Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6779, del 22-05-2012 (2012/4279)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 225/2009.
----------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6779

Fecha DOGV
:   22-05-2012

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2012/4279


Organismo emisor
:   Juzgado de Lo Mercantil Número 3 de València

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 225/2009. [2012/4279]  
Juicio ordinario 000225/2009  
De: Unisersa, SA.  
Procurador: Antonio Vives Cervera.  
Contra: Manuel Hidalgo Frías y Manuel Fernández Sabater.  
Neus Sabater Ventura, secretaria judicial del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia, hago saber:   
En el presente procedimiento, seguido a instancia de Unisersa, SA frente a Manuel Hidalgo Frías y Manuel Fernández Sabater, se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el siguiente:   
«Sentencia número 61/2011  
Valencia, 25 de marzo de 2011   
José María Cutillas Torns, magistrado juez del Juzgado de lo Mercantil número 3, habiendo visto los presentes autos de juicio declarativo ordinario número 225/2009, promovidos a instancia de la entidad mercantil Uniserra, SA, y en su representación por el procurador de los tribunales Antonio Vives Cervera, asistido por el letrado Jesús Guasch Serra, contra Manuel Hidalgo Frías y Manuel Fernández Sabater, administradores mancomunados de la mercantil Deportivo Herakles, SL, declarados en situación procesal de rebeldía, en este procedimiento que versa sobre reclamación de cantidad y en ejercicio acumulado de las acciones de responsabilidad individual por daños y de responsabilidad por deudas, respecto de los administradores mancomunados demandados, en base a los siguientes   
Antecedentes de hecho   
Primero. Por el procurador de los tribunales, Antonio Vives Cervera, en nombre y representación de la entidad mercantil Uniserra, SA, se interpuso demanda de juicio ordinario, ejercitando acción de reclamación de cantidad, por importe de 13.689,79 euros, contra Manuel Hidalgo Frías y Manuel Fernández Sabater, o administradores mancomunados de la mercantil Deportivo Herakles, SL, y en ejercicio acumulado de las acciones de responsabilidad individual por daños y de responsabilidad por deudas; y ello de conformidad con las prevenciones legales existentes al respecto; concretamente por tener cerrada provisionalmente, dicha mercantil demandada, su hoja como consecuencia de la no presentación de la documentación contable de los ejercicios de 1997 hasta la actualidad. Como consecuencia de todo ello, se imputa a los administradores mancomunados la responsabilidad por daño de los artículos 133 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas. Finalmente, se alega que la sociedad demandada estaría incursa en las causas de disolución previstas en el artículo 104, número 1, párrafos e) y f) y 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.   
Todo ello en base a los hechos y fundamentos de derecho que obran suficientemente en autos y que en aras de la brevedad se dan por reproducidos y terminaba solicitando se dictase sentencia de conformidad con lo solicitado en el petitum de la demanda.   
Segundo. Por auto de fecha 8 de septiembre de 2009, se admitió a trámite la demanda, acordándose sustanciarla por las reglas del juicio ordinario, y tras la cumplimentación de los trámites y requisitos legalmente exigidos por la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, se emplazó a la parte demandada a través de la cédula comprensiva de los requisitos legales y de exhorto al Juzgado de Paz de La Pobla de Vallbona. No habiendo comparecido la parte demandada, Manuel Hidalgo Frías y Manuel Fernández Sabater, dentro del plazo para contestar a la demanda y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 496.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se declaró a dicha parte en situación de rebeldía procesal.  
Tercero. Por providencia de fecha 27 de enero de 2011, se convocó a las partes a una audiencia previa, de conformidad con el artículo 414.1 de dicho texto legal, y con la finalidad prevista en dicho precepto, lo que tuvo lugar el día 24 de marzo de 2011, a las 13.00 horas.  
En la misma, el tribunal abrió el acto, no compareciendo los demandados, ya declarados por el tribunal en situación de rebeldía procesal. La parte actora solicitó, de conformidad con el artículo 429.8 y 326, ambos de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, toda vez que la única prueba ha sido la de documentos, todos ellos aportados al proceso, habiendo sido presentados con el escrito iniciador de las presentes actuaciones, sin resultar impugnados, se proceda por el tribunal a dictar sentencia, sin previa celebración del juicio, dentro de los 20 días siguientes a aquel en que termine la audiencia.   
Cuarto. Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.   
