Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6311, del 15-07-2010 (2010/7417)

Concurso y bases particulares reguladoras de la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector R-25 del Plan General de Ordenación Urbana de La Pobla de Vallbona.
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Número DOGV
:   6311

Fecha DOGV
:   15-07-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2010/7417


Fecha del documento
:   24-06-2010

Organismo emisor
:   AIU R-25 de la Pobla de Vallbona

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Pobla de Vallbona, la

Concurso y bases particulares reguladoras de la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector R-25 del Plan General de Ordenación Urbana de La Pobla de Vallbona. [2010/7417]
Con fecha 20 de septiembre de 2006, por Francisco Durá Cervera, en nombre y representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector R-25 en su calidad de presidente de la misma (según escritura pública de constitución autorizada por el notario, Manuel Puerto Vaño, de fecha 24 de noviembre de 2003, número 2.052, de su protocolo), se procedió a presentar solicitud de inicio del procedimiento legalmente establecido para la programación del sector de suelo urbanizable residencial, R-25 del Plan General de Ordenación Urbana de La Pobla de Vallbona, al amparo de lo establecido en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
Habiéndose cumplido extensamente el plazo de 3 meses desde el día siguiente a la solicitud de inicio de procedimiento sin que el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona se pronunciara sobre el mismo (artículo 282 ROGTU), éste último emite con fecha 26 de junio de 2008 certificación acreditativa del silencio producido (artículo 43 de la Ley 30/1992 LRJAP) en la cual se reconoce a la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector R-25 la habilitación para publicar por sus propios medios el inicio del concurso de programación (artículo 132 LUV).
Con fecha 26 de marzo de 2010 en notificación practicada por el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, se requiere a la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector R-25, para que en el plazo de tres meses realice alguna actuación administrativa tendente a la tramitación de la iniciativa de programación por ellos solicitada, amparándose en lo establecido en el artículo 130.5 de la Ley Urbanística Valenciana. Y advirtiendo así mismo, de que transcurrido este plazo de tres meses sin que la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector R-25, lleve a cabo las actuaciones necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a la caducidad del expediente administrativo iniciado por Francisco Durá Cervera, en nombre y representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector R-25, para la programación del sector R-25 de La Pobla de Vallbona.
Por lo que visto lo dispuesto en el artículo 282.2.a y b del ROGTU, el modelo de bases particulares publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 15 de diciembre de 2006, adaptado al modelo de bases particulares aprobado por el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona en otros concursos de programación, cuyos criterios de adjudicación son los mismos que los regulados en los citados textos legales y puesto que el procedimiento, plazo y efectos de la publicación se detallan en los artículos 132 y siguientes de la Ley Urbanística Valenciana, la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector R-25, procede a publicar, por sus propios medios, el inicio del concurso de programación del sector R-25, incluyendo las bases particulares que deben regir la licitación.
Se hace constar que con fecha 22 de junio de 2010 ha sido remitido el presente anuncio para su publicación en el Diari Oficial de la Unió Europea.
La Pobla de Vallbona, 24 de junio de 2010.- El presidente de AIU R-25 de La Pobla de Vallbona: Francisco Durá Cervera.
Bases particulares reguladoras de la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector R-25, suelo urbanizable residencial del Plan General de la Pobla de Vallbona
Primera. Objeto y naturaleza del contrato
1. Es objeto de las presentes bases la selección de la alternativa técnica y la adjudicación de la condición de urbanizador del programa de actuación integrada del Sector R-25, suelo urbanizable residencial del plan General de La Pobla de Vallbona, conforme a estas bases y el Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la comisión territorial de urbanismo en sesión celebrada el día 2 de julio de 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 100, de fecha 28 de abril de 2006.
En el propio Plan General se delimita el sector R-25 y en la ficha de planeamiento y gestión se establece la ordenación estructural del citado sector, estableciéndose que será objeto de programación única.
Estas bases, y el pliego de condiciones técnicas, formarán parte del contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada.
2. El contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada suscrito entre el Ayuntamiento y el urbanizador seleccionado, tiene la naturaleza de contrato administrativo especial y se regirá por lo establecido en la normativa urbanística valenciana y por lo dispuesto en las presentes bases. En todo lo no previsto en las disposiciones anteriores será de aplicación la normativa vigente sobre el contrato de gestión de servicios públicos prevista en la legislación contractual de las administraciones públicas.
3. Serán de aplicación las bases generales descritas en el anexo II del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial, cuya publicación se realizó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5264, de 23 de mayo de 2006.
