Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6917, del 05-12-2012 (2012/10286)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 47/2011.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6917

Fecha DOGV
:   05-12-2012

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2012/10338


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcoy

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 47/2011. [2012/10606]  
Divorcio contencioso 000047/2011-B   
De: Judith García Guardiola.  
Procuradora: Silvia Terol Calatayud.   
Contra: ministerio fiscal y Fernando Vargas Paz.  
Procurador/a: -   
Cristina Modesto Cortés, secretaria judicial del Juzgado Mixto número 1 de los de Alcoy (Alicante), hago saber:   
Que en el presente procedimiento de divorcio contencioso número 47/2011 seguido a instancia de Judith García Guardiola frente a Fernando Vargas Paz y siendo parte el ministerio fiscal y se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente.  
«Sentencia número 000134/2012   
Alcoy, 8 de octubre de 2012   
Vistos por mí, José Ramón de Blas Javaloyas, juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcoy, los presentes autos de divorcio seguidos en este Juzgado bajo el número 47/2011, a instancias de Judith García Guardiola, representada por la procuradora señora Terol Calatayud, y asistida por la letrada señora Martínez Tomás, contra Fernando Vargas Paz, en situación de rebeldía procesal, habiendo sido parte el ministerio fiscal, representado por Isabel Boronat.  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. Judith García Guardiola formuló, a través de su representación procesal, demanda de divorcio contra Fernando Vargas Paz, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba suplicando que se dictara sentencia por la que se decretara la disolución del matrimonio por divorcio, con adopción de las medidas definitivas que constan en su escrito de demanda.   
Segundo. Que admitida y tramitada la demanda en legal forma, se dio traslado de la misma a la parte demandada, emplazándole para que la contestara en el plazo de 20 días, por lo que fue declarada en rebeldía por diligencia de ordenación de 13 de julio de 2012. El ministerio fiscal contestó a la demanda, interesando que se dicte sentencia con arreglo al resultado que ofrezcan en su día las pruebas practicadas.   
Tercero. Convocadas las partes a la vista, concurrió la parte actora, no así la parte demandada a pesar de haber sido legalmente citada. Abierto el acto a prueba, se admitieron las que se declararon pertinentes y quedó pendiente del dictado de la presente resolución.   
Cuarto. Que en la tramitación de los autos se han observado las prescripciones legales.   
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Con arreglo al artículo 86 del Código Civil, en relación al artículo 81 del mismo cuerpo legal, según redacción dada a los mismos por la ley 15/2005 de 8 de julio, el matrimonio se disuelve a petición de ambos cónyuges, o de uno de ellos, con o sin el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde su celebración.  
En los presentes autos quedó probado el transcurso del citado lapso de tiempo, habiéndose celebrado el matrimonio el 4 de octubre de 2008, por lo que procede, de conformidad con los citados artículos, decretar la disolución del matrimonio.  
Segundo. En los procesos de familia, señala el artículo 751.1 Ley de Enjuiciamiento Civil, no surtirá efecto el allanamiento que recaiga sobre pretensiones indisponibles, mientras que en el apartado 3.º del mismo artículo se admite su validez y recae sobre pretensiones que tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer libremente. En el caso de la separación y el divorcio, la acción que a ellos se refiere es indisponible en la medida en que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas ni sobre cuestiones matrimoniales (art. 8605 XH), sin que quepa la renuncia de derechos, ya que estamos ante cuestiones de orden público y derecho necesario que afectan a la esencia del matrimonio, inaccesible a la autonomía de la voluntad; además de que en la práctica resulta intrascendente el allanamiento para la estimación de la acción principal de separación o divorcio, dado que basta la voluntad de uno de los cónyuges y el transcurso de los plazos legalmente previstos para adoptarse. Por otro lado, el allanamiento a las pretensiones relativas a medidas definitivas, supone la admisión de la certeza de los hechos en que se funda la demanda y la conformidad con el efecto jurídico que haya sido solicitado, de modo que, en este tipo de procesos, la eficacia del allanamiento depende de que se refiera a medidas que sean de naturaleza disponible para las partes y no de derecho imperativo o necesario, porque en tal caso serán indisponibles.   
