Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4070, del 23-08-2001 (2001/8410)

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente el plan especial para la calificación de terrenos de reserva dotacional para la construcción de unas instalaciones aeroportuarias, promovido por la Diputación Provincial de Castellón, y se establece expresamente que, con independencia de la aprobación de este plan especial, la construcción de la instalación aeroportuaria va a exigir la previa autorización administrativa del Ministerio de Fomento.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4070

Fecha DOGV
:   23-08-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/8410


Fecha del documento
:   27-07-2001

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Castellón de la Plana
    * aeropuerto
    * plan de urbanismo

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente el plan especial para la calificación de terrenos de reserva dotacional para la construcción de unas instalaciones aeroportuarias, promovido por la Diputación Provincial de Castellón, y se establece expresamente que, con independencia de la aprobación de este plan especial, la construcción de la instalación aeroportuaria va a exigir la previa autorización administrativa del Ministerio de Fomento. [2001/F8410]
  
Visto el expediente relativo al plan especial para la calificación de terrenos de reserva dotacional para la construcción de instalaciones aeroportuarias, promovido por la Diputación Provincial de Castellón, y de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. El Pleno de la Diputación Provincial de Castellón, en sesión de 26 de octubre de 1999, acordó exponer al público el denominado «Plan especial para la construcción de instalaciones aeroportuarias», abriendo para ello un período de información al público que se llevó a cabo a partir de los anuncios publicados en el periódico El Mundo de 11 de noviembre de 1999 y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 15 de noviembre de 1999. Transcurrido el período de información al público, el Pleno de la Diputación Provincial de Castellón aprobó provisionalmente el plan especial en sesión de 28 de diciembre de 1999. Posteriormente, mediante acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de 25 de enero de 2000 se examinaron y se desestimaron diversas alegaciones al plan recibidas con posterioridad al acuerdo plenario de 28 de diciembre de 1999.
  
Mediante escrito de la Diputación Provincial de 27 de enero de 2000, que tuvo entrada en el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón el 2 de febrero de 2000, se solicitó de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes la aprobación definitiva del plan especial.
  
El Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón, con fecha 3 de febrero de 2000, solicitó informe de las siguientes administraciones: de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert, de Ayuntamiento de Vall d'Alba, del Ayuntamiento de Benlloch, del Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà y del Ayuntamiento de Vilanova d'Alcolea.
  
Mediante escrito de 6 de julio de 2001 la diputación provincial remitió al Servicio Territorial de Urbanismo un anexo al plan especial, el cual, según se indica «está previsto que sea sometido a su aprobación por el Pleno corporativo en la próxima sesión ordinaria que se celebrará el 24 de julio próximo». Finalmente, esta documentación ha sido aprobada por el Pleno de la diputación el 24 de julio de 2001.
  
Segundo. El plan está formado por memoria y planos. Como anexo se acompaña el proyecto de construcción del aeropuerto.
  
Tercero. Se han emitido los siguientes informes:
  
- El 9 de febrero de 2000, informe de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
- El 22 de febrero de 2000, informe del Ayuntamiento de Vilanova d'Alcolea.
  
- El 8 de marzo de 2000 y en julio de 2001, informes de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento.
  
- El 22 de febrero de 2001, declaración de impacto ambiental de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente.
  
Cuarto. La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2001, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
  
«1º. Informar favorablemente el plan especial para la calificación de terrenos de reserva dotacional para la construcción de unas instalaciones aeroportuarias, promovido por la Diputación Provincial de Castellón.
  
2º. Elevar respecto del mismo propuesta de aprobación definitiva, declarando su compatibilidad con la ordenación urbanística, al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
3º. Establecer expresamente que, con independencia de la aprobación de este plan especial, la construcción de la instalación aeroportuaria va a exigir la previa autorización administrativa del Ministerio de Fomento.»
  
