Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4687, del 09-02-2004 (2004/1013)

Información pública de la memoria de indemnizaciones y anexo al proyecto de urbanización del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución 14-UE-I (B), situada entre la antigua carretera nacional 340, autopista A-7 y 14-UE-I (A).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4687

Fecha DOGV
:   09-02-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2004/1013


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la memoria de indemnizaciones y anexo al proyecto de urbanización del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución 14-UE-I (B), situada entre la antigua carretera nacional 340, autopista A-7 y 14-UE-I (A). [2004/S1013]
  
El Ayuntamiento Pleno de Castellón de la Plana, en fecha 18 de diciembre de 2003 adoptó el siguiente acuerdo:
  
«Visto el expediente que se está tramitando para resolver los recursos de reposición formulados contra la aprobación del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución 14-UE-I (B) y los siguientes,
  
Antecedentes:
  
1. En fecha 19 de diciembre de 2002, se aprobó el programa de actuación integrada para el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 14-UE-I(B), situada entre la antigua carretera nacional 340, autopista A-7 y 14-UE-I (A), adjudicando su ejecución a la mercantil Baladres de Benicásim, SA.
  
2. Por Francisco Granjel Tejedor, en representación de Deriplom, SA, Javier Sanchis Yáñez en representación de Baladres de Benicásim, SA y Daniel Pesudo Campesino en nombre de Concepción y Germán Andrés Gozalbo, Amparo Martí Martínez y Amparo Andrés Martí, se interpusieron recursos de reposición contra el acto referido, por todo ello, y
  
Teniendo en cuenta que:
  
I. Los recursos se han estudiado por los servicios técnicos y jurídicos de los que se desprende:
  
a) Recurso presentado por Francisco Granjel Tejedor en representación de Deriplom, SA.
  
El artículo 67.1.A) de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, incluye las indemnizaciones dentro de las cargas de urbanización que deben retribuir los propietarios al urbanizador.
  
Antes de aprobar el programa pero una vez finalizada su exposición al público, el licitador aportó una memoria de indemnizaciones a requerimiento de los técnicos municipales, con el fin de concretar el importe de las mismas y en consecuencia el precio del programa.
  
Con independencia de que el importe de las indemnizaciones forme parte de la cuenta de liquidación de la reparcelación, que deberá exponerse al público, conforme a las determinaciones legalmente exigibles; resulta adecuado ofrecer una audiencia a los interesados previa a la reparcelación.
  
Por el recurrente se ha presentado una valoración de los elementos que no pueden conservarse y deben ser indemnizados, tales como vivienda y muro de cerramiento por la cantidad de 195.298,60 e, que se estudiará con el conjunto de indemnizaciones, después de su exposición al público.
  
b) Recurso presentado por Javier Sanchis Yáñez en representación de Baladres de Benicásim, SA.
  
- Tal y como se indicó en el acuerdo municipal de 19 de diciembre de 2002 y a la vista de lo dispuesto en el artículo 67.1 A) de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con el artículo 155.1 del texto refundido de la Ley del Suelo de 1992; los gastos de publicaciones en prensa y medios oficiales, legalización de instalaciones, aranceles de notario y registrador, ensayos y estudio geotécnico, mantenimiento de jardinería, gastos de avales e incluso los honorarios de redacción de proyectos, pueden incluirse en el concepto de gastos de gestión de la promoción urbanística que en la proposición económica presentada suman 94.718.502 pta (282.776,20 e).
  
Por otra parte, los gastos generales de empresa, equivalentes al 13% de la obra urbanizadora, forman una partida y gasto independiente de los gastos de promoción referidos, tal y como se desprende del proyecto de urbanización presentado.
  
Por último, indicar que la cantidad de 25.385.438 pta (203.502,80 e), que el urbanizador pretende cobrar como gastos de gestión o estructura de empresa, además de las cantidades antes indicadas, nunca han sido probados y se estiman redundantes.
  
- Tal y como figura en el acuerdo de adjudicación del programa, existe en la relación de conceptos que configuran las cargas de urbanización una partida de 74.881.642 pta (271.337,07 e), que denomina gastos de gestión. El interesado no puede probar ninguna de sus afirmaciones, dado que en este momento no se conoce si los propietarios retribuirán al urbanizador en terrenos o en metálico y el urbanizador aplica tales gastos a cualquier forma de retribución.
  
