Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9039, del 11-03-2021 (2021/1881)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 737/2019.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9039

Fecha DOGV
:   11-03-2021

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2021/1881


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Orihuela

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 737/2019. [2021/1881]  
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:  
  
«Sentencia número 56/2021  
Orihuela, 16 de febrero de 2021  
Jesús Sánchez Ruiz, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela y de su partido judicial ha visto los autos del juicio verbal número 737/2019 promovidos a instancia de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA. (en adelante SAREB) representada por el procurador de los tribunales señor Jiménez López y asistida del letrado señor Alabadí Toledo frente a los ignorados ocupantes que se hallaren en el inmueble sito en Almoradí (Alicante), calle El Molino 1 (edificio Vegamar I) escalera 6, planta 3, puerta 1ª, declarados en situación de rebeldía procesal, sobre desahucio por precario y en base a los siguientes hechos.  
Antecedentes de hecho  
Primero. El 3 de junio de 2019 tuvo entrada en este juzgado demanda de juicio verbal 737/2019 interpuesta por la representación procesal de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA, frente a los ignorados ocupantes del inmueble sito en Almoradí (Alicante), calle El Molino 1 (edificio Vegamar I) escalera 6, planta 3, puerta 1ª, en la que, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, suplicaba se dictase sentencia estimatoria de su demanda por la que se declarase haber lugar al desahucio de los demandados de la vivienda reseñada y al lanzamiento de los ocupantes del inmueble, condenándoles al abono de las costas causadas en este procedimiento.  
En concreto, los hechos en los que se fundamenta la demanda son los derivados de la ocupación que vienen ostentando los demandados del inmueble reseñado en el escrito rector de su demanda cuya titularidad dominical corresponde a la actora, ocupación que ostenta sin pagar renta o merced y sin título que justifique o legitime su ocupación.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda por decreto se dispuso el emplazamiento de los demandados para que procedieran a contestar a la demanda en el plazo de veinte días, lo que no tuvo lugar en tiempo y forma, siendo declarados en situación procesal de rebeldía mediante diligencia de ordenación de fecha 5 de febrero de 2021.  
En el acto de emplazamiento practicado por el SCNE no han sido identificados ocupantes en la vivienda.  
Tercero. Requeridas las partes para que se pronunciaran sobre la pertinencia de celebrar vista la parte demandante entendió que no era necesaria su celebración, por lo que admitida la prueba documental que obra en los autos quedaron, sin más trámites, pendientes del dictado de esta sentencia.  
Cuarto. En la tramitación del presente procedimiento se han observado los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Por la representación procesal de la demandante se ejercita acción de desahucio por precario respecto de la vivienda reseñada en su escrito rector de demanda, en concreto, el inmueble sito en Almoradí (Alicante), calle El Molino 1 (edificio Vegamar I) escalera 6, planta 3, puerta 1ª. Se alega en apoyo de su pretensión que su representada es la legítima propietaria y titular de la vivienda objeto de este procedimiento, tras haberla adquirido mediante Decreto de adjudicación dictado a su favor en fecha 15 de febrero de 2017 en el procedimiento concurso abreviado 572/2009 seguido en el Juzgado de los Mercantil número 2 de Alicante. Dicho título de propiedad ha tenido acceso al Registro de la Propiedad de Almoradí.  
Frente a ello, los demandados se encuentran en situación procesal de rebeldía, por lo que no existe al respecto contestación alguna, verbal o escrita. Ahora bien, esta situación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley de enjuiciamiento civil, no supone ni allanamiento ni admisión tácita de los hechos alegados de contrario, por lo que el demandante viene exigido a probar los mismos para que prospere su acción.  
Segundo. Centrada la controversia se dará resolución a la misma.  
Al respecto resulta reglado traer a colación la doctrina reiterada en relación con el desaparecido juicio, especial y sumario, de desahucio, del título XVII del libro II de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881 (sentencias del tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1953, 17 de mayo de 1969,y 14 de abril de 1992) donde esta clase de juicios, dado su carácter sumario, no admitían el planteamiento ni decisión de cuestiones complejas que rebasaban su estrecho ámbito y requerían una más amplia discusión en el juicio declarativo ordinario.  
En la actualidad, sin embargo, de acuerdo con el artículo 250,1,2º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, la acción de desahucio por precario únicamente puede ventilarse en el juicio verbal regulado en el título III del libro II de la Ley 1/2000, que es un juicio declarativo, sin limitación de alegación y prueba y que, por tanto, admite la discusión y acreditación en el mismo de cualquier cuestión compleja que pueda ser opuesta por las partes, pero en el que no debe olvidarse que está acotado a los supuestos en que se pretenda la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, esto es, basado desde el inicio en la mera tolerancia del dueño; quedando excluidos los supuestos en que, estando la posesión amparada por algún título en su origen, este hubiera perdido virtualidad.  
Tal es el criterio seguido por las audiencias provinciales: (así, entre otras, SAP Almería, Sección 1ª de 3-9-03, de 5-9-03; SAP Gerona de 18-3-05; SAP Almería, Secc.2ª, de 29-3-05; SA.P. Asturias, Secc. 6ª, de 11-4-05; SAP Santa Cruz de Tenerife, Secc.4ª, de 21-11-05; SAP Murcia de 25-11-05; SAP Baleares, Secc. 5ª, de 8-9-06).  
La jurisprudencia, en suma, ha ido paulatinamente ampliando el concepto del precario hasta comprender, no solamente los supuestos en que se detenta una cosa con la tolerancia o por cuenta de su dueño, sino también todos aquellos en que la tenencia del demandado no se apoya en ningún título y presenta caracteres de abusiva (STS 29.02.2000).  
Así las cosas, la prosperabilidad de la acción de desahucio ejercitada en el presente proceso requerirá la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º la posesión real de la finca en cuestión por el demandante a título de dueño o cualquier otro derecho real que le permita su disfrute, 2º la posesión material carente de título y sin pago de merced por el demandado.  
Valorada la prueba documental aportada con la demanda, se considera acreditada la concurrencia de todos los requisitos para que prospere la acción. Así, el primero de ellos, es decir, la titularidad de la finca objeto de desahucio corresponde a la actora al haberla adquirido mediante Decreto de adjudicación dictado a su favor en fecha 15 de febrero de 2017 en el procedimiento concurso abreviado 572/2009 seguido en el Juzgado de los Mercantil número 2 de Alicante, lo que convierte en legítima propietaria a la demandante y titular dominical de la misma. Por otro lado, no consta la existencia de título alguno aportado por el demandado que legitime su posesión. Los demandados identificados no comparecieron en este procedimiento y frente a esta ausencia de título, la demandante tiene inscrita su titularidad en el Registro de la Propiedad de Almoradí, en concreto, se trata de la finca registral 26224.  
Así las cosas, debe prosperar la acción de desahucio por precario ejercitada por la representación de la parte actora.  
Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil y en la medida que la demanda ha sido estimada en su integridad se imponen las costas del proceso a los demandados.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,  
  
Fallo  
Que estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA, con los siguientes pronunciamientos:  
1º. Debo declarar y declaro el desahucio por precario de los ignorados ocupantes del inmueble sito en Almoradí (Alicante), calle El Molino 1, (edificio Vegamar I), escalera 6, planta 3, puerta 1ª, con apercibimiento de lanzamiento el día 06 de mayo de 2021 a las 10.15 horas, en el caso de no desalojar la citada vivienda que se corresponde con la finca registral 26873 inscrita en el Registro de la Propiedad de Almoradí.  
2º. Se imponen las costas del proceso a los demandados.  
Frente a esta resolución, que será notificada a las partes, cabe interponer recurso de apelación en los términos establecidos en los artículos 455 y siguientes de la Lec y en el plazo de veinte días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución.  
Junto con el escrito de interposición del recurso deberá aportarse, en su caso, los siguientes documentos, sin los cuales no se admitirá a trámite el recurso de apelación: 1. Justificante de ingreso de depósito por importe de 50 euros en la cuenta de consignaciones del juzgado (1777) indicando el concepto 02 relativo al recurso de apelación. 2. Caso de ser procedente, modelo 696 de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la actividad jurisdiccional prevista en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre o, en su caso, la documentación que acredite su exención.  
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en el presente libro.  
Protección de datos de carácter personal. Se advierte expresamente a todas las partes, terceros, operadores jurídicos y demás personas o entidades que sean receptoras de esta resolución que deberán guardar total y absoluta confidencialidad de todos los datos de carácter personal contenidos en la misma, quedando terminantemente prohibida la transmisión, cesión y/o comunicación de dichos datos de carácter personal por cualquier medio o procedimiento. Estos datos deben ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, Ley 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y demás legislación concordante, bajo apercibimiento de incurrir en las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.  
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, en primera instancia la pronuncia, manda y firma, Jesús Sánchez Ruiz, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela y de su partido judicial.»  
  
Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el juez, estando celebrando audiencia pública en el día de hoy, que es el de su fecha, por ante mí, la letrada de la Administración de justicia, de lo que doy fe.  
Y como consecuencia del ignorado paradero de ignorados ocupantes de la vivienda sita en c/ El molino I edf. Vegmar I, esc. 6, planta 3, puerta 1, Almoradi, se extiende la presente para que sirva de notificación/citación/requerimiento.  
  
Orihuela, 19 de febrero de 2021. La letrada de la Administración de justicia: M. Llanos Cejudo Podio.