Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6828, del 27-07-2012 (2012/7294)

ORDEN 11/2012, de 11 de julio, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se convocan ayudas a favor de titulares de cualquier derecho sobre terrenos de arrozal que estén incluidos en áreas de protección perilagunar y en zonas de reserva y prohibición total de la actividad cinegética, afectados por la acción de avifauna acuática o reintroducida en el Parque Natural de la Albufera, para el ejercicio 2012.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6828

Fecha DOGV
:   27-07-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2012/7294


Fecha del documento
:   11-07-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda pública

ORDEN 11/2012, de 11 de julio, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se convocan ayudas a favor de titulares de cualquier derecho sobre terrenos de arrozal que estén incluidos en áreas de protección perilagunar y en zonas de reserva y prohibición total de la actividad cinegética, afectados por la acción de avifauna acuática o reintroducida en el Parque Natural de la Albufera, para el ejercicio 2012. [2012/7294]
Como consecuencia de la declaración de la albufera como parque natural y las posteriores actuaciones tendientes a reintroducir diversas especies de fauna amenazada para su conservación, con la limitación cinegética que comporta, se han producido diversas afectaciones en los cultivos de arrozal de algunas zonas del parque. Los parques naturales son áreas con un alto nivel de protección cuya gestión está encomendada a la Dirección General de Medio Natural, a cargo de cuyos presupuestos se convocan las ayudas.
Por ello, y en uso de las facultades que me confieren el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el artículo 47.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,
ORDENO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Serán objeto de ayuda los daños producidos por las especies calamón común (Porphyrio porphyrio), polla de agua (Gallinula chloropus) y ánade real (Anas platyrhynchos) en el cultivo del arroz durante la campaña arrocera de 2012.
Artículo 2. Financiación de las ayudas
La línea de subvención adscrita a las ayudas es la T4868, de la aplicación presupuestaria 20.76.40.167.97.0, siendo el importe máximo que puede concederse, para el ejercicio 2012, de 60.000,00 euros.
Artículo 3. Declaración de ausencia de necesidad de notificación a la Comisión Europea
Las ayudas reguladas en la presente convocatoria no necesitan ser notificadas a la Comisión Europea, de acuerdo con el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a los efectos previstos en el Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, por estar acogidas al régimen de minimis en los sectores agrario y pesquero, regulado por el Reglamento (CE) número 1860/2004, de 6 de octubre de 2004 (DO L 325, de 28.10.2004) modificado por el Reglamento (CE) 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 (DOUE L 379, de 28.12.2006).
Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas titulares de cualquier derecho sobre terreno de arrozal en las zonas con limitación cinegética del Parque Natural de la Albufera, como también aquellas propiedades incluidas totalmente o parcialmente en los perímetros de protección perilagunares decretados o que se decreten, siempre que cultiven arroz en estos terrenos durante el año 2012. Estas zonas son las siguientes:
1. Las parcelas de tierra arrozal que estén incluidas en todo o en parte dentro de un cinturón perimétrico de protección de 500 metros alrededor de la laguna de la Albufera.
2. Las zonas de tierra arrozal especificadas en el artículo 20, apartado 1.c del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Albufera (PRUG).
3. Las parcelas que se declaren como zona de reserva cinegética, en este caso se aplicará el artículo 20, apartado 1.h del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Albufera (PRUG), así como las adyacentes a cualquier área que sea declarada zona de reserva.
Excepcionalmente, también podrán ser beneficiarios las personas titulares de cualquier derecho sobre cualquier terreno de arrozal dentro del Parque Natural de la Albufera, siempre que las pérdidas sean producidas por el calamón común (Porphyrio porphyrio).
No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas reguladas en esta orden las personas o entidades en las que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el reglamento que la desarrolla.
Artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios
Los beneficiarios de las ayudas deberán de haber sufrido daños en las circunstancias descritas en esta orden.
Los daños no deben de estar cubiertos por ningún seguro. A los efectos de la convocatoria se supone que esto se produce cuando, pese a tener una póliza suscrita, las condiciones de esta no contemplen el pago, como cuando las plantas no han llegado al estado fenológico D (presentar tres hojas visibles), cuando se está en el plazo de carencia o cuando existe una franquicia.
Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización del proyecto o actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan la concesión o el disfrute de la subvención.
Someterse a las actuaciones de comprobación que debe efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que corresponden a la Intervención General en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
Acreditar, con anterioridad al momento en que se dicte la propuesta de resolución de concesión y del pago, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (autonómicas y estatales) y ante la Seguridad Social.
Las otras previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El incumplimiento de las anteriores obligaciones dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que correspondan, de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 6. Actividades objeto de las ayudas
Soportar daños en los cultivos, en las circunstancias y en las zonas mencionadas.
