Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7922, del 22-11-2016 (2016/9149)

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2016, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Generalitat en materia de auxilio, colaboración y apoyo mutuo en aquellos procedimientos de investigación penal relacionados con el régimen económico-financiero del sector público de la Generalitat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7922

Fecha DOGV
:   22-11-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/9149


Fecha del documento
:   16-11-2016

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2016, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Generalitat en materia de auxilio, colaboración y apoyo mutuo en aquellos procedimientos de investigación penal relacionados con el régimen económico-financiero del sector público de la Generalitat. [2016/9149]  
El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Generalitat, a través de las consellerias de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y de Hacienda y Modelo Económico, han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 12 de julio de 2016, el convenio en materia de auxilio, colaboración y apoyo mutuo en aquellos procedimientos de investigación penal relacionados con el régimen económico-financiero del sector público de la Generalitat.  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, procede la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dicho convenio, que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 810/2016 y que figura como anexo de esta resolución.  
  
Valencia, 16 de noviembre de 2016.- El director general de Relaciones con Les Corts: Antonio Torres Salvador.  
  
  
Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Generalitat Valenciana en materia de auxilio, colaboración y apoyo mutuo en aquellos procedimientos de investigación penal relacionados con el régimen económico-financiero del sector público de la Generalitat  
  
Madrid, 12 de julio de 2016  
  
Reunidos  
De una parte, Carlos Lesmes Serrano, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, según el Acuerdo (núm. 2) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 y el Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre.  
De otra parte, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, nombrada por Real Decreto 2/2015, de 9 de enero, en representación del Ministerio Fiscal, órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, según recoge la Ley 24/2007, de 29 de octubre, por la que se modifica el artículo 2.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.  
De otra parte, Gabriela Bravo Sanestanislao, consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, en virtud del Decreto 8/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que nombra vicepresidenta, consellers, secretaria y portavoz del Consell, y autorizada para este acto por Acuerdo del Consell de fecha 17 de junio de 2016.  
De otra parte, Vicent Soler i Marco, conseller de Hacienda y Modelo Económico, en virtud del Decreto 8/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que nombra vicepresidenta, consellers, secretaria y portavoz del Consell, y autorizado para este acto por acuerdo del Consell de fecha 17 de junio de 2016.  
Las partes se reconocen recíprocamente, en la calidad con que cada uno interviene, con capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este acuerdo y, al efecto  
  
EXPONEN  
  
I  
  
La Constitución Española de 1978 confiere al Estado competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia; asigna el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes y establece que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo.  
El artículo 105 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, prescribe que el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo.  
  
II  
  
El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial.  
En el artículo 124 de la Constitución Española se establece que el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.  
El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.  
El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal.  
  
III  
  
La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, es el departamento del Consell al que corresponde, entre otras, ejercer las competencias en materia de justicia y función pública.  
Según el artículo 36.4.ª de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en relación a la Administración de justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Generalitat proveer de medios personales, materiales y económicos a la Administración de justicia. Además, según su artículo 49.1.36ª la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre Administración de justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de desarrollo del artículo 149.1.5.ª de la Constitución.  
La persona titular de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, es el órgano jerárquico superior del departamento, y ejerce todas las atribuciones conferidas por la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, así como cualquier otra que le otorgue el ordenamiento jurídico en el ámbito competencial asignado a la mencionada conselleria. Bajo la superior autoridad del Consell, asume la representación orgánica de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, ante toda clase de instituciones públicas y privadas.  
  
IV  
  
Por su parte, el artículo 92 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, atribuye a la Intervención General de la Generalitat las funciones de control interno de la gestión económica y financiera del sector público de la Generalitat, así como el control sobre las entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público de la Generalitat y de las financiadas con cargo a fondos comunitarios.  
Adscrita orgánicamente a la Conselleria con competencias en materia de hacienda, la Intervención General actúa con plena autonomía respecto al órgano o entidad cuya gestión sea objeto de control. A tal efecto, dicho personal goza de independencia funcional respecto de las personas titulares de los órganos cuya gestión controlan.  
Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desarrollo de sus funciones solo pueden utilizarse para los fines de control y, en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o de delito.  
El conseller de Hacienda y Modelo Económico es el órgano superior jerárquico del departamento y ejerce todas las atribuciones conferidas por la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, así como cualquier otra que le otorgue el ordenamiento jurídico en el ámbito competencial asignado a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Bajo la superior autoridad de Consell, asume la representación orgánica de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, ante toda clase de instituciones públicas y privadas.  
  
V  
  
El adecuado cumplimiento de las funciones constitucionalmente asignadas a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, pueden exigir de un apoyo objetivo para el que sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, en especial en aquellas parcelas más alejadas de la tradicional formación de jueces y fiscales, en pro de cuya realización el artículo 118 de la CE estableció el deber general de colaboración con la justicia y el 17 de la LOPJ el específico de las Administraciones Públicas.  
En los últimos años se ha venido produciendo un aumento en las necesidades de esta colaboración y apoyo a la Administración de justicia en temas relacionados con la actividad económico-financiera del sector público de la Generalitat, que por la razones expuestas pueden configurar a la Intervención General y al personal funcionario que presta sus servicios en la misma como los más idóneos para su desarrollo, permitiendo, al mismo tiempo, la práctica de estas actuaciones sin incremento de las costas procesales.  
  
