Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5792, del 25-06-2008 (2008/6927)

Información pública de las bases particulares reguladoras del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de las Unidades de Ejecución 1 y 2 del suelo urbano de Tuéjar.
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Número DOGV
:   5792

Fecha DOGV
:   25-06-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2008/6927


Fecha del documento
:   27-05-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Tuéjar

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Tuéjar
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de las bases particulares reguladoras del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de las Unidades de Ejecución 1 y 2 del suelo urbano de Tuéjar. [2008/6927]  
El Pleno del Ayuntamiento de Tuéjar, en sesión celebrada el día 17 de abril de 2008, acordó aprobar las bases particulares reguladoras del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de las Unidades de Ejecución 1 y 2 de suelo urbano de Tuéjar, delimitadas en sus normas subsidiarias.  
El texto de las bases particulares es el siguiente:  
Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada de las Unidades de Ejecución 1 y 2 del suelo urbano del municipio de Tuéjar  
I. Objeto del contrato  
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada que se especifica en las presentes bases particulares, en las que se regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo para la selección de una propuesta de programa de actuación integrada y de un urbanizador para el desarrollo urbanístico de la actuación.   
Especificándose en el apartado anexo I apartado A).  
II. Régimen jurídico (art. 286 1.d del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial y en todo lo no previsto en las presentes bases particulares serán de aplicación la ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, y las bases generales de programación así como los extremos aplicables de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.   
III. Ordenación urbanística vigente (art. 131.2.a Ley Urbanística Valenciana)   
La ordenación urbanística vigente en el ámbito de actuación es la que figura en el apartado B) del anexo I .  
IV. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada (artículo 131.2.b Ley Urbanística Valenciana)   
1. Memoria de necesidades.   
Deberá justificarse en la propuesta de programación la necesidad de abordar un desarrollo urbano armónico, bajo un nuevo modelo que signifique una oferta de desarrollo inmobiliario residencial de alta calidad aprovechando al máximo las condiciones naturales y de accesibilidad del territorio.   
2. Objetivos de la programación.  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:  
- Recabar de los correspondientes registros, (de la Propiedad y Catastro) toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.   
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación, con carácter previo a la redacción del proyecto.  
- En caso de existir, efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semiconsolidadas con propuesta de solución en los términos previstos en el capítulo III del título I de la Ley Urbanística Valenciana.   
- Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación.  
- Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al registro  
- Inscribir en el registro de la propiedad las nuevas fincas resultantes especialmente las destinadas al dominio público.   
- Hacer constar en el registro de la propiedad las afecciones existentes(carreteras, ferrocarril, barrancos, y otros)   
- Cancelar las fincas catastrales aportada a la reparcelación e inscribir las resultantes en el catastro.   
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.   
b) Urbanizar completamente la unidades o unidades de ejecución que constituyen el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa (definiéndose a nivel general aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales)   
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes debiendo para ello.  
Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, dominio público marítimo terrestre y otras  
Presentar en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz agua, gas, telefonía y otras).  
Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las siguientes obras suplementarias que fueren necesarias.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotaciones en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.   
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:  
- El urbanizador efectuará su inscripción en el registro de la propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.   
- Los entregará en perfectas condiciones una vez concluidas las obras de urbanización levantado la correspondiente acta de entrega.  
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma debe ser asumido por los propietarios afectados.   
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda con destino al patrimonio público del suelo a favor de la administración actuante de forma gratuita.   
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y benéficos de la actuación entre los afectados   
h) Establecer los plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de programa  
Todo ello de conformidad con lo establecido en el apartado C) del anexo I   
V. Parámetros urbanísticos (art. 131.2.c Ley Urbanística Valenciana   
Los parámetros urbanísticos son os establecido en la ficha de gestión que figura en el apartado D) del anexo I.  
VI. Criterios y objetivos territoriales (art. 131.2.d Ley Urbanística Valenciana)   
Los criterios y objetivos territoriales son los que se establecen en el apartado E) del anexo I   
VII. Criterios de ordenación urbanística (art. 131.2.d Ley Urbanística Valenciana)   
Los criterios de ordenación urbanística son los que se establecen en el apartado F) del anexo I.  
VIII. Objetivos de edificación privada (art. 131.2.e Ley Urbanística Valenciana)   
1. Los objetivos de edificación privada son los establecidos en el apartado G) del Anexo I   
2. Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las condiciones estéticas de la edificación así como la reserva de aparcamiento serán los establecidos en las normas subsidiarias de ordenación urbana aprobadas en el año 2001 que se detallan en el apartado G) del anexo I   
3. Se establece la obligación de simultanear la urbanización y la edificación en el porcentaje mínimo establecido en el apartado G) del anexo I  
IX. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión (artículo 131.2.f Ley Urbanística Valenciana)   
Los documentos técnicos de ordenación y gestión que deberán ser presentados por el aspirante a urbanizador deberán ser los siguientes:  
· Plan de reforma interior que desarrollará las normas subsidiarias, en las unidades de ejecución uno y dos.   
· Proyecto de urbanización.   
Las prescripciones técnicas y formales que deberán respetarse en su elaboración y presentación ante la administración serán las establecidas en el apartado H) del anexo I.  
X. Prescripciones técnicas del proyecto de urbanización (art. 131.2.h Ley Urbanística Valenciana).  
El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado eventualmente bajo la dirección de técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o artículo 101.3 LCSP, dependiendo de la norma aplicable. No podrá modificar las previsiones del plan que desarrolla. En ningún caso podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. Comprenderá todos los documentos siguientes:   
Los proyectos de urbanización comprenderán los siguientes documentos (en soporte papel y digital):  
1. Memoria descriptiva de las características de las obras.  
2. Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano. Incluirán la planta viaria del planeamiento que se ejecuta y del entorno inmediato.  
3. Planos de proyecto y de detalle, con el siguiente contenido mínimo:  
a) Planta viaria general a escala mínima 1:1000.  
b) Plantas de pavimentación a escala mínima 1:1000.  
c) Perfiles longitudinales de todo el viario público y planta de cotas, rasantes y perfiles de jardines y parques.  
d) Perfiles transversales de todo el viario público, cada 20 m. como mínimo.  