Segunda. Ámbito de la actuación integrada
El ámbito territorial sobre el que se ejecutará la actuación integrada se circunscribe al sector R-25, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona.
En el anexo I de estas bases se incorpora plano de delimitación del sector R-25, así como la ficha de planeamiento del citado sector que forma parte de las normas de ordenación estructural del Plan General.
No se admitirán variantes en cuanto a la ampliación o disminución del ámbito territorial objeto de programación.
A los efectos señalados en el artículo 131.2.g de la LUV, no se considerarán variantes, por lo que serán admisibles, en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.
No se entenderá como alternativa técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar alternativa técnica, que no se considerará variante de su avance de programación, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 309.4 del ROGTU.
Tercera. Prescripciones técnicas
Las prescripciones técnicas que como mínimo deberán respetarse en los documentos de ordenación y gestión, la normativa a desarrollar, así como con referencia al proyecto de las obras de urbanización exigibles figuran en el anexo II de estas bases.
Cuarta. Plazos de ejecución y cumplimiento del contrato
1. Se fijan los siguientes plazos máximos para el desarrollo del programa de actuación integrada que podrán mejorarse por los licitadores en su alternativa técnica.
1. Presentación, si fuera necesario, de un texto refundido del plan parcial del sector: dos meses desde la notificación del acuerdo de adjudicación del programa en el que se detallen las modificaciones.
2. Presentación, si fuera necesario, de un texto refundido del proyecto de urbanización: dos meses desde la notificación del acuerdo de adjudicación del programa en el que se detallen las modificaciones.
3. Selección de empresario constructor: licitación, en su caso, de las obras de urbanización: el empresario constructor será seleccionado atendiendo a la oferta más ventajosa de conformidad con los artículos 134 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público y artículos 120 y 160 de la Ley Urbanística Valenciana y concordantes del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, salvo que concurran las excepciones legalmente previstas. En el plazo de dos meses desde la formalización del contrato entre el urbanizador y la administración actuante.
4. Acreditación ante el Ayuntamiento de la práctica de las notificaciones a los propietarios afectados para elección de la modalidad de retribución: dos meses antes de la exposición al público del proyecto de reparcelación.
5. Proyecto de reparcelación:
5.1. Exposición al público: tres meses desde la finalización del plazo concedido a los propietarios para la opción por la modalidad de retribución. La concesión de dicho plazo no será necesaria en el supuesto de que la retribución del urbanizador se articule mediante la modalidad de pago en metálico, en cuyo caso el proyecto de reparcelación podrá ser sometido a información pública junto con la alternativa técnica de programa.
5.2. Presentación de textos refundidos del proyecto de reparcelación en el caso de haberse impuesto modificaciones en su aprobación: dos meses desde la notificación al urbanizador del acuerdo de aprobación del proyecto.
5.3. Certificación administrativa: un mes a contar desde el momento en que el acuerdo de aprobación sea firme en vía administrativa.
Presentación en el registro de la propiedad: a los cinco días hábiles desde la expedición de la certificación administrativa.
6. Obras de urbanización:
6.1. Suscripción del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras: 1 mes desde la firmeza administrativa de la aprobación del proyecto de reparcelación.
6.2. Plazos parciales (si se prevén en el pliego de prescripciones técnicas).
6.3. Plazo máximo para ejecución del programa: 36 meses, a contar desde la firma del contrato para el despliegue y ejecución del programa. A su vez, las obras de urbanización deberán concluirse en el plazo máximo de 30 meses, a contar desde la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de dichas obras.
6.4. Expedición del certificado final de obras, de acuerdo con el proyecto de obras, no se expedirá en un plazo superior a los treinta (30) meses desde su inicio.
7. Edificación de los solares: el programa preverá la edificación de los solares resultantes de manera justificada con las condiciones de absorción del mercado, con un plazo máximo de cuatro años desde la recepción de las obras de urbanización. Según lo dispuesto en el artículo 125.6 de la Ley Urbanística Valenciana.
8. El incumplimiento de los plazos será sancionado a tenor de lo establecido en las presentes bases.
9. El urbanizador está obligado a cumplir los plazos fijados en la Ley Urbanística Valenciana, en las presentes bases particulares y en el contrato que suscriba con el Ayuntamiento.
En caso de incumplimiento de los referidos plazos se estará a lo dispuesto en el artículo 143 de la LUV.
No obstante el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, a solicitud del urbanizador y por causa justificada, podrá conceder prórrogas en el plazo previsto para la ejecución de las obras o para la presentación de proyectos y por la mitad del plazo principal previsto, siempre que ello permita una más adecuada conclusión de la actuación programada.
