Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2795, del 19-07-1996 (1996/838841)

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 1996, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Villavieja (Castellón) relativa a la reducción del ancho de la calle de Sant Joaquim.
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Número DOGV
:   2795

Fecha DOGV
:   19-07-1996

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1996/838841


Fecha del documento
:   16-05-1996

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIóN de 16 de mayo de 1996, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Villavieja (Castellón) relativa a la reducción del ancho de la calle de Sant Joaquim.   
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con fecha 16 de mayo de 1996, adoptó la resolución que a continuación se transcribe:  
«Visto el expediente relativo a la modificación del Plan General de la calle de Sant Joaquim de Villavieja, y de conformidad con los siguientes,  
Antecedentes de hecho  
Primero. El pleno del Ayuntamiento de Villavieja, en la sesión de 4 de diciembre de 1995, acordó exponer al público el proyecto, tras lo que publicó los correspondientes anuncios en el periódico Castellón-Diario de 14 de diciembre de 1995 y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 2.666, del 12 de enero de 1996. Concluido el período de información al público, durante el que se presentó una alegación, el pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente el proyecto el 27 de febrero de 1996.  
Sobre esta modificación emitió un informe el presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo el 29 de diciembre de 1995.  
Segundo. El proyecto consta de memoria y planos.  
Tercero. El objeto de la modificación es reducir de 8 metros a 6,5 la anchura en un tramo de la calle Sant Joaquim incluida en el suelo urbano del municipio de Villavieja.   
En este tramo de la calle se inició la construcción de siete viviendas (en la actualidad paralizadas) autorizadas por licencia municipal, pero separándose del proyecto autorizado, toda vez que la ejecución de los pilares circulares que soportan los voladizos de la planta primera se construyeron dentro de la vía pública de 8 metros, vía que, con la construcción de tales pilares, quedaba con una anchura media de 7,27 metros en la parte de la calle que confronta a las siete viviendas. Estos hechos dieron lugar a la imposición de la correspondiente sanción por la comisión de una infracción urbanística, ello por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 25 de octubre de 1994.  
El cambio lo justifica el ayuntamiento en las siguientes razones:  
- El ancho medio de la calle en la zona consolidada de la misma es de 5 metros, no resultando imprescindible los 8 metros en el tramo sur, dada la discontinuidad, el escaso tráfico en la misma y su marginalidad dentro del contexto de la trama del pueblo.  
- La penetración en la calle es sólo de los pilares de planta baja, existiendo retranqueo en la planta primera. Siendo ello así, se considera inapropiada e innecesaria la vía dura de la demolición, solución ésta que sólo debería aplicarse si, como consecuencia de tal ocupación, el ancho del vial representara una merma real para la fluidez del tráfico de vehículos y peatones, lo que no es el caso, dado que 6,5 metros son más que suficientes.  
- Se mantiene la profundidad edificable de 20 metros, no alcanzada por la edificación fuera de ordenación, que no supera los 16 metros.  
- No se producen aumentos de aprovechamiento en los edificios ilegales.  
- La ordenación con el nuevo ancho de calle satisface la actividad urbanística y su calidad. Además, con motivo de la modificación número 4, que se tramita simultáneamente, se crea una zona verde de 2.900 m2 en el encuentro entre la calle de Sant Joaquim y el camino de la Malla.  
Cuarto. La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, reunida en sesión de 2 de mayo de 1996, informó favorablemente sobre la aprobación definitiva del presente expediente. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria novena de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en ejercicio de las funciones que le corresponden al Consejo Superior de Urbanismo, en fecha 8 de mayo de 1996, emitió un informe favorable.  
Fundamentos de derecho  
Primero. El enjuiciamiento que la resolución de aprobación definitiva ha de hacer de esta modificación deberá partir necesariamente del nuevo modelo de distribución de competencias en la aprobación del planeamiento general entre ayuntamientos y comunidad autónoma establecido por la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU), en particular en su artículo 40. En el presente caso, el punto del plan que se modifica no incide en ninguno de los cometidos enumerados en los apartados A al F del artículo 40.1 de la LRAU, por lo que procederá únicamente llevar a cabo un control de legalidad, ya que, como indica el citado precepto legal, «la Generalitat no podrá aprobar definitivamente los planes que incurran en infracción de una disposición legal estatal o autonómica». Más allá de este control de legalidad, la resolución tampoco deberá cuestionar la interpretación del interés público local formulada por el municipio desde la representatividad que le confiere su legitimación democrática, tal y como exige el artículo 40.2 de la LRAU.  
Segundo. La tramitación de la modificación ha sido correcta, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 y siguientes de la LRAU.  
Tercero. La documentación está completa, a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la LRAU.  
Cuarto. Como ya se seÑaló en los antecedentes, la modificación del planeamiento que se examina va a legalizar una actuación urbanística irregular, consistente en la ejecución de unos pilares que soportan los voladizos de la planta primera de siete viviendas ocupando parte de una vía pública, lo cual fue en su día objeto de una sanción urbanística. Preciso será, por consiguiente, comprobar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 55.6 de la LRAU, en relación con el 59.2, párrafo tercero, del mismo texto legal. Según el primero de estos dos preceptos, "la modificación del planeamiento que venga a legalizar actuaciones urbanísticas irregulares exige previo informe favorable del Consejo Superior de Urbanismo y que la nueva ordenación satisfaga los principios rectores de la actividad urbanística, así como los estándares legales de la ordenación"; según el segundo, estas modificaciones, en el caso de que impliquen aumento de aprovechamiento, no entrarán en vigor, respecto al inmueble afectado, hasta que los aumentos sean íntegramente compensados en favor de la administración.  
