Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4884, del 16-11-2004 (2004/10308)

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2004, del director del Centro de Desarrollo Marítimo de Valencia, de concesión administrativa para ocupación de superficie en zona portuaria con destino reparación de jaulas flotantes y redes otorgada a Acuícola Marina, SL en el puerto de Burriana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4884

Fecha DOGV
:   16-11-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - D) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2004/10945


Fecha del documento
:   29-09-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Burriana
    * instalación portuaria
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2004, del director del Centro de Desarrollo Marítimo de Valencia, de concesión administrativa para ocupación de superficie en zona portuaria con destino reparación de jaulas flotantes y redes otorgada a Acuícola Marina, SL en el puerto de Burriana. [2004/M10957]
  
Dada cuenta de la solicitud formulada por Acuícola Marina, SL de concesión administrativa para ocupación de 1.000 m² de superficie en el puerto de Burriana, con destino reparación de jaulas flotantes y redes.
  
Solicitada la documentación necesaria para la tramitación del expediente, se aporta en fecha 16 de agosto de 2004.
  
Visto informe favorable emitido por el Servicio de Explotación y Conservación de Puertos proponiendo se otorgue la concesión administrativa solicitada en el que se indica:
  
La superficie solicitada no se encuentra asignada en estos momentos a ninguna concesión ni uso portuario concreto. Habida cuenta este hecho, así como la idoneidad de la ubicación para las actividades solicitadas (por su proximidad a la lámina de agua del puerto) y su relación con la actividad portuaria, se informa favorablemente a la concesión administrativa a favor de Acuícola Marina, SL.
  
Solicitado informe a la Dirección General de Puertos y Costas, lo emite con carácter favorable el 15 de julio de 2004.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento para la Ejecución de la Ley de Costas, se sometió la solicitud a información pública por plazo de veinte días, durante el cual no se presentaron alegaciones.
  
El Ayuntamiento de Burriana informa favorablemente la solicitud, teniendo entrada dicho informe el 12 de agosto de 2004.
  
Notificada al interesado la Resolución de 6 de septiembre, de sometimiento de condiciones en las que podría otorgarse concesión administrativa para ocupación de 1.000 m² de superficie en el puerto de Burriana, con destino reparación de jaulas flotantes y redes, en fecha 27 de septiembre de 2004 se recibe escrito de aceptación de dichas condiciones, al que se adjunta justificantes de haber depositado las fianzas a que se refiere la citada resolución.
  
En uso de las atribuciones que concede al director del Centro de Desarrollo Marítimo el artículo 16 del Decreto 114/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, resuelvo:
  
Otorgar a Acuícola Marina, SL concesión administrativa para ocupación de 1.000 m² de superficie en el puerto de Burriana, con destino reparación de jaulas flotantes y redes; de conformidad con las condiciones que se indican en los pliegos insertados a continuación:
  
1ª. Plazo
  
Esta concesión se otorga, por plazo de un año, prorrogable semestralmente a la tácita hasta un máximo de cinco años, incluido el inicial, a contar desde la puesta a disposición de los terrenos, lo que se hará constar en la correspondiente Acta de Entrega, dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero, sin cesión del dominio público ni de las facultades dominicales de la administración.
  
2ª. Superficie autorizada
  
Se autoriza una superficie de 1.000 m².
  
3ª. Transmisibilidad
  
La presente concesión es transmisible por actos inter vivos previa autorización de la administración portuaria entendiéndose que quién se subrogue en sus derechos asumirá también las obligaciones que se imponen en esta concesión.
  
La administración portuaria podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en los términos legalmente previstos.
  
Cuando la persona jurídica titular de una concesión se transforme, se fusione con otra o se escinda, se considerará que se ha producido un cambio de titularidad, siendo por tanto necesario la autorización expresa a que se refiere el párrafo anterior.
  
Cuando el concesionario sea una persona jurídica, cuya actividad principal consista en el disfrute de la concesión, se considerará transmisión cualquier cambio de titularidad de las acciones o participaciones que suponga sustitución de los socios o accionistas que lo fueren al tiempo del otorgamiento de la concesión, en porcentaje igual o superior al 50% del capital social.
  
