Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6064, del 24-07-2009 (2009/8074)

Asunto civil 000012/2008. Notificación de la sentencia a Oliver Domosteine y Simona Stoican.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6064

Fecha DOGV
:   24-07-2009

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2009/8074


Fecha del documento
:   12-06-2009

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Alzira

Tipo de documento
:   Edicto

Asunto civil 000012/2008. Notificación de la sentencia a Oliver Domosteine y Simona Stoican. [2009/8074]  
Juicio ordinario 000012/2008   
Parte demandante: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante  
Parte demandada: Oliver Domosteine y Simona Stoican  
Sobre: juicio ordinario  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alzira  
Procedimiento: juicio ordinario número 12/2008   
Sentencia número 429/2008   
Jueza que la dicta: Begoña Estañ Capell  
Lugar: Alzira  
Fecha: 16 de julio de 2008  
Parte demandante: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja  
Abogado: Enrique Vallbona Sánchez de León  
Procuradora: Sara Blanco Lleti  
Parte demandada: Oliver Dimosteine y Simona Stoican. Declarados en rebeldía procesal  
Objeto del juicio: acción personal en reclamación de la cantidad de 3.345,83 euros  
I. Antecedentes de hecho  
Primero. Por la parte actora se formuló demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción personal, alegando:  
1. Que la demandante suscribió con los demandados un contrato de préstamo con interés variable, por importe de 3.500 euros, con vencimiento el día 5 de junio de 2009, con una cuota constante de amortización de 109,68 euros, con la garantía prendaria de la emisión de un pagaré en blanco y con responsabilidad solidaria; que en el contrato se pactó un interés inicial del 8% anual, y un interés de demora de 6 puntos sobre el interés nominal del periodo, siendo la primera revisión el día 5 de junio de 2007, con un diferencial de 5 puntos sobre el euribor.  
2. Que los demandados han incumplido sus obligaciones, dejando de abonar las cuotas de 5 de diciembre de 2006 y sucesivas, procediendo la entidad actora a emitir, el 15 de octubre de 2007, la certificación del saldo deudor, que presentaba un saldo de 3.345,83 euros.  
Terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se condene a los demandados al pago de la suma de 3.345,83 euros, así como los intereses pactados del 15,25614% desde la fecha del cierre de la cuenta el día 13 de octubre de 2007, con imposición de costas.  
Segundo. Que por auto de fecha 6 de febrero de 2007, se admitió a trámite la demanda, emplazándose a los demandados para que la contestasen en el plazo de 20 días hábiles, dejando transcurrir dicho plazo sin personarse en legal forma, siendo declarados en situación de rebeldía procesal.  
Tercero. Que celebrada la audiencia previa, como medios de prueba se propuso por la parte actora tener por reproducida la prueba documental aportada con la demanda, consistente en:  
1. Contrato de préstamo personal de fecha 31 de mayo de 2006 (documento número 1).  
2. Certificación del saldo deudor (documento número 2).  
3. Telegramas remitidos a los demandados, notificándole el saldo deudor (documento número 3).  
4. Justificantes del Boletín Oficial del Estado, acreditativos de las variaciones aplicadas del interés variable (documento número 4).  
Cuarto. Que los autores quedaron conclusos para dictar sentencia en el acto de la audiencia previa; y que en la tramitación de la presente causa se han observado las formalidades legales y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Si bien es cierto que, como establecen, entre otras, las sentencias de 29 de marzo de 1980 y 10 de noviembre de 1990, la rebeldía del demandado no implica allanamiento ni libera al actor de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, también tiene dicho el Tribunal Supremo que ante supuestos de ausencia procesal injustificada, no es razonable ni equitativo llevar a cabo una valoración excesivamente formal y rigorista de la prueba aportada por el actor o una estricta y rígida aplicación de la regla sobre la distribución de la carga probatoria (onus probandi) contenida en el artículo 1214 del Código Civil (hoy artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pues bien podría ocurrir "que se coloque a los rebeldes en mejor posición que a los no rebeldes y que se produzca una grave indefensión para el actor si la falta de habituales medios probatorios se debe precisamente a la incomparecencia e ignorado paradero de los demandados". Doctrina que es plenamente aplicable al supuesto de autos pues el contrato privado de préstamo personal, que la parte actora acompaña con su demanda como documento número 1, y que según es de ver, aparece suscrito y rubricado por sus otorgantes, constituye una prueba inicial suficiente de la existencia de la relación convenida entre actora y demandados y si bien ciertamente se trata de un documento privado que no ha sido adverado ni reconocido de contrario, también ha de tenerse en cuenta que tampoco ha sido impugnado y que precisamente la incomparecencia de los demandados, ha constituido un obstáculo insalvable para que por la actora pudiera haber propuesto y practicado prueba en tal sentido. Aquí conviene recordar la jurisprudencia elaborada en torno al artículo 1225 del Código Civil que autoriza a los tribunales a conceder determinada relevancia probatoria a los documentos privados en razón de su naturaleza y al grado de credibilidad que merezcan en relación con las circunstancias en que se ha desenvuelto la litis (sentencias de nuestro Tribunal Supremo, entre otras, las de 27 de junio de 1981; 28 de noviembre de 1986; 29 de mayo de 1987; y 29 de octubre de 1992). Por todo ello, estimándose suficientemente probados los hechos de la demanda por la documental aportada (documentos 1 y 2), y teniendo en cuenta que los demandados, no han probado el cumplimiento de su obligación, incumbiéndole a ellos la carga de la prueba de conformidad con el artículo 217.3 del Código Civil, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo incumbit probatio qui dicit non qui negat, es procedente estimar la demanda y condenar a los demandados a que paguen a la actora la cantidad reclamada conforme a los artículos 1089 y siguientes del Código Civil.  
Segundo. La petición de interés de demora al tipo pactado es procedente por aplicación de lo dispuesto en los artículos 1100, 1101 en relación con el 1108 del Código Civil, por lo que el interés aplicable será el estipulado en el contrato del 15,2530%, desde la fecha de cierre de la cuenta el 13 de octubre de 2007 hasta su completo pago.  
Tercero. Por imperativo de lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer a los demandados las costas de esta litis.  
Fallo  
Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, representada por la procuradora Sara Blanco Lleti, asistida del letrado Enrique Vallbona Sánchez de León, contra Oliver Dimosteine y Simona Stoican, declarados en rebeldía, debo condenar y condeno a éstos solidariamente, a que abonen a la actora la suma de tres mil trescientos cuarenta y cinco euros con ochenta y tres céntimos (3.345,83) de principal, más los intereses de demora al tipo pactado del 15,2530%, desde la fecha de cierre de la cuenta el 13 de octubre de 2007, hasta su completo pago; todo ello con expresa imposición de costas a los demandados.  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia (artículo 455 LECn).  
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).  
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el magistrado juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el secretario/secretaria judicial, doy fe.  
Alzira, 16 de julio de 2008».  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 12 de junio de 2009, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.  
Alzira, 12 de junio de 2009.- La secretaria judicial: Luz Anca Basoa.