Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5066, del 08-08-2005 (2005/9219)

Notificación a Ramón Vicente Sancho Domingo y otros.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5066

Fecha DOGV
:   08-08-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/9219


Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Ramón Vicente Sancho Domingo y otros. [2005/F9219]
  
Por no haber sido posible practicar en el domicilio del interesado la notificación que se relaciona a continuación, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26.11, BOE 27.11.1992).
  
Asunto: recurso de reposición.
  
Recurrentes: Ramón Vicente Sancho Domingo, África Díaz Herrero, Consuelo Casamayor Lapeña, Mercedes Herranz Gomis, Desamparados Trenor Puig, Mª José Hoppe Bayod, Josefa Mas Gisbert, Carmen Chillarón Fafila, Fernando Donís Rodríguez, Mª Luisa Martí Llabata, Mª Isabel Tudela Ortells, Santiago Pérez García y Vicenta Daríes Piqueres.
  
Por Ramón Vicente Sancho Domingo y otros, se ha interpuesto recurso de reposición contra la resolución del director general de Administración Autonómica, de fecha 28 de febrero de 2005, en cuya adopción han concurrido los siguientes
  
Hechos
  
Primero. Mediante ambas resoluciones de la Dirección General de Administración Autonómica, de 11 de febrero de 2004 (DOGV núm. 4.696, de 20 de febrero de 2004), se convocaron los concursos de méritos números 08/2004 y 09/2004, para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, sector de administración general, grupos A y A/B, direcciones de sección y niveles 24 de distintas consellerias, en las cuales participó el recurrente.
  
Segundo. Por Resolución de 19 de julio de 2004, de la misma dirección general (DOGV núm. 4.808, de 29 de julio de 2004), se amplió en seis meses el plazo para resolver los citados concursos.
  
Tercero. Mediante resoluciones de la Dirección General de Administración Autonómica, de 16 de febrero de 2005 (DOGV núm. 4.949, de 18 de febrero de 2005), se adjudicaron los destinos a los participantes, y se disponía que el personal que ocupaba puestos de trabajo, y hubiera obtenido un nuevo destino en virtud del proceso de provisión citado, cesaría de oficio el día 14 de marzo de 2005 y tomaría posesión el día siguiente, el 15 de marzo.
  
Cuarto. Una nueva resolución, de la citada dirección general, de 28 de febrero de 2005 (DOGV núm. 4.959, de 4 de marzo de 2005), acordó dejar sin efecto las fechas de cese y toma de posesión y se fijaron como nuevas fechas los días 14 y el 15 de abril de 2005, respectivamente.
  
Quinto. Contra la resolución, el señor Sancho Domingo y el resto de los recurrentes citados interpusieron recurso de reposición el día 10 de marzo de 2005, que a la vista de su identidad substancial y con la finalidad de la economía procesal, están acumulados. Las alegaciones formuladas son las siguientes:
  
«En ningún párrafo de la resolución se explica cuales son esos procedimientos tan complejos, a qué destinatarios se refieren, si es que los hay diferentes a las personas que han resultado adjudicatarias de algún puesto de trabajo, ni si esta situación se ha producido después de la firma de las resoluciones del 16 de febrero y antes de la Resolución de 28 de febrero, que ahora se impugna mediante este recurso de reposición. ¿Quizás el complejo conjunto de procedimientos no estaban previstos el día 16 de febrero y si lo están doce días más tarde- Qué ha cambiado-
  
Esta decisión, con independencia de los perjuicios organizativos que se puedan derivar para la propia administración, crea perjuicios en mis derechos, que detallo:
  
A) En primer lugar, el traslado de la fecha de toma de posesión tiene consecuencias en los efectos administrativos que produce. Así, la consolidación del grado que me pueda corresponder no comenzará a ser computada hasta el día 15 de abril de 2005, en lugar del día 15 de marzo, perdiendo así un mes. La consolidación o no de un grado determinado puede tener consecuencias a la hora de futuros concursos de traslados o promociones profesionales, ya que se trata de un mérito computado en muchos baremos de diferentes convocatorias.
  
B) En segundo lugar, también tiene efectos económicos, ya que las retribuciones del puesto que ocupo y las del que ya que me ha sido adjudicado son diferentes.
  
C) Las resoluciones de 16 de febrero citadas, no son simples actos de trámite, sino que crean el derecho concreto, objetivo e identificado de las personas que han resultado adjudicatarias de un puesto de trabajo concreto, y a tomar posesión de ese puesto de trabajo en una fecha concreta, que se determina.
  
Las citadas resoluciones podrían haber establecido las fechas que hubiera considerado oportunas la administración, incluyendo los días 14 y 15 de abril, pero el hecho es que se eligieron, concretamente, las fechas del 14 y 15 de marzo. Por tanto, la administración no puede modificar alegremente su decisión sin compensar a las personas titulares del derecho, con el fin de paliar los posibles efectos negativos de la modificación introducida por la Resolución de 28 de febrero mencionada. Si bien es cierto que la resolución original no puede restablecerse, por haber pasado ya las fechas de 14 y 15 de marzo, la dirección general, a la que me dirijo, puede establecer que los efectos económicos y administrativos de la toma de posesión del día 15 de abril tengan efectos retroactivos desde el día 15 de marzo de 2005.»
  
