Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9630, del 03-07-2023 (2023/7086)

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2023, de la directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve inscribir los nuevos estatutos del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante, en el Registro de colegios profesionales y consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9630

Fecha DOGV
:   03-07-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2023/7086


Fecha del documento
:   23-05-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2023, de la directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve inscribir los nuevos estatutos del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante, en el Registro de colegios profesionales y consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana. [2023/7086]  
  
Visto el expediente de solicitud de modificación estatutaria instruido a instancia del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante, inscrito con el número 18 de la Sección Primera del Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, en el que se solicita la inscripción de los nuevos estatutos en dicho registro, atendiendo a los siguientes  
  
Hechos  
Primero. En fecha 31 de octubre de 2022 el decano del Colegio presentó la solicitud de inscripción de los nuevos estatutos de la corporación profesional en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
Segundo. Los actuales estatutos del Colegio fueron inscritos en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana el 10 mayo de 2007, por resolución de la directora general de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas (DOGV 5509, de fecha 10.05.2007), y por Decreto 144/2020, de 25 de septiembre, del Consell, se modifica la denominación del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, por la de Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (DOGV 8916, 30.09.2020). Dicha modificación fue inscrita en el referido Registro el 21 de abril de 2021.  
Tercero. Mediante oficio de 6 de abril de 2023, la Subdirección General de Entidades Jurídicas y Recursos Materiales de Justicia formuló reparos a la documentación remitida y al contenido de la propuesta de modificación de los estatutos, solicitando que subsanaran las deficiencias.  
Cuarto. El 12 de mayo de 2023 el Colegio presentó documentación complementaria que subsanaba los reparos formulados a los estatutos por la Subdirección General de Entidades Jurídicas y Recursos Materiales de Justicia, y se remitió el texto modificado de los estatutos.  
Quinto. Consta en el expediente el certificado del secretario del Colegio, de fecha 2 de noviembre de 2022, suscrito por el decano en los que se indica que la Junta General extraordinaria de colegiados, celebrada el 15 de junio de 2022, aprobó la modificación de los estatutos y autorizó al decano del Colegio para realizar ante la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, las gestiones necesarias para su tramitación y publicación.  
Sexto. En fecha 12 de mayo de 2023, el Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante, presentó un certificado suscrito por el decano y el secretario en el que se indicaba que en la Junta de Gobierno celebrada el día 24 de abril de 2023 se adoptó el acuerdo de aprobar y adaptar los nuevos estatutos a las observaciones realizadas por el Servicio de Colegios Profesionales y Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana, siguiendo la sugerencia del Consejo General de la Abogacía, aprobada por la Junta General Extraordinaria celebrada el 15 de junio de 2022, de habilitar a la Junta de Gobierno para introducir eventuales modificaciones estatutarias que fueran requeridas por el Consejo General de la Abogacía Española y/o el órgano competente de la Generalitat Valenciana en trámite de calificación de su legalidad, y que se ha recogido en la disposición transitoria del nuevo texto.  
Consta en el expediente la comunicación al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana, de fecha 10 de mayo de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
  
Séptimo. La modificación estatutaria cuya inscripción se solicita se refiere a unos nuevos estatutos, que quedan redactados según el anexo I de la presente resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Revisada la solicitud de nuevos estatutos del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante, estos contienen las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
Segundo. Los estatutos han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios estatutos del Colegio.  
Tercero. Esta dirección general es competente para tramitar y resolver el presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta lo previsto por la disposición final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana; y en virtud de las atribuciones contenidas en el artículo 73 del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y en el artículo 9.2.f del Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.  
Por todo lo anterior, visto el artículo 36 de la Constitución y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; los artículos 11, 25 y 26 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana; así como los artículos 21 y 74 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de esta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, resuelvo:  
  
Primero  
Inscribir los nuevos estatutos del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
  
Segundo  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
València, 23 de mayo de 2023.- La directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia: Angels Bixquert Sanz.  
  
  
  
ANEXO I  
ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE LA ABOGACÍA DE ALICANTE  
  
Índice  
TÍTULO I. DE LA ABOGACÍA  
Artículo 1  
TÍTULO II. DEL COLEGIO  
Capítulo I  
Artículo 2. Del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante  
Artículo 3. Ámbito territorial, domicilio y delegaciones  
Artículo 4. Fines  
Artículo 5. Funciones del ICALI  
Artículo 6. Creación, denominación y símbolos corporativos  
Artículo 7. Lenguas oficiales  
Artículo 8. De la acción social del ICALI  
Capítulo II  
Artículo 9. De los Colegiados y Colegiadas  
Artículo 10. Incorporación al Colegio  
Artículo 11. Incorporación de profesionales de la Abogacía procedentes de otros Colegios  
Artículo 12. Aprobación y denegación de la incorporación  
Artículo 13. Acreditación de la colegiación  
Artículo 14. Actuación de profesionales de la Abogacía de otros Colegios  
Artículo 15. Suspensión y pérdida de la colegiación  
Artículo 16. Rehabilitación  
Artículo 17. Ventanilla única  
Artículo 18. Memoria anual  
Artículo 19. Servicio de atención  
Capitulo III. De las obligaciones y derechos de los colegiados y colegiadas.  
Artículo 20. De las obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades, restricciones especiales y publicidad de colegiados y colegiadas  
Artículo 21. De los derechos de los colegiados y de las colegiadas  
Artículo 22. De la asistencia jurídica gratuita  
Artículo 23. Del ejercicio individual, colectivo y multiprofesional  
Artículo 24. De la sustitución  
Artículo 25. Honorarios profesionales  
Artículo 26. Distinciones y honores  
TÍTULO III. ÓRGANOS DE GOBIERNO  
Artículo 27. Principios rectores y órganos de gobierno  
Capítulo I. De la Junta General.  
Artículo 28. Atribuciones  
Artículo 29. Convocatorias y reuniones  
Capítulo II - De la Junta de Gobierno.  
Artículo 30. Atribuciones  
Artículo 31. Composición  
Artículo 32. Reuniones y convocatorias  
Artículo 33. Comisión permanente de la Junta de Gobierno  
Capitulo III. Del Decanato, Vicedecanato, Secretaría, Tesorería, contador interventor o contadora interventora, bibliotecario o bibliotecaria, diputados y diputadas.  
Artículo 34. Ejercicio de sus funciones.  
Artículo 35. Del decano o la decana  
Artículo 36. Del vicedecano o vicedecana  
Artículo 37. De la Secretaría  
Artículo 38. De la Tesorería  
Artículo 39. De la Contaduría  
Artículo 40. Del bibliotecario o bibliotecaria  
Artículo 41. De los diputados y las diputadas de junta  
TÍTULO IV. DE LAS ELECCIONES  
Artículo 42. Del régimen electoral  
Artículo 43. No podrán ser elegibles  
Artículo 44. Convocatoria de las elecciones  
Artículo 45. De la Junta Electoral  
Artículo 46. Publicidad de la convocatoria y listas de electores  
Artículo 47. Presentación de candidaturas  
Artículo 48. Desarrollo de las votaciones  
Artículo 49. Voto por correo  
Artículo 50. Recuento de votos  
Artículo 51. Toma de posesión  
Artículo 52. Disposiciones comunes a la elección  
TÍTULO V. DE LAS DELEGACIONES  
Artículo 53. De las delegaciones  
TÍTULO VI. DEL DEFENSOR O DEFENSORA DEL COLEGIADO/A  
Artículo 54. Funciones, mandato y atribuciones  
Artículo 55. Elección y modo de actuación  
TÍTULO VII. DE LAS COMISIONES  
Artículo 56. Creación y clases de comisiones  
Artículo 57. Del funcionamiento, composición y miembros de las comisiones  
Artículo 58. Comisiones  
Artículo 59. Comisión de Deontología Profesional e Intrusismo  
Artículo 60. Otras comisiones  
TÍTULO VIII. DE LAS AGRUPACIONES Y SECCIONES  
Artículo 61. De las agrupaciones  
Artículo 62. De la Agrupación de la Abogacía Joven de Alicante  
Artículo 63. De la Agrupación de Mujeres Abogadas de Alicante  
Artículo 64. De las secciones  
TÍTULO IX. DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA  
Artículo 65. Escuela de Práctica Jurídica  
TÍTULO X. RÉGIMEN ECONÓMICO.  
Artículo 66. Principios informadores y cuentas anuales  
Artículo 67. Recursos económicos  
Artículo 68. Patrimonio del Colegio  
Artículo 69. Presupuesto  
Artículo 70. De la contabilidad  
TÍTULO XI. DE LA RESPONSABILIDAD  
Artículo 71. De la responsabilidad disciplinaria  
Artículo 72. Potestad disciplinaria  
Artículo 73. Principios generales  
Artículo 74. Infracciones  
Artículo 75. Sanciones  
Artículo 76. Principio de proporcionalidad  
Artículo 77. Sanciones a los profesionales de la Abogacía en el turno de oficio  
Artículo 78. Regla general sobre infracciones y sanciones a sociedades profesionales  
Artículo 79. Sanciones para las sociedades profesionales  
Artículo 80. De la mediación decanal  
Artículo 81. Del procedimiento disciplinario  
TÍTULO XII. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACUERDOS Y SUS IMPUGNACIONES  
Artículo 82. De los acuerdos  
Artículo 83. De la nulidad y anulabilidad de los acuerdos  
Artículo 84. Del recurso  
Artículo 85. De la posibilidad de recurso por la Junta de Gobierno  
Artículo 86. De la posibilidad de recurrir ante la jurisdicción contencioso- administrativa  
Artículo 87. Plazos  
TÍTULO XIII. DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO  
Artículo 88. Modificación del estatuto  
TÍTULO XIV. DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN, FUSIÓN, SEGREGACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.  
Artículo 89. De la fusión, segregación, disolución y liquidación del Colegio  
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
DISPOSICIÓN FINAL  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
  
  
TÍTULO I  
De la Abogacía  
  
Artículo 1  
1. La Abogacía es una profesión libre e independiente, que presta un servicio a la sociedad de interés público. Se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio del consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídica, en orden a la concordia, constituyéndose en garantía de los derechos y libertades de las personas. Sus profesionales deberán velar siempre por los intereses de aquellos a quienes defiendan, con respeto a los principios del Estado social y democrático de Derecho constitucionalmente reconocidos.  
2. En el ejercicio profesional, el Abogado queda sometido a la normativa legal y estatutaria, al fiel cumplimiento de las normas de la deontología profesional y usos de la Abogacía y al consiguiente régimen disciplinario colegial.  
3. Corresponde a la Abogacía de forma exclusiva y excluyente, la defensa jurídica de los derechos ajenos y por tanto el ejercicio profesional de la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, así como el asesoramiento y patrocinio de todos los derechos e intereses que sean susceptibles de defensa jurídica. Son principios rectores y valores superiores del ejercicio de la Abogacía, los de independencia, libertad, dignidad e integridad, así como el respeto del secreto profesional.  
4. Los profesionales de la Abogacía deben ser personas de reconocida honorabilidad y, en consecuencia, han de observar una trayectoria de respeto a las leyes, a los principios rectores de la Abogacía, a las normas deontológicas y a las buenas prácticas profesionales.  
  
  
TÍTULO II  
Del Colegio  
  
CAPÍTULO I  
  
Artículo 2. Del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante  
El Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante, en lo sucesivo «ICALI» o «el Colegio», es una Corporación de Derecho Público amparada por la ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.  
1. Se regirá por la Ley de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana y las demás disposiciones estatales y autonómicas pertinentes, en su caso, así como por el Estatuto General de la Abogacía Española; el Estatuto del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, el presente Estatuto y el Reglamento que se pudiera aprobar para su desarrollo, así como por las normas de orden interno y los acuerdos de los órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas competencias y por las demás normas de obligado cumplimiento que le fuere aplicables.  
2. El acceso y ejercicio a la profesión de sus miembros se rigen por los principios de igualdad y no discriminación por razón de género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en los términos previstos en la legislación vigente.  
  
Artículo 3. Ámbito territorial, domicilio y delegaciones  
1. Corresponde su ámbito territorial con competencia exclusiva y excluyente al ámbito territorial que tenía al promulgarse la Constitución española de 1978, y los partidos judiciales de Alicante, Benidorm, Denia, Elda, Novelda, San Vicente del Raspeig, Villajoyosa y Villena. La modificación de las demarcaciones judiciales no afectará a su ámbito territorial, que tendrá competencia en los nuevos partidos judiciales que puedan crearse en su territorio.  
2. Su sede principal radica en la ciudad de Alicante, calle Gravina núm. 4, donde estará situada su representación corporativa e instaladas diferentes dependencias y oficinas, que también será nombrada sede institucional, sin perjuicio de las sedes de las delegaciones ya existentes o de la creación de nuevas en aquellas demarcaciones en que resulte conveniente para el mejor cumplimiento de los fines y mayor eficacia de sus funciones.  
3. Las delegaciones ostentarán la representación colegial delegada en el ámbito de su demarcación, con las competencias que resulten del presente Estatuto y las que en su caso se determinen por la Junta de Gobierno.  
4. Por propuesta de la Junta de Gobierno o de un grupo que represente un número superior al quince por ciento de colegiados y colegiadas, se podrá trasladar tanto la sede institucional como las de las delegaciones a los lugares que se acuerden. Del mismo modo se podrán crear nuevas delegaciones o eliminar las existentes.  
a) La decisión requerirá la convocatoria de una Junta General Extraordinaria, en la que se someterá a votación la propuesta.  
b) Para que la propuesta de traslado sea aprobada, deberá obtenerse la mayoría establecida para las modificaciones estatutarias.  
c) Una vez aprobado el traslado, se procederá a comunicar el mismo a los organismos y administraciones competentes, por sus trámites, como modificación estatutaria.  
  
