Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3945, del 22-02-2001 (2001/1080)

Notificación de la resolución del recurso de alzada 124/2000.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3945

Fecha DOGV
:   22-02-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/1080


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso de alzada 124/2000. [2001/A1080]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a doña Josefa Hervás Esteve, calle del Duque de Calabria, 1, 16ª, 46980 Xàtiva, la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-124/2000.
  
Resolución
  
«Examinado el recurso de alzada formulado por doña Josefa Hervás Esteve, contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, en el expediente instruido para la concesión de prórroga de la subsidiación del tipo de interés del préstamo cualificado por la adquisición de una vivienda de protección oficial, número 46/6253/1992/145.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Josefa Hervás Esteve, titular de un préstamo concedido por Caja Postal Argentaria, acogido al Real Decreto 1.932/1991, de 20 de diciembre, y destinado a la adquisición de una vivienda de protección oficial, presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia el día 6 de mayo de 1999 una solicitud de prórroga de subsidiación del tipo de interés del préstamo cualificado.
  
2. A la vista de la documentación obrante en el expediente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1.c, del Real Decreto 1.932/1991, de 20 de diciembre, y en el artículo 5.c, del Decreto 55/1992, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, el jefe del Servicio Territorial en fecha 20 de julio de 1999 dicta una resolución denegatoria de la prórroga de subsidiación del tipo de interés solicitada, al no quedar acreditada la ocupación de la viviendas objeto del expediente en los plazos establecidos en la legislación vigente y, en todo caso, dentro de los tres meses siguientes a su entrega.
  
3. Contra la citada resolución interpone un recurso de alzada doña Josefa Hervás Esteve, con las alegaciones que constan en el mismo, y que se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), así como por lo establecido en el Decreto 225/1999, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.648, de 20 de diciembre).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107; 110; 114 y 115 de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
3. Según dispone el artículo 8.1.c, en relación con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 1.932/1991, de 20 de diciembre, y el artículo 5.c, del Decreto 55/1992, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, es requisito para acceder a la financiación cualificada que las viviendas promovidas para uso propio y las adquiridas o rehabilitadas se destinen a residencia habitual y permanente, y que sean ocupadas dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente, y en todo caso, en los tres meses siguientes a su entrega, salvo prórroga justificada por razones de tipo familiar o laboral, que deberá ser autorizada por la autoridad competente.
  
4. En el procedimiento administrativo de solicitud de subvenciones el silencio no es positivo, sino negativo; la nueva redacción dada a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de LRJAP y PAC, por la Ley 4/1999, en su disposición transitoria primera, apartado tercero, dispone que mientras no se lleve a efecto lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado segundo, que establece la obligación del Gobierno de adaptar en el plazo de dos años las normas reguladoras de los procedimientos al sentido del silencio administrativo establecido por la Ley 4/1999, conservará validez el sentido del silencio establecido en la original Ley 30/1992.
  
Así, el silencio continúa siendo positivo hasta que el Gobierno adapte los procedimientos administrativos al nuevo sentido del silencio administrativo establecido por la Ley 4/1999, para lo cual dispone de un plazo de dos años, que finaliza el 14 de abril de 2001.
  
Por otra parte, el artículo 9 de la orden de tramitación de las solicitudes de visado y financiación cualificada pertenecientes al Plan 1992-1995, de 27 de julio de 1994, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Plan 1992-1995, al que se acoge su expediente, señala expresamente que, transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin que haya recaído una resolución expresa, dicha solicitud se entenderá desestimada.
  
5. Respecto a la infracción por parte de la administración del procedimiento administrativo, debemos señalar a la parte recurrente que dicho procedimiento no ha sido infringido en ningún momento, y ello por:
  
5.1 La administración, según dispone el artículo 80.2 de la citada Ley 30/1992, podrá acordar el periodo de prueba cuando no tenga por ciertos los hechos, y en este caso tenía completamente por cierto, en virtud de lo que más adelante se expresará, que la solicitante no había ocupado la vivienda ni residía en ella de manera habitual y permanente en los plazos señalados por la normativa aplicable.
  
