Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6578, del 02-08-2011 (2011/8370)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 069/10-A.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6578

Fecha DOGV
:   02-08-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/8370


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 069/10-A. [2011/8370]  
Manuel Sánchez Gallego, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Agencia de Transportes Hernández, SL, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: Manuel Sánchez Gallego. Vocales: Francisco Ortiz Gutiérrez, Miguel García Navarro, excusa su ausencia. Secretaria-Vocal: Carolina Casal Asensio Partes. Reclamante: Riquelme Yepes, SA, representada por Miguel Ángel Riquelme Serrano. Reclamado: Agencia de Transportes Hernández, SL, que no comparece al acto de vista.  
  
En Alicante, a 2 de junio de 2011 y siendo las 11.15 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver los expedientes 069/10-A, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: paralización vehículo. Incomparecencia del reclamado.  
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de las partes comparecientes, por la parte reclamante interviene Miguel Ángel Riquelme Serrano, en su calidad de representante de la empresa Riquelme Yepes, SA, según escritura de poder de fecha 28.10.2003, ante el notario de Alcantarilla y del Ilustre colegio de Albacete, Juana María Vidal Pérez.  
A la parte reclamada le fue notificada la demanda y la citación a la vista para el día 2.06.2011, mediante escrito recibido el 12.05.2011, según queda acreditado con el aviso de recibo expedido por el Servicio de Correos y que consta en el expediente.  
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes antecedentes de hecho:  
1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda manifiesta que ambas mercantiles celebraron un contrato de transporte, ofertado a través de la página web Transnet, por la demandada Agencia de Transportes Hernández, SL, en base al cual se comprometían a realizar el transporte de fecha de carga 12 de abril de 2010 a las 18.00 horas con origen en Radebeig (Alemania), como primera carga, y Leppersdorf (Alemania), como segunda carga, y de fecha de descarga el 15 y 16 de abril de 2010, con hasta nueve descargas en diferentes lugares del territorio nacional; mediante el vehículo semi-remolque matrícula R-7496-BBD, arrastrado por la cabeza tractora 0020-NMS por precio de 2.600 euros más IVA.  
Que el vehículo de la empresa demandante llegó al lugar de carga a las 13.00 horas del día 12 de abril de 2010, con suficiente antelación a la hora prefijada en la orden de carga las 18.00 horas, y que una vez allí (Radeberg) le indicaron que los dos palets que tenía que cargar no estaban todavía preparados, indicándole que tenían que esperarse al día siguiente. Puestos en contacto con el cargador recibieron instrucciones que fuera al segundo sitio de lugar de carga ubicado en Leppersdorf, que estaba a una distancia de unos trece kilómetros, para luego volver al sitio de recogida de la primera carga. Cuando volvieron al primer lugar de carga, seguían sin estar preparados los palets, y le indicaron que se esperara al día siguiente, como así se hizo. Al día siguiente, con lo cargado el día anterior continuó con el transporte, al no terminar de prepararse los precitados palets. Todo ello está debidamente acreditado con los discos del tacógrafo de los días 12 y 13 de abril, en el que constan los tiempos de espera y de actividad del camión. Quiere indicar que se han seguido las instrucciones telefónicas del cargador, y que por tanto el día de espera fue siguiendo sus indicaciones. Igualmente quiere manifestar que el transporte ya fue cobrado, pero que la paralización no, por eso la reclama. En cuanto a las cantidades que reclama, indica que tal y como consta con la documentación que acompaña a la demanda son un total de cuatrocientos treinta y cuatro euros con treinta y siete céntimos (434,37 euros), con el siguiente desglose:  
- 350 euros por concepto de paralización.  
- 34,37 euros por concepto de intereses de demora.  
- 50 euros por gastos de administración.  
2. Ante la incomparecencia de la parte reclamada, la parte reclamante solicita el recibimiento a prueba, para que se tenga por presentada la documental aportada por la demanda, teniéndose por aportada al presente procedimiento.  
Sin más cuestiones a tratar se da por concluida la vista.  
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos:  
  
1. En primer lugar y atendiendo el escrito de alegaciones presentado por la reclamada, hay que entrar a analizar le cuestión de competencia territorial alegada. La competencia territorial de la Junta, viene determinada en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/90) y artículos 1 y 31.1.a) del CMR.  
De los antecedentes obrantes en el expediente se desprende que el domicilio del demandado está ubicada en Almoradí (Alicante), lo que está acorde con lo preceptuado en el artículo 31 del CMR, cuyo tenor literal es el siguiente: "1. Para todos los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado por esta convención, el demandante podrá escoger, además de la jurisdicción de cualesquiera de los países contratantes designada de común acuerdo por las partes, la jurisdicción del país en cuyo territorio: El demandado tiene su residencia habitual, su domicilio principal o la sucursal u oficina por intermedio de la cual ha sido concluido el contrato de transporte;...". Por tanto, el demandante ha optado por interponer la reclamación de arbitraje de conformidad con lo anterior, ante la Junta Arbitral de Alicante, por tener el domicilio principal la demandada en la provincia de Alicante, cuestión que se ajusta al marco jurídico vigente.  
2. La sumisión, en cuanto a la cantidad reclamada en la demanda por el reclamante, no estando expresamente pactada, y siendo la cuantía inferior a la que determina el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/87 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres: "se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado". No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido preceptuado, por lo que se estima competente por razón de la cuantía.  
3. Junto a la normativa invocada hay que aplicar la referida al transporte internacional. La demanda, que recoge la cantidad global de la deuda, contiene los CMR referentes a los distintos transporte de carácter internacional realizados. El Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Mº. de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974 nº 109). Contrato de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5-7-78 al que se adhirió España por Instrumento de 23.09.1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE de 18.12.1982 nº 203, establece para cuestiones de competencia, lo recogido en el artículo 31.1 a). No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas del los Estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación el Código de Comercio, LOTT y su Reglamento y demás Normas de general aplicación.  
4. Es determinante la circunstancia de que ambas partes litigantes son Empresas nacionales y con residencia mercantil en España, habiendo por lo tanto perfeccionado el contrato de transportes bajo la legislación Nacional que invocamos. No hay motivo fundado en Derecho que mantenga que la actuación de las Juntas Arbitrales de Transportes deban circunscribirse solamente a las controversias nacidas como consecuencia del transporte de carácter interno. En este sentido no hay mas que considerar de aplicación lo establecido en el artículo 33 del CMR que dice "El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un Tribunal arbitral, a condición de que esta cláusula prevea que dicho Tribunal arbitral aplicará el presente convenio".  
Abundando en esta línea, el artículo 31 del CMR hace una remisión a la jurisdicción de los Estados para la resolución de los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado en él, lo que en este caso hace plenamente aplicable la presunción de sometimiento.   
Considerando que por todo lo expuesto puede ser determinada la competencia territorial y la sumisión al arbitraje con las disposiciones legislativas que señala el Ordenamiento Español, por lo que en todo caso esta Junta Arbitral de Alicante es competente para resolver esta controversia.  
5. De las manifestaciones realizadas en la vista y de la documentación que se aportó con la reclamación, se constata fehacientemente que el vehículo llegó al lugar de la primera carga a las 13.00 horas, del día 12 de abril, y después de varios registros volvió a salir el día siguiente 13 de abril a las 9.00 horas, lo que acredita la paralización, sin que conste oposición alguna a dichos hechos, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar, la demanda interpuesta por Riquelme Yepes, SA, contra Agencia de Transportes Hernández, SL, por considerar que se ha producido la paralización del camión que tenía que realizar el transporte, por causas no imputables al porteador, correspondiéndole tanto la cantidad por la paralización, más los intereses de demora, así como los gastos de administración.  
Por todo ello Agencia de Transportes Hernández, SL, debe abonar a Riquelme Yepes, SA, la cantidad de cuatrocientos treinta y cuatro euros con treinta y siete céntimos (434,37 euros).   
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante la Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Alicante, 19 de julio de 2011.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante: Manuel Sánchez Gallego.