Artículo 4. Fines  
Son fines esenciales del ICALI, en su ámbito;  
1. La ordenación del ejercicio de la profesión velando porque se adecue a las normas éticas y jurídicas que la regulan, su exclusiva representación institucional; la defensa de los derechos e intereses profesionales, el control deontológico y el ejercicio de la potestad disciplinaria, la formación inicial y continuada, la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de la Justicia, la organización y prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en los términos establecidos en las leyes, la intervención en el proceso de acceso a la profesión, la defensa del Estado social y democrático de Derecho, la promoción y defensa de los derechos humanos y los demás que contemple el Estatuto General de la Abogacía Española y la normativa estatal y autonómica, en su caso, de aplicación.  
2. Igualmente, es fin esencial del Colegio la protección de los intereses de consumidores y usuarios, tanto en relación con los servicios que preste directamente como en los que presten sus miembros.  
A los efectos de cumplir con este fin, el Colegio dispondrá de un servicio de atención a los consumidores y usuarios el cual tramitará y resolverá las quejas y reclamaciones o, en su caso, las remitirá para su resolución por la Junta de Gobierno.  
3. El ICALI, velará y garantizará la eficacia y el correcto ejercicio de defensa, removiendo los obstáculos que lo dificulten, velando por la libertad e independencia en el ejercicio profesional. En consecuencia, amparará al profesional de la abogacía cuando sea inquietado, perturbado o presionado en el ejercicio de su función, en garantía de su derecho constitucional de defensa y de su condición de actor de la administración de justicia  
  
Artículo 5. Funciones del ICALI  
Son funciones del ICALI:  
a) Aprobar su Estatuto y los reglamentos que lo desarrollen, así como cualquier otro en el ámbito de sus competencias.  
b) Ostentar la representación de la profesión y ejercer cuantas competencias y funciones le sean: atribuidas legalmente o le sean delegadas por las administraciones públicas o se deriven de convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas; para el cumplimiento de sus fines y/o la defensa de la profesión ante la administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte, como en vía judicial en cuantos litigios y causas afecten a los derechos e intereses profesionales y sean procedentes para cumplir con los fines de la Abogacía, tanto en vía administrativa, como en vía judicial ejercitando las acciones administrativas, civiles, penales o sociales que sean procedentes o compareciendo como demandado en los indicados procedimientos.  
c) Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional, procurando la concordia, el compañerismo, la armonía y colaboración entre la colegiación.  
d) Ejercer el derecho de petición conforme a la ley.  
e) Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos de interés para sus miembros; en especial los de asistencia y orientación jurídica.  
f) Informar, en los respectivos ámbitos de competencia, de palabra o por escrito:  
- En cuantos proyectos o iniciativas de las Cortes Generales, del Gobierno, de órganos legislativos o ejecutivos de carácter autonómico y de cuantos otros Organismos que así lo requieran.  
- En los procedimientos administrativos o judiciales, cuando sea requerido para ello o cuando se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente.  
- En las solicitudes sobre las personas colegiadas que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la ley siempre que estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó en los términos previstos en la legislación sobre protección de datos personales, respecto a las sanciones firmes a estas impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación.  
g) Colaborar con el Poder Judicial y los demás poderes públicos mediante la realización de estudios, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines, que le sean solicitadas o acuerden por propia iniciativa.  
h) Participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de la Administración, organismos interprofesionales, Consejos Sociales y Patronatos.  
i) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones.  
j) Establecer y exigir aportaciones económicas.  
k) Llevar un registro de sus miembros en el que conste, al menos, testimonio auténtico del título académico oficial, la fecha de alta en el colegio, el domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio profesional, en su caso.  
l) Elaborar criterios generales y orientativos de honorarios a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas, de conformidad con lo establecido en la ley.  
m) Suscribir Convenios de Colaboración con entidades públicas o privadas para el cumplimiento de sus fines.  
n) Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados/as y la percepción de sus honorarios, mediante laudo al que previamente se sometan de modo expreso las partes interesadas.  
o) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.  
p) En materia de su competencia y publicidad; cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y estatutarias, así como las decisiones adoptadas por los órganos colegiales. Impidiendo la desleal.  
q) Instar, promover y participar en la formación de los profesionales de la abogacía, realizando cuantas actuaciones sean necesarias para su perfeccionamiento y formación inicial, continuada y especializada. Procurando, en la medida de lo posible, la homologación de los cursos, por las autoridades competentes, cuando estos sean requisito para la realización de cierta actividad. Para lo que participará en la elaboración de los planes de estudio, informará de las normas de la organización en los centros docentes correspondientes a la profesión y mantendrá el contacto con los mismos. Al tiempo que podrá crear, mantener y homologar ante los organismos correspondientes, una Escuela de Práctica Jurídica para el cumplimento de estos fines. Conforme se desarrolla en el artículo 65. del presente Estatuto.  
r) Ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad disciplinaria.  
s) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del aseguramiento de la responsabilidad civil de sus miembros.  
t) Intervenir, promover y/o participar en sistemas alternativos a la vía judicial para la resolución de conflictos, y dentro de estos, con especial interés en la mediación, arbitraje y sus instituciones. Previa solicitud: en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados/as, o entre estos y sus clientes. O en los asuntos que le sean sometidos, de cualquier naturaleza. Y constituir, modificar, extinguir, homologar, los institutos que a tal efecto se creen en su seno, o cualesquiera otros.  
u) Cumplir y hacer cumplir a sus miembros las normas generales y especiales, el presente Estatuto, los reglamentos y los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en materia de su competencia.  
v) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios.  
w) Cuantas otras funciones vengan dispuestas por la legislación estatal o autonómica, redunden en beneficio de los intereses de la profesión y demás fines de la abogacía.  
  
Artículo 6. Creación, denominación y símbolos corporativos  
1. El Colegio fue fundado en 1838 y su denominación oficial es la de Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante.  
2. Es seña de identidad su tradicional e histórico escudo se reproduce a continuación. Junto a una imagen e identidad visual corporativa, que se adaptará, cuando proceda, a las preferencias estéticas del momento y circunstancias.  
  
  
  
3. Así mismo es imagen corporativa el logo que se grafía y que también se reproduce a continuación.  
  
  
  
4. El colegio es aconfesional, si bien, por razones históricas y manteniendo la tradición, tiene como patronos a la Inmaculada Concepción y San Raimundo de Peñafort.  
5. La Junta de Gobierno tendrá facultad para establecer los días de las celebraciones patronales, así como para la adaptación de la imagen e identidad visual corporativa.  
  
Artículo 7. Lenguas oficiales  
El castellano y valenciano son las lenguas oficiales del ICALI. Sus integrantes tienen derecho a utilizar cualquiera de ellas en los actos y comunicaciones de carácter colegial, generales y particulares.  
  
Artículo 8. De la acción social del ICALI  
1. El Colegio tendrá especialmente en cuenta su responsabilidad para con la sociedad en que se integra. Por ello podrá promover, organizar y ejecutar programas de acción social en beneficio de los sectores más desfavorecidos, así como para la promoción y difusión de los derechos humanos, los valores democráticos de convivencia o la cooperación internacional.  
2. Sin perjuicio de las competencias derivadas de la legislación sobre asistencia y orientación jurídica o en materia de asistencia jurídica gratuita, velará por que toda persona tenga acceso al asesoramiento jurídico, a la Justicia y disponga de la asistencia de un profesional de la Abogacía para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, incluso auxiliándole para que siempre designe a un o una profesional de la Abogacía bien sea de su elección o de oficio, con o sin reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.  
3. El Colegio podrá organizar y prestar servicios gratuitos, con o sin financiación externa pública o privada, dedicados a asesorar a quienes se encuentren en situaciones de necesidad, desventaja o riesgo de exclusión social.  
CAPÍTULO II  
  
Artículo 9. De los Colegiados y Colegiadas  
El ICALI está integrado por las siguientes clases de colegiados y colegiadas:  
a) Ejercientes, que son las que se dedican profesionalmente al ejercicio de la Abogacía. Pueden ser residentes o no residentes dependiendo de si tienen en el ámbito colegial su despacho único o principal.  
b) No ejercientes, que no se dedican al ejercicio profesional de la Abogacía careciendo del derecho a denominarse abogadas o abogados.  
c) De Honor, que son las que hayan sido objeto de esta distinción en razón a sus méritos o a los servicios relevantes prestados a la Abogacía o a la Corporación, conforme a lo que se desarrolla en el artículo 26. del presente estatuto.  
  
Artículo 10. Incorporación al Colegio  
1. Son requisitos necesarios para la incorporación al Colegio los que determina el Estatuto General de la Abogacía Española y:  
- No estar colegiado de forma previa en un colegio de procuradores como Ejerciente, para lo que expresamente se autorizará al ICALI, para realizar tantas averiguaciones como sean necesarias a este respecto y en especial al acceso a las Bases de Datos de los respectivos colegios de procuradores y Consejo General de los Procuradores de España, de forma que sí tal condición así constara, podrá denegar la solicitud, salvo que a requerimiento, quien se quisiera colegiar, acredite la baja en la condición de procurador indicada. En aplicación de lo dispuesto en el artículo primero, punto cuarto de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.  
2. La solicitud se realizará mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno al que se acompañará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para la colegiación. Dicha solicitud podrá tramitarse por vía telemática a través de la ventanilla única.  
3. La colegiación como residente exige tener en su ámbito territorial despacho único o principal y no estar incorporado en ningún otro Colegio en tal carácter, sin perjuicio del traslado que exigirá la baja en el Colegio de proveniencia para causar alta en este Colegio.  
4. La incorporación a la profesión por primera vez será solemne, exigirá el juramento o promesa de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y de cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional conforme exige el artículo 1.3 del Estatuto General de la Abogacía Española y se ajustará a las siguientes formalidades:  
a) Prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico, así como del fiel cumplimiento de las obligaciones y normas estatutarias y deontológicas que regulan la Abogacía.  
b) El juramento o promesa, será prestado ante la junta de gobierno del colegio. En todo caso se dejará constancia en el expediente personal de la prestación de dicho juramento o promesa.  
c) Deberá ser apadrinado por un compañero o una compañera que lo presentará a la Junta de Gobierno. En el supuesto de que no disponga de padrino, lo será por un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio o de la Agrupación de la Abogacía Joven del ICALI.  
5. Por la colegiación se entiende concedida al Colegio la autorización para comunicar los datos que, a juicio de la Junta de Gobierno, tengan carácter profesional, incluirlos en las guías colegiales y cederlos a terceros conforme a lo previsto en la legislación pertinente con las limitaciones que establece.  
  
Artículo 11. Incorporación de profesionales de la Abogacía procedentes de otros Colegios  
1. Podrán incorporarse como no residentes al Colegio los procedentes de otros Colegios de España, acreditando su ejercicio y pertenencia actual y vigente a la respectiva Corporación de residencia.  
2. Deberán también justificar no estar dados de baja o suspendidos temporalmente en el ejercicio de la Abogacía por otros Colegios.  
3. Se estará a lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española en lo relativo a las personas que hayan ejercido previamente en otro estado de la Unión Europea.  
  
Artículo 12. Aprobación y denegación de la incorporación  
1. Las solicitudes de incorporación serán aprobadas, suspendidas o denegadas, previas las diligencias e informes que proceda, por la Junta de Gobierno del Colegio mediante resolución motivada, debiendo ser admitidos quienes reúnan los requisitos establecidos para colegiarse.  
  
2. La resolución de la Junta de Gobierno deberá pronunciarse dentro de los tres meses desde la presentación de la solicitud, transcurrido dicho plazo se entenderá aprobada la colegiación.  
3. Si la Junta de Gobierno denegase o suspendiese la incorporación pretendida, se comunicará a quien la solicitó haciendo constar los fundamentos de la denegación. Contra esta resolución el solicitante podrá interponer reclamación ante la misma Junta de Gobierno, en el plazo de diez días, formulando las alegaciones que considere oportunas a la propuesta de acuerdo de denegación o suspensión de la incorporación. Reclamación que deberá ser resuelta en el plazo de un mes por el mismo órgano. Contra el acuerdo definitivo denegatorio, cabe recurrir ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 del Estatuto de dicho órgano, cuya resolución agotará la vía administrativa y será susceptible de impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  
4. La denegación de incorporación como ejerciente adoptada por un Colegio impedirá la incorporación a otro cuando se trate de causa insubsanable o que no haya sido debidamente subsanada. A estos efectos, las resoluciones denegatorias de incorporación se comunicarán al Consejo General de la Abogacía Española para su traslado a todos los Colegios de la Abogacía.  
  
Artículo 13. Acreditación de la colegiación  
En el momento de la incorporación se asignará un número de colegiación que deberá consignarse junto al nombre cuando se realicen actuaciones profesionales. El Colegio expedirá documento acreditativo de tal condición. carnet o tarjeta de identidad que se ajustará en todo caso al modelo que acuerde la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 14. Actuación de profesionales de la Abogacía de otros Colegios  
Los profesionales de la Abogacía pertenecientes a otros Colegios quedarán sujetos a las normas y régimen disciplinario de esta Corporación cuando actúen en su ámbito territorial teniendo derecho a la utilización de los servicios colegiales directamente relacionados con el ejercicio de la profesión, siendo su libertad e independencia en la actuación profesional amparadas por el Colegio.  
  
