Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 10077, del 19-02-2025 (2025/2704)

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2025, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de violencia sobre la mujer para el período comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2027, ambos inclusive.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   10043

Fecha DOGV
:   19-02-2025

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2025/2704

CVE
:   MTBK-W-7242-5716

Fecha del documento
:   17-02-2025

Organismo emisor
:   Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

El artículo 34 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana contempla, en la letra b de su apartado primero, la acción concertada como forma de provisión de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales con entidades privadas de iniciativa social.

El artículo 87.1 de la misma ley establece que los acuerdos de acción concertada son instrumentos organizativos de naturaleza no contractual a través de los cuales las administraciones competentes podrán organizar la prestación de servicios sociales por entidades de iniciativa social cuya financiación, acceso y control sean de su competencia ajustándose al procedimiento y a los requisitos que prevé esta ley y la normativa sectorial que sea aplicable.

El Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social (en adelante, Decreto 181/2017), aprueba el reglamento que regula los requisitos, procedimiento de selección, contenido y condiciones básicas para la implantación, ejecución y desarrollo de los acuerdos de acción concertada.

De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 181/2017, corresponde a la persona titular de la conselleria competente en materia de servicios sociales efectuar la convocatoria de conciertos con entidades de iniciativa social, mediante la resolución, que ha de recoger aquellos aspectos y elementos que establece dicha norma, delimitando el objeto y, en su caso, número de plazas y características de las prestaciones susceptibles de concierto; así como los criterios de valoración de entidades, centros y servicios para la resolución del procedimiento de selección y adopción de acuerdos de acción concertada, tanto en función de las disponibilidades presupuestarias, como de la necesaria continuidad y garantía de calidad del servicio que vienen prestando las entidades de iniciativa social, bajo los principios de transparencia, publicidad y no discriminación.

Dentro de la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, el Comisionado para la lucha contra la Violencia sobre la Mujer dispone del programa presupuestario 323B00 «Lucha contra la Violencia sobre la Mujer» para la ejecución de sus objetivos, entre los cuales se encuentran: ampliar la red de la Generalitat de atención social a víctimas de violencia y mejorar su eficacia, así como contribuir a eliminar toda situación de violencia sobre la mujer; la red de la Generalitat de asistencia social integral a las víctimas de violencia sobre la mujer está compuesta, por servicios de régimen ambulatorio y por servicios de régimen residencial.

La demanda de servicios y plazas en centros de atención social a mujeres víctimas de violencia supera ampliamente los medios y recursos de que disponen el conjunto de las Administraciones Públicas, y conscientes de la situación de emergencia en la que se encuentran estas mujeres y a la que hay que dar una respuesta inmediata y urgente, es necesario, dada la importancia del Tercer Sector, implementar el actual sistema público de servicios sociales, mediante la fórmula de provisión de servicios sociales a través de la acción concertada con los dispositivos de las entidades de iniciativa social especialmente cualificadas para la atención a dicho colectivo de mujeres.

El art. 3 del Decreto 32/2024, de 21 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat (DOGV n.º 9990 bis, de 22.11.2024) establece que «se asignan a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda las competencias en materia de políticas de prestación social, servicios sociales, dependencia, personas con discapacidad, igualdad, familias, infancia y adolescencia, adopciones, juventud, mujer, personas migrantes, cooperación al desarrollo, voluntariado social y vivienda».Concretamente corresponde al Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, ejercer las funciones en materia de prevención y atención integral a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas, a tenor de lo establecido en el Decreto 173/2024, de 3 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades que confiere el Decreto 132/2023, de 10 de agosto, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y en relación con el citado artículo 13 del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, a propuesta del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer:

RESUELVO

*Primero*

Aprobar la convocatoria pública de los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de violencia sobre la mujer para el periodo 2025-2027, con arreglo a lo dispuesto en el anexo I de Condiciones generales de la convocatoria y los anexos que estarán disponibles en la sede electrónica, a través del correspondiente trámite, ordenando su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

*Segundo*

La presente convocatoria tiene carácter plurianual y, será de aplicación a los conciertos sociales que se celebren en dicho ámbito y sector de acción social, para el período 2025-2027, con cargo al programa presupuestario 323B00 «Lucha contra la Violencia sobre la Mujer», Capítulo IV, de la Sección 16, línea S0336, denominada «Acción concertada centros residenciales violencia contra la mujer y servicio de prevención y atención trata y prostitución», con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente del  Presupuesto de la Generalitat 2024, prorrogado automáticamente para el ejercicio 2025, con los importes detallados a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Anualidad* | *Importe* | *Centro Gestor* | *Posición Presupuestaria* | *Projecto/Elemento PEP* | *Fondo* |
| 2025 | 2.799.800,00 € | U39405681CX28715 | B596G4567696 | O958484751 | TE22000010 |
| 2025 | 3.439.209,50 € | Y53666774PN74926 | U833Z3490086 | X766307236 | NO |
| 2026 | 2.799.800,00 € | W92689193BE61285 | Z764N0537228 | F143212406 | TE22000010 |
| 2026 | 7.841.501,25 € | P75444756AJ80920 | L445W4866103 | P734818947 | NO |
| 2027 | 2.799.800,00 € | L88773738MQ97629 | M686V2560449 | V861334573 | TE22000010 |
| 2027 | 1.602.491,75 € | Y11832672KL81197 | V589U1586157 | J007226080 | NO |

  

El importe de las anualidades 2026 y 2027 quedará condicionado a la efectiva existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la Generalitat de los respectivos ejercicios.

En caso de que, tras el oportuno procedimiento de selección y durante la vigencia de la convocatoria quedara un remanente de crédito sin disponer en la línea, la Conselleria podrá fijar nuevos servicios y número de plazas a concertar para atender las necesidades sociales.

*Tercero*

En todo caso, la fecha de inicio de los conciertos sociales de esta convocatoria será la que se determine en la resolución de concesión, no pudiendo ser anterior al 1 de junio de 2025 y finalizará el 31 de mayo de 2027, sin perjuicio de sus posibles prórrogas.

*Cuarto*

Delegar en la persona titular del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, en virtud del artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la resolución del procedimiento de acción concertada a que se refiere esta convocatoria, la formalización de los conciertos sociales, así como la ampliación del periodo de vigencia del acuerdo de acción concertada, mediante prórroga, de mutuo acuerdo, del programa concertado.

*Quinto*

Delegar en las personas titulares de las direcciones territoriales competentes en violencia sobre la mujer, en virtud del artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el reconocimiento de las obligaciones y su propuesta de pago, la firma de los documentos contables y el procedimiento de reintegro.

De conformidad con lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  o, directamente, un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 17 de febrero de 2025

Susana Camarero Benítez

Vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

ANEXO I

*Condiciones generales de la convocatoria de los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de violencia sobre la mujer*

Índice

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 2. Servicios para concertar:número de plazas y tipología de servicios.

Artículo 3. Duracióndel concierto y vigencia de la convocatoria.

Artículo 4. Cobertura de plazas y acceso a los servicios por las personas usuarias.

Título II. Del procedimiento de concertación

Capítulo I. Requisitos

Artículo 5. Solicitantes.

Artículo 6. Requisitos generales.

Capítulo II. Iniciación del procedimiento

Artículo 7. Iniciación de oficio.

Artículo 8. Forma, plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Artículo 9. Documentación e información que debe acompañar a la solicitud.

Capítulo III. Ordenación e instrucción del procedimiento

Artículo 10. Órgano competente para la tramitación e instrucción del procedimiento. Subsanación.

Artículo 11. Criterios de selección y valoración de entidades.

Artículo 12. Comisión de Evaluación.

Artículo 13. Propuesta de resolución.

Capítulo IV. Finalización del procedimiento de selección

Artículo 14. Resolución de concesión.

Artículo 15. Contenido de la resolución en relación con las plazas concertadas.

Artículo 16. Medios de notificación y publicación.

Artículo 17. Recursos

Capítulo V. Formalización de los conciertos

Artículo 18. Condiciones previas a la formalización

Artículo 19. Formalización del concierto social

Título III. Financiación de la acción concertada

Artículo 20. Módulos económicos. Cálculo del importe de la anualidad del concierto social

Artículo 21. Prohibición de cobro a personas usuarias.

Artículo 22. Justificación de la prestación del servicio

Artículo 23. Pago del coste del concierto social

Artículo 24. Comprobación y control del gasto

Título IV. Ejecución de los conciertos

Artículo 25. Obligaciones de la Administración concertante

Artículo 26. Obligaciones del titular de los centros concertados

Artículo 27. Informe de auditoría externa, memoria económica y memoria de actuaciones.

Artículo 28. Calidad de los servicios: actuaciones de control y seguimiento

Artículo 29. Contratación de actividades accesorias con terceras personas

Artículo 30. Resolución de conflictos

Artículo 31. Inspección y control ordinario

Título V. Condiciones técnicas para la realización de las prestaciones y servicios

Artículo 32. Centros residenciales de carácter convivencial para mujeres con Autonomía Artículo 33. Viviendas de Intervención para mujeres víctimas de violencia de género y machista.

Artículo 33.bis. Viviendas de Intervención para mujeres víctimas de violencia de género y machista de especial vulnerabilidad

Artículo 34. Viviendas para mujeres víctimas de trata y prostitución.

Artículo 35. Centros de Recuperación Integral para mujeres víctimas de violencia de género y machista.

Artículo 36. Centros de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y machista.

Artículo 37. Uso de las habitaciones

Título VI. Revisión y Modificación de los conciertos. Protección de datos y transparencia.

Artículo 38. Modificación de los conciertos

Artículo 39. Revisión y Modificación de las condiciones económicas

Artículo 40. Continuidad del servicio.

Artículo 41. Protección de datos.

**TÍTULO I**

**Disposiciones generales**

*Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación*

1. Constituye el objeto del concierto, según se determina en la presente convocatoria, tanto la gestión integral de centros, como la reserva y ocupación de plazas por personas usuarias del sistema público de servicios sociales en centros de atención residencial especializados en víctimas de violencia sobre la mujer, sin necesidad de cubrir la totalidad de plazas autorizadas del recurso. Las plazas de los servicios que sean concertados se integrarán en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

2. Por la presente convocatoria, la Conselleria competente en materia de servicios sociales podrá encomendar a entidades de iniciativa social, mediante acuerdos de acción concertada, la provisión del servicio de centros residenciales de acogida a víctimas de violencia sobre la mujer previsto en el apartado V del anexo del Decreto 181/2017, donde se detallan los Sectores y servicios del sistema público valenciano de servicios sociales susceptibles de acuerdos de acción concertada.

