Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3615, del 29-10-1999 (1999/9142)

ACUERDO de 19 de octubre de 1999, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la ampliación de una industria de prefabricados de hormigón, en el término municipal de Aspe.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3615

Fecha DOGV
:   29-10-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/9142


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 19 de octubre de 1999, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la ampliación de una industria de prefabricados de hormigón, en el término municipal de Aspe. [1999/F9142]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 19 de octubre de 1999, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Don Antonio Pujalte Botella, en nombre y representación de la entidad mercantil Forjados Bradipe SL, ha solicitado declaración de interés comunitario, por el procedimiento extraordinario, para la ampliación de una industria de prefabricados de hormigón, en la partida de Uchel, punto kilométrico1 de la carretera Aspe-Elche, del término municipal de Aspe, tramitándose el correspondiente expediente, del que resultan los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Con fecha 20 de octubre de 1997 la mercantil Forjados Bradipe SL, representada por don Antonio Pujalte Botella, presentó en el Servicio Territorial de Alicante de la Subsecretaría de Urbanismo y Ordenación del Territorio, instancia y documentación complementaria solicitando la declaración de interés comunitario para la ampliación de una industria de prefabricados de hormigón, en parcela de su propiedad sita en la partida de Uchel, punto kilométrico 1 de la carretera Aspe-Elche, del término municipal de Aspe.
  
Notificadas determinadas deficiencias en la solicitud presentada, con fecha 29 de enero de 1998 se presentó la documentación que las subsanaba, quedando en esta fecha completo el expediente.
  
Segundo
  
Del análisis de la documentación aportada se desprende que la instalación pretendida se localiza en suelo no urbanizable, común general, según el planeamiento urbanístico de aplicación, constituido por el Plan General Municipal de Ordenación de Aspe, aprobado definitivamente en fecha 24 de mayo de 1995, y el plan especial de protección del paisaje y del medio natural, de fecha 16 de diciembre de 1998, que si bien es de fecha ulterior a la iniciación del procedimiento, no varía las determinaciones relevantes para la resolución del expediente.
  
La actividad industrial de prefabricación de piezas de hormigón que viene desarrollándose en la actualidad y cuya ampliación se plantea, cuenta con licencia municipal de apertura otorgada por el Ayuntamiento de Aspe mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 15 de noviembre de 1993.
  
Los parámetros fundamentales de la instalación existente y de la ampliación pretendida se pueden concretar en los siguientes:
  
a) Superficie de la parcela afectada a la actuación: 93.000 metros cuadrados (referencia catastral: polígono 30, parcela 4; polígono 28, parcela 1b. Inscripción registral: tomo 1.275, libro 330, folio 16, finca 7.827).
  
b) Situación existente:
  
- Superficie ocupada por las construcciones: 2.724,92 metros cuadrados.
  
- Superficie ocupada por la actividad:??. 15.629,51 metros cuadrados.
  
c) Ampliación prevista:
  
- Superficie ocupada por las construcciones: 9.038,45 metros cuadrados (en 5 fases).
  
- Superficie ocupada por la actividad:?- 27.767,12 metros cuadrados.
  
d) Actuación resultante:
  
- Superficie ocupada por las construcciones: 11.760,37 metros cuadrados.
  
- Superficie ocupada por la actividad: .......... 43.396,63 metros cuadrados.
  
- Ocupación total:?.14,84%.
  
- Altura máxima : variable.
  
- Separación a linderos: > 10 metros.
  
- Separación a carretera red básica (Aspe-Elche) : > 25 metros.
  
Tercero
  
La documentación aportada consta de:
  
1. Memoria informativa y justificativa de la actuación conteniendo los criterios de la ordenación y alternativas.
  
2. Planos de información y de ordenación.
  
3. Ordenanzas reguladoras de la edificación.
  
4. Evaluación económico-financiera y programación de la actuación, compromisos a contraer entre el promotor y la administración.
  
5. Anexo de infraestructuras.
  
6. Documentación relativa a la propiedad de los terrenos.
  
7. Estudio de impacto ambiental.
  
Cuarto
  
Contiene el proyecto propuesta de resolución a cargo de la actuación de la totalidad de los servicios requeridos para su establecimiento y funcionamiento. Consta, asimismo, compromiso de asunción por el promotor del régimen de deberes, cesiones y obligaciones propios del suelo urbanizable, si bien el cumplimiento de los mismos se materializará en los términos que se derivan de la propuesta.
  