Artículo 7. Cuantía de las ayudas
La ayuda máxima que se puede recibir será de 0,32 euros por cada kilo de pérdida en la cosecha, y se considera que la productividad de la zona es de 650 kg por hanegada cultivada. En el caso excepcional que el arroz sea del tipo bomba la ayuda máxima que se puede recibir será de 0,75 euros por cada kilo de pérdida en la cosecha y se considerará que la productividad es de 350 kg por hanegada cultivada. Si el crédito presupuestario descrito en el artículo segundo no es suficiente para pagar todas las solicitudes aceptadas, se prorrateará el importe de las ayudas hasta agotar el crédito.
Artículo 8. Solicitudes y documentación
Las personas que reúnan los requisitos establecidos en la base tercera y quieran solicitar las ayudas reguladas en esta orden, deberán presentar la siguiente documentación:
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en estas bases se deberá presentar en impreso normalizado, el cual se adjunta, y acompañadas de la documentación que a continuación se indica.
a) Documentación acreditativa de la identidad del solicitante.
- Para personas físicas: NIF, DNI o pasaporte para nacionales. Tarjeta de residente para extranjeros.
- Para personas jurídicas:
· Tarjeta del CIF.
· Estatutos de la entidad, escritura de constitución o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite la personalidad y los poderes que acreditan la representación.
· Certificado del acta donde consta el acuerdo de solicitar las ayudas y el nombramiento del representante para efectuar la gestión.
- La agrupación sin personalidad jurídica, además de su identificación y del acuerdo de solicitar ayudas y del nombramiento de representante, deberá presentar un documento en el que sea aceptada por todos los miembros de la agrupación la responsabilidad solidaria en cuanto al cumplimiento de compromisos, así como la devolución de la ayuda en caso de incumplimiento.
- En el caso de corporaciones locales u otras entidades públicas, acuerdo adoptado por el órgano corporativo en que se apruebe la solicitud de la subvención.
b) Acreditación de cumplir los requisitos para ser beneficiario de acuerdo con el artículo 4 de esta orden. La acreditación se podrá realizar mediante alguno de los siguientes documentos:
- Certificado municipal del catastro, sección rústica.
- Certificado o nota simple del Registro de la Propiedad.
- Recibo del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, donde se especifique la superficie, el polígono y la parcela.
- Documento que acredite el arrendamiento, firmado por el propietario de la parcela, junto con el documento que acredite el derecho de este último.
- Cualquier otro documento, admisible en derecho, sobre la condición de cultivador directo de las parcelas. Los agricultores a título principal o profesionales deberán justificarlo anualmente, durante el plazo de solicitud, mediante la presentación de la última declaración del IRPF y justificar estar al corriente del pago del régimen especial agrario de la Seguridad Social o del régimen de autónomos de actividad agraria.
c) Relación de parcelas afectadas, indicando la localización gráfica, a escala suficiente, para determinar la situación de éstas.
d) Documentación acreditativa de estar al corriente o exento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social de acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones.
La presentación de la solicitud comportará la autorización del solicitante para que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente obtenga de manera directa la acreditación mediante certificados telemáticos, y no será necesario que el solicitante deberá aportar el certificado adecuado. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente su consentimiento, y en este caso deberá aportar el certificado en los términos indicados en el párrafo anterior.
En los casos previstos en el artículo 24 del Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003, especialmente en el caso de ayudas concedidas a administraciones públicas y aquellas en las que la cuantía que se ha de otorgar a cada beneficiario no supere los 3.000,00 euros, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ante la Seguridad Social se justificará mediante una declaración responsable.
e) Declaración jurada de que estas pérdidas no están amparadas por ningún tipo de seguro.
f) Impreso de alta de terceros para pagos de la Generalitat Valenciana (O 18/2011, de 17.06.2011, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, DOCV 21.06.2011) debidamente cumplimentado.
g) Declaración responsable donde se enumere y se describan las ayudas de mínimis recibidas por el solicitante en los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012.
h) Declaración responsable donde se enumere y se describan cualesquiera otras ayudas recibidas por los mismos costes subvencionables en los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012.
2. En caso de que los documentos exigidos que deben acompañar la solicitud de concesión de ayudas ya estén en poder de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, el solicitante podrá acogerse al derecho establecido en el artículo 35.f de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha, el órgano o la dependencia a la que fueron dirigidos y la identificación del procedimiento en que están, y que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
3. Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en esta orden o no se adjunte la documentación que de acuerdo con ésta resulte exigible, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, enmiende la falta o adjunte la documentación necesaria, con indicación que, si no lo hace, se le considerará que desiste de la solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la mencionada ley por el órgano que tenga atribuida la ordenación e instrucción del procedimientos, según las bases reguladoras.
4. Asimismo, se podrá requerir del solicitante cualquier otra dato, documento e informe complementario que resulte necesario para la resolución del expediente, así como la acreditación de los requisitos a que se refiere la documentación administrativa.
Artículo 9. Lugar y plazo de presentación
Dadas las especiales características de los daños que se producen, y con el objeto de poder comprobar la relación directa entre la acción de las aves y aquellos, las personas solicitantes, en cuanto detecten los daños, y siempre en un plazo no superior a tres días naturales desde que se hayan producido, presentarán el impreso de solicitud en la Oficina de Gestión Técnica del Parque Natural de la Albufera.
Por el mismo motivo especial, el plazo para presentar las solicitudes será durante toda la campaña arrocera.
Artículo 10. Ordenación e instrucción del procedimiento
El órgano encargado de la ordenación e instrucción del procedimiento será la Subdirección General de Medio Natural, la cual, de oficio, acordará todas las actuaciones necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en razón de los cuales debe pronunciarse la resolución.
Artículo 11. Valoración y propuesta de resolución
La concesión de las ayudas se realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva a que se refiere el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y también los artículos 62 y 63 del Real Decreto 2006/1471, que aprueba el reglamento que la desarrolla.
La valoración de las solicitudes presentadas será realizada por una comisión de valoración, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Acabado el plazo de solicitud, se cuantificarán las pérdidas. Éstas se valorarán en función de la superficie afectada y se considerará que la productividad media es de 650 kg/hanegada (si el arroz es del tipo bomba, la productividad considerada será de 350 kg/hanegada). Si la persona solicita replantar y se comprueba que hay nuevas pérdidas en la misma zona por la acción de la avifauna, solo se considerará la superficie que exceda de la que se valoró en la primera visita; a este efecto, el interesado deberá presentar solicitud complementaria en la Oficina de Gestión Técnica del Parque Natural de la Albufera en el mismo plazo señalado en el artículo 9.
La comisión de valoración estará formada por el subdirector de Medio Natural, como presidente; el jefe de la Sección de Administración Económica, como secretario, y el jefe de Servicio de Parques Naturales y el responsable de la dinamización del Parque Natural de la Albufera, como vocales.
No habrá criterios de prioridad y, si el importe total de las solicitudes conformes es superior a la disponibilidad presupuestaria, ésta se prorrateará.
Artículo 12. Resolución de la concesión de las ayudas
Corresponde a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente dictar la resolución de la concesión de las distintas ayudas.
La resolución deberá ser motivada y tendrá el efecto y el contenido previstos en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
El plazo para la resolución de las ayudas será de un mes a contar desde el último día de presentación de las solicitudes. En caso de que no se haya dictado la resolución en este plazo, se entenderán desestimadas.
Artículo 13. Recursos
Las resoluciones adoptadas pondrán fin a la vía administrativa. Contra estas resoluciones se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 14. Régimen de compatibilidad
Las ayudas concedidas de acuerdo con esta orden son compatibles con cualquier otra que tenga la misma finalidad de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, excepto el pago de la indemnización que pueda tenerse contratada mediante un seguro.
El importe de las ayudas reguladas en esta orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con ayudas de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, supere el coste de la actividad que debe desarrollar el beneficiario.
Artículo 15. Pago y justificación de las ayudas concedidas
Una vez publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la resolución definitiva de la concesión de la subvención se realizará, de oficio, el pago de las cantidades reconocidas por esta resolución.
Las personas físicas o jurídicas no exoneradas, de acuerdo con el artículo 3.7 de la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, o que no hayan autorizado a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a hacerlo en su nombre, deberán adjuntar un nuevo certificado vigente de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en caso de que el que presentaron con la solicitud de la ayuda no estuviera en vigor.
Artículo 16. Pérdida o minoración de la ayuda
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y, en su caso, a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención.
Igualmente, el incumplimiento por el beneficiario de los requisitos y condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la ayuda, así como la falta de justificación o la justificación insuficiente de la ayuda concedida en el plazo establecido a este efecto, y también la concurrencia de otras causas recogidas por el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las presentadas por el interesado.
La resolución correspondiente será dictada por el director general de Medio Natural.
Artículo 17. Del reintegro de las ayudas
Para el reintegro de las ayudas se aplicarán las normas recogidas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y también en los artículos 94 y 95 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el reglamento que la desarrolla.
Artículo 18. Régimen de infracciones y sanciones
El régimen sancionador en la materia regulada en esta orden será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y también en el artículo 102 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el reglamento que la desarrolla.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
En todo lo no regulado en esta orden deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, el texto refundido de la cual fue aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, y en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en los de su reglamento.
Segunda
Esta orden producirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercera
Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
Valencia, 11 de julio de 2012
La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
ISABEL BONIG TRIGUEROS