Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6624, del 06-10-2011 (2011/10080)

Aprobación del proyecto final de obra del sector Belcaire Norte de Moncofa.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6624

Fecha DOGV
:   06-10-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2011/10093


Fecha del documento
:   01-08-2011

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Moncofa

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Moncofa
    * plan de urbanismo
    * administración local

Aprobación del proyecto final de obra del sector Belcaire Norte de Moncofa. [2011/10805]  
Jaime Picher Julià, alcalde presidente del Ayuntamiento de Moncofa, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21.1.r de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, remite a efectos de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el siguiente edicto en relación con la aprobación del proyecto final de obra correspondiente al sector Belcaire Norte de Moncofa.  
  
Decreto 1023/11  
Jaime Picher Julià, alcalde presidente del Ayuntamiento de Moncofa, en virtud de las facultades que le otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y atendiendo a los informes obrantes en el expediente, dispone:  
  
Antecedentes  
Que en virtud de sesión con carácter ordinario habida en fecha 24 de febrero de 2005, el Pleno del Ayuntamiento de Moncofa acordó aprobar con carácter definitivo el Plan Parcial del Sector del Programa de Actuación Integrada denominado Belcaire Norte.  
Que, asimismo, en virtud de Decreto nº 600/2005 de fecha 27 de junio, se procedió a la aprobación del proyecto de reparcelación del sector, el cual contenía, entre otros, la cuenta de liquidación provisional correspondiente al sector.   
Que en fecha 27 de mayo de 2009 se suscribió acta de recepción de las obras de urbanización del sector, habiendo trascurrido a fecha del presente el plazo de garantía.  
Que mediante escrito con número de registro de entrada 3027 de fecha 24 de febrero de 2011, Manuel Parra Soriano, en nombre y representación de Moncófar Urbanización UTE, en calidad de agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada del Sector Belcaire Norte solicita el sometimiento a información pública del proyecto final de obra del referido sector y de la resolución de fecha 14 de febrero de 2011.  
Que dicho proyecto y resolución son objeto de información pública en virtud del preceptivo anuncio del edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6527, de fecha 24 de mayo de 2011, y con carácter previo en el diario Levante El Mercantil Valenciano de fecha 14 de mayo de 2011; habiéndose asimismo remitido las correspondientes notificaciones en los términos señalados por la legislación urbanística.  
Que visto asimismo el informe favorable emitido por los servicios técnicos municipales en fecha 29 de julio de 2011 que a continuación se trascribe:  
«El técnico que suscribe, en relación al proyecto final de obra de la urbanización del sector Belcaire Norte, emite el siguiente informe:   
  
Antecedentes:  
En fecha 24 de febrero de 2011, mediante escrito con número de registro de entrada 3027, Manuel Parra Soriano, en nombre y representación de Moncófar Urbanización UTE, en calidad de agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada del Sector Belcaire Norte solicita el sometimiento a información pública del proyecto final de obra del referido sector y de la Resolución de fecha 14 de febrero de 2011.  
Dicho proyecto y resolución fueron objeto de sometimiento a información pública mediante la publicación de edicto, en el diario Levante el Mercantil Valenciano, en fecha 14 de mayo de 2011, y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6527, de fecha 24 de mayo de 2011.  
  
Consideraciones técnicas:  
El objeto del proyecto final de obra es recoger y reflejar el estado final de la obra realmente ejecutada.  
En el caso que nos ocupa, se comprueba que el proyecto final de obra de la urbanización del sector Belcaire Norte identifica las variaciones técnicas habidas durante el desarrollo de las obras y refleja adecuadamente las obras ejecutadas, dando conocimiento de las mismas, de sus instalaciones y de las características finales obtenidas.  
Respecto a las cuantías económicas reflejadas en el proyecto objeto del presente, cabe manifestar que el acto de aprobación del presente proyecto no conlleva la aprobación de un eventual expediente de retasación de cargas, cuyo procedimiento viene regulado en el artículo 168 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y en los artículos 389 y siguientes del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
  
Propuesta de resolución:  
Por todo ello, el técnico que suscribe tiene a bien elevar la siguiente propuesta de resolución:  
Aprobar el proyecto de final de obra de la urbanización del sector Belcaire Norte en los términos establecidos en el cuerpo del presente.»  
Durante el referido período de información pública se han presentado una serie de alegaciones, que pasarán a resolverse a continuación.  
  