Quinta. Capacidad para contratar
Están capacitados para participar en el concurso de programación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, no estando afectadas por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, como prohibitivas para contratar, tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles en las presentes bases.
La administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escrituras públicas hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la administración y ante la cual nombrarán un representante o apoderado único.
Sexta. Tipo de licitación
Conforme a lo establecido en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el artículo 286.h del ROGTU, se establece como precio cierto de licitación -excluido el impuesto sobre el valor añadido- que tendrá carácter de máximo y que servirá de base para el cálculo de las garantías reguladas en la base siguiente, la cantidad de nueve millones cien mil euros (9.100.000,00 €).
Repercusión cargas/m²t con base en el precio de licitación
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Séptima. Régimen de las garantías
De acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística valenciana, estas bases particulares precisan las siguientes especialidades:
1. Garantía provisional
La garantía provisional será de ciento ochenta y dos mil euros (182.000,00?), equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas de urbanización (con el detalle que figura en la siguiente tabla), y se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en la legislación contractual.
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2. Garantía definitiva
La garantía definitiva que, en cuanto a su forma de constitución y efectos se regirá por lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, se fija en el 10% del valor de las cargas de urbanización previstas en el Programa, IVA no incluido conforme a lo previsto en el artículo 140 de la LUV, cuantificado en la cantidad de novecientos diez mil euros (910.000,00?), conforme a la tabla adjunta. La garantía podrá ser financiera o real.
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En el supuesto de adjudicación a un urbanizador cuyo presupuesto de urbanización hubiera estado incurso inicialmente en presunción de temeridad, la garantía definitiva será del 20% del valor de las cargas de urbanización.
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los supuestos que regula la legislación estatal de contratos.
3. Garantías complementarias
3.1. Se establecen las siguientes garantías complementarias:
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 4 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 2%.
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 5 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 4%.
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 6 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 6%.
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 7 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 8%.
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 8 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 10%.
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 9 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 12%.
3.2. La constitución de las garantías complementarias, cuando proceda, deberá acreditarse junto con la garantía definitiva. El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la resolución del contrato.
Octava. Documentación
1. Lugar y plazo de presentación. La documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento (calle Colón, número 93, 46113, La Pobla de Vallbona - horario de 09.00 - 14.00), sin perjuicio de la tramitación administrativa que deba efectuarse a través de la notaría con competencia territorial en este municipio.
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 293 del ROGTU, estableciéndose especialidad en cuanto al plazo, ya que dicho plazo comprenderá entre otros, el mes de agosto, claramente vacacional; por ello y para evitar una situación de información reducida que se puede derivar de las publicaciones efectuadas en época estival y favorecer la concurrencia de ofertas, el plazo de tres meses, previsto en el citado artículo, se incrementa en un mes; por tanto, con anterioridad al transcurso del plazo de cuatro meses desde el envío del anuncio de concurso en el Diario Oficial de la Unión Europea, deberá haberse cumplido con todas las formalidades propias de la información al público y, en particular, deberán haberse remitido todas las publicaciones y todos los avisos.
Plazo: cuatro (4) meses.
Cuando el último día coincida en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente.
2. Contenido. Las proposiciones se ajustarán a lo previsto en el artículo 302 del ROGTU, con las siguientes especialidades:
1. Sobre número 1, expresará la inscripción de: «Documentación administrativa para concurrir al concurso de programación por gestión indirecta del sector R-25, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona» y contendrá la documentación indicada en los artículos 121, 122 y 123 LUV, debidamente foliada y precedida, en hoja independiente, de una relación numerada de los documentos que la integran, y que en resumen será:
- Documentos que acrediten la capacidad y personalidad jurídica del concursante y la representación, en su caso, del firmante de la proposición de conformidad con la legislación contractual.
- Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación de reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera del concursante de conformidad con la legislación de contratos del sector público.
- Documentos acreditativos de la solvencia técnica y profesional del concursante. Al respecto, el adjudicatario estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente pliego, así como a la dirección técnica de las obras y, en su caso, a la coordinación de la seguridad y salud de la ejecución de las obras de urbanización, los facultativos cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en ella. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Igualmente el adjudicatario no podrá sustituir al personal facultativo establecido en su oferta sin expresa autorización del Ayuntamiento.
- Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional.
- En caso de concursantes extranjeros: sumisión a la jurisdicción de los tribunales españoles.
- Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado los avisos previstos en artículos 292 y 293 del ROGTU.
- Acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública de la documentación técnica integrante del programa.
La documentación que acredite la personalidad jurídica, la capacidad y la solvencia técnica y económica del aspirante, en los términos de los artículos 122 y 123 de la LUV, se presentará en un sobre cerrado y sellado y contendrá justificación documental de los extremos referidos en el artículo 133.1, letras a, b, c, d, e y f de la LUV.
2. Sobre número 2, denominado «Alternativa técnica para concurrir al concurso de programación por gestión indirecta del sector R-25, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona», se ajustará a lo establecido en los artículos 126 de la LUV y 307 y siguientes del ROGTU.
La alternativa técnica se compone de los siguientes dos bloques documentales, clasificados en función de su presentación en sobre abierto o cerrado.
2.1. Documentación técnica, integrada por aquella parte de la alternativa técnica que es objeto de información pública y que es objeto de presentación en sobre abierto:
- Instrumento de planeamiento que acompañe a la alternativa técnica.
- Proyecto de urbanización.
- Proyectos específicos de instalaciones.
- Estudio de seguridad y salud.
- Estudio de integración paisajística.
- Estudio acústico.
- Cualesquiera otros documentos técnicos que fueran necesarios.
2.2. Memoria de programa integrada por aquella parte de la alternativa técnica que no es objeto de información pública y que es objeto de presentación en sobre cerrado:
a) Identificación de la actuación integrada y de sus parámetros urbanísticos esenciales.
b) Existencia o no agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.
c) Plazos máximos, totales y parciales, que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, distinguiendo las siguientes fases:
- Fase administrativa previa, que comprende, como mínimo, la presentación de textos refundidos de los documentos integrantes del programa; el inicio del procedimiento de pública concurrencia para la selección del empresario constructor; la práctica de las notificaciones a los propietarios para que puedan optar por la modalidad de retribución de las cuotas urbanísticas; la exposición al público del proyecto de reparcelación, etc.
- Fase de ejecución material de las obras de urbanización: fecha del acta de replanteo y de inicio y finalización de las obras de urbanización.
- Solicitud de licencia de edificación de los solares resultantes.
d) Objetivos complementarios que se proponen, incluyendo una valoración de su coste económico, que deberá ser asumido íntegramente por el concursante a su exclusiva costa, sin posibilidad de repercutirlo a los propietarios. Si el objetivo complementario fuera una edificación simultánea a la urbanización, acompañará un anteproyecto de edificación.
3. Sobre número 3, denominado «Proposición jurídico-económica para concurrir al concurso de programación por gestión indirecta del Sector R-25, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona», se presentará en plica cerrada y se ajustará a lo establecido en los artículos 127 de la LUV y 302 y siguientes hasta 306 del ROGTU, redactada conforme al modelo que se inserta a continuación:
(Nombre y apellidos) . . . mayor de edad, vecino de . . . , con domicilio en . . . , titular del DNI núm . . . expedido con fecha . . . , en nombre propio (o en representación de . . . con domicilio en . . . , conforme acredito con poder bastanteado) enterado del concurso tramitado para la gestión indirecta del programa de actuación integrada para el desarrollo de (indicar el ámbito de la actuación) y la adquisición de la condición de urbanizador, se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por la cantidad de . . . , a que ascienden las cargas del programa, según presupuesto detallado y desglosado que a continuación se adjunta en los términos de los artículos 302 a 306 del ROGTU. Lugar, fecha, firma y sello.»
Novena. Vigencia de las ofertas
Durante el plazo máximo fijado en la Ley Urbanística Valenciana y en el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, el licitador aspirante a urbanizador queda obligado al mantenimiento de la oferta que presenta.
Transcurrido dicho plazo, e independientemente del número de proposiciones presentadas, el concursante tendrá derecho a retirar su proposición y a la devolución de las garantías provisionales.
Diez. Mesa de programación
La mesa de programación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 299 del ROGTU, estará integrada del modo siguiente:
- Presidente, que lo será el alcalde o miembro de la corporación en quien delegue.
- El concejal delegado de Urbanismo o el concejal de Obras Públicas.
- El secretario del Ayuntamiento, que actuará como vocal y como secretario de la mesa, sin perjuicio de que pueda acordarse de que la secretaría la asuma cualquier otro miembro técnico de la mesa.
- El interventor municipal.
- El arquitecto municipal
- El ingeniero técnico de obras públicas.
- El ingeniero técnico industrial.
- El vicesecretario.
Once. Calificación de la documentación general
En el plazo de los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo para presentar la documentación se constituirá la mesa de programación en la forma prevista en la cláusula anterior a los efectos de proceder a la calificación de la documentación presentada por los aspirantes a urbanizador. Si el cómputo de este plazo finaliza en sábado se entenderá prorrogado al lunes inmediato siguiente.
