Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8598, del 24-07-2019 (2019/7188)

RESOLUCION de 1 de abril de 2019, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de extinción de la autorización otorgada a la mercantil Puerto Deportivo de Alicante, S.A. para la construcción y explotación de un puerto deportivo de invernada en el paraje de la Albufereta, término municipal de Alicante.
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Número DOGV
:   8598

Fecha DOGV
:   24-07-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2019/7188


Fecha del documento
:   01-04-2019

Organismo emisor
:   Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
    * instalación portuaria

RESOLUCION de 1 de abril de 2019, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de extinción de la autorización otorgada a la mercantil Puerto Deportivo de Alicante, S.A. para la construcción y explotación de un puerto deportivo de invernada en el paraje de la Albufereta, término municipal de Alicante. [2019/7188]  
  
Antecedentes  
  
1. Por resolución del Consejo de Ministros de fecha 26 de octubre de 1979 se otorgó a la mercantil «Puerto Deportivo de Alicante, SA.», autorización para la construcción y explotación de un puerto deportivo de invernada en el paraje de la Albufereta del término municipal de Alicante.  
2. El inicio de las obras se acordó por Orden ministerial de 30 de abril de 1980, suscribiéndose acta de replanteo el día 13 de junio del mismo año.  
Por diversas vicisitudes que desembocaron en litigios judiciales las obras no han llegado a concluirse ni, en consecuencia, se ha producido el inicio de la fase de explotación. De las obras iniciadas queda una superficie de relleno ganado al mar con anchura variable de entre 40 y 90 metros, así como un pequeño acopio de escollera en el extremo norte de la explanación efectuada; sin que se haya producido la finalización de las obras, ni en consecuencia el inicio de la fase de explotación.  
3. El puerto deportivo, con el nombre de «La Albufereta» aunque también es conocido como «Puertoamor», fue traspasado a la Comunitat Valenciana, mediante el Real decreto 3059/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunitat Valenciana en materia de puertos.  
4. La mercantil concesionaria «Puerto Deportivo de Alicante, SA.» se había constituido el 5 de octubre de 1978, siendo socio mayoritario de la misma Carlos Bonet Martínez, con el 55,55 % de las acciones. Sin embargo, en distintas fechas entre 1989 y 1991 se produjeron diversos cambios en su accionariado que alteraron sustancialmente su composición, culminando en la adquisición de la totalidad de las acciones de Puerto Deportivo de Alicante, SA, por la también mercantil Otachi, SA, el 5 de diciembre de 1991, previamente adquiridas por Chiota, SA.; todo ello sin levantamiento acta de reconocimiento de las obras que determinase su finalización y sin la previa y expresa autorización administrativa, tal como exige el título concesional (condición 14ª).  
Conocidas esas circunstancias y tras la tramitación del oportuno expediente, mediante Acuerdo del Gobierno Valenciano de 18 de julio de 1994 se declaró la caducidad de la concesión.  
Impugnado dicho acuerdo en vía jurisdiccional, la Sentencia del TSJCV de 30.05.1997 estima recurso contencioso-administrativo interpuesto por Puerto Deportivo de Alicante, SA; indicando no obstante en su fundamento de derecho quinto que el efecto jurídico que se produce, según las normas citadas, cuando se materializa una transmisión no tempestiva o no autorizada, no es el de la extinción de la concesión, sino muy al contrario el de su subsistencia, de manera tal que la transmisión no es en absoluto eficaz frente a la Administración; el concesionario no queda desvinculado de sus obligaciones originarias; el adquirente no queda subrogado en la posición de aquel; y no podrá existir constancia pública registral de la transmisión, porque la Administración nunca otorgará título formal para ello.  
Así pues, el efecto jurídico que la norma liga a la transmisión no autorizada, es el de la absoluta inexistencia e ineficacia del negocio traslativo. Si «ope legis» la transmisión no existe y la administración debe ignorarla, no puede deducirse además, la caducidad de la concesión, porque ello equivaldría a conectar la extinción del negocio con una causa inexistente.  
Formulado recurso de casación contra esa sentencia por la Generalitat Valenciana, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2003, desestima el recurso por defecto formal y sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en el procedimiento.  
5. Según datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), número 77 de 23 de abril de 2012, el administrador único de Puerto Deportivo de Alicante, SA, es Pedro Omar Otamendi Chico; con domicilio social actual en calle Marqués de Campo número 35-3-A de Dénia, según BORME número 18, de 25 de enero de 2018.  
  
Consideraciones jurídicas  
  
1. La competencia para dictar la presente resolución corresponde a la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en virtud de lo previsto en los artículos 1.1 y 4.1 del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, aprobado por Decreto 159/2015, de 18 de septiembre, del Consell; en relación con el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.  
La resolución de incidencias en los puertos dependientes de la Generalitat se encuentra delegada, no obstante, en la persona titular de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, mediante Resolución de 2 de julio de 2018, de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, sobre delegación del ejercicio de competencias en determinados órganos de la Conselleria.  
2. La autorización conferida a Puerto Deportivo de Alicante, SA, se rige en primer término por las condiciones establecidas en la propia resolución de otorgamiento, entre las que aquí se destacan:  
La condición 1ª dispone que la autorización no implica cesión del dominio público ocupado, ni de las facultades dominicales del Estado, otorgándose con sujeción a lo dispuesto en la Ley 55/1969, de 26 de abril, sobre Puertos Deportivos y en la Ley y el Reglamento de Puertos, de 19 de enero de 1928.  
La condición 2ª estableció un plazo de duración de cincuenta (50) años, salvo los derechos particulares y sin perjuicio de tercero, contados desde el día siguiente a la fecha de notificación al concesionario.  
La condición 17ª establece que el beneficiario vendrá obligado a cumplir las disposiciones vigentes, o que en lo sucesivo se dicten, que afecten al dominio público otorgada su ocupación, y, en su caso, a los terrenos ganados al mar otorgados en propiedad, y a las obras y actividades que en los mismos se desarrollen, especialmente las correspondientes a licencias y ordenaciones urbanísticas, e incluidas las relativas a las zonas polémica y militar de Costas y Fronteras, sin que las obras que se ejecuten puedan ser obstáculo para el ejercicio de la vigilancia litoral ni de las demás servidumbres públicas.  
La condición 14ª dispuso que el beneficiario, después de aprobada el acta de reconocimiento de las obras, podrá ceder la autorización otorgada, previa la conformidad expresa de la Administración, entendiéndose que quien se subrogue en sus derechos asumirá también el resto de las obligaciones de la autorización.  
Según la condición 20ª, cuando por vencimiento de la autorización, se produzca la reversión, quedarán automáticamente extinguidos los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre el dominio público ocupado y las obras o instalaciones objeto de reversión. Tampoco asumirá la Administración los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el beneficiario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por tanto, pueda en forma alguna entenderse que la reversión implica la cesión de empresa.  
Y la condición 21ª establece que terminado el plazo otorgado, revertirán al Estado los terrenos, obras e instalaciones objeto de la autorización, pudiendo retirarse por el beneficiario aquellos elementos que no figuren en el acta de reconocimiento, levantada de conformidad y en cumplimiento de la cláusula 8ª, y que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo.  
De la recepción por la Administración de los bienes revertidos, se levantará la correspondiente acta en presencia del interesado, si compareciere. En el acta se reseñará el estado de conservación de los bienes revertidos, especificándose los deterioros que presenten. Si existieran deterioros, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente  
3. Como se ha indicado, la concesión fue otorgada en octubre de 1979, por lo que es de aplicación la legislación vigente en dicho momento (Ley 55/1969, de 26 de abril, sobre Puertos Deportivos y Reglamento de Puertos de 19.01.1928); así como la Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre costas, entonces vigente.  
Así se desprende, además, de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat, según la cual: «Las autorizaciones que supongan ocupación del dominio público portuario y las concesiones vigentes a la entrada en vigor de esta ley, seguirán sujetas a las mismas condiciones en que se otorgaron hasta que transcurra el plazo por el que fueron otorgadas.»  
4. Solicitado informe a la Abogacía de la Generalitat sobre una serie de cuestiones relativas a la concesión sobre el puerto deportivo, lo emite el 14 de junio de 2018, concluyendo la extinción «ope legis» de la concesión por el transcurso de 30 años establecido en la DT 16ª del RD 876/2014, fundamentada en la consideración segunda que se transcribe literalmente a los efectos previstos en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:  
« La Ley 22/1988 en su disposición transitoria quinta (que no ha sido modificada por Ley 2/2013), prevé la revocación de las concesiones cuando resulten incompatibles con los criterios de ocupación del dominio público establecidos en la Ley 22/1988. En efecto, dicha disposición transitoria, párrafo segundo, establece:  
«2. Asimismo en el plazo de dos años y previamente a la inscripción, en su caso, en el correspondiente Registro, la Administración del Estado revisará las características y el cumplimiento de las condiciones de las reservas, adscripciones y concesiones vigentes a la promulgación de esta ley. Las concesiones podrán ser revocadas, total o parcialmente, además de por las causas previstas en el título correspondiente, cuando resulten incompatibles con los criterios de ocupación del dominio público establecidos en la presente Ley. La indemnización se determinará, en su caso, por aplicación de lo previsto en las cláusulas de la concesión o, en su defecto, en la legislación en cuya virtud se otorgó aquella.  
Y el RD 1471/1989 preveía cuándo se entendía que una concesión era incompatible con los criterios de ocupación de dominio público, estableciendo la DT 14ª de dicho Real Decreto que se consideraban en todo caso incompatible con los criterios de ocupación del dominio público establecidos en la Ley de Costas el mantenimiento de concesiones a perpetuidad, por tiempo indefinido, sin plazo limitado o por plazo superior a treinta años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, siempre que no hayan superado o superen el plazo máximo de noventa y nueve años. Y preveía que en todos estos casos, las concesiones vigentes se entenderán otorgadas por el plazo máximo de treinta años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley de Costas.  
Por lo que las concesiones otorgadas antes del 29 de julio de 1988 debe entenderse que vencerán el 29 de julio de 2018. En efecto, la DT 14ª del RD 1471/1989 es reproducida por la DT 16ª de RD 876/2014, que establece bajo el título de «revisión de concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo» lo siguiente:  
«1. Se considerará en todo caso incompatible con los criterios de ocupación del dominio público establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, el mantenimiento de concesiones a perpetuidad, por tiempo indefinido o sin plazo limitado. En todo caso, se entenderá que las concesiones vigentes antes del 29 de julio de 1988 fueron otorgadas por un plazo máximo de 30 años a contar desde esa fecha, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.  
2. En los demás casos, la revisión de las cláusulas concesionales requerirá la tramitación de un expediente con audiencia al interesado y oferta de condiciones revisadas adaptadas a los criterios de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento, formulada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Si el concesionario no acepta las nuevas condiciones se procederá a la revocación total o parcial de la concesión, tramitándose en pieza separada el correspondiente expediente indemnizatorio.  
3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente resolverá sobre el mantenimiento o la revocación de las concesiones otorgadas en precario. En caso de que opte por el mantenimiento deberá otorgar una concesión firme con arreglo a los criterios y al procedimiento establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el presente reglamento.  
4. Las concesiones otorgadas para la construcción de accesos artificiales a islas o islotes de propiedad particular por medio de obras de rellenos o de fábrica, se revisarán de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que dichos accesos queden abiertos al uso público gratuito en las mismas condiciones de utilización que se haya establecido para acceder a las propiedades privadas, de forma que se garantice el acceso al dominio público marítimo-terrestre insular y a los espacios sometidos a la servidumbre de tránsito. Esta modificación de sus condiciones no dará lugar a indemnización  
5. Los titulares de creación, regeneración o acondicionamiento de playas podrán solicitar la revisión de sus cláusulas para incluir en ellas la previsión contenida en los artículos 54 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 114 de este reglamento.»  
Sobre esta DT 16ª del RD 876/2014, recordamos que ha tenido el Tribunal Supremo la oportunidad de pronunciarse en sentencia núm. 3273/2016, de 5 de julio de 2016, que desestimó el recurso interpuesto por una entidad contra dicha DT 16ª. En dicho recurso se solicitaba que se declarase nulo de pleno derecho el apartado primero de la DT 16ª del RD876/2014 o alternativamente que se declarase, a efectos interpretativos, que el plazo de las concesiones vigentes con anterioridad al 29 de julio de 1988 era de 75 años y no de 30 años.  
Recordamos que no se ha solicitado la prórroga de la concesión que permite el art 2 de la Ley 2/2013 (precepto cuya constitucionalidad ha sido declarada expresamente por STC 233/2015, de 5 de noviembre), prórroga que entendemos es discrecional y podrá concederse o denegarse por la Administración atendiendo a las circunstancias concurrentes, sin que, a nuestro juicio, existan causas para conceder la misma, dado que no se ha llegado nunca a iniciar las obras y estas han perdido su finalidad, habiendo cambiado las normas medio ambientales y urbanísticas que regían en dicho dominio público cuando se otorgó por el Estado la concesión, dominio público que además actualmente está integrado en un Parque Natural y está protegido por numerosos instrumentos medio ambientales.  
Por lo que, a nuestro juicio, a partir del 29 de julio de 2018, debe dictarse resolución declarando extinguida la concesión por haber trascurrido el plazo de 30 años que establece la DT 16ª del RD 876/2014. Entendemos que esta declaración no requiere dar audiencia a la entidad interesada dado el tenor literal del apartado primero de la DT 16ª, en relación con el apartado segundo de dicha disposición transitoria que regula la revocación de la concesión por cambio de condiciones. Asimismo consideramos que no habría derecho a indemnización por extinguirse la concesión por el transcurso del plazo al amparo de la cláusula 20 del pliego de condiciones que rige la concesión en relación la DT 5ª de la ley22/1988.  
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la resolución que revoque la concesión por el transcurso del plazo de 30 años establecido en la DT 16ª del RD 876/2014 deberá tener en cuenta el art. 72 de la Ley 22/1988 que establece que en todos los casos de extinción de una concesión, la Administración decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de protección por el interesado y a sus expensas.  
En el presente caso, no se han realizado las obras para las que se adjudicó la concesión, ni se han iniciado las mismas, por lo que simplemente deberá especificase esta circunstancia en la resolución que acuerde la revocación.»  
Suscitada así la cuestión del transcurso del plazo máximo de duración de la concesión legalmente establecido, resulta procedente declarar su extinción sin más trámite, por haberse producido «ipso iure».  
La trascendencia resolutoria de esa declaración constituye razón de interés público que aconseja su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
En virtud de todo lo expuesto, resuelvo:  
  
Primero  
Declarar extinguida la concesión por haber trascurrido el plazo de 30 años que establece la disposición transitoria 16ª del Real decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.  
  
Segundo  
Notificar la presente resolución a los interesados y publicar su contenido en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean administraciones públicas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un (1) mes ante el órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.  
Las Administraciones públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
Ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.  
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente resolución.  
  
València, 1 de abril de 2019.- La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, p. d. (R 02.07.2018), el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad: Carlos Domingo Soler.