Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5660, del 14-12-2007 (2007/14310)

Juicio verbal 596/07. Notificación de la sentencia a Bayan Huseym y otros.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5660

Fecha DOGV
:   14-12-2007

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2007/14113


Fecha del documento
:   20-11-2007

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Elche

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * sistema judicial

Juicio verbal 596/07. Notificación de la sentencia a Bayan Huseym y otros. [2007/14165]  
Autos juicio verbal número 596/2007  
Demandante: Corpic, SL, (Antonia García Mora).  
Demandado: Bayan Huseym, Uso Rótulos Técnicos, SL, y Veli Bayen.  
«Sentencia  
Elche, 20 de noviembre de 2007   
Mª Encarnación Aganzo Ramón, magistrada jueza del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche, habiendo visto y oído los presentes autos de juicio verbal de desahucio seguidos ante este Juzgado con el número 596/2007, a instancia de Corpic, SL, representado por la procuradora Antonia García Mora y asistida por el letrado Vicente Pascual Pascual, contra Bayan Huseym, Uso Rótulos Técnicos, SL, y Veli Bayen, declarados en rebeldía.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Que por la meritada representación de la parte actora se interpuso demanda ajustada a las prescripciones legales, en la que, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho y con aportación de documental, solicitaba se dictara una sentencia en la que se declare resuelto el contrato de arrendamiento de la nave industrial sita en la calle Leonardo Da Vinci, número 12, esquina a calle Juan Negrín, Elche Parque Industrial, condenando al demandado a que lo deje libre y expedito, con apercibimiento de lanzamiento, con condena al pago de 13.271,16 euros, rentas vencidas y costas causadas.  
Segundo. Que, admitida a trámite la demanda, se convocó a las partes al correspondiente juicio, que tuvo lugar, el día 20 de noviembre de 2007 a la Sala de Audiencias de este Juzgado, siendo a tal efecto convenientemente citadas las partes.   
Tercero. Que al acto del juicio compareció la parte actora, no haciéndolo el demandado, que fue declarado en rebeldía. La actora se afirmó y ratificó en el escrito de demanda. Interesada la práctica de prueba y practicada ésta, quedaron los autos sobre la mesa para dictar la correspondiente sentencia.  
Cuarto. Que en la tramitación del presente procedimiento se han seguido todas las prescripciones legales.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. Ejercita en el presente procedimiento la actora la acción de resolución del contrato de arrendamiento de la nave industrial sita en la calle Leonardo Da Vinci, número 12, esquina a calle Juan Negrín, Elche Parque Industrial por falta de pago de las rentas y cantidades asimiladas, alegando haber concertado dicho contrato con los demandados en fecha 5 de abril de 2005, no habiendo desde entonces los demandados satisfecho ninguna mensualidad íntegra, sino tan solo una serie de pagos a la baja, adeudando en la actualidad la suma de 13.271,16 euros. En el acto del juicio manifestó que la cantidad adeudada, dado el vencimiento de nuevas mensualidades, ascendía a la suma de 27.382,56 euros.  
Segundo. Los demandados, por su parte, no comparecieron en el acto del juicio, siendo declarados en rebeldía. Al respecto, debe señalarse que la rebeldía es la conducta que adopta el demandado que no comparece en el proceso después de haber sido citado en forma. A diferencia de otras legislaciones, en que la rebeldía se considera como allanamiento o admisión de los hechos de la demanda, en nuestro derecho no comporta otro efecto que el que se tenga por contestada la demanda y siga el proceso su curso sin la intervención del rebelde. Pero la jurisprudencia ha entendido que dicha contestación, ficticia, ha de serlo en el sentido de oponerse a ella, de modo que permanece sobre el actor la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión, es decir, los hechos normalmente constitutivos del derecho que reclama. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo, que ha venido entendiendo declarando que de tal manera ha de ser entendido el principio jurídico sancionador por la jurisprudencia, de que la prueba de las obligaciones incumbe a quien reclama su cumplimiento, recogido sustancialmente en el artículo 217 Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).  
Tercero. Acreditada por la actor la relación contractual que le unía con la demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 440. 3 LEC, y de acuerdo con los términos del artículo 217 LEC, teniendo en cuenta asimismo lo dispuesto en el artículo 326 LEC, que establece, que "los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319 cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique", y a la vista de que los demandados no comparecieron en el procedimiento, no impugnando, por tanto, la documental aportada, y no interesando tampoco la práctica de prueba alguna que viniera a acreditar el cumplimiento por su parte de las obligaciones asumidas en el contrato de arrendamiento, se estima procedente estimar la demanda en todos sus pedimentos, declarando haber lugar al desahucio solicitado.  
Cuarto. De conformidad con el criterio objetivo del vencimiento que rige en materia de costas procesales, salvo que circunstancias excepcionales justifiquen su no imposición, (art. 394 primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y no apreciándose la concurrencia de éstas, las causadas en esta instancia han de ser impuestas a los demandados, al estimarse íntegramente la demanda iniciadora del presente procedimiento.  
Vistos los preceptos invocados y demás de general y pertinente aplicación al caso,  
Fallo  
Que estimando la demanda interpuesta por Corpic, SL, representado por la procuradora Antonia García Mora, contra Bayan Huseym, Uso Rótulos Técnicos, SL, y Veli Bayen, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes respecto de la nave industrial sita en calle Leonardo Da Vinci, número 12, esquina a calle Juan Negrín, Elche Parque Industrial, con apercibimiento al demandado de que tendrá lugar su lanzamiento si no procediere al desalojo en el plazo legal, y debo condenar y condeno a éstos a abonar al actor de forma solidaria la cantidad de 27.382,56 euros que adeudan, así como el importe de las rentas y cantidades asimiladas que venzan hasta la terminación del procedimiento, y con expresa condena en costas.   
Esta sentencia es apelable en ambos efectos para ante la Audiencia Provincial de Alicante dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, debiendo interponerse ante este Juzgado de conformidad con la tramitación prevista en los artículos 457 y siguientes de la LEC.  
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión en autos, lo pronuncio, mando y firmo.»  
Publicación. La extiendo yo, la secretaria, para hacer constar que seguidamente se procede a la publicación de la sentencia dictada mediante su notificación a las partes. Doy fe.  
Elche, 20 de noviembre de 2007.- La secretaria: Mª José Barceló Moreno.