Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3504, del 27-05-1999 (1999/4851)

ORDEN de 17 de mayo de 1999, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se establecen ayudas económicas destinadas a subvencionar el alquiler de vivienda habitual en familias en las que convivan uno de los padres o tutores legales, con uno o más menores de edad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3504

Fecha DOGV
:   27-05-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1999/4851


Fecha del documento
:   17-05-1999

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * familia
    * apoyo económico
    * alquiler
    * vivienda

ORDEN de 17 de mayo de 1999, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se establecen ayudas económicas destinadas a subvencionar el alquiler de vivienda habitual en familias en las que convivan uno de los padres o tutores legales, con uno o más menores de edad. [1999/M4851]
  
En la sociedad actual se dan algunas combinaciones de factores que provocan especiales dificultades en algunas familias. Factores como el nivel de renta disponible, el número y tipología de sus miembros, pueden hacer problemática la atención y respaldo que pudieran prestarse entre sí, y especialmente la obtención de ingresos necesarios para atender sus necesidades.
  
Estas familias pueden tener inconvenientes para acceder en condiciones normalizadas al mundo laboral y compaginar la vida familiar y la laboral, al tener que dedicar más tiempo a las labores propias del hogar que otras familias con mayor número de miembros que pudieran apoyarse entre sí.
  
El derecho de estas familias a vivir bajo condiciones favorables a su desarrollo, libre de toda constricción física o psicológica, conduce a los poderes públicos a contribuir a crear un contexto propicio para la integración social de las familias evitando la exclusión social y la discriminación.
  
Entre las normas de derecho internacional que han tratado esta área de la acción de los estados, se encuentran las aprobadas por el Consejo de Europa dentro de sus funciones protectoras de los derechos fundamentales, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.
  
En este sentido, la Carta Social Europea de 1961, del Consejo de Europa, hizo sustantivas modificaciones en su texto en mayo de 1996, como consecuencia de los cambios sociales producidos. En concreto, los artículos que velaban por la promoción económica y protección social de la vida familiar a través de medidas fiscales, de provisión de alojamiento y otras, asumieron a partir de ese momento el respeto a la igualdad de trato y mejora de las condiciones de las familias compuestas por uno solo de los padres.
  
Esta organización, preocupada también por la protección de los trabajadores con responsabilidades familiares en igualdad de oportunidades y el derecho a un hogar, ya se pronunció sobre cuestiones paralelas como la protección social de madres solteras y sus hijos - en R (70) 15-, sobre el desembolso por el estado de adelantos sobre los alimentos debidos a los menores - R(82) 2-, o sobre las prestaciones después del divorcio - R (89) 1-.
  
En relación a las instituciones europeas, el Parlamento Europeo ha adoptado dos resoluciones relativas a los problemas de política familiar y de la infancia. El 8 de julio de 1992 la Carta Europea de los Derechos del Niño, y, posteriormente, el 14 de diciembre de 1994, se pronunció de nuevo en unas conclusiones con motivo del Año Internacional de la Familia.
  
Con anterioridad, en 1989 la Comisión Europea propuso en una comunicación sobre políticas familiares la concertación a escala comunitaria sobre las repercusiones de las políticas de la Comunidad en materia de asuntos de familia, que dio base a la adoptada por el Consejo y los ministros responsables de asuntos de la familia en la que se reconoció la trascendencia de la propuesta al mismo tiempo que daba relevancia al Convenio Internacional sobre Derechos del Niño.
  
Hasta la fecha han sido aprobadas por la Unión Europea Directivas dirigidas a la protección de la mujer embarazada o en periodo de lactancia, sobre permisos parentales y por razones familiares, y sobre distribución del tiempo de trabajo.
  
La protección constitucional que la familia, el menor y sus condiciones de vida, reciben en nuestra Carta Magna se hallan en el capítulo III del título I, entre los principios rectores de la política social y económica. La obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y con carácter singular la de los menores es recogida en los artículos 32 y 39, que deben ser interpretados en relación con los artículos 1.1, 9.2, 10.1, 14, 16.1 y 18.1. Pero en concreto debe resaltarse, a los efectos de esta disposición, el artículo 47 del texto constitucional, que prevé el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
  
El trato legislativo que en nuestro estado reciban los distintos tipos de familias estará en consonancia con el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. El desarrollo normativo de estas materias buscará además la adecuación a la realidad social.
  
