Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3007, del 05-06-1997 (1997/7192)

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1997, de la Dirección General de Obras Públicas, por la que se otorga a Marina de Denia, SA, una concesión administrativa para la construcción y explotación de una zona náutico-deportiva en el puerto de Dénia.
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Número DOGV
:   3007

Fecha DOGV
:   05-06-1997

Sección del DOGV
:   CONVENIOS Y ACTOS - CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1997/7192


Fecha del documento
:   28-01-1997

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1997, de la Dirección General de Obras Públicas, por la que se otorga a Marina de Denia, SA, una concesión administrativa para la construcción y explotación de una zona náutico-deportiva en el puerto de Dénia.
  
Antecedentes administrativos
  
  
El 23 de agosto de 1994 Marina de Denia, SA, formuló una petición, para construir y explotar una instalación náutico-deportiva en el puerto de Dénia, acompañada de un proyecto básico.
  
Tras el informe técnico correspondiente, se sometió a información pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 7 de marzo de 1995, y se recabaron a continuación los informes oficiales.
  
Durante el período de información pública se han presentado alegaciones por:
  
1. El Club Náutico de Dénia, que se oponía a que en la zona límite o borde de las dos concesiones se colocase un pantalán y perjudicase el futuro funcionamiento de las obras de ampliación en curso.
  
2. El Ayuntamiento de Dénia manifiesta la conformidad de entrada al proyecto de concesión, pero solicita que se estudie el impacto ambiental o paisajístico del mismo, así como la eliminación o impulsión de las aguas residuales del mismo a la red municipal.
  
En 24 de marzo se solicitó un informe a la Capitanía Marítima de Alicante y ésta emitió un dictamen favorable en 20 de abril de 1995, condicionándolo a la eliminación de parte de la cabeza del pantalán próximo el espigón de abrigo en babor, lo que afectaba a unos siete amarres, por margen de seguridad para la navegación de buques.
  
De las alegaciones antes expuestas se dio traslado al peticionario en 1 de junio, y éste en 7 de julio remitió sus contraalegaciones a esta Conselleria proponiendo una nueva ordenación en la que disminuye en 24 unidades el número de amarres, eliminando el pantalán de borde de las dos concesiones y recogiendo las observaciones formuladas por la Capitanía Marítima de Alicante, a la que se le da traslado del nuevo plano de distribución de amarres en 20 de julio de 1995, y ésta emite un informe favorable sobre el mismo en 17 de agosto de 1995.
  
Informe técnico del proyecto
  
El Servicio de Planificación e Infraestructura Portuaria ha emitido el informe técnico que a continuación se resume:
  
Don Dieter Pape, de nacionalidad alemana, actuando en representación de Marina Denia, SA, ha presentado un proyecto básico, solicitando la construcción y posterior explotación en régimen de concesión de una zona deportiva en el puerto de Dénia, que una vez construidas dichas instalaciones tendría las siguientes características:
  
La superficie de zona de agua es 59.642 m2
  
La superficie de zona de tierra es 29.954 m2
  
La longitud de pantalanes es 1.025 m
  
El número de amarres es 445
  
El proyecto contempla el aprovechamiento de la zona comprendida entre la ampliación de levante explotada por el Club Náutico de Dénia, el espigón de abrigo de babor y el contradique.
  
La propuesta de Marina Denia, SA, es la creación de 421= 445 - 24 (nueva ordenación) amarres de esloras iguales o superiores a 12 metros en la citada zona, deportiva con las siguientes características:
  
Atraque de 12 m 281
  
Atraque de 15 m 102
  
Atraque de 20 m 37
  
Atraque de 30 m 1
  
Total 421
  
Esta propuesta completa la ampliación de amarres de Dénia establecida en el Plan de Puertos, según detallamos a continuación:
  
Amarres públicos de gestión directa de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 5 a 8 metros de eslora, 501, fecha de inicio septiembre 94, fecha de terminación abril 95.
  
Amarres de ampliación de levante del Club Náutico de Dénia de 8 a 12 metros de eslora, 171, fecha de inicio mayo 95, fecha de terminación marzo 96.
  
Amarres de Marina Denia, SA, de 12 a 20 metros de eslora, 421, en tramitación.
  