e) Plantas de la red de saneamiento, depuración y pluviales y perfiles longitudinales de las mismas a escala mínima 1:1000.  
f) Plantas de todas las redes de servicios previstas a escala mínima 1:2000.  
g) Detalles constructivos de las diferentes redes y secciones tipo de aceras y calzadas con ubicación de los diferentes servicios.  
h) Plantas de jardinería, a escala mínima 1:500, con identificación de especies, localización de mobiliario urbano, elementos de juegos infantiles, alumbrado, estanques y demás elementos compositivos.  
i) Red de riego, tanto de jardines como, en su caso, de las restantes parcelas privadas cuando se prevea una reutilización de aguas depuradas.  
j) Red de alumbrado público, con detalles de luminarias.  
k) Otros planos y detalles necesarios para una completa definición de las obras.  
4. pliego de condiciones técnicas, generales y particulares.  
5. Mediciones.  
6. Cuadros de precios unitarios y descompuestos.  
7. Presupuesto general y resumen de presupuesto.  
8. Estudio de Seguridad y Salud.  
9. Estudios específicos (tráfico, inundabilidad, contaminación, reutilización de aguas, y otros que puedan ser necesarios o exigidos por la legislación sectorial aplicable).  
XI. Precio de licitación (art. 286.1.h del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.   
El precio de licitación que sirve exclusivamente de base para el cálculo de la garantía provisional es el establecido en el apartado I) del anexo 1 de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana.   
XII. Plazos para el desarrollo y ejecución del programa (art. 131.2.i Ley Urbanística Valenciana y art. 286 .1.i del Reglamento de Gestión y Ordenación Territorial y Urbanística)   
Se establecen en el apartado J) del anexo I los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por parte del urbanizador.   
A) Plazo máximo para la selección del empresario construcción de la obra civil de la urbanización contado desde la aprobación del proyecto de reparcelación; no obstante, en este caso y como consecuencia de lo establecido en el artículo 120.6 de la LUV, las obras de urbanización podrán ser ejecutadas por el agente urbanizador.   
B) Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación.  
C) Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización.  
D) Plazo máximo de edificación de los solares contado desde la recepción de las obras de urbanización.   
XIII. Capacidad para ser urbanizador   
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar sean o no propietarios de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera técnica y profesional según las presentes bases.   
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integradas las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o del artículo 49 de la LCSP.   
XIV. Solvencia económica y financiera (art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana)  
La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o alguno de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o si procede justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador este establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y si procede sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.   
XV. Solvencia técnica y profesional (art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana)  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditara por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de la relación de programas de actuación integradas instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares promovidos o gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, habiendo de demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
XVI. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, modificado por Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, una garantía provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad que se establece en el apartado K) del anexo I   
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva a constituir en la forma y a los efectos previstos en el la legislación aplicable y que será del 10% del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido del programa de actuación integrada aprobado. No obstante, una vez adjudicado el contrato de forma provisional se comunicará al adjudicatario la cuantía de la garantía ingresar en función de la legislación aplicable.   
5. Se ingresará en el plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.   
XVII. Presentación de proposiciones  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en el plazo y lugar que se establece en el apartado L) del anexo I sus proposiciones integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación a la licitación a la que concurran y firmados por e licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con al siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
Sobre A. Alternativa técnica. Se presentará en sobre abierto.   
Sobre B. Proposición jurídico-económica. Se presentara en sobre cerrado.   
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.  
Sobre C. Se presentará en sobre sellado con el título de Documentación y contendrá la siguiente documentación:  
A. Si concurriese una sociedad mercantil deberá presentar escritura de constitución inscrita en el registro mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico se presentará escritura pública de constitución así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en materia de urbanismo.   
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica presentarán escritura de poder inscrita en su caso en el registro mercantil o registro público correspondiente.   
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
D. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base XVI.  
E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.   
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional  
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de manera directa o indirecta pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada con renuncia expresa si procede al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.   
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4. En todo caso con carácter previo a la adjudicación el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.   
I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas comprometidas a la constitución de una unión temporal cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones. La participación de cada una de ellas, y designado a la persona o entidad que durante la vigente del contrato ha de ostentar la representación de la unión ante la administración así como el compromiso formal de constituirse en una unión temporal de empresas en el caso de resultar adjudicatarios.   
Cada concursante no podrá presentar más de una proposición ni formular variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por este.   
Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.  
Asimismo los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información publica por el plazo de un mes de los documentos establecidos en el artículo 293.1 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. A este efecto los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento exponiéndolos al público por sus propios medios insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de difusión en la localidad solo a efectos de la presentación de las alegaciones.  
XVIII. Contenido mínimo de la alternativa.  
La alternativa técnica de un programa de actuación integrada contendrá la documentación siguiente:   
a) Plan de reforma interior que desarrolle las previsiones de las normas subsidiarias.   
b) Determinación del ámbito de la actuación. Se permitirá la redelimitación del ámbito territorial a programar por parte de la alternativa técnica para adecuarla su conexión con el suelo urbano consolidado, valorándose las soluciones propuestas que mejoren la integración de las unidades de ejecución con el mismo.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
f) Proyecto de urbanización.  
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
