Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4914, del 30-12-2004 (2004/13309)

ORDEN de 22 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en residencias de la tercera edad en el año 2005.
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Número DOGV
:   4914

Fecha DOGV
:   30-12-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2004/13146


Fecha del documento
:   22-12-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * apoyo económico
    * ayuda pública
    * equipamiento social
    * tercera edad

ORDEN de 22 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en residencias de la tercera edad en el año 2005. [2004/F13472]
  
La población de Tercera Edad es uno de los grupos sociales que precisa de una atención específica, de modo muy particular cuando por su situación de soledad, deficiencias en su estado de salud, o ausencia de familia que pueda facilitarles la atención que precisan, necesitan recurrir al ingreso en un centro residencial.
  
Actualmente se considera que la calidad de vida de las personas mayores se incrementa cuando éstas pueden satisfacer sus necesidades en su propio entorno familiar y social, pero es un hecho, que determinadas situaciones no pueden satisfacerse en este ámbito y es preciso por ello, disponer de otras alternativas: las residencias.
  
Además se hace necesario posibilitar la elección del centro a las personas que necesitan este recurso habilitando una oferta de plazas residenciales lo más amplia posible y respetando la cercanía a su ámbito familiar.
  
Por todo ello la Generalitat en el marco de lo previsto en el art. 50 de la Constitución, el artículo 31.24 del Estatuto de Autonomía, el artículo 20, d) de la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, así como el Plan de Calidad Asistencial Gerontológico aprobado mediante Acuerdo del Consell de 1 de septiembre de 1998, y en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 47.11 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana y por el Decreto 120/2003 de 11 de julio del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social (DOGV núm. 4543 de fecha 14 de julio de 2003)
  
ORDENO
  
Artículo 1. Objeto
  
1.1. El objeto de esta orden es convocar ayudas para sufragar las estancias en Residencias de tercera edad para el año 2005, tanto en Centros Adheridos al programa Bono Residencia como en centros con plazas de Accesibilidad Social.
  
1.2. Las ayudas convocadas mediante la presente orden van destinadas a personas que, teniendo necesidad de ingresar en un centro residencial, no dispongan de medios suficientes para hacer frente al coste del mismo.
  
1.3. Acreditada por la persona mayor su necesidad de ingreso en una Residencia y la carencia de medios económicos para satisfacer esta necesidad, la Generalitat Valenciana sufragará el importe complementario, hasta el precio de la plaza establecido en el artículo 2.2. de acuerdo con los criterios establecidos en la presente orden. Dicho importe será satisfecho directamente a cualquiera de las residencias integradas en el programa Bono Residencia o a las Residencias de Accesibilidad Social.
  
Artículo 2. Tipología de los usuarios y precios de las estancias
  
2.1. La tipología de los usuarios se determinará a partir del informe médico, en función del grado de dependencia de los beneficiarios, de acuerdo con las puntuaciones que figuran en el baremo sobre la autonomía física y psíquica, anexo 1a). Así, a los efectos de estas ayudas, una vez determinada la puntuación total mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados del citado informe médico, se considerarán:
  
Para beneficiarios de ayudas bono residencia
  
Válidos: los que obtuvieren una puntuación de hasta 10 puntos.
  
Semi-asistidos: los que obtuvieren una puntuación de más de 10 y hasta 18 puntos.
  
Asistidos: los que obtuvieren una puntuación de más de 18 puntos y hasta 30 puntos.
  
Supra-asistidos: los que obtuvieren una puntuación de más de 30 puntos.
  
Para beneficiarios de ayudas de Accesibilidad Social
  
Se considerarán personas dependientes aquellas que tengan una puntuación superior a 10 puntos
  
2.2. Los precios de las estancias, y por tanto las cuantías que servirán de base para el cálculo de las ayudas para el ejercicio 2005, son los que se especifican a continuación:
  
Estancias en plazas adheridas al Programa Bono Residencia:
  
Válidos 804'44 Euros/ mes (Impuestos incluidos)
  
Semi-asistidos 925'90 Euros /mes (Impuestos incluidos)
  
Asistidos 1.121'73 Euros /mes (Impuestos incluidos)
  
Supra-asistidos 1.351'6 Euros /mes (Impuestos incluidos)
  
Estancias en plazas de Accesibilidad Social: serán los que figuran para el ejercicio de 2005, en cada uno de los contratos administrativos especiales para la atención residencial de personas mayores dependientes suscritos por la Conselleria de Bienestar Social, en el marco del Programa de Acceso a Plazas Residenciales en el Sistema de Servicios Sociales aprobado por Acuerdo del Gobierno Valenciano de 30 de enero de 2001.
  
2.3. Los solicitantes que no obtuvieren en el informe médico una puntuación superior a los 10 puntos se consideraran como válidos y sólo serán objeto de estas ayudas cuando hayan sido beneficiarios en el año anterior o figuren como cosolicitantes con personas valoradas como semi-asistidos, asistidos o supra-asistidos.
  
2.4. En los precios anteriores se incluye la atención integral de los beneficiarios con todos los servicios propios de un centro residencial, sin que las residencias puedan cobrar a los mismos, cantidades adicionales por la prestación de dichos servicios. El incumplimiento de lo anterior, podrá dar lugar a la separación de la adhesión del programa de la residencia infractora.
  
2.5. A los efectos de esta orden, se entiende por atención integral completa, además del alojamiento, manutención y cuidados de carácter personal que precise cada uno de los usuarios, todos los demás servicios que debe proporcionar para la correcta atención del residente: cuidados de enfermería y vigilancia médica, actividades ocupacionales y rehabilitadoras adaptadas a las capacidades de sus atendidos, actividades recreativas y culturales, etc. sin que puedan cobrarse a los usuarios cantidades adicionales por estas prestaciones.
  
Únicamente se entenderán servicios que no forman parte de la atención integral, aquellos servicios especiales que no sean básicos para la atención e higiene personal del usuario y de los cuales se pueda prescindir sin merma de su calidad de vida.
  
Artículo 3. Personas que pueden acogerse al programa
  
Podrán acogerse a las ayudas objeto de esta convocatoria las personas que reúnan los siguientes requisitos:
  
3.1. Tener 65 años o más, en el momento de presentación de la solicitud y que hayan cesado en su actividad laboral o profesional. Excepcionalmente se contemplarán personas menores de esta edad cuando su situación de dependencia funcional, psíquica y social así lo requiera.
  
3.2. Residir en la Comunidad Valenciana, estando empadronado en alguno de sus municipios con una antigüedad mínima de dos años con anterioridad a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente, podrá dispensarse del cumplimiento de este requisito en los supuestos siguientes:
  
Retorno de emigrantes de nacionalidad española, nacidos en la Comunidad Valenciana y sus cónyuges, cuando soliciten conjuntamente con estos su ingreso en un centro.
  
