Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 305, del 15-11-1985 (1985/805289)

REAL DECRETO 1794/1985, de 11 de septiembre, sobre valoración definitiva y ampliación de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de reforma y desarrollo agrario.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/rd/1985/09/11/1794/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   305

Fecha DOGV
:   15-11-1985

Sección del DOGV
:   DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   1985/805289


Fecha del documento
:   11-09-1985

Organismo emisor
:   Presidencia del Gobierno

Tipo de documento
:   Real decreto

Real Decreto 1794/1985, de 11 de septiembre, sobre valoración definitiva y ampliación de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de reforma y desarrollo agrario.  
Por Real Decreto 3533/1981, de 29 de diciembre, se traspasaron al Consejo del País Valenciano, en régimen preautonómico, determinadas funciones y servicios en materia de reforma y desarrollo agrario.   
Por otra parte, el Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Valenciana.   
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, ésta adoptó en su reunión del 26 de abril de 1983 el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica exija su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.   
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Administración Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de septiembre de 1985,   
DISPONGO:   
Artículo 1º  
Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de fecha 30 de julio de 1985, por el que se amplían los traspasos de funciones del Estado en materia de reforma y desarrollo agrario a la Comunidad Valenciana y se valora definitivamente el coste efectivo correspondiente a los medios personales y presupuestarios traspasados por Real Decreto 3533/1981, de 29 de diciembre.   
Artículo 2º  
1. En consecuencia quedan traspasadas a la Comunidad Valenciana las funciones a que se refiere el acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real Decreto, así como los bienes, derechos y obligaciones y el personal y créditos presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones que allí se especifican.   
2. En el Anexo II de este Real Decreto se recogen las disposiciones legales afectadas por el presente traspaso.   
Artículo 3º  
Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación produzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del acuerdo que se transcribe como Anexo I del presente Real Decreto.   
Artículo 4º  
Los créditos presupuestarios que se determinen con arreglo a la relación 3.2 serán dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la sección 32, destinados a financiar los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al Departamento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los certificados de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente.   
Artículo 5º  
El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».   
Dado en Madrid a 11 de septiembre de 1985.   
JUAN CARLOS R.   
El Ministro de la Presidencia,  
JAVIER DEL PRADO MOSCOSO Y MUÑOZ  
ANEXO I  
Doña Concepción Tobarra Sánchez, Secretaría accidental, y doña María Blanca Blanquer Prats, Secretaría de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana,   
CERTIFICAN:   
Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el día 30 de julio de 1985 se adoptó acuerdo sobre valoración definitiva y ampliación de funciones a la citada Comunidad Autónoma en materia de reforma y desarrollo agrario, en los términos que a continuación se expresan.   
A) Referencia a las normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara la transferencia.   
La Constitución en el artículo 148.1.7 y 10, establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia respectivamente de agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general de la economía y de proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad Autónoma y en el artículo 149.1, que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:   
1ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.   
3.ª Relaciones internacionales.   
8ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.   
13ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.   
18ª Legislación sobre expropiación forzosa.   
22ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.   
24ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.   
31ª Estadística para fines estatales.   
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece en su artículo 31 que la Generalidad Valenciana tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias, entre otras:   
10. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña, de acuerdo con lo dispuesto en el n& 23 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.   
13. Obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general del Estado o cuya realización no afecte a otra Comunidad Autónoma.   
16. Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio de la Comunidad; instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuando este transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra provincia o Comunidad Autónoma; aguas minerales, termales y subterráneas. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el n& 25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.   
También en su artículo 32.1.2, que en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Generalidad Valenciana el desarrollo legislativo y la ejecución de la expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, en el ámbito de competencias de la Generalidad Valenciana.   
Asimismo, en su artículo 34.1 de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Generalidad Valenciana, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, la competencia exclusiva de las siguientes materias, entre otras:   
1. Planificación de la actividad económica de la Comunidad.   
4. Agricultura y ganadería.   
Finalmente, la Ley orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencia a la Comunidad Valenciana de competencias en materia de titularidad estatal, establece en su artículo 152 de la Constitución, transfiere a la Comunidad Autónoma Valenciana todas aquellas competencias correspondientes a materias de titularidad estatal comprendidas en el Estatuto de la Comunidad Valenciana que excedan de las competencias configuradas en el artículo 148 de la constitución de acuerdo con los siguientes criterios:   
a) Las facultades de ejecución de la legislación que corresponde al Estado en dichas materias conforme al artículo 149 de la Constitución, serán asumidas por la Comunidad Autónoma mediante los correspondientes Decretos de traspaso de los servicios necesarios para hacerlas efectivas, acordados por el procedimiento establecido en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.   
b) La potestad legislativa sobre tales materias, en cuanto no se encuentre reservada al Estado por la Constitución, podrá ser atendida por la Comunidad con toda la amplitud prevista en el artículo 150 de aquélla.   
