Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9473, del 18-11-2022 (2022/10803)

Anuncio de la resolución del expediente de retasación de cargas del sector Abadía.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9473

Fecha DOGV
:   18-11-2022

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2022/10914


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer

Tipo de documento
:   Anuncio

Anuncio de la resolución del expediente de retasación de cargas del sector Abadía. [2022/10370]  
En virtud de lo dispuesto en el artículo 392 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística, se hace público el Decreto de Alcaldía núm. 2022-3403 de fecha 26.10.2022, mediante el que se desestima la propuesta de retasación de cargas del sector Abadía presentada por la mercantil, Atienzar Actuaciones, SL, cuyo tenor literal es el siguiente:  
  
«Expte: 1549/2016  
Asunto: Retasación de Cargas de Urbanización - PAI Sector Abadía  
  
  
Informe - Resolución - Notificación  
  
Antecedentes de hecho  
Visto el expediente administrativo y visto el informe técnico emitido por el departamento de urbanismo, resultan no controvertidos los siguientes hechos:  
1) Que el Programa de Actuación Integrada (en adelante, PAI) Sector Abadía del municipio de Canet d'en Berenguer no era un PAI de desarrollo sino un PAI reclasificatorio, porque el mismo iba ligado a la aprobación autonómica de un Plan Parcial de Mejora.  
2) Que el 12 de febrero de 2004 se adoptó el acuerdo plenario en relación a la «aprobación del PAI del Sector Abadía, junto con los proyectos de urbanización y reparcelación. Aprobación provisional de la modificación puntual del Plan general. Gestión indirecta y adjudicación a Atienzar Actuaciones, SL (?)»: «Se aprueba supeditado a los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, provisionalmente y con remisión a la Conselleria a efectos de la aprobación definitiva y expedición posterior del documento administrativo de la reparcelación con arreglo a los anteriores parámetros.»  
3) Que el 4 de agosto de 2005, por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, se imponen unos condicionantes y se solicita la subsanación de algunos aspectos limitados, sujetos a mera corrección técnica, por lo que «la aprobación definitiva puede supeditarse en su eficacia a la mera formalización documental de dicha corrección».  
Entre dichas «condiciones, cuyo cumplimiento deberá verificar el Ayuntamiento»:  
«- Deberán ejecutarse con cargo a la actuación, las medidas correctoras propuestas para la eliminación del riesgo de inundación, así como ajustar las rasantes resultantes tras la actuación a la de los suelos urbanizados colindantes» (Informe del Servicio de Ordenación Territorial el 07.07.2005).  
«- Con anterioridad a la ejecución de la conexión, se deberá ingresar a la Entidad de Saneamiento la cantidad indicada, a cuyos efectos deberá establecerse, en su caso, el oportuno convenio entre la Entidad de Saneamiento y el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer» (Informe de la entidad de saneamiento de fecha 20.06.2005).  
El 10 de octubre de 2005 se declara por el director general la aprobación definitiva (BOP 01.08.2006, DOGV 27.11.2006), subsanados los aspectos técnicos y sin perjuicio de los condicionantes de los informes sectoriales.  
4) Que, seguidamente, no se llevó a cabo la redacción y aprobación de los correspondientes proyectos de urbanización y de reparcelación en desarrollo del Plan parcial y en cumplimiento de su condicionamiento, como se disponía en el acuerdo plenario, sino que se iniciaron las obras directamente por el agente urbanizador en fecha 2 de diciembre de 2005.  
5) Que en fecha 31 de mayo de 2006, el agente urbanizador presentó en el Ayuntamiento proyecto de la mota de protección del río Palancia.  
6) Que, a posterior solicitud del agente urbanizador, el Ayuntamiento, en fecha 2 de abril de 2009, acordó iniciar un expediente de retasación de cargas del PAI, que fue sometido a información pública (DOGV 22.05.2009) y que quedó paralizado tras las alegaciones de diversos propietarios del sector.  
7) Que en fecha 31 de enero de 2018, tras reiteradas peticiones del agente urbanizador de dar continuación al expediente de retasación de cargas, el Ayuntamiento requirió a Atienzar Actuaciones, SL, para que procediera a justificar las causas por las que entendía que procedía la retasación de cargas solicitada y aportase el «proyecto de urbanización finalmente aprobado».  
8) La mercantil alega mediante la entrada 2834-J-NT-2984 en el Registro General del Ayuntamiento. Respecto del proyecto de urbanización, la alegación 14 concluye que se presentó en tiempo y forma en su momento y que no dispone de copia, «por lo que no puede darse cumplimiento al meritado requerimiento».  
9) La última representación de la mercantil ya extinta presenta renuncia al expediente con varias entradas en 2021.  
  
