Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4494, del 07-05-2003 (2003/4607)

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2003, de la Subsecretaría del Secretariado del Gobierno y Relaciones con las Cortes de la Presidencia de la Generalitat, por la que se dispone la publicación del Protocolo de colaboración entre la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, sobre la ejecución de sanciones en materia de consumo y tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4494

Fecha DOGV
:   07-05-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - A) CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2003/4607


Fecha del documento
:   15-04-2003

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria Bienestar Social
    * cooperación administrativa
    * administración central
    * toxicomanía

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2003, de la Subsecretaría del Secretariado del Gobierno y Relaciones con las Cortes de la Presidencia de la Generalitat, por la que se dispone la publicación del Protocolo de colaboración entre la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, sobre la ejecución de sanciones en materia de consumo y tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos. [2003/X4607]
  
Suscrito previa tramitación reglamentaria, entre la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, el día 11 de marzo de 2003, un Protocolo de colaboración sobre la ejecución de sanciones en materia de consumo y tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 3.4 del Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, procede la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dicho Protocolo que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios con el número 0255/2003, y que figura como anexo de esta resolución.
  
Valencia, 15 de abril de 2003.- La subsecretaria del Secretariado del Gobierno y Relaciones con las Cortes: Amparo Koninckx Frasquet.
  
Protocolo de colaboración entre la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, sobre la ejecución de sanciones en materia de consumo y tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos.
  
Valencia, 11 de marzo de 2003
  
REUNIDOS
  
De una parte, el Excmo. señor D. Juan Gabriel Cotino Ferrer, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, en ejercicio de las competencias atribuidas en los artículos 22.2.a) y 27.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la administración General del Estado.
  
De una parte, el Hble. señor conseller de Bienestar Social, D. Rafael Blasco Castany, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 5 / 1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, modificada por Ley 1/2002, de 26 de febrero, y el Decreto 138/2000, de 12 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social, modificado por Decreto 212/2001 de 18 de diciembre y el artículo 2.2 del Decreto 20/1993, de 8 de febrero del Gobierno Valenciano, y facultado expresamente para este acto por Acuerdo del Consell de fecha 18 de febrero de 2003.
  
EXPONEN
  
La Ley Orgánica, 1/1992, de Seguridad Ciudadana, contempla en su artículo 25 como infracción grave a la seguridad ciudadana, el consumo y tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos. Así mismo, el artículo 29 de la citada Ley atribuye a los Delegados del Gobierno la potestad sancionadora para imponer multas de hasta 1 millón de pesetas, la retirada de armas y de las licencias o permisos correspondientes, y la suspensión temporal de las licencias o autorizaciones de hasta seis meses de duración por infracciones graves o leves.
  
Este procedimiento se ha venido utilizando hasta hoy atendiendo al criterio del automatismo en la mayoría de los casos, sin atender a las circunstancias concretas en las cuales se producen las denuncias. No obstante, en el propio texto de la citada Ley se prevé la posibilidad de utilizar el procedimiento sancionador en materia de drogas de un modo más racional por lo que respecta a la deshabituación de los toxicómanos y, por tanto, a la prevención de futuros consumos de droga, y a la prevención de los futuros delitos que provoca el consumo de drogas. Así, el artículo 25.2 de la Ley 1/1992, de Seguridad Ciudadana, prevé la suspensión de las sanciones por consumo de drogas si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado.
  
Dicha previsión legal se ha desarrollado reglamentariamente en el Real Decreto 1079/1993, de remisión de las sanciones administrativas y seguimiento de los tratamientos de deshabituación, de 2 de julio, que defiende el fin ?resocializador y no exclusivamente retributivo- de la sanción, además de su carácter preventivo, regulando así la sustitución de la sanción por la declaración voluntaria del infractor de someterse a un tratamiento de deshabituación.
  
