Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4790, del 05-07-2004 (2004/6836)

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2003, de la directora general de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que resuelve inscribir en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos Valencianos de Colegios Profesionales, la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio de abogados de Valencia.
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Número DOGV
:   4790

Fecha DOGV
:   05-07-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/6836


Fecha del documento
:   14-06-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * colegio profesional
    * profesión jurídica
    * reglamento interno
    * legislación

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2003, de la directora general de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que resuelve inscribir en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos Valencianos de Colegios Profesionales, la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio de abogados de Valencia. [2004/X6836]
  
Visto el expediente de modificación de los estatutos del Ilustre Colegio de abogados de Valencia, instruido a instancia de Fernando Alandete Gordó, como decano del mismo e inscrito con el número 68 del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, en el que solicita la modificación y registro de sus estatutos en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; del que se desprenden los siguientes hechos
  
1. Por el decano del mencionado colegio se presentaron el 18 de mayo del presente año, la modificación de los estatutos de dicho Colegio, aprobada en Junta General Extraordinaria de fecha 29 de abril pasado.
  
2. En ejercicio del control de legalidad establecido por el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, ha sido revisado el texto estatutario.
  
3. El texto anexo de los preceptos, objeto de adaptación estatutaria, queda incorporado íntegramente a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.
  
Fundamentos de derecho
  
Los estatutos contienen todas las determinaciones exigidas en el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales.
  
Tales Estatutos han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios estatutos del colegio.
  
El expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a esta Dirección General, de la Secretaría Autonómica de Justicia e Interior, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por los Decretos 7/2003 de 21 de junio y 113/2003, de 11 de julio, sobre asignación de competencias a las Consellerias, y de aprobación del ROF de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, respectivamente, y en relación con la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana y el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el reglamento de dicha Ley.
  
Vistos el artículo 36 de la Constitución y el artículo 31.22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos y demás disposiciones complementarias se dicta la siguiente resolución:
  
1. Inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de abogados de Valencia.
  
2. Publicar en el DOGV los nuevos estatutos para general conocimiento.
  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer, potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
Valencia, 14 de junio de 2004.- La directora general de Justicia: Patricia Montagud Alario.
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
  
I. El Colegio de abogados de Valencia se fundó el 22 de enero de 1759 gracias a la iniciativa y tesón de José Berní Catalá quien al ingresar en el Colegio de abogados de Madrid comprendió la necesidad de que Valencia contase con uno similar. Logró el Dr. Berní que 38 abogados valencianos le otorgasen poderes especiales para solicitar del Rey Carlos III un Colegio de abogados - a imitación de los que se hallaban formados en Madrid y Granada?. De esta forma, el 14 de diciembre de 1761 se aprobó la fundación del Ilustre Colegio de abogados de Valencia por Decreto del Supremo Consejo de Castilla, con las mismas prerrogativas y beneficios que venían establecidos por el Colegio de Madrid.
  
La primera Junta General se celebró el 28 de febrero de 1762, instante desde el que este Ilustre Colegio de abogados de Valencia ha venido desarrollando sus funciones como corporación profesional, en defensa de los abogados valencianos, del recto ejercicio de la profesión y de la sociedad valenciana, manteniendo el prestigio que la profesión y la institución han merecido siempre, lo que le ha valido muy diversas y meritorias menciones honoríficas, destacando de entre ellas la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia.
  
El Ilustre Colegio de abogados de Valencia se fundó como Congregación y Colegio profesional, proclamando en sus primeros Estatutos que se tendría por - Patrona y Abogada a la Soberana Reyna de los Cielos, María Santísima, Virgen, y Madre de Dios de la Asumpción- a la vez que hacia conmemoración - del glorioso San Ibo que fue de la misma profesión por tenerla también por su abogado?. Sin embargo, el Colegio de abogados de Valencia siempre ha mostrado especial devoción por la advocación de la Inmaculada Concepción de María, hasta el punto de que el primer sello colegial representa una imagen de la Purísima Concepción con la leyenda ?Advocata Colegii advocatorum valentia?.
  
La festividad de la Inmaculada Concepción, gracias a la actividad de la Hermandad de abogados del Ilustre Colegio de abogados de Valencia que lleva su nombre, que por su tradición y vigencia se mantienen en los presentes Estatutos, se ha venido celebrando regularmente a pesar de que solo los Estatutos de 1947 y 1995 proclaman este patronazgo.
  
El 4 de marzo de 1922 se promulga la Real Orden aprobando los Estatutos del Colegio de abogados de Valencia para ajustarse al Estatuto aprobado por el Colegio de abogados de Madrid el 27 de abril de 1920.
  
Tras el Decreto de 19 de junio de 1943 que creaba el Consejo General de los Ilustres Colegios de abogados de España, el 28 de junio de 1946 se dicta el Estatuto General de la Abogacía y la Orden de 3 de febrero de 1947 que aprobaba el Estatuto General de los Colegios de abogados de España, que ordena a cada Colegio que redacte sus propios Estatutos.
  
En cumplimiento de esta disposición la Junta General del Ilustre Colegio de abogados de Valencia aprueba el 17 de mayo de 1947 nuevos Estatutos que renovaron la advocación de los abogados valencianos por el Misterio de la Inmaculada Concepción, y regulan de forma completa la vida colegial.
  
Para adaptarse al Estatuto General de la Abogacía aprobado por Real Decreto 2090/1982 de 24 de julio, el Ilustre Colegio de abogados de Valencia aprueba un nuevo texto en Junta General del 16 de enero de 1987, que finalmente fue objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dictándose Sentencia el 16 de noviembre de 1994 declarando que ?el hecho de formularse que el Colegio de abogados de Valencia, conforme a su tradición queda bajo el particular amparo de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María o de acogerse al patronato general de San Raimundo de Peñafort, no implica en absoluto discriminación alguna por razón de religión no afecta a la libertad ideológica religiosa o de culto de los componentes del Colegio ni a terceros ya que tal genérica tradicional advocación a nada ni a nadie obliga ni condiciona para profesar o practicar cualquier religión o creencia, ni para nada quedan restringidas o coartadas las libertades ideológica, religiosa y de culto?.
  
II. Los presentes Estatutos obedecen a la exigencia de adaptarlos a la promulgación del Estatuto General de la Abogacía Española mediante el RD 658/2001 de 22 de junio, y la Ley 6/97 de 4 de diciembre, de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana que constituye un nuevo marco normativo que incorpora las distintas modificaciones legislativas que afectan al ejercicio de la profesión.
  
Avance significativo lo constituye, sin duda, el reconocimiento por parte de este nuevo Estatuto de las competencias autonómicas en materia de Colegios profesionales. La Disposición final segunda es clara al respecto al disponer que en todo lo no regulado ?... se estará a lo dispuesto en los Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de abogados, Estatuto General de la Abogacía, cuyas normas serán de aplicación en caso de duda o contradicción, y con sujeción siempre a legislación en vigor...-
  
La competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana en materia de colegios profesionales y profesiones tituladas (artículo 31.22 de la Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio del Estatuto de Autonomía de la Generalitat Valenciana) se completa con asunción de competencias en materia de colegios profesionales establecida por la Ley 6/1997, de 4 de diciembre de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
Así pues, la adaptación de los Estatutos del Colegio de abogados de Valencia al nuevo Estatuto General se realiza respetando las competencias de la Comunidad Autónoma Valenciana y el Consejo Valenciano de Colegios de abogados tienen asumidas (Resolución de 24 de mayo de 1999, por la que se acuerda la inscripción de la adaptación de los Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de abogados, DOGV nº 3536, de 12 de julio de 1999).
  
Esta nueva normativa moderniza la regulación de la profesión de abogado, contribuyendo a incrementar la calidad de la Justicia. Define la función y características de la abogacía como una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público, y refuerza el principio de buena fe que preside las relaciones entre abogado y cliente.
  
Merece destacar la necesidad de formación integral de los abogados, especialmente en materia deontológica, en cuya labor es de capital importancia la Escuela de Practica Jurídica, y también la decidida voluntad del Ilustre Colegio de abogados de Valencia por participar activamente en el proceso que de forma inmediata es necesario que se establezca para reglar el acceso a la profesión de abogado.
  
Responde a las necesidades que demandaba la profesión, y garantiza el principio básico de independencia de los abogados, regulando por primera vez las asociaciones de abogados con otros profesionales liberales no incompatibles que ofrecen servicios coordinados a sus clientes. Los despachos colectivos también son objeto de una regulación más detallada, introduciéndose como modificación más significativa la supresión de la limitación del número de sus componentes prevista en el anterior Estatuto General.
  
Conforme a las distintas modificaciones legislativas liberalizadoras de los Colegios profesionales, se introduce el principio de colegiación única, se somete la publicidad de los abogados a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y sobre competencia desleal, ajustándose, en todo caso, a las normas deontológicas, y se suprime el tradicional bastanteo de poderes, facilitando al cliente el trámite de designación de abogado.
  
Los deberes deontológicos de los abogados se ven sustancialmente reforzados. Independientemente de la colegiación única, se regula el deber de comunicación de la actuación de todo abogado en cualquier otro colegio diferente a aquel al que estuviere incorporado, estando sujeto a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio en el que actúe.
  
Se garantiza la libertad e independencia del abogado, así como el principio de confianza entre abogado y cliente con la consiguiente regulación del secreto profesional.
  
A diferencia del anterior Estatuto que regulaba los honorarios mínimos que debía pagar el cliente al abogado, el nuevo Estatuto establece que los honorarios tendrán un carácter meramente orientativo, ajustándose de este modo a la doctrina jurisprudencial y a las modificaciones legislativas liberalizadoras de los colegios profesionales.
  
Los presentes Estatutos prevén la ampliación de los miembros de la Junta de Gobierno, lo que venía siendo demandado debido tanto al incremento de Colegiados como a la importancia y trascendencia de las funciones que la Corporación desarrolla. Prevén estos Estatutos la limitación temporal en el desempeño de los cargos de la Junta de Gobierno, lo que unido a la novedad de la regulación del voto por correo, posibilitan la participación mas fluida de todos los Colegiados en las tarea de gobierno de la Corporación.
  
Acogen estos Estatutos también la modificación introducida por el Real Decreto 936/2001 de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea, y se atribuye a la Junta de Gobierno del Colegio de abogados de Valencia la resolución de las solicitudes de inscripción para el ejercicio de la profesión con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea, estableciendo ciertas especificaciones en el procedimiento sancionador al que están sujetos los abogados inscritos, y un procedimiento distinto y alternativo al contemplado en la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1996, para solicitar el reconocimiento del título con el objeto de acceder a la profesión en España.
  
TITULO I
  
DISPOSICIONES GENERALES
  
Artículo 1. Naturaleza jurídica
  
El Colegio de abogados de Valencia es una Corporación de Derecho Público, amparada por la Constitución, las normas básicas de la Ley estatal de Colegios profesionales y por la Ley de Colegios Profesionales de la Generalitat Valenciana, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se rige la citada normativa legal y demás de aplicación, por sus propios Estatutos y por los Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de abogados de la Comunidad Valenciana y el Estatuto General de la Abogacía.
  
Su estructura interna y funcionamiento deberá ser democrático, fomentando los principios de participación, asociación y libertad de expresión de sus miembros, entre otros.
  
Artículo 2. Ámbito territorial
  
La competencia del Colegio de abogados de Valencia es la provincia de Valencia, sin más excepción que la competencia territorial de los Colegios de abogados de Alzira y Sueca
  
El Colegio de abogados de Valencia tiene su sede en Valencia, Plaza de Tetuán nº 16, con delegaciones en Carlet, Catarroja, Gandía, Llíria, Massamagrell, Moncada, Picassent, Quart de Poblet, Ontinyent, Requena, Sagunt, Torrent, Xàtiva sin perjuicio de las demás delegaciones que determine la Junta de Gobierno para el mejor cumplimiento de sus fines, y mayor eficacia de sus funciones. Los Delegados ostentarán la representación del Colegio de abogados de Valencia, con las facultades y competencias que en cada momento señale la Junta de Gobierno.
  
Artículo 3. Integrantes
  
El Colegio de abogados de Valencia se integra, sin limitación alguna, por quienes reuniendo las condiciones de aptitud y no estando incursos en ningún tipo de impedimentos, y previo cumplimiento de los requisitos hayan sido admitidos.
  
Artículo 4. Tratamiento, emblemas y patrocinio
  
El Colegio de abogados de Valencia, tendrá el tradicional tratamiento de Ilustre. Su tradicional emblema está constituido por el escudo de armas de la ciudad de Valencia coronado por el Rat Penat que descansa sobre un libro de leyes, rodeado de ramas de olivo y hojas de laurel, y con una filactería que recorre ambos lados del escudo y su base con la leyenda Colegio de abogados de Valencia.
  
Sin perjuicio de acogerse al patrocinio general de San Raimundo de Peñafort, queda, conforme a su tradición, bajo el particular amparo de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.
  
TITULO II
  
FINES Y FUNCIONES DEL COLEGIO
  
Artículo 5. Fines del colegio
  
Los fines del Colegio de abogados de Valencia son los señalados con carácter general en el Estatuto General de la Abogacía y del Consejo Valenciano de Colegios de abogados de la Comunidad Valenciana, y en particular los siguientes:
  
a) La ordenación del ejercicio de la profesión y su representación exclusiva.
  
b) La defensa de los derechos e intereses profesionales y asistenciales de los colegiados.
  
c) La formación profesional permanente de los abogados.
  
d) El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario, en garantía de la sociedad.
  
e) La defensa del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los Derechos Humanos.
  
f) La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la administración de Justicia.
  
Artículo 6. Funciones del Colegio
  
Corresponde al Colegio de abogados de Valencia para el cumplimiento de sus fines el ejercicio de las funciones que, con carácter general se indican en el Estatuto General de la Abogacía y del Consejo Valenciano de Colegios de abogados de la Comunidad Valenciana, y en particular los siguientes:
  
a) Ostentar la representación que establezcan las Leyes para el cumplimiento de sus fines y, especialmente, la representación y defensa de la profesión ante la administración, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios y causas afecten a los derechos e intereses profesionales y a los fines de la abogacía, ejercitar las acciones penales, civiles, administrativas o sociales que sean procedentes, así como para utilizar el derecho de petición conforme a la Ley.
  
b) Informar, con carácter preceptivo y no vinculante, los proyectos de Leyes que se presenten a las Cortes Valencianas y de normas del Gobierno valenciano en materia de derecho público y privado, y administración de justicia, que se refieran o afecten al Colegio y al ejercicio de la abogacía.
  
c) Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros de asistencia y orientación jurídica puedan estatutariamente crearse.
  
d) Participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de la administración, así como en los organismos interprofesionales.
  
e) Asegurar la representación de la abogacía en los Consejos Sociales y Patronatos Universitarios, en los términos establecidos en las normas que los regulen.
  
f) Participar en la elaboración de los planes de estudios, informar de las normas de organización de los centros docentes correspondientes a la profesión, mantener permanente contacto con los mismos; crear, mantener y proponer a la autoridad competente la homologación de Escuelas de Práctica Jurídica y otros medios para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos titulados, y organizar cursos para la formación y perfeccionamiento profesional.
  
g) Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la ética y la dignidad profesionales y por el respeto debido a los derechos de los particulares; ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial; elaborar sus Estatutos particulares y las modificaciones de los mismos, sometiéndolos a la aprobación de la Conselleria competente, previo informe del Consejo Valenciano de Colegios de abogados; redactar y aprobar su propio Reglamento de régimen interior, sin perjuicio de su control de legalidad por la Conselleria competente, y demás acuerdos para el desarrollo de sus competencias.
  
h) Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros análogos, incluido el aseguramiento colectivo de la responsabilidad civil profesional.
  
i) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados impidiendo la competencia desleal entre los mismos.
  
j) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional.
  
k) Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, o entre éstos y sus clientes.
  
l) Ejercer funciones de arbitraje en los asuntos que les sean sometidos, así como promover o participar en instituciones de arbitraje.
  
m) Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados y la percepción de sus honorarios, mediante laudo al que previamente se sometan de modo expreso las partes interesadas.
  
n) Establecer baremos orientativos sobre honorarios profesionales, y, en su caso, el régimen de las notas de encargo o presupuestos para los clientes.
  
o) Informar y dictaminar sobre honorarios profesionales, así como establecer, en su caso, servicios para su cobro.
  
p) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados, en cuanto afecte a la profesión, las disposiciones legales y estatutarias, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.
  
q) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión, de los colegiados y demás fines de la abogacía.
  
r) Participar en los procesos y pruebas que se establezcan para la acreditación de la aptitud profesional a través de la que se reconozca la capacidad necesaria para el ejercicio profesional de abogado.
  
s) Las demás que vengan dispuestas por la legislación estatal o de la Comunidad Valenciana.
  
TITULO III
  
COLEGIACIÓN Y EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
  
CAPITULO PRIMERO
  
ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE COLEGIADO
  
Artículo 7. Obligatoriedad de colegiación
  
Para el ejercicio de la abogacía quienes tengan su domicilio profesional único o principal en el ámbito territorial del Colegio, deberán incorporarse al mismo, lo que les permitirá ejercer en todo el territorio español en los términos de la Ley estatal de Colegios Profesionales.
  
Artículo 8. Requisitos de Colegiación
  
1. La incorporación al Colegio de abogados de Valencia exigirá los siguientes requisitos:
  
a) Tener nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea o del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, salvo lo dispuesto en tratados o convenios internacionales, o dispensa legal.
  
b) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.
  
c) Poseer el título de Licenciado en Derecho o los títulos extranjeros que, conforme a las normas vigentes, sean homologados a aquellos.
  
d) Satisfacer la cuota de ingreso y las demás que tenga establecidas el Colegio.
  
2. La incorporación como ejerciente exigirá, además, los siguientes requisitos:
  
a) Carecer de antecedentes penales que inhabiliten para el ejercicio de la abogacía.
  
b) No estar incurso en causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la abogacía.
  
c) Formalizar el ingreso en la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija o, en su caso, en el Régimen de Seguridad Social que corresponda de acuerdo con la legislación vigente.
  
d) Declaración jurada del solicitante en la que manifestará si ejerce función o empleo en la administración; en caso afirmativo expresará la naturaleza y categoría de su función o empleo y aportará certificación expresiva de que no incurre en incompatibilidad con el ejercicio de la profesión.
  
e) Haber obtenido, cuando proceda, la acreditación de la aptitud profesional a través de la que se reconozca la capacidad necesaria para el ejercicio profesional de abogado.
  
Artículo 9. Requisitos a cumplimentar por los abogados pertenecientes a otros colegios
  
Sin perjuicio de que baste la colegiación en un solo Colegio, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio del Estado, quienes pretendan incorporarse al Colegio de abogados de Valencia, si perteneciesen con anterioridad a otro, deberán presentar certificación del Consejo General de la Abogacía, acreditativa de no figurar dado de baja por falta de pago en cualquier Colegio de abogados de España y de no haber sido objeto de corrección disciplinaria, con expresión precisa de cuál fue ésta en caso afirmativo.
  
Artículo 10. Competencia de la Junta de Gobierno para tramitar las solicitudes de colegiación
  
1. Corresponde a la Junta de Gobierno resolver sobre las solicitudes de incorporación y reincorporación que se presenten, las cuales serán aprobadas, suspendidas o denegadas, previas las diligencias e informes que proceda, mediante resolución motivada que deberá ser notificada al interesado en el plazo de diez días.
  
Contra la resolución denegatoria o suspensiva de la solicitud de colegiación o reincorporación procederá el recurso de reposición ante la propia Junta de Gobierno, que deberá ser interpuesto en el plazo de un mes, debiendo ser resuelto en igual período. Contra el acuerdo definitivo podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de abogados, conforme se prevé en los presentes Estatutos.
  
2. No podrá denegarse en ningún caso el ingreso en la corporación a quienes reúnan los requisitos establecidos en el artículo 8 de este Estatuto.
  
Artículo 11. Suspensión de solicitudes
  
La tramitación de las solicitudes de incorporación y reincorporación será suspendida en los siguientes casos:
  
a) Cuando el interesado no acompañe los documentos necesarios hasta tanto no lo haga.
  
b) Cuando existan dudas respecto de la legitimidad o certeza de los documentos aportados mientras no se disponga de las compulsas o legitimaciones oportunas.
  
c) Cuando el solicitante hubiese dejado de satisfacer en otro Colegio las cuotas ordinarias o extraordinarias impuestas, mientras no justifiquen su pago o la falta de obligación de hacerlo.
  
Artículo 12. Causas de denegación
  
Se denegarán las solicitudes de incorporación y reincorporación siempre que quienes las formulan se encuentren comprendidos en alguno de los casos siguientes:
  
a) No cumplir los requisitos de incorporación o reincorporación establecidos en los presentes Estatutos.
  
b) Cuando hubiere incurrido en conducta que de haber estado incorporado constituyere falta muy grave que llevare aparejada la expulsión o suspensión en el ejercicio profesional, y así estuviere declarado por resolución firme, salvo que conforme a estos Estatutos procediere la rehabilitación.
  
c) Tener algún impedimento para ser admitido por no haber alcanzado la mayoría de edad, por no poseer la nacionalidad española, salvo en los casos de dispensa, o cuando se hubiere producido la inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la Abogacía, en virtud de Sentencia o resolución firme.
  
d) Haber sido sancionado disciplinariamente con la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de algún Colegio de abogado español o Corporación equivalente de algunos de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, no habiendo sido rehabilitado.
  
Artículo 13. Pago de derechos
  
El pago de las cuotas de incorporación y demás gastos de ella dimanantes, deberá hacerse, con carácter condicional, sujeto a la concesión de aquélla, en el momento de solicitarla.
  
En el caso de que quien solicitase la incorporación lo estuviera en otro Colegio, la cuota de incorporación que deberá satisfacer será la misma que se exigirá en el Colegio de origen a los abogados pertenecientes al Colegio de abogados de Valencia.
  
Artículo 14. Colegiación única
  
Los abogados incorporados a otro Colegio de abogados podrán ejercer en el ámbito territorial del Colegio de abogados de Valencia, sin que se les exija por éste habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de las exigibles a sus colegiados por servicios que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. Ello se entiende sin perjuicio del deber de comunicación previa.
  
Todo abogado incorporado al Colegio de Valencia podrá prestar sus servicios profesionales libremente en todo el territorio del Estado, en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea y en los demás países, con arreglo a la normativa vigente al respecto.
  
Los abogados de otros países podrán ejercer en el territorio del Colegio de Valencia, de conformidad con la normativa vigente al efecto y con respeto a lo establecido en los presentes Estatutos.
  
Artículo 15. Deber de comunicación
  
1. El abogado perteneciente al Colegio de abogados de Valencia que vaya a intervenir en actuaciones judiciales que se desarrollen en partidos judiciales correspondientes al ámbito territorial de otros Colegios de abogados, salvo que se trate de un Colegio de abogados de la Comunidad Valenciana, deberá comunicarlo al Colegio en cuyo ámbito territorial haya de intervenir directamente y al Consejo General, a través del Colegio de abogados de Valencia. El abogado perteneciente a otro Colegio que realice una actuación profesional en el ámbito territorial del Colegio de abogados de Valencia deberá comunicarlo a través de su Colegio.
  
La comunicación surtirá efectos desde su presentación sin perjuicio de que se recabe del Colegio de origen que, previa diligencia del Consejo General de la Abogacía Española de que el comunicante no está sancionado o incapacitado para el ejercicio profesional en ningún Colegio de España, haga constar ante el Colegio de destino que el comunicante está incorporado en el mismo como abogado en ejercicio y que no ha sido sancionado o incapacitado para dicho ejercicio en ningún Colegio de abogados de España.
  
2. En las actuaciones profesionales que lleve a cabo en el ámbito territorial de otro Colegio, el abogado estará sujeto a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del mismo. Dicho Colegio protegerá su libertad e independencia en la defensa y será competente para la tramitación y resolución de los expedientes disciplinarios a que hubiere lugar, sin perjuicio de que la eventual sanción surta efectos en todos los Colegios de España, para lo cual se comunicará al Consejo General.
  
3. La incorporación o comunicación de actuación profesional acredita al abogado como tal, sin que sea necesario ninguna designación o nombramiento del Poder Judicial o de la administración pública.
  
4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto del Consejo Valenciano de Colegios de abogados y en los demás acuerdos intercolegiales que se puedan establecer.
  
CAPITULO SEGUNDO
  
MIEMBROS DEL COLEGIO
  
Artículo 16. Miembros del Colegio
  
1. Tendrán la consideración de miembros del Colegio de abogados de Valencia quienes, como ejercientes o no ejercientes, ya figuren incorporados o se incorporen en lo sucesivo, para lo cual deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 8 de los presentes Estatutos.
  
2. No podrá limitarse en el Colegio de abogados de Valencia el número de sus componentes ni cerrarse temporal o definitivamente la admisión de nuevos colegiados que reúnan las condiciones señaladas en el presente Estatuto o preceptos que los desarrollen.
  
Artículo 17. Tarjeta de identidad e insignias
  
Los Colegiados identificarán su personalidad y su condición de ejercientes o no ejercientes, mediante un carné o tarjeta de identidad, en que figurará su fotografía, y que se ajustará al modelo que en cada caso acuerde la Junta de Gobierno.
  
También podrán usar una insignia de solapa, según modelo igualmente aprobado por la Junta de Gobierno.
  
Artículo 18. Colegiados de honor
  
Podrán ser Colegiados de Honor del Colegio de Valencia aquellas personas que reciban este nombramiento por acuerdo de la Junta General, a propuesta de la de Gobierno y en atención a méritos o servicios relevantes prestados a favor de la profesión o de la abogacía en general.
  
Artículo 19. Habilitación para defender asuntos propios o de parientes
  
No se necesitará la incorporación al Colegio de abogados de Valencia para la defensa de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que el interesado reúna los requisitos establecidos por el artículo 8.1, párrafos a), b) y c) de los presentes Estatutos, así como aquellos que puedan establecer las normas vigentes. Los que se hallen en este caso serán habilitados por el decano del Colegio de abogados para la intervención que se solicite.
  
La habilitación supone para quien la recibe, aunque sólo con relación al asunto o asuntos a que alcanza, el disfrute de todos los derechos concedidos en general a los abogados y la asunción de las correlativas obligaciones, y aplicación del régimen de Incapacidad, Prohibición, Incompatibilidad y Restricciones para el ejercicio de la profesión.
  
CAPITULO TERCERO
  
PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE COLEGIADO
  
Artículo 20. Pérdida de la condición de colegiado
  
1. La condición de colegiado se perderá:
  
a) Por dejar de satisfacer tanto las cuotas ordinarias o extraordinarias acordadas, como las demás cargas colegiales a que viniere obligado.
  
b) Por condena firme que lleve consigo la de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
  
c) Por sanción firme de expulsión del colegio, acordada en expediente disciplinario.
  
d) Por baja voluntaria.
  
e) Por fallecimiento.
  
2. En todo caso, la pérdida de la condición de colegiado por las causas expresadas en los apartados a), b) y c) del número anterior deberán ser comunicadas por escrito al interesado, momento en que surtirán efectos, siendo igualmente comunicadas al Consejo Valenciano de Colegios de abogados y al Consejo General de la Abogacía Española.
  
3. En el caso del apartado a), los colegiados podrán reincorporarse al Colegio de abogados de Valencia pagando lo adeudado, sus intereses al tipo legal del dinero, y la cantidad que corresponda como reincorporación.
  
4. La Junta de Gobierno acordará el pase a situación de no ejerciente de aquellos colegiados en quienes concurra alguna de las circunstancias determinantes de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio, mientras aquella subsista, sin perjuicio de que si a ello hubiere lugar, resuelva lo que proceda en vía disciplinaria.
  
CAPITULO CUARTO
  
DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
  
Sección Primera.
  
De los abogados incorporados a este Colegio
  
Artículo 21. abogados
  
Tienen la condición de abogados del Colegio de abogados de Valencia quienes, en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados.
  
Quienes, habiendo figurado como ejercientes en este Colegio y teniendo por tanto la condición de abogados, durante al menos veinte años y el derecho a utilizar esta denominación, causaren baja en el ejercicio profesional, y cesaren en el mismo, por alcanzar la edad de jubilación o por incapacidad física, voluntariamente manifestada, podrán continuar como Colegiados, en calidad de no ejercientes, facultándoseles para que continúen utilizando la denominación del honroso título de abogado, como reconocimiento permanente de su vocación ejercida. Pero sin que puedan ejercer la profesión, una vez hayan causado tal baja.
  
Artículo 22. Juramento o Promesa
  
1. De conformidad con la legislación vigente, quienes queden incorporados a este Colegio para el ejercicio de la profesión de abogado y que con anterioridad no la hubiesen ejercido, prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y de fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado.
  
2. El juramento o promesa será prestado ante la Junta de Gobierno del Colegio de abogados de Valencia.
  
3. La Junta podrá autorizar que el juramento o promesa se formalice inicialmente por escrito, con compromiso de su posterior ratificación pública. En todo caso, se deberá dejar constancia en el expediente personal del colegiado de la prestación de dicho juramento o promesa. La falta de prestación del juramento o promesa el día y hora que al efecto se señale hará, salvo causa grave justificada, que quede en suspenso la anterior autorización hasta que efectivamente se cumpla este requisito, por quienes a ello vengan obligados.
  
Artículo 23. Justificación de su condición
  
1. El Colegio de abogados de Valencia remitirá al principio de cada año a todos los Jueces y Tribunales de su territorio, así como a los directores de Centros Penitenciarios y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad una relación comprensiva de los abogados ejercientes incorporados al Colegio. La lista será actualizada periódicamente con las modificaciones por nuevas altas y bajas. A los abogados que en aquella estuviesen incluidos no puede exigírseles otro comprobante para el ejercicio de la profesión.
  
2. Los abogados que no figuren en tal lista deberán acreditar la condición de abogado mediante certificación de hallarse incorporados al Colegio o documentación acreditativa de haber efectuado la comunicación prevista en los presentes Estatutos.
  
3. El Colegio de abogados de Valencia podrá comprobar que los abogados que intervengan en las oficinas y actuaciones judiciales figuren incorporados como ejercientes en dicho Colegio o en otro de España, o que, pese a no estarlo, hubieren sido habilitados conforme se regula en los presentes estatutos.
  
Sección Segunda.
  
Incapacidad, Prohibiciones, Incompatibilidades
  
y Restricciones Especiales.
  
Artículo 24. Circunstancias determinantes de la incapacidad
  
1. Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la abogacía:
  
a) Los impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, no permitan el cumplimiento de la misión de defensa de los intereses ajenos que a los abogados se encomienda.
  
b) La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la abogacía en virtud de resolución judicial o corporativa firme.
  
c) Las sanciones disciplinarias firmes que lleven consigo la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de cualquier Colegio de abogados.
  
2. Las incapacidades desaparecerán cuando cesen las causas que las hubieran motivado o se haya extinguido la responsabilidad disciplinaria conforme a los presentes Estatutos.
  
Artículo 25. Prohibiciones
  
Los abogados tienen las siguientes prohibiciones, cuya infracción se sancionará disciplinariamente:
  
a) Ejercer la abogacía estando incursos en causa de incompatibilidad, inhabilitación o suspensión, así como prestar su firma a quienes, por cualquier causa, no puedan ejercer como abogados.
  
b) Compartir locales o servicios con profesionales incompatibles, si ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional.
  
c) Mantener vínculos asociativos de carácter profesional que impidan el correcto ejercicio de la abogacía, atendiendo a este respecto a lo previsto en los presentes Estatutos y, singularmente, en el artículo 26.3.
  
Artículo 26. Incompatibilidades
  
1. El ejercicio de la abogacía es incompatible con cualquier actividad que pueda suponer menosprecio de la libertad, la independencia o la dignidad que le son inherentes.
  
Igualmente, el abogado perteneciente a este Colegio que realice al mismo tiempo cualquier otra actividad deberá abstenerse de realizar aquella que resulte incompatible con el correcto ejercicio de la abogacía, por suponer un conflicto de intereses que impida respetar los principios del correcto ejercicio contenidos en los presentes Estatutos.
  
2. Asimismo, el ejercicio de la abogacía será absolutamente incompatible con:
  
a) El desempeño, en cualquier concepto, de cargos, funciones o empleos públicos en el Estado y en cualquiera de las Administraciones públicas, sean estatales, autonómicas, locales o institucionales, cuya propia normativa reguladora así lo especifique.
  
b) El ejercicio de la profesión de Procurador, Graduado Social, Agente de Negocios, Gestor Administrativo y cualquiera otra cuya propia normativa reguladora así lo especifique.
  
c) El mantenimiento de vínculos profesionales con cargos o profesionales incompatibles con la abogacía, que impidan el correcto ejercicio de la misma.
  
3. En todo caso, el abogado no podrá realizar actividad de auditoria de cuentas u otras que sean incompatibles con el correcto ejercicio de la abogacía simultáneamente para el mismo cliente o para quienes lo hubiesen sido en los tres años precedentes.
  
No se entenderá incompatible esta prestación si se realiza por personas jurídicas distintas y con Organos de Administración diferentes.
  
4. El ejercicio de la abogacía es también incompatible con la intervención ante aquellos organismos jurisdiccionales en los términos que establezca la legislación aplicable.
  
El abogado a quien afecte tal incompatibilidad deberá abstenerse de la defensa que en tales asuntos le haya podido ser encomendada. Dicha obligación de abstención se entiende sin perjuicio del derecho de recusación que pueda asistir al litigante contrario.
  
Artículo 27. Efectos
  
1. El abogado a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad establecidas en el artículo anterior deberá comunicarlo sin excusa a la Junta de Gobierno del Colegio y cesar inmediatamente en la situación de incompatibilidad, entendiéndose que renuncia al ejercicio profesional si no lo manifiesta por escrito en el plazo de treinta días, con lo que será dado de baja en el mismo.
  
2. La infracción de dicho deber de cesar en la situación de incompatibilidad, así como su ejercicio con infracción de las incompatibilidades establecidas en el artículo anterior, directamente o por persona interpuesta, constituirá infracción muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.
  
CAPITULO QUINTO
  
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ABOGADOS
  
Sección Primera
  
Con carácter general
  
Artículo 28. Deberes fundamentales
  
El deber fundamental del abogado perteneciente al Colegio de Valencia es cumplir las normas legales, estatutarias y deontológicas. Como partícipe en la función pública de la administración de Justicia debe cooperar con ella asesorando, conciliando y defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de Justicia a que la abogacía se halla vinculada.
  
La defensa jurídica es una obligación profesional tanto para la abogacía como para los abogados, que se cumplirá ajustándose a normas deontológicas.
  
El abogado tiene el derecho y el deber de prestar el servicio de Turno de Oficio en los términos que reglamentariamente establezca la Junta de Gobierno.
  
Artículo 29. Sometimiento a normas y decisiones del Colegio de abogados de Valencia y demás órganos rectores de la Abogacía
  
Los colegiados quedan sometidos al Estatuto General de la Abogacía, a los presentes Estatutos y a las decisiones de la Junta General, de la Junta de Gobierno y del Consejo Valenciano de Colegios de abogados, así como a los estatutos de este último.
  
Artículo 30. Despacho profesional
  
Los abogados de este Colegio deberán mantener despacho profesional abierto o estar adscritos a un despacho profesional, en el lugar donde habitualmente ejerzan la profesión, dentro del ámbito territorial de competencia de este Colegio.
  