Fundamentos jurídicos:  
Que la tramitación del procedimiento de aprobación del presente proyecto ha seguido lo dispuesto en los artículos 34, 53 y 46 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU) en relación con el artículo 151 y siguientes de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (en adelante LUV).  
Así, la iniciativa para su aprobación ha seguido lo dispuesto en la normativa señalada que dispone que los proyectos de urbanización para la ejecución de actuaciones integradas se regirán por las reglas de iniciativa aplicables a planes parciales y programas, gozando la facultad el agente urbanizador de someter a información pública la aprobación administrativa de tales proyectos; todo ello atendiendo a que los proyectos de urbanización que desarrollen programas de actuación integrada previamente aprobados requerirán de aprobación municipal específica.  
Que en este sentido se ha procedido por parte de este Ayuntamiento a la preceptiva publicación del correspondiente edicto de sometimiento a información pública tanto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana como en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad.  
Que el órgano competente para la aprobación del presente proyecto es el alcalde, en virtud de lo previsto en el artículo 21.1.j de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
Que en cuanto a los medios de impugnación contra la correspondiente resolución que apruebe el presente proyecto, podrá interponerse recurso de reposición con carácter potestativo, ante el alcalde, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación según lo dispuesto en el artículo 52 de la LBRL en relación con los artículos 116 y 117 de la LRJ-PAC.  
Que, asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la LBRL, en relación con lo dispuesto en el artículo 116.2 de la LRJ-PAC y 7 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá presentarse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón dentro del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, no pudiéndose interponer éste hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.  
Alegaciones:  
- Alegación presentada por Carmen Ferrero Caplliure, en calidad de apoderada de la mercantil Promociones y Construcciones Majofesa, SL.  
Manifiesta la alegante que el proyecto final de obra objeto de exposición pública contiene una serie de incrementos de las partidas relativas a gastos de urbanización del sector que no vienen amparados por normativa legal alguna, pasando a transcribir a continuación el precepto de la Ley Urbanística Valenciana que determina los motivos en virtud de los cuales procede la aprobación de un procedimiento de retasación de cargas.  
En virtud de lo manifestado solicita la denegación de la aprobación del proyecto final de obras del sector, denegando la retasación de cargas que llevaría implícita su aprobación.  
En relación con lo expuesto por la mercantil alegante, debe aclararse que el presente procedimiento viene expresamente definido en el edicto de sometimiento a información pública objeto de publicación y en las correspondientes remisiones efectuadas a los propietarios, y todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 554.1.a del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en adelante ROGTU), que previene expresamente que los trámites de información pública deberán expresar con claridad en sus respectivos anuncios el instrumento o expediente sometido a información pública, así como su ámbito de aplicación cuando el mismo no se deduzca claramente de la denominación.  
En el presente caso, no cabe efectuar deducciones alejadas tanto de la literalidad del propio anuncio objeto de información pública y de las remisiones municipales como del propio contenido material del documento, en tanto que el objeto del presente procedimiento se constituye únicamente por los documentos que se relacionan expresamente en el mencionado edicto, esto es, por el Proyecto de Liquidación Urbanización Sector Belcaire Norte, así como por la resolución de fecha 14 de febrero de 2011 en relación con las obras complementarias.  
Por el contrario, el objeto de tramitación de un expediente de retasación de cargas viene regulado en el artículo 168 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y artículos 389 y siguientes del capítulo VIII del título V del ROGTU.   
Una simple lectura del edicto de sometimiento a información pública o de las remisiones efectuadas despeja de modo claro cuál es el objeto del procedimiento.  
