Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5736, del 07-04-2008 (2008/3511)

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Generalitat para la gestión de las ayudas estatales que configuran la renta básica de emancipación a los jóvenes.
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Número DOGV
:   5736

Fecha DOGV
:   07-04-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/3511


Fecha del documento
:   25-03-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
    * apoyo económico
    * arrendamiento inmobiliario
    * cooperación administrativa
    * joven
    * emancipación
    * administración central
    * alquiler moderado

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Generalitat para la gestión de las ayudas estatales que configuran la renta básica de emancipación a los jóvenes. [2008/3511]  
El Ministerio de Vivienda y la Generalitat han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 3 de diciembre de 2007, el Convenio de colaboración para la gestión de las ayudas estatales que configuran la renta básica de emancipación a los jóvenes.  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de dicho Convenio, que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 0472/2008, y que figura como anexo de esta resolución.  
Valencia, 25 de marzo de 2008.- El director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell: Ángel Mompó Romero.  
Valencia, 3 de diciembre de 2007  
De una parte, Carme Chacón Piqueras, Ministra de Vivienda, que actúa en su propio nombre y ejerce las competencias que le son propias, y que con carácter general aparecen recogidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril.  
De otra parte, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat, José Ramón García Antón, facultado para este acto de acuerdo con el Decreto 8/2007 de 28 de junio del president de la Generalitat en el ejercicio de sus propias competencias y haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28 de la Ley 5/1983 del Consell y por el Decreto 1317/2007 de 27 de julio del Consell.  
Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen recíprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente Convenio, a cuyo efecto,  
Exponen  
Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo con las competencias exclusivas que el artículo 149.1.13ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.  
Que la Comunidad Autónoma actúa de acuerdo con las competencias que en materia de vivienda establece el artículo 148.1.3ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter exclusivo en virtud de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica en su artículo.  
Que el Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007 aprobó el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación.  
Que la previsión inicial de jóvenes residentes en la Comunidad Valenciana para el año 2008 es de 41.623 jóvenes, sin perjuicio de que puedan acceder a la ayuda cualquier joven por encima de esa cifra que cumpla con los requisitos establecidos.  
Que dicho Real Decreto prevé en su artículo 4.1 y artículo 7 que, para la ejecución de lo previsto en el mismo, el Ministerio de Vivienda suscribirá convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. Ello es concordante, por otra parte, con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  
En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeción a las siguientes  
Cláusulas  
Primera. Objeto del convenio.  
El presente Convenio tiene por objeto la gestión de las ayudas estatales que configuran la renta básica de emancipación a los jóvenes (en adelante, RBE), regulada en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  
Segunda. Actuaciones a cargo del Ministerio de Vivienda.  
El Ministerio de Vivienda se compromete a la realización de las siguientes actuaciones:  
1. Aportación de recursos financieros por parte del Ministerio de Vivienda.  
El Ministerio de Vivienda se compromete a abonar directamente las ayudas estatales correspondientes a aquellos beneficiarios a los que la Comunidad Autónoma haya reconocido el derecho a la RBE, de conformidad con el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre. La cuantía del total de dichas ayudas se imputará a los presupuestos anuales del Ministerio de Vivienda.  
2. Aportación de medios técnicos por parte del Ministerio de Vivienda.  
El Ministerio de Vivienda se compromete a poner a disposición de la Comunidad Autónoma un interface web abierto, para facilitar la gestión informatizada del reconocimiento del derecho a las ayudas de la renta básica de emancipación.  
3. Colaboración por parte del Ministerio de Vivienda en el mantenimiento de las ventanillas únicas de gestión.  
El Ministerio de Vivienda se compromete a colaborar económicamente en la creación y mantenimiento de ventanillas únicas de gestión, en los términos que se acuerde en la Comisión de Seguimiento. La subvención se abonará al comienzo del ejercicio presupuestario, una vez que se justifique el importe de la anualidad anterior.  
4. Información por parte del Ministerio de Vivienda.  
El Ministerio de Vivienda remitirá la información actualizada, conforme a lo establecido en la cláusula cuarta, apartado segundo, a la Comunidad Autónoma sobre el pago realizado a los beneficiarios de la ayuda, así como sobre las incidencias que puedan dar lugar a la modificación, revocación o suspensión de las ayudas reconocidas.  
