Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5577, del 14-08-2007 (2007/9700)

Resolución de 17 de julio de 2007, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir los Estatutos del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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Número DOGV
:   5577

Fecha DOGV
:   14-08-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/9700


Fecha del documento
:   17-07-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * colegio profesional
    * reglamento interno
    * profesión de la información
    * legislación

Resolución de 17 de julio de 2007, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir los Estatutos del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. [2007/9700]  
Visto el expediente de inscripción de estatutos, instruido a instancia del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, inscrito con el número 103 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunidad Valenciana, en el que solicita la inscripción y registro de sus Estatutos en el mismo, atendiendo a los siguientes:  
Hechos  
Primero  
Francesc Rodrigo Comes, presidente del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, presentó el 9 de marzo de 2007, solicitud de inscripción y registro de los Estatutos de dicho Colegio en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Segundo  
La Asamblea Constituyente del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana aprobó los Estatutos en sesión celebrada en fecha 10 de febrero de 2007, según certificación librada el 12 de febrero de 2007 por Doña Lluïsa Tolosa Robledo, secretaria del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana.  
Tercero  
El texto de los Estatutos figura como Anexo a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.  
Fundamentos de derecho  
Primero  
Revisados los Estatutos del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, contienen todas las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Segundo  
Tales Estatutos han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios Estatutos del Colegio.  
Tercero  
El expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la citada Ley 6/1997, teniendo en cuenta lo previsto por la Disposición Final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el Decreto 92/2007, de 6 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, en relación con el Decreto 153/2005, de 28 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas.  
Vistos el artículo 36 de la Constitución Española y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de ésta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, se dicta la siguiente resolución:  
1. Inscribir los Estatutos del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
2. Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
Valencia, 17 de julio de 2007.- El director general de Justicia y Menor: Antonio Gastaldi Mateo.  
ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE BIBLIOTECARIOS   
Y DOCUMENTALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL  
Artículo 1. Denominación y naturaleza jurídica  
El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana es una corporación de derecho público de carácter representativo de la profesión, amparada por la Constitución Española y por el resto del ordenamiento jurídico, con personalidad jurídica propia y con capacidad plena para el cumplimiento de los fines y de las funciones que le son propias.  
Artículo 2. Principios esenciales  
Son principios esenciales de su estructura interna y de su funcionamiento, la igualdad de las personas miembros, la elección democrática de sus órganos de gobierno, la adopción de los acuerdos por mayoría y su libre actividad dentro del respecto a las leyes.  
Artículo 3. Régimen jurídico  
1. El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana se rige, en todas sus actuaciones, por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre; por la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; por el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento de Desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; por la Ley 6/2006, de 9 de junio, de la Generalitat, de Creación del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana; por los presentes Estatutos; por el resto de normativa interna, y por aquellas otras disposiciones legales comunitarias, estatales y autonómicas que en cada momento sean aplicables generalmente o subsidiariamente.  
2. Por lo que respecta al ejercicio de las potestades públicas que establece la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, y como corporación de derecho público, está sujeta al derecho administrativo.  
Artículo 4. Ámbito territorial y domicilio social  
1. El ámbito territorial del Colegio para el ejercicio de sus funciones es la Comunitat Valenciana, sin perjuicio que el Colegio pueda crear, dentro de su ámbito territorial, las delegaciones que estime oportunas y señale las respectivas demarcaciones.  
2. El domicilio social del Colegio radica en la ciudad de Valencia, calle Roger de Lauria, núm. 24-1ª CP 46889. Este domicilio puede ser modificado por acuerdo de la Asamblea General.  
Artículo 5. Relaciones con las administraciones y otros organismos profesionales  
1. El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana se relaciona directamente con la administración de la Generalitat mediante la Consejería que tiene la competencia en materia de Colegios Profesionales, y también con aquellas consejerías y organismos que tienen competencias relacionadas con la profesión.  
2. El Colegio puede establecer las relaciones y los acuerdos de colaboración, cooperación, reciprocidad e intercambio que considere convenientes para la consecución de sus finalidades, en el marco legalmente establecido, con otros colegios y asociaciones profesionales, organismos públicos, empresas, centros docentes y de investigación y, en general, cualquiera otra entidad, tanto pública como privada, de ámbito estatal e internacional.  
CAPÍTULO II. FINES Y FUNCIONES  
Artículo 6. Fines  
Son fines esenciales de este Colegio los siguientes:  
a) Ordenar el ejercicio profesional en cualquiera de sus formas y modalidades, dentro del marco legal respectivo y del ámbito de su competencia, en beneficio tanto de la sociedad que sirven como de los intereses generales que le son propios.  
b) Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando el conocimiento y cumplimiento de cualquier tipo de disposiciones legales que afecten a la profesión, para que se adecue a los intereses de la ciudadanía, haciendo cumplir la ética profesional y las normas deontológicas que les sean específicamente propias.  
c) Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de las personas colegiadas; con este objeto, se promoverán la formación y el perfeccionamiento.  
d) Representar los intereses generales de la profesión, especialmente en las relaciones con la administración.  
e) La defensa de los intereses profesionales de las personas colegiadas y la representación exclusiva del ejercicio de la profesión.  
f) Fomentar la solidaridad entre las personas colegiadas, promover el progreso de la Biblioteconomía y Documentación y el aumento de las competencias y del prestigio de la profesión.  
g) Cooperar en la mejora de los estudios que conducen a la obtención de las titulaciones que habiliten para el ejercicio de la profesión.  
h) Colaborar con las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, en los plazos previstos en las leyes.  
Artículo 7. Funciones  
Para el cumplimiento de sus fines, corresponde al Colegio el ejercicio de las funciones siguientes en su ámbito territorial:  
a) Ordenar el ejercicio profesional de las personas colegiadas; velar por la ética, por la deontología y por la dignidad profesional, así como por el respecto a los derechos de los particulares contratantes de sus servicios, y ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial, como también establecer los correspondientes honorarios mínimos.  
b) Ejercer la representación y defensa de la profesión ante la administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en todos aquellos litigios que afecten a los intereses profesionales, así como ejercitar el derecho de petición de acuerdo con la ley, y proponer aquellas reformas legislativas que considere justas para la defensa de la profesión.  
c) Amparar y defender los derechos y el prestigio profesional y social de los colegiados y de las colegiadas en general.  
d) Promover la armonía y la colaboración entre las personas colegiadas, y evitar la competencia desleal.  
e) Participar en los órganos consultivos de la administración, cuando ésta lo requiera o resulte de las disposiciones aplicables.  
f) Promover y desarrollar la formación profesional y fomentar el perfeccionamiento técnico, científico y cultural del colectivo colegiado.  
g) Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, que sean de interés para las personas colegiadas.  
h) Examinar y denunciar las cuestiones relacionadas con las irregularidades en el ejercicio de la profesión y el intrusismo, así como ejercer las acciones que las leyes establecen para evitarlo, sin perjuicio de las actuaciones de inspección y de sanción a que está obligada la administración.  
i) Intervenir en los procedimientos de arbitraje en aquellos conflictos que, por motivos profesionales, se susciten entre miembros del Colegio o en que el Colegio sea designado para administrar el arbitraje, conforme al artículo 14.a) de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
j) Emitir informes y dictámenes de carácter no vinculante, cuando sean requeridos en procedimientos judiciales o administrativos, en los que se discutan cuestiones relativas a honorarios profesionales.  
k) Emitir los informes técnicos y profesionales en los asuntos o en las materias que les sean incursos, por entidades o instituciones públicas o privadas.  
l) Organizar servicios de asesoramiento jurídico, económico, administrativo, técnico o de cualquiera otra clase, a favor de las personas colegiadas.  
m) Llevar el censo de profesionales y el registro de títulos del colectivo colegiado.  
n) Establecer baremos de honorarios, que tendrían carácter meramente orientativo, sin perjuicio de la normativa de aplicación sobre defensa de la competencia y competencia desleal y publicidad.  
o) Visar los trabajos profesionales de los individuos colegiados, cuando así se establezca expresamente en los Estatutos Generales. El visado no comprenderá los honorarios ni las otras condiciones contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes.  
p) Evacuar el informe preceptivo sobre los proyectos de ley y las disposiciones de diferente rango del Gobierno Valenciano, que hagan referencia a las condiciones generales del ejercicio profesional, así como ejercer aquellas funciones que les sean encomendadas por la administración, mediante la realización de estudios, la emisión de informes, la elaboración de estadísticas y otras actividades que les sean solicitadas o que acuerde por iniciativa propia.  
q) Colaborar con las universidades en la elaboración de los planes de estudio, sin menoscabo del principio de autonomía universitaria, mantener permanente contacto con éstas, y preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de las nuevas personas colegiadas.  
r) Facilitar a los tribunales, conforme a las leyes, la relación de miembros del Colegio que, por su preparación y experiencia profesional, pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales o proponerlos a instancia de la autoridad judicial, así como emitir informes y dictámenes, cuando sean requeridos para eso por cualquier juzgado o tribunal.  
s) Promover todo tipo de investigación, experimentación y aplicación de las técnicas de la Biblioteconomía y Documentación y su divulgación.  
t) Aprobar sus Estatutos y reglamentos de régimen interno.  
u) Aprobar sus presupuestos, así como regular y fijar las cuotas de las colegiadas y de los colegiados.  
v) Establecer con otros colegios o entidades, legalmente constituidos, servicios comunes de índole cultural, científica, asistencial, económica, administrativa o profesional.  
w) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados y colegiadas la legislación aplicable, los presentes Estatutos, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.  
x) El resto de funciones que redundan en beneficio de los intereses profesionales del colectivo colegiado y se encaminen al cumplimiento de los fines colegiales.  
Artículo 8. Funciones como Consejo Valenciano de Colegios Profesionales  
De acuerdo con la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, y con el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento de Desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana asume las funciones atribuidas por las anteriores disposiciones legales al Consejo Valenciano de Colegios Profesionales, en todo lo que le sea de aplicación.  
Artículo 9. Personalidad jurídica y autonomía  
Para el cumplimiento de sus fines, el Colegio goza de personalidad jurídica y total autonomía, y puede poseer, adquirir, grabar y alienar cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles, realizar actas de disposición y dominio sobre éstos, comparecer ante cualquier autoridad, organismo y jurisdicción, ejercitar las correspondientes acciones y derechos, seguir toda clase de procedimientos, y, en general, goza de todas las facultades y todos los derechos concedidos a las personas jurídicas, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes o en estos Estatutos.  
