Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7261, del 25-04-2014 (2014/3492)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 1005/2012.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7261

Fecha DOGV
:   25-04-2014

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2014/3492


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 1005/2012. [2014/3492]  
Asunción Gregori Bosch, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, hace saber que en el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
  
«Sentencia número 000727/2013  
Castellón de la Plana, 5 de noviembre de 2013  
José Luis Conde-Pumpido García, magistrado juez de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, ha conocido los presentes autos de juicio de divorcio número 1005/2012, promovidos a instancia de Laura Alina Bratu, representada por la procuradora señora Cruz Sorribes y defendida por el letrado señor Alegre Martínez, contra Marian Lilian Bratu, en rebeldía, y en los que ha sido parte el ministerio fiscal.  
  
Antecedentes de hecho  
  
Primero. La procuradora señora Cruz Sorribes, en la representación que tiene acreditada de Laura Alina Bratu, promovió demanda de divorcio contra Marian Lilian Bratu, en la que, tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, concluyó con la súplica de que se dictase sentencia declarando haber lugar al divorcio de los litigantes, con la adopción de las medidas que se contenían en dicho escrito, y que se dan por reproducidas.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se emplazó en legal forma al demandado, quien no compareció en tiempo y forma, por lo que fue declarado en rebeldía.  
El ministerio fiscal contestó mediante escrito en el que solicitaba que se dictara sentencia de conformidad con el resultado de la prueba que se practicara.  
Tercero. Convocadas las partes a la vista, esta tuvo lugar el día 4 de noviembre de 2013, con la sola asistencia de la parte actora, que se ratificó en su demanda, y del ministerio fiscal, en la persona de María Isabel Pérez Yagüe, que se ratificó en su contestación. Recibido el pleito a prueba, se practicaron las admitidas y declaradas pertinentes que consistieron, por la parte demandante, en documental (dar por reproducida la aportada con la demanda) e interrogatorio del demandado, mientras que por el ministerio fiscal se propuso documental (por reproducida la obrante) e interrogatorio de la demandante.  
Cuarto. Practicada toda la prueba en el acto, y tras evacuar el trámite de conclusiones finales, quedó el pleito visto para sentencia sin más trámites.  
Quinto. En este procedimiento deben declararse como hechos probados los que se relatan a continuación:  
1. Marian Lilian Bratu y Laura Alina Bratu, ambos de nacionalidad rumana, contrajeron matrimonio en Cringeni-Teleorman (Rumanía) el día 17 de octubre de 1999. (Hecho acreditado mediante la certificación de matrimonio acompañado con la demanda.)  
2. Del citado matrimonio nació un hijo, A. E., el 11 de octubre de 2000. (Hecho probado mediante la certificación de nacimiento aportada con la demanda.)  
3. La convivencia conyugal cesó a finales de 2012, marchando el marido del domicilio familiar, y, desde ese momento, ha sido la madre la que se ha hecho cargo en exclusiva de la atención personal y económica del hijo, sin que el padre haya contribuido regularmente a la cobertura de las necesidades materiales del menor, ni lo haya visitado de forma regular, sino únicamente de modo esporádico. (Hecho acreditado mediante la copia de la sentencia ?y del convenio- acompañada con la demanda y que no fue impugnada.)  
4. La esposa carece de trabajo y de ingresos propios. El hijo está escolarizado en un instituto, gratuito, sin que tenga gastos especiales más allá de los normales en chicos de su edad. El padre trabaja, desconociéndose sus ingresos. (Hecho probado mediante el interrogatorio de las partes.)  
  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. Conforme al artículo 8, del Reglamento (UE) 1259/2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (que ha derogado tácitamente el artículo 107 del Código Civil en cuanto a la ley aplicable a la separación y al divorcio), ?a falta de una elección según lo establecido en el artículo 5, el divorcio y la separación judicial estarán sujetos a la ley del Estado:  
a) en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,  
b) en que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, siempre que el periodo de residencia no haya finalizado más de un año antes de la interposición de la demanda, y que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,  
c) de la nacionalidad de ambos cónyuges en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,  
d) ante cuyos órganos jurisdiccionales se interponga la demanda?.  
De ahí que la cuestión de si procede o no decretar el divorcio de los litigantes no haya de hacerse aplicando su derecho nacional, sino por el derecho español.  
Habiendo transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, concurren los requisitos que, conforme a los artículos 81.1 y 86 del Código Civil en la redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, permiten decretar el divorcio de los cónyuges litigantes.  
Segundo. En lo que concierne a las medidas que, conforme al artículo 91 del Código Civil, hayan de regir tras el divorcio, procede acordar lo siguiente:  
1. La custodia del hijo menor debe ser atribuida a la madre al ser esta la que viene desempeñando esta función desde que se produjo la convivencia familiar, sin apenas colaboración del padre ni a nivel económico ni personal. Igualmente, ante la total dejación de sus funciones parentales por parte del padre, se considera que, en interés del hijo, procede atribuir a la madre el ejercicio exclusivo de la patria potestad.  
2. Al amparo del artículo 158.3 del Código Civil, y para proteger al menor y evitar traslados inconsentidos, no se permitirá sacarlo del territorio nacional sin el consentimiento expreso de ambos progenitores o autorización judicial.  
3. Atendida la escasa relación del padre con el hijo (aunque es buena) y a que se desconocen las circunstancias actuales del padre (dónde vive, si dispone de una vivienda apta para tener consigo al hijo), procede fijar un régimen de visitas de sábados alternos desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, que regirá durante todo el año, recogiendo y devolviendo al menor en el domicilio de la madre.  
4. En cuanto a la pensión de alimentos que el padre ha de abonar en favor del hijo, a la luz de los hechos declarados probados sobre la situación económica de las partes (capacidad económica del padre y la madre, y necesidades del hijo), procede fijar una pensión de 200 euros mensuales, más la obligación de pagar por mitad los gastos extraordinarios que genere el hijo.  
5. Finalmente, en cuanto a la pensión compensatoria que la esposa reclama al marido, y pese a la indeterminación existente sobre la situación económica del marido, del que únicamente consta que trabaja, y teniendo en cuenta que la esposa no trabaja y que se queda a cargo del hijo, aparte de la duración del matrimonio (13 años), se considera que la esposa sufre un desequilibrio a consecuencia del divorcio que le hace acreedora de una pensión compensatoria que, a falta de mayores datos, se cifra en 100 euros mensuales, durante un plazo de tres años.  
Tercero. La especial naturaleza de las pretensiones deducidas en este pleito hace que no se estime procedente condenar a ninguno de los litigantes al pago de las costas.  
Cuarto. Al haberse celebrado el matrimonio entre extranjeros ante la autoridad de otro estado, no procede comunicar de oficio la sentencia al registro civil, sino que deberán ser las partes las que insten su reconocimiento ante la autoridad competente del estado de celebración.  
Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,  
  
