Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3639, del 03-12-1999 (1999/10585)

ACUERDO de 23 de noviembre de 1999, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la solicitud de don Antonio Peiró Camaró Rodríguez, en nombre y representación de la mercantil Peiró Camaró, SA, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley del Suelo No Urbanizable, 4/1992, para la construcción de una central hortofrutícola en el polígono 2, partida La Torre, parcela 1 y otras, del término municipal de Guardamar.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3639

Fecha DOGV
:   03-12-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/10497


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 23 de noviembre de 1999, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la solicitud de don Antonio Peiró Camaró Rodríguez, en nombre y representación de la mercantil Peiró Camaró, SA, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley del Suelo No Urbanizable, 4/1992, para la construcción de una central hortofrutícola en el polígono 2, partida La Torre, parcela 1 y otras, del término municipal de Guardamar. [1999/S10170]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 23 de noviembre de 1999, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
El día 29 de mayo de 1998, tuvo entrada en la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, la solicitud formulada por don Antonio Peiró Camaró en nombre y representación de la mercantil Peiró Camaró, SA, de la declaración de interés comunitario de una actuación integral, consistente en la implantación de una central hortofrutícola en el polígono 2, partida La Torre, parcela 1 y otras, del término municipal de Guardamar.
  
En fecha 15 de junio de 1998 se revisó la documentación del expediente requiriéndose al interesado para que la completase en los términos indicados en el artículo 20 de la Ley del Suelo No Urbanizable, y se dio audiencia al propio Ayuntamiento de Guardamar como municipio afectado por la actuación y a los municipios de la zona (Gandia y Daimús).
  
En fecha 24 de junio de 1998 se completó la documentación solicitada.
  
Con fecha 15 de junio de 1998, se requirieron informes de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (en adelante COPUT), Oficina del Plan de Carreteras, Servicio de Explotación de Vías y Obras de la Diputación Provincial y se remitió el estudio de impacto ambiental a la Dirección General de Desarrollo Sostenible de la Conselleria de Medio Ambiente a los efectos de la emisión de la correspondiente declaración de impacto ambiental.
  
Con fecha 5 de junio de 1998 se solicitó informe a la Dirección Territorial de Agricultura de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Dirección General de Transportes de la COPUT, Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, servicios territoriales de la Agencia Valenciana del Turismo, Oficina del Plan de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas de la COPUT, Dirección Territorial de Medio Ambiente y Servicio Territorial de Industria.
  
De todos ellos se han recibido informes:
  
- Ayuntamiento de Guardamar, de 6 de julio de 1998, de carácter favorable a la actuación.
  
- Diputación Provincial, de 29 de julio de 1998, señalando determinados aspectos en relación con la rotonda de acceso a la actuación a construir por el promotor.
  
- División de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas de la COPUT, de 17 de julio de 1998, de carácter favorable.
  
- Ayuntamiento de Daimús, de 2 de julio de 1998, indicando principalmente que en este municipio existe un sector de suelo urbanizable industrial de 60.000 m2 sin plan parcial aprobado.
  
- Ayuntamiento de Daimús, de fecha 4 de diciembre de 1998, mediante el que se reitera la oposición a la actuación.
  
- Ayuntamiento de Guardamar de fecha 14 de mayo de 1999, por el que se contestan las alegaciones presentadas conjuntamente por distintos propietarios incluidos en el ámbito de la actuación.
  
Segundo
  
La comisión informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en la sesión del día 20 de julio de 1988, acordó suspender la tramitación del expediente y dar traslado al promotor y al Ayuntamiento de Guardamar del informe emitido por el Ayuntamiento de Daimús, de fecha 2 de julio de 1998, concediéndoles un trámite de audiencia, en el que fueron presentadas alegaciones por éstos.
  
Tercero
  
El día 8 de octubre de 1998 el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes resolvió admitir a trámite el expediente de referencia, ordenando el sometimiento del expediente al trámite de información pública por el plazo de 20 días simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento.
  
A este respecto, se publicaron sendos anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 1 de diciembre de 1998 y en el diario Las Provincias de 9 de noviembre de 1998. Habiéndose presentado un escrito de alegaciones suscrito por siete personas conjuntamente, pero ninguna alternativa al expediente en cuestión, según se acredita en la diligencia emitida por la jefa de Negociado del Registro de los servicios territoriales de Urbanismo, de 21 de enero de 1999.
  
