Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6592, del 23-08-2011 (2011/8922)

Información pública de la resolución del expediente de retasación de cargas del sector 12 Canal.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6592

Fecha DOGV
:   23-08-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2011/8922


Fecha del documento
:   25-07-2011

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Tavernes de la Valldigna
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de la resolución del expediente de retasación de cargas del sector 12 Canal. [2011/8922]  
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 11 de julio de 2011 se ha resuelto el asunto de referencia, que es del siguiente tenor literal:  
«Vista la solicitud y documentación anexa que presenta la mercantil Esbaf, SL, en calidad de agente urbanizador de la unidad de ejecución única que conforma el programa para desarrollo de actuación integrada del sector 12 Canal del Plan General, relativa a retasación de las cargas de urbanización del citado programa, procede adoptar resolución sobre la base de los siguientes:  
Antecedentes  
1) Con fecha 24 de febrero de 2011, tiene entrada en este ayuntamiento (RE núm. 2743), escrito que presenta Felipe Sala Agustí, en nombre y representación de la mercantil Esbaf, SL, al que acompaña la memoria de adecuación y retasación de precios y valores económicos contemplados en la proposición jurídico-económica del programa para el desarrollo de la actuación integrada Sector 12 Canal del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Tavernes de la Valldigna, y concluye solicitando que proceda a su tramitación según lo establecido en los artículos 390 a 393 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto del Consell 67/2006, de 19 de mayo (ROGTU).  
2) Mediante providencia de esta Alcaldía de 28 de febrero de 2011, debidamente notificada al urbanizador, se ordena la iniciación del indicado procedimiento administrativo y se dispone la realización de actuaciones de instrucción. En especial, se requiere al urbanizador para que aporte al expediente certificación del Registro de la Propiedad de dominio y cargas de las parcelas de resultado del correspondiente proyecto reparcelatorio afectadas por el citado expediente de retasación, a los efectos de cumplimentar el trámite de audiencia previsto en el artículo 390.2.a) del ROGTU, al tiempo que se solicite del registrador tome nota marginal, en cada una de las fincas afectadas, de la iniciación del expediente de retasación dando así publicidad registral de dicho expediente a terceros adquirentes posteriores.  
3) Con fecha 28 de marzo de 2011, se presenta en el Registro de Entrada de este ayuntamiento (RE núm. 4292), escrito del agente urbanizador en el que, dando cumplimiento a lo solicitado en la citada providencia de la Alcaldía, aporta certificación de dominio y cargas expedida por el registrador de la Propiedad en fecha 16 de marzo de 2011, sobre 21 fincas registrales afectadas por el proyecto de retasación de cargas, con la indicación de haberse tomado nota marginal de inicio del correspondiente procedimiento administrativo.  
4) Mediante providencia de la Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2011, se ordena la notificación personal a los interesados en el expediente con expresión del trámite de audiencia que, por término de 15 días hábiles, se les concede con puesta de manifiesto del expediente en las dependencias municipales de urbanismo y medio ambiente a los efectos de que puedan examinarlo y, en su caso, deducir dentro del indicado plazo, las alegaciones que consideren convenientes a su derecho. Del mismo modo, se ordena la publicación de anuncio oficial en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), lo que acontece en el ejemplar número 6505, de fecha 19 de abril de 2011.  
5) Concluido el trámite de audiencia a los interesados y, en general, de información pública, se han presentado las siguientes alegaciones:  
Número 1. Con fecha 10 de mayo de 2011 (RE núm. 6752), se presenta escrito de alegaciones por el representante de la mercantil BM Urbamarina, SL, propietaria en pleno dominio de finca de resultado número 9, registral número 47576.  
Número 2. Con fecha 11 de mayo de 2011 (RE núm. 6834), se presenta escrito de alegaciones por Salvador García Salom, propietario en pleno dominio régimen de gananciales de las parcelas de resultado números 3, registral 47256, y 6, registral 47331.  
Número 3. Con fecha 20 de mayo de 2011 (RE núm. 7454), se presenta escrito de alegaciones por el representante de la mercantil CISA Cartera de Inmuebles, SL, propietaria en pleno dominio de fincas de resultado números 1, registral 47072, y 2, registral 47870.  
6) De los referidos escritos de alegaciones se da traslado al agente urbanizador mediante providencias de esta Alcaldía de fechas 11 de mayo de 2011 (por la número 1), 19 de mayo de 2011 (por la número 2), y 24 de mayo de 2011 (por la número 3), todo ello en cumplimiento y a los efectos prevenidos en el artículo 374 del ROGTU. Asimismo, de los indicados escritos de alegaciones se da traslado a la Sección E1 de Arquitectura e Ingeniería, mediante comunicación del 24 de mayo de 2011, para su conocimiento y efectos en el informe técnico correspondiente.  
7) Mediante sendos escritos de fecha 26 de mayo de 2011 (RE núm. 7770 y 7771), el representante de la mercantil BM Urbamarina, SL, manifiesta y solicita se le tenga por desistido y apartado de sus alegaciones presentadas el 10 de mayo de 2011 (RE núm. 6752), a la vez que pide su retirada del expediente en el que se ha presentado, a lo que sigue providencia de la Alcaldía de fecha 27 de mayo de 2011, notificada en el mismo día al agente urbanizador, en la que se dispone darle traslado de dichos escritos de desistimiento para su conocimiento y efectos oportunos. El mismo traslado documental se verifica a la Sección E1 de Arquitectura e Ingeniería, mediante comunicación del 30 de mayo de 2011, para su conocimiento y efectos en el informe técnico correspondiente.  