Si la sociedad titular cambia únicamente de denominación social, solamente estará obligado a notificarlo a la administración portuaria.
  
Para que se autorice la transmisión, será necesario:
  
- Que hayan transcurrido al menos dos años desde la fecha de otorgamiento de la concesión.
  
- Que el concesionario se halle al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la concesión.
  
- Que el nuevo titular reúna los requisitos exigidos para contratar con la administración, y para ejercer la actividad y prestar el servicio objeto de la concesión.
  
En caso de adjudicación por remate judicial, si el adjudicatario no reuniera los requisitos exigidos para contratar con la administración, y para ejercer la actividad y prestar el servicio objeto de la concesión, deberá transferirla, en el plazo de 12 meses, a un nuevo concesionario que, a estos efectos, no presente limitación alguna.
  
No se inscribirá en el Registro de la Propiedad la transmisión de la concesión sin que se acompañe certificación de la administración acreditativa de este extremo, con inserción de las cláusulas de la concesión.
  
4ª. Gravamen
  
La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre la concesión deberá ser autorizada por la administración portuaria.
  
5ª. Uso y explotación
  
La concesión se destinará a la actividad definida en la resolución de otorgamiento, sin que el concesionario pueda destinar el dominio público concedido, ni las obras en él ejecutadas a usos distintos de los expresados.
  
El concesionario deberá poseer todos los permisos y licencias para el desarrollo de su actividad, muy especialmente aquellos relacionados con vertidos al mar y protección del medio ambiente.
  
6ª. Rescate por obras
  
En el caso de que el dominio público sea necesario total o parcialmente para la realización de actividades o ejecución de obras declaradas de utilidad pública y para realizarlas fuera preciso utilizar o destruir en todo o en parte las obras de la concesión, la administración podrá proceder al rescate de la misma antes de su vencimiento.
  
A tal efecto se incoará expediente de rescate de la concesión, en el que se dará audiencia al concesionario, sin que el concesionario tenga otro derecho que el de ser indemnizado por las obras no amortizadas, valoradas en los términos establecidos en la Ley de Puertos.
  
En esta valoración no se tendrán en cuenta las obras realizadas por el concesionario sin previa autorización, las cuales pasarán igualmente a la administración sin derecho a indemnización. El concesionario podrá, además, retirar libremente aquellos elementos existentes en la concesión que no hubieran sido relacionados en el acta de reconocimiento final y no estén unidos de manera fija al inmueble, siempre que con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, salvo que la administración decida también su rescate.
  
Si las obras se encontrasen deterioradas, se determinará por la administración el presupuesto de los gastos necesarios para dejarlas en buen estado, el cual se notificará al concesionario antes de ser aprobado. Su importe se rebajará de la tasación, y la diferencia que resulte será la cantidad que se abone al concesionario.
  
Realizada la entrega a la administración portuaria de los bienes rescatados se devolverá la fianza de explotación, a solicitud del concesionario, con la deducción, en su caso, de las cantidades que el concesionario deba hacer efectivas por las responsabilidades en que haya incurrido.
  
7ª. Impuestos y fianzas
  
Dentro del plazo de un mes, contado a partir del conocimiento de la resolución de otorgamiento por el concesionario, se abonará por éste el importe correspondiente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
  
Con anterioridad al otorgamiento de la concesión, el concesionario deberá consignar en la Tesorería de la Generalitat Valenciana, servicios territoriales de la Conselleria de Economía y Hacienda, las fianzas que a continuación se relacionan, aportando las correspondientes cartas de pago que se les expidan a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte para su incorporación al expediente:
  
a) Una fianza de explotación, por importe de tres mil seiscientos sesenta euros (3.660 €), en metálico o en aval bancario.
  
La fianza de explotación responderá de todas las obligaciones derivadas de esta concesión, de las sanciones que por incumplimiento de las condiciones de la misma se puedan imponer al titular de la concesión y de los daños y perjuicios que tales incumplimientos pueda ocasionar.
  
Si la administración ejecutase parcial o totalmente la fianza, el concesionario queda obligado a completarla o reponerla en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la disminución de su importe.
  
