Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6349, del 07-09-2010 (2010/9525)

Aprobación definitiva del proyecto de expropiación para la obtención de terrenos para la ejecución de la ronda Oeste.
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Número DOGV
:   6349

Fecha DOGV
:   07-09-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2010/9525


Fecha del documento
:   11-08-2010

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Castellón de la Plana
    * plan de urbanismo
    * administración local

Aprobación definitiva del proyecto de expropiación para la obtención de terrenos para la ejecución de la ronda Oeste. [2010/9525]  
Aprobación definitiva del Proyecto de Expropiación por tasación conjunta para obtención de los terrenos necesarios para ejecución de la ronda Oeste a Castellón de la Plana. Fase I y relación de propietarios, bienes y derechos afectados.  
La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en sesión celebrada en fecha 30 de julio de 2010 adoptó el siguiente acuerdo:  
«Visto el expediente que se está tramitando para aprobar el Proyecto de Expropiación Forzosa por tasación conjunta para la obtención de los terrenos necesarios para ejecutar la ronda Oeste a Castellón de la Plana, Fase I y los siguientes  
Antecedentes:  
1. La Junta de Gobierno local, mediante acuerdo de 29 de enero de 2010, acordó la aprobación provisional del Proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta para la obtención de los terrenos necesarios para ejecutar la ronda oeste a Castellón de la Plana. Fase I, y la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por el mismo, quedando declarada la utilidad pública así como la necesidad de ocupación de los terrenos mediante la aprobación de fecha 11 de septiembre de 2009 del proyecto de construcción, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana.  
2. El anuncio de exposición pública del proyecto de expropiación, por un plazo de un mes, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 23, de 23 de febrero de 2010, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6220, de 5 de marzo de 2010, en el periódico El Mundo/Castellón al Día el 19 de febrero de 2010 y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. Asimismo se ha efectuado la preceptiva notificación a los interesados.  
3. Obra en el expediente documento de retención de crédito número 2010-1210-0, de 2 de julio de 2010, por importe de 1.447.197,34 €, y documento de retención de crédito número 2010-910-0, de 17 de mayo de 2010, por importe de 951.628,69 €, que acreditan la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente al pago del justiprecio.  
4. Asimismo, el expediente ha sido informado favorablemente por el Negociado de Fiscalización.  
Teniendo en cuenta que:  
I. En el plazo legalmente establecido se han formulado 42 escritos de alegaciones que han sido informados por los Servicios de Consultoría y Asistencia Jurídico-Urbanística del Ayuntamiento.  
A. Gran parte de los escritos presentados hacen referencia común a alegaciones relacionadas con cuestiones relativas a: 1. Innecesidad del procedimiento expropiatorio. 2. Reserva de aprovechamiento. 3. Valoraciones. 4. Remisión de la hoja de aprecio. Y 5. Rectificaciones de oficio, en relación con las cuales en el informe técnico se han efectuado las siguientes consideraciones generales:  
1. Innecesidad del procedimiento expropiatorio  
Un importante número de alegaciones, formuladas por titulares de parcelas incluidas en el ámbito del sector 27.SU.R, hacen referencia a la innecesidad de la tramitación del Proyecto de Expropiación Forzosa por encontrarse en curso un procedimiento urbanístico previo (Programa de Actuación Integrada del Sector 27.SU.R), a cargo del cual se obtienen los terrenos dotacionales necesarios para la construcción de la ronda Oeste, instando a que se acuerde la aprobación del proyecto de reparcelación ya que debería ser éste el procedimiento adecuado para dicha obtención.  
En primer lugar, como se recoge en el apartado 1.1, Antecedentes, de la memoria justificativa del proyecto tramitado, debe considerarse que la ronda Oeste es una infraestructura viaria cuya "condición estratégica de eje vertebrador de la evolución urbana del municipio hace aconsejable acometer el desarrollo de esta dotación, de interés público general, de forma independiente" a los desarrollos urbanísticos a los que hacen referencia las personas que alegaron.  
Es la relevancia como elemento vertebrador de las comunicaciones y desarrollo del municipio la que determina, tras la aprobación del Proyecto Constructivo de la Ronda Oeste, la declaración de utilidad pública e interés social de las obras, y con ella la consiguiente necesidad de ocupación de los bienes, primando el interés público general sobre los citados desarrollos urbanísticos, desvinculando e independizando de ellos la ejecución de la ronda.  
Además, debe tenerse en cuenta que las referidas actuaciones e instrumentos urbanísticos se encuentran temporalmente paralizados en cumplimiento de las sentencias dictadas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en relación con los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra los respectivos acuerdos aprobatorios:   
· La Sentencia número 1586 de fecha 6 de noviembre de 2009 declara la nulidad del Acuerdo de Aprobación del Programa de Actuación Integrada del Sector 27.SU.R, aprobado definitivamente mediante Resolución de la Conselleria de Territorio y Vivienda de fecha 2 de junio de 2007.  
· La Sentencia número 1000/08 de fecha 17 de octubre de 2008 anula el Acuerdo de Aprobación de la Modificación Puntual Número 6 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la creación de suelo destinado a viviendas protegidas y obtención de suelo dotacional, aprobada definitivamente mediante Resolución de la Conselleria de Territorio y Vivienda de fecha 9 de septiembre de 2005.   
Contra esta sentencia, admitido a trámite por el Tribunal Supremo, hay interpuesto un recurso de casación presentado por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón y la asociación de vecinos Poble Sec de Mestrets.  
Por todo ello no cabe sino ratificar la procedencia y adecuación del procedimiento expropiatorio como fórmula de obtención de los terrenos necesarios para ejecución de las obras de la ronda Oeste, estando ajustada a derecho en todo momento la incoación del expediente.  
2. Reserva de aprovechamiento  
Se tendrá en cuenta la voluntad de suscribir el convenio expropiatorio para reserva del aprovechamiento urbanístico manifestada por los alegantes, siendo decisión de la administración expropiante alcanzar con los afectados el acuerdo para adquisición del suelo al que hace referencia el artículo 434.4 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística -en adelante ROGTU- aprobado mediante Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell.   
"El justiprecio de los bienes y derechos a expropiar puede satisfacerse, de acuerdo con el expropiado, mediante la adjudicación de terrenos o mediante la atribución de aprovechamientos que correspondan a la administración expropiante, o de cualquier otra forma libremente pactada entre la administración y el expropiado".  
Conforme a ello, el justiprecio de los bienes y derechos a expropiar sería satisfecho mediante la atribución y reserva del aprovechamiento urbanístico futuro que, equivalente a la superficie expropiada, se derivaría de la aplicación de los parámetros urbanísticos de los sectores o unidades de ejecución en los que se encuentra incluida la propiedad. Mediante esta modalidad de cobro en especie, los propietarios aceptan, voluntariamente, sustituir el importe equivalente al justiprecio del valor del suelo por la reserva de aprovechamiento, contando con la garantía jurídica de la inscripción de dicha reserva en el Registro de la Propiedad. Quedan excluidos de dicha sustitución los importes correspondientes a indemnizaciones por destrucción de elementos incompatibles con la actuación.  
El convenio se formalizará simultáneamente a la firma del acta de ocupación.  
3. Valoraciones  
Conforme a lo regulado en el artículo 434.2 del ROGTU, el momento procedimental oportuno para aceptar o rechazar las valoraciones propuestas será con motivo de la notificación y traslado a los afectados de las hojas de aprecio definitivas junto con el contenido del acuerdo de aprobación del Proyecto de Expropiación Forzosa.  
Será a partir de la recepción de la notificación, cuando los titulares de derechos afectados dispondrán del plazo de un mes para aceptar o rechazar la hoja de aprecio municipal y formular su propia hoja de aprecio.  
No obstante lo anterior, durante la fase de información pública las alegantes han manifestado su discrepancia con las valoraciones efectuadas, habiendo solicitado, especialmente, la revisión de los valores relativos al suelo, al vuelo y a la cosecha, respecto a los cuales se efectúan las siguientes consideraciones:  
A) Suelo. A efectos de valoraciones, la legislación estatal básica aplicable en la materia, es el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo -en adelante TRLS-.  
En su artículo 21.1.b indica que:  
"1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta ley cuando tengan por objeto:  
[?]  
b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación que la motive".  
A tal efecto, en el punto 2 de su artículo 22 dispone:  
"El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive.  
Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en esta ley".  
Aunque a efectos urbanísticos, la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana -en adelante LUV-, clasifica el suelo en tres categorías (suelo urbano; urbanizable y no urbanizable) a efectos expropiatorios, el referido TRLS 2/2008, que, insistimos en ello, es la legislación aplicable en materia de valoración y expropiaciones, establece, en su artículo 12, que, los terrenos sólo podrán tener consideración de suelo rural o suelo urbanizado, y ello con independencia de la clasificación urbanística que dichos suelos puedan tener asignados en el PGOU, conforme se indica en el apartado 3, Criterios de valoración, del Proyecto de Expropiación Forzosa tramitado.  
Según el TRLS, el suelo urbanizado será aquel que "cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento".  
En la situación de suelo rural se encuentra "el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización [?]. El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente".  
Como se indica en el proyecto de expropiación, en su página 47:  
"Conviene subrayar, por tanto, que no deben confundirse las denominaciones de suelo rural y suelo urbanizado con la clasificación urbanística de los terrenos y tampoco con las categorías de suelo rústico y urbano propias de una clasificación de carácter estrictamente fiscal como la del Catastro.  
Debe tenerse en cuenta que, a efectos de valoraciones, el término de suelo rural hace referencia indistintamente a suelos cuya clasificación urbanística equivaldría tanto a suelo no urbanizable (agrícola, forestal, protegido, etc...) como urbanizable (aquellos suelos que el PGOU prevé su transformación futura en suelo urbanizado hasta el momento en que se haga efectiva dicha transformación) e, incluso, urbano que no estuviera consolidado.  
De igual modo, el término de suelo urbanizado hace referencia a aquel que se encuentra consolidado por la urbanización, estando integrado en la red de dotaciones y contando con todos los servicios urbanísticos. Equivaldría a la clasificación urbanística de suelo urbano, y siempre que estuviera consolidado por la urbanización.  
La diferenciación contenida en el TRLS permite que la determinación del valor concreto se base en un ajuste a la realidad preexistente y concreta del suelo y no en expectativas urbanísticas futuras del mismo, que pudieran generarse en función de su hipotético destino.  
Así lo establece el artículo 23.2 del TRLS 2/2008:  
2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados".  
Gran parte de las parcelas, cuyos propietarios aducen disconformidad respecto al valor del suelo, están indubitadamente en situación de suelo rural, ya que carecen de los servicios y dotaciones requeridos por la legislación aplicable en materia de valoraciones para ser considerados como suelos urbanizados. Esta situación de suelo es independiente de la clasificación urbanística que el planeamiento general les otorga o de la consideración que dichos terrenos tengan en la Gerencia Territorial del Catastro.  
La mera inclusión de los terrenos en el ámbito de un programa de actuación integrada que está pendiente de desarrollo, cuente o no con aprobación definitiva, en el cual aún no se ha ejecutado obra de urbanización alguna y, por tanto, se encuentra pendiente de transformación, no debe ni puede determinar una valoración distinta de la contemplada en la legislación vigente.  
Por todo lo expuesto y tras la aplicación del método de capitalización de la renta, el valor de suelo obtenido a efectos expropiatorios es de 8,54 €/m².  
B. Vuelo. Se entiende por vuelo, el arbolado y plantaciones existentes sobre la superficie afectada. Su valor viene concretado en el Informe de valoración incluido en el proyecto tramitado y tiene en cuenta los niveles de clase, rendimiento y producción de las plantaciones, si bien, por error material, en el Informe de valoración expuesto al público únicamente figura el valor correspondiente a los cultivos de máximo rendimiento, habiendo sido omitidos erróneamente los correspondientes a cultivos de medio y bajo rendimiento, aun cuando todos figuran incorporados en el apartado 3.2.3, Tabla resumen de valoraciones, del proyecto expuesto al público y en la hoja de aprecio provisionales. Dicha circunstancia ha quedado corregida en el texto refundido del Proyecto de Expropiación Forzosa de julio 2010.  
En cualquier caso, los valores del vuelo son los siguientes:   
Máximo rendimiento: 5,69 €/m².  
Medio rendimiento: 3,87 €/m².  
Bajo rendimiento: 1,50 €/m².  
Como puede comprobarse en la documentación expuesta, en muchos de los casos, la valoración del vuelo resulta superior a los valores unitarios indicados por los alegantes que solicitan una valoración uniforme de 1,90 €/m².  
En cuanto al dato de superficie de vuelo afectada que viene reflejado en las hojas provisionales de aprecio, cabe indicar que, efectivamente, se trata de un error material de impresión gráfica, corregido incluso durante la propia exposición al público del Proyecto de Expropiación Forzosa. El dato de superficie de vuelo, en aquellas parcelas en las que corresponde la indemnización por este concepto, coincide con la superficie de suelo afectada por la expropiación.  
C. Cosecha. Se entiende por cosecha (IPRO), la estimación del valor de producción de la plantación afectada. Por omisión, el Proyecto de Expropiación Forzosa expuesto al público no contemplaba la valoración de la cosecha, por lo que se ha rectificado de oficio y alcanza a todos los propietarios de parcelas que contengan afección por vuelo, hayan formulado o no alegaciones en dicho sentido, incluyéndose una indemnización por este concepto.  
Así, atendiendo al rendimiento de las plantaciones afectadas se obtiene una valoración de cosecha, a continuación indicada, superior incluso al valor indicado por los alegantes:  
IPRO máximo rendimiento: 1,51 €/m².  
IPRO medio rendimiento: 1,03 €/m².  
IPRO bajo rendimiento: 0,66 €/m².  
Dicha rectificación queda oportunamente reflejada en el Texto Refundido del Proyecto de Expropiación Forzosa de julio 2010 y en las correspondientes hojas de aprecio que se remitirán a los afectados con motivo de la fase de justiprecio.  
4. Hojas de aprecio  
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 29 de enero de 2010 se acordó, entre otros extremos, la "Aprobación inicial del proyecto, conteniendo la delimitación del ámbito territorial a expropiar y la relación de propietarios y de los bienes y derechos afectados por la expropiación".  
Como expresamente se indica en la parte dispositiva del acuerdo, se trata de una aprobación inicial y, por tanto, el expediente se encuentra pendiente de aprobación definitiva, motivo por el cual no se adjuntaron las hojas de aprecio a la notificación que daba traslado del contenido de dicho acuerdo.  
En cualquier caso, formando parte de dicha documentación, han podido ser objeto de pública consulta por los afectados las hojas de aprecio provisionales elaboradas para cada finca afectada, cuyo contenido de carácter eventual ha sido expuesto al público como anticipo de las hojas de aprecio que serán notificadas a los afectados con motivo de la aprobación definitiva del proyecto.  
No se trata de incumplimiento de un trámite legal, sino, precisamente, ante todo lo contrario. En el presente expediente la administración expropiante ha favorecido el conocimiento de las hojas de aprecio adelantándose al momento procedimental pertinente.  
Con carácter previo, la comunicación y exposición pública del contenido de las hojas de aprecio se ha efectuado con anterioridad a la remisión individualizada a los afectados con un doble objetivo:   
En primer lugar, proporcionar a los afectados información necesaria para conocer la afección causada a sus bienes y facilitar el ejercicio del derecho legal de formular las alegaciones u observaciones que estimaran convenientes y, simultáneamente, obtener de ellos información destinada a subsanar los posibles errores u omisiones que hubieran podido producirse, ajustando, con el mayor nivel de concreción posible, el contenido de la futura hoja de aprecio a la realidad física y jurídica de la finca.   
En segundo lugar, como se indica en la memoria del proyecto expuesto al público "facilitar a los interesados la identificación y valoración de los bienes afectados, destacando el carácter provisional de la misma, al objeto de poner en su conocimiento los criterios y valores adoptados ante la eventualidad de que las partes afectadas por el procedimiento expropiatorio pudieran alcanzar el pacto o convenio para adquisición del suelo al que hacen referencia el artículo 434.4 del ROGTU y el artículo 24 de la LEF".   
Se trata de proporcionar información útil para que los afectados puedan ponderar, adecuadamente y con antelación, las opciones de que disponen.  
En virtud de lo expuesto, cabe concluir que no se ha conculcado ni impedido derecho alguno de los afectados puesto que estos mantienen intacto su derecho legal de aceptar la Hoja de aprecio municipal, o bien, rechazarla y formular la suya propia. Los afectados dispondrán del preceptivo plazo legal de un mes a partir de la recepción de la notificación comunicando la aprobación definitiva del proyecto.  
5. Rectificaciones de oficio  
En fecha 9 de abril de 2.010, la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, ha procedido a la adjudicación de las obras de ejecución de la ronda Oeste a la unión temporal de empresas formada por las mercantiles Actia Iniciativas, SL, Becsa, SA, y Piaf, SL.  
