Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6168, del 18-12-2009 (2009/13106)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario nº 000127/2006 R.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6168

Fecha DOGV
:   18-12-2009

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2009/13093


Fecha del documento
:   05-11-2009

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Alcoy

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario nº 000127/2006 R. [2009/13109]  
Asunto Civil 000127/2006 R   
Oscar Daniel Ludeña Benítez, secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia número 3, de Alcoy, por el presente hago saber:   
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento de seguido a instancia de Tomás Montava Canet y Manuela Marchal Vico, contra Raquel Sanchis Alcaina y en los cuales se ha dictado la siguiente resolución cuyo tenor literal es el siguiente:   
«Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcoy.   
Juicio ordinario número 127/2006 R.   
Demandantes: Tomás Montava Canet y Manuela Marchal Vico, representados por el procurador de los tribunales José Blasco Pla y asistido de la letrada Carmen Pérez Tomás.   
Demandada: Raquel Sanchis Alcaina representada por el procurador de los tribunales Antonio Penadés Martínez y asistido de la letrada Amparo Pérez Margarit.   
Sentencia   
Alcoy, 19 de julio de 2007   
Vistos por Maria Teresa Quilis Soler, jueza del Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Alcoy y su partido, los presentes autos de juicio ordinario número 127/2006 R, promovidos por Tomás Montava Canet y Manuela Marchal Vico, representados por el procurador de los tribunales José Blasco Pla y asistido de la letrada Carmen Pérez Tomás contra la demandada Raquel Sanchis Alcaina representada por el procurador de los tribunales Antonio Penadés Martínez y asistido de la letrada Amparo Pérez Margarit.   
Antecedentes de hecho   
Primero. Por la representación procesal de la actora se presentó en fecha de 15 de marzo de 2006 contra la parte demandada demanda, en la que alegaba los siguientes y resumidos hechos:   
1. Que los demandantes son propietarios, con carácter ganancial de la finca sita en Cocentaina, en el paraje conocido como Franchi; la cual se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Cocentaina, al tomo 1100, libro 251, folio 187, finca número 6406, inscripción 8ª. Dicha finca linda en su parte este, con la finca de la demandada, Raquel Sanchis Alcaina, y en ese lugar donde ésta última, para poder proceder al cerramiento de su propiedad construyó un muro de bloque de entre 2,90 metros, y 3,50 metros de altura, y 48,30 metros de largo.   
2. El citado cerramiento no cumple ni con las características, ni con las dimensiones que se establecen en el Plan General de Ordenación Urbana de Cocentaina, siendo que el citado Plan, y según lo que se recoge en su capítulo III, artículo 7.15. 3. Por el mismo lugar por donde discurre el muro descrito anteriormente, pero dentro de la finca de los demandantes, aparecen conducciones de agua y de luz, que dan servicio a la propiedad de la demandada. Las citadas conducciones se hallan instaladas sin permiso de ningún tipo por parte de los demandantes, habiéndolas dejado caer simplemente sobre el terreno de ellos. Todo ello también se encuentra recogido en el informe técnico referido en el hecho anterior. En el mismo informe se recoge y se observa que también existe un árbol en la propiedad de la demandada de la especie morera de papel, que invade la finca de los demandantes, perjudicando el cultivo de olivar que en la misma se halla.  
4. Después del cerramiento descrito en el hecho segundo, la demandada en su finca tiene valla metálica y seto de ciprés, el cual está plantado en el linde de las dos parcelas, sin que se realice sobre el mismo poda alguna o mantenimiento, por lo que invade nuevamente el terreno de los demandantes, afectando a sus cultivos. 5. Todas estas circunstancias se han intentado aclarar de forma amistosa sin que haya sido posible, viéndose obligada la parte demandante a interponer la presente demanda y después de alegar los hechos y fundamentos de derecho aplicables al caso terminaba suplicando al Juzgado se dictara sentencia en la que se contengan los siguientes pronunciamientos: Se declare la inexistencia de servidumbre de las conducciones de agua y luz que se recogen en el informe técnico aportado por la actora; como consecuencia de lo anterior se condene a la demandada a retirar dichas conducciones; se declare que el cerramiento realizado por la demandada, no cumple con las características, ni dimensiones del Plan General de Ordenación Urbana de Cocentaina, como consecuencia de lo anterior se condene a la demandada al derribo de tal cerramiento, en todo lo que exceda de 1,50 metros de altura, se condene a la demandada a que corte las ramas del árbol que se recoge en el informe técnico aportado por la actora y que invaden la parcela de los demandantes, se condene a la demandada a podar el seto de ciprés que se recoge en el informe técnico para que no invada la propiedad de los demandantes, y finalmente condenar a la demandada al pago de las costas causadas en el presente litigio.   
