Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5104, del 30-09-2005 (2005/10289)

ORDEN de 27 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales, y se convocan las correspondientes al ejercicio de 2005.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5104

Fecha DOGV
:   30-09-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/10802


Fecha del documento
:   27-09-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * apoyo económico
    * formación profesional
    * seguridad en el trabajo
    * organización patronal
    * institución pública
    * sindicato
    * sociedad sin fines de lucro

ORDEN de 27 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales, y se convocan las correspondientes al ejercicio de 2005. [2005/X10766]
  
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
  
Del mismo modo, las administraciones públicas fomentarán aquellas actividades en orden a reducir los riesgos laborales y a la promoción de estructuras eficaces de prevención.
  
La lucha contra la siniestralidad laboral es una responsabilidad compartida de empresarios, trabajadores, administraciones públicas y el conjunto de la sociedad.
  
El tejido productivo de la Comunidad Valenciana constituido mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, que a menudo no cuentan con los conocimientos y recursos necesarios para implantar en sus centros de trabajo unas medidas de seguridad adecuadas, hace necesario que desde la administración se fomente el que por las asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, instituciones y otras entidades se realicen acciones en el campo de la prevención que por su repercusión sectorial o profesional faciliten que sus resultados alcancen a las empresas de una manera más homogénea, sin que el tamaño de las mismas sea un obstáculo insalvable para acceder a unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas.
  
La prevención de los riesgos laborales ha de estar concebida como un elemento integrador presente en todas las decisiones empresariales y en todo el ámbito de las relaciones laborales, en todas las fases de los procesos productivos de bienes y servicios, por lo que las políticas de empleo deben considerar la prevención como un factor esencial de las mismas.
  
La Orden de 14 de junio de 2002 (DOGV del 19) estableció las bases reguladoras de las ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales posteriormente modificadas por la Orden de 5 de marzo de 2003 (DOGV del 10/3).
  
El tiempo transcurrido hace aconsejable una actualización de la norma; actualización que por otra parte devenía inevitable con la promulgación de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, y de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter de legislación básica en muchos de sus preceptos.
  
Por otra parte, en sintonía con lo dispuesto en la Ley de Integración Social de los Minusválidos se promulgó la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. Esta Ley y el Decreto 279/2004, de 17 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad establecen mecanismos que fomenten la integración laboral de las personas con discapacidad a través de la preferencia en la concesión de ayudas y subvenciones de la Generalitat, así como de la exigencia de acreditación del cumplimiento de la normativa sobre la materia a todas las empresas que soliciten las ayudas o subvenciones.
  
La presente orden tiene por objeto regular las bases del régimen de ayudas, que se encuadra en el ámbito de actuación hasta el año 2006, coincidiendo con el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana (POCV) presentado a la Comisión Europea, en el marco de Apoyo Comunitario y el Plan de Desarrollo Regional para las Regiones del Objetivo 1.
  
Por ello y en virtud de las facultades que me confiere la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, el Decreto 8/2004 de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat Valenciana por el que se asignan a la Presidencia y a las Consellerias determinadas competencias, y Decreto112/2003 del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,
  
ORDENO
  
Artículo primero
  
Se aprueban las bases que regirán en lo sucesivo y para el periodo que incluye el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana, la convocatoria de ayudas destinadas a la creación y/o equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
  
Las bases se contienen en el anexo que sigue a la presente orden.
  
Artículo segundo
  
Se convocan para el ejercicio del 2005 las ayudas económicas a que hace referencia el artículo primero.
  
