Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2337, del 02-09-1994 (1994/832308)

ACUERDO de 29 de julio de 1994, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la ordenación de la actuación integral declarada de interés comunitario, consistente en la construcción de una central hortofrutícola con instalaciones anexas, promovida por Enrique Martinavarro Dealbert, en representación de E. Martinavarro, SA, en el término municipal de Xeraco.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

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### Datos del documento

Número DOGV
:   2337

Fecha DOGV
:   02-09-1994

Sección del DOGV
:   DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   1994/832308


Fecha del documento
:   29-07-1994

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 29 de julio de 1994, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la ordenación de la actuación integral declarada de interés comunitario, consistente en la construcción de una central hortofrutícola con instalaciones anexas, promovida por Enrique Martinavarro Dealbert, en representación de E. Martinavarro, SA, en el término municipal de Xeraco. [94/5971]  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 19 de agosto de 1994, adotó el siguiente acuerdo:  
Antecedentes de hecho  
Primero  
El 2 de marzo de 1994 tuvo entrada en la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, la solicitud formulada por Enrique Martinavarro Dealbert, en representación de E. Martinavarro, SA, de la declaración de interés comunitario de una actuación integral, consistente en la construcción de una central hortofrutícola con instalaciones anexas, en la partida de els Fondos, entre el camino del Cementeri, camino Fondo y barranco de les Fonts, suelo no urbanizable, del término municipal de Xeraco, y, el 9 de marzo de 1994, se presentó informe favorable del Ayuntamiento de Xeraco, para la declaración de interés comunitario. El día 22 de marzo de 1994 se dio audiencia a los ayuntamientos de la zona. El 16 de marzo de 1994 se solicitó informe de las consellerias de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente, así como de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, del Servicio de Explotación de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Valencia y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y el día 23 de marzo de 1994, el director general de Urbanismo y Ordenación Territorial resolvió admitir a trámite la solicitud presentada, sometiéndola al trámite de información pública por el plazo de un mes, simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento. A este respecto, se publicaron sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de 13 de abril de 1994 y en el periódico Levante de 26 de marzo de 1994, anuncios que, asimismo, servían para someter a información pública la necesaria declaración de impacto ambiental. No habiéndose presentado alegación alguna ni otra alternativa al expediente en cuestión, según se acredita en la diligencia emitida por la jefa del Negociado de Registro de los Servicios Territoriales de Urbanismo de 16 de mayo de 1994.  
Segundo  
La documentación que consta en el proyecto está integrada por memoria informativa y justificativa, planos de información y ordenación, y estudio de impacto ambiental.  
Tercero  
La Confederación Hidrográfica del Júcar emite un informe el 14 de abril de 1994, en el que únicamente seÑala que por tratarse de una construcción en zona de policía de cauces, requiere autorización previa de ese organismo, independientemente de cualesquiera otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las administraciones públicas.  
Cuarto  
El 25 de mayo de 1994 se ha dictado una declaración de impacto ambiental, en la que se estima aceptable a los efectos ambientales la central hortofrutícola de la empresa E. Martinavarro, SA, siempre que:  
«1) Para proceder a la depuración de los efluentes, habrá de conectar al alcantarillado municipal, para lo que solicitará al Ayuntamiento la autorización pertinente, velando en todo momento que los vertidos se mantengan dentro de los parámetros admisibles por la depuradora. En caso de no poder verter en ella, se dispondrá de un sistema de depuración previo al vertido a la red.  
2) En lo referente a los residuos sólidos que genera esta actividad, se dará preferencia a la utilización de los mismos como alimento de ganado (mencionado en el documento técnico presentado). En último caso se llevarán a un vertedero controlado de residuos sólidos. Si se generasen otros residuos sólidos caracterizados como tóxicos y peligrosos, se deberán entregar a un gestor autorizado.  
3) En ningún caso se verterá al barranco de les Fonts, salvo autorización expresa de la confederación hidrográfica correspondiente.»  
Quinto  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes informó favorablemente la actuación integral mediante un resolución de fecha 22 de julio de 1994.  
Fundamentos de derecho  
I. Constituye el objeto del presente expediente la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico del proyecto para la implantación de una central hortofrutícola sobre una parcela rural con una superficie de 46.619 m2 de suelo no urbanizable común, según las vigentes normas subsidiarias de planeamiento municipal de Xeraco. La actuación cuya declaración de interés comunitario se solicita, dada sus características (superficie cubierta de 23.320 m2 y un volumen de 116.185 m3), constituye una actuación integral en sí misma considerada, que hace imposible su ubicación en suelos urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar previstos por los planeamientos vigentes de los municipios de la zona. De modo que su ordenación y aprovechamiento urbanístico, debe resolverse en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de junio, sobre suelo no urbanizable, por tratarse de una actividad terciaria de manipulación en fresco de cítricos para su comercialización, sin efectuar transformación alguna, que requiere la ocupación de una superficie mayor a cuatro hectáreas, por lo que sólo puede autorizarse su implantación en el suelo no urbanizable como actuación integral a través del procedimiento extraordinario de declaración de interés comunitario.  
II. Respecto al procedimiento, se han observado en el presente caso las prescripciones legales que exige la citada Ley Valenciana del suelo no urbanizable. Y la documentación del expediente está completa en los términos requeridos por el artículo 20.2, segundo párrafo, de la referida Ley 4/1992 y la vigente legislación de impacto ambiental.  
III. La actuación integral proyectada, por sus propias dimensiones constituye un elemento influyente en la estructura territorial. Por ello, se propone un emplazamiento próximo al casco urbano, de forma que la conexión a los servicios urbanos sea más inmediata, pero no contiguo al mismo, con objeto de no condicionar una futura expansión del casco urbano por el lado norte. Por otra parte, el emplazamiento está separado respecto a la zona de suelo no urbanizable de especial protección de la zona húmeda. En relación con las vías de comunicación, la instalación se sitúa apoyada en la carretera de Xeraco a la playa y muy próxima a los elementos principales de comunicación de este ámbito territorial, como son la autopista A-7, la carretera N-332 y el ferrocarril Valencia-Gandía. De todo ello se deduce que la localización propuesta es adecuada, según criterios de ordenación territorial, constituyendo un emplazamiento que contribuye a la correcta vertebración del territorio. Por otra parte, la actividad se plantea como una actuación integral, ya que resuelve, por sí misma, su ensamblaje territorial, de forma que garantiza la conexión con las redes de servicios sin que, de otro lado, se ocasionen sobrecargas en el funcionamiento normal de las redes de servicios municipales. Y, es conveniente desde el punto de vista del desarrollo económico-social, tanto a nivel local como autonómico, no sólo por la creación de puestos de trabajo que supone (más de 450), sino también por la potenciación de un sector económico -las actividades de carácter hortofrutícola- con notable importancia en el marco de la economía valenciana.  
IV. Respecto del régimen de deberes y cesiones, conforme al artículo 20 de la Ley 4/1992, la promotora ha asumido las cargas y obligaciones propias de un adjudicatario de un programa de actuación urbanística. Los promotores del expediente que nos ocupa han optado por las alternativas que el propio artículo 20 establece, de modo que el deber de cesión de terrenos para dotaciones públicas locales en el ámbito de la propia actuación se sustituye por la ejecución de infraestructuras públicas adicionales, tales como el encauzamiento del barranco de les Fonts y el acondicionamiento del camino del Cementeri. Además, del pago de 5.100.000 pesetas al Ayuntamiento, en concepto del 17% del coste estimado de ejecución de las obras de urbanización proyectadas.  
V. La ordenación territorial y urbanística de la presente actuación integral es técnicamente correcta, tanto desde la perspectiva municipal como autonómica, teniendo en cuenta las condiciones seÑaladas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en su informe de 14 de abril de 1994 y en la declaración de impacto ambiental de 25 de mayo de 1994, que deben ser asumidas por la promotora previamente al inicio de la actividad. Así como la formalización a favor del municipio de las cargas y obligaciones a que se ha comprometido el promotor, previamente a la obtención de la preceptiva licencia municipal urbanística sobre la base de los correspondientes proyectos técnicos, garantizando su exacto cumplimiento por importe del 6% del coste total de la actuación (artículo 46.c) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico) y, debiéndose ejecutar en el plazo que seÑale la licencia municipal con un máximo de dos aÑos a partir de la obtención de dicha licencia municipal.  
VI. El Gobierno Valenciano es competente para la aprobación de la ordenación y definición del aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo preceptuado en el apartado segundo del artículo 20 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1992 de 5 de junio.  
Vistos los preceptos legales citados, a propuesta del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano  
ACUERDA:  
1. Aprobar definitivamente la ordenación urbanística para instalar una Central Hortofrutícola, promovida por Enrique Martinavarro Dealbert, en representación de la mercantil E. Martinavarro, SA, en la partida de els Fondos, entre el Camí del Cementeri, camí Fondo y barranc de les Fonts, suelo no urbanizable del municipio de Xeraco, como actuación integral de interés comunitario, a desarrollar en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de junio, sobre suelo no urbanizable.  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado, se sujetará a las condiciones especiales establecidas en el presente acuerdo.  
2. Adjudicar la referida actuación integral de interés comunitario a favor de la empresa E. Matinavarro, SA, a quien se le otorga la legitimación necesaria para promover la actividad terciaria de manipulación de cítricos para su comercialización aprobada.  
3. Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que la promotora designada cumpla y satisfaga, en su totalidad, las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación del expediente, que quedaran afectados en favor del Ayuntamiento de Xeraco, para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.  
4. La promotora deberá garantizar, ante el Ayuntamiento de Xeraco, la correcta y puntual ejecución de las instalaciones en que consiste la presente actuación integral en un 6% de su coste total, antes del inicio de las obras. Las garantías podrán presentarse por cualquiera de las formas previstas en derecho.  
5. Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la presente actuación integral, precisará la previa autorización del Gobierno Valenciano.  
6. El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado 2, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, caducará, si en el plazo de seis meses a contar desde su notificación, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se seÑale en la licencia municipal, con un máximo de dos aÑos. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Xeraco. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.  
7. El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por la promotora adjudicataria, excepto en los aspectos que resultan afectados por las condiciones, impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental de 25 de mayo de 1994 y por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se establezcan en su autorización, según el informe de 14 de abril de 1994, condiciones que prevalecerán y que deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obra que desarrollen esta declaración como en el posterior mantenimiento y explotación de la instalación.  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, procede interponer un recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día de la notificación o publicación de este acuerdo.  
Con carácter previo a la interposición del mencionado recurso, será requisito imprescindible que el recurrente lo comunique al Gobierno Valenciano, de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f) y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa administrativa y en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.  
Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.  
Valencia, 29 de julio de 1994  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,  
LUIS BERENGUER FUSTER


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