Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5088, del 08-09-2005 (2005/9969)

ORDEN de 29 de julio de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y convocan subvenciones destinadas a la implantación de un Plan Integral de Empleo para la búsqueda activa de empleo a los desempleados inscritos en los Centros SERVEF de Empleo perceptores de ayudas al desempleo (MOTIVA'T).
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Número DOGV
:   5088

Fecha DOGV
:   08-09-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/9969


Fecha del documento
:   29-07-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * administración local
    * ayuda al empleo
    * ayuda pública
    * inserción profesional
    * creación de empleo
    * apoyo económico
    * universidad
    * cámara de comercio e industria
    * parado
    * sociedad sin fines de lucro

ORDEN de 29 de julio de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y convocan subvenciones destinadas a la implantación de un Plan Integral de Empleo para la búsqueda activa de empleo a los desempleados inscritos en los Centros SERVEF de Empleo perceptores de ayudas al desempleo (MOTIVA'T). [2005/X9969]
  
Con el fin de continuar trabajando el aspecto cualitativo del desempleo en la Comunidad Valenciana y, en la línea de otros programas puestos en marcha desde el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), este programa de ayudas pretende ofrecer a los desempleados inscritos en los Centros SERVEF de Empleo de la Comunidad Valenciana, perceptores de prestaciones y subsidios, especialmente en el de trabajadores desempleados incorporados al programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, una vía de inserción laboral a través de la participación en itinerarios profesionales realizados por entidades con experiencia en la materia.
  
Esta convocatoria, por tanto, está dirigida a apoyar económicamente a las entidades, previamente seleccionadas por el SERVEF, que se hagan responsables de un grupo de desempleados al objeto de conseguir su inserción a través de un proceso íntegro de itinerario profesional, desarrollando estrategias y planificando actuaciones para la inserción de cada trabajador en desempleo perteneciente al colectivo indicado en el párrafo anterior.
  
La regulación del programa se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en la Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de empleo, modificada por la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional ocupacional.
  
En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y el Decreto 112/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
  
ORDENO
  
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
  
1. El objeto de la presente orden es establecer un programa de ayudas económicas destinadas a favorecer la generación del empleo en la Comunidad Valenciana, a través de un plan integral de empleo que combine acciones de diferente naturaleza tales como: información, orientación y asesoramiento; formación; práctica laboral y movilidad geográfica, con la finalidad de conseguir la inserción laboral de los desempleados.
  
2. Las acciones, a que se refiere esta orden irán orientadas, con carácter general, a la mejora de la ocupabilidad e integración de desempleados inscritos en los Centros SERVEF de Empleo de la Comunidad Valenciana que, prioritariamente, sean perceptores de la Renta Activa de Inserción u otras prestaciones y subsidios por desempleo, a través del correspondiente plan integral de empleo, siempre que las acciones de inserción se lleven a efecto en la Comunidad Valenciana.
  
3. Los requisitos de desempleo y estar acogido a la Renta Activa de Inserción u otras prestaciones o subsidios, deberán cumplirse en el momento de la incorporación al programa de inserción gestionada por la entidad beneficiaria de las ayudas, considerando a estos efectos la fecha de la firma del acuerdo de adhesión al plan.
  
Artículo 2. Entidades beneficiarias.
  
2.1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones para el desarrollo del programa de empleo regulado en esta orden:
  
a) Las administraciones locales, así como las entidades dependientes de una administración local o vinculadas a ella, ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
  
b) Las universidades situadas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
  
c) Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana, organizaciones empresariales y sindicales más representativas situadas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
  
d) Las entidades sin ánimo de lucro que acrediten experiencia en la realización de procesos de inserción laboral de desempleados.
  
2.2. Exclusiones para obtener la condición de beneficiario:
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
  
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
  
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
  
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración.
  
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
  
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
  
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
  
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
  
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
  
2.2.1 En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación.
  
Tampoco podrán obtener la condición obtener la condición de beneficiario las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
  
2.2.2. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f) y g) del apartado 2.2 y en el apartado 2.2.1 de este artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen.
  
2.2.3. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del apartado 2.2 de este artículo se apreciarán de forma automática. El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.
  
2.2.4. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2.2 de este artículo se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 20.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio.
  
