Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8068, del 22-06-2017 (2017/4961)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 721/2013.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8068

Fecha DOGV
:   22-06-2017

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2017/4961


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia e Instruccion Número 5 de Sagunto

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 721/2013. [2017/4961]  
Juicio verbal número 000721/2013  
De: Cuatrecasas Gonçalves Pereira, SLP.  
Procurador: Ignacio Montes Reig.  
Contra: Maderfibra, SL.  
Procurador/a: -  
Certificación. M.ª Nieves Martínez López, secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sagunto, certifico que en los autos de juicio verbal número 000721/2013 consta Sentencia número 44/2014, de fecha 16 de octubre de 2014, que literalmente se pasa a transcribir a continuación:  
  
«Sentencia número 44/2014  
Jueza que la dicta: Cristina Martínez Medrano.  
Lugar: Sagunto.   
Fecha: 16 de octubre de 2017.  
Vistos por Cristina Martínez Medrano, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sagunto, los autos de juicio verbal número 721/2013, seguidos a instancia de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, SLP, representada por el procurador Ignacio Montes Reig y asistida del letrado Juan Francisco Rodríguez Estella, frente a Maderfibra, SL, declarada en rebeldía, sobre reclamación de cantidad por arrendamiento de servicios, ha dictado la presente y con los siguientes:  
Antecedentes de hecho  
Primero. En fecha 26 de noviembre de 2013, la parte actora presentó demanda en la que, tras las alegaciones y fundamentos que tuvo por conveniente alegar, solicitaba que se dictase sentencia por la que se estimase íntegramente la demanda y se condenase a:   
1. La demandada al pago de cuatro mil doscientos diez euros (4.210 ?).  
2. Que, asimismo, se condene a pagar el importe correspondiente a los intereses generados por las cantidades adeudadas desde la primera reclamación fehaciente.  
3. Que se impongan a la demandada las costas derivadas del presente procedimiento.  
Por medio de decreto de fecha 3 de diciembre de 2013, se admitió a trámite la demanda y se dio traslado de la misma a la parte demandada, citando a las partes para la celebración de la vista, teniendo el demandado que ser citado por edictos ya que, tras múltiples intentos, fue imposible su citación en forma personal.  
Por diligencia de ordenación de fecha 26 de diciembre de 2013, se señaló la fecha para la vista a celebrar el día 1 de julio de 2014, y citar a la parte demandada por medio de edictos para dicha vista.  
  
Segundo. La vista se celebró efectivamente el día 1 de julio de 2014, a la que no compareció el demandado citado por edictos, por lo que fue declarado en rebeldía, y la parte actora se ratificó en su demanda y solicitó el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo la de documental por reproducida y la de interrogatorio del legal representante de la demandada. La prueba propuesta fue admitida en la forma que consta en la grabación, practicándose con posterioridad la admitida, quedando las actuaciones para dictar sentencia.  
Tercero. En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado las prescripciones legales, no habiéndose podido dictar sentencia dentro del plazo legal atendido el elevado número de asuntos civiles y penales tramitados en este juzgado.  
Fundamentos de derecho  
Primero. En el presente procedimiento, el demandado fue declarado en rebeldía, pero a tenor de lo dispuesto en el artículo 496.2 de la Ley de enjuiciamiento civil («La declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario») debemos analizar las pruebas practicadas a instancias de la parte actora para determinar si han quedado acreditados los hechos manifestados en la demanda, y que en definitiva únicamente ha sido la documental aportada por la actora con su demanda.  
Según la demanda, entre demandante y demandada existió un contrato por el cual la demandante realizaba diversos estudios y actuaciones preprocesales para intentar solucionar un conflicto empresarial entre la demandada, Maderfibra, y una empresa denominada Obeikan, habiendo presentado un presupuesto al legal representante de la demandada en el que constaba cuál iba a ser el coste económico de dichos trabajos a realizar por la demandante, en concreto por el grupo de empleados de la ahora demandante, y que dicho presupuesto fue aprobado por la demandada, de manera que la demandante habría cumplido con su trabajo de estudio del asunto y remisión de un requerimiento formal a Obeikan, por lo que se habría generado el precio señalado entre las partes para ese contrato de asesoramiento, sin que la ahora demandada haya abonado el precio acordado. Todos los contactos reflejados en la documentación que se aportó con la demanda son o bien fotocopias de documentación que refleja contratos y relaciones empresariales entre Maderfibra y Obeikan, o bien son impresiones de e-mails supuestamente enviados y recibidos entre los empleados de la demandante encargados del asunto y el legal representante de la ahora demandada, siendo que en estos últimos, dice la actora, se refleja la voluntad de la demandada de contratar con la actora y la aceptación del precio presupuestado por la actora, y que en definitiva es el precio que aquí se reclama como principal.  
Segundo. La prueba practicada en estas actuaciones fue únicamente la documental, siendo que los documentos aportados por la demandante son documentos privados, algunos de ellos elaborados exclusivamente por la propia demandante (facturas sobre todo), aunque no se aporta ningún contrato escrito firmado por las partes.  
Los documentos aportados, como se ha dicho, son documentos privados, pero lo cierto es que los mismos no fueron expresamente impugnados por la parte demandada, y el artículo 326 de la Ley de enjuiciamiento civil señala que los documentos harán prueba plena en los términos del artículo 319 de la Ley de enjuiciamiento civil cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen. De esta manera, debemos considerar acreditado que efectivamente se concertó el contrato entre las partes demandante y demandada en los términos señalados en la demanda, y que también la parte demandante cumplió con sus obligaciones en relación con la prestación de los servicios contratada por la demandada, pues ello resulta de la documentación aportada junto con el escrito de demanda. Por el contrario, la parte a quien correspondía la acreditación de que se hubiera pagado la cantidad que constituía el precio del contrato, que era a la demandada, no planteó prueba ninguna de tal hecho (se encuentra en rebeldía), y tampoco alegó causa alguna por la que no debiera abonar la cantidad reclamada, de manera que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de enjuiciamiento civil, debe estimarse la demanda en su integridad.  
Tercero. Respecto a los intereses que se solicitan, siendo que solamente se reclaman «intereses», pero no se especifica ni siquiera en los fundamentos jurídicos de la demanda de qué tipo sean los intereses que se reclaman, procede la condena a la demandada al pago de los intereses por la mora procesal, previstos en el artículo 576 de la Ley de enjuiciamiento civil, desde la interposición de la demanda. Habiéndose estimado la demanda, las costas deberán ser abonadas por la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de enjuiciamiento civil.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,  
Fallo  
Estimar íntegramente la demanda presentada por Cuatrecasas Gonçalves Pereira, SLP, representada por el procurador Ignacio Montes Reig, asistida del letrado Juan Francisco Rodríguez Estella, frente a Maderfibra, SL, condenando a la demandada a abonar a la demandante la cantidad de 4.210 euros en concepto de principal, más los intereses moratorios previstos en el artículo 576 de la Ley de enjuiciamiento civil.  
Las costas serán abonadas por la parte demandada.  
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, que se presentará, en el plazo de cinco días siguientes a su notificación, ante este mismo juzgado. Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado 4741-0000-00-(clave del tipo de procedimiento) 0721- (número del expediente) 13- (año, dos últimas cifras), consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª LOPJ).  
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.  
Esta es mi sentencia, que pronuncio, mando y firmo.  
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la magistrada que la suscribe, estando celebrando audiencia pública, en el mismo día de su fecha. Doy fe.»  
Lo anteriormente transcrito concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, extendiéndose la presente certificación.  
  
Sagunto, 18 de marzo de 2015.- La secretaria judicial: M.ª Nieves Martínez López.