Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3852, del 06-10-2000 (2000/7934)

Notificación de la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 17 de mayo de 2000, relativa a la Declaración de Interés Comunitario para una Residencia de la Tercera Edad (DIC-80/2000).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3852

Fecha DOGV
:   06-10-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/7934


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 17 de mayo de 2000, relativa a la Declaración de Interés Comunitario para una Residencia de la Tercera Edad (DIC-80/2000). [2000/X7934]
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con fecha 17 de mayo de 2000, adoptó la resolución que a continuación se transcribe:
  
«Visto el expediente promovido por doña Antonia Rey Rodríguez, relativo a la solicitud de Declaración de Interés Comunitario para la instalación de Residencia de la Tercera Edad sobre edificación existente en c/ Acequia Nueva, en suelo clasificado como no urbanizable, en el término municipal de Formentera del Segura (Alicante) y de conformidad con los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Doña Antonia Rey Rodríguez, presentó con fecha 24 de mayo de 1999 en el Servicio Territorial de Alicante, de la Subsecretaría de Urbanismo y Ordenación Territorial, instancia y documentación complementaria, solicitando la Declaración de Interés Comunitario para instalación de Residencia de la Tercera Edad sobre edificación existente en c/ Acequia Nueva, del municipio de Formentera del Segura, en suelo clasificado como No Urbanizable de Régimen Común.
  
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores al tomo 1.524, libro 37 de Formentera del Segura, folio 113 VTO, finca núm. 3.532. La finca aparece a nombre de Mª Isabel Esnal Ruíz de Asua, existiendo un contrato de arrendamiento a favor de don José Mª Avilés Olías.
  
Con fecha 6 de julio de 1999 la interesada aportó documentación complementaria en cumplimiento de un previo requerimiento formulado en tal sentido desde el Servicio de Urbanismo y Ordenación Territorial de Alicante.
  
Segundo. La documentación integrante del expediente está constituida por Memoria, Esquema indicativo de las construcciones e instalaciones a ejecutar, con indicación de la solución para servicios urbanísticos necesarios para su funcionamiento, análisis del impacto de la actividad sobre el medio físico y suelo sobre el que se actúa y justificación del cumplimiento de la ordenación urbanística. Consta, igualmente, documentación planimétrica, justificación de la propiedad de los terrenos, propuesta de canon y de plazo de vigencia y documento suscrito por las peticionarias asumiendo los compromisos impuestos por el artículo 16 apartado 5 de la Ley del Suelo No Urbanizable.
  
Tercero. De conformidad con el informe emitido por los Servicios Técnicos del Servicio Territorial de Urbanismo y Ordenación Territorial en Alicante, la actuación pretendida se concreta en los siguientes términos:
  
Superficie de parcela: 3.532,00 m2.
  
Superficie ocupada: 252,22 m2.
  
Ocupación edificaciones: 7,14%.
  
Altura máxima: 1 planta.
  
Edificabilidad: 0,071 m2/m2.
  
 Separación a linderos: 6,30 m.
  
Respecto a la antigüedad de la edificación existente se ha aportado informe del técnico municipal de fecha 30 de junio de 1999, según el cual la superficie ocupada por la vivienda es de 252,22 m2 desde la revisión catastral de 1.985.
  
Cuarto. Las determinaciones del planeamiento municipal que resultan de aplicación son las siguientes:
  
La parcela sobre la que se proyecta la actuación se encuentra incluida dentro de la delimitación del suelo clasificado como No Urbanizable Común, en el que, por aplicación de lo dispuesto en el artº 6.6.6.5 de las normas urbanísticas contenidas en las normas subsidiarias de planeamiento vigentes en el municipio, se permiten las actividades terciarias contempladas en la Ley 4/1992, que no se permitan en el suelo urbano calificado para tal fin, de acuerdo con los siguientes parámetros edificatorios:
  
Superficie de parcela: 50.000,00 m2.
  
Ocupación máxima: 20%.
  
Edificabilidad: 0,10 m2 / m2.
  
Altura máxima: 2 plantas/ 7,00 m.
  
Separación a lindes: 25,00 m.
  
De otro lado, puesto que la solicitud se plantea mediante la rehabilitación de una edificación existente, resulta de aplicación igualmente lo dispuesto en el art. 0.5.7.9 de dichas normas urbanísticas, de acuerdo con la cual en dichas edificaciones sólo se permitirán obras de conservación y remodelación interiores a los cerramientos exteriores de la edificación.
  
Quinto. El Ayuntamiento de Formentera del Segura, a través de su Alcaldía, en fecha 21 de mayo de 1999, informó favorablemente la solicitud ponderando las circunstancias referidas en el artículo 16.2 de la Ley 4/1992, del Suelo No Urbanizable, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana.
  
Al mismo tiempo, propone la exención del canon de aprovechamiento urbanístico y un plazo de vigencia de 25 años.
  
Sexto. Por resolución de la Jefatura Territorial de Urbanismo y Ordenación Territorial de fecha 21 de julio de 1999 se admitió a trámite la solicitud, que fue sometida a información pública por plazo de 1 mes mediante anuncio aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 211, de 13 de septiembre de 1999, no habiendo sido formuladas alegaciones.
  
