Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6126, del 20-10-2009 (2009/11306)

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que se ordena la publicación y registro del laudo arbitral referido a la determinación del incremento salarial para el año 2009 en el Convenio Colectivo de la empresa Dornier, SAU.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6126

Fecha DOGV
:   20-10-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/11180


Fecha del documento
:   22-09-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * convenio colectivo

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por la que se ordena la publicación y registro del laudo arbitral referido a la determinación del incremento salarial para el año 2009 en el Convenio Colectivo de la empresa Dornier, SAU. [2009/11663]  
Visto el contenido del Laudo Arbitral de fecha 9 de junio de 2009, dictado por Carlos Luís Alfonso Mellado, en el procedimiento de arbitraje seguido ante el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana y referido a la determinación del incremento salarial para el año 2009 en el Convenio Colectivo de la empresa Dornier SAU, y del que han sido parte, de un lado, la empresa Dornier SAU, y de otro, el Comité de Empresa de la misma, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo. 91, en relación con el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y los artículos 2, 3 y 6 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, conforme a las competencias que tiene transferidas según Real Decreto 4105/82, de 29 de diciembre, resuelve:  
Primero  
Ordenar la inscripción del citado Laudo Arbitral en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de esta Dirección General.  
Segundo  
Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Valencia, 22 de septiembre de 2009.- El director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social: Román Ceballos Sancho.  
Laudo arbitral   
Que emite el árbitro Carlos Luís Alfonso Mellado, en el conflicto sometido a su arbitraje por la empresa Dornier, SAU y el comité de empresa de la misma.  
En Valencia, a nueve de junio de dos mil nueve, tras el análisis del conflicto sometido a arbitraje, he procedido a dictar el presente Laudo Arbitral, de conformidad con los siguientes   
Antecedentes de hecho  
Primero. Que, al amparo de lo previsto en el artículo 19 del IV ASECLCV de 14 de junio de 2005 (DOGV n º 5057, de 26.07.2005), por escrito del Comité de empresa de Dornier, SAU se solicitó mediación del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana para resolver el bloqueo producido en la Comisión Paritaria del convenio de la empresa Dornier, SAU Comunidad Valenciana, relativo a la determinación del incremento salarial para el año 2009.   
Segundo. Que intentada ésta, según figura en el Acta de la reunión celebrada ante el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, en fecha 18 de mayo de 2009, las partes llegaron al acuerdo de someterse a un arbitraje de derecho de quien firma el presente Laudo, suscribiendo el correspondiente Convenio Arbitral en esa misma fecha y acta y sometiendo a mi resolución la cuestión antes aludida en atención a las posiciones que ambas partes establecieron.  
En resumen, la representación empresarial manifestaba su intención de elaborar las tablas salariales provisionales para el año 2009 con un IPC previsto del 1% más el diferencial del 1% previsto en el artículo 21 del convenio colectivo de aplicación, ya que oficialmente no se ha manifestado por parte del Gobierno que dicho IPC previsto sea superior, es decir del 2%, y considerando que el IPC interanual publicado en el mes de febrero del año 2009, ha sido de un 0,7%.  
La representación de los trabajadores manifestaba que la referencia al IPC previsto siempre ha sido la que recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado (para el año 2009, el 2% en su art. 44.2) y el art. 48 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y que, por lo tanto, el IPC previsto para elaborar la tabla provisional de 2009 debe ser el 2%, sobre el que en su caso se incrementará el diferencial previsto en el convenio.  
Las partes acordaban la posibilidad de realizar escritos de alegaciones en el plazo de siete días desde el compromiso arbitral.  
La representación de los trabajadores, efectivamente, hizo llegar a quien suscribe diversa documentación que entendía apoyaba su posición y que consistía en: una nota del Ministerio de Economía y Hacienda de 9 de enero de 2009, diversos textos legales, dos laudos arbitrales del Euskadi y Cataluña, el convenio colectivo de la empresa, diversas revisiones salariales correspondientes a los años 2005, 2006, 2007, el acta de revisión de las tablas salariales de 2008 y el acta de la comisión paritaria de 17 de abril de 2009, todos estos últimos en relación con la empresa DORNIER, SA de la Comunidad Valenciana.  
