Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9397, del 03-08-2022 (2022/7472)

ACUERDO de 29 de julio de 2022, del Consell, de resolución anticipada y declaración de caducidad de la actuación territorial estratégica «Valencia CF», el mantenimiento de las determinaciones del plan y la declaración de ámbitos estratégicos de cualificación urbana.
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Número DOGV
:   9397

Fecha DOGV
:   03-08-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2022/7472


Fecha del documento
:   29-07-2022

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
    * plan de urbanismo
    * administración local

ACUERDO de 29 de julio de 2022, del Consell, de resolución anticipada y declaración de caducidad de la actuación territorial estratégica «Valencia CF», el mantenimiento de las determinaciones del plan y la declaración de ámbitos estratégicos de cualificación urbana. [2022/7472]  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. El Consell, en fecha 29.06.2012, acuerda declarar actuación territorial estratégica (ATE) el proyecto «Valencia Dinamiza» (actualmente «Valencia CF»), promovido por el Valencia CF, SAD, de acuerdo con los artículos 2 y 3 de la entonces vigente Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Actuaciones Territoriales Estratégicas (en adelante Ley 1/2012).  
Segundo. Mediante resolución de la entonces Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 19.02.2015, se aprueba al Plan de la Actuación Territorial Estratégica (en adelante Plan ATE) que, además de las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada que debían integrarse en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València, designaba como promotor al Valencia CF, SAD y establecía las condiciones de gestión. En fecha 29.04.2015 se suscribe el Convenio para su ejecución entre la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo y el Valencia CF SAD. En ambos documentos se establecen las fases en las que se debían materializar las actuaciones a que se obligaban las partes. Con carácter previo, en fecha 07.04.2015, se constituyó garantía definitiva por importe de 1.162.159,53 ?.  
Tercero. El Valencia CF, SAD, como promotor de la actuación, en fecha 16.04.2021, solicita ante la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, la reorganización de las fases y prorroga de la ATE «Valencia Club de Fútbol» .  
Como consecuencia de dicha petición, se emite informe por el Ayuntamiento de València, en fecha 17.05.2021, en el que se señala la existencia de incumplimiento por parte del promotor de la fase II.1. Igualmente, la Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje, en fechas 25.05.2021 y 05.07.2021 y por la Abogacía de la Generalitat, de fechas 11.08.2021 y 15.11.2021, emiten informes en los que se concluía que se había incumplido la Fase I, de carácter improrrogable y que dicho incumplimiento era imputable al promotor de la ATE.  
A la vista de los citados informes, por Resolución del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de fecha 13.09.2021 se deniega la reorganización y prórroga de las fases solicitada por el promotor, Valencia CF, SAD.  
Cuarto. El Consell, en su reunión de fecha 19.11.2021, adopta acuerdo de iniciar el procedimiento para la resolución anticipada y la declaración de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica «Valencia Club de Fútbol», en base a los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos en él recogidos, que constatan el incumplimiento por el promotor de las obligaciones previstas en las Fases I y II. El acuerdo instaba a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad a instruir y tramitar el procedimiento.  
Quinto. Los señores Juan Martín Queralt, José Rafael García-Fuster y González-Alegre y Pablo Emilio Delgado Gil en nombre propio y de la Asociación de Torino a Mestalla, en ejercicio de la acción pública presentan en fecha 31.01.2022 recurso de reposición contra el acuerdo del Consell de 19.11.2021. El recurso se interpone en nombre de la Asociación, por lo que debe presentarse por medios electrónicos y acreditarse la representación. Al no haberse cumplido esta obligación se les requiere para que cumplan, advirtiendo que en caso contrario se produciría el desistimiento de su pretensión. No consta en el expediente que se haya efectuado dicha subsanación.  
Sin perjuicio de ello, indicar que el recurso solicita:  
- La supresión de los pronunciamientos de los párrafos 4º y 5º de la consideración jurídica tercera de la parte expositiva.  
- El cese de la vía de hecho.  
- Que se opte por la sustitución del promotor o, alternativamente, por la gestión directa o la ejecución subsidiaria de la actuación.  
Solicita el informe de la Abogacía de la Generalitat de fecha 15.11.2021 que consta en el expediente.  
Este recurso ha sido informado por el Servicio de Planificación Territorial de fecha 9.06.2022.  
Sexto. El Valencia CF, SAD, en fecha 11.03.2022 presenta escrito solicitando que no se acepte la personación de la Asociación de Torino a Mestalla en el procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad y que se inadmita el recurso presentado.  
Séptimo. En cumplimiento del acuerdo del Consell de fecha 19.11.2021, el Valencia CF SAD en fecha 08.03.2022 presenta «propuesta» para finalizar el estadio y otras previsiones incorporadas en la ATE. Esta propuesta, debe ser «creíble y garantizada financieramente» para que, tal y como establece el acuerdo del Consell, «la Generalitat, en el caso de que el Consell declarara la caducidad, aplicaría la competencia expresamente otorgada por el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, de decidir si se derogan o no las previsiones del planeamiento aprobado con ocasión de la tramitación de la ATE.» Esta documentación fue informada en fecha 29.04.2022 por el Instituto Valenciano de Finanzas en el sentido de que se concretaran de forma más precisa y justificada las condiciones de la propuesta. En cumplimiento de ello el Valencia CF, SAD en fecha 10.06.2022 (R.E.) aporta nueva documentación que se analiza en el informe de alegaciones emitido por el Servicio de Planificación Territorial de fecha 05.07.2022 que se adjunta como Anexo I a la presente propuesta de acuerdo.  
Octavo. Mediante Resolución de la Directora General de Política Territorial y Paisaje se concedió a los interesados trámite de audiencia, habiendo presentado alegaciones el Valencia CF SAD, en fecha 05.04.2022 (R.E.), el Ayuntamiento de València, en fechas 06.04.2022 (R.E.) y 19.04.2022 (R.E.), Expo Grupo, SA, en fecha 12.04.2022 (R.E.) y la Asociación por la Libertad del Valencia CF, en fecha 12.04.2022 (R.E.). Estas alegaciones han sido informadas por el Servicio de Planificación Territorial de fecha 05.07.2022, informe citado en el antecedente de hecho séptimo.  
Noveno. Con carácter previo a la formulación de la propuesta de acuerdo, se ha dado audiencia a los interesados, en virtud de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP). En este trámite se ha presentado escrito por el Valencia CF, SAD en fecha 10.06.2022 (R.E.), la Asociación por la Libertad del Valencia CF en fecha 13.06.2022 (R.E.) y EXPO GRUPO, SA, en fecha 13.06.2022 (R.E.). El contenido de estos escritos se analiza en el informe del Servicio de Planificación indicado en el apartado anterior.  
Décimo. Formulada propuesta de resolución por la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, se solicitó informe a la Abogacía de la Generalitat, informe que es emitido con fecha 06.07.2022, ratificando en todos sus términos el contenido de sus informes previos de 11 de agosto y 15 de noviembre de 2021. Posteriormente, en fecha 07.07.2022 se procedió a remitir el expediente al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, solicitando el representante del Valencia CF vista del expediente obrante en dicha institución en fecha 14.07.2022.  
En el dictamen emitido por el Pleno de dicha institución con fecha 27.07.2022 se indica que, personado el representante del citado club, se puso de manifiesto el expediente. Asimismo, que se le amplió el plazo para la vista del citado expediente hasta el 22.07.2022, presentando en dicha fecha nuevo «escrito de alegaciones». También nuevo escrito en fecha 27.07.2022 referido, en síntesis, a diversas actuaciones realizadas recientemente con el fin de sacar adelante el proyecto de obras del Nou Mestalla.  
  
  
Consideraciones jurídicas  
  
Primera. Recurso de la Asociación de Torino a Mestalla.  
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 14, en relación con el apartado 4 del artículo 68 de la LPACAP, si alguno de los sujetos incluidos en los citados artículos, entre los que se encuentran las asociaciones, presenta su solicitud presencialmente, se les requerirá para que la subsane y la presente de forma electrónica, considerándose como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación. En estos casos, la falta de presentación por medios electrónicos comporta el desistimiento de la pretensión, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del citado artículo 68.  
Por tanto, al no producirse la presentación por medios electrónicos, ni acreditarse la representación, debe considerarse que la Asociación de Torino a Mestalla ha desistido de su pretensión.  
Además, cabe recordar que el Acuerdo del Consell impugnado en vía administrativa es un acto de trámite no susceptible de recurso, conforme establecen los artículo 112.1, 116 y 119 de la LPACAP.  
Sin perjuicio de todo ello, y con la finalidad de no causar indefensión y en aras a la transparencia, en el informe de fecha 09.06.2022 emitido por el Servicio de Planificación Territorial, se analizan las pretensiones de la recurrente concluyendo que todas ellas deben ser desestimadas en los siguientes términos:  
La primera de ellas, referente a la supresión de los pronunciamientos de los párrafos 4º y 5º de la consideración jurídica tercera de la parte expositiva, por considerar, respecto del párrafo 4º, que haciendo una interpretación sesgada del informe de la Abogacía de la Generalitat de 11.08.2021, se pretende alterar la decisión a favor de la sustitución del promotor, sin tener en cuenta que esta comportaría una demora en la ejecución de la ATE que supondría obviar los requisitos legales de «efectividad» e «inmediatez» intrínsecos a esta figura. Respecto del párrafo 5º, señalar que el hecho de que en los considerandos se le confiera un plazo para aportar «una propuesta creíble y garantizada para finalizar el estadio y otras previsiones incorporadas en la ATE», en ningún caso, constituye una condición suspensiva del procedimiento de caducidad, ni otorga al promotor beneficio alguno, tan solo incorpora un instrumento adicional para hacer efectiva la toma de decisión establecida en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, respecto del planeamiento.  
La segunda de ellas, referente al cese de la vía de hecho, por considerar que no existe, dado que el Acuerdo del Consell no recoge una condición suspensiva, ni tampoco otorga al promotor de la ATE privilegio alguno, tan solo adopta la decisión de actuar conforme establece la Ley 1/2012 ante el supuesto de incumplimiento.  
La tercera de ellas, referente la sustitución del promotor o, alternativamente, la gestión directa o ejecución subsidiaria de la actuación, no es posible por los motivos indicados en los apartados anteriores.  
La resolución del presente recurso corresponde al Consell de conformidad con el artículo 123 de la LPACAP.  
  
Segunda. Resolución de alegaciones  
Conforme al informe de fecha 05.07.2022 emitido por el Servicio de Planificación Territorial que se adjunta como Anexo I, procede desestimar, estimar o estimar parcialmente las alegaciones presentadas por los interesados en los términos señalados en el citado informe.  
  
Tercera. Caducidad de la ATE  
De conformidad con el informe de la Abogacía de 11.08.2021 y atendiendo al acuerdo del Consell de fecha 19.11.2021, procede la resolución anticipada de la ATE por concurrir la causa prevista en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, al haber quedado probado que se ha producido un incumplimiento de las obligaciones del promotor establecidas en la Resolución de la entonces Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 19.02.2015, así como en el convenio de fecha 29.04.2015 suscrito para la ejecución del Plan de la Actuación.  
De confornidad con lo establecido en el apartado 12 del Informe de Compatibilidad que acompaña al Acuerdo del Consell de fecha 29.06.2012, las obligaciones debían cumplirse en un plazo global de 10 años desde la entrada en vigor del plan, 30.05.2015. Dicho plazo global se concretó en la Resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 19.02.2015, en cuya Consideración Técnico Jurídica Séptima define el programa de ejecución dividiendo el plazo de 10 años en fases en las que se debían cumplir una serie de hitos. La primera de ellas, de tres años de duración improrrogable, finalizaba en mayo de 2018 y uno de sus hitos fundamentales era la construcción de un hotel icónico (TER-M). Además, también se produce el incumplimiento de la primera subfase de la fase dos que finalizaba en agosto de 2021 y cuyo hito más importante era la terminación del nuevo campo de fútbol, la construcción del polideportivo y la ejecución del terciario de la parcela de Corts Valencianes.  
Además de su impacto supramunicipal, uno de los requisitos esenciales para que un proyecto fuese declarado ATE era la inmediatez en la ejecución, implantación y puesta en funcionamiento de elementos relevantes y dinamizadores del ámbito afectado y, en este caso concreto, de la ciudad de València y su área metropolitana. Por ello, esta fase fue declarada improrrogable, ya que los hitos en ella establecidos deberían contribuir a que el ámbito se convirtiese, de forma progresiva o secuencial, en una nueva centralidad urbana y metropolitana, lo que justificaba, junto con otras actuaciones, el carácter estratégico y lo dotaban de la necesaria inmediatez inherente a las ATEs.  
Ante este incumplimiento solo son posibles dos soluciones: la caducidad de la actuación o la sustitución del promotor tal y como se indica en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012. Analizadas ambas propuestas y a la vista de las circunstancias concretas de este expediente, mediante Acuerdo del Consell de fecha 19.11.2021, se acuerda iniciar la caducidad de la actuación, descartando la sustitución del promotor, todo ello de conformidad con el informe de la Abogacía de la Generalitat de fecha 11.08.2021.  
Durante la tramitación del procedimiento de declaración de caducidad no se han incorporado nuevos elementos de juicio que permitan a la administración soslayar el imperativo legal que obliga a declarar la caducidad de la actuación, ante el incumplimiento reiterado e injustificado de estas fases esenciales y que dotan al proyecto del requisito de inmediatez necesario en este tipo de actuaciones.  
La declaración de caducidad de la ATE comporta la pérdida de la condición de promotor de la actuación del Valencia CF, otorgada por resolución de la entonces Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 19.02.2015, perdiendo así las ventajas que implicaba el otorgamiento de esta condición, sin perjuicio de las obligaciones que le correspondan por su condición de propietario de suelo.  
  
Cuarto. Avocación  
En caso de declaración de caducidad, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 5.3 de la Ley 1/2012, corresponde a la Conselleria competente en territorio decidir sobre el mantenimiento o la derogación de las previsiones de planeamiento. En este punto se ha pronunciado la Abogacía de la Generalitat, en su informe de fecha 11.08.2021, en el sentido de entender que, cuando el legislador habla de derogación, cabe contemplar, también, la posibilidad de mantener su vigencia.  
Atendiendo a las circunstancias concretas de índole territorial e impacto supramunicipal que concurren en el presente supuesto, el Consell como órgano superior que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria y dirige la administración de la Generalitat, puede avocar para sí la competencia que se atribuye a la citada Conselleria en orden a la toma de decisión sobre al vigencia o derogación de las previsiones de planeamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante Ley 40/2015).  
  
Quinto. Mantenimiento de las previsiones de planeamiento  
Antes de entrar a valorar la conveniencia y oportunidad del mantenimiento o no del Plan ATE, es necesario hacer referencia a un principio básico del urbanismo español, la separación de la planificación de los usos del suelo, potestad pública e intransferible, de la propiedad del suelo. Es decir, la decisión en cuanto al mantenimiento o no de las condiciones de planeamiento es independiente de los actuales propietarios y del tráfico económico y jurídico al que este suelo se pueda someter en el futuro. Debe hacerse un pronunciamiento de interés general y estratégico desde el punto de vista territorial y urbanístico de acuerdo con los postulados de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.  
El Plan ATE, aprobado por resolución de la entonces Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 19.02.2015, establece la ordenación de dos ámbitos perfectamente diferenciados: la zona A «Antiguo Mestalla» y la zona B «Corts Valencianes»:  
La zona A «Antiguo Mestalla» supone una edificabilidad de 121.781 m2t residencial y terciaria, sobre rasante, y de 19.834 m2t terciaria bajo rasante, con un total de 58.381 m2 de superficie dotacional. El ámbito se encuentra delimitado por la Avenida Aragón, Avenida Blasco Ibáñez, Avenida de Suecia y calle Joan Reglà.  
La zona B «Corts Valencianes», supone una edificabilidad 83.664,83 m2t terciario especial, en la parcela del estadio, y el equipamiento público deportivo junto a Benicalap, permitiendo la compatibilidad del Tco3, o uso comercial exento de gran superficie. El ámbito se encuentra delimitado por la avenida Corts Valencianes, calle Amics del Corpus, calle Nicasio Benlloch y calle de la Safor.  
Definidos los ámbitos y contenido del Plan ATE, procede analizar cada uno de ellos, para poder valorar la necesidad o no de mantener su vigencia, en base al interés general que la ordenación establecida en el Plan ATE supone para la ciudad València y su área metropolitana.  
  
Respecto a la zona A «Antiguo Mestalla», el Plan ATE supone una actuación de dotación de edificabilidad terciaria y una actuación de urbanización, debido al alcance de las transformaciones urbanísticas que generará su ejecución. A lo que hay que añadir que es un punto estratégico de la ciudad en cuanto a su centralidad urbana y metropolitana, potenciada por sistemas de movilidad sostenible de alta capacidad y fiabilidad, tanto actuales como futuras en los términos de las propuestas de la Versión Preliminar del Plan de Movilidad Metropolitana de València (PeMoMe).  
Respecto a la zona B «Corts Valencianes», el mantenimiento del Plan ATE supone culminar un estadio deportivo de elevadas prestaciones, junto a una zona terciaria y una dotación pública localizadas en la misma manzana, y en un eje estratégico donde ya existen equipamientos de alta centralidad como son la Feria de Valencia y el Palacio de Congresos.  
En resumen, los dos ámbitos regulados por este Plan ATE tienen un interés para la ciudad de València y su área metropolitana que va más allá de la Actuación Territorial Estratégica del Valencia C.F., por lo que, desde el punto de vista del interés general, se considera necesario su mantenimiento.  
Analizada al documentación presentada por el Valencia CF, SAD, cabe indicar que, independientemente de si son suficientes o no las garantías aportadas, parte de ellas quedan vinculadas a la no caducidad de la ATE, cuestión inviable desde un punto de vista jurídico, tal y como ha quedado justificado en la Consideración Jurídico Tercera. Por ello, el interés general intrínseco a la ordenación establecida en el planeamiento objeto de análisis y que beneficia al conjunto de la ciudadanía, obliga a su mantenimiento y a buscar mecanismos que permitan, ante la ausencia de dichas garantías, establecer obligaciones que garanticen su adecuada ejecución. Ya que, en caso contrario, la ciudad de València perdería la posibilidad de consolidar dos puntos estratégicos, uno porque la ordenación propuesta potencia la accesibilidad, mezcla de usos e intensidad acorde con los sistema de movilidad del PeMoMe previstos para dicho ámbito y, el otro, porque los usos terciarios, ordinarios y especiales, los equipamientos y dotaciones previstos en el Plan culminan el sistema de equipamientos de alta centralidad ya existentes en la zona. A ello se le añade la finalización de un estadio a medio ejecutar, en estado de abandono y que supone un icono negativo, y muy visible, para la marca València asociada a la modernidad, la creatividad y el dinamismo de sus ciudadanos. Así pues, este mecanismo debe ratificar el interés general de la ordenación propuesta y establecer condicionantes que garanticen su adecuada ejecución y la satisfacción del citado interés general independientemente del promotor de cada una de las actuaciones que la ejecución del plan implica.  
En conclusión, queda probada la existencia de interés general suficiente para mantener la ordenación estructural y pormenorizada prevista en el Plan ATE, al margen de su consideración como ATE y de la pérdida de la condición de promotor del Valencia CF. Esto supone que los propietarios de suelo deberán ejercer su obligación de edificar en los plazos establecidos en el artículo 188 del TRLOTUP, que han de ser concretados para cada una de las actuaciones incluidas en los ámbitos del Plan ATE por el Ayuntamiento de València ya que en caso contrario, se declarará el incumplimiento del deber de edificar con las consecuencias que ello conlleva tal y como establecen los artículos 194 y siguientes del TRLOTUP.  
  
Sexto. Declaración de ámbitos estratégicos de cualificación urbana.  
Las directrices 109 y siguientes del Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (en adelante ETCV), define los ámbitos estratégicos como aquellos espacios cuyo reconocimiento y desarrollo son prioritarios para el cumplimiento de los objetivos, principios y directrices definidos en la ETCV, pudiendo acoger usos y actividades cuyo impacto económico, social y ambiental va más allá de un municipio. Estos ámbitos pueden estar ya identificados y contenidos en la propia ETCV, o pueden ser reconocidos, declarados y desarrollados por acuerdo del Consell (artículo 15.6 del TRLOTUP, según redacción dada por el Decreto ley 4/2022, de 10 de junio, del Consell). Se diferencian dos tipos de ámbitos estratégicos: los asociados con la cualificación del tejido urbano y los relacionados con el suelo para actividades económicas.  
En la presente propuesta de acuerdo se declara el mantenimiento del Plan ATE ya que, tal y como se ha indicado en el punto anterior, afecta a dos ámbitos de la ciudad de Valencia que constituyen ámbitos estratégicos de cualificación urbana, tal y como se aprecia en el informe emitido por la Subdirección General de Ordenación del Territorio de fecha 05.07.2022.  
En dicho informe se pone de manifiesto que el ámbito denominado zona A, «Antiguo Mestalla», por sus condiciones de centralidad urbana y metropolitana, potencial de accesibilidad, mezcla de usos e intensidad se ajusta a las figuras de Área de Nueva Centralidad, de Área de Oportunidad y de Área de Intensificación de Usos. Por lo que respecta a la Zona B, «Corts Valencianes», este ámbito se ajusta la figura de Área de Nueva Centralidad. Todo ello en los términos establecidos en la ETCV. Por tanto, la ratificación del interés general de ordenación prevista en el Plan ATE, y la declaración de los entornos en él delimitados como ámbitos estratégicos de cualificación urbana, permiten establecer condiciones de gestión que garanticen su adecuada ejecución y suplan la ausencia de garantías solicitadas.  
Esta declaración conlleva la imposición de condicionantes para la futura gestión y ejecución de estos ámbitos de planeamiento. Estos condicionantes se imponen para garantizar que su ejecución permita hacer efectivo el interés general constatado y alcanzar los objetivos de cada una de las figuras definidas en la ETCV y que otorgan el carácter estratégico y de interés general.  
  
Séptimo. Incautación de garantía  
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, «El incumplimiento por el promotor de las condiciones y plazos de ejecución estipulados determinará su sustitución o la caducidad de la actuación territorial estratégica y la incautación de las garantías prestadas, previa audiencia del interesado. La declaración de caducidad conllevará la reversión, retroacción y reposición de bienes, actuaciones y otras, así como, en su caso, la derogación de previsiones del planeamiento, en los términos que resuelva la Conselleria competente en territorio». Por tanto, debe iniciarse el procedimiento para la incautación de la garantía presentada por el promotor.  
  
Octavo. Suspensión del otorgamiento de licencias  
De conformidad con lo establecido en el artículo 68 del TRLOTUP, y en aras a garantizar la viabilidad de los ámbitos estratégicos de cualificación urbana, se considera necesario acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de edificación de obras de nueva planta en tanto el Ayuntamiento de València adapte las fichas de gestión de la Zona A «Antiguo Mestalla» y la Zona B «Corts Valencianes» a las determinaciones del presente acuerdo.  
  
Noveno. Competencia  
La competencia para la declarar un proyecto como ATE corresponde al Consell, de conformidad con los artículos 2.1 de la Ley 1/2012 y 2.8 del Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 8/2016, de 5 de febrero. Respecto a la competencia para declarar la caducidad nada viene establecido en la legislación vigente. No obstante, tal y como ha señalado la Abogacía de la Generalitat en sus informes de 11.05.2021 y 15.11.2021, debe ser el propio Consell el competente ya que, la caducidad determina la pérdida de eficacia de las decisiones adoptadas por el porpio Consell al declarar una iniciativa empresarial como ATE.  
De conformidad con la Consideración Jurídica cuarta de la presente propuesta de Acuerdo, la decisión sobre el mantenimiento o derogación de las previsiones de planeamiento puede ser adoptada por el Consell haciendo uso de la avocación.  
Por todo ello, y en virtud del mandato del Acuerdo del Consell de fecha 19.11.2021, considerando los antecedentes de hecho, vistos los informes de la Abogacía de la Generalitat, de fechas 11.08.2021 y 15.11.2021 en los que se analiza la competencia y la legislación aplicable al expediente de la ATE Valencia C.F., los informes de la Subdirección General de Ordenación del Territorio y del Servicio de Planificación Territorial, visto el informe de la Abogacía General de la Generalitat de fecha 06.07.2022, conforme con el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de fecha 27.07.2022, a propuesta conjunta de la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, previa deliberación en la reunión de 29 de julio de 2022,  
  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Declarar DESISTIDA de su pretensión a la Asociación de Torino a Mestalla, ante la falta de presentación por medios electrónicos del escrito de interposición del recurso y de la acreditación de la representación. Sin perjuicio de ello, y de conformidad con lo señalado en la Consideración Jurídica primera del presente acuerdo, procede DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por los señores Juan Martín Queralt, José Rafael García-Fuster y González-Alegre y Pablo Emilio Delgado Gil en nombre propio y de la Asociación de Torino a Mestalla, en ejercicio de la acción pública.  
  
