Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8582, del 02-07-2019 (2019/6048)

Información pública de la sentencia y auto de aclaración dictados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso de apelación número 440/2012 en relación a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación económica del sector E (polígono industrial).
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Número DOGV
:   8582

Fecha DOGV
:   02-07-2019

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2019/6048


Fecha del documento
:   11-06-2019

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de El Verge

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Verger, el
    * plan de urbanismo
    * administración local

Información pública de la sentencia y auto de aclaración dictados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso de apelación número 440/2012 en relación a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación económica del sector E (polígono industrial). [2019/6048]  
En cumplimiento de lo ordenado en la Providencia de fecha 25 de marzo de 2019, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, se hace público el texto íntegro de la sentencia número 718/2016, de 21 de julio, y del Auto de fecha 9 de febrero de 2018, dictados ambos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, del siguiente tenor literal:  
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana  
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera  
València, 21 de julio de 2016.  
Sentencia número:718.  
En el recurso de apelación número 440/2012, interpuesto por D. José Mengual Perelló contra la sentencia núm. 85/11, de 16 de marzo de 2011, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° Uno de Alicante en el recurso contencioso-administrativo ordinario número 182/2009.  
Ha sido parte apelada el Ayuntamiento de El Verger; siendo magistrada ponente Da Desamparados Iruela Jiménez.  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante se siguió el recurso contencioso-administrativo ordinario número 182/2009, deducido por D. José Mengual Perelló frente a los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de El Verger en fecha de 30 de octubre de 2008 relativos a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación económica del sector E (polígono industrial).  
El actor, además, impugnó indirectamente en el proceso las normas subsidiarias de El Verger, así como la homologación y plan parcial del referido sector E contemplado en tales NS.  
En el expresado recurso contencioso-administrativo se dictó en fecha 16 de marzo de 2011 sentencia número 85/11 declarándolo inadmisible en cuanto a la aludida impugnación de las NS y de la homologación y plan parcial del sector E, y desestimándolo en lo relativo a la impugnación del acuerdo del Pleno de ese municipio de 30 de octubre de 2008, de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación económica del mencionado sector E (polígono industrial); todo ello sin hacer la sentencia expresa imposición de costas procesales.  
Mediante auto de 25 de mayo de 2011 se dispuso por el Juzgado no haber lugar a la aclaración de sentencia solicitada por el actor.  
  
Segundo. Contra la anterior sentencia se interpuso por D. José Mengual Perelló, en tiempo y forma, recurso de apelación, solicitando se dictase por la Sala sentencia que revocase la apelada y estimase el recurso contencioso-administrativo de instancia, acogiendo las pretensiones ejercitadas por el mismo en el suplico de su escrito de demanda y de conclusiones.  
Tercero. Admitido a trámite por el Juzgado el recurso de apelación, se dio traslado al Ayuntamiento apelado, que formuló oposición, solicitando el dictado por la Sala de sentencia que declarase la inadmisión de dicho recurso de apelación por extemporáneo y, subsidiariamente, lo desestimase y confirmase la sentencia recurrida, con expresa condena en costas al recurrente.  
Cuarto. Elevados los autos a este tribunal, y una vez recibidos, se formó el presente rollo de apelación, disponiéndose por la Sala no haber lugar a acordar el recibimiento a prueba solicitado por el apelante. Se señaló para la votación y fallo del asunto el día doce de julio de dos mil dieciséis.  
Quinto. Se han cumplido en ambas instancias las prescripciones legales.  
  
  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. La sentencia apelada,.según, ha sido, ya apuntado, declaró, de un lado, inadmisible el recurso contencioso-administrativo deducido por D. José Mengual Perelló en lo relativo a la impugnación por este de las NS de El Verger y de la homologación y plan parcial del sector E delimitado en tales normas subsidiarias de planeamiento, y de otro lado desestimó el recurso contencioso-administrativo en cuanto a la impugnación directa del acuerdo del Pleno de ese municipio de 30 de octubre de 2008, de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación económica de dicho sector E (polígono industrial).  
