Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3416, del 20-01-1999 (1998/10373)

Recurso ordinario número R.305/98. Notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3416

Fecha DOGV
:   20-01-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/10530


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso ordinario número R.305/98. Notificación. [1998/M10941]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución del recurso ordinario con número de referencia interna R.305/98 a Promociones y Obras Mediterraneo SL.
  
Resolución
  
Examinado el recurso ordinario formulado por don Alejandro Parres García y don Roque Valero Parra, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante en el expediente de construcción número 11-3B-655-04 (VP-17/36 RQ-79/97).
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por acuerdo del jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante se inició de oficio un expediente sancionador por deficiencias constructivas en el inmueble de protección oficial sito en Villena, calle de Sancho Medina y Blasco Ibáñez, contra los facultativos y promotora del mismo, dándose traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
Segundo
  
Por el instructor del expediente sancionador se dictó propuesta de resolución en la que entendiendo probada la comisión de dos faltas muy graves de los artículos 6.4 y 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, proponía la imposición de una multa de 1.000.000 de pesetas a cada uno de los expedientados.
  
Tercero
  
El jefe del Servicio Territorial manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, dictó resolución acordando la multa establecida en la misma.
  
Cuarto
  
Contra dicha resolución interponen recurso ordinario don Alejandro Parres García y don Roque Valero Parra, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 32/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 3218 de 6 de abril).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
Presentan alegaciones los arquitectos recurrentes en las que solicitan que se declare la anulación del acto administrativo impugnado con archivo de las actuaciones, por haberse producido la caducidad del expediente sancionador, así como por vulneración de la aplicación de las normas, concretamente de los artículos 6.4 y 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, del artículo 2.4 del Decreto 85/1989 de 12 de junio, sobre normas de habitabilidad y diseño y del artículo 4.5 y 6 de la citada Ley 1/1997.
  
Como cuestión previa hay que entrar a valorar la caducidad planteada por cuanto si es procedente sería innecesario conocer los restantes motivos de impugnación.
  
Según consta en las actuaciones la incoación de oficio ordenada por el jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda se produjo en fecha 17 de junio de 1997, notificada a los recurrentes el 1 y 8 de julio del mismo año, la resolución se dictó en fecha 22 de mayo de 1998, notificada al señor Parres García el 1 de junio de 1998, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 8 de junio de 1998 y por edictos en el Ayuntamiento de dicha capital a otros interesados, lo que significa que ya había transcurrido el plazo reglamentario de caducidad del expediente sancionador de seis meses más 30 días que establece el artículo 20.6 del Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en relación con el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del PAC, cesando la obligación de resolver que establece el artículo 42.1 de la citada Ley 30/1992, y procediendo en consecuencia el archivo del expediente, sin que conste en la tramitación interrupción del cómputo de la caducidad por causa imputable a los expedientados.
  
Referente a la caducidad en los expedientes sancionadores iniciados de oficio por transcurso del plazo de seis meses más 30 días, se pronuncia la sentencia del Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de fecha 9 de febrero de 1998, así como numerosas sentencias de los tribunales superiores de justicia, como el de la Rioja de 10.02.97 y 20.06.97, de Murcia de 18.12.96 y 02.07.97, de Cataluña de 06.06.96, entre otras. En consecuencia se estiman los recursos con revocación de la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante, con archivo del expediente por caducidad.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Estimar el recurso ordinario formulado por don Alejandro Parres García y don Roque Valero Parra, contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante de fecha 22 de mayo de 1998, revocando la misma, con archivo del expediente sancionador.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2-f (en relación con la disposición adicional undécima de la LRJAP y PAC) y el artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956, así como el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.