Segundo  
Estimar o desestimar las alegaciones presentadas de conformidad con el informe propuesta que se adjunta como Anexo I y cuyo contenido forma parte integrante de este acuerdo, y de acuerdo con el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana de 27.07.2022, cuyo texto se incorpora como Anexo II, de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
Tercero  
Resolver anticipadamente y declarar la caducidad de la ATE «Valencia Club de Fútbol» y del Convenio de 29 de abril de 2015 suscrito para la ejecución de la ATE entre la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo y el Valencia CF, perdiendo el Valencia CF, SAD la condición de promotor y extinguiéndose en lo sucesivo las competencias asumidas por la Generalitat en cuanto la potestad de planificación urbanística para la tramitación, aprobación y modificación de los instrumentos de planeamiento derivados de la actuación.  
  
Cuarto  
Avocar la competencia atribuida a la Conselleria de Política Territorial, Obras Púbicas y Movilidad respecto a toma de decisión sobre la vigencia de las previsiones del planeamiento ATE, y acordar el mantenimiento de las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada aprobadas por resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de fecha 19.02.2015 (BOP núm.91, de 15.05.2015) por la que se aprueba el Plan de Actuación Territorial Estratégica «Valencia Club de Fútbol», correspondiendo en lo sucesivo al Ayuntamiento de València la potestad de ius variandi respecto de este instrumento de planeamiento.  
  
Quinto  
Declarar la zona A «Antiguo Mestalla» como Área de Nueva Centralidad, Área de Oportunidad y Área de Intensificación de usos y la zona B «Corts Valencianes» como Área de Nueva Centralidad, en los términos de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, y de articulo 15.6del TRLOTUP, sujetas a las siguientes condiciones de gestión:  
El otorgamiento de cualquier licencia de obras de nueva planta sobre las parcelas con aprovechamiento lucrativo privado que tengan asignado por el Plan ATE un uso dominante residencial o terciario, ubicadas tanto en la zona A («Antiguo Mestalla») como en la zona B (Corts Valencianes»), y con independencia de quien fuera su solicitante, quedará condicionado a la previa acreditación del pleno cumplimiento de los compromisos y obligaciones que hasta la adopción del presente acuerdo pesaban sobre el promotor de la ATE «Valencia Club de Fútbol» o la prestación de la garantía financiera suficiente para asegurar su cumplimiento que determine el Ayuntamiento de València.  
Dichos compromisos y obligaciones son esencialmente los relacionados en la Consideración Técnico Jurídica Quinta de la Resolución aprobatoria del Plan ATE, incluida la cesión al Ayuntamiento de València libre de cargas de urbanización del 10 % del incremento sobre la edificabilidad media ponderada del ámbito (apartado 5.1), así como los derivados de los Convenios suscritos por el Valencia CF, SAD con el Ayuntamiento de València, excluidos aquellos compromisos ya cumplidos por el promotor de la ATE a fecha de la adopción del presente acuerdo.  
Establecimiento por parte del Ayuntamiento de València de los plazos concretos para el cumplimiento o afianzamiento por el Valencia CF, SAD de las obligaciones y compromisos a que se refiere el punto anterior, para cada una de las actuaciones incluidas en los ámbitos del Plan ATE; así como de cualquier otra determinación que el Ayuntamiento considere necesaria para garantizar el adecuado cumplimiento de dichas obligaciones y compromisos.  
  
Sexto  
Instar al Ayuntamiento de València a adaptar las fichas de gestión de ambos ámbitos, declarados Ámbitos Estratégicos de Cualificación Urbana, incorporando las condiciones de gestión incluidas en el presente Acuerdo.  
  
Séptimo  
Suspender el otorgamiento de licencias de edificación de obras de nueva planta, al amparo de lo previsto en el artículo 68 del TRLOTUP, en los Ámbitos declarados en el punto quinto del presente acuerdo como Estratégicos de Cualificación Urbana, únicamente respecto de las parcelas con aprovechamiento lucrativo privado a las que el Plan ATE asigna un uso dominante residencial o terciario que se ubique tanto en la zona A («Antiguo Mestalla») como en la zona B («Corts Valencian es»), hasta que se publiquen y entren en vigor las fichas de gestión adaptadas a las determinaciones de la presente propuesta de Acuerdo. Todo ello sin perjuicio de las competencias que también corresponden a la Administración local. Esta suspensión de licencias no afecta a la parcela sita en la Avenida de Aragón n.º 35 y al nuevo estadio de fútbol sito en la parcela GSP-1\*.  
  
Octavo  
Ordenar a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, la instrucción y tramitación del procedimiento para la incautación de la garantía presentada por el Valencia CF, SAD, atendiendo al principio de proporcionalidad.  
  
Noveno  
Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y notificarlo a los interesados con indicación de los recursos que correspondan.  
  
  
ANEXO I  
  
ASUNTO: ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN ANTICIPADA Y DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE LA ATE «VALENCIA CF»  
  
Antecedentes  
I. El Consell, en sesión celebrada en fecha 19.11.2021 acordó iniciar el procedimiento para la resolución anticipada y declaración de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica «Valencia CF» (en adelante ATE), designando a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para la instrucción y tramitación del procedimiento.  
Mediante Resolución de la Directora General de Política Territorial y Paisaje de fecha 7 de marzo de 2022 se acuerda la apertura del trámite de audiencia, notificando dicha Resolución a los interesados.  
II. El Valencia CF, en fecha 05.04.2022, presenta escrito alegando que se han incumplido los requisitos legales necesarios para la declaración de caducidad; la falta de motivación e incongruencia en las decisiones adoptadas por la administración; la quiebra de la confianza legítima que ha creado la inactividad de la administración y la desproporcionalidad de la decisión adoptada y por último, enumera las actuaciones desarrolladas por el Club para terminar el nuevo estadio y el resto de hitos de la ATE. Si bien, con carácter previo, formula una alegación preliminar en la que afirma que el Valencia CF ha cumplido con las actuaciones de la Fase I, que a fin de cumplir con las actuaciones de la Fase II, ha solicitado la reorganización de las fases lo cual le ha sido denegado por la administración, desestimación que ha sido recurrida en vía jurisdiccional y que está pendiente de resolverse, y que el Valencia CF ha presentado una propuesta para finalizar el nuevo estadio y otras previsiones incorporadas en la ATE.  
III. La mercantil Expo Grupo, SA, en fecha 12.04.2022 presenta escrito en el que alega su condición de interesada como titular de una parcela en el ámbito del proyecto de reparcelación de la Fase I Zona A «Antiguo Mestalla», para la que solicita un tratamiento diferenciado, excluido de la declaración de caducidad que se pueda adoptar, alegando la existencia del Convenio suscrito entre dicha mercantil y el Ayuntamiento de València, los defectos de la ATE en relación con las obligaciones del promotor y las consecuencias que una declaración de caducidad pueda tener para los intereses públicos.  
IV. El Ayuntamiento de València presenta alegaciones de fechas 04.04.2022 y 12.04.2022, del Servicio de Actividades y de la Secretaria de Área 1, respectivamente. En el primer escrito, sus alegaciones versan la necesidad de conocer qué decisión se adoptará en relación con las determinaciones del planeamiento aprobado por la ATE. En el segundo escrito, se alega que, si bien la decisión de caducar y mantener o no las previsiones del planeamiento corresponde a la Generalitat, la ley permite que éstas puedan mantenerse y en este sentido, solicitan que de derogarse, sea parcialmente, afectando solo a los terrenos del Valencia CF. Plantean, asimismo, que si se opta por mantener el planeamiento, ello sólo sería legal si se asegurara la participación de la comunidad en las plusvalías, exigiendo que el Valencia CF no materialice su aprovechamiento si no garantiza el pleno cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. Por ello plantean la aplicación de la suspensión de otorgamiento de licencias. Y que en todo caso, se cumpla con las condiciones pactadas en cuanto al nuevo estadio (incluido su aforo) y otras instalaciones.  
V. Tras la presentación en fecha 12.04.2022 de un escrito de la «Asociación para la libertad del Valencia CF», al que formalmente se dio tramite de audiencia, y la emisión de un informe de fecha 29.04.2022 del Institut Valencià de Finances (IVF) acerca de la eficacia de las garantías financieras aportadas por el promotor para finalizar el estadio y las otras previsiones incluidas en la ATE, en fecha 26.05.2022 se ha puesto a disposición de los interesados personados en el presente procedimiento de resolución anticipada y caducidad, la nueva documentación aportada, de acuerdo con lo exigido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).  
De este modo, el citado informe del IVF ha sido remitido al Valencia CF, a la mercantil Expo Grupo, SA, al Ayuntamiento de València y a la Asociación por la Libertad del Valencia en fecha 26.05.2022. E igualmente, se ha dado traslado del resto de escritos remitidos por el Valencia CF (de fecha 05.04.2022), el Ayuntamiento de València (de fechas 05.04.2022 y 12.04.2022), la mercantil Expo Grupo (de fecha 11.04.2022), y la «Asociación por la libertad del Valencia CF» (de fecha 11.04.2022), a las partes efectivamente personadas en este procedimiento, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para que puedan alegar y aportar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. A este respecto, el Valencia CF, la mercantil Expo Grupo y la Asociación por la Libertad del Valencia CF reciben la notificación de la documentación señalada en fecha 27.05.2022, finalizando por tanto el plazo para presentar alegaciones el 10.06.2022.  
Como consecuencia de dicho trámite de audiencia, se han presentado nuevos escritos de alegaciones de fecha 10.06.2022 por parte del Valencia CF (con entrada el 10.06.2022, dentro del plazo concedido) y por parte de la «Asociación para la libertad del Valencia CF» (pero con entrada el 13.06.2022, fuera del plazo concedido) y de fecha 13.06.2022 por parte de la mercantil Expo Grupo, SA (fuera del plazo concedido) .  
Por último, en fecha 22.06.2022 (de forma extemporánea) ha tenido entrada escrito del Ayuntamiento de València, en el que da cuenta de la emisión de informes por parte de sus servicios de Gestión Urbanística (de fecha 03.06.2022), de Actividades (de fecha 10.06.2022), y de Infraestructuras de la Fundación Deportiva Municipal (de fecha 14.06.2022).  
VI. El escrito de fecha 10.06.2022 del Valencia CF alega, en síntesis, que no concurren los requisitos legales necesarios para resolver anticipadamente y declarar la caducidad de la ATE, dado que las diversas vicisitudes que han provocado retrasos no pueden ser imputables al promotor; que, en cambio, sí concurren los requisitos necesarios para acordar la reorganización de las fases de la ATE; que el promotor ha cumplido el requerimiento de presentar «una propuesta creíble y garantizada financieramente para finalizar el estadio y otras previsiones incorporadas a la ATE», lo que permite evitar la caducidad (sic) de la ATE; que la propuesta de inicio de resolución anticipada y caducidad no está suficientemente motivada, siendo incongruente con el comportamiento pasivo de la Administración, por lo que resulta desproporcionada, arbitraria, injusta y contraria a los principios de confianza legítima y buena fe; y que con la caducidad se perderían todos los beneficios que de la misma se derivan para la ciudad y la Comunitat Valenciana, no respetándose el deber de la Administración de actuar con objetividad, imparcialidad y respeto a las exigencias del interés público.  
El escrito solicita, en definitiva, que se acuerde el desistimiento del expediente de resolución anticipada y caducidad; la autorización de la reorganización de los plazos de las distintas fases; la suspensión del cómputo de los plazos previstos en la ATE hasta que las modificaciones de licencias de obra y de actividad solicitadas sean aprobadas por el Ayuntamiento de València; y la remisión de copia del informe de la Abogacía General de la Generalitat de fecha 15.11.2021.  
VII. La mercantil Expo Grupo, SA, presenta escrito de alegaciones en fecha 13.06.2022, de manera extemporánea. En el mismo se remiten íntegramente al contenido de su escrito de alegaciones presentado en fecha 12.04.2022, y se refieren brevemente a los escritos e informes sobre los que se les ha dado traslado.  
Respecto al informe de la Secretaria de Área I del Ayuntamiento de Valencia, señalan que este «se ratifica en las consideraciones jurídicas efectuadas en otro informe que obra en el expediente administrativo elaborado por la misma Secretaría de Área I en fecha 17 de mayo de 2021», en el cual se apunta que en caso de derogación del Plan ATE, tal derogación «debería ser meramente parcial, en todo aquello que afecta a los terrenos propiedad del Valencia C.F., SAD, como promotor de la ATE, pero no en sus determinaciones relativas a las parcelas propiedad tanto del Ayuntamiento de València como de la mercantil Expo Grupo, SA.».  
Respecto al informe de la Jefa de Servicio de Actividades del Ayuntamiento de València, reiteran «la opción posible y jurídicamente justificada por los distintos informes que obran en el expediente administrativo, de que la caducidad sea parcial y no afecte a las previsiones del Convenio de Jesuitas, en lo que respecta a las parcelas titularidad del Ayuntamiento de València y Expo Grupo, SA».  
Respecto al informe del IVF, entienden que no les corresponde valorar los aspectos económicos analizados en el mismo; y respecto al escrito de la Asociación por la Libertad del Valencia CF, no tienen «inconveniente alguno en que se tenga por comparecido a esta entidad, si así se estima oportuno».  
VIII. La Asociación por la Libertad del Valencia CF presenta escrito de alegaciones en fecha 13.06.2022, de manera extemporánea. En el mismo, hacen hincapié en los caracteres de excepcionalidad e inmediatez que definen a la ATE y la dotan de sentido. Señalan que la finalidad de la normativa de las ATE: «es el otorgamiento de ciertos beneficios procedimentales y materiales a fin de incentivar inversiones para, en contraprestación a tales beneficios, exigir seriedad y rigor en el cumplimiento de las condiciones y plazos impuestos. Carecería de sentido el reconocimiento de determinados beneficios con el objeto de revertir a la generalidad de los ciudadanos el producto derivado de la realización de ciertas inversiones, si tales beneficios quedaran diluidos en el tiempo o no se concretaran los mismos en plazos concretos y determinados».  
Por ello, atendiendo al «claro incumplimiento temporal de los plazos establecidos en la ATE» y considerando que «ninguna de las alegaciones efectuadas por el Valencia, CF., SAD tiene la suficiente entidad como para permitir la instauración de una suerte de prórroga no prevista legalmente ni acordada con las principales instituciones de la Comunidad Valenciana», entienden que «no existe otra consecuencia legal -ante el evidente incumplimiento producido- que la declaración de la caducidad de la ATE en los términos que legalmente pudieren corresponder».  
  
Análisis de las alegaciones  
Primero. Respecto la alegación preliminar del Valencia CF de fecha 05/04/2022 en que reitera que la construcción del hotel no le es exigible, imputa a la Administración los retrasos en la tramitación de los proyectos necesarios para llevar a cabo las actuaciones y alega las consecuencias de la COVID-19 como causa que le ha impedido cumplir con sus previsiones.  
La primera de las cuestiones fue abordada y resuelta con ocasión de la solicitud de reorganización de las fases solicitada por el promotor, aduciendo que había cumplido con las actuaciones de la Fase I, la cual fue desestimada por Resolución del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de fecha 13.09.2021, denegación que fue suficientemente motivada, con referencia a los informes emitidos por la Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje, de fechas 25.05.2021 y 05.07.2021 y por la Abogacía de la Generalitat, de fechas 11.08.2021 y 15.11.2021, en la que se concluía que se había incumplido la Fase I (fase improrrogable) ante la falta de construcción del hotel y que dicho incumplimiento era imputable al promotor de la ATE, discrepando de manera motivada del parecer del Ayuntamiento de València.  
El informe de Abogacía de 11.08.2021 indica: «Los hitos temporales y los compromisos asumidos por el Valencia, CF, SAD están perfectamente definidos en todos los documentos incorporados al expediente administrativo, desde el día 13-2-2012, fecha en que se presenta formalmente por su representante legal escrito formulando «consulta previa sobre la viabilidad de la propuesta de proyecto cuya documentación justificativa acompaño en documentación anexa, a los efectos de su declaración por el Consell de la Generalitat Valenciana como Actuación Territorial Estratégica», hasta la adopción del acuerdo del Consell de fecha 29-6-2012 y la posterior resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de fecha 19-2-2015. Durante la tramitación del procedimiento, según se acredita en el expediente administrativo, al particular que insta la declaración de su iniciativa empresarial como ATE se le notificaron todos y cada uno de los trámites esenciales, se le pusieron de manifiesto alegaciones, informes, propuestas y alternativas. Y suscribió sendos convenios de colaboración, el 29-4-2015 con la conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, y el 26-10-2016 con el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en los que asumió de modo expreso una serie de compromisos y obligaciones, prestando explícitamente su consentimiento a las mismas, aceptando los hitos temporales, y asumiendo en definitiva las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Nada hay en el expediente administrativo que le haya producido algún tipo de indefensión o perjuicio. Al contrario, en la tramitación de la ATE las Administraciones Públicas implicadas han sido especialmente ágiles y diligentes en la resolución de cuantos incidentes pudieron surgir. Hay, en definitiva, una explícita asunción de compromisos y obligaciones que vinculan tanto al promotor como a la Administración a través de los principios de confianza legítima y de buena fe, que deben presidir las relaciones jurídicas tanto públicas como privadas.»  
Por otra parte, el informe de la Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje, de 25.05.2021 alude igualmente a esta cuestión en los siguientes términos: «Cabe destacar que el incumplimiento de esta concreta fase, considerando la significación de la misma en el conjunto de las obligaciones de la ATE, hace exigible del PROMOTOR una justificación adecuada y motivada de la misma. Al respecto, consta comunicación del PROMOTOR, en fecha 3 de abril de 2018, de la «intención» de Expo Grupo de acometer las obras del hotel en un momento posterior, comunicación que se realiza a menos de un mes de que concluya el plazo de ejecución de la Fase I, y que no hace más que poner de manifiesto la falta de diligencia por parte del PROMOTOR.»  
En cuanto a la segunda, también en el procedimiento de reorganización de las fases, se dio audiencia al Ayuntamiento de València (responsable junto con la Conselleria de Economía, Industria y Comercio del seguimiento y control de la ejecución de la ATE), que trasladó el informe de la Secretaria de Área 1 y una certificación del Secretario del Ayuntamiento, ambos de fecha 17.05.2021, concluyendo que el promotor de la ATE no había iniciado la ejecución de ninguna de las cinco obras que constituían los compromisos incluidos en la Fase II.1, que debían ejecutarse en el período 2018-2021, entre los que se encontraba la construcción del nuevo estadio y el polideportivo. En la misma línea se pronuncia el Ayuntamiento de València en sus escritos de alegaciones, presentados con ocasión de los trámites de audiencia.  
En cuanto a las consecuencias del COVID-19 en la operación de venta de la parcela donde se ubica el actual campo de fútbol, cabe señalar que la vigencia de la ATE arranca en el año 2015 y el inicio de la pandemia se produce en marzo de 2020, disponiendo por tanto de un plazo de 5 años en los que podría haber finalizado dicha operación, que en todo caso responde a la exclusiva necesidad del promotor de obtener financiación para ejecutar la ATE y que además de ser una cuestión interna de la sociedad, sujeta al derecho privado y no oponible frente a la Administración, no figura en la ATE como condición para el cumplimiento de los compromisos del promotor.  
Los razonamientos expuestos constatan que no se daban los requisitos para conceder la reorganización solicitada y, de conformidad con los informes de la Abogacía, el acuerdo del Consell de 19.11.2021 se adopta motivadamente, y procede por tanto desestimar las alegaciones preliminares planteadas por el promotor.  
  
Segundo. Respecto la alegación del Valencia CF de fecha 05/04/2022 sobre el impulso que ha dado a las distintas actuaciones, el carácter proactivo de su proceder y la no concurrencia de los requisitos legales necesarios para la declaración de caducidad prevista en el art. 5.3 de la Ley ATE.  
El promotor alega que los retrasos en la ejecución de la ATE no le son imputables, destacando el impulso que ha dado a las actuaciones incluidas en las Fases I y II pese a la inactividad de la administración. No obstante, partiendo de los 6 años de vigencia que la ATE llevaba en el momento de la solicitud de reorganización de las fases de la ATE, hay hechos fácticos que cuestionan tales afirmaciones, como el que la inversión total de la ATE se cifre en 460.931.093,76 ?, y la suma de las actuaciones ejecutadas de la Fase I apenas ascienda a 964.863,81 - (de los cuales, 464.863,81 - corresponden a proyectos de desarrollo sostenible y 500.000 - a la urbanización de la Zona A «Antiguo Mestalla»; y la paralización desde el año 2009 de las obras de construcción del nuevo Mestalla, según consta en los informes del Ayuntamiento de València.  
Asimismo, respecto a las restantes obras a ejecutar y en contestación a la falta de diligencia del Ayuntamiento de València, éste ha mostrado su oposición a tales pretensiones, detallando en sus informes las actuaciones llevadas a cabo a instancia del promotor, confirmando dichos extremos en el informe municipal de fecha 02.09.2021 en el que concluye que «resulta de todo punto inaceptable y carente del más mínimo fundamento pretender atribuir el incumplimiento por el promotor de las obligaciones y compromisos de la ATE a la inacción y falta de cooperación del Ayuntamiento de València» y manifestando que «las alegaciones formuladas por el «Valencia CF, SAD» el 26 de julio de 2021 no desvirtúan en nada el contenido del informe emitido el 17 de mayo de 2021 por la Secretaría de Área 1 de este Ayuntamiento...cuyas conclusiones siguen siendo válidas a fecha de hoy, y particularmente las siguientes: El promotor de la ATE ni tan siquiera ha iniciado la ejecución de ninguna de las cinco obras que constituyen los compromisos incluidos en la Fase II.1 (2018-2021): ejecución de las medidas correctoras indicadas en el estudio de movilidad (Zona B), urbanización del entorno del Nuevo Estadio en la Zona B, finalización de las obras de ejecución y puesta en marcha del Nuevo Estadio, ejecución del Terciario de la Zona B y construcción de polideportivo en parcela GSP-1 y restos arqueológicos» .  
Atendiendo las circunstancias expuestas procede desestimar las alegaciones planteadas por el promotor.  
  
Tercero. Respecto la alegación del Valencia CF de fecha 05/04/2022 sobre la falta de motivación del acuerdo del Consell, tras haber denegado la solicitud de reorganización de las fases formulada por el promotor y sobre la incongruencia del acuerdo dada la inactividad de la Administración y la confianza legítima que creó en el promotor dicha inactividad, considerando desproporcionada la decisión de resolver anticipadamente la ATE y declarar su caducidad.  
El acuerdo del Consell de 19.11.2021 es posterior a la citada Resolución de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de fecha 13.09.2021, que resuelve denegar la reorganización solicitada por el Valencia CF, dado que ha quedado constatado el incumplimiento de la Fase I (improrrogable) imputable al promotor y que, en aplicación del artículo 213.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público impide conceder una ampliación de la vigencia de la ATE. Esta resolución se adopta a la vista de los informes solicitados, tras la audiencia al promotor y tras notificarle el informe que contiene expresa referencia a los fundamentos jurídicos aplicables a la petición planteada. Por ello, basándose en la Resolución de 13.09.2021, así como en los informes de la Abogacía de 11.08.2021 y 15.11.2021 el Consell acuerda de manera motivada iniciar los trámites para resolver anticipadamente la ATE y declarar su caducidad.  
Tanto los antecedentes como las consideraciones jurídicas del acuerdo del Consell cumplen con la exigencia de motivar los actos, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015 (LPAC), con expresa mención a los actos adoptados en la ATE, las obligaciones del promotor, los informes emitidos, la Resolución de 13.09.2021 que deniega la reorganización de los plazos de ejecución, la legislación aplicable y las consecuencias que dicha legislación establece cuando se constata un incumplimiento de los plazos por parte del promotor. A su vez, el art. 5.3 de la Ley de las ATE permite derogar o mantener las previsiones del planeamiento aprobado con ocasión de la ATE.  
A la vista de los incumplimientos del promotor, el régimen jurídico de las ATE y la normativa de contratación constituyen los títulos habilitantes del acuerdo del Consell y dotan de congruencia a la actuación de la Administración. El promotor no puede eludir sus obligaciones, más cuando nos encontramos en el ámbito de las relaciones contractuales, y no vulnera el principio de proporcionalidad aplicar una determinada consecuencia, expresamente prevista en la ley, cuando se constata que concurren los presupuestos para ello, como así recoge el artículo 5.3 de la Ley 1/2012. El interés público en que se materialicen las previsiones de la ATE no puede ser una suerte de «cheque en blanco» para que el promotor diluya en el tiempo el cumplimiento de sus obligaciones, y ello porque el instrumento de la ATE permite determinadas prerrogativas a favor del promotor que exigen, atendiendo a la naturaleza de dicho instrumento, una diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de aquel. No puede desvirtuarse ese interés público en el mantenimiento de una situación que va en contra de la propia naturaleza de las ATE. Por los motivos expuestos, procede informar desfavorablemente esta alegación.  
  
