Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8869, del 29-07-2020 (2020/6107)

Propuesta de resolución de la Subsecretaria de la Vicepresidencia segunda y conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, de declaración de prescripción de determinadas obligaciones económicas incluidas en los presupuestos como obligaciones pendientes de pago procedentes de ejercicios anteriores, opas 1 y opa 6 y derivadas de planes de vivienda anteriores a 2013.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8869

Fecha DOGV
:   29-07-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2020/6107


Fecha del documento
:   20-07-2020

Organismo emisor
:   Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
    * ayuda pública

Propuesta de resolución de la Subsecretaria de la Vicepresidencia segunda y conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, de declaración de prescripción de determinadas obligaciones económicas incluidas en los presupuestos como obligaciones pendientes de pago procedentes de ejercicios anteriores, opas 1 y opa 6 y derivadas de planes de vivienda anteriores a 2013. [2020/6107]  
  
Primero. La Generalitat Valenciana, al amparo de las previsiones de los Planes Estatales de Vivienda y Suelo para los periodos 2005-2008 i 2009-2012 otorgó determinadas ayudas y subvenciones para el acceso a la vivienda en los diferentes tipos y líneas definidos en los mismos. Las restricciones presupuestarias de las Administraciones Públicas provocaron que la dotación económica de la línea presupuestaria T0304, denominada «Plan de Vivienda», en la cual se imputaban los pagos de las subvenciones a las actuaciones protegidas en materia de vivienda disminuyera gradualmente a partir del ejercicio 2009. Así mismo, se constata que desde el ejercicio 2003 el ritmo de concesión de ayudas aumentó de forma ininterrumpida hasta el ejercicio 2009.  
  
Segundo. En el contexto referido de insuficiencia presupuestaria generada, la Intervención Delegada de la conselleria con competencias en materia de vivienda (en aquel momento la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente) emitió durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 diversos informes de fiscalización desfavorables a determinadas propuestas de pago promovidas desde la Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda relativas a subvenciones a la rehabilitación de viviendas, a la adquisición y compra de viviendas, al alquiler, a la promoción de viviendas para arrendamiento así como a la ejecución de actuaciones en áreas de rehabilitación integral y urbanización de áreas de suelo. Estos informes desfavorables estaban motivados en el incumplimiento de determinados preceptos legales que no se aplicaron en la concesión y tramitación de las ayudas, como son fundamentalmente la necesaria existencia de procedimientos de pública concurrencia en la concesión de las subvenciones y la indispensable consignación del crédito necesario para otorgarlas de forma previa a su concesión. El incumplimiento de dichos preceptos impidió la fiscalización de las propuestas de pago, lo que interrumpió la contabilización de los importes otorgados y no fiscalizados durante un período que se extendió desde noviembre de 2011 hasta la segunda mitad del ejercicio 2014.  
  
Tercero. Las anomalías relacionadas eran comunes al conjunto de los expedientes de subvenciones que a esa fecha se encontraban aún pendientes de contabilización y pago. De ese conjunto de expedientes, aquellos que contaban con una resolución de concesión suponían un importe global que se estimó a principios del ejercicio 2014 en una cuantía aproximada de 240 millones de euros. La entrada en vigor de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat permitió, mediante su disposición adicional segunda, considerar debidamente otorgadas todas las ayudas que constituían la deuda referida. En este sentido la Resolución de fecha 21 de julio de 2014 de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente reconoció los importes de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y las cuantificó en un importe de 564.419.170,77 - instando a la tramitación del pago de las mismas en la medida en la que las disponibilidades presupuestarias lo permitieran.  
  
Cuarto. El importe global de los pagos correspondientes realizados hasta el cierre del ejercicio 2019 supera los 235 millones de euros. No va a ser posible el abono de la totalidad de las obligaciones restantes ya que se está comprobando que en una gran parte de los correspondientes beneficiarios concurren circunstancias que impiden realizar la tramitación del correspondiente pago (incumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias, cambio en el domicilio fiscal, declaración de caducidad de los expedientes ante la inactividad de los interesados, concursos de acreedores en el caso de empresas, etc.), sin que los interesados hayan ejercido el cumplimiento de las obligaciones necesarias y el requerimiento a la administración de las cantidades adeudadas.  
  
