Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6906, del 20-11-2012 (2012/9965)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 179/2008.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6906

Fecha DOGV
:   20-11-2012

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2012/9965


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Benidorm

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 179/2008. [2012/9965]  
Procedimiento ordinario 000179/2008   
Demandante: Onsella, SA.   
Procurador: Luis Fco. V. Roglá Benedito.   
Demandado: Hills Share, SA.   
Procurador/a: -  
Sobre: ordinarios.  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:   
«Sentencia número 236/2010  
Benidorm, 2 de junio de 2010  
Vistos por mí, José Antonia Pérez Nevot, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de los de esta ciudad y su partido judicial, los autos de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad que, bajo número 179 de 2008 se han seguido ante este Juzgado, a instancia de Onsella, SA, representada por el procurador Luís Roglá Benedito y asistida de la letrada María Isabel Rodríguez López, contra Hill Shares, SA, en situación procesal de rebeldía; y atendidos los siguientes   
Antecedentes de hecho   
Primero. Resumen de la demanda.   
Con fecha de 31 de enero de 2008 se turnó a este Juzgado escrito de demanda presentado por el procurador señor Roglá Benedito, actuando en la representación que se ha indicado en el encabezamiento de esta sentencia. En dicho escrito, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideraba de aplicación al caso solicitaba el dictado de una sentencia por la que se declare la resolución del contrato de arrendamiento de servicios de 30 de diciembre de 1992, se condene a la demandada a estar y pasar por dicha declaración, así como a la pérdida de la cantidad entregada como fianza y las costas.   
Tal petición se fundaba en los hechos que se resumen a continuación:   
1. El día 30 de diciembre de 1992 ambas partes celebraron un contrato por el cual Onsella, SA, cedía en arrendamiento, para su explotación, 80 inmuebles destinados a locales comerciales, bungalows y plazas de garaje del complejo Albir Hills por una renta anual de 72.121,45 €.   
  
