Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4803, del 22-07-2004 (2004/7540)

Notificación de la Resolución del expediente sancionador nº 510/03 SAN, seguido contra Recuperación de Grasas Valencianas, SL (Regraval).
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Número DOGV
:   4803

Fecha DOGV
:   22-07-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/7540


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución del expediente sancionador nº 510/03 SAN, seguido contra Recuperación de Grasas Valencianas, SL (Regraval). [2004/X7540]
  
De conformidad con lo acordado por esta Subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, mediante el presente edicto se procede a notificar a Recuperación de Grasas Valencianas, SL (Regraval), con último domicilio conocido en Carrer dels Fusters, 4 (P.I. dels Mollons) de Alaquàs (Valencia), resolución de fecha 4 de mayo de 2004 dictada por la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente en el expediente sancionador nº 510/03 SAN, que se está tramitando en la Unidad de Inspección del Territorio de esta Conselleria:
  
Examinado el expediente sancionador instruido a la mercantil Recuperación de Grasas Valencianas, SL (REGRAVAL), como consecuencia de las actuaciones previas practicadas al amparo del art. 12 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
  
Habiéndose dictado acuerdo de iniciación por la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, de fecha 29 de diciembre 2003, nombradas las correspondientes Instructora y Secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y del artículo 13 párrafo 2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
  
Comunicado dicho Acuerdo en fecha 12 de enero de 2004 en el que se imputaban los hechos siguientes:
  
Que en fecha 5 de septiembre de 2003 se pudo constatar mediante visita de inspección efectuada por la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Valenciana que la mercantil Recuperación de Grasas Valencianas, SL (Regraval) sita en el Polígono Industrial dels Mollons, carrer dels Fusters, 4 del término municipal de Alaquàs, ejerce la actividad de recogida y almacenamiento de aceites y grasas vegetales procedentes de instalaciones hosteleras sin contar con la preceptiva autorización otorgada por esta Conselleria, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 50, 51 y 52 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Vistas las alegaciones presentadas por Esther Ansino Osendi, en representación de la mercantil Recuperación de Grasas Valencianas, SL (Regraval), a la propuesta de resolución que en síntesis manifiesta:
  
Que no está de acuerdo en absoluto con la propuesta cuando establece que se sanciona a esta empresa por haber realizado actividades de gestión de residuos sin contar con autorización para ello. Y para establecer por que no estamos de acuerdo nos remitimos a la normativa en base a la cual se nos sanciona (Ley 10/2000 de la GV) y las definiciones que en ella se establecen. Así:
  
Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental
  
Recogida; toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte.
  
Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.
  
No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de producción con los mismos fines y por periodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior, si bien podrán prever prórrogas de los plazos de almacenamiento como operación de producción. Reglamentariamente podrán establecerse plazos inferiores a los señalados.
  
Transporte: el sucesivo traslado de los residuos hasta su lugar definitivo de valorización o eliminación.
  
Que esta empresa en la Comunidad Valenciana no gestiona, ni almacena según dichas definiciones puesto que no deposita temporalmente para su posterior valorización los residuos. Por tanto sólo hace lo que tiene autorizado recoger y transportar.
  
Que para hacer más comprensiva esta alegación, vamos a intentar resumir a continuación el funcionamiento de las empresas participadas por Ravusa, SL, entre las que se encuentra la empresa que se pretende sancionar. Ravusa y sus sociedades participadas recogen aceite en toda Castilla'La Mancha, parte de Andalucía y Valencia. Este aceite vegetal se recoge a establecimientos y en algunos sitios a particulares. El aceite es recogido en bidones de 25 a 50 litros que se llevan a unas instalaciones donde diariamente pasa un camión a recoger todo el aceite, llevándolo a las instalaciones donde si van a quedar depositados temporalmente y se va a realizar la valorización, instalaciones que están sitas en la provincia de Toledo. Posteriormente este aceite será principalmente usado por la empresa Biodiesel Castilla La Mancha, SL, para la producción de combustible. En un futuro próximo es probable que se pretenda hacer la valorización en las instalaciones de las empresas participadas por Ravusa, SL, en el territorio nacional, a fecha del presente escrito y, precisamente, por problemas de obtención de licencias municipales se ha optado por realizar nuestra operativa de esta manera.
  
