Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6443, del 21-01-2011 (2011/195)

Información pública de la resolución de los recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo de aprobación del plan parcial modificativo de la ordenación pormenorizada y programa para el desarrollo de la actuación integrada Plan Parcial Carretera Vall d'Alba, por gestión directa.
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Número DOGV
:   6443

Fecha DOGV
:   21-01-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2011/195


Fecha del documento
:   05-01-2011

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Benlloc

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Benlloc
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de la resolución de los recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo de aprobación del plan parcial modificativo de la ordenación pormenorizada y programa para el desarrollo de la actuación integrada Plan Parcial Carretera Vall d'Alba, por gestión directa. [2011/195]  
Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada en fecha 4 de octubre de 2010, adoptó el siguiente acuerdo:  
«Estimación y desestimación de recursos de reposición a la aprobación del plan parcial y programa para el desarrollo de actuación integrada Plan Parcial Carretera Vall d'Alba.  
Dada cuenta de los recursos de reposición interpuestos por varios interesados contra acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de 2009 sobre resolución de alegaciones y aprobación del plan parcial modificativo de la ordenación pormenorizada y programa para el desarrollo de la actuación integrada Plan Parcial Carretera Vall d'Alba.  
Considerando que para la resolución del presente asunto se ha tener en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:   
Antecedentes de hecho   
Primero. Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 13 de diciembre de 2007, acordó iniciar la tramitación para programar la actuación urbanística mediante gestión directa de las unidades de ejecución número 1, 2, 3 y 4 del Plan Parcial Carretera Vall d'Alba de Benlloch. Edicto del citado acuerdo fue insertado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5788, de fecha 19 de junio de 2008 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 14, de 29 de enero de 2008, tablón de edictos y web municipal.  
Que se envió aviso a los titulares catastrales, comunicando el inicio de los trámites para la programación urbanística de las unidades de ejecución número 1, 2, 3 y 4 del Plan Parcial Carretera Vall d'Alba de Benlloch, mediante gestión directa.  
Segundo. Que por acuerdo plenario de fecha 13 de diciembre de 2007, se aprobó el inicio del expediente para contratar la consultoría y asistencia técnica para la redacción y elaboración y dirección del programa de actuación integrada, por gestión directa, del Plan Parcial Carretera Vall d'Alba de Benlloch, unidades de ejecución número 1, 2, 3 y 4, excluyéndose la unidad de ejecución número 5 que se encuentra ya ejecutada a expensas tan solo participar en la urbanización del citado sector con la electrificación del sector, por procedimiento abierto mediante concurso.  
Tercero. Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 18 de abril de 2008 adjudicó el concurso público de consultoría y asistencia técnica para la redacción, elaboración y dirección del programa de actuación integrada, por gestión directa, del Plan Parcial Carretera Vall d'Alba de Benlloch, unidades de ejecución número 1, 2, 3 y 4, incluyéndose la unidad de ejecución número 5 a efectos de participar en la electrificación del sector, a favor de la empresa E.A. Estudio de Arquitectura, SL.  
Cuarto. Que en ejecución del contrato se redactaron los siguientes documentos para la programación de la actuación integrada para el desarrollo de las unidades de ejecución número 1, 2, 3 y 4 del Plan Parcial Carretera Vall d'Alba de Benlloch: ppan Parcial modificativo de la ordenación pormenorizada, memoria de programa de actuación integrada, proposición jurídico económica, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización, estudio de integración paisajística.  
Quinto. Que por acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre de 2008 se sometió a información pública el programa de actuación integrada para el desarrollo de las unidades de ejecución número 1, 2, 3 y 4 del Plan Parcial Carretera Vall d'Alba de Benlloch mediante gestión directa y que contiene estos documentos: plan parcial modificativo de la ordenación pormenorizada, memoria de programa de actuación integrada, proposición jurídico económica, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización.  
Que edicto del citado acuerdo fue sometido a información pública mediante su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5964, de fecha 27 de febrero de 2009 y tablón municipal de anuncios, periódico de difusión provincial y notificación a titulares catastrales.  
Sexto. Que se presentaron en el trámite de información pública y notificación individualizada un total de 26 que son las siguientes.  
Séptimo. Que fueron emitidos informes técnicos por los redactores del programa, así como por la Secretaría de la corporación.  
Octavo. Que por acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de 2010 se resolvieron las alegaciones y se aprobó el plan parcial modificativo de la ordenación pormenorizada, memoria de programa de actuación integrada, proposición jurídico económica, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización.  
Noveno. Que se han presentado 17 recursos de reposición en tiempo y forma que seguidamente se detallan:  
1. Con RE 215, de 22 de enero de 2010, formulada por José Ibáñez Ballester, (?).  
2. Con RE 229, de 24 de febrero de 2010, formulada por Juan Agustí Beltrán, (...).  
3. Con RE 230, de 24 de febrero de 2010, formulada por José Bellés Alcácer, (..).  
4. Con RE 232, de 24 de febrero de 2010, formulada por Pedro Vallina Suárez, (?).  
5. Con RE 233, de 24 de febrero de 2010, formulada por Joaquín Andreu Pavía, (?).  
6. Con RE 234, 24 de febrero de 2010, formulada por, Rosario Edo Albalat, (?).  
7. Con RE 242, de fecha 25 de abril de 2010, formulada por María Josefa Sanchís Muñoz y Rosa Tejedor López (?).  
8. Con RE 250, de 25 de febrero de 2010, formulada por Concepción Casanova Beltrán, (..).   
9. Con RE 251, de 27 de mayo de 2009, formulada por Pilar Casanova Beltrán, (?).  
10. Con RE 252, de 25 de febrero de 2010, presentada por Teresa Casanova Beltrán (?).  
11. Con RE 253, de 25 de febrero de 2010, de Vicente Trilles Albalat, (?).  
12. Con RE 254, de 26 de febrero de 2010, formulada por Víctor José Bort Andreu, (?).   
13. Con RE 271, de 3 de marzo de 2010, formulada por Juan Gil Palmer, en nombre y representación de Joaquín Andreu Pavía (...).  
