Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5747, del 22-04-2008 (2008/4829)

ORDEN de 16 de abril de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales.
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Número DOGV
:   5747

Fecha DOGV
:   22-04-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2008/4829


Fecha del documento
:   16-04-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * organización patronal
    * sindicato
    * sociedad sin fines de lucro
    * apoyo económico
    * seguridad en el trabajo
    * formación profesional
    * institución pública
    * ayuda pública

ORDEN de 16 de abril de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales. [2008/4829]  
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.   
Del mismo modo, las administraciones públicas fomentarán aquellas actividades en orden a reducir los riesgos laborales y a la promoción de estructuras eficaces de prevención, ya que la lucha contra la siniestralidad laboral es una responsabilidad compartida de empresarios, trabajadores, administraciones públicas y el conjunto de la sociedad.  
El tejido productivo de la Comunitat Valenciana constituido mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, que a menudo no cuentan con los conocimientos y recursos necesarios para implantar en sus centros de trabajo unas medidas de seguridad adecuadas, hace necesario que desde la administración se fomente el que por las asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, instituciones y otras entidades se realicen acciones en el campo de la prevención que por su repercusión sectorial o profesional faciliten que sus resultados alcancen a las empresas de una manera más homogénea, sin que el tamaño de las mismas sea un obstáculo insalvable para acceder a unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas.  
La prevención de los riesgos laborales ha de estar concebida como un elemento integrador presente en todas las decisiones empresariales y en todo el ámbito de las relaciones laborales, en todas las fases de los procesos productivos de bienes y servicios, por lo que las políticas de empleo deben considerar la prevención como un factor esencial de las mismas.  
Una de las facetas más importantes de la prevención es la formación por lo que la Orden de 27 de septiembre de 2005, modificada por la de 3 de mayo de 2007, estableció las bases que regulaban las ayudas destinadas a la creación y equipamiento de centros de formación sectorial en prevención de riesgos laborales.  
Razones de armonización de ambos textos, simplificación y agilización del procedimiento en la convocatoria de las ayudas, así como perfilar más nítidamente las obligaciones y forma de justificación documental por los beneficiarios de las mismas, aconseja derogar las Ordenes citadas y publicar una nueva norma al objeto de establecer las bases del régimen de ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales.   
En su virtud, en el ejercicio de las competencias que en esta materia tiene atribuidas la Comunitat Valenciana, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el artículo 47.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,  
ORDENO  
Artículo único  
Se aprueban las bases que regirán las ayudas destinadas a la creación y/o equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.  
Las bases se contienen en el anexo que sigue a la presente orden, y constituyen el texto normativo y de procedimiento al que deberán acogerse los destinatarios del régimen de ayudas que en las mismas se establece.  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
Primera  
La conselleria de Economía, Hacienda y Empleo financiará las ayudas con cargo al programa 315.10, Condiciones de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, línea presupuestaria T4178.000. Durante los ejercicios en que la presente orden permanezca en vigor, se publicarán las dotaciones anuales consignadas en las leyes de presupuestos de la Generalitat, y en su caso aquellas dotaciones adicionales que se provean mediante modificaciones presupuestarias autorizadas al efecto.  
Segunda  
Al tratarse de ayudas dirigidas a la realización de inversiones destinadas a la creación y/o equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, y por la propia naturaleza de los destinatarios, no cumplen con el requisito de la ventaja económica ni con el falseamiento de la competencia que afecte a los intercambios comerciales entre los estados miembros, por lo que quedan excluidas de la aplicación del principio de incompatibilidad con el mercado común formulado en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, no siendo por tanto obligatoria la notificación de las mismas a la Comisión Europea.  
DISPOSICION DEROGATORIA  
Quedan derogadas las órdenes de 27 de septiembre de 2005 y de 3 de mayo de 2007 de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por las que se establecen las bases que regulan las ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales y se modifican las mismas, respectivamente.  
DISPOSICIONES FINALES  
Primera  
Se faculta al director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.  
Segunda  
Contra lo dispuesto en la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde su publicación en el DOCV, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Tercera  
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Valencia, 16 de abril de 2008  
El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo,  
GERARDO CAMPS DEVESA  
ANEXO  
Bases que regulan las ayudas para la creación y equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  
Capítulo I  
Disposiciones generales  
Primera. Objeto y ámbito  
1. Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas económicas para la realización de inversiones destinadas a la creación y/o equipamiento de centros de formación sectoriales en prevención de riesgos laborales en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.  
2. Solo podrán ser objeto de ayuda las actividades que se desarrollen dentro del ejercicio económico en que se concedan, no admitiéndose actuaciones de carácter plurianual.   
Segunda. Beneficiarios de las ayudas  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, instituciones públicas, corporaciones de derecho público y entidades privadas sin ánimo de lucro, cuyo ámbito territorial de actuación se encuentre en la Comunitat Valenciana y siempre que sus fines tengan directa relación con las materias objeto de estas bases.  
No podrán ser beneficiarias las entidades locales e instituciones dependientes de las mismas, así como los sujetos que incurran en las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.  
Tercera. Importe de las ayudas y compatibilidad  
1. La cuantía que podrá concederse por cada actuación presentada podrá ser como máximo del 80% del coste presupuestado. En todo caso, dicho porcentaje estará supeditado a la disponibilidad presupuestaria y a las características de las actuaciones, de acuerdo con los criterios establecidos en las presentes bases.  
2. Las ayudas reguladas en las presentes bases serán compatibles con cualesquiera otras que obtengan los beneficiarios procedentes de entidades publicas o privadas ajenas a los mismos, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste efectivo de ejecución de la actuación subvencionada.  
Cuarta. Gastos subvencionables. Subcontratación con terceros  
1. Serán subvencionables los gastos necesarios para efectuar las inversiones detalladas en la base primera.   
En el caso de inversiones destinadas a la creación de centros serán subvencionables los gastos señalados en el artículo 31.7 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Asimismo serán subvencionables los tributos e impuestos indirectos cuando no sean objeto de recuperación o compensación por el beneficiario.  
2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 en caso de suministros para el equipamiento, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes empresas con carácter previo a la contracción del compromiso para la ejecución del contrato o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.  
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud, o en su caso, en la justificación de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la Memoria explicativa del proyecto cuando la elección no recaiga sobre la oferta más económica.  
Los gastos realizados con anterioridad a la solicitud de subvención podrán ser admitidos sin sujeción a concurrencia de ofertas previas. No obstante, en este caso la entidad beneficiaria acreditará en la memoria que presente las razones objetivas que ha tomado en consideración para la elección de la entidad prestadora del servicio o suministro y siempre que el coste de los gastos subvencionables no sea en ningún caso superior al valor de mercado.  
3. Podrá subcontratarse total o parcialmente la actividad subvencionada con entidades o empresas no incursas en las prohibiciones del artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones.  
La subcontratación cuando supere la cuantía del 20 por ciento de la subvención que, en su caso, se conceda y exceda de 60.000 euros, deberá formalizarse por escrito y ser autorizada previamente por el órgano competente, que en la resolución que ponga fin al procedimiento se pronunciará sobre la misma.   
Quinta. Criterios de evaluación de las solicitudes  
Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos:  
1. El sector sobre el que se pretenda actuar, en función de la siniestralidad laboral que se constaten en las estadísticas oficiales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será de 30 puntos.  
2. La incidencia del centro de formación en la mejora de las condiciones de trabajo y en la eficacia de la acción preventiva o en la promoción de la cultura preventiva. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será de 25 puntos.  
3. La implantación del solicitante en el sector o sectores de actividad económica en que se pretenda desarrollar la actuación. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será de 20 puntos   
4. La solvencia técnica y la capacidad de gestión de la entidad solicitante. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será de 15 puntos.  
5. La implantación geográfica del solicitante dentro de la Comunitat Valenciana, según el siguiente baremo: comarcal, 2 puntos; provincial, 5 puntos; autonómica, 10 puntos.  
En el caso de empate, se otorgará preferencia para la concesión de la ayuda a aquellos solicitantes que acrediten ocupar, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, mayor porcentaje de trabajadores discapacitados en relación con sus plantillas respectivas. La preferencia será aplicable en la forma prevista en el artículo 6 del Decreto 279/2004, del Consell de la Generalitat Valenciana. En caso de persistir la igualdad de puntuación, se tomará en consideración la petición más antigua.  
Capítulo II  
Procedimiento de gestión y concesión de las ayudas  
Sexta. Órganos competentes y régimen de concesión  
1. Será competente para convocar las ayudas reguladas en esta orden y para dictar la resolución de los procedimientos de concesión, el/la titular de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por delegación del conseller de Economía, Hacienda y Empleo.  
2. El régimen de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva.  
Se podrá adjudicar la totalidad del crédito disponible a la mejor o mejores propuestas presentadas en orden a garantizar su viabilidad, y en función de los importes solicitados por las entidades beneficiarias.  
Séptima. Presentación de solicitudes y plazo  
1. Las solicitudes se realizarán mediante instancia dirigida al conseller de Economía, Hacienda y Empleo según modelo normalizado, y se presentarán en cualquiera de los registros de entrada de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo o en las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Estarán a disposición de los interesados los modelos de solicitudes y de documentos de carácter general relativos a estas ayudas, en la dirección de Internet http://www.gva.es/subvencionestrabajo.  
2. Una vez se incorpore este procedimiento al anexo del Decreto 18/2004, de 13 de febrero, del Consell, de creación del Registro Telemático de la Generalitat y regulación de las notificaciones telemáticas de la Generalitat, o normativa que le sustituya, los interesados podrán efectuar la presentación de la solicitud de ayuda y del resto de documentación a aportar, ante el Registro Telemático de la Generalitat mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, en los términos previstos en la respectiva convocatoria.  
3. El plazo para presentación de solicitudes se fijará en la convocatoria de las ayudas correspondiente.  
Octava. Documentación  
1. Las solicitudes deberán acompañarse de los siguientes documentos:  
a) Documentación acreditativa de la identidad del solicitante y, en su caso, de su representante.  
b) Copia auténtica o fotocopia compulsada de los Estatutos, debidamente legalizados.   
c) Datos de domiciliación bancaria en modelo facilitado al efecto (impreso de mantenimiento de terceros para pagos de la Generalitat según Orden de 31.08.07 de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Orden de 15.02.05, DOCV nº 5596 de 11.09.2007, o cualquier otra que con posterioridad la sustituya), salvo si se ha presentado con anterioridad y no ha experimentado variación, en cuyo caso bastará declaración en tal sentido.  
d) Proyecto o memoria explicativa de la creación o equipamiento del centro, con expresión de modalidad de ejecución y calendario previsible de realización.  
e) Presupuesto desglosado por partidas, según gastos subvencionables y detalle de actuaciones de realización directa y/o realización mediante subcontratación con terceros.  
f) Los tres presupuestos que, en aplicación del art. 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y el punto 2 de la base cuarta de esta orden, debe de haber solicitado el beneficiario.  
g) Solicitud de autorización de subcontratación de aquellas actividades cuando su coste supere los límites establecidos en el apartado 3 de la base cuarta.  
h) Si la entidad solicitante hubiera dado inicio a la actividad para la que solicita subvención con anterioridad a la solicitud, acompañará anexo a la memoria en el que se detalle las actuaciones iniciadas, la subcontratación de las mismas y los gastos efectuados hasta dicha fecha, los cuales se justificarán con el conjunto de gastos subvencionables en el momento procedimental oportuno.  
i) Fuentes de financiación y procedencia, incluyendo la ayuda que se solicita.  
j) Declaración responsable sobre las ayudas que pudieran haberse solicitado y/o percibido para sufragar los mismos gastos subvencionables, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, nacionales e internacionales.  
k) Declaración responsable de no incurrir en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
l) Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, acreditación de estar exento.  
m) Declaración responsable relativa a que el solicitante no es deudor de la Generalitat por reintegro de subvenciones.  
n) La presentación de la solicitud a la convocatoria conllevará la autorización a la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo para que ésta, a los efectos de que el solicitante acredite, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión en su caso, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los términos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y artículo 22 de su Reglamento pueda recabar:  
- De la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el certificado que acredite de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.  
- De la Tesorería General de la Seguridad Social el certificado acreditativo de que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  
- De los servicios territoriales de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, el certificado acreditativo de que el solicitante no tiene deudas de naturaleza tributaria con la Generalitat.  
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces junto con el resto de la documentación las certificaciones antes señaladas, que deberán tener una vigencia de, al menos, cinco meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.  
2. En caso de que los documentos exigidos que deban acompañar a la solicitud de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en la que fueron presentados o en su caso emitidos y cuando no haya transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.  
3. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la mencionada ley, para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se dictará resolución en la que se le tenga por desistido de su petición.  
Novena. Instrucción del procedimiento. Reformulación de solicitudes  
1. La instrucción del procedimiento se realizará por el Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
2. El instructor, tras realizar una preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones para adquirir la condición de beneficiario y demás actividades de instrucción, trasladará los expedientes a la Comisión indicada en el apartado siguiente.  
3. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración que adaptará su funcionamiento a las reglas generales que son de aplicación a los órganos colegiados, y que estará integrada por el personal funcionario de la Dirección General de Trabajo Cooperativismo y Economía Social que ostente las siguientes jefaturas:  
- Del Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral, que será su presidente.  
- Del Servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales.  
- Del Servicio de Gestión de Programas, que actuará como secretario.  
4. La Comisión de Valoración emitirá, en un plazo no superior a un mes, informe de evaluación de las solicitudes conforme a los criterios de la base quinta. En dicho informe, con expresión sucinta de los motivos por los que ha procedido a la valoración y ponderación de las solicitudes, se establecerá una prelación por orden de mayor a menor puntuación. No será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para acceder a las ayudas, en el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender a todas ellas.  
Cuando el informe de la Comisión de Valoración determine una cuantía de subvención que no supere el 75 por ciento de la solicitada, se pondrá de inmediato en conocimiento del solicitante para que en el plazo de diez días, pueda formular adaptación del proyecto de actuación, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.   
5. El instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión, formulará propuesta de resolución que elevará al órgano competente para resolver.  
Décima. Resolución de las ayudas  
1. La resolución de concesión o denegación se dictará por el titular del órgano competente, de acuerdo con lo previsto en el punto 1 de la base sexta de esta orden.  
2. Cuando la resolución de concesión se aparte de la propuesta definitiva emitida por el instructor, se hará constar en la misma con expresión de la motivación que la sustente.  
3. Si se concediere la ayuda, la resolución fijará expresamente su importe e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el cumplimiento de la subvención. Las cargas, modos y condiciones de la subvención se imputarán al beneficiario de la misma, sin que éste pueda oponer las excepciones que, en su caso, deriven de sus relaciones jurídicas con terceros.  
4. Las resoluciones de concesión podrán retrotraer sus efectos a la actividad desarrollada con anterioridad a la fecha de aquellas, siempre que ésta se incluya en el ejercicio en que se solicite.  
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución, se entenderá desestimada la solicitud en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la misma.  
6. Las resoluciones agotarán la vía administrativa, y contra las mismas podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes si la resolución es expresa y tres en caso de silencio administrativo, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses si es expresa la resolución y seis meses en caso de silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Undécima. Resolución de incidencias  
El órgano competente para la concesión de las ayudas, resolverá las incidencias que se produzcan, y en especial los supuestos de:  
1. Modificaciones justificadas del proyecto inicial.  
2. Cambios en la titularidad de la actuación.  
3. Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión, con carácter excepcional y siempre que se soliciten antes de la expiración del plazo o término cuya prórroga se pretende.  
4. Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto a los efectos de liquidación de la ayuda.  
Duodécima. Justificación de gastos y pago de las ayudas  
1. La justificación deberá presentarse en el plazo y condiciones que se establezcan en las convocatorias, o en su defecto, en las resoluciones de concesión de las ayudas.  
2. A estos efectos, los beneficiarios deberán presentar una cuenta justificativa que incluirá, bajo responsabilidad del declarante, los siguientes extremos:  
2.1. Una memoria detallada sobre las actuaciones realizadas.  
2.2. Acreditación de haber ejecutado las inversiones proyectadas objeto de ayuda, de conformidad a las presentes bases y resolución de concesión.  
2.3. Copias compulsadas de las facturas justificativas del gasto efectuado. Las facturas deberán cumplir lo dispuesto por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29/11/2003), modificado por Real Decreto 87/2005, de 31 de enero (BOE de 01/02/2005), y demás normativa vigente, o cualquier otra que la sustituya.  
2.4. Documentación acreditativa del pago de las facturas. Éste solo se admitirá si está realizado a través de entidad financiera, y se justificará mediante la presentación del movimiento bancario que acredite la salida efectiva de los fondos, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3.  
2.5. Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se hubieran establecido en la resolución.  
2.6. Acreditación de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos fijados en la base octava, en el supuesto de haber denegado expresamente el consentimiento para que la administración recabe los certificados.  
2.7. Declaración responsable relativa a que el solicitante no es deudor de la Generalitat por reintegro de subvenciones.  
3. A efectos de justificación, se considerará que el gasto subvencionado se ha realizado aunque las facturas no hayan sido efectivamente pagadas con anterioridad a la finalización del periodo de justificación. En este caso, en el plazo máximo de un mes desde la recepción material de la ayuda, deberá aportarse la documentación indicada en el apartado 2.4.  
4. Si así se dispone en la convocatoria, y conforme a lo previsto en el punto 2 de la base séptima, los beneficiarios de las ayudas podrán realizar la presentación de la documentación justificativa por vía telemática.  
5. El pago se librará una vez acreditado lo anterior, de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados por la resolución de concesión.  
Decimotercera. Obligaciones del beneficiario  
Son obligaciones del beneficiario:  
1. Realizar, y acreditar, la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.  
2. Cuando el gasto subvencionado se destine a la adquisición, construcción rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se destinarán a dicha actividad durante un período mínimo de cinco años.  
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.  
3. El cumplimiento de los requisitos y condiciones que determine la resolución de concesión de la ayuda, así como las que deriven de la ley, su naturaleza u objeto.  
4. Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.  
Dicho cumplimiento deberá acreditarse, en el supuesto de haber denegado expresamente el consentimiento para que la administración recabe los certificados, en el momento de solicitar la subvención y en la forma prevista en el apartado 2.6 de la base anterior.  
5. El sometimiento a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General en relación con las ayudas concedidas, así como a las que puedan determinarse por los órganos de control de la Unión Europea.  
6. Hacer constar de manera explícita en la difusión de las acciones subvencionables, el apoyo de la Generalitat a través de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. La misma consistirá en la inclusión de la imagen de la Generalitat y de leyendas relativas a la financiación pública en carteles, materiales impresos y placas conmemorativas. En este ultimo caso, la exposición será permanente.  
7. Comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas y privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, lo que dará lugar al correspondiente expediente de adecuación de la ayuda y adaptación a las nuevas circunstancias financieras del beneficiario.  
Decimocuarta. Control de las acciones. Reintegro de subvenciones  
1. La Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social realizará el control y seguimiento de las acciones a través de las comprobaciones que considere necesarias en orden al cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones y de las condiciones y términos por los que haya obtenido subvención.  
2. Para determinar los efectos, en su caso, del incumplimiento se atenderá al carácter esencial o no del requisito, condición u obligación incumplido. Se consideran esenciales los requisitos, condiciones u obligaciones que determinarían que el beneficiario no hubiera podido adquirir el derecho a la subvención o que desvirtúen la finalidad principal de ésta.  
3. Toda alteración de las condiciones no esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, la falta de acreditación de la totalidad del gasto del proyecto aprobado, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.  
4. Quedará sin efecto la resolución de concesión, con obligación en su caso de reintegro de las cantidades que se hubieran librado, cuando concurran las causas de los artículos 37 de la Ley General de Subvenciones y 47.9 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, y particularmente las siguientes:  
a) La alteración esencial de alguna de las características del proyecto aprobado.  
b) La falta de justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas que en su conjunto excedan de los límites establecidos.  
c) El incumplimiento de la obligación de destino establecida en el punto segundo de la base anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, el cual quedará afecto al pago del reintegro cualquier que sea su poseedor, con las salvedades establecidas en los puntos 4 letra b) y 5 del art. 31 de la Ley General de Subvenciones.  
5. Los procedimientos de reintegro de las cantidades percibidas, se sujetarán, en lo que sea de aplicación, a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
Decimoquinta. Publicidad de las subvenciones concedidas  
A los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la relación de las subvenciones concedidas con arreglo a las presentes bases, mediante resolución de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social.  
Dicha relación contendrá las prescripciones contenidas en el número 1 del citado artículo 18, relativas a la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.  
La publicación de las ayudas concedidas en ningún caso suplirá la notificación de las mismas a los beneficiarios, ni surtirá otros efectos que los perseguidos por la Ley General de Subvenciones.