Que por tanto no existe incumplimiento de la autorización concedida por la Generalitat Valenciana en noviembre pasado puesto que la actividad de Recuperación de Grasas Valencianas, SL, se limita a la recogida y transporte, no al almacenamiento y/o gestión de residuos.
  
Que en otro orden de cosas, no entendemos la calificación de la sanción propuesta como grave, más bien habría que entender que es una sanción que debería calificarse como grave (sic), máxime lo establecido en la primera alegación de este escrito, puesto que pensamos que no tiene suficiente cuantía ni entidad, además estamos hablando de residuos peligrosos.
  
Que por otro lado, la graduación de la sanción, al contrario de lo manifestado en la propuesta sí vulnera el artículo 131 de la Ley de Procedimiento Administrativo vigente, en cuanto a los principios de proporcionalidad y culpabilidad establecidos en dicho artículo, ya que no se han tenido en cuenta ninguno de los criterios para la graduación de las sanciones. Se ha propuesto sancionar de manera mecánica sin tener en cuenta ni las circunstancias objetivas ni subjetivas del presunto responsable. Dicha actuación podría ser calificada como totalmente arbitraria.
  
Y en virtud de todo lo expuesto, solicitaba el sobreseimiento del expediente sancionador por no existir infracción alguna que sancionar o bien, en su defecto, imponga sanción acorde en grado o cuantía.
  
Ante las anteriores manifestaciones cabe oponer los siguiente argumentos:
  
Que la mercantil Recuperación de Grasas Valencianas, SL (Regraval), no disponía de la preceptiva autorización otorgada por esta Conselleria para desarrollar la actividad de recogida y almacenamiento de aceites y grasas vegetales procedentes de instalaciones hosteleras, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 50, 51 y 52 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana, en la fecha en que fue objeto de inspección por parte de la Policía Autonómica (5 de septiembre de 2003)
  
Que no obstante, la resolución de 12 de noviembre de 2003 de la Dirección General de Calidad Ambiental, en su resuelvo segundo, dispone que: ?las operaciones registradas serán única y exclusivamente las de recogida y transporte de los residuos no peligrosos anteriormente mencionados?, por lo cual, aún después de obtener la citada resolución, la mercantil Recuperación de Grasas Valencianas, SL (Regraval), realizaba una actividad de gestión (el almacenamiento se incluye como gestión en el artículo 4.i) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana), sin estar autorizado para ello.
  
Que para realizar la actividad descrita por el escrito de alegaciones de Regraval, SL, sería necesario disponer de autorización de operaciones de recogida, transporte y almacenamiento de residuos y no únicamente de recogida y transporte, como el que se encontraba en tramitación en el momento de realizarse la inspección por la Policía Autonómica. Como la propia entidad expedientada alega el almacenamiento se define en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana como el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores, actividad que se corresponde con la realizada por Regraval, SL.
  
Que los hechos imputados se consideran suficientemente demostrados ya que además de ser admitidos por el imputado, los agentes denunciantes se han ratificado, gozando las actas administrativas de la presunción de veracidad de acuerdo con el artículo 137.3 de citada la Ley 30/1992 que establece que: ?los hechos constatados por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes tendrán valor probatorio- siempre que como en la tramitación del presente expediente, el interesado tenga posibilidad de contradecir su contenido por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
  
Esta presunción de veracidad de las actas administrativas convierte a las mismas en una prueba documental privilegiada, en tanto que se otorga legalmente el contenido de tales documentos la virtualidad de fundamentar por sí sola la resolución administrativa sancionadora, siempre que dicho contenido no sea desvirtuado por el presunto responsable, desplazándose de esta manera la carga de la prueba, como ha sido señalado por las siguientes sentencias del Tribunal Supremo 3ª 7ª de 4 de junio de 1990, 3ª 7ª de 25 de junio de 1991 y 3ª 7ª de 18 de diciembre de 1991.
  
