Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4203, del 05-03-2002 (2002/1688)

Notificación a doña Ana Mª Jiménez Araque. Expediente número R-132/2001.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4203

Fecha DOGV
:   05-03-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/1688


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a doña Ana Mª Jiménez Araque. Expediente número R-132/2001. [2002/F1688]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a doña Ana Mª Jiménez Araque, pasaje 25 de Abril, 4-18ª (46580 Alaquàs) la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-132/2001.
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada formulado por doña Ana María Jiménez Araque contra la resolución, del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, denegatoria de la prórroga de subsidiación del tipo de interés del préstamo cualificado, para la adquisición de una vivienda de protección oficial, acogida al expediente número 46/0357/1992/5.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Doña Ana María Jiménez Araque, titular de un préstamo cualificado concedido por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y destinado a la adquisición de una vivienda de protección oficial de promoción privada, presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia la solicitud de prórroga de subsidiación del tipo de interés del mencionado préstamo, el día 19 de mayo de 2000.
  
Segundo. Mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 2000, el servicio territorial requirió a la interesada, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76, en relación con el artículo 92, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), a fin de que en el plazo de 15 días naturales subsanara los reparos que en dicho escrito se relacionaban y al que nos remitimos.
  
Con fecha 26 de diciembre de 2000, por doña Ana María Jiménez Araque se presentó la documentación que estimó pertinente en relación a lo requerido.
  
Tercero. A resultar de la comprobación de la documentación aportada, se observa que, respecto a los recibos de consumo de luz y de agua de la vivienda objeto de las ayudas de los dos últimos años, no se han presentado los correspondientes al año 1998, y respecto al año 1999, no se han acreditado consumos ordinarios. En cuanto a la domiciliación de los recibos de agua potable, corresponde a la vivienda, puerta 4B, de la avenida de Blasco Ibáñez, número 50, de Alaquàs.
  
Asimismo, el domicilio que aparece en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas corresponde a la avenida de Blasco Ibáñez, número 50, de Alaquàs.
  
Por último, en el DNI de doña Ana María Jiménez Araque, expedido en 28 de marzo de 1997, aparece como domicilio de la interesada el mencionado de la avenida de Blasco Ibáñez, número 50-4B, de Alaquàs.
  
Cuarto. Visto lo anterior y finalizada la instrucción del expediente, el servicio territorial informó a la interesada de los motivos que servirían de base a la propuesta de resolución desestimatoria de su solicitud, y con carácter previo a redactar la mencionada propuesta le concedió trámite de audiencia del expediente, al objeto de que pudiera aportar en el plazo de 15 días naturales las alegaciones y/o documentos que estimase pertinente en defensa de sus intereses.
  
En fecha 6 de febrero de 2001, por la interesada, se presentó la documentación que estimó conveniente en su defensa.
  
Quinto. Visto el expediente, no considerando desvirtuados los hechos puestos de manifiesto en el trámite de audiencia, en fecha 8 de febrero de 2001 el jefe del servicio territorial resolvió denegar (VPO 617) la solicitud de prórroga de la subsidiación solicitada, por los motivos siguientes:
  
- Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.c) en relación con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 1.932/1991, de 20 diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda (BOE 14.01.1992), al quedar acreditado que la solicitante no tiene su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto de las ayudas.
  
- Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1.c) del Real Decreto 1.932/1991, de 20 diciembre, y artículo 5.c) del Decreto 55/1992, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, al no quedar acreditada la ocupación de la vivienda objeto del expediente en los plazos establecidos en la legislación vigente, y en todo caso, dentro de los tres meses siguientes a su entrega.
  
Sexto. Contra la citada resolución doña Ana María Jiménez Araque interpone recurso de alzada en tiempo y forma, con los documentos y las alegaciones que constan en el mismo y a los que nos remitimos en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), como por lo establecido en el Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 3.798, de 21 de julio).
  
Segundo. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115 de la LRJPAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
Tercero. A tenor de lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 1.932/1991, de 20 diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda: «La ampliación del período de subsidiación, exigirá que el beneficiario de esta ayuda la solicite..., acreditando que sigue reuniendo las condiciones que le hacen acreedor a una subsidiación».
  
Cuarto. En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1.c) en relación con los artículos 3 y 4 del meritado Real Decreto 1.932/1991, de 20 diciembre, y artículo 5.c) del Decreto 55/1992, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, serán requisitos imprescindibles, entre otros, para el disfrute de la financiación cualificada, que la vivienda adquirida se destine a residencia habitual y permanente y que sea ocupada dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente, y en todo caso, en los tres meses siguientes a su entrega, salvo prórroga justificada por razones de tipo laboral o familiar, que deberá ser autorizada por la administración competente.
  
Quinto. El empadronamiento es un requisito de carácter formal que pretende demostrar la residencia en un determinado lugar, pero no hay que entenderlo como el medio de prueba definitivo, dado que empadronarse en un lugar distinto al que realmente se reside constituye una incorrección de dicho empadronamiento y por tanto, invalida la prueba de residencia, la cual puede ser demostrada por cualquier otro procedimiento admitido en derecho, como correspondencia, consumos de luz y agua, etcétera.
  
Sexto. En el caso que nos ocupa, examinada la documentación obrante en el expediente se comprueba que la interesada no ha fijado su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto de la actuación protegible y, en todo caso, no queda acreditada su ocupación dentro de los plazos y en la forma establecida en la legislación vigente.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación, y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada formulado por doña Ana María Jiménez Araque contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, de fecha 8 de febrero de 2001, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.