Personas de nacionalidad española procedentes de otras Comunidades Autónomas cuyos hijos o familiares directos residan en la Comunidad Valenciana. En este caso, los hijos o familiares del solicitante deberán estar empadronados en alguno de los municipios de la Comunidad Valenciana con una antigüedad mínima de dos años con anterioridad a la presentación de la solicitud.
  
3.3. Tener un estado de salud que no requiera la adopción de medidas de salud publica que impliquen aislamiento y/o medidas extraordinarias destinadas a impedir la transmisibilidad a las demás personas convivientes en el centro.
  
3.4. Tener un estado de salud que no requiera asistencia continuada en centro hospitalario en régimen de internamiento.
  
3.5. Acreditar la necesidad de ingreso en un centro residencial, por no disponer de otros recursos alternativos para satisfacerla, en los términos expresados en el artículo 4.
  
3.6. No padecer trastornos graves de conducta y/o comportamientos agresivos que requieran ser atendidos por otros recursos de carácter social o sanitario.
  
3.7. De forma excepcional y con el objeto de mantener la unidad familiar, podrán solicitar el ingreso conjunto con el solicitante principal, las personas menores de 65 años, que acrediten una de las siguientes situaciones: ser cónyuge o pareja de hecho debidamente inscrita en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana, ser discapacitado conviviente con el solicitante y siempre que ingrese en el mismo centro residencial que aquel. A estos efectos se considerarán discapacitados aquellos que define como tales la Ley de Integración Social del Minusválido y que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 65%.
  
Artículo 4. Acreditación de la necesidad.
  
4.1. Para acreditar la necesidad de ingreso en un centro residencial el solicitante deberá presentar un grado de dependencia superior a 10 puntos según la valoración del informe médico y obtener una valoración mínima de 15 puntos en el informe social según el baremo que figura en el anexo.
  
4.2. Para la acreditación de la insuficiencia de recursos económicos para afrontar los costes de la residencia se considerarán los ingresos provenientes de sueldos, rentas, intereses bancarios, pensiones o ayudas correspondientes a instituciones públicas o cualquier otra forma de ingresos.
  
4.3. Se considerará que el solicitante tiene recursos económicos suficientes y por tanto no podrá acogerse a las ayudas establecidas en la presente orden, cuando la renta per cápita de su unidad familiar sea igual o superior al coste de la plaza que necesita, de acuerdo con los precios que se indican en el artículo 2.2 de la presente orden, o cuando la suma de la aportación que le corresponda realizar y la que corresponda a las unidades familiares de los hijos que no formen parte de la unidad familiar del solicitante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la presente orden, iguale o supere el precio de dicha plaza.
  
A los efectos de la presente orden, se considerará unidad familiar la contemplada en el artículo 68 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  
Articulo 5. Solicitudes y documentación.
  
Las personas que reúnan los requisitos establecidos en los artículos anteriores y quieran solicitar las ayudas reguladas en la presente orden, deberán presentar ante la Conselleria de Bienestar Social la siguiente documentación:
  
5.1. Solicitud según modelo que figura en el anexo 2, debidamente cumplimentada, firmada por la persona interesada, o su representante, siempre que este último lo acredite en la forma establecida en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
5.1.1. Dicha solicitud deberá expresar si se efectúa solo para la modalidad de Bono, solo para Accesibilidad Social o para ambas modalidades, Bono y Accesibilidad Social, reflejando en este último caso, únicamente la residencia o residencias de accesibilidad social para la que solicite expresamente la ayuda.
  
5.1.2 En el supuesto de que el solicitante opte por ambas modalidades de ayudas, o por varias residencias de accesibilidad social, la administración resolverá atendiendo a la disponibilidad de plazas existente en cada momento, sin que sea posible con carácter posterior a la resolución, el cambio de modalidad o el ingreso en un centro diferente de aquel para el que se le ha concedido la ayuda solicitada.
  
5.1.3.Si la persona interesada está incapacitada por sentencia judicial, deberá firmar la solicitud el tutor o curador designado por la autoridad judicial.
  
5.1.4 Las solicitudes podrán ser suscritas de forma individual o conjuntamente cuando se trate de matrimonios o parejas de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho y/o discapacitados convivientes con el solicitante principal.
  
5.2. En el supuesto de que exista una presunta incapacidad o una incapacidad declarada, será necesario presentar junto con la solicitud de la ayuda, la autorización judicial para el internamiento o justificación de haberla solicitado en el juzgado correspondiente. En todo caso, será necesario disponer de la misma, en el momento del ingreso en la residencia.
  
5.3. Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad del solicitante y del representante, en su caso.
  
5.4. Certificado de empadronamiento del solicitante con especificación de la antigüedad, o, en su caso, del hijo/a o familiar directo en los supuestos de reagrupación familiar a que se refiere el art. 3.2 b) de esta orden. En este último caso, deberá presentarse además fotocopia compulsada del Libro de Familia del solicitante.
  
5.5. Certificado de nacimiento del solicitante, cuando éste se encuentre en el supuesto del artículo 3.2 apartado a) de esta orden
  
5.6. Justificante de la pensión o pensiones de las que sean titulares los miembros de la unidad familiar del solicitante, incluido el mismo, expedido por el órgano competente y referido al ejercicio 2005.
  
5.7.Fotocopia del libro de familia o declaración jurada del solicitante relativa al número de hijos.
  
5.8. Impreso que figura en el anexo de la presente orden relativo a la conformidad de los hijos del solicitante de efectuar la aportación familiar que corresponda en cada caso, debidamente firmado por los mismos. En el caso de que alguno de ellos renuncie a efectuar la aportación que pueda corresponderle con arreglo a su ingresos, deberá acompañarse un escrito manifestando dicha renuncia o bien una declaración jurada del beneficiario expresando esta circunstancia.
  
5.9. Autorización del interesado y/o del cónyuge o representante, en su caso, para solicitar de la Agencia Estatal de la administración Tributaria o de otras Administraciones Públicas (anexo 7 a), la cesión, a la administración de la Generalitat Valenciana, de la información de carácter tributario o sobre la percepción de prestaciones públicas, necesaria para el reconocimiento, seguimiento y control de los requisitos de carácter económico y determinación de la aportación personal que corresponda para la obtención, en su caso, de las ayudas a las que se refiere la presente orden. No obstante lo anterior, cuando no sea posible la obtención de dicha información por medios informáticos o telemáticos, la Conselleria de Bienestar Social podrá solicitar directamente a los interesados la presentación de fotocopia compulsada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio de 2003, y referida a la unidad familiar del solicitante.
  
5.10. .Autorización de cada uno de los hijos del interesado y de sus respectivos cónyuges y demás miembros, en su caso, de la unidad familiar de cada uno de ellos, para solicitar de la Agencia Estatal de la administración Tributaria (anexos 7 b), la cesión, a la administración de la Generalitat Valenciana, de la información de carácter tributario necesaria para el reconocimiento, seguimiento y control de los requisitos de carácter económico y determinación de las aportaciones familiares que correspondan para la obtención, en su caso, de las ayudas a las que se refiere la presente orden. No obstante lo anterior, cuando la información necesaria no sea posible obtenerla por medios informáticos o telemáticos, la Conselleria de Bienestar Social podrá solicitarla directamente a los interesados.
  
