Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4931, del 25-01-2005 (2005/154)

Autos de juicio ordinario número 217/2002. Cédula de notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4931

Fecha DOGV
:   25-01-2005

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2005/154


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Vila-real

Tipo de documento
:   Anuncio

Autos de juicio ordinario número 217/2002. Cédula de notificación. [2005/Q154]
  
Procedimiento: ordinario 217/2002
  
Juez: Francisco Javier Izquierdo Martínez
  
Actor: Activaris, SL
  
Demandados: tenedores de las obligaciones hipotecarias al portador de la finca 36.254, inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Nules
  
«Sentencia número 120/2004
  
Villarreal, 20 de julio de 2004
  
Visto por mí, Francisco Javier Izquierdo Martínez, juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Villarreal y su partido, el juicio ordinario 217/2002, entablado por la mercantil Activaris, SL (asistida por el letrado Joaquín Martín Ortiz y representada por la procuradora Carmen Rubio Antonio) contra los tenedores de las obligaciones hipotecarias al portador de la finca 36.254, inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Nules (en rebeldía, y sin asistencia letrada ni representación procesal), procede dictar la presente sentencia sobre la base de los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
1. Con fecha de 24 de mayo de 2002, se presentó por la representación procesal de la mercantil Activaris, SL, demanda de juicio ordinario contra los tenedores de las obligaciones hipotecarias al portador de la finca 36.254, inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Nules, solicitando que se procediera a la cancelación de la hipoteca que gravaba la finca 36.254, inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Nules.
  
2. Admitida la demanda mediante auto de este juzgado, se confirió traslado de la misma a los demandados, emplazándoles para que la contestaran en el plazo de 20 días, no haciéndolo y siendo declarados en rebeldía mediante providencia de fecha de 12 de diciembre de 2002.
  
3. Celebrada la audiencia previa y citadas las partes al acto de juicio, éste se celebró con fecha de 23 de abril de 2003, dictándose sentencia con fecha de 29 de abril de 2003.
  
4. Apelada la sentencia, y remitidos los autos a la Audiencia Provincial, con fecha de 23 de octubre de 2003, se dictó por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón auto por el que se decretaba la nulidad de las actuaciones con retroacción al momento anterior al del emplazamiento de los demandados.
  
5. Recibidas las actuaciones en este juzgado, emplazados los demandados (sin que los mismos presentaran escrito de contestación alguno), y declarados en rebeldía, mediante providencia se citó a las partes al acto de la audiencia previa, celebrándose el mismo con fecha de 9 de junio de 2004.
  
6. Posteriormente, fueron las partes citadas al acto de juicio, que se ha celebrado en sede de este juzgado con fecha de hoy, compareciendo la parte actora, no haciéndolo los demandados, pese a haber sido citados en tiempo y forma. Abierto el acto de juicio, en el mismo se practicaron como pruebas las de documentos (habiendo renunciado la parte actora a la práctica del interrogatorio de los demandados), quedando los autos pendientes de resolución.
  
7. En el presente procedimiento se han cumplido todas las formalidades legales.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Ejercita la parte actora una acción de cancelación hipotecaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Hipotecaria y 1.156 y siguientes del Código Civil, por entender que, de las obligaciones hipotecarias emitidas mediante escritura de fecha de 7 de diciembre de 1984 (respecto de la finca 36.254 inscrita en el Registro de la Propiedad de Nules número 1, al tomo 825, libro 304, folio 106, inscripción tercera), una ya había sido cancelada por haberse hecho efectivo su importe en el procedimiento de ejecución hipotecaria 262/1995 (siendo dicha obligación la número 5 de la serie B), y otras lo habían sido mediante cancelación incluida en escritura pública de fecha de 27 de noviembre de 2000 (obligaciones 3 y 4 de la serie B y obligaciones 1, 2, 3 y 4 de la serie C), consignando judicialmente el importe del resto de las obligaciones que habían sido emitidas más los intereses del artículo 114 de la Ley Hipotecaria.
  