El total de ampliación de amarres es de 993, que junto a los 461 amarres existentes en el Club Náutico de Dénia representa una dotación total de 1.454 amarres.
  
Las superficies actualmente existentes antes de iniciar la ejecución de las obras son:
  
Superficie de tierra 17.316 m2
  
Superficie de espejo de agua 72.280 m2
  
Suma total 89.596 m2
  
Las superficies totales de la instalación una vez construida serían 59.642 metros cuadrados de agua y 29.954 metros cuadrados de tierra, que es acorde a los ratios exigibles.
  
En la franja de 20 metros inmediata al cantil del muelle paralelo a la segunda alineación del contradique se ubican zonas de edificación, separadas por zonas ajardinadas, que separan los viales y aparcamientos del muelle de ribera, que en esta franja deberá ser construido del tipo no reflectante o claraboya.
  
El edificio principal, se ubica junto al espigón de babor y en él se ubicarán la torre de control, administración, restaurante, salón social, etcétera.
  
La tipología estructural es de muelle de ribera de gravedad con bloques de hormigón y pantalanes a base de losas o tableros sobre pilas cimentadas sobre una banqueta de escollera de un metro de espesor. En el proyecto de construcción se incluirá la tipología de muelle no reflectante en el muelle de ribera.
  
Los calados de explotación son de 3 metros en toda la zona salvo en la dársena de amarres de 20 metros, junto al espigón de babor, que será de 4 metros de calado.
  
El presupuesto total de las obras, incluido los edificios es de 401.122.531 pesetas.
  
La edificabilidad aprovechada es de 0,08 metros cuadrados por metros cuadrados, inferior a 0,40 metros cuadrados por metros cuadrados permitidos y la ocupación es 0,05 inferior a los 0,30 metros cuadrados por metros cuadrados permitidos.
  
En cuanto al número de plazas de aparcamiento, es de 371 plazas, que es superior al ratio exigido por el plan de puertos. (75% total de atraques + superficie construida/80= 357 plazas).
  
El resto de ratios y requisitos de la normativa son correctos, así como el reglamento de explotación.
  
La ampliación legalmente es viable y las magnitudes de relleno y características de la obra no exigen un estudio de impacto ambiental.
  
Viabilidad económico-financiera
  
El estudio que se realizó sobre el presupuesto estimado del proyecto básico, y por tanto con costes aproximados, permite establecer un plan de ejecución de la inversión en tres años con la propuesta de tarifas correspondiente. Este estudio ha quedado ratificado al no variar sustancialmente el presupuesto del proyecto de construcción.
  
El número total de amarres es de 412, de los que 206 son de uso preferente y 206 de uso público. Los amarres de uso preferente tienen un precio de cesión de mercado de 68.000 a 100.000 pesetas/metro cuadrado según el tipo de amarres y fecha de adquisición, que permite la viabilidad económica de la instalación.
  
  
Fundamentación jurídica
  
  
La tramitación se ha realizado conforme a la Ley 22/1988, de Costas y su reglamento, Ley 27/1992, de Puertos, y el Plan de Puertos e Instalaciones Náutico-Deportivas de la Comunidad Valenciana de 1989.
  
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana atribuye a la Generalitat Valenciana la competencia en puertos que no tienen la calificación de interés general, y el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes atribuye en su artículo 21 la competencia para resolver las autorizaciones que procedan en los mismos a la Dirección General de Obras Públicas
  
En la tramitación observada queda por determinar la cuantía de los cánones a imponer. Éstos deben fijarse según la normativa vigente en función del valor de los terrenos circundantes y, lógicamente, considerar el aprovechamiento de los mismos. Cabe distinguir aquí entre dos clases de superficies: en primer lugar lo que ya es terreno existente, y en segundo lugar lo que actualmente es superficie de agua abrigada del puerto.
  
Cada una de estas superficies tienen en estos momentos su propio valor, y el canon a satisfacer debe estar en función de él, prevaleciendo así el criterio de que el concesionario no debe devengar un canon por el valor que él mismo añade a los terrenos con su inversión. Las superficies iniciales son por tanto las que deben operar en la fijación del canon.
  
