Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4621, del 03-11-2003 (2003/11662)

Juicio verbal número 881/2002. Cédula de notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4621

Fecha DOGV
:   03-11-2003

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2003/11601


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 20 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Juicio verbal número 881/2002. Cédula de notificación. [2003/F11287]
  
Reyes Meliá Llácer, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Valencia, por el presente hago saber:
  
Que en este juzgado se tramitan autos de juicio verbal número 881/2002, promovidos por Rafael Torres Collado, contra Gustavo Ortiz Suárez y Francisco José Membrilla Cuesta, en cuyos autos ha recaído sentencia con esta fecha, que es del tenor literal siguiente:
  
Sentencia
  
Valencia, 14 de abril de 2003
  
Vistos por mí, Carmen Moreno Martínez, magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Valencia, los presentes autos de juicio verbal, seguidos ante este juzgado bajo el número 881/2002, a instancias de Rafael Torres Collado, representado por la procuradora Eva María Leonor Rovira, asistido del letrado Jesús Manuel Gil Martínez, contra Gustavo Ortiz Suárez y Francisco José Membrilla Cuesta, sobre resolución de contrato de arrendamiento urbano por falta de pago de las rentas y reclamación de cantidad en atención a los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Correspondió conocer a este juzgado de demanda a seguir por los trámites del juicio verbal civil, a instancias del procurador indicado, en la representación dicha contra los demandados antes expresados, en la que tras alegar el actor los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictase sentencia de conformidad con el suplico de su demanda.
  
Segundo. Que admitida a trámite la demanda, se convocaron a las partes a la celebración de juicio verbal, señalándose día y hora al efecto, compareciendo la parte actora, y no los demandados, por lo que fueron declarados en rebeldía, realizando el demandante las manifestaciones que tuvo por pertinentes y solicitó el recibimiento del pleito a prueba proponiendo la que estimó pertinente, que se practicó con el resultado que obra en autos.
  
Tercero. De la prueba practicada y apreciada y valorada toda ella en su conjunto resulta probado que Rafael Torres Collado, como propietario y arrendado, y Gustavo Ortiz Suárez, como arrendatario, concertaron contrato de arrendamiento relativo a la vivienda sita en la calle del Padre Tomás Montañana, número 10-6.º-23.ª, de Valencia, habiendo pactado una renta de setenta y dos mil pesetas (432,73 euros) mensuales pagaderas por anticipado y dentro de los cinco primeros días de cada mes natural renta que se actualizaría conforme al IPC transcurrido el primer año de vigencia del contrato, y conviniendo también que serían de cuenta del arrendatario los gastos de consumo de cuantos servicios se valga el inmueble, constituyéndose en fiador solidario de todas las obligaciones del arrendatario Francisco José Membrilla Cuesta, con renuncia expresa al beneficio de excusión de bienes, no habiendo pagado el arrendatario ni su fiador las rentas arrendaticias desde agosto de 2002 a marzo de 2003, ambos incluidos, lo que supone 3.461,84 euros, ni los gastos del consumo de agua del período de 9 de mayo de 2002 a 8 de enero de 2003, ascendente a 58,88 euros, ni tampoco las facturas relativas al suministro de luz de fechas 29 de julio de 2002, 25 de septiembre de 2002, 25 de noviembre de 2002 y 30 de enero de 2003, que ascienden en total a 90,98 euros, todo lo que suma el importe de 3.611,75 euros, sin que el propietario de la vivienda haya recuperado la posesión de la misma.
  
Cuarto. Que se han observado las prescripciones legales.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Que por la procuradora Eva María Leonor Rovira, en nombre y representación de Rafael Torres Collado, se ejercitaron acumulada y simultáneamente a través del juicio verbal contra Gustavo Ortiz Suárez, arrendatario, y Francisco José Membrilla Cuesta, fiador solidario, la acción de resolución por falta de pago de la renta y cantidades asimiladas del contrato de arrendamiento relativo a la vivienda sita en la calle del Padre Tomás Montañana, número 10-6.º-23, de Valencia, y la acción de reclamación de cantidad, en concreto, tres mil seiscientos once euros con setenta y cinco céntimos, por rentas impagadas desde agosto de 2002 a marzo de 2003 y gastos de consumo de agua del período comprendido entre el 9 de mayo de 2002 y el 8 de enero de 2003, así como por las facturas del suministro de luz desde el 29 de julio de 2002 a 30 de enero de 2003, solicitando de modo alternativo que aquella cuantía se limite al tope cuantitativo propio del juicio verbal, esto es tres mil cinco euros con seis céntimos.
  
Segundo. Que los demandados no comparecieron al acto de la vista, por lo que de conformidad con el artículo 442-2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil se les declaró en rebeldía y siguió el juicio su curso sin volver a citarlos.
  
Tercero. El pago de la renta arrendaticia constituye la obligación básica y esencial del arrendatario (artículo 1.555-1º. del Código Civil, artículo 95 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994) y supone la contraprestación al uso y disfrute del inmueble que le cede el arrendador.
  
Cuarto. A tenor del artículo 27-2.º-a) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, el arrendador podrá resolver de pleno el contrato por falta de pago de la renta, o en su caso, de cualesquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.
  
Quinto. Tal y como dispone el artículo 1.882 del Código Civil por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste. Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal ha de observarse lo establecido en los artículos 1.137 y siguientes del Código Civil para las obligaciones solidarias.
  
En el supuesto de obligarse solidariamente el fiador con el deudor desaparece el beneficio de excusión al que alude el artículo 1.830 del Código Civil y puede el acreedor dirigir su reclamación, desde luego, contra el fiador, sin perjuicio de que éste pueda reclamar contra el deudor por la totalidad de lo que hubiese satisfecho por él.
  
Sexto. Que partiendo de cuanto antecede, del examen de las actuaciones y del estudio de la prueba obrante en ellas cabe decir, que, procede estimar la demanda al haber quedado probada la certeza de los hechos de los que deriva, según las normas jurídicas aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda, habiendo cumplido la parte actora con la carga probatoria que le incumbe a tenor del artículo 217.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.
  
Así, como documento número 1 de la demanda se adjuntó copia de la escritura de compraventa a favor de Rafael Torres Collado, que acredita la propiedad que ostenta sobre la vivienda objeto del litigio, y por tanto, la legitimación activa en el mismo a tenor de los artículos 6 y 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.
  
El documento número 2 de la demanda constituye el contrato arrendaticio cuya resolución se pretende y que es base también de la reclamación cuántica hecha valer. Y examinado el contenido de dicho contrato en su cláusula 3.ª se aprecia que se estipuló como precio del arrendamiento setenta y dos mil pesetas (432,73 euros) mensuales a satisfacer por anticipado y dentro de los cinco primeros días de cada mes natural y revisable conforme al IPC, sector alquileres, transcurrido el primer año de vigencia, y en la cláusula 8.ª se pactó que serían de cuenta del arrendatario los gastos de consumos de cuantos servicios se valga el inmueble, habiéndose constituido Francisco José Membrilla Cuesta en fiador solidario del arrendatario en todas las obligaciones derivadas del contrato, renunciando expresamente el fiador al beneficio de excusión (véase cláusula 15.ª).
  
Las cláusulas destacadas son claras y no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes, por lo que ha de estarse a su tenor literal según establece el artículo 1.281-1 del Código Civil, primera norma de interpretación contractual.
  
Los documentos números 3 a 7 de la demanda y los aportados por la parte demandante en el acto del juicio, que integran recibos de las rentas, justificantes bancarios de adeudos por domiciliación relativos al suministro de agua y facturas de electricidad prueban debidamente que, ni el arrendatario ni su fiador han cumplido con las obligaciones de pago de la renta y cantidades asimiladas, pues la tenencia de tales documentos por el arrendador que ha posibilitado su aportación a la litis viene a demostrar el impago de los importes a los que aquéllos se contraen máxime teniendo en cuenta que el artículo 17.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 impone al arrendador la obligación de entregar recibo al arrendatario al cumplimiento de su obligación como prueba eficaz relevante de éste.
  
Y la prueba documental expuesta se complementa con el resultado de los interrogatorios de los demandados, quienes, al no haber comparecido sin causa justificada a dicha prueba propuesta y admitida, se entiende a tenor del artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que admiten tácitamente los hechos de la demanda, y en concreto, cada uno de los extremos referidos en las preguntas propuestas que fueron declaradas pertinentes en su integridad.
  
Séptimo. En cuanto a los intereses, de conformidad con los artículos 1.100-1.º, 1.101 y 1.108 del Código Civil, siendo una de las obligaciones de carácter dinerario y habiendo incurrido en morosidad el deudor/es desde la interpelación judicial, procederá que abonen el interés legal desde la fecha de aquélla como indemnización de daños y perjuicios por la morosidad.
  
Octavo. En materia de costas, siguiendo el principio de vencimiento objetivo que establece el artículo 394.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, procede en el caso presente al estimarse la demanda imponer las costas a la parte demandada, la cual ha visto rechazadas sus pretensiones sin que se aprecien serias dudas de hecho o de derecho.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás aplicables,
  
Fallo
  
Que estimando la demanda formulada por la procuradora Eva María Leonor Rovira en nombre y representación de Rafael Torres Collado contra Gustavo Ortiz Suárez y Francisco José Membrilla Cuesta sobre resolución de contrato de arrendamiento de vivienda por falta de pago de la renta y cantidades asimiladas, y sobre reclamación de tres mil seiscientos once euros con setenta y cinco céntimos o alternativamente tres mil cinco euros con seis céntimos en concepto de rentas adeudadas y gastos de consumo de agua y luz, debo declarar y declaro resuelto por falta de pago de la renta y cantidades asimiladas el contrato de arrendamiento relativo a la vivienda sita en la calle del Padre Tomás Montañana, número 10, piso 6.º, puerta 23.ª, de Valencia, y en consecuencia condeno a los demandados a estar y pasar por dicha declaración. Asimismo, debo condenar y condeno a Gustavo Ortiz Suárez y a Francisco José Membrilla Cuesta a que paguen conjunta y solidariamente a Rafael Torres Collado tres mil cinco euros con seis céntimos, más el interés legal desde la interpelación judicial.
  
Se imponen las costas a la parte demandada.
  
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme, sino susceptible de ser recurrida en apelación, que deberá prepararse ante este juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.
  
No se admitirá al demandado el recurso, si al prepararlo no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas.
  
Así por ésta, mi sentencia, que se llevará al libro de las de su clase y testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.
  
Y para que sirva de notificación de sentencia en legal forma al demandado antes, Gustavo Ortiz Suárez, en ignorado paradero, y para su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, expido el presente.