Tercero. En cumplimiento de los trámites establecidos en el IV ASECLCV, al que se acogieron las partes y por el que se tramita el presente arbitraje, se convocó a las partes para el pasado día 8 de junio de 2009, fecha en la que efectivamente comparecieron ante quien suscribe al efecto de que en dicha reunión, mantenida con ambas, expusieran de palabra lo que a sus intereses conviniera y aportaran al expediente la documentación que estimaran oportuno, como así hicieron, agotando los turnos de réplica y dúplica.   
De todo ello queda constancia en el Acta de la sesión del Tribunal de Arbitraje Laboral firmada por los comparecientes juntamente conmigo y el secretario del mismo. En dicha reunión, la representación de los trabajadores añadió a la documentación aportada una sentencia de la Audiencia Nacional y la representación de la empresa aportó un documento del INE, con la evolución del IPC desde 2007 hasta marzo de 2009, y un acta de la Comisión Paritaria del IV Convenio Colectivo general de ámbito nacional para el sector de regulación de estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública, de 25 de febrero de 2009.   
Cuarto. El presente laudo cumple las formalidades y se dicta dentro del plazo establecido en el IV ASECLCV y conforme a los condicionantes fijados por las partes.   
La cuestión a resolver queda concretada en determinar el incremento aplicable para confeccionar las tablas salariales provisionales para 2009 en concepto de IPC previsto. Concretamente, si es el 1% como sostiene la representación empresarial o el 2% como sostiene la representación de los trabajadores.  
Fundamentos de la solución en derecho  
Primero. Para resolver la cuestión es procedente fijar, en primer lugar, una serie de antecedentes de hecho y normativos que parecen claros y que se desprenden de las propias manifestaciones de las partes, de la documentación aportada y de la consulta de los textos legales aplicables.  
Así puede afirmarse lo siguiente:  
1º) La Ley de Presupuestos Generales para el año 2009, no contiene de forma expresa una referencia concreta y específica al IPC previsto para el año 2009.  
2º) Esta situación no es nueva, sino que viene produciéndose en todas las Leyes de Presupuestos posteriores a la que los aprobó para el año 2002. Por lo tanto, desde el año 2003 no ha existido una previsión expresa recogida en concreto en las Leyes de Presupuestos acerca del IPC previsto.  
3º) Pese a lo anterior, es habitual que los convenios colectivos establezcan las tablas salariales, bien de forma definitiva, bien de forma provisional y con revisiones posteriores que se regulan en diferentes formas (revisión al alza y a la baja, sólo al alza, etc.), con arreglo al IPC previsto.  
En el caso concreto de la empresa Dornier, SAU Comunidad Valenciana, así lo hace el artículo 21 del convenio vigente en el año 2009, que en concreto establece que con carácter definitivo para el año 2009 «el incremento será del IPC real + 1% en el salario base y resto de conceptos retributivos IPC real año 2009», y con carácter provisional que «al inicio de cada año se aplicará una subida inicial del IPC previsto para el mismo más el diferencial de ganancia de poder adquisitivo correspondiente a cada año- (1% en 2009)- y se efectuará revisión salarial al IPC real definitivo de cada año a 31 de diciembre en el caso de que el mismo supere el previsto».  
4º) En realidad la cláusula indicada es similar a la que existía ya en el anterior convenio suscrito por las mismas partes. En efecto, en dicho convenio, publicado en el DOGV de 22 de noviembre de 2005, y en el artículo 21 del mismo también se establecían incrementos conforme al IPC real y se señalaba que «al inicio de cada año se aplicará una subida inicial del IPC previsto para el mismo más el diferencial de ganancia del poder retributivo correspondiente a cada año?.».  
De los documentos aportados por la representación de los trabajadores consta que en todo ese periodo, 2005 a 2007, e incluso en el primer año del nuevo convenio, 2008, las partes pacíficamente aceptaron como IPC previsto el que tácitamente se desprendía de las Leyes de Presupuestos en atención a los indicadores contenidos en las mismas a los que se hará referencia (esencialmente: incremento de las pensiones de la seguridad social y de clases pasivas y, en su caso, incremento de las retribuciones de los empleados públicos).  
