Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4369, del 31-10-2002 (2002/11879)

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se estima el recurso administrativo de alzada interpuesto por don Antonio José Suñer Español contra la aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs, al que se ha adherido el recurso formulado por la mercantil Alamo, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4369

Fecha DOGV
:   31-10-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/11652


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se estima el recurso administrativo de alzada interpuesto por don Antonio José Suñer Español contra la aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs, al que se ha adherido el recurso formulado por la mercantil Alamo, SA. [2002/11698]
  
Vistos los recursos de alzada interpuestos por don Antonio José de Suñer Español y don Jesús Guijarro Arrizabalaga, este último en nombre y representación de la mercantil Alamo, SA., contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, de fecha 25 de septiembre de 2001, que aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs, y de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión de 25 de septiembre de 2001, aprobó definitivamente el Plan General del municipio de Vinaròs, supeditando su eficacia y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón a que el Ayuntamiento de Vinaròs presentase documentación adicional. En fecha 4 de octubre de 2001, el Ayuntamiento de Vinaròs adjuntó la documentación requerida.
  
Introducidas en el documento las correcciones ordenadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, mediante Resolución del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial de fecha 11 de octubre de 2001 se ordenó la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan General y de las normas urbanísticas, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 128 de 25 de octubre de 2001.
  
Segundo
  
En fecha 22 de noviembre de 2001 se interpuso por don Antonio José de Suñer Español recurso administrativo de alzada contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs, aduciendo que sus terrenos deberían ser clasificados como suelo urbanizable no pormenorizado, en vez de suelo no urbanizable común, tal y como establecía el Plan.
  
Tercero
  
En fecha 22 de noviembre de 2001 se interpuso por Jesús Guijarro Arrizabalaga, en representación de la mercantil Alamo, SA, recurso administrativo de alzada contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs. Este recurso se adhería al efectuado por don Antonio José de Suñer Español.
  
Cuarto
  
En fecha 26 de noviembre de 2001, se dio traslado de los citados recursos al Ayuntamiento de Vinaròs, para que en el plazo de 15 días, conforme a lo establecido en el artículo 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, pudiera alegar cuanto estimase conveniente, recibiendo informe de dicha Entidad Local, de fecha 18 de diciembre de 2001, en el sentido de estimar los recursos.
  
Quinto
  
En relación con el recurso de don Antonio José de Suñer Español, el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón solicitó informe de la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio Ambiente de la Conselleria de Medio Ambiente mediante escrito de 26 de noviembre de 2001.Con fecha 18 de junio de 2002 la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente ha emitido un informe en el que concluye que ?se considera aceptable a los efectos ambientales la clasificación de los terrenos de la finca de Sol de Riu como urbanizable no pormenorizado?.
  
Sexto
  
El Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón, en fecha 22 de julio de 2002, emitió informe en el sentido de estimar parcialmente el recurso administrativo de alzada interpuesto por don Antonio José Suñer Español contra la aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs, al que se adhirió el recurso formulado por la mercantil Alamo, SA, y en consecuencia, establecer que los terrenos que fueron incluidos en los sectores 34 y 35 del Plan General de Vinaròs aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Vinaròs pueden clasificarse como suelo urbanizable residencial sin ordenación pormenorizada; señalar que, para que sea efectiva esta clasificación, el Ayuntamiento de Vinaròs deberá tramitar una modificación puntual del Plan General en la que establezca las determinaciones urbanísticas complementarias a la anterior clasificación. Respecto de esta modificación deberán en todo caso solicitarse informe de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, de la Dirección General de Puertos y Costas de la COPUT y del Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial de la COPUT.
  
Séptimo
  
El Area Jurídica de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en fecha 24 de septiembre de 2002, informó favorablemente la estimación del presente recurso de alzada.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero
  
Los recursos de alzada deducidos son admisibles puesto que se interponen en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el artículo 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. De este modo, cabe concluir que los recursos que ahora se examinan se han interpuesto dentro de plazo, por lo que procede entrar en su examen.
  
Los recursos presentados, tienen en común el que impugnan el mismo acto administrativo: el acuerdo autonómico de aprobación definitiva del Plan General del municipio de Vinaròs. Ello justifica que se resuelvan conjuntamente, mediante la acumulación a que se refiere el artículo 73 de la Ley 30/1992, de la LRJAP.
  
