Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9565, del 30-03-2023 (2023/3353)

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2023, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se crea una unidad de valoración forense integral de la infancia y la adolescencia en el partido judicial de Alicante, dependiente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9565

Fecha DOGV
:   30-03-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2023/3353


Fecha del documento
:   23-03-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2023, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se crea una unidad de valoración forense integral de la infancia y la adolescencia en el partido judicial de Alicante, dependiente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante. [2023/3353]  
La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento jurídico internacional que reconoce a los niños y las niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. También define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, educadores, profesionales de la salud y profesionales de la administración de justicia. La convención considera el interés superior del menor y concreta la obligación de los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para la efectividad a todos los derechos reconocidos en ella.  
La Carta Europea de los Derechos del Niño aprobada en 1992, mediante resolución A3-0172/92 del Parlamento Europeo y singularmente la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo de 15 de marzo de 2001, relativa al Estatuto de la Víctima en el proceso penal responde a la pretensión de la Unión Europea de promover una política de protección de las víctimas al amparo del Tratado de la Unión y del Tratado de Ámsterdam relativo a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. La Decisión Marco presta singular atención a las víctimas consideradas especialmente vulnerables, entre estas, los menores.  
La Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, construye un amplio marco jurídico de protección que vincula a todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente relacionadas con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general. Su artículo 2 desarrolla el principio rector del interés superior del menor, y en su apartado primero proclama que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado.  
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, establece que cuando se trate de menores, el interés superior del menor actúe a modo de guía para cualquier medida y decisión que se tome en relación a un menor víctima de un delito durante el proceso penal. Es fundamental ofrecer a la víctima las máximas facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos, con la minoración de trámite innecesarios que supongan una segunda victimización, así como otorgarle una información y orientación eficaz de los derechos y servicios que le corresponden. Las actuaciones han de estar siempre orientadas a la persona, lo que exige una evaluación y un trato individualizado de toda víctima, sin perjuicio del trato especializado que exigen ciertos tipos de víctimas como el caso que nos ocupa, niños, niñas y adolescentes y personas especialmente vulnerables por su discapacidad.  
La entrada en vigor de la Ley orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, supone un hito de dimensiones extraordinarias, ante el cual los poderes públicos deben dar una respuesta eficaz, entre ellos la Administración de Justicia. Cuando un niño, niña, o adolescente, sufre un acontecimiento traumático, este constituye una experiencia devastadora, que probablemente le acompañara a lo largo de su vida. La respuesta de las instituciones ante estas situaciones determinará la recuperación de la víctima tras la vivencia sufrida y en cómo le afectará en el futuro.  
La Ley 8/2021 prevé, entre otros extremos, que la víctima menor de edad realice una única narración de los hechos, que esta se haga ante el Juzgado de Instrucción, y que no sea necesario que preste declaración en otro momento del proceso para evitar así una doble victimización. La realización de esa prueba preconstituida con la intervención de los mismos peritos que posteriormente realizarán la valoración integral dará, por un lado, confianza a la víctima menor y, por otro, favorecerá la obtención de información, sin que tenga que ser repetida en la posterior evaluación del posible daño.  
De conformidad con el marco normativo expuesto, y para proporcionar una atención integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia que comprenda medidas de protección, apoyo, acogida y recuperación, se crea una unidad especializada con profesionales de distintas áreas del conocimiento y la dotación de un espacio para la atención y celebración de las actuaciones judiciales en aquellos delitos cometidos sobre niños, niñas y adolescentes.  
Se ha determinado conveniente iniciar este proyecto con la creación de esa unidad forense especializada en víctimas menores en el partido judicial de Alicante, que permitirá realizar un diagnóstico adecuado de la problemática del menor y de las necesidades de este tipo de unidades especializadas, para ir extendiéndolas posteriormente al resto de partidos judiciales de la Comunitat Valenciana.  
La unidad cuenta con unas dependencias acordes a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, tal y como establecen las directrices dadas por el Consejo de Europa sobre justicia adaptada a los niños (2010). Un entorno físico agradable, humanizado y adaptado a las necesidades de este tipo de procedimientos ayudará a mejorar el estado físico y mental de las personas que frecuenten dicho espacio. Por ello se podrá utilizar para todas aquellas diligencias o actuaciones en las que deba intervenir una víctima o testigo menor y/o adolescente.  
De conformidad con las atribuciones conferidas por el Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, desarrollado por la Orden 5/2021, de 19 de febrero, modificada por la Orden 24/2021, de 22 de septiembre, resuelvo:  
  