Deberá contenerse el compromiso del licitador de edificar de forma simultanea a la ejecución de la ejecución de la urbanización un porcentaje mínimo establecido en el apartado G) del anexo I.  
XIX. Proposición jurídico-económica  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos de conformidad con lo establecido en el apartado N) del anexo I.  
2. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
A. Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
B. Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.   
C. Acreditación e la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el registro de la propiedad al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador con ocasión de la firma del contrato para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.   
D. Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe reglamentariamente.  
E. Descripción de los siguientes elementos económicos financieros relativos a las cargas urbanísticas:   
1. Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b).  
2. Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c.  
3. Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
4. Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
5. Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
6. Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
7. Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
8. Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
9. Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero y modo condiciones plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
10. Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.   
La proposición jurídica económica se presentará debidamente firmada y fechada.  
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.   
XX. Admisibilidad de variantes (art. 131.2g de la Ley Urbanística Valenciana)   
1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca las de carácter económico, siempre y cuando estas últimas no alteren sustancialmente la ordenación urbanística propuesta.   
2. No se considerarán variantes por lo que serán admisibles en todo caso las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias o cuando el terreno añadido por su escasa dimensión no sea técnicamente susceptible de programación autónoma. No se admitirán variantes.  
3. No se entenderá como alternativa técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de programación; todo ello con respecto a lo dispuesto en las bases generales y particulares que regulen el procedimiento.   
XXI. Criterios de adjudicación (art. 286.1.j del ROGTU)  
Los criterios son los establecidos en el apartado O) del anexo I del ROGTU   
XXII. Adjudicación del programa (art. 286.1.g del ROGTU)  
1. El programa de actuación integrada se aprobará condicionado a la efectiva realización de las obras señaladas en el apartado P) del anexo I.  
Con anterioridad a la formalización del contrato con el Ayuntamiento el adjudicatario del programa deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base XVI de las presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva del coste de las indemnizaciones justiprecios y gastos de realojo, en su caso, necesarios para realizar la actuación la totalidad del coste de las obras de urbanización complementarias.  
XXIII. Formalización del contrato  
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.   
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.   
3. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en la legislación vigente en materia de contratación.   
XXIV. Dictamen del Consejo del Territorio y Paisaje (art. 286.1.c del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
No será necesario recabar en informe del Consejo del Territorio y del Paisaje.   
XXV. Cumplimiento   
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obra, facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.   
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras de forma tácita deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.  
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de 3 meses para inspeccionar las obras de urbanización y en su caso requerir al urbanizador la subsanación de aquellas deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su cumplimiento que se consignará en un acta de recepción provisional, al acto de recepción asistirán en todo caso un facultativo designado por el Ayuntamiento y el facultativo encargado de la dirección de obras el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno por un facultativo.   
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuestas administrativa expresa desde que queden abiertas al uso público.  
6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifestaran. Finalizado este periodo procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.   
XXVI. Resolución  
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el texto refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador, y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.  
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de la personalidad jurídica.   
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita o espera.   
c) La falta de presentación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La no formalización del contrato en plazo.  
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística y las normas que la desarrollen.  
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante cuando se de este supuesto el Ayuntamiento antes de proceder a la resolución requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.   
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracción urbanística o medioambiental grave o muy grave en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa  
h) La obstaculización por éste del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por el programa. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución, y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello de lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20 por ciento.  
l) La realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el Programa será causa de resolución del contrato entre la administración y el urbanizador. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del Empresario Constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar la programación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, será causa de resolución del programa, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar las previsiones del programa si ello fuera posible sin desvirtuarlas sustancialmente.  
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la TRLCAP.   
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.   
p) El incumplimiento gravo de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta ley.   
q) El incumplimiento de algunos de lo compromisos ofertados.  
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
s) El mutuo acuerdo entre la administración actuante y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.   
u) La suspensión por causa imputable al Ayuntamiento de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.   
v) el desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.   
El Ayuntamiento al resolver la adjudicación podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución de programa bajo sus mismas condiciones durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por la administración actuante, previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación  
XXVII. Prerrogativas de la administración (art. 286 1.e ROGTU)   
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas entre ellas las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público acordar su resolución y determinar los efectos de esta.   
XXVIII. Jurisdicción competente (art. 286 1.f ROGTU)  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso administrativo con competencia territorial en el municipio de Tuéjar para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación resolución y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.   
XXIX. Gastos  
El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del procedimiento de adjudicación del programa. Estos gastos se incluirán dentro de los gastos de gestión como cargas del programa.  
ANNEX I  
A) Objecte del contracte  
  