Segundo
  
En los recursos se impugna la concreta clasificación urbanística otorgada por el Plan General de Vinaròs a unos terrenos situados en la zona norte del litoral del municipio que los recurrentes denominan ?Finca Sol de Riu?, y que se corresponderían con los sectores de suelo urbanizable residencial números 34 y 35 del Plan General aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento. El Plan General aprobado definitivamente clasifica estos terrenos como suelo no urbanizable común, mientras que los recurrentes solicitan que estos terrenos sean clasificados como suelo urbanizable residencial sin ordenación pormenorizada, tal y como ya figuraba en el Plan aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Vinaròs.
  
En definitiva, los recursos que se examinan impugnan indirectamente la Declaración de Impacto Ambiental, que fue la que determinó que los sectores 34 y 35 tuvieran finalmente que clasificarse como suelo no urbanizable La Declaración de Impacto Ambiental tiene la naturaleza de un informe que, como acto de trámite, se produce en el seno del procedimiento administrativo cuya resolución final es únicamente el acto de aprobación definitiva del Plan. En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de noviembre de 9479 AH 10031. Queda claro, pues, en esta sentencia del Tribunal Supremo, que la naturaleza de la Declaración de Impacto Ambiental es la de ser un acto de trámite; en concreto, se trataría de un dictamen o informe. Ese es el motivo por el cual no sea posible impugnar directamente la Declaración de Impacto Ambiental, sino que lo procedente, tal y como han realizado los recurrentes, sea impugnar el acuerdo de aprobación definitiva del Plan General para, de ese modo, impugnar indirectamente la Declaración de Impacto que, en el punto impugnado, sirvió de fundamento.
  
Tercero
  
El informe de la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente modifica, en el punto que ahora nos interesa, el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 23 de mayo de 2001, en lo relativo a la clasificación de los terrenos incluidos en los sectores de suelo urbanizable 34 y 35 del Plan General aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento. Puesto que en la clasificación como suelo no urbanizable de estos terrenos llevada a cabo en el documento aprobado definitivamente fue decisivo el contenido de la Declaración de Impacto, la modificación de ésta ha de tener inevitablemente consecuencias en relación con los recursos administrativos de alzada que nos ocupan. Desaparecida la condición de la Declaración de Impacto Ambiental que obligaba a clasificar estos terrenos como suelo no urbanizable, debe decidirse de nuevo sobre cuál tenga que ser su clasificación. En esta nueva decisión han de tenerse en cuenta los siguientes factores:
  
- Según la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente, se considera aceptable a los efectos ambientales el que estos terrenos se clasifiquen como suelo urbanizable no pormenorizado.
  
- El Ayuntamiento de Vinaròs ha expresado claramente su voluntad de clasificar estos terrenos como suelo urbanizable residencial sin ordenación pormenorizada, ello tanto en el momento de aprobar provisionalmente el Plan General como al informar favorablemente la estimación del recurso de alzada.
  
- Por último, el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs únicamente fundamentó la clasificación de estos terrenos como suelo no urbanizable en el cumplimiento de la condición establecida por la Declaración de Impacto Ambiental.
  
Procede, por lo tanto, estimar los recursos de alzada, de forma que los terrenos a los que los mismos se refieren pueden ser clasificados como suelo residencial sin ordenación pormenorizada, en lugar de la clasificación de suelo no urbanizable conferida en el Plan General aprobado definitivamente. Sin embargo, aun admitida esa nueva clasificación, quedan por concretar otros extremos de la ordenación urbanística que la nueva clasificación comporta.
  
Cuarto
  
No obstante, la clasificación de los antiguos sectores 34 y 35 del Plan General aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento como suelo urbanizable residencial sin ordenación pormenorizada ha de ir acompañada de una serie de determinaciones que también deben incluirse en el Plan General:
  
- Habrá de establecerse la ordenación estructural de este suelo urbanizable, y ello en términos tales que sea coherente y compatible con la ordenación del Plan General de Vinaròs definitivamente aprobado.
  
- Deberá suplementarse la red primaria de parque público prevista en el Plan General definitivamente aprobado en lo que resulte necesario por la aparición de este nuevo suelo urbanizable.
  
- Deberán establecerse las condiciones de desarrollo y conexión de este suelo urbanizable, ello en coherencia con las que figuran en el Plan General definitivamente aprobado.
  