2. Procede, por tanto, determinar si concurren los requisitos legalmente exigibles para la cancelación de las obligaciones hipotecarias sin olvidar que es constante la doctrina jurisprudencial expresiva de que la declaración de rebeldía de los demandados en nada supone que los hechos alegados por la parte actora sean dispensados de toda prueba, sino que, antes al contrario, a la actora incumbe probar los hechos constitutivos de la acción ejercitada y a la demandada corresponde la prueba del hecho modificativo o extintivo de la acción y que la doctrina del onus probandi (siendo dichos principios recogidos en el actual artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  
La posibilidad de emisión de obligaciones o títulos transmisibles por endoso o al portador está reconocida por la Ley Hipotecaria (posibilidad ésta que se desvaneció para las personas físicas por la disposición adicional 3 de la Ley 2/1995, de 23 marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que les prohibió emitir y garantizar obligaciones). En estas hipotecas, a diferencia de lo que sucede en una hipoteca ordinaria, hay una indeterminación registral en cuanto al titular de la hipoteca, pues éste no viene determinado por la inscripción, sino que lo será en cada momento quien resulte legitimado como poseedor del título, como consecuencia de la cadena de endosos o de la simple tradición del documento, «sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor ni de hacerse constar la transferencia en el registro» (artículo 150 de la Ley Hipotecaria). En relación a estas obligaciones hipotecarias al portador (o a la orden), como expresa la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de fecha 24 de enero de 1997, hay que partir de la base de que en nuestro derecho la creación de tales títulos, como la de los transmisibles por endoso, está sustraída al principio general de la autonomía de la voluntad. La incorporación del crédito subyacente al documento, la fuerza ejecutiva de éste, su independencia respecto de las vicisitudes de la relación subyacente, la no oponibilidad al tenedor de las excepciones personales que beneficiaran al deudor frente al acreedor según el contrato causal encubierto, son, entre otras, consecuencias que se explican por tratarse de títulos destinados a su circulación y para favorecer ésta y que, como contrapartida, requieren un formalismo riguroso.
  
En relación con tales obligaciones hipotecarias emitidas al portador, el artículo 156 de la Ley Hipotecaria (aún en vigor) viene requiriendo el cumplimiento de una serie de presupuestos. Así establece que «la cancelación de las inscripciones de hipotecas constituidas en garantía de títulos transmisibles por endoso se efectuará presentándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto del otorgamiento los títulos endosables, o solicitud firmada por dichos interesados y por el deudor, a la cual se acompañen inutilizados los referidos títulos, o bien previo ofrecimiento y consignación del importe de los títulos, hecha en los casos y con los requisitos prevenidos en los artículos 1.176 y siguientes del Código Civil. Las inscripciones de hipotecas constituidas con objeto de garantizar títulos al portador se cancelarán totalmente si se hiciere constar por acta notarial estar recogida y en poder del deudor toda la emisión de los títulos debidamente inutilizados. Asimismo, procederá la cancelación total si se presentasen, por lo menos, las tres cuartas partes de los títulos emitidos y se asegurase el pago de los restantes, consignando su importe y el de los intereses que procedan en el establecimiento público destinado al efecto. La cancelación, en este caso, deberá acordarse por sentencia, previos dos llamamientos por edictos, publicados en el Boletín Oficial del Estado, y tiempo de dos meses cada llamamiento, a cuantos se consideren con derecho a oponerse a la cancelación. Podrán también cancelarse parcialmente dichas hipotecas presentando acta notarial de estar recogidas y en poder del deudor, debidamente inutilizadas, obligaciones por un valor equivalente al importe de la hipoteca parcial que se trate de extinguir, siempre que dichas obligaciones asciendan, por lo menos, a la décima parte del total de la emisión. En este caso, si son varias las fincas hipotecadas, podrán cancelarse completamente las inscripciones de hipoteca de una o varias fincas, cuya responsabilidad sea igual al valor de las obligaciones recogidas, o librarse parcialmente todas ellas a prorrata, o en proporción a sus respectivas responsabilidades. También podrá cancelarse parcialmente la hipoteca cuando se presente acta notarial que acredite estar recogidas y en poder del deudor, debidamente inutilizadas, obligaciones equivalentes al total importe de la responsabilidad porque esté afecta a la hipoteca una finca determinada, aunque dichas obligaciones no asciendan a la décima parte del total de la emisión. En este caso sólo podrá cancelarse la inscripción de la hipoteca que grave la finca que se trate de liberar».
  
