Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6390, del 04-11-2010 (2010/11565)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio de divorcio contencioso número 1379/2009.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6390

Fecha DOGV
:   04-11-2010

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2010/11361


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Elx

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio de divorcio contencioso número 1379/2009. [2010/11998]  
Divorcio contencioso 001379/2009  
Parte demandante: Antonia Martín Lorenzo.  
Parte demandada: Vicente Gutiérrez Orts.  
Sobre: divorcios no consensuados.  
Loreto Medina Aranda, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Elche (Alicante), hago saber que En el juicio referenciado se ha dictado sentencia con fecha 8 de septiembre de 2010, uno de cuyos apartados es del tenor literal siguiente:  
«Fallo  
Estimar parcialmente la demanda presentada por la procuradora Yolanda Sánchez Orts, en nombre y representación de Antonia Marín Lorenzo, contra Vicente Gutiérrez Orts, por lo que:  
1. Se declara el divorcio del matrimonio formado por ambos, con todos los efectos legales, aprobando las siguientes medidas definitivas:  
1.1 El ejercicio de la patria potestad sobre los menores I. y E. M. G. M. conjunto, si bien quedarán bajo la guarda y custodia de su madre, Antonia Marín Lorenzo.  
El ejercicio conjunto de la patria potestad implica la participación de ambos progenitores en cuantas decisiones relevantes afecten a sus hijos, especialmente, en el ámbito educativo, sanitario, religioso y social.  
Por ello, ambos deberán intervenir necesariamente en la elección o cambio de centro o modelo educativo o actividades extraescolares a realizar; en la autorización de cualquier intervención quirúrgica, tratamiento médico no banal o tratamiento psicológico, tanto si entraña algún gasto como si está cubierto por el sistema público de sanidad o por algún seguro privado, siempre que no sea suficiente el mero consentimiento del menor; en la decisión sobre la realización o no de un acto religioso o social relevante, así como en el modo de llevarlo a cabo, sin que al respecto tenga prioridad el progenitor con quién se encontrara el menor en el momento de ser realizado; en el cambio de domicilio, siempre que el mismo sea relevante, en el sentido de dificultar o impedir el cumplimiento del régimen de visitas vigente; y en la autorización para la salida del territorio nacional. En defecto de acuerdo, deberá someterse la decisión a la autoridad judicial correspondiente.  
No obstante, el progenitor que se encuentre en compañía de sus hijos podrá adoptar decisiones respecto a los mismos, sin previa consulta al otro progenitor, en los casos en que exista una situación de urgencia o se trate de cuestiones poco trascendentes o rutinarias, que en el normal transcurrir de la vida con un menor pueden producirse.  
Ambos progenitores tienen el deber de informarse, mutuamente, de todas las cuestiones relevantes que afecten a sus hijos, siempre que el conocimiento de aquéllas no lo pueda obtener por sí mismo el progenitor que no esté en compañía de los menores en el momento en que las mismas se produzcan (por ejemplo, enfermedad), lo que no sucede en el caso de cuestiones escolares, extraescolares o médicas ordinarias, entre otras, en las que los profesionales que se ocupan de los menores tienen la obligación de suministrar tanto al padre como a la madre, cualquier información que les soliciten sobre sus hijos, por ser ambos titulares de la patria potestad.  
Para el adecuado ejercicio de los derechos y obligaciones derivados del ejercicio conjunto de la patria potestad, los menores deberán ser entregados por un progenitor al otro acompañados de su documentación personal (DNI o pasaporte, en el caso de salida al extranjero) y (tarjeta sanitaria), así como de la medicación que tuviese que serle suministrada o instrucciones necesarias para ello.  
1.2 Sin perjuicio de los acuerdos que puedan alcanzar los progenitores en aras al desarrollo de un régimen de visitas amplio y flexible, el régimen de visitas mínimo establecido a favor del progenitor no custodio, Vicente Gutiérrez Orts, consistirá, con entrega y recogida en el domicilio materno, en el que libremente acuerde con sus hijos.  
1.3 Vicente Gutiérrez Orts deberá satisfacer desde la fecha de presentación de la demanda y con carácter mensual, en concepto de pensión de alimentos para sus hijos I. y E. M. la cantidad de 300 euros (150 euros por hijo), que deberá ingresar en la cuenta que designe la madre, por anticipado y dentro de los cinco primeros días de cada mes.  
El importe de la pensión deberá actualizarse anualmente conforme a las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya en un futuro, produciéndose dicha actualización de modo automático, sin necesidad de requerimiento previo, y considerando, como fecha inicial para la actualización, el mes y año en que se fija, y como fecha final, el mismo mes del año en que se actualiza, permitiendo tal cálculo la opción «¿Quiere actualizar una renta?» de la página web del Instituto Nacional de Estadística.  
El impago de la anterior pensión podrá ser constitutivo de un delito de abandono de familia, previsto en el artículo 227 del Código Penal y castigado con pena de prisión o multa.  
Ambos progenitores deberán satisfacer la mitad de los gastos extraordinarios de sus hijos, siendo presupuesto previo para la reclamación por un progenitor al otro, que, previamente a su realización, salvo supuestos de urgencia, haya recabado su consentimiento, en cualquier forma que permita acreditarlo documentalmente, con información al mismo del coste que implica. La falta de oposición expresa, en el plazo de cinco días, o la obstaculización acreditada a la recepción de la comunicación será equivalente a un consentimiento tácito.  
2. Queda disuelto el régimen económico-matrimonial existente.  
3. No se condena en costas a ninguna de las partes.  
Contra la presente sentencia, que no es firme, cabe recurso de apelación ante la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Alicante, que no suspenderá la eficacia de las medidas acordadas (art. 774.5 LEC) que deberá prepararse, en su caso, ante este mismo juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación (art. 455 y 457 LEC).  
La admisión del recurso precisará que, al prepararse el mismo, se haya consignado la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado (cuenta de Banesto número 0706 0000 02 1379 2009). También puede realizarse la consignación mediante transferencia al número de cuenta 0030 3035 70 9946162439, debiendo indicar en el casillero de observaciones el número 0706 0000 02 1379 2009. Quedan eximidos de la constitución del depósito para recurrir aquellos que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita (disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial).  
Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos y se encuadernará el original, lo pronuncio, mando y firmo.  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por resolución de fecha 8 de septiembre de 2010, la secretaria judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia al demandado rebelde.  
Elche, 8 de octubre de 2010.- La secretaria judicial: Loreto Medina Aranda.