Fundamentos de derecho
  
1. Se somete a aprobación definitiva de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el denominado «Plan especial para la construcción de instalaciones aeroportuarias» tramitado por la Diputación Provincial de Castellón.
  
En realidad, el plan especial aprobado provisionalmente por la Diputación Provincial de Castellón incluye en un solo documento tres figuras diferenciadas de plan especial previstas en el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre (en adelante RPCV):
  
a. En primer lugar, es un plan especial de reserva de suelo del artículo 86.2.C del RPCV: se crea una reserva de suelo dotacional para la instalación del aeropuerto.
  
b. Además, en segundo lugar, y de manera simultánea a la función anterior, es un plan especial de ordenación de usos del artículo 86.2.C del RPCV: no sólo se crea la reserva, sino que se regulan los usos concretos, con la previsión de las distintas zonas propias de un aeropuerto.
  
c. Por último, y junto con las dos anteriores funciones, al mismo tiempo se tramita como plan especial el proyecto de obra pública de aeropuerto, con lo que estaríamos ante el supuesto de tramitación de un proyecto de obra pública como plan especial regulado en el artículo 81 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU) y en el artículo 170 del RPCV.
  
A ello se añade, además, que el plan especial contiene un anexo sobre expropiaciones en el que se cita también el artículo 99 de la LRAU, precepto que prevé que mediante plan especial se pueda delimitar un área para legitimar en ella la expropiación de los terrenos. En cualquier caso, en el presente supuesto la calificación de suelo dotacional que comporta el plan especial determina que su aprobación definitiva implique la declaración de utilidad pública e interés social que va a posibilitar el inicio de la expropiación de los terrenos afectados. Por lo tanto, además de ese triple contenido a que nos referíamos, la aprobación del plan especial va a determinar también el que pueda ya iniciarse el procedimiento expropiatorio de los terrenos en los que va a situarse el aeropuerto.
  
2. El artículo 37 de la LRAU establece que los planes especiales pueden ser promovidos por las distintas administraciones públicas cuando, para poder ejercer sus respectivas competencias sectoriales, precisen establecer nuevas determinaciones en la ordenación urbanística vigente.
  
El artículo 43 de la Ley de 21 de julio de 1960, de Navegación Aérea, todavía vigente, establece que «las corporaciones locales podrán construir o participar en la construcción de los aeropuertos». De este precepto se deriva la competencia de la Diputación Provincial de Castellón para promover la construcción de la instalación aeroportuaria que nos ocupa, lo que, a su vez, determina su competencia para promover también el plan especial que establezca las nuevas determinaciones urbanísticas que dicha instalación precise.
  
De otro lado, el artículo 168.1.B) del RPCV establece que «la convocatoria de información al público y la aprobación provisional de los planes especiales formulados y tramitados por administración no municipal, corresponderá (...) al órgano que disponga la legislación reguladora de la entidad u organismo promotor del proyecto». De conformidad con esta normativa, el Pleno de la Diputación Provincial de Castellón es competente para acordar tanto el sometimiento de información al público como la aprobación provisional del presente plan especial.
  
La tramitación del proyecto ha dado pleno cumplimiento a lo establecido en el artículo 38.2.B) y C) de la LRAU, por cuanto que, por un lado, el proyecto diligenciado ha estado expuesto al público tanto en los dos ayuntamientos afectados como en un local de la administración promotora del plan sito en la capital de la provincia y, por otro, se ha dado adecuada intervención a los ayuntamientos afectados, que han podido alegar cuanto han tenido por conveniente, sin que hayan efectuado reparo y objeción alguna a la aprobación del plan.
  
3. La documentación es correcta, conforme a lo que resulta de los artículos 27 y 81 de la LRAU y 91 y 170.1 del RPCV.
  
4. El objeto del plan especial es el establecimiento de las determinaciones urbanísticas necesarias para que sea posible la construcción de una instalación aeroportuaria promovida por la Diputación Provincial de Castellón en unos terrenos, actualmente clasificados como suelo no urbanizable, emplazados entre los términos municipales de Benlloch y Vilanova d'Alcolea.
  