Segundo. Emplazada que fue la demanda contestó a la demanda y se allanó parcialmente a la misma.   
La audiencia previa se celebró el día 15 de marzo de 2007, con el resultado que obra en acta y propuesta la prueba se señaló día y hora para la celebración del juicio, que tuvo lugar el día 14 de junio de 2007 en la sala de vistas de este Juzgado, con suspensión del plazo para dictar sentencia hasta la practica de diligencia final consistente, en la cumplimentación de oficios, y una vez recibidos y unidos en fecha 13 de julio de 2007 se levantó la suspensión acordada y quedaron los autos vistos para sentencia.   
Tercero. En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.   
Fundamentos de derecho   
Primero. Ejercitada por la parte actora acción negatoria de servidumbre de  
conducciones de agua y luz, así como obligaciones de hacer para la demandada consistente en retirada de conducciones, corte de ramas de árboles y derribo de cerramiento consistente en muro que linda con la propiedad de la demandada, por no ser acorde con lo estipulado en el Plan General de Ordenación urbana. Ejercita dichas acciones al amparo de lo preceptuado en los artículos 348 y 592 del Código Civil, y 7.15 del Plan General de Ordenación Urbana.   
La demandada se allana a la demanda en cuanto a la acción negatoria de servidumbre, a retirar las conducciones referidas en la demanda (apartado 1 y 2 del suplico), a podar los árboles y cortar el seto, cuestiones que ya no merecen pronunciamiento alguno, oponiéndose íntegramente a las manifestaciones de la actora en cuanto a que el muro construido por la parte demandada incumpla las características y dimensiones que establece el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Cocentaina.   
Segundo. Fijado pues el hecho controvertido, es procedente dilucidar si el muro en cuestión incumple lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana. Para ello habrá que ceñirse a la prueba practicada, acudiendo a lo que establece artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que preceptúa:   
1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.   
2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.   
3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.   
Al hilo de lo que antecede habrá que estar a la prueba practicada por las partes, y existe amplia prueba documental aportada por la demandada en su contestación a la demanda, como es, parte del expediente administrativo que se siguió en el Ayuntamiento de Cocentaina para la autorización de la construcción del muro en cuestión. Así existe entre otros documentos uno que contiene una providencia de fecha 8 de junio de 2004 del concejal de Urbanismo, donde se establece como deben cerrarse las parcelas, y que dice literalmente:   
«Según lo dispuesto en el artículo 7.15 del Plan General de Ordenación Urbana de Cocentaina las parcelas deberán cerrarse con una cerca de material resistente, incombustible de 1,50 metros de altura como máximo [...]. Sin embargo queda patente la ausencia de regulación por parte del Plan General de Ordenación Urbana de la rasante a partir de la cual medir la altura máxima de vallado permitida por aquel, -1,50 metros de altura, en los supuestos de parcelas colindantes que se hallen físicamente a distintos niveles.   
Visto el informe técnico emitido al respecto, y ante la necesidad de adoptar un criterio interpretativo para estos casos, se considera como más adecuado que dicha referencia se tome a partir de la cota de la parcela que sea más alta entre las dos, intentando en todo caso dar cumplimiento a criterios tales como el de homogeneidad entre parcelas, preservación de la intimidad y seguridad entre propiedades pertenecientes a distintos titulares.   
Que por lo expuesto, y con relación a la licencia otorgada a Ernesto Benavent Denia para el vallado de 40 metros, realizado con un muro de bloque de un metro de altura en fecha 20 de junio de 2001, se considera que en modo alguno se incumple lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana en cuanto no se supera el límite máximo de altura de vallado, de 1,5 metros desde la cota más alta entre las dos parcelas colindantes teniendo en cuenta la existencia de un ligero talud».  
Dicho extremo es corroborado por el perito aportado por la parte demandada en acto de juicio Francisco Figuerola Aparisi, ingeniero agrónomo, y en el que de forma concluyente dice que, «es evidente que el cerramiento realizado por el solicitante (demandada) no incumple lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana de Cocentaina, y que así lo ratifican los técnicos de ese Ayuntamiento». En contraposición a esta pericial está la elaborada por el perito de la parte actora Juan Acosta Matarredona, ingeniero técnico, que a preguntas de la letrada de la parte demandada contesta, que no midió la cuota del muro desde la cuota mas alta de la parcela más elevada, y que tampoco conocía la providencia dictada por el concejal de Urbanismo antes referida, que interpreta el artículo 7.15 del Plan General de Ordenación Urbana.   
