Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6624, del 06-10-2011 (2011/9784)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 150/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6624

Fecha DOGV
:   06-10-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/9784


Organismo emisor
:   Juzgado de Lo Mercantil Número 1 de València

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 150/2010. [2011/9784]  
Juicio verbal 000150/2010  
Demandante: Suministros Industriales Alagarda, SL, (Marco Alagarda Cervera).  
Demandados: Comercial de Utillajes para el Troquelado, SL, y María Dolores Andrés Madrigal.  
Amparo Prieto Trenco, secretaria judicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, hago saber:  
Que en autos de juicio verbal seguidos ante este Juzgado bajo el número 000150/2010, se ha dictado sentencia de fecha 8 de noviembre de 2010, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:  
  
«Sentencia número 379/2010  
Valencia, 8 de noviembre de 2010.  
Vistos por mí, María del Mar Fernández Barjau, jueza sustituta en funciones de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, los presentes autos de juicio verbal número 150/2010, promovidos a instancia de la mercantil Suministros Industriales Alagarda, SL, representada por su administrador único Marco Alagarda Cervera y asistida por el letrado Francisco Aliaga Navarro, contra la sociedad Comercial de Utillajes para el Troquelado, SL, y su administradora única María Dolores Andrés Madrigual, declarados todos ellos en rebeldía procesal, en el que se ejercita acumuladamente acción de reclamación de cantidad y la de responsabilidad de administrados social, en base a los siguientes.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por la referida parte actora se presentó en fecha 16 de febrero de 2010 demanda de juicio verbal, contra los demandados arriba indicados, en la que, ejercitando de forma acumulada la acción de reclamación de cantidad contra la mercantil y la de responsabilidad frente al administrador social, interesaba que se dictara sentencia por la que se condenara a ambos demandados a que solidariamente abonen a la entidad actora la suma de 598,32 euros, más intereses legales y costas.  
Segundo. Previo examen de jurisdicción y competencia, la anterior demanda fue admitida a trámite dicha demanda por auto de 27 de abril de 2010, se citó a las partes para asistir a la vista para el día 14 de junio de 2010, con los apercibimientos legales.  
Ante los sucesivos resultados negativos de las diligencias de citación, así como de las gestiones realizadas a fin de localizar el paradero de los demandados, finalmente se procedió a su citación por edictos.  
Tercero. A la vista, celebrada finalmente el día 8 de noviembre de 2010, compareció únicamente la parte actora, por lo que se declaró en rebeldía procesal a la parte demandada.  
Abierto el acto, la actora se afirmó y ratificó en su escrito de demanda e interesó el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo únicamente documental, consistente en dar por reproducida la acompañada a su demanda. Por su señoría se admitió la prueba propuesta, teniéndose por reproducidos los documentos incorporados a las actuaciones.  
Fundamentos de derecho  
Primero. La parte actora ejercita en primer lugar la acción de reclamación de cantidad dirigida frente a la mercantil demandada, derivada del impago de las tres facturas acompañadas a su demanda como documentos 1, 6 y 9, por un importe total de 598,32 euros, con vencimiento en fecha 25 de mayo de 2007 y 25 de septiembre de 2007. Tales facturas, reflejan la venta del material entregado a la demandada según lo detallado en los albaranes acompañados a la demanda como documentos 2 a 5, 7, 8 y 10. Con tal documental no impugnada por la demandada, resulta debidamente acreditada la existencia de una deuda vencida por el importe reclamado en autos.  
Por su parte, la mercantil demandada no acredita el pago total o parcial tales facturas, ni siquiera comparece en las actuaciones a fin de oponerse a la reclamación actora. Por lo expuesto, y conforme previene el artículo 217.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe declararse probado que la mercantil Comercial de Utillajes para el Troquelado, SL, adeuda a la actora un total de 598,32 euros, por el impago de las facturas aportadas a autos.  
En virtud de lo dispuesto en los artículos 1091, 1100, 1101, 1105, 1108, 1258 y concordantes del Código Civil, así como los artículos 63, 325, 339 y concordantes del Código de Comercio, procede acoger íntegramente la reclamación actora condenando a la mercantil Comercial de utillajes para el Troquelado, SL, a abonar a la actora la anterior cantidad, más los intereses legales desde la interpelación judicial (16 de febrero de 2010).  
Segundo. En segundo lugar, la entidad actora ejercita frente a la señora Andrés Madrigual, en calidad de administradora única de la sociedad deudora, la acción de responsabilidad objetiva, por las deudas sociales, ex artículo 262.5 en relación con el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas o 105 y 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y acumuladamente la de responsabilidad individual o por daños ex artículos 133 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas por remisión del artículo 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  
