Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6432, del 05-01-2011 (2010/13660)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio de divorcio contencioso número 521/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6432

Fecha DOGV
:   05-01-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2010/13280


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia e Instruccion Número 6 de Paterna

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio de divorcio contencioso número 521/2010. [2010/13259]  
Divorcio contencioso 000521/2010  
De: Emilia Alanzabe González.  
Procuradora: M.ª Luisa Gascó Cuesta.  
Contra: Ramón Contreras Doña.  
Procurador/a: -  
En el presente procedimiento de divorcio contencioso número 521/2010 seguido a instancia de Emilia Alanzabe González frente a Ramón Contreras Doña se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia número 122/2010  
Jueza que la dicta: Laura Cristina Morell Aldana.  
Lugar: Paterna (Valencia).  
Fecha: 8 de noviembre de 2010.  
Parte demandante: Emilia Alanzabe González.  
Letrada: Amelia Ramón de Bellver.  
Procuradora: María Luisa Gascó Cuesta.  
Parte demandada: Ramón Contreras Doña (en rebeldía).  
Letrado: sin profesional asignado.  
Procurador: sin profesional asignado.  
Objeto del juicio: divorcio contencioso.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por la referida procuradora, en la representación que ostenta, se dedujo demanda en la que solicitaba que tras su legal tramitación finalizara dictándose sentencia que decretara el divorcio de los cónyuges, con las medidas contenidas en el escrito de demanda.  
Segundo. Conferido traslado a la parte demandada en legal forma, ésta no se persona en autos, siendo declarada en rebeldía procesal y emplazada por medio de edictos,  
Tercero. Por diligencia de ordenación de fecha 22 de septiembre de 2010 se declara al demandado en situación de rebeldía y se convoca a las partes a la celebración del juicio. La vista del presente divorcio contencioso tuvo lugar el 8 de noviembre de 2010, con asistencia únicamente de la parte actora, con la representación procesal y asistencia letrada señalada en nuestra ley rituaria; así como con la asistencia del Ministerio Fiscal.  
Concedida la palabra a la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda, solicitando como medidas la patria potestad compartida, la atribución de la guarda y custodia de las menores a la madre, Emilia, que no se estableciese régimen de visitas alguno, dada la nula relación entre el progenitor y las menores desde hacía varios años; y finalmente la fijación, al libre albedrío de su señoría, de la pensión de alimentos, ante la imposibilidad de realizar averiguación patrimonial alguna sobre Ramón que acredite su situación económica. Concedida la palabra al Ministerio Fiscal, se ratificó en su escrito, solicitando el recibimiento del pleito a prueba.  
Cuarto. En fase de proposición y admisión de prueba, por la parte actora se interesó la testifical de Raimunda Rodríguez del Campo y que se oficiase a la Tesorería General de la Seguridad Social para averiguar la situación patrimonial de Ramón. Por el Ministerio Fiscal se propuso como prueba la documental por reproducida y el interrogatorio de la actora. Se admitió únicamente el oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social propuesto por la actora, que en dicho acto formuló atento protesto ante la inadmisión de la testifical, admitiéndose la totalidad de la prueba propuesta por el representante del ministerio público.  
Tras la práctica de la declaración de Emilia Alanzabe González, por la secretaria judicial se informó a las partes de la posibilidad de acceder al punto neutro judicial, para proceder a la averiguación patrimonial de los medios de vida actuales de Ramón Contreras Doña, con el resultado obrante en autos. A la vista de tal diligencia por la parte actora se renunció al oficio solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social, dejándose sin efecto el mismo  
En trámite de informe final, y a la vista de la prueba practicada, por el Ministerio Fiscal se interesó que se dictase sentencia por la que se acordase el divorcio con las siguientes medidas: patria potestad compartida entre ambos progenitores; guarda y custodia atribuida a la madre, Emilia; suspensión del régimen de visitas con el progenitor Ramón y finalmente que en concepto de alimentos se fijase la cantidad de 150 euros por cada una de las menores, haciendo un total mensual de 300 euros.  
Fundamentos de derecho  
Primero. El artículo 85 del Código Civil, establece que el matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio.  
El artículo 86, que establece las causas de divorcio, ha sido reformado por la Ley 15/2005 concurriendo en el caso de autos los requisitos legalmente exigidos.  
Por lo que procede decretar la disolución del matrimonio de las partes por divorcio.  
