Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2919, del 30-01-1997 (1997/846801)

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1996, de la directora general de Calidad Ambiental, de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por la que hace pública la siguiente declaración de impacto ambiental.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   2919

Fecha DOGV
:   30-01-1997

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1997/846801


Fecha del documento
:   13-05-1996

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1996, de la directora general de Calidad Ambiental, de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por la que hace pública la siguiente declaración de impacto ambiental.  
Visto el expediente 022/95-AIA, referente a la puesta en riego de la zona de concentración parcelaria El Garroferal, de Bugarra (Valencia), I fase, promovido por la Dirección General de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural (Actualmente Dirección General de Política de Estructuras, Regadíos y Desarrollo Rural), de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.  
Resultando que el 19 de enero de 1995 la Dirección General de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural remitió el proyecto y el correspondiente estudio de impacto ambiental.  
Resultando que el objeto del proyecto es el diseño y cálculo de las instalaciones necesarias para la ejecución de la infraestructura necesaria para el riego de la zona de concentración parcelaria el Garroferal, que abarca una superficie de 413 hectáreas.   
Las obras incluidas en el proyecto son:  
- Ampliación del centro de transformación existente para satisfacer las necesidades de potencia requerida.  
- Instalación de los sondeos San Juan I, San Juan II y Cerro Cavanza y las correspondientes tuberías de impulsión.  
- Balsa de regulación, de 20.000 metros cúbicos donde vierten las tuberías de impulsión.  
- Tubería de enlace desde la balsa de regulación hasta la tubería de riego existente.  
Resultando que el 31 de enero de 1995 se efectuó una consulta a la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
Resultando que el 25 de abril de 1995 se comunicó al promotor la suspensión del procedimiento en tanto se mantuvieran vigentes la normas de explotación de recursos hídricos adoptadas por la Comisión Permanente de la Sequía de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar.   
Resultando que el 1 de agosto de 1995 se recibió el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo contenido se transcribe literalmente:  
«En relación con el escrito de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana efectuando una consulta sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto de puesta de riego de la zona de concentración parcelaria el Garroferal de Bugarra (Valencia) I fase, se informa lo siguiente:  
- La documentación enviada consiste en el estudio de impacto ambiental.  
- Actualmente se están realizando los trabajos para la elaboración del Registro de Aguas y , por tanto, hasta que concluyan dichos trabajos, no hay inscripciones definitivas, sin embargo, la Comunidad de Regantes Pozo San Juan tiene solicitada la inscripción del pozo San Juan que está afectado por el proyecto. No se tiene ningún antecedente, ni se ha solicitado la preceptiva concesión de los pozos San Juan I, San Juan II y Cerro Cavanzas.  
En la memoria figura una «balsa de regulación», pero no se indican sus características. Por tanto, se considera necesario conocer dichas características para determinar si la citada balsa puede tener o no la consideración de «gran presa» y, consecuentemente, si es de aplicación la legislación correspondiente.  
Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Ley 29/85 y Real Decreto 849/86)».  
Resultando que la información pública fue llevada a cabo mediante un anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 2.599, de 4 de octubre de 1995.  
Resultando que, de acuerdo con los certificados expedidos por el jefe de Servicio de Sistemas de Organización y Gestión del Personal de la Subsecretaria de Medio Ambiente y del secretario del Ayuntamiento de Bugarra, de 27 y 21 de noviembre respectivamente de 1995, no se produjeron alegaciones en el período legalmente establecido.  
Considerando que, según se expone en la documentación aportada, la disponibilidad de recursos no parece estar garantizada, y que de acuerdo con el informe de la Confederación Hidrográfica no se tienen antecedentes ni se han solicitado la concesión de los pozos San Juan I, San Juan II y Cerro Cavanzas.  
Considerando que el perímetro objeto de concentración parcelaria se ajusta, en cuanto a extensión y características de los terrenos, al delimitado en los planos de clasificación del suelo de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Bugarra como suelo no urbanizable concentración parcelaria. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal obtuvieron una declaración de impacto ambiental favorable, mediante una resolución del director general de Calidad Ambiental, de fecha 23 de mayo de 1995.  
