Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6205, del 12-02-2010 (2010/1097)

ACUERDO de 27 de noviembre de 2009, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, relativo a la modificación puntual número 22 del Plan general de La Vall d'Uixó.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6205

Fecha DOGV
:   12-02-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2010/1097


Fecha del documento
:   27-11-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Vall d'Uixó, la
    * plan de urbanismo

ACUERDO de 27 de noviembre de 2009, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, relativo a la modificación puntual número 22 del Plan general de La Vall d'Uixó. [2010/1097]  
Visto el expediente de referencia y de conformidad con los siguientes  
Antecedentes  
Primero. El Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, mediante acuerdo del Pleno de fecha 25 de marzo de 2009, acordó exponer al público la modificación, lo que se llevó a cabo mediante anuncios publicados en el periódico Las Provincias el 7 de abril de 2009 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 17 de abril de 2009. Transcurrido el período de información al público, durante el que se formuló una alegación, el Pleno del Ayuntamiento de fecha 24 de junio de 2009 aprobó provisionalmente la modificación.  
Segundo. El documento está formado por un texto escrito que comprende los antecedentes, el análisis pormenorizado de la modificación y los documentos del Plan general que varían como consecuencia de la misma, con los planos correspondientes.  
Tercero. El objeto de la presente modificación es doble.  
La modificación núm. 1 consiste en ampliar el sistema general de equipamiento educativo (E) núm. 85, calificando como sistema general de equipamiento educativo parte del vial sito junto al CEIP La Moleta.  
La modificación núm. 2 tiene por objeto calificar como sistema general de equipamiento educativo (E) núm. 80 el equipamiento de servicio público (SP) sito junto al barranco La Horteta, reduciendo su superficie al ampliar el vial adyacente.  
Cuarto. En fecha 7 de septiembre de 2009 se recibe informe favorable de la oficina del Plan de carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
El 26 de octubre de 2009 se recibe informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar en lo que se refiere al sistema general de equipamiento educativo núm. 80.  
En fecha 6 de noviembre de 2009 se ha emitido informe por parte de la Conselleria de Educación.  
Fundamentos de derecho  
Primero. La presente modificación puntual del Plan general de La Vall d'Uixó se ha tramitado después de la entrada en vigor de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana (en adelante LUV), por lo que le es ya aplicable la nueva Ley.  
Segundo. La tramitación de la presente modificación puntual ha sido correcta, de conformidad con los artículos 94.1 y 64 de la LUV. La documentación está completa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 y concordantes de la LUV.  
Tercero. El artículo 36.3 de la LUV establece que "la competencia para la aprobación definitiva de la ordenación estructural corresponde a la Generalitat". Conforme a lo establecido en el artículo 36.1.e de la LUV, la red primaria de reservas de suelo dotacional público es una determinación de la ordenación estructural, de lo que se sigue que la aprobación definitiva de esta modificación corresponde a la Generalitat.  
Cuarto. El proyecto que se examina tiene por objeto introducir dos modificaciones que afectan a los sistemas generales del vigente Plan general (dotaciones públicas de red primaria en la terminología de la LUV y del ROGTU).  
Como reiteradamente ha establecido la jurisprudencia, la determinación concreta de la calificación de unos terrenos incluidos en el suelo urbano o urbanizable se enmarca dentro de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, gozando en tales casos la administración de amplia libertad para elegir, entre las alternativas posibles, la forma en la que el territorio ha de quedar ordenado. Asimismo, son las citadas materias determinaciones urbanísticas que trazan, junto con otras, el modelo físico de una convivencia puramente local, sin incidencia en intereses supralocales, por lo que, cuando de tales determinaciones se trate, aquella discrecionalidad debe ser actuada por el Ayuntamiento, desde la representación que le confiere su legitimación democrática.  
