Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6742, del 27-03-2012 (2012/3060)

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2012, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga general convocada para el día 29 de marzo de 2012.
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Número DOGV
:   6742

Fecha DOGV
:   27-03-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/3060


Fecha del documento
:   23-03-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * huelga
    * derecho de huelga
    * funcionario
    * legislación

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2012, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga general convocada para el día 29 de marzo de 2012. [2012/3060]  
Antecedentes  
  
Primero. Vistos los escritos de comunicación de huelga, mediante los cuales, dando cumplimiento al requisito de preaviso obligatorio previsto en el artículo 3.3 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, se pone en conocimiento de la autoridad laboral de la Comunitat Valenciana la convocatoria de una huelga general para el día 29 de marzo de 2012 por parte de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, la Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadores y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. La convocatoria de huelga general de 24 horas se llevará acabo en la jornada del día 29 de marzo del presente año, comenzando a las 0 horas y terminando a las 24 horas del citado día 29; no obstante, en aquellas empresas que tengan varios turnos de trabajo, el comienzo de la huelga se efectuará en el primer turno, aunque empiece antes de las 0 horas del día 29, y su finalización tendrá lugar una vez terminado el último turno, aunque se prolongue después de las 24 horas del día 29. Asimismo en aquellas empresas que tengan un único turno de trabajo, pero éste empiece antes de las 0 horas del día 29, el paro se iniciará a la hora de comienzo de la actividad laboral y finalizará el día 29 de marzo en la hora en que concluya la misma. Durante la jornada del día 28 cesarán en su actividad laboral y funcionarial los trabajadores y funcionarios cuya prestación profesional esté relacionada con la elaboración de productos, servicios y aprovisionamientos que habrán de tener efectos inmediatos el día 29.   
El motivo de la convocatoria de huelga es el rechazo a las medidas impuestas por el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero.  
También ha sido convocada huelga general para el día 29 de marzo, por idéntico motivo, por Antonio Pérez Collado, como secretario general de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano; por Vicent Maurí Genovés, en calidad de representante de Intersindical Valenciana y por Gonçal Bravo Reig en representación de la Coordinadora Obrera Sindical.   
Asimismo, queda comprendida dentro del ámbito de la presente resolución, cualquier otra convocatoria de huelga que afecte a la órbita de los trabajadores o de los funcionarios y de los servicios públicos o privados en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana para el día 29 de marzo de 2012, así como las adhesiones que se produzcan a las mismas.  
Las convocatorias de huelga referidas han dado cumplimiento al preaviso preceptivo establecido en la legislación vigente cuando la huelga afecta a los servicios públicos, establecido con diez días naturales de antelación, en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo.  
  
Segundo. La convocatoria que se anuncia, afecta a diversos derechos esenciales constitucionalmente protegidos en áreas como justicia, sanidad, salud, medioambiente, transporte, servicios sociales, enseñanza, emergencias, comunicación y servicios administrativos de carácter general o especial, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, sobre Relaciones de Trabajo, y los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la autoridad laboral puede acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios afectados.  
  
Tercero. Se ha intentado sin efecto la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje.  
  
Cuarto. La Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, ha mantenido una reunión con las organizaciones sindicales convocantes UGT-PV, CCOO-PV, CGT PV e Intersindical Valenciana, el día 22 de marzo de 2012 a los efectos de audiencia a las partes para el establecimiento de los servicios esenciales mínimos que corresponde a la autoridad Laboral valenciana en el ámbito de sus competencias; culminando dicha reunión con un acuerdo entre la administración laboral y las organizaciones sindicales CCOO-PV, UGT-PV e Intersindical Valenciana sobre el conjunto de los servicios esenciales mínimos propuestos por la Administración, si bien estos sindicatos manifiestan discrepancias puntuales en determinadas materias, que en acta al efecto se recoge.  
A los anteriores antecedentes, son de aplicación los siguientes:  
  
Fundamentos de derecho  
  
I. La competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio público prevista en el artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana, teniéndola atribuida la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 4105/1982, de 29 de diciembre, decretos 5/2011, de 21 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la Administración de la Generalitat, y 75/2011, de 24 de junio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y el Decreto 98/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, y de conformidad con lo establecido en los artículos 28.2, y 149.1.7ª de la Constitución española y el artículo 51.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, modificado por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril.  
  
II. En la medida en que la destinataria y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y que éstos son al mismo tiempo esenciales para ésta, aquella no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los citados servicios, entendiendo que el derecho de la comunidad a estas prestaciones es prioritario respecto del derecho de huelga, sin que, por otra parte, la consideración de un servicio como esencial signifique la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos.  
Se debe conjugar pues, la atención de los servicios públicos con el ejercicio del derecho de huelga que con la calificación de fundamental instituye nuestra Constitución en su artículo 28.2, tal como ha señalado la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981, desarrollada posteriormente, entre otras, por las sentencias 26 y 33/81, 51 y 53/86, 27/89 y 43/90, en concordancia con el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo. En consecuencia, se debe limitar el derecho de huelga en la justa y estricta medida para el mantenimiento de los servicios públicos y la autoridad laboral podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos.  
  
