Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6900, del 12-11-2012 (2012/10731)

Notificación de resolución de recurso de alzada. (G. M. L. F.).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6900

Fecha DOGV
:   12-11-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/10128


Organismo emisor
:   Conselleria de Hacienda y Administración Pública

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución de recurso de alzada. (G. M. L. F.). [2012/10709]  
Por el presente edicto, y de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debido a que Gema María Llácer Ferrer no ha podido ser encontrada en el domicilio designado por la interesada, se le hace saber:  
Visto el recurso de alzada interpuesto por Gema María Llácer Ferrer contra el acto de la Dirección General de Presupuestos por la que se ordena la reducción retributiva practicada en la nómina del mes de marzo y siguientes de 2012.  
  
Fundamentos de hecho  
  
1. La hoy recurrente presta servicios como empleada pública de la Administración de la Generalitat, y que ha comprobado que en su nómina correspondiente al mes de marzo y siguientes de 2012 se han reducido sus retribuciones.  
2. Que contra dicha reducción de retribuciones, formula recurso de alzada en el que en síntesis expone:  
a) Que la resolución recurrida es nula de pleno derecho de acuerdo con el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, y contraria a la Constitución, a sus artículos 14 y 93, en relación con la Directiva 1999/70/CE.  
b) Que la liquidación vulnera el Estatuto Básico de la Función Pública ya que la Constitución atribuye competencias al Estado y no a la Comunidad Autónoma Valenciana. Dicho estatuto regula los derechos retributivos básicos y antigüedad, por lo que las comunidades autónomas no pueden rebajarlos por no tener competencia.  
c) Así pues, lo únicos complementos que son competencia de las comunidades autónomas son el de destino y el específico; en cuanto al primero, retribuye la dificultad técnica del puesto, por lo tanto no puede ser reducido en razón a las horas trabajadas y, en cuanto al segundo, su reducción también es por lo expuesto en el motivo primero.  
d) La reducción de la nómina entraña una reducción de cotización a la Seguridad Social, al desempleo y a la formación, contraviniendo el derecho comunitario.  
e) Que la reducción de retribuciones no ha sido generalizada a todos los funcionarios interinos, por lo que se vulnera el artículo 14 de la Constitución.  
f) Se solicita se resuelva declarando nula la liquidación de la nómina salarial impugnada y la suspensión del acto recurrido.  
  
Fundamentos de derecho  
  
1. El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana dispone que, el Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de decretos-leyes sometidos a debate y votación en Les Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 de la Constitución Española para los decretos-leyes que pueda dictar el Gobierno de España.  
2. El artículo 3.1 del Decreto-Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana, fija la jornada laboral de los funcionarios interinos, así como regula la reducción de retribuciones en concordancia a dicha jornada.  
3. El artículo 68.1 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, en concordancia con el artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Píblico, establece: «Cada administración determinará la jornada general y las especiales de trabajo del personal funcionario así como los supuestos en que podrá ser a tiempo parcial. Asimismo, se establecerá la jornada máxima semanal y la fórmula para el cómputo anual de la jornada».  
4. El artículo 84.1 de la precitada ley, y 48 del citado Estatuto Básico del Empleado Público, preceptúa: «Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el personal funcionario realice una jornada inferior a la fijada para el puesto de trabajo que ocupe, se reducirán, cuando proceda, sus retribuciones íntegras en la proporción correspondiente».  
5. En cumplimiento de lo dispuesto en el citado Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, la Dirección General de Recurso Humanos dictó en fecha 27 de febrero de 2012 Resolución en la que quedaba fijada la jornada semanal del personal funcionario interino con efectos 1 de marzo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013.  
6. Se considera que el recurso de alzada se interpone contra el acto de la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, ordenando el pago de la nómina de marzo y siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 119/2011, de 9 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, y en cumplimiento de lo establecido en el citado Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell.  
7. Respecto a las alegaciones formuladas, se considera que no deben tenidas en cuenta, ya que la norma que ampara la reducción de la jornada laboral y de retribuciones ha sido promulgada en cumplimiento de la más estricta legalidad y que el acto recurrido se ha limitado a aplicar lo que establece la precitada normativa y la Resolución dictada por la Dirección General de Recursos Humanos de fecha 27 de febrero de 2012.  
No obstante, debe significarse que, ciertamente, la jornada laboral fijada para los funcionarios interinos puede excepcionarse por autorización del Consell, pero siempre teniendo en cuenta en supuestos considerados imprescindibles para el ejercicio de las competencias atribuidas.  
Por otra parte debe hacerse mención que el funcionario de carrera y personal laboral (artículo 3.6 del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell) tiene opción a solicitar la misma jornada laboral con la correspondiente reducción de retribuciones, por lo que no existe discriminación alguna.  
8. Que el artículo 18.c del Decreto 119/2011, de 9 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, atribuye a la Secretaría Autonómica de Hacienda y Presupuestos, resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de la Subdirección General de Juego y el resto de los centros directivos bajo su dependencia, cuyos actos no agoten la vía administrativa.  
Resuelvo:  
  
Primero  
Desestimar el recurso de alzada presentado por Gema María Llácer Ferrer contra la Dirección General de Presupuestos ordenando el pago de las mensualidades de marzo y siguientes del año 2012.  
  
Segundo  
Denegar la suspensión del acto recurrido, por considerar que no existen perjuicios de imposible o difícil reparación y considerar que las normas que amparan lo ordenado por la Dirección General de Presupuestos no son nulas de pleno derecho.  
  
Comunicar a la interesada que la presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede interponer recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo que corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8.3 y 46 de la ley anteriormente citada, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente.  
  
Valencia, 4 de junio de 2012.- El secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos: Eusebio Monzó Martínez.