Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5453, del 19-02-2007 (2007/1180)

Acuerdo de 1 de diciembre de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la expropiación de terrenos por el procedimiento de Tasación Conjunta, de los bienes y derechos de titularidad privada incluidos en el PRI del ámbito de la UDE-3 "Cami Fondo" en el término municipal de Carcaixent.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5453

Fecha DOGV
:   19-02-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/1180


Fecha del documento
:   01-12-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Carcaixent
    * expropiación
    * administración local

En relación con el expediente remitido por el Ayuntamiento de Carcaixent, relativo a la expropiación de terrenos por el procedimiento de Tasación Conjunta, de los bienes y derechos de titularidad privada incluidos en el PRI del ámbito de la UDE-3 "Cami Fondo", se destacan los siguientes Antecedentes y Fundamentos Jurídicos:  
Antecedentes  
Uno. En fecha 4 de octubre de 2001, la Comisión Territorial de Urbanismo, aprobó el Plan de Reforma Interior (PRI), en el ámbito UDE-3 Camí Fondo de suelo Urbanizable con ordenación pormenorizada que tenía por objeto la apertura de la calle prolongación de la de San Isidro, como propuesta de mejora .Afecta a edificaciones existentes, en el ámbito sujeto a Actuaciones Aisladas y que deberán ser objeto de expropiación previa a la ejecución de las obras de urbanización.   
La aprobación definitiva del citado planeamiento implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y legitima el correspondiente expediente expropiatorio, en el que el organismo promotor y titular de la potestad expropiatoria es el municipio de Carcaixent, así como entidad beneficiaria de los terrenos.  
En fecha 29 de abril de 2004, el Pleno del municipio acordó la incoación del correspondiente expediente expropiatorio por el procedimiento de tasación conjunta para la adquisición de los terrenos para la apertura de la calle prolongación de San Isidro, disponiendo someter a información pública el citado Proyecto de Expropiación, y practicar las preceptivas notificaciones individuales.  
Dicha información pública se ha efectuado mediante la inserción de anuncios; en el BOE nº 159 de 5 de julio de 2005, I.K.G.W. nº 117, de 18 de mayo de 2004; en el Periódico El Levante de 8 de mayo de 2004 y, además, se ha notificado a los titulares de bienes y derechos afectados que figuran en el expediente tal y como se certifica por el Sr. Secretario de ese municipio, en el acuerdo plenario de Resolución de alegaciones de fecha 7 de abril de 2004.  
Durante el tramite de información publica se presentó una alegación única. La alegación presentada ha sido debidamente informada por la administración actuante, conforme a los correspondientes informes, que obran en el expediente administrativo.  
En fecha 17 de marzo de 2005, tiene entrada en este Registro copia diligenciada del expediente administrativo junto con el Proyecto de Expropiación.  
Dos. El proyecto consta de relación de fincas y descripción de bienes y derechos afectados, planos en los que se determina el ámbito territorial, con fijación razonada del precio de los inmuebles y hojas de justiprecio individualizadas, por lo cual está completo y cumple con lo establecido en el art. 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.  
Tres. Carcaixent, cuenta con Plan General de Ordenación Urbana, con aprobación definitiva de 28 de mayo de 1998.   
Cuatro. El objeto del presente expediente, es el de servir como documento base en el procedimiento expropiatorio por Tasación Conjunta que permita disponer de los terrenos delimitados dentro del ámbito del PRI que integra la mencionada UDE-3 "Camí Fondo". Son objeto de expropiación parte de dos edificaciones con fachada este recayente a la Calle de San Isidro, que corresponden con las numeradas como 1 y 2. Se trata de construcciones de tipología popular con planta baja y planta piso, y que poseen en la parte trasera un patio y construcciones. De ambas parcelas sólo se afecta una pequeña porción de la parte trasera de las mismas, sin embargo, en la número 1, se procede a la indemnización de la totalidad de la edificación, puesto que la demolición de la parte que se expropia debido a la construcción del nuevo vial, privaría al resto de la edificación no afectada, de las mínimas condiciones de habitabilidad y estabilidad estructural.   
Cinco. Durante la tramitación del expediente se solicitó informe, con fecha 14 de abril de 2005, a la Gerencia Regional del Catastro de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda.  
En fecha 3 de agosto de 2005, tiene entrada en este Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial de Valencia el citado informe, en el que, en resumen, se indica lo siguiente:  
En cuanto a la valoración del suelo, "Se trata de un suelo urbanizable dentro de un ámbito delimitado por el Planeamiento, por lo que le es de aplicación el artículo 27, donde se especifica que el valor del suelo se determinará por aplicación, al aprovechamiento que le corresponda, del valor básico de repercusión en polígono, que será deducido de las ponencias de valores catastrales.  
En el punto 2 párrafo segundo, del citado artículo se establece que en los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las ponencias de valores catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método residual.  
La Ponencia para el municipio de Carcaixent se aprobó en el año 2000 con efectos 2001. Los terrenos objeto de la tasación conjunta se localizan en el polígono fiscal p-301, zona valorativa 30320, donde se fijan tres valores unitarios en función de la fase de desarrollo en que se encuentre.  
En la tasación se ha aplicado el valor unitario de 129,12 Euros/m² que corresponde al suelo urbanizado sin la deducción de los gastos de urbanización pendiente, circunstancia que compensa la falta de actualización de los valores al momento de exposición al público del proyecto de expropiación según se establece en el artículo 24 de la ley 6/1998".  
Así pues, concluye el informe, "los criterios de valoración utilizados en el Proyecto de Tasación Conjunta de referencia se consideran conformes con los criterios fijados en el artículo 27 de la Ley 6/1998".  
En cuanto a la Valoración de las Edificaciones: Las construcciones han sido valoradas en función de su coste de reposición, corregido según su antigüedad, uso y estado de conservación, tal y como establece el articulo 31 punto 2 de la ley 6/1998.  
A las valoraciones resultantes se les ha aplicado el premio de afección del 5% que establece el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa."  
En resumen, concluye el informe que "la valoración se encuentra conforme a la normativa vigente".  
Seis. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 28 de noviembre de 2006, por unanimidad, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, cumpliendo así lo preceptuado en el art. 23 del Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana.  