TÍTULO II. DE LAS PERSONAS COLEGIADAS  
CAPÍTULO I. DE LAS PERSONAS COLEGIADAS Y SUS CLASES  
Artículo 10. Miembros del Colegio  
1. El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana constituye la organización profesional en que se integran los bibliotecarios y documentalistas, que ejercen su profesión en la Comunitat Valenciana.  
2. Los individuos que en la Comunitat Valenciana posean las titulaciones de diplomado en Biblioteconomía y Documentación, o licenciado en Documentación, previstas en el Real Decreto 1.954/1994, de 30 de septiembre, u otro título extranjero equivalente debidamente homologado, sin perjuicio de las titulaciones que pudieran establecerse en un futuro, se deben incorporar con carácter obligatorio al Colegio para el ejercicio profesional en la Comunitat Valenciana.  
3. Quedan exceptuados de la incorporación obligatoria, al Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, los individuos titulados que ejerzan exclusivamente al servicio de las administraciones públicas del ámbito de la Comunitat Valenciana.  
4. También pueden integrarse los profesionales que, sin estar en posesión de las titulaciones mencionadas, acrediten de forma fehaciente una experiencia profesional de dos años como bibliotecarios, documentalistas o profesionales de la documentación en bibliotecas, sistemas bibliotecarios, centros de documentación o semejantes, o como profesorado de Biblioteconomía y Documentación en centros oficiales, siempre que se solicite la incorporación en el plazo de tres años, a contar a partir de la entrada en vigor de la Ley 6/2006, de 9 de junio, de la Generalitat, de Creación del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana.  
5. Por lo tanto, son miembros del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana los profesionales que cumplen los requisitos exigidos por la Ley y estos Estatutos, y lo solicitan en forma.  
Artículo 11. Clases de miembros colegiados  
El colectivo de miembros del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana pueden ser:  
a) Colegiados en activo: son miembros colegiados en activo aquellas personas físicas que han obtenido la incorporación al Colegio de acuerdo con el artículo 10 de los presentes Estatutos, y ejercen activamente la profesión.  
b) Colegiados no en activo: son miembros colegiados que no ejercen aquellas personas físicas que han obtenido la incorporación al Colegio, de acuerdo con el artículo 10 de los presentes Estatutos, y no ejercen activamente la profesión.  
c) Colegiados adheridos: son miembros colegiados adheridos aquellas personas físicas que, sin estar en posesión de las titulaciones mencionadas en el artículo 3 de la Ley 6/2006, de 9 de junio, de la Generalitat, de Creación del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, acrediten de forma fehaciente una experiencia profesional de dos años como bibliotecarios, documentalistas o profesionales de la documentación en bibliotecas, sistemas bibliotecarios, centros de documentación o semejantes, o como profesorado de Biblioteconomía y Documentación en centros oficiales, y no se hayan inscrito en el período excepcional de tres años, establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 6/2006, de 9 de junio.  
Artículo 12. Miembros institucionales y de honor  
1. La Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno, puede otorgar el nombramiento de miembro institucional a aquellas entidades relacionadas con el mundo de la biblioteconomía, la documentación, la información o la enseñanza, que lo soliciten.  
2. La Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno, puede otorgar el nombramiento de miembro de honor del Colegio a las personas físicas o jurídicas que, por su prestigio o por haber contribuido de manera relevante a la dignificación y al desarrollo de la profesión, sean merecedoras de esta distinción.  
CAPÍTULO II. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PERSONA COLEGIADA  
SECCIÓN 1ª. ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE PERSONA COLEGIADA  
Artículo 13. Requisitos para la incorporación  
1. La incorporación al Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana exige, por lo menos, la concurrencia de los siguientes requisitos:  
a) Tener la nacionalidad de uno de los estados miembros de la Unión Europea o de un tercer estado a quién ésta aplique, de forma recíproca y efectiva, el principio de libertad de circulación de profesionales, tanto a nivel de establecimiento como de prestación ocasional de servicio.  
b) Estar en posesión de la titulación de diplomado en Biblioteconomía y Documentación, o licenciado en Documentación, previstas en el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, u otro título extranjero equivalente, debidamente homologado, sin perjuicio de las titulaciones que puedan establecerse en un futuro.  
En el caso de no estar en posesión de las titulaciones mencionadas, acreditar de forma fehaciente una experiencia profesional de dos años como bibliotecarios, documentalistas o profesionales de la documentación en bibliotecas, sistemas bibliotecarios, centros de documentación o semejantes, o como profesorado de Biblioteconomía y Documentación en centros oficiales, siempre que se solicite la incorporación en el plazo de tres años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley 6/2006, de 9 de junio, de la Generalitat, de Creación del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana.  
Si se solicita ser colegiado adherido, habrá que acreditar, de forma fehaciente, una experiencia profesional de dos años como bibliotecarios, documentalistas o profesionales de la documentación en bibliotecas, sistemas bibliotecarios, centros de documentación o semejantes, o como profesorado de Biblioteconomía y Documentación en centros oficiales.  
Si se solicita la incorporación como colegiado institucional, hay que justificar la vinculación con la Biblioteconomía y Documentación.  
c) No encontrarse inhabilitado o suspendido, en virtud de sentencia firme, para el ejercicio de la profesión.  
d) No encontrarse bajo sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio profesional o expulsión de alguno de los colegios de Bibliotecarios y Documentalistas de España.  
e) No sufrir ningún impedimento, físico o mental que, por su naturaleza o intensidad, imposibilite el cumplimiento de las funciones propias de la profesión. Dicho impedimento debe declararse oficialmente, mediante una resolución judicial firme de incapacidad.  
f) Satisfacer la cuota de entrada en el Colegio que esté establecida.  
Artículo 14. La solicitud de incorporación  
1. La colegiación se debe solicitar mediante instancia dirigida a la Presidencia de la Junta de Gobierno. Habrá que acompañar la instancia de los documentos acreditativos de reunir los requisitos indicados en el artículo 13; dos fotografías, de medidas de carné, análogas a las empleadas en el documento nacional de identidad, documento original que debe exhibir para confrontarlo con la fotocopia que hay que entregar junto a la solicitud y, además, la autorización, debidamente rellenada y firmada, para la domiciliación bancaria de cuotas en la cuenta corriente o de ahorro, de la entidad bancaria designada a este efecto.  
2. La persona solicitante debe acompañar el título profesional o la copia compulsada de ésta o, si procede, certificación académica acreditativa de la finalización de los estudios correspondientes y recibo acreditativo de haber satisfecho los derechos de expedición del título.  
3. Los profesionales con el título de Bibliotecario y Documentalista, expedido por otros estados miembros de la Unión Europea, deben acompañar, además del respectivo título académico, la correspondiente resolución de reconocimiento de éste para el ejercicio de la profesión a España. En los casos de títulos expedidos por países no miembros de la Unión Europea, habrá que acompañar el correspondiente título de convalidación de sus estudios con los de diplomado en Bibliteconomia y Documentación o de licenciado en Documentación.  
4. Si se trata de un traslado de colegio, la persona interesada debe aportar una certificación del colegio de procedencia acreditativo de encontrarse de alta, del período de colegiación, de estar al corriente en el pago de cuotas colegiales, y de no tener abierto expediente disciplinario.  
5. En todos los supuestos, habrá que acompañar el currículo vitae y designar el domicilio profesional o principal de la actividad.  
Artículo 15. Tramitación de la solicitud de incorporación  
1. La Secretaría del Colegio debe examinar toda petición de incorporación con la documentación adjunta; debe emitir su informe y debe someterlo a la Junta de Gobierno para su resolución, que debe ser notificada a la persona interesada, por escrito, con el visto bueno de la Presidencia. La Junta de Gobierno podrá requerir información adicional, si lo considera conveniente, para decidir estimar, denegar o suspender la admisión; todo eso dentro del plazo máximo de dos meses. Una vez transcurrido dicho plazo, se entenderá admitida la persona solicitando, salvo que antes se le notifique otra resolución.  
2. En los supuestos en que la solicitud no reúna los requisitos exigidos, es procedente la aplicación, en materia de enmienda, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.  
3. Contra las resoluciones denegatorias de la Junta de Gobierno de las peticiones de incorporación, la persona interesada podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, en el plazo de treinta días, desde que se notifique la resolución expresa. La Junta de Gobierno debe resolver el recurso en un plazo no superior a treinta días. Contra el acuerdo denegatorio definitivo, la persona interesada podrá interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la legislación vigente.  
Artículo 16. Causas de denegación de la colegiación  
La Junta de Gobierno puede denegar las solicitudes de incorporación al Colegio, siempre que quien las formule se encuentre comprendido en alguno de los siguientes casos:  
1º. Falta de cualquiera de los requisitos exigidos por estos Estatutos para la incorporación.  
2º. Cuando considere que la documentación aportada por quien la solicita es insuficiente u ofrece dudas de autenticidad.  
3º. Haber incurrido en conducta que, en caso de haber estado incorporado, constituya falta muy grave que comporte la expulsión o la suspensión en el ejercicio profesional, y así estuviera declarado por resolución firme y siempre que no estuviera prescrito el hecho o la sanción.   
4º. Haber sido objeto de sanción, disciplinariamente, con la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de este Colegio u otro Colegio de la misma profesión, y no estar rehabilitado.  
Artículo 17. Libro registro de personas colegiadas  
El Colegio debe llevar un libro de registro de las colegiadas y de los colegiados, en el que deben constar todos los aspectos que se determinen según los Estatutos, leyes y reglamentos.  
SECCIÓN 2ª. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PERSONA COLEGIADA  
Artículo 18. Pérdida de condición de persona colegiada  
1. Se pierde la condición de persona colegiada por las siguientes causas:   
a) Por baja voluntaria, a petición propia, comunicada por escrito a la Junta de Gobierno con un mes de antelación, sin perjuicio de las obligaciones profesionales o corporativas pendientes. En este sentido, previamente a la concesión de la baja, la persona interesada debe solicitar cancelar todas las cuotas colegiales que deba y, en el caso de no efectuarlo, los justificantes deben incorporarse a su expediente para la constancia y para los efectos debidos.  
b) Por morosidad en el pago, por más de 12 meses, de las cuotas ordinarias o extraordinarias o de otras aportaciones establecidas. Para que la baja forzosa sea efectiva, será necesaria la instrucción de un expediente sumario, que comportará un requerimiento escrito al individuo colegiado para que, dentro del plazo de tres meses, se ponga al corriente de los descubiertos. Una vez pasado el plazo sin cumplimiento, la Junta de Gobierno tomará el acuerdo de baja, que deberá notificarse de forma expresa a la persona interesada.  
c) Por sanción disciplinaria firme de expulsión del Colegio, después de previa tramitación del expediente disciplinario de naturaleza contradictoria, que se regula en estos Estatutos.  
d) Por incapacidad legal, derivada de condena judicial firme.  
e) Por defunción.  
