Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6181, del 11-01-2010 (2010/81)

Información pública de la aprobación definitiva de la retasación de cargas correspondiente al sector R-4 de Loriguilla.
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Número DOGV
:   6181

Fecha DOGV
:   11-01-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2010/81


Fecha del documento
:   09-12-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Loriguilla

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Loriguilla
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de la aprobación definitiva de la retasación de cargas correspondiente al sector R-4 de Loriguilla. [2010/81]  
Por el presente, se hace público el Decreto de Alcaldía número 259/2009, de fecha 12 de noviembre de 2009, sobre aprobación definitiva de la retasación de cargas correspondiente al sector R-4 de Loriguilla, que literalmente dice:  
«Visto el expediente de tramitación del Proyecto de Retasación de Cargas del Programa de Actuación Integrada del Sector R-4 de Loriguilla.   
Antecedentes  
Primero. Mediante Resolución de la Alcaldía número 96/2009, de fecha 8 de abril de 2009, se acordó someter a información pública y audiencia a los propietarios afectados el Proyecto de Retasación de Cargas del Sector R-4 de Loriguilla.   
Segundo. Contra dicho proyecto por parte de determinados propietarios se han presentado las siguientes alegaciones:  
· Alegación formulada por Felicidad Cervera Alcocer con fecha RE 29.05.2009, y número 890.  
· Alegación formulada por Salvador Penadés Rodrigo con fecha RE 01.06.2009 y número 898.  
· Alegación formulada por Marcial Rodrigo Ramos y Pilar Cervera Viana con fecha RE 01.06.2009 y número 900.  
· Alegación formulada por José Carbó Cañete y Pilar Carbó Cañete con fecha RE 01.06.2009 y número 908.  
· Alegación formulada por Vicente Cervera Cervera, con fecha RE 02.06.2009 y número 958.  
· Alegación formulada por José Tomás Cervera Cervera, con fecha RE 02.06.2009 y número 959.  
· Alegación formulada por Tomás Torres González y otros con fecha RE 04.06.2009 y número 992.  
Las referidas alegaciones tienen idéntico contenido que en síntesis se resume en:  
a) Incumplimiento del artículo 168.3 de la Ley Urbanística Valenciana respecto que la misma no puede suponer en ningún caso un incremento del beneficio empresarial del urbanizador.  
b) Incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 389 del ROGTU respecto de los motivos que justifican un incremento de las cargas de urbanización, al no venir fundamentadas éstas en causas sobrevenidas e imprevisibles.  
Por ello se realiza un tratamiento conjunto de todas ellas con una única resolución de conformidad con el artículo 86.3 párrafo segundo de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC).   
Fundamentos de derecho  
Primero. De la posibilidad legal de proceder a realizar modificaciones de las cargas de urbanización establecidas en un programa previamente aprobado.   
Como premisa previa conviene advertir que los programas de actuación integrada y, por consiguiente, la correspondiente cuenta de liquidación tanto del proyecto de urbanización como de reparcelación pueden estar sujetos a modificaciones y reformados que por razones de interés público y previa autorización de la administración, resulten necesarios, tanto si la ejecución se realiza mediante el sistema de gestión indirecta de encomienda a un agente urbanizador, como es el supuesto, como si se gestiona directamente por la administración.   
En esta línea conviene tener presente que en razón al prolongado período de tiempo que puede transcurrir desde la iniciativa de desarrollo de un programa -en nuestro caso el programa fue aprobado en fecha 6 de noviembre de 2003- hasta su completa realización implica que difícilmente las previsiones iniciales del mismo se puedan mantener invariables en el momento de su finalización.   
Esta ha sido la solución adoptada por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras las sentencias de 7 y 14 de abril de 2004 (2004/3290 y 3565/2004) y Sentencia de 13 de junio de 1994 (RJ 1994, 4626) las cuales señalan textualmente que:  
"las estimaciones económicas de un proyecto de urbanización pueden verse alteradas en función del carácter dinámico y las vicisitudes por las que discurre el mismo."  
