Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6835, del 07-08-2012 (2012/7531)

Información pública del Acuerdo de 4 de junio de 2012, del Pleno, por el que se procede a la resolución de la condición de agente urbanizador de la unidad de ejecución denominada Magraner, del planeamiento urbanístico de esta localidad y a la asunción por parte del Ayuntamiento de la gestión directa de la actuación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6835

Fecha DOGV
:   07-08-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2012/7531


Fecha del documento
:   25-07-2012

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Moncofa

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Moncofa
    * plan de urbanismo
    * administración local

Información pública del Acuerdo de 4 de junio de 2012, del Pleno, por el que se procede a la resolución de la condición de agente urbanizador de la unidad de ejecución denominada Magraner, del planeamiento urbanístico de esta localidad y a la asunción por parte del Ayuntamiento de la gestión directa de la actuación. [2012/7531]  
Jaime Picher Julia, alcalde presidente del Ayuntamiento de Moncofa, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa de aplicación dicta el presente edicto:  
  
El Pleno del Ayuntamiento de Moncofa, en sesión de carácter ordinaria habida en fecha 4 de junio de 2012 adoptó el siguiente acuerdo:   
  
«Jaime Picher Julia, alcalde presidente del Ayuntamiento de Moncofa, en virtud de las facultades que le otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y atendiendo a los informes evacuados por los Servicios Municipales de Urbanismo en fecha 13 de febrero y 5 de marzo de 2012, dispone:  
  
