Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5846, del 10-09-2008 (2008/9949)

Bases particulares de la unidad de ejecución número 2 del sector Batán de Aparicio.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5846

Fecha DOGV
:   10-09-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2008/9949


Fecha del documento
:   01-08-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins

Tipo de documento
:   Bases

Descriptores 

:   * Alcúdia de Crespins, l'
    * administración local
    * plan de urbanismo

Bases particulares de la unidad de ejecución número 2 del sector Batán de Aparicio. [2008/9949]
El Pleno del Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2008, acordó iniciar el procedimiento para la gestión indirecta de la unidad de ejecución número 2 del sector de suelo residencial Batán de Aparicio, aprobándose asimismo sus bases particulares de programación.
En cumplimiento de lo que establecen los artículos 131 y 132 de la LUV y artículos 286, 447 y 448 del ROGTU se procede a publicar el texto íntegro de las bases particulares, haciéndose constar que contra el acto de su aprobación se podrá interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que las dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de estas bases. El recurso contencioso-administrativo se podrá interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación o en el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, a contar desde el día siguiente al de la notificación de su resolución expresa, o en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la resolución presunta del recurso, la cual se producirá por el transcurso de un mes desde la interposición del mismo sin que se haya notificado resolución expresa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 101.2 de la LUV quedan suspendidas la tramitación y otorgamiento de licencias y de nuevos programas en el ámbito objeto de programación, cuyas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
L'Alcúdia de Crespins, 1 de agosto de 2008.- El alcalde: Francisco Javier Sicluna Lletget.
Bases particulares de programación de la unidad de ejecución número 2 del sector de suelo residencial Batán de Aparicio
Base I. Objeto de las bases particulares de programación
Constituyen el objeto de las presentes bases particulares la regulación de las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo para la adjudicación de la condición de agente urbanizador y posterior desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número 2 del sector Batán de Aparicio del suelo apto para urbanizar de L'Alcúdia de Crespins.
En lo no previsto en las presentes bases se aplicará el modelo de bases generales de programación reguladas en el Anexo II del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5264, de 23 de mayo de 2006).
El objeto del presente contrato se especifica en el Anexo I, apartado A, de estas bases particulares.
Base II. Naturaleza jurídica y régimen aplicable al contrato para el desarrollo y ejecución del programa
La naturaleza de la relación que liga al adjudicatario del programa con el Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins es la de un contrato administrativo especial y en consecuencia, el contrato que se suscriba se regirá preferentemente por sus propias disposiciones que se encuentran contenidas en:
- Ley Urbanística Valenciana, Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana (en adelante LUV), modificada por Decreto 1/2008, de 27 de junio, del Consell.
- Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell (en adelante ROGTU).
- Bases generales de programación reguladas en el anexo II del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell.
- Bases particulares de programación.
Supletoriamente serán de aplicación las disposiciones contenidas en la normativa de contratos del sector público, integrada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y particularmente las disposiciones contenidas en dicha norma para los contratos de servicios, así como las establecidas en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de diciembre -en adelante RGLCAP-, y por las restantes disposiciones comunitarias y restante normativa contractual que resulte de aplicación.
En caso de contradicción entre los documentos contractuales, el orden de prelación será el que sigue:
- Bases particulares de programación.
- Bases generales de programación reguladas en el Anexo II del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell.
- Contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.
Base III. Ordenación urbanística vigente
El ámbito objeto del presente programa coincide con la unidad de ejecución número dos del sector Batán de Aparicio del término municipal de L'Alcúdia de Crespins.
La ordenación del citado sector, tanto la detallada o pormenorizada como la estructural, se encuentra contenida en el plan parcial del referido sector y su correspondiente anexo de homologación, instrumentos aprobados definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de fecha 29 de enero de 2004 y cuyas normas urbanísticas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 238, de fecha 6 de octubre de 2004.
Las condiciones de ordenación de la unidad de ejecución objeto del programa se encuentran contenidas en el apartado B del Anexo I de las presentes bases particulares de programación.
El contenido de dichos instrumentos, así como la información relativa al presente procedimiento de programación se encuentra contenida en la página web municipal: www.lalcudiadecrespins.es.
Base IV. Memoria de necesidades y objetivos
Constituyen objetivos del programa la transformación jurídica y urbanística de los terrenos incluidos en el ámbito de la unidad de ejecución, de conformidad con lo dispuesto con carácter general en el artículo 124.1 de la Ley Urbanística Valenciana y referidos a la Unidad de Ejecución a ejecutar.
En orden al cumplimiento del objetivo de conexión e integración de la urbanización con las redes de infraestructuras, energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, el urbanizador deberá:
- Aportar los informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias puedan resultar afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, dominio público marítimo-terrestre y otros).
- Presentar en su caso, los estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, saneamiento, telefonía y otras).
En particular y de conformidad con lo establecido en el plan parcial que contiene la ordenación detallada del sector constituye objeto de la actuación, entre otras, conectar adecuadamente la red viaria de la unidad, tanto a la UE-1 ya ejecutada, como a la antigua Nacional 430 y en particular la rotonda de conexión con la antigua Carretera Nacional 430.
Se hace constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en relación con el artículo 23.b) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, el porcentaje de cesión de aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento -y que se fija en el 10% - es libre de cargas de urbanización.
Base V. Parámetros urbanísticos y directrices de evolución urbana y ocupación del territorio
Resultan de aplicación al presente expediente de programación los parámetros urbanísticos establecidos en el anexo de homologación y plan parcial del sector de suelo urbanizable residencial Batán de Aparicio, y en concreto en las fichas de planeamiento y gestión que se contienen en dichos documentos.
Los principales parámetros urbanísticos que establece dicho instrumento para la unidad de ejecución a programar son los siguientes, de conformidad con las fichas de planeamiento y gestión:
Superficie total del sector: 88.251,85 m²
Superficie computable: 79.364,11 m²s.
Superficie adscrita (SG-3): 8.887,74 m².
Superficie lucrativa: 32.259,56 m²
Edificabilidad (m techo residencial): 42.330,00.
Superficie unidad de ejecución número 2: 45.998,65 m²s
Superficie adscrita (SG-3) a la unidad de ejecución 2: 750 m²s
Uso global: Residencial.
Tipología edificatoria: Edificación unifamiliar aislada o adosada.
IEB: 0,5334 m²t/m²s.
IER: 0,5334 m²t/m²s
AT: 0,479 m²t/m²s
Se hace constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 131.2.c) de la LUV resultan asimismo de aplicación las directrices definitorias de la estrategia de la actuación establecidas en el anexo de homologación aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de fecha 29 de enero de 2004. Disponen así las mismas que el desarrollo del sector responde a la voluntad de cumplir con las previsiones de clasificación del suelo de las normas subsidiarias en una zona considerada estratégica para la población. Añaden que la ordenación y desarrollo del sector llenará un vacío urbano que se produce entre las zonas residenciales del Terrer Roig y el Mal Rec, al sur y el área del Riu Nou al norte, quedando completada la trama residencial de la ciudad con unos estándares de calidad adecuados.
De conformidad con la ficha de gestión de la unidad de ejecución número 2 se establecen las siguientes condiciones de conexión y desarrollo de la unidad de ejecución:
No se requiere ninguna condición especial de conexión, por tratarse de suelo adyacente al suelo urbano que dispone de servicios con características suficientes para insertar la actuación.
Respecto de los servicios que se citan se establecen las siguientes condiciones de conexión, de conformidad con la citada ficha:
Aguas pluviales: la zona norte se conectará con el servicio municipal disponible en la unidad de ejecución número 1 del sector Batán de Aparicio. La zona sur únicamente dispondrá de recogidas puntuales en los puntos bajos ocasionales que resultaran del trazado, conectándose la parte baja con la red del sector Terrer Roig y situada en un lado de la rotonda, en la prolongación de la avenida de Castilla.
Aguas residuales: la zona norte se conectará con el servicio municipal disponible en la unidad de ejecución número 1 del sector Batán de Aparicio. La zona sur se conectará en la red unitaria del sector Terrer Roig, situada en la avenida de Castilla, siempre que la tubería de conexión posea capacidad de recepción.
Agua potable: se dispone como punto de conexión las instalaciones que los servicios municipales tienen en la unidad de ejecución número 1 del sector Batán de Aparicio-Riu dels Sants.
El resto de servicios según las condiciones de las compañías suministradoras.
Esta unidad deberá desarrollarse en segundo lugar respecto de la unidad de ejecución número 2.
Asimismo deberá ejecutarse la rotonda de conexión con la antigua CN-340.
Las condiciones de ordenación del referido sector y aplicables a la unidad de ejecución se encuentran reguladas en el apartado B del Anexo I de las presentes bases particulares, y en el anexo de homologación y plan parcial del referido sector, y en concreto según resultan de las fichas de planeamiento y gestión del sector y unidad de ejecución.
Base VI. Ampliación del ámbito territorial a programar
Al tratarse de un sector ya delimitado y dotado de ordenación pormenorizada, no se permiten en el presente expediente de programación la presentación de alternativas técnicas que supongan modificación del ámbito territorial a programar, salvo que traigan causa de ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o en sus conexiones viarias.
No se considerarán así modificaciones de planeamiento las variaciones en el ámbito de hasta un 5% en su superficie y el 2% en sus magnitudes lineales.
Base VII. Criterios de ordenación urbanística y territorial de las propuestas de planeamiento a desarrollar
Al tratarse de una unidad de ejecución que cuenta con ordenación pormenorizada, no se admiten en el presente expediente de programación la presentación de propuestas alternativas de planeamiento a las establecidas en el plan parcial y anexo de homologación del referido sector.
Base VIII. Descripción de los objetivos de edificación privada que han de cumplirse en el ámbito de la actuación, con referencia a aquellas construcciones privadas que revistan un interés social por tratarse de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.
De conformidad con lo establecido en la base XXI se establece como uno de los criterios de selección de la alternativa técnica el número, diseño y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que se comprometa a promover el urbanizador sobre terrenos de su propiedad.
Respecto de las reservas destinadas a viviendas de protección pública se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, en los términos que se establecen en el Real Decreto Ley 1/2008, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana -artículo 7 en relación con su disposición transitoria 3ª.
Conforme a lo dispuesto en el plan parcial del sector, se establecen las siguientes reservas de aparcamiento:
Reserva de aparcamiento en superficie viaria: 125 plazas.
Reserva de aparcamiento fuera de la superficie estrictamente viaria (en parcela privada): 249 plazas.
Base IX. Prescripciones técnicas que han de respetarse en la redacción de los documentos de ordenación y gestión exigibles
De conformidad con lo establecido en la base VII no se permite la presentación de propuestas alternativas de planeamiento en el presente expediente de programación.
Respecto de las prescripciones técnicas que han de respetarse en la redacción del proyecto de urbanización se establecen en la base X de las particulares de programación.
Respecto de las prescripciones técnicas a respetar en la formulación del proyecto de reparcelación, son las establecidas con carácter general en la Ley Urbanística Valenciana y en el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
En cuanto al número de copias de los documentos y el soporte material para su presentación, se deberán presentar de cada uno de los documentos tres copias en soporte papel, acompañados de otra copia en soporte informático -un ejemplar del proyecto en versión PDF, planos y documentación gráfica en versión AUTOCAD2000. A los efectos de publicación en la web municipal, se presentará una copia más, también en soporte informático, comprensiva de toda la documentación técnica, incluidos los planos y la documentación gráfica, todo ello en versión PDF.
Base X. Prescripciones mínimas del proyecto de urbanización
1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, las prescripciones técnicas serán definidas por referencia a normas nacionales que transpongan normas europeas a documentos de idoneidad técnica europeos o especificaciones técnicas comunes, y en cualquier caso, podrán definirse por referencia a normas nacionales que transpongan normas internacionales a normas nacionales o a otras normas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la LUV, los proyectos de urbanización definen los detalles técnicos de las obras de urbanización. Se deberán redactar con precisión suficiente para poder ser ejecutados bajo dirección de técnico distinto a su redactor. No podrán en ningún caso contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o edificación.
2. Respecto de su contenido, contendrá el desarrollo técnico de las obras de urbanización a que se refieren los artículos 157 de la LUV y 349 del ROGTU. De conformidad con el artículo 349.2 del ROGTU deberán incluirse en el proyecto de urbanización el mobiliario urbano y las obras correspondientes a las redes de telefonía.
El estado de mediciones deberá indicar claramente la forma de medición de la unidad de obra procurando evitar la inclusión de partidas alzadas.