En este sentido, deben considerarse las funciones que se encomienda, explícita o implícitamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en particular al YRIDA, a través de las disposiciones que a continuación se reseñan, las cuales regulan básicamente las actuaciones del Instituto en materia de reforma y desarrollo agrario, así como la creación, naturaleza y relaciones con el IRYDA de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), constituida con la finalidad de contribuir a la realización de los objetivos de reforma y desarrollo agrario previstos en la Ley del mismo nombre.   
Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa.   
Ley de 21 de julio de 1971, de creación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.   
Ley de 12 de enero de 1973, de Reforma y Desarrollo Agrario.   
Ley de 16 de noviembre de 1979, sobre fincas manifiestamente mejorables.   
Ley de 31 de diciembre de 1980, de arrendamientos rústicos.   
Ley de 30 de junio de 1982, de Agricultura de Montaña.   
Estatuto de 24 de diciembre de 1980, de la explotación familiar agraria y de los agricultores jóvenes.   
Reales Decretos 2379/1977, de 21 de enero; 1773/1977, de 11 de julio; 2545/1978, de 25 de agosto, y 424/1984, de 8 de febrero, relativos a la creación, naturaleza y relaciones con el IRYDA de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA).   
Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarias citadas procede operar ya en este campo traspasos de funciones y servicios de tal índole a la Comunidad Valenciana.   
B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma  
1. Se traspasa a la Comunidad Valenciana dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente acuerdo y de los Reales Decretos y demás normas que lo hagan efectivo y se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado», las siguientes funciones que venia realizando la Administración del Estado y que habían sido ya traspasadas en el resto por Real Decreto 3533/1981, de 29 de diciembre.   
a) Programar, de acuerdo con las bases de planificación general y la ordenación general de la economía, la realización de todas las actuaciones en materia de reforma y desarrollo agrario de interés de la Comunidad Autónoma.   
b) Acordar y realizar las actuaciones contempladas por la legislación de reforma y desarrollo agrario de interés de la Comunidad Autónoma.   
c) Acordar y ejecutar las acciones que tienen por finalidad la adquisición y redistribución de la propiedad rústica y el cumplimiento de su función social, dentro del marco constitucional y de la legislación del Estado sobre expropiación forzosa, sin perjuicio de lo establecido en el apartado D.5.   
d) Acordar y realizar las actuaciones de interés de la Comunidad Autónoma en las zonas de Agricultura de Montaña, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía y la Ley que las regula.   
e) Ejecutar actuaciones en materia de competencia estatal, de acuerdo con lo señalado en el apartado D.4.   
f) Realizar las funciones que corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al IRYDA en materia de permutas forzosas, concentraciones de carácter privado y las previstas en la Ley de Arrendamientos Rústicos. En todo caso la elaboración del índice de precios percibidos por los agricultores continuará siendo competencia de la Administración del Estado.   
g) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los tratados y convenios internacionales relativos a la reforma y desarrollo agrario, en lo que afecten a materias atribuidas a su competencia.   
h) Realizar los estudios previos, trabajos de investigación, información, divulgaciones y publicaciones oportunas para programar, llevar a efecto y evaluar las actuaciones que le correspondan y recabar, en su caso, la información que a tal efecto le será proporcionada por la Administración del Estado   
2. Se traspasan a la Comunidad Valenciana los medios que se especifican en las relaciones correspondientes.   
C) Funciones que se reserva la Administración del Estado.   