5.11. En el supuesto de que los interesados deban satisfacer pensiones compensatorias a favor del cónyuge y/o anualidades por alimentos, deberán acompañar la correspondiente sentencia judicial firme de la que se deriven.
  
5.12. Informe Médico, según modelo que figura en el anexo 3 que deberá de estar cumplimentado por médico de Atención Primaria del solicitante. En el caso de que el solicitante estuviera ingresado en un centro, dicho informe podrá efectuarlo el médico de dicho centro si lo tuviere.
  
5.13. Informe Social, según modelo que figura en el anexo 4, que deberá estar cumplimentado por el trabajador social del equipo social de base del ayuntamiento del solicitante o trabajador social de alguno de los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad. En el supuesto de que el solicitante ya se halle atendido en un centro adherido, dicho informe podrá efectuarlo el trabajador social de dicho centro.
  
5.14. Certificado de minusvalía para la excepción establecida en el artículo 3.7 de la presente orden, expedido por los Centros de Orientación, Diagnóstico y Tratamiento de Minusvalías.
  
Artículo 6. Lugar y plazo de presentación de solicitudes
  
6.1. Las solicitudes se presentarán acompañadas de la documentación requerida en el artículo 5 en la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social de la provincia del solicitante, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
  
6.2. El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará a partir del día siguiente a la publicación de esta orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y finalizará el 31 de octubre de 2005.
  
Artículo 7. Tramitación
  
7.1.Los solicitantes podrán efectuar su solicitud directamente o a través de cualquiera de las residencias adheridas o de accesibilidad social. En este último caso, los solicitantes voluntariamente proporcionarán la información necesaria a las residencias a fin de que estas la transmitan a la Dirección General de Servicios Sociales utilizando los medios telemáticos que a tal efecto ponga a su disposición la Conselleria de Bienestar Social.
  
7.2. Independientemente de la transmisión telemática de las solicitudes, las residencias adheridas las remitirán con toda la documentación a las Direcciones Territoriales de Bienestar Social a fin de efectuar el correspondiente registro, comprobación y verificación pudiendo realizar de oficio las actuaciones que consideren necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos.
  
7.3. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, o no se acompañe la documentación, que de acuerdo con esta orden resulta exigible, podrá requerirse al interesado para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese se tendrá por desistida su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (LRJPAC), en su redacción dada al mismo por la Ley 4/1999 de 13 de enero de Modificación de la ley 30/92.
  
7.4. En cualquier fase de la tramitación del expediente, a la vista de la documentación obrante en el mismo, se podrán recabar informes de los organismos y entidades que se estime oportuno y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello, así como solicitar a los interesados la documentación o aclaración que resulte necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos económicos exigidos en la presente orden.
  
Articulo 8. Valoración de las solicitudes
  
8.1. Recibida la solicitud, se aplicará el baremo que figura en el anexo 1. Dicho baremo ponderará la dependencia funcional y psíquica y la situación social y económica del interesado, así como otras situaciones especiales indicativas de su situación de necesidad.
  
8.2. De la aplicación del baremo resultará una puntuación global que determinará un orden preferente para la adjudicación de las ayudas primándose aquellas solicitudes que obtengan mayor puntuación.
  
Artículo 9. Determinación de la cuantía de las ayudas a conceder por la Generalitat Valenciana
  
9.1. Una vez determinado el tipo de usuario a partir del informe médico y el precio de la plaza que vaya a ocupar, el importe a conceder por la Generalitat Valenciana vendrá determinado por:
  
Importe de la ayuda = coste de la plaza - (aportación del beneficiario +aportación familiar).
  
9.2. La aportación del usuario se calculará aplicando a los ingresos de su unidad familiar la cuantía establecida por la normativa de precios públicos para plazas de asistidos en residencias de Tercera Edad dependientes de la Generalitat Valenciana, considerándose como unidad familiar del solicitante la especificada en el artículo 4.3. Dichos ingresos se computarán considerando la pensión percibida por los interesados en el ejercicio de 2005 y los datos que suministre la Agencia Estatal de la administración Tributaria correspondientes al ejercicio de 2003, para la determinación del cálculo de prestaciones sociales.
  
9.3 Además de la aportación que corresponda al solicitante, los hijos participarán también en el coste de la plaza residencial, según el nivel de renta de su propia unidad familiar, de acuerdo con las cuantías que se especifican en la tabla que figura en el anexo 6, considerando para ello separadamente la renta per cápita de las unidades familiares de cada uno de los hijos. A tal efecto deberán firmar el impreso de conformidad de efectuar la aportación familiar que les corresponda, de acuerdo con las cuantías especificadas en la citada tabla de aportaciones. En el caso de que alguno de ellos renuncie a efectuar la aportación que pueda corresponderle se procederá conforme a lo especificado en el artículo 5.8.
  
9.3.1.La renta familiar a efectos de la determinación de la aportación se obtendrá por agregación de las rentas del ejercicio 2003 de cada uno de los miembros computables de la familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza, calculadas según se indica en los párrafos siguientes y de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas Tributarias, en la redacción del Real Decreto Legislativo 3/2004. En todo caso, se excluirán los saldos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores.
  
9.3.2.Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan presentado declaración o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se sumarán la parte general de la renta del período impositivo con la parte especial de la renta del período impositivo. De esta suma se restará la reducción por rendimientos del trabajo, contemplada en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo).
  
9.3.3.Para la determinación de la renta de los miembros computables que obtengan ingresos propios, que no hubieran presentado declaración, por no estar obligados a ello, ni hubieran solicitado devolución, se sumarán los ingresos íntegros obtenidos, minorados en la cuantía correspondiente a los gastos deducibles del trabajo personal. De la cifra resultante se restará la cantidad de 3.500 euros con carácter general, correspondiente a la reducción por rendimientos del trabajo, en los términos del citado artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  
9.3.4.De la cuantía resultante se deducirán, en su caso, las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, siempre que ambas sean satisfechas como consecuencia de sentencia judicial firme.
  
9.4. No obstante lo expresado en el apartado anterior, cuando se justifique por sentencia judicial que el anciano carece del derecho a la prestación de alimentos de todos o de alguno de sus hijos, la renta per cápita de las unidades familiares de los hijos que no estuvieren obligados a la prestación de alimentos no se computarán para determinar la aportación de la Conselleria. Del mismo modo, cuando dicha sentencia obligue a los hijos al pago de alimentos por una cantidad inferior a la cantidad que correspondería de acuerdo con la tabla, se tomará la cuantía de la aportación familiar fijada en la sentencia.
  
9.5. Cuando los hijos de los solicitantes no firmen la conformidad a la que se refiere el apartado 9.3, y a fin de no perjudicar a las personas mayores en situación de abandono, se aplicará lo previsto en la Disposición Adicional Tercera.
  
Artículo 10. Resolución.
  
