Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5569, del 02-08-2007 (2007/8537)

Notificación a Sergiy Velikan de la sentencia dictada en los autos del juicio de divorcio contencioso número 150/2005.
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Número DOGV
:   5569

Fecha DOGV
:   02-08-2007

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2007/8537


Fecha del documento
:   15-06-2007

Organismo emisor
:   Juzgado de Instruccion Número 1 de Torrevieja

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * sistema judicial

Notificación a Sergiy Velikan de la sentencia dictada en los autos del juicio de divorcio contencioso número 150/2005. [2007/8537]  
Procedimiento: asunto civil 000150/2005.  
Juicio: divorcio contencioso - 000150/2005.  
Parte demandante: Yuliya Velikan.  
Parte demandada: Sergiy Velikan.  
Sobre: divorcios no consensuados.  
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Sentencia. Torrevieja, 4 de mayo de 2006  
Vistos por Iris Valero Paredes, jueza del Juzgado de Instrucción número 1, antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Torrevieja y su partido, los autos registrados con el número 150/2005, sobre divorcio, promovidos por Yuliya Velikan, representada por el procurador Díaz Carrió, y dirigida por la letrada Blanca Elorza Arenas contra Sergiy Velikan, en situación procesal de rebeldía, siendo parte el ministerio fiscal en la persona de Natividad Esquiu Hernández.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Yuliya Velikan, representada por el procurador señor Díaz Carrió se interpuso demanda contra Sergiy Velikan, admitiéndose a trámite por auto de fecha 20 de diciembre de 2005 y emplazando a la parte demandada para personarse y contestarla en el plazo de 20 días, contestándose a la demanda por el ministerio fiscal, y declarando a Sergiy Velikan en situación procesal de rebeldía por providencia de 20 de mayo de 2006.  
Segundo. Se señaló vista según lo establecido en la ley que se celebró en el día de hoy, a la que comparecieron ambas partes así como el ministerio fiscal y cuyo contenido consta en el acta levantada al efecto.  
Tercero. En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.  
Razonamientos jurídicos  
Primero. Se ejercita en el presente procedimiento por Yuliya Velikan, representada por el procurador Díaz Carrió, acción de disolución por divorcio del matrimonio contraído con Sergiy Velikan, el día 5 de abril de 2003 en Mirgorod, provincia de Poltava (Ucrania), siendo de aplicación el derecho ucraniano, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 del Código Civil al señalar que la ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. Asimismo el apartado segundo del mencionado precepto en su último párrafo establece que la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107, a saber, por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por la ley de la residencia habitual del matrimonio y, si los esposos tuvieran su residencia habitual en diferentes estados, por la ley española, siempre que los tribunales españoles resulten competentes.  
Segundo. Ha de estimarse acreditada la concurrencia de la causa de divorcio del matrimonio prevista en el artículo 112.2 del Código de Familia ucraniano, esto es «el juzgado toma la decisión sobre el divorcio si consta que la futura convivencia y conservación del matrimonio contradicen considerablemente a los intereses de uno de los cónyuges y a los de sus hijos», al existir una sentencia de conformidad, la 201/2005 de fecha 28 de septiembre de 2005 dictada por este mismo Juzgado en el juicio rápido por delito 270/2006, en la que se condena al hoy demandado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, siendo la víctima del mismo su mujer, hoy demandante.  
Tercero. Por lo que respecta a las medidas a adoptar, en lo no previsto por la ley extranjera y en concreto por el artículo 120 del Código de Familia ucraniano, resulta de aplicación la ley española por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 y siguientes del Código Civil deben ser establecidas en este tipo de procedimientos, toda una serie de medidas.  
De lo actuado en el presente procedimiento y respecto a la situación fáctica de custodia de los hijos comunes menores de edad, cabe señalar, atendiendo a la manifestación de las partes, en el sentido de que los mismos viven con la madre que es quien se ha estado haciendo cargo de los mismos, que la madre de los mismos parece ser la persona más adecuada para asumir la guardia y custodia de éstos y sin que por parte del demandado se haya formulado oposición alguna al respecto. Se atribuye a la madre el uso del domicilio familiar, en virtud de la guarda y custodia anteriormente reconocida.  
Cuarto. Por lo que se refiere a la pensión alimenticia para los hijos comunes no puede olvidarse que:  
a) La obligación de dar alimentos que resulta del hecho de la generación y es uno de los contenidos ineludibles de la patria potestad, es una de las obligaciones de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico alcanzando rango constitucional como taxativamente establece el artículo 39 de la Constitución Española.  