Fundamentos de derecho   
Primero. Habida cuenta la situación procesal de la demandada, debe traerse a colación el auto del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1999 (RJ 1999\9892), donde se pone de relieve que son diversas las clases de rebeldía en que puede calificarse la ausencia del demandado en el proceso, diversidad de la que ya el auto de la sala 1ª, de 28 de mayo de 1985 se hacía eco, distinguiendo entre la rebeldía por convicción -quien no comparece por estimar incompetente al tribunal-, la rebeldía a la fuerza -por falta de citación-, y la rebeldía por conveniencia, propia de quien no obstante haber sido citado y emplazado en forma y conociendo la existencia del procedimiento, no acude ante el tribunal que le convoca (en el mismo sentido, AATS 13-6-1988 y 1-6-1993 y STC 43/1986, de 15 de abril [IOA 9763\43]). Supuesto este último que es aquí el que contemplamos. Como anticipo de cuanto acaba de decirse, ya señaló la sentencia del Tribunal Supremo de 26 junio 1946 (RJ 1946\840), seguida de otras muchas cuya prolija enumeración es innecesaria por conocida y reiterada, la rebeldía del demandado no implica en nuestro derecho conformidad con las pretensiones de la parte contraria, por lo que no exime al actor de la obligación de probar los hechos normalmente constitutivos del derecho que pretende ni tampoco implica asentimiento con las resoluciones judiciales que, en su caso se dicten; pero también debe ponerse de relieve, como indico la sentencia de 17 de febrero de 1941 (RJ 1941\301), que en los preceptos de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la situación procesal de rebeldía hay razones para afirmar, en contraste con lo que sobre a este respecto establecen otros ordenamientos, que la institución de que se trata no está concebida en contemplación al elemento objetivo de la incomparecencia sino en el subjetivo de la voluntariedad. En el presente caso el emplazamiento se hace en las personas de los propios demandados, Manuel Fernández Sabater y Manuel Hidalgo Frías, por lo que no hay duda de que su incomparecencia y consiguiente declaración de rebeldía responde a una decisión personal de los mismos y no a un posible desconocimiento de la existencia de la acción. Razón por la cual no puede existir duda de que la mercantil actora ha cumplido con la obligación que le confiere el artículo 217 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.  
Segundo. Con relación a la alegación de que la sociedad Deportivo Herakles, SL, de la que son administradores mancomunados los demandados, Manuel Fernández Sabater y Manuel Hidalgo Frías, tiene cerrada provisionalmente su hoja como consecuencia de la no presentación de la documentación contable de los ejercicios sociales de 1997 hasta la actualidad, según consta documentalmente acreditado en autos (documento número 3 de la demanda), lo primero que se constata, valorada que ha sido en su conjunto la prueba practicada, es que los administradores mancomunados abandonaron el ejercicio de sus funciones, sin ocuparse siquiera de redactar y someter a la aprobación de la junta general las cuentas anuales de la sociedad ni de asegurarse de que las aprobadas -si es que lo fueron- se depositaran efectivamente en el Registro Mercantil.  
Con ello no sólo incumplieron un deber esencial de los administradores sociales que tiene como efecto el cierre del Registro Mercantil para cualquier acto que no sea el cese de los administradores (art. 221 de la Ley de Sociedades Anónimas y 378 del Reglamento del Registro Mercantil) sino que impidieron que los terceros, entre los que se hallaba la sociedad aquí demandante, Unisersa, SA, conociera la situación económica de la sociedad, al menos desde el ejercicio de 2000 hasta la actualidad, imposibilitando así que los acreedores de la sociedad puedan probar la disminución patrimonial concreta existente en relación con la letra e del artículo 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.   
El Tribunal Supremo ha considerado, en su Sentencia de 5 de octubre de 3501 ZSM 2004/147767 (la Ley 207069/2004) que la causa de que la sociedad actora no hubiera podido probar la disminución patrimonial concreta en relación con la causa 4ª del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas (letra e) del artículo 104 de la LSRL), fue que la sociedad deudora "incumplió su obligación desde 2004 de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil (art. 904-711 TXA)", añadiendo que «es de mala fe y al mismo tiempo irracional pretender que el incumplimiento de una obligación deriva en beneficio para el incumplidor, en cuanto deja sin prueba a la contraparte de datos objetivos muy importantes.  
La prueba de que la sociedad demandada no ha sufrido disminución de su patrimonio en términos que obligasen a los administradores a proceder conforme al artículo 262,5 de la Ley de Sociedades Anónimas le hubiera correspondido a la parte demandada, por serle más fácil y accesible (hipotéticamente en este caso) que a la actora, supuesto este último (facilidad y accesibilidad de la prueba) que invierte el onus probandi hacia la parte que está en esas condiciones, a fin de evitar la indefensión de la contraria».   
