Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5537, del 19-06-2007 (2007/5427)

Información pública del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo del Sector Montebello II de las normas subsidiarias de planeamiento de Algorfa y concurso para la selección de agente urbanizador.
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Número DOGV
:   5537

Fecha DOGV
:   19-06-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2007/5427


Fecha del documento
:   19-04-2007

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Algorfa

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Algorfa
    * contrato de obras
    * administración local
    * plan de urbanismo
    * obras públicas

Información pública del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo del Sector Montebello II de las normas subsidiarias de planeamiento de Algorfa y concurso para la selección de agente urbanizador. [2007/5427]  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, así como el artículo 291, apartados 1 y 2, del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, y habiéndose enviado la publicación del anuncio del concurso de licitación del Programa de Actuación Integrada del Sector Montebello II de las normas subsidiarias de planeamiento de Algorfa, al Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 12 de abril del 2007, se hace público el Acuerdo del Pleno de la corporación, de 20 de marzo de 2007, en que se acordó lo siguiente:  
Primero  
Iniciar el procedimiento para la gestión indirecta para el desarrollo del programa de actuación integrada correspondiente al sector Montebello II, sector de suelo urbanizable denominado SUZFR-3 en el concierto previo.  
Segundo  
Aprobar las bases particulares para la programación de actuación integrada del sector Montebello II, sector de suelo urbanizable denominado SUZFR-3 en el concierto previo y proceder al anuncio de las mismas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Tercero  
Acordar que rijan las bases generales aprobadas definitivamente mediante ordenanza por este ayuntamiento y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 14, de fecha 18 de enero del 2007.  
Cuarto  
Ordenar la publicación del correspondiente anuncio del concurso para la selección de agente urbanizador.  
Quinto  
Que se notifique este acuerdo al interesado.  
Bases particulares para la adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector Montebello II, de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Algorfa (Alicante).  
Primera. Ordenación urbanística vigente y ámbito del suelo a desarrollar  
El planeamiento vigente en el término municipal de Algorfa está constituido por las normas subsidiarias de planeamiento municipal, homologadas a la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, aprobadas definitivamente por Resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo, de fecha 11 de marzo de 2002 (BOPA núm. 111, de fecha 17.05.2002).  
El sector cuya programación se propone está ubicado en el extremo este del término municipal de Algorfa, colindante con la autopista AP-7 (Alicante-Cartagena) y la carretera CV-940 clasificado como no urbanizable común en las vigentes normas subsidiarias.  
El ámbito del suelo a desarrollar se corresponde con un sector de suelo urbanizable denominado SUZFR-3 del documento de concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana en tramitación.  
Se propone el desarrollo del indicado sector, aprobando estas bases particulares, rigiendo las bases generales aprobadas por este ayuntamiento por Acuerdo del Pleno de fecha 2 de octubre del 2006 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 14, de fecha 18 de enero de 2007.  
Segunda. Naturaleza del contrato  
El contrato que se suscribirá con el adjudicatario tiene carácter de contrato administrativo especial, sometiéndose, en lo no establecido en la normativa urbanística, a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La administración ostenta las prerrogativas que señala que Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en especial las de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y en su reglamento de desarrollo. Las cuestiones entre el urbanizador designado y la administración derivadas de la preparación, resolución y ejecución del contrato corresponderán al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio que se pueda utilizar cualquier otro que se estime conveniente.  
Tercera. Memoria de necesidades y objetivos a satisfacer con el programa de actuación integrada. Supuestos de adjudicación conexa o condicionada  
1. Memoria de necesidades:  
La actuación que se pretende tiene por objeto dotar de ordenación pormenorizada y desarrollar un futuro parque terciario y de ocio que quedará ubicado en el extremo este del término municipal, colindante con la autopista A-7 Cartagena-Alicante.  
Para ello se requiere la modificación de la clasificación del suelo prevista en las vigentes normas subsidiarias homologadas. Esta modificación viene justificada, en primer lugar, por su adecuada integración en la estructura supramunicipal y municipal puestas de manifiesto con el avance del plan general, y, en segundo lugar, amparadas en las directrices de evolución urbana y ocupación del territorio que se contienen en el correspondiente documento justificativo de la integración territorial, el cuál, justifica la viabilidad territorial y urbanística del plan.  
El conjunto de oportunidades identifican a nuestra Comunidad como la gran rótula del Mediterráneo español, siendo la comarca de la Vega Baja el elemento fundamental para el desarrollo hacia el sur del eje Alicante-Elche mediante la creación de sinergias y complementariedad con el eje Murcia-Cartagena, e impulsando el desarrollo de un nodo turístico de calidad orientado a fortalecer el perfil urbano y económico del litoral.  
El área de la Vega Baja, y, en concreto el municipio de Algorfa, han pasado de tener una economía tradicionalmente sustentada en el sector primario a consolidar una base productiva mucho más diversificada, en la que la industria y, sobre todo, el sector servicios adquieren protagonismo. Tras el crecimiento experimentado en las últimas décadas, la comarca se ha constituido en una de las más dinámicas de toda la Comunidad, y el municipio de Algorfa ha encontrado una vocación territorial completamente nueva, de gran espacio residencial extensivo en el borde interior de la banda costera de Torrevieja, Guardamar y Orihuela.  
La situación de Algorfa, como auténtico cruce de caminos entre la conexión de los principales ejes Alicante-Elche y Murcia-Cartagena, y el eje secundario de Orihuela-Torrevieja, le dotan de una posición altamente privilegiada que puede y debe rentabilizar.  
Actualmente Algorfa se encuentra casi al borde del agotamiento de suelo, siendo de destacar la absoluta carencia en el municipio de suelo destinado a usos terciarios y de ocio, déficit que afecta a todo el área del borde interior de la banda costera y que supone una auténtica necesidad para los habitantes de la zona tanto de primera como de segunda residencia.  
Unido a este objetivo fundamental, el otro objetivo básico que como planeamiento territorial previo al desarrollo del plan propuesto se formula, es el de creación de una actuación que, acorde con un modelo territorial sostenible e integrado, mantenga la coherencia que establece el avance de plan general y que, junto con los objetivos más amplios de desarrollo de la comarca, haga prevalecer las necesidades terciarias-recreativas sobre las de segunda residencia.  
En cualquier caso, el programa deberá contener las previsiones precisas para cumplir con los objetivos mínimos establecidos en el artículo 124.1 de la Ley Urbanística Valenciana.  
No se prevén supuestos que puedan determinar una eventual adjudicación conexa o condicionada.  
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Cuarta. Objetivos y criterios del planeamiento  
Condiciones para el desarrollo y conexión:  
A. Situación respecto a la secuencia lógica del desarrollo de las normas subsidiarias de planeamiento.  
Sin condiciones.  
B. Condiciones de integración y de conexión.  
Ampliación de las infraestructuras existentes o ejecución de nuevas, en función de las demandas del sector. Se debe garantizar una correcta ordenación estructuras del sector, con una integración paisajística adecuada y una conexión total a través de la ya existente carretera CV-940 (con muy baja densidad de tránsito) y la autopista AP-7 (Alicante-Cartagena), con los núcleos urbanos de Algorfa, Los Montesinos y Almoradí, entre otros.  
C. Delimitación de las unidades de ejecución.  
Unidad de ejecución única.  
D. Áreas de reparto y aprovechamiento tipo.  
Se define un área de reparto única formada por la superficie de la propia unidad de ejecución más 583.259 metros cuadrados en concepto de cesión del artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
E. Se ejecutarán los programas de restauración paisajística dentro del ámbito del programa de actuación integrada, a cargo del urbanizador y sin que sean repercutibles a los propietarios de terrenos afectados, conforme a las directrices establecidas en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
1. Criterios generales.  
Constituyen criterios y objetivos urbanísticos a cumplir por la actuación integrada y los instrumentos de planeamiento que precise, con carácter general, los siguientes conceptos:  
1.° La cesión a favor de la administración pública de suelo no urbanizable protegido en la cuantía establecida legalmente.  