Por lo que respecta al caso concreto, nos encontramos con los siguientes hechos probados:
  
- Que la mercantil Activaris, SL, es propietaria y titular de la finca 36.254 inscrita en el Registro de la Propiedad de Nules número 1 al tomo 825, libro 304, folio 106, inscripción tercera por haberla adquirido, con fecha de 27 de noviembre de 2000, de su anterior titular, esto es, de la mercantil Catalana Condal, SL (escritura de compraventa acompañada a la demanda como documento 2).
  
- Que con fecha de 7 de diciembre de 1984, mediante escritura pública se emitieron obligaciones hipotecarias transmisibles por endoso para garantizar un crédito total de doce millones de pesetas (copia simple de la escritura de emisión acompañada a la demanda como documento 1).
  
- Que con fecha de 27 de noviembre de 2000, la mercantil Catalana Condal, SL, otorgó escritura pública por la cual se procedía a la cancelación parcial de la hipoteca (en concreto obligaciones hipotecarias números uno, dos, tres y cuatro de la serie C y los números 3 y 4 de la serie B) por valor de tres millones de pesetas o equivalentes 18.030,36 euros.
  
- Que una de las obligaciones (la número 5 de la serie B) ya había sido cancelada por haberse hecho efectivo su importe en el procedimiento de ejecución hipotecaria 262/1995 (desprendiéndose ello del testimonio de dicho procedimiento aportado a los autos).
  
- Que la mercantil Activaris, SL, ha realizado la consignación judicial de la cantidad de 62.905,93 euros.
  
De la prueba así practicada se desprende que la parte actora no posee las tres cuartas partes de los 12 títulos emitidos (faltando por cancelarse las cédulas hipotecarias 1, 2 y 3 de la serie A por valor cada una de 2.000.000 de pesetas y las cédulas hipotecarias 1 y 2 de la serie B por valor cada una de 1.000.000 de pesetas), razón por la que no se cumplen los requisitos del artículo 156 de la Ley Hipotecaria, y ello a pesar de que por la parte actora se haya efectuado consignación judicial del importe correspondiente a todas ellas, por cuanto que dicha consignación es un presupuesto pero no el único para que pueda procederse a dicha cancelación hipotecaria, sin perjuicio de que, llegado el momento, pueda producirse la prescripción de las acciones que tutelan a los desconocidos portadores de las cédulas no aportadas en autos, la cual se producirá a los 20 años contados desde que pudiera ser ejercitada (esto es, desde el momento de su emisión), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.964 y 1.969 del Código Civil y 128 de la Ley Hipotecaria.
  
3. En cuanto a las costas el artículo 396 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que «en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho».
  
Dictándose en el presente caso una sentencia desestimatoria de la demanda, procede imponer las costas a la parte actora.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de obligada aplicación.
  
Fallo
  
Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda de cancelación de obligaciones hipotecarias interpuesta por la actora, condenando a la misma al pago de las costas procesales.
  
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que no es firme, y que contra la misma cabe la interposición del recurso de apelación a preparar ante este juzgado en el plazo de cinco días.
  
Líbrese testimonio de la presente sentencia que se unirá a los presentes autos, quedando el original en el libro de sentencias de este juzgado.
  
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
  
Publicación: la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el juez que la dictó en el día de su fecha y en audiencia pública, doy fe.