14. Con RE 270, de 3 de marzo de 2010, formulada por Juan Gil Palmer en nombre y representación de Vicente Trilles Albalat, (?).  
15. Con RE 272, de 3 de marzo de 2010, formulada por Juan Gil Palmer, en nombre y representación de José Bellés Alcacer, (?).  
16. Con RE 257, de fecha 26 de febrero de 2010, formulada por José Ibáñez Ballester, (?).  
17. Con RE 138, de fecha 8 de febrero de 2010, formulada por José Izquierdo Moreno, (?).  
Diez. Que se ha emitido informe por José Tomás Pastor Puig arquitecto y Arturo Terol Casterá abogado urbanista, técnicos del equipo redactor de los documentos que integran el PAI de fecha 7 de abril de 2010.  
Once. Que consta diligencia de Secretaría de fecha 1 de agosto de 2010 sobre el tiempo y forma en que se han presentado las alegaciones. Que se pone de manifiesto la presentación de tres recursos de reposición interpuestos mediante representante sin que se acredite este extremo, de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, deberían ser inadmitidos por falta de acreditación de la representación.  
Doce. Que consta en el expediente informe emitido por Secretaría de fecha 1 de octubre de 2010.  
Trece. Que los recursos planteados, según los argumentos manifestados pueden agruparse de la siguiente manera y resulta conveniente establecer para su análisis los siguientes grupos:  
1. Las que se refieren a la suspensión de la tramitación del programa de actuación integrada de la carretera Vall d'Alba. Por Inoportunidad temporal de la gestión del ámbito.  
2. Las que se refieren a la declaración de nulidad del acuerdo por haber vulnerado el procedimiento legalmente establecido (art. 62).  
2.1. Por vulneración del trámite de audiencia contemplado en el artículo 177 LUV.  
2.2. Nuevo trámite de información pública  
2.3. Informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
3. Los argumentos referidos a la valoración del suelo.  
3.1. Utilización incorrecta del método de valoración del suelo.  
3.2. Aplicación del método residual dinámica como método de valoración del suelo.  
3.3. La variación de la valor del suelo de aportación a la baja y el no establecimiento de un coeficiente de canje, así como variación de los «costes de urbanización» repercutibles.  
3.4. Valoración parcial de las indemnizaciones  
3.5. Falta de documentación para la realización de valoraciones reales de suelo.  
3.6. Sobre coeficiente de canje, así como variación de los «costes de urbanización» repercutibles.  
3.7. Falta de documentación para la realización de valoraciones reales de suelo.  
4. Los argumentos referidos a falta de notificación de resolución de alegaciones en cuento al escrito conjunto presentado con mi hermana Pilar Casanova Beltrán.  
5. Los argumentos referidos a la existencia de una senia.  
6. Los argumentos referidos a falta de aclaración en las contestaciones sobre las posibles limitaciones para la construcción impuestas por las normas subsidiarias de 1996, con vulneración de los artículos 53.2 y 54.1 a y f.  
7. Falta de información sobre posibles fuentes de financiación del Ayuntamiento.  
8. Perjuicio a los propietarios de las viviendas consolidadas y falta de justificación suficiente de la construcción del vial de acceso a la zona de equipamiento.  
9. No se ha resuelto sobre los metros de menos desde la fachada de mi vivienda respecto al resto de las fincas construidas con posterioridad.  
10. Que parte de mi finca, con título de propiedad privado, ha sido computada a nombre de colindante.  
11. Que se tenga en cuenta que parte de finca valorada a propiedad de recurrente corresponde a vecino.  
Que consta en el expediente informe emitido por Secretaría de fecha 1 de octubre de 2010.  
Considerando que son de aplicación a este asunto los siguientes,   
Fundamentos de derecho  
Primero. El presente expediente de aprobación del programa de actuación integrada para el desarrollo de las unidades de ejecución número 1, 2, 3 y 4 del Plan Parcial Carretera Vall d'Alba de Benlloch mediante gestión directa y que se integra por los siguientes documentos: plan parcial modificativo de la ordenación pormenorizada, memoria de programa de actuación integrada, proposición jurídico económica, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización, se sujeta en su tramitación a la siguiente disposiciones normativas:  
- Artículos 3, 22.2, 117.4, 125.4, 128 y 167.1 177 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.  
- Artículos 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 y 383.4 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, modificado por el Decreto 36/2007.  
- Decreto 120/2006, de 11 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.  
- Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y protección del paisaje.  
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.  
- Artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.  
Segundo. Que de conformidad al artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común «Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.  
De conformidad al artículo 117.1 de la citada ley». El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.   
Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.»   
Tercero. De conformidad al artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, «La administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.»  
De conformidad al artículo 43.1 de la citada Ley, «En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de derecho comunitario establezcan lo contrario.  
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.  
De conformidad al artículo 43.2 de la referida Ley «La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:  
En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.  
