Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6200, del 05-02-2010 (2010/1021)

ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, para el ejercicio 2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6200

Fecha DOGV
:   05-02-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2010/1021


Fecha del documento
:   30-12-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda pública

ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, para el ejercicio 2010. [2010/1021]  
De acuerdo con el artículo 37.1, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, la finalidad primordial de las políticas de empleo de los trabajadores con discapacidad debe ser su integración, en condiciones que garanticen la aplicación del principio de igualdad de trato, en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido, a través de los centros especiales de empleo.  
Una de las medidas que puede favorecer de modo más importante la inserción de las personas con discapacidad severa en el mercado de trabajo ordinario es el empleo con apoyo. Éste consiste en un conjunto de actividades de orientación y acompañamiento individualizado que prestan, en el propio puesto de trabajo, preparadores laborales especializados a los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral que realizan su actividad en empresas del mercado ordinario de trabajo, en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos similares.  
En ese sentido, en fecha 14 de julio de 2007 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, del que la presente orden recoge los aspectos sustanciales que resultan de aplicación en todo el territorio nacional, al tiempo que desarrolla las peculiaridades procedimentales que exige su ejecución en el ámbito de gestión de la Generalitat.  
En virtud de lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el Decreto 129/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,   
ORDENO  
CAPÍTULO I  
Disposiciones generales  
Artículo 1. Objeto   
1. Esta orden tiene como objeto establecer un programa de ayudas destinadas a la realización de proyectos de empleo con apoyo en centros de trabajo domiciliados en la Comunitat Valenciana, como medida de integración laboral de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo.  
2. Por empleo con apoyo se entiende el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo que prestan preparadores laborales especializados, para facilitar la adaptación social y laboral de los trabajadores con discapacidad que afrontan especiales dificultades de inserción laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo bajo condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes.  
Artículo 2. Destinatarios finales  
1. Los destinatarios finales del programa de empleo con apoyo son las personas desempleadas con discapacidad inscritas como demandantes de empleo en los centros SERVEF de Empleo de la Generalitat, así como los trabajadores con discapacidad contratados por centros especiales de empleo calificados por la Generalitat, siempre que, en ambos casos, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:   
a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.   
b) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%, salvo el caso de personas sordas y con discapacidad auditiva en que el grado de minusvalía será igual o superior al 33%.  
2. A los efectos de determinar el grado de discapacidad de los trabajadores, se aplicarán los criterios establecidos en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  
Artículo 3. Beneficiarios de las subvenciones  
Como promotoras de proyectos de empleo con apoyo, podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente orden las siguientes entidades:   
1. Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que suscriban convenios de colaboración con empresas que contraten a trabajadores con discapacidad a los que prestarán apoyo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:   
a) Tener por objeto social, entre otros, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de personas con discapacidad.  
b) Contar en su plantilla con preparadores laborales especializados a que hace referencia el artículo 15 o comprometerse a incorporarlos.  
c) Disponer de los recursos materiales necesarios que garanticen un desarrollo idóneo de los programas de empleo con apoyo.   
d) Tener experiencia acreditada en el desarrollo de programas de integración laboral de personas con discapacidad.   
e) Desarrollar las actividades de empleo con apoyo de modo gratuito, sin que quepa el cobro o el percibo de ningún tipo de cantidad o tarifa a trabajadores o empresarios.   
2. Los centros especiales de empleo, calificados e inscritos como tales en el Registro Administrativo de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana, que suscriban convenios de colaboración con empresas que contraten a trabajadores con discapacidad procedentes de la plantilla del mismo centro o de otros centros especiales de empleo, siempre que cumplan los requisitos señalados en los epígrafes b), c) y e) del apartado 1 de este artículo.  
3. Las empresas del mercado ordinario de trabajo con domicilio en la Comunitat Valenciana, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten a trabajadores con discapacidad beneficiarios de las acciones de apoyo, siempre que cumplan los requisitos señalados en los epígrafes b) y c) del apartado 1 de este artículo.  
Artículo 4. Limitaciones para obtener la condición de beneficiario   
1. En ningún caso podrán resultar beneficiarios de estas ayudas las administraciones públicas a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 30/1992, ni las sociedades civiles; tampoco podrán resultar beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan realizar las actuaciones que darían derecho a las ayudas.   