*Artículo 2. Servicios para concertar: número de plazas y tipología de servicios.*

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes, las necesidades de atención social, la población que actualmente se encuentra siendo atendida y la demanda de plazas de nueva creación en determinadas áreas geográficas, constituye el objeto específico de la convocatoria los servicios correspondientes a 220 plazas que, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, a continuación, se detallan:

a) Centros residenciales de carácter convivencial para mujeres con autonomía: 20 plazas.

b) Viviendas de intervención para mujeres víctimas de violencia de género y machista: 54 plazas.

b) bis. Viviendas de Intervención para mujeres víctimas de violencia de género y machista de especial vulnerabilidad: 21 plazas.

c) Viviendas para mujeres víctimas de trata y prostitución: 12 plazas.

d) Centros de recuperación integral para mujeres víctimas de violencia de género y machista: 101 plazas.

e) Centro de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y machista: 12 plazas.

*Artículo 3. Duración del concierto y vigencia de la convocatoria.*

1. El plazo de vigencia de la convocatoria se iniciará al día siguiente de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, y finalizará el 31 de mayo de 2027.

2. Los conciertos sociales que se suscriban al amparo de la presente convocatoria tendrán carácter plurianual con una duración máxima de 2 años, desde la fecha de efectos fijada en la resolución de concesión y el documento de formalización, finalizando, en todo caso, el día 31 de mayo de 2027, sin perjuicio de su posible prórroga.

3. El concierto podrá prorrogarse hasta un periodo de dos años con el acuerdo explícito de las partes mediante una o sucesivas prórrogas, por resolución del órgano competente, siempre que concurran las circunstancias previstas en Título VII, del Decreto 181/2017. La prórroga estará supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la Generalitat para el ejercicio que corresponda.

*Artículo 4. Cobertura de plazas y acceso a los servicios por las personas usuarias.*

1. El acceso a las plazas concertadas será siempre a través del procedimiento y órgano administrativo que designe la administración concertante para su ocupación.

2. Mediante la resolución de la Dirección Territorial competente en materia de servicios sociales se asignarán las plazas concertadas en su provincia a las mujeres y menores que las acompañan.

3. El centro concertado admitirá a la mujer sola o acompañada de menores a su cargo.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las personas que se encuentren ya atendidas en cualquiera de los centros en el momento de la entrada en vigor de los acuerdos sociales suscritos con base en la presente convocatoria, y que cumplan con los requisitos establecidos para ser usuarias de la acción concertada, podrán continuar en la misma plaza.

**TÍTULO II**

**Procedimiento de concertación**


CAPÍTULO I

*Requisitos*

*Artículo 5. Solicitantes*

1. Podrán acceder al régimen de acción concertada para la prestación de servicios en materia de servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de violencia sobre la mujer, las entidades de iniciativa social, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6 de la presente convocatoria.

2. Se considera como entidad de iniciativa social las fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y otras entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de servicios sociales. Asimismo, se consideran incluidas las sociedades cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro conforme a su normativa específica.

*Artículo 6. Requisitos generales*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 181/2017, podrán acceder al régimen de acción concertada las entidades de iniciativa social prestadoras de servicios sociales que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar debidamente inscritas en el Registro general de los titulares de actividades, de servicios y centros de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, regulado por Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales.

b) Contar con la acreditación administrativa exigida por la normativa sectorial o cumplir con los requisitos de solvencia técnica que se establecen en la disposición transitoria tercera del Decreto 181/2017:

– Tener una experiencia mínima de un año en la atención a personas y servicios en el sector de víctimas de violencia sobre la mujer. La experiencia podrá haberse adquirido en cualquier lugar del territorio nacional, siempre que la entidad se encuentre registrada por las autoridades competentes de una o varias comunidades autónomas.

– Que la totalidad del personal que presta sus servicios disponga de la titulación, habilitación, homologación o certificación de las capacidades profesionales y formación adecuada para el desempeño de las tareas a realizar, establecidas en el anexo técnico correspondiente a cada uno de los programas.

– Tener al menos una tercera parte del personal de atención directa de la plantilla del servicio un grado de experiencia acreditada de, como mínimo, dos años en el sector de víctimas de violencia sobre la mujer

– Tener al menos la mitad del personal de atención directa de la plantilla del servicio una relación contractual de carácter indefinido.

– Tener el establecimiento y sus instalaciones licencia de apertura municipal, con arreglo a la legislación de régimen local.

c) Encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la seguridad social.

d) Disponer el centro de autorización de funcionamiento, de carácter definitivo, conforme a la normativa general de servicios sociales y la normativa sectorial, con anterioridad a la fecha fin del plazo de presentación de solicitudes.

e) Acreditar o estar en condiciones de disponer de un certificado de calidad del servicio, expedido en fecha anterior a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Las entidades que no puedan acreditar dicho requisito estarán obligadas a someterse a la evaluación de la calidad de su centro o programa y presentar un certificado de calidad homologado por alguna entidad acreditada en materia de evaluación de calidad de los centros y servicios de acción social (servicios sociales), en el plazo máximo de un año desde la formalización del concierto. En caso de incumplimiento de esta obligación en el plazo establecido la administración podrá proceder a la extinción del concierto.

f) Acreditar la titularidad del centro (espacio físico en el que se prestan los servicios) o la disponibilidad de este por cualquier título jurídico válido por un período no inferior al de la vigencia del concierto, así como la autorización de la entidad o persona titular del local donde se encuentra ubicado el centro y/o se prestan los servicios y mantenerla durante toda la duración del acuerdo de acción concertada.

g) No estar incurso en las prohibiciones que establece el artículo 8 del citado decreto 181/2017, en particular, no podrán concurrir ni participar en el procedimiento de selección:

– Las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.

– Las entidades que hayan sido sancionadas, por resolución firme y definitiva en vía administrativa, por dos o más faltas graves, o una falta muy grave, con arreglo a la normativa sectorial de servicios sociales o del sector objeto de acción concertada, durante los tres años anteriores a la publicación de la convocatoria pública, o tener sanción en vigor por cierre temporal o definitivo del centro o servicio, al tiempo de publicarse esta.

CAPÍTULO II

*Iniciación del procedimiento*

*Artículo 7. Iniciación de oficio*

El procedimiento de concertación se inicia de oficio, con la publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, y se impulsará de oficio en todos sus trámites, respetando los principios generales de la acción concertada establecidos en el artículo 4 del Decreto 181/2017.

*Artículo 8. Forma, plazo y lugar de presentación de solicitudes*

1. La solicitud de participación en el procedimiento de concertación se efectuará mediante modelo que figura como anexo II (incluido en el trámite telemático de la sede electrónica), debidamente cumplimentado y suscrito electrónicamente por la persona que ostente la representación de la entidad titular del centro objeto del concierto, junto con la documentación establecida en el artículo 9 de esta resolución.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, sin perjuicio de lodispuesto en el título VI de esta convocatoria.

3. Se presentará una solicitud por cada centro cuyas plazas la entidad ofrece para concierto. Las plazas ofertadas deberán coincidir con alguno de los módulos indicados en el artículo 20 de la presente convocatoria.

4. La presentación de solicitudes y documentación anexa se realizará de forma telemática, a cuyo fin las entidades interesadas utilizarán el trámite específico que estará disponible en el Catálogo de servicios públicos interactivos de la Generalitat a través de la sede electrónica, en el siguiente enlace: <http://www.gva.es/es/proc23344>

5. A efectos de participación en la presente convocatoria, se considera que la propia suscripción de la solicitud general de participación en el concierto social por las entidades susceptibles de ser beneficiarias, por sí mismas o por representante, implica la capacidad jurídica y de obrar necesaria para: Solicitar el oportuno concierto social, autorizar la consulta de los datos contenidos en la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad, autorizar la consulta interactiva de documentación.

6. La autorización o no oposición al órgano convocante, se hará constar en la solicitud general de participación del concierto, para que éste, de forma directa y por medios telemáticos:

– Compruebe los datos fiscales identificativos de la entidad solicitante obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los datos de identidad de la persona representante legal, mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según establece el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público. No obstante, si de las comprobaciones efectuadas resultara alguna discordancia con los datos facilitados en la solicitud, la persona que instruya el procedimiento queda facultada para realizar las actuaciones procedentes para aclararla.

– Obtenga la acreditación de que la entidad solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda de la Generalitat, y de sus obligaciones con la Seguridad Social, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y en los artículos 18, 19 y 22 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley.

Si la entidad solicitante no autoriza o se opone a las comprobaciones u obtención de las acreditaciones referidas, según lo establecido en la solicitud general de participación del concierto, deberá aportar: copia del documento de identificación de la entidad solicitante y/o de la persona representante legal y los certificados que acrediten el cumplimiento de las mencionadas obligaciones o, si no está obligada a presentar las declaraciones o documentos a que aquellas se refieren, acreditará su cumplimiento mediante declaración responsable.

*Artículo 9. Documentación e información que debe acompañar a la solicitud.*

1. Las entidades deberán presentar, para cada centro que soliciten en el procedimiento de concertación, la siguiente documentación:

a) Solicitud de participación en el concierto social, de acuerdo con lo previsto en el artículo ocho de esta convocatoria.

b) Certificado acreditativo del acuerdo adoptado por el órgano competente de la entidad en el que se autorice al representante legal a la participación en el procedimiento de selección y la solicitud del concierto social.

c) Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y autonómica y de las obligaciones con la Seguridad Social, en caso de que no autoricen o se opongan a la consulta interactiva de esta documentación.

d) Declaración responsable de la entidad de no estar incursa en ninguna causa de prohibición para concertar (incluida en la solicitud general de participación apartado H: Declaraciones responsables).

e) Proyecto global de intervención del centro (anexo III, incluido en el trámite telemático de la sede electrónica).

f) Relación de profesionales y personal de atención directa con que cuenta el centro en el momento de la solicitud, con indicación del nombre y apellidos de sus componentes, puesto de trabajo, titulación, tipo de relación laboral de los mismos con la entidad titular, antigüedad, número de horas diarias o semanales de dedicación de cada uno de ellos y funciones que realizan (anexo IV, incluido en el trámite telemático de la sede electrónica). En el caso de que sea necesario adecuar el personal de los centros para poder concertar o en el caso de centros de nueva creación, se aportará además una declaración responsable de contratación del personal requerido para el correcto funcionamiento de dicho recurso, así como una adscripción de los medios materiales necesarios.

g) Declaraciones responsables sobre cláusulas sociales (anexo II incluido en el trámite telemático de la sede electrónica).

h) Número de cuenta bancaria cuya titularidad se corresponda con la entidad solicitante, que deberá indicarse en la Solicitud de participación en el concierto. En el supuesto de que la cuenta bancaria designada sea nueva (no esté dada de alta previamente en la Generalitat), se deberá de dar de alta a través de PROPER en el siguiente enlace:

<https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22001>

i) Declaración responsable suscrita por la persona que ostenta la representación de la entidad, relativa a que todo el personal que presta el servicio no ha sido condenado por sentencia firme en delitos de naturaleza sexual (incluida en la solicitud general de participación, apartado H: Declaraciones responsables).

j) Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en que haga constar la finalidad de la entidad.

k) Certificado acreditativo de experiencia en la atención a mujeres y sus hijos e hijas, así como el resto de la documentación acreditativa de los restantes requisitos para tener en cuenta en la baremación.

l) Declaración responsable donde se indique que el centro de servicios sociales cumple con los requisitos establecidos en el artículo 54 del Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales y en la normativa que resulte de aplicación para la presentación del servicio de servicios sociales, así como que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a la presentación de dicho servicio (incluida en la solicitud general de participación, apartado H: Declaraciones responsables).

m) Certificado de calidad del centro, o declaración responsable de disponer del mismo en el plazo de un año desde el inicio del concierto social.

