Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5840, del 02-09-2008 (2008/9074)

Información pública de la aprobación de las bases particulares para la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector 2-C del Plan General de Ordenación Urbana.
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Número DOGV
:   5840

Fecha DOGV
:   02-09-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2008/9074


Fecha del documento
:   11-01-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Caudete de Las Fuentes

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Caudete de las Fuentes
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de la aprobación de las bases particulares para la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector 2-C del Plan General de Ordenación Urbana. [2008/9074]  
Edicto del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes sobre aprobación de las bases particulares para la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector 2-C del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Caudete de las Fuentes.  
Mediante Acuerdo del Pleno, de 8 de abril de 2008, se aprobaron las bases particulares para la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector 2-C de acuerdo con el artículo 131.2 de la Ley Urbanística Valenciana, y que son las siguientes:  
Las presentes bases particulares regulan las normas por las que se regirá el concurso de selección y adjudicación del Programa para el Desarrollo de Actuación Integrada del Sector 2-C de Suelo Residencial del Plan General de Ordenación Urbana, en el municipio de Caudete de las Fuentes (Valencia).  
Primera. Objeto  
Las presentes bases, redactadas al amparo de lo establecido en los artículos 131.2 de la Ley 16/2005, de 31 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, y 286 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, tienen por objeto regular el procedimiento de adjudicación del Programa para el Desarrollo de Actuaciones Integradas referido al ámbito identificado en los planos adjuntos, denominado Sector 2-C, suelo residencial del Plan General de Ordenación Urbana.  
Segunda. Ámbito a programar  
El ámbito de la actuación se circunscribe al sector 2-C (noroeste) (SAU-SOP-AIS), suelo residencial, definido en la documentación gráfica adjunta.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 286.1.a del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, queda descartada la opción de presentar alternativas técnicas que supongan una ampliación del ámbito territorial a programar. A los efectos señalados en este apartado, no se considerarán variantes, por lo que serán admisibles, en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma, sin que en ningún caso dichas variaciones en su conjunto supongan una diferencia superior al 10% del total de la superficie propuesta.  
Tercera. Ordenación urbanística vigente y admisibilidad de variantes  
La ordenación urbanística es la recogida en el Plan General de Ordenación Urbana de Caudete de las Fuentes, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo, el 31 de mayo de 2001, y publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 25 de octubre de 2001, no admitiéndose variantes respecto de la ordenación estructural establecida en el citado documento.   
La ficha de planeamiento y gestión del sector es la prevista en las normas urbanísticas y en los planos de clasificación del Plan General de Ordenación Urbana de Caudete de las Fuentes, en los que se delimitan los ámbitos homogéneos dentro del término municipal cuyas características principales se definen en el artículo 3.13, no siendo admisible la alteración de las directrices de evolución urbana y de ocupación del territorio ni la ordenación estructural establecidas en la ordenación vigente.  
Respecto al desarrollo de la ordenación pormenorizada, deberán ser los concursantes quienes propongan la misma, no existiendo limitaciones al respecto excepto aquellas que devengan de la propia ordenación estructural.  
En concreto, la ordenación que se proponga deberá observar las siguientes prescripciones técnicas que, con carácter mínimo, tendrán que respetarse en la redacción de la alternativa técnica:  
  
  
Cuarta. Directrices y estrategias a observar en la ordenación que se proponga  
Ya ha quedado expuesto que no se admiten variables respecto del ámbito (excepto cuestiones de ajuste), ni tampoco de la ordenación estructural prevista en el planeamiento general en tramitación.  
No obstante, en las propuestas a formular por los concursantes deberá hacerse alusión a aquellos objetivos que se persiguen con la actuación y, en concreto, los relativos a la incidencia de la actuación en el desarrollo del municipio, así como también en la calidad de vida de los ciudadanos bajo criterios de sostenibilidad (mejorando la calidad de la ordenación urbanística, el entorno urbano, la integración del transporte público, la utilización de los equipamientos públicos, facilitando el acceso a la vivienda, etc.).  
Todo programa habrá de contener los objetivos imprescindibles contenidos en el artículo 124 de la Ley 16/2005, de 31 de diciembre, Urbanística Valenciana.  
En concreto, en la ejecución de la actuación deberán resolverse las siguientes condiciones de conexión e integración:  
Quinta. Prescripciones técnicas mínimas del proyecto de urbanización  
Deberán respetarse, con carácter mínimo en la redacción del proyecto de las obras de urbanización, las establecidas en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.  