Tras la adjudicación han dado inicio los trabajos previos correspondientes al replanteo de detalle que hay que realizar inmediatamente antes de la ejecución de las obras, teniendo como consecuencia la necesidad de efectuar una serie de ajustes técnicos que, por necesidades constructivas, obligan a ampliar el ámbito expropiatorio.  
Asimismo, como han puesto de manifiesto varios alegantes, por omisión el proyecto expuesto al público no contemplaba inicialmente la obtención del suelo necesario para la ejecución de un vial de servicio que proporcionara acceso rodado a las parcelas lindantes con la margen izquierda de la ronda Oeste, incluidas todas ellas en el ámbito del Sector 27.SU.R., ya que, en caso contrario, éstas hubieran quedado sin acceso en tanto no se ejecutaran las correspondientes infraestructuras internas del citado sector. Al objeto de subsanar dicha omisión ha sido necesario modificar la planta de expropiaciones.   
Las modificaciones anteriores, en consonancia con las prescripciones técnicas del proyecto constructivo aprobado por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, consisten en una reserva adicional de suelo que permitirá efectuar los ajustes derivados del replanteo de las obras y la construcción del citado vial de servicio, que tiene influencia directa en la relación de bienes y derechos afectados, ya que, dependiendo de la ubicación de las parcelas, se mantienen, aumentan o reducen las afecciones causadas a la finca.  
Como quiera que dichas variaciones afectan cuantitativa y cualitativamente a algunos de los parámetros relevantes para la determinación y tasación de los derechos afectados como, por ejemplo, la superficie afectada o la valoración de los elementos indemnizables, por la administración expropiante se ha procedido a rectificar de oficio las afecciones y valoraciones inicialmente expuestas al público, de forma que, con idénticos criterios de valoración que las expuestas al público, se han formulado las nuevas hojas de aprecio, las cuales recogen, por un lado, las modificaciones derivadas de la estimación parcial o total de las alegaciones formuladas por los particulares, destinadas a completar y/o subsanar los errores u omisiones existentes, y, por otro, las modificaciones derivadas de la adaptación del ámbito expropiatorio del proyecto.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación según la cual, artículo 433.4 del ROGTU, se establece que entre los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras "deben entenderse incluidos tanto los que deban ser materialmente ocupados por las obras previstas, como los que resulten necesarios para asegurar su pleno valor y rendimiento y para garantizar la protección del entorno y del medio ambiente en general, así como para definir los enlaces y conexiones con las obras públicas y otras infraestructuras previstas en el planeamiento sectorial".  
Las modificaciones efectuadas serán comunicadas a los afectados mediante el traslado de las hojas de aprecio para que los interesados, durante el plazo de un mes, puedan ejercer su derecho legal de "aceptar la hoja de aprecio o rechazarla y formular la suya propia", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 434.2 del ROGTU.  
B. Además de las consideraciones generales el informe técnico contiene la contestación individualizada de los escritos de alegaciones formulados por los propietarios.  
1º. Escrito de alegaciones presentado por Jaime Rovira Moreno en representación de grupo empresarial Rovira, SL (R. E. núm. 14.478 de fecha 02.03.2010) .  
Contenido: como propietario de la parcela 34 del polígono 118 (ref. proyecto núm. 78):  
Primera. Solicita se deje sin efecto el proyecto de expropiación y se inste a la conselleria competente a proceder a la aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector 27.SU.R en el que están incluidos los terrenos afectados por el procedimiento expropiatorio.  
Segunda. De forma subsidiaria, solicita se efectúe la reserva de aprovechamiento urbanístico, que pudiera corresponder a la parte de finca afectada por la expropiación, en el Sector 27.SU.R, renunciando al justiprecio por el valor del suelo.  
Tercera. En caso de no autorización o materialización de dicha reserva, manifiesta discrepancia con las valoraciones efectuadas, solicitando se revisen los valores relativos a:  
a) Valor del suelo.  
b) Valor del vuelo. Indica la existencia de error en la superficie de vuelo afectada.  
c) Valor de la cosecha: falta valorar.  
d) Valor de los elementos indemnizados: valla. Falta valorar el riego por goteo.  
Aporta valoración de preexistencias efectuada con motivo del Programa de Actuación Integrada del Sector 27.SU.R  
Informe:  
A la primera y segunda se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en los apartados 1 y 2 , Innecesidad del procedimiento expropiatorio, y Reserva de aprovechamiento, respectivamente, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por comunicada la intención de suscribir el convenio expropiatorio.  
A la tercera, en lo relativo a las valoraciones de los apartados a), b) y c) se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo, especificándose que en el proyecto tramitado la valoración del vuelo (arbolado) y cosecha (IPRO) es superior a la solicitada por el alegante.  
En cuanto a la valla, procede modificar la valoración y fijar como nuevo valor 12,80 €/m.  
En relación con la indemnización del goteo, señalar que, según los antecedentes e inspección presencial de la zona, no queda constatada la existencia del citado elemento en la parte de finca afectada por la expropiación, por lo que no se considera indemnizable.  
Resolución: en consecuencia, procede estimar la alegación 2.ª y parcialmente la alegación 3ª en lo relativo a la superficie de vuelo y valoración de la cosecha, así como el incremento de valor de la valla. Se desestima el resto de Alegaciones.  
2º. Escrito de alegaciones presentado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (R. E. núm. 15.164 de fecha 04.03.2010).  
Contenido: como titular catastral de las parcelas 9004 y 9010 de los polígonos 119 y 120, respectivamente (Refs. proyecto núm. 101 y 102) manifiesta:  
Primera. Que dada la condición de dominio público hidráulico de las citadas parcelas éstas deberían clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección y excluirse de cualquier proceso urbanizador o edificatorio.  
Informe:  
Primero. Debe indicarse que de la información facilitada por ese organismo se desprende la existencia de un error material de identificación de fincas ya que parte de la documentación se refiere a una parcela que no resulta afectada. Así se deduce de la ficha catastral descriptiva y gráfica facilitada por la propia confederación relativa a la parcela 9010, del polígono 110, cuando en realidad la parcela afectada es la 9010, del polígono 120.  
Segundo. Las fincas afectadas forman parte del barranco Dels Canters, cuyo trazado se encauza con motivo de la ejecución de la ronda Oeste. Las características técnicas del encauzamiento figuran en la memoria del proyecto constructivo, aprobado por la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Castellón en fecha 11 de septiembre de 2009.  
Estas obras de encauzamiento se enmarcan dentro de las actuaciones contempladas en el Plan Director de Red de Evacuación de Aguas Pluviales en la Zona Noroeste de Castellón, cuyo objeto "es definir las líneas básicas a tener en cuenta para encauzar los barrancos de la zona y solventar de forma coordinada los problemas de evacuación en los futuros desarrollos urbanísticos del noroeste de la ciudad".  
Dicho plan fue sometido al preceptivo trámite de Información pública (mediante anuncios insertados en el periódico Mediterráneo de 30 de marzo de 2006 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 8 de mayo de 2006), en relación con el cual no se formuló alegación ninguna, por lo que fue aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 29 de marzo de 2007, junto con una separata denominada Adecuación del Encauzamiento del Barranco dels Canters, que forma parte integrante de dicho plan.   
El plan director fue informado favorablemente por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar mediante informe emitido en fecha 20 de marzo de 2007, resultando autorizadas por tanto las obras de encauzamiento,  
Finalmente, mediante resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 28 de noviembre de 2007 el plan director fue aprobado definitivamente.  
En virtud de ello, la inclusión de los terrenos dentro del procedimiento expropiatorio resulta completamente legitimada y ajustada a derecho y ello sin perjuicio de que, tras la ejecución de las obras, se inicien las actuaciones legales pertinentes tendentes a modificar la titularidad de dichos terrenos, de conformidad con lo indicado en el apartado cuarto de los fundamentos de derecho de la resolución anteriormente mencionada en el cual se reproducen las conclusiones del informe favorable de la Confederación:   
"Una vez realizadas las obras, se producirá la desnaturalización de los antiguos terrenos de domino público hidráulico, por lo que se posibilitará su desafectación y su integración en el patrimonio del Estado, previa resolución formal del Ministerio de Economía y Hacienda. En ese momento, el Ayuntamiento podrá acceder a la titularidad de dichos terrenos, que tendrán carácter de bienes patrimoniales del Estado".  
Resolución: procede desestimar la alegación.  
3º. Escrito de alegaciones presentado por la Universitat Jaume I (R. E. núm. 15.238 de fecha 04.03.2010).  
Contenido: como titular catastral de las parcelas 03 y 18, de la manzana 03025 (Refs. proyecto núm. 90 y 91) aporta título de propiedad de los terrenos al objeto de su incorporación al expediente.  
Informe y resolución:  
Procede tener por presentada la documentación referida, si bien debe indicarse que la finca descrita en el título de propiedad, parcela catastral 8737840LY0368U5460SQ, no coincide con las parcelas objeto de expropiación y que según datos obrantes en los registros públicos constan como titularidad de la Universitat Jaume I conforme al siguiente detalle:  
· Finca de orden número 90: ref. catastral 0209693QQ3476D5805TB.  
· Finca de orden número 91: ref. catastral 7322395LE7851X1715KL.  
4º. Escrito de alegaciones presentado por José Luis Ripollés (R. E. núm. 15.294 de fecha 04.03.2010).  
Contenido: como propietario de la parcela 32, del polígono 118 (Ref. proyecto núm. 76) manifiesta:  
Primera. Solicita se deje sin efecto el proyecto de expropiación y se inste a la Conselleria competente a proceder a la aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector 27.SU.R en el que están incluidos los terrenos afectados por el procedimiento expropiatorio.  
Segunda. De forma subsidiaria, solicita se efectúe la reserva de aprovechamiento urbanístico, que pudiera corresponder a la parte de finca afectada por la expropiación, en el Sector 27.SU.R, renunciando al justiprecio por el valor del suelo.  
Tercera. En caso de no autorización o materialización de dicha reserva, manifiesta discrepancia con las valoraciones efectuadas, solicitando se revisen los valores relativos a:  
a) Valor del suelo.  
b) Valor del vuelo. Indica la existencia de error en la superficie de vuelo afectada.  
c) Valor de la cosecha. Falta valorar.  
Aporta valoración de preexistencias efectuada con motivo del Programa de Actuación Integrada del Sector 27.SU.R.  
Informe:  
A la primera y segunda, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en los apartados 1 y 2 , Innecesidad del procedimiento expropiatorio, y Reserva de aprovechamiento, respectivamente, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por comunicada la intención de suscribir el convenio expropiatorio.  
A la tercera, en lo relativo a las valoraciones de los apartados a), b) y c) se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo, especificándose que la valoración propuesta para la cosecha (IPRO) es superior a la solicitada por el alegante.  
Resolución: en consecuencia, procede estimar la alegación segunda y parcialmente la alegación tercera en lo relativo a la superficie de vuelo y valoración de la cosecha. Se desestima el resto de alegaciones.  
5º. Escrito de alegaciones presentado por Jorge Ripollés Forcadell (R. E. núm. 15.295 de fecha 04.03.2010).  
Contenido: como propietario de la parcela 70, del polígono 119 (Ref. proyecto núm. 35) manifiesta:  
Primera. Solicita se deje sin efecto el proyecto de expropiación y se inste a la conselleria competente a proceder a la aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector 27.SU.R en el que están incluidos los terrenos afectados por el procedimiento expropiatorio.  
Segunda. De forma subsidiaria, solicita se efectúe la reserva de aprovechamiento urbanístico, que pudiera corresponder a la parte de finca afectada por la expropiación, en el Sector 27.SU.R, renunciando al justiprecio por el valor del suelo.  
Tercera. En caso de no autorización o materialización de dicha reserva, manifiesta discrepancia con las valoraciones efectuadas, solicitando se revisen los valores relativos a:  
a) Valor del suelo.  
b) Valor del vuelo. Indica la existencia de error en la superficie de vuelo afectada.  
c) Valor de la cosecha. Falta valorar.  
Aporta valoración de preexistencias efectuada con motivo del Programa de Actuación Integrada del Sector 27.SU.R  
Informe:  
A la primera y segunda, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en los apartados 1 y 2 , Innecesidad del procedimiento expropiatorio, y Reserva de aprovechamiento, respectivamente, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por comunicada la intención de suscribir el convenio expropiatorio.  
A la tercera, en lo relativo a las valoraciones de los apartados a), b) y c) se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo, especificándose que la valoración propuesta para la cosecha (IPRO) es superior a la solicitada por el alegante.  
Resolución: en consecuencia, procede estimar la alegación segunda y parcialmente la alegación tercera en lo relativo a la superficie de vuelo y valoración de la cosecha. Se desestima el resto de alegaciones.  
6º. Escrito de alegaciones presentado por Antonio Jaime Ripollés Forcadell (R. E. núm. 15.297 de fecha 04.03.2010).  
Contenido: como propietario de la parcela 71, del polígono 119 (Ref. proyecto núm. 36) manifiesta:  
Primera. Solicita se deje sin efecto el proyecto de expropiación y se inste a la conselleria competente a proceder a la aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector 27.SU.R en el que están incluidos los terrenos afectados por el procedimiento expropiatorio.  
Segunda. De forma subsidiaria, solicita se efectúe la reserva de aprovechamiento urbanístico, que pudiera corresponder a la parte de finca afectada por la expropiación, en el Sector 27.SU.R, renunciando al justiprecio por el valor del suelo.  
Tercera. En caso de no autorización o materialización de dicha reserva, manifiesta discrepancia con las valoraciones efectuadas, solicitando se revisen los valores relativos a:  
a) Valor del suelo.  
b) Valor del vuelo. Indica la existencia de error en la superficie de vuelo afectada.  
c) Valor de la cosecha. Falta valorar.  
d) Valor de los elementos indemnizados: almacén. Falta valorar una balsa y el riego por goteo que resultan afectados.  
Aporta valoración de preexistencias efectuada con motivo del Programa de Actuación Integrada del Sector 27.SU.R.  
Informe:  
A la primera y segunda, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en los apartados 1 y 2, Innecesidad del procedimiento expropiatorio, y Reserva de aprovechamiento, respectivamente, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por comunicada la intención de suscribir el convenio expropiatorio.  
A la tercera, en lo relativo a las valoraciones de los apartados a), b) y c) se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo, especificándose que la valoración propuesta para el vuelo (arbolado) y cosecha (IPRO) es superior al solicitado por el alegante.  
En cuanto al almacén, tras comprobación de los datos de antigüedad y conservación procede revisar la valoración propuesta incrementando su valor inicial, así como incluir en el proyecto la valoración de la balsa omitida por error, que figuran incluidas en la actual finca de orden número 114, propiedad del mismo titular.  
Tras inspección presencial de la zona no se constata la presencia de goteo en la zona afectada por la expropiación por lo que no procede su indemnización.  
Resolución: en consecuencia, procede estimar la alegación segunda y parcialmente la alegación tercera en lo relativo a la superficie de vuelo, valoración de la cosecha, almacén y balsa. Se desestima el resto de alegaciones.  
7º. Escrito de alegaciones presentado por Miguel Ángel Ripollés Forcadell (R. E. núm. 15.299 de fecha 04.03.2010).  
Contenido: como propietario de la parcela 33, del polígono 118 (Ref. proyecto núm. 77) manifiesta:  
Primera. Solicita se deje sin efecto el proyecto de expropiación y se inste a la conselleria competente a proceder a la aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector 27.SU.R en el que están incluidos los terrenos afectados por el procedimiento expropiatorio.  
Segunda. De forma subsidiaria, solicita se efectúe la reserva de aprovechamiento urbanístico, que pudiera corresponder a la parte de finca afectada por la expropiación, en el Sector 27.SU.R, renunciando al justiprecio por el valor del suelo.  
Tercera. En caso de no autorización o materialización de dicha reserva, manifiesta discrepancia con las valoraciones efectuadas, solicitando se revisen los valores relativos a:  
a) Valor del suelo.  
b) Valor del vuelo. Indica la existencia de error en la superficie de vuelo afectada.  
c) Valor de la cosecha. Falta valorar.  
d) Valor de los elementos indemnizados: almacén. Falta valorar una balsa que resulta afectada.  
Aporta valoración de preexistencias efectuada con motivo del Programa de Actuación Integrada del sector 27.SU.R.  
Informe:  
A la primera y segunda, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en los apartados 1 y 2, Innecesidad del procedimiento expropiatorio, y Reserva de aprovechamiento, respectivamente, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por comunicada la intención de suscribir el convenio expropiatorio.  
A la tercera, en lo relativo a las valoraciones de los apartados a), b) y c) se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo, especificándose que la valoración propuesta para el vuelo (arbolado) y cosecha (IPRO) es superior a la solicitada por el alegante.  
Tras comprobación de los datos y características de la edificación/almacén se considera ajustada la valoración propuesta por lo que no procede su revalorización.   
Asimismo, advertida la existencia de error en la valoración de la balsa que se había omitido, procede subsanar dicha circunstancia e incluir una indemnización por este concepto.  
