Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3415, del 19-01-1999 (1998/11773)

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, relativa al Proyecto de Plan Especial de Delimitación de un Área de Reserva para la Ampliación de Patrimonio Público de Suelo de la Generalitat Valenciana, que afecta a determinados terrenos, en Cerro Colmenares, en el término municipal de Alicante.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3415

Fecha DOGV
:   19-01-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/11286


Fecha del documento
:   09-12-1998

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, relativa al Proyecto de Plan Especial de Delimitación de un Área de Reserva para la Ampliación de Patrimonio Público de Suelo de la Generalitat Valenciana, que afecta a determinados terrenos, en Cerro Colmenares, en el término municipal de Alicante. [1998/Q11194]
  
Visto el expediente relativo al Proyecto de Plan Especial de Delimitación de un Área de Reserva para la Ampliación de Patrimonio Público de Suelo de la Generalitat Valenciana, que afecta a determinados terrenos, en Cerro Colmenares, en el término municipal de Alicante, del que resultan relevantes los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
El promotor de la presente actuación es la Generalitat Valenciana, sobre terrenos clasificados por el planeamiento municipal de Alicante, como suelo urbano, suelo urbanizable de sistemas generales y suelo no urbanizable, teniendo por objeto la ampliación de patrimonio público de suelo de la Generalitat Valenciana, en los citados terrenos.
  
Segundo
  
El proyecto consta de memoria y planos de ordenación relativos a la situación, clasificación del suelo, delimitación área de reserva y superposición área de reserva y clasificación del suelo, debidamente diligenciados.
  
Tercero
  
En fecha 23 de julio de 1998, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, adoptó la resolución de someter a información pública el proyecto de plan especial por el que se reservan determinados terrenos para patrimonio público de suelo de la Generalitat Valenciana en el municipio de Alicante, recabar dictamen sobre el proyecto sometido a información pública del Ayuntamiento de Alicante y suspender las licencias de edificación y parcelación, así como nuevos acuerdos de programación en la totalidad de ámbito territorial afectado, publicar la resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un periódico de amplia difusión de la ciudad de Alicante.
  
La citada resolución se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en los periódicos La Verdad, Información, La Prensa y El Mundo, de Alicante, en fecha 24 de julio de 1998.
  
Cuarto
  
En fecha 11 de agosto de 1998, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a los efectos de fomentar la participación ciudadana en el proceso de planificación, adoptó la resolución de ampliar el período de información pública, del proyecto de plan especial, finalizando el nuevo plazo el día 9 de septiembre de 1998.
  
La resolución de ampliación del período de información pública se publicó en los diarios Información, La Prensa, La Verdad y El Mundo y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en fecha 14 de agosto de 1998.
  
Quinto
  
También se ha solicitado informe a las diferentes administraciones y organismos, que por razón de su competencia, pudieran verse afectados.
  
Los organismos públicos a los que se ha solicitado informe son los siguientes: Confederación Hidrográfica del Júcar, Ministerio de Fomento (Dirección General de Aviación Civil), Demarcación de Carreteras del Estado, Diputación Provincial de Alicante, Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Elche, Confederación Hidrográfica del Júcar, Conselleria de Presidencia (Dirección General de Interior), Renfe (Delegación de Patrimonio y Urbanismo de las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia), Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Dirección General de Transportes), Conselleria de Medio Ambiente (Dirección General para el Desarrollo Sostenible), Agencia Valenciana de Turismo, Ministerio de Fomento (Servicio Provincial de Costas de Alicante), Patema, Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (División de Puertos y Costas; Carreteras y División de Recursos Hidráulicos) y Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (Dirección General de Patrimonio).
  
