Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3603, del 13-10-1999 (1999/8550)

Notificación de resolución de solicitud de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad patrimonial de la administración.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3603

Fecha DOGV
:   13-10-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/8550


Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución de solicitud de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad patrimonial de la administración. [1999/F8550]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución de indemnización de daños y perjuicios formulada por doña Ángeles Andrés Alventosa en materia de responsabilidad patrimonial de la administración.
  
«Vista la solicitud de indemnización de daños y perjuicios formulada por doña Ángeles Andrés Alventosa, en nombre y representación del alumno Carlos Tortosa Andrés, y vistos los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Mediante escrito de 9 de marzo de 1998, doña Ángeles Andrés Alventosa solicita indemnización en la cantidad de 40.000 pesetas (240,40 euros), por los daños sufridos por su hijo, Carlos Tortosa Andrés, el día 5 de marzo de 1998, en el colegio público La Sénia de L'Alcúdia de Crespins, Valencia.
  
Segundo
  
Mediante Resolución de 11 de junio de 1998, de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, se acuerda la incoación del expediente indemnizatorio para determinar la responsabilidad patrimonial de la administración.
  
Tercero
  
Concluida la instrucción del procedimiento, y tras el trámite de audiencia a los interesados, en el cual no presentan alegación alguna, se formula la correspondiente propuesta de resolución, recayendo posteriormente informe del Servicio Jurídico de la Conselleria y dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de fecha 8 de abril de 1999.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
El artículo 106 de la Constitución Española establece el principio de la responsabilidad patrimonial de la administración pública por las lesiones que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, precepto constitucional que desarrolla el título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
En consecuencia, el procedimiento que se ha seguido para tramitar la solicitud formulada por doña Ángeles Andrés Alventosa es el previsto en el artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.
  
Segundo
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es competente para la resolución de la reclamación de indemnización el titular de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. Dicha competencia ha sido delegada en el director general de Régimen Económico de esta conselleria, mediante Orden de 22 de noviembre de 1996 (DOGV número 2.881, de 02.12.1996).
  
Tercero
  
El artículo 139 de la Ley 30/1992, establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
  
Según la doctrina científica y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo ?sentencias de 20 de diciembre de 1994, 25 de mayo de 1995 y 20 de junio de 1995?, para que proceda la acción de responsabilidad patrimonial de la administración es necesario que el daño o la lesión patrimonial sufridos por el reclamante sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que puedan influir, alterando el nexo causal.
  
De los documentos obrantes en el expediente se desprende que el día 5 de marzo de 1998, a las 15.00 horas, en el colegio público La Sénia de L'Alcúdia de Crespins, Valencia, cuando el alumno Carlos Tortosa Andrés subía las escaleras para ir a clase, un compañero tropezó con él, ocasionándole una caída, la cual le produjo la rotura de dientes.
  
En el informe complementario del director del centro, de fecha 30 de octubre de 1998, se aduce lo siguiente: «6é. A les 15.05 pujaren les escales que donen accés a l'aula. Carlos anava davant i Marc darrere. A l'últim escaló Marc va entropessar i va caure, i es va emportar Carlos a terra i el bac li va causar una fractura dels incisius superiors».
  
En cuanto al fondo del asunto, la responsabilidad patrimonial en materia educativa obliga a tener en cuenta el criterio mantenido en numerosos dictámenes por el Consejo de Estado (en particular en su Dictamen número 414/1994, de 7 de abril) y por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (236/1997; 261/1997; 281/1997), y que consiste en que la administración no tiene el deber de responder de todos los daños que puedan sufrir sin más los alumnos de centros escolares o con ocasión de actividades organizadas por dichos centros, sino que habrá que analizar las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar el cumplimiento de los requisitos que caracterizan la responsabilidad patrimonial pública, por lo que ahora interesa la relación de causalidad.
  
Ello es así porque la responsabilidad patrimonial de la administración prevista en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 no se debe configurar como una especie de seguro de cobertura omnicomprensiva, que opere simplemente por el hecho de que el daño se produzca sin más en el propio recinto escolar, no debiéndose admitir los supuestos en los que no tengan una conexión directa, real, inmediata y exclusiva con la prestación del servicio educativo. En este sentido se pronuncia el Consejo de Estado en Dictamen de 8 de noviembre de 1995. Por otra parte, en cuanto a la actuación del centro docente, se recuerda el contenido del Dictamen del Consejo de Estado 301/1992, de 12 de junio, en cuanto sostuvo que es doctrina reiterada que el deber de vigilancia «no puede exceder de lo que sea razonablemente exigible». Por ello, en ocasiones no es posible evitar que se produzcan daños derivados de actos que dada la espontaneidad y rapidez con la que se producen son imprevisibles.
  
El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, en este sentido, en su Dictamen 192/1997, de fecha 16 de octubre de 1997, establece lo siguiente: «En el presente expediente, no queda justificado el nexo de causalidad entre el daño producido y la prestación del servicio. El daño fue producido como consecuencia de un golpe accidental de otro alumno, con lo que no cabe imputar a la administración reclamada responsabilidad por no evitar el aludido golpe, que en cualquier momento se puede producir de forma repentina e impensable, por lo que no existe el nexo causal necesario entre el daño producido y la actuación de la administración y, por tanto, tampoco responsabilidad patrimonial de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia».
  
En esa misma línea se pronuncia el Consejo Jurídico Consultivo en el Dictamen 18/1998, de 21 de enero de 1998.
  
Por consiguiente, en el presente supuesto no concurren los requisitos exigidos por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no existir nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido.
  
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y conforme con el Consejo Jurídico Consultivo, según dictamen indicado en los antecedentes de hecho de la presente resolución, resuelvo:
  
Desestimar la reclamación de indemnización presentada por doña Ángeles Andrés Alventosa, en nombre y representación de Carlos Tortosa Andrés, en la cantidad de 40.000 pesetas, por no concurrir, en el supuesto en cuestión, los requisitos legalmente previstos para que proceda la responsabilidad patrimonial de la administración, al no existir nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido.
  
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
  
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el director general de Régimen Económico, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
  
b) El recurso contencioso administrativo deberá plantearse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación».
  
Lo que le comunico para su conocimiento y notificación.