III. De acuerdo con doctrina constitucional reiterada, el carácter esencial de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa, como se ha señalado, en el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y en el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito en el que se concreta esta resolución.  
Ello se traduce ampliamente, por el carácter general de la convocatoria, en lo dispuesto en los artículos 15 y 43 sobre el derecho a la vida y a la integridad física, respectivamente, en el derecho a la libertad de movimiento en condiciones de seguridad en el territorio de afectado por la huelga convocada, en lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución española, que impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integran sean reales y efectivas y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, relacionado con el artículo 50 que obliga asimismo a los poderes públicos a promover el bienestar de la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio, en lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución española, sobre derecho a la educación y su desarrollo en las leyes orgánicas 8/85, de 3 de julio, y en el deber de los poderes públicos en cuanto a la protección del medio ambiente, según lo dispone el artículo 45 de la Constitución Española, y en el derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales reconocido en el artículo 24 de la CE.  
  
IV. La clase y número de trabajos que hayan de realizarse para cubrir los derechos y libertades que el servicio satisface, y el tipo de garantías que ha de adoptarse, no pueden determinarse de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes y/o derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurren para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho de huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface.   
En este sentido, la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de 15 de enero de 2007, ha incidido en la exigencia de motivación en las resoluciones que fijen los servicios mínimos, señalando que la misma debe concretarse hasta alcanzar a las circunstancias singulares de la convocatoria de que se trate.  
  