2. Durante la fase de instrucción la Administración comprobará de oficio:

a) La inscripción de la entidad solicitante en el Registro General de Titulares de Actividades, de Servicios y de Centros de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, con fecha de inscripción en el mismo, para acreditar la antigüedad.

b) La inscripción de la autorización de funcionamiento del centro.

CAPÍTULO III

*Ordenación e instrucción del procedimiento*

*Artículo 10. Órgano competente para la tramitación e instrucción del procedimiento. Subsanación.*

1. La instrucción del procedimiento corresponde al Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer. El Servicio de Prevención y Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia sobre la Mujer se encargará de verificar la documentación presentada en el procedimiento y su baremación, así como la evaluación técnica.

2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompaña de todos los documentos que se señalan en esta convocatoria, se requerirá a la entidad para que, en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

3. Una vez finalizada la instrucción de todos los expedientes, el órgano instructor elevará a la Comisión de Evaluación la relación de entidades cuyos centros cumplen con los requisitos exigidos para concertar con la propuesta de puntuación.

*Artículo 11. Criterios de selección y valoración de entidades.*

1. La valoración de las solicitudes se efectuará atendiendo a los siguientes criterios de selección y valoración de entidades:

a) Los años de experiencia acreditada. En este apartado se considerará la experiencia acreditada por parte de la entidad en la prestación de servicios de atención residencial a mujeres víctimas de violencia sobre la mujer. La experiencia en el caso de plazas para víctimas de trata de seres humanos será acreditada mediante la prestación de servicios en ese ámbito especializado.

Este criterio se valorará con un máximo de 28 puntos, a razón de 2 puntos por año acreditado en servicios de atención residencial a mujeres víctimas de violencia sobre la mujer. En los períodos inferiores a un año se otorgará una puntuación de 0,16 por cada mes completo. En el caso de experiencia en servicios de atención residencial a otros colectivos de servicios sociales, se valorará con 0,75 puntos por año completo, y 0,06 puntos por mes completo.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán: cuando la destinataria sea una entidad del sector público, mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente. No será necesaria la aportación de dichos certificados cuando los servicios o trabajos se hayan realizado para la Conselleria competente en materia de violencia sobre la mujer, en cuyo caso bastará la mera relación de dichos trabajos, y cuando la destinataria sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración responsable de la persona representante de la entidad de que se trate.

b) La continuidad en la atención o calidad prestada.Se valorará con un máximo de 10 puntos, el grado de la continuidad en la atención con la adecuación de la organización interna y las normas de funcionamiento a las necesidades de las usuarias y sus hijos e hijas. Este apartado estará referido a dos subapartados valorables de forma independiente:

1.º Organización interna del centro y del equipo profesional, y programas de seguimiento de la organización interna: hasta 5 puntos.

2.º Programas de seguimiento de las normas de funcionamiento y de resolución de quejas y conflictos: hasta 5 puntos.

c) Protocolos de coordinación y colaboración con otras entidades públicas o privadas, dirigidos a la inserción socio-laboral de mujeres víctimas de violencia sobre la mujer. Si la entidad solicitante dispone de algún acuerdo o convenio suscrito a tal efecto se otorgará 2 puntos por acuerdo o convenio firmado, hasta un máximo de 10 puntos. Este extremo se acreditará mediante declaración responsable del representante de la entidad y copia del acuerdo de colaboración.

d) Buenas prácticas sociales y de gestión de personal, en relación con las cláusulas sociales de creación de empleo para personas con dificultades, planes de igualdad entre mujeres y hombres, y otras de carácter social, especialmente establecidas en la ejecución de las prestaciones objeto de la acción concertada. Este criterio se valorará con un máximo de 12 puntos, atendiendo a los siguientes subapartados:

1.º Tener incorporado personal con discapacidad en la entidad que vaya a ejecutar el acuerdo de acción concertada en porcentaje superior a la cuota legalmente establecida:

Más del 3%, 4 puntos.

Más del 2,5%, 2 puntos.

Más del 2%, 1 punto.

2.º Tener establecido un Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que asegure la igualdad entre mujeres y hombres y la eventual mejora de los mínimos en materia de igualdad y de conciliación laboral establecidos en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y normativa autonómica (máximo a obtener en este apartado 4 puntos):

– Si se trata de entidades no obligadas a disponer del referido Plan de igualdad conforme al artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 4 puntos.

– Si se trata de entidades obligadas a disponer del referido Plan de igualdad conforme el artículo 45 de Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando tengan el Plan visado y vigente: 4 puntos.

3.º Tener incorporadas mujeres víctimas de violencia sobre la mujer o en situación de riesgo de exclusión social, en la entidad que vaya a ejecutar el acuerdo de acción concertada:

Más del 3%, 4 puntos.

Más del 2,5%, 2 puntos.

Más del 2%, 1 punto.

e) Supervisión del equipo profesional del Centro, realizada por personal externo especializado en motivación y cohesión grupal en el área de la mujer y la violencia sobre la mujer con experiencia de 300 horas, acreditada mediante declaración responsable, siempre que se oriente a la mejora permanente de la organización, el funcionamiento del centro y la calidad de la atención psicosocial que reciben las mujeres y menores residentes (hasta 10 puntos):

– 6 horas mensuales de supervisión: 10 puntos

– 4 horas mensuales de supervisión: 4 puntos

– 2 horas mensuales de supervisión: 2 puntos

f) Actividades complementarias. Servicio complementario realizado por personal externo y especializado dirigido a la recuperación y/o mejora del bienestar de las mujeres y sus hijos e hijas menores. Se valorará la implantación de un servicio de, como mínimo, 2 horas semanales para todas las personas usuarias que voluntariamente quieran participar durante toda la ejecución del concierto. Los costes adicionales de material necesario para la ejecución de dichos talleres, así como el personal especifico adicional que se necesite correrán a cargo de la entidad concertante. Se valorarán con 10 puntos las actividades que redunden en la eficacia y calidad del servicio:

1.º Actividades extraescolares y de refuerzo para los y las menores, siendo desarrolladas por personas expertas externas al equipo: hasta 5 puntos.

2.º Talleres de habilidades sociales, alfabetización digital y técnicas de búsqueda de empleo, entre otros, dirigidos a las mujeres: hasta un máximo de 5 puntos.

g) Prestaciones de servicios de cocina y limpieza con recursos propios:

Se valorará con hasta 10 puntos la prestación de estos servicios con personal propio del centro, tal como contempla el artículo 87 j) del Decreto 27/2023, de 10 de marzo, del Consell, por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales (en adelante Decreto 27/2023, de 10 de marzo):

1.º Servicio de cocina prestado con recursos propios: 5 puntos.

2.º Servicio de limpieza prestado con recursos propios: 5 puntos.

2. La puntuación mínima para acceder al régimen de acción concertada se establece en 45 puntos. De acuerdo con dichos criterios de selección, podrá exigirse una mayor puntuación para la adopción de acuerdos de acción concertada, cuando resulte esta necesaria en función de las limitaciones presupuestarias o del número o características de las prestaciones susceptibles de concierto. En estos casos, se establecerá la correspondiente propuesta de concierto con aquellas entidades que resulten con mayor puntuación, hasta cubrir el importe de la consignación presupuestaria existente.

3. En caso de producirse un empate de puntuación por parte de dos entidades, se otorgará preferencia a las que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 1.a) del presente artículo y, en caso de persistir éste, se tomará como criterio de desempate, la fecha (día y hora) de la presentación de la solicitud, teniendo prioridad la presentada con mayor antelación.

*Artículo 12. Comisión de Evaluación*

1. Para la evaluación de las solicitudes presentadas, se crea una Comisión de Evaluación, cuyos miembros serán designados por la persona titular del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer y que estará integrada por:

a) Presidencia:

– Titular: La persona titular de la Subdirección General del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer.

– Suplente: Una persona con rango de Jefatura de Servicio del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer.

b) Vocalías:

– Una persona con rango de Unidad del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer.

– Dos técnicos o técnicas del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer.

– Las personas titulares de las Direcciones Territoriales competentes en materia de servicios sociales, que podrán delegar en personal técnico de la Dirección Territorial asignado al área que gestione mujer.

c) Secretaría: Un técnico o técnica del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, que actuará con voz, pero sin voto.

2. La Comisión de Evaluación como órgano colegiado ejercerá sus funciones, de conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público

3. En la composición de la Comisión de Evaluación se garantizará la presencia equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Decreto 181/2017.

*Artículo 13. Propuesta de resolución*

1. La Comisión de Evaluación elaborará una relación ordenada de participantes en el procedimiento de selección, en la que dejará constancia de la situación de cada expediente, indicando de forma expresa los que no han sido valorados por no cumplir requisitos y la puntuación de los expedientes valorados de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 11.

2. Con base a dicha relación la Comisión de Evaluación elevará propuesta de resolución a la persona titular del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer conforme al contenido del acta suscrita, en la que deberá determinarse el número de plazas a concertar con cada entidad de iniciativa social. En la misma propuesta de resolución se dejará constancia de las plazas ofertadas por las entidades y, que procede denegar el concierto, motivando la causa: por no cumplir requisitos, por no haber superado la puntuación mínima establecida en la convocatoria o por venir impuesta por la limitación de créditos presupuestarios.

CAPÍTULO IV

*Finalización del procedimiento de selección*

*Artículo 14. Resolución de concesión.*

1. Corresponde a la persona titular del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, a propuesta de la Comisión de Evaluación, y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias existentes, resolver sobre la concesión o denegación de los conciertos sociales.

2. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se haya publicado resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, a los efectos previstos en el artículo 25.1a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; todo ello, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de la Administración de resolver expresamente.

4. La resolución especificará, respecto de las entidades de iniciativa social que no acrediten el requisito de contar con un certificado de calidad del centro, su obligación de someterse a la evaluación de calidad del centro en el plazo establecido en el artículo 9.1 m), y presentar un certificado de calidad homologado por alguna entidad acreditada en materia de evaluación, pudiendo la administración proceder a la extinción del concierto si no se cumple con esta obligación en el plazo establecido.

5. Resuelto el procedimiento, en el caso de que existan plazas sin concertar, las entidades sociales interesadas podrán presentar solicitud de concierto hasta cubrir el total de plazas convocadas, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria.

*Artículo 15. Contenido de la resolución en relación con las plazas concertadas*

1. Las plazas concertadas establecidas en la resolución de concesión, que deberán coincidir con las indicadas para los diferentes módulos económicos del artículo 20 según la tipología de centro, quedarán a disposición de la Conselleria competente en materia de servicios sociales desde la fecha que se fije en la misma.

2. El importe de la anualidad del concierto se determinará, para cada centro en que se establezca la reserva y ocupación de parte o la totalidad de plazas de los centros de atención a mujeres víctimas de violencia sobre la mujer, en función del número de plazas concertadas, el módulo económico aplicable y número de días de prestación del servicio.

*Artículo 16. Medios de notificación y publicación*

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el órgano instructor publicará los requerimientos de subsanación en la web de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en el siguiente enlace:

<https://inclusio.gva.es/es/web/comissionat-lluita-violencia/>

2. La resolución del procedimiento se publicará en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, surtiendo ésta los efectos de la notificación a las personas interesadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

3. Sin perjuicio de ello, la resolución será notificada a las entidades solicitantes, en la dirección electrónica que faciliten en la correspondiente solicitud.

*Artículo 17. Recursos.*

Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dicta el acto en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa; todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro que se estime procedente.

CAPÍTULO V

*Formalización de los conciertos*

*Artículo 18. Condiciones previas a la formalización*

Con carácter previo a la suscripción del concierto social, se deberá aportar por la entidad en el siguiente enlace <https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=23344>  :

a) Liquidación vigente del impuesto de actividades económicas o documento que acredite su exención.

b) Póliza de seguro y recibo que acredite el pago de la póliza en vigor, que deberá cubrir los riesgos que se establecen en la disposición adicional octava del Decreto 181/2017, así como del seguro de responsabilidad civil que cubra los daños causados por acciones del personal y de las personas usuarias de los centros concertados.

*Artículo 19. Formalización del concierto social*

1. Los conciertos sociales, producto de los acuerdos de acción concertada, se formalizarán en documento administrativo, dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la publicación de la resolución del procedimiento de concertación, atendiendo a lo establecido en el artículo 21.1 del Decreto 181/2017.

2. En el referido documento de concierto se hará constar de forma expresa, los derechos y obligaciones de las partes, número de plazas y tipología de los servicios concertados, régimen económico (financiación por parte de la Administración, importe del módulo o módulos económicos unitarios correspondientes al coste de las plazas e importe anual), forma de pago, duración, posibilidad de prórrogas y causas de extinción de este.

Asimismo, deberá dejar constancia del requisito de certificación de calidad, en los términos previstos en el artículo 6 e) de la presente convocatoria.

3. El concierto suscrito entre la administración y la entidad de iniciativa social recogerá en un único documento todas las plazas y centros concertados, con la financiación correspondiente, de forma singularizada a las diferentes unidades o centros concertados de la entidad.

4. El concierto social será suscrito, en representación de la administración concertante, por la persona titular del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer.

Una vez formalizado se anotarán de oficio en la correspondiente sección del Registro general de titulares de actividades, de servicios y centros de servicios sociales de la Comunitat Valenciana.

5. El documento administrativo en el que se formalice el concierto social podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el titular del centro concertado, siendo, en este caso, a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

**TÍTULO III**

**Financiación de la acción concertada**

*Artículo 20. Módulos económicos. Cálculo del importe de la anualidad del concierto social.*

1. La financiación de las plazas concertadas por la Generalitat, a que se refiere esta convocatoria, se efectuará de acuerdo con los módulos económicos (euros/plaza/día) fijados para cada centro.

2. El cuadro de módulos a aplicar, con arreglo a la tipología del centro, es el siguiente:

a) Centros residenciales de carácter convivencial de apoyo limitado, modalidad mujeres con autonomía:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *PLAZAS* | 6 | 7 |
| *MODULO PLAZA/DÍA* | 96,92 € | 85,94 € |

b) Viviendas de intervención para mujeres víctimas de violencia de género y machista:

|  |  |
| --- | --- |
| *PLAZAS* | 9 |
| *MODULO PLAZA/DÍA* | 96,84 € |

b) bis. Viviendas tuteladas de intervención para mujeres víctimas de violencia de género y machista que presentan especial vulnerabilidad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *PLAZAS* | 5 | 6 |
| *MODULO PLAZA/DÍA* | 260,47 € | 220,39 € |

c) Viviendas para mujeres víctimas de trata y prostitución:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *PLAZAS* | 5 | 7 |
| *MODULO PLAZA/DÍA* | 217,10 € | 160,76 € |

d) Centros de Recuperación Integral para mujeres víctimas de violencia de género y machista:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *PLAZAS* | 12 | 14 | 23 | 26 |
| *MODULO PLAZA/DÍA* | 169,42 € | 148,08 € | 121,64 € | 109,91 € |

e) Centro de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y machista

|  |  |
| --- | --- |
| *PLAZAS* | 12 |
| *MODULO PLAZA/DÍA* | 173,40 € |

3. Los módulos establecidos cubren la totalidad de los costes variables, fijos y permanentes de prestación de cada tipo de servicio, sin incluir el beneficio industrial, y comprenden el coste de todos los servicios exigibles de prestación obligatoria que ha de prestar el centro incluido cualquier tipo de impuesto, con arreglo a la normativa vigente, y que debe abonar la administración concertante.

4. La financiación de las plazas objeto de concierto se efectuará siempre con arreglo al módulo establecido para la tipología del recurso y en función de las plazas concertadas.

5. La financiación por plazas no efectivamente ocupadas, por causa ajena a la entidad, será el 80 por 100 de la correspondiente al módulo establecido para la tipología del centro de que se trate. A efectos de pago, también se entenderá que la plaza no está efectivamente ocupada en el caso de ausencia justificada de la mujer o menores residentes en un centro concertado, por tiempo superior a 24 horas.

6. En el supuesto de prórroga de los acuerdos de acción concertada se revisarán los módulos económicos para garantizar el equilibrio económico entre la compensación y los gastos financiables. La modificación de los módulos deberá ser publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

*Artículo 21. Prohibición de cobro a personas usuarias.*

El centro concertado no podrá cobrar a las usuarias cantidad alguna por liquidación de estancia o por cualquier otra prestación que deba ser atendida en virtud del concierto, siendo esto causa de resolución del concierto.

*Artículo 22. Justificación de la prestación del servicio.*

Las entidades firmantes de los conciertos estarán obligadas a justificar la prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto, para su abono. A tal efecto deberán presentar en el siguiente enlace:

<https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=23824>, con carácter mensual, en los cinco primeros días del mes siguiente, la siguiente documentación:

a) Relación de personas usuarias atendidas con indicación del nombre (solo la inicial) y apellidos de la misma, y cuando proceda las fechas de alta y baja, suscrita por la persona titular del centro o persona que actúe en representación de esta. (anexo V incluido en el trámite telemático de la sede electrónica)

b) Certificación de la persona titular de la dirección o coordinación del centro, que acredite que se ha prestado el servicio con arreglo a las obligaciones que establece el concierto y, en su caso, el número de plazas no ocupadas, por causa ajena a la entidad.

*Artículo 23. Pago del coste del concierto social.*

1. La dirección territorial competente en violencia sobre la mujer de la provincia donde se ubique el centro, tramitará mensualmente, previa justificación de la entidad concertada en los términos descritos en el artículo anterior, el reconocimiento de la obligación del coste del servicio concertado que comporta la propuesta de pago correspondiente, de acuerdo con los módulos económicos fijados en la convocatoria y el correspondiente documento de formalización, con arreglo a las plazas efectivamente ocupadas y no ocupadas durante el mes anterior, tras la presentación de la correspondiente factura, de conformidad con lo establecido en el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación (BOE n.º 289, de 01.12.2012). La factura y documentación que la acompañe se presentará a través de FACE en el siguiente enlace: <https://face.gob.es/es>

2. El abono del coste del concierto se efectuará, mediante transferencia bancaria, a la cuenta específica para conciertos sociales designada por la entidad correspondiente.

3. A tenor de lo dispuesto en el artículo 44.1 letra c) apartado 3 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, prorrogada según lo establecido en el «Decreto 193/2024, de 23 de diciembre, del Consell, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga automática de los presupuestos de la Generalitat para 2024, hasta la entrada en vigor de los presupuestos para 2025», el libramiento de las líneas de subvención destinadas a financiar los conciertos para la prestación de servicios sociales por entidades de iniciativa social se realizará mensualmente, conforme a los módulos económicos fijados en la convocatoria y el número de plazas y/o actuaciones concertadas en el correspondiente concierto social. El pago de las mensualidades se librará a mes vencido con la presentación de la relación nominal de personas atendidas, plazas concertadas no ocupadas, en su caso, y/o actuaciones realizadas, conformadas por el órgano competente. El libramiento correspondiente al mes de diciembre se librará de forma anticipada con la relación nominal de personas atendidas y plazas no ocupadas a fecha 1 de diciembre, o la estimación de las actuaciones que prevén realizar en dicho mes, sin perjuicio de las regularizaciones correspondientes, que se efectuarán, en todo caso, antes del 31 de enero del ejercicio siguiente, y que implicarán la exigencia, en su caso, de reintegro de los importes indebidamente percibidos.

4. El pago del coste del concierto social por plaza concertada estará supeditado al cumplimiento de las entidades de presentar la justificación correspondiente indicada en el artículo 22 de la presente resolución.

*Artículo 24. Comprobación y control del gasto.*

1. El órgano competente de cada Dirección Territorial, comprobará la veracidad de los datos aportados y si existe alguna incidencia o reclamación relativa a la atención a las personas usuarias, siempre que ésta haya sido atendida adecuadamente o se encuentre en plazo pendiente de resolución, para dar conformidad, a la documentación.

2. La entidad titular del centro deberá remitir por vía telemática en el siguiente enlace:

<https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=23222>, hasta del 31 de enero siguiente a cada uno de los ejercicios en que esté en vigor el acuerdo de acción concertada y, en su caso, las prórrogas, una memoria justificativa de las acciones y actuaciones realizadas y del cumplimiento de las condiciones establecidas en el concierto social, en la que se incluirá el resumen económico del ejercicio. De no realizarse el envío en la fecha establecida, la entidad será requerida para que en el plazo improrrogable de 10 días entregue la documentación.

En la memoria justificativa se hará constar, como contenido mínimo, los siguientes extremos:

– Entidad, denominación del servicio y número de plazas concertadas.

– Personas atendidas: número de personas atendidas y características de las personas usuarias (fecha de nacimiento y demás circunstancias que se puedan considerar relevantes).

– Objetivos y actividades realizadas.

– Evaluación de los servicios prestados.

– Resultados de la valoración del servicio según las encuestas realizadas por las usuarias.

– Conclusiones respecto de los objetivos y evaluación.

– Resumen económico del ejercicio, de acuerdo con el modelo que estará disponible en el trámite telemático de la sede electrónica (anexo VI).

3. La entidad titular del centro estará obligada a conservar las facturas y los documentos justificantes de gastos, por un período de cuatro años, para su control económico y financiero.