Permanecerán en la Administración del Estado las siguientes funciones que tiene legalmente atribuidas y realizan los servicios que se citan:   
a) La coordinación general de las acciones en materia de reforma y desarrollo agrario, en el marco de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución.   
b) Ejercer, en relación con la reforma y desarrollo del sector agrario, las competencias que en materia de ordenación general de la economía y de planificación de la actividad económica le confiere la Constitución.   
c) La legislación sobre expropiación forzosa y el ejercicio de las facultades que en la misma se le atribuya en el marco de la legislación de desarrollo del artículo 33 de la Constitución.   
d) Obras públicas y planes de actuaciones de interés general de la nación o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma sin perjuicio de lo señalado en el apartado D.4.   
e) Las relaciones internacionales en materia de reforma y desarrollo agrario, informando de la elaboración de tratados y convenios a la Comunidad Autónoma, en cuanto afecten a materias de su especifico interés y sin perjuicio de la competencia de aquélla en orden a su ejecución dentro de su ámbito territorial.   
f) Las estadísticas para fines estatales.   
g) Realizar los estudios previos, trabajos de investigación y recabar de la Comunidad Autónoma la información que sea precisa sobre la actuación que ésta desarrolle en el ejercicio de sus propias competencias. Tal información será accesible y podrá ser utilizada por todas las Comunidades Autónomas.   
D) Funciones en que han de concurrir la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma y formas de cooperación.   
La Administración del Estado y la Comunidad Valenciana desarrollarán de manera compartida las siguientes funciones:   
1. Ejecución de obras por TRAGSA: Sin perjuicio de lo que se establezca en el futuro sobre el régimen de las Sociedades Estatales, las relaciones entre la Comunidad Autónoma, el Instituto y TRAGSA podrán regularse por los convenios que al efecto se concierten entre las partes. Entre tanto, se mantendrá el régimen jurídico actualmente vigente, siendo de aplicación a la Comunidad Autónoma lo establecido para el Instituto en el Real Decreto 1773/1977, de 11 de julio, y considerándose por tanto las obras que a título obligatorio realice la Empresa en el territorio de la Comunidad Autónoma, por orden de ésta, como ejecutadas por la misma.   
Asimismo, durante este período transitorio cualquier modificación del régimen jurídico actualmente vigente sobre las relaciones entre el IRYDA y TRAGSA habrá de llevarse a cabo oída previamente la Comunidad Autónoma en cuanto pudiera afectar a ésta, que no quedará vinculada a nuevos compromisos derivados de tales modificaciones en caso de no resultarle de interés, siempre que así lo manifieste expresamente cuando le sean formalmente comunicadas por el IRYDA las citadas modificaciones.   
En todo caso la Comunidad Autónoma participará con el IRYDA en la elaboración periódica de las tarifas que servirán de base para la ejecución de obras por TRAGSA.   
Se seleccionarán de común acuerdo, en su caso, en base a las previsiones de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado, las obras cuya ejecución estará obligada a realizar la Empresa estatal TRAGSA, en su calidad de servicio técnico de la Administración y de acuerdo con la legislación vigente.   
2. Auxilios económicos: Los auxilios económicos serán gestionados por la Comunidad Autónoma de acuerdo con las normas específicas señaladas al efecto con carácter general por el Gobierno de la Nación.   
3. Regadíos: Los regadíos deberán cumplir las normas básicas que puedan establecerse por la Administración del Estado sobre la utilización de recursos hídricos, adopción de sistemas de riego y las orientaciones productivas que deban fomentarse, en el marco de la planificación de los regadíos, la regulación, la regulación de los recursos naturales y la ordenación general de la economía.   
Para asegurar la mejor ordenación y aprovechamiento de los recursos en aguas y tierras se podrán establecer fórmulas de coordinación entre ambas Administraciones en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con la normativa vigente.   
4. Obras públicas y planes de actuación de interés general de la Nación o que afecten a más de una Comunidad Autónoma: La Comunidad Autónoma podrá interesar del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la realización en su territorio de obras públicas y planes de actuación de interés general de la Nación, incluyendo, en su caso, la oportuna propuesta de colaboración en orden a su financiación i ejecución. El estado, teniendo en cuenta las características de las actuaciones y obras propuestas, así como la planificación de sus inversiones en todo el territorio de la Nación, las declarará de interés general cuando así proceda y aprobará los planes que incluirán las condiciones para su ejecución.   
La ejecución de los planes corresponderá, de ordinario, a la Administración de la Comunidad Autónoma, estableciéndose por la del Estado los apoyos técnicos y administrativos y la participación económica que proceda.   