VI  
  
En el ejercicio del control financiero de subvenciones, los juzgados y tribunales deberán facilitar a la Administración de la Generalitat, de oficio o a requerimiento de esta, cuantos datos con trascendencia en la aplicación del control de la gestión económico-financiera se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en su caso, el secreto de las diligencias sumariales.  
  
VII  
  
Hasta la fecha, el cumplimiento y desarrollo de estas crecientes actuaciones en materia de auxilio, colaboración y apoyo con la Administración se ha venido produciendo de manera espontánea, positiva, pero que por carecer de cauce y estructura adecuados ha originado algunas tensiones en el seno de la Intervención General de la Generalitat.  
La reciente colaboración de la Intervención General con la Administración de justicia ha supuesto la ampliación de la carga de trabajo de un determinado número de funcionarios, sin que estas nuevas e importantes responsabilidades, incluso frente a terceros, que les están siendo confiadas, estén suponiendo una mayor consideración o remuneración.  
El deber de colaboración con la Administración de justicia implica la realización de un análisis previo en el que se valore la disponibilidad de un personal adecuado y suficiente, ya que los funcionarios adscritos a la Intervención General también tienen la obligación de cumplir con las tareas encomendadas con el fin de ejercer las competencias que son propias del departamento al que pertenecen.  
  
VIII  
  
Conscientes las partes de la necesidad de regular la relación entre las administraciones implicadas y establecer un procedimiento para solicitud de auxilio, colaboración y apoyo a la Administración de justicia por parte la Intervención General de la Generalitat que haga compatibles los deberes de colaboración con la Administración de justicia y de cumplimiento de las funciones que legalmente tiene encomendadas, se suscribe el presente convenio de colaboración, de acuerdo con las siguientes,  
  
Cláusulas  
  
Primera. Objeto del convenio  
El presente convenio tiene por objeto regular las relaciones de auxilio, colaboración y apoyo mutuo entre las partes firmantes en aquellos procedimientos de investigación penal relacionados con el régimen económico-financiero del sector público de la Generalitat en el marco de las competencias y funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a su Intervención General.  
  
Segunda. Actuaciones de auxilio y colaboración  
Las actuaciones de auxilio y colaboración podrán consistir en:  
- La aportación de datos, antecedentes o informes que obren en poder de la Intervención General de la Generalitat por haber sido obtenidos o elaborados en el ejercicio de sus competencias y funciones.  
- La elaboración de informes técnicos relacionados con la actividad económico-financiera del sector público de la Generalitat.  
- El asesoramiento técnico en materia económico-financiera del sector público de la Generalitat.  
- La celebración de reuniones informativas, aclaratorias o de coordinación.  
- La transmisión de datos con trascendencia en la aplicación del control de la gestión económico-financiera del sector público de la Generalitat.  
  
Tercera. Petición de datos, antecedentes o informes preexistentes  
1. La aportación de datos, antecedentes o informes que obren en poder de la Intervención General de la Generalitat por haber sido obtenidos o elaborados en el ejercicio de sus competencias, se realizará mediante solicitud escrita del Ministerio Fiscal u órgano judicial dirigido a la Intervención General. En dicho escrito deberán quedar identificados el órgano peticionario, procedimiento y los concretos datos, antecedentes e informes requeridos.  
2. Tras comprobar que la petición se encuentra comprendida en el marco de las materias o funciones le son propias y que la información obra en poder de la Intervención General, esta recabará la documentación solicitada y la remitirá al Ministerio Fiscal u órgano judicial peticionario.  
  
Cuarta. Elaboración de informes técnicos  
1. Solicitud de colaboración:  
Las partes adoptarán las medidas que fueren procedentes a fin de que el Ministerio Fiscal u órgano judicial, en el marco de sus respectivas competencias, y con estricto respeto de las normas de procedimiento y de la legislación en materia de protección de datos, puedan solicitar la elaboración del informe mediante escrito dirigido a la Intervención General que, deberá identificar al menos:  
- El órgano peticionario del auxilio, colaboración o apoyo.  
- El procedimiento o diligencias para el cual se solicita.  
- El objeto del procedimiento o diligencias y su relación con las funciones y competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la Intervención General de la Generalitat.  
- La descripción precisa del trabajo encomendado y, en su caso, la documentación y resto de información a revisar y su extensión.  
2. Desarrollo de los trabajos:  
Las partes adoptarán las medidas que fueren oportunas para que todo suministro al equipo de trabajo de datos e informaciones que hayan de servir de base al informe, pueda ser solicitado, y se lleve a cabo por el Ministerio Fiscal, Juzgado o Tribunal que esté conociendo del asunto, incluida la que ya obre en poder de la Intervención General cuando concurran los motivos que lo justifiquen y para que toda la información adicional que precise el grupo de trabajo se realice, igualmente, a través de a través de dichos órganos.  
3. Finalización:  
El resultado de los trabajos se plasmará en un informe, que se remitirá directamente al órgano solicitante, dando cuenta de su remisión al interventor general.  
  