En atención a los citados razonamientos, solicita que sea rectificada la resolución recurrida, en el sentido de mantener los efectos económicos y administrativos de las tomas de posesión el día 15 de marzo de 2005.
  
Sexto. Por el Servicio de Provisión de Puestos de Trabajo, de la Dirección General de Administración Autonómica, se ha emitido un informe, en el cual, después de la exposición de los hechos ya relatados, se concluye que «como se indica en los antecedentes de la resolución impugnada, el elevado número de concursantes y de puestos convocados, comporta que la adjudicación de los puestos derive en un complejo conjunto de procedimientos que afecta una pluralidad de destinatarios afectados y que ha de tramitarse de forma conjunta y simultanea por parte de todas las consellerias y organismos a qué estén adscritos los puestos que se va a ofrecer. En consecuencia, razones organizativas y por la eficacia del procedimiento a realizar, resulta necesario aplazar los días previstos de cese y toma de posesión.
  
De todo lo expuesto, se desprende que las circunstancias que motivaron este aplazamiento están justificadas por razones organizativas y de coordinación de los distintos departamentos, por lo que no se estima conveniente la anulación de la resolución impugnada.»
  
A los hechos relatados le son de aplicación los siguientes
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. El director general de Administración Autonómica es competente para resolver el presente recurso de reposición, en virtud de lo que disponen los artículos 109.c) y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), en relación con la disposición adicional once de la Ley de la Función Pública Valenciana. Igualmente, el recurso se ha interpuesto dentro del plazo legal y por los que son legitimados para hacerlo, por tener la condición de interesados, según los artículos 31.1 y 107.1 de la LRJ-PAC.
  
Segundo. A la vista de les alegaciones formuladas por los recurrentes, conviene recordar, con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de abril de 1992, que «adquirida por una persona la cualidad de funcionario, surge una dualidad de relaciones entre el funcionario y la administración: la relación orgánica (en cuya virtud el funcionario está integrado en la administración), y la relación de servicio (en que es un sujeto diferente de la administración), respecto de la cual el funcionario tiene derechos y le afectan deberes.»
  
Y respecto a la relación de servicio, es necesario matizar que ésta, sometida al derecho administrativo, reúne las notas siguientes:
  
- Su carácter excluyente.
  
- Su predeterminación normativa.
  
- La disponibilidad sobre ésta, a excepción del ámbito de los derechos adquiridos.
  
- La dispersión normativa.
  
- La imposibilidad de la fijación concertada.
  
Tercero. La potestad autoorganizativa de la administración es tradicionalmente reconocida, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, la cual ha sido especialmente tratada y matizada en materia de función pública.
  
Así, ante el legislador, «el estatuto del funcionario será el que en cada momento derive de la norma rectora, quedando, pues, bajo la disponibilidad de aquél o del titular de la potestad reglamentaria, según cual sea el contenido afectado por la modificación, y no podrán alegarse como límite, ante estas potestades, ni el interés funcionarial ni la normativa precedente, porque el funcionario no tiene un derecho jurídicamente protegido en el mantenimiento del su régimen vigente en cada momento, sino que solamente detenta la simple expectativa de que se mantengan los derechos legalmente reconocidos en la situación en qué se encontraban en el momento de su ingreso.
  
Cuarto. La doctrina constitucional entorno a este punto aparece resumida en la STC número 293/93, de 18 de octubre, cuando afirma que: ...«Las administraciones públicas gozan de un amplio margen de actuación a la hora de consolidar, modificar o completar sus estructuras y de configurar o concretar, organizativamente, el estatus del personal a su servicio.»
  
Quinto. Por su parte, la Sentencia de 13 de abril de 1988, reitera la tesis que «ante el poder organizativo de la administración, el funcionario no puede esgrimir con éxito mas que los derechos que por la consolidación hayan alcanzado la condición de adquiridos y que una constante jurisprudencia ha limitado a los de orden económico o al contenido de la función a realizar.»
  
Sexto. Como consecuencia de lo dicho, la resolución recurrida, adoptada por la administración en el desempeño de su potestad organizativa, no ha incurrido en causa alguna de nulidad ni anulabilidad y, además, no ha lesionado ningún derecho que los recurrentes puedan hacer valer ante ella; por lo que sus argumentos no son, en absoluto, estimables.
  
En consecuencia, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Ramón Vicente Sancho Domingo, África Díaz Ferrer, Consuelo Casamayor Lapeña, Mercedes Herranz Gomis, Desamparados Trenor Puig, Mª José Hoppe Bayod, Josefa Mas Gisbert, Carmen Chillarón Fafila, Fernando Donís Rodríguez, Mª Luisa Martí Llabata, Mª Isabel Tudela Ortells, Santiago Pérez García y Vicenta Daríes Piqueres, contra la Resolución de la Dirección General de Administración Autonómica, de 28 de febrero de 2005, por los motivos expuestos.
  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación, de conformidad con lo que disponen los artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y 116.2 de la LRJ-PAC. Todo esto sin perjuicio de poder utilizar cualquier otra vía que se estime oportuna.