Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6442, del 20-01-2011 (2011/138)

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2010, de la Junta de Gobierno, sobre la participación del personal de Enfermería en las unidades de radiodiagnóstico.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6442

Fecha DOGV
:   20-01-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/138


Fecha del documento
:   23-12-2010

Organismo emisor
:   Colegio Oficial de Enfermería de Valencia

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2010, de la Junta de Gobierno, sobre la participación del personal de Enfermería en las unidades de radiodiagnóstico. [2011/138]  
Antecedentes normativos  
La presente resolución colegial, con la que pretendemos resolver la consulta planteada por diversos colegiados, ha sido adoptada previo estudio de la normativa comunitaria e interna que resulta aplicable al caso, al objeto de dar una respuesta motivada fundada en derecho.  
En este estudio no se han obviado las normas que, en la actualidad, se encuentran derogadas por disposiciones posteriores en tanto en cuanto su contenido, sin lugar a dudas, ha servido como guía interpretativa de los nuevos textos, facilitándonos, además, una visión mas amplia y formada de la materia. Esta normativa que, por afectar de forma directa o de manera tangencial a la cuestión objeto de consulta, ha sido considerada por este Colegio Oficial de Enfermería se concreta en las siguientes normas:  
1. Estatuto del personal sanitario no facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, aprobado por Orden Ministerial de 26 de abril de 1973.  
2. Directiva 1977/453/CEE, de 27 de junio, de Coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de los enfermeros responsables de cuidados generales.  
3. Directiva Euratom/836/1980, de 15 de julio, modifica las directivas que establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de la población y los trabajadores contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes.  
4. Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 14 de junio de 1984, sobre competencias y funciones de los técnicos especialistas de Laboratorio, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y Radioterapia, de Formación Profesional de Segundo Grado, rama Sanitaria.   
5. Directiva Euratom/466/8 de 3 de septiembre, que establece las medidas fundamentales relativas a la protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos.  
6. Directiva Euratom, 467/1984, de 3 de septiembre, que modifica la Directiva 80/836/Euratom en lo que se refiere a las normas básicas relativas a la protección sanitaria de la población y de los trabajadores contra los peligros que resulten de las radiaciones ionizantes.  
7. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.  
8. Real Decreto 922/1987, de 3 de julio, que regula la obtención del título de especialista.  
9. Real Decreto 1132/1990, de 14 de septiembre, que establece medidas fundamentales de protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos.  
10. Real Decreto 1466/1990, de 26 de octubre, establece el título universitario oficial de Diplomado en Enfermería y las directrices generales propias de los planes de estudio conducentes a su obtención.  
11. Real Decreto 1891/1991, de 30 de diciembre, que regula la instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.  
12. Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, que aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria.  
13. Resolución de 5 de noviembre de 1992 del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre normas a que habrán de sujetarse la homologación de cursos o programas que habiliten para la dirección y operación de las instalaciones de rayos X con fines diagnósticos, y la acreditación directa del personal que ejerza dichas funciones.  
14. Real Decreto 2071/1995, de 22 de diciembre, que establece los criterios de calidad en radiodiagnóstico.  
15. Directiva Euratom/29/1996, de 13 de mayo, que establece las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.  
16. Directiva Euratom/43/1997, de 30 de junio, de protección de la salud frente a los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas.  
17. Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, que establece los criterios de calidad en radiodiagnóstico.  
18. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, que aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.  
19. Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, de justificación del uso para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas.  
20. Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de Ordenación de la actividad profesional de Enfermería.  
21. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.  
22. Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre Especialidades de Enfermería.  
23. Instrucción IS-/17/, de 30 de enero, del Consejo de Seguridad Nuclear, de homologación de cursos o programas de formación para el personal que dirija el funcionamiento u opere los equipos en las instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico y acreditación del personal de dichas instalaciones.  
24. Real Decreto 1985/2009, de 3 de julio, que aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.  
Análisis jurídico  
Primero. Citada la normativa, tanto interna como comunitaria, de referencia insoslayable para dar una respuesta motivada, razonada, razonable y fundada en derecho a la cuestión que ha sido sometida a nuestra consideración, resulta evidente que estamos ante una materia sujeta a constantes modificaciones, con la que los poderes legislativo y ejecutivo pretenden adecuar los textos legales al progreso de los conocimientos científicos en materia de protección radiológica aplicada a las exposiciones médicas.  
En esta importante labor de producción normativa, sin embargo, echamos en falta el rigor jurídico que estimamos necesario para determinar la esfera de responsabilidad de la que, sin lugar a dudas, resulta acreedora nuestra profesión enfermera en las unidades en las que existen riesgos por radiaciones ionizantes. Esta falta de rigor jurídico ha conducido, inexorablemente, al nacimiento de indeseables conflictos entre el personal de enfermería y el personal de formación profesional de grado superior integrado en esas unidades.  
Segundo. En el concreto ámbito que nos ocupa, ilustra de manera muy diáfana esta falta de rigor jurídico el empleo impropio de términos tales como «auxiliares», «personal técnico que colabore en la utilización de radiaciones ionizantes», «personal que opere los equipos existentes?», «personal implicado en la utilización de rayos X?», «personal sanitario responsable de la aplicación de los procedimientos», «plantilla de técnicos expertos en protección radiológica», etc.  
Preocupa sobremanera a esta corporación colegial que con esa constante confusión terminológica se pretenda garantizar la presencia de personal de formación profesional y minimizar el papel incuestionable que representa la enfermería en las unidades de Radiodiagnóstico.  
Tercero. Lo cierto es que los poderes legislativo y ejecutivo no se han mostrado respetuosos con lo que representa nuestra profesión de enfermería y con la formación académica que le debe servir de base. Así, aún nos encontramos con que los planes de estudio conducentes a la obtención del título universitario oficial de Diplomado o Grado de Enfermería siguen sin dar cumplimiento al programa de estudios para los enfermeros responsables de cuidados generales previsto en la Directiva 1977/453/CEE, de 27 de junio, en tanto en cuanto no incluyen, en la enseñanza teórica y técnica, la Radiología.  
Esta falta de consideración y respeto debido hacia la enfermería se ha evidenciado también por la inexplicable falta de desarrollo de la práctica totalidad de las especialidades recogidas en el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio. Especialidades entre las que se encontraban Radiología y Electrología, dentro de la denominada cuidados especiales y no solo es que se decidiera por el Gobierno no desarrollar la referida especialidad en cuidados especiales, secciones Radiología y Electrología, sino que, finalmente, ese Real Decreto 992/1987, ha sido derogado con la aprobación del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, suprimiéndose, además, las especialidades de Radiología y Electrología creadas en virtud del Decreto 1153/1961, de 22 de junio.  
El incumplimiento de la normativa europea es flagrante y perjudica seriamente a los intereses de nuestra profesión. No es admisible que sea, precisamente, el propio Gobierno español el que nos coarte la posibilidad de adquirir unos conocimientos y un reconocimiento académico en materia de radiología que la Unión Europea sí nos permite obtener.  
Ahora bien, hemos de puntualizar que ese reconocimiento formativo del que se ve favorecido el personal de formación profesional no conlleva el reconocimiento de las competencias que corresponden al personal de enfermería.  
Cuarto. Si preocupante resulta que el Estado español no trasponga las directivas comunitarias -a lo que está obligado por imperativo constitucional-, también es motivo de intranquilidad que, cuando decide trasponer esa normativa, no sea respetuoso con lo que ésta le marca, y ni siquiera observe sus propios textos internos.  
Ciertamente, de la lectura de los textos legales internos se desprende una trasposición que podemos calificar de interesada, tributaria de un favorecimiento irrazonable, e implícitamente desmedido, a la formación profesional en detrimento de la enfermería.   
A título ilustrativo, no se explica que la Directiva 97/43/EURATOM establezca que los estados miembros fomentarán el que se introduzca un curso de protección radiológica en el programa de formación básico de las facultades de medicina y de odontología, para luego encontrarnos con que la norma interna que, supuestamente, transpone la misma dice que «en el artículo 7 de la citada Directiva 97/43/EURATOM, se regula la formación en protección radiológica en las enseñanzas de pregrado en las facultades de Medicina y Odontología, en las escuelas universitarias de Podología y en las escuelas de técnicos superiores en Diagnóstico por Imagen y Radioterapia, así como en las especialidades de Oncología Radioterápica, Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear y, en aquellas especialidades médicas en que se utilicen radiaciones ionizantes, quedando recogida esta previsión en el presente Real Decreto que, asimismo, contempla la formación continuada en protección radiológica».  
Se cuestiona esta organización colegial por qué razón en la trasposición de la meritada Directiva se incluye, en materia de formación en protección radiológica a los técnicos y no se cita, para nada, al personal de enfermería. Porque es patente que la Directiva no habla de escuelas de técnicos superiores en diagnóstico por imagen y radioterapia. Se trata, simplemente, de una «innovación» del entonces Ministerio de Sanidad y Consumo, el cual, se ha de presumir, ha sido influenciado por la Formación Profesional. La Directiva siempre habla de «profesionales habilitados», y, desde luego, la formación profesional no es una titulación que «habilite» para el ejercicio de actividad alguna.  
Y no se explica de manera razonable la referencia a los técnicos y la omisión de la enfermería cuando el legislador comunitario, en su Directiva Euratom/43/1997, de 30 de junio, sustituyó el término «profesionales capacitados» por el de «profesionales habilitados» para referirse, entre otras cuestiones, a las personas en que se pueden delegar los aspectos prácticos del procedimiento.  
No es baladí la referencia que se hace a los «profesionales habilitados» si tenemos en cuenta que, de conformidad con nuestra normativa interna (que sí se muestra en este caso respetuosa con la Directiva), quienes están habilitados legalmente en España para el desarrollo, con plena autonomía técnica y científica, de funciones sanitarias son aquellas personas que poseen el título de Licenciado en Medicina, Farmacia, etc., o Diplomado o Grado en Enfermería, Podología, etc. Regulación esta que, por otra parte, ya se previó, en cuanto a la profesión de Enfermería, en el Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo General de la Profesión de Enfermería. La titulación de formación profesional, técnico auxiliar o técnico superior, en ningún caso habilita para el ejercicio de actividad profesional de clase alguna. Baste leer lo que prevé el apartado 4º, en relación con el apartado 1º, del artículo 3º, de la citada Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias para evidenciar lo que aseguramos. Porque, según este precepto, «los técnicos superiores y técnicos a los que se refiere este artículo ejercerán su actividad profesional sanitaria de acuerdo con las normas reguladoras de la formación profesional, de sus distintos niveles formativos y de su concreta titulación, en el marco del respeto a la competencia profesional, responsabilidad y autonomía propias de las profesiones sanitarias contempladas en los artículos 6 y 7 de esta Ley».  
Los titulados en formación profesional, técnico auxiliar o técnico superior no gozan de esa autonomía técnica y científica reconocida a las profesiones sanitarias. Y no gozan de esas prerrogativas porque no han recibido la formación sanitaria necesaria para ello, lo que explica que en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 14 de junio de 1984, sobre competencias y funciones de los técnicos especialistas en Laboratorio, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y Radioterapia, de Formación Profesional de Segundo Grado, rama sanitaria, se les encomiende funciones estrictamente colaborativas y auxiliares.  
Insistimos. Para la Formación Profesional la Ley ha previsto el auxilio o colaboración con las profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, por lo que, en ningún caso, puede prestar asistencia ni cuidados de clase alguna. El técnico de formación profesional deberá actuar, en su caso, a requerimiento de aquellos «prescriptores» y «profesional habilitado» que concreta la Directiva 97/43/EURATROM. En ningún caso puede atender directamente al usuario y paciente del Sistema Nacional de Salud.  
Esta labor estrictamente auxiliar que deben asumir los técnicos ha sido avalada por la doctrina pacífica del Tribunal Supremo, para el que los técnicos de especialistas no están capacitados ni pueden realizar las funciones propias de la Enfermería. Razonamiento del que resulta obvio concluir la imposibilidad de delegación de tales funciones de carácter sanitario en este personal.  
A mayor abundamiento, tan manifiesta es la labor auxiliar que debe cumplir el personal de Formación Profesional que, según se desprende de la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional del delito de intrusismo, la realización de tales actividades auxiliares por personas no capacitadas (que no ostenten esa formación profesional) no implicaría la comisión de tal ilícito penal porque el ámbito del mismo quedaría reservado a aquellas profesiones que, por incidir sobre bienes jurídicos de la máxima relevancia -vida, integridad corporal, libertad y seguridad-, no sólo necesitan para su ejercicio la realización de aquellos estudios que requieren la posesión de un título universitario ad hoc, sino que también merecen la especial protección que garantiza el instrumento penal frente a toda intromisión que pudiere suponer la lesión o puesta en peligro de tales bienes jurídicos.  
Es más, entiende esta organización colegial que el Gobierno necesitaría, en todo caso, el amparo de una norma con rango de Ley -de la que carece- en el supuesto de pretender «habilitar» a unos titulados de Formación Profesional para operar aparatos que emiten radiaciones ionizantes. Porque ni el apartado 7º, del artículo 40, de la Ley General de Sanidad, ni el artículo 149.1.16ª de la Constitución autorizan al Gobierno «ampliar» las competencias profesionales de la titulación de formación profesional de segundo grado o técnico superior. Hubiera sido precisa una norma con rango de Ley para poder habilitar a los citados técnicos de formación profesional. Y el Gobierno sabía que un Real Decreto no es norma suficiente para «elevar» el nivel competencial atribuido a la formación profesional.  
En conclusión, la meritada referencia de la Directiva Euratom/43/1997, de 30 de junio, a los «profesionales habilitados» y la diferencia claramente establecida por nuestro legislador entre las «profesiones sanitarias», a cuyo ejercicio habilita un título académico, y que gozan de plena autonomía técnica científica, y la Formación Profesional obliga a realizar una lectura de los textos internos que resulte respetuosa con esta realidad. La imprecisión en que pueden incurrir las normas que trasponen las directivas comunitarias no empiece a que el cumplimiento de estas últimas pueda ser reclamado por los interesados.  
Sirva como ejemplo ilustrativo de esta nueva labor hermenéutica el artículo 2 del Real Decreto 815/2001, de 13 de julio; precepto según el cual «las exposiciones médicas mencionadas en el artículo 1 deberán proporcionar un beneficio neto suficiente, teniendo en cuenta los posibles beneficios diagnósticos o terapéuticos que producen, incluidos los beneficios directos para la salud de las personas y para la sociedad, frente al detrimento individual que pueda causar la exposición. También se considerará la eficacia, los beneficios y los riesgos de otras técnicas alternativas disponibles que tengan el mismo objetivo, pero no requieran una exposición menor». Este texto hace referencia a actividades referidas a la obtención de un diagnóstico o una aplicación terapéutica. Actividades que han de ser ejecutadas, ya directamente ya por delegación, por profesionales sanitarios a que se refieren los artículos 6º y 7º de las tantas veces citada Ley, 44/2003. Ley que, insistimos, prevé las figuras profesionales del área de salud, estructurada en los técnicos en cuidados auxiliares y técnicos superiores; titulados que, en todo caso, deberán respetar las competencias propias de los profesionales citados en aquellos artículos 6º y 7º de la misma Ley.  
Quinto. Información al paciente. La citada Ley 44/2003, de 21 de noviembre, como no podía ser de otra manera, considera profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa específicamente aplicable. Como consecuencia necesaria del reconocimiento de ese status, y en coherencia con lo establecido en el Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, el legislador reconoce que corresponde a los profesionales de Enfermería la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades.   
\*\*\*Tras este reconocimiento expreso, esta misma norma prevé entre los principios generales de la relación entre los profesionales sanitarios y las personas atendidas por ellos el siguiente: «Los profesionales tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado y deben respetar la participación de los mismos en las tomas de decisiones que les afecten. En todo caso, deben ofrecer una información suficiente y adecuada para que aquéllos puedan ejercer su derecho al consentimiento sobre dichas decisiones» (art. 5.1.c) En los mismos términos se pronuncia la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en cuyo artículo 2.6 establece que todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. Sin mayores esfuerzos interpretativos, la normativa expuesta responsabiliza al personal de enfermería del deber de ofrecer a los pacientes una información suficiente y adecuada sobre las posibles consecuencias que pudieran derivarse de los cuidados de enfermería que le son propios.  
Pero no sólo eso. Dada la posibilidad de delegación de actuaciones que contempla esta misma norma en su artículo 9.4, coincidente con la delegación a que hace referencia la Directiva Euratom/43/1997, de 30 de junio (art. 5.3.), entendemos que resulta admisible que se encomiende -delegue- al personal de enfermería la función de informar a los pacientes y obtener su consentimiento con ocasión de actuaciones médicas.  
Respecto al cumplimiento efectivo de este deber de información, ninguna referencia encontramos al personal de formación profesional. Por tanto, cuando el Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, dice que las exposiciones médicas deben estar justificadas de forma genérica o individual con objeto de proteger la salud frente a los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, ¿a quién incumbirá la obligación de informar -justificar al usuario o paciente que se va a ver sometido a la actuación de un técnico de formación profesional que le va a aplicar un procedimiento conducente a obtener una o varias imágenes del cuerpo de esos pacientes o usuarios?- La respuesta a este interrogante se extrae del argumento desarrollado en párrafos precedentes.  
Dadas su formación y su plena autonomía en el desarrollo de sus funciones sanitarias, este deber de información recae, necesariamente, en los profesionales sanitarios (Medicina y Enfermería). Porque no es congruente ni razonable que puedan asumir esa función informadora técnicos que no tienen atribuida esa competencia y carecen, además, de la necesaria formación asistencial. Esta labor informativa, con la que se pretende obtener el consentimiento del paciente para una determinada actuación en el ámbito de su salud, no puede convertirse en un acto meramente formal sino que debe estar rodeada de las máximas garantías.  
Por modo de corolario, el profesional de Enfermería es el responsable de «cuidar», legalmente hablando, así lo dispone el artículo 7º.2.a de la Ley 44/2003, y esta función de «cuidar» incluye la dirección, evaluación y prestación en cada actividad asistencial sobre pacientes o usuarios. Es obligado admitirlo así. Esa competencia no está atribuida al médico; y si está referida a la profesión de Enfermería, por tanto, es forzoso inferir que tendrá que intervenir el citado Profesional de Enfermería en cualquiera de las actividades conducentes tanto al diagnóstico como al tratamiento que debe sufrir todo usuario y paciente en el Sistema Nacional de Salud, puesto que siempre se ha de presumir que será necesaria su participación. Dicho en otros términos: no es concebible una actuación sobre un usuario o paciente que no precise la intervención de aquella profesión que es la responsable de la dirección, evaluación y prestación de los cuidados profesionales. Al médico le compete, en su caso, la prescripción del estudio radiológico o su tratamiento; y al profesional de Enfermería, en todos los casos, llevar a cabo su materialización.   
Y todo ello concebido bajo el molde de la estructura asistencial del Sistema Nacional de Salud, que incluye tanto la actividad asistencial pública como la privada.  
Por el contrario, un técnico no puede decidir si un paciente o usuario está en condiciones óptimas para recibir radiaciones ionizantes. Un técnico no puede responsabilizarse de que ese paciente o usuario adopte la postura correspondiente a la exploración médica. Un técnico no puede atender a un paciente o usuario de los servicios sanitarios en supuestos de reacciones adversas, como tampoco es competente para determinar qué dosis radiactiva es la necesaria y conveniente para obtener la imagen radiológica pretendida.  
En definitiva, la ausencia de referencia normativa expresa al profesional de Enfermería en el Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, no podrá serlo en detrimento de lo dispuesto en la letra a) del apartado 2º, el artículo 7º, de la Ley 44/2003, bien por su especificidad, en cuanto a competencias profesionales; bien por su rango; bien por haber sido dictada la Ley citada con posterioridad al mentado Real Decreto que traslada a nuestro ordenamiento jurídico lo previsto en aquella Directiva 7/43/EURATROM. Y no es posible obviar la presencia del profesional de Enfermería en cada actuación médica, al menos como regla general, porque todo usuario paciente que acude a una institución sanitaria, pública o privada, tiene que contar con la asistencia de la profesión de Enfermería.  
Visto lo anterior, la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Enfermería de Valencia acuerda lo siguiente:  
1. Declarar imprescindible la presencia de los profesionales de Enfermería en lo servicios de Radiodiagnóstico.  
2. Declarar que el personal de Enfermería, como profesional habilitado, puede realizar, por indicación del personal médico, los aspectos prácticos de los procedimientos que se desarrollan en los servicios de Radiodiagnóstico. Para tal fin podrá solicitar la colaboración o el auxilio del personal de formación profesional.  
3. Declarar que el personal de Enfermería, por indicación del personal médico, puede dar cumplimiento al deber de información establecido por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, respecto a actuaciones médicas.  
El presente Acuerdo se dicta en Valencia, 23 de noviembre de 2010, que firma el secretario de este Colegio Oficial de Enfermería de Valencia y de sus órganos de gobierno, con el visto bueno del presidente del mismo.  
Contra el presente Acuerdo, que es firme, se podrá presentar recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación del mismo. El recurso deberá ser interpuesto ante este Colegio que lo elevará al CECOVA.  
Valencia, 23 de noviembre de 2010.- El presidente: Juan José Tirado Darder. El secretario: Alejandro Sapiña Pérez.