Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4253, del 21-05-2002 (2002/5048)

Notificació a la senyora Encarnación Antón Miguel.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4253

Fecha DOGV
:   21-05-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/5048


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a doña Encarnación Antón Miguel. [2002/M5048]
  
Al no haberse podido practicar la notificación a doña Encarnación Antón Miguel y conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la Resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 20 de marzo de 2002 (SC-3/2002).
  
Vistos los antecedentes obrantes en esta Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes relativos a construcción de campamento de turismo en el paraje La Hijuela, polígono 2, parcelas 99, 103, 110 y 182, del término de Castielfabib (Valencia), sin licencia de obras, y de conformidad con los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
1. Como se pone de manifiesto en el informe emitido por el técnico competente de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, se han realizado obras consistentes en la construcción de campamento de turismo en paraje La Hijuela, polígono 2, parcelas 99, 103, 110 y 182 del término de Castielfabif (Valencia).
  
Las construcciones e instalaciones realizadas consisten en:
  
- Cabañas: 15 de 12 m² más dos cabañas de monitores de 21 m² y 32 m². El sistema constructivo es de cerramiento de bloque de hormigón enfoscado de cemento a dos caras y cubierta de forjado ligero y teja moruna. El hueco de acceso está cubierto por una cortina.
  
- Aseos: dos edificios de 95 m² y 20 m², con duchas, lavabos e inodoros, separados por sexos. Sistema constructivo de cerramientos de bloque de hormigón, cubierta de placas onduladas de fibrocemento y paredes y suelo con azulejos.
  
- Comedor: edificio de 300 m², de estructura porticada de hormigón prefabricado, cerramiento de bloques de hormigón, cubierta a dos aguas de placas onduladas de fibrocemento, accesos dos huecos de 11 m y 3,50 m sin puertas.
  
- Vivienda de la propietaria: antigua vivienda de dos plantas de 86 m², unos 50 m² de los cuales de la planta baja, se utilizan de cocina del camping, además de cocina de la vivienda.
  
- Dos almacenes de 17 m² y 47 m², de cerramientos de bloque de hormigón enfoscado a dos caras y cubierta a un agua de forjado ligero y teja moruna.
  
- Enfermería, de 17m², de igual sistema constructivo, pero alicatada y con un aseo.
  
2. Según consta en el informe técnico de este organismo, la valoración actual de las obras realizadas es la siguiente:
  
- Vivienda de la propietaria: 86+86=172 m²
  
Se trata de una construcción bastante antigua, de muy sencillas calidades, que se supone consolidada y prescrita la posible infracción urbanística. Para el presente expediente únicamente se valoran los 50 m² de la planta baja utilizados como cocina y despensa del camping.
  
50 m² x 15.000 PTA/m² = 750.000 PTA.
  
- Cabañas: de sencillísima construcción
  
15 unidades x 12 m² = 180 m² + 21 m²+ 32 m² = 233 m²
  
233 m² x 6.000 PTA/m² = 1.398.000 PTA.
  
- Aseos: 95 m² + 20 m² = 115 m²
  
- Comedor: 300 m²
  
- Almacenes: 17 m² + 47 m²= 64 m²
  
- Enfermería: 17 m²
  
115 m²+300 m²+64 m²+17 m² = 496 m²
  
496 m² x 10.000 PTA/m² = 4.960.000 PTA.
  
Zona de deportes, muy simple, por partida alzada: 100.000 PTA.
  
Total valoración: siete millones doscientas ocho mil pesetas (7.208.000 PTA).
  
3. Las obras descritas son legalizables, habiendo sido objeto de declaración de interés comunitario por resolución del conseller de Obras Públicas Urbanismo y Transportes de fecha 14 de septiembre de 2000.
  
4. En fecha 2 de agosto de 2001 se requirió al Ayuntamiento de Castielfabib para que ejerciera las competencias que en cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora le corresponden de acuerdo con el artículo 25. d) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local con apercibimiento de que si en el plazo de un mes no procedía a ello esta administración autonómica entendería que podía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la misma norma, proceder al ejercicio de éstas por sustitución.
  