Cuarto. Que según el artículo 177 de la Ley Urbanística Valenciana, en el régimen de la reparcelación forzosa se establece que:  
1. El procedimiento de aprobación de la reparcelación forzosa, habrá de ajustarse a las siguientes reglas:  
a) Exposición al público del proyecto de reparcelación forzosa por plazo mínimo de un mes, con la salvedad del deber de comunicación a los interesados expresada en el artículo 166.1.  
b) Acreditación previa o simultanea al inicio del período de información de la titularidad y situación de las fincas iniciales mediante certificación del Registro de la Propiedad de dominio y cargas.  
c) Audiencia por 15 días, sin necesidad de nueva información pública, de los titulares registrales no tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto de reparcelación y aquellos que resulten afectados por modificaciones acordadas tras el período de información pública.  
d) Requerimientos recíprocos entre quienes hayan resultado adjudicatarios de fincas en condominio a fin de extinguir la situación de proindivisión, durante el período de información pública y audiencia posterior.  
e) Aprobación del proyecto de reparcelación forzosa será acordada por el Ayuntamiento dentro del plazo máximo de tres meses desde la presentación de la totalidad de la documentación exigible. El silencio se entenderá positivo, si no hay alegaciones pendientes de resolución. Si existieran alegaciones, deberían ser resueltas en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin resolución expresa se entenderá desestimada la reparcelación propuesta por el agente urbanizador, y el ayuntamiento deberá redactar el proyecto definitivo y proceder a su aprobación. Si pasado este plazo el ayuntamiento no hubiese redactado el documento definitivo, el proyecto tramitado se entenderá aprobado definitivamente.  
2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá ser motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. La aprobación podrá producirse pura y simplemente; o con rectificaciones que se expresen inequívocamente y queden incorporadas definitivamente al proyecto.  
En todo caso, la resolución debe pronunciarse sobre todos aquellos aspectos que deben ser contenidos por el título inscribible, y constituyen requisito para la inscripción del Título en el Registro de la Propiedad siquiera sea por referencia a los contenidos del proyecto.  
Quinto. Que por acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de 2010 se acordó la estimación y desestimación de alegaciones formuladas por los interesados y la aprobación del plan parcial modificativo de la ordenación pormenorizada, programa de actuación integrada, proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización y estudio de integración paisajística carretera Vall d'Alba de Benlloch, de gestión directa.  
Sexto. Que de conformidad al artículo 128 de la LUV, la iniciativa pública en la formulación de los programas establece en su apartado 6, cuando la forma de retribución queda establecida de forma imperativa en el programa, podrá formar parte de la alternativa técnica el correspondiente proyecto de reparcelación, que se tramitará con aquélla. En tal caso, el deber de información a que se refiere el artículo 166 de esta Ley queda sustituido por el aviso de inicio del procedimiento, siempre y cuando contengan la información del citado artículo en lo que resulte de aplicación a la gestión directa, con expresa indicación de que en él se tramita también el proyecto de reparcelación.  
Séptimo. Que del juego conjunto de los preceptos anteriores respecto al proyecto de reparcelación se debe tener en cuenta que fue sometido a información pública por acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre de 2008; que por acuerdo plenario de fecha 29 de septiembre de 2009 se resolvieron las alegaciones y se aprobó el citado proyecto, junto con el resto de documentos integrantes del citado programa.  
Que edicto del citado acuerdo fue sometido a información pública mediante su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5964, de fecha 27 de febrero de 2009 y tablón municipal de anuncios, periódico de difusión provincial y notificación a titulares catastrales.  
Que con fecha 30 de diciembre de 2009 por acuerdo plenario se resolvieron las alegaciones presentadas, siendo estas notificadas a los alegantes, sin que se tenga constancia de la existencia de nuevos titulares registrales no tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto de reparcelación y a los que de conformidad al apartado 177.b de la LUV se les deba abrir un plazo de audiencia.  
En consecuencia no se ha producido una vulneración del artículo 177 de la LUV.   
No obstante lo anterior, por el citado acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de 2009 se aprobó el citado proyecto de reparcelación, sin que se respetase el trámite establecido del artículo 166 de la LUV concediendo información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en metálico; el modo, condiciones y plazo para el ejercicio de dicha opción; la cuantía y contenido del aval o garantía a prestar por quien retribuya en dinero; debiendo emplazar a los propietarios para que se pronuncien al respecto. Las magnitudes económicas se expresarán por metro cuadrado de suelo y de techo, sin prejuzgar el derecho del propietario a quien se solicitará la presentación de la documentación acreditativa de su derecho. Se hará indicación de que dichos importes serán revisados cuando sean determinados los importes definitivos correspondientes a los gastos variables a que se refiere el artículo 126.j de esta Ley.  
Igualmente se hará constar la estimación preliminar de la repercusión unitaria de dichos gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda al interesado por construcciones y plantaciones invitando al propietario a que formule las alegaciones documentadas que tenga por conveniente.  
En consecuencia debe estimarse este extremo, con el fin de no omitir un trámite esencial en este procedimiento de gestión directa en el que el Programa no establecido de manera expresa un modo concreto de retribución sino que se deja en manos de los interesados esta opción. Por todo ello, se deben retrotraer las actuaciones practicadas hasta el acuerdo que resuelve las alegaciones y entender que la aprobación municipal realizada en fecha 30 de diciembre de 2009 del proyecto de reparcelación debe entenderse como una conformidad municipal a un documento previo o borrador de la reparcelación, en base a principios de eficacia, eficiencia y economía procedimental.   
Octavo. De conformidad al artículo 65 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, la administración podrá convertir los actos viciados. «Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.»  
En consecuencia con este precepto se ha de entender del el acuerdo de aprobación del proyecto de reparcelación, (sin que afecte al resto de documentos que conjuntamente fueron aprobados) de fecha 30 de diciembre de 2009 se convierte en el acto de inicio del procedimiento para la reparcelación forzosa, quedando el proyecto como un estudio previo y mero ejemplo de posible propuesta, según se pronuncien los afectados respecto de la modalidad de retribución de la urbanización.   
