Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9867, del 10-06-2024 (2024/5333)

ORDEN 3/2024, de 31 de mayo, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de recuperación, transformación y resiliencia 2021-2026 - financiado por la Unión Europea - Nextgenerationeu, y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2024.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9867

Fecha DOGV
:   10-06-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2024/5333


Fecha del documento
:   31-05-2024

Organismo emisor
:   Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

ORDEN 3/2024, de 31 de mayo, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de recuperación, transformación y resiliencia 2021-2026 - financiado por la Unión Europea - Nextgenerationeu, y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2024. [2024/5333]  
El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa NextGenerationEU, el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea, en respuesta a la crisis sin precedentes causada por el coronavirus.  
En el marco de la iniciativa NextGenerationEU, se creó el mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, instrumento que puso a disposición de los 27 estados miembros apoyo a través de transferencias directas y préstamos para incrementar las inversiones públicas y acometer reformas que contribuyeran a la recuperación de la economía y el empleo, orientadas a abordar los principales retos económicos y sociales post Covid 19.  
El Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se estableció el Mecanismo de recuperación y resiliencia, en su artículo 17 señala: «los estados miembros elaborarán planes de recuperación y resiliencia nacionales para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 4. En dichos planes se establecerá el programa de reformas e inversiones del estado miembro de que se trate». En cumplimiento del citado Reglamento (UE) 2021/241, el Gobierno de España elaboró el Plan de recuperación, transformación y resiliencia de España, para su remisión a la Comisión Europea.  
Las medidas que recoge el Plan nacional cumplen con los seis pilares establecidos por el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y se articulan alrededor de cuatro ejes principales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estos cuatro ejes de trabajo se desarrollan a través de diez políticas palanca que integran a su vez 30 componentes o líneas de acción. El componente 2 es el «Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana», centrado en el impulso a las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en ámbitos urbanos como rurales, con el marco estratégico de la Agenda Urbana Española, fomentando también la construcción de vivienda en alquiler social con estándares de la máxima calidad y eficiencia.  
En este contexto, el Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de recuperación, transformación y resiliencia articula y regula, entre otros, el programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes que se encuadra específicamente en la inversión C02.I02 «Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes». Este programa contribuye al cumplimiento de los objetivos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia- financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU -, que es la promoción de vivienda social, mediante un mecanismo de concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, basado en la colaboración que estas pueden desarrollar en la gestión de los fondos, con arreglo a criterios ajustados a los principios constitucionales y al orden de distribución de competencias, por lo que son las responsables de los procedimientos de concesión de las ayudas en él previstas.  
La concesión de las subvenciones establecidas por el Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, permite a las comunidades autónomas beneficiarias ser quienes ejecuten las propias actividades objeto de los fondos, a través de las inversiones directas que pudieran efectuar con cargo a tales créditos y de acuerdo con la previa reserva de presupuesto que pudieran establecer, y también destinar los créditos correspondientes a los destinatarios últimos previstos en el mismo, según lo que se determine en sus respectivas convocatorias.  
Entre otras, dicho real decreto establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, cuyo objeto es el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda, sobre terrenos de titularidad pública, tanto de administraciones públicas, organismos públicos y demás entidades de derecho público, como de empresas públicas, público-privadas y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las administraciones públicas, para ser destinadas al alquiler o cesión en uso de acuerdo con las condiciones previstas en este programa; promociones que si bien podrán ser financiadas en su totalidad por los promotores públicos, se pretende que se desarrollen mediante fórmulas de colaboración público-privada que optimicen la utilización de los fondos públicos.  
En cumplimiento de los objetivos establecidos en el anexo a la Decisión de Ejecución del Consejo (CID, en sus siglas en inglés) , de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de España, la concesión y ejecución de las ayudas de este programa apoyará específicamente el cumplimiento del objetivo Núm. 31 del CID: Nuevas viviendas construidas para alquiler social o a precios asequibles que cumplan los criterios de eficiencia energética (20.000 viviendas) , el segundo trimestre de 2026.  
Este programa se ejecuta a través de la fórmula de colaboración público-privada mediante la aplicación de un esquema de derecho de superficie, en el que una empresa o entidad privada seleccionada a través de un concurso público abierto, transparente y no discriminatorio, puede recibir una subvención pública para cubrir una parte de los costes de construcción de viviendas, que serán destinadas para el alquiler social o a precios asequibles durante un periodo determinado. En este caso, no existe selectivity por lo que se considera que no hay ayuda de Estado.  
A la concesión de estas subvenciones le es de aplicación el Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que en su título IV, sobre las especialidades de gestión del plan, establece en el capítulo V, medidas de agilización de las subvenciones financiables. Con carácter básico regula en su artículo 61.1 que las bases reguladoras de las subvenciones financiables con fondos europeos podrán incorporar la convocatoria de las mismas.  
Conforme al artículo 62.1 del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, a la concesión de estas subvenciones le es de aplicación el régimen de concurrencia no competitiva, por remisión del artículo 24 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19. Dicho Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, establece un régimen especial de gestión de las actuaciones incluidas en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por el Mecanismo europeo de recuperación y resiliencia (NextGenerationEU) .  
No obstante, el procedimiento de concurrencia competitiva se produce en la adjudicación del derecho de superficie, procedimiento diferenciado y previo a la solicitud de estas ayudas, la cual lleva a cabo la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo mediante licitación del derecho de superficie, que se regula por el pliego de bases técnico-administrativas que rige la transmisión onerosa mediante constitución del derecho de superficie de diversas parcelas, de titularidad pública, para la promoción, construcción y gestión de viviendas de protección pública energéticamente eficientes en régimen de alquiler social entre empresas o entidades privadas que, una vez sean titulares del mencionado derecho de superficie, podrán ser destinatarias últimas de estas ayudas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre.  
Por todo ello, se firmó el acuerdo núm. 35 (programa 6) de la comisión bilateral, celebrada el 19 de marzo de 2024, relativo a la promoción, en régimen de cesión de derechos de superficie, de 685 viviendas de protección pública energéticamente eficientes en 12 actuaciones con destino a alquiler social, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, en relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de recuperación, transformación y resiliencia Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU — en la Comunitat Valenciana. Y, así mismo, el 6 de mayo de 2024 se firmó la adenda I al Acuerdo núm. 35 (programa 6) de la comisión bilateral, celebrada el 19 de marzo de 2024, mediante la que se incrementa la cuantía de ayuda en una de las actuaciones, y la adenda II al mismo acuerdo núm. 35, firmada en fecha 20 de mayo de 2024, mediante la que se sustituye una actuación aumentando el número total de viviendas a 721 y la cuantía total de la ayuda.  
Por otro lado, el mismo artículo 62.1, del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, establece que, en el caso de subvenciones relacionadas financiables con fondos europeos, reguladas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, cuyo objeto sea financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran de valoración comparativa con otras propuestas, se podrán dictar las resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria. Y, además, establece en el apartado 3 del citado artículo 62 que la cuantía total máxima fijada inicialmente en la respectiva convocatoria podrá ser ampliada dentro de los créditos disponibles, sin necesidad de una nueva convocatoria.  
Además, según establece el artículo 13 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, «en la tramitación de los expedientes, se aplicará la tramitación de urgencia y se reducirán en la mitad todos los plazos previstos para el procedimiento ordinario en las normas que en cada caso sean de aplicación, excepto los plazos relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Así mismo, disfrutarán de preferencia para su tramitación a los efectos del que se prevé en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.»  
Así mismo, serán de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y su reglamento de desarrollo aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones; la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024; el Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre; el Decreto ley 6/2021, de 1 de abril; y demás normativa de preceptiva aplicación.  
En virtud de cuanto antecede, cumplidos los trámites procedimentales oportunos, vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; la Ley 1/2015, de 6 de febrero; el Decreto 112/2023, de 25 de julio, y sus modificaciones, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat o el que lo sustituya; el Decreto 132/2023, de 10 de agosto, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda o el que lo sustituya; la Orden 2/2024, de 14 de mayo, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 132/2023, de 10 de agosto, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda; el Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, que remite al artículo 62 del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre; y demás normas de general y pertinente aplicación.  
  