Segundo. La incomparecencia injustificada del demandado al acto del juicio, habiendo sido citado con los apercibimientos de poder ser considerados admitidos los hechos que le perjudican, relatados por la contraparte en su demanda o interrogatorio, conlleva a considerar admitidos aquellos, conforme determina el artículo 304 de la Ley 1/2000, y, valorando el resto de la prueba, procede dar lugar a la demanda al estimar probados los hechos en que se funda la misma.  
Por lo que respecta a las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal y por la actora, hemos de pronunciarnos respecto de las mismas.  
En primer término, procede acordar la patria potestad compartida entre ambos progenitores, dado que la actora se ha mostrado conforme con la misma, siendo la privación de la patria potestad una medida de carácter excepcionalísimo, sin que concurran los requisitos que a ello habilitan conforme a lo señalado en nuestro Código Civil.  
Por lo que respecta a la guarda y custodia, el Ministerio Fiscal ha informado favorablemente respecto de la concesión únicamente de la misma a favor de la madre. Debe acogerse la pretensión del Ministerio Fiscal, en pro del interés de las dos menores, ya que ha quedado acreditado en autos que ha sido la madre la que se ha preocupado de su sustento y cuidado desde su nacimiento. Procede, igualmente decretar la suspensión provisional del régimen de visitas entre el padre y las dos menores, dado que en la actualidad no mantienen relación alguna habiendo manifestado la actora en acto de juicio que ni siquiera mantienen contacto telefónico. Todo ello en función de la situación actualmente existente entre las menores y su padre, y sin perjuicio de que si ésta mejorase en un futuro, a Ramón le asistiese el derecho de instar una modificación de las medidas definitivas acordadas en el presente divorcio, si a su interés conviniere.  
Respecto de la pensión de alimentos, el artículo 93 del Código Civil establece que el juez determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos de los hijos, debiendo ser la cuantía proporcional al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (artículo 146). Por la madre se alega que una de las menores va a un colegio publico y otra a un colegio concertado, dejando al libre albedrío de su señoría la fijación de la pensión de alimentos; por su parte, el Ministerio Fiscal interesa la fijación de una pensión de alimentos de 150 euros por cada una de las menores, como mínimo vital. Ante la imposibilidad de realizar mayor averiguación patrimonial más allá de la realizada en acto de juicio respecto de Ramón, se estima adecuada la fijación de una pensión de alimentos de 150 euros mensuales para cada una de las niñas, con un total de 300 euros mensuales. Dicha pensión se abonará por el padre en concepto pensión de alimentos a favor de las hijas y en la cuenta corriente a tal efecto designada por la madre, dentro de los cinco primeros días de cada mes y por meses anticipados, cantidad que se actualizará anualmente según la variación porcentual experimentada por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya.  
Los gastos extraordinarios de las menores serán distribuidos por mitad entre ambos progenitores.  
Tercero. No procede hacer expresa imposición de costas.  
Vistos los artículos 86, 90, y 95 del Código Civil, así como el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.  
Fallo  
Estimo la demanda formulada, y declaro el divorcio de los cónyuges Emilia Alanzabe González y Ramón Contreras Doña, estableciendo las siguientes medidas:  
- Patria potestad compartida.  
Guarda y custodia de las menores atribuida a Emilia Alanzabe González.  
- Suspensión del régimen de visitas entre las menores y Ramón Contreras Doña.  
- Pensión de alimentos: 150 euros mensuales por menor (300 euros en total); dicha pensión se abonará por el padre en concepto pensión de alimentos a favor de las hijas y en la cuenta corriente a tal efecto designada por la madre, dentro de los cinco primeros días de cada mes y por meses anticipados, cantidad que se actualizará anualmente según la variación porcentual experimentada por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya.  
- Gastos extraordinarios por mitad.  
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».  
La juez en prácticas. La secretaria judicial.  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia (artículo 455 LECn).  
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).  
Asimismo, es requisito para recurrir la constitución del depósito previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial 1/2009, de 3 de noviembre, que le será devuelto en caso de que el recurso sea estimado. Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente.  
Y encontrándose dicho demandado, Ramón Contreras Doña, en paradero desconocido y en situación de rebeldía, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.  
Paterna, 25 de noviembre de 2010.- La secretaria judicial: María Macías Sánchez.