Noveno. Que procede estimar y/o desestimar las alegaciones presentadas por los interesados descritos en los antecedentes de hecho número 9 antecedentes de este informe, en base a los motivos jurídicos y/o técnicos que se detallan en cada unas de las fundamentaciones que seguidamente se acompañan:  
Recurso número 1. Con RE 215, de 22.02.2010 de José Ibáñez Ballester.  
Recurso número 2. Con RE 229, de 02.02586, de Juan Agustí Beltrán.  
Recurso número 3. Con RE 230, de 24.02.2010, de José Bellés Alcácer.  
Recurso número 4. Con RE 232, de 24.02.2010, de Pedro Vallina Suárez.  
Recurso número 5. Con RE 233, de 24.02.2010, de Joaquin Andreu Pavía.  
Recurso número 6. Con RE 234, de 24.02.2010, de Rosario Edo Albalat.  
Recurso número 7. Con RE 242, de 25.02.2010, de María Josefa Sanchís Muñoz y Rosa Tejedor López.  
Recurso número 11. Con RE 253, de 25.02.2010, de Vicente Trilles Albalat.  
Recurso número 12. Con RE 254, de 26.02.2010, de Víctor Jose Bort Andreu.   
Todos ellos formulan idénticos argumentos que son los que se exponen:  
1. Suspensión de la tramitación del Programa de Actuación Integrada de la CarreteraVsall d'Alba.  
1.1 Tanto la gestión como el planeamiento urbanístico están basados en criterios de oportunidad que hacen viable la adaptación del territorio planeado a las necesidades urbanísticas, en este caso del municipio de Benlloch y del sector en cuestión. Pero sin dejar de lado, que esta acometida viene a ser sufragada por los propietarios el área donde se actúa.  
1.2. Porque las obligaciones que la gestión directa implican para el Ayuntamiento, provocará que éste hipoteque las arcas municipales, en el desarrollo de una zona que poco va a beneficiar a la generalidad de sus habitantes, en vez de destinarlo a obras de mayor interés general. No hay que olvidar que el Ayuntamiento deberá asumir los siguientes gastos.  
1.3. El cambio de criterio que han realizado los redactores a la hora de valorar el suelo inicial. Que más que otra cosa parece que lo que se pretende es cuadrar los números para que la actuación salga adelante. Los números son muy sufridos, y los propietarios sufridores del capricho de los redactores que a toda costa quieren hacer viable una cosa que no lo es, caiga quién caiga. El sector está totalmente urbanizado, con el sacrificio sobrehumano de los propietarios, para dar satisfacción a unos pocos, entre ellos a miembros de la corporación, los cuales, parece que persigan regularizar la situación de sus viviendas, a toda costa.  
Respecto de estos argumentos, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:   
1.1 Solicitud de suspensión del acuerdo: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), en su artículo 111.1 y .2, dispone:   
1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.  
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:  
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.  
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley.  
La circunstancia «a» no se ha de entender justificada por la alegación de que se trata de «un esfuerzo económico, sobrehumano [?] el peor de los suplicios para los propietarios, los cuales incapaces de poder sufragar las cuotas de urbanización, ya han manifestado en sus alegaciones su intención de pagar en terrenos» que «a agravar la crisis económica de todos». En la misma es evidente que existe una alternativa para los particulares. El acuerdo no hace referencia a la fuente del crédito presupuestario. En todo caso, son argumentos de oportunidad y conveniencia cuya valoración es únicamente política, correspondiendo su ponderación al Pleno del Ayuntamiento.  
La circunstancia «b» es el segundo punto de la alegación, que se fundamenta en el cambio de valoración del suelo de aportación, entre otros aspectos.  
Se ha de tener en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 del referido artículo: «La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos 30 días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto». De este modo cabe hablar de una suspensión tácita del acto hasta la resolución expresa de la solicitud. En este sentido se entiende estimado su recurso.  
1.2. Se solicita la declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo de aprobación del programa por vulneración del procedimiento del procedimiento legalmente establecido.  
A este respecto se ha de tener en cuenta los argumentos expuestos en los fundamentos jurídicos 6 a 8 de este informe.   
La alegación olvida que el artículo 62.1.e de la LPAC señala nulos de pleno derecho, «los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», no por la mera vulneración del procedimiento, que sería causa de anulabilidad (art. 63 LPAC) o una mera irregularidad no invalidante, salvo los supuestos señalados por la jurisprudencia respecto de trámites esenciales.  
Siguiendo el esquema de la alegación se subdivide en los siguientes puntos:  
2.1. Vulneración del trámite de audiencia contemplado en el artículo 177, de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV).  
En primer lugar se ha de destacar que el precepto alegado es referente al procedimiento para la aprobación de una Reparcelación forzosa y no del Programa. Por lo que cabría su desestimación por improcedente.  
Considerando que la alegación de nulidad de pleno derecho no es del acto de aprobación del programa, sino de la reparcelación en aras de una eficiente verificación de la legalidad de la actuación de esta administración.  
Se indica que se ha vulnerado el trámite de audiencia del artículo 177.1.c LUV, a favor de «titulares registrales no tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto», que ni se justifica por la alegación ni se ha dado en el procedimiento; y de los «afectados por modificaciones acordadas tras el periodo de información pública». Al respecto se ha de tener en cuenta el artículo 84.4 de la LPAC: «Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado». En la alegación no se justifica este extremo y del expediente se deduce que las variaciones respondieron a la mera estimación de las alegaciones que se presentaron por los interesados.  