5º) El artículo 44.1 y 2 de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2009, Ley 2/2008, de 23 de diciembre, establece un incremento general del 2% en las pensiones de clases pasivas, conforme al artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado y un incremento, igualmente del 2%, para las pensiones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.  
6º) Existe, pues, en la Ley de Presupuestos de 2009 una remisión expresa a los dos preceptos indicados, artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas y artículo 48 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.  
Pues bien, ambas remisiones son de interés al respecto de lo que se debate en este procedimiento arbitral.  
En efecto, el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas literalmente dispone: «1. Las pensiones de clases pasivas, incluido el importe de la pensión mínima y de los haberes reguladores aplicables para la determinación de la cuantía de las mismas serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del índice de precios al consumo previsto para dicho año».  
En sentido absolutamente coincidente con lo anterior, el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social establece literalmente: «1. Las pensiones reconocidas por jubilación o por invalidez permanente, en su modalidad contributiva, cuya base reguladora se hubiera determinado de conformidad con lo establecido en los artículos 162.1 y 140, respectivamente, serán revalorizadas al comienzo de cada año, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto para dicho año».  
7º) El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, aprobó el 9 de enero de 2009 (BOE del 10 de enero) el Real Decreto 1/2009, de revalorización y complementos de las pensiones de clases pasivas para el año 2009.  
En la introducción del mismo, literalmente se decía: «La Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, contiene, dentro de su título IV y disposiciones concordantes, los criterios básicos para determinar el importe de las pensiones públicas, fijando con carácter general, su revalorización de acuerdo con el índice de precios de consumo (IPC) previsto para dicho ejercicio económico?.».  
La presentación pública de dicho Decreto se hizo mediante una nota de prensa del Ministerio de Economía y Hacienda, disponible en su página web, en la que en uno de sus párrafos literalmente se decía lo siguiente: «La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 fija, con carácter general, la revalorización de las pensiones para el citado ejercicio económico en un 2 por 100, igual al IPC previsto para ese mismo año?.».  
8º) Es claro que es imposible en estos momentos conocer la evolución real del IPC del año 2009, si bien bastantes previsiones de diversos organismos la sitúan, desde luego, por debajo del 2%. Es también cierto que han existido dudas y discusiones en los interlocutores sociales acerca de si existía o no una previsión oficial de IPC para el año 2009. Es buena prueba de lo anterior el acta de la Comisión Paritaria del Convenio de ámbito nacional antes citada y aportada por la representación de la empresa, en la que se lee literalmente lo siguiente: «?en cuanto al establecimiento de las tablas provisionales del año 2009 y dado que las partes no alcanzan un acuerdo respecto al IPC previsto que debería pactarse, no se procede a la firma de las mismas quedando las partes en que de conocerse dato oficial de IPC previsto se reunirá la Comisión Paritaria al objeto de firmar las correspondientes tablas».  
Segundo. Conforme a todo lo anterior puede establecerse una solución acerca de si existe o no previsión de IPC para el año 2009.  
En principio el convenio alude a un concepto indeterminado: IPC previsto.  
La determinación de ese concepto debe dar prioridad, sin duda, a lo que pueda desprenderse de las normas legales vigentes.  
Si se empieza el análisis por ese estudio de las normas legales vigentes, debe concluirse que efectivamente hay una previsión normativa de IPC para el año 2009.  
Así se desprende de la Ley de Presupuestos para el año 2009 que, cuando establece el incremento de las pensiones públicas, tanto de clases pasivas como de la seguridad social contributiva, concreta un porcentaje, el 2%, pero no como previsión propia o discrecional, sino en aplicación, mediante remisión expresa, de dos preceptos legales en los que se establece que ese incremento se hará conforme al IPC previsto.  
No pueden existir dudas al respecto, no sólo por la claridad de los textos legales, sino porque el Gobierno, cuando desarrolla el precepto en materia de clases pasivas, expresamente afirma en el Real Decreto 1/2009, que el incremento se ha producido acudiendo al IPC previsto y así lo confirma, también expresamente, la nota de prensa que difunde el Ministerio de Economía y Hacienda presentando la citada norma.  
