Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8079, del 07-07-2017 (2017/6092)

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2017, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve la petición de inscripción de la modificación de los Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón.
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Número DOGV
:   8079

Fecha DOGV
:   07-07-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2017/6092


Fecha del documento
:   28-06-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2017, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve la petición de inscripción de la modificación de los Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. [2017/6092]  
Visto el expediente de solicitud de modificación estatutaria instruido a instancia del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, inscrito con el número 1 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunitat Valenciana, en el que se solicita la inscripción de la modificación parcial de su Estatutos en dicho Registro, atendiendo a los siguientes  
  
Hechos  
  
Primero. Por el presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón se presentó, en fecha de 8 de septiembre de 2014, solicitud de inscripción de la modificación parcial de los Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.  
Segundo. Con fecha 2 de octubre de 2014, por el Servicio de Entidades Jurídicas de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, se remitió oficio al citado Colegio, al constatarse que la modificación parcial de sus Estatutos implicaba un cambio en la denominación del Colegio.  
Tercero. Una vez efectuado el cambio de denominación del Colegio mediante la aprobación del Decreto 210/2015, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia por la de Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón (DOCV 7663, 23.11.2015), procede efectuar la modificación parcial de los estatutos solicitada.  
Cuarto. Los actuales Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón fueron inscritos en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana por Resolución de 18 de septiembre de 2007, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (DOCV 5612, 03.10.2007), modificados por Resolución de 8 de enero de 2014, del director general de Justicia de la Conselleria de Gobernación y Justicia (DOCV 7196, 21.01.2014).  
Quinto. La modificación parcial de los Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón fue aprobada por la Asamblea General del Colegio el 27 de junio de 2014, según certificado de la secretaria del Colegio, con el visto bueno del presidente, de fecha 28 de agosto de 2014 y aprobados en su redacción final por la Junta de Gobierno, tras las correcciones oportunas, según certificado de 16 de febrero de 2017.   
Sexto. La modificación estatutaria cuya inscripción se solicita, se refiere al cambio de redacción de los artículos 1, 5, 20, 30 y 67.  
Los artículos modificados quedan redactados del siguiente tenor literal:  
«Artículo 1  
El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón es una Corporación de Derecho público, amparado por la ley y reconocida por el Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines su estructura y funcionamiento serán democráticos.  
  
Artículo 5. Funciones del Colegio  
En el cumplimiento de sus fines, corresponden al Colegio las siguientes funciones:  
1) Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, funciones que conlleva el velar por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los consumidores o usuarios, en particular mediante la exigencia de las normas deontológicas en el ejercicio de la profesión y el ejercicio de las facultades disciplinarias.  
2) Ostentar en su ámbito territorial la representación y defensa de la profesión ante Las administraciones públicas, corporaciones, tribunales y particulares, con plena legitimación para ser parte en cuantos litigios y cuestiones afecten a los intereses profesionales y colegiales, y ejercitar el derecho de petición, con arreglo a la ley.  
3) Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines.  
4) Facilitar a los tribunales relación de colegiados que puedan ser requeridos para intervenir como peritos, o designarlos por sí mismos, según proceda.  
5) Organizar y promover actividades o servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cooperativo y otros análogos.  
6) Organizar cursos y demás actos encaminados a la formación permanente profesional.  
7) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados el ordenamiento jurídico en cuanto afecte a la profesión, los estatutos, reglamentos y normas adoptados por el Colegio en materia de su competencia.  
8) Adoptar las medidas conducentes a evitar y reprimir el intrusismo profesional mientras por la ley no se disponga lo contrario.  
9) Promover el respeto y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre los mismos e interviniendo en vía de conciliación o arbitraje en las cuestiones de índole profesional que se susciten entre los colegiados.  
10) Establecer sistemas alternativos de resolución de conflictos, tales como el arbitraje, la mediación, o la conciliación, especialmente en materia inmobiliaria, y tanto para los colegiados como para terceras personas que soliciten el mismo. Y con tal objeto instituir los correspondientes Tribunales o Centros que los administren, formando o seleccionando a los árbitros y mediadores que los compongan, de conformidad con las leyes vigentes en cada momento.   
Su creación deberá aprobarse por acuerdo de la Junta General de Colegiados, a propuesta de la Junta de Gobierno, que a tal fin podrá elaborar y aprobar, o modificar, los reglamentos oportunos en materia de arbitraje y mediación, o la adhesión a códigos de conducta.  
11) En particular resolver mediante los sistemas alternativos señalados en el apartado 10 de este artículo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias surgidas o que puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de su profesión.  
12) Determinar las obligaciones económicas de los colegiados y administrar los recursos del Colegio.  
13) Atender a las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en las leyes.  
14) Atender a través del Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores y usuarios conforme al artículo 20.19 de estos estatutos las quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados, o por parte de los consumidores y usuarios referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados que hubieren contratado sus servicios profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.  
15) Disponer, adoptar e incorporar las tecnologías precisas para que los profesionales y los consumidores y usuarios puedan a través de una ventanilla única realizar los trámites y obtener la información a que se refiere la Ley de colegios profesionales.  
La ventanilla única en caso de recibir una queja o reclamación dará traslado al Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores y usuarios.  
16) Todas las demás funciones orientadas a promover y beneficiar los intereses colegiales o profesionales, o las que vengan dispuestas o reconocidas por la legislación aplicable.  
  