En primer lugar, son medidas indisponibles las relativas a la patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas, derecho de uso de la vivienda familiar cuando existan hijos menores o incapacitados, o reclamaciones de alimentos para estos. El allanamiento del demandado a este tipo de medidas no vincula al juzgador, pues señala el artículo 752.2 Ley de Enjuiciamiento Civil que «la conformidad de las partes sobre los hechos no vinculará al tribunal ni podrá este decidir la cuestión litigiosa basándose exclusivamente en dicha conformidad», y, por ende, no surte los efectos del artículo 21 Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no cabe decidir con base en los hechos fijados de común acuerdo por las partes, ni a las pretensiones que con estas coincidan. Es más, tampoco cabe decidir la cuestión litigiosa basándose exclusivamente en l silencio o respuestas evasivas sobre los hechos alegados por la parte contraria, lo que excluye la posibilidad de tomar en consideración los efectos de la admisión tácita de los hechos a que se refiere el artículo 304 Ley de Enjuiciamiento Civil. En coherencia con esto, el tribunal no está vinculado a la fuerza probatoria el interrogatorio de las partes, y a las normas de los documentos públicos y de los documentos privados reconocidos, sino que además se podrá decretar de oficio cuantas pruebas se estimen pertinentes para la indagación de la verdad material de los hechos -con lo que el juzgador tiene una absoluta libertad de medios probatorios, pues se excluye el principio de justicia rogada del artículo 216 Ley de Enjuiciamiento Civil-. sin embargo, este allanamiento o conformidad sí tiene efectos jurídicos, pues a tenor del artículo 774 Ley de Enjuiciamiento Civil, en la misma vista del juicio los cónyuges pueden someter al tribunal el acuerdo a que hubieren llegado para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio, y podrán solicitar la prueba que consideren conveniente para justificar su procedencia, de modo que el tribunal decidirá en la sentencia sobre las medidas solicitadas de común acuerdo por las partes, tomando en cuenta como criterio rector que tales acuerdos no sean dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges (arts. 90 y 91 CC).  
En segundo lugar, son medidas disponibles para las partes la pensión compensatoria, la indemnización prevista en el artículo 1438, y el derecho de uso de la vivienda familiar cuando no existan hijos menores o incapacitados. En este caso, como señala el apartado 4.º del artículo 752 Ley de Enjuiciamiento Civil, no son de aplicación las especialidades relativas a las materias indisponibles, por lo que, como dispone el artículo 751.3 Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe disponer sobre tal objeto y el allanamiento del demandado vincula al tribunal en los términos del artículo 21.1 Ley de Enjuiciamiento Civil.  
En tercer lugar, la rebeldía de la parte demandada, como declaró la sentencia del Tribunal Superior de 29 de marzo de 1980, no implica allanamiento ni libera al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión (en este sentido, SAP Madrid 05.12.2006).  
Tercero. Dada la incomparecencia de la parte demandada, y del examen de la prueba practicada y obrante en autos, se establecen como medidas definitivas las siguientes:  
1. Titularidad y ejercicio de la patria potestad.  
La patria potestad será compartida entre ambos progenitores.  
2. Guarda y custodia.  
Se atribuye la guarda y custodia del hijo a la madre, Judith García Guardiola.  
3. Régimen de visitas.  
La parte actora solicitó la no adopción de régimen de visitas, dado que el demandado se marchó cuando el menor tenía nmueve meses y actualmente tiene 3 años. Sin embargo el ministerio fiscal informó que no debe suspenderse el régimen de visitas, al ser un derecho que ampara al padre y al menor para que exista contacto y desarrollo de la relación paterno-filial, estableciendo pernocta.  
En cuanto al régimen de visitas, cabe señalar que este derecho, respecto del progenitor no custodio, constituye no solo un derecho, sino también un deber cuya finalidad principal es la protección de los intereses de la menor para cuya educación, desarrollo y formación resulta necesaria una relación fluida, amplia y habitual con ambos progenitores. En la regulación de las cuestiones que afecten a menores es el interés de estos el que ha de primar sobre cualquier otro interés legítimo que pueda concurrir, como establece el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Y siendo tan conveniente y necesario para los hijos el mantenimiento de una comunicación amplia y habitual con los padres, con ambos en igual medida hasta donde sea posible cuando los progenitores no conviven, las medidas de inflexibilidad, de limitación o de restricción tanto en el tiempo como en la forma de llevar a cabo la relación paterno filial, solo debe adoptarse cuando concurran graves circunstancias que así lo aconsejen (art. 94 del CC), que resulten debidamente acreditadas, y de las cuales pueda desprenderse un temor razonable de que la comunicación normalizada, sin límites o prevenciones, pudiera constituir un riesgo o perjuicio para la adecuada formación, educación o salud física y mental del hijo, circunstancias que no concurren o al menos no han sido ni alegada ni debidamente acreditadas.  
