Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3781, del 28-06-2000 (2000/5067)

Notificación de la resolución del recurso ordinario número R-8/2000.
--------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3781

Fecha DOGV
:   28-06-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/5067


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso ordinario número R-8/2000. [2000/Q5067]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Rafael Ribera Lizandra, avenida de Almaig, 24, 9.ª (46331 Ontinyent), la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-8/2000.
  
Examinado el recurso de alzada presentado por don Rafael Ribera Lizandra contra resolución del servicio territorial de Valencia, en la solicitud de concesión de subvención por adquisición de una vivienda de protección oficial SP-4595/1996 (número de expediente 68-8L-405-33/184).
  
Antecedentes de hecho
  
1. Don Rafael Ribera Lizandra, adquirente de una vivienda de protección oficial de régimen especial mediante contrato de compraventa, de fecha 25 de septiembre de 1996, presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, el día 27 de septiembre de 1996, solicitud de visado de contrato y ayudas económicas directas para la adquisición de la citada vivienda de protección oficial.
  
2. A la vista del expediente, el jefe del servicio territorial, en fecha 13 de diciembre de 1996, dicta resolución de subsidiación, en virtud de la cual concede a la parte solicitante un tipo de interés inicial del 5%.
  
3. En fecha 12 de febrero de 1999, el interesado formaliza solicitud de concesión de subvenciones del Ministerio de Fomento.
  
4. A la vista de la documentación aportada al expediente, y en virtud de lo establecido en el artículo 11.2 del Decreto 113/1996, de 5 de junio, del Gobierno Valenciano, el jefe del servicio territorial, en fecha 20 de octubre de 1999, dicta resolución denegatoria de la concesión de subvenciones del Ministerio de Fomento, al quedar acreditado que el nivel de ingresos procedentes de rendimientos netos del trabajo y/o de actividades empresariales y profesionales de la parte solicitante es inferior al 10% del precio de la vivienda, más el garaje vinculado en su caso.
  
5. Contra la citada resolución interpone recurso de alzada en tiempo y forma don Rafael Ribera Lizandra, con los documentos y alegaciones que constan en el mismo, y que se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 225/1999, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV número 3.648, de 20 de diciembre).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
3. Según establece el artículo 11.2, segundo párrafo, del Decreto 113/1996, de 5 de junio, del Gobierno Valenciano, se entenderá que existe desproporción de ingresos cuando el nivel de ingresos procedentes de rendimientos netos de trabajo o de actividades empresariales y profesionales sea inferior al 10% del precio de la vivienda y del garaje vinculado.
  
4. Según dispone el artículo 7.2.b de la Orden de 1 de agosto de 1996, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, cuando se dé alguna de las situaciones de ingresos desproporcionados en relación con el precio de la vivienda o de inexactitud en los en los datos aportados por los solicitantes, la justificación de los ingresos podrá efectuarse mediante la acreditación de los ingresos correspondientes al periodo impositivo siguiente.
  
5. Es lo cierto que las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia han sido tenidas en cuenta por el servicio territorial; el hecho que la resolución de subvenciones sea denegatoria resulta de que las citadas alegaciones no desvirtúan la norma aplicable al caso.
  
En otro orden de cosas, la resolución impugnada está motivada, puesto que clara y expresamente establece cuál es el motivo de la denegación: ingresos insuficientes del solicitante (que éste, por otra parte, reconoce en su escrito), y, asimismo, se establece el fundamento jurídico: artículo 11.2 del Decreto 113/1996, de 5 de junio, del Gobierno Valenciano (DOGV 14.06.1996), por lo que en modo alguno procede alegar la falta de motivación.
  
En conclusión, en ningún momento del procedimiento se ha vulnerado la Ley 30/1992, de RJAP y PAC.
  
6. Respecto a las alegaciones relativas a los objetivos prioritarios del convenio marco entre la Comunidad Valenciana y el Ministerio de Fomento en materia de vivienda, es cierto que se debe dar especial atención a los jóvenes y a aquellos que acceden por primera vez a una vivienda, pero no es menos cierto que las viviendas se dirigen a personas que con su trabajo personal, por cuenta ajena o mediante actividades empresariales o profesionales, pueden hacer frente a la adquisición de la vivienda por sí mismos (siempre y cuando sus ingresos no excedan del límite de 5.5 veces el SMI pues en ese caso no necesitan las ayudas), y en el presente caso, el recurrente expresamente alega que ha recibido ayuda de sus familiares debido a su mala situación económica.
  
La concesión de ayudas económicas a personas que no cumplan el mencionado requisito de ingresos mínimos nos llevaría inevitablemente a un fraude de la normativa de vivienda, y, a mayor abundamiento, dejaría sin posibilidad de ayudas a personas que sí que pueden adquirir la vivienda con su trabajo personal.
  
7. Sentado cuanto antecede, y una vez revisada la documentación obrante en el expediente, se comprueba que los rendimientos netos de trabajo y/o de actividades empresariales y profesionales correspondientes al ejercicio 1997 (83.052) son notablemente inferiores al 10% del precio de la vivienda y el garaje vinculado (869.883 PTA).
  
No obstante lo anterior, y en aplicación del artículo 7.2.b de la citada Orden de 1 de agosto de 1996, se computan los ingresos del periodo impositivo siguiente, es decir, del ejercicio 1998, comprobándose por este órgano que los ingresos procedentes de rendimientos netos del trabajo y/o de actividades empresariales o profesionales del recurrente (-919.080) no sólo es que resulten inferiores al 10% del precio de la vivienda y del garaje, sino que son negativos, por lo que resulta imposible que el recurrente pueda hacer frente por sí mismo a la adquisición de una vivienda.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación, de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada formulado por don Rafael Ribera Lizandra contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, de fecha 20 de octubre de 1999, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.