Resolución: en consecuencia, procede estimar la alegación segunda y parcialmente la alegación tercera en lo relativo a la superficie de vuelo y valoración de la cosecha, así como la indemnización de la balsa. Se desestima el resto de alegaciones.  
8º. Escrito de alegaciones presentado por Miguel Calvo Hernández (R. E. núm. 15.304 de fecha 04.03.2010).  
Contenido: manifiesta el alegante que, tras la compraventa efectuada en fecha 26 de enero de 2005, el actual propietario de la parcela 13, del polígono 119 (Ref. proyecto núm. 14) es la mercantil Gestinine, SL, solicitando se comunique al interesado el procedimiento expropiatorio.  
Informe:  
Advertida la manifestación del alegante, y para que conste a los efectos oportunos, se tendrá en consideración el cambio de titularidad de la parcela, teniéndose por interesada a la mercantil Gestinine, SL, y entendiéndose también con el nuevo propietario cuantos sucesivos trámites y actuaciones se deriven del expediente expropiatorio.  
No obstante, al objeto de modificar dicha titularidad en el proyecto de expropiación deberán acreditarse las actuales circunstancias registrales de la finca afectada, mediante aportación de nota simple informativa o certificado de dominio y cargas expedidas por el Registro de la Propiedad, en las que figure como titular de la misma el nuevo propietario. En tanto no se proceda a la modificación de titularidad en el Registro de la Propiedad no podrá efectuarse dicho cambio en el proyecto de expropiación.  
Resolución: procede desestimar la alegación.  
9º. y 35º. Escritos de alegaciones presentados por María Victoria Tecles Baset (R. E. núm. 15.461 y 20.663, de fecha 05.03.2010 y 31.03.2010, respectivamente).  
Contenido: como propietaria de la parcela 02 de la manzana 03371 (ref. proyecto núm. 89) manifiesta:  
Primera. Que la finca número de orden 89, que consta en el proyecto de expropiación como titular desconocido, es de su propiedad, aportando documentación acreditativa de dicha circunstancia, por lo que solicita se le tenga por interesada y personada en el expediente.  
Segunda. Dado el demérito ocasionado en la finca y que la conservación del resto que no está afectado resulta antieconómica para la alegante, manifiesta disconformidad con la superficie afectada y solicita la expropiación de la totalidad de la parcela.  
Tercera. Disconformidad con el justiprecio individualizado.  
Cuarta. Conforme lo previsto en el artículo 434.4 del ROGTU, manifiesta su intención de alcanzar un pacto o acuerdo para determinar el justiprecio.  
Informe:  
A la primera, conforme a la documentación aportada, y para que conste a los efectos oportunos, se tendrán en consideración las nuevas circunstancias y titularidad de la parcela teniendo por interesada y entendiéndose con la alegante cuantos sucesivos trámites y actuaciones se deriven del expediente expropiatorio.  
A la segunda, se estima que el uso y conservación de la parte de finca no afectada por la expropiación resulta antieconómico para su propietario y, por tanto, procede efectuar la expropiación íntegra de la parcela.   
A la tercera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
A la cuarta, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por comunicada su voluntad de alcanzar los acuerdos necesarios para determinar el justiprecio.   
Rectificación de oficio: a la vista de la nueva aportación documental, se procede a modificar los datos correspondientes a la superficie de suelo afectada, que resulta ser finalmente 625,51 m², y a la superficie construida de la finca, estimándose ésta en 840 m²c. A tal fin se efectúan los ajustes necesarios en la valoración del inmueble, atendiendo a su antigüedad y estado de conservación.  
Asimismo, la estimación de la alegación primera supone modificar de oficio la superficie afectada de las parcelas números de orden 91 y 104, en el siguiente sentido:  
· Parcela orden núm. 91: nueva superficie afectada: 629,33 m².  
· Parcela orden núm. 104: nueva superficie afectada: 1.577,87 m².  
Los datos y nueva valoración resultantes de las modificaciones efectuadas han quedado reflejados en las respectivas hojas de aprecio del Texto Refundido del Proyecto de Expropiación Forzosa que se aprueba y que serán notificadas oportunamente a los afectados.  
Resolución: Procede estimar la alegación primera, segunda y cuarta y desestimar el resto de alegaciones.  
Asimismo se efectúan las rectificaciones de oficio necesarias en las fincas de orden números 89, 91 y 104 del Proyecto de Expropiación Forzosa.  
10º. Escrito de alegaciones presentado por Juana Ballester Mural, en nombre y representación de la mercantil Nueva Castellón, SL, (R. E. núm. 15.921 de fecha 09.03.2010).  
Contenido: como propietario de la parcela 57, del polígono 118 (ref. proyecto núm. 81) manifiesta:  
Primera. Solicita se deje sin efecto el proyecto de expropiación y se inste a la conselleria competente a proceder a la aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector 27.SU.R en el que están incluidos los terrenos afectados por el procedimiento expropiatorio.  
Segunda. De forma subsidiaria, solicita se efectúe la reserva de aprovechamiento urbanístico que pudiera corresponder a la parte de finca afectada por la expropiación en el Sector 27.SU.R, renunciando al justiprecio por el valor del suelo, haciendo constar que la finca afectada es una parcela catastral integrada por dos fincas registrales independientes por lo que, con carácter previo a la firma del oportuno convenio expropiatorio, deberán determinarse individualmente las afecciones causadas sobre ambas fincas registrales.  
Tercera. En caso de no autorización o materialización de dicha reserva, manifiesta su discrepancia con el valor del suelo.  
Informe:  
A la primera, segunda y tercera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en los apartados 1, 2 y 3 de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por comunicada la intención de suscribir el convenio expropiatorio.  
En cuanto a la determinación de las afecciones individuales de las diferentes fincas registrales, debe indicarse que del análisis de la documentación aportada y de la consulta gráfica de los antiguos archivos catastrales se deduce que únicamente resulta afectada la finca registral 4389.  
Resolución: en consecuencia, procede estimar la alegación segunda y desestimar el resto de alegaciones.  
11º. Escrito de alegaciones presentado por José Alberto Renau Ballester (R. E. núm. 15.922 de fecha 09.03.2010).  
Contenido: como propietario de la parcela 69, del polígono 119 (ref. proyecto núm. 34) manifiesta:  
Primera. Solicita se deje sin efecto el proyecto de expropiación y se inste a la conselleria competente a proceder a la aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector 27.SU.R en el que están incluidos los terrenos afectados por el procedimiento expropiatorio.  
Segunda. De forma subsidiaria, solicita se efectúe la reserva de aprovechamiento urbanístico, que pudiera corresponder a la parte de finca afectada por la expropiación, en el Sector 27.SU.R, renunciando al justiprecio por el valor del suelo.  
Tercera. En caso de no autorización o materialización de dicha reserva, manifiesta discrepancia con las valoraciones efectuadas, solicitando se revisen los valores relativos a:  
a) El valor del suelo.  
b) El valor de las plantaciones y construcciones.  
Cuarta. Solicita la reposición de los elementos destruidos y que se prevea, durante la ejecución de las obras y posteriormente, un acceso directo a la construcción existente.  
Informe:  
A la primera y segunda, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en los apartados 1 y 2 , Innecesidad del procedimiento expropiatorio, y Reserva de aprovechamiento, respectivamente, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por comunicada la intención de suscribir el convenio expropiatorio.  
A la tercera, en lo relativo a las valoraciones de los apartados a) y b) se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
A la cuarta. Los elementos que en ejecución de obra deban ser demolidos o destruidos, no serán repuestos ya que el Proyecto contempla una indemnización por este concepto, corriendo por cuenta del propietario dicha reposición.  
En cuanto al acceso a la finca se tendrá en cuenta la manifestación efectuada por el alegante estimándose necesario proporcionar acceso rodado tanto a su parcela como a las del resto de propietarios que lindan con la margen izquierda de la ronda Oeste.  
En principio, dicho acceso hubiera debido construirse formando parte integrante de las infraestructuras internas del sector 27.SU.R, sin embargo, al objeto de mejorar las condiciones de conexión y hasta en tanto no se produzca el desarrollo del sector, deberá construirse un vial de servicio que, discurriendo paralelo a la ronda oeste, proporcionará acceso directo a las citadas parcelas.  
Ello supone efectuar una serie de ajustes en la planta de expropiaciones, por lo que se han efectuado las rectificaciones de oficio necesarias para subsanar dicha circunstancia, remitiéndonos a las observaciones efectuadas en el apartado 5, Rectificaciones de oficio, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
Resolución: en consecuencia, procede estimar la alegación segunda y parcialmente la alegación cuarta en lo relativo a la dotación de acceso a la finca. Se desestima el resto de alegaciones.  
12º. Escrito de alegaciones presentado por Félix Vilar Tirado (R. E. núm. 16.631 de fecha 12.03.2010, ref. proyecto núm. 42).  
13º. Escrito de alegaciones presentado por Vicente Breva Ripollés (R. E. número 16512 de fecha 12.03.2010, ref. proyecto núm. 50).  
14º. Escrito de alegaciones presentado por Guillermo Breva Ripollés (R. E. núm. 16.636 de fecha 12.03.2010, ref. proyecto núm. 47).  
15º. Escrito de alegaciones presentado por J. Miguel Miralles Torres (R. E. núm. 16.638 de fecha 88.11.6.036, ref. proyecto núm. 56).  
16º. Escrito de alegaciones presentado por J. Antonio Catalá Quintana (R. E. núm. 16.662 de fecha 12.03.2010, ref. proyecto núm. 43).  
21º. Escrito de alegaciones presentado por Vicente Pascual Segarra (R. E. núm. 17.568 de fecha 17.03.2010, ref. proyecto núm. 41).  
Contenido común. Como propietarios de parcelas afectadas manifiestan:  
Primera. Su rechazo a la valoración contenida en la hoja de aprecio formulada por la administración expropiante, solicitando se traslade el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Castellón.  
Segunda. Fijan su propia hoja de aprecio a razón de 180,30 €/m² como valor del suelo.  
Tercera. Su intención de reservarse el derecho de percibir el justiprecio mediante la adjudicación de terrenos o atribución de aprovechamientos municipales o de cualquier otra forma que libremente pacte con el Ayuntamiento.  
Informe común:  
A la primera, segunda y tercera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en los apartados 2 y 3, Reserva de aprovechamiento, y Valoraciones, respectivamente, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por comunicada la intención de suscribir el convenio expropiatorio.  
No obstante, en cumplimiento de la legislación vigente en materia expropiatoria y en previsión del inicio de las acciones oportunas, se tiene por comunicado el rechazo de la hoja de aprecio formulada por la administración expropiante.   
Respecto a ambas cuestiones conviene recordar que, como se indica en el apartado 2 de las consideraciones generales y en la memoria del Proyecto de Expropiación Forzosa, la posibilidad legal de alcanzar con los afectados un acuerdo para adquisición del suelo se concretará en la firma de un convenio urbanístico cuyo objeto es sustituir el pago del justiprecio por el reconocimiento explícito de la reserva de aprovechamiento futura.   
Esta sustitución es una modalidad de pago y equivale, en definitiva, a un cobro en especie. Mediante esta modalidad los propietarios, voluntariamente, aceptan sustituir el importe en metálico por la reserva de aprovechamiento, contando con la garantía jurídica de la inscripción de dicha reserva en el Registro de la Propiedad. Los propietarios que se acojan a esta modalidad de pago en especie están haciendo efectivo el cobro del justiprecio y con él se finaliza el expediente.  
El convenio que se pretende suscribir es un acuerdo bilateral de obligado cumplimiento para las partes y no parece lógico que pueda darse la posibilidad de apartarse de lo acordado de forma unilateral. Esto es, por un lado, suscribir el convenio, lo que supone aceptar el cobro del justiprecio mediante la modalidad de pago en especie y, al mismo tiempo, por otro, iniciar los trámites para trasladar el expediente ante el Jurado Provincial de Expropiación, lo que implica el rechazo del justiprecio. Se trata de dos modalidades de cobro diferentes y excluyentes entre sí, debiendo optar por una de ellas pero no por ambas a la vez.  
En este segundo supuesto, además de apartarse unilateralmente del acuerdo alcanzado, la resolución del Jurado Provincial obligará a las partes y, en consecuencia, el cumplimiento de la misma obligará al pago material y efectivo del justiprecio en los términos de valoración que fije la resolución.  
Siendo así, hecho efectivo el cobro del justiprecio según el valor marcado por el Jurado Provincial, el convenio expropiatorio entre administración y expropiado quedará sin efecto y con él quedará anulada la reserva del aprovechamiento urbanístico, puesto que, insistimos en ello, el cobro se habrá hecho efectivo y se habrá producido el proceso inverso: sustituir el cobro en especie -reserva de aprovechamiento- por el cobro en metálico.  
Resolución: procede desestimar las alegaciones presentadas, en tanto los alegantes no comuniquen a la administración expropiante la modalidad de pago elegida.  
17. Escrito de alegaciones presentado por Manuel, M.ª del Carmen y Teresa Felisa Segarra Igual (R. E. núm. 16.690 de fecha 12.03.2010).  
Contenido: como propietarios de la parcela 25, del polígono 120 (ref. proyecto núm. 45) manifiestan:  
Primera. Comunican datos relativos a las nuevas circunstancias jurídicas de la propiedad por fallecimiento de uno de sus titulares, estando pendientes de obtener la documentación legal pertinente. Aportan título previo. Asimismo comunican la actualización de datos domiciliares.  
Segunda. Su conformidad y aceptación de la valoración contenida en la hoja de aprecio, solicitando la reposición de los elementos indemnizados y renunciando a la percepción del cobro de indemnizaciones que por dicho concepto pudiera corresponderles.  
Tercera. Su intención de suscribir el convenio para sustituir el justiprecio por la atribución y reserva de aprovechamiento urbanístico futuro que pudiera corresponder a la parte de finca afectada por la expropiación en el Sector 27.SU.R.  
Informe:  
A la primera, se tiene por presentada la documentación referida, quedando constancia de las nuevas circunstancias jurídicas de la parcela. No obstante, al objeto de modificar la titularidad en el proyecto de expropiación deberá acreditarse adecuadamente la actual situación de la finca mediante certificación expedida por el Registro de la Propiedad. En tanto no se proceda a la modificación de titularidad en dicho registro no podrá efectuarse los cambios mencionados en el proyecto.  
A la segunda y tercera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por comunicada la aceptación de la hoja de aprecio formulada por la administración expropiante y la intención de suscribir el convenio expropiatorio.  
Los elementos que en ejecución de obra deban ser demolidos o destruidos, no serán repuestos ya que el proyecto contempla una indemnización por este concepto, corriendo por cuenta del propietario dicha reposición.  
Resolución: en consecuencia, procede estimar la alegación primera y tercera y parcialmente la alegación segunda, en lo relativo a la aceptación de la hoja de aprecio.  
18. Escrito de alegaciones presentado por Miguel Llugany Paredes en nombre y representación de la mercantil Inmobiliaria Colonial, SA (R. E. número 16840 de fecha 15.03.2010).  
Contenido: como propietaria de las parcelas 35, 61 y 75 del polígono 118 (ref. proyecto núm. 79, 84 y 86, respectivamente) manifiesta:  
Primera. Aporta documentación relativa a la acreditación de la titularidad y situación registral de las parcelas indicadas, así como otros documentos relacionados.  
Segunda. Su voluntad de sustituir el justiprecio por el valor del suelo por la reserva de aprovechamiento urbanístico futuro que pudiera corresponder a la parte de finca afectada por la expropiación en el Sector 27.SU.R, quedando excluido de dicho acuerdo el pago correspondiente a las indemnizaciones por destrucción de elementos que deberá satisfacerse en metálico.  
Informe:  
A la primera, se tiene por presentada la documentación referida.  
A la segunda, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por comunicada la intención de suscribir el convenio expropiatorio.  
Resolución: procede estimar las alegaciones presentadas.  
19º. Escrito de alegaciones presentado por Ana Sidro Montagut (R. E. núm. 16.832 de fecha 15.03.2010).  
Contenido: como propietaria de la parcela 20, del polígono 120 (ref. proyecto núm. 44) aporta documentación relativa a la titularidad y situación registral de la parcela de su propiedad junto con copia del contrato privado de compraventa de dicha parcela en favor de la mercantil Gestinine, SL.  
Informe:  
La venta de la parcela a la mercantil citada se ha celebrado dentro del ámbito privado, encontrándose pendiente de elevación a público. En tanto ello no se produzca y/o varíe la titularidad de la misma en el Registro de la Propiedad, deberán entenderse con su actual titular registral cuantos trámites y actuaciones se deriven del expediente expropiatorio, sin perjuicio de las acciones que posteriormente, de forma privada, pueda ejercer su actual propietaria.  
Resolución: procede estimar y tener por presentada la documentación referida.  
20º. Escrito de alegaciones presentado por Félix Espelleta Casinos en representación de la herencia yacente de Fernando Basco Santamaría, Clorinda Pascual Cebrian, M.ª Rosa Basco Santamaría y José Ripollés Escuder (R. E. núm. 17.241 de fecha 16.03.2010).  
