Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9328, del 29-04-2022 (2022/3115)

Información pública de la emisión del informe ambiental y territorial estratégico de la modificación puntual número 30 del Plan general de ordenación urbana.
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Número DOGV
:   9328

Fecha DOGV
:   29-04-2022

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2022/3115


Fecha del documento
:   24-03-2022

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Ibi

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Ibi
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de la emisión del informe ambiental y territorial estratégico de la modificación puntual número 30 del Plan general de ordenación urbana. [2022/3115]  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53.7 y 53.8 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, y en cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno Local, adoptado el día 22.03.2022, se procede a la publicación del informe ambiental y territorial estratégico favorable, en el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica de la modificación puntual núm. 30 del PGOU de Ibi, consistente en la supresión de la transitoriedad de la norma zonal (8-TRA), del PGOU de Ibi,  
  
«Propuesta de acuerdo para emitir informe ambiental y territorial estratégico en el procedimiento simplificado, de la modificación puntual núm. 30 del PGOU de Ibi, consistente en la supresión de la transitoriedad de la norma zonal (8-TRA), del PGOU de Ibi.  
Previa declaración de urgencia de conformidad con lo establecido en los articulos 51 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 91.4 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y por unanimidad de los asistentes seis miembros de los siete que componen la Junta de Gobierno local, se incluye en el Orden del Día el punto arriba epigrafiado.  
Vista la propuesta del segundo teniente de Alcalde, Santiago Cózar Valls de fecha dieciocho de marzo de 2022 que establece que:   
Visto el expediente que se tramita en el Departamento de Urbanismo relativo a la Modificación núm. 30. Norma Zonal 8. Transformación.  
  
Visto el informe emitido por la Coordinadora de Territorio y Medio Ambiente y el Arquitecto Municipal, de fecha 17.03.2021, que a continuación se transcribe:  
  
«Informe técnico-jurídico para la resolución de informe ambiental y territorial estratégico (IATE)  
  
1. Antedecentes  
Con fecha 07.10.2020 el Ayuntamiento Pleno adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: «solicitar al Órgano Ambiental Municipal el inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, de la modificación puntual núm. 30. Eliminación de la Norma Zonal 8/TRA», del Plan general de ordenación urbana de Ibi.  
En cumplimiento del artículo 53 del TR-LOTUP, se sometió el documento que contiene el borrador del plan y el documento inicial estratégico a consultas de las administraciones públicas afectadas y a personas interesadas.  
  
2. Documentación presentada  
La solicitud de inicio, remitida por el Ayuntamiento de Ibi como órgano promotor y sustantivo, se acompaña de borrador del Plan y de documento inicial estratégico con los contenidos del artículo 52 del TR-LOTUP.  
  
3. Planeamiento vigente  
El planeamiento municipal vigente es el Plan general de ordenación urbana, aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo el 3 de febrero de 2000 (BOP 26.05.2000). Este Plan fue sometido a evaluación ambiental habiéndose emitido Declaración de Impacto Ambiental el 24 de mayo de 1999 (expte 86/99 AIA).  
  
4. Documento inicial estratégico  
4.1. Descripción, objeto y justificación  
El municipio de Ibi cuenta con un Plan General aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 3 de febrero de 2000. Dicho Plan General fue evaluado ambientalmente, obteniendo declaración de impacto ambiental favorable con determinadas condiciones en fecha 24 de mayo de 1999.  
La Norma Zonal 8 - Zona de Transformación, del Plan General de Ibi, tiene por objeto la regulación del posible cambio de uso industrial al residencial característico de la zona en aquellos ámbitos en que dicho cambio está expresamente permitido y grafiado en sus planos de usos.  
Por ello, el Ayuntamiento de Ibi, promueve la Modificación Puntual núm. 30 para la supresión de la transitoriedad de la Norma Zonal 8-TRA al eliminar el uso industrial y para el establecimiento de un régimen transitorio, que regulará las intervenciones y usos de las edificaciones industriales existentes hasta su completa desaparición, potenciando así los valores de la trama urbana característica y sociales, y respetando la calificación residencial ya prevista por el planeamiento actual.  
Como desarrollo del objetivo principal descrito se proponen unos objetivos específicos que pretenden ser alcanzados con la redacción de la presente Modificación Puntual:  
- Favorecer una movilidad más limpia en el núcleo urbano con la eliminación de transporte pesado, desplazándolos a los sectores industriales del municipio.  
- Regenerar las áreas urbanas de las zonas de Transformación y que son espacios de oportunidad.  
- Potenciar la implantación de nuevas industrias en las áreas industriales.  
De esta forma, se define como objeto fundamental de la presente modificación:  
- La supresión de la transitoriedad de Norma Zonal 8-TRA del K.E.Y.J. de Ibi, atendiendo al período transitorio establecido en el Planeamiento General de 10 años.  
- La regulación de un nuevo régimen transitorio, que no permitirá la implantación de nuevas industrias y que regulará las intervenciones y usos de las edificaciones industriales existentes hasta su completa desaparición. Se potenciará la implantación y desarrollo del uso residencial característico del entorno inmediato, de manera que se garantice una continuidad de la imagen urbana en estas áreas y se favorezca una movilidad más limpia en el núcleo urbano con la eliminación de transporte pesado.  
- La regeneración de las áreas de las zonas de Transformación que son espacios de oportunidad y potenciar la implantación y traslado de nuevas industrias a los nuevos suelo industriales en desarrollo.  
  
5. Consultas realizadas  
La junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ibi, como órgano ambiental y territorial, ha sometido la documentación aportada (DIE y Borrador del Plan), a consulta de las siguientes administraciones afectadas y personas interesadas.  
  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSULTADA Fecha Consulta Fecha Informe  
Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad  
Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante 04.11.2020 25.11.2020  
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.  
Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante 04.11.2020 30.11.2020  
Confederación Hidrográfica del Júcar 04.11.2020 20.05.2021  
Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad  
Servicio de Ordenación del Territorio (PATRICOVA) 25.11.2020 02.11.2021  
  
  
5.1. Urbanismo  
El Servicio Territorial de urbanismo de Alicante emite informe favorable con fecha 25.11.2021, indicando que la propuesta no contraviene la normativa de aplicación.  
Si bien no se identifican efectos significativos sobre el medio ambiente, el informe señala «la necesidad de que la documentación que se someta a participación pública contenga estudio de integración paisajística, tal como establecen los artículos 6 y 39 del TR-LOTUP, así como justificación de la planificación con perspectiva de género, tal como reclama el artículo 1.1 del anexo XII del TRLOTUP.»  
Por otra parte, manifiesta que la competencia para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento corresponde al Ayuntamiento de Ibi, al afectar a la ordenación pormenorizada definida en el artículo 35 del TR-LOTUP, tal y como establece el artículo 44.5 del TR-LOTUP, siendo asimismo el Ayuntamiento de Ibi el órgano ambiental y territorial competente a tenor de los establecido en el artículo 49 del TR-LOTUP, al afectar única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano.  
  
