Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6887, del 23-10-2012 (2012/9553)

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2012, del secretario autonómico de Justicia de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se acuerda ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales.
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Número DOGV
:   6887

Fecha DOGV
:   23-10-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/9553


Fecha del documento
:   26-06-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2012, del secretario autonómico de Justicia de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se acuerda ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales. [2012/9553]  
Visto el expediente sobre ratificación por el Protectorado del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales, en adelante la Fundación, conforme a los siguientes  
  
Hechos  
  
Primero  
Con fecha de registro de entrada en el Registro General de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social 20 de enero de 2012 la Fundación citada presentó solicitud de ratificación del acuerdo de extinción adoptado por su Patronato el 28 de diciembre de 2011, por la imposibilidad material del cumplimiento de los fines fundacionales.  
Dicho acuerdo de extinción, consta elevado a escritura pública de fecha 18 de enero de 2012, autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Manuel Ángel Rueda Pérez.  
  
Segundo  
Si bien en un principio se incorporó en dicha escritura pública el presupuesto 2012 y plan de actuación 2012, no obstante, el 5 de marzo de 2012 aportan escritura pública de modificación de la anterior de fecha 22 de febrero de 2012, autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Valencia, Salvador Alborch Domínguez, en la que se protocoliza el acuerdo del Patronato de 17 de febrero de 2012, por el que se deja sin efecto el acuerdo de aprobación de dicha memoria y plan de actuación, y se clarifica asimismo en el mismo que la causa de extinción es la contemplada en el apartado c) del artículo 31 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones: la imposibilidad de cumplimiento del fin fundacional.  
Se aporta igualmente la memoria justificativa de la concurrencia de causa de extinción de la Fundación y el balance de situación a fecha de extinción.  
  
Tercero  
La Fundación se clasificó por Resolución de fecha 15 de mayo de 2000, de la secretaria general de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, clasificándose de carácter laboral y de previsión social, y siendo sus fundadores: La Generalitat Valenciana, representada por el conseller de Empleo, Rafael Blasco Castany; La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL), representada por su presidente, Rafael Ferrando Giner; la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), representada por el secretario general de la Comisión Ejecutiva Nacional, Don Rafael Recuenco Montero; y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CS.CCOO-PV), representada por su secretario general, Joan Sifre Martínez.  
Según el artículo 6 de sus estatutos, la finalidad de la Fundación es la de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas.   
El último Patronato inscrito en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana Resolución de fecha 17 de enero de 2011, del secretario autonómico de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, es el siguiente: Presidente: 1. Joaquín Alcoy Moncholí, Presidente del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana. Vicepresidente 1.º: 2. Rafael Montero Gomis (Grupo 2.º, por las organizaciones empresariales). Secretario no patrono y director gerente: José-María Sempere Aleixandre. Vocales: Grupo 1º, por la Generalitat Valenciana, 3. José Cano Pascual; 4. Francisco-Jesús Bueno Cañigral; 5. José Monzonís Salvia; 6. José-María García Zarco; y 7. Román Ceballos Sancho. Grupo 2.º, por las organizaciones empresariales, 8. Enrique Soto Ripoll; 9. Don Javier López Mora; 10. Arturo Cerveró Duato; 11. Fernando Romero Bru; y 12. Arturo Jiménez Rodríguez. Grupo 3º, por las organizaciones sindicales: por la Unión General de Trabajadores del País Valenciano, 13. Francisco Martí Gutiérrez; 14. Juan Carlos Martí de Bolaños Galdón; y 15. Carlos Calero Jaén. Por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano, 16. Francisco-Javier Giménez Gras; 17. Juan Martínez Pérez; y 18. José Tomás i Marrades.  
La dotación inicial de la Fundación, conforme la escritura de constitución de 31 de marzo de 2.000, fue de cuatro millones de pesetas (4.000.000 pesetas), equivalentes a veinticuatro mil cuarenta con cuarenta y ocho céntimos de euros (24.040,48 euros), aportados de la siguiente forma: a) La Generalitat Valenciana aporta tres millones seiscientas mil pesetas (3.600.000 pesetas), equivalentes a veintuno mil seicientos treinta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (21.636,44 euros). b) La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL), aporta doscientas mil pesetas (200.000 pesetas), equivalentes a mil doscientos euros y dos céntimos (1.200,02 euros). c) La Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CS.CCOO-PV), aportan cada una de ellas cien mil pesetas (100.000 pesetas), lo que equivale a seiscientos uno con un céntimo de euro (601,01 euros). Total aportado doscientas mil pesetas (200.000 pesetas), equivalentes a mil doscientos euros y dos céntimos (1.200,02 euros).   
  