Quinto. Asimismo. Durante la anterior legislatura (período 2015-2019) se acometió la tarea de reconocer y tramitar el pago del grupo de subvenciones que no obtuvieron en su momento resolución de concesión de ayuda económica sino de reconocimiento de requisitos técnicos para acceder a ella. Este grupo de expedientes, cuya cuantía global ascendía a un importe próximo a 40 millones de euros, corresponde a aquellas subvenciones que durante el período 2011-2013 fueron objeto de resolución de reconocimiento de requisitos técnicos, para el acceso a las correspondientes ayudas, no constituyendo en ningún caso, en su momento, una concesión de una ayuda económica aunque tampoco una denegación de la misma.  
  
Sexto. El procedimiento de convalidación de estos expedientes de subvenciones que se adoptó es análogo al referido para el resto de ayudas integrantes de la deuda global, referida previamente ya que el período temporal en el que fueron emitidas las correspondientes resoluciones permite que la Disposición Adicional Segunda de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat también les sea de aplicación. Así mismo la Resolución de 9 de julio de 2015, de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio cuantificó el importe global de las mismas así como su reconocimiento de tal forma que desde el mes de junio del ejercicio 2016 se ha procedido a la tramitación y pago de expedientes de este tipo por un importe superior a los 31 millones de euros. Del mismo modo que en el caso anterior se estima que no resulta posible abonar la totalidad de las subvenciones debido a impedimentos ajenos a la administración de la Generalitat.  
  
Séptimo. En definitiva, según informe de los servicios territoriales de Vivienda de Alicante, Castellón y Valencia, responsables de la instrucción y tramitación de los expedientes, han sido practicadas las actuaciones pertinentes necesarias tendentes a su pago con las debidas advertencias, no logrando la culminación del procedimiento por los motivos enumerados para cada caso en los expedientes de su razón, ajenos a la tramitación administrativa de los mismos, y debidos a la inacción de los interesados manifestada en la casuística recogida en los expedientes, y que culmina en la prescripción del derecho a exigir el pago de las mismas.  
  
Octavo. En relación con lo expuesto, entendemos que de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.1 letra a) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones de la Generalitat Valenciana, el derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, prescribe a los cuatro años si no fuera reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes, iniciándose el cómputo del plazo desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.  
En el mismo sentido se expresan los artículos 66 a 70 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en los que se regula la prescripción en el ámbito tributario como forma de extinguirse los derechos y obligaciones tributarias.  
A este respecto y de acuerdo con lo expresado en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas resulta conveniente otorgar un plazo de audiencia a los interesados no inferior a diez días ni superior a quince para que aleguen y presenten documentos y justificaciones que asistan a su derecho a los efectos de justificar la interrupción de la prescripción por cualquier medio admisible en derecho.  
  
Noveno. Considerando que las obligaciones relacionadas datan de 2014 y 2015, que ha transcurrido un plazo superior a 4 años desde que han sido reconocidas como obligaciones pendientes de pago, y que se han llevado a cabo las actuaciones necesarias en todas sus modalidades según el caso para comunicar a sus titulares para que pudieran ejercitar su derecho al cobro, sin éxito y sin requerimientos o actuaciones al respecto por parte de aquellos.  
  
Décimo. El artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas indica en su apartado primero que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.  
En virtud de todo lo que antecede, se formula la siguiente propuesta de resolución:  
  
Primero. Otorgar un trámite de audiencia a los interesados por plazo de 15 días para que realicen las alegaciones que a su derecho convenga a los efectos de justificar que la prescripción de su derecho al cobro de las obligaciones económicas derivadas de los Planes de Vivienda anteriores a 2013 relacionados en los anexos que forman parte de la presente resolución no ha tenido lugar.  
  
Segundo. Finalizado el plazo de audiencia, se procederá al informe de aquellas alegaciones que hubieran tenido lugar, con expresión de estimación o desestimación de las mismas, a los efectos de efectuar la resolución correspondiente finalizadora del procedimiento, con expresión de los recursos que en su caso correspondan.  
  
Tercero. Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y en el portal web de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.  
  
Cuarto. Dar traslado del presente a cuerdo a los interesados y a los Servicios administrativos correspondientes a los efectos que procedan.  
  
València, 20 de julio de 2020.- La subsecretaria de la Vicepresidencia segunda y conselleria de vivienda y Arquitectura Bioclimática: Blanca Jiménez Garrido.