Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2995, del 20-05-1997 (1997/6900)

ORDEN de 6 de marzo de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se acuerda la renovación del concierto educativo para el cuatrienio 1993/94 a 1996/97 en el nivel de Educación Primaria/EGB, con el centro Pureza de Maria de Onteniente, y se ejecuta la sentencia de 30 de marzo de 1996, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por la asociaciÓn de padres de alumnos del mismo centro contra la Orden de 5 de julio de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   2995

Fecha DOGV
:   20-05-1997

Sección del DOGV
:   CONVENIOS Y ACTOS - OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1997/6900


Fecha del documento
:   06-03-1997

Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

Tipo de documento
:   Orden

ORDEN de 6 de marzo de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se acuerda la renovación del concierto educativo para el cuatrienio 1993/94 a 1996/97 en el nivel de Educación Primaria/EGB, con el centro Pureza de Maria de Onteniente, y se ejecuta la sentencia de 30 de marzo de 1996, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto por la asociaciÓn de padres de alumnos del mismo centro contra la Orden de 5 de julio de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.
  
El apartado tercero de la Orden de 25 de abril de 1996 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (DOGV de 28 de mayo de 1996), por la que se ejecuta la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 23 de mayo de 1995 en el recurso interpuesto por la Asociación de Padres de Alumnos del centro Pureza de María, de Ontinyent y 201 padres más, abrio un plazo excepcional para que el centro solicitara la renovación del concierto educativo para el cuatrienio 1993/94-1996/97 en el nivel de Educación Primaria/EGB.
  
Cumplimentada la solicitud dentro del plazo, tramitado el correspondiente expediente, y a la vista de los informes obrantes en el mismo, se ha considerado procedente acceder a la renovación cuatrianual solicitada.
  
En su momento la Resolución de 8 de mayo de 1996 al recurso de revisión interpuesto por la titularidad del centro contra la Orden de 5 de junio de 1995 de la Conselleria de Educación y Ciencia por la que se desestimaba la incorporación del centro al régimen de conciertos educativos, anuló esta orden en lo que al centro afectaba, reconociendo al reclamante el derecho al concierto durante los cursos 1995/96 y 1996/97. Actualmente se encuentra en fase de ejecución el abono de los derechos económicos relacionados con el concierto de estos cursos
  
Por último, el Auto de 10 de junio de 1996, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunidad Valenciana aceptaba el desistimiento de la Generalitat Valenciana al recurso de casación ante el Tribunal Supremo y confirmaba su Sentencia de 30 de marzo de 1996 dictada en estimación del recurso interpuesto por el APA del centro contra la Orden de 5 de junio de 1995, ya anulada por la resolución al recurso de revisión referida en el apartado anterior.
  
El tenor literal de esta Sentencia de 30 de marzo es el siguiente:
  
"1) La estimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por Procurador Doña María José Victoria Fuster, en nombre y representación de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Pureza de María de Onteniente, asistidos del letrado D. Juan Carlos Más Calderón, contra la Orden de 5.7.95 de la Conselleria de Educación y Ciencia, publicada en el DOGV de 14.7.95, debemos declarar y declaramos que dichos actos son contrarios a la Constitución Española por lo que se anulan y dejan sin efecto y el derecho del citado centro a obtener el concierto denegado por la citada orden, condenando en este sentido a la administración demandada.
  
2) La imposición de las costas causadas en el presente expediente a la administración demandada".
  
Considerando que el punto primero de la Sentencia se debe considerar ejecutado por el pronunciamiento contenido en la Resolución de 8 de mayo al recurso de revisión contra la Orden de 5 de junio de 1995, también estimatoria para el demandante y con los mismos efectos jurídicos y económicos, falta por reconocer y ejecutar el derecho de la Asocaición de Padres de Alumnos al abono de los costes causados por el expediente.
  
Por todo ello, y atendiendo a los beneficiarios últimos del régimen de conciertos implantado por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, para la financiación de los centros privados con fondos públicos, no son los centros docentes en si mismos, sino propiamente el alumnado titular del derecho a la educación el beneficiario y que los mencionados centros actuan como simples intermediarios en la prestación del servicio público de la educación, en régimen de gratuidad, mediante la asignación presupuestaria que con este efecto destina la administración educativa.
  
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 35 de la Ley de Gobierno Valenciano,
  
  
DISPONGO
  
  
Primero
  
Aprobar la renovación del concierto educativo en régimen general al centro Pureza de María, sito en la carretera de Almansa km. 2, de Ontinyent, con número de código 25086072, por el número de unidades que efectivamente funcionaron durante cada curso del cuatrienio 1993/94-1996/97.
  
  
Segundo
  
Abonar al centro el módulo aprobado por las leyes de presupuestos generales aplicables, correspondiente a 13 unidades de EGB/Primaria, para los cursos académicos 1993/94 y 1994/95.
  
