Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5202, del 20-02-2006 (2006/1878)

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, del secretario autonómico para la Agencia Valenciana de la Salud, por la que desestima los recursos de alzada números 24/05, 25/05, 26/05, 27/05, 28/05, 31/05, 32/05, 35/05, 36/05, 37/05, 38/05, 39/05 y 40/05 contra la Resolución del director general de Farmacia y Productos Sanitarios de 16 de febrero de 2005.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5202

Fecha DOGV
:   20-02-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/1878


Fecha del documento
:   26-01-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * recurso administrativo
    * procedimiento administrativo
    * administración regional

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, del secretario autonómico para la Agencia Valenciana de la Salud, por la que desestima los recursos de alzada números 24/05, 25/05, 26/05, 27/05, 28/05, 31/05, 32/05, 35/05, 36/05, 37/05, 38/05, 39/05 y 40/05 contra la Resolución del director general de Farmacia y Productos Sanitarios de 16 de febrero de 2005. [2006/X1878]  
Vistos los recursos de alzada nº 24/05, interpuesto por Teresa Carbonell Fornet en representación de Vicente Miguel Andrés Alcalá y cuatro más; nº 25/05, interpuesto por José Manuel Navarro Hernández, en representación de Inés Mora Parodi y cinco más; nº 26/05, interpuesto por José Manuel Navarro Hernández, en representación de José Casamayor Sañudo y quince más; nº 27/05, interpuesto por Desamparados Trigo Beaumont y tres más; nº 28/05, interpuesto por José Manuel Navarro Hernández, en representación de Ricardo Costa Magallo y tres más; nº 31/05, interpuesto por Joaquin Funes Gracia en representación del Sindicato Libre de Farmacéuticos; nº 32/05, interpuesto por Miguel Ramón Mancebo Monge, en representación de Fernando Galiano Salgado y otra; nº 35/05, interpuesto por María José Sánchez Jara y otra; nº 36/05, interpuesto por Antonio Pons Martí en representación de Isabel Garcés Castelló; nº 37/05, interpuesto por Antonio Pons Martí en representación de M. Dolores Real Vila y dos más; nº 38/05, interpuesto por Antonio Pons Martí en representación de Vicenta Llorca Llorca; nº 39/05, interpuesto por Francisco García Cebriá, y nº 40/05, interpuesto por Alfredo Carlos López Villanueva, todos ellos contra la Resolución del director general de Farmacia y Productos Sanitarios de 16 de febrero de 2005, publicada en el DOGV nº 4.950, de 21 de febrero de 2005, mediante la que se inicia el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia, y examinados los siguientes hechos:  
I. La Resolución del conseller de Sanidad de 30 de septiembre de 2004, determina el número de nuevas oficinas de farmacia necesarias para ofrecer una adecuada atención farmacéutica a la población, en aplicación del módulo general establecido en el artículo 21 de la Ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenación Farmacéutica.  
II. Mediante sendas resoluciones del conseller de Sanidad de fecha 4 de febrero de 2005, se autoriza la apertura, en aplicación del módulo turístico, de nuevas oficinas de farmacia en los municipios de Torrevieja, Oliva, Gandia, Javea, Paterna y Calpe.  
III. Mediante Resolución del director general de Farmacia y Productos Sanitarios de 16 de febrero de 2.005, publicada en el DOGV nº 4.950, de 21 de febrero de 2005, se inicia el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 149/2001, de 5 de octubre, mediante el que se establece el procedimiento para la autorización de nuevas oficinas de farmacia, ordenándose la acumulación para su adjudicación en un único procedimiento, las autorizaciones antes citadas, tanto las correspondientes al módulo general como al módulo turístico y aquellas que quedaron desiertas en el procedimiento de adjudicación correspondiente al año anterior.  
IV. No conformes con la citada resolución, se interponen los recursos de alzada referenciados en el encabezamiento, en los que suplica que se anule y deje sin efecto la acumulación de las autorizaciones para su adjudicación, que se suspenda cautelarmente la adjudicación en tanto se pronuncie el Tribunal Supremo sobre los preceptos anulados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, del Decreto 198/2003, de 3 de octubre, por el que se establecen los criterios de selección aplicables en los procedimientos de adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia, que se modifique el número de oficinas de farmacia autorizadas en aplicación del módulo turístico en los municipios de Torrevieja, Gandia, Paterna, Oliva, Javea, así como la exclusión de las oficinas de farmacia autorizadas en Oliva y de las oficinas de farmacia autorizadas en aplicación del módulo general en los municipios de Silla y la Pobla de Vallbona.  
Las alegaciones en que se fundamentan sus pretensiones de los distintos recurrentes, pueden concretarse en las siguientes:  
. Que la acumulación en el mismo procedimiento de adjudicación de las autorizaciones de apertura correspondientes a la aplicación del módulo general y las correspondientes a la aplicación del módulo turístico contraviene lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, al no existir entre ambas identidad sustancial o íntima conexión.  
. Que la Sentencia número 2069/04, de 30 de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, anula y deja sin efecto determinados preceptos del Decreto 198/2003, de 3 de octubre, por el que se establecen los criterios de selección aplicables en los procedimientos de adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia, por lo que se impone la suspensión cautelar en tanto no se tenga certeza de su validez, ya que en caso contrario provocaría graves e irreparables perjuicios a los participantes en el procedimiento  
. Que el cómputo realizado en los expedientes de autorización de nuevas oficinas de farmacia en aplicación del módulo turístico, se ha efectuado incorrectamente al no tenerse en cuenta distintos aspectos relativos a las viviendas, tanto de segunda residencia como vacías, o que deben excluirse del procedimiento por haberse recurrido en vía contencioso administrativa las resoluciones que las autorizaron.  
