Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8880, del 12-08-2020 (2020/6581)

DECRETO 102/2020, de 7 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social en materia de inclusión y desarrollo comunitario por la COVID-19.
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Número DOGV
:   8880

Fecha DOGV
:   12-08-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2020/6581


Fecha del documento
:   07-08-2020

Organismo emisor
:   Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Tipo de documento
:   Decreto

Descriptores 

:   * Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
    * ayuda pública

DECRETO 102/2020, de 7 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social en materia de inclusión y desarrollo comunitario por la COVID-19. [2020/6581]  
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala global y local, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para responder a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria y social sin precedentes con una enorme magnitud tanto por el impacto elevado en número de personas afectadas como por el extraordinario riesgo que conlleva para sus derechos.  
Los servicios sociales valencianos deben atender de forma universal al conjunto de la ciudadanía y, especialmente, a una población considerada de alto riesgo en el caso de contagio de la COVID-19, y en esta situación resulta indispensable movilizar recursos materiales y humanos, tanto de carácter público como privado, para garantizar la atención prestada a los colectivos más vulnerables y empobrecidos siempre con las máximas garantías en la preservación de la salud, el derecho a la vida y su bienestar, entre quienes destacan las personas o unidades de convivencia especialmente vulnerables.  
El artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, establece en su apartado 2.c, la posibilidad de conceder de forma directa, con carácter excepcional, subvenciones que acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificultan su convocatoria pública.  
Existen razones de interés público, social y humanitario para atender, en este ejercicio, con financiación pública, una serie de actuaciones cuyo objetivo es atender las necesidades básicas de las personas o unidades de convivencia que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como establecer nexos entre ellas y los diferentes recursos públicos (sociales, educativos, sanitarios y laborales) existentes en las diferentes administraciones.  
Asimismo, con esta concesión directa de subvenciones, se garantiza la atención de las necesidades de una población que está sufriendo especialmente esta crisis, y de esta manera contribuir a la cohesión, equilibrio y equidad territorial, de acuerdo con los principios rectores que garantiza la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, como servicios esenciales.  
Las subvenciones que se conceden mediante este decreto, no necesitan de la notificación a la Comisión Europea, por no cumplir las condiciones del artículo 107, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; en concreto, por no suponer ventaja económica, ya que las entidades a que van dirigidas las subvenciones no ejercen actividad económica que pueda ofrecer bienes o servicios en el mercado, y no hay posibilidad de falseamiento de la competencia que afecte a los intercambios comerciales entre estados miembros; habiéndose aplicado lo dispuesto en el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell.  
En consecuencia, de conformidad con el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015 de, 6 de febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, de acuerdo con el artículo 28.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta de la Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de la Generalitat, previa deliberación del Consell,en la reunión de 7 de agosto de 2020,  
  
  
DECRETO  
  
Artículo 1. Objeto  
Este decreto tiene por objeto aprobar las bases para la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional, en el marco de la respuesta institucional ante la pandemia per la COVID-19, a determinadas entidades del tercer sector de acción social en la materia de inclusión y desarrollo comunitario con las personas o unidades de convivencia que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el fin de mejorar la atención, protección y calidad de vida de dichas personas en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  
  
Artículo 2. Razones de interés público que concurren en su concesión e imposibilidad de su convocatoria pública  
1. Estas subvenciones se conceden de forma directa, en aplicación de lo que prevé el art. 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, así como la disposición adicional quinta de la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, por concurrir razones de interés público y social.  
Las subvenciones reguladas en este decreto tienen carácter singular, derivado del carácter extraordinario, determinado por razones de interés público y social que fundamentan la necesidad de concesión directa.  
2. En concreto, las razones de interés público y social que justifican el otorgamiento directo de la subvención a las entidades beneficiarias, radican en el que estas entidades deben continuar ofreciendo servicios a las personas o unidades de convivencia que se encuentran en situación de vulnerabilidad, graves perjudicados de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  
3. Dado el objeto específico y la necesidad de garantizar la atención a las personas usuarias de estas actuaciones, se requiere una concesión directa y no procede una convocatoria pública.  
  
Artículo 3. Órgano gestor  
Corresponderá a la dirección general competente en acción comunitaria y barrios inclusivos las actuaciones de comprometer el gasto y las direcciones territoriales de Igualdad y Políticas Inclusivas el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago.  
  
Artículo 4. Financiación  
1. Las subvenciones que se otorgan por concesión directa para 2020 ascienden a un importe global de 2.995.349,29 euros con cargo al programa presupuestario 313.50. ?Inclusión Social?.  
2. Para dar cobertura a las obligaciones económicas derivadas de este decreto, se tramitará, de acuerdo con el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015 la oportuna modificación de crédito.  
  