Posibilidad que ya contemplaba el artículo 127.2 del antiguo Reglamento de Disciplina Urbanística de 1978 que permitía las rectificaciones iniciales de un proyecto de urbanización, entendiendo que una desviación económica no es por si misma causa de nulidad -artículo 128.3 del RGU-.   
Asimismo dicha posibilidad de modificar las determinaciones de un proyecto de urbanización, y en consecuencia las cargas repercutibles a los propietarios afectados ha sido y es tenida en cuenta por nuestra normativa de carácter urbanístico; artículo 67.3 de la extinta Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística que disponía textualmente que:  
"con motivo de la aprobación del proyecto de urbanización o de cualquiera de sus reformados se podrá modificar la previsión inicial de cargas estimada anteriormente en el programa, siempre que la variación obedezca a causas objetivas cuya previsión no hubiera sido posible para el urbanizador al comprometerse a ejecutar la actuación. La retasación de cargas no podrá suponer modificación o incremento en la parte de ellas correspondiente al beneficio empresarial del urbanizador por la promoción de la actuación."  
Posibilidad que también se contempla por la actual normativa, artículo 168 de la Ley Urbanística Valenciana que dispone:   
"El importe máximo de las cargas de urbanización a que se refiere el punto 1 será el ofertado en la proposición jurídico-económica sin que pueda ser modificado al alza, salvo retasación de cargas. A tal efecto, la retasación de cargas exigirá la tramitación de un procedimiento administrativo específico con notificación y audiencia de todos los propietarios afectados. La retasación de cargas no podrá suponer modificación o incremento en la parte de ellas correspondiente al beneficio empresarial del urbanizador por la promoción de la actuación.  
Sólo será motivo de retasación el transcurso de dos años desde la presentación de la proposición jurídico-económica por motivos no imputables al urbanizador, y la aparición de circunstancias sobrevenidas que no hubieran podido preverse en el momento de la redacción de la misma".  
Puede concluirse, por tanto, que tanto bajo el amparo de la anterior normativa como de la actual, rigen idénticas limitaciones y causas para poder proceder a formular una modificación de las cargas inicialmente previstas en el programa y que de lo señalado tanto en el artículo 67.3 de la LRAU como del actual artículo 168 de la LUV son:  
· Que la modificación obedezca a causas objetivas, esto es de interés público.  
· Que además deriven de causas sobrevenidas.  
Y ello sin olvidar que la aplicación indiscriminada de estos dos principios no puede llevar al absurdo de un enriquecimiento injusto de los propietarios que de no admitirse la retasación, obtendrían un exceso de obras de urbanización sin coste alguno por parte de los mismos y que acabaría abonando finalmente toda la comunidad.  
Teniendo presente lo expuesto, se pueden sintetizar las siguientes causas que darían lugar a una modificación de las cargas de un PAI aprobado definitivamente:   
· Las que traen causas de decisiones de carácter técnico de la propia administración.  
· Las que se derivan de decisiones de carácter técnico provenientes de otras administraciones.  
· Las derivadas de decisiones de carácter técnico consecuencia de las exigencias de las empresas concesionarias de servicios.  
· Cambios legislativos que se produzcan durante la ejecución del programa.   
Segundo. Sobre las incidencias surgidas en el proceso de urbanización que legitiman la modificación de las cargas inicialmente aprobadas.  
De conformidad con informe emitido por el técnico municipal Santiago Núñez Cervera, con fecha 10 de marzo de 2009, sobre el Proyecto de Retasación de Cargas del Sector R-4 de Loriguilla, se pueden sintetizar las siguientes modificaciones del proyecto de urbanización respecto de las que trae causa el expediente de retasación de cargas que se tramita:  
- Modificación del proyecto de urbanización relativo al cerramiento perimetral del polideportivo municipal a base de verja metálica sobre muro de hormigón.  
- Modificación del proyecto de urbanización relativo a la inclusión de la barandilla perimetral en zona sur-oeste del R-4 de protección con barranco Pozalet.  
- Modificación del proyecto de urbanización relativa a la instalación de iluminación sobre la mediana de la avenida número 1.  
- Modificación del proyecto de urbanización relativa a la instalación de iluminación bajo la línea de alta tensión existente.  