Antecedentes y fundamentos jurídicos  
Considerando los antecedentes y fundamentación jurídica obrantes en la exposición de hechos del acuerdo plenario habido en fecha 29 de septiembre de 2011 relativo a la resolución de la condición de agente urbanizador de la unidad de ejecución denominada Magraner y a la asunción por parte del Ayuntamiento de Moncofa de la gestión directa de la actuación.  
Considerando que se ha procedido conforme a la parte resolutiva de dicho acuerdo en tanto que se ha procedido a la publicación del correspondiente edicto de información pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6671, de fecha 15 de diciembre de 2011), en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad (diario Levante) en fecha 6 de diciembre de 2011 y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento así como que se ha concedido un plazo de audiencia a través de la remisión de las correspondientes notificaciones a quienes aparecían como interesados en el presente procedimiento conforme señala la legislación urbanística.  
Considerando la existencia del certificado emitido por el secretario del Ayuntamiento en fecha 8 de febrero de 2012 en el que consta que durante el referido período de información pública se han presentado determinadas alegaciones.  
Considerando la existencia del informe emitido por el secretario de la Corporación en fecha 13 de febrero de 2012.  
Considerándose las alegaciones presentadas en relación con el aludido período de información pública, que vienen a resolverse a continuación:  
- Alegación formulada por Jorge Marco Aguilar manifestando actuar en nombre y representación de la mercantil CISA 2011, SLU (antes CISA, Cartera de Inmuebles, SLU) en virtud de escrito con número de registro de entrada 15861, de fecha 13 de diciembre de 2011.  
En relación con al presente escrito de alegaciones, se efectúan las siguientes manifestaciones, a saber:  
En primer término, manifiesta la mercantil alegante que no existe inconveniente alguno a fin de que se proceda a la resolución de la condición de agente urbanizador de la mercantil Pladesa, SL, y de que el Ayuntamiento asuma la gestión directa de la actuación.  
No obstante lo anterior, manifiesta la mercantil alegante que la adquisición de los terrenos por parte de CISA, Cartera de Inmuebles, SLU, al anterior propietario de los terrenos se materializó en virtud de escritura notarial en la que se concreta que la alegante adquiría los terrenos libres de cargas, incluidas las urbanísticas.  
En consecuencia, manifiesta el alegante que las cuotas de urbanización deberán ser reclamadas por la Administración al anterior propietario.  
En relación con el presente punto de alegaciones, no debe desconocer el alegante las obligaciones que le son propias en tanto que adquirente de parcelas incluidas en el ámbito de un programa de actuación integrada.  
A tales efectos la legislación urbanística, tanto estatal como autonómica ha venido a ser clara e invariable al respecto, al instituir ya el principio de subrogación real o efecto subrogatorio en el Artículo 88 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, posteriormente en el artículo 21 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones y artículo 18 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y en la actualidad y con plena vigencia en el artículo 25 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y en el artículo 19 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.  
En consecuencia, nos encontramos ante una obligación propter rem, esto es, estamos ante derechos u obligaciones que tienen su origen en la propiedad de una determinada parcela y de los cuales un sujeto está ligado en tanto sea titular de la misma y precisamente por serlo.  
En este sentido, es pacífica también la jurisprudencia en cuanto a la materialización de los citados preceptos. De un modo clarificador lo previene entre otras el FJIV de la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de junio de 2000:   
«El principio de subrogación real o, si se prefiere, el efecto subrogatorio establecido en el artículo 130 del Decreto Legislativo 1/1990, como con anterioridad estableció el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, inclusive con invocaciones a la configuración de una especie de obligatio propter rem, ha tenido nutrida aplicación a la materia de autos -en atención a la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo que se irá señalando así como, en sintonía con la misma, en la aplicada por esta Sección y Sala, entre otras, en las sentencias nº 373, de 10 de mayo de 1993, nº 196, de 18 de marzo de 1994, nº 131, de 20 de febrero de 1995, nº 190, de 11 de marzo de 1995, nº 45, de 24 de enero de 1996, nº 998, de 12 de diciembre de 1998 y nº 944, de 1 de octubre de 1999.  
Efectivamente se ha establecido y procede reiterar que, de un lado, la subrogación real congela el régimen urbanístico de la propiedad inmobiliaria, con independencia de quien sea el titular propietario evitando que el cambio en la titularidad dominical pueda alterar el régimen de obligaciones y deberes legales urbanísticos especialmente los compromisos contraídos con la Administración urbanística y, de otro lado, que la transmisión de la propiedad lleva consigo la subrogación del adquirente en los derechos y obligaciones, en las potestades y deberes, al punto que no se requiere la previa inscripción en el registro de la propiedad inmobiliaria, porque el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, salvo en los casos en que así lo disponga una norma legal y expresa, no alcanza a las limitaciones o deberes instituidos en las leyes reguladoras de la ordenación urbana y régimen de suelo o impuestos en actos de ejecución de sus preceptos, no siendo ocioso referir el sistema de publicidad urbanístico que permite a todo ciudadano obtener perfecto conocimiento del régimen urbanístico a que está sometido el inmueble que pretende adquirir y en tal sentido no cabe trasladar al orden jurídico urbanístico temáticas que no son sino consecuencia de negligencias informativas y falta de advertencias del vendedor contra el cual siempre cabe ejercitar las acciones civiles que correspondan. En definitiva, el cambio de propietario debe resultar intrascendente y el adquirente ha de quedar subrogado en la posición jurídica del transmitente, sin que sea obstáculo la protección derivada del registro de la propiedad sea por el artículo 13 o 34 de la Ley Hipotecaria - sentencias del Tribunal Supremo Sala 3ª de 24 de abril de 1984, de 10 de mayo de 1990, de 9 de octubre de 1990, de 8 de noviembre de 1990, de la Sala 3ª Sección 5º de 18 de enero de 1996, de 12 de diciembre de 1997, de 7 de febrero de 1998, entre otras».  