Ambas acciones deben examinarse por separado al tener naturaleza y presupuestos distintos, como reiteradamente indica la jurisprudencia, pudiendo destacar al respecto la sentencia del Tribunal Supremo número 710/2008, de fecha 10 de julio de 2008 (rec. casación número 4059/2001, pte: Almagro Nosete), en cuyo fundamento tercero se expone que: «es doctrina pacífica y constante, de la que son claro ejemplo las sentencias de 31 de enero y 8 de marzo de 2007 entre muchísimas más, que la acción y por ende, la responsabilidad que prevé el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, (equivalente al artículo 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), es distinta en sus presupuestos y en su regulación legal a la contemplada en los artículos 135 y 133 del citado texto legal. Comparando ambas acciones, afirma la sentencia de 8 de marzo de 2007, que la acción individual «tiene naturaleza extracontractual y requiere que concurran los requisitos propios -acción u omisión culposa, daño y prueba de la relación de causalidad-»; lo que no sucede con la acción del 262, respecto de la cual, continúa diciendo dicha sentencia « esta sala ha destacado su carácter abstracto o formal -Sentencia de 26 de junio de 2006-, y, con mayor propiedad, su naturaleza objetiva o cuasi objetiva -Sentencia de 25 de abril de 2002, 14 de noviembre de 2002, 6 y 28 de abril de 2006- esta última de pleno, -y 26 de mayo de 2006, entre otras-, que se resume en que su declaración no exige la concurrencia de un reproche culpabilístico que hubiera que añadir a la constatación de que no ha habido promoción de la liquidación mediante convocatoria de la Junta o solicitud judicial, en su caso -y ahora también la solicitud de la declaración de concurso, cuando concurra su presupuesto objetivo-, esto es, una negligencia distinta de la prevista en el propio precepto -sentencias de 20 y 23 de febrero de 2004 y de 28 de abril de 2006-, del mismo modo que no requiere una estricta relación de causalidad entre el daño y el comportamiento concreto de administrados, o, en otros términos, no exige más que el enlace causal preestablecido en la propia norma -sentencia de 28 de abril de 2006-».  
Dicho de otro modo la parte actora para exigir la responsabilidad objetiva del administrado social, tan solo debe acreditar la existencia de una deuda social, la concurrencia de una causa de disolución de las previstas en las letras c a g del artículo 104.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, es decir: convocar Junta General para disolver la sociedad o presentar el concurso o bien acordar alguna otra medida que permita la remoción de la causa de disolución; y en caso de no adoptarse ninguno de tales acuerdos promover judicialmente su disolución y ordenada liquidación, o presentar el concurso de acreedores, y todo ello en el plazo de dos meses desde la concurrencia de la causa de disolución.  
En el presente caso, de la diligencia negativa de requerimiento practicada en fecha 24 de septiembre de 2009 en el juicio monitorio número 76/2009, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia 8 de Torrent, aportada como documento 12, se constata que la sociedad deudora cerró y abandonó su domicilio social sito en la calle Padre Méndez número 157, 1-F, de Torrent, sin comunicar a su acreedor ningún cambio de domicilio. Esta desaparición fáctica del tráfico mercantil, no desvirtuado por la demandada pese a incumbirle la carga de su prueba, ex artículo 217.3 y 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, evidencia la imposibilidad de conseguir el fin social, y por tanto la concurrencia de la causa de disolución prevista en el apartado c del artículo 104.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  
Constando en autos, de la certificación del Registro Mercantil, aportada al acto de la vista, que la sociedad demandada no ha sido disuelta ni se halla en concurso, debe concluirse que la administradora social demandada no ha cumplido los deberes impuestos en el artículo 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, debiendo por tanto declarar la responsabilidad solidaria de la señora Andrés Madrigal, en el pago de la deuda social declarada en el primer fundamento jurídico. Por todo ello, procede acoger la segunda declarada en el primer fundamento jurídico. Por todo ello, procede acoger la segunda pretensión actora, condenando a la señora Andrés Madrigal a pagar a la actora la deuda de 598,32 euros, de forma solidaria junto a la sociedad Comercial de Utillajes para el Troquelado, SL.  
Tercero. La parte actora exige también a la administradora social, la responsabilidad individual por los daños causados como consecuencia de su actuación negligente y contraria a la ley en virtud de lo dispuesto en los artículos 127, 133 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, aplicables al presente caso por remisión del artículo 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  