2.° El establecimiento de las mejores soluciones técnicas en orden a optimizar una adecuada ordenación urbanística y arquitectónica, así como dar solución a los problemas logístico-funcionales (carga y descarga, abastecimiento, recogida de residuos, ubicación de los centros de transformación, etcétera).  
3.° La adopción de las mejores soluciones a los posibles problemas de tráfico, accesos, salidas y uso fluido de las zonas de carga y descarga.  
4.º La mejor forma, localización, ordenación y distribución de las zonas verdes.  
2. Criterios específicos.  
Constituyen directrices urbanísticas de naturaleza reglamentaria, con el contenido de criterios urbanísticos mínimos y específicos a tener en cuenta por los concursantes, los siguientes:  
1.° La actuación integrada vendrá referida a la programación del sector Montebello II cuya delimitación ha sido propuesta tal como aconseja el concierto previo, sin perjuicio de las redelimitaciones, o, en su caso, delimitaciones que se entendieran necesarias los proponentes. Buscando a tal efecto, y siendo criterio a primar, una adecuada integración con el entorno, con prolongación de los ejes viarios, atenuando las alturas y volúmenes, con una adecuada ordenación y zonificación de usos.  
2.° El instrumento de planeamiento que se precise junto con la cédula territorial de urbanización o, en su caso, documento de justificación de integración territorial, fijará para el área de reparto conformada de acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley Urbanística Valenciana, del referido sector, un aprovechamiento tipo no superior a 0,35 m²t/m²s, resultante por aplicación del concierto previo.  
3.° La actuación prevista habrá de configurar, con el fin público de dar satisfacción a las necesidades de oferta de suelos urbanizables de uso terciario, la articulación de un parque comercial, de forma que el nuevo sector se constituya con una autonomía funcional respecto al conjunto, complementando y mejorando notablemente la carencia de suelo terciario que existe actualmente, con las características y naturaleza necesarias sin que ello suponga, en ningún caso, modificar las características y naturaleza que han dotado al sector de las cualidades óptimas para su inclusión en el modelo territorial municipal previsto.  
En consecuencia, las actuaciones que tengan por objeto suelo urbanizable con uso terciario, habrá de mejorar los accesos y dotar de permeabilidad al tráfico rodado; así como incrementar la dotación de plazas de aparcamiento en condiciones de utilidad pública, en un importante número de plazas. También habrán de adaptar la red viaria a las previsiones contempladas en los artículos 111 y 131 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciana (ROGTUV).  
4.° Los objetivos de edificación privada pretenden la implantación exclusiva de superficies terciarias de entidad suficiente para dinamizar la actividad económica del municipio y satisfacer las necesidades existentes de desarrollo comercial de la comarca, procurando una localización estratégica de las mismas, las cuáles se someterán a las determinaciones que, al respecto, se establezca legalmente.  
5.° Deberá preverse en las ordenanzas urbanísticas:  
a) La creación de un parque comercial-terciario especializado y autónomo, con la existencia de «grandes y medianas superficies», completado a su vez por usos complementarios (hostelería, restauración, oficinas, despachos, demás servicios, etcétera).  
b) Generar la previsión de parcelas resultantes indivisibles, con garantía suficiente de su cumplimiento eficaz en el proceso de transformación jurídica de la propiedad, con ordenanza y parámetros especiales, que gocen con un mínimo de superficie, y un techo máximo de edificabilidad, configuradas para la implantación de una actividad comercial que constituya el motor comercial del sector, con especialización comercial necesaria, a fin de permitir la viabilidad económica de la futura gestión comercial, y por interés público, en la ordenación racional de los usos efectivos urbanísticos y de actividad y evitar la sobreexplotación comercial, configurando lo que se conoce como «gran superficie comercial», en condiciones efectivas de asegurar la presencia de un operador comercial singular.  
c) Las mejores condiciones y compromisos tendentes a facilitar la formación y disposición de las fincas resultantes, con garantías efectivas que aseguren la aceptación o adhesión de la mayor parte de los propietarios en los instrumentos de gestión urbanística posteriores.  
Objetivos de la programación:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:  
- Recabar, de los correspondientes registros (de la Propiedad y Catastro), toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.  