**TÍTULO IV**

**De los conciertos**


*Artículo 25. Obligaciones de la Administración concertante*

Constituyen obligaciones de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, como administración concertante las siguientes:

a) Reconocer la obligación, que comporta la propuesta de pago, a la entidad titular de los servicios concertados, mensualmente, del importe del concierto conforme a los módulos económicos fijados en el anexo de condiciones técnicas y en el documento de formalización del concierto social.

b) Resolver mediante acto administrativo expreso las altas de personas usuarias, que deberán acceder al servicio, así como cualquier circunstancia: baja o traslado, que se produzca con relación al servicio concertado.

c) Facilitar a la entidad titular del centro toda la información disponible relativa a la futura usuaria en el momento de ingreso en el centro, sin perjuicio de la obligación de su actualización durante su estancia, que corresponderá a la entidad titular del centro.

d) Comunicar a la entidad titular del centro concertado, con la suficiente antelación, cualquier circunstancia que afecte a las condiciones del concierto suscrito.

e) Dictar las directrices técnicas e instrucciones precisas para el desarrollo de la actividad, asegurar la calidad del servicio y que se proporcione a las usuarias el recurso más idóneo a su situación y circunstancias personales, dentro de un entorno social adecuado.

*Artículo 26. Obligaciones del titular de los centros concertados.*

1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en las normas de aplicación, son obligaciones de las entidades titulares de los programas concertados, como consecuencia del acuerdo de acción concertada y formalización del concierto:

a) Poner a disposición de la administración concertante el número de plazas previstas en el concierto, así como admitir al servicio a todas las personas usuarias que se le designen por la conselleria competente en servicios sociales.

b) Mantener los requisitos y ratios de personal en relación con las prestaciones y número de personas atendidas, según la tipología de cada centro establecida en la presente convocatoria, durante el período de vigencia del concierto.

c) Prestar el servicio gratuitamente a las personas, de forma que no puede percibir cantidad que, directa o indirectamente, suponga una contrapartida económica por los servicios objeto del concierto.

d) Hacer constar en su documentación, junto a la denominación de la entidad o centro, la condición de centro concertado, integrado en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, en el plazo máximo de quince días desde la formalización del concierto social, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional novena del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell.

e) Cumplir, en todo momento, las condiciones técnicas a las que se sujeta el concierto y mantener los niveles de calidad en la prestación asistencial.

f) Adoptar las medidas adecuadas para establecer un sistema interno ágil de recepción, seguimiento y resolución de las quejas y reclamaciones que pudieran presentarse por las personas usuarias.

g) Cumplir y seguir las instrucciones y directrices técnicas que formulen los órganos competentes de la Conselleria para el desarrollo de la actividad y garantizar la adecuada prestación del servicio, así como asistir a las reuniones periódicas que se convoquen por la Dirección Territorial correspondiente.

h) Disponer de un órgano de participación del centro y mantener un régimen de funcionamiento con participación y representación por parte de la entidad, profesionales y personas usuarias o sus representantes legales, conforme establezca la normativa sectorial.

i) Tener al menos la mitad del personal de atención directa de la plantilla del centro con una relación contractual de carácter indefinido.

j) Comunicar a la correspondiente Dirección Territorial, con antelación suficiente, cualquier variación de la plantilla del personal adscrito a la prestación del servicio, mediante escrito en el que figure la fecha de dicha variación y las causas que la motivan. Cuando la variación suponga la incorporación de nuevo personal, estará condicionada a que éste cumpla los requisitos exigidos en el concierto.

k) Cubrir con personal las vacaciones, excedencias y los permisos o bajas laborales de duración superior a 3 días.

l) El centro o vivienda deberá disponer en todo momento una persona que asuma la responsabilidad, ante cualquier incidencia que se produzca. Por ello, en ausencia de la directora o coordinadora, la entidad deberá siempre determinar la persona que asume la responsabilidad del centro, de entre el personal de la plantilla del centro.

m) Poner a disposición de la persona responsable del Centro o Vivienda un teléfono móvil de contacto.

n) Presentar una memoria anual justificativa de las acciones, actuaciones y cumplimiento de las condiciones que se establecen en el concierto social según lo establecido en el artículo 24 de la presente convocatoria.

o) Presentar un informe de auditoría externa de sus cuentas en el que conste la aplicación de la financiación recibida por parte de la entidad en concepto de abono derivado del acuerdo de acción concertada.

p) Disponer de un plan de emergencia y evacuación del centro, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, con la obligación de implantarlo, así como de actualizarlo y adecuarlo cuando sea necesario.

q) Establecer el horario del personal profesional de manera que posibilite la mejor atención a las mujeres y menores que las acompañan, compatibilizando su atención con los horarios escolares y/o laborales en su caso. Para ello los horarios serán de jornada partida y con presencia los fines de semana cuando sea necesario para prestar la atención integral a las usuarias y menores.

r) Desarrollar la formación permanente del personal profesional del centro, respecto de su cometido específico de atención tanto a las mujeres víctimas de violencia sobre la mujer como a los y las menores que las acompañan. En tal sentido, la entidad concertada elaborará un plan de formación bianual dirigido al personal profesionales que prestan servicio en el centro, que contenga los módulos formativos, duración y el calendario de impartición, que presentará dentro de los dos primeros meses desde la formalización del concierto social, para su aprobación por el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, con copia a las Direcciones Territoriales. La formación impartida en igualdad y violencia sobre la mujer no podrá ser inferior a 40 horas anuales por profesional para el personal del equipo de intervención, asegurando que cada persona asiste al menos a un curso de reciclaje de un mínimo de 20 horas en materia de violencia de sobre la mujer; y para el resto de personal de 15 horas anuales por persona. Asimismo, el personal deberá asistir a los cursos formativos relacionados con las funciones que tiene encomendadas que sean programados por el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer.

s) Disponer de equipos informáticos con acceso a internet que garanticen la utilización de la aplicación informática corporativa CENTRES DONA (CDONA) para el seguimiento de los expedientes de las usuarias, o los elementos necesarios para la gestión de datos.

t) Establecer y programar para cada usuaria y para los niños, niñas y adolescentes que las acompañan, un Plan de Atención Individual. Las Direcciones Territoriales podrán acceder en cualquier momento a los Planes de Atención Individual elaborados por el centro.

u) Tener establecida o prevista una programación de actividades, sujeta a aprobación de órganos de participación para la prestación de los servicios, con la adecuada periodicidad y sistemas de seguimiento de los acuerdos.

2. Como condiciones técnicas obligatorias, la entidad concertante deberá:

a) Suscribir las pólizas de seguro que se enumeran en el artículo 11.2 y la disposición adicional octava del Decreto 181/2017, según la redacción dada por el Decreto 188/2021, de 26 de noviembre, del Consell, que deberán cubrir:

– Responsabilidad civil que cubra los daños causados a terceros por las acciones del personal y de las personas usuarias del programa concertado, con una cobertura máxima por siniestro de 30.050,61 euros y de 150.000 euros por anualidad.

– Seguro colectivo de accidentes que se extienda al personal de la entidad concertante en el desarrollo de su cometido como empleados del programa concertado, contemplando los siguientes riesgos: Defunción, con una cobertura mínima de 30.000 euros. Incapacidad permanente, ya sea parcial o absoluta, con una cobertura mínima de 60.000 euros por siniestro y de 120.000 euros por anualidad de seguro.

– Asistencia sanitaria y/o farmacéutica en caso de accidente sufrido por los asegurados y aseguradas y sin más exclusiones que las previstas legalmente y las comúnmente contempladas por las compañías aseguradoras.

Para tener la condición de asegurado será suficiente que la persona forme parte de los referidos colectivos por lo que, a efectos contractuales, la condición de asegurado deberá obtenerse desde el mismo momento en que se produzca la pertenencia. En el caso concreto de personas menores de edad, para obtener la condición de asegurado resultará preceptiva la autorización por escrito de sus representantes legales.

El registro de personas usuarias del programa concertado y el del personal empleado de la entidad concertante quedará a disposición de la entidad aseguradora para realizar cualquier comprobación a tal efecto.

Si la misma entidad resulta adjudicataria de más de un lote y la póliza de seguro es única para dicha entidad, esta deberá presentar el recibo de pago de prima de seguro desglosado en el que conste que la cobertura alcanza a los distintos lotes concertados, con indicación del domicilio y nombre de cada uno de los programas.

b) Adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones de protección de datos de las personas usuarias, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Undécima del Decreto 181/2017.

c) Garantizar el deber de reserva de su personal.

d) Comunicar a la sección correspondiente de la Dirección Territorial, en el plazo máximo de 24 horas, por cualquier medio escrito o telemático, las incidencias graves acaecidas durante la estancia de la persona en el centro.

3. Las entidades están obligadas a cumplir con la legislación laboral vigente y las obligaciones que conlleva el convenio colectivo de aplicación sectorial. Así como los posibles acuerdos salariales que se produzcan con posterioridad a los existentes en el momento de publicación de la convocatoria.

4. Facilitar la función inspectora por parte de los Servicios de Inspección de Servicios Sociales y asumir las actuaciones de control financiero que corresponda a la Intervención General de la Generalitat.

5. Las entidades firmantes de los conciertos estarán obligadas a justificar la prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto, estando supeditado el pago de la acción concertada a dicha justificación.

6. Las entidades de iniciativa social deberán presentar en el siguiente enlace:

<https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=23472>, dentro de los quince primeros días desde la formalización del acuerdo acción concertada, o desde la incorporación de nuevo personal, los siguientes documentos:

– Los contratos laborales del personal adscrito a la prestación del servicio y los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos de titulación exigidos para cada puesto.

– La certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales y de trata de seres humanos, de todo el personal adscrito a la prestación del servicio. En el caso de que un trabajador o trabajadora fuera condenado por alguno de tales delitos de manera sobrevenida, incumpliendo el requisito indicado anteriormente, la entidad deberá sustituirle de forma inmediata.

*Artículo 27. Informe de auditoría externa, memoria económica y memoria de actuaciones.*

1. De acuerdo con el apartado j del artículo 11.1 del Decreto 181/2017, las entidades titulares de programas concertados deberán presentar en el siguiente enlace: <https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=23015>   un informe de auditoría externa de sus cuentas, en el que conste la aplicación de la financiación recibida por parte de la entidad en concepto de abono derivado del acuerdo de acción concertada.

2. La entidad se comprometerá mediante declaración responsable, a presentar la cuenta justificativa y el informe de auditoría externa una vez finalizado el concierto social. La auditoría, que se referirá a la totalidad del periodo de vigencia del acuerdo de acción concertada, deberá presentarse en el plazo máximo de 3 meses desde su finalización. El informe habrá de emitirse por un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro oficial de auditores de cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

3. En los supuestos de prórroga de los acuerdos de acción concertada deberá realizarse una auditoría sobre el periodo total de las prórrogas, en los mismos términos establecidos para el periodo inicial de vigencia de los citados acuerdos.