En suma, que la no presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil no constituye por sí causa de disolución de la sociedad anónima pero sí trae consigo la inversión de la carga de la prueba respecto a la existencia de la causa de disolución 4ª del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, debiendo ser el administrador demandado quien acredite que la sociedad no ha incurrido en pérdidas que lleven consigo la disminución del patrimonio neto a cifra inferior a la mitad del capital social.   
Por consiguiente, debe estimarse que la sociedad Deportivo Herakles, SL ha incurrido en pérdidas que lleven consigo la disminución del patrimonio neto a cifra inferior a la mitad del capital social, incurriendo en la causa de disolución (letra e) del artículo 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.   
Tercero. Pues bien, consta debidamente acreditado documentalmente en autos que, como consecuencia de relaciones comerciales habidas entre la mercantil Unisersa, SA y la entidad Deportivo Herakles, SL, de la que resultaban ser administradores mancomunados los demandados, Manuel Fernández Sabater y Manuel Hidalgo Frías, aquella entidad resultó tenedora de cuatro cambiales y dos pagarés, expedidos a su favor, que presentados que fueron al cobro resultaron impagados a su vencimiento. Se interpuso demanda de juicio cambiario que se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valencia, Autos 405/2001, formulándose demanda de oposición por la precitada mercantil, Deportivo Herakles, SL; dictándose, en fecha 12 de septiembre de 2002, sentencia declarando haber lugar a despachar la ejecución solicitada a instancia de Unisersa, SA, por importe de 10.090,00 euros, más intereses, gastos y costas. Por auto de 2 de marzo de 2009, se declaró firme la tasación de costas por importe de 3.599,79 euros practicada en aquellos autos.   
Constatándose, además, el cierre del domicilio social de la mercantil Deportivo Herakles, SL, determinándose la frustración de la entidad actora para verse resarcida de su crédito impagado. Item más: existen reclamaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.  
Cuarto. Por otro lado, como dice la SAP de Madrid, de 24 de septiembre de 7839 ZUC 2009/262188, la simple constatación de la falta de presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil no sería de por sí motivo suficiente para fundar una acción de responsabilidad contra un administrador como la ejercitada en el presente proceso, salvo que ello hubiese privado de información relevante al acreedor al tiempo de contraer con él la deuda y a éste se le hubiese ofertado otra de cualquier índole que no respondiese a la realidad o se hubiese aparentado una solvencia que no se tenía. El solo hecho del incumplimiento de una obligación social no es por sí mismo demostrativo de la culpa del administrador ni determinante de su responsabilidad (sentencias del TS 2 de julio de 1998, 20 de julio de 2001 y 6 de marzo de 2003, citadas en la de 14 de marzo de 2007).   
Sin embargo, la aceptación del cargo de administrador supuso la asunción por ésta de una responsabilidad en la llevanza de la sociedad de la que no podía hacer dejación ante terceros. Y ha resultado acreditado en este litigio que el demandado llevó a la sociedad, que ahora carece de activos relevantes y hasta de establecimiento comercial operativo (pues consta en autos la enajenación de la totalidad de los inmuebles de la sociedad), a una situación de desaparición de la sede física de la misma (lo que no ha llegado a ser negado de contrario). Por lo que puede concluirse que la imputación de responsabilidad a los administradores de la mercantil Deportivo Herakles, SL está justificada, al amparo de la acción prevista en el artículo 69 de la vigente Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (en relación con el artículo 135 del TRLSA), pues no actuaron con la diligencia exigible al ordenado administrador (art. 127 del TRLSA) al enfrentarse a una situación de crisis empresarial, sin proceder a una ordenada liquidación de la misma, quebrantando así los principios de confianza y buena fe que han de regir en el tráfico mercantil y causando con ello daño a los acreedores que, como la demandante, han visto cercenadas las posibilidades de ver atendido, siquiera en alguna medida, su crédito contra Deportivo Herakles, SL. La no liquidación del patrimonio social en forma legal cuando la sociedad está en situación de insolvencia ya es de por sí susceptible de crear un daño directo a los acreedores y, por tanto, de generar responsabilidad del administrador por tolerarlo, incumpliendo así sus deberes legales, resultando posible en tal caso exigírsela al amparo de los artículos 133 y 135 del TRLSA y 69 de LSRL. La jurisprudencia ha señalado que constituye un comportamiento negligente de los administradores el limitarse a eliminar a la sociedad de la vida comercial o industrial sin liquidarla en cualquiera de las formas prevenidas legalmente (sent. TS 4 de noviembre de 1991, 22 de abril de 1994, 6 de noviembre 1997, 4 de febrero de 1999 y 14 de marzo de 2007), ya sea mediante la desaparición del domicilio social el cierre de facto de la empresa o la volatilización del activo. Tal conducta incurre en una vía de hecho, al realizarse al margen de los intereses de los acreedores, que tienen derecho a que sus créditos sean atendidos en la medida de lo posible y en cualquier caso de modo ordenado, lo que sólo se garantiza bien mediante un procedimiento liquidatorio o bien acudiendo al proceso concursal. Basta con demostrar el daño, sufrido por la parte acreedora demandante, inherente al hecho de cercenársele la posibilidad de cobrar su crédito, y el cierre de facto del establecimiento en el que radicaba la empresa deudora, o la volatilización de sus activos por la vía de hecho, ni siquiera cuestionado en este supuesto, para que el nexo causal entre uno y otro se presuma, salvo prueba en contra del administrador demandado (sentencias de la sección 28ª de la AP de Madrid de 15 de junio de 2006, 19 de abril de 2007, 7 de febrero de 2008 y 18 de marzo, 27 de marzo, 14 y 22 de mayo de 2009, entre otras) que en este caso no se ha facilitado.   
