Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8827, del 04-06-2020 (2020/4011)

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, relativa a la ampliación de oficio del plazo de ejecución de los proyectos financiados por la Dirección General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, tramitados por el procedimiento de concurrencia competitiva y concesión directa.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8827

Fecha DOGV
:   04-06-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2020/4011


Fecha del documento
:   29-05-2020

Organismo emisor
:   Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática
    * ayuda pública

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, relativa a la ampliación de oficio del plazo de ejecución de los proyectos financiados por la Dirección General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, tramitados por el procedimiento de concurrencia competitiva y concesión directa. [2020/4011]  
  
El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, establece en su disposición adicional tercera, apartado 1º, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.  
El Real decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, modifica el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, estableciendo:  
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.»  
El artículo 54 del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la Covid-19, establece una serie de medidas en materia de subvenciones y ayudas, con la finalidad última de facilitar a las entidades beneficiarias, tanto la ejecución de la actividad o el proyecto subvencionado como la justificación del destino dado a la subvención, evitando que la situación de emergencia en que nos encontramos derive en incumplimientos de las condiciones establecidas y, en consecuencia, en la necesidad de exigir el reintegro de la ayuda. En este sentido, su tenor literal dispone:  
«1. En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del Real decreto 463/2020 podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladores. A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma, así como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su justificación o comprobación.»  
Con esta norma, se habilita al órgano competente para ampliar de oficio los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras, justificando únicamente la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma así como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su justificación o comprobación.  
La suspensión de la actividad educativa presencial, el cierre temporal de locales de afluencia pública, las restricciones a la movilidad de personas y mercancías, la falta de suministros, así como, las situaciones urgentes y extraordinarias que se están produciendo debido a la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por las autoridades sanitarias, están provocando retrasos en la realización de las actividades programadas para conseguir los resultados propuestos en las intervenciones y, en consecuencia, dilaciones en las fechas previstas de finalización de la mayoría de las intervenciones financiadas por la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo. En el plano internacional, las zonas de mayor riesgo son los países menos adelantados y las comunidades más vulnerables del mundo cuyos sistemas de salud y de protección social no pueden, en gran medida, hacer frente al enorme reto que está pandemia está causando. La crisis de la Covid-19 va a tener un impacto de enorme magnitud en los países y territorios más vulnerables, lo que puede supone la necesidad de adaptar, en su caso, los proyectos de subvenciones ya aprobados a la nueva conyuntura, en el marco de la legalidad vigente.  
Tales circunstancias han provocado que una parte significativa de las entidades beneficiarias hayan manifestado la necesidad de solicitar una ampliación en los plazos de ejecución de los proyectos en curso.  
Por todo ello, se considera necesario y oportuno la modificación de oficio de los plazos de ejecución, así como de justificación y comprobación de la ejecución de los proyectos en materia de cooperación al desarrollo en sus diferentes convocatorias tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva (Cooperación Internacional para el Desarrollo, Educación para la Ciudadanía Global, Acción Humanitaria y Sensibilización en Activistas de Derechos Humanos), así como las subvenciones de concesión directa tramitadas conforme al artículo 168.1.A) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones (convenios de acción humanitaria, coordinación, investigación y formación, cátedras de desarrollo sostenible, así como las derivadas de ayuda humanitaria de emergencia previstas en al artículo 168.1.C), del mismo cuerpo legal, todos ellos financiados por la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo que se encuentran actualmente en ejecución.  
Por otro lado, el artículo 49 de la Orden 3/2017, de 31 de mayo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo, regula las ampliaciones de los plazos de ejecución de las actuaciones objeto de las subvenciones y ayudas reguladas en esta orden, estableciendo que:  
«1. Los plazos de ejecución de las actuaciones objeto de las subvenciones y ayudas reguladas en esta orden podrán ampliarse hasta la mitad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, con las especialidades siguientes:  
2. El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas podrá ser ampliado sin necesidad de autorización previa:  
a) Hasta un máximo de tres meses cuando la duración de la actuación subvencionada sea de hasta doce meses.  
b) Hasta un máximo de seis meses cuando la duración de la actuación subvencionada sea de más de doce meses.  
3. En ambos supuestos, debe ser comunicada y justificada esta ampliación al órgano gestor con anterioridad a la expiración del plazo de ejecución inicialmente establecido.  
4. Las ampliaciones superiores a los plazos previstos en los supuestos contemplados en el apartado anterior requerirán de autorización previa del órgano gestor.  
5. El procedimiento de autorización de ampliaciones de plazo del apartado anterior comenzará por solicitud de la entidad beneficiaria, que se comunicará al órgano gestor, que deberá resolverla en un plazo máximo de un mes a contar desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud de modificación».  
Por todo ello, visto el informe de la subdirectora general de Cooperación y Solidaridad, de fecha 26 de mayo de 2020, la propuesta de la directora general de Cooperación Internacional al Desarrollo, y de conformidad con lo previsto en el Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el cual se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, así como el Decreto 195/2018, de 31 de octubre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, vistas las circunstancias excepcionales acaecidas y en previsión de lo establecido en el artículo 54 del Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19, resuelvo:  
  
Primero  
Ampliar, con carácter general, en un plazo máximo de 4 meses, el período de ejecución, y en su caso, de justificación y comprobación de la ejecución, de:  
1. Los proyectos concedidos al amparo de la Orden 3/2017, de 31 de mayo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo; por el procedimiento de concurrencia competitiva.  
2. Los proyectos de subvenciones de concesión directa tramitadas al amparo del artículo 168 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.  
En los dos supuestos debe tratarse de proyectos que en el momento de entrada en vigor del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, no hubiera finalizado la ejecución, justificación o comprobación del proyecto.  
  
Segundo  
La ampliación prevista en esta resolución no computará a efectos de solicitudes anteriores o futuras de ampliaciones de plazo, que seguirán el procedimiento establecido en las bases reguladoras, aprobadas por Orden 3/2017, de 31 de mayo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.  
  
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, conforme a lo previsto en los artículos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se considere pertinente.  
  
València, 29 de mayo de 2020.- La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática: Rosa Pérez Garijo.