5.2. Industria  
5.2.1. En materia de instalaciones eléctricas  
Con fecha 26.11.2020, se emite informe por parte del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, donde se pone de manifiesto la necesidad de trasladar consulta a la compañía suministradora del municipio, debiéndose tener en cuenta para la previsión de los suministros el cálculo de la demanda existente y previsible, que asegure la dotación del suministro de electricidad.  
Se deberá asimismo presentar cartografía en la que se incorporen las infraestructuras eléctricas, con indicación de las correspondientes zonas de afección.  
5.2.2. En materia de infraestructuras de hidrocarburos  
En materia de hidrocarburos, se propone incorporar en la cartografía las infraestructuras actuales de hidrocarburos de la zona, con indicación de las correspondientes zonas de afección y servidumbres según lo establecido por la reglamentación de seguridad industrial de aplicación.  
5.3. Confederación Hidrográfica del Júcar  
Con fecha 17.05.2021, se emite informe del Comisario de Aguas de la CHJ.  
En cuanto a la afección a cauces, se concreta que las parecelas se encuentran parcialmente afectadas por zona de policía de cauces, debiendo estar a lo establecido en el RDPH en cuanto a los actos de uso y edificación en dichas zonas.  
En cuanto al saneamiento y la depuración, se establece la prohibición del vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con las previa autorización administrativa.  
En cuanto a las aguas pluviales, se establece la obligatoriedad de introducir sistemas de drenaje sostenibles para las nuevas urbanizaciones y desarrollos urbanísticos. No obstante, puesto que la modificación pretendida tiene por objeto eliminar la transitoriedad del uso industrial, y su ámbito se enmarca en una zona altamente antropizada y urbanizada, no se estima de aplicación el requisito enunciado, a excepción de los sectores de suelo urbanizable, donde se podrá prever en su desarrollo correspondiente.  
En cuanto a la inundabilidad del ámbito, se concreta que varias parcelas se encuentran en zona inundable para la avenida de 500 años. A este respecto, se estará a lo dispuesto en el RDPH en cuanto a los actos de uso y edificación en dichas zonas.  
En cuanto a la afección al régimen de corrientes, se informa que varias parcelas afectadas por la modificación se sitúan en zona de policía de cauces, pero no se encuentran afectadas por la zona de flujo preferente, por lo que no existe afección al régimen de corrientes. A este respecto, se estará a lo dispuesto en el RDPH en cuanto a los actos de uso y edificación en dichas zonas.  
En cuanto a la viabilidad de la actuación, y por estar las parcelas afectadas por zona inundable, el informe se remite a lo establecido en el artículo 14 bis del RDPH.  
En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, se requiere la justificación de los siguientes aspectos:  
- Justificación de la demanda de agua prevista para la actuación, expresada en m³/año (incremento de la demanda de recursos hídricos derivado de la modificación propuesta o justificación de su no incrementación).  
- Origen del agua con el que va a abastecerse la demanda. A este respecto se indicará la procedencia de los recursos con los que se abastecerá la actuación propuesta (red municipal, nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas o superficiales, aguas reutilizadas, aguas desalinizadas, cambio de uso de concesiones existentes...).  
- Acreditación del derecho al uso del agua. De acuerdo con el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Aguas el derecho al uso privativo de las aguas se adquiere por disposición legal (art. 54) o por concesión administrativa. A este respecto se indicará la referencia del expediente de concesión o los datos de la inscripción en el Registro de Aguas que amparan el derecho al uso privativo de las aguas para atender el incremento de demanda que supone la actuación prevista, todo ello con el fin de asegurar que la actuación que se pretende realizar es compatible con las previsiones de los planes hidrológicos y además no supone afectación o menoscabo a otros usos existentes legalmente implantados.  
5.4. Riesgo de Inundación (PATRICOVA)  
Con fecha 26.07.2021 se emite informe por parte del jefe de Servicio de Gestión Territorial (PATRICOVA).  
En cuanto a la valoración del riesgo de inundación, se informa que «se debe considerar ordenación estructural la modificación de los usos en las zonas afectadas por zona de flujo preferente (niveles de peligrosidad de P1 a P3), regulados en el artículo 9 ter del reglamento de Aguas: - Centros Escolares o Sanitarios, Residencias (resto art.9.ter regl.) + (P1-P2-P3).»  
En este sentido, puesto que las modificación plantea la supresión de la transitoriedad del uso industrial, y no una modificación de los usos, y puesto que las parcelas no se encuentran afectadas por zona de flujo preferente, no se considera ordenación estructural.  
Por otra parte, se concluye informando que «por todo lo expuesto, se considera que el ámbito de la modificación núm. 30 del PGOU de Ibi se encuentra afectado por peligrosidad de inundación y, según lo que se pretende, es compatible con las condiciones indicadas en el presente informe, todo ello según las determinaciones normativas del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación de la Comunidad Valenciana».  
Al efecto, cabe informar que la presente actuación tiene por objeto eliminar la transitoriedad del uso industrial permitido en las parcelas calificadas como 8/TRA, manteniendo el uso residencial ya previsto por el PGOU, por lo que en ningún caso se incrementará la vulnerabilidad del riesgo de inundación. No obstante, en las parcelas afectadas por riesgo de inundación en suelo urbano se atenderá lo establecido en la normativa del PATRICOVA con motivo del otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en materia de edificación; y en cuanto a los nuevos desarrollos que pretendan ejecutarse se estará a lo establecido en la normativa sectorial de aplicación, así como a lo que se derive de los informes sectoriales que al efecto se recaben.  
  
