Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6199, del 04-02-2010 (2009/14868)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario 001449/2007.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6199

Fecha DOGV
:   04-02-2010

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2009/14139


Fecha del documento
:   23-11-2009

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Benidorm

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario 001449/2007. [2009/14065]  
Juicio ordinario 001449/2007-T  
Parte demandante: Edificio Miragolf Playa.  
Parte demandada: Alphons Lodewijk Wijnans y Gudrun Pompe.  
Sobre: ordinarios.  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:   
«Sentencia número: 000562/2009.  
Benidorm, 5 de octubre de 2009  
Vistos por Yolanda Grima Garri, magistrada-juez en sustitución del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Benidorm y su partido, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este juzgado bajo el número 1449/2007 a instancia de Comunidad de Propietarios del Edificio Miragolf Playa representado por la procuradora señora Cortés Clavel, y defendido por la letrada señora García Fernández, frente a Alphons Lodewljk Wijnans y Gudrun Pompe, declarados en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad ha dictado la presente sentencia con base en los siguientes.  
Antecedentes de hecho   
Primero. Por la representación procesal de la comunidad actora se presentó demanda de juicio ordinario frente a Alphons Lodewijk Wijnans y Gudrun Pompe, basándola en los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportuno, y acabando por suplicar, que previos los trámites procesales oportunos se dictará sentencia por la que estime la demanda en los términos establecidos en el suplico, solicitando igualmente la condena en costas a la parte demandada.   
Segundo. Mediante auto de fecha 30 de octubre de 2007, se admitió a trámite la demanda, dándose traslado de la misma a la parte demandada y emplazándola para que contestara a la demanda en el plazo de 20 días hábiles, trámite que no verificó, pese a estar citada en legal forma, por lo que mediante providencia de fecha 16 de junio de 2008, fue declarada en situación de rebeldía procesal, y se convocó a las partes a la audiencia prevenida en el artículo 414.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.   
Tercero. Que la audiencia previa tuvo lugar el día 12 de febrero de 2009, compareciendo la parte actora representada por la procuradora señora Cortés Clavel y defendido por la letrada señora García Fernández, sin que compareciera la parte demandada, por lo que se pasó a fijar los hechos de la demanda.   
La parte actora se ratificó en la demanda. Tras lo cual, propuso prueba que fue admitida, consistente en documental y testifical, señalándose como fecha para la celebración de juicio el día 5 de octubre de 2009.   
Cuarto. Que el acto de juicio tuvo lugar el día señalado, compareciendo la parte actora debidamente representada y asistida, recogiéndose en soporte apto para la grabación de la imagen y el sonido, practicándose la prueba que en su día fue propuesta y admitida, consistente en documental y testifical. Tras la práctica de la prueba, con el resultado que obra en autos, y el trámite de conclusiones quedaron los autos conclusos para sentencia.   
Quinto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales pertinentes.  
Fundamentos de derecho   
Primero. Ejercita la comunidad actora en el presente procedimiento acción en reclamación de cantidad ascendente a 3.004,02 euros, alegando sustancialmente que los demandados son propietarios de la vivienda ubicada en la planta 27, letra A, de la torre II; del garaje número 47 y del trastero número 37, del complejo residencial Miragolf Playa, afirmando que adeudan las cuotas de gastos comunes según vienen detalladas en el certificado expedido por el secretario administrador de la comunidad aportado como doc. 5 a la demanda y posterior aclaración de fecha 9 de febrero de 2009, aportada en el acto de la audiencia previa, por importe de 3.004,02 euros, solicitando la condena en costas.   
La parte demandada fue legalmente emplazada para que contestara a la demanda, sin que evacuara dicho trámite, por lo que fue declarada en situación procesal de rebeldía.   
Segundo. Debe recordarse respecto a la situación procesal de rebeldía de los demandados, que aquélla no supone siquiera un principio de prueba, pues significa únicamente que se da por contestada la demanda, entendiéndose en esta expresión que no existe allanamiento, ni reconocimiento de los hechos, por lo que el actor ha de probar sin especialidad alguna los hechos de su pretensión. Sobre este tema la jurisprudencia viene proclamando (sentencias de 4 de marzo de 1989 y 10 de noviembre de 1990) que la declaración de rebeldía no implica el allanamiento de la demanda, ni libera, como consecuencia de la conducta del rebelde, de probar los hechos constitutivos de la misma, y asimismo precisa que la rebeldía del demandado es tan solo una situación procesal producida por su incomparecencia a juicio, quien, con tal conducta, de ninguna manera incumple una obligación, sino que al no alzar la carga procesal del personamiento se encontraría con un status que solo a él será imputable como consecuencia del no ejercicio de su derecho a intervención en la litis y en la que tendrá unos efectos puramente procesales; pero sin reflejo en el área del derecho material.   
