Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5464, del 06-03-2007 (2007/2988)

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada en las instituciones sanitarias públicas y privadas del conjunto del Estado, afectando a todos los trabajadores técnicos especialistas/superiores sanitarios y auxiliares de enfermería que estén ejerciendo funciones de técnico especialista conforme a la Orden Ministerial de 14 de junio de 1984.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/2007/03/02/(1)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   5464

Fecha DOGV
:   06-03-2007

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2007/2988


Fecha del documento
:   02-03-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * servicio sanitario
    * huelga
    * legislación
    * derecho de huelga

Visto el escrito de fecha 25 de febrero de 2007, suscrito por don Juan Felipe Rodríguez Ballesta, en representación de la Federación Estatal de Sindicatos Técnicos Superiores Sanitarios, FESITESS, que anuncia convocatoria de huelga que afectará a todos los trabajadores técnicos especialistas/superiores sanitarios y auxiliares de enfermería que estén ejerciendo funciones de técnico especialista conforme a la Orden Ministerial de 14 de junio de 1984 del conjunto del Estado, quedando incluida la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat y los centros sanitarios de carácter privado ubicados en el territorio de la Comunidad Valenciana, que se iniciará a las 22.00 horas del día 6 de marzo y finalizará a las 22.00 horas del día siguiente.  
Considerando. Que la competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio público, establecida en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, corresponde al Consell de la Generalitat y por delegación a esta Conselleria, en el Decreto 112/2003, de 11 de julio, del Presidente de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de acuerdo con lo establecido en los artículos 28.2, 148.1.5. y 149.1.7. de la Constitución Española y el artículo 51.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, así como el artículo 2º, 1 del Real Decreto 4105/1982, de 29 de diciembre y su anexo I sobre transferencias de funciones y servicios de la administración del Estado a la Generalitat en materia de Trabajo.  
Considerando. Que se debe conjugar la atención de los servicios públicos con el ejercicio del derecho de huelga que con la calificación de fundamental instituye nuestra Constitución en su artículo 28.2, tal como ha señalado la importante sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981, desarrollada posteriormente, entre otras, por las Sentencias 26 y 33/81, 51 y 53/86, 27/89 y 43/90, en concordancia con el RDL. 17/97. de 4 de marzo. En consecuencia, se debe limitar el derecho de huelga en la justa y estricta medida para el mantenimiento de los servicios públicos y la autoridad laboral podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos.  
En la medida en que la destinataria y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y que éstos son al mismo tiempo esenciales para ésta, aquella no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los citados servicios, entendiendo que el derecho de la comunidad a estas prestaciones es prioritario respecto del derecho de huelga, sin que, por otra parte, la consideración de un servicio como esencial signifique la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos.  
Considerando. Que de acuerdo con doctrina constitucional reiterada, la naturaleza esencial de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa en el ejercicio de derechos fundamentales y el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito en el que se concreta esta resolución, se traduce en lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Española, sobre derecho a la vida y a la integridad física y en el artículo 43, sobre protección de la salud, respectivamente.  
Considerando. Que la atención sanitaria que prestan los técnicos superiores sanitarios que ejercen sus funciones en las instituciones sanitarias dependientes del Sistema Nacional de Salud puede estimarse, en la medida que afecta al derecho a la salud establecido en el artículo 43.1 de la Constitución Española, como un servicio esencial para la comunidad, de inaplazable necesidad y que el legítimo ejercicio del derecho a huelga no debe implicar bajo ningún concepto riesgo para la vida o la salud de las personas afectadas por dicho servicio. Por tanto, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, en concreto en Sentencia de 3 de abril de 1981, procede dentro de los términos constitucionales limitar el derecho de huelga de los trabajadores para garantizar la prestación de lo que en este concreto supuesto se estima como servicios públicos de inaplazable necesidad, si bien no todos los servicios clínicos tienen esta naturaleza, sino sólo aquellos cuya falta de prestación pueda ocasionar a los usuarios de los mismos lesión en su derecho fundamental a la vida o a la salud, por lo que se exige una valoración restrictiva por parte de la autoridad laboral, de modo que no se vea lesionado el derecho a la huelga.  
Considerando. El derecho que asiste a las personas usuarias del servicio público sanitario a recibir la atención adecuada y la consecuente prestación de servicios no puede determinarse de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes y derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurren para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho de huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12.11.1997, nº 1147/1997).  
Considerando. Que si bien la continuidad del servicio debe quedar asegurada durante la huelga, el establecimiento de los servicios mínimos ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios, (SSTC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).  
