Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6970, del 21-02-2013 (2013/1553)

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2013, del secretario autonómico de Industria y Energía, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por las personas y entidades que a continuación se indican contra la Resolución de 3 de abril de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por la que se otorga a Enestar Villena, SAU, autorización administrativa para la construcción de línea eléctrica.
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Número DOGV
:   6970

Fecha DOGV
:   21-02-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/1553


Fecha del documento
:   05-02-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2013, del secretario autonómico de Industria y Energía, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por las personas y entidades que a continuación se indican contra la Resolución de 3 de abril de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por la que se otorga a Enestar Villena, SAU, autorización administrativa para la construcción de línea eléctrica. [2013/1553]  
Visto el recurso de alzada interpuesto por las personas y entidades que a continuación se indican contra la Resolución de 3 de abril de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por la que se otorga a Enestar Villena, SAU, autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 Kv., doble circuito, denominada Alhorines-Benejama, en los términos municipales de Villena, Cañada, Campo de Mirra y Beneixama, en la provincia de Alicante, se aprueba su proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública:  
- Vicente Luna i Sirera.  
- Elvira Molina Granizo.  
- Sara Sirera Berenguer.  
- Aurora Santonja Molina.  
- José María Lozano Soler.  
- Jordi Lozano Francés.  
- Rosario Santonja Soriano.  
- M.ª Amparo Pérez Luna.  
- M.ª Carmen Valdés Richart.  
- Aurora Francés Camús.  
- M.ª José Sanchís Francés.  
- Jessica San Juan Molina.  
- Juan Sarrió Payá.  
- Omar Juan Samper.  
- Manuel Alejandro Samper Sanz.  
- Juan José Puig San Lázaro.  
- Anna Vañó Mauricio.  
- Francisco Javier Montesinos Silvestre.  
- Tania Molina Micó.  
- Fátima Sánchez Milán.  
- M.ª José Valdés Galdón.  
- Lydia Molina Micó.  
- Josefa Camús Santonja.  
- José Francisco Lozano Santonja.  
- M.ª Ángeles Molina Silvestre.  
- Josefa Vicente Navarro.  
- M.ª José Vera Barceló.  
- M.ª Leo Barcels Soler.  
- Juan Pérez Luna (que lo interpone dos veces, registro de entrada del Servicio Territorial de Energía de Alicante número 2250 y 2285).  
- Ángela Pérez Sanz.  
- Aurora Nácher Milán.  
- José Miguel Lozano Francés.  
- Miguel Lozano Santonja.  
- Cristina Martínez Sánchez.  
- Juan Pérez Castelló.  
- Ma. Aurora Castelló Amorós.  
- Patricia Pérez Castelló.  
- Ma. Jesús Dobón Albero.  
- Jaime Valdés Richart.  
- M.ª Teresa Payá Tortosa.  
- Laura Bellod Luna.  
- Aurora Conca Pastor.  
- Juan Sirera Valls.  
- Claudio Alejandro Escobar.  
- José Mataix Albero.  
- María del Carmen Mataix Rubio.  
- Alba Ordoñez Mataix.  
- Pepe Toni Mataix Rubio.  
- M.ª Amparo Barceló Segura.  
- José E. Pascual Burgos.  
- Amparo Segura Jorques.  
- M.ª José Payá Valdés.  
- Amalia Hernández Luna.  
- Aurora Castelló Amorós.  
- Ana Castelló Amorós.  
- Juana Molina Castelló.  
- José Miguel Conca Alonso.  
- Aurora Alonso Pérez.  
- Aurora Molina Castelló.  
- José Luis Juan Molina.  
- Miguel Molina Sirera.  
- José Luis Juan Alonso.  
- José Francisco Ortín Martínez.  
- M.ª Isabel Esplugues Megias.  
- Vicente Tomás Ribera Sirera.  
- Vicente Ibáñez Cruz.  
- M.ª Dolores Payá Esteban.  
- Josefa Molina Bellod.  
- Vicente José Ferrero Berbegal.  
- Natalia Ferrero Molina.  
- José Vicente Lorente Ferriz.  
- Vicenta Sirera Peña.  
- Francisco José Castello Sirera.  
- Eduardo V. Martínez Sirera.  
- Ana Isabel Albero Ferriz.  
- Dolores Sirera Peña.  
- Manuel Picón Marín.  
- Moisés Picón Martínez.  
- Macarena Picón Martínez.  
- Vicente Dobón Albero.  
- Elvira Albero Ivorra.  
- Adelaida Martínez Sirera.  
- Ángela Sirera Valls.  
- Albert Iborra Bellod.  
- José Juan Puig Francés.  
- Verónica Conca Pérez.  
- Col·lectiu per la defensa Ambiental de la Vall de Beneixama.  
- Institut d'Estudis de les Valls de Mariola.  
- PSOE de Beneixama.  
- Agrupació d'Electors Junts per Beneixama.  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. El 16 de febrero de 2008 Enestar, SA, (posteriormente Enestar Villena, SA Unipersonal, en virtud de cambio de denominación social elevado a escritura pública el 6 de abril de 2009, y en adelante, Enestar) solicitó autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 Kv, doble circuito, denominada Alhorines-Benejama, así como anexo de modificación al mismo, en los términos municipales de Villena, Cañada, Campo de Mirra y Beneixama, en la provincia de Alicante, adjuntando proyecto técnico de la instalación firmado por técnico competente. La finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es evacuar la energía a generar en la futura central solar termoeléctrica, mediante colectores parabólicos, actualmente en construcción, en el municipio de Villena. La citada línea eléctrica pasará a formar parte de la red de distribución de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, (en adelante Iberdrola) una vez cedida según convenio suscrito entre esta y Enestar, a fin de ser destinada al servicio esencial de energía eléctrica para su uso por el resto de usuarios. Dicho expediente quedó registrado con el número ATLINE/2008/23/03.  
Cumplidos los trámites de información pública exigidos por el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat; por el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía; por el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental; y por el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana, mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 4 de diciembre de 2008; en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 19 de diciembre de 2008 y en el periódico Las Provincias el día 26 de diciembre de 2008, así como en el tablón de edictos de los ayuntamientos afectados, presentaron alegaciones una serie de entidades y personas cuya detallada relación consta en la resolución de referencia.  
De esta fase de alegaciones, interesa especialmente destacar que:  
a) De los ahora recurrentes y sin tener derechos o bienes afectados según la relación concreta e individualizada que de ellos se contiene en la resolución, efectuaron alegaciones las siguientes personas y/o entidades valiéndose de escrito con idéntico contenido:  
-M.ª Amparo Pérez Luna, en síntesis manifiesta «su oposición a la instalación proyectada dado que la servidumbre de paso de la misma generará una pérdida en el valor de los campos de cultivo afectados por esta, además de la generación de un nuevo campo electromagnético con el consiguiente perjuicio para la salud, unido al impacto paisajístico para el conjunto de valle, sin que en la documentación presentada se recojan las políticas y acciones en materia de paisaje como se recoge en el Decreto 120/2006. Se manifiesta igualmente la inexistencia de razones económicas justificadas para la implantación de la instalación, máxime cuando en la zona ya se encuentran implantadas instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica. Asimismo en el municipio de Villena, donde se instalará la central termo solar ya dispone de una subestación y está en fase de construcción otra para dar servicio al AVE, junto con una segunda subestación que está ejecutándose por parte de Red Eléctrica de España, SAU, entendiendo mucho más lógica la evacuación de la energía generada en Villena a cualquiera de estas subestaciones. Subsidiariamente se solicita el soterramiento de la línea». (Transcripción literal de la resolución).  
Estas mismas alegaciones se repiten por las personas que a continuación se citan:  
-Josefa Camús Santonja.  
- José Francisco Lozano Santonja.  
- M.ª José Vera Barceló.  
- Juan Pérez Luna.  
-Ángela Pérez Sanz.  
- Juan Pérez Castelló.  
- Aurora Castelló Amorós.  
- M.ª Jesús Dobón Albero.  
- Laura Bellod Luna.  
- Juan Sirera Valls.  
- Claudio Alejandro Escobar.  
- José Mataix Albero.  
- Mari Carmen Mataix Rubio.  
- Pepe Toni Mataix Rubio.  
- Amparo Barceló Segura.  
- José E. Pascual Burgos.  
- Amalia Hernández Luna.  
- Juan Pérez Luna.  
- Aurora Castelló Amorós.  
- Vicente Ibáñez Cruz.  
- Josefa Molina Bellod.  
- Vicente José Ferrero Berbegal.  
- Natalia Ferrero Molina.  
- Francisco José Castelló Sirera.  
- Albert Iborra Bellod.  
- José Juan Puig Francés.  
- Verónica Conca Pérez.  
b) Aurora Molina Castelló, ahora recurrente y sin tener bienes o derechos afectados según la relación concreta e individualizada que de ellos se contiene en la resolución, mediante escrito independiente manifestó su oposición a la instalación proyectada evidenciando los perjuicios que la misma comportaría, tanto por su ejecución como por su establecimiento, al gravarse los terrenos con una servidumbre de paso en beneficio de posibles futuras reparaciones de la instalación.  
c) Vicente Luna i Sirera, ahora recurrente y titular de la parcela A-BX-223, formuló alegaciones mediante escrito independiente manifestando su oposición a la instalación proyectada evidenciando los perjuicios que la misma comportaría, tanto por su ejecución como por su establecimiento, al gravarse los terrenos con una servidumbre de paso en beneficio de posibles futuras reparaciones de la instalación.  
d) Miguel Molina Sirera, ahora recurrente y pese a tener bienes o derechos afectados dado que ostenta la titularidad de la parcela A-BX-202, no efectuó alegaciones durante el trámite de información pública.  
e) Son asimismo reseñables las firmas presentadas en fase de alegaciones por el Col·lectiu per la Defensa Ambiental de la Vall de Beneixama en contra de la instalación proyectada.  
Posteriormente, se dio traslado de una separata del proyecto a los ayuntamientos afectados, con el objeto de prestasen su conformidad u oposición con la autorización solicitada dado que afectaba a bienes, instalaciones obras o servicios, centros o zonas dependientes de esas entidades, y se solicitó la emisión de informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resultara de aplicación. De igual forma se remitió separata del proyecto técnico de instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, con el objeto de que emitiesen, si procedía, los oportunos condicionados técnicos.   
El 22 de mayo de 2009 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y vivienda dictó declaración de impacto ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que procediesen, el proyecto de referencia, condicionándolo al cumplimiento de una serie de requisitos y debiéndose desarrollar de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación que obraba en el expediente.  
Con el objeto de dar cumplimiento a los condicionados y alegaciones presentadas, Enestar presentó en fecha 29 de julio de 2011 una nueva solicitud a la que adjuntó un nuevo proyecto técnico de la instalación firmado por técnico competente, que venía a sustituir al anterior en trámite. Es por ello que se reiteró el trámite de información pública, mediante la publicación de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 11 de octubre de 2011; en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 5 de octubre de 2011; en los diarios de prensa La Publicidad y La Verdad de fechas 8 de octubre y 11 de octubre de 2011, respectivamente, y en los tablones de edictos de los Ayuntamientos de Villena, Cañada, Campo de Mirra y Beneixama, trámite al que concurrieron presentando alegaciones una serie de entidades y personas cuya detallada relación y motivos de oposición constan en la resolución de referencia y se dan por reproducidos.  
Remitidas las alegaciones a Enestar para que prestase conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, argumentó en defensa de sus intereses que (extracto de las alegaciones cuyo tenor literal se incluyó en la resolución y que fielmente ahora se reproduce):  
  