Para ello, se estará a lo dispuesto en los artículos 121 de la LUV y 310 y 311 del ROGTU, tanto en lo referente a la calificación de la documentación, como a la resolución del incidente de exclusión de licitadores.
Doce. Valoración de la alternativa técnica
1. Finalizado el acto de calificación de la documentación, firmes en vía administrativa los incidentes de exclusión que hubieran podido plantearse, acto seguido la mesa procederá a la apertura de los sobres cerrados (número 2) continentes de la alternativa técnica.
Se procederá en la forma establecida en los artículos 135 y 137.1 de la LUV.
2. La valoración total que la alternativa técnica tiene en el concurso será de un 65%, distribuido en los siguientes criterios de puntuación:
A) Calidad técnica de la ordenación propuesta: 50% de la valoración de la alternativa técnica. Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
- Tipología edificatoria: se valorará aquella ordenación que contemple una tipología edificatoria residencial acorde con los derechos derivados de las superficies originarias, de tal modo que mantenga el mayor número posible de propietarios en el proceso urbanizador.
- Diseño viario: se valorará un diseño viario que facilite la circulación rodada mediante la creación de un vial perimetral al sector, que mejore los flujos de entrada y salida de vehículos y limite las intersecciones en las zonas de conexión el resto de la red viaria; por lo que respecta a la circulación de peatones, se valorará la amplitud de las aceras y la ubicación de los pasos de peatones en los lugares más adecuados en orden a la disminución de la longitud de los itinerarios peatonales, así como la previsión de carriles para el desplazamiento en bicicleta (carril bici).
- Estacionamiento de vehículos en vía pública: se valorará fundamentalmente aquellos estacionamientos que faciliten las maniobras de aparcamiento de vehículos con la mínima interferencia en la circulación de vehículos y la dotación que se adjudica a las zonas escolares.
B) La resolución adecuada de la integración de la actuación en su entorno
Se entiende por integración aquellas soluciones de conexión global del ámbito a todo tipo de infraestructuras generales existentes o previstas que atiendan mejor las necesidades que el ámbito nuevo va a demandar o generar. Los extremos referentes a la integración en el entorno de los nuevos espacios, localización de usos y su distribución ya se entiende incluido en el apartado a).
C) La mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios libres
Se valorará, principalmente, el diseño y ubicación de las parcelas dotacionales públicas en lugares que permitan un mejor aprovechamiento y disfrute de las mismas conforme a su destino público, evitando su localización en zonas residuales, de escaso valor, así como facilitando su integración con el resto de elementos dotacionales situados en sus inmediaciones o cuya ejecución se prevea en otros sectores limítrofes.
Los criterios establecidos en los apartados b) y c) anteriores representarán en conjunto un 20% de la valoración de la alternativa técnica.
D) La calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización. Este criterio representará un 10% de la valoración de la alternativa técnica.
E) Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. Este criterio representará un 5% por ciento de la valoración de la alternativa técnica.
F) Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Este criterio representará un 5% del valor total de la alternativa técnica.
G) Plazo de ejecución del programa de actuación integrada. Este criterio representará un 4% del valor total de la alternativa técnica.
H) Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente exigible. Este criterio representará un 2% del valor total de la alternativa técnica.
I) Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador. Este criterio representará un 1% del valor total de la alternativa técnica.
J) Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa. Este criterio representará un 3% del valor total de la alternativa técnica.
Trece. Valoración de la proposición jurídico-Económica
1. Dentro de los 10 días siguientes a la resolución indicada en el artículo 314.5, se procederá a la apertura de las proposiciones jurídico-económicas en acto público presidido por el secretario, quien levantará acta. La fecha del acto de apertura de plicas se notificará a los aspirantes a urbanizador y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Solamente se procederá a la apertura los sobres número 3 continentes de la proposición jurídico- económica de aquellas alternativas que hayan superado el umbral mínimo de puntuación previsto en la cláusula anterior.
Se actuará en la forma establecida en los artículos 135 y 137.1 de la LUV.
2. La valoración total que la proposición jurídico-económica tiene en el concurso será de un 35% distribuido en los siguientes criterios de puntuación:
a) Menor importe respecto de referencias de cuadros de precios de práctica usual de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. Este criterio representará un 30% de la valoración de la proposición jurídico-económica.
Todas las propuestas se evalúan con la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión:
PJE = 30 x precio oferta más económica
Precio de la oferta que se puntúa
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie. Este criterio representará un 30% de la valoración de la proposición jurídico-económica.