Contenido: como representante de los propietarios de la parcela 08, del polígono/manzana 25879 (ref. proyecto núm. 02) aporta documentación relativa a la naturaleza y situación jurídica de la finca afectada y manifiesta:  
Primera. Solicita la nulidad del acuerdo de inicio al no haberse remitido la hoja de aprecio y la concesión de nuevo plazo para formular la hoja de aprecio de la propiedad.  
Segunda. Solicita que en la determinación del justiprecio se observen los criterios de valoración correspondientes a un suelo urbano, dada la inclusión de la parcela dentro del ámbito de una unidad de ejecución cuyo planeamiento ha sido aprobado definitivamente, tanto en lo relativo al valor del suelo como de las edificaciones.  
Tercera. Manifiesta su intención de sustituir el justiprecio por la reserva de aprovechamiento urbanístico en la unidad de ejecución 03.UE.T.  
Cuarta. Solicita que la hoja de aprecio de la administración aplique el 5% del premio de afección y la determinación de los intereses que se devenguen en la tramitación del expediente.  
Informe:  
A la primera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 4, Hojas de aprecio, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
A la segunda, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
No obstante, de forma particular, conviene aclarar que la aprobación del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución 03.UE.T, a que hace referencia el alegante, no varía por sí misma la situación del suelo incluido en dicho ámbito, ya que, de conformidad con la legislación vigente en materia de valoraciones, ésta debe ajustarse a la situación real en que se encuentra el suelo, a la realidad concreta y física del mismo y no a las expectativas urbanísticas que pudiera tener en función de su destino.   
Según el TRLS, a efectos de valoraciones, para considerar que un suelo se encuentra en situación de suelo urbanizado debe contar "con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento", condición ésta que no se cumple en la finca en cuestión, con independencia de que ello se deba a causas imputables al agente urbanizador o a cualesquiera otras circunstancias que, en cualquier caso, son ajenas a la administración expropiante.  
Pero, además, si hubiera dudas al respecto, el TRLS es claro cuando indica expresamente, en su artículo 12.1.b que:  
2. Está en la situación de suelo rural:  
b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente.  
Como puede comprobarse, la parcela propiedad de los alegantes carece de los servicios y dotaciones necesarios y se encuentra pendiente de transformación ya que no se ha ejecutado sobre ella obra de urbanización alguna.  
A la tercera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por comunicada la intención de suscribir el correspondiente convenio expropiatorio para reserva del aprovechamiento en la unidad de ejecución 03.UE.T.  
A la cuarta, la hoja de aprecio que la administración expropiante remitirá en el momento procedimental oportuno ya refleja el 5% de indemnización en concepto de premio de afección.  
En cuanto a la determinación de los intereses que se devenguen en la tramitación del expediente, ésta se regirá de conformidad con los mecanismos legales previstos en la legislación expropiatoria.  
Resolución: en consecuencia, procede estimar la alegación tercera y parcialmente la alegación cuarta en lo relativo al 5% de premio de afección. Se desestima el resto de alegaciones.  
22º. Escrito de alegaciones presentado por Javier Vilar Font (R. E. núm. 17.569 de fecha 17.03.2010).  
Contenido: como propietario de la parcela 26, del polígono 120 (ref. proyecto núm. 46):  
Primera. Que se han producido cambios en la titularidad de la parcela por fallecimiento del anterior titular.  
Segunda. Que no ha recibido la hoja de aprecio municipal junto con la notificación por lo que solicita se le dé traslado de la misma y la concesión del plazo legal previsto en el artículo 434 del ROGTU, apartados 2 a 4, para aceptar o rechazar la hoja de aprecio u optar por la posibilidad de efectuar la reserva de aprovechamiento.  
Informe:  
A la primera, advertida la manifestación, y para que conste a los efectos oportunos, se tendrá en consideración el cambio de titularidad de la parcela, teniéndose por interesado al alegante y entendiéndose con él cuantos sucesivos trámites y actuaciones se deriven del expediente expropiatorio.  
A la segunda, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en los apartados 4, Hojas de aprecio, y 2 Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo, añadiendo que la hoja de aprecio se remitirá al interesado junto con la aprobación del proyecto de expropiación.  
Resolución: procede estimar parcialmente las alegaciones presentadas en lo relativo a la titularidad de la parcela y a la aplicación del artículo 434 del ROGTU.  
23º. Escrito de alegaciones presentado por Josefa Pardo Guiral (R. E. número 17479 de fecha 17.03.2010).   
Contenido: como propietaria de la parcela 15, del polígono 117 (ref. proyecto núm. 55) manifiesta que no ha recibido la hoja de aprecio municipal junto con la notificación por lo que solicita se le dé traslado de la misma y la concesión del plazo legal previsto en el artículo 434 del ROGTU, apartados 2 a 4, para aceptar o rechazar la hoja de aprecio u optar por la posibilidad de efectuar la reserva de aprovechamiento.  
Informe:  
Se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en los apartados 4, Hojas de aprecio, y 2 Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo, añadiendo que la hoja de aprecio se remitirá a la interesada junto con la aprobación del proyecto de expropiación.  
Resolución: procede estimar parcialmente la alegación en cuanto a la aplicación del artículo 434 del ROGTU.  
24º y 25º. Escritos de alegaciones presentados por Irene Iborra Sanchis en representación de Ernestina Encarnación Gimeno Montoliu y Adolfo Villanueva Villanueva (R. E. núm. 17.638 y núm. 17.640, respectivamente, de fecha 17.03.2010).  
Como propietarios de la parcela 72, del polígono 119 y la parcela 03 del polígono 117 (ref. proyecto núm. 37 y 48, respectivamente) manifiestan:  
Alegaciones comunes. Contenido  
Primera. Que el acto de aprobación del proyecto de construcción es nulo de pleno derecho porque, en el momento de su aprobación, el Plan General de Ordenación Urbana no estaba aprobado definitivamente.  
Segunda. Que se ha modificado el sistema de obtención del suelo, pasando de obtenerlo mediante el desarrollo y gestión de un programa de actuación integrada a su obtención mediante expropiación, sin haber motivado el cambio.  
Tercera. Que el acto de aprobación del Proyecto de Expropiación Forzosa es nulo de pleno derecho porque en el momento de su aprobación el Plan General de Ordenación Urbana no estaba aprobado definitivamente, por lo que no se puede declarar la utilidad pública y la ocupación de los terrenos.  
Cuarta. Comunican datos relativos a las actuales circunstancias físicas y jurídicas de las parcelas afectadas por la expropiación, aportando documentación al respecto.  
Quinta. En atención al demérito causado a las fincas, solicitan la expropiación total de las parcelas afectadas por la expropiación o bien que se constituya una reserva de aprovechamiento sobre la parte de finca no expropiada.  
Sexta. Muestran disconformidad con la valoración efectuada tanto en lo que respecta al valor del suelo como al valor del inmueble, indicando que en el momento oportuno aportarán valoración contradictoria.  
Séptima. En el supuesto de que se produjera la aprobación del el Proyecto de Reparcelación del Sector 27. SU.R., solicitan información relativa a la situación final de los derechos urbanísticos de la parcela en virtud del artículo 434.4 del ROGTU.  
Alegaciones particulares. Contenido  
Octava. En el caso de la finca de orden número 37, comunican la existencia de un contrato de arrendamiento de la vivienda existente en la parcela, en favor de Jorge Luis Varela Calvo, aportando fotocopia del contrato suscrito entre las partes en fecha 2 de agosto de 1983.  
Novena. En el caso de la finca de orden número 48, comunican que en dicha parcela existe una vivienda que constituye la vivienda habitual de los alegantes por lo que solicitan se contemple el derecho de realojo.  
Informe alegaciones comunes:  
A la primera, la aprobación del Proyecto de Construcción de la Ronda Oeste, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 11 de septiembre de 2009 es un acto administrativo efectuado en ejercicio de las competencias legales que, en materia de infraestructuras locales, tiene atribuidas la administración municipal, tal como recoge el artículo 12 de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana, conforme al cual corresponde a las entidades locales "la proyección, construcción, gestión, explotación, conservación y señalización de los tramos de la red local y de los caminos cuya titularidad les corresponda".  
La necesidad y conveniencia de proyectar, construir y gestionar una infraestructura de carácter local es, por tanto, una potestad municipal para cuya ejecución o desarrollo no se requiere necesariamente de la inclusión de dicha infraestructura en el ámbito de una actuación urbanística o su calificación previa como dotación pública en el planeamiento general, con independencia de que dicho instrumento así lo contemple, precisamente, en atención a su relevancia como elemento vertebrador del desarrollo del municipio.  
La consideración estratégica de la ronda Oeste ha sido condición suficiente para promover la redacción y elaboración de un proyecto constructivo, cuyo amparo y cobertura legal no residen en el PGOU, sino en la referida Ley 6/1991, de 27 de marzo, de carreteras de la comunidad valenciana, motivo por el cual carece de trascendencia legal que el planeamiento general estuviera aprobado provisional o definitivamente en el momento de aprobación del proyecto constructivo, puesto que no es éste el marco normativo por el cual se rige.  
No obstante, insistimos en ello, el hecho de que el planeamiento general, y las subsiguientes modificaciones puntuales, incluyeran la ronda Oeste entre las determinaciones de la ordenación aprobada provisionalmente resulta coherente con la planificación urbanística y territorial del municipio del que forma parte, en cumplimiento de los objetivos marcados en las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y de ocupación del territorio. Siendo lógico pensar, además, que dichas determinaciones serían aprobadas en breve por la administración autonómica, como finalmente ocurrió poco tiempo después, en fecha 28 de enero de 2010, mediante resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (BOP núm. 14 de 2 de febrero de 2010) que ratificaba el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón aprobado por el Ayuntamiento.  
Por todo ello, la redacción, tramitación y posterior aprobación del proyecto constructivo se han ajustado siempre plenamente a derecho, habiendo cumplido con cuantos requisitos y prescripciones técnicas establece la legislación aplicable en la materia, esto es, la referida Ley de Carreteras, y no habiendo omitido o prescindido de ningún trámite ni procedimiento.  
El proyecto de construcción, como indica el artículo 20 de la referida Ley 6/1991, desarrolla completamente la solución técnica adoptada y dispone de los datos necesarios para hacer factible su ejecución, abarcando todas las fases del procedimiento, desde la adquisición de los terrenos necesarios hasta la puesta en servicio de la vía en cuestión.  
Asimismo, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre) el proyecto de construcción consta de la documentación reglamentaria y tiene el carácter de obra completa, susceptible de ser entregada al uso general, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización.  
A la segunda, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 1, Innecesidad del procedimiento expropiatorio, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
No obstante cabe añadir que, como se ha indicado anteriormente, la consideración de la ronda Oeste como una infraestructura de carácter estratégico para el desarrollo del municipio ha determinado que el Ayuntamiento de Castellón haya puesto en marcha los mecanismos legales necesarios para la consecución de dicho fin.  
Así se dice en el proyecto de expropiación tramitado, en su apartado 1.1, Antecedentes de la memoria justificativa (pág. 5) donde expresamente se dice que "la condición estratégica de eje vertebrador de la evolución urbana del municipio hace aconsejable acometer el desarrollo de esta dotación, de interés público general, de forma independiente" a los desarrollos urbanísticos de los sectores de suelo urbanizable residencial 24.SU.R y 27.SU.R, a los que en un principio figuraba adscrita la gestión y obtención de los terrenos necesarios para su ejecución.  
Y por este motivo, como se dice en el mencionado apartado 1.1, Antecedentes, del proyecto de expropiación tramitado (pág. 6), se enmarcó el proyecto dentro de los objetivos del plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la comunitat valenciana, que "contempla una serie de medidas destinadas a elevar los niveles de bienestar social y oportunidades de los ciudadanos, cuya finalidad específica es la mejora y desarrollo de diferentes tipos de infraestructuras, entre las cuales, descritas en el artículo 3.a del citado Decreto Ley 1/2009, figuran las "Infraestructuras en redes de transporte, en especial las viarias y de urbanización que mejoren la accesibilidad de los municipios", en cuyo ámbito de actuación se enmarca el Proyecto de Construcción de la Ronda Oeste.  
La inclusión del Proyecto de la Ronda Oeste dentro del citado plan especial, cumpliendo con todas las condiciones y requisitos necesarios para ello, obedece al indudable y marcado interés público del mismo (justificado en la mejora y desarrollo de la accesibilidad del municipio), posteriormente ratificado mediante la aprobación del proyecto de construcción, que conlleva implícita la declaración de utilidad pública e interés social de las obras.  
Las actuaciones del Ayuntamiento han ido encaminadas siempre a la consecución del mismo objetivo y la adopción de la modalidad expropiatoria como fórmula para la obtención de los terrenos, en atención al probado interés público del proyecto, ha venido determinada tanto por los mecanismos y herramientas proporcionadas por la legislación vigente como por la situación jurídica de los referidos sectores, cuestiones éstas que quedan suficientemente motivadas en el cuerpo del acuerdo municipal de exposición pública del Proyecto de Expropiación Forzosa, de fecha 29 de enero de 2010.  
A la tercera, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1954, de 16 de diciembre, sobre Expropiación Forzosa -en adelante LEF- la declaración de utilidad pública es un requisito previo e indispensable para proceder a la expropiación que, en el presente expediente, se cumple y deviene de la aprobación del proyecto de construcción y de lo dispuesto en el acuerdo municipal de la Junta de Gobierno local de fecha 11 de septiembre de 2009.  
Al igual que sucede con lo indicado en relación con la alegación primera, carece de trascendencia legal que el planeamiento general estuviera aprobado provisional o definitivamente en el momento de aprobación del Proyecto de Expropiación Forzosa, puesto que el marco normativo que determina la incoación del expediente expropiatorio es la referida Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana, cuyo artículo 22 expresamente dispone que:  
1. La aprobación de un proyecto de construcción llevará aparejada la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. Se entenderán así los derivados tanto del replanteo del proyecto como de las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.  
A la cuarta, se tiene por presentada la documentación aportada, quedando constancia de las nuevas circunstancias de las parcelas.  
A la quinta, las afecciones causadas afectan de forma diferente a las fincas propiedad de los alegantes.  
Así, la finca de orden número 37, tiene una superficie registral de 1.413 m² de la que únicamente se resultan afectados 384,13 m², lo que representa tan sólo una cuarta parte de la total superficie de la parcela. Atendiendo a ello, se estima que el uso y conservación de la parte de finca no afectada por la expropiación no resulta antieconómico para su propietario y, por tanto, no se considera establecer indemnización por demérito, conforme a la doctrina jurisprudencial existente al respecto.  
Cuestión distinta es el caso de la otra parcela afectada, la parcela 3 del polígono 117 (finca de orden núm. 48), en el que la afección causada representa aproximadamente el 70% de su total superficie, razón por la cual el proyecto de expropiación tramitado ya contemplaba la expropiación íntegra de la parcela, tal como solicitan los alegantes.  
Existe, por otra parte, una pequeña discordancia entre la superficie registral de la parcela (450,00 m²) y la superficie objeto de total expropiación (437,93 m²), siendo la diferencia de tan sólo de 12,07 m². La eficacia de la superficie que consta en el Proyecto de Expropiación Forzosa deriva de la reciente medición y levantamiento topográficos efectuados con motivo de la elaboración del Proyecto de Construcción de la ronda Oeste mientras que la superficie registral deviene de una escritura de compraventa inscrita en el Registro de la Propiedad en fecha 10 de enero de 1967, debiendo prevalecer "las mediciones reales y actualizadas sobre las contenidas en documentos o registros públicos que contradigan la realidad" (art. 379 del ROGTU).  
En el supuesto de discrepancias entre los pronunciamientos del Registro y la realidad física de la finca, se optará siempre por dar preferencia a la realidad física de la misma, facilitándose la rectificación en el Registro de la Propiedad de las discordancias puestas de manifiesto con motivo de la tramitación del expediente (en consonancia con lo regulado en la normativa estatal aplicable en la materia, artículo 8 del Real Decreto 1093/1997, por el que se aprueban las normas complementarias al reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística).   
En idéntico sentido se pronuncia la legislación estatal (art. 103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística), la autonómica (art. 164 y 172.1 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana) y la abundante jurisprudencia existente, estableciendo todas ellas que "en caso de discordancia entre los títulos y la realidad física prevalecerá ésta sobre aquellos" (aunque los preceptos recogidos vienen referidos a actuaciones integradas y expedientes reparcelatorios, resultan enteramente aplicables a la cuestión planteada).  
A la sexta, en lo relativo a las valoraciones se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales.  
A la séptima, respecto a la posibilidad de establecer una reserva de aprovechamiento contemplada en el artículo 434.4 del ROGTU se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo especificándose que la reserva de aprovechamiento viene referida exclusivamente a la parte de finca afectada por la expropiación y no a la parte de finca excluida del proceso, que mantendrá la misma situación jurídica que en la actualidad, y cuyas características y parámetros urbanísticos serán los otorgados por el planeamiento vigente.  