10.1. La competencia para resolver corresponde al director general de Servicios Sociales por delegación de la consellera de Bienestar Social.
  
10.2. Considerando que el presupuesto destinado a estas ayudas es limitado, las solicitudes se resolverán dando prioridad a las que acrediten mayor grado de necesidad, es decir, que obtengan mayor puntuación en el baremo del anexo I al que hace referencia el artículo 8.
  
10.3. La resolución especificará la modalidad de ayuda que se concede, el precio de la plaza para la que se concede la ayuda, el importe que corresponde abonar al solicitante en concepto de aportación personal, el que corresponde a los familiares si procede, y el importe de la ayuda que se concede por la Generalitat Valenciana para sufragar la estancia correspondiente. En el caso de que la modalidad de ayuda concedida sea de Accesibilidad Social, indicará asimismo el centro correspondiente.
  
10.4 Las ayudas concedidas tendrán efectos a partir del día uno del mes siguiente a la fecha de la Resolución.
  
10.5. El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes será de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en cualquiera de los registros del órgano competente para resolver. En todo caso se resolverá con anterioridad a la finalización del ejercicio 2005, teniéndose en cuenta, además, las fechas que se establezcan en la correspondiente Orden que regule las operaciones de cierre del ejercicio anteriormente reseñado.
  
La falta de Resolución y notificación en el plazo establecido anteriormente, producirá efectos desestimatorios de la solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana.
  
10.6 Una vez agotado el crédito consignado, no se podrán dictar más resoluciones por el director general de Servicios Sociales al amparo de esta orden, circunstancia que se tendrá que publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
10.7 En el caso de que una persona resultara beneficiaria de las ayudas reguladas en la presente orden y, sin causa justificada, no hiciera uso de la misma mediante su ingreso en el centro correspondiente, en el plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación, perderá el derecho que se le hubiera sido reconocido, dictándose a tal efecto resolución en la que se declare la dejación sin efectos de la ayuda concedida.
  
Artículo 11. Recursos contra resoluciones y actos administrativos
  
Contra las Resoluciones de concesión o denegación de una ayuda, podrá interponerse potestativamente Recurso de Reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y Procedimiento Administrativo Común o bien, puede interponerse directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Artículo 12. Forma de pago y justificación de las ayudas
  
12.1 Los beneficiarios de ayudas reguladas en la presente orden recibirán las mismas mediante su deducción del importe de la factura mensual de la estancia, abonándose éstas por la Generalitat Valenciana, directamente a los centros en los que se hallen atendidos dichos beneficiarios.
  
12.2. A tal efecto, los centros que atiendan beneficiarios de estas ayudas presentarán mensualmente en las Direcciones Territoriales de Bienestar Social, una relación nominal de los residentes que tengan acogidos junto con las correspondientes facturas, a las que se adjuntará la conformidad de la prestación del servicio por parte del beneficiario. Dicha relación se referirá a los residentes atendidos durante el mes inmediatamente anterior.
  
12.3 La liquidación a la que se refiere el párrafo anterior podrá efectuarse tambien telemáticamente utilizando los instrumentos informáticos que a tal efecto ponga a disposición de las Residencias la Conselleria de Bienestar Social. En el caso de efectuar las liquidaciones por este último procedimiento, éstas deberán estar debidamente firmadas por el representante de la residencia, y certificadas por la correspondiente Dirección Territorial de Bienestar Social.
  
12.4. Efectuada la liquidación por cualquiera de los procedimientos anteriores, la Dirección Territorial de Bienestar Social procederá a comprobar las facturas y aprobar la documentación presentada, verificando el cumplimiento de la finalidad objeto de subvención y emitiendo la certificación correspondiente. La Conselleria de Bienestar Social procederá al reconocimiento de la obligación y propuesta de pago a favor de cada una de las residencias prestadoras del servicio, previa la liquidación mensual que proceda, atendiendo a las altas y las bajas que se hubieren producido.
  
12.5. En caso de alta o baja, durante el mes, por cualquier motivo, de un beneficiario, la propuesta de pago a la Residencia acogedora se prorrateará por las noches que haya permanecido ingresado.
  
12.6. En el supuesto de que un beneficiario de estas ayudas sea ingresado en un centro hospitalario, la residencia seguirá recibiendo el 100% de las cantidades íntegras/diarias que correspondan, en calidad de reserva de plaza.
  
Si durante el periodo que dure la hospitalización, el solicitante o su familia manifiestan de forma expresa su deseo de no regresar al mismo centro, se entenderá que causa baja en el momento que la Residencia reciba la comunicación por escrito, percibiendo la cuantía del 100% del precio de la plaza con el límite máximo de la fecha señalada, pudiendo consecuentemente, disponer de esa plaza para otro usuario.
  
12.7. Se podrá dictar una resolución de dejar sin efectos, minoración y en su caso, reintegro de los importes indebidamente abonados por la Generalitat Valenciana a los centros que acojan beneficiarios de las ayudas reguladas en esta orden, así como los intereses de demora desde el momento del pago de la ayuda, en los supuestos del artículo 47.9 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, siempre que estos supuestos sean imputables a los titulares de dichos centros.
  
Artículo 13. Régimen de estancias y obligaciones de los beneficiarios.
  
13.1. La Dirección General de Servicios Sociales, cuando se conceda una ayuda para financiar estancias en una plaza de Accesibilidad Social, o en su caso el interesado cuando se trate de una ayuda Bono Residencia, comunicará al centro receptor los datos esenciales de la resolución.
  
13.2. Una vez producido el ingreso, el beneficiario o su representante, formalizará un documento, en el que figurará la aceptación expresa del Reglamento de Régimen Interno del Centro y aquellas otras normas que en su caso dicte la Generalitat en relación con esta materia. Asimismo estará obligado a:
  
Facilitar a los órganos competentes de la administración a requerimiento de los mismos, toda la información económica, fiscal, laboral y de cualquier tipo que les sea solicitada en relación con el expediente.
  
Abonar al centro la cantidad que le corresponda en concepto de aportación personal y familiar, según lo establecido en la resolución de concesión de la ayuda.
  
Observar las normas de convivencia y de respeto mutuo, con el resto de los residentes y con el personal de la residencia en que se halle atendido.
  
Notificar al órgano competente en materia de servicios sociales la concesión de toda ayuda por parte de otras administraciones o entidades públicas o privadas para la misma finalidad. En caso de que dichas ayudas fuesen diferentes de las iniciales previstas en la solicitud, el solicitante someterá el expediente, para su estudio, al órgano competente, que podrá aumentar o disminuir la cantidad inicialmente concedida mediante la oportuna resolución.
  
13.3.El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores podrá dar lugar a la dejación sin efectos de la Resolución de concesión de la ayuda económica o a su minoración, previa tramitación del oportuno expediente en el que se garantizará la audiencia al interesado.
  
Artículo 14. Modificación de situaciones.
  
14.1 El importe de la ayuda concedida por la Generalitat Valenciana se mantendrá durante todo el ejercicio, salvo que concurran circunstancias de excepcional gravedad en la situación de los beneficiarios, sobrevenidas al momento de la resolución inicial y por ello, los interesados soliciten y justifiquen a la Dirección General de Servicios Sociales la necesidad de su revisión.
  
14.2 Solo en los casos anteriores cuando un beneficiario del programa considere que se han modificado las circunstancias que sirvieron de base para dictar la resolución, podrá dirigir a la administración una solicitud de revisión de la misma, acompañando la documentación que considere adecuada para justificar su pretensión.
  
14.3 El director general de Servicios Sociales, una vez examinada la solicitud, dictará la resolución que proceda de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en la presente orden. En el caso de resoluciones estimatorias, estas darán lugar a bonos complementarios y tendrán efectos a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha de la solicitud.
  
Artículo 15. Centros participantes en el programa
  
15.1. Las ayudas a las que se refiere esta orden solo podrán hacerse efectivas mediante el ingreso del beneficiario en los centros adheridos, cuando la modalidad de ayuda concedida sea Bono Residencia, o en la residencia de Accesibilidad Social que se indique en la resolución, cuando se conceda esta modalidad de ayuda.
  
15.2. A los efectos de esta orden se entiende por Centro Adherido aquel que cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 5/1997 de Servicios Sociales y la presente norma, ha sido reconocido como tal en virtud de resolución expresa de la Dirección General de Servicios Sociales, y por ello pone a disposición de la Conselleria un número determinado de plazas residenciales para que sean ocupadas por personas mayores beneficiarias del programa Bono Residencia. Dichos centros deberán cumplir además los requisitos y condiciones que se establecen en el artículo siguiente.
  
15.3. Asimismo se entiende por residencia de Accesibilidad Social, aquella que dispone de plazas residenciales puestas a disposición de la Conselleria de Bienestar Social, en virtud del contrato administrativo especial suscrito en el marco del Programa de Acceso a Plazas Residenciales en el Sistema de Servicios Sociales, aprobado por Acuerdo del Gobierno Valenciano de 30 de enero de 2001. Estos centros no requerirán el reconocimiento previo de la condición de ?Centro Adherido- para la puesta a disposición de plazas de Accesibilidad Social. El régimen jurídico al que se someten estas residencias es el establecido en dicho contrato
  
Las residencias de Accesibilidad Social podrán tener también la condición de centros adheridos al programa Bono Residencia en las plazas que no sean de Accesibilidad Social, debiendo cumplir en este caso, los requisitos y condiciones exigidos para éstos.
  
15.4. Sin perjuicio de que el solicitante pueda manifestar su preferencia de acceder a un determinado centro de los contemplados en los dos apartados anteriores, la Conselleria de Bienestar Social dará respuesta a dicha necesidad de acuerdo con la disponibilidad de plazas de cada momento. En este sentido, la prioridad en la concesión de nuevas ayudas, para la cobertura de plazas vacantes en las zonas a que se refiere el mencionado Acuerdo del Gobierno Valenciano de 30 de enero de 2001, se efectuará por el orden siguiente: ayudas para financiar estancias en plazas de accesibilidad social y ayudas para financiar estancias en plazas adheridas al programa Bono Residencia.
  
Artículo 16. Requisitos para la adhesión al programa Bono Residencia
  
16.1. Cualquier residencia que desee obtener la condición de Centro Adherido deberá disponer de la autorización prevista en el artículo 47 de la vigente Ley 5/1997, por la cual se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad. La autorización deberá tener en todo caso carácter definitivo e implicará el mantenimiento de todos los requisitos exigidos en el momento de la autorización mientras se mantenga la condición de Centro Adherido.
  
16.2. Cuando la Dirección Territorial en el seguimiento habitual de los centros, o la inspección de Servicios Sociales detecte el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos y/o la residencia sea objeto de un expediente sancionador, se suspenderá cautelarmente la difusión de ese centro en los listados de Centros Adheridos a fin de evitar que sea elegido para su atención por nuevos beneficiarios. No obstante lo anterior, no se excluirá del programa para los usuarios actuales, si bien no podrán dar de alta nuevos beneficiarios de bono mientras se instruya el expediente sancionador y éste no se resuelva de forma definitiva.
  
16.3 .Se exceptúan de lo expresado en el apartado anterior, aquellos supuestos en que por la gravedad del incumplimiento la Dirección General de Servicios Sociales en el propio expediente sancionador resuelva dejar sin efecto la resolución de adhesión al centro y la separación automática del programa. Todo ello sin perjuicio de que puedan adoptarse las medidas cautelares previstas en la Ley 5/1997 de 25 de junio de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
  
16.4. Disponer del informe favorable emitido por el Servicio de Autorización y Seguimiento de Centros de la Dirección General de Servicios Sociales, previa comprobación de que la residencia cumple con todos los requisitos establecidos en la presente orden, además de la integración en el Plan de Mejora Asistencial en los términos que se definen en el Decreto 90/2002 de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, sobre control de Calidad de los Centros y Servicios de Acción Social y Entidades Evaluadoras de la misma en la Comunidad Valenciana, y su normativa de desarrollo.
  
Artículo 17. Obligaciones de las Residencias Adheridas
  
La adhesión al programa implicará para los titulares de los centros, las siguientes obligaciones:
  
17.1. Aceptar los precios y condiciones que se establecen en la presente orden, sin que en ningún caso puedan percibir cantidades adicionales por parte de los beneficiarios o de sus familias ni hacer diferenciaciones en el trato, los servicios o uso de las infraestructuras respecto al resto de los residentes del centro.
  
17.2.Comunicar las altas y las bajas de usuarios a la Dirección Territorial de Bienestar Social de la provincia donde está ubicado el centro, en el plazo de cinco días, especificando el motivo de la misma y adjuntando los justificantes correspondientes.
  
17.3.Aceptar la valoración del grado de dependencia establecido por la Conselleria de Bienestar Social que habrá sido determinada previamente de acuerdo con los criterios establecidos en el baremo de la autonomía que figura en el anexo 1 de esta orden y que vendrá indicado en la Resolución.
  
17.4..Aceptar el ingreso de beneficiarios en el centro siempre que disponga de plazas libres. Una vez admitido un beneficiario, no podrá exigirle que abandone el centro salvo circunstancias excepcionales, que se hallen contempladas en el Reglamento de Régimen Interno del Centro, y previa comunicación y aceptación de la Dirección General de Servicios Sociales.
  
Si una persona ingresa en un centro a título particular, no como beneficiario del programa bono residencia, una vez en el centro solicita y le es concedida, una ayuda para financiar su estancia en el mismo, el centro no podrá después exigir al beneficiario el abandono del mismo, alegando la falta de plazas para atenderle. El Centro estará obligado a cubrir esta circunstancia siempre que el total de las plazas ocupadas de este modo no exceda de un 10% de las plazas totales adheridas.
  
