Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6586, del 12-08-2011 (2011/8518)

Bases particulares reguladoras del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de la Unidad de Ejecución Números 7-A, 7-B, 7-C de Suelo Urbano Residencial.
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Número DOGV
:   6586

Fecha DOGV
:   12-08-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/8518


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Altura

Tipo de documento
:   Anuncio

Bases particulares reguladoras del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de la Unidad de Ejecución Números 7-A, 7-B, 7-C de Suelo Urbano Residencial. [2011/8518]  
Aprobadas por el Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2011, las bases particulares para la gestión indirecta para el desarrollo y ejecución material de los programas de actuación integrada de las unidades de ejecución 7A, 7B y 7C, se procede a la publicación de las mismas.  
Considerando que el contenido de las bases de las tres unidades de ejecución es el mismo, salvo las cantidades económicas y algunos de los porcentajes que deben aplicarse, se pública un ejemplar de las mismas, que hace referencia a las tres aprobadas, con las variaciones que comprenden cada una de ellas, en cada caso.  
  
Bases particulares reguladoras del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de la Unidad de Ejecución Números 7-A, 7-B, 7-C de Suelo Urbano Residencial de Altura  
  
I. Objetivos de la programación  
1. Las presentes bases particulares tienen por objeto regular las condiciones básicas de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la selección de un programa de actuación integrada y un urbanizador para el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución números 7-A, 7-B, 7-C de Altura. Todo ello partiendo de que la relación jurídica que une al agente urbanizador que se procede a seleccionar y a la administración local es la de un contrato administrativo especial.  
2. Los principales objetivos de la programación del sector son:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa.  
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, a favor de la administración gratuitamente.  
f) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados  
  
II. Ordenación urbanística vigente en el ámbito de la actuación integrada  
1. Las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Altura se aprobaron definitivamente el 21 de octubre de 1993 y definían la zona como suelo urbano residencial, y posteriores modificaciones puntuales.  
2. En ningún caso, se podrá proponer una alteración del límite territorial de la unidad, si no es a los efectos de pequeñas modificaciones necesarias para dotar de coherencia al mismo o mejorar sus accesos o infraestructuras.  
3. No será exigible el informe del Consejo de Territorio y el Paisaje previsto en el artículo 136.4 de la Ley Urbanística Valenciana.  
  
III. Suspensión de licencias y programas  
La publicación del anuncio de las presentes bases particulares de programación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana será la que produzca los efectos suspensivos del otorgamiento de licencias regulados en el artículo 101 de la Ley Urbanística Valenciana, así como de los acuerdos de nuevos programas en la zona afectada por la actuación, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley Urbanística Valenciana. Durante el período de vigencia de la suspensión de los acuerdos aprobatorios de Programas no se admitirán iniciativas de programación. Tampoco se podrán aprobar bases particulares de programación, ni de forma expresa ni por aplicación del silencio administrativo.   
  
IV. Directrices de ordenación urbanística  
Las directrices de la ordenación urbanística aplicables a la unidad de ejecución número 7-A, 7-B, 7-C son:  
A. Ampliar la oferta de suelo residencial.  
B. Aumentar la calidad y flexibilidad del suelo ofertado.  
C. Planificar los usos de las diferentes áreas.  
D. Resolver los accesos y las conexiones viarias.  
E. Incorporar suelo residencial.  
F. Localizar suelo residencial con grandes espacios libres y dotaciones.  
  
V. Precio de licitación  
Se establece un precio máximo de licitación de 570.000 euros más IVA, para la unidad de ejecución 7-A; 240.000 más IVA para la unidad de ejecución 7-B; 530.000 más IVA para la unidad de ejecución 7-C que tiene carácter de máximo y que sirve de base para el cálculo de la garantía provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana.  
  
VI. Prescripciones técnicas aplicables  
Las prescripciones técnicas de las obras de urbanización tienen como objeto establecer y regular, en el ámbito de aplicación del Programa, las condiciones, niveles de calidad y criterios técnicos mínimos que deberán reunir las obras de urbanización, así como la instalación de servicios públicos en el subsuelo, suelo y vuelo de dominio y uso público municipal así como en terrenos propiedad particular que vayan a ser destinados a dicho régimen. Las exigencias de condiciones, calidad y criterios técnicos de ejecución se materializarán en el acuerdo de aprobación del proyecto de urbanización.  
  
VII. Condiciones y objetivos de la edificación  
Las condiciones edificatorias se establecen en las normas subsidiarias de planeamiento y modificaciones puntuales posteriores aprobadas por la corporación.  
  
VIII. Plazos de despliegue y ejecución del programa  
Se establecen los siguientes plazos máximos:  
A. Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización: 24 meses, desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.  
B. Plazo máximo de edificación de los solares: 4 años, a contar desde la recepción de las obras de urbanización.  
  
IX. Capacidad  
1. Podrán ser urbanizadores y promover el presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.  
  
X. Solvencia económica y financiera  
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
  
  
XI. Solvencia técnica y profesional  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitada por el ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, habiendo de demostrar en este caso ante el ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
  
XII. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, una garantía provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad de 11.400 euros para la unidad de ejecución 7-A; 4.800 euros para la unidad de ejecución 7-B; 10.600 euros para la unidad de ejecución 7-C.  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el LCSP se establece en un 10 por ciento del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20 por ciento en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
  
XIII. Presentación de proposiciones  
Tal y como se establece en el artículo 11 de las bases generales para la adjudicación de programas de actuación integrada aprobadas por el Ayuntamiento de Altura:  
  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Altura, sito en la calle San Vicente, 2, en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea, y en horario de 09.00 horas a 14.00 horas, sus proposiciones jurídico-económicas, integradas por dos sobres cerrados, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación:  
Sobre A. Se presentará con el título de programa de actuación integrada y contendrá:  
A. Alternativa técnica acompañada, en su caso, de los documentos de planeamiento correspondientes.  
B. Proposición jurídico-económica.  
Sobre B. Se presentará con el título de Documentación y contendrá la siguiente documentación:  
A. Si concurriese una sociedad o empresa, deberá presentar escritura de constitución de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en materia de urbanismo.  
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.  
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y es empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
D. Resguardo acreditativo de la fianza provisional.  
E. Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.  
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera  
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.  
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la Ley Urbanística Valenciana. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
1. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deber acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la posibilidad de admitir variantes, si así se establece en las bases particulares reguladoras del programa. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.  
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública del proyecto de urbanización, así como, en caso de que introduzcan modificaciones en la ordenación, en los documentos de ordenación, así como aquellos otros documentos complementarios. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio de Altura, y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones. Antes de la publicación del anuncio de información pública, los concursantes tendrán que haber remitido aviso del inicio del procedimiento de gestión indirecta del programa de actuación integrada al domicilio fiscal de los que consten en el catastro como titulares de los derechos afectados por la actuación propuesta. Tales avisos se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del aviso. La acreditación del aviso efectuado se incorporará al expediente. Cuando el aviso se practique en el domicilio del interesado, si no se encuentra presente en el momento de su entrega, podrá hacerse cargo del mismo cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo del aviso, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó, habiendo de proceder nuevamente, por una sola vez y en una hora distinta, a practicar el aviso dentro de los tres días siguientes al primer intento.  
  
XIV. Contenido mínimo de la alternativa técnica  
Las alternativas técnicas de los programas de actuación integrada contendrán la siguiente documentación (artículo 12 bases generales):  
A) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación detallada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al concurso para la selección del urbanizador. En cualquier otro caso, la alternativa técnica deberá ir acompañada necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación detallada para el ámbito del programa.  
B) Ámbito de la actuación integrada.  
C) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.   
D) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.   
E) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
F) Proyecto de urbanización.   
G) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme al artículo 124.2 de la LUV, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
H) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
I) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
  
J) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
K) Si la propuesta de programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la documentación establecida en los artículos 72 a 74 de la Ley Urbanística Valenciana.  
  
XV. Proposiciones jurídico-económicas  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
B) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b) de la Ley Urbanística Valenciana.   
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
  
XVI. Criterios de adjudicación  
Los criterios de adjudicación al programa serán los siguientes:  
1. Para las alternativas técnicas.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 312.2.c del ROGTU, según modificación de dicho reglamento realizada por Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, la puntuación de la alternativa técnica representa un 50 por 100 de la valoración en relación con la proposición jurídico-económica, que representa un 50 por 100, bien entendido que estos porcentajes se refieren a la máxima puntuación posible a obtener.  
A tenor del artículo 135.3 de la Ley Urbanística Valenciana, los criterios de puntuación y su importancia relativa de la alternativa técnica, serán los siguientes:  
a) La conexión adecuada a las obras de urbanización de la actuación en su entorno. Este criterio representará un 5% de la valoración de la alternativa técnica.  
b) La calidad técnica de las soluciones y de los materiales propuestos para la urbanización. Este criterio representará un 5%.  
c) Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. Este criterio representará un 20%.  
d) Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Este criterio supondrá un 1% del valor total de la alternativa técnica.  
f) Plazo de ejecución del programa de actuación integrada. Este criterio representará el 1%.  
g) Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la Actuación por encima de un mínimo legalmente exigible. Este criterio representará un 15%.  
h) Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador. Este criterio representará un 1%.  
i) Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del Programa. Este criterio representará un 2%.  
  
Motivación: se da importancia a la integración en su entorno, así como a la calidad de la obra de urbanización, dado que nos encontramos ante suelo urbano residencial, que por la dificultad de la obra por la propia ubicación de la misma está pendiente de desarrollar. Así como a la construcción de vivienda de protección pública.  
  
2. Para la proposición jurídico-económica.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 312.2.c del ROGTU según modificación de dicho reglamento realizada por Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, la puntuación la puntuación de la proposición jurídico-económica representa un 50 por 100 de la valoración en relación con la alternativa técnica, que representa un 50 por 100, bien entendido que estos porcentajes se refieren a la máxima puntuación posible a obtener.  
A tenor del artículo 135.4 de la Ley Urbanística Valenciana, los criterios de puntuación de las proposiciones jurídico-económicas, y su importancia relativa, serán los siguientes:  
a) Menor importe respecto de referencias de cuadros de precios de práctica usual de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. Este criterio representará un 15% para las unidades 7-A y 7-C y un 5% para la unidad 7-B, de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente. Este criterio representará un 15% para la UE 7-A, un 5% para la UE 7-B; un 15% para la UE 7-C de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
c) Mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa representará un 10% para la UE 7-A; un 37,5% para la UE 7-B; un 10% para la UE 7-C.  
d) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. Este criterio supondrá entre un 10% para la UE 7-A; un 2,5% para la UE 7-B; un 10% para la UE 7-C del valor total de la proposición jurídico-económica.  
Motivación: se puntúa al máximo las cargas de urbanización por la repercusión económica que supone para los propietarios que obtengan adjudicación de aprovechamiento, se puntúa al mínimo los compromisos financieros para poder puntuar el máximo restante el coeficiente de cambio para pago en especie por la importante repercusión económica que supone para aquellos propietarios que no alcancen el derecho a adjudicarse aprovechamiento en solares edificables.  
  
XVII. Adjudicación del programa  
La adjudicación del programa y la formalización del contrato se realizarán en los términos establecidos en los artículos 16 y 17 de las bases generales para la adjudicación de programas de actuación integrada aprobadas por el Ayuntamiento de Altura.  
  
XVIII. Penalizaciones  
1. El urbanizador está sujeto al cumplimiento de las distintas obligaciones establecidas en el presente pliego y aquellas otras que sean de aplicación en materia de urbanismo y contratación pública.  
2. El incumplimiento de dichas obligaciones es constitutivo de infracción administrativa, las cuales se califican en leves, graves y muy graves.  
Lo que se entiende por cada tipo de falta y las sanciones que lleva aparejadas vienen establecidas en el artículo 21 de las Bases Generales para la adjudicación de programas de actuación integrada aprobadas por el Ayuntamiento de Altura.  
  
XIX. Cumplimiento y resolución  
1. La relación jurídica entre el Ayuntamiento y el urbanizador se extingue por cumplimiento o por resolución.  
2. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo.  
3. Son causas de resolución del contrato de las siguientes:  
a. La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de la personalidad jurídica de la empresa o urbanizador.  
b. La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
d. La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva y la no formalización del contrato de despliegue en plazo.  
e. La demora en el cumplimiento del plazo global de ejecución de la programación y urbanización propuesta.   
f. La comisión por el urbanizador de infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado.  
g. La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación o la realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el Programa.  
h. La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.   
i. El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar la programación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que, en su caso, procedan o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
j. La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello de lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
k. La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
l. La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20 por ciento.  
ll. La inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos.  
m. El incumplimiento tanto del plazo total como de los plazos parciales cuando implique el incumplimiento del plazo total.  
n. El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por la Ley Urbanística Valenciana.  
ñ. El incumplimiento grave de las restantes obligaciones contractuales esenciales.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.   
  
XX. Prerrogativas de la administración  
El Ayuntamiento de Altura ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes Bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana.   
  
XXI. Normativa aplicable  
En todo lo no previsto en las presente bases particulares será de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana; Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, y las bases generales que aprueban dicho reglamento, así como las bases generales aprobadas por este Ayuntamiento para la adjudicación de programas de actuación integrada en lo que no opongan la legislación urbanística citada.  
  
XXII. Jurisdicción competente  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.  
  
Altura, 28 de julio de 2011.- El alcalde: Rafael Rubio Sellés.