Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6577, del 01-08-2011 (2011/8294)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia. Expediente número V-489/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6577

Fecha DOGV
:   01-08-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/8294


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia. Expediente número V-489/2010.  
  
 [2011/8294]  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Aragó Sendra, SL, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: Ramón Escrig Moreno. Vocales: Anna Caballero Costa. Carlos Virosque Verdú, que excusa su asistencia. Secretaria-vocal: Amparo Peris Catalá. Partes: Reclamante: Ginamar, SL, representada por Rafael Gimeno Nácher. Reclamado: Aragó Sendra, SL, que no comparece al acto de vista estando citado a través del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
En Valencia, 18 de julio de 2011 y siendo las 17.00 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente V-489/2010, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes. Incomparecencia del demandado. Citación a través del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.   
Se da cuenta de que ante la imposibilidad de citación y notificación a vista a la demandada, tras los reiterados intentos realizados a través del Servicio de Correos, se ha procedido a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (por ser el último domicilio conocido) número 6543 de fecha 15 de junio de 2011.  
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes  
  
Antecedentes de hecho  
1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda manifiesta que como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada, tres transportes internacionales para cuya prueba se adjuntan órdenes de carga y CMRs. Los transportes transcurrieron según los siguientes itinerarios: desde Llocnou de Sant Jeroni (Valencia) hasta La Garde (Francia), desde Lèon (Francia) hasta Pego (Alicante) y desde Brassac (Francia) hasta Pego (Alicante), respectivamente.  
Concluidos los mismos se extendieron las facturas siguientes: la número 1251/09 de fecha 27 de octubre de 2009 por importe de 1.044,00 €, la número 1467/09 de fecha 16 de diciembre de 2009 por importe de 696,00 € i la número 1478/09 de fecha 18 de diciembre de 2009 por importe de 696,00 €. La suma de las tres facturas asciende a 2.436,00 €.  
2. Para el pago de las facturas relacionadas se extendieron tres pagarés, los cuales no fueron atendidos a sus respectivos vencimientos, generando unos gastos bancarios de 85,26 euros.  
3. Realizadas diversas gestiones de cobro sin conseguirlo es por lo que se interpone la presente demanda, solicitando que una vez que sea reconocido su derecho se condene a la reclamada al pago de la cantidad total de 2.521,26 euros.  
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos  
1. La competencia territorial de la junta, de la que nada se alega, viene determinada en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/90).   
2. La sumisión viene determinada de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: «se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado». No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido preceptuado.   
3. Por tratarse de transporte internacional la normativa aplicable es el Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974 núm. 109). Contrato de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5 de julio de 1978 al que se adhirió España por Instrumento de 23 de septiembre de 1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE de 18 de diciembre de 1982 núm. 203, que establece para cuestiones de competencia lo regulado en el artículo 31.1.a. No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas de los estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación el Código de Comercio, LOTT y su Reglamento y demás normas de general aplicación.  
4. Es determinante la circunstancia de que ambas partes litigantes son empresas nacionales y con residencia mercantil en España, habiendo por lo tanto perfeccionado el contrato de transportes bajo la legislación nacional que invocamos. No hay motivo fundado en derecho que mantenga que la actuación de las juntas arbitrales de transportes deban circunscribirse solamente a las controversias nacidas como consecuencia del transporte de carácter interno. En este sentido no hay mas que considerar de aplicación lo establecido en el artículo 33 del CMR que dice «El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un tribunal arbitral, a condición de que esta cláusula prevea que dicho tribunal arbitral aplicará el presente convenio».   
Abundando en esta línea, el artículo 31 del CMR hace una remisión a la jurisdicción de los estados para la resolución de los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado en él, lo que en este caso hace plenamente aplicable el sometimiento a la Junta Arbitral de Transportes de Valencia que expresamente se consigna en las respectivas órdenes de carga.  
Considerando que por todo lo expuesto puede ser determinada la competencia territorial y la sumisión al arbitraje con las disposiciones legislativas que señala el ordenamiento español, por lo que en todo caso esta Junta Arbitral de Valencia se declara competente para resolver esta controversia.  
5. Dada la ausencia del vocal representante de las empresas cargadoras, que excusó su asistencia, el presente laudo se dicta de conformidad con la previsión contenida en el apartado 7 del artículo 9 del ya mencionado Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que literalmente dispone que «la inasistencia de cualquiera de los miembros de la Junta, con excepción del presidente, no impedirá que se dicte el laudo».  
6. De las manifestaciones realizadas en vista se deduce que, efectivamente, los portes que son reclamados en esta demanda y cuya factura consta adjunta a la misma fueron realizados, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
  
Estimar la demanda interpuesta por Ginamar, SL, representada por Rafael Gimeno Nácher contra Aragó Sendra, SL, ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece, que habiéndose realizado los transportes reclamados dentro de las condiciones contractuales convenidas ha de ser abonado su importe.   
Por todo ello Aragó Sendra, SL, deberá abonar a Ginamar, SL, la cantidad de dos mil quinientos veintiún euros con veintiséis céntimos (2.521,26 €).  
Transcurridos 20 días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los 10 días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta junta arbitral su corrección, aclaración, complemento o rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.»  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 19 de julio de 2011.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia: Ramón Escrig Moreno.