Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3788, del 07-07-2000 (2000/5303)

Notificación de la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-14/2000.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3788

Fecha DOGV
:   07-07-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/5303


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-14/2000. [2000/M5303]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a doña Avelina Sánchez Toledo, calle de la Sagrada Familia, 22, 46343 Valencia, la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-14/2000
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada formulado por doña Avelina Sánchez Toledo, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, en el expediente, por solicitud de ayudas económicas directas para la adquisición de una vivienda protegida de nueva construcción acogida al expediente número 46/1G/0163/1998/250.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Doña Avelina Sánchez Toledo, adquirente de una vivienda de protección oficial de régimen general mediante contrato de compraventa de fecha 2 de julio de 1999, presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia el día 8 de septiembre de 1999 solicitud de visado de contrato y financiación cualificada para la adquisición de la citada vivienda.
  
2. A la vista de la documentación obrante en el expediente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.4, segundo párrafo, del Decreto 173/1998, de 20 de octubre, del Gobierno Valenciano, el jefe del Servicio Territorial en fecha 9 de diciembre de 1999 dicta resolución denegatoria de la subsidiación del tipo de interés del préstamo cualificado, al quedar acreditado que el nivel de ingresos familiares corregidos de la solicitante es inferior a la doceava parte del precio total de la vivienda y del garaje y/o anejos vinculados.
  
3. Contra la citada resolución interpone recurso de alzada en tiempo y forma doña Avelina Sánchez Toledo, con las alegaciones que constan en el mismo, y que se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), así como por lo establecido en el Decreto 225/99, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 3.648, de 20 de diciembre).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107; 110; 114; 115; y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
3. Según dispone el artículo 10.4 del Decreto 173/1998, de 20 de octubre, del Gobierno Valenciano, se entiende que existe desproporción de ingresos cuando el nivel de ingresos familiares sea inferior a una doceava parte del precio total de la vivienda y del garaje y/o anejos vinculados.
  
4. No obstante lo anterior, a la hora de aplicar la norma debe atenderse al espíritu de la misma. La finalidad de los planes de vivienda, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 47 de la Constitución, es facilitar el acceso a una vivienda digna, a sectores desfavorecidos de la sociedad, que si no es con el apoyo de la administración, se verían imposibilitados de hacerlo.
  
Por otro lado, el artículo 10. 4 del Decreto 173/1998 no impide radicalmente el acceso a las ayudas del Plan de Vivienda en el supuesto de ingresos desproporcionados por su nula o baja cuantía con el precio de la vivienda, sino que prevé la apertura de un periodo probatorio para que el interesado justifique la procedencia y el importe de los ingresos para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, y sólo en el caso de que no resultasen suficientemente acreditados o existieran fundadas dudas acerca de la veracidad de los datos aportados se denegarán por la administración competente las ayudas solicitadas.
  
En el supuesto que nos ocupa debemos tener en cuenta tres factores:
  
1. La recurrente tiene una disminución de su capacidad orgánica y funcional del 71% que le supone la percepción de una pensión de invalidez permanente no contributiva. Dadas sus circunstancias es altamente improbable que varíe en el futuro su capacidad para generar ingresos mediante una actividad laboral propia.
  
2. Pese a su disminución, la recurrente es apta para vivir independiente y tiene derecho a su desarrollo personal en ese sentido.
  
3. La solidaridad familiar, fuente de donde provienen los fondos complementarios para adquirir la vivienda, según lo demostrado por ella, debe ser tenida en cuenta con carácter excepcional, independientemente de las obligaciones fiscales que procederían si dicha solidaridad económica fuese susceptible de considerarse como donación.
  
En conclusión, si la aplicación literal de la normativa supone excluir de los beneficios del Plan de Vivienda, a casos como el presente, nos encontraríamos ante un claro supuesto de efectos perversos por parte de la citada normativa, puesto que se incumplirían los fines para los que fue creada.
  
Sentado cuanto antecede, este órgano entiende justo y adecuado a derecho revocar la resolución impugnada.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Estimar el recurso de alzada formulado por doña Avelina Sánchez Toledo contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, de fecha 9 de diciembre de 1999, que queda revocada en el sentido expuesto.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 10.1 a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 24 de enero de 2000.- El director general de Arquitectura y Vivienda: José Mª García Zarco.