Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4991, del 22-04-2005 (2005/3912)

Notificación a Import Domocomputer Ibérica, SL. Expediente número V-142/2003.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4991

Fecha DOGV
:   22-04-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/3912


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Import Domocomputer Ibérica, SL. Expediente número V-142/2003. [2005/A3912]
  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, manifiesta que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Import Domocomputer Ibérica, SL, que se ha dictado Laudo en el expediente referenciado y, no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:
  
«Laudo
  
Tribunal: presidente: Ramón Escrig Moreno. Vocales: Aurora Costa Vicente, Ángel Grande Ballesteros, que justifica su ausencia, secretaria vocal suplente: Amparo Peris Catalá. Partes: reclamante: Corgar 98, SA (SEUR), representada por Francisco García Cortés; reclamado: Import Domocomputer Ibérica, SL, que no asiste a la vista.
  
En Valencia, el día 30 de marzo de 2005 y siendo las 12.00 horas, se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente V-142/2003, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes.
  
Iniciada la vista oral por el presidente, se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.
  
La demandada, cuya notificación de la demanda y citación a vista ha sido realizada en diversas ocasiones, finalmente ha tenido que ser notificada a través del anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.955 de 28 de febrero de 2005, por ser acreditado como domicilio social de la mercantil reclamada, según certificación emitida por el Registro Mercantil de Valencia y Provincia, Torrente (Valencia) sin que comparezca al acto de vista.
  
Iniciado el acto de vista, se concede seguidamente la palabra a la reclamante que se afirma y ratifica en su demanda, remitiéndose a las pruebas y documentos aportados y que deja basada en los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
1. Como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes reflejadas a través del documento de acuerdo comercial que consta en el expediente, la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada diversos transportes entre distintos destinos. Los transportes se realizaron sin ningún inconveniente.
  
2. Por estos transportes se presentaron al cobro las facturas que se adjuntaron a la demanda por la cantidad de 1.389,39 euros. Estas facturas no fueron atendidas en ningún momento y son hoy motivo de la presentación de esta reclamación, a la que habrá que sumarle los intereses que resulten a su ejecución.
  
Termina la representación de la mercantil reclamante solicitando que previo reconocimiento de su derecho se condene a la reclamada al pago de la cantidad de 1.389,39 euros más los intereses legales.
  
Son de aplicación los siguientes
  
Fundamentos jurídicos
  
1. La competencia territorial de la Junta, de la que nada se alega, viene determinada en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/1990).
  
2. La sumisión la determina el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que dice: ?se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 3.005,06 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado?. No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido preceptuado.
  
3. Dada la ausencia del vocal representante de Empresas Cargadoras, que excusó su asistencia, el presente laudo se dicta de conformidad con la previsión contenida en el apartado 7 del artículo 9 del ya mencionado Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que literalmente dispone que ?la inasistencia de cualquiera de los miembros de la Junta, con excepción del presidente, no impedirá que se dicte el laudo?.
  
4. Ante los hechos constatados y pruebas documentales y no existiendo oposición de la reclamada manifestada ante esta Junta, no hay mas que reconocer el derecho de la reclamante al cobro del importe del transporte.
  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:
  
Estimar la demanda interpuesta por Corgar 98, SA, (SEUR), representada por Francisco García Cortes contra Import Domocomputer Ibérica, SL, ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece que, realizado el transporte de acuerdo con lo contratado, debe serle abonado el importe reclamado.
  
Por todo ello Import Domocomputer Ibérica, SL, deberá abonar a Corgar 98, SA, (SEUR), la cantidad reclamada de mil trescientos ochenta y nueve euros con treinta y nueve céntimos (1.389,39 €), más los intereses correspondientes según la liquidación que se efectúe en el momento de ejecución del presente laudo.
  
Este laudo será ejecutivo de no cumplirse, dentro del plazo de 20 días contados a partir del siguiente a la recepción del mismo.
  
Contra este fallo, cabe únicamente acción de anulación ante la Audiencia Provincial de Valencia, que deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes al de la notificación del laudo por las causas específicas previstas en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y de acuerdo con el procedimiento previsto en la mencionada ley, o de aclaración ante la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, dentro de los 10 días siguientes al de la notificación del mismo.
  
Contra el laudo arbitral firme sólo cabe recurso de revisión, conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias procesales firmes.»
  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.