Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4705, del 04-03-2004 (2004/1589)

Juicio ordinario número 36/2002. Cédula de notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4705

Fecha DOGV
:   04-03-2004

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2004/1589


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 20 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Juicio ordinario número 36/2002. Cédula de notificación. [2004/F1589]
  
Reyes Meliá Llácer, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Valencia, por el presente hago saber:
  
Que en este juzgado se tramitan autos de juicio ordinario número 36/2002, en los que ha recaído sentencia con esta fecha, que es del tenor literal siguiente:
  
Sentencia
  
Valencia, 3 de febrero de 2004
  
Vistos por mí Carmen Moreno Martínez, magistrada juez del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Valencia, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este juzgado bajo el número 36/2002, a instancias del procurador Carlos J. Aznar Gómez en nombre y representación de María de los Ángeles Raga Berenguer contra Amparo Cuesta Alfonso, Fernando-José Cuesta Villen, Antonio-Vicente Cuesta Villen, Desamparados Cuesta Villen, José Antonio Cuesta Chordá, María Jesús Cuesta Chordá, Consuelo Cuesta Chordá, Juan José Rubio-Iglesias Cuesta, Fernando Rubio-Iglesias Cuesta, María Isabel Rubio-Iglesias Cuesta, Candelaria Rubio-Iglesias Cuesta y Elena Rubio-Iglesias Cuesta, sobre acción de división de cosa común, y en atención a los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Correspondió conocer a este juzgado de demanda a seguir por los trámites del juicio ordinario, a instancias del procurador indicado, en la representación dicha contra los demandados antes expresados en la que tras alegar el actor los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictase sentencia: de conformidad con el suplico de su demanda.
  
Segundo. Examinada la competencia del juzgado y capacidad procesal de las partes, se tuvo por interpuesta la demanda emplazándose a la demandada a fin de que contestaran la demanda, en el término de 20 días; lo cual realizaron excepto Desamparados y Antonio Cuesta Villen, y Juan José y Candelaria Rubio-Iglesias Cuesta, por lo que fueron declarados en rebeldía, convocándose a las partes a la oportuna audiencia previa al juicio, que se celebró con el resultado que obra en autos.
  
Tercero. Que practicada la prueba propuesta por las partes en la vista previa, se celebró el correspondiente acto de juicio con el resultado que obra en autos, quedando las actuaciones conclusas para sentencia.
  
Cuarto. Que de la prueba documental obrante en las actuaciones, y apreciada y valorada toda ella en su conjunto resulta probado que en virtud de la adición al cuaderno particional de los bienes del causante José Antonio Cuesta Alfonso, realizada mediante instrumento público otorgado por los contadores partidores testamentarios autorizado por el notario Miguel García Granero en fecha 23 de febrero de 2001 se integraron en la masa hereditaria los siguientes bienes que no se habían inventariado por no tener constancia los contadores partidores al tiempo de redactar el cuaderno particional:
  
a) Derechos de crédito derivados de las hipotecas cambiarias que se mencionan que aparecían a dicha fecha subsistentes en el Registro de la Propiedad: 1. Hipoteca cambiaria que resulta de la inscripción 4.ª en el Registro de la Propiedad número 5 de Sabadell, tomo 2304, libro 250, folio 157, finca número 16377, respondiendo la finca de 9.015,18 euros de principal y 1.640,16 euros de intereses, en conjunto 10.655,94 euros; 2. Hipoteca cambiaria que resulta de la inscripción 4.ª en el Registro de la Propiedad número 5 de Sabadell, tomo 2304, libro 250, folio 160, finca número 16466, que responde por 9.015,18 euros de principal y de 1.640,16 euros de intereses, en conjunto 10.655,94 euros; 3. Hipoteca cambiaria que resulta de la inscripción 4.ª en el Registro de la Propiedad número 5 de Sabadell, tomo 2304, libro 250, folio 163, finca 16548, la cual responde por 9.015,18 euros de principal y 1.640,16 euros de intereses, en conjunto 10.655,94 euros, y 4. Hipoteca cambiaria que resulta de la inscripción 4.ª en el Registro de la Propiedad número 5 de Sabadell, tomo 2304, libro 250, folio 166, finca 16350, finca que responde por 63.106,27 euros por principal y de 11.485,34 euros de intereses, en conjunto 74.591,61 euros, sumando las responsabilidades por principal e intereses en su conjunto 106.559,45 euros, habiéndose inventariado y adjudicado los anteriores créditos por un valor de 53.442 euros.
  
b) Crédito de 31.853,64 euros reconocido en sentencia de 27 de noviembre de 1997 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sueca en el juicio de menor cuantía número 62/1997.
  
c) Cuatro décimas partes de la finca registral número 48406 del Registro de la Propiedad de Cullera inscrita al tomo 2461, libro 726 de Cullera, folio 16, estimadas dichas cuatro décimas partes en 3.005,06 euros.
  