  
Tercero
  
En el momento en que la presente orden entre en vigor el centro podrá solicitar de esta Administración las cantidades que como máximo le correspondería percibir, en atención a los módulos económicos aprobados por las leyes de presupuestos correspondientes. Asimismo, deberá aportar la relación de alumnado escolarizado en el centro durante los cursos académicos objeto de regulación por la presente orden, especificando por curso académico y por grupo escolar el nombre y apellidos de los alumnos que habia en cada clase.
  
Tan pronto la titularidad del centro dé cumplimiento a lo dispuesto en el apartado anterior, la administración abonará a la misma las cantidades que, como máximo, pudiera percibir el centro en concepto de salarios y cargas sociales, así como de las cantidades que se recogen en el apartado de gastos variables del módulo de conciertos aprobado en las diversas Leyes de Presupuestos que le sean aplicables.
  
Las cantidades que en concepto de "otros gastos", le corresponda percibir por las unidades concertadas serán abonadas después de la debida justificación, tal como más adelante se detalla, de la cantidad abonada de conformidad con el párrafo anterior.
  
  
Cuarto
  
En el momento en que la titularidad del centro reciba las cantidades correspondientes a salarios y cargas sociales del profesorado de las unidades concertadas, deberá aportar la documentación acreditativa de los gastos tanto de personal como de funcionamiento que efectuó el centro durante los cursos académicos que son objeto de esta orden. En el supuesto de que las cantidades justificadas fueran inferiores a las transferidas a la titularidad del centro, ésta deberá reintegrar a la administración la cantidad percibida de más sobre lo efectivamente gastado, no obstante lo cual y si en la fecha en que se presentara la documentación justificativa, no se hubiese procedido a reintegrar la cantidad debidamente ingresada, la administración podrá minorar la cantidad adeudada a la misma de la pendiente de abono al centro.
  
Igualmente, deberá acreditar mediante recibos individualizados firmados por cada uno de los padres o tutores de los alumnos de las unidades que por esta orden se conciertan, y cuya relación habrá sido previamente aportada, que a éstos les han sido devueltas las cantidades que hubieran abonado al centro por la enseñanza recibida durante todos los cursos académicos sobre los que se retrotraen los efectos del concierto. Respecto de los representantes legales del alumnado distintos de los padres, estós deberán acreditar documentalmente su condición de representante legal. Este proceso deberá concluirse en el plazo máximo de tres meses desde el momento en que se hubiese efectivamente abonado el importe. Si, transcurrido este plazo, la titularidad del centro no hubiese procedido a la total justificación, la administración podrá adoptar las medidas legales que considere oportunas para dar adecuado cumplimiento a la finalidad última de esta orden: asegurar la gratuidad de la enseñanza, siempre dentro del más estricto cumplimiento de lo dispuesto por la normativa reguladora del régimen de conciertos, no quedando obligada al abono de la cantidad adeudada hasta la completa justificación de la devolución al alumnado, de las cantidades previamente recibidas.
  
  
Quinto
  
La Administración en el plazo máximo de dos meses desde la recepción del último documento acreditativo de la devolución a los padres, trás haber realizado las oportunas comprobaciones, procederá a elaborar la propuesta de pago de la cantidad que, en concepto de "otros gastos", se encontrara pendiente de abonar. Este plazo surtirá efectos siempre que por la titularidad del centro no se produzca una dilación por inactividad frente a cualquier solicitud razonada de la administración.
  
Una vez remitidas las cantidades que, en concepto de "otros gastos" le correspondieran al centro, su titularidad procederá a devolver a los padres las cantidades que les correspondan en virtud de lo abonado por ellos, y acreditará documentalmente dichas devoluciones ante la administración, en el plazo máximo de dos meses. Si se incumplieran estos requisitos, la administración adoptará las medidas oportunas para que se proceda al reintegro de lo no justificado.
  
  
Sexto
  
Al objeto de proceder al abono de las costas causadas por el expediente relativo al recurso contencioso administrativo contre la Orden de 5 de junio de 1995, sobre Conciertos Educativos, el APA deberá de aportar la documentación justificativa bastante, tras lo cual se iniciará el procedimiento necesario destinado a su cuantificación y pago.
  
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
  
Primera
  
De lo dispuesto en la presente orden se derá traslado al Registro de Centros Docentes de la Comunidad Valenciana, a los efectos de su oportuna inscripción.
  
  
Segunda
  
Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa, según lo dispuesto en el artículo 109 c) de la Ley 30/1992, podrá interponerse un recurso contencioso administrativo, después de comunicarlo a la consellera de Cultura, Educación y Ciencia, tal como lo exige el artículo 110.3 de la Ley 30/1992. La interposición del recurso contencioso administrativo se deberá hacer ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime conveniente.
  
  
Valencia, 6 de marzo de 1997
  
  
El conseller de Cultura, Educación y Ciencia,
  
FRANCISCO CAMPS ORTIZ