Artículo 15. Suspensión y pérdida de la colegiación  
1. La suspensión y pérdida de la colegiación se producirá por:  
a) Fallecimiento  
b) Baja voluntaria  
c) Falta de pago de doce mensualidades de la cuota obligatoria a cuyo pago viniera obligado.  
d) Condena firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.  
e) Sanción firme de expulsión del Colegio, acordada en expediente disciplinario.  
2. La pérdida de condición de colegiado/a será acordada por la Junta de Gobierno del Colegio en resolución motivada y, una vez firme, será comunicada al Consejo General y al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, así como a los Juzgados y Tribunales con sede en el territorio colegial.  
3. Quienes se encuentren en esta situación por falta de pago de cuotas podrán recuperar su condición colegial y derechos, abonando lo debido y sus intereses legales al tipo legal incrementado en dos puntos.  
4. En cualquier caso, en lo no previsto en este se regirá por lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 16. Rehabilitación  
1. El profesional de la Abogacía que haya sufrido la sanción disciplinaria de expulsión podrá obtener la rehabilitación para el ejercicio de la profesión cumpliendo con los requisitos previstos en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
2. La Junta de Gobierno establecerá las actividades formativas que en materia de deontología profesional deberán superar los que soliciten la rehabilitación.  
3. Las resoluciones que se adopten en materia de rehabilitación serán siempre motivadas.  
  
Artículo 17. Ventanilla Única  
1. El Colegio dispondrá de un portal electrónico para que, a través de la ventanilla única prevista en la ley, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. El Colegio hará lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita:  
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.  
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de colegiación.  
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y su resolución por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando fuera procedente.  
d) Ser convocados a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.  
2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio ofrecerá la siguiente información de forma, clara, inequívoca y gratuita:  
a) El acceso al registro de colegiados/as, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados/as, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.  
b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en la ley.  
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y una persona colegiada o el Colegio.  
d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia. Esta información podrá proporcionarse a través de un enlace a la página web correspondiente.  
e) El contenido del Código Deontológico de la Abogacía Española y de otros que puedan ser de aplicación.  
  
Artículo 18. Memoria Anual  
1. El Colegio está sujeto al principio de transparencia en su gestión. Para ello, elaborará una Memoria Anual que contenga la información siguiente:  
a) Informe de la gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo, en su caso.  
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.  
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, con observancia, en todo caso, de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.  
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, con observancia, en todo caso, de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.  
e) Los cambios en el contenido del Código Deontológico, si los hubiere.  
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno.  
2. La Memoria Anual aprobada deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año, tras la celebración de la primera Junta General. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, puntos dos y tres del Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 19. Servicio de atención  
1. El Colegio deberá atender las quejas o reclamaciones presentadas.  
2. Asimismo, dispondrá de un servicio de atención a los consumidores, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de sus miembros se presenten, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.  
3. El Colegio, a través de este servicio de atención resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiéndola a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.  
La tramitación del procedimiento de resolución de quejas y reclamaciones será regulada por la Junta de Gobierno.  
4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.  
  
  
CAPÍTULO III  
De las obligaciones y derechos de los colegiados y colegiadas  
  
Artículo 20. De las obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades, restricciones especiales y publicidad de colegiados y colegiadas  
Las obligaciones de los colegiados y colegiadas son las que impone el Estatuto General de la Abogacía Española, las del presente Estatuto, las del Código Deontológico de la Abogacía y demás normas que regulen la profesión.  
  
Artículo 21. De los derechos de los colegiados y de las colegiadas  
Además de los derechos que otorga el Estatuto General de la Abogacía Española y normas que regulan la profesión, los que estén incorporados y los que actúen dentro del ámbito del Colegio gozarán de los siguientes:  
1. Obtener la prestación de servicios colegiales con independencia de su lugar de residencia dentro del ámbito territorial del Colegio.  
2. A la formación profesional inicial y continuada.  
3. Acudir al Defensor del Colegiado/a, solicitando su protección cuando no se encuentre debidamente amparado o atendido en sus peticiones por la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 22. De la asistencia jurídica gratuita  
1. Corresponde a los abogados y abogadas del Turno de Oficio el asesoramiento jurídico y defensa de las personas que: tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, lo soliciten expresamente, aunque no tengan reconocido este derecho, o no designen profesional que les defienda en la jurisdicción penal, en especial detenidos y presos.  
2. La invocación del derecho de autodefensa no impedirá la asistencia de estos abogados y abogadas para atender el asesoramiento que al respecto se le solicite y asumir la defensa si se le pidiere.  
3. El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. El ICALI al organizar el servicio, dispensará de este en el momento que existan razones que lo justifiquen y en especial cuando la inscripción voluntaria sea suficiente para cubrir las necesidades de este.  
4. El Colegio cuenta con un Reglamento del Turno de Oficio que regula la prestación de estos servicios en su ámbito territorial y que establece un régimen de infracciones y sanciones si se diera el incumplimiento de las obligaciones que se contienen en estas disposiciones reglamentarias, que al ser recogidas por remisión en este Estatuto adquieren la condición de estatutarias.  
5. Se prestará especial atención a la formación y a la especialización del Turno de Oficio.  
6. El desarrollo de los servicios del Turno de Oficio será organizado por el ICALI, delegándose en la Junta de Gobierno la puesta en marcha y desarrollo del sistema de guardia de asistencia al detenido y los turnos de oficio genéricos y/o especializados que resulten necesarios en cada momento; la designación de quien deba asumir cada asunto y el control de su desempeño.  
7. Corresponde a la Junta de Gobierno, la negociación, actualización, mejora de los módulos y bases de compensación económica de los profesionales adscritos, procurando su pago puntual.  
  
Artículo 23. Del ejercicio individual, colectivo y multiprofesional  
1. La Abogacía podrá ejercerse en las formas previstas en el Estatuto General de la Abogacía Española y en la legislación vigente.  
2. Las sociedades profesionales deberán inscribirse en el registro de sociedades profesionales que el Colegio tiene creado al efecto y tendrán las mismas obligaciones deontológicas que el resto de la colegiación con las particularidades que le sean propias.  
3. Los deberes de información e identificación que establece el Estatuto General de la Abogacía Española recaen también sobre las sociedades profesionales y las sociedades multidisciplinares en las que son socios profesionales abogados o abogadas.  
4. Las sociedades profesionales, las sociedades multidisciplinares en las que se integren profesionales de la Abogacía deberán cumplir con la deontología profesional y se les aplicará la potestad disciplinaria del Colegio.  
5. El Colegio ejercerá sobre las sociedades profesionales que estén inscritas las mismas competencias que se le atribuyen en relación con el resto de la colegiación.  
6. En la hoja de encargo profesional deben figurar los datos de identificación de las sociedades profesionales, de los profesionales que las integren y vayan a prestar el servicio. También deberán identificarse los profesionales de la abogacía de los despachos colectivos y de las sociedades multidisciplinares, en su caso.  
7. En la denominación subjetiva u objetiva de los despachos colectivos deberá figurar la denominación «despacho colectivo» y la forma de agrupación elegida.  
  
Artículo 24. De la sustitución  
1. La sustitución en la defensa o en el asesoramiento se regirá por las normas contenidas en el Estatuto General de la Abogacía Española y en el Código Deontológico a las que expresamente se remite este Estatuto.  
2. Las obligaciones que imponen los artículos sesenta del Estatuto General de la Abogacía Española y ocho y nueve del Código Deontológico son exigibles a todos los profesionales de la abogacía y de necesario cumplimiento tanto en asuntos judiciales como extrajudiciales, defensa, asesoramiento o gestión mientras conste que haya un asunto que esté siendo llevado por otro compañero o compañera, incluso cuando se el fin de la relación haya sido comunicada por el cliente.  
  
Artículo 25. Honorarios profesionales  
1. El Abogado tiene derecho a una compensación económica adecuada por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado.  
2. La cuantía de los honorarios será libremente convenida con el cliente y debe ser objeto de acuerdo previo a través de la utilización de la hoja de encargo o medio equivalente.  
3. El Colegio podrá elaborar criterios orientadores de honorarios a los solos efectos de tasación de costas y de la jura de cuentas. Acorde con el artículo 29 del Estatuto General de la Abogacía Española.  
4. El profesional de la Abogacía o la sociedad profesional deberán liquidar sus servicios al cliente. Esta liquidación tendrá que cumplir todos los requisitos legales y deberá expresar detalladamente los diferentes conceptos de los honorarios y la relación de gastos. En la medida de lo posible, se fomentará la utilización de la factura electrónica.  
  
Artículo 26. Distinciones y honores  
1. Con el fin de reconocer los méritos contraídos en beneficio e interés de la Abogacía y del Derecho, los servicios prestados a la Corporación y la dedicación constante al ejercicio profesional, a iniciativa de la Junta de Gobierno o de al menos del cinco por ciento de las personas colegiadas, se podrán conceder los títulos de:  
a) Decanos de Honor o Colegiados de Honor aquellas personas o Instituciones que recibirán este nombramiento directamente por acuerdo de la Junta de Gobierno, sin más trámite.  
b) Se podrá conceder a los colegiados o colegiadas que por sus méritos se hayan hecho acreedoras a tal distinción, la Medalla al Mérito de la Abogacía Alicantina, previo acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de la Junta de Gobierno.  
c) Podrá también establecer la Junta de Gobierno o Junta General, distinciones honoríficas a las personas físicas o jurídicas que sin la condición de colegiadas hubieren destacado en razón a sus méritos o servicios, a la Abogacía, a la Corporación o a la Sociedad.  
d) En los casos descritos se requerirá de la previa tramitación del oportuno expediente por la Junta de Gobierno y solo será necesaria la aprobación de la Junta General para retirar tal condición.  
2. Podrán seguir utilizando la denominación abogado/abogada, pero añadiendo la expresión «sin ejercicio», quienes después de veinte años como abogados o abogadas ejercientes cesen en el ejercicio profesional.  
  
TÍTULO III  
Órganos de gobierno  
  
Artículo 27. Principios rectores y órganos de gobierno  
1. El gobierno del ICALI estará presidido por los principios de democracia, autonomía y transparencia. Asimismo, deberá procurarse la incorporación de medidas que promuevan la igualdad efectiva de hombres y mujeres en la provisión de los órganos colegiales.  
2. Los órganos de gobierno del ICALI son el Decano o Decana, la Junta de Gobierno y la Junta General.  
3. De las sesiones y deliberaciones de los órganos colegiados se levantará acta, que firmará el titular de la Secretaría en unión de quien hubiera presidido la sesión. Las actas se someterán a aprobación en la siguiente sesión que celebre el órgano de que se trate, bastando el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.  
4. Los acuerdos contenidos en las actas serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de su ulterior aprobación.  
  
  
CAPÍTULO I  
De la Junta General  
  
Artículo 28. Atribuciones  
1. La Junta General además de las establecidas en el artículo ochenta y dos del Estatuto General de la Abogacía Española y demás normativa aplicable, tendrá las siguientes atribuciones:  
a) Aprobar el Estatuto del Colegio y sus modificaciones o reformas.  
  
b) Debatir y, en su caso, aprobar los presupuestos y las cuentas anuales de cada ejercicio.  
c) Debatir y, en su caso, resolver sobre la reprobación o censura de la Junta de Gobierno o de cualquiera de sus miembros.  
d) Aprobar la imposición de cuotas extraordinarias.  
e) Aprobar la inversión o disposición del patrimonio colegial si se tratare de inmuebles.  
f) Aprobar los reglamentos de régimen interior que le proponga la Junta de Gobierno.  
g) Cualquier otra facultad que le atribuyan las leyes, los reglamentos o el presente Estatuto.  
  