Cuarto. Respecto a las alegaciones de la mercantil Expo Grupo, SA, de fecha 13/04/2022 (reiteradas en fecha 13.06.2022) solicitando el archivo del expediente de caducidad al considerar que no ha habido un total incumplimiento de las condiciones de la ATE por parte del Valencia CF y por considerar que el interés general prevalece, solicitando asimismo una regularización y actualización del contenido y plazos de la ATE.  
En relación con la apreciación de la mercantil, ha quedado constatado el incumplimiento por el promotor de las condiciones de ejecución de la ATE. Así se desprende de los informes que obran en el expediente, entre ellos el de la Abogacía de la Generalitat, de 11.08.2021, y de la Resolución del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de 13.09.2021, denegando la reorganización de las fases solicitada por el Valencia CF.  
El Consell opta por iniciar el procedimiento para la resolución anticipada y la declaración de caducidad de la ATE, con base en las consideraciones jurídicas tercera, cuarta, sexta y séptima del informe de la Abogacía de la Generalitat, de 11.08.2021, y parte del incumplimiento del promotor y de la consecuencia establecida en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012. Según la mercantil, el incumplimiento del promotor se debe a las oscilaciones y volatilidad de las economías de los países occidentales y su incidencia en el mercado inmobiliario, lo que provoca desajustes en los plazos de ejecución de los planes y alude también a los efectos del COVID-19. Consideramos tales argumentos totalmente inconsistentes para desvirtuar la decisión del Consell, y ello por cuanto ha quedado justificado, tanto en los informes emitidos y que obran en el expediente como en el propio acuerdo del Consell, que el plan de la ATE se adoptó considerando la viabilidad de la actuación, en base al estudio de la documentación aportada por el promotor y que la vigencia de la ATE coincidió con una etapa de expansión económica y de alza en las demandas turísticas. A pesar de ello, tras más de 6 años de vigencia, el promotor ha incumplido las obligaciones de las dos primeras fases de la actuación, siendo la primera de ellas improrrogable por cuanto su ejecución dotaba de inmediatez a la propia ATE, exigencia que reside en la propia naturaleza de las actuaciones territoriales estratégicas.  
Respecto a la existencia de un interés general que justificaría continuar con la vigencia de la ATE y proceder al archivo del expediente de declaración de la caducidad, aplicando la previsión establecida en el art. 95.4 de la Ley 39/2015 (LPAC), basa su argumentación en que la caducidad comportaría la derogación del Proyecto de Reparcelación de la Fase 1 Zona A «Antiguo Mestalla» y dificultaría la posibilidad de alcanzar acuerdos con el Ayuntamiento de València en orden al cumplimiento de las obligaciones derivadas del denominado «Convenio de Jesuitas» de julio de 2013, concurriendo tanto intereses públicos como privados que justificarían la no declaración de caducidad.  
Tomando como punto de partida el artículo 4 del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que establece «La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.», el interés general surge como concepto jurídico indeterminado cuya aplicación precisa, determinada e inequívoca, y las decisiones que se adopten que puedan tener incidencia sobre aquel, exigen de motivación, tal y como establece el art. 35.1.i) de la LPAC. Las ATE, en nuestra legislación autonómica, se conciben como actuaciones capaces de dinamizar la actividad económica y generar efectos multiplicadores para el conjunto de los sectores productivos, siempre que cumplan determinados requisitos entre los que cobra especial significación su ejecución inmediata tras su aprobación definitiva, ejecución que puede realizarse por fases dando prioridad a las que dinamizan en mayor medida al conjunto de la Actuación Territorial Estratégica. Correlativamente, su implantación puede llevar aparejada modificaciones de planeamiento que se incorporan a los Planes Generales municipales de forma sobrevenida, y cuya vigencia es la propia de los planes.  
El acuerdo del Consell de 29.06.2012 por el que declara como Actuación Territorial Estratégica el proyecto Valencia CF, le otorga la consideración de iniciativa empresarial de una gran magnitud y con un gran impacto supramunicipal, con incidencia en dos ámbitos territoriales de la ciudad de València, a saber, la Zona A «Antiguo Mestalla» y la Zona B «Corts Valencianes» concretando hasta en 8 puntos los hitos a lograr, los cuales directa o indirectamente satisfacen las exigencias que la ley atribuye a las ATE. Por otra parte, la Resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de 19.02.2015, aprobando el Plan de la ATE «Valencia CF» incorpora determinaciones relativas al planeamiento que se integran en el planeamiento urbanístico del municipio de València. El interés general que se ha de procurar cuando la Administración otorga tal declaración y modifica el planeamiento que permita su implantación, en su caso, es el mismo que se ha de garantizar cuando durante la vigencia de una ATE surgen circunstancias que impiden la satisfacción de aquel.  
En el presente supuesto, el Plan incorporaba determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada que pasaron a integrarse en el planeamiento del municipio y preveía su ejecución conforme a unas fases que, ordenadas temporalmente, garantizaban la inmediatez en su ejecución y la consecución del interés general. La decisión que se adopte sobre la conservación o derogación de las determinaciones del plan, «todo ello de forma motivada y basándose en el interés general y en el ejercicio legítimo de la potestad discrecional de aprobación del planeamiento que recoja la ordenación estructural», comportará la necesaria evaluación, en los términos del acuerdo, de la propuesta que presente el promotor (que ha de ser «creíble y garantizada financieramente para finalizar el estadio y otras previsiones incorporadas a la ATE»).  
Por último, sobre la regularización y actualización del contenido y plazos de la ATE solicitada, no procede estimar esta alegación por cuanto supone mantener la vigencia de la ATE, lo que actualmente es contrario al propio acuerdo del Consell de fecha 19.11.2021 y haría innecesario el procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad que se encuentra actualmente en tramitación.  
Se concluye, por lo expuesto, que la alegación ha de ser desestimada.  
  
Quinto. Respecto las alegaciones de la mercantil Expo Grupo, SA, de fecha 13/04/2022 (reiteradas en fecha 13.06.2022) sobre la alternativa de una declaración parcial de la caducidad que excluyera el ámbito reparcelado de la fase 1 Zona A «Antiguo Mestalla», que mantuviera las determinaciones del Plan en dicho ámbito y la iniciación de un expediente para modificar los usos previstos en la parcela de su propiedad.  
La decisión de la Generalitat en los términos solicitados por Expo Grupo, SA, se circunscribe dentro de la potestad discrecional inherente a la aprobación de la ordenación estructural, cuyo ejercicio exige de motivación, como establece el art. 35.1.i) de la Ley 39/2015 (LPAC), y de la necesaria ponderación de los intereses generales. Cuestión distinta es la decisión que sobre los aspectos que inciden en la ordenación pormenorizada adopte el Ayuntamiento de València, que es el competente al respecto.  
La derogación o mantenimiento del planeamiento ha de responder a la necesidad de preservar el interés general. En este sentido, la Subdirección General de Ordenación del Territorio, ha emitido informe sobre opciones de derogación o mantenimiento de las previsiones del planeamiento de la ATE, de fecha 05.07.2022, del que se desprende la conveniencia de declarar, tanto la zona A «Antiguo Mestalla» como la zona B «Corts Valencianes», ámbitos estratégicos de cualificación urbana, de acuerdo con lo previsto en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), aprobada mediante Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell.   
Por otra parte, cabe recordar que, con la aprobación del Plan de la ATE, se tomaron en consideración las demandas históricas de la ciudadanía para la ampliación del Jardín Botánico de la ciudad de València, a ejecutar sobre el solar de la denominada «Manzana de Jesuitas». Por ello, a fin de conseguir su materialización, el plan incorpora la transferencia de la edificabilidad de dicho solar a la parcela situada en el núm. 35 de la avenida de Aragón, en el ámbito de la Zona A «Antiguo Mestalla». Si bien podía haberse realizado mediante una modificación del PGOU de València, como indica el propio ayuntamiento en su informe de alegaciones «simplemente se aprovechó la tramitación del Plan ATE, que iba a afectar a ese mismo ámbito físico, para materializar las determinaciones de planeamiento contenidas en el citado Convenio de Jesuitas de 2013». Por dichos motivos, y a la vista también del citado informe de la Subdirección General de Ordenación del Territorio, se estima favorable el mantenimiento de las determinaciones del plan en relación con esta cuestión.  
Respecto los defectos alegados en las fases y condiciones de la ATE, la aprobación del Plan comportó la asunción de la responsabilidad del Valencia CF en la ejecución de las actuaciones incluidas en la ATE, entre ellas la construcción del hotel y así se recogía en el plan aprobado definitivamente por Resolución de 19.02.2015. Expo Grupo no formuló alegaciones a este respecto (tal y como se puede comprobar en el anexo I de dicha resolución, relativo al informe sobre las alegaciones presentadas) ni tampoco recurrió en vía jurisdiccional la aprobación del plan. A mayor abundamiento, el acuerdo suscrito de mutuo acuerdo entre el Valencia CF y Expo Grupo, SA, en fecha 30 de enero de 2015, constata la asunción por el Valencia CF de la responsabilidad en la gestión e implantación de las actuaciones previstas en la ATE, con referencia expresa a la construcción del hotel en la primera de las fases, y por Expo Grupo, SA, de ejecutar el hotel en los plazos marcados en la ATE. Se concluye, por tanto, que la mercantil aceptó los términos contenidos en la resolución, deviniendo la misma consentida y firme y no procede estimar las alegaciones planteadas actualmente por la mercantil tras más de siete años de vigencia de un plan que no fue recurrido en su momento. Por lo tanto, se informa desfavorablemente esta alegación.  
La mercantil plantea, asimismo, ante la posibilidad de archivar el expediente de caducidad, una modificación de los plazos eliminando la intervención del promotor en la construcción del hotel y posponiendo esta a un momento posterior al derribo del campo de fútbol. En caso de optar por una declaración parcial de caducidad, que la misma excluya el ámbito reparcelado de la Fase 1 Zona A «Antiguo Mestalla» manteniendo en consecuencia las determinaciones del plan, e inicio de la modificación del plan para regularizar y actualizar los plazos de ejecución en relación con la edificabilidad de la parcela de la avenida de Aragón núm. 35 para destinarla a los usos previstos en el articulo 8 de la Normativa del plan. Plantean también modificar el plan para poder incrementar la edificabilidad de uso residencial. Respecto de esto último, debe indicarse que, si decae la ATE, será el Ayuntamiento de València el que podrá hacer uso de su potestad de ius variandi de su planeamiento, si así lo considera oportuno. En ese caso, el Ayuntamiento abordará lo que proceda en relación con esta pretensión, debiendo tener en cuenta la obtención de las reservas de suelos dotacionales que precisaría un incremento del uso residencial respecto del previsto en el plan.  
  
Sexto. Respecto a la alegación del Servicio de Actividades del Ayuntamiento de València, de fecha 04/04/2022 (reiterada en informe de fecha 10/06/2022), en la que se informa que las licencias de obras y actividades concedidas al Valencia CF se otorgaron para un aforo máximo de 74.530 personas y que pueden resultar afectadas en virtud de la conservación o derogación de las determinaciones del plan de la ATE.  
En relación con la diversa documentación presentada en los expedientes de obra y de actividad, el Servicio de Actividades advierte que, en el caso de producirse la caducidad, debe determinarse el planeamiento que resulte aplicable, por cuanto ello podría tener incidencia respecto de las solicitudes de modificación de licencia de obras y de actividad, respecto a la legislación y planeamiento de aplicación. Se estima la alegación, en el sentido de que la Generalitat debe hacer uso de las facultades previstas en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012 y decidir, consecuencia, los términos en que quedará el planeamiento. Todo ello sin perjuicio de las competencias sobre planeamiento y gestión urbanística que, en lo sucesivo, correspondan al Ayuntamiento de València en este ámbito.  
  
Séptimo. Respecto la alegación de la Secretaria de Área 1 del Ayuntamiento de Valencia, de fecha 12/04/2022, en la que reiteran los incumplimientos del promotor y plantean bien una derogación parcial del plan que excluya los terrenos del Ayuntamiento de Valencia y de Expo Grupo, por considerar que la inclusión de los mismos en la ATE respondió en su momento a una cuestión de oportunidad, bien el mantenimiento íntegro del plan introduciendo garantías adicionales a cumplir por el promotor.  
En relación con la posibilidad del mantenimiento del plan, es posible, en línea con el informe de la Abogacía de 11.08.2021, interpretar que el artículo 5.3 de la Ley 1/2012 permite el mantenimiento, si bien deberá adoptarse de forma motivada y basándose en el interés general y en el ejercicio legítimo de la potestad discrecional en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Resulta aconsejable, no obstante, que la decisión sobre el planeamiento se consensúe con este Ayuntamiento y, para el caso de optar por el mantenimiento de las determinaciones del Plan ATE, incluir fórmulas jurídicas adecuadas para garantizar que el promotor, para patrimonializar las plusvalías urbanísticas derivadas de dicho plan, deba previamiente acreditar que ha cumplido o garantizado de forma suficiente sus compromisos y obligaciones. En síntesis, las observaciones del Ayuntamiento se refieren principalmente a:  
- La modificación de las normas urbanísticas del Plan aprobado, introduciendo particularidades en la gestión de las actuaciones pendientes de ejecutar por el promotor, con el fin garantizar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la ATE.  
- La construcción del nuevo estadio, planteando la necesidad de que se respeten los términos acordados en sendos Convenios de 20.12.2005 y 3.9.2007 suscritos entre el Ayuntamiento de València y el Valencia CF, y en el acuerdo del Consell de 29.06.2012. Justifican esta necesidad al considerar que, tanto la obtención del solar donde se ubica el nuevo estadio como los derechos urbanísticos que pueden adquirirse en base a las determinaciones del Plan de la ATE, se fijaron como contraprestación a las actuaciones que el promotor, en este caso, se comprometió a ejecutar.  
- La posibilidad de acordar la suspensión del otorgamiento de licencias en la Zona A «Antiguo Mestalla» y Zona B «Corts Valencianes» a fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística, de conformidad con el artículo 68 del TRLOTUP.  
Se estima la alegación, en el sentido de que se incorporen condiciones de gestión tendentes a asegurar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones relacionados en la Consideración Técnico Jurídica Quinta de la Resolución aprobatoria del Plan ATE, incluida la cesión al Ayuntamiento libre de cargas de urbanización del 10 % del incremento sobre la edificabilidad media ponderada del ambito (apartado 5.1), así como los derivados de los convenios suscritos por el promotor con el Ayuntamiento, excluidos aquellos compromisos ya cumplidos.  
Además, con la finalidad de evitar situaciones de inseguridad jurídica, las condiciones de gestión deben quedar fijadas de una manera clara, y por ello, desde la consideración del interés supramunicipal afectado por el mantenimiento de las determinaciones del plan, resulta necesario que el Consell en el mismo acto, acuerde la suspensión del otorgamiento de licencias en ambos ámbitos, respecto de las parcelas con aprovechamiento lucrativo privado a las que el Plan ATE asigna un uso dominante residencial o terciario, exceptuando los solares del nuevo estadio (terciario especial, antiguo dotacional privado) y del Convenio de Jesuitas, hasta que se publiquen y entren en vigor las fichas de gestión adaptadas a las determinaciones que se incorporen. En el sentido apuntado, en términos generales, cabe informar favorablemente las alegaciones del Ayuntamiento de València.  
  
Octavo. Respecto de la alegación del Valencia CF de fecha 10.06.2022 en la que indica que cumple los requisitos exigidos por la Administración para evitar la caducidad.  
El promotor alega que ha cumplido con la presentación de una «propuesta creíble» para terminar el nuevo estadio y el resto de hitos, presentando en fecha 09.06.2022 nueva documentación técnica ante el Ayuntamiento, que proyecta «un estadio con un aforo máximo superior a los 70.000 espectadores, con cubierta y con todas las características que le permitan albergar cualquier evento futbolístico de primera categoría», si bien con faseamiento de las obras, con una primera fase para la inauguración del estadio para un aforo aproximadamente de 49.000 espectadores, y capaz de alojar un evento futbolístico de primer nivel, ya sea de competenciones nacionales (LFP/RFEF), partidos de mundial FIFA o competiciones europeas (UEFA).  
Por otra parte, en relación con las conclusiones del citado informe del IVF, señala que su propuesta está también «garantizada financieramente», para lo que aporta mayor información respecto a las fuentes de financiación (procedente de CVC y La Liga; de las ventas de inmuebles propiedad del Club; de determinados acuerdos comerciales con terceras empresas; y de líneas de crédito de Caixabank y de Rights & Media Funding Limited, que son los mayores acreedores del club), con el fin de concretar «las condiciones a las que las ofertas estarían sujetas para poder verificar que las mismas pueden materializarse».  
En relación con la primera cuestión, la memoria informativa del Plan de la ATE para la zona B «Corts Valencianes» señala que la parcela GSP-1\* se reserva para la ubicación de un «nuevo gran estadio, capaz de acoger eventos deportivos de primer nivel internacional», sin mayores alusiones al número de espectadores, aunque lo cierto es que, en la memoria justificativa, sí se contienen alusiones al convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de València y el Valencia C.F. el 20.12.2005. Por otra parte, el artículo 3 (cómputo de edificabilidad) de la normativa complementaria del Plan de la ATE para dicha zona B tampoco contiene una concreta previsión en cuanto al número de espectadores del nuevo estadio. En todo caso, cabe indicar que debe estimarse la alegación del Ayuntamiento, arriba indicada, en el sentido de que se incorporen condiciones de gestión tendentes a asegurar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones pendientes, incluidos los derivados de los convenios suscritos por el promotor con el Ayuntamiento.  
Por otro lado, en relación con la nueva documentación arriba citada referida a las fuentes de financiación, en respuesta a lo indicado en el informe del IVF, en relación con lo establecido en la consideración jurídica tercera (Plazos de ejecución. Incumplimiento) del acuerdo del Consell de fecha 19.11.2021, que fijó un plazo de 90 días para que el promotor de la ATE presentase «una propuesta creíble y garantizada financieramente para finalizar el estadio y otras previsiones incorporadas en la ATE», conviene aclarar la confusión expresada en el escrito de alegaciones del promotor de la ATE, pues esa condición no es un requisito «para evitar la caducidad de la ATE», sino para aplicar la competencia expresamente otorgada por el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, de «decidir si se derogan o no las previsiones del planeamiento aprobado con ocasión de la tramitación de la ATE».  
También cabe aclarar que dicha exigencia no se incluyó como condicionante en la parte resolutiva del citado acuerdo del Consell; que dicha exigencia no puede excluir otros posibles motivos que aconsejen una u otra decisión, basada en el ejercicio legítimo de la potestad discrecional de aprobación del planeamiento que recoja la ordenación estructural; y que el informe del IVF es facultativo y no vinculante (artículo 80.1 de la LPAC).  
Como quiera que el informe de la Subdirección General de Ordenación del Territorio de fecha 05.07.2022 plantea la conveniencia de mantener las previsiones del Plan de la ATE, nada obsta a que, en ese caso, por la administración competente se establezcan otras condiciones en el ámbito de la gestión urbanística, que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos en su día por el promotor de la ATE. Por este motivo, ya no se considera necesario entrar a analizar por esta Administración autonómica la nueva documentación documentación presentada.  
Todo ello sin perjuicio de que, dada la peculiar ubicación de esta ATE en suelo urbano, la Administración municipal competente pueda hacer uso en su momento de las potestades dirigidas a la sustitución forzosa, en desarrollo de las competencias atribuidas por los artículos 188 y siguientes del TRLOTUP, tal y como apunta el informe de la Abogacía de la Generalitat de fecha 11.08.2021.  
  
Noveno. Respecto de la alegación del Valencia CF de fecha 10.06.2022 que reitera la improcedencia de caducar la ATE.  
El promotor reitera lo ya indicado en su anterior escrito de alegaciones, si bien apunta como novedad que en fecha 09.06.2022 ha presentado ante el Ayuntamiento de València nueva modificación del proyecto técnico para terminar la construcción del nuevo estadio. También que se ha producido un cambio de circunstancias al haber obtenido la financiación de CVC y La Liga.  
Respecto a esta alegación, cabe remitirse a lo ya indicado en los puntos primero, segundo y tercero del análisis de las alegaciones, debiendo remarcarse especialmente el incumplimiento de los compromisos incluidos en la Fase II.1, que debían ejecutarse en el período 2018-2021.  
En todo caso, en el punto octavo de este análisis de alegaciones ya se ha aclarado la confusión expresada por el promotor de la ATE, en el sentido de que la exigencia de aportar la citada «propuesta creíble y garantizada financieramente» no es un requisito «para evitar la caducidad de la ATE», sino para aplicar la competencia expresamente otorgada por el artículo 5.3 de la Ley 1/2012. Y, en este sentido, nada obsta a que esta Administración pueda ejercer legítimamente dicha competencia discrecional, basándose en otros motivos de interés general.  
Todo ello sin perjuicio del resultado final del recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, contra la Resolución del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, denegatoria de la solicitud de reorganización de los plazos de la ATE.  
  
Décimo. Respecto de la alegación del Valencia CF de fecha 10.06.2022 sobre las consecuencias de una eventual declaración de caducidad de la ATE.  
El promotor remarca que, en caso de procederse a la resolución anticipada y caducidad de la ATE, la medida que se adopte respecto de las previsiones del planeamiento debe ser proporcional, suficientemente motivada y coherente con las exigencias del interés general. Concretamente, solicita que se justifique en qué se diferencia la medida que se adopte respecto de la reorganización de los plazos de la ATE solicitada en su momento, e indica no entender por qué el Ayuntamiento de València exige el establecimiento de «fórmulas jurídicas adecuadas para garantizar que el Valencia C.F., S.A.D., para patrimonializar las plusvalías urbanísticas derivadas del Plan ATE, deba previamente acreditar que ha cumplido o garantizado de forma suficiente sus compromisos y obligaciones». Ello al considerar que, aunque la ATE se lleve a cabo en diferentes fases, estas no son independientes, sino que todas ellas están íntimamente relacionadas entre sí, y porque se afirma que, para el Club, «la venta de las parcelas del viejo estadio estará siempre condicionada a la completa ejecución del nuevo estadio y de la pacífica entrega de la posición de las parcelas del viejo Mestalla en los parámetros establecidos bajo la ATE».  
A este respecto, cabe indicar que, con la resolución anticipada y caducidad de la ATE (que resulta obligatoria para esta Administración, a la vista de lo ya indicado) se pierde la condición de promotor y se extinguen las competencias asumidas por la Generalitat en cuanto a la potestad de gestión urbanística. Es por ello que el planeamiento que resulte de la competencia prevista en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, ha de recoger necesariamente los «términos» que resuelva la conselleria competente en materia de territorio, que pueden sustituir las fases previstas para la ATE por otras condiciones de planeamiento y gestión alternativas a estas.  
En todo caso, como no puede ser de otro modo, la medida que se adopte respecto de las previsiones del planeamiento será proporcional, suficientemente motivada y plenamente coherente con las exigencias del interés general.  
  
Undécimo. Respecto de la alegación del Valencia CF de fecha 10.06.2022 «sobre la reiterada y constante incongruencia en las decisiones de la Administración».  
El escrito del Valencia, C.F. recuerda que, hasta que no se dicte una resolución definitiva, la Administración no puede «publicar» (en medios de comunicación) que la ATE está caducada. También afirma que la Administración no está tomando decisiones de forma objetiva e imparcial, ajustándose a las exigencias del interés público, por lo que solicita que se archive el procedimiento de resolución anticipada y caducidad de la ATE, y que se acuerde la reorganización de la misma, de conformidad con su propuesta presentada en fecha 08.03.2022.  
Frente a esa afirmación cabe responder que esta Administración está sujeta en su actuación al principio de legalidad y al resto del ordenamiento jurídico, y que previamente a la adopción del acuerdo del Consell de fecha 19.11.2021, se emitieron sendos informes de la Abogacía General de la Generalitat, de fechas 11.08.2021 y 15.11.2021. También que, al expresar su oposición a la resolución anticipada y caducidad de la ATE, será preceptiva la emisión de dictamen por parte del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.  
En todo caso, procede acceder a lo solicitado respecto a la remisión del informe de la Abogacía General de la Generalitat de fecha 15.11.2021.  
  
Duodécimo. Respecto de la alegación del Valencia CF de fecha 10.06.2022 «sobre el inexistente interés legítimo de la Asociación por la libertad del Valencia C.F.».  
El escrito afirma que la actuación de la citada asociación constituye un abuso de derecho y que no es de recibo que el Valencia C.F. tenga que ver comprometida la información y documentación que presenta en el procedimiento, en la defensa de sus legítimos intereses.  
A este respecto, cabe indicar que, en su momento, se tuvo por interesada a la citada asociación a la vista del contenido de sus estatutos, haciendo una interpretación amplia del concepto de interesado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1.c) de la Ley 39/2015 (LPAC). Cabe considerar también que, en la fase de participación pública y consultas realizada con ocasión de la tramitación de la declaración de la ATE, y también con ocasión de la tramitación del Plan ATE se consideró interesadas a diversas asociaciones. Cierto es que, en este caso, estamos ante un procedimiento de caducidad de la ATE, en la que son interesados los propietarios de suelo (en este caso sus representantes), al igual que sucede con los procedimientos de caducidad de programas de actuación integrada. Pero también es cierto que, la declaración de caducidad está estrechamente vinculada a la decisión que, en su caso, adopte la conselleria competente en materia de ordenación del territorio sobre la derogación de las previsiones de planeamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012. Por este motivo, se estima la alegación en el sentido de que, se entiende a priori que el acceso a la documentación del expediente debe limitarse solo a aquella documentación que guarde relación con los ámbitos en los que se reconoce la acción pública, de acuerdo con lo previsto en los artículos 5 y 62.1 del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  
  
Decimotercero. Respecto de la alegación de fecha 13.06.2022 de la «Asociación por la libertad del Valencia C.F.», recordando que se ha producido un incumplimiento temporal de los plazos de la ATE.  
El escrito recuerda que se ha producido un incumplimiento temporal de los plazos establecidos en la ATE y que la consecuencia debe ser la caducidad de la misma «con cuantos pronunciamientos pudieren devenir con ocasión de esta». Señalan también que las alegaciones del Valencia CF no tienen entidad suficiente para permitir una suerte de prórroga. Puede estimarse la alegación, de acuerdo con lo indicado, a sensu contrario, en los puntos primero a tercero de este apartado.  
  
