Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7470, del 20-02-2015 (2015/1474)

ORDEN 47/2014, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas a la creación o mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del empleo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo en el ejercicio 2015.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7470

Fecha DOGV
:   20-02-2015

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2015/1474


Fecha del documento
:   30-12-2014

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * ayuda pública

ORDEN 47/2014, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas a la creación o mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del empleo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo en el ejercicio 2015. [2015/1474]  
La Generalitat Valenciana, dentro de su ámbito competencial en material de fomento de empleo, viene llevando una política coordinada para la inserción laboral de personas con discapacidad, no solo en centros especiales de empleo (empresas de empleo protegido), sino también en empresas ordinarias, potenciando el tránsito de trabajadores de aquellas a estas, prestando una especial dedicación a aquellas personas que, por su tipo de discapacidad, presentan unas especiales dificultades para la inserción en la empresa ordinaria.  
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (BOE 03.12.2013), refunde, regulariza, aclara y armoniza tres Leyes fundamentales: la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  
De acuerdo con dicho Real Decreto Legislativo 1/2013, los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente.  
La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquella. A estos efectos no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.  
Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva.  
La regulación jurídica de los centros especiales de empleo viene establecida en el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los centros especiales de empleo, y las ayudas destinadas a la contratación de personal de ajuste personal y social de los trabajadores con discapacidad, viene recogidas en el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo.  
Una vez tramitada la convocatoria de ayudas salariales y de adaptación de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana, se considera necesaria la convocatoria de ayudas para la creación y/o mantenimiento de las unidades de apoyo, sin las cuales, la contratación o mantenimiento de puestos de trabajo para trabajadores con discapacidades severas, pierde efectividad.  
El Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la estrategia española de activación para el empleo 2014-2016, continuando con la política de aumento de la eficacia de las políticas activas de trabajo y de coordinación entre los servicios públicos de empleo nacionales y regionales, incluye la evaluación como aspecto reforzado de diseño, planificación, programación, ejecución y control de los resultados de las políticas de activación para el empleo, considerándose clave en el nuevo modelo de políticas activas de empleo, el cambio del modelo de financiación que pasa del modelo articulado en base a programas establecidos centralizadamente a un nuevo modelo acorde con las competencias de las comunidades autónomas en políticas activas, en el marco de la unidad de mercado, y basado en la evaluación.  
La presente orden incluye la terminología recogida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.y en el Decreto 114/2010, de 30 de julio, del Consell, por el que se procede a la adecuación terminológica en el ámbito de las personas con discapacidad.  
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y el Decreto 193/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, modificado por el Decreto 159/2014, de 3 de octubre,  
  
  
ORDENO  
  
Artículo 1. Objeto y ámbito  
1. El objeto de la presente orden es establecer un programa de ayudas destinadas a promover y facilitar la integración laboral de personas con discapacidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana, mediante la concesión de ayudas para la creación y/o mantenimiento de las Unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del empleo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo.  
2. El régimen de ayudas aplicable será el determinado en los artículos siguientes.  
3. Todas las acciones subvencionables deberán realizarse en el ejercicio 2015, sin perjuicio de los plazos de justificación previstos en la orden.  
  
Artículo 2. Acciones apoyables  
1. Las ayudas previstas en la presente orden irán destinadas a la creación y/o mantenimiento de unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, como instrumento de modernización de los mismos.  
2. Las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden tendrán la consideración de subvenciones públicas, y se regirán, en lo no dispuesto por la misma, por la normativa a que hace referencia la disposición adicional segunda de la presente orden.  
  
Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente orden, los titulares de los centros especiales de empleo, inscritos en el registro de centros especiales de empleo de la Comunidad Valenciana, cuya actividad se realice en la Comunitat Valenciana que cumplan con los requisitos establecidos.  
En ningún caso podrán resultar beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan realizar las actuaciones que darían derecho a las ayudas.  
  
