Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2555, del 20-07-1995 (1995/835529)

ORDEN de 11 de mayo de 1995, de la Conselleria de Educación y Ciencia por la qual se desestima la solicitud de autorización definitiva para la apertura y funcionamiento del Centro Juan XXIII de Alicante.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/1995/05/11/(4)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   2555

Fecha DOGV
:   20-07-1995

Sección del DOGV
:   DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   1995/835529


Fecha del documento
:   11-05-1995

Organismo emisor
:   Conselleria de Educación y Ciencia

Tipo de documento
:   Orden

ORDEN de 11 de mayo de 1995, de la Conselleria de Educación y Ciencia por la qual se desestima la solicitud de autorización definitiva para la apertura y funcionamiento del Centro Juan XXIII de Alicante.   
El expediente lo ha iniciado la sociedad Colegio Juan XXIII, SL, en el que solicita la autorización definitiva, concierto para los niveles obligatorios, y puesta en funcionamiento de un centro de enseÑanza con la siguiente composición: 3 unidades de E. Infantil, 5 unidades de Educación Primaria, 6 unidades de EGB y 3 unidades de BUP.  
Las instalaciones propuestas por el solicitante, así como la plantilla de profesorado han estado afectas a la autorización de funcionamiento de un centro de idénticas características otorgada a Profesores Reunidos de EnseÑanza, SL, con la denominación Juan XXIII, y número de código 65734425.  
La Dirección General de Centros Docentes ha abierto de oficio un expediente de revocación de la autorización al titular de este centro, ya que ha perdido la posibilidad de uso de las instalaciones que sirvieron de base para aquella autorización, mediante un auto del Juzgado de lo Social número 2, de Alicante, de 14 de julio de 1994, que adjudicó el inmueble afectado a la autorización de enseÑanzas a la Inmobiliaria Plaza La ViÑa, SL, y ésta ha tomado posesión, ante el mismo juzgado, el 17 de noviembre de 1994.  
En el expediente de autorización, y mediante contrato de arrendamiento suscrito el mes de octubre de 1994, entre Inmobiliaria Plaza La ViÑa, SL y la entidad Colegio Juan XXIII, SL, ésta última tiene por acreditada la posibilidad del uso de los locales destinados a las enseÑanzas arriba citadas.  
Los días 21, 22 y 23 de noviembre y 6 de diciembre de 1994, la entidad Colegio Juan XXIII, SL ha suscrito contratos de trabajo con los profesores del centro Juan XXIII, al objeto de que siguieran impartiendo las enseÑanzas en las mismas condiciones anteriores a que se dieran las circunstancias que abocan a la pérdida de la autorización a Profesores Reunidos de EnseÑanza, SL  
Considerando que de acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, la mercantil Juan XXIII, SL, dispone de instalaciones y de profesorado, requisitos ambos que están previstos en el artículo 14.2 de la LODE, como requisitos mínimos, a pesar de que las instalaciones no cumplen las normas que desarrollan el citado artículo de la LODE.  
Considerando que de acuerdo con lo que establece el apartado 6 del artículo 27 de la Constitución espaÑola, se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales, lo que implica que la autorización de apertura y funcionamiento de un centro es un derecho reconocido a la persona y no al resto de requisitos necesarios para obtenerla y mantenerla.  
Considerando que no se ha dado el supuesto de traspaso de los derechos de titularidad del centro que hubiera permitido la modificación para que la sociedad Colegio Juan XXIII, SL, continuase las actividades docentes del centro, subrogándose en todos los derechos y obligaciones del hasta ahora titular registral.  
Resultando como consecuencia, que el nuevo titular ha de seguir los trámites legales para conseguir la autorización de apertura y funcionamiento del centro, adaptándolo a los requisitos establecidos en la nueva ordenación educativa ahora vigentes.  
Resultando que la entidad que tiene el derecho de uso del inmueble donde se presta el servicio educativo ha manifestado, mediante documento público, su disposición a aceptar los derechos y obligaciones que podían corresponder al anterior titular ante la administración educativa.  
Considerando que razones imperiosas de escolarización del alumnado de todos los niveles matriculado en el centro aconsejan mantener las actividades docentes sin interrupción, durante el período necesario para que, revocada la autorización a Profesores Reunidos de EnseÑanza, SL, la entidad solicitante pueda obtener la autorización instada.  
Considerando que cualquier nueva autorización -como sería el caso de ésta- ha de tramitarse de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 332/1992, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseÑanzas de régimen general no universitarias y el Real Decreto 1.004/1991, de 14 de junio, por el cual se establecen los requisitos mínimos para impartir enseÑanzas de régimen general no universitarias, lo que significa, analizados los documentos aportados por la nueva titularidad, la necesidad de hacer obras de adaptación que no pueden llevarse a cabo en el período que va desde la adopción de la resolución que procediera hasta la finalización del presente curso escolar.  
Considerando que los efectos económicos del concierto educativo sólo se pueden generalizar, en su caso, a partir del 1 de enero de 1995, ya que la solicitud de pago delegado no ha podido cursarse hasta tener contratada a la totalidad del profesorado.  
Considerando que no ha variado la plantilla de profesores del centro ni las condiciones económicas o de trabajo de éstos.  
Vistos los informes obrantes en el expediente.  
Vista la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, el Real Decreto 332/1991, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseÑanzas de régimen general no universitarias.  
Haciendo uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35 de la Ley de Gobierno valenciano  
DISPONGO  
Primero  
Desestimar a la mercantil Colegio Juan XXIII, SL, la solicitud de autorización definitiva para la apertura y funcionamiento de un centro docente de educación infantil, primaria y de Bachillerato Unificado Polivalente, por no reunir el centro los requisitos mínimos vigentes para las enseÑanzas de Educación Infantil (segundo ciclo), Primaria y Bachillerato.  
DISPOSICIóN TRANSITORIA PRIMERA  
No obstante, por razones de protección a los alumnos matriculados en todos los niveles que se vienen impartiendo ininterrumpidamente en el centro Juan XXIII, se autoriza provisionalmente la continuidad en el funcionamiento del centro por cuenta de la entidad Colegio Juan XXIII, SL hasta la finalización del curso 1995/1996.  
DISPOSICIóN TRANSITORIA SEGUNDA  
Igualmente, se aprueba el mantenimiento del régimen de conciertos para el centro, mediante la suscripción de nuevo documento de concierto con la entidad Colegio Juan XXIII, SL, y cuya vigencia alcanzará desde el 1 de enero de 1995 hasta el 31 de agosto de 1996.  
A tal efecto, el director territorial de Alicante notificará a la persona interesada el día y la hora en el que deba suscribir el documento administrativo de formalización del concierto educativo, y se entenderá decaído en su derecho en el caso de que, sin causa justificada, no procediera a hacerlo en la fecha establecida.  
DISPOSICIóN ADICIONAL  
La presente autorización dará lugar a la correspondiente inscripción en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad Valenciana.  
Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación de esta Orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La interposición del recurso procederá previa la comunicación al conseller de Educación y Ciencia, según dispone el artículo 110.3 de la Ley 30/1992.  
Valencia, 11 de mayo de 1995  
El conseller de Educación y Ciencia,  
JOAN ROMERO I GONZáLEZ


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