V. La presente convocatoria afecta por su carácter general a otros derechos, distintos al de huelga pero también esenciales y constitucionalmente protegidos y a la totalidad de los servicios públicos competencia de la Generalitat, algunos en áreas que afectan a otros derechos constitucionalmente protegidos como la sanidad, educación, servicios sociales o emergencias, con un único día de convocatoria.  
Los servicios mínimos que se estiman proporcionados y con motivación suficiente vienen sustentados por la doctrina fijada en las sentencias en casación 3856/03 de 25/07 y 7693/03 de 24/09 del Tribunal Supremo, y la Sentencia 747/03 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la cual se ratifica en los contenidos fijados en el Auto de 19 de junio de 2002 del TSJ de la Comunitat Valenciana, respecto de la Orden de 13 de junio de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecían los servicios esenciales mínimos, para la huelga general convocada para el día 20 de junio de 2002.  
Por otra parte, es preciso actualizar alguno de los contenidos que se estimaron congruentes por la citada jurisprudencia, bien por tratarse de servicios que en aquel momento no eran competencia de la Generalitat, como aquellos que en la actualidad son imprescindibles para el desarrollo de la actividad como consecuencia de la evolución de los medios técnicos y la organización de los procesos.  
Las circunstancias concretas que concurren en cada área afectada, sea pública o privada, cuyo conocimiento ha de permitir modular el nivel de servicios mínimos exigibles, son las siguientes:  
En la Administración pública de la Generalitat:  
En lo que se refiere a servicios burocráticos, se requieren dotaciones mínimas únicamente en los servicios de registro por considerarlo actividad indispensable para prestar atención a los asuntos urgentes o inaplazables, relacionada con el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos que deban realizar sus actuaciones o solicitudes en plazo.   
Sanidad animal:  
Por la especial atención que debe darse a las explotaciones y actividades ganaderas y pecuarias, se hace necesario disponer de los servicios veterinarios indispensables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, estimándose que éstos se satisfacen con un veterinario por oficina comarcal agraria. Ello es debido a la posible notificación de enfermedades de declaración obligatoria que puedan implicar una actuación inmediata y la posibilidad de infecciones en el ganado o en sus productos, infecciones que podrían provocar epidemias en la población.  
Puertos titularidad de la Generalitat:  
Se requiere la presencia de técnicos y personal de apoyo, en los mínimos indispensables que permitan atender cualquier contingencia que afecte a la seguridad de las operaciones portuarias y navegación interior, así como la ordenación del tráfico marítimo y la seguridad de las personas que utilizan las instalaciones portuarias.   
Centros del SERVEF.   
Los servicios mínimos se han establecido teniendo en cuenta que los destinatarios de la actividad de los centros SERVEF de Empleo son los demandantes de empleo inscritos como tales en el SERVEF, y considerando asimismo la necesidad de garantizar su derecho a la inscripción y a la renovación de su demanda en la fecha que tienen prevista.  
En consecuencia, se estima que en las oficinas de empleo deben prestar servicio un mínimo de personal de la plantilla que permite conjugar adecuadamente la protección del interés de los demandantes inscritos en los centros SERVEF de Empleo con la necesaria restricción que impone el ejercicio del derecho de huelga.  
Seguridad y salud en el trabajo  
Los funcionarios, técnicos de seguridad y salud laborales dependientes del INVASSAT, realizan funciones de investigación de accidentes múltiples graves y mortales, en coordinación con el servicio de guardia de la Inspección de Trabajo, desplazándose al lugar del accidente de inmediato a la recepción desde el teléfono de emergencias 112 de la comunicación del suceso; por consiguiente es un servicio esencial que debe mantenerse durante la jornada de huelga con un mínimo de efectivos por cada Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo del INVASSAT.  
Administración de justicia:  
En el marco de las competencias asumidas por la Generalitat, los servicios esenciales en este ámbito son los necesarios para garantizar una atención mínima a los ciudadanos en las actuaciones de los distintos órdenes jurisdiccionales de carácter perentorio o cautelar, o que impliquen medidas de internamiento, o restricciones de derechos, todo ello de conformidad con los acuerdos logrados con ocasión de la huelga general que tuvo lugar en el año 2010.  
Sanidad pública:  
Hay una serie de servicios en la sanidad pública, como diálisis, radioterapia, transplantes, UCI, unidades de reanimación, y SAMU-CICU, en los que el conflicto entre el derecho a la vida y a la salud y el derecho a huelga implica que deba prevalecer el primero por su carácter vital. En estas unidades, la asistencia sanitaria no puede ser demorada porque no lo permite la situación clínica del paciente, ni la planificación ajustada del tratamiento, porque las consecuencias derivadas de la no asistencia pueden ser fatales, y en el caso de SAMU-CICU, por las características del servicio y su relación con la atención a las urgencias y emergencias.  