Se exceptúan de estos deberes de residencia y de mantener despacho abierto a los abogados procedentes de otros Colegios, respecto de los cuales se entenderá cumplido este requisito por el hecho de mantener su residencia y estudio profesional en el Colegio de origen en el que más habitualmente ejerzan la profesión.
  
Todos los abogados tienen la obligación de comunicar al Colegio los cambios de domicilio, traslados de vecindad y ausencias que hayan de prolongarse por más de dos meses consecutivos. Las notificaciones efectuadas en el domicilio profesional que conste en el Colegio tendrán plena validez, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda derivarse de no haber comunicado su eventual traslado.
  
Artículo 31. Secreto profesional
  
1. De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.
  
2. En el caso de que el decano del Colegio de abogados de Valencia, o quien estatutariamente le sustituya, fuere requerido en virtud de norma legal o avisado por la autoridad judicial o caso gubernativa, competente para la práctica de un registro en el despacho profesional de un abogado del Colegio de Valencia, deberá personarse en dicho despacho y asistir a las diligencias que se practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional.
  
3. Si un abogado tuviera que reclamar judicialmente contra su propio cliente como consecuencia del ejercicio profesional, o se viere demandado por él, no tendrá obligación de guardar silencio respecto al caso concreto al que se refiere la reclamación.
  
Artículo 32. Libertad e independencia
  
El abogado en cumplimiento de su misión, actuará con toda libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la Ley o por las normas éticas y deontología profesional.
  
Artículo 33. Ejercicio de su función
  
El deber de defensa jurídica que a los abogados se les confía es también un derecho para los mismos.
  
En consecuencia podrá reclamar tanto de las Autoridades como del Colegio y de los particulares todas las medidas de ayuda en el ejercicio de su función que les sean legalmente debidas.
  
Artículo 34. Consideraciones honoríficas
  
El abogado del Colegio de Valencia tiene derecho a todas las consideraciones honoríficas debidas a su profesión y tradicionalmente reconocidas.
  
Artículo 35. Protección legal
  
Para la protección de sus derechos, los abogados del Colegio de Valencia podrán hacer uso de cuantos remedios o recursos establece la vigente legislación, sujetándose al régimen jurídico vigente para cada uno de ellos.
  
Artículo 36. Derechos corporativos
  
Son derechos de los colegiados:
  
a) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer los derechos de petición, de voto y de acceso a los cargos directivos, en la forma que establezcan las normas legales o estatutarias.
  
El voto de los abogados tendrá, en todo caso, doble valor que el de los Colegiados no ejercientes, salvo los abogados jubilados no ejercientes, comprendidos en el segundo párrafo del artículo 21 cuyo voto tendrá también doble valor.
  
b) Recabar y obtener del Colegio, el Consejo Valenciano de Colegios de abogados y todos los órganos corporativos la protección de su independencia y lícita libertad de actuación profesional.
  
c) Conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los expedientes en los que tengan la condición de interesado.
  
d) Formular moción de censura contra los miembros de la Junta de Gobierno, en los términos regulados en los presentes Estatutos.
  
e) Aquellos otros que les confieren los presentes Estatutos, los del Consejo Valenciano de Colegios de abogados y cualesquiera otras disposiciones de carácter general.
  
Artículo 37. Deberes corporativos
  
Son deberes de los abogados pertenecientes al Colegio de abogados de Valencia:
  
a) Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y levantar las demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y plazos al efecto establecidos. A tales efectos se consideran cargas corporativas todas las impuestas por el Colegio, el Consejo Valenciano de Colegios de abogados y el Consejo General de la Abogacía, en el marco de sus competencias respectivas.
  
b) Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal, sea por falta de colegiación u omisión del deber de comunicación, sea por suspensión o inhabilitación del denunciado, o por estar incurso en supuestos de incompatibilidad o prohibición.
  
c) Denunciar al Colegio cualquier atentado a la libertad, independencia o dignidad de un abogado en el ejercicio de sus funciones.
  
d) Prescindir de todo intento de implicación del abogado contrario en el litigio o intereses debatidos, ni directa ni indirectamente, evitando incluso cualquier alusión personal al compañero y tratándole siempre con la mayor corrección.
  
e) Evitar competencias ilícitas respecto a los compañeros de la profesión, cumpliendo los deberes corporativos.
  
f) Mantener como materia reservada las conversaciones y correspondencia habidas con el abogado o abogados contrarios, con prohibición de revelarlos o presentarlos en juicio sin su previo consentimiento. No obstante, por causa grave, la Junta de Gobierno del Colegio podrá discrecionalmente autorizar su revelación o presentación en juicio sin dicho consentimiento previo.
  
Artículo 38. Publicidad
  
1. Los abogados pertenecientes al Colegio de abogados de Valencia podrán realizar publicidad de sus servicios, siempre que sea digna, leal y veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose, en cualquier caso, a las normas deontológicas.
  
2. Se considerará contraria a las normas deontológicas de la abogacía la publicidad que suponga:
  
a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional.
  
b) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto.
  
c) Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva.
  
d) Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado.
  
e) Hacer referencia directa o indirecta a clientes del propio abogado.
  
f) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, al reservarse su uso para la publicidad institucional que pueda realizarse en beneficio de la profesión en general.
  
3. Los abogados que presten sus servicios en forma permanente u ocasional a empresas individuales o colectivas, deberán exigir que las mismas se abstengan de efectuar publicidad respecto de tales servicios, que no se ajuste a lo establecido en estos Estatutos y en el Estatuto General de la Abogacía.
  
Artículo 39. La venia
  
1. Los abogados tienen plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del asunto, así como de renunciar al mismo en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca indefensión al cliente.
  
2. Los abogados que hayan de encargarse de la dirección profesional de un asunto encomendado a otro compañero en la misma instancia deberán solicitar su venia, salvo que exista renuncia escrita e incondicionada a proseguir su intervención por parte del anterior abogado, y en todo caso, recabar del mismo la información necesaria para continuar el asunto.
  
3. La venia, excepto caso de urgencia a justificar, deberá ser solicitada con carácter previo y por escrito, sin que el letrado requerido pueda denegarla y con la obligación por su parte de devolver la documentación en su poder y facilitar al nuevo letrado la información necesaria para continuar la defensa.
  
4. El abogado sustituido tendrá derecho a reclamar los honorarios que correspondan a su intervención profesional y el sustituto tendrá el deber de colaborar diligentemente en la gestión de su pago.
  
Sección Segunda.
  
En relación con los Tribunales.
  
Artículo 40. Normas para actuar ante los tribunales
  
1. Son obligaciones del abogado para con los órganos jurisdiccionales la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones, y el respeto en cuanto a la forma de su intervención.
  
2. Los abogados comparecerán ante los Tribunales vistiendo toga sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial, y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia.
  
3. Los abogados tendrán derecho a intervenir ante los Tribunales de cualquier jurisdicción sentados dentro del estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el Tribunal ante quien actúen.
  
4. El abogado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio incorporado al Colegio de abogados de Valencia, o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio. Para la sustitución bastará la declaración del abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad.
  
5. Los abogados que se hallen procesados o encartados y se defiendan a sí mismos o colaboren con su defensor usarán toga y ocuparán el sitio establecido para los abogados.
  
6. Los abogados no estarán obligados a esperar más que un tiempo prudencial sobre la hora señalada por los órganos judiciales para las actuaciones en que vayan a intervenir, transcurrido el cual podrán formular la pertinente queja ante el mismo órgano e informar del retraso a la Junta de Gobierno del correspondiente Colegio para que pueda adoptar las iniciativas pertinentes.
  
Artículo 41. Independencia y libertad de actuación y derecho a la consideración profesional
  
Si el abogado actuante considerase que la autoridad, Tribunal o Juzgado coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guardase la consideración debida a su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio Juzgado o Tribunal bajo la fe del Secretario y dar cuenta a la Junta de Gobierno.
  
Dicha Junta, si estimare fundada la queja, adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad, independencia y prestigio profesionales.
  
Artículo 42. Necesidad de identificación
  
En todo escrito que se dirija a los Juzgados y Tribunales y en el que sea preceptiva la firma de abogado, así como en las copias para traslado a las partes, se hará constar de forma legible el nombre completo del Colegiado que lo suscriba y, en su caso, la fecha de la comunicación o habilitación prevista en los presentes Estatutos.
  
El Colegio de abogados de Valencia podrá facilitar a sus abogados el uso de un sello con el emblema del Colegio y el nombre y numero de colegiado del abogado, para facilitarle la identificación profesional y a estos únicos fines.
  
Sección Tercera.
  
En relación con las partes
  
Artículo 43. Respecto a su propio cliente
  
1. Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional.
  
2. El abogado realizará diligentemente las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica de dicho asunto y pudiendo auxiliarse de sus colaboradores y otros compañeros, quienes actuarán bajo su responsabilidad.
  
3. En todo caso, el abogado deberá identificarse ante la persona a la que asesore o defienda, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero, a fin de asumir las responsabilidades civiles, penales y deontológicas que, en su caso, correspondan.
  
4. Si al abogado no le interesase continuar dirigiendo al cliente que le hubiere nombrado, vendrá obligado a hacerle saber su desistimiento con la antelación necesaria para que no queden indefensos los intereses puestos bajo su amparo.
  
5. El abogado está obligado a devolver puntualmente a su cliente la documentación que le hubiera confiado, a la terminación de la relación contractual. No será causa para eximirse de esta obligación que se le adeude cualquier cantidad.
  
Deberá entregar a su cliente, a su petición, los documentos obtenidos por el abogado, los escritos y resoluciones relacionadas con el asunto que le hubiese encomendado, todo ello con gastos a cargo del cliente. Este deber de conservación de documentos y antecedentes tendrá una duración máxima de seis años.
  
Artículo 44. Respecto a la parte contraria
  
Son obligaciones del abogado para con la parte contraria la abstención u omisión de cualquier acto que determine una lesión injusta para la misma, y el trato considerado y cortés.
  
Sección Cuarta
  
Ejercicio individual, despachos colectivos y no colectivos.
  
Artículo 45. Ejercicio individual
  
1. El ejercicio individual de la abogacía podrá desarrollarse por cuenta propia como titular de un despacho, o por cuenta ajena, o como colaborador de un despacho individual o colectivo. No se perderá la condición de abogado que ejerce como titular de su propio despacho individual cuando:
  
a) El abogado tenga en su bufete pasantes o colaboradores, con o sin relación laboral con los mismos.
  
b) El abogado comparta el bufete con su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
  
c) El abogado comparta los locales, instalaciones, servicios u otros medios con otros abogados, pero manteniendo la independencia de sus bufetes, sin identificación conjunta de los mismos ante la clientela.
  
d) El abogado concierte acuerdos de colaboración para determinados asuntos o clases de asuntos con otros abogados o despachos colectivos, nacionales o extranjeros, cualquiera que sea su forma.
  
e) El abogado constituya una sociedad unipersonal para dicho ejercicio de la abogacía, que habrá de observar, en cuanto pueda aplicársele, lo dispuesto en el artículo siguiente para el ejercicio colectivo.
  
2. El abogado titular de un despacho profesional individual responderá profesionalmente frente a su cliente de las gestiones o actuaciones que efectúen sus pasantes o colaboradores, sin perjuicio de la facultad de repetir frente a los mismos, si procediera. No obstante, los pasantes y colaboradores quedan sometidos a las obligaciones deontológicas y asumirán su propia responsabilidad disciplinaria. Los honorarios a cargo del cliente se devengarán a favor del titular del despacho, aun en el caso de que las actuaciones fueren realizadas por otros letrados por delegación o sustitución del mismo; y a su vez, dicho titular del despacho responderá personalmente de los honorarios debidos a los letrados a los que encargue o delegue actuaciones, aun en el caso de que el cliente dejase de abonárselos, salvo pacto en contrario.
  
3. El ejercicio de la abogacía por cuenta ajena en régimen de especial colaboración habrá de pactarse expresamente por escrito, fijando las condiciones, duración, alcance y régimen económico de la colaboración.
  
4. La abogacía también podrá ejercerse por cuenta ajena bajo régimen de derecho laboral, mediante contrato de trabajo formalizado por escrito y en el que habrá de respetarse la libertad e independencia básicas para el ejercicio de la profesión y expresarse si dicho ejercicio fuese en régimen de exclusividad.
  
5. El Colegio de abogados de Valencia podrá exigir la presentación de los contratos de colaboración y de trabajo a fin de verificar que se ajustan a lo establecido en este Estatuto. En las actuaciones que realice el colaborador en régimen especial o en régimen de derecho laboral, por sustitución o por delegación del despacho con el que colabore, deberá hacer constar en nombre y por cuenta de quien actúa.
  
Artículo 46. El ejercicio colectivo
  
1. Los abogados podrán ejercer la abogacía colectivamente, mediante su agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho, incluidas las sociedades mercantiles.
  
2. La agrupación habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía y estar integrada exclusivamente por abogados en ejercicio, sin limitación de número. No podrá compartir locales o servicios con profesionales incompatibles, si ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional. Tanto el capital como los derechos políticos y económicos habrán de estar atribuidos únicamente a los abogados que integren el despacho colectivo.
  
3. La forma de agrupación deberá permitir en todo momento la identificación de sus integrantes, habrá de constituirse por escrito e inscribirse en el Registro Especial que al efecto se llevará en el Colegio de abogados de Valencia. En dicho Registro se inscribirán su composición y las altas y bajas que se produzcan. Los abogados que formen parte de un despacho colectivo estarán obligados personalmente a solicitar las inscripciones correspondientes.
  
4. Los abogados agrupados en un despacho colectivo no podrán tener despacho independiente del colectivo y en las intervenciones profesionales que realicen y en las minutas que emitan deberán dejar constancia de su condición de miembros del referido colectivo. No obstante, las actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita tendrán carácter personal, aunque podrá solicitarse del Colegio su facturación a nombre del despacho colectivo.
  
5. Los abogados miembros de un despacho colectivo tendrán plena libertad para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como plena independencia para dirigir la defensa de los intereses que tengan encomendados. Las sustituciones que se produzcan se atendrán a las normas de funcionamiento del respectivo despacho, sin precisar la solicitud de venia interna. Los honorarios corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de distribución que establezcan las referidas normas.
  
6. La actuación profesional de los integrantes del despacho colectivo estará sometida a la disciplina colegial respondiendo personalmente el abogado que la haya efectuado. No obstante, se extenderán a todos los miembros del despacho colectivo el deber de secreto profesional, las incompatibilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes y las situaciones de prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con los patrocinados por cualquiera de ellos.
  
7. La responsabilidad civil que pudiese tener el despacho colectivo será conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de agrupación utilizada. Además, todos los abogados que hayan intervenido en un asunto responderán civilmente frente al cliente con carácter personal, solidario e ilimitado.
  
8. Para la mejor salvaguarda del secreto profesional y de las relaciones de compañerismo, las normas reguladoras del despacho colectivo podrán someter a arbitraje colegial las discrepancias que pudieran surgir entre sus miembros a causa del funcionamiento, separación o liquidación de dicho despacho.
  
Artículo 47. Régimen de colaboración multiprofesional
  
1. Los abogados podrán asociarse en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles, sin limitación de número y sin que ello afecte a su plena capacidad para el ejercicio de la profesión ante cualquier jurisdicción y Tribunal, utilizando cualquier forma lícita en derecho, incluidas las sociedades mercantiles, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
  
a) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos determinados, incluyendo servicios jurídicos específicos que se complementen con los de las otras profesiones.
  
b) Que la actividad a desempeñar no afecte al correcto ejercicio de la abogacía por los miembros abogados.
  
c) Que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior en lo que afecte al ejercicio de la abogacía, salvo lo expresado bajo el apartado 2 del mismo, que no resultará aplicable, o en el apartado 4 del que solamente será aplicable la obligación de dejar constancia de la condición de miembro del colectivo multiprofesional en las actuaciones que se realicen y minutas que se emitan en su ámbito.
  
2. Las agrupaciones en régimen de colaboración multiprofesional deben inscribirse en el Registro Especial que al efecto se llevará en el Colegio de abogados de Valencia.
  
3. Los miembros abogados deberán separarse cuando cualquiera de sus integrantes incumpla las normas sobre prohibiciones, incompatibilidades o deontología propias de la abogacía.
  
CAPITULO SEXTO
  
COLEGIADOS NO EJERCIENTES
  
Artículo 48. Colegiados no ejercientes
  
Pertenecen al Colegio de abogados de Valencia en calidad de Colegiados no ejercientes quienes ya figuren incorporados con tal condición o se incorporen en lo sucesivo siempre que reúnan los requisitos establecidos en el art 8.1 de los presentes Estatutos.
  
Quienes pertenezcan a este Colegio en calidad de no ejercientes, tendrán los derechos que se reconocen en el art 36, a) y b), y las obligaciones descritas en los artículos 28, 29 y 37, a y b) quedándoles prohibida la defensa de intereses jurídicos ajenos, y, en general, el ejercicio de las actividades que requieran la aplicación de técnica jurídica reservada a los abogados.
  
TITULO IV
  
ABOGADOS PERTENECIENTES A OTRO ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA O A ESTADOS DEL ESPACIO
  
ECONOMICO EUROPEO
  
CAPITULO PRIMERO
  
Ejercicio en España con el título profesional de origen
  
Artículo 49. Ejercicio en España
  
1. Los abogados pertenecientes a otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, podrán ejercer en España de conformidad con la legislación aplicable. Dichos abogados estarán sujetos a las mismas reglas profesionales y deontológicas que el resto de colegiados, pudiendo ejercer el derecho de voto en las elecciones a Junta de Gobierno en idénticas condiciones que las establecidas para el resto de Colegiados.
  
