Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3917, del 15-01-2001 (2001/229)

ORDEN de 20 de diciembre de 2000, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se regula el uso de edificios judiciales de la Comunidad Valenciana y se delegan competencias en la Dirección General de Justicia.
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Estado**DEROGADA**

Permalink ELI

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### Datos del documento

Número DOGV
:   3917

Fecha DOGV
:   15-01-2001

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2001/229


Fecha del documento
:   20-12-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria Justicia y Administraciones Públicas
    * edificio público
    * delegación de poderes
    * administración regional
    * legislación
    * jurisdicción judicial
    * competencia administrativa

ORDEN de 20 de diciembre de 2000, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se regula el uso de edificios judiciales de la Comunidad Valenciana y se delegan competencias en la Dirección General de Justicia. [2001/X229]
  
I. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, y reformado por la Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, establece en su art. 39.1ª que, en relación con la administración de justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Generalitat Valenciana ejercer las facultades que las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.
  
En aplicación de lo dispuesto en dicha norma, la Generalitat Valenciana ha asumido las competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de Justicia en virtud del Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, y el Real Decreto 1.949/1996, de 23 de agosto, que amplía los servicios traspasados a la Comunidad Valenciana en materia de provisión de medios materiales y económicos al servicio de la administración de Justicia; así como en materia de medios personales al servicio de la administración de Justicia en virtud del Real Decreto 1.950/1996, de 23 de agosto, y el Real Decreto 491/1997, de 14 de abril, sobre ampliación de los medios personales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Valenciana en materia de medios personales al servicio de la administración de Justicia.
  
II. Recibidas las competencias, éstas son ejercidas en la Generalitat Valenciana por la Dirección General de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 7/2000, de 22 de mayo, del presidente de la Generalitat Valenciana, por el que se asignan dichas competencias a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas; y por el Decreto 91/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de esta Conselleria, modificado por el Decreto 112/2000, de 18 de julio.
  
En aplicación de lo establecido en la Ley 3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, corresponde a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo la afectación y desafectación de los edificios judiciales, correspondiendo a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, una vez afectado el inmueble, el ejercicio de las competencias demaniales; incluidas la administración y conservación de los bienes.
  
Por tanto corresponde a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas la determinación del uso de sus dependencias, tanto para las funciones jurisdiccionales como para las de carácter accesorio y su puesta a disposición del personal al servicio de la administración de Justicia, a Colegios Profesionales que colaboran con esta para la prestación de servicios públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad, para el traslado y custodia de detenidos o labores de vigilancia del edificio, particulares o empresas a los que se adjudique cualquier tipo de concesión administrativa y ciudadanos en general que accedan a los edificios judiciales.
  
III. Una vez afectado un edificio, total o parcialmente, a la función jurisdiccional y determinado su uso, es competencia del respectivo decano, presidente de Audiencia o del Tribunal Superior de Justicia velar por el buen uso de las dependencias judiciales, conforme a lo dispuesto por el Reglamento 1/2000, de 26 de julio, del Consejo General del Poder Judicial, de Órganos de Gobierno de Tribunales; teniendo asimismo determinadas facultades de propuesta las Salas de Gobierno y las Comisiones Mixtas que se recogen en dicha norma.
  
Hay que recordar a este respecto que el artículo 110.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, redactado conforme a la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, regula la potestad reglamentaria externa del Consejo General del Poder Judicial, en desarrollo de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, con el límite que supone la necesidad de la previa habilitación contenida, bien en la propia Ley Orgánica 6/1985, bien en otra ley.
  
IV. La asignación de una determinada dependencia tendrá, en todo caso, carácter temporal, al estar supeditada la funcionalidad de la misma a las normas de seguridad y prevención de riesgos, tanto de los trabajadores de la administración de Justicia, como de los profesionales y ciudadanos que accedan a las sedes judiciales.
  
Hecha la anterior salvedad, debe tenerse en cuenta el servicio público que se preste en cada una de las dependencias del edificio, primando la función estrictamente jurisdiccional, sin que ello obste a que puedan prestarse otras funciones de carácter público que la complementan.
  
Por último, debe tenerse en cuenta que, al tratarse de un edificio público, puede albergar actividades ajenas a la jurisdiccional, que sin entorpecerla pueden repercutir en el bienestar de los ciudadanos, la formación de funcionarios o profesionales, la dignificación de actos protocolarios, etcétera.
  
V. El mal estado de la mayor parte de las sedes judiciales, la insuficiencia de espacio para las oficinas judiciales, la inadecuación de las dependencias para la función jurisdiccional y el extraordinario desarrollo de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de los últimos años, hizo necesario planificar la construcción de un gran número de edificios judiciales de nueva planta, incluyendo el concepto de macroedificio judicial que suponen las ciudades de la justicia de las capitales.
  
Dicho Plan director de Infraestructuras Judiciales (PLADIJ), aprobado por el Gobierno Valenciano en febrero de 1997, que esta siendo ejecutado por la Dirección General de Justicia, incluye un nuevo modelo de arquitectura judicial, con la finalidad de mejorar la atención al ciudadano, garantizar su seguridad y la de los trabajadores de la administración de Justicia, facilitar el trabajo a los profesionales y dignificar la función jurisdiccional.
  
