Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8214, del 17-01-2018 (2017/11683)

Información pública del acuerdo de resolución del Programa de actuación integrada sector SM1 Burga.
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Número DOGV
:   8214

Fecha DOGV
:   17-01-2018

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2017/11058


Fecha del documento
:   04-12-2017

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Cabanes

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Cabanes
    * plan de urbanismo
    * administración local

Información pública del acuerdo de resolución del Programa de actuación integrada sector SM1 Burga. [2017/11026]  
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017, adoptó el acuerdo de resolución del Programa de actuación integrada del sector S7, procediéndose a su exposición al público de conformidad con el artículo 163 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana y en los términos del artículo 206 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, sin perjuicio del contenido que pueda resultar de la aprobación definitiva del acta de la sesión:  
Resolución de la adjudicación del PAI sector SM1 Burga  
La Alcaldía dictó providencia en la que dispuso iniciar el procedimiento para la resolución del Programa de actuación integrada del sector SM1 Burga.  
Tramitado el expediente administrativo, el jefe de Sección de Urbanismo, de conformidad con el artículo 172.1 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales ha emitido informe en el que ha considerado los siguientes:  
  
1. Antecedentes de hecho  
1. Manuel Beltrán Izquierdo, en nombre y representación de la mercantil Belba, SA, presentó el 28 de julio de 2004, el Programa de actuación integrada de la unidad de ejecución única del sector SM1 Pla de Burga, objeto de homologación sectorial modificativa del Plan general de ordenación urbana de Cabanes.  
2. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cabanes, en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2004, acordó someter a información pública dicho programa.  
3. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2004, aprobó provisionalmente el expediente de homologación modificativa y plan parcial, fijando entre otros el siguiente condicionante: «Quinto. Una vez aprobado el expediente de homologación modificativa y el plan parcial de conformidad con lo regulado en el artículo 47 de la Ley 6/1994, reguladora de la actividad urbanística, el adjudicatario del programa deberá presentar, en el plazo de 10 días, y en cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente, la garantía del 7 % de los costes de urbanización previstos en la propuesta. Igualmente se procederá a la presentación del programa en el Registro de Programas de la Generalitat Valenciana y publicación del edicto informativo de la aprobación y adjudicación, significándole que hasta que no se cumplan todos los requisitos detallados, la adjudicación tendrá el carácter de provisional.»  
4. La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el 29 de abril de 2008, aprobó definitivamente la homologación y plan parcial de Burga de Cabanes, supeditando la eficacia y publicación a la previa aprobación del texto refundido por el Pleno del Ayuntamiento y la incorporación de diversas cuestiones.  
5. La directora general de Ordenación del Territorio, en resolución dictada el 30 de mayo de 2008, verificó el cumplimiento de los condicionantes impuestos en el acuerdo de aprobación del citado documento de homologación sectorial y plan parcial, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón núm. 82 de fecha 5 de julio de 2008.  
6. La Alcaldía mediante escrito del 10 de julio de 2008 (r. salida 2286), comunicó a Belba, SA que para que la adjudicación provisional del programa alcanzase la condición de definitiva debía de cumplir los requisitos acordados por el Pleno del Ayuntamiento y detallados en el apartado tercero de los presentes antecedentes.  
7. Belba, SA, en contestación a dicho requerimiento, presentó escrito alegando diversas cuestiones, que fueron resueltas por la Alcaldía mediante comunicación del 14 de octubre de 2008 (r. salida núm. 3312), en la que se reiteraban los requisitos que debía de cumplir para que la adjudicación provisional del programa adquiriese la condición de definitiva.  
8. La Alcaldía, mediante escrito de 28 de febrero de 2011 (r. salida núm. 3312), requirió nuevamente a Belba, SA para que cumplimentase los requerimientos efectuados en comunicaciones anteriores, advirtiéndole que transcurridos tres meses sin su aportación se podría decretar la caducidad del expediente. Transcurrido el plazo concedido no consta la presentación de la documentación instada.  
9. La Alcaldía, con fecha 8 de agosto de 2016, dictó el Decreto 2016-0977, en el que en relación al Programa de actuación integrada del sector SM1 Burga, resolvió:  