Respecto a este argumento, se ha detectado que en el referido procedimiento de reparcelación forzosa no se ha cumplido con el artículo 166 de la LUV, presupuesto para la redacción del proyecto de reparcelación, por lo que por el presente se habría de remitir dicha comunicación -con las especialidades señaladas para la gestión directa en el artículo 128 de la LUV- para someter el proyecto resultante al procedimiento del artículo 177 de la LUV. De modo que tenemos que hablar de conversión de un acto viciado (art. 65 LPAC), el de aprobación del proyecto de reparcelación, que se ha de entender y convierte por el presente en el acto de inicio del procedimiento para la reparcelación forzosa, quedando el proyecto como un estudio previo y mero ejemplo de posible propuesta, según se pronuncien los afectados respecto de la modalidad de retribución de la urbanización. En este sentido se estima el recurso de reposición.  
2.2. Se insiste en la necesidad de un nuevo trámite de información pública por variación sustancial del programa, por el referido cambio de criterio en la valoración del suelo que da lugar a la variación del coeficiente de canje.  
Se debe tener en cuenta que el coeficiente de canje del programa, en el supuesto de gestión directa, es «meramente informativo» (art. 128.2 LUV).   
Conforme a dicho precepto, «se determinará en el proyecto de reparcelación, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación estatal del suelo».   
El proyecto de reparcelación será el resultado del procedimiento que se ha ordenado iniciar conforme a la conversión señalada en el punto anterior. En este sentido se desestima la alegación.  
2.3. Se alega que se carece del «informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar [?] tal y como establece el artículo 83.2.b de la LUV».  
El precepto alegado corresponde a la «tramitación de planes generales»; título del referido artículo. Para un plan parcial se ha de estar a lo dispuesto en el artículo 90.1 de la LUV: «Cuando los planes parciales, de reforma interior y los estudios de detalle sean promovidos, de oficio o a instancia de particulares, con motivo de una actuación integrada, se someterán al régimen establecido en esta Ley para la aprobación de los programas».   
Como este supuesto es de un plan parcial modificativo, se ha de cumplir su regulación especial en los artículos 72, 73 y 74 de la LUV.   
No obstante, se ha de señalar que este sector de suelo urbanizable fue homologado conforme a la LRAU por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo que se publicó en el acuerdo que fue publicado en el DOGV en fecha 24 de agosto de 1995. En este expediente y por la Conselleria competente en materia de urbanismo, a tal efecto se solicitó informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar.   
Con posterioridad, en el año 2005 por este Ayuntamiento se tramitó expediente de modificación de mejora de la ordenación pormenorizada del Plan Parcial Carretera Vall d'Alba, en dicho expediente se obtuvo la denominada cédula de urbanización, documento previsto en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, con el fin de comprobar que las determinaciones de ordenación estructural no resultaban afectados.  
En la modificación que nos ocupa, la Ley 6/2005, de 30 de diciembre, Urbanísitica Valenciana, no exige ahora la obtención del citado documento.  
Así pues, siendo que esta modificación propuesta de ordenación pormenorizada no afecta a los criterios y estándares urbanísticos y determinaciones de ordenación estructural. Se consideran vigentes a este expediente los pronunciamientos que por las respectivas administraciones públicas fueron consultadas como consecuencia de la homologación del plan parcial por no alterarse con esta modificación pormenorizada los criterios y estándares aprobados. En consecuencia, p  
3. Valoración del suelo.  
Se ha de entender que este supuesto se alega como un incumplimiento normativo que da lugar a la mera anulabilidad del acto (art. 63 LPAC).  
3.1. Utilización incorrecta del método de valoración del suelo. Siendo la ponencia catastral de valores del municipio de 25 de junio de 2004, «los valores básicos de repercusión han quedado desfasados» en el presente.  
Respecto este argumento se debe observar la evidente transformación del mercado inmobiliario, se ha de entender que se incurre en el supuesto de «pérdida de vigencia de los valores» que obliga a la utilización de método residual dinámico para la valoración. Se estima esta alegación.  
3.2. Aplicación del método residual dinámico como método de valoración del suelo, conforme a la última redacción del segundo párrafo del apartado 1, del artículo 27 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, por remisión de la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.  
La alegación continúa señalando una serie de cuestiones respecto del «anexo I: comprobación de las valoraciones de acuerdo con las normas de valoración de la legislación estatal» del programa, que han sido objeto de informe por el equipo técnico redactor, que justifica y propone su desestimación.   
Recurso número 8. Con RE 250, de 25.02.2010, de Concepción Casanova Beltrán.   
1) Se alega que no ha tenido notificación de la resolución de alegaciones que presentó conjuntamente con su hermana Pilar pero procede a alegar a la misma «a la vista de la contestación notificada a Pilar»: No se ha producido indefensión en cuanto que ha llegado a conocer la integridad de la notificación a través de su hermana, efectivamente notificada de la resolución de las alegaciones conjuntas.  
Se alega que «se ha incumplido con el artículo 164.5 de la LUV [?] no procediendo por tanto la aprobación de la reparcelación»: se han practicado las correspondientes mediciones de la finca y sus deslindes conforme a las alegaciones presentadas. Consta en acta expedida al efecto por los técnicos del equipo redactor que procedieron a las mediciones.  
Por lo que respecta al argumento de nulidad por defecto en la tramitación del expediente de aprobación de la reparcelación, se ha de estar a lo señalado en el punto 2.1 de las alegaciones anteriormente estudiadas.  