2. En virtud del contrato indicado la demandada entregó a la actora la suma de un millón de pesetas en concepto de fianza.   
3. Hills Shares, SA, fue demorando el momento de la toma de posesión de los inmuebles arrendados, así como del pago de la renta, manteniendo una actitud completamente pasiva.  
4. Ante la conducta de la demandada ha sido Onsella, SA, quién se ha tenido que encargar directamente de la explotación del complejo, viéndose obligada a contratar los servicios de Alfaz Mantenimiento y Servicio, SL, para que ésta asumiera el mantenimiento y limpieza de las instalaciones.  
5. Toda gestión extrajudicial de cobro ha sido infructuosa.   
Al anterior escrito se adjuntaban diversos documentos.   
Segundo. Admisión a trámite de la demanda.   
Con carácter previo a la admisión a la demanda se requirió a la parte actora para que subsanara la posible existencia de un defecto legal en el modo de proponerla consistente en no haber especificado en el suplico la cantidad líquida reclamada. La demandante subsanó el indicado defecto por escrito de 21 de febrero de 2008.   
Admitida a trámite la anterior demanda se acordó emplazar a la parte demandada para que en 20 días compareciera en legal forma y contestara a la demanda.   
Tercero. Declaración de rebeldía.   
Con fecha de 23 de febrero de 2010 se declaró a la demandada en situación procesal de rebeldía.   
Cuarto. Audiencia previa al juicio.   
El día 26 de mayo de 2010 se celebró audiencia previa en la sala de vistas de este Juzgado con la asistencia y el resultado que quedaron reflejados en el acta y disco compacto que se levantaron y grabaron, respectivamente, bajo la fe pública judicial.   
Constatada la subsistencia del litigio la parte demandante propuso como única prueba la documental aportada al proceso, siendo admitida sólo la primera y declarándose el juicio visto para sentencia.  
Quinto. Control de la actividad procedimental.   
En la tramitación de este procedimiento se han seguido todas las prescripciones legales, a excepción de algunos plazos procesales, debido a la acumulación de asuntos que soporta este Juzgado.   
Fundamentos de derecho:  
Primero. Objeto del proceso.   
Se ejercita por la parte actora una pretensión declarativa de la resolución del contrato de arrendamiento celebrado con la demandada el día 30 de diciembre de 1992, con condena a la pérdida de 6.010,12 € e imposición de las costas.   
La acción de resolución se funda en el incumplimiento total de la obligación de pago de las rentas pactada a cargo de Hills Share, SA, mientras que la pérdida de la fianza se reclama como indemnización de daños y perjuicios.   
Segundo. Resistencia opuesta por la demandada.   
Dado que la demandada fue declarada inicialmente en situación procesal de rebeldía, procede considerarla íntegramente opuesta a la pretensión entablada (art. 496.2 LEC).   
Tercero. Valoración de la prueba practicada.   
Siendo la acción ejercitada por la demandante de incumplimiento contractual corresponde a la actora probar la existencia del vínculo contractual, las obligaciones que se convinieron a cargo de la demandada y el vencimiento y exigibilidad de las mismas a la fecha de interposición de la demanda (art. 217 LEC).   
Ha quedado probado que ambas partes, Onsella, SA, y Hills Share, SA, celebraron un contrato de arrendamiento el día 30 de diciembre de 1992 en virtud del cual la primera cedía la explotación de 80 inmuebles (apartamentos turísticos y plazas de garaje) a la segunda a cambio de que ésta le pagará una renta anual de seis millones de pesetas anuales. Este hecho se desprende del documento número 2 de la demanda, que es una copia simple de la escritura pública otorgada por ambas partes ante el notario José Aristónico García, en la cual se documentó el indicado contrato. Como ninguno de los litigantes ha impugnado en legal forma este documento, debe merecer un valor probatorio pleno (art. 319 LEC.). En la cláusula quinta del contrato se hizo constar la entrega de un millón de pesetas por parte de Hills Share, SA, a Onsellas, SA, concepto de fianza, con la precisión de que «la cantidad entregada como fianza, quedará destinada a sufragar los gastos y responsabilidades a cargo del arrendatario que queden pendientes a la terminación del contrato. La existencia de dicha fianza no servirá de pretexto para retardar el pago de la renta, sin posibilidad de imputación de tal fianza como pago de parte de cualquier anualidad de renta pendiente».   
Demostrada la existencia de una obligación de pago de seis millones de pesetas anuales a cargo de la arrendataria (esto es, de la demandada), así como su vencimiento (en la cláusula cuarta se dispuso que se satisfarían en el primer mes de cada año) a la fecha de interposición de la demanda origen de estas actuaciones, correspondía a Hills Share,SA, alegar y probar el pago, ya que se trata de un hecho extintivo de su obligación (art. 2461 IE, 216 y 217 LEC). Como en el proceso civil rige el principio de justicia rogada (art. 216 LEC), este tribunal no puede analizar de oficio la existencia de un posible pago sin incurrir en incongruencia (art. 218 LEC). Teniendo en cuenta que el incumplimiento de la obligación por parte de la demandada es total (no consta que haya satisfecho una sola renta), procede acordar la resolución del contrato (art. 6891 CK).   
Distinta suerte ha de correr la petición de condena a la pérdida de la fianza. El fundamento de esta petición es que tal cantidad ha de corresponder a la arrendadora en concepto de indemnización de daños y perjuicios, ya que el artículo 1.124 Código Civil permite reclamarlos tanto si se exige el cumplimiento de la obligación como si se interesa la resolución del contrato. El artículo 1.106 Código Civil concreta que la indemnización de daños y perjuicios comprende tanto el daño emergente (valor de la pérdida que haya sufrido el acreedor) como el lucro cesante (ganancia que haya dejado de obtener). Sin embargo, en el caso de autos no se alcanza a comprender cuáles son los daños y perjuicios que se han causado a la actora cuyo importe asciende, justamente, a la suma de 6.010 €, que es la cantidad de dinero que recibió de la demandada como fianza. Está claro que tal cantidad no se reclama en concepto de rentas impagadas, pues en este caso no se trataría de daños y perjuicios; lo que se estaría reclamando es el propio cumplimiento de la obligación. Además, cuando la obligación consiste en el pago de una suma de dinero la indemnización de daños y perjuicios, a falta de pacto en contrario, consiste en el pago de los intereses (art. 1.108 CC). De hecho; la propia cláusula quinta del contrato (documento número 2 de la demanda) estableció que los impagos de renta nunca se imputarían a la fianza prestada por la arrendataria. Por otra parte, la actora reconoce expresamente en su demanda que Hills Share, SA, nunca llegó a tomar posesión del complejo arrendado y que fue la arrendadora quien finalmente decidió explotarlo por su cuenta, lo que dificulta aún más el entendimiento de cuál es el fundamento de la petición de pérdida de la fianza, pues tampoco se aduce la existencia de desperfectos en el complejo (difícilmente imputables, por otra parte, a la arrendataria, ya que se acepta que no llegó a poseer los apartamentos turísticos arrendados). Dado que no es función del tribunal reconstruir las demandas que se someten a su consideración ni hacer conjeturas ni indagaciones a cerca de cuáles son los motivos que fundan una petición (art. 216 LEC), procede desestimar la demanda en este punto.   
Cuarto. Costas de esta instancia.   
En lo que respecta a las costas de esta instancia, no ha lugar a hacer especial pronunciamiento al ser procedente la parcial estimación de la demanda (art. 394 LEC).  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,   
Fallo   
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Onsella, SA, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento celebrado con Hills Share, SA, con fecha de 30 de diciembre de 1992, sin que proceda hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta instancia.   
Notifíquese en legal forma este auto a las partes haciéndoles saber que la anterior resolución no es firme y que contra la misma se puede interponer recurso de apelación que, en su caso, deberá prepararse en un plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de su notificación por medio de escrito firmado por letrado y procurador para ser resuelto, previa su interposición y tramitación legal, por Audiencia de Alicante. Junto con la preparación del recurso deberá acreditarse la constitución de un depósito por importe de cincuenta euros (50 €) que deberán ingresarse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado. En caso de no aportarse el documento justificativo junto con el escrito de preparación del recurso y de no subsanarse la omisión o defecto en la constitución del depósito se inadmitirá a trámite el recurso. Quedan exentos de constituir el depósito los litigantes beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita.   
Así, por esta mi sentencia, de la que se librará testimonio para incorporarlo a las actuaciones, llevándose el original al libro de sentencias, la pronuncio, mando y firmo juzgando definitivamente en primera instancia en nombre del rey en virtud de la autoridad que me ha sido conferida por el pueblo español.   
Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el magistrado que la suscribe encontrándose celebrando audiencia pública. Doy fe».   
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, Hills Share, SA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.   
  
Benidorm, 31 de julio de 2012.- La secretaria judicial: M.ª Engracia Román Ivorra.