b) La prestación de alimentos del artículo 110 del Código Civil es más amplia que la del artículo 142 del mismo Código e incluye también todos los que comporta la protección que necesite el hijo, por ejemplo la defensa de su persona o derechos y todos los destinados a su formación y equilibrio espiritual, aunque ello no significa que la totalidad de lo dispuesto en el título VI del Libro I del Código Civil sobre alimentos no es aplicable a los debidos a los hijos menores si bien el tratamiento jurídico de los alimentos debidos a los hijos menores presenta una marcada preferencia por lo que no ha de verse afectada por las limitaciones propias del régimen legal de alimentos entre parientes que en lo que se refiere a los hijos constituye una normativa en gran parte sólo adecuada al caso de los hijos mayores de edad o emancipados.  
c) Dicha obligación compete al padre y/o madre íntegramente o en la proporción a que haya lugar según el régimen económico matrimonial (artículos 1.318, 1.362 y 1.438 del Código Civil) o en que haya acordado el Juez (artículos 103.3, 90 y 93 del Código Civil) debiendo tenerse en cuenta cuando proceda la contribución equitativa del hijo según sus posibilidades al levantamiento de las cargas familiares.  
La petición de alimentos en base a los precitados preceptos instada en el presente caso por los trámites del juicio de alimentos goza del principio del «favor filii» que se predica para los hijos menores de edad, y que la prestación alimenticia será cubierta en atención a los bienes de quien los da, y a las necesidades de quien los recibe, apreciación que el órgano judicial ha de realizar atendiendo a las alegaciones de las partes y las pruebas aportadas en función del principio general de distribución de la carga probatoria contenido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que obliga a quien reclama a probar los hechos alegados, cuidando de no dejar desatendidas las exigencias impuestas por la solidaridad familiar que el legislador tutela, pero, al propio tiempo, evitando una protección desmedida, con olvido de las propias necesidades del alimentante, determinadas por su personal situación (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1981 y 12 de febrero de 1982), correspondiendo la determinación de la cuantía al juez o tribunal sentenciador, ascendiendo la misma en el presente caso a la cantidad de 150 euros por cada hijo a la vista de las manifestaciones del demandado en el sentido de tener unos ingresos mensuales en torno a unos 3.492-3.645 euros, y que debe hacer frente a unos gastos por alquiler de vivienda que ascienden a 300 euros mensuales.  
Quinto. Especial mención merece el establecimiento a favor del padre de un régimen de visitas, vista la oposición formulada por el ministerio fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 del Código Penal, oposición que debe desestimarse, teniendo en cuenta que los hijos deben tener la necesaria referencia de los progenitores, padre y madre, mediante el oportuno contacto con los mismos, y que no puede prosperar pues, conforme a la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2004) el derecho de los padres que no ejerzan la patria potestad a relacionarse con sus hijos menores está regulado en el artículo 160 del Código Civil (el 92, hace lo propio al contemplar uno de los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio). Establece el artículo 9.3 de la Convención sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989 (ratificado el 30 de noviembre de 1990, Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 1990) que los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de los dos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior. Como recuerda la sentencia de 17 de septiembre de 1996, el interés del menor constituye principio inspirador de todo lo relacionado con él y vincula al Juzgador, a todos los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a su edad y circunstancias, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que pueda ser manipulado y buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social, y diciendo la sentencia del mismo alto tribunal de 9 de julio de 2002 que «el derecho de visitas no debe ser objeto de interpretación restrictiva por su propia fundamentación filosófica y tratarse de un derecho que actúa válidamente para la reanudación de las relaciones entre los padres y los hijos, evitando rupturas definitivas o muy prolongadas por el tiempo, que resultan difíciles de recuperar. Este derecho sólo cede en caso de darse peligro concreto y real para la salud física, psíquica o moral del menor (sentencias de 30 de abril de 1991, 19 de octubre de 1992 y 22 de mayo y 21 de julio de 1993), circunstancia esta que no ha quedado acreditada en el caso de autos ya que si bien existe sentencia condenatoria, sentencia dictada en el juicio rápido por delito 270/2005 por el presente Juzgado como Juzgado de Violencia sobre la Mujer, y que impone a la prohibición de aproximación a la que a día de hoy es demandante, ninguna medida de carácter restrictivo en el orden penal se ha impuesto respecto de los hijos menores, sin que conste por otro lado denuncia alguna referida a unos posibles malos tratos en relación con el mismo.  