En el caso de la diálisis, debe tenerse en cuenta que es un tratamiento programado periódico en enfermedad renal crónica avanzada, cuya desprogramación supone una merma importante en la calidad de vida del paciente y un riesgo vital. Las sesiones de hemodiálisis se programan tres días a la semana: o lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, dejando para domingo sólo los casos de descompensación urgentes. Estas sesiones se realizan en turno de mañana de 08.00 a 15.00 h o tarde, de 15.00 a 22.00 horas y, en ocasiones de noche, por lo que conviene respetar esta periodicidad, tanto por el riesgo vital que supone para el paciente no realizar la diálisis, como por toda la logística de transporte sanitario que comporta y las alteraciones que suponen para el paciente y su familia.   
La radioterapia se considera un tratamiento en patología oncológica, cuyo incumplimiento supone un deterioro en el estado de salud del paciente que puede agravar su estado de salud innecesariamente. Los tratamientos de radioterapia se pautan conjuntamente con los quimioterápicos, con una periodicidad predeterminada cuya alteración puede poner en riesgo la vida del paciente.   
En la UCI y unidades de reanimación, los turnos de mañana y tarde deben mantenerse para dar respuesta a situaciones de urgencia vital en atención a pacientes críticos provenientes, tanto de agravamiento de pacientes hospitalizados, como de pacientes postquirúrgicos intervenidos de urgencia y pacientes que ingresen desde los servicios de urgencia hospitalarios con patologías muy graves.   
En cuanto al programa de trasplantes, es notorio que no puede sufrir ningún tipo de merma en su disponibilidad, por cuanto en cualquier momento pueden requerirse los medios necesarios para garantizar su realización en los tiempos previamente pautados que requiere la correcta implantación de los órganos objeto de trasplante.   
Asimismo resulta notorio que los servicios del SAMU-CICU han de garantizar cualquier tipo de emergencia vital que pueda producirse en la jornada, y teniendo en cuenta que la jornada de huelga se ha convocado para un día laborable, ha de establecerse una plantilla en dicho servicio que corresponda a la habitual en dichos días, por cuanto el eventual ejercicio del derecho de huelga por los trabajadores no presupone que vaya a existir menos riesgos que los de una jornada laboral habitual; por consiguiente es congruente la fijación de la plantilla del servicio que se dispone en esos días.  
El 50% de los servicios habituales, o los servicios de la jornada habitual en los servicios de farmacia hospitalaria, quirófanos programados, oncología, unidad de hospitalización a domicilio, hospital de día y centros de transfusiones, persigue el fin de garantizar la asistencia sanitaria de los pacientes con patología no demorable.  
Los servicios propios de los domingos en salas de hospitalización, quirófanos de urgencias, servicios centrales urgentes y puertas de urgencia se justifican porque son los servicios mínimos imprescindibles para el funcionamiento de un hospital al ser la asistencia hospitalaria un servicio continuado, 24 horas sobre 24, hay que atender adecuadamente a los pacientes ingresados y a los que puedan hacerlo por la vía de la urgencia.   
Tampoco se pueden olvidar las necesidades en servicios tales como cocinas o mantenimiento, para garantizar el soporte a la actividad asistencial que depende en gran medida de los sistemas informáticos los cuales intervienen en todos los centros de salud y en la historia de salud electrónica de cada paciente, conteniendo el estado de salud, resultados de las pruebas practicadas, tratamientos recibidos, alergias, así como advertencias al médico de incompatibilidades, efectos adversos y posibles interacciones en las prescripciones a los pacientes.  
Para garantizar la asistencia a las consultas externas preferentes se precisan unos servicios de un 25% de la jornada habitual.  
Los servicios prestados en los puntos de atención sanitaria y en puntos de atención continuada de primaria se necesitan para atender a la demanda de asistencia urgente de la población en cada nivel de asistencia.  
Los servicios en los centros de salud y centros de especialidades son los mínimos necesarios para velar por el derecho a la salud y atender los requerimientos de la población.  
En el ámbito de la limpieza y recogida de residuos hospitalarios se precisa al menos la prestación de los servicios propios de un día festivo, porque la higiene precisa en un local sanitario no puede interrumpirse en su totalidad durante un solo día.  
También se debe garantizar la presencia del personal imprescindible para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de policía mortuoria en las horas de afectación de la huelga.  
Sanidad privada:  
En el ámbito de la sanidad privada, se considera suficiente la plantilla habitual de un día festivo para garantizar los servicios mínimos de carácter esencial.  
Energía:  
Las empresas y organismos encargados de la producción y suministro de energía eléctrica, producción y distribución de gas y depuración y suministro de aguas, deberán prestar un servicio equivalente al habitual en un día festivo, y ello para evitar situaciones de peligro o de desabastecimiento que pudieran poner en riesgo la salud o el bienestar de la población, todo ello en el marco de las competencias de la Comunitat Autònoma Valenciana.  
Enseñanza:  
La interrupción de los servicios de enseñanza como consecuencia de la huelga convocada puede ocasionar una situación de peligro con relación a la seguridad de los alumnos derivada de la falta de vigilancia o de atención sobre los menores en los citados centros, por lo que se considera imprescindible la prestación de un servicio mínimo consistente en la presencia física en éstos por parte de las personas responsables de los mismos, para evitar cualquier tipo de alteración.   
Tampoco se puede olvidar la general afección a la sociedad en general por lo problemas derivados de la conciliación de la vida familiar y laboral. Se establece un profesor por etapa, con un mínimo de un profesor cada seis unidades, uno por cada cinco en la enseñanza especial, porque se considera que es el único modo de garantizar, tanto el derecho de huelga, como el derecho a trabajar de los padres.   
Así, debe garantizarse estos servicios esenciales en todas las etapas de la enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, toda vez que debe conjugarse el derecho de huelga, con el derecho al trabajo de los padres tal y como sostiene el Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 19 de junio de 2002, y ello debe alcanzar a todas las etapas educativas, incluida la Educación Secundaria Obligatoria, y por supuesto la Educación Especial por las características personales de los alumnos, haciendo compatible el derecho de huelga con el derecho al trabajo y siendo congruente con el deber de vigilancia que compete a la Administración educativa, sobre los menores que concurren a los centros escolares, sean de titularidad pública o privada.  
Servicios sociales:  
El servicio asistencial a personas discapacitadas es un sector de población requerido de una especial protección por la sociedad en general y los poderes públicos en particular ya que en muchos casos se trata de personas adultas, cuyos progenitores ya no existen, son de avanzada edad o están sujetos a tutela por parte de la Generalitat Valenciana, especialmente en el caso de enfermos mentales crónicos.  
Los colectivos atendidos en los centros y servicios afectados por la huelga, en su mayoría, precisan de atención integral, continuada, personal y multidisciplinar, al ser personas con un deterioro de sus capacidades funcionales y cognitivas derivadas de la edad y de su situación de dependencia, o derivadas de su situación psicosocial o sociofamiliar, que precisan de la continuidad de los servicios, siendo necesario por tanto el establecimiento de unos servicios mínimos que garanticen una adecuada atención de los usuarios durante la huelga.  
Protección Civil, Servicio de Emergencias, Teléfono 112 y Prevención y Extinción de Incendios Forestales:  
Resulta imprescindible fijar unos servicios mínimos indispensables para atender las eventuales situaciones de emergencia que pudieran presentarse durante el desarrollo de la huelga, debiendo prevalecer la protección de las personas, de los bienes y del medio ambiente ante cualquier emergencia.  
La necesidad de estos servicios viene dada por la misma esencia de los servicios de emergencia, que inciden directamente en la seguridad e integridad física de las personas que pueden encontrarse en situaciones de peligro notorio. También es deber de los poderes públicos la protección del medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, por lo que deben evitar su degradación con todos los medios al alcance.  
Se debe destacar que la prestación de los servicios en este campo resulta imprescindible para garantizar que los equipos actuantes puedan intervenir con equipos completos.  
Cabe hacer constar, a este respecto, que, la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, en el capítulo II del título IV establece los servicios esenciales de intervención, que se activan según los diferentes niveles de emergencia, previstos en los planes de protección civil y gestión de emergencias.  
Transporte de viajeros:  
No existe alternativa viable al servicio prestado por las líneas de autobuses urbanos e interurbanos y la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, salvo el servicio de taxi, insuficiente en cualquier caso.   
El transporte público afectado por la convocatoria de huelga es el que cubre y vértebra la necesidad de transporte urbano e interurbano entre localidades de diversa entidad poblacional y en las grandes áreas metropolitanas, considerando además que el previsible aumento del transporte privado tampoco podrá cubrir todas las necesidades de transporte creadas, constituyendo también un problema en sí mismo por la masificación circulatoria y porque podría impedir el ejercicio de derechos de toda índole, sobre todo en la franja de población con peores condiciones sociales y de comunicación .  
Al desarrollarse en toda una jornada laboral, la convocatoria también afectará a «horas punta», en las cuales la afluencia de viajeros es masiva y las consecuencias en el servicio mayores por coincidir con las entradas y salidas del trabajo, colegios y universidades en los días laborales y lectivos.   
Además, la huelga puede afectar al ejercicio de múltiples derechos dependientes del transporte diario, como el derecho al trabajo, o a la sanidad, así como al transporte a zonas apartadas y centros sanitarios de un perfil de usuarios más vulnerable por sus características físicas y socioeconómicas, a las consecuencias de la imposibilidad de desplazamiento.  
Medios de comunicación:  
Finalmente y en atención a garantizar el derecho de los ciudadanos a la información, se establece como esencial el mantenimiento en los servicios informativos, fijándose unos servicios mínimos del 50% de los trabajadores que habitualmente realizan sus tareas para estos servicios, al no considerarse servicio esencial el resto de la programación. Este es el criterio que el propio TSJ de la CV reflejó en su Auto de fecha 19 de junio de 2002, antes citado.  
Sobre este particular, los servicios esenciales garantizan el derecho a la información constitucionalmente protegido, siendo este compatible con el derecho de huelga, en la medida en que no impide su ejercicio, toda vez que dichos servicios son los únicos en los que se establece una determinada restricción, y por consiguiente el resto de los trabajadores de los medios de comunicación social no se ven afectados por la misma.  
  
