Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3288, del 17-07-1998 (1998/5994)

Información pública de la aprobación de bases orientativas para la programación de ámbitos en el Plan Parcial Tossal Gros y suspensión de licencias de construcción en el ámbito de la fase C del Plan Parcial.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3288

Fecha DOGV
:   17-07-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1998/5994


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de La Font d'en Carròs

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la aprobación de bases orientativas para la programación de ámbitos en el Plan Parcial Tossal Gros y suspensión de licencias de construcción en el ámbito de la fase C del Plan Parcial. [1998/Q5994]
  
Por el Pleno del Ayuntamiento de La Font d'En Carròs, en sesión de fecha 9 de junio de 1998, y en relación a la presentación por la mercantil Urbanizadora La Font, SC, de tres programas de actuación integrada de las unidades de ejecución denominadas fase 1, fase 2 y fase consolidada correspondientes a la urbanización Tossal Gros d'En Carrós, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, Ley 6/1994, de la Generalitat Valenciana (en adelante LRAU), y demás normativa concordante y de aplicación, se han aprobado las siguientes bases orientativas para la programación de ámbitos en el Plan Parcial Tossal Gros d'En Carròs:
  
«Preámbulo
  
Han transcurrido 16 años desde la aprobación del Plan Parcial de Ordenación Residencial Tossal Gros y la situación en la actualidad no puede ser más deprimente: no se han cumplido las previsiones contenidas en el citado Plan Parcial de iniciativa privada, la urbanización se encuentra en un grado muy deficiente de desarrollo y la edificación concentrada en una zona y salpicada en otras sin que las parcelas en muchos casos merezcan la condición de solar. Esta situación de urbanización inacabada en la fase C y la falta de urbanización en las fases 1 y 2 tiene diversas causas, entre otras, las siguientes:
  
1. El incumplimiento por parte de los promotores que no han cumplido los deberes de cesión de suelos dotacionales, ni cesión del 10% lucrativo, ni han ejecutado la urbanización en los plazos previstos tal como se ha expuesto en los antecedentes.
  
2. El porcentaje de propietarios adheridos a los promotores del Plan Parcial que llegó a afirmarse que representaba el 95% y que ha resultado falso con la consiguiente dificultad en la gestión y ejecución.
  
3. La insuficiencia evidente de las garantías prestadas por los promotores que apoyaron sus compromisos en avales y garantías mínimas establecidas por las normas entonces vigentes (artículo 46.c del Reglamento de Planeamiento, que cifra en el 6% del coste total de urbanización) y que se ha manifestado en la práctica como totalmente insuficiente para prevenir contra el incumplimiento de los compromisos.
  
4. La venta indiscriminada de parcelas por parte de los promotores sin que los terrenos, en la mayoría de los casos, adquieran la condición de solar.
  
5. La indisciplina urbanística por ejecutar obras de edificación sin que en muchos casos las parcelas tuvieran la condición de solar y sin prestar las garantías adicionales para simultanear edificación y urbanización.
  
6. La ejecución de obras sin licencia municipal fruto de la indisciplina urbanística que provoca movimientos especulativos o venta de parcelas con la expectativa de su construcción y nuevas ventas entre terceros sin el correspondiente cumplimiento de la carga urbanística.
  
Para evitar que en el futuro se vuelva a incurrir en los mismos errores, para prevenir un posible segundo incumplimiento que dejaría las cosas peor que se encuentran en la actualidad, pues hoy todavía cabe la desclasificación del suelo y, por el contrario, si se inician los trabajos de transformación la situación puede resultar irreversible, y para garantizar el interés público que prima sobre la conveniencia particular, se fijan las siguientes bases para la programación de ámbitos en el Plan Parcial Tossal Gros d'En Carrós que garantiza, de una parte, el interés público y, de otra, respeta la iniciativa particular en el desarrollo de la programación.
  
Primera. Fase C (consolidada) prioritaria
  
Corresponde desarrollar en primer lugar el ámbito denominado fase C (consolidada) que se considera prioritaria en el tiempo en orden a la gestión y a completar las obras de urbanización.
  
Los requisitos para el desarrollo del Programa de Actuación Integrada de la Fase C, son los siguientes:
  
1. Garantías.
  
Prestar garantía bancaria solidaria por el 100% de los gastos de urbanización del Proyecto de Urbanización de las obras que faltan por ejecutar en el ámbito de la fase C.
  
