Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3741, del 03-05-2000 (2000/2849)

Notificación de la resolución del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 1 de abril de 1997, del subsecretario de Obras Públicas, por la que se revoca la autorización de amarre a la embarcación «Seagull» en el puerto de Altea.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3741

Fecha DOGV
:   03-05-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/2849


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 1 de abril de 1997, del subsecretario de Obras Públicas, por la que se revoca la autorización de amarre a la embarcación «Seagull» en el puerto de Altea. [2000/2849]
  
No habiendo podido notificar a don Leonard Dennis en el domicilio conocido por esta administración, la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 13 de enero de 2000, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Subsecretario de Obras Públicas, de fecha 1 de abril de 1997, por la que se revoca la autorización de amarre a la embarcación «Seagull», en el puerto de Altea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, se hace público el texto integro de la citada resolución para que el presente anuncio sirva de notificación al interesado.
  
«Dada cuenta del recurso ordinario interpuesto por don Leonard Dennis contra la Resolución del Subsecretario de Obras Públicas de fecha 1 de abril de 1997 por la que se revoca la autorización de amarre a la embarcación «Seagull» en el puerto de Altea, y se le concede el plazo de ocho días para dejar libre dicho amarre, con apercibimiento de ejecución subsidiaria y a su costa en caso de incumplimiento.
  
Visto informe emitido por el director general de Obras Públicas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 4/1.999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
I. Antececentes de hecho
  
1. En respuesta a la fuerte demanda de amarres deportivos de uso público, que se venía produciendo, esta administración acometió en 1992 la redacción de un proyecto de amarres deportivos en el puerto de Altea.
  
Conforme con las determinaciones del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Altea, se proyectaron y construyeron en la zona residual entre la pesquera y la deportiva que se gestiona en concesión, un total de 256 amarres deportivos de uso público, distribuidos de la siguiente manera:
  
\* 92 para embarcaciones cuyas dimensiones fueran de hasta 5m. de eslora por 2.20 m. de manga.
  
\* 106 para embarcaciones de hasta 6 m. de eslora por 2.50 m. de manga y
  
\* 58 para embarcaciones de hasta 8 m. de eslora por 3 m. de manga.
  
2. Concluidas las obras, la extinta Gerencia de Puertos de la Generalitat Valenciana, convocó procedimiento para la asignación de dichos amarres deportivos, elaborando las bases oportunas al efecto, y publicando anuncios en prensa de la provincia de Alicante, lo que propició la concurrencia de los interesados en la obtención de un punto de atraque.
  
Como consecuencia de las propias condiciones físicas de los amarres construidos la convocatoria se ciñó a embarcaciones con una eslora igual o inferior a ocho metros.
  
Dispuesto por la autoridad portuaria la ordenación de los amarres de uso público, de manera que en el puerto de Altea, zona de gestión directa, no se albergarían embarcaciones de más de ocho metros de eslora, y resuelto el procedimiento de asignación de amarres, el director técnico del Puerto, comienza a desalojar a aquellas embarcaciones existentes en la zona de gestión directa, cuyas dimensiones exceden de los ocho metros de eslora.
  
3. En consonancia con lo anterior, y dado que la embarcación «Seagull» continuaba atracada en el dique de Levante del Puerto de Altea, a pesar de superar su eslora los 8 metros, y previa notificación y trámite de audiencia al interesado de la intención de revocar la autorización, presentadas por éste alegaciones al respecto, se dictó la resolución de referencia, que se notificó en fecha 22 de abril de 1.997, según consta en el acuse de recibo de correos obrante en el expediente.
  
4. Por último, como consecuencia de la entrada en vigor de la citada Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece en su disposición transitoria segunda la aplicación del sistema de recursos administrativos regulados en la misma para los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor, entendemos procede considerar el recurso ordinario interpuesto como el de alzada regulado en el artículo 114 de la repetida Ley 4/1999.
  
II. Motivos del recurso
  
Alega en síntesis el recurrente que el amarre que albergaba su embarcación, data de mucho antes del año 1992, teniendo debidamente autorizado el atraque; que en la asignación de atraques para el puerto de Altea no se ha tenido en cuenta la demanda de embarcaciones de más de ocho metros, realizando consideraciones sobre las posibilidades de aprovechamiento del espacio portuario, que en su opinión darían cabida a tales embarcaciones que superan los ocho metros de eslora, negando que las condiciones físicas del puerto impidan la estancia y maniobras de tales embarcaciones, por lo que la resolución de revocación del atraque carece de causa suficiente, siendo en todo caso las flotillas de pesqueros las que dificultan las maniobras de los barcos deportivos.
  