Asimismo, y en lo no regulado en las presentes bases particulares, el proyecto de urbanización se ajustará a lo dispuesto en el artículo 348 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en relación con el artículo 153 de la LUV) sobre la sujeción del mismo a las determinaciones del planeamiento que desarrolle, así como a lo dispuesto en el artículo 349 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en relación con el 157 de la LUV) respecto a las obras incluidas en el proyecto de urbanización. Por último, se estará a lo dispuesto en el artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en relación con el artículo 156 de la LUV) acerca de la documentación integrante del mismo.  
Memoria de calidades.  
Obra civil.  
Firmes-pavimentos.  
Acera:   
- Baldosa hidráulica de color de 20x20x3.  
- 10 cm de hormigón H-200.  
- 20 cm de zahorras artificiales.  
Bordillo:  
- Hormigón prefabricado 13/15x25x60.  
22x20x100 rebajado.  
Rígola:  
- De hormigón prefabricado 8x20x50.  
Calzada:  
- Aglomerado asfáltico 10 cm de espesor (5 cm de firme + 5 cm de rodadura).  
- Zahorras artificiales 20 cm + 20 cm.  
Paso peatones:  
- Plaqueta hidráulica tipo botón 20x20x2'5.  
Red agua potable:  
- Red mallada.  
- Tubería de polietileno banda azul.  
- Valvulería de bronce.  
Red saneamiento:  
- Red unitaria.  
- Tubería PE corrugado tipo Ri-block.  
- Rigidez estructural 8 KN/mm.².  
- Acometida a parcelas tubo PE gris de saneamiento.  
- Pozos y arquetas de fábrica o prefabricado de hormigón.  
Jardinería.  
Arbolado:  
- Jacarandam, Melia acezarach.  
Macizos:  
- Varios, Juniperus, Pyracantha.  
Varios:  
- Papeleras mod. Barcelona C-23 inox. de la casa Fabregás o similar.  
- Banco prefabricado de madera tropical, con respaldo, mod. Modo de la casa Fabregás, de 180x62 cm o similar.  
- Pavimento de hormigón impreso, acabado adoquín, color gris o similar en paso de vehículos en zonas ajardinadas.  
- Senderos de tierra morterenca compactada.  
Electricidad.  
Alumbrado público:  
- Soportes troncocónicos de acero galvanizado de 4 mm de espesor mínimo de chapa. Las alturas serán de 10 m para el alumbrado y de 4 m para las zonas verdes.  
- Las lámparas serán de vapor de sodio (V.SA.P.), de 250 w y 27.000 lúmenes, para el alumbrado de los viales y de 100 w y 9.500 lúmenes para las zonas verdes.  
- Luminarias tipo Carandini JCH-250 CC o similar, para el alumbrado de los viales; y de globo tipo Carandini SM/500-AP para zonas verdes.  
- Los conductores serán de cobre Cu, con aislamiento RV (polietileno reticulado).  
Baja tensión:  
- Conductores de aluminio con aislamiento RV (polietileno reticulado), normalizados por G.X.A.D. 2004-2005.  
- Zanjas normalizadas por D.E.A.Z. 2004-2005 de 0,6 m de anchura y 0,90 de profundidad. A 0,50 m sobre el fondo de la zanja se colocará longitudinalmente una cinta de cloruro de polivinilo (PVC) «atención a la presencia de cable».  
Media tensión:  
- Las líneas subterráneas estarán constituidas por conductores unipolares de aluminio con aislamiento etileno-propileno, con cubierta termoplástica tipo Z1 (color rojo).  
- Zanjas normalizadas por Iberdrola, de 0,60 m de anchura y 1,30 m de profundidad.  
Sexta. Solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles a los concursantes  
1. A tenor de lo previsto en el artículo 122 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, y en desarrollo del mismo, la justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:   
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.   
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.   
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.   
Si por razones justificadas el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante cualquier otro documento que la administración considere suficiente, pudiendo basarse en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos. A estos efectos, las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.   
La justificación de la solvencia económica y financiera de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrán basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus miembros.   
A tenor de lo previsto en el artículo 123 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, y en desarrollo del mismo, la justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:   
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada promovidos y gestionados por el concursante. En la referida relación, deberán hacerse constar todos los programas promovidos y gestionados por el concursante, independientemente del tamaño y modalidad de los mismos, distinguiéndose entre aquellos que estén aprobados y los que se encuentren en tramitación en el momento de presentar la relación a que alude este apartado.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.   
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador. A estos efectos, la administración podrá acudir a los índices de tecnicidad regulados en el Reglamento de Contratos del Estado, a efectos meramente orientativos.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y del personal directivo de que hubiera dispuesto durante los tres últimos años.   
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos. En este apartado cabe aclarar que se admite expresamente la figura de la subcontratación para el cómputo de los materiales, instalaciones y equipo técnico.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. Tales medidas, y en tanto en cuanto no surjan otras nuevas, podrán ser las publicadas por el Ministerio de Medio Ambiente actualmente conocidas como normas ISO.  
Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, habiendo de demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.   
La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
Séptima. Documentación a presentar, modelo de proposición y plazo y lugar para la presentación de las mismas  
La información pública de los documentos de planeamiento y de ejecución, a los que se hace referencia en el artículo 293.1 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, deberá iniciarse dentro del plazo de tres meses al que se hace referencia en el artículo 133.3 de la Ley Urbanística Valenciana. En todo caso, dentro del plazo máximo indicado, deberán haberse producido todas las publicaciones y remitido todos los avisos.  
La documentación a presentar se realizará del siguiente modo:  
· Sobre 1.  
Se incluirán en el mismo aquellos documentos que integren la personalidad jurídica, capacidad y solvencia económica y financiera, técnica y profesional del aspirante a los que se alude en los artículos 122 y 123 de la Ley Urbanística Valenciana. Se presentará en sobre cerrado y sellado y contendrá justificación documental de los extremos referidos en el artículo 133.1, letras a), b), c), d), e) y f) de la Ley Urbanística Valenciana y 300 y 301 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
· Sobre 2.  
Se incluirá en el mismo, la documentación integrante de la proposición jurídico-económica, que se presentará en sobre cerrado y cuyo contenido será el establecido en el artículo 127 de la Ley Urbanística Valenciana y 302 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
· Sobre 3.  
Se incluirá en el mismo la alternativa técnica del programa, presentada en sobre abierto y, adicionalmente, en soporte informático, que contendrá la documentación a la que se hace referencia en los artículos 126 de la Ley Urbanística Valenciana y 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
El modelo de proposición a presentar se ajustará al siguiente:  
«(Nombre y apellidos) ..., con DNI ..., en representación de la mercantil ..., con CIF ..., y domicilio social en ..., e inscrita en el Registro Mercantil de ..., con el número ..., ante el Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes comparece y como mejor proceda, digo:  
Que por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en fecha ..., fue aprobado el inicio del concurso para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada ..., por medio de gestión indirecta.  
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, por la presente formulo proposición para la adjudicación de Programa de Actuación Integrada del Sector 2-C, de conformidad con la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica que se acompañan a la presente.  
Por lo expuesto,  
Suplico: que teniendo por presentada esta petición, se sirva admitirla y en su virtud tenga por formulada proposición para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, por medio de gestión indirecta, y tras el procedimiento oportuno acuerde su adjudicación a esta mercantil.  
(Lugar) (Fecha)».  
El plazo para la presentación de las proposiciones será de tres meses desde la fecha de la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. El lugar será el Registro de entrada del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes.  
Concluido el plazo anterior, los concursantes deberán, en el plazo máximo de dos meses, acreditar el sometimiento a información pública de los documentos de ordenación de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Ley Urbanística Valenciana.  
En el presente caso, el Ayuntamiento no establece un plazo superior en la presente actuación puesto que no concurren especiales razones de dificultad o complejidad técnica.  
Octava. Criterios de adjudicación  
De acuerdo con los artículos 312 y 313 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, en relación con los artículos 135 y 137.1 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, en la presente base particular se señalan, por orden decreciente de importancia los criterios objetivos que deben servir de base para la adjudicación del programa de actuación integrada, así como la ponderación de los mismos determinante para la adjudicación de la actuación, que se efectuará siempre motivadamente, atendiendo a las circunstancias concurrentes en este caso.  
Se valorarán con carácter independiente los documentos correspondientes a la alternativa técnica y a la proposición jurídico-económica, con arreglo a los siguientes criterios de puntuación ordenados de manera decreciente:  
1) Criterios de adjudicación relativos a la alternativa técnica.  
Los criterios de adjudicación relativos a la alternativa técnica valorarán los siguientes aspectos, enumerados por orden decreciente de importancia y cuya ponderación se expresa:  
a) Calidad técnica de la ordenación propuesta: 50 puntos.  
b) La resolución adecuada de la integración de la actuación en su entorno: 10 puntos.  
c) La mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios libres: 10 puntos.  
d) La calidad técnica de las resoluciones propuestas para la urbanización: 10 puntos.  
e) Plazo de ejecución del programa de actuación integrada: 6 puntos.  
f) Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje: 5 puntos.  
g) Apoyo de la propiedad a la alternativa: 5 puntos.  
h) Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente exigible: 2 puntos.  
i) Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador: 1 punto.  
j) Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa.: 1 punto.  
El umbral mínimo a partir de los que se puntuará cada una de las alternativas técnicas será el 30% del total de 100 puntos.  
