Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3650, del 22-12-1999 (1999/10641)

Resolución en recurso ordinario. Notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3650

Fecha DOGV
:   22-12-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/10875


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

Resolución en recurso ordinario. Notificación. [1999/S10674]
  
No habiendo podido notificar en el domicilio conocido por esta administración a don Rafael Olaso Balbastre la Resolución de fecha 7 de julio de 1999, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la resolución del director general de Obras Públicas que lo declara responsable de infracción de la Ley de Costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público el texto integro de la citada resolución para que el presente anuncio sirva de notificación al interesado.
  
"Dada cuenta del recurso ordinario interpuesto por don Rafael Olaso Balbastre, contra la Resolución de 22 de febrero 1999, del director general de Obras Públicas que dispone: "declarar responsable en concepto de autor de la infracción de la Ley de Costas, consistente en realización de obras que han supuesto aumento de volumen en la zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa a don Rafael Olaso Balbastre".
  
Visto informe emitido por el director general de Obras Públicas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
I. Motivos del recurso: el interesado recurre en base a las mismas alegaciones esgrimidas en su día frente a la propuesta de resolución del expediente sancionador, es decir: que se comunicó en su día a la conselleria y al ayuntamiento la intención de sanear, previo derribo de pared lateral, la zona trastera de la cocina y que no se ha procedido a construir de nuevo ni ampliar la cocina, sino a rehabilitar y sanear lo ya existente, por razones de necesidad. Termina suplicando la anulación de la resolución recurrida y el mantenimiento de las obras, solicitando el recibimiento a prueba.
  
II. Análisis de los motivos del recurso: no habiendo variado los motivos alegados por el recurrente, procede reiterarse en lo expuesto en la resolución recurrida:
  
La solicitud de autorización formulada ante la Conselleria, fue desestimada por Resolución de fecha 22 de septiembre de 1997, del subsecretario de Obras Públicas precisamente porque de llevarse a cabo se hubiese producido un aumento de volumen, ya que se solicitaba: derribar parte de la fachada lateral de la cocina, alargarla 1,50 m y alicatar de nuevo la misma (sic).
  
Esta resolución fue confirmada por Resolución de fecha 8 de enero de 1998, del conseller de Obras Públicas, la cual ha sido recurrida ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
  
La Ley y el Reglamento de Costas disponen en sus artículos 91.2.e) y 175.2.e), respectivamente: "serán infracciones graves: la realización de construcciones no autorizadas en la zona de servidumbre de protección". En el presente caso no solo no se cuenta con autorización sino que existe resolución firme en vía administrativa que expresamente deniega dicha autorización.
  
Por lo que respecta al pago al Ayuntamiento de Xeraco de la licencia de obra menor, aparte que el mismo no se ha justificado, pues los únicos documentos que se adjuntan al recurso corresponden al pago de la sanción impuesta en razón del presente sancionador, debe recordarse que el hecho de que, en su caso, no se precise, o se haya obtenido licencia municipal para las obras ejecutadas, a tenor de lo dispuesto en la legislación urbanística, es totalmente independiente de que ese mismo hecho pueda constituir una infracción de conformidad con la legislación de costas; dado que se trata de distinta normativa a aplicar, además de ser la conselleria y el ayuntamiento administraciones con competencias concurrentes.
  
La existencia de licencia municipal no exime de la obligación de obtener la autorización de Costas y es más la licencia obtenida con anterioridad carece de eficacia hasta que se obtenga la autorización de esta administración.
  
La disposición adicional quinta de la Ley de Costas establece que "Las autorizaciones y concesiones obtenidas según esta ley no exime a sus titulares de obtener las licencias, permisos y otras autorizaciones que sean exigibles por otras disposiciones legales. No obstante cuando se obtengan con anterioridad al título administrativo exigible conforme a esta ley, su eficacia quedará demorada al otorgamiento del mismo, cuyas cláusulas prevalecerán."
  
Por último, el informe emitido por el Servicio de Costas el 20 de noviembre de 1998, que obra en el expediente, y las fotografías acompañadas al mismo, puestas en relación con las ya existentes, evidencian que efectivamente se ha producido un aumento de volumen, actuación no permitida en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria decimotercera punto 1, apartado c) del reglamento de costas.
  
El citado informe pone de manifiesto que: "... Por otro lado, por comparación con las fotos antiguas (tomadas durante la obra), se puede ver claramente que hay una ampliación de la vivienda, aprovechando lo que inicialmente era un hueco exterior".
  
En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1994, Sala Tercera, Sección Tercera (RJ 1994/8454):
  
"...la disposición transitoria cuarta, número 2, letra c) de la Ley de Costas 22/1988, en tanto en cuanto esa construcción resulta contraria a sus prescripciones, que prohiben en la zona de servidumbre de protección las edificaciones destinadas a residencia o habitación [art. 25.1.a)], permite únicamente obras de reparación y mejora que no impliquen aumento de volumen, y claramente ordena que "en caso de demolición total o parcial las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta Ley". De forma que la actuación del señor C.D. realizando no obras de reparación y mejora sino una nueva edificación de tres plantas previa demolición de otra antigua que sólo tenía una, violó frontalmente lo establecido en la citada disposición transitoria, y obró correctamente la administración al sancionar al actor e imponerle la demolición de lo ilegalmente construido".
  
Respecto a la solicitud de prueba, la misma no está prevista en los preceptos reguladores de la interposición del presente recurso, pudiendo no obstante solicitarse con la interposición, en su caso, del recurso contencioso administrativo según dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisducción Contencioso Administrativa.
  
En virtud de lo expuesto, resuelvo:
  
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por don Rafael Olaso Balbastre, contra la Resolución de 22 de febrero 1999, del director general de Obras Públicas, que dispone: "Declarar responsable en concepto de autor de la infracción de la Ley de Costas, consistente en realización de obras que han supuesto aumento de volumen en la zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa a don Rafael Olaso Balbastre" y confirmar la misma como ajustada a derecho en todos sus extremos.
  
Esta resolución agota la vía administrativa y contra la misma puede interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, como dispone el artículo 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de utilizar cualquier otro recurso si lo estima procedente."
  
Valencia, 7 de julio de 1999.- El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: José Ramón García Antón."