Dicho en otras palabras y desde otra perspectiva, complemento del artículo 130 del Decreto Legislativo 1/1990 es el artículo 94 del mismo texto legal - como con anterioridad estableció el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976- que con evidente finalidad de garantía para los adquirentes y de proteger el tráfico jurídico obliga a los transmitentes a hacer constar expresamente en el título de enajenación las circunstancias contenidas en el mismo -así las que nos ocupan en el presente caso- al extremo que el incumplimiento de ello autoriza al adquirente para resolver, o quizá mejor rescindir, el contrato en los términos que en ese precepto se indican por lo que la mayor onerosidad o perjuicios que se traten de hacer valer deberán ser invocadas en su caso ante la jurisdicción ordinaria -Sentencias del Tribunal Supremo Sala 3ª de 2 de noviembre de 1993, de 21 de junio de 1994, Sala 3ª Sección 5ª de 29 de enero de 1996, de 16 de julio de 1996, de 3 de febrero de 1997, entre otras.  
En términos análogos, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre los efectos que producen la transmisión de fincas sobre las obligaciones contraídas frente a la Administración urbanística competente.   
Así en sus sentencias de 2 de noviembre de 1993, 18 de enero de 1996, 29 de enero de 1996, 16 de julio de 1996, 7 de julio de 2000 o 31 de mayo de 2005, el propio tribunal declaró que en supuestos de enajenación de fincas, el adquirente queda subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en los compromisos que hubiese contraído con la Administración respecto de la urbanización, de acuerdo con el principio, sancionado legalmente, de subrogación real, que como se ha apuntado en relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia anteriormente transcrita, congela el régimen urbanístico de la propiedad inmobiliaria, con independencia de quien sea su titular propietario, evitando de esta forma, que el simple cambio en la titularidad dominical de una finca pueda alterar tanto las limitaciones y deberes legales como los compromisos contraídos con la Administración urbanística, pues las normas urbanísticas, y por tanto los planes de esta naturaleza, son derecho necesario, que no puede ser desconocido por los titulares adquirentes de fincas sobre las que pesan determinadas limitaciones o deberes, aunque, para proteger el tráfico jurídico, el transmitente venga obligado a hacer constar expresamente en el titulo de enajenación las limitaciones y demás circunstancias urbanísticas, entre las que se encuentran los compromisos que el propietario hubiese asumido en orden a la urbanización (actualmente recogida dicha obligación en el artículo 19.2 y 3 del TRLS 2/2008), autorizando, de lo contrario, al adquirente a resolver el contrato o ejercitar frente a aquél las acciones de las que se crea asistido frente a la jurisdicción civil, que no ante la contencioso administrativa.  
Parafraseando la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2005 (antecedente segundo), el adquirente se subroga en los derechos y obligaciones del transmitente, ya que estos tienen carácter ob rem y siguen por ello a la cosa y no a la persona.  
A mayor abundamiento en esta cuestión, la subrogación real del adquirente en la posición jurídica del transmitente se produce sin que para ello pueda ser obstáculo la protección derivada del Registro de la Propiedad. La fe pública registral, en definitiva, protege al tercer adquirente de las limitaciones voluntarias, no así de las instituidas por ley o en virtud de las misma por los actos de ejecución de sus preceptos, que en cuanto afectan al interés general, gozan de una publicidad que trasciende a la del Registro de la Propiedad, de suerte que en los supuestos de enajenación de fincas el adquirente queda subrogado en el lugar y puesto del transmitente no únicamente en cuanto a las limitaciones impuestas por la ley o derivadas de la misma, sino también en cuanto a los compromisos y obligaciones asumidos por éste con la Administración pública, sin perjuicio de las facultades resolutorias e indemnizatorias que a aquél reconoce el artículo 19 de TRLS 2/2008.  
En dicho sentido es destacable la STS de la Sec. 5 ª, Sala 3 ª de 21 de junio de 1994 que establece que la propia Sala tiene declarado (así en STS de 7 de octubre de 1980, de 27 de febrero de 1981, de 10 de mayo de 1990) que el efecto subrogatorio no requiere la previa inscripción en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, porque el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, salvo en los casos en que así lo disponga una norma legal y expresa, no alcanza a las limitaciones y deberes instituidos por las Leyes reguladoras de la Ordenación Urbana y Régimen del Suelo o impuestas en actos de ejecución de sus preceptos, y tal doctrina debe mantenerse a pesar de las críticas que se han formulado contra el mencionado artículo 88 (del TRLS/1976) en el sentido de considerarlo atentatorio a los principios de publicidad y seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, porque frente a ellas debe tenerse presente que, además de no consentir otra interpretación los claros términos de dicho precepto, el mismo texto refundido establece en su artículo 55 un sistema de publicidad urbanística que permite a todo ciudadano obtener conocimiento del régimen urbanístico a que esté sometido el edificio que pretende adquirir (hoy artículo 4 d) TRLS 2/2008), y en tal sentido el recurrente no puede trasladar al orden jurídico administrativo la frustración que de sus proyectos adquisitivos se produzcan como consecuencia de una negligencia informativa o falta de advertencia del vendedor, contra el cual siempre podrá ejercitar las acciones civiles que considere convenientes.  
En consecuencia, y en atención a lo expuesto, debe desestimarse el presente punto de alegaciones.  
En segundo término, manifiesta la mercantil alegante que no debe proceder al pago de las cuotas de urbanización, en tanto que la Administración no debe proceder a la repercusión de los costes de urbanización a la misma, sino que ésta debe realizarse vía incautación de garantías a quien resultó ser agente urbanizador.  
En relación con este punto, debe segregarse de modo claro quien se constituye como sujeto responsable de las cuotas de urbanización en tanto que ingreso de derecho público en el marco de un procedimiento de programación del planeamiento urbanístico, de una eventual incautación de garantías y en su caso, del destino de éstas.  
En este sentido, es pacífica la doctrina que ha venido a considerar las cuotas de urbanización como la concreción de un conjunto de obligaciones de carácter monetario inherentes al deber de urbanizar del propietario.  
De este modo, las cuotas de urbanización se constituyen como una contrapartida a las plusvalías generadas en el proceso de gestión del planeamiento y que revierten a favor del propietario de la parcela, favoreciendo y posibilitando además la procedente equidistribución de beneficios y cargas.  
A tales efectos, el artículo 14 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones ya establecía de modo expreso la obligación de los propietarios de costear la urbanización; obligación ésta que como se ha establecido en el párrafo precedente, encuentra su contrapartida en la obtención de las propias plusvalías (artículo 3 LRSV) que genera la ejecución de la actuación a favor del propietario de la parcela a través del reparto equitativo de los beneficios y cargas (artículo 5 LRSV); y que en la actualidad encuentra acomodo en los artículos 8.1.c), 9.3 y 16.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En suma, lo anterior no es más que una concreción del principio general del Derecho Urbanístico que conlleva el afectar el aumento de valor del suelo originado por el planeamiento al pago de los gastos de urbanización.  