5. Gestiones sobre intercambio de información  
El Ministerio de Vivienda realizará las gestiones necesarias para garantizar que la información de las distintas entidades estatales suministradoras de la información necesaria para la tramitación de las ayudas se remita al órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción de su solicitud.  
Tercera. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma.  
La Comunidad Autónoma firmante se compromete a la realización de las siguientes actuaciones.  
1. Reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan para acceder a las ayudas que configuran la renta básica de emancipación, emitiendo resoluciones provisionales y definitivas al respecto, según corresponda, declaratorias del derecho a dichas ayudas. A tal efecto, la Comunidad Autónoma recabará las informaciones pertinentes relativas a los requisitos a cumplir por el solicitante, de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, del Catastro Inmobiliario o de otras fuentes de información.  
2. Comunicar al Ministerio de Vivienda las resoluciones definitivas, y, en su caso, su modificación, revocación o suspensión, conforme a las incidencias comunicadas por el Ministerio de Vivienda, es su caso, con el suficiente grado de detalle que permita que dicho Ministerio efectúe un eficaz seguimiento y control.  
3. Habilitar ventanillas únicas de gestión para presentación y tramitación de solicitudes de RBE.  
4. Adoptar las medidas necesarias de todo tipo, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, a fin de dar a conocer a los ciudadanos de su territorio la existencia y condiciones de la RBE y facilitarles la solicitud de la misma. La tramitación de dicha solicitud se realizará por la Agencia Valenciana de Alquiler, sin perjuicio de que el ejercicio de las potestades administrativas corresponda a los servicios territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos.  
5. Colaborar con el Ministerio de Vivienda para el reintegro de las ayudas indebidamente abonadas como consecuencia de una modificación, revocación o suspensión y para la devolución del préstamo. La Comunidad Autónoma comunicará al interesado la obligación de su devolución a la administración General del Estado.  
Cuarta. Seguimiento, control e información acerca del convenio.  
1. Obligaciones de notificación e información por parte de la Comunidad Autónoma.  
1.1. La Comunidad Autónoma, simultáneamente a la notificación de la resolución definitiva de concesión de ayuda al interesado, comunicará al Ministerio de Vivienda la resolución mediante el procedimiento de comunicación establecido. En la comunicación deberá hacer constar toda la información preceptiva incluida en el impreso de solicitud de ayuda (aprobado por Orden ministerial y susceptible de adaptación, según lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre), así como los datos necesarios, incluida la fecha de solicitud, para su utilización por el Ministerio de Vivienda en sus tareas de gestión, seguimiento y análisis del desarrollo de la RBE, en sus aspectos cuantitativos y cualitativos.  
1.2. La Comunidad Autónoma se compromete a remitir sus comunicaciones de información al Ministerio de Vivienda, de acuerdo con el Protocolo para el Intercambio Normalizado de Información sobre la RBE (PRE), que será compatible con los sistemas operativos informáticos de la Comunidad Autónoma. El citado PRE se pondrá a su disposición por el Ministerio de Vivienda previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.  
El Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma acuerdan colaborar a nivel técnico, a fin de solventar los eventuales problemas que pudieran plantearse en la aplicación del PRE o de cualquier otra herramienta informática para la gestión de la RBE.  
2. Obligaciones de información por parte del Ministerio de Vivienda.  
El Ministerio de Vivienda remitirá a la Comunidad Autónoma, con periodicidad mensual, en soporte informático, según las pautas recogidas en el protocolo para intercambio normalizado de información (PRE), que se pondrá a su disposición por el Ministerio de Vivienda:  
a) Relación individualizada de los pagos efectuados a los beneficiarios de la RBE, a los que la Comunidad Autónoma haya reconocido ese derecho.  
b) Relación individualizada de las incidencias acontecidas a dichos beneficiarios.  
