Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4448, del 26-02-2003 (2003/1952)

Notificación a Enriqueta Navarro Herreros. Recurso de alzada número R-294/2002.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4448

Fecha DOGV
:   26-02-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/1952


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Enriqueta Navarro Herreros. Recurso de alzada número R-294/2002. [2003/S1952]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a Enriqueta Navarro Herreros, calle de José Andreu Alabarta, 35, 26ª (46063 Valencia) la Resolución del Recurso de alzada con el número de referencia interna R-294/2002.
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada formulado por Enriqueta Navarro Herreros contra resolución de visado y concesión de financiación cualificada para la adquisición de una vivienda ya construida, número 46/1T/2260/2001/250.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Enriqueta Navarro Herreros, adquirente de una vivienda sita en Valencia, calle José Andreu Alabarta, número 35, puerta 26, mediante escritura de compraventa de fecha 15 de octubre de 2001, presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, solicitud de visado y de financiación cualificada el día 9 de noviembre de dicho año.
  
Segundo. Tras diversos requerimientos y una vez completada la documentación necesaria, en fecha 27 de septiembre de 2002, el jefe del Servicio Territorial, dictó resolución de visado y de concesión de la financiación cualificada del Ministerio de Fomento, en la modalidad de Vivienda Existente (VEX 217). En dicha resolución consta el campo «primer acceso N», por lo que la subsidiación de la cuota del préstamo cualificado a que se refiere la resolución reseñada, así como las subvenciones del Ministerio de Fomento y de la Generalitat Valenciana, que a título informativo se comunican en hoja anexa de información provisional de ayudas, resultan de importe cero.
  
Tercero. Contra la citada resolución, Enriqueta Navarro Herreros interpone recurso de alzada en tiempo y forma con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 4.165 de 10 de enero de 2002).
  
Segundo. Lo dispuesto en los artículos 107; 110; 114 y 115, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
Tercero. La disposición transitoria sexta del Real Decreto 1.186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo del Plan de Vivienda 1.998/2001, establece que no podrán concederse préstamos cualificados a adquirentes al amparo de dicha normativa, con posterioridad al 31 de diciembre del año 2001.
  
Cuarto. La disposición transitoria tercera del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo del Plan de Vivienda 2002-2005, dispone que las actuaciones que no hubieran obtenido préstamo cualificado con anterioridad a la fecha en que se publique en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se determine, por primera vez para el Plan 2002-2005, el tipo de interés efectivo anual de los préstamos cualificados objeto de los convenios con entidades de crédito, podrán acogerse a su normativa, siempre que sus características se adecuen a las establecidas en el mismo.
  
Quinto. El artículo 3 y el artículo 18 del citado Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, referentes a la subsidiación de préstamos, limitan la misma exclusivamente, a favor de adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio, acogidos al sistema de financiación cualificada para primer acceso a la vivienda en propiedad.
  
Sexto. En el caso que nos ocupa, examinada la documentación obrante en el expediente, se comprueba que Enriqueta Navarro Herreros ha sido propietaria de una vivienda de protección oficial, sita en Valencia, calle en proyecto s/n (Partida del Zafranar y sito en San Isidro)
  
Séptimo. La concesión por parte de la administración de las ayudas económicas para adquisición de vivienda, constituye en principio una actividad reglada a la que debe sujetarse la actividad administrativa, lo cual no permite al órgano que resuelve, decidir ponderando las circunstancias que concurren en cada caso a fin de no convertir el control en arbitrariedad, sino que le limita a constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma que lo regula.
  
Por lo expuesto, no desvirtuando lo aducido por la recurrente el contenido de la resolución impugnada, procede confirmar la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la Propuesta de Resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada formulado por Enriqueta Navarro Herreros, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, de fecha 27 de septiembre de 2002, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.