Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4397, del 12-12-2002 (2002/13820)

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2002, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se estima el recurso administrativo de alzada interpuesto por Teresa Ballester Giner, contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de fecha 25 de septiembre de 2001, de aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs (Castellón).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4397

Fecha DOGV
:   12-12-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/13388


Fecha del documento
:   03-10-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Vinaròs
    * plan de urbanismo

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2002, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se estima el recurso administrativo de alzada interpuesto por Teresa Ballester Giner, contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de fecha 25 de septiembre de 2001, de aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs (Castellón). [2002/13488]
  
Visto el recurso de alzada interpuesto por Teresa Ballester Giner contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, de fecha 25 de septiembre de 2001, que aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Vinaròs, y de conformidad con los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión de 25 de septiembre de 2001, aprobó definitivamente el Plan General del municipio de Vinaròs, supeditando su eficacia y posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón a que el Ayuntamiento de Vinaròs presentase documentación adicional. En fecha 4 de octubre de 2001, el Ayuntamiento de Vinaròs adjuntó la documentación requerida.
  
Introducidas en el documento las correcciones ordenadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, mediante Resolución del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial de fecha 11 de octubre de 2001 se ordenó la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan General y de las normas urbanísticas, practicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 128 de 25 de octubre de 2001.
  
Segundo
  
En fecha 26 de noviembre de 2001, se interpuso por Teresa Ballester Giner recurso administrativo de alzada contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs, impugnando la calificación urbanística otorgada a la parcela de su propiedad situada en la C/ San Francisco 121 de Vinaròs, mostrándose disconforme con la calificación de suelo dotacional de la parcela así como que la misma se incluya dentro de la Unidad de Ejecución GS.7.S.49.
  
Tercero
  
Del recurso presentado se dio traslado al Ayuntamiento de Vinaròs, para que en el plazo de 15 días, conforme a lo establecido en el artículo 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, pudiera alegar cuanto estimase conveniente, recibiendo informe de dicha Entidad Local, de fecha 6 de marzo de 2002 .
  
Cuarto
  
El Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón, en fecha 13 de marzo de 2002, emitió informe respecto al objeto del recurso interpuesto.
  
Quinto
  
Con fecha 11 de julio de 2002 se recibe acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vinaroz adoptado en sesión celebrada el 11 de junio de 2002 favorable a la estimación del recurso de referencia.
  
Sexto
  
El Area Jurídica de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en fecha 2 de octubre de 2002, informó favorablemente la estimación del presente recurso de alzada.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero
  
El recurso de alzada deducido es admisible puesto que se interpone en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el artículo 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. De este modo, cabe concluir que el recurso que ahora se examina se ha interpuesto dentro de plazo, por lo que procede entrar en su examen.
  
Segundo
  
La recurrente argumenta en su escrito; improcedencia de la inclusión de la parcela de su propiedad en la unidad de ejecución UE.2 R.08, por ser suelo urbano consolidado por la urbanización, disponiendo de todas las condiciones exigidas por el art. 6 de la LRAU para tener la condición de solar; ausencia de motivación que justifique el destino dotacional público otorgado al solar; inexistencia de la obligación de ceder el edificio al no contemplarse dentro de las obligaciones de los propietarios de suelo urbano consolidado de conformidad con el art. 12 de la LRSV; que la protección del edificio queda suficientemente garantizada en virtud de lo dispuesto en el art. 86 de la LRAU. Por todo ello solicita que se proceda a calificar su parcela como suelo urbano consolidado con destino residencial y terciario de carácter privado.
  
Tercero
  
Al respecto indicar, como así se señala en el informe emitido por el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón, que no puede considerarse que la previsión por el Plan, de suelos dotacionales suponga una decisión arbitraria o contraria al interés público. De otro lado la inclusión de la parcela dotacional dentro de la unidad de ejecución garantiza el derecho del propietario de la parcela dotacional a obtener, dentro de la reparcelación, el mismo aprovechamiento urbanístico que el resto de los propietarios, siendo por otro lado perfectamente posible la inclusión de suelo urbano dentro de la unidad de ejecución conforme al artículo 116.2 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, por lo que no ha quedado acreditado en absoluto que la calificación conferida por el Plan, infrinja el ordenamiento jurídico.
  
Cuarto
  
No obstante, se trata de una consideración de pura oportunidad, siendo además una cuestión de interés público local, por lo que, de conformidad con el artículo 40 de la LRAU, le está vedado a la resolución autonómica, cuestionar la interpretación de tal interés formulado por el municipio desde su propia representatividad.
  
Del informe municipal se desprende que ?la inclusión del edificio dentro de la unidad de ejecución en suelo urbano residencial nº 8 se realiza con el objeto de garantizar la conservación del mismo por tratarse de un edificio de alto valor arquitectónico, ubicándose el aprovechamiento al que la propiedad tiene derecho en la parcela colindante (edificación de 8 alturas zona urbanística ZU-4). No obstante la conservación, de acuerdo con lo dispuesto en el punto quinto de la alegación, puede considerarse garantizado en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la LRAU. Tras la entrada en vigor del Plan General, el propietario del resto de la unidad de ejecución, se ha puesto en contacto con el propio Ayuntamiento constatando la dificultad de gestión de la unidad UE2R08, por el excesivo costo de indemnización de la Casa Ballester. Es necesario adoptar medidas encaminadas a subsanar tal deficiencia y posibilitar la gestión. Por todo ello, y en relación a la clasificación de la parcela como suelo urbano consolidado con destino residencial de carácter privado, se informa favorablemente siempre y cuando por parte de la propiedad se renunciara al aprovechamiento asignado inicialmente por el Plan General y se admitiera la calificación como ZU-4 con un número de plantas máximo de 3 alturas en parte del sector y una en el resto, de acuerdo con lo edificado en la actualidad. No se considera viable su eliminación del catálogo, debiendo quedar la edificación incluida en el, sin alterar la ficha nº 12. El resto de la unidad quedaría como actuación aislada con la calificación actual.-
  
Quinto
  
El Ayuntamiento de Vinaroz, a la vista del informe del técnico municipal, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado por unanimidad, en sesión celebrada el 11 de junio de 2002, emite informe favorable a la propuesta presentada por Teresa Ballester Giner, en los términos del informe del técnico municipal
  
Procede, por lo tanto, estimar el recurso de alzada presentado por Teresa Ballester Giner, de forma que la parcela sita en la C/ San Francisco esquina Raimundo de Alós (Casa Ballester), propiedad de Teresa Ballester Giner, pase a clasificarse como suelo urbano consolidado con destino residencial de carácter privado, conforme se indica en el propio acuerdo municipal, debiendo suscribir convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Vinaròs y los propietarios de la parcela con las formalidades establecidas en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística que remite a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable al objeto de concretar los términos del mencionado acuerdo municipal.
  
Sexto
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es competente para resolver los recursos interpuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Decreto 210/2001, de 18 de diciembre y el Decreto 77/1996, de 16 de abril del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Estimar el recurso administrativo de alzada interpuesto por Teresa Ballester Giner, contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de fecha 25 de septiembre de 2001, de aprobación definitiva del Plan General de Vinaròs (Castellón), de forma que la parcela sita en la C/ San Francisco esquina Raimundo de Alós Casa Ballester, propiedad de Teresa Ballester Giner, pase a clasificarse como suelo urbano consolidado con destino residencial de carácter privado, conforme se indica en el propio acuerdo municipal, debiendo suscribir convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Vinaròs y los propietarios de la parcela con las formalidades establecidas en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, que remite a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable, al objeto de concretar los términos del mencionado acuerdo municipal.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 3 de octubre de 2002.- El conseller: José Ramón García Antón.