Quinto
  
Obra en el expediente los siguientes informes municipales:
  
1. Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión del día 26 de septiembre de 1997, por el que se informa favorablemente la propuesta formulada por el promotor respecto del cumplimiento de los deberes, cesiones y obligaciones que la declaración de interés comunitario comporta por el procedimiento extraordinario.
  
2. Acuerdo de la Comisión de Gobierno municipal de fecha 12 de enero de 1998, por el que se informa favorablemente la declaración de interés comunitario objeto del expediente en base a una positiva consideración de las siguientes cuestiones: a) imposibilidad de ubicación de la actividad en los suelos urbanos y urbanizables industriales existentes y justificación de la oportunidad y conveniencia del emplazamiento propuesto; b) impacto socio-económico positivo desde el punto de vista del desarrollo económico-regional; c) impacto medioambiental positivo; d) admisión de la propuesta formulada por el promotor de exención del cumplimiento de la reserva que para plazas de aparcamiento prevé el reglamento de planeamiento vigente en el momento de inicio del expediente (una plaza por cada 100 metros cuadrados construidos), considerando adecuada la previsión de un 50% de tales plazas, es decir de 58 a 60 plazas, que resultarían suficientes para cubrir las demandas de la actividad.
  
Sexto
  
Mediante Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 16 de octubre de 1998, fue admitida a trámite la solicitud formulada y su sometimiento a información pública por plazo de 20 días, simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento. A este respecto, se publicaron sendos anuncios, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.378, de fecha 23 de noviembre de 1998, y el diario Información de Alicante de fecha 9 de noviembre de 1998, anuncios que, asimismo, servían para someter a información pública la necesaria declaración de impacto ambiental. Por otra parte, dado que la parcela afecta a la instalación es propiedad íntegra de la mercantil solicitante, no ha sido necesario la remisión de aviso al domicilio de quienes aparezcan como titulares catastrales de derechos afectados por la actuación.
  
Durante el citado plazo no se presentó alegación alguna al respecto.
  
Séptimo
  
Durante la tramitación del expediente se han emitido los siguientes informes sectoriales:
  
1. Respecto del acceso a la instalación obra en el expediente informe emitido en fecha 25 de marzo de 1998 por la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes favorable a la aprobación, una vez que el interesado aportó documentación subsanatoria de las observaciones contenidas en el previo informe emitido de forma desfavorable en fecha 22 de diciembre de 1997.
  
2. Por lo que se refiere al impacto ambiental de la actuación integral, el director general para el Desarrollo Sostenible ha emitido el 1 de marzo de 1999 declaración de impacto ambiental favorable, siempre que se cumplan las condiciones que en la misma se señalan, así como las medidas correctoras del estudio de impacto ambiental que no entren en contradicción con las mismas.
  
3. Informe favorable por parte de la Conselleria de Industria el día 5 de agosto de 1998.
  
Octavo
  
En contestación a consulta formulada por la Comisión Informativa de Urbanismo en la sesión del día 29 de mayo de 1998, la Subsecretaría de Urbanismo y Ordenación Territorial emitió informe el día 23 de julio de 1998 manifestando que, como quiera que la ampliación solicitada supera los 8.000 metros cuadrados de construcción, dicha solicitud debe tramitarse por el procedimiento extraordinario de declaración de interés comunitario previsto en el artículo 20 de la Ley 4/1992, sobre Suelo No Urbanizable.
  
Noveno
  
La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en fecha 29 de marzo de 1999, informó favorablemente la aprobación de la presente declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario, en suelo no urbanizable, del término municipal de Aspe.
  
Décimo
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 21 de mayo de 1999, informó favorablemente la presente declaración de interés comunitario.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero
  
La solicitud formulada debe resolverse al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable, debiendo sustanciarse por el procedimiento de declaración de interés comunitario a que se refiere el artículo 8.2 de la ley en relación con el artículo 20 de la misma.
  
