Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4714, del 17-03-2004 (2004/2102)

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2004, del conseller de Infraestructuras y Transporte, por la que se encomienda a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana la gestión de la explotación de la estación elevadora para impulsión de aguas residuales en Banyeres de Mariola (Alicante).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4714

Fecha DOGV
:   17-03-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/2102


Fecha del documento
:   11-02-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * delegación de poderes

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2004, del conseller de Infraestructuras y Transporte, por la que se encomienda a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana la gestión de la explotación de la estación elevadora para impulsión de aguas residuales en Banyeres de Mariola (Alicante). [2004/M2102]
  
Antecedentes de hecho
  
La Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (actualmente Infraestructuras y Transporte) de la Generalitat y la Diputación Provincial de Alicante suscribieron el 23 de julio de 1992 un convenio para la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales en la Comunidad Valenciana. Posteriormente, se amplió el mismo con las adendas de 14 de junio de 1995, 21 de abril de 1999 y 26 de julio de 2002.
  
El convenio determina la participación de ambas administraciones en la financiación - 60% a cargo de la Conselleria y 40% a cargo de la Diputación - y ejecución - a cargo de la Diputación - de una serie de sistemas de depuración, que comprenden tanto rehabilitación, ampliación o mejora de instalaciones de depuración ya existentes como nueva construcción.
  
A estos efectos, la cláusula séptima del convenio señala que la titularidad de las instalaciones corresponderá:
  
- En caso de rehabilitación, ampliación o mejora de instalaciones de depuración ya existentes, al ayuntamiento titular de la instalación inicial.
  
- En el caso de construcción de nuevas instalaciones de evacuación y tratamiento de aguas residuales, a la Generalitat.
  
Como consecuencia de la ejecución del citado convenio, la Diputación ha ido concluyendo las obras de construcción de una serie de nuevos sistemas públicos de depuración, entre las que se encuentran las obras de la Estación Elevadora para impulsión de aguas residuales en Banyeres de Mariola (Alicante).
  
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula séptima del convenio, la conservación y explotación de las obras e instalaciones objeto del mismo corresponderá a su titular, por lo que es necesario tomar las medidas para garantizar la correcta explotación de la misma y la adecuada prestación del servicio público para el que fue construida.
  
Fundamentos de derecho
  
La Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, determina en su artículo 3 que corresponde a la Generalitat entre otras atribuciones, la planificación, la aprobación definitiva de planes y proyectos, así como la elaboración de proyectos, ejecución de obras y explotación de las instalaciones y servicios que promueva directamente. Del mismo modo, la ley determina que la Generalitat podrá utilizar cualquier mecanismo conveniado, concertado, organizativo o funcional, en el caso de que ello contribuya a mejorar la eficacia de la gestión pública.
  
De otro lado, el artículo 13 señala que la actuación de la Generalitat en las materias a que se refiere la ley se llevará a cabo a través del Gobierno Valenciano y de las consellerias de Infraestructuras y Transporte y de Medio Ambiente, y, asimismo, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, que la propia ley crea con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y que tiene por objeto la gestión y explotación de instalaciones y servicios, y la ejecución de obras de infraestructura, en materia de abastecimiento de agua, de tratamiento y depuración y, en su caso, reutilización de aguas depuradas y, en general, de todas aquellas medidas que puedan contribuir a incrementar la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana, así como la gestión tributaria del canon de saneamiento establecido en esta Ley (art. 14 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, en la nueva redacción dada por la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana).
  
Igualmente, dado que la Entidad se concibe como una persona jurídica de carácter esencialmente instrumental, la ley establece entre sus funciones la de gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras de saneamiento y depuración que la Generalitat determine, así como aquellas que le puedan encomendar las entidades locales u otros organismos (art. 16 a).
  
Por último, conforme al artículo 14.2 de la citada ley, la relación de la Generalitat con la Entidad Pública de Saneamiento se realizará a través de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Vista la propuesta de la Dirección General de Obras Públicas.
  
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en los artículos 14.2 y 16 a) de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, y 8 del Decreto 114/2003, de 11 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Resuelvo
  
La explotación de la Estación Elevadora para impulsión de aguas residuales en Banyeres de Mariola (Alicante) se llevará a cabo por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, con efectos desde la fecha de la presente resolución.
  
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero).
  
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la presente resolución podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de notificación de la misma o, en su caso, de la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.