Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4408, del 30-12-2002 (2002/14776)

ORDEN de 17 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Bienestar Social, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas al sostenimiento de los distintos programas y servicios especializados de intervención y atención a familias, menores y adopción, para el ejercicio correspondiente al año 2003.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4408

Fecha DOGV
:   30-12-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/14347


Fecha del documento
:   17-12-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Orden

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * delincuencia juvenil
    * ayuda social
    * familia
    * adopción
    * ayuda pública
    * apoyo económico
    * jurisdicción de menores
    * servicio social
    * reinserción social

ORDEN de 17 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Bienestar Social, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas al sostenimiento de los distintos programas y servicios especializados de intervención y atención a familias, menores y adopción, para el ejercicio correspondiente al año 2003. [2002/14624]
  
La Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, incluye, dentro de las responsabilidades de la Generalitat Valenciana, la de dar respuesta a diferentes problemas sociales mediante la aportación de los recursos financieros, técnicos, humanos y organizativos necesarios.
  
En el marco de esta Ley, la Generalitat Valenciana tiene entre sus objetivos garantizar la atención integral de la familia y de los elementos humanos que la componen, en especial de los menores en situación de riesgo y desamparo, atendiendo a cuantos problemas puedan incidir en su bienestar, previniéndolos o subsanándolos. Las Entidades Locales deberán asumir la atención de las necesidades básicas y la programación de todas aquellas actividades que desarrollen en su ámbito dirigidas a la atención y a la prevención de situaciones de riesgo e intervención familiar. Correspondiéndole a las entidades privadas de integración familiar debidamente habilitadas, la realización de actividades de apoyo, guarda y mediación en colaboración con las entidades públicas competentes.
  
De forma concreta, a la Conselleria de Bienestar Social le corresponde fomentar las actuaciones tendentes a la protección y promoción de la organización familiar, como núcleo natural y fundamental que es de la sociedad, con el objetivo social de favorecer el desarrollo armónico de todos sus miembros; las actuaciones tendentes a la adopción de medidas preventivas y protectoras que garanticen la asistencia de los menores en situación de riesgo y desamparo, así como la ejecución de las medidas judiciales que puedan imponerse a menores; y las actuaciones tendentes al desarrollo de los programas para la promoción de la adopción internacional.
  
Estas competencias evidencian la necesidad, cada vez mayor, de fomentar aquellos recursos en el sector de la familia y de la infancia, que permitan la implantación de programas y servicios, así como equipos interdisciplinares, de contenido técnico y profesional especializado, que apoyen la labor de los equipos municipales de servicios sociales, conformando un modelo de atención a la familia en torno a tres niveles. Un nivel de atención primaria que es realizado por los servicios sociales generales con funciones de información, asesoramiento, diagnóstico e intervención con los recursos propios de apoyo familiar; un segundo nivel de atención secundaria desarrollado por equipos específicos y especializados de ámbito local y comarcal donde se sitúan los Servicios especializados de atención a la familia e infancia (SEAFI), y un tercer nivel que requerirá una intervención puntual con una mayor dedicación y especialización.
  
En este ejercicio se fomentará el desarrollo de los Servicios especializados de atención a la familia e infancia (SEAFI) y por tanto la creación de los equipos que lo gestionan, en municipios o mancomunidades, con el propósito de ampliar en futuros ejercicios la red secundaria de atención a la familia e infancia en toda la Comunidad Valenciana.
  
Estos equipos desarrollarán una labor distinta pero complementaria y coordinada con el equipo municipal de servicios sociales generales, considerando a la familia desde una perspectiva integral, realizando acciones de intervención con familias en situación de riesgo, orientación familiar, mediación familiar, apoyo a familias monoparentales y familias en cuyo seno se produzca violencia, intervención con familias con menores en situación de riesgo y con menores en situación de guarda y/o tutela administrativa y apoyo a programas de adopción de menores.
  
El Plan Integral de la Familia e Infancia de la Comunidad Valenciana (2002-2005) recoge esta necesidad estableciendo como un objetivo dentro del Eje de ?Familia y estructura de la vida familiar?, proporcionar servicios integrados en la atención a las familias, especialmente a las más vulnerables, así como atención específica a las situaciones de desprotección y maltrato infantil.
  
Todo ello, sin perjuicio de que se apoyen otros programas específicos, desarrollados por entidades sin fin de lucro, destinados a apoyar determinadas circunstancias familiares, tales como las escuelas de padres, formación para familias en circunstancias determinadas, apoyo temporal a familias, programas de voluntariado, etc.
  
Por ello y a través de esta orden se convocan ayudas y subvenciones destinadas a la atención integral de la familia, de la infancia en situación de riesgo, desamparo e inadaptación social, así como programas específicos para determinadas circunstancias familiares y aquellos que favorezcan y mejoren el desarrollo de las adopciones.
  
En su virtud y en uso de las facultades que me confiere el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y el Decreto 138/2000, de 12 de septiembre de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social, modificado por el Decreto 212/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano.
  
ORDENO
  
Título I
  
Ayudas y subvenciones
  
Artículo 1. Objeto
  
Es objeto de esta orden regular y convocar ayudas para el año 2003, dirigidas al sostenimiento de los programas y servicios especializados de intervención y atención a familias, menores y adopción, que a continuación se relacionan:
  
a) Servicios Especializados de Atención a la Familia e Infancia (SEAFI) gestionados por municipios o mancomunidades (Capítulo I).
  
b) Programas y servicios de orientación y mediación familiar gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro (Capítulo II).
  
c) Programas y servicios de atención especializada de intervención con familias en conflicto y con menores en situación de desprotección, gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro (Capítulo III).
  
d) Servicios de acogimiento de menores en familia educadora y Programas de fomento del recurso de Familias Educadoras, gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro (Capítulo IV).
  
e) Programas y servicios para la promoción de la adopción gestionados por entidades de mediación de adopción internacional (Capítulo V).
  
f) Programas y servicios de atención a menores y jóvenes con medidas judiciales en medio abierto gestionados por entidades locales y entidades privadas sin ánimo de lucro (Capítulo VI).
  
