Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4040, del 11-07-2001 (2001/6511)

ORDEN de 27 de junio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de compensaciones económicas a los árbitros designados, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores y 28 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4040

Fecha DOGV
:   11-07-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2001/6511


Fecha del documento
:   27-06-2001

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * dietas y gastos
    * conflicto laboral
    * legislación

ORDEN de 27 de junio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de compensaciones económicas a los árbitros designados, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores y 28 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, en el ámbito de la Comunidad Valenciana. [2001/A6511]
  
El artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado en virtud de Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y desarrollado en cuanto a las reclamaciones en materia electoral por los artículos 28 y siguientes del Real Decreto 1.844/1994, de 9 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación de los Trabajadores en la Empresa, establece que las impugnaciones en materia de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en las empresas se tramitarán conforme al procedimiento arbitral regulado en el citado precepto. Por otra parte, los artículos 28 y 29 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas, redactados conforme a la Ley 18/1994, de 30 de junio, establecen asimismo un procedimiento de impugnación arbitral en materia electoral.
  
La trascendencia que las normas citadas atribuyen al arbitraje desjudicializando y sometiendo al control arbitral los procesos electorales, la función de utilidad pública e interés social que los árbitros desarrollan, la imparcialidad que debe presidir sus actuaciones y la configuración del arbitraje electoral como trámite previo a la vía judicial, aconsejan la compensación económica de los mismos, lo que constituye el objeto de la presente orden.
  
Habida cuenta de que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, establece en su artículo 33.1 que corresponde a la Generalitat Valenciana la ejecución de la legislación del estado en materia laboral, y lo dispuesto en los reales decretos 4.105 y 4.106/1982, de 29 de diciembre, sobre transferencias de funciones y servicios en materia de trabajo y de mediación, arbitraje y conciliación, respectivamente.
  
Considerando que el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobada por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, establece que los consellers correspondientes determinarán, caso de no existir, y previamente a la disposición de los créditos, las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.
  
En virtud de las facultades que me confiere la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y el Decreto 84/2000, de 6 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,
  
ORDENO
  
Artículo único
  
Se aprueban las bases que constan como anexo, reguladoras de las ayudas económicas que se concedan anualmente por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo para compensar económicamente a los árbitros designados conforme a lo dispuesto en los artículos 76 del Estatuto de los Trabajadores, desarrollado por los artículos 28 y siguientes del Real Decreto 1.844/1994, de 9 de septiembre, y 28 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por Ley 18/1994 de 30 de junio.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
Mediante orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo se publicará anualmente la dotación presupuestaria para la concesión de compensaciones económicas a que se refieren las presentes bases.
  
Segunda
  
Para el año 2001, de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el presente ejercicio, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo financiará las ayudas cuyas bases se contemplan en la presente Orden, con cargo al programa 315.10, Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales, línea presupuestaria T1707000, con un importe global de 2.640.000 de pesetas (15.866,72 euros).
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta al director general de Trabajo y Seguridad Laboral para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y la aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari oficial de la Generalitat Valenciana.
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
  
Queda derogada la Orden de 3 de junio de 1996, de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de compensaciones económicas a los árbitros designados conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores y 28 de la Ley 8/1987, de 12 de junio, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
  
Valencia, 27 de junio de 2001
  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo,
  
VICENTE RAMBLA MOMPLET
  
ANEXO
  
Bases reguladoras de las ayudas económicas en los procedimientos arbitrales obligatorios a que se refiere la presente orden
  
Primera. Objeto y ámbito
  
La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo compensará económicamente a los árbitros designados conforme a lo dispuesto en los artículos 76 del Estatuto de los Trabajadores, desarrollado por los artículos 28 y siguientes del Real Decreto 1.844/1994, de 9 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación de los Trabajadores en la Empresa, y 28 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por Ley 18/1994, de 30 de junio, teniendo por objeto las citadas compensaciones subvencionar las actuaciones que se lleven a cabo en los procedimientos arbitrales obligatorios previstos en las citadas normas.
  
Segunda. Beneficiarios
  
Los solicitantes de las ayudas económicas a que se refieren las presentes bases deberán ser árbitros que, habiendo sido designados de acuerdo con los artículos 31.1, 2 y 3 del Real Decreto 1.844/1994, de 9 de septiembre, y 26.1, 2 y 3 del Real Decreto 1.846/1994, de 9 de septiembre, actúen en las impugnaciones arbitrales que tengan lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana e intervengan en los procedimientos arbitrales previstos en los artículos 76 del Estatuto de los Trabajadores y 28 de la Ley 9/1987, de 12 de junio.
  
Tercera. Presentación de solicitudes, documentación y plazo
  
1. Las solicitudes, que deberán dirigirse a la correspondiente dirección territorial de Empleo de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, se presentarán en cualquiera de los registros de entrada dependientes de la citada Conselleria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
  
2. Toda solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
  
a) La acreditativa de la identidad del árbitro (DNI y el nombramiento como árbitro).
  
b) Los laudos que resuelvan la materia o materias sometidas a arbitraje, identificados por su número, fecha y el centro de trabajo de la empresa afectada por la elección.
  
c) La identificación de aquellas impugnaciones arbitrales que le hubiesen sido asignadas por la respectiva oficina pública y que no hubieran requerido la emisión de laudo arbitral, especificando el motivo.
  
d) Certificación de hallarse al corriente de las obligaciones de Seguridad Social y de carácter tributario ante la hacienda pública estatal y autonómica, y en su caso del impuesto de actividades económicas.
  
e) Las ayudas que pudieran haberse percibido con la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, nacionales e internacionales.
  
No obstante lo anterior, no se exigirán aquellos documentos que ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, en cuyo caso los solicitantes podrán acogerse a lo dispuesto en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo en este caso hacer constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados los documentos o, en su caso, remitidos, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  
Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la presente orden o no se acompañe la documentación que de acuerdo con la misma resulte exigible, la correspondiente dirección territorial de Empleo, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, requerirá a los interesados para que, en un plazo de 10 días, subsanen la falta o acompañen los documentos necesarios, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada ley.
  
Cuarta. Tramitación, resolución y recursos
  
1. Los directores territoriales de Empleo remitirán a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, dentro de los tres meses siguientes a la solicitud, las peticiones de los árbitros acompañando la siguiente documentación:
  
a) Certificación de los laudos identificados por el árbitro en su solicitud.
  
b) Certificación de aquellas impugnaciones arbitrales señaladas por el árbitro, que no hayan requerido la emisión de laudo arbitral.
  
c) Propuesta de resolución.
  
2. Analizadas las solicitudes y la documentación aportada, y valorada la propuesta de resolución, el director general de Trabajo y Seguridad Laboral resolverá, por delegación del conseller de Economía, Hacienda y Empleo, la concesión o denegación de las ayudas solicitadas.
  
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano competente para su tramitación una vez publicada la orden en virtud de la que se da publicidad a la línea de crédito.
  
4. La resolución del director general de Trabajo y Seguridad Laboral pondrá fin a la vía administrativa. Contra la misma se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
5. El transcurso del plazo señalado sin que se haya dictado y notificado resolución expresa legitimará al interesado que hubiera deducido la solicitud, para entenderla estimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ambas citadas, ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.
  
Quinta. Cuantía de la compensación económica
  
La cuantía de la compensación económica se establece en los siguientes importes:
  
1. Impugnaciones arbitrales que finalicen mediante laudo arbitral: 22.000 pesetas (132.22 euros).
  
2. Impugnaciones arbitrales de las que hubieran conocido los árbitros, que no hayan requerido la emisión de laudo arbitral: 17.000 pesetas (102,17euros).
  
Sexta
  
La concesión de las ayudas económicas que regula la presente orden de bases está condicionada, en todo caso, a la existencia de crédito presupuestario.