Artículo 4. Requisitos generales de los beneficiarios  
1. No estar incursos en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.  
2. Estar calificados e inscritos como centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana en el registro administrativo creado por Orden de 10 de abril de 1986, de la Consellería de Trabajo y Seguridad Social (DOGV 376, 14.05.1986).  
3. Estar inscritos como entidades empleadoras en los regímenes de la Seguridad Social en los que exista afiliación de trabajadores por cuenta ajena.  
4. Los centros especiales de empleo que hayan resultado beneficiarios de ayudas en el ejercicio inmediatamente anterior a la publicación de la presente orden, deberán haber presentado la documentación prevista en el artículo 5 de la Orden de 10 de abril de 1986, de la Consellería de Trabajo y Seguridad Social (DOCV 14.05.1986):  
- Memoria según modelo normalizado.  
- Relación de la plantilla, según modelos normalizados,  
- Documentación económica: balances y cuenta de pérdidas y ganancias, del Centro Especial de Empleo, relativa al ejercicio inmediatamente anterior, debidamente firmadas por el legal representante de la empresa, así como cuentas anuales del ejercicio 2013 presentadas en el Registro Mercantil o en los registros correspondientes, según el tipo de entidad, o en el caso de asociaciones, cuentas aprobadas por la asamblea general, y, en el caso de entidades a las que resulte de aplicación la obligación establecida en el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, auditoria de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013.  
  
Artículo 5. Compatibilidad con el mercado común: requisitos y exclusiones  
1. Compatibilidad con el mercado común:  
Las ayudas reguladas en la presente orden son compatibles con el mercado común, ya que se rigen por el Reglamento (UE) núm. 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, y concretamente por el artículo 34, como ayudas para compensar los costes adicionales del empleo de trabajadores con discapacidad, siempre que la intensidad de ayuda no supere el 100 % de los costes subvencionables, entendiéndose por tales los regulados en el artículo 34 del citado reglamento.  
2. Exclusiones.  
2.1. Las ayudas reguladas en la presente orden, acogidas al Reglamento de exención, no podrán concederse, según dispone el artículo 1 de dicho reglamento, en los siguientes casos:  
2.1.1. Ayudas a actividades relacionadas con la exportación, concretamente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o las ayudas a otros costes corrientes vinculados a la actividad exportadora.  
2.1.2. Las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados  
2.1.3. Las ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.  
2.1.4. Las ayudas a las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.  
2.1.5. Las ayudas a empresas en crisis, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.  
Se considerará empresa en crisis, la empresa en la que concurra al menos una de las siguientes circunstancias:  
a) Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE (1) y «capital social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión.  
b) Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la Directiva 2013/34/UE.  
c) Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores.  
d) Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración.  
e) Si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos ejercicios anteriores:  
1) la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y  
2) la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA, se haya situado por debajo de 1,0.  
2.1.6. Las ayudas estatales que entrañen, por sí mismas, por las condiciones inherentes a ellas o por su método de financiación, una infracción indisociable del Derecho de la Unión, en particular:  
a) Las medidas de ayuda cuya concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario tenga su sede en el estado miembro pertinente o de que esté establecido predominantemente en ese estado miembro; sin embargo, se autoriza el requisito de disponer de un establecimiento o de una sucursal en el estado miembro que concede las ayudas en el momento en que se hagan efectivas.  
b) Las medidas de ayuda cuya concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario utilice bienes de producción nacional o servicios nacionales.  
c) Las medidas de ayuda que restrinjan la posibilidad de que los beneficiarios exploten los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación en otros estados miembros.  
2.2. Tampoco resultará subvencionable por la presente orden, las ayudas que superen los siguientes umbrales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 651/2014:  
Ayudas para el empleo de trabajadores con discapacidad en forma de subvenciones salariales: 10 millones de euros por empresa y por año;  
Ayudas para compensar los costes adicionales del empleo de trabajadores con discapacidad: 10 millones de euros por empresa y por año.  
Los umbrales fijados o contemplados en el apartado anterior no podrán ser eludidos mediante la división artificial de los regímenes de ayudas o de los proyectos de ayuda.  
  