5. En el expediente aparece como responsable en concepto de promotor doña Encarnación Antón Miguel, sin que conste la identidad del constructor y del técnico director.
  
6. El director general de Urbanismo y Ordenación Territorial en fecha 31 de octubre de 2001, adoptó resolución incoando expediente sancionador por las obras mencionadas, que debidamente notificada no fue objeto de alegaciones.
  
7. El instructor del expediente formuló propuesta de resolución con fecha 2 de enero de 2002, que debidamente notificada fue objeto de alegaciones, manifestando que las obras fueron objeto de licencia, por lo que procede la nulidad de la resolución.
  
8. En sesión celebrada el 1 de febrero de 2002, la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia emitió informe en el que se consideraba se debía imponer a doña Encarnación Antón Miguel, en concepto de promotor, la sanción de trescientas sesenta mil cuatrocientas pesetas (360.400 PTA)/dos mil ciento sesenta y seis euros con cinco céntimos de euro (2.166,05 EUR) por las obras realizadas sin la previa y preceptiva licencia municipal.
  
Sin embargo, se ha apreciado el informe emitido por la Comisión Territorial de Urbanismo la existencia de un error aritmético en el cálculo de la sanción a imponer, ya que el 2,5% de siete millones doscientas ocho mil pesetas (7.208.000 PTA) asciende a ciento ochenta mil doscientas pesetas (180.200 PTA), es decir, mil ochenta y tres euros con dos céntimos de euro (1.083,02 EUR), y no a trescientas sesenta mil cuatrocientas pesetas (360.400 PTA.), cuyo equivalente en euros es de dos mil ciento sesenta y seis euros con cinco céntimos de euro (2.166,05 EUR).
  
Fundamentos de derecho
  
1. Lo alegado por la promotora ya ha sido tenido en cuenta en la instrucción del expediente, por cuanto la sanción se propone de acuerdo con la legalización de las obras.
  
2. De acuerdo con la disposición adicional tercera, apartado 6, de la Ley del Suelo No Urbanizable se prevé la posibilidad de que la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes pueda ejercer la competencia propia del ayuntamiento en materia sancionadora, por sustitución, según lo previsto en el artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y previo requerimiento específico que en presente caso se ha llevado a efecto.
  
3. Las obras llevadas a cabo requieren de la previa y preceptiva licencia municipal tal y como establece el artículo 242 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y en el artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística. La mencionada licencia debe ir precedida de la correspondiente declaración de interés comunitario concedida por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
4. Dichas obras son constitutivas de infracción urbanística por haber sido ejecutadas sin la preceptiva licencia y contravenir por ello lo establecido en la legislación aplicable al caso. Dicha infracción aparece concretamente tipificada en el artículo 90.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, por cuanto las obras han sido legalizadas, sin perjuicio de lo que se determine a lo largo de la instrucción del expediente, procediendo en consecuencia la imposición de la sanción de multa del 1 al 5% del valor de la obra ejecutada.
  
5. No son de aplicación circunstancias modificativas de la responsabilidad, y a tenor de los artículos 55 y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística, procede imponer la sanción en su grado medio, esto es, el 2,5%, que supone la cantidad de ciento ochenta mil doscientas pesetas (180.200 PTA)/ mil ochenta y tres euros con dos céntimos de euro (1.083,02 EUR), una vez corregido el error aritmético observado en el informe emitido por la Comisión Territorial de Urbanismo, lo que se lleva a cabo en virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de modificación de la anterior.
  
6. El presente expediente debe tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
  
7. El órgano competente para imponer, en su caso, la sanción es el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, conforme al artículo 6 del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
A la vista de los antecedentes y fundamentos expuestos y de la legislación vigente en materia de urbanismo, resuelvo:
  
Imponer a doña Encarnación Antón Miguel en concepto de promotor, la sanción de ciento ochenta mil doscientas pesetas (180.200 PTA)/ mil ochenta y tres euros con dos céntimos de euro (1.083,02 EUR) por las obras consistentes en la construcción de campamento de turismo en paraje La Hijuela, polígono 2, parcelas 99, 103, 110 y 182 del término municipal de Castielfabib, sin la preceptiva licencia.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.