Con relación a los miembros de la familia menores de edad, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, recoge la preocupación de la comunidad internacional en torno al marco jurídico adecuado para los menores, y establece como principio general el que toda actuación de los poderes públicos habrá de tener en cuenta el interés del menor, y además no interferir en su vida escolar, social o laboral.
  
Este proceso de renovación de nuestro ordenamiento jurídico, adecuándose a estas tendencias y a los mandatos del Tribunal Constitucional, continúa también a través de las disposiciones autonómicas.
  
La Comunidad Valenciana, en el ejercicio de sus competencias dictó la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el sistema de servicios sociales incluyendo, dentro de las responsabilidades de ésta, la de dar respuesta a diferentes problemas sociales mediante la aportación de los recursos financieros, técnicos, humanos y organizativos necesarios. En virtud de la misma ley la administración de la Generalitat Valenciana puede establecer ayudas dirigidas a la familia o a un núcleo convivencial dado, desarrollándose reglamentariamente los requisitos, condiciones y cuantías de las mismas.
  
En el marco de esta misma ley, la Generalitat Valenciana tiene entre sus objetivos, garantizar la atención integral de la familia, atendiendo a cuantos problemas puedan incidir en su bienestar, previniéndolos o subsanándolos. Del mismo modo le corresponde fomentar, en el ámbito de los Servicios Sociales especializados, las actuaciones tendentes a la protección y promoción de la estructura familiar, como pilar social fundamental en el proceso evolutivo de sus miembros, con el objetivo social de favorecer el desarrollo armónico de todos ellos y, en concreto, en aquellas cuestiones relativas a la conciliación del trabajo y la vida familiar por lo que se refiere a su impacto sobre las familias y la infancia.
  
En su virtud y en uso de las facultades que me confiere el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y el Decreto 37/1997, de 26 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social
  
DISPONGO
  
TÍTULO I
  
Ayudas y subvenciones
  
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
  
Es objeto de esta orden subvencionar el alquiler de la vivienda habitual a las familias cuyo nivel de renta, número de miembros, y tipología puede comportar mayores dificultades, respecto a otras familias, para compaginar la vida familiar y la laboral, y acceder y mantenerse en una vivienda como núcleo familiar.
  
Artículo 2. Beneficiarios de la ayuda
  
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las familias en las que convivan únicamente el padre o madre junto con sus hijos, o bien un tutor o acogedor junto con las personas que tengan a su cargo. En ambos casos deberán tener encomendado el cuidado y manutención de, al menos, un menor.
  
No obstante, las familias reseñadas en el párrafo anterior podrán ser beneficiarias de las ayudas aun cuando convivan además otras personas, siempre y cuando estas estén incapacitadas o discapacitadas con una minusvalía igual o superior al 65%.
  
Las ayudas deberán ser solicitadas por la persona que ostente la condición de padre, madre, tutor o acogedor, en cada caso.
  
Artículo 3. Requisitos
  
Para solicitar las ayudas deben cumplirse los siguientes requisitos:
  
3.1. Requisitos familiares.
  
3.1.a. En el caso del tutor o acogedor, éste deberá haber sido designado mediante la correspondiente decisión judicial o administrativa, quedando excluidos los acogedores de hecho.
  
3.1.b. El o la solicitante deberá convivir, en la vivienda objeto de la subvención, junto con la persona o personas que tuviera a su cargo, y en todo caso, con el o la menor.
  
3.1.c. El o la solicitante no podrá ser propietario de ninguna vivienda en la Comunidad Valenciana.
  
3.1.d. El adulto responsable o el menor a su cargo que formen parte de la unidad convivencial, deberán ser de nacionalidad española.
  
3.2. Requisitos económicos.
  
La renta per cápita de los miembros de la unidad familiar, conviviente en la vivienda objeto de subvención, no debe superar en dos veces la pensión mínima de viudedad de la Seguridad Social para mayores de 65 años, establecida para 1999 en 797.860 pesetas (4.795,24 euros).
  
3.3. Requisitos de la vivienda alquilada.
  
3.3.a. Debe estar ubicada en la Comunidad Valenciana.
  