Esta garantía puede reducirse al 50% (o sea, reducción del 50%) si el aspirante a urbanizador, junto con la alternativa técnica de programa, presenta para su tramitación simultánea un expediente de cuotas de urbanización a repercutir entre los titulares de parcelas en el ámbito de la fase C que contenga, como mínimo, las siguientes determinaciones:
  
1.1. Relación de propietarios y de parcelas con plano gráfico de referencia.
  
1.2. Dos. Titularidad registral mediante certificación o nota simple actualizada.
  
1.3. Domicilio fiscal de cada propietario y domicilio para notificaciones debiendo figurar un representante legal con domicilio en España para aquellos propietarios que residan en el extranjero.
  
1.4. Superficie de cada parcela con referencia al plano gráfico.
  
1.5. Superficie de viales, de suelos dotacionales y de equipamientos así como localización de las parcelas correspondientes al 10% de aprovechamiento lucrativo municipal.
  
1.6. Cuotas de liquidación provisional.
  
1.7. Documento en el que se recojan las mayores adhesiones posibles o conformidad de propietarios a la cuenta de liquidación provisional y porcentaje de adhesiones sobre el total de propietarios de la fase C.
  
2. Compromisos del urbanizador.
  
2.1. Cesión al Ayuntamiento de la superficie de viales, restantes zonas peatonales públicas, zonas de equipamiento público y la superficie de parcelas correspondientes al 10% de aprovechamiento lucrativo con los requisitos necesarios para su inscripción en el Registro de la Propiedad.
  
2.2. Ejecución de las obras de urbanización, presentando al Ayuntamiento certificaciones de obra ejecutada antes de la puesta al cobro de las cuotas de urbanización. Calendario de ejecución de obras por delante del calendario de cuotas.
  
2.3. Cesión al Ayuntamiento de la titularidad del depósito de agua potable y de la red de distribución así como cesión de la titularidad de los restantes servicios públicos de la urbanización.
  
2.4. Compromiso de no edificar hasta que las obras de urbanización se encuentren totalmente terminadas sin que puedan simultanearse las obras de urbanización y de edificación.
  
2.5. Plazo para el cumplimiento total de dichos compromisos teniendo en cuenta que, en todo caso, el desarrollo de la fase 1 y fase 2 queda supeditado a la ejecución de la fase C.
  
Segunda. Fase 1 y fase 2
  
La programación de la fase 1 y de la fase 2 queda condicionada, para su respectivo desarrollo, al cumplimiento de los siguientes requisitos:
  
1. Con respecto al criterio de prioridad de la fase C.
  
Haber finalizado las obras de urbanización de la fase C, y tener formalizadas las cesiones de suelo dotacional público y de equipamientos, las cesiones de las parcelas correspondientes al 10% y tener formalizada la cesión de la titularidad de los servicios de la citada fase C.
  
2. Obras de acceso.
  
Incluir en el Proyecto de Urbanización de la Fase 1 las obras de acceso que serán ejecutadas en la citada fase 1, sin perjuicio de proponer su reparto proporcional.
  
3. Garantías.
  
Garantía del 100% de los costes de urbanización de la fase respectiva que podrá reducirse al 50% de cada fase (reducción del 50%) si se presenta para su tramitación simultánea conjuntamente con la alternativa técnica del programa respectivo, un expediente de cuotas de urbanización con los mismos requisitos expuestos para la fase C anterior.
  
4. Proyecto de Reparcelación Simultánea.
  
Presentar para su tramitación el correspondiente Proyecto de Reparcelación conjuntamente con el programa respectivo, o bien en el plazo máximo de dos meses desde la adjudicación del programa con plazo de caducidad, de forma que la adjudicación quedaría sin efecto por falta del citado requisito.
  
5. Compromisos del urbanizador en cada una de las fases uno y dos.
  
No ejecutar obras de edificación hasta que esté aprobado el respectivo Proyecto de Reparcelación, formalizadas las cesiones de suelo dotacional y aprobadas las cuotas de urbanización de la fase correspondiente y, en caso de pretender simultanear las obras de urbanización y de edificación, además de la garantía a que se refiere el punto 3 anterior, se deberá prestar una garantía adicional del 30% de la cuota de urbanización correspondiente a cada parcela para prevenir posibles desvíos en la ejecución de las obras y gastos de apremio y ejecución.»
  
Igualmente, en el mismo acto, por el Plenario se ha acordado:
  
«Suspender el otorgamiento de licencias de construcción en el ámbito de la fase C (consolidada) del Plan Parcial para permitir el desarrollo por Programa de Actuación Integrada. Con respecto a las fases 1 y 2, no pueden otorgarse licencias por no reunir las parcelas la condición de solar.»
  
Lo que se hace publico, en cumplimiento del citado acuerdo plenario, para general conocimiento, precisandose que contra el mismo, por los interesados, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 57 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. Según lo dispuesto en el artículo 110, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la interposición del mencionado recurso contencioso administrativo requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado. Todo lo anterior sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime pertinente.