La suma total de los puntos de la alternativa técnica (total 100 puntos), representará un 60% de la valoración global, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 312.2 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, al contener únicamente ordenación pormenorizada en desarrollo de la ordenación estructural establecida en el Plan General.  
2) Criterios de adjudicación relativos a la proposición jurídico-económica.  
Los criterios de adjudicación relativos a la proposición jurídico-económica valorarán, entre otros, los siguientes aspectos, enumerados por orden decreciente de importancia y cuya ponderación se expresa:  
a) Importe de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad: 25 puntos.  
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente, y mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa: 70 puntos.  
c) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador: 5 puntos.  
El umbral mínimo a partir del que se puntuará cada una de las proposiciones jurídico-económicas será el 30% del total de 100 puntos.  
La suma total de los puntos de la proposición jurídico-económica (total 100 puntos), representará un 40% de la valoración global.  
Novena. Adjudicación del programa  
El programa se adjudicará a aquella propuesta que mayor puntuación obtengan como consecuencia de la suma de la establecida en los anteriores apartados, si bien sólo se considerarán aquellas que superen la puntuación mínima establecida para los apartados 1 y 2 de la base octava.  
De acuerdo con el artículo 137.2 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, el Ayuntamiento dispondrá de un plazo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones para la adjudicación del programa de actuación integrada.  
De no acordarse la adjudicación dentro del plazo establecido a este efecto, los concursantes tendrán derecho a retirar sus proposiciones y a la devolución de la garantía provisional.  
El Ayuntamiento tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada a la proposición más ventajosa, por medio de la aplicación de los criterios de adjudicación indicados en las bases reguladoras, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso, habiendo de motivar, en todo caso, su resolución con referencia a los criterios de adjudicación establecidos en las bases.  
Diez. Régimen de garantías  
Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía provisional equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas del programa, impuesto sobre el valor añadido no incluido, la cual asciende a la cantidad de 4.200.000 euros solo a efectos de calcular la garantía provisional.  
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se establece en un 10% del valor de las cargas de urbanización, impuesto sobre el valor añadido no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días, a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
Procederá elevar la garantía definitiva al 20% en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
Once. Formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del Programa para el Desarrollo de las Actuaciones Integradas (PDAI)  
De conformidad con el artículo 331 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en relación con el artículo 138 de la Ley Urbanística Valenciana), en el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación definitivas del programa al urbanizador, y siempre que se haya producido aprobación igualmente definitiva del proyecto de urbanización, se procederá a la formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del PDAI en documento administrativo, bajo fe pública del secretario municipal. Dicho contrato tendrá el carácter de contrato administrativo especial, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de contratos administrativos.  
Doce. Plazos de ejecución  
Concluida la fase de selección del agente urbanizador y, en su caso, del empresario constructor, en el plazo de seis meses desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización y de sus modificaciones y subsanaciones si las hubiera, deberá presentarse en el Ayuntamiento el proyecto de reparcelación.  
Presentado el citado proyecto, una vez aprobado y realizada la inscripción de la reparcelación, el plazo de ejecución de las obras de urbanización será de 12 meses.  
El plazo para la edificación de los solares será de 48 meses desde el momento en que conste la terminación de las obras de urbanización.  
Trece. Excedente de aprovechamiento  
Se posibilita la adquisición del excedente de aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento por parte del urbanizador, mediante el precio fijado por ambas partes del mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, debiéndose destinar el mismo al patrimonio municipal del suelo.  
Catorce. Asesoramiento de la administración municipal  
Se incluirán en las cargas de urbanización, tal y como dispone el artículo 168.e de la Ley Urbanística Valenciana, los honorarios profesionales que se generen en el Ayuntamiento en el procedimiento de programación por los informes técnicos y jurídicos necesarios para adoptar los acuerdos administrativos de programación, planeamiento y gestión, y se hará constancia de ello en la proposición jurídico-económica, tal y como dispone el artículo 127.e de la Ley Urbanística Valenciana.  
Quince. Régimen jurídico, interpretación y derecho supletorio  
Las presentes bases particulares se interpretarán de conformidad con los principios establecidos en la legislación urbanística valenciana, primando en cualquier caso aquellas interpretaciones que redunden en el interés público y la utilidad general, así como las que realice la propia administración en el ejercicio de sus potestades.   
En lo no regulado en las mismas se aplicará lo establecido en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y en el Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. Supletoriamente, será de aplicación lo establecido en las bases generales (publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 4 de enero de 2007) y en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgados por la administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.  
Corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del contrato entre la administración y el urbanizador, así como aquellas que puedan resultar de la aplicación e interpretación de las presentes bases.  
Caudete de las Fuentes, 11 de enero de 2008.- El alcalde: Rafael Cerveró Vicente.