2. La pérdida de la condición de persona colegiada, por las causas expresadas en los apartados b), c) y d) del número anterior, debe ser acordada por la Junta de Gobierno y requiere expediente, audiencia de la persona interesada, resolución motivada y comunicada por escrito a la persona interesada, a quien habrá que advertirle de los recursos que pueda interponer. El acuerdo es inmediatamente ejecutivo, salvo la suspensión acordada por órgano judicial o administrativo competente.  
3. En todo caso, la pérdida de la condición de persona colegiada, por cualquiera de los motivos expuestos, comporta la pérdida de todos los derechos derivados de la colegiación.  
Artículo 19. Reincorporación al Colegio  
1. La reincorporación al Colegio se debe producir después de previa solicitud de la persona interesada, siempre que hayan desaparecido las causas que motivaron la pérdida de la condición de colegiado. La reincorporación la pueden solicitar todos los que han sido miembros del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana.  
2. Cuando el motivo de baja legal ha sido el no pago de las cuotas o aportaciones colegiales, se puede rehabilitar la colegiación después del previo adeudo de los descubiertos pendientes, con los intereses al tipo legal, y de la cuota de incorporación. La persona solicitante debe acreditar haber satisfecho la deuda pendiente.  
CAPÍTULO III. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS COLEGIADAS  
Artículo 20. Derechos de las personas colegiadas  
Los derechos de las personas colegiadas son:  
a) Ejercer la profesión con plena libertad, dentro del marco jurídico, deontológico y estatutario.  
b) Ser asistidas por el Colegio ante las autoridades, las entidades o los particulares, cuando se trate de sus actividades profesionales.  
c) Elegir y ser elegidos miembros de los órganos de gobierno y representación del Colegio. Para poder ser miembro de los órganos de representación es requisito imprescindible ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no incurrir en ningún de los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.  
d) Ser representadas por la Junta de Gobierno.  
e) Intervenir en la vida colegial.  
f) Formar parte de las comisiones y grupos de trabajo.  
g) Utilizar los servicios, las instalaciones y los medios colegiales.  
h) Ser informadas sobre la composición de los órganos de gobierno y representación del Colegio, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. Las personas colegiadas pueden acceder a toda la información, a través de los órganos de representación.  
i) Promover actuaciones de los órganos de gobierno, mediante iniciativas formuladas en los términos estatutarios.  
j) Crear agrupaciones representativas de intereses específicos al Colegio, con sumisión en todo caso a los órganos de gobierno de éstos.  
k) Remover a los titulares de los órganos de gobierno mediante el voto de censura, que se debe regular en los Estatutos.  
l) Presentar a la Junta de Gobierno sugerencias, peticiones y quejas.  
m) Asistir a las reuniones de la Asamblea General, con derecho de voz y voto.  
n) Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias en contra suya, y ser informadas de los hechos que dan lugar a estas medidas; además, el acuerdo que les imponga la sanción debe ser motivado.  
o) Recibir contestación de la Junta de Gobierno de los escritos que les dirige.  
p) Impugnar los acuerdos de los órganos del Colegio que estime contrarios a la ley o a los Estatutos.  
q) Tener derecho preferente en las actividades que desarrollo el Colegio.  
r) Otros que sean reconocidos por este Colegio y por la ley.  
Artículo 21. Deberes de las personas colegiadas  
Son deberes de toda persona colegiada:  
a) Cumplir los presentes Estatutos y otras normas del Colegio, así como los acuerdos que sean adoptados por la Asamblea General y la Junta de Gobierno del Colegio.  
b) Observar en los trabajos profesionales los preceptos y las normas legales correspondientes, y aquellos encaminados a mantener y elevar la dignidad, el prestigio y la ética profesional.  
c) Colaborar con la Junta de Gobierno en aquellas tareas en las que sea convocada, en la medida de sus posibilidades.  
d) Comunicar al Colegio los cambios de residencia o domicilio.  
e) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias y el resto de cargas económicas, que hayan sido aprobadas para el sostenimiento del Colegio y para el desarrollo de los fines encomendados a éste.  
f) Prestar sus servicios profesionales, con el adecuado nivel de calidad.  
g) Ocupar dignamente los cargos para los que sea elegida.   
h) No perjudicar los derechos corporativos o profesionales de otros individuos colegiados.  
i) Participar activamente en la vida colegial, asistir a las asambleas generales y a las comisiones o grupos de trabajo a que, por su especialidad profesional, sea convocada.  
j) Poner en conocimiento del Colegio los casos de intrusismo o corrupción profesional que conozca.  
k) Representar al Colegio ante la administración Pública, instituciones y tribunales, siempre que sea requerida por la Junta de Gobierno.  
l) No hacer uso de aquella publicidad encaminada a la obtención de clientela, que sea contraria a la deontología profesional o signifique competencia desleal.  
Artículo 22. Derechos y deberes de las personas colegiadas, que no ejercen y adheridas, miembros de honor e institucionales  
1. Las personas colegiadas no en activo y las adheridas, así como los miembros de honor e institucionales, tienen derecho a gozar de todos los servicios, de todas las facultades y prerrogativas de las en activo, con las limitaciones señaladas estatutariamente y a excepción de aquellos derechos inherentes al ejercicio profesional. Asimismo, tienen las mismas obligaciones que las personas colegiadas en activo.  
2. En este sentido, los colegiados adheridos, los miembros de honor e institucionales, no tienen derecho: (i) a ejercer la profesión; (ii) a elegir y de ser elegidos miembros de los órganos de gobierno y representación del Colegio; (iii) a votar a las Asambleas; (iv) a remover a las personas titulares de los órganos de gobierno mediante voto de censura, y (v) a impugnar los acuerdos de los órganos del Colegio. Aunque sí que podrán asistir a las asambleas sin derecho de voto.  
3. Los miembros de honor están exentos de abonar cuotas y otras aportaciones colegiales.  
4. El Colegio debe proveer a todo el colectivo colegiado del documento acreditativo de la colegiación.  
TÍTULO III. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, NORMAS DE CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA  
CAPÍTULO I. ÓRGANOS DEL COLEGIO  
Artículo 23. Órganos rectores del Colegio  
El Colegio tiene dos órganos de gobierno: la Asamblea General de colegiados y colegiadas y la Junta de Gobierno.  
CAPÍTULO II. SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL  
Artículo 24. Naturaleza y composición  
La Asamblea General de colegiados y colegiadas es el órgano máximo de gobierno del Colegio. Sus acuerdos, adoptados por el principio mayoritario, es decir, por mayoría de los votos emitidos, obligan a todos los individuos colegiados, a los presentes y los ausentes, los disidentes y los que se abstienen.  
Artículo 25. Competencias  
La Asamblea General tiene las siguientes competencias:  
a) Examen y aprobación de los presupuestos para el año en curso del Colegio, así como el balance, los estados de cuentas de gastos y de ingresos, y la liquidación de presupuestos del año anterior.  
b) Censura de la gestión de la Junta de Gobierno.  
c) Aprobación y modificación de los Estatutos del Colegio.  
d) Aprobar las cuotas, ordinarias o extraordinarias, que debe pagar el colectivo colegiado para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales, a propuesta de la Junta de Gobierno.  
e) Nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno.  
f) Controlar la recta actuación de la Junta de Gobierno.  
g) Establecer las líneas generales de actuación, que permiten al Colegio cumplir sus finalidades.  
h) Disponer todas las medidas encaminadas a garantizar el funcionamiento democrático del Colegio.  
i) Acordar el cambio de domicilio social del Colegio.  
j) Nombrar miembros de honor y miembros institucionales.  
k) Acordar la modificación del ámbito territorial o la disolución del Colegio.  
l) Decidir sobre la disposición y la alienación de bienes.  
m) Aprobar, si corresponde, el reglamento de régimen interno de la Asamblea General.  
n) Aprobar la creación de delegaciones colegiales.  
o) Cualquiera otra cuestión que determine la ley o estos Estatutos.   
Artículo 26. Clases de asambleas y períodos de celebración  
1. La Asamblea General ordinaria debe tener lugar el primer trimestre del año para censurar la gestión de la Junta de Gobierno, y aprobar, en su caso, los presupuestos del Colegio para el año en curso, y también el balance, los estados de cuentas de gastos y de ingresos y la liquidación de presupuestos del año anterior. El presupuesto del ejercicio anterior se entenderá prorrogado hasta la celebración de la Asamblea.  
2. Las asambleas con carácter extraordinario se deben reunir cuando así lo decida la Junta de Gobierno, o cuando se solicite de la manera prevista al párrafo segundo del artículo 27.  
Artículo 27. Convocatoria de las asambleas  
1. Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias se deben celebrar a iniciativa de la Junta de Gobierno del Colegio.  
2. La Junta de Gobierno también convocará Asamblea General Extraordinaria cuando ésta sea solicitada como mínimo por el 25% de los individuos colegiados en activo y no en activo, y expresen en la solicitud los asuntos concretos que deben ser tratados en la Asamblea.  
3. La Asamblea General solicitada por los individuos colegiados en activo i no en activo, según el párrafo segundo, debe celebrarse en el tiempo máximo de dos meses, a contar desde la entrada al registro del Colegio de la solicitud correspondiente.  
4. La convocatoria de la Asamblea General debe expresar el día, el lugar y la hora de celebración, en el orden del día, y puede prever la celebración de la Asamblea en segunda convocatoria, treinta minutos después de la primera.   
5. La convocatoria se debe fijar en el tablero de anuncios del Colegio y se debe comunicar por escrito, firmado por la Presidencia y por la Secretaría, a todo el colectivo colegiado. Esta comunicación a las personas colegiadas se puede hacer utilitzando procedimientos telemáticos que hagan posible el conocimiento de la convocatoria, mediante la acreditación fehaciente del envío del mensaje electrónico de la convocatoria.  
6. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria, debe haber por lo menos 15 días naturales, y, asimismo, se puede hacer constar, si procede, la fecha en que se debe reunir la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre la una y la otra pueda existir un intervalo inferior a media hora.  
