Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6883, del 17-10-2012 (2012/9507)

ACUERDO de 11 de octubre de 2012, del Consell, por el que se aprueba definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitada por la mercantil Desguaces Mora, SL, consistente en una actuación integral para la instalación de un desguace de vehículos fuera de uso.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6883

Fecha DOGV
:   17-10-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/9507


Fecha del documento
:   11-10-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Benejúzar
    * Orihuela
    * plan de urbanismo

ACUERDO de 11 de octubre de 2012, del Consell, por el que se aprueba definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitada por la mercantil Desguaces Mora, SL, consistente en una actuación integral para la instalación de un desguace de vehículos fuera de uso. [2012/9507]  
El Consell, en la reunión del día 11 de octubre de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:  
Visto el expediente promovido por la mercantil Desguaces Mora, SL, referido a la solicitud de declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, para las instalaciones necesarias para una actividad de desguace de vehículos fuera de uso, en suelo no urbanizable de los términos municipales de Benejúzar y Orihuela, y de conformidad con los siguientes  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. El 28 de febrero de 2002 la mercantil Desguaces Mora, SL, solicitó la obtención de declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario contemplado en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, para la atribución y definición de uso y aprovechamiento de actividades terciarias e industriales de especial importancia.  
Requerido el promotor a fin de que completara o subsanara determinados aspectos, presentó documentación complementaria el 22 de marzo de 2002, 13 de marzo de 2003, 16 de julio de 2004 y 22 de febrero de 2005, quedando en esta fecha completo el expediente a los efectos de un pronunciamiento sobre su admisión a trámite a los efectos de la instrucción del procedimiento.   
Segundo. Según se indica en la documentación presentada, la mercantil Desguaces Mora, SL, pretende obtener la legalización y ampliación, con adaptación a la normativa vigente y cambio de titularidad, de una actividad industrial de desguace de vehículos fuera de uso. La actividad se desarrolla en la parcela desde el año 1989, contando con licencia de apertura concedida por el Ayuntamiento de Benejúzar para la recuperación y venta de materiales viejos.  
El ámbito de la actuación ocupa una superficie total de 64.463,42 m², y se encuentra entre los términos municipales de Benejúzar y Orihuela, con una superficie de 40.049,42 m² y 24.414 m², respectivamente.  
Las características de las edificaciones e instalaciones que se proponen, a la vista de la documentación que aporta el propio solicitante, quedan de la siguiente forma:  
Superficie total de parcela vinculada a la actuación: 64.463,42 m².  
Superficie ocupada de las naves existentes: 3.400 m².  
Superficie construida de las naves existentes: 3.400 m².  
Superficie ocupada por la ampliación: 4.500 m².  
Superficie construida de la ampliación: 4.500 m².  
Superficie ocupada total: 7.900 m².  
Porcentaje de ocupación: 12,196%.  
Coeficiente de edificabilidad: 0,122 m²t/m²s.  
Superficie construida total: 7.900 m².  
Superficie zona verde: 2.800 m².  
Superficie zona almacenamiento de chasis: 15.772 m².  
Superficie zona de recepción: 12.165 m².  
Superficie zona viario y aparcamiento: 14.577,42 m².  
Superficie total ocupada por la actividad: 53.214,42 m².  
Altura máxima: 7 metros.  
Número de plantas: 1.   
Separación mínima a lindes: 5 metros.  
Separación mínima a viario público (carreteras): 50 metros.  
Las edificaciones existentes consisten en 6 naves industriales destinadas a: zona de desmontaje y descontaminación y oficina la nave 1; almacén de piezas con zona de venta y oficinas la nave 2; almacén de piezas con oficina las naves 3, 5 y 6; y almacén de piezas la nave 4.   
Las nuevas edificaciones a materializar consistirán en cuatro naves adicionales destinadas a: almacén de piezas y oficina la nave 7; zona a) Terme municipal de Benejúzar  
  
  
  
b) Terme municipal d'Orihuela  
  
  
  
  
\* \* \* \* \*  
  
a) Término municipal de Benejúzar  
  
  
  
b) Término municipal de Orihuela  
  
  
  
de desmontaje y oficina la nave 8; zona de desmontaje y descontaminación y oficina la nave 9; y almacén de piezas y almacén de motores la nave 10.  
La ampliación pretendida tiene como objeto la separación de las actividades de descontaminación y almacenamiento de turismos y de vehículos industriales.  
En cuanto a las cesiones propias del suelo urbanizable, se prevé la cesión al Ayuntamiento de Orihuela de 2.441,40 m² de suelo en las cercanías de la actuación en lo que afecta a las cesiones propias de suelo dotacional público, proponiéndose su sustitución monetaria respecto a las restantes legalmente exigibles. Esta última es la solución adoptada respecto a la totalidad de cesiones y obligaciones correspondientes respecto al Ayuntamiento de Benejúzar.  
Tercero. La solución de los servicios urbanísticos descrita en la memoria de la actuación presentada resulta ser la siguiente:  
a) Abastecimiento de agua potable: se efectúa a través de la red general municipal de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de Benejúzar, que ya suministra a la industria existente.  
b) Energía eléctrica: se suministra desde Centro de Transformación de 100 Kva que pertenece a la propiedad, el cual se alimenta de la red de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, sin que la actuación la requiera la ampliación de este servicio.  
c) Aguas residuales: las procedentes de los aseos se resuelven mediante vertido a fosas sépticas que ya se encuentran instaladas. En cuanto a la eliminación de aguas procedentes de lavaderos y posibles derrames de hidrocarburos, aceites, etc., la instalación ya cuenta con un sistema de fosas de recogida de esta agua y depuración de las mismas. El sistema de depuración se describe en el correspondiente estudio de impacto ambiental que acompaña el proyecto.  
d) Recogida de residuos sólidos: los asimilados a residuos urbanos, son recogidos desde los servicios municipales del Ayuntamiento de Benejúzar.  
e) Acceso rodado: se efectuará mediante acceso directo a la carretera CV-91, de titularidad autonómica, mediante intersección con carril de aceleración y deceleración que se ejecutará a cargo de la actuación.  
Cuarto.Constan en la documentación títulos de propiedad de las siguientes fincas registrales, todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad de Guardamar del Segura en cuanto a las ubicadas en el municipio de Benejúzar, y en el Registro de la Propiedad de Orihuela en cuanto a las ubicadas en el municipio de Orihuela:  
  