Sexto
  
Constan en el expediente los siguientes informes emitidos por: Demarcación de Carreteras del Estado, Diputación Provincial de Alicante, Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Elche, Confederación Hidrográfica del Júcar, Conselleria de Presidencia (Dirección General de Interior), Renfe (Delegación de Patrimonio y Urbanismo de las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia), Conselleria de Medio Ambiente (Dirección General para el Desarrollo Sostenible), Agencia Valenciana de Turismo, Ministerio de Fomento (Servicio Provincial de Costas de Alicante), Patema, Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Carreteras y División de Recursos Hidráulicos).
  
Séptimo
  
Durante el período de información pública se han presentado 40 escritos de alegaciones, los cuales han sido debidamente informados por los Servicios Técnicos de la Subsecretaria de Urbanismo y Ordenación Territorial.
  
Octavo
  
En fecha 3 de diciembre de 1998, el subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, adoptó la resolución por la que se aprobaba provisionalmente el expediente de referencia, remitiéndolo al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a los efectos de su aprobación definitiva.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Respecto al procedimiento en el caso presente se han observado las prescripciones legalmente establecidas para la tramitación de planes especiales de esta índole, que están constituidas por los artículos 38, 39 y 43 por remisión del 99.1 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, de la Generalitat Valenciana. Asimismo, se han recabado los diferentes informes preceptivos.
  
Segundo
  
En cuanto al fondo del asunto, el objeto del presente proyecto consiste en delimitar un área de reserva para el patrimonio público de suelo de la Generalitat Valenciana que abarca una superficie de 2.356.965 metros cuadrados, en la zona denominada Cerro Colmenares, de Alicante, con el finalidad de propiciar dentro de esta reserva de suelo la implantación de un complejo metropolitano para actividades lúdicas, de carácter terciario-recreativo de grandes dimensiones en la ciudad de Alicante.
  
El ámbito territorial escogido para la promoción pública de suelo destinado a tales actividades y servicios responde a la alternativa más idónea que resulta de los estudios técnicos previamente realizados al efecto.
  
En el proyecto se recogen con carácter orientativo dos fases para la adquisición pública de los terrenos mediante expropiación: la zona A al oeste, con una cabida superficial de 1.974.094 metros cuadrados, y la B, en la zona este, con una cabida superficial de 382.871 metros cuadrados. De la zona A 35.307 metros cuadrados corresponden a suelo urbano industrial y en la zona B 22.687 metros cuadrados tienen clasificación de suelo urbanizable sistemas generales espacios libres. Las citadas fases se concretarán en el proyecto de expropiación que, en su día resulte definitivamente aprobado.
  
Dada la singularidad e importante relevancia territorial de la actuación cuyos beneficios de orden económico, social, recreativo y turístico que se pretenden conseguir se proyectaran en la sociedad valenciana en su conjunto, justifica la intervención de esta administración autonómica desarrollando una actuación pública de fomento de interés general comunitario que dinamice el mercado del suelo mediante su promoción pública.
  
A este respecto, la actuación se inscribe dentro de las competencias de la Generalitat Valenciana en materia que tiene atribuidas, por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en materia de turismo (artículo 31.12) y en materia de promoción del desarrollo económico regional (artículo 34.1), si bien, por la naturaleza de la actuación y las características concretas del terreno afectado confluyen otros intereses públicos en la ordenación que también corresponde tutelar a la administración de la Generalitat. Tales son, concretamente, los referidos a obras públicas de interés autonómico (artículo 31.13), carreteras (artículo 31.14), ferrocarriles (artículo 31.15), protección del patrimonio arqueológico (artículo 31.5), montes y servicios forestales (artículo 31.10), deportes y ocio (artículo 31.28), protección del medio ambiente (artículo 32.6) y ordenación territorial (artículo 31.9).
  
Tercero
  
En relación con las alegaciones presentadas en el período de información pública, se debe en primer lugar aceptar la petición de los alegantes respecto a tenerse como comparecientes y parte interesada en este procedimiento; así como tener también por formuladas las diversas observaciones que efectúan respecto de sus títulos de propiedad, e información sobre la situación jurídica de las mismas.
  