2. Con carácter general no podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuya apreciación se hará en la forma prevista en dicho artículo.  
Artículo 5. Obligaciones del beneficiario  
Además de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de las que en su caso se recojan expresamente en la resolución de concesión, serán obligaciones del beneficiario:  
a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos.  
b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o el disfrute de la misma; a estos efectos, durante la duración del proyecto la entidad promotora deberá llevar un registro de las actuaciones que realiza, con indicación del centro de trabajo, fecha, preparador laboral que realiza la acción y trabajadores atendidos, que deberá presentarse en el momento de la justificación final de la ayuda.  
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración, ente público o privado, así como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que puedan dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.  
d) Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones concedidas, les sean requeridos por el SERVEF, así como comunicar al mismo las incidencias y variaciones que se produzcan con relación a aquéllas.  
e) Adoptar las medidas necesarias para dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa.  
f) Identificar en una cuenta contable separada todos los ingresos y gastos afectados a la finalidad de la subvención, en el caso de que la entidad realice algún tipo de actividad económica.  
g) Recabar de las personas con discapacidad a las que se destina el apoyo la autorización expresa para la cesión al SERVEF de sus datos relativos al tipo y grado de discapacidad.  
CAPÍTULO II  
Procedimiento para la concesión de las ayudas  
Artículo 6. Presentación de solicitudes, documentación y plazo.  
1. Las solicitudes, que deberán dirigirse al Servicio Valenciano de Empleo y Formación, se formalizarán en formularios normalizados y se presentarán en las correspondientes direcciones territoriales de Empleo del SERVEF, sin perjuicio de poder presentarlas en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluida la presentación, en su caso, a través del correspondiente registro telemático, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 del Decreto 18/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, de creación del Registro Telemático de la Generalitat Valenciana y de la Orden de 9 de mayo de 2005, de la Conselleria de Economía Hacienda y Empleo, (DOGV de 23/05/2005), por la que se regula el procedimiento para la tramitación telemática de solicitudes de subvenciones y presentación de documentación en el ámbito competencial del Servicio Valenciano de Empleo y Formación y se aprueba la aplicación informática que la posibilita, modificada por Orden de 16 de noviembre de 2009 (DOCV de 20/11/2009).   
2. Junto con las solicitudes se acompañará la siguiente documentación:  
a) Memoria del proyecto de empleo con apoyo, que deberá reflejar como mínimo los siguientes extremos:   
- Identificación de la empresa que empleará a los trabajadores con discapacidad que recibirán apoyo, así como el compromiso de contratación de dichos trabajadores.   
- Identificación de la entidad promotora que desarrollará las acciones de empleo con apoyo a través de los preparadores laborales que tiene contratados o que al efecto contratará, en cuyo caso, deberá incorporar el compromiso de contratación.   
- Número de trabajadores con discapacidad que recibirán las acciones de empleo con apoyo, con indicación del tipo y grado de discapacidad, modalidad y duración del contrato que se les vaya a formalizar y del centro o centros de trabajo donde efectuarán la prestación laboral, así como la descripción de los respectivos puestos de trabajo.   
- Relación de los preparadores laborales que prestarán el apoyo a los trabajadores con discapacidad, con indicación de la modalidad y duración de los contratos de trabajo formalizados o que se pretendan formalizar.  
- Currículum profesional y experiencia de los preparadores laborales que desarrollarán el proyecto de empleo con apoyo. Para su acreditación se aportarán los contratos de trabajo de los preparadores laborales y certificado del empleador de las funciones desarrolladas que acrediten una experiencia previa de al menos un año en actividades de integración laboral de personas con discapacidad.  
- Descripción detallada de las acciones de empleo con apoyo que cada preparador prestará a cada uno de los trabajadores con discapacidad que le corresponda atender, especificando su duración y distribución temporal. En caso de que los preparadores laborales destinen parte de su jornada a otros proyectos, deberá desglosarse asimismo la distribución de su jornada en los mismos.  
- Descripción de la experiencia de la entidad solicitante en la realización de procesos de inserción laboral de desempleados que hayan sido objeto de subvención pública en programas de fomento de empleo.  
- Relación de medios materiales de que dispone o de los que se dotará el solicitante, con indicación de los que se van a afectar para llevar a cabo las acciones propuestas.  
- Convenios de colaboración a que se refiere el apartado b), en el caso de que la entidad promotora sea distinta de la empleadora.  
b) En el caso de las entidades promotoras señaladas en los apartados 1 y 2 del artículo 3, convenios de colaboración que deberán contar con el siguiente contenido mínimo:   
- Identificación de ambas partes, haciendo constar la denominación social, domicilio y el número de identificación fiscal.  
- Compromiso de la entidad promotora de llevar a cabo todas las acciones de adaptación al puesto de trabajo de cada trabajador con discapacidad que se incluyan en el proyecto de empleo con apoyo, para lo cual la empresa se comprometerá a permitir y facilitar la tarea del preparador laboral y favorecer los apoyos internos a lo largo del proceso de inserción.   
- Compromiso de ambas partes de que las acciones de empleo con apoyo se prestarán de forma gratuita.   
c) Copia compulsada de la escritura pública de constitución y de los estatutos donde conste que las entidades solicitantes disponen de personalidad jurídica y, en el caso de las entidades promotoras señaladas en el apartado 1 del artículo 3, además carecen de fines lucrativos y tienen por objeto social, entre otros, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de personas con discapacidad.  
d) Original o copia compulsada de la documentación acreditativa de la capacidad del representante legal de la entidad solicitante, para actuar en nombre y representación de la misma.  
e) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante.  
f) Declaración responsable del representante legal de la entidad de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.   
g) Dos ejemplares originales de los datos de domiciliación bancaria, según modelo normalizado (ficha de mantenimiento de terceros). A su vez, y en virtud del artículo 4.1. c) de la Orden de 15 de febrero de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, (DOGV núm. 4959, de 4 de marzo de 2005), se aportará certificado de la entidad bancaria en el cual se acredite la titularidad de la cuenta bancaria correspondiente.   
h) En el caso de las promotoras señaladas en el apartado 3 del artículo 3, declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad o la exención de dicha obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad.  
i) En el caso de las entidades promotoras señaladas en los apartados 1 y 2 del artículo 3, declaración de realización de actividades sin ánimo de lucro, según modelo normalizado.  
j) En el caso de las entidades promotoras señaladas en el apartado 3 del artículo 3, declaración responsable referida a las ayudas sujetas al régimen de minimis recibidas por la entidad durante el ejercicio fiscal corriente y los dos ejercicios fiscales anteriores, con indicación del importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en el que se amparaba, o, en su caso, declaración responsable de no haber recibido ninguna ayuda.  
3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el SERVEF obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social previstas en los artículos 18 y 19, respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.  
No obstante, el solicitante podrá denegar o revocar este consentimiento efectuando comunicación escrita al SERVEF en tal sentido. En este supuesto, deberán presentarse certificados originales positivos de la Agencia Estatal de la administración Tributaria, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Tesorería General de la Seguridad Social, expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la ayuda.  
4. El SERVEF podrá recabar de la entidad solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver la solicitud presentada.   
5. Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de esta orden y hasta el 30 de junio de 2010.  
Artículo 7. Resolución y recursos  
1. La competencia para resolver sobre las solicitudes presentadas corresponde al director general del SERVEF.  
2. La concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, entendiendo por tal aquella que, imputada a un mismo crédito presupuestario, contempla una eventual pluralidad de solicitudes y su comparación en un único procedimiento, a fin de proponer la concesión de ayuda a las mejor valoradas hasta agotar el crédito presupuestario.  
3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se constituirá mensualmente una Comisión de Valoración y Seguimiento de los Proyectos que contará con la siguiente composición: presidenta, la jefe del Área de Fomento de Empleo o persona en quien designe para su sustitución; vocales, dos Jefes de Servicio adscritos al Área de Fomento de Empleo; y como secretario, un Jefe de Sección adscrito igualmente a dicha Área.  
Las Direcciones Territoriales de Empleo remitirán los expedientes que hayan instruido cada mes a la Comisión de Valoración y Seguimiento que, atendiendo a los criterios establecidos en la presente convocatoria, emitirá informe sobre la evaluación de los proyectos y el importe de la ayuda asignado a cada uno. A la vista del informe, el órgano instructor elaborará la propuesta de resolución para su remisión al director general del SERVEF.  
4. El plazo máximo para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones establecidas en esta orden será de seis meses a contar desde la publicación de la Resolución del Secretario Autonómico de Empleo, director general del SERVEF, por la que se da publicidad a las líneas de crédito y al importe global máximo destinado a la concesión de ayudas previstas en la orden.   
5. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat Valenciana; y ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la solicitud.   
6. La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente su cuantía económica, así como el número de preparadores laborales subvencionados y las personas con discapacidad que deberán atender en el proyecto, e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse el beneficiario de las mismas, y se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/92 antes mencionada.  
7. Las resoluciones que se dicten por el director general del SERVEF agotan la vía administrativa, y contra ellas podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo de un mes, computados en los términos ya dichos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el caso de que el interesado sea una administración local no cabrá la interposición de recursos en vía administrativa; no obstante, podrá efectuarse requerimiento previo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución impugnada.  
Ante la desestimación por silencio administrativo, podrá interponerse idéntico recurso, en el plazo de seis meses desde que hubiese finalizado el plazo que para dictar y notificar la resolución expresa que se menciona en el punto 4 de este artículo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117, antes mencionados.  
Artículo 8. Criterios para la concesión de las ayudas  
La Comisión de Valoración y Seguimiento de los Proyectos evaluará los proyectos atendiendo a los siguientes criterios de priorización:  
a) La experiencia acreditada en el desarrollo de programas de integración laboral de personas con discapacidad que hayan sido objeto de subvención en programas de fomento de empleo apoyados por las administraciones públicas, preferentemente por el SERVEF; en especial se valorarán los resultados obtenidos por aquellas entidades que hayan sido beneficiarias de las ayudas convocadas por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo para la realización de proyectos de empleo con apoyo, como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, en el ejercicio de 2009: hasta 30 puntos.  
b) Dotación de los recursos materiales necesarios que garanticen el desarrollo idóneo de los proyectos de empleo con apoyo: hasta 10 puntos.  
c) Currículum profesional de los preparadores laborales que desarrollarán el proyecto de empleo con apoyo: hasta 30 puntos.  
d) El proyecto presentado según los aspectos detallados en la memoria explicativa regulada en esta orden, con especial referencia a las acciones previstas para los desempleados en los itinerarios: hasta 30 puntos.  
Artículo 9. Justificación y liquidación de las ayudas  
1. La subvención concedida deberá destinarse al cumplimiento de la finalidad y de las obligaciones contenidas en la resolución de concesión y su justificación se regirá por lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.   
2. El resumen de los gastos salariales de los preparadores laborales se aportará a través de la aplicación informática SIDEC. Sólo se admitirán los gastos realizados a partir de la fecha de inicio del proyecto subvencionado, siempre que se haya materializado la contratación de los trabajadores con discapacidad a los que se dirija el apoyo. Los gastos se acreditarán mediante los correspondientes recibos de nómina y boletines de cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2) junto con las transferencias bancarias que acrediten la efectividad del pago. La transferencia bancaria requerirá la presentación de justificante bancario acreditativo del periodo a que hace referencia el cargo, cargo en cuenta de los importes e identificación del trabajador.   
3. Además de la documentación indicada en el apartado anterior, las entidades beneficiarias deberán aportar:   
a) Certificado del tipo y grado de discapacidad, contrato de trabajo y, salvo en el caso de trabajadores procedentes de un centro especial de empleo, acreditación de la inscripción como desempleado de los trabajadores a los que se dirige el apoyo.  
b) Contrato de trabajo, recibos de nómina junto con la transferencia bancaria que acredite la efectividad del pago y boletines de cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2) correspondientes a los preparadores laborales.  
c) Documentación acreditativa de la titulación de formación profesional de grado medio o equivalente de los preparadores laborales.  
d) Memoria de las acciones de apoyo realizadas con los trabajadores con discapacidad.  
e) En caso de que los preparadores laborales destinen parte de su jornada a otros proyectos, resumen desglosado de la distribución de su jornada en los mismos según modelo normalizado.  
4. A solicitud de las entidades beneficiarias mediante modelo normalizado que al efecto facilitará el SERVEF, podrán librarse anticipos de las ayudas en los términos y límites establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, o en los que, en su caso, pudiera determinar la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio correspondiente, previa acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la acreditación del porcentaje de contrataciones que en su caso pueda determinar la resolución de concesión.  
En el caso de que el beneficiario de la ayuda sea una empresa, deberá presentarse además garantía mediante aval bancario puesto a disposición de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por el importe de dicho anticipo. La garantía, que podrá ser requerida igualmente al resto de beneficiarios cuando resulte justificado por las circunstancias objetivas concurrentes, será liberada cuando tenga lugar la acreditación de que las subvenciones otorgadas se han aplicado a los fines para los que se concedieron y éstas han sido justificadas de conformidad. A estos efectos, el director territorial de Empleo correspondiente expedirá el certificado que así lo acredite y resolverá sobre el levantamiento del aval.  
En la liquidación final de la subvención se ajustará la cuantía a percibir por la entidad tras la acreditación definitiva de la realización del proyecto, procediendo en su caso el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.  
5. La presentación de justificaciones deberá tener lugar en el plazo de dos meses desde la finalización del proyecto y, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2011.   
6. Los rendimientos financieros que generen los fondos librados a los beneficiarios no incrementarán el importe de la subvención concedida, en razón a su escasa cuantía y a la dificultad de su aplicación a las actividades subvencionadas y de su seguimiento y control.  
7. La competencia para el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de la ayuda concedida corresponde a los directores territoriales de Empleo, por delegación del director general del SERVEF.  
Artículo 10. Resolución de incidencias  
1. Los directores territoriales de empleo, por delegación del director general del SERVEF, serán los órganos competentes para resolver las incidencias (tales como prórrogas de plazos, modificaciones justificadas o cualquier otra variación de las condiciones particulares de la concesión) que se produzcan con posterioridad a la concesión de las ayudas.  
2. La entidad beneficiaria deberá comunicar a la Dirección Territorial de Empleo correspondiente, durante el plazo de vigencia del expediente, la solicitud o la concesión de otras ayudas públicas o privadas que hubiera solicitado u obtenido para el mismo proyecto o actuación subvencionada mediante la presente orden.  
Artículo 11. Modificación y reintegro de las ayudas concedidas  
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.  
2. Darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y de conformidad con lo establecido en los artículos 91, 92 y 93 del Real Decreto 887/2006.  
3. Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación sin perjuicio de la posible calificación de los hechos como infracción administrativa e incoación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la citada Ley General de Subvenciones y el Título IV del Real Decreto 887/2006.   
Artículo 12. Control de las ayudas  
1. Corresponderá a las direcciones territoriales de Empleo, en colaboración con la Comisión de Valoración y Seguimiento de los Proyectos, ejercer la función de control de las subvenciones concedidas, así como la evaluación y el seguimiento del presente programa.   
2. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero previsto en el artículo 45 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que se realicen por parte de la Intervención General y asimismo deberá cumplir con la obligación de colaboración con el control financiero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de dicha Ley.  
CAPÍTULO III  
Condiciones de los proyectos de empleo con apoyo  
Artículo 13. Duración de los proyectos de empleo con apoyo  
Las acciones de empleo con apoyo se desarrollarán en el marco de proyectos de empleo con apoyo que, a los efectos de esta orden, deberán tener una duración de entre seis meses y un año, prorrogable hasta otro año más.  
No obstante, en el caso de trabajadores con el tipo de discapacidad y grado de minusvalía establecido en el artículo 2.1.a), el plazo máximo de dos años podrá ampliarse hasta seis meses más, siempre y cuando se detecten situaciones de especial dificultad que exijan necesidades específicas de apoyo.  
Artículo 14. Contenido de los proyectos de empleo con apoyo  
Los proyectos de empleo con apoyo deberán contemplar la realización de, al menos, las siguientes acciones:  
a) Orientación, asesoramiento y acompañamiento a la persona con discapacidad, elaborando para cada trabajador un programa de adaptación al puesto de trabajo.   
b) Labores de acercamiento y mutua ayuda entre el trabajador beneficiario del programa de empleo con apoyo, el empleador y el personal de la empresa que comparta tareas con el trabajador con discapacidad.   
c) Apoyo al trabajador en el desarrollo de habilidades sociales y comunitarias, de modo que pueda relacionarse con el entorno laboral en las mejores condiciones.   
d) Formación específica del trabajador con discapacidad en las tareas inherentes al puesto de trabajo.   
e) Seguimiento del trabajador y evaluación del proceso de inserción en el puesto de trabajo. Estas acciones tendrán por objeto la detección de necesidades y la prevención de posibles obstáculos, tanto para el trabajador como para la empresa que le contrata, que pongan en peligro el objetivo de inserción y permanencia en el empleo.   
f) Asesoramiento e información a la empresa sobre las necesidades y procesos de adaptación del puesto de trabajo.  
Artículo 15. Preparadores laborales  
1. Las acciones de empleo con apoyo serán llevadas a cabo por preparadores laborales que cuenten preferentemente con una titulación universitaria en Trabajo Social, Psicología y Educación Social, si bien será suficiente una titulación mínima de formación profesional de grado medio o equivalente. En todo caso, deberán acreditar una experiencia previa de al menos un año en actividades de integración laboral de personas con discapacidad que les capacite para la realización de las funciones propias de su puesto.   
2. El tiempo de atención a cada trabajador con discapacidad no podrá ser inferior al porcentaje de la jornada de trabajo de dicho trabajador que se relaciona a continuación:   
a) Un tercio en el caso de trabajadores con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.   
b) Un quinto en el caso de trabajadores con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33% e inferior al 65%.   
c) Un octavo en el caso de trabajadores con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%, o en el caso de personas sordas y con discapacidad auditiva un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.  
Cuando un mismo preparador laboral preste atención a más de un trabajador con discapacidad, el tiempo de atención conjunto será la suma de los tiempos de atención de cada uno de dichos trabajadores. En ningún caso un preparador laboral podrá atender simultáneamente a más de 3, 5 u 8 trabajadores con discapacidad de los grupos a), b) y c) antes señalados, respectivamente, o los equivalentes cuando los trabajadores atendidos pertenezcan a distintos grupos.  
3. Los preparadores laborales podrán ser sustituidos por causas justificadas por otros trabajadores con las mismas condiciones laborales que los sustituidos; a tal efecto, las entidades promotoras deberán justificar la sustitución en el plazo de quince días ante el órgano gestor de las ayudas, debiendo presentar asimismo el correspondiente contrato comunicado al Centro SERVEF y la acreditación de los requisitos exigibles al nuevo preparador laboral.  
Artículo 16. Contratación de los trabajadores con discapacidad  
1. Los trabajadores con discapacidad deberán ser contratados por una empresa del mercado ordinario de trabajo para ser empleados efectivamente en la organización productiva de la empresa mediante un contrato indefinido o de duración determinada, siempre que la duración del contrato sea, en este caso, como mínimo de seis meses. En el supuesto de contratación a tiempo parcial, la jornada de trabajo deberá ser al menos del 50 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.  
2. En caso de que el trabajador con discapacidad contratado procediera de la plantilla de un centro especial de empleo, pasará a la situación de excedencia voluntaria en dicho centro en las condiciones que establecen el artículo 46.2 y 5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y, en su caso, el convenio colectivo de aplicación.  
3. En todo caso, la contratación de los trabajadores con discapacidad deberá producirse después de la presentación de la solicitud por la entidad beneficiaria.  
Artículo 17. Cuantía de las subvenciones  
1. Las subvenciones se destinarán a financiar los costes laborales y de seguridad social que se generen durante el periodo de desarrollo del proyecto de empleo con apoyo, derivados de la contratación de los preparadores laborales a los que se refiere el artículo 15, por las entidades promotoras de empleo con apoyo señaladas en el artículo 3. Dicha contratación se podrá haber realizado tanto durante el desarrollo del proyecto como con anterioridad al inicio del mismo.   
2. La cuantía de dichas subvenciones se establece en función del número de trabajadores con el tipo de discapacidad y grado de minusvalía indicados en el artículo 15.2 destinatarios de las acciones de empleo con apoyo, correspondiendo:   
a) 6.600 euros anuales por cada trabajador incluido en el apartado a),   
b) 4.000 euros anuales por cada trabajador incluido en el apartado b), y   
c) 2.500 euros anuales por cada trabajador incluido en el apartado c).   
Estas subvenciones se reducirán proporcionalmente en función de la duración del contrato de cada trabajador con discapacidad, así como en función de su jornada en el supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial; asimismo se reducirán en proporción al porcentaje de la jornada del preparador laboral imputable al proyecto.   
3. Para el cálculo de las subvenciones de los proyectos de empleo con apoyo se tendrá en cuenta únicamente el periodo en que cada trabajador con discapacidad permanezca contratado y recibiendo apoyo durante el desarrollo del proyecto.   
4. No podrán otorgarse subvenciones conforme a lo previsto en esta orden referidas a un mismo trabajador con discapacidad, aunque correspondan a distintos proyectos de empleo con apoyo, por tiempo superior a dos años o, en el supuesto de trabajadores con el tipo de discapacidad y grado de minusvalía establecido en el artículo 2.1 a), y si se detecten situaciones de especial dificultad que exijan necesidades específicas de apoyo, por tiempo superior a treinta meses.   
5. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere los costes laborales y de Seguridad Social a que se refiere el apartado 1 de este artículo.   
Artículo 18. Incompatibilidades  
1. Las ayudas previstas en esta orden son incompatibles con cualquier otra ayuda de fomento de empleo que tenga el mismo objeto.  
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el beneficiario sea un centro especial de empleo las ayudas serán compatibles con las reguladas en el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
a) Que el centro especial de empleo, tanto a través de la unidad de apoyo a la actividad profesional, como del proyecto de empleo con apoyo preste las acciones de apoyo previstas a los trabajadores con discapacidad contratados y atendidos en cada programa, con las limitaciones en cuanto al tiempo de atención y número de trabajadores a atender establecidas para dichos programas.   
b) Que los costes laborales y de Seguridad Social generados por la contratación laboral del preparador o preparadores laborales se imputen proporcionalmente en función de la dedicación a la unidad de apoyo a la actividad profesional o al proyecto de empleo con apoyo, siempre que la suma total de las dos subvenciones no supere dichos costes.  
Artículo 19. Exclusiones  
1. En el caso de las entidades promotoras:  
Las contrataciones de preparadores laborales que presten servicios en centros especiales de empleo, en el caso de que el beneficiario de la ayuda sea alguna de las entidades a que hace referencia el apartado 1 del artículo 3 de la presente orden.  
2. En el caso de las entidades promotoras señaladas en el apartado 3 del artículo 3, deberá tenerse en cuenta que por estar sometidas al régimen de minimis, regulado en el Reglamento 1998/2006, de 15 de diciembre de 2006, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (DOCE de 28 de diciembre de 2006), no podrá concederse a empresas de los siguientes sectores:  
a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (CE) nº 104/2000 del consejo.  
b) Producción primaria de los productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado.  
c) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros cuando la ayuda esté vinculada a la creación y funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la actividad de exportación.  
d) Carbón, según se define en el Reglamento (CE) nº 1407/2002.  
e) Quedan excluidas, asimismo, las empresas en crisis.  
La aplicación de este régimen supone que la ayuda total de minimis concedida a cualquier empresa no pueda superar los 200.000 euros durante cualquier periodo del ejercicio fiscal corriente y los dos ejercicios fiscales anteriores; si la empresa opera en el sector del transporte por carretera, el importe máximo se reducirá a 100.000 euros.  
3. En el caso de las entidades empleadoras de las personas con discapacidad a las que se dirige el apoyo, se excluirán las contrataciones realizadas con trabajadores que hubiesen prestado servicios en la misma entidad empleadora, salvo en los casos de discapacidad sobrevenida. Esta exclusión se aplicará igualmente en el supuesto de sucesión de empresas a que hace referencia el artículo 44 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.  
Disposición adicional primera. Financiación  
1. Estas ayudas se financiarán con cargo al capítulo 4, código línea T2240000, subprograma 322.51, "Fomento de Empleo", por un importe global máximo estimado de 150.000 euros. No obstante, la convocatoria queda condicionada a la existencia en el presupuesto económico del año 2010 de crédito adecuado y suficiente para ello. A tal efecto, se deberá publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la Resolución del Secretario Autonómico de Empleo, director general del SERVEF, por la que se dará publicidad a la línea de crédito y al importe global máximo destinado a la concesión de las ayudas previstas en la presente orden.   