«1.º Declarar, por así ordenarlo la disposición transitoria quinta de la LOTUP, el cese en la tramitación del expediente para la adjudicación del Programa de actuación integrada del sector Pla de Burga, así como el archivo del mismo.  
2.º Comunicar a los peticionarios que la modificación solicitada del planeamiento del sector Pla de Burga debe de justificarse y acometerse por los criterios de ocupación racional del suelo que fija la legislación vigente y llevarse a cabo en el proceso de tramitación del nuevo plan general de ordenación estructural, al afectar a cuestiones propias de dicha ordenación, puesto que la tramitación autónoma de la modificación del planeamiento supondría una duplicidad de trámites respecto al actual proceso de tramitación del nuevo plan general estructural.»  
Dicha resolución se notificó a Belba, SA el día 23 de agosto de 2016, la cual alcanzó firmeza administrativa, al no haberse presentado recursos contra la misma en el plazo concedido.  
10. Este ayuntamiento, mediante escrito del día 19 de julio de 2017, comunicó a Belba, SL, como promotor del Programa de actuación integrada del sector SM1 Pla de Burga, el inicio del expediente para declarar la caducidad del citado expediente resolviendo y declarando desierto el contrato o convenio de programación, concediendo un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones.  
11. Recibida dicha comunicación, Manuel Beltrán Izquierdo, en su nombre y en nombre de Belba, SL, presenta escrito en el que hace referencia a cuestiones relativas a la valoración catastral de los terrenos incluidos en citado programa, así como a las afecciones que puede tener la declaración como Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Serra d'en Galceran, no obstante, el alegante expresamente manifiesta «En este sentido, esta parte, en su condición de administrador de Belba, SL, muestra su conformidad y muto acuerdo con la resolución del programa y la remoción de la mercantil como agente urbanizador, de conformidad con el requerimiento efectuado a la misma con registro de salida 1763 de este ayuntamiento. No obstante, al igual que se ha efectuado recientemente con el sector S-7 industrial y S10 residencia de este municipio, entiende esta parte que debe mantenerse la clasificación como suelo urbanizable de las superficies afectas al sector y declarar la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.»  
12. En relación a las alegaciones formuladas por Belba, SL, el arquitecto municipal, con fecha 7 de noviembre de 2017, ha emitido informe en el que entre otras cuestiones ha considerado:  
- Que el sector, clasificado actualmente como suelo urbanizable, cuenta con el plan parcial y homologación aprobados definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de fecha 29 de abril de 2008 y posterior acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cabanes de fecha 15 de mayo de 2008.  
- Que en lo referente a la solicitud, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, la potestad de planeamiento referida a la ordenación territorial y urbanística dentro de las limitaciones establecidas en la propia ley, le corresponde a la Generalitat y al propio municipio. Por otra parte, el artículo134. Prerrogativas de la administración, establece la posibilidad de que la administración actuante, «dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la (misma) ley», pueda «acordar la resolución de programas de actuación integrada y determinar sus efectos».  
- Que en concordancia con lo expuesto anteriormente, el apartado c del artículo 165. Consecuencias objetivas de la caducidad o resolución del programa de actuación integrada, establece la posibilidad de «declarar la sujeción del ámbito de la actuación, o de parte de él, al régimen del suelo urbanizable sin programación o del suelo no urbanizable».  
- Que no obstante lo anterior, el documento de referencia del Plan general de Cabanes, emitido por acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 11 de enero de 2012, con motivo del trámite de evaluación ambiental estratégica del proceso de revisión del Plan general de Cabanes, en referencia al sector Pla de Burga, establece lo siguiente: Mas del Barranc: sector aislado en mitad del término con capacidad para 240 viviendas. Sus características son similares al sector Pla de Burga, con capacidad para 989 viviendas, que ya se encuentra aprobado desde 2008 y no ha iniciado las obras de urbanización. El sellado de este suelo en estos momentos no se encuentra justificado. Estos dos últimos sectores ya se encontraban delimitados en el PGOU de 1983 y no se han desarrollado en 28 años, cuestionándose su viabilidad. Además se recuerda que ahora se está elaborando un nuevo planeamiento y que este debe ser acorde con la normativa actual, no bastando con mantener los sectores existentes sino que debe justificar su legalidad y compatibilidad con la ETCV  
- Que la actividad urbanística es una función pública y las decisiones sobre el planeamiento son potestad municipal, cuya conveniencia y oportunidad deberá valorarse en función del interés público.  
  