Artículo 29. Convocatorias y Reuniones  
1. La Junta General, es el máximo Órgano de Gobierno del Colegio y se reunirá con carácter ordinario dos veces al año, una en el primer trimestre y otra en el último y con carácter extraordinario cuando sea debidamente convocada a iniciativa del Decano o Decana, la Junta de Gobierno o de un número de colegiados y colegiadas que represente, al menos, al cinco por ciento del censo en la fecha de la solicitud.  
2. Sólo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea ajena a los fines atribuidos al Colegio, podrá denegarse la celebración de la Junta Extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los peticionarios.  
3. La convocatoria a la Junta sea con carácter ordinario o extraordinario:  
a) Se deberá realizar con una anticipación mínima de quince días salvo en los casos de urgencia, en los que a juicio de la Junta de Gobierno deba reducirse el plazo, debiendo motivarse en la convocatoria la causa concreta que la justifique.  
b) Se publicará, conteniendo el orden del día, en los tablones de anuncios del Colegio y en la página web a través de la ventanilla única, notificándose a todos los miembros por medios telemáticos o por correo electrónico u ordinario.  
- Se entiende como tablón de anuncios, tanto el de la sede institucional del Colegio como los correspondientes a las distintas delegaciones.  
- Se establece expresamente como medio hábil y preferente de comunicación la cuenta de correo electrónico que cada abogado o abogada haya comunicado y conste como tal en el Colegio.  
c) Señalará la fecha, hora y lugar de celebración y expresará debidamente numerado el orden del día. Si la convocatoria o alguno de los puntos a tratar fueren a instancia de colegiados o colegiadas deberá indicarse tal circunstancia.  
4. El lugar de la celebración de las Juntas será la sede institucional del Colegio, salvo que en la citación se indique otra cosa.  
5. Desde la fecha de la convocatoria y hasta el día de la celebración de la Junta, se podrán consultar en la Secretaría, durante las horas de despacho los antecedentes relativos al contenido del Orden del Día.  
6. No se exigirá quórum especial para la válida constitución de la Junta, salvo en los supuestos previstos en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
7. En las votaciones que no sean las realizadas en las elecciones a la Junta de Gobierno se observarán las siguientes reglas:  
a) Quienes estuvieran incorporados al Colegio, bajo la condición de colegiado o colegiada, con anterioridad a la fecha de la convocatoria de una junta, podrán asistir con voz y voto a las que se celebren.  
b) El voto de los ejercientes computará con doble valor que el de los demás colegiados/as.  
c) El voto no es delegable.  
d) Los acuerdos serán adoptados por votación secreta, cuando así lo solicite cualquiera de los colegiados/as asistentes a la Junta General.  
e) De forma reglamentaria se podrá autorizar y regular el voto electrónico siempre que tenga las debidas garantías de autenticidad y secreto.  
8. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, excepto en los casos en que se exija una mayoría cualificada.  
9. Antes de las votaciones se podrán establecer, por quien presida la Junta, un máximo de turnos de intervención sobre el asunto objeto de debate, pudiendo ampliar su número en función del desarrollo de este.  
10. Del contenido de la Junta se levantará acta que será firmada por quien presida y por quien desempeñe la Secretaría.  
11. En los ejercicios en que haya de tener lugar el solemne acto de toma de posesión de los miembros de Junta electos, la primera Junta General Ordinaria se celebrará dentro de los primeros cuarenta días del año, a fin de que no se demore tal toma de posesión.  
12. La Junta General Ordinaria que se celebrará en el primer trimestre de cada año: Tendrá, al menos, el siguiente orden del día:  
I. Memoria de los acontecimientos más importantes que hayan tenido lugar con relación al Colegio durante el año anterior realizada por el Decano.  
II. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y liquidación de presupuesto del ejercicio anterior.  
III. Lectura, discusión y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.  
IV. Cuando proceda, se añadirán los siguientes puntos:  
- Proposiciones.  
Desde el comienzo del trimestre en el que se fuere a celebrar y hasta quince días antes de su inicio, los colegiados/as podrán presentar las proposiciones que deseen someter a la deliberación y acuerdo, y que serán tratadas en el orden del día, en un punto de este llamado proposiciones, siempre que:  
a) Aparezcan suscritas por un mínimo de diez colegiados y/o colegiadas.  
b) Se presenten en el Registro de la secretaria colegial debidamente firmadas con identificación de sus proponentes y números de colegiado o colegiada.  
c) Al darse lectura a estas proposiciones, la Junta General acordará si procede o no abrir discusión sobre ellas.  
- Elección de los miembros de la Junta Electoral.  
- Acto solemne de toma de posesión, previo juramento o promesa de sus cargos respectivos, de los miembros de Junta de Gobierno electos, y homenaje a los cesantes.  
En los ejercicios en que proceda este acto debe realizarse en el plazo máximo establecido. Cuando no sea posible el cierre contable del ejercicio anterior antes de su convocatoria, el segundo punto del Orden del Día se podrá celebrar en otra fecha que fijara la Junta de Gobierno en la misma convocatoria y siempre dentro del primer trimestre del año.  
V. Ruegos y preguntas.  
13. La Junta General Ordinaria que se celebrará en el último trimestre de cada año:  
Tendrá el siguiente orden del día:  
I. Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto elaborado por la Junta de Gobierno para el ejercicio siguiente.  
Desde la convocatoria a Junta y hasta cinco días antes de su celebración quienes pretendan formular propuestas que puedan implicar cambios en los presupuestos elaborados, deberán presentar las mismas por escrito en la secretaria colegial. Solo estas o las que en base a ellas se concreten por el proponente en el desarrollo de la Junta, podrán ser objeto de votación.  
II. Lectura, discusión y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.  
III. Ruegos y preguntas.  
IV. Elección para cargos vacantes de la Junta de Gobierno, cuando proceda.  
No obstante, la Junta de Gobierno podrá acordar que el acto electoral se celebre separadamente de la Junta General, fijando al efecto la fecha de la elección dentro del último trimestre del año.  
14. En las Juntas Generales Extraordinarias no habrá turno para ruegos y preguntas, debatiéndose exclusivamente los asuntos que consten en la Convocatoria.  
15. El voto de censura a la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
  
CAPÍTULO II  
De la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 30. Atribuciones  
1. La Junta de Gobierno es el órgano de dirección, gestión y administración del Colegio con las facultades que le confiere el Estatuto General de la Abogacía Española en su artículo setenta y ocho y las que se deriven del presente Estatuto.  
2. A tal efecto se añaden las siguientes atribuciones:  
a) La protección y amparo de los abogados y abogadas en el ejercicio de la profesión, dentro de la demarcación territorial del ICALI  
b) Convocar los Congresos y Jornadas de la Abogacía dentro del ámbito colegial.  
c) Promover el respeto, la divulgación, conocimiento y enseñanza de las normas deontológicas.  
  
Artículo 31. Composición  
1. La Junta de Gobierno estará integrada por quien desempeñe el Decanato, la Tesorería, la Contaduría, la Secretaría, un Bibliotecario o Bibliotecaria, un número de diputados o diputadas que queda fijado en nueve, numerados con los ordinales correspondientes, los delegados o delegadas de partido y el Presidente o Presidenta de la Agrupación de la Abogacía Joven de Alicante.  
2. Los cargos de los miembros de Junta son personales e indelegables.  
  
Artículo 32. Reuniones y Convocatorias  
1. La Junta de Gobierno se reunirá, como mínimo, una vez al mes, excluido el de agosto, sin perjuicio de poder hacerlo con mayor frecuencia cuando la importancia, el número de los asuntos lo requiera, o lo solicite una cuarta parte de sus miembros. En este último caso, deberán señalar el objeto de la convocatoria.  
2. La convocatoria se hará por el Secretario o Secretaria, previo mandato del Decano o Decana, con tres días de antelación a la fecha de su realización. Se formulará por escrito e irá acompañada del orden del día correspondiente.  
3. Fuera de este no podrán tratarse otros asuntos, salvo los que el Decano o Decana considere de urgencia.  
4. El orden del día  
a) Lo confeccionará quien la presida  
b) Deberá estar en poder de los componentes de la Junta de Gobierno al menos con veinticuatro horas de antelación, salvo situaciones de urgencia. Se remitirá por el medio que el convocante estime conveniente, siempre que quede constancia  
c) Incluirá los siguientes asuntos:  
I. Los que el Decano o Decana estime pertinentes.  
II. Los propuestos por los miembros de la Junta de Gobierno.  
III. Aquellos que lo fueren por el Defensor del Colegiado/a, en su caso.  
IV. Los que hubieren sido propuestos por las personas colegiadas.  
V. Ruegos y preguntas.  
5. La Junta será presidida por el Decano, Decana o por quien estatutariamente le sustituya, quien dirigirá los debates, dando turno de palabra y cuidando de que las intervenciones sean concisas y ajustadas al asunto objeto de cuestión.  
6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, que quedarán recogidos en el acta. En caso de empate decidirá el voto de calidad de quien presida. Todo ello, salvo los supuestos que expresamente se establezcan en una norma de rango superior o se precise una mayoría cualificada.  
7. La documentación relativa a los asuntos a tratar deberá estar en la secretaria del Colegio, a disposición de los componentes de la Junta con al menos veinticuatro horas de antelación a la celebración de la sesión de que se trate.  
8. Los miembros de la Junta de Gobierno que tengan interés directo o indirecto en un concreto asunto incluido en el orden del día se ausentarán de la sesión durante su discusión y votación, incorporándose a ella una vez hubiera tomado la Junta la decisión que sobre tal extremo hubiera estimado pertinente. De tal hecho se dejará constancia en el acta  
9. La asistencia a la Junta de Gobierno es obligatoria para todos sus componentes, por lo que la ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en un periodo de un año conllevan la pérdida de la condición de miembro de la Junta, previo acuerdo en tal sentido adoptado por la Junta de Gobierno. Una vez notificado el acuerdo, se podrá convocar elecciones para proveer la vacante o vacantes que por tal motivo se hubieren producido.  
10. Se podrán realizar de forma dual siempre que así conste en la convocatoria, el sistema elegido de videoconferencia permita la comunicación bidireccional con imagen y sonido, y que quien participe de este modo se comprometa a realizar, en el lugar donde se encuentre, todas las acciones necesarias para asegurar el secreto de las deliberaciones.  
11. Para la válida constitución de la Junta será necesaria la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. En caso de sesiones que se convoquen de forma dual, el quorum se determinará con la suma de los presentes en el lugar donde se celebre y los conectados digitalmente con la reunión, que a todos los efectos se considerarán asistentes.  
12. Por desarrollo reglamentario se podrá establecer un sistema de voto electrónico, siempre que cumpla con los requisitos legales, el mismo al que se hace referencia en el artículo 29. de este Estatuto.  
13. En relación con las actas se estará a lo dispuesto por el artículo 26 de este Estatuto.  
  
Artículo 33. Comisión permanente de la Junta de Gobierno  
La Junta de Gobierno, en aras a conseguir una mayor operatividad y para el despacho de los asuntos de trámite o estudio previo de los que se van a someter a la Junta de Gobierno, podrá acordar la constitución de una Comisión Permanente, que al menos será integrada por el Decano o Decana, el Vicedecano o Vicedecana, el Tesorero o Tesorera, el Secretario o Secretaria y quienes presidan alguna de las comisiones de Junta que se designen, sin perjuicio de cualquier otro miembro de Junta que puedan asistir a sesiones concretas por indicación del Decano.  
  
  
CAPÍTULO III  
Del Decanato, Vicedecanato, Secretaría, Tesorería, Contaduría, Bibliotecario o Bibliotecaria, Diputados y Diputadas  
  
Artículo 34. Ejercicio de sus funciones   
1. Los miembros de Junta de Gobierno deben ejercer sus funciones con probidad, diligencia y dedicación, con sujeción a las leyes, los reglamentos, el Estatuto General de la Abogacía, al presente Estatuto y en todo caso con la dignidad propia del ejercicio de la profesión.  
2. Guardarán secreto de las deliberaciones de Junta y comisiones, y se abstendrán de hacer uso de la información reservada del Colegio o de la que conozcan exclusivamente por razón de su cargo.  
3. El deber de guardar secreto y la prohibición de hacer uso de la información reseñada en el antecedente abarcará a todos aquellos colegiados/as que en un momento dado integren las comisiones, asistan a Junta de Gobierno, o sean llamados a las mismas.  
  
Artículo 35. Del Decano o la Decana  
Le corresponderá la representación legal del Colegio en todas sus relaciones, incluidas las que mantenga con los poderes públicos, entidades, corporaciones y personas de cualquier orden, la presidencia de todos los órganos colegiados, delegaciones, grupos, comisiones y secciones, la ordenación de los pagos y las demás que le atribuye el Estatuto General de la Abogacía Española, sin perjuicio de su potestad para delegar.  
  
Artículo 36. Del Vicedecano o Vicedecana  
Quien ostente el cargo al que corresponda el numeral uno de los miembros de la Junta tendrá la consideración de Vicedecano o Vicedecana desempeñando todas aquellas funciones que le confiera el decanato, asumiendo las de esta en caso de fallecimiento, ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante. En caso de que le afecte alguna de esas circunstancias será sustituido por el Diputado o Diputado que el siga en orden de numeración.  
  
Artículo 37. De la Secretaría  
1. Quien desempeñe la secretaría del Colegio también actuará en ese carácter en la Junta de Gobierno y en la Junta General.  
2. Tendrá las siguientes funciones:  
a) Redactar las actas de las Juntas Generales y de las sesiones de Junta de Gobierno.  
b) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las instrucciones que reciba del decanato y con la anticipación debida.  
c) Recibir y dar cuenta de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.  
d) Expedir con el visto bueno del Decano o Decana las certificaciones que se soliciten por los interesados.  
e) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la jefatura del personal. Cuidando de la existencia y suficiencia de los medios humanos y materiales para la mejor llevanza de la oficina colegial.  
f) Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.  
g) Asumir el control de la legalidad de los actos colegiales.  
h) Recibir la correspondencia y tramitar las solicitudes que se dirijan al Colegio, dando cuenta de ellas a quien proceda.  
i) Llevar todos los Registros colegiales y en particular el de los Colegiados/as con sus expedientes personales, el de la Sociedades Profesionales y cualesquiera otro que se indique en este Estatuto.  
j) Confeccionar cada año las listas de colegiados/as, expresando su antigüedad y domicilio.  
k) Informar a la Junta de Gobierno sobre la idoneidad de los estatutos presentados por las agrupaciones y secciones existentes en el Colegio, y de aquellas cuya constitución se pretenda.  
l) Podrá comprobar que los profesionales de la Abogacía que intervengan en las actuaciones judiciales figuran incorporados como ejercientes en este Colegio o en otro de España.  
m) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 38. De la Tesorería  
Corresponde al miembro de la Junta nombrado como Tesorera o Tesorero las siguientes funciones:  
a) Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.  
b) Llevará los libros pertinentes, controlará la contabilidad y verificará la caja.  
c) Pagar los libramientos debidamente autorizados por el Decanato.  
d) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno sobre la cuenta de ingresos y gastos, así como de la marcha del presupuesto.  
e) Redactar para su presentación a la Junta General las cuentas del ejercicio económico vencido y los presupuestos anuales.  
f) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias de que fuere titular el Colegio, mancomunadamente con la firma de uno de los siguientes cargos: Decano, Vicedecano, Contador o Secretario.  
g) Llevar el inventario de los bienes del Colegio, de los que será su administrador.  
h) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 39. De la Contaduría  
Corresponde al miembro de la Junta nombrado como Contador Interventor o Contadora Interventora fiscalizar, comprobar y verificar las operaciones de tesorería y las restantes funciones que se le encomienden.  
  
Artículo 40. Del Bibliotecario o Bibliotecaria  
El Bibliotecario formará la Biblioteca y ordenará lo conveniente para su utilización, adecuándola en todo momento a los avances técnicos, así como a las necesidades de los colegiados/as. Confeccionará el catálogo de obras en existencia. Propondrá a la Junta de Gobierno la adquisición de las obras, tratados, monografías, bases de datos, etc., que considere necesarias o convenientes a los fines corporativos. En uso de sus facultades promoverá la difusión de información atinente a las obras y servicios de la biblioteca, tanto a través de circulares, boletines o revistas, como por medio de la página web del Colegio, o cualquier otro medio hábil que en el futuro exista, facilitando el acceso de los colegiados/as a dicha información y servicios.  
  
Artículo 41. De los diputados y las diputadas de Junta  
Los diputados y diputadas actuarán como vocales de la Junta de Gobierno y desempeñarán, además, las funciones que esta, los estatutos y las leyes les encomienden. Sus cargos estarán numerados, a fin de sustituir, por su orden, empezando por el Diputado Primero, al Decano, en caso de enfermedad, ausencia o vacante.  
Cuando por cualquier motivo vacara, definitiva o temporalmente, el cargo de Secretario, Tesorero, Contador, Bibliotecario, serán sustituidos provisionalmente por los diputados, empezando por el último, hasta que se celebren elecciones, en su caso. En caso de concurrencia de vacantes la sustitución será correlativa no pudiendo concurrir más de un cargo en un diputado.  
  
TÍTULO IV  
De las elecciones  
  
Artículo 42. Del régimen electoral  
1. Los miembros de la Junta de Gobierno a excepción de los delegados y delegadas de partido y el presidente o presidenta de la Agrupación de la Abogacía Joven de Alicante, serán elegidos en votación directa y secreta entre los colegiados y colegiadas del ICALI en los términos y condiciones que establece el presente Estatuto y el Estatuto General de la Abogacía Española, que actuará como régimen supletorio.  
2. Serán electores todos los colegiados y colegiadas con una antigüedad de más de tres meses de incorporación a la fecha de la convocatoria.  
3. Serán elegibles los colegiados y colegiadas ejercientes y residentes en el ámbito territorial del ICALI.  
4. En las elecciones, el voto de los/las ejercientes tendrá el doble valor que el voto de los/las no ejercientes.  
5. La duración de los cargos de la Junta de Gobierno será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Con un máximo de tres mandatos a partir de la aprobación de este Estatuto.  
6. Los cargos de la Junta de Gobierno se renovarán, cada dos años, en dos turnos: Uno integrado por el Decano o Decana, los diputados o diputadas pares, Tesorero o Tesorera, Secretario o Secretaria, Bibliotecario o Bibliotecaria, y otro formado por los Diputados impares y Contador o Contadora.  
7. Los delegados, delegadas y vocales de Partido se renovaran en una única convocatoria conjuntamente con las elecciones al Decanato, con sujeción al mismo régimen electoral.  
8. Cuando por fallecimiento, renuncia o por cualquier otra causa, se produzcan vacantes en la Junta de Gobierno, se podrán proveer las mismas por elección a celebrar en el último trimestre del ejercicio, pero entendiéndose que los que fuesen objeto de elección solo desempeñarán sus cargos durante el tiempo que faltase a los que produjeron las vacantes para completar el período de su mandato.  
9. Si quedaran vacantes más de la mitad de los integrantes de la Junta de Gobierno, esta se completará provisionalmente con los colegiados o colegiadas más antiguos que hayan pertenecido de la Junta de Gobierno, que serán llamados siguiendo el orden de su colegiación, comenzando por el de incorporación menos reciente. Si vacasen por esta razón todos los miembros de la Junta, el llamamiento lo efectuará el Consejo Autonómico o el Consejo General de la Abogacía Española y ostentará -en ese caso- el Decanato el más antiguo de los llamados y la Secretaría el más moderno.  
a) Cuando esta situación se produjera, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados o en su defecto el Consejo General de la Abogacía Española designará una Junta provisional, de entre los colegiados/as ejercientes.  
b) La Junta provisional convocará, en el plazo de treinta días naturales, elecciones para la provisión de los cargos vacantes por el resto del mandato que quedase, elecciones que deberán celebrarse dentro de los treinta días naturales siguientes, contados a partir de la convocatoria.  
10. Los cargos electos cesarán por las causas establecidas en el Estatuto General de la Abogacía Española y especialmente por: fallecimiento, renuncia, falta de concurrencia o pérdida de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo, y expiración del plazo para el que fueron elegidos. Igualmente cesarán por falta de asistencia injustificada indicada en el artículo 32.  
  
Artículo 43. No podrán ser elegibles  
1. No podrán ser elegibles y/o formar parte de la Junta de Gobierno:  
a) Los colegiados/as que hubieran sido sancionados disciplinariamente por un Colegio de Abogados y no se encuentren rehabilitados.  
b) Los que hubiesen sido condenados por sentencia firme, que lleve aparejada la inhabilitación o la suspensión para cargos públicos.  
c) Los que sean miembros de órganos rectores de otro Colegio profesional.  
d) Los que no se hallen al corriente de las cargas colegiales.  
2. El Decano o la Decana, bajo su responsabilidad, impedirá la toma de posesión, o decretará el cese si ya se hubiese producido aquella, de los que tenga conocimiento que se hallaban incursos en cualquier de las causas que impiden acceder o permanecer en el cargo.  
  
Artículo 44. Convocatoria de las elecciones  
1. Todo lo referente a la elección de cargos y a la formación de los censos de electores y elegibles, así como la celebración de las elecciones será competencia de la Junta de Gobierno que deberá convocar la elección y ordenar lo necesario para el buen desarrollo de la misma, y autorizar, con las garantías necesarias de autenticidad y secreto, el voto por correo y el voto en las delegaciones, y, en su caso, el voto por medios telemáticos, rigiéndose en todo lo no recogido en el presente Estatuto, por lo establecido en esta materia por el Estatuto General de la Abogacía Española.  
2. El acuerdo de convocatoria se adoptará por la Junta de Gobierno y contendrá en todo caso lo relativo a la apertura del periodo electoral, trámites a seguir y fijará la fecha, los cargos objetos de elección, los requisitos para optar a cada uno de ellos, la hora y lugar de celebración de las elecciones, la posibilidad de ejercitar el voto por medios telemáticos cuando reglamentariamente se haya desarrollado o por correo, así como la hora de comienzo y cierre de las votaciones, conforme a lo establecido en los artículos siguientes.  
3. En el supuesto de que la convocatoria lo fuere para cubrir vacantes que se produjeran en la Junta de Gobierno durante la vigencia de su mandato, la Junta adoptará el pertinente acuerdo para la celebración de elecciones en las fechas que estime más conveniente. El plazo del mandato de los elegidos para rellenar vacantes durará hasta la próxima renovación del cargo que ocupa.  
  
Artículo 45. De la Junta Electoral  
1. Los procesos electorales se desarrollarán bajo la supervisión de una Junta Electoral a la que por la Junta de Gobierno se dará en el plazo más breve posible y siempre dentro del plazo de cuarenta y ocho horas traslado del acuerdo de convocatoria electoral y a la que le corresponderá a partir de ese momento velar por la idoneidad de los trámites electorales desarrollados durante el periodo para el que fueren elegidos sus componentes;  
2. Actuará con total independencia de la Junta de Gobierno, y deberá ser provista por la Junta de Gobierno de todos los medios que requiera para el desarrollo de su cometido.  
3. Sus miembros deberán causar baja ante el más mínimo conflicto de intereses con los candidatos concurrentes a cualquiera de los procesos electorales y en todo caso si pretenden presentarse al proceso electoral.  
4. La Junta Electoral estará compuesta por cinco miembros, colegiados o colegiadas y residentes, con al menos cinco años de ejercicio en el ámbito de este Colegio.  
a) Serán elegidos por votación directa y secreta en la primera Junta General Ordinaria posterior a la renovación parcial de la Junta de Gobierno en que se elija a los diputados impares y su mandato tendrá una duración de cuatro años.  
b) Los candidatos podrán presentar su candidatura hasta quince días antes de la celebración de la Junta.  
c) En el supuesto de que no se cubriere la totalidad de los miembros de la Junta Electoral, los puestos que quedaren vacantes serán asignados por la Junta de Gobierno en su primera reunión, por colegiados/as de su libre elección que cumplan los requisitos, preferentemente entre aquellos que hubieren sido miembros de anteriores Juntas de Gobierno. Igualmente, será la Junta de Gobierno la que designe a los miembros de la Junta Electoral en el supuesto de vacancia de la totalidad o de algunos de sus integrantes.  
d) En ningún caso podrán concurrir a la elección o ser designados los pertenecientes a la Junta de Gobierno, el Defensor del Colegiado/a, delegados y delegadas o Vocales de partido, director de la Escuela de Práctica Jurídica, miembros de juntas directivas de agrupaciones, presidentes de secciones y comisiones, o cualquier otro coordinador o responsable de un órgano estatutario.  
5. La validez de los acuerdos de la Junta Electoral requerirá un quórum de al menos la mayoría de sus miembros. En caso de empate en las deliberaciones, quien presida tendrá voto de calidad.  
6. Presidirá la Junta Electoral el componente que se elija o, si no hay acuerdo, el de mayor antigüedad.  
7. La Junta Electoral acordará el número y lugar de instalación de mesas electorales para el acto de la votación, así como la instalación en otras dependencias. Designando entre sus componentes u otros miembros del Colegio quien presida o desempeñe la secretaría de cada una de las mesas electorales.  
  
Artículo 46. Publicidad de la convocatoria y listas de electores  
1. El acuerdo de convocatoria de elecciones se pondrá de inmediato en conocimiento de la Junta Electoral, que se hará cargo de todo el proceso electoral hasta su finalización y procederá a darle la oportuna publicidad mediante su inserción en el tablón de anuncios del Colegio, de las delegaciones, en su caso, y en la página web y lo remitirá a todos por medios telemáticos.  
2. En la convocatoria se harán constar los siguientes extremos:  
a) Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos exigidos para poder aspirar a cada uno de ellos.  
b) Lugares, día y hora de celebración de la votación y tiempo de duración con hora de cierre de las urnas para comienzo del escrutinio, según lo dispuesto en el presente Estatuto.  
3. Dentro del plazo de cinco días desde la convocatoria, se expondrán en el tablón de anuncios del Colegio, en el de cada una de las delegaciones, en su caso, y en la página web listas separadas de ejercientes y no ejercientes, con derecho a voto. La exposición se verificará durante treinta días.  
4. Podrán formularse reclamaciones dentro del plazo de cinco días desde la exposición de estas ante la Junta Electoral, que resolverá por escrito y motivadamente lo que proceda en el plazo de dos días desde que se formulase la reclamación, debiendo comunicar la resolución al interesado y a la Junta de Gobierno.  
Artículo 47. Presentación de candidaturas  
1. Las candidaturas se presentarán en la Secretaría del Colegio, bien de forma presencial o al correo electrónico corporativo, antes de las 15 horas del quince anterior a la fecha señalada para el acto electoral. Dichas candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.  
2. Ningún colegiado o colegiada podrá presentarse candidato o candidata a más de un cargo.  
3. En el término de dos días desde la finalización del plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral proclamará a quienes reúnan los requisitos. En el supuesto de que haya una sola candidatura para alguno de los cargos convocados, será proclamado electo.  
4. La relación de los proclamados será expuesta en los tablones de anuncios de la Corporación y en su página web y se notificará a los candidatos, sin perjuicio de que el Colegio pueda remitir también comunicaciones individuales a sus miembros.  
  
Artículo 48. Desarrollo de las votaciones  
1. El día fijado para las elecciones se constituirán mesas electorales en la sede del Colegio, en las demás dependencias de este y en cada una de las delegaciones, en su caso.  
2. La mesa electoral, como mínimo, estarán integradas:  
a) En la sede colegial, por un Presidente/a, un Secretario/a y un/a Vocal.  
b) En las delegaciones de Partido, por el Delegado o Delegada como Presidente o Presidenta y por otro miembro de Junta que hará la función de Secretario o Secretaria. En caso de que el Delegado o Delegada concurra a la elección la Junta Electoral, se designará para presidir la mesa electoral al o la correspondiente a otro partido judicial u otro miembro de Junta de Gobierno en quien no concurra impedimento.  
3. Constituidas las mesas electorales, los candidatos podrán nombrar un interventor que les represente durante el desarrollo de las votaciones.  
  
4. Las votaciones continuarán ininterrumpidamente hasta la hora de la tarde que se señale en la convocatoria en que se cerrarán las urnas para proceder al correspondiente escrutinio.  
a) A la hora prevista para su finalización, se cerrarán las puertas y solo podrán votar los colegiados/as que ya estuvieren en la sala.  
b) La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de cuatro horas, salvo que la Junta al convocar la elección, señale otro diferente.  
  
c) El tiempo de votación en las delegaciones se iniciará y finalizará de forma coetánea con la sede principal.  
d) Finalizado el tiempo de votación en las mesas de las delegaciones, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente relativo al recuento de votos  
5. En cada sede electoral se habilitarán urnas separadas para la elección de miembros de Junta y de delegados, delegadas y vocales de Partido, así como para el depósito de los votos de los colegiados o colegiadas ejercientes y no ejercientes. Las urnas deberán estar cerradas, dejando únicamente una ranura para depositar los votos.  
6. Las papeletas de votación que edite el Colegio deberán ser blancas y deberán llevar impresos en su anverso exclusivamente la relación de los cargos que se eligen, sin perjuicio de que se puedan introducir en la papeleta de voto las modificaciones que sean necesarias e imprescindibles para su lectura y recuento por medios telemáticos, requiriéndose en todo caso para su edición la aprobación del formato por la Junta Electoral.  
7. Los candidatos podrán editar sus propias papeletas, que deberán ser iguales en tamaño, formato y características que las editadas por el Colegio.  
8. El voto podrá ser emitido personalmente, por correo certificado o por medios telemáticos, cuando este sistema este reglamentariamente aprobado, utilizándose al efecto, papeleta que reúna las características indicadas en el presente artículo o su equivalente electrónico.  
9. Una vez concluido el acto de la votación cada mesa procederá a introducir en las urnas los votos emitidos por correo y, una vez terminadas estas operaciones, podrán ejercitar su derecho al voto los miembros de la mesa, que votarán en último lugar dando por concluida esta.  
10. Los votantes deberán acreditarse ante las mesas electorales. La mesa comprobará la inclusión en el censo electoral del votante y pronunciará en voz alta su nombre, indicando que vota, tras lo cual introducirá el sobre en la urna que corresponda.  
11. Los colegiados o colegiadas podrán votar únicamente en la Delegación en que tengan su domicilio profesional principal, haciéndolo el resto de los colegiados/as en la sede principal.  
  