En efecto, de conformidad con el último de los preceptos legales, las edificaciones e instalaciones destinadas a actividades industriales que, entre otros, precisen la ocupación de una superficie mayor de 4 hectáreas, requieran más de 8.000 metros cuadrados construidos o exijan la realización de más de 1.000 metros lineales de desarrollo sólo podrán realizarse como actuaciones integrales previo cumplimiento de las condiciones exigidas por el párrafo primero del citado artículo.
  
A la vista de las características concurrentes en la actuación pretendida no cabe duda de que el cauce procedimental adecuado para la resolución del expediente resulta ser el procedimiento extraordinario previsto en el artículo citado, una vez constatado que se cumplen las condiciones fijadas en el número 1 de tal precepto, toda vez que:
  
a) Las características de la actuación precisan disponer de una superficie de grandes dimensiones, siendo imposible su localización dentro de los suelos urbanos o urbanizables existentes en el municipio. A mayor abundamiento, se trata de la ampliación de una actividad industrial existente y en funcionamiento de imposible o dificultoso traslado a los citados suelos.
  
b) La actuación resuelve los servicios que demanda su establecimiento sin que se produzca una sobrecarga de demanda de las infraestructuras existentes, siendo de destacar, a estos efectos, los informes favorables emitidos por las diferentes administraciones sectoriales que han intervenido en el procedimiento.
  
c) La mercantil promotora de la actuación asume el cumplimiento de las obligaciones, deberes y cesiones propias del adjudicatario de un programa de actuación, no inferiores a las legalmente exigibles en suelo urbanizable si bien se materializarán en los términos que se derivan de la propuesta obrante en el expediente.
  
Segundo
  
La tramitación del expediente ha sido formalmente correcta habiéndose cumplido las exigencias procesales establecidas en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo No Urbanizable.
  
Tercero
  
Los servicios que demanda la actuación quedan adecuadamente resueltos a cargo de la mercantil promotora, en los términos que resultan del expediente.
  
Cuarto
  
La actuación solicitada es de implantación adecuada desde el punto de vista de la ordenación territorial al efectuarse en suelo no urbanizable común no merecedor de ninguna protección.
  
Desde el punto de vista económico y social, la actuación aporta soluciones, sin duda, al desarrollo de la zona.
  
Quinto
  
El Gobierno Valenciano es el órgano competente para la aprobación de la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo No Urbanizable, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
De conformidad con lo establecido en los preceptos legales citados y concordantes de general y pertinente aplicación, y a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano
  
ACUERDA
  
Primero
  
La aprobación definitiva de la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por don Antonio Pujalte Botella en nombre y representación de la entidad mercantil Forjados Bradipe, SL, de una actuación integral consistente en la ampliación de una industria de prefabricados de hormigón, en la parcela 4 del polígono 30 y parcela 1b del polígono 28, en el punto kilométrico 1 de la carretera Aspe-Elche, en suelo no urbanizable, del término municipal de Aspe, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado II, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente.
  
La aprobación de la actuación integral llevará implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de interés social y de la necesidad de ocupación de los terrenos que, conforme al proyecto aprobado, sean necesarios para la ejecución de aquélla y para su enlace con los correspondientes sistemas generales. El promotor de la iniciativa finalmente aprobada tendrá, cuando no sea propietario de la superficie afectada por la actuación, o de parte de ella, la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo de su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer, con independencia de las obligaciones asumidas en el procedimiento de aprobación de su iniciativa.
  
Segundo
  
Adjudicar dicha actuación integral en favor de la entidad Forjados Bradipe, SL, a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, para promover la ampliación de la referida industria.
  
Tercero
  
Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados, en favor del ayuntamiento, para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
Cuarto
  
El promotor deberá garantizar ante el Ayuntamiento de Aspe la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral por importe de un 7% del coste total de los servicios y obras de urbanización previstos. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes de inicio de las obras.
  
Quinto
  
Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Gobierno Valenciano.
  
Sexto
  
El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado II, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado III, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Aspe. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.
  
Séptimo
  
El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la declaración de impacto ambiental de 1 de marzo de 1999. Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación de dicha industria.
  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno Valenciano en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 19 de octubre de 1999
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,
  
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO.