Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3888, del 29-11-2000 (2000/9202)

Notificación de la Resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 15 de septiembre de 2000.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3888

Fecha DOGV
:   29-11-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/9202


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 15 de septiembre de 2000. [2000/Q9202]
  
Al no haberse podido practicar la notificación a José Antonio Martínez Corbí (en representación de Urbabuilding Societas, SL) y conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la Resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 15 de septiembre de 2000.
  
Visto el recurso de alzada interpuesto por la mercantil Urbabuilding Societas, SL, contra la Resolución de fecha 6 de agosto de 1999, del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, por la que se acuerda no expedir la cédula de urbanización solicitada para el plan de reforma interior que desarrolla el sector 9 del Plan General de Monóvar (Alicante) y emitir el informe preliminar sustitutivo de la cédula de urbanización previsto en el artículo 31.1.b, de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, y del que resultan los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
1. La mercantil recurrente, Urbabuilding Societas, SL, solicitó cédula de urbanización para el desarrollo de la unidad de ejecución incluida en el plan de reforma interior S-9 del Plan General de Monóvar (Alicante).
  
2. Mediante Resolución de fecha 6 de agosto de 1999, del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, se acuerda no expedir la cédula de urbanización solicitada para el plan de reforma interior que desarrolla el sector 9 del Plan General de Monóvar (Alicante) y emitir el informe preliminar sustitutivo de la cédula de urbanización previsto en el artículo 31.1.b, de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
En la citada resolución se advertía de la improcedencia de otorgar la cédula de urbanización instada por la mercantil interesada, por cuanto la ordenación propuesta «modifica la superficie del ámbito (24%), le densidad de viviendas, la tipología edificatoria y la ordenación fijada en el Plan General disminuyendo la superficie de suelo dotacional público».
  
3. Mediante escrito presentado con fecha de registro de entrada de 15 de octubre del pasado año en el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, don José Antonio Martínez Corbí, en la representación que dice ostentar de la mercantil Urbabuilding Societas, SL, interpone recurso de alzada contra la Resolución de 6 de agosto de 1999, del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, por la que se acuerda no expedir la cédula de urbanización solicitada para el plan de reforma interior que desarrolla el sector 9 del Plan General de Monóvar (Alicante) y emitir el informe preliminar sustitutivo de la cédula de urbanización previsto en el artículo 31.1.b, de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, por considerar que la petición de cédula debió ser atendida, dado que la misma se ajustaba al ordenamiento jurídico aplicable, alegando todo aquello que a su derecho convino.
  
4. Por los Servicios Territoriales de Urbanismo de Alicante y a propósito del recurso interpuesto, con fecha 17 de noviembre de 1999, se informa desfavorablemente el recurso interpuesto, ratificándose en las mismas conclusiones alcanzadas en su día y que dieron pie a la resolución recurrida.
  
5. Mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2000 se requirió a don José Antonio Martínez Corbí para que en el plazo de 10 días acreditase la representación que decía ostentar respecto de la mercantil Urbabuilding Societas, SL, para la interposición del presente recurso ordinario, escrito cuya recepción, el día 4 de abril de 2000, consta en el expediente, por lo que se considera transcurrido con creces el plazo concedido al efecto, sin que, sin embargo, se haya acreditado tal extremo.
  
6. El Servicio Jurídico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 20 de junio de 2000, informó favorablemente la desestimación del presente recurso de alzada.
  
Fundamentos jurídicos
  
1. El recurso administrativo interpuesto se sustancia al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
El recurso de alzada es admisible puesto que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, relativos al plazo de interposición del recurso, así como a la capacidad y legitimación activa necesarias para la interposición del recurso de alzada. La representación legal de don José Antonio Martínez Corbí no ha sido debidamente acreditada pese a haber sido requerido para ello. Pese a dicha irregularidad y por aplicación del principio pro actione, procede admitir a trámite, en principio, el recurso y entrar a valorar las cuestiones de fondo alegadas por el recurrente.
  
2. El objeto del presente procedimiento es la resolución del recurso interpuesto por la mercantil Urbabuilding Societas, SL, contra la Resolución de 6 de agosto de 1999, del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, por la que se acuerda no expedir la cédula de urbanización solicitada para el plan de reforma interior que desarrolla el sector 9 del Plan General de Monóvar (Alicante) y emitir el informe preliminar sustitutivo de la cédula de urbanización previsto en el artículo 31.1.b, de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
3. En primer lugar es de destacar que el tratamiento que le otorga la normativa vigente a esta novedosa figura jurídica denominada «cédula de urbanización» indica que nos hallamos ante una actuación administrativa de trámite; esto es, se constituye como una condición necesaria pero no suficiente para resolver sobre la aprobación definitiva de una propuesta de planeamiento. Necesaria por cuanto supone un trámite preceptivo, exigido por el artículo 32 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (artículo 134 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana) para aprobar una propuesta de programa, pero no suficiente por cuanto la cédula por sí sola no basta para llevar a cabo la aprobación de dicha propuesta de programa, que requerirá de otras actuaciones administrativas colaterales, necesarias también para su aprobación definitiva.
  
