Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6540, del 10-06-2011 (2011/6047)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio divorcio contencioso número 1481/2009.
----------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6540

Fecha DOGV
:   10-06-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/6047


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Benidorm

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio divorcio contencioso número 1481/2009. [2011/6047]  
Divorcio contencioso 001481/2009-C  
De: Debbie Louise Town.  
Procuradora: María Yolanda Samaniego González.  
Contra: Adrian Town.  
En el presente procedimiento divorcio contencioso seguido a instancia de Debbie Louise Town frente a Adrian Town se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia número 000026/2011  
Juez que la dicta: José Luis Fortea Gorbe.  
Lugar: Benidorm.  
Fecha: 24 de enero de 2011  
Parte demandante: Debbie Lóüise Town.  
Abogado: -  
Procuradora: María Yolanda Samaniego González.  
Parte demandada: Adrian Town.  
Abogado: -  
Procurador: -  
Objeto del juicio: divorcios no consensuados.  
Benidorm, 24 de enero de 2011.  
Vistos por mí, José Luis Fortea Gorbe, magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Benidorm y su partido, los autos de referencia, seguidos con el número 1481/2009-C, en los que han sido parte demandante Debbie Louise Town, que comparece representado por la procuradora señora Samaniego González, y asistida por el letrado señor López-Urrutia Espinosa; y como parte demandada Adrian Town, en situación de rebeldía procesal al no haber comparecido en legal forma, pese a estar debidamente citado, en nombre de su majestad el rey, se dicta la presente resolución, con fundamento en los siguientes.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Que por la procuradora señora Samaniego González y en representación de Debbie Louise Town, se formuló demanda de disolución matrimonial por causa de divorcio en fecha 30 de junio de 2009, frente a Adrian Town, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminaba por suplicar que tras los trámites legales pertinentes, se dictara sentencia por la que se declare la disolución por causa de divorcio del matrimonio formado por la actora y su esposo, con adopción de las medidas legales procedentes, y, expresamente, la concesión de una pensión de alimentos a favor de la menor habida en el matrimonio, Poppy Town, de 300,00 euros mensuales, actualizable por aplicación del Índice de Precios al Consumo y el 50% de los gastos extraordinarios.  
Segundo. Que admitida a trámite la demanda, mediante Auto de este Juzgado de fecha 8 de octubre de 2009, una vez determinada la competencia objetiva, funcional y territorial de este Tribunal, se dio traslado de la misma y documentos, a la parte demandada, para que en el término de 20 días compareciera en forma en autos y contestase a la demanda, siendo emplazado mediante edictos, ante la imposibilidad de averiguar su domicilio. El Ministerio Fiscal contestó la demanda por escrito de 20 de octubre de 2009, y que fue admitida a trámite por providencia de fecha 22 de octubre de 2009.  
Tercero. Que mediante providencia de fecha 3 de septiembre de 2010, se declaró al demandado en situación de rebeldía procesal y se convocó a las partes a la celebración de la vista principal de juicio, señalándose a tal efecto el día 24 de enero de 2011, a las 10.45 horas. Llegado el día del juicio compareció el actor representado, debidamente representado y asistido de letrado, sin que compareciese la demandada, pese a constar su citación en legal forma. La parte demandante se afirmó y ratificó en su demanda, solicitando una sentencia por la cual se decrete el divorcio de los litigantes, solicitando el recibimiento del pleito a prueba, y proponiendo prueba que fue admitida, consistente en documental. El Ministerio Fiscal propuso la prueba de interrogatorio de la actora, que fue admitida. Tras la práctica de la prueba, con el resultado que es de ver en autos, quedaron los autos vistos y  
Terceros. Los artículos 91 y concordantes del Código Civil obligan al juzgador, en las sentencias de divorcio, entre otras, a determinar o fijar las medidas que han de regular, a partir de ese momento, las relaciones tanto patrimoniales como personales de los cónyuges entre sí, y de estos con los hijos comunes.   
En el presente caso existe descendencia del matrimonio, la menor P. T., para la que se solicita una pensión alimenticia de 300,00 euros mensuales por doce mensualidades y actualizable mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumo que anualmente determine el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya, pagadera entre los días 1 y 5 de cada mes en la cuenta que se designe oportunamente; importe sobre el que ha de decretarse su adecuación a las circunstancias económicas acreditadas; máxime, ante la conformidad del Ministerio Fiscal. Respecto a los gastos extraordinarios deberán ser satisfechos por mitad entre los progenitores, debiendo éstos ser acreditados de forma fehaciente por la madre, acreditación que comprenderá tanto su necesidad como en qué consiste el gasto y su importe, y en caso de no ser aceptado resolverá el Juzgado.  
