Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7034, del 29-05-2013 (2013/5338)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 106/12-A .
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7034

Fecha DOGV
:   29-05-2013

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/5338


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 106/12-A . [2013/5338]  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Nictrans, SL, que se ha dictado laudo en el expediente de referencia y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: Ramón Escrig Moreno. Vocales: Francisco Ortiz Gutiérrez, Miguel García Navarro. Secretaria-vocal: Carolina Casal Asensio. Partes: Reclamante: Transpayfer, SL, representada por Francisco Martos Vizcaíno Reclamado: Nictrans, SL, que no comparece al acto de vista.  
En Alicante, a 18 de abril de 2013 y siendo las 11.00 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente 106/12-A, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: Impago de portes. Incomparecencia del demandado. Concurso.  
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.   
Se da cuenta de que ante la reiterada imposibilidad de citación y notificación realizada a través del servicio de Correos, se procedió a su publicación mediante edictos a través del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6993 de fecha 28 de marzo de 2013.   
La Junta tiene conocimiento, por información facilitada por la demandante, que la mercantil reclamada se encuentra inmersa en la tramitación de un concurso voluntario abreviado, declarado por Auto de 19 de febrero de 2013 del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante (Elche), autos 51/8543XX.  
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes antecedentes de hecho:  
1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda, manifiesta que como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada, diversos transportes cuyos itinerarios están perfectamente referidos en las facturas emitidas al efecto y que fueron adjuntadas a la demanda, con sus correspondientes CMR y órdenes de carga. Todos los transportes realizados, si bien se corresponden con las facturas que seguidamente se detallarán, se han agrupado en una sola demanda por cuestión de economía procesal, debiendo tenerse en cuenta no obstante de que si bien la suma es de 30.670,01 euros, deben ser tomadas en cuenta de forma individual tal y como seguidamente se relacionan: factura número A1121024, de 15 de agosto de 2012, por importe de 2.124,00 euros; factura número A111136, de 31 de agosto de 2011 por importe de 354,00 euros; factura número A120798, de 30 de junio de 2012 por importe de 2.832,00 euros; factura número A120983, de 31 de julio de 2012 por importe de 914,50 euros; factura número A120898, de 20 de julio de 2012 por importe de 2.714,00 euros; factura número A120984, de 31 de julio de 2012, por importe de 3.304,00 euros; factura número A121115, de 31 de agosto de 2012, por importe de 177,00 euros; factura número A121116, de 31 de agosto de 2012, por importe de 3.658,00 euros; factura número A121257, de 30 de septiembre de 2012, por importe de 2.904,00 euros; factura número A121258, de 30 de septiembre de 2012, por importe de 3.025,00 euros; factura número A121259, de 30 de septiembre de 2012, por importe de 2.904,00 euros; factura número A121297, de 20 de octubre de 2012, por importe de 3.267,00 euros; factura número A121298, de 20 de octubre de 2012, por importe de 72,60 euros, y factura número A121299, de 20 de octubre de 2012, por importe de 2.420,00 euros. Todas estas facturas fueron devueltas a sus respectivos vencimientos.  
Realizadas diversas gestiones de cobro sin conseguirlo, es por lo que se interpone la presente demanda, con la solicitud de que una vez que sea reconocido su derecho, se condene a la reclamada al pago de la cantidad de 30.670,01 euros, más los gastos ocasionados por las devoluciones de las facturas presentadas al cobro que ascienden a 273,16 euros, que suman un total de 30.943,17 euros.  
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos:  
1. En cuanto a la competencia territorial, referida a los transportes realizados, dice el artículo 31.1 del CMR: Para todos los litigios que pueda dar lugar el transporte regulado por este convenio, el demandante podrá escoger, fuera de las jurisdicciones de los países contratantes, designadas de común acuerdo por las partes del contrato, las jurisdicciones del país en el territorio del cual: a) El demandado tiene su residencia habitual, su domicilio principal o sucursal de agencia por intermedio de la cual ha sido concluido el contrato de transporte y b) Esta situado el lugar en que el transportista se hizo cargo de la mercancía o el lugar designado para la entrega de la misma, no pudiendo escogerse mas que estas jurisdicciones. En este mismo sentido señala la competencia territorial de la Junta Arbitral en los arts. 6 y 7.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (RD 1211/90) referida al transporte nacional.   
2. La sumisión, además de venir expresamente pactada en el documento CMR, viene determinada, por ser el contrato suscrito entre empresas nacionales, de acuerdo con el art. 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el art. 162 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/87 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres: "se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado".  
No consta en la documentación probatoria aportada, que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido de excepción de la presunción señalada, motivo que induce a la Junta Arbitral a aplicar la sumisión del artículo 38, puesto que de haber querido pactar para estos transportes sumisión expresa diferente debió así manifestarse en el momento anterior a la ejecución del transporte.  
3. La normativa nacional está complementada, en cuanto a los transportes de carácter internacional, por el Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE 109, 07.05.1974). Contrato de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5 de julio de 1978 al que se adhirió España por Instrumento de 23 de septiembre de 1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE número 203, de 18 de desembre de 1982, que establece para cuestiones de competencia lo regulado en el artículo 31.1 a. No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas del los Estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación, en su caso, el Código de Comercio, la LOTT y su Reglamento y demás Normas de procedimiento y general aplicación.  
En este caso se da la circunstancia de que la contratación se realiza por empresas que tienen su residencia o establecimiento en España, lugar en el que se produce la contratación por más que posteriormente la carga o descarga se produzca en país diferente.  
4. De las manifestaciones realizadas en vista se deduce que, efectivamente, los portes que son reclamados en esta demanda y cuyas facturas constan adjuntas a la misma fueron realizados, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
5. Dice el artículo 52.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal: "Los procedimientos arbitrales en trámite al momento de la declaración de concurso se continuarán hasta la firmeza del laudo, siendo de aplicación las normas contenidas en el artículo 40 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre que modifica el art. 51.1 de la Ley 22/2003 señalada anteriormente.  
Como quiera que la demanda fue presentada ante esta Junta Arbitral de Alicante el 6 de noviembre de 2012, la Junta resuelve en cuanto al reconocimiento del derecho de cobro por el concepto señalado (portes realizados), quedando supeditada su ejecución a lo establecido la Ley 38/2011, de 10 de octubre que modifica la Ley 22/2003, de 9, de julio, Concursal, en el artículo 42, que modifica los apartados 1 y 3 del artículo 55.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Transpayfer, SL, representada por Francisco Martos Vizcaíno contra Nictrans, SL, ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece, que habiéndose realizado los transportes reclamados dentro de las condiciones contractuales convenidas ha de ser abonado su importe.   
Por todo ello, Nictrans, SL, deberá abonar a Transpayfer, SL, la cantidad de treinta mil novecientos cuarenta y tres euros con diecisiete céntimos (30.943,17 euros).   
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de 1.ª Instancia de Alicante conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Alicante, 18 de abril de 2013.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante: Ramón Escrig Moreno.