Dichos bienes sobre los que existe una situación de copropiedad entre los coherederos tienen diversa naturaleza, siendo divisibles los derechos de crédito e indivisibles por imposibilidad de destinarlo a su uso las cuatro décimas partes de la finca registral número 48393 ya que cada parte indivisa de ésta corresponde a una plaza de aparcamiento.
  
Quinto. Que en la tramitación de las actuaciones se han observado las prescripciones legales.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Que por el procurador Carlos J. Aznar Gómez en nombre de María de los Ángeles Raga Berenguer se ejercitó la acción de división de cosa común a través del juicio ordinario contra Amparo Cuesta Alfonso, Fernando-José Cuesta Villen, Antonio-Vicente Cuesta Villen, Desamparados Cuesta Villen, José Antonio Cuesta Chordá, María Jesús Cuesta Chordá, Consuelo Cuesta Chordá, Juan-José Rubio-Iglesias Cuesta, Fernando Rubio-Iglesias Cuesta, María Isabel Rubio-Iglesias Cuesta, Candelaria Rubio-Iglesias Cuesta y Elena Rubio-Iglesias Cuesta, pretendiendo se dicte sentencia por la que se declare que siendo imposible la división de los citados bienes por ser éstos esencialmente indivisibles, procede:
  
1. Se convoque a los copropietarios a acto mediante el cual éstos por pujas sucesivas decidan cuál de ellos se adjudica todos los bienes en un solo lote y sin tipo de salida, compensando a los demás económicamente en la cantidad resultante de la mejor puja, quien además asumirá la totalidad de los gastos resultantes de la adquisición de las partes indivisas, incluido el plusvalía municipal si lo hubiese, y sin que sea imputable a los transmitentes el saneamiento y evicción de los bienes transmitidos a cuyos derechos renunciará el adjudicatario; dentro de los 10 días hábiles y previo al otorgamiento de la escritura por parte del juzgado se depositarán ante el juzgado el montante de las cuotas adquiridas para ser distribuido entre los restantes copropietarios, y para el supuesto de que no se cumplieran las anteriores condiciones se le exigirá en ejecución de sentencia el pago del montante total de la puja y dicha cantidad quedará en beneficio de todos los restantes copropietarios, presumiéndose que el copropietario que no asista por sí mismo o debidamente representando a dicho acto no está conforme con el resultado del mismo, por lo que deberá procederse a la pública subasta.
  
2. Para el supuesto de no existir condueño que adquiera las participaciones de los demás, se proceda a la venta de los bienes y derechos adjudicados en proindiviso, venta que se realizará mediante pública subasta respecto a la cual se solicita se aplique las siguientes condiciones o bases: se realice en presencia judicial y sacando a subasta por única vez, con posible intervención de terceros, en lote conjunto y único todos los bienes y derechos, sin tipo mínimo de salida, si bien a los partícipes en la subasta se les exigirá el depósito del 20% del valor asignado en cuaderno particional de adición (176.660,14 euros) y no devolviéndose los depósitos hasta que exista adjudicatario que cumpla con los resultados de la subasta, no pudiendo el adjudicatario exigir más datos ni antecedentes que los que constan en el referido cuaderno particional, y encargándose de abonar la totalidad de los gastos de la transmisión, incluido el plusvalía municipal si lo hubiere, no siendo imputable a los transmitentes el saneamiento y evicción de los bienes transmitidos, a cuyos derechos renunciará el adjudicatario; si el adjudicatario o mejor postor no cumpliese con el resultado de la subasta en el plazo de tres días hábiles desde que se le notifique la adjudicación por ser mejor postor perderá el depósito constituido, llamándose al siguiente postor y en su caso a los siguientes conforme a las mejores posturas hasta que uno de ellos cumpla con los resultados de la subasta, perdiendo el depósito los incumplidores a favor de los copropietarios transmitentes.
  