Los valores asignados a estas superficies, obtenidos ponderando valores de mercado de este término municipal y valores medios de otros puertos de la Generalitat Valenciana, dado que los elementos como la superficie de agua se encuentran fuera de mercado, son los siguientes: superficie de tierra 6.140 pesetas por metro cuadrado y superficie de agua abrigada 1.535 pesetas por metro cuadrado.
  
El tipo aplicable a estos valores queda establecido en el 5 %.
  
Sometidas a Marina Denia, SA, las condiciones con que podría otorgarse la concesión, fueron aceptadas el 17 de mayo de 1996, quedando no obstante pendiente la verificación de las condiciones previas que en el mismo sometimiento se imponían, de estas condiciones se han cumplido las siguientes:
  
Efectivamente se ha presentado el proyecto de construcción de la instalación y se han corregido los errores encontrados en los límites de la marina que afectaban a la distribución de amarres, disponiendo de un plano definitivo.
  
Asímismo se dispone de la copia de la escritura de constitución y ampliaciones de capital, y del último balance auditado de la sociedad, conociéndose la titularidad del 100% de la acciones y quedando advertidos de las limitaciones legales de futuras transmisiones.
  
La solvencia económica de la empresa solicitante aparece avalada por las ampliaciones de capital realizadas, y con la aprobación por una entidad bancaria de una operación de crédito con garantía hipotecaria sobre la concesión, hipoteca que habrá de ser autorizada con las debidas cautelas que luego se especificarán, cuyo importe solo podrá ser destinado al pago de las certificaciones de obra
  
En consecuencia, dando por cumplidas las condiciones previas que se impusieron, se autoriza a Marina Denia, SA, la construcción y explotación de una zona portuaria deportiva en el puerto de Dénia con las siguientes condiciones:
  
1. La presente concesión, que no implica cesión del dominio público, ni de las facultades dominicales del estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la ley de Costas de 1988, Ley 27/1992, de Puertos, y al Plan de Puertos e Instalaciones Náutico-Deportivas de la Comunidad Valenciana.
  
2. Esta concesión se otorga por un plazo de treinta (30) años, salvo los derechos particulares y sin perjuicio de terceros.
  
El cómputo de este plazo se iniciará el día siguiente de la fecha de notificación al concesionario de la resolución.
  
En el caso de que los terrenos de dominio público concedidos fuesen necesarios para la ejecución de obras declaradas de utilidad pública o para el cumplimiento de exigencias de los servicios, y para realizar aquéllas o atender éstos fuera preciso utilizar o destruir las obras autorizadas por la presente administración, podrá, unilateralmente, dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, sin que el concesionario tenga otro derecho que el de ser indemnizado del valor material de las obras, previa tasación practicada en la forma establecida en el artículo 65 de la Ley de Puertos y en el artículo 173 del Reglamento de Costas. La tasación que se practique comprenderá únicamente a las obras e instalaciones incluidas en el acta de reconocimiento, levantada conforme determina la cláusula octava, valorándolas según los precios y presupuesto del proyecto presentado como base de la concesión actualizados a la fecha del rescate, incluyendo honorarios del mismo y dirección, y afectándose esta valoración obtenida por la cuota de amortización correspondiente, en función de los años transcurridos del plazo de duración de la concesión, suponiendo esta lineal.
  
3. Las obras se realizarán con arreglo al proyecto de construcción que deberá presentarse en cumplimiento de la condición previa.
  
4. El concesionario dará comienzo a las obras dentro del plazo de (2) meses, debiendo quedar totalmente terminadas en el plazo de 24 meses contados ambos desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la resolución.
  
La administración podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras, para comprobar si las mismas se ajustan al proyecto de acuerdo con el cual se ha otorgado la concesión. Si se aprecia la existencia de desviaciones en relación con el proyecto, podrá la administración acordar la paralización de las obras hasta que se subsanen los defectos observados.
  
Las obras se ejecutarán por el concesionario bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, debiendo designar para su dirección un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
  
5. Dentro del plazo de 30 días, contados desde el siguiente a la notificación de la presente orden, el concesionario queda obligado a presentar este título de concesión en la oficina liquidadora que corresponda, a efectos de satisfacer, si procede, el impuesto general sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En el mismo plazo de 30 días deberá entregar a la Dirección General de Obras Públicas el resguardo original quien acredite haber constituido en la Tesorería General de la Conselleria de Economía y Hacienda, o en cualquiera de sus servicios hábiles para ello, la fianza definitiva, equivalente al cinco por ciento (5%) del presupuesto.
  
