Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8570, del 14-06-2019 (2019/4975)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 104/2017.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8570

Fecha DOGV
:   14-06-2019

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2019/4975


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia e Instruccion Número 4 de Carlet

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 104/2017. [2019/4975]  
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:  
  
«Sentencia número 26/2019  
Magistrado juez que la dicta: David Yuste Espinosa  
Lugar: Carlet  
Fecha: 5 de marzo de 2019  
De: Caixabank, SA.  
Procurador: Juan Carlos Millán Zapater  
Contra: Manuel Cristóbal Morgades y Mercedes Melania Modu Ebuka (en rebeldía)  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por la representación de Caixabank, SA, y mediante escrito que por turno de reparto correspondió a este juzgado, se interpuso demanda contra Manuel Cristobal Morgades y Mercedes Melania Modu Ebuka. En la misma, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que se entendieron de aplicación, y que en aras de la brevedad se dan por reproducidos, se interesaba de este juzgado sentencia por la que:  
I) Con carácter principal:  
1) Declare el vencimiento anticipado de la total obligación de pago del contrato de crédito con garantía hipotecaria convenido por las partes mediante escritura autorizada por el notario de València, María Luisa Anadón Llobet, bajo Valencia María Luisa Anadón Llobet, bajo el número 716 de su protocolo, en fecha 8 de mayo de 2007.  
2) Condene, a los demandados al pago de la cantidad de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho euros y sesenta y un céntimos de euro (44.468,61 ?) a que asciende la deuda a fecha 19 de enero de 2017 así como de los intereses moratorios que se devenguen desde la interpelación judicial, al tipo legal del dinero; y desde la sentencia, al tipo del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, y hasta el completo pago de las cantidades adeudadas a mi mandante.  
3) Ordene que, en el trámite de ejecución de la sentencia y a los efectos de realización del derecho de hipoteca referido en este escrito, se acuerde la venta en pública subasta del inmueble hipotecado, identificado en el hecho segundo de esta demanda, de acuerdo con las reglas que resultan del Capítulo IV del Título IV, Libro III de la Ley de enjuiciamiento civil (art. 681 y ss.):  
a) El producto de la venta del inmueble será destinado al pago del crédito garantizado de mi mandante en el importe a cuyo pago vengan condenados los acreditados en la sentencia, incluyendo los pronunciamientos relativos a los intereses moratorios devengados tras la interpelación judicial, con la prelación derivada de la garantía hipotecaria.  
  
b) A los efectos de la subasta, servirá de tipo o avalúo del inmueble el tipo pactado por las partes en la escritura de hipoteca. Todo ello sin perjuicio de cuantas otras posibles medidas ejecutivas pudieren solicitarse y acordarse en ejecución de la Sentencia, contra los acreditados, hasta el íntegro pago del crédito.  
4) Condene a los acreditados al pago de las costas procesales.  
  
II) Con carácter subsidiario, para el caso de que desestime la pretensión de declaración del vencimiento anticipado:  
Condene a los acreditados, al pago de la cantidad que, por cuotas de principal, intereses ordinarios e intereses por cuotas impagadas han vencido en el momento de cierre de la cuenta, asciende a setecientos tres euros y setenta y ocho céntimos de euro (703,78 ?) así como a las cuotas que por principal, intereses ordinarios y moratorios, al tipo del interés legal del dinero desde la interpelación judicial y del interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la sentencia vayan devengándose desde que se cerró la cuenta, hasta el dictado de la sentencia, y hasta el completo pago de las cantidades adeudadas a mi mandante.  
1) Ordene que en el trámite de ejecución de la sentencia, y a los efectos de realización del derecho de hipoteca referido en este escrito, se acordará la venta en pública subasta del inmueble hipotecado, identificado en el hecho segundo de esta demanda, de acuerdo con las reglas que resultan del Capítulo IV del Título IV, Libro III de la Ley de enjuiciamiento civil (art. 681 y ss.):  
a) El producto de la venta del inmueble será destinado al pago del crédito garantizado de mi mandante en el importe a cuyo pago vengan condenados los demandados en esta sentencia, incluyendo los pronunciamientos relativos a las cuotas que, por principal; intereses ordinarios y moratorios se devenguen tras la interpelación judicial, con la prelación derivada de la garantía hipotecaria.  
La demandada, para acreditar la deuda y su importe, ha aportado unicamente prueba documental, que no ha sido impugnada y que consistente en la escritura de préstamo hipotecario, certificación registral de la finca hipotecada, acta fijación saldo y reclamaciones.  
Tras el análisis de la prueba aportada cabe concluir que resulta probada la existencia de la relación contractual entre las partes. Resulta también que los demandados dejaron de abonar las cuotas del préstamo desde el mes de enero 2017, siendo por tanto 9 las cuotas impagadas al cierre de cuenta e interposición de la demanda, sin que haya acreditado que a fecha de hoy se haya ingresado cantidad alguna.  
Debemos partir de que la cláusula del vencimiento anticipado inserta en el contrato «no modula la gravedad del incumplimeinto en función de la duración y cuantía del préstamo, no permite, al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación y posibilita la resolución del préstamo por el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial», atendidas las circunstancias concurrentes, no supera los estándares exigibles (en expresión de la STS de 23 de diciembre de 2015, y en la forma explicada por el TJUE en la sentencia de 14 de marzo de 2013 asunto Aziz), y por ello es abusiva y por ende, nula e inaplicable. Pero una cosa es la nulidad de la cláusula y otra la posibilidad del acreedor de dar por resuelto el contrato si el deudor incumple una obligación fundamental, como es el caso. Todos los ordenamientos jurídicos permiten al acreedor resolver el contrato ante incumplimientos esenciales. Y el artículo 1124 de nuestro Código Civil contempla la facultad de resolver las obligaciones recíprocas para el caso de que uno de los obligados no incumpliere lo que le incumbe; y el artículo 1129 hace perder al deudor el beneficio del plazo concediendo acción al acreedor con carácter preventivo cuando existe un riesgo real de impago, tanto más cuando el impago ya se ha producido.  
En supuestos como el presente, ante el incumplimiento de la obligación esencial de amortización de las cuotas por el prestatario, en una reclamación que se interpuso tras el impago de seis cuotas consecutivas, que en el marco del artículo 1124 facultaría para resolver el vincula, consideramos que, dada la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo, sin que durante todo este tiempo y el que ha transcurrido desde la interposición de la demanda, se haya manifestado la más minima voluntad de cumplir, existen razones para hacer perder al deudor el beneficio del plazo y que el acreedor reclame íntegramente la deuda pendiente, sin que ello suponga la aplicación de la cláusula nula.  
El efecto del «vencimiento anticipado» se produce pues, aquí, por aplicación del artículo 1129 del Código Civil.  
Conforme al artículo 1125 del Código Civil, la regla general es la de que las «obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto solo serán exigibles cuando el día llegue» con las excepciones del artículo 1129 del Código Civil. (Ley 1/1989) (en las que «perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo»), entre ellas cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda.  
b) Servirá de avalúo del inmueble el tipo pactado por las partes en la escritura de hipoteca, descontando del mismo no solo las cargas anteriores, sino la carga hipotecaria que se ejecuta parcialmente en la parte que quede por satisfacer.  
c) El inmueble será transmitido con la carga hipotecaria que quede por satisfacer, al modo previsto en el artículo 693.1 de la Ley de enjuiciamiento civil.  
Todo ello sin perjuicio de cuantas otras posibles medidas ejecutivas pudieren solicitarse y acordarse en ejecución de la sentencia, contra los mismos acreditados, hasta el íntegro pago del crédito.  
2) Condene a los acreditados al pago de las costas procesales.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada para que compareciese y la contestase en el plazo preceptivo de 20 días.  
Transcurrido el mencionado plazo, los demandados no comparecieron en forma, por lo que fueron declarados en rebeldía por resolución del Secretario Judicial.  
Tercero. Convocadas las partes a la audiencia previa de los artículos 414 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil, esta se celebró en fecha 13 de diciembre de 2018 únicamente con la parte actora. Solicitado el recibimiento del pleito a prueba y proponiéndose únicamente prueba documental, se interesó que se dictara sentencia sin celebración del juicio, lo que fue así acordado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429.80 de la Ley de enjuiciamiento civil quedando los autos pendientes de resolución.  
Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.  
Fundamentos de Derecho  
Primero. La demanda iniciadora de la presente litis va encaminada a la obtención de un pronunciamiento por el que se condene a los demandados a abonar a la actora la suma indicada en los antecedentes de hecho, en concepto de principal, intereses ordinarios devengados hasta la fecha indicada en los antecedentes de hecho, suma derivada de la liquidación del préstamo hipotecario concertado entre las partes e identificado en los antecedentes de hecho, tras el impago de cuotas del préstamo desde el mes de enero de 2017, siendo por tanto las cuotas impagadas al cierre de cuenta e interposición de la demanda.  
Habiendo sido declarada en rebeldía la parte demandada en el presente procedimiento, y siendo la rebeldía una situación procesal que no implica la conformidad con las pretensiones de la parte actora (art. 496.2 de la LEC), subsiste en esta, la obligación de probar la acción planteada, ya que conforme al artículo 217.2 del citado texto, corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables; el efecto jurídico correspondiente a las la demanda.  
En fin, en base a lo dispuesto en el artículo 1.255 del Código Civil (Ley 1/1889), las partes pueden pactar cualesquiera supuestos de vencimiento anticipado de la obligación sometida a plazo, siempre que, esos supuestos no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Por lo que, salvo dichos supuestos «a contrario sensu» no puede el acreedor exigir el cumplimiento de estas obligaciones antes de que llegue el día pactado:  
En el supuesto excepcional antedicho (art. 1129.1 CC), el Código Civil no define la «insolvencia», que en todo caso, no requiere una previa declaración de quiebra o concurso y no debe asimilarse a incumplimiento, ni a la mera liquidez, ni puede identificarse con indicios sobre su existencia, ni supone la inexistencia absoluta de bienes (SSTS 13.7.1994, 24.7.1998), sino más propiamente una situación patrimonial objetiva del deudor (sobrevenida a la celebración del contrato) en que se da la imposibilidad de cumplir sus obligaciones exigibles, y consecuentemente, incapacidad del deudor para hacer frente a las mismas que justifica, como medio de tutela del crédito, el vencimiento anticipado a fin de facilitar la posible satisfacción del acreedor.  
Pues bien, en el presente impago de las cuotas de amortización (incumplimiento grave de obligación esencial) se une la previsión de incumplimiento de la obligación de pago de cuotas posteriores: la parte demandada dejó de abonar las cuotas al tiempo del cierre de la cuenta, sin que conste el abono de ninguna cuota posterior. Ello determina la situación de insolvencia patrimonial aludida, que conlleva el vencimiento de la obligación sin necesidad de esperar el transcurso de los plazos.  
Segundo. Con base en lo expuesto, procede la estimación de la demanda por la cantidad indicada, dado que la liquidación aportada se ajusta a la jurisprudencia relativa a la nulidad de la cláusula de intereses moratorios. Conforme a dicha jurisprudencia, la cantidad devengará los intereses remuneratorios pactados hasta esta sentencia, no el interés legal.  
En cuanto a la petición de que se declare expresamente en esta sentencia las cuestiones relativas a su ejecución forzosa, se trata de una declaración que no procede en este momento procesal porque el pago se podrá hacer con cualesquiera bienes y, en caso de ejecución forzosa, sobre la totalidad de los bienes que en su momento pertenezcan a los deudores, entre ellos, en su caso, los hipotecados.  
Esto no empece a que se trate de una estimación sustancial de la demanda.  
  