El mencionado pronunciamiento de inadmisión, adoptado por el Juzgado acogiendo la solicitud planteada al respecto por el Ayuntamiento demandado, se fundamentó por el Juzgador en que no cabía tener por impugnados indirectamente, con ocasión de la impugnación del citado acuerdo plenario municipal de 30 de octubre de 2008, los expresados instrumentos de planeamiento por cuanto no se citaba por el demandante ninguna norma concreta de los mismos, sino solo cuestiones de tramitación.  
En cuanto a la desestimación del recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el actor frente al acuerdo plenario de 30 de octubre de 2008, razonaba el Juzgador de instancia, en síntesis, que el proyecto de reparcelación económica del sector E aprobado por el Ayuntamiento de El Verger en dicho acuerdo era distinto, nuevo e independiente del proyecto reparcelatorio que había sido anulado en su día por la sentencia de esta Sala y Sección núm. 962/2001, de 10 de julio, confirmada por el Tribunal Supremo mediante la STS 3ª, Sección 5ª, de 24 de marzo de 2004, ya que a resultas de aquellas sentencias el Ayuntamiento había iniciado nuevamente la gestión del ámbito, operando el nuevo proyecto sobre un ámbito con una realidad física distinta a la del año 1998, existiendo una obra de urbanización mucho más avanzada que entonces y con un mayor grado de consolidación de la edificación, por todo lo cual no era aplicable al caso el art. 103.4 de la Ley 29/1009 invocado por el actor. Añadía el Juzgador que la conservación de actos y trámites de aquel primer proyecto de reparcelación anulado acordada por el Ayuntamiento era conforme al art. 66 de la Ley 30/1992.  
Por último, señalaba el Juzgador que no podía ser acogida la pretensión de declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración deducida por el demandante, por tratarse de una pretensión planteada ex novo en sede jurisdiccional, y tampoco cabía, a tenor del art. 65 de la Ley 29/1998 y art. 412 de la LEC, efectuar pronunciamiento alguno respecto de las cuestiones nuevas planteadas por el actor en su escrito de conclusiones y por vía de alegaciones complementarias.  
Segundo. Para la resolución del presente recurso de apelación ha de comenzar la Sala examinando la solicitud de inadmisión del mismo planteada por el Ayuntamiento apelado, quien alega que fue interpuesto extemporáneamente por el apelante, al haberlo presentado más de tres meses después de que le fuera notificada por el Juzgado la sentencia de instancia. Argumenta el apelado que aunque D. José Mengual Perelló formuló una petición de rectificación de errores contenidos en dicha sentencia y otro posterior de compleción de la misma, se trataba de solicitudes, afirma el Ayuntamiento apelado, que carecían manifiestamente de fundamento y que, por tanto, no podían producir el efecto de prorrogar el plazo para interponer recurso de apelación establecido al efecto en la Ley 29/1998.  
La referida solicitud de inadmisión del recurso de autos ha de ser rechazada. En virtud del artículo 267.9 de la LOPJ «Los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se trate se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento y, en todo caso, comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto o decreto que reconociera o negase Ia omisión del pronunciamiento y acordase o denegara remediarla». En el presente caso, al margen de que el Ayuntamiento apelado considere que las solicitudes del recurrente de rectificación de errores contenidos en la sentencia y de compelación de la misma eran manifiestamente carentes de fundamento, lo cierto es que el Juzgado les dio trámite y las resolvió mediante auto de 25 de mayo de 2011, lo que lleva a la Sala a atenerse a la norma de la interrupción de plazos para la presentación de recursos regulada en el antecitado art. 267.9 de la LOPJ.  
El acogimiento de la pretensión del apelante vulneraría, a tenor de lo expuesto, el derecho del recurrente a la revisión de las resoluciones judiciales, que aunque se trata, según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Constitucional, de un derecho de configuración legal al que no resulta aplicable el principio pro actione con la misma intensidad que al derecho de acceso al proceso, impide sin embargo la inadmisión inmotivada de los recursos que no obedezca a la aplicación de una causa legal y a una interpretación razonable de las normas procesales correspondientes.  
Tercero. Por lo que se refiere a la inadmisión por el Juzgado de instancia de la impugnación indirecta formulada por el actor tanto de las normas subsidiarias de planeamiento de El Verger como de la homologación y plan parcial del sector E delimitado en tales NS, ha de subrayarse que, según tiene puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, la impugnación indirecta de disposiciones de carácter general ?los planes generales gozan de esa naturaleza en todo su contenido- no constituye una pretensión, sino un motivo de impugnación de los actos concretos de aplicación directamente impugnados y, por consiguiente, el recurso indirecto no puede, como tal, ser declarado inadmisible, sin perjuicio de la suerte estimatoria o desestimatoria que pueda correr la pretensión anulatoria del acto de aplicación de la disposición general.  
En el presente supuesto, la impugnación en el proceso de instancia por el demandante de los aludidos instrumentos de planeamiento urbanístico al amparo del art. 26.1 de la Ley 29/1998 no constituye, por tanto, una pretensión autónoma, sino un mero argumento impugnatorio frente al acto de aplicación directa de dichas disposiciones recurrido directamente ?el proyecto de reparcelación económica del sector E aprobado por el Ayuntamiento mediante acuerdo plenario de 30 de octubre de 2008- No cabe, por consiguiente, la inadmisión del recurso indirecto, sino el rechazo de los motivos impugnatorios aducidos por el recurrente. El pronunciamiento de inadmisión del recurso indirecto que efectúa la sentencia apelada es, en consecuencia, erróneo.  
No obstante lo anterior, entiende la Sala que son ajustados a derecho los argumentos en que se basa el Juzgador a quo para no acoger la impugnación indirecta de las NS de El Verger y de la homologación y plan parcial del sector E formulada por el demandante con ocasión de la impugnación directa por este del acuerdo del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de ese municipio de 30 de octubre de 2008. En la impugnación indirecta de una disposición de carácter general no cabe, como apunta el Juzgado de instancia, invocar los vicios formales o de procedimiento en que pudiera haber incurrido la elaboración de esa disposición, sino que la impugnación de los vicios de procedimiento tiene su sede natural en los recursos directos y en los plazos para ellos establecidos, quedando el recurso indirecto tan solo para depurar con ocasión de su aplicación los vicios de ilegalidad material en que pudieran incurrir las disposiciones reglamentarias y que afecten a los actos de aplicación directamente impugnados (STS 3ª, Sección 5ª, de 8 de junio de 2011 €recurso número 2549/2007- entre otras).  
De todas formas, y sobre todo, concurre, a criterio de la Sala, una razón esencial que impide que pueda prosperar la impugnación indirecta de los referidos instrumentos de planeamiento ejercitada por el recurrente: no figura emplazada en el proceso de instancia como parte demandada la Generalitat Valenciana, Administración autora de los acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante que aprobaron aquellos instrumentos de planeamiento, como así exige el art. 21.3 de la Ley 29/1998 €ni lo pidieron las partes ni lo acordó el Juzgado- Ello hace inviable el acogimiento de los motivos impugnatorios ejercitados por la demandante en el recurso indirecto, por cuanto con su estimación quedaría vulnerado ese precepto legal, sin que, por otro lado pueda la Sala suplir en esta segunda instancia la aludida falta de emplazamiento de la Administración autonómica.  
