Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3946, del 23-02-2001 (2001/1215)

Notificación de la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-211/2000.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3946

Fecha DOGV
:   23-02-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/1215


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-211/2000. [2001/F1215]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Octavio Balaguer Moliner, calle de Navarra, 118 (12007 Castellón de la Plana), la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-211/2000.
  
Resolución
  
Examinados los recursos de alzada formulados por don Juan Rambla Nebot, don Pedro Luis Calvo Estaun y por don Octavio Balaguer Moliner, en nombre y representación de don Guillermo Font Suay, contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón, en el expediente número 12/RG/1/0013/91 (F-71/97).
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Por la comunidad de propietarios del edificio de protección oficial sito en Castellón de la Plana, calle de los Hermanos Pinzón, número 4, se presentó denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón por deficiencias constructivas en el citado inmueble, enviándose a un perito de dicho organismo emitiendo informe, en base al que se acordó la incoación de expediente sancionador contra el promotor así como contra los facultativos de la obra, con traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
Segundo. El instructor del expediente sancionador dictó propuesta de resolución en la que entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de Régimen Sancionador en Materia de Vivienda, proponía la imposición de una sanción pecuniaria de 500.000 pesetas a cada uno de los expedientados, así como la orden de obras al promotor de subsanación de las deficiencias recogidas en el pliego de cargos.
  
Tercero. El jefe del servicio territorial dictó resolución en la que manteniendo los fundamentos jurídicos de la propuesta, entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, imponía una multa de 250.000 pesetas a cada uno de los expedientados, con orden de obras de subsanación de las deficiencias al promotor.
  
Cuarto. Contra dicha resolución interponen recursos de alzada don Juan Rambla Nebot, don Pedro Luis Calvo Estaun y por don Octavio Balaguer Moliner en nombre y representación de don Guillermo Font Suay con las alegaciones que constan en los mismos y que aquí se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), como por lo establecido en el Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 3.798, de 21 de julio).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115, de la LRJPAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
3. Solicitan los recurrentes arquitecto y arquitecto técnico que se revoque y deje sin efecto la resolución recurrida por la caducidad del expediente a tenor del artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en relación con el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como la inexistencia de infracción y la necesidad de demostrar la culpabilidad al no existir prueba; la nulidad de pleno derecho por inaplicación del artículo 62.e) de la LRJPAC al no haber realizado la administración los actos mínimos necesarios para la comprobación de los hechos; la vulneración del principio de presunción de inocencia, vigencia del principio de personalidad de las sanciones e improcedencia de solidaridad en el derecho administrativo sancionador, y la exigencia de dolo o culpabilidad.
  
4. En cuanto a la caducidad alegada, ésta no existe ya que a los expedientes sancionadores iniciados a instancia de parte como en el presente caso que fue por denuncia, aunque el acto formal del acuerdo de incoación lo efectúe el jefe del servicio territorial por impulso de la solicitud de los denunciantes, se les aplica en lo referente a los plazos el artículo 43.1 de la aludida Ley 30/1992 en relación con el artículo 20.6, último párrafo, del Real Decreto 1.398/1993 de 4 de agosto, por cuanto el artículo 43.4 de la misma se refiere exclusivamente a los expedientes sancionadores incoados de oficio (sentencias de los tribunales superiores de justicia de la Rioja de 20.06 y 10.02.1997, de Murcia de 18.12.1996 y 02.07.1997, de Cataluña y Navarra de 06.06.1996 y 30.06.1994, respectivamente), es decir, cuando no existen terceros, sino únicamente la administración y el expedientado, lo que no ocurre en este asunto.
  
5. En lo referente al fondo del asunto, constan en el informe pericial de fecha 27 de noviembre de 1997 los defectos de construcción graves que afectan a la edificación o habitabilidad de las viviendas, detallando: «1. Falta de insonorización entre viviendas. 2. Filtraciones de agua en el depósito de acumulación de agua potable. 3. Defecto en los conductos de ventilación.», y en su apartado 3 se expresa: «Por lo que se refiere a los conductos de ventilación defectuosos, cabe informar que tienen su origen en la escasa especificación del proyecto que no se ha suplido con la dirección de la obra; y a falta de control de la ejecución material de la obra. Cuarto de baño de la vivienda 3º B: no dispone de conducto de ventilación forzada, en las condiciones que se determinan en el artículo 2.6 de la H.D.91. Cocinas de las viviendas 1ºA y 3ºA: los conductos de salida de humos están conectados a una misma chimenea, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2.6 de la H.D.91. Cocinas de las cuatro viviendas C: no disponen de conducto independiente para la ventilación mecánica de los humos y gases de combustión... contraviniendo la expresa prohibición que sobre el particular incluye el artículo 2.6 de la H.D.91. Ventilación de las bajantes fecales: ... indican la carencia de dichas ventilaciones o instalación deficiente. Lo que supondría infracción del artículo 2.27 de la H.D.91.»
  
Lo que antecede es resultado de la falta de actuación diligente por parte de los recurrentes que incumplieron normas tan elementales en la edificación, pues por un lado la falta de especificación en proyecto en cuanto a los conductos de ventilación, por otro la falta de control en la ejecución de la obra que su deber de vigilancia les obligaba a ello, y que dio como resultado las deficiencias constructivas mencionadas.
  
Dicho informe pericial tiene carácter determinante para la resolución del expediente, a tenor del artículo 17.3 y 4 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y en consecuencia queda probada la comisión de la infracción imputada por cuanto existe relación causa efecto entre la conducta de los imputados y el resultado de los vicios constructivos.
  
En cuanto a la solidaridad alegada, no se produce ya que las sanciones son independientes al entenderse que cada uno de los imputados es autor de una infracción muy grave del artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de Régimen Sancionador en Materia de Vivienda.
  
6. El promotor en su escrito de recurso básicamente alega que ha efectuado las obras de reparación, por lo que solicita el sobreseimiento del expediente. No obstante tanto por su propio escrito como por el de alegaciones de fecha 25 de mayo de 2000 presentado por la comunidad denunciante en el trámite de audiencia y vista de esta alzada, se acredita que la orden de obras no se ha llevado a cabo en su totalidad.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar los recursos de alzada formulados por don Juan Rambla Nebot, don Pedro Luis Calvo Estaun y por don Octavio Balaguer Moliner en nombre y representación de don Guillermo Font Suay, contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón de fecha 16 de marzo de 2000, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón de la Plana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.