3.3.b. Debe estar destinada a vivienda habitual del núcleo familiar.
  
Artículo 4. Exclusiones e incompatibilidades
  
Para la concesión de las ayudas contempladas en esta orden, se estará a las siguientes exclusiones e incompatibilidades.
  
4.1. No procederá la concesión de esta ayuda a los padres cuando éstos hayan sido excluidos, privados o suspendidos en la titularidad del ejercicio para la patria potestad.
  
4.2. Será motivo de exclusión de estas ayudas la existencia de vínculo matrimonial o relación análoga a la conyugal, o los lazos de parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado, con el propietario de la vivienda.
  
4.3. No se contemplarán como incluidos, dentro del concepto de alquiler, los gastos propios de comunidad y administración, así como los que se produzcan en concepto de contribuciones y arbitrios, aun cuando estén incluidos en el contrato de alquiler.
  
4.4. El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o sumadas a otras ayudas de administraciones o entes públicos o privados con la misma finalidad, supere el coste del alquiler.
  
Artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios
  
Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas reguladas por la presente orden:
  
5.1 Cumplir los requisitos y condiciones establecidos para la concesión y disfrute de las mismas.
  
5.2. Destinar la vivienda alquilada a domicilio habitual.
  
5.3. Aportar la documentación justificativa que se le solicitare en relación con la concesión de la ayuda, así como atender las actuaciones de inspección que la Dirección General de la Familia y Adopciones efectuase en relación con el objeto de la subvención.
  
5.4. En cualquier caso, los beneficiarios deberán comunicar fehacientemente, al órgano que concede la subvención, la solicitud y la concesión de toda ayuda, con la misma finalidad, por parte de otros organismos públicos.
  
Artículo 6. Documentación a aportar
  
Las personas interesadas en acogerse a las ayudas reguladas en esta orden deberán presentar la solicitud de subvención, según el modelo que figura en esta orden, que deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
  
6.1. Fotocopia compulsada o cotejada del documento nacional de identidad del solicitante, o certificado de residencia legal en España, en su caso.
  
6.2. Fotocopia compulsada o cotejada del documento nacional de identidad de todos los convivientes en el domicilio objeto de la solicitud de subvención.
  
6.3. Fotocopia compulsada o cotejada del libro de familia del solicitante, donde se incluyan todos los miembros de la unidad familiar.
  
6.4. Certificado de empadronamiento del solicitante en la vivienda objeto de la subvención, expedido por el ayuntamiento de la localidad donde esté sita, indicándose en éste las personas que conviven en ella, o, en su defecto, certificados de empadronamiento individuales de cada uno de los convivientes.
  
6.5. La condición de tutor se acreditará mediante la correspondiente resolución judicial de constitución de la tutela, y la condición de acogedor se acreditará a través de la correspondiente resolución administrativa de acogimiento familiar o del auto judicial firme de acogimiento simple, permanente o preadoptivo.
  
6.6. En el supuesto de separación o divorcio de los progenitores, fotocopia cotejada o compulsada del testimonio de la sentencia acreditativa de tal extremo o medidas provisionales dictadas, en su caso.
  
6.7. Los padres separados o divorciados por sentencia firme que tengan atribuida un derecho a pensión compensatoria y/u obligación de alimentos en el ejercicio actual y éste sea incumplido deberán acreditar, mediante documentación justificativa del hecho, haber solicitado la ejecución judicial de este derecho.
  
6.8. Declaración jurada o promesa firmada por el o la solicitante, incluida dentro del modelo de solicitud, en la que consten los siguientes extremos:
  
6.8.a. No ser propietario de ninguna vivienda en la Comunidad Valenciana.
  
6.8.b. No tener relación de parentesco con el arrendador o arrendadora, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4.2. de esta orden.
  
6.9. Copia compulsada o cotejada del contrato de alquiler y de un recibo pagado del ejercicio actual.
  
6.10. Justificación de los ingresos referida al ejercicio de 1997 que se realizará de la forma siguiente y únicamente con respecto a personas que tuvieran 16 o más años en 1997.
  
6.10.a. Con la fotocopia compulsada o cotejada de la declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio de 1997, de las personas físicas de todos los convivientes en el domicilio mayores de 16 años en 1997, incluyendo todas las hojas así como la de ingreso o devolución debidamente sellada.
  