En cuanto a las zonas actualmente vigentes declaradas de interés nacional, la Comunidad Autónoma ejecutará las actuaciones ya planificadas para su ejecución por el IRYDA en su territorio. Para los planes pendientes, el Plan General de Transformación, en su caso, que será aprobado por el Consejo de Ministros, se elaborará con la participación e informe de la Comunidad Autónoma y los planes de obras se aprobarán por ambas Administraciones a propuesta de las Comisiones, que adaptarán al efecto su estructura orgánica y funciones, con representación de ambas Administraciones, les corresponderá igualmente el seguimiento de los planes.   
Su ejecución corresponderá de ordinario a la Comunidad Autónoma y su financiación se realizará por una u otra Administración, teniendo en cuenta en todo caso los programas y planes ya existentes, las prioridades que conjuntamente se establezcan y los convenios que puedan subscribirse entre ambas Administraciones.   
En las zonas de este tipo con trabajos y estudios previos ya iniciados, se continuarán éstos conjuntamente por ambas Administraciones, determinándose como consecuencia de los mismos la clase de actuaciones que en cada caso proceda acordar por la Administración que resulte competente.   
5. Fincas mejorables: La Comunidad Autónoma realizará las actuaciones relativas a las fincas manifiestamente mejorables, determinando éstas conforme a los supuestos señalados en la Ley 34/1979. Tales actuaciones se acomodarán a las normas básicas establecidas o que puedan establecerse y a los criterios que en las mismas se determinen a los efectos del artículo 149.1.1 de la Constitución.   
La Comunidad Autónoma determinará, en las comarcas mejorables, las fincas a las que se impongan planes individuales de mejora conforme a lo establecido en los planes comarcales correspondientes. Las directrices de mejora se ajustarán a las orientaciones productivas de carácter general y las características de las fincas respetarán las normas en las que se contengan los criterios básicos determinados a los efectos del artículo 149.1.1 de la Constitución.   
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confeccionará, con ámbito nacional, un Registro administrativo de todas las fincas mejorables, a cuyo efecto la Comunidad Autónoma le remitirá copia de la disposición por la que cada finca haya sido calificada como tal, sin perjuicio de suministrar los datos complementarios que sobre las características de las mismas le sean solicitados.   
6. Unidades mínimas de cultivo: La extensión de las unidades mínimas de cultivo se señalará y revisará mediante Decreto aprobado y promulgado por la Comunidad Autónoma, en el marco de la planificación y ordenación económica general y de la regulación a que se refiere el artículo 149.1 de la Constitución.   
7. Mecanismos de colaboración y coordinación:   
7.1 La Administración del Estado y la Comunidad Autónoma colaborarán intercambiándose la información existente sobre la materia así como en la realización de estudios, seminarios y cuantas actividades y apoyo técnico sean considerados de interés para ambas Administraciones.   
7.2 La Comunidad Autónoma facilitará información a la Administración del Estado para el análisis y evaluación de las distintas acciones realizadas tanto a nivel de explotaciones agrarias como en zonas y comarcas.   
7.3 Las actuaciones de reforma y desarrollo agrario en el ejercicio de las funciones y competencias concurrentes que así lo requieran se coordinarán a través de los órganos colegiados que reglamentariamente se establezcan.   
7.4 La Comunidad Autónoma estará obligada positivamente a cumplir los planes, programas, objetivos, directrices y orientaciones en que se concreten las competencias del Estado, así como a realizar aquellas actuaciones que, por su conexión con los intereses generales de la Nación se determinen en tales instrumentos.   
7.5 El Estado podrá instar y requerir a la Comunidad Autónoma para la ejecución de tales actuaciones y, en último extremo si no se procediese a su ejecución, podrá sustituir a la Comunidad Autónoma en la misma.   
7.6 La Comunidad Valenciana, podrá, mediante convenio suscrito al efecto, recibir asistencia técnica y, en su caso, financiación del MAPA, para la realización en común de programas de aprovechamiento agrario de aguas subterráneas y residuales y acciones contra la salinización de aguas y tierras de interés de dicha Comunidad Autónoma, así como para la ejecución de tratados y convenios internacionales relativos a la mejora y desarrollo agrario.   
7.7 En evitación de soluciones de continuidad en la realización de las diversas actuaciones en curso, que podrían redundar en perjuicio de los administrados, con carácter transitorio y en la medida de lo necesario, de conformidad entre ambas Administraciones:   
a) El YRIDA podrá seguir comprometiendo créditos y ordenando pagos con cargo a cualquier concepto presupuestario por cuenta de la Comunidad Autónoma.   
b) Los funcionarios, traspasados o no a la Comunidad Autónoma, podrán continuar realizando los actos administrativos y funciones que venían desempeñando hasta el presente, conservando al efecto las atribuciones necesarias, sin que ello signifique, en ningún caso, menoscabo de las competencias de una y otra Administración.   
