Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3362, del 30-10-1998 (1998/8463)

Notificación de la Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 31 de julio de 1998.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3362

Fecha DOGV
:   30-10-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/8463


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 31 de julio de 1998. [1998/X8463]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación a don Pedro José Puche de la Resolución de 31 de julio de 1998, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con fecha 31 de julio de 1998, adoptó la resolución que a continuación se transcribe:
  
«Vistos los antecedentes obrantes en esta Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes relativos a las obras efectuadas por don Javier García Escrivá, en representación de ASC Building, SL, en la parcela 62-a, Masía Aguas Vivas, del término municipal de Museros.
  
Resultando que, como se pone de manifiesto en el informe emitido por el técnico competente, se ha construido una edificación complementaria para el uso de almacén o garaje y paellero, de una planta de vuelo, sin la previa y preceptiva licencia municipal en los terrenos referidos.
  
Resultando que se ha efectuado un 100% de las obras proyectadas, la valoración actual de las mismas se estima en la cantidad de 3.348.461 de pesetas según se desprende del informe emitido por el técnico competente en la materia.
  
Resultando que en fecha 13 de febrero de 1997 se requirió al Ayuntamiento de Museros para que se remitieran cuantos antecedentes e informes al respecto obren en esa corporación local, recordándole la adopción de medidas necesarias de protección de la legalidad urbanística así como la incoación y tramitación de los expedientes sancionadores que procedan.
  
Resultando que en el expediente aparece como responsable ASC Building, SL, cuyo representante es don Javier García Escrivá, en concepto de promotor sin que conste la identidad del constructor ni del técnico director de las obras, si bien dispone de un proyecto técnico visado a los efectos estatutarios por el COACV el 16 de mayo de 1995.
  
Resultando que una vez recibida la incoación del procedimiento sancionador fue presentado por don Pedro José Puche Bellod, con fecha 2 de marzo de 1998, escrito de alegaciones que en síntesis contiene lo siguiente:
  
La petición por el interesado de licencia municipal, la posterior exigencia de documentación complementaria por parte del Ayuntamiento, y la concesión, el día 26 de febrero de 1998, de licencia municipal de legalización de la edificación para paellero y garaje en la Masía de Aguas Vivas, mediante el pago del impuesto sobre construcciones, que asciende a 80.360 pesetas. Por lo anterior, se solicita el archivo del expediente sancionador.
  
Al respecto de las mismas cabe indicar:
  
Se trata de construcciones ubicadas en suelo no urbanizable, y sometidas por tanto a la Ley 4/1992, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable.
  
Si bien se ha otorgado licencia municipal de legalización, esta licencia es posterior a la notificación de incoación del presente expediente sancionador, y por tanto no procede el archivo de las actuaciones.
  
Sin perjuicio de lo anterior, y debido a que las mencionadas obras han sido legalizadas por el Ayuntamiento de Museros, procede en consecuencia la aplicación de la sanción correspondiente a obras y construcciones de carácter legalizable.
  
Resultando que tras la recepción de la propuesta de resolución del instructor fueron presentadas alegaciones por don Benjamín Narbona Arnau, que hacen referencia a los siguientes extremos:
  
1. La propuesta de resolución notificada es incompleta, puesto que a la misma no se acompañan la relación de documentos obrantes en el procedimiento.
  
2. El desconocimiento relativo a la posible concesión de la autorización previa de los artículos 8 y 10 de la Ley 4/1992, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable, así como el desconocimiento de la legalidad de la licencia otorgada.
  
3. Se solicita de la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo que:
  
a) Verifique si la edificación en cuestión cumple la normativa que le es de aplicación.
  
b) La concesión de un nuevo plazo de audiencia a esa parte, a los solos efectos de que se le remita la relación de documentos obrantes en el expediente, y en su caso, copia de los mismos, petición que funda en el principio de acceso permanente reconocido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
c) Se solicita que la sanción se aplique en su grado máximo, al dedicarse la entidad propietaria a la construcción y promoción de edificios, y al parecer su representante, don Pedro José Puche Bellod, ejerce la profesión de arquitecto técnico.
  
Resultando que la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 22 de julio de 1998 adoptó, entre otros, el acuerdo de emitir un informe favorable sobre la imposición de la sanción.
  
Considerando que se procede a desestimar estas alegaciones por los siguientes motivos:
  
1. Con referencia a la primera de ellas, cabe argumentar que la propuesta de resolución no es incompleta, al considerarse efectivamente realizada la obligación de acompañar la relación de los documentos obrantes en el expediente. En este sentido, se indicó en la propuesta de resolución del instructor la existencia del documento a que hace referencia el alegante, estando el expediente a disposición de éste en nuestras dependencias, de acuerdo con el derecho de acceso reconocido en la Ley 30/1992.
  
2. Respecto a la segunda de las alegaciones planteadas, no consta en nuestros archivos la concesión de autorización previa otorgada de acuerdo con la Ley 4/1992, sobre Suelo No Urbanizable, para la realización de las obras objeto del presente expediente sancionador.
  
3. Por lo que respecta a la tercera alegación, en el reglamento para el puede atenuar o agravar la responsabilidad el mayor o menor conocimiento técnico de los pormenores de la actuación, de acuerdo con la profesión o actividad habitual del culpable.
  
En este sentido, el alegante únicamente menciona en esta última fase procedimental la dedicación de la empresa a la construcción, así como la condición de arquitecto técnico del representante de la empresa sancionada, sin que quede acreditada la influencia de esta circunstancias en la realización de los hechos objeto de sanción.
  
Considerando que las obras llevadas a cabo requieren de la previa y preceptiva licencia municipal tal y como establece el artículo 242 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y el artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
  
Considerando que dichas obras son constitutivas de una infracción urbanística por contravenir lo establecido en la legislación urbanística como dispone el artículo 53.2.b del Reglamento de Disciplina Urbanística.
  
Considerando que la infracción cometida aparece concretamente tipificada en el artículo 90.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística por ser contraria al uso previsto en el planeamiento vigente, y que procede en consecuencia la imposición de la sanción de multa del 1 al 5% del valor de la obra.
  
Considerando que, de acuerdo con los antecedentes obrantes en el expediente y los artículos 55 y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística, procede imponer la sanción en su grado medio, es decir, el 3% del valor de las obras, que estando valorada en 3.348.461 pesetas, implica una sanción de multa de 100.453 pesetas.
  
Considerando que el presente expediente debe tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Considerando que el órgano competente para imponer la sanción es el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, conforme al artículo 6 del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Imponer a don Javier García Escrivá, en representación de ASC Building, SL, en concepto de promotor, la sanción de multa de cien mil cuatrocientas cincuenta y tres pesetas (100.453 PTA) por las obras realizadas en la parcela 62-a, Masía Aguas Vivas, del término municipal de Museros, sin la preceptiva licencia municipal en los términos de la presente resolución.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día de la notificación o publicación de la misma. Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.»
  
La presente notificación es transcripción exacta de la resolución original que consta en el expediente.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, la sanción impuesta deberá ser abonada en los plazos siguientes:
  
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o del inmediato hábil posterior.
  
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
  
Valencia, 30 de septiembre de 1998.- El secretario general: Antonio Rodríguez Barberá.
  
Agencia Estatal de Administración Tributaria
  
Delegación de Segovia