4. La auditoría comprenderá únicamente las cuentas de la entidad que se correspondan con la acción concertada. Sin embargo, como dichas cuentas quedan incluidas en la actividad económica completa de la entidad, esta podrá aportar también sus cuentas anuales, especificando en documento independiente los apartados que se refieren a la acción concertada.

5. La entidad estará obligada a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el apartado f del artículo 14.1 de la Ley general de subvenciones, así como a conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la Ley.

6. El informe de auditoría deberá acompañarse de una memoria económica referida al mismo periodo que dicho informe y que, como mínimo, incluirá la siguiente información:

– Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.

– Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad con indicación del importe y su procedencia.

– En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

*Artículo 28. Calidad de los servicios: actuaciones de control y seguimiento.*

En virtud del acuerdo de acción concertada, con el fin de garantizar en todo momento la atención y la calidad del servicio durante el período de ejecución del concierto, el centro deberá:

a) Elaborar un plan de atención individual de cada persona usuaria, con su valoración y seguimiento por el equipo profesional del centro.

b) Disponer de un sistema periódico de obtención de la satisfacción de las usuarias respecto de la atención recibida.

c) Evaluar los resultados y servicios prestados.

*Artículo 29. Contratación de actividades accesorias con terceras personas*

1. Se establecen como actividades que, por su carácter accesorio, pueden contratarse con terceras personas:

a) Servicio de manutención y de limpieza.

b) Aquellas actividades que correspondan a prestación de servicios profesionales, que no requieran exclusividad o que tengan naturaleza de servicios generales, que sean necesarias para cubrir las necesidades de atención integral o ejecución del servicio.

2. Cuando dichas actividades accesorias se vengan ya realizando con terceras personas, antes del inicio del procedimiento de concertación, la entidad deberá ponerlo de manifiesto en dicho procedimiento, facilitando la información mediante declaración responsable.

3. La entidad podrá contratar con terceras personas un porcentaje máximo del 20 % del importe total del coste de concierto. En este porcentaje, siempre quedarán excluidos los gastos necesarios en materia de suministros, coste de servicios de agua, teléfono, calefacción y otros consumibles.

4. Las personas que contraten con la entidad titular del centro concertado quedarán obligadas únicamente ante ésta, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución y de la prestación del servicio frente a la Administración.

5. En todo momento, durante el período de vigencia del concierto, la Administración podrá requerir la información económica, financiera, laboral o de cualquier tipo justificativa de dichas contrataciones de actividades accesorias, con el fin de garantizar que no se rebasa dicho porcentaje.

*Artículo 30. Resolución de conflictos*

1. Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen de acción concertada y, en concreto, de las obligaciones señaladas a la entidad titular de los centros concertados, serán resueltas por la administración competente sin perjuicio de que, una vez agotada la vía administrativa, puedan someterse a la jurisdicción contencioso-administrativa.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona titular del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer es el órgano competente para interpretar los conciertos sociales, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, así como acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

3. Contra los actos que se dicten por dicho órgano durante la ejecución del concierto, que no pongan fin a la vía administrativa, podrá interponerse el recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

*Artículo 31. Inspección y control ordinario*

1. Los servicios concertados quedan sujetos al control de carácter financiero, y a las funciones inspectoras y sancionadoras de la Administración de la Generalitat y de los servicios competentes en la materia, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 181/2017.

2. Las direcciones territoriales de la Conselleria competente en materia de servicios sociales efectuarán el seguimiento ordinario del cumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto.

**TÍTULO V**

**Condiciones técnicas para la realización de las prestaciones y servicios**

*Artículo 32. Centros residenciales de carácter convivencial para mujeres con autonomía*

1. Se considera centro residencial de carácter convivencial para mujeres con autonomía el centro residencial especializado en la atención integral de mujeres víctimas de violencia sobre la mujer, junto a los hijos e hijas menores de edad, que necesiten de un alojamiento temporal más prolongado debido a la situación vivida por los malos tratos sufridos y falta de apoyo familiar.

Estas mujeres precisan de un lugar de acogida para su plena inserción. Poseen recursos personales y autonomía de forma parcialmente autogestionada, lo cual permite su vuelta a la vida independiente.

Estos centros se ocuparán de:

a) Apoyar a las mujeres en la búsqueda activa de empleo y vivienda, y en su inserción en los recursos comunitarios.

b) Proporcionar a sus hijos e hijas un espacio sin violencia, con modelos de convivencia basados en la igualdad, y un ámbito para crecer y desarrollarse, asumiendo las responsabilidades propias de su edad.

La intervención integral sobre la mujer y los niños, niñas y adolescentes estará basada en los principios de igualdad, empoderamiento personal, perspectiva de derechos y trabajo interdisciplinar y se concretará en un contrato terapéutico que suscribirá la persona usuaria y la persona coordinadora.

2. La carta de servicios del centro residencial de carácter convivencial para mujeres con autonomía deberá contener los siguientes aspectos:

a) Alojamiento y manutención.

b) Acompañamiento en la búsqueda de empleo y vivienda.

c) Atención social y socioeducativa.

d) Realización de actividades de convivencia y lúdicas de empoderamiento.

e) Formación en igualdad y prevención de la violencia.

Desde el centro se realizará un seguimiento postinstitucional de las mujeres al menos durante un año después de la salida.

3. El centro residencial de carácter convivencial para mujeres con autonomía deberá disponer de aquellos protocolos y registros previstos, con carácter general, en el anexo VI del Decreto 27/2023, de 10 de marzo, para todos los centros de servicios sociales.

4. El centro residencial de carácter convivencial para mujeres con autonomía deberá garantizar la adecuada atención continua a las personas usuarias, contando con un equipo profesional compuesto por las siguientes ratios de personal:

a) 0,50 persona directora

b) 2,50 personal profesional de educación social y/o trabajo social con jornada completa, garantizando la existencia de personal técnico de ambas titulaciones que permita el cumplimiento de los servicios y prestaciones.

5. La persona directora será la persona encargada de dirigir y coordinar el centro. Las funciones de la persona responsable del centro serán aquellas previstas, con carácter general, en el anexo V del mencionado decreto.

En ausencia de la persona directora, por cualquier incidencia que se produzca, se designará persona sustituta de forma expresa, entre el equipo técnico, y asumirá la responsabilidad del centro.

6. La persona profesional de trabajo social o de educación social deberá organizar sus turnos de trabajo de manera que quede garantizada la atención a las personas usuarias durante su estancia en el centro, teniendo en cuenta sus horarios por razón de empleo, formación o asistencia a la escuela, en turnos de mañana y tarde, incluidos los fines de semana, en su caso. La atención psicológica será prestada en el centro mujer del departamento de servicios sociales correspondiente.

*Artículo 33. Viviendas de Intervención para mujeres víctimas de violencia de género y machista.*

1. Se considera vivienda de intervención para mujeres víctimas de violencia de género y machista el centro residencial de carácter convivencial de apoyo limitado y parcialmente autogestionado, destinado a la atención integral de mujeres víctimas de violencia sobre la mujer y sus hijos e hijas menores de edad y personas mayores en situación de dependencia, orientado a la recuperación de los daños sufridos por la violencia sufrida, potenciando los recursos personales para realizar un proceso de inserción y autonomía.

2. Estas viviendas tendrán los siguientes objetivos:

a) Ofrecer a las mujeres un espacio y un tiempo propio para la reflexión, la toma de conciencia, la recuperación emocional del dolor y la violencia sufrida, que puedan suponer una inflexión decisiva en el ciclo de la violencia.

b) Acompañar a las mujeres en el proceso de reparación de los diferentes aspectos personales y vivenciales que se han visto malogrados como consecuencia de la violencia vivida.

c) Promover la autonomía, la independencia y la responsabilidad para que cada mujer sea su propia agente del cambio, incidiendo especialmente en su inserción y formación laboral.

d) Dar a las personas menores de edad modelos de relación interpersonal y convivencia en igualdad y no violentos.

e) Proporcionar a los niños, niñas y adolescentes un ámbito para crecer y desarrollarse, asumiendo a la vez las responsabilidades sociales que les corresponde según la edad.

f) Garantizar un espacio libre de violencia donde prevalezca el bienestar afectivo y el desarrollo de las potencialidades singulares de los niños, niñas y adolescentes.

3. La intervención integral sobre la mujer y sus hijos e hijas tendrá como principios de intervención la igualdad, el trabajo de empoderamiento personal, el trato como personas sujetas de derechos y el trabajo interdisciplinar del equipo de intervención.

4. La carta de servicios de la vivienda de intervención deberá contener los siguientes aspectos:

a) Alojamiento y manutención.

b) Atención psicológica a las mujeres.

c) Acompañamiento en la búsqueda de empleo y vivienda.

d) Atención social y socioeducativa integral.

e) Realización de actividades de convivencia, lúdicas y de empoderamiento.

f) Formación en igualdad y prevención de la violencia.

Desde el centro se realizará un seguimiento postinstitucional de las mujeres al menos durante un año después de la salida.

La atención psicológica a las personas menores de edad será prestada en el Centro Mujer del departamento correspondiente, del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

5. Las viviendas de intervención deberán disponer de aquellos protocolos y registros previstos, con carácter general, en el anexo VI del Decreto 27/2023, de 10 de marzo, para todos los centros de servicios sociales.

6. Las viviendas de intervención de 9 plazas deberán garantizar la adecuada atención continua a las personas usuarias, contando con un equipo profesional compuesto por las siguientes ratios de personal:

a) 1 persona profesional de trabajo social con jornada laboral completa.

b) 0,5 personal profesional de psicología.

c) 2 personas profesionales de educación social con jornada completa.

d) 0,5 personal profesional técnico de integración social.

e) 0,5 personal profesional auxiliar de servicios.

7. Una de las personas del equipo técnico ejercerá las funciones de coordinación. Las funciones de la persona responsable del centro serán aquellas previstas, con carácter general, en el anexo V del mencionado decreto.

En ausencia de la persona directora, por cualquier incidencia que se produzca, se designará persona sustituta de forma expresa, entre el equipo técnico, y asumirá la responsabilidad del centro.

8. Las personas que configuran el equipo profesional deberán organizar sus turnos de manera que garanticen la atención de las mujeres y sus hijos e hijas cuando permanecen en el centro, teniendo en cuenta los horarios cotidianos de las mujeres (empleo, formación, asistencia a escuela) con turnos de mañana, tarde y noche, incluidos los fines de semana.