Cuarto
  
La documentación presentada consta de memoria, ordenanzas reguladoras de la edificación, justificación de la solución adoptada para los accesos, estudio económico, evaluación de las obras de urbanización, planos de ordenación e información y estudio de impacto ambiental.
  
Quinto
  
El día 20 de abril de 1999, la Dirección General de Desarrollo Sostenible (Conselleria de Medio Ambiente) emitió declaración de impacto ambiental, en la que se estima aceptable, desde el punto de vista ambiental la actuación solicitada, sujetándola a determinados condicionantes.
  
Sexto
  
La comisión informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en fecha 20 de mayo de 1999 informó favorablemente la aprobación de la presente declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario, en suelo no urbanizable del término municipal de Guardamar.
  
Séptimo
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, informó favorablemente la presente declaración de interés comunitario mediante Resolución de fecha 18 de junio de 1999.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Constituye el objeto del presente expediente la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico del proyecto para la implantación de una central hortofrutícola sobre una superficie de actuación de 80.667 m2, situada en el extremo noroeste del término municipal de Guardamar, junto a la carretera VV-1061.
  
La parcela tiene una superficie de 79.390 m2, la edificación proyectada tiene un total de 15.837 m2, estando rodeada de viales y zona de maniobra interiores, así como zonas de aparcamiento, y siendo de 1.277,56 m2 los accesos exteriores de la zona de actuación.
  
Se distinguen dentro de la misma las siguientes zonas: zona edificable (uso específico de manipulación y comercialización de cítricos), zona de cultivos, zonas verdes y aparcamientos.
  
La actuación cuyo interés comunitario se solicita, dadas sus características, superficie necesaria para el desarrollo de la actuación superior a 4 hectáreas, y construcción superior a 8.000 m2, constituye una actuación integral en sí misma considerada que hace imposible su ubicación en suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización previstos por los planeamientos vigentes de los municipios de la zona. De modo que su ordenación y aprovechamiento urbanístico debe resolverse en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable, por tratarse de una actividad industrial, consistente en la implantación de una central hortofrutícola, que requiere una superficie ocupada superior a los cuarenta mil metros cuadrados, por lo que sólo puede autorizarse su implantación en el suelo no urbanizable como una actuación integral a través del procedimiento extraordinario de declaración de interés comunitario.
  
Segundo
  
Respecto al procedimiento, se han observado en el presente caso las prescripciones legales que exige la citada Ley Valenciana del Suelo No Urbanizable y la documentación del expediente está completa en los términos requeridos en el artículo 20.2, segundo párrafo, de la referida Ley 4/1992 y la vigente legislación de impacto ambiental.
  
Tercero
  
La actuación integral proyectada, por sus propias dimensiones constituye un elemento influyente en la estructura territorial. Se propone un emplazamiento en el extremo noroeste del término municipal, junto a la carretera VV-1061.
  
El acceso a la actuación se realizará a través de una rotonda de 26m de diámetro en la carretera VV-1061 Nazaret-Oliva, que también servirá de acceso al casco urbano de Guardamar y a la playa. Desde esta rotonda se plantea un vial que dará acceso a la parcela industrial.
  
La actividad se plantea como una actuación integral que resuelve en sí misma su ensamblaje territorial, de forma que garantiza la solución de los servicios sin que, de otro lado, se ocasionen sobrecargas en el funcionamiento normal de las redes de servicios generales. En este punto se justifica en relación con el abastecimiento de agua potable para el consumo humano su realización mediante conexión con la red municipal, mientras que el agua a suministrar para el proceso industrial procederá de un pozo situado en la propia parcela.
  
Para la evacuación de aguas residuales se prevé la construcción de una depuradora dentro de la propia parcela, mientras que las aguas producidas por el propio proceso industrial se reutilizarán para el riego de jardines y cultivos de la parcela. Respecto al suministro de energía eléctrica, éste se prevé mediante un transformador en la propia parcela, y alumbrado exterior.
  