  
8) Con fecha 13 de junio de 2011, se incorpora al expediente el informe del agente urbanizador relativo a las alegaciones presentadas. En dicho informe, se da respuesta a las alegaciones formuladas por CISA Cartera de Inmuebles, SL, y por Salvador García Salom, a la vez que, mediante escrito anterior de fecha 31 de mayo de 2011 (RE 7932), formula conformidad con el desistimiento de BM Urbamarina, SL, manifestando a tal efecto que no tendrá nada que informar sobre estas alegaciones desistidas.  
9) Con fecha 8 julio de 2011 se incorpora al expediente el informe técnico emitido por el arquitecto municipal, jefe de la Sección E1 de Arquitectura e Ingeniería, y el informe jurídico suscrito por el jefe de la actividad de gestión y desarrollo urbanístico con el visto bueno del vicesecretario, jefe de la Sección E2 de Urbanismo y Medio Ambiente. Ambos informes son tenidos en cuenta en la presente resolución.  
  
Fundamentos jurídicos  
A) Legislación aplicable. Resulta de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria tercera, apartado e, del ROGTU, en cuya virtud, la legislación aplicable al presente expediente de retasación viene constituida por la Ley Urbanística Valenciana (LUV) 16/2005, de 30 de diciembre, y el propio ROGTU.  
B) Legitimación activa. Corresponde al agente urbanizador en virtud de lo dispuesto en el artículo 163.1.a, en relación con el artículo 168.3, ambos de la LUV, y el artículo 390.1, del ROGTU.   
C) Procedimiento. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168.3, de la LUV, desarrollado por el artículo 390 del ROGTU; en especial, se ha notificado personalmente a todos los interesados en el procedimiento el trámite de audiencia, y se ha dado publicidad oficial en la forma prevenida por el apartado 2.a del citado precepto reglamentario, con otorgamiento del plazo legalmente establecido para examen y vista del expediente y presentación de alegaciones. Durante este plazo se han presentado las alegaciones que se han consignado en el antecedente 5), cuyo examen técnico y jurídico se expone en los siguientes fundamentos jurídicos.  
D) Órgano competente para dictar resolución expresa. El artículo 392.1 del ROGTU dispone que «la administración actuante» resuelva acerca de la aprobación del expediente de retasación de cargas, pero no establece qué órgano en concreto tiene atribuida dicha competencia. En consecuencia, de conformidad con el artículo 5 de la LUV, en relación con el artículo 21.1.j de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dicha competencia corresponde al alcalde.   
E) Resumen de la memoria presentada.  
La memoria presentada señala la necesidad de distinguir dos supuestos que se tratan de forma separada y que son:  
- Uno primero, referido a aquellas obras impuestas por la administración municipal y autonómica en el acuerdo de adjudicación o resoluciones posteriores.  
- Uno segundo, referido a lo que propiamente se denomina retasación de cargas por la necesidad de ejecución de obras imprevisibles y cambio normativo.  
E.1. En relación al apartado uno primero, se dice en la memoria que «La imposición de las citadas obras -que a continuación se identifican- conlleva una variación en los costes de urbanización que en absoluto es imputable a la gestión del urbanizador, sino que se trata de obras que escapan de la previsión que podía tener el urbanizador, ya que las mismas obedecen al interés de la administración por suplementar e incrementar servicios urbanísticos, excediendo con ello el deber normal que corresponde al urbanizador, más cuando las mismas no se contemplaron desde el primer momento por la administración, al no constar en el planeamiento ni en las fichas de gestión del sector». Las obras que, según el urbanizador, son impuestas por la administración, son las siguientes:  
a) Obras que afectan a la sección de viales, correspondiente al capítulo I, demoliciones y movimiento de tierras: presentaría un saldo con incremento de costes en 8.225,89 €.   
Estas obras traerían causa, según el urbanizador, de la «modificación de la rasante de la red viaria (elevación de la misma)», cuya ejecución se atribuye a condicionante impuesto por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar; por la Dirección de Planificación y Ordenación del Territorio de la Conselleria, y por el Ayuntamiento; todo ello consignado en el informe favorable del estudio específico de inundabilidad de fecha 6 de agosto de 2007, que fuera exigido por la cédula de urbanización de fecha 24 de junio de 2005. Se justifica, por el urbanizador, la imprevisibilidad de las mismas por cuanto el PGOU desarrollado no contenía dichas exigencias, y sería el nuevo PGOU que entró en vigor el 15 de diciembre de 2004, el que exigió la redacción del plan (parcial, se entiende), y proyecto de urbanización conforme a las exigencias del PATRICOVA.  
b) Obras que afectan al servicio de saneamiento, correspondiente al capítulo 2, red de saneamiento: presentaría un saldo con incremento de costes en 888,42 €.  
Estas obras traerían causa de los mismos motivos antes apuntados.  
c) Obras que afectan a la red de pluviales, correspondiente al capítulo 3, red de pluviales: presentaría un saldo con incremento de costes en 241.296,97 €.  