5.2 Se ha respetado el trámite de audiencia establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, que precisamente está establecido para comunicar a la parte interesada la propuesta de resolución, para que de este modo dicha parte tenga conocimiento de los motivos en los que se va a basar la resolución del procedimiento, por lo que a la recurrente no le ha llegado el contenido de la resolución «sorpresivamente», tal y como alega.
  
6. La alegación de la recurrente referida a la nulidad de la resolución impugnada en virtud de lo dispuesto en el artículo 62.1.a de la Ley 30/1992, debido a la presunta indefensión que según dicha parte se le ha producido por parte de la administración, ha quedado resuelta en el fundamento de derecho quinto.
  
Independientemente de ello, al aportar la interesada los documentos que se le requirieron, consistentes en los certificados de consumo de luz y agua de la vivienda objeto de las ayudas, quedó plenamente probado el, en principio, presunto incumplimiento de la obligación de la interesada de ocupar la vivienda en los plazos establecidos por la normativa aplicable.
  
Por otra parte, tanto la indefensión alegada por la recurrente, como el principio de contradicción, que también alega, son principios relativos a los procedimientos administrativos de carácter sancionador, caso que no es el presente, puesto que nos encontramos ante un procedimiento administrativo de concesión de ayudas económicas, con carácter puramente de fomento y en ningún modo sancionador.
  
7. Sentado cuanto antecede, y revisada toda la documentación obrante en el expediente, queda plenamente probado que el alta en el suministro de energía eléctrica se contrató en fecha 29 de mayo de 1997, y que hasta fecha aproximada de enero de 1999, el pago de electricidad que realizaba la recurrente era el mínimo establecido.
  
Respecto al suministro de agua potable, ésta se contrató para la vivienda en fecha 5 de junio de 1998, según la certificación expedida por el Ayuntamiento de Xàtiva, y, aunque con posterioridad dicho Ayuntamiento certifica que la vivienda, hasta 5 de junio de 1998, tenía servicio de agua de la toma general de la finca desde la fecha de terminación de la misma, ello no acredita que efectivamente dicha vivienda tuviese consumo de agua, aunque tuviese servicio de la toma general de la finca.
  
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que sin suministro eléctrico no es posible habitar una vivienda, puesto que aunque se utilizasen lumigás para poder ver, éstos no sirven para la utilización de electrodomésticos esenciales para llevar una vida digna y adecuada, tales como lavadora, nevera, etc. .., y teniendo en cuenta que no se ha probado el efectivo consumo de agua en la vivienda, y teniendo en cuenta las fechas efectivas de alta en los suministros, este órgano concluye fácilmente que la vivienda objeto del presente recurso no se ocupó por la recurrente en los plazos establecidos en la normativa de vivienda aplicable y que no ha constituido la residencia habitual y permanente de la recurrente.
  
Las alegaciones de la recurrente relativas a que la administración debió comprobar la ocupación efectiva de la vivienda en la fecha que se cumplían los tres meses desde la entrega de la vivienda es irrelevante, puesto que la administración no puede inspeccionar a todas las personas con financiación cualificada para su vivienda, y por ello, cuando se solicitan las prórrogas de financiación, se comprueba a todos los interesados que las solicitan si efectivamente cumplieron los plazos y requisitos señalados por la legislación de vivienda, y si se comprueba, como en el presente caso, que no fue así, se deniega la prórroga.
  
En otro orden de cosas, la interesada no solicitó la preceptiva prórroga para ocupar la vivienda fuera del plazo establecido, alegando los posibles motivos laborales o familiares que pudiesen concurrir, y que la administración competente debía autorizar.
  
Sentado lo anterior, y no habiéndose aportado por la recurrente una prueba suficiente y adecuada que desvirtúe el contenido de la resolución impugnada, procede confirmar la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada formulado por doña Josefa Hervás Esteve contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, de fecha 20 de julio de 1999, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.