Todas las propuestas se evalúan con la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión:
PJE = 30 x coeficiente de intercambio mas competitivo
coeficiente de intercambio de la oferta que se puntúa
c) la mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa. Este criterio representará un 35% de la valoración de la proposición jurídico-económica.
Todas las propuestas se evalúan con la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión:
PJE = 35 x% de la oferta con mayor proporción de terrenos
% de la oferta que se puntúa
d) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. Este criterio supondrá un 5% del valor total de la proposición jurídico-económica.
En el supuesto de ofertas desproporcionadas se estará a lo dispuesto en la legislación contractual.
Catorce. Adjudicación del programa
Concluido el trámite de aceptación de las modificaciones propuestas por los informes técnicos a la alternativa técnica y a la proposición jurídico-económica, la mesa de programación, elevará al pleno la propuesta de adjudicación, quien resolverá la adjudicación del programa.
La propuesta de adjudicación hecha por la mesa de programación no creará derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la administración, mientras no se le haya adjudicado el programa.
El acuerdo de adjudicación del programa deberá adoptarse en un plazo no superior a los 2 meses desde la apertura de las proposiciones jurídico-económicas.
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el artículo 137 de la LUV.
Quince. Formalización del contrato
La administración y el urbanizador deberán formalizar el contrato para la ejecución del programa de actuación integrada en documento administrativo, dentro del mes siguiente a la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa, constituyendo título suficiente para acceder a cualquier registro. No obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del urbanizador y a su costa.
El urbanizador, además del contrato, deberá firmar estas bases particulares y de todos sus anexos, que quedarán incorporadas a su contenido.
Regirá para la formalización del contrato lo dispuesto en el artículo 331 ROGTU.
Dieciséis. Gastos a cargo del urbanizador
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los de publicación cualquier anuncio que genere el expediente para la aprobación del programa de actuación integrada y para su adjudicación siempre que su inserción en los boletines oficiales o en periódicos de amplia circulación ocasione un gasto al Ayuntamiento. Los gastos de los anuncios de licitación se abonarán en el mismo momento en que se deposite la garantía definitiva. Los gastos de los restantes anuncios que resulten onerosos a la administración se abonarán a la mediad en que se vayan conociendo. Estos gastos se incluirán dentro de los gastos de gestión como cargas del programa
b) Los gastos correspondientes a la asistencia técnica externa, en la forma en que se dispone a continuación se consideran cargas de urbanización que todos los propietarios deben retribuir en común al urbanizador
c) Los tributos estatales, municipales y regionales derivados del contrato.
d) Los de elevación a escritura pública del contrato de adjudicación, si así lo solicitare el contratista.
e) Tasas y cánones de empresas suministradoras y/o municipales.
Por lo que respecta al abono de los gastos de los honorarios por la asistencia técnica y jurídica externa relativos a toda la ejecución del programa, que se cifra en el 0,4% de las obras de urbanización (PEM: presupuesto de ejecución material resultante de la adjudicación de las obras).
- Un 25% junto con el depósito de la garantía definitiva
- Un 25% con la aprobación administrativa del proyecto de urbanización.
- El resto coincidiendo con la última certificación de obra. Para la cuantificación de la cantidad pendiente de abonar en este último plazo se realizará una liquidación definitiva para proceder a su recálculo en el caso de que los gastos fueran superiores al 0,40% presupuesto de ejecución material resultante de la adjudicación de las obras.
Diecisiete. Retasación de cargas
El importe máximo de las cargas de urbanización derivadas de la ejecución del programas de actuación integrada, será el previsto en la proposición jurídico- económica que resulte adjudicada.
Sólo será posible una retasación de cargas en los supuestos expresamente previstos en la legislación urbanística valenciana vigente (art. 168 LUV y 389 ROGTU) y por el procedimiento expresamente regulado para tal finalidad.
En el caso de que opere la retasación por transcurso de dos años desde la presentación de la proposición jurídico-económica sin que se haya iniciado el programa por motivos no imputables al urbanizador, la revisión de precios tendrá lugar automáticamente, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Dieciocho. Ejecución del contrato
1. La ejecución del contrato comenzará a computarse a partir del día siguiente al de su firma conforme con sus cláusulas y con las instrucciones que para ello de la administración, y se realizará a riesgo y ventura del urbanizador quien no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras de urbanización, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público y siempre que no medie actuación imprudente por su parte. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases y en la normativa urbanística valenciana respecto a la retasación de cargas.
El urbanizador será responsable de la calidad de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados de acuerdo con lo previsto en los artículos 281 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. La recepción se realizará conforme a lo previsto en el artículo 218 de la Ley de Contratos del Sector Público y concordantes.