En el supuesto que se hubiera presentado declaración complementaria se tendrá que aportar en las mismas condiciones establecidas en el párrafo anterior.
  
6.10.b. Si se estuvo exento de la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 1997 ó no existe ésta, se aportará certificado de la Agencia Tributaria acreditativo de no haberla presentado.
  
6.11. Será obligatorio acompañar a la solicitud la ficha de mantenimiento de terceros debidamente cumplimentada, según modelo adjunto, con los datos bancarios de la persona solicitante, para poder efectuar el pago de la subvención, en su caso.
  
6.12. Para el caso de las personas convivientes, contempladas en el párrafo segundo del artículo 2 de esta orden, incoación del procedimiento judicial de incapacitación, resolución judicial que acredite estos extremos, y/o certificación administrativa de valoración de la minusvalía.
  
Artículo 7. Determinación de la cuantía de la ayuda
  
Para la determinación de las ayudas a conceder se estará a los siguientes criterios:
  
7.1. Las ayudas irán dirigidas a sufragar los gastos en alquileres de la vivienda habitual, no pudiendo superar un porcentaje del 50% respecto al coste de dicho alquiler. En ningún caso podrá la ayuda superar una cuantía de 25.000 pesetas al mes (150,25 euros).
  
Cuando se estuviere percibiendo durante el ejercicio actual otra subvención por el mismo concepto y respecto a la misma vivienda, el porcentaje máximo previsto lo será de la diferencia entre el importe del alquiler y la cantidad ya subvencionada.
  
7.2. Para el cálculo de la cuantía a conceder se tendrán en cuenta, además, los siguientes límites económicos:
  
7.2.a. Cuando la renta per cápita de la unidad familiar no supere una vez y media la pensión mínima de viudedad de la Seguridad Social para mayores de 65 años establecida para 1999 en 797.860 pesetas (4.795,24 euros) se podrán conceder hasta 25.000 pesetas mensuales (150,25 euros).
  
7.2.b. Cuando la renta per cápita de la unidad familiar esté entre la cuantía anterior y el doble de la pensión mínima de viudedad de la Seguridad Social para mayores de 65 años establecida para 1999, se podrán conceder hasta 15.000 pesetas mensuales (90,15 euros).
  
7.3. Se entenderá por renta per cápita anual la cantidad que resulte de dividir los ingresos anuales brutos de la unidad familiar conviviente por el número de personas que componen la misma.
  
Artículo 8. Duración de las ayudas
  
En cuanto a la duración de las ayudas contempladas en esta orden, se atenderá a las siguientes consideraciones:
  
8.1. Las ayudas se resolverán con efecto de 1 de enero de 1999 si el contrato de alquiler estuviera en vigor en dicha fecha, o con efectos al primer día del mes de 1999 en que dicho alquiler se inicie.
  
8.2 Podrán concederse estas ayudas por periodos máximos de un año. No obstante, los alquileres subvencionados tendrán que corresponder, exclusivamente, a mensualidades de dicho año 1999.
  
TÍTULO II
  
Procedimiento
  
CAPÍTULO I
  
Iniciación del procedimiento
  
Artículo 9. Instancia y lugar de presentación de las solicitudes
  
Las personas que deseen optar a las ayudas contempladas en la presente orden, deberán presentar su solicitud en el registro de la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social de su lugar de residencia, sin perjuicio de poder presentarla en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Artículo 10. Plazo de presentación
  
El plazo para presentar las solicitudes de subvención reguladas en esta orden será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
CAPÍTULO II
  
Tramitación, resolución y recursos
  
Artículo 11. Ordenación e instrucción
  
Para la ordenación e instrucción de los expedientes se estará a lo siguiente:
  
11.1. Recibidas las solicitudes por la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social, competente por razón del lugar de residencia del solicitante, se procederá por ésta al estudio de las mismas y de la documentación que deba acompañarlas. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado, conforme a lo que previene el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, procediéndose al archivo de su solicitud con los efectos previstos en el artículo 42 de la anteriormente citada ley.
  
11.2. En fase de la tramitación del expediente, a la vista de la documentación existente y de las obligaciones que se adquieran por la concesión de la ayuda, se podrá recabar informes de los organismos y entidades que se estime oportuno y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello.
  
