Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4109, del 18-10-2001 (2001/9600)

Notificación del recurso de alzada, dictado en el expediente sancionador ESSANC 46/2001/0133, a don Martín Olmedo Rueda.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4109

Fecha DOGV
:   18-10-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/9600


Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del recurso de alzada, dictado en el expediente sancionador ESSANC 46/2001/0133, a don Martín Olmedo Rueda. [2001/Q9600]
  
De conformidad con lo acordado por esta Secretaria General, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente edicto, se procede a notificar a don Martín Olmedo Rueda, con último domicilio conocido en urbanización Vista Nieve, bloque 4-2-B, de la localidad de Madrid, recurso de alzada de fecha 17 de agosto de 2001, dictado en el expediente sancionador ESSANC 46/2001/0133, que se está tramitando en el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos.
  
«Visto el recurso alzada interpuesto por don Martín Olmedo Rueda, contra Resolución dictada por la jefa del Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos, de fecha 22 de junio de 2001, por infracción administrativa tipificada en el artículo 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos, y por la que se impuso una sanción de 25.000 pesetas (150,25 euros).
  
Antecedentes de hecho
  
1. El delegado gubernativo, en el festejo del día 17 de marzo de 2001, denunció los hechos motivadores de la resolución que se impugna y que fueron:
  
Se ha tenido conocimiento por parte de esta dirección general que en la corrida de toros celebrada el 17 de marzo de 2001 en la plaza toros de esta capital, en la que usted actuaba como picador, salió al ruedo llevando el caballo con los dos ojos tapados, incumpliendo con ello el artículo 72.2 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos.
  
2. Iniciado el expediente sancionador con nombramiento de instructor y secretario de conformidad con lo establecido en el artículo 29.a de la Ley 2/1991, de 18 de febrero, en relación con el artículo 13.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se notificó al interesado el preceptivo acuerdo de iniciación.
  
3. Cumplimentados los trámites oportunos y ratificada la denuncia por la fuerza actuante, la jefa del servicio acordó imponer a don Martín Olmedo Rueda, una sanción de 25.000 pesetas (150,25 euros), por infracción del artículo 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos; contra dicha resolución se ha interpuesto recurso alzada.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Que el recurso ha sido interpuesto por quien es titular de un derecho que le confiere legitimación activa y dentro de plazo legal.
  
2. El artículo 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, tipifica como infracción leve, sancionable, con multa en cuantía de hasta 25.000 pesetas, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la mencionada ley.
  
Visto el recurso de alzada interpuesto por don Martín Olmedo Rueda, en el que en esencia manifiesta:
  
Que la resolución que impugna es anulable de acuerdo con el artículo 63.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no haberse admitido la prueba que propuso.
  
Que de acuerdo con el artículo 72.4 del Real Decreto 145/1996, que regula el Reglamento de Espectáculos Taurinos, los picadores podrán defenderse en todo momento, motivo por el cual es necesario para su seguridad el que lleve el caballo los dos ojos tapados.
  
Que considera que más tarde o más temprano se va a modificar el precepto del reglamento que impide tapar los dos ojos al caballo, por lo que no es justo que se le sancione por llevarlos tapados.
  
Que la sanción es desproporcionada.
  
Ante dichas alegaciones cabe oponer los siguientes argumentos:
  
En primer lugar y respecto a la posible anulabilidad del procedimiento en que se impuso la sanción ahora recurrida, por la inadmisión de las pruebas propuestas, cabe señalar, conforme ya se dijo en su momento que las sentencias del Tribunal Constitucional 51/1985, de 10 de abril; 191/1989, de 16 de noviembre; 40/1986, de 1 de abril; 196/1988, de 24 de octubre; y 87/1992, de 8 de junio, condicionan la admisión de las pruebas a que el juzgador las considere necesarias, pudiendo este declararlas inadmisibles de forma motivada.
  
La jurisprudencia ha calificado como pruebas innecesarias por inútiles aquellas que son propuestas cuando la autoridad ya se estima suficientemente informada a los fines de la decisión; es decir, cuando exista en el órgano competente un grado de consistencia que excluya toda duda respecto a las circunstancias del hecho que sean relevantes para exigir la responsabilidad; al respecto se manifiestan la STS 2º, de 3 de diciembre de 1991; STS 2ª, de 4 de febrero de 1993; SSTS 59/1991, de 14 de marzo; 65/1992, de 29 de abril; SSTS 2ª, de 24 de abril y 6 de mayo de 1992.
  