2. Fundamentos de derecho  
1. La tramitación del programa, homologación modificativa y plan parcial del sector SM1 Pla de Burga, se efectuó al amparo de la Ley 6/1994 reguladora de la actividad urbanística y cuenta con la homologación y plan parcial aprobado definitivamente. No obstante, la adjudicación del programa al agente urbanizador no ha alcanzado firmeza, al no haber cumplido este los requisitos exigidos por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2004 y posteriores requerimientos municipales, tal y como se detallan en los antecedentes invocados.  
2. Según se desprende del expediente administrativo, no consta que el agente urbanizador haya manifestado su conformidad en asumir las variaciones impuestas por las administraciones al proyecto originario, ni ha modificado la propuesta de convenio urbanístico presentado junto con la proposición jurídico-administrativa, al objeto de adecuarlo a las determinaciones de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, urbanística valenciana (LUV), en aplicación de la disposición transitoria cuarta, apartado 1, del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística (en adelante ROGTU).  
3. El incumplimiento de dichos requerimientos ha imposibilitado la firma del contrato de programación y por consiguiente el cumplimiento del resto de las obligaciones y plazos que impone la proposición jurídico-económica aprobada o, en su caso, las fijadas en el artículo 332 del ROGTU: «1. Salvo que se establezcan unos plazos más breves en las bases de programación, el desarrollo del programa de actuación integrada deberá sujetarse al siguiente calendario:  
a) La presentación de los textos refundidos correspondientes al planeamiento o al proyecto de urbanización deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de la aprobación, provisional o definitiva, que imponga modificaciones a la alternativa técnica.  
b) El inicio del procedimiento de pública concurrencia para la selección del empresario-constructor deberá tener lugar en el plazo de un mes desde la formalización del contrato entre el urbanizador y la administración actuante.  
c) El proyecto de reparcelación deberá someterse a información al público por el urbanizador en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo para la opción por modalidad de retribución previsto en los artículos 166 de la Ley urbanística valenciana y en este reglamento. A tal efecto, el urbanizador deberá presentar ante la administración actuante acreditación justificativa de la práctica de las comunicaciones reguladas exigibles.  
d) La presentación de los textos refundidos correspondientes al proyecto de reparcelación deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de las modificaciones a introducir en el proyecto inicialmente formulado.  
e) El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, acreditándose mediante acta de replanteo suscrita por la dirección de las obras y, al menos por un técnico municipal. A estos efectos, el urbanizador deberá acreditar, en el acta de replanteo, el pago a los acreedores netos de la cuenta de liquidación o bien la consignación de dicha cantidad en la Tesorería municipal  
f) Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo máximo de 36 meses desde su inicio. La finalización de las obras se acreditará mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director facultativo.  
2. Los plazos previstos en el número anterior únicamente podrán ser prorrogados y suspendidos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones públicas. En particular:  
a) En lo relativo a la redacción de textos refundidos y proyecto de reparcelación, resultarán aplicables las reglas propias del contrato administrativo de consultoría y asistencia técnica.  
b) Por lo que se refiere a la ejecución de las obras, serán aplicables los preceptos relativos al contrato administrativo de obras.  
4. De lo expresado en los apartados anteriores queda acreditado que le resulta de aplicación el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: «procedimientos de programación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley urbanística valenciana, que han sido objeto de aprobación municipal, de forma expresa o implícita y con carácter provisional.  
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.   
2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.  
3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.  
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.  
4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.»  
Caducidad en el procedimiento que debe de acordarse expresamente por el Ayuntamiento y notificarse a los interesados.  
5. La disposición transitoria cuarta del ROGTU, Procedimientos de programación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley urbanística valenciana, que han sido objeto de aprobación municipal, de forma expresa o implícita y con carácter provisional, establece, tal y como sucede en el presente supuesto, que   
«1. En los procedimientos de programación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana, y aprobados por el Ayuntamiento, pero respecto de los que no hubiera recaído aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que le acompañe con anterioridad a la entrada en vigor de esa ley, al cumplimiento y ejecución del programa se aplicará lo previsto en la Ley urbanística valenciana y el presente reglamento, que regirá, formal y sustantivamente, la aprobación definitiva de los nuevos instrumentos y actuaciones siguientes:  
a) La tramitación y aprobación del proyecto de urbanización, cuando se hubiese presentado anteproyecto junto con la alternativa técnica o cuando de la aprobación del instrumento de planeamiento se deriven modificaciones en el mismo.  
b) La prestación de garantías.  
c) La firma del contrato de programación.  
d) La contratación y ejecución de las obras de urbanización.  
e) La redacción, contenido, tramitación y aprobación del proyecto de reparcelación.  
f) La retasación de cargas.  
g) La imposición de cuotas de urbanización».  
Trámites y actuaciones entre los que no se encuentra el procedimiento de resolución del programa de actuación integrada.  
6. Actualmente se encuentra en vigor la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP), que en su disposición derogatoria única, entre otras, deroga expresamente la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana (en adelante LUV) y el ROGTU. No obstante, dicha ley, en su disposición transitoria quinta, regula la legislación que le resulta de aplicación a los programas que ya se encontraban aprobados con anterioridad a su entrada en vigor: «Cuarta. Programas aprobados. 1 Los programas de actuación adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa que le resultaba de aplicación antes de la entrada en vigor de esta ley. No obstante lo anterior, en el procedimiento de resolución o prórroga del programa de actuación integrada o aislada no se deberá solicitar dictamen del Consejo Superior del Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones.»  
7. En aplicación de lo expresado en los fundamentos invocados en los apartados anteriores, la legislación urbanística para la resolución del programa debería ser la Ley 6/1994, reguladora de la actividad urbanística (LRAU), puesto que esta le resultó de aplicación para la aprobación y adjudicación del Programa de actuación integrada del sector SM1 Burga.  
8. La LRAU no establece un procedimiento específico de resolución del programa, difiriendo el mismo a las normas de contratación administrativa, aunque sí determina en su artículo 29.13 el cumplimiento de los siguientes requisitos, a excepción del dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, cuya exigencia ha sido eliminada por la actual LOTUP: «13. Otras incidencias. Las relaciones derivadas de la adjudicación del programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que estas no contradigan lo dispuesto por esta ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que reglamentariamente sean desarrollados. La resolución de la adjudicación se acordará por la administración actuante, previo dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación a las previsiones del artículo 10. El correspondiente acuerdo deberá, además y cuando proceda: A) Declarar, de conformidad con el referido dictamen, la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido suficientemente a las cargas de urbanización. B) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de las actuaciones aisladas. C) Incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya o, en otro caso, y salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, disponer: 1. La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento seguido para su adopción de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa cancelado, o 2. La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo urbanizador, cuando esta proceda. D) Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes.»  
9. El texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, es la legislación de contratos vigente en la tramitación del presente programa, siendo esta la que le resulta de aplicación y por consiguiente, de conformidad con el artículo 41 del citado precepto legal, al no haberse constituido la garantía definitiva en el plazo de 15 días por causas imputables al adjudicatario, el Ayuntamiento está facultado para declarar desierto el contrato.  
10. Independientemente de la legislación de contratos y de la LRAU, la LOTUP en su artículo 164 establece las siguientes causas para la posible remoción de la condición de agente urbanizador: «Remoción del urbanizador en sus funciones 1. La remoción del urbanizador sin mutuo acuerdo o con reconocimiento de derecho a indemnización requiere, tras la audiencia de los afectados, dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 2. Será revocada su encomienda al urbanizador cuando incurra en: a) Infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves, en relación con el ámbito programado. b) Obstaculización del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación o realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. c) Incumplimiento grave de sus compromisos, falta de prestación de garantías u otra infracción de los deberes del urbanizador directamente impuestos por la ley o estipulados con carácter esencial en el convenio de programación. d) Inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos, salvo prórroga expresa y justificada. e) Renuncia injustificada. f) Incapacidad legal sobrevenida del urbanizador para el desempeño de su tarea, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público. 3. El acuerdo de revocación comportará, previa ponderación de las circunstancias de cada caso, alguno o varios de los siguientes efectos: a) La incautación de las garantías. b) La imposición de penalidades. c) La indemnización de los daños y perjuicios irrogados a la administración o a los afectados.»  
11. El artículo 165 de la LOTUP fija las siguientes consecuencias de la resolución del programa de actuación integrada: «Artículo 165. Consecuencias objetivas de la caducidad o resolución del programa de actuación integrada. El acuerdo de caducidad o resolución del programa de actuación integrada establecerá lo que proceda para concluir la actuación y podrá: a) Declarar la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido legalmente a las cargas de urbanización. b) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de las actuaciones aisladas; y autorizar, en su caso, que el propietario de la parcela complete la urbanización en régimen de actuación aislada; y mantener el resto de los terrenos en alguna de las situaciones a que se refieren los apartados siguientes. c) Declarar la sujeción del ámbito de la actuación, o de parte de él, al régimen del suelo urbanizable sin programación o del suelo no urbanizable. d) La administración, en caso de mantener la gestión indirecta del programa de actuación integrada, podrá requerir a quienes formularon proposiciones jurídico-económicas a la alternativa técnica seleccionada, por el orden derivado de la aplicación de los criterios de adjudicación del artículo 126 de esta ley, a fin de que acepten la adjudicación y prosigan con la ejecución del programa de actuación. e) Subsidiariamente, incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador, o la administración en caso de optarse por la gestión directa, asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya. f) Salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, se podrá disponer: 1.º Dejar sin efecto, en todo o en parte, la reparcelación aprobada. 2.º La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, en metálico o en terrenos, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación, por el mismo procedimiento seguido para su adopción, de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa de actuación cancelado.3.º La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización, con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo urbanizador, cuando esta proceda. g) Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes, dirimiendo y declarando las responsabilidades y penalizaciones correspondientes y acordando la incautación de garantías y la imposición de sanciones cuando proceda. h) También podrá acordarse la directa intervención gestora de la administración para la prosecución provisional del programa de actuación mientras se resuelve sobre su resolución y, en su caso, nueva adjudicación. i) Levantar acta de recepción de la urbanización con las tachas que correspondan, realizar la medición y liquidación de las obras de urbanización realmente ejecutadas y, en su caso, entregarla al nuevo urbanizador.»  
12. Las obras de urbanización del sector SM1 Pla de Burga no se han iniciado y no se ha aprobado el proyecto de reparcelación, por lo que no procede:  
- Declarar la edificabilidad de los solares, puesto que estos no existen en estos momentos.  
- Iniciar el procedimiento para la reclasificación de los terrenos para incluirlos en el régimen propio de las actuaciones aisladas o a autorizar a los propietarios a completar la urbanización, puesto que esta no se ha iniciado.  
- La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento seguido para su adopción de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa cancelado, puesto que estos no se han adoptado.  
- La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo urbanizador, puesto que estas no se han liquidado.  
13. El Ayuntamiento deberá de ponderar y dirimir sobre:  
A. Declarar la sujeción del ámbito de la actuación del sector SM1 Burga al régimen del suelo urbanizable sin programación al no constatarse en estos momentos una demanda de viviendas en el ámbito de dicho sector que justifiquen el mantenimiento del programa. El mantenimiento del ámbito como suelo urbanizable sin programación, queda justificado en el presente expediente, puesto que el Ayuntamiento no ha iniciado o efectuado la revisión, modificación o anulación del plan parcial debidamente aprobado de este sector y serle de aplicación el artículo 67 de la LOTUP «Los planes con contenidos normativos tienen vigencia indefinida, salvo que en ellos se disponga otra cosa, y vinculan a la administración y a los particulares. Su revisión y sustitución procede en los casos que ellos mismos regulen o cuando se manifieste la inadecuación de su modelo territorial a nuevas circunstancias.». Asimismo, para la aprobación de cualquier modificación que afecte a dicho plan, tal y como establece el artículo 63 de la LOTUP y el artículo 55 de la LRAU, deberá de seguirse el procedimiento previsto para su aprobación.  
B. Mantener la gestión indirecta del programa de actuación integrada, en cuyo caso podrá requerir a quienes formularon proposiciones jurídico-económicas a la alternativa técnica seleccionada, por el orden derivado de la aplicación de los criterios de adjudicación, a fin de que acepten la adjudicación y prosigan con la ejecución del programa de actuación.  
C. Subsidiariamente, incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador, o la administración en caso de optarse por la gestión directa, asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya.  
D. La indemnización de los daños y perjuicios arrogados a la administración, puesto que no procede la incautación de garantías al no haberse depositado, ni al establecimiento de penalidades al no haberse iniciado prestación alguna.  
14. No resulta posible la incautación de las garantías al no haberse depositado, ni tampoco se aprecian especiales circunstancias para determinar la existencia de daños y perjuicios a esta Administración.  
15. Independientemente del mantenimiento, en el actual procedimiento, de la clasificación de suelo urbanizable sin programación del sector SM1 Burga, la potestad de planeamiento referida a la ordenación territorial y urbanística corresponde a la Generalitat y a los municipios, tal y como regula el artículo 2 de la LOTUP. Competencias que deben de preservar un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, debiendo de seguir los criterios de la infraestructura verde, el paisaje y la ocupación racional de suelo que regula el del título primero de la LOTUP.  
16. Belba, SL, como agente urbanizador del sector, tal y como se ha reflejado en los antecedentes invocados ha mostrado su conformidad con la resolución del programa y la remoción de la mercantil como agente urbanizador, por lo que se considera que existe mutuo acuerdo en el presente procedimiento. Asimismo se estima que el resto de cuestiones a que hace referencia en el escrito de conformidad no son propias del programa, por lo que no cabe su consideración en la resolución que se adopte.  
Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento que acuerde:  
  