B) Ordenació urbanística  
  
C) Memòria de necessitats i objectius del programa d'actuació integrada  
D) Fitxa de gestió  
  
  
Observacions a la fitxes de gestió  
1. Xarxa primària interna no computable com a xarxa secundària, per computar ja per al compliment dels estàndards dotacionals de xarxa primària.  
2. Sòl computable provisional, a descomptar els béns de domini públic i sòls dotacionals afectes a la seua destinació existents, d'acord amb els articles 109 i 203 del ROGTU, en el moment de la reparcel·lació.  
3. Coeficient corrector provisional de l'aprofitament tipus, conforme a l'article 119 del ROGTU, a fixar en el moment de la reparcel·lació, ponderant les diferències entre solars motivades per l'ordenació (com la seua situació, zona d'ordenances, longitud de façana, orientació o altres condicionants) que comporten diferents valors urbanístics. En particular, s'hauran d'aplicar coeficients correctors a l'edificabilitat amb destinació a habitatge protegit per les diferències de valor urbanístic respecte al sòl residencial lliure.  
4. Parc Públic Natural (PNL), a obtindre com a cessió gratuïta a l'administració per l'àrea reclassificada, conforme a l'article 13.6 de la LOTPP i article 20 del ROGTU.  
5. Coeficient de ponderació provisional per al PNL (10% del corresponent al sector objecte de reclassificació, conforme a l'article 123.3.C del ROGTU), a fixar en el moment de la reparcel·lació.  
6. Aprofitament tipus provisional, sense excloure els béns de domini públic i sòls dotacionals afectes a la seua destinació existents de la superfície computable, d'acord amb els article 109 i 203 del ROGTU, a fixar en el moment de la reparcel·lació.   
7. Aprofitament subjectiu provisional, com a percentatge de l'aprofitament tipus provisional a fixar en el moment de la reparcel·lació, 100% del DREC en sòl urbà conforme a l'article 21.2 de la LUV i 90% del DREC en sòl urbanitzable, conforme a l'article 23 de la LUV, llevat que es determine una altra cosa per aplicació de l'article 16.1.b de la LS.  
8. Reserva per a habitatges de protecció pública (HPP): 30% d'ER en els nous sectors residencials.  
9. Dotacional residencial, destinada a habitatges dedicats a residència permanent en règim de lloguer per a persones majors, discapacitades o menors de 35 anys, d'acord amb els articles 108.b i 132 del ROGTU.  
\* A definir en el planejament de desenvolupament del sector, complint els mínims establits en la legislació aplicable.  
E) Criteris i objectius territorials  
  