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación con carácter previo a la redacción del proyecto.  
- En caso de existir, efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semiconsolidadas, con propuesta de solución en los términos previstos en el capítulo III del título I de la Ley Urbanística Valenciana.  
- Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación.  
- Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.  
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.  
- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, ferrocarril, barrancos y otros)  
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el Catastro.  
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.  
b) Urbanizar completamente la unidad o unidades de ejecución que constituyen el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa (definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales).  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:  
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, dominio público marítimo-terrestre y otros).  
- Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).  
- Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las siguientes obras complementarias que fuesen necesarias.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:  
- El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.  
- Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantado la correspondiente acta de entrega.  
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma, deberán ser asumidos por todos los propietarios afectados.  
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público del suelo a favor de la administración actuante de forma gratuita.  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados. (El ayuntamiento, en los supuestos en que proceda el deber de cesión previsto en el artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, deberá establecer los criterios de valoración y la secuencia para hacer efectivo el deber.)  
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de programa.  
i) En su caso, y con carácter complementario, se fijan como objetivos a cargo del urbanizador y sin que sean repercutibles a los propietarios de terrenos afectados, la ejecución de los programas de restauración paisajística, dentro del ámbito del programa de actuación integrada, conforme a las directrices establecidas en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
Quinta. Prescripciones técnicas a respetar en la redacción de los documentos de ordenación y gestión  
Los proyectos a formular como alternativa técnica del programa deberán redactarse siguiendo las determinaciones recogidas la Ley 6/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y en el Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, especialmente en cuanto a anchos de viales, previendo la adecuada conexión de los servicios urbanísticos con las redes en funcionamiento. Deberá cumplirse el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.  
A) Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión (art. 131.2.f de la Ley Urbanística Valenciana).  
1. Con carácter general se consideran prescripciones técnicas mínimas que tendrán que respetarse en la redacción de los documentos de ordenación y gestión las establecidas en la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y en el ROGTUV, así como las establecidas en el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana (Orden de 26 de abril de 1999, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes) y con carácter general la regulación del artículo 124 de la LUV.  
2. El documento que concrete la ordenación y gestión de la zona de actuación en sectores de uso predominante industrial deberá aplicar las prescripciones establecidas en la norma básica de la edificación NBE-CPI-96 o, en su caso, el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, concretamente en DB SI 5 intervención de los bomberos.  
3. Igualmente el instrumento de planeamiento urbanístico incorporará un estudio acústico para el ámbito de ordenación del sector según las exigencias del artículo 25 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica.  
4. Se contemplará una especial atención en la ordenación y gestión de los residuos atendiendo a los criterios establecidos por la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.  
5. La alternativa técnica del programa deberá contemplar, como mínimo, los siguientes documentos de planeamiento y sus complementos:  
a) Documento justificativo de la integración territorial.  
b) Estudio de integración paisajística.  
c) Evaluación de sostenibilidad ambiental.  
d) Plan parcial modificativo de la clasificación del suelo.  
e) Proyecto de urbanización.  
En suma, los documentos de ordenación y gestión tendrán en cuenta la normativa sectorial que incida en el planeamiento.  
6. En la presentación de los documentos ante la administración deberán respetarse las prescripciones establecidas en el apartado H del anexo 1.  
B) Prescripciones técnicas del proyecto urbanización (art. 131.2.h de la Ley Urbanística Valenciana).  
El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No podrá modificar las previsiones del plan que desarrolla. En ningún caso podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación.  
Deberá ajustarse a las previsiones de las normas municipales para la ejecución de las obras de urbanización y demás normativas técnicas sectoriales aprobadas con posterioridad a las citadas normas y aplicables.  
Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el artículo 156.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Además de las exigencias técnicas legalmente exigibles, especialmente los artículos 152 y siguientes de la LUV y el 319 y siguientes del reglamento se deberá cumplir:  
- PPTG tuberías de saneamiento de poblaciones. MOPU, Orden de 15 de septiembre de 1986. BOE 23 de septiembre de 1986.  
- PPTG tuberías de abastecimiento de agua. MOPU 1974, OM 28.07.1974, BOE 2, 3 y 30 de octubre de 1974.  
