Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5311, del 26-07-2006 (2006/8931)

ORDEN de 12 de junio de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se anuncia la aprobación del deslinde de la Cañada Real de Castilla en el término municipal de Catadau en su tramo comprendido desde el cruce con la Rambla García a la altura de l'Alteró de Cosme hasta su limite con el término municipal de Tous.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5311

Fecha DOGV
:   26-07-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/8931


Fecha del documento
:   12-06-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * Tous
    * Catadau
    * ganado
    * vía rural
    * legislación

ORDEN de 12 de junio de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se anuncia la aprobación del deslinde de la Cañada Real de Castilla en el término municipal de Catadau en su tramo comprendido desde el cruce con la Rambla García a la altura de l'Alteró de Cosme hasta su limite con el término municipal de Tous. [2006/8931]  
Visto el expediente Deslinde de la Cañada Real de Castilla en el Término Municipal de Catadau en su tramo comprendido desde el cruce con la Rambla García a la altura de l'Alteró de Cosme hasta su límite con el Término Municipal de Tous. Tramo XI.  
Resultando que el deslinde se ajusta a la Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de Catadau, aprobada por Orden Ministerial de fecha 1 de julio de 1974, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado de fecha 3 de septiembre de 1974.  
Resultando que en fecha de 23 de diciembre de 2002 (BOE 22.01.03), se suscribió convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, para la ejecución del proyecto de deslinde amojonamiento y señalización de las vías pecuarias del Corredor Valle de Cabriel . Albufera de Valencia (Ramal Meridional) en los términos municipales de Camporrobles, Fuenterrobles, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Requena, Corte de Pallás, Yátova, Dos Aguas. Tous, Catadau, Alfarp, Carlet, L'Alcúdia, Algemesí, Guaduassuar, Albalat de la Ribera y Sueca.  
Resultando que mediante resolución del 7 de julio de 2.003 de la Conselleria de Territori i Habitatge. Se autorizó el inicio de los expedientes de deslinde de los terrenos de las vías pecuarias incluidas en el convenio suscrito en fecha 23 de diciembre de 2.002 (BOE 22.01.03), entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.  
Resultando que dentro del periodo de información pública a que fue sometido el expediente fueron presentadas alegaciones por:  
. doña María Arocas Estarlich  
. D. Carlos Guillermo Leive Llenares  
. D. José Herminio Querol Lucas  
. doña Carmen González Pedro (no ha acreditado representatividad)  
. D. Ángel Parreño Cambronero  
. D. Fernando Jiménez García  
. D. Juan Manuel Bisbal Climent  
. D. Emili Asensi Bono  
. doña Carmen Bisbal Llorens  
. doña Amalia Mulet José  
. D. Vicente López Muñoz  
. D. Francisco Llorens Martínez  
Resultando que por la Dirección General de Gestión del Medio Natural se propone la aprobación del deslinde de acuerdo con los términos que figuran en el expediente.  
Visto en informe del Área Jurídica de la Conselleria de Territorio y Vivienda. Considerando que se han cumplido en el expediente los trámites señalados por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, reguladora de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso. Considerando lo dispuesto en el Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del presidente de la Generalitat, mediante el cual se asignan competencias a la Presidencia y a las consellerias con competencias ejecutivas, y en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, corresponde a la Conselleria de Territorio y Vivienda la aprobación del deslinde de las vías pecuarias, resuelvo:  
Articulo 1  
Aprobar el Deslinde de la Cañada Real de Castilla en el Término Municipal de Catadau en su tramo comprendido desde el cruce con la Rambla García a la altura de l'Alteró de Cosme con el Término Municipal de Tous, Tramo XI, de acuerdo con la propuesta de deslinde parcial y planos que constan en el expediente y cuyas características son las siguientes:  
Longitud deslindada: 3.770 m  
Anchura: 75 m  
Superficie deslindada: 27,5573 ha  
Articulo 2  
Desestimar las alegaciones presentadas por los motivos que se indican a continuación:  
En primer lugar, en relación con las alegaciones presentadas por doña María Arocas Estarlich, D. Ángel Parreño Cambronero, D. Fernando Jiménez García y D. Vicente López Muñoz, que alegan que en las Escrituras de Propiedad no existen limitación, gravamen o servidumbre sobre sus propiedades y que en el Registro no existe ninguna anotación ni referencia a la Cañada Real de Castilla.  