2) Se alega que si a la senia se le califica «de dotacional de infraestructura y cultural, [?] debe de recabarse los informes preceptivos de las consellerias que correspondan, cultura y medio ambiente y de la Confederación Hidrográfica, para el establecimiento de medidas para salvaguardar el bien»: El artículo de la 59.3 LUV incluye la calificación de suelo dotacional como una determinación de la ordenación pormenorizada. «Las decisiones sobre la ordenación pormenorizada son competencia municipal, si bien han de ser coherentes con la ordenación estructural, cuya modificación debe ser siempre aprobada por la Generalitat» (art. 57 LUV), previa tramitación por la conselleria competente en materia de urbanismo que coincide actualmente con la del medio ambiente. La catalogación y adopción de medidas de protección por su interés cultural sí sería materia de ordenación estructural (art. 49 LUV) y sí sería preceptivo el informe previo de la conselleria competente en patrimonio cultural (art. 83.2.b LUV), pero no es el caso objeto de estudio. Se desestima esta alegación.   
3. Respecto del informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se ha de tener aquí por reproducido el estudio realizado en el punto 2.3 de las anteriores alegaciones. En consecuencia, se desestima esta alegación.   
4. Se alega que «no toda la parcela donde se ubica la senia, tiene la citada calificación»: la competencia del planeamiento urbanístico se ejerce de modo discrecional, no reglado, pero en todo caso de manera motivada. Este extremo se recoge en la memoria de la actuación del programa de actuación integrada a tal documento se le remite. Respecto esta alegación se desestima.  
5. Se solicita «la suspensión de la actuación por la inoportunidad económica»: se reconoce la suspensión tácita del artículo 111.3 de la LPAC en los términos del análisis del punto 1 de las anteriores alegaciones. En consecuencia, se desestima esta alegación.  
Recurso número 9. Con RE 251, de 27.05.2009, de Pilar Casanova Beltrán.  
1. Se alega falta de congruencia, «de aclaración», a la resolución de las alegaciones en relación a las limitaciones para la construcción impuestas por la normas subsidiarias de 1996:   
Las normas subsidiarias eran la normativa de aplicación anterior al ámbito. El plan parcial ha modificado la ordenación pormenorizada del ámbito, solventando los problemas apreciados a la anterior ordenación, como se justifica en el punto 1.2 de la memoria del programa. Todo ello sin perjuicio de y con respeto a la normativa especial de aguas. De entre la que se ha de destacar: «La protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales los enumerados en el artículo 92, del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las técnicas específicas dedicadas al cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de los terrenos que lindan con dichos cauces están sujetas en toda su extensión longitudinal:  
A) una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se regula en este reglamento.  
B) una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen.» (Art. 6.2 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio).  
En este sentido se desestima este argumento.  
2) Falta de informe de la Confederación Hidrográfica.   
Respecto a esta alegación, se remite íntegramente a lo establecido en el apartado 1.2 del recurso de reposición número 1. En consecuencia se desestima esta alegación.   
3) Variación del valor del suelo de aportación y del coeficiente de canje: respecto al coeficiente de canje ofrecido en este programa, y al tratarse de un supuesto de gestión directa, tiene carácter «meramente informativo» (art. 128.2 LUV). Todo ello en relación a las consideraciones establecidas en los fundamentos de derecho 6 a 8 de este informe. Conforme a dicho precepto, «se determinará en el proyecto de reparcelación, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación estatal del suelo». Dicho proyecto será el resultado del procedimiento que se ha ordenado iniciar conforme a la conversión según los fundamentos establecidos en los fundamentos de derecho 6 a 8 de este informe. En consecuencia, se estima esta alegación.  
Seguidamente, se señala en esta alegación que la «variación de los costes de urbanización por obras anticipadas no incluidas en la cuenta de valoración de las obras de urbanización».   
De conformidad al criterio establecido en este expediente las obras anticipadas existentes han sido valoradas según los criterios seguidos en este expediente e incluida su valoración en el proyecto de reparcelación (a efectos de documento de inicio) y en el proyecto de urbanización todas aquellas obras visibles y en consecuencia han sido valoradas; así como las aceptadas en el trámite de alegaciones. No se conoce por tanto el sentido de esta alegación. Pero todas las obras anticipadas visibles y conocidas han sido incluidas. Queda únicamente sin conocerse ni valorarse la posibilidad alguna obra.  
4. Inoportunidad temporal de la gestión del ámbito: la valoración de los criterios de oportunidad corresponden a la esfera política. Se somete a consideración del Pleno.  
Incumplimiento de los criterios de proximidad del artículo 174.3 de la LUV para la adjudicación de la parcela de resultado RU-A. 8: respecto del proyecto de reparcelación se ha de estar a lo señalado en el punto 2.1 del análisis a los recursos número 1, 2, [?]  
5. Falta de información sobre las posibles fuentes de financiación del Ayuntamiento para los compromisos de consignación presupuestaria: el artículo 128.3 de la LUV exige que «el acuerdo municipal que decida la gestión directa deberá incluir [?] la disponibilidad de recursos presupuestarios». Dichos recursos presupuestarios se disponen mediante los compromisos de consignación, por tratarse de un gasto plurianual. De acuerdo con el principio de unidad de caja, salvo los ingresos afectados, cualquier ingreso presupuestado de la hacienda municipal será una potencial fuente de financiación.  
6) Titularidad por pública notoriedad de la parcela de aportación número 37, adjudicada RU-A. 8: el artículo 164 de la LUV dispone que a los titulares por pública notoriedad se les debe de notificar las actuaciones que le afecten en el desarrollo del programa (apartado 1) pero expresamente recoge que «cuando no haya constancia fehaciente de su titularidad se considerará desconocida» (apartado 3). La titularidad catastral no da fe pública de la titularidad de un bien inmueble, función que corresponde en exclusiva al Registro de la Propiedad. La interesada aún tiene la ocasión de inmatricular su titularidad en el referido registro y elegir la modalidad de pago, a resultas de lo señalado para el proyecto de reparcelación en el punto 2.1 del análisis a los recursos número 1, 2-  
Recurso número 10. Con RE 252, de 25.02.2010 de Teresa Casanova Beltrán.  
