Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4723, del 31-03-2004 (2004/2415)

Notificación de la resolución del recurso de alzada dictado en el expediente sancionador n.º 007/03 SAN, a Miguel Caballero Heras.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4723

Fecha DOGV
:   31-03-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/2415


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso de alzada dictado en el expediente sancionador n.º 007/03 SAN, a Miguel Caballero Heras. [2004/2415]
  
De conformidad con lo acordado por esta Subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, mediante el presente edicto se procede a notificar a Miguel Caballero Heras con último domicilio conocido en 46955. Canet d'En Berenguer (Valencia), ctra. Morvedre, nº 55-D, resolución de recurso de alzada de fecha 27 de enero de 2004 dictado en el expediente sancionador 007/03 SAN, que se está tramitando en la Unidad de Inspección del Territorio de esta Conselleria:
  
Visto recurso de alzada interpuesto en fecha 8 de septiembre de 2003 por Miguel Caballero Heras contra la resolución de esta conselleria de fecha 25.07.03 en el expediente sancionador 7/2003.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Que ha podido comprobarse que el pasado día 20 de octubre de 2002, siendo las 10.00 horas, en el Parque Natural denominado Sierra Calderona, circulaban 10 quads (motos de cuatro ruedas) sin contar con la correspondiente autorización, conduciendo uno de los referidos vehículos, marca Polaris, modelo Boss 325, Miguel Caballero Heras, infringiendo lo dispuesto en el Decreto 10/2002, de 15 de enero, del Gobierno Valenciano, de declaración del Parque Natural de la Sierra Calderona.
  
Segundo. Incoado expediente sancionador con nombramiento de instructor y secretario de conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el interesado formuló alegaciones previas a la propuesta de resolución.
  
Tercero. Cumplimentados los trámites oportunos por el instructor del expediente, se dictó resolución del director territorial de Territorio y Vivienda de fecha 25 de julio de 2003, en la que se acordó imponer Miguel Caballero Heras, una multa por un total de 601,02 € (seiscientos un euros con dos céntimos), por la comisión de una infracción administrativa tipificada en el artículo 52.12 de la Ley de la Generalitat Valenciana, 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana. La resolución fue notificada al interesado en fecha 8 de agosto de 2003 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, según consta en el acuse de recibo obrante en el expediente administrativo.
  
Cuarto. Con fecha 8 de septiembre de 2003 Miguel Caballero Heras, presenta recurso de alzada en virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y alega en síntesis lo siguiente:
  
Los hechos que se relatan en la denuncia no son del todo correctos, ya que por donde circulaba con mi vehículo se trata de un camino transitable y claramente delimitado apto para la circulación de vehículos, utilizado incluso por los propietarios de las casas y fincas colindantes para acceder a las mismas.
  
En el camino de referencia no existía en el momento de la denuncia señalización alguna que advirtiera a los que allí circulaban la entrada y/o salida a una zona protegida por la Ley 11/1994, por lo que es imposible saber que se trata de un espacio natural protegido por la misma.
  
Los vehículos sancionados tienen la consideración legal y administrativa de vehículo agrícola, por lo que no se infringía norma alguna al respecto.
  
Los diez quads sancionados no formaban parte del mismo grupo. Fue la parada ordenada por el correspondiente Guardia Civil la que ocasionaría que estos vehículos se agruparan en ese momento y en ese punto del camino. Prueba de ello es la diversa procedencia de los propietarios de los mismos, que hasta ese momento ni se conocían, por lo que es imposible que conformáramos un único grupo.
  
Fundamentos de derecho
  
I. El recurso formulado por Miguel Caballero Heras ha sido interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, estando legitimado el recurrente para interponerlo.
  
II. Que el presente expediente sancionador se incoó en virtud de denuncia realizada por la Guardia Civil, en fecha 20 de octubre de 2002.
  
Que en fecha registro de entrada 31 de marzo de 2003, se ha recibido en esta unidad administrativa escrito de ratificación de la denuncia elaborada el pasado 20 de octubre de 2002, sobre la circulación de 10 quads en las inmediaciones de Masia Nueva (Parque Natural de la Sierra Calderona).
  
Los hechos imputados se consideran suficientemente demostrados en los términos señalados en el articulo 137, párrafo 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece «los hechos constatados por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes tendrán valor probatorio», siempre que como en la tramitación del presente expediente, el interesado tenga posibilidad de contradecir su contenido.
  
La presunción de veracidad de las actas administrativas convierte a las mismas en una prueba documental privilegiada, en tanto que se otorga legalmente el contenido de tales documentos la virtualidad de fundamentar por sí sola la resolución administrativa sancionadora, siempre que dicho contenido no sea desvirtuado por el presunto responsable, desplazándose de esta manera la carga de la prueba, como ha sido señalado por las siguientes sentencias del Tribunal Supremo 3ª 7ª de 4 de junio de 1990, 3ª 7ª de 25 de junio de 1991 y 3ª 7ª de 18 de diciembre de 1991.
  
Vistos los hechos y fundamentos de derecho aplicables y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 76.2) de la Ley de Gobierno Valenciano, en su redacción dada por la Ley 1/2002, de 26 de febrero, de Modificación de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, en relación con lo dispuesto en el del Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada formulado por los motivos expuestos en los fundamentos de derecho anteriormente relacionados, confirmando la resolución impugnada.
  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer, el recurso contencioso administrativo, a elección del demandante, ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sede del órgano que ha dictado el acto administrativo a impugnar, o ante el tribunal en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva, se deberá hacer efectiva la multa utilizando el impreso n.º 098950235108 3 que se adjuntó a la resolución del expediente sancionador 7/03 SAN, de fecha 25 de julio de 2003, en cualquiera de las entidades colaboradoras que en el mismo constan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 105/92, de 6 de julio, sobre recaudación de tasas, precios públicos y sanciones de la Generalitat Valenciana y la Orden de 26 de febrero de 1993 que desarrolla el decreto antes citado, remitiendo el ejemplar correspondiente a la administración, a esta Conselleria de Territorio y Vivienda, Área de Inspección del Territorio, calle Francisco Cubells, n.º 7, 46455 Valencia, en el periodo voluntariamente establecido en el Reglamento General de recaudación y dentro de los plazos que se indican seguidamente:
  
Las notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente, o el hábil inmediato posterior.
  
Las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente, o el hábil inmediato posterior.
  
Se le apercibe que de no abonarlo en dicho periodo voluntario, procederá sin más trámite a su exacción por vía ejecutiva
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.
  
Valencia, 3 de marzo de 2004.- El subsecretario: Ramón Doménech Doménech.