Cuarto. En lo relativo a la impugnación directa por el recurrente-apelante del precitado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Verger de 30 de octubre de 2008, ha de significarse que ese acuerdo ha sido ya anulado por esta Sala y Sección en sentencia núm. 8/2014, de 15 de enero, de 2014, dictada en el recurso de apelación número 219/2012, con base en una fundamentación jurídica contraria a la sostenida por el Juzgador de instancia en la sentencia apelada en el presente recurso de apelación. Dicha sentencia número 8/2014 fue objeto de un incidente de nulidad planteado por aquel Ayuntamiento, que fue desestimado por la Sala mediante auto de 22 de julio de 2014. Siendo, por tanto, firme la indicada sentencia, resulta obligado aquí, en consecuencia, la remisión a la fundamentación jurídica de la misma, que se pasa a transcribir y que se da íntegramente por reproducida en la presente sentencia, en virtud de los principios de igualdad y seguridad jurídica, y en aras al principio de unidad de doctrina:  
[«La lectura del Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia de la Sección 5ª de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de fecha 24 de marzo de 2004 pone de manifiesto que el alcance el fallo estimatorio de la Sentencia de esta Sección número 962/2001 no debe entenderse limitado ?como expresa el Acuerdo impugnado y defiende la parte apelante- a la anulación del Proyecto de Reparcelación aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de El Verger con fecha 21 de mayo de 1998 y se extiende a la del Programa de Actuación Integrada que constituye su presupuesto y fundamento. Y al ser así no resulta asumible lo resuelto en el acto impugnado en el extremo en que acuerda ?conservar el Programa de Actuación Integrada del Plan Parcial Sector E del Suelo Industrial de El Verger?, lo que determina que, en cuanto no se ha procedido en ejecución de dicha Sentencia a tramitar y aprobar un nuevo Programa de Actuación Integrada que viniese a sustituir al anulado, proceda la anulación del Proyecto de Reparcelación y del Proyecto de Urbanización aprobados por dicho Acuerdo al faltar el Programa de Actuación Integrada que debe servirles del fundamento».]  
Quinto. Lo expuesto en el fundamento jurídico precedente conduce a la estimación en este punto del recurso de apelación formulado por D. José Mengual Perelló, revocando parcialmente la sentencia apelada y reiterando de nuevo la anulación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Verger de 30 de octubre de 2008, por no ser conforme a derecho.  
Por último, en cuanto a las pretensiones indemnizatorias ejercitadas por el recurrente-apelante, dado que todas ellas se interesan por este para el caso de que se declare la imposibilidad material, y/o legal de devolución al mismo de las fincas que aportó en su día a la reparcelación del Sector E, habrá de estarse en este particular a lo que se acuerde en ejecución de sentencia en el incidente que se tramite por el Juzgado a tenor del artículo 105.2 de la Ley 29/1998.  
En suma procede, de conformidad con todo lo fundamentado, la estimación parcial del recurso de apelación.  
Sexto. En virtud del art. 139.2 de la Ley 29/1998, no procede hacer expresa imposición de costas procesales de esta segunda instancia, al haber sido estimado parcialmente el recurso de apelación.  
Por cuanto antecede,  
Fallamos  
1. Rechazar la solicitud de inadmisión del presente recurso de apelación número 440/2012 formulada por el Ayuntamiento apelado.  
2. Estimar en parte el recurso de apelación, interpuesto por D. José Mengual Perelló contra la sentencia número 85/11, de 16 de marzo de 2011, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Alicante en el recurso contencioso-administrativo ordinario número 182/2009.  
3. Revocar parcialmente la sentencia apelada, y anular, por ser contrario a derecho, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Verger de 30 de octubre de 2008, de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación económica del sector E (polígono industrial).  
4. Estar, en cuanto a las pretensiones indemnizatorias ejercitadas por el apelante, a lo que se acuerden ejecución de sentencia en el incidente que se tramite ante el Juzgado a tenor del art. 105.2 de la Ley 29/1998.  
5. Desestimar, en lo demás, el recurso de apelación.  
6. No hacer expresa imposición de costas procesales.  
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  
Auto  
 València, 9 de febrero de 2018  
Antecedentes del hecho  
Primero. La representación procesal de la parte apelante (sucesores procesales de D. José Mengual) ha presentado escrito solicitando la rectificación, subsanación, aclaración y compleción de la sentencia núm. 718/2016 dictada en el presente recurso de apelación.  