*Artículo 33 bis. Viviendas de Intervención para mujeres víctimas de violencia de género y machista de especial vulnerabilidad.*

1. Se considera Vivienda para mujeres víctimas de violencia de género y machista con especial vulnerabilidad, el centro especializado en la atención integral de mujeres víctimas de violencia sobre la mujer, solas o acompañadas de menores a su cargo, que necesiten de un alojamiento temporal debido a su condición de víctimas de violencia, y que presentan especiales indicadores de vulnerabilidad por presentar problemáticas de salud mental o bien de adicciones, y que no precisando un recurso especializado en dichas problemáticas o mientras se valora y tramita su derivación, precisan de un lugar de acogida para salir del entorno de maltrato, con los siguientes objetivos:

a) Ofrecer un espacio de seguridad y de acompañamiento dándoles la oportunidad de alejarse del foco de violencia.

b) Ofrecer a las mujeres un espacio y un tiempo propio para la reflexión, la toma de conciencia y la recuperación emocional del dolor y la violencia sufrida, que pueda marcar una inflexión decisiva en el ciclo de la violencia.

c) Acompañar a las mujeres en el proceso de reparación de los diferentes aspectos personales y vivenciales que se han visto malogrados como consecuencia de la situación vivida.

d) Promover la autonomía, la independencia y la responsabilidad para que cada mujer sea la auténtica «agente del cambio», incidiendo en la estabilización de su problemática, mediante la intervención dirigida a la motivación al cambio.

e) Proporcionarles un ámbito para crecer y desarrollarse, asumiendo a la vez las responsabilidades sociales que les corresponde.

f) Garantizar un espacio sin violencia donde aquello que prevalece es el bienestar afectivo y el desarrollo de las potencialidades singulares tanto de las mujeres como de los y las menores.

g) Valoración, tramitación, y derivación en su caso, al recurso más adecuado para su tratamiento y recuperación.

2. Estas viviendas ofrecerán las siguientes prestaciones:

a) Alojamiento y manutención.

b) Asistencia integral.

c) Traslado de las mujeres y de los y las menores que las acompañan cuando sea necesario por motivos de riesgo, regulación de situaciones administrativas u otras circunstancias, dentro del territorio nacional.

d) Atención psicológica individual y grupal, tanto a las mujeres como a los y las menores que las acompañan. Esta atención se realizará durante su estancia en el centro y se prolongará hasta un año después de su salida.

e) Atención y apoyo psicosocial tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas menores o personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento que las acompañen.

f) Apoyo a la formación de inserción laboral.

g) Actividades de convivencia que faciliten tanto el desarrollo personal como el social.

h) Apoyo en la adquisición de habilidades sociales, culturales, de aprendizaje del idioma y de conocimiento del medio.

i) Apoyo en las gestiones administrativas y de la vida diaria.

j) Análisis, planificación, ejecución y seguimiento de la intervención personalizada, que deberá quedar reflejado en el Plan de Atención Individualizado.

k) Formación preventiva en los valores de igualdad, dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.

l) Realización de actividades culturales y recreativas.

m) Coordinación con las instituciones y/o entidades públicas o privadas necesarias para la resolución de la situación específica de cada residente.

n) Seguimiento postinstitucional al menos durante un año después de su salida del centro.

3. Estas viviendas deberán garantizar la adecuada atención continua a las personas usuarias, contando con un equipo profesional para viviendas de 5 y 6 plazas compuesto por las siguientes ratios de personal:

1.º) 1 persona profesional de trabajo social con jornada completa.

2.º) 1 persona profesional de psicología con jornada completa.

3.º) 5 personas profesionales de educación social con jornada laboral completa.

4.º) 1 persona profesional auxiliar de servicios, con jornada completa.

El personal técnico de las viviendas para mujeres en situación de especial vulnerabilidad deberá tener formación en adicciones, salud mental y patología dual de al menos 150 horas de duración.

4. Una de las personas del equipo técnico ejercerá las funciones de coordinación. Las funciones de la persona responsable del centro serán aquellas previstas, con carácter general, en el anexo V del mencionado Decreto 27/2023, de 10 de marzo.

En ausencia de la persona directora, por cualquier incidencia que se produzca, se designará persona sustituta de forma expresa, entre el equipo técnico, y asumirá la responsabilidad del centro.

5. Las personas que configuran el equipo profesional deberán organizar sus turnos de manera que garanticen la atención de las mujeres y sus hijos e hijas cuando permanecen en el centro, teniendo en cuenta los horarios cotidianos de las mujeres (empleo, formación, asistencia a escuela) con turnos de mañana, tarde y noche, incluidos los fines de semana. El número de profesionales que pernocten en el centro se ajustará a las necesidades de las personas usuarias.

*Artículo 34. Viviendas para mujeres víctimas de trata y prostitución.*

1. Se considera Vivienda Tutelada para Mujeres Víctimas de Trata, el centro residencial de carácter convivencial y apoyo limitado especializado en la atención integral de mujeres víctimas de explotación sexual por trata de seres humanos y/o prostitución, solas o acompañadas de sus hijos e hijas menores de edad, con el fin de propiciar su recuperación integral y salvaguardar su integridad física y/o psíquica.

2. Estas viviendas tendrán los siguientes objetivos:

a) Ofrecer un espacio de seguridad y de acompañamiento, dando la oportunidad de alejarse de la red de trata.

b) Ofrecer alternativas para su salida de la situación de explotación sexual.

c) Promover la autonomía, la independencia y la responsabilidad para que cada mujer sea su propia agente del cambio, incidiendo especialmente en su inserción y formación laboral.

d) Dar a las personas menores de edad modelos de relación interpersonal y convivencia en igualdad y no violentos.

e) Proporcionar a los niños, niñas y adolescentes un ámbito para crecer y desarrollarse, asumiendo a la vez las responsabilidades sociales que les corresponde según la edad.

f) Garantizar un espacio libre de violencia donde prevalezca el bienestar afectivo y el desarrollo de las potencialidades singulares de los niños, niñas y adolescentes.

3. La intervención integral sobre la mujer y sus hijos e hijas tendrá como principios de intervención la igualdad, el trabajo de empoderamiento personal, el trato como personas sujetas de derechos y el trabajo interdisciplinar del equipo de intervención.

4. La carta de servicios del centro residencial de carácter convivencial para mujeres con autonomía deberá contener los siguientes aspectos:

a) Alojamiento y manutención.

b) Atención psicológica a las mujeres acogidas.

c) Acompañamiento en la búsqueda de empleo y vivienda.

d) Atención social y socioeducativa integral.

e) Realización de actividades de convivencia, lúdicas y de empoderamiento.

f) Formación en igualdad y prevención de la violencia.

Desde el centro se realizará un seguimiento postinstitucional de las mujeres al menos durante un año después de la salida.

La atención psicológica a las personas menores de edad será prestada en el Centro Mujer del departamento correspondiente del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

5. Las viviendas para mujeres víctimas de trata y prostitución deberán disponer de aquellos protocolos y registros previstos, con carácter general, en el anexo VI del Decreto 27/2023, de 10 de marzo, para todos los centros de servicios sociales.

6. Las viviendas para mujeres víctimas de trata y prostitución deberán garantizar la adecuada atención continua a las personas usuarias, contando con un equipo profesional para viviendas de 5 y 7 plazas compuesto por las siguientes ratios de personal:

a) 3 profesionales de educación social/trabajo social con jornada completa, garantizando la existencia de personal técnico de ambas titulaciones que permita el cumplimiento de los servicios y prestaciones

b) 0,5 personal profesional de psicología con media jornada.

d) 3 personas profesionales técnicos de integración social, con jornada completa.

e) 0,5 personal profesional auxiliar de servicios.

7. Una de las personas del equipo técnico ejercerá las funciones de coordinación. Las funciones de la persona responsable del centro serán aquellas previstas, con carácter general, en el anexo V del mencionado decreto.

En ausencia de la persona directora, por cualquier incidencia que se produzca, se designará persona sustituta de forma expresa, entre el equipo técnico, y asumirá la responsabilidad del centro.

8. Las personas que configuran el equipo profesional deberán organizar sus turnos de manera que garanticen la atención de las mujeres y sus hijos e hijas cuando permanecen en el centro, teniendo en cuenta los horarios cotidianos de las mujeres (empleo, formación, asistencia a escuela) con turnos de mañana, tarde y noche incluidos los fines de semana. El número de profesionales que pernocten en el centro se ajustarán las necesidades de las personas usuarias.

*Artículo 35. Centros de Recuperación Integral para mujeres víctimas de violencia de género y machista.*

1. Se considera Centro de Recuperación Integral para mujeres víctimas de violencia de género y machista el centro residencial especializado en la atención integral a mujeres víctimas de violencia sobre la mujer, que necesiten un alojamiento temporal prolongado debido a la grave situación vivida por los malos tratos sufridos, a la falta de apoyo familiar y/o a la ausencia de recursos personales y sociales, precisando de un lugar de acogida para su recuperación integral y la salvaguarda de su integridad física y psíquica.

2. Estos centros tendrán los siguientes objetivos:

a) Posibilitar un espacio de seguridad y de acompañamiento ofreciendo la oportunidad de alejarse del foco de la violencia.

b) Ofrecer a las mujeres un espacio y un tiempo propio para la reflexión, la toma de conciencia y la recuperación emocional del dolor y la violencia sufrida, para que puedan marcar una inflexión decisiva en el ciclo de la violencia.

c) Acompañar a las mujeres en el proceso de reparación de los diferentes aspectos personales y vivenciales que se han visto malogrados como consecuencia de la violencia vivida.

d) Promover la autonomía, la independencia y la responsabilidad para que cada mujer sea la auténtica «agente de su propio cambio», incidiendo especialmente en la inserción y formación laboral como medio adecuado para ello.

e) Acoger y ofrecer a las personas menores de edad modelos de relación interpersonal y convivencia en igualdad y no violentos.

f) Proporcionar a los niños, niñas y adolescentes un ámbito para crecer y desarrollarse, asumiendo a la vez las responsabilidades sociales que les corresponde según la edad.

g) Garantizar un espacio sin violencia centrado en el bienestar afectivo y el desarrollo de las potencialidades singulares de los niños, las niñas y los adolescentes.

3. La intervención integral sobre la mujer y sus hijos e hijas tendrá como principios de intervención la igualdad, el trabajo de empoderamiento personal, y el trabajo interdisciplinar del equipo de intervención.

4. La carta de servicios del centro de recuperación integral deberá contener los siguientes aspectos:

a) Alojamiento y manutención.

b) Atención psicológica a mujeres, a sus hijos e hijas y personas a su cargo, individual y grupalmente.

c) Atención social integral.

d) Actividades de convivencia, lúdicas y de empoderamiento en la igualdad.

e) Apoyo a la formación e inserción laboral.

f) Formación en igualdad y prevención de la violencia.

Desde el centro se realizará un seguimiento postinstitucional de las mujeres al menos durante un año después de la salida.

5. El centro de recuperación integral deberá disponer de aquellos protocolos y registros previstos, con carácter general, en el anexo VI del Decreto 27/2023, de 10 de marzo, para todos los centros de servicios sociales.

6. El centro de recuperación integral deberá garantizar la adecuada atención continua a las personas usuarias, contando con un equipo profesional para los centros de 12 y 14 plazas, compuesto por las siguientes ratios de personal:

a) 1 persona directora con jornada laboral completa.

b) 1 persona profesional de psicología con jornada laboral completa.

c) 1 persona profesional de psicología infantil con jornada laboral completa.

d) 6 personas profesionales de educación social/trabajo social con jornada completa, garantizando la existencia de personal técnico de ambas titulaciones que permita el cumplimiento de los servicios y prestaciones.

e) 1 persona profesional técnico de integración social, con jornada completa.

f) 0,5 personal auxiliar administrativo

g) 2 personas profesionales auxiliar de servicios con jornada completa.