Artículo 3. Cuantía de las Subvenciones
  
1. La cuantía máxima de las ayudas destinadas a la entidad beneficiaria se determinarán por el SERVEF en la resolución de otorgamiento en función del número de desempleados que haya que atender en el itinerario de inserción, así como en función de las inserciones que deberán conseguirse de acuerdo al proyecto presentado por la entidad. El objetivo de inserción laboral deberá ser, al menos, del 30 por ciento de los demandantes de empleo atendidos durante el desarrollo de los mismos, cuando la totalidad de participantes en el plan sean desempleados acogidos al programa de la Renta Activa de Inserción, en el resto de supuestos el objetivo de inserción será del 35 por ciento.
  
2. A efectos del cumplimiento de los objetivos de inserción laboral del plan se considerará que dicha inserción se ha conseguido cuando, durante la vigencia del programa, el desempleado sea contratado como trabajador por cuenta ajena por una duración no inferior a seis meses, admitiéndose la acumulación de dos contratos de tres meses para un mismo trabajador.
  
3. El criterio para el cálculo de la ayuda se establecerá en función del número de personas a atender y objetivos previstos de inserción, la cantidad a percibir será de 1.100 euros por persona atendida y 5.400 euros por persona atendida e insertada en el mercado de trabajo. En ningún caso, teniendo en cuenta las atenciones e inserciones, podrá percibirse una cantidad superior a 2.400 euros de promedio por desempleado objeto del programa.
  
Las cuantías de las ayudas por inserción establecidas en el párrafo precedente corresponden a contrataciones efectuadas a jornada completa. En el supuesto de inserciones a jornada parcial, que en todo caso deberán respetar una jornada mínima de veinte horas semanales, la cuantía de la ayuda se reducirá de forma proporcional.
  
4. El importe total de la subvención se verá reducido si no se consiguen los objetivos previstos. Esta reducción se calculará en función de los demandantes de empleo insertados, teniendo en cuenta, no obstante, los demandantes atendidos.
  
5. En ningún caso, el importe de la subvención que se otorgue al amparo de esta orden podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad solicitante.
  
Artículo 4. Desarrollo de las acciones
  
1. El plan integral de empleo se articulará a partir de la resolución de otorgamiento, y su plazo de ejecución será, como máximo, de doce meses, a contar desde que se produzca la notificación de la resolución.
  
2. El SERVEF seleccionará los demandantes de empleo disponibles para su incorporación al programa entre los colectivos previstos en el artículo primero de la presente orden, pudiendo la entidad beneficiaria participar en el proceso de selección en los términos que se acuerden.
  
Artículo 5. Presentación de solicitudes, documentación y plazo
  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente orden deberán dirigirse al Servicio Territorial de Fomento correspondiente en impreso normalizado, junto con la documentación requerida, en la Dirección Territorial de Empleo del SERVEF, sin perjuicio de poder presentarla en los demás lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluida la presentación a través del correspondiente registro telemático que se cree al efecto, de acuerdo con el artículo 38.9 de la citada Ley.
  
2. Junto con las solicitudes se acompañará la siguiente documentación:
  
a) Memoria explicativa del proyecto por duplicado, cuya presentación se considera requisito imprescindible para valorar dicha solicitud. Esta memoria hará referencia a los siguientes aspectos en el orden que se indica:
  
- Denominación del proyecto.
  
- Descripción del mismo, incluyendo una enumeración detallada de cada una de las acciones que lo componen.
  
- Descripción de la experiencia de la entidad solicitante en la realización de procesos de inserción laboral de desempleados que hayan sido objeto de subvención pública en programas de fomento de empleo.
  
- Fechas previstas de inicio y finalización de las acciones.
  
- Lugar donde se van a desarrollar las acciones, especificando la dirección completa.
  
- Número de desempleados participantes en el proyecto.
  
- Valoración económica del coste total del proyecto, detallando los conceptos de gasto subvencionables y la estimación del mismo por persona atendida e insertada, conforme a lo previsto en esta orden, así como la cofinanciación de la entidad colaboradora.
  
- Actividades, sectores y ámbito territorial en los que se pretende actuar.
  
