reglamento Delegado (UE) 2017/1926 de la Comisión, de 31 de mayo de 2017.  
Se podrá utilizar también para la integración del sistema SIRDE en el SAE que permita gestión de expediciones y cancelación de billetes, que necesitan las empresas contratistas de servicios regulares estatales, de acuerdo a las especificaciones recogidas en: https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/sistemas-inteligentes-de-transporte/sistemas-inteligentes-de-transporte-its/sirde  
Contenidos mínimos de la actuación subvencionable:  
- Actualización y puesta a punto del sistema SAE de las empresas de manera que permita la generación y mantenimiento automático del fichero o ficheros de datos para su publicación en el NAP de transporte multimodal, mediante los servicios de consultoría necesarios. Este servicio de consultoría deberá permitir disponer de una persona para la resolución de dudas o incidencias durante un mínimo de tres meses.  
- Formación que incluya la generación, actualización y gestión de los datos, y su envío al NAP de transporte multimodal. Esta formación deberá incluir asimismo el mantenimiento del sistema SAE y el uso de la herramienta para la reducción de costes y optimización de operaciones.  
- Gestión del alta en el NAP de transporte multimodal del correspondiente fichero o ficheros de datos generados con dicho fin, realizando la comunicación, mediante el portal https://nap.mitma.es/ o la dirección de correo ldk@rhojv.yu, de la dirección URL donde se encuentre el fichero automáticamente actualizado y el sistema NAP de transporte multimodal pueda acceder a él.  
Criterios en relación con la instalación:  
- Si el destinatario último tiene hasta tres vehículos, se deberá instalar como mínimo los sistemas SAE embarcado en un vehículo.  
- Si el destinatario último tiene entre cuatro y diez vehículos, se deberán instalar como mínimo los sistemas SAE embarcados en tres vehículos.  
- Si el destinatario último tiene más de diez vehículos, se deberá instalar como mínimo los sistemas SAE embarcados en diez vehículos.  
  
7. Ayuda a los servicios de transporte de viajeros  
Objetivo:  
Mejora de la información al público para servicios de transporte de viajeros. Los proyectos pueden ir desde instalar y promover sistemas de gestión de flotas que permitan la eliminación de contratiempos con relación al mantenimiento de los autobuses de las empresas, hasta la mejora de páginas web o la creación de aplicaciones de movilidad para una más efectiva difusión del transporte colectivo.  
Se incluye también, de manera opcional, la implantación de sistemas de conteo de pasajeros en los sistemas de transporte colectivo de viajeros/as. Estos sistemas tienen el fin de conocer la demanda de pasajeros/as, para gestionar la operación en base a datos fiables y, como aspecto clave en la salud y en el confort del viaje, poder informar al viajero/a del grado de afluencia de personas en los vehículos.  
Asimismo, se podrá incluir la mejora del sistema SIRDE tanto en hardware (tablet o teléfono u otros dispositivos de lectura del código QR como lectores laser) como en software (desarrollos para facilitar los datos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana utilizando API) en el SAE.  
Contenidos mínimos de la actuación subvencionable:  
- Licencias de software o suscripción web durante dos años, incluyendo aquellas que sean necesarias para el uso de los dispositivos de conteo.  
- Instalación de sensores en los vehículos.  
- Instalación del hardware para el conteo (p. ej. espiras) o la estimación (p. ej., cámaras de vídeo análisis) de pasajeros/as.  
- Integración/comunicación con otros sistemas internos como el SAE, el Centro de Control, etc.  
- Mejora de la difusión de la información de servicios, rutas y paradas a través de herramientas digitales, y elaboración de herramientas digitales propias a tal fin, que incluya la generación y mantenimiento del fichero o ficheros de datos para su publicación en el NAP de transporte multimodal, de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) 1926/2017, a través de servicios de consultoría.  
- Formación para el uso de las herramientas de hardware y software implantadas, así como en la actualización de los datos generados para su envío al NAP de transporte multimodal. Asimismo, se deberá formar en el uso de las herramientas para la reducción de costes y optimización de las operaciones.  
- Gestión del alta en el NAP de transporte multimodal del correspondiente fichero o ficheros de datos generados con dicho fin, realizando la comunicación, mediante el portal https://nap.mitma.es/ o la dirección de correo lef@lpuve.up, de la dirección URL donde se encuentre el fichero debidamente actualizado y el sistema NAP de transporte multimodal pueda acceder a él.  
Criterios en relación con la instalación:  
- Si el destinatario último tiene hasta tres vehículos, se deberá instalar como mínimo los sistemas hardware de conteo y los sensores necesarios en un vehículo.  
- Si el destinatario último tiene entre cuatro y diez vehículos, se deberán instalar como mínimo los sistemas hardware de conteo y los sensores necesarios en tres vehículos.  
- Si el destinatario último tiene más de diez vehículos, se deberá instalar como mínimo los sistemas hardware de conteo y los sensores necesarios en diez vehículos.  
  
8. Ayuda para la implantación de las aplicaciones que permitan a los usuarios de los servicios públicos de transporte regular de uso general la realización de reclamaciones por medios electrónicos  
Objetivo:  
Acelerar, en el marco de lo establecido por el artículo 2.67 del Real decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera, que modifica el artículo 89 del ROTT, y por las Resoluciones de 24 de julio de 2020 y de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, la implantación de las aplicaciones informáticas de las empresas concesionarias (contratistas de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general) para que sus usuarios formulen por medios electrónicos las reclamaciones que estimen pertinentes, así como la conexión de estas aplicaciones con el servicio web ofrecido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con objeto de que las empresas concesionarias remitan al Ministerio los datos de las citadas reclamaciones.  
Contenidos mínimos de la actuación subvencionable:  
- Desarrollo y puesta en servicio de la aplicación para la realización de reclamaciones de usuarios por medios electrónicos.  
- Conexión de dicha aplicación con el servicio web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la remisión a este de los datos de las reclamaciones.  
- Formación para el uso de las herramientas de hardware y software implantadas.  
  
9. Mejora de sistemas de ticketing  
Objetivo:  
Mejora de los sistemas y procedimientos de ticketing para sistemas de transporte de viajeros. Se pretende facilitar y agilizar la expedición y validación de títulos de transporte y, además, ser útil para el control de viajeros. Los proyectos pueden estar relacionados con nuevas formas de pago y la integración de títulos ya existentes.  
Contenidos mínimos de la actuación subvencionable:  
- Implantación de hardware para sistemas nuevos de monética y ticketing, tales como pupitre a bordo del vehículo que, además de para la venta/emisión de billetes, se configure como el ordenador central del vehículo para monética/ticketing, validadora/canceladora para tarjetas tipo EMV, inteligentes sin contacto y lectores NFC a bordo de vehículos, en paradas o en estaciones, expendedoras para la venta y emisión de billetes, etc. También se considera la ampliación de un sistema vigente de monética y ticketing.  
- En toda implantación de procedimientos de ticketing, se recomienda que convivan el sistema vigente y el nuevo que se pretende instalar, al menos durante un tiempo de transición suficiente para que los viajeros/as se adapten, principalmente aquellos/as con una menor alfabetización digital.  
- Licencias de software o suscripción web durante dos años para la utilización del sistema de monética y ticketing; actualización del software del sistema vigente; e integración del sistema o su comunicación con otros sistemas internos.  
- Servicio de consultoría para la implantación de un nuevo sistema de ticketing ad hoc al servicio prestado con los vehículos disponibles.  
- Formación sobre el uso de los equipos y programas de gestión del ticketing, con el fin de optimizar las operaciones. La formación deberá incluir sesiones prácticas del uso de las herramientas una vez integradas, así como sesiones informativas que permitan el máximo aprovechamiento con otras tecnologías que permitan mejorar el servicio prestado. En dichas sesiones informativas, se hará referencia a la Estrategia de movilidad segura, sostenible, conectada 2030 elaborada por el MITMA y en particular a su «Línea 5.1. Facilitación de la movilidad como servicio, datos abiertos y nuevas tecnologías para el análisis y optimización de la movilidad», y «Medida 5.1.2. Impulsar soluciones abiertas e interoperables de ticketing y pago», en la que se pone de manifiesto el interés del MITMA por impulsar soluciones abiertas e interoperables de ticketing y pago, lo cual podría llevar a cabo por diferentes vías, como son la cooperación con otras administraciones competentes (CC.AA., Ayuntamientos), a través de los contratos de obligaciones de servicio público que gestiona -regulados por los artículo 69 a 87 de la LOTT y 61 a 104 del ROTT-, o bien impulsando modificaciones normativas (a las que puede hacerse referencia si se encuentran en fase de información pública).  
Requisitos:  
- Si el destinatario último tiene hasta tres vehículos, se deberá instalar como mínimo un sistema de hardware para sistemas nuevos de monética y ticketing.  
- Si el destinatario último tiene entre cuatro y diez vehículos, se deberán instalar como mínimo tres sistemas de hardware para sistemas nuevos de monética y ticketing.  
- Si el destinatario último tiene más de diez vehículos, se deberá instalar como mínimo diez sistemas de hardware para sistemas nuevos de monética y ticketing.  
  
  
ANEXO II  
Documentación requerida para justificar la actuación realizada  
  
Para cada categoría de solución de modernización el proveedor de soluciones de modernización adherido aportará la documentación justificativa siguiente:  
  
1. Gestión de documentos de control electrónicos.  
- Factura que contenga todas las actuaciones financiadas, incluyendo la factura de la licencia, en caso de que la aplicación SaaS o software para generación de documentos electrónicos la requiera, especificando la fecha de inicio y finalización de la misma.  
- Certificación de superación del curso por parte de los asistentes en el que se haga constar la siguiente información:  
• Nombre del alumno y DNI/NIE.  
• Denominación de la acción formativa.  
• Contenido de la acción formativa (syllabus del curso).  
• Resultados de aprendizaje.  
• Modalidad de impartición, duración y período de impartición de la acción.  
- Informe en el que se incluya una descripción de las actuaciones que se han llevado a cabo, así como del número de incidencias atendidas. Este informe deberá incluir la fecha de inicio y finalización del servicio de consultoría y el número de personal, y su capacitación, que se ha puesto a disposición del destinatario último. El informe deberá incluir como anexo una copia de cinco documentos electrónicos de transporte generados (asociados a casos reales y/o de prueba).  
  
2. Sistema de tacógrafo inteligente de segunda generación.  
- Factura que contenga todas las actuaciones financiadas, incluyendo la factura del sistema de tacógrafo inteligente de segunda generación.  
- Certificación de superación del curso por parte de los asistentes que contenga, como mínimo, el nombre del alumno, los contenidos y el número de horas del curso.  
- Informe en el que se incluya una descripción del número de incidencias y/o dudas atendidas. Este informe deberá incluir la fecha de inicio y finalización del servicio técnico.  
  
3. Integración de documentos de control electrónicos en los sistemas de gestión.  
- Factura que contenga todas las actuaciones financiadas.  
- Informe en el que se incluya una descripción de las actuaciones que se han llevado a cabo. Este informe deberá incluir la fecha de inicio y finalización del servicio técnico proporcionado.  
- Certificación de superación del curso por parte de los asistentes que contenga, como mínimo, el nombre del alumno, los contenidos y el número de horas del curso.  
- Factura de la licencia, que incluya fecha de inicio y finalización de la misma.  
  
4. Implantación de sistemas TMS/ERP.  
- Factura que contenga todas las actuaciones financiadas, incluyendo la factura del servicio TMS/ERP instalado, en la que se incluya la fecha de inicio y finalización de la suscripción al servicio y los sistemas de software y hardware instalados.  
- Certificación de superación del curso por parte de los asistentes que contenga, como mínimo, el nombre del alumno, los contenidos y el número de horas del curso.  
  
5. Implantación de sistemas SAE.  
- Factura que contenga todas las actuaciones financiadas, incluyendo la factura del sistema SAE instalado, en la que se incluya la descripción de los sistemas de hardware y software instalados.  
- Certificación de superación del curso por parte de los asistentes que contenga, como mínimo, el nombre del alumno, los contenidos y el número de horas del curso.  
- Justificante de la solicitud de alta en el NAP de transporte multimodal proporcionando la dirección URL del fichero que contenga los conjuntos de datos con la información requerida debidamente actualizada. Asimismo, se incluirá una captura de pantalla donde se pueda observar la publicación de los datos en el portal web del NAP de Transporte Multimodal https://nap.mitma.es/, a fin de testimoniar que toda la información proporcionada al NAP es correcta y ha sido posible su publicación.  
  
6. Actualización de sistemas SAE.  
- Factura que contenga todas las actuaciones financiadas.  
- Informe en el que se incluya una descripción de las actuaciones que se han llevado a cabo. Este informe deberá incluir, como mínimo, la fecha de inicio y finalización del servicio de consultoría proporcionado, descripción del sistema existente antes de la actuación, necesidad de la actualización realizada y descripción de las actualizaciones realizadas. El informe deberá incluir como anexo un justificante de la solicitud de alta en el NAP de transporte multimodal proporcionando la dirección URL del fichero que contenga los conjuntos de datos con la información requerida debidamente actualizada. Asimismo, se incluirá una captura de pantalla donde se pueda observar la publicación de los datos en el portal web del NAP de transporte multimodal https://nap.mitma.es/, a fin de testimoniar que toda la información proporcionada al NAP es correcta y ha sido posible su publicación.  
- Certificación de superación del curso por parte de los asistentes que contenga, como mínimo, el nombre del alumno, los contenidos y el número de horas del curso.  
  