Artículo 2. Tipología de las ayudas
  
Estas ayudas serán de dos tipos:
  
a) Ayudas para el pago de los salarios y seguridad social de los profesionales que dependiendo directamente de la entidad solicitante, intervienen en los distintos programas y servicios contemplados en el ámbito de la presente orden.
  
b) Ayudas para gastos de mantenimiento que impliquen estos programas y servicios.
  
Artículo 3. Requisitos generales de las entidades solicitantes
  
Para percibir estas ayudas las entidades y cooperativas deberán estar inscritas en el Registro General de los Titulares de Actividades, de Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad Valenciana, o bien solicitarlo antes de que se efectúe la resolución respecto a la solicitud de la ayuda y dicha inscripción se produzca previamente a la concesión de la misma. No obstante, en este último caso, la Dirección Territorial de Bienestar Social informará, en la plantilla técnica de estudio, si los fines de actuación de la entidad solicitante se adecuan al ámbito de la subvención solicitada. La falta de adecuación supondrá la denegación de la ayuda solicitada. Las corporaciones locales se entienden registradas de oficio.
  
Artículo 4. Prioridades
  
1. Tendrán con carácter general, prioridad para la concesión de las ayudas respecto a otros programas los siguientes:
  
a) Los municipios y mancomunidades con mayor número de población.
  
b) Las mancomunidades de servicios sociales respecto a los municipios que las integran, cuando la naturaleza y características del programa permite que sea atendido por la mancomunidad y ésta se comprometa a desarrollar el mismo atendiendo a los municipios que la componen.
  
c) Los que desarrollen servicios especializados de atención a la familia e infancia (SEAFI), tal como se definen en esta orden.
  
d) Los subvencionados en ejercicios anteriores, que se considere conveniente su continuidad por su interés social.
  
e) Aquellos municipios y mancomunidades que propongan una aportación económica propia superior al porcentaje establecido en el artículo 20 de esta orden.
  
f) La colaboración de la entidad con la Generalitat Valenciana en el campo de la promoción e inserción social, con especial referencia a la acción social especializada orientada a la familia, menor y adopción.
  
g) Las necesidades objetivas del municipio, originadas por su problemática social.
  
2. No obstante, no tendrán carácter prioritario los programas enumerados en el punto uno de este artículo, cuando su realización ya esté suficientemente cubierta por otras entidades, a un nivel local, provincial o comunitario.
  
Artículo 5. Exclusiones
  
Quedan expresamente excluidos de las ayudas contempladas en esta orden los conceptos siguientes:
  
a) Los programas que no respondan específicamente a las características expresadas en esta orden.
  
b) Los programas que, por su naturaleza, sean propios de otros organismos, sin perjuicio de la necesaria colaboración para el caso de materias concurrentes.
  
c) Los programas para los que exista otra orden de ayudas específica destinada a los mismos, o bien que ya sean subvencionados, en todo o en parte y para el mismo objeto, por la Conselleria de Bienestar Social.
  
d) Los correspondientes a otros ejercicios económicos.
  
e) Las cuotas a asociaciones o federaciones.
  
Capítulo I
  
Servicios especializados de atención a la familia e infancia
  
Artículo 6. Objeto
  
El objeto de estos servicios es la intervención social especializada de carácter integral, en núcleos familiares que se encuentren en situación de dificultad social o riesgo, existan o no menores en situación de riesgo y/o desamparo.
  
Los proyectos deberán considerar la atención a la familia de un modo integral, desarrollando el equipo profesional que preste el servicio una labor distinta pero complementaria y coordinada con el equipo municipal de servicios sociales generales o de atención primaria, mediante las siguientes acciones y programas:
  
a) Intervención con familias en situación de riesgo.
  
b) Orientación y mediación familiar.
  
c) Apoyo a familias monoparentales.
  
d) Apoyo a familias en cuyo seno se produzca violencia.
  
e) Intervención con familias con menores en situación de riesgo y con menores en situación de guarda y/o tutela administrativa.
  
f) Apoyo y seguimiento de familias adoptivas o con menores en acogimiento preadoptivo.
  
En el desarrollo de cualquiera de estas intervenciones, se priorizará la actuación con familias con menores en situación administrativa de guarda y/o tutela, que se encuentren acogidos en familia o en centro residencial, con el fin de favorecer el retorno a su núcleo familiar de origen.
  
La composición del equipo estará formada por técnicos superiores, que deberán ser psicólogos, pedagogos o psicopedagogos, y/o por técnicos medios, que deberán ser educadores sociales o asistentes sociales o diplomados universitarios en trabajo social. Excepcionalmente el requisito de titulación no se exigirá respecto al personal que esté prestando sus funciones con carácter previo a la solicitud de la ayuda.
  
Este personal conformará un equipo específico distinto que el equipo municipal de servicios sociales de atención primaria, que mantendrá sus funciones en el área de intervención de familia e infancia, funciones de información, asesoramiento técnico, primer diagnóstico e intervención inmediata conforme a lo establecido en la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el Ámbito de la Comunidad Valenciana.
  
Artículo 7. Solicitantes
  
1. Podrán solicitar las ayudas reguladas en este capítulo los municipios, las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes de los mismos, siempre que hayan sido creadas para intervenir en el campo de la acción social y no tengan carácter mercantil o industrial, y las mancomunidades, cualquiera que sea su población, que soliciten un proyecto integral en, como mínimo, cuatro de las acciones descritas en el artículo anterior, conformando este equipo el denominado SEAFI.
  
