Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5258, del 15-05-2006 (2006/4391)

Notificación de la resolución del conseller de Infraestructuras y Transporte relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Centrocasim, SL, número de expediente 0026/2005, conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5258

Fecha DOGV
:   15-05-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/4391


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del conseller de Infraestructuras y Transporte relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Centrocasim, SL, número de expediente 0026/2005, conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. [2006/F4391]  
Se ha dispuesto, según consta en el tenor literal de la resolución de fecha, cuyo contenido íntegro paso a expresar:  
Resolución del conseller de Infraestructuras y Transporte relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial, interpuesta en nombre y representación de Centrocasim SL.  
Vista la reclamación interpuesta en el expediente 026/2005, así como los antecedentes que constan en el Servicio de Gestión Administrativa y oído el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, resultan los siguientes:  
Antecedentes de hecho  
Primero. En fecha 14 de octubre de 2004 entró en esta Conselleria de Infraestructuras y Transporte (registro nº 27560) la reclamación de responsabilidad patrimonial instada en nombre de Centrocasim, SL, solicitando una indemnización por los daños ocasionados en las tuberías del centro comercial como consecuencia de las obras realizadas en la calle Senia Sevilla de Benicasim por la mercantil Comsa, obras que fueron contratadas por la CIT.  
La citada reclamación se presentó el 25 de agosto de 2004 ante el Ayuntamiento de Benicasim.   
Segundo. Con fecha 24 de febrero de 2005, se le acusó recibo de su escrito de interposición de reclamación de responsabilidad patrimonial, requiriéndole la subsanación de su reclamación y notificándole la suspensión establecida en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPAC, hasta la subsanación de la reclamación y la recepción de informes técnicos requeridos.   
Tercero. Incorporados al expediente el informe del Servicio de Construcción y el informe de la mercantil Comsa, SA, el conseller de Infraestructuras y Transporte dictó Resolución de fecha 6 de junio de 2005, declarando la admisión a trámite de la reclamación y dando el curso procedente al procedimiento. Así mismo, y por resolución del instructor del procedimiento, se acordó la apertura del periodo probatorio a fin de que la parte pudiera completar el material probatorio aportado.  
Cuarto. Practicada la testifical solicitada por la mercantil Comsa, SA, consta incorporado al expediente el interrogatorio de preguntas formuladas a los testigos propuestos.  
Quinto. Puesto el expediente de manifiesto a fin de tomar conocimiento del mismo, se formularon las alegaciones oportunas reiterando, en síntesis, las consideraciones aportadas al mismo.  
Sexto. Formulada la propuesta de resolución por el instructor, se remitió todo al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, para su preceptivo dictamen, siendo evacuado el mismo el 29 de marzo de 2006.  
A los anteriores hechos, le son aplicables los siguientes   
Fundamentos de derecho  
Primero. Derecho de reclamación de la responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas. La Constitución, en su artículo 106.2º y la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 139, párrafo 1, disponen: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.»  
Segundo. Resolución. A tenor de lo dispuesto en el artículo 142.2º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común le corresponde dictar la correspondiente resolución sobre reclamación de responsabilidad patrimonial, al conseller de Infraestructuras y Transporte.  
Tercero. Competencia de la Generalitat en el asunto. La Conselleria de Infraestructuras y Transporte contrató las obras denominadas «Nuevos colectores para la evacuación de aguas pluviales en el casco urbano de Benicasim».  
Cuarto. Elementos objetivos necesarios. En este sentido el Tribunal Supremo, en numerosas sentencias, configura los requisitos que necesariamente deben concurrir para apreciar las responsabilidades que en cada caso se reclamen, «la institución o figura jurídica de la indemnización por responsabilidad patrimonial del estado o entes públicos queda configurada mediante el acreditamiento de una serie de requisitos, tales como: a) efectiva realidad del daño evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, b) que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención extraña que pudiera influir, alterando, en el nexo causal y c) que no se haya producido fuerza mayor sentencias de 23 de enero de 1970 (R.212), 9 de junio de 1976 (R. 3553), 4 de octubre de 1978 (R.3319), 11 de abril de 5962 EJ 4426)».  
Quinto. Sobre los hechos. El Tribunal Supremo determina que corresponde al particular probar la realidad de cuanto se manifiesta (entre otras, sentencias de 30 de mayo de 1981 y 29 de junio de 1988).  
En el presente caso, los problemas en el desagüe en el centro comercial constan suficientemente acreditados en el expediente.  
Sexto. Sobre la relación de causalidad. La primera y fundamental justificación que ha de exigirse a toda reclamación de daños y perjuicios, por imperativo legal, ha de versar precisamente sobre la relación directa e inmediata y exclusiva de causa efecto entre los servicios públicos y la lesión alegada por el particular reclamante, ya que tal y como se ha pronunciado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes «para la estimación de la reclamación no basta con probar el daño y la existencia del obstáculo, si no que es necesario acreditar la realidad del accidente, la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento de los servicios de conservación». (Dictamen 1604/91 Secc. 6ª 23 1 92).  
Ciertamente la doctrina jurisprudencial más reciente viene sosteniendo la objetivación de la responsabilidad patrimonial de la administración, pero ello no convierte a ésta en un asegurador que deba responder en todos los casos en que se produzca un resultado lesivo a raíz de la utilización de bienes o servicios públicos, sino que es necesario que exista un vínculo causal entre el resultado en cuestión y el actuar de la administración.  
Las obras denominadas «Nuevos colectores para la evacuación de aguas pluviales en el casco urbano de Benicasim» afectaron a la construcción de un nuevo pozo de recogida de las aguas residuales.  
En consecuencia, las canalizaciones de las distintas viviendas y construcciones existentes en la zona no se encontraban afectadas en modo alguno por las obras, salvo en lo que a la conexión al nuevo pozo de recogida se refiere.  
De la testifical practicada a propuesta de la mercantil Comsa, SA, puede entresacarse lo siguiente:  
. Que todas las canalizaciones preexistentes se desviaron al nuevo pozo.  
. Que el Ayuntamiento de Benicasim auscultó mediante un robot con cámaras el interior del colector de saneamiento resultando, en general, que las obras se habían ejecutado correctamente.  
. Que el único representante de Comsa en las obras, en ningún caso ha reconocido errores en la ejecución de la obra.  
. Que conocidos los escapes en el centro comercial, se realizaron catas, descubriendo que la tubería de Centrocasim no se encontraba conectada a la red general de saneamiento, sino a un antiguo marco de pluviales.  
. Que la tubería descubierta se encontraba obstruida por una raíz alojada en su interior. Retirada dicha raíz, el agua fluyó con normalidad.  
. Que la tubería descubierta y el marco de pluviales eran anteriores a la ejecución de las obras de Comsa, y que la conexión al marco de pluviales no figuraban en el proyecto de obras que ejecutaba Comsa.  
. Que descubierta y saneada la tubería, se procedió a conectar la misma al nuevo pozo de saneamiento, evitando así que las aguas del centro comercial fueran vertidas al mar.  
Por su parte, Centrocasim, aporta un informe del fontanero manifestando:  
. Que la acometida del centro comercial no se encontraba conectada a la red general de saneamiento, de modo que las aguas residuales del centro se vertían directamente en la tierra de la calle.  
. Que conectado el tubo como debió hacerse desde el principio, se solucionó el problema.  
. Que el encargado de las obras reconoció el error.  
El Servicio de Construcción de la CIT, remite informe de la dirección de obras señalando:  
«La segunda semana de diciembre de 2003, se inician las obras del colector de aguas residuales de la calle Senia Sevilla, concretamente el pozo de registro al que se conecta la acometida domiciliaria del centro comercial Centrocasim. A continuación se adjunta una fotografía tomada el 16 de diciembre de 2003, en la que se puede observar la acometida del centro en la parte superior derecha con tubería de PVC.  