Respecto al ámbito de su actividad se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable, debiendo actuar concertadamente con un abogado colegiado en el Colegio de Valencia, en las actividades de defensa del cliente, cuando en aplicación de la legislación española sea preceptiva la intervención de abogado para las actuaciones ante Juzgados y Tribunales o ante organismos públicos con funciones jurisdiccionales, así como para la asistencia, comunicación y visitas con detenidos y presos.
  
También será necesaria esta concertación cuando aun no siendo preceptiva la intervención de abogado, la ley exija que si el interesado no interviene por si mismo ante el órgano judicial, no pueda hacerlo otra persona que no sea abogado.
  
El abogado con quien se actúe concertadamente responderá ante los órganos jurisdiccionales y organismos públicos.
  
2. Los abogados cuyo domicilio profesional único o principal en el territorio español radique en el ámbito territorial de este Colegio, deberán inscribirse previamente en el registro especial constituido al efecto.
  
3. La solicitud de inscripción deberá realizarse cumplimentando el formulario facilitado por el propio Colegio de abogados de Valencia, acompañando la documentación prevista en el artículo 5 del RD 936/2001 de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la U.E., así como la documentación que acredite el cumplimento de los requisitos previstos en el artículo 8 de los presentes Estatutos. La cuota de incorporación que establezca la Junta de Gobierno para los abogados pertenecientes a otro Estado miembro de la U.E. o al E.E.E. que pretendan ejercer con el título profesional de origen en el ámbito territorial del Colegio no podrá ser superior, en ningún caso, a la exigida al resto de colegiados.
  
4. La Junta de Gobierno decidirá motivadamente sobre la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su presentación, transcurrido el cual se considerará admitida.
  
Artículo 50. Registro de abogados inscritos
  
El Colegio de abogados de Valencia llevará un registro independiente de los abogados de otros Estados miembros que pretendan ejercer en España. El Colegio comunicará al Consejo General de la Abogacía a través del Consejo Valenciano en el plazo máximo de 15 días, contados a partir de la inscripción, la misma, con especificación de la autoridad competente del Estado miembro de origen del interesado, al objeto de que el Consejo General en los quince días siguientes, informe de ello a dicha autoridad, así como al Ministerio de Justicia.
  
En la lista de los abogados ejercientes incorporados al Colegio prevista en el artículo 23 de los presentes Estatutos, se incluirá los nombres de los abogados pertenecientes a otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio económico Europeo inscritos, con especial mención de tal circunstancia, así como del país de obtención del título profesional bajo el que ejercen en España.
  
Artículo 51. Principio de asimilación con el abogado local
  
1. En relación con las actividades que ejerzan con su título profesional de origen en el ámbito territorial del Colegio, los abogados procedentes de países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo inscritos en el presente Colegio, les será de aplicación, con carácter general, las mismas reglas profesionales y deontológicas que los abogados incorporados a este Colegio. Todo ello, sin perjuicio de la normativa profesional y deontológica a la que estén sujetos en su Estado miembro de origen.
  
En especial, quedarán sujetos a los mismos derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades establecidas en los presentes Estatutos, salvo las excepciones expresamente previstas en el citado RD 936/2001.
  
2. La retirada, temporal o definitiva, de la autorización para ejercer la profesión en el Estado de origen, acordada por la autoridad competente de dicho Estado, conllevará para el abogado inscrito la prohibición, temporal o definitiva, de ejercer en el ámbito territorial de este Colegio con el título profesional de origen.
  
Artículo 52. Obligación de ejercer con expresa mención del título profesional de origen
  
Los abogados que ejerzan en el ámbito territorial del presente Colegio con su título profesional de origen están obligados a hacerlo con mención expresa de tal circunstancia, debiendo utilizarse en cualquier caso la denominación que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el citado RD 936/2001, quedando prohibida la denominación de ?abogado- expresada en cualquiera de las lenguas oficiales de España.
  
Cuando la denominación del título profesional sea coincidente en más de un Estado miembro, o cuando así lo considere el abogado inscrito, se añadirá al título profesional una mención expresa del país de origen.
  
Asimismo, cuando la regulación de la profesión en el país de origen implique limitaciones o especialidades en cuanto al ámbito de actividad del abogado inscrito, deberá éste añadir también una mención de la organización profesional a la que pertenezca en dicho país y, en su caso, del órgano u órganos jurisdiccionales ante los que esté habilitado para ejercer.
  
Artículo 53. Responsabilidad disciplinaria
  
1. Cuando un abogado inscrito incumpla las obligaciones profesionales o deontológicas previstas en los presentes Estatutos, estará sujeto a la misma responsabilidad disciplinaria que el resto de colegiados del presente Colegio.
  
2. El expediente disciplinario se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos, con las siguientes especificaciones:
  
a) Con anterioridad a la incoación del correspondiente expediente disciplinario, el Colegio informará por el medio más rápido posible a la autoridad competente del Estado miembro de origen del ?abogado inscrito?, proporcionándole toda la información pertinente.
  
b) Sin perjuicio del poder de decisión que corresponde al Colegio, éste cooperará a lo largo de la tramitación con la autoridad competente del Estado miembro de origen, asegurando que dicha autoridad pueda formular alegaciones en las distintas fases e instancias de la tramitación, así como en los posibles recursos.
  
c) Si durante la tramitación del expediente disciplinario, la autoridad competente del Estado miembro comunica al Colegio que ha decidido retirar al abogado temporal o definitivamente la autorización para el ejercicio de la profesión, el Colegio procederá, igualmente, a prohibirle temporal o definitivamente, el ejercicio en España bajo el título profesional de origen, sin perjuicio de la resolución que finalmente se dicte en el procedimiento disciplinario.
  
d) La resolución final del procedimiento disciplinario debidamente motivada, será comunicada inmediatamente por el Colegio a la autoridad competente del Estado de origen.
  
3. Las comunicaciones entre el Colegio y la autoridad competente del Estado de origen se realizarán con la intermediación del Consejo General de la Abogacía.
  
CAPITULO SEGUNDO.
  
Integración en la Profesión
  
Artículo 54. Integración en la profesión
  
1. Los abogados que ejerzan en el ámbito territorial de este Colegio con su título profesional de origen y que hayan formalizado su inscripción conforme a lo dispuesto en el Capítulo anterior, podrán solicitar y obtener la integración en la profesión, sin necesidad de tramitar el procedimiento de reconocimiento de su título profesional regulado en la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1996, siempre que acrediten una actividad efectiva y regular en España de una duración mínima de tres años, conforme al procedimiento establecido en los artículos siguientes.
  
2. Por actividad efectiva y regular se entenderá el ejercicio efectivo de la actividad profesional propia de la abogacía, sin otra interrupción que la que resulte de acontecimientos de la vida corriente.
  
Artículo 55. Procedimiento para la colegiación
  
1. La solicitud deberá formularse ante la Junta de Gobierno del Colegio, acompañando los informes y documentación que considere pertinentes, relativos en particular al número y naturaleza de los asuntos que haya tratado.
  
2. Recibida toda la información el Colegio procederá a analizar y valorar toda la documentación que el solicitante haya presentado.
  
3. Con carácter previo a la adopción de la resolución que corresponda, el Colegio solicitará informe al Consejo General de la Abogacía Española. El informe se entenderá favorable si no se emite en el plazo de un mes.
  
Artículo 56. Resolución del procedimiento
  
1. Transcurridos tres meses desde la solicitud de colegiación, la Junta de Gobierno adoptará la correspondiente resolución motivada concediendo o denegando la solicitud. Dicha resolución será susceptible de recurso de alzada conforme se dispone en los presentes Estatutos. El contenido de la resolución podrá ser:
  
a) Desestimatorio, si se considera no acreditado un ejercicio efectivo y regular en España durante al menos tres años en los términos del artículo 17 del citado RD 936/2001, o por considerar que concurren motivos de orden público relacionados con procedimientos disciplinarios, quejas o incidentes de cualquier tipo.
  
b) Estimatorio de la solicitud lo que tendrá como consecuencia la integración del solicitante en la Abogacía española, sin necesidad de tramitar el procedimiento de reconocimiento de título profesional mencionado en la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1996, por considerar que ha quedado acreditada una actividad efectiva y regular en España, de una duración mínima de tres años, en el ámbito del Derecho español, incluido el Derecho comunitario. Para hacer efectiva la mencionada integración el interesado deberá cumplimentar los oportunos trámites de colegiación previstos en los presentes Estatutos, siempre y cuando no hubieran sido ya exigidos en la inscripción, debiendo abonar, en su caso, como cuota de ingreso la que sea exigida al resto de colegiados, minorada con la cuota que pagó en su día para su inclusión en el registro de abogados inscritos.
  
Formalizada la colegiación, el interesado tendrá la condición de abogado a todos los efectos, siéndole de aplicación sin limitación ni especialidad alguna los presentes Estatutos y las normas reguladoras de la profesión, y tendrá derecho a utilizar el título profesional de ?abogado?, añadiendo si lo desea mención del título profesional de origen.
  
La resolución podrá acordar alternativamente que el solicitante se someta a una entrevista con la Comisión de Admisiones nombrada por la Junta de Gobierno y compuesta por tres de sus miembros, por considerar que no ha quedado acreditada una actividad efectiva y regular en España, de una duración mínima de tres años, pero de menor duración en materias relativas al Derecho español.
  
En este supuesto la propia resolución fijará la fecha en la que el solicitante debe someterse a la entrevista que, en todo caso, deberá celebrarse dentro del plazo de 15 días contados a partir de la notificación al solicitante de la resolución que acuerde la entrevista con la Comisión de Admisiones.
  
También se le notificará la identidad de los miembros que integran la Comisión de Admisiones, pudiendo recusarlos si concurren las causas de abstención y recusación previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
  
Los abogados con los que hubiere actuado concertadamente el abogado inscrito o que hubieran pertenecido al mismo despacho profesional no podrán formar parte de la Comisión de Admisiones.
  
La incomparecencia del solicitante a la entrevista supondrá automáticamente la denegación de la solicitud de integración en la profesión.
  
Tras la celebración de la entrevista, cuya finalidad será verificar el carácter efectivo y regular de la actividad ejercida, y tras tomar en consideración toda la información y documentación aportada en relación con los asuntos tratados por el solicitante y en relación con sus conocimientos y experiencia profesional en Derecho español, así como en cuanto a su participación en cursos o seminarios relativos a dicho Derecho, incluidas las normas deontológicas, la Comisión de admisiones propondrá en el plazo de 3 días a la Junta de Gobierno la resolución que proceda.
  
La Junta de Gobierno decidirá finalmente bien autorizando la integración en la profesión sin necesidad de tramitar el procedimiento de reconocimiento del título profesional, bien denegando dicha integración, con los efectos que en cada caso procedan.
  
2. La denegación de la solicitud no impide que el interesado pueda seguir ejerciendo en España bajo su condición de abogado inscrito, pudiendo solicitar, en cualquier caso, el reconocimiento en España del título profesional de abogado obtenido en el país de origen al amparo de los dispuesto en la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1996.
  
Artículo 57. Plazo para resolver las solicitudes
  
El plazo de tres meses previsto en los presentes estatutos para resolver las solicitudes de integración en la profesión, se suspenderá cuando el interesado no acompañe los documentos necesarios o existan dudas respecto a su legitimidad o certeza. Asimismo, se interrumpirá siempre que el procedimiento se paralice durante más de diez días por causas imputables al interesado.
  
Excepcionalmente, podrá acordarse mediante resolución motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles.
  
De acordarse la ampliación del plazo, éste no podrá ser superior a 45 días. Contra el acuerdo que acuerde la ampliación del plazo que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.
  
Artículo 58. Comunicación de la resolución adoptada y de las colegiaciones
  
Una vez adoptada por el Colegio la resolución que corresponda se dará traslado de la misma al Consejo General de la Abogacía, al Consejo Valenciano de Colegios de abogados, a la autoridad competente del Estado de origen del interesado y al Ministerio de Justicia.
  
CAPITULO TERCERO
  
ABOGADOS PERTENECIENTES AL COLEGIO DE VALENCIA QUE EJERZAN PERMANENTEMENTE CON TITULO ESPAÑOL EN OTROS ESTADOS MIEMBROS
  
Artículo 59. Autoridad competente para certificar la condición de abogado
  
La autoridad competente para certificar, ante las autoridades de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo la condición de abogado ejerciente en el ámbito territorial del artículo 2 de estos estatutos será el Colegio de abogados de Valencia.
  
Artículo 60. Información relativa a los abogados con título español que se inscriban en otros Estados miembros
  
1 Cuando un abogado perteneciente a este colegio se inscriba ante la autoridad competente de otro Estado miembro para ejercer en el mismo de forma permanente con tal título, será el Colegio de abogados de Valencia el competente para recibir la comunicación que al respecto debe cursar la autoridad competente de dicho Estado miembro.
  
2. El Colegio de abogados mantendrá actualizada una lista con los abogados a los que se refiere el apartado anterior, al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de información y colaboración establecidas en la Directiva 98/5/CE.
  
3 La lista a la que se refiere el apartado anterior será notificada al Consejo Valenciano de Colegios de abogados, al Consejo General y al Ministerio de Justicia.
  
Artículo 61. Legislación aplicable
  
En todo lo no previsto en los presentes Estatutos será de aplicación la legislación estatal, especialmente, el RD 936/2001.
  
TITULO V
  
TURNO DE OFICIO Y TURNO DE ASISTENCIA A DETENIDOS
  
Artículo 62. Competencia
  
1. Corresponde al Consejo Valenciano de Colegios de abogados y a la Junta de Gobierno del Colegio de abogados de Valencia la regulación y organización de los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando en todo caso su continuidad atendiendo a los principios de eficiencia y funcionalidad, de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios y, cuando el censo de los profesionales lo permita, de especialización por órganos jurisdiccionales.
  
La Junta de Gobierno del Colegio de abogados de Valencia establecerá las normas para su reparto entre los abogados que lo soliciten, así como los requisitos que deban cumplir aquellos que deban o quieran prestarlo.
  
2. Los abogados desempeñarán las funciones a que se refiere el párrafo precedente con la libertad e independencia profesionales que les son propias y conforme a las normas éticas y deontológicas que rigen la profesión, sin perjuicio de las limitaciones de la normativa que regula el derecho de asistencia jurídica gratuita.
  
Corresponde a los abogados el asesoramiento jurídico y defensa de oficio de las personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, conforme a la legislación vigente y en los demás casos legalmente previstos.
  
3. Asimismo, corresponde a los abogados la asistencia y defensa de quienes soliciten la designación de abogado de oficio o no designen abogado en la jurisdicción penal, sin perjuicio del abono de honorarios por el cliente si no le fuere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. La invocación del derecho de autodefensa no impedirá la asistencia de abogado para atender los asesoramientos que al respecto se le soliciten y asumir la defensa si se le pidiere.
  
4. Igualmente corresponde a los abogados la asistencia a los detenidos y presos, en los términos que exprese la legislación vigente.
  
Artículo 63. Funcionamiento
  
1. El desarrollo de dichas funciones será organizado por el Consejo Valenciano de Colegios de abogados y el Colegio de abogados de Valencia, procediendo a la designación del abogado que haya de asumir cada asunto, al control de su desempeño, a la exigencia de las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar y al establecimiento de las normas y requisitos a que haya de atenerse la prestación de los servicios correspondientes, todo ello conforme a la legislación vigente.
  
2. La Administración pública abonará la remuneración de los servicios que se presten en cumplimiento de lo establecido en este capítulo y podrá efectuar el seguimiento y control periódico del funcionamiento del servicio y de la aplicación de los fondos públicos a él destinados, en la forma legalmente establecida.
  
Artículo 64. Requisitos generales
  
Con carácter general, los abogados adscritos a los turnos de oficio o de defensa al detenido, deberán reunir en todo momento, las siguientes condiciones, sin perjuicio de cumplir los demás requisitos y trámites que acuerde la Junta de Gobierno del Colegio de abogados de Valencia.
  
a) Estar incorporados como ejercientes en este Colegio, al tiempo de tener que comenzar y seguir sus actuaciones.
  
b) No estar sometido a expediente disciplinario ni haber sido sancionado corporativamente.
  
c) Tener cumplidas sus obligaciones económicas tanto respecto al Colegio de abogados de Valencia como, en su caso, respecto a la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía o Régimen de Seguridad Social que corresponda de acuerdo con la legislación vigente. y en general, estar al corriente en todo momento en sus obligaciones de contribuir al levantamiento de las cargas corporativas.
  
La Junta de Gobierno podrá excluir de los turnos a quienes por su prestación de Servicios a la Función Pública o Empresarial, estén sujetos al cumplimiento de un horario, que les imposibilite u obstaculice gravemente el buen cumplimiento de las obligaciones inherentes al funcionamiento del turno de oficio o del turno de asistencia al detenido, cuya atención ha de cuidarse en todo momento con el máximo celo y diligencia.
  
TITULO VI
  
 HONORARIOS PROFESIONALES
  
Artículo 65. Derecho a su percepción
  
El abogado tiene derecho a una compensación económica adecuada por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado. La cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el abogado, con respeto a las normas deontológicas y de competencia desleal. A falta de pacto expreso en contrario, para la fijación de los honorarios se podrán tener en cuenta, como referencia, los Honorarios Profesionales establecidos en las Normas de Orientación de Honorarios Profesionales que tenga aprobadas el Colegio de abogados de Valencia o el Consejo Valenciano de Colegios de abogados de la Comunidad Valenciana que, en todo caso, tendrán carácter supletorio de lo convenido. Los Honorarios Profesionales a cargo de la parte vencida en costas en un litigio se determinaran de acuerdo con las cantidades resultantes de aplicar estricta y exclusivamente las referidas Normas de Orientación de Honorarios Profesionales.
  