2. Con carácter excepcional, hasta la configuración plena de la red de SEAFI, podrán solicitar estas ayudas las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes de las mismas y siempre que hayan sido creadas para intervenir en el campo de la acción social y no tengan carácter mercantil o industrial, que no reuniendo los requisitos del anterior punto, hayan sido financiadas para el desarrollo de programas de intervención familiar en el ejercicio 2002, y sólo para esos mismos programas.
  
Capítulo II
  
Programas y servicios de orientación y mediación familiar
  
Artículo 8. Objeto
  
El objeto de estos programas y servicios es atender las problemáticas relacionadas con los procesos de conflictividad familiar, situaciones familiares con menores en situación de riesgo y/o desamparo, situaciones que impliquen un riesgo de ruptura de la familia, o situaciones en que la pareja haya decidido separarse, en cuyo caso se posibilita el recurrir a la mediación familiar.
  
El programa se instrumentará a través de la creación de servicios de orientación y/o mediación familiar.
  
La orientación psicosocial se referirá tanto a las crisis conyugales como a los conflictos intergeneracionales, con el fin de prevenir situaciones de riesgo que desemboquen en un deterioro de la convivencia familiar.
  
La mediación se entenderá como una vía de resolución de conflictos, donde las partes cuentan con la ayuda del mediador, como persona imparcial que diseña un proceso para que éstas puedan dialogar y llegar a acuerdos.
  
En el desarrollo de cualquiera de estas intervenciones, se priorizará la actuación con familias con menores en situación administrativa de guarda y/o tutela, que se encuentren acogidos en familia o en centro residencial, con el fin de favorecer el retorno a su núcleo familiar de origen.
  
Artículo 9. Solicitantes
  
Podrán solicitar las ayudas reguladas en este capítulo, las instituciones privadas y cooperativas sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro General de los Titulares de Actividades, de Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad Valenciana.
  
Capítulo III
  
Programas y servicios de atención especializada
  
de intervención con familias en conflicto
  
 y con menores en situación de desprotección
  
Artículo 10. Objeto
  
El objeto de estos servicios y programas es atender el desarrollo de actuaciones de atención social especializada a la familia en situación de estrés, necesidad de soporte temporal, y de formación, tengan o no menores a su cargo, así como actuaciones especializadas en el área de protección de menores.
  
Artículo 11. Solicitantes
  
Podrán solicitar las ayudas reguladas en este capítulo, las instituciones privadas y cooperativas sin ánimo de lucro inscritas en el Registro General de los Titulares de Actividades, de Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad Valenciana.
  
Capítulo IV
  
Servicios de acogimiento de menores en familia educadora
  
y Programas de fomento del recurso de Familias Educadoras
  
Artículo 12. Objeto
  
1. El objeto de los Servicios de acogimiento de menores en familia educadora es la planificación, seguimiento y apoyo técnico de acogimientos simples y permanentes en familias educadoras, especializadas o no, así como la evaluación psicosocial de los solicitantes para la inscripción en el Registro de Familias Educadoras.
  
2. El objeto de los Programas de fomento del recurso de Familias Educadoras es la sensibilización y difusión del recurso para la captación de familias educadoras, así como el apoyo posterior a las mismas mediante acciones de impulso del asociacionismo, la autoayuda, el asesoramiento y la defensa de sus intereses.
  
Artículo 13. Solicitantes
  
Podrán solicitar las ayudas reguladas en este capítulo, las instituciones privadas y cooperativas sin ánimo de lucro inscritas en el Registro General de los Titulares de Actividades, de Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad Valenciana.
  
Capítulo V
  
Programas y servicios para la promoción de la adopción
  
Artículo 14. Objeto
  
El objeto de estas ayudas es la promoción de los programas desarrollados por las entidades de mediación de adopción internacional, con el fin de abaratar los costes de tramitación soportados por las familias solicitantes de adopción internacional de la Comunidad Valenciana.
  
Artículo 15. Solicitantes
  
Podrán solicitar las ayudas reguladas en este capítulo, las entidades de mediación de adopción internacional que estén debidamente acreditadas en la Comunidad Valenciana, conforme a la normativa autonómica, estatal e internacional vigente.
  
Artículo 16. Prioridades
  
Tendrán carácter prioritario para la concesión de las ayudas reguladas en este capítulo los programas de formación para las familias solicitantes de adopción y los de seguimiento de las adopciones constituidas.
  
Capítulo VI
  
Programas y servicios de atención a menores
  
y jóvenes con medidas judiciales en medio abierto
  
Artículo 17. Objeto
  
El objeto de la convocatoria de este capítulo es el desarrollo y ejecución de los programas de intervención y reinserción social con menores y jóvenes sujetos a medida judicial de medio abierto, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
  
Artículo 18. Solicitantes
  
Podrán solicitar las ayudas reguladas en este capítulo los municipios, las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes de los mismos, siempre que hayan sido creadas para intervenir en el campo de la acción social y no tengan carácter mercantil o industrial, las mancomunidades, y las instituciones privadas y cooperativas sin ánimo de lucro inscritas en el Registro General de los Titulares de Actividades, de Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad Valenciana.
  
Capítulo VII
  
Importe de estas ayudas
  
Artículo 19. Criterios generales en la determinación de la cuantía
  
La cuantía que se asignará a cada servicio o programa contemplado en la presente orden, atenderá a los siguientes factores:
  
1. Referido a gastos de personal, se observarán como criterios para determinar la cuantía:
  
a) La retribución salarial del personal que debe desarrollar el servicio o programa, y que esté en situación regular de contratación, incluidos los gastos de seguridad social, en sus diferentes regímenes y cualquier otro concepto que se incluya en la nómina por la entidad. A tal efecto se establece en Anexo I, los importes salariales máximos que pueden subvencionarse.
  
En ningún caso procederá la subvención por un importe mayor que aquel que la entidad paga al trabajador.
  