ORDENO  
  
Primero  
Aprobar las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones del programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de recuperación, transformación y resiliencia - financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU-, en la Comunitat Valenciana, con el siguiente tenor:  
  
Base primera. Objeto.  
1. Las presentes bases reguladoras tienen como objeto regular el Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, comprendido en el Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (en adelante Real decreto 853/2021, de 5 de octubre) . De conformidad con lo previsto en el artículo 62 del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (en adelante Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre) y el Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19 (en adelante Decreto ley 6/2021, de 1 de abril) , a la concesión de estas subvenciones le es de aplicación el régimen de concurrencia no competitiva.  
No obstante, el procedimiento de concurrencia competitiva se produce en la adjudicación del derecho de superficie, procedimiento diferenciado y previo a la solicitud de estas ayudas, la cual lleva a cabo la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo mediante licitación del derecho de superficie, que se regula por el pliego de bases técnico-administrativas que rige la transmisión onerosa mediante constitución del derecho de superficie de diversas parcelas, de titularidad pública, para la promoción, construcción y gestión de viviendas de protección pública energéticamente eficientes en régimen de alquiler social entre empresas o entidades privadas que, una vez sean titulares del mencionado derecho de superficie, podrán ser destinatarias últimas de estas ayudas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre.  
2. La ejecución de la inversión C02.I02 «Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes» tiene como objeto el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública conforme a lo indicado en el artículo 59 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, en régimen de derecho de superficie, para ser destinadas al alquiler o cesión en uso de acuerdo con las condiciones previstas en este programa, en el acuerdo de la comisión bilateral de correspondiente aplicación y en las presentes bases.  
3. En cumplimiento de los objetivos establecidos en el anexo a la Decisión de ejecución del Consejo (CID, en sus siglas en inglés) , de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de España (en adelante PRTR) , la concesión y ejecución de las ayudas de este programa apoyará específicamente el cumplimiento del Objetivo núm. 31 del CID: Nuevas viviendas construidas para alquiler social o a precios asequibles que cumplan los criterios de eficiencia energética (20.000 viviendas) , el segundo trimestre de 2026, incluido dentro del componente 2 «Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana».  
De acuerdo con el artículo 65.2 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, a efectos de cumplimiento del etiquetado climático y medioambiental, el coste de las actuaciones de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes se corresponde con el campo de intervención 025 ter «Construcción de nuevos edificios energéticamente eficientes» del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241.  
Para el citado campo de intervención 025 ter, en dicho anexo VI se indican unos coeficientes para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos y medioambientales del 40 %.  
  
Base segunda. Requisitos de los edificios objeto de las actuaciones  
1. Podrán obtener financiación con cargo a las ayudas de este programa las promociones de viviendas de nueva construcción que se destinen al alquiler social o cesión en uso durante un plazo mínimo de 50 años, desde el día siguiente a la fecha de la obtención de la calificación definitiva, y que se lleven a cabo en régimen de derecho de superficie sobre terrenos de titularidad pública en los términos establecidos en el acuerdo de la comisión bilateral correspondiente y en el pliego del derecho de superficie que regule su licitación.  
El destino por un plazo de al menos 50 años al arrendamiento social o a precio asequible deberá constar, en todo caso, en nota marginal en el Registro de la Propiedad.  
2. Para poder obtener financiación con cargo a las ayudas de este programa, los edificios que se construyan deberán tener un consumo de energía primaria no renovable inferior a los valores límite incluidos en la tabla 1, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio, según la clasificación climática del Código técnico de la Edificación. Estos valores límite suponen una reducción del 20 % con respecto a los establecidos en la sección HE0 del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del CTE, para edificios nuevos destinados a uso residencial vivienda.  
  
Tabla 1. Valor límite Cep,nren,lim  
  
 Cep,nren,lim[kWh/m²·año]  
 A B C D E  
Territorio peninsular. 16,0 20,0 22,4 25,6 30,4 34,4  
  
  
En los edificios objeto de este programa se deben cumplir los siguientes requisitos:  
a) Que el proyecto incluya un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que indique explícitamente que cumple con lo establecido en el Real decreto 853/2021, de 5 de octubre; en el Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante Real decreto 105/2008, de 1 de febrero) ; y en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular; que se desarrollará posteriormente en el correspondiente plan de gestión de residuos de construcción y demolición, conforme a lo establecido Real decreto 105/2008; donde se cumplirán las siguientes condiciones:  
1º Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.  
2º Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Así mismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos.  
b) Que el diseño del edificio y las técnicas de construcción apoyen la circularidad y, en particular, se demuestre, con referencia a la ISO 20140 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo está diseñado para ser más eficiente en el uso de recursos, adaptable, flexible y desmontable para permitir la reutilización y reciclaje, mediante declaración responsable.  
c) Retirar del ámbito de actuación aquellos productos de construcción que contengan amianto. La retirada deberá realizarse conforme a lo establecido en el Real decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, por una empresa legalmente autorizada. La gestión de los residuos originados en el proceso deberá realizarse conforme a lo establecido en el Real decreto 105/2008, mediante declaración responsable.  
d) Que quede justificado que la actuación propuesta cumple el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH por sus siglas en inglés) y su normativa de aplicación, tanto nacional como europea, y en particular en lo dispuesto en el PRTR; en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se estableció el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante Reglamento (UE) 2021/241) y su normativa de desarrollo; en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020; y de acuerdo con la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio; mediante declaración responsable.  
e) Certificado de eficiencia energética de edificio terminado y certificado de la consecución de un consumo de energía primaria no renovable inferior a los valores límite incluidos en la tabla 1 indicada previamente, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio, ambos firmados por técnico competente.  
3. Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas.  
  
Base tercera. Destinatarios últimos de las ayudas  
1. Podrán ser destinatarios últimos de estas ayudas las empresas o entidades privadas que soliciten las presentes ayudas en forma y plazo. Deberán tener su residencia fiscal en España y ser titulares del derecho de superficie, licitado y adjudicado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, mediante el procedimiento previo de concurrencia competitiva, según el pliego del derecho de superficie que regule su licitación sobre terrenos de titularidad pública. Deberán promover sobre los terrenos objeto del derecho de superficie viviendas de nueva construcción que se destinen al alquiler social o a precio asequible, durante un plazo de al menos 50 años, contados desde el día siguiente a la fecha de la obtención de la calificación definitiva, que cumplan con los requisitos establecidos en la base segunda y las mismas deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026, sin perjuicio de las posibles prórrogas que pudieran establecerse de conformidad con el artículo 4.7 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre.  
2. Cuando los destinatarios últimos de las ayudas sean personas jurídicas deberán acreditar expresamente en su solicitud que se encuentran debidamente constituidas, según la normativa que les resulte de aplicación.  
3. Podrán acceder a la condición de destinatarios últimos de las ayudas, siempre que cumplan con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (en adelante Ley 38/2003, de 17 de noviembre) , las agrupaciones privadas de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.  
4. No podrá obtener la condición de destinatario último de estas ayudas, aun siendo titular del derecho de superficie en el procedimiento de concurrencia competitiva previo, la empresa o entidad que concurra en alguna de las circunstancias siguientes:  
a) Cuando tengan deudas con la Administración concedente por reintegros de subvenciones en periodo ejecutivo o, en el caso de beneficiarios o entidades colaboradoras contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario, según lo dispuesto en el artículo 21 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (en adelante Real decreto 887/2006, de 21 de julio) .  
En este contexto, suscribirá junto con la solicitud de ayuda, declaración responsable de no tener pendiente obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas.  
  
Tampoco podrán ser destinatarias últimas de las ayudas las empresas o entidades privadas en quienes concurra alguna del resto de circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en concreto deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. A este respecto, con la presentación de su solicitud de ayuda, podrá autorizar al órgano administrativo concedente para que pueda obtener directamente la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.  
b) Las empresas que se encuentren en situación de crisis, conforme a la definición que a estos efectos se realiza en el Reglamento (UE) núm. 651/2014, de 17 de junio, de 2014, y en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación de la Comisión 2014/C 249/1, de 31.07.2014) .  
c) Las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente sobre cualquier ayuda o subvención que les hubiera sido otorgada con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, bien por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le vinieran atribuida en la concesión.  
5. Los destinatarios últimos deberán destinar el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones subvencionables.  
Esta regla será igualmente de aplicación cuando se trate de agrupaciones privadas de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos o actividades que motivan la concesión de la subvención, con independencia de que tanto el importe de la misma como el coste de las obras deba repercutirse entre los integrantes de las mismas.  
No obstante, cuando alguno de sus integrantes incurra en una o varias prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no se atribuirá a dicho integrante la parte proporcional que le correspondería de la ayuda, que se prorrateará entre los restantes, siempre que se mantenga el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la condición de destinatario último por parte de la entidad de que se trate.  
6. Los destinatarios últimos de las ayudas podrán subcontratar o contratar con terceros hasta el 100 % del importe de la actividad subvencionada, resultando de aplicación para la subcontratación o contratación con terceros de las actividades subvencionadas las previsiones recogidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
7. El incumplimiento por parte del destinatario último de la obligación de destinar los bienes al fin concreto para el que en su caso se concede la subvención, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, que devengará los correspondientes intereses de demora, conforme a lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y demás normativa de aplicación en materia de subvenciones, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título.  
8. En el caso de que el destinatario último de la ayuda pretenda transmitir el derecho de superficie del que es titular, antes del cumplimento del plazo de vinculación al destino a arrendamiento social o a precio asequible, deberá cumplir con los requisitos establecidos para ello en el pliego correspondiente, en el título constitutivo del derecho de superficie y, necesitará en todo caso, la autorización por la Administración concedente de las ayudas vinculadas al mencionado derecho de superficie de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
Para ello deberá:  
a) Comunicar a la Generalitat que el nuevo adquiriente reúne todos y cada uno de los requisitos previstos en esta orden para resultar destinatario último de la ayuda.  
b) Adjuntar a la comunicación el documento precontractual de la transmisión en el que se hará constar expresamente:  
- Que dicho derecho de superficie ha sido objeto de apoyo del presente programa de ayudas.  
- Que el nuevo adquirente asume la posición jurídica del destinatario último de la ayuda hasta el cumplimiento del plazo de vinculación al régimen de alquiler o cesión de uso.  
- Que el nuevo adquiriente acepta de manera incondicionada lo establecido en bases reguladoras, la convocatoria y las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.  
Una vez obtenida la autorización de la Administración concedente, y de quien determine el pliego regulador del derecho de superficie, deberá presentar la documentación relativa a la transmisión realizada en un plazo máximo de tres meses desde su formalización.  
En caso de inobservancia por el destinatario último de la ayuda de las exigencias inherentes a la transmisión del derecho de superficie, este vendrá obligado a asumir el reintegro de la subvención, que devengará los correspondientes intereses de demora, conforme a lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y demás normativa de aplicación en materia de subvenciones, sin perjuicio de las penalidades que se establezcan en el pliego regulador del derecho de superficie.  
  