- En relación a firmes, el dimensionamiento de los firmes se efectuará siguiendo la norma 6.1-IC aprobada por la Orden Fom 3460 /2003 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme.  
- Normas UNE aplicables a los materiales y ensayos sobre los mismos.  
- En cuanto a materiales se respetará el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75), aprobado por OM de 6 de febrero de 1976 (BOE del 07.07.1976), y sus revisiones.  
- El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por RU) 842/2002, de 2 de agosto (BOE 18.09.2002), e instrucciones técnicas complementarias.  
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. BOE número 311, de 27.12.1968. Corregido en BOE número 58, de 08.03.1969.  
- Norma técnica para instalaciones de media y baja tensión NT-IMBT 1400/0201/1. Orden de la conselleria de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalitat Valenciana, de 20 de diciembre de 1991. DOGV 07.04. 1992.  
- Normas particulares y de orientación de la empresa suministradora de energía eléctrica.  
- Alumbrado que impida la contaminación lumínica.  
Sexta. Variantes sobre elementos del programa de actuación integrada permitidas  
1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca las de carácter económico, siempre y cuando, estas últimas no alteren sustancialmente la ordenación urbanística propuesta.  
2. No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
3. Se admiten variantes, a tal efecto cada aspirante a urbanizador podrá presentar una única variante.  
4. La presentación de una variante en ningún caso legitimará la presentación de una nueva proposición jurídico-económica.  
5. El ayuntamiento podrá elegir, de entre la alternativa original y la variada, aquella que mejor satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la proposición jurídico-económica formulada y sin poder modificar en ningún caso el contenido de las bases particulares.  
6. No se entenderá como alternativa técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar alternativa técnica, que no se considerará variante de su avance de programación, todo ello con respeto a lo dispuesto en las bases generales y particulares que regulen el procedimiento.  
Séptima. Plazos de despliegue y ejecución del programa de actuación integrada  
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación definitivas del programa al urbanizador, y siempre que se haya producido aprobación igualmente definitiva del proyecto de urbanización, se procederá a la formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Con anterioridad a la formalización del contrato, el urbanizador tendrá que acreditar ante la administración la constitución de la garantía definitiva, por importe del 20% de las cargas establecidas en el programa aprobado, en cualquiera de las formas previstas en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
3. La presentación de los textos refundidos correspondientes al planeamiento o al proyecto de urbanización deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de la aprobación, provisional o definitiva, que imponga modificaciones a la alternativa técnica.  
4. El inicio del procedimiento de pública concurrencia para la selección del empresario constructor deberá tener lugar en el plazo de un mes desde la formalización del contrato entre el urbanizador y la administración actuante.  
5. El proyecto de reparcelación deberá someterse a información al público por el urbanizador en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo para la opción por modalidad de retribución previsto en los artículos 166 de la Ley Urbanística Valenciana.  
6. La presentación de los textos refundidos correspondientes al proyecto de reparcelación deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de las modificaciones a introducir en el proyecto inicialmente formulado.  
7. El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, acreditándose mediante acta de replanteo suscrita por la dirección de las obras y, al menos por un técnico municipal.  
8. Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo máximo de 36 meses desde su inicio.  
9. Las obras de edificación se podrán ejecutar simultáneamente a las de urbanización, previo cumplimiento de las condiciones establecidas lo establecido en el artículo 182.2 de la Ley Urbanística Valenciana.  
10. El plazo máximo de edificación de los solares será de un año a contar desde la finalización de las obras de urbanización. Se podrá ampliar este plazo hasta un máximo de dos años, en el acuerdo por el que se recepcionan definitivamente las obras de urbanización  
11. Cuando el urbanizador, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la administración podrá optar indistintamente, mediante acuerdo expreso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades establecidas en el artículo 95.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), tomando como base el coste estimado de las obras de urbanización.  
12. El cómputo de los plazos quedará suspendido desde el momento en que, por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas e insuperables a la voluntad del urbanizador, sea temporalmente imposible la iniciación, prosecución o conclusión de las actuaciones jurídicas o materiales programadas. Se entienden expresamente comprendidas entre las causas antes mencionadas, entre otras, las resoluciones administrativas o judiciales que ordenen la paralización de obras o la paralización o suspensión de actuaciones administrativas; las catástrofes naturales, las huelgas laborales que afecten al sector de la construcción en la provincia de Alicante, las inundaciones y otras circunstancias análogas. El urbanizador, previa petición razonada y fundada, podrá solicitar al ayuntamiento la prórroga de los plazos parciales antes estipulados. El ayuntamiento resolverá lo que proceda respecto de dicha petición, en los términos de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no pudiendo superar la prórroga la mitad de los plazos estipulados. No se entenderán como prórroga el mayor plazo consecuencia de los supuestos de suspensión citados.  
13. Los plazos que se recogen en la presente cláusula tendrán en todo caso el carácter de máximos pudiendo ser reducidos en las proposiciones de los aspirantes a urbanizador.  
Octava. Modelo de proposición a presentar por los interesados  
Proposición  
(Nombre y apellidos) ..., mayor de edad, vecino/a de ..., con domicilio en ..., provincia ..., y con DNI ..., actuando en (nombre propio, representación de) ..., con domicilio social en ...   
EXPONE:  
Que enterado de las bases particulares que rigen para la adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector Montebello II, presenta la siguiente documentación:  
- Alternativa técnica, compuesta, entre otros, por:  
Plan parcial.  
Proyecto de urbanización.  
Proposición jurídico-económica.  
Documentos específicos reseñados en el artículo 133 de la LUV (en sobre aparte). Por lo que,   
SOLICITA:   
Sea admitida a trámite la documentación que se adjunta.  
Lugar y fecha; firma y rúbrica.  
Novena. Documentación a presentar por cada licitador  
1. La documentación a presentar será la siguiente:  
I. Alternativa técnica:  
La alternativa técnica contendrá la documentación siguiente:  
a) Copia del resguardo de la solicitud ante la conselleria competente en materia de urbanismo de la cédula territorial de urbanización.  
b) Plan parcial modificativo de la ordenación estructural, con el contenido del artículo 72, 73 y 74 de la Ley Urbanística Valenciana.  
c) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
d) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes, en su caso.  
e) Proyecto de urbanización determinándose el correspondiente a las obras de urbanización, así como en su caso proyectos de edificación de los solares resultantes.  
f) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme al artículo 124.2 de la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir.  
g) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
h) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización. Se admitirá que el inventario se limite a situarlas con referencia a una parcela catastral, su superficie aproximada, uso que les es propio y en el caso de plantaciones, se señalará si se trata de árboles singulares o cultivos uniformes en la mayor parte de la extensión de la parcela, sin que, a estos meros efectos, sea necesario identificar particularmente las acequias o canales de riego que sirvan a las mismas. No se exigirá la valoración de unas y otras, lo que se admitirá realizar en el proyecto de reparcelación y, a los efectos del concurso, se verificará únicamente que los licitadores han aportado el inventario en los términos indicados.  
i) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
II. Proposición jurídico-económica.  
La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
a) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
b) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.  
c) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación. La acreditación se efectuará señalando los terrenos correspondientes en un plano catastral, en el que, junto con el número de parcela, se indicará el número de finca registral que tengan asignado, acompañando a ello de nota simple expedida por el Registro de la Propiedad o, en el caso de fincas no inscritas o pendientes de inscribir títulos sobre las mismas, el documento que acredite la propiedad. En caso de tratarse de fincas ajenas a la propiedad del licitador, además copia del correspondiente documento público que acredita la vinculación con el propietario.  
d) Hoja resumen de los datos económicos relevantes. La proposición jurídico-económica incluirá la documentación necesaria para determinar con claridad las magnitudes económicas del programa, diferenciando los siguientes aspectos:  
1. Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b) de la Ley Urbanística Valenciana.  
2. Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.  
3. Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
4. Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
5. Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados. El importe máximo que el urbanizador podrá soportar, de acuerdo con el artículo 168.1.e de la Ley Urbanística Valenciana en concepto de honorarios que le repercuta el ayuntamiento por haberlos satisfecho, correspondientes a la emisión de informes técnicos y jurídicos necesarios para adoptar los acuerdos de programación y gestión, no superarán la cantidad de 100.000,00 euros.  
6. Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
7. Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
8. Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
9. Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
10. Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
III. Otros documentos.  
Las propuestas de programa tendrán que ir acompañadas, en sobre aparte, de los documentos siguientes:  
a) Aquellos que acrediten la personalidad jurídica del concursante y, si procede, su representación.  
b) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera, conforme a los exigidos por las bases reguladoras del concurso.  
c) Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.  
d) Resguardo acreditativo de la garantía provisional, a cuyo efecto se establece como estimación preliminar de las cargas de urbanización, cuyo importe se fija en cincuenta millones de euros (78.429.491,00 €), siendo el 2% de tal importe estimado la cantidad de un millon de euros (1.000.000,00 €).  
e) Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.  
f) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse iniciado la práctica de los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la Ley Urbanística Valenciana.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
3. Las proposiciones presentadas por cada concursante tendrán que distinguir claramente e incluir, en sobres separados, la documentación que corresponda a la alternativa técnica, la proposición jurídico-económica y a la indicada en otros documentos.  
4. Documentación susceptible de valoración para la adjudicación del programa: serán susceptibles de valoración la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica en todos aquellos aspectos que se corresponden con los criterios de valoración que se establecen en la base doce.  
Diez. Plazo y lugar para la presentación de las proposiciones  
Plazo: tres meses a partir de la fecha del envío del anuncio del concurso al Diario Oficial de la Unión Europea. Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Algorfa, plaza de España, número 20. Los tres sobres correspondientes a la documentación administrativa, a la alternativa técnica y a la proposición jurídico-económica, deberán ir perfectamente identificados y diferenciados, figurando en el exterior de cada uno de ellos la denominación del concurso y la identificación del concursante, así como la clase de documentación que contiene, debiendo figurar en el interior de cada uno de ellos una relación numérica de los documentos que contiene.  
Once. Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles a los concursantes  
- Características de los concursantes:  
Podrán ser urbanizadores y promover el programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles que se describen a continuación. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 6 de junio. Dejando fuera de peligro el derecho reconocido por el artículo 118.2 de la Ley Urbanística Valenciana, no podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada los que hayan participado en la investigación, la experimentación, el estudio o el desarrollo del plan de acción territorial o el plan general que afecte la ordenación del ámbito del programa que se licita. Cuando por aplicación de lo que dispone el apartado anterior se inicie un procedimiento para la exclusión de un licitador, este ayuntamiento dará audiencia al interesado en los plazos y forma que reglamentariamente se establezcan, concediéndole la posibilidad de demostrar que, en las circunstancias del caso concreto, la experiencia adquirida por tal licitador no ha podido falsear la competencia o infringir de otra manera los principios que informen la normativa europea y estatal en materia de contratación pública.  
- Solvencia económica y financiera del urbanizador:  
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se podrá acreditar por uno o varios de los siguientes medios:  
a) Informe de instituciones financieras que estime que la sociedad dispone de capacidad suficiente para hacer frente al importe estimado de las cargas de urbanización.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas a la presente, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
2. Si por razones justificadas el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas por este ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante cualquier otro documento que la administración considere suficiente, pudiendo basarse en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos. A estos efectos, las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.  
3. La justificación de la solvencia económica y financiera de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrán basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus miembros.  
- Solvencia técnica y profesional:  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada promovidos y gestionados por el concursante o socios de la empresa.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad, exigiéndose que el equipo esté formado como mínimo por un ingeniero superior, un arquitecto superior y un abogado.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitada por este ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, habiendo de demostrar en este caso ante este ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
Doce. Criterios objetivos de adjudicación del programa de actuación integrada, especificados por orden decreciente de importancia, incluyendo su ponderación  
Se valorarán de forma independiente la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica, con arreglo a los siguientes criterios ordenados de manera decreciente:  
a) Alternativa técnica total (70 puntos):  
1. La calidad técnica de la ordenación propuesta (35 puntos).  
2. La resolución adecuada de la integración de la actuación con su entorno (7 puntos).  
3. La mejor estructuración de dotaciones públicas y espacios libres (7 puntos).  
4. La calidad técnica de las resoluciones propuestas para la urbanización en el proyecto de urbanización (7 puntos).  
5. Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo (7 puntos).  
6. Plazo de ejecución del programa de actuación integrada (2 puntos).  
7. Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de un porcentaje de los solares resultantes de la actuación (1 punto).  
8. Compromisos adicionales que asuma voluntariamente y a su cargo el urbanizador (3 puntos).  
9. Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa (1 punto).  
b) Proposición jurídico-económica (total 30 puntos):  
1. Importe de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad (7,5 puntos).  
2. La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente, y mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa (21 puntos).  
3. Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador (1,5 puntos).  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 312 del Reglamento de la Ley Urbanística Valenciana, la puntuación de la alternativa técnica representará el 70% de la valoración y la proposición jurídico económica el otro 30%.  
El porcentaje de cómputo de cada uno de los criterios de puntuación de la alternativa técnica, dentro de los rangos establecidos en el Reglamento de Desarrollo de la Ley Urbanística Valenciana, prima la calidad técnica de las soluciones de la ordenación urbanística propuesta manteniendo el adecuado equilibrio con el contenido de la proposición jurídico-económica.  
Ello es así, porque, dentro de los márgenes que establece para la baremación el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, se ha optado por primar en la mayor medida posible la calidad de la ordenación urbanística.  
La puntuación mínima que deberá alcanzar una alternativa técnica para que proceda la valoración de la proposición jurídico-económica será del 50% de la puntuación máxima asignada en el anterior baremo a la misma.  
Trece. Garantía provisional  
1. Para tomar parte en el concurso los licitadores deberán constituir previamente, a disposición del órgano de contratación, una garantía provisional por el importe equivalente al 2% del presupuesto base de licitación, a cuyo efecto se establece como estimación preliminar de las cargas de urbanización, cuyo importe se fija en como tipo máximo de licitación en cincuenta millones de euros (12.868.925,00 €), siendo el 2% de tal importe estimado la cantidad de un millón de euros (1.000.000,00 €).  
Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes.  
En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el capítulo III del título II del libro 1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 de su reglamento.  
2. La prestación de la garantía provisional se acreditará de la siguiente forma:  
a) Mediante resguardo de la Tesorería Municipal, cuando se haya constituido en dinero, en valores públicos o en valores privados.  
b) Mediante aval o póliza de seguro de caución, debiendo verificarse la personalidad y/o legitimación de la persona que firma el documento en nombre de la entidad por documento formalizado ante la fe pública de notario.  
3. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del programa. Las proposiciones que se retiren, sin causa justificada, con anterioridad al transcurso del plazo de que dispone el ayuntamiento para la adjudicación del programa de actuación sin que ésta se haya resuelto, no tendrán derecho a la devolución de la garantía provisional. La renuncia del adjudicatario a la formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del programa conllevará la pérdida de la garantía provisional.  
Catorce. Garantía definitiva  
1. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento de Algorfa, el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá constituir la garantía definitiva, por el 20% del valor de las cargas de urbanización y que acreditará por cualquiera de las formas previstas para la garantía provisional en estas bases.  
2. Si la garantía provisional se hubiese constituido en metálico o valores, será potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantía definitiva o proceder a la nueva constitución de esta última.  
3. Transcurrido el plazo de 12 meses desde que se entiendan recibidas las obras de urbanización de conformidad con lo previsto en las bases generales, procederá la devolución de la garantía definitiva.  
El expediente queda a disposición de quien quiera examinarlo en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Algorfa, sito en plaza de España, 20, teléfono 375 887 843, de 09.00 a 14.00 horas. Indicando que con fecha 18 de abril de 2007 ha sido remitido al Diario Oficial de la Unión Europea, finalizando el plazo de presentación de proposiciones el día 18 de julio de 2007, a las 14.00 horas.  
Algorfa, 19 de abril de 2007.- El alcalde: Antonio Lorenzo Paredes.