Artículo 49. Voto por correo  
Los colegiados/as podrán emitir su voto por correo de acuerdo con las siguientes normas:  
1. Desde que se convoquen las elecciones para cubrir los cargos de la Junta de Gobierno y hasta quince días antes de la elección, los colegiados/as que deseen emitir su voto por correo deberán solicitar ante la secretaria del Colegio la Certificación acreditativa de su inclusión en el Censo electoral. Dicha solicitud se podrá formular por comparecencia personal en la Secretaría o mediante comunicación firmada digitalmente.  
2. El Secretario/a del Colegio librará la certificación y entregará la misma, bien personalmente, bien remitiéndola por correo certificado, junto con las papeletas de votación impresas por el Colegio y dos sobres con sello y membrete colegial, y el lema «Elecciones a Junta de Gobierno» o el que corresponda, dentro de los tres días siguientes a la finalización del plazo de solicitud del párrafo precedente.  
3. El colegiado/a votante deberá introducir la papeleta de votación en uno de los sobres entregados a tal fin y, una vez cerrado, lo insertará en el otro sobre junto con la Certificación de estar incluido en el censo electoral y copia de su carnet de colegiado/a. Dicho sobre debe remitirse por correo certificado al Colegio.  
4. Los sobres recibidos serán custodiados por el Secretario o Secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio, hasta el momento del escrutinio en que los entregará al Presidente de la Mesa Electoral, dándose cuenta de los mismos en último lugar y previa comprobación de la identidad del remitente, así como de que el mismo no ha votado personalmente, las papeletas serán introducidas en la urna correspondiente.  
5. Solo se admitirán los votos emitidos por correo que cumplan los requisitos establecidos y que tengan entrada en el Colegio hasta el momento de cerrarse la votación.  
6. Las cartas recibidas con posterioridad al escrutinio deberán ser rehusadas y ordenada su devolución por el mismo conducto, para preservar al elector y su intención de voto.  
7. El voto personal anulará en todo caso el voto emitido por correo.  
  
Artículo 50. Recuento de votos  
1. Finalizada la votación en la Sede y delegaciones se procederá simultáneamente al recuento de votos y formalización de las respectivas actas con el resultado de cada una de las mesas, firmada por el Presidente/a y el Secretario/a de cada una de ellas, junto con los vocales e interventores si los hubiere.  
2. Levantada el Acta en las delegaciones, sin perjuicio de comunicar el resultado a la Sede colegial, el Presidente/a y/o Secretario/a se trasladarán de inmediato a la misma portando consigo el Acta suscrita, con la lista de votantes y las papeletas emitidas.  
3. Deberán ser declarados nulos los votos que contengan expresiones ajenas al estricto contenido de la votación o que contengan tachaduras o raspaduras; y parcialmente, en cuanto al cargo a que afectare, las que indiquen más de un candidato para un mismo cargo, o nombres de personas que no concurran a la elección.  
4. Aquellas papeletas que se hallen solo parcialmente rellenadas en cuanto al número de candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, serán válidas para los cargos y personas correctamente expresados.  
5. Finalizado el escrutinio, la Presidencia anunciará su resultado; proclamándose seguidamente electos los candidatos que hubieran obtenido para cada cargo el mayor número de votos.  
6. Una vez finalizado el recuento en todas las mesas, comenzará el escrutinio, aunando los resultados de todas ellas y una vez finalizado se proclamará electos para cada cargo a los candidatos que obtengan la mayoría.  
7. En caso de empate se entenderá elegido el que más votos hubiere obtenido entre los ejercientes; de persistir este, el de mayor tiempo de ejercicio en el Colegio; y si aún se mantuviere el empate, el de mayor edad.  
8. En el plazo de cinco días desde la constitución de los órganos de gobierno, deberá comunicarse esta al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, al Consejo General y, a través de este, o directamente según proceda, al Ministerio de Justicia y conselleria competente en materia de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, participando su composición y el cumplimiento de los requisitos legales.  
  
Artículo 51. Toma de posesión  
Los candidatos electos tomarán posesión en acto solemne en la primera Junta General Ordinaria del ejercicio siguiente a la fecha de celebración de las elecciones, previo juramento o promesa de cumplir fielmente el cargo respectivo y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno, imponiéndoles el Decano los distintivos colegiales acreditativos de sus cargos.  
  
Artículo 52. Disposiciones comunes a la elección  
1. Todos los plazos señalados se computarán por días naturales.  
2. Los recursos que se interpongan durante el proceso electoral o contra su resultado serán admitidos en un solo efecto y no suspenderán la votación, proclamación y toma de posesión de los electos.  
3. Las resoluciones o acuerdos de la Junta Electoral podrán ser recurridas ante la Junta de Gobierno en el plazo de cinco días. Será competente para conocer de los recursos contra los actos de la Junta de Gobierno el Consejo Autonómico o el Consejo General de la Abogacía Española.  
El recurso de alzada deberá formularse, según proceda, ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Estatuto de dicho órgano, o el Consejo General de la Abogacía conforme a lo dispuesto en el artículo 116.1 del Estatuto General de la Abogacía.  
  
  
TÍTULO V  
De las delegaciones  
  
Artículo 53. De las delegaciones  
1. Para el mejor cumplimiento de sus fines y la mayor eficacia de sus funciones, el Colegio podrá, dentro de su ámbito territorial, establecer por acuerdo de su Junta de Gobierno, nuevas delegaciones o modificar las existentes, en aquellos partidos judiciales en que así lo requieran los intereses profesionales, dotándolas de los medios humanos y materiales necesarios para su desarrollo. Para tal fin se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 3.4 de los presentes estatutos.  
2. La demarcación de cada delegación podrá comprender uno o varios partidos judiciales.  
3. Al frente de cada Delegación habrá un delegado o delegada.  
a) Será colegiado o colegiada ejerciente y residente en dicho Partido Judicial, elegido siguiendo las pautas del Título sobre elecciones de este mismo Estatuto.  
b) Quien ostente esta condición, presidirá, salvo presencia del Decano, o de quien le sustituya, las reuniones y actos que se celebren en el ámbito de la Delegación y en el orden de los asuntos que a la misma concierna, previo conocimiento y autorización de la Junta de Gobierno.  
4. Atendido el número de colegiados/as residente en cada y para el mejor gobierno de la misma, la Junta, previa propuesta del Delegado o Delegada, podrá acordar que se elijan vocales:  
a) Será elegible quien cumpla las mismas condiciones indicadas para el Delegado o Delegada, de cuya candidatura formarán parte en lista cerrada.  
b) El número de vocalías por Delegación se determinará por el número de ejercientes residentes en esta, y así será de:  
I. Cinco, cuando sean más de doscientos cincuenta.  
II. Tres, cuando sean más de ciento cincuenta colegiados y  
III. Una, cuando sean más de cincuenta.  
c) En todo caso al menos uno de los vocales estará adscrito a los servicios de Turno de Oficio y Asistencia al detenido en su demarcación, y auxiliará a la Comisión de Turno de Oficio de la Junta de Gobierno.  
d) Cuando haya tres o más vocales, al menos uno de ellos se integrará en la Comisión de Deontología y otro en la de Honorarios.  
5. Las delegaciones podrán ser disueltas en cualquier momento por acuerdo de la Junta General, para tal fin se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 3.4 de los presentes estatutos.  
6. La toma de posesión de los delegados o delegadas de Partido se hará conforme a lo establecido en el Artículo 51. de este Estatuto.  
  
  
TÍTULO VI  
Del defensor o defensora del colegiado/a  
  
Artículo 54. Funciones, mandato y atribuciones  
1. La Junta de Gobierno podrá acordar la creación de la figura de Defensor o Defensora del Colegiado/a para que asuma la función de estudiar y canalizar las quejas que se formulen por el anormal funcionamiento de los servicios colegiales o actuación de sus distintos órganos de gobierno y podrá realizar cuantas sugerencias de carácter general estime oportunas a la Junta de Gobierno para la salvaguardia de los derechos de los miembros del Colegio y los fines de la Corporación.  
2. El cargo será desempeñado por quien tenga más de cinco años de ejercicio en la Corporación y que no esté incurso en ninguna de las siguientes situaciones:  
a) Estar condenado por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto esta subsista.  
  
b) Haber sido disciplinariamente sancionado, mientras no haya sido rehabilitado.  
c) Ser miembro de la Junta de Gobierno.  
3. Su período de mandato tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola vez por igual periodo.  
  
Artículo 55. Elección y modo de actuación  
1. El Defensor o Defensora del Colegiado/a será elegido por la Junta de Gobierno.  
2. El Defensor o Defensora del Colegiado/a podrá ser removido de su cargo por la Junta de Gobierno por acuerdo de los dos tercios de sus integrantes.  
Modo de actuación.  
3. Las quejas serán dirigidas al Defensor o Defensora del Colegiado/a mediante escrito presentado en el Colegio del que se le dará inmediato traslado a fin de que proceda a realizar cuantas gestiones estime pertinentes, solicitando de la Junta de Gobierno la información oportuna. A la vista de todo ello, si estima fundada la queja, elevará informe a la Junta en el que motivadamente propondrá cual debe ser, a su juicio, el acuerdo que deba adoptarse.  
4. Si la Junta de Gobierno no atendiere las peticiones del Defensor del colegiado/a este podrá solicitar de aquella que se incluya como punto del orden del día en la primera Junta General que se celebre la cuestión de que se trate, solicitud que deberá acoger la Junta de Gobierno obligatoriamente, indicando en el orden del día que dicho punto se incluye a propuesta del Defensor o Defensora del colegiado/a.  
5. Anualmente, el Defensor o Defensora redactará una memoria en la que recogerá las quejas que se le hubieren formulado y las decisiones adoptadas al respecto por la Junta de Gobierno, o en su caso, por la Junta General, así como las iniciativas o peticiones que, a su propia instancia, hubiere elevado; memoria a la que se le dará la debida publicidad.  
  
  
TÍTULO VII  
De las comisiones  
  
Artículo 56. Creación y clases de comisiones  
1. La Junta de Gobierno, para una mayor eficacia en el desarrollo de sus funciones, estará asistida de las comisiones que se creen mediante acuerdo de forma permanente o temporal cuando se considere necesario u oportuno, pudiendo delegar en ellas las competencias que estime oportunas.  
2. Deberán en todo caso ser presididas por el Decano, o miembro de la Junta en quien el mismo delegue, podrán designar de entre sus miembros dos personas para que desempeñen uno la coordinación y otro la secretaría, pudiendo estar integradas tanto por miembros de Junta como por otros colegiados/as y podrán organizarse mediante subcomisiones.  
Artículo 57. Del funcionamiento, composición y miembros de las comisiones  
1. Las comisiones funcionarán bajo principios democráticos, adoptando sus acuerdos por el voto mayoritario de sus componentes, ostentando voto de calidad la persona que lleve la coordinación en caso de empate.  
2. Para su constitución se requerirá un quórum de asistencia de la mitad más uno de sus componentes.  
3. La persona coordinadora podrá no ser miembro de la Junta de Gobierno, pero será designado en todo caso por esta.  
4. Los miembros serán designados por la Junta de Gobierno y desarrollarán su cometido durante el tiempo de mandato de la Junta, pero podrán ser cesados por esta en cualquier momento.  
5. Las relaciones entre cada Comisión y la Junta de Gobierno se mantendrá a través del miembro de la Junta que esta designe o de la persona que lleve la coordinación.  
6. Con carácter excepcional y en función de la trascendencia de una determinada cuestión sometida al conocimiento de la Comisión, a petición de la persona que lleve la coordinación, podrá asistir el miembro de la Comisión que se designase, con voz, pero sin voto, a la sesión de Junta de Gobierno que hubiere de estudiar el asunto o decidir sobre él.  
7. Los miembros de las comisiones prestarán ante la Junta de Gobierno juramento o promesa de mantener el secreto de las deliberaciones.  
  
Artículo 58. Comisiones  
Se consideran comisiones con carácter permanente:  
a) Comisión de Turno de Oficio.  
b) Comisión de Deontología e Intrusismo.  
c) Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia.  
d) Comisión de Honorarios.  
e) Comisión de Formación  
f) Comisión de Informática Tecnología.  
  
Artículo 59. Comisión de Deontología Profesional e Intrusismo  
1. Con esa denominación existirá en el ámbito del Colegio una comisión cuyo cometido será la instrucción y tramitación de los expedientes que en materia disciplinaria sean incoados por la Junta de Gobierno, ateniéndose tanto a lo preceptuado en el Estatuto General de la Abogacía Española como a lo regulado en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario.  
2. Igualmente procederá al estudio y averiguación del contenido de cuantas denuncias se interpusieren ante el Colegio en materia de intrusismo, proponiendo a la Junta de Gobierno cuantas iniciativas y medidas deban adoptarse en esta materia.  
3. A requerimiento de la Junta de Gobierno, evacuará los informes sobre las materias que le son propias.  
4. Las fases de instrucción de los procedimientos disciplinarios vienen atribuida a los instructores, que deberán ser ejercientes, con más de cinco años de antigüedad, designados por acuerdo de esta. Y preferiblemente no ser miembros de la Junta de Gobierno.  
5. La resolución de las informaciones previas y los expedientes disciplinarios corresponde a la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 60. Otras comisiones  
El funcionamiento y competencias de las comisiones del ICALI tendrá su propio desarrollo reglamentario, aprobado por la Junta de Gobierno.  
  
  
TÍTULO VIII  
De las agrupaciones y secciones  
  
Artículo 61. De las agrupaciones  
1. La Junta de Gobierno podrá crear con fines distintos de los previstos en los artículos anteriores cuantas agrupaciones estime convenientes para el mejor desarrollo de las actividades colegiales.  
2. Las agrupaciones y secciones de abogados que se constituyan en el Colegio actuarán subordinadas a la Junta de Gobierno.  
3. Las actuaciones y comunicaciones de las comisiones, secciones y agrupaciones existentes en el seno del Colegio habrán de ser identificadas como de tal procedencia, sin atribuirse a la Corporación.  
Artículo 62. De la Agrupación de la Abogacía Joven de Alicante  
1. En el seno del ICALI existe una Agrupación de Abogados Jóvenes que actuará en coordinación con la Junta de Gobierno en orden a la consecución de los fines colegiales en general y en particular de la Abogacía Joven.  
2. Al frente de la Agrupación habrá un Presidente o Presidenta auxiliado por una Comisión Rectora.  
  
Artículo 63. De la Agrupación de Mujeres Abogadas de Alicante  
En el seno del ICALI existe una Agrupación de Mujeres Abogadas que actuará en coordinación con la Junta de Gobierno en orden a la consecución de los fines profesionales y colegiales en general y en particular, los de las mujeres en la sociedad en aras a su defensa y a la promoción de la igualdad.  
  
Artículo 64. De las secciones  
1. La Junta de Gobierno por propia iniciativa o a petición de un número mínimo de veinticinco colegiados o colegiadas podrá crear, además de las existentes, cuantas secciones tenga por conveniente en materias concretas del derecho para el recíproco intercambio de informaciones técnico-jurídicas por quien las componen sobre la especialidad de que se trate, así como la trascendencia al resto de colegiados/as de tales conocimientos mediante la organización de cursos, conferencias o seminarios. Las secciones podrán proponer las iniciativas que estimen procedentes a la Junta de Gobierno, la cual subvencionará aquellas que apruebe.  
2. El letrado o letrada que pretenda hacer mención de su dedicación preferente a una concreta materia jurídica en el ámbito de este Colegio, además de cumplir aquellos otros requisitos que se establecen en el Estatuto General de la Abogacía o normas de aplicación, deberá estar adscrito a la Sección específica, participando de forma regular y activa en las actividades formativas desarrolladas por la misma.  
  
  
TÍTULO IX  
De la Escuela de Práctica Jurídica  
  
Artículo 65. Escuela de Práctica Jurídica  
1. Por el ICALI y la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, para dar cumplida satisfacción a las exigencias que plantea el mejor ejercicio de las diversas profesiones jurídicas, se instó la creación de la Escuela de Práctica Jurídica de Alicante, reconocida por el Real decreto 528/1985 de 23 de enero, publicado en el BOE de 23 de abril de 1985.  
2. Tiene como objetivos coadyuvar a la formación impartida por el Colegio y en especial:  
a) La formación inicial especializada y en su caso, la preparación para la obtención de títulos habilitantes para las profesiones jurídicas y en especial del Título Profesional para el ejercicio de la Abogacía y de la Procura o en el caso de modificación legislativa, el equivalente al título profesional de Abogado o Abogada.  
I. A tal fin, conforme con lo establecido en la Ley 34/2006, su Reglamento de Desarrollo, Real decreto 775/2011 y la normativa aplicable en cada momento, como Escuela de Práctica Jurídica creada por el ICALI y homologada por el CGAE, podrá organizar e impartir cursos que permitan acceder a la evaluación regulada en el artículo 7 de la Ley, siempre que estos estudios sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Universidades, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.b del Reglamento.  
II. De igual forma, podrá realizarse esta actividad a través de una formación impartida conjuntamente con universidades públicas o privadas, conforme a la fórmula prevista en el artículo 4.c del Reglamento.  
b) La formación continuada que capacite permanentemente a abogados y abogadas para el correcto ejercicio de su actividad profesional.  
c) La especialización profesional mediante formación específica que podrá ser, en el caso de formación impartida por la organización corporativa y para tener eficacia en todo el territorio del Estado, homologada por el Consejo General de la Abogacía Española.  
d) En los casos en que se exija determinada especialización para realizar, habilitará al profesional de la Abogacía para ello, a través de la correspondiente resolución de la Junta de Gobierno del ICALI o en su caso por su homologación ante el CGAE o la instancia administrativa o educativa pertinente.  
3. La Escuela de Práctica Jurídica dispondrá de:  
a) Un Estatuto propio.  
b) Independencia económica.  
c) Sus recursos económicos procederán de:  
I. Partida presupuestaria del ICALI, cuya cuantía y periodificación será acordada por la Junta de Gobierno y aprobada en la Junta General correspondiente a los presupuestos anuales.  
II. Ingresos por matrícula de cursos o prestación de servicios relacionados con sus fines.  
III. Colaboraciones, subvenciones o donaciones de personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas.  
IV. Otros que se indiquen en su Estatuto.  
4. Los formadores serán preferente y mayoritariamente abogados y abogadas, procurando que otros profesionales también participen en la formación a fin de enriquecer la experiencia docente con otros juristas, pertenecientes a la Magistratura, Fiscalía, letrados y letradas de la Administración de Justicia, de la Abogacía del Estado, Generalitat Valenciana, Ayuntamientos o Instituciones Públicas, Procura, Función Pública, cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, Medicina y Peritaje o especialistas de toda rama y condición.  
5. Los cursos propuestos, cuando no estén subvencionados o declarados por la Junta de Gobierno del ICALI como de especial interés, podrán ser suspendidos si no llegan al número de matrículas suficientes para que su realización tenga un saldo positivo. De tal circunstancia se deberá dar cuenta en la publicidad de este y si se da el caso, se procederá a la devolución de las cuantías ingresadas por este concepto a los discentes que se hubieran matriculado en ellos. Aún con déficit, los cursos se podrán realizar siempre que la Junta de Gobierno del ICALI así lo considere.  
6. Los profesionales de la Abogacía que participen como tutores de prácticas externas estarán sometidos al régimen disciplinario previsto en el Estatuto General de la Abogacía.  
7. En caso de disolución de la Escuela descrita en el punto primero, el ICALI por sí o mediante convenios de colaboración de otras instituciones dispondrá con carácter permanente de una Escuela de Práctica Jurídica que la sustituya para el desarrollo de las funciones descritas.  
8. En todo lo no regulado en este Estatuto, se estará a lo dispuesto por el Estatuto General de la Abogacía y demás normas de aplicación.  
  
  
TÍTULO X  
Régimen económico  
  
Artículo 66. Principios informadores y cuentas anuales  
1. De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española, el funcionamiento económico del Colegio se ajustará al régimen de presupuesto anual y será objeto de una ordenada contabilidad, que será debidamente auditadla, coincidiendo el ejercicio económico con el año natural, a cuyos efectos se confeccionará una memoria anual, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.  
2. Todos los colegiados y colegiadas podrán examinar las cuentas formuladas por el Colegio durante los quince días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Junta General a que hubieran de someterse para su aprobación o rechazo. Este derecho de información se ejercerá mediante examen personal por parte del colegiado/a, quien podrá auxiliarse de perito titulado en la materia.  
  
Artículo 67. Recursos económicos  
Constituyen recursos económicos del Colegio:  
a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades que realice, especialmente los derivados de la organización de actividades de formación, y los bienes o derechos que integren su patrimonio.  
b) Las cuotas de incorporación.  
c) Los derechos que correspondan por expedición de certificaciones.  
d) Los derechos que correspondan por la emisión de dictámenes, resoluciones, informes o consultas que se realicen sobre cualquier materia, incluidas las referidas a honorarios, así como por la prestación de otros servicios colegiales.  
e) El importe de las cuotas ordinarias, fijas o variables, así como el de las cuotas extraordinarias.  
f) Las subvenciones que se concedan por cualesquiera administraciones públicas o entidades privadas y los donativos por personas físicas o jurídicas.  
g) Los bienes y derechos de toda clase que, por herencia, legado u otro título pasen a formar parte de su patrimonio.  
h) Las sanciones de multa que, en su caso, se apliquen.  
i) Cualquier otro que legalmente procediere.  
  
Artículo 68. Patrimonio del Colegio  
El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno, facultad que se ejercerá a través del Tesorero o Tesorera y con la colaboración técnica que precise.  
  
Artículo 69. Presupuesto  
1. Anualmente la Junta de Gobierno elaborará un presupuesto que elevará a la Junta General para su examen, enmienda y aprobación o rechazo.  
2. Si no se aprobasen antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio económico anterior.  
  
Artículo 70. De la contabilidad  
La contabilidad del Colegio se adaptará al Plan General de Contabilidad que esté vigente en cada momento y será anualmente auditada.  
  
  
TÍTULO XI  
De la responsabilidad  
  
Artículo 71. De la responsabilidad disciplinaria  
El Decano o la Decana y la Junta de Gobierno son competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria en los términos que prevén las normas legales y estatutarias sobre la materia.  
  
Artículo 72. Potestad disciplinaria  
La potestad disciplinaria sobre los abogados, abogadas y sociedades profesionales se ejercerá por el Colegio cuando en su ámbito territorial se haya cometido la infracción a tenor de lo dispuesto en el artículo ciento veinte del Estatuto General de la Abogacía, salvo que recaiga sobre miembros de la Junta de Gobierno, en cuyo caso se estará a lo previsto en este y en las demás normas aplicables estatales o autonómicas.  
  
Artículo 73. Principios generales  
1. Los abogados, las abogadas y las sociedades profesionales en las que participen o presten servicio están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes y obligaciones profesionales contenidas en este Estatuto y en las normas deontológicas de la Abogacía Española.  
2. Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre los abogados se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes procesales. Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales se harán constar en el expediente personal siempre que se refieran directamente a normas deontológicas o de conducta que deban observar en su actuación ante la administración de Justicia.  
3. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso, hasta su cancelación, en el expediente personal del colegiado, colegiada o en el particular de la sociedad profesional.  
  
Artículo 74. Infracciones  
1. Las infracciones que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y leves que a continuación se describen:  
2. Infracciones muy graves. Son infracciones muy graves de los profesionales de la Abogacía:  
a) La condena en sentencia firme por delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión.  
b) La condena en sentencia firme a penas graves conforme al artículo 33.2 del Código Penal.  
c) El ejercicio de la profesión en vulneración de resoluciones administrativas o judiciales firmes de inhabilitación o prohibición del ejercicio profesional.  
d) La colaboración o el encubrimiento del intrusismo profesional.  
e) El ejercicio de la profesión estando incurso en causa de incompatibilidad.  
f) La vulneración del deber de secreto profesional cuando la concreta infracción no esté tipificada de forma específica.  
g) La renuncia o el abandono de la defensa que le haya sido confiada cuando se cause indefensión al cliente.  
h) La negativa injustificada a realizar las intervenciones profesionales que se establezcan por Ley, conforme a lo previsto en el artículo 17 del Estatuto General de la Abogacía.  
i) La defensa de intereses contrapuestos con los del propio profesional de la Abogacía o con los del despacho del que formara parte o con el que colabore.  
j) La indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos por los servicios derivados de la Ley 1/1996, de 10 de enero.  
k) La retención o apropiación de cantidades correspondientes al cliente y recibidas por cualquier concepto.  
l) La apropiación o retención de documentos o archivos relativos a clientes del despacho en el que haya estado integrado previamente, salvo autorización expresa del cliente.  
m) El quebrantamiento de las sanciones impuestas.  
n) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos del artículo 20.2.c del Estatuto General de la Abogacía.  
3. Infracciones graves: Son infracciones graves de los profesionales de la Abogacía:  
a) La vulneración de los deberes deontológicos en los casos siguientes:  
I. La infracción de los deberes de confidencialidad y de las prohibiciones que protegen las comunicaciones entre profesionales en los términos establecidos en el artículo 23 del Estatuto General.  
II. El incumplimiento de los compromisos formalizados entre compañeros, verbalmente o por escrito, en el ejercicio de sus funciones profesionales.  
III. La falta de respeto debido o la realización de alusiones personales de menosprecio o descrédito, en el ejercicio de la profesión, a otro profesional de la Abogacía o a su cliente.  
IV. La inducción injustificada al cliente a no abonar los honorarios devengados por un compañero en caso de sustitución o cambio de profesional de la Abogacía.  
V. La retención de documentación de un cliente contra sus expresas instrucciones.  
VI. La falta de remisión de la documentación correspondiente al profesional de la Abogacía que le sustituya en la llevanza de un asunto.  
VII. La citación de un profesional de la Abogacía como testigo de hechos relacionados con su actuación profesional.  
b) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos del artículo 20 del Estatuto General de la Abogacía, salvo lo previsto en el artículo 124.n), en relación con el artículo 20.2.c del mismo Estatuto.  
c) El incumplimiento de los deberes de identificación e información que se recogen en los artículos 48 y 49 del Estatuto General.  
d) El incumplimiento de las obligaciones en materia de reclamaciones recogidas en el artículo 52 del Estatuto General de la Abogacía.  
e) La falta del respeto debido a quienes intervengan en la Administración de Justicia.  
f) La falta de pago de las cuotas colegiales, sin perjuicio de la baja en el Colegio por dicho motivo.  
g) La falta del respeto debido o la incomparecencia injustificada a las citaciones efectuadas, bajo apercibimiento, por los miembros de los órganos corporativos o de gobierno de la Abogacía en el ejercicio de sus funciones.  
h) La falta de cumplimiento de sus funciones como miembros de órganos de gobierno corporativo que impida o dificulte su correcto funcionamiento.  
i) La condena penal firme por la comisión de delitos leves dolosos como consecuencia del ejercicio de la profesión.  
j) La defensa de intereses en conflicto con los de otros clientes del profesional de la Abogacía o despacho del que formara parte o con el que colaborase, en vulneración de lo establecido en el artículo 51 del Estatuto General de la Abogacía Española.  
k) El incumplimiento injustificado del encargo contenido en la designación realizada por el Colegio en materia de asistencia jurídica gratuita.  
l) El incumplimiento de la obligación de comunicar la sustitución en la dirección profesional de un asunto al compañero sustituido, en los términos previstos en el artículo 60 del Estatuto General de la Abogacía.  
m) La relación o comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro profesional de la Abogacía, salvo su autorización expresa.  
n) El abuso de la circunstancia de ser el único profesional de la Abogacía interviniente causando una lesión injusta.  
o) La incomparecencia injustificada a cualquier diligencia judicial, siempre que cause un perjuicio a los intereses cuya defensa le hubiera sido confiada.  
p) El pago, cobro, exigencia o aceptación de comisiones u otro tipo de compensación de otro profesional de la Abogacía o de cualquier persona, infringiendo las normas legales sobre competencia o las reguladoras de la deontología profesional.  
q) La negativa o el retraso injustificado a rendir cuentas del encargo profesional o a hacer la correspondiente liquidación de honorarios y gastos que le sea exigida por el cliente.  
r) La compensación de honorarios con fondos del cliente que no hayan sido recibidos como provisión, sin su consentimiento.  
s) La falsa atribución de un encargo profesional.  
t) La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten al ejercicio de la profesión.  
u) La falta de contratación de seguro o garantía cuando la obligación de contar con dicho régimen de garantía para cubrir las responsabilidades por razón del ejercicio profesional así esté prevista por ley.  
v) Los demás actos u omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión y a las reglas que la gobiernan, conforme a lo establecido en el presente Estatuto General de la Abogacía y otras normas legales.  
4. Infracciones leves. Son infracciones leves de los profesionales de la Abogacía:  
a) Ofender levemente en cualquier comunicación privada oral o escrita al profesional de la Abogacía de la parte contraria, siempre que no haya trascendido la ofensa.  
b) Comprometer en sus comunicaciones y manifestaciones con el profesional de la Abogacía de la parte contraria al propio cliente con comentarios o manifestaciones que puedan causarle desprestigio.  
c) Impugnar reiterada e injustificadamente los honorarios de otros profesionales de la Abogacía.  
d) No atender con la debida diligencia las visitas, comunicaciones escritas o telefónicas de otros profesionales de la Abogacía.  
e) No comunicar oportunamente al Colegio el cambio de domicilio profesional o cualquier otra circunstancia personal que afecte a su relación con aquel.  
f) No consignar en el primer escrito o actuación su identificación, el Colegio al que estuviese incorporado y el número de colegiado/a.  
g) No atender con la diligencia debida los asuntos derivados del Turno de Oficio, cuando el incumplimiento no constituya infracción grave o muy grave.  
h) La incomparecencia injustificada a cualquier diligencia judicial, que no pueda considerarse infracción muy grave.  
i) Los demás actos u omisiones que constituyan ofensa leve a la dignidad profesional o a las obligaciones que la profesión impone.  
j) Cualesquiera otros incumplimientos de los previstos en el Estatuto General de la Abogacía o en el Código Deontológico, cuando no constituyan infracción grave o muy grave.  
5. También se consideran infracciones disciplinarias las conductas detalladas como tales en el presente Estatuto y las descritas en el Estatuto General de la Abogacía Española no recogidas en este.  
  