Fundamentos de derecho  
  
I. Régimen jurídico aplicable:  
El PAI se tramitó y aprobó con la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la actividad urbanística (en adelante, LRAU) y el Convenio Urbanístico se remite a dicha ley. Pero el marco normativo que rige el presente expediente de retasación de cargas es el previsto en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana (en adelante, LUV), desarrollada por el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística valenciana (en adelante, ROGTU), aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del ROGTU, que regula los procedimientos de programación iniciados antes de la entrada en vigor de la LUV que hayan sido objeto de aprobación definitiva. Por remisión de la disposición transitoria primera «Régimen transitorio de los procedimientos iniciados con anterioridad a la Ley 5/2014, de 25 de julio» del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell.  
  
II. Retasación de cargas. Causas  
La regulación de la retasación de cargas de urbanización viene establecida en el artículo 168.3 LUV, desarrollado su trámite en los artículos 389 a 393 ROGTU. Sus causas se regulan con la siguiente literalidad:  
Artículo 168 LUV:  
«3. El importe máximo de las cargas de urbanización a que se refiere el punto 1 será el ofertado en la proposición jurídico económica sin que pueda ser modificado al alza, salvo retasación de cargas. A tal efecto, la retasación de cargas exigirá la tramitación de un procedimiento administrativo específico con notificación y audiencia de todos los propietarios afectados. La retasación de cargas no podrá suponer modificación o incremento en la parte de ellas correspondiente al beneficio empresarial del urbanizador por la promoción de la actuación.  
4. Sólo será motivo de retasación el transcurso de dos años desde la presentación de la proposición jurídico económica por motivos no imputables al urbanizador y la aparición de circunstancias sobrevenidas que no hubieran podido preverse en el momento de la redacción de la misma.  
Si el resultado de la retasación superara el 20 % del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica, la cantidad que exceda de dicho porcentaje no podrá en ningún caso repercutirse a los propietarios.»  
ROGTU, artículo 389, Causas de retasación de cargas (en referencia al artículo 168.3 de la Ley urbanística valenciana):  
«Sólo será motivo de retasación de cargas:  
1. El transcurso de dos años desde la presentación de la proposición jurídico-económica sin que se haya iniciado la ejecución del programa por motivos no imputables al urbanizador. En este caso, la revisión de precios tendrá lugar automáticamente, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.  
2. Aunque no haya transcurrido el plazo anterior, por la aparición de circunstancias sobrevenidas que tuvieran su origen en las variaciones del proyecto de urbanización impuestas por las administraciones públicas, por causas de interés general, imprevistas o no contempladas en las bases de programación, o por cambios legislativos.»  
  
III. Interpretación del agente urbanizador:  
El agente urbanizador entiende que nos encontramos ante un supuesto del art. 389.2 ROGTU «por causas de interés general, imprevistas o no contempladas en las bases de programación» (no «por cambios legislativos»), tanto para la Mota de Protección, como para el ajuste del Canon de la EPSAR. Por ello, desde su punto de vista, es procedente la retasación de cargas solicitada.  
  
