Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7331, del 04-08-2014 (2014/7197)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 157/2014.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7331

Fecha DOGV
:   04-08-2014

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2014/7197


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Orihuela

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 157/2014. [2014/7197]  
Juicio verbal 157/2014  
De: Comunidad de Propietarios Mirador de las Palmeras.  
Procuradora: M.ª Luisa Mínguez Valdez.  
Contra: Simon William Stranders.  
  
En el presente procedimiento juicio verbal 157/2014, seguido a instancia de Comunidad de Propietarios Mirador de Las Palmeras frente a Simon William Stranders se ha dictado sentencia, cuyo parte dispositiva es la siguiente:  
  
«Sentencia número 162/1014  
Orihuela, 18 de junio de 2014  
Jesús Sánchez Ruiz, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela y de su partido, ha visto los autos del juicio verbal número 157/2014, promovidos a instancia de la Comunidad de Propietarios Mirador de las Palmeras, representada por la procuradora de los tribunales señora Mínguez Valdés y asistida de la letrada señora Paredes Hernández, sustituida en el acto de la vista por el letrado señor Pertusa Ruiz, frente a Simon William Stranders, declarado en el acto de la vista en situación de rebeldía procesal sobre acción de reclamación de cuotas por gastos de comunidad debidas, y en base a los siguientes:  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. En febrero de 2014 tuvo entrada en este juzgado demanda de juicio verbal 157/2014, interpuesta por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios Mirador de las Palmeras frente a Simon William Stranders, en la que previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, suplicaba se dictase sentencia estimatoria de su demanda por la que se condenase al demandado al abono de la cantidad de 873,30 euros en concepto de cuotas de actos de comunidad impagadas, más los intereses legales devengados, con expresa condena en costas.  
En concreto, los hechos en los que se fundamenta la demanda son los derivados el impago por parte del demandado de las cuotas de gastos de comunidad correspondientes al inmueble reseñado en el escrito rector de su demanda del que es propietario el demandado, en concreto, de la vivienda escalera M, planta 1.ª, A, registral 22497 del Registro de la Propiedad de Almoradí; inmueble que integra la comunidad actora. En concreto, se alega que la deuda que mantiene el demandado con la comunidad a la fecha del juicio, tras actualizar cuantía y descontar gastos bancarios por importe de 10,76 euros, asciende a la suma total de 1.078,36 euros.  
Segundo. Admitida a tramite la demanda, se dispuso la citación de las partes a la celebración de la vista oral que finalmente fue celebrada en fecha 18 de junio de 2014.  
Tercero. Abierto el acto, ante la inasistencia al acto de la vista del demandado tras ser citado en legal forma mediante edictos ante los distintos intentos de localización en el domicilio de la comunidad, se procedió a declararlo en situación procesal de rebeldía, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por la actora se interesó en relación con la acción ejercitada que se tuviera por reproducida la documental aportada con su escrito de demanda, así como la incorporada en dicho acto para actualizar la cuantía reclamada hasta la fecha del juicio. Practicada la prueba propuesta y admitida, quedaron a continuación los autos en la mesa del juez para el dictado de la presente resolución.  
Cuarto. En la tramitación del presente procedimiento se han observado los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. En el presente procedimiento se ejercita por la actora acción en reclamación de la cantidad total adeudada a la fecha del juicio de 1.078,36 euros, cantidad que se corresponde con el importe pendiente de pago en concepto de cuotas por gastos de comunidad del inmueble del que es titular el demandado, inmueble que integra la comunidad actora, en concreto, la vivienda escalera M, planta 1.ª, A, registral 22264 del Registro de la Propiedad de Almoradí.  
Frente a ello, el demandado se encuentra en situación procesal de rebeldía, por lo que no existe al respecto contestación alguna, verbal o escrita. Ahora bien, esta situación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no supone ni allanamiento ni admisión tacita de los hechos alegados de contrario, por lo que el demandante viene exigido a probar los mismos para que prospere su acción.  
Segundo. Centrada la controversia, se dará resolución a la misma y, en tanto que la única prueba existente es la documental aportada con el escrito de demanda y en el acto de la vista, sera preciso realizar una valoración de la misma. Resulta acreditada tanto la titularidad del inmueble por parte del demandado, en concreto, le pertenece el cien por cien con carácter privativo, así como el impago de las cuotas por gastos de la comunidad por el importe en concreto reclamado en la fecha del juicio, tal y como reflejan la nota simple aportada al procedimiento, por un lado, y el certificado emitido por el secretario administrador de la comunidad de propietarios actora, por otro, tras el acta de la junta aportada que aprueba la liquidación de la deuda y que ha sido actualizada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hasta este momento a la suma total de 1.078,36 euros, como se desprende de la certificación aportada en el acto de la vista que comprende cuotas ordinarias actualizadas hasta agosto de 2014, al tratarse de una cuota devengada anualmente. De igual manera, la parte ha descontado gastos bancarios por importe de 10,76 euros, deuda que reúne los requisitos necesarios para ser reclamada en el momento actual por estar vencida, ser líquida y exigible. Tales consideraciones se extraen de la documental privada existente en las actuaciones, debiendo traer a colación el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que atribuye a los documentos privados la misma fuerza probatoria que los documentos públicos, haciendo prueba plena en el proceso de hecho que documentan, siempre que su autenticidad y valor probatorio no haya sido impugnada en el proceso por la parte a la que perjudique, lo que no ha tenido lugar en la presente litis.   
En efecto, la carga de negar los hechos constitutivos de la pretensión de la actora corresponde a la parte demandada, dado que la prueba del pago, en cuanto hecho positivo y extintivo de la pretensión actora, incumbe al que pretenda haberlo realizado.  
Por lo expuesto, se estima la presente demanda, condenando al demandado al pago de la cantidad reclamada actualizada, 1.078,36 euros, cantidad que devengará el interés legal de demora desde la reclamación judicial de la deuda en febrero de 2014, artículos 1100 y 1108 del Código Civil.  
Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394, en relación con el artículo 32.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para los supuestos en que se desestimen las pretensiones de una de las partes del proceso, las costas de la presente litis, si las hubiere en atención a la cuantía, serán de cargo de la parte demandada. Y hago referencia a la cuantía por cuanto que la presentación de esta demanda no requiere de la intervención preceptiva de profesionales, razón por la cual, a los declarativos, se aplica este precepto sin distinción de la materia de que se trate, ni recurrir a conceptos tales como la mala fe o temeridad, máxime si se tiene en cuenta que la parte demandada ha sido citada mediante edictos.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,  
  
Fallo  
Que estimando la demanda presentada por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios Mirador de las Palmeras frente a Simon William Stranders, debo condenar y condeno al demandado al pago de la cantidad de 1.078,36 euros, cantidad que deberá ser abonada a la comunidad actora y que devengará el interés legal de demora desde la reclamación judicial de la deuda, incrementando en dos puntos desde el dictado de esta resolución, artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Se imponen las costas del proceso, si las hubiere, al demandado.  
Esta resolución, que será notificada a las partes, es firme y no cabe interponer recurso alguno contra la misma, artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en el presente libro.  
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncia, manda y firma Jesús Sánchez Ruiz, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela.  
  
Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el juez, estando celebrando audiencia pública en el día de hoy, que es el de su fecha, por ante mí, el secretario, de lo que doy fe.»  
  
Y encontrándose dicho demandado, Simon William Stranders, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Orihuela, 20 de junio de 2014.- La secretaria judicial: María Llanos Cejudo Podio.