2. Dicha compensación económica podrá asumir la forma de retribución fija, periódica o por horas. Respecto a las costas recobradas de terceros se estará a lo que libremente acuerden las partes, que a falta de pacto expreso habrán de ser satisfechas efectivamente al abogado.
  
3. Se prohíbe en todo caso la cuota litis en sentido estricto, entendiéndose por tal el acuerdo entre el abogado y su cliente, previo a la terminación del asunto, en virtud del cual éste se compromete a pagarle únicamente un porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por ese asunto.
  
Artículo 66. Facultades de la Junta de Gobierno
  
La Junta de Gobierno, podrá publicar y revisar periódicamente normas orientadoras para la percepción de honorarios profesionales.
  
TITULO VII
  
DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
  
CAPITULO PRIMERO
  
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
  
Artículo 67. Responsabilidad disciplinaria
  
Los colegiados ejercientes y no ejercientes, están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes profesionales o deontológicos.
  
Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre los abogados se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes procesales. Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales al abogado se harán constar en su expediente personal, siempre que se refieran directamente a normas deontológicas o de conducta que deban observar en su actuación ante la administración de Justicia a juicio de la Junta de Gobierno.
  
Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente personal del colegiado.
  
Artículo 68. Competencia para su ejercicio
  
La Junta de Gobierno es competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria, ateniéndose a las siguientes normas:
  
Se extenderá a la sanción de infracción de deberes profesionales o normas éticas de conducta en cuanto afecten a la profesión.
  
Se declarará previa la formación de expediente seguido por los trámites que se establecen en este Estatuto, según lo establecido en el artículo 88.2 del Estatuto General de la Abogacía.
  
Las correcciones que podrán aplicarse son las siguientes:
  
a) Amonestación privada.
  
b) Apercibimiento por escrito.
  
c) Suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a dos años.
  
d) Expulsión del Colegio.
  
Artículo 69. De la Comisión de Deontología
  
1. De acuerdo con lo prevenido por el artículo 88.3 del Estatuto General de la Abogacía corresponderá la instrucción de los procedimientos disciplinarios a la Comisión de Deontología, que será un órgano deliberante, y de en cuyo seno se designarán en cada caso los Ponentes e Instructores de cada expediente, así como su Secretario.
  
No formará parte de este órgano ningún miembro de la Junta de Gobierno.
  
2. Dicha Comisión estará formada por las personas que designe la Junta de Gobierno y será la que, con plena delegación de la misma, adoptará los acuerdos de propuesta de sanción por falta leve, incoación de información previa, apertura de expediente disciplinario, archivo de denuncias, quejas y expedientes, así como designación de ponente, instructor y secretario para cada expediente.
  
3. La Comisión Deontológica, a través del Ponente o Instructor elegido para cada caso, elevará a la Junta de Gobierno las propuestas de sanción o archivo de cada expediente disciplinario, así como las de sanción en los demás casos de infracción leve.
  
Del mismo modo propondrá a la Junta de Gobierno las medidas a adoptar en cada caso con carácter provisional o cautelar.
  
CAPITULO SEGUNDO
  
DE LAS FALTAS Y SANCIONES
  
Artículo 70. Clases de Faltas
  
Las infracciones que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y leves.
  
Artículo 71. Faltas muy graves
  
Son infracciones muy graves:
  
a) La infracción de las prohibiciones establecidas en el artículo 25 o del régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 26 de los presentes Estatutos.
  
b) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de las normas especificadas en el artículo 38, y cualquier otra infracción que en los presentes Estatutos tuviere la calificación de infracción muy grave.
  
c) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión, así como los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en los presentes Estatutos.
  
d) El atentado contra la dignidad u honor de las personas que constituyen la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, y contra los compañeros con ocasión del ejercicio profesional.
  
e) La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten gravemente al ejercicio de la profesión.
  
f) La realización de actividades, constitución de asociaciones o pertenencia a éstas, cuando tengan como fines o realicen funciones que sean propias y exclusivas de los Colegios de abogados.
  
g) La comisión de una infracción grave, habiendo sido sancionado por la comisión de otras dos del mismo carácter y cuya responsabilidad no se haya extinguido.
  
h) El favorecimiento del intrusismo profesional y su encubrimiento.
  
i) La cooperación necesaria del abogado con la empresa o persona a la que preste sus servicios, para que se apropien de honorarios profesionales abonados por terceros y que no le hubieren sido previamente satisfechos, cuando conforme a lo dispuesto en el artículo 65.2 tales honorarios correspondan al abogado.
  
j) La condena de un colegiado en sentencia firme a penas graves conforme al artículo 33.2 del Código Penal.
  
k) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la abogacía.
  
Artículo 72. Faltas graves
  
Son infracciones graves:
  
a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en el ámbito de su competencia, así como por el reiterado incumplimiento de la obligación de atender a las cargas colegiales previstas en el artículo 37, párrafo a), salvo que constituya infracción de mayor gravedad.
  
b) El ejercicio profesional en el ámbito territorial del Colegio omitiendo deliberadamente la comunicación conforme al artículo 15 de los presentes Estatutos.
  
c) La falta de respeto, por acción u omisión, a los componentes de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.
  
d) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de la actividad profesional, y la infracción de lo dispuesto en el artículo 39 sobre venia.
  
e) La competencia desleal, cuando así haya sido declarada por el órgano competente, y la infracción de las normas de publicidad, cuan no constituya infracción muy grave.
  
f) La temeraria impugnación de las minutas de los compañeros, así como la reiterada formulación de minutas de honorarios que sean excesivos.
  
g) Los actos y omisiones descritos en los párrafos a), b), c) y d) del artículo anterior, cuando no tuvieren entidad suficiente para ser considerados como muy graves.
  
h) El ejercicio profesional en situación de embriaguez, o bajo el influjo de drogas tóxicas.
  
i) El ejercicio de la actividad profesional por los abogados inscritos omitiendo expresa mención al título profesional de origen.
  
Artículo 73. Faltas leves
  
Son infracciones leves:
  
a) La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya infracción muy grave o grave.
  
b) La negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias.
  
c) El incumplimiento leve de los deberes que la profesión impone.
  
d) Los actos u omisiones enumerados en el artículo anterior cuando no tuviesen entidad suficiente para ser considerados como graves.
  
Artículo 74. Sanciones
  
1 Las sanciones que pueden imponerse por infracciones muy graves serán las siguientes:
  
a) Para las de los párrafos b), c), d), e), f), g), h), e i) del artículo 71, suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo superior a tres meses sin exceder de dos años.
  
b) Para las de los párrafos a), j) y k) del mismo artículo, expulsión del Colegio.
  
2. Por infracciones graves podrá imponerse la sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a tres meses.
  
3. Por infracciones leves podrán imponerse las sanciones de amonestación privada o la de apercibimiento por escrito.
  
Artículo 75. Procedimiento sancionador
  
1. Del procedimiento para la sanción de infracciones leves:
  
Las infracciones leves se sancionarán por la Junta de Gobierno mediante expediente limitado a la audiencia o descargo del inculpado.
  
No será necesaria la apertura de Expediente de Información Previa o Disciplinario, sin perjuicio de que puedan finalizarse éstos con sanción por falta leve, aunque sí será necesario que se haya concedido al inculpado un plazo de al menos 10 días para poder realizar las alegaciones que considere oportunas para su descargo, una vez se le haya comunicado la imputación.
  
En todo caso será instructor del expediente el miembro de la Comisión de Deontología que ésta designe, que deberá proponer la sanción que se considere procedente.
  
La Junta de Gobierno, sin más trámite, adoptará la resolución de archivo o imposición de sanción.
  
2. El procedimiento para la sanción de faltas graves o muy graves:
  
Las infracciones graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno, previa la apertura del expediente disciplinario, tramitado conforme a lo dispuesto en este Estatuto con aplicación de lo establecido en el artículo 99.2 del Estatuto General de la Abogacía y estándose, en lo no previsto, a lo dispuesto en las normas de procedimiento sancionador contenidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penalmente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
  
Cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a este Estatuto sea racionalmente imposible, el procedimiento será suspendido en su tramitación.
  
La reanudación del procedimiento disciplinario quedará demorada hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial.
  
Una vez iniciado el procedimiento, en cualquier momento en que el instructor aprecie que la presunta infracción pueda ser constitutiva de infracción penal por delito o falta, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Junta de Gobierno para que la misma decida sobre la comunicación de los hechos al Ministerio Fiscal y resuelva la suspensión del procedimiento hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial, en su caso.
  
Reanudada la tramitación del expediente disciplinario en cualquiera de los supuestos mencionados, la resolución que se dicte deberá respetar la apreciación de los hechos que contenga dicho pronunciamiento judicial.
  
3. Medidas de carácter provisional
  
Si por resolución del órgano competente se acuerda la incoación del procedimiento disciplinario, el mismo órgano podrá proponer, de forma motivada, a la Junta de Gobierno, que será el que adopte la decisión, la adopción de la medida preventiva de suspensión provisional en el ejercicio de la profesión de los colegiados afectados que estuviesen sometidos a procesamiento o inculpación en un procedimiento penal. Tal decisión habrá de adoptarse mediante resolución motivada y previa audiencia del interesado.
  
Del mismo modo podrá proponerse, en la misma forma, la medida cautelar de suspensión en el servicio de turno de oficio y de asistencia jurídica gratuita, con el alcance que considere la Junta de Gobierno, cuando se entienda que la prosecución en dichos servicios pueda ser perjudicial para dicho servicio, atendiendo a los antecedentes obrantes en el expediente, a la gravedad de los hechos imputados, y a los precedentes del abogado afectado.
  
La resolución que acuerde cualquiera de las decisiones referidas en los apartados anteriores de este artículo deberá ser notificada al colegiado afectado y será recurrible conforme a lo previsto en este estatuto.
  
La suspensión provisional en el ejercicio de la profesión podrá prolongarse mientras dure el procesamiento o la inculpación, sin que afecte al mantenimiento de la misma la situación de suspensión del procedimiento prevista en el artículo anterior.
  
La suspensión provisional en los servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita podrá prolongarse hasta que exista resolución del expediente que haya puesto fin a la vía administrativa o en su caso durante el tiempo que decida la Junta de Gobierno.
  
4. Tramitación del procedimiento, notificaciones y prórrogas de plazos
  
El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites, siendo en todo caso de obligado cumplimiento los principios contenidos en el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
La tramitación y las notificaciones se ajustarán a lo establecido en los presentes Estatuto y en su defecto a lo prevenido en el artículo 94.2 del Estatuto General de la Abogacía que se remite para los casos allí previstos a los artículos 59 y 61 de la mencionada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Las notificaciones podrán ser hechas en el domicilio profesional que el colegiado tenga comunicado al Colegio en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 30 de estos Estatutos con plena validez y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse de no haber comunicado reglamentariamente su eventual traslado. Si no pudiere ser verificada la notificación en los términos previstos por los apartados 1y 2 del artículo 59 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la entrega podrá realizarla un empleado del Colegio con sujeción a lo señalado en los apartados 2 y 3 del expresado precepto; y si tampoco así pudiere efectuarse la notificación, se entenderá efectuada a los quince días de su anuncio en el tablón de edictos del Colegio, que podrá hacerse en la forma prevista en el artículo 61 de la citada Ley.
  
Los plazos establecidos en esta regulación estatutaria del procedimiento disciplinario serán prorrogables, salvo disposición expresa en contrario, a propuesta razonada del instructor del expediente, aprobada por la Comisión de Deontología, aprobación que deberá efectuarse en todo caso antes de su vencimiento. El acuerdo sobre la prórroga, que se notificará al colegiado afectado o recurrente. no será recurrible, sin perjuicio de que lo que pueda alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en la eventual impugnación de tales actos en los ulteriores recursos que, en su caso, se interpongan contra la misma.
  
5. Derechos de los colegiados en el procedimiento disciplinario
  
Los colegiados respecto de quienes se sigan procedimientos disciplinarios, tendrán los siguientes derechos:
  
a) A la presunción de inocencia.
  
b) A ser notificados de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, del órgano competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
  
c) A abstenerse de declarar en el procedimiento seguido en su contra, formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes.
  
d) A los demás derechos reconocidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
6. Iniciación del procedimiento
  
El procedimiento se iniciará de oficio por resolución de la Comisión de Deontología, resolución que se adoptará por propia iniciativa, a instancias de la Junta de Gobierno o por denuncia.
  
Si los hechos afectasen a un miembro de la Junta de Gobierno, del Consejo Valenciano de Colegios de abogados o del Consejo General de la Abogacía Española, la iniciación del procedimiento dará origen exclusivamente a la remisión del expediente al Consejo General de la Abogacía o al Consejo Valenciano de Colegios de abogados, siendo de la exclusiva competencia de tales Consejos la apertura de expediente disciplinario, la instrucción de la información previa o el archivo de las actuaciones sin más trámite.
  
7. Actuaciones previas al Expediente Disciplinario e Información previa
  
La Comisión de Deontología podrá dar traslado al abogado afectado de los hechos que se le imputan para que, en el plazo de diez días, alegue lo que a su derecho convenga, pudiendo sin mas trámite proponer la medida de archivo de las actuaciones, apertura de Expediente de Información Previa o de Disciplinario, así como proponer a la Junta de Gobierno una sanción siempre que se trate de falta leve.
  
Del mismo modo podrá iniciar el procedimiento abriendo un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de proceder a la apertura del expediente disciplinario. Finalizadas las actuaciones de tal información y en todo caso en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la resolución que acordó abrir la misma, la Comisión de Deontología dictará resolución por la que se propondrá a la Junta de Gobierno la apertura del expediente disciplinario o bien el archivo de las actuaciones.
  
8. Apertura de expediente disciplinario
  
La apertura del expediente disciplinario será acordada por la Junta de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Deontología, correspondiendo a la Junta de Gobierno igualmente su resolución.
  
Una vez aprobada por la Junta de Gobierno la apertura del expediente disciplinario, la Comisión de Deontología designará, de entre sus miembros, el Instructor y el Secretario del expediente. La Comisión de Deontología sólo podrá sustituir al Instructor o al Secretario de un expediente disciplinario que hubiese aceptado el cargo en los supuestos de fallecimiento, renuncia y resolución favorable a la abstención o recusación.
  
La apertura del expediente disciplinario, incluyendo el nombramiento de Instructor y de Secretario, se notificará al colegiado sujeto a expediente así como a los designados para dichos cargos.
  
La aceptación de la excusa de tales nombramientos y de la renuncia a los cargos una vez aceptados, así como la apreciación de las causas de abstención y recusación, será competencia exclusiva de la Comisión de Deontología.
  
El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de la identidad del Instructor y del Secretario designados, pudiendo promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
  
Serán de aplicación en materia de abstención y recusación del Instructor y del Secretario del expediente las normas contenidas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
El Instructor, bajo la fe del Secretario, ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.
  
9. pliego de cargos
  
En el plazo de un mes desde la apertura del expediente sancionador y a la vista de las actuaciones practicadas el instructor formulará y notificará el correspondiente pliego de cargos.
  
El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso, comprenderá los hechos imputados al inculpado en párrafos separados y numerados por cada uno de ellos y expresará la infracción presuntamente cometida y las sanciones que se le pudieran imponer, con cita concreta de los preceptos aplicables de estos Estatutos o del Estatuto General de la Abogacía Española aplicables, incluyendo igualmente la identidad del Instructor y del órgano competente para imponer la sanción.
  
10. Contestación al pliego de cargos
  
El pliego de cargos se notificará al inculpado, concediéndole un plazo improrrogable de diez días, a los efectos de que pueda contestarlo con las alegaciones que considere pertinentes y aportando los documentos que considere de interés. El inculpado podrá proponer en su contestación al pliego de cargos, la práctica de cualquier medio de prueba admisible en Derecho que crea necesario y acompañar los documentos que considere convenientes.
  
11. Período de prueba
  
El Instructor dispondrá de un plazo de dos meses para la práctica de las pruebas que estime pertinentes por entender que son adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades.
  
Tal práctica podrá incluir pruebas no propuestas por los afectados. El mencionado plazo se computará desde que se conteste el pliego de cargos o transcurra el plazo establecido para ello sin hacerlo.
  
El Instructor, en resolución que habrá de ser siempre motivada, podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas que considere improcedentes, porque por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable. Tal resolución será recurrible cuando determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca indefensión, debiendo manifestarse la oposición en los demás casos mediante la oportuna alegación por el afectado para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en la impugnación de tales actos en el recurso que, en su caso se interponga contra la misma.
  
Para la práctica de las pruebas que haya de efectuar el propio Instructor, se notificará al inculpado el lugar, fecha y hora, a fin de que pueda intervenir.
  
12. Propuesta de resolución
  
El Instructor, dentro de los veinte días siguientes a la expiración del período de proposición y práctica de la prueba, formulará y notificará la propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, efectuará la calificación jurídica de los mismos a los efectos de determinar la infracción o infracciones que considere cometidas y señalará las posibles responsabilidades del inculpado o los inculpados, así como la propuesta de sanción a imponer.
  
13. Alegaciones del inculpado
  
La propuesta de resolución se notificará al inculpado para que en el plazo improrrogable de diez días, con vista del expediente, pueda alegar ante el Instructor cuanto considere conveniente en su defensa.
  
14. Elevación del expediente a la Junta de Gobierno
  
El instructor, oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, remitirá, en el plazo de cinco días hábiles desde su terminación, la propuesta de resolución junto con el expediente completo a la Junta de Gobierno, órgano competente para resolver.
  
15. Resolución del expediente
  
La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario habrá de ser acordada en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la propuesta del Instructor, tendrá que ser motivada, resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente y no podrá aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica.
  
La resolución deberá adoptarse y notificarse en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción de la propuesta.
  
En todo caso los acuerdos de suspensión por más de seis meses o expulsión, deberán ser tomados por la Junta de Gobierno mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de sus componentes.
  
