Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3785, del 04-07-2000 (2000/5203)

Notificación de la Resolución del recurso de alzada núm. R-212/1999.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3785

Fecha DOGV
:   04-07-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/5203


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución del recurso de alzada núm. R-212/1999. [2000/X5203]
  
De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Gregorio Galarza Manzano, calle Romaní núm. 2-7-C (12953 Castellón de la Plana) la Resolución del recurso de alzada con el número de ref. interna R-212/1999.
  
Resolución
  
Examinados los recursos de alzada formulados por Famval Construcciones, SL, por don Gregorio Galarza Manzano y por don Vicente Vallés Zanón, contra Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón, en el expediente de construcción núm. 12/1G/5051/92.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Por la comunidad de propietarios del edificio de protección oficial sito en el Grao de Castellón, calle Juan de Austria núm. 59, se presentó denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón por deficiencias constructivas en el citado inmueble, enviándose a un perito de dicho organismo emitiendo informe, en base al cual se acordó la incoación de expediente sancionador contra la promotora Famval Construcciones, SL, así como contra los facultativos de la obra don Gregorio Galarza Manzano, arquitecto, y don Vicente Vallés Zanón, aparejador, con traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
Segundo. El instructor del expediente sancionador dictó propuesta de resolución en la que, entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del art. 6.10 de la Ley 1/1997, de la Generalitat Valenciana, proponía la imposición de una sanción pecuniaria de 5000.000 PTA a cada uno de los expedientados, así como la orden de obras a la promotora de subsanación de las deficiencias recogidas en el pliego de cargos.
  
Tercero. El jefe del Servicio Territorial dictó resolución en la que manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, acordó la imposición de las multas y orden de obras establecidas en la misma.
  
Cuarto. Contra dicha resolución interponen en tiempo y forma recursos de alzada Famval Construcciones, SL, por don Gregorio Galarza Manzano y por don Vicente Vallés Zanón, con las alegaciones que constan en el mismo y que se dan aquí en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (RJAP y PAC), como por lo establecido en el Decreto 32/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.218, de 6 de abril).
  
Segundo. Lo establecido en los artículos 107, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
Tercero. Solicitan los recurrentes que se revoque y deje sin efecto la resolución recurrida, alegando la inaplicabilidad de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, la prescripción de la infracción, la nulidad de pleno derecho por inaplicación del art. 62.e) de la LRJAP y del PAC, por falta de actividad probatoria de la administración, la vulneración del principio de presunción de inocencia, la vigencia del principio de personalidad de las sanciones e improcedencia de solidaridad en el derecho administrativo sancionador, y la exigencia de dolo o culpabilidad.
  
Cuarto. La Ley 1/1997, de 21 de febrero, de Régimen Sancionador en Materia de Vivienda, es de aplicación en el presente caso a tenor de la disposición transitoria de la misma, al haberse incoado el procedimiento posteriormente a su entrada en vigor.
  
En cuanto a la prescripción de la infracción, no se ha producido ya que los defectos constructivos aparecieron en el transcurso de los cinco años siguientes a la calificación definitiva, lo que dio lugar a un anterior expediente sancionador en el que se procedió a la reparación de las grietas y fisuras, no obstante las mismas han reaparecido.
  
Quinto. En cuanto al fondo del asunto ha quedado probada la comisión de la infracción imputada. Consta en el expediente informe pericial del técnico de fiscalía del Servicio Territorial de fecha 17 de junio de 1998, en el que se dice: ?Con la reproducción de las grietas se pone de manifiesto que existe un asentamiento mantenido de la cimentación del edificio... el origen último de las mismas puede estar en el hundimiento indefinido sobre el terreno de asiento de una determinada cimentación, que... sigue sin prestar la necesaria estabilidad al edificio...-. Se dice asimismo en el informe del arquitecto municipal del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, de 19 de junio de 1998, que: ?Estas grietas aparecen en las proximidades de la medianera izquierda... y denotan un asiento diferencial de esta parte del edificio... se aconseja para evitar la progresión de dichos asientos se proceda a un adecuado recalce de la cimentación, lo cual deberá ser proyectado y ejecutado por técnico competente...-.
  
Por parte de los facultativos de la obra se encargó a la empresa Sondeos, Estructuras y Geotecnia, SA, estudio de la patología de las grietas y fisuras, aportándose el mismo y estableciéndose en su apartado V Análisis de los daños y conclusiones que: ?...están producidas por asientos diferenciales de cimentación...- concluyendo a su criterio en el apartado 2º : ?que dicho asiento diferencial está producido como consecuencia de que las zapatas de medianera han quedado adheridas a las zapatas de medianera del edificio contiguo...-.
  
De todos los informes citados se evidencia que existe un problema de cimentación grave del edificio, que va en progresión, produciéndose los asientos diferenciales, constando en el expediente la aparición de este problema en el año 1996 reparándose las grietas y fisuras pero no las causa de las mismas. Dicha patología de la construcción evidencia una acción negligente o culposa de los intervinientes en la obra cuando se realizó la cimentación del edificio, por falta de control y deficiente ejecución de la misma.
  
Sexto. En cuanto a la obligación de la realización de las obras establece el art. 111 del Reglamento de VPO, que se podrá imponer la misma al promotor respecto de aquellas deficiencias constructivas que aparecieran en el edificio en el transcurso de los cinco años siguientes a la fecha de calificación definitiva, siendo una responsabilidad objetiva semejante a la civil por la relación jurídica que se establece entre la administración y el promotor al edificar éste, viviendas sujetas al régimen de protección oficial, siendo una imposición desligada e independiente de la acción sancionadora administrativa, pronunciándose en este sentido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de fechas 22.5.1998, 27.7.1998 y 6.10.1998, entre otras.
  
Por todo lo cual procede la desestimación de los recursos.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Desestimar los recursos de alzada formulados por Famval Construcciones, SL, por don Gregorio Galarza Manzano y por don Vicente Vallés Zanón contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón, de fecha 16 de marzo de 1999, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.