Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6210, del 19-02-2010 (2010/1741)

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, del director general del Secretariado del Consell, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas de País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra y Aragón de adhesión al Convenio del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad en el ámbito de la Administración de la Justicia.
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Número DOGV
:   6210

Fecha DOGV
:   19-02-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2010/1741


Fecha del documento
:   16-02-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio e Innovación

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria Justicia y Administraciones Públicas
    * administración central
    * País Vasco
    * poder judicial
    * Andalucía
    * Aragón
    * Galicia
    * Comunidad Valenciana
    * cooperación administrativa
    * Cataluña
    * Navarra

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, del director general del Secretariado del Consell, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas de País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra y Aragón de adhesión al Convenio del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad en el ámbito de la Administración de la Justicia. [2010/1741]  
El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas de País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra y Aragón han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 10 de diciembre de 2009, el Convenio de adhesión al Convenio del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad en el ámbito de la administración de la Justicia.  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de dicho Convenio, que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 0216/2010, y que figura como anexo de esta resolución.  
Valencia, 16 de febrero de 2010.- El director general del Secretariado del Consell: Ángel Mompó Romero.  
Convenio entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas de País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra y Aragón de adhesión al convenio del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad en el ámbito de la Administración de la Justicia.  
Madrid, 10 de diciembre de 2009  
Reunidos  
De una parte, Carlos Divar Blanco, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en nombre y representación de éste, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el Real Decreto 1576/2008, de 24 de septiembre.  
De otra, Francisco Caamaño Domínguez, ministro de Justicia, de acuerdo con el Real Decreto 240/2009, de 23 de febrero, y en uso de las competencias que le corresponden en virtud de la disposición adicional decimotercera de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
De otra, Cándido Conde-Pumpido Tourón, fiscal general del Estado, nombrado en virtud de Real Decreto 750/2008, de 9 de mayo y, en el ejercicio de la representación del Ministerio Fiscal, Órgano de relevancia Constitucional con personalidad jurídica propia, según recoge en la Ley 24/2007 de 9 de octubre, por la que se modifica el artículo 2.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal   
De otra, Begoña Alvarez Civantos, consejera de Justicia y Administraciones Públicas, nombrada por Decreto del Presidente 4/2009, de 23 de abril, por el que se designan los Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía y de la representación que le atribuye el artículo 21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la Junta de Andalucía.  
De otra, Rogelio Silva Gayoso, consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, en virtud de lo establecido en el Decreto 6 de julio de 2007, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de la representación que le atribuye el artículo 10.2) de la Ley 2/2009 de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, facultado para este acto mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2009.  
De otra, José Miguel Ruano León, consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado por Decreto 208/2007, de 13 de Julio, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y de acuerdo con el Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.  
De otra, Monserrat Tura i Camafreita, consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, en virtud de lo establecido en el Decreto 423/2006, de 28 de noviembre del Presidente de la Generalitat de Cataluña, por el que se nombran a los Consejeros y Consejeras de la Generalitat de Cataluña.  
De otra, Alfonso Rueda Valenzuela, consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, en virtud de lo establecido en el Decreto 81/2009 de 19 de abril, por el que se nombra a los titulares de los Departamentos de la Xunta de Galicia.  
De otra, Javier Caballero Martínez, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, en virtud de lo establecido en el Decreto Foral 13/2007, de 16 de agosto, del Presidente del Gobierno de Navarra.  
De otra, Idoia Mendia Cueva, consejera de Justicia y Administración Pública del Gobierno del País Vasco, en virtud de lo establecido en el Decreto 8/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de nombramiento de la Consejera de Justicia y Administración Pública.  
De otra, Paula Sánchez de León Guardiola, consellera de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, en virtud de lo establecido en el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en su redacción dada por Ley 12/2007, de 20 de marzo de la Generalitat, autorizada para este acto por acuerdo del Consell del 4 de diciembre de 2009.  
Exponen  
1. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia (MJU) y la Fiscalía General del Estado (FGE) suscribieron el pasado día 30 de septiembre de 2009 un Convenio para el establecimiento del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad.  
2. Este convenio tiene por objeto acordar la colaboración entre dichas instituciones, así como con las Comunidades Autónomas que se adhieran al mismo, para el desarrollo de las actuaciones precisas con el objetivo de establecer un Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad que permita, a través de las plataformas tecnológicas necesarias, el funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la administración de Justicia.  
3. El referido convenio establece en su cláusula 5 que las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia podrán adherirse al Convenio e incorporarse a sus órganos de seguimiento.  
4. Las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia con competencias asumidas en materia de justicia tienen una voluntad compartida de trabajar colegiadamente y de compartir esfuerzos para conseguir el objetivo común de que los sistemas de información del sistema de justicia puedan interoperar adecuadamente, con las necesarias garantías de seguridad y con la flexibilidad suficiente para no imponer ningún sistema sobre los demás.  
Clausulas   
Primera. Adhesión  
Las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia se adhieren al Convenio de colaboración para la creación del EJIS suscrito por el MJU, el CGPJ y la FGE en la ciudad de Madrid el pasado día 30 de septiembre de 2009, que se adjunta como Anexo a este Convenio.  
Segunda. En relación con la propiedad intelectual  
Las referencias a la reutilización de servicios, sistemas y aplicativos desarrollados y cuya propiedad intelectual pertenezca a las partes firmantes del convenio se consideran referidas a las aplicaciones y desarrollos realizados en ejecución de los planes de proyectos derivados el EJIS.  
En los restantes casos serán las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones quienes podrán ponerlas a disposición de cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio.  
Tercera. En relación con las obligaciones de las partes  
El principio general de flexibilidad que inspira el Convenio implica que las actuaciones que han llevado a cabo y/o están desarrollando las instituciones firmantes en el marco de la interoperabilidad y de la seguridad, posibilitando el intercambio de información, y el acceso y consulta a la misma tienen cabida dentro de EJIS, y serán reforzadas si así se considera oportuno, sin que se considere su sustitución o reemplazo.  
Cuarta. En relación con los planes de proyecto  
Los Planes de Proyectos que anualmente se incorporarán como Anexos al Convenio establecerán los trabajos a acometer en cada período, así como los compromisos financieros que en cada caso serán asumidos por cada una de las partes. Cada uno de los Proyectos precisará las necesidades, limitaciones y particularidades de cada una de las partes firmantes.  
Quinta. En relación con la comisión ejecutiva  
La Comisión Ejecutiva comunicará a cada una de las Comunidades Autónomas parte del Convenio, por conducto de su representante en la Comisión de Seguimiento y con la antelación suficiente, los asuntos a tratar en cada sesión, a fin de que cada Comunidad Autónoma manifieste si tales asuntos pueden afectarles y proceder en tal caso a su convocatoria.  
Sexta. Naturaleza del presente convenio  
Este convenio de adhesión tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ámbito de aplicación del la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo previsto en su artículo 4.1 c)  
Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio de adhesión, en doce ejemplares en el lugar y fecha indicados,  
El presidente del CGPJ: Carlos Dívar Blanco   
El ministro de Justicia: Francisco Caamaño Domínguez  
El fiscal general del Estado: Cándido Conde-Pumpido Tourón  
El viceconsejero de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco: José Manuel Fínez Ratón   
La consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña: Monserrat Tura i Camafreita  
La secretaria general de Modernización Innovación, Tecnológica de la Xunta de Galicia: Mª del Mar Pereira Álvarez  
La consejera de Justicia y Administraciones públicas de la Generalitat de Valencia: Paula Sánchez de Léon  
El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias:José Miguel Ruano León   
El viceconsejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía: José Antonio Ortiz Mallol  
El consejero de Presidencia Justicia e Interior del Gobierno de Navarra: Javier Caballero Martínez  
El consejero de Politica Territorial, Justicia e Interior:Rogelio Silva Gayoso  
ANEXO  
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA, EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL ESQUEMA JUDICIAL DE INTEROPERABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA  
En Madrid, a treinta de septiembre de dos mil nueve.  