6. Identificación y valoración de los posibles efectos sobre el medio ambiente  
Conforme a lo establecido en el artículo 46.3 del TR-LOTUP, el órgano amiental y territorial determinará, teniendo en consideración los criterios del anexo VIII, el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental y territorial ordinario o simplificado, en función de la existencia de efectos significativos sobre el medio ambiente, previa consulta a las administraciones públicas afectadas a las que se refieren los artículos 48.d y 53.1 de la LOTUP.  
Analizado el documento inicial estratégico y los informes recibidos, se efectúa la valoración de los posibles efectos de la presente modificación puntual.  
6.1. Criterios para determinar el sometimiento a evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria  
Un plan habrá de someterse a evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria, en función de la existencia de efectos significativos sobre el medio ambiente, tomando como referencia los siguientes criterios, de acuerdo con el anexo VIII del TR-LOTUP:.  
En cuanto a las características de los planes y programas, considerando en particular:  
«a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades, bien en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones y condiciones de funcionamiento o bien en relación con la asignación de recursos.  
b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los que estén jerarquizados.  
c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.  
d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.  
e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente, como, entre otros, los planes o programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos.  
f) La incidencia en el modelo territorial.»  
En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en particular:  
«a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.  
b) El carácter acumulativo de los efectos.  
c) El carácter transfronterizo de los efectos.  
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente.  
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la población que puedan verse afectadas).  
f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:  
1.º Las características naturales especiales.  
2.º Los efectos en el patrimonio cultural.  
3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.  
4.º El sellado y la explotación intensiva del suelo.  
5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos nacional, comunitario o internacional.  
6.º Los efectos sobre el desarrollo equilibrado del territorio.»  
6.2. Posibles efectos significativos sobre el medio ambiente  
El ámbito afectado, se corresponde con áreas de suelo urbano consolidadas por la edificación y urbanización, con una trama urbana dotada de servicios públicos y equipamientos y áreas de suelo urbanizable ordenadas pormenorizadamente. Se trata de edificaciones en suelo y zona altamente antropizada, por lo que la actuación seguida y pretendida, ostenta nula incidencia en el medio ambiente, ni en la flora y fauna de dichos terrenos.  
Asimismo, dado que el alcance de la modificación se limita únicamente a la supresión de la transitoriedad de la norma zonal 8, con la eliminación del uso industrial en el núcleo urbano y en áreas de suelo urbanizable ordenadas pormenorizadamente, el planeamiento no resulta afectado a escala ambiental ni territorial al no modificar la clasificación y calificación del suelo.  
Por el carácter del suelo, no existen características naturales especiales, ni efectos sobre el patrimonio cultural, no afecta a ningún ámbito con rango de protección reconocido, no produce efectos negativos sobre el desarrollo equilibrado de territorio, no se superan valores límites de calidad ambiental ni se produce un mayor sellado o explotación intensiva del suelo, ya que la rectificación no implica un mayor aprovechamiento ni uso del suelo urbanizado.  
Por ello, de la presente modificación no se aprecian efectos significativos negativos sobre el medio ambiente, ni sobre el patrimonio natural ni cultural.   
6.3. Valoración  
Analizada la alternativa propuesta, atendiendo a la documentación obrante en el expediente y a los informes emitidos, se observa que la propuesta de la modificación puntual núm. 30 del PGOU de Ibi, no ostenta incidencias significativas sobre el medio ambiente, sobre el patrimonio natural ni cultural, ni sobre el modelo territorial establecido en la planificación urbanística municipal, por lo que se estima que la alternativa propuesta es compatible a efectos ambientales, en los términos propuestos en este informe.  
  
7. Consideraciones jurídicas  
La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención, establecido en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, para la integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos. Dicha directiva se incorpora al derecho interno español mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y al derecho autonómico mediante el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje dela Comunidad Valenciana, aprobada por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio (TR-LOTUP).   
El Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, establece en el artículo 22 que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación ambiental.  
  