Considerando que los impactos derivados del movimiento de tierras para la reparcelación (impacto paisajístico y riesgo de pérdida de suelo por erosión hídrica) no han sido evaluados, aunque los mismos pueden ser minimizados mediante la aplicación de medidas protectoras y correctoras sencillas. Ejemplo: adaptación del tamaño y forma de las parcelas a la topografía, inclinación de los taludes entre bancales de forma que se permita la regeneración de vegetación natural, preservación de los enclaves forestales que puedan existir en los linderos o márgenes que no se ven afectados por la reparcelación, etc.  
Considerando que en el ámbito sujeto a concentración parcelaria existen varios yacimientos arqueológicos catalogados e inventariados y recogidos en la documentación de las normas subsidiarias, que pudieran verse afectados por la ejecución del proyecto.   
Considerando que la normas de explotación de recursos hídricos adoptadas por la Comisión Permanente de la Sequía de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar establecían su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995.  
Considerando que el proyecto examinado constituye uno de los supuestos fácticos en los que resulta preceptiva la formulación de una declaración de impacto ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquél, según se desprende del artículo 5 de la Ley de Impacto Ambiental y concordantes de su reglamento.  
Considerando que en el expediente se han observado los trámites previstos en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental; en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana; y en las demás disposiciones que le son de aplicación.  
Considerando que el artículo 5 de la Ley 2/1989 atribuye la competencia al órgano ambiental para la declaración de impacto ambiental de los proyectos a los que se aplique esta ley.  
Considerando que el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, aprobado por el Decreto 22/1996, de 5 de febrero de 1996, del Consell de la Generalitat Valenciana, atribuye a la Dirección General de Calidad Ambiental la competencia para la tramitación y formulación de la declaración de impacto ambiental.  
Por todo ello y en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente declaración de impacto ambiental:  
Primero  
Estimar aceptable, desde el punto de vista ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de Puesta en Riego de la Zona de Concentración Parcelaria el Garroferal, de Bugarra (Valencia), I Fase, promovido por la Dirección General de Política de Infraestructuras, Riegos y Desarrollo Rural, siempre y cuando se cumplan los siguientes condicionantes:  
1) Se confirme la disponibilidad de recursos hídricos mediante la obtención de la preceptiva concesión de los pozos San Juan I, San Juan II y Cerro Cavanzas, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
2) La referencia, a efectos de los terrenos que abarca el proyecto de concentración parcelaria, será la superficie grafiada en los planos de clasificación del suelo como «Suelo No Urbanizable: concentración parcelaria», incluidos en la documentación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Bugarra actualmente vigentes, exceptuando los enclaves correspondientes a los yacimientos arqueológicos catalogados e inventariados.  
3) Si durante la fase de movimiento de tierras, tanto para la ejecución de las obras como para la remodelación topográfica, se detectara cualquier vestigio de resto arqueológico, el promotor tiene la obligación de poner el hallazgo en conocimiento de la Conselleria de Cultura inmediatamente, adoptando las medidas adecuadas para su preservación y conservación.  
4) La ejecución de la concentración parcelaria se efectuará con el movimiento de tierras imprescindible. En todo caso, las remodelaciones topográficas necesarias para la configuración de las nuevas parcelas considerarán prioritariamente el riesgo de pérdida de suelo por erosión hídrica y aplicarán las prácticas de conservación de suelo adecuadas para evitar dicho riesgo. En este sentido, se recomienda la plantación de vegetación natural en las márgenes, linderos y ribazos y la conservación de aquellos enclaves forestales existentes en los linderos que no se ven afectados por la reparcelación.  
5) En relación con los residuos generados en el desarrollo de la actividad agrícola intensiva, la sociedad agraria constituida al efecto (Sociedad Agraria San Juan), asumirá la titularidad de productor de residuos tóxicos y peligrosos, debiendo gestionar los productos susceptibles de dicha caracterización y los envases que los hayan contenido, de acuerdo con los establecido en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley 2/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
6) No obstante lo anterior, se recomienda la fertilización con abonos orgánicos, ajustando la dosis a las necesidades reales de suelos y cultivos (determinadas mediante análisis periódicos de muestras de suelos y tejidos vegetales), así como la elaboración de un plan de lucha integrada para el control de las plagas más habituales de los cultivos que se deben implantar.   
Segundo  
Notificar a las personas interesadas que contra la presente resolución, por ser un acto de trámite que no pone fin al procedimiento, no produce indefensión y no cabe recurso alguno, sin perjuicio de utilizar los medios que en defensa de su derecho estimen oportunos.  
Tercero  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la presente declaración de impacto ambiental.  
Valencia, 13 de mayo de 1996.- La directora general de Calidad Ambiental: Gloria Arnandis Boix.