Cabe decir que el art. 2 de la Ley 3/1995, establece que las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, no siendo por tanto servidumbres de paso que necesitan de contrato alguno. El dominio público, además, no tenía la obligación de constar en el Registro de la Propiedad.  
La existencia de la vía pecuaria queda suficientemente demostrada por la propia Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de Catadau, en cuyo proyecto quedan grafiadas las distintas vías pecuarias del municipio. Además, en el fondo documental recopilado al efecto de realizar el deslinde, se constatan documentos que hacen referencia a la Cañada Real de Castilla, y que ya entonces la sitúan por el trazado que ahora se propone.  
Respecto a las alegaciones presentadas por doña María Arocas Estarlich, Ángel Parreño Cambronero, D. Fernando Jiménez García, D. Emili Asensi Bono, doña Amalia Mulet José y D. Vicente López Muñoz, en la que manifiestan no estar conformes en considerar la anchura de 75 metros y no considerar la anchura de 20 metros, cabe decir que la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias, no contempla la existencia de anchuras necesaria y sobrante a partir de la legal.   
doña María Arocas Estarlich, D. Ángel Parreño Cambronero, D. Fernando Jiménez García, D. Emili Asensi Bono, doña Amalia Mulet José y D. Vicente López Muñoz manifiestan que la propia Ley de Vías Pecuarias permite compatibilizar el trazado y rehabilitación de la Cañada Real de Castilla con la calidad de vida de los ciudadanos. SENTENCIA 64/1982. Si se aprobase la proposición se vulnerarían los derechos fundamentales como el Art. 45 1º y 2º y Art. 47 de la Constitución.  
Se deniega dicha alegación porque los fundamentos de la citada sentencia 64/1982 no son de directa aplicación al objeto del presente expediente de deslinde y en ningún momento, se está vulnerando ningún artículo de la Constitución Española.  
D. Carlos Guillermo Leive Llenares y D. José Herminio Querol Lucas dicen que cuando compraron las parcelas no se les informó desde ninguna de las partes que esos terrenos eran vía pecuaria. Además, D. Juan Manuel Bisbal Climent, en la alegación primera de su escrito dice que su finca es de propiedad particular desde mucho antes de 1974, año de clasificación, dice que se han abonado la contribución de rústica y urbana y en el apartado tercero alega que en la cartografía de catastro no existe la vía pecuaria. D. Francisco Llorens Martínez manifiesta en su alegación primera que la parcela 7/123 fue heredada de sus padres, sin que en ningún documento apareciese la cañada, y en su alegación segunda, que no se pueden expropiar tierras de su propiedad sin una indemnización económica. doña Amalia Mulet José manifiesta, en la alegación segunda de su escrito que su propiedad está debidamente inscrita en el registro de la propiedad, se encuentra en suelo urbano, que el Ayuntamiento concedió las licencias de obras, que el Registro no nombra la vía pecuaria y que, al igual que D. Vicente López Muñoz en su apartado segundo y D. Fernando Jiménez García en su apartado tercero de sus respectivos escritos, abonan el correspondiente IBI y que su propiedad está clasificada como urbana. Se deniegan las mismas porque:  
En cuanto a las alegaciones realizadas por los interesados en la que manifiestan ser titulares de los terrenos afectados por la vía pecuaria, como consta en el Registro de la Propiedad, decir que la determinación gráfica del dominio registral no ofrece en ningún caso detalle de la localización geográfica exacta en la que se encuentra la finca en cuestión, sino que pretende la identificación de la finca registral, de la porción de terreno delimitada por un dominio; no pretende la descripción exhaustiva de la misma. Por otra parte, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 8.3 de la Ley 3/95 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el deslinde aprobado declara posesión y titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, no pudiendo prevalecer las inscripciones del Registro de la Propiedad frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. Además el art. 8.4 de la misma Ley, señala que la resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Todo ello sin olvidar el carácter de dominio público del que gozan las vías pecuarias, establecido en el art. 2 de la Ley 3/95 de 23 de marzo, que establece que las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
Además, respecto al hecho de que las parcelas estén inscritas en el Registro de la Propiedad cabe reseñar que la inscripción registral de una finca da fe de la titularidad jurídico real sobre la misma y su función es dar seguridad jurídico inmobiliario, no pudiendo existir una representación gráfica del dominio diferente del objeto del dominio en sí. Es decir, el objeto del registro de la propiedad no es la finca registrada sino el dominio o los derechos reales constituidos sobre ella. Respecto a esto, la descripción que de las fincas registrales se hace en el folio registral procede de la declaración del titular registral, en consecuencia la determinación gráfica del dominio depende, en última instancia, de la voluntad del dueño de la finca. De hecho, esta grafía es una operación jurídica de calificación por parte del registrador y no una operación técnico topográfica.  
En cuanto a la existencia de la vía pecuaria queda suficientemente demostrada por la propia Clasificación de las Vías Pecuarias del Término de Catadau, en cuyo proyecto quedan grafiadas las distintas vías pecuarias del municipio. Además, en el fondo documental recopilado al efecto de realizar el deslinde, se constatan documentos que hacen referencia a la Cañada Real de Castilla, y que ya entonces la sitúan por el trazado que ahora se propone.  
La existencia y las características fundamentales de una vía pecuaria, tales como categoría, ancho, denominación y trazado son legalmente establecidas en su Clasificación, en este caso aprobada por Orden Ministerial con fecha 18 de noviembre de 1974 (BOE 05-12-1974).  
El artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, se refiere al deslinde como .el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con el acto de clasificación.. De hecho, diferentes Sentencias de Tribunales Superiores circunscriben la posibilidad de impugnar el acto de deslinde a los casos en que éste no hubiese respetado la clasificación: .consentida la clasificación de una vía pecuaria no procede en modo alguno impugnar el deslinde y amojonamiento posterior, salvo que lo se en cuanto a detalles de trazado, dirección, anchura y otros similares, siempre que esté en discrepancia con la citada clasificación precedente, mas no en cuanto a la existencia o realidad ya asignada anteriormente a la vía pecuaria en la clasificación aprobada..  
En este sentido, el trazado y dirección del dominio público deslindado es fiel reflejo de los datos que aparecen en la Clasificación de Vías Pecuarias de los términos municipales de Catadau, datos que se han revisado y confrontado con cuantos antecedentes gráficos o escritos obran en el expediente de deslinde así como con los reconocimientos de campo realizados por los técnicos encargados de las operaciones de deslinde.  
Por otro lado, no hay duda de la naturaleza jurídica de las vías pecuarias como bienes de dominio público, esto hace que los particulares no pueden adquirir, por la posesión de un año y un día, ningún ius possidendi como ocurre con los bienes patrimoniales, y que la posesión del dominio público por un particular sean en cualquier caso ilegítima.   
Respecto a que el Estado ha admitido la titularidad de las fincas a los alegantes como el pago de Impuestos como prueba, hay que decir que el pago de los impuestos correspondientes por las tierras tales como la Contribución territorial Rústica y posteriormente el Impuesto de Bienes Inmuebles, se apoya en el Catastro Inmobiliario, que es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales tal y como se definen en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto de la Ley del Catastro inmobiliario (BOE 8 de marzo de 2004), es decir trata del inventario de la riqueza territorial y no da fe del domino y demás derechos reales inmobiliarios. De hecho, es habitual que aparezcan parcelas catastrales a nombre de desconocidos, o basadas en la apariencia física, sin investigación alguna acerca de su configuración jurídica. Así mismo, la extensión de una finca en catastro no es prueba, conforme a Derecho, de la realidad de su cabida, y por tanto de sus verdaderos lindes.  
Doña María Arocas Estarlich, doña Amalia Mulet José, doña Mª Carmen Gonzalez Pedro, D. Ángel Parreño Cambronero, D. Fernando Jiménez García y D. Vicente López Muñoz solicitan que la Cañada Real de Castilla a su paso por las propiedades transcurra la vía pecuaria limitando su dimensión y trazado al camino actual. D. Emili Asensi Bono, en el apartado tercero de su escrito dice que el Art. 16 de la Ley 3/95 de Vías Pecuarias considera compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, sin ser de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero. Solicita una reducción de la anchura y concesión por uso agrícola. Y doña Carmen Bisbal Llorens, en el apartado primero de su escrito solicita el desvío de la vía pecuaria por parcelas adyacentes de propiedad pública y adjunta croquis de la modificación solicitada. Se manifiestan en desacuerdo con el deslinde solicitando la reducción de la anchura de la vía pecuaria a la propuesta en el proyecto de Clasificación. Se deniegan porque:  
Tal petición no puede ser atendida dentro del marco legal vigente, pues nos encontramos ante dos procedimientos administrativos diferenciados: el primero el Acto de Clasificación (art. 7 Ley 3/1995) .por el que se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria. y el segundo el Deslinde (art. 8 Ley 3/1995) en el que se .se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de Clasificación.. Estos dos procedimientos administrativos se ejecutan materialmente con un tercero: en el amojonamiento (art. 9 Ley 3/1995).  
En el presente expediente nos encontramos ante un procedimiento de deslinde que debe de ser conforme y respetar la Clasificación, sin que se pueda en el presente trámite de deslinde modificar la Clasificación. Por consiguiente, deben de ser rechazadas las alegaciones formuladas pues el deslinde se ha efectuado de conformidad con la Clasificación vigente ya que la Clasificación de Vías Pecuarias del término municipal de Catadau, fue aprobado por Orden Ministerial de 1 de julio de 1974, que se publicó en el BOE de 03/09/1974, clasificando la actual vía pecuaria en Cañada y con un ancho legal de 75 metros de conformidad con el artículo 4.1.a) de la Ley 3/1995.  
Considerando lo anteriormente expuesto, se informa que el Deslinde se ha realizado según Derecho, no procediendo en él la regularización de la anchuras, siendo objeto de ello un expediente aparte.  
D. Fernando Jiménez García, en el apartado primero de su escrito, manifiesta que hace tres años y medio el Ayuntamiento le concedió la licencia de renovación de vallado y no le advirtió la existencia de la vía pecuaria.   
Se deniega la misma porque el hecho de obtener una licencia de renovación de vallado, en terrenos afectados por el deslinde de la Cañada Real de Castilla, no es un hecho que pueda oponerse al deslinde efectuado, pues, por una parte, las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y por otra parte, según resulta del articulo 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, con las modificaciones de que ha sido objeto por disposiciones posteriores, las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del tercero.  
D. Juan Manuel Bisbal Climent, en el apartado cuarto manifiesta que la Conselleria de Agricultura i Pesca no ha objetado nada sobre la Declaración del Olivar.   
Se deniega la misma debido a que la declaración de olivar a efectos de ayuda no tiene en cuenta la realidad jurídica de las parcelas, sino que toman en consideración parámetros como producción, número de olivos.  
Artículo 3  
Que se proceda a la cancelación total o parcial de cuantas inscripciones registrales resulten contradictorias con el deslinde.  
Artículo 4  
Iniciar la práctica del amojonamiento de la Vía Pecuaria .Cañada Real de Castilla. en el Término Municipal de Catadau en el tramo comprendido desde el cruce con la Ramba García a la altura de L'Alteró de Cosme hasta su límite con el Término Municipal de Tous (Tramo XI), de acuerdo con el convenio suscrito en fecha de 23 de diciembre de 2.002 (BOE 22.01.03), entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, para la ejecución del proyecto de deslinde, amojonamiento y señalización de las vías pecuarias del Corredor Valle del Cabriel . Albufera de Valencia (Ramal Meridional) en los términos municipales de Camporrobles, Fuenterrobles, Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, Requena, Cortes de Pallás, Yátova, Dos Aguas, Tous, Catadau, Alfarp, Carlet, L'Alcudia, Guadassuar, Algemesí, Albalat de la Ribera y Sueca.  
Contra la presente orden, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de esta orden, ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 y concordantes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de Contencioso Administrativa.  
Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición ante el conseller de Territorio y Vivienda, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.   
Valencia, 12 de junio de 2006.   
El conseller de Territorio y Vivienda  
Esteban Gonzalez Pons