Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3444, del 01-03-1999 (1999/1014)

Notificación de la resolución del recurso ordinario con número de referencia interna R.59/98.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3444

Fecha DOGV
:   01-03-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/1014


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso ordinario con número de referencia interna R.59/98. [1999/M1014]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución del recurso ordinario con número de referencia interna R.59/98 a Caspri SL.
  
Resolución:
  
Examinados los recursos ordinarios formulados por don José Manuel Juan Riba y don Eduardo Ruiz Pérez contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón en el expediente de construcción número 12/1/0021/89 (F-73/96).
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por don José Iniesta Martínez y otros 17 más, propietarios de las viviendas de protección oficial sitas en el inmueble de la calle de Leopoldo Querol número 39, de Benicasim, se presentaron escritos de denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón contra Caspri SL, por deficiencias constructivas en el citado edificio por lo que se envió a un perito de dicho organismo quién emitió el correspondiente informe, enviándose invitación de obras a la citada promotora, comunicando en fecha 10.03.97 la subsanación de las mismas según instrucciones del arquitecto director de la obra.
  
Segundo
  
Por el Servicio Territorial se envió de nuevo a un perito para la realización de una segunda inspección, emitiendo informe en fecha 9 de abril de 1997, acordándose la incoación de expediente sancionador contra la citada promotora, así como contra los facultativos de la obra, dándose traslado del correspondiente pliego de cargos al que presentaron alegaciones.
  
Tercero
  
El instructor del expediente sancionador dictó propuesta de resolución en la que entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 153C) 6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, por parte de los expedientados, proponía la imposición de una multa de 250.000 pesetas a cada uno de ellos, así como la orden de obras a la promotora.
  
Cuarto
  
El jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda dictó resolución en la que manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, acordó la imposición de la sanción y la orden de obras establecidas en la misma.
  
Quinto
  
Contra dicha resolución interponen recurso ordinario don José Manuel Juan Riba y don Eduardo Ruiz Pérez con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en los artículos 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 1547 de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
Interponen recurso el arquitecto director y el aparejador de la obra, manifestando el primero la vulneración del artículo 24.2 de la C.E al considerarle infractor sin demostrar la culpa en las deficiencias, entendiendo que éstas no deben a un vicio de proyecto ni a mala ejecución, sino que la causa es la falta de limpieza de los desagües del solar colindante que ha provocado el embalsamiento de agua y la filtración por el muro medianero, por lo que no tiene responsabilidad ni ha existido por su parte negligencia durante la ejecución de las obras. Entiende asimismo el aparejador recurrente que la administración no ha probado las deficiencias ni las causas caso de su existencia, basándose exclusivamente en un informe emitido por los propios técnicos del Servicio Territorial, y que se deberían al patio colindante; habiéndose aplicado el concepto de solidaridad que solo es de aplicación en el ámbito civil, por lo que solicitan el sobreseimiento y archivo del expediente.
  
Los recursos deben ser desestimados, por cuanto consta en los informes periciales de fechas 10 de febrero y 9 de abril de 1997, no desvirtuados en contra por ningún medio de prueba establecido en derecho, que: «... aparece una importante mancha de humedad que afecta a parte del primer sótano y fundamentalmente al segundo sótano ... La filtración parece tener su causa en la acumulación del agua en el citado patio, por falta de la necesaria capacidad de evacuación, así como en la falta de impermeabilización del muro afectado.», y que: « ... las filtraciones denunciadas se producen por la concurrencia de dos factores: uno desencadenante, el embalsamiento de agua en el patio colindante; otro, determinante, la falta de estanqueidad del muro medianero.», « ... que el riesgo de embalsamiento debería haberse tenido en consideración a los efectos de construir el muro medianero ... de manera que quedara cubierto tal riesgo.»
  
Se entiende que dichos informes periciales tienen carácter determinante para la resolución a tenor del artículo 17.3 y 6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y son prueba suficiente en la que no solamente se establecen las deficiencias constructivas sino su origen, existiendo en consecuencia relación causa-efecto entre dichos defectos de la edificación y la falta de previsión de los facultativos a la hora de proyectar y vigilar la construcción del muro que se realizó sin estanqueidad, ya que caso contrario se hubieran evitado las filtraciones a través del mismo en los sótanos del edificio.
  
En cuanto a la solidaridad alegada, no se ha aplicado ya que en la resolución recurrida las sanciones se han impuesto con carácter individual por la comisión de la infracción imputada del artículo 153 C) 6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Desestimar los recursos ordinarios interpuestos por don José Manuel Juan Riba y don Eduardo Ruiz Pérez contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón de fecha 29 de agosto de 1997, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2-f (en relación con la disposición adicional undécima de la LRJAP y PAC) y el artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956; así como el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.