Tal y como se señala en el plan especial, la Diputación Provincial de Castellón adjudicó en sesión de 28 de abril de 1998 la asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de las instalaciones aeroportuarias de Castellón, tras lo que en sesión plenaria de 16 de noviembre de 1998 se aprobó el proyecto de construcción de las instalaciones aeroportuarias de Castellón.
  
Las obras incluidas en dicho proyecto tienen, según se indica en la memoria del plan especial, la consideración de servicio público y por lo tanto, para la ejecución de la obra (además de las otras autorizaciones sectoriales que resulten necesarias) es necesario verificar su compatibilidad con la ordenación urbanística y territorial. Puesto que el emplazamiento de las instalaciones aeroportuarias no está previsto en el planeamiento general de los municipios de Benlloch y de Vilanova d'Alcolea, se hace preciso complementar el proyecto de construcción con la documentación propia de un plan especial y tramitar esta documentación según lo previsto para esta figura de planeamiento en la legislación urbanística.
  
5. El artículo 12 de la LRAU establece, en su letra E, que uno de los cometidos de los planes especiales, complementando o incluso modificando el planeamiento general, es el de la creación o ampliación de reservas de suelo dotacional. De otro lado, según el artículo 11 de la LRAU, los planes podrán prever reservas de suelo dotacional en suelo no urbanizable cuando sea conveniente para el mejor servicio público. Por último, el artículo 58.4 de la LRAU enumera, entre los distintos usos previstos dentro de las reservas de suelo dotacional público, el de infraestructuras. De todo ello se sigue la posibilidad legal de prever a través de un plan especial la creación de una reserva de suelo dotacional para la instalación del aeropuerto, ya que ello constituye una categoría de infraestructuras.
  
De otro lado, el plan contiene las determinaciones necesarias para cumplir lo establecido 86 y concordantes del RPCV.
  
6. Antes de continuar nuestro análisis resulta obligado determinar con precisión el alcance del acto aprobatorio del plan especial y su conexión con el ejercicio de otras competencias concurrentes en materia de aeropuertos cuya titularidad pertenece a otras administraciones distintas de la urbanística.
  
El artículo 149.1.20 de la Constitución establece que es competencia exclusiva del estado la relativa a los «aeropuertos de interés general», así como también el «control del espacio aéreo» y el «tránsito y transporte aéreo». De otro lado, el artículo 31.9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en relación con el artículo 148.1.3 de la Constitución, establece la competencia exclusiva de la comunidad autónoma sobre «ordenación del territorio y urbanismo». Además, existen otras competencias que pueden incidir sobre la materia, como puede ser la medioambiental.
  
Tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional (por ejemplo, en su sentencia 40/1998, de 19 de febrero), el constituyente ha previsto la coexistencia de títulos competenciales con incidencia sobre un mismo espacio físico, por lo que la atribución de una competencia sobre un espacio físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en ese espacio, siendo esta convergencia posible cuando, incidiendo sobre el mismo espacio físico, dichas competencias tienen distinto objeto jurídico. Es precisamente esta posibilidad de concurrencia de títulos competenciales lo que obliga a buscar fórmulas que, en cada caso, permitan su concreta articulación. La competencia sobre ordenación del territorio tiene, precisamente, la finalidad de que su titular pueda formular una política global para su territorio, con la que se trata de coordinar las actuaciones públicas y privadas que inciden en el mismo y que, por ello, no pueden ser obviadas por las distintas administraciones, incluida la estatal. Por otro lado, las competencias de que es titular el estado, si bien no persiguen de forma directa la ordenación del territorio, sí implican una disposición sobre determinadas porciones del mismo que viene a condicionar la capacidad de decisión de las comunidades autónomas.
  