III. Análisis de los motivos del recurso
  
Las alegaciones efectuadas no desvirtúan los hechos ni fundamentos tenidos en cuenta para dictar la resolución recurrida.
  
Baste decir que la embarcación «Seagull», propiedad del ahora recurrente, reúne una serie de características que impiden su estancia y amarre en el puerto de Altea. Esto es algo que le consta al propio interesado, como se desprende de sus alegaciones.
  
Además, ya el 8 de enero de 1997 se concedió un plazo de audiencia al interesado ante la necesaria revocación de autorización de atraque.
  
El punto 2 de la Resolución de 11 de octubre de 1994, del director general de Obras Públicas, por la que se aprueban las normas para la asignación de amarres de uso público en los puertos de la Generalitat Valenciana, establece:
  
«Podrán formular solicitud de asignación de amarres deportivos de uso público todas las personas físicas que sean propietarias de embarcaciones deportivas o de recreo cuya eslora no sea superior a lo establecido en el anuncio de la convocatoria».
  
En el caso de Altea, la eslora máxima son 8 metros. Y el punto 6 de la citada resolución indica: «No se asignará amarre a embarcación alguna cuyo coeficiente de atraque exceda de 1, calculado de acuerdo con la regla sexta reguladora de la tarifa G-5 en la redacción dada por la Orden de 9 de diciembre de 1.993, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre aplicación de las tarifas por servicios generales y específicos en los puertos dependientes de la Generalitat Valenciana.»
  
En el anuncio de la convocatoria para la asignación de amarres en el Puerto de Altea, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 2.524, de 7 de junio de 1995, página 8.687, se indicaba: «No se admitirán embarcaciones con eslora superior a 8 m.»
  
Obra igualmente en el expediente informe del Servicio de Explotación y Conservación de Puertos de fecha 26 de marzo de 1997, en el que se indica que ya en el primer proceso de asignación de amarres de uso público (convocatoria que se publicó en septiembre de 1993) se estableció la limitación de eslora a 8 metros.
  
En otro orden de cosas, el hecho de que hasta que se limitó la eslora en la asignación de amarres se permitiese la estancia de la embarcación no supone la adquisición de un derecho a perpetuidad, sino que es necesario adecuar la ordenación real del Puerto a las circunstancias establecidas ya en 1993.
  
El artículo 58 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por Ley 62/1997, de 26 de diciembre, faculta a la administración para revocar unilateralmente las autorizaciones por ella otorgadas, cuando resulten incompatibles con obras o planes aprobados con posterioridad, entorpezcan la explotación portuaria o impidan la utilización del espacio portuario para actividades de mejor interés, correspondiendo a la Autoridad Portuaria apreciar dichas circunstancias.
  
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de 12 de junio de 1999, que desestima los recursos planteados por titulares de embarcaciones de más de ocho metros de eslora, atracadas en el puerto de Altea, indica en su fundamento de derecho tercero:
  
«Resulta acreditado de los documentos acompañados por la letrada de la Generalitat a la contestación a la demanda, que el procedimiento de asignación de amarres fué objeto de publicidad mediante inserción de anuncio en el periódico Información de Alicante en el que se hace constar la posibilidad de consultar las bases en las oficinas que se indican y señalando el plazo de presentación de solicitudes. Los actores presentaron solicitudes, si bien no resultaron adjudicatarios de ningún amarre al no cumplir los requisitos establecidos en el reglamento de utilización: embarcaciones de eslora igual o inferior a 8 metros, requisito que ya se establecía en el anuncio del procedimiento de asignación de amarres.»
  
En virtud de lo expuesto, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Leonard Dennis contra la Resolución del subsecretario de Obras Públicas de fecha 1 de abril de 1997 por la que se revoca la autorización de amarre a la embarcación «Seagull» en el puerto de Altea, y se le concede el plazo de ocho días para dejar libre dicho amarre, con apercibimiento de ejecución subsidiaria y a su costa en caso de incumplimiento; y confirmar la misma como ajustada a derecho.
  
Esta resolución agota la vía administrativa y contra la misma puede interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, como dispone el artículo 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de utilizar cualquier otro recurso si lo estima procedente.
  
Valencia, 13 de enero de 2000.- El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: José Ramón García Antón.»