8. Conclusión  
Conforme a lo establecido en el artículo 46.3 del TR-LOTUP, el órgano ambiental y territorial determinará, teniendo en consideración los criterios del anexo VIII, el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental y territorial ordinario o simplificado, en función de la existencia de efectos significativos sobre el medio ambiente.  
De acuerdo con los criterios del anexo VIII, así como de lo que se deriva de los pronunciamientos de las administraciones públicas afectadas (art. 53.1 del TR-LOTUP), se puede concluir que el procedimiento de evaluación ambiental simplificado es suficiente para determinar que la modificación puntual pretendida no presenta efectos significativos sobre el medio ambiente, si bien deben establecerse condicionantes previos a su aprobación definitiva.  
Por lo expuesto anteriormente, se informa favorablemente en cuanto a la emisión de informe ambiental y territorial estratégico en el procedimiento simplificado, proponiendo proceder la tramitación de la modificación puntual núm. 30 del PGOU de Ibi, consistente en la supresión de la transitoriedad de la norma zonal (8-TRA), del PGOU de Ibi, conforme al capítulo III, del título III, del libro I del TR-LOTUP, y todo ello de acuerdo con los criterios del anexo VIII de la LOTUP y los informes de las Administraciones Públicas consultadas, por considerar que su alcance no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.  
No obstante lo anterior, la propuesta de la modificación, y con carácter previo a su exposición al público y aprobación definitiva, deberá atender a los siguientes condicionamientos:   
- La propuesta deberá contener el correspondiente Estudio de Integración Paisajística.  
- La propuesta deberá contener el estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica, así como incorporar la perspectiva de género en la planificación.  
- En materia de energía:  
· Se deberá trasladar la consulta a la compañía suministradora del municipio, debiéndose tener en cuenta para la previsión de los suministros el cálculo de la demanda existente y previsible, que asegure la dotación del suministro de electricidad.  
· Se deberá asimismo presentar cartografía en la que se incorporen las infraestructuras eléctricas, con indicación de las correspondientes zonas de afección.  
- En materia de hidrocarburos, se propone incorporar en la cartografía las infraestructuras actuales de hidrocarburos de la zona, con indicación de las correspondientes zonas de afección y servidumbres según lo establecido por la reglamentación de seguridad industrial de aplicación.  
- En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, se requiere la justificación de los siguientes aspectos:  
· Justificación de la demanda de agua prevista para la actuación, expresada en m³/año (incremento de la demanda de recursos hídricos derivado de la modificación propuesta o justificación de su no incrementación).  
· Origen del agua con el que va a abastecerse la demanda. A este respecto se indicará la procedencia de los recursos con los que se abastecerá la actuación propuesta (red municipal, nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas o superficiales, aguas reutilizadas, aguas desalinizadas, cambio de uso de concesiones existentes...).  
· Acreditación del derecho al uso del agua. De acuerdo con el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Aguas el derecho al uso privativo de las aguas se adquiere por disposición legal (art. 54) o por concesión administrativa. A este respecto se indicará la referencia del expediente de concesión o los datos de la inscripción en el Registro de Aguas que amparan el derecho al uso privativo de las aguas para atender el incremento de demanda que supone la actuación prevista, todo ello con el fin de asegurar que la actuación que se pretende realizar es compatible con las previsiones de los planes hidrológicos y además no supone afectación o menoscabo a otros usos existentes legalmente implantados.»  
El artículo 48.c de la LOTUP, establece que el órgano ambiental y territorial es el órgano autonómico, dependiente de la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y medio ambiente que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y territorial, formula las declaraciones ambientales y territoriales estratégicas, y en colaboración con el órgano promotor y sustantivo, vela por la integración de los aspectos ambientales, junto a los territoriales y funcionales, en la elaboración del plan o del programa. El órgano ambiental y territorial será el ayuntamiento del término municipal del ámbito del planeamiento objeto de la evaluación ambiental, sin perjuicio de la asistencia y la cooperación de las diputaciones provinciales de acuerdo con la legislación de régimen local, en los siguientes casos:  
1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en la presente ley.  
2. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que, en el desarrollo de planeamiento evaluado ambientalmente, afecten única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable definida en la presente ley.  
3. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la ordenación estructural del suelo urbano que cuente con los servicios urbanísticos efectivamente implantados, sin modificar el uso dominante de la zona establecida en la ordenación estructural.  
La competencia en materia de evaluación ambiental y territorial estratégica no está asignada a ningún órgano por la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local. No obstante, como quiera que los aprobación de los planes urbanísticos corresponde al Pleno de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.c del citado cuerpo legal, resulta conveniente que la evaluación ambiental y territorial estratégica la realice otro órgano municipal.  
A la vista de lo establecido en la Ley 7/1985, puede ostentar la condición de órgano ambiental municipal, el alcalde, en virtud de la competencia residual que viene regulada en su artículo 21.1.s.  
Mediante decreto de la Alcaldía, de fecha 17 de junio de 2019, se delegó en la Junta de Gobierno Local la atribución establecida en el artículo 21.1.s de Ley de bases de régimen local.  
  
Visto lo que antecede, este teniente de alcalde delegado del Área de Territorio y Patrimonio, en virtud de la resolución de la Alcaldía 142/2019, de 17 de junio, publicada en el BOP núm. 118, de 21.06.2019, eleva la Junta de Gobierno Local, la siguiente  
  
Propuesta de acuerdo:  
  
Primero. Emitir informe ambiental y territorial estratégico en el procedimiento simplificado, de la modificación puntual núm. 30 del PGOU de Ibi, consistente en la supresión de la transitoriedad de la norma zonal (8-TRA), del PGOU de Ibi, conforme al capítulo III, del Título III, del Libro I del TR-LOTUP, y todo ello de acuerdo con los criterios del anexo VIII de la LOTUP y los informes de las Administraciones Públicas consultadas, por considerar que su alcance no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.  
No obstante lo anterior, la propuesta de la modificación, y con carácter previo a su exposición al público y aprobación definitiva, deberá atender a los siguientes condicionamientos:   
- La propuesta deberá contener el correspondiente Estudio de Integración Paisajística.  
- La propuesta deberá contener el estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica, así como incorporar la perspectiva de género en la planificación.  
- En materia de energía:  
· Se deberá trasladar la consulta a la compañía suministradora del municipio, debiéndose tener en cuenta para la previsión de los suministros el cálculo de la demanda existente y previsible, que asegure la dotación del suministro de electricidad.  
· Se deberá asimismo presentar cartografía en la que se incorporen las infraestructuras eléctricas, con indicación de las correspondientes zonas de afección.  
- En materia de hidrocarburos, se propone incorporar en la cartografía las infraestructuras actuales de hidrocarburos de la zona, con indicación de las correspondientes zonas de afección y servidumbres según lo establecido por la reglamentación de seguridad industrial de aplicación.  
- En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, se requiere la justificación de los siguientes aspectos:  
· Justificación de la demanda de agua prevista para la actuación, expresada en m³/año (incremento de la demanda de recursos hídricos derivado de la modificación propuesta o justificación de su no incrementación).  
· Origen del agua con el que va a abastecerse la demanda. A este respecto se indicará la procedencia de los recursos con los que se abastecerá la actuación propuesta (red municipal, nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas o superficiales, aguas reutilizadas, aguas desalinizadas, cambio de uso de concesiones existentes...).  
Acreditación del derecho al uso del agua. De acuerdo con el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Aguas el derecho al uso privativo de las aguas se adquiere por disposición legal (art. 54) o por concesión administrativa. A este respecto se indicará la referencia del expediente de concesión o los datos de la inscripción en el Registro de Aguas que amparan el derecho al uso privativo de las aguas para atender el incremento de demanda que supone la actuación prevista, todo ello con el fin de asegurar que la actuación que se pretende realizar es compatible con las previsiones de los planes hidrológicos y además no supone afectación o menoscabo a otros usos existentes legalmente implantados.  
  
Segundo. Comunicar el presente acuerdo al Departamento de Urbanismo para continuar con el procedimiento de aprobación.  
  
Tercero. Remitir el presente acuerdo al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para su publicación.»  
  
Ibi, 24 de marzo de 2022.- El teniente de alcalde: Santiago Cózar Valls.