El plazo para presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente orden en el DOGV.
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL
  
Para el año 2005 de conformidad con lo establecido en la Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo financiará las ayudas cuyas bases se aprueban en la presente orden, con cargo al programa 315.10, Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales, línea presupuestaria T4178.000, con un importe de 839.730 euros. Dicha dotación podrá verse ampliada de conformidad a lo previsto en el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana para el año 2005, siempre y cuando se proceda a la generación del crédito correspondiente.
  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
  
Las solicitudes de subvención realizadas en el presente ejercicio con anterioridad a la publicación de la presente orden, al amparo de la de 14 de junio de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas económicas a las organizaciones sindicales, serán tramitadas y las ayudas concedidas de conformidad con lo dispuesto en las bases ahora aprobadas.
  
Los solicitantes no deberán reproducir su petición pero si completarán la documentación en su momento presentada aportando en el plazo indicado en el apartado 2 del artículo segundo la documentación señalada en los epígrafes h), i) y j) de la base sexta.
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
  
Se derogan las Ordenes de 14 de junio de 2002, (DOGV nº 4274 del día 19) y de 5 de marzo de 2003 (DOGV nº 4456 del día 10) de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectorial en prevención de riesgos laborales y se modifican determinados apartados de la anterior, respectivamente.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta al director general de Trabajo y Seguridad Laboral para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
Contra lo dispuesto en la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde su publicación en el DOGV o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Tercera
  
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 27 de septiembre de 2005
  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo,
  
GERARDO CAMPS DEVESA
  
ANEXO
  
Bases que regulan las ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
  
Capítulo I
  
Disposiciones generales
  
Primera. Objeto y ámbito
  
1. Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas económicas para la realización de inversiones destinadas a la creación y/o equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
  
2. Solo podrán ser objeto de ayuda las actividades que se desarrollen dentro del ejercicio económico en que se concedan, no admitiéndose actuaciones de carácter plurianual.
  
Segunda. Beneficiarios
  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las asociaciones empresariales, las organizaciones sindicales, instituciones públicas, corporaciones de derecho público y entidades privadas sin ánimo de lucro, cuyo ámbito territorial de actuación comprenda el de la Comunidad Valenciana y siempre que sus fines tengan directa relación con las materias objeto de esta convocatoria.
  
No podrán ser beneficiarias las entidades locales e instituciones dependientes de las mismas, así como los sujetos que incurran en las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
  
Tercera. Importe de las ayudas y compatibilidad. Gastos elegibles. Subcontratación con terceros.
  
1. La cuantía que podrá concederse por cada actuación presentada podrá ser como máximo del 80% del coste presupuestado; en todo caso dicho porcentaje estará supeditado a la disponibilidad presupuestaria y a las características de las actuaciones, de acuerdo con los criterios establecidos en las presentes bases.
  
2. Los gastos elegibles para dar lugar a las ayudas con cargo a los Fondos Estructurales Europeos se atenderán de conformidad a los Reglamentos de la Unión Europea de aplicación a dichos Fondos en cada momento y mientras las presentes bases permanezcan en vigor. Serán subvencionables los tributos e impuestos indirectos cuando no sean objeto de recuperación o compensación por el beneficiario.
  
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 en caso de suministros para el equipamiento, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes empresas con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la Memoria explicativa del proyecto cuando la elección no recaiga sobre la oferta más económica.
  
Los gastos realizados con anterioridad a la solicitud de subvención podrán ser admitidos sin sujeción a concurrencia de ofertas previas, no obstante, en este caso la entidad beneficiaria acreditará en la memoria que presente las razones objetivas que ha tomado en consideración para la elección de la entidad prestadora del servicio o suministro.
  
3. Podrá subcontratarse total o parcialmente la actividad subvencionada con entidades o empresas no incursas en las prohibiciones del artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones.
  
La subcontratación cuando supere la cuantía del 20 por ciento de la subvención que, en su caso, se conceda y exceda de 60.000 euros, deberá formalizarse por escrito y ser autorizada previamente por el órgano competente, que en la resolución que ponga fin al procedimiento se pronunciará sobre la misma.
  
4. Las ayudas reguladas en las presentes bases serán compatibles con cualesquiera otras que obtengan los beneficiarios procedentes de entidades publicas o privadas ajenas a los mismos, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste efectivo de ejecución de la actuación subvencionada.
  
Cuarta. Criterios de evaluación de las solicitudes
  
Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos, con las puntuaciones máximas que podrán obtenerse con base cien:
  
1. El sector sobre el que se pretenda actuar, en función de la siniestralidad laboral que se constaten en las estadísticas oficiales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 30 por ciento.
  
2. La incidencia del centro de formación en la mejora de las condiciones de trabajo y en la eficacia de la acción preventiva o en la promoción de la cultura preventiva. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 25 por ciento.
  
3. La implantación del solicitante en el sector o sectores de actividad económica en que se pretenda desarrollar la actuación. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 20 por ciento.
  
4. La solvencia técnica y la capacidad de gestión de la entidad solicitante. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 15 por ciento.
  
5. La localización geográfica dentro de la Comunidad Valenciana, en función asimismo de los parámetros del punto anterior. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 10 por ciento.
  
Capítulo II
  
Procedimiento de concesión. Instrucción y Resolución
  
Quinta. Presentación de solicitudes y plazo
  
1. Las solicitudes se realizarán mediante instancia dirigida al conseller de Economía, Hacienda y Empleo según modelo normalizado, y se presentarán en las correspondientes Direcciones Territoriales de Empleo y Trabajo, o en cualesquiera otra de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. El plazo de presentación de solicitudes se fijará anualmente en la Orden de convocatoria de las ayudas.
  
Sexta. Documentación.
  
Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación acreditativa e identificativa del solicitante y, en su caso, de su representante legal, además de la que se especifica a continuación:
  
a) Certificación de hallarse el solicitante al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, cuya validez deberá extenderse hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
  
b) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se ha presentado con anterioridad y no ha experimentado variación, en cuyo caso bastará declaración en tal sentido.
  
c) Proyecto o memoria explicativa de la creación o equipamiento del centro, con expresión de modalidad de ejecución y calendario previsible de realización.
  
d) Presupuesto desglosado por partidas, según gastos elegibles y detalle de actuaciones de realización directa y/o realización mediante contratación con terceros.
  
e) Fuentes de financiación y procedencia, incluyendo la ayuda que se solicita.
  
f) Actividades para las que se solicita autorización de subcontratación cuando su coste supere los limites establecidos en el apartado 3 de la base tercera.
  
g) Si la entidad solicitante hubiera dado inicio a la actividad para la que solicita subvención con anterioridad a la solicitud, acompañará anexo a la memoria en el que se detalle las actuaciones iniciadas, la subcontratación de las mismas y los gastos efectuados hasta dicha fecha, los cuales se justificarán con el conjunto de gastos subvencionables en el momento procedimental oportuno.
  
h) Declaración responsable sobre las ayudas que pudieran haberse percibido con la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, nacionales e internacionales.
  
i) Declaración responsable de no incurrir en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
j) Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, acreditación de estar exento.
  
k) Cualquier otra información adicional que se estime conveniente aportar.
  
Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la mencionada ley, para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se dictará resolución en la que se le tenga por desistido de su petición.
  
Séptima. Procedimiento de concesión.
  
El procedimiento para la concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
  
Se podrá adjudicar la totalidad del crédito disponible a la mejor o mejores propuestas presentadas, en orden a garantizar su viabilidad y en función de los importes solicitados por las entidades beneficiarias.
  
Octava. Instrucción del procedimiento.
  
1. Las Direcciones Territoriales de Empleo y Trabajo, una vez completos los expedientes, los remitirá al Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, órgano que realizará la instrucción del procedimiento de concesión, en los términos previstos en el art. 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
2. El órgano instructor realizadas las actividades de instrucción pertinentes dará traslado de los mismos a la Comisión indicada en el apartado siguiente.
  
3. Para la evaluación de las solicitudes, conforme previene el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, se constituirá una Comisión que adaptará su funcionamiento a las reglas generales que son de aplicación a los órganos colegiados, y que estará integrada por los funcionarios de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral siguientes:
  
- El jefe del Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral, que será su presidente.
  
- El jefe del Servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales.
  
- El jefe de Servicio de Condiciones de Trabajo.
  
- El jefe de Servicio de Gestión de Programas, que actuará como secretario.
  
4. La Comisión de Evaluación emitirá, en un plazo no superior a un mes, informe de evaluación de las solicitudes conforme a los criterios de la base Cuarta. En dicho informe, con expresión sucinta de los motivos por los que ha procedido a la valoración y ponderación de las solicitudes, se establecerá una prelación por orden de mayor a menor puntuación; pudiendo efectuar recomendaciones en orden al importe de las subvenciones que hagan viables las actuaciones proyectadas.
  
5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión, formulará propuesta de resolución que elevará al órgano competente para resolver.
  
6. El plazo máximo para la tramitación del procedimiento y notificar su resolución será de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido aquel sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud, ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la misma.
  
Novena. Resolución.
  
1. El director general de Trabajo y Seguridad Laboral, por delegación del conseller de Economía, Hacienda y Empleo, será competente para conceder las ayudas.
  
2. Cuando la resolución de concesión se aparte de la propuesta definitiva emitida por el órgano instructor, se hará constar en la misma con expresión de la motivación que la sustente.
  
3. Si se concediere la ayuda, la resolución fijará expresamente su importe e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el beneficiario.
  
4. Las cargas, modos y condiciones de la subvención se imputarán al beneficiario de la misma, sin que éste pueda oponer las excepciones que, en su caso, deriven de sus relaciones jurídicas con terceros.
  
Las resoluciones de concesión podrán retrotraer sus efectos a la actividad desarrollada con anterioridad a la fecha de aquellas, siempre que ésta se incluya en el presente ejercicio.
  
Las resoluciones agotarán la vía administrativa y podrán ser impugnadas directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los legitimados para ello estimen procedente.
  
Décima. Reformulación de solicitudes.
  
1. Cuando la propuesta de la Comisión de Evaluación determine una cuantía de subvención que no supere el 75 por ciento de la solicitada, se pondrá de inmediato en conocimiento del solicitante para que en el plazo de diez días, pueda formular adaptación del proyecto de actuación a la cantidad propuesta por la Comisión de Evaluación, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.
  
2. Verificada la nueva propuesta por la Comisión, ésta emitirá informe al respecto y el órgano instructor elevará propuesta de resolución al órgano competente para resolver.
  
Undécima. Publicidad de las subvenciones concedidas.
  
A los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, se publicará en el DOGV la relación de las subvenciones concedidas con arreglo a las presentes bases.
  
Dicha relación contendrá, además de las prescripciones contenidas en el número 1 del citado articulo 18, relativas a la convocatoria, programa y crédito presupuestario, los siguientes datos:
  
1. Nº de orden de los procedimientos.
  
2. Entidad Beneficiaria.
  
3. Fecha de la Resolución de concesión o del Instrumento convencional que haya puesto fin al procedimiento.
  
4. Importe de la subvención.
  
5. Breve descripción de la actividad subvencionada.
  
La publicación de las ayudas concedidas en ningún caso suplirá la notificación de las mismas a los beneficiarios, ni surtirá otros efectos que los perseguidos por la Ley General de Subvenciones.
  
Duodécima. Resolución de incidencias.
  
El órgano competente para la concesión de las ayudas, resolverá las incidencias que se produzcan, y en especial los supuestos de:
  
1. Modificaciones justificadas del proyecto inicial.
  
2. Cambios en la titularidad de la actuación.
  
3. Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión, con carácter excepcional y siempre que se soliciten antes de la expiración del plazo o término cuya prórroga se pretende.
  
4. Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto a los efectos de liquidación de la ayuda.
  
Decimotercera. Justificación de Gastos y Pago de las ayudas.
  
1. Las entidades beneficiarias justificarán la actividad subvencionada mediante la rendición de una cuenta justificativa con fecha límite de 30 de noviembre de 2005, salvo que por circunstancias concurrentes se determine un plazo distinto en la propia resolución de concesión o a petición del beneficiario instada antes de dicha fecha. En ningún caso la justificación será posterior a la finalización del ejercicio.
  
Dicha cuenta justificativa incluirá, bajo responsabilidad del declarante, los siguientes extremos:
  
1.1. Una memoria detallada sobre las actuaciones realizadas.
  
1.2. Acreditación de haber ejecutado el proyecto de conformidad a las presentes bases y resolución de concesión.
  
1.3. Facturas y demás documentos justificativos del gasto efectuado, de acuerdo con la normativa vigente y la categoría de gastos elegibles.
  
1.4. Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones específicas que se hubieran establecido en la resolución.
  
2. El pago se librará en los términos fijados por la resolución de concesión, pudiéndose efectuar libramientos parciales que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas.
  
En cualquier caso, todo pago que se efectúe requerirá de justificación previa de la actividad desarrollada y los gastos efectuados, mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil.
  
Decimocuarta. Obligaciones del beneficiario
  
Son obligaciones del beneficiario:
  
1. Realizar, y acreditar, la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
  
Los bienes adquiridos, se destinarán a dicha actividad durante un período mínimo de cinco años.
  
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.
  
2. El cumplimiento de los requisitos y condiciones que determine la resolución de concesión de la ayuda, así como las que deriven de la ley, su naturaleza u objeto.
  
3. Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos previstos en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda o norma que la sustituya.
  
4. El sometimiento a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General en relación con las ayudas concedidas, así como a las determinadas por los órganos de control de la Unión Europea.
  
5. Hacer constar de manera explícita en la difusión de las acciones subvencionables, el apoyo de la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Unión Europea, a los efectos de publicidad relativa a la cofinanciación por fondos de la Generalitat Valenciana y del FEDER, en los términos previstos por el Reglamento CE nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000 (DOCE de 31.2.2000) y por el articulo 18.4 de la Ley General de Subvenciones.
  
6. Comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas y privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, lo que dará lugar al correspondiente expediente de adecuación de la ayuda y adaptación a las nuevas circunstancias financieras del beneficiario.
  
Decimoquinta. Control de las acciones. Reintegro de subvenciones.
  
1. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral realizará el control y seguimiento de las acciones a través de las comprobaciones que considere necesarias en orden al cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones y de las condiciones y términos por los que haya obtenido subvención.
  
2. Para determinar los efectos, en su caso, del incumplimiento se atenderá al carácter esencial o no del requisito, condición u obligación incumplido. Se consideran esenciales los requisitos, condiciones u obligaciones que determinarían que el beneficiario no hubiera podido adquirir el derecho a la subvención o que desvirtúen la finalidad principal de ésta.
  
3. Toda alteración de las condiciones no esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, la falta de acreditación de la totalidad del gasto del proyecto aprobado, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
  
4. Quedará sin efecto la resolución de concesión, con obligación en su caso de reintegro de las cantidades que se hubieran librado, cuando concurran las causas de los artículos 37 de la Ley General de Subvenciones y 47.9 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, y particularmente las siguientes:
  
a) La alteración esencial de alguna de las características del proyecto aprobado.
  
b) La falta de justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas que en su conjunto excedan de los límites establecidos.
  
c) El incumplimiento de la obligación de destino establecida en el segundo párrafo del punto primero de la base anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, el cual quedará afecto al pago del reintegro cualquier que sea su poseedor, con las salvedades establecidas en los puntos 4 letra b) y 5 del art. 31 de la Ley General de Subvenciones.
  
5. Los procedimientos de reintegro de las cantidades percibidas, se sujetarán, en lo que sea de aplicación, a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.