1. Se alega falta de congruencia, «de aclaración», a la resolución de las alegaciones en relación a las limitaciones para la construcción impuestas por las normas subsidiarias de 1996:   
Las normas subsidiarias eran la normativa de aplicación anterior al ámbito. El plan parcial ha modificado la ordenación pormenorizada del ámbito, solventando los problemas apreciados a la anterior ordenación, como se justifica en el punto 1.2 de la memoria del programa. Todo ello sin perjuicio de y con respeto a la normativa especial de aguas. De entre la que se ha de destacar: «la protección del dominio público hidráulico tiene como objetivos fundamentales los enumerados en el artículo 92 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Sin perjuicio de las técnicas específicas dedicadas al cumplimiento de dichos objetivos, las márgenes de los terrenos que lindan con dichos cauces están sujetas en toda su extensión longitudinal:  
A) una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público, que se regula en este reglamento.  
B) una zona de policía de cien metros de anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen.» (art. 6.2 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio).  
En este sentido se desestima este argumento.  
2) Falta de informe de la Confederación Hidrográfica.   
Respecto a esta alegación, se remite íntegramente a lo establecido en el apartado 1.2 del recurso de reposición número 1. En consecuencia se desestima esta alegación.   
3. Perjuicio a los propietarios de las viviendas consolidadas por y falta de justificación suficiente de la construcción del vial de acceso a la zona de equipamiento:  
Respecto del citado vial responde a la preceptiva zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público del artículo 6.2.a del referido Reglamento del Dominio Público Hidráulico; y, además, es la solución a las dificultades para la ejecución de la anterior ordenación, señaladas en el punto 1.2 de la memoria informativa del programa.  
Las actuaciones urbanísticas se someten a la equidistribución de beneficios y cargas entre los distintos afectados, si bien en este caso por tratarse de un área semiconsolidada se ha de estar a las especialidades del capítulo III, del título I de la LUV.  
4. Variación del valor del suelo de aportación y del coeficiente de canje: respecto al coeficiente de canje ofrecido en este Programa, y al tratarse de un supuesto de gestión directa, tiene carácter «meramente informativo» (art. 128.2 LUV) Todo ello en relación a las consideraciones establecidas en los fundamentos de derecho 6 a 8 de este informe. Conforme a dicho precepto, «se determinará en el proyecto de reparcelación, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación estatal del suelo». Dicho proyecto será el resultado del procedimiento que se ha ordenado iniciar conforme a la conversión según los fundamentos establecidos en los fundamentos de derecho 6 a 8 de este informe. En consecuencia, se estima esta alegación.  
Seguidamente, se señala en esta alegación que la «variación de los costes de urbanización por obras anticipadas no incluidas en la cuenta de valoración de las obras de urbanización».   
De conformidad al criterio establecido en este expediente las obras anticipadas existentes han sido valoradas según los criterios seguidos en este expediente e incluida su valoración en el proyecto de reparcelación (a efectos de documento de inicio) y en el proyecto de urbanización todas aquellas obras visibles y en consecuencia han sido valoradas; así como las aceptadas en el trámite de alegaciones. No se conoce por tanto el sentido de esta alegación. Pero todas las obras anticipadas visibles y conocidas han sido incluidas. Queda únicamente sin conocerse ni valorarse la posibilidad alguna obra.  
5. Se solicita que se tenga en consideración la totalidad de su parcela de aportación, superior a la superficie vallada, a causa del retranqueo requerido por el Ayuntamiento: Dicha cuestión corresponde al proyecto de reparcelación, cuya tramitación se tiene por ordenada su iniciación con el presente acuerdo (de conformidad a los fundamentos jurídicos de este informe número 6 a 8). En consecuencia, se remite la alegación al equipo redactor para su consideración.  
6. Inoportunidad temporal de la gestión del ámbito: la valoración de los criterios de oportunidad corresponden a la esfera política. Se somete a consideración del pleno. En consecuencia se desestima este argumento.  
Incumplimiento de los criterios de proximidad del artículo 174.3 de la LUV para la adjudicación de la parcela de resultado RU-A. 8:   
Respecto del proyecto de reparcelación se ha de estar a lo ya indicado en la contestación a lo reclamado en el apartado anterior.   
7. Falta de información sobre las posibles fuentes de financiación del Ayuntamiento para los compromisos de consignación presupuestaria: el artículo 128.3 de la LUV exige que «el acuerdo municipal que decida la gestión directa deberá incluir [?] la disponibilidad de recursos presupuestarios». Dichos recursos presupuestarios se disponen mediante los compromisos de consignación, por tratarse de un gasto plurianual. De acuerdo con el principio de unidad de caja, salvo los ingresos afectados, cualquier ingreso presupuestado de la hacienda municipal será una potencial fuente de financiación. se desestima esta alegación.  
Recurso número 13. Con RE 271, de 03.03.2010, de Juan Gil Palmer, en nombre y representación de Joaquin Andreu Pavía.  
En primer lugar, se debe manifestar que este recurso debe ser inadmitido por no presentar el recurrente la representación que dice que ostenta, de conformidad a los medios admitidos en derecho como establece el artículo 32 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.   
No obstante lo anterior, y entrando en el fondo del recurso:   
1. En primer lugar, referido a la valoración parcial de los elementos incompatibles con el ordenamiento: es una cuestión que se ha de dirimir en el proyecto de reparcelación, cuya tramitación se tiene por ordenada su iniciación con el presente acuerdo. En consecuencia, se ha de estar a lo ya indicado en la contestación a lo reclamado en los recursos anteriores, según la fundamentación establecida en los apartados 6 a 8 de este informe. En consecuencia, se estima la alegación en el sentido indicado.  