A esta sesión estarán obligados a asistir todos los componentes de la Junta de Gobierno de modo que el que sin causa justificada no concurriese cesará como miembro de la Junta de Gobierno y no podrá presentarse como candidato en la elección mediante la que se cubra su vacante.
  
La resolución que se dicte deberá ser notificada al inculpado, habrá de respetar lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y expresará los recursos que contra la misma procedan, los órganos administrativos o judiciales ante los que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
  
16. Actos recurribles
  
Las resoluciones de la Comisión de Deontología por la que se archiven actuaciones y las de la Junta de Gobierno por las que se suspendan provisionalmente en el ejercicio a colegiados sometidos a procesamiento o inculpación, se suspenda en el servicio del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita a abogados que se hallen adscritos a ellos, se archiven las actuaciones iniciadas o se impongan sanciones disciplinarias, así como cualquier otra decisión dentro del procedimiento que, aunque tenga el carácter de acto de trámite, determine la imposibilidad de continuarlo o produzca indefensión, podrán ser objeto de recurso ordinario por los interesados dentro del plazo improrrogable de un mes desde su notificación, ante el Consejo Valenciano de Colegios de abogados. La resolución que resuelva el mencionado recurso pone fin a la vía administrativa, siendo inmediatamente ejecutiva y susceptible de recurso contencioso administrativo.
  
No serán recurribles los acuerdos de apertura del expediente disciplinario. Respecto de los actos de trámite no recurribles, la oposición a los mismos podrá en todo caso alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en la eventual impugnación de tales actos en el recurso que, en su caso, se interponga contra la misma.
  
Exclusivamente a los efectos de interponer recurso ordinario contra cualquiera de las resoluciones mencionadas anteriormente que determinen o impliquen el archivo o sobreseimiento de las actuaciones iniciadas o la imposición de sanciones, se considerará como interesado al denunciante de los hechos, quien tendrá derecho a que se le notifiquen únicamente, en la forma prevista por este Estatuto los mencionados actos, así como los de apertura del expediente disciplinario.
  
17. Régimen de los recursos
  
El recurso ordinario podrá interponerse en el plazo improrrogable de un mes desde su notificación, mediante escrito a presentar ante la Junta de Gobierno del Colegio, debiendo, en su caso, la Junta de Gobierno remitirlo en el plazo de diez días al Consejo Valenciano de Colegios de abogados, junto con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
  
18. Ejecución y suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas sancionadoras
  
Las resoluciones de la Junta de Gobierno dictadas en ejercicio de la potestad disciplinaria propia no podrán ejecutarse hasta que hayan sido confirmadas por el Consejo Valenciano de Colegios de abogados al resolver el recurso ordinario o bien hasta que haya transcurrido el plazo establecido para su interposición sin efectuarla. No obstante las medidas provisionales en su caso aprobadas podrán ser ejecutadas desde su adopción.
  
Corresponde su ejecución a la Junta de Gobierno, quien podrá suspender la misma, de conformidad y en los términos previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si se conociera la interposición de recurso de dicha naturaleza.
  
Artículo 76. Efectos, notificaciones y recursos contra las sanciones
  
Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes. No obstante las medidas provisionales en su caso aprobadas podrán ser ejecutadas desde su adopción.
  
Las sanciones podrán ser hechas públicas cuando ganen firmeza.
  
Todas las sanciones tendrán efectos en el ámbito de todos los Colegios de abogados de España, a cuyo fin el Colegio lo comunicará al Consejo General de la Abogacía para que proceda a comunicarlo a todos los Colegios.
  
Artículo 77. Caducidad del procedimiento sancionador
  
Si no hubiese recaído resolución transcurridos un año en el supuesto de las faltas graves y muy graves y seis meses en el supuesto de faltas leves desde la iniciación del expediente disciplinario, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables al interesado, se producirá la caducidad a la que se refiere el artículo 44.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.
  
La declaración de caducidad de oficio o a instancia del propio interesado no impedirá la incoación de un nuevo expediente disciplinario en el supuesto de que la falta cometida no hubiera prescrito.
  
CAPITULO TERCERO
  
RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE LOS ABOGADOS
  
Artículo 78. Ámbito
  
1. Los abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.
  
2. Los abogados en su ejercicio profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya defensa les hubiere sido confiada, responsabilidad que será exigible conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia, pudiendo establecerse legalmente su aseguramiento obligatorio.
  
Artículo 79. Actuación profesional frente a un abogado
  
El abogado que reciba el encargo de promover actuaciones de cualquier clase contra otro sobre responsabilidades relacionadas con el ejercicio profesional, deberá informar al decano del Colegio para que realice una labor de mediación, si la considera oportuna.
  
TITULO VIII
  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
  
CAPITULO PRIMERO.
  
La Junta de Gobierno
  
Sección Primera.
  
Composición y funciones.
  
Artículo 80. Composición de la Junta de Gobierno
  
El Colegio de abogados de Valencia estará regido por una Junta de Gobierno que estará constituida por el decano, un vicedecano, un tesorero, un bibliotecario, un secretario y doce diputados.
  
Los diputados actuarán como vocales de la Junta, desempeñando las funciones de ésta que la propia Junta acuerde y las que los presentes Estatutos y las Leyes les encomienden. Sus cargos estarán numerados a fin de sustituir por orden numérico creciente al decano en caso de enfermedad, ausencia o vacante, siempre que no pueda hacerlo el vicedecano.
  
Cuando por cualquier motivo quede vacante definitiva o temporalmente, el cargo de Vicedecano, Secretario, Tesorero o Bibliotecario, serán sustituidos por diputados por orden numérico decreciente.
  
Artículo 81. Funciones de los miembros de la Junta de Gobierno
  
1. decano. Corresponderá al decano la representación institucional y oficial del Colegio en todas las relaciones del mismo con los poderes públicos, Entidades, Corporaciones y personalidades de cualquier orden; ejercerá las funciones de vigilancia y corrección que los Estatutos reservan a su autoridad; presidirá las Juntas de Gobierno y las Juntas Generales y todas las comisiones y comités especiales a las que asista, dirigiendo las discusiones con voto de calidad en caso de empate. El decano ostentará el cargo de Presidente Nato de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, de la tradicional Hermandad de la Purísima Concepción del Colegio de abogados de Valencia, así como de todas las Secciones o comisiones creadas o que se creen en el seno de este Colegio.
  
El decano propondrá los abogados que deban formar parte de los Tribunales de oposición, entre los que reúnan las circunstancias necesarias al efecto.
  
Además de todas estas atenciones, se esforzará principalmente en mantener con los todos los compañeros una relación asidua de protección y consejo, fomentando la cooperación y la competencia leal entre compañeros y la tutela del derecho de defensa frente a cualquier injerencia, limitación o restricción ilegítima.
  
2. El vicedecano: llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera el decano, asumiendo las de éste en caso de ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante.
  
3. Secretario: Corresponden al Secretario las funciones siguientes:
  
a) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las instrucciones que reciba el decano y con la anticipación debida.
  
b) Redactar las Actas de las Juntas Generales y las que celebre la Junta de Gobierno.
  
c) Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio, debiendo existir obligatoriamente aquél en el que se anoten las correcciones que se impongan a los colegiados, así como el Libro registro de títulos.
  
d) Recibir y dar cuenta al decano de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.
  
e) Expedir con el visto bueno del decano las certificaciones que se soliciten por los interesados.
  
f) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la Jefatura de Personal, y proponer la contratación y cese de los empleados del Colegio.
  
g) Llevar un registro en el que, por orden alfabético de los apellidos de los colegiados, se consigne el historial de los mismos dentro del Colegio.
  
h) Revisar cada año las listas de los abogados del Colegio, expresando su antigüedad y domicilio.
  
i) Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.
  
4. Tesorero: Corresponderá al Tesorero:
  
a) Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.
  
b) Realizar los cobros y pagos derivados del presupuesto de ingresos y gastos anual y cuantos, en general, acuerde la Junta de Gobierno o procedan de acuerdos firmes adoptados por la Junta General.
  
c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y marcha del presupuesto; y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido.
  
d) Redactar y proponer el presupuesto de ingresos y gastos anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar a la aprobación de la Asamblea General.
  
e) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias con su sola firma o con las demás que acuerde la Junta de Gobierno.
  
f) Llevar inventario minucioso de los bienes del Colegio, de los que será administrador.
  
g) Controlar la contabilidad y verificar la Caja.
  
h) Cobrar los intereses y rentas del capital del Colegio.
  
5. Bibliotecario: Tendrá las obligaciones siguientes:
  
a) Cuidar la Biblioteca.
  
b) Formar y llevar catálogos de obras.
  
c) Proponer la adquisición de las que considere procedentes a los fines corporativos.
  
6. diputados: Los diputados llevarán a cabo los servicios que el decano o la Junta de Gobierno les encomiende, y las sustituciones que les competan. Los diputados desempeñarán, a título meramente enunciativo, las siguientes funciones, que por acuerdo de la Junta de Gobierno se asignara a los que en cada caso se estime más conveniente para su mejor desarrollo y eficacia:
  
- Ejercer la inspección de cuanto afecte al intrusismo, en todas sus formas, e investigará si ejerce indebidamente la profesión, aquél en quien no concurran los requisitos legales.
  
- Atender a las relaciones con los Tribunales, en cuantas incidencias se deriven del ejercicio de la profesión por los Colegiados, vigilando especialmente que se respeten cuantos derechos les correspondan y cumplan los deberes que la defensa y los estatutos les imponen, sobre todo a los encargados de los turnos de oficio y de asistencia a Detenidos.
  
- Cuidar de las relaciones del Colegio y de sus Colegiados, con la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía, y de las funciones propias de la labor asistencial que desarrolle el Colegio.
  
- Organizar, vigilar y controlar el Turno de Oficio y de Asistencia a Detenidos.
  
Artículo 82. Tratamiento e insignias
  
El decano tendrá el tratamiento que legalmente le corresponda.
  
El decano y los miembros de la Junta de Gobierno, usarán en los actos oficiales, como distintivo de su personalidad, las medallas con cordón, colgadas al cuello, que tradicionalmente ya se vienen utilizando, así como Togas con el Escudo del Colegio, pudiendo igualmente utilizar una medalla de solapa.
  
Las medallas con cordón, se utilizarán únicamente mientras se pertenezca a la Junta de Gobierno, pudiendo usarse las de solapa, en todo momento, incluso después de cesar en el cargo.
  
Artículo 83. Atribuciones de la Junta
  
Son atribuciones de la Junta de Gobierno todas aquellas necesarias para el cumplimiento de los fines y funciones del Colegio, salvo las reservadas a la competencia exclusiva de la Junta General, y especialmente:
  
A. Con relación al ejercicio profesional y a los colegiados:
  
1. Someter a referéndum, por sufragio secreto, asuntos concretos de interés colegial.
  
2. Resolver sobre la admisión de Licenciados o Doctores en Derecho que soliciten incorporarse al Colegio, así como resolver las solicitudes de inscripción e incorporación de los abogados pertenecientes a la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, pudiendo delegar esta facultad en el decano, para casos de urgencia, que serán sometidos a la ratificación de aquélla.
  
3. Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a los Tribunales, a sus compañeros, a sus clientes, y en el desempeño de su función desplieguen la necesaria diligencia y competencia profesional.
  
4. Impedir el ejercicio de la profesión a quienes, siendo colegiados o no, la ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias al orden legal establecido.
  
5. Perseguir a los infractores de lo regulado en el número anterior, así como a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten dicho irregular ejercicio profesional, ejercitando frente a éstas cuantas acciones jurisdiccionales fuesen necesarias o convenientes.
  
6. Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el intrusismo, así como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin excluir a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional irregular.
  
7. Establecer las cuotas de incorporación y las ordinarias que deban satisfacer los colegiados ejercientes, y las de los no ejercientes, para sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.
  
8. Proponer a la Junta General, si lo estima necesario, la imposición de cuotas extraordinarias a sus colegiados.
  
9. Recaudar el importe de las cuotas y de lo otros recursos establecidos para el sostenimiento de las cargas del Colegio de abogados de Valencia, del Consejo Valenciano de Colegios de abogados de la Comunidad Valenciana y del Consejo General de la Abogacía.
  
10. Regular los honorarios de los abogados, que tendrán carácter meramente orientativo, e informar cuando los Tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las Leyes o cuando lo soliciten los colegiados minutantes.
  
11. Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno.
  
12. Convocar Juntas ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día para cada una.
  
13. Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados.
  
14. Dictar los Reglamentos de orden interior que juzgue convenientes, que precisaran la aprobación de la Junta General para su vigencia.
  
15. Crear Delegaciones y nombrar a sus Delgados, Comisiones, Agrupaciones y Secciones de colegiados que fueren necesarias para el estudio y desarrollo de las materias que puedan interesar a los fines de la Corporación y a la defensa y promoción de la Abogacía.
  
16. Mantener, potenciar y revisar en lo que fuera preciso, las tradicionales Secciones preexistentes en este Colegio, y especial mente la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación y la Escuela de Práctica Jurídica.
  
17. Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y prestigio que corresponden al abogado, así como propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal conforme a la legislación vigente.
  
18. Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural, de las que la Junta de Gobierno tenga noticias en el ejercicio de su función o en el de alguno de sus miembros o representantes de ellos.
  
19. Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la designación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.
  
20. Aprobar normas de desarrollo o para la aplicación y cumplimiento de los presentes Estatutos.
  
21. Todas las demás que no estén expresamente atribuidas a la Junta General.
  
B. Con relación a los Tribunales de Justicia
  
Fomentar y estrechar las relaciones de respetuosa cordialidad entre el Colegio y sus colegiados y la Magistratura.
  
C. Con relación a los Organismos oficiales:
  
1. Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas.
  
2. Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere beneficioso para el interés común y para la recta y pronta administración de justicia.
  
3. Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y, en particular, contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la administración de Justicia o la libertad e independencia del ejercicio profesional.
  
D. Con relación a los recursos económicos del Colegio:
  
1. Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio, tanto generales como atribuidos o procedentes de las diversas Secciones incardinadas en el mismo.
  
2. Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales. Para su redacción y distribución de las partidas que lo integren, se tendrá en cuenta la procedencia de los ingresos, en cuanto por su origen, deban ser aplicados, a fines específicos especialmente de tipo asistencial.
  
3. Acordar la inversión e inmuebles, con los límites que señala el art. 120 de los presentes Estatutos.
  
4. Proponer a la Junta General, la inversión o disposición del Patrimonio Colegial, cualesquiera que sea el origen de los mismos.
  
Artículo 84. Facultades especiales
  
1. La Junta de Gobierno queda facultada para emitir consultas y dictámenes, así como para emitir arbitrajes y laudos corporativos, dentro de los términos autorizados por los apartados l), m), n) y o) del artículo 4) del Estatuto General de la Abogacía.
  
2. Los arbitrajes en materia de derecho privado se ajustarán a la ley vigente aplicable, previo su sometimiento al mismo por las partes.
  
3. Los laudos corporativos se tramitarán de acuerdo con las normas que en cada caso señale la Junta de Gobierno, quien podrá designar uno o varios ponentes que tramiten los mismos, resolviendo en todo caso previo oír por escrito a las partes y a la vista de los antecedentes que las mismas le suministren.
  
Será necesario el sometimiento expreso de las partes al laudo corporativo.
  
4. La Junta de Gobierno determinará a quien corresponde abonar los honorarios que se devenguen por la emisión de los Arbitrajes y laudos corporativos, viniendo obligadas las partes a satisfacerlo de acuerdo con dicha decisión, ingresándose los mismos o lo que se ingresen de análoga significación, en los fondos colegiales.
  
Artículo 85. Reuniones de Junta
  
La Junta de Gobierno se reunirá ordinariamente una vez al mes previa convocatoria del decano. Deberá convocar Junta de Gobierno cuando lo solicite al menos una cuarta parte de sus integrantes. La Junta de Gobierno quedará validamente constituida cuando concurra la mayoría de sus miembros.
  
La Convocatoria para las reuniones se hará por el Secretario con tres días de antelación por lo menos.
  
Se formulará por escrito e irá acompañada del orden del día correspondiente. Fuera de éste no podrán tratarse otros asuntos, salvo los que el decano considere de urgencia. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos favorables de los asistentes, teniendo el decano voto de calidad, salvo cuando se requiera un quórum especial.
  
No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno quedará válidamente constituida, aún sin convocatoria previa, cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así se acuerde por unanimidad.
  
Artículo 86. Comisiones, Secciones y Agrupaciones
  
1. Sin perjuicio del mantenimiento de las ya existentes Comisión de Honorarios y Comisión de Deontología, la Junta de Gobierno podrá crear cuantas Comisiones estime oportunas, a las que podrán pertenecer aquellos colegiados que sean designados por la propia Junta.
  
2. La Junta de Gobierno podrá autorizar, como ya ha venido haciendo, las Secciones y Agrupaciones de colegiados que estime necesarias o convenientes para la Corporación y que redunden en la mejor defensa, ayuda y promoción de la Abogacía, o de las diferentes problemáticas a asumir o defender.
  
Estas Secciones y Agrupaciones actuarán de acuerdo con la Junta de Gobierno, a la que en definitiva corresponderá autorizar sus Estatutos y sus modificaciones. Las actuaciones o comunicaciones destinadas a tener especial trascendencia fuera del Colegio se darán a conocer a la Junta de Gobierno para que decida sobre su pertinencia.
  
3. Todas las Comisiones, Secciones o Agrupaciones existentes o que se creen, tendrán como Presidente nato al decano, quien podrá delegar en el miembro de la Junta de Gobierno que libremente designe, o en el respectivo Presidente de la Comisión, Sección o Agrupación. La presidencia de la Sección o Agrupación no empece la representación del Colegio que ostenta el decano.
  