7. Desde el día del acuerdo de convocatoria por la Junta de Gobierno hasta el día de celebración de la Asamblea General, la documentación de los asuntos que se deben tratar deben estar a la disposición de todo el colectivo colegiado en la Secretaría del Colegio.  
Artículo 28. El orden del día  
1. El orden del día debe venir determinado por el escrito de convocatoria de la Presidencia y firmado por la Secretaría. Los puntos del orden del día los establece la Presidencia, a propuesta de la Junta de Gobierno o de las personas colegiadas, según el caso.  
2. En la convocatoria ordinaria se debe incluir el informe de gestión de la Junta de Gobierno, los presupuestos del Colegio para el año en curso, así como el balance, los estados de cuentas de gastos y de ingresos y la liquidación de presupuestos del año anterior.  
3. En la convocatoria extraordinaria deben figurar únicamente los puntos que motiven la convocatoria.  
4. No se pueden tomar acuerdos sobre puntos que no figuren en el orden del día.  
Artículo 29. Constitución y funcionamiento de las asambleas  
1. Las asambleas generales deben ser presididas por la Presidencia de la Junta de Gobierno, y actuará como secretario o secretaria la persona que lo sea de ésta.  
2. Las asambleas generales quedan válidamente constituidas con la asistencia del 50% de las personas colegiadas en activo y no en activo, en primera convocatoria; y con cualquiera que sea el número de las personas colegiadas en activo y no en activo asistentes, en segunda.  
3. La Presidencia dirige los debates, concede y retira la palabra, y puede advertir a las colegiadas y los colegiados, que se excedan en sus intervenciones, que se ciñan a la cuestión debatida, o que no falten al respeto y a la consideración que se merecen las personas colegiadas, el Colegio o otros. En estos últimos supuestos, la Presidencia, después de tres advertimientos a quien interviene, puede acordar su expulsión de la sala.  
4. En estos debates se deben conceder, como mínimo, tres turnos a favor y tres en contra para cada propuesta o asunto que se trate, que son ampliables, a discreción de la Presidencia, cuando la importancia o la gravedad del asunto lo hagan aconsejable. También puede conceder intervención para una rectificación o alusión, que debe ceñirse al hecho concreto que la motive. Después de debatir las propuestas, se deben someter a votación.  
Artículo 30. Asistencia y representación  
1. Todo el colectivo colegiado tiene derecho a asistir a la Asamblea General. La asistencia a la Asamblea General es personal o por representación legal, con las limitaciones fijadas en los presentes Estatutos.  
2. Las personas colegiadas, con derecho de voto, pueden hacerse representar en la Asamblea General por medio de otro individuo colegiado con derecho de voto. No se admitirá la representación de varios individuos colegiados por un mismo colegiado. La representación se debe conferir por escrito firmado por el colegiado ausente, y con carácter especial para cada Asamblea. Este escrito de representación puede contener o llevar adjuntamente el orden del día, las instrucciones dadas y la indicación del sentido en que votará la persona representanda, en caso de que no se hubieran dado instrucciones precisas.  
3. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Asamblea del individuo colegiado representado tendrá valor de revocación.  
4. En todo caso, el representante deberá entregar, al inicio de la Asamblea, el documento justificativo de su representación a la Secretaría. Si en el escrito de representación se indica el sentido en que votará el representante en cada uno de los puntos del orden del día, la Presidencia y la Secretaría velarán para su correcto cumplimiento.  
5. Una vez empezada la Asamblea, las personas colegiadas que lleguen fuera de tiempo no podrán incorporarse hasta la finalización del debate y de la votación del punto del orden del día en que se produzca su aparición. Podrán incorporarse a la Asamblea y ejercer sus derechos a partir del siguiente punto.  
Artículo 31. Lista de asistentes  
Antes de entrar en el orden del día, se debe formar la lista de individuos colegiados, expresando la condición de en activo, o de no en activo, de adherido, de institucional o de miembro de honor. Al final de la lista, se debe determinar el número de colegiados y colegiadas presentes con derecho de voto.  
Artículo 32. Acuerdos  
1. Las asambleas generales deben adoptar los acuerdos por mayoría de votos del colectivo colegiado con derecho de voto, salvo que se exija una mayoría especial por los Estatutos o por la ley.  
2. A cada persona colegiada en activo o no en activo, le corresponde 1 voto. Los miembros de honor, institucionales y adheridos, tienen derecho a intervenir pero no tienen derecho de voto.  
3. La votación debe ser a brazo alzado, exceptuando que la mayoría simple de las personas colegiadas en activo y no en activo acuerden que sea nominal o secreta.  
4. Hasta 7 días antes de la celebración de la Asamblea General, se pueden presentar propuestas referidas a los asuntos del orden del día, que deben someterse a deliberación y acuerdo. Las propuestas se deben presentar por escrito y firmadas por un mínimo de 10 individuos colegiados, y éstos pueden tener la condición de en activo y de no en activo.  
5. En las reuniones de la Asamblea sólo se pueden tomar acuerdos sobre aquellos hechos que han estado fijados en el orden del día.  
Artículo 33. Libros de actas  
1. De las reuniones de la Asamblea General hay que levantar acta, que debe quedar registrada en un libro y firmada por las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría.   
2. Las actas se deben aprobar en la misma sesión y tienen fuerza ejecutiva. La Secretaría puede emitir certificaciones sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado.  
3. La acta debe especificar necesariamente las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como los contenidos de los acuerdos adoptados. Si la lista de miembros asistentes no figura al comienzo de la acta de la Asamblea General, se ha de adjuntar por medio de anexo, firmado por la Secretaría y con el visto bueno de la Presidencia.  
4. En la acta debe figurar, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, la abstención y los motivos que la justifican, o el sentido del voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho de solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale la Presidencia, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, y así se hará constar en la acta o se unirá copia a ésta.  
5. Los miembros que discrepan del acuerdo mayoritario pueden formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se habrá de incorporar al texto aprobado.  
CAPÍTULO III. SOBRE LA JUNTA DE GOBIERNO  
Artículo 34. Constitución de la Junta de Gobierno  
1. La Junta de Gobierno está constituida por: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería, y tres o cinco vocalías. Las personas miembros de la Junta de Gobierno deben ser elegidas por el procedimiento que se establezca en estos Estatutos, por un plazo de tres años. Se admite una sola reelección consecutiva para un mismo cargo. Una misma persona no podrá formar parte de la Junta de Gobierno más de 9 años seguidos.  
2. Las personas miembros de la Junta de Gobierno, que agoten el plazo para el cual fueron elegidas, deben continuar en el cargo hasta el momento de la aceptación de quien las sustituyan.  
3. Las personas miembros de la Junta de Gobierno deben ejercer los cargos gratuitamente, sin perjuicio de los gastos de representación, debidamente justificados y de acuerdo con la consignación presupuestaria.  
Artículo 35. Vacantes en la Junta de Gobierno  
1. Si por cualquier causa cesa algún individuo miembro de la Junta de Gobierno, antes de acabar el período de mandato, la vacante debe ser cubierta por otra persona colegiada, según acuerdo de la Junta de Gobierno.  
2. Cuando, por algún motivo esté vacante, temporalmente, alguno de estos cargos ?Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y Tesorería-, debe ser sustituido por otra persona miembro de la Junta, según acuerdo de la misma Junta de Gobierno.  
3. Si se produce la vacante de más de la mitad de la Junta de Gobierno, habrá que convocar elecciones en el plazo de dos meses.  
Artículo 36. Funciones de la Junta de Gobierno  
Corresponde a la Junta de Gobierno la representación del Colegio, la dirección, la administración y la ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea General. Son atribuciones de la Junta de Gobierno las siguientes:  
a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General.  
b) Decidir sobre las solicitudes de colegiación.   
c) Proponer las cuotas, ordinarias o extraordinarias, que deben pagar los colegiados y las colegiadas para el sostenimiento de las cargas y de los servicios colegiales, que han de someterse a la aprobación de la Asamblea General.  
d) Administrar los bienes del Colegio, así como recaudar las cuotas de todo tipo que deban hacer efectivas los individuos colegiados.  
e) Confeccionar los presupuestos económicos anuales, así como el balance, los estados de cuentas de gastos y de ingresos, y la liquidación de presupuestos del año anterior.  
f) Adoptar las medidas que se consideren convenientes para la defensa del Colegio y de la profesión.  
g) Proponer la constitución de las delegaciones territoriales que sean convenientes, dentro del ámbito territorial del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, que deben someterse a la aprobación de la Asamblea General.  
h) Imponer, después de la previa instrucción del oportuno expediente, sanciones disciplinarias.  
i) Crear las secciones profesionales y las comisiones de trabajo necesarias para el mejor cumplimiento de las funciones colegiales, y disolverlas cuando sea preciso.  
j) Informar al colectivo colegiado de las actividades y de los acuerdos del Colegio, y preparar la memoria anual de su gestión.   
k) Proponer la convocatoria de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias.  
l) Convocar elecciones para cubrir los cargos de la Junta de Gobierno.  
m) Efectuar el inventario de los bienes del Colegio, a 31 de diciembre de cada año.  
n) Designar, provisionalmente, miembros de la Junta de Gobierno cuando sus cargos quedan vacantes.  
o) Redactar, si corresponde, los reglamentos de régimen interno de la Asamblea General, que deben someterse a la aprobación de ésta.  
p) Nombrar representantes del Colegio ante otras organizaciones profesionales de cualquier ámbito, empresas públicas, universidades y, en general, cualquier tipo de organización donde el Colegio debe estar representado.  
q) Todas aquellas otras funciones que no sean expresamente asignadas a la Asamblea General y tengan relación con la actividad y el funcionamiento colegiales.  
Artículo 37. Convocatoria de las reuniones y quórum de constitución  
1. La Junta de Gobierno se debe reunir obligatoriamente, por lo menos, una vez cada tres meses y, extraordinariamente, cuando lo soliciten, por lo menos, cuatro de sus miembros, y siempre que las circunstancias lo aconsegen o por petición de la Presidencia.  
2. La Junta de Gobierno queda válidamente constituida con convocatoria previa y un quórum, en primera convocatoria, de la mitad más uno de sus miembros. En segunda convocatoria, el quórum se establece en un tercio de los miembros. Entre la primera y la segunda convocatoria, debe pasar un tiempo mínimo de 15 minutos.  
3. Las personas miembros de la Junta de Gobierno están obligadas a asistir a todas las reuniones que se convocan, a pesar de que pueden excusar la asistencia por causas justificadas. En cualquier caso, será necesaria la asistencia de la Presidencia y de la Secretaría, o de las personas que las sustituyan.  
4. La convocatoria la debe hacer la persona titular de la Secretaría, de forma fehaciente y con mandato previo de la Presidencia, y debe indicar la fecha, el lugar de la reunión, la hora de la primera y de la segunda convocatoria y el orden del día, y debe ser enviada, por lo menos, con cuatro días de antelación, salvo que, por razones importantes o urgentes, se acuerde convocar la reunión, con carácter de urgencia, en un plazo que nunca podrá ser inferior a cuarenta y ocho horas.  
5. Junto a la convocatoria, debe acompañarse la documentación relativa a los asuntos a tratar y debatir, que figuren incluidos en el orden del día, salvo que, a juicio de la Presidencia, no se considere necesario.  
6. No puede ser objeto de deliberación, o de acuerdo, ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que, una vez constituido válidamente el órgano colegiado, sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría de las personas presentes.  
Artículo 38. Junta de Gobierno universal  
La Junta de Gobierno queda válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que estén presentes la totalidad de las personas miembros y acepten, por unanimidad, la celebración de la reunión y el orden del día de ésta.  
Artículo 39. Adopción de los acuerdos y libro de actas  
1. La Junta de Gobierno debe tomar los acuerdos por mayoría simple de votos de las personas asistentes. En caso de empate, el voto de la Presidencia es de calidad. Las actas se deben aprobar al finalizar la sesión.  
2. De las reuniones de la Junta de Gobierno se levantará acta, que debe quedar registrada en un libro de actas y firmada por la Presidencia y la Secretaría.  
Artículo 40. Cese  
El cese en el cargo, antes de extinguirse el plazo reglamentario, puede ser por:  
a) Acuerdo de la Asamblea General, mediante el procedimiento previsto por la moción de censura.  
b) Dimisión voluntaria, presentada mediante un escrito dirigido a la Junta de Gobierno, en que se razonen los motivos.  
c) Condena por sentencia firme, que comporte inhabilitación para cargos públicos.  
d) Pérdida de la condición de elegibilidad, de acuerdo con estos Estatutos.  
e) Nombramiento para ejercer cargos en la administración Central, Autonómica, Local o Institucional, que supongan incompatibilidad.  
f) Enfermedad que le incapacite para el ejercicio del cargo.  
g) Causar baja como miembro del Colegio.  
h) Sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo.  
CAPÍTULO IV. DE LAS PERSONAS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
Artículo 41. De la Presidencia de la Junta de Gobierno  
1. El presidente o la presidenta de la Junta de Gobierno lo es también del Colegio.  
2. Son propias de la Presidencia las siguientes funciones:  
a) Dirigir y representar legal e institucionalmente al Colegio, ante toda clase de organismos públicos o privados.  
b) Acordar y firmar la convocatoria de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno, y fijar el orden del día teniendo en cuenta, si corresponde, las peticiones del resto de miembros, formuladas con la suficiente antelación.  
c) Dirimir con su voto los empates a la Junta de Gobierno, al efecto de adoptar acuerdos.  
d) Asegurar el cumplimiento de las leyes.  
e) Presidir y dirigir los debates de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno.  
f) Visar, mediante su visto bueno, las actas y las certificaciones confeccionadas por la Secretaría del Colegio.  
g) Ordenar pagos y autorizar, con su firma, los documentos y la correspondencia del Colegio.  
h) Cualquier medida urgente que la buena marcha del Colegio aconseje, resulte necesaria o conveniente para el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta de Gobierno.  
i) Autorizar, con su firma, todo tipo de documentos colegiales.  
j) Conferir apoderamientos para cuestiones judiciales.  
k) Autorizar la apertura de cuentas corrientes del Colegio, tanto en entidades bancarias como en cajas de ahorro.  
l) Constituir y cancelar todo tipo de fianzas y depósitos, y autorizar el movimiento de fondo de acuerdo con las propuestas de la Tesorería.  
m) Coordinar la labor de las personas miembros de la Junta de Gobierno.  
n) El resto de atribuciones propias del cargo y las que le delegue la Asamblea General o la Junta de Gobierno.  
Artículo 42. De la Vicepresidencia de la Junta de Gobierno  
Corresponde al vicepresidente o a la vicepresidenta sustituir a la Presidencia en todos los cometidos y funciones que ésta expresamente le delegue. También la sustituirá en caso de ausencia, de enfermedad y de vacante de la Presidencia. En caso de vacante por dimisión, la sustitución deberá estar acordada por la Junta de Gobierno.  
Artículo 43. De la Secretaría  
Corresponde a la secretaria o al secretario:  
a) Llevar los libros oficiales.  
b) Redactar y firmar el libro de actas, con el visto bueno de la Presidencia.  
c) Ejercer la fe pública de todas las actas, documentos y antecedentes que hay en el Colegio.  
d) Redactar la memoria anual.  
e) Supervisar y dirigir, si corresponde, el funcionamiento de los servicios administrativos del Colegio.  
f) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Asamblea General y la Junta de Gobierno por orden de la Presidencia, así como las citaciones a las personas miembros de éstas.  
g) Recibir las actas de comunicación de los individuos miembros con la Junta de Gobierno y, por lo tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos, de los cuales debe tener conocimiento.  
h) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.  
i) Tener la responsabilidad del registro, actualizado anualmente, de las personas colegiadas.  
j) Tener la responsabilidad de los expedientes personales de las personas colegiadas.  
k) Expedir certificaciones con el visto bueno de la Presidencia.  
l) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno.  
Artículo 44. De la Tesorería  
Corresponde al tesorero o a la tesorera:  
a) La custodia y distribución de los recursos del Colegio, y efectuar los pagos que corresponda, con la autorización de la Presidencia.  
b) Llevar la contabilidad del Colegio, y custodiar las escrituras y los documentos correspondientes al patrimonio.  
c) Llevar cuenta y razón de los libros de cobro y gastos.  
d) Extender las entregas que deben someterse a la orden de pago y al visto bueno de la Presidencia.  
e) Preparar el proyecto de presupuesto y de su liquidación.  
f) Llevar el inventario de los bienes del Colegio.  
Artículo 45. Funciones de las vocalías  
Las personas titulares de las vocalías de la Junta de Gobierno pueden asumir funciones específicas, asistir a las reuniones y deliberaciones, y formar parte de las comisiones y de los grupos de trabajo que se constituyan en el Colegio. También, por acuerdo de la Junta de Gobierno, pueden sustituir a los cargos en las ausencias temporales o cuando se produzca alguna vacante.  
TÍTULO IV. DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS COLEGIADAS EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DEL RÉGIMEN ELECTORAL  
Artículo 46. Condiciones generales  
1. Las elecciones se deben llevar en el marco de la Asamblea General.  
2. Tienen derecho de ser elegidos los individuos colegiados en activo y no en activo, al corriente de las obligaciones colegiales, y que no estén afectados por una sanción que comporte la suspensión de actividades colegiales en general o la limitación de estos derechos.  
3. Tienen derecho de votar a los individuos colegiados en activo y no en activo, que estén en uso de todos sus derecho colegiales.  
Artículo 47. Convocatoria de elecciones  
1. Cada tres años, la Junta de Gobierno debe convocar elecciones ordinarias para cubrir todos los cargos de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de lo que dispone el párrafo tercero del artículo 35.  
2. La convocatoria de elecciones se debe hacer con un mínimo de dos meses de antelación a la fecha de su realización, debe fijar el censo electoral de electorado válido y debe especificar el calendario electoral y el procedimiento de votación, escrutinio y proclamación, así como los recursos que sean procedentes.  
Artículo 48. Candidaturas electorales  
1. Las candidaturas deben ser completas, y constar de una lista en que se especifique el nombre de las personas titulares de la Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y de las tres o cinco vocalías propuestas, según la lista sea de siete o de nueve miembros. Se deben presentar durante el mes posterior a la convocatoria, a través de un escrito dirigido a la Junta de Gobierno.  
2. La Junta de Gobierno debe proclamar las candidaturas válidamente presentadas hasta veinticinco días antes de las elecciones, mediante una comunicación pública. La Junta de Gobierno debe facilitar, de acuerdo con los medios de que disponga el Colegio, la propaganda de las candidaturas en condiciones de igualdad.  
3. Contra la proclamación de candidaturas, cualquier persona colegiada puede presentar una reclamación delante de la Junta de Gobierno en el plazo de tres días, la cual debe ser resuelta en otros tres días por la Junta de Gobierno.  
4. En caso de que sólo haya una candidatura, ésta debe ser proclamada, sin necesidad de votación, el día que se haya fijado para la celebración de las elecciones.  
Artículo 49. Mesa electoral  
La Mesa Electoral debe estar constituida por el presidente/a, dos vocales y un secretario/a, designados por sorteo entre miembros del electorado que no pertenecen a ninguna candidatura. Si alguno de ellos no se presenta, la Junta de Gobierno debe designar o elegir, entre los individuos colegiados en activo y no en activo, y mediante sorteo, a las personas que deben sustituir y ocupar sus cargos en la Mesa Electoral, e igualmente pueden nombrarse suplentes para poder actuar de manera indistinta durante el transcurso de la jornada, y es obligada la presencia, por lo menos, de dos miembros. Cada candidatura puede designar a un interventor o una interventora, cuyos nombres deberá comunicar a la Junta de Gobierno, por lo menos 24 horas antes de las elecciones.  
Artículo 50. Sistema de votación  
El colectivo colegiado debe ejercer el derecho de voto en las papeletas oficiales, autorizadas por el Colegio. En el momento de votar, se deben identificar a los miembros de la Mesa con el carné de colegiación o documento nacional de identidad, y deben depositar el voto en una urna precintada. La secretaría de la Mesa debe anotar en una lista el nombre de las personas colegiadas que hayan depositado su voto.  
Artículo 51. El voto por correo  
Aquellas colegiadas y colegiados que el día de la elección no puedan ir a las urnas, pueden votar por correo, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
a) Hasta 10 días antes de la elección, la persona interesada se debe dirigir personalmente, o mediante persona provista de poder notarial, en la Secretaría del Colegio, y debe pedir la certificación de inclusión en el censo electoral y el resto de documentación electoral.  
   
b) En el plazo de 48 horas, la Secretaría del Colegio debe enviar, por correo certificado, en la dirección que designe la persona colegiada, la certificación de inscripción en el censo y las papeletas y sobres adecuados para la votación.  
c) La persona colegiada debe introducir la papeleta de votación en un sobre sin ninguna inscripción. Después, introducirá el sobre con la papeleta, la certificación de inclusión en el censo electoral y una fotocopia del DNI o carné de colegiación, en otro sobre, que debe enviar por correo certificado al Colegio con la siguiente indicación: «Para las elecciones del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana».   
La Mesa Electoral debe recibir todos los votos por correo que tengan entrada en el Colegio, antes del cierre de la votación.  
Artículo 52. Recuento y acta de las votaciones  
1. Una vez acabada la votación, la Mesa debe comprobar que los votos enviados por correo u otras modalidades, hasta el día de la votación, corresponden a colegiados y colegiadas que no han ejercido el voto personalmente.  
2. Acto seguido, se abrirán los sobres, se introducirán las papeletas en la urna y se hará el escrutinio, que debe ser público.  
3. La secretaría de la Mesa debe levantar acta de la votación y de las incidencias, que debe ser firmada por todas las personas miembros de la Mesa y por los interventores, si hay; los cuales tienen derecho a hacer constar sus quejas, y a comunicarlo a la Junta de Gobierno.  
Artículo 53. Sistema de escrutinio y de proclamación de la candidatura ganadora  
1. Se debe asignar un voto por papeleta válida introducida en la urna, a cada candidatura.  
2. Se consideran nulas las papeletas no oficiales, las desgarradas, rotas, enmendadas o escritas.  
3. La candidatura que obtenga un mayor número de votos será proclamada ganadora, sin perjuicio de lo que establece el párrafo primero, del artículo 54, de estos Estatutos.  
Artículo 54. Resolución de reclamaciones y notificación a la Generalitat  
1. La Junta de Gobierno, en el plazo de setenta y dos horas, debe resolver con carácter definitivo todas las reclamaciones de los interventores y otras incidencias recogidas en la acta de la Mesa electoral, y debe proclamar las candidaturas elegidas.  
2. La composición de la nueva Junta elegida debe ser comunicada a la Consejería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas de la Generalitat, o a aquel otro departamento que tenga atribuidas las competencias en la materia, y a todo el colectivo colegiado, mediante la publicación en el tablón de anuncios del Colegio.  
3. La nueva Junta de Gobierno debe tomar posesión en el plazo máximo de un mes, desde su proclamación.  
Artículo 55. Recursos  
Contra las resoluciones de la Junta de Gobierno en materia electoral, cualquier colegiado o colegiada puede utilizar el sistema de recursos establecido en el artículo 109 de estos Estatutos.  
Artículo 56. Moción de censura   
1. Si se pretende formular una moción de censura contra la Junta de Gobierno, o alguna de sus personas miembros, la petición debe ser formulada por escrito y estar suscrita, al menos, por el diez por ciento de las personas colegiadas en activo y no en activo, y debe expresar, con claridad, las razones en que se fundamenta.  
2. La Asamblea General correspondiente, que obligatoriamente debe convocar la Presidencia, se debe celebrar dentro del plazo máximo de treinta días naturales, a contar desde la presentación de la solicitud, y no pueden ser tratados en la Asamblea otra asuntos distintos a la moción de censura.  
3. La Asamblea General que se celebre requerirà un quórum de asistencia mínima del cincuenta por ciento de las personas colegiadas en activo y no activo en primera convocatoria, y, si no se consigue, habrá que hacer la Asamblea en segunda convocatoria, media hora más tarde, que se considerará constituida, si asisten el veinticinco por ciento de personas colegiadas en activo y no en activo, y se adoptarán los acuerdos con el voto favorable de la mitad más uno de los individuos colegiados en activo y no en activo asistentes.  
4. El acuerdo de la Asamblea General debe ser notificado personalmente a las personas afectadas, que pueden promover los recursos pertinentes.  
TÍTULO V. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO: ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN  
Artículo 57. Capacidad jurídica  
El Colegio tiene plena capacidad jurídica, en el ámbito económico y patrimonial, para el cumplimiento de sus finalidades.  
Artículo 58. Recursos económicos ordinarios  
Son recursos económicos ordinarios del Colegio:  
a) Las cuotas de incorporación del colectivo colegiado.  
b) Las cuotas ordinarias del colectivo colegiado.  
c) Las cuotas extraordinarias que apruebe la Asamblea General, derramas y pólizas colegiales.  
d) Los ingresos procedentes de publicaciones, impresos, servicios, certificaciones, arbitrajes, dictámenes o informes, y otras cantidades acreditadas por otros servicios.  
e) Los rendimientos de los propios bienes o derechos.  
Artículo 59. De las cuotas  
La Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno, debe fijar la cuantía de la cuota de incorporación, las cuotas ordinarias, así como la cuantía y forma de adeudo de las cuotas extraordinarias que eventualmente se requieran para atender las necesidades del Colegio.  
Artículo 60. Recursos económicos extraordinarios  
Los recursos económicos extraordinarios proceden de:  
a) Las subvenciones, de los donativos o de cualquier tipo de ayuda económica de entidades públicas o privadas que se otorguen al Colegio.  
b) Los bienes muebles o inmuebles que, por herencia, donación o cualquiera otro título lucrativo, pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.  
c) Las cantidades que, por cualquier concepto lícito no especificado, pueda percibir el Colegio.  
Artículo 61. Presupuesto  
1. El presupuesto se debe elaborar con carácter anual, por años naturales, de acuerdo con principios de economía y eficacia, y debe incluir la totalidad de los ingresos y de los gastos colegiales.  
2. De la misma manera, al finalizar el año hay que efectuar el balance del ejercicio cerrado, los estados de cuentas de gastos y de ingresos, y la liquidación de presupuestos del año anterior.  
3. Si se produce la necesidad de hacer un gasto no previsto en el presupuesto, la Junta de Gobierno podrá hacer la habilitación necesaria. Si el gasto no previsto consiste en una inversión en bienes inmuebles, o su cantidad excede del veinte por ciento de los recursos ordinarios, se deberà someter el acuerdo a la aprobación previa de la Asamblea General.  
4. En caso de que la Asamblea General no apruebe el presupuesto ordinario de un ejercicio, y sin perjuicio de su revisión y posterior aprobación, el Colegio funcionará provisionalmente con el del año anterior, que se entenderá prorrogado a estos efectos.  
Artículo 62. Revisión de cuentas  
1. Con anterioridad a la celebración de la Asamblea General ordinaria de colegiados y colegiadas, la Junta de Gobierno, en caso de que deban someterse obligatoriamente por precepto legal, debe comprobar los estados financieros y contables del Colegio, para garantizar adecuadamente que sean fidedignos. La validación de éstos debe ser realizada por un auditor de cuentas, que designará cada Asamblea General ordinaria al aprobar las cuentas anuales, para actuar respecto al ejercicio siguiente.  
2. En cualquier caso, las cuentas anuales deben ser preparadas por la Junta de Gobierno.  
Artículo 63. Publicidad de las cuentas  
1. Las cuentas del Colegio pueden ser examinadas por las personas colegiadas en activo y no en activo, en el período comprendido entre la convocatoria y cuarenta y ocho horas del día señalado para la celebración de la Asamblea General Ordinaria.  
2. Los colegiados y las colegiadas pueden formular petición concreta y precisa sobre cualquier dato relativo al ejercicio económico, hasta diez días naturales antes de la Asamblea General Ordinaria, siempre que el número de solicitudes supere el cinco por ciento de los individuos colegiados en activo y no en activo.  
TÍTULO VI. DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES, DE LAS SECCIONES PROFESIONALES Y DE LAS COMISIONES DE TRABAJO  
CAPÍTULO I. DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES  
Artículo 64. Constitución de las delegaciones territoriales  
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se pueden constituir las delegaciones territoriales que sean convenientes, dentro del ámbito territorial del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, y deben ser aprobadas por la siguiente Asamblea General.  
CAPÍTULO II. DE LAS SECCIONES PROFESIONALES  
Artículo 65. Creación y adscripción a las secciones profesionales  
1. Con la intención de integrar el máximo número de miembros colegiados a las actividades del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, se crearán secciones profesionales.  
2. Estas secciones deben ser de adscripción voluntaria y deben agrupar, dentro del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, a las personas colegiadas que ejercen, o estén interesadas en ejercer, su práctica dentro de una misma especialidad.  
Artículo 66. Atribuciones de las secciones profesionales  
Las secciones profesionales deben ser consultadas por la Junta de Gobierno en aquellas cuestiones que afecten a su ámbito. También pueden proponer a la Junta de Gobierno las iniciativas que consideren convenientes, en las cuestiones que afecten a su ámbito.  
Artículo 67. Funciones de las secciones profesionales  
Las secciones profesionales se deben ocupar de:  
a) Estudiar toda cuestión que afecte al ámbito profesional, en cada una de sus diferentes vertientes y especializaciones.  
b) Coordinar las actividades colegiales que lleven a cabo sus miembros, en cada una de las especialidades de los bibliotecarios y documentalistas.  
c) Dar respuesta a las consultas hechas por la Junta de Gobierno.   
d) Fomentar el desarrollo de la especialización propia de la sección, mediante la promoción de actas de formación y divulgación.  
e) Colaborar con los órganos del Colegio encargados, específicamente, de la formación en labores de reciclaje y de formación propios, en los ámbitos práctico y teórico.   
f) Cualquiera otra finalidad relacionada con la especialidad profesional, propia del ámbito de la sección.  
Artículo 68. Constitución de secciones profesionales  
1. Para constituir una sección profesional será necesario que se presente un informe de viabilidad de la nueva sección, que se constituya una comisión gestora, que se elabore un reglamento provisional de funcionamiento y se proponga un coordinador de la sección.  
2. Una vez completados estos requisitos, la Junta de Gobierno debe aprobar la constitución de la sección y debe nombrar a un coordinador.  
3. Las secciones profesionales deben elaborar su propio reglamento de funcionamiento y de organización, que deberá someterse a la aprobación de la Junta de Gobierno.  
4. La Junta de Gobierno debe informar en Asamblea General del funcionamiento y de las actividades de las secciones profesionales.  
Artículo 69. Coordinación de las secciones profesionales  
Los coordinadores de las diferentes secciones profesionales se deben reunir y coordinar de manera periódica con la Junta de Gobierno, por lo menos cada seis meses. Los coordinadores y las coordinadoras de las secciones profesionales pueden asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno, con voz y sin voto.  
Artículo 70. Disolución de las secciones profesionales  
Cuando no se cumplan los objetivos, se perviertan las finalidades para las que fueron creadas o contravengan la normativa estatutaria, por acuerdo de la Junta de Gobierno se podrán disolver las secciones profesionales.  
CAPÍTULO III. DE LAS COMISIONES DE TRABAJO  
Artículo 71. Creación y disolución de las comisiones de trabajo  
1. La Junta de Gobierno puede crear todas las comisiones que estime convenientes, a las que pueden pertenecer aquellas personas colegiadas que sean designadas por la misma Junta, y estarán subordinadas a ésta.  
2. Las comisiones de trabajo deben ser coordinadas por un miembro de la Junta de Gobierno. Los objetivos y el reglamento de funcionamiento deben ser aprobados por la Junta de Gobierno.  
3. Las comisiones de trabajo podrán disolverse cuando se cumplan los objetivos para los cuales fueron creadas o por acuerdo de la Junta de Gobierno.  
TÍTULO VII. DE LA FUSIÓN, DE LA ABSORCIÓN, DE LA SEGREGACIÓN Y DE LA DISOLUCIÓN  
Artículo 72. Modificación del ámbito territorial del Colegio  
1. La modificación del ámbito territorial del Colegio puede llevarse a cabo por la unión o fusión de dos o más de la misma profesión, así como por la absorción por uno de ellos de otros preexistentes, siempre que ninguno exceda el ámbito de la Comunitat Valenciana. El acuerdo adoptado en Asamblea General exige, para su validez, el voto favorable de tres cuartas partes, por lo menos, de los votos emitidos, de los colegiados en activo y no en activo.  
2. La modificación del ámbito territorial de colegios por segregación requiere, igualmente, el acuerdo adoptado en Asamblea General que exige, para su validez, el voto favorable de tres cuartas partes, por lo menos, de los votos emitidos por los colegiados en activo y no en activo.  
3. No obstante, la fusión, la absorción o la segregación debe ser aprobada, mediante Decreto del Gobierno Valenciano, después del previo informe del Consejo Valenciano de Colegios Profesionales respectivo, conforme a lo establecido por la Ley de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Artículo 73. Disolución del Colegio  
1. El Colegio puede disolverse cuando así lo acuerde la Asamblea General, convocada a este efecto; para eso será suficiente con el voto favorable de las tres cuartas partes del colectivo colegiado en activo y no en activo. No obstante, deberá ser aprobada por Ley de la Generalitat, después del informe previo del Consejo Valenciano de Colegios Profesionales competente.  
2. El patrimonio social, después de previo nombramiento de liquidadores, se deberá destinar, en primer lugar, a cubrir el pasivo. El activo resultando se deberá destinar a las instituciones de previsión social de bibliotecarios y documentalistas que existan en la Comunitat Valenciana. Se exceptúa la disolución por integración en otro colegio; en este caso, el patrimonio del Colegio disuelto debe pasar al colegio que lo absorba.  
3. La disolución del Colegio abre el período de liquidación, y hasta el final, la entidad debe conservar su personalidad jurídica.  
4. Las personas miembros de la Junta de Gobierno, en el momento de la disolución, se convierten en liquidadores, salvo que la Asamblea General designe a otras o bien las que el juez, si es procedente, decida.  
5. Corresponde a los liquidadores:  
a) Velar por la integridad del patrimonio del Colegio.  
b) Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que hayan para la liquidación.  
c) Cobrar los créditos del Colegio.  
d) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.  
e) Aplicar los bienes excedentes del Colegio a las finalidades previstas por los Estatutos.  
f) Solicitar la cancelación de los asentamientos en el registro correspondiente.  
6. La disolución del Colegio, salvo los casos en que la imponga directamente la Ley, una vez aprobada por el Colegio, conforme a los Estatutos, debe ser aprobada por Ley de la Generalitat.  
TÍTULO VIII. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
Artículo 74. Principios generales   
1. Con independencia de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir, las personas colegiadas quedan sujetas a la responsabilidad disciplinaria, en los términos de estos Estatutos y de las normas legales aplicables.  
2. Las sanciones disciplinarias corporativas se deben hacer constar, siempre, en el expediente personal del individuo colegiado objeto de sanción.  
3. El Colegio tiene jurisdicción disciplinaria para sancionar a los individuos colegiados por los actos que realizan y por las omisiones en las que incurran en el ejercicio o con motivo de su profesión, así como por cualquiera otro acto u omisión que les sea imputable y sea contrario al prestigio profesional, a la honorabilidad de los colegiados o al debido respeto a los órganos corporativos y, en general, cualquiera otra infracción de deberes profesionales o de normas éticas de conducta, cuando éstas afecten a la profesión.  
4. En la determinación normativa del régimen sancionador, se debe guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, y habrá que considerar especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:   
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.  
b) La naturaleza de los perjuicios causados.  
c) La reincidencia, por comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya estado declarado por resolución firme.  
Artículo 75. Competencias  
1. El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana debe ejercer la jurisdicción disciplinaria por mediación de la Junta de Gobierno. Si la acción disciplinaria se ejercita contra algún miembro de la Junta de Gobierno, la persona afectada no podrá tomar parte en las deliberaciones y las votaciones que le afecten.  
2. Las sanciones siempre deben ser acordadas por la Junta de Gobierno, con la incoación previa de un expediente, en que habrá que conceder al individuo inculpado el trámite de audiencia, la posibilidad de aportar pruebas y la de defenderse, sea por si mismo o mediante un representante o abogado.  
3. Para la tramitación del expediente y para la propuesta de resolución, la Junta de Gobierno debe nombrar directamente a un instructor, o bien debe delegar al órgano que, con carácter permanente, se encargue de estas facultades para que sea éste quien le nombre.  
4. Solo las faltas leves pueden ser sancionadas por la Junta de Gobierno en expediente sumario, previa audiencia del individuo inculpado.  
5. La resolución final del expediente debe ser siempre motivada y notificada a la persona interesada.   
6. Contra la imposición de sanciones, los afectados podrán utilizar el sistema de recursos regulados en el artículo 109 de estos Estatutos.  
7. Los acuerdos sancionadores serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de los recursos que sean procedentes. a pesar de eso, en caso de que la ejecución citada pudiera ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación, el organismo sancionador podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, la suspensión del acuerdo recorrido.  
Artículo 76. Procedimiento disciplinario  
1. El procedimiento se debe iniciar de oficio, como consecuencia de una denuncia, de una comunicación, o de una sentencia judicial firme de inhabilitación para el ejercicio profesional. No se considerarán denuncias los escritos y las comunicaciones anónimas.  
2. Con carácter previo a la incoación de un expediente disciplinario, se puede acordar la instrucción de diligencias informativas previas. Cuando estas diligencias previas se elevan a expediente disciplinario, la fecha del inicio será la fecha de inicio del expediente.  
3. Los acuerdos de archivo de un expediente disciplinario deben ser motivados.  
4. La Junta de Gobierno puede aprobar un reglamento regulador del procedimiento de la tramitación de los expedientes disciplinarios, así como de las diligencias informativas previas.   
5. Supletoriamente son de aplicación los principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador de la legislación común para las administraciones.  
Artículo 77. Clasificación de faltas  
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.  
Artículo 78. Faltas leves  
Son faltas leves:  
a) La ofensa a las compañeras y a los compañeros, siempre que no tengan un carácter grave.  
b) El incumplimiento de las normas sobre publicidad profesional.  
c) La desatención a los requerimientos de informes y otros documentos que realice el Colegio.  
d) El incumplimiento de las normas establecidas por el Colegio sobre la documentación profesional.  
e) Los actos enumerados como faltas graves, si no tienen entidad suficiente para ser considerados como tales.  
Artículo 79. Faltas graves  
Son faltas graves:  
a) La acumulación de tres o más faltas leves.  
b) La infracción de las normas deontológicas, establecidas con carácter general.  
c) Las ofensas graves a los compañeros y a las compañeras.  
d) Los actos y las omisiones que atenten contra la moral, la dignidad o el prestigio de la profesión.  
e) La infracción grave del secreto profesional, con perjuicio a un tercero.  
f) La emisión de informes o la expedición de certificaciones que no digan la verdad.  
g) Los actos que comporten competencia desleal con los compañeros.  
h) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales, siempre que no constituyan una falta de entidad superior.  
y) Cualquier conducta constitutiva de delito culposo o de falta penal, en materia profesional.  
j) Los actos enumerados como faltas muy graves, si no tienen entidad suficiente para ser considerados como tales.  
Artículo 80. Faltas muy graves  
Son faltas muy graves:  
a) La acumulación de tres o más faltas graves.  
b) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso, en materia profesional.  
c) El atentado contra la dignidad de las personas y contra los derechos y las libertades fundamentales, en ocasión del ejercicio profesional.  
d) El fomento del intrusismo profesional.  
e) La comisión de infracciones que, por número o gravedad, resultan incompatibles con el ejercicio profesional.  
f) El incumplimiento del estatuto profesional y, si hubiese, del código deontológico.  
Artículo 81. Imposición de sanciones  
Las sanciones que pueden imponerse son:  
1. Por faltas leves:  
a) Amonestación verbal.  
b) Amonestación escrita.  
2. Por faltas graves:  
a) Amonestación por escrito, con advertimiento de suspensión.  
b) Suspensión para el ejercicio de cargos colegiales, por un plazo no superior a un año.  
c) Suspensión del ejercicio de la profesión, por un plazo no superior a un año.  
3. Por faltas muy graves:  
a) Inhabilitación para el ejercicio de cargos colegiales, por un plazo superior a cinco años.  
b) Suspensión del ejercicio de la profesión, por un plazo superior a un año y no superior a tres años.  
c) Expulsión del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana.  
Artículo 82. Divulgación de la sanción  
En todos los casos de imposición de sanciones firmes, por faltas graves y muy graves, se podrá divulgar la resolución recaída en los medios de difusión que se consideren convenientes.   
Artículo 83. Adopción de sanciones por faltas muy graves  
La adopción de las sanciones por faltas muy graves deben ser tomadas por la Junta de Gobierno, mediante votación secreta y con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.  
Artículo 84. Prescripción de faltas y sanciones  
1. Las faltas determinantes de sanción disciplinaria prescriben, si son leves, a los seis meses; si son graves, a los dos años, y, si son muy graves, a los tres años, después de haberlas cometido.  
2. La prescripción se interrumpe por el inicio del procedimiento disciplinario o de las diligencias previas que se hayan empezado a este efecto, y por la duración de todo el período de tramitación del expediente y de las prórrogas que válidamente se acuerden.  
3. En caso de existir una causa penal pendiente sobre los mismos hechos, la tramitación del expediente quedará en suspenso y no correrá el plazo de prescripción.  
4. Con las anteriores excepciones, la paralización del procedimiento por un plazo superior a seis meses, no imputable al formato expediente, hará correr de nuevo el plazo de prescripción.   
5. Las sanciones impuestas prescriben en los mismos plazos que las faltas, a contar desde la fecha que fuera firme el acuerdo que las imponía.  
Artículo 85. Rehabilitación de las personas sancionadas   
Las personas sancionadas pueden pedir ser rehabilitadas, con la consiguiente cancelación de la anotación de su expediente personal en los siguientes plazos, a contar desde el cumplimiento de la sanción:  
a) Seis meses, si la falta es leve.  
b) Dos años, si es grave.  
c) Tres años, si es muy grave.  
d) Cinco años, si ha comportado la expulsión. La rehabilitación se debe pedir a la Junta de Gobierno, que la resolverá.  
TÍTULO IX. DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES  
Artículo 86. Tramitación de los expedientes  
La tramitación de los expedientes, que deba resolver la Junta de Gobierno, que no tenga establecido un específico procedimiento, se debe ajustar a las disposiciones de este Título y, en lo no previsto, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Artículo 87. Información y documentación  
1. Los individuos colegiados, a instancia de los cuales se haya incoado un expediente o estén interesados, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación, pidiendo la oportuna información a las oficinas del Colegio.  
2. Podrán solicitar que se les expida copia certificada de aspectos concretos, contenidos en el expediente. La entrega de estas copias no puede serles denegada cuando se trate de acuerdos que les hayan sido notificados.  
3. Al presentar cualquier escrito o documento, la persona colegiada interesada puede acompañarlo de una copia para que el Colegio, después de previa confrontación con aquellos, devuelva su copia donde se debe hacer constar el sello del Colegio y la fecha de presentación.  
4. Las personas interesadas pueden pedir el desglose y la devolución de los documentos que presentan, lo que debe acordar la Junta, que dejará nota o testigo, según sea procedente.  
Artículo 88. Actuación por representante  
Los colegiados y las colegiadas pueden actuar por medio de representante, que debe acreditar su mandato mediante documento público, o por designación ante la persona titular de la Secretaría del Colegio, y se entenderán con éste las actuaciones que practique el Colegio, cuando así lo solicite la misma persona interesada.  
Artículo 89. Notificaciones  
1. Hay que notificar a las personas interesadas las resoluciones que afecten a sus derechos e intereses.  
2. Toda notificación debe ser cursada dentro del plazo de diez días, a partir de la fecha en que haya sido dictada la resolución correspondiente.  
3. La tramitación y las notificaciones se deben ajustar a lo que establecen los Estatutos, y en su defecto, a lo que dispone el título V, capítulo III, y el título VI, capítulo II, de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
4. Las notificaciones deberán ser efectuadas en el domicilio profesional que el individuo colegiado tenga comunicado en el Colegio, con validez plena y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse, en caso de no haber comunicado reglamentariamente su eventual traslado. Si no pudiera ser verificada la notificación en los términos previstos por los apartados 1, 2 y 3 del artículo 59, de la mencionada Ley 30/1992, la entrega debe ser efectuada por una persona empleada del Colegio, con sujeción a lo que se ha señalado en los apartados 2 y 3 del expresado precepto; y si, a pesar de eso, no pudiere efectuarse la entrega al mencionado domicilio a ninguna persona relacionada con el individuo colegiado, por razón de parentesco o permanencia en éste, la notificación se entenderá efectuada a los quince días de su fijación al tablero de anuncios del Colegio.  
Artículo 90. Iniciación del procedimiento  
Los procedimientos pueden iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada. Se impulsen de oficio y se someten al criterio de celeridad.  
Artículo 91. Información  
Las personas interesadas deben ser informadas, con la mayor exactitud y celeridad posibles, sobre los hechos que hayan motivado la iniciación del expediente, y desde ese momento podrán hacer las alegaciones que estimen convenientes para la defensa de su derecho.  
Artículo 92. Cumplimiento de trámites  
Los trámites que deban ser cumplimentados por las personas interesadas deberán realizarse en el plazo de diez días, a partir de la correspondiente notificación, salvo que se fije plazo distinto en estos Estatutos.  
Artículo 93. Actas de instrucción  
Las actas de instrucción necesarios para la determinación, para el conocimiento y para la comprobación de los hechos, en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se deben hacer de oficio por parte del órgano que tramitó el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los individuos interesados en proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legalmente o estatutariamente establecidos.  
Artículo 94. Alegaciones  
Las personas interesadas pueden, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.  
Artículo 95. Medios y período de prueba  
Los hechos relevantes, para la decisión de un procedimiento, pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho; el período de prueba se acuerda por un plazo no superior a treinta días, ni inferior a diez, para proposición y práctica de las pruebas que se declaran pertinentes.  
Artículo 96. Práctica de prueba  
La práctica de las pruebas admitidas debe ser comunicada a las personas interesadas, y se consignarán el lugar, la fecha y la hora en que tendrá efecto, con advertimiento, si corresponde el caso, que la persona interesada puede nombrar técnicos que le asistan.  
Artículo 97. Trámite de audiencia  
Una vez instruido el procedimiento, se debe poner de manifiesto a los individuos interesados, los cuales, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y las justificaciones que estimen pertinentes. Se prescindirá del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las personas interesadas.  
Artículo 98. Actuación de las personas interesadas  
Las actas de instrucción, que requieran la intervención de las personas interesadas, deben practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellas y sea compatible, en la medida en que sea posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. Las personas interesadas pueden actuar asistidas de asesor. El órgano instructor adoptará las medidas necesarias para conseguir el pleno con respecto a los principios de contradicción y de igualdad, de los individuos interesados en el procedimiento.  
Artículo 99. Finalización del procedimiento. Resolución  
1. Ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamenta la solicitud y la declaración de caducidad, así como la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.  
2. En todo caso, la resolución que se dicte debe ser motivada y decidir todas las cuestiones planteadas por los individuos interesados y aquellas otras que se deriven, y debe ser congruente con las peticiones formuladas por los individuos interesados y expresar los recursos que en contra sean procedentes.  
Artículo 100. Falta de resolución. Caducidad  
Tanto sobre la falta de resolución expresa en los procedimientos, como con respecto a la caducidad del procedimiento, se tendrá que aplicar lo que prevén los artículos 44 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
Artículo 101. Plazos  
1. Los plazos se deben contar siempre a partir del día siguiente al día en que tenga lugar la notificación del acuerdo de que se trate.  
2. Siempre que no se exprese lo contrario, cuando los plazos se señalan por días quedarán excluidos los inhábiles.  
3. Los plazos se deben computar de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.  
Artículo 102. Duración del expediente de caducidad  
No podrá exceder de seis meses el tiempo que transcurra desde el día en que se inicie un expediente hasta aquél en que se dicte una resolución, si no hay causas excepcionales debidamente justificadas que lo impidieran, las cuales se deben consignar en el expediente mediante diligencia firmada por su ponente o encargado y, si corresponde, por la secretaría. Transcurrido el plazo señalado, el expediente caduca con los efectos del artículo 44 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
Artículo 103. Recepción y registro de documentos  
El Colegio debe llevar un registro único, en el que se hará el correspondiente asentamiento de todo recurso, escrito o comunicación que presente el colectivo colegiado.  
Artículo 104. Régimen de supletoriedad  
En todo lo no previsto en los Estatutos, habrá que aplicar la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o la vigente que la sustituya.  
TÍTULO X. DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y DE LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS COLEGIALES  
Artículo 105. Régimen jurídico  
La actividad del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con aquello dispuesto en el artículo 54 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, se rige por el derecho privado. Como corporación de derecho público, sus actos quedan sujetos al derecho administrativo cuando se ejercen las potestades públicas que tiene encomendadas.  
Artículo 106. Acuerdos de los órganos colegiales  
1. Los acuerdos de los órganos colegiales son inmediatamente ejecutivos, excepto que el mismo órgano, motivadamente, establezca el contrario.  
2. La interposición de recurso no suspende la efectividad del acto impugnado, pero el órgano a quien corresponda resolver puede suspenderlo de oficio o a instancia de parte, si considera que su ejecución puede ocasionar perjuicios de difícil o imposible reparación futura, o cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en la citada Ley de Procedimiento Administrativo Común.  
Artículo 107. Nulidad de pleno derecho  
Son nulos de pleno derecho los actos colegiales en los que concurra alguno de los siguientes supuestos:  
a) Los que lesionan los derechos y las libertades susceptibles de amparo constitucional.  
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente, por razón de la materia o del territorio.  
c) Los que tengan un contenido imposible.  
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.  
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.  
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico, por los que se adquieren facultades o derechos, cuando no se tengan los requisitos esenciales para su adquisición.  
g) Cualquiera otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.  
Artículo 108. Anulabilidad  
1. Son anulables aquellos actos colegiales que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.  
2. No obstante, el defecto de forma sólo determina la anulabilidad cuando el acto no tiene los requisitos formales indispensables para conseguir su fin o da lugar a indefensión de las personas interesadas.  
3. La realización de actos, fuera de tiempo establecido para ellos, solo implica su anulabilidad cuando lo impone la naturaleza del término o plazo.  
Artículo 109. Recursos contra los actos de los órganos colegiales   
1. Todos los actos y todas las resoluciones del Colegio, sujetos al derecho administrativo, son susceptibles de los recursos establecidos legalmente en la vía administrativa.   
2. Contra las resoluciones de estos recursos, que agotan la vía administrativa, se podrá recorrer delante del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.  
3. El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana es un Colegio profesional único, con ámbito de actuación territorial en la Comunitat Valenciana, por lo que, mientras mantenga esta condición, los actos y las resoluciones sujetas a derecho administrativo, que agotan la vía administrativa, pueden ser impugnados directamente delante del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio que sean susceptibles del potestativo recurso de reposición.  
4. Contra la resolución, expresa o presunta, de los recursos interpuestos frente de los actos y de las resoluciones del Colegio, sujetos al derecho administrativo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en los términos, plazos y condiciones establecidos en la legislación reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  
TÍTULO XI. DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL COLEGIO  
Artículo 110. Responsabilidad patrimonial  
Para la exigencia de la responsabilidad patrimonial del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana, por lesiones en los bienes y derechos que causan a los particulares, cuando ejerzan potestades públicas, se actuará de acuerdo con lo previsto en las disposiciones sobre responsabilidad patrimonial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y sus normas de desarrollo.