- Modificación del proyecto de urbanización relativa a las zonas verdes.  
- Estación depuradora.  
Procedamos a su análisis separado en relación con los supuestos antes examinados.   
· Como ya se ha señalado, uno de los motivos que la ley determina para la modificación de las cargas de urbanización, se fundamenta en las exigencias de las compañías suministradoras de servicios.   
Tal y como se pone de manifiesto en el expediente existen diversas modificaciones que se derivan de las exigencias de las compañías suministradoras de servicios como las relativas a la modificación del proyecto de alumbrado público en lo referente a la iluminación bajo la línea de alta tensión.   
Por esta razón no puede compartirse lo señalado en determinados escritos de alegaciones -alegación formulada por Tomás Torres González y otros número RE 992, de 4 de junio-, en la que textualmente se rechaza la imputación de los costes derivados de la misma al señalar:  
"Rechazamos de pleno, igualmente, la partida, puesto que, con tal falta de rigor, no se determina qué conceptos o importes varían por las determinaciones que se derivan del informe a red eléctrica, informe que por lo demás pudo, por lo demás, ser previo o coetáneo al tiempo de redactarse el proyecto aprobado por el Ayuntamiento."  
Y es que no obstante lo indicado por los alegantes existen numerosos pronunciamientos judiciales que legitiman el incremento de los costes de urbanización como consecuencia de las exigencias de las compañías suministradoras;   
Así, y sin ánimo de extenderse, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha de 19 de diciembre de 2002, admite un incremento de las cargas de urbanización derivados de los convenios que deben firmarse con Iberdrola y Telefónica; también en Sentencia de fecha 30 de junio de 2005, el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana admite la retasación de cargas efectuada por el Ayuntamiento de Cullera permitiendo incrementar las cuotas derivadas de las exigencias de la concesionaria de agua potable.  
Para concluir, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 15 de abril de 2005, en una retasación de cargas realizada por el Ayuntamiento de Onda (Castellón), declara expresamente la imprevisibilidad de las partidas de redes eléctricas y telefonía.  
· En segundo lugar, cabe destacar las derivadas de decisiones de carácter técnico provenientes de la administración que aprueba el programa.   
En esta línea, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 30 de junio de 2005, admite una modificación de las cargas realizada por el Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, y que se deriva de cambios introducidos por la propia administración durante el proceso de ejecución de las obras con objeto de adecuar las calidades de urbanización a las existentes en otras unidades de ejecución en el municipio. También la Sentencia del TSJCV de 30 de junio de 2005, en el que se admite la retasación de cargas realizada por el Ayuntamiento de Cullera y derivada de las propias exigencias del Ayuntamiento, en el que se imponían las modificaciones del proyecto de alumbrado relativas a los capítulos de media tensión, centros de transformación baja tensión, alumbrado público y telecomunicaciones.  
En este supuesto cabe incluir las modificaciones derivadas del cerramiento perimetral del polideportivo municipal, dado que el mismo tiene por objeto dotar de un tratamiento unitario al cerramiento del polideportivo, más sólido y estable que el contemplado y que dote de mayor seguridad a dicha dotación, máxime teniendo en cuenta que con anterioridad al desarrollo de la actuación esta instalación se encontraba distante del núcleo de población. Sin embargo, al desarrollarse la actuación ello va a provocar que el mismo quede radicado dentro del núcleo urbano, lo que exige mayor seguridad a dicha instalación.   
Evidentemente, la generación de mayor intensidad de tráfico junto con el destino deportivo del equipamiento público ha generado la necesidad de modificar el cerramiento de este, en orden a asegurar una mayor estanqueidad y firmeza del cerramiento para impedir situaciones de peligrosidad que pueden venir provocadas por roturas del vallado y con ello la invasión en la calzada de elementos de juego, niños, etc  
Por ello, se ha exigido un vallado de mayor firmeza que provoca un encarecimiento del mismo, pero que por su coste y como consecuencia de la alegación al proyecto formulada por el propio Ayuntamiento de Loriguilla, tan sólo se imputa al sector de la parte del cerramiento que da frente a la avenida del Polideportivo, esto es, la parte más próxima a la actuación y que implica detraer del importe total de la retasación la cantidad de 187.328,97 euros.   
