Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6910, del 26-11-2012 (2012/10374)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 1036/2011.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6910

Fecha DOGV
:   26-11-2012

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2012/10788


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Torrent

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 1036/2011. [2012/10724]  
Procedimiento ordinario 001036/9860-DY   
Demandante: Transelfa, SL.   
Procuradora: Maria Antonia Ferrer García-España.   
Demandado: Maderas Torrent, SL.   
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:   
«Sentencia número 226/2012  
Torrente, 27 de septiembre de 2012   
Jesús Ros Urios, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torrente y su partido, ha visto los de juicio ordinario, registrados con el número 1036/2011, promovidos por la procuradora Maria Antonia Ferrer García-España, en nombre y representación de Transelfa, SL, con la asistencia letrada de Sheila Mollá Echazarreta contra Maderas Torrent, SL, en situación procesal de rebeldía, en reclamación de 27.834 euros más los intereses al tipo pactado y costas.   
Antecedentes de hecho   
Primero. Por la procuradora M.ª Antonia Ferrer García España, en la antedicha representación, se presentó en fecha 29 de julio de 2011, demanda de juicio ordinario contra Maderas Torrent, SL, con base a los hechos que se relatan en su escrito de demanda, y con los fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba suplicando al Juzgado que se dictara sentencia en la que se condenase al demandado al pago de la cantidad reclamada de principal, más los intereses, y todo ello con expresa imposición de costas.   
Segundo. Por decreto de 26 de septiembre se admitió a trámite la demanda y se acordó emplazar a la demandada, lo que se efectuó por edictos para que en el plazo improrrogable de 20 días compareciera y contestara a la demanda lo que no verificó.   
Tercero. Por diligencia de ordenación de 28 de junio de 2012 transcurrido el plazo para comparecer y contestar a la demanda, sin que lo verificara fue declarada en rebeldía, dándose por precluido el trámite de contestación, y fue convocando a las partes para la celebración de la audiencia previa que se desarrolló el día 25 de septiembre.  
Recibido el pleito a prueba a instancia del actor, se propuso exclusivamente documental, quedando los autos, sin más trámites, vistos para sentencia.   
Cuarto. En la tramitación de este juicio se han observado todas las prescripciones legales.   
Fundamentos de derecho   
Primero. La parte actora ejercita una acción de reclamación de cantidad fundamentada en la existencia de un reconocimiento de deuda suscrito por la demandada el día 21 de julio de 2008 y en el que se estipuló el pago de la deuda que ascendía a 30.334 euros mediante el ingreso mensual de 2.500 euros en la cuenta designada al efecto, afirmando que únicamente se le efectuó el primer ingreso, por lo que la deuda asciende a 27.834 euros.  
La demandada no ha comparecido, pero su declaración de rebeldía no exime al actor de la prueba de los hechos en los que se basa su repretensión, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por lo que corresponde al actor y al demandado reconveniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda o de la reconvención. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.   
Segundo. La parte actora alega que existió un reconocimiento de deuda por la demandada en el que se fijó la cantidad debida en 30.334 euros y la forma en que debía abonarse, a razón de 2.500 euros mensuales, aportando como prueba de ello el documento en cuestión suscrito por la demandada el día 21 de julio de 2008 (doc. 12 de la demanda)   
Aún cuando dicho documento no viene identificado formalmente como tal reconocimiento de deuda, su contenido es claro y en el se observa claramente la declaración unilateral que efectúa el deudor, fijando el saldo deudor en el importe de 30.334 euros así como define la forma en que se va a hacer efectivo el pago de dicha cantidad, siendo suscrito por Maderas Torrent, SL, por lo que reúne los requisitos propios de todo reconocimiento de deuda.   
El reconocimiento de deuda no resulta regulado legalmente, siendo fruto del principio de la autonomía de la voluntad así como de la libertad de pactos, tratándose de una declaración unilateral efectuada por el deudor en virtud de la que admite la existencia de una deuda determinada frente a un acreedor. Dicho reconocimiento otorga una presunción de veracidad a la deuda, por lo que, en caso de discutirse, se produciría una inversión de la carga de la prueba, correspondiendo al deudor desvirtuar dicha presunción. Pese a la ausencia de una regulación legal específica, es una figura de largo arraigo y que ha sido admitida constantemente por la jurisprudencia, pudiendo citar la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2009 que señala: «El reconocimiento de deuda, aun cuando no aparece