Artículo 20  
El Colegio estará regido por una Junta de Gobierno, constituida por el presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un contador-censor y un número de vocales no inferior a cinco ni superior a ocho.  
Los cargos de la Junta de Gobierno tendrán derecho a ser indemnizados económicamente por su asistencia efectiva a las sesiones formalmente convocadas de la Junta de Gobierno, o de sus comisiones, así como por las ganancias dejadas de percibir consecuencia de su ejercicio, y por gastos efectivos y justificados. La determinación de las indemnizaciones por asistencias y por ganancias dejadas de percibir, que serán fijas y revisables anualmente, corresponderá a la Asamblea General a través de la aprobación de los correspondientes presupuestos, y a propuesta de la Junta de Gobierno que distinguirá a estos efectos, en función de sus funciones y responsabilidad, entre los de presidente, secretario y tesorero, y el resto de cargos.  
Corresponde a la Junta de Gobierno, en general, asumir, promover y realizar todas las funciones atribuidas al Colegio, excepto las que son competencia de la Junta General, así como ejecutar los acuerdos de esta, y en particular, podrá:  
1) Aprobar, denegar o suspender la incorporación de nuevos colegiados y acordar las bajas en los casos que proceda.  
2) Sancionar las actuaciones irregulares de los colegiados por el incumplimiento de sus obligaciones profesionales, bien se deduzcan de estos estatutos o de cualquier otra norma exigible, ejercitando las acciones disciplinarias que correspondan.   
3) Defender a los colegiados en cuantos casos se considere justo, ante autoridades o tribunales, como consecuencia de su actuación profesional.  
4) Mediar en los conflictos que puedan surgir entre colegiados por cuestiones profesionales, cuando así se solicitara por alguno de ellos.  
5) Premiar y distinguir a los administradores que sobresalgan en el ejercicio de la profesión y en la prestación de servicios al Colegio.  
6) Facilitar información a los colegiados sobre cuestiones de interés profesional, corporativo o colegial.  
7) Procurar que en el ejercicio profesional sean respetadas las normas y condiciones adecuadas para no menoscabar el prestigio de la profesión, ejercitando las acciones que fueren menester para ello.  
8) Impedir el ejercicio de la profesión a quienes la ejercieren careciendo de los requisitos legales necesarios.  
9) Perseguir, en su caso, el intrusismo, así como a las personas que colaboren o faciliten el irregular ejercicio de la profesión  
10) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Junta General.  
11) Determinar el importe de la cuota de incorporación de los colegiados, la cuota ordinaria y las extraordinarias, así como las derramas que se consideren necesarias, y la cuantía de las fianzas exigibles a los colegiados ejercientes. Tales obligaciones económicas requerirán la aprobación de la Junta General de colegiados.  
12) Recaudar y administrar los fondos del Colegio.  
13) Elaborar los presupuestos y rendir la cuenta anual.  
14) Nombrar, separar y destinar los empleados del Colegio.  
15) Convocar elecciones para la provisión y renovación de cargos de la Junta de Gobierno.  
16) Proveer provisionalmente las vacantes que se produzcan en los cargos de la Junta de Gobierno, hasta la definitiva elección.  
17) Convocar juntas generales ordinarias o extraordinarias, incluyendo en el orden del día las cuestiones que estime oportunas.  
18) Nombrar las comisiones que considere necesarias para responsabilizar los cometidos y trabajos que estime convenientes.  
19) Establecer los servicios colegiales, tanto de asesoramiento al Colegio y a los colegiados, como de atención a estos y a los consumidores y usuarios. El Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores y usuarios resolverá sobre las quejas o reclamaciones de los colegiados, o de cualquier consumidor o usuario, presentadas directamente al Servicio o a través de Ventanilla Única, bien por escrito, o por vía electrónica y a distancia. Según proceda de conformidad con la Ley de colegios profesionales, y en un plazo no superior a 10 días podrá darle el siguiente destino:  
1. Traslado a los tribunales o centros de mediación o arbitraje establecidos por el Colegio.  
2. Traslado a la Comisión Deontológica o Disciplinaria  
3. Archivo motivado caso de no tratarse de denuncia razonada. Tal archivo será notificado al denunciante con mención de los recursos que procedan.  
4. Traslado de la queja a los servicios del Colegio o colegiado objeto de la misma.  
5. Traslado, en su caso, a otros servicios u órganos del Colegio.  
A tal efecto el Servicio dispondrá de los correspondientes formularios a disposición de los colegiados, y de los consumidores y usuarios.  
20) Proponer a las administraciones públicas y autoridades sugerencias y estudios que se consideren beneficiosos para el sector inmobiliario, colaborando con aquellas en las cuestiones técnicas y en las demás relacionadas con los fines propios del Colegio, en cuanto redunden en beneficio del bien común.  
21) Llevar a término todas las demás funciones atribuidas al Colegio no reseñadas en los apartados anteriores y que no estén expresamente reservadas a la Junta General, bien se contengan en estos estatutos o en cualquier disposición legalmente aplicable.  
  
