Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4686, del 06-02-2004 (2004/1000)

ORDEN de 30 de diciembre 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula durante el ejercicio del 2004 la concesión de ayudas para subvencionar los costes por constitución de avales que garanticen los anticipos en las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana en materia de Formación Profesional Ocupacional y Continua.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4686

Fecha DOGV
:   06-02-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2004/1000


Fecha del documento
:   30-12-2003

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * formación profesional
    * ayuda pública
    * sociedad sin fines de lucro
    * apoyo económico
    * garantía de crédito

ORDEN de 30 de diciembre 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula durante el ejercicio del 2004 la concesión de ayudas para subvencionar los costes por constitución de avales que garanticen los anticipos en las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana en materia de Formación Profesional Ocupacional y Continua. [2004/1000]
  
De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, el pago de las subvenciones concedidas por la administración se efectúa una vez se justifica la realización de la acción subvencionada y los costes de la misma, a fin de que el importe de la subvención no supere el importe de dichos costes.
  
Cuando el titular y beneficiario de una subvención constituye una empresa, sea persona física, sea persona jurídica, su actividad económica empresarial le permite financiar la actividad subvencionada y llevarla a cabo independientemente de la percepción de una subvención.
  
Sin embargo, existen entidades sin fin de lucro que carecen de una actividad estrictamente empresarial que les permita obtener una financiación para su labor.
  
Esas entidades en ocasiones realizan una actividad de importancia para la sociedad como es la formación profesional, dirigida a facilitar unas cualificaciones profesionales a los desempleados que les permita reintegrarse a la vida laboral, la formación ocupacional, o una mejora de las cualificaciones profesionales de los trabajadores en activo, como es la formación continua.
  
Esa actividad formativa realizada por las mencionadas entidades está dotada de una calidad, además de responder a auténticas necesidades del tejido socio-laboral, que aconseja a la administración potenciarla.
  
Sin embargo, su carácter no empresarial determina que la realización de actividades formativas y la necesidad de financiarlas antes de la percepción de la correspondiente subvención, en el supuesto de ser subvencionada dicha actividad, origine a dichas entidades unas dificultades económicas negativas.
  
Dichas dificultades se pueden paliar parcialmente a través de un anticipo del importe de la subvención que, de acuerdo con la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, debe ser objeto de un aval o garantía admitida en Derecho que garantice su reintegro, si fuere el caso, a la administración. Por supuesto, dicho aval origina unos costes financieros que gravan, así mismo, la economía de las repetidas entidades.
  
Dicha problemática, expuesta por los agentes sociales durante las negociaciones sobre el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo, ha sido asumida por la Generalitat Valenciana, y consecuencia de ello es la línea presupuestaria T5272000 del programa 322.52, Formación Profesional Ocupacional, del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2004, cuya finalidad es financiar los gastos ocasionados por los avales bancarios que presenten las organizaciones sin ánimo de lucro.
  
Por todo ello, previo informe del Consejo Valenciano de Formación Profesional, y en uso de las facultades que me confieren la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y el Decreto 112/2003, de 11 de Julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,
  
ORDENO
  
Artículo 1. Objeto y gestión
  
La presente orden tiene como objeto regular la concesión de ayudas para financiar los costes financieros de los avales bancarios, desde su constitución hasta el momento en el que se autorice el levantamiento, prestados como garantía de los anticipos de pago de las subvenciones concedidas para la realización de acciones formativas de los ejercicios 2003 y 2004 con cargo al programa presupuestario 322.52, Formación Profesional Ocupacional, siempre que el importe justificado de conformidad de la subvención sea superior al importe del anticipo avalado.
  
La autorización del levantamiento de los avales deberá producirse durante el ejercicio 2004.
  
La gestión de estas ayudas corresponderá al Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).
  
Artículo 2. Naturaleza de las ayudas
  
Las ayudas previstas en la presente disposición tendrán la naturaleza jurídica de subvenciones públicas e irán destinadas a la financiación de hasta el 95% de los costes financieros de los avales mencionados en el artículo 1 de la presente orden.
  
Artículo 3. Beneficiarios
  
Serán beneficiarias de las ayudas previstas en la presente orden las entidades sin ánimo de lucro que estén obligadas a constituir avales bancarios como garantía de los anticipos del importe de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana en materia de Formación Profesional Ocupacional y Continua, y financiadas con cargo al programa presupuestario 322.52, Formación Profesional Ocupacional.
  
Artículo 4. Presentación de solicitudes, documentación y plazo
  
1. El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas reguladas en la presente orden finalizará el 30 de noviembre de 2004, y queda condicionada la obtención de la ayuda a la existencia de crédito disponible.
  
2. Las solicitudes se presentarán en cualquiera de los registros del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), o en cualesquiera otras de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, utilizando para ello los modelos normalizados.
  
3. Toda solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
  
a) Documentación acreditativa e identificativa de la entidad solicitante y de su representante legal.
  
b) Documento de identificación fiscal de la entidad solicitante.
  
c) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda (DOGV núm. 2775), cuya validez deberá extenderse a la fecha de finalización de plazo de presentación de solicitudes.
  
d) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros).
  
e) Copia del correspondiente aval bancario.
  
f) Documentación que acredite la autorización de levantamiento del aval.
  
g) Documentación que acredite el levantamiento del aval, el coste del mismo y su pago.
  
Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la presente orden, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con la misma resulte exigible, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos necesarios, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.
  
Artículo 5. Resolución y recursos
  
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de dos meses a contar desde la presentación de la solicitud.
  
Las solicitudes serán resueltas de acuerdo con su orden de presentación en el registro de entrada y a medida que, en su caso, sea completado el expediente, hasta agotar el crédito presupuestario.
  
2. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat Valenciana; y ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.
  
3. Las resoluciones que dicte la directora general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), u órgano en que delegue, al amparo de la presente orden, agotan la vía administrativa, y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interponerse, frente al acto presunto, el recurso contencioso administrativo dicho, en el plazo de seis meses a contar desde que hubiese finalizado el plazo para dictar y notificar la resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que consideren procedente.
  
Artículo 6. Liquidación de las ayudas
  
Una vez dictada la resolución de concesión de la ayuda solicitada, se librará a cada una de las entidades beneficiarias el importe íntegro de la ayuda concedida
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL
  
Única
  
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, por orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo se dará publicidad de las líneas de subvención y del importe global máximo destinado para la concesión de las ayudas.
  
La concesión de las ayudas previstas en esta orden quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos del ejercicio económico de 2004.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta a la directora general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Tercera
  
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante éste mismo órgano en el plazo de un mes computado en los términos ya dichos, según lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso de los previstos en la vigente legislación.
  
Valencia, 30 de diciembre de 2003.
  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo,
  
GERARDO CAMPS DEVESA