Quinta. Reuniones informativas, aclaratorias o de coordinación  
A instancia del Ministerio Fiscal, del órgano judicial y de la Intervención General se celebrarán las reuniones necesarias para informar, aclarar o coordinar sobre la colaboración amparada en este convenio.  
  
Sexta. Comunicación de datos con trascendencia en la aplicación del control realizado por la Intervención General de la Generalitat  
Las partes adoptarán las medidas precisas para que los juzgados y tribunales y el Ministerio Fiscal u órgano judicial faciliten a la Intervención General de la Generalitat, a requerimiento de esta, cuantos datos con trascendencia en la aplicación del control de la gestión económico-financiera de subvenciones del sector público de la Generalitat se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en todo caso, el secreto de las diligencias sumariales, y siempre con estricta observancia de las normas sobre procedimiento y protección de datos de carácter personal.  
El Consell de la Generalitat se compromete a garantizar la total confidencialidad de los datos personales y familiares a los que tenga acceso como consecuencia de las actividades realizadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  
Asimismo, se compromete a observar lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que se refiere al acceso limitado a los propios interesados en relación con los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas.  
  
Séptima. Facultades y prerrogativas del personal de la Intervención General  
En el desarrollo de las funciones objeto del presente convenio, el personal de la Intervención General gozará de idénticas facultades, prerrogativas y derechos que establece la normativa para el ejercicio de sus funciones de control interno y aquellas otras que le correspondan por su actuación en calidad de colaboradores de la Administración de justicia.  
  
  
Octava. Confidencialidad  
Todo el personal que intervenga en las actuaciones de colaboración quedará obligado al más estricto y completo sigilo respecto de los datos, informes o antecedentes que conozca en el ejercicio de sus funciones, respetando en todo caso el secreto de las actuaciones procesales.  
  
Novena. Formación del personal de la Intervención General  
La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas incluirá en la programación anual de formación del personal al servicio de la Administración de la Generalitat, la impartición de cursos especializados de formación y perfeccionamiento del personal de la Intervención General de la Generalitat en materias relacionadas con las actuaciones del convenio.  
El programa de los cursos deberá ser aprobado de común acuerdo entre la Intervención General, la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.  
  
Diez. Desarrollo del presente convenio en el ámbito de las respectivas competencias  
Las partes se comprometen a desarrollar coordinadamente, en el ámbito de sus respectivas competencias, las actuaciones y medidas necesarias para el eficaz cumplimento del objeto de este convenio.  
  
Once. Comisión mixta  
1. Se crea un órgano mixto de seguimiento y control de las actuaciones acordadas con la siguiente composición:  
- El presidente del Consejo General del Poder Judicial o persona en quien delegue  
- El Fiscal General del Estado o persona en quien delegue  
- El titular de la conselleria competente en materia de hacienda o persona en quien delegue  
- La titular de la conselleria competente en materia de justicia  
- El interventor general o persona en quien delegue  
2. La Comisión Mixta tendrá las siguientes atribuciones:  
- Supervisar la ejecución del convenio, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actividades convenidas, incluyendo al efecto la solución, en primera instancia, de las controversias de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los Convenios suscritos.  
- Informar a las partes de las incidencias que se puedan presentar durante la ejecución del convenio, así como, en su caso, proponer las correspondientes actualizaciones o modificaciones.  
3. La Comisión Mixta se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, siempre que los temas a tratar o las circunstancias lo aconsejen, y, al menos una vez al año.  
Deberá remitirse copia de las actas y acuerdos, en su caso, emitidos en el seno de la comisión a todas las partes firmantes del mismo.  
  
Doce. Financiación  
La aplicación y ejecución de este convenio, incluyéndose al efecto todos los actos jurídicos que pudieran dictarse en su ejecución y desarrollo, no podrá suponer obligaciones económicas para ninguna de las partes, en todo caso, deberá ser atendida con sus medios personales y materiales.  
  
Trece. Vigencia  
La vigencia del presente convenio será de un año desde su firma, y podrá prorrogarse anualmente por acuerdo expreso y por escrito de las partes, manifestado al menos con dos meses antes del fin de su vigencia o de la vigencia de cualquiera de sus prórrogas  
  
Catorce. Otras causas de extinción  
Además de la extinción del presente convenio por la conclusión de su plazo de vigencia sin ser prorrogado, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en los términos en él establecidos, facultará a cualquiera de las partes a la resolución del mismo, oída la Comisión Mixta.  
  
Quince. Naturaleza jurídica y cuestiones litigiosas  
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, conforme a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
Y en prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del presente documento.  
  
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial: Carlos Lesmes Serrano.  
La fiscal general del Estado: Consuelo Madrigal Martínez-Pereda.  
La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas: Gabriela Bravo Sanestanislao.  
El conseller de Hacienda y Modelo Económico: Vicent Soler i Marco.