Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4363, del 23-10-2002 (2002/11843)

Información pública de la aprobación definitiva de las bases por las que se ha de regir el programa para el desarrollo del sector Port.Marenyet.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4363

Fecha DOGV
:   23-10-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2002/11183


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Cullera

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la aprobación definitiva de las bases por las que se ha de regir el programa para el desarrollo del sector Port'Marenyet. [2002/X11089]
  
Se hace público, para general conocimiento, que por Acuerdo Plenario de fecha 24.09.2002, y al amparo de lo establecido en artículo 45 LRAU, se aprobaron definitivamente las bases por las que se ha de regir la selección de urbanizador del PDAI para el desarrollo del Sector Port'Marenyet (margen derecha desembocadura del Río Júcar). Dichas bases son como a continuación se transcriben:
  
1.º Se considerará condición necesaria y obligatoria para poder optar a la adjudicación del Programa de Actuación Integrada, además del cumplimiento de los criterios establecidos en la LRAU, que el aspirante a urbanizador incorpore en la memoria del programa y posteriormente regule en su proposición jurídico económica el compromiso de garantizar el derecho al realojamiento de los propietarios de todos los inmuebles de uso residencial existentes dentro del ámbito del sector que resulten incompatibles con la ordenación propuesta, sean o no residencia habitual de su propietario, en parcelas unifamiliares incluidas en el sector. Asimismo, y siempre que dichas viviendas constituyan la residencia habitual de sus propietarios o inquilinos, el urbanizador deberá asumir a su cargo el costo de dicho realojo durante el periodo existente entre la demolición de las viviendas originales y el otorgamiento de la licencia de ocupación de las viviendas que se adjudiquen en el proyecto de reparcelación.
  
2.º El urbanizador deberá asumir necesariamente el compromiso de ofrecer a los propietarios incluidos en el supuesto anterior la opción de:
  
a) Escoger entre la indemnización que les corresponde por la demolición, en su caso, de las referidas viviendas incompatibles con la ordenación aprobada; o,
  
b) La construcción, a cuenta del valor de la vivienda aportada, de una vivienda nueva cuando menos de características y calidades análogas a la anterior y situada en la zona de viviendas unifamiliares aisladas, al precio fijado por unidad de obra en las valoraciones de las viviendas preexistentes incluidas en el proyecto de reparcelación que vayan a resultar incompatibles con la ordenación aprobada, asumiendo únicamente el propietario la diferencia a su favor de superficie construida si la hubiera.
  
3º. En el caso que existan propietarios que no se acojan o no acepten cambios de obra y se les asigne parcelas edificables para vivienda unifamiliar, el plazo para el realojo empezará desde la demolición de su vivienda y el propietario afectado quedará obligado a solicitar licencia de edificación una vez se puedan obtener éstas, y dispondrá de un plazo adicional de 12 meses para su ejecución, sin perjuicio de aplazar dicho periodo de realojo hasta el tiempo necesario que se precise para obtener licencia de primera ocupación de su vivienda si las obras de urbanización no han sido terminadas y recibidas provisionalmente por el Ayuntamiento.
  
4º. Respecto del derecho al realojo de viviendas de primera residencia, únicamente tendrá efectos cuando éstos propietarios hayan utilizado esta vivienda como primera residencia con anterioridad a la fecha de este acuerdo y así lo justifiquen durante la tramitación del PDAI.
  
5º. Que el derecho al realojo se hace extensivo también respecto aquellas actividades que se estén realizando en la zona y cuyos usos sean compatibles con los usos terciarios previstos también en el Sector.
  
Contra este acuerdo se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 8,10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
No obstante, podrá interponerse recurso de reposición potestativo dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la publicación, entendiéndose desestimado el recurso y expedita la vía Contencioso Administrativa si en el transcurso de un mes no se hubiera resuelto el recurso, conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 4/99, de 13 de enero.