Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5526, del 04-06-2007 (2007/6909)

ACUERDO de 18 de abril de 2007, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la expropiación por el procedimiento de Tasación Conjunta de los terrenos afectados por la ejecución del Proyecto de gestión del plan zonal de residuos de las zonas III y VIII en el municipio de Algímia d'Alfara.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5526

Fecha DOGV
:   04-06-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/6909


Fecha del documento
:   18-04-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * plan de urbanismo
    * administración local
    * expropiación

ACUERDO de 18 de abril de 2007, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la expropiación por el procedimiento de Tasación Conjunta de los terrenos afectados por la ejecución del Proyecto de gestión del plan zonal de residuos de las zonas III y VIII en el municipio de Algímia d'Alfara. [2007/6909]  
Visto el expediente remitido por el Ayuntamiento de Algímia d'Alfara, relativo a la expropiación por el procedimiento de Tasación Conjunta de los terrenos afectados por la ejecución del Proyecto de Gestión del Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII en el municipio de Algímia d'Alfara, y de conformidad con los siguientes,  
Antecedentes de hecho  
Primero. El expediente se sometió a información pública mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de enero de 2006, procediéndose a la publicación en DOGV (nº. 5.203, de 21/02/06), BOE (nº. 42, de 18.02.2006), y Diario Levante-EMV (07.02.2006). Durante el plazo de exposición pública se han presentado diversos escritos de alegaciones, que han sido informadas por la administración actuante.  
En fecha 28 de julio de 2006 el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar los informes técnicos y jurídicos emitidos, informando las alegaciones presentadas, y dar traslado a la Comisión Territorial de Urbanismo, a efectos de que se procediese a la resolución del expediente.  
Segundo. El proyecto (con diligencia de aprobación provisional de 28 de julio de 2006) consta de planos en los cuales se determina el ámbito territorial, fijación razonada del precio de los inmuebles y hojas de justiprecio individualizadas, por lo cual está completo y cumple con lo establecido en el art. 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.  
Tercero. El Plan Especial de Complejo de Valorización y Eliminación de Residuos ha sido aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 28 de febrero de 2007, condicionada a la aportación de texto refundido y al cumplimiento de lo dispuesto en los informes de la Sección Forestal y Vías Pecuarias.  
Cuarto. El objeto del expediente es la expropiación por el procedimiento de Tasación Conjunta de los terrenos afectados por el Proyecto de Gestión del Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII - Área de Gestión 2.  
Quinto. Obra en el expediente informe de la Gerencia Regional del Catastro de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, de fecha 26 de febrero de 2007, remitido por el Ayuntamiento en fecha 27 de febrero de 2007.  
En dicho informe, en resumen, se indica lo siguiente:  
«Según proyecto de tasación presentado se trata de un suelo no urbanizable con destino a infraestructuras de Residuos, por lo que es de aplicación el artículo 25 y 26, donde se especifica en que los suelos se valorarán conforme a su clasificación urbanística y situación. En el punto 2 del artículo 25 se precisa que los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés supramunicipal, autonómico o estatal, tanto si estuvieran incorporados al planeamiento urbanístico como si fueran de nueva creación, se determinará, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, según la clase de suelo en que se sitúen o por los que discurran.  
El artículo 26 nos dice que el valor del suelo no urbanizable se determina por el método de comparación a partir de valores de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón que justifica su analogía deberá tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso los usos y aprovechamientos de que sea susceptibles.  
La tasación se ha realizado tomando como referencia valores declarados en transacciones que afectan a terrenos de la misma clasificación y similares características de tamaño y naturaleza. Los valores muebles considerados en la tasación incluyen las circunstancias de cultivo de las fincas a expropiar, todas ellas de secano, con destinos agronómicos distintos pero con valores similares.  
Así pues, los criterios de valoración del suelo utilizados en el proyecto de tasación conjunta de referencia se consideran conformes a los fijados en el artículo 26 de la Ley 6/1998.  
A las valoraciones resultantes se les ha aplicado el premio de afección del 5% que establece el Art. 47 de la ley de Expropiación forzosa.  
En resumen, la valoración llevada a cabo para la expropiación por el procedimiento de Tasación Conjunta de los bienes inmuebles referenciados en el expediente, se encuentra conforme a la normativa vigente.»  
Sexto. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 10 de abril de 2007, por unanimidad, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, cumpliendo así lo preceptuado en el art. 23 del Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana.  
Fundamentos de derecho  
Primero. La aprobación definitiva de los proyectos de expropiación por tasación conjunta corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo conforme a lo establecido en los apartados del 6 al 8 del artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto (en adelante RGU) y en el artículo 10.e del Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano.  