Por tanto, la Ley y el Real Decreto citados ya ponen de relieve la preocupación del legislador por un uso condicionado de la potestad sancionadora en materia de drogas que suponga atender a otros criterios distintos de la represión y la retribución. Estos criterios conllevan inevitablemente, una preocupación por la protección de la salud de los ciudadanos, tal y como recoge el artículo 43 de la Constitución, que establece el mandato a los poderes públicos de fomentar la educación sanitaria y de ?organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas?.
  
Esta tarea preventiva que los poderes públicos deben desarrollar en materia de consumo de drogas, viene específicamente establecida en el Real Decreto 1911/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Nacional sobre drogas para el período 2000-2008. En este sentido, como afirma el propio Real Decreto, la Estrategia Nacional se basa en la reducción de la demanda de drogas y para ello, ?la prevención se configura como el eje fundamental sobre el que se articula la Estrategia Nacional sobre Drogas?. Además, la priorización de la prevención se configura como una de las metas de la Estrategia. Como afirma esta norma, ?se trata fundamentalmente de una prevención basada en la educación y dirigida de forma destacada a los niños y los jóvenes para fomentar su maduración emocional y social, orientada al fomento de su capacidad crítica, su autonomía como personas y la clarificación y fortalecimiento de sus valores?. Para ello, resulta necesario llevar a cabo ?actividades de detección y tratamiento de las patologías orgánicas y psicológicas asociadas al consumo?.
  
De todo lo expuesto anteriormente, se deduce la necesidad de utilizar los medios, procedimientos y recursos de las distintas Administraciones Públicas al servicio de una política racional e inteligente de prevención del consumo de drogas. La prevención de la drogodependencia se convierte así en el medio para evitar el uso y el abuso de drogas, tan perjudiciales para la salud, así como otros problemas sociales y sanitarios asociados al consumo drogas, entre ellos la delincuencia.
  
En este sentido, las Administraciones no pueden quedarse en una posición reactiva cuando el mal ya no tiene remedio. Es necesaria una actividad preventiva del consumo que evite llegar a estas situaciones. Y para ello, se puede utilizar como un instrumento tremendamente efectivo el procedimiento sancionador en materia de consumo de drogas que actualmente se aplica desde las Delegaciones del Gobierno, procedimiento regulado en los artículos 23 a 39 de la Ley Orgánica 1/1992.
  
Por otra parte, la Conselleria de Bienestar Social es el órgano de la Generalitat Valenciana encargado de desarrollar las políticas de atención y prevención de las drogodependencias, así como las funciones establecidas en la normativa vigente en relación con el sector de las toxicomanías. Para ello, es competente para la prestación de los servicios y la gestión de los centros de atención y prevención de las drogodependencias de titularidad de la Generalitat Valenciana.
  
También corresponde a la Conselleria de Bienestar Social el fomento de actividades y servicios en materia de atención y prevención de las drogodependencias, la gestión de conciertos, subvenciones y otras prestaciones económicas en las materias de su competencia, y cuantas otras funciones correspondan en materias relacionadas con las problemáticas derivadas del uso y abuso en el consumo de drogas.
  
Dadas las competencias de las dos Administraciones antes citadas, que comparten un evidente interés común en el ámbito de la prevención del consumo de droga, es necesario elaborar un marco general de actuación para el desarrollo de la colaboración en esta materia de interrelación competencial.
  
En definitiva, lo que se pretende es que, mediante la colaboración de ambas Administraciones Públicas, se dote al procedimiento sancionador en materia de consumo y tenencia de drogas, de un contenido preventivo adecuado, en consonancia con el propio espíritu de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana y en el Real Decreto 1079/1993, de remisión de sanciones administrativas y seguimiento de los tratamientos de deshabituación, así como en consonancia con los criterios establecidos en el Real Decreto 1911/1999, por el que se aprueba la Estrategia Nacional sobre drogas para el período 2000-2008. Dicho carácter preventivo se articula sobre el principio de la voluntariedad, al permitir a los infractores en todo momento optar por la sanción económica que corresponda o su sustitución por las actividades preventivas que se determinen.
  