Artículo 6. Obligaciones generales de los beneficiarios  
Además de las obligaciones que para los beneficiarios de cada tipo de acción se establecen en los correspondientes artículos de esta orden, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en otras normas de general aplicación, se declaran las siguientes:  
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.  
b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.  
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.  
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y de pago, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. El modo de acreditación será el establecido en el punto 2 del artículo 7.  
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.  
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.  
h) En relación con la obligación general para todo tipo de ayudas de dar publicidad del carácter público de la financiación recogido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en el artículo 31 del RD 887/2003, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, los Centros Especiales de Empleo, beneficiarios de la ayuda regulada en la presente orden, deberán hacer constar su carácter de «Centro Especial de Empleo» «calificado por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación», mediante el correspondiente cartel indicador, tanto en el domicilio social como en todos y cada uno de los centros de trabajo de la Comunitat Valenciana.  
Además la concesión de la subvención implica la aceptación de ser incluido en una lista que se publicará de forma electrónica por cualquier otro medio, en la que figurarán los beneficiarios, la operación financiada y el importe de la ayuda.  
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, Reglamento de la Ley 38/2003.  
El beneficiario deberá acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de concesión y de cada uno de los pagos, que se encuentra al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. El modo de acreditación de dicha obligación será el establecido en el punto 2 del artículo 7, para la concesión de las ayudas y el previsto en 16-3 para la propuesta de pago.  
j) La presentación de solicitudes al amparo de esta orden supone la prestación del consentimiento por parte del solicitante para que el Servef pueda solicitar de los órganos competentes de la Seguridad Social la información estrictamente necesaria para comprobar las altas, bajas, mantenimientos e incidencias de las entidades solicitantes de ayudas.  
k) Asimismo, la presentación de solicitudes al amparo de esta orden, supone la existencia de autorización expresa de todos los trabajadores con discapacidad al centro especial de empleo en el que trabajan, para la cesión de datos al Servef, relativos al tipo y grado de discapacidad.  
l) Aplicación de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, referidas a la realización de auditoria de cuentas en aquellas empresas y entidades que han recibido subvenciones o ayudas en ejercicios anteriores.  
m) El pago de las ayudas por el sistema de pagos anticipados, y a los efectos de garantizar la contabilidad separada, requiere la aportación de datos de cuenta bancaria separada y diferente de la propuesta para el pago de cualquier otra ayuda, salvo la ayuda salarial para trabajadores con discapacidad con contrato indefinido, que también hayan optado por el pago por el sistema de anticipo.  
n) Los centros especiales de empleo, deberán comunicar al Servef, en un plazo no superior a 30 días, cualquier alteración o modificación que se produzca en relación con la calificación como centro especial de empleo, a saber: titularidad, forma jurídica, actividades, domicilio social, apertura de nuevos centros de trabajo, etc.  
o) Comunicar en el plazo de 15 días, desde el inicio, cualquier reducción de jornada, tanto de los trabajadores con discapacidad como de los miembros de las unidades de apoyo, para los que se haya solicitado subvención para financiar los costes salariales.  
Asimismo, deberán comunicar, con carácter mensual, cualquier variación producida en la plantilla por la que se ha solicitado subvención.  
  