Base cuarta. Obligaciones y responsabilidades  
1. Los destinatarios últimos de las ayudas quedan obligados a:  
a) Cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
b) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince (15) días hábiles tras la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la ayuda, el destinatario último de la ayuda no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada, tanto en su aspecto económico como en las demás condiciones recogidas en la resolución, así como en las de la presente convocatoria de ayudas.  
c) Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.  
d) En el caso de no poder llevar a cabo la actuación para la cual se le concedió la ayuda, comunicar la renuncia al expediente, en el momento en que se produzca la certeza de la no ejecución y, en todo caso, siempre en el plazo máximo de tres meses desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución de concesión, procediendo a la devolución voluntaria, que devengará los correspondientes intereses de demora, conforme a lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y demás normativa de aplicación en materia de subvenciones, desde la fecha de pago hasta la fecha en la que se produjo la devolución efectiva por parte de la persona beneficiaria.  
e) Facilitar cualquier documento, información o inspección que la Administración concedente y demás intervinientes consideren necesario para el control del cumplimiento de los fines previstos.  
f) Someterse a cualquier actuación de control financiero que corresponda a la Intervención de la Generalitat, en relación con las ayudas y subvenciones concedidas.  
g) Comprometerse por escrito a conceder, como condición para recibir los fondos, los derechos y el acceso necesarios para que el órgano competente, la Fiscalía Europea respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, la oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) , el Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, las autoridades nacionales competentes, ejerzan plenamente sus competencias respectivas.  
h) Mantener un registro y conservar los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Así mismo, se deberá actualizar la documentación presentada que hubiese sufrido alguna modificación o cuya vigencia hubiese finalizado con anterioridad a la liquidación de las subvenciones.  
i) Con el fin de realizar un adecuado seguimiento y coordinación del presente programa de ayudas, podrán ser requeridos periódicamente informes de seguimiento y datos en formato de hoja Excel o CSV para el oportuno tratamiento de los registros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por lo que los destinatarios últimos de las ayudas deberán recabar y custodiar la información y documentación detallada en el anexo II del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre.  
j) Los destinatarios últimos de las ayudas están sujetos a las obligaciones de información, comunicación y publicidad recogidas en: el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 y la normativa europea y nacional que lo desarrolle, correspondiente al presente programas de ayudas, así como las que se establezcan a este respecto en la resolución de transferencia de crédito y acuerdos de las comisiones bilaterales que se suscriban en cada caso y que se referenciarán en la convocatoria correspondiente; el artículo 10 del Acuerdo de Financiación entre la Comisión y el Reino de España; y el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
2. A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d del Reglamento (UE) 2021/241:  
- La subvención se deberá registrar en la Base de datos nacional de subvenciones según lo previsto en el Real decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de datos nacional de subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.  
- La Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del MRR podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, o a otras bases de datos de la administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales.  
- Se llevará a cabo la cesión de información entre estos sistemas y el sistema de fondos europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.  
3. Se deberá incluir de forma visible la participación de la Unión Europea, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Generalitat en los carteles descriptivos exteriores de la promoción y en las placas conmemorativas permanentes que se instalarán. Para ello, se utilizará el Manual de comunicación para gestores y beneficiarios del Plan de transformación, recuperación y resiliencia, elaborado por la Secretaría General de Fondos Europeos, disponible en el link https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/article\_attachments/23136770466449.  
Para ello, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.) , se deberán incluir los siguientes logotipos:  
a) El emblema de la Unión Europea.  
b) Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU».  
c) Junto con el emblema y el texto de los apartados a) y b) deberá incluirse el logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.  
d) Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. También se puede consultar la siguiente página web:  
— http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm  
Y descargar distintos ejemplos del emblema en:  
— https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag\_es#download  
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.  
  
Base quinta. Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo  
La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo tiene otorgadas las funciones establecidas en el Decreto 49/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) , o normativa que lo sustituya. En concreto su artículo 2, apartado d establece «la gestión, conservación, mantenimiento, explotación y custodia de los bienes que le hayan sido adscritos o cuya administración le haya sido atribuida por la normativa vigente.»  
Además, EVHA goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimento de sus fines, quedando adscrita a la conselleria con competencias en materia de vivienda.  
Por su parte el artículo 24 del mismo decreto, establece que la «Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo tiene adscrito por disposición legal la totalidad del patrimonio de promoción pública de vivienda y suelo de la Generalitat, constituido por las viviendas, locales comerciales, terrenos y demás edificaciones complementarias pertenecientes al mismo. Sin perjuicio de ello, podrán adscribirse a la entidad cualesquiera otros bienes y derechos de la Generalitat necesarios para el desarrollo de sus funciones.»  
Así, el pliego de bases técnico-administrativas que rige la transmisión onerosa mediante constitución del derecho de superficie de diversas parcelas, de titularidad pública, para la promoción, construcción y gestión de viviendas de protección pública energéticamente eficientes en régimen de alquiler social, por el que se adjudican los mencionados derechos, regula su relación con los titulares del derecho de superficie.  
  
Base sexta. Compatibilidad de las ayudas  
Las subvenciones de este programa serán compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas, ya sean de ámbito nacional o europeo, lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241, que establece que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, precisando que las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando la doble financiación entre programas del mecanismo de recuperación y resiliencia y, así como con otros instrumentos de la Unión.  
En caso de que las ayudas se consideren compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos en el mismo ámbito de actuación, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, se deberán identificar por el beneficiario de las mismas nítidamente la trazabilidad de los gastos.  
En todo caso, en la consecución de los hitos y objetivos establecidos en la Decisión de ejecución del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España, vinculados con el desarrollo de este programa se considerarán exclusivamente las actuaciones financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU de España.  
  
Base séptima. Actuaciones subvencionables  
Serán actuaciones subvencionables aquellas necesarias para llevar a cabo la construcción de nuevas viviendas que se destinen al alquiler social, siempre que supongan un incremento del parque público de vivienda en alquiler asequible, y cumplan las condiciones y requisitos establecidos en este programa.  
Quedarán excluidas y, por tanto, no serán actuaciones objeto de subvención, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, «las actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil.»  
  
Base octava. Cuantía de la ayuda  
1. Los promotores de las viviendas públicas podrán obtener una ayuda proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar los 50.000 euros por vivienda, sin que en ningún caso pueda exceder del coste de las actuaciones subvencionables.  
2. Serán gastos subvencionables todos los gastos inherentes a la promoción de que se trate, incluyéndose el coste de la edificación, los gastos generales, los gastos correspondientes a los informes preceptivos, el beneficio industrial y cualquiera otro necesario, siempre y cuando todos ellos consten debidamente acreditados. No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial.  
  
Base novena. Limitación del precio del alquiler  
1. El precio del alquiler de las viviendas deberá figurar en la resolución de concesión de la ayuda, y estará limitado según los criterios establecidos en el Acuerdo de la comisión bilateral aplicable, en el pliego correspondiente y en el título del derecho de superficie, que fijarán el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de vivienda y, en su caso, la cuantía por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje, de trastero o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda. Dicho precio se actualizará en función de lo que establezca el acuerdo y el pliego correspondiente del derecho de superficie.  
2. Según el artículo 66.2 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, «el arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que le corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el arrendatario y se satisfagan por el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable», siempre que el pliego correspondiente del derecho de superficie lo contemple, y en los términos que el mismo establezca.  
  
Base décima. Arrendatarios  
1. Las viviendas financiadas con cargo a este programa solo podrán ser arrendadas a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, priorizando siempre el criterio social.  
2. Las condiciones a cumplir por los arrendatarios, en cada una de las actuaciones, serán las establecidas en el acuerdo de la comisión bilateral aplicable, en el pliego correspondiente y en el título del derecho de superficie.  
  
Base decimoprimera. Plazo de ejecución de las actuaciones  
1. Las obras correspondientes a actuaciones financiadas con cargo a este programa deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026, sin perjuicio de las posibles prórrogas que pudieran establecerse de conformidad con el artículo 4.7 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre.  
2. La documentación acreditativa de la finalización de las actuaciones y del cumplimiento del objeto de la subvención deberá ser aportada a la dirección general competente en materia de vivienda con anterioridad al 2 de noviembre de 2026.  
  
