Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4925, del 17-01-2005 (2004/13402)

Información pública de la modificación puntual del artículo 8 del PGOU de Sagunto.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4925

Fecha DOGV
:   17-01-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2004/13749


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Sagunto

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la modificación puntual del artículo 8 del PGOU de Sagunto. [2004/M13602]
  
El Pleno de la corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
  
13. Modificación puntual del artículo 8 del PGOU de Sagunto. Expediente 53/2004:
  
Objeto de la modificación:
  
Se pretende completar los términos de la regulación del artículo 8 del PGOU, en su apartado 3.º.c), cuando califica los espacios por debajo del suelo público como de carácter privado.
  
En ese sentido se observa que en muchas ocasiones, dado que el fin del artículo actual es que se cumpla con la reserva de aparcamiento en parcela privada exigida por el planeamiento urbanístico, queda mucha porción de espacio de iguales características sin que se puedan materializar más plazas de aparcamiento privado.
  
Y es que el fin que se ha pretendido con dicha medida no es otro que se consiga la materialización de plazas de aparcamiento que atenúe la situación de grave necesidad de lugares de estacionamiento. Pero dicho extremo no se puede permitir a costa de la propiedad municipal, que ya se ve mermada, de forma justificada, para el cumplimiento de un debido estándar urbanístico.
  
El resto del espacio habrá que entenderlo como subsuelo de titularidad municipal, con base en los razonamientos siguientes.
  
Es preciso plantearse si el subsuelo sigue en su régimen jurídico y en sus facultades y limitaciones al suelo del que es soporte.
  
Al respecto hay que indicar que sí. Y ello a la vista de lo expuesto en el Código Civil español, que heredero de la tradición romana, entiende que el dueño del suelo es dueño del subsuelo y de vuelo, si bien con la moderación y limitación de poder ejercer dichas facultades hasta allí donde lo permita su uso racional.
  
En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 30 de noviembre de 2002, RA 10138, señala que:
  
Quinto. El cuarto motivo aduce el artículo 344 del Código Civil para tratar de demostrar que el subsuelo de las calles es un bien patrimonial y no de dominio público, en cuanto el Código no lo cita expresamente y no está destinado al uso público.
  
Esa tesis no puede ser compartida. La regulación administrativa del subsuelo muestra que el mismo es, por regla general, demanio público natural, salvo en los casos de accesoriedad normal de su uso respecto de suelo que sea de titularidad privada, circunstancia que no concurre obviamente en el presente caso. El artículo 1, apartado 15 de Reglamento de Disciplina Urbanística, de 23 de junio de 1978, somete a la necesidad de previa licencia las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales así como cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
  
En el presente caso la ejecutoria ha venido a exigir no sólo que el Ayuntamiento resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la concesión administrativa correspondiente para el uso privativo del dominio público, sino sobre la licencia o autorización que es también necesaria conforme al último precepto citado, toda vez que la licencia de obras que en su día se obtuvo no podía alcanzar a autorizar un aparcamiento sobre una parte del subsuelo accesoria al dominio público local.
  
La invocación del Código Civil no coadyuva la tesis de la entidad recurrente en la medida en que la propiedad del derecho romano, que sigue inspirando nuestro primer cuerpo legal, se fundamentaba precisamente en la conexión de las dos capas susceptibles de apropiación, que integran el sobresuelo o sobrevuelo y el subsuelo, en una relación de instrumentalidad con el suelo, de forma tal que la susceptibilidad de apropiación de aquéllas depende de la titularidad de éste en la medida en que sea accesoria de él, ejerciéndose así las facultades dominicales usque ad sidera et usque ad inferos.
  
Las modulaciones que impone la regulación jurídico-administrativa sobre esta concepción no excluyen que debamos llegar a conclusiones parecidas cuando de la titularidad de bienes de dominio público se trata, al tomar en consideración el artículo 74 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, de 18 de abril de 1986, y el artículo 3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de julio del mismo año (RBEL) cuando consideran bienes de uso público local ?que integran el dominio público- los caminos, plazas, calles y paseos.
  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, de 25 de agosto de 1978, la administración actuante está obligada a afectar, a los fines previstos en el plan, el suelo que adquiera como consecuencia del cumplimiento de los deberes de cesión obligatoria que recaen sobre los propietarios. Así la sentencia de esta Sala de 27 de julio de 1994 llegó a la conclusión ?con doctrina que confirmamos en el presente caso- de que el subsuelo de un terreno cedido con destino a calle de uso público forma parte del dominio público local, con la obvia consecuencia de que cualquier intervención privada que implique su uso privativo está sujeta necesariamente a concesión administrativa, conforme al artículo 78 del RBEL.
  
