Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7806, del 15-06-2016 (2016/4018)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 291/2013.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7806

Fecha DOGV
:   15-06-2016

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2016/4018


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Gandia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 291/2013. [2016/4018]  
Divorcio contencioso número 000291/2013-C  
De: Mariya Georgieva Markova Krasteva.  
Procurador: Alberto Docon Castaño.  
Contra: Petio Krastev Marinov.  
Procurador/a: -  
En el presente procedimiento divorcio contencioso número 000291/2013, seguido a instancia de Mariya Georgieva Markova Krasteva frente a Petio Krastev Marinov, se ha dictado sentencia cuyos fundamentos de derecho y fallo son del siguiente tenor literal:  
  
«Fundamentos de derecho  
Primero. Dispone el artículo 107 del Código Civil, en su apartado segundo, que ?la separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por la ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento y, en defecto de esta, por la ley de la última residencia habitual común del matrimonio si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho estado?. En el caso de autos es de ver (doc. 3 de la demanda) que ambos cónyuges son de nacionalidad búlgara y el matrimonio se celebró en la ciudad de Pleven (República de Bulgaria) el 9 de abril de 1998, y que la hija habida del matrimonio (G.) nació en Pleven el 30 de abril de 1998 (doc. 4 de la demanda) y que la actora tiene residencia legal en España, en concreto en Gandia, avenida de Valencia, número 27, piso 4, puerta 10. De igual forma de las averiguaciones de domicilio practicadas respecto del demandado consta que ha tenido residencia también en España, como es de ver en las informaciones del punto neutro judicial. Sentado tal extremo, debe traerse a colación el Reglamento de la Unión Europea número 1259/2010, del Consejo, de fecha 20 de diciembre de 2010, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación legal entre Bélgica, Bulgaria, Alemania, España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia, cuya finalidad recogida en la exposición de motivos descansa en que dicho reglamento busca crear un marco jurídico claro y completo en materia de ley aplicable al divorcio y a la separación judicial en los estados miembros participantes, garantizar soluciones adecuadas para los ciudadanos en términos de seguridad jurídica, previsibilidad y flexibilidad. Dicha norma es aplicable al caso de autos cuyo artículo 1 establece: ?Ámbito de aplicación: 1. El presente reglamento se aplicará, en las situaciones que impliquen un conflicto de leyes, al divorcio y a la separación judicial?, y así establece el artículo 8 del reglamento que la falta de una elección según lo establecido en el artículo 5, el divorcio y la separación judicial estarán sujetos a la ley del estado:  
a) En que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto,  
b) En que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, siempre que el período de residencia no haya finalizado más de un año antes de la interposición de la demanda, y que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la demanda o, en su defecto, que es el caso que concurre en los presentes autos pues constan las residencias de ambas partes en litigio en este partido judicial y, la de la actora, a fecha de presentación de la demanda tiene su residencia legal en España por lo que es procedente aplicar la legislación civil española, y así dispone el artículo 85 del Código Civil que ?el matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio?, procediendo conforme a lo dispuesto en el artículo 86 del Código Civil, acceder y decretar la disolución del matrimonio por divorcio, en relación al artículo 81.1 del Código Civil, al haber transcurrido el plazo mínimo de tres meses desde que contrajeron matrimonio Mariya Georgieva Markova Krasteva y Petio Krastev Marinov, el 9 de abril de 1998.  
Segundo. Que en orden a las medidas definitivas que tal pronunciamiento ha de conllevar respecto de la menor habida del matrimonio, G. P. K., del resultado de los documentos aportados por la actora en su demanda donde consta (doc. 4 de la demanda) que la hija menor de las partes nació en Bulgaria y tiene dicha nacionalidad, es de plena aplicación lo dispuesto en el artículo 9.4 del Código Civil que establece, en su apartado cuarto, ?el carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva y las relaciones paternofiliales, se regirán por la ley personal del hijo y, si no pudiera determinarse esta, se estará a la de la residencia habitual del hijo?. En este caso, sí es posible la determinación de la ley personal a aplicar a la menor pero deben ser citado el Reglamento 2201/2003, del Consejo, que sustituye al Reglamento 1347/2000, del Consejo, en vigor a partir del 1 de marzo de 2005, siendo partes integrantes tanto Bulgaria como España y aplicable según su artículo 1.1 y 2 a las materias civiles relativas a la restricción o finalización de la responsabilidad parental aclarando el apartado segundo de dicho precepto que estas materias son las relativas al derecho de custodia y al derecho de visita declarando el artículo 8 del mismo reglamento en su apartado primero que los órganos jurisdiccionales de un estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de un menor que resida habitualmente en dicho estado miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional. Y, respecto del derecho de alimentos, debe ser citado el Reglamento del Consejo 4/2009, de 18 de diciembre de 2008, que entró en vigor el 30 de enero de 2009, en el que se encuentran tanto España como Bulgaria, relativo a las obligaciones de alimentos, que busca garantizar el cobro eficaz y rápido de las pensiones de alimentos cuyo artículo 1 establece dentro del ámbito de competencia en su apartado primero: ?El presente reglamento se aplicará a las obligaciones de alimentos derivadas de una relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad?; y, a su vez, el artículo 3 del reglamento establece: ?Serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los estados miembros:  
a) El órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia habitual, o  
b) El órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia habitual, o  
c) El órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción relativa al estado de las personas, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes?.  
De conformidad con la normativa arriba citada, las medidas a adoptar respecto de la menor serán las establecidas en la legislación civil española y, en concreto, de conformidad con lo prevenido en la Ley 5/2011, de la Generalitat Valenciana, y los artículos 91 y siguientes del Código Civil, procede, a la vista de la prueba practicada y en especial la documental obrante en autos, las siguientes:  
1. La hija menor del matrimonio, G. P., nacida el 30 de abril de 1998, quedará bajo la guardia y custodia de la madre (régimen de relaciones individual) siendo la patria potestad compartida entre ambos progenitores que deberán adoptar las decisiones de común acuerdo y en interés de la menor. Resulta aconsejable acordar este régimen monoparental no solo porque G. está desde que se produjo la ruptura del matrimonio con la madre sino también por el hecho de que se desconoce el paradero del demandado y si actualmente está en España o Bulgaria manteniendo contactos muy esporádicos con la menor a la vista de lo declarado por la actora en el interrogatorio practicado.  
2. Se establece un régimen de relaciones a favor del padre y con relación a la menor, dada la edad de la misma (16 años) flexible, dejando a voluntad de la menor el tiempo que desee pasar con su padre. No obstante lo anterior, se establece con carácter subsidiario, caso de que no se llevara a efecto ningún régimen de visitas, el siguiente consistente en que la menor estará con su padre los fines de semana alternos, los sábados desde las 11.00 hasta el domingo a las 20.00, debiéndola recoger y reintegrar en el domicilio materno. Respecto de los períodos vacacionales, se distribuirán de la siguiente forma: en verano, la madre tendrá consigo a la menor el mes de julio los años pares y el mes de agosto los años impares, y el padre el mes de julio los años impares y el mes de agosto los años pares. Respecto a las vacaciones de Navidad, se dividirán en dos mitades: la primera mitad, desde el comienzo de las vacaciones escolares o, en su defecto, el 23 diciembre hasta el 31 de diciembre, y, la segunda, desde el 1 de enero hasta el 7 de enero o, en su defecto, hasta el final de las vacaciones escolares, correspondiendo la primera mitad a la madre los años impares y la segunda mitad para el padre y en los años pares de manera inversa. Semana Santa: se dividirá en dos mitades: la primera de ellas, los días de Semana Santa, y, la segunda, los de la semana de Pascua, correspondiendo la primera mitad a la madre los años impares y la segunda mitad al padre, y en los años pares de manera inversa, y respecto de las vacaciones de fallas también se disfrutaran por mitad, correspondiendo a la madre elegir los años impares y al padre los años pares.  
3. Se establece como pensión alimenticia que debe satisfacer el padre para contribuir a los gastos de manutención y educación de la hija y sobre la premisa de que para determinar este concepto como tiene declarada la Audiencia Provincial de Valencia deberá atenderse para la fijación de la cuantía concreta que debe satisfacerse, por un lado a las necesidades que han de cubrirse, de acuerdo con el artículo 39.3 de la Constitución y 154.1 y 142 del Código Civil, y, por otro, al caudal o medios de quien los da, de acuerdo con el artículo 146 del mismo cuerpo legal, proporcionalidad que en todo caso queda difuminada en el margen de cobertura de las necesidades (alimentación, vestidos, educación, ocio, etc., en cuanto elementos integrantes del concepto jurídico de alimentos) del alimentista integrantes del llamado mínimo vital o mínimo imprescindible para el desarrollo de la existencia del mismo en condiciones de suficiencia y dignidad, y, a la vista de la prueba practicada, la suma de 200 euros mensuales, dado que se considera una cantidad ajustada para cubrir las necesidades básicas de la menor que sigue cursando estudios en un colegio público y dado que se desconocen datos de que el padre tenga mayor capacidad económica. Dicha cantidad se actualizará anualmente según el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya. Los gastos extraordinarios necesarios para atender al bienestar y correcta formación de la menor (gastos médicos y farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social, clases particulares o de refuerzo, libros de texto, excursiones escolares...) deberán ser sufragados por mitad entre ambos progenitores, previa presentación de los comprobantes del gasto y decidiendo ambos de común acuerdo la pertinencia de los mismos.  
4. El uso de la vivienda familiar sito en Gandia, avenida de Valencia, número 27, piso 4, puerta 10, se atribuye a la madre y a la menor al ser el interés más necesitado de protección. Respecto de los préstamos hipotecarios que gravan la vivienda es de destacar la doctrina del Tribunal Supremo expresada en sentencia de fecha 28 de marzo de 2011, que establece que, en cuanto al pago del préstamo hipotecario, con independencia de a quien le sea atribuido el uso, no tiene el carácter de carga matrimonial, por lo que no es posible la atribución de una obligación de pago distinta a la que aparece en el título constitutivo de la obligación que los es ganancial por lo que deberá ser sufragada por mitad entre ambos esposos. En el mismo sentido se ha pronunciado la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de fecha 8 de mayo de 2012. Los gastos de uso de la vivienda correrán a cargo de la demandante que es quien tiene atribuido el uso y disfrute de la vivienda.  
Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta sentencia de divorcio, firme que sea, se comunicará de oficio al registro civil en que conste el matrimonio de los litigantes.  
Cuarto. Que no se aprecian méritos suficientes para establecer una especial condena en las costas de este procedimiento, teniendo en consideración la estimación de la pretensión principal de divorcio planteada por ambos cónyuges, así como el objeto del presente procedimiento, así como el criterio seguido en materia de familia por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia.  
Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.  
Fallo  
Que estimando la demanda planteada por Mariya Georgieva Markova Krasteva contra Petio Krastev Marinov, debo declarar y declaro disuelto, por causa de divorcio, el matrimonio contraído por los referidos cónyuges el 9 de abril de 1998, adoptando como medidas definitivas que deberán regir entre ambos y la menor, G. P., habida del matrimonio, las consignadas en el fundamento de derecho segundo de la presente resolución.  
Todo ello sin hacer una especial condena en las costas de este procedimiento.  
Y firme que sea esta resolución, remítase testimonio de la misma al registro civil donde figure inscrito el matrimonio, para su anotación marginal.  
  
Así, por esta mi sentencia, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 265 y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anotará en el libro correspondiente, llevándose testimonio de la misma a los autos originales, y que se notificará a las partes, haciéndoles saber que, contra esta sentencia, podrán preparar en este juzgado recurso de apelación, dentro de los 20 días siguientes a su notificación, previa constitución de depósito de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado en la entidad Banesto (DA 15.ª LO 1/2009), lo pronuncio, mando y firmo.»  
  
Y encontrándose dicho demandado, Petio Krastev Marinov, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Gandia, 31 de marzo de 2015.- La secretaria judicial: Laura María Alonso Ramos.