Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5270, del 31-05-2006 (2006/6334)

ORDEN de 9 de mayo de 2006 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Hortolá a su paso por el término municipal de Requena (subtramo II: desde la charca de Poyatos hasta la carretera CV-425).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5270

Fecha DOGV
:   31-05-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/6334


Fecha del documento
:   09-05-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * Requena
    * ganado
    * legislación
    * vía rural

ORDEN de 9 de mayo de 2006 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Hortolá a su paso por el término municipal de Requena (subtramo II: desde la charca de Poyatos hasta la carretera CV-425). [2006/X6334]  
Visto el expediente de deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Hortolá a su paso por el término municipal de Requena (subtramo II: desde la Charca de Poyatos hasta la carretera CV-425) instruido por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda con el fin de consolidar el carácter de dominio público de las mismas.  
Resultando que el deslinde parcial se ajusta a la Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Requena, aprobada por Orden Ministerial de fecha 20 de octubre de 1971, y publicada en el Boletín Oficial del Estado, núm. 275, de 17 de noviembre de 1971.  
Resultando que en fecha 23 de diciembre de 2002 (BOE de 22.01.03), se suscribió convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, para la ejecución del proyecto de deslinde, amojonamiento y señalización de las vías pecuarias del Corredor Valle del Cabriel . Albufera de Valencia (Ramal Meridional) en los términos municipales de Camporrobles, Fuenterrobles, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Requena, Cortes de Pallás, Yátova, Dos Aguas, Tous, Catadau, Alfarp, Carlet, L'Alcúdia, Algemesí, Guadassuar, Albalat de la Ribera y Sueca.  
Resultando que mediante Resolución de 7 de julio de 2003 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, se autorizó el inicio de los expedientes de deslinde de los terrenos de las vías pecuarias incluidas en el convenio suscrito en fecha 23 de diciembre de 2002 (BOE de 22.01.03), entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat.  
Resultando que dentro del periodo de información pública a que fue sometido el expediente fueron presentadas alegaciones por:  
. Enrique Pérez Navarro  
. Maria Concepción Martínez Carratalá  
. Carmen García Domingo  
. Ayuntamiento de Requena  
. Angel Delgado Gávila  
. Antonio Sánchez Piera  
. Elvira Domingo Ochando  
. Aurelio Luján Pérez  
. Julio Domingo Ochando  
. Mercedes Fernández Sánchez  
. Ana Parejo García  
. Ernesto García García  
. Amparo Pardo Sáez  
Resultando que por la Dirección General de Gestión del Medio Natural se propone la aprobación del deslinde parcial de acuerdo con los términos que figuran en el expediente.  
Visto el informe del Área Jurídica de la Conselleria de Territorio y Vivienda.  
Considerando que se han cumplido en el expediente los trámites señalados por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.  
Considerando lo dispuesto en el Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat, mediante el cual se asignan competencias a la Presidencia y a las Conselleria con competencias ejecutivas, y en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, corresponde a la Conselleria de Territorio y Vivienda la aprobación del deslinde de las vías pecuarias, resuelvo:  
Artículo 1  
Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Hortolá a su paso por el término municipal de Requena (subtramo II: desde la Charca de Poyatos hasta la carretera CV-425), de acuerdo con la Modificación de Trazado aprobada por Orden Conjunta de las Consellerias de Economía, Hacienda y Empleo, y de Territorio y Vivienda, de fecha 19 de diciembre de 2005, que concuerda con la propuesta de deslinde parcial y planos que constan en el expediente, y cuyas características son las siguientes:  
Longitud deslindada: 16,007 km  
Anchura: 75 m  
Superficie deslindada: 1.200.449 m2  
Artículo 2  
Estimar parcialmente la alegación presentada por el Ayuntamiento de Requena, en relación a concesión de ocupación temporal por tubería subterránea para abastecimiento de agua, en parcela de 2.300 m2 en vía pecuaria en Paraje Casería de Hortolá y que en la Propuesta de Deslinde fue calificada como caducada, habiéndose comprobado que efectivamente la concesión de referencia aún se encuentra vigente, ya que aunque han transcurrido más de 10 años desde su concesión (1.984), la misma se autorizó con anterioridad a la Ley de 3/1995, de Vías Pecuarias, por un periodo de 24 años.  
Artículo 3  
Desestimar las alegaciones presentadas por los motivos que se indican a continuación:  
. Mercedes Fernández Sánchez, actuando junto a su esposo Ángel García Benacloig, manifiesta que la vía pecuaria que discurre por las parcelas 099/207, 099/208, 099/227 y 099/228, es una vereda según el Mapa Topográfico Nacional y según las escrituras de propiedad. También considera que no pueden tenerse en cuenta para trazar la vía pecuaria, los tramos con terreno de monte que así aparecen en las fotos del vuelo americano y posteriormente no se han roturado. Asimismo, manifiesta que las vías pecuarias son servidumbres de paso que no han renovado su contrato dada la no necesidad para el paso de ganados en la actualidad y que por sus parcelas ha pagado los impuestos correspondientes.  
.Julio Domingo Ochando, manifiesta que la vía pecuaria que discurre por la parcela 093/146 ha desaparecido por falta de uso. Así mismo, manifiesta que la parcela estaba como está actualmente en el momento de su herencia y que posee escrituras de la misma inscritas en el Registro de la Propiedad.  
. Ernesto García García, Carmen García Domingo y Enrique Pérez Navarro manifiestan que si existe una vía pecuaria en los parajes próximos a Los Pedrones es una vereda tal y como aparece nombrada en diferentes planos y en la declaración jurada que aportan, realizada junto a varios propietarios más. Así mismo, declaran que han estado pagando el impuesto sobre bienes inmuebles y antiguamente la contribución rústica por las tierras que cultivan de su propiedad, inscritos los títulos en el Registro de la Propiedad.  
. Elvira Domingo Ochando, Antonio Sánchez Piera y Ángel Delgado Gávila manifiestan que si existe una vía pecuaria en los parajes próximos a Los Pedrones, es una vereda tal y como aparece nombrada en diferentes planos, en los que aparecen sus parcelas como lindantes con vereda. Así mismo, declara que han estado pagando el impuesto sobre bienes inmuebles y antiguamente la contribución rústica por las tierras que cultivan de su propiedad, inscritos los títulos en el Registro de la Propiedad. Además, manifiestan que la zona deslindada no es la correcta y que no existe documento alguno que demuestre el paso de la vereda.  
. María Concepción Martínez Carratalá, solicita que conforme a la Orden Ministerial que clasifica la vía pecuaria objeto del deslinde, en la cuál se considera excesiva, se acepte una reducción de ancho a 35 metros.  
. El Ayuntamiento de Requena, manifiesta la necesidad de que los caminos que atraviesan o discurren por la vía pecuaria deben seguir teniendo acceso, y que algunos de estos caminos han sido asignados a particulares en cuanto puede que su titularidad sea pública e incluso del mismo Ayuntamiento.  
. Aurelio Luján Pérez, en representación de su hijo José Luis Luján Ochando, manifiesta que la vía pecuaria que discurre por el paraje donde se encuentra la parcela de su hijo, es una vereda. Que según el trazado propuesto en el deslinde, la superficie ocupada por la vía pecuaria es mayor en su parcela que en la del vecino de enfrente. Así mismo, manifiesta que la parcela estaba como está actualmente, en el momento de su compra y que posee escrituras de la misma inscritas en el Registro de la Propiedad.  
. Amparo Pardo Sáez manifiesta que debe revisarse el deslinde de la vía pecuaria al paso por la parcela 096/80 en el paraje conocido como Florante para que le sea devuelto el terreno considerado en la Propuesta de Deslinde como perteneciente a la vía pecuaria, ya que cree que los mojones que se encuentran en la zona indican el centro de la vía pecuaria.  
. Ana Parejo García, actuando en representación de Eladio Herrero Luján, manifiesta que las fincas de su posesión fueron adquiridas libres de toda carga y que la calificación como demanial de las vías pecuarias reconocidas posteriormente por el ordenamiento, no es título suficiente para practicar el deslinde. Manifiesta, asimismo, que la supuesta cañada es una vereda y en el caso hipotético de que existieran dichas vías pecuarias consideradas de dominio público, se habría producido la desafectación tácita de las mismas, y la posterior adquisición por prescripción de las mismas a favor de los particulares. También expone que en la actualidad el deslinde carece de utilidad práctica ya que la trashumancia ha desaparecido. Finalmente manifiesta que por las fincas de su propiedad, cuya titularidad ha reconocido el Estado, con el pago de la Contribución Territorial Rústica de toda la superficie, ha pagado regularmente los impuestos que le corresponden como bien inmueble.  
En cuanto a las alegaciones formuladas en la fase de exposición pública respecto a que la vía pecuaria sea una vereda y no una cañada, su posible desaparición por falta de uso y su naturaleza como servidumbre, deben desestimarse por que aunque la Ley 3/95, de 23 de marzo de Visa Pecuarias, reconoce en su Exposición de Motivos que la desaparición del uso ganadero de las vías pecuarias puede llevar a la creencia errónea de que aquellas vías o parte de las mismas que no se consideren útiles desde la estricta perspectiva del tránsito ganadero o de las comunicaciones agrarias son susceptibles de enajenación, dicha Ley 3/95 en su art. 2 establece que las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, no siendo por tanto, servidumbres de paso que necesiten de contrato alguno.  
Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 8.1 de la Ley 3/95, la finalidad del deslinde es la definición de los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación. Dicha clasificación se estableció en la Orden Ministerial de fecha de 20 de octubre de 1971, que aprueba el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del Término Municipal de Requena, estableciendo la anchura de la Cañada Real de Hortolá en 75,22 metros. Asimismo, en el art. 4.1 de la Ley 3/95, se definen las cañadas como aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros. Por tanto, el deslinde se ha realizado según Derecho no procediendo en él la regularización de anchuras, siendo objeto de ello un expediente aparte.  
Respecto al hecho de que se hallan pagado por las parcelas afectadas por el deslinde, impuestos por bienes inmuebles, la contribución rústica o impuestos relacionados con la transmisión patrimonial, hay que decir que todo ello se realiza según los datos que se encuentran en el Catastro Inmobiliario, que es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales tal y como se definen en el Real Decreto Legislativo 1/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro inmobiliario (BOE 8 de marzo de 2004), es decir trata del inventario de la riqueza territorial y no da fe del dominio y demás derechos reales inmobiliarios. Así mismo, la extensión de una finca en Catastro no es prueba, conforme a derecho, de la realidad de su cabida. De hecho, es habitual que aparezcan parcelas catastrales a nombre de desconocidos, o basadas en la apariencia física, sin investigación alguna acerca de su configuración jurídica.  
En cuanto a la existencia de títulos registrales, cabe reseñar que la inscripción registral de una finca da fe de la titularidad jurídico real sobre la misma y su función es dar seguridad al tráfico jurídico inmobiliario, no pudiendo existir una representación gráfica del dominio diferente del objeto del dominio en sí. Es decir, el objeto del registro de la propiedad no es la finca registrada sino el dominio o los derechos reales constituidos sobre ella. Respecto a esto, la descripción que de las fincas registrales se hace en el folio registral procede de la declaración del titular registral, en consecuencia la determinación gráfica del dominio depende, en última instancia, de la voluntad del dueño de la finca. De hecho, esta grafía es una operación jurídica de calificación por parte del registrador y no una operación técnico-topográfica. La determinación gráfica del dominio registral no ofrece en ningún caso detalle de la localización geográfica exacta en la que se encuentra la finca en cuestión, sino que pretende la identificación de la finca registral, de la porción de terreno delimitada por un dominio; no pretende la descripción exhaustiva de la misma.  
Por otra parte, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 8.3 de la Ley 3/95 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el deslinde aprobado declara posesión y titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, no pudiendo prevalecer las inscripciones del Registro de la Propiedad frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. Además el art. 8.4 de la misma Ley, señala que la Resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Todo ello sin olvidar el carácter de dominio público del que gozan las vías pecuarias, establecido en el art. 2 de la Ley 3/95 de 23 de marzo, que establece que las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
Respecto a la determinación del trazado en aquellas zonas de monte existentes en el vuelo americano entre los años 1956-57 y que posteriormente no han sido roturadas, hay que decir que el trazado de la vía pecuaria presentado en la Propuesta de Deslinde se ha determinado después de un minucioso estudio de toda la documentación y planos existentes relativos a la misma, junto al proyecto de clasificación, estando todo ello relacionado en el amplio Fondo Documental. De entre toda esta documentación, las fotografías aéreas realizadas en los años 1956-57, han sido de gran valor, pero no determinantes por si solas, siendo en todos los casos un elemento más de la investigación histórico-administrativa realizada.  
Con referencia a la cuestión relativa a que en las escrituras se especifique el linde de una parcela con una vía pecuaria, ni prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.  
En relación a una posible desafectación de terrenos de vía pecuaria, cabe reseñar que según el art. 10 de la Ley 3/95 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, las Comunidades Autónomas, pueden desafectar del dominio público los terrenos de vías pecuarias que no sean adecuados para el tránsito del ganado ni sean susceptibles de los usos compatibles y complementarios a que se refiere el Título II de esta Ley. Los terrenos ya desafectados o que en lo sucesivo se desafecten tendrán la condición de bienes patrimoniales de las Comunidades Autónomas y en su destino prevalecerá el interés público y social.  
Sobre la alegación de Ana Parejo García respecto a que la calificación como demaniales de las vías pecuarias no es título suficiente para practicar el deslinde, hay que decir que según el art. 5 de la antes citada Ley 3/95, siendo bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas, corresponde a éstas el deslinde de las vías pecuarias.   
En referencia a la alegación presentada por Amparo Pardo Sáez, teniendo en cuenta el carácter de dominio público del que gozan las vías pecuarias, y, habiéndose realizado para la elaboración de la Propuesta de Deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Hortolá, un exhaustivo estudio de toda la documentación existente relativa a dicha vía pecuaria así como su reconocimiento en campo, se desprende de todo ello el trazado grafiado en la Propuesta de Deslinde, no quedando constancia definitoria de que los mojones referidos por la alegante quieran marcar el centro de la Cañada y no uno de los límites laterales. Es más, dichos mojones no pertenecen a ningún procedimiento de deslinde, sino que son mojones colocados por particulares por lo que carecen de toda validez jurídica a efectos de deslinde.  
En referencia a la alegación presentada por el Ayuntamiento de Requena, el deslinde de la vía pecuaria no implica de manera alguna que se vaya a limitar o restringir el acceso a los caminos que atraviesan o discurren por la misma. Según dispone el art. 16 de la Ley 3/95 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, sobre usos compatibles, tienen esta consideración aquellos usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero. De modo que, las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de estos o la interrupción prolongada de su marcha.  
La asignación de los caminos a particulares responde a la titularidad catastral de los mismos, habiéndose excluido de la relación de intrusiones aquellos pertenecientes a la parcela catastral grafiada como Vía Pecuaria, por ser intrínsecos a la misma, salvo actuaciones no autorizadas sobre la misma, como asfaltados. En caso que la información catastral no fuera correcta, es el interesado el que ha de aportar la documentación pertinente para poder realizar la modificación que proceda en cada caso.  
En referencia a la alegación presentada por María Concepción Martínez Carratalá, la consideración como excesiva de una vía pecuaria en la Orden Ministerial que aprueba la clasificación de la misma, no implica la desafectación de ese terreno, que debe ser objeto de un procedimiento de desafectación. Según el art. 10 de la Ley 3/95 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, las Comunidades Autónomas pueden desafectar del dominio público los terrenos de vías pecuarias que no sean adecuados para el tránsito del ganado ni sean susceptibles de los usos compatibles y complementarios a que se refiere el Título II de esta Ley. Los terrenos ya desafectados o que en lo sucesivo se desafecten tienen la condición de bienes patrimoniales de las Comunidades Autónomas y en su destino prevalecerá el interés público y social.  
Finalmente, en referencia a las consideraciones relativas a la disconformidad con el trazado de la vía pecuaria, reiterar que el deslinde se ha ajustado al acto de la clasificación y la determinación concreta del recorrido de la Cañada Real de Hortolá se justifica técnicamente en cuanto se ha realizado consultando toda la documentación existente y contrastándola con los testimonios orales aportados y los antecedentes obrantes.   
Artículo 4  
Que se proceda a la cancelación total o parcial de cuantas inscripciones registrales resulten contradictorias con el deslinde.  
Artículo 5  
Iniciar la práctica de amojonamiento de la vía pecuaria Cañada Real de Hortolá a su paso por el término municipal de Requena (subtramo II: desde la Charca de Poyatos hasta la carretera CV-425), de acuerdo con el convenio suscrito en fecha de 23 de diciembre de 2002 (BOE de 22.01.03), entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, para la ejecución del proyecto de deslinde, amojonamiento y señalización de las vías pecuarias del Corredor Valle del Cabriel . Albufera de Valencia (Ramal Meridional) en los término municipales de Camporrobles, Fuenterrobles, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Requena, Cortes de Pallás, Yátova, Dos Aguas, Tous, Catadau, Alfarp, Carlet, L'Alcúdia, Algemesí, Guadassuar, Albalat de la Ribera y Sueca.  
Contra esta orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ante el conseller de Territorio y Vivienda, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo (art. 116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.  
Valencia, 9 de mayo de 2006  
El conseller Territorio y Vivienda,  
RAFAEL BLASCO CASTANY