  
Conclusiones  
  
Primera. En relación con las alegaciones formuladas por el Valencia CF, se informan favorable y desfavorablemente en base a lo establecido en los puntos primero a tercero y octavo a duodécimo del apartado anterior.  
  
Segunda. En relación con las alegaciones formuladas por la «Asociación por la libertad del Valencia C.F.», se informan favorablemente en base a lo establecido en el punto decimotercero del apartado anterior.  
  
Tercera. En relación con las alegaciones formuladas por la mercantil Expo Grupo, SA, se informan desfavorablemente las pretensiones recogidas en el punto cuarto, y respecto las alegaciones recogidas en el punto quinto, se informan favorable y desfavorablemente en los términos indicados.  
  
Cuarta. En relación con las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de València, Servicio de Actividades, se informa favorablemente en los términos expresados en el punto sexto.  
  
Quinta. En relación con las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de València, Secretaria Área 1, se informan favorablemente en base a lo establecido en el punto séptimo.  
  
  
ANEXO II  
  
Dictamen 526/2022  
Expediente 498/2022  
  
Presidenta  
Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez  
  
Conselleres y Consellers  
Ilmas. Sras. e Ilmos. Sres.  
Enrique Fliquete Lliso  
Faustino de Urquía Gómez  
Asunción Ventura Franch  
M.ª del Carmen Pérez Cascales  
Joan Carles Carbonell Mateu  
  
Secretari General  
Ilmo. Sr. Joan Tamarit i Palacios  
  
El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2022, bajo la Presidencia de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y con la asistencia de los señores y las señoras que al margen se expresan emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:  
De conformidad con las comunicaciones de V.H., de 7 de julio de 2022 (registro de entrada del día 8 de julio), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento instruido por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, sobre el expediente de resolución anticipada y declaración de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica «Valencia Dinamiza».  
  
  
I  
Antecedentes  
  
Del examen del expediente remitido se desprende lo siguiente:  
  
Primero. En fecha 29 de junio de 2012, el Consell de la Generalitat acordó declarar Actuación Territorial Estratégica (ATE) el proyecto «Valencia Dinamiza» promovido por el Valencia C.F., SAD, de acuerdo con la regulación contenida en los artículos 2 y 3 de la entonces vigente Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Actuaciones Territoriales Estratégicas (Ley 1/2012). Dicho Acuerdo fue publicado en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana nº 6830, de 31 de julio de 2012.  
En dicho Acuerdo se decide, en sus apartados segundo, tercero y cuarto, respectivamente, lo siguiente:  
- Designar a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente como órgano responsable de la tramitación y aprobación del instrumento de planificación que se derive de esta actuación.  
- Designar al Ayuntamiento de València como órgano responsable de la tramitación y aprobación de los instrumentos de gestión y ejecución de la citada planificación  
- Designar a la Conselleria de Economía, Industria y Comercio y al Ayuntamiento de Valencia como órganos responsables del seguimiento y control de la ejecución de la Actuación Territorial Estratégica.  
Asimismo, en el apartado Quinto se señala que el desarrollo de la Actuación Territorial Estratégica se llevará a cabo cumpliendo las condiciones recogidas en el informe elevado al Consell que se acompaña como anexo a dicho acuerdo. El incumplimiento de las citadas condiciones dará lugar a la caducidad de la actuación, con los demás efectos previstos en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012.  
  
Segundo. Posteriormente, mediante Resolución de la entonces Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 19 de febrero de 2015, se aprobó al Plan de la Actuación Territorial Estratégica (Plan ATE), publicado en el BOP de 15 de mayo de 2015, que, además, de las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada que debían integrarse en el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, designó como promotor al Valencia CF, SAD y estableció las condiciones de gestión.  
El Plan ATE establece la ordenación de dos ámbitos diferenciados: la zona A «Antiguo Mestalla» y la zona B «Corts Valencianes».  
- La zona A «Antiguo Mestalla»: supone una edificabilidad de 121.781 m2t residencial y terciaria, sobre rasante, y de 19.834 m2t terciaria bajo rasante, con un total de 58.381 m2 de superficie dotacional. El ámbito se encuentra delimitado por la Avenida Aragón, Avenida Blasco Ibáñez, Avenida de Suecia y calle Joan Regla.  
- La zona B «Corts Valencianes»: supone una edificabilidad 83.664,83 m2t terciario especial, en la parcela del estadio, y el equipamiento público deportivo junto a Benicalap, permitiendo la compatibilidad del Tco3, o uso comercial exento de gran superficie. El ámbito se encuentra delimitado por la avenida Corts Valencianes, calle Amics del Corpus, calle Nicasio Benlloch y calle de la Safor.  
  
Tercero. Una vez aprobado el instrumento de planeamiento, y de conformidad con lo establecido en el apartado 10 del Informe de Compatibilidad que se adjunta al Acuerdo de 2012 del Consell, el promotor constituyó, en fecha 7 de abril de 2015, garantía definitiva, por importe de 1.162.159,53 ?, correspondiente al 5 % del coste total de las obras públicas de urbanización. Dicha garantía se constituyó en metálico.  
El promotor de la ATE, a su vez, firmó dos Convenios:  
- Convenio de 29 de abril de 2015 para la ejecución de la ATE con la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.  
- Convenio de 26 de octubre de 2016, con el Ayuntamiento de Valencia y la entones Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
  
Cuarto. El apartado 12 del citado Informe de Compatibilidad establece el plazo de ejecución de la ATE en 10 años desde la aprobación de los instrumentos de planeamiento (Plan ATE). Dicho plazo total se concreta en la Resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio, y Medio Ambiente, de 19 de febrero de 2015, en cuya Consideración Técnico Jurídica Séptima, divide el plazo de 10 años en tres fases:  
Fase I: de treinta seis meses de duración «improrrogable».  
En esta fase se demolerán las dependencias municipales en desuso en la zona de la Avenida de Aragón, se ejecutará la fase 1 de la urbanización de la Zona A del ?Antiguo Mestalla» prevista en el Plan y se construirá un hotel icónico (TER-M) sobre la parcela de dichas dependencias municipales, y sobre la que se ubicará la edificabilidad terciaria transferida del denominado «solar de Jesuitas».  
Fase II: de 5 años (dividida en dos subfases de 3 y 2 años, respectivamente).  
En la primera, se efectuarán las correcciones del Estudio de Movilidad en el ámbito de Corts Valencianes, así como la urbanización del entorno del Nuevo Mestalla, la ejecución y puesta en marcha del estadio y las zonas comerciales en su ámbito. Además, se asumen los compromisos de construcción del polideportivo en la parcela GSP-1 y la protección y puesta en valor de los restos arqueológicos, así como las actuaciones de sostenibilidad urbana.  
En la segunda, se demolerá el viejo Mestalla, se ejecutará el terciario y los aparcamientos del subsuelo del ámbito de la Avenida de Aragón. Además, se completará la urbanización en este ámbito, se ejecutarán las medidas correctoras propuestas en el Estudio de Movilidad para esta zona y las relacionadas con la sostenibilidad urbana.  
Fase III: de dos años de duración. En ella, se construirán de manera progresiva las edificaciones sobre rasante en la zona del Antiguo Mestalla.  
  
Quinto. El Valencia CF, SAD, como promotor de la actuación, solicitó, en fecha 16 de abril de 2021, ante la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, la reorganización de las fases y prórroga de la ATE «Valencia Club de Fútbol».  
En relación con el estado de ejecución de las obras de urbanización de la ATE, se emitió por el Ayuntamiento de Valencia Informe de fecha 17 de mayo de 2021 y por la Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje, Informe de 25 de mayo de 2021. En dichos informes se constata la falta de cumplimento de los compromisos asumidos por el promotor de la ATE.  
Atendiendo a tales informes, tras la tramitación del correspondiente procedimiento, por Acuerdo de 13 de septiembre de 2021, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo se denegó la reorganización y prórroga de las fases de la ATE.  
Contra el precitado Acuerdo se interpuso recurso de reposición, que fue desestimado por la citada Conselleria, mediante Acuerdo de 10 de noviembre de 2021.  
Según refiere el Valencia CF en su escrito de alegaciones, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.  
  
Sexto. Como consecuencia de los incumplimientos constatados en el desarrollo de la ATE, en fecha 11 de agosto de 2021, la Abogacía de la Generalitat emitió informe sobre la competencia para iniciar la instrucción y tramitación del procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE, y para adoptar el acuerdo de resolución definitivo, atribuyendo dicha competencia al Consell de la Generalitat. En dicho Informe se concluyó, además, que se había incumplido la Fase I, de carácter improrrogable, y que la Fase II. subfase 1, iba a incumplirse, igualmente, por el promotor Valencia CF.  
En informe posterior de 15 de noviembre de 2021, la Abogacía de la Generalitat reitera la competencia del Consell en la iniciación y resolución del procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE.  
  
Séptimo. A vista de lo anterior, el Consell de la Generalitat, en su reunión de fecha 19 de noviembre de 2021, acordó el inicio del procedimiento para la resolución anticipada y la declaración de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica «Valencia Club de Fútbol» (ATE), con fundamento el incumplimiento por el promotor de las obligaciones previstas en las Fases I y II, subfase 1.  
En el Acuerdo se instó a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad a instruir y tramitar el procedimiento.  
  
Octavo. En relación con el citado Acuerdo de 19 de noviembre de 2021, D. Juan Martín Queralt, D. José Rafael García-Fuster y D. González-Alegre y D. Pablo Emilio Delgado Gil en nombre propio y de la Asociación Torino a Mestalla, en ejercicio de la acción pública presentaron en fecha 31 de enero de 2022 recurso de reposición.  
Según consta en el expediente «El recurso se interpone en nombre de la Asociación, por lo que debe presentarse por medios electrónicos y acreditarse la representación. Al no haberse cumplido esta obligación se les requiere para que cumplan, advirtiendo que en caso contrario se produciría el desistimiento de su pretensión. No consta en el expediente que se haya efectuado dicha subsanación».  
Sin perjuicio de ello, en el recurso solicita lo siguiente:  
- La supresión de los pronunciamientos de los párrafos 4° y 5° de la consideración jurídica tercera de la parte expositiva.  
- El cese de la vía de hecho.  
- Que se opte por la sustitución del promotor o, alternativamente, por la gestión directa o la ejecución subsidiaria de la actuación.  
- Solicita el informe de la Abogacía de la Generalitat de fecha 15.11.2021 que consta en el expediente.  
Este recurso ha sido informado por el Servicio de Planificación Territorial de fecha 9 de junio de 2022.  
El Valencia CF, SAD, en fecha 11 de marzo de 2022 presentó escrito solicitando que no se acepte la personación de la Asociación de Torino a Mestalla en el procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad y que se inadmita el recurso presentado.  
  
Noveno. En relación con el procedimiento objeto de dictamen, mediante Resolución de la Directora General de Política Territorial y Paisaje, de 7 de marzo de 2022, se concedió trámite de audiencia a los interesados. Además, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, nº 77, de 31 de marzo de 2022.  
El Valencia CF SAD presentó alegaciones en fecha 5 de abril de 2022; el Ayuntamiento de Valencia, en fechas 6 y 19 de abril de 2022; la entidad Expo Grupo, SA, en fecha 12 de abril de 2022, y la Asociación por la Libertad del Valencia CF, en fecha 12 de abril de 2022.  
  
Décimo. Con carácter previo a la propuesta de resolución, se concedió nueva audiencia a los interesados, presentándose alegaciones: por el Valencia CF, SAD en fecha 10 de junio de 2022; por la Asociación por la Libertad del Valencia CF en fecha 13 de junio de 2022 y por la Expo Grupo, SA, en fecha 13 de junio de 2022.  
El contenido de estos escritos de alegaciones se analiza en el Informe del Servicio de Planificación Territorial de 5 de julio de 2022.  
  
Undécimo. Consta Propuesta de Resolución de la Directora General de Política Territorial y Paisaje, de 5 de julio de 2022, en la que propone la resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE.  
Además, se propone otras decisiones relacionadas con la Actuación Territorial Estratégica, como: la desestimación del recurso de reposición interpuesto por la Asociación de Torino a Mestalla; el mantenimiento de las previsiones de Planeamiento; la declaración de Ámbitos estratégicos de cualificación urbana, la avocación por el Consell de la competencia sobre la vigencia o derogación de las previsiones del planeamiento y la suspensión de licencias.  
En relación con la declaración de caducidad de la ATE, único aspecto sometido a dictamen, se argumenta que «De conformidad con el informe de la Abogacía de 11.08.2021 y atendiendo al acuerdo del Consell de fecha 19.11.2021, procede la resolución anticipada de la ATE por concurrir la causa prevista en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, al haber quedado probado que se ha producido un incumplimiento de las obligaciones del promotor establecidas en la Resolución de la entonces Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 19.02.2015, así como en el convenio de fecha 29.04.2015 suscrito para la ejecución del Plan de la Actuación.  
De conformidad con lo establecido en el apartado 12 del Informe de Compatibilidad que acompaña al Acuerdo del Consell de fecha 29.06.2012, las obligaciones debían cumplirse en un plazo global de 10 años desde la entrada en vigor del plan, 30.05.2015.  
Dicho plazo global se concretó en la Resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 19.02.2015, en cuya Consideración Técnico Jurídica Séptima define el programa de ejecución dividiendo el plazo de 10 años en fases en las que se debían cumplir una serie de hitos. La primera de ellas, de tres años de duración improrrogable, finalizaba en mayo de 2018 y uno de sus hitos fundamentales era la construcción de un hotel icónico (TER-M). Además, también se produce el incumplimiento de la primera subfase de la fase dos que finalizaba en agosto de 2021 y cuyo hito más importante era la terminación del nuevo campo de fútbol, la construcción del polideportivo y la ejecución del terciario de la parcela de Corts Valencianes?».  
Consta Informe de la Abogacía de la Generalitat, de 6 de julio de 2022, en el que ratifica en todos sus términos el contenido de sus informes previos de 11 de agosto y 15 de noviembre de 2021.  
  
Duodécimo. En fecha 14 de julio de 2022, el representante del Valencia CF solicitó vista del expediente obrante en esta Institución, siendo emplazado para el día 15 siguiente en la sede de esta Institución. Personado el representante del citado Club, se puso de manifiesto el expediente relativo al procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE, y se le concedió un plazo de 3 días para completar la vista del expediente.  
En fecha 18 de julio de 2022, el Valencia CF presentó nuevo escrito solicitando ampliación del precitado plazo, procediendo a ampliar hasta 5 días la vista del citado expediente, es decir, hasta el 22 de julio de 2022.  
En fechas 22 de julio de 2022, el Valencia CF presentó nuevo «escrito de alegaciones». No obstante haber transcurrido el plazo concedido por esta Institución para vista del expediente, en fecha 27 de julio de 2022, presentó escrito referido, en síntesis, a las diversas actuaciones realizadas recientemente con el fin de sacar adelante el proyecto de obras del Nou Mestalla.  
  
  
II  
Consideraciones  
  
Primera. Carácter del dictamen  
La presente consulta se fundamenta en el escrito de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad en el artículo 10.8.c) de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación de este Consell.  
Como se recoge en el citado escrito, la propuesta de resolución se pronuncia sobre distintos aspectos relacionados con la Actuación Territorial Estratégica (ATE), si bien señala que «el dictamen se solicita exclusivamente respecto de la resolución anticipada y declaración de caducidad de la actuación territorial estratégica «Valencia, CF»; extremo sobre el que resulta, únicamente, preceptiva la petición de dictamen a esta Institución.  
Por otro lado, la petición de dictamen se ha formulado, ex artículo 14.2 de la referida Ley 10/1994, con carácter urgente, lo que supone la emisión del Dictamen en el plazo de diez días.  
El concepto de «urgencia» en la petición de dictamen constituye un concepto jurídico indeterminado cuya apreciación queda dentro del margen de apreciación de la autoridad consultante. Ahora bien, con la finalidad de evitar un uso abusivo o poco prudente de dicha urgencia, el artículo 76.1 del Reglamento de este Consell, aprobado por Decreto 37/2019, prevé que en el escrito de remisión de los expedientes se haga constar «la urgencia del dictamen y se motive esta», sin olvidar, obviamente, la discrecionalidad que en dicha apreciación compete a la Administración consultante.  
Dicho esto, en el presente caso, la justificación de la urgencia articulada por la autoridad consultante, se encuentra, por aplicación supletoria -como se verá- de la normativa sobre contratación pública, en lo dispuesto en el artículo 109.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real decreto 1098/2001, en virtud del cual, por expresa disposición normativa, «Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente».  
Por consiguiente, la petición de urgencia formulada por la autoridad consultante encuentra su justificación en lo establecido en el propio artículo 109.2 del citado Reglamento.  
  
Segunda. Actuaciones administrativas que conforman la ATE, objeto del presente procedimiento sometido a dictamen  
La primera cuestión que suscita el asunto sometido a consulta radica en determinar las actuaciones administrativas que conforman la denominada Actuación Territorial Estratégica «Valencia Dinamiza» (ATE). Pues bien, con arreglo a la documentación remitida, la ATE está conformada por el Acuerdo del Consell, de 29 de junio de 2012, de declaración del proyecto Valencia Dinamiza, presentado por el Valencia, Club de Fútbol y la mercantil Newcoval, como Actuación Territorial Estratégica. Como se expone en la parte expositiva del citado Acuerdo, «se trata de un proyecto empresarial de gran magnitud e impacto supramunicipal que proponen el Valencia, CF y la mercantil Newcoval, SL, en dos ámbitos territoriales diferentes de la ciudad de Valencia?».  
En relación con las actuaciones territoriales estratégicas, dicha figura se reguló en la Comunitat Valenciana por la Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. Es un instrumento singular para desarrollar la Estrategia Territorial, y facilitar la implantación en el territorio de iniciativas empresariales que presenten una relevancia supramunicipal en cuanto a sus efectos sobre la generación de renta, empleo y dinamización del tejido productivo de la Comunitat Valenciana y que sean, al mismo tiempo, demostrativas en cuanto a su compatibilidad con la infraestructura verde del territorio y de su integración en la morfología del territorio y del paisaje. Así, el artículo 1.1 de la Ley 1/2012, establece que son actuaciones territoriales estratégicas las que tienen por objeto la ordenación, gestión y desarrollo de intervenciones territoriales singulares que presenten relevancia supramunicipal y que así sean declaradas por el Consell, siendo sus requisitos esenciales, entre otros, que atiendan a una finalidad de interés general de relevancia supramunicipal, y que garantice no solo su integración territorial, sino también su efectividad, de forma que su ejecución sea «inmediata», en los términos señalados por la propia norma reguladora.  
Por ello, y por su especial trascendencia sobre el territorio de la Comunitat Valenciana, estas actuaciones requieren, como se ha indicado, la declaración del Consell como Actuación Territorial Estratégica (ATE), previa a la redacción del plan y su posterior aprobación. Dicha declaración va acompañada de un informe que define los condicionantes ambientales, urbanísticos y funcionales que tiene que cumplir y les asigna un procedimiento de tramitación específico con el fin de asegurar la transparencia en el proceso, la participación pública y la identificación de las acciones necesarias que permitan acelerar su implantación con el fin de producir, de manera inmediata, efectos positivos desde el punto de vista económico, ambiental y social.  
En esta línea, en la Sentencia nº 543, de 25 de octubre de 2019, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana señala que «Como pone de relieve la propia norma que venimos examinando (Ley 1/2012), ?la actuación territorial estratégica se inicia con una declaración del Consell, seguida de la elaboración y aprobación de una propuesta de plan o proyecto, que finalmente es objeto de ejecución y gestión- (artículo segundo de la norma reguladora). Así las cosas, la declaración del Consell, producida, según hemos visto en el curso del año 2013, no era sino el acuerdo marco que predetermina el inicio de un procedimiento de formación compleja, como es la actuación territorial (?) Es como dice la norma, un ?documento prescriptivo de referencia?; establece, en consecuencia, el marco operativo que sirve de referencia al futuro plan?».  
Con arreglo a lo anterior, junto con el Acuerdo del Consell de 2012, debe mencionarse la Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprobó al Plan de la Actuación Territorial Estratégica (Plan ATE), así como los Convenios de 29 de abril de 2015 y de 26 de octubre de 2016.  
Dicha Resolución de 2015 adjudicó la condición de promotor de la ATE al Valencia CF y aprobó ?como se ha dicho- el Plan de Actuación Territorial Estratégica y las normas de gestión de la ATE. Como se recoge en el Acuerdo de 19 de noviembre de 2021 €y en línea con el informe de 11 de agosto de 2021 de la Abogacía de la Generalitat-, «Las ATE culminan con la posterior aprobación de una propuesta de planeamiento que dota de cobertura jurídica la iniciativa. Así pues, son actos administrativos de naturaleza compleja, ya que en ellos concurren vinculaciones jurídicas singulares que obligan al particular y a distintas Administraciones, a la vez que se conforman como disposiciones administrativas de carácter general, fruto de la potestad reglamentaria reconocida a favor de la Administración territorial y urbanística al aprobar los planes de ordenación».  
En relación con el Convenio de 29 de abril de 2015, suscrito para la ejecución de la ATE entre la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo y el Valencia CF SAD, supuso la asunción de lo dispuesto en el Acuerdo de 2012 y en el Plan ATE, por el Valencia CF. Se trata de un convenio administrativo de contenido urbanístico, vinculado a la gestión y ejecución de la ATE, y cuyo régimen jurídico, como se verá, se prevé, en su Cláusula II.  
Por cuanto afecta al Convenio de 26 de octubre de 2016, suscrito con el Ayuntamiento de Valencia, la entones Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y el Valencia CF, es de resaltar que, como afirma su Cláusula XI, ostenta la «naturaleza jurídica de convenio urbanístico en su vertiente de gestión urbanística y encuentra su fundamentación jurídica en lo previstos en el artículo 173 de la Ley 4/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana?». Este Convenio tenía por objeto «desarrollar proyectos de desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida del entorno del ámbito de la Actuación territorial Estratégica, por importe de 464.863,81 euros, equivalente al 2 % del coste de las obras públicas de urbanización, sustituyendo dicha obligación de hacer por el ingreso en metálico de la cantidad citada en la tesorería municipal?».  
Por cuanto afecta al citado Convenio de 2016, el Valencia CF, en el escrito de 13 de octubre de 2021 (escrito por el que formuló recurso de reposición contra la denegación de la reorganización de fases), señala que «El Club ha cumplido con el citado convenio al haber anticipado el importe total del 2 % del coste de las obras públicas de urbanización (que asciende a la cantidad total de 464.863,81 ?). Pues, tal y como se acordó en eses convenio, con el ingreso del citado importe se sustituiría la obligación de hacer un proyecto de desarrollo sostenible». Asimismo, en el Informe del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación del Ayuntamiento de Valencia, de 5 de mayo de 2021 (incorporado al Informe de 17 de mayo de 2021 del mismo Ayuntamiento), se constata que «De acuerdo con el calendario de pagos anual establecido en la cláusula segunda del citado Convenio de Colaboración, se le exige al promotor de la ATE «Valencia Club de Fútbol» durante los años 2016 a 2018, los ingresos correspondientes al compromiso adquirido con la suscripción del Convenio por importe de 464.863,81 E quien los efectúa en tiempo y forma, siendo comunicado a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio la efectividad de los ingresos anuales realizados por la entidad promotora de la ATE».  
De esta forma, el Convenio de 26 de octubre de 2016 se encuentra cumplido por el Valencia CF, sin que dicho cumplimiento sea cuestionado en el presente procedimiento.  
Por consiguiente, el procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad afecta al Acuerdo del Consell de 2012, a la adjudicación de la condición de promotor al Valencia efectuada en la Resolución de 2015 de aprobación de la ATE y al Convenio de 2015, en cuanto documentos que conforman la ejecución de la ATE.  
En relación con el Plan de Actuación Territorial Estratégica (Plan ATE) aprobado por la referida Resolución de 2015, la propuesta de resolución propone una decisión concreta acerca del «mantenimiento de las previsiones de Planeamiento», en la que ?como se ha dicho- no corresponde entrar a este Órgano consultivo.  
  