En segundo lugar, se considera necesario contestar expresamente en la presente resolución, a las alegaciones que argumentan falta de utilidad pública e interés social y su posible inconstitucionalidad, sin perjuicio de lo que se señala en los informes técnicos contenidos en el expediente.
  
Recordemos que las alegaciones presentadas se refieren al procedimiento administrativo relativo a la tramitación del plan especial por el que se delimita una área de reserva para patrimonio público de suelo de la Generalitat Valenciana.
  
La reserva delimitada por el presente plan especial es del tipo previsto en el artículo 99.1 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, 6/1994, de la Generalitat Valenciana (LRAU). Contrariamente a lo que se infiere de las alegaciones, la ley (LRAU, artículo 99) ha establecido como causa de «utilidad social» que legitima la expropiación la «ampliación del patrimonio público del suelo»; no es el motivo para el que se amplia, sino la ampliación de patrimonio en sí misma considerada. Es decir que, al amparo del artículo 99 de la LRAU la expropiación es legítima no ya para realizar sobre el terreno una obra o actividad concreta sino como medida de «intervención en el mercado inmobiliario». Así se desprende de la propia literalidad del enunciado del capítulo 6 de la LRAU donde se inserta el citado precepto.
  
Es obvio que si la administración pudiera expropiar cualesquiera terrenos indiscriminadamente como mera medida de intervención, las garantías del artículo 33.3 de CE se desnaturalizarían. Por eso, precisamente, la ley exige la previa delimitación y concreción del ámbito territorial sobre el que se va a aplicar esa medida de intervención, de modo que antes de incoar los procedimientos expropiatorios, incluso de efectuar la delimitación de bienes y derechos afectados, haya una delimitación formal del ámbito territorial que concrete y circunscriba de modo específico cuáles pueden ser objeto de ese procedimiento y de la consecuente medida de intervención. Esa delimitación formal se tramita, de conformidad con el artículo 99 de la LRAU, precisamente mediante un plan especial (exigencia procedimental, por cierto, bastante más rigurosa y garantista que la prevista por los anulados y correlativos preceptos del TRLS, que permitían hacerlo, incluso, mediante expedientes de directa aprobación municipal). El ámbito de dicho plan especial delimitativo de reservas de suelo para su potencial expropiación ampliatoria del patrimonio público, con fines intervencionistas del mercado inmobiliario, podrá ser más amplio o más reducido, pero el mero hecho de que se exija esa previa formalidad por la ley, es la justa consecuencia de cuanto impone el artículo 33.3 CE, puesto que, sea cual fuere la amplitud de la reserva y la orientación de las políticas públicas que articule, ello excluye la posibilidad de expropiaciones indiscriminadas y permite un previo conocimiento tanto a los afectados directos como a los operadores inmobiliarios en general, de que esos concretos terrenos quedan sujetos a un régimen especial que entraña la potencial aplicación del instituto expropiatorio.
  
Se trata, sin duda, de una prerrogativa que la ley confiere a las administraciones urbanísticas en la que se aprecia una potencial extensión del instituto expropiatorio mucho más amplia e intensa que el tradicional ejercicio de la potestad expropiatoria por causas relacionadas con la obra pública o con el incumplimiento de la función social de la propiedad. En la obra pública la «utilidad pública» o el «interés social» no estriba en un genérico propósito ampliatorio del patrimonio público, sino en un intención específica como es, en concreto, el uso al que se vaya a destinar el inmueble expropiado y en que consiste la obra. Igualmente en la expropiación por incumplimiento de la función social la causa expropiandi no es un afán genérico de intervención en el mercado, sino una razón específica cual es la disfuncionalidad con que la pasividad singular del dueño concreto perturba su funcionamiento.
  