REUNIDOS  
De una parte, Carlos Dívar Blanco, Presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General el Poder Judicial en nombre y representación de éste, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el Real Decreto 1576/2008, de 24 de septiembre.  
De otra, Francisco Caamaño Domínguez, Ministro de Justicia, de acuerdo con el Real Decreto 240/2009, de 23 de febrero, y en uso de las competencias que le corresponden en virtud de la disposición adicional decimotercera de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Y de otra, Cándido Conde-Pumpido Tourón, Fiscal General del Estado, nombrado en virtud del Real Decreto 750/2009, de 9 de mayo y, en el ejercicio de la representación del Ministerio fiscal, Órgano de relevancia Constitucional con personalidad jurídica propia, según recoge en la Ley 24/2007 de 9 de octubre, por la que se modifica el art. 2.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.  
EXPONEN  
1. Entre quienes ostentan responsabilidades en la Administración de Justicia constituye una prioridad el fomento y uso generalizado de las nuevas tecnologías como herramienta necesaria e imprescindible para la mejora de la Justicia. En este sentido, todos los actores implicados, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia (MJU), la Fiscalía General del Estado (FGE) y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, vienen apostando, de forma decidida y firme, por la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito de la prestación de servicios de la Justicia.  
2. La cooperación y coordinación entre administraciones resulta imprescindible para evolucionar tecnológicamente los actuales desarrollos informáticos y lograr la interoperabilidad entre todos los sistemas y aplicativos que prestan servicios a la Administración de Justicia. Este planteamiento no deja al margen las medidas de seguridad oportunas que posibiliten y garanticen la prestación de los mismos.   
El artículo 41 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos establece que las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios de colaboración con objeto de articular medidas e instrumentos de colaboración para la implantación coordinada y normalizada de una red de espacios comunes o ventanillas únicas.  
La interoperabilidad y la seguridad deben contribuir a la mejora del funcionamiento de los servicios públicos en la atención del ciudadano, por un lado, y mejorar ostensiblemente el funcionamiento interno de la Administración por otro. Las nuevas tecnologías permiten oportunidades de mejora (eficiencia, eficacia, calidad y reducción de costes) que hacen ineludible la consideración de las formas de tramitación electrónica, tanto para la tramitación electrónica de expedientes, como para cualquier otra actuación interna de la Administración.  
Además, evita la duplicidad de esfuerzos logrando que las administraciones competentes puedan cooperar en la resolución de los procedimientos a la vez que colaboran en dotarse de los mejores medios para ello.  
En este marco se encuadran los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad que conforme a la citada Ley comprenderán el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.  
La Administración de Justicia no puede quedar al margen de todo lo anteriormente descrito. Debe seguir la estela de los esfuerzos que se están realizando en otros ámbitos de la Administración si quiere prestar un servicio público eficaz, eficiente y de calidad no sólo al ciudadano, si no a todo el personal de la Administración de Justicia..  
3. El CGPJ, órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial (art. 122 CE), desempeña, en cumplimiento de sus irrenunciables competencias atribuidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 230.5) y por el Reglamento de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (artículo 98), un papel rector en el proceso de incorporación de las tecnologías de la Información al ámbito de la Administración de Justicia, como responsable de velar e impulsar la seguridad de la información y la compatibilidad de los sistemas informáticos, así como su comunicación e integración, con el fin último de conseguir sistemas informáticos interoperables, homogéneos y armónicos en el marco de un Poder Judicial único.  
4. Por su parte la FGE es responsable de la definición del sistema de información del Ministerio Fiscal y la Red de Comunicaciones para asegurar eficazmente la unidad de actuación de conformidad con lo establecido en el art. 24 CE, tal como expresamente dispone su Estatuto Orgánico en su Disposición Adicional Segunda y el Real Decreto 93/2006 por el que se regula el Sistema de información del Ministerio Fiscal, que proclama la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal utilizados por las Fiscalías.  
5. Existe ya una voluntad compartida entre todas las instituciones del Sector Justicia de trabajar colegiadamente y de compartir esfuerzos para conseguir el objetivo común de que los sistemas de información del Sistema de Justicia puedan interoperar adecuadamente. Así se ha expresado reiteradamente por el CGPJ y el MJU en el marco de las Comisiones Mixta CGPJ-MJU, de la Comisión de Modernización del CGPJ y de la Comisión de Oficina Judicial CGPJ-MJU. Y en el mismo sentido, en la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrada el día 17 de junio de 2009 se puso de manifiesto la intención de aunar esfuerzos por parte de todas las Administraciones implicadas, en aras del alcanzar el objetivo de interoperar los distintos sistemas informáticos existentes con todas las garantías de seguridad, y con la flexibilidad suficiente para no imponer ningún sistema sobre los demás. Considerando en todo momento los medios técnicos existentes para facilitar la interconexión entre ellos.  
Los cambios tecnológicos que la puesta en marcha del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) supone, hace que sea prioritaria la definición de toda una serie de actuaciones dirigidas a la consideración de la brecha digital y tecnológica, existente en las diferentes Administraciones, por un lado, y las necesidades de sensibilización y formación que serán necesarias para impulsar el cambio dentro del personal de la Administración de Justicia, por otro.   
El objetivo es claro, ocupar una posición a la cabeza de la Administración en lo relativo a la prestación de los servicios de la Justicia. Esto supone la modernización de la Justicia a través del EJIS.  
CLAÚSULAS  
Primera. Objeto del Convenio  
El presente Convenio tiene por objeto acordar la colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, así como las Comunidades Autónomas que se adhieran al mismo, para el desarrollo de las actuaciones precisas con el objetivo de establecer un Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad que permita, a través de las plataformas tecnológicas necesarias, el funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia.  
A tales efectos, todas las partes signatarias del presente Convenio colaborarán en:  
a) La elaboración de un catálogo de servicios, definidos por el CGPJ y el MJU y, en el ámbito de sus competencias, por la FGE y el MJU, en ambos casos con la participación de las CCAA, a prestar dentro de ejercicio de las competencias de las partes reconocidas por el marco legal vigente.   
b) La identificación de las infraestructuras de comunicaciones y de interoperabilidad, comunes y descentralizadas, disponibles actualmente.  
c) El establecimiento de un marco de Gobernanza del EJIS que permita la prestación de los servicios definidos anteriormente con todas las garantías de seguridad en la utilización de medios electrónicos en la Administración de Justicia, que permitan una protección adecuada de la información, así como con los estándares adecuados de calidad, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas al CGPJ en los artículos 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 97.1 del Reglamento 1/2005, de Aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, respecto de la definición de las medidas básicas de seguridad de los sistemas de gestión procesal y la determinación de los requisitos y demás condiciones que afecten a los ficheros que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales, de forma que quede asegurado el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
d) La promoción de las condiciones que permitan una adecuada utilización de las aplicaciones y sistemas por quienes prestan servicio en la Administración de Justicia, desarrollando actuaciones en materia de formación, de atención a usuarios y de incentivos.  
Segunda. Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad  
El EJIS, objeto del presente Convenio tiene por objetivo facilitar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la actividad judicial, en condiciones de eficacia, eficiencia, racionalidad económica, y calidad. Este objetivo queda condicionado a la adopción y cumplimiento de normas y estándares que aseguren la interoperabilidad de los sistemas y aplicativos a disposición de la Administración de la Justicia, a nivel nacional, con todas las garantías de seguridad.  
El EJIS se plantea desde el punto de vistas de tres dimensiones fundamentales:  
a) Dimensión o aspectos Organizativos, que pasa por la creación de una arquitectura institucional y un marco de Gobernanza del Esquema.   
El marco de Gobernanza incluye las actuaciones dirigidas a la dirección, ejecución, seguimiento de la implantación del Esquema, con el establecimiento de las herramientas de seguridad y calidad, y formación necesarias que se establezcan para alcanzar su total desarrollo.  
b) Dimensión o aspectos Semántico-Jurídicos, que establecería el lenguaje común de los sistemas y aplicativos judiciales, a través de los criterios establecidos al amparo del art. 230.5 LOPJ, actualmente contenidos, junto con otras especificaciones, en el test de compatibilidad.  
c) Dimensión Técnica, que como prioridad establece la coordinación entre las partes para consensuar los medios actualmente disponibles, infraestructuras de comunicaciones y plataformas tecnológicas, que permitan el intercambio de información en todos los ámbitos:  
- El Punto Neutro Judicial, PNJ, desarrollado por el CGPJ, y la Nueva Red Judicial (NRJ) del MJU, que se sumarían a las funcionalidades que ofrece la Intranet Administrativa (SARA), todas ellas desde el punto de vista de las comunicaciones.  
- Las plataformas tecnológicas de interoperabilidad del CGPJ y del MJU, para facilitar la prestación de servicios de la Administración de Justicia y el intercambio de información dentro de dicha Administración, y con el resto de Administraciones.  
Tercera. Propiedad intelectual de los aplicativos  
Dentro de los principios de reutilización de aplicaciones y desarrollos, y de transferencia de tecnologías, que la Ley 11/2007 incluye en su Capítulo III, se considera adecuado seguir como referencia los mismos y contemplar:   
a) En lo relativo a la reutilización de servicios, sistemas y aplicativos desarrollados y cuya propiedad intelectual pertenezca a las partes firmantes del presente Convenio, la puesta a disposición de los mismos a cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio.  
Las aplicaciones, servicios y demás desarrollos podrán ser declaradas como fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración de la Justicia.  
b) En lo relativo a la transferencia tecnológica entre los firmantes, se considera necesario disponer de un Inventario de sistemas, aplicaciones y desarrollos actualizado, para que sea posible la libre reutilización dentro del EJIS.  
Cuarta. Adhesión de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Administración de Justicia.  
Las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia podrán adherirse al Convenio incorporándose a sus órganos de seguimiento en la forma establecida en las cláusulas siguientes.  
Quinta. Obligaciones de las partes.  
1. Las partes firmantes del presente Convenio se obligan a unificar esfuerzos para que el EJIS alcance los objetivos planteados y a tal efecto se comprometen a:  
a) Prestar los servicios definidos en el catálogo de servicios, dentro del ejercicio de las competencias de cada una de las partes reconocidas en el marco legal vigente.  
b) Elaborar y mantener el Inventario de aplicaciones, sistemas e iniciativas en curso, para garantizar la transferencia tecnológica.  
c) Facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información y aplicativos al servicio de la Administración de Justicia.  
d) Optimizar y mantener las infraestructuras de comunicaciones utilizadas al servicio del EJIS.  
e) Aplicar los criterios de seguridad pertinentes en la utilización de medios electrónicos en la Administración de Justicia.  
f) Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad en la prestación de servicios a través de las nuevas tecnologías.  
g) Desarrollar actuaciones que permitan una adecuada gestión del cambio en la utilización de las nuevas aplicaciones y sistemas.  
2. Dentro del marco de flexibilidad que establece el presente Convenio, corresponderá al MJU la definición y diseño, con la colaboración del CGPJ, así como el desarrollo, implantación y mantenimiento de los servicios e infraestructuras necesarias para la disposición de una plataforma de interoperabilidad que permita a través de la Nueva Red Judicial:   
a) El intercambio de información entre los diferentes sistemas de gestión procesal gestionados por distintas Administraciones competentes.  
b) El intercambio de información entre los sistemas de gestión procesal y fiscal, salvo que ambos se encuentren integrados en una única aplicación informática, sin perjuicio de lo previsto en el presente Convenio para el intercambio de información con la Fiscalía General del Estado.  
c) El intercambio de información y consultas con los servicios gestionados por el Ministerio de Justicia y con los Organismos dependientes: Instituto de Medicina Legal, Centro de Estudios Jurídicos, Mutualidad General Judicial e Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses.  
d) Comunicaciones telemáticas con las partes intervinientes un proceso o sus representantes, salvo que el concreto sistema de gestión procesal contemple un sistema propio aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en cumplimiento de lo establecido en el art. 230.5 LOPJ.  
e) El intercambio de información con aquellas Administraciones, Organismos o profesionales que lo necesiten para el desarrollo de sus funciones por su relación directa con la Administración de Justicia, cuando ello conlleve el inicio de un procedimiento judicial, o la incorporación de la información al mismo cuando así se concrete de común acuerdo por el MJU y el CGPJ.  
f) El intercambio de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuyo ámbito de actuación se extienda a todo el territorio nacional, cuando ello conlleve el inicio de un procedimiento o la incorporación al mismo; y con los cuerpos policiales autonómicos, forales y locales cuando no existan en sus respectivos territorios sistemas de intercambio de información aprobados por el Consejo General del Poder Judicial en cumplimiento de lo establecido en el art. 230.5 LOPJ. En todo caso, el Ministerio facilitará el intercambio de información de los cuerpos policiales autonómicos, forales y locales con los órganos judiciales radicados fuera de su territorio competencial cuando ello conlleve el inicio de un procedimiento.  
En particular, corresponderá al MJU, prestando el adecuado soporte tecnológico a la FGE:  
a) Realizar las actuaciones oportunas en sus sistemas y aplicaciones informáticas a fin de garantizar la plena efectividad del Sistema de Información del Ministerio Fiscal y de la Red Integrada de Comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal   
b) Realizar las actuaciones oportunas para garantizar el intercambio de información y las consultas necesarias con los sistemas de gestión procesal y con los sistemas de Administraciones y Organismos que así lo necesiten para el desarrollo de sus respectivas funciones.   
c) Desarrollar, si así lo estiman oportuno, los servicios que proporcionen acceso a información propia de la FGE, y que sea de interés para el resto de la Administración de la Justicia.  
3. Del mismo modo, dentro del marco de flexibilidad que establece el presente Convenio, corresponderá al CGPJ el establecimiento, revisión y actualización del marco que, de conformidad con el art. 230.5 LOPJ, garantice la compatibilidad de los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia  
Además, le corresponde al CGPJ la definición y diseño, con la colaboración del MJU, así como el desarrollo, implantación y mantenimiento de los servicios e infraestructuras necesarias para la disposición de una plataforma de interoperabilidad que permita a través del Punto Neutro Judicial:   
a) El intercambio de información y consultas respecto de los servicios prestados en ejecución de las competencias atribuidas por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como los prestados en ejecución del presente Convenio.   
b) El intercambio de información y consultas desde los sistemas de gestión procesal con otras Administraciones o Instituciones en sus relaciones con la Administración de Justicia.  
El Plan de Proyectos EJIS incluirá el que contemple la cooperación entre el CGPJ y el MJU para la anotación de las requisitorias y órdenes de protección en el sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.   
c) El intercambio de información entre el CGPJ y los órganos de gobierno interno de Juzgados y Tribunales, así como entre los propios órganos de gobierno.  
4. Corresponderá a las Comunidades Autónomas que se adhieran al presente Convenio:  
a) Cumplir con el marco que, de conformidad con el art. 230.5 LOPJ, se establezca para garantizar la compatibilidad de los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia.   
b) Realizar las actualizaciones oportunas en sus sistemas y aplicaciones informáticas para acceder a los servicios que permitan el intercambio y acceso a la información disponible.   
c) Desarrollar, si así lo estiman oportuno, los servicios que proporcionen acceso a información propia de la Fiscalía radicada en su territorio, y que sea de interés para el resto de la Administración de la Justicia.  
d) Desarrollar, si así lo estiman oportuno, los servicios necesarios para el intercambio de información entre los sistemas de gestión procesal y los cuerpos policiales forales, autonómicos o locales que existan en sus respectivos territorios.  
5. Además, a cada Administración competente cuidará de poner a disposición de los ciudadanos de sus respectivos territorios los servicios de acceso a la información a la que tienen derecho en su relación con la Administración de Justicia.  
Sexta. Financiación.  
1. El MJU asumirá las obligaciones financieras derivadas del desarrollo de los trabajos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados 1, 2 y 5 de la cláusula quinta del presente Convenio, en los términos previstos en el apartado 4 de esta cláusula.  
2. El CGPJ asumirá las obligaciones financieras necesarias para el cumplimiento de las responsabilidades previstas en el apartado 1, 3 y 5 de la cláusula quinta del presente Convenio, en los términos previstos en el apartado 4 de esta cláusula.  
3. Las Comunidades Autónomas que se adhieran al Convenio asumirán las obligaciones financieras surgidas para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 1, 4 y 5 de la cláusula quinta del presente Convenio, en los términos previstos en el apartado 4 de esta cláusula.  
4. Las partes firmantes y adheridas al Convenio suscribirán anualmente Anexos al mismo, en los que se determinarán los trabajos incluidos en el Plan de Proyectos EJIS que se acometerán en dicho período, así como los compromisos financieros que en cada caso serán asumidos por cada una de las partes.   
5. Sin perjuicio de todo lo anterior, el Plan de Proyectos podrá contemplar la financiación de determinados proyectos o gastos por parte de todas o algunas de las Instituciones firmantes o adheridas, en la forma y con las particularidades que se precise en cada supuesto. También podrá prever en su caso el destino de los recursos que por indicación legal deban destinarse al desarrollo de mecanismos de interoperabilidad en la Administración de Justicia.   
Séptima. Comisión de Seguimiento.  
Se crea una Comisión de Seguimiento encargada de la Dirección del Convenio copresidida por el Secretario General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del MJU y la persona que ostente la Presidencia de la Comisión de Modernización e Informática del CGPJ o Vocal de dicha Comisión en quien delegue.  
Está Comisión estará integrada, además, por:  
a) Tres representantes del CGPJ.  
b) Tres representantes del MJU,   
c) Un representante de la FGE.  
d) Un representante de cada una de las CCAA que se adhieran al Convenio, que deberá tener al menos el rango de Director General.  
Actuarán como Secretarios un funcionario del MJU y un Letrado del CGPJ en turnos rotativos anuales. Esta Comisión se reunirá con la periodicidad que la misma determine y como mínimo dos veces al año. De sus reuniones se elaborará la correspondiente acta.  
Corresponde a la Comisión de Seguimiento:  
a) La aprobación del Plan de Proyectos EJIS que se derive del presente Convenio, así como la incorporación de los Anexos al mismo que consideren oportunos según las prioridades en materia de Modernización de Justicia, alineados siempre con las estrategias de las partes firmantes.   
b) El estudio y, en su caso, la aprobación de las propuestas que le formule la Comisión Ejecutiva, así como la aprobación de las iniciativas que considere oportunas para el mejor funcionamiento del EJIS y el mejor desarrollo y cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos en el presente convenio y para una adecuada coordinación entre las instituciones participantes.  
c) El estudio y en su caso aprobación de los informes de seguimiento y evaluación del Convenio que le sean sometidos por la Comisión Ejecutiva.  
d) La evaluación y aceptación de las solicitudes de adhesión al convenio efectuadas por las Comunidades Autónomas.  
e) La resolución con carácter directivo de las cuestiones de interpretación y aplicación del Convenio.  
Octava. Comisión Ejecutiva.  
La dirección ejecutiva del EJIS se llevará a cabo por una Comisión Ejecutiva integrada por los siguientes miembros:  
a) Dos representantes del CGPJ, designados por éste.  
b) Dos representantes del MJU, designados por éste. Uno de ellos deberá tener al menos el rango de Director General.  
c) Un representante de la FGE.  
d) Un representante de las Comunidades Autónomas que se adhieran al Convenio designado bienalmente por las mismas.  
e) Cuando se traten asuntos que puedan afectarles y previa convocatoria, un representante de cada una de las Comunidades Autónomas que se adhieran al Convenio  
Además, la Comisión Ejecutiva podrá contar con el asesoramiento de representantes expertos de las instituciones parte del EJIS con el perfil profesional determinado en las correspondientes convocatorias.  
La Comisión Ejecutiva estudiará, analizará y efectuará propuestas sobre cuantas cuestiones le plantee la Comisión de Seguimiento. Esta Comisión se reunirá con la periodicidad que la misma determine y como mínimo cuatro veces al año. De sus reuniones se elaborará la correspondiente acta.  
Corresponderá a la Comisión Ejecutiva:  
a) La dirección, coordinación e impulso del EJIS.  
b) Elaboración del Plan de Proyectos EJIS, donde se establezcan los objetivos a corto, medio y largo plazo, alineados con las estrategias y prioridades de la Comisión de Seguimiento. El Plan de Proyectos incluirá la planificación operativa del mismo, con todas las herramientas de Gobernanza que permitan un seguimiento adecuado del cumplimiento de los objetivos, y de las actuaciones a realizar para las desviaciones sobre los mismos que se puedan producir.  
c) Elaboración del correspondiente estado de situación, así como la definición de las estrategias a seguir dentro del marco de constitución del EJIS.  
d) Definición de los objetivos perseguidos en la construcción de los diferentes servicios así como de su filosofía de trabajo, presentación a los usuarios e integración en los sistemas de gestión procesal, con el fin de elaborar un catálogo homogéneo y coherente.  
e) Realizar cuantas actuaciones resulten precisas para lograr el cumplimiento del catálogo de servicios a poner a disposición de la Administración de la Justicia con motivo de la implantación del EJIS y la definición de las responsabilidades en la prestación de los mismos.  
f) Promoción de la elaboración del Inventario de aplicaciones, sistemas e iniciativas en lo relativo a la Administración de Justicia, para disponer de una visión global actualiza de todos los elementos tecnológicos a disposición de la misma.   
En este sentido, se encargará de la tramitación del mismo a través de la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, que se adhieran al Convenio, para su difusión entre ellas. Del mismo modo será responsabilidad de la Comisión que dicho inventario permanezca actualizado, con una periodicidad anual.  
g) La Comisión elaborará un informe anual de su actuación donde se reflejen las líneas estratégicas establecidas y el grado de cumplimiento de las mismas. Dicho informe será elevado a la Comisión de Seguimiento para su estudio y eventual aprobación.  
h) Informar y asesorar a los miembros de la Comisión de Seguimiento sobre todos los aspectos que se les sometan a consulta.  
Novena. Equipos de trabajo.  
Para la definición, desarrollo, implantación y seguimiento del EJIS podrán establecerse equipos de trabajo, con perfil técnico y jurídico, integrados por personal designado por la Comisión Ejecutiva, a propuesta de los firmantes del Convenio y que podrá pertenecer o no a la Administración.   
Décima. Resolución de conflictos.  
Las partes se comprometen a intentar solventar de común acuerdo las diferencias que resulten de la interpretación y ejecución de este convenio y de los acuerdos específicos derivados de él. Será la Comisión de Seguimiento la encargada de la resolución de conflictos.  
Las discrepancias que puedan surgir entre las partes derivadas de la aplicación del Convenio serán sometidas, en última instancia a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
Undécima. Naturaleza del presente Convenio  
Este convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del ámbito de aplicación del la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo previsto en su artículo 4.1 c).  
Duodécima. Protección de Datos Personales  
El tratamiento de los datos personales que precisen las partes que firman el presente Convenio, para la interoperabilidad de los sistemas, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a las referencias específicas contenidas en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, en la Ley 20/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en el resto de disposiciones de aplicación.  
Decimotercera. Duración, modificaciones y extinción  
El presente Convenio entrará en vigor a la fecha de la firma, y extenderá su vigencia por un plazo de cinco años, prorrogándose automáticamente por periodos anuales si no concurre manifestación en contra por alguna de las partes con una antelación mínima de un mes a la fecha de vencimiento.   
Serán causa de extinción del presente Convenio el incumplimiento de las obligaciones fundamentales que deriven del mismo, o cualquier modificación sustancial de las circunstancias que motivaron originariamente su suscripción y que hagan aconsejable la suscripción de una nueva relación jurídica. Las modificaciones no sustanciales se llevarán a efecto mediante enmienda firmada por los representantes de las partes.  
Las modificaciones al mismo se realizarán a través de anexos cuyo nivel de firmas será el mismo que el exigido para el presente Convenio.  
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en ejemplar triplicado, en el lugar y fecha indicados.  
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,  
Carlos Dívar Blanco   
El Ministro de Justicia,  
Francisco Caamaño Domínguez   
El Fiscal General de Estado,  
Cándido Conde-Pumpido Tourón