Segundo. Por la Sala se ha dispuesto oír a la parte contraria por término de cinco días a fin de poder formular alegaciones acerca de la anterior solicitud formulada por el apelante, con el resultado que obra en autos.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. Solicita la parte apelante, de un lado, que se complete la sentencia por incurrir en incongruencia omisiva, al no haber dado respuesta a todas las pretensiones ejercitadas por esa parte en su escrito de interposición del recurso de apelación contra la sentencia de instancia.  
En este sentido aduce el apelante que, contrariamente a lo que señala la sentencia, no todas las pretensiones ejercitadas por el recurrente-apelante se interesaron por este para el caso de que se declarase la imposibilidad material y/o legal de devolución al mismo de las fincas que aportó en su día a la reparcelación del Sector E, sino que algunas pretensiones fueron solicitadas de conformidad con los artículos 31.2, 65.3 y 71.1.d) de la Ley 29/1998, por lo que no puede estarse respecto a estas pretensiones a lo que se acuerde por el Juzgado en el incidente que tramite a tenor del art. 105.2 de la Ley 29/1998.  
El artículo 267.5 de la LOPJ y el artículo 215.2 de la LEC prevén, como excepción a la regla general de la invariabilidad de las resoluciones judiciales una vez firmadas, la posibilidad del complemento de sentencias y autos cuando sea necesario para su plena eficacia o para suplir la omisión manifiesta de pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso (ATS, 3ª, Sección 5ª, de 10 de julio de 2017 €recurso de casación número 2042/2016).  
En el caso de autos, es cierto que la parte apelante ejercitó, tanto en la demanda como después en el escrito de apelación, determinadas pretensiones al amparo del art. 31.2 de la Ley 29/1998, por lo que en relación con las mismas el fallo de la sentencia no puede disponer que se esté a lo que se acuerde en el incidente que se tramite por el Juzgado conforme al art. 105.2 de la Ley 29/1998.  
Se trata de las pretensiones que se indican a continuación, cuyo reconocimiento como situación jurídica individualizada a favor del apelante procede incluir en el fallo de la sentencia, a tenor del art. 31.2 de la Ley 29/1998 y a la vista de que ese fallo dispone la anulación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Verger en fecha de 30 de octubre de 2008. Son las siguientes: la condena al citado Ayuntamiento:  
- 1. a la devolución de Ias fincas aportadas por el apelante a la reparcelación, y a concordar la realidad registral con la extrarregistral, y la realidad catastral con la extracatastral, en su caso.  
?2. a la devolución de las cantidades ingresadas por el recurrente, en su caso, en concepto de indemnizaciones y cargas, así como de cualquier otra cantidad repercutida, con los intereses legales correspondientes.  
?3. a la indemnización al apelante, en aplicación del principio de plena indemnidad, de los siguientes daños y perjuicios causados, con los intereses legales correspondientes: daños morales que, en su caso, se acrediten y cuantifiquen, a determinar en ejecución de sentencia con arreglo a las bases fijadas por el recurrente en su escrito de conclusiones ?art. 71.1.d) de la Ley 29/1998?; gastos derivados de las actuaciones anuladas por la sentencia núm. 718/2016 que, en su caso, se acrediten y cuantifiquen, a determinar en ejecución de sentencia con arreglo a las bases fijadas por aquel en su escrito de conclusiones, más los intereses legales correspondientes ?art. 71.1.d) de la Ley 29/1998, antecitado?; e indemnización por el tiempo de privación de poder desarrollar actividad alguna en la parcela de resultado, en la cuantía que, en su caso, se acredite y cuantifique en ejecución de sentencia ?art. 71.1.d) aludido- No ha lugar a acordar ninguna indemnización en concepto de vía de hecho, al tratarse de una cuestión que no ha sido objeto de la sentencia de autos.  