Tercera. Normativa sustantiva y procedimental aplicable al presente procedimiento  
Las actuaciones territoriales estratégicas constituyen, como se ha visto, intervenciones singulares de carácter supramunicipal, que, con arreglo a la Disposición Transitoria Tercera del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado por Decreto-legislativo 1/2021, de 18 de junio, se ejecutarán en los términos en que se aprobaron, cuando hubieran sido aprobadas con anterioridad al 8 de febrero de 2019.  
Aprobada la presente ATE en el año 2012, con anterioridad al año 2019, la normativa aplicable al presente procedimiento esta está constituida, desde el punto de vista sustantivo, por la Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas, y, en su defecto por:  
- La Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.  
- El Reglamento de ordenación y gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell.  
- Por el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de julio, vigente en dicho momento.  
- Y por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, LCSP.  
El Convenio de 29 de abril de 2015 suscrito entre la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo (actualmente, Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo) y el Valencia Club de Fútbol (promotor) establece, en su Cláusula II, su régimen aplicable, disponiendo que se rige por «la Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas y supletoriamente por lo que la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje establece en relación con los programas de actuación integrada y por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público».  
Desde el punto de vista procedimental, es de aplicación ?en virtud del principio tempus regit actum- la normativa vigente en el momento de iniciar el procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad de la (ATE). Dicha normativa, en defecto de previsión específica en la Ley 1/2012, está representada, por aplicación supletoria, por la normativa urbanística, «en relación con los programas de actuación integrada», lo que conlleva la aplicación del plazo de 8 meses establecido en el artículo 171.9 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de la Generalitat (plazo de 8 meses coincidente con el que establece el artículo 212.8 de la LCSP/2017 y la disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022).  
Por otro lado, la declaración de caducidad por incumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en la ATE, no constituye una declaración automática, siendo necesario la incoación del procedimiento administrativo de resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE, con la observancia de los trámites que se establece en la normativa urbanística, y supletoriamente, en la normativa sobre contratación pública.  
Con arreglo a esta última normativa y al artículo 5.3 de la Ley 1/2012, se exige la audiencia al promotor; la audiencia del avalista o asegurador; el informe de la Asesoría Jurídica; y el dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando formule oposición el contratista, en este caso, promotor de la actuación urbanística.  
En el presente procedimiento, el Valencia CF ha presentado distintos escritos en los que se opone a la resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE. Respecto de la audiencia al avalista, esta no procede dado que la fianza se depositó en metálico.  
Por otro lado, consta Acuerdo de suspensión del procedimiento de julio de 2022, con fundamento en el artículo 22.1, d) de la Ley 39/2015, LPAC, por petición de dictamen a esta Institución, desde la solicitud (del día 8.07.2022) hasta la recepción del presente Dictamen.  
  
Cuarta. Incidencia de la solicitud de reorganización de las fases formulada por el Valencia CF en el procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE  
Como se ha constatado en antecedentes, el Valencia CF, mediante escrito de 16 de abril de 2021, solicitó a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, la reorganización de las distintas fases de la ATE. Dicha solicitud fue denegada mediante Acuerdo de 13 de septiembre de 2021.  
Contra el citado Acuerdo se interpuso recurso de reposición que fue desestimado por Acuerdo de la expresada Conselleria de 10 de noviembre de 2021.  
Según el escrito de alegaciones, de 8 de marzo de 2022, el Valencia CF ha presentado frente a los expresados Acuerdos, de 13 de septiembre y 10 de noviembre de 2021, «recurso contencioso-administrativo el 10 de enero de 2022» ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, encontrándose «pendiente de resolución judicial».  
De esta forma, estando los precitados Acuerdos, de 13 de septiembre y 10 de noviembre de 2021, sometidos al enjuiciamiento del expresado Tribunal, este Órgano consultivo se abstiene de entrar en la procedencia o no de la reorganización y prórroga de las fases de la ATE, al encontrarse el asunto «sub iudice», centrándose, únicamente, en lo que constituye la petición de dictamen, es decir, en la procedencia o no de la resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE, por incumplimiento del Valencia CF de los compromisos asumidos en el Convenio de 2015.  
Ahora bien, en la medida en que en el expediente de reorganización de las fases de la ATE consten datos o informes necesarios para el presente procedimiento o el Valencia CF remita, a efectos de alegaciones, a cualquier escrito presentado en el marco de dicho procedimiento, este Consell examinará tales escritos a estos solos efectos, sin entrar en los Acuerdos impugnados jurisdiccionalmente. Los escritos presentados por el promotor en el citado procedimiento son, como se verá posteriormente: el escrito de 16 de abril de 2021 (solicitud de reorganización de las fases); el escrito de 26 de julio de 2021 (escrito de alegaciones); el escrito de 19 de agosto de 2021 (alegaciones y documentación complementarias); y el escrito de 13 de octubre de 2021 (escrito por el que interpuso el recurso de reposición contra la denegación de la nueva reorganización de las fases de la ATE).  
  
Quinta. Análisis de la cuestión de fondo sometida a dictamen: resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE  
El asunto sometido a consulta versa sobre la resolución anticipada y declaración de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) por incumplimiento de los compromisos asumidos por el Valencia CF en los plazos establecidos en la documentación que integra la ATE.  
Como consta en antecedentes, en fecha 29 de junio de 2012, el Consell acordó declarar Actuación Territorial Estratégica (ATE) el proyecto «Valencia Dinamiza» promovido por el Valencia C.F., SAD, por escrito de 31 de mayo de 2012, al amparo de los artículos 2 y 3 de la entonces vigente Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Actuaciones Territoriales Estratégicas (Ley 1/2012).  
Al mencionado Acuerdo se adjuntó, como Anexo, el Informe de Compatibilidad. Posteriormente, mediante Resolución de la entonces Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 19 de febrero de 2015, se aprobó al Plan de la Actuación Territorial Estratégica (Plan ATE). Asimismo, el 29 de abril de 2015 se suscribió el Convenio para su ejecución entre la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo y el Valencia CF SAD (en su condición de promotor).  
Previos los oportunos informes, en fecha 19 de noviembre de 2021, el Consell acordó el inicio del procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE, por incumplimiento de los compromisos asumidos por el promotor Valencia C.F., respecto de las fases I y II.  
Pues bien, en relación con la FASE I, procede analizar los tres aspectos siguientes:  
A) El plazo de ejecución.  
B) El estado de ejecución de las actuaciones asumidas para la Fase I.  
C) Examen de las alegaciones del Valencia CF en relación con el retraso de la Fase I.  
  
A) Plazo de ejecución de la Fase I.  
En relación con el plazo de ejecución del ATE, la Consideración técnico-jurídica séptima de la Resolución de 19 de febrero de 2015, aprobatoria del Plan ATE, señala, en su punto 4, que «el plazo total para la terminación de la ATE es de 10 años, a contar desde su entrada en vigor». El plazo de 10 años se recoge igualmente en el Informe de Compatibilidad incorporado al Acuerdo de 2012 (apartado 12) y en la Cláusula V del Convenio de 29 de abril de 2015.  
Ahora bien, sin perjuicio del plazo total, la ATE prevé un plazo específico para cada fase, y, por tanto, también para la Fase I.  
Así, en la citada Consideración séptima del Plan ATE se prescribe, en el apartado 3, que el promotor ejecutará la Primera Fase «en el plazo de 36 meses, desde la entrada en vigor de la ATE» (ampliando en 12 meses el plazo establecido en el apartado 12 del Informe de Compatibilidad). El plazo de los 36 meses se reitera en la Cláusula V del Convenio de 29 de abril de 2015. Se indica, además, en dicha Consideración séptima y en la Cláusula V del convenio, que «Este plazo es improrrogable».  
Partiendo de lo anterior, y con arreglo a la Consideración técnico-jurídica novena de la Resolución de 2015, el Plan ATE entraría en vigor «a los quince días de la publicación de sus Normas Subsidiarias Urbanísticas en el BOP de Valencia». Las Normas Urbanísticas se publicaron en el BOP de Valencia nº 91, de 15 de mayo de 2015, de forma que la ATE entró en vigor el 30 de mayo de 2015 (una vez suscrito ya el Convenio entre la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo y el Valencia CF, el 29.04.2015).  
Por tanto, iniciado el plazo de ejecución de la Fase I el 30 de mayo de 2015 finalizó el 30 de mayo de 2018 (36 meses).  
Así, en el Acuerdo de 13 de septiembre de 2021, de la Conselleria de Económica Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, se argumentó (antecedente cuarto) que «(?) se ha constatado un incumplimiento parcial de las actuaciones previstas en la primera fase, cuyo plazo de ejecución finalizaba el 30 de mayo de 2018», y en la Propuesta de Resolución, de 5 de julio de 2022, se señala que dicha Fase I «de tres años de duración improrrogable, finalizaba en mayo de 2018».  
Las fechas inicial y final para la ejecución de la Fase I no han sido cuestionadas por el Valencia CF.  
Resta señalar, que, en el Informe, de 17 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Valencia, se indica que la ATE entró en vigor el 2 de junio de 2015 (habiendo computado el plazo de los 15 días bajo la vigencia de la Ley 30/1992, LPAC, con exclusión de los días inhábiles con arreglo a dicha Ley).  
Este Órgano consultivo toma como fecha de inicio del plazo de ejecución de la Fase I la de 30 de agosto de 2015 (a los 15 días de la publicación de las Normas Subsidiarias Urbanísticas), sin que la diferencia de 3 días en relación con lo señalado en el Informe municipal de 17 de mayo de 2021 resulte relevante.  
B) Actuaciones y estado de ejecución de las actuaciones asumidas para la Fase I.  
Según la Consideración Técnico-Jurídica Segunda, apartado 2), del Plan ATE, los compromisos del promotor incluidos en la Fase I, todos ellos referidos a la denominada Zona A «Mestalla», son los siguientes:  
- Demolición de las dependencias municipales en desuso de la Zona A «Antiguo Mestalla».  
- Ejecución de la fase I de la urbanización de la Zona A «Antiguo Mestalla».  
- Construcción de un hotel icónico (TER-M) sobre las parcelas de las dependencias municipales en desuso.  
En relación con el estado de ejecución de tales actuaciones, en el Informe, de 17 de mayo de 2021, emitido por el Ayuntamiento de Valencia, como responsable del seguimiento y ejecución de la ATE, concluye, en relación con la Fase I, lo siguiente:  
- Se ha ejecutado la demolición de las dependencias municipales de la Avda. de Aragón núm. 35.  
- Se ha ejecutado la urbanización de la Fase I y se ha recepcionado por el Ayuntamiento de València.  
- No se ha ejecutado el Hotel.  
En particular, en relación con la demolición de las dependencias municipales se señala que «se procedió a la demolición del edificio de las antiguas dependencias municipales de la Avda. de Aragón n° 35, levantándose el acta de recepción de las obras de demolición en fecha 19 de abril de dicho año (2016). Aunque conviene recordar que tal actuación no fue realizada por el promotor de la ATE, sino por el propio Ayuntamiento de Valencia, a su exclusivo cargo, en cumplimiento del Convenio de Jesuitas de 2013».  
Respecto a las obras de urbanización se señala en el citado Informe que estas «fueron ejecutadas por el Valencia C.F., SAD como promotor de la ATE, y una vez concluidas fue suscrita el Acta de Recepción en fecha 5 de julio de 2019; si bien cabe matizar que las correspondientes cargas de urbanización fueron repercutidas por el promotor a la mercantil Expo Grupo, SA, en su condición de adjudicataria de la parcela de resultado de uso terciario TER-M, mediante la imposición de cuotas de urbanización».  
Por otro lado, y en relación con la construcción del «Hotel icónico (TER-M) sobre las parcelas de las dependencias municipales en desuso», sin perjuicio de lo que se señala en el apartado c) siguiente, en el referido Informe del Ayuntamiento de Valencia, de 17 de mayo de 2021, se reconoce que el hotel no se ha ejecutado. El Valencia CF admite la no ejecución del Hotel, pues en su escrito de 16 de abril de 2021 (pág. 5), señala que «se ha confirmado que la construcción de un hotel sobre la parcela de las dependencias municipales en desuso que ha de realizar Expo Grupo, SA, continúan sin llevarse a cabo, pues es intención de la citada mercantil acometer las obras del hotel en un momento posterior, tal y como ya les informamos en el escrito presentado ante ustedes el pasado 3 de abril de 2018».  
Se estiman, por consiguiente, ejecutadas las obras de demolición de las dependencias municipales de la Avda. de Aragón núm. 35 y la urbanización de la Fase I, pero no el citado «Hotel icónico», resultando incumplido este compromiso por el Valencia CF.  
C) Examen de las alegaciones del Valencia CF en relación con el retraso de la Fase I.  
En relación con la no realización del citado «hotel icónico», el Valencia CF refiere, en su escrito de alegaciones, de 5 de abril de 2022, como en escritos precedentes (de 26 de julio, 13.10.2021) que debe darse por ejecutada las obligaciones de la Fase I, no siendo imputable al Club la ejecución del Hotel icónico.   
A este respecto, en el Informe del Ayuntamiento de Valencia, de 17 de mayo de 2021, pese a que se reconoce ?como se ha dicho- la no realización del hotel, se señala que «no puede considerarse como un incumplimiento de las obligaciones o compromisos del promotor de la ATE, porque no resulta contractualmente exigible a este último la construcción del hotel, dado que la obligación de edificar no incumbe al promotor de la ATE, sino a la propiedad de la parcela edificable de uso terciario TER-M, que el proyecto de reparcelación forzosa de la fase 1 zona A, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de abril de 2015 adjudicó a la mercantil Expo Grupo, SA».  
A juicio de este Órgano Consultivo, no puede perderse de vista que el Valencia CF asumió como compromiso frente a la Generalitat, como parte de la ATE, la realización del citado «hotel icónico». Como se recuerda en el Informe de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, «(?) en el procedimiento de tramitación de la ATE, el 5 de febrero de 2015 el Valencia Club de Futbol presenta escrito adjuntando el documento suscrito entre el Valencia Club de Fútbol y la mercantil Expo Grupo (Doc. 1 anexo) asumiendo el primero la responsabilidad en la gestión y en la implantación de las actuaciones previstas en la ATE y el segundo la ejecución del hotel en los plazos marcados en la ATE y conforme a lo establecido en el acuerdo suscrito entre esta mercantil y el Ayuntamiento de Valencia. Este acuerdo vincula, como no puede ser de otra manera, a los firmantes del mismo que son el Valencia Club de Fútbol y la empresa Expo Grupo, pero en ningún caso se puede trasladar al ámbito de las relaciones entre la Conselleria de Economía y el promotor las incidencias que surjan en aquel de manera que se pretenda modificar los términos del Convenio de 29 de abril de 2015, suscrito entre estos».  
La Resolución de 19 de febrero de 2015, aprobatoria del Plan ATE, incluye, en su Consideración técnico jurídica quinta, entre las obligaciones del promotor de la ATE, «ejecutar las edificaciones objeto de la ATE», y en su Consideración séptima señala que el promotor ejecutará la ATE sometido a las fases que se describen en dicha Consideración séptima, incluyéndose en la Fase I la construcción de un «hotel (TER-M. Terciario Mestalla)».  
En la misma línea, en la Cláusula III del Convenio de 29 de abril de 2015, suscrito por el Valencia CF, se dispone expresamente que «el promotor se compromete a ejecutar las obras de urbanización y edificación y a implantar las actividades que se recogen en el Plan de Actuación Territorial Estratégica, aprobado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 19 de febrero de 2015, incluyendo la conexión de las infraestructuras exteriores?». Asimismo, la Cláusula V del citado convenio, referida a los «compromisos del promotor respecto de los plazos para el desarrollo de la ATE», incorpora entre tales compromisos del Valencia CF, la construcción del hotel icónico (TER-M) y la Cláusula VII prevé que las obras de edificación se entenderán concluidas con la obtención de las licencias de apertura. Todas estas cláusulas acreditan que el Valencia CF conocía y aceptó, como compromiso propio, la construcción del hotel.  
Adviértase, además, como se recoge en el Acuerdo de 13 de septiembre de 2021, de la Conselleria de Economía Sostenible, que el Valencia CF incluyó expresamente, en su solicitud de reorganización de las fases, de 16 de abril de 2021, dentro de la Fase 1, como una actividad pendiente de ejecutar, el referido hotel, incorporando además el compromiso de su ejecución. Tampoco se alega ni se acredita que el Valencia CF, último responsable del cumplimiento de la ATE frente a la Administración autonómica, haya desplegado actuaciones o requerimientos a la citada empresa, en orden a impulsar o garantizar el cumplimiento de la construcción del hotel.  
Por ello, con independencia de que la ejecución material del «Hotel icónico (TER-M)» corresponda a otra entidad (a la mercantil Expo Grupo, SA), este Órgano consultivo estima que la no ejecución del citado «Hotel» sobre las parcelas de las dependencias municipales constituyó un compromiso asumido por el Valencia CF frente a la Generalitat, por lo que su no ejecución constituye un incumplimiento de los compromisos asumidos por el promotor de la ATE y, por tanto, un incumplimiento de las actuaciones a las que estaba obligado en el plazo improrrogable de los 36 meses; ello sin perjuicio de las relaciones entre el promotor y la mencionada entidad Expo Grupo, SA. De no efectuarse esta interpretación, el promotor podría haber asumido cualquier otro compromiso frente a la Generalitat, a ejecutar por un tercero, eximiéndose posteriormente de responsabilidad, pero obteniendo los beneficios derivados de la ATE, lo que carece de cualquier lógica jurídica.  
En esta misma línea, el precitado Informe de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, de 25 de mayo de 2021, concluye que «ha de considerarse que sí es un compromiso del PROMOTOR ejecutar el hotel, y en tanto esta edificación no se lleve a cabo y se obtenga, además, la licencia de apertura, la Fase I estará incumplida, incumplimiento que es imputable al PROMOTOR».  
No se estima, por tanto, que la ejecución del Hotel icónico por un tercero exima de responsabilidad al Valencia CF por cuanto afecta a un compromiso asumido, como propio, frente a la Generalitat.  
  