Artículo 87. Capacidad para formar parte de la Junta
  
1. No podrán formar parte de las Juntas de Gobierno:
  
a) Los colegiados que hayan sido condenados por sentencia firme, que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto éstas subsistan.
  
b) Los colegiados a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria por falta grave en cualquier Colegio de abogados, mientras no haya sido rehabilitado.
  
c) Los colegiados que sean miembros de órganos rectores de otro Colegio Profesional.
  
d) En el caso de sanciones disciplinarias impuestas por Tribunal, Juzgados u órganos que no sean Colegios de abogados cuyas sanciones consten en su expediente personal, la Junta de Gobierno, mediante decisión motivada, decidirá si constituyen o no impedimento para el acceso a los cargos directivos.
  
2. Quienes se hallaren en alguna de las situaciones a que se refieren los apartados anteriores, cesaran de inmediato como miembro de la Junta.
  
Sección Segunda.
  
Elección de cargos
  
Artículo 88. Forma de proveerse
  
1. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección mediante votación directa y secreta de todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, salvo lo establecido en el artículo 36, apartado a), en cuanto a los abogados jubilados no ejercientes.
  
Serán elegidos por tiempo de cuatro años.
  
2. La renovación de los cargos de la Junta de Gobierno se verificará por mitad, cada dos años, con sujeción al siguiente turno de rotación:
  
Primero: decano, vicedecano, bibliotecario y diputados 1º, 3º, 5º, 7º, 9º y 11º.
  
Segundo: secretario, tesorero y diputados 2º, 4º, 6º, 8º, 10º y 12º.
  
3. Si se produjera alguna vacante en la Junta de Gobierno, se proveerá también por elección, en la Junta General de más próxima celebración y el elegido desempañará su cargo por el tiempo que medie hasta la época de su renovación, según el turno establecido anteriormente.
  
Los que fueren designados en esta elección para sustituir a aquellos que no hubieren agotado el término de su mandato, ocuparán los cargos durante el tiempo legal que faltase a los sustituidos, pero podrán ser reelegidos en la renovación ordinaria de cargos, tomando posesión inmediatamente.
  
Artículo 89. Requisitos para optar a la elección
  
El decano y los demás miembros de la Junta de Gobierno serán colegiados ejercientes, de nacionalidad española, que tengan la condición de elector y residentes en la demarcación del Colegio, salvo un Diputado que podrá ser colegiado no ejerciente que haya sido abogado con más de veinte años de ejercicio profesional.
  
No se podrá desempeñar el cargo de decano durante más de dos mandatos consecutivos, sin perjuicio de poder optar a cargo distinto en la Junta.
  
No se podrá pertenecer a la Junta de Gobierno en cargos distintos al de decano durante más de dos mandatos consecutivos, sin perjuicio de poder optar al cargo de decano.
  
Para ser elegido decano, Vicedecano, y Diputado 1º, 2º y 3º se requerirán 10 años, como mínimo, de ejercicio profesional.
  
Para Secretario será requisito el ejercicio profesional durante al menos 5 años.
  
Los restantes cargos se proveerán entre colegiados con más de 2 años de ejercicio profesional, salvo el posible diputado no ejerciente
  
Artículo 90. Celebración
  
La elección para la renovación de la Junta de Gobierno tendrá lugar en la segunda Junta General Ordinaria del Colegio, que se celebrará cualquier día del último trimestre del año.
  
La convocatoria de elecciones se hará por la Junta de Gobierno como punto del orden del día de la Junta General Ordinaria antes referida.
  
La Junta de Gobierno podrá convocar las elecciones como acto separado de dicha Junta.
  
Si quien ya formase parte de la Junta pretendiera ser elegido para otro cargo de la misma, antes de que transcurriese el plazo para el que fue elegido, cesará previamente en el que esté desempeñando, y ese cargo se proveerá por elección en la misma Junta General para la que se convoquen elecciones, desempeñando el cargo, quien resultare elegido, por el tiempo que le faltare cumplir al anterior.
  
Para que la Junta de Gobierno pueda convocar la elección junto con los demás cargos del turno ordinario de ese año, el aspirante a la elección para otro cargo, ya perteneciente a la Junta, deberá comunicar su cese a la misma, antes del día 1 de septiembre del año en que corresponda efectuarse elecciones, a fin de posibilitar el cumplimiento de los plazos electorales.
  
Artículo 91. Vacantes
  
Cuando por cualquier causa la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno queden vacantes, el Consejo Valenciano de Colegios de abogados designará una Junta Provisional de entre los colegiados ejercientes con mas de 25 años de ejercicio, que convocará en el plazo de treinta días elecciones para la provisión de los cargos vacantes.
  
Estas elecciones deberán celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes, contados a partir de la convocatoria.
  
Si quedasen vacantes la mitad o más de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo Valenciano de Colegios de abogados las completará en forma también provisional, actuándose para su provisión definitiva en la forma antes consignada.
  
En el caso previsto en el párrafo primero de este artículo, la mitad de los elegidos, que se concretarán por sorteo, ostentarán el mandato por un periodo de dos años, efectuándose la renovación de la otra mitad y las sucesivas del modo que previene con carácter general esta sección.
  
Artículo 92. Tramitación
  
I - Los trámites a seguir hasta la celebración del acto electoral serán los siguientes:
  
1. La convocatoria se anunciará en el tablón de anuncios de la Sede Colegial y el de las Delegaciones y en dos diarios de entre los de mayor difusión en la provincia de Valencia, con cuarenta y cinco días de antelación como mínimo a la fecha de celebración de la elección.
  
2. Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la convocatoria, por la Secretaría se cumplimentarán los siguientes particulares:
  
a) Se insertará en el tablón de anuncios la convocatoria electoral en la que deberán constar los siguientes extremos:
  
- Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos tanto de antigüedad como de situación colegial, exigidos para poder aspirar a cada uno de ellos.
  
- Día y hora de celebración de la Junta y hora en que se cerrarán las urnas para comienzo del escrutinio, según lo dispuesto sobre el particular en el presente Estatuto.
  
- instrucciones para el ejercicio del derecho de voto por correo.
  
b) Asimismo se expondrá en dichos tablones de anuncios las listas separadas de colegiados ejercientes y no ejercientes con derecho a voto, censo que quedará cerrado a fecha de los tres meses anteriores a la de la celebración de las elecciones.
  
3. Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio con, al menos, treinta días de antelación a la fecha señalada para el acto electoral.
  
Dichas candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.
  
Ningún colegiado podrá ser candidato a mas de un cargo.
  
II - Los colegiados que quisieren formular reclamación contra las listas, electorales habrán de verificarla dentro del plazo de los cinco días siguientes a la exposición de las mismas.
  
La Junta de Gobierno, caso de haber reclamaciones contra las listas, resolverá sobre ellas, dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para formularlas, notificándose su resolución a cada reclamante, dentro de los dos días siguientes.
  
III - La Junta de Gobierno, al día siguiente de la finalización del plazo de presentación de candidaturas proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos legales exigibles, considerando electos a los que no tengan oponentes.
  
Seguidamente lo publicará en los tablones de anuncios referidos y lo comunicará a todos los interesados, sin perjuicio de que pueda remitir también comunicaciones individuales a los colegiados.
  
IV - Todos los plazos señalados en este artículo y en el precedente, se computarán por días naturales.
  
V - La Junta de Gobierno podrá acordar la constitución de mesas electorales en las sedes de las Delegaciones del Colegio.
  
Artículo 93. Voto por Correo
  
1. Los colegiados que quieran ejercer el voto por correo deberán solicitarlo individualmente en comparecencia personal en las oficinas de la Sede Colegial o de las Delegaciones, hasta el decimoquinto día anterior a la fecha de la votación.
  
El colegiado deberá acreditar su identidad mediante exhibición del DNI o del carné colegial.
  
El Colegio registrará la petición de voto y tomará nota en el censo para que el día de las elecciones no se ejerza el derecho de voto personalmente.
  
2. También, los Colegiados que por una imposibilidad física debidamente acreditada no puedan comparecer personalmente podrán otorgar poderes a otro colegiado para este trámite. En todo caso, la firma del Colegiado en el sobre exterior prevista en el apartado siguiente será insustituible.
  
3. En el Colegio se entregará al solicitante del voto por correo un sobre blanco y un sobre exterior, en el que se hará constar en el anverso la palabra ?ELECCIONES- y en el reverso su nombre y apellidos, dirección, numero de colegiado y su firma, y la siguiente inscripción: «contiene papeletas para la elección de la Junta de Gobierno del Colegio de abogados de Valencia».
  
4. La papeleta de votación deberá introducirse doblada en el sobre blanco que se cerrará y se introducirá a su vez junto con la fotocopia del Documento Nacional de Identidad en el sobre exterior, que se remitirá por correo certificado a la sede del Colegio de abogados de Valencia.
  
5. Los votos por Correo deberán dirigirse al Secretario de la Junta de Gobierno que se hará cargo de su custodia hasta el momento del inicio de las elecciones, en que hará entrega de los mismos a la Mesa Electoral, que los introducirá en la urna designada a tal efecto.
  
6. Se admitirán los votos por Correo que se reciban en la sede electoral hasta el momento del cierre de la votación.
  
7. Una vez finalizadas las elecciones, se procederá en primer lugar a la apertura de la urna con los votos por correspondencia, procediendo a comprobar que los datos y firma del elector que constan en el sobre exterior coinciden con la firma del Documento Nacional de Identidad que preceptivamente habrá adjuntado, en cuyo caso se introducirá la papeleta de nuevo en la urna, con su sobre.
  
8. Será declarado nulo todo voto por Correo que no cumpla estrictamente la normativa prevista en estos Estatutos colegiales.
  
9. Los colegiados que soliciten votar por Correo no podrán votar personalmente.
  
10. Se levantará acta y lista de los sobres recibidos y sus votantes.
  
Artículo 94. Celebración de la elección
  
Para la celebración de la elección, se constituirá la Mesa Electoral que quedará integrada por el decano como Presidente, o por un miembro de la Junta que le sustituya en dicho acto auxiliado, como mínimo, por dos miembros más de la propia Junta como Vocales, actuando el mas moderno de éstos como Secretario, salvo que forme parte de la Mesa Electoral el Secretario de la Junta de gobierno, en cuyo caso desempeñara esta función.
  
La Mesa Electoral podrá establecer varias mesas de votaciones, presididas cada una de ellas por un miembro de Junta de Gobierno, o por quien la Mesa Electoral designe
  
Cada candidato podrá, por su parte, designar entre los colegiados uno o varios interventores que lo representen en las operaciones de la elección.
  
En todo caso la Mesa Electoral establecerá urnas separadas para el depósito de los votos de los colegiados ejercientes y no ejercientes.
  
La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de cuatro horas.
  
Las papeletas de voto, que serán editadas por el Colegio, deberán ser blancas y del mismo tamaño, debiendo llevar impresos, por una sola cara y correlativamente, los cargos a cuya elección se procede.
  
Los candidatos podrán, por su parte, confeccionar papeletas, las que deberán ser de igual formato, color y tamaño a las editadas por la Junta.
  
En la sede en que se celebre la elección deberá disponer la Junta de Gobierno de suficiente número de papeletas con los nombres de los candidatos y papeletas en blanco.
  
Los votantes deberán acreditar a la mesa electoral su personalidad.
  
El presidente de la mesa de votaciones comprobará su inclusión en el censo elaborado para las elecciones, pronunciará en alta voz el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras lo cual el propio Presidente introducirá en la urna la papeleta doblada.
  
Los recursos que se interpongan en el proceso electoral o contra su resultado ante la Junta de Gobierno del Colegio o ante el Consejo Valenciano de Colegios de abogados, no suspenderán la votación, proclamación y posesión de los elegidos, salvo cuando así se acuerde por causas excepcionales mediante resolución expresa motivada.
  
Artículo 95. Escrutinio y proclamación
  
Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyéndose en voz alta todas las papeletas.
  
Deberán ser declarados nulos totalmente aquellos votos que contengan expresiones ajenas al estricto contenido de la votación o que contengan tachaduras o raspaduras, y nulos parcialmente en cuanto al cargo a que afecte, las que indiquen más de un candidato para un mismo cargo, o nombre de personas que no concurran a la elección.
  
Podrá no obstante tacharse el nombre de un candidato e indicar de forma manuscrita el de otro que opte al mismo cargo.
  
Aquellas papeletas que se hallen sólo parcialmente rellenadas en cuanto al número de candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, lo serán para los cargos y personas correctamente expresados.
  
Finalizado el escrutinio, el Presidente anunciará su resultado, proclamándose seguidamente electos los candidatos que hubieren obtenido para cada cargo el mayor número de votos.
  
En caso de empate se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio.
  
En el plazo de cinco días desde la constitución de los órganos de gobierno, deberá comunicarse ésta al Consejo Valenciano de Colegios de abogados, a la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana, e inscribirse en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
Sección Tercera.
  
Ceses
  
Artículo 96. Cese
  
Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de abogados cesarán por las causas siguientes:
  
a) Incumplimiento sobrevenido de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.
  
b) Por expiración del término o plazo para el que fueron elegidos o designados, cese que no será efectivo hasta que tome posesión de dicho cargo quien lo sustituya.
  
c) Renuncia del interesado.
  
d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta, o a alguna de las previstas en el párrafo tercero, del número 15 del artículo 75 de los presentes Estatutos.
  
e) Aprobación de moción de censura, según lo regulado en el siguiente Capítulo.
  
f) Fallecimiento.
  
CAPITULO SEGUNDO
  
DE LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
  
Sección Primera.
  
Normas generales
  
Artículo 97. La Junta General
  
1. La Junta General es el órgano supremo de la voluntad colegial en los asuntos propios de su competencia, con arreglo a las disposiciones de este Estatuto y sin más limitaciones que las legalmente establecidas. Y sus acuerdos válidamente adoptados, son obligatorios incluso para los disidentes o ausentes, sin perjuicio del derecho de impugnación que pueda corresponderles.
  
2. Todos los colegiados podrán asistir con voz y voto, salvo las excepciones que en el presente Estatuto se determinan, a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias que se celebren.
  
Artículo 98. Competencia de la Junta General
  
Son funciones de la Junta:
  
a) La aprobación y modificación de los Estatutos de este Colegio y de los reglamentos de régimen interior para el desarrollo de los mismos.
  
b) La aprobación del Balance y de la liquidación presupuestaria de cada ejercicio, así como de los Presupuestos anuales de Ingresos y Gastos.
  
c) La aprobación o censura de la gestión de la Junta de Gobierno o de cualquiera de sus miembros.
  
d) La fusión, segregación y disolución del Colegio, salvo en aquellos supuestos en que lo imponga directamente la ley.
  
e) La adquisición, enajenación, gravamen y demás actos jurídicos de disposición sobre bienes inmuebles de la Corporación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art 120.
  
f) Aquellos asuntos que le someta la Junta de Gobierno.
  
Artículo 99. Convocatoria
  
1. Las Juntas Generales deberán convocarse con una antelación mínima de quince días, salvo los casos de urgencia en los que, a juicio de la Junta de Gobierno, deba reducirse el plazo.
  
La convocatoria se insertará en el tablón de anuncios de la Sede del Colegio y en el de las Delegaciones, con señalamiento del Orden del Día.
  
2. Sin perjuicio de lo anterior, se citará también a los colegiados por comunicación escrita o por cualquier otro medio telemático que permita tener constancia de su recepción en el que, igualmente se insertará el orden del día y cuya citación podrá hacerse por el decano o Secretario indistintamente; citación personal que, el decano, en caso de convocatoria urgente, podrá sustituir por publicación de la misma en los medios locales de comunicación.
  
3. En la Secretaría del Colegio, durante las horas de despacho, estarán a disposición de los colegiados los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Junta convocada.
  
Artículo 100. Celebración
  
Las Juntas Generales se celebrarán el día y hora señalados, cualquiera que sea el número de colegiados concurrentes a ellas, salvo en los casos en que se exija un quórum de asistentes determinado. Presidirá la Junta el decano o quien haga sus veces. Todos los asuntos que hayan de ser sometidos a la Junta General, serán objeto de discusión en ella, y cuando el decano considere suficientemente debatido el tema, hecho resumen por el mismo de las distintas posiciones acordadas, concederá tres turnos a favor y tres en contra, pudiendo el Presidente ampliar, previo acuerdo de la Junta de Gobierno en ese acto, el número de turnos, cuando la importancia del asunto lo exigiera.
  
Los que hubieren consumido un turno podrán rectificar una vez. Y el Presidente podrá conceder la palabra para contestar alusiones.
  
Terminada la discusión, el asunto será sometido a votación.
  
Artículo 101. Acuerdos
  
Los acuerdos se tomarán por aclamación o por mayoría de votos emitidos, salvo en los casos en que se exija un quórum especial. En ningún caso será delegable el voto.
  
Las votaciones serán ordinarias a mano alzada, o nominales. Sólo serán nominales cuando lo determine la Presidencia o cuando lo soliciten al menos el diez por ciento de los colegiados asistentes.
  
También podrán adoptarse los acuerdos por votación secreta, mediante papeletas en sobres, que así lo aseguren, cuando lo solicite un 10 por ciento de los colegiados asistentes.
  
Sección Segunda.
  
Juntas Generales Ordinarias
  
Artículo 102. Primera Junta General
  
1. Durante el primer trimestre del año se celebrará la primera Junta General Ordinaria de cada año, que necesariamente al menos tratará del siguiente orden del día:
  
a) Informe por el decano de su gestión y de la Junta de Gobierno, con reseña de los acontecimientos más importantes que durante el año hayan tenido lugar, con relación al Colegio.
  
b) Lectura, discusión y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del año anterior.
  
c) Lectura, discusión y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.
  
d) Toma de posesión, en su caso, de sus cargos respectivos por los miembros de la Junta de Gobierno elegidos, cesando aquéllos a quienes corresponde salir.
  
e) Proposiciones.
  
f) Ruegos y preguntas.
  