Primero. Objeto.  
Se crea una unidad de valoración forense integral (en adelante UVFI) especializada en víctimas menores en el partido judicial de Alicante, que se denominará UVFI de la infancia y la adolescencia y que estará adscrita a la UVFI del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante.  
  
Segundo. Ámbito territorial.  
1. El ámbito territorial de la UVFI de la infancia y la adolescencia será el del partido judicial de Alicante.  
2. No obstante, y por necesidades del servicio, la jefatura de sección de la UVFI del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante podrá reorganizar o modificar el servicio en el ámbito de sus competencias.  
  
Tercero. Ámbito objetivo.  
1. La UVFI de la infancia y la adolescencia se constituye como una unidad funcional encargada de prestar asesoramiento técnico y pericial especializado a los juzgados, tribunales y Ministerio Fiscal en todos los procedimientos penales relacionados con la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.  
2. A estos efectos se entenderá por violencia, tal y como recoge el artículo 1.2 de la Ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital.  
3. Serán objeto de su estudio los casos de menores que se vean inmersos en procesos sobre maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar  
4. Quedan excluidos los delitos en el contexto de la violencia de género que serán evaluados en las UVFI de violencia de género.  
  
Cuarto. Dependencia orgánica y funcional.  
La UVFI de la infancia y la adolescencia dependerá orgánica y funcionalmente de la jefatura de sección de la UVFI del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante  
  
Quinto. Personal.  
La UVFI de la infancia y la adolescencia dispondrá de un equipo multidisciplinar compuesto por personal de la medicina forense, de la psicología y del trabajo social, quienes desarrollarán las funciones que les sean propias.  
  
Sexto. Funciones.  
La UVFI de la infancia y la adolescencia asumirá las siguientes funciones:  
a) Valoración integral de los efectos de todas las formas de violencia anteriormente recogidas, sobre la salud del niño, niña o adolescente, entendiendo por salud el estado de bienestar físico, mental y social.  
b) Apoyo a la autoridad judicial en la práctica de las pruebas preconstituidas, con emisión del correspondiente informe dando cuenta del desarrollo y resultado de la audiencia del menor, si así se requiere.  
c) Evaluación de la credibilidad del testimonio en el caso de violencia sexual, cuando la edad y situación del menor lo hagan factible, siguiendo las pruebas y estándares científicamente aceptados.  
d) Evaluación del estado mental de la persona investigada a efectos de emitir informes sobre imputabilidad, internamiento psiquiátrico involuntario, capacidad para prestar declaración, consumo de sustancias de abuso, entre otros.  
e) Todas aquellas funciones que se determinen desde la jefatura de sección en relación con el objeto de intervención de las UVFI.  
2. Esta unidad prestará servicio en todos aquellos casos en los que, aun no siendo necesario la intervención del personal de la unidad, se quiera realizar alguna diligencia judicial con un menor.  
3. Asimismo, el espacio diseñado para esta unidad, adaptado a las necesidades de los y las menores y adolescentes, servirá de marco para la realización de cualquier actuación o diligencia en la que deba intervenir una víctima o testigo menor y/o adolescente.  
  
Séptimo. Entrada en funcionamiento y dotación de plantilla.  
La entrada en funcionamiento y dotación de la plantilla de la UVFI de la infancia y la adolescencia se efectuará de forma progresiva, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria existente para la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias, creación y dotación de los puestos de trabajo.  
  
Octavo. Publicidad.  
La presente resolución se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Noveno. Eficacia.  
Esta resolución producirá efectos desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo, recurso de reposición ante la consellera de Justicia Interior y Administración Pública, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente.  
  
València, 23 de marzo de 2023.- La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.