Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5875, del 21-10-2008 (2008/11429)

Información pública de las bases particulares para la selección y adjudicación del programa de actuación integrada para el desarrollo urbanístico del parque logístico Santa Eulalia de Sax (Alicante).
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Número DOGV
:   5875

Fecha DOGV
:   21-10-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2008/11042


Fecha del documento
:   06-10-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Sax

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Sax
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de las bases particulares para la selección y adjudicación del programa de actuación integrada para el desarrollo urbanístico del parque logístico Santa Eulalia de Sax (Alicante). [2008/11464]  
Por el presente hago saber que el Ayuntamiento en Pleno, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 18 de septiembre de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
«Aprobar las bases particulares para la adjudicación del programa de actuación integrada y selección de agente urbanizador para el desarrollo urbanístico del parque logístico Santa Eulalia de Sax (Alicante).  
El contenido íntegro de las mismas es el siguiente:  
I. Objeto del contrato  
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada que se especifica en las presentes bases particulares, en las que se regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la selección de una propuesta de programa de actuación integrada y de un urbanizador previa tramitación de una alternativa técnica modificativa de la clasificación de suelo para el desarrollo urbanístico de la actuación del parque logístico Santa Eulalia, cuyos límites son; por el norte, con suelo no urbanizable y la vía pecuaria Cordel de Santa Eulalia; por el sur, con la vereda de Peñarrubia, por el este, con suelo no urbanizable; y por el oeste, con la carretera nacional A-3 Madrid-Alicante.  
II. Régimen jurídico (art. 286.1.d) del ROGTU)   
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las presentes bases particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (en adelante LUV), el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat (en adelante ROGTU), y las bases generales de programación aprobadas por el Ayuntamiento en Pleno de Sax en fecha 20 de julio de 2005 y publicadas en el BOP de 19 de octubre de 2006.  
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como las normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación o aquellas normas que las sustituyan.  
Asimismo, serán de aplicación toda la normativa y ordenanzas urbanísticas del municipio de Sax aplicables a los planes urbanísticos, especialmente las normas subsidiarias del municipio y su homologación.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
III. Ordenación urbanística vigente (art. 131.2.a LUV)  
La ordenación urbanística del municipio de Sax viene establecida en las normas subsidiarias de Sax y en su homologación global, aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 13 de noviembre de 2000.   
En la ordenación urbanística vigente el suelo objeto de la presente actuación está clasificado como suelo no urbanizable común, por lo que la propuesta de programación deberá plantear la modificación de la clasificación del suelo.   
La ordenación urbanística estructural y pormenorizada del sector parque logístico Santa Eulalia se tendrá que desarrollar a través de un plan parcial modificativo de la clasificación previsto en el artículo 73 de la LUV, de tal modo que no se regula la previa ordenación urbanística, ni estructural, ni pormenorizada para el desarrollo de la actuación urbanística. No obstante, la ordenación urbanística propuesta deberá respetar las determinaciones y objetivos contenidos en las directrices definitorias de la Estrategia de Evolución Urbana y Ocupación del Territorio recogidas en la homologación global de las normas subsidiarias de Sax.  
IV. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada (art. 131.2.b LUV)  
1. Memoria de necesidades:  
Uno de los objetivos prioritarios del desarrollo del parque logístico Santa Eulalia es la de crear un sector estratégicamente situado, que disponga de amplios viarios, y que permita albergar aquellas instalaciones diferenciadoras que por sus características arquitectónicas impactantes y/o por sus emisiones ambientales, puedan ser generadoras de molestias para la población, potenciando un modelo de desarrollo sostenible y justificando la eficiencia económica y medioambiental de la actuación.  
2. Objetivos de la programación:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:  
- Recabar, de los correspondientes registros (de la Propiedad y Catastro), toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.  
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación con carácter previo a la redacción del proyecto.  
- Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación.  
- Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.  
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.  
- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes.  
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el Catastro.  
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.  
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituye el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa (definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales).  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, en el punto en donde presenten características técnicas adecuadas para satisfacer de forma apropiada los nuevos requerimientos de la actuación que se pretende, debiendo para ello:  
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, dominio público hidráulico, y cualquier otro exigible por la legislación vigente).  
- Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, saneamiento, gas, telefonía y otras).  
- Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las obras complementarias que fuesen necesarias, para la completa integración y conexión del ámbito, objeto de programación con el territorio colindante, conforme a las determinaciones de la ficha de planeamiento y gestión.  
- Incluir las determinaciones provenientes del estudio de paisaje y plan de participación pública tramitados al efecto.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente, teniendo en cuenta las nuevas exigencias a las edificaciones derivadas de la aplicación del código técnico de la edificación.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:  
- El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.  
- Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantando la correspondiente acta de entrega.  
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma debe  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
rán ser asumido por todos los propietarios afectados, sin perjuicio de su repercusión a la compañía suministradora en los casos previstos en la legislación específica.  
f) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.  
g) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora.  
h) Al tratarse de una propuesta de programación que tiene por objeto la modificación de la clasificación, deberá garantizarse la obtención y cesión gratuita a favor de la administración pública que legalmente corresponda de igual superficie a la que comprenda el ámbito de actuación urbanístico, como parque público natural, el cual deberá materializarse conforme a las directrices establecidas en el ROGTU.  
i) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público de suelo, a favor del Ayuntamiento de Sax, de forma gratuita y libre de cargas de urbanización  
V. Parámetros urbanísticos (art. 131.2.c LUV)  
Al tratarse de un programa de actuación integrada modificativo de la clasificación y calificación del suelo los parámetros urbanísticos vendrán establecidos en el documento de planeamiento que se presente.  
VI. Suspensión de licencias y programas  
La publicación del anuncio de las presentes bases particulares de programación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana será el que produzca los efectos suspensivos del otorgamiento de licencias regulados en el artículo 101 de la LUV, así como, de los acuerdos de nuevos programas en la zona afectada por la actuación, de acuerdo con el artículo 103 de la LUV. Durante el período de vigencia de la suspensión de los acuerdos aprobatorios de programas no se admitirán iniciativas de programación. Tampoco se podrán aprobar nuevas bases particulares de programación, ni de forma expresa ni por aplicación del silencio administrativo.  
VII. Ampliación del ámbito territorial a programar  
No se admitirán propuestas de planeamiento que modifiquen el ámbito territorial de la unidad de ejecución a programar, salvo que se trate de meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias.  
VIII. Criterios y objetivos territoriales (art. 131.2.d LUV)  
Los criterios y objetivos territoriales de la actuación parque logístico Santa Eulalia son los siguientes:  
IX. Criterios de ordenación urbanística (art. 131.2.d LUV)  
Los criterios de ordenación urbanística serán establecidos por el plan parcial que establezca la ordenación pormenorizada con sujeción en todo caso a los estándares regulados en la legislación urbanística.  
X. Objetivos de edificación privada (art. 131.2.e LUV)  
Los objetivos primordiales de la edificación privada serán los de poder ubicar las edificaciones industriales en la tipología admitida en el planeamiento que se redacte, preferiblemente naves industriales aisladas o adosadas de calidad, con unos estándares de servicios acordes a la realidad social actual.  
Por otra parte, al tratarse de una actuación sobre suelo no urbanizable para su transformación en un parque industrial, no se ha considerado necesario efectuar una reserva de suelo para la ejecución de vivienda protegida, ya que el uso industrial y la tipología del tipo de nave industrial no es compatible con la ejecución de vivienda de protección pública.   
Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los establecidos en el instrumento de planeamiento del plan parcial modificativo que se redacte al tratarse de suelo no urbanizable  
No se establece la necesidad de compromiso del licitador de incluir propuesta de edificar o no, de forma simultánea a la ejecución de la urbanización, un porcentaje mínimo del suelo. En todo caso, sí se preverá la edificación de los solares resultantes en el plazo máximo de un año, contado a partir de la recepción municipal de las obras de urbanización, con la ampliación hasta un máximo de cuatro años, tal como determina el artículo 125.6 de la LUV.   
XI. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión (art. 131.2.f LUV)  
Los documentos técnicos que deberán ser presentados por el aspirante a urbanizador serán los que determinan los artículos 125 y 126 de la LUV, así como las prescripciones técnicas y formales que deberán respetarse en su elaboración y presentación ante la administración, formato DIN A4 Word y gráficos en fichero Autocad formato dwg.  
XII. Prescripciones técnicas del proyecto de urbanización (art. 131.2.h LUV)  
El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 101 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.   
No podrá modificar las previsiones del plan que desarrolla. En ningún caso, podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el artículo 156.1 de la LUV y en el artículo 350 del ROGTU.   
XIII. Precio de licitación (art. 286.1.h del ROGTU)  
El precio de licitación aproximado de las obras de urbanización que sirve exclusivamente de base para el cálculo de la garantía provisional y de las tasas, sin perjuicio de su posterior corrección y concreción, será de cuarenta y un millones ciento siete mil doscientos sesenta euros (30.316.250,00 €) más IVA.  
XIV. Plazos de desarrollo y ejecución del programa (art. 131.2.i LUV y art. 286.1.i del ROGTU)  
Se establecen, en el cuadro siguiente los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por parte del urbanizador:  
  