Informe alegaciones particulares   
A la octava, en cuanto al contrato de arrendamiento de la vivienda ubicada en la finca de orden número 37, cuya existencia se desconocía en el momento de elaboración del proyecto, los antecedentes aportados resultan insuficientes para efectuar una valoración precisa de la indemnización por extinción de la figura arrendaticia, ya que únicamente se dispone de una mera fotocopia del contrato de arrendamiento suscrito en agosto de 1983 y se desconoce el grado de vigencia del mismo, es decir, si el mismo se ha resuelto o sigue en vigor y, en tal supuesto, la actual situación en que se encuentran las condiciones y términos que de él se derivan (posibles modificaciones o revisión del contrato; renta actual que el arrendatario abona), dificultando notablemente una correcta estimación del mismo.   
Para una adecuada valoración deberán aportarse los siguientes datos:  
· Copia del justificante del último pago abonado por el inquilino (mensualidad o período establecido).  
· Renta actual que percibe el arrendador.  
· Superficie arrendada.  
En el caso de que proceda, conviene precisar, de todos modos que, de conformidad con lo previsto en la legislación expropiatoria, la percepción de la indemnización corresponde al arrendatario y no al arrendador. Así lo dispone el artículo 44 de la LEF que expresamente establece:  
"En los casos de expropiación de fincas arrendadas, la administración o entidad expropiante hará efectiva al arrendatario, previa fijación por el Jurado de Expropiación, la indemnización que corresponda, aplicándose para determinar su cuantía las normas de la legislación de arrendamientos".  
El artículo 44 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, precisa los supuestos y procedencia de la valoración:   
"La indemnización prevista a favor de arrendatarios de fincas por el artículo 44 de la ley procederá exclusivamente cuando la expropiación lleve consigo la privación definitiva del uso y disfrute de la finca por el titular arrendaticio, pero no cuando la privación de derechos inherentes a la expropiación sea compatible con la continuidad del contrato arrendaticio entre sus primitivas partes, en cuyo caso la indemnización a los arrendatarios será la determinada por las ocupaciones temporales, sin perjuicio de la posible aplicación en cualquier hipótesis de lo determinado en los párrafos primero y tercero del artículo 43 de la Ley (JAT 8192, 1848)".  
Existe al respecto numerosa jurisprudencia, entre las cuales pueden citarse la Sentencia 1037, de 5 de diciembre de 2007, del TSJC o la Sentencia número 113/07 del TSJPV que expresamente dice que:  
"En el acuerdo impugnado si fija el justiprecio del bien expropiado, del derecho de propiedad que incluye el uso como una de las facultades que integran este derecho real. Al indemnizarse al titular el precio del bien expropiado, se entiende incluido en el precio, el uso, que no se indemniza separadamente como proponen los recurrentes, aunque el bien esté arrendado, sino que forma parte del justiprecio como contraprestación por la pérdida de la propiedad. Es decir, el bien se justiprecia, para el propietario, sin tener en cuenta si el mismo está o no arrendado, porque la cesión de uso no es sino una facultad del derecho de propiedad, cuya privación satisface el justiprecio en su integridad"  
A tenor de lo expuesto, una vez hayan sido acreditadas debidamente las circunstancias relativas a la situación contractual del arrendamiento indicado por los alegantes, deberá rectificarse el proyecto de expropiación al objeto del cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley de Expropiación Forzosa, teniendo entonces por interesado en el expediente al titular del contrato de arrendamiento del maset vivienda, ubicado en la finca de orden número 37, notificándole el procedimiento abierto e iniciando el correspondiente expediente para fijación de la indemnización que, por tal concepto, pudiera corresponderle.  
A la novena, en cuanto a la solicitud del derecho de realojo por la vivienda ubicada en la finca de orden número 48, y en cumplimiento de la disposición adicional undécima, apartado primero, del Real Decreto Ley 2/2008, Texto Refundido de la Ley del Suelo, que indica expresamente:  
"En la ejecución de las expropiaciones a que se refiere el apartado segundo del artículo 29, que requieran el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, la administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación deberán garantizar el derecho de aquéllos al realojamiento, poniendo a su disposición viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las sujetas a régimen de protección pública y superficie adecuada a sus necesidades, dentro de los límites establecidos por la legislación protectora".  
El Ayuntamiento de Castellón de la Plana, previamente a las gestiones administrativas necesarias para poner a disposición del afectado una vivienda en los mismos términos previstos en la norma aplicable, debe comprobar que el afectado cumple con los requisitos exigidos en la normativa a los efectos de su aplicación, esto es, si se trata de su residencia habitual puesto que el alegante no acredita suficientemente dicha circunstancia.  
Resolución: procede estimar las alegaciones cuarta, séptima y novena y parcialmente la quinta, en lo relativo a la expropiación total de la finca de orden número 48. En tanto no se aporten las pruebas documentales requeridas, se desestima la alegación octava. Se desestiman el resto de alegaciones.  
26º. Escrito de alegaciones presentado por Jorge Casal Llovet en representación de Manuel Mateo Fuertes (R. E. núm. 18.020 de fecha 20.03.2010).  
Contenido: como copropietario de la parcela 36, del polígono 119 (ref. proyecto núm. 24) aporta documentación acreditativa de la titularidad y situación registral de la parcela y manifiesta:  
Primera. Que atendiendo a las expectativas urbanísticas derivadas de la inclusión de la parcela en el ámbito de un programa de actuación integrada formula hoja de aprecio particular, adjuntando valoración económica contenida en informe pericial que se acompaña.  
Segunda. Indica la existencia de un pozo cuya valoración no ha sido considerada.  
Tercera. A efectos de notificaciones designa como domicilio el despacho profesional del representante legal.   
Informe:  
A la primera, para su incorporación al expediente de su razón, se tiene por presentada e incorporada al expediente la hoja de aprecio particular junto con el Informe pericial y el resto de documentación aportada.  
Asimismo se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo, subrayando que, de conformidad con la legislación estatal básica de aplicación en materia de valoraciones, la peritación particular aportada ha utilizado, de forma no reglamentaria, un método y criterios inadecuados para su elaboración, entre otros, la determinación del valor del suelo mediante el método de comparación y fijación de un valor medio de la zona (estableciendo para ello un perímetro de 1 km) o la inadecuada valoración de las expectativas urbanísticas de la finca.   
Merecen especial mención las reiteradas afirmaciones, contenidas en el propio informe pericial, indicando que la finca no genera ingresos ni gastos ya que se encuentra en estado de abandono.  
A la segunda, el nforme pericial aportado no contiene referencia técnica alguna a la ubicación del pozo ya que no se indican coordenadas ni ningún otro dato que permita identificar su exacta ubicación y tampoco ha sido posible identificarlo tras una inspección presencial de la zona, por lo que se desconoce si resulta afectado por la expropiación o se ubica en la parte de la parcela externa al ámbito expropiatorio.  
Al objeto de estudiar la procedencia o no de su valoración deberá acreditarse debidamente la ubicación del mismo.  
A la tercera, se tendrá en consideración el domicilio designado por el alegante a efectos de notificación de cuantos sucesivos trámites y actuaciones se deriven del expediente expropiatorio.  
Resolución: por todo lo expuesto procede estimar la alegación tercera y desestimar el resto de alegaciones.  
27º. Escrito de alegaciones presentado por María Desamparados Pla Alonso (R. E. núm. 18.832 de fecha 22.03.2010).  
Contenido: como propietaria de la parcela 6, del polígono 117 (ref. proyecto núm. 51) aporta documentación acreditativa de la titularidad y situación registral de la parcela indicada, así como otros documentos relacionados.  
Informe y resolución:  
Procede estimar y tener por presentada e incorporada al expediente de su razón la documentación aportada.  
28º. Escrito de alegaciones presentado por Roman Grao Mateo (R. E. núm. 18.763 de fecha 23.03.2010).  
Contenido: como copropietario de la parcela 36 del polígono 119 (ref. proyecto núm. 24) aporta documentación acreditativa de la titularidad y situación registral de la parcela indicada, así como otros documentos relacionados, y manifiesta:  
Primera. Que se ha incurrido en defectos de procedimiento al no haberse remitido la hoja de aprecio y la declaración de necesidad de ocupación de los bienes de su propiedad, produciendo indefensión al alegante. Añade que el acuerdo municipal notificado no permite identificar si la finca afectada es de su propiedad ni la afección causada en la misma.  
Segunda. Que, aún desconociendo la hoja de aprecio, cualquier valoración propuesta será perjudicial para su derecho a obtener un precio ajustado a mercado en relación con la situación urbanística de los terrenos, anunciando la presentación de Informe pericial en el momento procedimental oportuno.  
Tercera. Que como copropietario y titular de la finca afectada figura un tercero que no ha sido debidamente notificado por lo que solicita se notifique a dicho titular el expediente.   
Informe  
A la primera, en relación con la notificación de las hojas de aprecio, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 4, Hojas de aprecio, de las consideraciones generales del presente acuerdo, añadiendo que las mismas serán notificadas a los afectados con motivo de la aprobación definitiva del proyecto, si bien es cierto que, por error material, el acuerdo notificado hacía referencia a su remisión.  
No obstante, como se indica en la parte dispositiva del acuerdo municipal notificado, toda la documentación del proyecto de expropiación ha sido sometida a información pública durante el plazo de un mes, entre la cual, a disposición de los afectados, se incluían un ejemplar de las hojas de aprecio provisionales y los informes técnicos conteniendo los criterios de valoración adoptados.  
Asimismo, en relación con la declaración de necesidad de ocupación cabe recordar que, de forma expresa y reiterada, consta en el proyecto expuesto al público y en el acuerdo municipal notificado que el proyecto se tramita de conformidad con el procedimiento de expropiación por tasación conjunta, que se regula en el artículo 434 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística -ROGTU-, aprobado mediante decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell y modificado por los decretos del Consell 36/2007, de 13 de abril y 46/2008, de 11 de abril, siendo de aplicación la legislación expropiatoria regulada en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en aquello que no prevea dicho reglamento, por lo que no se ha vulnerado ningún derecho de los propietarios ni omitido trámite alguno del procedimiento.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana, la aprobación del Proyecto de Construcción de la ronda Oeste conlleva implícita la declaración de utilidad pública e interés social de las obras y la necesidad de ocupación de los bienes, cuestión respecto a la cual, según establece el artículo 434 del ROGTU y como se indica en el apartado V y en la parte dispositiva del acuerdo notificado, durante el período de información pública los interesados podían formular alegaciones u oponerse, por razones de fondo o forma, a la procedencia de la ocupación.  
En cuanto a la identificación la finca cabe indicar que el número de referencia u orden que designa la finca de su propiedad, en el presente caso la número 24, figura tanto en el encabezamiento, junto al núm. de expediente, como en el cuerpo de la notificación remitida, y así se incluye en cualquiera de los documentos obrantes en el expediente: relación de titulares y parcelas afectadas, las hojas de aprecio, la tabla resumen de las valoraciones y los planos de la expropiación.  
De igual forma, en cumplimiento del procedimiento legalmente establecido, las afecciones causadas y la superficie de la finca afectada ha podido ser objeto de consulta en la documentación anteriormente relacionada, además de constar en los preceptivos anuncios, insertados con motivo del sometimiento a información pública del proyecto de expropiación, en los medios que dispone la legislación vigente y que han sido los siguientes: en el Diario El Mundo/Castellón, de fecha 19 de febrero de 2010, el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 23, de fecha 23 de febrero de 2009, y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6220, de fecha 5 de marzo de 2010.  
Por todo lo expuesto no cabe argumentar indefensión durante la tramitación del expediente.  
A la segunda, en lo relativo a las valoraciones se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
A la tercera, desconoce el alegante que el otro copropietario y titular de la finca afectada al que hace referencia, Manuel Mateo Fuertes, también figura incluido en el expediente y que el mismo ha sido debidamente notificado y ha podido defender legítimamente sus intereses, como demuestra la recepción de la notificación, en fecha 19 de febrero de 2010, y la presentación de escrito de alegaciones, registro de entrada del Ayuntamiento número 18290, de fecha 20 de marzo de 2010.  
Resolución: para su incorporación al expediente de su razón, se tiene por presentada la documentación aportada y la intención de presentar Informe Pericial de valoración contradictorio. Por todo lo expuesto procede desestimar las alegaciones presentadas.  
29º. Escrito de alegaciones presentado por Irene Iborra Sanchis en representación de Tomás Miralles Campos y Consuelo Sanz Morte (R. E. núm. 18.770 de fecha 23.03.2010).  
Contenido: como propietarios de la parcela 26, del polígono 117 (ref. proyecto núm. 63) manifiestan:  
Primera. Que existe un error en cuanto a la titularidad e identificación registral de la finca afectada, solicitando se comprueben se rectifiquen dichos datos.  
Segunda. Que tratándose de una expropiación parcial solicitan una indemnización por el demérito causado al resto de parcela.  
Tercera. Que en dicha finca desarrolla su actividad la mercantil Gruas T. Miralles, SL, quien tiene un contrato de arrendamiento, por lo que solicitan se valore adecuadamente tanto la valoración del inmueble existente como el cese y traslado de la actividad y el arrendamiento existente.  
Cuarta. Que el acto de aprobación del proyecto de construcción es nulo de pleno derecho porque, en el momento de su aprobación, el Plan General de Ordenación Urbana no estaba aprobado definitivamente.  
Quinta. Que se ha modificado el sistema de obtención del suelo, pasando de obtenerlo mediante el desarrollo y gestión de un programa de actuación integrada a su obtención mediante expropiación, sin haber motivado el cambio.  
Sexta. Que el acto de aprobación del Proyecto de Expropiación Forzosa es nulo de pleno derecho porque, en el momento de su aprobación, el PGOU no estaba aprobado definitivamente, por lo que no se puede declarar la utilidad pública y la ocupación de los terrenos.  
Séptima. Disconformidad con la valoración del suelo y de los criterios adoptados para la fijación del mismo, indicando que en el momento oportuno aportarán valoración contradictoria. Conforme a lo indicado en las alegaciones segunda y tercera, solicitan se revise la valoración de:  
a) El inmueble existente.  
b) El vallado y otros elementos.  
c) El cese y traslado de la actividad.  
d) Indemnización por la parte de finca no afectada.  
e) La inclusión en el sector 27.SU.R.  
Octava. En el supuesto de que se produjera la aprobación del el Proyecto de Reparcelación del Sector 27. SU.R., solicitan información relativa a la situación final de los derechos urbanísticos de la parcela en virtud del Art. 434.4 del ROGTU.  
Informe:  
A la primera, conforme establece el artículo 3.2 de la LEF, salvo prueba en contrario, la administración expropiante considera propietario o titular a quien con ese carácter consta en los registros públicos. La determinación de la titularidad de los bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación, así como su naturaleza y circunstancias, se efectúa a partir de los datos obrantes en dichos registros y se complementa con cuantos datos aportan los afectados que resulten de utilidad para la determinación, cuantificación y valoración de dichos bienes. A tal fin, el inicio del procedimiento expropiatorio le fue notificado a Miguel Juan Claros quien, en ese momento, figuraba como titular catastral de la parcela de referencia.  
No obstante, advertidas las nuevas circunstancias, se tiene en consideración el cambio de titularidad de la citada parcela, teniéndose por personados a los alegantes y entendiéndose con ellos cuantos sucesivos trámites y actuaciones se deriven del expediente expropiatorio e incorporándose al expediente de su razón la documentación aportada.  
A la segunda, la finca de orden número 63, tiene una superficie registral de 4.047,27m², si bien tras el levantamiento y medición topográfica derivada del Proyecto de Construcción de la Ronda Oeste, ha resultado tener una superficie total de 4.117,77 m².  
Se estima que la parte de finca no afectada por la expropiación resulta ser un resto inaprovechable para el uso a que están destinados los terrenos, dado el carácter residual de la superficie restante, resultando desaconsejable y antieconómico para su propietario el mantenimiento y conservación de dicho resto, por lo que procede efectuar la expropiación íntegra de la parcela. A dichos efectos, se adaptará la valoración a las nuevas circunstancias de superficie y valoración de elementos.  
Los datos y valoración resultantes de las modificaciones efectuadas se han reflejado en la nueva hoja de aprecio del texto refundido del Proyecto de Expropiación Forzosa que se aprueba y que será notificada oportunamente a los alegantes junto con el acuerdo aprobatorio.  
A la tercera, en cuanto al contrato de arrendamiento de la parcela a favor de la mercantil Gruas Miralles, SL, cuya existencia se desconocía en el momento de elaboración del proyecto, los antecedentes aportados resultan insuficientes para efectuar una valoración precisa de la indemnización por extinción de la figura arrendaticia, ya que únicamente se dispone de una fotocopia de una factura pagada por el arrendatario, correspondiente a enero de 2010, y se desconocen las condiciones y términos en que se fija el referido contrato, del cual no se acompaña copia alguna.  
Por otra parte, en la factura satisfecha por la citada mercantil no se especifica a qué período corresponde el importe pagado por lo que puede deducirse si el pago viene referido a una mensualidad, a un trimestre o una anualidad.   