- Aunque la retribución al urbanizador conforme al artículo 67 de la Ley Reguladora de la Actuaciones Urbanística, comprende todos los gastos que este realiza para ejecutar la actuación urbanística, también es cierto que con arreglo al artículo 71.3 de la misma Ley el propietario disconforme con la proporción de terrenos que le corresponda ceder como retribución, podrá solicitar su pago en metálico. La solicitud se acompañará de garantía y la cuota a liquidar será la del presupuesto de cargas incrementada en un porcentaje igual al que el urbanizador preste como garantía, que en este caso es del 7%, por lo que procede admitir este apartado del recurso y en consecuencia posibilitar el recargo indicado en los supuestos previstos legalmente.
  
- Las deficiencias observadas por los técnicos municipales que deberán incorporarse al proyecto de urbanización no son susceptibles de retasación al no darse los requisitos que exige el artículo 67.3 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Por último indicar que al amparo del artículo 47.6 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, el adjudicatario puede renunciar a la adjudicación de no hallarse conforme con las condiciones de la misma, por lo que procede desestimar este apartado del recurso presentado.
  
c) Recurso presentado por Daniel Pesudo Campesino en nombre de Concepción y Germán Andrés Gozalbo, Amparo Martí Martínez y Amparo Andrés Martí.
  
- Los terrenos incluidos en el ámbito de la 14-UE-I se clasificaron como urbanos en el Plan General de 1984 y los documentos de la revisión del plan aprobados en marzo de 2000 les otorgaron la misma clasificación; por lo que no resulta procedente plantear la problemática de la clasificación del suelo en la actualidad cuando fue el Plan General quien la otorgó.
  
- Para que una parcela tenga la consideración de solar debe hallarse dotada de los servicios previstos en el artículo 6 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Del informe emitido por los servicios técnicos se desprende que el grado de urbanización es notoriamente insuficiente, tal y como se aprecia en el reportaje fotográfico que acompaña a dicho informe; la misma conclusión se extrae del análisis del proyecto de urbanización, por lo que las parcelas de los alegantes no son solares ni pueden excluirse de la actuación integrada, al amparo del artículo 10 del Reglamento de Planeamiento.
  
- En relación a las edificaciones existentes, la disposición transitoria quinta del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, establece que las edificaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, realizadas de conformidad con la ordenación urbanística aplicable o respecto de las que no proceda dictar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, se entenderán incorporadas al patrimonio de su titular. Se trata de un tema propio de la reparcelación, por lo que no resulta adecuado su planteamiento en este momento.
  
- En relación a la superficie de parcela no edificada, debe quedar sometida al régimen de derechos y deberes legalmente previsto para el suelo urbano previsto en el artículo 14.2 de la Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones 6/1998, de 13 de abril, ya que de lo contrario se producirían desigualdades a la hora de distribuir los costes de urbanización y la edificabilidad del plan.
  
- Según lo dispuesto en el artículo 67.1 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística en relación con el 166.1.d) del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, las obras de urbanización que resulten útiles para la ejecución del nuevo Plan, serán consideradas obras de urbanización con cargo al proyecto, satisfaciéndose su importe al titular del terreno sobre el que se hubieran efectuado, por lo que procede desestimar este recurso en todos sus extremos.
  
II. El artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, determina que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado y el artículo 117.1 de la misma norma previene que el plazo para su interposición será de un mes, si el acto es expreso.
  
Por todo ello, visto el informe del arquitecto municipal, jefe de la Oficina del Plan General, de la jefe de la Sección de Coordinación y Gestión Administrativa de Urbanismo y los preceptos mencionados, a propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras, se acuerda:
  
1) Estimar parcialmente el recurso presentado por Francisco Granjel Tejedor en representación de Deriplom, SA y el presentado por Javier Sanchis Yáñez en representación de Baladres de Benicásim, SA y desestimar el recurso presentado por Daniel Pesudo Campesino en nombre de Concepción y Germán Andrés Gozalbo, Amparo Martí Martínez y Amparo Andrés Martí, por los motivos antes expuestos.
  
2) Exponer al público la memoria de indemnizaciones y proyecto de urbanización presentados por el urbanizador que forma parte del programa de actuación integrada para que en el plazo de 20 días puedan formularse alegaciones por los interesados.
  
3) Notificar este acuerdo a los interesados.»
  
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que en el plazo de 20 días desde la publicación de este anuncio, podrán realizar las alegaciones que consideren convenientes sobre la memoria de indemnizaciones y el anexo al proyecto de urbanización del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución 14-UE-I (B).
  
Asimismo, en cuanto al resto de lo dispuesto en este acuerdo se podrá interponer recurso contencioso administrativo, a partir del día siguiente a aquél en que se publique este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del plazo de dos meses (artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 11/1999 y 10, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).