La declaración de impertinencia de las pruebas propuestas se motivó basándose en las siguientes causas:
  
En cuanto a las pruebas documentales, por cuanto la información que puede proporcionar, el Ministerio de Interior respecto de las conclusiones de la Mesa de Trabajo de la Suerte de Varas, al objeto de que se compruebe lo alegado por él, carece de base suficiente para eximir al imputado de la comisión de la infracción imputada.
  
El acta de finalización del festejo ya consta en el expediente y no desvirtúa la imputación realizada al interesado.
  
Por otra parte, el propio interesado reconoce que tapó los dos ojos al caballo, por lo que carece de consistencia el que pretenda desvirtuar dicha realidad con pruebas que realmente no tienden a variar este extremo fáctico.
  
El que en un período próximo se vaya a modificar el artículo 72.2 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos, no es óbice para que en el día de los hechos y en el período de tiempo en que se tramitó el procedimiento en el que se impuso la sanción, sea de plena y obligada aplicación.
  
La actuación del imputado supuso la comisión de una infracción leve tipificada en el artículo 14 de la mencionada Ley 10/1991, en relación con el artículo 72.2 del Real Decreto 145/1996.
  
Los hechos imputados se consideran suficientemente demostrados en los términos señalados en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que «los hechos constatados por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio» siempre que como en la tramitación del presente expediente, el interesado tenga posibilidad de contradecir su contenido.
  
La presunción de veracidad de las actas administrativas convierte a las mismas en una prueba documental privilegiada, en tanto que se otorga legalmente al contenido de tales documentos la virtualidad de fundamentar por si solas la resolución administrativa sancionadora, siempre que dicho contenido no sea desvirtuado por el presunto responsable, desplazándose de esta manera la carga de la prueba, como ha sido señalado por las siguientes sentencias del Tribunal Supremo 3ª 7ª, de 4 de junio de 1990; 3ª 7ª, de 25 de junio de 1991; y 3ª 7ª, de 18 de diciembre de 1991.
  
Por otra parte el propio interesado ha reconocido a través de sus alegaciones la imputación realizada, por lo que la comisión de los hechos está totalmente demostrada.
  
En la cuantificación económica de la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley de Espectáculos Taurinos, 95 del Reglamento de Espectáculos Taurinos, y 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en dicho artículo se establece, por un lado, que la comisión de la infracción no resulte más beneficioso que el cumplimiento de la norma infringida y, por otro, se establece como uno de los criterios para su graduación la intencionalidad en la comisión de la misma. Está claro que el tapar los dos ojos al caballo se ha realizado de forma intencionada, y por tanto la imposición de la sanción propuesta se considera ajustada al principio de proporcionalidad.
  
En su virtud, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 32 de la Ley 2/1991, de 18 de febrero de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas, en relación con el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se informa desfavorablemente el recurso y se propone la desestimación del mismo».
  
Visto el informe que antecede, así como las disposiciones legales citadas y demás de general aplicación, y considerando la competencia que para conocer el presente recurso se atribuye al director general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con lo preceptuado en el artículo 12 del Decreto 91/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, resuelvo:
  
Desestimar el recurso alzada interpuesto por don Martín Olmedo Rueda contra la Resolución dictada por la jefe del Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos, de fecha 22 de junio de 2001, por los motivos expuestos en el cuerpo del presente escrito.
  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, sede del órgano que ha dictado el acto administrativo a impugnar o ante el juzgado de lo contencioso administrativo de la capital de provincia en la que el demandante tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 115.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
Debiendo hacer efectiva la multa, utilizando el impreso número 420358523483 3 que se adjuntó a la resolución de fecha 22 de junio de 2001, en cualquiera de las entidades colaboradoras que en el mismo constan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 105/1992, de 6 de julio, sobre recaudación de tasas, precios públicos y sanciones de la Generalitat Valenciana, y la Orden de 26 de febrero de 1993, que desarrolla el decreto antes citado, remitiendo el ejemplar correspondiente a la administración, a esta Dirección General de Interior, Infracciones Administrativas, calle Historiador Chabás, número 2, 46624 Valencia, en el período voluntariamente establecido en el Reglamento General de Recaudación y dentro de los plazos que se indican seguidamente:
  
a) Las notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente, o el día hábil inmediato posterior.
  
b) Las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente, o el día hábil inmediato posterior.
  
En caso contrario, se le apercibe de que se seguirá contra usted el procedimiento administrativo de apremio para exacción con las costas a que diere lugar.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.