Con posterioridad a la conexión, e instalados el resto de los colectores en el vial, personal de la mercantil Centrocasim, SL, comunica a la empresa constructora que su acometida no desagua correctamente al colector de saneamiento. Se realizan unas catas en la acera y pavimento y se descubre que parte del colector de acometida se haya (sic) obstruido por una ramas, por lo que se procede a la sustitución del mismo por un tramo de tubería nueva del mismo diámetro que la que se empleó para prolongar la conexión.  
Se ha de indicar que la acometida al colector unitario ya existía cuando se iniciaron las obras y que el proyecto de construcción únicamente contemplaba su conexión con el colector de aguas residuales, no su sustitución por otra conducción hasta el entronque con el albañal de la vivienda».  
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, en Sentencia de 10 de septiembre de 2003 establece que «. para hacer responder a una administración pública por el deficiente funcionamiento de un servicio público y para poder trazar una relación de causalidad entre éste y el resultado lesivo es necesario una constancia precisa, certera, acerca del modo fáctico del desarrollo de ese resultado, constancia que demuestre que el mismo se produjo en un cierto entorno físico .»  
De los datos incorporados al expediente, y puesto que las mercantiles interesadas describen el desarrollo del resultado de forma totalmente distintas, debe estarse a lo que establece el informe remitido por el Servicio de Construcción de la Cit, esto es:  
. Que la acometida de Centrocasim, sí se encontraba conectada al pozo de registro.  
. Así lo acredita la fotografía incorporada al informe tomada el 16 de diciembre de 2003.  
. Que los problemas de desagüe se debieron a la obstrucción que unas ramas produjeron en una parte de la acometida del centro comercial al pozo de registro.  
. Que la parte de la acometida en la que se encontraron las ramas no se encontraba afectada por las obras.  
El Consejo de Estado ha señalado reiteradamente, entre otros, el Dictamen 378/1996, de 21 de noviembre, que «la carga de la prueba pesa sobre la parte reclamante de acuerdo con los viejos aforismos necessitas probandi incumbit ei qui agit y onus probandi incumbit actori y con el artículo 1214 del Código Civil».  
En este sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja número 521/1997, de 4 de noviembre, establece «Y esta prueba incumbe, al igual que la de la concurrencia de los demás requisitos positivos de la responsabilidad patrimonial de la administración, al perjudicado reclamante, pues, si éste no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tampoco la administración tiene el deber jurídico de soportar la indemnización de unos daños que ella no ha causado».  
Por todo ello, desconociendo el origen de las ramas que produjeron la obstrucción de la acometida así como el momento en que aquella obstrucción se produjo, acreditado que la canalización del centro comercial se encontraba correctamente conectada al pozo de registro y que la obstrucción se detectó en una zona de la acometida no afectada por las obras, se considera que no puede prosperar la reclamación formulada.  
Séptimo. Sobre la evaluación económica. La mercantil reclamante solicita una indemnización de 935,03 euros, que se corresponde con el importe de las facturas que aporta por los trabajos realizados.  
Igualmente se aporta un presupuesto por importe de 650 euros (sin IVA), que se corresponderían a los trabajos de albañilería y pintura.  
Por todo lo cual y oído el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, vengo a dictar la siguiente:  
Resolución  
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial, interpuesta por Centrocasim, SL, al no existir nexo causal efectivo e idóneo entre el daño y el funcionamiento de los servicios públicos.  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el conseller de Infraestructuras y Transportes, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la recepción de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el caso de que la pretensión no exceda a 30.050 euros, o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 y 8.2, apartado c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.   
Valencia, 13 de marzo de 2006.. El jefe del Servicio de Gestión Administrativa: Vicente de Manuel Bernabeu.