Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4342, del 24-09-2002 (2002/10080)

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2002,de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se dispone el registro y la publicación del texto del laudo arbitral, PAV-200/02 que emiten los árbitros don Tomás Sala Franco, don Carlos Luis Alfonso Mellado y don Ángel Blasco Pellicer, en el conflicto sometido por la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO-PV) y la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4342

Fecha DOGV
:   24-09-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/10095


Fecha del documento
:   16-09-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * derechos sindicales
    * convenio colectivo
    * elecciones sindicales
    * participación de los trabajadores

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2002,de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se dispone el registro y la publicación del texto del laudo arbitral, PAV-200/02 que emiten los árbitros don Tomás Sala Franco, don Carlos Luis Alfonso Mellado y don Ángel Blasco Pellicer, en el conflicto sometido por la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO-PV) y la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL). [2002/X10079]
  
Visto el texto del laudo arbitral de 11 de septiembre de 2002 emitido por los árbitros don Tomás Sala Franco, don Carlos Luis Alfonso Mellado y don Ángel Blasco Pellicer, en la demanda de conciliación sobre conflicto colectivo instada el 28 de junio de 2002 por la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO-PV) y la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.4 del Reglamento de Desarrollo del III Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de la Comunidad Valenciana de 9 de mayo de 2001(DOGV nº 4070 de 23 de agosto), la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, acuerda:
  
Primero
  
Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de esta Dirección General.
  
Segundo
  
Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
  
Valencia, 16 de septiembre de 2002.- El director general de Trabajo y Seguridad Laboral: Román Ceballos Sancho.
  
PAV-200/02
  
Laudo arbitral que emiten los árbitros don Tomás Sala Franco, don Carlos Luis Alfonso Mellado y don Ángel Blasco Pellicer, en el conflicto sometido por la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO-PV) y Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL).
  
Valencia, 11 de septiembre de 2002
  
La Comisión Arbitral compuesta por los árbitros arriba mencionados, tras las oportunas deliberaciones, ha dictado, por unanimidad el presente laudo arbitral, de conformidad con los siguientes:
  
Antecedentes de hechos
  
Primero.- Que con fecha 28 de junio de 2002 tuvo entrada en el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana demanda de conciliación sobre conflicto colectivo instada por la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), contra la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO-PV) y la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL), en la que se solicitaba que las partes se aviniesen a reconocer que las organizaciones sindicales más representativas tienen legitimación para promover elecciones a delegados de personal y miembros de comités de empresa sin limitación alguna, incluidas las empresas o centros de trabajo cuya plantilla oscile entre seis y diez trabajadores y que el requisito del artículo 62-1º del ET que nada tiene que ver con el derecho de promoción puede entenderse cumplido no sólo de una forma determinada -si los trabajadores decidieron promover elecciones- sino de otras, entre ellas, si los trabajadores intervinieron mayoritariamente en la votación.
  
Segundo.- Tras diversas deliberaciones entre las partes, y al no alcanzarse acuerdo alguno, pese el sometimiento del conflicto a mediación del Tribunal Arbitral Laboral, las partes suscribieron, con fecha 5 de julio de 2002, Convenio Arbitral, solicitando un arbitraje de derecho, en el que se sometía a laudo arbitral lo siguiente: "Por parte de las representaciones sindicales: 1. Se determine si las organizaciones sindicales más representativas tienen legitimación para promover elecciones a delegados de personal y miembros de comité de empresa sin limitación alguna, incluidas las empresas o centros de trabajo cuya plantilla oscile entre seis y diez trabajadores. 2. Se determine si el requisito del artículo 62-1º del ET que nada tiene que ver con el derecho de promoción puede entenderse cumplido no sólo de una forma determinada -si los trabajadores decidieron promover elecciones- sino de otras, entre ellas, si los trabajadores intervinieron mayoritariamente en la votación". Por parte de la CIERVAL: "1. Se determine la existencia o no de conflicto colectivo y en cualquier caso, se pronuncie acerca de los pedimentos de las secciones sindicales".
  
Tercero.- Reunida la Comisión Arbitral, tras el examen de la solicitud de arbitraje y demás documentación obrante en el expediente arbitral, se acordó convocar a las partes para el día 2 de septiembre de 2002 en la sede del TAL. Se mantuvo reunión con las mismas, en las que todas ellas expusieron lo que a su derecho convino, efectuando las aclaraciones pertinentes a solicitud de los árbitros.
  
Cuarto.- Que en el desarrollo del presente arbitraje se han seguido las prescripciones legales en cuanto a la forma y se han respetado los principios del procedimiento arbitral.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero.- En relación con la primera de las cuestiones planteadas, es posible a nuestro juicio mantener la existencia de un conflicto colectivo por cuanto, como ha quedado de manifiesto a lo largo del procedimiento arbitral, se han producido varias impugnaciones de elecciones por parte de concretas empresas basadas en los argumentos de que un sindicato más representativo carece de legitimidad para promover elecciones en empresas o centros de trabajo que cuenten entre seis y diez trabajadores o de que no consta la acreditación del acuerdo por mayoría de los trabajadores de querer celebrar elecciones a delegado de personal en estas mismas empresas o centros. Argumentos, ambos, que afectan directa y frontalmente a los pedimentos de fondo acerca de los que se solicita en el Convenio Arbitral el laudo de este tribunal.
  
En todo caso, tanto en el Convenio Arbitral como en las expresas manifestaciones de la CIERVAL y de los sindicatos CCOO y UGT del País Valenciano presentes en la vista del procedimiento arbitral, manifestaciones que aparecen constatadas en el Acta del 3 de septiembre de 2002, se solicita de este Tribunal Arbitral que se pronuncie acerca de los pedimentos de fondo planteados.
  
Segundo.- En relación con la segunda de las cuestiones planteadas, nuestra interpretación se muestra favorable a defender la existencia de un derecho de promoción o convocatoria de elecciones por parte de los sindicatos más representativos sin otros límites que la posibilidad legal misma de celebrar elecciones en las empresas o centros de trabajo. Esto es, allá donde sea posible legalmente convocar elecciones a representantes del personal será facultad de los sindicatos más representativos convocarlas.
  
Y esta opinión la mantenemos basados en los siguientes argumentos interpretativos:
  
1°) En primer lugar, una interpretación literal de la legislación ordinaria que desarrolla el derecho fundamental de libertad sindical nos lleva a reconocer la existencia de un derecho de promoción o convocatoria electoral de los sindicatos sin límite alguno o exclusión de determinadas empresas o centros.
  
En efecto, el artículo 6.3.e) de la LOLS reconoce a los sindicatos más representativos la capacidad representativa "a todos los niveles territoriales y funcionales" para "promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa órganos correspondientes de las Administraciones Públicas".
  
El artículo 67.1 del ET, por su parte, reconoce a las organizaciones sindicales más representativas el derecho a "promover elecciones a delegados de personal y miembros de comités de empresa" sin distinguir entre empresas o centros de trabajo de más de 10 o de 10 o menos trabajadores. Y, respecto del preaviso realizado por los sindicatos más representativos, señala que "podrá promoverse la celebración de elecciones de manera generalizada en uno o varios ámbitos funcionales y territoriales" sin limitación alguna tampoco.
  
Finalmente, el artículo 2 del RD 1.844/1994, sobre Reglamento de Elecciones Sindicales, al regular la promoción de las mismas, reconoce igualmente a los sindicatos el derecho a promover elecciones conforme al artículo 67.1 del ET sin distinción alguna entre empresas o centros de trabajo.
  
De esta manera, en aplicación del clásico adagio interpretativo ubi lex non distinguit, nec nos distinguere habemus, no parece posible limitar la capacidad de convocatoria electoral de los sindicatos más representativos en función del número de trabajadores de las empresas o centros de trabajo.
  
2°) En segundo lugar, no parece que la exigencia legal establecida en el artículo 62.1 del ET para la celebración de elecciones en empresas o centros de trabajo que cuenten entre 6 y 10 trabajadores de que lo decidan éstos por mayoría pueda limitar y limite el derecho de convocatoria o de promoción de elecciones.
  
Así, por una parte, el artículo 62.1 del ET se está refiriendo a la celebración o realización de las elecciones mientras el artículo 67.1 del ET se refiere a la promoción de las mismas, esto es, a fijar la fecha de constitución de la mesa electoral que deba regir el proceso electoral.
  
Se trata, así, de dos derechos distintos. El derecho de los trabajadores a decidir "por mayoría la celebración de las elecciones deriva del derecho a la participación de los mismos, reconocido en los artículos 129.2 de la Constitución ("Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa") y 4.1.g) del ET ("Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa: g) Participación en la empresa") mientras que el derecho de promoción de las elecciones de los sindicatos forma parte del derecho de libertad sindical.
  
En efecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en este último sentido que tal facultad de convocatoria electoral de los sindicatos forma parte del contenido adicional del derecho fundamental de libertad sindical reconocido en los artículos 7 y 28.1 de la Constitución (SS. TC 104/1987, 9/1998, 1/1994, 95/1996 O 104/1997).
  