Estas obras traerían causa de la necesidad de adaptar determinadas obras de conexión de infraestructuras para la ejecución de una estación de bombeo de aguas pluviales debido al cambio del punto de vertido, siendo ésta, según el urbanizador, una decisión que no podía ser prevista por el urbanizador y que obedece a una decisión discrecional del propio Ayuntamiento.  
d) Obras que afectan a la red de abastecimiento, correspondiente al capítulo 4, red de abastecimiento: presentaría un saldo con incremento de costes en 6.989,76 €.  
Estas obras traerían causa de la decisión del Ayuntamiento de variar la tipología de la acometida domiciliaria del servicio de agua potable, siendo ésta, según el urbanizador, una decisión que no podía ser prevista por el urbanizador y que obedece a una decisión discrecional del propio Ayuntamiento.  
e) Obras que afectan a la pavimentación, correspondiente al capítulo 7, firmes y pavimentos: presentaría un saldo con decremento de costes en -112.682,40 €.  
La variación en este capítulo traería causa directa, o sería una consecuencia del resto de modificaciones realizadas por las imposiciones de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar; por la Dirección de Planificación y Ordenación del Territorio de la Conselleria, y por el Ayuntamiento.  
f) Obras que afectan a la jardinería y riego, correspondiente al capítulo 8, jardinería y riego: presentaría un saldo con decremento de costes en -3.411,90 €.  
g) Obras que afectan al mobiliario urbano, correspondiente al capítulo 9, mobiliario urbano y señalización: presentaría un saldo con incremento de costes en 3.525,60 €.  
Estas obras traerían causa de la decisión del Ayuntamiento de variar la tipología en los elementos delimitadores de espacios ecopunto (horquillas), siendo ésta, siempre según el urbanizador, una decisión que no podía ser prevista por el urbanizador y que obedecen a una decisión discrecional del propio Ayuntamiento (informe del técnico municipal de fecha 7 de agosto de 2009).  
h) Otras obras cuyo precio procede adecuar, correspondiente al capítulo 11, varios: presentaría un saldo con decremento de costes en -8.615,62 €.  
En este caso, se trataría de adecuaciones de precios que responden al resto de modificaciones realizadas por las imposiciones de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar; por la Dirección de Planificación y Ordenación del Territorio de la Conselleria, y por el Ayuntamiento.  
E.2. En relación al apartado uno, segundo, referido a lo que propiamente se denomina retasación de cargas por la necesidad de ejecución de obras imprevisibles y cambio normativo, se dice en la memoria que se trata de «... aquellos (gastos) generados por el transcurso del plazo desde la presentación de la proposición jurídico-económica, o que han devenido por causas sobrevenidas que no pudieron ser tenidas en consideración al formular la alternativa técnica y el proyecto de urbanización».  
La justificación de este apartado se basa en las nuevas exigencias de Iberdrola relativas al capítulo de electrificación y alumbrado público motivadas por la necesidad de adaptación a la normativa actual del referido servicio; en concreto, se alude a la entrada en vigor (el 1 de abril de 2009), de un nuevo Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre) cuya imposición surge en momento posterior a la aprobación del proyecto técnico original.  
Así, en este capítulo se contempla un incremento de las cargas de urbanización con unos costes que se cifran en 216.238,13 € (PEM + GG + BI), IVA no incluido, más los costes correspondientes a honorarios por redacción de proyecto y dirección de obras cifrado en 10.257,36 €.  
E.3. En resumen, la propuesta que hace el urbanizador contiene los siguientes incrementos de costes del programa, por relación a los ofertados en su proposición jurídico-económica suscrita con ocasión de la presentación del citado programa:  
a) Incremento de obras por imposición de las administraciones: 842.793.89 €.  
b) Incremento de obras por circunstancias sobrevenidas (electrificación): 148.429.13 €.  
c) Incremento de gastos de gestión (redacción de proyectos y dirección facultativa): 22.789,30 €.  
Total (PEM + GG + BI + Gastos de gestión), IVA no incluido: 401.125,32 €.  
Las cargas de urbanización según proposición jurídico-económica: 4.495.057,16 €.  
Las cargas de urbanización según retasación propuesta: 4.896.182,48 €  
El incremento de estas cargas, en términos porcentuales y globales, es del 8,9237%.  
Por último, a la referida propuesta se acompaña un anexo III en el que se detalla el reparto de cuotas urbanísticas a las parcelas de resultado afectadas por las obras de urbanización con expresión de sus respectivas titularidades dominicales; todo ello, según los coeficientes de participación en la indicada actuación.  
F) Examen de las alegaciones presentadas.  
F.1. Escrito de alegaciones presentado por Francisco Barreres Sabater, en representación de la mercantil BM Urbamarina, SL, de fecha 10 de mayo de 2011 (RE núm. 6752). Como se ha relatado en los antecedentes, dichas alegaciones han sido objeto de desistimiento, apartamiento y retirada voluntaria de las mismas, por lo que no serán objeto de atención en este apartado.   
F.2. Escrito de alegaciones presentado por Salvador García Salom, de fecha 11 de mayo de 2011 (RE núm. 6834). En dicho escrito se alega, en síntesis, que las cuotas resultantes de la retasación se practiquen y se giren, a los copropietarios, una vez aprobadas por este ayuntamiento después de la última cuota ordinaria de urbanización que se gire.  
Por el agente urbanizador se informa esta alegación en el sentido siguiente: «No puede acogerse dicha petición porque las obras que nos ocupan se deberán ejecutar a la par que se finalizan las originalmente previstas; por ello, se emitirán las certificaciones de obra de forma paralela y ejecutadas las mismas procede su cobro por el urbanizador».   
  
Pues bien, una cosa es la aprobación o no del expediente de retasación de cargas, que es de lo que en este procedimiento se trata, y otra cosa distinta es el momento en que, si resulta aprobada esta retasación, será exigible el pago de las cuotas que correspondan a la ejecución de la obra urbanizadora amparada por dicha aprobación. Por todo ello, se desestima la alegación formulada por el señor García Salom, por incongruencia de lo que alega con el objeto material del presente procedimiento, sin perjuicio de tener en cuenta en su momento, si a ello hubiera lugar, el contenido de su alegación.  
F.3. Escrito de alegaciones presentado por el representante de la mercantil CISA Cartera de Inmuebles, SL, de fecha 20 de mayo de 2011 (RE núm. 7454). Estas alegaciones deben tenerse por presentadas en fecha 12 de mayo de 2011, fecha en la que dicho escrito tuvo entrada en el registro general de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, que nos lo remite en la indicada fecha del día 20 siguiente.  
En dicho escrito se alega, en síntesis, que en el presente expediente no concurre ninguna de las dos causas o motivos que para ello expresa el artículo 168.4 de la LUV, y 389 del ROGTU; de este modo, siendo el primero de dichos motivos el de transcurso de dos años desde la presentación de la proposición jurídico-económica sin que se haya iniciado la ejecución del programa, su negación, u oposición, se basa en el dato evidente de que las obras de urbanización «están prácticamente ejecutadas».   
El segundo de los motivos legales se refiere a «la aparición de circunstancias sobrevenidas de interés general, imprevisibles o que no hubieran podido ser contempladas en las bases de programación, o por cambios legislativos». Ciertamente, en este motivo se contienen realmente dos causas: una, la aparición de circunstancias sobrevenidas; otra, la debida a cambios legislativos. En este ámbito de oposición la crítica se argumenta por el alegante en que la retasación planteada «no se produce por la aparición de circunstancias sobrevenidas o imprevisibles sino en meros errores del proyecto de urbanización y en cambios de criterio tanto del Ayuntamiento, así como de las compañías suministradoras, los cuales evidencian una deficiencia en la labor del urbanizador en cuanto a su deber de consulta previa a la redacción del citado proyecto de urbanización con las empresas suministradoras». Este argumento, genéricamente negador, se concreta en el examen de tres orígenes o procedencias de la propuesta retasadora; a saber;   
a) (Por) la aprobación de un estudio específico de inundabilidad que exige una serie de obras de urbanización complementarias.  
b) (Por) cambios de criterio en la administración local.  
c) (Por) incrementos de coste por exigencias de las empresas suministradoras.  
Respecto a la cuestión del estudio específico de inundabilidad, el alegante sostiene que las obras de urbanización introducidas con motivo de la aprobación de este instrumento, en cuanto provienen del PATRICOVA aprobado y vigente desde el 30 de enero de 2003, eran perfectamente previsibles cuando el 20 de noviembre de 2003 fue presentado el programa para desarrollar dicha actuación integrada.  
Respecto a la cuestión de cambios de criterio en la administración local, el alegante sostiene que no se indica ningún acto administrativo que las sustente, (ni) cual es su fundamento y justificación de que son necesarios e imprevisibles y que tampoco se indica momento en que se realiza dicha imposición.  
Respecto a la cuestión de incrementos de coste por exigencias de las empresas suministradoras, el alegante señala que los argumentos expuestos en la memoria de la retasación evidencian que el urbanizador no negoció ni consultó en su momento con la compañía suministradora a pesar de que debió hacerlo; y que no se justifica el cambio de criterio por parte de la compañía en caso alguno. En conclusión, solicita la desestimación del proyecto de retasación presentado.  
Por el agente urbanizador se informa que dichas alegaciones deben ser íntegramente desestimadas por los motivos que expone en su informe y que, en síntesis, son los siguientes:  
a) Porque las alegaciones son generales, superficiales, sin que evidencie ningún defecto legal de la memoria presentada, además de que incurren en error al negar la existencia, en la memoria presentada, de documentación acreditativa de las modificaciones.  
b) Porque no se comparte el juicio del alegante en cuanto a deficiencias, errores o falta de diligencia del urbanizador.  
c) Porque las modificaciones impuestas en materia de prevención del riesgo de inundabilidad del sector no eran previsibles para el urbanizador cuando presentó su alternativa técnica y la correspondiente proposición económico-financiera.  
d) Porque el resultado en términos porcentuales de la retasación propuesta no puede suponer una corrupción del sistema de selección del urbanizador, ni desvirtúa los principios de libre concurrencia.  
e) Porque las modificaciones impuestas por la empresa suministradora de energía eléctrica responden al debido cumplimiento de cambios normativos acaecidos con posterioridad a la adjudicación del programa para desarrollo de actuación integrada (PDAI).  