Artículo 30  
El tiempo de mandato será de cuatro años. Todos los cargos de la Junta de Gobierno se elegirán y renovarán al mismo tiempo, transcurridos los indicados cuatro años desde su elección.  
Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser reelegidos para el mismo cargo por nuevo período de cuatro años, estando en consecuencia limitada la duración máxima en la Junta de Gobierno, ocupando el mismo cargo, a ocho años. No obstante, en el supuesto de que el presidente ocupe cargo electo en el Consejo General o Autonómico, y mientras dure dicho cargo, no se aplicará dicha limitación máxima de ocho años permitiendo a aquel presentar su candidatura para nueva reelección en el cargo de presidente.  
  
Artículo 67  
El procedimiento se iniciará por queja o reclamación razonada, presentada en el Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios del Colegio que dará traslado a la Comisión Disciplinaria o Deontológica. También podrá iniciarse de oficio por los órganos competentes del Colegio.»  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. Revisada la solicitud de modificación parcial de los Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, estos contienen todas las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Segundo. La modificación estatutaria ha sido aprobada con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios Estatutos del Colegio.  
Tercero. El expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la citada Ley 6/1997, teniendo en cuenta lo previsto por la disposición final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y por el Decreto 154/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.  
  
Vistos el artículo 36 de la Constitución y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; los artículos 11, 25 y 26 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana; así como de los artículos 21 y 74 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de esta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, se dicta la siguiente resolución:  
  
Primero  
Inscribir la modificación parcial de los Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunidad Valenciana, en los términos recogidos en el hecho sexto.  
  
Segundo  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 10, 14, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
València, 28 de junio de 2017.- La directora general de Justicia: Verónica López Ramón.