Para una adecuada valoración deberán aportarse los siguientes datos:  
· Copia del contrato de arrendamiento  
· Renta actual que percibe el arrendador.  
En el caso de que proceda, conviene precisar, de todos modos que, de conformidad con lo previsto en la legislación expropiatoria, la percepción de la indemnización corresponde al arrendatario y no al arrendador. Así lo dispone el artículo 44 de la LEF que expresamente establece:  
"En los casos de expropiación de fincas arrendadas, la administración o entidad expropiante hará efectiva al arrendatario, previa fijación por el Jurado de Expropiación, la indemnización que corresponda, aplicándose para determinar su cuantía las normas de la legislación de arrendamientos".  
El artículo 44 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, precisa los supuestos y procedencia de la valoración:   
"La indemnización prevista a favor de arrendatarios de fincas por el artículo 44 de la ley procederá exclusivamente cuando la expropiación lleve consigo la privación definitiva del uso y disfrute de la finca por el titular arrendaticio, pero no cuando la privación de derechos inherentes a la expropiación sea compatible con la continuidad del contrato arrendaticio entre sus primitivas partes, en cuyo caso la indemnización a los arrendatarios será la determinada por las ocupaciones temporales, sin perjuicio de la posible aplicación en cualquier hipótesis de lo determinado en los párrafos 1 y 3 del artículo 43 de la ley (TKG 3858, 1848)".  
Existe al respecto numerosa jurisprudencia, entre las cuales pueden citarse la Sentencia 1037, de 5 de diciembre de 2007, del TSJC o la Sentencia número 113/07 del TSJPV que expresamente dice que:  
"En el acuerdo impugnado si fija el justiprecio del bien expropiado, del derecho de propiedad que incluye el uso como una de las facultades que integran este derecho real. Al indemnizarse al titular el precio del bien expropiado, se entiende incluido en el precio, el uso, que no se indemniza separadamente como proponen los recurrentes, aunque el bien esté arrendado, sino que forma parte del justiprecio como contraprestación por la pérdida de la propiedad. Es decir, el bien se justiprecia, para el propietario, sin tener en cuenta si el mismo está o no arrendado, porque la cesión de uso no es sino una facultad del derecho de propiedad, cuya privación satisface el justiprecio en su integridad"  
A tenor de lo expuesto, una vez hayan sido acreditadas debidamente las circunstancias relativas a la situación contractual del arrendamiento indicado por los alegantes, se rectificaría el proyecto de expropiación al objeto del cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley de Expropiación Forzosa, teniendo entonces por interesado en el expediente al titular del contrato de arrendamiento, notificándole el procedimiento abierto e iniciando el correspondiente expediente para fijación de la indemnización que, por tal concepto, pudiera corresponderle.  
En cuanto a la solicitud de indemnización por cese y traslado de la actividad conviene aclarar que se trata de conceptos indemnizatorios opuestos y excluyentes entre sí, pudiendo los alegantes solicitar la correspondiente indemnización bien por cese o bien por traslado, pero no ambos a la vez, hecho éste que no queda suficientemente aclarado en la alegación formulada. No obstante, en el presente caso, debemos deducir que lo solicitado viene referido únicamente al traslado de la actividad.  
A tal fin, la documentación aportada resulta insuficiente para proceder a su adecuada valoración por lo que deberá aportarse documentación relativa a las declaraciones del impuesto de sociedades (o, en su caso, del impuesto sobre la renta de las personas físicas) correspondiente al período de los últimos cinco años.  
A la cuarta. La aprobación del Proyecto de Construcción de la Ronda Oeste, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre de 2009 es un acto administrativo efectuado en ejercicio de las competencias legales que, en materia de infraestructuras locales, tiene atribuidas la administración municipal, tal como recoge el artículo 12 de la ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana, conforme al cual corresponde a las entidades locales la "proyección, construcción, gestión, explotación, conservación y señalización de los tramos de la red local y de los caminos cuya titularidad les corresponda".  
La necesidad y conveniencia de proyectar, construir y gestionar una infraestructura de carácter local es, por tanto, una potestad municipal para cuya ejecución o desarrollo no se requiere necesariamente de la inclusión de dicha infraestructura en el ámbito de una actuación urbanística o su calificación previa como dotación pública en el planeamiento general, con independencia de que dicho instrumento así lo contemple, precisamente, en atención a su relevancia como elemento vertebrador del desarrollo del municipio.  
La consideración estratégica de la ronda Oeste ha sido condición suficiente para promover la redacción y elaboración de un proyecto constructivo, cuyo amparo y cobertura legal no residen en el PGOU, sino en la referida Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana, motivo por el cual carece de trascendencia legal que el planeamiento general estuviera aprobado provisional o definitivamente en el momento de aprobación del proyecto constructivo, puesto que no es éste el marco normativo por el cual se rige.  
No obstante, insistimos en ello, el hecho de que el planeamiento general, y las subsiguientes modificaciones puntuales, incluyeran la ronda Oeste entre las determinaciones de la ordenación aprobada provisionalmente resulta coherente con la planificación urbanística y territorial del municipio del que forma parte, en cumplimiento de los objetivos marcados en las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y de ocupación del territorio. Siendo lógico pensar, además, que dichas determinaciones serían aprobadas en breve por la administración autonómica, como finalmente ocurrió poco tiempo después, en fecha 28 de enero de 2010, mediante resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (BOP núm. 14 de 2 de febrero de 2010) que ratificaba el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón aprobado por el Ayuntamiento.  
Por todo ello, la redacción, tramitación y posterior aprobación del proyecto constructivo se han ajustado siempre plenamente a derecho, habiendo cumplido con cuantos requisitos y prescripciones técnicas establece la legislación aplicable en la materia, esto es, la referida Ley de Carreteras, y no habiendo omitido o prescindido de ningún trámite ni procedimiento.  
El proyecto de construcción, como indica el artículo 20 de la referida Ley 6/1991, desarrolla completamente la solución técnica adoptada y dispone de los datos necesarios para hacer factible su ejecución, abarcando todas las fases del procedimiento, desde la adquisición de los terrenos necesarios hasta la puesta en servicio de la vía en cuestión.  
Asimismo, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre) el proyecto de construcción consta de la documentación reglamentaria y tiene el carácter de obra completa, susceptible de ser entregada al uso general, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización.  
A la quinta se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 1, Innecesidad del procedimiento expropiatorio, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
No obstante cabe añadir que, como se ha indicado anteriormente, la consideración de la ronda Oeste como una infraestructura de carácter estratégico para el desarrollo del municipio ha determinado que el Ayuntamiento de Castellón de la Plana haya puesto en marcha los mecanismos legales necesarios para la consecución de dicho fin.  
Así se dice en el proyecto de expropiación tramitado, en su apartado 1.1, Antecedentes, de la memoria justificativa (pág. 5) donde expresamente se dice que "la condición estratégica de eje vertebrador de la evolución urbana del municipio hace aconsejable acometer el desarrollo de esta dotación, de interés público general, de forma independiente" a los desarrollos urbanísticos de los sectores de suelo urbanizable residencial 24.SU.R y 27.SU.R, a los que en un principio figuraba adscrita la gestión y obtención de los terrenos necesarios para su ejecución.  
Y por este motivo, como se dice en el mencionado apartado 1.1, Antecedentes, del proyecto de tramitado (pág. 6), se enmarcó el proyecto dentro de los objetivos del plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana, que "contempla una serie de medidas destinadas a elevar los niveles de bienestar social y oportunidades de los ciudadanos", cuya finalidad específica es la mejora y desarrollo de diferentes tipos de infraestructuras, entre las cuales, descritas en el artículo 3.a del citado Decreto Ley 1/2009, figuran las "infraestructuras en redes de transporte, en especial las viarias y de urbanización que mejoren la accesibilidad de los municipios", en cuyo ámbito de actuación se enmarca el Proyecto de Construcción de la Ronda Oeste.  
La inclusión del Proyecto de la Ronda Oeste dentro del citado plan especial, cumpliendo con todas las condiciones y requisitos necesarios para ello, obedece al indudable y marcado interés público del mismo (justificado en la mejora y desarrollo de la accesibilidad del municipio), posteriormente ratificado mediante la aprobación del proyecto de construcción, que conlleva implícita la declaración de utilidad pública e interés social de las obras.  
Las actuaciones del Ayuntamiento han ido encaminadas siempre a la consecución del mismo objetivo y la adopción de la modalidad expropiatoria como fórmula para la obtención de los terrenos, en atención al probado interés público del proyecto, ha venido determinada tanto por los mecanismos y herramientas proporcionadas por la legislación vigente como por la situación jurídica de los referidos sectores, cuestiones éstas que quedan suficientemente motivadas en el cuerpo del acuerdo municipal de exposición pública del Proyecto de Expropiación Forzosa, de fecha 29 de enero de 2010.  
A la sexta. conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1954, de 16 de diciembre, sobre Expropiación Forzosa, la declaración de utilidad pública es un requisito previo e indispensable para proceder a la expropiación que, en el presente expediente, se cumple y deviene de la aprobación del proyecto de construcción y de lo dispuesto en el acuerdo municipal de la Junta de Gobierno local de fecha 11 de septiembre de 2009.  
Al igual que sucede con lo indicado en relación con la alegación primera, carece de trascendencia legal que el planeamiento general estuviera aprobado provisional o definitivamente en el momento de aprobación del Proyecto de Expropiación Forzosa, puesto que el marco normativo que determina la incoación del expediente expropiatorio es la referida Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana, cuyo artículo 22 expresamente dispone que:  
1. La aprobación de un proyecto de construcción llevará aparejada la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. Se entenderán así los derivados tanto del replanteo del proyecto como de las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.  
A la séptima, en lo relativo a las valoraciones se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo y lo indicado en la contestación de las alegaciones segunda y tercera, teniéndose por manifestada la intención de aportar Informe de valoración contradictoria.  
Debe precisarse, no obstante, que la hoja de aprecio provisional expuesta al público, y posteriormente la resultante de las modificaciones efectuadas ya contemplan la valoración de la valla que resulta afectada.  
Por otra parte, carece de fundamento legal la pretensión formulada por los alegantes de que se valore la inclusión de la parcela en el ámbito del sector 27.SU.R, toda vez que, como se ha indicado en el citado apartado 3 Valoraciones, el artículo 23.2 del TRLS 2/2008 dispone expresamente que "en ninguno de los casos [?] podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados".  
A la octava, respecto a la posibilidad de establecer una reserva de aprovechamiento contemplada en el artículo 434.4 del ROGTU se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente informe que, en el presente supuesto viene referida a la totalidad de la finca afectada por la expropiación.   
Resolución: procede estimar las alegaciones primera, segunda y octava y parcialmente la alegación séptima.  
En tanto no se aporten las pruebas documentales requeridas, se desestima la alegación tercera. Se desestima el resto de alegaciones.   
30º. Escrito de alegaciones presentado por Irene Iborra Sanchis en representación de Joaquín Bellés Chiva y Pilar Asenjo Cara (R. E. núm. 18.771 de fecha 23.03.2010).  
Contenido: como propietarios de la parcela 28 del polígono 117 (ref. proyecto núm. 65) manifiestan:  
Primera. Que el acto de aprobación del proyecto de construcción es nulo de pleno derecho porque, en el momento de su aprobación, el Plan General de Ordenación Urbana no estaba aprobado definitivamente.  
Segunda. Que se ha modificado el sistema de obtención del suelo, pasando de obtenerlo mediante el desarrollo y gestión de un programa de actuación integrada a su obtención mediante expropiación, sin haber motivado el cambio.  
Tercera. Que el acto de aprobación del Proyecto de Expropiación Forzosa es nulo de pleno derecho porque en el momento de su aprobación el PGOU no estaba aprobado definitivamente, por lo que no se puede declarar la utilidad pública y la ocupación de los terrenos.  
Cuarta. Aportan documentación relativa a la titularidad e identificación registral de la finca.  
Quinta. Que tratándose de una expropiación parcial solicitan una indemnización por el demérito causado al resto de parcela.  
Sexta. Que según se deduce de la documentación obrante en el expediente una vez ejecutada la obra la finca se quedará sin acceso por lo que solicitan se realicen las modificaciones necesarias para permitir el acceso a la finca.  
Séptima. Disconformidad con la valoración del suelo y de los criterios adoptados para la fijación del mismo, indicando que en el momento oportuno aportarán valoración contradictoria.   
Octava. En el supuesto de que se produjera la aprobación del el Proyecto de Reparcelación del Sector 27. SU.R., solicitan información relativa a la situación final de los derechos urbanísticos de la parcela en virtud del artículo 434.4 del ROGTU.  
Informe:  
A la primera, la aprobación del Proyecto de Construcción de la Ronda Oeste, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 11 de septiembre de 2009 es un acto administrativo efectuado en ejercicio de las competencias legales que, en materia de infraestructuras locales, tiene atribuidas la administración municipal, tal como recoge el artículo 12 de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana, conforme al cual corresponde a las entidades locales la "proyección, construcción, gestión, explotación, conservación y señalización de los tramos de la Red Local y de los caminos cuya titularidad les corresponda".  
La necesidad y conveniencia de proyectar, construir y gestionar una infraestructura de carácter local es, por tanto, una potestad municipal para cuya ejecución o desarrollo no se requiere necesariamente de la inclusión de dicha infraestructura en el ámbito de una actuación urbanística o su calificación previa como dotación pública en el planeamiento general, con independencia de que dicho instrumento así lo contemple, precisamente, en atención a su relevancia como elemento vertebrador del desarrollo del municipio.  
La consideración estratégica de la ronda Oeste ha sido condición suficiente para promover la redacción y elaboración de un Proyecto Constructivo, cuyo amparo y cobertura legal no residen en el PGOU, sino en la referida ley 6/1991, de 27 de marzo, de carreteras de la comunidad valenciana, motivo por el cual carece de trascendencia legal que el planeamiento general estuviera aprobado provisional o definitivamente en el momento de aprobación del proyecto constructivo, puesto que no es éste el marco normativo por el cual se rige.  
No obstante, insistimos en ello, el hecho de que el planeamiento general, y las subsiguientes modificaciones puntuales, incluyeran la ronda Oeste entre las determinaciones de la ordenación aprobada provisionalmente resulta coherente con la planificación urbanística y territorial del municipio del que forma parte, en cumplimiento de los objetivos marcados en las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y de ocupación del territorio. Siendo lógico pensar, además, que dichas determinaciones serían aprobadas en breve por la administración autonómica, como finalmente ocurrió poco tiempo después, en fecha 28 de enero de 2010, mediante resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (BOP núm. 14 de 2 de febrero de 2010) que ratificaba el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón de la Plana aprobado por el Ayuntamiento.  
Por todo ello, la redacción, tramitación y posterior aprobación del proyecto constructivo se han ajustado siempre plenamente a derecho, habiendo cumplido con cuantos requisitos y prescripciones técnicas establece la legislación aplicable en la materia, esto es, la referida Ley de Carreteras, y no habiendo omitido o prescindido de ningún trámite ni procedimiento.  
El proyecto de construcción, como indica el artículo 20 de la referida Ley 6/1991, desarrolla completamente la solución técnica adoptada y dispone de los datos necesarios para hacer factible su ejecución, abarcando todas las fases del procedimiento, desde la adquisición de los terrenos necesarios hasta la puesta en servicio de la vía en cuestión.  
Asimismo, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre) el proyecto de construcción consta de la documentación reglamentaria y tiene el carácter de obra completa, susceptible de ser entregada al uso general, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización.  
A la segunda, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 1, Innecesidad del procedimiento expropiatorio, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
No obstante cabe añadir que, como se ha indicado anteriormente, la consideración de la ronda Oeste como una infraestructura de carácter estratégico para el desarrollo del municipio ha determinado que el Ayuntamiento de Castellón de la Plana haya puesto en marcha los mecanismos legales necesarios para la consecución de dicho fin.  
Así se dice en el proyecto de expropiación tramitado, en su apartado 1.1, Antecedentes, de la memoria justificativa (pág. 5) donde expresamente se dice que "la condición estratégica de eje vertebrador de la evolución urbana del municipio hace aconsejable acometer el desarrollo de esta dotación, de interés público general, de forma independiente" a los desarrollos urbanísticos de los sectores de suelo urbanizable residencial 24.SU.R y 27.SU.R, a los que en un principio figuraba adscrita la gestión y obtención de los terrenos necesarios para su ejecución.  
Y por este motivo, como se dice en el mencionado apartado 1.1, Antecedentes, del proyecto de tramitado (pág. 6), se enmarcó el proyecto dentro de los objetivos del plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana, que contempla una serie de medidas destinadas a "elevar los niveles de bienestar social y oportunidades de los ciudadanos" cuya finalidad específica es la mejora y desarrollo de diferentes tipos de infraestructuras, entre las cuales, descritas en el artículo 3.a, del citado Decreto Ley 1/2009, figuran las "infraestructuras en redes de transporte, en especial las viarias y de urbanización que mejoren la accesibilidad de los municipios", en cuyo ámbito de actuación se enmarca el Proyecto de Construcción de la Ronda Oeste.  