De este modo, y en cualquier caso, conforme al artículo 55.6 de la LRAU, la modificación requerirá un informe favorable del Consejo Superior de Urbanismo. De seguir sin constituirse este órgano, en aplicación de la disposición transitoria novena de la LRAU, la resolución definitiva sobre la aprobación corresponderá al conseller.  
Pero, además de esta especialidad procedimental, la aprobación de la modificación requerirá el cumplimiento de los requisitos de fondo previstos en los citados artículos 55.6 y 59.2 de la LRAU. En síntesis, los requisitos son los siguientes:  
a) Que la ordenación satisfaga los principios rectores de la actividad urbanística. Según el artículo 1.2 de la LRAU estos principios rectores son los enunciados en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución. En el caso que nos ocupa, el objeto de la modificación poco tiene que ver con los principios rectores fijados en el artículo 45, relativo al medio ambiente, y con el 46, referente al patrimonio histórico y cultural, de la Constitución. En cuanto al artículo 47, el mismo establece como principios rectores el derecho de todos los espaÑoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y la participación de la comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística.  
En el presente caso, la modificación consiste en la reducción de 1,5 metros de la anchura de un vial, sin que esto suponga incremento del aprovechamiento, dado que el fondo máximo edificable se mantiene. La modificación no es contraria al principio rector favorecedor del derecho a la vivienda; en la misma el ayuntamiento ha hecho una expresa valoración de las exigencias del interés general en cuanto a la utilización del suelo en el punto afectado, contraponiendo los inconvenientes la «vía dura de la demolición» frente al mantenimiento de una anchura suficiente para alcanzar la fluidez del tráfico de los vehículos o peatones en la zona; y por último, tal y como se plantea, no existen plusvalías, pues se mantiene el aprovechamiento máximo. Así las cosas, no se observa razón legal que haga concluir que la modificación no satisface las exigencias derivadas de los principios rectores de la actividad urbanística.  
b) Que la ordenación satisfaga los estándares legales de calidad de ordenación. El artículo 55.6 de la LRAU no concreta a qué estándares legales se refiere, si a los propios del plan parcial previstos en el artículo 22 de la ley, o a los que, para el suelo urbano, puedan derivarse del artículo 19. Este requisito, que será de gran importancia cuando de lo que se trate es de legalizar urbanizaciones enteras, es difícilmente operativo cuando nos hallamos ante la mera reducción en 1,5 metros del ancho de un vial, manteniendo el aprovechamiento total y legalizando únicamente los pilares que soportan unos voladizos. En cualquier caso, la modificación no afecta a los estándares de calidad de ordenación exigibles al suelo urbano en el artículo 19 de la LRAU y, además, el ancho que al final se establece sigue siendo superior al ordinariamente exigible en el municipio, por lo que no puede decirse que se incumple este segundo requisito.  
c) Que se compensen a la administración los aumentos de aprovechamiento. Como ya se ha dicho, esta modificación no supone incremento de aprovechamiento.  
De todo ello se concluye que, desde el punto de vista de lo dispuesto en los artículos 55.6 y 59.2 de la LRAU, no hay inconveniente a la aprobación de la modificación.  
Quinto. Además de lo anterior, ha de examinarse también si la modificación cumple lo establecido en el artículo 55.3 de la LRAU, según el cual toda alteración de la ordenación establecida por un Plan que desafecte el suelo de un destino público deberá contener medidas compensatorias para mantener la proporción entre dotaciones y aprovechamiento.  
En esta modificación, como ya se ha dicho, no existe aumento de aprovechamiento. Y, en cuanto a la reducción del espacio de calle, como se seÑala por el Ayuntamiento, en el encuentro de la calle de Sant Joaquim y el camino de Malla se crea una amplia zona verde de 2.900 m2, mediante otra modificación puntual que se tramita simultáneamente. Así, el artículo 55.3 de la LRAU tampoco es obstáculo a la aprobación de esta modificación.  
Sexto. Queda, por último, y con independencia de lo establecido en los preceptos legales citados en las dos consideraciones anteriores, por examinar la corrección jurídica de la decisión municipal de disminuir de 8 a 6,5 metros la anchura de la calle, al margen de si ello legaliza alguna actuación irregular o desequilibra la proporción entre aprovechamiento y dotaciones.  
En este sentido, convendrá recordar, como de modo reiterado ha establecido la jurisprudencia, que la determinación concreta del trazado y anchura de unos viales en el suelo urbano se enmarca claramente dentro de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, gozando en tales casos la administración de amplia libertad para elegir, entre las alternativas posibles, la forma en la que el territorio ha de quedar ordenado. Asimismo, son las citadas materias determinaciones urbanísticas que trazan el modelo físico de una convivencia puramente local, sin incidencia en intereses supralocales, por lo que, cuando de tales determinaciones se trate, aquella discrecionalidad debe ser actuada por el Ayuntamiento, desde la representación que la confiere su legitimidad democrática.  
Cabe aquí únicamente, desde el ejercicio de las competencias autonómicas, un control de legalidad derivado del examen de la decisión discrecional a la luz del principio general del derecho de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, principio consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución. Pero en este caso el Ayuntamiento motiva la modificación en criterios de racionalidad que no son arbitrarios, por lo que no se observa tampoco obstáculo a su aprobación.  
Séptimo. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es el órgano competente para la resolución de este expediente, conforme resulta del artículo 6.d) del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:  
Aprobar definitivamente la modificación del Plan General de Villavieja (Castellón) relativa a la reducción del ancho de la calle en la calle de Sant Joaquim.  
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma. Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f) y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 16 de mayo de 1996.- El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: Luis F. Cartagena Travesedo.