De este modo, no basta con establecer para este suelo las determinaciones que figuraban en el Plan General aprobado provisionalmente para los sectores 34 y 35, sino que deberán establecerse unas nuevas determinaciones complementarias para este suelo urbanizable.
  
De otro lado, en el establecimiento de estas nuevas determinaciones complementarias a la decisión de clasificar los terrenos afectados por el recurso como suelo urbanizable residencial sin ordenación pormenorizada deberán intervenir distintas Administraciones, además de la municipal. Sobre esta nueva ordenación deberá informar la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, según resulta del artículo 117 de la Ley 22/1988, de Costas. Además, no puede olvidarse que la Generalitat Valenciana, conforme a lo preceptuado en el artículo 31.9 de nuestro Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de ?ordenación del territorio y del litoral?, lo que, dentro de los límites establecidos por las Leyes, la habilita para intervenir en la delimitación de los usos a los que puede destinarse el espacio físico que forma el litoral; por lo que, y sin perjuicio de la clasificación de estos terrenos como suelo urbanizable, la Generalitat, a través de los órganos competentes de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, puede establecer condiciones de desarrollo de este suelo urbanizable para garantizar que el desarrollo de esta parte del litoral permita reclasificar el modelo territorial del litoral valenciano.
  
El Tribunal Supremo se ha planteado en diversas ocasiones la cuestión que se plantea cuando la estimación de un recurso ha de implicar la sustitución de una determinación anulada por otra. (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de abril de 3145 QX 3278 y de 15 de marzo de 3194 ZS 2523)
  
La aplicación de esta doctrina jurisprudencial a los supuestos de estimación por la administración autonómica de un recurso administrativo contra un Plan Urbanístico municipal, implicará lo siguiente: si son posibles varias soluciones, todas ellas lícitas y razonables, corresponderá a la administración, actuando su potestad discrecional de planeamiento, decidir al respecto; por el contrario, si las líneas del planeamiento conducen a una única solución que se impone ya por razones de coherencia, en tales casos la calificación anulada podrá ser sustituida en la misma resolución estimatoria del recurso.
  
En el caso que nos ocupa, como ya se ha razonado, no es posible en la misma resolución de estimación del recurso sustituir en su totalidad la clasificación anulada (suelo no urbanizable) por la que ha de sustituirla (suelo urbanizable residencial sin ordenación pormenorizada con las determinaciones complementarias que se han comentado). Por lo tanto, la estimación del recurso deberá limitarse a anular la clasificación de suelo no urbanizable de los terrenos que nos ocupan y a señalar que es posible su clasificación como suelo urbanizable residencial sin ordenación pormenorizada, estableciendo que, para hacer efectiva esta nueva clasificación, el Ayuntamiento deberá tramitar una modificación del Plan General en la que prevea las determinaciones complementarias necesarias para que esta clasificación sea efectiva. En esta modificación (en la que no será necesaria la Declaración de Impacto Ambiental, pues no hay reclasificación de suelo) deberán solicitarse informe al menos de los siguientes organismos:
  
- De la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
  
- De la Dirección General de Puertos y Costas de la COPUT.
  
- Del Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial de la COPUT.
  
Quinto
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es competente para resolver los recursos interpuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Decreto 210/2001, de 18 de diciembre y el Decreto 77/1996, de 16 de abril del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Estimar el recurso administrativo de alzada interpuesto por don Antonio José Suñer Español contra la aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs, al que se ha adherido el recurso formulado por la mercantil Alamo, SA, y en consecuencia:
  
a. Anular la clasificación de suelo no urbanizable dada a los terrenos de los recurrentes.
  
b. Establecer que los terrenos que fueron incluidos en los sectores 34 y 35 del Plan General de Vinaròs aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento pueden clasificarse como suelo urbanizable residencial sin ordenación pormenorizada.
  
c. Señalar que, para que sea efectiva esta clasificación, el Ayuntamiento de Vinaròs deberá tramitar una modificación puntual del Plan General en la que establezca las determinaciones urbanísticas complementarias a la anterior clasificación. Respecto de esta modificación deberán en todo caso solicitarse informe de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, de la Dirección General de Puertos y Costas de la COPUT y del Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial de la COPUT.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 24 de septiembre de 2002.- El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: José Ramón García Antón.