Artículo 7. Presentación de solicitudes,documentación y plazos  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas por la presente orden deberán dirigirse al Servef y se presentarán en modelo normalizado en la Dirección General del Servef, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  
Asimismo podrá realizarse la presentación telemática de las solicitudesaccediendo al catálogo de Servicios Públicos interactivos de la Generalitat a través de ?www.sede.gva.es- o de la web del Servef ?www.servef.es- y seleccionando el servicio correspondiente. Para ello, el solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada, bien con el certificado reconocido de entidad (personas jurídicas), o bien con el certificado reconocido para ciudadanos (persona física), ambos admitidos por la sede electrónica de la Generalitat . En el caso de presentar un certificado digital de persona física y que se actúe en representación de una persona jurídica, se deberá inscribir previamente en el Registro de representaciones de carácter voluntario ante la Generalitat para la realización de trámites por vía telemática.  
2. Las solicitudes deberán acompañarse, de la documentación siguiente, que podrá anexarse por medios telemáticos sin perjuicio de que pueda requerirse en determinadas circunstancias la exhibición de los documentos originales para su cotejo si se estima conveniente:  
A) DOCUMENTACIÓN GENERAL  
A.1) La documentación general a aportar es la siguiente:  
a) Datos de identidad del solicitante o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de su representante legal.  
Cuando se trate de una persona jurídica se deberá aportar, además, documentación acreditativa e identificativa de la misma consistente en fotocopia de la escritura de constitución/estatutos actualizada y acreditación de la inscripción en el Registro Mercantil o registro correspondiente, así como de la tarjeta de identificación fiscal y, en su caso, poderes de representación.  
En el caso de la citada documentación hubiera sido aportada anteriormente y no hubiera sufrido ninguna variación, bastará el certificado del representante de la entidad acreditativo de que no se ha producido ningún cambio en la documentación identificativa de la entidad y de la vigencia del nombramiento de quien ostente la representación a fecha de presentación de la solicitud.  
b) Documentación acreditativa de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:  
- De la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el certificado que acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.  
- De la Tesorería General de la Seguridad Social el certificado acreditativo de que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  
- De los servicios territoriales de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, el certificado acreditativo de que el solicitante no tiene deudas de naturaleza tributaria con la Generalitat.  
c) Datos de domiciliación bancaria, según modelo facilitado al efecto (modelo de domiciliación bancaria), y documentación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria del beneficiario, salvo si se ha presentado con anterioridad ante el Servef y no ha experimentado variación, en cuyo caso se indicará la cuenta en que se deberá practicar el ingreso, especificando en todo caso a que ayuda/s corresponde/n.  
d) Declaración responsable suscrita por el representante legal de que la entidad beneficiaria no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones y en concreto de no encontrarse en el supuesto del artículo 13.2.g de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
e) Declaración responsable acreditativa de que el beneficiario no se encuentra incurso en ninguna de las causas de exclusión recogidas en el artículo 5 de la presente orden.  
A.2) En el mismo impreso de solicitud, el solicitante podrá autorizar al Servef para verificar:  
- Los datos de identidad del solicitante, en caso de persona física, y del representante legal.  
- El cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Unidad recaudadora de la Hacienda Pública Valenciana y con la Tesorería General de la Seguridad Social.  
En cualquier caso el Servef podrá requerir directamente al solicitante si la información obtenida presentase alguna incidencia.  
No obstante ello, el solicitante o representante legal podrá denegar o revocar esta autorización efectuando comunicación escrita al Servef en tal sentido. En este supuesto, deberán presentar copia compulsada de la documentación requerida.  
  
B) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA AYUDA A LAS UNIDADES DE APOYO  
a) Relación de los trabajadores integrantes de cada unidad de apoyo, puestos de trabajo que hayan de ocupar y jornada laboral (anexo II - modelo normalizado)  
b) Relación de la plantilla de trabajadores con discapacidad severa del CEE para valoración de expedientes, incluyendo únicamente los trabajadores y periodos de contratación subvencionables, y especificando tipo y grado de discapacidad, tipo y duración de los contratos (alta y baja en SS), así como la jornada de trabajo (anexo III - modelo normalizado).  
c) Plan de Ajuste Personal y Social del centro especial de empleo previsto para 2015.  
d) Memoria del contenido de las funciones encomendadas a las unidades de apoyo, y de cada uno de sus miembros.  
e) Copia de los contratos indefinidos, o transformación de temporales en indefinidos, de los trabajadores integrantes de las unidades de apoyo, que resulten subvencionables de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la presente orden.  
f) Documentación acreditativa de la titulación de grado medio o superior del personal técnico integrante de las unidades de apoyo, o en su defecto, curriculum vitae acreditativo de los conocimientos y/o experiencia equiparables.  
g) Documentación acreditativa del tipo y grado de discapacidad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la presente orden.  
3. En el supuesto de que los documentos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha, el órgano o la dependencia en que fueron presentados, o, en su caso, emitidos, la identificación del procedimiento en que obren y que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.  
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en la presente orden o no acompañen la documentación que de acuerdo con la misma resulte exigible, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución expresa y su notificación en los términos previstos en el artículo 42 de la citada ley.  
5. La formulación de la solicitud por parte del interesado para acceder a los beneficios de la presente orden, supone la aceptación de la subvención por parte del solicitante de la misma, así como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.  
6. Las solicitudes de ayudas se presentarán en los siguientes plazos:  
6.1. Las ayudas reguladas en el apartado 2 del artículo 15 de esta orden deberán presentarse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma.  
6.2. Las solicitudes de ayudas reguladas en el apartado 3 del artículo 15 de esta orden deberán presentarse, en su caso, del 1 al 15 de noviembre de 2015.  
  