En este sentido se pronunció el pleno del Parlamento Europeo el 17 de noviembre de 1992, con referencia a los casos de divorcio de las parejas europeas que no tuvieran la misma nacionalidad. Según la Cámara la suspensión del derecho de visitas sólo ha de aplicarse si se pone con elevada probabilidad, directa y seriamente en peligro la salud física o psíquica del hijo y también si existe una resolución incompatible ya ejecutable al respecto, en el caso de autos, aplicando la doctrina jurisprudencial dicha, no puede considerarse que el necesario contacto del menor con el padre sea contrario al interés superior del mismo, al no existir prohibición de aproximación a éstos ni indicio alguno de posibles malos tratos, por lo que el artículo 48.2 del Código Penal invocado ha de ser interpretado en relación a la mencionada doctrina jurisprudencial. Por todo ello procede fijar un régimen de visitas en favor del padre, progenitor no custodio, que ha de establecerse ponderando las circunstancias del caso en orden a mantener y fortalecer el vínculo de los menores para con los mismos, por lo que consistirá en la tarde de todos los sábados, durante cuatro horas, y siempre en presencia de una tercera persona, debiendo la entrega y recogida de los menores realizarse respetando la prohibición de aproximación impuesta al hoy demandado por sentencia, y todo ello visto lo señalado por la madre y reconocido por el propio demandado en el sentido de no haber visitado a sus hijos en los últimos meses, así como que éste en ocasiones se ha presentado «oliendo a alcohol», afirmación esta última hecha por la demandante en el acto del juicio.  
A lo expuesto cabe sumar la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2005, al señalar respecto del quebrantamiento de condena: «que en esta materia parece decisión más prudente, compatibilizando la naturaleza pública de la medida dando seguridad jurídica a la persona, en cuya protección se expide, y al mismo tiempo, el respeto al marco inviolable de su decisión libremente autodeterminada, estimar que, en todo caso, la reanudación de la convivencia acredita la desaparición de las circunstancias que justificaron la medida de alejamiento, por lo que ésta debe desaparecer y queda extinguida, sin perjuicio que ante una nueva secuencia de violencia se pueda solicitar y obtener, en su caso, otra medida de alejamiento», lo que ha de llevar a la conclusión de la no aplicación automática del artículo 48.2 del Código Penal, procediendo la aprobación del régimen de visitas propuesto.  
Sexto. Por lo que se refiere a la contribución a las cargas del matrimonio, acreditado documentalmente la existencia de un préstamo hipotecario a nombre de los cónyuges, el demandado, a la vista de los ingresos de una y otra parte y a medida en la que la demandante carece de permiso de trabajo deberá hacer frente al pago de la mensualidad íntegra del mismo.  
Séptimo. De conformidad con lo prevenido en los artículos 521.2 y 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 76 de la Ley del Registro Civil, la presente sentencia se comunicará de oficio al Registro Civil donde consta inscrito el matrimonio.  
Octavo. No procede efectuar especial pronunciamiento en materia de costas causadas, atendida la naturaleza pública del objeto del procedimiento y la inexistencia de temeridad o mala fe en ninguna de las partes.  
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.  
Fallo  
Que estimando la demanda interpuesta por Yuliya Velikan representada por el procurador señor Díaz Carrió contra Sergiy Velikan debo declarar y declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído por ambos en fecha 27 de diciembre de 1997, con los efectos que le son pertinentes por ministerio de la ley, no imposición a ninguna de las partes de las costas causadas, y adopción de las siguientes medidas:  
I. Se atribuye a la madre la guarda y custodia de los hijos menores, compartiéndose la patria potestad entre ambos progenitores. Se atribuye a la madre el uso del domicilio familiar, en virtud de la guarda y custodia anteriormente reconocida.  
II. Se autoriza a Sergiy Velikan, un derecho de visitas y comunicación con los hijos que no tiene bajo su custodia consistente en la tarde de todos los sábados, durante cuatro horas, y siempre en presencia de una tercera persona, debiendo la entrega y recogida de los menores realizarse respetando la prohibición de aproximación impuesta al hoy demandado por sentencia.  
III. Como pensión alimenticia a cargo de Sergiy Velikan se fija la cantidad de 150 euros para cada uno de los dos hijos menores de matrimonio, pagaderos mensualmente en la cuenta bancaria que a tal efecto se designe, dentro de los primeros cinco días de cada mes, y con actualización anual conforme al IPC.  
IV. Como contribución a las cargas del matrimonio a cargo de Sergiy Velikan se establece la obligación de hacer frente al pago íntegro de la mensualidad del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar.  
También sufragará el padre el 50% de todos los gastos extraordinarios que se produzcan a los hijos y se reputen necesarios para su adecuada educación o salud.  
Firme que sea esta resolución, comuníquese de oficio al Registro Civil donde consta inscrito el matrimonio.  
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación por término de cinco días, para ante la Audiencia Provincial.  
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»  
Publicación. La anterior sentencia ha sido publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de lo que doy fe.  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 15 de junio de 2007 el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia al demandado Sergiy Velikan.  
Torrevieja, 15 de junio de 2007.- La secretaria judicial: Olga Lidón Rubio.