Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3788, del 07-07-2000 (2000/5301)

Notificación de la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-61/1999.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3788

Fecha DOGV
:   07-07-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/5301


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-61/1999. [2000/M5301]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Enrique Corujo Gabaldón, avenida de Rey Don Jaime, 62, 5º, 12218 Castellón de la Plana, la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-61/1999.
  
Resolución
  
Examinados los recursos ordinarios formulados por don Enrique Corujo Gabaldón, en representación de don Juan Aragonés Llop y por don Antonio Molina González, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón en el expediente de construcción número 12/IG/0023/92.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Por dña Mª Carmen Nieves Yecora Peña propietaria de la vivienda de protección oficial sita en Villarreal, calle de Ausiàs March, número 48, piso 3º J, se presentó denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón por deficiencias constructivas en el citado inmueble, enviándose a un perito de dicho organismo emitiendo informe, en base al que se acordó la incoación de expediente sancionador contra la promotora Villarreal Urbana SL, así como contra los facultativos de la obra, con traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
2. El Instructor del expediente sancionador dictó propuesta de resolución en la que entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de la Generalitat Valenciana, proponía la imposición de una sanción pecuniaria de 250.000 pesetas a cada uno de los expedientados, así como la orden de obras a la promotora de subsanación de las deficiencias recogidas en el pliego de cargos.
  
3. El jefe del Servicio Territorial dictó resolución en la que manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, acordó la imposición de las multas y orden de obras establecidas en la misma.
  
4. Contra la citada resolución interponen recursos ordinarios don Enrique Corujo Gabaldón, en representación de don Juan Aragonés Llop y por don Antonio Molina González, con las alegaciones que constan en los mismos y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 32/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 3.218 de 6 de abril).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
3. Solicitan los recurrentes que se revoque y deje sin efecto la resolución recurrida por la caducidad del expediente a tenor del artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en relación con el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como la inexistencia de infracción y la necesidad de demostrar la culpabilidad, manifestando además la representación del señor Aragonés Llop la nulidad de pleno derecho por inaplicación del art. 62.e) de la Q.Z.S.F.C. y del P.A.C., la vulneración del principio de presunción de inocencia, vigencia del principio de personalidad de las sanciones e improcedencia de solidaridad en el derecho administrativo sancionador, y la exigencia de dolo o culpabilidad. Ambos recurrentes solicitan la revocación de la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda.
  
En cuanto a la caducidad alegada, ésta no existe ya que a los expedientes sancionadores iniciados a instancia de parte como en el presente caso que fue por denuncia, aunque el acto formal del acuerdo de incoación lo efectúe el jefe del servicio territorial por impulso de la solicitud de los denunciantes, se les aplica en lo referente a los plazos el artículo 43.1 de la aludida Ley 30/1992, en relación con el artículo 20.6 último párrafo del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por cuanto el artículo 43.4 de la misma se refiere exclusivamente a los expedientes sancionadores incoados de oficio (ss de los T.S.J de la Rioja de 20.06 y 10.02.1997, de Murcia de 18.12.1996 y 02.07.19429, de Cataluña y Navarra de 06.06.1996 y 30.06.1994 respectivamente), es decir, cuando no existen terceros, sino únicamente la administración y el expedientado.
  
La nulidad que se aduce no es admisible por cuanto es un procedimiento distinto del presente recurso ordinario, y que se tramita según lo establecido en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra actos que hubieran puesto fin a la vía administrativa o contra los que no se hubiera interpuesto recurso en plazo.
  
4. En cuanto al fondo del asunto se ha producido la comisión de la infracción imputada. Consta en el expediente informe pericial del técnico de fiscalía de fecha 21 de noviembre de 1997, en el que se dice: «En el dormitorio entre comedor y cocina, se aprecia un desconchado del guarnecido de yeso, a través del que aparece un conducto de humos de las chimeneas hogar. El conducto se encuentra emplazado degollando al tabique d separación, revestido exclusivamente por un guarnecido de yeso, que naturalmente se ha desprendido por falta de adherencia con soporte y por efecto de las dilataciones térmicas....el defecto tiene su origen, de una parte en la falta de especificación y detalle de proyecto, y de otra en la falta de instrucciones complementarias o corrección del defecto durante la ejecución de la obra.»
  
En efecto, se aporta con otro informe pericial de fecha 11 de febrero de 1998, documentación del proyecto en la que se evidencia que este carece de la documentación gráfica y especificaciones técnicas adecuadas para definir la unidad de obra de las chimeneas hogar, constando en dicho informe que: «Con las carencias de diseño y especificación del proyecto la ejecución de la obra se ha llevado a cabo, sin el imprescindible aislamiento térmico de un conducto de evacuación de humos ...». En consecuencia, queda probada la comisión de la infracción imputada por cuanto existe relación causa efecto entre la conducta de los imputados y el resultado de la deficiencia constructiva, ya que según se establece en los citados informes y en el proyecto de construcción, no se diseñó ni se rectificó posteriormente en la ejecución de la obra las chimeneas hogar con el necesario aislamiento térmico, lo que ha producido el desconchado de la pared dejando al descubierto el conducto de humos, actuación negligente por omisión imputable al arquitecto por falta diseño, y la no rectificación durante la ejecución de la obra que evidencia la supervisión inadecuada de la misma, ello respecto de ambos facultativos. Por todo lo cual procede la desestimación de los recursos.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Desestimar los recursos ordinarios formulados por don Enrique Corujo Gabaldón, en representación de don Juan Aragonés Llop y por don Antonio Molina González, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón de fecha 14 de julio de 1998, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.