3. Se condene a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones, a quienes se les impondrán las costas del presente juicio.
  
Segundo. Que no habiendo comparecido en forma Antonio Vicente, Desamparados Cuesta Villen y Juan José y Candelaria Rubio-Iglesias Cuesta, en el plazo conferido en el emplazamiento se les declaró en rebeldía de conformidad con el artículo 496-1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Y como determina el artículo 496.2.º la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley disponga expresamente lo contrario, no siendo el presente uno de ellos.
  
Tercero. Que por los codemandados Fernando y Elena Rubio-Iglesias Cuesta, Consuelo, María Jesús y José Antonio Cuesta Chordá y Amparo Cuesta Alfonso se contestó a la demanda oponiéndose a la misma aduciendo en cuanto al fondo del asunto que se afirma en la demanda que todos los codemandados excepto Juan, Isabel, Candelaria y Elena Rubio-Iglesias Cuesta han llegado a ser titulares de pleno dominio de sus partes indivisas por pactos con la usufructuaria, la demandante, sin que estos pactos se hayan acreditado, también niegan la condición de litigiosos de los derechos de crédito de las hipotecas cambiarias ya que según el artículo 1.536-2.º del Código Civil los define de este modo «se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa del mismo», y no constando ni habiendo acreditado que haya contestación de demanda referente a los mismos, han de considerarse no litigiosos, e igualment rechazan totalmente la valoración hecha en la demanda de tales créditos toda vez que las hipotecas cambiarias responden de mayores cantidades que las expresadas en la demanda y los créditos hipotecarios solamente tienen como cargas preferentes y anteriores las hipotecas a favor de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, y su vencimiento ya se ha producido hace años, y teniendo los créditos una garantía real como es la hipoteca en caso de impago puede procederse a la ejecución de las fincas hipotecadas; en cuanto a la finca registral número 48705 del Registro de la Propiedad de Cullera se muestran en desacuerdo con el valor asignado de adverso entendiendo necesario un dictamen pericial de valoración que no se ha aportado ni explicado cómo se llega al valor fijado; añaden que los créditos a que se refiere la demanda se presumen divididos en partes iguales entre los distintos acreedores al no constar nada en contrario por aplicación del artículo 1.137 del Código Civil, y estando divididos no hace falta proceder a su división, por lo que niegan la aplicación del artículo 401 del Código Civil, y si a efectos meramente dialécticos se considerara que no estuvieran divididos, niegan que haya de procederse a la división por ser inservibles para el uso a que se destinan dado que carece de todo fundamento legal y jurisprudencial la aplicación del concepto de inservibilidad en este caso, partiendo sobre todo del artículo 1.878 del Código Civil y del artículo 149 de la Ley Hipotecaria, que se refieren a la posibilidad de que el crédito hipotecario sea cedido en todo o en parte. También por las razones expresadas niegan la aplicación del artículo 404 del Código Civil, y rechazan que el adjudicatario renuncie a la evicción y saneamiento de los bienes adjudicados al ir ello en contra de los artículos 1.069 y 1.070 del Código Civil así como que el juzgado pueda ejercer en principio funciones notariales de otorgamiento de la escritura, al igual que se haya de acudir a la subasta por el hecho de que un copropietario no acuda por sí mismo o debidamente representado; por último destacan que la demanda se refiere a la extinción de un proindiviso de bienes y derechos de distinta naturaleza, pues hay créditos hipotecarios, créditos reconocidos judicialmente y un inmueble, y la actora propone un procedimiento de subasta a seguir en el que no se tiene en cuenta la regulación legal al respecto, ni la distinta naturaleza de los bienes, por lo que aquél es totalmente arbitrario y carece de fundamento legal.
  
Cuarto. Que el resto de codemandados, según se expuso en la audiencia previa se allanaron a la demanda habiendo llegado a un acuerdo con la actora respecto a los gastos, sin embargo, el citado allanamiento en cuanto admisión de los pedimentos de la actora, algunos de los cuales no se ajustan a lo dispuesto en la ley, no reúne los requisitos para producir su eficacia de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.
  
Quinto. El artículo 400-1.º del Código Civil establece que ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad, pudiendo cada uno de ellos pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común.
  
Sexto. La determinación de la divisibilidad de la cosa común, o de su inservibilidad o desmerecimiento, es cuestión de hecho de la exclusiva apreciación de la Sala de Instancia como reiteradamente viene declarando la jurisprudencia (sentencias del Tribunal Supremo de 2 de mayo de 1964, 3 de marzo de 1976, 30 de noviembre de 1979, 13 de mayo de 1980, 8 de octubre de 1982, 9 de febrero de 1983, 10 de diciembre de 1985, 17 de abril de 1986, 21 de marzo de 1988, 10 de mayo de 1990, etc.). Y en particular, respecto a los créditos hipotecarios el artículo 1.878 del Código Civil y el artículo 149 de la Ley Hipotecaria contemplan la posibilidad de que sean enajenados o cedidos en todo o en parte, de lo que se deduce el fundamento legal de su divisibilidad y también es divisible un crédito reconocido en sentencia debiendo estarse a la distribución que de su importe establezca el título hereditario o de partición y si no se estableciera nada se presumirá dividido a tenor del artículo 1.138 del Código Civil en partes iguales; tratándose de inmuebles el artículo 401 del Código Civil prevé en su apartado 2.º que si sus características lo permiten, a solicitud de cualquiera de los comuneros (aquí coherederos), la división podrá realizarse mediante la adjudicación de pisos o locales independientes, con sus elementos comunes anejos.
  
Séptimo. A tenor del artículo 404 del Código Civil cuando la cosa fuere esencialmente indivisible, y los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio, y dada la remisión del artículo 406 del mismo a las reglas concernientes a la división de la herencia y hallándonos en el presente caso ante un supuesto de comunidad de bienes hereditarios es procedente aplicar a la división ente sus partícipes dichas reglas y entre ellas, el artículo 1.062 del Código Civil que establece que cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno de los coherederos, a calidad de abonar a los otros el exceso de dinero, pero bastará que uno solo de los herederos pida su venta en pública subasta, y con admisión de licitadores extraños, para que así se haga. Y por la misma razón es aplicable el artículo 1.069 del Código Civil que dispone que hecha la partición, los coherederos estarán recíprocamente obligados a la evicción y saneamiento de los bienes adjudicados, pues al hacer la partición no consta que se hubiese pactado lo contrario de manera que no concurre la cesión de tal obligación de conformidad con el artículo 1.070 del referido código.
  
Octavo. Que partiendo de cuanto antecede, del examen de las actuaciones y de la prueba documental obrante en ellas, única propuesta por las partes, lo que permite a tenor del artículo 429-8.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 el dictado de la sentencia sin necesidad de previa celebración de juicio, cabe decir, que procede estimar parcialmente la demanda, conclusión a la que se llega partiendo del resultado que arroja aquella prueba valorada según criterio de sana crítica y atendiendo a la distribución del onus probandi que efectúa el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, pues se da lugar a la actio communi dividendo, pero no se le asocian las consecuencias pretendidas en la demanda.
  
Así, del documento acompañado con la demanda consistente en la escritura de adición al cuaderno particional de los bienes del causante José Antonio Cuesta Alfonso deriva que quedaron integrados en el patrimonio hereditario de éste los créditos hipotecarios, el reconocido por sentencia y la participación en el inmueble que se mencionan en la demanda, y que tal adición vino motivada por no tener constancia los contadores partidores al tiempo de redactar el cuaderno particional de los bienes de aquél. Los créditos hipotecarios derivan de cuatro hipotecas cambiarias, tres de ellas constituidas respectivamente sobre las fincas registrales números 16162, 16266 y 16426 inscritas en el Registro de la Propiedad número 5 de Sabadell, respondiendo cada una de 9.015 euros por principal y 1.640,16 euros por intereses, y una cuarta constituida sobre la finca número 16810, que responde de 63.106,27 euros por principal y de 11.485,34 euros por intereses (véase las notas simples registrales adjuntadas junto a la escritura de protocolización de la adición de las que se deriva una subsistencia). El crédito reconocido por sentencia recaída en el juicio de menor cuantía número 62/1997, que asciende a 31.853,64 euros y las cuatro décimas partes de la finca registral número 48687 del Registro de la Propiedad de Cullera inscrita al tomo 2461, libro 726 de Cullera, folio 16. De estos bienes resulta claro que la participación en el inmueble es indivisible porque a la comunidad hereditaria pertenecen cuatro décimas partes de la finca y cada parte indivisa de ésta corresponde a una plaza de garaje pues de procederse a la división se haría inservible para el uso a que se destina. Por ello, siguiendo los dictados de la ley podrá adjudicarse a uno de los coherederos indemnizando a los demás, si no convinieren en este sentido se procederá a su venta en pública subasta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 655 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 para la subasta de bienes inmuebles, sin que proceda el acto previo sin licitadores extraños pretendido en la demanda ni la subasta pública con las bases fijadas en ésta.
  
En cuanto a los créditos derivados de las hipotecas cambiarias, dado el resultado infructuoso de los exhortos dirigidos a los Juzgados de Primera Instancia número 3 de Cerdanyola del Vallès, a cuya solicitud consta en las notas registrales obrantes en las actuaciones se expidió la certificación de la regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que seguirse ante él procedimientos judiciales sumarios en reclamación de las tres últimas hipotecas mencionadas no se ha podido conocer el estado de realización de la garantía real, y el importe obtenido por los acreedores, pero dado el tiempo transcurrido se presume que aquellos procedimientos han llegado a su terminación, viendo satisfechos los acreedores sus créditos. Y el crédito reconocido por sentencia en cuanto recayente sobre suma dineraria, aunque se desconoce si ha sido ejecutada la sentencia, lo cierto es que tratándose de una suma dineraria admite división entre los distintos partícipes.
  
Por consiguiente, es procedente la extinción del proindiviso sobre tales bienes detentados en común por la demandante y demandados.
  
Noveno. En materia de costas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 394-2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, procede en el caso que nos ocupa al estimarse parcialmente la demanda, que cada parte litigante abone las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, pues no se aprecia temeridad al litigar en ninguna de ellas que determine la imposición unilateral de las costas.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás aplicables:
  
Fallo
  
Que estimando parcialmente la demanda formulada por el procurador Carlos J. Aznar Gómez en nombre y representación de María de los Ángeles Raga Berenguer contra Amparo Cuesta Alfonso, Fernando-José Cuesta Villen, Antonio-Vicente Cuesta Villen, Desamparados Cuesta Villen, José Antonio Cuesta Chordá, María Jesús Cuesta Chordá, Consuelo Cuesta Chordá, Juan-José Rubio-Iglesias Cuesta, Fernando Rubio-Iglesias Cuesta, María Isabel Rubio-Iglesias Cuesta, Candelaria Rubio-Iglesias Cuesta y Elena Rubio-Iglesias Cuesta sobre acción de división de cosa común, debo declarar y declaro extinguida la copropiedad entre los litigantes respecto a los bienes adicionados al cuaderno particional del causante José Antonio Cuesta Alfonso, y que fueron los siguientes: derechos de crédito derivados de las hipotecas cambiarias constituidas sobre las fincas registrales números 16288, 16786, 16825 y 16651 inscritas en el Registro de la Propiedad número 5 de Sabadell al tomo 2304, libro 250 y folios 157, 160, 163 y 166 respectivamente, derecho de crédito reconocido por sentencia dictada en el juicio de menor cuantía número 62/1997 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sueca, y cuatro décimas partes de la finca registral número 48346 del Registro de la Propiedad de Cullera, inscrita al tomo 2461, libro 726 de Cullera y folio 16.
  
Y siendo esencialmente indivisible este último bien, de no alcanzar los copartícipes un acuerdo de adjudicarlo a uno de ellos indemnizando en dinero a los demás su parte proporcional, deberá procederse a su venta en pública subasta de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 para los bienes de naturaleza inmueble. Los créditos, de no haberse dividido ya, se distribuirán con arreglo al porcentaje de participación asignado por el causante en el título testamentario, y de no establecerse expresamente por partes iguales.
  
Cada parte litigante abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
  
Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación, que se preparará ante este juzgado en el plazo de cinco días desde el siguiente al de su notificación.
  
Así por esta, mi sentencia, que se llevará al libro de las de su clase y testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.
  
Y para que sirva de notificación de sentencia en legal forma a la demandada Desamparados Cuesta Villen, en ignorado paradero, y para su publicación en el tablón de anuncios de este juzgado y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, expido el presente.