Sin perjuicio de lo anterior, el régimen jurídico aplicable al presente procedimiento y que ya se señaló a cuenta del informe y posterior acuerdo plenario municipal de sometimiento a información pública, no es otro que el recogido en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, la cual, viene a señalar de modo claro en su Art. 67.1 LRAU que se constituyen como «cargas de la urbanización que todos los propietarios deben retribuir en común al urbanizador, el coste de las obras de urbanización», precepto que viene a reproducir la vigente Ley Urbanística Valenciana en su artículo 168.1.  
Sentado este principio general de acuerdo con el cual es el propietario que obtiene la plusvalía quien debe costear las correspondientes obras de urbanización, no puede acogerse la pretensión del alegante en relación con lo dispuesto en el aludido artículo 143 LUV, en tanto que como establece su apartado 4.c.2), la compensación a la que alude el precepto no concurre en el presente caso, en tanto que la totalidad de las cuotas satisfechas por los propietarios mientras la gestión de la actuación tuvo carácter indirecto fue aplicada a la ejecución de las obras de urbanización previstas en el programa tal como consta entre la documentación obrante en el expediente y cuyo objeto no ha suscitado escrito de alegaciones por parte de propietario alguno, ni siquiera por el ahora alegante.  
Y todo ello en relación con lo previsto en el artículo 29.13.c.2) LRAU, que en todo caso sería el precepto aplicable al objeto de la alegación formulada.  
En consecuencia, el presente punto de alegaciones debe ser igualmente desestimado.  
En relación con el tercer punto de alegaciones, manifiesta la mercantil CISA, 2011, SLU que en virtud de escritura de escisión autorizada el día 7 de junio de 2011 por el notario de Valencia, Carlos Pascual de Miguel, número 1101 de protocolo, determinados inmuebles propiedad de Cartera de Inmuebles, SLU, han pasado a pertenecer a CISA, 2011, SLU, entre los que se encuentran los terrenos situados en la Unidad de Actuación que nos ocupa, solicitando que en lo sucesivo las notificaciones se efectúen a CISA 2011, SLU.  
En relación con el presente punto de alegaciones, debe adelantarse que se estima la alegación presentada en cuanto a la solicitud efectuada de proceder a la notificación a la mercantil CISA, 2011, SLU, de cuantas actuaciones se lleven en el presente procedimiento, y ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
No obstante lo anterior, debe indicarse que ello no obsta a que las sucesivas actuaciones llevadas a cabo en el presente procedimiento deban ser igualmente notificadas a CISA Cartera de Inmuebles, SLU, que es en todo caso la mercantil que aparece en la certificación de dominio y cargas expedida por el registrador de la propiedad en fecha 20 de octubre de 2011 en relación con la titularidad registral de determinadas fincas registrales.  
- Alegación formulada por Jorge Marco Aguilar manifestando actuar en nombre y representación de la mercantil Bancaja Habitat, SL en virtud de escrito con número de registro de entrada 187 de fecha 10 de enero de 2012.  
En relación con el presente escrito de alegaciones, debe informarse que puesto que su contenido es análogo al presentado por Jorge Marco Aguilar manifestando actuar en nombre y representación de la mercantil CISA 2011, SLU, la resolución de las mismas debe reproducir lo señalado respecto a la resolución de la alegación anterior, sin perjuicio de lo señalado en el punto tercero, en tanto que en el presente caso se estima la alegación presentada en cuanto a la solicitud efectuada de proceder a la notificación a la mercantil Bancaja Habitat, SLU, de cuantas actuaciones se lleven en el presente procedimiento de acuerdo con el citado artículo 61 AEQND-IHG.  
Que sin perjuicio de la presente resolución de alegaciones, en cuanto a la fundamentación jurídica del presente procedimiento, cabe remitirse a los informes de fecha 7, 8 y 16 de septiembre de 2011.  
- Alegación presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, zona Castellón, mediante escrito con número de registro de entrada 16869 de fecha 26 de diciembre de 2011.  
En la presente alegación, el alegante manifiesta que no consta en la Sociedad ninguna solicitud de suministro para la citada Actuación Urbanística, indicando que para acreditar si se cuenta con capacidad suficiente deberá ser preceptiva la recepción de la solicitud correspondiente, con el fin de emitir dicha Sociedad el estudio/informe que acredite dicha disponibilidad de suministro.  
El alegante hace referencia al artículo 157.3 de la LUV, según el cual «Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los de la red primaria y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos. En los servicios de titularidad privada se acreditará la disponibilidad real de suministros por parte de las empresas titulares del servicio».  
A este respecto cabe informar que dicha solicitud de suministro ya fue efectuada por el agente urbanizador Pladesa, SL, quien tramitó con la compañía suministradora Iberdrola, la electrificación de la Unidad de Ejecución, bajo las siguientes referencias:  
Expediente de Iberdrola: 9388061666.  
Promotor: Pladesa, SL.  
Tipo de línea: subterránea.  
Tipo de suministro: actuación urbanística.  
Dirección del suministro: UE Magraner.  
Municipio en el que se encuentra el suministro: Moncofa.  
Por todo ello y entendiendo que la solicitud de suministro a que hace referencia la alegación, ya fue tramitada, si bien con otro agente urbanizador distinto del Ayuntamiento, debería desestimarse la alegación, sin perjuicio de las consideraciones o apreciaciones que desde la compañía suministradora puedan indicarse respecto de las obras previstas para la finalización de la urbanización que afecten a la infraestructura eléctrica.  
En consecuencia, se eleva como propuesta de resolución, desestimar la alegación presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, zona Castellón, por entender que lo alegado ya fue satisfecho por Pladesa, SL, sin perjuicio de las consideraciones o apreciaciones que desde la compañía suministradora puedan indicarse respecto de las obras previstas para la finalización de la urbanización que afecten a la infraestructura eléctrica.  
Que asimismo, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística deberá presentarse en el Registro de Programas de la Conselleria competente en materia de urbanismo, el correspondiente acuerdo de aprobación, el cual determinará los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
Que asimismo, en el presente procedimiento se ha evacuado informe favorable por parte del Interventor municipal en fecha 17 de mayo de 2012.  
Que atendiendo a cuanto antecede la Alcaldía-Presidencia eleva la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno:  
  
