Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6332, del 13-08-2010 (2010/8676)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia. Expediente número V-323/2009.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6332

Fecha DOGV
:   13-08-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2010/8676


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia. Expediente número V-323/2009. [2010/8676]  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Transportes Ensama, SL., que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: Ramón Escrig Moreno. Vocales: Anna Caballero Costa, Palmira Martínez Ferri, que excusa su asistencia. Secretaria-Vocal: Amparo Peris Catalá. Partes: Reclamante: Transportes Barrero y Gómez, SL., representada por Mª Rosa San Román Muñoz. Reclamado: Transportes Ensama, SL. que no comparece al acto de vista, siendo citado a través del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
En Valencia, a 25 de mayo de 2010 y siendo las 17.05 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente V-323/09, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes. Incomparecencia del demandado. Citación a través del DOCV.  
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene. Se da cuenta de que ante la reiterada imposibilidad de citación y notificación realizada a través del Servicio de Correos se procedió a su publicación en el DOCV nº 6260 de 05.05.2010.  
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes  
Antecedentes de hecho  
Primero. Ratificándose en todos los motivos de su demanda manifiesta que como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada, un transporte que queda especificado en el texto de la factura adjunta a la demanda. El transporte se realizó desde Montoro (Italia) hasta Massalfasar (Valencia). Concluido el mismo se presentó al cobro la factura nº 298/2008 de 30.05.2009 por importe de 1.948,00 euros.  
Advertido error tipográfico al señalar la cuantía de la demanda, en este acto se rectifica, siendo el importe real de la demanda, el coincidente con la factura pendiente de pago y que es el de 1.948,00 euros.  
Realizadas diversas gestiones de cobro sin conseguirlo es por lo que se interpone la presente demanda, solicitando que una vez que sea reconocido su derecho se condene a la reclamada al pago de la cantidad total de 1.948,00 euros.  
Son de aplicación los siguientes  
Fundamentos jurídicos  
1. La competencia territorial de la Junta, de la que nada se alega, viene determinada en los arts. 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/90).   
2. La sumisión, viene determinada de acuerdo con el art. 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el art. 162 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/87 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres: "se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado." No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido preceptuado.   
3. Junto a la normativa nacional invocada hay que aplicar la referida al transporte internacional. El Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Mº. de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974 nº 109). Contrato de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5-7-78 al que se adhirió España por Instrumento de 23-9-82 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE de 18-12-82 nº 203, establece para cuestiones de competencia, lo recogido en el artículo 31.1 a). No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas del los Estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación el Código de Comercio, LOTT y su Reglamento y demás Normas de general aplicación.  
Es determinante la circunstancia de que ambas partes litigantes son Empresas nacionales y con residencia mercantil en España, habiendo por lo tanto perfeccionado el contrato de transportes bajo la legislación Nacional que invocamos. No hay motivo fundado en Derecho que mantenga que la actuación de las Juntas Arbitrales de Transportes deban circunscribirse solamente a las controversias nacidas como consecuencia del transporte de carácter interno. En este sentido no hay mas que considerar de aplicación lo establecido en el art. 33 del CMR que dice " El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un Tribunal arbitral, a condición de que esta cláusula prevea que dicho Tribunal arbitral aplicará el presente convenio".   
Abundando en esta línea, el art. 31 del CMR hace una remisión a la jurisdicción de los Estados para la resolución de los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado en él, lo que en este caso hace plenamente aplicable la presunción de sometimiento.   
4. Dada la ausencia de la Vocal representante de Empresas Cargadoras que excusó su asistencia, el presente Laudo se dicta de conformidad con la previsión contenida en el apartado 7 del art. 9 del ya mencionado RD 1211/1990, de 28 de septiembre, que aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que literalmente dispone que " la inasistencia de cualquiera de los miembros de la Junta, con excepción del presidente, no impedirá que se dicte el laudo".  
5. De las manifestaciones realizadas en vista se deduce que, efectivamente, los portes que son reclamados en esta demanda y cuya factura consta adjunta a la misma fueron realizados, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Transportes Barrero y Gomez, SL., representada por Mª Rosa San Román Muñoz contra Transportes Ensama, SL., ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece, que habiéndose realizado los transportes reclamados dentro de las condiciones contractuales convenidas ha de ser abonado su importe.   
Por todo ello Transportes Ensama, SL., deberá abonar a Transportes Barrero y Gómez, SL., la cantidad de mil novecientos cuarenta y ocho euros con ochenta céntimos (1.948,80 €).  
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante la Audiencia Provincial de Valencia en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los 10 días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado de lo Mercantil de Valencia, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil».  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Valencia, 8 de julio de 2010.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia: Ramón Escrig Moreno.