Fundamentos juridicos  
Primero. La aprobación definitiva de los proyectos de expropiación por Tasación Conjunta, corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo conforme a lo establecido en los apartados del 6 al 8 del artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto (en adelante RGU) y en el artículo 10.e) del Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano.  
La resolución de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo, deberá limitarse a un mero control de legalidad, sin valoración alguna de la oportunidad del proyecto y a la vez, la intervención de este órgano lo va a ser sin perjuicio de la ulterior actuación del Jurado Provincial de Expropiación, que será el que en última instancia, de existir oposición de los expropiados, resolverá sobre el justiprecio. Así las cosas, la intervención de la Comisión deberá limitarse a la comprobación de que la tramitación del proyecto se ha ajustado a la normativa vigente, que la documentación es suficiente para cumplir los preceptos legales y que el método de valoración efectuado se ha ajustado a los procedimientos legales.  
El artículo 23 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante LRSV) dispone que "a los efectos de expropiación, las valoraciones del suelo se efectuarán con arreglo a los criterios establecidos en la presente Ley, cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime". De este modo, en ese simple control de legalidad que nos ocupa, de lo que se tratará fundamentalmente es de comprobar la adecuación del proyecto a esta Ley y a la normativa complementaria de la misma.  
Segundo. La tramitación ha sido correcta, conforme a lo establecido en los artículos 138 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, al cumplirse con lo establecido en el artículo 202.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, que exige la publicación en el BOE.   
La STC de fecha 11 de julio de 2.001 declara inconstitucional el art.38 de la Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones, en el que se regulaba que, en la tramitación de las expropiaciones por tasación conjunta, el pago o depósito del importe de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el proyecto de expropiación habilitará para proceder a la ocupación de la finca. No obstante, y en virtud de la declaración de inconstitucionalidad de la Disposición derogatoria del Texto Refundido de la Ley del Suelo 1992 (efectuada por la STC 61/1997) que derogaba la Ley del Suelo de 1.976, se ha venido a rehabilitar dicho texto legal, en cuyo art.138 se recoge el mismo contenido legal que en el inconstitucional art.38. Por lo tanto, en defecto de regulación autonómica, y en virtud de la cláusula residual del art.149.3 de la Constitución, el procedimiento de tasación conjunta será el regulado por el art.138 de la Ley del Suelo de 1.976.  
Tercero. El expediente está completo, ya que se procedió a la publicación del Proyecto en el Boletín Oficial del Estado, y se procedió a la información pública, mediante inserción de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y en un Diario no Oficial de la Provincia, con lo que se cumple lo establecido en el artículo 202.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, que exige la publicación en el BOE.   
Por otra parte, la documentación del Proyecto ha de entenderse completa de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 del TRLS de 1976.  
Cuarto. La valoración del suelo debe efectuarse siguiendo los criterios del artículo 27 LRSV por tratarse de suelo Urbanizable.  
Quinto. Tal y como dispone el artículo 203.1 RGU, la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados.  
A la vista de cuanto antecede la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 1 de diciembre de 2006, por unanimidad, Acuerda:   
Primero  
Aprobar definitivamente, el Proyecto de Expropiación Forzosa por Tasación Conjunta del PRI UDE-3 "CAMI FONDO" de Carcaixent.   
Segundo  
Aprobar las valoraciones de bienes y derechos a expropiar.  
Tercero  
Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados.  
Contra el presente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, en lo que atañe al punto 3, se puede interponer recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, según dispone el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del Título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las Consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación.  
En su caso las Administraciones Públicas pueden formular requerimiento de anulación o revocación según dispone el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente por analogía con el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del Título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las Consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de DOS MESES contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación. El citado artículo 44 de la Ley 29/1998 establece literalmente;  
Art. 44.1. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga Recurso Contencioso Administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.  
En el supuesto de no formular el requerimiento indicado, las Administraciones Públicas podrán interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo previsto en el artículo 46-1 de la citada Ley 29/1998.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.  
Respecto de los puntos 1 y 2 no cabe recurso alguno por tratarse de actos de trámite que no dan lugar a la imposibilidad de continuar un procedimiento ni producen indefensión.  
Así mismo procede notificar la presente resolución a los interesados titulares de bienes que figuren en el proyecto de expropiación, acompañando a éste copia de la correspondiente hoja de justiprecio y significándoles que, en el plazo de los 20 días hábiles siguientes al de recibo de tal notificación, podrán manifestar por escrito ante esta Comisión Territorial de Urbanismo su disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado. Si en tal plazo los interesados no formulan oposición a la valoración, se entenderá aceptada la que se fija en el acto presente de aprobación del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.  
De las hojas de aprecio impugnadas se dará traslado por esta Comisión, junto con el expediente, al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia, y la tasación de los bienes se hará de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la Ley sobre régimen del suelo y valoraciones.  
Lo que se certifica con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente y a reserva de los términos precisos que se deriven de la misma, conforme lo autoriza el artículo 27-5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).  
Valencia, 1 de diciembre de 2006.- El secretario de la Comision Territorial de Urbanismo: Alvaro Aleixandre Ortí.