Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6953, del 29-01-2013 (2013/710)

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2012, del secretario autonómico de Justicia, por la que se acuerda ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación de la Comunidad Valenciana Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información.
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Número DOGV
:   6953

Fecha DOGV
:   29-01-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/710


Fecha del documento
:   23-10-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2012, del secretario autonómico de Justicia, por la que se acuerda ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación de la Comunidad Valenciana Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información. [2013/710]  
Visto el expediente sobre ratificación por el Protectorado de la Generalitat del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información, en adelante la Fundación, conforme a los siguientes,  
  
Hechos  
  
Primero. Con fecha de entrada en el Registro General de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social de 16 de febrero de 2012 se presenta por la Fundación el acuerdo de extinción de la misma adoptado por su Patronato el 3 de febrero de 2012, y protocolizado (tras el oportuno requerimiento), en escritura pública, de 18 de abril de 2012, autorizada por el notario del Colegio de Valencia Fernando Pascual Miguel, número de Protocolo 1.385.  
  
Segundo. La Fundación se inscribió por Resolución de fecha 21 de junio de 1996, del director general de justicia de la Conselleria de Presidencia.  
Fueron sus fundadores: el Gobierno Valenciano, el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana de la Generalitat Valenciana; la Diputación de Alicante; la Mercantil Telefónica de España, SA; la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja; la Caja de Ahorros del Mediterráneo; Iberdrola, SA; la Cámara Oficial de Comercio, industria y Navegación de Alicante; La Mercantil Club de Inversores para el Desarrollo de la Provincia de Alicante, SA; la Mercantil Equipo Drac, SA; La Mercantil Protoin, SA; la Mercantil Sligos Servicios Informáticos, SL.  
Según el artículo 6 de los estatutos, la Fundación tenía objeto fundamental: «la promoción, desarrollo y consolidación de la denominada Sociedad Tecnológica y del Conocimiento en la Comunidad Valenciana, a partir de la difusión, análisis, formación, investigación, innovación y fomento de la implantación y uso de las telecomunicaciones avanzadas y, en general, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre los ciudadanos, la sociedad civil y emprendedora, y las Instituciones y Administraciones de la Comunidad Valenciana. Para ello, la Fundación colaborará con personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, singularmente de la Comunidad Valenciana, que también persigan idénticos fines de interés general, o que puedan contribuir a la mejor consecución de los mismos. Especialmente, La Fundación mantendrá estrechas relaciones y promoverá la suscripción de los correspondientes y periódicos Convenios Generales de Colaboración, con la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de los que deba o pueda igualmente contraer con ella o con las Administraciones Locales, en el desarrollo de los particulares proyectos e iniciativas que despliegue. De igual manera, y con el objeto de procurar el aprovechamiento de las máximas sinergias y de alcanzar estándares, indicadores o criterios comunes de actuación válidos más allá del estricto ámbito de la Comunidad Valenciana, la Fundación establecerá las relaciones necesarias con otras Administraciones, singularmente la del Estado, de la Unión Europea y de otras regiones europeas, así como con instituciones u organismos de renombrado prestigio en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en general, y de Sociedad Tecnológica y del Conocimiento».  
El último Patronato, ha sido inscrito en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana por Resolución de fecha 22 de octubre de 2012, del secretario autonómico de justicia de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, incorporando la representación formal del Sr. Vela por parte de la Generalitat, que no constaba en el expediente de extinción y que, tras el oportuno requerimiento, fue subsanado el 26 de julio de 2012.  
Por ello a fecha actual, el Patronato inscrito en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana es el siguiente: Presidente: 1. La Generalitat Valenciana, siendo su representante persona física el conseller de Hacienda y Administración Pública, José-Manuel Vela Bargues. Vicepresidente: 2. La Diputación Provincial de Alicante, representada por su presidenta, Luisa Pastor Lillo, y por el diputado de modernización, Adrián Ballester Espinosa. Vicepresidente 2.º: 3. El secretario autonómico de Administración Pública de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, Pedro García Ribot. Secretaria Patrono: 4. La directora general de Tecnologías de la Información de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, Sofía Bellés Ramos. Vocales: 5. La directora general de Promoción Institucional, de la Conselleria de Presidencia, Salvadora Ibars Sancho; 6. El Ayuntamiento de Alicante, representado por el concejal-delegado de Modernización de Estructuras Municipales, Pablo Sandoval Fernández; 7. AVINFO (Asociación Empresarial Valenciana de Informática), representada por Juan Luz Tormo; 8. La Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, representada por Juan-Carlos Gómez-Pantoja Noguera; 9. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, representada por Antonio Alonso Miravete; 10. COEPA (Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante), representada por Javier López Mora; 11. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, representado por Sergio Riolobos Anglés; 12. Equipo Drac, SA, representado por Vicente Nicolás Domingo; 13. Fujitsu ICL España SA, representada por Wigberto Cuenca Sáez; 14. La mercantil Iberdrola, SA, representada por Julián Bolinches Sánchez; 15. Indra Sistemas, SA, representada por Óscar-Lorenzo Canales Molina; 16. ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, SA, representada por Luis-Francisco Pistoni Durán; 17. Protoin, SA, representada por José-Luis Gutiérrez Gutiérrez; y 18. La Compañía Telefónica de España, SA, representada por Francisco Javier Castro Pérez y Jesús Máximo Pérez.  
La dotación inicial de la Fundación, fue de 31.682.401 pesetas (treinta y tres millones), de los cuales la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Administración Pública, aportó tres millones setecientas cincuenta mil pesetas (3.750.000 pesetas), equivalentes al 25% de su participación en la dotación de la Fundación, que es de quince millones de pesetas (18.532.015 pesetas).  
El resto de los Fundadores aportaron: algunos de ellos 2.000.000 pesetas, (Instituto para la Mediana y Pequeña Industria Valenciana de la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante, la Compañía Telefónica de España, SA, Bancaja, la CAM, Iberdrola, SA, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante) y otros 1.000.000 pesetas (Club de Inversores para el Desarrollo de la Provincia de Alicante, SA., Equipo Drac, SA, Protoin, SA, Sligos Servicios Informáticos, SL).  
La participación de la Generalitat en la dotación es actualmente del 30,36%, al haberse incrementado la dotación con las aportaciones de los sucesivos Patronos. La última resolución al respecto (16.01.2012), fija la dotación establecida en trescientos sesenta y un mil quinientos seis euros con cuatro céntimos (361.506,04 €).  
  