Además de lo anteriormente indicado, las condiciones mínimas que deberán cumplir los proyectos y posteriormente las obras son las siguientes:
- Movimientos de tierra y demoliciones
Se asegurará que todas las partidas correspondientes al movimiento de tierras y demoliciones sobrantes, sean conducidas a puntos de vertido autorizados.
- Red viaria
Deberá incluirse un estudio de movimientos de tráfico en conexión con los existentes, que determinará la señalización, tanto vertical como horizontal más adecuada.
Se justificará, en función de la intensidad y categoría del tráfico a prever la estructura del firme más adecuada en calzadas y aceras en función de las características de la explanada, de acuerdo a la normativa vigente.
En ningún caso la sección de firme serán inferior a 30 cm de subbase de zahorra artificial, 6 cm de aglomerado asfáltico tipo G-20 y 4 cm de S-12.
Dentro de la satisfacción de las necesidades funcionales del tráfico rodado se optará por soluciones que potencien el tráfico peatonal y los espacios libres ajardinados.
En ese sentido los viales de conexión desde el casco urbano existente contemplarán aceras de ancho adecuado y zonas de aparcamiento en hilera.
Los bordillos serán de hormigón de dimensión mínima 14/17 x 28 x 50 cm. Las aceras se configurarán con baldosa hidráulica de 4 pastillas asentado sobre base de hormigón en masa de 10 cm de espesor y capa de zahorra artificial de 15 cm de espesor.
En pasos de minusválidos se respetará la ordenanza municipal sobre accesibilidad.
Las zonas de aparcamiento se configurarán con hormigón de 15 cm de espesor armado con mallazo sobre subbase de 20 cm de zahorra artificial.
Se colocarán rigolas de hormigón prefabricado de 50 x 20 x 6 cm en la separación entre bordillos, aparcamientos y pavimentos de calzada.
Se incluirán en capítulo independiente todos los elementos de señalización viaria necesarios tanto vertical como horizontal.
- Red de saneamiento
Se diseñara red de saneamiento separativa de aguas pluviales en espacio público y aguas fecales correspondientes a las construcciones.
Se realizará estudio para el dimensionamiento de la red, y se justificará hidráulicamente la red en función de las pendientes disponibles, de acuerdo con la normativa vigente, justificando al mismo tiempo la capacidad hidráulica de absorber los nuevos caudales aportados, de la red existente donde se conexione la proyectada.
Las acometidas se realizarán con tubos de PVC de diámetro mínimo 200 mm.
Las tuberías de saneamiento de diámetro mayor a 600 mm serán de hormigón armado con junta elástica y enchufe en campana.
Las tuberías de diámetro inferior serán de polietileno de alta densidad.
Los pozos de registro serán de hormigón prefabricado y sus distancias no serán superiores a 40 ml. Las tapas de registro y rejillas de todos los elementos serán de fundición dúctil.
Los sumideros serán de polipropileno.
- Red de abastecimiento de agua potable
Se procurará el diseño mallado de la red.
Se justificarán los consumos previstos para todas las conducciones proyectadas y para el conjunto de la red, y en función de ellos se justificará el cálculo hidráulico de la misma.
Todos los elementos de la red serán de materiales que posean sello de calidad y contarán con el visto bueno de la compañía gestora del agua (tuberías y valvulería). Se situaran hidrantes contra incendios de entrada 70 mm y salida 70 mm.
Las arquetas de protección de los elementos serán de dimensión mínima 0,40 x 0,40 x 0,60 m con tapa y marco de fundición modelo Ayuntamiento.
Los alcorques en la unidad se dotarán con red de riego subterránea (goteo) con arqueta llave de corte general, por tramos de calle.
- Red de alumbrado público
Se justificará la disposición y números de puntos de luz en función de las potencias previstas en las lámparas y de las características de los puntos de luz, al objeto de procurar un adecuado nivel de luminosidad, ajustado a la normativa vigente, calculando y justificando, asimismo, la sección de los conductores que serán con fleje antirata.
Se adoptarán las medidas de ahorro energético oportuno con la utilización de lámparas de vapor de sodio de alta presión, circuitos de media noche y noche entera, así como reductores de flujo. Las luminarias y columnas corresponderán a modelos normalizados por el Ayuntamiento.
- Red de telecomunicaciones
Se incluirá red de telecomunicaciones enterrada ajustada a la norma técnica NT-fl-003 de Telefónica, o, al menos se aportara certificado de compañía suministradora del servicio justificando que la red proyectada, tanto en relación a obra civil, puntos de conexión y prismas de canalización previstos, resultan ser de su aprobación.
- Red de suministro de energía eléctrica
Se cumplirá el pliego municipal de condiciones técnicas de urbanización, el Reglamento Electrotécnico de Media y Baja Tensión y se aportará certificado de la compañía suministradora que la red proyectada resulta conforme al servicio de la unidad en cuanto a punto de conexión y características técnicas.
- Zonas verdes
Se seguirán en cuanto a normas y características de las plantaciones el pliego municipal al respecto. Se utilizarán preferentemente especies autóctonas adaptadas a la climatología del municipio.
Se procurará en el diseño de las zonas verdes la preponderancia de los espacios ajardinados y los pavimentos blandos (tierra morterenca y similares).
Los pavimentos duros se asimilaran a las calidades y características de espacios similares en la población (adoquines pétreos, cerámicos o de hormigón, baldosas pétreas o hidráulicas) y hormigón impreso.
Se instalarán zonas de juego de niños de suficiente entidad con juegos homologados y pavimentos de caucho donde se requieran.
Se instalarán redes de riego automatizado con sectorización y programadores adecuados.
- Mobiliario urbano
Se utilizaran modelos normalizados por el Ayuntamiento. El mobiliario incorporará necesariamente bancos, papeleras y fuentes.
- Planos de información y de situación con el conjunto urbano: incluirán la planta viaria de planeamiento que se ejecuta y el entorno inmediato.
- Planos de proyecto y de detalle con el siguiente contenido mínimo:
- Plan viario general a escala mínima 1:1.000.
- Plantas de pavimentación a escala mínima 1:1.000.
- Perfiles longitudinales de todo el viario público y plantas de cotas, rasantes y perfiles de jardines y parques.
- Perfiles transversales de todo el viario público, cada 20 metros, como mínimo.
- Plantas de red de saneamiento y pluviales y perfiles longitudinales de las mismas a escala mínima 1:2.000.
- Detalles constructivos de las diferentes redes y secciones tipo de aceras y calzadas con ubicación de los diferentes servicios.
- Plantas de jardinería a escala mínima 1:500, con indicación de especies, localización de mobiliario urbano, elementos de juegos infantiles, alumbrado, estanques y demás elementos compositivos.
- Red de riego para jardines.
- Redes de alumbrado público, con detalle de luminarias.
- Pliego de condiciones técnicas, generales y particulares.
- Cuadro de precios unitarios y descompuestos.
- Presupuesto general y resumen de presupuesto.
- Presupuesto de ejecución material con detalle de las unidades de obra.
- Estudio de seguridad y salud.
El cuadro de precios descompuestos y el presupuesto de ejecución material formarán parte de la proposición jurídico-económica, que debe presentarse en plica cerrada. No obstante, deberán presentarse a la vista las mediciones y el detalle de las unidades de obra.
3. Obras de urbanización a incluir en el proyecto, de conformidad con el artículo 157 de la LUV.
a) Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal, tratamiento de espacios libres, y mobiliario urbano y señalización.
b) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.
c) Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de evacuación de aguas pluviales.
d) Red de energía eléctrica y comunicaciones.
e) Red de alumbrado público.
f) Jardinería, arbolado y ornamentación en el sistema de espacios libres.
El proyecto de urbanización resolverá las necesidades de integración y conexión con las redes generales en su entorno territorial y las demás exigencias establecidas en el planeamiento que se va a desarrollar. Todas las conducciones de instalaciones se proyectarán y efectuarán enterradas y se dotarán con las arquetas de registro necesarias, provistas de tapas de superficie perfectamente identificables, que serán antivandálicas y tendrán la resistencia necesaria, en función de su ubicación, bajo las aceras o bajo las calzadas, guardando las distancias establecidas en cada caso por la normativa vigente aplicable.
La disposición de las conducciones de instalaciones será preferentemente bajo las aceras con la excepción de las de evacuación de aguas fecales y de pluviales, que se dispondrán preferentemente bajo las calzadas o bajo las zonas de aparcamiento. En caso de ser imposible atender tales disposiciones de orden de preferencia para ubicarlas bajo las aceras o bajo las calzadas será el que se deriva de la relación que sigue: la de energía eléctrica, en alta y media tensión, se dispondrán por encima de la otra, siempre bajo las aceras y contiguas a las alineaciones de las parcelas privadas. Las que alimenten el alumbrado público se dispondrán sobre la acera cerca de la línea de bordillo. Las conducciones de agua potable y las de riego de alcorque en viales se dispondrán preferentemente bajo las aceras, al igual que las que alimenten las tomas de agua para riego por baldeo. Las conducciones de los operadores de telecomunicaciones se colocarán bajo las aceras si es posible, y de no serlo se dispondrán bajo las zonas de aparcamiento o bajo las calzadas, pero en todo caso cerca de las aceras. Finalmente las conducciones de evacuación de aguas, tanto fecales como pluviales, se dispondrán siempre bajo las calzadas; las fecales preferentemente en el centro de las mismas y las pluviales en los costados.
El proyecto contemplará, en todo caso, las soluciones técnicas más sencillas y adecuadas para resolver los cruces entre unas conducciones y otras en general y, en especial, los que se derivan de la construcción de las acometidas de cada servicio.
Base XI. Admisibilidad de variantes
De conformidad con lo establecido en el artículo 131.2 g) de la LUV, no se admitirán en el presente concurso de programación la formulación de variantes respecto de la respectiva alternativa técnica.
En ningún caso se considerarán variantes las modificaciones del ámbito de la actuación que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias de conformidad con lo establecido en la base VI.
Base XII. Precio de licitación y garantía provisional
De conformidad con lo establecido en el artículo 286.1 h) del ROGTU se establece un precio de licitación de 3.357.846,8 ?, IVA excluido, de lo que resulta de aplicar el 16% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido un precio de licitación de 3.895.102,29 €, que tendrá el carácter de máximo.
Dicho precio, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 de la LUV, presenta el siguiente desglose:
Presupuesto de ejecución material obras de urbanización: 2.120.000,00 €.
13% gastos generales: 275.600,00 €.
6% beneficio industrial: 127.200,00 €.
Presupuesto de ejecución por contrata: 2.522.800,00 €
Coste de redacción y dirección proyectos: 252.280,00 €.
Se incluirán en este concepto los honorarios técnicos devengados por la redacción y dirección de los diferentes proyectos técnicos, incluidos los gastos de tramitación y respecto del proyecto de reparcelación su elevación a escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad. Se incluirán también dentro de esta partida los gastos correspondientes a las publicaciones en los distintos diarios para la aprobación y adjudicación del programa.
Dentro del importe de este capítulo deberá destinarse al menos un 5% del mismo a sufragar los honorarios devengados por la supervisión de las obras de urbanización a realizar por la administración.
El importe de los honorarios técnicos no podrá superar en ningún caso el máximo establecido en las tablas orientativas que se encuentran vigentes, aprobadas por el respectivo colegio oficial.
Gastos de gestión del urbanizador: 277.508,00 € equivalente a un 10% de la suma de los conceptos anteriores.
Dentro de los gastos de gestión del urbanizador deberán destinarse al menos un 1% sobre el presupuesto de licitación a sufragar los honorarios devengados por los informes externos que el Ayuntamiento pueda solicitar para la adopción de los acuerdos de programación, gestión y ejecución de la actuación. De no hacerse uso o no agotarse esta partida, la cuantía sobrante se descontará de los gastos de urbanización con motivo de la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación.
Beneficio del urbanizador: 305.258,8 ?, equivalente a un 10% de la suma de los conceptos anteriores.
Total cargas de urbanización: 3.357.846,8 ?.
Total cargas de urbanización IVA incluido: 3.895.102,29 €.
Quienes deseen participar en el concurso de programación deberán presentar resguardo acreditativo de haber constituido garantía provisional por un importe de 67.156,94 € equivalente al 2% de la cantidad anterior -IVA excluido-, en cualquiera de las formas establecidas en la base XVII de las particulares de programación.
Base XIII. Calendario de plazos para el desarrollo y ejecución del programa
El programa de actuación integrada, de conformidad con los artículos 286.1.i) y 332 del ROGTU deberá sujetarse al siguiente calendario, que tendrá el carácter de máximo:
Fase administrativa:
a) Dos meses, contados desde la notificación al urbanizador seleccionado de la aprobación del programa, para la presentación de los textos refundidos de los documentos integrantes de la alternativa técnica, con las condiciones y correcciones impuestas en el acuerdo de aprobación.
b) La presentación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir la selección del empresario constructor, en su caso, deberá tener lugar como máximo en el plazo de un mes desde la formalización del contrato entre el urbanizador y la administración actuante.
c) Dos meses, contados desde la notificación al urbanizador seleccionado de la resolución por la que se declare que los citados textos refundidos se ajustan a las exigencias del acuerdo de aprobación para acreditar documentalmente ante el ayuntamiento la práctica de las notificaciones a los propietarios de la aprobación del programa y de su derecho a optar por modificar la modalidad de retribución prevista en el mismo.
d) Cuatro meses, contados desde la finalización del plazo de opción por la modalidad de retribución, para someter a información pública el proyecto de reparcelación.
e) Dos meses, contado desde la notificación al urbanizador seleccionado de las modificaciones o correcciones a introducir en el proyecto de reparcelación inicialmente formulado, para la presentación del texto refundido del proyecto de reparcelación ajustado a las exigencias de los informes emitidos.
Fase de ejecución material de las obras de urbanización:
Las obras de ejecución material de las obras de urbanización deberán iniciarse en el plazo de dos meses siguientes a la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, suscribiéndose a tal efecto el correspondiente acta de replanteo, y concluirse en el plazo máximo de 18 meses desde su inicio, acreditándose su finalización mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por la dirección facultativa de los mismos.
Solicitud de las licencias de edificación de los solares resultantes:
Se establece un plazo de un año para solicitar las correspondientes licencias de edificación de los solares resultantes, contados desde la recepción de las obras de urbanización, si bien de conformidad con lo establecido en el artículo 495.1 del ROGTU este plazo se podrá ampliar hasta un máximo de cuatro años más, si así se justifica motivadamente en el acuerdo de recepción de las obras de urbanización, en atención las circunstancias del mercado inmobiliario.
No obstante lo señalado en el punto anterior, al menos un 20% de los solares propiedad del urbanizador y que afecte al cumplimiento de las obligaciones del programa deberán ser edificados de forma simultánea a la urbanización.
El incumplimiento por el urbanizador de los plazos establecidos en las presentes bases o en su caso, en las ofertadas en la alternativa técnica, implicará la imposición de las penalidades previstas en la normativa contractual de las administraciones públicas para los supuestos de incumplimiento de plazos.
Base XIV. Legitimación para formular propuestas de programa
Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.
En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Base XV. Solvencia económica y financiera
La acreditación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por medio de alguno o algunos de los siguientes medios:
a) Informe de instituciones financieras, o si procede, justificación de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Si se trata de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o extracto de las mismas en el caso de que la publicación de éstas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y promoción de actuaciones parecidas a la que es objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.
Si por razones justificadas el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante cualquier otro documento que la administración considere suficiente, pudiendo basarse en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos.
Las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.
La justificación de la solvencia económica y financiera de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas o de otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus miembros.
Base XVI. Solvencia técnica y profesional
La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por medio de uno o varios de los siguientes medios:
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los últimos tres años.
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de que disponga.
g) Declaración de las medidas de gestión medio ambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.
Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica o profesional mediante cualquier otro documento que la administración considere suficiente, pudiendo basarse en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará en todo caso, cuando concurran a la licitación, una agrupación de interés urbanístico.
La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas o de otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus miembros.
En todo caso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 301 del ROGTU el aspirante a urbanizador deberá incluir entre la justificación de su solvencia técnica, la documentación acreditativa de la titulación de su equipo técnico redactor y asesor. El referido equipo deberá estar integrado como mínimo, por un técnico superior competente para la elaboración del correspondiente proyecto y un licenciado en derecho.
Base XVII. Garantías
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación deberá constituir, en la forma y a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, una garantía provisional equivalente al 2% de la estimación de cargas del programa que se establece en la base XII de las particulares de programación.
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación del contrato y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del correspondiente contrato para el desarrollo y ejecución de la actuación.
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de que recaiga el acuerdo de adjudicación definitiva.
4. La garantía definitiva, a constituir en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 84 de la Ley de Contratos del Sector Público, se establece en un 10% de las cargas de urbanización del programa fijadas en el acuerdo de aprobación y adjudicación del mismo, excluida la estimación preliminar de las indemnizaciones y demás gastos variables a que se refiere el artículo 308 del ROGTU. Deberá ser ingresada en el plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20 por ciento en aquellos supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas de urbanización se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público.
Base XVIII. Plazo y lugar para la presentación de las proposiciones
Las proposiciones de los interesados, junto con los documentos establecidos en las presentes bases se presentarán en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de concurso al Diario Oficial de la Unión Europea, en el Registro General del Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins, cuya reseña constará en el propio anuncio así como en el que se publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o enviados por correo dentro de dicho plazo de conformidad con lo establecido en la presente base.
Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes, de conformidad con lo establecido en la base XI. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una proposición. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa formuladas por éste.
Si el último día de presentación de proposiciones coincidiera en sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.
Cuando las proposiciones se envíen por correo el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos no obstante 10 días naturales a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición ésta no será admitida en ningún caso.
Base XIX. Documentación integrante de las proposiciones
Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar sus proposiciones, integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que los represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:
- Sobre C: documentación administrativa. Se presentará en sobre cerrado y sellado, en cuyo anverso se escribirá: «sobre C: documentación administrativa para tomar parte en el concurso de programación, por gestión indirecta, de la unidad de ejecución número 2 del sector Batán de Aparicio de L'Alcúdia de Crespins» y contendrá la siguiente documentación:
a) La acreditativa de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del concursante, y, cuando proceda, su representación.
Cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales se acompañará el documento nacional de identidad del firmante de la proposición o documento que haga sus veces, mediante fotocopia compulsada. En caso de ciudadanos extranjeros, permisos de residencia y de trabajo, igualmente mediante fotocopia compulsada.
Cuando se trate de empresarios que sean personas jurídicas la capacidad de obrar se acreditará mediante la escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.
En el supuesto de agrupaciones de interés urbanístico se deberá presentar la correspondiente escritura de constitución, así como la inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en urbanismo.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del acuerdo sobre el espacio económico europeo se acreditará mediante la inscripción en los registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España, en el estado correspondiente o de la oficina consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, sobre la condición de estado signatario del acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio, todo ello de acuerdo con el artículo 44.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y su desarrollo por los artículos 9 y 10 del RGLCAP.
Cuando la proposición fuera suscrita por persona distinta del licitador, deberán presentar la correspondiente escritura de poder, inscrita, en el Registro Mercantil, o registro público correspondiente.
b) Documentos acreditativos de los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.
La solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por medio de alguno de los medios relacionados en la base XV.
La solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por medio de alguno de los medios relacionados en la base XVI.
c) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en la normativa de contratos del sector público.
Dicha declaración comprenderá además expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. También comprenderá la circunstancia de no incurrir en ningún supuesto de incompatibilidad especial previsto en el artículo 121 de la LUV.
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional a favor del Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins en los términos establecidos en la base XVII.
e) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Las empresas extranjeras no comunitarias, además, deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
f) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV.
En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.
- Sobre A: alternativa técnica, que se presentará en sobre abierto en el que se inscribirá en el anverso «Sobre A: alternativa técnica para tomar parte en el concurso de programación, por gestión indirecta, de la unidad de ejecución número 2 del sector Batán de Aparicio» y adicionalmente en soporte informático.
La alternativa técnica del programa de conformidad con el artículo 126 de la LUV, tendrá el contenido que se cita a continuación. Podrá distinguirse en su contenido entre la documentación técnica, que está integrada por aquella parte de la alternativa técnica que debe ser objeto de información pública, de aquella otra que no y que podrá integrarse en un documento único denominado «Memoria de programa» o similar.
La documentación técnica estará integrada por:
Proyecto de urbanización:
Deberá redactarse con el contenido mínimo exigido en la normativa urbanística valenciana, con exclusión de los cuadros de precios unitarios, descompuestos, el presupuesto de ejecución material y el presupuesto de licitación, que deberán incluirse entre la documentación de la proposición jurídico-económica.
El proyecto de urbanización deberá en todo caso contener el estado de mediciones y forma de medición de cada una las unidades de obra, evitando contener unidades por partida alzada.
Deberá hacer referencia a las medidas de control de calidad propuestas y al cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.
Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación pormenorizada a desarrollar.
Copia sellada de la solicitud de los informes que resulten exigibles, y en particular, el de la administración hidrológica, o en su defecto la documentación exigida por dicha administración para emitir el correspondiente informe sobre recursos hídricos.
De conformidad con lo establecido en la base IX de cada uno de los documentos integrantes de la documentación técnica se presentarán tres copias en soporte papel, acompañadas de una copia en soporte informático consistente en un ejemplar del proyecto, planos y documentación gráfica en versión AUTOCAD2004. A los efectos de publicación en la web municipal, se presentará una copia más, también en soporte informático, comprensiva de toda la documentación técnica, incluidos los planos y la documentación gráfica, todo ello en versión PDF.
Una cuarta copia en soporte papel se depositará por el aspirante a agente urbanizador en una copistería ubicada preferentemente en los municipios de L'Alcúdia de Crespins, Canals o Xàtiva, de cuyo domicilio y horario de atención al público se informará en el aviso a los titulares catastrales afectados, al objeto de poder obtener copias.
La memoria de programa estará compuesta o deberá hacer referencia a:
Identificación del ámbito de la actuación, así como de sus parámetros urbanísticos esenciales.
Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.
Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.
Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.
A tal efecto se incluirá una propuesta de calendario para el desarrollo de la actuación en sus distintas fases, distinguiendo expresamente los plazos máximos que se proponen para:
- La fase administrativa previa.
- La fase de ejecución material de las obras de urbanización.
- La solicitud de las licencias de edificación de los solares resultantes.
Todo ello de conformidad con lo establecido en la base XIII de estas bases particulares.
Objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana.
Deberá incluir una valoración de su coste económico que deberá ser asumido íntegramente por el urbanizador, sin repercutirlo a la administración ni a los propietarios afectados. En el caso de que el concursante asuma en su propuesta un compromiso de edificación simultánea a la urbanización, por encima del establecido en estas bases, podrá acompañar un anteproyecto de edificación.
Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la actuación.
Estimación preliminar y general de los gastos de urbanización variables que aun siendo repercutibles a los propietarios, no se puedan determinar por la concurrencia de ofertas.
Deberá incluirse asimismo en la alternativa técnica un informe o memoria de sostenibilidad económica en el que deberá ponderarse el impacto de la actuación en la hacienda local por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras y servicios.
- Sobre B: proposición jurídico-económica. Se presentará en sobre cerrado. Contendrá la proposición jurídico-económica, con el contenido que se detalla a continuación y en cuyo anverso se inscribirá: «Sobre P: proposición jurídico-económica para tomar parte en el concurso para la programación, por gestión indirecta, de la unidad de ejecución número 2 del sector Batán de Aparicio».
La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:
a) Proposición económico-financiera, que comprenderá la regulación de las relaciones entre el urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta de programa y la elección de una o otra modalidad de retribución:
A tal efecto, la proposición económico-financiera deberá incluir, como mínimo, la siguiente información:
- Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación del derecho a la adjudicación de parcela de resultado, tales como la superficie mínima y demás parámetros urbanísticos exigidos a la parcela mínima edificable, índice de edificabilidad neta, aprovechamiento subjetivo y superficie mínima de terreno de origen necesarios para resultar adjudicatario de finca de resultado independiente o de cuota indivisa.
- Importe global de las cargas de urbanización y del coeficiente de canje.
- Modalidad de retribución al urbanizador.
- Para el caso de que el concursante proponga la modalidad retribución en terrenos, información sobre la posibilidad de optar por la retribución en metálico, así como el modo, condiciones y plazo para el ejercicio de dicha opción.
- Para el caso de que el concursante proponga la modalidad retribución en metálico, información sobre la posibilidad de optar por la retribución en terrenos, indicando el modo, condiciones y plazo para el ejercicio de dicha opción.
- Magnitudes económicas del programa especificadas en el apartado h) de esta base expresadas por m²s (x ?/m²s) y de techo (x ?/m²t).
- Estimación preliminar de la repercusión unitaria por m² de suelo (x ?/m²s) y de techo (x ?/m²t) de las indemnizaciones y demás gastos de urbanización variables, en aplicación de la estimación preliminar y general de los mismos contenida en la alternativa técnica, con la advertencia de que serán revisados y fijada su cuantía con motivo de la aprobación del proyecto de reparcelación.
También estimación de las indemnizaciones individualizadas que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.
b) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación, propiedad del urbanizador o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, en cualquier momento anterior a la firma del contrato, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias del urbanizador, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles y complementarios del programa. La afección real de estas fincas se trasladará a las fincas de resultado que traigan causa de aquéllas, por subrogación real, con motivo de la aprobación del proyecto de reparcelación.
En el supuesto de que el aspirante a urbanizador asuma este compromiso, y a los efectos de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, la proposición jurídico-económica deberá incluir la siguiente documentación:
- Certificación registral de dominio y cargas de fecha comprendida, como máximo dentro de los 15 días hábiles anteriores a la fecha de presentación de la proposición jurídico-económica.
- En caso de que los terrenos no estén inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del aspirante a urbanizador, deberá aportar los títulos que acrediten su derecho de propiedad o las escrituras públicas otorgadas con terceros que le legitimen o otorguen poder bastante para afectar las fincas con carácter real e inscribir esa afección en el Registro de la Propiedad.
- Identificación gráfica de las fincas a afectar mediante plano catastral.
c) Hoja resumen de los datos económicos relevantes, según el modelo que se establece en el Anexo II de estas bases particulares.
d) En todo caso, la proposición económica financiera contendrá una descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas (IVA excluido):
- Presupuesto de licitación (PL) con el alcance previsto en el artículo 168.1 a) y b) de la Ley Urbanística Valenciana y que incluirá el coste de las obras de urbanización de la unidad objeto de programación, obras de conexión e integración territorial en su caso y coste de conservación de las obras de urbanización desde su finalización hasta su recepción por el Ayuntamiento.
Deberá desglosarse en las partidas relacionadas en el artículo 303.1 del ROGTU, indicando para cada una de ellas sus correspondientes mediciones, precios unitarios y descompuestos, fijándose expresamente el presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización (PEM).
El presupuesto de licitación será el resultado de aplicar sobre el presupuesto de ejecución material, los gastos generales (13% del PEM) y el beneficio Industrial (6% del PEM).
- Coste de proyectos (CP) que comprende los honorarios técnicos devengados por la redacción y dirección de los diferentes proyectos técnicos a que se refiere el artículo 168.1 c) de la Ley Urbanística Valenciana (proyecto de urbanización y dirección técnica de las obras, coordinación de la seguridad y salud, control de calidad de las obras de urbanización, proyecto de reparcelación) debiendo especificarse los correspondientes a cada proyecto, incluidos los gastos de tramitación e inscripción en los registros correspondientes.
- Gastos de gestión del urbanizador (GG), calculados en un porcentaje sobre la suma de los conceptos previstos en los apartados 1 y 2 anteriores, que en ningún caso podrá superar el porcentaje que se establece en la base XII.
- Beneficio empresarial del urbanizador (BE), calculado en un porcentaje sobre la suma de los conceptos previstos en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, que en ningún caso podrá superar el porcentaje que se establece en la base XII.
- Cargas de urbanización (CU), que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo a los propietarios afectados.
- Coeficiente de canje (CC), que es la parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresado en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución, calculado mediante las fórmulas matemáticas establecidas en el artículo 306 del ROGTU.
- Precio del suelo a efectos de canje (Vr), expresado en euros por metro cuadrado de techo urbanizado (?/m²t), tenido en cuenta para calcular el coeficiente de canje. El aspirante a urbanizador facultativamente podrá acompañar a su proposición económico financiera una tasación del valor de repercusión del suelo en el ámbito programado, suscrito por técnico competente, que justifique el precio del suelo establecido en la propuesta.
- Condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización por aquellos propietarios que retribuyan al urbanizador total o parcialmente en metálico, bien por haber optado voluntariamente por esta modalidad de retribución o bien porque venga impuesta en el programa en los supuestos legalmente previstos. Las condiciones de financiación deberán estar respaldadas por una entidad financiera debidamente registrada.
- Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.
De conformidad con lo establecido en el artículo séptimo de la Orden de la Conselleria de Territorio y Vivienda de 26 de abril de 2007, se hace constar la obligación, para los aspirantes a agente urbanizador de presentar sus propuestas de programa y documentación aneja en soporte informático en formato PDF, estructurado de igual modo y con el mismo contenido que en la página web de la Generalitat.
Base XX. Modelo de proposición
De conformidad con lo establecido en los artículos 132.1 j) y 133.1 de la LUV, la proposición a incorporar en el sobre B deberá ajustarse al siguiente modelo:
«(Nombre y apellidos..., con DNI ... (o en su caso el documento que haga sus veces), y con domicilio a efectos de notificaciones en ..., actuando en nombre propio/en representación de la mercantil..., manifiesta que enterado del anuncio de concurso para la adjudicación del programa de actuación integrada correspondiente a la unidad de ejecución número 2 del sector Batán de Aparicio del suelo urbanizable de L'Alcúdia de Crespins, manifiesta lo siguiente:
Que encuentra de conformidad y acepta íntegramente y sin salvedad alguna las bases generales y particulares de programación y se obliga, en el supuesto de resultar adjudicatario, al cumplimiento de dicho contrato con arreglo a la siguiente oferta económica:
1. Presupuesto de licitación (PL): ...
2. Coste de proyectos (CP): ...
3. Gastos de gestión del urbanizador (GG): ...
4. Beneficio empresarial del urbanizador (BE): ...
5. Cargas de urbanización (CU): ...
Fecha y firma del proponente.
(Todas las cantidades irán cuantificadas y expresadas en letras y número)
Base XXI. Criterios de adjudicación y documentación a valorar
De conformidad con lo establecido en los artículos 135 de la LUV y 312 del ROGTU se establecen los siguientes criterios por orden decreciente de importancia de la alternativa técnica y de la proposición jurídico-económica, así como la documentación susceptible de valoración:
- Criterios de puntuación de la alternativa técnica: valoración total 100 puntos.
1º. Conexión adecuada a las obras de urbanización con el entorno. Este criterio representará un 30% de la valoración total de la alternativa técnica.
Documento susceptible de valoración: proyecto de urbanización y memoria de programa.
2º. Calidad técnica de las soluciones y materiales propuestos para la urbanización. Este criterio representará un 30% de la valoración total de la alternativa técnica.
Documento susceptible de valoración: proyecto de urbanización.
3º. Número, diseño y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que se comprometa a promover el urbanizador sobre terrenos de su propiedad por encima de las reservas establecidas por la normativa vigente. Este criterio representará un 10% de la valoración total de la alternativa técnica.
Documento susceptible de valoración: memoria de programa.
4º. Plazo de ejecución del programa de actuación integrada. Este criterio representará un 10% de la valoración total de la alternativa técnica.
Documento susceptible de valoración: memoria de programa.
5º. Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su costa por el urbanizador. Este criterio representará un 10% de la valoración total de la alternativa técnica.
Documento susceptible de valoración: memoria de programa.
6º. Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo. Este criterio representará un 5% de la valoración total de la alternativa técnica.
Documento susceptible de valoración: memoria del programa.
7º. Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación, por encima del límite establecido en estas bases. Este criterio representará un 5% de la valoración total de la alternativa técnica.
Documento susceptible de valoración: memoria de programa y anteproyecto de edificación.
Puntuación mínima de la alternativa técnica para poder ser valorada la proposición jurídico-económica: 50 puntos.
- Criterios de puntuación de la proposición jurídico-económica. Valoración total: 100 puntos.
1º. Proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el registro de la propiedad al cumplimiento de las obligaciones propias del programa. Este criterio representará un 35% de la valoración total de la proposición jurídico-económica.
Documento susceptible de valoración: documento de acreditación de la titularidad e identificación grafica y registral de los terrenos propios o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente al cumplimiento de las obligaciones propias del urbanizador.
2º. Menor importe de las cargas de urbanización expresados en euros por unidad de aprovechamiento. Este criterio representará un 30% de la valoración total de la proposición jurídico económica.
Documento susceptible de valoración: proposición económico-financiera.
3º. Valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de canje. Este criterio representará un 25% de la valoración total de la proposición jurídico-económica.
Documento susceptible de valoración: proposición económico-financiera.
4º. Compromisos financieros para asegurar el cumplimiento de las obligaciones complementarias. Este criterio representará un 10% de la valoración total de la proposición jurídico-económica.
Documento susceptible de valoración: proposición económico-financiera.
Porcentaje de valoración de la alternativa técnica respecto de la proposición jurídico-económica:
Alternativa técnica: 45%
Proposición jurídico-económica: 55%
Base XXII. Mesa de Programación
A los efectos de la realización de las siguientes funciones:
- Apertura de los sobres C y la calificación de la documentación incluida en los mismos.
- Determinación de los licitadores que se ajustan a los criterios de selección establecidos.
- Apertura de los sobres A, así como la propuesta de valoración y puntuación de las alternativas técnicas.
- Apertura de los sobres B, así como la propuesta de valoración y puntuación de las proposiciones jurídico-económicas.
- Elevación al Pleno de la propuesta de adjudicación y aprobación del programa.
Se establece una Mesa de Programación, que estará constituida por:
Presidente: el alcalde presidente de la corporación.
Suplente: el concejal de la corporación en quien delegue.
Vocal 1: el arquitecto técnico municipal.
Suplente: un técnico municipal adscrito al Área de Urbanismo.
Vocal 2º: el secretario-interventor del Ayuntamiento.
Suplente: el funcionario del Ayuntamiento en quien delegue.
Vocal 3º: el técnico de administración general del Ayuntamiento.
Suplente: un funcionario de la corporación.
Vocal 4º: el concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Suplente: el concejal de la corporación en quien delegue.
Vocal 5º: el concejal portavoz del Grupo Municipal Bloc Nacionalista Valencià.
Suplente: el concejal de la corporación en quien delegue.
Vocal 6º: el concejal portavoz del Grupo Municipal Popular.
Suplente: el concejal de la corporación en quien delegue.
Actuará de secretario, el secretario interventor del Ayuntamiento.
Base XXIII. Dictamen del Consejo de Territorio y del Paisaje
De conformidad con lo establecido en el artículo 136.4 de la LUV, al ser el ámbito a programar inferior a 500.000 m²s no es necesario solicitar el dictamen del Consejo de Territorio y del Paisaje.
Base XXIV. Prerrogativas del Ayuntamiento
De conformidad con lo establecido en el artículo 286 e) del Reglamento de Gestión y Ordenación Territorial y Urbanística de la Generalitat Valenciana, en conexión con el actual artículo 195 de la Ley de Contratos del Sector Público el Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins ostenta las prerrogativas que la normativa contractual y urbanística atribuye a las administraciones públicas, y entre ellas, las de:
- Interpretar el contrato administrativo suscrito y formalizado en su ejecución.
- Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
- Modificar los términos de la adjudicación por causas imprevisibles o que no hubieran podido ser contempladas en las bases y que sean de interés público.
- Acordar la resolución de la condición de urbanizador y del contrato.
- Determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecido en la LUV y reglamento de desarrollo, así como las demás facultades que, específicamente, le reconozca el ordenamiento urbanístico valenciano.
Base XXV. Adjudicación del programa
1. De conformidad con lo establecido en la base IV el programa de actuación integrada se aprueba condicionado a la efectiva ejecución de la rotonda de conexión con la antigua N 430.
2. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base XVII de las presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Base XXVI. Formalización del contrato
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, acompañando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.
3. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en la normativa contractual de las administraciones públicas.
Base XVII. Cumplimiento
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor, en su caso y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obres, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.
5. La recepción de las obres de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.
6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los efectos constructivos que se manifieste. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.
Base XVII. Resolución
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en la normativa contractual del sector público, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador, las previstas expresamente en la normativa urbanística valenciana y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.
2. En concreto son causas de resolución del contrato las siguientes:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.
d) La no formalización del contrato en plazo.
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que estos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que impliquen incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20 por 100.
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, en su caso, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta ley.
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el Ayuntamiento.
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.
Base XVIII. Jurisdicción competente
El orden jurisdiccional competente para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del citado contrato administrativo especial entre la administración municipal y el agente urbanizador será el contencioso-administrativo, tal como establece el artículo 2.b) de la LRJCA 29/1998.