Diecinueve. Cesión de la condición de urbanizador
Se estará a lo dispuesto en los artículos 141 de la LUV y 333 - 334 del ROGTU.
En todo caso la cesión, ya sea total o parcial requerirá de autorización expresa del Pleno del Ayuntamiento.
Veinte. Responsabilidad del urbanizador por los daños causados a terceros durante la ejecución del programa
El urbanizador será responsable, durante la ejecución de las obras de urbanización, de todos los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o a cargo del empresario constructor, o de una deficiente organización, protección o señalización de las obras.
Veintiuna. Responsabilidad del urbanizador por vicios ocultos
El urbanizador responderá, durante un año para la obra vista y 3 años para las instalaciones ocultas siguientes a la fecha de la recepción definitiva de las obras de urbanización, de los daños y perjuicios ocasionados por ruina de las mismas motivada por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento del contrato.
Veintidós. Penalidades al urbanizador por incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato
1. El incumplimiento, por causa imputable al urbanizador, de los plazos máximos totales y parciales fijados en estas Bases Particulares de programación y en el contrato, cuando se refieran a actuaciones propias de la fase administrativa previa, incluyendo el incumplimiento de cualquier requerimiento que el Ayuntamiento efectúe en desarrollo y ejecución del Programa, comportará la aplicación de una penalidad por importe del 1 por 1.000 por día natural de demora aplicado sobre la suma del beneficio empresarial y los gastos de gestión del urbanizador, incluido el coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos.
2. El incumplimiento, por causa imputable al urbanizador, de los plazos máximos totales y parciales fijados en estas Bases Particulares de programación y en el contrato, cuando se refieran a actuaciones propias de la fase de ejecución material de las obras de urbanización, la imposición de una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000,00 euros del precio del contrato, según lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público. Este importe se aplicará sobre el precio del contrato, entendiendo por tal el importe de las cargas de urbanización del Programa (CU) fijadas en el acuerdo de aprobación y adjudicación del mismo, excluida la estimación preliminar de las indemnizaciones y demás gastos variables a que se refiere el artículo 308 del ROGTU e incrementadas con el 16% de IVA.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% de las cargas de urbanización, el órgano de contratación estará facultado para optar entre la resolución de aquel o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
3. La demora injustificada durante la realización y terminación de las obras, salvo las prórrogas que procedan, será objeto de análogas penalidades a las previstas en la legislación general de contratación administrativa relativa al contrato de obras
Veintitrés. Resolución de la adjudicación del programa
Para la resolución de la adjudicación del programa se estará a lo dispuesto en la normativa urbanística valenciana y en la legislación estatal en materia de contratación pública.
Además de las causas de resolución previstas en las disposiciones normativas vigentes, también lo serán:
- La pérdida sobrevenida del urbanizador de los requisitos necesarios para contratar con la administración.
- El incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del contrato.
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la administración, siempre que tales causas hayan sido previamente advertidas por escrito al urbanizador.
- La facturación de ejecuciones no realizadas o medios no utilizados, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al urbanizador por la no aportación íntegra de los medios comprometidos y el derecho de la administración a requerirlos.
Veinticuatro. Selección del empresario constructor
Para la selección de empresario constructor se estará a lo dispuesto en la legislación urbanística y contractual (citar artículos LUV y ROGTU)
Veinticinco. Prerrogativas del Ayuntamiento
Corresponden al Ayuntamiento las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la legislación urbanística valenciana y en la legislación contractual aplicable.
Los acuerdos dictados al efecto pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
Veintiséis. Jurisdicción competente
Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción o el recurso potestativo de reposición en los términos descritos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa de los tribunales de Valencia, no obstante lo cual, las partes pueden acordar el sometimiento de sus litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Veintisiete. Régimen jurídico
El contrato que con base a este pliego se realice, tendrá carácter administrativo especial y en todo lo no previsto en él se estará a lo dispuesto en:
- La Ley 16/2005, de 31 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana.
- El Decreto 67/2006, de 12 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión territorial y Urbanística.
- El Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
- Las bases generales aprobadas por el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, en su caso.
- El Plan General de La Pobla de Vallbona de 24 de julio de 2004 y los instrumentos de desarrollo del mismo que afecten al ámbito territorial de actuación objeto de la contratación.
- Las ordenanzas municipales reguladoras de servicios públicos.
- La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que sea de aplicación.
- La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- La Ley 3/2004, de 30 junio, de la Comunidad Valenciana, sobre Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.
- Supletoriamente regirán las restantes normas del derecho administrativo y, en su defecto, las del derecho privado vigentes a la firma del contrato.