La superficie catastral asciende a 59.439 m², la registral a 61.791,42 m², si bien en el proyecto se señala una superficie de parcela vinculada a la actividad de 64.463,42 m², superficie esta última que es la que se toma en consideración en el presente Acuerdo, ya que las variaciones superficiales que se producen no tienen incidencia sobre los parámetros de la resolución a adoptar, debiendo estarse a la superficie real de la actuación.  
Igualmente se acompaña conformidad de afectación de la totalidad de las fincas registrales indicadas a la actividad solicitada suscrita por la totalidad de propietarios registrales de las mismas.  
Quinto. Durante la tramitación del expediente han sido emitidos los siguientes informes:  
1. Ayuntamiento de Orihuela, con entrada el 11 de octubre de 2004, emitido por la Comisión de Gobierno Municipal en la sesión de 8 de abril de 2003, en sentido favorable ponderando las siguientes circunstancias:  
«a) La instalación de la actividad no se puede realizar en otro emplazamiento específico previsto en el Plan General.  
b) El emplazamiento escogido no produce impacto territorial, urbanístico o social.  
c) La actividad no afecta a infraestructuras generales, ni servicios públicos.  
d) Según lo dispuesto en el art. 20.1. c) se deberá abonar el 10% del coste estimado de las obras de urbanización en el término municipal de Orihuela, puesto que en él se afectan 24.414 m² de suelo y se realiza la cesión de terrenos públicos, ubicada en el término municipal de Benejúzar, donde se afectan 37.377,42 m².  
Por tanto, considerando el coste de obras de urbanización a 2000 pts/m² = 12,02 €/m², se deberá abonar el 10% al Ayuntamiento.  
Por tanto:  
- Se deberán abonar 29.345,62 €.  
- Se deberán ceder 2.441,40 m² de terrenos al Ayuntamiento de Orihuela, dentro de su término municipal».  
El 28 de julio de 2005 tuvo entrada el informe emitido por los servicios técnicos municipales ponderando las siguientes circunstancias:  
«a) En cuanto a la imposibilidad de ubicación en otros suelos urbanos o urbanizables: según el artículo20 de la Ley de Suelo no Urbanizable, se considerará actividad industrial como de «especial importancia».  
1.º Artículo 20.1 s > 4 Ha.= 40.000 m²; instalación= 50.414,42 m², por lo que cumple esta condición.  
2.º No existe tal cantidad de suelo posible a valor de S.U. o urbanizable, para que sea rentable la actividad industrial.  
La clasificación del suelo es Suelo No Urbanizable de Regadíos Tradicionales, clave 1.2, según las Normas Urbanísticas del PGOU/90 de Orihuela.  
La instalación se considera admisible, ya que el proceso industrial no es incompatible con el uso del suelo establecido.  
b) La idoneidad del emplazamiento se considera favorable por:  
1º. Facilidad de comunicaciones viarias.  
2.º Impacto urbanístico inexistente, la proporción de edificación es mínima:  
- Solar: 64.773,42 m².  
- Superficie afectada: 50.414,42 m².  
- Superficie construida total: 7.900 m².  
- Edificabilidad: 15,67%  
- Ocupación: 15,67%  
3.º No existen núcleos urbanos cercanos a los que se pueda afectar o molestar por ruidos o emisiones, que por otra parte se minimizan por la propia actividad y medidas correctoras.  
4.º Altura 1 planta y 7 m.  
El emplazamiento se considera idóneo y el proyecto presentado cumple con los parámetros de edificabilidad y ocupación máximos permitidos en PGOU/90 y Ley de Suelo No Urbanizable, Ley 4/92,  
c) Los servicios requeridos son adecuados a la actividad, existiendo además las siguientes medidas para evitar la sobrecarga de demanda de infraestructuras:  
1º. Se respeta la distancia de influencia a la carretera, además se situará zona verde colindante a carretera CV-914 y CV-921.  
2.º Formación de viales 14.205,42 m². Aparcamientos 372 m².  
d) Circunstancias de interés para el Ayuntamiento:  
1.º Dado que la actividad se sitúa entre el término de Benejúzar y Orihuela, las compensaciones se deberán realizar a los dos municipios en la porción de afectación.  
- Valoración: 348.563 €.  
- Ayuntamiento de Orihuela: se considera el 50% de la instalación, por tanto, se deberá abonar al Ayuntamiento la siguiente cantidad:  
Instalación = 348.563 €.  
50% 174.281,50 €.  
10% 17.428,15 €.  
Por tanto se deberá compensar al Ayuntamiento de Orihuela con las siguientes cantidades:  
En metálico 17.428,15 €.  
En terreno 2.441,40 m².  
Por todo lo expuesto, la instalación industrial que se propone se adecua a lo dispuesto en la Ley 4/1992, artículo 20 y en el PGOU/90 de Orihuela».  
El 19 de octubre de 2005 tuvo entrada nuevo informe emitido por los servicios técnicos municipales, que ratifica básicamente el informe antes transcrito añadiendo los siguientes aspectos:  
«La clasificación de suelo en el emplazamiento referido es Suelo No Urbanizable de Regadíos Tradicionales, clave 1.2, según art. 122 y 124 de las Normas Urbanísticas de PGOU/90 de Orihuela.  
La actividad se considera admisible dado que:  
1. La zona de suelo no urbanizable de usos insalubres tiene como uso previsto el de actividades agropecuarias, extractivas, etc. No se contempla este uso en ningún emplazamiento determinado».  
Solicitado nuevo informe municipal el 14 de septiembre de 2010, a fin de actualizar, dado el tiempo transcurrido, la información disponible, el 4 de noviembre de 2010 tuvo entrada en el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante escrito firmado por el Concejal Delegado de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Parajes Naturales y Patrimonio, en el que manifiesta que los servicios técnicos municipales se ratifican en el informe emitido el 22 de julio de 2005, adjuntando copia del informe técnico suscrito el 21 de octubre de 2010 en tal sentido.  
2. Ayuntamiento de Benejúzar, con entrada el 20 de enero de 2004, correspondiente a un Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 9 de enero de 2004, favorable en cuanto a la valoración de la actividad y su localización en la concreta ubicación escogida, pero estableciendo reparos en cuanto al cumplimiento de los deberes, cesiones y obligaciones a cargo del promotor. Aportada nueva documentación con fecha 10 de noviembre de 2004, tuvo entrada nuevo informe emitido por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 29 de octubre de 2004, en sentido favorable ponderando las siguientes circunstancias:  
«a) En el término municipal de este municipio no existe suelo urbano o urbanizable clasificado en el PGOU vigente capaz de albergar la instalación propuesta.  
b) El emplazamiento de las instalaciones se ha escogido sobre la base de estar desarrollándose la actividad solicitada, con una licencia de apertura de fecha 7 de diciembre de 1989 para un establecimiento destinado a la recuperación y venta de materiales viejos.  
El Estudio de Impacto Ambiental, remitido en las anteriores solicitudes de informe, en su apéndice F. Documento de Síntesis, establece:  
«Mediante la recalificación efectuada se posibilita el desarrollo de la industria, en su mejor emplazamiento dentro del enclave sometido a estudio, tanto por las características de la industria, como del entorno en el cual se encuentra instalada la citada industria».  
La idoneidad del emplazamiento escogido para albergar la instalación como consecuencia del impacto territorial deberá desprenderse de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental.  
En relación con su impacto urbanístico, hay que hacer las siguientes consideraciones:  
- Los terrenos incluidos en la petición están afectados por la reserva de suelo prevista en el PGOU vigente para el trazado del Eje del Segura, si bien el proyecto que está en tramitación por la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras no se ajusta a la reserva mencionada y, por tanto, desde este ayuntamiento no se pueden delimitar sus afecciones.  
c) Los servicios requeridos por la actuación, definidos en el anteproyecto aportado, son los adecuados para su establecimiento y funcionamiento, sin producir una sobrecarga de demanda en las infraestructuras generales.  
En relación con la propuesta que realiza el promotor, respecto del cumplimiento de los deberes, cesiones y obligaciones que la presente declaración por el procedimiento extraordinario comporta, según lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, así como en lo relativo a las dotaciones públicas, se consideran adecuadas las mismas y se concretan en:  
1. Dadas las características de la actuación aislada a desarrollar, la cesión de terrenos para dotaciones públicas locales no resulta adecuada en el ámbito de la propia actuación, debiéndose sustituir dicho deber por la cesión de otros terrenos o el pago del coste de ejecución de infraestructuras públicas. En el anteproyecto aportado el promotor propone el pago para la ejecución de infraestructuras públicas adicionales por un importe de 25.690,42 euros, en sustitución de la cesión de terrenos para dotaciones públicas.  
2. La cuantificación de los deberes legales por relación al aprovechamiento la realiza mediante el pago al Ayuntamiento del 15% del coste estimado para las obras de urbanización necesarias para la actuación, resultando un importe de 29.370,04 euros».  