Es preciso llegar por ello a la conclusión de que la calificación como demanial de un suelo supone idéntica calificación como demanial del subsuelo, en la profundidad precisa como para que no haya interferencia del destino principal que se pretende.
  
No obstante, es admisible proceder, por medio de los cauces adecuados a amparar dicho uso, de carácter privado, en el subsuelo público.
  
Sobre la viabilidad jurídica de tal posibilidad, conviene destacar los razonamientos de la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de fecha 5 de abril de 2002, RA 8121 que señala que:
  
«El dominio no se configura como un derecho ilimitado y unitario, en el que sólo por vía de ley caben restricciones a su contenido sino que por el contrario la función social de la propiedad delimita intrínsecamente su extensión (cfr. artículo 33 de la Constitución). El aforismo usque ad sidera usque ad inferos referido a los derechos del propietario, cede frente al superior principio de la función social de la propiedad, de manera que además de las leyes especiales limitativas deben tenerse en cuenta aquellas otras cuyo objeto es la delimitación de las facultades del propietario, como ocurre en materia urbanística (cfr. artículo 2 de la Ley del Suelo).
  
Las normas urbanísticas pueden permitir así un uso diverso para el subsuelo distinto del correspondiente al suelo. Para ello será premisa indispensable, que tal posibilidad no sea contradictoria con el planeamiento, y que si los terrenos inicialmente eran dotacionales públicos se cumplan los requisitos legales en orden a la desafectación como bien demanial del subsuelo para su configuración como bien patrimonial. Por supuesto será precisa además la correspondiente licencia urbanística, que no es sino el acto administrativo mediante el cual adquiera efectividad la posibilidad de ocupación, aprovechamiento o uso de un suelo determinado, previa concreción de lo establecido al respecto por las leyes, planes de ordenación y demás normativa urbanística (cfr. artículo 1 de la Ley 3/1987, de 8 de abril, que regula la disciplina urbanística en el Principado de Asturias).
  
Registralmente deberá abrirse folio autónomo a la unidad subterránea constituida por el volumen de subsuelo desafectado como bien demanial.»
  
Lo que no excluye que aunque sea de carácter patrimonial o privado, sea titularidad municipal.
  
La redacción que se va a proponer pretende los siguientes objetivos:
  
1. Conseguir mayor número de plazas de aparcamiento.
  
2. Mantener en todo caso el poder de decisión municipal sobre la cuestión, escogiendo siempre el Ayuntamiento aquello que más convenga a los intereses generales.
  
3. No menoscabar las propiedades municipales pero optimizar las posibilidades de las mismas. Estar ante un subsuelo en manos privadas no tiene por qué lesionar los intereses municipales y debe ser fomentado si con ello se consiguen otros fines más importantes como es la racionalización de los espacios.
  
Se propone a tales fines, añadir los siguientes párrafos al citado artículo:
  
También tendrán la consideración de espacios privados, de titularidad municipal, y por lo tanto, con naturaleza de patrimoniales, aquellos que siendo continuación física de los descritos en los párrafos anteriores y en consecuencia, reuniendo las características físicas de los mismos, este Ayuntamiento considere conveniente desarrollar, previo convenio con el promotor colindante de la parcela beneficiada por la medida, de forma que se desarrolle la obra civil con carácter unitario y de una sola vez.
  
En caso de que la parcela fuese colindante con dos o más propietarios que se encontrasen en la misma situación respecto del espacio municipal, se deberá promover la concurrencia competitiva entre los mismos para proceder a la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento y el propietario correspondiente.
  
El espacio al que se refieren estos dos últimos párrafos nunca será un derecho invocable ni exigible por parte de los propietarios colindantes. Será el Ayuntamiento, en el uso de la potestad de debida administración de sus bienes el que decida en cada caso lo que considere oportuno.
  
Procedimiento a seguir.
  
Se está ante una cuestión que afecta a la ordenación pormenorizada.
  
A la vista de todo lo expuesto, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Inversiones y Mantenimiento, el Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad, acuerda:
  
Siguiendo las pautas establecidas en los artículos 55 y 38 de LRAU, procede someter a información pública, mediante un período mínimo de un mes, anunciada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario de amplia difusión de la localidad; la modificación del artículo 8.3.º.c) de las normas del Plan General de los términos literales que viene expuesto en el apartado 3) de la presente propuesta.