. Se alega finalmente la existencia de distintas autorizaciones en los municipios de Javea, la Pobla de Vallbona y Silla, por lo que deben excluirse las autorizaciones concedidas tanto en base al módulo general como al turístico en los citados municipios.  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes  
Fundamentos jurídicos  
I. La Agencia Valenciana de Salud es competente para resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano; la Ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana, el Decreto 149/2001, de 5 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el procedimiento de autorización de nuevas oficinas de farmacia, Ley 4/2005, de 17 de junio, de Salud Pública de la Comunidad Valenciana y Decreto 25/2005, de 4 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Valenciana de Salud; Real Decreto 278/1980, de 25 de enero, sobre transferencia de competencias en materia de sanidad; y artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
II. En cuanto a la primera de las alegaciones, que hace referencia a que la acumulación de la adjudicación de las autorizaciones provenientes de la aplicación del módulo general y de la aplicación del módulo turístico en un único procedimiento contraviene lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, al no existir entre ambas identidad sustancial o íntima conexión, debe desecharse puesto que resulta evidente que se trata de procedimientos idénticos .adjudicación de autorizaciones para la apertura de nuevas oficinas de farmacia. aplicando idénticos criterios de adjudicación .Decreto 198/2003, de 3 de octubre, por el que se establecen los criterios de selección aplicables en los procedimientos de adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia. y perfectamente relacionados .se trata de las autorizaciones concedidas desde el último procedimiento de adjudicación realizado. Debe indicarse además, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común invocado, contra la resolución de acumulación no cabe recurso alguno.  
En lo relativo a la suspensión cautelar en tanto no se tenga certeza de la validez de determinados preceptos del Decreto 198/2003, de 3 de octubre, por el que se establecen los criterios de selección aplicables en los procedimientos de adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia, en virtud de la Sentencia nª 2.069/04, de 30 de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, debe tenerse en cuenta, que en el momento de la convocatoria que se recurre, la citada norma se encuentra plenamente en vigor, dado que la sentencia carece de firmeza.  
En lo referente al número de oficinas de farmacia autorizadas en aplicación del módulo turístico mediante las resoluciones del conseller de Sanidad de fecha 4 de febrero de 2005, resulta evidente que no es éste el lugar en que se debe determinarse la procedencia o no de las mismas, dado que contra dichas resoluciones únicamente cabe, de conformidad con el último párrafo del artículo 5 del Decreto 149/2001, de 5 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el procedimiento de autorización de nuevas oficinas de farmacia, recurso contencioso administrativo o recurso potestativo de reposición en los términos previstos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, encontrándose en trámite los primeros y resueltos, en su caso, los segundos.  
Finalmente, en cuanto a la exclusión de determinadas autorizaciones del procedimiento de adjudicación hasta tanto alcancen firmeza en vía contencioso administrativa, resulta igualmente inadmisible, ya que todas ellas son firmes en vía administrativa y por tanto inmediatamente ejecutivos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ejecutividad que supone la adjudicación de las autorizaciones, mediante el procedimiento reglamentariamente establecido, teniendo en cuenta además que lo contrario va en contra del interés general por cuanto supone la suspensión de la prestación de un servicio farmacéutico que esta Conselleria de Sanidad considera necesario para ofrecer una adecuada atención farmacéutica a la población.  
En virtud de los hechos y fundamentos jurídicos anteriores, resuelvo desestimar el recurso de alzada nº 24/05 interpuesto por Teresa Carbonell Fornet en representación de Vicente Miguel Andrés Alcalá y cuatro más; nº 25/05, interpuesto por José Manuel Navarro Hernández, en representación de Inés Mora Parodi y cinco más; nº 26/05, interpuesto por José Manuel Navarro Hernández, en representación de José Casamayor Sañudo y quince más; nº 27/05, interpuesto por Desamparados Trigo Beaumont y tres más; nº 28/05, interpuesto por José Manuel Navarro Hernández, en representación de Ricardo Costa Magallo y tres más; nº 31/05, interpuesto por Joaquin Funes Gracia en representación del Sindicato Libre de Farmacéuticos; nº 32/05, interpuesto por Miguel Ramón Mancebo Monge, en representación de Fernando Galiano Salgado y otra; nº 35/05, interpuesto por María José Sánchez Jara y otra; nº 36/05, interpuesto por Antonio Pons Martí en representación de Isabel Garcés Castelló; nº 37/05, interpuesto por Antonio Pons Martí en representación de M. Dolores Real Vila y dos más; nº 38/05, interpuesto por Antonio Pons Martí en representación de Vicenta Llorca Llorca; nº 39/05, interpuesto por Francisco García Cebriá, y nº 40/05, interpuesto por Alfredo Carlos López Villanueva, todos ellos contra la Resolución del director general de Farmacia y Productos Sanitarios de 16 de febrero de 2005, publicada en el DOGV nº 4.950, de 21 de febrero de 2005, mediante la que se inicia el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia   
Notifíquese la presente resolución a los interesados con la advertencia de que pone fin a la vía administrativa y que, contra la misma, puede interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha de su notificación, y ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  
Valencia, 26 de enero de 2006.. El secretario autonómico para la Agencia Valenciana de la Salud: Manuel Cervera Taulet.