Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6524, del 19-05-2011 (2011/5504)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia a Viloria & Barros Forwarding, SL (antes Almacén y Logesta, SL). Expediente número V-360/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6524

Fecha DOGV
:   19-05-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/5504


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia a Viloria & Barros Forwarding, SL (antes Almacén y Logesta, SL). Expediente número V-360/2010. [2011/5504]  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Viloria & Barros Forwarding, SL (antes Almacén y Logesta, SL), que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: Ramón Escrig Moreno. Vocales: Aurora Costa Vicente, que excusa su asistencia. Marta Rubio Garrigues que actúa en sustitución de Carlos Virosque Verdú, que excusa su asistencia. Secretaria-vocal suplente: Teresa Calatrava Alarcón. Partes. Reclamante: Transtorni, SL, representada por Mercedes Martínez Montañana. Reclamado: Viloria & Barros Forwarding, SL (antes FR Almacén y Logesta, SL), que no comparece al acto de vista, estando citado a través del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Valencia, 1 de abril de 2011 y siendo las 12.25 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente V-360/2010, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes. Incomparecencia del demandado. Citación a través del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.   
Se da cuenta de que ante la imposibilidad de citación y notificación a vista, tras los reiterados intentos realizados a través del Servicio de Correos, se ha procedido a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (por ser Valencia último domicilio conocido) número 6475 de fecha 8 de marzo de 2011.  
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes  
  
Antecedentes de hecho  
  
Primero. Ratificándose en todos los motivos de su demanda manifiesta que como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada, un transporte desde Erfstadt-Lechenich (Alemania) hasta Marines (Valencia/España), para cuya prueba se adjunta orden de carga y documento CMR. Concluido el mismo se presentó al cobro la factura número 618 de fecha 7 de diciembre de 2009 por importe de 1.566,00 euros.   
Realizadas diversas gestiones de cobro sin conseguirlo es por lo que se interpone la presente demanda, solicitando que una vez que sea reconocido su derecho se condene a la reclamada al pago de la cantidad de 1.566,00 euros.  
Son de aplicación los siguientes  
  
Fundamentos jurídicos  
  
Primero. La competencia territorial de la Junta, de la que nada se alega, viene determinada en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/90).   
Segundo. La sumisión, además de estar expresamente recogida en el CMR adjunto a la demanda, viene determinada de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: «se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado». No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido preceptuado.   
Tercero. Con relación al transporte internacional realizado (Erfstadt-Lechenich-Alemania - Marines-Valencia-España), ha de completarse la legislación señalada con la aplicación del Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974 núm. 109). Contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5 de julio de 1978 al que se adhirió España por Instrumento de 23 de septiembre de 1982 (Jefatura del Estado) publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de diciembre de 1982 número 203, que establece para cuestiones de competencia lo regulado en el artículo 31.1.a. No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas del los estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación el Código de Comercio, LOTT y su Reglamento y demás normas de general aplicación.  
Cuarto. No hay motivo fundado en derecho que mantenga que la actuación de las juntas arbitrales de transportes deba circunscribirse solamente a las controversias nacidas como consecuencia del transporte de carácter interno. En este sentido no hay mas que considerar de aplicación lo establecido en el artículo 33 del CMR que dice «El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un tribunal arbitral, a condición de que esta cláusula prevea que dicho tribunal arbitral aplicará el presente convenio».   
Abundando en esta línea, el artículo 31 del CMR hace una remisión a la jurisdicción de los estados para la resolución de los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado en él, lo que en este caso hace plenamente aplicable el sometimiento a la Junta Arbitral de Transportes de Valencia que expresamente se consigna en las respectivas órdenes de carga.  
Quinto. La cláusula V.1 del Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 dice: «la parte que pretenda promover una excepción o declinatoria, por incompetencia del tribunal arbitral, deberá, cuando se trate de excepciones basadas en hechos de inexistencia, nulidad o caducidad de acuerdo o compromiso arbitral, hacerlo durante el procedimiento arbitral, no después del momento de presentar sus alegaciones sobre el fondo o sustancia de la controversia[...]». El punto 2 de la misma cláusula añade: «aquellas excepciones contra la competencia del tribunal arbitral aludidas en el precepto del párrafo primero que no hubieran sido promovidas dentro de los plazos fijados en dicho párrafo, no podrán serlo durante el curso ulterior del procedimiento arbitral[?]».  
Sexto. Dada la ausencia de la vocal representante de la Federación de Transportistas, el presente laudo se dicta de conformidad con la previsión contenida en el apartado 7 del artículo 9 del ya mencionado Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que literalmente dispone que «la inasistencia de cualquiera de los miembros de la junta, con excepción del presidente, no impedirá que se dicte el laudo».  
Séptimo. De las manifestaciones realizadas en vista se deduce que, efectivamente, el porte reclamado en esta demanda y cuya factura consta adjunta a la misma fue realizado, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Transtorni, SL, representada por Mercedes Martínez Montañana contra Viloria & Barros Forwarding, SL (antes FR Almacén y Logesta, SL), ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece, que habiéndose realizado el transporte reclamado dentro de las condiciones contractuales convenidas ha de ser abonado su importe.   
Por todo ello Viloria & Barros Forwarding, SL (antes FR Almacén y Logesta, SL), deberá abonar a Transtorni, SL, la cantidad de mil quinientos sesenta y seis euros (1.566,00 €).  
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante la Audiencia Provincial de Valencia en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
  
Con independencia de lo anterior, dentro de los 10 días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos 20 días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado de lo Mercantil de Valencia, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 26 de abril de 2011.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia: Ramón Escrig Moreno.