Séptimo. En el curso de la tramitación del procedimiento se han emitido los siguientes informes sectoriales:
  
a) De la Conselleria de Medio Ambiente, en fecha 21 de septiembre de 1999, favorable a la instalación, con ciertas condiciones.
  
b) De la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 13 de septiembre de 1999, que emite informe favorable al no afectar a carreteras.
  
c) De la Conselleria de Bienestar Social, de fecha 5 de octubre de 1999, comunicando lo siguiente:
  
«1. En la Orden de 9 abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, por la que se desarrolla el Decreto 40/1990, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre registro, autorización y acreditación de los servicios sociales de la Comunidad Valenciana, se establece que la ubicación de las residencias de tercera edad será en lugares de fácil acceso e integrados en grupos poblacionales y con adecuada red de transportes públicos, próximos a equipamientos sanitarios y servicios comunitarios.
  
Este requisito sobre ubicación concuerda con la finalidad de la Ley 4/1992, del Suelo No Urbanizable, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, que pretende evitar la formación de núcleos de población en ese tipo de suelo.
  
2. Conforme a lo establecido por la Ley 5/97, de 25 de junio de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en la Comunidad Valenciana, todo establecimiento de Tercera Edad debe contar con la autorización correspondiente para su puesta en funcionamiento, por lo que debe reunir los requisitos establecidos en la Orden anteriormente citada, lo que se comunica a efectos oportunos.
  
3. No obstante, hay que resaltar que en esta Dirección General existe expediente de centro de tercera edad Levante, sito en la c/ Acequia núm. 29, y promovido por doña Antonia Rey Rodríguez, por lo tanto, el centro ya está construido.
  
A este centro se le denegó la autorización en Resolución de 21 de mayo de 1998, por carecer de licencia de apertura y funcionamiento y por incumplir los requisitos establecidos por la normativa de servicios sociales en materia de ubicación, habitabilidad, instalaciones y accesibilidad. Se presentó recurso contencioso- administrativo a dicha resolución, y actualmente no se tiene conocimiento de que se haya resuelto el mismo.
  
El centro se encuentra con expediente sancionador y como medida provisional tiene la suspensión temporal de la actividad».
  
Trasladado el contenido del referido informe a la promotora, otorgándole un plazo de audiencia, con fecha 14 de diciembre de 1999 presenta alegaciones al mismo.
  
Con fecha 24 de febrero de 2000 se emite nuevo informe por el jefe de Área de Servicios Sociales de la Dirección General de Servicios Sociales de la Conselleria de Bienestar Social, en los términos siguientes:
  
«Recibida en esta Dirección General de Servicios Sociales alegaciones presentadas al escrito de este organismo de fecha 5.10.1999, por doña Antonia Rey Rodríguez, en nombre y representación de la Residencia de Tercera Edad Levante, le comunicamos que dichas alegaciones no subsanan las deficiencias existentes en el citado centro.
  
Asimismo, reiteramos lo expuesto en dicho escrito teniendo en cuenta que se le denegó la autorización de funcionamiento en resolución nº 2055/98 de la directora general de Servicios Sociales y que fue objeto de cierre en el mes de noviembre de 1999».
  
Octavo. En sesión celebrada el día 14 de abril de 2000 la Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, informó desfavorablemente la presente solicitud de Declaración de Interés Comunitario.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero. La solicitud formulada debe resolverse en los términos previstos en la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.2 de la misma que sujeta a la previa declaración de interés comunitario la ejecución de las instalaciones, obras y construcciones que en el mismo se citan y que deberán sustanciarse en los términos previstos en los artículos 16 a 19 de la citada ley.
  
Segundo. En concreto, la actividad pretendida y la construcción de la edificación destinada a la misma requiere la previa atribución del uso y aprovechamiento correspondiente en los términos que se derivan del artículo 19.2.E) de la Ley del Suelo No Urbanizable citada, sobre actividades asistenciales que además de cumplir con la normativa sectorial que específicamente las regule, acrediten suficientemente la procedencia de su emplazamiento aislado.
  
En consecuencia, el cumplimiento de la normativa sectorial se convierte en requisito imprescindible para posibilitar el otorgamiento de la declaración de interés comunitario interesada, de forma que el informe emitido por la Conselleria de Bienestar Social es determinante del contenido de la resolución a adoptar.
  
En el presente caso la emisión de sendos informes desfavorables por la Dirección General de Servicios Sociales de dicha Conselleria, que cuentan como antecedente, por otra parte, en la existencia de resolución de denegación de autorización de funcionamiento, con incoación de un expediente sancionador y la adopción de la medida de cierre de la instalación, teniendo como fundamento de tales actuaciones el incumplimiento de los requisitos establecidos al efecto en la normativa de servicios sociales, determina como consecuencia ineludible la imposibilidad de atribuir los usos y aprovechamientos solicitados por el interesado, sin entrar en mayores valoraciones.
  
Tercero. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es competente para la decisión definitiva sobre la atribución y definición del uso y aprovechamiento correspondiente a la ampliación pretendida, según dispone el art. 18.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de Suelo No Urbanizable, de la Generalitat Valenciana en relación con el art. 6.d) del Decreto 77/96, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de Organos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y concurrente aplicación, resuelvo:
  
Denegar la solicitud de Declaración de Interés Comunitario formulada por doña Antonia Rey Rodríguez, para la instalación de Residencia de la Tercera Edad sobre edificación existente en c/ Acequia Nueva, en suelo clasificado como no urbanizable, del término municipal de Formentera del Segura.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso'administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso'administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno?.
  
La presente notificacion es transcripcion exacta de la resolucion original que consta en el expediente.