Sexta. Por cuanto se refiere a la FASE II, procede analizar igualmente los tres aspectos siguientes:  
A) El plazo de ejecución.  
B) El estado de ejecución de las actuaciones asumidas para la Fase II.  
C) Examen de las alegaciones del Valencia CF en relación con el retraso de la Fase II, subfase 1.  
A) Plazo de ejecución de la Fase II.  
La Fase II, de 5 años de duración, se subdivide en dos subfases 1 y 2, siendo, únicamente, objeto de examen en el presente Dictamen, las actuaciones de la subfase 1, dado que es a esta última a la que se refiere ?junto con la Fase I- el expediente de resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE.  
En relación, por tanto, con la Fase II, subfase 1, la Consideración Técnico-Jurídica séptima, apartado 2, del Plan ATE y la Cláusula V del Convenio de 2015 prevén un plazo para esta fase de 3 años. Computado dicho plazo desde el 30 de mayo de 2018, fecha de finalización de la Fase I, el plazo de los 3 años finalizó, en principio, el 30 de mayo de 2021 (o 2 de junio el 2021, según el Informe de 17 de mayo de 2021 del Ayuntamiento de Valencia).  
Debe tenerse en cuenta que, en la Cláusula V del Convenio de 2015, se preveía que las Fases I y II, subfase 1, pudieran «solaparse en el tiempo sin necesidad de empezar la segunda cuando esté culminada la primera».  
Por otro lado, por cuanto se refiere a la incidencia que, como consecuencia de la situación generada por la COVID-19, haya podido tener la declaración del estado de alarma efectuado mediante Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, en la ejecución de la ATE, debe tenerse en cuenta el distinto tipo de actuaciones que debía realizar el Valencia CF, y que se recogen en la Cláusula V del Convenio de 2015, que son: por una lado, la redacción de documentos, presentación de proyectos y obtención de licencias, y, por otro, la ejecución de obras.  
En relación con la ejecución de obras, la Consideración Técnico-Jurídica Séptima, apartado 4, del Plan ATE indica que el promotor viene obligado al cumplimiento de los plazos señalados, que únicamente podrán ser suspendidos «de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas». Además, en lo que se refiere específicamente a la ejecución de las obras, declara aplicables «los preceptos relativos al contrato administrativo de obras». Y la Cláusula V del Convenio de 29 de abril de 2015 reitera que «por lo que se refiere a la ejecución de las obras, serán aplicables las reglas propias del contrato administrativo de obras».  
Dicho esto, el régimen de suspensión de los contratos de obra del sector público se encontraba regulado en el artículo 34.3 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, cuyo párrafo 1°, disponía que cuando la situación de hecho creada por el COVID-19 «genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse.» Puntualizaba el párrafo 2° de dicho artículo 34.3 que «La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando (...) Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria».  
De este modo, el promotor debía solicitar y justificar la imposibilidad de ejecutar las obras a las que estaba obligado, debiéndose acordar la suspensión por la Administración, en este caso, local. No obstante, según el Informe del Ayuntamiento de Valencia, de 17 de mayo de 2021 (emitido por la Secretaría de Área I), «No consta a este Ayuntamiento que nada de eso haya sucedido?» (págs. 15 y 16).  
Partiendo de lo informado por el citado Ayuntamiento, no resultaría aplicable, de forma automática (como se indica en dicho informe), el plazo de suspensión en relación con la ejecución de las obras de urbanización que debía ejecutar el promotor de la ATE en la Fase II, subfase 1. Además, no consta la ejecución de obras de urbanización.  
Ahora bien, el Valencia CF debía realizar actuaciones previas ante el Ayuntamiento de Valencia que comportaban la presentación de proyectos, solicitud o modificación de licencias, subsanación de requerimientos, etc.; por lo que, respecto de tales actuaciones, sí debe excluirse del cómputo de plazo de los citados 3 años el plazo de suspensión derivado de la COVID-19, como consecuencia de la suspensión de términos y plazos impuesta por la Disposición Adicional Tercera del Real decreto 463/2020.  
Por tanto, teniendo en cuenta la suspensión acordada desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020 (79 días más), el término final del plazo de los 3 años (Fase II, subfase 1) tendría lugar el 17 de agosto de 2021.  
En esta línea, en el Acuerdo 10 de noviembre de 2021, de la Conselleria de Economía Sostenible, por el que desestimó el recurso de reposición formulado frente a la denegación de la reorganización de las fases, se descuenta el plazo de suspensión de términos y plazos provocado por el Real decreto 463/2020, argumentando que «resulta de aplicación automática la suspensión durante 79 días naturales del plazo de ejecución, y el promotor dispone de 79 días naturales más respecto del plazo inicial para cumplir cada uno de sus compromisos pendientes, es decir, los de las fases segunda y tercera; en consecuencia, el términos de la Ate se desplaza al 17 de agosto de 2025» (Hecho quinto).  
Es decir:  
- Fase II:  
- subfase 1, hasta 17 de agosto de 2021;  
- subfase 2 hasta 17 de agosto de 2023.  
- Fase III: hasta 17 de agosto de 2025.  
Asimismo, en la propuesta de resolución se indica, en relación con la Fase II, subfase 1, que «también se produce el incumplimiento de la primera subfase de la fase dos que finalizaba en agosto de 2021- (Consideración Jurídica Tercera).  
No consta ninguna alegación ni objeción por parte del Valencia CF respecto al cómputo de los plazos efectuados por la Administración autonómica en relación con la Fase II, subfase 1.  
B) Actuaciones y estado de ejecución de la Fase II.  
En la Fase II, subfase 1, de tres años de duración, el Valencia CF, promotor, debía realizar las actuaciones siguientes:  
- Ejecución de las medidas correctoras indicadas en el estudio de movilidad (Zona B).  
- Urbanización del entorno del Nuevo Estadio de la Zona B «Corts Valencianes».  
- Finalización de las obras de ejecución y puesta en marcha del Nuevo Estadio.  
- Ejecución del Terciario de la Zona B «Corts Valencianes».  
- Compromisos asumidos en la ATE correspondientes a la «Construcción de polideportivo en parcela GSP-1 y restos arqueológicos».  
En la Fase II, subfase 2, el Valencia CF debía llevar a cabo las actuaciones siguientes:  
- Demolición del actual Estadio en la zona A «Antiguo Mestalla».  
- Ejecución del terciario y del aparcamiento en el subsuelo.  
- Ejecución de la fase 2 de la urbanización de la Zona A, «Antiguo Mestalla».  
- Ejecución de las medidas correctoras.  
En relación con esta Fase II, subfase 1 (objeto de examen), en el Informe de 17 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Valencia, se señala que «Se trata de cinco compromisos asumidos por el promotor de la ATE, todos ellos relativos a la ejecución de diferentes obras, tanto en suelo público de propiedad municipal (compromisos primero, segundo y quinto de los arriba relacionados), como en suelo titularidad privada del promotor (el tercero y el cuarto)» y que «El análisis del estado de ejecución de estos cinco compromisos del promotor de la ATE incluidos en la FASE II.1 es sencillo: a fecha de emisión del presente informe, ni tan siquiera se ha iniciado por el promotor la ejecución de ninguna de las obras citadas».  
La falta de ejecución de las obras de la Fase II, subfase 1, no ha sido cuestionada por el Valencia CF, sino más bien, al contrario, se admite en los distintos escritos en los que solicita una reorganización de las fases y prórroga de la ATE para ejecutar dichas obras. Además, en su escrito de 16 de abril de 2019 (solicitud de reorganización) señala que «no solo decayó la oferta vinculante de adquisición de la parcela que servía para financiar la construcción de un polideportivo y el Nuevo Mestalla sino que, además, el actual escenario ha provocado un evidente retraso en el desarrollo y ejecución de la ATE».  
Se estima, por consiguiente, incumplidas las cinco actuaciones y obras de urbanización asumidas por el Valencia C.F. para la Fase II, subfase 1, dentro del plazo de ejecución que finalizó, con exclusión del plazo de suspensión derivado del Real decreto 463/2020, el 17 de agosto de 2021. Esta situación fáctica ?no controvertida- justificaría la declaración de caducidad de la ATE, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, de 10 de mayo.  
La ejecución de las obras en los plazos convenidos es una obligación capital de los negocios en lo que deben ejecutarse obras de urbanización debido al interés público que revisten los plazos; ahora bien, para determinar de forma definitiva la procedencia o no de la resolución, procede examinar las alegaciones presentadas por el Valencia CF, y la eventual imputabilidad o no de la falta de ejecución de tales obras a dicho Club en los plazos previstos. En esta línea, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 17 de octubre de 2000, mantuvo que «el plazo fijado para el cumplimiento de la prestación contractual constituye el elemento básico de la relación jurídica establecida, de forma que cuando éste aparece como un elemento relevante es una determinación esencial, que no accesoria o agregada a la esencia de la prestación, de donde se desprende que si el plazo transcurrió el contrato quedó sustancialmente afectado por dicha situación y el incumplimiento resultó claramente imputable al contratista, resultando ajustada a derecho la resolución acordada por la Administración con la consecuencia de la incautación de la fianza constituida por el contratista como efecto propio del acuerdo resolutorio».  
C) Examen de las alegaciones del Valencia CF en relación con los retrasos de la fase II, subfase 1.  
Acreditada la no ejecución de los cinco compromisos asumidos para la fase II, subfase 1, procede examinar las alegaciones del Valencia CF. El expresado Club ha efectuado alegaciones mediante los siguientes escritos:  
- Escrito de 8 de marzo de 2022 (que remite a otros escritos).  
- Escrito de 5 de abril de 2022.  
- Escrito de 10 de junio de 2022.  
A este respecto, en su escrito de alegaciones, de 8 de marzo de 2022, el representante del Valencia CF, SAD, refiere, en la alegación «Primera», que «con el objeto de evitar innecesarias reiteraciones esgrimidas por parte del Club, como muestra de su compromiso con el cumplimiento y ejecución de la ATE, así como de su más firme oposición a la caducidad y resolución anticipada de la ATE, que han sido realizadas en la solicitud de reorganización de las fases previstas en la ATE presentada por el Club el 16 de abril de 2021 (la «Solicitud de Reorganización de la ATE»), en el escrito de alegaciones que fue presentado por el Club ante la denegación de la Solicitud de reorganización de la ATE el pasado 21 de julio de 2021 y que, posteriormente, fue ampliado el 19 de agosto de 2021 con la contestación al requerimiento- y en el recurso de reposición presentado por el Club ante la Consejería de Economía el día 13 de octubre de 2021?».  
Procede, por consiguiente, analizar las distintas alegaciones efectuadas, por remisión, en los escritos de 16 de abril, 26 de julio, 22 de agosto y 13 de octubre de 2021 y en los restantes, con arreglo a la documentación remitida a este Consell.  
Tales alegaciones son las siguientes:  
C.1. Dificultades de financiación.  
En los precitados escritos el Valencia CF alega, como causa que ha impedido el cumplimento de la ATE, las dificultades de obtener financiación para la construcción del polideportivo en la parcela GSP-1 y el Nuevo Mestalla.  
Así, el mencionado Club expone la complejidad de las negociaciones con varios inversores interesados en comprar las parcelas del Viejo Mestalla, y ello «por cuanto las ofertas recibidas estaban condicionadas a la obtención de la financiación bancaria necesaria para terminar la construcción del Nuevo Mestalla y a la ejecución de las obras en unos plazos muy concretos, con el riesgo para el Club de afrontar penalidades por retrasos en la finalización de las obras del Nuevo Mestalla y consiguiente entrega de las parcelas del Viejo Mestalla al nuevo propietario» (escrito de 13 de octubre de 2021, pág. 18). Refiere que «nos resulta imposible poder presentar en estos momentos un proyecto económico sostenible financieramente para el Club que permita acometer las actuaciones previstas en la ATE en los plazos inicialmente contemplados en la misma, debido a la absoluta imposibilidad de obtener financiación bancaria necesaria para la construcción del Nuevo Estadio».  
En el Informe de 17 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Valencia (suscrito por la Secretaría de Área I), se señala que «el único motivo que alega el promotor para justificar el retraso es el fracaso de las gestiones internas por él realizadas para la venta de la parcela de la Zona Z «Antiguo Mestalla», y la consiguiente imposibilidad sobrevenida para él de financiar el cumplimiento de sus compromisos». Añade que «en el marco de la normativa de contratos del sector público, no puede considerarse como motivo no imputable al contratista que éste no tenga la financiación adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos contractuales, pues ello sería tanto como dejar en manos del contratista el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato, que dependería de las circunstancias económicas financieras internas de la empresa adjudicataria que la Administración no puede ni debe controlar» (pág. 21). Señala, además, que «resulta llamativo que el proceso de venta ?según reconoce el promotor en su escrito- no se iniciara hasta octubre de 2018?» (pág. 22).  
En relación con esta primera alegación, la aplicación del principio de riesgo y ventura en los negocios o contratos públicos se recoge, siguiendo una larga tradición, en el artículo 197 de la LCSP/2017. La proclamación legal de este principio lleva inherente un elemento de aleatoriedad en la ejecución como en los resultados económicos de la ATE, aleatoriedad que supone que la falta de financiación o la frustración de las expectativas económicas durante la ejecución de las actuaciones urbanísticas que, en este caso, fueron tomadas en consideración por el Valencia CF para asumir sus compromisos, no le liberan de cumplir lo acordado ni, consiguientemente, le facultan para apartarse del Convenio de 2015 y del Plan ATE, más allá de los supuestos previstos en la normativa legal. Tampoco se estima que el concepto de «excesiva onerosidad» en una relación contractual incluya los problemas de financiación o liquidez que pueda sufrir el promotor, pues nada tienen que ver, además, con el equilibrio económico que debe presidir la relación contractual que le vincula con la Generalitat.  
Téngase en cuenta, por otro lado, que ninguna de las Cláusulas del Plan ATE ni del Convenio de 2015, vinculan su cumplimiento a ningún tipo o mecanismo de financiación ni a las posibilidades de financiación del Valencia CF, por lo que tales dificultades de financiación alegadas por el Club constituyen un riesgo que corren a su cargo.  
En definitiva, en relación con el fracaso de las gestiones para la venta de la parcela del «Antiguo Mestalla» y la consiguiente imposibilidad para obtener financiación para la ejecución de las obras, no constituyen causas que puedan exonerar de responsabilidad al Valencia CF frente a la Generalitat, en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos asumidos en la ATE en los plazos previstos. Se trata de un riesgo asumido desde el inicio por el promotor de la ATE.  
C.2. Impacto negativo por la Covid-19  
El Valencia CF refiere en sus escritos, como motivo que justifica el retraso en la ejecución de las actuaciones de la Fase II, los efectos negativos derivados de la pandemia por la Covid-19.  
Como se ha expuesto con anterioridad, el efecto negativo derivado de la Covid-19 se ha tomado en consideración en el cómputo del plazo para la ejecución de la Fase II, subfase 1, en la medida en que se ha ampliado su plazo como consecuencia de la suspensión de términos y plazos impuesta por la declaración del estado de alarma, conforme a la Disposición Adicional Tercera del Real decreto 463/2020.  
Ahora bien, el Valencia CF estima, en su escrito de 13 de octubre de 2021 (por todos), que no es suficiente tomar en consideración la repercusión del Covid-19 a efectos de la ampliación del plazo (en 79 días) para la ejecución de la ATE, pues «no se tiene en cuenta el verdadero impacto que el COVD-19 ha causado en el desarrollo de la ATE» (pág. 19 del citado escrito). Para la promotora, «es indudable que el COVD-19 ha impactado en la economía de los contratos de forma negativa?».  
Como recuerda la Junta de Contratación Pública del Estado, en su Informe 38/2020, acerca del efecto del Covid-19 sobre un contrato de obras, la excepcional situación ocasionada por el COVID-19 ha causado una serie de efectos perniciosos para los contratos públicos en general y, especialmente en lo que se refiere a su ejecución. Por ello, como se señala en dicho Informe «No es de extrañar, en consecuencia, que el legislador se haya visto obligado a dictar diversas normas relativas a la forma de indemnización de los daños que se hayan podido producir en los distintos tipos de contratos públicos. Para el contrato de obras tal norma está contenida en el artículo 34.3 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, precepto que, bajo ciertas condiciones como sería la apreciación de la imposibilidad de ejecución del contrato, permite obtener la suspensión de la ejecución desde que se produjera la situación de hecho que impide continuar la prestación hasta que dicha prestación pueda reanudarse».  
De esta forma, el Estado ya adoptó las medidas que estimó necesarias para paliar en la contratación del sector público los efectos negativos de la Covid-19. Además, el acceso a las medidas previstas por el Real Decreto-Ley exigía, por un lado, encontrarse en la fase de ejecución del contrato (el Valencia CF no inició ninguna ejecución de las obras urbanísticas) y, por otra, una solicitud por parte del promotor.  
Tampoco la situación generada por la Covid-19 altera, como se ha visto, el riesgo de financiación asumido por el Valencia CF. Y ello por cuanto no nos encontramos ante un supuesto de vis maior o fuerza mayor que permita la excepción de la aplicación del principio de riesgo y ventura. Como se recuerda el Informe de la Abogacía del Estado, de 2 de abril de 2020, la situación de hecho provocada por el Covid-19 tampoco sería equiparable a «fuerza mayor» o a «circunstancia imprevisible» a los efectos de, respectivamente, amparar una modificación del contrato de obras con base en el anterior artículo 107 del anterior TRLCSP o del artículo 205 vigente de la LCSP. Esto se justifica, en dicho Informe, por las razones siguientes:  
«- Porque el artículo 34 del RDL 8/2020 excluye que la situación de hecho por el Covid-19 sea tratada, a los efectos de la contratación pública, como un caso de fuerza mayor; de ahí que no lo califique como tal y que expresamente declare inaplicables los artículos de la legislación de contratos referidos a la fuerza mayor.  
- Porque la aplicación preferente del artículo 34 del RDL 8/2020 a todas las consecuencias contractuales del Covid-19 no permite que, por la vía de la modificación del contrato, se acaben renegociando los contratos de obra y, por tanto, produciéndose efectos distintos de los de suspensión e indemnización previstos por el artículo 34 del RDL 8/2020».  
En el Informe, de 5 de julio de 2022, de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, emitido en relación con las alegaciones presentadas por el Club, se señala que «En cuanto a las consecuencias del COVID-19 en la operación de venta de la parcela donde se ubica el actual campo de fútbol, cabe señalar que la vigencia de la ATE arranca en el año 2015 y el inicio de la pandemia se produce en marzo de 2020, disponiendo por tanto de un plazo de 5 años en los que podría haber finalizado dicha operación, que en todo caso responde a la exclusiva necesidad del promotor de obtener financiación para ejecutar la ATE y que además de ser una cuestión interna de la sociedad, sujeta al derecho privado y no oponible frente a la Administración, no figura en la ATE como condición para el cumplimiento de los compromisos del promotor».  
No se estima, por consiguiente, que el impacto negativo por la covid-19 a que se refiere el Valencia CF en sus distintos escritos constituya causa que justifique la no ejecución de los compromisos asumidos en la ATE en los plazos previstos en esta y asumidos expresamente en el Convenio de 2015.  
C.3. Inactividad de la Administración.  
En los distintos escritos, por todos, los de 13 de octubre de 2021 y 10 de junio de 2022, el Valencia CF señala que los retrasos habidos en la ejecución de la ATE se deben no solo a la dificultad de obtener financiación y al impacto negativo provocado por la COVID-19, sino, además, a la propia inactividad de la Administración Local.  
En particular, en el escrito de 13 de octubre de 2021 y reitera en el de 5 de abril de 2022, el Valencia CF manifiesta que «la inactividad de la Administración (Ayuntamiento de Valencia) ha supuesto un evidente obstáculo para el desarrollo y ejecución de la ATE en su conjunto?».  
Por cuanto afecta a la inactividad administrativa alegada por el Valencia CF, el Diccionario de la lengua española define el término «inactividad» como la «falta de actividad», que, en nuestro caso se traduce en la pasividad de la Administración cuando tiene el deber de actuar, o, en otras palabras, de ser activa. La inactividad administrativa viene determinada, de este modo, por la omisión de toda actividad, jurídica o material, legal o materialmente exigible. En definitiva, constituye un no hacer por parte de la Administración en el ámbito de sus competencias. No debe olvidarse que la Administración está supeditada, por un lado, al principio de legalidad y, por otro, al de eficacia, trasunto del deber de «buena administración».  
Por ello, la carencia o falta de actividad, no justificada y no imputable a la propia actuación del particular afectado, conlleva la «inactividad administrativa», es decir, a un supuesto de «mala administración». En la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2016 (recurso de casación nº 4059/2014) se alude a «los principios de eficiencia y buena administración que deben presidir el actuar de la Administración en general».  
Pues bien, partiendo de lo anterior, procede examinar, por separado, las distintas actuaciones de urbanización de la Fase II, subfase 1, alegadas por el promotor:  
a) Reparcelación de la Fase II.  
En relación con la reparcelación de la Fase II, en la Cláusula IV del Convenio de 29 de abril de 2015, se dispone que corresponde al Promotor, «presentar, en su caso, para su tramitación y aprobación los proyectos de urbanización, reparcelación, expropiación, edificación y cualquier otro instrumento urbanístico que se requiera para el cumplimiento de la ATE en todos sus términos?».  
Según consta en los distintos escritos del Valencia CF, dicho Club presentó el proyecto de reparcelación de la Fase 2 Zona A «Antiguo Mestalla» ante el Ayuntamiento de Valencia, el 26 de septiembre de 2016. La Cláusula V del Convenio de 2015 permitía ?como ya se ha indicado- que las fases primera y segunda, subfase 1, pudieran «solaparse en el tiempo sin necesidad de empezar la segunda cuando esté culminada la primera»); por ello, si bien el cómputo de plazo de la Fase II comenzaba en mayo de 2018, el referido proyecto pudo presentarse en el año 2016.  
En el citado escrito de 13 de octubre de 2021 (págs. 12 a 14), el Valencia CF describe las actuaciones llevadas a cabo del modo siguiente:  
«- El Proyecto de Reparcelación de la Fase 2 Zona A «Antiguo Mestalla» fue presentado por el Club ante el Ayuntamiento el 26 de septiembre de 2016.  
- Sin embargo, desde el Ayuntamiento no se realizó ningún requerimiento hasta transcurrido un año y medio aproximadamente, esto es, el 23 de febrero de 2018. En esa fecha se solicitó al Club que detallara la descripción del subsuelo destinado a galería comercial y sobre la que se instalaría una zona verde (el Ayuntamiento consideró que dicho suelo debía contemplarse como un complejo inmobiliario urbanístico y que debía quedar más definida la edificación a situar en el subsuelo y la afección de zonas verdes).  
El transcurso de ese año y medio sin que el Club recibiera respuesta alguna por parte del Ayuntamiento demuestra la falta de cooperación de la Administración para la ejecución de la ATE en los plazos correspondientes.  
[?]  
En todo caso, no es hasta el 20 de septiembre de 2018 cuando el Club consigue concertar una reunión con el Ayuntamiento, junto con sus asesores estratégicos, Deloitte, y sus abogados, el despacho King & Wood Mallesons, S.A.P.  
El objeto de esa reunión fue acordar la descripción del complejo inmobiliario urbanístico que debía detallarse en el Proyecto de Reparcelación, con el objetivo para el Club de obtener el visto bueno del Ayuntamiento a la aprobación de ese proyecto y así llevar a cabo una potencial transmisión de las parcelas resultantes de uso residencial a un potencial comprador.  
La descripción del complejo inmobiliario urbanístico fue preparada tras la reunión y, una vez consensuada por parte del Club con el Registro de la Propiedad núm. 1 de Valencia para evitar problemas con su inscripción registral, fue presentada en el Ayuntamiento el 27 de febrero de 2019.  
Aproximadamente cuatro meses después, el 20 de junio de 2019, el Club recibió requerimiento del Ayuntamiento solicitando que fuera aportado un informe preliminar del terciario bajo rasante de la parcela «TER MS». El objetivo de esa solicitud era comprobar que la finca resultante de la reparcelación sería susceptible de obtener licencia.  
El 5 de julio de 2019 el Club contestó a dicho requerimiento solicitando una extensión del plazo para dar una debida respuesta, pues las diversas alternativas para los espacios bajo rasante destinados a terciario estaban siendo todavía objeto de análisis y estudio.  
El 26 de julio de 2019, el Club, la sociedad ADU Mediterráneo, S.L. («ADU») y el asesor urbanístico municipal de Planeamiento, Gestión Urbanística y Programación se reunieron y se presentó un borrador del documento que regulaba el uso de los espacios de bajo rasante y de zonas verdes.  
Posteriormente, se mantuvieron diversas reuniones directamente entre el Ayuntamiento y ADU, quien actuó con el permiso del Club en virtud de la oferta vinculante de compra que esa empresa había presentado respecto de las parcelas resultantes (sobre el resultado de dicha oferta vinculante nos remitimos a los hechos expuestos en la Solicitud de Reorganización y Prórroga de la ATE presentada el 16.04.2021).  
Entre esas reuniones, destaca especialmente la mantenida el 15 de enero de 2020 entre la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y ADU para optimizar el diseño de los espacios.  
Seis días después de esa reunión, el 21 de enero de 2020, el presidente del Club mantuvo una reunión con la Vicealcaldesa para poner en conocimiento de la Administración el avance en los distintos compromisos del Club como promotor de la ATE.  
Finalmente, el 11 de marzo de 2020, se mantuvo una reunión con la Concejalía de Espacio Público y ADU, con el objetivo de trasladar la necesidad de obtener un informe vinculante por parte del Ayuntamiento de Valencia sobre los usos permitidos bajo rasante y la necesidad de informar del cumplimiento de evacuaciones de dicho espacio, así como por otro lado de cumplir por parte del Club con la presentación de la descripción del complejo inmobiliario urbanístico que fuera consensuado.  
No obstante, y pese a todas las comunicaciones anteriores en relación con la reparcelación de la Fase 2, transcurridos 6 meses desde la última reunión, el 11 de septiembre de 2020 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia comunicó de forma sorpresiva al Club que lo daba por desistido de su solicitud de aprobación del Proyecto de Reparcelación de la Fase 2 Zona A «Antiguo Mestalla».  
En el escrito presentado el pasado 26 de julio por el Club se acompañaba como Anexo 6 copia de esa comunicación».  
En el escrito de 9 de junio de 2022 el Valencia CF reitera que «el hecho de que la Administración haya permanecido ajena a las comunicaciones y peticiones del Club ha influido directa y negativamente en los plazos de ejecución».  
En relación con las actuaciones municipales referidas al proyecto de reparcelación de la Fase II, en el Informe, de 24 de agosto de 2021 del Servicio de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Valencia (recogido en los informes de 3 de junio de 2022 y 21.06.2022), se señala que el proyecto presentado por el Valencia CF en 2016 adolecía de defectos que impedían su tramitación, dado que:  
- No se había aportado el certificado de cargas expedido por el Registro de la Propiedad.  
- No se definía el complejo inmobiliario urbanístico preciso para la implantación de la galería comercial en el subsuelo y la zona verde ubicada sobre éste.  
Según consta en el citado Informe municipal, el requerimiento de subsanación fue realizado, como refiere el Valencia CF, en fecha 23 de febrero de 2018, procediendo dicho Club, mediante instancia de fecha 27 de febrero de 2019, a aportar el proyecto de reparcelación modificado en atención al requerimiento recibido. Sigue indicando el mentado informe que, remitido el expediente a informe de la Oficina Técnica de Gestión del Suelo, en fecha 12 de junio de 2019, se le requirió de nuevo al Valencia CF, el 5 de julio de 2019, para que aporte un estudio preliminar del terciario bajo rasante TER-MS, con el contenido y definición suficientes, para que por el Servicio de Actividades se pudiera comprobar que la correspondiente finca resultante de la reparcelación va a ser susceptible de obtener licencia.  
En el reseñado informe municipal se indica que no constan actuaciones desde la fecha indicada (5.07.2019), por lo que, en fecha 11 de septiembre de 2020, se consideró a la mercantil Valencia CF desistida de su solicitud de aprobación del proyecto de reparcelación de la fase 2 Zona A «Antiguo Mestalla». No consta que el Valencia CF formulase recurso frente al citado Acuerdo que devino, por tanto, firme y consentido.  
Se indica en el Informe de 24 de agosto de 2021, por cuanto afecta a las alegaciones realizadas por el Valencia CF sobre la falta de cooperación, que «los funcionarios municipales han mantenido con el equipo redactor del proyecto de reparcelación cuantas reuniones han sido solicitadas, como se hace habitualmente» y que casi un año después de archivar las actuaciones por falta de documentación no se ha realizado «ningún otro esfuerzo para presentar un nuevo proyecto de reparcelación que sea susceptible de tramitación».  
Por su parte, en el Informe de la Fundación Deportiva Municipal, de 14 de mayo de 2021, se señala que «Desde el año 2019, se han mantenido diversas reuniones técnicas con el equipo de arquitectura Fenwick Iribarren Architects, sobre el programa de necesidades para un polideportivo de barrio y las condiciones de diseño y equipamientos para su gestión como servicio público deportivo» y que «La última reunión tuvo lugar el pasado lunes, 10 de mayo de 2021, en el que prácticamente se cerró el diseño del anteproyecto y se estableció un plazo para la presentación del proyecto de ejecución y proyecto de actividad, del citado centro deportivo».  
Tras la valoración de las distintas actuaciones llevadas a cabo tanto por el Valencia CF como por parte de los servicios municipales del Ayuntamiento de Valencia, se aprecia, como manifiesta el promotor, demora por parte de la Administración local en algún trámite inicial del proyecto de reparcelación de la Fase II, como es el envío del requerimiento efectuado el 23 de febrero de 2018 (más de 1 año después de la presentación del proyecto en el 2016). Pero dicha demora no se estima determinante del incumplimiento del Valencia CF en la presentación definitiva del citado proyecto con arreglo a las exigencias requeridas por la Administración local. Las distintas reuniones con la Administración local evidencian la voluntad de cooperación de dicha Administración en la tramitación y aprobación del citado proyecto. Además, se estima imputable al promotor el hecho de que, tras el requerimiento efectuado por el Ayuntamiento en fecha 20 de junio de 2019, el Valencia CF no presentara ante este ?y tras distintas reuniones- la documentación que permitiera avanzar en la aprobación del referido proyecto, lo que determinó, que, por Acuerdo de 11 de septiembre de 2020, de la Junta de Gobierno Local, se acordarse el archivo de la tramitación del proyecto por apreciar desistimiento del Valencia CF. No consta, tampoco, que el Valencia CF realizara actuación alguna al respecto hasta el 26 de julio de 2021 €según refiere-, es decir, casi 1 año después del archivo del proyecto y poco antes de la finalización del plazo para ejecutar la Fase II, subfase 1 (agosto de 2021).  
No se aprecia, por consiguiente, que exista inactividad del Ayuntamiento de Valencia, en el sentido de falta de actuación injustificada, que haya determinado la no aprobación del proyecto de reparcelación de la Fase II y su posterior ejecución.  
b) Licencia de obras para el «Nuevo Mestalla».  
En el escrito de 13 de octubre de 2021 (págs. 14 a 16), y reiterado ?por todos- en el de 5 de abril de 2022, el Valencia CF manifiesta, en relación con las actuaciones llevadas a cabo en relación con la licencia para la construcción del Nuevo Mestalla, lo siguiente:  