La subvención que se otorgue por este concepto, no dependerá de la titulación de quien ocupa el puesto, sino de la que fuere necesaria para ocupar éste.
  
b) El plus de coordinación, entendiendo por tal el que puede aplicarse para los trabajadores responsables de los programas, independientemente de su titulación. Dicho plus sólo se aplicará cuando la dificultad de aplicación del programa así lo justifique.
  
2. Referido a gastos de mantenimiento, se observarán como criterios para identificar el gasto y su cuantificación:
  
a) Podrán subvencionarse aquellos gastos que sean necesarios para la realización del programa respecto al cual se solicita la subvención, como gastos de local, teléfono, desplazamientos y otros, excluyendo los gastos propios del personal.
  
b) El personal voluntario que presta sus servicios para la entidad, podrá ser resarcido del gasto efectuado. En este supuesto tendrán que presentarse por las entidades privadas y cooperativas, para la justificación de las ayudas concedidas, los recibos acreditativos del gasto, en los que harán constar el nombre y apellidos del voluntario, DNI ó NIF, su firma y nombre del centro o entidad.
  
c) La prestación continuada de servicios por un profesional, aún cuando ésta no cubra todo el periodo subvencionado. En este caso, y a efectos de su justificación, las entidades privadas y cooperativas deberán aportar la factura del profesional (dirección, categoría profesional, etc.), la cual tendrá que reunir los requisitos que exige la legislación vigente en la materia.
  
d) Los servicios de contratación a empresas externas, distintas de la entidad subvencionada (cocina, limpieza, lavandería y otros), así como los trabajos realizados por terceros, aún cuando se realicen en el propio local de la entidad objeto de la subvención.
  
e) Otros gastos que puedan incrementar la subvención:
  
e.1) Seguros.
  
e.2) Tributos. Se excluye de este concepto las sanciones a que haya habido lugar por incumplimientos fiscales y las cantidades correspondientes al impuesto del valor añadido, caso de estar exento del pago de éste.
  
e.3) Los gastos en concepto de desplazamientos del equipo que desarrolle el programa, que sólo se observarán para aquellas entidades públicas y privadas cuyo ámbito territorial de actuación sea superior al municipal. No obstante, si estos se incluyeran en la nómina, podrán contemplarse como gastos de personal.
  
3. Importes máximos:
  
Solo se subvencionarán los gastos realmente previstos y adecuados al programa. En la propuesta técnica de la Dirección Territorial podrá determinarse, en su caso, qué gastos de los cuales se solicita subvención no son adecuados al objeto de ésta.
  
En el supuesto de que se solicite la subvención de programas que incluyan gastos por conceptos que no se dediquen de modo exclusivo a la actividad para la cual se solicita la ayuda, la entidad indicará, en la solicitud, qué porcentaje dedica al programa para el cual solicita la subvención. Dicho porcentaje podrá ser utilizado en la justificación que se efectuará respecto a la subvención concedida, en su caso.
  
4. Agrupación de conceptos:
  
Si estuviera justificado por las características del programa y existe propuesta en tal sentido de la comisión de valoración, el órgano competente para resolver podrá conceder la subvención unificando los conceptos de personal y mantenimiento.
  
Artículo 20. Criterios específicos para los Servicios Especializados de Atención a Familia e Infancia (SEAFI) y para los Programas y Servicios de Atención a Menores y Jóvenes con Medidas Judiciales en Medio Abierto gestionados por entidades locales.
  
a) Para los Servicios Especializados de Atención a Familia e Infancia (SEAFI), el importe subvencionado por la Conselleria de Bienestar Social corresponderá a un 65% del coste total a justificar, estando la entidad obligada a atender el resto hasta completar el 100%.
  
b) Para los Programas y Servicios de Atención a Menores y Jóvenes con Medidas Judiciales en Medio Abierto respecto a la subvención en concepto de mantenimiento se estará a lo dispuesto en el apartado a) de este artículo; mientras que en concepto de personal, podrá subvencionarse hasta el 100% del coste del mismo.
  
No obstante, la ratio de personal para los programas de atención a menores y jovenes con medidas judiciales en medio abierto, será de un titulado medio o un diplomado, por cada quince menores que atienda el equipo que ejecute la medida, independientemente de que se trate de entidades locales o sin fin de lucro.
  
Artículo 21. Criterios específicos para los Programas y Servicios para la Promoción de la Adopción.
  
Serán criterios prioritarios para determinar el importe de la ayuda:
  
a) Número de expedientes de la Comunidad Valenciana, que han sido dados de alta por la entidad en el ejercicio anterior.
  
b) Número de informes de seguimiento de las adopciones constituidas, realizados por la entidad en el ejercicio anterior.
  
c) La evaluación favorable de las memorias económicas y de actividades, realizada por la Comisión de Valoración de las Ayudas.
  
Título II
  
Procedimiento
  
Capítulo I
  
Iniciación del procedimiento
  
Artículo 22. Iniciación
  
El inicio y tramitación del procedimiento se ajustará a lo establecido en la presente orden y, con carácter general, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
Artículo 23. Solicitud
  
1. Las solicitudes de ayuda de la presente convocatoria se presentarán por triplicado, según modelo/s que figura en Anexo II (SEAFI), Anexo III (programas desarrollados por entidades privadas), Anexo IV (programas desarrollados por entidades mediadoras en adopción internacional) y Anexo V (programas de medidas judiciales), debidamente formalizada y suscrita por quien ostente la representación legal de la entidad titular del programa o servicio objeto de la ayuda. Para los programas de menores que se soliciten en el modelo Anexo III (programas especializados de Familia e Infancia), se presentará una solicitud por programa.
  
Dichos modelos incluyen la ?Ficha de mantenimiento de terceros?, que servirá para acreditar la titularidad de la cuenta a través de la cual el beneficiario desea percibir la ayuda.
  