- Relación de medios materiales y recursos humanos de que dispone o de los que se dotará el solicitante, en la que se especifiquen las condiciones de aquéllos y el historial y capacidades de éstos, con indicación de los que se van a afectar para llevar a cabo las acciones propuestas.
  
- Objetivos de inserción laboral previstos que deberán ser, al menos, los indicados el artículo 3.1 de esta orden.
  
b) Copia compulsada de la escritura pública de constitución y de los estatutos en donde conste que las entidades solicitantes disponen de personalidad jurídica y carecen de fines lucrativos. Se exceptúa a las Administraciones o entidades públicas de la presentación de estos documentos. A los efectos de esta norma, se entiende por Administraciones Públicas y entidades de derecho público, las Administraciones y entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
  
c) Original o copia compulsada de la documentación acreditativa de la capacidad del representante legal de la entidad solicitante, para actuar en nombre y representación de la misma.
  
d) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante.
  
e) Documentación acreditativa de hallarse el solicitante al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los casos requeridos y en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda (DOGV núm. 2.775, de 21 de junio de 1996), cuya validez deberá extenderse al momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Entre esta documentación, y sólo con respecto de aquélla que corresponda a la Agencia Estatal Tributaria, deberá aportarse:
  
- Autorización expresa al Servicio Valenciano de Empleo y Formación para recabar de la Agencia Estatal de la administración Tributaria los datos tributarios expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante la cumplimentación del correspondiente modelo normalizado.
  
- En el supuesto de falta de autorización, deberá presentarse certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, cuya validez deberá extenderse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
  
f) Además de lo previsto en el apartado anterior, se aportará declaración responsable de no estar incursos en las demás prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2.1 y 2.2 del artículo 2 de la orden.
  
3. Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la presente orden o no se acompañe la documentación que, de acuerdo con la misma, resulte exigible de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se la tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada ley.
  
4. El SERVEF podrá recabar de la entidad solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para mejor resolver sobre la solicitud presentada.
  
5. Las solicitudes de subvención reguladas en esta orden deberán presentarse en el plazo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente orden.
  
Artículo 6. Resolución y recursos
  
1. La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, entendiendo por tal aquella que, imputada a un mismo crédito presupuestario, contempla una eventual pluralidad de solicitudes y la comparación, en un único procedimiento, de dichas solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convocatoria, estimando las ayudas en las que se haya otorgado mayor valoración, hasta que se extinga el crédito presupuestario.
  
2. La competencia para conceder y resolver sobre las solicitudes presentadas corresponde a la directora general del SERVEF.
  
3. El plazo máximo para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones establecidas en esta orden será de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros de entrada del SERVEF.
  
4. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat Valenciana; y ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la solicitud.
  
5. La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente su cuantía económica, así como el número de desempleados participantes para atender en el itinerario de inserción, que no será inferior a 100, salvo que el número de los mismos y/o el de perceptores de la renta activa de inserción registrados aconsejen otra cantidad superior a 60; y el número de inserciones laborales previstas, e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse el beneficiario de las mismas, con notificación a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/92, antes mencionada.
  
6. Junto con la resolución de concesión se podrá librar el pago del anticipo previsto en el artículo 11.1 de la presente orden, siempre y cuando la entidad beneficiaria haya aportado, en su caso, la garantía prevista en el citado artículo.
  
7. Las resoluciones que se dicten por el director/a General del SERVEF agotan la vía administrativa, y contra ellas podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo de un mes, computados en los términos ya dichos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
  
Ante la desestimación por silencio administrativo, podrá interponerse idéntico recurso, en el plazo de seis meses desde que hubiese finalizado el plazo que para dictar y notificar la resolución expresa se menciona en el punto 3 de este artículo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117, antes mencionados.
  
Artículo 7. Criterios para la concesión de las ayudas
  
1. Se constituirá una Comisión de Valoración y Seguimiento de los Planes que estará formada por cinco miembros con la siguiente composición: presidente, el jefe del Área de Fomento de Empleo o persona en quien delegue y cuatro vocales: uno por cada servicio territorial de Fomento de Empleo y un representante del Área de Fomento de Empleo, que actuará como secretario.
  