De cuanto se ha señalado se concluye que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del art. 10. del RD 17/1977 mencionado, debe conjugarse la atención de los servicios esenciales para la comunidad con el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, por lo que se debe limitar éste en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, mantenimiento que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal, estableciendo el Tribunal Constitucional que los servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente.  
Considerando. Que en la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta, por lo cual, resuelvo:  
Primero  
A los efectos previstos en el apartado 2º del artículo 10º del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar los Servicios Esenciales Mínimos que deberán prestarse por el personal afectado mientras dure la situación de huelga, en los términos que a continuación se especifican:   
I. En los hospitales, se realizarán los servicios propios de una jornada habitual en los servicios siguientes:  
1. Diálisis.  
2. Radioterapia.  
3. Oncología.  
4. Programa de transplantes.  
5. UCI.  
6. Unidades de reanimación.  
7. Quirófanos programados en horario de mañana.  
II. Con carácter general, para todos los servicios y unidades, en todos los turnos y ámbitos de actividad del centro de gestión, se garantizará la realización de las actividades sanitarias siguientes:  
- El 100% de determinaciones y exploraciones urgentes.   
- El 100% de determinaciones y exploraciones a pacientes ingresados  
- El 100% de determinaciones, exploraciones y procedimientos terapéuticos a pacientes que reciban tratamiento en hospital de día: oncohematológico, sida, pediatría o médico-quirúrgico y unidades de cuidados paliativos.  
- El 100% de las pruebas cuya realización sea determinante para confirmar la sospecha de patología maligna de origen tumoral o aquellos procedimientos terapéuticos que incidan sobre patologías de esta índole.   
- Cualquier prueba, exploración o procedimiento a realizar en pacientes desplazados desde Áreas Sanitarias distintas a la de referencia.   
III. Otros servicios mínimos:  
Bioquímica  
- Se garantizarán los estudios analíticos a pacientes oncohematológicos.   
- Se garantizará la recepción y procesado (fase analítica) de determinaciones cuyos resultados sean determinantes para modificaciones de tratamiento.   
Inmunología   
- Se garantizará la continuidad de cultivos celulares en curso.  
- Se garantizará la recepción y procesado (fase analítica) de determinaciones pautadas cuyos resultados sean determinantes para modificaciones de tratamiento.   
Genética  
- Se garantizará la continuidad de cultivos celulares en curso.  
- Se garantizará la realización de cariotipos prenatales.   
- Se garantizará la recepción y procesado (fase analítica) de las determinaciones cuyos resultados sean determinantes para modificaciones de tratamiento.   
Hematología  
- Se garantizará la continuidad de cultivos celulares en curso.  
- Se garantizará la recepción y procesado (fase analítica) de las determinaciones cuyos resultados sean determinantes para modificaciones de tratamiento.  
Microbiología   
- Se garantizará el procesado de muestras en curso para cultivo y la recepción y procesado de hemocultivos y líquido cefalorraquídeo.  
Banco de Sangre  
- Se garantizará la realización de pruebas cruzadas para Cirugía Programada.  
- Se garantizará el retipaje de muestras para mantener stock de forma que quede asegurado el abastecimiento de sangre.   
- Se garantizará el retipaje de hemoderivados obtenidos mediante aféresis.  
Radiología   
- Se garantizarán todos los procedimientos intraoperatorios.  
Radioterapia   
- Se garantizarán el 100% de tratamientos oncológicos.   
Medicina nuclear   
- Se garantizará la realización de exploraciones y determinaciones a pacientes con sospecha de patologías que puedan conllevar riesgo vital, así como a pacientes ingresados en la Unidad de Dolor Precordial.  
Anatomía patológica   
- Se garantizará el procesado de las muestras intraoperatorias.  
- Se garantizará la recepción y procesado (fase analítica) de las determinaciones cuyos resultados sean determinantes para modificaciones de tratamiento.  
IV. Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana.  
Se prestarán unos servicios mínimos equivalentes al 75% del personal por centro, servicio y turno.  
V. Centros de Salud Pública.  
Unidad de Cáncer de Mama: un técnico especialista.  
Laboratorios de Salud Pública:  
Centro de Salud Pública de Alicante: Un técnico especialista.  
Centro de Salud Pública de Valencia: Un técnico especialista.  
Centro de Salud Pública de Castellón: Un técnico especialista.  
A los servicios competentes de la Conselleria de Sanidad u otras entidades afectadas, oído el Comité de Huelga, corresponderá la determinación de estos servicios, que deberán prestarse con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose ambas partes del cumplimiento de estos Servicios Esenciales Mínimos.  
Segundo  
Los servicios esenciales establecidos en la presente resolución, no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación. En caso de producirse serán considerados ilegales y quienes los ocasionaran incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.  
Tercero  
Notifíquese la resolución a la Conselleria de Sanidad, sindicato convocante, al Comité de Huelga y a las Subdelegaciones del Gobierno.  
Cuarto  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su notificación a las partes interesadas.  
Adviértase con la notificación a las partes del derecho que le asiste de recurrir la presente resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, conforme se dispone en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro de plazo de los 10 días siguientes a su notificación, en la forma prevista en los artículos 115 y siguientes de la mencionada ley.  
Valencia, 2 de marzo de 2007.- El director general de Trabajo y Seguridad Laboral (Por delegación de firma, Resolución 21.07.2003): Román Ceballos Sancho.


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