Ahora bien la situación de rebeldía del demandado repercute sobre la estrategia probatoria del actor, en cuanto genera un plus de dificultad para el mismo no solo para el impulso en la tramitación procesal sino también para la resolución misma del litigio, que exige en la actora la acreditación de los hechos constitutivos de su pretensión, acreditación que debe lograrse -en ausencia del demandado- en base a los elementos de prueba aportados únicamente por el actor, que no puede confiar en la mera presentación de documentos y en su eventual reconocimiento por la contraparte, sino que ha de adverar, por todos los medios posibles a su alcance, la autenticidad de la reclamación planteada. No se trata, en realidad, de un plus de exigencia que pese sobre el actor sustituyendo la aportación que en el plano probatorio correspondería al demandado, sino la exigencia jurídica de su acreditación perfecta de unos hechos constitutivos de su pretensión que a ella exclusivamente incumbe, sin que el demandado esté obligado a colaborar aportando elementos de conocimiento que facilitarían la actividad probatoria de su acreedor, y debiendo los jueces y tribunales resolver lo que estimen justo por el resultado de los autos.   
Tercero. En aplicación de la anterior doctrina y jurisprudencia, y de una valoración conjunta y ponderada de la prueba practicada en autos, especialmente atendiendo a la documental aportada por la comunidad actora con la demanda, que la demandada no ha tenido interés en impugnar, por lo que tiene plena validez a efectos probatorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 326.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, este juzgador considera que por la comunidad demandante se han acreditado los hechos alegados en demanda, acreditando la existencia y cuantía de la deuda reclamada, cumpliendo con ello, con la carga que le viene impuesta en el artículo 217.2 de la ley. A tal conclusión se ha de llegar necesariamente, pues de la documental obrante en autos, y consistente en información registral, se desprende que los demandados son titulares al 50% del pleno dominio, cada uno de ellos, de la vivienda ubicada en la planta 27, letra A, de la torre II, así como del garaje número 47 y del trastero número 37, del edificio Miragolf Playa, viniendo por ello obligados a sufragar los gastos de la comunidad de propietarios, en virtud de lo establecido en el artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal. Resultando igualmente acreditado que los demandados adeudan a la comunidad demandante la cantidad reclamada y que asciende a 3.004,02 euros por gastos comunes correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, adeudando la vivienda la cantidad de 2.161,32 euros, el garaje 554,70 euros y el trastero 287,00 euros, según se desprende del certificado expedido por el secretario administrador, señor Balongo Lozano, de fecha 9 de febrero de 2009 y aportado en el acto de la audiencia previa, el cual ha sido ratificado por su emisor en el acto de juicio, sin que por los demandados se haya acreditado el pago de dicha cantidad o que no adeudan la misma, prueba que a dicha parte incumbe de conformidad con las reglas de distribución de la carga de la prueba establecidas en el artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que necesariamente conlleva la estimación íntegra de la demanda.   
Cuarto. Atendiendo a lo preceptuado en los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, la demandada deberá abonar a la actora el interés legal del dinero desde la fecha de la interposición de la demanda, hasta el completo pago de la deuda, incrementándose en la forma establecida en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Quinto. Dispone el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que "En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones", por lo que siendo estimada la demanda procede la expresa condena en costas a la parte demandada.   
Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,  
Fallo   
Que estimando la demanda deducida por Comunidad de Propietarios del Edificio Miragolf Playa frente a Alphons Lodewijk Wijnans y Gudrun Pompe, debo condenar y condeno a éstos a que abonen a la comunidad actora la suma de 3.004,02 euros, de principal, más los intereses legales de dicha cantidad desde la interpelación judicial hasta completo pago de la deuda, incrementándose en la forma establecida en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con expresa imposición de costas a la parte demandada.   
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, advirtiéndoles que no es firme, pudiendo preparar contra ella, ante este juzgado y para la Audiencia Provincial de Alicante, recurso de apelación dentro de los cinco días contados al siguientes a su notificación, en la forma prevista en el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil».  
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.   
Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la juez que suscribe, encontrándose celebrando audiencia pública de lo que doy fe.   
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de hoy el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación.  
Benidorm, 23 de noviembre de 2009.- El secretario judicial: Tomás Mora Zaragoza.