E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan.  
1. Se traspasan a la Comunidad Valenciana los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen en el inventario detallado de la relación adjunta nº 1, donde quedan identificados los inmuebles afectados por el traspaso. Estos traspasos se formalizarán de acuerdo con lo establecido en su Estatuto de Autonomía y demás disposiciones en cada caso aplicables.   
2. En el plazo de un mes desde la publicación del Real Decreto que apruebe este acuerdo, se firmarán las correspondientes actas de entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable.   
F) Personal adscrito a los Servicios que se traspasan.   
1. El personal adscrito a los Servicios traspasados, y que se referencia nominalmente en la relación adjunta nº 2, pasará a depender de la Comunidad Valenciana, en los términos legalmente previstos en su Estatuto de Autonomía y las demás normas en cada caso aplicables, y en las mismas circunstancias que se especifican en la relación adjunta y con su número de Registro de Personal.   
2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o demás órganos competentes en materia de personal se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Valenciana una copia certificada de todos los expedientes de este personal traspasado, así como de los certificados de haberes, referidos a las cantidades devengadas durante 1984, procediéndose por la Administración del Estado a modificar las plantillas orgánicas y presupuestarias en función de los traspasos operados.   
G) Puestos de trabajo vacantes que se traspaso.   
Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente que se traspasan son los que se detallan en las relaciones adjuntas nº 2, con indicación del Cuerpo o Escala al que están adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación presupuestaria correspondiente.   
H) Valoración definitiva de las cargas financieras de los servicios traspasados.   
1. El coste efectivo que, según la liquidación del presupuesto de gastos para 1982, corresponde a los servicios que se traspasan a la Comunidad Autónoma, se eleva, con carácter definitivo a 131.986.325 pesetas, según detalle que figura en la relación 3.1.   
2. La financiación, en pesetas de 1985, que corresponde al coste efectivo anual de los servicios transferidos se detallan en la relación 3.2.   
3. Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se compute para determinar el porcentaje de participación de la Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado, dicho coste se financiará mediante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, de los créditos relativos a los distintos componentes del coste efectivo, por los importes que se indican, susceptibles de actualización por los mecanismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos:  
 Créditos  
 en pesetas  
 de 1985  
a) Costes brutos:  
Gastos de personal 288.077.400  
Gastos de funcionamiento 32.942.036  
Inversiones para conservación,  
mejora y sustitución 24.188.870  
b) A deducir:  
Recaudación anual por tasas y  
otros ingresos -  
Financiación neta 733.759.889  
Las posibles diferencias que se produzcan durante el período transitorio, a que se refiere el párrafo anterior, respecto a la financiación de los servicios transferidos, serán objeto de regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante la presentación de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante una Comisión de Liquidación, que se constituirá en el Ministerio de Economía y Hacienda.   
Durante sesenta días, a partir de la fecha de publicación del Real Decreto aprobatorio del presente acuerdo, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario seguirá asumiendo la gestión y pago de las obligaciones correspondientes a los capítulos I, II y VI del Presupuesto de Gastos que sean exigibles en dicho período y corresponden a las funciones y servicios que se transfieren, a cuyo vencimiento esté previsto por su carácter periódico o por causas contractuales.   
Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá ser considerado al efectuar la periodificación y cálculo de los créditos a retener y transferir a la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, mediante la tramitación del oportuno expediente de modificación presupuestaria, que se efectuará por el procedimiento de urgencia.   
I) Documentación y expedientes de los servicios que se traspasan. La entrega de la documentación y expedientes de los servicios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la publicación del Real Decreto por el que se apruebe este acuerdo. La resolución de los expedientes que se hallen en tramitación se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 8º del Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre.   
J) Fecha de efectividad del traspaso.  
El traspaso de funciones y servicios con sus medios, objeto de este acuerdo, tendrá efectividad a partir del día 1 de julio de 1985.   
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid a 30 de julio de 1985.-Las Secretarias de la Comisión Mixta, Concepción Tobarra Sánchez y María Blanca Blanquer Prats.


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