Solicitado nuevo informe municipal el 14 de septiembre de 2010, a fin de actualizar, dado el tiempo transcurrido, la información disponible, el 2 de noviembre de 2010 tuvo entrada en el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante escrito firmado por el Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Benejúzar remitiendo nuevamente certificación del informe favorable contenido en el Acuerdo transcrito.  
3. Oficina del Plan de Carreteras (OPC) de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, con entrada el 6 de junio de 2002, en sentido desfavorable. Aportada nueva documentación, dicho organismo emite nuevo informe con fecha de entrada el 8 de noviembre de 2002, en sentido favorable a la aprobación, indicando que para la construcción del acceso provisional y del definitivo en la carretera CV-914 deberá obtenerse autorización del Servicio Territorial de Carreteras de Alicante.  
El 23 de diciembre de 2004 el citado organismo emite nuevo informe, esta vez en sentido desfavorable. Subsanadas las deficiencias observadas mediante documentación complementaria aportada por el promotor el 22 de febrero de 2005, la OPC emitió nuevo informe con fecha de entrada 30 de marzo de 2005, en sentido favorable «ya que el promotor ejecutará a su costa la mediana, según planos facilitados, entre las glorietas de la ITV y la de Benejúzar en la CV-91. Se recuerda que para la ejecución de las obras el promotor deberá presentar el correspondiente proyecto en el Servicio Territorial de Carreteras de Alicante para que otorgue la oportuna autorización».  
El 10 de mayo de 2011, remitido por el Área de Evaluación Ambiental, tuvo entrada en el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante copia de nuevo informe desfavorable emitido por la Oficina del Plan de Carreteras, al verse afectada la propuesta por el proyecto de la autovía CV-91. Este informe es emitido en el trámite de Declaración de Impacto Ambiental de la actividad.  
Presentada nueva documentación por el promotor el 14 de junio de 2011, el 20 de octubre de 2011 la Oficina del Plan de Carreteras emitió nuevo informe del siguiente tenor literal:  
«Examinada la documentación se emite informe favorable en lo que respecta al planeamiento viario, condicionado a que el promotor renuncie formalmente a percibir (en el expediente expropiatorio que se tramite en un futuro para la ejecución de la autovía) cualquier cuantía indemnizatoria por la pérdida de uso en la actividad, por elementos afectados o por traslados de los enseres depositados o almacenados, siendo que, única y exclusivamente, le correspondería a esta parte la indemnización relativa al suelo afectado por el parcelario de expropiación (de necesaria ocupación), que sería valorado según su actual clasificación de Suelo No Urbanizable.  
Por ello el promotor, con carácter previo al otorgamiento de la Declaración de Interés Comunitario (DIC), deberá aportar compromiso formal de la renuncia indemnizatoria anteriormente señalada y que, una vez otorgada la DIC, para mayor y suficiente garantía de la Administración actuante, deberá proponer que acceda como carga/afección de la finca en el Registro de la Propiedad sobre el ámbito catastral referido (parcela 99, polígono 5).»  
El 9 de noviembre de 2011 tuvo entrada en el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante escrito del interesado asumiendo las referidas condiciones y compromisos.  
4. Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, de la Conselleria de Cultura y Deportes: informe emitido el 6 de febrero de 2009 en los siguientes términos:  
«Los resultados de la prospección han sido negativos en todas las manifestaciones del patrimonio cultural que pudieran verse afectados, por lo que huelga el establecimiento de medidas correctoras.  
Por lo que visto el precepto indicado y de conformidad con el informe de los servicios técnicos se informa favorablemente a los efectos patrimoniales contemplados en el art. 11 de la Ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano DIC para desguace de vehículos en parcelas 147-149 del pol. 77 de Orihuela y parcelas 99, 101 y 104-107 del pol. 5 de Benejúzar».  
Este informe se emitió a la vista de la documentación complementaria aportada por el interesado el 13 de octubre de 2008 a fin de completar la documentación requerida por dicho organismo.  
5. Confederación Hidrográfica del Segura: informe emitido el 2 de octubre de 2008 indicando lo siguiente:  
«- La documentación técnica que se presenta incluye planos en planta a escala adecuada señalando la ubicación y el emplazamiento de la actividad. Se constata que la actuación no afecta a cauce público alguno, ya que se encuentra fuera de la zona de policía del río Segura.  
- Con respecto a las demandas hídricas generadas por la ampliación de la actividad, se indica que se atenderán con la red de abastecimiento municipal, y que el aumento se compensará con una modernización de la industria. No obstante lo anterior, no se realiza una cuantificación de las demandas de recursos hídricos que supondría la actuación, por lo que no es posible valorarlo.  
- Como norma general los vertidos de aguas residuales deberán contar con la autorización de este Organismo regulada en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y para el caso concreto de industrias que originen o puedan originar vertidos, las autorizaciones de los mismos tendrán el carácter de previas para la implantación y entrada en funcionamiento de las mismas, según establece el art. 260.2 de dicho Reglamento.  
- Por otro lado, y según queda establecido en el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana), la actividad se localiza en zona de riesgo de inundación 2: avenida con periodo de retorno 25-100 años con calados superiores a 0,8 m.  
La actuación está fuera de la zona de policía del río Segura. La consideración del riesgo de inundación fuera de dicha zona, así como las medidas de todo orden que proceda establecer (limitaciones de usos, condiciones que deben cumplir las edificaciones, etc.), corresponde a las Administraciones en materia de ordenación del territorio y urbanismo.  
- La Confederación Hidrográfica del Segura no responde de los daños que pudieran ser ocasionados en la citada empresa por causa de avenidas ordinarias o extraordinarias».  
6. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Dirección General de Territorio y Paisaje, Área de Planificación del Territorio y el Litoral, de 27 de noviembre de 2008, desfavorable por incumplir las previsiones contenidas en el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). Presentado escrito de alegaciones por el promotor el 28 de febrero de 2002, se informó por dicho organismo sobre la inexistencia de elementos nuevos que alteren el sentido del referido informe, «sin perjuicio de la eventual apreciación de inaplicabilidad de las previsiones del PATRICOVA aprobado por Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell, en razón del principio de irretroactividad, por haberse iniciado la tramitación del expediente con anterioridad a la aprobación del Plan de Acción Territorial que nos ocupa, que corresponde por entero al órgano sustantivo en la resolución del procedimiento».  
Presentado por el interesado nuevo escrito de alegaciones el 3 de abril de 2009, a fin de fundamentar la inaplicabilidad del PATRICOVA al presente supuesto, en base al principio de irretroactividad de las normas jurídicas, en los términos apuntados en el informe referido en el párrafo anterior, mediante informe del Servicio de Coordinación Territorial, de la Dirección General de Urbanismo, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, se concluyó que:  
«Así las cosas, cabe entender que, a falta de una disposición transitoria que indique lo contrario, la normativa vigente en el momento de la iniciación de un procedimiento será la que regule los actos que integran ese procedimiento hasta su terminación, y si se produce una modificación normativa durante el tiempo en que se desarrolla el procedimiento no impedirá que siga rigiéndose por la vigente en el momento de incoarse.  
No obstante, y dado que, según el artículo 20 de la Ley 4/1992, se exige, en todo caso, el preceptivo trámite de Declaración de Impacto Ambiental de las propuestas presentadas, nada obsta a que, en ese trámite, se evalúe la viabilidad de la actuación, a la vista de un estudio y valoración detallado de los impactos ambientales y de las medidas correctoras previstas frente al riesgo de inundación, derivados de la ubicación de la actividad sobre un suelo inundable, tal y como se indica en el informe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental».  
De acuerdo con los criterios expresados en tal informe, el riesgo de inundación de la actividad propuesta fue valorado en la Declaración de Impacto Ambiental, que impuso las medidas correctoras pertinentes, como se recoge en el apartado siguiente.  
7. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Dirección General de Gestión del Medio Natural. Declaración de Impacto Ambiental dictada el 16 de junio de 2011, cuya parte dispositiva tiene el siguiente tenor literal:  
  
«Primero  
Dejar sin efecto la Resolución de la directora general de Gestión del Medio Natural, de 3 de marzo de 2009, en la que se declaraba concluso el expediente de evaluación de impacto ambiental para el proyecto de «Declaración de Interés Comunitario para un centro autorizado de tratamiento de vehículos fuera de uso», promovido por Desguaces Mora, SL, en las parcelas de rústica 99, 101, 104, 105, 106 y 107 del polígono 5 del término municipal de Benejúzar (Alicante), y las parcelas 147, 148 y 149 del polígono 77 del término municipal de Orihuela (Alicante), ante la imposibilidad de continuar la evaluación ambiental del proyecto por incompatibilidad con la normativa urbanística del PATRICOVA, y aceptar la alegación presentada por el promotor sobre la no aplicabilidad de dicha normativa con carácter retroactivo.  
  
Segundo  
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de «Declaración de Interés Comunitario para un centro autorizado de tratamiento de vehículos fuera de uso», promovido por Desguaces Mora, SL, en las parcelas de rústica 99, 101, 104, 105, 106 y 107 del polígono 5 del término municipal de Benejúzar (Alicante), y las parcelas 147, 148 y 149 del polígono 77 del término municipal de Orihuela (Alicante), siempre y cuando se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto técnico y demás documentación constituyente del expediente, y los condicionantes recogidos en el apartado tercero de la parte dispositiva de esta Declaración de Impacto Ambiental.  
  
Tercero  
Se supedita la ejecución del citado proyecto al cumplimiento de los siguientes condicionantes:  
1. Se deberá obtener la correspondiente Declaración de Interés Comunitario para el uso de la actividad propuesta de las parcelas objeto del proyecto, situadas en suelo no urbanizable.   
2. Como medidas protectoras frente al riesgo de inundación, se adoptarán las presentadas por el promotor en la documentación de la memoria «Nueva valoración de impacto y medidas correctoras propuestas frente al riesgo de inundación de nivel 2 de DIC con referencia al expediente», de 5 de marzo de 2011. En particular, se indica:  
2.1. Se elevarán los terrenos de las diferentes parcelas objeto del proyecto (áreas de recepción, descontaminación, desmontaje, almacenamiento, achatarramiento y compactación de vehículos fuera de uso) a una cota +0,80 metros respecto a la cota del terreno de las parcelas colindantes, conforme al plano nº 1 de la referida memoria documental.  
2.2. A fin de evitar el efecto embalse y el consiguiente peligro de roturas bruscas, el muro perimetral de cerramiento de las diferentes parcelas será permeable al flujo del agua desbordado en caso de inundación sur-norte, adoptando como solución el empleo de placas de hormigón prefabricado machihembradas de 2,5 x 2,5 metros, a las que se practicarán agujeros de 20 centímetros de diámetro en su parte inferior, dejando perforado aproximadamente el 50% de los primeros 60 centímetros de cada placa, conforme a lo detallado en el apartado 2 de dicha memoria documental.   
2.3. La disposición de las nuevas edificaciones correspondientes a las naves nº 9 y nº 10 se orientarán longitudinalmente en el sentido del flujo desbordado sur-norte en caso de inundación, de acuerdo al plano nº 1 de la memoria documental referenciada.   
2.4. Los sumideros de recogida de pluviales de las diferentes áreas del centro de tratamiento de vehículos fuera de uso y de las parcelas destinadas a su recepción, almacenamiento, achatarramiento y compactación, se ejecutarán conforme al diseño recogido en el plano n° 2 de la memoria documental presentada.   
2.5. Los depósitos de residuos peligrosos, combustibles y carburantes no deberán situarse por debajo de la cota del forjado de la planta baja de las edificaciones y, en lo posible, se situarán a una cota sobreelevada del mismo. Los depósitos serán estancos y se anclarán al suelo, a las paredes u otros elementos estructurales resistentes para evitar su flotación en caso de inundación.   
3. Las zonas destinadas a la recepción y almacenamiento, incluso temporal, previo a la descontaminación de los vehículos al final de su vida útil, dispondrán de pavimento impermeable y sus redes de recogida de pluviales estarán dotadas de equipos de tratamiento con decantación y separación de hidrocarburos, grasas y aceites, previamente a su vertido final al azarbe de Mayayo.  
4. En las naves destinadas a la descontaminación y desmontaje de vehículos fuera de uso (naves nº 1 y nº 9) se deberán tomar las siguientes medidas:   
4.1. Las naves serán de suelo impermeable y los trabajos se realizarán siempre en el interior de las mismas, bajo cubierta.   
4.2. Las áreas de trabajo y plataformas en las que se realicen la descontaminación y desmontaje/reciclaje estarán dotadas de sistemas de recogida de derrames hacia depósito ciego y estanco, y sin conexión a la red de alcantarillado o a la red de recogida de pluviales. En caso de que existieran estas conexiones, deberán sellarse y asegurar que no existe posibilidad de vertido hacia las mismas.   
4.3. Los almacenamientos de residuos peligrosos y de combustibles retirados de los vehículos se realizarán siempre bajo cubierta. Para los residuos peligrosos de naturaleza líquida o susceptibles de producir un derrame, se dispondrán depósitos resistentes al residuo contenido con cierre hermético y dotados de cubeto de retención o se dispondrá de un sistema de recogida de derrames hacia un foso ciego y estanco. Alternativamente, los depósitos podrán ser de doble pared de seguridad, homologados por el fabricante.   
4.4. La limpieza de los suelos de estas naves se realizará mediante barrido en seco o empleando máquinas dotadas de un depósito de reutilización del agua de limpieza que evite el vertido de ésta hacia los sumideros de recogida de derrames, del alcantarillado o de la red de recogida de pluviales. Se emplearán productos absorbentes comerciales en cantidad suficiente para asegurar la recogida de posibles derrames accidentales de aceites, grasas y otros líquidos. En cualquier caso, queda prohibida la limpieza por baldeo de los suelos.   
4.5. Las piezas y componentes retirados de los vehículos fuera de uso que puedan estar contaminados, en especial aquellos que estén impregnados de aceite, se localizarán en zonas cubiertas y con pavimento impermeable.   
4.6. Las zonas acondicionadas para almacenamiento de neumáticos usados incluirán medidas contra incendios, y prevención de riesgos derivados de almacenamientos excesivos. Los apilamientos de estos neumáticos serán de una altura máxima de tres metros o de seis metros si están almacenados en silos. Se adoptará una disposición en celdas o módulos independientes, con una capacidad máxima de mil metros cúbicos cada una, a fin de evitar la propagación del fuego en caso de incendio, dejando viales internos para el acceso de medios mecánicos y de extinción.   
5. Se deberá obtener la correspondiente autorización de vertido ante la Confederación Hidrográfica del Segura, para la infiltración en el terreno de las aguas residuales sanitarias generadas en aseos, vestuarios y servicios. Obtenida la Declaración de Interés Comunitario para la ocupación del suelo no urbanizable para la actividad propuesta, se estudiará la posibilidad de conexión con la red de alcantarillado municipal, como solución al vertido de las aguas residuales sanitarias.   
6. Se adoptarán las medidas correctoras necesarias para asegurar que la actividad no transmita niveles sonoros de recepción, en función del uso dominante de la zona, superiores a los indicados en el anexo 11 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección Contra la Contaminación Acústica. Para ello, una vez implantadas las medidas correctoras propuestas, se comprobará el cumplimiento de los niveles sonoros mediante la realización una auditoría acústica por una ECMCA (Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental).  
7. Las modificaciones o ampliaciones del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberá ser comunicados a la Dirección General de Gestión del Medio Natural, que establecerá, si procede, la aplicación de nuevos condicionantes.   
8. Se llevará un registro documental del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental que permita comprobar el seguimiento y el cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras recogidas en el mismo».   
Esta Declaración de Impacto Ambiental fue dictada a la vista de la documentación subsanatoria aportada por el interesado en fechas 11 de abril de 2008, 17 de junio de 2008, 12 de noviembre de 2009, 7 de septiembre de 2010 y 30 de marzo de 2011, completando y modificando la formulada inicialmente.  
8. Servicio Territorial de Industria, de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio. Ha emitido sendos informes, en las fechas y con los contenidos que a continuación se indican:  
a) Informe de 20 de febrero de 2012, en el que textualmente se concluye:  
«Por todo lo expuesto se puede decir que la parcela es adecuada para emplazar la actividad de desguace de vehículos fuera de uso.  
A fin de avanzar en la preceptiva consulta sobre el cumplimiento de lo establecido en la Ley 10/2004, sobre Suelo No Urbanizable, se estima que el informe debe tener el carácter de favorable, sin perjuicio de la intervención que deba corresponder a otros órganos de la Administración en función de la normativa sectorial que le afecte».  
b) Informe de 11 de junio de 2012, en el que se concluye:  
«El artículo 14 del anexo al Reglamento de Planeamiento de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Consell, establece «en que los sectores destinados a industriales será exigible, como norma general, una reserva mínima de suelo dotacional público del 40% de la superficie computable del sector y que igualmente será exigible reservar un 10% de la superficie computable a zonas verdes públicas, reserva ésta que se entiende incluida en el 40% anteriormente señalado.  
No obstante, esta reserva podrá minorarse mediante Resolución motivada del conseller competente en materia de urbanismo, previo informe de la Conselleria competente en materia de industria y del Consejo Superior de Urbanismo, cuando se trate de complejos industriales aislados o esté previsto algún tipo de actividad productiva especial para la que no resulte adecuada».  
A pesar de no cumplir el artículo 14, apartado 1, del anexo al Reglamento de Planeamiento de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Consell, la superficie destinada a construcciones industriales tiene 7.900 m², siendo el resto de la superficie (59.709,42 m²) destinada a almacenamiento al aire libre, es decir, la superficie de zonas verdes (2.800 m²), de almacenamiento de chasis (15.772 m²), de recepción (12.165 m²), la que se conserva su uso anterior (14.395 m²), aparcamientos (372 m²) y viales interiores (14.205,42 m²); considerando los 59.709,42 m² totales como suelo dotacional público, siendo el cómputo superior al 40% exigible por el artículo 14 anteriormente citado.  
También cabe destacar que la zona verde (2.800 m²), así como la zona que se conserva su uso anterior (14.395 m²), puede ser considerada como reserva del 10% de la superficie computable a zonas verdes públicas superando el 10% exigible por el artículo 14 del anexo correspondiente.  
Se puede decir que la parcela es adecuada para emplazar la actividad que se pretende instalar, siempre teniendo muy en cuenta que dicha actividad debe contar con informe municipal favorable.  
A fin de avanzar en la preceptiva consulta sobre el cumplimiento de lo establecido en la Ley 4/1992, sobre Suelo No Urbanizable, se estima que el informe debe tener el carácter de favorable.  
Todo ello sin perjuicio de la intervención que deba corresponder a otros órganos de la Administración en función de la normativa sectorial que le afecte y de las autorizaciones que, en su caso, deban ser obtenidas por el promotor para la ejecución de obras, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación».  
  
Sexto. La solicitud fue admitida a trámite por Resolución de 3 de abril de 2006, de la jefa del Servicio Territorial de Planificación y Ordenación del Territorio, a propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo de Alicante, en sesión del día 3 de abril de 2006, previa la obtención de informes favorables de los Ayuntamientos de Benejúzar y de Orihuela y de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes.   
El expediente, incluyendo el estudio de impacto ambiental, fue sometido al trámite de información pública y convocatoria de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento por el plazo de un mes mediante anuncios publicados en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) número 5331, de 24 de agosto de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 182, de 9 de agosto de 2006, así como al trámite de audiencia a los propietarios colindantes a la actuación mediante notificación individualizada a los domicilios facilitados por los promotores. Durante el expresado periodo de un mes no consta que se hayan presentado alegaciones ni iniciativas alternativas.   
Se publicó nuevo edicto en el DOCV número 5812, de 23 de julio de 2008, sometiendo a información pública el expediente junto a su Estudio de Impacto Ambiental, por el plazo de treinta días hábiles, sin que durante el mismo conste que se formularan alegaciones al respecto.  
Por Resolución de 4 de noviembre de 2008, del conseller de Medio Ambiente Agua, Urbanismo y Vivienda, se convalidó la resolución de admisión a trámite citada ordenándose la apertura de un nuevo trámite de información pública y convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2.a) de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable. En ejecución de esta resolución, el proyecto, junto al Estudio de Impacto Ambiental, fue objeto de un nuevo trámite de información pública por el plazo de treinta días hábiles mediante anuncios publicados en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5933, de 15 de enero de 2009, y en el diario La Verdad de Alicante de 26 de mayo de 2009. Durante este último periodo no se presentaron alegaciones.  
  
Séptimo. En sesión de 25 de julio de 2012, la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante acordó emitir dictamen favorable respecto de la presente declaración de interés comunitario para desguace de vehículos de los municipios de Benejúzar y Orihuela, a fin de que la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente dictara resolución autorizando la minoración de la reserva de suelo dotacional prevista en el artículo 14 del anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunitat Valenciana y elevara propuesta de acuerdo al Consell, en los términos en aquél indicados, y que se dan por reproducidos.  
  
Octavo. El 14 de septiembre de 2012, la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente resolvió autorizar la minoración de la reserva de suelo dotacional prevista en el artículo 14 del anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunitat Valenciana a que se ha hecho referencia anteriormente.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. El presente expediente ha de resolverse a la luz de lo establecido en los artículos 8.2 y 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, y de acuerdo con el Plan General de Benejúzar, aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo el 17 de abril de 1998 y publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de Alicante de 8 de agosto de 1998, y el Plan General de Orihuela, aprobado, en lo que respecta al suelo no urbanizable, por la Comisión Territorial de Urbanismo en la sesión de 25 de julio de 1990 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 13 de agosto de 1990, y ello por cuanto que de conformidad con la disposición transitoria tercera, párrafo segundo, de la Ley 10/2004, de 9 de diciem  
  
  
  
bre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable, «los procedimientos ya iniciados en el organismo competente sobre autorizaciones previas o Declaraciones de Interés Comunitario en suelo no urbanizable a la entrada en vigor de la presente Ley, se concluirán con arreglo a lo dispuesto en la legislación anterior».  
Segundo. De conformidad con el artículo 20 de la citada Ley 4/1992, las edificaciones e instalaciones destinadas a actividades industriales, terciarias o de servicios que, entre otros, precisen la ocupación de una superficie mayor de cuatro hectáreas, cuenten con más de ocho mil metros cuadrados de construcción o requieran la ejecución de accesos propios con más de mil metros lineales de desarrollo, quedan excluidas de los supuestos regulados en los artículos 18 y 19.  
Asimismo, la realización de estas actuaciones integrales requiere el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mencionado precepto:  
a) Que por sus características y su impacto territorial no puedan emplazarse en los suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización previstos por los planeamientos vigentes en los municipios de la zona.  
b) Que queden suficiente y adecuadamente resueltos, a cargo de la actuación, la totalidad de los servicios requeridos por su establecimiento y funcionamiento, sin que se produzca una sobrecarga de demanda en las infraestructuras y servicios generales.  
c) Que se asuma la aplicación a la actuación del régimen de deberes, obligaciones y cesiones propias del adjudicatario de un Programa de Actuación Urbanística en suelo urbanizable no programado, que nunca podrán ser inferiores a las legales propias del suelo urbanizable programado.  
A la vista de lo expuesto, y dado que la solicitud formulada cumple lo establecido en la citada Ley para la tramitación extraordinaria de estas actividades, cabe concebir la misma como una actuación integral, por lo que debe tramitarse de conformidad con lo preceptuado en los artículos 16 y 20 de la citada Ley 4/1992.  
Queda justificada en la documentación obrante en el expediente la imposibilidad de emplazar la presente industria en los suelos urbanos y urbanizables de la localidad, debido a la gran ocupación de suelo necesaria.  
Tercero. Clasificación del suelo: no urbanizable común en lo que afecta al municipio de Benejúzar, y suelo no urbanizable, zona de regadíos tradicionales, en lo que atañe al municipio de Orihuela.   
En cuanto a la normativa urbanística contenida en el Plan General de Benejúzar, en concreto en el artículo 2.1 de sus Normas Urbanísticas y el Cuadro General de Características de las Construcciones en Suelo No Urbanizable Común, el uso es compatible y en cuanto a los parámetros urbanísticos de aplicación se indica, textualmente, que serán «las que fije la Declaración de Interés Comunitario».  
En cuanto a la normativa urbanística contenida en el Plan General de Orihuela, en concreto en el artículo 124 de sus Normas Urbanísticas, el uso resulta admitido y los parámetros generales que establece, son cumplidos tal y como puede verificarse con el siguiente cuadro:   
  
\* \* \* \* \*  
  
  
  
  
Cuarto. Respecto del procedimiento, se han observado en el presente caso las prescripciones legales que exige la citada Ley 4/1992, sobre Suelo No Urbanizable. Asimismo, la documentación del expediente está completa en los términos requeridos por el artículo 20, segundo párrafo, de la referida Ley 4/1992 y la legislación de impacto ambiental.  
Dado que durante la fase de información pública no se presentó ninguna alternativa en competencia a la desencadenante del procedimiento, procede su aprobación y, por consiguiente, que la actuación integral que se desarrollará a partir de la aprobación de la presente declaración de interés comunitario se efectúe conforme a la documentación que la integra.  
Quinto. Según el artículo 20.1 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, estas actuaciones estarán exentas de la limitación en el plazo de vigencia de la atribución del uso y aprovechamiento, así como estarán exentas del pago del canon de aprovechamiento urbanístico, pero deben asumir el régimen de deberes, obligaciones y cesiones propias del adjudicatario de un Programa de Actuación Urbanística en suelo urbanizable no programado, que nunca podrán ser inferiores a las legales propias del suelo urbanizable programado.   
Las cesiones exigibles al suelo urbanizable de uso industrial son las establecidas en el artículo 14 del anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunitat Valenciana, norma ésta de aplicación al presente expediente en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.   
Señala el citado artículo 14 que «en los sectores destinados a usos industriales será exigible, como norma general, una reserva mínima de suelo dotacional público del 40 por ciento de la superficie computable del sector. Igualmente, será exigible reservar un 10 por ciento de su superficie computable a zonas verdes públicas, reserva ésta que se entiende incluida en el 40 por ciento anteriormente señalado. Esta reserva podrá minorarse mediante resolución motivada del conseller competente en materia de urbanismo, previo informe de la Conselleria de Industria y del Consejo Superior de Urbanismo, cuando se trate de complejos industriales aislados o esté previsto algún tipo de actividad productiva especial para la que no resulte adecuada».  
Se aporta propuesta económico-financiera donde regula los compromisos a contraer entre el promotor y la Administración. En ésta, el promotor asume el siguiente régimen de cesiones y/o cuantificación económica sustitutiva:  
1. Dado que por la naturaleza de los usos o aprovechamientos descritos, se propone la minoración de los deberes de cesión, y respecto al 10% para zonas verdes así como el correspondiente al porcentaje de aprovechamiento lucrativo que corresponde a la Administración, no parece adecuada la cesión de terrenos en el ámbito de la actuación, por lo que se propone la cuantificación monetaria para el pago del coste de ejecución de infraestructuras públicas adicionales.  
Se sustituye la cesión del 10% de terrenos para zonas verdes en el ámbito de la actuación por una cuantía de 50.104,42 euros, que percibirá cada municipio en proporción a la parte de suelo que corresponda a cada término municipal.  
De esta forma, el Ayuntamiento de Benejúzar ha informado sobre la procedencia de la sustitución económica de la cesión, cuantificándolo en 25.690,42 euros, y el Ayuntamiento de Orihuela ha informado sobre la sustitución del suelo correspondiente, de 2.441,40 m², por otra parcela ubicada en otro punto del municipio, cuantificando el valor del suelo en 24.414 euros.   
En este punto se procede a rectificar el error material apreciado en la Resolución de admisión a trámite de la propuesta, al señalar en su fundamento jurídico primero, apartado c.1, propuesta económico-financiera del promotor respecto a los compromisos, en cuanto se recoge en dicha resolución que «se propone, por una parte, la cesión de 14.359 m² correspondientes a la banda de protección de 50 metros de la CV-914, que se destinará a red viaria», ya que en la propuesta económico-financiera lo que se manifiesta es que la referida franja de 14.359 m² «conservan su uso primitivo por afectación de la franja de protección de carreteras», por lo que no queda incluida entre los deberes de cesión a cargo de la actuación.   
2. Por igual motivo, los deberes legales respecto al aprovechamiento se sustituyen por cuantía del 15% estimado para las obras de urbanización que requiera la actuación.  
De esta forma, el Ayuntamiento de Benejúzar informó sobre la procedencia de la sustitución económica de la cesión, cuantificándolo en 29.370,04 euros, y el Ayuntamiento de Orihuela informó en términos análogos, cuantificándolo en 29.345,62 euros.  
3. Asume el compromiso de disponer aval bancario al inicio de las obras emitido a favor de cada ayuntamiento por un importe del 50% del valor de los costes de urbanización.  
4. Asume el compromiso de ejecutar a su costa la mediana, según los planos aportados el 22 de febrero de 2005, entre las glorietas de la ITV y la de Benejúzar en la CV-91.  
A la vista de lo reseñado y, en particular, los informes emitidos por el Servicio Territorial de Industria y los Ayuntamientos de Benejúzar y Orihuela, así como por las propias características de la instalación proyectada, cabe considerar que concurren los requisitos establecidos en el artículo 14 del anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Consell, para procederse a una minoración de los estándares de general aplicación, al tratarse de un complejo industrial aislado, así como los procedentes para la sustitución de las cesiones en suelo por la entrega de su cuantificación económica a fin de integrarlos en el patrimonio municipal de suelo, vinculados a los usos de vivienda protegida o fines de utilidad pública e interés social contemplados en la legislación de pertinente aplicación.  
Por todo ello, se estima que el régimen de cesiones establecidos y los compromisos asumidos por el promotor se adecuan a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable.  
La ejecución de las actuaciones integrales requerirá, siempre con carácter previo a su comienzo, la formalización a favor del municipio y, en su caso, la Administración de la Generalitat de las cesiones de terrenos a que se hubiera comprometido el promotor y la obtención de la licencia o las licencias urbanísticas precisas sobre la base de los correspondientes proyectos técnicos.  
Sexto. Se aporta documentación acreditativa de los compromisos exigidos por el artículo 20.1.c) de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, en que se asume la aplicación a la actuación del régimen de deberes, obligaciones y cesiones propias del adjudicatario de un Programa de Actuación Urbanística en suelo urbanizable no programado.  
Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, la realización de las actuaciones integrales requerirá su selección en competencia con otras alternativas que se formulen y la aprobación de su ordenación por Acuerdo del Consell, correspondiendo a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 2 y 3, del Reglamento de los Órganos Territoriales, de Evaluación Ambiental y Urbanísticos de la Generalitat, aprobado por el Decreto 135/2011, de 5 de octubre, del Consell, elevar la correspondiente propuesta de Acuerdo al Consell.  
  
Vistos los preceptos legales citados, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general y pertinente aplicación, a propuesta de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, el Consell  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Aprobar definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por la mercantil Desguaces Mora, SL, de una actuación integral consistente en la instalación de una industria de desguace de vehículos fuera de uso en la carretera de Almoradí-Orihuela, pk 8, parcelas 99, 101, 104, 105, 106 y 107 del polígono 5, en el municipio de Benejúzar, y parcelas 147, 148 y 149 del polígono 77 del municipio de Orihuela, que afecta a una superficie de 64.463,42 m² (40.049,42 m² en el término de Benejúzar y 24.414 m² en el municipio de Orihuela), como Declaración de Interés Comunitario que se ha de desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable.  
  
Segundo  
Adjudicar dicha actuación integral a favor de la mercantil Desguaces Mora, SL, a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la citada Ley 4/1992, para promover el establecimiento de la referida instalación.  
  
Tercero  
La aprobación de la actuación integral llevará implícita, a los efectos expropiatorios, la declaración de interés social y de la necesidad de ocupación de los terrenos que, conforme al proyecto aprobado, sean necesarios para la ejecución de aquélla y para su enlace con los correspondientes sistemas generales. El adjudicatario de la actuación tendrá, cuando no sea propietario de la superficie afectada por la actuación, o de parte de ella, la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo a su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer, con independencia de las obligaciones asumidas en el procedimiento de aprobación de su iniciativa. Asimismo, correrán a su cargo la totalidad de los gastos que se generen como consecuencia de la tramitación del correspondiente expediente de expropiación.  
  
Cuarto  
Establecer el siguiente régimen de obligaciones y cesiones, que el promotor deberá hacer efectivas a favor de los Ayuntamientos de Orihuela y Benejúzar:  
a) Se sustituye la cesión del 10% de terrenos para zonas verdes en el ámbito de la actuación por una cuantía de 50.104,42 euros, que percibirá cada municipio en proporción a la parte de suelo que corresponda a cada término municipal.  
De esta forma, al Ayuntamiento de Benejúzar le corresponden 25.690,42 euros, y al Ayuntamiento de Orihuela le corresponde la sustitución de los 2.441,40 m² por otra parcela ubicada en otro punto del municipio, cuantificando su valor en 24.414 euros. Todo ello de acuerdo con los informes emitidos por los respectivos Ayuntamientos.  
b) Los deberes legales respecto al aprovechamiento se sustituyen por una cuantía del 15% estimado para las obras de urbanización que requiera la actuación.  
De esta forma, al Ayuntamiento de Benejúzar le corresponden 29.370,04 euros, y al Ayuntamiento de Orihuela 29.345,62 euros. Todo ello de acuerdo con los informes emitidos por los respectivos Ayuntamientos.  
c) Disponer aval bancario al inicio de las obras emitido a favor de cada Ayuntamiento por un importe del 50% del valor de los costes de urbanización.  
d) Ejecución a costa del promotor de la mediana, según los planos aportados el 22 de febrero de 2005, entre las glorietas de la ITV y la de Benejúzar en la CV-91.  
  
  
Quinto  
Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados, a favor de los ayuntamientos, para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.  
En particular, deberán cumplirse la totalidad de las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental y en los informes emitidos durante la instrucción, que se han transcrito en el antecedente quinto, entre los que se encuentra la renuncia formal indemnizatoria formalizada por el promotor en cumplimiento del informe emitido por la Oficina del Plan de Carreteras, debiendo acceder la misma como carga/afección en el Registro de la Propiedad.   
  
Sexto  
El acuerdo de adjudicación expresado en el punto segundo caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el interesado no ha solicitado la preceptiva licencia urbanística municipal. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por resolución de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, a quien el presente acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y de los ayuntamientos de Benejúzar y Orihuela. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que el Consell resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.  
  
Séptimo  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.  
  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consell, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación o publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime oportuno.  
  
Valencia, 11 de octubre de 2012  
  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
JOSÉ CISCAR BOLUFER