11.3. El plazo máximo para tramitar y resolver los expedientes será de tres meses a contar desde la fecha de la presentación de la correspondiente solicitud. Se entenderán desestimadas aquellas solicitudes sobre las que no recaiga resolución expresa en el mencionado periodo.
  
Artículo 12. Comprobación de documentación
  
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar la denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.
  
Artículo 13. Propuesta y concesión de subvenciones
  
Una vez valorados los expedientes, la directora o el director territorial competente remitirá propuesta de concesión y denegación de ayudas al director general de la Familia y Adopciones que, en atención a los créditos globales y a la fecha de presentación de las solicitudes que cumplan los requisitos y condiciones de la convocatoria, elevará a la consellera de Bienestar Social las oportunas propuestas de resolución concediendo o denegando la ayuda solicitada, a fin de que resuelva lo procedente.
  
Tendrán prioridad en la concesión de las ayudas las familias con menor nivel de renta disponible.
  
Artículo 14. Dotación presupuestaria
  
La línea de subvención, con cargo al programa presupuestario 313.30 Familia y Adopciones, a través de la cual se concederán las ayudas contempladas en esta orden es la siguiente:
  
Denominación: Alquiler primera vivienda.
  
- Proyecto: 2.506
  
- Línea de subvención: 411/99
  
- Consignación presupuestaria: 52.575.407 pesetas (150.253,03 euros)
  
La consellera de Bienestar Social, una vez agotados los fondos deberá hacer pública dicha circunstancia, a efectos de su desconvocatoria.
  
Artículo 15. Recursos
  
Contra las resoluciones de la consellera de Bienestar Social, que pondrán fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde su notificación, o bien recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, que se interpondrá en la forma y condiciones que determine la ley reguladora de dicha jurisdicción.
  
Artículo 16. Modificación de la resolución de concesión
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.8), del Real Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
  
Cuando se reciba otra subvención por el mismo concepto y respecto a la misma vivienda en el mismo año, deberá reajustarse el importe concedido mediante una nueva resolución, atendiendo a lo previsto en el artículo 7.1 de esta convocatoria, en su párrafo segundo.
  
TÍTULO III
  
Del pago y justificación de las subvenciones
  
Artículo 17. Pago de las subvenciones
  
17.1 El pago de las ayudas se efectuará por trimestres anticipados, de acuerdo con el siguiente régimen:
  
El primer pago podrá efectuarse por anticipado, tras la resolución de concesión.
  
Los restantes pagos trimestrales podrán efectuarse tras la aportación de justificación acreditativa de haber efectuado el pago en concepto de alquileres correspondientes al periodo anterior anticipado.
  
No obstante, el pago de la cuantía correspondiente al último trimestre podrá fraccionarse por meses, siendo necesario para el pago de cada mensualidad la aportación de la justificación acreditativa de haber efectuado el pago en concepto de alquileres correspondiente al periodo anterior anticipado.
  
En todo caso, para realizar el último pago deberá quedar acreditada la totalidad de la subvención concedida.
  
17.2. Si la resolución de concesión no incluye un trimestre inicial completo, podrá adelantarse la parte que corresponda a los meses subvencionados de dicho trimestre.
  
17.3 El incumplimiento de la justificación de la subvención podrá suponer la pérdida del derecho a su cobro. No obstante, no podrán efectuarse justificaciones de gasto con posterioridad al 31 de enero del año 2000.
  
Artículo 18. Reintegro de las cantidades percibidas
  
Se podrá dictar una resolución de dejación sin efecto o minoración y, en todo caso, de reintegro de las cantidades recibidas en los supuestos del artículo 47.9 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.
  
Disposiciones adicionales
  
Única
  
Los aspectos regulados en la presente orden se aplicarán sin perjuicio de cuantas normas rigen el régimen jurídico presupuestario de la administración de la Generalitat Valenciana, especialmente en materia presupuestaria.
  
Disposiciones finales
  
Primera
  
Se autoriza a la Dirección General de la Familia y Adopciones a elaborar las instrucciones de desarrollo de esta orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Contra ella podrá interponerse recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de la misma, ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y con las condiciones establecidas en la ley reguladora de dicha jurisdicción.
  
Valencia, 17 de mayo de 1999
  
La consellera de Bienestar Social,