De la documental obrante en autos certificación de matrimonio y escritura pública de propiedad del inmueble que constituyó el último domicilio conyugal, autorizada por el notario Juan Carlos Alonso Navarro, de fecha 13 de septiembre de 2005, número 3606 de su protocolo, que no ha sido impugnada de contrario, por lo que tiene plena validez a efectos probatorios de conformidad con lo establecido en el artículo 326.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se desprende que el régimen económico-matrimonial que rige en el matrimonio es el de separación absoluta de bienes. Por lo que no procede la adopción de medida de contenido patrimonial alguna, quedando extinguido el citado régimen por razón de la disolución del matrimonio.  
Ha de establecerse, obligatoriamente, un régimen de visitas y estancias a favor del progenitor no custodio, el demandado, ante la vigencia inalterada de la patria potestad. Ante la distinta residencia de los cónyuges (presumiblemente, el demandado reside en su país de origen, el Reino Unido), y para el caso de que decida visitar a su hija, en períodos vacacionales, por estancia en nuestro país, se establece, durante el primer año de reanudación de los contactos paterno-filiales, un régimen de visitas sin pernocta, de mitad de períodos vacacionales, de entre las 12.00 y las 18.00 horas de cada día, debiendo recogerse y devolverse a la menor en el domicilio materno; régimen que, de cambiar las circunstancias de residencia, podrá ser ampliado, a tenor del grado de cumplimiento del mismo, y a partir del año de su vigencia, a fines de semana alternos, de entre las 18.00 horas del viernes y hasta las 18.00 horas del domingo; y mitad de períodos vacacionales, eligiendo cada periodo, la madre los años impares, y el padre, los pares; sin interferencia en las actividades escolares y extraescolares de la menor, ni tampoco en su descanso; en caso de enfermedad de la menor, el padre podrá visitarla bajo supervisión de la madre.  
El uso del domicilio conyugal sito en L'Alfàs del Pi, Alicante, calle Trito, número 14, apartamento 24-A, se atribuye a la esposa, la actora, en donde residirá con la menor bajo su custodia.  
Cuarto. De conformidad con lo previsto en el artículo 755 Ley de Enjuiciamiento Civil «cuando proceda, las sentencias y demás resoluciones dictadas en los procedimientos de este título, se comunicarán de oficio a los registros públicos para la práctica de los asientos que correspondan. A petición de parte, se comunicarán también a cualquier otro registro público a los efectos que en cada caso procedan».  
Es por ello, procedente acordar la comunicación de oficio al Registro Civil de L'Alfàs del Pi, donde consta inscrito el nacimiento de la menor habida en el matrimonio ahora disuelto por divorcio.  
Quinto. Dadas las especiales connotaciones del presente procedimiento y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer expresa imposición en cuanto a las costas causadas.  
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.  
Fallo  
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Debbie Louise Town, que comparece representado por la procuradora señora Samaniego González, frente a Adrian Town, debo declarar y declaro disuelto el matrimonio contraído por ambos el día 8 de diciembre de 2000, en la ciudad de Nort Yorksire (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda), y que a aquellos unía, por causa de divorcio, con todos los pronunciamientos legales que ello conlleva, quedando extinguido el régimen de separación de bienes que regía la economía familiar, y adoptándose las medidas referidas en el fundamento de derecho tercero de la presente resolución, que se dan por reproducidas.  
No se hace expreso pronunciamiento sobre costas.  
Firme la presente resolución, comuníquese al Registro Civil de l'Alfàs del Pi, en donde consta inscrito el nacimiento de la menor P. T., libro 31, página 567, Sección 1.ª, librándose el oportuno despacho.  
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas en el término de los cinco días siguientes al de la fecha de la presente, haciéndoles saber que la misma no es firme que contra ella cabe interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Alicante, debiendo en su caso presentar escrito de preparación del recurso en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación (artículo 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil), limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457,2 LEC).  
Igualmente, se hace saber a las partes que, para la interposición del antecitado recurso de apelación, además es precisa la consignación en la cuenta de este Juzgado, del depósito previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, apartado 3, letra b), en cuantía de 50 euros.  
Así por ésta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, José Luis Fortea Gorbe, magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Benidorm y su partido.»  
La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el magistrado juez que suscribe, hallándose celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.  
Y encontrándose dicho demandado, Adrian Town, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Benidorm, 27 de enero de 2011.- El secretario judicial: Tomás Mora Zaragoza.