2. Los modelos de solicitud se encontrarán a disposición de los solicitantes en las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, en las Oficinas PROP y en las páginas WEB de la Generalitat Valenciana.
  
Artículo 24. Documentación
  
1. La documentación a presentar junto a la solicitud será la siguiente:
  
a) Copia del CIF de la Entidad.
  
b) Memoria del programa desarrollado en el ejercicio anterior, u oficio indicando que no se realizó ningún programa de la tipología solicitada. No obstante, si la entidad ya tuvo subvencionado el programa solicitado en el ejercicio de 2002, al amparo de la Orden de 26 de noviembre de 2001 publicada en el DOGV 4146, la memoria será la contemplada en dicha Orden, y el plazo para presentarla finalizará el 31 de enero de 2003.
  
c) Para las entidades de mediación de adopción internacional, deberá adjuntarse, además, una relación descriptiva, en su caso, de los expedientes tramitados en el ejercicio anterior, así como de los informes de seguimiento.
  
d) Las condiciones establecidas como prioridad en el artículo 4 de esta orden, se acreditarán del siguiente modo:
  
La población de los municipios y mancomunidades se reflejarán en la solicitud.
  
El compromiso de la Mancomunidad referido a atender el programa para los distintos municipios que la componen, en su caso, se reflejará mediante oficio del presidente o representante legal de la Mancomunidad.
  
La mayor aportación económica de los municipios y mancomunidades, respecto al porcentaje general establecido en la Orden de ayudas, se reflejará en la propia solicitud de la ayuda, en el apartado destinado a este fin. La problemática social por la cual se solicita la ayuda deberá reflejarse en la memoria del programa respecto al cual se pide subvención.
  
2. La documentación presentada será original, o copia legalizada por notario, cotejada o compulsada.
  
Artículo 25. Lugar de presentación
  
1. Las solicitudes de ayuda al amparo de la presente orden, se presentarán, junto con la documentación requerida, en el Registro de la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social de la provincia donde se desarrolle el programa para el que se solicita la subvención; o bien donde tenga su sede la entidad, para aquellos programas cuyo ámbito de actuación abarque más de una provincia.
  
2. Todo ello sin perjuicio de poder presentarla en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
Artículo 26. Plazos de presentación
  
El plazo para presentar estas ayudas será de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Cuando el último día del plazo de presentación sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
Artículo 27. Subsanación de la solicitud
  
1. Recibidas las solicitudes, e incoado el expediente, las Direcciones Territoriales de Bienestar Social las verificarán y podrán realizar de oficio las actuaciones que consideren necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.
  
2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se notificará a la entidad interesada la causa que impide la continuación del procedimiento y se le requerirá para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de archivo, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo ello de conformidad con lo que previene el artículo 71 de la referida norma.
  
Esta resolución será dictada por delegación, por el director o la directora Territorial de la Conselleria de Bienestar Social. Al adoptarse por delegación indicará expresamente esta circunstancia y se considerará dictada por el órgano delegante, agotando la vía administrativa.
  
Contra la misma se podrá interponer directamente recurso ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en la forma, plazo y condiciones que determina la ley reguladora de dicha jurisdicción.
  
No obstante previamente se podrá interponer, potestativamente, y según proceda, recurso de reposición conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.
  
Capítulo II
  
Ordenación e instrucción del procedimiento
  
Artículo 28. Ordenación e instrucción
  
Recibidas las solicitudes, la Sección correspondiente según el tipo de programa solicitado, Sección de Familia y Adopciones y Sección del Menor de las Direcciones Territoriales de Bienestar Social, y aquella de las dos que determine el director o directora Territorial en los expedientes de Servicios especializados de atención a la familia e infancia, las verificarán y podrán realizar de oficio las actuaciones que consideren necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la solicitud.
  
Cuando la subvención solicitada corresponda a un ámbito superior a una provincia, la instrucción del expediente corresponderá a la Dirección Territorial donde tenga ubicada su sede la entidad.
  
En esta fase, a la vista de la documentación obrante en el expediente y de las obligaciones que se adquieran por la concesión de la ayuda, se podrá recabar los informes de los organismos y entidades que se estimen oportunos y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello.
  
Artículo 29. Estudio del expediente
  
Completo el expediente, se procederá por la Sección correspondiente, atendiendo a la tipología del programa, y conjuntamente por ambas Secciones en los expedientes de Servicios especializados de atención a la familia e infancia, a elaborar las plantillas técnicas de estudio que serán firmadas por el director o la directora Territorial, según modelo que se elabore por instrucción interna de la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones, y que se remitirán junto al expediente a esta Dirección General.
  
Capítulo III
  
Finalización del procedimiento
  
Artículo 30. Propuesta
  
Recibido el expediente en la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones junto a la plantilla técnica, se valorará por la Comisión de Valoración que se constituirá al efecto y que elevará propuesta de resolución al director general de la Familia, Menor y Adopciones.
  
Artículo 31. Comisión de valoración
  
1. La Comisión de valoración estará compuesta por la Jefa de Área de la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones, que actuará como Presidenta, y los Jefes de Servicio de la Dirección General, uno de los cuales actuará como Secretario.
  
2. Dicha Comisión elaborará las propuestas de concesión o denegación de las ayudas que serán elevadas al director general para que resuelva como estime procedente.
  
3. A la citada Comisión de valoración podrán convocarse los técnicos de las Direcciones Territoriales y/o de la Dirección General que se estimen procedentes.
  
Artículo 32. Resolución
  
1. De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de 30 de enero de 2001, del conseller de Bienestar Social, sobre delegación del ejercicio de competencias en determinados órganos de la Conselleria (DOGV núm. 3.936, de 9 de febrero de 2001), modificada por Resolución de 16 de febrero de 2001 (DOGV núm. 3.944, de 21 de febrero de 2001) y por Resolución de 14 de mayo de 2002 (DOGV núm. 4.252, de 20 de mayo de 2002), la resolución de las solicitudes de ayudas solicitadas al amparo de lo previsto en la presente orden, está delegada en el director general de la Familia, Menor y Adopciones.
  
2. El plazo máximo para tramitar, resolver y notificar las solicitudes sobre las ayudas recogidas en esta orden será de tres meses contados a partir de la fecha en que se hubieran hecho públicos los créditos para la financiación de las ayudas.
  
No obstante, si se desestimaran total o parcialmente solicitudes por falta de consignación presupuestaria, y con posterioridad a la finalización del plazo de resolución se incrementaran los créditos destinados a financiar estas ayudas, estas solicitudes exclusivamente podrán valorarse, resolverse y notificarse en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de la Resolución del conseller de Bienestar Social que de publicidad a este incremento.
  
3. En aquellos supuestos en que no se produzca resolución expresa en el plazo señalado se entenderá que las solicitudes han sido desestimadas, a los efectos previstos por el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
4. El importe de las subvenciones concedidas no podrá, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar el coste de la actividad que han de desarrollar las entidades beneficiarias.
  
5. Podrá ser motivo de denegación de las ayudas contempladas en la presente orden no reintegrar las cantidades indebidamente percibidas correspondientes a ejercicios anteriores. En todo caso, para que proceda la denegación será necesario que, previamente dicha circunstancia haya sido constatada y declarada por la administración mediante resolución expresa motivada, dictada en un procedimiento con audiencia y notificación al interesado.
  
Artículo 33. Recursos
  
Las resoluciones dictadas por el director general de la Familia, Menor y Adopciones, al adoptarse por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante, agotando la vía administrativa.
  
Contra las mismas se podrá interponer directamente recurso ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en la forma, plazo y condiciones que determina la ley reguladora de dicha jurisdicción.
  
No obstante previamente se podrá interponer, potestativamente, y según proceda, recurso de reposición conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.
  
Título III
  
Del pago y de la justificación de las subvenciones
  
Artículo 34. Obligaciones
  
1. Las entidades subvencionadas deberán cumplir las siguientes obligaciones:
  
a) La sumisión a las actuaciones de control financiero que corresponde a la Intervención General en relación con la subvención y ayudas concedidas.
  
b) Comunicar fehacientemente, al órgano que concede la subvención, la concesión de toda ayuda, con la misma finalidad, por parte de otros organismos públicos o privados. La obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
  
c) No alterar la finalidad de las subvenciones y cumplir las obligaciones que establece la legislación vigente para los perceptores de fondos públicos.
  
d) No minorar ni anular la consignación que hubiesen previsto inicialmente en su presupuesto, para este fin.
  
e) Facilitar la inspección, el control y el seguimiento de la Conselleria de Bienestar Social y en particular de la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones o de sus unidades administrativas dependientes, con el fin de conocer cualquier aspecto de la actividad objeto de la subvención, especialmente, y a requerimiento de éstos, toda la información económica, fiscal, laboral, técnica y de cualquier tipo, que les sea solicitada y tenga por objeto justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para la concesión de la subvención, la realización de las actividades o adopción del comportamiento que justifica el libramiento de ésta o bien la correcta aplicación de la suma librada a la finalidad prevista, sin perjuicio de la confidencialidad exigible.
  
f) Colaborar con la Generalitat Valenciana, en el ámbito del servicio o programa subvencionado, en políticas integrales, con la finalidad de favorecer la coordinación e integración de los mismos en el campo de la Familia, Menor o la Adopción.
  
g) Atender los pagos de las obligaciones que se contraen.
  
h) Formalizar adecuadamente los documentos de seguimiento técnico y financiero contemplados en esta orden, o en la resolución que de publicidad a la forma de pago, justificación y disponibilidades presupuestarias para la subvención de las distintas ayudas contempladas en esta orden.
  
i) Justificar las ayudas concedidas en el plazo máximo establecido en la presente orden o las normas que sean de aplicación.
  
j) Presentar en la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente, antes del 31 de enero de 2004, una memoria de desarrollo de los programas subvencionados.
  
k) En el supuesto de programas que estén cofinanciados con fondos finalistas, cumplimentar, cuando así sea solicitado, los modelos que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales exige como requisito para la tramitación del convenio a que haya lugar. Para verificar que los programas se adecuan a lo solicitado por el citado Ministerio, la cumplimentación de dichos modelos podrá ser solicitada antes de la concesión de la ayuda, pudiendo ser motivo de denegación de la misma no remitirlos a la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones.
  
l) No transferir el importe ni usar la subvención concedida en actividades que tengan lugar en otras autonomías, ni sufragar gastos de personal ni de mantenimiento de los representantes en otro u otros países extranjeros.
  
m) Además de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores, las entidades de mediación de adopción internacional deberán cumplir las siguientes:
  
m.1. Con la finalidad de que la subvención concedida se destine, en la cuantía adecuada, a disminuir los costes de tramitación que tienen que sufragar las familias solicitantes de adopción, no ampliar los servicios ya existentes ni contratar personal adicional al que ya tiene la entidad con cargo a la subvención concedida, si no es por razones justificadas y con la previa autorización escrita de la Conselleria de Bienestar Social, a través de la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones.
  
m.2. Acreditar fehacientemente que el importe íntegro de la subvención concedida ha sido destinado a abaratar los costes de tramitación soportados por las familias solicitantes de adopción de la Comunidad Valenciana mediante la presentación, junto con la memoria a que hace referencia el apartado j) de este artículo, de un listado de los expedientes de adopción a los que se haya aplicado la ayuda recibida, con indicación de la cantidad que a cada uno le hubiere correspondido.
  
m.3. Informar a las familias solicitantes de adopción de que el coste de tramitación de su expediente ha sido rebajado debido a la ayuda recibida de la Conselleria de Bienestar Social.
  
2. El incumplimiento de alguna de estas obligaciones podrá dar lugar a la dejación sin efecto o minoración de la resolución de concesión de la ayuda y, en su caso, a la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención.
  
Artículo 35. Sistema de pagos de las ayudas y subvenciones
  
1. Para el régimen de libramientos de transferencias corrientes para el pago de las ayudas y subvenciones contempladas en esta orden, salvo que la legislación de la Generalitat Valenciana permita un régimen excepcional de libramientos, se aplicará el régimen general previsto en el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública, por los porcentajes máximos dispuestos en la misma.
  
2. No obstante lo anterior, la Resolución por la que se publiquen las cuantías máximas de las ayudas reguladas en la presente orden, especificará el régimen definitivo de libramiento, el cual será recogido en las resoluciones de concesión de ayudas.
  
Artículo 36. Garantías
  
1. Salvo en los supuestos exceptuados en el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, o en otras normas de aplicación, para la realización de anticipos de pago será necesario que el beneficiario de la subvención presente previamente garantías.
  
A estos efectos, se entenderá por anticipos de pago, las cantidades que sean libradas a favor del beneficiario con anterioridad a que éste justifique el gasto correspondiente.
  
2. En el supuesto de que sea necesaria la presentación de garantías, el beneficiario de la subvención vendrá obligado a presentarlas mediante la aportación de un aval bancario solidario con renuncia expresa al beneficio de excusión, garantía real inmobiliaria o póliza de aseguramiento suscrita con cualquier entidad oficialmente reconocida, por el importe de la cantidad anticipada. En el caso de anticipos, el aval se formalizará con antelación al primer anticipo y por el importe que corresponda, y no será necesaria ninguna garantía ulterior. La presentación de las garantías descritas será condición indispensable para poder efectuar el pago anticipado.
  
Para la constitución y tramitación de garantías, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el régimen general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y la Orden de 14 de febrero de 1986, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.
  
Cualquiera que sea la forma elegida para formalizar la garantía, ésta deberá depositarse en los servicios territoriales de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la provincia correspondiente, los cuales harán entrega al beneficiario de la carta de pago acreditativa del depósito, que deberá ser presentada por éste en la Dirección Territorial de Bienestar Social donde se realice el programa, o en la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones, en el caso de programas cuyo ámbito de actuación sea mayor de una provincia, como requisito previo e inexcusable para el pago.
  
Artículo 37. Sistema de justificación de las ayudas y subvenciones
  
1. La justificación del gasto de las ayudas y subvenciones que se concedan al amparo de la presente orden, deberá referirse, como mínimo, al coste total estimado de la ayuda del ejercicio de 2003, que se determinará en la resolución de concesión.
  
Dicha justificación se corresponderá siempre con el contenido del servicio o programa subvencionado, no siendo admisibles gastos de actuaciones que no estén específicamente contemplados en la descripción de aquellos. La justificación por un importe menor a dicho coste hará que se minore proporcionalmente la ayuda concedida.
  
La forma de justificación será la siguiente:
  
a) En el caso de ayudas concedidas a entidades locales y entidades de derecho público dependientes de las mismas, dicha justificación se realizará mediante la presentación ante la Dirección Territorial correspondiente, de un certificado de obligación contraída o reconocida, o de pago ordenado, según modelo Anexo VI, recogido en esta orden.
  
b) En el caso de ayudas concedidas a entidades privadas y cooperativas, la justificación del gasto consistirá en la presentación ante la Dirección Territorial correspondiente de la siguiente documentación acreditativa del gasto efectuado:
  
b.1. Relación y documentos acreditativos del gasto correspondiente a la nómina de los trabajadores y pago a la Seguridad Social, así como cualquier otro que en esta orden estuviera contemplado dentro del concepto de personal.
  
b.2. Documentos y facturas de la cuantía del gasto efectuado en mantenimiento, adjuntando además relación de las mismas según modelo Anexo VII, recogido en esta orden.
  
2. Las facturas acreditativas del gasto realizado deberán reunir los requisitos recogidos en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedición y entrega de facturas por empresarios y profesionales.
  
3. En las justificaciones parciales presentadas respecto a la ayuda concedida se podrán unir, acumulándose, las cuantías correspondientes a personal y mantenimiento, ajustándose en la última justificación que se presente la cuantía concedida por conceptos y a justificar total, según lo dispuesto en la resolución de concesión.
  
4. La Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones y la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente, podrán requerir de los beneficiarios de la subvención, cuantos documentos, facturas, mandamientos de pago, etc., sean necesarios para justificar la cuantía del gasto efectuado de la ayuda concedida.
  
5. Los plazos y el sistema de justificación estarán en función de la forma de pago que se establezca para los diferentes tipos de subvenciones. No obstante, la subvención concedida que incluya el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre deberá haberse justificado, como máximo a 31 de octubre de 2003, no pudiendo presentarse justificaciones de gasto efectuado en el ejercicio del año 2003, con posterioridad al 31 de enero del año 2004.
  
6. En el supuesto de que la resolución de concesión unifique los conceptos de personal y mantenimiento, se podrá justificar la cuantía concedida tanto en concepto de personal como de mantenimiento, hasta el importe total máximo a justificar.
  
7. Excepcionalmente, la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones, podrá admitir la documentación presentada fuera del plazo establecido en la presente convocatoria, acreditativa de la correcta realización de la actividad objeto de la subvención, siempre que el retraso obedeciera a causas debidamente justificadas en el expediente y no imputables al beneficiario de la subvención.
  
Artículo 38. Dejación sin efectos y minoración de las ayudas económicas
  
1. Podrán dictarse resoluciones de dejación sin efectos o minoración, de las ayudas concedidas y, en su caso, reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, en los siguientes supuestos:
  
a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.8, del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En el supuesto de que la cantidad total percibida por la Entidad sea superior al coste de la actividad subvencionada, podrá solicitarse el reintegro de la cuantía abonada que supere dicho coste.
  
b) Se podrá dictar una resolución de dejación sin efecto o minoración y, en todo caso, de reintegro de las cantidades recibidas en los supuestos del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
  
c) Del mismo modo, podrá dictarse una resolución de minoración o dejación sin efecto de la ayuda a una entidad cuando la no cumplimentación de los modelos y/o la remisión de datos que solicita el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando se trate de programas cofinanciados con fondos finalistas, dé lugar a la imposibilidad de tramitar el convenio correspondiente entre la Generalitat Valenciana y el citado Ministerio. Dicha resolución podrá efectuarse aún cuando se haya justificado el gasto objeto de la ayuda y efectuado el programa subvencionado.
  
2. Las cantidades que se deberán reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público a los efectos del procedimiento aplicable a su cobranza.
  
3. En los casos de nulidad, anulabilidad y rectificación de errores de los actos administrativos que sirvieron de base a la concesión de estas ayudas se estará a lo dispuesto en el capítulo I, del título VII, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
4. Para la dejación sin efectos o minoración de las ayudas económicas se garantizará, en todo caso, por la Dirección Territorial de Bienestar Social, el derecho del interesado al trámite de audiencia.
  
5. El plazo para resolver será de seis meses contados a partir de que se inicie el expediente.
  
Disposiciones Adicionales
  
Primera
  
La eficacia de la presente convocatoria queda condicionada a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico del año 2003, de crédito adecuado y suficiente para atender las ayudas previstas en la misma. A tal fin, la Conselleria de Bienestar Social, una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el año 2003, publicará mediante Resolución, las modificaciones, en su caso, respecto al modo de pago y de justificación, así como las dotaciones presupuestarias máximas para las ayudas convocadas y las líneas de subvención destinadas a financiarlas. No obstante, no se dictará ninguna Resolución sobre las solicitudes de ayuda al amparo de la misma, mientras no exista crédito adecuado y suficiente en el ejercicio del año 2003.
  
Dichos créditos tienen carácter limitativo y no podrán concederse subvenciones una vez que los mismos se hayan agotado, publicándose dicha circunstancia en el DOGV.
  
Los aspectos regulados en la presente orden se aplicarán sin perjuicio de cuantas normas rijan el régimen jurídico presupuestario de la administración de la Generalitat Valenciana. Si la correspondiente Ley de Presupuestos o la normativa aplicable establecieran condiciones distintas se aplicarán las que procedan.
  
Segunda
  
Las ayudas podrán articularse como convenios de colaboración dentro de los límites que establezca la legislación que los regula. Dichos convenios, independientemente de la fecha de su suscripción, podrán tener efecto para todo el ejercicio 2003, al igual que el resto de las subvenciones concedidas basándose en esta orden.
  
Tercera
  
Excepcionalmente, por razones de necesidad o de interés público, la Comisión de valoración podrá realizar propuestas que excedan de los criterios y tablas económicas establecidas, cuando concurran circunstancias extraordinarias, debidamente acreditadas en el expediente.
  
Cuarta
  
La Conselleria de Bienestar Social no asumirá obligaciones que se deriven de la relación laboral del personal de los programas o servicios subvencionados, sino que serán los titulares de los mismos quien responderán con carácter exclusivo.
  
Quinta
  
La concesión de una subvención al amparo de esta orden, no conllevará obligación alguna por parte de esta Conselleria, para próximos ejercicios.
  
Sexta
  
A esta orden se acompañan los siguientes anexos:
  
Anexo I: tablas salariales de personal.
  
Anexo II: modelo de solicitud de ayuda para Servicios especializados de atención a la familia e infancia gestionados por entidades locales.
  
Anexo III: modelo de solicitud de ayuda de programas especializados de familia e infancia gestionados por entidades privadas.
  
Anexo IV: modelo de solicitud de ayuda de programas y servicios para la promoción de la adopción.
  
Anexo V: modelo de solicitud de ayuda de programas y servicios de atención a menores y jóvenes con medidas judiciales en medio abierto gestionados por entidades locales y entidades privadas sin ánimo de lucro.
  
Anexo VI: modelo certificación de justificación de obligación contraida, o reconocida, o de pago ordenado de entidades locales.
  
Anexo VII: modelo de justificación de entidades privadas.
  
Séptima
  
En el supuesto de que se proceda a la apertura de un expediente contradictorio para la desacreditación de una entidad de mediación de adopción internacional y hasta que éste se resuelva, se podrán suspender los libramientos de pago de la subvención que se encontrasen pendientes. Si finalmente la entidad fuere desacreditada se podrá dejar sin efecto, total o parcialmente, la subvención, así como exigir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, a partir de esa fecha.
  
Lo dispuesto en esta Disposición Adicional no será de aplicación cuando la desacreditación para un determinado estado extranjero se deba a causas objetivas no imputables a la entidad y ésta siguiera acreditada para prestar sus servicios en otro u otros estados.
  
Disposiciones Finales
  
Primera
  
Cuando, por parte de las entidades solicitantes, se haga publicidad a través de cualquier medio de comunicación de los programas subvencionados, total o parcialmente, mediante las ayudas a que se refiere esta orden, será obligatorio hacer constar explícitamente que se trata de un programa «Subvencionado por la Generalitat Valenciana Conselleria de Bienestar Social». Del mismo modo, se informará de dicha circunstancia a los usuarios de los programas.
  
Segunda
  
Se autoriza a la Secretaría General y a la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones a elaborar las instrucciones de desarrollo de esta orden.
  
Tercera
  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Cuarta
  
Contra las bases de la presente convocatoria, se podrá interponer de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación, o bien puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente.
  
Valencia, de 17 de diciembre de 2002
  
El conseller de Bienestar Social
  
RAFAEL BLASCO CASTANY