Según el Tribunal Constitucional, al objeto de integrar ambas competencias, se debe acudir, en primer lugar, a fórmulas de cooperación: el principio de colaboración entre el estado y las comunidades autónomas está implícito en el sistema de autonomías. Es posible, sin embargo, que estos cauces resulten en algún caso insuficientes para resolver los conflictos que pudieran surgir. Para estos casos, el Tribunal Constitucional ha señalado que la decisión final corresponderá al titular de la competencia prevalente y que el estado no puede verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque también sea exclusiva, de una comunidad autónoma. La atribución a las comunidades autónomas de la función ordenadora del territorio no puede entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las competencias que la propia Constitución reserva al estado, aunque el uso que éste haga de ellas condicione necesariamente la ordenación del territorio. Debe tenerse en cuenta que, en última instancia, cuando la Constitución atribuye al estado una competencia exclusiva lo hace porque bajo la misma subyace un interés general, interés que debe prevalecer sobre los intereses que puedan tener otras entidades territoriales afectadas. Esto sólo será así cuando la competencia se ejerza de manera legítima: es decir, cuando la concreta medida que se adopte encaje, efectivamente, en el correspondiente título competencial, cuando se haya acudido previamente a cauces cooperativos para escuchar a las partes afectadas, cuando la competencia autonómica no se limite más de lo necesario, etc.
  
En concreto, y para la materia de los aeropuertos, el Tribunal Constitucional ha señalado en su sentencia 68/1984, de 11 de junio, que todo tipo de aeropuerto, sea o no de interés general, precisa de una autorización estatal, pues «cualquier aeropuerto, sea cual sea su calificación, genera algún tráfico que incide sobre la estructuración y ordenación del espacio aéreo», por lo que «la competencia sobre el control de éste conlleva la necesidad de controlar el número, ubicación y características de todo tipo de aeropuertos, sean quienes sean los titulares de las diversas competencias sobre los mismos». Esta sentencia vino a confirmar la constitucionalidad del Real Decreto 2.858/1981, de 27 de noviembre, que atribuye a la actual Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento la competencia para otorgar la autorización de «todo proyecto de aeropuerto, modificación estructural u operativa del mismo o la transformación de un aeródromo en aeropuerto».
  
Así, como luego se analizará con más detalle, la aprobación urbanística del plan especial lo será sin menoscabo del ejercicio por el estado de sus competencias en materia de aeropuertos, por lo que los efectos de la aprobación del plan especial se limitarán al establecimiento de las determinaciones necesarias para que sea posible urbanísticamente la construcción de la instalación aeroportuaria, sin que su aprobación equivalga a la aprobación del aeropuerto.
  
7. Como ya se ha apuntado en el fundamento anterior, la instalación del aeropuerto tiene una dimensión medioambiental, la cual se concreta en la sujeción de este tipo de actuaciones a la previa declaración de impacto ambiental. Concretamente, el anexo del Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, somete a declaración de impacto ambiental la construcción «de aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud mayor o igual a 2.100 y metros y aeropuertos de uso particular», entendiéndose por aeropuerto, como precisa el punto 7 del anexo 1 del reglamento estatal de la Ley de Impacto Ambiental (aprobado por el Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre) «el área definida de tierra o agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves». Asimismo, la Ley valenciana 2/1989, de 3 de marzo, sujeta en su anexo a declaración de impacto ambiental la construcción de «aeropuertos y helipuertos que no sean de interés general y aeropuertos de uso particular», lo que se reitera después en el anexo I.8.b) del reglamento de aplicación de la Ley, aprobado por el Decreto 162/1990, de 15 de octubre.
  
La competencia sustantiva para otorgar la autorización administrativa del aeropuerto, como ya se ha dicho, corresponde en este caso al estado. El artículo 4 del reglamento estatal de la Ley de Impacto Ambiental, aprobado por el Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, establece que a los efectos del citado reglamento (y, por consiguiente, a efectos de determinar cuál es la administración competente para dictar la declaración de impacto ambiental) «se considera órgano administrativo de medio ambiente el que ejerza estas funciones en la administración pública donde resida la competencia sustantiva para la realización o autorización del proyecto». Este precepto reglamentario ha sido expresamente declarado conforme con el sistema constitucional de reparto de competencias por la sentencia del Tribunal Constitucional 13/1998, de 22 de enero, la cual indica que «es conforme con el orden constitucional de competencias que la normativa impugnada confíe la evaluación del impacto ambiental a la propia administración que realiza o autoriza el proyecto de una obra, instalación o actividad que se encuentra sujeta a su competencia, a tenor del bloque de constitucionalidad». Así, la declaración de impacto ambiental en el caso de un aeropuerto ha de ser emitida por la administración del estado.
  
Mediante Resolución de 22 de febrero de 2001 (publicada en el Boletín Oficial del Estado de 14 de marzo de 2001) la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente ha formulado la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de construcción de las instalaciones aeroportuarias de Castellón de la Diputación Provincial de Castellón. Esta resolución señala que «examinada la documentación presentada y estudiadas las soluciones propuestas en el proyecto, se considera que la opción ambientalmente más favorable es la denominada Alternativa Benlloch-Vilanova d'Alcolea, siempre y cuando se cumpla lo establecido en el estudio de impacto ambiental, así como las condiciones que a continuación se exponen» en la propia resolución. Y en ese sentido la resolución incorpora una serie de condiciones a cumplir en la construcción y ejecución del aeropuerto, relativas a la protección de la avifauna, el mantenimiento de la permeabilidad territorial, la protección del sistema hidrológico, la prevención del ruido, la protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico, la localización de canteras, zonas de préstamo, vertederos e instalaciones auxiliares, la defensa contra la erosión y recuperación ambiental e integración paisajística.
  
Todas estas condiciones deberán ser cumplidas en la ejecución de la instalación aeroportuaria.
  
8. El Real Decreto 2.858/1981, de 27 de noviembre, atribuye a la actual Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento la competencia para otorgar la autorización «de todo proyecto de aeropuerto, modificación estructural y operativa del mismo o la transformación de un aeródromo en aeropuerto». Se plantea, por lo tanto, la cuestión de la relación entre la aprobación urbanística del plan especial y la autorización estatal del aeropuerto, en concreto si la primera puede efectuarse antes de que se produzca la segunda.
  
Como ya se ha indicado con anterioridad, tratándose de la construcción de un aeropuerto, la competencia sustantiva para la autorización del proyecto ha de entenderse que corresponde a la administración del estado, en virtud de la competencia derivada del artículo 149.1.20 de la Constitución. El plan especial que ahora se examina no tiene como objeto autorizar la construcción de un aeropuerto, sino únicamente establecer las determinaciones urbanísticas y de ordenación territorial necesarias para que, de ser autorizado el aeropuerto por la administración competente para ello, el mismo no encuentre obstáculo a su ejecución por motivos de la aplicación de la legislación urbanística y de ordenación territorial. Es por ello por lo que el plan especial califica los terrenos donde se tiene previsto la construcción del aeropuerto como suelo dotacional, con lo que se producen los efectos previstos por la legislación urbanística para dicha calificación y se garantiza que, cuando pueda ejecutarse el aeropuerto, el mismo esté previsto en el planeamiento urbanístico, lográndose así la plena integración de la actuación en dicho planeamiento.
  
Una vez delimitado el verdadero alcance del plan especial, no parece que deba existir obstáculo a su aprobación definitiva incluso antes de la aprobación estatal de la construcción del aeropuerto. En este sentido, la solución a la cuestión planteada habrá de ser la misma que en el resto de suelos dotacionales previstos en el planeamiento urbanístico, en los que la previsión por el plan de la dotación suele ser anterior a la aprobación por la administración en cada caso competente de la construcción que ha de situarse sobre ella (por ejemplo, en el caso de nuevos viales, de colegios, centros de salud, hospitales, etc.). En todos estos casos la previsión de la existencia de la dotación por el planeamiento suele anticiparse a la aprobación final por la administración competente, en el ejercicio de sus competencias, de la construcción de la obra o instalación pública de que se trate.
  
En el procedimiento de aprobación definitiva del plan especial la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, aplicando el principio de colaboración y cooperación en el ejercicio de competencias concurrentes a que se refería la sentencia del Tribunal Constitucional antes citada, ha ofrecido en todo momento adecuada intervención a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, para evitar así interferencias en el ejercicio de sus respectivas competencias. De este modo, si el expediente de aprobación del plan se remitió por la diputación provincial para su aprobación definitiva el 2 de febrero de 2000, el 3 de febrero de 2000 el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón solicitó de la Dirección General de Aviación Civil que mantuviese informado al servicio territorial «del estado de tramitación del procedimiento autorizatorio instado por la Diputación Provincial de Castellón, así como que se le notifique en su momento, la resolución final que se adopte por parte de esa dirección general». La Diputación Provincial de Castellón tenía ya entonces solicitada la aprobación estatal del aeropuerto, solicitud que se había efectuado con anterioridad a la aprobación del plan especial, por lo que parecía que dicha autorización iba a ser anterior a la aprobación del plan. Es por ello por lo que en el citado escrito de 3 de febrero de 2000 se le decía a la Dirección General de Aviación Civil que «en principio la aprobación definitiva autonómica del citado plan especial ha de ser posterior a la autorización estatal del aeropuerto».
  
La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento emitió con fecha 8 de marzo de 2000 un informe en el que señalaba lo siguiente:
  
«Con relación a su escrito referenciado de fecha 3 de marzo del pasado mes de febrero, le comunico que esta dirección general se da por enterada de su decisión de no aprobar el plan especial para la calificación de terrenos de reserva dotacional para la construcción de instalaciones aeroportuarias, tramitado por la Diputación Provincial de Castellón, mientras que dicho proyecto de aeropuerto no cuente con la autorización estatal.
  
En cuanto al estado de tramitación en que se encuentra la tramitación de este asunto, le comunico que este proyecto aún no ha sido informado por la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes (CIDETRA), y tampoco cuenta todavía con la preceptiva declaración de impacto ambiental».
  
Emitida el 22 de febrero de 2001 la preceptiva declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente, la cual se consideraba en todo caso necesaria con carácter previo a la aprobación urbanística del plan especial, y dado el tiempo transcurrido, se ha vuelto a plantear la posibilidad de continuar con la tramitación del plan especial sin esperar a la aprobación estatal del aeropuerto.
  
Así las cosas, por escrito de 31 de mayo de 2001 (recibido el 5 de junio) el Servicio Territorial de Urbanismo informó a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento sobre el estado de tramitación del plan especial y, tras recordar los antecedentes a los que nos hemos referido, se señaló lo siguiente:
  
«El plan especial a que nos estamos refiriendo tiene como objeto el calificar unos terrenos como suelo dotacional (instalaciones aeroportuarias), ello a los efectos de poder iniciar la expropiación de los terrenos afectados y de incorporar la actuación en el ordenamiento urbanístico.
  
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, dado que ya se ha emitido la preceptiva declaración de impacto ambiental, y con el objeto de no retrasar más la aprobación del plan, esta conselleria podría continuar la tramitación del plan especial hasta su aprobación definitiva, aun antes de que el aeropuerto fuese aprobado por el estado. En tal caso, la aprobación autonómica del plan especial implicaría la creación de la reserva de suelo dotacional (lo que permitiría el procedimiento expropiatorio), si bien se haría constar expresamente en el acuerdo que no podría comenzar en ningún caso la construcción del aeropuerto hasta que el mismo fuera aprobado por el Ministerio de Fomento.
  
De conformidad con ello, se le ofrece a esa dirección general la posibilidad de que, en el plazo de 15 días, pueda pronunciarse sobre si existe algún inconveniente en que pueda continuarse la tramitación autonómica del plan especial hasta su aprobación definitiva, aun antes de la aprobación estatal del aeropuerto. De igual modo, se le ofrece la posibilidad de que pueda informar sobre cuantos extremos considere oportunos en relación con este expediente».
  
Como consecuencia de ello, la Subdirección General de Sistemas de Navegación Aérea y Aeroportuarios mediante escrito remitido el 11 de julio de 2001 ha comunicado lo siguiente:
  
«En relación con el plan especial Aeropuerto de Castellón, le comunico que, en principio, desde el punto de vista de la Dirección General de Aviación Civil, no se aprecia inconveniente alguno para la aprobación del citado plan especial, dado que su objeto es la calificación como suelo dotacional de los terrenos necesarios para las futuras instalaciones aeroportuarias.
  
No obstante, la anterior afirmación debe entenderse sin perjuicio de los requerimientos físicos, espaciales, técnicos y operativos que, en su caso, imponga la resolución por la que se autorice el Aeropuerto de Castellón, la cual no ha sido emitida todavía por esta dirección general».
  
De este modo, y en atención a todas las consideraciones antes efectuadas, es posible la aprobación del plan especial urbanístico aun antes de la aprobación estatal de la construcción del aeropuerto. Como ya se ha dicho, tal aprobación lo es a los efectos urbanísticos y de ordenación territorial que se han citado, sin que equivalga a la autorización administrativa de la construcción del aeropuerto, puesto que tal autorización habrá de obtenerse del Ministerio de Fomento. Por lo tanto, la puesta en marcha de la instalación aeroportuaria va a exigir la previa autorización de dicho ministerio.
  
9. El día 9 de febrero de 2000 se emitió un informe por parte de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. En este informe se señalaba lo siguiente:
  
«Las instalaciones aeroportuarias que se pretenden afectarán significativamente al tráfico actual de la zona, especialmente a la circulación de la CV-10 y CV-152, de titularidad autonómica y provincial respectivamente. La IMD de la CV-10 se encuentra en torno a los 3.700 veh/día (1997).
  
De acuerdo con la documentación aportada, el acceso a las instalaciones se pretende realizar a través de una intersección (glorieta), en el actual encuentro de las dos vías mencionadas anteriormente.
  
El nudo de encuentro con la CV-10, CV-152 y el propio acceso, debe resolverse mediante un enlace, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable:
  
Primero. La IMD esperada en la CV-10 superará 5.000 veh/día, intensidad encima de la cual el Reglamento General de Carreteras (RD 1.812/1994) prohibe los giros a la izquierda.
  
Segundo. De acuerdo con las actuaciones que esta conselleria realizará en la citada vía, la CV-10, en el tramo considerado, está concebida funcionalmente como una vía rápida, de forma que la resolución del nudo debe obligatoriamente resolverse mediante enlace, de acuerdo con el apartado 8.1 de la Instrucción de Carreteras 3.1 sobre Trazado (Orden de 27 de diciembre de 1999, BOE 02.02.2000).
  
Considerando lo expresado en los apartados anteriores, cabe estimar desfavorablemente el presente informe, debiéndose realizar un análisis pormenorizado del tráfico generado por la actividad (intensidades, movimientos, tipología, capacidad...) acometer un diseño de la conexión de acuerdo con los criterios establecidos y con los resultados del análisis realizado».
  
Tras este informe de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, la Diputación Provincial de Castellón ha elaborado un anexo al plan especial en el que, entre otras cosas, se establece una reserva viaria con un diámetro de 500 metros en el nudo de encuentro de la CV-10 y la CV-152, lo cual permite que, en su momento, pueda diseñarse un enlace según los criterios manifestados por el citado informe. Este acceso se establecerá por la diputación provincial de acuerdo con la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. De este modo, no existe, en este aspecto, impedimento a la aprobación definitiva del plan especial.
  
10. El artículo 170.4 del RPCV establece que recibido el proyecto básico tramitado como plan especial, «la conselleria competente en materia de urbanismo puede declararlo compatible con la ordenación urbanística, bien sea porque no la modifica o porque se resuelve modificarla asumiendo en ella el proyecto de nueva obra pública. En el último caso se comprobará la coherencia del modelo territorial y urbanístico resultante y la suficiencia de los documentos urbanísticos que se adjunten al proyecto para expresar la nueva ordenación».
  
La declaración de conformidad urbanística que la aprobación de este expediente comporta es independiente del resto de autorizaciones que la obra pueda necesitar en virtud de la aplicación de la legislación sectorial, dado que tal declaración lo es exclusivamente a los efectos de la legislación urbanística. Por lo tanto, y como ya se ha señalado con anterioridad, la puesta en funcionamiento de la instalación aeroportuaria no va a ser posible sin obtener la previa autorización de la Dirección General del Ministerio de Fomento.
  
De otro lado, debe igualmente señalarse que, en el ámbito del plan especial, éste supone la plena adaptación de las determinaciones de los planeamientos generales afectados a lo dispuesto en la LRAU, por lo que, en el referido ámbito, se ha de tener por producida su homologación sectorial a la referida ley.
  
Procede, en definitiva, aprobar definitivamente el plan especial.
  
11. Ha de examinarse, por último, cuál es el órgano autonómico competente para la aprobación definitiva de este plan especial complementario, cuestión que merece un análisis detallado, por la circunstancia de ser un plan tramitado por la diputación provincial y que afecta a dos municipios de menos de 50.000 habitantes.
  
Según el artículo 8.a) del Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto 77/1996, de 16 de abril, el director general de Urbanismo y Ordenación Territorial es competente para «formular y elevar propuestas razonadas sobre la aprobación definitiva de planes a los órganos competentes de la Generalitat Valenciana». A su vez, el articulo 9.1 señala que el director general «podrá someter su propuesta a previo dictamen de la Comisión Territorial de Urbanismo» y que «si el dictamen se refiere a un municipio de menos de 50.000 habitantes, tendrá directamente efectos de resolución ejecutoria», mientras que «en los demás casos el dictamen sólo tendrá efectos informativos y de trámite». Finalmente, según el artículo 6.d) del reglamento corresponde al conseller «aprobar definitivamente los instrumentos de planeamiento (...) salvo las excepciones reguladas en los artículos 5.b) (planes de acción territorial) y h) (declaraciones de interés comunitario extraordinarias) y 9.1 del reglamento».
  
De lo anterior se deduce que si el director general somete el asunto al dictamen de la Comisión Territorial de Urbanismo, la comisión es el órgano competente para acordar la aprobación definitiva si el plan «se refiere a un municipio de menos de 50.000 habitantes», mientras que «en los demás casos» (esto es, si el plan no se refiere a un municipio de menos de 50.000 habitantes) tras el informe de la comisión la aprobación definitiva corresponderá al conseller.
  
El plan especial complementario que se examina afecta a dos municipios (Vilanova d'Alcolea y Benlloch), por lo que no puede decirse que se refiera a «un municipio de menos de 50.000 habitantes». Por lo tanto, debe concluirse que la aprobación definitiva del plan especial corresponde al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Primero
  
Aprobar definitivamente el plan especial para la calificación de terrenos de reserva dotacional para la construcción de unas instalaciones aeroportuarias, promovido por la Diputación Provincial de Castellón.
  
Segundo
  
Establecer expresamente que, con independencia de la aprobación de este plan especial, la construcción de la instalación aeroportuaria va a exigir la previa autorización administrativa del Ministerio de Fomento.
  
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.