Según ha señalado recientemente el Tribunal Constitucional en su Sentencia 51/2004, de 13 de abril, "la decisión sobre la configuración del asentamiento urbano municipal en que consiste el Plan de urbanismo (marco regulador del espacio físico de la convivencia de los vecinos) es una tarea comprendida prioritariamente en el ámbito de los intereses del municipio, y sobre aquélla decisión se proyecta, por tanto, de forma especialmente intensa las exigencias de la autonomía municipal". Si bien es posible también la intervención de otras administraciones públicas, por la imbricación de intereses diversos que se proyectan sobre el mismo territorio municipal, esta intervención "no ha de oscurecer el principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es tarea que fundamentalmente corresponde al municipio, y que la intervención de otras Administraciones se justifica sólo en la medida en que concurran intereses de carácter supramunicipal o controles de legalidad que, de conformidad con el bloque de la constitucionalidad, se atribuyen a las Administraciones supraordenadas sobre las inferiores".  
La LUV recoge ideas. Así, el artículo 85 de esta Ley autonómica, tras explicitar los cometidos autonómicos que permiten formular objeciones a la aprobación definitiva del planeamiento municipal, establece que le está vedado a la resolución autonómica de aprobación cuestionar la interpretación de tal interés formulada por el municipio desde su propia representatividad. En definitiva, la Ley atribuye a la política municipal gestora del urbanismo un espacio de decisión propio, en el que los órganos representativos de la colectividad local podrán apreciar la oportunidad de las iniciativas urbanísticas que se le planteen.  
En el caso que nos ocupa las cuestiones que se plantean en la modificación no inciden específicamente en intereses supralocales, por lo que cabe únicamente un control de legalidad.  
Quinto. La modificación núm. 1 consiste en ampliar el sistema general de equipamiento educativo (E) núm. 85, calificando como sistema general de equipamiento educativo parte del vial sito junto al CEIP La Moleta.  
Según la exposición de motivos de la modificación el único equipamiento educativo existente que permite físicamente su ampliación es el CEIP La Moleta, sito en la avda. Suroeste, ya que es la única edificación que no mantiene la alineación de la avenida, disponiéndose frente a su fachada norte de un espacio destinado a vial/aparcamiento que podría incorporarse al equipamiento, sin que ello altere la configuración de la avenida.  
Se amplía así la superficie del sistema general de equipamiento educativo (E) núm. 85 en 2.252 m² y se define como nueva alineación del mismo la del resto de edificaciones de la avenida.  
En relación con esta modificación no se ha formulado objeción alguna en el informe de la Conselleria de Educación de 6 de noviembre de 2009.   
La modificación que se examina se ajusta a criterios de racionalidad y mejor satisfacción del interés general. Se cumple el artículo 94 de la LUV pues la solución propuesta mantiene el equilibrio de las dotaciones públicas al cambiar la calificación de sistema general de comunicaciones red viaria a sistema general equipamiento educativo. No existe, por tanto, obstáculo a su aprobación definitiva.  
Sexto. La modificación núm. 2 tiene por objeto calificar como sistema general de equipamiento educativo (E) núm. 80 el equipamiento de servicio público (SP) sito junto al barranco La Horteta, reduciendo su superficie al ampliar el vial adyacente. Así, la superficie del actual SG equipamiento de servicio público (SP) que es de 27.620 m² se reduce en 1.077 m² por la ampliación del vial adyacente con lo que el SG equipamiento educativo tendría una superficie de 26.543 m².  
El Ayuntamiento justifica la modificación en la necesidad de equipamientos escolares que presenta el municipio. Por ello, se hace necesaria la modificación del uso de algunos equipamientos no ejecutados, convirtiéndolos en educativos.  
El supuesto es parecido al anterior, es decir, se cambia el uso que se asigna al sistema general, de equipamiento servicio público a educativo. Sin embargo el ámbito de la actuación se encuentra afectado por el barranco de La Horteta. Por ello, se modifica el programa del Plan en lo concerniente al equipamiento núm. 80 y se parte del supuesto previo de la conducción y cubrición del barranco con la posterior ubicación en superficie de un colegio público.  
El informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar es desfavorable porque el Ayuntamiento no aporta información gráfica ni justificativa de la solución que pretende dar a esa conducción y cubrición del barranco. Además, informa la CHJ que:  
- La cubrición de un cauce público supone limitar el acceso al mismo, por lo que se dificultan las operaciones de mantenimiento (limpieza de acarreos, ramajes y otros arrastres, etc.).  
- Este tipo de actuaciones supone una modificación de las condiciones naturales de los cauces, siendo conveniente mantener las características medioambientales de los mismos y principalmente la conservación de su sección a cielo abierto.  
- El cambio de las características geomorfológicas de un cauce provocado tanto por su desvío como por su cubrición supone un cambio en el régimen de corrientes en caso de avenidas, el cual solamente es permitido si, en relación a las afecciones que se derivan para terceros, se justifica muy fundadamente el interés público de la actuación, lo que no se da en el caso estudiado.  
- Todo suelo perteneciente a dominio público hidráulico es inalienable, imprescriptible e inembargable (art. 132 de la Constitución Española; artículos 2 y 4 del texto refundido de la Ley de aguas). Como tal, el dominio público debe quedar al margen de todo proceso de urbanización y ser clasificado como suelo no urbanizable protegido (art. 4 de la Ley 10/2004 de suelo no urbanizable).  
Del presente informe se ha dado traslado al Ayuntamiento para que pueda formular alegaciones. El Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, por escrito de 10 de noviembre de 2009, ha presentado un avance de nueva propuesta que redelimita el ámbito de la reserva, ello con la intención de subsanar el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar.   
No es posible aprobar definitivamente esta segunda modificación en tanto no se presente con detalle esta nueva ordenación y ésta sea informada favorablemente por la Confederación Hidrográfica del Júcar. En virtud de lo dispuesto en el artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de aguas y en el artículo 19.2 de la Ley de la Generalitat de ordenación del territorio y protección del paisaje, no es posible aprobar esta modificación en tanto no quede asegurado que se respeta la ordenación propuesta el dominio público hidráulico.  
Por otra parte, y en relación con esta modificación, la Conselleria de Educación ha señalado que ha de presentarse una documentación en la que se precise qué superficie de la parcela queda libre de afecciones, ello teniendo en cuenta las exigencias mínimas de las que se habla en el informe.  
De este modo, procede suspender la aprobación definitiva de esta segunda modificación, ello con el objeto de que por el Ayuntamiento se pueda presentar una propuesta que sea informada favorablemte por la Confederación Hidrográfica del Júcar y por la Conselleria de Educación  
Séptimo. La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta del director general de Urbanismo, es el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva de los planes generales -y de sus modificaciones- de municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.a) del Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 162/2007, de 21 de septiembre.  
En virtud de todo lo que antecede, la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón acuerda:  
1. Aprobar definitivamente la modificación núm. 1 de la modificación puntual núm. 22 del Plan general de La Vall d'Uixó.  
2. Suspender la aprobación definitiva de la modificación núm. 2 de la modificación puntual núm. 22 del Plan general de La Vall d'Uixó, ello con el objeto de que por el Ayuntamiento se pueda presentar una propuesta que sea informada favorablemte por la Confederación Hidrográfica del Júcar y por la Conselleria de Educación.  
Contra el instrumento de planeamiento aprobado (modificación 1ª del proyecto) podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.  
En relación con la modificación suspendida, contra el acuerdo de suspensión, que no pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo establecido de en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y del artículo 13.2 del Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Consell, se puede interponer recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación.  
En el caso de las administraciones públicas, de conformidad con el artículo 44. 1 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, no cabrá interponer recurso en vía administrativa. Las mismas podrán interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 de la citada ley. También podrán formular requerimiento de anulación o revocación al amparo de lo previsto en el artículo 44 de dicha norma. Dicho requerimiento deberá dirigirse a esta administración mediante escrito razonado y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la notificación del presente o desde que la administración requirente hubiera conocido o podido conocer el mismo.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.  
Castellón de la Plana, 27 de noviembre de 2009.- El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: Fernando Renau Faubell.