3. Controles periódicos y de incidencias.  
El Ministerio de Vivienda realizará con periodicidad mínima anual el control sobre el mantenimiento de las condiciones que justificaron el reconocimiento del derecho a las ayudas de la renta básica de emancipación a cada uno de los beneficiarios, mediante la información de que disponga, sin perjuicio de otros posibles controles que el Ministerio de Vivienda o la Comunidad Autónoma considere conveniente aplicar por su parte. Ambas Administraciones se informarán mutuamente del resultado de sus propios controles, para que la Comunidad Autónoma adopte las resoluciones de modificación, suspensión o revocación de las ayudas que en su caso correspondan.  
El Ministerio de Vivienda, en el caso de que en el proceso de pago o control de las ayudas detecte alguna incidencia, actuará de la forma siguiente:  
1°. Cuando la incidencia consista en el incumplimiento de las condiciones que habilitaron inicialmente a la obtención de la RBE, o si se constatara, a través de la información recibida de la entidad financiera correspondiente, el impago de la renta de alquiler por parte del beneficiario, el Ministerio de Vivienda dejará en suspenso el abono de las ayudas correspondientes de la RBE, hasta tanto la Comunidad Autónoma adopte medidas o resoluciones al respecto.  
2°. Cuando la incidencia consista en el cambio de la cuenta del beneficiario o del arrendador, y otras similares, el Ministerio de Vivienda no interrumpirá por ello el abono de las ayudas, informando mensualmente de estas incidencias a la Comunidad Autónoma.  
4. Información pública.  
1. Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para potenciar la difusión de información acerca de las medidas del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.  
2. La participación de ambas administraciones deberá hacerse constar en cuanta información pública se edite al respecto. Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas Administraciones, por lo que se refiere a RBE, se acordarán en el marco de la Comisión de Seguimiento.  
5. Comisión de seguimiento.  
1. Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una Comisión de Seguimiento que presidirán conjuntamente el titular del Ministerio de Vivienda y el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de la Generalitat Valenciana, o por la persona en quien deleguen.  
Formarán parte además de la Comisión dos miembros de cada Administración designados por los titulares citados anteriormente, En el caso de la administración General del Estado, uno de ellos será un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.  
Se constituirá en el plazo máximo de tres meses desde la firma del presente Convenio, reuniéndose al menos una vez al trimestre.  
2. Las funciones de esta Comisión, además de las previstas en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, serán:  
a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de información y analizar su contenido.  
b) Analizar el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio, y formular las oportunas propuestas de mejora en la gestión y en el control de las ayudas.  
Quinta. Modificación y resolución.  
El presente Convenio de colaboración podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el oportuno acuerdo haya tenido lugar antes de la expiración de su plazo de duración.  
Serán causa de resolución del presente Convenio de colaboración el mutuo acuerdo de las partes, así como el acuerdo motivado de una de ellas debido al incumplimiento de la otra de alguna de sus cláusulas, debiendo ser comunicado el incumplimiento mediante preaviso, al menos, con dos meses de antelación a la fecha propuesta de resolución.  
La resolución del Convenio no afectará, si así lo acuerdan las partes, a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución y que incidieran gravemente en los posibles resultados pretendidos con el objeto del mismo.  
Sexta. Duración.  
El presente Convenio de colaboración surtirá efecto desde el día de su firma, sin perjuicio de su entrada en vigor una vez que se hayan puesto a disposición de la Comunidad Autónoma las herramientas informáticas para la gestión de la RBE y mientras se mantenga en vigor el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, sin perjuicio de su prórroga previo acuerdo de las partes, hasta el término de las actuaciones en él previstas.  
Séptima. Régimen competencial.  
El presente convenio en ningún caso altera la distribución competencial que en materia de planificación general de la actividad económica (149.1.13) o de vivienda (148.1.3) explicita la Constitución Española. La suscripción de este convenio se realiza sin perjuicio de las actuaciones jurídicas que en defensa de sus competencias puedan ejercer las Administraciones firmantes.  
Octava. Naturaleza y régimen jurídico.  
El presente Convenio de colaboración tiene la naturaleza de los prevenidos en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la consideración de los previstos en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de dicho texto legal, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.  
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar, la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente Convenio, serán resueltas de conformidad con la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado  
La Ministra de Vivienda. Carme Chacón Piqueras  
El Consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. José Ramón García Antón.