Primero. Proceder a la resolución de la condición de agente urbanizador de la Unidad de Ejecución denominada Magraner del planeamiento urbanístico de esta localidad a la mercantil Pladesa, SL.  
  
Segundo. Proceder a la asunción por parte del Ayuntamiento de Moncofa de la gestión directa de la actuación.  
  
Tercero. Proceder a la aprobación de la documentación obrante en el presente procedimiento, esto es, proyecto de urbanización, estado de mediciones de las obras pendientes de ejecución, así como toda aquella documentación que haya formado parte del procedimiento llevado a cabo mediante gestión indirecta, así como proceder a la aprobación de la Cuenta de Liquidación Provisional objeto de información pública.  
  
Cuarto. Estimar/desestimar las alegaciones presentadas conforme a lo establecido en el presente acuerdo.  
  
Quinto. Notificar el correspondiente acuerdo a todos aquellos que aparezcan como interesados en el procedimiento, advirtiéndoles de los recursos que caben contra el mismo, plazo para interponerlos y órgano ante el que presentarlos.  
  
Sexto. Dar traslado del correspondiente acuerdo al Registro de Programas perteneciente a la conselleria competente en urbanismo previa su publicación.  
  
Séptimo. Publicar el correspondiente acuerdo en el tablón de anuncios de esta Corporación, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia.  
  
Octavo. Dar traslado del correspondiente acuerdo a la Intervención de este ayuntamiento, así como al Departamento de Contratación y de Recaudación».  
Asimismo cabe advertirle que contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso de reposición con carácter potestativo, ante el Pleno, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación según lo dispuesto en el artículo 52 LBRL en relación con los artículos 116 y 352 TLH-JND.   
Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 LBRL en relación con lo dispuesto en el artículo 116.4 FQH-ZIV y 7 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, podrá presentarse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, no pudiéndose interponer éste hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto».  
Lo que se publica a los efectos oportunos,  
  
Moncofa, 25 de julio de 2012.- El alcalde: Jaime Picher Juliá.