17.5.Cumplir con lo previsto en las normas reguladoras correspondientes, en lo que se refiere al pago y justificación de las estancias y atenerse a las indicaciones que sobre esta materia les proporcionen los órganos competentes. En este sentido, la residencia, no podrá exigir en el momento del ingreso a los beneficiarios de las ayudas en cualquiera de sus modalidades, y en concepto de fianza, una cantidad que supere el importe mensual que la Generalitat determine que el beneficiario debe aportar en concepto de aportación personal y familiar, pudiendo actualizarse anualmente de acuerdo con la cuantía de dicha aportación. El centro estará obligado a la devolución de dicho importe al beneficiario o su familia, en el momento que cause baja, previa liquidación de las cantidades adeudadas si las hubiere.
  
17.7.Anotar cada ingreso en el libro de registro, haciendo constar en el mismo, que es beneficiario de una plaza financiada por la Generalitat, la fecha de alta y de baja en su caso, especificando los motivos, así como cualquier otra incidencia relevante que se produzca en relación con el interesado.
  
17.8 Disponer de un expediente con los datos esenciales de cada uno de los usuarios garantizándose la confidencialidad de los mismos. En este expediente deberán constar además:
  
La documentación justificativa en casos de incapacidad o presunta incapacidad y los trámites efectuados de acuerdo con lo exigido en la normativa vigente en casos de incapacidad sobrevenida.
  
Un inventario de los elementos personales que lleve el usuario en el momento del ingreso.
  
17.9.Disponer de una plantilla de personal que para las residencias en ningún caso sea inferior a 35 trabajadores por cada 100 residentes, y que en todo caso sea suficiente para asegurar en su organización interna y distribución por turnos, de tal modo que se garantice que los usuarios estén atendidos las 24 horas del día. La plantilla descrita se computará sobre la capacidad total del centro y deberá estar integrada al menos, por un 70% de personal cualificado de atención directa.
  
17.10. En las residencias cuya capacidad sea igual o superior a las 100 plazas se exigirá un médico y dos ATS con una dedicación de 40 horas semanales. En las de capacidad inferior se exigirá un ATS con una dedicación de 8 horas semanales por cada 10 residentes y un médico con tres horas semanales de dedicación por cada 10 residentes hasta un máximo de jornada completa, exigiéndose además, para el caso de supra-asistidos, los requisitos que se expresan en el artículo siguiente. En todo caso la prestación mínima semanal de ambas figuras profesionales será de 5 horas.
  
17.11.Proporcionar a los usuarios de las residencias una atención integral completa con todos los servicios propios de un centro residencial, así como actividades ocupacionales, recreativas y rehabilitadoras en los términos establecidos en el artículo 2.5.
  
17.12. La Dirección General de Servicios Sociales a través del Servicio de Autorización y Seguimiento de Centros establecerá un plan de seguimiento del cumplimiento de los requisitos exigidos a los centros que participen en programas de puesta a disposición de plazas residenciales de tercera edad, con independencia de las actuaciones que pudiera realizar la Inspección de Servicios Sociales.
  
Para el cumplimiento de lo que se refiere el párrafo anterior, los centros deberán presentar al citado servicio al finalizar cada trimestre natural, un documento firmado por el director del centro donde se consignen datos sobre la plantilla de personal, usuarios y actividades según modelo que figura en el anexo 15. Los centros podrán remitir estos datos por medios telemáticos, mediante la utilización de la aplicación informática que con esta finalidad pudiera desarrollar la Dirección General de Servicios Sociales.
  
17.13. La Dirección General de Servicios Sociales podrá dejar sin efectos la adhesión del centro al programa por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones y requisitos exigidos a los mismos tras la tramitación del expediente al efecto, sin perjuicio de las medidas provisionales que pudieran dictarse al amparo de lo previsto en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, y de la Ley 5/1997, de 25 de junio de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
  
Artículo 18. Atención de supra-asistidos en residencias adheridas
  
18.1. Las residencias adheridas al programa Bono Residencia, que deseen atender a personas calificadas como supra-asistidas, deberán solicitarlo expresamente debiendo reunir además de los requisitos establecidos con carácter general en el artículo anterior, los requisitos adicionales, relativos a personal y equipamientos.
  
18.2. Si la residencia acoge a personas supra-asistidas, deberá contar con un mínimo de 0,45 trabajadores por cada usuario supra-asistido y 0,35 trabajadores para el resto.
  
18.3. En todo caso, en su plantilla, deberán figurar los siguientes profesionales: Médico, Psicólogo, Trabajador Social, Fisioterapeuta, Dietista y Ayudantes Técnicos Sanitarios/Diplomados en Enfermería, exigiéndose en todos los supuestos, la presencia de un Ayudante Técnico Sanitario/Diplomado en Enfermería durante las 24 horas del día.
  
18.4. Respecto al equipamiento, la residencia deberá contar con dotación de material de enfermería, material de esterilización, camas articuladas con barandillas de seguridad, colchones anti-escaras y equipamiento de transferencia y transporte.
  
18.5. Los usuarios supra-asistidos atendidos en residencias que no estén preparadas para ello, deberán trasladarse a centros que se hallen expresamente autorizados para la atención de este tipo de usuarios.
  
Excepcionalmente, en los casos en que el traslado de residencia pueda suponer un grave perjuicio para el usuario, éste podrá permanecer en la misma residencia, previa petición expresa por parte del mismo, o de su familia, cuando no estuviera el anciano en condiciones de decidir por sí mismo, a la Dirección General de Servicios Sociales, siendo también necesaria la conformidad de la residencia cumplimentando el modelo establecido como anexo número 11. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 757.3 y 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil respecto al internamiento de personas incapaces y/o presuntos incapaces. La residencia deberá informar al usuario y en su caso a la familia, de que la residencia no está preparada para atender supra-asistidos, con el fin de que sean conocedores de que si bien pueden continuar en la misma, tengan conocimiento de que no tiene los requisitos exigidos para atender este tipo de usuarios.
  
18.6. Cuando un solicitante obtenga la calificación de supra-asistido y se halle atendido en una residencia no autorizada para ello, pero manifieste su deseo de permanecer en el mismo centro, deberá indicarlo expresamente. En este caso y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se le considerará como asistido.
  
Dado el carácter excepcional de este supuesto, en ningún caso se abonarán plazas de supra-asistidos a centros que no reúnan las condiciones exigidas para atender a este tipo de usuarios y que, por tanto, no hayan sido reconocidos como aptos para ello mediante resolución expresa por la Dirección General de Servicios Sociales.
  
Artículo 19. Modo de adquirir la condición de centro adherido al programa Bono Residencia
  
19.1. Podrán obtener la condición de residencias adheridas todas aquellas que reunan los requisitos establecidos en la Ley 5/1997 de Servicios Sociales y la presente norma, y por ello, previa solicitud, sean reconocidas como tal en virtud de resolución expresa del director general de Servicios Sociales.
  
19.2. El titular de la residencia podrá solicitar la adhesión al programa efectuando la correspondiente solicitud a la Dirección General de Servicios Sociales mediante la utilización del modelo establecido en el anexo 8 de esta orden. En dicha solicitud especificará el número de plazas con que desea adherirse, sin que en ningún caso pueda sobrepasar el número de plazas máximo contemplado en la resolución por la que se hubiere otorgado al centro la autorización de funcionamiento.
  
19.3. La solicitud deberá efectuarla el titular o representante de cada residencia especificando el número de plazas con el que desea adherirse y diferenciando:
  
a) Si desea adherirse para la atención de todo tipo de usuarios (también supra-asistidos) en cuyo caso deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18 de la presente orden.
  
b) Si desea adherirse solo para la atención de usuarios semi asistidos y asistidos.
  
19.4. Recibida la solicitud de adhesión, el Servicio de Autorización y Seguimiento de Centros de la Dirección General de Servicios Sociales, informará sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente orden, siendo el informe favorable del servicio mencionado, una condición necesaria para que el director general de Servicios Sociales dicte la resolución favorable de la adhesión solicitada.
  
19.5. La residencia acogerá a los beneficiarios de la ayuda que lo soliciten siempre que disponga de plazas libres, pero no tendrá la obligación de efectuar ningún tipo de reserva de las plazas adheridas.
  
19.6. En cualquier momento del ejercicio, los centros adheridos podrán modificar/ampliar el número de plazas puestas a disposición del programa inicialmente, sin que en ningún caso dicha modificación implique sobrepasar la capacidad total del centro. Asimismo, en caso de reducción de las plazas adheridas, dicha reducción deberá efectuarse a medida que se generen vacantes o traslados voluntarios de los residentes, sin que en ningún caso pueda efectuarse exigiendo la salida de los mismos.
  
19.7. A fin de asegurar y proteger a los usuarios, los centros adheridos podrán solicitar el cese como centro adherido con una antelación mínima de seis meses. En cualquier caso, desde el momento en que se solicite su cese hasta que dicho cese se produzca de forma efectiva, el centro seguirá atendiendo a los beneficiarios que tuviere excepto aquellos que en dicho periodo causen baja.
  
19.8. La condición de centro adherido se difundirá y se reflejará en los listados que se remiten a los beneficiarios de las ayudas al objeto de que puedan elegir dicho centro para su atención. Del mismo modo, la difusión del centro podrá suspenderse cuando el centro incumpla los requisitos establecido en la normativa vigente y/o sea objeto de un expediente sancionador.
  
Artículo 20. Admisión de los beneficiarios en los Centros.
  
Al objeto de que el titular de la residencia elegida por el usuario, tenga conocimiento de la condición de beneficiario de una persona, los datos esenciales de la resolución y las cantidades que deba liquidar al interesado, éste deberá aportar una fotocopia de la comunicación de la resolución en el momento de su ingreso, manteniendo en su poder el original de la notificación para el supuesto de que con posterioridad decida cambiar de centro.
  
Artículo 21. La atención de los beneficiarios presuntos incapaces
  
21.1. En lo que se refiere a la atención de presuntos incapaces, se estará a lo dispuesto en el artículo 763.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en la Ley de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, de tal modo que el internamiento por razón detrastorno psíquico de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento.
  
21.2. La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste, al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de 24 horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida que deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.
  
21.3. En los casos de internamientos urgentes, el centro deberá dirigirse al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el internamiento solicitando la ratificación de la medida.
  
21.4. Todo beneficiario que sea un presunto incapaz, deberá tener en su expediente la autorización judicial de internamiento o en su defecto la comunicación de ingreso urgente al juzgado correspondiente o el auto de inadmisión a trámite del juzgado.
  
21.5. Ante cualquier presunta situación de incapacidad del anciano por la inexistencia de la facultad de discernimiento será necesario solicitar la autorización judicial de internamiento, o si éste ya se ha producido por razones de urgencia, el titular del centro deberá comunicarlo con la mayor celeridad posible, y en todo caso en el plazo máximo de 24 horas.
  
21.6. Si solicitada la autorización o comunicado el internamiento al juez, este considera que no resulta necesaria la autorización judicial para el internamiento en una residencia del anciano presuntamente incapaz, habrá que entender cumplidos los trámites legales necesarios.
  
21.7. En el caso de presuntos incapaces, los documentos del expediente deberán ir firmados por la persona que figure en el mismo como representante, guardador de hecho o persona de contacto.
  
21.8. Ante la incapacidad sobrevenida de un beneficiario, en el caso de que el deterioro físico o mental, se haya producido con posterioridad al momento en que se produjo el internamiento, el centro deberá comunicarlo a la autoridad judicial a fin de que ésta, adopte las medidas que considere oportunas en cada caso.
  
Artículo 22. Requisitos de las residencias con plazas de Accesibilidad Social
  
Las residencias que dispongan de plazas de Accesibilidad Social, además del cumplimiento de las normas de carácter general relativas a la autorización e integración en el Plan de Mejora Asistencial, se regirán por el contrato que hubieran suscrito y por el resto de documentación contractual, siendo de aplicación asimismo los siguientes artículos de la presente orden: artículo 17, salvo puntos 17.1 g), 17.1 h) y 17.3, así como los artículos 20 y 21. Si estas residencias además de las plazas de Accesibilidad Social se hallan adheridas al programa Bono Residencia, deberán solicitar la adhesión cumpliendo además los requisitos exigidos a los centros que participan en esta última modalidad de ayudas.
  
Artículo 23. Bajas de beneficiarios en centros de accesibilidad social
  
23.1.Cuando un beneficiario cause baja por renuncia o por fallecimiento, la residencia remitirá la comunicación de la misma con un documento firmado por el beneficiario o con el Certificado de Defunción a la Dirección Territorial a fin de que quede constancia de la misma y la plaza ocupada por el causante de la baja pueda disponerse para un nuevo beneficiario.
  
23.2.Si recibida la notificación de concesión de una plaza de accesibilidad social el beneficiario comunica a la administración o a la residencia que no desea ingresar en el centro para el que se le ha adjudicado un plaza, ésta le indicará la necesidad de firmar la renuncia expresa a fin de que dicha plaza pueda quedar disponible.
  
23.3 En el supuesto de que el beneficiario no firme la renuncia a la plaza concedida y no ingrese sin causa justificada en el plazo de un mes desde la fecha de la notificación de la ayuda, se entenderá que renuncia a su derecho, procediéndose según lo dispuesto en el artículo 10.7 de esta orden.
  
23.4.Cuando una persona haya solicitado las dos modalidades de atención residencial, Accesibilidad Social/ Bono, y tras concederle una ayuda de Accesibilidad Social, manifieste que no desea esta modalidad, indicando su preferencia por una ayuda de Bono, se le informará de los siguientes extremos:
  
23.4.1. Deberá firmar su renuncia a la ayuda de Accesibilidad Social concedida a fin de poder efectuar la resolución de dejación sin efectos de la misma, quedando a la espera de la resolución de la ayuda en la modalidad de bono, dicha resolución sólo se efectuará cuando sea posible en cada caso, atendiendo a los criterios y prioridades establecidas en esta orden.
  
