Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7642, del 23-10-2015 (2015/8252)

Información pública de la modificación puntual del plan general de ordenación urbana. Ampliación de la UA C (ejecución de la Sentencia núm. 806/2008 del TSJCV).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7642

Fecha DOGV
:   23-10-2015

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2015/8252


Fecha del documento
:   29-09-2015

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Catral

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Catral
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de la modificación puntual del plan general de ordenación urbana. Ampliación de la UA C (ejecución de la Sentencia núm. 806/2008 del TSJCV). [2015/8252]  
El Pleno de la corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2015, acordó, ente otros, el sometimiento a información pública de la modificación puntual del plan general de ordenación urbano de Catral. Ampliación de la UA C (ejecución de la Sentencia 806/2008 del TSJCV).  
  
«5. Propuesta de acuerdo relativo al sometimiento a información pública de la modificación puntual del plan general de ordenación urbana de Catral. Ampliación de la UA C (ejecución de Sentencia 806/2008 TSJCV). Visto que el Pleno de la corporación municipal, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2013, adoptó, entre otros acuerdos, proceder a la ejecución de la Sentencia número 806/2008 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que expresamente establece:  
??a) Reconocer a los propietarios Consuelo Rodríguez Mompeán, Pilar Ñíguez Rodríguez y Pedro Ñíguez Rodríguez la inclusión dentro de la unidad de ejecución C del PGOU la totalidad de 6.226 metros de la finca registral número 430, y la finca registral colindante número 1050, por estar incluida en dicha unidad de ejecución, con la consiguiente revisión de la cuenta de liquidación provisional y/o definitiva.  
b) Proceder a la modificación puntual del plan general a fin de realizar la reclasificación de la superficie objeto de la sentencia, clasificada en el vigente plan general como suelo no urbanizable común, para su reclasificación como suelo urbanizable residencial, estableciendo los parámetros básicos de dicha modificación.``  
Visto el documento de modificación puntual del plan general de ordenación urbana de Catral. Ampliación de la UA-C (ejecución de Sentencia 806/2008 TSJCV), redactado y rubricado por el arquitecto municipal Luís Rocamora Ros, según obra en el expediente administrativo tiene por objeto: recoger lo expresado en la referida Sentencia 806/2008 de conformidad con el Auto de fecha 5 de mayo de 2011 del mismo tribunal, que homologa el Acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Catral de fecha 8 de abril de 2011 en relación al mutuo acuerdo alcanzado con los propietarios de las fincas afectadas para dar cumplimiento a lo establecido en la referida sentencia.  
Vistas las determinaciones expuestas en el referido proyecto de modificación puntual del plan general en su epígrafe 2 en relación a la legislación aplicable y el procedimiento a seguir dice: Los terrenos actualmente carecen de las condiciones necesarias para poder ser clasificados como urbanos tal y como requiere el artículo 28.3 de la LOTUP, por lo que, en virtud del artículo 28.4 de la citada norma deben ser clasificados como suelo urbanizable y sometidos a programación para su correcta incorporación al proceso de urbanización.  
La LOTUP en su artículo 63.1 regula la modificación de los planes señalando que estos se modificarán por el procedimiento previsto para su aprobación, destacando la necesidad de justificar su oportunidad y conveniencia con relación a los intereses públicos. En el presente supuesto la referida justificación deriva de las propias resoluciones judiciales que se ejecutan debiendo someter la modificación del plan al procedimiento legalmente establecido, con las prescripciones señaladas por el artículo 103. 3 de la Ley 29/1998.  
Conforme dispone el artículo 21.1 de la LOTUP, la clasificación del suelo (f), la delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado (h) y el establecimiento de las condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores de planeamiento urbanístico (i), forman parte de la ordenación estructural. Consecuentemente, según lo previsto en el artículo 44.2.c de la LOTUP será competencia de la conselleria competente en urbanismo la aprobación definitiva de la modificación propuesta, en tanto la misma se refiere a las determinaciones de la ordenación estructural del territorio.  
En este sentido, resultando imperativas las determinaciones urbanísticas de la modificación, de conformidad con el artículo 57 de la LOTUP, en concordancia con el citado artículo 103.3 de la LJCA, se debe tramitar el plan sin sujeción ordinaria al procedimiento de evaluación ambiental y estratégica.  
La remisión al trámite del artículo 57 de la LOTUP debe entenderse en un sentido estrictamente formal y no sustantivo, toda vez que la clasificación y calificación de los suelos viene impuesto por sendas resoluciones judiciales firmes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En este sentido el artículo 103 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa establece en su número 2 que: «Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que estas se consignen.»  
En el presente supuesto resulta pues obligatoria la clasificación por la Administración de las fincas registrales número 430 y 1050 en la unidad de ejecución C ?suelo urbano sometido a actuación integrada, procediendo a clasificarlas como suelos urbanizables y programándolas para su incorporación al proceso urbanizador.  
Y en el mismo sentido el número 3 del citado artículo 103 de la LRJCA establece que: «Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales de lo contencioso-administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto.»  
Por consiguiente, tal obligación de calificar los terrenos como suelo urbanizable vincula, no solo a las administraciones demandadas en el proceso, sino a cualquier otra administración sectorial o personas públicas o privadas interesadas.  
Consecuentemente es a la luz de dicha vinculación sobre la que debe procederse a interpretar debidamente los requisitos formales necesarios para aprobar la modificación puntual del plan general que dé exacto cumplimiento al fallo judicial, puesto que conforme a dicha sentencia los suelos siempre debieron tener tal consideración en el mismo.  
Partiendo de dicha base el artículo 57 de la LOTUP establece que: «1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de esta ley, se seguirán los siguientes trámites:  