F) Criteris d'ordenació urbanística  
  
G) Objectius d'edificació  
  
H) Prescripcions tècniques dels documents d'ordenació i gestió  
I) Preu de licitació (IVA exclòs)  
  
J) Terminis de desenvolupament i execució del programa  
  
K) Garanties  
  
L) Presentació de proposicions  
  
M) Redelimitació de l'àmbit territorial  
Es permetrà la redelimitació de l'àmbit territorial del PAI a l'efecte d'executar les connexions amb el sòl urbà ja consolidat.   
N) Proposició juridicoeconòmica (a omplir pels proponents)  
  
O) Criteris d'adjudicació   
  
P) Adjudicació connexa o condicionada.   
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
ANEXO I  
A) Objeto del contrato  
  
B) Ordenación urbanística   
  
C) Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada  
  
D) Ficha de gestión  
  
  
Observaciones a la fichas de gestión  
1. Red primaria interna no computable como red secundaria, por computar ya para el cumplimiento de los estándares dotacionales de red primaria.  
2. Suelo computable provisional, a descontar los bienes de dominio público y suelos dotacionales afectos a su destino existentes, conforme a los artículos 109 y 203 del ROGTU, en el momento de la reparcelación.  
3. Coeficiente corrector provisional del aprovechamiento tipo, conforme al art. 119 del ROGTU, a fijar en el momento de la Reparcelación, ponderando las diferencias entre solares motivadas por la ordenación (como su situación, zona de ordenanzas, longitud de fachada, orientación u otros condicionantes) que den lugar a diferentes valores urbanísticos. En particular se deberán aplicar coeficientes correctores a la edificabilidad con destino a vivienda protegida por las diferencias de valor urbanístico respecto al suelo residencial libre.  
4. Parque Público Natural (PNL) a obtener como cesión gratuita a la administración por el área reclasificada, conforme al art. 13.6 de la LOTPP y art. 20 del ROGTU.  
5. Coeficiente de ponderación provisional para el PNL (10% del correspondiente al sector objeto de reclasificación, conforme al art. 123.3.c del ROGTU), a fijar en el momento de la reparcelación.  
6. Aprovechamiento tipo provisional, sin excluir los bienes de dominio público y suelos dotacionales afectos a su destino existentes de la superficie computable, conforme a los art. 109 y 203 del ROGTU, a fijar en el momento de la Reparcelación.   
7. Aprovechamiento subjetivo provisional, como porcentaje del aprovechamiento Tipo provisional a fijar en el momento de la reparcelación, 100% del AT en suelo urbano conforme al art. 21.2 de la LUV y 90% del AT en suelo urbanizable conforme al art. 23 de la LUV, salvo que se determine otra cosa por aplicación del art. 16.1.b de la LS.  
8. Reserva para viviendas de protección pública (VPP): 30% de ER en los nuevos sectores residenciales.  
9. Dotacional residencial, destinada a viviendas dedicadas a residencia permanente en régimen de alquiler para personas mayores, discapacitadas o menores de 35 años, conforme a los art. 108.b y 132 del ROGTU.  
\* A definir en el planeamiento de desarrollo del sector, cumpliendo los mínimos establecidos en la legislación aplicable.  
E) Criterios y objetivos territoriales  
  
F) Criterios de ordenación urbanística  
  
G) Objetivos de edificación  
  
H) Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión  
I) Precio de licitación (IVA excluido)  
  
J) Plazos de desarrollo y ejecución del programa:  
  
K) Garantías  
  
L) Presentación de proposiciones  
  
M) Redelimitación del ámbito territorial  
Se permitirá la redelimitación del ámbito territorial del PAI a los efectos de ejecutar las conexiones con el suelo urbano ya consolidado.   
N) Proposición jurídico-económica (a rellenar por los proponentes)  
  
O) Criterios de adjudicación   
  
Tuéjar, 27 de mayo de 2008.- El alcalde presidente: Francisco Javier Oltra Martínez.  
P) Adjudicación conexa o condicionada  
