Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5988, del 03-04-2009 (2009/3557)

Notificación de la resolución del recurso de alzada, referencia interna R-457/2008, a Encarnación Martínez Martínez.
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Número DOGV
:   5988

Fecha DOGV
:   03-04-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/3557


Fecha del documento
:   02-11-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la resolución del recurso de alzada, referencia interna R-457/2008, a Encarnación Martínez Martínez. [2009/3557]  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se procede a notificar a Encarnación Martínez Martínez, C/ Alonso Cano, nº 82, bloque 5, esc.8, bj.A (03879 Alicante) la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-457/08  
Resolución de la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del recurso de alzada presentado en expediente de desahucio administrativo por ocupación de vivienda sin título legal (A-DAFT-0043/07) de la vivienda sita en Alicante, calle Alonso Cano nº 82, Bq-5, Esc-8, BJ A (código vivienda 03/7069/0243)  
Datos del reclamante.  
Nº Exp. Apellidos y nombre  
A-DAFT-0043/07 Martínez Martínez, Encarnación  
Datos de la vivienda.  
Código Vivienda. 03/7069/0243.  
Domicilio: c/ Alonso Cano nº 82, BQ-5, ESC-8, BJ PTA-A de Alicante.  
I. Antecedentes.  
Cronológicamente expuestos, los hechos esenciales relativos a dicho expediente, son los siguientes:  
Primero. Encarnación Martínez Martínez era adjudicataria de la vivienda objeto de este expediente en régimen de arrendamiento en virtud de contrato de fecha 6 de noviembre de 1998 hasta que con fecha 28 de agosto de 2006 y en virtud de resolución del director del Centro de Gestión de Vivienda Pública de Alicante se le denegó la prórroga del contrato por falta de documentación y por no encontrarse al corriente de pago de rentas. Al no proceder a la devolución de la posesión de la vivienda en plazo se inició el correspondiente procedimiento de desahucio administrativo por falta de título (A-DAFT-0043/07) mediante providencia de fecha 27 de marzo de 2007.  
Segundo. El 27 de marzo de 2007 se formuló el correspondiente pliego de cargos que, como consta en el mismo, y al no poder ser notificado directamente a la interesada, fue objeto de la correspondiente publicación por edictos y en el DOCV nº 5494 de 20 de abril de 2007.  
Tercero. No habiéndose presentado pruebas o formulado alegaciones por la interesada, con fecha 7 de junio de 2007 se dictó la correspondiente resolución del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos, que daba por resuelto el expediente mandando proceder al lanzamiento, y que al no poder ser notificada a la interesada después de dos intentos negativos, fue objeto de publicación por edictos y en el DOCV nº 5618 de 15 de octubre de 2007.  
Cuarto. El 23 de julio de 2007, se presentó escrito por la interesada en el que se entregaba documentación para renovación del contrato y se solicitaba que se tuviera como alegación al expediente, por lo que fue considerado como recurso de alzada contra la referida resolución.  
II. Fundamentos de derecho.  
Los artículos 30 del texto refundido aprobado por Real Decreto 2.960, de 12 de noviembre de 1.976, y 138 del Reglamento de viviendas de protección oficial, de 24 de julio de 1.968, configuran como motivo de desahucio administrativo, el ocupar una vivienda sin título legal para ello.  
El artículo 30 del mencionado texto refundido, así como, los artículos 138 y 142 del Reglamento de viviendas de protección oficial, establecen que la administración actuante podrá acordar el desahucio administrativo por ocupación de una vivienda sin título legal, con el lanzamiento de los ocupantes de viviendas y el desalojo de bienes y enseres.  
El artículo 57, 5º punto 2, letra b, de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat regula como motivo de desahucio administrativo el ocupar una vivienda sin título legal para ello. En el mismo sentido los artículos 181 y 182 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, de Reglamento de protección pública a la vivienda.  
El artículo 183 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, de Reglamento de protección pública a la vivienda, artículos 142 y 161 del Reglamento de viviendas de protección oficial de 24 de julio de 1968, artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, y artículo 16 y siguientes del RD 1398/93, de 4 de agosto, respecto al procedimiento a seguir.  
El articulo 143 del Decreto 2114/1968 de 24 de julio que reputa en todo caso el domicilio del interesado como la vivienda objeto del desahucio en relación con el artículo 59 y siguientes de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
Los artículos 20 y 24 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.  
III. Contestación a las alegaciones.  
La legislación vigente en materia de viviendas de protección oficial de promoción pública, establece unas condiciones especiales de protección dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a aquellas familias más desfavorecidas y, con ese fin, la recuperación de las mismas cuando se encuentran ocupadas por personas que carecen de título legal para ello, por lo que en el presente caso, resultando acreditado que el contrato de arrendamiento había quedado resuelto en virtud de resolución dictada en expediente A-RCRE-01883/06, que no fue impugnada, las alegaciones de la interesada en su escrito de fecha 23 de julio de 2007 (en el que se limita a la aportación extemporánea de documentación para la renovación de un contrato que ya ha sido resuelto) no pueden ser admitidas pues no desvirtúan la causa que dio origen a la incoación del expediente, que es la de que dicha interesada carecía de título para ocupar la vivienda en el momento de incoación del mismo.  
Nos encontramos por lo tanto ante un claro supuesto de ocupación ilegal y las circunstancias que se dan en el presente caso se corresponden con las que tiene en cuenta la normativa aplicable para dar lugar al desahucio administrativo por ocupación de la vivienda sin título legal, no dándose ni nulidad ni indefensión alguna pues la interesada ha conocido perfectamente los motivos que dieron lugar a la no renovación de su contrato de arrendamiento (por no encontrarse al corriente en el pago de rentas y no aportar la documentación que le fue pedida) sin que el expediente A-DAFT-0043/07 tenga relación alguna con la documentación unida a su último escrito, que debió ser aportada en su momento en el expediente A-RCRE-01846/06 de denegación de prórroga de contrato (resuelto por resolución firme que no fue impugnada) y no ahora, ya que desde entonces la adjudicataria se encuentra en una situación de falta de título para la ocupación, sin perjuicio de su derecho a presentar una nueva solicitud de vivienda.   
Por todo lo anterior y no existiendo título jurídico que legitime la ocupación de Encarnación Martínez Martínez, la resolución del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos de 7 de junio de 2007 debe ser íntegramente confirmada.  
Resolución  
Visto el expediente, se deduce que ha quedado acreditado que no existe título jurídico que legitime la ocupación de Encarnación Martínez Martínez.  
Vistos los hechos, las disposiciones legales citadas y las de general aplicación, así como la propuesta de la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda resuelve la desestimación del recurso de alzada.  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de recibo de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 2 de octubre de 2008.- La secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: María Angeles Ureña Guillém.