2. Si a lo largo del ejercicio 2010 existiera crédito disponible que permitiera incrementar la financiación presupuestaria prevista inicialmente para la ejecución de los programas, el Servef, previa publicación de dicho crédito en el DOCV, podrá destinarlo a la financiación de otras solicitudes presentadas al amparo de esta convocatoria que, como consecuencia del agotamiento de los créditos, no hubieran podido ser atendidas inicialmente o lo hubieran sido por un importe inferior al solicitado, sin necesidad de establecer nuevo plazo de presentación de solicitudes, salvo que ello sirviera para la adecuada gestión de cada programa y proporcionar mayor efectividad a las políticas activas de empleo dirigidas a la reactivación del empleo en la Comunitat Valenciana.  
Disposición adicional segunda. Compatibilidad con el mercado común  
1. Las ayudas a las entidades promotoras señaladas en el apartado 1 del artículo 3 son compatibles con el mercado común y no están sujetas a comunicación o notificación a la Comisión Europea al no resultar de aplicación lo previsto en el artículo 87, apartado 1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea por estar destinadas a entidades no lucrativas para la realización de itinerarios de inserción laboral, sin que dicha actuación constituya una actividad económica que exija contraprestación alguna por parte de sus destinatarios.  
2. Las ayudas a las entidades promotoras señaladas en el apartado 2 del artículo 3 son compatibles con el mercado común y no están sujetas a comunicación o notificación a la Comisión Europea, al no resultar de aplicación lo previsto en el artículo 87, apartado 1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por estar destinadas a Centros Especiales de Empleo para la realización de itinerarios de inserción laboral, sin que dicha actuación tenga relación directa o indirecta con las actividades económicas que puedan realizar ni exija contraprestación alguna por parte de sus destinatarios.  
3. Las ayudas a las entidades promotoras señaladas en el apartado 3 del artículo 3 son compatibles con el mercado común al no resultar de aplicación lo previsto en el artículo 87, apartado 1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por tratarse de ayudas acogidas al régimen de ayudas de minimis, establecido en el Reglamento 1998/2006, de 15 de diciembre de 2006, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis, publicado en el DOCE de fecha 28 de diciembre de 2006.  
Disposición adicional tercera. Normativa aplicable  
1. Las ayudas que se concedan al amparo de esta orden tendrán la consideración de subvenciones públicas, y se regirán en lo no dispuesto en la misma por los preceptos en vigor del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento de desarrollo.  
2. Esta orden se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.  
Disposición adicional cuarta. Modelos normalizados  
Los modelos normalizados a los que se alude en la orden se encuentran a disposición de las entidades solicitantes en la dirección de Internet <>, así como en las Direcciones Territoriales de Empleo del SERVEF.  
Disposición adicional quinta. Proyectos cuya vigencia exceda de la anualidad presupuestaria  
1. En aplicación del artículo 11 de la Ley 3/2000, de 17 de abril, de Creación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, tanto la actividad subvencionada como el gasto que le sea inherente podrán extenderse durante el ejercicio 2011, siempre que la actividad se hubiera iniciado en 2010.  
2. Las ayudas para sufragar la prórroga de los proyectos subvencionados exigirán la presentación de una nueva solicitud por parte de los beneficiarios en el ejercicio que corresponda.  
Disposición final única. Facultades de ejecución y desarrollo  
Se faculta al director general del SERVEF para dictar cuantas instrucciones sean precisas para la ejecución y el desarrollo de lo dispuesto en esta orden, y se delega en el mismo la competencia para la ampliación de los plazos de presentación de instancias y justificaciones, con carácter excepcional, siempre que concurran en el expediente circunstancias debidamente motivadas que imposibiliten la presentación de la justificación en los plazos señalados en la presente orden. El director general del SERVEF podrá autorizar la ampliación de dichos plazos hasta la fecha de cierre del ejercicio presupuestario correspondiente, dentro de los límites legalmente establecidos.  
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, computados en los términos ya dichos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Cuando la interesada sea una administración local, podrá efectuar requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, ante el órgano competente en el plazo de dos meses que se computarán a partir del día siguiente al de su publicación, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 29/1998.  
Valencia, 30 de diciembre de 2009   
El vicepresidente segundo del Consell, conseller de Economía, Hacienda y Empleo,  
GERARDO CAMPS DEVESA