3°) En tercer lugar, una interpretación literal y lógica de los preceptos aplicables y la contemplación de la secuencia temporal que los mismos establecen evidencian que la decisión mayoritaria a que se refiere el artículo 62.1 del ET se debe adoptar siempre con posterioridad a la promoción de las elecciones y, por tanto, no puede en modo alguno condicionar ésta ni ser requisito previo o simultáneo a la indicada promoción de las elecciones.
  
En efecto, la citada decisión mayoritaria se debe adoptar en aquellas empresas que cuenten entre 6 y 10 trabajadores, no obviamente en las restantes. Por lo tanto, la decisión mayoritaria sólo se podrá adoptar cuando se constate esta circunstancia. Ahora bien, esa delimitación del número de trabajadores se debe hacer con referencia a los trabajadores computables a efectos electorales, es decir, sólo computarán aquellos comprendidos en el censo electoral, pues así lo dispone el artículo 9.4 del RD 1.844/1984, sobre Reglamento de Elecciones, que literalmente dispone: "El cómputo de los trabajadores fijos y no fijos previstos en el artículo 72 del ET se tomará igualmente en consideración a efectos de determinar la superación del mínimo de 50 trabajadores para la elección de un comité de empresa y de 6 trabajadores para la elección de un delegado de personal en los términos del artículo 62.1 del ET".
  
Es, pues, evidente que hasta que no se haga este cómputo no se sabrá, en términos legales, el número de trabajadores de una empresa o centro de trabajo que, como se ha visto, debe tomarse en consideración a efectos electorales. Y para ello habrá que confeccionar el censo electoral pues no todos los trabajadores se toman en consideración a estos efectos (por ejemplo, altos cargos o trabajadores sin antigüedad suficiente) y hay que hacer los cálculos sobre las jornadas teóricas de los trabajadores con contratos de duración determinada, siendo ésta una función de la mesa electoral que, precisamente por eso, determina, entre otras cosas, el número de los representantes a elegir (artículos. 74 del ET y 5 y 6 del RR 1.844/1984).
  
Es a partir de esta conclusión cuando se evidencia claramente que la decisión mayoritaria de los trabajadores a que se refiere el artículo 62.1 del ET por imperativo legal no puede situarse en un momento anterior o simultáneo al preaviso que un sindicato pueda efectuar, pues dicha decisión sólo será posible una vez que la mesa electoral se haya constituido y confeccionado el censo electoral y su constitución es siempre posterior al preaviso electoral ya que la mesa se constituirá en la fecha que los promotores de las elecciones hayan hecho constar en el preaviso (artículos. 74.1 del ET y 5.2 del RD 1.844/1984).
  
A partir de este momento, como indican los preceptos anteriores, pero no antes, es cuando se inicia el proceso electoral, en cuyo marco, y tras las actuaciones de la mesa antes señaladas, podrá adoptarse, en su caso, la decisión mayoritaria de los trabajadores.
  
Tercero.- En relación con la tercera de las cuestiones planteadas, somos partidarios de una interpretación adecuada del artículo 62.1 del ET, en el sentido de que su cumplimiento no sólo no constituye un requisito previo al preaviso, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, sino que, además, puede formalizarse de distintas maneras y en distintos momentos siempre que quede clara la voluntad mayoritaria de los trabajadores exigida de que sea elegido un delegado de personal.
  
Y para ello nos basamos en lo siguientes argumentos interpretativos:
  
1°) En primer lugar, en una interpretación literal y sistemática del artículo 62.1 del ET en relación con otros preceptos legales.
  
Ciertamente, el artículo 62.1 del ET exige tan solo la decisión mayoritaria de los trabajadores, sin referirse a una forma determinada de manifestación de la misma -convocatoria al efecto de una asamblea de las reguladas en el artículo 77 del ET -ni a un momento determinado -anterior a las elecciones mismas.
  
Es más, cuando la ley ha querido que la decisión mayoritaria de los trabajadores se exprese de una determinada manera y en un determinado momento lo ha manifestado explícitamente. Esto ha sucedido, por ejemplo, con el artículo 67.3 del ET, respecto de la revocación del mandato electoral de los delegados de personal y miembros de los comités de empresa ("solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité durante su mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de los electores, y por mayoría absoluta de éstos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. No obstante, esta revocación no podrá efectuarse durante la tramitación de un convenio colectivo, ni replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses").
  
Una vez más cabe aplicar el clásico adagio interpretativo ubi lex non distinguit, nec nos distinguere habemus para concluir en la libertad de los trabajadores para manifestar su voluntad mayoritaria en cualquier momento y de cualquier manera.
  