«Durante el año 2017 se mantuvieron varias reuniones entre el Club y el Servicio de Actividades Municipales del Ayuntamiento de Valencia con el objetivo de acordar la posible modificación de la licencia de obras del «Nuevo Mestalla», otorgada inicialmente con número de expediente E/03652/2007/2837 («Licencia Inicial»).  
No obstante, se hizo imprescindible modificar ciertos aspectos de ese proyecto inicial debido a: (i) el cambio en el planeamiento urbanístico de aplicación por la aprobación de la ATE; (ii) el cambio de acceso y evacuación del tercer graderío del estadio (el de mayor capacidad); y (iii) el cambio de la normativa constructiva por la aprobación del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) en 2019. Por tanto, se acordó con el Ayuntamiento de Valencia la presentación de un modificado de la Licencia Inicial.  
Sin embargo, para la modificación se requería: (i) la previa emisión de un informe específico en relación con la compatibilidad del proyecto con el último planeamiento urbanístico aprobado, esto es, la ATE; y (ii) la previa modificación del acceso y la evacuación de la grada alta del «Nuevo Mestalla» de forma sustancial, que es la grada proyectada con mayor capacidad de espectadores, lo que a su vez impactaba en la cubierta, fachadas y las escaleras de acceso a la citada grada. Dicho cambio sustancial requería de un previo informe específico de «Protección Ciudadana - Bomberos» y/o Servicio de Actividades».  
Sigue argumentando el Valencia CF que «desde el Club se preparó una memoria justificativa de evacuación para su revisión por «Protección Ciudadana - Bomberos», que fue entregada el 22 de marzo de 2018. Posteriormente, se mantuvieron algunas reuniones con el Servicio de Actividades, en una de ellas con el jefe de intervención de bomberos.  
Finalmente, la solicitud de modificación de la Licencia Inicial del «Nuevo Mestalla» consistente en «nueva cubierta, nueva fachada, nuevas escaleras con acceso a grada alta y locales interiores y adecuación de garaje» fue presentada con registro de entrada en el Ayuntamiento de Valencia el 31 de mayo de 2018 («Licencia de Obras Modificada»). Nos remitimos al Anexo 7 del escrito presentado el pasado 26 de julio.  
Sin embargo, de nuevo, el Ayuntamiento permaneció inactivo durante más de año y medio en la modificación de la Licencia Inicial. Y ello, aun cuando fue el propio Ayuntamiento quien promovió que se modificara esa Licencia.  
Gracias a la insistencia del Club, se mantuvieron diversas reuniones con el Ayuntamiento y finalmente se acordó presentar las «separatas» de la Licencia de Obras Modificada con la información que cada servicio municipal podría precisar para estudiar y autorizar o denegar la modificación de la Licencia Inicial (con el objetivo de que cada servicio afectado pudiera informar en paralelo en lugar de ir informando sucesivamente, lo que dilataba el proceso).  
Así, con registro de entrada el 23 de octubre de 2019 fueron presentadas las separatas ante el Ayuntamiento de Valencia.  
Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento tras la presentación de las separatas, el Club intentó sin éxito mantener varias reuniones con los distintos servicios municipales para explicarles el proyecto y avanzar en los trámites necesarios.  
El 24 de febrero de 2020 (cuatro meses después) se mantuvo una reunión entre el Club y la concejala responsable del servicio de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Doña Lucía Beamud, para trasladarle la incertidumbre que tal situación estaba ocasionando al Club y al desarrollo de la ATE, así como la consecuente imposibilidad de reiniciar las obras del «Nuevo Mestalla».  
Posteriormente, nueve meses después desde la presentación de las separatas, desde el Club se solicitó agendar reuniones presenciales con el Ayuntamiento a través de varios correos electrónicos enviados los días 16 y 24 de julio de 2020 y, posteriormente, con fecha 2 de septiembre de 2020.  
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento todavía no se ha pronunciado sobre la aprobación o denegación de la solicitud de modificación de la Licencia Inicial (y ya han transcurrido más de tres años desde que fue solicitada la aprobación de la Licencia de Obras Modificada para la construcción del «Nuevo Mestalla»).  
Concluye el Valencia CF que «esta situación deja al Club en una auténtica encrucijada: el Club no puede iniciar las obras que son su responsabilidad bajo la ATE sin haber obtenido previamente la correspondiente licencia urbanística; de lo contrario, se expondría a sanciones por llevar a cabo una obra sin haber obtenido previamente las licencias preceptivas. Ahora bien, si el Ayuntamiento no otorga esa licencia, o si se demora en su otorgamiento, el Club estaría incumplimiento los plazos de ejecución establecidos en la ATE.  
Es evidente que la inactividad de la Administración ha causado un retraso no imputable al Club en la ejecución de la ATE. Y, como ya se ha dicho, ese retraso implica una concatenación de sucesivos retrasos que tampoco podrán ser imputados al Club.  
Sin embargo, la Resolución impugnada no hace ninguna referencia a esta cuestión ya planteada por el Club en su escrito del pasado 26 de julio».  
En relación con la mentada licencia del «Nuevo Mestalla», en el Informe del Servicio de Actividades, de 13 de mayo de 2021, se informa, tras indicar que el Valencia CF cuenta con una licencia desde 2008, lo siguiente:  
«- 31/08/2018 se solicita modificación de la licencia de obras de nueva planta concedida por Resolución U-1792 de fecha 28-07-2008 y posteriormente modificada por Resolución U-2565 de fecha 19-11-2008. Se presenta con un nuevo proyecto modificado que recoge una reordenación del graderío del anillo superior de todo el estadio básicamente y disminuyendo el aforo...».  
En Informe posterior de 10 de junio de 2022 del expresado Servicio de Actividades (que se recoge en el de 21.06.2022) se indica que, tras la solicitud de la modificación sustancial de las licencias, el 31 de mayo de 2018, obran, entre otras, las siguientes actuaciones administrativas consultadas la Plataforma de Administración Electrónica:  
«- Presentación del proyecto modificación sustancial licencia ambiental (versión mayo 2018)  
- Presentación del proyecto de los anclajes de las pantallas de fecha 20/07/2018.  
- Presentación de certificado de hormigón de fecha 26/07/2018.  
?Solicitud ampliación plazo de fecha 04/10/2018.  
- Presentación de certificado del técnico de la estructura segura y estable  
- Proyecto de fecha 09/11/2018.  
- Presentación de separata con modificaciones de proyecto de fecha 18/10/2019.  
- Presentación copia proyecto modificado con CD de separatas usos y edificabilidad, bajo rasante y viales y evacuación de fecha 23/10/2019.  
- Contestación a la notificación recibida en fecha 13/11/2019 y presentada - 19/11/2019. Solicitud copia de todos los informes de fecha 06/04/2020.  
- Escrito presentación documentación (poderes, NIF...) de fecha 07/05/2020.  
- Solicita ampliación plazo para la presentación de Certificado actualizado por técnico competente de fecha 23/07/2020.  
- Escrito presentación de Certificado actualizado por técnico competente de fecha 01/10/2020  
€ Escrito solicitando cita con los técnicos de fecha 04/11/2020.  
- Solicita información de los restos arqueológicos encontrados en las obras en fecha 20/04/2021.  
- Presentación nuevamente proyecto básico reformado nuevo Estadio del Valencia Club de Fútbol. Aparcamiento y edificaciones complementarias (versión febrero 2022) de fecha 24/02/2022.  
- Presentación documentación complementaria para la modificación sustancial de licencia ambiental (versión febrero 2022) de fecha 02/03/2022».  
Se detalla, además, en dicho informe que «A la vista de la sucesiva documentación presentada se ha emitido, entre otros, los siguientes informes:  
- Informe del Servicio de Gestión Urbanística de fecha 05/07/2018.  
- Informe de la Sección Gestión Jurídica Patrimonial de fecha 10/07/2018.  
- Informe del Servicio de Infraestructuras de fecha 17/07/2018.  
- Informe del Servicio de Patrimonio, Sección Investigación.  
- Regularización y Recuperación de fecha 08/08/2018.  
- Informe del Servicio de Sanidad de fecha 08/10/2018.  
Informe del Servicio de Sanidad de fecha 15/10/2018.  
- Informe del Servicio de Sanidad de fecha 23/01/2019.  
- Informe del Servicio de Sanidad de fecha 27/03/2019.  
- Informe del Servicio de Sanidad de fecha 29/03/2019.  
- Informe del Servicio de Sanidad de fecha 11/11/2019»  
Por otro lado, en relación con la presentación del proyecto básico reformado nuevo Estadio del Valencia Club de Fútbol presentado el 24 de febrero de 2022 -que se cita en la relación anterior-, se señala que «se han mantenido sendas reuniones de trabajo con el Servicio de Actividad sobre cuestiones técnicas y administrativas del contenido de los modificados presentados al objeto de que la documentación presentada se ajuste a los requisitos procedimentales, técnicos y administrativos regulados en la legislación urbanística, de ordenación de la edificación y espectáculos públicos que resulten de aplicación, así como al contenido de las disposiciones contenidas en el planeamiento en vigor y, en su caso, al contenido de los convenios urbanísticos suscritos entre la mercantil interesada y el Ayuntamiento de Valencia, entre ellos, el relativo a la capacidad de aforo mínima del campo deportivo (por cuanto en las versiones de mayo 2018 y febrero 2022 está por debajo de las previstas en el Convenio urbanístico de fecha 20/12/2005) y el régimen de algunos usos de las instalaciones obrantes en la edificación objeto de la licencia mencionada».  
En definitiva, de las actuaciones administrativas descritas en los Informes del Servicio de Actividades del Ayuntamiento de Valencia no se constata una falta de actuación por parte de los servicios municipales que haya influido o haya sido determinante del incumplimiento por parte del Valencia CF del compromiso asumido en relación con la construcción del Nou Mestalla. Es más, en el citado Informe de 21 de junio de 2022, se indica que «En la actualidad estamos a la espera de recibir documentación técnica por la mercantil interesada sobre tales cuestiones. Como ya se indicó en el citado informe de fecha 4/04/2022, será necesario que en el pronunciamiento sobre la resolución anticipada y declaración de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica «Valencia CF» determine el planeamiento que pueda resultar aplicable en el caso de declararse la caducidad de la ATE, por cuanto ello podría tener incidencia respecto de las solicitudes de modificación de licencia de obras y de actividad a las que se ha hecho mención anteriormente, respecto a la legislación y planeamiento de aplicación».  
Por otro lado, con independencia de cuál haya sido la actuación llevada a cabo por los servicios municipales, de los distintos escritos presentados por el Valencia CF se constata dificultades en la obtención de financiación de las obras del Nuevo Mestalla (y restantes obras urbanísticas). Dificultad de financiación que constituye el verdadero motivo por el que el Valencia CF no ha podido acometer la ejecución de las obras. En esta línea, en el escrito de 16 de abril de 2021 (solicitud de reorganización de las fases) señala su compromiso de continuar con las negociaciones necesarias para obtener la financiación que dé viabilidad a la edificación del Nuevo Mestalla, y «obtener las licencias necesarias con el firme objetivo de iniciar las obras del Nuevo Mestalla a mediados de 2024, una vez terminada temporada deportiva 2023-2024 y terminarlo en el plazo de 2 años, es decir, a mediados de 2026 con antelación al comienzo de la temporada deportiva 2026-2027» (pág.7). En su escrito de 8 de marzo de 2022, señala, al describir su propuesta para finalizar el Nou Mestalla, que «De tal manera que se puedan retomar las obras de construcción del Nou Mestalla en octubre de 2022, que deberán estar terminadas en un plazo aproximado de 23 meses y, por tanto, cuya finalización y puesta en marcha estaría prevista para mediados de agosto de 2024 y, en cualquier caso, con antelación al inicio de la temporada deportiva 2024-2025. Salvo que por necesidades del proyecto, sea necesario ampliar el plazo previsto de construcción del Nou Mestalla, en cuyo caso estaría terminado en el verano de 2025 €» (pág. 12).  
Es decir, aunque el Valencia CF hubiera dispuesto de la licencia, su pretensión era comenzar la ejecución del Nou Mestalla «a mediados de 2024» o «en octubre de 2022», según se atienda a uno u otro escrito, lo que muestra, por otro lado, la indeterminación en cuanto al momento en que el Valencia CF podía comenzar las obras de construcción del Nou Mestalla, necesitando, al menos, dos años de construcción o más «por necesidades del proyecto».  
Como se ha recogido con anterioridad, el mencionado Club expone, en sus distintos escritos, la dificultad de las negociaciones con varios inversores interesados en comprar las parcelas del Viejo Mestalla, y ello, «por cuanto las ofertas recibidas estaban condicionadas a la obtención de la financiación bancaria necesaria para terminar la construcción del Nuevo Mestalla y a la ejecución de las obras en unos plazos muy concretos, con el riesgo para el Club de afrontar penalidades por retrasos en la finalización de las obras del Nuevo Mestalla y consiguiente entrega de las parcelas del Viejo Mestalla al nuevo propietario» (escrito de 13 de octubre de 2021, pág. 18). Refiere que «nos resulta imposible poder presentar en estos momentos un proyecto económico sostenible financieramente para el Club que permita acometer las actuaciones previstas en la ATE en los plazos inicialmente contemplados en la misma, debido a la absoluta imposibilidad de obtener financiación bancaria necesaria para la construcción del Nuevo Estadio».  
También en su escrito de 26 de julio de 2021 (poco antes de la finalización del plazo de la Fase II, subfase 1), ya había señalado que «Evidentemente el Club no va a reiniciar las obras de construcción del Nuevo Estadio sin tener garantizada la financiación necesaria para terminarlas en su totalidad en los plazos comprometidos con el que finalmente acabe siendo el comprador de las parcelas del Viejo Mestalla (pág. 13)». De igual, modo, en su escrito de 31 de agosto 2021, se indica que «actualmente está por cerrar los acuerdos finales entre La Liga y CVC y determinar la dotación económica final que de la citada inversión de CVC corresponderá a cada club, así como la parte que deberá destinarse de esta cantidad a la mejora de infraestructuras».  
Y en el escrito de alegaciones de 8 de marzo de 2022 se señala que «Con fecha 20 de diciembre de 2021, el Club presentó ante la Liga un Plan de Inversión que recoge, entre otras partidas, un presupuesto de inversión específico para la construcción del Nou Mestalla por importe de 95.606.863,00E, que supone a su vez el 70 % de los fondos necesarios para la ejecución del proyecto de apertura» (pág. 8). El 20 de diciembre de 2021 ya había transcurrido el plazo de ejecución de la Fase II.1.  
Difícilmente, a la vista de las anteriores alegaciones, puede apreciarse una inexistente inactividad de la Administración Local como causa de la no ejecución de las obras de construcción del Nuevo Estadio, aun cuando el Valencia CF haya manifestado, en su escrito de 26 de julio de 2021, «la más firme voluntad del Club de retomar las negociaciones que se encuentran suspendidas en la actualidad al objeto de encontrar un modelo económico que garantice la viabilidad financiera de las actuaciones contempladas en la ATE?» .  
c) Construcción del polideportivo municipal en la parcela GSP-1.  
En el escrito de 13 de octubre de 2021 (págs. 16 y 17) y en el escrito de 5 de abril de 2022, el Valencia CF explica las actuaciones realizadas en relación con la construcción del polideportivo municipal, en los términos siguientes:  
«Sobre este punto, para reducir la longitud de este escrito, nos remitimos a los hechos expuestos en la Solicitud de Reorganización y Prórroga de la ATE, en concreto en el Expositivo Séptimo. En cualquier caso, destacan las siguientes actividades realizadas por el Club para el cumplimiento de esta actuación:  
- Presentación por parte del Club, el 7 de febrero de 2020, de la propuesta de proyecto de polideportivo, adaptado al nuevo programa de necesidades solicitado por la Fundación Deportiva Municipal de Valencia.  
- Reunión de 24 de noviembre de 2020, entre el Club y la Fundación Municipal Deportiva de Valencia, en la que esta última traslada un nuevo programa solicitando incluir otra nueva edificación en el polideportivo a fin de incorporar un pabellón cubierto de gimnasia rítmica.  
- Presentación por parte del Club, el 23 de diciembre de 2020, de la propuesta actualizada del proyecto de polideportivo de conformidad con las solicitudes de la citada Fundación.  
- Reunión de 11 de marzo de 2021, entre el Club y la citada Fundación a fin de incluir actualizaciones menores a la última propuesta de proyecto de polideportivo.  
- Nueva presentación por parte del Club, el 16 de marzo de 2021, de la propuesta actualizada de polideportivo».  
Añade el Valencia CF que «como ya se dijo en el escrito presentado por el Club con fecha 26 de julio de 2021, actualmente se están realizando los trámites necesarios para la aprobación del proyecto del Polideportivo, tal y como demuestra el informe emitido por la Concejalía de Deportes el pasado 6 de julio de 2021 (copia del mismo se adjuntó como Anexo 8 al escrito presentado el 26 de julio); y (ii) el posterior informe emitido por el Club el 12 de julio (que se adjuntó como Anexo 9 al escrito de 26 de julio).  
En este sentido, el pasado 20 de julio de 2021, el Club y la Fundación Municipal de Deportes mantuvieron una reunión por videoconferencia con el objetivo de acordar el contenido del proyecto definitivamente; y el 23 de julio de 2021 se remitieron, tanto a la Concejalía de Deportes como a la Fundación Municipal de Deportes, las justificaciones técnicas relativas a especificaciones técnicas de ruidos y energía junto con la nueva versión para su validación. Copia de esa documentación se incluía como Anexo 10 en el escrito presentado el pasado 26 de julio.  
Y durante los meses de septiembre y octubre de 2021, se han mantenido y se están manteniendo diversas comunicaciones entre el Club y la Administración para la presentación del proyecto de ejecución actualizado en el presente mes de octubre».  
Por cuanto se refiere a esta alegación, en el Informe del Servicio de Infraestructuras de la Fundación Deportiva Municipal, de 14 de junio de 2022, se señala que las «reuniones de trabajo del actual proyecto se realizan desde 2019» y que «(?) La propuesta presentada por el Valencia CF en febrero de 2020 establece unas edificaciones con una superficie total construida de 5.110 m2, incorporando en el programa propuesto, dentro de la denominación «Pabellón cubierto sin acondicionamiento térmico» la construcción de 2 pistas polideportivas cubiertas de 25x44 m. sin paredes. La propuesta de no acondicionar térmicamente estas pistas no puede tener la consideración de pabellón deportivo, por lo que se requiere se complete el cierre lateral manteniendo la misma superficie de 25x44 m. y volumetría?».  
Se añade en dicho Informe que «el Proyecto Básico y de Ejecución, no contiene como anexos al mismo los siguientes documentos requeridos por el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, ni la estimación económica del desarrollo y/o ejecución de los mismos». El Servicio de Infraestructuras concluye señalando que «No obra en el expediente el documento que refleje la cantidad de 5.700.000 - como «presupuesto máximo pactado para el polideportivo», y los importes previstos por el equipo redactor del Valencia CF en el proyecto son los reales que se requieren para la ejecución de la obra y programa de necesidades, ese si pactado y aceptado» y que «El aumento del presupuesto puede ser consecuencia de la tardanza en el tiempo por parte del Valencia CF hasta 2019 en asumir la redacción de un proyecto de ejecución, documento que sí define suficientemente y de manera precisa los costes e importes necesarios para la ejecución del programa de necesidades inicialmente previsto y aceptado».  
Y en el Informe de 14 de junio de 2022, del Servicio de Deportes se afirma que «No es hasta el 29 de octubre de 2021 cuando se presenta por el Valencia Club de Fútbol SAD, proyecto básico y de ejecución, plan de autoprotección y proyecto de actividad del nuevo polideportivo de Benicalap (Pabellón Cortes Valencianas).  
Se han emitido informes por el Servicio de Planeamiento en cuanto a las circunstancias urbanísticas, por la Sección de Cartografía Informatizada y por el Servicio de Patrimonio Histórico y cultural, así como por el OAM Fundación Deportiva Municipal, como oficina técnica del Servicio de Deportes, en el que se indican incidencias en el proyecto.  
El 17 de marzo de 2022 se da traslado a la interesada de los informes técnicos emitidos, requiriéndola para que aporte, en el plazo de diez días, proyecto subsanando las deficiencias detectadas en el proyecto presentado y que constan en los informes citados. En fecha 29 de marzo de 2022, el Valencia Club de Futbol SAD solicita ampliación de plazo para presentar la documentación, que es concedida por Resolución BG-245, de 31 de marzo de 2022.  
El 8 de abril de 2022, Valencia CF presenta proyecto básico y de ejecución, plan de autoprotección y de actividad actualizado, emitiéndose informe en 6 junio de 2022 del OAM FDM, de carácter desfavorable por haberse detectado nuevas deficiencias que han de ser subsanadas, lo que ha sido requerido al Valencia CF mediante oficio de 6 de junio de 2022, sin que haya presentado, por el momento, nueva documentación, encontrándose en plazo para ello».  
Del relato de hechos efectuado por el Valencia CF y por los servicios municipales, no se aprecia, en modo alguno, inactividad por parte de la Administración Local que haya incidido o impedido llevar a cabo, por parte del Valencia CF, la construcción del polideportivo en la parcela municipal GSP-1. Es más, de los informes municipales se desprende que las actuaciones desarrolladas en relación con la construcción del expresado polideportivo se iniciaron a partir del 2019 mediante reuniones con los servicios municipales, presentándose un proyecto en febrero de 2020, casi 2 años después del inicio del plazo para la ejecución de la Fase II (30.05.2018), siendo así que la tramitación de todo proyecto de construcción puede comportar ?como así ha sucedido- la necesidad de adaptaciones, modificaciones y negociaciones, retrasando su aprobación y la de su consiguiente ejecución. Por ello, tampoco se aprecia actuación imputable a la Administración local que haya obstaculizado el cumplimiento por parte del Valencia CF de su compromiso referido a la construcción del polideportivo.  
Resta señalar que, en relación con el conjunto actuaciones desarrolladas por el promotor y por la Administración local, en el Informe, de 5 de julio de 2022 (examen de las alegaciones), de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, se argumenta que «El promotor alega que los retrasos en la ejecución de la ATE no le son imputables, destacando el impulso que ha dado a las actuaciones incluidas en las Fases I y II pese a la inactividad de la administración. No obstante, partiendo de los 6 años de vigencia que la ATE llevaba en el momento de la solicitud de reorganización de las fases de la ATE, hay hechos fácticos que cuestionan tales afirmaciones, como el que la inversión total de la ATE se cifre en 815.124.285,76 ?, y la suma de las actuaciones ejecutadas de la Fase I apenas ascienda a 964.863,81 - (de los cuales, 464.863,81 - corresponden a proyectos de desarrollo sostenible y 500.000 - a la urbanización de la Zona A «Antiguo Mestalla»; y la paralización desde el año 2009 de las obras de construcción del nuevo Mestalla, según consta en los informes del Ayuntamiento de Valéncia» (pág. 6).   
Se añade en dicho Informe, respecto a las restantes obras a ejecutar y en contestación a la falta de diligencia del Ayuntamiento de Valencia, que «éste ha mostrado su oposición a tales pretensiones, detallando en sus informes las actuaciones llevadas a cabo a instancia del promotor, confirmando dichos extremos en el informe municipal de fecha 02.09.2021 en el que concluye que «resulta de todo punto inaceptable y carente del más mínimo fundamento pretender atribuir el incumplimiento por el promotor de las obligaciones y compromisos de la ATE a la inacción y falta de cooperación del Ayuntamiento de Valencia» y manifestando que «las alegaciones formuladas por el «Valencia CF, SAD» el 26 de julio de 2021 no desvirtúan en nada el contenido del informe emitido el 17 de mayo de 2021 por la Secretaría de Área 1 de este Ayuntamiento...cuyas conclusiones siguen siendo válidas a fecha de hoy, y particularmente las siguientes: -El promotor de la ATE ni tan siquiera ha iniciado la ejecución de ninguna de las cinco obras que constituyen los compromisos incluidos en la Fase II.1 (2018-2021): ejecución de las medidas correctoras indicadas en el estudio de movilidad (Zona B), urbanización del entorno del Nuevo Estadio en la Zona B, finalización de las obras de ejecución y puesta en marcha del Nuevo Estadio, ejecución del Terciario de la Zona B y construcción de polideportivo en parcela GSP-1 y restos arqueológicos» (pág. 7).  
En definitiva, no se aprecia inactividad por parte de los servicios municipales del Ayuntamiento de Valencia que haya incidido en la no ejecución del polideportivo por parte del Valencia CF.  
C.4. Falta de motivación del inicio del procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE.  
En el escrito de alegaciones, de 5 de abril de 2022, presentado por el Valencia CF, se arguye la falta de motivación del Acuerdo de Consell, de 19 de noviembre de 2021, por el que se inicia el presente procedimiento de caducidad de la ATE, tras haberse denegado la solicitud de reorganización de las fases formulada por el promotor.  
En primer lugar, procede recordar que la exigencia de motivación de los actos administrativos viene impuesta con carácter general por el  artículo 35   de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPA (anterior artículo 54 de la Ley 30/1992), y responde a una triple necesidad, por cuanto, en primer lugar, expresa la racionalidad y las razones de la actuación administrativa; en segundo lugar, permite que los destinatarios del acto pueden conocer esas razones y eventualmente someterlas a crítica; y, por último, abre las puertas a la fiscalización por los Tribunales de lo contencioso-administrativo de los actos o disposiciones impugnados, con el alcance previsto en el artículo 106.1 de la Constitución, satisfaciendo así adecuadamente el derecho a la tutela judicial proclamado en el artículo 24.1 de la Constitución. En definitiva, la exigencia de motivación de los actos administrativos responde, según reiterada doctrina jurisprudencial, de la que es exponente la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2001, a la finalidad de que el interesado pueda conocer el cuándo, cómo y por qué de lo acordado por la Administración, con la suficiente amplitud que le permita la defensa de sus derechos e intereses.  
En el presente supuesto, como así se explica en el Informe de 5 de julio de 2022, de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje (pág. 7), el Acuerdo del Consell de 19 de noviembre de 2021 es posterior a la Resolución de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de 13 de septiembre de 2021, que resolvió denegar la reorganización solicitada por el Valencia CF. Este último Acuerdo se adoptó a la vista de los informes solicitados por la Conselleria de Economía Sostenible y tras la necesaria audiencia al promotor. Tras el citado Acuerdo de 13 de septiembre de 2021, y con arreglo a los informes de la Abogacía de la Generalitat de 11 de agosto de 2021 y de 15 de noviembre de 2021, el Consell acordó, el 19 de noviembre de 2021, con cita de la normativa aplicable, iniciar los trámites para la resolución anticipada y la declaración de caducidad de la ATE. Se trata, además, de un acto de trámite (no impugnable jurisdiccionalmente) que inicia un procedimiento en el que el Valencia CF ha podido conocer las razones por las que inició el presente procedimiento y someterlas a contradicción.  
Por lo que no se aprecia falta de motivación en el acto de trámite por el que se inicia el presente procedimiento, cualquier que sea la decisión final que adopte el Consell de la Generalitat.  
C.5. La presentación de una «oferta creíble» para terminar el nuevo Estadio y el resto de actuaciones urbanísticas que permiten evitar la caducidad de la ATE.  
En sus escritos de alegaciones de 5 de abril y 10 de junio de 2022 el Valencia CF alega que ha cumplido con la presentación de una «propuesta creíble» para terminar el nuevo Estadio y el resto de hitos de la ATE y que, además, está respaldada financieramente de forma válida y suficiente, por lo que estima improcedente la declaración de caducidad de la ATE.  
Esta alegación obedece al hecho de que en Acuerdo del Consell de 19 de noviembre de 2021 se establecía que «En el caso de que el promotor de la ATE presente en el plazo de 90 días una propuesta creíble y garantizada financieramente para finalizar el estadio y otras previsiones incorporadas en la ATE la Generalitat, en el caso de que el Consell declarara la caducidad aplicaría la competencia expresamente otorgada por el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, de decidir si se derogan o no las previsiones del planeamiento aprobado con ocasión de la tramitación de la ATE?».  
Del contenido del propio Acuerdo del Consell se constata la vinculación de la denominada «oferta creíble» presentada por el Valencia CF, no a la eventual declaración de caducidad de la ATE, sino al mantenimiento de las previsiones de Planeamiento (Plan ATE); mantenimiento que se recoge en la propuesta de resolución de la declaración de caducidad de la actuación territorial estratégica, de 7 de julio de 2022.  
En este sentido, en el Informe de 5 de julio de 2022, de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje (pág. 15), se indica que «conviene aclarar la confusión expresada en el escrito de alegaciones del promotor de la ATE, pues esa condición no es un requisito «para evitar la caducidad de la ATE», sino para aplicar la competencia expresamente otorgada por el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, de «decidir si se derogan o no las previsiones del planeamiento aprobado con ocasión de la tramitación de la ATE». Añade que «También cabe aclarar que dicha exigencia no se incluyó como condicionante en la parte resolutiva del citado acuerdo del Consell».  
Por lo que no se estima que la denominada «oferta creíble» afecte a la eventual declaración de caducidad de la ATE sujeta a dictamen por este Órgano consultivo.  
C.6. La decisión de caducar la ATE como «absolutamente desproporcional».  
En el escrito de alegaciones, de 10 de junio de 2022, el Valencia CF considera la declaración de caducidad como absolutamente desproporcional, pues ?en síntesis- «causaría importantísimos daños y perjuicios no solo para el Club, sino para la ciudad de Valencia y la Comunitat» (pág. 31). Añade que «Sobre todo, a la vista de que existen soluciones infinitamente menos gravosas, como lo es la concesión de la reorganización de los plazos de la ATE» (pág. 32).  
Del examen de las actuaciones que conforman el expediente remitido, se constata que tanto el acuerdo de inicio del presente procedimiento como la propuesta de resolución se han adoptado previa la emisión de los correspondientes informes (autonómicos y municipales), en los que se ha valorado la procedencia o no de iniciar el procedimiento de caducidad de la ATE, así como las consecuencias derivadas de dicha declaración, recogiendo la propuesta de resolución, de 7 de julio de 2022, aquellas actuaciones que se estiman necesarias conservar o mantener en aras a la protección del interés público y la situación urbanística derivada de la declaración de la ATE.  
Por ello, el principio de proporcionalidad que ha de regir el actuar de las Administraciones Públicas no se estima vulnerado en la medida en que se han ponderado, en los distintos informes, los intereses públicos concurrentes, se ha valorado la conducta llevada a cabo por el Valencia CF, se ha consultado a los órganos administrativos y Administraciones intervinientes y se ha propuesto el mantenimiento de las previsiones del planeamiento, a fin de atenuar los efectos de una eventual declaración de caducidad.  
En relación con la propuesta de reorganización de las fases, ésta ya fue valorada, previa la emisión de los oportunos informes emitidos por las distintas administraciones públicas intervienes, encontrándose actualmente, como se ha dicho, pendiente de recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.  
En cualquier caso, la no iniciación del presente procedimiento, acordando, por el contrario, la continuidad de la ATE con reorganización de las fases, hubiera exigido, como alternativa a la no declaración de caducidad, la imposición de penalidades de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012. Y a este respecto, consta Informe, de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Territorio y Paisaje, sobre posible «incoación del expediente de imposición de penalidades», en la que se calcula una posible penalidad de 2.361.675,78 euros.  
No se estima, por tanto, que «la decisión de caducar» la ATE sea «absolutamente desproporcional», con arreglo a la documentación remitida. Otra interpretación comportaría dejar al arbitrio del promotor de la ATE la decisión sobre cuándo la Administración Pública debe ejercer la potestad de declarar la caducidad de la ATE o de continuar con ella, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012.  
  