Se trata de una buena oportunidad para prevenir el consumo de drogas, especialmente por parte de los más jóvenes, en una labor formativa e informativa acorde con los esfuerzos que tanto Administraciones como sociedad vienen desplegando en los últimos años, y a los cuales no pueden ser ajenos los procedimientos sancionadores sobre los que la propia Administración General del Estado ejerce sus competencias.
  
Los motivos anteriormente expuestos llevan a establecer mediante el presente Protocolo fórmulas de colaboración entre la Delegación del Gobierno y la Conselleria de Bienestar Social con el objeto de llevar a cabo actividades de formación e información sobre las consecuencias del consumo de drogas tóxicas y sustancias psicotrópicas, que tengan un carácter preventivo. Dichas actividades se dirigirán especialmente entre los jóvenes.
  
ACUERDAN
  
Primero. La Delegación del Gobierno notificará a aquellas personas que sean denunciadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por consumo o tenencia ilícita de drogas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, la puesta a su disposición de un teléfono de contacto de la Conselleria de Bienestar Social en el cual se les dará la información que proceda sobre las medidas que les serán de aplicación como sustitutivas de la sanción económica correspondiente si voluntariamente acceden a ello.
  
Segundo. La Delegación del Gobierno enviará semanalmente a la Conselleria de Bienestar Social la cuantificación del número total de personas que podrán acceder a este tipo de medidas sustitutivas por haber manifestado ante la Delegación del Gobierno su voluntad de acogerse a estas medidas sustitutivas.
  
Tercero. La Conselleria de Bienestar Social dispondrá de cursos de prevención del consumo de drogas dirigidos específicamente a atender a los menores y mayores de edad señalados por la Delegación como denunciadas por consumo o tenencia de drogas. También y en algunos casos excepcionales, se habilitará la prestación de trabajos de fin de semana en favor de la comunidad por parte de las personas denunciadas.
  
Cuarto. Los programas y actividades a desarrollar sobre la base de este Protocolo atenderán a la reincidencia indicada según el número de denuncias.
  
Quinto. Se establecerán y mantendrán canales de información y relación fluidos y continuos entre la Delegación del Gobierno y la Conselleria de Bienestar Social sobre las actividades desarrolladas por esta última en cumplimiento de este Protocolo, y sobre el seguimiento que tienen por parte de las personas denunciadas.
  
Sexto. El diseño, programación, ejecución, y financiación de las actividades de prevención a desarrollar por la Conselleria de Bienestar Social como consecuencia de este Protocolo, se llevará a cabo sin que suponga ningún tipo de carga financiera para la administración General del Estado; en relación a la Conselleria de Bienestar Social, el presente protocolo no conllevará obligación económica específica alguna dado que las actuaciones a realizar por la misma se encuadran dentro de las que ordinariamente tiene atribuidas la Dirección General de Drogodependencias con cargo al programa presupuestario 313.20: ?Drogodependencias y otros trastornos adictivos?.
  
Séptimo. El presente Protocolo entrará en vigor en el momento de su firma y mantendrá su vigencia hasta el día 1 de marzo de 2004. Las partes podrán prorrogar expresamente dicha vigencia, por períodos de un año, debiendo acordarse la prórroga durante el mes anterior a la expiración del plazo.
  
Octavo. Para la interpretación y control del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Protocolo, cada una de las partes designará tres miembros de la Comisión de Seguimiento que se cree al efecto. Dicha Comisión resolverá por unanimidad los problemas que pudieran plantearse en la ejecución del Protocolo.
  
Noveno. El presente Protocolo tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su desarrollo y para su interpretación el ordenamiento jurídico administrativo, con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción contencioso administrativa en caso de conflicto.
  
En prueba de conformidad, los intervinientes firman el presente Protocolo en doble ejemplar y a un sólo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.
  
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana,
  
JUAN GABRIEL COTINO FERRER
  
El conseller de Bienestar Social,
  
RAFAEL BLASCO CASTANY