En caso de contradicción entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y el resto de la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego.B) Ordenación y planeamiento vigente:
El Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la comisión territorial de urbanismo en sesión celebrada el día 2 de julio de 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 100, de fecha 28 de abril de 2006.
En el propio Plan General se delimita el sector R-25 y en la ficha de planeamiento y gestión se establece la ordenación estructural del citado sector, estableciéndose que será objeto de programación única.
C) Memoria de necesidades y objetivos a satisfacer con el programa de actuación integrada:
Además de lo establecido en el artículo 124 de la LUV, según se recoge en el anexo II, son objetivos imprescindibles del programa, según se establece en la ficha de gestión del sector en el vigente Plan General, los siguientes:
Secuencia lógica del desarrollo territorial.
- La programación de este sector requiere la disponibilidad, del elemento de la red estructural de dotaciones públicas, viario, RV-19, cuya ejecución está programada por la Dirección General de Transportes de la Generalitat Valenciana.
- La ejecución del planeamiento se llevará a cabo mediante una única actuación integrada.
Condiciones de incorporación de cada tramo de urbanización al entorno urbanizado, ó a urbanizar en el futuro.
- La acción de programación será única y comprenderá las siguientes actuaciones:
a) La gestión del suelo y puesta en servicio del elemento de la red estructural de dotaciones públicas, viario, «RV-20».
b) La gestión de una superficie de 14.578,62 m² del elemento de la red estructural de dotaciones públicas - equipamiento, «ED-48».
c) La conexión, ó adecuada articulación con el viario ya existente, ó proyectado, en las áreas inmediatas clasificadas como suelo urbano, sector Cuatro Vientos, y sector IALE.
d) La conexión con el sistema de colectores de la red estructural que se determina en los planos de ordenación estructural del Plan General la ejecución de los tramos de éstas que no estén disponibles hasta asegurar que el vertido producido es conducido a la Estación Depuradora de Aguas Residuales «Camp de Túria».
e) La conexión con el sistema de abastecimiento de aguas de la red estructural que se determina en los planos de ordenación estructural del Plan General la ejecución de los tramos de éstas que no estén disponibles.
- Las zonas verdes de la red local se dispondrán en el emplazamiento predeterminado por la ordenación estructural.
D) Criterios y objetivos territoriales:
Se trata de un suelo urbanizable delimitado en el vigente Plan General de Ordenación Urbana que da continuidad al crecimiento del municipio, y que aumenta de una forma lógica y proporcionada, la oferta residencial de vivienda, fomentado el desarrollo sostenible del medio.
Entre los documentos que se adjuntan al programa se encuentra el estudio de integración paisajística.
ANEXO II
Prescripciones técnicas
1. Antecedentes y normativa a desarrollar
1.1. Ordenación urbanística que se ejecuta a través de la programación
Se delimita una única unidad de ejecución comprensiva de todo el Sector R-25, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona, sin modificación alguna en cuanto a la delimitación que del mismo se contienen en los planos de ordenación estructural del sector.
1.2. Documentos de ordenación: plan parcial con el contenido que figura en el artículo 68 de la LUV y 156 y siguientes del ROGTU.
2. Memoria de necesidades y objetivos imprescindibles a satisfacer con el programa de actuación integrada
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa.
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen para cumplir lo dispuesto en los apartados siguientes, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes.
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente.
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público de suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, sin perjuicio de la obligación legal de soportar las cargas de urbanización correspondientes a la cesión.
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora.
3. Prescripciones técnicas que como mínimo deben respetarse en la redacción del Proyecto de urbanización.
Será de aplicación lo establecido en los artículos 156 y 157 de la LUV, y los artículos 97.c y 346 a 350 del ROGTU.
Los proyectos de urbanización se ajustarán a la ordenanza municipal sobre condiciones particulares y obras de urbanización, aprobada junto con el Plan General; igualmente, y por lo que respecta a los proyectos de alumbrado público, éstos deberán ajustarse a lo dispuesto en la ordenanza reguladora de las normas técnicas relativas a los proyectos de alumbrado público municipal (publicada en el BOP número 69 de fecha 22 de marzo de 2004).
4. Proyecto de reparcelación
Se ajustará a lo establecido en los artículos 176 y 177 de la LUV y los artículos 394 a 428 del ROGTU.
5. Informe del Consejo del Territorio y Paisaje (artículo 286.1.c del ROGTU)
Resulta innecesario al tratarse de un sector con una superficie inferior a cincuenta hectáreas y no revestir especial complejidad su desarrollo urbanístico.