La fianza de explotación se actualizará cada cinco años en proporción a la variación experimentada por el índice general de precios al consumo para el conjunto nacional total (IPC) durante ese periodo.
  
La fianza de explotación será devuelta al término del plazo concesional si no existiera responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de que responde.
  
b) Una fianza de desmontaje por importe de 1.000 euros, para responder del desmontaje y transporte fuera del puerto de las instalaciones y/u obras ejecutadas, caso de que estas operaciones no fuesen realizadas por el titular al vencimiento de la concesión. Responderá, así mismo, de los gastos que pudiera ocasionar dejar el terreno, obras o instalaciones en las condiciones primitivas, caso de no hacerlo así el concesionario.
  
El incumplimiento de estas obligaciones será causa de caducidad de la concesión.
  
8ª. Replanteo y proyecto de construcción
  
En el plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolución de adjudicación, deberá presentarse un proyecto de construcción de las obras a realizar en su caso para su aprobación por la autoridad competente.
  
Las obras se ejecutarán con arreglo al referido proyecto técnico y en el plazo que en las mismas se indique. Además de estas obras, el concesionario realizará las oportunas modificaciones para enlazar con la red de alcantarillado general.
  
No se ejecutará canalización alguna para vertidos hasta no contar con las autorizaciones correspondientes de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
El concesionario solicitará por escrito, con la suficiente antelación para que las obras puedan comenzarse dentro del plazo, el replanteo de las mismas, que se practicará por el ingeniero director del puerto y personal auxiliar a sus órdenes, con asistencia del interesado, levantándose acta y plano en los que se consignará la superficie ocupada, que será sometida al director general de Obras Públicas para su aprobación, si procede.
  
Cuando el proyecto presentado por el concesionario tenga carácter de básico, antes del replanteo de las obras, y en todo caso y en el plazo de un mese, desde el conocimiento de la adjudicación de la concesión, el concesionario deberá presentar el proyecto de construcción.
  
Este proyecto de construcción será examinado por los servicios técnicos para comprobar que es suficientemente completo y no altera el proyecto básico sometido a información pública. Si dichos servicios estiman que el proyecto es incompleto, el concesionario deberá completarlo debidamente en el plazo que al efecto se le conceda.
  
En el caso de que el proyecto de construcción difiera sustancialmente del proyecto básico sometido a información pública la administración podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones:
  
a) Obligar al concesionario a que adapte el proyecto de construcción al básico.
  
b) Someter el proyecto de construcción a información pública y a los trámites pertinentes para la modificación de las concesiones.
  
Si transcurrido el plazo señalado en las condiciones particulares para el comienzo de las obras, éstas no se hubiesen iniciado por causas no justificadas, a juicio de la administración portuaria, ésta declarará la caducidad de la concesión, quedando a su favor la fianza de construcción. En el supuesto en que el concesionario acredite que no ha iniciado las obras en el plazo establecido porque se le han denegado, por parte de otros organismos públicos, las licencias, permisos y otras autorizaciones necesarias, podrá renunciar a la concesión, en cuyo caso se le devolverá la fianza de construcción.
  
En todo caso, el concesionario podrá solicitar la prórroga del plazo establecido para el inicio de las obras que será otorgada por la administración portuaria siempre que existan razones que justifiquen la demora en la iniciación de las obras.
  
9ª. Reconocimiento de las obras
  
Terminadas las obras el concesionario solicitará por escrito de la dirección técnica del puerto el reconocimiento de las mismas, que se practicará con asistencia de éste y del interesado, levantándose acta que será elevada al director general de Obras Públicas, para su aprobación, si procede.
  
En el acta se recogerá la superficie exacta ocupada por la concesión, a la que se aplicará el canon a que se hace referencia en la condición 14ª.
  
10ª.Vigilancia de las obras
  
Las obras quedarán bajo la inspección y vigilancia del director técnico del puerto y no serán obstáculo al paso para el ejercicio de la vigilancia litoral, quedando obligado el concesionario o conservarlas en buen estado y no pudiendo, lo mismo que el terreno, arrendarlas ni destinarlas a usos distintos que los expresados.
  
11ª. Inspección de la ejecución:
  
La administración podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras, para comprobar si las mismas se ajustan al proyecto en base al cual se ha otorgado la concesión. Si apreciara la existencia de desviaciones en relación con el mismo, podrá aprobar el reconocimiento de las obras cuando estime que la modificación no altera sustancialmente la concesión, ni requiere una nueva información pública, o tramitar su legalización mediante el procedimiento correspondiente, o disponer que las obras se ajusten al proyecto autorizado. En este último supuesto, si el concesionario no lo hiciese en el plazo que se le indique, se procederá a la incoación de expediente de declaración de caducidad de la concesión.
  
12ª. Gastos
  
Los gastos originados por los anuncios de la información pública y de la resolución de otorgamiento de la concesión serán de cuenta del concesionario.
  
Los gastos que se originen por el replanteo, la inspección y el reconocimiento de las obras, serán de cuenta del concesionario.
  
13ª. Otras autorizaciones
  
El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones que sean legalmente exigibles, ni del pago de los impuestos que le sean de aplicación, incluyendo el impuesto sobre bienes inmuebles, o el que legalmente le sustituya.
  
La realización de actividades dentro del ámbito de la concesión no previstas en el proyecto o en el estudio económico conforme a los cuales se otorga la concesión, requerirá la previa y preceptiva autorización de la administración, y se estará en su caso a lo dispuesto en la cláusula cuarta sobre el canon concesional.
  
14ª. Renuncia
  
Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza o fianzas constituidas. Además, salvo decisión contraria de la administración, quedará obligado a levantar las obras e instalaciones a su costa, dejando el terreno de la concesión libre de toda ocupación, en el plazo que se le señale.
  
15ª. Canon
  
El titular de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 16/2003, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, viene obligado a abonar a la Generalitat Valenciana las siguientes cantidades:
  
a) Canon por aprovechamiento de superficies: 2.660 euros/año, a razón de 2,66 euros/m²/año de relleno sin urbanizar en una superficie de 1.000 m².
  
b) Canon por resultado de la explotación para el concesionario: 1.000 euros/año.
  
Total canon anual: 3.660 euros.
  
El importe señalado no incluye el IVA o cualquier otro impuesto que deba ser aplicado.
  
El día 1 de enero de cada año el canon podrá ser revisado aplicando las variaciones registradas en el índice de precios de consumo del año anterior, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. Igualmente la cuantía del canon estará sujeta a actualización conforme a las disposiciones legales que al respecto se dicten con carácter general por la Generalitat Valenciana para instalaciones náutico deportivas.
  
El otorgamiento de autorizaciones dentro del ámbito de la concesión que supongan una actividad por la que el concesionario perciba ingresos, según lo dispuesto en la cláusula 16ª, supondrá necesariamente el establecimiento de una partida independiente de canon por rendimiento de actividad, que se fijará de acuerdo con las normas vigentes o los criterios aplicables en cada momento, y que se devengará junto con el canon anual.
  
El canon se abonará por semestres adelantados, mediante transferencia bancaria a la cuenta que se le indique en cada liquidación que se le practique por la administración, a partir de la fecha de entrada en vigor de la concesión.
  
A tal efecto, deberá aportar domiciliación bancaria para el abono del canon, debidamente cumplimentado, con anterioridad al otorgamiento de la concesión.
  
El período de pago voluntario será de un mes desde la notificación de la liquidación correspondiente.
  
De no hacer efectivo el pago en período voluntario podrá procederse a su cobro por la vía de apremio en la forma reglamentariamente establecida.
  
El impago del canon durante dos semestres consecutivos será causa de caducidad de la concesión.
  
16ª. Obligación de conservación y mantenimiento
  
El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos concedidos en perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, de higiene y de estética, realizando a su cargo los trabajos de conservación y mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello.
  
17ª. Efectos reversión
  
Cuando por vencimiento del plazo concesional se produzca la reversión, quedarán extinguidos automáticamente, sin necesidad de declaración expresa, los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre el dominio público concedido y las obras e instalaciones objeto de la concesión. Tampoco asumirá la administración los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por lo tanto, pueda en forma alguna entenderse que la reversión implica la sucesión de empresa prevista en el artículo 44 del Texto Refundido de Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ni que la administración portuaria sea el empresario principal de la actividad realizada por el concesionario, a los efectos del artículo 42 de dicho texto refundido.
  
Terminado el plazo concesional, revertirán al dominio público estatal los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, estando obligado el concesionario, a sus expensas, a la demolición y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna, excepto en el caso de que la administración, de propia iniciativa o a petición del concesionario, declare que, dado que se mantiene el interés público de las obras e instalaciones, procede su mantenimiento para continuar su explotación en la forma que se determine.
  
El concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de reconocimiento final levantada conforme establece la anterior condición 9ª, siempre que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, si la administración no decide también su adquisición.
  
18ª. Acta de reversión
  
De la recepción por la administración de los bienes revertidos, se levantará la correspondiente acta en presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se reseñará el cumplimiento por el concesionario de la obligación de reponer el terreno a su anterior estado o, en el caso de que la administración hubiera optado por el mantenimiento de las obras e instalaciones, el estado de conservación de las mismas, especificándose los deterioros que presenten. En este último caso, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se indicará al concesionario el conjunto de reparaciones necesarias a ejecutar a su cargo en el plazo que se le señale.
  
19ª. Sanciones
  
El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas en la concesión dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, sin perjuicio de que, cuando a juicio de la administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, ésta pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente.
  
20ª. Causas de resolución
  
Además de las establecidas con carácter general en la legislación aplicable y en los pliegos de esta concesión, son causas de resolución de la concesión:
  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad concesionaria. En el primer caso la administración podrá acordar la continuación de la concesión con sus herederos o sucesores, salvo disposición expresa en contrario de la legislación específica del servicio.
  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.
  
c) El mutuo acuerdo entre la administración y el concesionario
  
d) La falta de prestación por el concesionario de la garantía definitiva o las especiales o complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la ley y la no formalización del contrato en plazo.
  
e) El rescate del servicio por la administración.
  
f) La supresión del servicio por razones de interés público.
  
g) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este pliego y en los demás que regulan la concesión, y en general el incumplimiento de las restantes obligaciones concesionales esenciales
  
21ª. Caducidad
  
Será causa de declaración de caducidad de esta concesión, además de las previstas legalmente, el incumplimiento de las obligaciones descritas en los pliegos del contrato, en particular:
  
- El impago del canon concesional durante dos semestres consecutivos. Para iniciar el expediente de caducidad será suficiente que no se haya efectuado el ingreso en período voluntario.
  
- La cesión a un tercero del uso total o parcial, sin autorización de la administración.
  
- La transferencia del título de otorgamiento, sin autorización de la administración.
  
- La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía, sin autorización de la administración.
  
- La ocupación de dominio público no otorgado
  
- El desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título.
  
La declaración de caducidad supondrá la perdida de la fianza o fianzas constituidas, pudiendo llevar aparejada, a criterio de la administración, la demolición, retirada de las obras e instalaciones, parcial o total, a cargo del concesionario, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna.
  
La tramitación del expediente de caducidad se realizará con independencia de la incoación del procedimiento sancionador que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en la anterior condición.
  
22ª. Inscripción en el registro de la propiedad
  
Si el concesionario inscribiera la concesión en el Registro de la Propiedad, deberá facilitar a la administración certificación acreditativa de dicha inscripción.
  
No se inscribirá en el Registro de la Propiedad la transmisión de las concesiones o la constitución de derechos reales sobre las mismas sin que se acompañe certificación acreditativa de este extremo, con inserción de las cláusulas de la concesión.
  
Extinguida la concesión el concesionario solicitará la cancelación de la inscripción y dará cuanta de ello a la administración concedente.
  
23ª. Ejecución subsidiaria
  
Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se le ordenen por la administración, en aplicación de las condiciones correspondientes, ésta, de conformidad con la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de los gastos, así como de los daños y perjuicios a cargo del concesionario.
  
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de notificación de la presente, sin perjuicio de la utilización de cualquier otro recurso que se estime oportuno.