IV. Previsibilidad de las circunstancias sobrevenidas:  
De acuerdo con los preceptos a los que se acoge el agente urbanizador se ha de dar como presupuesto fáctico para la retasación de cargas:  
- «circunstancias sobrevenidas»: se ha de entender a la presentación de la proposición jurídico económica (con la LRAU, a la alternativa técnica). Efectivamente los condicionamientos autonómicos son posteriores en el tiempo.  
- «variaciones del proyecto de urbanización impuestas por las administraciones públicas, por causas de interés general»: Efectivamente los condicionamientos autonómicos implican dicha variación y no se cuestiona su interés general.  
- «imprevistas o no contempladas en las bases de programación»: No cabe su aplicación al presente supuesto, ya que dichas bases no se daban en la LRAU y su equivalente tampoco tuvo lugar en la medida en la que fue una programación a instancia de parte.  
- «que no hubieran podido preverse en el momento de la redacción de» la proposición jurídico económica:  
- Canon pagadero a la EPSAR:  
La cuantía prevista en la alternativa técnica fue superada por el «Informe sobre la capacidad del sistema de saneamiento y depuración de Canet d'en Berenquer para admitir los caudales de aguas residuales generados por el desarrollo urbanístico del Sector Abadía del PGOU de Canet d'en Berenguer (Valencia)», de 15 de junio de 2005, emitido por la EPSAR. Con dicho informe se eleva el coste del suplemento de infraestructuras por habitante equivalente a 158,3 - frente a los 90 - previstos por el agente urbanizador inicialmente.  
Dicho gasto, en ningún caso, puede como una circunstancia sobrevenida e imprevisible, toda vez que, como bien se hace constar en el Informe de la EPSAR, se trata de la asunción del coste de las infraestructuras de saneamiento y depuración que precise la actuación de que se trate de una partida a incluir dentro de las cargas de urbanización, ex artículo 59.1.b RGU, y de conformidad del artículo 30.1.b de la LRAU. Por tanto, es un coste previsible y fue previsto por el agente urbanizador pero sin una adecuada fundamentación.  
Una buena praxis por parte del urbanizador hubiese exigido un previo convenio con la EPSAR, que hubiese garantizado la adecuación de la oportuna partida.  
- Mota de protección contra inundaciones desde el rio Palancia:  
Es una medida correctora del riesgo de inundación que se deduce del propio estudio al respecto aportado por el agente urbanizador al procedimiento. Sólo una falta de diligencia de este último explica que se le tenga que imponer por la autoridad autonómica, tras indicarlo dos de los informes sectoriales.  
No cabe duda de que dicha mota de protección es una obra de urbanización de la unidad de ejecución, ya que su finalidad es proteger la nueva zona urbanizada afectando a sus rasantes, por lo que debió de reflejarse en el proyecto de urbanización y no en un proyecto independiente y posterior. Una muestra más de la falta de diligencia del agente urbanizador en el procedimiento.  
En razón de lo expuesto, ha de concluirse que no procede la retasación de cargas en relación a las partidas interesadas.  
  