Artículo 8. Procedimiento y criterios para la concesión de las ayudas  
1. El procedimiento de concesión de subvenciones reguladas en la presente orden, habida cuenta de la importancia de las unidades de apoyo en el mantenimiento de puestos de trabajadores con discapacidad severa en centros especiales de empleo, y dada la dotación inicialmente prevista para el programa, será, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,el de prorrateo entre los beneficiarios del mismo, del importe global máximo destinado al programa.  
Para efectuar la concesión de las ayudas mediante el sistema de prorrateo se tendrá en cuenta el número de trabajadores con discapacidad severa, destinatarios finales de la ayuda, la duración de sus contratos y la jornada de los mismos.  
  
Artículo 9. Tramitación, resolución  
1. El órgano administrativo instructor, entendiendo por tal a la Dirección General de Empleo y Formación, podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.  
2. Una vez instruidos los expedientes, se remitirán a la comisión de valoración que procederá a evaluar las solicitudes, emitiendo informe en el que se concretará el resultado de dicha evaluación.  
La composición de la comisión de valoración será la siguiente:  
Presidente:  
- La subdirectora de Fomento de Empleo o un funcionario de la SubdirecciónGeneral de Empleo con rango mínimo de jefe de servicio.  
Vocales:  
- Un funcionario del Servicio de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, con rango mínimo de jefe de sección, que actuará como Secretario.  
- Un funcionario del Servicio de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, con la categoría profesional mínima de técnico.  
3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de resolución.  
En el caso de que la dotación existente para el presente programa, tanto la inicial como posibles ampliaciones de crédito, resultara suficiente para atender la totalidad de las solicitudes presentadas, tanto el informe como la propuesta de resolución, podrá consistir, en la aprobación de la totalidad de las ayudas correspondientes a todos los solicitantes.  
4. La competencia para conocer y resolver sobre las solicitudes formuladas corresponde al director general del Servef, salvo las delegaciones efectuadas en el director general de Empleo y Formación.  
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a contar desde el día siguiente a que se hayan realizado las actuaciones o dictado los actos administrativos a que hace referencia la Disposición Adicional Tercera.  
6. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
7. La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente la cuantía concedida e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el beneficiario de la misma, con notificación a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, antes mencionada.  
  
Artículo 10. Resolución de incidencias  
1. El director general de Empleo y Formación, por delegación del director general del Servef, será el competente para resolver las incidencias que se produzcan con posterioridad a la concesión de ayudas, como prórrogas de plazos, modificaciones justificadas del proyecto inicial o cualquier variación de las condiciones particulares de la concesión.  
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda o subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de las mismas a que se refiere el artículo 11, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.  
  
Artículo 11. Concurrencia de ayudas y subvenciones  
El importe de las subvenciones reguladas en la presente orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad subvencionada que ha de desarrollar el beneficiario.  
  
Artículo 12. Control de las ayudas  
1. Corresponderá al director general de Empleo y Formación del Servef, u órgano que lo sustituya, por delegación del director general del Servef, llevar a cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como la evaluación y el seguimiento del presente programa, para lo cual implantará todos aquellos mecanismos que considere oportunos.  
2. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero previstas en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que puedan realizar la Intervención General y de los órganos competentes de las instituciones comunitarias. A estos efectos deberá disponer de los libros contables, registros diligenciados y además documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable en cada caso.  
  
