Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7830, del 18-07-2016 (2016/5679)

ACUERDO de 8 de julio de 2016, del Consell, por el que se renuncia a la adjudicación de 31 licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, a la Comunitat Valenciana. Expediente número CNMY11/DGPI/12.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7830

Fecha DOGV
:   18-07-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2016/5679


Fecha del documento
:   08-07-2016

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato administrativo

ACUERDO de 8 de julio de 2016, del Consell, por el que se renuncia a la adjudicación de 31 licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, a la Comunitat Valenciana. Expediente número CNMY11/DGPI/12. [2016/5679]  
Antecedentes  
  
I. Por resolución de fecha 9 de noviembre de 2011, de la consellera de Presidencia y Vicepresidenta del Consell, publicada en el DOCV número 6650, de 14 de noviembre de 2011, se convocó concurso público para la adjudicación de 31 licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de carácter comercial, en la Comunitat Valenciana, y se aprobó el pliego de condiciones que debía regir esta licitación. El plazo de presentación de ofertas finalizó el día 16 de diciembre de 2011.  
II. Seguidos los trámites correspondientes, la mesa de licitación en su reunión de fecha 20 de enero de 2012, tras calificar la documentación administrativa aportada por los licitadores, acordó la relación de empresas finalmente admitidas al concurso, así como la designación, al amparo del apartado 9.4 del pliego de condiciones, de un comité de expertos para la valoración de las ofertas técnicas presentadas.  
III. Mediante Acuerdo del Consell de fecha 11 de mayo de 2012 (DOCV 6773, 14.05.2012) se amplió en tres meses, hasta el 14 de agosto de 2012, el plazo para resolver el concurso, atendiendo al elevado número de ofertas presentadas -462, formuladas por 115 empresas-, a la complejidad de su valoración, y a la imposibilidad de acudir a medidas alternativas como la habilitación de más medios personales o materiales, ya que la valoración solo podía realizarse por los tres expertos designados por la mesa de licitación, conforme a lo previsto en el pliego de condiciones.  
IV. En fecha 30 de julio de 2012, el comité de expertos aporta informe técnico sobre las ofertas presentadas, respecto del cual la mesa de licitación solicita la corrección de determinados errores materiales advertidos, así como la aclaración de algunos aspectos de la valoración.  
V. Mediante Resolución de 31 de enero de 2013, del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua (DOCV 6962, 11.02.2013) se modifica la composición de la mesa de licitación para adecuarla a los cambios en la estructura de la Administración de la Generalitat.  
VI. Con fecha 19 de septiembre de 2013, la comisión de expertos remite a la mesa de licitación un nuevo informe técnico de valoración de las ofertas técnicas que modifica el anterior.  
VII. Por Resolución de 26 de enero de 2015, de la Presidencia de la Generalitat (DOCV 7460, 06.02.2015) se modifica nuevamente la composición de la mesa de licitación, con el fin de adecuarla a las modificaciones producidas en la estructura de la administración de la Generalitat, la cual, nuevamente constituida, en fecha 2 de marzo de 2015 acepta el informe técnico presentado.  
VIII. Tras sucesivas reuniones de la mesa de licitación de fechas 23 de marzo y 2 de abril de 2015, se solicita a los expertos que motiven detalladamente las puntuaciones otorgadas a las diferentes ofertas.  
IX. En fecha 23 de mayo de 2016, el secretario autonómico de Comunicación, órgano competente en la materia, emite informe sobre la concurrencia de razones de interés público que justifican la renuncia al otorgamiento de las licencias convocadas.  
X. La Mesa de licitación, en reunión celebrada en fechas 24 de mayo y 1 de junio de 2016, pone de manifiesto que, ante la insuficiente motivación de los informes técnicos de valoración obrantes en el expediente, resulta imposible formular en la actualidad una propuesta de adjudicación debidamente motivada sobre la base de los mismos, por lo que, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en la tramitación del procedimiento y el tiempo transcurrido, así como el informe emitido por la secretaría autonómica competente respecto de la existencia de razones de interés público que justificarían la renuncia al otorgamiento, acuerda someterlo a la consideración del Consell, órgano a quien corresponde la resolución del procedimiento.  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. Conforme al artículo 22 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos se configuran como servicios de interés general que requieren, cuando los mismos se presten mediante ondas hertzianas terrestres, de licencia previa otorgada mediante concurso por la autoridad audiovisual competente.  