Cuarto  
La presente extinción se enmarca dentro del proceso de reestructuración de sector público fundacional iniciado por el Consell, y que supuso la adopción del Acuerdo del Consell de fecha 2 de diciembre de 2011, en el que se autorizó la extinción de varias fundaciones pertenecientes al sector público de la Generalitat, entre ellas la de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales.  
Según la documentación aportada la causa de la extinción es la prevista en el artículo 31 c) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones: Imposibilidad del cumplimiento de fin fundacional.   
Conforme a la memoria justificativa aportada:  
«La documentación aportada se hace eco de que ya la D. Adicional 18ª de la Ley 13/2009, de 29 de septiembre, de Presupuestos de la Generalitat, para el ejercicio 2010, estableció la posibilidad de suprimir personas jurídicas privadas o públicas del sector público de la Generalitat, siempre que los fines pudieran ser atribuidos a órganos centrales de las Consellerias en que se organiza la Administración de la Generalitat u otra persona jurídica perteneciente al sector público.  
En este contexto, expone la interesada, se aprobó el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, y se acordó por el Consell el 2 de diciembre de 2011 la autorización para extinguir la Fundación.  
Asimismo, se destaca en dicha memoria el importante déficit de tesorería, lo que en un futuro inmediato supone que la situación económico-financiera de la Fundación provoque la imposibilidad de cumplimento de sus fines, por insuficiencia de medios.  
Finalmente, se indica que no procede la fusión con otra fundación, al no existir otra análoga con los mismos fines, siendo otras entidades de carácter público no fundacional las que realizan funciones similares».  
  
  
Quinto  
En dicha sesión, de fecha 28 de diciembre de 2011, se constituyó una Comisión Liquidadora, integrada por Román Ceballos Santos, Francisco Jesús Bueno Cañigal, Arturo Cerveró Duato, Arturo Jiménez Rodríguez, Carlos Calero Jaén y Juan Martínez Pérez.  
Asimismo se apodera por el Patronato, en fecha 12 de marzo de 2012 (escritura pública de 30.3.2012, autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Valencia, D. Manuel Ángel Rueda Pérez, nº 299 de su Protocolo), a dos letrados de J&A y Garrigues SL.P. para que lleven a cabo la ejecución material de los acuerdos relativos al proceso de extinción y liquidación que correspondan, conforme al artículo 40 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.  
En cuanto al destino del remanente, y en consonancia con el artículo 33 de los Estatutos, el Patronato en su sesión de diciembre de 2011, señaló que, una vez concluidas las operaciones de liquidación, se someterá a su aprobación el proyecto de destino de los bienes y derechos resultantes, y aprobado el oportuno balance, proponiéndose como tal que sea transferido al Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT).  
Posteriormente, con fecha de entrada 4 de junio de 2012, se aporta escritura de fecha 31 de mayo de 2012 otorgada por el Notario Salvador Alborch Domínguez (núm. 691), por la que se eleva a público el acuerdo del Patronato adoptado en sesión de 30 de mayo de 2012, por el que se aprueba una addenda modificativa al proyecto de distribución de bienes y derechos resultantes de la liquidación, que, en síntesis, mantiene la decisión de transferir el remanente existente, una vez efectuadas las oportunas operaciones de liquidación, al INVASSAT. No obstante, de dicho remanente se excluirán, los expresamente destinados a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo: «contabilizados en el inventario de la Fundación, que por su naturaleza, origen de los fondos, finalidad y utilidad, conviene destinar a la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, de la Generalitat Valenciana, a través de sus entrega formal a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, como entidad jurídica de la cual depende.  
Entre dichos bienes, se encuentran las aplicaciones informáticas desarrolladas por la Fundación en cumplimiento de los Protocolos de actuación suscritos entre la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de la Generalita Valenciana y la propia Fundación, para la gestión y coordinación documental del desarrollo de los Planes de Formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la base de datos elaborada en el marco del Convenio de Colaboración entre la entonces Conselleria de Economía Hacienda y Empleo y la Fundación, para el seguimiento y estudio de los datos estadísticos de la negociación colectiva en la Comunidad valenciana»  
  
Sexto  
Se adjunta junto al acuerdo de extinción, el balance de situación y cuenta de resultados de la Fundación, a fecha de adopción de dicho acuerdo, 28 de diciembre de 2011.  
Consta en el expediente un primer informe del Jefe de la Sección de Contabilidad de 26 de marzo de 2012 conforme al cual,  
«La Fundación ha presentado las cuentas regularmente y las tiene depositadas hasta 2010, por lo que solamente le quedarían por presentar las cuentas de 2011 cerradas a 31 de diciembre de 2011.   
Según balance de situación y la cuenta de resultados aportados del periodo 1 de enero de 2011 a 28 de diciembre de 2011, de fecha 28 de diciembre de 2011 (fecha del acuerdo de extinción), la Fundación tiene un activo total de 780.593,66 y un pasivo exigible de 664.127,88 euros, de lo cual resulta un patrimonio neto positivo de 116.465,14 euros y unos fondos propios de 40.291,14 euros.   
Desde el punto de vista económico-contable, se estima que el expediente de extinción está lo suficientemente documentado, no obstante, al figurar todavía en el balance de extinción cuentas de deudores y acreedores pendientes de saldar, no será posible determinar el remanente resultante, hasta el cierre de las pertinentes operaciones de liquidación.»  
Con fecha 16 de mayo de 2012, se realizan por la interesada las siguientes alegaciones:  
Se informa sobre el estado de las cuentas anuales a fecha 31 diciembre 2011, señalando que las mismas han sido «formuladas» estando pendientes de aprobación por el Patronato, y se presenta copia de las mismas.  
Se informa que tales cuentas están siendo actualmente objeto de auditoría.  
Se señala que en la «Fundación se compromete formalmente a aportar copias de las citadas cuentas anuales, así como los respectivos informes de auditoría sobre las mismas, en el momento en que éstas sean debidamente aprobadas por el Patronato, lo que se prevé tenga lugar cunado concluya el proceso de auditoría indicado».  
Al respecto, la Sección de Contabilidad emite nuevo informe, en fecha 18 de mayo de 2012, señalando, en atención a tales circunstancias, que si bien no será posible determinar el remanente resultante hasta el cierre de las pertinentes operaciones de liquidación, no obstante se emite informe favorable a la extinción de la Fundación.  
  
Séptimo  
Atendiendo a dichos antecedentes, la Comisión de Protectorado, en su sesión de 19 de junio de 2012, informa favorablemente, entre otros, el punto del día correspondiente a la ratificación del acuerdo de extinción aprobado por el Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales, en los términos expresados en los apartados precedentes.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero  
El artículo 9 del Decreto 05/2011, de 21 de junio, del President de la Generalitat, por el que se determinan las Consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, así como el artículo 1 del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, aprobado por Decreto 99/2011, de 26 de agosto del Consell, determina que a esta Conselleria le corresponde ejercer, entre otras, las competencias en materia de fundaciones.   
  
Segundo  
El artículo 2 del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, establece que el Protectorado de las Fundaciones de la Comunidad Valenciana se ejerce por la Conselleria competente en materia de fundaciones, correspondiéndole al conseller la titularidad del Protectorado, sin perjuicio de la posibilidad de su delegación o desconcentración.  
  
Tercero  
Esta Secretaría Autonómica de Justicia es competente para conocer y resolver el presente expediente por delegación del ejercicio de competencias en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 15 de octubre de 2011, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, sobre delegación en la Secretaría Autonómica de Justicia del ejercicio de determinadas competencias en materia de fundaciones.   
En todo caso, de conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas por el órgano delegante.  
  
Cuarto  
De conformidad con el artículo 25 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana  
«1. La extinción de las fundaciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.   
2. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana».  
Dicho artículo 31 de la Ley 50/2002, señala «la fundación se extinguirá:  
c) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la presente Ley.  
Conforme a lo señalado en el artículo 32 del mismo texto legal, relativo a las formas de extinción:  
«2. En los supuestos contemplados en los párrafos b), c) y e) del artículo anterior, la extinción de la fundación requerirá acuerdo del Patronato ratificado por el Protectorado.  
Si no hubiese acuerdo del Patronato, o éste no fuese ratificado por el Protectorado, la extinción de la fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá ser instada por el Protectorado o por el Patronato, según los casos.  
  
Quinto  
De conformidad con el artículo 26 de la citada Ley 8/1998, la extinción supone la apertura del procedimiento de liquidación, reflejándose las oportunas operaciones en el balance de liquidación, requiriendo, igualmente, la aprobación del Patronato y la correspondiente ratificación del Protectorado.  
Asimismo, los artículos 39 y 40 del Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, regulan los requisitos y procedimientos de extinción y liquidación de las Fundaciones.  
De tal forma, el artículo 39 del citado Reglamento establece que:  
«1. Cuando el Patronato acuerde extinguir la fundación por haberse realizado íntegramente el fin fundacional, por resultar imposible su realización o por concurrir cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos, deberá solicitar la ratificación del Protectorado, para lo que acompañará la siguiente documentación:  
a) Certificación del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato, emitida por el secretario o la secretaria con el visto bueno del presidente o la presidenta.  
b) Memoria justificativa de la concurrencia de una causa de extinción específica de las previstas en el primer párrafo de este apartado. En el supuesto de que la causa de extinción sea la imposibilidad de realizar el fin fundacional, habrá que justificar, además, la improcedencia o la imposibilidad de modificar los Estatutos o de llevar a cabo un proceso de fusión.  
c) Las cuentas de la entidad a la fecha en que se adoptó el acuerdo de extinción.  
d) El proyecto de distribución de los bienes y derechos resultantes de la liquidación y, en el caso de no llevarse a cabo por el propio Patronato, propuesta de designación de liquidadores y plan de actuación de los mismos».  
Por su parte el artículo 40.2 de dicho Reglamento señala que:  
«Durante el proceso de liquidación, el Patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas y formalizar os actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la liquidación. Sin perjuicio de lo anterior, el Patronato podrá apoderar o delegar la ejecución material de sus acuerdos relativos al proceso de liquidación».  
  
Sexto  
En cuanto a la extinción de Fundaciones integrantes del sector público de la Generalitat se exige, además de los requisitos generales, los siguientes:  
a) El acuerdo del Consell (artículo 34 dicha de la Ley 8/1998), al igual que lo requirió su constitución.  
b) Respecto a la obligación de estar al día en sus obligaciones contables, debe tenerse presente el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, que dispone:  
En su artículo 5: «Tendrán la consideración de Fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana, a los efectos de esta ley, las Fundaciones en cuya dotación participen mayoritariamente, directa o indirectamente, la Generalitat Valenciana, sus entidades autónomas, o demás entidades que conforman su sector público. Su creación requerirá en todo caso autorización previa del Gobierno Valenciano.  
Y en su artículo 63 bis: «La Intervención General de la Generalitat Valenciana realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de las entidades autónomas, empresas y fundaciones a que se refiere el artículo 5 de esta Ley».  
En tal sentido, a efectos de la continuación del presente proceso de extinción, cuya siguiente fase es la liquidación en los términos previstos en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, la Fundación deberá aportar la auditoría de las cuentas del año 2011.  
  
Séptimo  
El citado artículo 26 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana dispone,  
«2.Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas públicas o privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su extinción, a la consecución de aquéllos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esta facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido.  
3. Las fundaciones constituidas por personas jurídico-públicas podrán prever en sus estatutos que los bienes y derechos resultantes de la liquidación reviertan a su fundador.  
Por su parte, los Estatutos de la Fundación disponen en su artículo 33 que,   
«El patrimonio acumulado por la Fundación se aplicará, con carácter previo, al cumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros acreedores y, una vez efectuada esta operación, el remanente que resulte se destinará a entidades públicas o privadas no lucrativas que persigan fines análogos o iguales a los de la Fundación».  
Finalmente el artículo 1 de la Ley 2/2004, de 28 de mayo, de la Generalitat, de creación del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, éste es «un organismo autónomo de carácter administrativo, que se configura como órgano científico en la materia de prevención de riesgos laborales de la administración de la Generalitat.  
El Instituto que se crea mediante la presente ley, tiene personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, queda adscrito a la conselleria competente en materia de trabajo, y bajo la superior autoridad del conseller dependerá funcionalmente de la secretaría autonómica competente en dicha materia»  
  
Octavo  
Atendiendo al artículo 47.14 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, son actos objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, entre otros: «La extinción de la fundación, liquidación de la misma, y destino dado a los bienes fundacionales».  
  
Noveno  
Se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 41.2.g) del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell que establece:   
«2. En el ejercicio de las funciones que le corresponden, el Protectorado podrá solicitar informe de la Comisión y, en particular, en los siguientes supuestos:  
g) En el ejercicio de las potestades que tiene atribuidas en materia de modificación, fusión y extinción de fundaciones».  
Vistos los preceptos legales citados, los artículos 39 y 40 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana (aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell) y demás generales de pertinente aplicación, así como lo informado por la Comisión del Protectorado de 19 de junio de 2012, resuelvo:  
  
Primero  
Ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales, adoptado por su Patronato en fecha 28 de diciembre de 2011, en los términos descritos en la presente resolución.  
  
Segundo  
Inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana la ratificación del citado acuerdo de extinción.  
  
Tercero  
Establecer como destinatario de los bienes y derechos resultantes de la liquidación al Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, en los términos descritos en el hecho cuarto de la presente resolución.  
En todo caso, queda pendiente que la Fundación aporte, a este Protectorado, en plazo legal y de acuerdo con la normativa vigente, las cuentas anuales de 2011, aprobadas por el Patronato, así como la correspondiente auditoría, lo que deberá producirse con anterioridad a la ratificación de la liquidación por el Protectorado, así como la posterior baja registral y, por ende, la extinción de la personalidad jurídica de la Fundación.  
Asimismo, se recuerda que la liquidación de la Fundación se deberá realizar en los términos expresados en el artículo 26.1 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, según el cual:  
«La extinción de la fundación, salvo en los supuestos en que tiene lugar como consecuencia de una fusión, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de la fundación bajo el control del Protectorado. El Patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas y formalizar los actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la liquidación. Terminadas las operaciones, formará el oportuno balance de liquidación, que deberá ser aprobado por el Patronato y sometido a la ratificación por el Protectorado.  
Recaída la misma, se procederá a cumplir lo dispuesto en el apartado siguiente, para finalizar la liquidación. Concluida ésta, se hará constar en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana su baja, a solicitud del Patronato, por un escrito dirigido al Registro al que se acompañará la certificación del acuerdo aprobatorio del balance de liquidación, la ratificación del mismo por el Protectorado y una copia de los documentos en que se hayan formalizado las operaciones a que se refiere el apartado siguiente. No obstante, la baja de la fundación en el Registro, si resultan operaciones pendientes de ejecución o formalización, deberán ser llevadas a cabo por el Protectorado.»  
Notifíquese la presente resolución que es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de poder interponer, en su caso, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el conseller de Justicia y Bienestar Social, o cualquier otro recurso que estime procedente.   
  
Valencia, 26 de junio de 2012.- El secretario autonómico de Justicia: Antonio Gastaldi Mateo.