2. Esta Comisión evaluará los proyectos atendiendo a las siguientes condiciones de priorización:
  
a) Características de los colectivos de desempleados a atender, teniendo en cuenta las especiales dificultades d e los mismos, tales como excluidos sociales, inmigrantes, discapacitados entre otros.
  
b) Grado de compromiso adquirido por la entidad solicitante para la inserción laboral en el mercado de trabajo de los demandantes a atender.
  
c) La experiencia acreditada de la entidad solicitante en la realización de procesos de inserción laboral de desempleados y que hayan sido objeto de subvención pública en programas de fomento de empleo apoyados por las administraciones públicas.
  
d) Recursos humanos y materiales adecuados para la atención de los colectivos correspondientes, tales como dotación de equipamiento e instalaciones del centro adecuadas al desarrollo del proyecto, currículum profesional de las personas que vayan a ser contratadas para la gestión del proyecto que haya que subvencionar así como del personal propio de la entidad que vaya a colaborar en el mismo.
  
e) Carácter innovador del programa a desarrollar.
  
f) Mayor esfuerzo inversor de la entidad solicitante en la financiación total del programa, no valorándose, a estos efectos, una cofinanciación inferior al 10% de la totalidad de la subvención.
  
g) El proyecto presentado según los aspectos detallados en la memoria explicativa regulada en esta orden, con especial referencia a las acciones previstas para los desempleados en los itinerarios, así como los objetivos de inserción que se prevean.
  
h) El ámbito geográfico en que se desarrollan las actuaciones previstas en el proyecto.
  
3. Tramitados los expedientes, serán remitidos a la Comisión de Valoración y Seguimiento que, atendiendo a los criterios establecidos en el punto anterior, levantará acta en la que se determinarán los proyectos seleccionados, así como, el importe de la ayuda que individualmente se haya propuesto para cada uno.
  
Cuando el importe de la subvención propuesta sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario, la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
  
4. La propuesta de otorgamiento le será notificada a la entidad interesada, con la finalidad de que esta manifieste, mediante documento, la conformidad de la entidad con la misma.
  
Junto con la notificación de la propuesta se podrá instar a la entidad interesada para que aporte la garantía prevista en el artículo 10.1 de la presente orden.
  
Una vez recibido se remitirá junto con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución.
  
Artículo 8. Resolución de incidencias
  
1. Los órganos competentes para resolver las incidencias que se produzcan con posterioridad a la concesión, tales como prórrogas de plazos, modificaciones justificadas o cualquier variación de las condiciones particulares de la concesión, serán los directores Territoriales de Empleo, por delegación de la directora general del SERVEF.
  
2. La entidad beneficiaria deberá comunicar al Servicio Territorial de Fomento correspondiente, durante el plazo de vigencia del expediente, la solicitud o la concesión de otras ayudas públicas o privadas que hubiera solicitado u obtenido para el mismo proyecto o actuación que se subvenciona mediante la presente orden.
  
Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios
  
Son obligaciones del beneficiario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones:
  
1. Acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda, así como el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que determinen esa concesión.
  
2. Presentar al SERVEF, al principio de cada trimestre natural, un informe sobre los resultados de los itinerarios realizados y de los contratos conseguidos.
  
3. Cumplir las obligaciones impuestas por la legislación específica aplicable.
  
4. Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones concedidas, le sea requerido por el SERVEF, así como comunicar a la misma las incidencias y las variaciones que se produzcan con relación a aquéllas.
  
5. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, esta comunicación deberá efectuarse en cuanto se conozca y, en todo caso, con anterioridad a al justificación de los fondos percibidos.
  
6. Adoptar las medidas necesarias para dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa.
  
Artículo 10. Justificación de las subvenciones
  
1. La presentación de justificaciones deberá hacerse por la entidad beneficiaria en el plazo de un mes desde la terminación del proyecto subvencionado.
  
La entidad deberá presentar: una relación de los demandantes de empleo atendidos y los insertados, debidamente identificados, para realizar las comprobaciones necesarias a efectos del cómputo de inserción; una ficha de control de acciones firmada por cada uno de los desempleados participantes, en la que se acredite su presencia en las distintas actividades del proyecto; y un documento en impreso normalizado firmado por el trabajador y la entidad beneficiaria que acreditará que se ha realizado la contratación del desempleado en los términos establecidos en esta orden, así como la copia compulsada de los contratos debidamente comunicados al centro SERVEF o copia del contrato firmado por las partes junto con el justificante de la comunicación telemática al SERVEF, y alta del trabajador en la Seguridad Social que justifiquen el cumplimiento de objetivos objeto de subvención.
  