Artículo 75. Sanciones  
Las sanciones que podrán imponerse por las infracciones cometidas son las siguientes:  
a) Apercibimiento.  
b) Multa pecuniaria.  
c) Suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a dos años.  
d) Expulsión del Colegio.  
  
Artículo 76. Principio de proporcionalidad  
1. La imposición de cualquier sanción guardará la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. A tal fin se considerará, en todo caso, la existencia de reincidencia y reiteración, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza y entidad de los perjuicios causados a terceros o a la profesión.  
2. Se graduarán en conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 77. Sanciones a los profesionales de la Abogacía en el Turno de Oficio  
1. Las sanciones a los profesionales por infracciones cometidas en el desempeño de la defensa en Turno de Oficio serán las que prevé el Estatuto General de la Abogacía y las que se recogen en el Reglamento del Turno de Oficio de este Colegio.  
2. A las infracciones disciplinarias, también son de aplicación las normas internas aprobadas por la Junta de Gobierno para la ordenación y control de la asistencia a detenidos y presos, turno de oficio y Servicio de Orientación Jurídica.  
  
Artículo 78. Regla general sobre infracciones y sanciones a sociedades profesionales  
1. La sociedad profesional podrá ser sancionada en los términos previstos en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
2. Las sociedades profesionales podrán ser sancionadas, con arreglo al Estatuto General de la Abogacía Española, por las infracciones cometidas por los abogados que las integran, cuando resulte acreditada su responsabilidad concurrente, como partícipes o encubridores, en la comisión de dichas infracciones. Se presumirá que existe esa responsabilidad concurrente cuando las infracciones se hayan cometido por cuenta y en provecho de la sociedad profesional por sus administradores o por quienes, siguiendo sus instrucciones, la representen. En estos supuestos se considerará la infracción de la sociedad profesional como de la misma clase que la cometida por el Abogado a efectos de aplicar la sanción correspondiente.  
3. Igualmente podrán ser sancionadas las sociedades profesionales por la realización de conductas directamente imputables a la sociedad que se encuentren tipificadas como infracciones para los abogados o abogadas, graduándose las infracciones con arreglo a lo previsto en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 79. Sanciones para las Sociedades Profesionales  
Las sanciones son las que determina el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 80. De la mediación decanal  
El profesional que recibiere el encargo de promover actuaciones contra un compañero o compañera sobre responsabilidad emanada del ejercicio profesional, y no constitutiva de delito deberá informar al Decanato con carácter previo a su ejercicio, como regla de consideración, a fin de que se realice una labor de mediación, salvo que excepcionalmente la considere de todo punto innecesaria. Lo tratado en la mediación colegial estará sometida al secreto profesional.  
  
Artículo 81. Del procedimiento disciplinario  
El procedimiento disciplinario se tramitará de acuerdo con el Reglamento de Régimen disciplinario del Consejo General de la Abogacía Española y, subsidiariamente lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
En cuanto a la ejecución, prescripción y extinción de las infracciones y sanciones se estará igualmente a la normativa citada.  
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.  
  
  
  
TÍTULO XII  
Del régimen jurídico de los acuerdos y sus impugnaciones  
  
Artículo 82. De los acuerdos  
1. Los acuerdos de la Junta General, de la Junta de Gobierno del Colegio y las decisiones del Decano y de la Junta de Gobierno serán inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo establezca otra cosa o se trate de materia disciplinaria.  
2. Los acuerdos que deban ser notificados personalmente a los colegiados/as, referidos a cualquier materia incluso la disciplinaria, podrán hacerse en el domicilio profesional que tengan comunicado al Colegio. Si no pudiese ser efectuada la notificación en los términos previstos en los artículos 40 y siguientes Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en caso de comunicación en papel la entrega podrá realizarla un empleado del Colegio; y si tampoco así pudiese efectuarse la notificación, se entenderá realizada a los quince días de su colocación en el tablón de anuncios del propio Colegio de Abogados, que podrá hacerse en la forma prevista en el artículo 46 de la citada ley.  
3. Asimismo, los colegiados/as podrán recibir, si así lo desean, las notificaciones a través de la ventanilla única, tal y como se prevé en el Estatuto de la Abogacía Española.  
  
Artículo 83. De la nulidad y anulabilidad de los acuerdos  
1. Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales que incurran en alguno de los supuestos que establece el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
2. Son anulables los actos de los órganos colegiales que incurran en los supuestos establecidos en el artículo 48 de la citada ley.  
  
Artículo 84. Del recurso de alzada  
1. Las personas con interés legítimo podrán formular recurso ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados contra los acuerdos de la Junta de Gobierno y de la Junta General del Colegio de Abogados, dentro del plazo de un mes desde su publicación o, en su caso, notificación a los colegiados/as o personas a quienes afecten.  
2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si se presentara ante la Junta de Gobierno, se elevará con sus antecedentes y el informe que proceda al Consejo Valenciano dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación, salvo que de oficio reponga su propio acuerdo en dicho plazo. El recurrente podrá solicitar la suspensión del acuerdo recurrido y la Comisión Permanente del Consejo podrá acordarla o denegarla motivadamente.  
3. Las personas con interés legítimo podrán formular recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, contra las resoluciones del Decano y, en su caso, de los demás miembros de la Junta de Gobierno. Ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados o Consejo General de la Abogacía, según proceda.  
  
Artículo 85. De la posibilidad de recurso por la Junta de Gobierno  
La Junta de Gobierno también podrá recurrir los acuerdos de la Junta General ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados en el plazo de un mes desde su adopción.  
Si la Junta de Gobierno entendiese que el acuerdo recurrido es nulo de pleno derecho o gravemente perjudicial para los intereses del Colegio podrá solicitar la suspensión del acuerdo recurrido y la Comisión Permanente del Consejo podrá acordarla o denegarla motivadamente.  
  
Artículo 86. De la posibilidad de recurrir ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  
Los actos emanados de las Juntas Generales, de la Junta de Gobierno del Colegio, del Decano y demás miembros de la Junta de Gobierno, y del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados en cuanto estén sujetos al Derecho Administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
Artículo 87. Plazos  
Los plazos de este Estatuto expresados en días se entenderán referidos a días hábiles, salvo que expresamente se diga otra cosa.  
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas se aplicará a cuantos actos de los órganos colegiales supongan ejercicio de potestades administrativas. En todo caso, dicha Ley tendrá carácter supletorio para lo no previsto en este Estatuto.  
  
TÍTULO XIII  
De la modificación del Estatuto  
  
Artículo 88. Modificación del Estatuto  
La aprobación de la modificación del presente Estatuto será competencia de la Junta General Extraordinaria, en los términos y con los requisitos que prevé el Estatuto General de la Abogacía Española, a propuesta de la Junta de Gobierno o de un grupo que represente un número superior al quince por ciento de colegiados y colegiadas.   
Quienes hubieran propuesto la modificación, acompañaran el texto a fin de que sea comunicado por la Junta de Gobierno siendo comunicado por esta a todos los miembros del Colegio para su conocimiento. Cualquier colegiado o colegiada podrá formular a este, enmiendas totales o parciales, que deberá presentar dentro de los dos meses siguientes a la publicación de este, siendo estas las únicas que se sometan a discusión y votación.  
La Junta General se convocará dentro del mes siguiente a la expiración de plazo y recepción de enmiendas; debiendo celebrarse antes de los dos meses siguientes a la convocatoria.  
En la Junta General el miembro de la Junta que por esta se designe, defenderá la propuesta de modificación y, seguidamente, quien hubiere propuesto la enmienda, o si fueren varias, la persona que de entre ellos designen, podrá hacer uso del derecho a su defensa. Una vez finalizada su intervención, se abrirán turnos a favor y en contra, de forma alternativa por cada enmienda presentada, sometiéndose seguidamente a votación.  
Finalizado el turno de enmiendas el texto definitivo del proyecto será sometido a votación y, en su caso, se elevará al Consejo correspondiente para su aprobación. Se remitirá también a la administración con competencia en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva, previa calificación de legalidad.  
  
  
TÍTULO XIV  
Del cambio de denominación, fusión, segregación,   
disolución y liquidación  
  
Artículo 89. De la fusión, segregación, disolución y liquidación del Colegio  
La fusión con otros Colegios, la segregación para constituir otro de ámbito territorial inferior y la disolución del Colegio podrán ser acordados en Junta General Extraordinaria convocada especialmente al efecto por la Junta de Gobierno, solo cuando lo soliciten al menos una quinta parte de los colegiados/as ejercientes, con más de tres meses de antigüedad en el ejercicio profesional. A la Junta deberán asistir personalmente, al menos la mitad más uno de los integrantes del censo colegial, no permitiéndose la delegación del voto.  
En el supuesto de aprobarse la disolución, requerirá la aprobación del Gobierno Valenciano previo informe del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Para la disolución es necesario el acuerdo de la Junta General Extraordinaria con un quorum de la mitad más uno de los colegiados/as, y con un voto a favor de la mayoría de los presentes, previo informe del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.  
En caso de disolución, la misma Junta General proveerá lo conveniente en cuanto a la liquidación, determinará el número de liquidadores y designará a los colegiados/as que deban actuar como tales, así como establecerá las atribuciones que les correspondieren en el ejercicio de su función y el procedimiento que deba seguirse para la liquidación.  
Conforme a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 6/1997 de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, en la fusión se deberá obtener la aprobación del Consell mediante Decreto. Si se tratare de la disolución requerirá la aprobación mediante ley de la Generalitat.  
  
  
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
  
En todo lo no previsto en el presente Estatuto será de aplicación lo prevenido en las leyes que regulan los Colegios Profesionales y el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
  
Primera  
El Defensor/a del Colegiado/a elegido por la Junta de Gobierno del ICALI, permanecerá en su cargo hasta la próxima renovación del cargo de Decano, momento en el que será de aplicación lo estipulado para su elección.  
  
Segunda  
El funcionamiento de las delegaciones, agrupaciones, secciones, comisiones, Escuela de Práctica Jurídica y áreas de responsabilidad actualmente existentes, continuarán rigiéndose por las normas propias de cada una de ellas en cuanto no se opongan al presente Estatuto, debiendo, en su caso, adaptarse al mismo en los seis meses posteriores a la aprobación de este si fuere necesario.  
  
Tercera  
Se habilita expresamente a la Junta de Gobierno para introducir las eventuales modificaciones estatutarias que fueran requeridas por el Consejo General de la Abogacía Española y/o el órgano competente de la Generalitat Valenciana en trámite de calificación de su legalidad.  
  
  
DISPOSICIÓN FINAL  
  
El presente Estatuto entrará en vigor una vez aprobado por la Junta General Extraordinaria del Colegio convocada a tal fin, y refrendada tal aprobación por el Consejo General de la Abogacía Española, así como practicado el control de legalidad por la conselleria competente y tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; debiendo la Junta de Gobierno dar la oportuna publicidad a su texto para el general conocimiento de los colegiados/as.  
  
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
  
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al contenido del presente Estatuto y, en especial, el publicado por el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el diez de mayo de 2007.