Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7854, del 19-08-2016 (2016/6001)

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, de la presidencia del Consorcio Espacial Valenciano, por la que se da publicidad a la modificación de sus estatutos.
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Número DOGV
:   7854

Fecha DOGV
:   19-08-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/6001


Fecha del documento
:   19-07-2016

Organismo emisor
:   Consorcio Espacial Valenciano

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2016, de la presidencia del Consorcio Espacial Valenciano, por la que se da publicidad a la modificación de sus estatutos. [2016/6001]  
Los estatutos del Consorcio Espacial Valenciano, aprobados por acuerdo de 12 de marzo de 2010, del Consell (DOCV 6227, 16.03.2010), en el artículo 20 atribuyen a su Junta de Gobierno la capacidad de modificar dichos estatutos.  
Reunida la Junta de Gobierno del Consorcio Espacial Valenciano, en fecha 23 de febrero de 2016, a propuesta de la presidencia aprobó por unanimidad la modificación de sus estatutos, ajustándose con posterioridad a los mismos trámites seguidos en la aprobación estatutaria inicial. Una vez completados dichos trámites, esta presidencia resuelve dar publicidad, a través de su inserción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a la modificación de los estatutos del Consorcio Espacial Valenciano cuyo texto figura como anexo a esta resolución.  
  
Valencia, 19 de julio de 2016.- El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y presidente del Consorcio Espacial Valenciano: Vicent Marzà Ibáñez.  
  
  
ANEXO  
Modificación de los estatutos del Consorcio Espacial Valenciano  
  
Primero. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:  
«Artículo 2. Entes consorciados y adscripción  
Son entes consorciados la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València- Estudi General.  
Podrán incorporarse al consorcio nuevos miembros, mediante solicitud previa de los mismos y aceptación, por su parte, de las condiciones de admisión que, en su caso, el consorcio establezca. Dicha incorporación surtirá efecto una vez que acepten fehacientemente dichas condiciones y estos estatutos.  
De conformidad con la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, introducida por la disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el consorcio queda adscrito a la Generalitat, en aplicación de los criterios de prioridad fijados por la citada Disposición Adicional vigésima, permaneciendo adscrito a dicha Administración, en tanto no se modifiquen, en próximos ejercicios presupuestarios, las circunstancias que podrían determinar que sea otra Administración Pública a la que debiera adscribirse el consorcio».  
  
Segundo. El artículo 8.1.b queda redactado del siguiente modo:  
«b) Aprobar el nombramiento y separación del gerente».  
  
Tercero. El artículo 12.1.h queda redactado del siguiente modo:  
«h) Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento y separación del gerente del consorcio».  
  
Cuarto. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:  
«Artículo 14. La gerencia  
1. El titular de la gerencia, órgano unipersonal de carácter ejecutivo, profesional y retribuido, será seleccionado entre personal especialmente capacitado para la gestión ordinaria del consorcio, bajo criterios de igualdad, idoneidad, mérito, capacidad y publicidad. Estará sujeto a evaluación con arreglo a criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación a los objetivos fijados por la Junta de Gobierno.  
2. Son atribuciones del gerente (director gerente):  
a) La dirección de la ejecución de los acuerdos y resoluciones de los demás órganos del consorcio.  
b) La dirección técnico-económica y ejecución de los programas propios del consorcio, así como de las actividades de investigación científica y servicios de desarrollo objeto del consorcio.  
c) La dirección del personal y de los servicios del consorcio, en el orden económico y administrativo.  
d) Representar al consorcio en su tráfico ordinario.  
e) Abrir y cancelar de forma mancomunada, con el miembro del consorcio que tenga atribuida esa facultad, toda clase de cuentas corrientes y de ahorro en cualquier establecimiento al efecto, bien sea en metálico o en valores.  
f) La elaboración de los proyectos de presupuestos, su liquidación para aprobación por la Junta de Gobierno, la programación de la actividad del consorcio y la memoria anual de actividades.  
g) La formulación de propuestas que se sometan a la aprobación de los demás órganos del consorcio.  
h) La gestión administrativa, económica y contable del consorcio.  
i) Aquellas otras facultades que expresamente le delegue el presidente o la Junta de Gobierno».  
  
Quinto. El artículo 16 queda redactado del siguiente modo:  
«Artículo 16. Régimen de presupuestación, contabilidad y control  
1. El consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración pública a la que esté adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
2. Se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio.  
3. El consorcio formará parte de los presupuestos y estará incluido en la cuenta general de la Administración pública a la que esté adscrito.  
4. El control externo corresponderá al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Comptes en las materias de su competencia».  
  
Sexto. El artículo 18 queda redactado del siguiente modo:  
«Artículo 18. Personal  
1. El personal al servicio del consorcio estará formado por:  
a) El personal funcionario o laboral que se incorpore al consorcio procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de sus entes consorciados, según lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.  
b) Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de los entes consorciados en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el órgano competente de la Generalitat podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones (disposición final segunda de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).  
2. En virtud de lo establecido en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Disposición Final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local:  
a) El régimen jurídico del personal funcionario o laboral al que se refiere el punto 18.1.a, que se incorpore al consorcio procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de sus entes consorciados, será el de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella. En caso de cese, los empleados públicos, funcionarios o laborales, serán reintegrados a su Administración de origen conforme a la normativa de aplicación respectiva.  
b) El régimen jurídico de aplicación al personal al que se refiere el punto 18.1.b será el que corresponda de acuerdo con su naturaleza, y con carácter general, estará sometido al régimen establecido por la Administración Pública a la que esté adscrito el consorcio. Este personal no guardará en ningún caso relación jurídica o laboral con los entes consorciados.  
3. En todo caso, el personal que sea contratado por el propio consorcio lo será con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y de conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público».  
  
Séptimo. La denominación del título V queda redactada del siguiente modo:  
«Título V. Modificación, separación, disolución y liquidación del consorcio».  
  
Octavo. El artículo 19 queda redactado del siguiente modo y pasa a incorporarse al título V:  
«Artículo 19. Modificación de los estatutos  
La propuesta de modificación de los estatutos a instancia de cualquier ente consorciado será sometida a la Junta de Gobierno, que la hará suya si resulta aprobada por unanimidad. Aprobada por la Junta de Gobierno, la modificación habrá de ajustarse a los mismos trámites seguidos para la aprobación de los estatutos».  
  
Noveno. El artículo 20 queda redactado del siguiente modo:  
«Artículo 20. Régimen de separación del consorcio  
1. De conformidad con el artículo 12.1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, dada la vigencia indefinida del consorcio, cualquier ente consorciado podrá ejercer en todo momento su derecho de separación mediante escrito notificado a la Junta de Gobierno.  
2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado a la Junta de Gobierno del consorcio.  
3. El ejercicio del derecho de separación producirá la disolución del consorcio salvo que el resto de sus entes consorciados, por unanimidad, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o dos entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.  
4. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán las siguientes reglas:  
a) Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta para la determinación de la cuota de liquidación tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación al fondo patrimonial del consorcio, así como la financiación concedida cada año.  
Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.  
La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.  
b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la ley, a la Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quién, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, se adscribe en aplicación de los criterios establecidos legalmente».  
  
Décimo. El artículo 21 queda redactado del siguiente modo:  
«Artículo 21. Disolución  
1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución que los fines estatutarios del consorcio hayan sido cumplidos.  
2. La Junta de Gobierno, al adoptar por unanimidad el acuerdo de disolución, y habiendo sido refrendado dicho acuerdo por el órgano competente de cada uno de los entes consorciados, nombrará un liquidador. A falta de acuerdo, el liquidador será el gerente del consorcio.  
4. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada ente consorciado de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el del porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada ente consorciado al fondo patrimonial del mismo, así como la financiación concedida cada año.  
5. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que esta resulte positiva.  
6. Los entes consorciados podrán acordar por unanimidad la cesión global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida.  
7. El patrimonio del consorcio que procediera de alguno de los entes consorciados volverá al mismo ente».