Asimismo, deberán presentar cuenta justificativa en la que, bajo la responsabilidad del declarante, se incluirá declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. El resumen de gastos se aportará igualmente a través de la aplicación informática SIDEC y serán acreditados mediante las correspondientes facturas u otros justificantes de valor probatorio equivalente de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, y demás normativa vigente.
  
2. En todo caso, las cantidades no gastadas o no justificadas serán devueltas, junto con los intereses de demora correspondientes desde el momento del pago de la subvención, en el plazo de un mes desde la justificación de la subvención.
  
3. El beneficiario deberá de elaborar una memoria final en la que se resuman todas las actividades realizadas en el proyecto, en el que se haga constar un informe individualizado de la participación de cada desempleado en el itinerario de inserción.
  
Artículo 11. Liquidación de las subvenciones.
  
1. Se podrán librar anticipos de las ayudas en los términos y límites establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991. Podrá anticiparse hasta el 100% del total de la subvención aprobada, previa la acreditación fehaciente de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y previa presentación de garantía mediante efectivo, valores o aval bancario puestos a disposición de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por el importe de dicho anticipo.
  
La garantía requerida en virtud de lo dispuesto por el artículo 47 bis, apartado 3, letra E del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, será liberada cuando tenga lugar la acreditación de que las subvenciones otorgadas se han aplicado a los fines para los que se concedieron y éstas han sido justificadas de conformidad. A estos efectos, la directora general del SERVEF expedirá el certificado que así lo acredite y resolverá sobre el levantamiento del aval.
  
Las entidades beneficiarias de estas ayudas que acrediten haber participado como promotores de programas gestionados por los Servicios Públicos de Empleo, al menos durante tres años, podrán quedar exentas de aportar, con carácter previo al percibo del anticipo, los avales o garantías citados en el párrafo anterior.
  
2. En los supuestos en los que el abono de la subvención se efectúe mediante pagos anticipados, y siempre que el beneficiario sea una persona física o una persona jurídica sujeta al derecho privado, incluidas expresamente las fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro, que no tengan el carácter de Administraciones Públicas a las que se refiere el artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, para garantizar su contabilidad separada del resto de operaciones de la actividad del beneficiario de la subvención, éste queda obligado a la identificación en cuenta contable separada de todos los ingresos y gastos referidos a operaciones de afectación de la subvención a la finalidad de su concesión. A estos efectos deberá disponer de cuenta bancaria específica a la que se transferirá, previa comunicación del número de dicha cuenta al SERVEF, el montante total o parcial de la subvención concedida: todo ello sin perjuicio de la obligación de justificación de la subvenciones con arreglo a lo establecido en al presente orden y en la Ley General de subvenciones.
  
3. La subvención concedida se destinará a financiar el gasto aprobado. Se considerarán elegibles con las limitaciones que a continuación se especifican, los siguientes gastos:
  
a) Gastos salariales (nóminas y seguros sociales) del personal técnico y de apoyo propio o contratado específicamente para el desarrollo del proyecto, con el límite máximo de 2.100 euros mensuales para el personal técnico y 1.500 euros para el personal de apoyo.
  
b) Gastos de dietas y desplazamientos de dicho personal, y de los demandantes que participan en el plan, con un límite del 5% del coste total aprobado del proyecto.
  
c) Gastos derivados de la contratación de medios externos dirigidos a la formación de los desempleados participantes en el plan, así como las pólizas de seguros para la formación técnica y prácticas ocupacionales de los mismos en caso necesario, que no podrán superar el 5% del coste total aprobado del proyecto; se deberá acompañar, en este caso, documentación suficiente del acuerdo o del contrato suscrito entre la empresa y la entidad promotora del proyecto.
  
d) Gastos de amortización de materiales y equipos técnicos necesarios para impartir la formación.
  
e) Gastos generales, materiales y técnicos, con el límite del 25% del coste total del proyecto. Estos gastos incluyen los siguientes:
  
- Gastos de ejecución de material técnico (guías, documentación para el participante?) y de ejecución en material de oficina.
  