Tercero. Según la documentación aportada la causa de la extinción es la prevista en el artículo 31 c) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones: imposibilidad del cumplimiento de fin fundacional. El acuerdo adoptado por el Patronato señala literalmente:   
«Se aporta memoria justificativa de la concurrencia de dicha causa en la que, tras exponer detalladamente la trayectoria de la Fundación, se concluye señalando que:  
En la actualidad, las políticas tecnológicas de las administraciones públicas han visto reducido su presupuesto. A esta situación debe unirse la menor aportación de los patronos privados de la Fundación en estas actividades. Todo ello ha supuesto una significativa reducción de los ingresos de la Fundación, tan importante que los esfuerzos por ajustar sus gastos no han sido suficientes y ha llevado a la entidad a una situación de déficit (?).  
La situación actual de la Fundación presenta importantes debilidades que permiten cuestionar su futura viabilidad a corto plazo. Las principales debilidades son: la drástica caída de los ingresos de la actividad propia y de otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. La devolución de cantidades ingresadas y no justificadas del proyecto «Centro del Conocimiento e innovación en Telecomunicaciones Inalámbricas». Excesivo volumen de gastos fijos, especialmente los gastos de personal y de otros gastos de explotación, que inciden negativamente sobre los resultados del ejercicio, elevándolo a un nivel imposible de asumir por la Fundación en las condiciones actuales. Como consecuencia de los puntos anteriores, se prevé un déficit de tesorería a corto plazo. En definitiva no es viable seguir con la actividad fundacional.»  
  
Cuarto. El Patronato acordó delegar el proceso de liquidación en Juan José Moragues Molines, apoderándole para la ejecución material de los acuerdos que correspondan, conforme al artículo 40 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana (Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell). Posibilidad de nombrar gestores para la liquidación, expresamente contemplada en el artículo 35 de los Estatutos.  
En cuanto al destino del remanente, se aporta el denominado «Proyecto de distribución de los bienes y derechos resultantes de la liquidación», señalándose que «la realización de los activos se destinará a la cancelación de los pasivos y el resto se destinará a lo establecido en el artículo 35 de los Estatutos:   
En caso de extinción, los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones y entidades no lucrativas privadas así como a las personas jurídico-públicas fundadoras, en todo caso para la realización de fines de interés general análogos a los perseguidos por la Fundación, siempre que tengan afectos sus bienes, incluso en el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos. El Patronato queda facultado expresamente para designar las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro destinatarias del remanente fundacional y la proporción del mismo que corresponda a cada una de ellas así como a las entidades públicas fundadoras en quienes también ha de revertir dicho remanente.»  
  
Quinto. En relación con la información contable aportada al expediente, consta informe de la Sección de Contabilidad de 22 de octubre de 2012, al objeto de clarificar y determinar el patrimonio neto de la Fundación a fecha de la adopción del acuerdo extinción. El citado informe señala:  
«La Fundación se inscribió en fecha 21 de junio de 1996 con una dotación aportada en metálico de 13.020.229,00 de pesetas, 328.982.39 euros, que posteriormente fue incrementada en varias ocasiones hasta alcanzar la cantidad de 361.506,17 euros, que figura tanto en el balance de situación cerrado a la fecha de 31 de diciembre de 2011, como en el provisional cerrado a la fecha del acuerdo de extinción de 2 de febrero de 2012.  
La Fundación ha presentado las cuentas regularmente y las tiene depositadas hasta 2010. Asimismo, con fecha 26 de junio de 2012 ha presentado la solicitud de depósito de las cuentas de 2011 cuya solicitud continúa pendiente de resolver hasta que no presente el correspondiente certificado de aprobación de cuentas.  
Según balance aportado cerrado a 2 de febrero de 2012, fecha del acuerdo de extinción, la Fundación tiene un activo total de 1.555.170,74 euros y un pasivo exigible de 2.011.299,10 euros de lo cual resulta un patrimonio neto negativo 489.850.36 euros y unos fondos propios igualmente negativos de 1.577.914,42 euros, que son muy inferiores a la dotación fundacional debido a las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.   
Sin entrar en disquisiciones legales en relación al Patronato y a los representantes legales de la Fundación, desde el punto de vista económico contable se estima que el expediente de extinción está lo suficientemente documentado, no obstante, al figurar todavía en el balance de extinción cuentas de deudores y acreedores pendientes de saldar, no será posible determinar el remanente resultante, si lo hubiere, hasta el cierre de las pertinentes operaciones de liquidación.»  
  
Sexto. Atendiendo a dichos antecedentes, la Comisión de Protectorado, en su sesión de 19 de junio de 2012, informó sobre la necesidad de aportar, a efectos de poder ratificar el acuerdo de extinción adoptado por el Patronato, el correspondiente acuerdo del Consell relativo al representante persona física de la Generalitat Valenciana, Sr. Vela, conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que fue efectuado con fecha 26 de julio de 2012, mediante aportación del correspondiente acuerdo del Consell.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. El artículo 9 del Decreto 05/2011, de 21 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las Consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, así como el artículo 1 del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, aprobado por Decreto 99/2011, de 26 de agosto del Consell, determina que a esta Conselleria le corresponde ejercer, entre otras, las competencias en materia de fundaciones.   
  
Segundo. El artículo 2 del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, establece que el Protectorado de las Fundaciones de la Comunidad Valenciana se ejerce por la Conselleria competente en materia de fundaciones, correspondiéndole al conseller la titularidad del Protectorado, sin perjuicio de la posibilidad de su delegación o desconcentración.  
  
Tercero. Esta Secretaría Autonómica de Justicia es competente para conocer y resolver el presente expediente por delegación del ejercicio de competencias en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 15 de octubre de 2011, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, sobre delegación en la Secretaría Autonómica de Justicia del ejercicio de determinadas competencias en materia de fundaciones.   
En todo caso, de conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas por el órgano delegante.  
  
Cuarto. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana  
«1. La extinción de las fundaciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.   
2. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.»  
Dicho artículo 31 de la Ley 50/2002, señala «la fundación se extinguirá:  
c) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la presente Ley.  
Conforme a lo señalado en el artículo 32 del mismo texto legal, relativo a las formas de extinción:  
«2. En los supuestos contemplados en los párrafos b), c) y e) del artículo anterior, la extinción de la fundación requerirá acuerdo del Patronato ratificado por el Protectorado.  
Dicha ratificación supone la comprobación por parte del Protectorado de la concurrencia de causa legal de extinción, todo ello sin prejuzgar las operaciones de liquidación, y sus correspondientes justificantes contables, lo que exigirá un nuevo pronunciamiento del Protectorado de la Generalitat al respecto.  
Por su parte, el artículo 39 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana (Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell), regulan los requisitos formales relativos al procedimiento de extinción y liquidación de las Fundaciones.  
«1. Cuando el Patronato acuerde extinguir la fundación por haberse realizado íntegramente el fin fundacional, por resultar imposible su realización o por concurrir cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los Estatutos, deberá solicitar la ratificación del Protectorado, para lo que acompañará la siguiente documentación:  
a) Certificación del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato, emitida por el Secretario o la Secretaria con el visto bueno del presidente o la presidenta.  
b) Memoria justificativa de la concurrencia de una causa de extinción específica de las previstas en el primer párrafo de este apartado. En el supuesto de que la causa de extinción sea la imposibilidad de realizar el fin fundacional, habrá que justificar, además, la improcedencia o la imposibilidad de modificar los Estatutos o de llevar a cabo un proceso de fusión.  
c) Las cuentas de la entidad a la fecha en que se adoptó el acuerdo de extinción.  
d) El proyecto de distribución de los bienes y derechos resultantes de la liquidación y, en el caso de no llevarse a cabo por el propio Patronato, propuesta de designación de liquidadores y plan de actuación de los mismos.»  
  
