Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7011, del 25-04-2013 (2013/3872)

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2013, del director general de Tributos y Juego, por la que se autoriza a las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Generalitat a que efectúen el ingreso del importe de las autoliquidaciones y liquidaciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones en las cuentas restringidas de la Generalitat abiertas en dichas entidades para el pago de tributos, con cargo a las cuentas del causante abiertas en tales entidades.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7011

Fecha DOGV
:   25-04-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2013/3872


Fecha del documento
:   11-04-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Hacienda y Administración Pública

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Hacienda y Administración Pública
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2013, del director general de Tributos y Juego, por la que se autoriza a las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Generalitat a que efectúen el ingreso del importe de las autoliquidaciones y liquidaciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones en las cuentas restringidas de la Generalitat abiertas en dichas entidades para el pago de tributos, con cargo a las cuentas del causante abiertas en tales entidades. [2013/3872]  
El artículo 32 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el artículo 91 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, establecen unas obligaciones de información y justificación de pago del impuesto que incumbe a determinadas autoridades públicas, personas privadas y públicas cuyo objetivo es mejorar la gestión del impuesto y garantizar su efectividad, y cuyo incumplimiento es sancionable como infracción tributaria.  
Por su parte, estas obligaciones se complementan con los supuestos de responsabilidad subsidiaria previstos en el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Precepto desarrollado en los artículos 19 y 20 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
En concreto, por lo que a los intermediarios financieros se refiere, dichos preceptos establecen: por un lado, la prohibición de que entreguen bienes que tengan depositados a personas distintas de su titular sin que se acredite previamente el pago del impuesto o su exención o, en su caso, se autorice por la administración (artículo 32.4 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y artículo 91.4 del Reglamento); y, por otro lado, una responsabilidad subsidiaria cuando hayan entregado metálico o valores depositados en ellos, devuelto las garantías constituidas o mediado en la transmisión de valores que formen parte de una herencia. Esta responsabilidad no alcanza a la totalidad de la deuda originada por el impuesto, ya que se limita a la porción del impuesto que corresponda a los bienes que la originen y se extingue con el ingreso de dicha porción (artículo 8.1.a y c de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y artículos 19.1.a y c y 20 del Reglamento).  
No obstante, para soslayar el posible perjuicio de los herederos y legatarios que necesiten disponer de las cuantías que les deban abonar las entidades aseguradoras o de los bienes depositados en entidades de crédito, sin que estas se conviertan en responsables subsidiarias del impuesto, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y su Reglamento regulan un régimen de liquidación parcial o de autoliquidación parcial (artículo 35 de la ley y artículos 78, 86.2 y 89 del Reglamento), mediante el cual aquellos pueden obtener la disposición de los fondos y bienes depositados o retenidos en garantía mediante el ingreso del importe de la liquidación parcial o autoliquidación parcial que corresponda, ingreso que cumple, además, la función de extinguir la responsabilidad subsidiaria de las entidades que, en su caso, hubiera nacido.  
A fin de aclarar los supuestos de responsabilidad subsidiaria, la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social introdujeron algunas modificaciones de carácter técnico que permiten una mejor gestión del impuesto al no considerar «entregas» determinados supuestos y, por ende, ni dan lugar a la responsabilidad subsidiaria regulada en el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ni a los supuestos de prohibiciones legales de los apartados 4 y 5 del artículo 32 del mismo cuerpo legal.  
A estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 8.1.a, de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no se considerará que los intermediarios financieros realizan una entrega de metálico o de valores depositados, ni devolución de garantías, en los casos de libramiento de cheques bancarios con cargo a los depósitos, garantías o al resultado de la venta de los valores que sea necesario, que tenga como exclusivo fin el pago del propio impuesto sobre sucesiones y donaciones que grave la transmisión mortis causa, siempre que el cheque sea expedido a nombre de la administración acreedora del impuesto.  
Igualmente, por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 8.1.c, párrafo segundo de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no se considerará que los mediadores en las transmisiones de títulos valores son responsables del tributo cuando se limiten a realizar, por orden de los herederos, la venta de los valores necesarios que tenga como exclusivo fin el pago del propio impuesto sobre sucesiones y donaciones que grave la transmisión mortis causa, siempre que contra el precio obtenido en dicha venta se realice la entrega a los beneficiarios de cheque bancario expedido a nombre de la administración acreedora del impuesto.  
En los dos casos anteriores, al considerarse que no existe «entrega», también están exceptuados de las prohibiciones previstas en los apartados 4 y 5 del artículo 32 de la ley reguladora del impuesto, y así lo establece el artículo 32.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por remisión a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la misma Ley, en los mismos términos y con las condiciones allí establecidos.   
Fuera de los citados supuestos legales, o cuando no se cumplan los requisitos previstos en aquellos, se mantiene la responsabilidad subsidiaria de las entidades financieras reguladas en el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como la prohibición de que tales entidades efectúen las entregas a que se refiere el apartado 4 del artículo 32, salvo que se acredite previamente el pago del impuesto o su exención o, en su caso, se autorice por la administración tal entrega.  
Por su parte, el artículo 19.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado mediante Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece que los ingresos de la gestión recaudatoria de tributos se realizarán en cuentas restringidas abiertas en las entidades colaboradoras, añadiendo el artículo 17.5 del citado Reglamento que los órganos de recaudación efectuarán el control y seguimiento de la actuación de las entidades colaboradoras. De esta manera, mediante el ingreso directo en las citadas cuentas restringidas a nombre de la Generalitat del importe de las autoliquidaciones y liquidaciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el marco de la especial relación con tales entidades, sujeta, además, a un control específico, se consigue el mismo efecto de aseguramiento del ingreso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que supone el libramiento por cualquier entidad financiera, con cargo a la cuenta del causante, de un cheque bancario a nombre de la Tesorería de la Generalitat, aseguramiento que constituye la razón de ser jurídica, tanto de la prohibición del artículo 32.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, como de la responsabilidad subsidiaria del artículo 8 del mismo texto legal. No obstante, dicha forma de pago con cargo a los bienes del causante, al no estar exceptuada legalmente, requiere la autorización de la Administración tributaria en los términos del artículo 32.4 de la Ley 29/1987.  
En su virtud, de acuerdo con los preceptos legales citados anteriormente, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Dirección General en el ámbito de la gestión de los tributos cedidos por el Estado a la Generalitat por el artículo 26.1.a del Decreto 20/2013, de 25 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y Funcional de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública resuelvo:  
  
Artículo Único. Autorización a las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Generalitat  
Se autoriza a las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Generalitat, a los efectos de lo dispuesto en el último inciso del artículo 32.4 de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y donaciones, a que efectúen directamente el ingreso del importe de las autoliquidaciones y liquidaciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones en las cuentas restringidas de la Generalitat abiertas en dichas entidades para el pago de tributos, con cargo a las cuentas del causante en las transmisiones mortis causa sujetas al impuesto abiertas en tales entidades.  
  
DISPOSICIÓN FINAL   
  
Única. Entrada en vigor  
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.   
  
Valencia, 11 de abril de 2013.- El director general de Tributos y Juego: Vicent Peiró Ibáñez.