De lo expuesto en el anterior fundamento se constata claramente que la administradora única al no proceder a la disolución y ordenada liquidación ni a promover el concurso de acreedores pese a concurrir una causa legal de disolución, actuó contraviniendo las obligaciones impuestas en el artículo 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como la diligencia propia de un ordenado empresario.  
Dentro del elenco de conductas que la jurisprudencia ha venido perfilando como merecedora del carácter de contraria a la ley, estatutos o realizada sin la debida diligencia, cabe mencionar a título ilustrativo las siguientes:  
Desatender los requerimientos de pago y, ante una caótica situación económica, no promover en legal forma la disolución y liquidación del patrimonio social, manteniendo la sociedad sin actividad alguna, creando una situación engañosa (SAP Madrid 25 de septiembre de 1990).  
No disolver la sociedad cuando las pérdidas dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la tercera parte del capital social, concertar el suministro de género con terceros por cantidades muy superiores a las posibilidades económicas de la sociedad; no promover expediente de suspensión de pagos ni solicitar la declaración de quiebra a pesar de la caótica situación económica de la sociedad; desaparecer sin más del tráfico mercantil sin liquidar la empresa ni dejar extinguidas todas las deudas sociales (SAP Palma de Mallorca 15 de marzo de 1990).  
Ante una situación de crisis, no hacer uso de los mecanismos legalmente previsto, como la solicitud de declaración de suspensión de pagos o quiebra, pese a que existe la obligación de realizarlo, ni tampoco disolver y liquidar el propio patrimonio empresarial con un efectivo reparto entre todos los acreedores, con pleno respeto a la preferencia y privilegios legalmente establecidos para cada uno (SAP de Bilbao de 31 de mayo de 1990).  
El cierre de facto del establecimiento social y la desaparición material de la empresa, sin entrar en contacto alguno con los acreedores, ni proceder a abonarles parte alguna de sus créditos (SAP Barcelona 27 de marzo de 1990, 19 de febrero de 1991, 5 de enero de 1993, 19 de mayo de 1994, 27 de enero de 1992; y, SAP Alicante de 12 de julio de 1994).  
De todo lo anterior, cabe concluir que consta debidamente acreditado en autos, que la señora Andrés Madrigual con su pasividad ante la situación de insolvencia constatada en el anterior fundamento jurídico, contravino la ley y la diligencia exigible, causando como consecuencia de ello un daño patrimonial a la parte actora, al hacer incobrable su crédito, ni siquiera por la vía de apremio, debiendo por tanto, conforme a lo prescrito en los artículos 133 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, declarar la responsabilidad individual o subjetiva de la administradora social y consiguientemente condenarle a indemnizar a la parte actora por los daños causados por valor de 598,32 euros.  
Cuarto. En cuanto a las costas causadas en el presente procedimiento, dado el principio de vencimiento objetivo y el sentido de la presente resolución, cabe hacer expresa imposición de las mismas a la parte demandada, condenada en estas actuaciones.  
Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación.  
Fallo  
Que estimando totalmente la demanda formulada por la mercantil Suministros Industriales Alagarda, SL, representada por su administrador único Marco Alagarda Cervera, contra la sociedad Comercial de Utillajes para el Troquelado, SL, y su administradora única María Dolores Andrés Madrigual, declarados ambos en rebeldía procesal, debo condenar y condeno a los dos demandados a que, conjunta y solidariamente, abonen a la parte actora la cantidad de 598,32 euros más los intereses legales desde la interpelación judicial (16 de febrero de 2010); y todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.  
Notifíquese la presente resolución a las partes, significándoles que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia que se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).  
De conformidad con la disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que sea admitido a trámite el recurso de apelación se deberá constituir un depósito de 50 euros, que será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado. El depósito se constituirá mediante ingreso de la cantidad referenciada en la entidad bancaria Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente indicando en el campo «Concepto» el código «00 Civil-Reposición» y la fecha de la resolución recurrida con el formato dd/mm/aaaa. En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el código de cuenta corriente (CCC, 20 dígitos) se indicará en el campo «concepto» el número de cuenta, el código y la fecha en la forma expuesta anteriormente.  
Líbrese y únase certificación de esta sentencia a las actuaciones con inclusión de la original en el libro de sentencias civiles de este Juzgado.  
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la magistrado/a juez/a que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la secretaria judicial doy fe, en Valencia, 8 de noviembre de 2010».  
Y para que sirva de notificación a los demandados Comercial de Utillajes para el Troquelado, SL, y María Dolores Andrés Madrigal, en paradero desconocido, extiendo el presente.  
  
Valencia, 26 de enero de 2011.- La secretaria judicial: Amparo Prieto Trenco.