7. Ayuda a los servicios de transporte de viajeros.  
- Factura que contenga todas las actuaciones financiadas, incluyendo la factura de las licencias del software o de los servicios web, en la que se incluya la fecha de inicio y finalización de la licencia del software o de la suscripción a los servicios web, así como la factura de los sensores instalados y de los sistemas de hardware de conteo de pasajeros implantados (en su caso).  
- Informe en el que se incluya una descripción de las actuaciones que se han llevado a cabo. Este informe deberá incluir la fecha de inicio y finalización del servicio de consultoría proporcionado. El informe deberá incluir como anexo un justificante de la solicitud de alta en el NAP de transporte multimodal proporcionando la dirección URL del fichero que contenga los conjuntos de datos con la información requerida debidamente actualizada. Asimismo, se incluirá una captura de pantalla donde se pueda observar la publicación de los datos en el portal web del NAP de transporte multimodal https://nap.mitma.es/, a fin de testimoniar que toda la información proporcionada al NAP es correcta y ha sido posible su publicación.  
- Certificación de superación del curso por parte de los asistentes que contenga, como mínimo, el nombre del alumno, los contenidos y el número de horas del curso.  
  
8. Ayuda para la implantación de las aplicaciones que permitan a los usuarios de los servicios públicos de transporte regular de uso general la realización de reclamaciones por medios electrónicos.  
- Factura que contenga todas las actuaciones financiadas, incluyendo la factura de la aplicación informática en la que se incluya la descripción de los sistemas de hardware y software instalados, así como el coste de conexión de la misma con el servicio web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el envío de los datos de las reclamaciones.  
- Certificación de superación del curso por parte de los asistentes que contenga, como mínimo, el nombre del alumno, los contenidos y el número de horas del curso.  
  
9. Mejora de sistemas de ticketing.  
- Factura que contenga todas las actuaciones financiadas, incluyendo la factura de las licencias del software o de los servicios web, en la que se incluya la fecha de inicio y finalización de la licencia del software o de la suscripción a los servicios web, así como la factura de los sistemas de hardware para sistemas nuevos de monética y ticketing instalados.  
- Informe en el que se incluya una descripción de las actuaciones que se han llevado a cabo. Este informe deberá incluir la fecha de inicio y finalización del servicio de consultoría proporcionado.  
- Certificación de superación del curso por parte de los asistentes que contenga, como mínimo, el nombre del alumno, los contenidos y el número de horas del curso.  
La justificación de la actividad subvencionada se realizará para cada uno de los acuerdos de prestación de soluciones de modernización, siendo los responsables últimos de la misma los personas destinatarias últimas de la subvención. La presentación de la justificación de la subvención se realizará por los proveedores de soluciones de modernización adheridos, en nombre del destinatario último.  
Se realizará mediante cuenta justificativa simplificada con aportación de justificantes de gasto conforme a lo previsto en el artículo 30 y sucesivos, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título II, capítulo II, de su Reglamento de desarrollo, los requisitos específicos que se establezcan en las convocatorias y con lo establecido en la normativa aplicable del mecanismo de recuperación y resiliencia.  
La cuenta justificativa simplificada se compondrá de una memoria que se corresponderá con el formulario digital preestablecido y que incluirá la siguiente documentación:  
a) Detalle técnico y funcional de las soluciones instaladas y prestadas y sus costes de conformidad con el Acuerdo de prestación de las soluciones de modernización.  
b) Acreditación del cumplimiento de la actividad subvencionada, según los requisitos que se establecen en el anexo I del Real Decreto.  
c) La factura emitida por el proveedor de soluciones de modernización adherido y la documentación acreditativa del abono de la misma.  
d) Conformidad expresa del destinatario último de las soluciones instaladas y prestadas.  
e) Declaración expresa del destinatario último de no haber recibido ninguna otra subvención, ayuda, ingreso o recurso, que cubra el mismo coste del Acuerdo de prestación de soluciones de modernización, procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  
f) Pruebas pertinentes acerca del cumplimiento de las obligaciones de publicidad que se recogen en el artículo 28 del Real decreto 902/2022, de 25 de octubre, y en el artículo 15 de la presente orden.