Se ha remitido la alegación al equipo redactor para su consideración y se propone su desestimación por haberse valorado el vallado conforme a los precios oficiales del Instituto Valenciano de la Edificación, como al resto de afectados y con independencia de que se presente presupuesto con una valoración distinta. La puerta de hierro puede reubicarse, por lo que no procede su indemnización. En consecuencia, procede desestimar la alegación.  
Recurso número 14. Con RE 270, de 3 de marzo de 2010, formulada por Juan Gil Palmer en representación de Vicente Trilles Albalat.  
No se trata de un recurso de reposición, pese a su literalidad; sino es una solicitud de acceso y copia del anexo I del proyecto de reparcelación, a lo que tienen derecho conforme a los artículos 35 y 37 de la LPAC. procede acordar la remisión de dicha copia junto con la notificación del presente acuerdo.  
Recurso número 15. Con RE 272, de 03.03.2010, de Juan Gil Palmer, en representación de José Bellés Alcacer.  
No se trata de un recurso de reposición, pese a su literalidad; sino es una solicitud de acceso y copia del anexo I del proyecto de reparcelación, a lo que tienen derecho conforme a los artículos 35 y 37 de la LPAC. Procede acordar la remisión de dicha copia junto con la notificación del presente acuerdo.  
Recurso número 16: 16. Con RE 257, de fecha 26.02.2010, formulada por José Ibáñez Ballester.  
Se alega titularidad por documento privado y pública notoriedad de la parcela de aportación número 8: el artículo 164 de la LUV dispone que a los titulares por pública notoriedad se les debe de notificar las actuaciones que le afecten en el desarrollo del programa (apartado 1) pero expresamente recoge que «cuando no haya constancia fehaciente de su titularidad se considerará desconocida» (apartado 3). La fe pública de la titularidad de un bien inmueble corresponde en exclusiva al Registro de la Propiedad, en el que dicho inmueble figura con una titularidad distinta. El interesado aún tiene oportunidad de inmatricular su titularidad en el referido registro y optar la modalidad de pago, a resultas de lo señalado para el proyecto de reparcelación en el punto 2.1 del análisis a los recursos número 1, 2. Se desestima lo reclamado; no obstante, no es óbice para que se regularice la titularidad por los medios permitidos en derecho.  
Recurso número 17. Con RE 138, de fecha 08.02.2010 formulada por José Izquierdo Moreno.  
No se trata de un recurso de reposición, en sí mismo, sino de una puesta de manifiesto de no titularidad de parte de vallado que se le ha atribuido. Debe remitirse lo advertido al equipo redactor para su consideración. En consecuencia, procede estimar la alegación.  
Diez. Respecto al plan parcial modificativo de la ordenación pormenorizada, programa de actuación integrada, proyecto de urbanización y estudio de integración paisajística Carretera Vall d'Alba de Benlloch, de gestión directa conviene destacar que se encuentran aprobados por el acuerdo plenario adoptado en fecha 30 de diciembre de 2009. Resultado de aplicación al proyecto de reparcelación las consideraciones establecidas en este informe (fundamentos jurídicos número 6 a 8)   
Once. Por último, el órgano competente para la aprobación de estos recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de 2009, sobre resolución de alegaciones y aprobación del plan parcial modificativo de la ordenación pormenorizada y programa para el desarrollo de la actuación integrada Plan Parcial Carretera Vall d'Alba  
De conformidad al artículo 22.1.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local en relación con el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, «los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.»  
Doce. Deberá tenerse en cuenta en el momento de someter a su conocimiento este asunto la concurrencia de supuestos de causas de abstención o recusación que concurren en algunos de los concejales por ser titulares de terrenos en el citado sector.  
Enterados de la presente propuesta de Alcaldía y previa deliberación del asunto, el Ayuntamiento Pleno por mayoría de tres votos a favor (PSOE) y un voto en contra (PP) de los ocho miembros presentes de los nueve que lo componen, por ejercer cuatro de sus miembros el derecho de abstención en el asunto por concurrir la causa prevista en el artículo 28.2.a de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acuerda:   
Primero. Admitir a trámite los 17 recursos de reposición presentados por los interesados contra el acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre de 2008, sobre aprobación del plan parcial modificativo de la ordenación pormenorizada, programa para el desarrollo de la actuación integrada, proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización y estudio de integración paisajística Carretera Vall d'Alba de Benlloch, mediante gestión directa.  
Segundo. Estimar y desestimar los recursos de reposición interpuesto por los interesados de conformidad a los argumentos establecidos en el fundamento jurídico número 9 de este acuerdo.   
Tercero. Convertir el acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de 2009, respecto a la reparcelación forzosa en la aprobación del estudio previo del citado proyecto de reparcelación forzosa, sin perjuicio de su tramitación en el momento oportuno.  
Cuarto. Incóese expediente administrativo para la elaboración del pliego de cláusulas administrativas que han de regir para la selección del contratista de obra.»  
Contra la aprobación del plan parcial de mejora modificativo de la ordenación pormenorizada del sector Plan Parcial Carretera Vall d'Alba se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.  
Contra la aprobación del programa del actuación integrada para el desarrollo de las unidades de ejecución número 1, 2, 3 y 4 del Plan Parcial Carretera Vall d'Alba de Benlloch, memoria de programa de actuación integrada, proposición jurídico económica, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización, Estudio de Integración Paisajística, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante los juzgados de lo contencioso administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.  
Todo ello de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Benlloch, 5 de enero de 2011.- El alcalde: Juan José Edo Gil.