2. Diez días antes de la celebración de la Junta General Ordinaria del primer trimestre, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a la deliberación y acuerdo del Colegio, que serán necesariamente incluidas por la Junta de Gobierno en la Sección del orden del día denominada ?Proposiciones?, con trascripción del texto de la proposición y número de peticionarios si están suscritas por un número no inferior al 5 por ciento del total censo.
  
3. En el supuesto de que con sesenta días de antelación a la celebración de la propia Junta, se presente alguna proposición suscrita por más de 100 Colegiados, la Junta de Gobierno la comunicará por circular a todos los Colegiados, para que, quienes deseen suscribirla, puedan hacerlo hasta treinta días antes de la celebración de la Junta General.
  
Y si dentro de ese plazo, queda suscrita por un número de Colegiados no inferior al 5 por ciento del total del censo, cumpliéndose así lo preceptuado en el apartado anterior, se incluirá necesariamente en el Orden del Día, en la forma y como dispone dicho apartado anterior.
  
4. Independientemente de lo antes expuesto, la Junta de Gobierno podrá incluir en igual Sección, cualquier otra proposición que se le presente con la antelación suficiente, y cualquiera que fuere el número de proponentes, si previamente acordase la Junta de Gobierno hacerla suya.
  
5. Las cuentas del Colegio podrán ser examinadas en el periodo que medie entre la convocatoria y cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la celebración de la primera Asamblea Ordinaria.
  
Artículo 103. Segunda Junta General
  
La segunda Junta General Ordinaria se celebrará en el último trimestre del año, que necesariamente al menos tratara del siguiente orden del día:
  
a) Lectura y aprobación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el ejercicio siguiente.
  
b) Lectura, discusión y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.
  
c) Elección para la renovación de la Junta de Gobierno cuando proceda.
  
d) Ruegos y preguntas.
  
Sección Tercera.
  
Juntas Generales Extraordinarias
  
Artículo 104. Capacidad para solicitarlas
  
Tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria aquella que se celebre en cualquier momento diferente a los antes referidos, y podrá tratar cualquier asunto atribuido a la competencia de la Junta General.
  
La Junta General Extraordinaria se celebrará a iniciativa del decano, de la Junta de Gobierno o a solicitud del 10 por ciento de los colegiados con expresión de los asuntos concretos que hayan de tratarse en ellas.
  
Si lo que se pretendiese fuere un voto de censura contra la Junta o alguno de sus miembros, la petición deberá ser suscrita al menos por el 10 por ciento de los abogados ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación, expresando con claridad las razones en que se funde.
  
La Junta habrá de celebrarse en el plazo de treinta días hábiles contados desde el acuerdo del decano o de la Junta de Gobierno, en el primer caso, o después de la presentación de la solicitud, en el segundo, y nunca podrán ser tratados en la misma más asuntos que los expresados en la convocatoria.
  
Sólo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea ajena a los fines atribuidos a la Corporación podrá denegarse la celebración de la Junta extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los peticionarios.
  
Artículo 105. Quórum especial
  
Con carácter general, quedará constituida la Junta, cualesquiera que sea el número de asistentes, y los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos emitidos, salvo las excepciones que seguidamente se señalan:
  
1. Para la modificación de Estatutos se exigirá un quórum de asistencia del 25 por ciento como mínimo de colegiados ejercientes. Y si no se reúne este quórum, se celebrará nueva Junta Extraordinaria, dentro de las 24 horas siguientes a la primera convocatoria, que podrá adoptar acuerdos por mayoría simple y sin exigencia de quórum especial de asistencia.
  
En la convocatoria de Junta se anunciará ya la hora y fecha de la segunda, para el supuesto de que no se reuniese quórum en la primera.
  
2. Si la Junta General Extraordinaria, tuviere por objeto la moción de censura, requerirá un quórum de asistencia como mínimo del 25% del censo de colegiados, y, para que prospere, se exigirá el voto favorable directo y personal de dos terceras partes de los asistentes.
  
TITULO IX
  
DE LA REAL ACADEMIA VALENCIANA DE JURISPRUDENCIA
  
Y LEGISLACIÓN
  
Artículo 106. Ratificación de su existencia
  
Se ratifica la existencia de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, creada dentro del Colegio de abogados de Valencia, tradicionalmente vinculada al mismo, y que hoy ostenta la corresponsalía de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación por Acuerdo del Pleno de ésta, de 26 de enero de 1981.
  
Artículo 107. Régimen jurídico
  
Se regirá por sus propios Estatutos como máxima representación de la Sección o Comisión Cultural Jurídica de este Colegio de abogados, que la creó y mantiene.
  
TITULO X
  
ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA
  
Artículo 108. Carácter y funcionamiento
  
La Escuela de Practica Jurídica, nacida como Sección de Práctica Jurídica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, tiene por objetivo principal la formación deontológica y práctica para el ejercicio profesional, facilitando al abogado en sus inicios profesionales las herramientas y recursos prácticos necesarios para capacitarlo en habilidades destrezas, actitudes y conocimientos imprescindibles para iniciarse en el ejercicio profesional con eficacia, responsabilidad, seguridad y respeto a las normas deontológicas, así como para capacitarlo específicamente para su inmediata incorporación a los servicios de turno de oficio, de asistencia al detenido y de orientación jurídica, una vez cumpla el resto de los requisitos exigidos reglamentariamente.
  
A través de la Escuela de Practica Jurídica del Colegio de abogados de Valencia desarrollara la función de participación en los procesos y pruebas que se establezcan para la acreditación de la aptitud profesional a través de la que se reconozca la capacidad necesaria para el ejercicio profesional.
  
TITULO XI
  
CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS
  
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
  
Artículo 109. Integración
  
El Ilustre Colegio de abogados de Valencia esta integrado en el Consejo Valenciano de Colegios de abogados de la Comunidad Valenciana sin que ello suponga merma de su competencia y personalidad propia e independiente.
  
TITULO XII
  
DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS
  
Y DE SU IMPUGNACIÓN
  
CAPITULO PRIMERO
  
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES
  
Artículo 110. Régimen jurídico
  
1. Información y Documentación: Los colegiados interesados en un expediente incoado a su instancia tendrán los derechos de información y documentación recogidos en los presentes Estatutos. También podrán solicitar que se les expida copia certificada de extremos concretos contenidos en el expediente.
  
El libramiento de estas copias no podrá serles negado cuando se trate de acuerdo que les hayan sido notificados.
  
Al presentar cualquier escrito o documento podrán los colegiados interesados acompañarlo de una copia para el Colegio, previo cotejo de aquellos, devuelva la copia donde se hará constar, el sello del Colegio y la fecha de la presentación.
  
Los interesados podrán pedir el desglose y devolución de los documentos que presenten lo que acordará la Junta, dejando nota o testimonio, según proceda.
  
2. Actuación por representante: Los Colegiados podrán actuar por medio de representante, que deberá ser otro colegiado, que acreditará su mandato mediante documento público o poder apud acta, entendiéndose con éste las actuaciones que practique el Colegio cuando así lo solicite el mismo interesado.
  
3. Términos y plazos: Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acuerdo de que se trate.
  
Siempre que no exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los feriados.
  
Si el plazo se fija en meses, éstos se computarán de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expiró el último día del mes, si en años, se entenderá naturales en todo caso.
  
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
Salvo lo previsto en los arts 77 y siguientes de los presentes Estatutos no podrá exceder de nueve meses el tiempo que transcurra desde el día que se inicie un expediente, hasta aquel en que se dicte resolución, a no mediar causas excepcionales, debidamente justificadas que lo impidieran, las cuales se consignarán en el expediente por medio de diligencia firmada por su ponente o encargado, y en su caso, por el Secretario.
  
4. Recepción y registro de documentos: En el Colegio se llevará un único Registro en el que se hará el correspondiente asiento de todo recurso, escrito o comunicación que presenten los colegiados.
  
CAPITULO SEGUNDO
  
EJECUTORIEDAD DE LOS ACUERDOS Y SU
  
CONSTATACIÓN EN ACTAS
  
Artículo 111. Ejecutoriedad y presunción de validez
  
Los actos dictados por los órganos colegiales sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación. La interposición del recurso de alzada no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo en los supuestos previstos en los presentes Estatutos.
  
Artículo 112. Libros de actas
  
Las Actas de las Juntas Generales y de las Juntas de Gobierno se transcribirán, separadamente, en dos libros que a tal efecto y con carácter obligatorio se llevarán en el Colegio. Serán firmadas por el decano y por el Secretario o por quienes hubieran desempeñado sus funciones en la Junta de que se trate.
  
CAPITULO TERCERO
  
RÉGIMEN JURÍDICO
  
Artículo 113. Régimen jurídico
  
El Colegio de abogados de Valencia, como Corporación de Derecho Público, está sujeto al derecho administrativo, en cuanto ejerza potestades públicas. El resto de su actividad se rige por el derecho privado, sin perjuicio de la observancia de las normas sobre la formación de la voluntad de los órganos colegiales previstas en estos Estatutos.
  
CAPITULO CUARTO
  
RECURSOS
  
Artículo 114. Contra acuerdo de la Junta de Gobierno
  
1. Los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno que estén sujetos al derecho administrativo, podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de abogados, dentro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente a aquél en que se hubiera adoptado o, en su caso, notificado, a los colegiados o personas a quienes afecte.
  
2. El recurso podrá interponerse ante el Consejo Valenciano de Colegios de abogados o ante la Junta de Gobierno del Colegio de abogados de Valencia, que lo elevará, con sus antecedentes e informe que proceda, al Consejo Valenciano, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación.
  
3 La interposición del recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de abogados no suspende la ejecutividad de los acuerdos, salvo en los siguientes casos:
  
a) Cuando la Junta de Gobierno interponga recurso contra acuerdo de la Asamblea General fundado en la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho.
  
b) Cuando se recurra una sanción disciplinaria.
  
c) Cuando a instancia de parte así lo acuerde el Consejo Valenciano, por concurrir circunstancias que puedan causar daños difícilmente reparables o, desproporcionados respecto al interés público tutelado por el acto.
  
En los dos primeros casos, la simple interposición del recurso suspenderá automáticamente la ejecutividad del acto. La suspensión se levantará una vez se resuelva el recurso.
  
Artículo 115. Contra acuerdos de Junta General
  
Los acuerdos de las Juntas Generales serán recurribles por la Junta de Gobierno, o por cualquier colegiado a quien afecte personalmente, ante el Consejo Valenciano de Colegios de abogados en el plazo de un mes desde su adopción.
  
Si la Junta de Gobierno entendiese que dicho acuerdo es gravemente perjudicial para los intereses del Colegio o contrario al ordenamiento jurídico podrá al tiempo de formular el recurso previsto en el párrafo anterior, suspender inmediatamente la ejecución de aquél.
  
CAPITULO QUINTO
  
NULIDAD DE ACTOS
  
Artículo 116. Nulidad de pleno derecho
  
Se consideran nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en los casos siguientes:
  
a) Los que lesionen el contenido de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  
b) Los adoptados con manifiesta incompetencia por razón de la materia o del territorio.
  
c) Los que tengan un contenido imposible.
  
d) Los que sean constitutivos de una infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
  
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados de esta Corporación.
  
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico, por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
  
Del mismo modo se consideran nulos de pleno derecho, aquellos acuerdos o actos colegiales que sean manifiestamente contrarios a la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, y las que impliquen la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
  
Los acuerdos emanados de los órganos colegiales, en cuanto sujetos al derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán recurribles en la vía contencioso administrativa.
  
TITULO XIII
  
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL COLEGIO
  
CAPITULO PRIMERO
  
DE LOS RECURSOS ORDINARIOS
  
Artículo 117. Recursos ordinarios
  
Constituyen los recursos ordinarios del Colegio de abogados de Valencia:
  
1. Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos que integran el patrimonio del Colegio.
  
2. Las cuotas de incorporación al Colegio que libremente determine la Junta de Gobierno.
  
3. Los derechos por los informes, dictámenes o resoluciones que evacue la Junta de Gobierno en las regulaciones de honorarios tanto judiciales como extrajudiciales, en la cuantía que establezca la Junta de Gobierno.
  
4. Los derechos por los dictámenes, resoluciones o arbitrajes que se sometan a la Junta de Gobierno, los cuales se fijarán discrecionalmente conforme a las normas generales de honorarios vigentes en cada momento.
  
5. El importe de las cuotas ordinarias o extraordinarias a abonar por los colegiados, que se fijarán por la Junta de Gobierno.
  
6. Los derechos por expedición de certificaciones, visados, registro, envío o inscripción de documento, así como la prestación de cualquier otro servicio o entrega de bienes.
  
7. Las rentas procedentes de la inversión de los remanentes de ejercicios anteriores, si los hubiere.
  
8. Los ingresos por la promoción entre los colegiados de servicios y actividades desarrolladas por terceros.
  
9. Los ingresos procedentes de la prestación de servicios en la forma y cuantía que la junta establezca reglamentariamente.
  
10. Cualquier otro concepto que legalmente proceda.
  
Las rentas o ingresos que por su origen o procedencia deban ser asignadas a fines específicos, se aplicarán al cumplimiento de los mismos.
  
CAPITULO SEGUNDO
  
DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS
  
Artículo 118. Recursos extraordinarios
  
Constituirán los recursos extraordinarios del Colegio de abogados:
  
1. Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el Estado o Corporaciones Oficiales, Entidades o particulares.
  
2. Los bienes que por cualquier título pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.
  
3. Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio cuando administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, cultural o benéfico, determinados bienes o rentas.
  
4. Cualquier otro que legalmente proceda.
  
CAPITULO TERCERO.
  
DE LA CUSTODIA, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
  
Artículo 119. Administración
  
El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno y ejercitará las funciones de ordenador de pagos que serán ejecutadas por el Tesorero.
  
Artículo 120. Reglas Generales
  
El capital del Colegio se invertirá preferentemente en valores de máxima garantía, salvo que la Junta de Gobierno acuerde su inversión en inmuebles o en otros bienes.
  
La Junta de Gobierno precisará acuerdo de la Junta General para aquellas inversiones que superen el 15% del activo del Colegio, excluido el inmovilizado, y cuando cuyo porcentaje supere a su vez el 15% de los ingresos presupuestados del ejercicio.
  
Los valores se depositarán en la Entidad que la Junta de Gobierno acuerde y los resguardos del depósito se custodiarán en la Caja del Colegio, bajo la personal e inmediata responsabilidad del Tesorero.
  
TITULO XIV
  
FUSIÓN, ABSORCIÓN, SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN
  
Artículo 121. Fusión, absorción, segregación y disolución
  
1. La segregación o, en su caso, fusión o absorción requerirá acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria expresamente convocada al efecto, a la que deberá concurrir un número de colegiados no inferior al quince por ciento de los colegiados.
  
Para su aprobación se deberá obtener el voto favorable de la mitad mas uno de los presentes, cumpliendo el resto de requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley 6/1997 de 4 de diciembre de la Generalitat Valenciana de Colegios Profesionales así como en el Reglamento de Desarrollo de la misma (Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano).
  
2. El Colegio de abogados de Valencia solo podrá disolverse cuando así lo imponga directamente la Ley, o mediante acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria, expresamente convocada al efecto, a la que deberá concurrir un número de colegiados no inferior al ochenta por ciento, y se apruebe por la mitad más uno de los presentes, cumpliendo los restantes requisitos legales.
  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  
Primera. Quienes en el momento de la entrada en vigor de los presentes Estatutos desempeñen cargos de la Junta de Gobierno, cesaran al cumplirse cuatro años desde que respectivamente tomaron posesión de sus cargos o por el menor plazo por el que fueron elegidos, en el momento en que tomen posesión de sus cargos los nuevos miembros de la Junta Gobierno elegidos.
  
En el momento de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, el actual diputado primero de la Junta de Gobierno, pasará a ostentar el cargo de vicedecano.
  
En la Junta General Ordinaria mas próxima, se procederá a la elección de los cargos de secretario, tesorero y diputados, segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo y duodécimo, cargos que se ostentarán por plazo de 4 años, y también se procederá a la elección, salvo que hayan sido provistos esos cargos con anterioridad, de los diputados primero y undécimo que serán elegidos por plazo de dos años.
  
En la Junta General Ordinaria que se celebrará en el último trimestre de año 2006, se procederá a la elección de los cargos de decano, vicedecano, bibliotecario y diputados primero, tercero, quinto, séptimo, noveno y undécimo.
  
Segunda. Desde el momento de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, quedará extinguido el Montepío de Viudas, Pupilos y Huérfanos, sin perjuicio de que la Junta de Gobierno proponga a la Junta General crear prestaciones y ayudas a los Colegiados y sus familias que por su necesidad se estimen necesarias.
  
Quienes en el momento de la entrada en vigor de estos Estatutos estén percibiendo cualquier tipo de prestación a cargo del extinto Montepío de Viudas, Pupilos y Huérfanos seguirán percibiendo en la forma y alcance que en cada caso se determine por la Junta de Gobierno.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera. Los presentes Estatutos, una vez aprobados por la Junta General, serán comunicados al Consejo Valenciano de Colegios de abogados y a la Conselleria correspondiente de la Generalitat Valenciana para inscripción en el Registro de Colegios Profesionales, y se publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana momento a partir del cual entrarán en vigor.
  
Los Estatutos una vez publicados serán comunicados al Consejo General de la Abogacía.
  
Segunda. En lo no previsto expresamente en estos Estatutos se estará a lo dispuesto en los Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de abogados, Estatuto General de la Abogacía, cuyas normas serán de aplicación en caso de duda o contradicción, y con sujeción siempre a legislación en vigor.
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA