Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3946, del 23-02-2001 (2001/1304)

Información pública de la notificación de la resolución del presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme, por la que no se admite el recurso de alzada interpuesto por Picadero Bar, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3946

Fecha DOGV
:   23-02-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/1304


Organismo emisor
:   Agencia Valenciana del Turisme

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la notificación de la resolución del presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme, por la que no se admite el recurso de alzada interpuesto por Picadero Bar, SA. [2001/A1304]
  
Por no haber sido posible notificar de forma personal y directa al interesado la resolución del presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme de fecha 17 de noviembre de 2000, que no admitía el recurso de alzada interpuesto por Picadero Bar, S.C., como titular del Bar Restaurante El Abrevadero, recaída en el expediente sancionador 149/1999-A, incoado a Picadero Bar, S.C, como titular del Bar Restaurante El Abrevadero, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 25 de enero de 2001.- El presidente ejecutivo: Roc Gregori i Aznar.
  
Con fecha 17 de noviembre de 2000, el presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme ha dictado la siguiente resolución:
  
«Resolución del presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme, por la que no se admite el recurso de alzada interpuesto por Picadero Bar, S.C, como titular del Bar Restaurante El Abrevadero.
  
Visto el recurso de alzada interpuesto por Picadero Bar, SC, como titular del Bar-Restaurante El Abrevadero, sito en la finca Los Olivos, sin número, Dehesa de Campoamor, Orihuela (Alicante), contra la Resolución sancionadora del jefe del Servicio Territorial de Turismo de Alicante de fecha 5 de abril de 2000.
  
Hechos
  
1. El jefe del Servicio Territorial de Turismo de Alicante, en la resolución sancionadora citada, impuso a Picadero Bar, S.C, como titular del Bar-Restaurante El Abrevadero, y en virtud de una inspección realizada de oficio, la sanción de multa de cien mil pesetas (100.000 PTA / 601.01 euros), por infracción a la normativa turística, consistente en prestar servicios propios de restaurante, careciendo de la preceptiva autorización de la administración de Turismo, cuyas circunstancias constan en la citada resolución y se dan por reproducidas.
  
2. Contra dicha resolución, Picadero Bar, S.C., como titular del Bar-Restaurante El Abrevadero, interpuso un recurso de alzada, en el que solicitaba se sirva dejar sin efecto por nulo el procedimiento sancionador, ordenando el sobreseimiento y archivo del mismo, en base a las siguientes alegaciones que a continuación, y de forma sucinta, se exponen:
  
- Que se falta a la verdad con la denuncia vertida de apertura al público, dado que la actividad está inserta sobre otra principal de la cual depende, teniendo la misma entrada y debiendo dar un servicio exclusivo a los clientes de la hípica, por cuanto se ha de subsumir en la licencia de que la misma depende, y todo por cuanto es el titular de la referida hípica quien arrienda el local del negocio.
  
- Que el órgano sancionador ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al no aportar al expediente los elementos de prueba adecuados para la correcta y completa determinación de los hechos y de las personas responsables de los mismos.
  
En aplicación de este derecho, la administración sancionadora tiene la carga de acreditar los hechos constitutivos de la infracción, no bastando afirmaciones generales, y la responsabilidad de presunto infractor a través de una actividad probatoria de cargo con todas las garantías, cuya ausencia o ineficacia determina la ilegitimidad de la sanción.
  
- Que no se sabe cuánto pretende o quiere cuantificar la sanción el organismo administrativo, por cuanto no existe una expresión clara, concisa e inequívoca, sobre ilícito administrativo, comisión de infracción y sanción pecuniaria correspondiente, sirviendo esta cuestión de suyo, y como jurídicamente se razona como suficiente para dejar sin efecto el procedimiento sancionador que se impugna.
  
La ausencia de mención a la normativa de aplicación, sin hacer constar la procedencia legal del articulado transcrito que otorga la virtualidad sancionadora, produce un incumplimiento al mandato obrante en el artículo 25 de la Constitución sobre el principio de legalidad en el derecho administrativo sancionador, que obliga a la no aceptación de «amplias y vagas remisiones abstractas», sin que quepa dar sentido a «disposiciones legales» o preceptos en abstracto.
  
- Que asistimos a una vulneración del principio de tipicidad por cuanto que los hechos realizados por el supuesto infractor no están caracterizados expresamente por la norma jurídica como constitutivos de dicha infracción administrativa, por lo que el órgano sancionador ha realizado una interpretación amplia, contraria a los criterios aplicables, para considerar infracción administrativa la conducta realizada, forzando con ello una aplicación incorrecta de la norma que, en sentido estricto, no se refiere en su descripción del tipo a los hechos objeto de este expediente.
  
- Que la sanción impuesta es contraria al principio de proporcionalidad, ya que no guarda una proporción adecuada con las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes; por el contrario, el órgano sancionador ha incurrido en su actuación en un automatismo impropio del proceso de reflexión y análisis de las circunstancias y hechos a tener en cuenta para la más adecuada graduación de las sanciones administrativas.
  
3. El 30 de mayo de 2000, por la jefa del Negociado de reclamaciones y recursos del Servicio Territorial de Turismo de Alicante, se requirió que se acreditara la representación del compareciente en el recurso de alzada citado, para su subsanación en cuanto a la falta de acreditación de la representación, concediéndole un plazo de 10 días para ello, sin que conste en el expediente que se haya producido la subsanación de tal carencia de acreditación de la representación del recurrente.
  
Fundamentos jurídicos
  
1. El artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando dispone:
  
«1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
  
2. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las administraciones públicas.
  
3. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos a nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
  
Para los actos y gestiones de mero trámite, se presumirá aquella representación.
  
4. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.»
  
En el caso presente ha quedado acreditada la existencia de una infracción a la normativa turística por parte de Picadero Bar, SL, titular del Bar-Restaurante El Abrevadero, sito en la finca Los Olivos, sin número, de la Dehesa de Campoamor, de Orihuela, al prestar los servicios propios de restaurante, sin acreditar estar en posesión de la preceptiva autorización turística, para ejercer la actividad de restauración.
  
Tal infracción ha quedado constatada, ya que, en fecha 12 de mayo de 2000, el agente de la inspección adscrito al Servicio Territorial de Turismo de Alicante, en el correspondiente informe, corroboró que el establecimiento disponía de una señalización de localización desde la carretera nacional con la indicación «Restaurante El Abrevadero-Centro Ecuestre». Asimismo, observó que el establecimiento consiste en una actividad de negocio y no existen socios, por lo que el establecimiento va dirigido al público en general.
  
Del mismo modo, el establecimiento no disponía de cocina con equipamiento necesario para ejercer la actividad de restaurante, suponiendo todo lo anteriormente manifestado una vulneración de la normativa turística al ejercer la actividad de restaurante sin la preceptiva autorización de la administración turística.
  
Asimismo, como antes se ha señalado, con fecha 30 de mayo de 2000, la jefa del Negociado de Reclamaciones y Recursos del Servicio Territorial de Alicante, requirió que se acreditase legalmente en un plazo máximo de 10 días la representación mediante poder notarial, o documento de constitución de la sociedad presentando
  
original acompañado de una copia para su cotejo y constancia en el procedimiento, advirtiéndole que, de no presentarlo, podrían no ser tenidas en cuenta las alegaciones del recurso por falta de legitimación, respecto del recurso de alzada interpuesto el 23 de abril de 2000.
  
No habiéndose acreditado tal representación para actuar en nombre de Picadero Bar, S.C., deben inadmitirse las alegaciones efectuadas por falta de legitimación para interponer el recurso de alzada efectuado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 y 32.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, transcrito anteriormente de forma parcial.
  
Resolución
  
En virtud de lo dispuesto en el Decreto 45/1996 (DOGV de 28 de marzo de 1996), resuelvo:
  
No admitir el recurso de alzada interpuesto por Picadero Bar S.C., contra la Resolución sancionadora del jefe del Servicio Territorial de Turismo de Alicante de fecha 5 de abril de 2000, y confirmar ésta en todos sus extremos.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse un recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo de Alicante o del domicilio del recurrente, a su elección, dentro del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Valencia, 17 de noviembre de 2000.- El presidente ejecutivo: Roc Gregori i Aznar. »