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XV. Capacidad para ser urbanizador  
Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.   
XVI. Solvencia económica y financiera (art. 131.2.m LUV)  
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe favorable de, al menos, una institución financiera con la que opere habitualmente el interesado, con indicación de la normalidad de sus operaciones y ausencia de incidencias relativas a sus pagos o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia económica y financiera basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. A estos efectos, las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.  
3. La justificación de la solvencia económica de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso, podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
XVII. Solvencia técnica y profesional (art. 131.2.m LUV).  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
XVIII. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de este programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos, una garantía provisional equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad de ochocientos veintidós mil ciento cuarenta y cuatro euros (822.145,00 €).  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se establece en un 10% del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20% en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público.  
XIX. Presentación de proposiciones  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar, en el plazo de seis meses a partir de la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), en el Ayuntamiento de Sax, de 09.00 a 15.00 horas, sus proposiciones, integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
Sobre A. Alternativa técnica, se presentará abierto.  
Sobre B. Proposición jurídico-económica, se presentará en sobre cerrado.  
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.  
Sobre C. Se presentará con el título de Documentación, y contendrá la siguiente documentación:  
A. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en urbanismo.  
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.  
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
D. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base XVIII.  
E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera   
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.  
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.  
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes de los documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del ROGTU. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones.  
XX. Contenido mínimo de la alternativa técnica  
El objeto de la presente convocatoria pública de programación constituye la formulación de un instrumento de planeamiento parcial cuyo objeto es la modificación de la clasificación y calificación del suelo, de los contemplados en el artículo 73 de la LUV. De modo que el aspirante a adquirir la condición de agente urbanizador, deberá formular una alternativa técnica de programa para el desarrollo de actuación integrada, cuyo contenido mismo, será el siguiente:  
a) Documento de planeamiento que incluya propuesta de ordenación detallada para el ámbito del programa.  
b) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno conforme a los criterios antes definidos.   
c) Determinación de la existencia o no de agrupación de interés urbanístico, aportando los estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
d) En el supuesto de que el proponente a la adquisición de la condición de agente urbanizador, sea persona distinta a la agrupación de interés urbanístico, se acreditará, fehacientemente con documento suscrito por el presidente de la agrupación en la que se ponga de manifiesto inequívoco el apoyo a la alternativa técnica formulada con el proponente a adquirir la condición de agente urbanizador.  
e) Plazos que se propone para el desarrollo de la actuación integrada, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
f) Proyecto de urbanización que contendrá las prescripciones técnicas particulares para la urbanización del sector  
g) Indicación de los objetivos complementarios que se propone a ejecutar, cuyo coste sea asumido por el agente urbanizador sin repercutirlo a los propietarios de los terrenos afectados.  
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental.  
i) Inventario preliminar de las construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
j) Documento de justificación de la integración territorial, en los términos previstos en el artículo 74 de la LUV, y demás documentos previstos en los artículos 72 y siguientes del citado texto legal.  
k) Identificación y justificación de los acuerdos y compromisos alcanzados con los propietarios de suelo no urbanizable de especial protección que deben ser objeto de cesión para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
l) Estudio de impacto ambiental y medidas correctoras y demás documentos que deban integrar este conforme a la legislación vigente.  
m) Estudio de paisaje que contenga un plan de participación pública y estudio de integración paisajística.  
XXI. Proposición jurídico-económica.  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos, de conformidad con lo establecido a continuación:  
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
B) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.  
C) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
D) Hoja resumen de los datos económicos relevantes.  
E) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b) de la LUV.  
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la LUV.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
g) Valor de mercado del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
f) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
g) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada   
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
Estos datos y ratios deberán expresarse de forma resumida, según los siguientes cuadros:  
  
  
  
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.  
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.  
XXII. Criterios de adjudicación (art. 286.1.j del ROGTU)  
Se establece una importancia relativa a la alternativa técnica de un 65% en relación con la proposición, dado que es necesario un instrumento de planeamiento que modifique la ordenación estructural. El resto de circunstancias valorables de ésta se ajustan a las reglas de ponderación establecidas en la LUV y en el ROGTU.  
En cuanto a la proposición jurídico-económica y su valoración, se han tenido en cuenta las reglas de ponderación de la LUV y el ROGTU, así como la base general décima del Ayuntamiento de Sax asignando mayor peso especifico a la mayor adhesión posible de la propiedad en este proceso urbanístico, con la finalidad de permitir un desarrollo ágil y eficaz.  
Los criterios de adjudicación son los establecidos en el cuadro siguiente:  
  
  
  
XXIII. Adjudicación del programa (art. 286.1.g del ROGTU)   
Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento el adjudicatario del programa de actuación integrada, deberá presentar un resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base XVIII de las presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
XXIV. Formalización del contrato  
1. En el plazo de 30 días naturales a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por la alcaldesa, el urbanizador y la secretaria de la corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.  
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.  
3. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  
XXV. Dictamen del Consejo del Territorio y Paisaje (art. 286.1.c del ROGTU)  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 136.4 de la LUV al tratarse de un programa que comprende un ámbito superior a 50 hectáreas, será preceptivo recabar el informe del Consejo del Territorio y Paisaje.  
XXVI. Cumplimiento  
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.  
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de dos meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquellas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo. Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción.  
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los dos meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa.  
XXVII. Resolución  
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.  
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La no formalización del contrato en plazo.  
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la LUV y las normas que la desarrollen.  
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de 15 días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.   
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la LUV les otorga.  
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.  
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.   
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta ley.  
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.  
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 15 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación bien al régimen del suelo no urbanizable o bien al del suelo urbanizable sin programación para el caso de que hubiera adquirido tal clasificación por la aprobación de un nuevo Plan General.   
XXVIII. Prerrogativas de la administración (art. 286.1.e del ROGTU)  
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, entre ellas, las de interpretar el presente contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  
XXIX. Jurisdicción competente (art. 286.1.f del ROGTU)  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.  
Contra el acuerdo de aprobación de las presentes bases se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo adoptó o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Valencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 286.2 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el ROGTU y a contar desde la última publicación del presente que se efectúe.  
Es todo cuanto el funcionario que suscribe entiende necesario informar, salvo mejor criterio fundado en derecho, de lo que se da traslado a la Alcaldía, a la concejalía competente en materia de urbanismo, a la secretaria de la corporación y al arquitecto municipal.»  
Contra el acuerdo de aprobación de las presentes bases se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo adoptó o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo establecido en el artículo 286.2 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística a contar desde la última publicación que se efectúe.   
Sax, 6 de octubre de 2008.- La alcaldesa: Ana Barceló Chico.