Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6843, del 20-08-2012 (2012/7840)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 56/2009.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6843

Fecha DOGV
:   20-08-2012

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2012/7840


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Elche

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 56/2009. [2012/7840]  
Procedimiento ordinario 000056/2009  
De: Carpintería y Cocinas Bigastro, SL.  
Procurador: Miguel Martínez Hurtado.  
Contra: Contratas Dols, SL.  
En el presente procedimiento juicio ordinario seguido a instancia de Carpintería y Cocinas Bigastro, SL frente a Contratas Dols, SL, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:   
«Sentencia  
Elche, 28 de junio 2012.   
Encarnación Aganzo Ramón, magistrada jueza del Juzgado de Primera Instancia número 5 de los de Elche, habiendo visto y oído los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este Juzgado con el número 56/09, promovidos a instancias de la mercantil Carpintería y Cocinas Bigastro, SL, y en su representación el procurador de los tribunales Miguel Martínez Hurtado y asistido por el letrado Juan Vives Cano, contra la mercantil Contratas Dols, SL, en reclamación de cantidad.   
Antecedentes de hecho  
Primero. Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, interesando el recibimiento del pleito a prueba, que se dictara sentencia en la que estimando íntegramente la demanda se condenara a la demandada al pago de la suma de 29.897,83 euros de principal, más los intereses legales que en derecho corresponden, y con expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento.   
Segundo. Que mediante auto de 26 de febrero de 2009 se admitió a trámite la demanda formulada, acordándose su sustanciación con arreglo a lo establecido para el juicio ordinario conforme a lo dispuesto en el artículo 399 Ley de Enjuiciamiento Civil, dándose traslado de la demanda a la demandada para que pudiera contestarla en el plazo de 20 días, con la prevención a que se refiere el artículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No habiendo comparecido el demandado ni contestando a la demanda se le declaró en rebeldía mediante expediente de ordenación de 18 de abril de 2011.  
Tercero. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil fueron convocadas las partes para la correspondiente audiencia previa, que se celebró en la Sala de audiencias de este juzgado, en fecha 28 de julio de 2012. En dicho acto, la actora se afirmó y ratificó en su demanda. Practicada la prueba propuesta por la misma, quedaron los autos sobre la mesa para dictar sentencia.  
Cuarto. Que en la sustanciación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos.   
Fundamentos jurídicos  
Primero. Ejercita en el presente supuesto la actora la acción de reclamación de cantidad, alegando que como consecuencia de las relaciones comerciales habidas entre ambas partes, la demandada había dejado pendiente de pago una serie de facturas, todas ellas relativas a suministros de material de construcción y por importe de 29,897,83 euros. Todas las facturas, afirmó, se correspondían con la realización e instalación de los muebles de cocina de diferentes bungalows de la promoción El Manantial sita en el paraje de Villamartín de Orihuela Costa. La demandada, añadió, sin alegar motivo alguno, había dejado impagas las facturas referidas, habiendo resultado infructuosos los requerimientos amistosos realizados para el cobro de la deuda.   
Segundo. La demandada, por su parte, no se personó en el procedimiento ni contestó a la demanda, siendo declarada en rebeldía. Al respecto, debe señalarse que la rebeldía es la conducta que adopta el demandado que no comparece en el proceso después de haber sido citado en forma. A diferencia de otras legislaciones, en que la rebeldía se considera como allanamiento o admisión de los hechos de la demanda, en nuestro derecho no comporta otro efecto que el que se tenga por contestada la demanda y siga el proceso su curso sin la intervención del rebelde. Pero la jurisprudencia ha entendido que dicha contestación, ficticia, ha de serlo en el sentido de oponerse a ella, de modo que permanece sobre el actor la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión, es decir, los hechos normalmente constitutivos del derecho que reclama. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo, que ha venido entendiendo declarando que de tal manera ha de ser entendido el principio jurídico sancionador por la jurisprudencia, de que la prueba de las obligaciones, incumbe a quien reclama su cumplimiento, recogido sustancialmente en el artículo 217 Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Tercero. Dispone el artículo 1138 del Código Civil que «si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros». Y dispone el artículo 1145 del Código Civil que «el pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeurores la parte que a cada uno corresponde, con los intereses del anticipo. La falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores, a prorrata de la deuda de cada uno».   