23.4.2. De concederse una ayuda para esta nueva modalidad, la fecha de efectos de la misma será la del día 1 al mes siguiente a la fecha de la resolución, sin que nunca pueda tener efectos retroactivos.
  
Artículo 24. Régimen de traslados
  
Para los traslados de los beneficiarios entre los diferentes centros, el régimen será el siguiente:
  
24.1. Los traslados de beneficiarios de bono entre centros adheridos podrán efectuarse libremente sin que sea necesario efectuar solicitud.
  
24.2 Los beneficiarios de ayudas de accesibilidad social deberán permanecer en el centro para el que se les haya concedido la ayuda no pudiendo efectuarse el traslado de centros de accesibilidad social salvo que concurran circunstancias muy excepcionales: que la residencia de origen y la de destino, tengan el mismo precio, y dicho traslado sea autorizado expresamente por el director general de Servicios Sociales atendiendo a las circunstancias del caso y las posibilidades existentes.
  
24.3.Puesto que en las plazas de accesibilidad social rigen precios diferentes entre los distintos centros y diferentes de los que rigen para las residencias adheridas al Bono, no podrán efectuarse cambios de una modalidad a otra.
  
24.4. En el caso de beneficiarios de bono, si se trasladan a un centro de Accesibilidad social lo harán con la misma modalidad, es decir, ocupando una de las plazas adheridas a bono.
  
24.5. En todos los casos, salvo el establecido en el apartado 24.1 y 24.4 la petición se efectuará por escrito en el que se explicarán los motivos por los que se solicita El procedimiento que se establece será el siguiente:
  
24.6 Si el traslado de centro se solicita con carácter previo al ingreso del centro. La Dirección General de Servicios Sociales, previa valoración de las circunstancias del caso y comprobación de que el centro de destino tiene el mismo precio que el de origen a fin de no alterar las condiciones de la ayuda concedida, y de que existe plaza disponible en el centro de destino, efectuará una resolución concediendo el cambio de centro. Dicha resolución tendrá efectos a partir del día 1 al mes siguiente de la resolución.
  
24 7. Si el traslado se solicita una vez que ya se halla atendido en el centro para el que se le ha concedido la ayuda, se estará a lo dispuesto en el apartado siguiente.
  
Artículo25. Los cambios de modalidad de ayuda
  
25.1. Los beneficiarios de Accesibilidad Social que deseen ser atendidos en residencias adheridas al Bono o en otras residencias de A. Social que tengan diferente precio, solo podrán trasladarse al inicio del ejercicio (1 de enero de 2005). En este caso, el interesado deberá efectuar la ratificación de su ayuda para año 2005 solo en ésta última modalidad e incorporarse a su nuevo destino con fecha 1 de enero de 2005.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
Las personas que han sido beneficiarios de estas ayudas durante el año 2004 podrán solicitar la ratificación de su ayuda en el plazo de dos meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente orden. Estas ayudas tendrán efectos económicos desde el 1 de enero de 2005 independientemente de la fecha de la resolución, siempre que cumplan los requisitos establecidos en esta orden.
  
No obstante lo anterior y al objeto de actualizar el importe de las ayudas correspondientes, deberán presentar la siguiente documentación:
  
a) Ratificación de la solicitud que conllevará la aceptación de las bases de esta convocatoria.
  
b) Certificado de pensión o pensiones del año 2005.
  
c) Declaración jurada relativa al número de hijos
  
d) Impreso de Datos Económicos y Conformidad de Aportaciones Familiares o declaración a la que se refiere el art. 5.8 de la presente orden.
  
e) Autorización del interesado y/o del cónyuge o representante, en su caso, (anexo 7 a) a que se refiere el art. 5.8 de la presente orden.
  
f) Autorización de cada uno de los hijos del interesado y de sus respectivos cónyuges y demás miembros, en su caso, de la unidad familiar de cada uno de ellos (anexos 7 b) a que se refiere el artículo 5.9 de la presente orden.
  
g) Certificado médico, según modelo establecido cuando haya habido una modificación sustancial en el estado de salud del beneficiario y/o solicitante.
  
Segunda
  
Las solicitudes de ayudas presentadas al amparo de la Orden 18 de diciembre de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se regulan y convocan ayudas para financiar estancias en residencias de tercera edad en el ejercicio de 2004, que no hayan sido resueltas, únicamente deberán presentar la documentación especificada en la Disposición Adicional Primera, dentro del plazo de dos meses establecido, si bien se resolverán de acuerdo con los criterios establecidos en la presente orden y con la fecha de efectos económicos que se establezca en la resolución.
  
Tercera
  
Al objeto de no perjudicar a personas mayores en situación de abandono y en situaciones de excepcional gravedad social, que puedan afectar a éstos o a sus familias, la Dirección General de Servicios Sociales, a la vista del informe social y/o la documentación que lo acredite, y previa propuesta técnica de la Dirección Territorial de Bienestar Social o de la Dirección General de Servicios Sociales, podrá resolver de forma motivada estas ayudas aunque falte alguno de los requisitos establecidos en esta orden. En todo caso, deberá constar en el expediente claramente, la referencia al supuesto que se trate y la dificultad de satisfacer la necesidad planteada, considerando en su totalidad los requisitos señalados, que en ningún caso serán los relativos a la capacidad de aportación económica del beneficiario.
  
Cuarta
  
La Conselleria de Bienestar Social impulsará el empleo y aplicación de técnicas y medios informáticos y telemáticos para el desarrollo y la gestión de este programa con sujeción a las limitaciones previstas por las leyes, pudiendo utilizar dichos medios, tanto los interesados como las residencias adheridas al programa bono residencia y de accesibilidad social, en la medida que los mismos estén disponibles para su utilización. En este sentido, la liquidación de las ayudas a la que se refiere el artículo 12.2 y 12.3 de la presente orden podrá efectuarse por el sistema DAURAT, con plena validez y eficacia.
  
Los mismos criterios se seguirán con cualquier otro medio técnico de los referidos, que sea posible poner a disposición de los interesados para relacionarse con la administración en el desarrollo de este programa, siempre que dichos medios técnicos garanticen suficientemente los derechos de los ciudadanos y los requisitos previstos en las leyes y en este procedimiento.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
La eficacia de la presente orden quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las referidas ayudas, en los presupuestos del ejercicio 2005. Una vez aprobados los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 2005, mediante Resolución de esta Conselleria se dará publicidad al mismo y a la línea presupuestaria que financiará las ayudas.
  
Segunda
  
Se faculta a la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar Social y a la Dirección General de Servicios Sociales para que dicten las Instrucciones necesarias para el desarrollo de esta orden.
  
Tercera
  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Cuarta
  
Contra la Orden de convocatoria que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.b, 14 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Valencia, 22 de diciembre de 2004
  
La consellera de Bienestar Social,
  
ALICIA DE MIGUEL GARCÍA