Artículo 5. Entidades beneficiarias y cuantía de la subvención  
Las entidades beneficiarias de estas subvenciones son las entidades del tercer sector de acción social detalladas en el anexo, con indicación del municipio de actuación y cuantía de la subvención correspondiente.  
  
Artículo 6. Actuaciones subvencionadas  
Las actuaciones subvencionadas, deberán adaptarse para dar respuesta a las consecuencias sociales y sociosanitarias de la pandemia COVID-19, y serán las siguientes:  
Modalidad 1. Proyectos dirigidos a personas o unidades familiares que se encuentran en situación de vulnerabilidad, salvo el colectivo de personas afectadas por el VIH-SIDA. Las actuaciones van dirigidas a:  
a) ámbito residencial (pisos de acogida y albergues) y otras medidas para combatir el sinhogarismo e itinerarios de inclusión social.  
b) la cobertura de las necesidades básicas, tales como aseo personal, alimentación, y atención y apoyo sociopsicosanitario.  
Modalidad 2. Proyectos destinados a personas o unidades familiares afectadas por VIH-SIDA. Las actuaciones irán dirigidas a :  
a) Ámbito residencial (pisos de acogida y albergues) y otras medidas para combatir el sinhogarismo e itinerarios de inclusión social.  
b) La cobertura de las necesidades básicas, tales como aseo personal, alimentación y atención y apoyo sociopsicosanitario.  
Modalidad 3. Proyectos destinados al desarrollo comunitario y fomento del ámbito relacional:  
a) Fomento de la participación social y cultural de colectivos vulnerables en estructuras dinámicas normalizadas comunes, para reforzar el sentimiento de pertenencia y vínculos con el territorio; así como la promoción de los buenos tratos y prevención de la soledad no escogida.  
b) Fomento del entorno afectivo e intervención sociocomunitaria de colectivos vulnerables para la prevención de problemáticas sociales y sociopsicosanitarias.  
  
Artículo 7. Desarrollo de las actuaciones  
1. Las actuaciones subvencionadas comprenderán los gastos de personal, gastos para cubrir necesidades básicas de las personas y familias destinatarias de los programas y los gastos generales que se consideren absolutamente imprescindibles para el desarrollo de los programas de inclusión y desarrollo comunitario.  
2. Se consideran gastos de personal: los costes salariales brutos, incluidos los pagos a la Seguridad Social correspondiente a la empresa del personal laboral contratado por las entidades para la ejecución de los programas. Estos costes salariales brutos estarán limitados por las cuantías anuales recogidas en la tabla salarial establecida para grupo o categoría profesional en que se encuadre el puesto de trabajo.  
3 Se considerarán gastos para cubrir necesidades básicas, los gastos de alimentación, higiene y salud, que incluye la compra de alimentos y productos de limpieza higiene y de prevención sanitaria o medicamentos.  
4. Se consideran gastos generales:  
a) Los gastos corrientes: considerados como aquellos que reúnan alguna de las siguientes características: ser bienes fungibles, tener una duración previsible inferior al ejercicio económico, no ser susceptibles de incluir en inventario.  
b) Los gastos de mantenimiento estrictamente necesarios para la consecución del fin y objeto de la subvención: alquiler, luz, agua, teléfono, limpieza o análogos.  
c) Los gastos derivados del pago de asistencias o servicios de profesionales (gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones legales de prevención, protección de datos, formación y vigilancia de la salud, sistemas de calidad, cuentas anuales, auditorías y gastos inherentes a las actividades de ocio y tiempo libre o análogos, en la medida que guarden relación directa con la atención social que se fomenta).  
d) Los gastos de transporte, necesarios para la ejecución de las actuaciones en el marco del programa, tanto de los profesionales del programa, como las personas beneficiarias.  
e) Otros gastos corrientes que se consideren necesarios para la ejecución del programa.  
5. No se considerarán objeto de subvención los siguientes gastos:  
a) Gastos de material inventariable, tales como mobiliario, equipos informáticos, equipos audiovisuales y equipamiento en general.  
b) Gastos derivados de obras de reforma, mejora o reparación de las instalaciones y equipamientos.  
c) Gastos derivados de las deudas o amortizaciones de operaciones financieras de ningún tipo.  
d) Gastos originados por las actividades realizadas en la condición de miembros de las juntas directivas o consejos de dirección de las entidades.  
  
Artículo 8. Obligaciones de las entidades beneficiarias  
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedarán sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 14 y concordantes de Ley 38/2003.  
2. A los efectos previstos en el artículo 29.2, de la citada Ley 38/2003, no se autoriza la subcontratación de las actividades subvencionadas.  
3. La contratación de personal por parte de las entidades subvencionadas, en ningún caso supondrá relación jurídica alguna con la Generalitat.  
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 3.2 Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, la entidad beneficiaria, deberá dar la adecuada publicidad a la ayuda, indicando como entidad concedente la Generalitat, el importe recibido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionado.  
  
Artículo 9. Pago de la subvención  
1. Las subvenciones se otorgan por concesión directa por estar dirigidas a programas de actuación en el ámbito de los servicios sociales, con naturaleza de gasto corriente; se abonarán conforme el Decreto Ley 5/2020, de 29 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en el ámbito de los servicios sociales y de apoyo al tercer sector de acción social por COVID-19, de modo que podrá librarse de inmediato, una vez concedidas, el 100 por ciento de su importe.  
2. Según establece el Decreto Ley 5/2020, el plazo para la ejecución de gastos y actuaciones asociadas a los programas subvencionados, se extiende hasta el 31 de marzo 2021. Las entidades beneficiarias de las subvenciones, deberán justificar el gasto objeto de la subvención otorgada y la presentación de la memoria técnica de la actuación, como máximo el 30 de abril de 2021, momento a partir del cual se procederá a la liquidación de la misma, de la que podrá derivarse una regularización, que implicará la exigencia del reintegro de los importes indebidamente percibidos, en el caso de que la justificación fuera insuficiente o no se cumplieran las condiciones estipuladas.  
  
Artículo 10. Justificación de la aplicación dada a las subvenciones  
La justificación de la subvención se realizará a través de la aplicación telemàtica establecida al efecto y mediante la presentación de la documentación necesaria, de los apartados a) o b) del presente artículo, para acreditar el gasto objeto de la subvención otorgada para paliar las consecuencias sociales y sociosantiarias de la pandemia COVID-19  
a) Las entidades beneficiarias de una subvención por una cuantía total inferior a 60.000 €, se realizará a través de la presentación de la cuenta justificativa simplificada a que se refiere el artículo 75, del Reglamento de la Ley general de subvenciones (en adelante, RLGS), aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que tendrá carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención, y que contendrá los siguientes documentos:  
1) Una memória de actuación justificativa, según el modelo que figura en la página web de la conselleria competente en inclusión social, que deberá incluir los datos de las personas beneficiarias del programa, las actuaciones realizadas, el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, los materiales y metodología empleada y cuantos otros datos se considere de relevancia  
2) Una relación clasificada de todos los gastos de la actividad, con identificación de la persona acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.  
3) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que, en su caso, hayan financiado la misma actividad objeto de este decreto, con indicación del importe y entidad subvencionadora.  
4) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados del mismo.  
La dirección territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas competente por territorio comprobará, a través de un muestreo aleatorio sistemático por arranque al azar, el 5 % de los justificantes para obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a las entidades la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.  
Las facturas acreditativas, que deberán permanecer en custodia de las entidades al menos durante cuatro años, deberán reunir los requisitos recogidos en el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, debiendo presentarse originales o copias compulsadas en caso de requerirse.  
b). Las entidades beneficiarias de una subvención por una cuantía total superior a 60.000 €, se realizará a través de la aportación de justificantes de gasto que acrediten el gasto realizado ante la dirección territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas competente por territorio. Los gastos que se justifiquen deberán tener relación con los programas subvencionados.  
1. Las facturas acreditativas deberán reunir los requisitos recogidos en el Real Decreto 1619/2012.  
2. Asimismo, se deberá presentar una memoria técnica de la actuación, que recoja todos los gastos y las actuaciones realizadas. La memoria técnica o descriptiva de la ejecución del proyecto subvencionado habrá de permitir conocer el número de personas beneficiarias del proyecto, las actuaciones realizadas, el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, los materiales y metodología empleada y cuantos otros datos se considere de relevancia. Dicha memoria se realizará de acuerdo con el modelo que figura en la página web de la consellería competente en inclusión social.  
Los datos referentes a las personas beneficiarias del programa se presentarán siempre desagregados por género.  
3. El incumplimiento del plazo máximo de justificación de las subvenciones podrá dar lugar a la dejación sin efectos de la ayuda, con exigencia, en su caso, del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención  
  
Artículo 11. Régimen jurídico  
Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este Decreto, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por su reglamento de desarrollo, excepto en aquello que afecte los principios de publicidad y concurrencia; así como por lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, por el Decreto Ley 5/2020, de 29 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en el ámbito de los servicios sociales y de apoyo al tercer sector de acción social por COVID-19, y resto de normativa que sea aplicable.  
  
Artículo 12. Delegación de facultades de ejecución  
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos para el desarrollo y ejecución de este decreto.  
  
Artículo 13. Recursos  
De conformidad con los dispuesto en el artículo 168.1.C, de la Ley 1/2015, las bases reguladas por este decreto no tienen carácter de disposición general. Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, conforme a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas o, bien directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
València, 7 d'agost de 2020  
  
El president de la Generalitat,   
XIMO PUIG I FERRER  
La vicepresidenta   
i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,  
MÓNICA OLTRA JARQUE