Ahora bien, el éxito funcional y de seguridad de los nuevos Palacios y Ciudades de Justicia depende del buen uso que se haga de las diferentes dependencias que los componen, dándoles el uso que tienen previsto y respetando los flujos de comunicación proyectados.
  
Por todo ello, en virtud de las facultades que me confieren los artículos 35.e), 44 y 68.1 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano,
  
ORDENO
  
Artículo 1
  
La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en caso de creación de nuevos órganos judiciales o sustitución de edificios judiciales, y una vez realizada la afectación de las nuevas sedes al servicio de la administración de Justicia, así como la desafectación, en su caso, de las sedes sustituidas, por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, notificará la resolución correspondiente a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a través de su presidente.
  
Artículo 2
  
En los nuevos Palacios de Justicia, la distribución de las diferentes dependencias y asignación a órganos judiciales, oficinas de apoyo a la función jurisdiccional, colegios profesionales, cuerpos y fuerzas de seguridad, y, en su caso, adjudicatarios de concesiones de actividades ajenas a la función judicial, se llevará a cabo por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas en ejercicio de las competencias demaniales que le correspondan, una vez realizada la afectación correspondiente por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
  
En la medida de lo posible, y siempre que las funciones judiciales no lo impidan, se procurará dar cabida en los edificios judiciales a todos los colectivos jurídicos que inciden sobre las actuaciones judiciales.
  
El proyecto podrá ser expuesto al órgano de gobierno de los jueces o Tribunales que vayan a utilizar la nueva sede, Junta de Secretarios, representantes de los Colegios Profesionales, responsable del traslado y custodia de detenidos y Comité de Seguridad y Salud, si así lo solicitaren.
  
Artículo 3
  
Los actuales edificios judiciales mantendrán su estructura y funcionalidad, salvo que por razones de seguridad, creación de nuevas oficinas u órganos judiciales o mejora de las instalaciones, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas reordene su distribución.
  
 Las modificaciones de uso requerirán la autorización expresa y previa de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
  
Artículo 4
  
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidentes de Audiencia Provincial y decanos, gestionaran el uso de las Salas de Vistas y Salones de Actos y otras dependencias comunes para la práctica de actividades jurisdiccionales.
  
La realización de actos ajenos a la jurisdicción precisará la autorización de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, previo informe de las autoridades citadas en el párrafo anterior.
  
Artículo 5
  
El uso de los aparcamientos en el interior de los edificios judiciales queda limitado a los siguientes supuestos: traslado de detenidos y custodia de testigos protegidos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad; y para la carga y descarga de mobiliario, equipamiento de las oficinas judiciales, archivos y piezas de convicción por el personal de mantenimiento o profesionales autorizados.
  
En los edificios que dispongan de un gran número de plazas de aparcamiento, se podrán utilizar parcialmente por el personal destinado en dicho edificio, previa autorización expresa de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, gestionándose la forma de ocupación por el decano respectivo.
  
En este caso, deberá establecerse un número mínimo de plazas para su uso por funcionarios con minusvalías. La mencionada autorización establecerá el número de plazas que podrán ser utilizadas por los funcionarios y las que se reservan para las tareas que se describen en el párrafo anterior.
  
Artículo 6
  
En todos los edificios judiciales se reservarán el 50% de aseos, como mínimo, para su uso por el público que accede a los mismos, que se ubicarán, preferentemente, en las plantas de mayor atención al ciudadano.
  
Artículo 7
  
En los nuevos Palacios y Ciudades de la Justicia, así como en los edificios judiciales cuya estructura lo permita, se tendrá en cuenta la siguiente distribución funcional y de seguridad:
  
En la planta sótano se ubicarán las dependencias de custodia y práctica de diligencias con detenidos, a fin de evitar su traslado por el resto del edificio, salvo para su asistencia a juicio. También albergará el archivo y las dependencias de mantenimiento del edificio.
  
Los aparcamientos, salvo autorización expresa de la Dirección General de Justicia, se reservan a las fuerzas y cuerpos de seguridad para el traslado y custodia de detenidos o testigos protegidos.
  
La planta baja albergará, siempre que sea posible, las oficinas de mayor atención al ciudadano, Decanato - Prop Justicia, Servicio Común de Notificaciones y Embargos, Registro Civil, Clínica Médico Forense y Salas de Vistas.
  
El resto de plantas se destinarán a las oficinas de los Juzgados o Tribunales, Fiscalías, dependencias comunes y las destinadas a servicios públicos de los colegios profesionales.
  
Artículo 8
  
Se prohibe, en todo caso, cualquier alteración del uso previsto para las diferentes dependencias de los edificios judiciales que suponga una infracción a la normativa vigente en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales (ocupación de pasillos y salidas de emergencia, aumento de aforos, etc.), debiendo velar el titular del órgano de gobierno correspondiente por el buen uso del edificio, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el autor de la infracción.
  
Artículo 9
  
En caso de duda interpretativa, en el uso del edificio, primará siempre el interés del ciudadano y la labor jurisdiccional sobre aquella que no tenga tal carácter.
  
Artículo 10
  
Se delega en la Dirección General de Justicia el ejercicio de las competencias demaniales atribuidas a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, para la administración de los inmuebles sede de los órganos judiciales.
  
Valencia, 20 de diciembre de 2000
  
El conseller de Justicia y Administraciones Públicas,


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