VI. Si bien la continuidad del servicio debe quedar asegurada durante la huelga, el establecimiento de los servicios mínimos ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios (sentencias TC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).  
De cuanto se ha señalado se concluye que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del artículo 10 del RD 17/1977 mencionado, debe conjugarse la atención de los servicios esenciales para la comunidad con el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, por lo que se debe limitar éste en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, mantenimiento que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal, estableciendo el Tribunal Constitucional que los servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente, objetivo éste que se considera cumplido con el nivel de servicios mínimos establecido en la presente resolución.  
En su virtud, de conformidad con los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y habiendo sido oídas las organizaciones convocantes de la huelga, con las que se ha alcanzado un acuerdo en la mayor parte de los servicios esenciales, se han cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta, por lo que la consellera de Educación, Formación y Empleo resuelve:  
  
Primero  
A los efectos previstos en el apartado 2º del artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, se determinan las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos afectados por la convocatoria de huelga del día 29 de marzo de 2012, los cuales quedan establecidos como a continuación se especifica:   
1. Administración general del Consell y servicios burocráticos:  
1.1. Un funcionario o empleado público por cada uno de los servicios de registro general en los centros de trabajo en que exista dicha unidad.  
2. Servicios Veterinarios de Sanidad Animal dependientes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación:  
2.1. Un veterinario con competencia en materias de sanidad animal por oficina comarcal agraria.   
3. En los puertos de los que es titular la Generalitat Valenciana:  
3.1.1. Un ingeniero técnico de obras públicas por cada grupo de puertos.  
3.1.2. Un auxiliar de explotación portuaria en cada uno de los puertos de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Burriana, Cullera, Dénia, Jávea, Calp, Altea, Villajoyosa, El Campello, Santa Pola y Torrevieja.  
4. Centros SERVEF de Empleo:  
4.1. En las oficinas de Empleo según la categorías establecidas en función del número de demandantes de empleo   
4.1.1. Oficinas de 3ª y 4ª: el director o persona responsable de la oficina y el servicio de seguridad.  
4.1.2. Oficinas de 1ª y 2ª: el director o persona responsable de la oficina, un funcionario para registro y renovación de demandas de empleo y el servicio de seguridad.  
5. Centros territoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo del INVASSAT:  
5.1. Un técnico superior o medio de Seguridad y Salud en el Trabajo de guardia, por cada centro territorial.  
6. Justicia:  
6.1. Un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por cada una de las secciones y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial por Sala del Tribunal Superior de Justicia.  
6.2. Audiencias provinciales: Un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por cada una de las secciones y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial por cada cuatro secciones.  
6.3. Con excepción de los juzgados que actúen de guardia, que habrán de contar con toda la dotación de personal que efectúa el servicio de guardia habitualmente, en los órganos que se especifican a continuación, se consideran servicios mínimos los funcionarios siguientes:  
6.4. Decanatos: 3 funcionarios en el de Valencia, 1 en Castellón y 2 en Alicante.  
6.5. Resto de decanatos: 1 funcionario.  
6.6. Servicios comunes: 3 funcionarios en el de Valencia, 1 en Castellón y 2 en Alicante.  
6.7. Resto servicios comunes: 1 funcionario.  
6.8. Juzgados de primera instancia e instrucción: 1 de Gestión o 1 de Tramitación y, por cada 4 juzgados, 1 de Auxilio.  
6.9. Juzgados de primera instancia: 1 de Gestión o 1 de Tramitación y por cada 4 juzgados, 1 de Auxilio.  
6.10. Juzgados de instrucción: 1 de Gestión o 1 de Tramitación y, por cada 4 juzgados, 1 de Auxilio.  
6.11. Juzgados de violencia sobre la mujer en Valencia, 1 de Gestión o 1 de Tramitación y 1 de Auxilio para los 4 juzgados.  
6.12. Juzgados de violencia sobre la mujer en Alicante y Castellón, 1 de Gestión o 1 de Tramitación   
6.13. Juzgados de lo penal, salvo los de las capitales de provincia, Valencia, Alicante y Castellón: 1 de Gestión o 1 de Tramitación y 1 de Auxilio.   
6.14. Juzgados de lo penal de la ciudad de Valencia: 1 de Gestión o 1 de Tramitación por cada juzgado y 6 de Auxilio para todos los juzgados.  
6.15. Juzgados de lo penal de la ciudad de Alicante: 1 de Gestión o 1 de Tramitación por cada juzgado y 4 de Auxilio para todos los juzgados.  
6.16. Juzgados de lo penal de la ciudad de Castellón: 1 de Gestión o 1 de Tramitación por cada juzgado y 2 de Auxilio para todos los juzgados.  
6.17. Juzgados de lo contencioso-administrativo: 1 de Gestión o 1 de Tramitación o 1 de Auxilio.  
6.18. Juzgados de lo social: 1 de Gestión o 1 de Tramitación y 1 de Auxilio por cada cuatro juzgados.  
6.19. Juzgados de lo mercantil: 1 de Gestión o 1 de Tramitación.  
6.20. Juzgados de vigilancia penitenciaria: 1 de Gestión o 1 de Tramitación y 1 de Auxilio.  
6.21. Juzgados de menores: 1 funcionario en cada juzgado.  
6.22. Registros civiles únicos: 1 de Gestión, 1 de Tramitación y 1 de Auxilio.  
6.23. Resto registros civiles: 1 funcionario.  
6.24. Un funcionario por cada uno de los juzgados de paz.  
6.25. Un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial en cada una de las distintas fiscalías, con excepción de las que actúen de guardia, que habrán de contar con toda la dotación de personal que efectúa el servicio de guardia habitualmente.  
6.26. En las adscripciones de Fiscalía: 1 funcionario.  
6.27. El 30% de los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses en los institutos de Medicina Legal.  
6.28. Un funcionario de los cuerpos de Tramitación o Auxilio en los institutos de Medicina Legal.  
7. Sanidad pública:  
7.1. Hospitales:  
7.1.1. Servicios propios de los domingos:  
8.0.1.0. Salas de hospitalización.  
3.0.0.3. Servicios centrales urgentes.  
3.2.7.8. Quirófano de urgencias.  
4.9.4.4. Puertas de urgencia.  
5.4.0.6. Cocinas, mantenimiento y centralita de teléfonos.  
8.7.7.6. Informática.  
7.1.2. Servicios de jornada habitual:   
6.8.3.7. Diálisis.  
9.3.0.5. Radioterapia.  
6.1.7.4. Programa de trasplantes.  
1.1.9.0. UCI.  
1.9.0.8. Unidad de reanimación.  
7.1.3. Servicios del 50% de la jornada habitual:  
3.2.6.5. Servicios de farmacia hospitalaria.  
7.9.3.1. Quirófanos programados.  
1.9.0.2. Oncología.  
6.0.9.4. Unidad de hospitalización a domicilio.  
2.8.0.6. Hospital de día.  
7.1.4. Servicios del 25% de jornada habitual:  
4.6.8.5. Consultas externas preferentes.  
7.2. Puntos de Atención Sanitaria (PAS):  
7.2.1. Servicios propios de su jornada habitual de 17.00 a 09.00 horas.   
7.3. SAMU-CICU:  
7.3.1. Servicios propios de su jornada habitual.  
7.4. Puntos de Atención Continuada de Primaria (PAC):  
7.4.1. Servicios propios de su jornada habitual de 15.00 a 09.00 horas.  
7.5. Centros de salud y centros de especialidades:  
7.5.1. Deben mantenerse los servicios propios de un sábado, que son los mínimos necesarios para atender los requerimientos de la población.  
7.6. Atención domiciliaria:  
7.6.1. Servicios del 50% de la jornada habitual para garantizar la asistencia sanitaria no demorable.  
7.7. Centros de transfusiones:  
7.7.1. Servicios del 50% de la jornada habitual para garantizar la asistencia sanitaria no demorable.  
7.8. Centros de salud pública:  
7.8.1. El director coordinador del centro, como responsable.  
7.8.2. Coordinador veterinario por la red de alertas nacional de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Activación de recursos e inmovilizaciones.  
7.8.3. Veterinarios de matadero. Las obligaciones normativas exigen control oficial continuo para dictaminar la aptitud del consumo de las carnes que se producen en el establecimiento.  
7.8.4. Un técnico de Promoción de la Salud. Para garantizar la respuesta en intervenciones sanitarias no demorables o urgentes (TBC, meningitis...), así como en lo referente en vacunas, su logística y cadena de frío.  
7.8.5. Un técnico de Epidemiología. Mantenimiento de la vigilancia epidemiológica y necesidad de intervención en caso de enfermedades transmisibles.  
7.9. Limpieza y recogida de residuos en centros hospitalarios:  
7.9.1. Se prestarán los servicios propios de un día festivo.  
7.10. Servicios funerarios:  
7.10.1. El personal imprescindible para proceder a la recogida de difuntos a domicilio, clínicas y hospitales que no dispongan de las instalaciones adecuadas que permitan aplazar su traslado a inhumación o incineración, siempre de conformidad a lo que dispone la legislación vigente de policía mortuoria sanitaria.  
7.11. Área de Informática, Telecomunicaciones y Organización:  
7.11.1. En los servicios siguientes el 50% de los efectivos habituales:  
3.60.9.9. Respuesta a incidentes (niveles 1, 2 y 3).  
3.51.8.6. Monitorización de sistemas y redes de comunicaciones.  
1.94.3.5. Coordinación de las actuaciones de los equipos que participan en los servicios anteriores.  
5.01.5.8. Atención a usuarios de sistemas de información  
8. Sanidad privada:  
8.1. La plantilla habitual de un día festivo en los diferentes centros sanitarios  
9. Enseñanza pública y privada:  
9.1. En todos los centros: el director del centro en funciones directivas, con exclusión de actividades lectivas. En caso de vacante o ausencia justificada, el vicedirector, jefe de estudios, secretario o persona responsable del centro por este orden. En los centros con más de un turno de enseñanza podrá ser relevado el cargo directivo que preste el servicio por otro miembro de la junta directiva.  
9.2. En los centros de Educación Infantil, Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria: un profesor por cada etapa educativa, con un mínimo de un profesor por cada seis unidades; adicionalmente a lo establecido en el apartado 9.1  
9.3. En los centros específicos de Educación Especial, un educador de Educación Especial, por cada cinco unidades; adicionalmente a lo establecido en el apartado 9.1  
9.4. En los centros de enseñanza o educación con internado, además de los servicios establecidos en los apartados anteriores se prestarán los servicios propios de los días festivos.  
10. Servicios sociales:  
10.1. En los centros asistenciales de atención 24 horas se prestarán los servicios propios de un domingo.  
10.2. En los servicios de asistencia a domicilio, los habituales de los domingos.  
11. Protección Civil, Servicio de Emergencias y Prevención y Extinción de Incendios Forestales:  
11.1. En la Subdirección General de Emergencias y Planificación y en el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana:   
11.1.1. El técnico de Protección Civil asignado a la sala de mando y control.  
11.1.2. El operador de comunicaciones de turno en la sala de mando y control.  
11.1.3. El personal habitual en guardia de localización.   
11.2. En el servicio de atención del teléfono 112 de la Comunitat Valenciana:  
11.2.1. Los servicios propios de una jornada habitual en la explotación operativa.  
11.2.2. Los responsables de sistemas y comunicaciones, de atención de llamadas, de protocolos operativos, de relación con usuarios, de mantenimiento y explotación de la información.  
11.2.3. El operador «help-desk» de turno.  
11.3. En los consorcios provinciales de bomberos:  
11.3.1. Los servicios propios de una jornada habitual en cuanto al personal operativo y mandos de bomberos, incluyendo los capataces coordinadores, técnicos para la extinción de incendios forestales, incluyendo el centro de comunicaciones de cada consorcio.  
11.3.2. Como mínimo una persona para registro y otra para atención telefónica y atención al público.  
11.4. En los servicios de extinción de incendios forestales:  
11.4.1. Los servicios propios de una jornada habitual que se prestan por los medios siguientes: helicópteros, aviones de extinción y brigadas helitransportadas.  
11.4.2. Brigadas de emergencia y autobombas: el 60% de los servicios habituales en nivel de preemergencia por incendios forestales 1 o 2, pudiéndose requerir la presencia del 100% en caso de que se declare nivel 3 o extraordinaria.  
11.5. En los servicios de prevención de incendios forestales de la Conselleria de Gobernación el personal que presta habitualmente servicios correspondientes a domingos y festivos, en funciones de vigilancia y protección de la naturaleza, y de coordinación, dirección técnica y participación en la extinción de incendios.  
11.5.1. Centrales de comunicaciones: el 100% de las unidades  
11.5.2. Vigilantes de los observatorios forestales:   
37.8.5.0. Observatorios forestales anuales: el 100%  
07.1.7.4. En niveles de preemergencia 1 y 2, el 50% de los vigilantes de los observatorios forestales temporales en cada provincia.  
56.6.2.7. En nivel de preemergencia 3, el 100% de los vigilantes de observatorios forestales temporales en cada provincia.  
11.5.3. Unidades de vigilancia:  
30.0.3.8. Preemergencia nivel 1: el 10% de las unidades correspondientes a cada una de las diez zonas operativas en las que está dividida la Comunitat Valenciana, garantizando, no obstante, una unidad como mínimo en cada una de las mismas.   
85.1.1.7. Preemergencia nivel 2: el 40% de las unidades correspondientes a cada una de las zonas operativas.   
69.2.7.8. Preemergencia nivel 3 o extraordinaria: el 100% de las unidades.  
12. Transporte de viajeros:  
12.1. Se establecen los siguientes servicios mínimos para la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV):  
1.1.2. Un 30% de las circulaciones ordinarias regulares grafiadas de los trenes y tranvías en horas punta de 06.00 a 09.00 horas, con un máximo global del 25% de las circulaciones grafiadas en la jornada.  
1.1.3. En cuanto al personal perteneciente a los servicios de mantenimiento, instalaciones fijas y talleres, teniendo en cuenta la naturaleza de estos servicios, se considera imprescindible establecer unos servicios mínimos de un 25%. En todo caso se garantizará un mínimo de dos personas en las brigadas de atención permanente.  
1.1.4. Para los servicios de atención al cliente, centrales telefónicas y registro general, se garantizará la presencia de una persona que permita, respectivamente, ofrecer información a los usuarios de este medio de transporte y la presentación de cualquier documento por los ciudadanos   
No se integran en el cómputo de los porcentajes los denominados «trenes materiales», es decir aquellos que no transportan viajeros, y especialmente los conocidos como trenes de «reposicionamiento», cuya finalidad es la de situar el material móvil en los puntos adecuados para la reanudación de la circulación a la finalización de los periodos de huelga.  
12.2. Para las líneas de autobuses de transporte urbano e interurbano se establecen unos servicios mínimos equivalentes al 30% del servicio habitual en horas punta de 06.00 a 09.00 horas y un máximo global del 25% de las circulaciones de una jornada, garantizándose en las líneas interurbanas como mínimo un viaje de ida y vuelta al día.   
13. Servicio de grúas:  
13.1. Un conductor de vehículo grúa, dedicado a atender situaciones de necesidad.  
14. Medios de comunicación:  
14.1 Se deberá prestar el servicio por parte del 50% del personal que realiza sus tareas habitualmente en los servicios informativos.  
15. Energía:  
15.1 Las empresas y organismos encargados de la producción y suministro de energía eléctrica, producción y distribución de gas y depuración y suministro de aguas, deberán prestar un servicio equivalente al habitual en un día festivo.  
  
Segundo  
Lo dispuesto en los apartados anteriores de esta resolución, no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación, no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.  
  
Tercero  
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Adviértase con la notificación a las partes el derecho que les asiste de recurrir la presente resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a su notificación, en la forma prevista en los artículos 115 y siguientes de la mencionada ley.  
  
Valencia, 23 de marzo de 2012.- La consellera de Educación, Formación y Empleo (por delegación de firma, Resolución 11.10.2011), el director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social: Joaquín Vañó Gironés.