Primero. Declarar la caducidad del presente expediente, resolviendo y declarando desierto el contrato o convenio de programación, así como el programa del sector SM1 Pla de Burga, al no haber cumplido Belba, SA los requisitos exigidos por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2004, para la firma del contrato de programación y no haber aportado las garantías exigidas para ello.  
  
Segundo. Considerar que no se ha acreditado la existencia de especiales circunstancias que justifiquen la imposición de penalidades o que se hayan producido daños y perjuicios a esta administración por el incumplimiento de los requisitos exigidos y que han imposibilitado la firma del contrato de programación. Tampoco resulta factible la incautación de la garantía, puesto que esta no se ha depositado.  
  
Tercero. No procede el reconocimiento de indemnización alguna al agente urbanizador o a los propietarios por la resolución del programa, puesto que esta no se basa en causas de fuerza mayor o por cambios de criterios de planeamiento o programación.  
  
Cuarto. La resolución del programa de actuación integrada no conlleva la anulación o modificación del plan parcial del sector SM1 Pla de Burga, por lo que el ámbito de la actuación queda sujeto al régimen del suelo urbanizable sin programación. No obstante el mantenimiento en el presente procedimiento de la vigencia del plan parcial no supone, ni presupone que este ayuntamiento no pueda ejercer plenamente las competencias de planeamiento que le otorga el artículo 2 de la LOTUP.  
  
Este asunto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo reunida en sesión extraordinaria y urgente el 27 de octubre de 2017.  
  
Se somete a votación de los concejales la propuesta de acuerdo, siendo el resultado de esta el que sigue:  
  
Votos a favor: once (PSPV/PSOE, Units pel Poble: Compromís, Partido Popular, Ciudadanos).  
Votos en contra: ninguno.  
Votan abstención: ninguno.  
  
Por tanto, queda aprobada por unanimidad la propuesta de la Alcaldía.  
  
Cabanes, 4 de diciembre de 2017.- La alcaldesa: Soledad Segarra Mulet.