Por lo tanto se establece un régimen de visitas a favor del progenitor consistente en fines de semana alternos, desde el sábado a las 11.00 horas de la mañana hasta el domingo a las 20.00 horas, la mitad de vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, eligiendo en caso de discrepancia los años pares la madre y los años impares el padre. El menor será recogido por el padre en el domicilio de la madre, debiendo o reintegrarlo al mismo una vez finalizado el periodo de visitas.   
4. Pensión de alimentos   
Se fija una pensión de alimentos a favor de los hijos menores de 180 euros al mes a favor de cada uno de ellos que deberá abonarse por meses anticipados y dentro de los primeros cinco días de cada mes, a partir de la fecha de esta resolución, en el número de cuenta que se designe.   
Dicha cantidad se actualizará anualmente, de acuerdo a la variación experimentada por el índice general de precios de consumo, establecido por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya, con carácter retroactivo desde la interposición de la demanda.   
5. Gastos extraordinarios  
Los gastos extraordinarios necesarios y los convenientes para su formación de mediar acuerdo o autorización judicial serán satisfechos por mitad, teniendo esta consideración los gastos de salud no incluidos dentro del seguro médico (dentistas, ópticos y protésicos) y demás de carácter extraordinario, siempre que exista consentimiento de los cónyuges. Se incluyen dentro de los gastos extraordinarios por acuerdo común de las partes los gastos escolares de matrícula, libros, mensualidades escolares.   
Cuarto. En materia de costas no se aprecian motivos para su especial imposición. Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.  
Fallo  
Estimando la demanda interpuesta por Judith García Guardiola contra Fernando Vargas Paz, debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio por divorcio de los expresados, sin especial pronunciamiento sobre las costas, y con la adopción de las siguientes medidas:  
1. Titularidad y ejercicio de la patria potestad  
La patria potestad será compartida entre ambos progenitores.  
2. Guarda y custodia  
Se atribuye la guarda y custodia del hijo a la madre, Judith García Guardiola.  
3. Régimen de visitas   
Se establece un régimen de visitas a favor del progenitor consistente en fines de semana alternos, desde el sábado a las 11.00 de la mañana hasta el domingo a las 20.00 horas, la mitad de vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, eligiendo en caso de discrepancia los años pares la madre y los años impares el padre. El menor será recogido por el padre en el domicilio de la madre, debiendo o reintegrarlo al mismo una vez finalizado el periodo de visitas.   
4. Pensión de alimentos  
Se fija una pensión de alimentos a favor de los hijos menores de 180 euros al mes a favor de cada uno de ellos que deberá abonarse por meses anticipados y dentro de los primeros cinco días de cada mes, a partir de la fecha de esta resolución, en el número de cuenta que se designe.   
Dicha cantidad se actualizará anualmente, de acuerdo a la variación experimentada por el índice general de precios de consumo, establecido por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya, con carácter retroactivo desde la interposición de la demanda.   
5. Gastos extraordinarios   
Los gastos extraordinarios necesarios y los convenientes para su formación de mediar acuerdo o autorización judicial serán satisfechos por mitad, teniendo esta consideración los gastos de salud no incluidos dentro del seguro médico (dentistas, ópticos y protésicos) y demás de carácter extraordinario, siempre que exista consentimiento de los cónyuges. Se incluyen dentro de los gastos extraordinarios por acuerdo común de las partes los gastos escolares de matrícula, libros, mensualidades escolares.   
No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas.  
Comuníquese esta resolución, una vez firme el pronunciamiento de divorcio al Registro Civil en que conste inscrito el matrimonio.  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante (art. 455 LECn).  
El recurso se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella.  
En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.  
Información sobre el depósito para recurrir   
De conformidad con la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que sea admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolución deberá constituir un depósito de 50 €, que le será devuelto solo en el caso de que el recurso sea estimado.   
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente (jjjj 0000 cc eeee aa) indicando, en el campo «concepto» el código «02 civil-apelación» y la fecha de la resolución recurrida con el formato dd/mm/aaaa.   
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el código de cuenta corriente (CCC, 20 dígitos), se indicará en el campo «concepto» el número de cuenta el código y la fecha que en la forma expuesta en el párrafo anterior.   
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.   
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el ministerio fiscal, Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.   
Así lo acuerdo, mando y firmo.»  
Publicación. La anterior sentencia ha sido firmada, leída y publicada por el juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de hoy. Doy fe.  
Y encontrándose dicho demandado, Fernando Vargas Paz, en situación de rebeldía procesal y paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Alcoy, 8 de octubre de 2012.- La secretaria judicial: Cristina Modesto Cortés.