Por consiguiente, aplicando las precedentes doctrinas jurisprudenciales al presente supuesto litigioso, y valorada en su totalidad la prueba documental obrante en autos, deben estimarse en su integridad las acciones de responsabilidad contra los administradores codemandados, Manuel Fernández Sabater y Manuel Hidalgo Frías.   
Quinto. Así las cosas, la prueba documental obrante en autos ha dejado absolutamente adverado que la mercantil Deportivo Herakles, SL se encuentra en causa directa de disolución de acuerdo con la ley. Y que tal obligación ha sido incumplida por los administradores Manuel Fernández Sabater y Manuel Hidalgo Frías; razón por la cual procede estimar la acción de responsabilidad contra los mismos instada y condenarles mancomunadamente al pago de la cantidad reclamada.   
Pero es que, además, también e igualmente ha quedado debidamente probada, a través de la prueba documental, la relación de causalidad entre la omisión de los administradores, Manuel Fernández Sabater y Manuel Hidalgo Frías y la deuda social; pues ciertamente, como ya se ha puesto de manifiesto la acción individual ejercitada acumuladamente "tiene naturaleza extracontractual y requiere que concurran los requisitos propios -acción u omisión culposa, daño y prueba de la relación de causalidad-"; no se olvide el reiterado incumplimiento de dichos administradores mancomunados respecto de las obligaciones que la ley le impone, convirtiendo en ilusoria la posibilidad de la mercantil actora, Unisersa, SA, la posibilidad de que la misma pueda resarcirse de los daños que se le ocasionaron.  
Sexto. A la cantidad reclamada por la parte actora y a la que se condena mancomunadamente a los demandados se le deben imponer los intereses previstos en los artículos 1100 y 1108, ambos del Código Civil, desde la interpelación judicial.  
Séptimo. De conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se imponen las costas a la parte demandada.  
Vistas las disposiciones legales citadas y demás preceptos de general y pertinente aplicación al caso de autos.  
Fallo   
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales, Antonio Vives Cervera, en nombre y representación de la entidad mercantil Uniserra, SA, contra Manuel Hidalgo Frías y Manuel Fernández Sabater, administradores mancomunados de la mercantil Deportivo Herakles, SL, declarados en situación procesal de rebeldía, debo declarar y declaro responsables, ex lege, a dichos demandados de las cantidades adeudadas por la mercantil Deportivo Herakles, SL a la entidad actora, toda vez que resulta demostrado que se tratan de sus administradores mancomunados. Así mismo, debo condenar y condeno mancomunadamente a los mismos a pagar la cantidad de 13.689,79 euros, más los intereses establecidos en el fundamento de derecho sexto de esta resolución. Se imponen las costas a la parte demandada.   
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia (art. 455 LECn).   
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (art. 457.2 LECn).   
Notifíquese a las partes que no gocen del beneficio de justicia gratuita que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2009, los recursos que se presenten, anuncien o preparen tras la entrada en vigor de la misma frente a resoluciones dictadas con antes o después de la misma, no se admitirán a trámite si no se acredita haber constituido el depósito para recurrir mediante la presentación de copia o resguardo de la orden de ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.   
El ingreso se hará en cualquier oficina de Banesto, 4657 0000 clave 00 reposición (25 €), clave 01 revisión de resoluciones del secretario judicial (25 €), clave 03 queja (30 €), más los cuatro dígitos del número de procedimiento más los dos dígitos del año.  
Así lo pronuncia, manda y firma José María Cutillas Torns, magistrado juez del Juzgado de lo mercantil número 3 de Valencia. Doy fe».  
  
Y encontrándose dicho demandado, Manuel Hidalgo Frías, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.   
  
Valencia, 28 de febrero de 2012.- La secretaria judicial: Neus Sabater Ventura.