La inclusión del Proyecto de la Ronda Oeste dentro del citado plan especial, cumpliendo con todas las condiciones y requisitos necesarios para ello, obedece al indudable y marcado interés público del mismo (justificado en la mejora y desarrollo de la accesibilidad del municipio), posteriormente ratificado mediante la aprobación del proyecto de construcción, que conlleva implícita la declaración de utilidad pública e interés social de las obras.  
Las actuaciones del Ayuntamiento han ido encaminadas siempre a la consecución del mismo objetivo y la adopción de la modalidad expropiatoria como fórmula para la obtención de los terrenos, en atención al probado interés público del proyecto, ha venido determinada tanto por los mecanismos y herramientas proporcionadas por la legislación vigente como por la situación jurídica de los referidos sectores, cuestiones éstas que quedan suficientemente motivadas en el cuerpo del Acuerdo municipal de aprobación del proyecto de expropiación forzosa, de fecha 29 de enero de 2010.  
A la tercera, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1954, de 16 de diciembre, sobre Expropiación Forzosa, la declaración de utilidad pública es un requisito previo e indispensable para proceder a la expropiación que, en el presente expediente, se cumple y deviene de la aprobación del proyecto de construcción y de lo dispuesto en el acuerdo municipal de la Junta de Gobierno local de fecha 11 de septiembre de 2009.  
Al igual que sucede con lo indicado en relación con la alegación primera, carece de trascendencia legal que el planeamiento general estuviera aprobado provisional o definitivamente en el momento de aprobación del Proyecto de Expropiación Forzosa, puesto que el marco normativo que determina la incoación del expediente expropiatorio es la referida Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana, cuyo artículo 22 expresamente dispone que:  
1. La aprobación de un proyecto de construcción llevará aparejada la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. Se entenderán así los derivados tanto del replanteo del proyecto como de las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.  
A la cuarta, para su incorporación al expediente de su razón, se tiene por presentada la documentación aportada.  
A la quinta, según el proyecto tramitado la expropiación afecta a unas pequeñas porciones de terreno ubicadas en los lindes noroeste y suroeste de la finca que, tras las modificaciones derivadas del replanteo de la obra y de los ajustes indicados en el apartado 5, Rectificaciones de oficio, de las consideraciones generales del presente acuerdo, supone una total superficie afectada de 63,87m², lo que representa un escaso 3,34%, respecto a la total superficie (1.911,85 m²).  
Dado lo exiguo de la superficie afectada, la expropiación parcial no supone demérito alguno para el resto de la finca no afectado, ya que su uso y conservación se mantienen prácticamente como en la actualidad, por lo que no procede indemnización por este concepto.   
A la sexta, se tendrán en consideración las manifestaciones efectuadas indicando que el Texto Refundido del Proyecto de Expropiación Forzosa contempla una serie de modificaciones destinadas a mantener la entrada a la propiedad del alegante prácticamente como en la actualidad, por lo que, no debería ocasionarse ningún problema de accesibilidad.  
La valoración y características de las modificaciones figurarán en la preceptiva hoja de aprecio del Texto Refundido del Proyecto de Expropiación que será notificada a los interesados junto con el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto.  
A la séptima, en lo relativo a las valoraciones se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por manifestada la intención de aportar informe de valoración contradictoria.  
A la octava, respecto a la posibilidad de establecer una reserva de aprovechamiento contemplada en el artículo 434.4 del ROGTU se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo, si bien conviene especificar que ésta viene referida exclusivamente a la parte de finca afectada por la expropiación, y no a la parte de finca excluida del proceso.  
A este respecto cabe añadir que el resto de finca no afectado por la expropiación mantendrá las características, parámetros y situación jurídica y urbanística que le otorgue el planeamiento vigente o aquel que finalmente resulte de la resolución y cumplimiento de los recursos administrativos interpuestos.  
Resolución:  
Procede estimar las alegaciones cuarta, sexta y octava y desestimar el resto de alegaciones.  
31º. Escrito de alegaciones presentado por Rosario Molina Lleo (R. E. núm. 19.468 de fecha 27.26.1.213).  
Contenido: como propietaria de la parcela 28 del polígono 118 (ref. proyecto núm. 72) manifiesta su disconformidad con la valoración del suelo efectuada, solicitando que la misma se equipare a la valoración realizada con motivo del expediente de reparcelación del sector 27.SU.R, del que resulta un valor de 122,45 €/m² y del cual acompaña copia.  
Informe:  
Se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
Resolución: procede desestimar la alegación presentada.  
32º. Escrito de alegaciones presentado por Ricardo Guillén Polo, en representación de la mercantil Pladepro, SA, (R. E. núm. 20.059 de fecha 29.03.2010).  
Contenido: como mercantil propietaria de las parcelas 22, 27 y 35 del polígono 117 y 4 del polígono 13 (ref. proyecto núm. 59, 64, 68 y 66 respectivamente) manifiesta:  
Primera. Que dichas fincas están incluidas en el ámbito del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 08.UE.T de Castellón, aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad, habiendo cambiado la configuración física de las fincas ya que en la actualidad gran parte de las mismas constituyen un vial de la citada unidad.  
Segunda. Que la construcción de la ronda Oeste coincide en parte con las obras previstas en el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 08.UE.T por lo que solicita que se coordine adecuadamente el desarrollo de ambas obras.  
Informe:  
A la primera y segunda, a pesar del destino urbanístico de parte de las parcelas afectadas por la expropiación, como vial interno de la Unidad de Ejecución 08.UE.T de Castellón, y de las modificaciones derivadas de la aprobación e inscripción del proyecto de reparcelación de la citada unidad, actualmente aún no se ha ejecutado ninguna obra de urbanización sobre las mismas por lo que el Proyecto de Expropiación Forzosa tramitado resulta completamente ajustado a la realidad física existente.  
No obstante, siendo presumible la simultaneidad o, incluso la coincidencia, de ambas actuaciones se tendrán en consideración las manifestaciones efectuadas al objeto de coordinar la ejecución de las mismas.  
Resolución: procede estimar las alegaciones formuladas.  
33º. Escrito de alegaciones presentado por la mercantil Promyco, SL (R. E. núm. 20.395 de fecha 30.03.2010).  
Contenido: como propietaria de la parcela 19 del polígono/manzana 25939 (ref. proyecto núm. 03) acompaña documentación relativa a la acreditación y circunstancias de la finca afectada y solicita:  
Primera. Que a los efectos del expediente se tenga en cuenta que la superficie actual de la finca objeto de expropiación es de 923,05 m² y se ratifique la superficie realmente afectada por la expropiación y por la servidumbre del vial a ejecutar.  
Segunda. Que se facilite parcela resultante tras la expropiación con la delimitación expresa de la servidumbre de carreteras debidamente acotada y a escala 1:50.  
Tercera. Que se efectúe la reserva de aprovechamiento urbanístico que pudiera corresponder a la parte de finca afectada por la expropiación en el ámbito de la Unidad de Ejecución 03.UE.T, renunciando al justiprecio por el valor del suelo por considerarlo inferior al valor de mercado.  
Informe:  
A la primera, se tiene por presentada e incorporada a su expediente la documentación aportada, quedando constancia de que la total superficie de la finca es de 923,05 m².  
Asimismo, tras las modificaciones derivadas del replanteo de la obra y de los ajustes indicados en el apartado 5 Rectificaciones de oficio, de las consideraciones generales del presente acuerdo, la total superficie de la finca que resulta afectada por la expropiación es de 183,19 m².   
La nueva valoración y elementos afectados figuran en la preceptiva hoja de aprecio del Texto Refundido del Proyecto de Expropiación que será notificada a los interesados junto con el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto.  
A la segunda, no corresponde al Proyecto de Expropiación Forzosa, ni a los técnicos redactores del mismo, la determinación de parámetros urbanísticos de la parcela resultante tras la expropiación.  
A efectos meramente informativos del alegante debe indicarse que, con el fin de garantizar la funcionalidad del nuevo vial, en la parcela resultante serán de aplicación los condicionantes que se deriven de la observancia y aplicación de las ordenanzas generales y particulares del PGOU vigente, así como las servidumbres y limitaciones impuestas por la legislación vigente en materia de carreteras, indicadas en los artículos 31 y siguientes del título VIII de la Ley 6.1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana.  
A la tercera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por solicitada a los efectos oportunos la reserva de aprovechamiento.  
Resolución: en consecuencia, procede estimar la alegación primera y tercera y desestimar la alegación segunda .  
34º. Escrito de alegaciones presentado por Luis Marzá Andreu y Rosa Clara Benaiges Estrada; M.ª Isabel Marzá Andreu y Nieves Marzá Andreu (R. E. núm. 20.565 de fecha 30.03.2010).  
Contenido: como propietarios de la parcela 12 del polígono 120 (ref. proyecto núm. 40) manifiestan:  
Primera. Que la parcela catastral afectada por la expropiación se trata, en realidad, de una finca compuesta por cuatro fincas registrales independientes, cada una de ellas con sus respectivos propietarios, motivo por el cual, en fecha 29 de marzo de 2010 un técnico del equipo redactor del proyecto se personó en la parcela para hacer las correspondientes mediciones y anotar preexistencias y elementos indemnizables de cada una de las fincas.  
Segunda. Su disconformidad con la valoración incluida en el proyecto respecto al valor del suelo, de las instalaciones y de la vivienda existente en una de las fincas.  
Tercera. Solicitan la Reserva de Aprovechamiento urbanístico, que pudiera corresponder a la parte de las fincas afectadas por la expropiación, en el ámbito del sector 27.SU.R, renunciando al justiprecio por el valor del suelo.  
Informe:  
A la primera, se tendrán en consideración los nuevos datos de titularidad y situación jurídica de la parcela, procediéndose a efectuar las modificaciones de oficio necesarias para adaptar el proyecto a las actuales circunstancias. Así, la inicial finca de orden núm. 40 se ha subdividido en cuatro fincas diferentes en la forma que a continuación se detalla:  
· Finca de orden número 040: Luis Marzá Andreu y Rosa Clara Benaiges Estrada.  
· Finca de orden número 108: Luis Marzá Andreu y Rosa Clara Benaiges Estrada.  
· Finca de orden número 109: M.ª Isabel Marzá Andreu.  
· Finca de orden número 110: Nieves Marzá Andreu.  
A tal fin se han elaborado las correspondientes hojas de aprecio individualizadas, que serán debidamente notificadas a sus titulares con motivo de la aprobación del proyecto, en las cuales se redistribuyen las indemnizaciones anteriormente contempladas y se incorporan algunos elementos anteriormente omitidos.  
A la segunda, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
A la tercera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por solicitada a los efectos oportunos la reserva de aprovechamiento.  
Resolución: en consecuencia, procede estimar la alegación primera y tercera y desestimar la alegación segunda.  
36º. Escrito de alegaciones presentado por Teresa Segarra Giner (R. E. núm. 20.948 de fecha 31.03.2010).  
Contenido: como propietaria de las parcelas 24 y 25 del polígono 117 (ref. proyecto núm. 61 y 62, respectivamente) manifiesta:  
Primera. Aporta datos útiles para la identificación de las fincas, indicando a los efectos oportunos que, tras expropiación realizada anteriormente, las actuales parcelas catastrales no coinciden físicamente con las fincas registrales de origen, aportando medición topográfica, levantada con motivo del expediente reparcelatorio del sector 27.SU.R., al objeto de acreditar que la superficie de la finca de orden número 62 es mayor que la que figura en el expediente.  
Segunda. En la finca de orden número 62, indica la existencia de un contrato de arrendamiento en favor de la mercantil 2002 Eurocartel, SL, si bien se encuentran en trámites de rescisión de dicho contrato por impago del inquilino.  
Tercera. Disconformidad y rechazo de la valoración efectuada, solicitando que se fije como valor del suelo el que consta en el expediente reparcelatorio del citado Sector 27.SU.R. (18364 €/m²).  
Cuarta. Comunica su intención de renunciar al justiprecio por el valor del suelo a cambio de la correspondiente reserva de aprovechamiento urbanístico, solicitando se le indique el sector o unidad de ejecución en la que se puede materializar dicha reserva.  
Quinta. Dado que el resto de la finca de orden número 62 no afectada por la expropiación resulta inaprovechable, solicitan la expropiación total de la parcela.  
Informe:  
A la primera, se tendrán en consideración los datos y documentación aportada, procediéndose a efectuar las modificaciones necesarias en el proyecto para adaptarlo a la realidad registral de las fincas propiedad de la alegante, conforme al siguiente detalle:   
· Finca número orden 61: finca registral 6.656. Superficie registral 6.004 m² . Superficie expropiada: 1.965,78 m².  
· Finca número orden 62: finca registral 6.657. Superficie Registral 2.018 m². Superficie expropiada: 2.018 m².  
De las modificaciones efectuadas resulta que la finca registral 6.657 se expropia en su totalidad, mientras que de la finca registral 6.656, tras la expropiación (ver la alegación quinta) quedará un resto que coincide físicamente, casi en su totalidad, con la actual parcela catastral 24, del polígono 117, excepto una pequeña porción que se expropia.  
A la segunda, se tiene por comunicada la existencia de un arrendatario en la finca de referencia. No obstante, se desconocen los términos y condiciones del contrato de arrendamiento, del cual no se acompaña copia, constando expresamente en la alegación formulada que éste se encuentra en trámites para su rescisión por impago del arrendatario, por lo que no puede concluirse la vigencia de la relación contractual y, por tanto, no procede su valoración.  
A la tercera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
A la cuarta, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por solicitada a los efectos oportunos la referida reserva de aprovechamiento.  
Dicha reserva deberá materializarse en el sector 27.SU.R. en cuyo ámbito de actuación se encuentran incluidas las parcelas propiedad de la alegante, dado el grado de colmatación del resto de sectores o unidades de ejecución.  
A la quinta, conforme a la documentación aportada se deduce que la parcela catastral 25 está formada por la totalidad de la finca registral 6.657 y parte de de la finca registral 6.656.   
Se estima que la parte de la parcela catastral 25 no afectada por la expropiación, perteneciente a la finca registral 6.656, resulta ser un resto de finca inaprovechable para su uso, dado el carácter residual de la superficie restante, resultando desaconsejable y antieconómico para su propietario el mantenimiento y conservación de dicho resto, por lo que procede efectuar la expropiación íntegra de la parcela. A dichos efectos, se ha adaptado la valoración a las nuevas circunstancias de superficie y valoración de elementos.  
Resolución: procede estimar las alegaciones primera, cuarta y quinta. Se desestiman el resto de alegaciones.  
37º. Escrito de alegaciones presentado por Josefa Bellés Limiñana (R. E. núm. 21.153 de fecha 01.04.2010).  
Contenido: como propietaria de la parcela 4 del polígono 117 (ref. proyecto núm. 49) aporta documentación acreditativa de la titularidad de la parcela de su propiedad y manifiesta:  
Primera. Solicita la reserva de de aprovechamiento urbanístico en el sector 27.SU.R. en cuyo ámbito de actuación se encuentra incluida la parcela.  
Segunda.. Que en ejecución de obra se repongan al nuevo linde el contador de luz y agua del maset existente y se deje la propiedad vallada y con puerta de acceso para el coche.  
Tercera. Que se clarifique adecuadamente el acceso a la parcela desde la ronda Oeste.  
Informe:  
A la primera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo, teniéndose por solicitada a los efectos oportunos la referida reserva de aprovechamiento.  
A la segunda, procede estimar una indemnización por los contadores de luz y agua inicialmente no contemplados ya que los mismos no serán repuestos en ejecución de obra, sino que su reposición correrá a cargo del propietario de la parcela.  
Respecto a la valla, ésta ya figura contemplada como indemnización en el proyecto tramitado.  
A la tercera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 5, Rectificaciones de oficio, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
Resolución: procede estimar las alegaciones primera y tercera y desestimar parcialmente la segunda, en lo relativo a la reposición de los elementos, en cuyo defecto son indemnizados.  
38º. Escrito de alegaciones presentado por José Luis Tárrega Bernal, en representación de la Comunidad de Regantes del Pantano de M.ª Cristina (R. E. núm. 21.216 de fecha 01.04.2010)  
Contenido: como entidad propietaria de las parcelas 9009 y 9008 del polígono 117 y parcela 9014 del polígono 120 (ref. proyecto núm. 105, 106 y 107, respectivamente) manifiestan:  
Primera. Solicita se deje sin efecto el proyecto de expropiación y se inste a la conselleria competente a proceder a la aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector 27.SU.R en el que están incluidos los terrenos afectados por el procedimiento expropiatorio.  
Segunda. Indica la existencia de errores en la identificación y superficie de la finca afectada y en la atribución de aprovechamientos.  
Tercera. De forma subsidiaria, solicita se efectúe la reserva de aprovechamiento urbanístico, que pudiera corresponder a la parte de finca afectada por la expropiación, en el Sector 27.SU.R.  
