Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6659, del 25-11-2011 (2011/11379)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 027/11-A.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6659

Fecha DOGV
:   25-11-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/11554


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 027/11-A. [2011/11669]  
Manuel Sánchez Gallego, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber al representante legal de Agencia de Transportes Hernández, SL, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: Manuel Sánchez Gallego. Vocales: Francisco Ortiz Gutiérrez, Miguel García Navarro. Secretaria-vocal: Carolina Casal Asensio. Partes: reclamante: Transportes Internacionales Eurotransfret, SL, representada por Carlos Pérez Terres, reclamado: Agencia de Transportes Hernández, SL, que no comparece al acto de vista.  
En Alicante, a 10 de noviembre de 2011 y siendo las 10.15 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de la demandante para resolver el expediente 027/11-A, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: Impago transporte. Incomparecencia del demandado. Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene. Por la parte demandante comparece Carlos Pérez Terres, con DNI 22294148W, en su calidad de administrador único de la empresa Transportes Internacionales Eurotransfret, SL, que acredita con escritura de poder que se aporta al expediente. A la parte reclamada no le pudo ser notificada la demanda y la citación a vista para el día 10.11.2011, por no encontrarse en el domicilio social.  
Con fecha 10.10.2011, se procedió a la publicación del acto administrativo en el DOCV nº 6634, de 20.10.2011, según queda acreditado en el expediente administrativo. Asimismo, con fecha 13.10.2011, se remitió al Ayuntamiento de Almoradí edicto emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante para su publicación en el Tablón de Edictos de ese Ayuntamiento por diez días.  
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes antecedentes de hecho:  
1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda que como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante realizó por cuenta de la reclamada el transporte que queda especificado en la citada demanda, cuya factura que adjunta (factura 4.003-W-76455), por un importe de 1.947,00 €, IVA incluido, estableciéndose como forma de pago mediante transferencia a 90 días. Esta factura fue impagada.   
La deuda total que se reclama es por el importe de 1.947,00 €.  
Realizadas diversas gestiones extrajudiciales, resultando infructuosas ante la falta de respuesta del reclamado procede a interponer la presente demanda, con la solicitud de que una vez que sea reconocido su derecho, se condene a la reclamada al pago de la cantidad total de 1.947,00 €.  
2. Ante la incomparecencia de la parte reclamada, la parte reclamante solicita el recibimiento a prueba, para que se tenga por presentada la documental aportada por la demanda, teniéndose por aportada al presente procedimiento.  
Sin más cuestiones a tratar se da por concluida la vista.  
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos:  
1. La competencia territorial de la Junta, de la que nada se alega, viene determinada en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/90), y el artículo 31 del CMR.   
2. La sumisión, no estando expresamente pactada, y siendo la cuantía inferior a la que determina el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: "se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado". No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido preceptuado.  
3. Junto a la normativa invocada hay que aplicar la referida al transporte internacional. La demanda, que recoge la cantidad global de la deuda, contiene los CMR referentes a los distintos transportes de carácter internacional realizados. El Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974 nº 109). Contrato de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5.07.1978 al que se adhirió España por Instrumento de 23.09.1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE de 18.12.1982 nº 203, establece para cuestiones de competencia, lo recogido en el artículo 31.1 a). No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas del los Estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación el Código de Comercio, LOTT y su Reglamento y demás Normas de general aplicación.  
4. Es determinante la circunstancia de que ambas partes litigantes son Empresas nacionales y con residencia mercantil en España, habiendo por lo tanto perfeccionado el contrato de transportes bajo la legislación Nacional que invocamos. No hay motivo fundado en Derecho que mantenga que la actuación de las Juntas Arbitrales de Transportes deba circunscribirse solamente a las controversias nacidas como consecuencia del transporte de carácter interno. En este sentido no hay mas que considerar de aplicación lo establecido en el artículo 33 del CMR que dice "El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un Tribunal arbitral, a condición de que esta cláusula prevea que dicho Tribunal arbitral aplicará el presente convenio".   
Abundando en esta línea, el artículo 31 del CMR hace una remisión a la jurisdicción de los Estados para la resolución de los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado en él, lo que en este caso hace plenamente aplicable la presunción de sometimiento.  
Considerando que por todo lo expuesto puede ser determinada la competencia territorial y la sumisión al arbitraje con las disposiciones legislativas que señala el Ordenamiento Español, por lo que en todo caso esta Junta Arbitral de Alicante es competente para resolver esta controversia.  
5. De las manifestaciones realizadas en vista y de la documentación que se aportó con la reclamación, se constata fehacientemente que el porte reclamado en esta demanda y cuya factura consta adjunta a la misma fue efectivamente realizado lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Transportes Internacionales Eurotransfret, SL, representada por Carlos Pérez Terres, contra la Agencia de Transportes Hernández, SL, ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece, que habiéndose realizado el transporte reclamado dentro de las condiciones contractuales convenidas ha de ser abonado su importe.   
Por todo ello la Agencia de Transportes Hernández, SL, debe abonar a Transportes Internacionales Eurotransfret, SL, la cantidad de mil novecientos cuarenta y siete euros (1.947,00 euros).   
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Alicante, 17 de noviembre de 2011.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante: Manuel Sánchez Gallego.