Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6461, del 16-02-2011 (2011/1182)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 689/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6461

Fecha DOGV
:   16-02-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/1182


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 1 de València

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 689/2010. [2011/1182]  
Procedimiento ordinario 000689/2010  
De: Banco Santander, SA.  
Procurador: Guillermo Mir Bayo.  
Contra: Ángel Terré Ortega.  
En el presente procedimiento ordinario seguido a instancia de Banco Santander, SA. frente a Ángel Terré Ortega se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia número 292/10  
Juez que la dicta: Juan Carlos Mompó Castañeda.   
Lugar: Valencia.  
Fecha: 29 de noviembre de 2010.  
Demandante: Banco Santander, SA.  
Abogado: Francisco Javier Peris Mir.  
Procurador: Guillermo Bayo Mir.  
Demandado: Ángel Terré Ortega.  
Antecedentes de hecho:  
Primero. Por la referida parte actora se presentó demanda de juicio ordinario origen de los presentes autos en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminaba suplicando se dictara sentencia por la que se condene a pagar la cantidad de 17.869,69 euros más intereses pactados y costas.  
Segundo. Admitido a trámite la demanda se dio traslado al demandado que no contesto en plazo por lo que a continuación se convoco a la audiencia previa donde la actora se ratificó en su demanda y se recibió el pleito a prueba siendo admitida únicamente la documental por lo que de conformidad con el artículo 429.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil quedaron los autos conclusos para sentencia.  
Tercero. En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.  
Hechos probados: 1.º Que el demandado suscribió con la demandante una póliza de préstamo por importe de 21.994,50 euros (documento uno) en cuyas condiciones particulares se pacto como interés remuneratorio fijo el 7% y en la condición de liquidación primera que el interés de demora sería superior en 10 puntos porcentuales al establecido en las condiciones particulares (17%); 2.º El demandado no ha cumplido la obligación de pago que le incumbía por lo que de dio por resuelto el contrato cerrando la cuenta el 30 de septiembre de 2008 con un saldo deudor de 17.869,69 euros (documento dos).  
Fundamentos jurídicos.  
Primero. Se ejercita por la parte actora acción de reclamación de cantidad derivada de incumplimiento contractual habiendo quedado probado de los documentos aportados la existencia de la deuda.  
El demandado no compareció, no asumiendo la carga probatoria que le incumbía. Los documentos aportados corroboran la existencia del contrato suscrito (documento uno) el saldo deudor habiéndose aportado certificación del banco (documento dos) y el intento de notificación en el domicilio pactado (documento tres). Al no haber sido impugnados los documentos por quien se ve perjudicado por el mismo, hacen prueba plena del hecho que documenta y de la identidad de quien lo suscribe a tenor de lo dispuesto en artículos 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto al valor de dichos documentos conviene recordar que según el artículo 326.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil «los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319 (es decir, prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, y de la fecha en que se produce esa documentación y personas intervinientes), cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen". Como recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 11.ª, de 19 de enero de 2004, (n° 21/2004, recurso 950/2003. Presidente: José Alfonso Arolas Romero) los documentos públicos y los privados tienen la misma eficacia probatoria, como así se desprende tanto de lo dispuesto en los artículo 1225 del Código Civil y 326.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil HDF 4822/77340, como de la jurisprudencia (sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 6476 NTC 1988/2541, de 30 de septiembre de 1993, XYV 7985/8511, 29 de mayo de 1997, 20-12-99 EJH 3969/40735). Asimismo citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11.ª, sentencia de 15 de febrero de 2007, número 162/2007, recurso 50/2006. Presidente: Félix Almazán Lafuente), establece:  
Como es sabido, el artículo 326.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil XBY 6091/77761, establece que los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique. En el caso de autos, el documento en cuestión es una letra de cambio aceptada por el demandado, según se dice en el escrito inicial, que no ha sido impugnado por el mismo, habida cuenta de que, debidamente emplazado, ha permanecido en situación procesal de rebeldía. Por lo tanto, nos hallamos ante un documento privado, no impugnado por quien se ve perjudicado por el mismo, que hace prueba plena del hecho que documenta y de la identidad de quien lo suscribe (artículo 319 de la Ley Procesal, al que, como hemos dicho, se remite expresamente el artículo 326 de la misma norma). En consecuencia, no puede aceptarse el argumento de la sentencia de instancia que predica la inexistencia de prueba bastante para estimar la demanda, pues como hemos manifestado, la falta de impugnación de tan citado documento, le atribuye el carácter de prueba plena, sin que sea precisa la ratificación del demandado quien, de no estar de acuerdo con la aceptación de la letra, debería de haberla impugnado.  
Por tanto procede una sentencia condenatoria por aplicación de las normas generales sobre el derecho y fundamentalmente por lo establecido en el artículo 1091 del Código Civil que prevé la fuerza de ley entre los contratantes, de las obligaciones nacidas de los contratos, así como por lo establecido por los artículos 1254, 1278 y 1258 del mismo cuerpo legal en virtud de los cuales los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, el uso y a la ley.  
Segundo. Asimismo devengara los intereses pactados al amparo de lo dispuesto en artículos 1101 y 1108 del Código Civil en relación con artículos 1750 y 1755 del Código Civil.  
Tercero. En cuanto a las costas, de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil deben ser impuestas a la parte demandada.  
Vistos los artículos citados, concordantes y los demás de general aplicación.  
Fallo  
Que estimando como estimo la demanda interpuesta por Banco de Santander, SA, que ha estado representado por el procurador de los Tribunales Guillermo Bayo Mir debo condenar y condeno a Ángel Terré Ortega en rebeldía procesal a pagar a la demandante la cantidad de 17.869,69 euros, más intereses moratorios sobre dicho importe al tipo de 17% desde la fecha de presentación de la demanda hasta el completo pago con expresa imposición de las costas.  
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación cuyo conocimiento corresponderá a la Audiencia Provincial, debiendo prepararlo ante este Juzgado en plazo de cinco días siguientes a la notificación debiendo citar la resolución apelada y a manifestar su voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que impugna de conformidad con el vigente artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.  
Así, por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo.»  
Y encontrándose dicho demandado, Ángel Terré Ortega, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
Valencia, 19 de enero de 2011.- El secretario judicial: Juan Ignacio Solaz Duchenne.