La resolución de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo deberá limitarse a un mero control de legalidad, sin valoración alguna de la oportunidad del proyecto y a la vez, la intervención de este órgano lo va a ser sin perjuicio de la ulterior actuación del Jurado Provincial de Expropiación, que será el que en última instancia, de existir oposición de los expropiados, resolverá sobre el justiprecio. Así las cosas, la intervención de la Comisión deberá limitarse a la comprobación de que la tramitación del proyecto se ha ajustado a la normativa vigente, que la documentación es suficiente para cumplir los preceptos legales y que el método de valoración efectuado se ha ajustado a los procedimientos legales.   
El artículo 23 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (en adelante LRSV) dispone que «a los efectos de expropiación, las valoraciones del suelo se efectuarán con arreglo a los criterios establecidos en la presente Ley, cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime». De este modo, en ese simple control de legalidad que nos ocupa de lo que se tratará fundamentalmente es de comprobar la adecuación del proyecto a esta Ley y a la normativa complementaria de la misma.  
Segundo. El expediente ha tramitado conforme a lo establecido en el art. 138 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, por lo que se han cumplido las garantías procedimentales exigibles.  
Tercero. El expediente está completo, con lo que se cumple lo establecido en el art. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística.  
Cuarto. La Gerencia Regional del Catastro de Valencia del Ministerio de Economía y Hacienda emitió informe con fecha 26 de febrero de 2007, que concluye que la valoración de los inmuebles se encuentra conforme a la normativa vigente.  
Quinto. Respecto de las alegaciones presentadas, su objeto fundamental son cuestiones relativas a falta de conformidad con la valoración fijada y han sido informadas por el Ayuntamiento conforme a derecho. Una de ellas formula petición de expropiación total. Se han estimado algunos de los extremos apuntados en las mismas y todas ellas han sido contestadas conforme a derecho. En relación con esta cuestión, cabe reiterar los argumentos a que se refiere el Fundamento de Derecho Primero de este acuerdo.   
A la vista de cuanto antecede la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 18 de abril de 2007, por unanimidad,   
ACUERDA  
Primero  
Aprobar definitivamente el Proyecto de expropiación forzosa por Tasación Conjunta para la ejecución del Proyecto de Gestión del Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII - Área de Gestión 2, de Algímia d'Alfara.  
Segundo  
Aprobar las valoraciones de bienes y derechos a expropiar.  
Tercero  
Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados.  
El Ayuntamiento deberá aportar dos copias del proyecto en soporte digital.  
En base al principio de colaboración en las relaciones entre las Administraciones Públicas, previsto en el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por ser esa Administración local la más cercana al domicilio de los interesados en el expediente de tasación conjunta, no se observa inconveniente en que por el Ayuntamiento de Algímia d'Alfara se practiquen las notificaciones de este acuerdo de aprobación definitiva de esta Comisión Territorial de Urbanismo, conforme a lo previsto en los artículos 58 y 59 de dicha Ley 30/1992, debiendo acreditar éste la práctica de las mismas y aportar al expediente del Servicio Territorial de Ordenación del Territorio copia completa de éstas para su incorporación al expediente.  
Contra el presente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, en lo que atañe al punto 3, se puede interponer recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, según dispone el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del Título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación.  
En su caso las Administraciones Públicas pueden formular requerimiento de anulación o revocación según dispone el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente por analogía con el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del Título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación. El citado artículo 44 de la Ley 29/1998 establece literalmente:  
Art. 44.1. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga Recurso Contencioso Administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.  
En el supuesto de no formular el requerimiento indicado, las Administraciones Públicas podrán interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo previsto en el artículo 46-1 de la citada Ley 29/98.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.  
Respecto de los puntos 1 y 2 no cabe recurso alguno por tratarse de actos de trámite que no dan lugar a la imposibilidad de continuar un procedimiento ni producen indefensión.  
Así mismo procede notificar la presente resolución a los interesados titulares de bienes que figuren en el proyecto de expropiación, acompañando a éste copia de la correspondiente hoja de justiprecio y significándoles que, en el plazo de los 20 días hábiles siguientes al de recibo de tal notificación, podrán manifestar por escrito ante esta Comisión Territorial de Urbanismo su disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado. Si en tal plazo los interesados no formulan oposición a la valoración, se entenderá aceptada la que se fija en el acto presente de aprobación del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.  
De las hojas de aprecio impugnadas se dará traslado por esta Comisión, junto con el expediente, al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia, y la tasación de los bienes se hará de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la Ley sobre régimen del suelo y valoraciones.  
Lo que se certifica con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente y a reserva de los términos precisos que se deriven de la misma, conforme lo autoriza el artículo 27-5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).  
Valencia, 18 de abril de 2007.- El secretario de la Comision Territorial de Urbanismo: Alvaro Aleixandre Ortí.