El examen del contenido de estas alegaciones, así como la respuesta dada por el agente urbanizador, se realizará en el fundamento jurídico H siguiente en el que se analizan, de oficio, los presupuestos jurídicos materiales habilitantes para la retasación de cargas, puesto que los argumentos expuestos por el alegante se sostienen sobre aspectos propios de esta consideración; es decir, no atañen tanto a posiciones subjetivas del alegante, sino a cuestiones de orden público y de estricta legalidad que han de ser analizadas por los técnicos informantes, tanto si se alegan por los particulares como si no.  
G) Informe técnico y jurídico de los servicios municipales. El arquitecto municipal, jefe de la Sección E1 de Arquitectura e Ingeniería, ha emitido su informe técnico en el que se pronuncia en sentido favorable respecto a las modificaciones introducidas a partir de los informes sectoriales de empresas suministradoras, en especial, Iberdrola, que ha supuesto modificación de los proyectos de electrificación señalados en el fundamento jurídico E.2; y en sentido desfavorable respecto al resto de obras o actuaciones aquí señaladas en el fundamento jurídico E.1. En el mismo sentido se pronuncia el informe jurídico emitido por el TAG de la actividad de gestión y desarrollo urbanístico de la Sección E2 de Urbanismo y Medio Ambiente, con el visto bueno del jefe de la sección y vicesecretario general.  
H) Presupuestos jurídicos materiales habilitantes de la retasación de cargas de urbanización.   
H.1. Atendiendo a las propias manifestaciones del agente urbanizador proponente en la memoria presentada, resulta que estamos en presencia de dos cuestiones diferentes. En efecto, en el escrito de presentación de la indicada memoria se puede leer que lo que se presenta es una «Memoria de adecuación y retasación de precios y valores económicos contemplados en la proposición jurídico-económica del programa para el desarrollo de la actuación integrada Sector 12 Canal del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Tavernes de la Valldigna», y así se confirma en el petitum, en donde se vuelve a mencionar «adecuación y retasación...».  
Posteriormente, ya en el seno de la memoria, se confirma esta distinción al decir (página 3) que es necesario «... distinguir dos supuestos que pasan a tratarse de forma separada:   
- Uno primero, referido a aquellas obras impuestas por la administración municipal y autonómica en el acuerdo de adjudicación o resoluciones posteriores.  
- Uno segundo, referido a lo que propiamente se denomina retasación de cargas por la necesidad de ejecución de obras imprevisibles y cambio normativo».  
De este modo (en la página 36), al argumentar sobre la procedencia de considerar lo que ha denominado primer supuesto, lo hace con fundamento jurídico del artículo 321 del ROGTU. Mientras que, en congruencia con lo pretendido por el urbanizador (en la página 41), al argumentar sobre la procedencia de lo que ha denominado segundo supuesto, lo hace con fundamento jurídico del artículo 168.3, y 4, de la LUV. En definitiva, atendiendo a las propias manifestaciones del urbanizador, el objeto de examen del presente procedimiento es, por una parte, la adecuación de precios de la proposición jurídico-económica presentada en su día, ex artículo 321 ROGTU, y, por otra parte, la retasación de las cargas de la urbanización, ex artículo 168 LUV.  
H.2. El primero de los supuestos contenidos en la memoria presentada, esto es, la relativa a la adecuación de precios debido a «obras impuestas por la administración municipal y autonómica en el acuerdo de adjudicación del PDAI o tramitación posterior», cuya procedencia ha sido argumentada por el urbanizador en base a lo dispuesto por el artículo 321 del ROGTU, supone un supuesto fronterizo con lo que es genuinamente el supuesto de retasación.  
En efecto, la propia colocación sistemática de este artículo 321 ya es de por sí mismo indicativa de que el ROGTU no está contemplando esta posibilidad como un supuesto de retasación, ya que a ello (a la retasación) le dedica los artículos 389 y siguientes del mismo reglamento dentro de capítulo VIII del título V, bajo epígrafe «Cargas de urbanización y retasación de cargas», mientras que el artículo 321 se incardina en el capítulo VIII del título IV, bajo epígrafe «Selección del urbanizador».   
El supuesto que contempla el artículo 321 del ROGTU (en su actual redacción dada por el artículo 5 del Decreto del Consell 36/2007, de 13 de abril), regula la limitación que se impone a la administración actuante para que ésta pueda introducir modificaciones en el momento de la selección de la alternativa técnica y en la aprobación de la proposición jurídico-económica; en efecto, dice este precepto: «1. Al seleccionar la alternativa técnica y el instrumento de planeamiento que, en su caso, la acompañe, y aprobar la proposición jurídico-económica, el Ayuntamiento únicamente podrá imponer aquellas modificaciones derivadas directamente de causas imprevisibles o que no hubieran podido ser contempladas en las bases particulares. Estas modificaciones deberán tener su fundamento en el interés general y, en ningún caso, podrán suponer una alteración del contenido de las bases particulares ni un falseamiento de los principios de libre concurrencia, ni computarán a los efectos establecidos en el artículo 168.4 de la Ley Urbanística Valenciana». Sigue diciendo este precepto: «2. En todo caso, las modificaciones introducidas tanto en la alternativa técnica como en el instrumento de planeamiento que en su caso la acompañe y en la proposición jurídico-económica, requerirán el consentimiento del adjudicatario del programa, mediante la suscripción del contrato con la administración actuante. En caso de que el adjudicatario no asuma esas variaciones se declarará desierto el concurso, aplicándose lo previsto en el artículo 137.3 de la Ley Urbanística Valenciana y devolviéndose al aspirante la garantía provisional».   
El párrafo, al final del apartado 1, es confirmatorio de que estas modificaciones no son propiamente una retasación en el sentido propuesto por el artículo 168.4 de la LUV, ya que, si «retasar» es (literalmente) volver a tasar algo que ya estaba tasado, aquí («en el momento de seleccionar...») aún no se ha tasado nada; se está tasando en ese mismo momento que es previo a la firma del convenio o contrato para la ejecución del programa, de modo que cuando se firma éste, debe contemplarse en dicho documento la «nueva tasación» de cargas (que no retasación), que resulta de las modificaciones introducidas; tesis ésta que encuentra su perfecto acomodo en lo dispuesto a continuación el apartado 2 del mismo precepto reglamentario al señalar la necesidad del consentimiento del adjudicatario del programa, lo que se entiende implícito, es decir, las modificaciones se entenderán aceptadas por el adjudicatario con la suscripción del contrato con el Ayuntamiento. Sobre esta cuestión habremos de volver más adelante.  
Además, como se ha apuntado más arriba, esta redacción es fruto de la modificación operada por el artículo 5 del Decreto del Consell 36/2007, de 13 de abril, cuya entrada en vigor se produjo el 18 de abril de 2007. A su vez, es notorio que esta norma -tanto la redacción original como la modificada- está desarrollando los preceptos legales de la Ley Urbanística Valenciana, no los de su antecesora Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), como es obvio tanto por razones temporales como por razones de sistemática y congruencia legislativa.   
Sin embargo, no podemos olvidar que bajo la vigencia de la LRAU ya se contemplaba esta facultad de la administración actuante para imponer modificaciones en los programas presentados por particulares; así se ha entendido en base a la escueta afirmación del artículo 47.1 LRAU: «1. Concluidas las anteriores actuaciones el Pleno del Ayuntamiento puede aprobar un programa definiendo sus contenidos por elección de una alternativa técnica y una proposición entre las presentadas, con las modificaciones parciales que estime oportunas». Norma ésta que se completa con la disposición del apartado 6 del mismo artículo 47: «6. El adjudicatario debe suscribir los compromisos, asumir las obligaciones y prestar las garantías correspondientes. No obstante, puede renunciar a la adjudicación si ésta supone compromisos distintos de los que él ofreció».  
En resumen, tanto bajo la vigencia de la LRAU, como de la LUV y el ROGTU, las facultades de la administración actuante en orden a introducir modificaciones parciales o puntuales en los instrumentos de programación presentados por particulares para adjudicarse un programa, son perfectamente admitidas y válidas siempre que respondan a los criterios legales presididos siempre por el interés general debidamente motivado aunque, ciertamente, más restrictivos con la LUV. Estos supuestos, tanto el contemplado en el artículo 321.1 ROGTU, como el contemplado en el artículo 47.1 LRAU, no son, propiamente, el supuesto de retasación de cargas, en el primer caso, del artículo 168.4 LUV, y en el segundo, el del 67.3 LRAU. La afirmación que venimos sosteniendo de que tanto los supuestos del antiguo artículo 47.1, y 6 de la LRAU, como el actual 321 ROGTU, no constituyen propiamente supuestos de retasación, ha sido confirmada en diversas sentencias del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de las que cabe citar por su claridad la de 15 de diciembre de 2010 (La Ley 297004/2010), la de 22 de septiembre de 2006 (La Ley 217825/2006), y la de 11 de marzo de 2005 (La Ley 58752/2005).  
De todo ello no cabe sino concluir, de conformidad con lo informado por los servicios técnicos y jurídicos municipales, el rechazo o desestimación de la propuesta del urbanizador en lo relativo a la «adecuación» de precios, respecto a las partidas que en la memoria presentada se contemplan en su apartado 3, bajo epígrafe: «3. Obras impuestas por la administración municipal y autonómica en el acuerdo de adjudicación del PDAI o en tramitación posterior».  
H.3. En el presente apartado se analiza el supuesto de la genuina retasación de cargas de la urbanización, a cuyo efecto, el artículo 168.4 de la LUV dispone que, «Sólo será motivo de retasación el transcurso de dos años desde la presentación de la proposición jurídico-económica por motivos no imputables al urbanizador, y la aparición de circunstancias sobrevenidas que no hubieran podido preverse en el momento de la redacción de la misma.  
Si el resultado de la retasación superara el 20% del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica, la cantidad que exceda de dicho porcentaje no podrá en ningún caso repercutirse a los propietarios».  
Este precepto legal ha sido objeto de desarrollo reglamentario en el artículo 389 del ROGTU, con dos apartados; el primero de ellos, el 1, viene a reproducir el primer motivo de retasación que cita el artículo 168.4 LUV, en orden al transcurso de dos años desde la presentación de la proposición jurídico-económica -añade aquí el precepto reglamentario- «sin que se haya iniciado la ejecución del programa», por motivos no imputables al urbanizador, y, añade: «en este caso, la revisión de precios tendrá lugar automáticamente con aplicación de lo dispuesto en el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio».  
En el segundo de dichos apartados se previene que, con independencia del transcurso del plazo de dos años, «... por la aparición de circunstancias sobrevenidas de interés general, imprevisibles o que no hubieran podido ser contempladas en las bases de programación, o por cambios legislativos».   
Dicho lo cual, en atención a lo expresado por el urbanizador en la memoria presentada, parece pacífico que la propuesta de retasación se acoge solamente al presupuesto o motivo contemplado en el segundo apartado de los preceptos citados; esto es, «por la aparición de circunstancias sobrevenidas de interés general, imprevisibles o que no hubieran podido ser contempladas en las bases de programación, o por cambios legislativos», desechándose así, de entrada, la consideración del motivo relativo a «el transcurso de dos años desde la presentación de la proposición jurídico-económica por motivos no imputables al urbanizador», y en este punto habrá de darse la razón a la primera alegación que formula CISA Cartera de Inmuebles, SL, cuando dice que este motivo no es aplicable por cuanto al momento actual la ejecución de la obra urbanizadora está prácticamente realizada.  
Centrado, pues, el fondo de la cuestión en el presupuesto de hecho considerado en la norma trascrita bajo el concepto de «imprevisibilidad de las circunstancias de interés general sobrevenidas, así como, en su caso, de los cambios normativos», estaría referido a la misma aparición de circunstancias sobrevenidas que obligan a modificar la obra urbanizadora por «los cambios normativos» acaecidos con posterioridad a la aprobación del PDAI. En este ámbito, se consideran las actuaciones, cuya justificación se basa en las nuevas exigencias de Iberdrola relativas al capítulo de electrificación y alumbrado público motivadas por la necesidad de adaptación a la normativa actual del referido servicio; en concreto, se alude a la entrada en vigor (1 de abril de 2009) de un nuevo Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre), cuya imposición surge en momento posterior a la aprobación del proyecto técnico original.  
Así, en este capítulo se contempla un incremento de las cargas de urbanización con unos costes que se cifran en 216.238,13 € (PEM + GG + BI), IVA no incluido, más los costes correspondientes a honorarios por redacción de proyecto y dirección de obras cifrado en 10.257,36 €.  
En este apartado, la alegación hecha por CISA Cartera de Inmuebles, SL, respecto a la cuestión de incrementos de coste por exigencias de las empresas suministradoras, señala que los argumentos expuestos en la memoria de la retasación evidencian que el urbanizador no negoció ni consultó en su momento con la compañía suministradora a pesar de que debió hacerlo; y que no se justifica el cambio de criterio por parte de la compañía en caso alguno. En conclusión, solicita la desestimación del proyecto de retasación presentado. A esta alegación responde el urbanizador en su informe en el que pone de manifiesto la carencia de todo fundamento de aquélla, a la vez que se remite al contenido de la memoria (páginas 36 a 40) en donde se da cumplida cuenta y justificación de los motivos por los cuales procedería acoger la propuesta de retasación en este punto.   
Pues bien, conforme a los informes técnico y jurídico, procede estimar o aceptar la propuesta de retasación relativa a las obras o actuaciones que en la memoria se contemplan en su apartado 4, bajo epígrafe 4, «Retasación de cargas», y que coincide con las señaladas en el fundamento jurídico E.2.  
En consecuencia, en este concreto punto, procede desestimar las alegaciones de CISA Cartera de Inmuebles, SL, y estimar la solicitud de retasación de cargas.  
I) Efectos de la retasación de cargas.  
Resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 393 del ROGTU, a cuyo tenor «1. La aprobación del expediente retasación de cargas comportará la adaptación de las cuotas de urbanización y del coeficiente de canje. 2. En caso de que, por salvaguardar los derechos de tercero de buena fe, sea imposible corregir la reparcelación por aplicación del nuevo coeficiente de canje, se procederá a compensar en dinero las diferencias que resulten. 3. En el plazo de 10 días desde la aprobación del expediente de retasación, el secretario expedirá certificación administrativa de las nuevas cargas que posibilite la ampliación, en su caso, de las afecciones inscritas en el Registro de la Propiedad. 4. Si como resultado del expediente de retasación de cargas se produjera un incremento del precio consignado en la proposición jurídico-económica, superior al 20%, ese exceso no se podrá repercutir a los propietarios y, por su parte, el urbanizador podrá optar entre:  
a) Asumir ese exceso respecto del 20%; o,  
b) Renunciar a la condición de agente urbanizador, con los efectos previstos en el artículo 143.4 de la Ley (urbanística valenciana) y en este reglamento».  