a) Información pública durante un periodo mínimo de 45 días, asegurando, cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. El plazo mínimo será de 20 días cuando se trate de estudios de detalle.  
b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos afectados, con petición de los informes exigibles conforme a la legislación sectorial, así como a las entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que pudieran resultar afectadas. La falta de emisión de dichos informes en el plazo de un mes permitirá proseguir la tramitación de las actuaciones. La conselleria competente para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, a través de la dirección general correspondiente, ejercerá las funciones de coordinación necesarias en relación con la obtención de los informes correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la Generalitat en esta fase del procedimiento.  
c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios sustanciales en la propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante resolución del alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 20 días, acompañados de los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. La publicación y notificación a los interesados se harán conforme al artículo 53 de esta ley. Durante ese periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente informados. En este caso de introducción de cambios sustanciales en la propuesta de un plan o programa que hubiera sido objeto de un procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ausencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y territorial un informe que determine si las modificaciones que se pretende introducir no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio o si requieren la tramitación del procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ser previsible que se produzcan efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio.  
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por el Pleno del ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se modifique la ordenación estructural, la aprobación definitiva corresponderá a la conselleria competente en urbanismo. Los planes que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes previstas requerirán dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.  
Visto que el acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. Cuando la aprobación definitiva sea municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del plan a la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.»  
Dos son pues esencialmente los requisitos de tramitación exigidos por dicho artículo para el órgano competente que promueva la redacción de la modificación del plan, hasta su aprobación provisional: la información pública y la remisión para informes y dictámenes de diferentes administraciones sectoriales, ayuntamientos colindantes y empresas suministradoras.  
Ahora bien, como indica el propio artículo 57.1 en su apartado d, la finalidad de tales trámites no es otra que resolver en su aprobación provisional con introducción de las rectificaciones que se estimen oportunas a la luz de los mismos.  
Sin embargo, como se ha advertido anteriormente el contenido de la modificación es obligatorio y sin margen de discrecionalidad tanto para las administraciones que han de promoverlo y aprobarlo provisional y definitivamente, como para el resto de administraciones y personas públicas o privadas, por lo que no cabe introducir modificaciones derivadas de informes o alegaciones vertidas en tales trámites que pudieran desvirtuar o desnaturalizar la sentencia judicial cuyo cumplimiento se pretende.  
En consecuencia, en puridad, el único trámite necesario sería el de la notificación a los interesados, para que, en su caso, puedan promover el incidente previsto en el artículo 109 de la LRJCA, relativo a si dicha aprobación contraria o no el contenido del fallo.  
No obstante, en el presente supuesto entendemos que, por mayor seguridad jurídica y para pleno conocimiento de la modificación por cualquier interesado, fuera o no parte en los pleitos instados, se entiende conveniente el sometimiento a información pública, si bien como se ha advertido anteriormente el alcance de tal trámite ha de ser necesariamente limitado, ya que sustantivamente no cabe admitir más alegaciones que las relativas a la contravención o no del fallo judicial ejecutado, caso contrario lo que procedería sería una inejecución total o parcial de la sentencia en cuestión.  
Y en cuanto a la emisión de informes, respecto de las administraciones sectoriales, estos mismos se excepcionan igualmente en el caso de la existencia de previos acuerdos interadministrativos. En el presente supuesto tal excepción cobra mayor relevancia toda vez que tampoco cabe alterar el contenido de la aprobación, lo que viene a equivaler a tal excepción, no tanto por acuerdo previo con dichas administraciones, como porque la Administración de Justicia ya se ha pronunciado, imponiendo de forma clara y precisa el sentido de la modificación.  
Por consiguiente, entendemos que los trámites a seguir tras la redacción de la modificación puntual han de ser los de audiencia a los interesados y simultánea información pública por plazo de 45 días anunciada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, advirtiendo en ambos supuestos que no se admitirán otras alegaciones que las referidas a la adecuación de la modificación al contenido del fallo judicial.  
En consecuencia, si del trámite de información pública alguna administración, organismo o empresa suministradora pretendiere modificar las determinaciones derivadas de las resoluciones judiciales, y la modificación no llegara a aprobarse, con incumplimiento de lo recogido en los pronunciamientos judiciales, podrían desencadenarse responsabilidades patrimoniales que no serían asumidas por el Ayuntamiento de Catral.»  
[.../...]  
Vistos cuantos antecedentes obran en el presente expediente, y previo dictamen favorable de la Comisión General de Asuntos Generales de fecha 21 de septiembre de 2015, el Pleno de la corporación por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:  
  
Primero. Someter a información pública durante un período de 45 días el documento de modificación puntual del plan general de ordenación urbana de Catral. Ampliación de la UA-C (ejecución de Sentencia 806/2008 TSJCV), mediante anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, para que puedan presentarse sugerencias y alternativas, advirtiendo en ambos supuestos que no se admitirán otras alegaciones que las referidas a la adecuación de la modificación al contenido del fallo judicial.  
  
Segundo. Notificar el presente acuerdo a los interesados, así como a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  
  
Catral, 29 de septiembre de 2015.- El alcalde presidente: Pedro Zaplana García.