Ahora bien, que este novedoso tipo de causa expropiandi no corresponde a la tipología tradicional no significa ni que sea ilegal, ni inconstitucional. Legal es, puesto que la ley confiere esa legitimación a la administración con entera independencia de la legitimación que también le confiere para expropiar por las causas tradicionales. Así el artículo 99 de la LRAU regula un tipo de causa expropiandi ?el que nos ocupa- mientras que las causas tradicionales se contemplan en la misma ley pero en otra sede y contexto (artículo 58, respecto a la expropiación de la obra pública y artículo 98 respecto a la expropiación por incumplimiento). Pretender «interpretar» el artículo 99 de la LRAU desde esa teleología expropiatoria tradicional, a parte de violentar su literalidad implicaría vaciarlo de contenido, habida cuenta de que la ley ya previene en otros de sus preceptos esos otros supuestos legitimadores de la expropiación forzosa.
  
A este respecto, el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de julio de 1997, ante un caso de expropiación de unos terrenos para la construcción de un parque temático, donde los recurrentes basaban su impugnación entre otros, en la falta de la concurrencia de la utilidad pública o interés social para la expropiación, ha establecido que:
  
«La vieja concepción de la causa expropiandi como necesariamente relacionada con la realización de obras o la implantación de servicios de titularidad pública ha dejado paso, en la compleja y cambiante sociedad contemporánea, a una nueva configuración de la potestad expropiatoria - que coexiste con la anterior - como instrumento al servicio de políticas de orden sectorial relacionadas con la consecución de finalidades de interés social de la más variada índole, de las que no cabe excluir, desde luego, las de orden económico, recreativo y turístico». Y añade dicha sentencia sobre la intervención de la administración autonómica en el ejercicio de sus competencias propias que: «El Tribunal Constitucional ha considerado que la determinación de los fines de utilidad pública e interés social corresponde al ente territorial con competencias sustantivas en el área de que se trate y ha partido del reconocimiento implícito de una amplia discrecionalidad en el ejercicio de esta potestad», «?se sigue que la reserva constitucional en favor del estado sobre la legislación de expropiación forzosa no excluye de que por ley autonómica puedan establecerse, en el ámbito de sus propias competencias, los casos o supuestos en que procede aplicar la expropiación forzosa, determinando las causas de expropiar».
  
Por otro lado, sobre la posible existencia de características en Sierra Colmenares de necesaria protección desde el punto de vista medioambiental, conviene señalar que el objeto del presente plan especial es únicamente el delimitar un área de reserva de suelo de la Generalitat Valenciana, según lo previsto en el artículo 99 de la LRAU, será con posterioridad en la elaboración de los instrumentos de planeamiento que determinen las actuaciones a desarrollar en el ámbito territorial delimitado, donde además de recoger el estudio de impacto ambiental correspondiente, incluyendo las medidas correctoras y protectoras necesarias para la actuación, se preservarán todos aquellos elementos que desde el punto de vista medioambiental sean objeto de protección.
  
Por último, respecto de las alegaciones contenidas en el expediente administrativo, han sido contestadas individualmente mediante informe técnico, que se incorporan al expediente administrativo, y que por las razones esgrimidas en los mismos, proceden a desestimarlas.
  
Cuarto
  
El presente Proyecto de Plan Especial para la Formación de Patrimonio Público de Suelo de la Generalitat Valenciana, consta de documentación completa, ha sido tramitado correctamente y se ajusta a las determinaciones contenidas en la legislación vigente en materia de urbanismo y ordenación territorial. En especial su formulación y aprobación se adecua a régimen sobre el ejercicio de las potestades y competencias urbanísticas definido en los artículos 2 y 4 de la LRAU.
  
Quinto
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es la autoridad competente para adoptar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.e.2 del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana en relación con lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Aprobar definitivamente el Plan Especial de Delimitación de un Área de Reserva para la Ampliación de Patrimonio Público de Suelo de la Generalitat Valenciana, que afecta a determinados terrenos, en Cerro Colmenares, en el término municipal de Alicante.
  
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Dicha publicación excusa su notificación individualizada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día de la notificación o publicación de la misma. Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.