La cédula de urbanización es el instrumento que se encarga de constatar el cumplimiento de una serie de requisitos por una propuesta de planeamiento, así como de garantizar unas concretas condiciones de conexión e integración de dicha actuación urbanística en la red de infraestructuras tanto municipales como supramunicipales. Se caracteriza, en definitiva, la cédula, por ser un instrumento de coordinación entre el ejercicio de las competencias municipales en materia de planeamiento con el de las competencias urbanísticas y sectoriales de las demás administraciones titulares de infraestructuras supramunicipales que pueden resultar afectadas; y como tal instrumento se incardina dentro del procedimiento complejo de aprobación de los programas para el desarrollo de actuaciones integradas, como u no de sus trámites esenciales.
  
Sirva como refuerzo de todo lo anterior, el pronunciamiento claro y concluyente de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana número 2/1999, de fecha de 2 de enero de 1999 recaída en el recurso número 1/1111/1996.
  
Sentada la caracterización de la cédula de urbanización como un acto de trámite, y en respuesta a la pregunta que se sigue, en relación con la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26, de noviembre, que pudieran convertir en recurrible el referido acto de trámite cabe señalar que no es razonable pensar que el otorgamiento de la cédula pueda «decidir directa o indirectamente sobre el fondo del asunto», pues eso sólo sería posible en el supuesto de que se denegara, decisión esta última que sí vincularía a la administración competente obligándola a denegar la propuesta sometida a su aprobación. Pero en el supuesto concreto la resolución recurrida no deniega la expedición de la cédula sino que, literalmente, acuerda «no expedir la cédula de urbanización (...) y, en consecuencia, emitir el informe preliminar sustitutivo de» la misma. En definitiva, se puede afirmar que nos hallamos ante un acto de trámite no susceptible de recurso administrativo.
  
Sin embargo, ha de hacerse una importante salvedad derivada de las concretas circunstancias que concurren en el presente caso: en la notificación a la mercantil interesada de la Resolución de 6 de agosto de 1999, se incluye el oportuno pie con expresión de los recursos pertinentes contra el acto notificado, ofreciendo la posibilidad de interponer recurso de alzada ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Por lo que, admitida expresamente dicha posibilidad impugnatoria, debe admitirse a trámite el recurso, aun a pesar de considerar que el acto no es susceptible de recurso conforme al artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Como afirma la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 1 de febrero de 1999 (RJ 1999/1633), recogiendo el parecer de otras anteriores, «tanto la jurisprudencia del tribunal constitucional como la jurisprudencia de este alto considera que el principio de buena fe protege la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el comportamiento propio».
  
4. En relación con las cuestiones jurídico-formales aplicables a los procedimientos para la expedición de cédulas de urbanización, el artículo 120 del Reglamento de Planeamiento (RPCV) establece que «la cédula de urbanización, respecto a cada actuación integrada, certifica su adecuación a la ordenación estructural vigente en el municipio y fija las condiciones mínimas de conexión e integración en su entorno». Se señalan en los preceptos siguientes del RPCV el contenido «certificante» de la cédula, así como los límites legales y demás condiciones de conexión e integración que deben reunir las propuestas de programa para que se les otorgue la correspondiente cédula. Esto es, la cédula de urbanización es el documento que se encarga de constatar el cumplimiento de una serie de requisitos por una propuesta de planeamiento, así como de garantizar unas concretas condiciones de conexión e integración de dicha actuación urbanística en la red de infraestructuras tanto municipales como supramunicipales. Tales condiciones de integración y conexión, como afirma el artículo 125.d del RPCV «son vinculantes, pero no limitan la competencia municipal para imponer condiciones y mejoras de interés público local al programar las actuaciones».
  
Efectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1.b de la Ley Urbanística Valenciana cuando se verifica que la propuesta de actuación para la que se solicita la cédula de urbanización, modifica determinaciones de la ordenación urbanística estructural del Plan General (artículo 17 del mismo texto legal) en lugar de expedir la cédula, el órgano competente para ello emitirá un informe preliminar respecto a la propuesta. Y esta es la forma en que se ha procedido en este supuesto habida cuenta de que la propuesta de plan de reforma interior para el desarrollo del sector 9 de Monóvar modifica, en relación con los parámetros y determinaciones del Plan General del municipio, la superficie del ámbito, la densidad de viviendas, el coeficiente de edificabilidad bruta, la tipología edificatoria y disminuye la superficie de suelo dotacional. Atendidos estos motivos, el informe suscrito con fecha 17 de noviembre de 1999, por la técnica de Urbanismo de los Servicios Territoriales de Alicante es, en puridad, el informe preliminar al que alude el citado precepto 31.1.b de la ley valenciana y la emisión del informe preliminar, como en este caso, no hace sino poner de manifiesto que la propuesta para la que se solicita modifica determinaciones de la ordenación vigente, por lo que procede redactar una modificación puntual del Plan General siguiendo las indicaciones que se contienen en el propio informe, de modo que debe desestimarse el recurso de alzada interpuesto , rechazando las razones de fondo alegadas por la mercantil recurrente y proceder, en consecuencia a ratificar la resolución recurrida en todos sus términos.
  
5. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es la autoridad competente para la resolución del recurso interpuesto conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la reforma operada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, y el artículo 14.2 del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por la mercantil Urbabuilding Societas, SL, contra la Resolución de 6 de agosto de 1999, del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, por la que se acuerda no expedir la cédula de urbanización solicitada para el plan de reforma interior que desarrolla el sector 9 del Plan General de Monóvar (Alicante) y emitir el informe preliminar sustitutivo de la cédula de urbanización previsto en el artículo 31.1.b, de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, confirmando la resolución recurrida en todos sus términos.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.