?4. y a la cancelación de las inscripciones en los registros públicos a que hayan tenido acceso los procedimientos administrativos de gestión (el procedimiento de planificación no, al haber sido rechazada por la sentencia la impugnación indirecta de las NS de El Verger y de la homologación y plan parcial del sector E formulada por el recurrente con ocasión de la impugnación directa por este del acuerdo del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de ese municipio de 30.10.2008).  
En los términos expuestos procede la compleción del fundamento jurídico quinto y del punto 4 del fallo de la sentencia número 718/2016. En cuanto a las pretensiones ejercitadas por el apelante a tenor del art. 105.2 de la Ley 29/1998, se mantiene el citado fundamento y punto del fallo.  
Segundo. Solicita asimismo la parte apelante que se complete la sentencia reconociendo a su favor las siguientes pretensiones: inscripción de la sentencia en los registros públicos a los que hubiere tenido acceso el acto impugnado; incremento en dos puntos de los intereses legales en el caso de que se aprecie falta de diligencia en el cumplimiento de la sentencia; e inclusión en los presupuestos municipales de la partida correspondiente a la indemnización por daños y perjuicios y, en su caso, la correspondiente al cumplimiento por equivalencia.  
Tales pretensiones no pueden ser reconocidas en la sentencia, por tratarse de medidas que deben ser solicitadas, en su caso, en la ejecución de dicha sentencia, según así se desprende de los articles 107.1, 106.3 y 106.1 de la Ley 29/1998, preceptos que se encuentran previstos en esa ley en el capítulo IV del título IV ?»ejecución de sentencias»- y no en el article 71.  
Por tanto, la sentencia ha de completarse (article 267.5 de la LOPJ) en el sentido de establecer que las indicadas pretensiones no pueden ser reconocidas en sentencia, sino, en su caso, en periodo de ejecución de sentencia.  
Tercero. Solicita también el apelante que se aclare la sentencia en el sentido de señalar de forma explícita si la anulación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Verger de 30 de octubre de 2008 se refiere a todos los acuerdos adoptados en dichas resolución.  
Según se señala en el apartado primero del fundamento jurídico quinto de la sentencia, la misma anula el «acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Verger de 30 de octubre de 2008». En el punto 3 del fallo se dice que se anula el «Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Verger de 30 de octubre de 2008, de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación económica del sector E (polígono industrial)», por ser así como, según el documento aportado en su día por el recurrente con su escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, el propio Ayuntamiento titula el mencionado acuerdo plenario. En definitiva, y para dar respuesta a la solicitud de aclaración formulada por el apelante, procede indicar a este, a tenor del artículo 267.1 de la LOPJ, que la sentencia anula en su totalidad el referido acuerdo municipal.  
Cuarto. Solicita asimismo el apelante que se complete la sentencia con los fundamentos jurídicos omitidos, puesto que solo da respuesta a uno de los motivos de anulación del acuerdo impugnado.  
Como se desprende de la lectura de la sentencia, la Sala basa el pronunciamiento de revocación parcial de la sentencia apelada y de anulación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Verger de 30 de octubre de 2008 en el motivo recogido en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia 718/2016. Ello hace innecesario el examen por la Sala de los restantes motivos impugnatorios ejercitados por el recurrente en su escrito de apelación en apoyo de su pretensión de anulación de aquel acuerdo municipal, al ofrecerse ya por el Tribunal razones que por sí solas son suficientes para fundar su pronunciamiento (en este sentido, STS 3ª, Sección 5ª, de 31 de mayo de 2011 €recurso de casación número 3055/2007-, y STC, 2ª núm. 155/2012, de 16 de julio).  
Quinto. Interesa el apelante que se complete también la sentencia en el sentido de declarar de forma explícita la conducta dolosa y el carácter doloso del incumplimiento de la actuación del Ayuntamiento de El Verger, su mala gestión y el incumplimiento por este de la diligencia y tutela que preceptúa la Constitución y la legislación para las administraciones públicas.  
La expresada solicitud ha de ser rechazada, al implicar la realización de una nueva valoración por la Sala del material probatorio obrante en autos que no puede llevarse a cabo por el órgano jurisdiccional una vez dictada la sentencia, porque contravendría el principio de inmodificabilidad de las sentencias tras su dictado.  
Sexto. Solicita el apelante, además, que se aclare por la Sala el punto quinto del fallo, que dispone «Desestimar, en lo demás, el recurso de apelación». Dando respuesta a la solicitud de aquel ha de indicarse que, salvo las pretensiones que se estiman en el fallo de la sentencia, y las que se reconocen en el fundamento jurídico primero del presente auto, las restantes no se acogen por la Sala, conforme a lo que se razona en los fundamentos jurídicos precedentes de este auto.  
Séptimo. Por otra parte, no puede ser acogida la solicitud del apelante de que se complete la sentencia pronunciándose la Sala sobre las cuestiones relativas a las normas urbanísticas de las NS de El Verger que se señalan por aquel. En el fundamento jurídico tercero de la sentencia se desestima por la Sala, por las razones que en ese fundamento se contienen, la impugnación directa del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Verger de 30 de octubre de 2008 basada por el recurrente en la impugnación indirecta de las NS de El Verger y de la homologación y plan parcial del sector E. No cabe, por tanto, efectuar acerca de tales disposiciones generales otras consideraciones que las que se efectúan en dicho fundamento jurídico tercero.  
Octavo. No puede la Sala, de otro lado, pronunciarse sobre las concretas pretensiones que se solicitan por el apelante en la demanda y en el escrito de apelación para el supuesto de que se declare la imposibilidad material y/o legal de devolución al mismo de las fincas que aportó en su día a la reparcelación del Sector E. Como se razona por la Sala en el fundamento jurídico quinto de la sentencia, habrá de estarse sobre el particular a lo que se acuerde por el Juzgado en el incidente que tramite, en su caso, a tenor del art. 105.2 de la Ley 29/1998.  
Noveno. El apelante solicita, por último, que se rectifique el error en que incurre la sentencia en su fundamento jurídico tercero cuando afirma que aquel no pidió en el proceso de instancia que se emplazara a la Generalitat Valenciana como administración autora de los acuerdos de aprobación de los instrumentos de planeamiento indirectamente impugnados por el mismo.  
Pues bien, la mención en dicho fundamento jurídico relativa a que el recurrente no solicitó al Juzgado que emplazara a la Generalitat Valenciana obedece a un manifiesto error material que se desprende del simple examen de las actuaciones de instancia: en el escrito de alegaciones complementarias que la representación procesal del recurrente presentó ante el Juzgado en fecha 19 de enero de 2010 €folios 345 y siguientes de los autos de instancia?, dicha parte solicitó expresamente mediante otrosí segundo «el emplazamiento de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda». En consecuencia, a tenor del art. 267.3 de la LOPJ, procede la rectificación por la Sala del aludido error material, debiendo constar en el citado fundamento jurídico tercero de la sentencia que la parte actora sí solicitó que se emplazara a la Generalitat Valenciana.  
Décimo. Artículo 267.8 de la LOPJ, en cuya virtud, contra este no cabe recurso alguno.  
En atención a lo fundamentado,  
La Sala resuelve:  
Completar/aclarar/rectificar, en los términos expuestos en la fundamentación jurídica del presente auto, la sentencia dictada en el recurso de apelación número 440/2012.  
Contra este auto no cabe interponer recurso.  
Lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores anotados, doy fe.  
Lo anteriormente transcrito concuerda bien y fielmente con su original, al que en todo caso me remito. Y para que conste y devolver lo remitido al juzgado de su procedencia, a fin de que se lleve a puro y debido efecto lo acordado expido la presente en València, el 3 de abril de 2018.  
  
El Verger, 11 de junio de 2019.- El alcalde: J. Basili Salort Bertomeu.