Tercero. En cuanto a las costas, procede la imposición al demandado conforme a lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento civil dada la estimación sustancial de la demanda.  
Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación.  
Fallo  
Que estimando la demanda interpuesta por la representación de Caixabank, SA, contra Manuel Cristóbal Morgades Mercedes Melania Modu Ebuka, debo declara y declaro el vencimiento anticipado de la totalidad de la obligación de pago del contrato de préstamo hipotecario suscrito por las partes y autorizado por el notario de València, María Luisa Anadón Llobet, bajo el número 716 de su protocolo, en fecha 8 de mayo de 2007, debo condenar y condeno a los demandados al pago a la actora de la cantidad de cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos sesenta y ocho euros y sesenta y un céntimos de euro (44.468,61 ?) a que asciende la deuda a fecha 19 de enero de 2017, devengando dicha cantidad el interés remuneratorio pactado en el mencionado contrato hasta la fecha de esta sentencia y el interés previsto en el artículo 576 de la Ley de enjuiciamiento civil, a partir de la misma; hasta su completo pago.  
Con condena en costas a la parte demandada.  
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este mismo juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la presente y del que conocerá la Audiencia Provincial de Valencia.  
De conformidad con la disposición adicional 15a de la Ley orgánica del poder judicial, para que sea admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolución deberá constituir un depósito de 50 ?, que le será devuelto solo en el caso de que el recurso sea estimado.  
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco Banesto, en la cuenta este expediente (JJJJ 9479 XB EEEE AA) indicando, en el campo «concepto» el código «02 Civil-Apelación» y la fecha de la resolución recurrida con el formato dd/mm/aaaa.  
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras o completar el código de cuenta corriente (ccc, 20 dígitos), se indicará en el campo «concepto» el número de cuenta el código y la fecha que en la forma expuesta en el párrafo anterior.  
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.  
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.  
Así por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia lo pronuncio, mando y firmo.»  
  
Y como consecuencia del ignorado paradero de Mercedes Melania Modu Ebuka y Manuel Cristóbal Morgades se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.  
  
Carlet, 26 de marzo de 2019.- La letrada de la Administración de justicia: Eva María Genes Bayona.