Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4461, del 17-03-2003 (2003/2804)

Juicio de desahucio número 938/2001. Cédula de notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4461

Fecha DOGV
:   17-03-2003

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2003/2804


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 20 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Juicio de desahucio número 938/2001. Cédula de notificación. [2003/F2804]
  
Reyes Meliá Llácer, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Valencia, por medio del presente hago saber:
  
Que en este juzgado se sigue autos de juicio de desahucio número 938/2001, seguidos a instancia de Trinidad Gimeno Medina, representado por el procurador Ricardo Martín Pérez y asistida del letrado Santiago Nebot Rodrigo contra José Fernández Labrador, con domicilio desconocido, se ha dictado sentencia de fecha 31 de julio de 2002, cuyos razonamientos jurídicos y fallo, literalmente dice:
  
Razonamientos jurídicos
  
Primero. Que por el procurador Ricardo Martín Pérez, en nombre y representación de Trinidad Gimeno Medina se ejercitó acción, a través del juicio verbal contra José Fernández Labrador, pretendiendo la resolución por falta de pago de la renta del contrato de arrendamiento relativo a la vivienda sita en la calle de Burriana, número 21-10ª, de Valencia, celebrado por los litigantes el 1 de septiembre de 2000.
  
Segundo. Que frente a dicha acción el demandado fue declarado en rebeldía, dado que no compareció al acto de la vista pese a estar citado en legal forma, por lo que tal y como dispone el artículo 442-2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, sin volver a citarlo, siguió el juicio su curso sin su intervención.
  
Tercero. El pago de la renta arrendaticia es la obligación básica y esencial del arrendamiento (artículo 1555-1º del Código Civil, artículo 95 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994) y constituye la contraprestación al uso y disfrute del inmueble que le cede el arrendador.
  
Cuarto. A tenor del artículo 27-2º-A) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por la falta de pago de la renta, o en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.
  
Quinto. Que partiendo de cuanto antecede, del examen de las actuaciones y del estudio de la prueba obrante en ellas cabe decir que procede estimar la demanda al haber quedado probada la certeza de los hechos de los que se desprende, según las normas jurídicas aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda, habiendo cumplido la parte actora con la carga de la prueba que le incumbe a tenor del artículo 217-2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Así, con la demanda se acompañó el contrato de arrendamiento cuya resolución se pretende, contrato en cuya estipulación tercera se pactó que el arrendatario abonaría como precio de arrendamiento 60.000 pesetas mensuales, pagaderas por meses anticipados dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso o transferencia en el número de cuenta bancaria 7827-3610-80-5143603376. Será por cuenta, asimismo, del arrendatario, según la estipulación quinta, todos los tributos, gastos, arbitrios, contribuciones, etcétera, tanto estatales como autonómicos o locales, que correspondan al inmueble arrendado; asimismo abonará la parte que corresponda a la vivienda arrendada en los gastos comunes del edificio, así como, según la estipulación cuarta, los suministros de agua, gas, electricidad, teléfono y cualesquiera otros que pudieran ser susceptibles de individualización mediante aparatos contadores.
  
Estas cláusulas contractuales son claras y no albergan duda alguna sobre la intención de los contratantes, por lo que según dispone el artículo 1281-1º del Código Civil, primera norma de interpretación de los contratos, debe estarse a su tenor literal.
  
La parte demandante en la demanda afirma que el arrendatario no ha pagado las rentas correspondientes a las mensualidades citadas, así como las cantidades correspondientes a gastos comunes y los recibos de agua correspondientes a los meses indicados, adeudándose asimismo los recibos correspondientes al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los años 2001 y 2002, y siendo que la parte demandada no ha desvirtuado este hecho por ningún medio probatorio admitido en derecho, ya que se ha limitado a mantener una posición de rebeldía, luego el demandado no ha probado el hecho extintivo o enervador de la eficacia jurídica de los hechos expuestos por la parte demandante, hecho extintivo o enervador que sería el pago de las rentas adeudadas (artículo 1156 del Código Civil en relación con el artículo 1555-1º del mismo, artículo 95 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994), procede así la estimación de la demanda.
  
Sexto. Respecto a las costas, siguiendo el principio de vencimiento objetivo que establece el artículo 394-1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, estimándose la demanda en el presente supuesto cabe imponer las costas al demandado, parte que ha visto rechazadas sus pretensiones, sin que se aprecie que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
  
Fallo
  
Que estimando la demanda formulada por el procurador Ricardo Martín Pérez, en nombre y representación de Trinidad Gimeno Medina, contra José Fernández Labrador, sobre resolución por falta de pago de la renta de contrato de arrendamiento de vivienda, debo declarar y declaro resuelto por falta de pago de la renta el contrato de arrendamiento relativo a la vivienda sita en la calle de Burriana, número 21-10ª, de Valencia, celebrado por los litigantes el 1 de septiembre de 2000, y en consecuencia, condeno al demandado a estar y pasar por dicha declaración.
  
Procede imponer las costas al demandado.
  
Notifíquese a las partes la anterior resolución, haciéndoles saber que no es firme, sino susceptible de ser recurrida en apelación ante este juzgado, para ante la Audiencia Provincial, dentro del término de cinco días.
  
No se admitirá el recurso al demandado, si al prepararlo no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas.
  
Así por ésta mi sentencia, que se llevará al libro de las de su clase y testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.
  
Y para que sirva de edicto de notificación de sentencia en forma, al demandado José Fernández Labrador, extiendo la presente.