Quinto. De conformidad con el artículo 26 de la citada Ley 8/1998, la extinción supone la apertura del citado procedimiento de liquidación, reflejándose las oportunas operaciones en el balance de liquidación, requiriendo, igualmente, la aprobación del Patronato y la correspondiente ratificación del Protectorado.  
Indicando el artículo 40.2 de dicho Reglamento que:  
«Durante el proceso de liquidación, el Patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas y formalizar os actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la liquidación. Sin perjuicio de lo anterior, el Patronato podrá apoderar o delegar la ejecución material de sus acuerdos relativos al proceso de liquidación.»  
Dicho artículo 26 de la ley dispone que,  
«2.Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas públicas o privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su extinción, a la consecución de aquellos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esta facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido.  
3. Las fundaciones constituidas por personas jurídico-públicas podrán prever en sus estatutos que los bienes y derechos resultantes de la liquidación reviertan a su fundador.»  
Por su parte, los Estatutos de la Fundación disponen en su artículo 35 que,   
«En caso de extinción, los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones y entidades no lucrativas privadas así como a las personas jurídico-públicas fundadoras, en todo caso para la realización de fines de interés general análogos a los perseguidos por la Fundación, siempre que tengan afectos sus bienes, incluso en el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos. El Patronato queda facultado expresamente para designar las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro destinatarias del remanente fundacional y la proporción del mismo que corresponda a cada una de ellas así como a las entidades públicas fundadoras en quienes también ha de revertir dicho remanente.»  
  
Sexto. Atendiendo al artículo 47.14 del Reglamento de Fundaciones de Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, son actos objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, entre otros: «La extinción de la fundación, liquidación de la misma, y destino dado a los bienes fundacionales.»  
  
Séptimo. Se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 41.2 g) del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell que establece:   
«2. En el ejercicio de las funciones que le corresponden, el Protectorado podrá solicitar informe de la Comisión y, en particular, en los siguientes supuestos:  
g) En el ejercicio de las potestades que tiene atribuidas en materia de modificación, fusión y extinción de fundaciones.»  
Vistos los preceptos legales citados, los artículos 39 y 40 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana (aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell) y demás generales de pertinente aplicación, así como lo informado por la Comisión del Protectorado de 19 de junio de 2012, resuelvo:  
  
Primero  
Ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación de la Comunidad Valenciana Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información, adoptado por su Patronato en fecha 3 de febrero de 2012, en los términos descritos en la presente resolución.  
  
Segundo  
Inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana la ratificación del citado acuerdo de extinción.  
Todo ello sin prejuzgar las operaciones de liquidación, y sus correspondientes justificantes contables, lo que exigirá un nuevo pronunciamiento del Protectorado de la Generalitat.   
Se recuerda que dicha fase de liquidación de la Fundación se deberá realizar en los términos expresados en el artículo 26.1 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, según el cual:  
«La extinción de la fundación, salvo en los supuestos en que tiene lugar como consecuencia de una fusión, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de la fundación bajo el control del Protectorado. El Patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas y formalizar los actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la liquidación. Terminadas las operaciones, formará el oportuno balance de liquidación, que deberá ser aprobado por el Patronato y sometido a la ratificación por el Protectorado.  
Recaída la misma, se procederá a cumplir lo dispuesto en el apartado siguiente, para finalizar la liquidación. Concluida esta, se hará constar en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana su baja, a solicitud del Patronato, por un escrito dirigido al Registro al que se acompañará la certificación del acuerdo aprobatorio del balance de liquidación, la ratificación del mismo por el Protectorado y una copia de los documentos en que se hayan formalizado las operaciones a que se refiere el apartado siguiente. No obstante, la baja de la fundación en el Registro, si resultan operaciones pendientes de ejecución o formalización, deberán ser llevadas a cabo por el Protectorado.»  
Notifíquese la presente resolución que es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de poder interponer, en su caso, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el conseller de Justicia y Bienestar Social, o cualquier otro recurso que estime procedente.   
  
Valencia, 23 de octubre de 2012.- El secretario autonómico de Justicia: Antonio Gastaldi Mateo.