Igual necesidad se deriva respecto de la barandilla perimetral en zona sur-oeste del R-4 de protección con barranco del Pozalet que se articula como elemento de seguridad fundamental que queda incorporado en la cantidad, descripciones técnicas y cuantía que se especifica y detalla en el informe del técnico municipal.   
Cabe también incluir en este supuesto las modificaciones derivadas de la instalación de iluminación sobre la mediana de la avenida número 1 para garantizar una mayor seguridad y visión nocturna en la misma   
Asimismo, las modificaciones del proyecto de urbanización relativas a las zonas verdes y de la estación depuradora en lo relativo al nuevo ciclo terciario como ajustes normativos del proyecto que ya venia impuesto desde el planteamiento, las cuales responden a decisiones de carácter técnico de la administración que aprueba el programa.  
Tercero. Sobre la afección del proyecto de retasación de cargas en lo relativo al beneficio empresarial del urbanizador.   
En este punto conviene destacar que el proyecto de retasación no modifica el porcentaje de beneficio empresarial del urbanizador establecido en el programa, sino tan sólo hace referencia al beneficio industrial del empresario constructor de las obras de urbanización.   
En este sentido conviene tener presente que los distintos capítulos que han sido objeto de retasación han sido definidos de conformidad con lo establecido en el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos que a la hora de determinar el presupuesto de ejecución material de las obras distingue, como hace el proyecto de urbanización, entre:  
Presupuesto de ejecución material.  
13% de gastos generales.  
6% de beneficio industrial.  
Distinto es el beneficio empresarial del urbanizador definido en el actual artículo 168 de la Ley Urbanística Valenciana, que no se encuentra afectado por el presente expediente de retasación.  
En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, esta Alcaldía, en virtud de las facultades a las que se refiere el artículo 21,j de la Ley 7/1985, acuerda:   
Primero. Estimar parcialmente las alegaciones formuladas en el expediente de retasación de cargas del sector R-4 de Loriguilla, en el sentido de:  
a) No imputar como carga retasable la totalidad del cerramiento del polideportivo sino tan solo la parte que da frente de fachada a la avenida del Polideportivo, al ser ésta la parte más próxima a la actuación, detrayendo así, en consecuencia, del importe total de la retasación la cantidad de 187.328,97 euros por este concepto.  
b) Incluir barandilla perimetral en zona sur-oeste del R-4 de protección con barranco Pozalet en la cuantía asumida en el informe de los servicios técnicos municipales evacuado al efecto.  
c) Estimar el resto de partidas retasables incluidas en el documento expuesto al público en las cuantías señaladas en el mismo   
Segundo. Aprobar el Proyecto de Retasación de Cargas del Programa de Actuación Integrada del Sector R-4 de Loriguilla presentado por el urbanizador, con la modificación derivada de la estimación parcial de las alegaciones a la que se refiere el apartado anterior, que deberá ser debidamente documentada por el agente urbanizador mediante la aportación del correspondiente texto refundido.  
Tercero. Autorizar a la empresa urbanizadora para que proceda a la puesta al cobro de los saldos resultantes de la retasación.  
Cuarto. Notificar el presente acuerdo a todos los propietarios afectados, con sus respectivos saldos.  
Quinto. Publicar el presente acuerdo en el DOCV.»  
Contra el presente acto, que es definitivo en vía administrativa, puede interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, previo al recurso contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación de este acto, ante el mismo órgano que lo dictó (art. 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).  
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el siguiente día al de la recepción de la notificación de la citada resolución expresa.   
Transcurrido el plazo de un mes sin haberse notificado la resolución del recurso de reposición, podrá entenderse desestimado, e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses, desde la producción del acto presunto de desestimación (transcurrido un mes desde la interposición), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia. Cualquier otro recurso que estime conveniente en defensa de sus intereses.  
Lo que se publica a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Loriguilla, 9 de diciembre de 2009.- El alcalde: José Javier Cervera Soria.