Cuarto
  
Respecto al régimen de deberes y cesiones, conforme al artículo 20 de la Ley 4/1992, la promotora ha asumido las cargas y obligaciones propias de una adjudicatario de un programa de actuación urbanística. En el presente caso se plantea acogerse a las posibilidades de sustitución que permite la propia Ley de Suelo No Urbanizable en los términos que a continuación se refieren:
  
Se plantea la sustitución de la cesión de dotaciones públicas y la cesión de aprovechamiento por la cesión de los terrenos necesarios para ejecutar determinadas actuaciones viarias previstas en la población, apertura del tramo de acceso a la playa y calle de conexión con la población, desvío del camino del Cementerio; y ampliación del acceso al camino desde la carretera VV-1061. No obstante, como la superficie de dichos terrenos no alcanza a compensar la totalidad de las cesiones exigibles faltan 1.479 m2, se establece una valoración de 1.400 pesetas/m2, con lo que quedaría una compensación económica adicional de 2.070.124 pesetas.
  
Quinto
  
A la hora de definir la adecuación de la actuación a la ordenación territorial y urbanística cabe tener en cuenta los informes sectoriales favorables de las administraciones que se ven afectadas por la actuación y principalmente de los órganos medio ambientales mediante declaración de impacto ambiental (Dirección General de Desarrollo Sostenible) y del Servicio de Explotación de la Diputación de Valencia. Sin embargo se presentan una serie de alegaciones que se concretan en:
  
- La existencia en las zonas y municipios colindantes a Guardamar suelos urbanos y urbanizables capacitados para ubicar las obras, el tráfico de vehículos, la utilización del pozo existente en la parcela, la innecesariedad de esta nueva instalación para Guardamar, el carácter del suelo no urbanizable con especial protección usos agrícolas, y la inexistencia del interés social de la actuación.
  
Sin embargo, cabe argumentar frente a ellas, tanto la referencia a la declaración favorable de impacto ambiental en lo referente a la calificación del suelo y al abastecimiento de agua, indicándose por el ayuntamiento y el promotor, por otra parte, que el consumo en época estival será mínimo sirviendo el pozo a utilizar sólo a la finca objeto de esta actuación, como la falta de justificación de estas indicadas zonas de suelo urbano y urbanizable, remitiéndose para el resto de las alegaciones a lo ya indicado en la tramitación del procedimiento, especialmente en lo referente a los problemas del tráfico, que quedaría resuelto con el acceso por la nueva rotonda.
  
Por lo que deben desestimarse las alegaciones presentadas.
  
Asimismo, se manifiesta por parte de los miembros de la comisión informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo la conveniencia de precisar que corresponderá a la administración municipal el ejercicio, en su caso, de la potestad expropiatoria prevista en el artículo 20 de la Ley de Suelo No Urbanizable.
  
Sexto
  
El Gobierno Valenciano es competente para la aprobación de la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo preceptuado en el apartado segundo del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable.
  
De conformidad con lo establecido en los preceptos legales citados y concordantes de general y pertinente aplicación, y a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano
  
ACUERDA
  
Primero
  
La aprobación definitiva de la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por la mercantil Peiró Camaró, SA, de una actuación integral consistente en la construcción de una central hortofrutícola, en las parcelas 1 y otras, polígono 2, partida La Torre, en suelo clasificado como no urbanizable, en el término municipal de Guardamar, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado II, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente acuerdo.
  
La aprobación de la actuación integral llevará implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de interés social y de la necesidad de ocupación de los terrenos que, conforme al proyecto aprobado, sean necesarios para la ejecución de aquella y para su enlace con los correspondientes sistemas generales. El promotor de la iniciativa finamente aprobada tendrá, cuando no sea propietario de la superficie afectada por la actuación, o de parte de ella, la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo de su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer, con independencia de las obligaciones asumidas en el procedimiento de aprobación de su iniciativa.
  
Segundo
  
Adjudicar dicha actuación integral a favor de la entidad Peiró Camaró, SA, a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, para promover la instalación de la referida central hortofrutícola.
  
Tercero
  
Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados ?a favor del ayuntamiento- para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
Cuarto
  
El promotor deberá garantizar, ante el Ayuntamiento de Guardamar la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral por importe de un 7% del coste total de los servicios y obras de urbanización previstos. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes del inicio de las obras.
  
Quinto
  
Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Gobierno Valenciano.
  
Sexto
  
El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado II, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado III, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Guardamar. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.
  
Séptimo
  
El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la declaración de impacto ambiental de 20 de abril de 1999. Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación de dicha central hortofrutícola.
  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno Valenciano en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 23 de noviembre de 1999
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano, en funciones,
  
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