Séptima. Examen de las alegaciones presentadas por el Valencia CF en esta Institución por escrito de 22 de julio de 2022  
Como se indica en antecedentes, en fecha 14 de julio de 2022, el representante del Valencia CF solicitó vista del expediente obrante en esta Institución, siendo emplazado para el día 15 siguiente en la sede de esta Institución. Personado el representante del citado Club, se puso de manifiesto el expediente relativo al procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE y se le concedió un plazo de 3 días para completar la vista del expediente.  
En fecha 18 de julio de 2022, el Valencia CF presentó nuevo escrito solicitando ampliación del plazo concedido hasta 10 días, procediéndose por parte de esta Institución a ampliar, por escrito de igual fecha, 18 de julio de 2022, hasta 5 días hábiles, es decir, hasta el 22 de julio de 2022.  
  
En fecha 22 de julio de 2022, el Valencia CF presentó, tras «vista del expediente», en el registro de entrada de esta Institución, escrito efectuando las siguientes alegaciones:  
1º. En la Primera de las alegaciones refiere que «consideramos que la decisión de rechazar nuestra solicitud para que el plazo concedido para formular alegaciones sea de 10 días (en lugar de los cinco finalmente concedidos) es claramente errónea por cuanto que contraviene el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, que dispone, como es sabido, que el plazo de alegaciones para los interesados en un expediente administrativo no podrá ser inferior a diez días hábiles (ni superior a quince)?».  
En primer lugar, procede señalar que la anterior alegación en modo alguno se refiere a los motivos que han determinado el inicio del procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE. Ahora bien, dado que en el reseñado escrito se alega que la concesión de 5 días hábiles para la vista del expediente «causa una indefensión manifiesta, lo que venimos a denunciar formalmente a los efectos que procedan», se entra en el concreto examen de dicha alegación.  
Pues bien, como se comunicó al Valencia CF, mediante escrito de 18 de julio de 2022, de esta Institución, las fases de alegaciones y trámite de audiencia que impone la Ley 39/2015 y la LCSP/2017, ya fueron llevadas a cabo por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, como Administración competente para la instrucción del procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE; dando lugar a la debida contradicción entre las partes y permitiendo la valoración de las oportunas alegaciones mediante Informe, de 5 de julio de 2022 de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje. No compete, por tanto, a esta Institución reiterar fases del procedimiento que corresponden al órgano instructor, ni conceder «trámite de audiencia» en los términos a que se refiere el artículo 82 de la Ley 39/2015, prevista para un momento anterior a la propuesta de resolución y sujeta a la debida contradicción entre las partes.  
En la Memoria del año 2014 este Consell ya recordó que «con la correcta instrucción del procedimiento cuando el expediente se remite al Consell Jurídic Consultiu, el interesado ya ha tenido oportunidad de alegar cuanto a su interés conviene, ha podido ver la integridad del expediente ?e incluso, obtener copia del mismo?, e incorporar al procedimiento un pliego final de alegaciones» (pág. 136). Se argumenta en ella que «el Consell Jurídic Consultiu no es la administración a quien corresponde prima facie la realización de los derechos procedimentales de los interesados en el procedimiento administrativo, si bien, su posición al final de la tramitación y su función de control, convierte al Consell en garante de los derechos de los ciudadanos. Si bien ello no puede realizarse mediante la sustitución de la Administración instructora, o mediante una suerte de convalidación de trámites que no han sido realizados en la fase de instrucción» (pág. 140).  
Con arreglo a la doctrina de este Órgano consultivo, se concedió al Valencia CF, al amparo de lo previsto en el artículo 24.e) del Reglamento aprobado por Decreto 37/2019, «audiencia» y «vista del expediente» por el plazo inicial de 3 días hábiles, ampliado posteriormente a 5 días hábiles, sin que dicha «audiencia» y «vista del expediente» se corresponda ?en modo alguno- con el citado «trámite de audiencia» ni con los plazos previstos en el artículo 82 de la Ley 39/2015. La vista del expediente y audiencia en la sede de esta Institución atiende a la finalidad de permitir que el interesado, en este caso, el Valencia CF, pueda comprobar la documentación obrante en el expediente, aportar aquello que, a su juicio, estime que falta y, en su caso, clarificar algún extremo necesitado de explicación. Por ello, se concedió el plazo de 5 días hábiles, plazo que se estimó suficiente, atendiendo al contenido del expediente.  
El Valencia CF alega que «no existen, ni se han justificado ni motivado en modo alguno las pretendidas razones de urgencia que han llevado a la Conselleria de Política Territorial a requerir a este Consell Jurídic Consultiu para que elabore su informe preceptivo de manera urgente: ni siquiera existe, al menos, una motivación meramente formal; ni siquiera eso existe, sencillamente no hay motivación alguna», pero dicha opinión no constituye una alegación que verse sobre el contenido del procedimiento de resolución anticipada y declaración de caducidad de la ATE, siendo así que, además, la solicitud de dictamen urgente tiene su fundamento, como se ha expuesto en la consideración primera del Dictamen, en el propio artículo 109.2 del Reglamento, aprobado por Real decreto 1098/2001.  
En el plazo concedido, el Valencia CF ha presentado el «escrito de alegaciones» de 22 de julio de 2022, en el que, por cuanto afecta a la declaración de caducidad de la ATE, reitera las mismas alegaciones ya efectuadas ante la Conselleria instructora. No se estima, por tanto, que se haya causado indefensión alguna al Valencia CF en ningún momento de la tramitación del presente procedimiento.  
2º. Señala, en la alegación Segunda (pág. 3 de su escrito), que «(?) el Club no ha incumplido obligación alguna: no incumplió la obligación de construir el hotel porque no es una obligación imputable al Club sino a un tercero (como sabía perfectamente la Administración, pues el Club informó debidamente que no se trataba de una obligación suya), y tampoco ha incumplido el Club las obligaciones de la subfase 1 de la Fase II porque si tales obligaciones no han podido cumplirse ha sido por causas ajenas al Club, en particular, por los increíbles retrasos del Ayuntamiento de Valencia a la hora de conceder las licencias y debido también, en menor medida, a los efectos del Covid-19 (tal y como demostrábamos en nuestros escritos de fechas 5 de abril y 10.06.2022)?.».  
Constituyen unas alegaciones que reiteran lo manifestado ya en sus anteriores escritos de 8 de marzo, 5 de abril y 10 de junio de 2022, y que han sido analizadas, en lo que se refiere a la imputación al Club del incumplimiento de la Fase I (la no construcción del hotel icónico), a los retrasos del Ayuntamiento de Valencia y a los efectos del Covid-19 en la Consideración Sexta del presente Dictamen.  
3ª. En su alegación Tercera, el Club reitera de nuevo «que los retrasos que hayan podido darse durante la ejecución de la ATE no son imputables al Club». Vuelve a señalar, como motivos del retraso en la ejecución de la ATE, que las «Administraciones públicas implicadas han permanecido inactivas», así como «las circunstancias derivadas del Covid-19».  
Tales alegaciones constituyen una reiteración de lo alegado anteriormente.  
Añade el Club que «la Administración nunca ha requerido al Club antes de acudir directamente a la resolución anticipada».  
En relación con esta alegación, como se recoge en la doctrina del Tribunal Supremo en relación con los contratos que tienen por objeto la ejecución de obras públicas (aplicable al presente caso), «el contrato de obras es típicamente un contrato de resultado. De ahí que tanto la Ley como el Reglamento, al desarrollar la ejecución de este contrato, hagan hincapié en los preceptos mencionados para resaltar la obligación del contratista de cumplir tanto los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva, como el general o final para su total realización. Item más, para la constitución en mora del contratista no se requiere interpelación o intimación previa por parte de la Administración; hasta tal punto que una racional presunción de incumplimiento del plazo final, deducido de la conducta del contratista en el desarrollo de la obra permite a la Administración optar por la resolución del contrato» (entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1986, 20 de marzo de 1989 y 12.03.1992).  
Asimismo, la Comisión Jurídica de Madrid recuerda, en su Dictamen 512/2019, de 28 de noviembre, que «(?) la constitución en mora del contratista no requiere intimación previa de la Administración y el incumplimiento de los plazos contractuales faculta a la Administración para imponer penalidades al contratista o para resolver el contrato?».  
4º. En la alegación Cuarta (pág. 7), el Valencia CF manifiesta que «A lo largo del procedimiento administrativo del presente expediente de resolución anticipada y caducidad de la ATE la Administración ha mantenido una posición claramente incongruente e incompresible».  
Indica que «la Administración estaba relacionando la posible declaración de resolución anticipada y declaración de caducidad a la presentación (o no) de una propuesta creíble y que estuviera garantizada financieramente» y que El Club ha acreditado que (i) ya tiene a su disposición, de forma progresiva, una cantidad de 61.127.354. - para que la destine a las obras de construcción del Nuevo Mestalla (que ya garantiza un 70 % del coste de las obras), (ii) el Club contará con financiación procedente de las ventas de inmuebles propiedad del Club y de determinados acuerdos comerciales con terceras empresas y (iii) de forma adicional, el Club tiene a su disposición financiación procedente de líneas de crédito de Caixabank y de Rights & Media Funding Limited, por un total de 76.881.197. ?. En consecuencia, resulta claro que el Club tiene a su disposición financiación más que suficiente para asegurar el cumplimiento de los hitos pendientes de la ATE».  
Dicha alegación, como se reconoce en el mismo escrito, ya fue realizada en el escrito de 10 de junio de 2022 y ha sido analizada por este Consell en la Consideración Sexta del Dictamen, entendiendo que la denominada «propuesta creíble» estaba referida al mantenimiento de las previsiones de Planeamiento (Plan ATE). A tales efectos, la citada «propuesta creíble» fue remitida al Instituto Valenciano de Finanzas y valorada por este en Informe de 29 de abril de 2022.  
5º. En la alegación Quinta, pese a su extensión, se limita a reiterar las mismas alegaciones en orden a la inexistencia de incumplimiento por parte del Valencia CF. Alude, como hizo en el escrito de 10 de junio de 2022, al principio de proporcionalidad y reitera que «la actuación más adecuada habría sido que la Administración hubiera accedido en su día a la prórroga y reorganización de las fases de la ATE que pidió el Club, pero en todo caso lo que está claro es que resulta absolutamente desproporcionado, a la vista de todas las actuaciones, los esfuerzos y las inversiones realizadas por el Club, que ahora se caduque la ATE».  
Pues bien, como se ha dicho en la Consideración Sexta del Dictamen, la propuesta de reorganización de las fases ya fue valorada, previa la emisión de los oportunos informes, encontrándose actualmente, como se ha dicho, pendiente de recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, y respecto de la que este Órgano consultivo se abstiene al encontrarse «sub iudice».  
Respecto al inicio del procedimiento de declaración de caducidad de la ATE como actuación «desproporcionada», se reitera que constituye una potestad de la Administración que ha sido articulada previa la emisión de los informes correspondientes.  
6º. En su alegación Sexta, el Valencia CF señala, como única alegación nueva, que «resulta extremadamente llamativo, además de irregular, que en este punto la Propuesta de Resolución ignore y contradiga de forma tan palmaria el Informe de la Abogacía General de 11 de agosto de 2021. Así, mientras ese Informe de la Abogacía es tomado por la Administración como sancta sanctorum en cuanto a la procedencia de la declaración de caducidad de la ATE -a pesar de que el informe está pre-dirigido por la propio Administración-, no se tiene en cuenta, y hasta se pretende actuar de manera contraria a lo que dice el mismo, en lo que afecta a las consecuencias de dicha eventual caducidad. De este modo, se olvida completamente la Administración de lo que el informe de la Abogacía General establece en la Consideración Jurídica Décima del informe?».  
En relación con esta alegación, dado que afecta a una parte del contenido de la propuesta de resolución excluida de la emisión de dictamen, se abstiene este Consell en efectuar una valoración de dicha alegación, más allá de limitarse a indicar que, a juicio de este Órgano consultivo, no se observa contradicción alguna entre la propuesta de resolución y el informe de la Abogacía de 11 de agosto de 2021.  
Dicha alegación corresponde valorarla a la autoridad consultante.  
Resta señalar que en fecha 27 de julio de 2022, el representante del Valencia CF presentó (fuera del plazo concedido al efecto) escrito, de 26 de julio de 2022, en el que señala que «el Club ha continuado realizando diversas actuaciones con el fin de sacar adelante el proyecto». Señala que «en el día de hoy, 26 de julio de 2022, y dentro del marco de las negociaciones que se están manteniendo para la ejecución de la ATE, el Club ha solicitado al Ayuntamiento de Valencia que, tras la presentación del modificado de proyecto básico del Nuevo Estadio, se mantenga la reunión con el Ayuntamiento de Valencia al objeto de poder clarificar los próximos pasos de cara a la obtención de las correspondientes licencia de construcción».  
El contenido de este escrito referido a actuaciones posteriores a la finalización de los plazos de ejecución y al inicio del procedimiento de caducidad de la ATE no altera el parecer de este Consell en lo que se refiere al incumplimiento de los plazos de ejecución de la FASE I y de la FASE II, subfase 1, en los términos asumidos en la ATE.  
  
Octava. Procedencia de la declaración de caducidad de la ATE.  
Como ha quedado expuesto a lo largo del presente Dictamen, la ATE cuenta con un plazo total de ejecución de 10 años, computados desde su entrada en vigor (30.05.2015). La fijación de un plazo total en 10 años suponía que la ATE debía estar finalizada, en todo caso, en 2025. Ahora bien, la previsión de dicho plazo total no excluye la configuración de los plazos señalados para las Fases I, II y III, como plazos parciales que necesariamente debe cumplir el promotor como obligación esencial. Así, en el apartado 4 de la Consideración técnico-jurídica séptima del Plan ATE se señala que «el promotor viene obligado al cumplimiento de los plazos señalados». En su Consideración duodécima prevé que «el incumplimiento por el promotor de las condiciones o de los plazos de ejecución estipulados en la presente Resolución y el Convenio determinará su sustitución, o la caducidad de la ATE?».  
Asimismo, la Cláusula V del Convenio de 2015, relativa a los compromisos del promotor respecto de los plazos para el desarrollo de la ATE, prescribe que «El incumplimiento por causa imputable al Promotor, de los plazos y, en su caso, de las prórrogas, comportará la imposición de las penalidades previstas en la legislación urbanística y de contratos de las administraciones públicas y, en su caso, la resolución de la ATE, con incautación de la garantía definitiva». Y en la Cláusula XII se tipifica, como causa de resolución de la ATE, el incumplimiento injustificado de los «plazos».  
A la vista de las anteriores redacciones, en las que se emplea el plural «plazos», se estima que el promotor no solo estaba vinculado por el plazo total de ejecución de la ATE (10 años), sino también por los plazos parciales de ejecución de cada una de las Fases I, II y III, configurados como plazos de carácter esencial vinculados a la «inmediatez» que caracteriza este tipo de actuaciones. La trascendencia de los plazos parciales en la ejecución de obras públicas queda asimismo patente al prever la normativa sobre contratación pública, como causa de resolución de los contratos administrativos, no solo el incumplimiento del plazo total, sino también de los plazos parciales (artículo 211.1, d de la LCSP/2017).  
Su relevancia se constata, además, en el Dictamen nº 1217/1993, de 14 de octubre, en el que el Consejo de Estado afirma que «la obligación de cumplir los plazos parciales en la ejecución de las obras, cuando éstos estuvieren previstos, no es de índole menor. En efecto, los plazos parciales tienen como función asegurar el ritmo adecuado de realización de la obra, dada la importancia que a dicho ritmo dan determinadas normas del Reglamento General de Contratación del Estado y que responden al interés que tienen las partes en que la obra se ejecute de forma armónica y ordenada. Para la Administración, el ritmo de la obra debe ser el óptimo de tal forma que permita obtener una rentabilidad adecuada para la inversión pública que se realiza. Esta conexión entre la financiación de la obra y su ritmo está consagrada como principio del contrato administrativo en los artículos 12 de la Ley de Contratos del Estado y 30 del Reglamento General de Contratación. En ese sentido, y con base en las disposiciones legales aplicables, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, Sentencia de 23.06.1978) ha declarado que «el contratista tiene el deber de asegurar el normal y regular cumplimiento de las prestaciones a su cargo», lo que se satisface con la ejecución de la obra conforme a los plazos parciales establecidos. Por ello, el incumplimiento de los plazos parciales, en cuanto evidencia una quiebra de la normal y regular ejecución de la prestación, se sanciona con la posible resolución del contrato».  
Con respecto al cumplimiento de los plazos del contrato también el Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de mayo de 2004 señaló que «son de carácter esencial o fijo para el contratista, sin que estén precisados de interpretación por la otra parte», y en cuanto a su vencimiento el Consejo de Estado, en su Dictamen 4533/1996, de 30 de enero de 1997, decía que «el simple vencimiento de los plazos sin que la prestación del contratista esté realizada implica «ipso iure» la calificación de incumplimiento, pues el contrato administrativo tiene como elemento característico ser un negocio a plazo fijo, en el que el tiempo constituye una condición esencial». De igual modo, como recuerda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de abril de 2016 (recurso 303/2015): «La realización de la obra en el plazo concedido es la principal obligación del contratista».  
En esta misma línea argumental, en el Informe de la Abogacía de la Generalitat de 11 de agosto de 2021, se afirma que «(?) no es necesario que transcurra la totalidad del plazo de ejecución de ejecución para activar las potestades para la declaración de caducidad y la resolución anticipada de la ATE?». Además, y en relación con la Fase I, señala que la calificación del plazo como improrrogable determina que el «plazo deba ser considerado, a todos los efectos, equivalerle al del plazo total, en la medida que su cumplimiento es insoslayable para el promotor, y por ende insubsanable su incumplimiento, pues no cabe la concesión de prórroga alguna». Se puntualiza, además, que «Los hitos temporales y los compromisos asumidos por el Valencia, CF, SAD están perfectamente definidos en todos los documentos incorporados al expediente administrativo, desde el día 13-2-2012, fecha en que se presenta formalmente por su representante legal escrito formulando «consulta previa sobre la viabilidad de la propuesta de proyecto cuya documentación justificativa acompañó en documentación anexa, a los efectos de su declaración por el Consell de la Generalitat Valenciana como Actuación Territorial Estratégica», hasta la adopción del acuerdo del Consell de fecha 29-6-2012 y la posterior resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de fecha 19-2-2015?».  
Por lo expuesto y a juicio de este Órgano consultivo, el incumplimiento de los plazos parciales constituye causa para la declaración de caducidad de la ATE, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 1/2012, en cuya virtud «El incumplimiento por el promotor de las condiciones y plazos de ejecución estipulados determinará su sustitución o la caducidad de la actuación territorial estratégica y la incautación de las garantías prestadas, previa audiencia del interesado».  
  
En el mismo sentido, el apartado Quinto del Acuerdo de 29 de junio de 2012 y las Cláusulas V y XII del Convenio de 29 de abril de 2015.  
A modo de conclusión, del análisis de las actuaciones realizadas y de los informes obrantes en el expediente se constata el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Valencia C.F., promotor de la ATE, tanto respecto de la Fase I como de la Fase II, subfase 1, en los plazos parciales previstos para ello; incumplimiento que afecta, asimismo, y razonablemente, al plazo de ejecución total de la ATE, por lo que procede la declaración de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica, de conformidad con lo establecido en el referido artículo 5.3 de la Ley 1/2012, de 10 de mayo.  
La declaración de caducidad de la ATE conlleva, como recoge la propuesta de resolución, la pérdida de la condición de promotor de la actuación del Valencia CF, otorgada por Resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 19 de febrero de 2015, y la caducidad del Convenio de 29 de abril de 2015.  
En relación a la incautación de la fianza a que se refiere el apartado séptimo de la propuesta de resolución, esta deberá ser acordada atendiendo al principio de proporcionalidad y a las actuaciones llevadas a cabo por el Valencia CF en el marco de la ATE.  
En cualquier caso, el presente Dictamen se emite sin perjuicio del resultado del recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, contra la Resolución del Conseller de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se denegó la solicitud de reorganización de los plazos de la ATE.  
  
  
  
III  
Conclusión  
  
Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana es del parecer:  
Que procede la declaración de caducidad de la ATE (Actuación Territorial Estratégica «Valencia Dinamiza»), por incumplimiento de los compromisos asumidos por el Valencia CF en los plazos previstos para la Fase I y la fase II, subfase 1.  
  
V.H., no obstante, resolverá lo procedente.  
  
València, 27 de julio de 2022»  
  
  
València, 29 de julio de 2022  
  
La consellera secretaria,  
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