El equipo profesional para los centros de 23 y 26 plazas estará compuesto por las siguientes ratios de personal:

a) 1 persona directora con jornada laboral completa.

b) 1 persona profesional de psicología con jornada laboral completa.

c) 1 persona profesional de psicología infantil con jornada laboral completa.

d) 8 personas profesionales de educación social/trabajo social con jornada completa, garantizando la existencia de personal técnico de ambas titulaciones que permita el cumplimiento de los servicios y prestaciones.

e) 1 persona profesional técnico de integración social, con jornada completa.

f) 1 persona profesional de educación infantil con jornada completa.

g) 0,5 personal auxiliar administrativo

h) 3,5 personas profesionales auxiliar de servicios con jornada completa.

7. La persona directora, será la persona encargada de dirigir y coordinar el centro. Las funciones de la persona responsable del centro serán aquellas previstas, con carácter general, en el anexo V del mencionado decreto. En ausencia de la persona directora, por cualquier incidencia que se produzca, se designará persona sustituta de forma expresa, entre el equipo técnico, y asumirá la responsabilidad del centro.

8. Las personas que configuran el equipo profesional deberán organizar sus turnos de manera que garanticen la atención de las mujeres y sus hijos e hijas cuando permanecen en el centro, teniendo en cuenta los horarios cotidianos de las mujeres (empleo, formación, asistencia a la escuela) con turnos de mañana, tarde y noche, incluidos los fines de semana. El número de profesionales que pernocten en el centro se ajustarán a las necesidades de las personas usuarias.

*Artículo 36. Centro de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y machista.*

1. Se considera centro de emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y machista al centro residencial de corta estancia que ofrece acogida inmediata a las mujeres y sus hijos e hijas menores de edad que las acompañan, en situación de emergencia, donde se les proporciona alojamiento, manutención protección, apoyo e intervención psicosocial especializada.

2. Estos centros tendrán los siguientes objetivos:

a) Garantizar un espacio sin violencia donde prevalezca el bienestar afectivo y el desarrollo de las potencialidades singulares tanto de las mujeres como de los menores.

b) Ofrecer a las mujeres un tiempo propio para la reflexión, la toma de conciencia y la recuperación emocional del dolor y la violencia sufrida, que pueda marcar una inflexión decisiva en el ciclo de la violencia.

c) Valoración, y derivación en su caso, al recurso más adecuado para su tratamiento y recuperación, ya sea a recurso de larga estancia de la propia Red, u servicio adaptado a sus necesidades.

d) La intervención integral sobre la mujer y sus hijos e hijas tendrá como principios de intervención la igualdad, el trabajo de empoderamiento personal, el trato como personas sujeto de derechos y el trabajo interdisciplinar del equipo de intervención.

3. La carta de servicios del centro de emergencias deberá contener los siguientes aspectos:

a) Alojamiento y manutención.

b) Atención psicológica a las mujeres acogidas. La atención psicológica a los hijos e hijas menores de edad será prestada en el centro-mujer correspondiente.

c) Atención social y socioeducativa integral.

d) Realización de actividades de convivencia, lúdicas y de empoderamiento.

e) Formación en igualdad y prevención de la violencia.

f) Valoración psicosocial, diagnóstico y propuesta de intervención.

4. El centro de emergencias deberá disponer de aquellos protocolos y registros previstos, con carácter general en el anexo VI del Decreto 27/2023, de 10 de marzo, para todos los centros de servicios sociales.

5. El centro de emergencias con 12 plazas deberá garantizar la adecuada atención continua a las personas usuarias, contando con un equipo profesional compuesto por las siguientes ratios de personal:

a) 1 persona directora con jornada laboral completa.

b) 1 persona profesional de psicología con jornada laboral completa.

c) 0,5 persona profesional de psicología infantil

d) 6 personas profesionales de educación social/trabajo social con jornada completa, garantizando la existencia de personal técnico de ambas titulaciones que permita el cumplimiento de los servicios y prestaciones.

e) 1 persona profesional de educación infantil con jornada completa.

f) 0,5 personal auxiliar administrativo.

g) 3,50 personal profesional auxiliar de servicios.

6. La persona directora, será la encargada de dirigir y coordinar el centro. Las funciones de persona responsable del centro serán aquellas previstas, con carácter general, en el anexo V del citado decreto.

En ausencia de la persona directora, por cualquier incidencia que se produzca, se designará persona sustituta de forma expresa, entre el equipo técnico, y asumirá la responsabilidad del centro.

7. Las personas que configuran el equipo profesional deberán organizar sus turnos de manera que garanticen la atención de las mujeres y sus hijos e hijas cuando permanecen en el centro, teniendo en cuenta los horarios cotidianos de las mujeres (empleo, formación, asistencia escuela) con turnos de mañana, tarde y noche, incluidos los fines de semana. El número de profesionales que pernocten en el centro se ajustarán a las necesidades de las personas usuarias.

*Artículo 37. Uso de las habitaciones.*

Las unidades familiares ocuparán una única habitación no compartiéndola con otras mujeres o unidades familiares. De forma excepcional, y cuando no exista disponibilidad de plazas de acogida, aquellas mujeres solas, no acompañadas de personas menores de edad a su cargo, que no presenten una situación que lo impida o desaconseje, podrán compartir la habitación con otra mujer sola. La Dirección Territorial decidirá este extremo en coordinación con las profesionales del centro implicado. Dicha circunstancia será informada a las mujeres cuando se gestione el ingreso en el centro, tanto por parte de las profesionales que realizan la derivación como por las profesionales del recurso residencial.

**TÍTULO VI**

**Modificación y Revisión de los conciertos, protección de datos y transparencia**

*Artículo 38. Modificación de los conciertos.*

Los conciertos acordados al amparo de la presente convocatoria serán modificables conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 181/2017, con las siguientes especificaciones: en el caso de los centros, el incremento del número de plazas requerirá de su previa autorización y únicamente será posible si la dirección general competente determina que las necesidades existentes lo justifican y el interés de las personas acogidas en el centro no se ve perjudicado por el mayor número de personas residentes.

*Artículo 39. Revisión y Modificación de las condiciones técnicas y económicas.*

La revisión y modificación de las condiciones técnicas y económicas de los conciertos se sujetará a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 181/2017, con las siguientes especificaciones: la revisión de los módulos económicos requerirá de un estudio previo de la dirección general competente en violencia sobre la mujer, que determine que los costes variables, fijos y permanentes de prestación del servicio son inferiores o superiores a las contraprestaciones económicas recibidas. Los módulos se fijarán en una cuantía que, dentro de las disponibilidades presupuestarias, permita restablecer el equilibrio entre costes y contraprestaciones.

La frecuencia de las revisiones de los módulos económicos establecidos en ningún caso puede ser inferior a un año natural.

*Artículo 40. Continuidad del servicio.*

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 del Decreto 181/17, y con el fin de asegurar el funcionamiento del servicio público que tiene por objeto la atención a víctimas de violencia sobre la mujer, las entidades concertantes al amparo de la presente convocatoria, una vez finalizados los acuerdos de acción concertada , y las prórrogas en su caso, continuarán prestando el servicio hasta la formalización de los acuerdos resultantes de la nueva convocatoria, previa conformidad de las entidades.

*Artículo 41. Protección de datos*

1. Tratamiento de datos del procedimiento de concertación

La participación en la presente convocatoria conllevará el tratamiento de datos de carácter personal de las personas solicitantes, por parte de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Se informa a las personas que presenten solicitudes en el procedimiento de concertación según el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos, en los siguientes términos:

1.1 Derechos de las personas interesadas.

a) Las personas interesadas tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión de los mismos, la limitación de su tratamiento o a oponerse al mismo, mediante escrito, previa identificación, dirigido al órgano que tramite esta convocatoria.

b) Reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de la sede electrónica accesible de la página web <https://www.aepd.es/>

1.2. Delegado/a de Protección de Datos. Las personas solicitantes podrán contactar con quien ostente la titularidad de la Delegación de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana, a través de correo electrónico: aqw@krc.if o en la siguiente dirección postal: paseo Alameda, número 16, 46505 València.

1.3. Los datos personales recogidos proceden de las solicitudes presentadas por las personas interesadas.

1.4. Información sobre la actividad de tratamiento.

|  |  |
| --- | --- |
| *NOMBRE DE LA ACTIVIDAD* | *CONCIERTO SOCIAL* |
| EJERCICIO DE DERECHOS ANTE: | Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer  C/ De la Democràcia, 77, torre III, planta 4.ª  46179 València  <https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19017&version=amp>  [comisionado\_nmwveqlsbofroxdioztms@cbm.uc](mailto:efuusznihlg_dmhhfswqotzocxakdjxzo@xoe.ln) |
| FINALIDADES O USOS DEL TRATAMIENTO: | Atender la solicitud de concierto social presentada conforme al procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y normativa especial. |
| BASE JURÍDICA, LICITUD O LEGITIMACIÓN: | Art. 6.1 c) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27.04.2016).  Art. 6.1 e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social. |
| PLAZO DE CONSERVACIÓN: | Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recogieron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de esta finalidad y del tratamiento de los datos. Será aplicable lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. |
| TIPOLOGÍA O CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: | Carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/NIF/NIE/pasaporte, dirección (postal o electrónica), teléfono (fijo o móvil) Otros datos: los contenidos en la solicitud. |
| CATEGORÍAS DE PERSONAS INTERESADAS O AFECTADAS Y ORIGEN DE LOS DATOS: | Representante de la entidad,  secretario/a de la entidad  Los datos personales recogidos proceden de las solicitudes y documentación presentada por las personas interesadas. |
| CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS | (Categoría de personas destinatarias)  No están previstas comunicaciones de datos. |
| TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES | No están previstas transferencias internacionales de datos. |
| MEDIDAS DE SEGURIDAD, TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS | Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (Medidas de seguridad) del Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por el cual se regula el Esquema nacional de seguridad en el ámbito de la administración electrónica. |

  

2. Tratamiento de datos de la ejecución de la concertación

2.1. La gestión de los servicios concertados regulados en las presente convocatoria requiere del tratamiento de datos de carácter personal debiendo contemplarse las medidas y garantías contempladas en la normativa referente a la materia, en especial el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

2.2. Las entidades concertadas serán las responsables de los tratamientos de datos derivados de la actividad concertada, y deberán cumplir con las obligaciones reguladas en el régimen jurídico en materia de protección de datos. Así mismo, tendrán la obligación de colaborar con la conselleria competente en materia de servicios sociales facilitando toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de protección de datos.

2.3. Las comunicaciones de datos que se realicen como consecuencia de la colaboración entre la Conselleria competente y las entidades concertadas se realizarán con fundamento en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.