Fallo  
Que estimando parcialmente la demanda formulada por la procuradora señora Cruz Sorribes, en nombre y representación de Laura Alina Bratu contra Marian Lilian Bratu, debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio de los expresados litigantes, con todos los efectos legales, adoptando las siguientes medidas:  
1. Se atribuye a la madre la guarda y custodia y el ejercicio exclusivo de la patria potestad respecto del hijo menor, A. E.  
2. En defecto de lo que libremente puedan acordar las partes en cada momento, el padre tendrá en su compañía al hijo menor los sábados alternos desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, recogiendo y devolviendo al menor en el domicilio de la madre.  
3. El padre abonará, en concepto de pensión de alimentos en favor del hijo, la suma de 200 euros mensuales, que ingresará dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe la madre, y que se actualizarán anualmente conforme a las variaciones del índice de precios al consumo.  
4. Ambos progenitores pagarán por mitad los gastos extraordinarios que genere el hijo.  
5. El marido abonará, en concepto de pensión compensatoria para su esposa, la suma de 100 euros mensuales, durante un plazo de tres años, que ingresará dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe la esposa, y que se actualizarán anualmente conforme a las variaciones del índice de precios al consumo.  
Todo ello sin realizar expreso pronunciamiento condenatorio en costas.  
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días.  
De conformidad con la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el artículo 1.19 de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición del recurso de apelación, la parte recurrente deberá constituir un depósito de 50 euros, que consignará en la cuenta de consignaciones de este juzgado, sin que pueda admitirse a trámite el recurso si el depósito no estuviere constituido.  
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. El juez.»  
  
Castellón de la Plana, 5 de noviembre de 2013.- La secretaria judicial: Asunción Gregori Bosch.