Cuarta. Que, mediante el expediente reparcelatorio del sector 27.SU.R., la comunidad de regantes resultaba adjudicataria en proindiviso de una parcela privada edificable sobre la cual existe un contrato privado de opción de compraventa en favor de la mercantil Construcciones y Promociones Rovira, SL, indicando la conveniencia de dar traslado de la hoja de aprecio a la citada mercantil.  
Quinta. En caso de no autorización de dicha reserva, manifiesta discrepancia con la valoración del suelo en comparación con el valor resultante del Programa de Actuación Integrada del Sector 27.SU.R. (212 €/m²).  
Sexta. Solicita se subsane la hoja de aprecio ya que no contempla indemnización de la obra existente (acequias).  
Informe:  
A la primera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 1, Innecesidad del procedimiento expropiatorio, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
A la segunda, tras las comprobaciones oportunas puede concluirse que no hay errores de identificación de las fincas afectadas, siendo las que constan en el proyecto las identificadas por la comunidad de regantes.  
La discrepancia respecto a la superficie puede venir motivada, probablemente, porque la medición indicada por los alegantes procede de los datos obrantes en el Proyecto de Reparcelación del Sector 27.SU.R. mientras que las superficies incluidas en el Proyecto de Expropiación Forzosa derivan de los datos y topografía contenidas en el Proyecto de Construcción de la Ronda Oeste que presenta sensibles diferencias respecto del proyecto original del sector 27.SU.R. No obstante, en el supuesto de que se acreditara suficientemente mediante medición técnica contradictoria procedería la revisión y, en su caso, la modificación de los datos correspondientes.  
En lo que respecta a la atribución de aprovechamientos debe tenerse presente que, de inicio, el proyecto de expropiación no contempla dicha cuestión en tanto que no es el instrumento adecuado para ello. La expropiación es un acto administrativo de derecho público mediante el cual se produce la transferencia de la propiedad de un bien a causa de una utilidad pública o interés social, por cuya razón se compensa a su titular con el pago de un justiprecio o indemnización. No se trata de un procedimiento para equidistribución de beneficios y cargas derivados de una actuación urbanística y, como tal, ni se asignan ni se atribuyen derechos de aprovechamiento alguno.  
Cuestión distinta es que, en aplicación de la legislación vigente (artículo 434.4 del ROGTU y artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa) se proporcione a los afectados la posibilidad legal de alcanzar acuerdos para la adquisición del suelo o de sustituir o satisfacer el justiprecio mediante atribución de aprovechamientos, como es el caso del presente expediente, en el que se contempla la posibilidad de establecer una reserva de aprovechamiento urbanístico futuro que, equivalente a la superficie expropiada, pudiera corresponder a los propietarios con motivo del desarrollo de los sectores o unidades de ejecución en los que se encuentre incluida la propiedad afectada y ello conforme a los parámetros urbanísticos de dichos ámbitos.  
A la tercera, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
A la cuarta, se tiene en consideración las manifestaciones efectuadas en relación con la opción privada de compra comunicada por la alegante.  
No obstante conviene puntualizar que, con independencia de que la parcela adjudicada resultante del expediente reparcelatorio se encuentre pendiente de aprobación, dicha opción de compra es un acuerdo entre las partes celebrado dentro del ámbito privado y pendiente de elevación a público.   
Por dicho motivo, en tanto no varíe la situación jurídica de las fincas, deberán entenderse con la comunidad de regantes, en su condición de actual titular registral de las fincas afectadas, cuantos trámites y actuaciones se deriven del expediente expropiatorio, sin perjuicio de las acciones o comunicaciones a terceros que, a título privado, pueda emprender la comunidad.  
A la quinta, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 3, Valoraciones de las consideraciones generales del presente acuerdo.  
A la sexta no se ha considerado indemnización alguna por la obra existente dado que las parcelas afectadas son, en realidad, tramos de las acequias de riego que se repone en ejecución de obra, razón por la cual el proyecto tramitado no las contemplaba.  
No obstante, se ha rectificado el proyecto al objeto de subsanar la omisión de valoración de la superficie de suelo afectado.  
Resolución: en consecuencia, procede estimar la alegación tercera y parcialmente la sexta. Se desestima el resto de alegaciones.  
39º. Escrito de alegaciones presentado por Carmen Valles Navarro, en representación de Iberdrola, SA (R. E. núm. 21.267 de fecha 01.04.2010).  
Contenido: como propietaria de la parcela 20 de la manzana 25443 (ref. proyecto núm. 4) manifiesta:  
Primera. Manifiesta la existencia de un error en la superficie afectada de la parcela.  
Segunda. Que sobre la finca afectada existe una edificación destinada a centro de transformación de energía eléctrica cuyo traslado, junto con la variación de los tendidos de líneas de media y baja tensión, deberá estar previsto en el proyecto constructivo, debiendo ser informados de todo cuanto guarde relación con la modificación de instalaciones.  
Tercera. Que la hoja de aprecio deberá contemplar únicamente indemnización por el suelo y la edificación existente, correspondiendo a la administración expropiante el coste derivado de las modificaciones de instalaciones.  
Informe:  
A la primera, la superficie afectada, que en este caso concreto se corresponde con la total superficie de la parcela ya que se expropia íntegramente, deviene del levantamiento topográfico efectuado en el Proyecto de Construcción de la Ronda Oeste, mientras que la superficie catastral, reflejada en las certificaciones catastrales gráficas y descriptivas, proceden de un vuelo y se corresponde con datos de la Gerencia Territorial del Catastro, que se trata de un registro de carácter exclusivamente fiscal. Por ello, no se trata de un error del proyecto de expropiación la discordancia existente entre la superficie catastral y la derivada de la medición, siendo además ésta de escasa relevancia (10,94 m²).  
A la segunda, todos los cruces de líneas de baja y media tensión se ejecutarán enterrados, según lo especificado en los planos del proyecto de construcción, previéndose la reposición del resto de servicios afectados.  
A la tercera, la valoración contenida en la hoja de aprecio coincide con la alegación efectuada, siendo que solamente se contempla el valor del suelo y el de la construcción, sin tener en cuenta las instalaciones ya que las mismas serán repuestas.  
Resolución: procede estimar la alegación segunda y parcialmente la tercera respecto a la indemnización por suelo y edificación existente y desestimar el resto de alegaciones.  
40º. Escrito de alegaciones presentado por Miquel Segarra i Diago, en representación de Sabemsca, SL (R. E. núm. 21.472 de fecha 06.04.2010).  
Contenido: como copropietaria de la parcela 7, del polígono 119 (ref. proyecto núm. 8) manifiesta que resulta afectada por las obras y no le ha sido comunicada la afección y que, tras comprobar el proyecto de ejecución, tampoco figura en la relación de propietarios afectados, por lo que solicita la inclusión en el expediente y la impugnación del proceso de ejecución de la obra.  
Informe:  
A la primera, la mercantil Sabemsca, SL, sí consta como titular de derechos afectados en el expediente expropiatorio, como puede comprobarse en el apartado 2, Relación de titulares y parcelas afectadas, del proyecto de expropiación tramitado (pág. 36).  
Asimismo, dicho proyecto fue sometido a información pública mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el diario El Mundo/Castellón (19 de febrero de 2010), en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 23 (23 de febrero de 2009) y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6220 (5 de marzo de 2010), figurando en todos ellos la relación de propietarios y parcelas afectadas, entre las cuales se encontraba la mercantil alegante.  
De conformidad con el artículo 59.5. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los anuncios se publicaban también a los efectos de notificación a aquellos interesados que no hubieran podido ser identificados y a los titulares de bienes y derechos desconocidos, así como aquellos con dirección desconocida o insuficiente para practicar la notificación.  
Por otra parte, en su condición de copropietario de los bienes o derechos afectados por la expropiación, previa o simultáneamente a las citadas publicaciones se remitió a la mercantil notificación individual comunicando el inicio del procedimiento expropiatorio y la adopción del acuerdo municipal de sometimiento a información pública del Proyecto de Expropiación Forzosa, desconociéndose los motivos por los cuales resultó imposible realizar la práctica de la notificación, en los dos intentos diferentes en que ésta se intentó conforme a la forma establecida en el artículo 59.2 de la citada Ley 30/1992, dado que el domicilio coincide con el indicado por el alegante en su escrito de alegaciones.  
Resolución: en virtud de lo expuesto procede desestimar la alegación formulada.  
41º. Escrito de alegaciones presentado por Vicente Hernández Castell (R. E. núm. 21.847 de fecha 07.04.2010).  
Contenido: como propietario de la parcela 68, del polígono 119 (ref. proyecto núm. 33):  
Primera. Su voluntad de sustituir el justiprecio por el valor del suelo por la reserva de aprovechamiento urbanístico, que pudiera corresponder a la parte de finca afectada por la expropiación en el Sector 27.SU.R, quedando excluido de dicho acuerdo el pago correspondiente a las indemnizaciones por destrucción de elementos.  
Segunda. Que el suelo expropiado se destine a la construcción del vial ya que en caso contrario no renuncia al cobro del justiprecio e incluso, si fuera el caso, solicitaría el derecho de reversión.   
Informe:  
A la primera y segunda, se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 2, Reserva de aprovechamiento, de las consideraciones generales del presente acuerdo, añadiendo que la finalidad a que está afecto el suelo expropiado es exclusivamente para la ejecución de las obras y servicios de la ronda Oeste de Castellón de la Plana.  
Resolución: procede estimar la alegación formulada.  
42º. Escrito de alegaciones presentado por Francisco Miguel Alanzor Muñoz (R. E. núm. 44.780 de fecha 05.07.2010).  
Contenido: como propietaria de las fincas núm. 5, 6, 9 a 13, 15, 16, 18, 21 a 23, 25 a 29, 31, 60, 69 a 71, 73, 75, 80 a 83 y 85 (según ref. proyecto de expropiación) manifiesta:  
Primera. Ha recibido la notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno local de ese Ayuntamiento, de 29 de enero de 2010.  
Segunda. Solicita una nueva notificación del acuerdo expuesto junto con la hoja de aprecio correspondiente así como el otorgamiento de nuevo plazo para la formulación de alegaciones, de conformidad con el artículo 434.2 del ROGTU.  
Informe:  
A la primera, las alegaciones presentadas se consideran extemporáneas por cuanto el plazo de alegaciones, conforme al contenido del acuerdo notificado, era de un mes desde su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, esto es, en fecha 5 de marzo de 2010, en consecuencia, han transcurrido tres meses desde el cómputo legal de exposición pública.   
A la segunda, en relación con la notificación de las hojas de aprecio se dan por reproducidas las observaciones efectuadas en el apartado 4, Hojas de Aprecio, de las consideraciones generales del presente acuerdo, añadiendo que las mismas serán notificadas a los afectados con motivo de la aprobación definitiva del proyecto, si bien es cierto que, por error material, el acuerdo notificado hacía referencia a su remisión.  
No obstante, como se indica en la parte dispositiva del acuerdo municipal notificado, toda la documentación del proyecto de expropiación ha sido sometida a información pública durante el plazo de un mes, entre la cual, a disposición de los afectados, se incluían un ejemplar de las hojas de aprecio provisionales y los informes técnicos conteniendo los criterios de valoración adoptados.  
De igual forma, en cumplimiento del procedimiento legalmente establecido, las afecciones causadas y la superficie de la finca afectada ha podido ser objeto de consulta en la documentación anteriormente relacionada, además de constar en los preceptivos anuncios, insertados con motivo del sometimiento a información pública del proyecto de expropiación, en los medios que dispone la legislación vigente y que han sido los siguientes: en el diario El Mundo/Castellón de fecha 19 de febrero de 2010, el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, número 23, de fecha 23 de febrero de 2009 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6220, de fecha 5 de marzo de 2010.  
Por todo lo expuesto no existe indefensión durante la tramitación del expediente.  
Resolución: procede desestimar las alegaciones formuladas.  
II. Del resultado del informe emitido por los Servicios de Consultoría y Asistencia Jurídico-Urbanística del Ayuntamiento sobre el contenido de las alegaciones presentadas al proyecto de expropiación, tanto de carácter técnico como jurídico, se ha procedido a modificar el proyecto expuesto al público, quedando como valor total de la expropiación la cantidad de 2.158.682,70 €, según los criterios de valoración aplicados que se concretan en la memoria del proyecto de expropiación.  
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32.1 del Reglamento hipotecario (Decreto de 14 de febrero de 1947) y artículo 22.1 de las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, por parte del Ayuntamiento se ha solicitado del Registro de la Propiedad número 4 de Castellón la emisión de certificado de dominio y cargas de las fincas afectadas por el proyecto de expropiación. De la revisión de estos documentos se desprenden una serie de modificaciones en orden a la titularidad y cargas de algunas fincas, modificaciones que han sido recogidas en el proyecto de expropiación cuya aprobación se está tramitando.   
A la vista del citado certificado de dominio y cargas que obra en el expediente, la relación definitiva de afectados por el proyecto de expropiación, por tasación conjunta, de los terrenos necesarios para la ejecución de la ronda Oeste de Castellón, fase I, es la siguiente:  
  
\* \* \* \* \*  
De acuerdo con la valoración establecida en el proyecto de expropiación y en orden al porcentaje de propiedad sobre la finca, se ha distribuido la indemnización por expropiación a los diferentes interesados.  
III. Según se desprende de los informes emitidos por los técnicos municipales, el expediente se ha tramitado correctamente, conforme a lo establecido en el artículo 434 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el procedimiento de tasación conjunta.  
IV. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Expropiación Forzosa, Ley de 16 de diciembre de 1954, una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses.  
V. En virtud de lo establecido en el apartado 4 del citado artículo 434 del ROGTU, el justiprecio de los bienes y derechos a expropiar puede satisfacerse, de acuerdo con el expropiado, mediante la adjudicación de terrenos o mediante la atribución de aprovechamientos que correspondan a la administración expropiante, o de cualquier otra forma libremente pactada entre la administración y el expropiado.   
VI. Del artículo 127.1.d de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local se desprende que corresponde a la Junta de Gobierno local las aprobaciones de, entre otros, los instrumentos de gestión.  
Por todo ello, a la vista de los informes emitidos por los técnicos municipales, del informe emitido por los Servicios de Consultoría y Asistencia Jurídico-Urbanística del Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 434 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Real Decreto 67/2006, de 19 de mayo, y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, a propuesta del vicealcalde, concejal delegado del Área de Desarrollo de la Ciudad, Sostenibilidad, Medio Ambiente, Vivienda y Servicios Urbanos, se acuerda:  
1. Resolver las alegaciones presentadas al proyecto de expropiación para obtener los terrenos necesarios para ejecutar la ronda Oeste a Castellón de la Plana, fase I, en el sentido indicado en el apartado de alegaciones del presente acuerdo.   
2. Aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación Forzosa por tasación conjunta para la obtención de los terrenos necesarios para ejecutar la ronda Oeste a Castellón de la Plana, fase I, al que se han incorporado las modificaciones derivadas de las alegaciones que se estiman y de los certificados de dominio y cargas.  
3. Aprobar la relación definitiva de afectados por el proyecto de expropiación que forma parte del cuerpo del presente acuerdo.  
4. Notificar este acuerdo a los interesados, junto a la hoja de aprecio, que dispondrán de un mes para aceptar dicha hoja o rechazarla y formular la suya propia, en cuyo caso se trasladará el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para que fije el justiprecio, considerándose el silencio del interesado como aceptación de la valoración municipal.  
5. Proceder a levantar las actas de pago y ocupación y abonar mediante transferencia bancaria, o en su caso, consignar en la caja de depósitos de la Tesorería Municipal, a los titulares de bienes y derechos objeto de expropiación conforme a los importes que figuran en el Proyecto de Expropiación Forzosa aprobado.  
6. Trasladar este acuerdo al Área de Gestión Económica, a la Tesorería Municipal y a la Intervención Municipal de este Ayuntamiento para que realicen las actuaciones correspondientes».  
Lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 434 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, en sus apartados 2, 3 y 5, de los que se desprende que el interesado dispondrá de un mes para aceptar la hoja de aprecio o rechazarla y formular la suya propia. En el caso de que rechace la valoración contenida en la hoja de aprecio formulada por la administración, ésta trasladará el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para que fije el justiprecio. El silencio del interesado se considerará como aceptación de la valoración fijada en a hoja de aprecio de la administración, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio.  
Expresamente se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el presente anuncio y la relación que lo acompaña se publica a los efectos de notificación a aquellos interesados que no hayan podido ser identificados y figuren como desconocidos, así como aquellos con dirección desconocida o insuficiente para practicar la notificación o bien intentada la notificación, ésta no se hubiera podido practicar.  
El pago o depósito de la valoración establecida en la hoja de aprecio de la administración expropiante o, en su caso, la aprobación del instrumento o formalización del documento por el que cualquier otra forma se haga efectivo el pago del justiprecio, habilita a la administración expropiante para ocupar fincas previo levantamiento de las correspondientes actas y produce los efectos previstos en la legislación sobre expropiación forzosa. Todo ello, sin perjuicio de que continúe la tramitación de los procedimientos para la determinación definitiva del justiprecio ante el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.   
Castellón de la Plana, 11 de agosto de 2010.- El alcalde en funciones: Javier Moliner Gargallo.