6. El concesionario solicitará por escrito, con la suficiente antelación para que las obras puedan comenzar dentro del plazo, el replanteo de las mismas, que se practicará por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos designado por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con asistencia del interesado y del técnico por él designado, y se levantarán un acta y un plano, en los que se consignará la superficie ocupada, correspondiendo a la superioridad su aprobación, si procede.
  
7. Si el concesionario incumpliese alguna de las obligaciones establecidas en la condición 5 o, si transcurrido el plazo señalado en la condición 4 para el comienzo de las obras, éstas no se hubieran iniciado y el concesionario no hubiera obtenido la prórroga de aquél, la administración declarará resuelta la concesión.
  
Si el concesionario incumpliera el plazo de terminación de las obras, fijado en la cláusula cuarta, sin haber obtenido una prórroga del mismo, será potestativo de la administración el concederle una prórroga de dicho plazo, con imposición de una sanción de hasta el cinco por ciento (5 %) del presupuesto total de las obras, o incoar el expediente de caducidad de la concesión. En el caso de que, asimismo, el concesionario incumpliera el nuevo plazo prorrogado, la administración podrá optar por resolver la cuestión como en el primer incumplimiento de plazo, pero si se concediera una nueva prórroga ésta será la última que podrá concederse en estas condiciones, por lo que un nuevo incumplimiento llevará necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión.
  
8. Terminadas las obras, el concesionario solicitará por escrito el reconocimiento de las mismas, que se practicará con asistencia del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos designado por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y del interesado y el ingeniero por el designado, y se levantará un acta, que será elevada a la superioridad, para su aprobación si procede.
  
9. La fianza definitiva se devolverá al concesionario una vez haya sido aprobada el acta de reconocimiento final de las obras. Dichas obras sustituirán entonces a la fianza y responderán del cumplimiento de las cláusulas de esta concesión.
  
10. El concesionario queda obligado a conservar las obras y terrenos concedidos en perfecto estado de utilización, incluso desde el punto de vista estético, realizando, a su cargo, las reparaciones ordinarias y extraordinarias que sean precisas.
  
La administración, a través de la Dirección General de Obras Públicas y servicios de ella dependientes, podrá inspeccionar en todo momento el estado de conservación de las obras y terrenos concedidos y señalar las reparaciones que deban realizarse, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas en el plazo que se le señale. Si el concesionario no realiza las obras de reparación en el plazo establecido, podrá la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes imponerle una sanción económica que no exceda del veinticinco por ciento (25%) del presupuesto de las obras, concediéndole un nuevo plazo de ejecución. La sanción podrá ser reiterada en caso de incumplimiento del nuevo plazo señalado. Si, no obstante la segunda sanción económica, el concesionario no ejecutara las reparaciones, se procederá a instruir un expediente de caducidad de la concesión.
  
La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la presente concesión, siempre que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, dará derecho al concesionario para optar entre la extinción de la concesión sin indemnización alguna, o la reconstrucción de las obras en la forma y plazo que le señale la administración, sin que, en este último supuesto, se altere el plazo concesional primeramente señalado. Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario o personas que de él dependan, la opción anteriormente establecida corresponderá a la administración, la que podrá, en todo caso, obligar al concesionario a la reconstrucción de las obras, sin perjuicio de las demás responsabilidades que le fueran exigibles.
  
11. El concesionario no podrá destinar los terrenos de dominio público concedidos ni las obras en ellos ejecutadas a usos distintos de los expresados en esta resolución.
  
12. La falta de utilización, durante un período de un año, de las obras y bienes de dominio público concedidos será motivo de caducidad de la concesión, a no ser que obedezca a justa causa. Corresponde a la administración, en cada caso concreto, calificar las causas alegadas por el concesionario para justificar el no uso de la concesión. A este objeto, el concesionario queda obligado, antes de que transcurra el año, a poner en conocimiento de la administración las circunstancias que motiven la falta de utilización de las obras y bienes concedidos. Si la administración considera inadecuadas las causas alegadas por el concesionario, incoará un expediente de caducidad de la concesión.
  
13. El concesionario, después de aprobada el acta de reconocimiento de las obras, podrá ceder la concesión otorgada, previa autorización expresa de la administración, entendiéndose que quien se subrogue en sus derechos asumirá también las obligaciones que se imponen en las cláusulas de esta concesión.
  
14. Los gastos que se originen por el replanteo y el reconocimiento así como por la inspección y vigilancia de las obras, serán de cuenta del concesionario.
  
15. El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones legalmente procedentes.
  
16. El concesionario vendrá obligado a cumplir las disposiciones vigentes, o que en lo sucesivo se dicten, que afecten al dominio público concedido y a las obras y actividades que en el mismo se desarrollen, especialmente las correspondientes a licencias y ordenaciones urbanísticas, sin que las obras que se ejecuten puedan ser un obstáculo al paso para el ejercicio de la vigilancia litoral ni de las demás servidumbres públicas.
  
17. El concesionario abonará por semestres adelantados a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a partir de la notificación de la autorización, el importe correspondiente al canon por explotación de la zona portuaria, calculado a razón de trescientas siete (307) pesetas por metro cuadrado y año para la superficie en tierra y de setenta y siete (77) pesetas por metro cuadrado y año por la superficie de agua abrigada afecta a la concesión, medidas ambas en el estado inicial antes de la ejecución de las obras.
  
Todas las superficies citadas se reflejarán en el plano de replanteo que al efecto se levante.
  
Este canon podrá ser revisado por la administración cada tres años, proporcionalmente al aumento que experimente el valor de la base utilizada para fijarlo.
  
18. Sin perjuicio de lo dispuesto en la condición 7, el incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las condiciones anteriores será causa de caducidad de la concesión, que se tramitará con arreglo a lo preceptuado en las disposiciones vigentes sobre la materia.
  
19. Cuando por vencimiento del plazo concesional se produzca la reversión, quedarán extinguidos automáticamente los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre el dominio público concedido y las obras e instalaciones objeto de la reversión. Tampoco asumirá la administración los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por tanto, pueda en forma alguna entenderse que la reversión implica la cesión de empresa prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
  
Las normas señaladas en el párrafo anterior serán igualmente aplicables a los supuestos de caducidad y rescate de la concesión, sin perjuicio de que en estos casos puedan los terceros interesados ejercitar las acciones que les correspondan sobre las cantidades que sean exigibles al concesionario por los derechos subsistentes que este hubiera otorgado u obligación que hubiera contraído.
  
20. Terminado el plazo concesional, revertirán a la Generalitat Valenciana los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, y podrán retirarse por el concesionario aquellos elementos que no figuraran en el acta de reconocimiento, levantada de conformidad y en cumplimiento de la cláusula octava, y que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ellos no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo.
  
De la recepción por la administración de los bienes revertidos se levantará la correspondiente acta en presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se reseñará el estado de conservación de los bienes revertidos, especificándose los deterioros. El acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se concretará el importe de las reparaciones necesarias, que se exigirá al concesionario utilizando, si fuera necesario, el procedimiento de apremio administrativo.
  
21. Las instalaciones náutico-deportivas, cuya explotación se autoriza, son instalaciones de servicio público, regulada por los reglamentos de explotación y las tarifas que en este acto se aprueban y que se acompañan como anejo número 1, sin perjuicio de su modificación por la Dirección General de Obras Públicas cuando sea procedente.
  
La prestación de cualquier servicio principal o accesorio se realizará en igualdad de condiciones a cualquier usuario que lo solicite, quien no tendrá más obligación que el abono de las tarifas correspondientes.
  
El peticionario estará obligado a colocar o suprimir carteles, a su costa y en el plazo que se ordene, para destacar el carácter de uso público de dichas instalaciones, o bien evitar una falsa interpretación de zona privada o de uso restringido. Todo ello a juicio de la Dirección General de Obras Públicas de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
22. Como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) de los puestos de amarre de la instalación deberá dejarse de uso público general, sin más exigencia para el usuario que el pago de las tarifas correspondientes. Estos puestos de amarre serán siempre los mismos, deberán quedar claramente señalados con carteles y su localización deberá ser aprobada por la Dirección General de Obras Públicas de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
El concesionario llevará un control de las cesiones de uso que se otorguen en su zona de servicio, que serán inscritos en libros foliados y sellados, con expresión del titular de la cesión y objeto de la misma. Sólo son cedibles el 50 % de los amarres, y aquellos otros bienes que expresamente autorice la Dirección General de Obras Públicas; la autorización contendrá las condiciones en que pueda realizarse en su caso la cesión.
  
Un mismo usuario no podrá utilizar un puesto público de amarre por una duración superior a lo que establezcan las disposiciones normativas sobre explotación de instalaciones deportivas y, en su defecto, por las ordenes de la Dirección General de Obras Públicas.
  
A efectos de comprobación de la prestación de los servicios públicos a que se refiere esta prescripción, el concesionario llevará un registro diario de actividades con expresión de los barcos atracados cada día en la zona de uso público, en la forma que le señale la Dirección General de Obras Públicas.
  
La totalidad de los servicios e instalaciones serán de uso público, ya sea tarifado o gratuito, con un cartel que indique el horario de apertura y cierre de los mismos que será como mínimo el de explotación de la zona portuaria deportiva, que permita a su vez la seguridad y control de las instalaciones náuticas.
  
Prescripciones
  
a) Para la construcción de cualquier tipo de obras no definidas concretamente y con detalle en el proyecto o en los documentos adicionales, deberá solicitarse la oportuna autorización previa presentación del correspondiente proyecto.
  
b) Dentro del primer semestre de cada año natural, y a los efectos de conocimiento y estadística, el concesionario remitirá a la Dirección General de Obras Públicas de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, una memoria relativa a la actividad de la instalación durante el año anterior y a los resultados económicos de la gestión portuaria.
  
En esta memoria deberán figurar:
  
El movimiento de embarcaciones clasificadas por amarres y por meses, los índices de aprovechamiento de la instalación y la relación de los diferentes servicios prestados.
  
El cálculo económico de resultados con expresión de la recaudación clasificada por tarifas, inmovilizados brutos y netos, gastos de amortización, financieros y de explotación y de rentabilidad neta.
  
c) Las embarcaciones de base o transeúntes, usuarias de las instalaciones náutico-deportivas abonarán la tarifa G-5 que corresponde satisfacer a la Generalitat Valenciana, o aquella otras que puedan establecerse en el futuro.
  
d) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones anteriores será también causa de caducidad de la concesión.
  
Asímismo, se autoriza la constitución de una hipoteca sobre la concesión administrativa que aquí se otorga con las condiciones siguientes:
  
1. El crédito concedido y garantizado con la hipoteca se destinará al pago de las obras de construcción aquí autorizadas; dicho pago se realizará contra la certificación de obra expedida por el director de las mismas. Será causa de declaración de caducidad de la concesión el incumplimiento de esta prescripción.
  
2. A los efectos establecidos en el artículo 64.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, l.27/1992, de 24 de noviembre, para el supuesto de que la concesión se adjudique por remate judicial, deberá ser notificada expresamente a esta administración, tanto la incoación del procedimiento como la adjudicación del remate. El plazo para el ejercicio del derecho de retracto no empezará a contar hasta que se produzca la comunicación expresa de la adjudicación del remate.
  
3. De producirse la subasta judicial de la concesión, deberá incluirse en las condiciones de la misma el clausulado concesional. Igualmente, se hará constar que el adjudicatario no adquirirá la condición de concesionario frente a la administración hasta que se le homologue por ésta como tal, una vez comprobada su solvencia técnica y económica. Si la administración no otorgase la homologación, podrá declarar extinguida la concesión, indemnizando al beneficiario con el importe en que se hubiese adjudicado la subasta.
  
4. En los anuncios de la subasta a que se refiere la regla octava del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, deberán hacerse constar tanto las condiciones de la concesión, como la facultad de la administración de ejercer el derecho de retracto. Igualmente se advertirá de la necesidad de que la administración otorgue la homologación para que el adquirente en subasta adquiera la condición de concesionario.
  
Contra la presenta resolución que no agota la vía administrativa, cabe interponer un recurso ordinario ante el conseller de Obras Pública Urbanismo y Transportes en el plazo de 1 mes desde su notificación.
  
  
Valencia, 28 de enero de 1997.- El director general de Obras Públicas: José Ramón García Antón.