regulado especialmente, constituye en nuestro derecho un negocio jurídico de fijación (en igual sentido, el artículo 1988 del código italiano) en el que, si bien no se produce una total abstracción de la causa (como en el derecho alemán, parágrafo 781 del B.G.B.) se contiene la obligación del deudor de cumplir lo reconocido salvo que se oponga eficazmente al cumplimiento alegando y probando que la obligación a que se refiere es inexistente, nula, anulable o ineficaz por cualquier causa, lo que implica la inversión de la carga de la prueba. Así lo ha entendido la jurisprudencia de esta sala al establecer que «el reconocimiento contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, le anuda el efecto material de obligar al cumplimiento por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de la dispensa de la prueba de la relación jurídica obligacional preexistente» (sentencias de 17 noviembre de 2006 y 16 abril 2008, entre otras). Sentado lo anterior, ha de concluirse que la sentencia impugnada ha realizado una incorrecta aplicación de la doctrina sobre la carga probatoria que emana de lo dispuesto en el artículo 1214 del código civil hoy derogado, pero aplicable por encontrarse vigente en la fecha de interposición de la demanda-pues ante la existencia del reconocimiento de deuda por parte de los demandados y la alegación por parte del actor del medio a través del cual había hecho entrega a los mismos de las cantidades cuya obligación de reintegro aceptaron por escrito, hace recaer sobre éste la carga probatoria sobre la efectividad de la entrega así como las consecuencias negativas de la falta de prueba sobre la titularidad de la cuenta bancaria en la que se ingresaron tales cantidades, desconociendo la eficacia del formal reconocimiento de la deuda por parte de los demandados. A estos incumbía, en primer lugar, dar razón del porqué no se consideran deudores pese a haberlo reconocido por escrito que obraba en poder del acreedor, sin que hayan dado explicación adecuada sobre tal extremo; y, en segundo lugar, acreditar que la cuenta donde se ingresaron los cheques autorizados por el demandante no les pertenecía. En definitiva, como refiere la sentencia de esta sala de 16 octubre 2007, se ha considerado como no probado un hecho relevante para la decisión del litigio   
En consecuencia, dado el reconocimiento de deuda existente, resulta acreditada la realidad de la deuda por importe total de 30.334 euros, así como que la forma de pago ofrecida por Maderas Torrent era el abono de 2.500 euros mensuales a partir del día 30/09/2008. Dicha deuda tenía su origen en las relaciones comerciales habida entre las partes, habiendo realizado Transelfa, SL, diversos transportes de mercancía por cuenta de Maderas Torrent, según resulta de la documental aportada junto con la demanda.   
Acreditado el origen de la obligación del deudor, correspondía a éste probar el pago o cualquier otra causa que le eximiera de la obligación, lo que no ha efectuado, por lo que debe tenerse por cierta la realidad de la deuda que se o reclama.   
Tercero. Conforme a los artículos 1100, 1101 y 1108, todos ellos de1 código civil, el demandado debe abonar al actor los intereses legales desde la interpelación judicial, así como los intereses de mora procesal previstos en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la presente resolución.   
Cuarto. A tenor del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas deben imponerse a la pare cuyas pretensiones resulten totalmente rechazadas.   
Vistos los preceptos legales, concordantes y demás de general aplicación.   
Fallo   
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la procuradora M.ª Antonia Ferrer García España, en nombre y representación de Traselfa, SL, y, en consecuencia, debo condenar y condeno a Maderas Torrent, SL, a que abone a la actora la cantidad de veintisiete mil ochocientos treinta y cuatro euros (27.834 €), con los, intereses legales desde la interpelación judicial y estos incrementados en dos puntos desde la presente resolución, condenándole igualmente al pago de las costas procesales.  
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que no es firme, pues frente a ella cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de 20 días contados a partir de la notificación de la presente.  
Líbrese testimonio de la presente resolución que se unirá a las actuaciones y quede la presente en el libro de sentencias.   
Así por ésta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.»  
  
Publicación. La pongo yo, el secretario, para hacer constar que la anterior sentencia ha sido firmada y publicada por el juez que la autoriza en el día de la fecha, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.   
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por diligencia de ordenación de fecha 27 de septiembre de 2012, la secretaria judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia de 27 de septiembre de 2012.  
  
Torrent, 27 de septiembre de 2012.- M.ª Edurne Zubia Zubimendi.