Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5264, del 23-05-2006 (2006/5731)

Acuerdo de 6 de marzo de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativa a tasación conjunta equipamiento calle Església 2, calle Major, 1 y 3, de Aldaia.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5264

Fecha DOGV
:   23-05-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - F) EXPROPIACIONES

Número del documento
:   2006/5731


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Acuerdo de 6 de marzo de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativa a tasación conjunta equipamiento calle Església 2, calle Major, 1 y 3, de Aldaia. [2006/F5731]  
En relación con el expediente remitido por el Ayuntamiento de Aldaia, relativo a la expropiación de terrenos por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos de titularidad privada necesarios para ejecutar la reserva de suelo necesaria para destinar a la red primaria de reservas de suelo dotacional dos parcelas de suelo urbano (situadas en c/ Església, nº 2, y c/ Coladors, nº 16) redelimitando en el caso de la calle Església, nº 2, el ámbito de la afección como reserva dotacional para equipamiento administrativo-institucional, adecuando a dicho ámbito la catalogación del edificio, se destacan los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:  
Antecedentes  
Uno. El Pleno del Ayuntamiento de Aldaia, mediante acuerdo adoptado en sesión de 14 de febrero de 2003, acordó aprobar el proyecto de expropiación, siendo sometido a información pública por acuerdo del Pleno de esa misma fecha y publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.460, de 14 de marzo de 2003; en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 66, de 19 de marzo de 2003 y en el diario Levante de fecha de 11 de marzo de 2003. Igualmente fue notificado individualmente a los propietarios de las fincas afectadas. Durante el plazo de exposición pública se han presentado diversos escritos de alegaciones, que han sido informadas por la administración actuante en su acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2004.  
Dos. El proyecto consta de relación de fincas y descripción de bienes y derechos afectados, planos en los que se determina el ámbito territorial, con fijación razonada del precio de los inmuebles y hojas de justiprecio individualizadas, por lo cual está completo y cumple con lo establecido en el artículo 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.  
Tres. Aldaia cuenta con Plan General de Ordenación Urbana que fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 5 de enero de 1990.   
Cuatro. El objeto del presente expediente es la expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de los terrenos y edificaciones, necesarios para ejecutar la reserva de suelo necesaria para destinar a la red primaria de reservas de suelo dotacional dos parcelas de suelo urbano (situadas en c/ Església, nº 2, y c/ Coladors, nº 16) redelimitando en el caso de la calle de la Església, nº 2, el ámbito de la afección como reserva dotacional para equipamiento administrativo-institucional, adecuando a dicho ámbito la catalogación del edificio.   
Cinco. Durante la tramitación del expediente se solicitó informe, con fecha de salida 14 de septiembre de 2005, a la Gerencia Regional del Catastro de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda.   
En fecha 22 de septiembre de 2005, tiene entrada en este Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial de Valencia el citado informe, en el que, en resumen, se indica lo siguiente:  
En cuanto a la valoración del suelo, «Se trata de un suelo urbano por lo que es de aplicación el artículo 28, donde se especifica que el valor del suelo se determinará por aplicación al aprovechamiento resultante del correspondiente ámbito de gestión en que este incluido, el valor básico de repercusión más especifico recogido en las ponencias de valores catastrales. La ponencia de valores del municipio de Aldaia se aprobó en el año 1995, fijando para el polígono fiscal donde se ubica la parcela un valor de repercusión en planta baja de 140,63 €m² y en plantas altas de 99,61€m². Los aprovechamientos considerados en la valoración corresponden con la edificabilidad potencial permitida por el planeamiento vigente. En la tasación se han utilizado dos criterios: Se han aplicado los módulos básicos de repercusión, aprobados en la orden de diciembre de 2000, actualizando los valores resultantes al año 2003 mediante los coeficientes fijados por las leyes de Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (valor de repercusión planta baja, 204,11 €m² y repercusión plantas altas 144,58 €m²). Además se han tomado como referencia valores de mercado, determinando los valores de repercusión de acuerdo con la normativa catastral (valor de repercusión planta baja 395,00€m² y repercusión plantas altas, 305,00 €m²). La valoración propuesta en el proyecto de expropiación corresponde con el segundo criterio que da como resultado valores superiores. Por lo tanto los criterios de valoración del suelo utilizados en el proyecto de tasación conjunta de referencia se consideran conformes a los fijados en el artículo 28 de la Ley 6/1998.   
En cuanto a la valoración de las edificaciones y arrendamientos. Las edificaciones han sido valoradas con independencia del suelo, de acuerdo con la normativa catastral en función de su coste de repercusión, corregido según su antigüedad, uso y estado de conservación, tal y como se establece en el artículo 31 punto 2 de la ley 6/1998. Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios se han fijado de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos.  
Así pues, los criterios de valoración de las edificaciones y los arrendamientos utilizados en el proyecto de tasación conjunta de referencia se consideran conformes a los fijados en el artículo 31 de la ley 6/1998.  
En cuanto a la valoración de los derechos reales sobre inmuebles: La valoración de los derechos reales se ha realizado conforme a la normativa de carácter fiscal de acuerdo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determina el justiprecio de los mismos. Así pues, los criterios de valoración de los derechos reales, utilizados en el proyecto de tasación conjunta de referencia se consideran conformes a los fijados en el artículo 32 de la Ley 6/1998. A las valoraciones resultantes se les ha aplicado el premio de afección del 5% que establece el artículo 47 de la ley de Expropiación Forzosa. En resumen, la valoración llevada a cabo para la expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de los bienes inmuebles, se encuentra conforme a la normativa vigente.  
Seis. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2006, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, cumpliendo así lo preceptuado en el artículo 23 del Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. La aprobación definitiva de los proyectos de expropiación por tasación conjunta, corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo conforme a lo establecido en los apartados del 6 al 8 del artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto (en adelante RGU) y en el artículo 10.e) del Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano.  
La resolución de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo, deberá limitarse a un mero control de legalidad, sin valoración alguna de la oportunidad del proyecto y a la vez, la intervención de este órgano lo va a ser sin perjuicio de la ulterior actuación del Jurado Provincial de Expropiación, que será el que en última instancia, de existir oposición de los expropiados, resolverá sobre el justiprecio. Así las cosas, la intervención de la comisión deberá limitarse a la comprobación de que la tramitación del proyecto se ha ajustado a la normativa vigente, que la documentación es suficiente para cumplir los preceptos legales y que el método de valoración efectuado se ha ajustado a los procedimientos legales.  
El artículo 23 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (en adelante LRSV) dispone que «a los efectos de expropiación, las valoraciones del suelo se efectuarán con arreglo a los criterios establecidos en la presente ley, cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime». De este modo, en ese simple control de legalidad que nos ocupa, de lo que se tratará fundamentalmente es de comprobar la adecuación del proyecto a esta ley y a la normativa complementaria de la misma.  
Segundo. El expediente se ha tramitado conforme a lo establecido en los artículos 138 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, por lo que se han cumplido las garantías procedimentales exigibles.  
La STC de fecha 11 de julio de 2001 declara inconstitucional el artículo 38 de la Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones, en el que se regulaba que, en la tramitación de las expropiaciones por tasación conjunta, el pago o depósito del importe de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el proyecto de expropiación habilitará para proceder a la ocupación de la finca. No obstante, y en virtud de la declaración de inconstitucionalidad de la disposición derogatoria del Texto Refundido de la Ley del Suelo 1992 (efectuada por la STC 61/1997) que derogaba la Ley del Suelo de 1976, se ha venido a rehabilitar dicho texto legal, en cuyo artículo 138 se recoge el mismo contenido legal que en el inconstitucional artículo 38. Por lo tanto, en defecto de regulación autonómica, y en virtud de la cláusula residual del artículo 149.3 de la Constitución, el procedimiento de tasación conjunta será el regulado por el artículo 138 de la Ley del Suelo de 1976.  
Tercero. La tramitación del expediente no ha sido correcta, al faltar la publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado, pues únicamente se procedió a la información pública, mediante inserción de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario no oficial de la provincia, con lo que se incumple lo establecido en el artículo 202.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, que exige la publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, la Comisión Territorial de Urbanismo considera que puede aceptarse la interpretación de no resultar exigible la publicación en el Boletín Oficial del Estado, dado que se ha practicado publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Por otra parte, el proyecto ha de entenderse completo de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 del TRLS de 1976.  
Cuarto. La valoración del suelo debe efectuarse siguiendo los criterios del artículo 28 LRSV por tratarse de suelo urbano.  
Quinto. Tal y como dispone el artículo 203.1 RGU, la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados.  
A la vista de cuanto antecede la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 6 de marzo de 2006 acuerda:  
1. Aprobar definitivamente, el proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta para proceder a ejecutar de los bienes y derechos de titularidad privada necesarios para ejecutar la reserva de suelo necesaria para destinar a la red primaria de reservas de suelo dotacional dos parcelas de suelo urbano (situadas en c/ Església, nº 2, y c/ Coladors, nº 16) de Aldaia.  
2. Aprobar las valoraciones de bienes y derechos a expropiar, así como resolver todas las alegaciones presentadas por los interesados en el presente procedimiento, de acuerdo con los informes del ayuntamiento expropiante que obran en el expediente administrativo.  
3. Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados.  
Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, en lo que atañe al punto 3, se puede interponer recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, según dispone el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del Título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación.  
En su caso las Administraciones Públicas pueden formular requerimiento de anulación o revocación según dispone el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente por analogía con el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las Consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación. El citado artículo 44 de la Ley 29/1998 establece literalmente:  
Art. 44.1. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga Recurso Contencioso Administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.  
En el supuesto de no formular el requerimiento indicado, las Administraciones Públicas podrán interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo previsto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.  
Respecto de los puntos 1 y 2 no cabe recurso alguno por tratarse de actos de trámite que no dan lugar a la imposibilidad de continuar un procedimiento ni producen indefensión.  
Así mismo procede Notificar la presente resolución a los interesados titulares de bienes que figuren en el proyecto de expropiación, acompañando a éste copia de la correspondiente hoja de justiprecio y significándoles que, en el plazo de los 20 días hábiles siguientes al de recibo de tal notificación, podrán manifestar por escrito ante esta Comisión Territorial de Urbanismo su disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado. Si en tal plazo los interesados no formulan oposición a la valoración, se entenderá aceptada la que se fija en el acto presente de aprobación del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.  
De las hojas de aprecio impugnadas se dará traslado por esta comisión, junto con el expediente, al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia, y la tasación de los bienes se hará de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.  
Lo que se certifica con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente y a reserva de los términos precisos que se deriven de la misma, conforme lo autoriza el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).  
Valencia, 6 de marzo de 2006.. El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: Álvaro Aleixandre Ortí.