Que de la descripción de los hechos realizada por el informe-denuncia de la Policía Autonómica y de las alegaciones de la mercantil interesada no existen datos suficientes para considerar las actividades no autorizadas que realizaba Regraval, SL, como una infracción de escasa cuantía o entidad que no merezca la calificación de graves de conformidad a como se establece en el artículo 73.5.c) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Que virtud del principio de proporcionalidad del artículo 131 de la Ley 30/1992 y de las circunstancias del artículo 75 de la Ley 10/2000, teniendo en cuenta que iniciado ya este procedimiento se obtuvo autorización para la recogida y transporte, aunque no para el almacenamiento, de los citados residuos, procede concretar la sanción dentro de los límites de multa previstos para las infracciones graves (desde de 601,02 € hasta 30.050,61 €, excepto en los residuos peligrosos, que será desde 6.010,13 € hasta 300.506,05 €) en 6.010,13 €, con lo cual la sanción se impondrá en su mitad inferior.
  
Visto que de conformidad con el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992 y con el artículo 17.4 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en fecha 16 de enero de 2004 se acordó la suspensión del plazo para resolver por el tiempo que mediara hasta la recepción del informe solicitado a los agentes de la Policía Autonómica por tener el mismo carácter determinante del contenido de la resolución del presente procedimiento, y que el citado informe se recibió en fecha 16 de febrero de 2004 como consta en el expediente.
  
Visto que, los hechos referidos pueden constituir una infracción de acuerdo con lo tipificado en el artículo 73.4.a) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana, calificada como grave.
  
Visto que de conformidad con el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio.
  
Visto que el artículo 75.2.b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana, que establece que las infracciones graves se sancionaran con multa desde 601,02 € hasta 30.050,61 €, excepto en los residuos peligrosos, que será desde 6.010,13 € hasta 300.506,05 €, tenidas en cuenta las circunstancias para la fijación de las sanciones previstas en el artículo 75.1 y el artículo 80.1.b) de la citada Ley en relación con la Orden de 26 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, sobre delegación de competencias sancionadoras (DOGV nº 4656, de 23 de diciembre de 2003), que otorga competencia sancionadora en el supuesto de infracciones graves a la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, resuelvo:
  
Imponer a la mercantil Recuperación de Grasas Valencianas, SL (Regraval), una sanción de 6.010,13 € (Seis mil diez euros y trece céntimos), por una infracción tipificada en el artículo 73.4.a) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana por haber realizado actividades de gestión de residuos sin contar con autorización para ello.
  
De conformidad con el artículo 78 de Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, el infractor está obligado a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, consistente en este caso en la retirada de los citados residuos justificando documentalmente su entrega a gestor autorizado ante el Área de Inspección del Territorio, y si no procediera a ello, se podrá acordar, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, la imposición de multas coercitivas, que no superaran el 20% de la sanción establecida, o la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer, con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 apartado 1 en relación con los artículos 109 apartado c) y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, o bien interponer directamente el recurso contencioso administrativo, a elección del demandante, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, sede del órgano que ha dictado el acto administrativo a impugnar, o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
En el supuesto de que no se haga uso de su derecho a recurrir deberá hacer efectiva la multa en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras que se indican en el margen izquierdo del impreso que los interesados deberán recoger en la Unidad de la Inspección del Territorio de la Conselleria de Territorio y Vivienda. El pago deberán efectuarlo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto. Una vez efectuado el ingreso deberá remitirse a la Unidad de la Inspección del Territorio la copia rosa del documento como justificante de haber efectuado el pago.
  
Se le apercibe que de no abonarlo en dicho periodo voluntario, se procederá sin más trámite a su exacción por vía ejecutiva.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.