Artículo 13. Destinatarios finales y acreditación de la discapacidad  
1. Los destinatarios finales del presente programa, serán los trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo que se encuentren en alguno de los supuestos que se describen a continuación:  
a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con el grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %.  
b) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %.  
2. Las unidades de apoyo a la actividad profesional podrán prestar servicio también a los trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo no incluidos en el apartado anterior, siempre y cuando la dedicación a estos trabajadores no menoscabe la atención de los incluidos en el apartado anterior  
3. La documentación acreditativa del tipo y grado de discapacidad, será:  
a) Las resoluciones e informes, en su caso, emitidos por los centros de valoración de discapacidades de las comunidades autónomas.  
b) Las resoluciones e informes, emitidos por el Instituto Nacional de la Seguridad social o por el Ministerio de Economía y Hacienda, y a los que hace referencia el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, integrada actualmente a través del Real Decreto Legislativo 1/2013, en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE 03.12.2013),en cuanto a los pensionistas de la Seguridad Social, que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, que recojan la concurrencia de enfermedad mental o discapacidad intelectual, ya que en el resto de los casos, al equipararse dichas situaciones de incapacidad únicamente a una discapacidad del 33 %, no resultarían subvencionables por no tratarse de los destinatarios finales a que hace referencia el artículo 13.1 de la presente orden subvencionables.  
  
Artículo 14. Unidades de apoyo a la actividad profesional: concepto, composición y constitución  
1. Concepto  
Se entiende por unidades de apoyo a la actividad profesional los equipos multiprofesionales enmarcados dentro de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo que, mediante el desarrollo de las funciones y cometidos relacionados en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, (BOE 22.04.2006), permiten ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que los trabajadores con discapacidad de dichos centros tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión del mismo.  
2. Composición de las unidades de apoyo a la actividad profesional  
  
1.º Los centros especiales de empleo que accedan a estas subvenciones, deberán disponer de unidades de apoyo a la actividad profesional cuya composición se establecerá de acuerdo con los módulos que se indican a continuación:  
a) Hasta 15 trabajadores con discapacidad incluidos en el apartado 1 del artículo 13: 1 técnico de grado medio o superior, con titulación universitaria preferentemente de las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, directamente relacionadas con las funciones y cometidos relacionados en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, al menos al 20 % de su jornada y 1 encargado de apoyo a la producción a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo parcial.  
b) De 16 a 30 trabajadores con discapacidad incluidos en el apartado 1 del artículo13: 1 técnico de grado medio o superior, con titulación universitaria preferentemente de las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, directamente relacionadas con las funciones y cometidos relacionados en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, al menos al 80 % de su jornada y 2 encargado de apoyo a la producción a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo parcial.  
c) De 31 a 45 trabajadores con discapacidad incluidos en el apartado 1 del artículo 13: 2 técnicos de grado medio o superior, con titulación universitaria preferentemente de las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, directamente relacionadas con las funciones y cometidos relacionados en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, uno de los técnicos a tiempo completo y el otro al menos al 50 % de su jornada y 3 encargados de apoyo a la producción a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo parcial.  
d) De 46 a 60 trabajadores con discapacidad incluidos en el apartado 1 del artículo 13: 2 técnicos de grado medio o superior, con titulación universitaria preferentemente de las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, directamente relacionadas con las funciones y cometidos relacionados en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, a tiempo completo y 4 encargados de apoyo a la producción a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo parcial.  
e) De 61 a 75 trabajadores con discapacidad incluidos en el apartado 1 del artículo 13: 3 técnicos de grado medio o superior, con titulación universitaria preferentemente de las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, directamente relacionadas con las funciones y cometidos relacionados en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, dos de los técnicos a tiempo completo y el otro de los técnicos al menos al 50 % de su jornada, y 5 encargados de apoyo a la producción a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo parcial.  
f) Para más de 75 trabajadores, se establecerá la plantilla de la unidad de apoyo a la actividad profesional proporcionalmente, según los criterios anteriormente expuestos.  
2.º Cuando el número de trabajadores con el tipo y grado de discapacidad establecido en el punto 1 del apartado 2.º del presente artículo al que se dirige el servicio no se corresponda con los topes de cada módulo, el tiempo de dedicación del personal de las unidades de apoyo a la actividad profesional será proporcional al número de dichos trabajadores con discapacidad  
3.º Cuando por causas justificadas se produzcan vacantes del personal que integra esas unidades, a fin de mantener la proporcionalidad, deberán ser sustituidas por otros trabajadores de la misma categoría y condiciones que el sustituido, presentando el correspondiente contrato comunicado en el centro Servef, en el plazo de 15 días.  
3. Constitución  
Las unidades de apoyo deberán estar constituidas de acuerdo con la composición mínima establecida en el párrafo anterior, en la fecha de publicación de la presente orden, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Artículo 15. Subvenciones, cuantía e incompatibilidades  
1. Las subvenciones establecidas en la presente orden se destinarán a financiar costes salariales y de Seguridad Social, correspondientes a las nóminas de enero a diciembre del presente ejercicio, incluidas dos pagas extraordinarias o prorrateo de las mismas, derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo, para el desarrollo de las funciones descritas en el Real Decreto que las crea, salvo que dichos trabajadores resulten tener alguna discapacidad por la cual el centro especial de empleo haya solicitado la ayuda salarial por mantenimiento de puestos de trabajo, siendo ambas ayudas incompatibles.  
2. Para resultar subvencionables, los miembros de las unidades de Apoyo deberán estar contratados en el CEE a la fecha de la publicación de la presente orden de convocatoria, o haberlo estado con anterioridad en el presente ejercicio aunque hayan finalizado sus contratos antes de dicha publicación.  
Por otro lado, los trabajadores con discapacidades severas a que hace referencia el apartado 1 del artículo 13, para ser subvencionables, deberán ser los trabajadores cuyo plazo de presentación de solicitudes con cargo a la Orden /2015, de - de ?.., de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo y enclaves laborales para el ejercicio 2015, es de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de dicha orden en el DOCV.  
3. Las contrataciones de los miembros de las unidades de apoyo y de los trabajadores con discapacidad severa, no incluidas en el apartado 2 del presente artículo, resultarán subvencionables siempre que no impliquen un incremento del importe de la subvención concedida inicialmente, en virtud de sustituciones de trabajadores o en aplicación de saldos sobrantes ocasionados por bajas u otras causas.  
4. No se considerarán integrantes de las unidades de apoyo a la actividad profesional, a efectos de las subvenciones reguladas en la presente orden, aquellos trabajadores cuya jornada máxima legal en otra empresa, ya venga subvencionada por cualquier organismo público, ni el personal que ostente asimismo la representación de la entidad mediante cargo de gerente, administrador o cualquier otro que implique poder de decisión en el centro especial de empleo, así como el personal que preste servicios de administración en el centro.  
5. La cuantía de dichas subvenciones se establece como máximo en 1.200 - anuales por cada trabajador con el tipo y grado de discapacidad indicados en el punto 1 del artículo 13, contratados por tiempo indefinido o mediante contrato temporal de duración igual o superior a seis meses, y a jornada completa.  
Dicha subvención se reducirá de forma proporcional en función de la jornada, siempre que la misma suponga, como mínimo, la mitad de la jornada habitual de la empresa, y de la duración de los contratos de los trabajadores con discapacidad.  
  