- Gastos corrientes: agua, electricidad, teléfono, arrendamientos, mantenimiento, comunicaciones, limpieza, etc.
  
4. El resumen de gastos, conforme a los conceptos y límites establecidos en el apartado precedente, y los listados de participantes en el Plan, se presentarán a través de la aplicación informática SIDEC, que será facilitada por el SERVEF a los beneficiarios de las ayudas.
  
5. Los directores territoriales de empleo del SERVEF, por delegación de la directora general del SERVEF, serán los competentes para el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de la ayuda concedida.
  
Artículo 12. Modificación y reintegro de las ayudas concedidas
  
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
  
2. Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la misma Ley.
  
En el caso de incumplimientos parciales el órgano competente determinará la cantidad a reintegrar por el beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con la letra n) del apartado 3 del artículo 17 de dicha Ley.
  
3. Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación sin perjuicio de la posible calificación de los hechos como infracción administrativa e incoación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la citada Ley General de Subvenciones.
  
4. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y por lo dispuesto en el Título II Capitulo II de la Ley General de Subvenciones y en la resolución de 12 de abril de 2004 del Servicio Público de Empleo Estatal.
  
Artículo 13. Seguimiento y control de las ayudas
  
1. Corresponderá a la directora general del SERVEF, u órgano en quien delegue, llevar a cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como la evaluación y el seguimiento del presente programa, en colaboración con la Comisión de Valoración y Seguimiento de los Planes prevista en el artículo 8.1 de la presente orden.
  
2. Para la realización de estas funciones se utilizarán cuantos medios estén a disposición del SERVEF, incluso la contratación con terceros y la colaboración en el marco que proceda con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  
3. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General. A estos efectos deberá disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso. Asimismo estará obligado a conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. Del mismo modo, el beneficiario deberá cumplir con la obligación de colaboración con el control financiero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
Artículo 14. Incompatibilidades y exclusiones.
  
1. Las ayudas a las entidades al amparo del plan de empleo previsto en la presente orden son incompatibles con cualquier otra ayuda de fomento de empleo que tengan el mismo objeto.
  
2. Por su propia naturaleza, no tendrán la consideración de inserciones las contrataciones realizadas por las empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición del trabajador contratado para prestar servicios en empresas usuarias.
  
3. Debe tenerse en cuenta que el artículo 11 del Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero, por el que se regula para el año 2005 el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, donde se establecen las incompatibilidades y compatibilidades de la RAI, establece que la realización simultánea de trabajo en contratos de inserción u otros contratos subvencionados por los Servicios Públicos de Empleo es incompatible con ser perceptor de la misma.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
Las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden tendrán la consideración de subvenciones públicas, y se regirán en lo no dispuesto por la misma, por el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y por la Ley General de Subvenciones.
  
Segunda
  
Las ayudas reguladas en la presente orden se financiarán con cargo al Capítulo IV Subprograma 322.51 €Fomento del Empleo- código línea T5638000 por un importe máximo de 2.977.005 €.
  
Tercera
  
Los impresos normalizados a los que se alude en la presente orden se encuentran a disposición de las entidades solicitantes en la dirección de Internet: ?http://www.servef.es/, así como en las Direcciones Territoriales de Empleo del SERVEF.
  
Cuarta
  
En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración de la Generalitat Valenciana, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha, el órgano o dependencia al que fueron dirigidos, la identificación del procedimiento en que obren y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
  
Quinta
  
Con carácter excepcional, el SERVEF podrá suscribir convenios de colaboración con los beneficiarios de las ayudas previstas en esta orden, en los que se fijarán las actividades a desarrollar, los programas y objetivos que se persigan, las ayudas a conceder y las demás condiciones necesarias para su ejecución, de conformidad con lo previsto en la presente orden de convocatoria.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta al director/a General del SERVEF para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de la presente orden, y se delega en la misma la competencia para la ampliación de los plazos de presentación de instancias y justificaciones, cuando se considere aconsejable para el desarrollo y ejecución de esta orden, como con carácter excepcional, cuando concurran circunstancias debidamente motivadas que imposibiliten la presentación de la justificación en los plazos señalados.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que ha dictado la presente disposición en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
  
Valencia, 29 de julio de 2005
  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo,