Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5832, del 21-08-2008 (2008/8517)

Asunto civil 000570/2008. Notificación del auto de medidas provisionales a Vasile Marmandiu.
--------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5832

Fecha DOGV
:   21-08-2008

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2008/8517


Fecha del documento
:   02-07-2008

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * sistema judicial

Asunto civil 000570/2008. Notificación del auto de medidas provisionales a Vasile Marmandiu. [2008/8517]  
Eva María Murciano Vicente, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, en el juicio referenciado, ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Auto número 298/1998  
Castellón de la Plana, 2 de julio de 2008  
Hechos  
Primero. La procuradora señora Ferrada Julián, en nombre y representación de Daniela Marmadiu en los autos de divorcio número 421/2008, dedujo solicitud de medidas provisionales coetáneas contra Vasile Marmadiu, cónyuge de su mandante, por medio de otrosí en la demanda principal, en los siguientes términos:  
1. Atribuir a la demandante la custodia de los dos hijos menores, y el ejercicio exclusivo de la patria potestad.  
2. Visitas entre el demandado y los hijos menores sin pernocta.  
3. Pensión de alimentos de 500 euros, y mitad de gastos extraordinarios.  
4. Atribuir el uso del vehículo común a la esposa hasta la liquidación de la sociedad de gananciales.  
Segundo. Formada la oportuna pieza separada, que se registró con el número 570/2008, se citó a las partes y al ministerio fiscal a la comparecencia prevista en el artículo 773.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tuvo lugar el día 1 de julio de 2008, compareciendo la parte actora, que se ratificó en su solicitud, mientras que la parte demandada no compareció, pese a haber sido citada. El ministerio fiscal solicitó informar tras la práctica de la prueba.  
Tercero. Solicitado el recibimiento a prueba, su señoría accedió a lo solicitado, procediéndose a la práctica de la propuesta y admitida, que por la parte demandante consistió en: documental (dar por reproducida toda la obrante en el procedimiento principal, y otra que aportó en el acto). Por el ministerio fiscal se propuso el interrogatorio de ambas partes.  
Cuarto. Practicada la prueba en el acto, y tras informar el fiscal en el sentido de que se estimara lo solicitado por la demandante, con la única salvedad de que las visitas entre el demandado los hijos se llevarán a cabo en el punto de encuentro, quedaron conclusos los autos.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. Los artículos 102 y 103 del Código Civil prevén la adopción de una serie de medidas provisionales por la admisión de la demanda de separación, nulidad o divorcio, medidas que, conforme señala el artículo 106, terminan en todo caso, cuando sean sustituidas por las de la sentencia definitiva o se ponga fin al procedimiento de otro modo. Estas medidas no podrán solicitarse si previamente se hubieran pedido medidas previas a la interposición de la demanda, conforme indica el artículo 773.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Segundo. Junto a los efectos previstos en el artículo 102, que se producen por imperativo legal, el artículo 103 contempla otros que han de ser fijados por el juez. En el supuesto de autos, y en relación con la primera de las medidas planteadas (la guarda y custodia y patria potestad respecto de los hijos menores de edad); ha quedado probado que desde que se produjera el cese de la convivencia conyugal a principios del año 2008, abandonando el marido el domicilio conyugal, ha sido la esposa la que ha quedado a cargo del cuidado de los hijos de manera exclusiva, sin ningún tipo de colaboración, ni personal ni económica, por parte del marido, que se ha desentendido por completo de las necesarias atenciones que precisa su prole. Por todo ello, resulta evidente que debe atribuirse a la esposa tanto la guarda y custodia de los hijos (al ser ella la que la ha venido desempeñando de hecho desde la separación, y quien se hacía también cargo de los menores durante la convivencia conyugal) como el ejercicio exclusivo de la patria potestad conforme al último párrafo del artículo 156 del Código Civil, ya que el padre se ha desentendido completamente de sus obligaciones parentales, resultando aconsejable que, al menos en sede de medidas provisionales, sea la madre la que desempeñe con carácter exclusivo las funciones derivadas de la patria potestad, de manera que se evite la posibilidad de intromisiones del padre que pudieran perturbar el normal desarrollo de la vida de los hijos, atendidos la total despreocupación del padre hacia los hijos y su carácter violento.  
Tercero. La atribución de la custodia de los hijos a la madre obliga a determinar la forma en que el padre, como progenitor no custodio, haya de relacionarse con sus hijos menores. El artículo 94 del Código Civil establece que el progenitor que no tenga consigo a los hijos gozará del derecho a visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieran graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. Por lo tanto, el derecho de visitas regulado en el artículo 94 del Código Civil en concordancia con el artículo 161 también del Código Civil, no es un propio y verdadero derecho, sino un complejo de derechos-deberes cuyo adecuado cumplimiento no tiene por finalidad satisfacer los deseos o derechos de los progenitores sino también y sobre todo cubrir las necesidades afectivas y educativas de los hijos en aras de su desarrollo armónico y equilibrado; se trata de un derecho subordinado al interés del menor, y así está recogido en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por Asamblea General de Naciones Unidas de 1959, la Resolución de 29 de mayo de 1967 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; y la Convención del Consejo de Europa de 1980 sobre Reconocimiento y Ejecución de Decisiones en Materia de Guarda de Niños. Por ser el más valioso y necesitado de protección, debe ser concedido al margen y por encima de los motivos que dieron lugar a la separación o divorcio de los cónyuges, ya que el derecho de visitas cumple una evidente función familiar que aunque la familia atraviese una crisis o ruptura, incluso definitiva, se cumplan en la medida de lo posible, los fines asignados al núcleo familiar, entre ellos, el del pleno desarrollo de la personalidad de los mismos. Asimismo, el artículo 94 del Código Civil admite la posibilidad de limitar o suspender el derecho del progenitor a visitar al hijo que no tenga consigo en el caso de que incumpliera grave y reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial o se diesen circunstancias que así lo aconsejen, pero esta limitación o supresión únicamente puede entrar en juego cuando se den las circunstancias legalmente previstas en el artículo 94 del Código Civil, pues la misma no sólo produce una incidencia negativa sobre el progenitor, que no podrá ver colmadas sus aspiraciones a estar con su hijo, sino que redunda además en mayor o menor medida en una deficiente formación de la personalidad del hijo, que se habrá desarrollado sin contar con la asistencia, la tutela, el seguimiento y el apoyo de su progenitor, por lo que debe ser objeto de una interpretación restrictiva. En el caso de autos, existen unas circunstancias que aconsejan establecer algunas restricciones en la relación del padre con sus hijos:  
1. Que el señor Marmandiu no ha demostrado interés por sus hijos desde que se produjo el cese de la convivencia conyugal, ya que él mismo apenas ha visitado a los menores más que en contadas ocasiones, y siempre por breves periodos de tiempo, al margen de no haber atendido tampoco a sus necesidades materiales ni haberles pasado cantidad alguna de dinero para su manutención.  
2. Que el padre tiene un carácter violento, por lo que la madre no siente seguridad de dejar solos a los hijos con él, máxime atendida la corta edad de los niños (el pequeño aún no ha cumplido un año de edad).  
Por todo ello, procede establecer un régimen de visitas progresivo, que inicialmente deberá llevarse a cabo bajo supervisión, en el punto de encuentro de Castellón de la Plana, durante una hora en fines de semana alternos, y sólo cuando el personal de dicho punto de encuentro dictamine que la relación entre padre e hijos es lo suficientemente buena y ofrezca las debidas garantías de seguridad para los menores, las visitas podrían pasar a desarrollarse fuera de ese centro.  
Cuarto. En lo que concierne a la contribución del padre al sostenimiento material de sus hijos, que se traducirá en el pago de una pensión de alimentos que, conforme al artículo 146 del Código Civil habrá de ser proporcional a los medios del alimentante y las necesidades de los alimentistas, hay que partir de las siguientes circunstancias:  
1. Que la esposa y los hijos viven en una casa arrendada por los padres de la esposa, cuya renta es de 580 euros mensuales, sin que conste si contribuye o no al pago de ese alquiler.  
2. Que la esposa se encuentra actualmente en situación de desempleo, y trabaja en una empresa de recogida de naranja en la estación invernal; sus ingresos cuando trabaja son de unos 842 euros netos mensuales.  
3. Que el marido tuvo unos ingresos en el año 2007 de unos 18.000 euros brutos anuales, encontrándose actualmente en situación de desempleo cobrando una prestación de unos 1.200 euros netos mensuales.  
4. Que no se han acreditado cuáles sean los gastos ordinarios de los hijos, debiendo suponerse que serán los normales en niños de su edad.  
Atendidas estas circunstancias, se considera ajustado fijar el importe de la pensión de alimentos en 200 euros para cada uno de los hijos, con la obligación de ambos progenitores de abonar por mitad los gastos extraordinarios necesarios que generen los hijos.  
Quinto. De conformidad con el artículo 773.3 de la Ley 1/2000, contra este auto no cabrá interponer recurso alguno.  
Parte dispositiva  
En atención a lo expuesto, José Luis Conde-Pumpido García, magistrado-juez de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana,   
Acuerda: adoptar las siguientes medidas provisionales respecto del matrimonio de Vasile Marmandiu y Daniela Marmandiu:  
1. Los cónyuges podrán vivir separados, cesando la presunción de convivencia conyugal.  
2. Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.  
3. Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.  
4. Se atribuye a la esposa la guarda y custodia y el ejercicio exclusivo de la patria potestad respecto de los dos hijos menores comunes.  
5. Se establece el siguiente régimen de visitas entre el padre y los hijos menores: una hora en fines de semana alternos en el punto de encuentro de Castellón de la Plana, en el horario concreto que determine el personal de dicho centro, y bajo su supervisión, debiendo informar los técnicos favorablemente antes de permitir que las visitas se desarrollen fuera de ese centro. Este régimen de visitas comenzará únicamente cuando así lo solicite expresamente el padre.  
6. El señor Marmandiu abonará, en concepto de pensión de alimentos para sus hijos, la suma de 200 euros para cada uno de ellos (400 euros en total), que ingresará dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe la esposa, y que se actualizará anualmente conforme a las variaciones del IPC. Los gastos extraordinarios necesarios que generen los hijos serán abonados por ambos progenitores a partes iguales.  
Estas medidas quedarán sin efecto, en todo caso, cuando sean sustituidas por la de la sentencia definitiva, o cuando se ponga fin al procedimiento de cualquier otro modo, salvo la revocación de poderes, que es definitiva.  
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.  
Así por este mi auto, lo ordeno y firmo».  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, Vasile Marmandiu, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de auto de medidas provisionales.  
Castellón de la Plana, 2 de julio de 2008.- La secretaria judicial: Eva María Murciano Vicente.