Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3848, del 02-10-2000 (2000/7914)

DECRETO 148/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el Decreto 126/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno Valenciano, de constitución y regulación del Instituto de Medicina Legal de Valencia.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2000/09/26/148/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   3848

Fecha DOGV
:   02-10-2000

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2000/7914


Fecha del documento
:   26-09-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Decreto

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * València
    * medicina forense
    * reglamento interno
    * organización administrativa
    * legislación

DECRETO 148/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el Decreto 126/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno Valenciano, de constitución y regulación del Instituto de Medicina Legal de Valencia. [2000/F7914]
  
El artículo 455 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), atribuye a las comunidades autónomas competencias respecto del personal al servicio de la administración de justicia, en todas las materias relativas a su estatuto y régimen jurídico, comprendida la selección, formación inicial y continuada, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen disciplinario.
  
El artículo 504 de la LOPJ habilita a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia para crear los institutos de medicina legal en el ámbito de sus territorios.
  
Mediante el Decreto 126/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno Valenciano, se constituyó el Instituto de Medicina Legal de Valencia regulando, entre otros aspectos, la integración del personal afectado a través de un concurso de méritos para cubrir la relación inicial de puestos de trabajo del instituto creado, conforme autoriza la disposición transitoria primera del Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal.
  
La Sentencia 418/2000, de 22 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recaída en el concurso de méritos previsto en el Decreto 126/1998, establece que debe ser la norma de creación del instituto de medicina legal correspondiente la que establezca la composición de la comisión evaluadora del concurso de méritos que ha de actuar en el proceso transitorio de integración del personal afectado, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 386/1996, no pudiendo ser la posterior resolución de convocatoria del concurso previsto en la norma de creación la que establezca dicha composición.
  
La Sentencia 56/1990, de 29 de marzo, del Tribunal Constitucional, examina la constitucionalidad de determinados artículos de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que inciden en las competencias que las comunidades autónomas pueden asumir en la gestión de aquellos aspectos ejecutivos del estatuto y régimen jurídico de los cuerpos nacionales al servicio de la administración de Justicia, delimitándose en esta Sentencia la competencia del Ministerio de Justicia o del órgano competente de las comunidades autónomas mediante la aplicación de la llamada cláusula subrogatoria de competencias, la cual no puede operar en aquellos elementos definitorios y esenciales del estatuto del personal que configuran el carácter de cuerpo nacional o que sin afectar a estos elementos tengan una dimensión supraautonómica, pudiendo en estos casos las comunidades autónomas coadyuvar mediante técnicas de colaboración o auxilio al Ministerio de Justicia.
  
La citada sentencia señala que la cláusula subrogatoria sí puede actuar, a pesar del carácter nacional de los cuerpos de personal al servicio de la administración de justicia, en relación con la provisión de destinos en órganos de ámbito territorial igual o inferior al de comunidad autónoma.
  
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de abril de 2000 ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad número 431/1995, interpuesto contra los artículos 455 y otros de la LOPJ, señalándose la constitucionalidad del artículo 455 interpretado en el sentido expuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 56/1990. Conforme a dicha interpretación el tribunal constitucional, en este nuevo fallo, señala que las competencias respecto de todo el personal al servicio de la administración de justicia en todas las materias relativas a su estatuto y régimen jurídico corresponden a las comunidades autónomas en todas aquellas materias que puedan ser asumidas por ellas en virtud de las cláusulas subrogatorias existentes en los correspondientes estatutos, o cuando la respectiva competencia se haya asumido por los entes autonómicos en virtud de otro título constitucionalmente válido.
  
De lo anteriormente expuesto resulta competente la Comunidad Autónoma Valenciana para establecer la composición de la comisión evaluadora que ha de actuar en la convocatoria del concurso de méritos previsto en el Decreto 126/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno Valenciano.
  
Igualmente resulta competente la Comunidad Autónoma Valenciana para nombrar a los miembros de las comisiones de valoración establecidas en el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, que aprobó el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses.
  
El Ministerio de Justicia en su informe de 30 de septiembre de 1999, con ocasión de la convocatoria del concurso de méritos para proveer los puestos de trabajo de médicos forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal, concluye en el mismo reparto competencial, si bien recuerda la necesidad de una estrecha colaboración entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, dado el carácter de cuerpo nacional del colectivo, que requiere la presencia de un representante del Ministerio de Justicia en las comisiones de valoración.
  
Con el fin de culminar el procedimiento de integración de los médicos forenses previsto en las normas de creación de los institutos de medicina legal procede modificar el Decreto 126/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno Valenciano, en los términos expuestos en la Sentencia 418/2000, de 22 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
  
La modificación que se introduce en la norma de creación del instituto sólo afecta al establecimiento y designación de los miembros de la comisión evaluadora, en la que se garantiza la participación de representantes de las administraciones públicas con competencias en la materia, del personal estatutario afectado, de las organizaciones sindicales y un representante de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, como órgano especializado en la formación de los distintos colectivos médicos que actúan en el seno de la administración autonómica.
  
Por ello, a propuesta del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, y previa deliberación del Gobierno Valenciano en la reunión del día 26 de septiembre de 2000,
  
DISPONGO
  
Artículo 1
  
Se introduce un nuevo apartado 8 en la disposición transitoria segunda del Decreto 126/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno Valenciano, de constitución y regulación del Instituto de Medicina Legal de Valencia, con la siguiente redacción:
  
8. La evaluación de los méritos del concurso previsto para cubrir la relación inicial de puestos de trabajo corresponderá a una Comisión de Valoración, que será nombrada por la Dirección General de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y estará integrada por los siguientes miembros:
  
- Tres funcionarios del grupo A. De estos funcionarios, dos deberán estar destinados en la Dirección General de Justicia, de los cuales uno ejercerá las funciones de presidente y otro las de secretario de la comisión. El tercero, funcionario de la administración general del estado, será propuesto por el Ministerio de Justicia.
  
- Tres funcionarios del grupo A licenciados en medicina y cirugía. De estos funcionarios, dos deberán pertenecer al cuerpo de médicos forenses, uno a propuesta del director del Instituto de Medicina Legal de Alicante y otro a propuesta del director del Instituto de Medicina Legal de Castellón, de entre los médicos forenses destinados en sus respectivos centros de trabajo. El tercero será propuesto por la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES), como centro colaborador en la formación de los médicos forenses destinados en el territorio de la Comunidad Autónoma Valenciana, de entre el personal destinado en el EVES.
  
- Dos representantes propuestos conjuntamente por las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Justicia, los cuales deberán ser médicos forenses o poseer una titulación similar en la rama de la medicina.
  
La Comisión de Valoración podrá solicitar a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas la designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.
  
La comisión evaluadora prevista en el apartado anterior tendrá la consideración de órgano colegiado de la administración y, como tal, estará sometida a las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igualmente, los miembros de la comisión evaluadora estarán sometidos a las causas de abstención y recusación previstas en la citada ley.
  
Artículo 2
  
El plazo de tres meses previsto en el apartado 5 de la disposición transitoria segunda del Decreto 126/1998, de 1 de septiembre, se computará desde la entrada en vigor del presente decreto.
  
La Dirección General de Justicia, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, convocará el citado concurso de méritos ofertando todos los puestos de trabajo de la relación inicial de puestos de trabajo, entre los médicos forenses integrantes del Instituto de Medicina Legal de Valencia.
  
DISPOSICIÓN FINAL
  
La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 26 de septiembre de 2000
  
El presidente de la Generalitat Valenciana,
  
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
  
El conseller de Justicia y Administraciones Públicas,


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