En consecuencia, con lo normado en este precepto reglamentario, procederá:  
I.1. En la parte dispositiva de la resolución que se adopte, se hará mención específica respecto a la adaptación de las cuotas de urbanización y del coeficiente de canje que proceda. En este sentido, el agente urbanizador proponente de la retasación no ha formulado propuesta de adaptación del coeficiente de canje, resumiendo dicha adaptación solo respecto a las cuotas de urbanización (a metálico), que se consigna en el cuadro del anexo III de la memoria (páginas 132 y 133), si bien en dicho cuadro sólo aparece el importe individualizado de cada propietario por el montante de la retasación propuesta. En el convenio urbanístico suscrito entre el urbanizador y el Ayuntamiento para la ejecución del PDAI, se estableció en la estipulación 7, «Modalidad de retribución», que la retribución del urbanizador será «preferentemente en terrenos...», y en la siguiente estipulación 8, «Valor de la retribución», se concretó que el valor de la retribución a percibir por el urbanizador será del 38,78337% del aprovechamiento total. De este modo, el coeficiente de canje establecido en el PDAI es del 38,78641% del total aprovechamiento. No se establece en dicho convenio previsión alguna sobre adaptación del coeficiente de canje con motivo de eventuales expedientes de retasación, por lo que, atendiendo esta falta de previsión, así como cualquier otra manifestación en tal sentido en la memoria de retasación presentada, debemos aplicar lo dispuesto en el citado artículo 393 del ROGTU, concretamente, lo dispuesto en sus apartados 1 y 2, y con ello convenir en que el resultado de la retasación será, en su caso, compensado en dinero por las diferencias que resulten.  
I.2. La previsión que establece el apartado 4 del precepto reglamentario citado no será de aplicación en el caso que nos ocupa dado que, como afirma el propio agente urbanizador en su memoria (página 48), y así resulta del examen realizado, no se supera el umbral del 20%.  
I.3. La disposición contenida en el apartado 3 del citado precepto reglamentario será ordenada en la parte dispositiva de esta resolución.  
I.4. Por último, conforme a lo dispuesto por el artículo 140.4 de la LUV, en relación al artículo 87.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (por remisión del citado precepto urba  
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nístico), procederá reajustar el importe de la garantía definitiva prestada por el agente urbanizador con la adjudicación del programa.  
En consecuencia, esta Alcaldía, en ejercicio de las competencias que me atribuye la legislación vigente conforme resulta del fundamento jurídico D, resuelvo:  
Primero. Desestimar las alegaciones presentadas por Salvador García Salom, por los motivos y con el alcance señalado en el fundamento jurídico F.2.  
Segundo. Las alegaciones presentadas por CISA Cartera de Inmuebles, SL, se estiman y se desestiman, parcialmente, conforme a los motivos y con el alcance en cada caso señalado en el fundamento jurídico H.3.  
Tercero. Estimar parcialmente la propuesta de retasación de cargas de la urbanización presentada por el agente urbanizador, Esbaf, SL, relativas al PDAI Sector 12 Canal, por los motivos y con el alcance señalado en el fundamento jurídico H, cuya expresión en términos conceptuales y económicos es del siguiente tenor:  
I. Partidas o capítulos de obra cuya adecuación de importes se rechaza con fundamento en lo expuesto en el fundamento jurídico H.2:  
  
II. Partidas o capítulos de obra cuya retasación de importes se acepta con fundamento en lo expuesto en el fundamento jurídico H.3:  
  
  
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En consecuencia, las cargas de la urbanización consignadas en el convenio urbanístico suscrito el 12 de enero de 2007, para la ejecución del programa entre el Ayuntamiento y el agente urbanizador, quedan modificadas conforme al siguiente detalle:  
  
Se modifica el citado convenio urbanístico en los términos que resultan de este dispositivo, y se requiere a Esbaf, SL, agente urbanizador, para que en plazo no superior a 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de recepción de la notificación de esta resolución, proceda a consignar en la Tesorería Municipal suplemento de la garantía definitiva en importe de 15.854,68 €, resultado de aplicar el porcentaje del 7% al importe de la retasación aprobada, mediante aval bancario o contrato de seguro y caución.  
Cuarto. De esta resolución se expedirá, en los 10 días siguientes a su adopción, certificación administrativa por el secretario general, a los efectos de posibilitar, en su caso, las inscripciones de modificación de las afecciones inscritas en el Registro de la Propiedad sobre las fincas de resultado afectadas por este procedimiento.  
Quinto. Notificar la presente resolución a la mercantil Esbaf, SL, agente urbanizador de la unidad de ejecución única que conforma el programa para desarrollo de actuación integrada del Sector 12 Canal, de suelo urbanizable del vigente Plan General, al que se refiere el presente procedimiento de retasación de cargas de la urbanización que ha sido promovido por dicha mercantil.  
De la presente resolución se practicará notificación personal a todos los interesados en el referido procedimiento, en especial, a los que han presentado alegaciones en el trámite de información pública y audiencia, para su conocimiento y efectos oportunos.  
Asimismo, se dará publicidad a lo resuelto mediante inserción de su texto íntegro en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Sexto. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y es impugnable mediante el siguiente régimen de recursos:  
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano autor de esta resolución, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente día al de su notificación (artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). En este caso, el recurso de reposición deberá ser resuelto expresamente en el plazo de un mes a contar desde su interposición; caso contrario, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía jurisdiccional.  
b) Directamente, recurso contencioso administrativo ante el juzgado de dicho orden jurisdiccional de los de Valencia que por turno de reparto le corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente día al de su notificación (artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).  
Si se opta por interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto (artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).  
No obstante, podrá ejercerse cualquier otra acción o recurso que se estime conveniente a los derechos e intereses legítimos de personas interesadas».  
  
Tavernes de la Valldigna, 25 de julio de 2011.- El alcalde: Jordi Juan Huguet.