Artículo 16. Justificación y pago  
1. Los gastos consistentes en salarios de los trabajadores, se acreditarán siempre mediante la presentación de las nóminas de los trabajadores integrantes de las unidades de apoyo y los gastos consistentes en pago de cuotas de Seguridad, mediante la presentación de los correspondientes TC1 y TC2 de cada mensualidad, acompañados en ambos casos, por las transferencias bancarias o cualquier otra forma de pago, siempre que se acredite el cargo en cuenta de dichos importes.  
La justificación del gasto requerirá la presentación mediante original o copia debidamente compulsada, del justificante bancario acreditativo de la identidad del que efectúa el pago, del periodo a que hace referencia el cargo, cargo en cuenta de los importes y trabajadores.  
La aportación de la documentación indicada se realizará en los plazos que se recogen a continuación, acompañada, en su caso, de la comunicación de las bajas en el CEE que hayan podido causar los trabajadores integrantes de las unidades de apoyo:  
Primer plazo: Del 1 al 15 de julio: recibos de salarios de enero a junio, ambos inclusive, y extra, y TC1 y TC2 de enero a mayo, ambos inclusive.  
Segundo plazo: Del 1 al 15 de enero del año siguiente a la convocatoria: recibos de salarios de los meses de julio a diciembre, ambos incluidos, y extra, así como TC1 y TC2 de junio a noviembre, ambos inclusive.  
Tercer plazo: Del 1 al 15 de febrero del año siguiente: TC1 y TC2 de diciembre.  
2. Las subvenciones se abonarán mediante pagos anticipados, en función de los porcentajes establecidos en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015 en relación con lo establecido en el apartado tercero del artículo 47 bis del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública Valenciana.  
Los centros especiales de empleo, beneficiarios de las ayudas reguladas en el presente capítulo, están exonerados de formalizar garantías por las cantidades anticipadas, en la forma establecida en el apartado E del artículo 47 bis de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat.  
3. Cada pago relativo a las ayudas requiere previamente la acreditación de que el solicitante se halla al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como declaración responsable, en modelo normalizado, acreditativa de que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.  
4. En el caso de incumplimiento de la obligación de comunicación de las reducciones de jornada establecida en el punto o del artículo 6 de la presente orden, se podrá detraer del importe a pagar, la ayuda correspondiente a las nóminas desde el mes en el que se haya iniciado la reducción de la jornada hasta el final del ejercicio.  
  
Artículo 17. Reintegro de las ayudas concedidas y procedimiento de reintegro  
1. Reintegro de las ayudas concedidas:  
1.º La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación, de acuerdo al procedimiento y causas establecidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.  
2.º También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, incluido el reintegro por el incumplimiento de las obligaciones, tanto generales como específicas impuestas a los beneficiarios en la presente orden, y concretamente, la obligación impuesta en el apartadoo del artículo 5 relativa a la comunicación previa de cualquier cambio producido respecto a la calificación del proyecto empresarial.  
2. Procedimiento de Reintegro  
El procedimiento de reintegro se sustanciará de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título II de Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en el capítulo II del título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.  
  
  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
  
Primera. Financiación  
1. Las ayudas reguladas en la presente orden se financiarán por un importe global máximo de 500.000,00 ?, con cargo al programa presupuestario 94.19.1877.1545.688.37, con cargo al capítulo 4, código línea T2240000, correspondientes a fondos procedentes del SEPE.  
No obstante, la concesión de las ayudas previstas en esta orden estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para ello en los presupuestos de la Generalitat Valenciana del año 2015.  
2. Si a lo largo del ejercicio 2015 existiera crédito disponible que permitiera incrementar la financiación presupuestaria de esta orden, el Servef, mediante resolución del secretario autonómico de Economía y Empleo, de ampliación de dicho crédito, podrá destinarlo a la financiación de las solicitudes presentadas al amparo de esta convocatoria que, resultando subvencionables de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la presente orden, no hubieran podido ser atendidas en su totalidad por falta de disponibilidad presupuestaria, sin necesidad de nueva publicación en el DOCV ni de establecer nuevo plazo de presentación de solicitudes, salvo que ello sirva para la adecuada gestión de cada programa y proporcionar mayor efectividad a las políticas activas de empleo dirigidas a la reactivación del empleo en la Comunitat Valenciana.  
  
Segunda. Normativa de aplicación  
La presente orden recoge las bases establecidas por el Ministerio de Trabajo para las ayudas cuya gestión y control ha sido transferida a la Generalitat y contenidas en las siguientes disposiciones:  
- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (BOE 03.12.2013), por la que se refunden, regularizan, aclaran y armonizan tres leyes fundamentales: la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de las Personas con Discapacidad; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  
- El Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo.  
Asimismo, es de total aplicación la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como el Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006,  
  
Tercera. Concesión de subvenciones  
Dado que el proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015 contempla que las ayudas de esta orden están financiadas con fondos cuya distribución se realiza a través de una conferencia sectorial, la concesión de las mismas queda condicionada a que por el órgano competente de la Administración del Estado se hayan realizado las actuaciones o dictado los actos administrativos que permitan asegurar la efectividad de la transferencia de fondos afectados.  
  
  
DISPOSICIONES FINALES  
  
Primera. Autorización y delegación  
Se autoriza al director general del Servef a dictar las disposiciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de la presente orden.  
Se delega en el director general del Servef la competencia para ampliar los plazos de justificaciones, con carácter excepcional, cuando concurran circunstancias debidamente motivadas que imposibiliten su presentación en los plazos señalados.  
  
Segunda. Entrada en vigor de la orden  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes, computados en los términos ya dichos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.  
  
Valencia, 30 de diciembre de 2014  
  
El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo,  
MÁXIMO BUCH TORRALVA