Se podría aludir a otras referencias en la Ley de Presupuestos que generalmente se han asociado, también, a las previsiones de IPC, como la subida salarial establecida para los empleados públicos, pero las mismas no gozan del respaldo normativo claro con que cuentan las que aquí se han citado.  
No puede, pues, existir dudas de que hay una previsión de IPC que cuenta con respaldo del legislador, del Gobierno e incluso que se asume por el Ministerio de Economía y Hacienda.  
Esa previsión no es otra que la de un 2%.  
Tercero. Al dato normativo, claro de por sí, se añade la propia conducta de las partes en los años precedentes.  
No ha cambiado la situación normativa. La Ley de Presupuestos para 2009 no es diferente, en esta materia, de la regulación de numerosas leyes presupuestarias precedentes y en ellas las partes siempre aceptaron como IPC previsto el que anteriormente se ha indicado.  
No se alcanzan las razones jurídicas para negar validez a una interpretación pacífica entre las partes cuando no ha cambiado el dato normativo en el que la misma se sustentaba.  
Tampoco la situación irreal de las previsiones de IPC justifica un cambio de criterio interpretativo.   
Normalmente, las desviaciones sobre el IPC han sido casi constantes en los años precedentes y ha estado siempre claro que el IPC previsto era una mera referencia teórica que respondía a razones de política económica y que difería, bastante en algunos casos, del IPC real - e incluso del previsible ya desde el comienzo de cada año -.  
Precisamente esa realidad es la que motivó las cláusulas de revisión salarial que en cada convenio se han pactado de una manera distinta y que pretendían ajustar, más o menos, el incremento producido en atención al IPC previsto al IPC real que posteriormente se comprobaba.  
Esas cláusulas no son objeto de este arbitraje y además son complejas de interpretar pues en cada convenio presentan perfiles distintos, pero evidencian la realidad de que las partes siempre han conocido y podido buscar soluciones para el caso, harto frecuente, de que el IPC previsto no se ajustase al real.  
No cambia la situación el hecho de que normalmente las desviaciones se produjesen al alza, esto es con un IPC real superior al previsto y que en el caso del año 2009 pudiera ocurrir lo contrario, pues eso no altera jurídicamente la cuestión que, en sí, es muy simple: las diferencias entre tablas provisionales y tablas definitivas se han podido contemplar en la negociación colectiva y nada impedía, ni impide, pactar ajustes en el sentido que fuese.  
No existen, pues, razones jurídicas que sustenten una solución contraria a lo que claramente se desprende de las normas vigentes y de la propia práctica de las partes que no es que genere un derecho adquirido a su mantenimiento, pero que suministra un elemento interpretativo esencial de lo que se quiso pactar en el convenio, pues éste, aunque sea norma, tiene un origen contractual, nace de la voluntad de las partes y por ello puede ser interpretado, no sólo en atención a sus términos literales, que parecen claros, sino también conforme a la intención de las partes (artículo 1281 del Código Civil) que, en la medida que reprodujeron la cláusula vigente en el anterior convenio, no puede entenderse que fuese la de alterar la forma en que la misma se había venido aplicando de manera absolutamente pacífica entre ellas.  
Todo lo anterior conduce a entender que ciertamente existía una previsión de IPC del 2% para el año 2009.  
Así se ha entendido igualmente ya en diversos laudos a los que se hizo referencia con anterioridad y en la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2009.  
A la vista de lo anterior procede resolver la cuestión sometida a arbitraje en los términos que se indican en la parte dispositiva del laudo que a continuación se expone:  
Laudo  
"Debo resolver el conflicto que me ha sido sometido entendiendo que, tal y como solicita la representación de los trabajadores, la elaboración de las tablas salariales iniciales o provisionales para el año 2009 en la empresa Dornier, SAU Comunidad Valenciana se debe efectuar aplicando un IPC previsto del dos por cien (2%), al que, en su caso, deberá adicionarse lo que corresponde en concepto de diferencial adicional conforme al artículo 21 del convenio aplicable (el 1%)".  
Así lo resuelvo en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento de este Laudo.