Finalmente añadir que de todo este expediente administrativo tuvieron conocimiento tanto la parte demandada como la demandante, como se deduce de la documental aportada a autos, (por los acuses de recibo remitidos a su letrada), y por las propias manifestaciones del demandante en acto de juicio que aunque no lo quiso reconocer expresamente, se dedujo de sus propias manifestaciones. Y por tanto habiendo tenido conocimiento de ello, pudo haber recurrido la resolución administrativa en la vía contenciosa administrativa, tal y como lo regula el propio artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que preceptúa: «En el orden contencioso-administrativo será competente, en todo caso, la jurisdicción española cuando la pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de carácter general o actos de las administraciones públicas españolas [...].»   
Artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.   
«1. Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.   
2. Se entenderá a estos efectos por administraciones públicas: [...] [...]   
c) Las entidades que integran la administración local [...]   
3. Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con:   
Artículo 2 del mismo cuerpo legal.   
«El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: [...]  
c) Los actos y disposiciones de las corporaciones de derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.  
d) Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.   
e) La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social.   
f) Las restantes materias que le atribuya expresamente una ley».   
Artículo 25 del mismo cuerpo legal.  
«1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos».   
Por último se unen los oficios que faltaban del Ayuntamiento y que se practicaron como diligencia final, llegando a la conclusión de que la demandada tuvo concedida la licencia del ayuntamiento para el vallado de la propiedad, y que el mismo lo realizó conforme a lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana. En consecuencia, y examinada y valorada toda la prueba, la presente demanda debe ser estimada parcialmente en cuanto a los extremos en que se ha allanado la parte demandada, y desestimada en cuanto al resto.   
Tercero. El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, preceptúa:  
«1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo ¡razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.   
Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.   
2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad».   
Artículo 395 del mismo cuerpo legal preceptúa que la condena en costas en caso de allanamiento «1. Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado.  
Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación.   
2. Si el allanamiento se produjere tras la contestación a la demanda, se aplicará el apartado 1 del artículo anterior».   
Examinados los artículos anteriores y estimada que ha sido la demanda parcialmente en cuanto a los pedimentos en los que se allanó la demanda, no cabe imponer costas a ninguna de las partes. En cuanto a la pretensión que ha sido desestimada las costas deben ser impuestas a la parte actora.   
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso que nos ocupa,   
Fallo   
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales José Blasco Pla en nombre y representación de Tomás Montava Canet y Raquel Sanchis Alcaina contra Raquel Sanchis Alcaina y debo declarar y declaro:   
1. La inexistencia de servidumbre de las conducciones de agua y luz que se recogen en el informe técnico aportado por la actora; como consecuencia de lo anterior se condene a la demandada a retirar dichas conducciones.   
2. Se condene a la demandada a que corte las ramas del árbol que se recoge en el informe técnico aportado por la actora y que invaden la parcela de los demandantes, y se condene a la demandada a podar el seto de ciprés que se recoge en el informe técnico para que no invada la propiedad de los demandantes. No se imponen costas a ninguna de las partes respecto de estas peticiones al haberse allanado la demandada.   
Respecto del resto de extremos interesados por la actora en lo relativo a que se declare que el cerramiento realizado por la demandada, no cumple con las características, ni dimensiones del Plan General de Ordenación Urbana de Cocentaina, deben ser desestimados, imponiendo las costas a la parte actora.   
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, previniéndoles que la misma no es firme, por caber recurso de apelación.   
Así por esta mi sentencia, de la que se librará testimonio suficiente para su unión a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.  
Publicación. Dada, leída y publicada la presente sentencia el día de la fecha por la jueza que la suscribe estando celebrando audiencia pública. Doy fe».   
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.   
Alcoy, 5 de noviembre de 2009.- El secretario judicial: Óscar Daniel Ludeña Benítez.