«a) Que la construcción de la instalación proyectada responde a saturación de las líneas existentes, sin que la exposición a los campos magnéticos y eléctricos de frecuencia industrial generados por instalaciones eléctricas de alta tensión supongan riesgo para la salud pública.  
b) que la fijación del justiprecio por los bienes y derechos afectados se realizará de conformidad con el trámite procedimental previsto en la legislación.  
c) que no procede el soterramiento de la instalación dadas las características del suelo en la que se ubica, ya que en caso contrario se generaría mayor afección tanto a terrenos particulares como posibles daños al arbolado, siendo menor su impacto medioambiental debido al menor movimiento de tierras.  
d) que al tratarse de una instalación que formará parte de la red de distribución la misma permanecerá tras el posible desmantelamiento de la central a fin de dar servicios a otros usuarios y generadores.  
e) que se procederá a la comprobación y rectificación correspondiente en cuanto a domicilios y titularidades aportados.  
f) que respecto a las alternativas de trazado propuestas deberán concurrir las condiciones impuestas en el artículo 161.2 del Real Decreto 1955/2000, además de poder resultar afectados terceros ajenos al predio afectado. Igualmente señala que realizada consulta no ha sido posible la conexión a las instalaciones ni de ADIF (que alimentará el tren de alta velocidad, AVE) ni de Red Eléctrica de España, SAU.  
g) por último, manifiesta que no existe inconveniente a la conexión de nuevos productores a la línea para evacuar la energía que produzcan, siempre y cuando su acceso sea autorizado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, como titular final de la línea.»  
En respuesta a las solicitudes de informe cursadas a los ayuntamientos afectados, los consistorios de Cañada, Campo de Mirra y Beneixama presentaron alegaciones, si bien posteriormente emitieron todos ellos informe favorable a la instalación proyectada, así como licencia de obras de la parte de la instalación que afectaba a sus respectivos términos municipales. El Ayuntamiento de Villena no presentó alegaciones a la mencionada solicitud y otorgó la correspondiente licencia de obras.  
Del mismo modo informaron favorablemente la instalación proyectada las siguientes entidades:  
- Diputación Provincial de Alicante, informando de los condicionados para la ejecución.  
- Conselleria de Infraestructuras, Territorio y medio Ambiente.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar que impuso condiciones particulares y generales.  
- Iberdrola.  
- Acuamed, SA, que manifestó la no afección del proyecto a ninguna de sus infraestructuras.  
- Red Eléctrica de España, SAU.  
Las condiciones impuestas por todos los departamentos y organismos consultados fueron asumidas por Enestar. Además, el 6 de febrero de 2012 el director general de Evaluación Ambiental y Territorial dictó resolución complementaria de la Declaración de Impacto Ambiental de 22 de mayo de 2009, mediante la que se estimaba aceptable el proyecto modificado sujetándolo a una serie de condicionantes.   
  
Segundo. Cumplidos los referidos trámites, previo informe favorable del Servicio Territorial de Energía de Alicante y siguiendo el procedimiento establecido, el 3 de abril de 2012 el director general de Energía adoptó la resolución cuya parte dispositiva ha quedado expuesta en el encabezamiento de este escrito y cuya motivación se da por reproducida. Dicha resolución, fue notificada a todos los titulares que figuraban en la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados así como a los Ayuntamientos, Departamentos y Organismos informantes, y publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el día 15 de mayo de 2012, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC).   
Interesa aquí precisar las fechas en las que se produjeron las distintas notificaciones, así:  
- Por lo que hace a Vicente Luna i Sirera, titular de la parcela A-BX-223, la resolución le fue notificada el 17 de mayo de 2012.  
- En lo que respecta a Miguel Molina Sirera, titular de la parcela A-BX-202, la resolución le fue notificada el 14 de mayo de 2012.  
- En cuanto a los demás recurrentes, dado que no ostentan bienes o derechos afectados según la relación concreta e individualizada que de ellos consta en la resolución, cabe establecer como fecha de notificación la de la publicación de la resolución en el DOCV, que tuvo lugar el 15 de mayo de 2012.  
  
Tercero. Contra la citada resolución interpusieron recurso de alzada, mediante escrito con idéntico contenido que posteriormente se reproducirá, en las fechas que se indican, las siguientes personas:  
- El 26 de mayo de 2012, Vicente Luna i Sirera.  
- El 5 de junio de 2012, Isabel Espluges Megias y Vicente Tomás Ribera Sirera.  
- El 7 de junio de 2012, Ángela Sirera Valls, Albert Iborra Bellod, José Juan Puig Francés, el Col·lectiu per la Defensa Ambiental de la Vall de Beneixama, el Institut d'Estudis de les Valls de Mariola y Verónica Conca Pérez.  
- El 14 de junio de 2012, Miguel Molina Sirera y el resto de recurrentes.  
A continuación se transcribe el tenor literal del recurso:  
- «La propia resolución indica que no pone fin a la vía administrativa y contra ella se podrá interponer recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio de acuerdo con lo establecido por el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
- La definición del título de la línea (132 kv) es errónea, ya que, según la misma resolución dice "Potencia máxima de transporte: 132,88 MVA por circuito". Por lo tanto es de una potencia máxima de 265,76 MVA.  
- En absoluto es de utilidad pública esta línea de alta tensión, bien al contrario, responde a intereses económicos de una empresa privada totalmente enfrentados a los intereses de la ciudadanía afectada y ninguna de las respuestas por parte de la empresa a las alegaciones presentadas justifica esta utilidad. De hecho no se hace ninguna mención a los criterios por los que la línea se ha declarado de interés público, criterios que la población desconoce y que deben hacerse públicos.  
- En contra de lo que manifiesta la empresa Enerstar a su respuesta a las alegaciones presentadas, una línea de muy alta tensión que transita a solo unos cientos de metros del casco urbano puede producir graves problemas de salud. La empresa no indica ningún informe de inocuidad, por contra existen numerosos informes científicos que demuestran lo contrario. La Recomendación 1999/519/CE, de 12 de julio, insta en los estados a adoptar medidas para limitar los efectos nocivos sobre la salud, de los campos electromagnéticos. La Organización Mundial de la Salud ha calificado los campos electromagnéticos como posibles causantes de leucemia infantil recomendando el principio de precaución.  
- En contra de lo que manifiesta la empresa Enerstar a su respuesta a las alegaciones presentadas, esta línea de muy alta tensión genera y generará una servidumbre de paso a todas las fincas afectadas y una importante pérdida en el valor patrimonial de todas ellas. El trazado discurre por la zona de mayor valor económico de la agricultura de la zona, al tratarse de una gran extensión de olivar de un alto interés económico, paisajístico y ecológico.  
- En contra de lo que manifiesta la empresa Enerstar a su respuesta a las alegaciones presentadas, esta línea de alta tensión y las que la misma empresa quiere que vengan a continuación tiene un impacto paisajístico muy negativo en un valle muy afectado ya por numerosas líneas eléctricas.  
- En la respuesta a las alegaciones en las que se solicitaba la evacuación de la energía a la subestación eléctrica de Villena o a la nueva subestación de ADIF, la empresa señala que "realizada consulta no ha sido posible la conexión a las instalaciones ni de ADIF (que alimentará el tren de alta velocidad, AVE) ni de Red Eléctrica de España, SAU", sin hacer referencia a ningún informe técnico que avale la imposibilidad de estas alternativas de evacuación.  
- Durante el período de consulta del proyecto y presentación de alegaciones no se podía consultar el informe de impacto ambiental porque no se había adjuntado al proyecto. De hecho, la declaración de impacto ambiental de fecha 22 de mayo de 2009 a la que hace referencia la resolución se había hecho sobre el trazado anterior, que fue desestimado, y la resolución complementaria de fecha 6 de febrero de 2012 es posterior al período de alegaciones, incurriendo en una ilegalidad evidente.   
- Visto el informe de impacto ambiental a que hace referencia la resolución se detectan más irregularidades:  
· Dice "tras representar las vías pecuarias sobre los mapas topográficos, y después de realizar un estudio detallado, el sector sobre el que se actúa no afecta vía pecuaria alguna" (pág. 61, punto 4.2.5), esta afirmación es falsa, ya que el trazado pasa por el azagador de la Zafra en el término de La Canyada y la vereda del Campo en el término municipal del Campo de Mirra.  
· En la página 68 (Identificación de impacto) afirma "Su interpretación en términos de salud y bienestar humano es lo que define el impacto ambiental"; pero esta definición es totalmente incoherente en el mismo informe porque no habla del enorme riesgo que las líneas de alta tensión suponen para la salud de las personas y obvia que pasa a unos 300 metros de las primeras casas del casco urbano. Debería incluir informe técnico sobre la inocuidad de las líneas de alta tensión sobre la salud.  
· En el punto 6.2 (Impacto en la avifauna) no incluye ningún estudio técnico sobre el impacto que han tenido y tienen las líneas existentes con datos concretos que nos informen de los efectos de los cableados en la avifauna.  
- La empresa Enerstar, en respuesta a las alegaciones que piden el soterramiento de la línea, dice que "no es procedente el soterramiento de la instalación dadas las características del suelo en que se ubica, ya que en caso contrario se generaría mayor afección tanto a terrenos particulares como posibles daños al arbolado, siendo menor su impacto medioambiental a causa del menor movimiento de tierras". Estas afirmaciones las hace sin ningún informe técnico que las justifique, y obvia la que para nosotros es la razón del no soterramiento: el mayor coste económico para la empresa. Nosotros, por contra, pensamos que el soterramiento de la línea por debajo de caminos es totalmente viable, y facilitaría el posterior acceso a la línea en caso de ser necesario. El enorme beneficio económico que generará la instalación termosolar hace viable el incremento de inversión que supone el soterramiento y apantallamiento de la línea. El análisis de costes y beneficios debe hacerse de todo el proyecto, central termosolar y línea de evacuación, y no tan solo de la línea.  
- De forma totalmente irregular, no se han presentado los pertinentes trazados alternativos que la ley determina.  
- La empresa, incurriendo en otra ilegalidad evidente, ha fragmentado el proyecto de central termosolar y la imprescindible línea de evacuación (sin la que no tiene ningún sentido la instalación). Estos son elementos inseparables que deben formar parte de un solo proyecto, a efectos de determinar impactos ambientales, utilidad pública, viabilidad económica, etc.»  
En virtud de lo expuesto, los recurrentes solicitan «que se dicte resolución que revoque la que es objeto de recurso, anule la autorización administrativa y su declaración de utilidad pública».  
  
Cuarto. El 17 de septiembre de 2012, el jefe del Servicio de Coordinación y Apoyo Técnico requirió la acreditación de la representación con la que actuaba el Institut d'Estudis de les Valls de Mariola y el Col·lectiu per la Defensa Ambiental de la Vall de Beneixama, mediante escritos notificados los días 19 y 21 de septiembre de 2012, respectivamente.  
Mediante escrito de 3 de octubre de 2012, el Institut d'Estudis de les Valls de Mariola puso en conocimiento de esta Administración, a través de su secretario Josep Puig Martínez, que se trata de una asociación inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones de la Generalitat Valenciana con el número 01-045274-A de la sección primera, siendo su presidente Romà Francesc Berbegal y tesorera Rossana Martínez Ferràndiz.  
El 1 de octubre de 2012 el Col·lectiu per la Defensa de la Vall de Beneixama dirigió escrito a esta Administración dando cuenta que se trata de una agrupación de personas sin personalidad jurídica propia, surgido de la indignación ciudadana ante el proyecto que nos ocupa tras una asamblea informativa que tuvo lugar el 11 de febrero de 2012 en el Auditorio Municipal de Beneixama. Asimismo exponen que se organizan en grupos de trabajo y que hasta el momento no han podido constituirse como persona jurídica, y solicitan que se considere a los firmantes (Àngela Sirera Valls, María José Vera Barceló y María José Payá Valdés) como enlaces entre la Administración y el Colectivo y se acepte el recurso de alzada presentado.  
  
Quinto. Sobre la base del artículo 112.2 de la LRJPAC, se dio traslado a Enestar de los recursos interpuestos para que alegase cuanto estimase procedente en defensa de sus intereses. Mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2012 la mercantil evacuó el trámite, señalando respecto de los recursos que ahora incumben que:  
«Primero. En cuanto al titulo del proyecto de la línea, la denominación 132 kV hace referencia a la tensión a la que la energía eléctrica es transportada a través de la línea, de ahí que las unidades de medida indicadas sean kilovoltios, y no a la potencia aparente de transporte, cuya unidad de medida es el mega voltio-amperio (MVA).  
Segundo. Respecto a la declaración de utilidad pública del proyecto, es de significar el cumplimiento exhaustivo por parte de esta empresa de todos los requisitos establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa para su reconocimiento. A dicho fin, en fecha 29 de julio de 2011 se solicitó la oportuna declaración de utilidad pública del proyecto para cuya tramitación se incluye la obligatoria relación de bienes y/o derechos de necesaria expropiación, sometiéndose todo ello a información pública y recabándose asimismo, los informes de los organismos afectados, Por lo tanto, cumplidos todos los requisitos legalmente establecidos, y concluida la tramitación antes explicada, se obtuvo mediante Resolución de 3 de abril de 2012 la declaración de utilidad pública del proyecto.  
Tercero. En cuanto a la justificación científica solicitada por el recurrente que demuestre que, tal y como se dijo en nuestra contestación de alegaciones, la exposición a los campos eléctricos no supone un riesgo para la salud pública, citando simplemente en ese momento a los estudios del Comité Científico director de la Comisión Europea (1998) y el Ministerio de Sanidad y Consumo (2001), se procede a concretar lo siguiente:  
Para prevenir los posibles efectos a corto plazo, varias agencias nacionales e internacionales han elaborado normativas de exposición a campos eléctricos y magnéticos. Actualmente la normativa internacional más extendida es la promulgada por la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud.  
La Unión Europea, siguiendo el consejo del Comité Científico director, se basó en ICNIRP para elaborar la Recomendación del Consejo Europeo relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), 1999/519/CE, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en julio de 1999. Su objetivo es únicamente prevenir los efectos agudos (a corto plazo) producidos por la inducción de corrientes eléctricas en el interior del organismo, puesto que no existe evidencia científica de que los campos electromagnéticos estén relacionados con enfermedad alguna.  
Tras establecer diversos factores de seguridad, el Consejo de la Unión Europea recomienda como restricción básica para el público limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m² en sitios donde pueda permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético. Si el nivel de campo medido no supera este nivel de referencia se cumple la restricción básica y, por lo tanto, la recomendación; sin embargo, si se supera el nivel de referencia entonces se debe evaluar si se supera la restricción básica.  
Actualmente la comunidad científica internacional está de acuerdo en que la exposición a los campos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial generados por las instalaciones eléctricas de alta tensión no supone un riesgo para la salud pública. Así lo han expresado numerosos organismos científicos de reconocido prestigio en los últimos años, entre ellos cabe destacar:  
- Instituto Francés de Salud e Investigación Médica (Francia, 1993).  
- Consejo Nacional de Protección Radiológica (Reino Unido, 1994).  
- Academia Nacional de las Ciencias (Estados Unidos, 1996).  
- Instituto Nacional del Cáncer (Estados Unidos, 1997).  
- CIEMAT (España, 1998).  
- Comité Científico director de la Comisión Europea (Unión Europea, 1998).  
- Ministerio de Sanidad y Consumo (España, 2001).  
Asimismo, el Comité Científico director de la Comisión Europea, organismo científico neutral e independiente, declaró en junio de 1998 que: "... la literatura disponible no proporciona suficiente evidencia para concluir que existan efectos a largo plazo como consecuencia de la exposición a campos electromagnéticos".  
Para nuestro país es de especial relevancia el informe técnico Campos electromagnéticos y salud pública, elaborado por un comité de expertos reunidos por el Ministerio de Sanidad y Consumo y publicado en julio de 2001. En dicho informe se llega a la siguiente conclusión: "No puede afirmase que la exposición a campos electromagnéticos dentro de los limites establecidos en la Recomendación del Consejo Europeo (1999/519/CE)... produzca efectos adversos para la salud humana. Por tanto, el Comité concluye que el cumplimiento de la citada recomendación es suficiente para garantizar la protección de la población".  
Cuarto. En lo referente a la pérdida de valor patrimonial generada en las fincas por la servidumbre de paso que pueda establecerse, y más teniendo en cuenta que, según su escrito, se trata de la zona de mayor valor económico de la agricultura de la zona, cabe decir que, si bien los recurrentes tampoco han presentado informe alguno que refleje la importancia económica de esta zona específica respecto de otra de similares características en la misma comarca, tampoco es este el momento de entrar a discutir la valoración de los bienes y/o derechos afectados por la ejecución del proyecto, ya que, como ya se apuntó en la contestación de alegaciones presentada durante el periodo de información pública, la fijación del justiprecio tendrá lugar en el momento procedimental oportuno establecido en el artículo 52.7 de la Ley de Expropiación Forzosa.  
Quinto. Respecto al impacto negativo sobre el paisaje es de significar que, independientemente de los otros proyectos que hayan podido afectar a la zona, esta línea eléctrica obtuvo la pertinente Declaración de Impacto Ambiental Favorable en fecha 22 de mayo de 2009, siendo esta complementada por la de 6 de febrero de 2012, punto este que se explicar más adelante, en el punto séptimo de este escrito.  
Sexto. En cuanto a las diferentes solicitudes de informes planteadas en sus recursos, esto es: 6. Informe técnico de REE y de Adif que avalen la imposibilidad de evacuación de la energía a la subestaci6n eléctrica de Villena o a la nueva subestación de ADIF del AVE; 7. Informe técnico que justifique la saturación de las líneas existentes; y 9. Informe técnico que justifique la inadecuación del soterramiento de la línea, procedemos u contestar aquí mediante una breve explicación de la tramitación necesaria ante la apertura de una planta de producción de energía.  
A este respecto es preciso indicar que, cuando se tramita una planta de producción de energía resulta necesario, en primer lugar, solicitar un punto de conexión a la empresa distribuidora local, en este caso particular, Iberdrola, para la evacuación de Ia energía que se genera, puesto que no tendría sentido la construcción de una planta de producción de energía si no puede verter la energía que produce en el sistema eléctrico. Así, la distribuidora analiza sus redes y concede un punto de conexión al solicitante, siempre con el beneplácito de REE, pero sin contar en ningún caso con la opinión de l empresa productora.  
En este proyecto concreto Iberdrola fijó el punto de conexión en la subestación de Beneixama, justificada únicamente en la saturación de líneas. Asimismo, este punto de conexión tiene el visto bueno de REE, por lo que en este aspecto, Enerstar Villena, SAU, se limita a tratar de conectar, construyendo una línea que en cuanto finalice la obra se cederá a la empresa distribuidora. Dicho lo cual, es más que probable que si esta empresa hubiera podido elegir punto de conexión, hubiera optado, sin duda alguna, por la construcción de una línea de menor longitud.  
Séptimo. Respecto a la obligación de presentar trazados alternativos, entendiendo esta obligación dentro del marco de las alegaciones referentes a la Declaración de Impacto Ambiental, cabe decir que esta fue declarada favorable, tras el pertinente periodo de información pública, mediante Resolución de la directora general de Gestión del Medio Natural en fecha 22 de mayo de 2009. No obstante, dicha Declaración favorable estaba sujeta a determinados condicionantes, como son: "En caso de afección, por parte de los apoyos, a terrenos de vías pecuarias se estará lo dispuesto en la Ley 311995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias; y no se instalará ningún apoyo dentro del suelo calificado como forestal".  
Siguiendo lo dispuesto en dicha declaración y tras adaptar el proyecto a las mencionadas condiciones, mediante Resolución del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de fecha 6 de febrero de 2012 se obtuvo la denominada declaración de impacto ambiental complementaria a los solos efectos ambientales, tal y como se expresa en tal resolución, y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales. Es por esto que tales modificaciones habían sido expuestas, siguiendo lo preceptuado en la legislación que nos ocupa, en información pública, con el fin de obtener la autorización administrativa y declaración de utilidad pública reflejadas en la Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 3 de abril de 2012 que el alegante recurre.  
Octavo. Por último, respecto a la fragmentación del proyecto de central termosolar y la línea de evacuación, que el recurrente considera elementos indisolubles que deben formar parte de un solo proyecto a afectos de determinar impactos ambientales, utilidad pública y viabilidad económica, cabe decir que lo por él expuesto resulta totalmente contradictorio a lo regulado a este respecto en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.  
Esto es así por cuanto que la referida Ley diferencia claramente los procedimientos a seguir para la consecución de las autorizaciones de los diferentes tipos de instalaciones (el artículo 36, regula la autorización de instalaciones de transporte de energía eléctrica, el artículo 40 la autorización de instalaciones de distribución y el artículo 43 las líneas directas) y por este motivo resulta necesario considerar el proyecto de la central termosolar y el proyecto de la línea eléctrica de evacuación como proyectos independientes, con el fin de proceder a la consecución de las diferentes resoluciones que aprueben los proyectos de manera autónoma.»  
  
Sexto. El 29 de noviembre de 2012 el jefe del Servicio de Coordinación y Apoyo Técnico requirió la acreditación de la representación con la que actuaba tanto el PSOE de Beneixama como la Agrupació d'Electors Junts per Beneixama, así como la justificación de su legitimación activa, mediante escritos que fueron notificados el día 18 de diciembre de 2012.  
Asimismo, mediante escritos de la misma fecha, dicho Servicio requirió la justificación de la legitimación activa para entablar el recurso al Institut d'Estudis de les Valls de Mariola y al Col·lectiu per la Defensa Ambiental de la Vall de Beneixama, que fueron notificados los días 15 y 17 de diciembre de 2012, respectivamente.  
Expirado el plazo concedido no han atendido el requerimiento ni el PSOE de Beneixama, ni el Institut d'Estudis de les Valls de Mariola, así como tampoco el Col·lectiu per la Defensa Ambiental de la Vall de Beneixama.  
La Agrupació d'Electors Junts per Beneixama presentó escrito el día 28 de diciembre de 2012 con el objeto de dar contestación al requerimiento efectuado, y aportó la documentación que a continuación se cita, pretendiendo que con ello se tuviese por acreditado que la citada formación no tiene ánimo de lucro, que entre sus fines está la protección del medio ambiente, que desde el año 2007 se encuentra constituida y que su ámbito de actuación es el municipio de Beneixama:  
a) Escrito registrado ante la Junta Electoral de Zona de Villena con la aceptación de Pepe Toni Mataix Rubio como representante de la Agrupación.  
b) Escrito de la Secretaría del Ajuntamiento de Beneixama que certifica el cargo de regidor ostentado por los dos representantes de la Agrupación (Pepe Toni Mataix Rubio y M.ª Ángeles Sirera Valls) en la legislatura 2007-2011.  
c) Certificado del secretario accidental del Ayuntamiento de Beneixama acreditando que la Agrupación tiene dos regidores en la actual legislatura.  
d) Programa electoral de 2007 en el que se constata que la protección del entorno ambiental está dentro de los objetivos de la Agrupación.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Competencia para resolver el recurso  
La resolución recurrida, que no agota la vía administrativa, fue dictada por el director general de Energía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en relación con el artículo 17 del entonces vigente Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, y es susceptible de recurso administrativo.  
Esta Secretaría Autonómica de Industria y Energía es competente para resolver el presente recurso de alzada en virtud de lo dispuesto en los artículos 7.1 del Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y 8 y 15 del Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por cuanto es el órgano superior jerárquico de la Dirección General de Energía, en aplicación de lo dispuesto en los citados artículos y en el artículo 114.1 de la LRJPAC.  
  
Segundo. Acumulación.  
De conformidad con el artículo 73 de la LRJPAC, procede la acumulación de todos los recursos y su resolución en un único acto, dada la identidad sustancial e íntima conexión de todos ellos, al tratarse de un modelo tipo en el que la fundamentación jurídica y petición es idéntica.   
No obstante, de conformidad con el artículo 55.3 de la LRJPAC, se especificarán las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada recurrente.  
  
Tercero. El presente recurso de alzada ha sido interpuesto dentro de plazo por todos los recurrentes, según lo establecido en el artículo 115 de la LRJPAC, según se infiere poniendo en relación las fechas de notificación de la resolución con las de interposición del recurso que han quedado expuestas en los antecedentes de hecho segundo y tercero de esta resolución.   
Conviene detenerse, no obstante, en el análisis de la condición de interesado en el procedimiento, y en otros aspectos tales como la representación y la legitimación para el proceso con la que actúan las personas y entidades recurrentes, haciendo unas consideraciones previas:  
1.ª) El artículo 112.1 de la LRJPAC establece que «contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta ley».  
2.ª) La noción de interesado debe entenderse en los términos del artículo 31 de la LRJPAC, que establece:  
«1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:  
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.  
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.  
c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.  
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.  
3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.»  
3.ª) La legitimación es la aptitud para tener la condición de interesado en el procedimiento o, dicho de otro modo, la capacidad cualificada de un sujeto para ser interesado en un procedimiento concreto, y tal aptitud deriva de la relación existente con la cuestión que constituye el objeto del procedimiento.  
Salvo los supuestos en los que el ordenamiento jurídico reconoce acción pública para incoar o intervenir en un procedimiento (y, por tanto, para tener la condición de interesado), se exige una determinada relación con su objeto.   
Según la doctrina, fuera de los supuestos de acción pública, el mero interés en la legalidad o los llamados intereses difusos no atribuyen la condición de interesado en un procedimiento administrativo a quienes los esgrimen. Dichos «intereses difusos» se caracterizan por «corresponder a una serie de personas indeterminadas entre las que no existe vínculo jurídico» y, además, por «referirse a un bien indivisible, en el sentido de que es insustituible de división de cuotas o fracciones adjudicables a cada uno de los intereses».  
En materia de medioambiente, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, reconoce en el artículo 3.3.b) el derecho a «ejercer la acción popular para recurrir los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas que constituyan vulneraciones de la legislación ambiental en los términos previstos en esta ley.»  
En los artículos 22 y 23 dispone que:  
«Artículo 22. Acción popular en asuntos medioambientales  
Los actos y, en su caso, las omisiones imputables a las autoridades públicas que vulneren las normas relacionadas con el medio ambiente enumeradas en el artículo 18.1 podrán ser recurridas por cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 23 a través de los procedimientos de recurso regulados en el título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a través del recurso contencioso administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.  
Se exceptúan los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas enumeradas en el artículo 2.4.2.  
Artículo 23. Legitimación  
1. Están legitimadas para ejercer la acción popular regulada en el artículo 22 cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
a) Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular.  
b) Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.  
c) Que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por la actuación, o en su caso, omisión administrativa.  
2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro a las que se refiere el apartado anterior tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.»  
4.ª) La jurisprudencia del Tribunal Supremo, al considerar la titularidad de un derecho o interés legitimo que justifique la legitimación, exige la existencia de una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de suerte que, de estimarse esta, se produzca un beneficio o la eliminación de un perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esta ventaja ha de ser concreta y efectiva. No es suficiente, como regla general, que se obtenga una recompensa de orden moral o el beneficio de carácter cívico o de otra índole que lleva aparejado el cumplimiento de la legalidad (SSTS de 6 de abril de 2004 (RJ 2004, 899) y 18 de enero de 2005 (RJ 2005, 899)).  
Partiendo de estas consideraciones, se analizará a continuación la situación individualizada de cada uno de los recurrentes:  
A) Un nutrido grupo de recurrentes, ni ostenta bienes o derechos individualizados afectados por la resolución (no figuran en la relación concreta e individualizada que de ellos se efectúa en el anexo de la misma), ni presentó alegaciones durante el trámite de información pública, cuando de conformidad con el artículo 112.1 de la LRJPAC «(?) No se tendrá en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho». Ello significa, también, que no se personaron en el procedimiento como titulares de intereses, en los términos del artículo 31.1.c) de la LRJPAC («aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.»)  
Todos ellos son pues ciudadanos que ostentan un mero interés en la legalidad que, además, no manifestaron su parecer en el momento procedimental oportuno (información pública) y, siendo así, no puede reconocérseles la condición individual de interesados. Su legitimación en este procedimiento debe ser rechazada tanto a la luz de la LRJPAC como por cuanto la acción popular en materia medioambiental ha querido el legislador que se canalice a través de personas jurídicas sin ánimo de lucro (artículos 22 y 23 de la Ley 26/2007).  
Tal circunstancia determinaría la inadmisión de los recursos planteados por:  
- Elvira Molina Granizo.  
- Sara Sirera Berenguer.  
- Aurora Santonja Molina.  
- José María Lozano Soler.  
- Jordi Lozano Francés.  
- Rosario Santonja Soriano.  
- M.ª Carmen Valdés Richart.  
- Aurora Francés Camús.  
- M.ª José Sanchís Francés.  
- Jessica San Juan Molina.  
- Juan Sarrió Payá.  
- Omar Juan Samper.  
- Manuel Alejandro Samper Sanz.  
- Juan José Puig San Lázaro.  
- Anna Vañó Mauricio.  
- Francisco Javier Montesinos Silvestre.  
- Tania Molina Micó.  
- Fátima Sánchez Milán.  
- M.ª José Valdés Galdón.  
- Lydia Molina Micó.  
- M.ª Ángeles Molina Silvestre.  
- Josefa Vicente Navarro.  
- M.ª Leo Barcels Soler.  
- Aurora Nácher Milán.  
- José Miguel Lozano Francés.  
- Miguel Lozano Santonja.  
- Cristina Martínez Sánchez.  
- Patricia Pérez Castelló.  
- Jaime Valdés Richart.  
- M.ª Teresa Payá Tortosa.  
- Aurora Conca Pastor.  
- Alba Ordoñez Mataix.  
- Amparo Segura Jorques.  
- M.ª José Payá Valdés.  
- Ana Castelló Amorós.  
- Juana Molina Castelló.  
- José Miguel Conca Alonso.  
- Aurora Alonso Pérez.  
- José Luis Juan Molina.  
- José Luis Juan Alonso.  
- José Francisco Ortín Martínez.  
- M.ª Isabel Esplugues Megias.  
- Vicente Tomás Ribera Sirera.  
- M.ª Dolores Payá Esteban.  
- José Vicente Lorente Ferriz.  
- Vicenta Sirera Peña.  
- Eduardo V. Martínez Sirera.  
- Ana Isabel Albero Ferriz.  
- Dolores Sirera Peña.  
- Manuel Picón Marín.  
- Moisés Picón Martínez.  
- Macarena Picón Martínez.  
- Vicente Dobón Albero.  
- Elvira Albero Ivorra.  
- Adelaida Martínez Sirera.  
- Ángela Sirera Valls.  
B) Existe otro importante grupo de recurrentes que efectuó alegaciones durante el trámite de información pública (por tanto se personó en el procedimiento) y que, sin embargo, no tiene ningún bien o derecho individualizado afectado por la resolución. El hecho de haber efectuado alegaciones no les otorga la condición de interesado por cuanto el artículo 86.3., segundo párrafo, de la LRJPAC preceptúa que «la comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado (?)». Se trata de ciudadanos que han ejercido su derecho a participar en el procedimiento de autorización que confieren los artículos 125 y 126 del Real Decreto 1955/2000 y 9 del Decreto 88/2005, pero que no ostentan un interés más cualificado que las personas citadas en el apartado A). Por tanto, con idéntico fundamento, respecto de ellos también debería resolverse la inadmisión del recurso:  
- M.ª Amparo Pérez Luna.  
- Josefa Camús Santonja.  
- José Francisco Lozano Santonja.  
- M.ª José Vera Barceló.  
- Juan Pérez Luna.  
- Ángela Pérez Sanz.  
- Juan Pérez Castelló.  
- Aurora Castelló Amorós.  
- M.ª Jesús Dobón Albero.  
- Laura Bellod Luna.  
- Juan Sirera Valls.  
- Claudio Alejandro Escobar.  
- José Mataix Albero.  
- Mari Carmen Mataix Rubio.  
- Pepe Toni Mataix Rubio.  
- Amparo Barceló Segura.  
- José E. Pascual Burgos.  
- Amalia Hernández Luna.  
- Juan Pérez Luna.  
- Aurora Castelló Amorós.  
- Vicente Ibáñez Cruz.  
- Josefa Molina Bellod.  
- Vicente José Ferrero Berbegal.  
- Natalia Ferrero Molina.  
- Francisco José Castelló Sirera.  
- Albert Iborra Bellod.  
- José Juan Puig Francés.  
- Verónica Conca Pérez.  
- Aurora Molina Castelló  
C) En cuanto a las entidades (en el sentido amplio de la acepción) que han interpuesto recurso cabe señalar:  
1. Col·lectiu per la Defensa Ambiental de la Vall de Beneixama: Su participación en el procedimiento se concentró en la recogida de firmas en contra de la instalación proyectada, aportándolas durante el trámite de información pública. No consta que tenga bienes o derechos individuales afectados por la resolución. Según afirman sus promotores, el Col·lectiu no goza de personalidad jurídica y se constituyó el 11 de febrero de 2012, extremos estos que impiden, en primer lugar, reconocer que los firmantes del recurso ostenten la representación de la entidad y, en segundo lugar, reconocerle legitimación para el ejercicio de la acción pública en los términos del artículo 23 de la Ley 27/2006, máxime tras haberle sido requerida su justificación y no haberla aportado.  
2. Institut d'Estudis de les Valls de Mariola. No presentó alegaciones durante el trámite de información pública (por tanto no se personó en el procedimiento). Por otro lado, no consta que tenga bienes o derechos individuales afectados por la resolución. El recurso que planteó venía suscrito por el secretari general, que según el escrito presentado el 3 de octubre de 2012 para atender el requerimiento formulado en orden a subsanar la representación es Josep Puig Francés. En ese mismo escrito se da cuenta de quienes son el presidente y la tesorera del Institut (Asociación inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana con el núm. HN-13-309178-K Sección Primera). La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación, se refiere en los artículos 7.1.h) y 11.4 y 5 a los órganos de gobierno y representación de las asociaciones y dispone que estarán determinados en los Estatutos. No se ha atendido adecuadamente el requerimiento toda vez que del escrito presentado no se infiere, indubitadamente, que el secretari general esté estatutariamente habilitado para presentar recursos en nombre del Institut. Por otro lado, no consta acuerdo del órgano competente en el que conste la voluntad de interponer el recurso.  
A mayor abundamiento cabe señalar que el Instituto no atendió el requerimiento que se le efectuó para que justificase los derechos o intereses que le amparaban para la interposición del recurso. Por tanto, no ha demostrado que se verifiquen los requisitos del artículo 23 de la Ley 27/2006, y por ello debería denegársele la legitimación para interponer el recurso y, en consecuencia, inadmitirlo.  
3. PSOE de Beneixama. No presentó alegaciones durante el trámite de información pública y, por tanto, no se personó en el procedimiento. Tampoco consta que tenga bienes o derechos individuales afectados por la resolución. El recurso lo suscribe Vicente Ibáñez Cruz, en calidad de secretario general del PSOE de Beneixama y en su representación. Habiéndosele requerido para que acreditase la representación que ostenta de esa formación política y la legitimación de esta para interponer el recurso, no presentó alegaciones ni documentación alguna al respecto.  
En cuanto a la legitimación de los partidos políticos, conviene traer a colación el auto de la Audiencia Nacional de 18 de octubre de 2012, que resuelve la inadmisión de un recurso planteado por el PSOE frente a una disposición de carácter general, precisamente, por falta de legitimación activa. Se extractan a continuación los fragmentos que resultan más reveladores:  
Fundamento de derecho tercero, 1): «Además de las cualidades necesarias para comparecer ante los tribunales (legitimatio ad processum [legitimación para el proceso]) la ley exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo y para que la oposición y las excepciones a la misma puedan hacerse valer, que las partes ostenten legitimación procesal (legitimatio adcausam [legitimación para el asunto]). Esto significa que se encuentren en una determinada relación con el objeto del litigio en virtud de la cual sean dichas personas las llamadas a ser partes (activa o pasiva) (?)».  
Fundamento de derecho tercero, 6): «Tratándose de partidos políticos, su Ley Orgánica Reguladora 6/2002, de 27 de junio, se refiere en su Exposición de Motivos, a que su finalidad es "la de aunar convicciones y esfuerzos para incidir en la dirección democrática de los asuntos públicos, contribuir al funcionamiento institucional y provocar cambios y mejoras desde el ejercicio del poder político". Se pretende, en definitiva, hacer realidad el pluralismo político esencial en un sistema democrático, concurriendo, como señala el artículo 6 de la Constitución "a la formación y manifestación de la voluntad popular" siendo "instrumento fundamental para la participación política" (STS de 20 de enero de 2009)».  
Fundamento de derecho tercero, 7): «Los partidos políticos constituyen instrumentos de participación política de los ciudadanos en el Estado democrático. Según el artículo 6 de la Constitución expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Esta naturaleza les atribuye una función política de carácter general que no es suficiente para conferirles legitimación para la impugnación de cualquier acto administrativo que pueda tener efectos políticos, si no se aprecia una conexión específica con su actuación o funcionamiento. No es suficiente que exista una relación entre la disposición que pretende impugnarse y los fines de política general que puedan perseguir como asociaciones de participación política. Sostener la existencia en favor de los partidos de legitimación para impugnar cualquier acto administrativo por la relación existente entre los fines que aquellos pueden perseguir según su ideología o programa de actuación y el sector político, social o económico sobre el que produce efectos aquel acto equivaldría a reconocerles una acción popular (SSTS de 6 de abril de 2004, 18 de enero de 2005 y 20 de enero de 2009).»  
Fundamento de derecho cuarto: «Sin embargo, la circunstancia de que una actuación administrativa pueda ser contraria a los planteamientos políticos sostenidos por un determinado partido, no es suficiente para justificar la legitimación del referido partido ante la jurisdicción contenciosa administrativa, siendo necesario para el reconocimiento de dicha legitimación la titularidad de un derecho o interés legítimo que esté en relación directa con la pretensión material que sea objeto del proceso, de manera que una eventual sentencia estimatoria del recurso reportara al partido recurrente un beneficio o la evitación de un perjuicio, efectivo, patrimonial o moral, más allá del beneficio o perjuicio resultante del rédito social consecuente al reconocimiento de su posicionamiento político.  
Reconocer la legitimación de los partidos políticos para impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa todas las actuaciones de la Administración contrarias a los planteamientos ideológicos reflejados en su ideario político, sería tanto como reconocer a dichos partidos una acción pública en defensa de la legalidad, contraviniendo la Ley de la Jurisdicción y convirtiendo la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, a la postre, en un foro de discusión política.»  
Por tanto, según la jurisprudencia citada, el PSOE de Beneixama no estaría legitimado activamente para impugnar la resolución que nos ocupa, máxime cuando no ha justificado el cumplimiento de los requisitos del artículo 23 de la Ley 27/2006, y en consecuencia procedería inadmitir el recurso planteado.  
4. Agrupació d'Electors Junts per Beneixama. No presentó alegaciones durante el trámite de información pública y, por tanto, no se personó en el procedimiento. Tampoco consta que tenga bienes o derechos individuales afectados por la resolución. Consta acreditada la representación de la Agrupación en la persona de Pepe Toni Mataix, así como alguno de los extremos exigidos en el artículo 23.1 de la Ley 27/2006 (apartados b) y c)), si bien cabe efectuar las siguientes apreciaciones:  
- En cuanto a la exigencia del apartado a) del artículo 23.1, de la Ley 27/2006, esto es, que conste en los estatutos como fin la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, cabe señalar que no se presentan los estatutos sino un programa electoral que contiene una declaración de intenciones o ideario político que suscita dudas en cuanto a su aptitud para dar por cumplido el requisito, máxime cuando expresamente en él se indica que «también hay que utilizar con eficiencia la energía, y fomentar a nivel municipal y particular la utilización de energías renovables», siendo que lo que se combate es una autorización para la construcción de una línea eléctrica que conectará a la red una instalación solar fotovoltaica.  
- Por otro lado, el auto de la Audiencia Nacional de 18 de octubre de 2012 anteriormente citado, expresamente señala que «reconocer la legitimación de los partidos políticos para impugnar ante la jurisdicción contenciosa administrativa todas las actuaciones de la Administración contrarias a los planteamientos ideológicos reflejados en su ideario político, sería tanto como reconocer a dichos partidos una acción pública en defensa de la legalidad, contraviniendo la Ley de la Jurisdicción y convirtiendo la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, a la postre, en un foro de discusión política.»  
Siendo que existen dudas acerca del cumplimiento de los requisitos de legitimación, en virtud del principio in dubio por actione y para no perjudicar el derecho de defensa de la Agrupación, se reconoce la legitimación de esa formación política para la interposición del recurso.  
  
D) Ninguna duda suscita la legitimación de Miguel Molina Sirera y Vicente Luna i Sirera para la interposición del recurso, dado que ambos son titulares de las parcelas A-BX-202 y A-BX-223, respectivamente.  
No obstante, sí es preciso indicar que Miguel Molina Sirera no efectuó alegaciones durante el trámite de información pública. Sí lo hizo, del modo en que se expresa en el antecedente de hecho primero c), Vicente Luna i Sirera.   
  
Cuarto. En cuanto al fondo del asunto, a la vista de la documentación obrante en el expediente y siguiendo el orden expositivo del escrito de interposición del recurso, cabe efectuar las siguientes consideraciones:  
- Se trata de una línea eléctrica con tensión nominal normalizada de 132 kv y con potencia máxima de transporte de 132,88 MVA por circuito, por lo que la denominación del proyecto es correcta, ya que en él se indica la tensión nominal de la línea.  
- Con relación al punto segundo, indicar que se trata de una línea eléctrica de 132 kv de conexión entre la instalación de producción y la red de distribución (línea de evacuación), considerada como instalación de generación, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Por lo tanto, conforme al artículo 52 de la mencionada Ley, se puede declarar de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento.   
Cabe señalar, además, que dicha línea eléctrica pasará a formar parte de la red de distribución de Iberdrola una vez cedida según convenio suscrito entre esta y Enestar, a fin de ser destinada al servicio esencial de energía eléctrica para su uso por el resto de usuarios. Tan es así que durante el trámite de información pública Julián Serrano Lozoya, en representación de Herrera Solar Fotovoltaica 40, SL, e Hispano Fotovoltaica, SL, manifestó, por ser titular de una instalación fotovoltaica, que estaría en su ánimo conectarse en un futuro a la línea proyectada.  
- Respecto de la inocuidad o no de los campos electromagnéticos, alegan los recurrentes la existencia de numerosos informes científicos que demuestran su carácter nocivo para la salud, y reprochan que Enestar no efectuase alusión a ninguno que abale su inocuidad. En la contestación a los recursos que efectúa la empresa, cuyo tenor literal se ha reproducido, se relacionan numerosos informes que han tratado la cuestión a lo largo de los últimos años.  
En la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad existen publicados diversos informes acerca de la relación entre los campos electromagnéticos y la salud. En el informe Situación del cáncer en España, de fecha 8 de enero de 2012, página 111, se indica:   
«Cuando hablamos de CEM generalmente hacemos referencia a un tipo de radiaciones de muy baja frecuencia. Son radiaciones a las que estamos expuestos a diario a partir de los distintos dispositivos electrónicos que se utilizan en la vida diaria (luz eléctrica, lavadoras y secadores de pelo, entre otros). Aunque diversos estudios han mostrado un aumento de leucemias infantiles en niños residentes cerca de estaciones de alta tensión, motivo por el que la IARC ha clasificado a los CEM de muy baja frecuencia como posibles agentes carcinogénicos (categoría 2B), los estudios experimentales no han demostrado el papel carcinogénico de este tipo de radiaciones [IARC 2001].»  
En la Guía para la prevención de defectos congénitos, de fecha 18 de octubre de 2012, páginas 45 y 46, se afirma:  
«Radiaciones  
La radiación puede estar constituida por un flujo de partículas (a,b) o por ondas electromagnéticas. Las características de las ondas son su longitud, expresada en metros y su frecuencia expresada en hercios (Hz).  
El rango de frecuencias o de longitudes de onda de los campos electromagnéticos se describe como "espectro electromagnético" que se extiende desde frecuencias extremadamente bajas como las de la corriente eléctrica de los hogares (60Hz), ondas de radio (106-1010Hz), a microondas (1010-1012Hz), luz visible (1014Hz), o a la luz ultravioleta (1015Hz)], hasta las radiaciones de muy alta frecuencia (VHF) y longitudes de onda muy cortas, de los rayos X y gamma (>1017Hz). Sólo la radiación >1017Hz es capaz de ionizar átomos y moléculas (radiación ionizante), cuyos efectos adversos sobre los sistemas biológicos son bien conocidos. Sin embargo, la radiación de extremadamente baja frecuencia (ELF), que no es ionizante, no posee la suficiente energía para romper enlaces moleculares como los del ADN.  
Las radiaciones pueden dividirse, de acuerdo a sus efectos en:  
1. Radiaciones no ionizantes, que son las de ondas de baja y extremadamente baja frecuencia. Entre estas se encuentran: Las ondas herzianas (microondas, ultrasonidos, telefonía móvil, radio y líneas eléctricas).  
Radiación óptica (luz ultravioleta, espectro visible y luz infrarroja)  
  
2. Radiaciones ionizantes. Son de alta frecuencia, de más de 1017 Hz. Estas son:  
Rayos X (roentgen).  
Rayos gamma.  
Partículas alfa y beta.  
En la actualidad, no existen evidencias concluyentes de que la exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia, tengan efectos adversos sobre la gestación (1).»  
Por otro lado, la instalación eléctrica deberá ajustarse al proyecto autorizado, cumpliendo en todo momento las prescripciones técnicas y de seguridad establecidas en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. Asimismo, durante la ejecución y explotación de la línea eléctrica, el titular deberá comprobar y verificar las medidas correctoras indicadas en la declaración de impacto ambiental y desarrollar el correspondiente plan de vigilancia.  
- Respecto al impacto paisajístico negativo de la línea y el hecho de que discurra por una zona que los recurrentes califican como «de mayor valor económico de la agricultura de la zona» cabe señalar:  
En primer lugar, que el proyecto obtuvo como ha quedado dicho en los antecedentes de hecho declaración de impacto ambiental favorable (22 de mayo de 2009 y complementaria de 6.02.2012). Según esta última y complementaria declaración el trazado propuesto, por sus características, supone una importante disminución de las afecciones ambientales, siendo la alternativa más interesante. Asimismo indica que el nuevo trazado reduce considerablemente la afección a suelo forestal, disminuyendo además el número de apoyos, quedando forzado el trazado de la línea por suelo forestal por la presencia de infraestructuras e instalaciones existentes próximas que condicionan el trazado, limitando tanto la posibilidad de definir otros trazados alternativos por zonas externas a suelo forestal.  
En segundo lugar, que no se ha justificado ese mayor valor agrícola de la zona.  
En tercer lugar, que las afecciones que generará la línea eléctrica serán susceptibles de cuantificación económica al tiempo de determinar el justiprecio en el expediente de expropiación forzosa.  
- En cuanto a las alternativas de evacuación de la electricidad generada a las subestaciones eléctricas de Villena o ADIF y a la justificación de la «saturación de las líneas existentes» que alegan los recurrentes, amén de las observaciones efectuadas por Enestar, es preciso indicar que las instalaciones eléctricas asociadas a ferrocarriles son independientes de las actividades destinadas a suministro de energía eléctrica, como deja patente el hecho de que en el artículo 2.3 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, se excluya del ámbito de aplicación de la norma a las líneas eléctricas que constituyen el tendido de tracción de los ferrocarriles.  
La futura central solar termoeléctrica dispone de los derechos de acceso y conexión a la red de distribución a través de la Subestación Transformadora ST Beneixama, conforme a lo establecido en el informe de 9 de abril de 2008, emitido por el gestor de la red de distribución de la zona (Iberdrola).   
- Respecto de las alegaciones que cuestionan el informe y la declaración de impacto ambiental, así como su tramitación, cabe señalar a mayor abundamiento de las alegaciones efectuadas por Enestar que:  
El procedimiento de autorización de la línea eléctrica de referencia se ha realizado conforme a lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, así como en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La evaluación de impacto ambiental se tramitó de conformidad con lo preceptuado en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental y Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba su Reglamento.  
La solicitud de autorización correspondiente al trazado inicial del proyecto de la línea aérea de alta tensión 132 Kv Alhorines ST Benejama, así como el estudio de impacto ambiental, fue sometido al trámite de información pública, para su exposición al público, durante un plazo de 30 días, mediante la publicación en el DOCV de 19 de diciembre de 2008, BOPA de 4 de diciembre de 2008, Diario Las Provincias de 26 de diciembre de 2008, y en el tablón de edictos de los ayuntamientos afectados.  
Con fecha 22 de mayo de 2009, la directora general de Gestión del Medio Natural, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda, dictó declaración de impacto ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales, la ejecución del proyecto de la línea aérea de alta tensión 132 kV Alhorines ST Benejama, con una serie de condiciones adicionales a cumplir.  
Esta resolución contiene el pronunciamiento del órgano ambiental competente, en el que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la instalación proyectada y, en caso afirmativo, como es el caso, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.  
Con fecha 22 de noviembre de 2011, Enestar presentó en el Servicio Territorial de Energía, documentación ambiental relativa a la modificación del trazado y características principales de la línea eléctrica, con objeto de adecuarse a los condicionantes establecidos en la declaración de impacto ambiental de 22 de mayo de 2009.  
Como consecuencia del condicionado de la declaración de impacto ambiental, de 22 de mayo de 2009, así como de las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública del proyecto, Enestar presentó con fecha 29 de julio de 2011, escrito de nueva solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública, para el proyecto denominado Modificación de la línea aérea de alta tensión 132kV Alhorines ST Benejama.  
La solicitud de autorización correspondiente al trazado modificado del proyecto de modificación de la línea aérea de alta tensión 132kV Alhorines-ST Benejama, fue sometida al trámite de información pública, para su exposición al público, durante un plazo de 20 días, mediante la publicación en el DOCV de 11 de octubre de 2011, BOPA de 5 de diciembre de 2011, Diario Las Provincias de 8 de octubre de 2011, y en el tablón de edictos de los ayuntamientos afectados.  
Con fecha 6 de febrero de 2012, se emitió resolución complementaria de declaración de impacto ambiental, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales, la ejecución del proyecto de modificación de la línea aérea de alta tensión 132 kV Alhorines ST Benejama.  
- Respecto al soterramiento de la línea, debe subrayarse que el trazado aéreo de la línea constituye la solución que de ordinario se adopta en la práctica totalidad de los casos en que discurre por suelo clasificado como no urbanizable (en términos del catastro inmobiliario clase: rústico, uso: agrario), logrando así menores afecciones a particulares y minimizar los daños a arbolado e impacto medioambiental.  
- En cuanto a la supuesta fragmentación del proyecto, cabe señalar que la Ley 54/1997 establece procedimientos distintos para la obtención de las autorizaciones de los diferentes tipos de instalaciones. Así se tramitó, de un lado, el oportuno expediente para la instalación de producción (ATREGI/2008/316/03) y, de otro, el expediente de la línea de evacuación (ATLINE/2008/23/03).  
  
En virtud de estos fundamentos, se concluye que deben desestimarse en cuanto al fondo todas las alegaciones efectuadas por los recurrentes, y así también lo informa el Servicio Territorial de Energía de Alicante, toda vez que la resolución impugnada se dictó al amparo de la legislación sectorial aplicable respetando el procedimiento legalmente establecido, por lo que de conformidad con el artículo 113 de la LRJPAC, resuelvo:  
Primero  
Acumular en un único acto la resolución de todos los recursos planteados, dada su identidad sustancial e íntima conexión, individualizando sus efectos para cada interesado del modo que sigue en los siguientes ordinales.  
  
Segundo  
Inadmitir los recursos formulados contra la Resolución de 3 de abril de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por las personas y entidades que se indican en los apartados A), B) y C), apartados 1, 2 y 3, del Fundamento de Derecho Tercero de la presente resolución, por los motivos que allí se expresan.  
  
Tercero  
Desestimar en cuanto al fondo los recursos de alzada interpuestos por Miguel Molina Sirera, Vicente Luna i Sirera y l'Agrupació d'Electors Junts per Beneixama contra la Resolución de 3 de abril de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por los motivos expresados en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida en todos sus términos.  
  
Cuarto  
Notificar la presente resolución a todos los recurrentes, a Enestar Villena SAU, y a todas las administraciones, organismos públicos y empresas de servicio público o de servicios de interés general que intervinieron o pudieron intervenir en el expediente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, y publicarla en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, significándose que ello se realiza a los efectos que determinan los artículos 59, apartados 5 y 6, y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.  
  
Valencia, 5 de febrero de 2013.- El secretario autonómico de Industria y Energía: José Monzonís Salvia.