Base decimosegunda. Presentación de solicitudes  
1. La solicitud se presentará de forma telemática en modelo normalizado dirigido a la dirección general competente en materia de vivienda. Se establece un plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente a aquel en que se formalice la escritura del derecho de superficie. Dicho plazo será, en todo caso, posterior a la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El incumplimiento del plazo de solicitud determinará automáticamente la exclusión de la convocatoria.  
Su presentación presume la aceptación incondicionada de las bases reguladoras, de la convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.  
2. Al formulario de solicitud se adjuntarán los documentos relacionados en los puntos 2.1 a 2.17 siguientes.  
No obstante, conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante Ley 39/2015, de 1 de octubre) , se eximirá a los solicitantes de la presentación de documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o que haya sido aportada anteriormente por los mismos, siempre que el solicitante no se oponga a que la Administración concedente pueda consultar o recabar dichos documentos. Por su parte, la disposición adicional 8ª de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, reconoce la potestad de verificación de las administraciones públicas, en relación con los datos personales que obren en su poder, para comprobar la exactitud de los mismos.  
2.1. Datos personales:  
2.1.1. Copia del DNI/NIE de la persona o personas que represente o representen al solicitante.  
2.1.2. Copia del NIF de la persona jurídica, en su caso, solicitante de la ayuda.  
2.1.3. Escritura de constitución de la persona jurídica solicitante y estatutos vigentes en su caso, debidamente inscritos, en los registros públicos correspondientes, acreditativos de que la persona jurídica se encuentra debidamente constituida, según la normativa que le resulte de aplicación.  
En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, se deberá aportar nombramiento del representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes; debiendo así mismo aportarse declaración firmada por el representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes de los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación.  
2.1.4. Escritura de poder suficiente de representación otorgada a favor de la persona que consta como representante del solicitante de la ayuda, debidamente inscrita, en su caso, en el registro público correspondiente.  
2.1.5. Copia de documento acreditativo y vigente de encontrarse dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en la actividad económica relacionada con la actuación subvencionable objeto de su solicitud, así como copia del justificante de pago del último recibo correspondiente, en su caso.  
2.1.6. En el caso de empresas que tengan la condición de pequeñas o medianas empresas conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014, de 17 de junio, de 2014, deberán aportar aquella documentación que permita verificar tal condición mediante:  
- Certificado expedido por la Seguridad Social en el que conste la información relativa al número de empleados de la empresa.  
- Documento acreditativo del volumen anual de negocios o balance general anual.  
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento por parte de la conselleria competente en materia de vivienda, de los datos incluidos en la solicitud de subvenciones por el destinatario último. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o cuando el solicitante manifestase la negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.  
2.2. Información de la actuación, que contendrá:  
Resumen de los parámetros principales de la actuación:  
- Ubicación de los edificios que se van a construir, mediante la dirección y la referencia catastral.  
- Estimación del número de viviendas a construir, plazas de garaje y anexos de cada vivienda, con sus superficies útiles correspondientes.  
- Inversión total: gastos inherentes a la promoción de que se trate, incluyéndose el coste de la edificación, los gastos generales, los gastos correspondientes a los informes preceptivos, el beneficio industrial, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, en su caso, y cualquier otro gasto necesario.  
- El importe total de la ayuda solicitada, calculada conforme a lo establecido en la base octava, cuantía de la ayuda.  
2.3. Compromiso de vinculación del plazo de alquiler social o a precio asequible a inscribir en el Registro de la Propiedad.  
2.4. Declaración responsable del solicitante relativa a todas las ayudas concedidas, especificando el cumplimiento de los límites establecidos por la normativa nacional y de la Unión Europea, así como compromiso de comunicar, incluso durante la tramitación de la solicitud al órgano competente de la comunidad autónoma que esté realizando dicha tramitación o que le haya reconocido la ayuda, en el plazo máximo de diez días hábiles desde el día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento, junto con la documentación que lo justifique, cualquier modificación de las condiciones que puedan motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda. La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.  
2.5. Declaración responsable del solicitante de que no está en crisis de acuerdo con la definición de «empresa en crisis» que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) núm. 651/2014, de 17 de junio, de 2014, según lo establecido por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/CV 249/1 de 31.07.2014) .  
2.6. Declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los requisitos y compromiso de las obligaciones establecidas en los artículos 13 y 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haciendo mención expresa de la inexistencia o fiel cumplimiento de las obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, así como lo dispuesto en el artículo 61.3 del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre.  
2.7. Declaración responsable del solicitante de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 24 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, teniendo presente lo establecido por la disposición adicional 8ª de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 95.1.k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, y considerándose a este respecto que el destinatario último de la ayuda, con la presentación de su solicitud de ayuda, autorizará a la dirección general competente en materia de vivienda para que pueda consultar directamente dicha información de forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.  
En el caso de haber caducado la validez de dichas certificaciones, deberán renovarse con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución y el pago de la subvención.  
2.8. Declaración responsable del solicitante de que está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de ayudas y compromiso de mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente al procedimiento de concesión de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
2.9. Declaración responsable del solicitante de que cumplirá toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de aplicación (en particular, en materia de competencia, contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente) , y de que se compromete a presentar, en el momento de disponer de ellas, y en cualquier caso con carácter previo a la calificación definitiva, todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios.  
  
2.10. Declaración responsable del solicitante de ausencia de conflicto de intereses (DACI) , según modelo facilitado para la solicitud de las ayudas.  
2.11. Declaración responsable del solicitante de que el edificio a construir tendrá un consumo de energía primaria no renovable inferior a los valores límite incluidos en la tabla 60.1 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre.  
2.12. Declaración responsable del solicitante de que se retirarán del ámbito de actuación aquellos productos de construcción que contengan amianto, en su caso.  
2.13. Declaración responsable del solicitante de que los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20630 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje.  
2.14. Declaración responsable del solicitante de que la actuación propuesta se adecúa al principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH por sus siglas en inglés) y su normativa de aplicación, tanto nacional como europea, y en particular en lo dispuesto en el Plan de recuperación transformación y resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 y su normativa de desarrollo, y en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, y de acuerdo con la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio, así como compromiso de cumplimiento del etiquetado climático y digital.  
En caso de incumplimiento del principio DNSH, del etiquetado climático o de las condiciones recogidas en el anexo a la CID y en los apartados 3, 6 y 8 del componente 2 del PRTR, se deberán reintegrar las ayudas percibidas.  
2.15. Compromiso expreso del solicitante de conceder los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.  
2.16. Domiciliación bancaria debidamente cumplimentada, de conformidad con lo establecido en la Orden 2/2022 de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se regulan las actuaciones o trámites de alta, modificación y baja de los datos personales identificativos y bancarios de las personas físicas y jurídicas que se relacionen económicamente con la Generalitat, aplicándose el trámite automatizado previsto en su artículo 5.  
(https://www.gva.es/ES/inicio/procedimientos'id\_proc=22382)   
2.17. Fichas resumen de la actuación según modelo normalizado facilitado por la dirección general competente en materia de vivienda, que deberán ser aportados en formatos Excel y pdf firmados.  
3. Se presentará certificado de eficiencia energética en proyecto, con carácter previo a la calificación provisional, con el contenido requerido en el Real decreto 390/2021, de 1 de junio, o normativa que lo sustituya, firmado por técnico competente.  
4. Las solicitudes reguladas en la presente orden implicarán la autorización para que la dirección general competente en materia de vivienda y los servicios territoriales correspondientes, encargados en sus respectivas funciones, de la instrucción y pago de las ayudas, puedan recabar la información necesaria para emitir los informes o certificados pertinentes en orden a la justificación de las cuestiones requeridas en la solicitud.  
5. La presencia de errores o ausencia de información y documentación en la solicitud presentada, y que afecte directamente a la determinación de la cuantía de la ayuda a otorgar, será responsabilidad única del propio solicitante de la ayuda. En ningún caso se revisará al alza el importe de la resolución de concesión de la ayuda, sin perjuicio de la posible corrección a la baja por la determinación de la cuantía sobre las actuaciones realmente ejecutadas, una vez se disponga de la calificación definitiva de la actuación.  
6. Junto con la solicitud se indicará si se requerirán los anticipos regulados en la base abono de las ayudas.  
  
Base decimotercera. Subsanación de la solicitud  
Se notificará a los solicitantes mediante requerimiento de subsanación la documentación que falte por aportar o subsanar.  
El plazo para la subsanación de dichos reparos será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el caso de no subsanar los reparos, o hacerlo fuera de los plazos señalados, se entenderá desistida la petición de ayudas, previa resolución motivada.  
  
Base decimocuarta. Ordenación, instrucción y resolución de las ayudas  
1. El órgano instructor revisará y emitirá informe sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta orden y demás normativa de aplicación de las solicitudes presentadas. Dicho informe se analizará en el seno del órgano colegiado, que elevará al órgano competente propuesta de resolución. La persona titular de la dirección general competente en materia de vivienda, de acuerdo con la Resolución de 15 de mayo de 2024, de la vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, sobre delegación del ejercicio de competencias en determinados órganos de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, es el órgano competente para resolver sobre la concesión de las ayudas.  
2. El órgano colegiado estará integrado por las personas titulares de la Subdirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, la Jefatura de Servicio de Regeneración Urbana, la Jefatura de Servicio de Vivienda Pública, la Jefatura de Servicio de Rehabilitación y Actuaciones Urbanas de la Dirección General de Vivienda y las jefaturas de los servicios territoriales de Vivienda, que deberán firmar la declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) y aplicarán el canal interno de denuncia y la normativa relativa a la recusación, la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno. La persona titular de la dirección general competente en materia de vivienda podrá designar a las personas que deban sustituir a los miembros del órgano colegiado en caso de ausencia, vacante o enfermedad.  
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, se procurará en el nombramiento o designación de personas que exista una presencia paritaria de mujeres y hombres.  
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, será de seis meses contados desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa los interesados podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.  
Las resoluciones de las ayudas serán notificadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
4. La resolución de concesión establecerá las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral suscrito a través del cual se canalizan estas subvenciones, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su reglamento de desarrollo, y la normativa de la Unión Europea aplicable para la certificación de los fondos europeos.  
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1. f del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, en las resoluciones de concesión de las subvenciones constará mención expresa a que las ayudas están «financiadas con cargo a fondos europeos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia con la colaboración del Gobierno de España de conformidad con la normativa nacional y europea, en concreto, con el artículo 34 del Reglamento del MRR, que indica que «Los perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de esta financiación y velarán por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.  
  
Base decimoquinta. Control y revocación de las subvenciones  
1. La Generalitat podrá comprobar, por los medios que estime más adecuados, el cumplimiento de las obligaciones inherentes al otorgamiento de las ayudas. El incumplimiento de estas obligaciones, especialmente la falta de presentación de la documentación señalada en la base decimosegunda en plazo, o la comprobación de la falsedad de los datos aportados al expediente, dará lugar a la revocación de la subvención concedida y al reintegro de la misma, que devengará los correspondientes intereses de demora, conforme a lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y demás normativa de aplicación en materia de subvenciones.  
Atendiendo al artículo 169 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, se tramitará la aprobación del Plan de control correspondiente por parte del órgano concedente, el cual deberá incluir y tener en cuenta las acciones y controles ya establecidos por los servicios territoriales para la tramitación de la correspondiente calificación provisional y definitiva necesarias para la tramitación de las actuaciones, de conformidad con la base decimosexta.   
El plan se aprobará previamente a su ejecución y se concretará el personal encargado de la tarea, el tipo de control, los criterios de selección de la muestra y el porcentaje de la ayuda pagada a controlar.  
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana, se perderá el derecho a la subvención y/o se procederá al reintegro de la misma, cuando la subvención se destine a la realización de una actividad o al cumplimiento de una finalidad prohibida en el título VI de la citada Ley 14/2017, de 10 de noviembre.  
3. En cualquier caso, será de aplicación lo dispuesto en materia de control financiero, reintegro e infracciones y sanciones administrativas en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
4. Para dar cumplimiento a lo establecido por la Orden HFP/1030/2021 se aprobó, mediante Resolución de 22 de febrero de 2024, el Plan de Medidas Antifraude de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en la ejecución de medidas financiadas por el mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) , que se encuentra disponible en el siguiente enlace:  
https://inclusio.gva.es/documents/610460/038551832/3.+PLAN+MEDIDAS+ANTIFRAUDE+VICEPRESIDENCIA+SEGUNDA+Y+CONSELLERIA+DE+SERVICIOS+SOCIALES%2C+IGUALDAD+Y+VIVIENDA\_febrero+2024.pdf/a7297033-0499-a395-2504-72287b1edadb't=6537045618230  
  
Base decimosexta. Tramitación de actuaciones  
1. Los destinatarios últimos deberán custodiar la documentación justificativa de cada uno de los expedientes, de conformidad con la normativa en materia de subvenciones vigente. Dicha documentación incluirá, en todo caso: memoria de las actuaciones que son objeto de subvención; memoria económica o presupuesto justificativo del coste de las mismas, incluyendo las facturas correspondientes y documentos que acrediten los pagos efectuados; y todos aquellos documentos técnicos que constituyan el proyecto de ejecución de las obras, actas, certificados, licencias y demás documentación explicativa de las actuaciones realizadas. La documentación referida, así como toda aquella documentación adicional que se considere necesaria para la fiscalización del destino de las ayudas, será puesta a disposición de la dirección general competente en materia de vivienda a petición de esta, para las verificaciones y comprobaciones que la misma estime procedente realizar en cualquier momento de la ejecución de las actuaciones previstas, y hasta la finalización de los plazos de garantía aplicables, de acuerdo con lo previsto a esos efectos en el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
Además, los destinatarios últimos aportarán toda la documentación requerida para tramitar los expedientes y aquella que justifique que la obra cumple los requisitos para obtener las ayudas de acuerdo con el Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, y con las presentes bases.  
2. Será necesario tramitar la calificación provisional y definitiva de las actuaciones subvencionadas, donde se hará constar, además de en los contratos de arrendamiento, que la promoción se ejecuta mediante el título de derecho de superficie, derecho que deberá constar inscrito en el Registro de la Propiedad, según lo establecido en el artículo 30 del Decreto 68/2023, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Vivienda de Protección Pública y régimen jurídico de patrimonio público de vivienda y suelo de la Generalitat o norma que lo sustituya. Los órganos encargados de dicha tramitación serán los servicios territoriales correspondientes.  
Para la solicitud de la calificación provisional se deberá aportar la documentación relacionada en el artículo 29 de dicho decreto, o norma que lo sustituya.  
Para la tramitación de la calificación definitiva, además de la documentación indicada en el artículo 36 del Decreto 68/2023, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Vivienda de protección pública y régimen jurídico de patrimonio público de vivienda y suelo de la Generalitat, o norma que lo sustituya, se deberá adjuntar la documentación que a continuación se relaciona:  
a) Contrato al efecto con la empresa que ha ejecutado las obras.  
b) Certificado de inicio de las obras.  
c) Facturas acreditativas del gasto o inversión realizada acompañando el documento bancario que acredite que el abono de la factura se ha efectuado a través de una entidad financiera. En caso de pago fraccionado, deberá aportarse acreditación de la domiciliación bancaria de los pagos y acuerdo de financiación suscrito por las partes.  
d) Testimonio fotográfico de la actuación realizada.  
Con la calificación definitiva, una vez aportada la documentación de la obra realmente ejecutada, se reajustará el importe de la subvención en el supuesto de que el gasto subvencionable sea inferior al inicialmente previsto.  
Una vez comprobada toda la documentación, si se concluyera que el importe de subvención inicialmente otorgado debiera ser inferior, o no procediese otorgarla, la dirección general competente en materia de vivienda incoará un expediente de revocación parcial o total de la ayuda, respectivamente, sin perjuicio de las acciones legales y sanciones que pudieran corresponder.  
Con el fin de poder realizar los trámites administrativos necesarios dentro los plazos establecidos en el Acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Comunitat Valenciana correspondiente, y en relación con el abono final de la ayuda otorgada para las actuaciones, toda la documentación necesaria para solicitar la calificación definitiva deberá presentarse antes del 1 de noviembre del ejercicio correspondiente. El incumplimiento de dichas fechas límite podrá suponer la pérdida de las ayudas.  
  
Base decimoséptima. Pago de la ayuda al destinatario último  
1. El abono de la subvención al destinatario último podrá realizarse mediante pagos a cuenta o anticipados. En todo caso, previamente a dicho abono, ya sea total o parcial, el destinatario último deberá acreditar la titularidad real del suelo, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución de concesión, en el marco de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de seguimiento.  
2. Sin perjuicio de las posibles prórrogas que pudieran establecerse de conformidad con el artículo 4.7 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, en caso de que a 30 de junio de 2026 no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos para la ejecución de las actuaciones, la cuantía de la subvención será la resultante de la aplicación de los criterios del programa sobre las viviendas efectivamente finalizadas, debiendo devolverse los recursos que en concepto de anticipo o abonos a cuenta se hubiesen entregado que correspondan a actuaciones no finalizadas en dicho plazo. Para ello, deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos de las actuaciones subvencionables:  
a) Estar finalizadas, lo que se acreditará con la aportación del certificado final de obra, con pronunciamiento expreso de la realización de la actuación conforme a las exigencias del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre.  
b) Tener el certificado de eficiencia energética de edificio terminado, firmado por el técnico competente y debidamente registrado; y certificado de la consecución de un consumo de energía primaria no renovable inferior a los valores límite incluidos en la tabla 60.1, del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio, firmado por el técnico competente.  
c) Se haya producido y conste la anotación registral de la nota marginal referida en la base segunda de esta orden.  
d) Tener la calificación definitiva de las viviendas de protección pública.  
  
Base decimoctava. Justificación del gasto  
1. La justificación del gasto se realizará de acuerdo con los certificados de los justificantes de la inversión realizada, según el modelo normalizado publicado en la web de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que, al menos una vez al año y con anterioridad al 1 de noviembre del ejercicio correspondiente, deberán ser presentados por el destinatario último ante la dirección general competente en materia de vivienda para su revisión.  
2. En dicha justificación se indicarán los costes a origen de los trabajos realizados y todos aquellos comprendidos en la base octava, incluso el IVA (o impuesto indirecto equivalente) cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial. No serán subvencionables los costes de licencias, tasas, impuestos o tributos.  
3. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original.  
Los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención.  
En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.  
4. De acuerdo con el artículo 164 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, apartado h, con carácter previo a la fecha de justificación de la primera anualidad de ayuda, se presentarán los proyectos técnicos con visado colegial, conforme al artículo 2 del Real decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.  
  
Base decimonovena. Abono de las ayudas  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.11.b de la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, relativo a las subvenciones corrientes y de capital excepcionadas del régimen de pago anticipado previsto en el artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, «En el caso de iniciativas realizadas por personas físicas y/o jurídicas que no estén contempladas en los apartados 1 a 8 anteriores, este anticipo podrá ser hasta del 30 por ciento y quedarán exoneradas de la constitución de garantías para los primeros 10.000 euros.»  
El régimen al que se someterá el abono de las ayudas de la presente orden se contempla en los párrafos siguientes.  
1. El abono de las ayudas que corresponda a cada actuación, entendiendo por tal cada una de las edificaciones, se realizará por la dirección general competente en materia de vivienda, respetando las anualidades aprobadas por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, de la siguiente manera:  
a) Primer pago o anticipo: se podrá anticipar, previa petición en la solicitud de ayudas, el 30 % de la subvención aprobada. Cuando las ayudas que correspondan a cada actuación sean superiores al millón de euros, se estará a lo dispuesto en el punto 7 de esta misma base, según la cual deberá constituirse garantía.  
b) Pagos parciales anuales o abonos a cuenta: proporcionalmente a las justificaciones de inversión presentadas, mediante la presentación de la justificación del gasto realizado y los documentos de pago del mismo, se tramitarán pagos parciales, al menos una vez al año, siempre y cuando el montante de la subvención certificada para su cobro supere el anticipo abonado. Estos pagos serán el 70 % de la justificación realizada, no pudiendo la totalidad de los pagos parciales anuales o abonos a cuenta realizados superar el 80 % del importe total de la subvención, en cada actuación.  
Podrán realizarse abonos a cuenta, incluso en los casos en los que se haya determinado la posibilidad de realizar pago anticipado.  
c) Pago final o de liquidación: El 20 % del importe de la subvención restante se tramitará una vez se disponga de la calificación definitiva de la actuación. Para ello, deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos del punto 2 siguiente.  
2. Sin perjuicio de las posibles prórrogas que pudieran establecerse de conformidad con el artículo 4.7 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, en caso de que a 30 de junio de 2026 no se hubiesen cumplido los requisitos que se describen a continuación, la cuantía de la subvención será la resultante de la aplicación de los criterios del programa sobre las viviendas efectivamente finalizadas, debiendo devolverse los recursos que en concepto de anticipo o abonos a cuenta se hubiesen entregado que correspondan a actuaciones no finalizadas en dicho plazo. Los requisitos a considerar son los siguientes:  
a) Estar finalizadas, lo que se acreditará con la aportación del certificado final de obra, con pronunciamiento expreso de la realización de la actuación conforme a las exigencias del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre.  
b) Tener el certificado de eficiencia energética de edificio terminado, firmado por el técnico competente y debidamente registrado; y certificado de la consecución de un consumo de energía primaria no renovable inferior a los valores límite incluidos en la tabla 60.1, del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio, firmado por el técnico competente.  
c) Se haya producido y conste la anotación registral de la nota marginal referida en la base segunda de esta orden.  
d) Tener la calificación definitiva de las viviendas de protección pública.  
e) Presentar una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, conforme a lo exigido por estas bases y la resolución de concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, suscrita por el técnico titulado competente autor del proyecto o de la dirección de obra.  
f) Tener informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda concedida de acuerdo con la documentación presentada en la solicitud, emitido por organismo de control o entidad de control que cumpla los requisitos técnicos establecidos en el Real decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.  
g) Presentar una relación certificada y la copia de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones realizadas.  
h) Presentar una relación certificada y la copia de las facturas y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago, correspondientes a la inversión realizada y que respondan al presupuesto y contratos presentados.  
i) Tener los certificados emitidos por Hacienda y por la Seguridad Social justificativos de que el destinatario último de las ayudas cumple con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que la Administración concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar los mencionados certificados. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces dichos certificados.  
j) Presentar una declaración responsable que acredite, en su caso, la existencia de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de este programa de ayudas, de cualquier administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional.  
k) Aportar reportaje fotográfico, en formato digital comprimido, del edificio y de los equipos e instalaciones principales terminados, donde se muestre el cartel publicitario o señalización de la actuación, de acuerdo con lo establecido en la base cuarta, apartado 3, de las presentes bases.  
l) Presentar documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones por parte del destinatario último de las ayudas, la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todos los ingresos, incluido el de ayudas, y los pagos, incluidos los realizados a proveedores, el cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de igualdad de oportunidades y no discriminación aplicables a este tipo de actuaciones, el cumplimiento de las normas medioambientales y sobre desarrollo sostenible, nacionales y comunitarias, y la aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas en el ámbito de gestión del proyecto objeto de ayuda, según modelo que estará disponible en la web de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.  
m) Presentar el plan de gestión de los residuos de construcción y demolición, conforme a lo establecido Real decreto 105/2008, donde se acrediten las condiciones establecidas en la base segunda.  
Con independencia de lo anterior, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda podrá elaborar instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requirieran.  
3. En el supuesto de que el gasto subvencionable de la actuación sea inferior al inicialmente previsto en la solicitud de ayudas, se recalculará la cuantía de la ayuda de acuerdo con la base octava, pudiendo esta ser minorada si resultara un importe inferior al inicialmente previsto. El importe de la ayuda en ningún caso superará el valor establecido en la resolución de la ayuda concedida.  
4. El importe de la subvención a conceder no podrá ser de una cuantía tal que, aislada o conjuntamente con otras subvenciones públicas, de las compatibles que según estas bases puedan recibir los destinatarios últimos de estas ayudas, supere el coste previsto de la actuación. En el caso de que se diera esta circunstancia, se reducirá el importe de la subvención.  
5. Para el cobro de las ayudas, con carácter general, se deberá aportar la siguiente documentación:  
a) Domiciliación bancaria debidamente cumplimentada, de conformidad con lo establecido en la Orden 2/2022 de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se regulan las actuaciones o trámites de alta, modificación y baja de los datos personales identificativos y bancarios de las personas físicas y jurídicas que se relacionen económicamente con la Generalitat, aplicándose el trámite automatizado previsto en su artículo 5.  
(https://www.gva.es/ES/inicio/procedimientos'id\_proc=22161)   
b) Autorización para que la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y la dirección general competente en materia de vivienda puedan solicitar la información de carácter tributario, económico o patrimonial que fuera legalmente pertinente, en el marco de colaboración establecido con la Agencia Tributaria, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Colegio de Notarios y Registradores y con otras administraciones públicas, con constancia de que, de acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la utilización de dichos datos no podrá servir a un fin distinto del proceso de selección de adjudicatarios de ayudas.  
6. En ningún caso podrán realizarse pagos a los perceptores de las ayudas cuando se haya solicitado la declaración de concurso, hayan sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, se hallen declarados en concurso, estén sujetos a intervención judicial o hayan sido inhabilitados conforme a la legislación concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.  
7. Cuando el importe de la subvención a recibir por el destinatario último sea superior a un millón de euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 k de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en los artículos 43 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y 171.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, para poder percibir abonos correspondientes a anticipos, será necesario que el destinatario último haya constituido la correspondiente garantía que responderá del importe de dicho pago y de los intereses de demora.  
Para ello, se establece que la garantía deberá constituirse por un importe igual al 100 % del anticipo solicitado, conforme a lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y demás normativa de aplicación en materia de subvenciones.  
La prestación de garantías se constituirá, a disposición del órgano concedente, en las modalidades y con las características y requisitos establecidos en el Real decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.  
La ejecución y cancelación de las garantías se realizará conforme a lo dispuesto en el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
Los destinatarios últimos podrán optar por el abono total de la ayuda mediante un pago único, sin necesidad de aportar garantía, una vez se haya procedido a la justificación de las actuaciones, debiendo comunicar a la dirección general competente en materia de vivienda su renuncia a cobrar anticipo en el momento de la solicitud de las ayudas.  
8. Los destinatarios últimos de las ayudas estarán obligados a comunicar, incluso durante la tramitación de la solicitud, al órgano competente de la comunidad autónoma que esté realizando dicha tramitación o que le haya reconocido la ayuda, en el plazo máximo de diez días hábiles desde el día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento, junto con la documentación que lo justifique, cualquier modificación de las condiciones que puedan motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda. La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.  
9. La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y la dirección general competente en materia de vivienda podrán exigir la presentación de cualesquiera otros informes o documentos justificativos que, de acuerdo con la normativa europea o nacional, resulten exigibles en el marco del PRTR, así como el suministro de información que sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del plan, informando de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema y las aplicaciones informáticas que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la financiación y los objetivos.  
  
Base vigésima. Financiación del programa  
Las subvenciones convocadas en virtud de esta orden podrán tener alcance plurianual, en función de los plazos de ejecución de las actuaciones que se establezcan. En la convocatoria se indicarán los importes para cada una de las anualidades que serán financiados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el marco de la aplicación del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, que regula las ayudas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, establecido en el Reglamento (UE) 2020/2094, del Consejo de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la Covid-19 y regulado según Reglamento (UE) 2021/241.  
Una vez concedida, el beneficiario de la subvención podrá informar a la dirección general competente en materia de vivienda en caso de desajuste de las anualidades inicialmente concedidas con el ritmo de ejecución de la acción subvencionadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
Se podrá ampliar el crédito destinado a la financiación del programa de ayudas regulado en las presentes bases con posterioridad a su publicación, de acuerdo a la regulación establecida en el artículo 58 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, en atención a los supuestos de excepcionalidad establecidos en el artículo 11 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat.  
En virtud del artículo 62.3 del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, la cuantía total máxima fijada inicialmente en la respectiva convocatoria podrá ser ampliada dentro de los créditos disponibles, sin necesidad de una nueva convocatoria.  
  
Base vigesimoprimera. Comunicación a la Unión Europea  
En relación con la política de la competencia de la Unión Europea, las ayudas que se promueven no precisan notificación o comunicación a la Unión Europea, por no falsear o amenazar con falsear la competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
En este contexto, el Real decreto 853/2021, de 5 de octubre articula y regula, entre otros, el programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes que se encuadra específicamente en la inversión C02.I02 Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.  
El Programa se ejecuta a través de inversiones directas por parte de las administraciones estatal y territoriales a través de fórmulas de colaboración público-privada mediante la aplicación de un esquema de derecho de superficie en el que una empresa o entidad privada seleccionada a través de un concurso público abierto, transparente y no discriminatorio, recibe una subvención pública para cubrir una parte de los costes de construcción de viviendas, que serán destinadas para el alquiler social o a precios asequibles durante un periodo determinado.  
En este caso, no existe selectivity, por lo que se considera que no hay ayuda de Estado.  
  
Base vigesimosegunda. Cláusula de transparencia  
1. Las entidades beneficiarias de subvención, en aplicación del artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; del artículo 4 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana; y del artículo 3 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, por el cual se desarrolla la Ley 2/2015, de 2 de abril; tendrán que cumplir las obligaciones en materia de publicidad activa, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás legislación aplicable, cuando:  
a) Perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros.  
b) Perciban durante el periodo de un año natural ayudas o subvenciones de las entidades públicas de la Comunitat Valenciana recogidas en el artículo 3 de la Ley 1/2022 en una cuantía superior a 50.000 euros.  
c) Las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.  
2. La difusión de la información que establece esta cláusula se tiene que realizar a través de la página web de la entidad, o bien a través de la plataforma TEP - Transparencia Entidades Privadas, de GVA Abierta, a la cual se puede acceder en https://gvaoberta.gva.es/va/tep.  
3. Las entidades anteriores tendrán que publicar la información a partir del año siguiente a aquel en el que se hayan superado los umbrales establecidos, y tendrá que mantenerse publicada durante 4 años naturales.  
4. Las entidades o personas beneficiarias de subvenciones están obligadas a suministrar a la entidad concedente, previo requerimiento, toda la información que sea necesaria para el cumplimiento por esta de las obligaciones previstas en la ley de transparencia que esta requiera, en el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el requerimiento. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, el órgano que ha realizado el requerimiento podrá acordar, previa advertencia y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 1/2022.  
5. Los nuevos conjuntos de datos que se generen por la formalización y el desarrollo de las subvenciones otorgadas por la administración de la Generalitat se deben disponer, siempre que sea posible, como conjunto de datos abiertos.  
  
Base vigesimotercera. Información relativa al tratamiento de datos personales  
La gestión de las ayudas previstas en las presentes bases comporta el tratamiento de datos de carácter personal, teniendo que cumplirse con las medidas y garantías reguladas en la normativa en materia de protección de datos, especialmente el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
En el diseño de los formularios de solicitud y aportación documental y en las publicaciones (en diarios oficiales, portal de transparencia, etc.) y otros actos administrativos deberán tenerse en cuenta los principios de protección de datos. En concreto, los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los cuales son tratados.  
En la convocatoria se incluirá la información que tiene que facilitarse en las personas interesadas en relación con sus datos de carácter personal, en conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 11 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.  
En toda la gestión de las subvenciones se garantizará una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o mal accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas y conseguir así la integridad y confidencialidad de los datos.  
  
  
Base vigesimocuarta. Régimen jurídico aplicable a las bases reguladoras y a la convocatoria  
Estas bases reguladoras de subvenciones y su convocatoria están sujetas al siguiente régimen jurídico:  
a) Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
b) Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
c) Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de recuperación, transformación y resiliencia y la normativa de la Unión Europea que se menciona en su artículo 1, apartados 3 a 5.  
d) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
e) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
f) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
g) Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19.  
h) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
i) Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones.  
j) Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones y sus normas reglamentarias de desarrollo.  
k) Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024.  
l) Acuerdo núm. 35 (Programa 6) de la Comisión Bilateral, celebrada el 19 de marzo de 2024, relativo a la promoción, en régimen de cesión de derechos de superficie, de 685 viviendas de protección pública energéticamente eficientes en 12 actuaciones con destino a alquiler social, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, en relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de recuperación, transformación y resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU - en la Comunitat Valenciana.  
m) Adenda I, de 6 de mayo de 2024, al Acuerdo núm. 35 (Programa 6) de la Comisión Bilateral, celebrada el 19 de marzo de 2024, relativo a la promoción, en régimen de cesión de derechos de superficie, de 685 viviendas de protección pública energéticamente eficientes en 12 actuaciones con destino a alquiler social, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, en relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de recuperación, transformación y resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU - en la Comunitat Valenciana, mediante la que se incrementa la cuantía de ayuda en una de las actuaciones.  
n) Adenda II, de 20 de mayo de 2024, al Acuerdo núm. 35 (Programa 6) , de la Comisión Bilateral, celebrada el 19 de marzo, relativo a la promoción, en régimen de cesión de derechos de superficie, de 721 viviendas de protección pública energéticamente eficientes en 12 actuaciones con destino a alquiler social, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, en relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de recuperación, transformación y resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU - en la Comunitat Valenciana, mediante la que se sustituye una de las actuaciones.  
En lo no previsto en esta normativa se aplicarán las normas de derecho administrativo u otras de ámbito nacional o europeo que pudieran resultar aplicables.  
  
Segundo  
Convocar, para el ejercicio 2024, las ayudas del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU en la Comunitat Valenciana.  
Se convocan para el ejercicio 2024 las ayudas establecidas en la presente orden, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, que se regirán por las bases establecidas en el apartado anterior y conforme a las siguientes condiciones:  
1. Financiación de las ayudas  
La financiación de las ayudas reguladas en la presente orden se hará con cargo al capítulo 7 y a la aplicación presupuestaria G0116.99.00, subprograma 431M00, MRR Vivienda y rehabilitación para la recuperación económica y social, de la línea S1210, «Ayudas del Plan de recuperación, transformación y resiliencia para promociones de viviendas para arrendamiento», de los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024.  
La cuantía total máxima de las ayudas a conceder será de 61.533.322,00 euros, provenientes de la aportación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Dicho importe se estima según la disponibilidad presupuestaria de la línea S1210.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 62.3 del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, la cuantía total máxima fijada inicialmente en la convocatoria podrá ser ampliada dentro de los créditos disponibles, sin necesidad de una nueva convocatoria.  
No obstante, si se cumplen alguno de los supuestos previstos en el artículo 58 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, así como lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, la cuantía total máxima prevista en el párrafo anterior, se podrá aumentar mediante resolución de la vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, hasta un importe total máximo de 46.605.951,00 euros, todo ello sin perjuicio de poder incrementarlo en mayor importe en caso de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aportara nuevos fondos en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia 2021-2026- Financiado por la Unión Europea - Next Generation EU. Dicha resolución se publicará, en su caso, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana previamente a la resolución de concesión de ayudas.  
Por el contrario, en el caso de que el importe global de las solicitudes presentadas, que cumplan los requisitos de las presentes bases, sea inferior a la dotación total inicial prevista de la convocatoria, el sobrante podrá ser liberado para destinarse a otros programas o necesidades presupuestarias de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, vinculadas al Real decreto 853/2021, de 5 de octubre.  
2. Condiciones de la concesión de las ayudas  
El procedimiento de concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia no competitiva, conforme al artículo 62.1 del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por remisión del artículo 24 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril.  
Conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 61 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre, podrán ser destinatarios últimos de estas ayudas las empresas o entidades privadas que soliciten las presentes ayudas en forma y plazo. Deberán tener su residencia fiscal en España y ser titular del derecho de superficie, adjudicado mediante el procedimiento previo de concurrencia competitiva regulado en el pliego correspondiente, sobre terrenos de titularidad pública. Deberán promover sobre los terrenos objeto del derecho de superficie, viviendas de nueva construcción que se destinen al alquiler social o a precio asequible durante un plazo de al menos 50 años, contados desde el día siguiente a la fecha de la obtención de la calificación definitiva, que cumplan con los requisitos establecidos en la base segunda y las mismas deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026, sin perjuicio de las posibles prórrogas que pudieran establecerse de conformidad con el artículo 4.7 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre.  
3. Plazo y forma de presentación de solicitudes  
La solicitud se presentará de forma telemática en modelo normalizado dirigido a la dirección general competente en materia de vivienda. Se establece un plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente a aquel en que se formalice la escritura del derecho de superficie. Dicho plazo será, en todo caso, posterior a la publicación de la presente Orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El incumplimiento del plazo de solicitud determinará automáticamente la exclusión de la convocatoria.  
El procedimiento de solicitud será telemático, y se realizará según se establece en el apartado primero de la Orden, sin perjuicio de lo que dispone la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
La presentación telemática de la solicitud se realizará mediante el formulario disponible en la sede electrónica de la Generalitat correspondiente a este trámite. Su presentación presume la aceptación incondicionada de las bases reguladoras, de la convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.  
4. Documentación que acompañará a la solicitud.  
Al formulario de solicitud se adjuntarán los siguientes documentos relacionados en los puntos 4.1 a 4.17.  
No obstante, conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se eximirá a los solicitantes de la presentación de documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o que haya sido aportada anteriormente por los mismos, siempre que el solicitante no se oponga a que la Administración concedente pueda consultar o recabar dichos documentos. Por su parte, la disposición adicional 8ª de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales reconoce la potestad de verificación de las administraciones públicas, en relación con los datos personales que obren en su poder, para comprobar la exactitud de los mismos.  
4.1. Datos personales:  
4.1.1. Copia del DNI/NIE de la persona o personas que represente o representen al solicitante.  
4.1.2. Copia del NIF de la persona jurídica, en su caso, solicitante de la ayuda.  
4.1.3. Escritura de constitución de la persona jurídica solicitante y estatutos vigentes en su caso, debidamente inscritos, en los registros públicos correspondientes, acreditativos de que la persona jurídica se encuentra debidamente constituida, según la normativa que le resulte de aplicación.  
En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, se deberá aportar nombramiento del representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes; debiendo así mismo aportarse declaración firmada por el representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes de los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación.  
4.1.4. Escritura de poder suficiente de representación otorgada a favor de la persona que consta como representante del solicitante de la ayuda, debidamente inscrita, en su caso, en el registro público correspondiente.  
4.1.5. Copia de documento acreditativo y vigente de encontrarse dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en la actividad económica relacionada con la actuación subvencionable objeto de su solicitud, así como copia del justificante de pago del último recibo correspondiente, en su caso.  
4.1.6. En el caso de empresas que tengan la condición de pequeñas o medianas empresas conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014, de 17 de junio, de 2014, deberán aportar aquella documentación que permita verificar tal condición mediante:  
- Certificado expedido por la Seguridad Social en el que conste la información relativa al número de empleados de la empresa.  
- Documento acreditativo del volumen anual de negocios o balance general anual.  
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento por parte de la conselleria competente en materia de vivienda, de los datos incluidos en la solicitud de subvenciones por el destinatario último. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o cuando el interesado manifestase la negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.  
4.2. Información de la actuación, que contendrá:  
Resumen de los parámetros principales de la actuación:  
- Ubicación de los edificios que se van a construir, mediante la dirección y la referencia catastral.  
- Estimación del número de viviendas a construir, plazas de garaje y anexos de cada vivienda, con sus superficies útiles correspondientes.  
  
- Inversión total: gastos inherentes a la promoción de que se trate, incluyéndose, el coste de la edificación, los gastos generales, los gastos correspondientes a los informes preceptivos, el beneficio industrial, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, en su caso, y cualquier otro gasto necesario.  
- El importe total de la ayuda solicitada, calculada conforme a lo establecido en la base octava, cuantía de la ayuda.  
4.3. Compromiso de vinculación del plazo de alquiler social o a precio asequible a inscribir en el Registro de la Propiedad.  
4.4. Declaración responsable del solicitante relativa a todas las ayudas concedidas, especificando el cumplimiento de los límites establecidos por la normativa nacional y de la Unión Europea, así como compromiso de comunicar, incluso durante la tramitación de la solicitud al órgano competente de la comunidad autónoma que esté realizando dicha tramitación o que le haya reconocido la ayuda, en el plazo máximo de diez días hábiles desde el día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento junto con la documentación que lo justifique, cualquier modificación de las condiciones que puedan motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda. La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.  
4.5. Declaración responsable del solicitante de que no está en crisis de acuerdo con la definición de «empresa en crisis» que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) núm. 651/2014, de 17 de junio, de 2014, según lo establecido por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/CV 249/1 de 31.07.2014) .  
4.6. Declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los requisitos y compromiso de las obligaciones establecidas en los artículos 13 y 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haciendo mención expresa de la inexistencia o fiel cumplimiento de las obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, así como lo dispuesto en el artículo 61.3 del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre.  
4.7. Declaración responsable del solicitante de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 24 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, teniendo presente lo establecido por la disposición adicional 8ª de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como el artículo 28 de la Ley 39/2015 y el artículo 95.1.k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, y considerándose a este respecto que el destinatario último de la ayuda, con la presentación de su solicitud de ayuda, autorizará a la dirección general competente en materia de vivienda para que pueda consultar directamente dicha información de forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.  
En el caso de haber caducado la validez de dichas certificaciones, deberán renovarse con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución y el pago de la subvención.  
4.8. Declaración responsable del solicitante de que está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de ayudas y compromiso de mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente al procedimiento de concesión de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
4.9. Declaración responsable del solicitante de que cumplirá toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de aplicación (en particular, en materia de competencia, contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente) , y de que se compromete a presentar, en el momento de disponer de ellas, y en cualquier caso con carácter previo a la calificación definitiva, todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios.  
  
4.10. Declaración responsable del solicitante de ausencia de conflicto de intereses (DACI) , según modelo facilitado para la solicitud de las ayudas.  
4.11. Declaración responsable del solicitante de que el edificio a construir tendrá un consumo de energía primaria no renovable inferior a los valores límite incluidos en la tabla 60.1 del Real decreto 853/2021, de 5 de octubre.  
4.12. Declaración responsable del solicitante de que se retirarán del ámbito de actuación aquellos productos de construcción que contengan amianto, en su caso.  
4.13. Declaración responsable del solicitante de que los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20032 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje.  
4.14. Declaración responsable del solicitante de que la actuación propuesta se adecúa al principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH por sus siglas en inglés) y su normativa de aplicación, tanto nacional como europea, y en particular en lo dispuesto en el Plan de recuperación transformación y resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 y su normativa de desarrollo, y en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, y de acuerdo con la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio, así como compromiso de cumplimiento del etiquetado climático y digital.  
En caso de incumplimiento del principio DNSH, del etiquetado climático o de las condiciones recogidas en el anexo a la CID y en los apartados 3, 6 y 8 del componente 2 del PRTR, se deberán reintegrar las ayudas percibidas.  
4.15. Compromiso expreso del solicitante de conceder los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.  
4.16. Domiciliación bancaria debidamente cumplimentada, de conformidad con lo establecido en la Orden 2/2022 de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se regulan las actuaciones o trámites de alta, modificación y baja de los datos personales identificativos y bancarios de las personas físicas y jurídicas que se relacionen económicamente con la Generalitat, aplicándose el trámite automatizado previsto en su artículo 5.  
(https://www.gva.es/ES/inicio/procedimientos'id\_proc=22164)   
4.17. Fichas resumen de la actuación según modelo normalizado facilitado por la dirección general competente en materia de vivienda, que deberán ser aportados en formatos Excel y pdf firmados.  
5. Subsanación de la solicitud.  
Se notificará a los solicitantes mediante requerimiento de subsanación la documentación que falte por aportar o subsanar.  
El plazo para la subsanación de dichos reparos será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación conforme a la Ley 39/2015. En el caso de no subsanar los reparos, o hacerlo fuera de los plazos señalados, se entenderá desistida la petición de ayudas, previa resolución motivada.  
6. Plazo de resolución y notificación de la resolución de ayudas.  
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, será de seis meses contados desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa los solicitantes podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.  
Las resoluciones de las ayudas serán notificadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015.  
7. Recursos contra la resolución de las ayudas.  
Contra la resolución de las ayudas, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
8. Información relativa al tratamiento de datos personales  
El presente artículo tiene como objetivo dar cumplimiento a lo que se establece en la normativa de protección de datos en cuanto a la información que tiene que facilitarse a los interesados. En su virtud se informa:  
a) Tiene la condición de responsable del tratamiento la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (c/ Democracia, 77, 46211 València) .  
b) Los datos de la delegación de protección de datos son los siguientes: paseo de la Alameda, 16. 46120 València. Correo electrónico: rqd@fzu.iv.  
c) La finalidad para el tratamiento de datos personales será la gestión de la concesión de subvenciones.  
d) Las bases de legitimación general aplicables al tratamiento de datos serán las reguladas en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento general de protección de datos (el interés público y la obligación legal) en relación con las normas específicas que regulan este procedimiento.  
e) La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda no cederá sus datos personales.  
f) Los datos se comunicarán a las siguientes persones destinatarias o categorías de personas destinatarias: - La Base de datos nacional de subvenciones y la intervención (que corresponda) ; todo esto, en cumplimiento de obligaciones legales exigibles al responsable. - Así mismo, se publicarán las subvenciones concedidas en el portal de transparencia con indicación de su importe, objetivo o finalidad y personas beneficiarias.  
g) Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la cual se recaudaron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar de esta finalidad y del tratamiento de los datos y en conformidad con la normativa de archivos y documentación. No obstante, los datos personales podrán conservarse durante periodos más largos siempre que se tratan exclusivamente con fines de archivo en interés público, hasta de investigación científica o histórica o hasta estadísticos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de proteger los derechos y libertades de la persona interesada. En todo caso, la información que se publique en el portal de transparencia estará disponible en este durante el año de concesión y el año siguiente; pasado ese plazo los datos dejarán de ser públicos en el dicho portal.  
h) No se realizarán transferencias internacionales.  
i) La persona interesada tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, así como solicitar la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de manera presencial o telemática, en conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: sede.gva.es/va/proc19970.  
j) Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la protección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de manera presencial o telemática en conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: sede.gva.es/va/proc22094; esto, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
Tercero. Eficacia.  
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
València, 31 de mayo de 2024  
  
La vicepresidenta segunda del Consell y   
consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda,  
SUSANA CAMARERO BENÍTEZ