2°) En segundo lugar, cabría también hacer una interpretación teleológica o finalista del artículo 62.1 del ET en relación con los preceptos referidos al derecho de promoción electoral de los sindicatos más representativos.
  
Si bien es cierto que la voluntad soberana de los trabajadores en este tipo de empresas y centros de trabajo debe respetarse, la existencia de un preaviso electoral por parte de los sindicatos no atenta contra ella, por cuanto los trabajadores podrán siempre libremente celebrar o no las elecciones, respetándose así su voluntad. Y pensar que la simple convocatoria de elecciones por parte de los sindicatos "altera" o "violenta" su voluntad hasta el punto de atentar contra la ratio legis del precepto es desconocer que, precisamente, la función constitucional de los sindicatos consiste en "impulsar" y "promocionar" las elecciones a representantes en las empresas, "como vehículo de democratización de las relaciones laborales en los centros de trabajo", según se establece en la propia Exposición de Motivos de la LOLS.
  
Lo contrario sí que impediría el derecho de promoción electoral de los sindicatos en estas empresas o centros de trabajo, pues no puede entenderse que disfruten de tal derecho si no lo pueden ejercitar sin el consentimiento de otro sujeto distinto.
  
Es más, de exigirse este requisito con carácter previo al preaviso electoral de un sindicato, se estaría permitiendo a los trabajadores de una o varias empresas, no sólo impedir el preaviso en sus empresas, sino incluso impedir la promoción generalizada de las elecciones en un determinado ámbito funcional o territorial, derecho expresamente reconocido, como vimos, a los sindicatos más representativos por el artículo 67.1 del ET. No resulta sostenible jurídicamente, desde las perspectivas lógica y sistemática, una interpretación que diese a los concretos trabajadores de una o varias empresas un poder de veto frente a una decisión que en la ley corresponde adoptar claramente, y sin ningún otro condicionante, a unos concretos sindicatos, precisamente por su mayor representatividad.
  
Cuarto.- Por todo lo expuesto, en cuanto a los temas de fondo planteados, se llega a las siguientes conclusiones:
  
1ª) Los sindicatos más representativos están legitimados para convocar elecciones en empresas o centros de trabajo de entre seis y diez trabajadores sin que la exigencia legal del artículo 62.1 del ET signifique límite alguno para ellos.
  
2ª) Cabe que los trabajadores manifiesten su voluntad mayoritaria para elegir un delegado de personal de cualquier manera y en cualquier momento, siempre que éste sea posterior a la constitución de la mesa electoral y a la elaboración del censo; o, en todo caso, en cualquier momento, promoviendo directamente las elecciones antes que los sindicatos. De esta manera, resultan admisibles tanto la decisión expresada en una asamblea previa cuanto la manifestada con la participación mayoritaria en las mismas elecciones, interpretación que se ha admitido en numerosos pronunciamientos judiciales y a la que se refiere, sin tacharla de inconstitucional, el auto del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 1988.
  
3ª) La participación electoral de los trabajadores tendrá efectos distintos según haya habido o no asamblea o reunión previa a las elecciones. En el primer caso, las elecciones serán válidas aunque la participación de los trabajadores en ellas fuese minoritaria. En el segundo caso, por el contrario, las elecciones sólo serán válidas si la participación de los trabajadores resultara mayoritaria.
  
4ª) En todo caso, somos conscientes de que la defensa de una interpretación no formalista del requisito legal de la exigencia de una voluntad mayoritaria de los trabajadores se reconducirá siempre a un problema de prueba, que deberán decidir los Tribunales en cada caso, pudiendo suceder que del conjunto de la prueba practicada se desprendiera la inexistencia de una voluntad mayoritaria: votaran menos de la mayoría sin existir asamblea previa a favor de realizar las elecciones, no existieran candidatos o concurriera cualquier otra causa que afectara a la libre manifestación del derecho al voto de los trabajadores.
  
En su virtud, tras las oportunas deliberaciones, esta Comisión Arbitral, por unanimidad, ha resuelto, concretar la parte dispositiva del presente laudo en los siguientes términos:
  
1°) Existe conflicto colectivo que justifica la tramitación del presente procedimiento arbitral.
  
2°) Las organizaciones sindicales más representativas tienen legitimación para promover elecciones a delegados de personal y miembros de comités de empresa sin limitación alguna, incluidas las empresas y centros de trabajo cuyo censo electoral oscile entre seis y diez trabajadores.
  
3°) El requisito del artículo 62.1 del ET nada tiene que ver con el derecho de promoción electoral de los sindicatos y puede entenderse cumplido, entre otras formas, si los trabajadores participan mayoritaria mente en las elecciones.