Además de la citada literalidad del anuncio, el propio contenido material del documento evidencia que no nos encontramos ante una memoria de retasación de cargas en los términos previstos en el artículo 390.1 del ROGTU, ni ante un procedimiento de tal carácter, baste para ello observar que el plazo de sometimiento a información pública concedido (un mes) que faculta la presentación de alegaciones dista mucho del que previene la legislación urbanística para un procedimiento de retasación de cargas (art. 390.3 ROGTU).  
Atendiendo a lo apuntado cabe concluir que no se esgrime motivo alguno que ampare la denegación de la aprobación del proyecto final de obras solicitado, por lo que procede desestimar la alegación en cuanto a dicho extremo. Del mismo modo, tampoco procede estimar la alegación en cuanto a la denegación de la retasación de cargas solicitada por cuanto que el objeto cuya denegación se solicita simplemente no existe jurídicamente como tal.  
- Alegación presentada por Pablo Delgado Gil manifestando actuar en nombre de Alejandra Romero Arnau y otros.  
En relación con el primer y segundo punto de alegaciones, debe trasladarse al alegante que el carácter y naturaleza del proyecto objeto de exposición pública es el propio de un documento de gestión urbanística, en concreto de un proyecto de urbanización, tal y como señalan clara y expresamente los artículos señalados en el propio edicto.  
Se trata en consecuencia de un proyecto de final de obras cuya finalidad es recoger la ejecución material integral de las determinaciones del planeamiento que desarrolla -sector Belcaire Norte- es decir, en tanto que proyecto de urbanización, estamos ante una actuación urbanística de ejecución del planeamiento, esto es, ante un simple acto de aplicación o ejecución del plan parcial del sector.  
Este carácter y naturaleza del proyecto de urbanización ha sido sobradamente declarado por la jurisprudencia, entre otras, STS de 23 noviembre de 1990, de 10 abril y 28 mayo de 1997, de 19 abril y de 16 octubre de 1999 (recursos 5521 y 602 de 1995) y de 21 febrero y 16 de octubre de 2000 (rec.3567 y 5869 de 1995), STS de 14 de abril de 2003, STS de 15 febrero de 2003, (rec. 1277/1998), STS 31 de enero de 2005 o STS 12 de marzo de 2004.  
En todo caso, ahondando más en la aclaración de la definición del objeto del proyecto que nos ocupa, debe señalarse que el mismo viene recogido de modo claro en la página 1 de la memoria del documento, en tanto que tal y como aparece en el mismo «El presente documento tiene por objeto la justificación técnica y económica de todas las modificaciones introducidas en el Proyecto de Urbanización del Sector Belcaire Norte en Moncofa».  
En consecuencia, el proyecto de liquidación de la urbanización que ahora se presenta, se constituye como un documento técnico con un evidente contenido económico, lo que no significa que la totalidad de los costes en él contemplados vayan a ser objeto de repercusión a los propietarios del sector, cuestión ésta sobre la que deben darse por reproducidos los fundamentos apuntados en la resolución de la alegación anterior que ahora huelga reproducir, además de en lo dispuesto en la correspondiente cuenta de liquidación del sector.  
En relación con el tercer punto del escrito de alegaciones -referente a un supuesto incumplimiento de la legislación reguladora de la información pública de los documentos urbanísticos- deben realizarse las siguientes aclaraciones:  
La literalidad del apartado del artículo 554.1 del ROGTU que el alegante entiende infringido y cuya vulneración considera incluso motivo de nulidad, hace referencia, como correctamente viene a transcribir en su escrito de alegaciones, a los casos en que nos encontremos ante instrumentos de planeamiento o bien ante la documentación de cualquier procedimiento ya terminado.  
A este respecto, debe reseñarse que ni nos encontramos ante un instrumento de planeamiento (ya ha quedado determinada la naturaleza del proyecto de urbanización como documento de gestión) ni obviamente, ante un procedimiento ya terminado.  
En similares términos a lo previsto en el punto anterior el alegante entiende asimismo vulnerado lo previsto en el artículo 560 del propio ROGTU.   
El precepto invocado por el alegante previene que los ayuntamientos deberán poner en funcionamiento una web en la que los ciudadanos puedan tener acceso a toda la información que debe figurar en el Registro Municipal de Urbanismo.  
En este sentido, la redacción del precepto invocado debe conjugarse con lo previsto en el artículo 567 del ROGTU, que es el que viene a establecer la estructura y en lo que aquí nos interesa, el contenido del mencionado registro.  
En dicho registro, que deberá constar de nueve secciones, no hay ninguna dedicada a los proyectos de urbanización, como el que ahora nos ocupa.  
En todo caso, cabe advertir que las secciones del registro hacen referencia a la existencia de actos administrativos o disposiciones de carácter general, alcanzando asimismo a relacionar determinados solares, edificios e incluso a los agentes urbanizadores de los programas habidos en el municipio, que no al contenido material de proyecto alguno vía web.  
A continuación, y en relación con lo dispuesto en el artículo 561 del ROGTU, debe aclararse únicamente que el horario de atención al público para la consulta del documento objeto de información pública consta expresamente señalado tanto en el edicto objeto de publicación en el DOCV (web) como en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, así como en el traslado de las correspondientes notificaciones; resultando asimismo que el horario de atención al público se extiende de las 08.00 a las 14.00 horas, tal y como consta entre otros lugares, en las propias oficinas del Departamento de Urbanismo -lugar que también viene a indicarse en el edicto para la consulta del documento-.  
En cuanto a la supuesta infracción de tal precepto en el extremo referido a que el Ayuntamiento debe disponer de un horario para la atención de consultas verbales de al menos un día a la semana durante horario de oficina por parte de sus servicios técnicos, cabe trasladarle que los servicios técnicos ofrecen dicha atención todos los días laborables en horario de 08.00 a 14.00 horas, por lo que la realidad material de la prestación de dicho servicio supera el mínimo establecido por el precepto invocado.   
Finalmente el alegante entiende incumplido el artículo 9 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se regula la inserción en internet por los ayuntamientos de información urbanística relativa al procedimiento de formulación y aprobación de programas para el desarrollo de actuaciones integradas y proyectos de reparcelación.  
En relación con la supuesta vulneración de este precepto, debe señalarse que tal como indica literalmente la denominación misma de la orden dictada por la Conselleria, el alcance de su objeto puede ser doble, por un lado la regulación de procedimientos de formulación y aprobación de programas para el desarrollo de actuaciones integradas, y de otro los proyectos de reparcelación.  
Únicamente atendiendo a la denominación de la orden ya cabe observar que el presente procedimiento no es ninguno de los dos recogidos por la orden, en tanto que ni estamos ante un procedimiento de formulación y aprobación de un programa de actuación integrada, ni ante un expediente que tenga por objeto un proyecto de reparcelación, por lo que ya vemos, atendiendo al objeto del documento, que el artículo invocado no resulta de aplicación.  
Sin perjuicio de lo anterior, la disposición transitoria única de la citada orden viene a establecer que la propia orden será de aplicación a los procedimientos de programación y reparcelación que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma, esto es, en fecha 27 de abril de 2007.  
Únicamente aquí cabe recordar que la aprobación del presente programa tuvo lugar mediante Acuerdo plenario de fecha 30 de octubre de 2003, y que por tanto su formulación fue anterior, y que el proyecto de reparcelación, como bien conoce el alegante y cita en su punto quinto de alegaciones, fue objeto de aprobación en junio de 2005.  
Invocados los preceptos señalados por el alegante, viene éste a concluir que su vulneración es motivo de nulidad del trámite de información pública.  
En este sentido, no llega a apuntarse por el alegante qué motivo de los tasados en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP-PAC) entiende vulnerado, atendiendo asimismo a que la lectura del punto de alegaciones cuarto de su escrito -págs. 4,5 y 6- evidencia un profundo acceso y estudio del documento.  
A este respecto, el presente punto de alegaciones debe desestimarse por las razones señaladas.  
En otro orden, y en atención al cuarto motivo de alegaciones -repercusión de las nuevas partidas en los propietarios del sector- se solicita la nulidad del documento en tanto que no se ha tramitado expediente de retasación de cargas y no existen causas legales que lo justifiquen.  
En cuanto al presente punto de alegaciones, cabe remitirse a lo expuesto en la resolución de la alegación presentada por la mercantil Promociones y Construcciones Majofesa, SL y que ahora cabe dar por reproducido, bastando recordar que el objeto de tramitación de un expediente de retasación de cargas viene regulado en el artículo 168 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y artículos 389 y siguientes del capítulo VIII del título V del ROGTU, y que no constituye el objeto del presente procedimiento.  
En cuanto a la pretensión de nulidad del documento solicitada por el alegante, debe señalarse que tal como previene el artículo 62 de la LRJAP-PAC, la nulidad no se previene de documentos, sino de actos administrativos, cual es el caso, o de disposiciones de carácter general.  
En cualquier caso, debe concluirse que no cabe solicitar, ni en consecuencia la administración resolver, sobre la nulidad de un acto, cual sería el propio de un expediente de retasación de cargas, cuando no nos encontramos ante un procedimiento con dicho objeto.  
En último término, el alegante manifiesta el transcurso del plazo previsto para la liquidación.  
En relación con este punto de alegaciones, debe señalarse nuevamente el carácter del documento objeto del presente procedimiento, esto es, reseñar que nos encontramos ante un proyecto de urbanización que contempla las obras realizadas en el sector.  
Obviamente, como ya se ha ido repitiendo a lo largo del presente informe, no estamos ante la tramitación de un expediente de retasación de cargas ni ante la tramitación de la cuenta de liquidación definitiva del sector; lo cual vuelve a llevarnos en el presente caso al hecho de que el objeto de la alegación exceda del contenido del procedimiento que nos ocupa.  
Sin perjuicio de lo anterior, y sentado nuevamente que no nos encontramos ante un procedimiento de retasación de cargas, debe señalarse al alegante que no cabe acudir al citado Reglamento de Gestión Urbanística cuando nos referimos a un expediente de retasación de cargas, y ello porque a la vista de las disposiciones transitorias establecidas por el ROGTU queda discernido de modo claro cual es la legislación aplicable a un expediente de tal naturaleza.  
No obstante lo anterior, la sentencia del año 2001 citada por el alegante no recoge, en todo caso, el supuesto en el que nos encontramos, en tanto que la nulidad de lo declarado por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano viene a operar sobre sucesivas modificaciones de la cuenta de liquidación provisional obrante en el proyecto de reparcelación primeramente aprobado.  
En todo caso, llegados a este punto, debe traerse a colación la Sentencia de 24 de febrero de 2005, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que viene a establecer lo siguiente:  
Además, la actora alega la prescripción en base al transcurso del plazo de cinco años previsto en el artículo 128 del Reglamento de Gestión:  
Deberá reiterarse la doctrina sentada al respecto en anteriores sentencias de esta sala y sección (entre otras, sentencias nº 634, de 23 de septiembre 2004, nº 838, de 29 de noviembre de 2004 y nº 858, de 3 de diciembre de 2004), por todas Sentencia 806 de 19.11.2004, en la que se dice:  
«El último motivo del recurso pone de manifiesto que al haberse aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación en fecha 21 de marzo de 1995, la liquidación definitiva de la misma debería haberse realizado, en todo caso, antes de transcurrir cinco años, es decir, antes de marzo de 2000, conforme al artículo 128.1 del Reglamento de Gestión Urbanística. Habiéndose aprobado el 8 de octubre de 2001, la liquidación resultaría extemporánea al parecer de la parte actora.  
No puede aceptarse esta pretensión pues la obligatoriedad de los plazos administrativos sólo implica la anulabilidad del acto dictado fuera del tiempo establecido, cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Y en el presente caso no estamos ante un plazo de caducidad como lo demuestra el hecho de que el artículo 128 citado, en su párrafo 4, contempla la posibilidad de liquidaciones complementarias con posterioridad a la liquidación definitiva, que si bien son consecuencia de nuevas resoluciones administrativas o judiciales, responden a la misma finalidad que la definitiva: completar y cerrar los efectos económicos de la reparcelación. Y en este sentido, el haber superado el plazo de cinco años indicado en aquel precepto sólo supone una mera irregularidad no invalidante, como ha señalado reiteradamente este Tribunal (por todas las recientes sentencias de 4 de noviembre de 2004, recaídas en los autos 594/00 y 107/01, y de 23 de septiembre de 2004, dictadas en el proceso 317/2000), sin perjuicio, en su caso, de la prescripción de la acción urbanística, cuestión que aquí no se plantea.»  
Además en Sentencia nº 758 de 04.11.2004, de esta misma sala y sección se dice:  
«En cuanto a la alegada prescripción del derecho del ayuntamiento demandado a liquidar las cuotas de urbanización correspondientes al Proyecto de Reparcelación Les Grasses, debe decirse que el artículo 128 del Reglamento de Gestión Urbanística, precepto de rango reglamentario, carece de una virtualidad tal que reduzca prácticamente a nada el régimen legal de derechos y acciones urbanísticas. En efecto, es manifiesto que en buen número de supuestos no es posible obtener una sentencia firme contencioso-administrativa, con los trámites de suyo necesarios para su ejecución, dentro del plazo de cinco años a que se refiere aquel precepto, plazo que aquí se aduce como trascendente en sede de prescripción de derechos y acciones urbanísticas.   
Por otra parte, la pretendida virtualidad de dicho plazo quinquenal en sede de prescripción de derechos y acciones urbanísticas, carece de cobertura en norma de rango de ley.   
Por todo ello, en el presente caso, no cabe reconocer en forma alguna los efectos de prescripción pretendidos por la actora con base en el transcurso de aquel plazo de cinco años, debiéndose estar al régimen general y legal de la prescripción».  
No se trata pues, de un plazo de caducidad, ni tampoco de prescripción; y su transcurso carece del alcance invalidante pretendido por la actora.»  
En consecuencia, en cuanto al punto quinto de alegaciones, debe aclararse este extremo en el sentido apuntado.  
Finalmente, y en cuanto a la petición última de su escrito de alegaciones, solicita el alegante «resuelva en primer lugar, anular la información pública por los defectos denunciados y por no resultar procedente ni retasación ni liquidación de cantidad alguna a los propietarios del sector Belcaire Sur por los motivos expuestos».  
En atención a lo solicitado, y entendiendo esta administración que la referencia hecha por el alegante al sector Belcaire Sur constituye un mero error tipográfico, procede efectuar las aclaraciones a las alegaciones efectuadas en el sentido indicado en este escrito, así como desestimar en cuanto al resto aquellos puntos de alegaciones en los términos indicados.  
- Alegación presentada en virtud de escrito con número de registro de entrada 6771 en fecha 19 de mayo de 2011(C. 13.05.2011) por Verónica Maganto Suárez, en nombre y representación de la mercantil Oncisa, SL.  
Se adjunta al escrito de alegaciones escrito suscrito por la citada mercantil y la mercantil Moncofar Urbanización UTE.  
Se manifiesta por la mercantil alegante que, en calidad de propietaria de determinada parcela del sector, ha suscrito con el agente urbanizador un acuerdo que establece la cantidad a satisfacer en concepto de cuotas de urbanización, y en el que expresamente se indica que no afectará de ningún modo a la relación pactada las posibles retasaciones de las cuotas de urbanización, solicitando que en el proyecto de liquidación urbanización sector Belcaire Norte se tenga expresamente en cuenta lo pactado.  
En el presente caso, y dado que el presente programa de actuación integrada fue objeto de tramitación atendiendo a la extinta LRAU, cabe recordar que el artículo 32.d.1) de la misma señalaba que la proposición económico-financiera debía recoger, entre otros, las relaciones entre el urbanizador y los propietarios, y en su caso, los acuerdos ya alcanzados con ellos; aspecto éste que viene a reproducir la actual Ley Urbanística Valenciana en su artículo 127.1 que señala que la proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a la regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios.  
El documento que ahora se presenta resulta evidente que no pudo formar parte de la proposición jurídico-económica, en tanto que fue suscrito con posterioridad, una vez incluso habiendo sido objeto de aprobación la reparcelación.  
En todo caso, pese a que como se ha ido apuntando a lo largo de este informe no nos encontramos ante un procedimiento de retasación de cargas y el proyecto de liquidación no se configura como el documento en el que se tengan que contemplar tales acuerdos, por lo que debe desestimarse la alegación en cuanto a la inclusión en el proyecto de tal acuerdo. Sin embargo, ello no obsta a que la presente alegación sirva de recordatorio al agente urbanizador a fin de que tenga en cuenta los acuerdos a los que haya podido alcanzar con determinados propietarios a la hora de proceder al giro de eventuales cuotas de urbanización.  
- Alegación presentada por Vicente Alegre Ferrando manifestando actuar en nombre y representación de la mercantil Promoción y Desarrollo Castellón, SL.  
Se solicita por parte de la mercantil alegante que no se proceda al reparto de costes de las obras descritas en su escrito de alegaciones.  
En relación con el presente escrito de alegaciones cabe remitirse a la resolución de alegaciones a las que ya se ha dado respuesta en el presente documento, en tanto que no estamos ante un expediente de retasación de cargas.  
En cuanto a la manifestación de que las obras externas al proyecto no son propias del programa al no estar incluidas en solares sitos en el interior del sector, cabe informar que tales obras están contempladas tanto en el documento de homologación sectorial como el mismo programa, y su ejecución es totalmente conforme a derecho, tanto por lo previsto por el artículo 30 de la LRAU -vigente en el momento de aprobación del documento de planeamiento y del programa- como por lo previsto en el artículo 168 de la LUV, el cual expresamente indica que se constituye como cargas de urbanización el coste de las obras de conexión e integración territorial, externas o internas, precisas para cubrir los objetivos imprescindibles del programa.  
En consecuencia, procede efectuar la aclaración precedente y desestimar la alegación, por cuanto excede el objeto del presente procedimiento.  
En consecuencia, y atendiendo a todo cuanto antecede, resuelvo:  
Primero. Proceder a la aprobación del proyecto de urbanización y resolución objeto de exposición pública en los términos establecidos en el cuerpo de la presente resolución.  
Segundo. Efectuar las aclaraciones correspondientes consecuencia de los escritos de alegaciones, y desestimar, en su caso, los puntos de alegaciones conforme al contenido de la presente resolución.  
Tercero. Notificar la presente resolución a todos cuantos aparezcan como interesados en el presente procedimiento; advirtiéndoles de los recursos que proceden contra el mismo, órgano ante el que interponerlos y plazo para presentarlos.  
Cuarto. Publicar la presente resolución de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia así como en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Contra el presente acto, que es definitivo en vía administrativa, pueden interponerse los recursos que se indican:  
Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el alcalde dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación (artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre).  
Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto (artículos 52 de la Ley 7/1985, 116.2 de la Ley 30/1992, y 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).  
Asimismo, cabe indicar que a los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace constar que el presente anuncio hará las veces de notificación a quienes resulten desconocidos, se ignore el lugar de notificación o el medio a que se refiere el apartado 1 del citado precepto o, intentada ésta, no se hubiere podido practicar, y en particular a los siguientes:  
- José Masiá Alós  
- Andrés Casanova Beltrán  
- Arnaiz Consultores, SL  
- Julián Blas Ninot  
- Capital Residencial, SL  
- Compañía Valenciana de Gestión Urbana, SA  
- Mª Ángeles Segarra Font  
- Manuel Falcó Peñarroja  
- Promociones Nuevo Siglo 2000, SL  
- Vicente Aragó Bernús  
- Ragel Beltrán Segarra  
- Mª Lidón Bengochea Vallet  
- Biohouse Spain, SL  
- Boheruxo, SL  
- Zeppelín Mater, SL  
- Compañía Valenciana Gestión Urbana, SA  
- Cibida Inmobiliaria, SL  
- Luis Miguel de la Rosa Beltrán  
- Enelmi, SL  
- José María Fenollosa Montoliu  
- Antonia Landelina Gil Julià y hermanas  
- Herederos de Manuel Falcó Peñarroja  
- Inmoalianz, SL  
- Juan Vilar, SL  
- Maalfeju, SL  
- Luis María Manglano Tirado  
- Belén Martí Ogayar  
- Hed-House, SL  
- José Pascual Parra Ribes  
- Fernando Parra Soriano  
- Promociones y Construcciones Majofesa, SL  
- Mª Vicenta Sales Adsuara  
- Hermanos Martí Martí  
Lo que se publica a los efectos oportunos.  
  
Moncofa, 1 de agosto de 2011.- El alcalde: Jaime Picher Julià.