Segundo. De acuerdo con la cláusula 6.ª del pliego de condiciones, el otorgamiento de las licencias objeto de la presente convocatoria se rige por lo dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en la Ley 33/2003, de 30 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana y, en cuanto fuese compatible con aquellas, por el Decreto 38/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de inscripción de las mismas en el Registro de Concesionarios. Asimismo, y en la medida que no resulte incompatible con la legislación básica, es de aplicación lo establecido en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual y el Real Decreto 946/2006, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.  
Tercero. La cláusula 11 del pliego de condiciones establece que la mesa de licitación formulará la propuesta de adjudicación a la consellera de Presidencia, que la elevará al Consell para su resolución por este en el plazo de seis meses desde la publicación de la convocatoria del concurso. Este plazo podrá ser prorrogado por el Consell si lo considera conveniente. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya dictado y publicado la resolución expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes. Este plazo, como se ha hecho referencia en el antecedente de hecho tercero, venció el 14 de agosto de 2012.  
Cuarto. El artículo 139 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de aplicación supletoria al presente procedimiento conforme a la disposición transitoria segunda de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, dispone que el órgano de contratación podrá, antes de su adjudicación, renunciar a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente.  
Quinto. En el presente procedimiento, concurren las razones de interés público puestas de manifiesto por la Secretaría Autonómica de Comunicación que aconsejan la renuncia al otorgamiento de las licencias convocadas:  
5.1. Así, en primer lugar, el procedimiento de licitación responde a un modelo de sector audiovisual en proceso de revisión institucional. En la actualidad, y por diversas circunstancias, el régimen jurídico de los medios de comunicación audiovisuales en la Comunitat Valenciana no responde a las necesidades y a la realidad del sector, y también, en buena parte, está desfasado y debe ajustarse a la normativa básica estatal, lo que está generando un evidente perjuicio a la posibilidad de desarrollo y consolidación de uno de los sectores que son claves en la proyección social y económica de la Comunitat Valenciana, como es el sector de la producción y los medios de comunicación audiovisuales.  
Uno de los ejes estratégicos del Consell para este nuevo periodo, consiste en la normalización del sector de la comunicación audiovisual, a través del desarrollo de un conjunto de proyectos dirigidos al despliegue de todas las responsabilidades que la Generalitat tiene asumidas en la materia. Así, cabe destacar la necesaria reforma de la normativa audiovisual de la Comunitat Valenciana y su adaptación a la legislación básica para la regulación del régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual en su ámbito territorial y, especialmente, de los servicios comunitarios sin ánimo de lucro, así como para el establecimiento del Registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual de la Comunitat Valenciana.  
Conviene referirse, asimismo, a la necesaria creación, por ley, del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, previsto en el artículo 56.3 de nuestro Estatut d'Autonomia, y que debe velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana y, como no, al proceso de recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, y la futura Ley sobre los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat actualmente en tramitación por Les Corts Valencianes.  
La Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de iniciativa parlamentaria, tiene por objeto fijar las condiciones para el restablecimiento de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat, en los términos de lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana. Esta ley, además de precisar los objetivos para el restablecimiento de la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, la reversión de los bienes necesarios para la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y televisión, y el correspondiente control parlamentario, fija el plazo para dictar la futura Ley sobre el servicio público autonómico, previendo la recuperación provisional de la señal, así como las contrataciones de obras, servicios y suministros que resulten necesarias para la preparación de los diferentes servicios que deben integrar el modelo de radiotelevisión pública valenciana de forma transitoria por parte del Consell.  
Igualmente, para abordar el proceso de reforma del sector audiovisual valenciano, se creó, mediante Decreto 112/2015, de 17 de julio, el Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión, Televisión y Otros Medios de Comunicación (ACC-RTV), órgano colegiado consultivo y de participación institucional de la Generalitat, adscrito a la Presidencia y que tiene como objeto el asesoramiento directo al president de la Generalitat y la elaboración de propuestas dirigidas a este.  
Todas estas circunstancias evidencian que la situación del sector audiovisual está en pleno debate por las máximas instituciones de la Generalitat, por lo que se antoja, como más oportuno y respetuoso con el interés general, que las licencias pendientes de resolver respondan al modelo que se adopte por los representantes de las ciudadanas y los ciudadanos de la Comunitat Valenciana  
5.2. En segundo lugar, la resolución del concurso impediría a numerosas entidades sin ánimo de lucro hacer efectivos sus derechos constitucionales y, además, resultaría contrario a la sostenibilidad empresarial en algunas demarcaciones.  
El artículo 20.1 de la Constitución Española reconoce y protege los derechos fundamentales de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación artística; así como el de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Para ello, los medios de comunicación social son un elemento fundamental en la sociedad actual, y contribuyen a hacer efectiva la pluralidad y libertad propia de un sistema social y democrático derecho, además de servir de instrumento para la educación y para la difusión de la cultura. Entre los medios de comunicación social, destaca la importancia creciente que a lo largo de los últimos años han adquirido los medios audiovisuales.  
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, norma básica de referencia en la materia, actualizó, unificó y sistematizó una normativa hasta entonces dispersa y dio respuesta a nuevas situaciones carentes de marco legal. Precisamente, una de las novedades de dicha ley, como destaca su exposición de motivos, es el reconocimiento de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios concebidos únicamente sin finalidad comercial, al consagrarse el derecho de todas las personas a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios no solo públicos o comerciales sino también comunitarios garantizando que la programación incluya distintos géneros y atienda a los diversos intereses de la sociedad.  
De esta manera, el artículo 32 de la Ley General de Comunicación Audiovisual dispone que las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro podrán prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo, con unos contenidos que deberán ser en abierto y sin ningún tipo de comunicación comercial.  
Sin embargo, el ejercicio efectivo de este derecho reconocido a las ciudadanas y los ciudadanos valencianos, así como de las competencias que corresponden a la Generalitat en la materia está supeditado a que, previamente, la Administración General del Estado dé cumplimiento a la obligación que le impone la norma legal de garantizar en todo caso, como dispone su artículo 32.2, la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario.  
Al respecto, debemos constatar que diversas entidades se han dirigido al órgano competente de la administración del Consell manifestando su interés legítimo en la puesta en marcha de servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro y solicitando la concesión de título habilitante que dé cobertura legal a las emisiones, fundamentalmente radiofónicas, a las que, ante la ausencia de espacio radioeléctrico disponible, esta administración no puede dar respuesta, ni tampoco convocar el oportuno procedimiento para su adjudicación.  
Así, en virtud de lo establecido en el artículo 56 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y la obligación de los poderes públicos a velar por la protección y respeto de los derechos, deberes y libertades reconocidos a las valencianas y los valencianos, es por lo que, a propuesta del president de la Generalitat, el Consell, en su reunión del día 22 de enero de 2016, acordó solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que habilite el espacio radioeléctrico necesario para la puesta en marcha de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro en la Comunitat Valenciana, sin que se haya obtenido respuesta del Gobierno de España.  
En esta situación, la garantía de estos derechos, por los que el Consell debe velar, solo puede hacerse efectiva habilitando parte del espacio radioeléctrico cuya gestión corresponde a la Comunitat Valenciana que, en estos momentos, solo puede hacerse con las frecuencias actualmente disponibles y sin titular, que son las pendientes de adjudicación en este procedimiento.  
Asimismo, hay que añadir que el contexto económico ha variado considerablemente desde el momento de la convocatoria, por lo que la resolución del concurso supondría en algunas demarcaciones un exceso en el número de licencias comerciales desde el punto de vista de la sostenibilidad económica y pondría en serio riesgo la supervivencia de algunas emisoras de larga trayectoria en su territorio, por lo que parece más adecuado que estas convivan con emisoras sin ánimo de lucro que no compitan comercialmente con las mismas.  
5.3. En tercer lugar, una nueva convocatoria posibilitaría que nuevas empresas que actualmente operan sin licencia tuviesen oportunidad de concurrir y evitaría los riesgos de colapso del mercado radiofónico en alguna demarcación. Actualmente, y desde la fecha de la convocatoria, el número de emisoras que desarrollan su actividad sin disponer de la preceptiva licencia, ha crecido sustancialmente. Un nuevo concurso, posibilitaría una mayor concurrencia y, por tanto, más garantías para la elección de las mejores ofertas y para la satisfacción del interés público y dotaría de mayor legitimidad el sistema de licencias otorgadas. Además, conforme se ha señalado anteriormente, el otorgamiento de nuevas licencias en determinadas demarcaciones supone un riesgo de colapso del mercado radiofónico al existir demasiados operadores que deben subsistir con los mismos ingresos que actualmente se reparten el conjunto de emisoras.  
5.4. Por último, resulta preciso articular una nueva convocatoria que incorpore nuevos criterios de valoración y reparto que den cumplimiento a los principios establecidos en la legislación básica estatal en materia de comunicación audiovisual y demás normativa de la Comunitat Autónoma. En este sentido, el Consell entiende que es necesario poner en marcha un nuevo concurso para la adjudicación de licencias que, en aras de mantener el pluralismo audiovisual recogido en la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, y sus posteriores reformas, dentro siempre de la legalidad, contemple, entre otras, mayores limitaciones a las transmisiones de licencias a terceros o a la acumulación, en un mismo licitador, de porcentajes inferiores a los actuales en el número de licencias adjudicadas. Asimismo, se consideraría más adecuado que los criterios de valoración tuviesen en cuenta aspectos que contribuyesen a los actuales objetivos sociales, culturales y económicos de la Comunitat Valenciana.  
Sexto. De acuerdo con la cláusula 6.ª del pliego de condiciones, las licencias se otorgarán mediante concurso por acuerdo del Consell, tras la propuesta de adjudicación que efectuará la mesa de licitación, previo análisis por esta de las propuestas presentadas atendiendo a los criterios fijados en el pliego, lo que, conforme se ha indicado en el antecedente de hecho décimo, no resulta posible en la actualidad  
Séptimo. Las competencias en materia audiovisual están asignadas a la Presidencia de la Generalitat, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y el Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que determina las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat.  
No obstante, el president de la Generalitat ha manifestado el 1 de junio de 2016 su abstención en este procedimiento por concurrir la circunstancia prevista en el artículo 28.2.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su sustitución por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.  
En consecuencia, a propuesta de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y vicepresidenta del Consell, y de acuerdo con en el artículo 15.1 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, el Consell, en su reunión del día 8 de julio de 2016  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Renunciar a la adjudicación de las 31 licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de carácter comercial, en la Comunitat Valenciana, convocadas por resolución de fecha 9 de noviembre de 2011, de la consellera de Presidencia y Vicepresidenta del Consell (Exp.: CNMY11/DGPI/12).  
  
Segundo  
Por la Subsecretaría de la Presidencia y por la Secretaría Autonómica de Comunicación, en el respectivo ámbito de sus competencias, se seguirán las actuaciones que procedan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en el que se fundamenta el presente acuerdo.  
  
Tercero  
Publicar el presente acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Consell, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que puedan simultanearse ambos recursos y sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
Valencia, 8 de julio de 2016  
  
La consellera secretaria,  
MÓNICA OLTRA JARQUE