En cuanto a la prueba de las obligaciones, dispone el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que «corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior [...] Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y la facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes en el litigio». Respecto a dicha norma de distribución de la carga de la prueba, ha manifestado nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de junio de 1974, que «el artículo 1214 del Código Civil resuelve la carga de la prueba con arreglo a la teoría clásica al establecer que incumbe la carga de la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y el de su extinción al que la opone, basándose en un doble principio: el de que al actor incumbe la prueba de los hechos que sean fundamento de su demanda, sea cualquiera la naturaleza positiva o negativa de los mismos, y el de que el demandado que oponga excepciones ha de probar los hechos en que ellas se fundan, y si bien es cierto que la doctrina científica moderna y la jurisprudencia han dado mayor flexibilidad a este concepto precisando su alcance, no se apartan de su concepto legal, en el sentido de atribuir al actor la obligación de probar los hechos normalmente constitutivos del derecho que reclama y al demandado la de los hechos impeditivos, por oponerse a la constitución válida del hecho, y los extintivos».   
Cuarto. En el presente caso se consideran acreditados, a la vista de la prueba practicada y obrante el autos, la realidad de la relación mercantil descrita en la demanda, el devengo de las cantidades que se hacen constar en las facturas que se aportan, y el impago por parte de la demandada de las cantidades que se reflejan en las mismas sin causa justificada. Y ello a la vista de la documental presentada, debiendo tenerse en cuenta asimismo lo dispuesto en el artículo 326 Ley Enjuiciamiento Civil, que establece que «los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319 cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique», debiendo tenerse en cuenta asimismo que la demandada no se personó en el procedimiento para acreditar la inexperiencia de la deuda, el pago de las sumas reclamadas, o la falta de obligación de efectuar el pago. Debe ser estimad, por tanto, la demanda en su integridad.  
Quinto. Conforme al artículo 1108 del Código Civil, si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, como sucede en el caso que nos ocupa, la indemnización de daños y perjuicios consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio en el interés legal. Dichos intereses son exigibles desde que son judicialmente reclamados según el artículo 1109 del Código Civil, es decir, desde el día del emplazamiento, incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia con arreglo al artículo 576 de la Ley Procesal Civil, hasta la de su completo pago.   
Sexto. De conformidad con el criterio objetivo del vencimiento que rige en materia de costas procesales, salvo que circunstancias excepcionales justifiquen su no imposición (art. 394 primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y no apreciándose la concurrencia de éstas, las causadas en esta instancia han de ser impuestas al demandado, al estimarse íntegramente la demanda iniciadora del presente procedimiento.   
Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación al caso  
Fallo  
Que, estimando la demanda interpuesta por la mercantil Carpinterías y Cocinas Bigastro, SL, y en su representación el procurador de los tribunales Miguel Martínez Hurtado, contra la mercantil Contratas Dols, SL, en reclamación de cantidad, Debo condenar y condeno a la demandada al pago de la suma de 29.897,83 euros de principal, más los intereses legales que en derecho corresponden, y con expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento.   
Contra esta sentencia podrá interponerse ante este Juzgado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9ª) en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, previa constitución del depósito legal.   
Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para su unión en autos, lo pronuncio, mando y firmo».   
La extiendo yo el secretario para hacer constar que seguidamente se procede a hacer pública la sentencia dictada mediante su notificación a las partes. Doy fe   
Y encontrándose dicho demandado, Contratas Dols, SL, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.   
  
Elche, 5 de octubre de 2011.- El secretario judicial: Francisco Javier García Navarro.