V. Interpretación sistemática  
V.1. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:  
De lo expuesto anteriormente se deduce que no se han dado ni la fuerza mayor ni el factum principis, presupuestos para modificar un contrato público (aunque sea especial, como es el del agente urbanizador) sino negligencias que deben de someterse al riesgo y ventura del contratista.  
V.2. Relaciones entre el urbanizador y la propiedad:  
Interpretar lo contrario a lo señalado en el apartado anterior sería en detrimento del previo conocimiento preciso de los datos necesarios (costes y, por tanto, rentabilidad de la operación) para el ejercicio del derecho de elección del propietario de participar o no en la transformación urbanística:  
LRAU, Exposición de Motivos.III: «(?) Para el excepcional e hipotético supuesto de que algún propietario entendiera que no es rentable la programación de su terreno, se admite que, antes de que esta se produzca, solicite voluntariamente la expropiación con arreglo al valor inicial, del suelo no programado, que implica la renuncia a participar en los rendimientos de su explotación urbanística.(?)».  
LRAU, artículo 29.9.C: «Los propietarios que expresamente declinen cooperar, por entender inconveniente o imprudente el desarrollo urbanístico de sus terrenos, pueden renunciar a ello si piden -mediante solicitud presentada en documento público antes del acuerdo aprobatorio del programa- la expropiación y pago según su valor inicial o el que corresponda conforme a la legislación estatal a la condición de suelo urbanizable no programado. Dicho acuerdo probatorio determinará la incoación del expediente de determinación del justiprecio para la finca correspondiente.»  
Obsérvese el momento procedimental de ejercer esa acción conforme a la LRAU y su posterior evolución en la normativa posterior, para mejorar la referida posición de la propiedad frente a la de clara superioridad del operador urbanístico profesional en la praxis urbanística:  
LUV, art. 162.3: «Los propietarios pueden renunciar a la adjudicación de finca resultante solicitando una justa compensación por la pérdida de su finca. La compensación será fijada por la Administración, previo informe técnico y según criterios objetivos, en el mismo Acuerdo aprobatorio de la Reparcelación atendiendo al valor real de la finca de origen. Esta renuncia deberá formalizarse mediante escritura pública o comparecencia administrativa, durante la información pública del expediente de reparcelación, pudiendo acompañarse o condicionarse a una propuesta de tasación, formulada por el propietario.»  
TRLOTUP: «Las personas propietarias que resulten afectadas por el programa de actuación integrada pueden elegir entre adherirse a él de forma expresa o no adherirse» (art. 146.1). «Aprobado el programa de actuación integrada y, en su caso, aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento que lo acompañe, la administración actuante remitirá a las personas propietarias afectadas notificación del emplazamiento para su participación en el programa de actuación integrada, con los siguientes contenidos: (?)» (art. 147.1). «No se podrá aprobar la reparcelación sin antes efectuar el emplazamiento a las personas propietarias previsto en este artículo» (art. 147.3).  
Con la normativa vigente se exige expresamente (aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento que lo acompañe) que dicho derecho se pueda ejercer a la vista de un proyecto de urbanización y otro de reparcelación que incorporen los eventuales condicionamientos autonómicos para la aprobación del instrumento.  
En definitiva, no se puede tergiversar la figura de los propietarios del Sector para convertirlos en meros pagadores, incluso de la falta de diligencia del urbanizador, que lo es a riesgo y ventura.  
  
VI. Renuncia de una persona jurídica extinta:  
Se reconoce el esfuerzo de parte para explicar esta acción, pero no se puede tener por acreditada que la capacidad de obrar de la personalidad jurídica residual de una mercantil extinta por concurso de acreedores alcance a la renuncia de un procedimiento administrativo con eventual reconocimiento de derechos económicos.  
  
VII. Competencia y procedimiento:  
Se ha dado audiencia a los interesados con la debida publicidad y procede, ante el presente informe propuesta de acuerdo, la resolución por la Alcaldía, de acuerdo con el art. 22.1.j de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: «Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.»  
  
Acuerdo:  
  
1) Desestimar la propuesta de retasación de cargas presentada por la mercantil Atienzar Actuaciones, SL.  
2) Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (art. 392 ROGTU) y notificar a las partes interesadas a los efectos oportunos.  
Informa y propone la Secretaría General, dispone la Alcaldía, da fe y notifica la Secretaría General.  
Recursos: este acto pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo se puede interponer ante el Ayuntamiento recurso de reposición o directamente recurso ante la Jurisdicción contencioso administrativa.  
El recurso de reposición se puede presentar en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo a recurrir y su presentación impide el recurso jurisdiccional hasta su resolución o desestimación presunta. El recurso debe resolverse y notificarse en el plazo de un mes, en caso contrario se entiende desestimado y se puede recurrir judicialmente.  
Si se interpone recurso contencioso administrativo, debe de ser ante el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que reciba esta notificación».  
  
Canet d'en Berenguer, 28 de octubre de 2022.- El alcalde-presidente: Pere Joan Antoni Chordá.