Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9593, del 11-05-2023 (2023/5006)

ORDEN 3/2023, de 8 de mayo de 2023, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a los municipios de la Comunitat Valenciana para la elaboración de documentos urbanísticos relacionados con la minimización de impactos territoriales.
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Número DOGV
:   9593

Fecha DOGV
:   11-05-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2023/5006


Fecha del documento
:   08-05-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
    * legislación

ORDEN 3/2023, de 8 de mayo de 2023, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a los municipios de la Comunitat Valenciana para la elaboración de documentos urbanísticos relacionados con la minimización de impactos territoriales. [2023/5006]  
  
Índice  
  
Preámbulo  
Artículo Único. Aprobación de Bases  
Disposición Adicional Única. Cláusula de no incidencia presupuestaria  
Disposición Final. Entrada en vigor  
Anexo. Bases reguladoras  
Base 1. Objeto y régimen jurídico  
Base 2. Beneficiarios. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios  
Base 3. Órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento  
Base 4. Procedimiento de concesión y plazo de resolución  
Base 5. Convocatoria: publicación, forma y plazo de presentación de las solicitudes  
Base 6. Compatibilidad de las subvenciones  
Base 7. Número de las subvenciones y criterios para la determinación de su cuantía: Grupos por núcleos de viviendas  
Base 8. Criterios objetivos de valoración de solicitudes y puntuación  
Base 9. Justificación de las subvenciones  
Base 10. Método general de control  
Base 11. Protección de datos de carácter personal  
Base 12. Obligaciones de publicidad activa  
Ratio de número de viviendas en suelo no urbanizable por kilómetro cuadrado de superficie de término municipal  
  
  
Preámbulo  
  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, por lo que se procede, a continuación, a justificar la adecuación de la presente orden a los citados principios.  
La necesidad de redactar esta orden de bases nace conjuntamente de las previsiones del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (TRLOTUP), que establece en sus artículos 228 a 231 la regulación de los procedimientos de minimización de impactos territoriales, y de las competencias de fomento de actuaciones de planificación urbanística atribuidas a la Dirección General de Urbanismo por el Decreto 177/2020, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.  
La existencia de viviendas construidas al margen de la legalidad sobre suelo no urbanizable tiene una evidente incidencia sobre el entorno: provoca el deterioro del paisaje; se produce el vertido de aguas residuales, sin control ni tratamiento, con la consiguiente afección a los acuíferos subterráneos; la eliminación de especies vegetales de mayor o menor valor, el fraccionamiento de hábitats, etc. Los impactos, además de ambientales, también son económicos, considerando que la Administración, en muchos casos, ha de sufragar gastos para la prestación de servicios a estas edificaciones.  
El procedimiento de minimización previsto en el TRLOTUP viene conformado por una serie de trámites y documentos urbanísticos que pretenden, tal y como su nombre indica, «minimizar», es decir, paliar, evitar o disminuir los impactos que sobre el territorio y el medio ambiente producen o han producido viviendas ilegalmente implantadas en suelo no urbanizable. Las viviendas que pueden acogerse a este procedimiento deberán estar totalmente finalizadas antes del 20 de agosto de 2014.  
La figura de la minimización de impactos territoriales (en adelante MIT) determina la implementación de una serie de obras mínimas que eviten o disminuyan esos efectos perniciosos que, sobre el medio ambiente y el territorio, provocan las mencionadas viviendas, con especial preocupación sobre los vertidos incontrolados que se producen en los acuíferos. El propio TRLOTUP, en su artículo 229.3 a) relaciona las obras de minimización estrictamente imprescindibles que deben acometerse en el procedimiento: «… En particular, debe incluir, preceptivamente, un sistema de depuración de vertidos de todo tipo, que se puede agrupar por viviendas, unos espacios destinados a la recogida regular de residuos sólidos, un sistema viario que permita un acceso rodado seguro a las edificaciones y la adecuada conexión del núcleo de viviendas con la red viaria. Asimismo, si resulta posible desde el punto de vista económico, técnico y ambiental, la disposición de un sistema de suministro de agua potable y de energía eléctrica».  
Los procesos de minimización, a través de la figura de los planes especiales de minimización de impactos territoriales (PEMIT) prevista en el artículo 229.1 del TRLOTUP, los cuales deben ser diseñados y propuestos por los ayuntamientos, tienen como consecuencia la regularización de estas viviendas.  
Considerando que el impacto territorial producido por estas viviendas afecta a gran parte del territorio de la Comunitat Valenciana, la actividad de fomento del planeamiento en materia de minimización de impactos se considera, en este caso, un fin de interés general. De acuerdo con ello, la presente Orden es el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de los principios de necesidad y eficacia, así como el de proporcionalidad, puesto que contiene la regulación imprescindible para atender el interés general protegido.  
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los ayuntamientos. Así, las presentes bases reguladoras y las subvenciones a que las mismas se refieren, se regirán con carácter general y además de por lo previsto en esta orden, por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su Reglamento, aprobado mediante Real decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana; el Capítulo I del Título I de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de participación ciudadana de la Comunitat Valenciana y su norma de desarrollo, Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, en lo que no se oponga a la misma; y el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.  
En aplicación del principio de transparencia, se posibilita el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en las leyes en materia de transparencia citadas: Ley 1/2022, de 13 de abril y Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat.  
En aplicación del principio de eficiencia, la orden evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.  
En cuanto la orden afectará a los gastos o ingresos públicos, su aplicación queda supeditada al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  
Las ayudas reguladas por estas bases están incluidas en el proyecto de Plan estratégico de subvenciones 2023-2025 de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad que se encuentra en proceso de elaboración, habiéndose convocado en ejercicios anteriores en virtud del Plan estratégico de subvenciones 2020-2022, mediante las órdenes 5/2021, de 3 de septiembre y 6/2022, de 18 de julio, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, de bases y convocatoria de estas ayudas para los ejercicios correspondientes.  
A tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, las ayudas a que se refiere esta orden son compatibles con el mercado interior europeo y quedan dispensadas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado y de comunicar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4 del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, ya que no reúnen todos los requisitos del citado artículo 107.1, pues no suponen ventaja económica para una empresa ni falsean la competencia, no afectando a los intercambios comerciales entre los estados miembros  
Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el artículo 28.e de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el Decreto 177/2020, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y los artículos 160.2.b y 165.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, habiéndose tenido en cuenta los preceptos básicos de la Ley 38/2003 general de subvenciones, así como el reglamento que la desarrolla; constando los informes de la Abogacía General de la Generalitat y de la correspondiente intervención delegada,  
  
  
ORDENO  
  
Artículo Único. Aprobación de bases reguladoras de ayudas  
Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para la elaboración de documentos urbanísticos relacionados con la minimización de impactos territoriales, que se contienen en el anexo de la presente orden.  
  
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
  
Única. Cláusula de no incidencia presupuestaria  
La conselleria competente en materia de urbanismo dotará las subvenciones a que se refiere la presente Orden con cargo al programa presupuestario que incorpore los créditos adecuados para financiarlas. Durante los ejercicios en que la presente orden permanezca vigente, las convocatorias de subvenciones que se publiquen establecerán las dotaciones anuales, consignadas en los Presupuestos de la Generalitat con que hayan de financiarse.  
La aplicación y ejecución de esta orden, incluyéndose al efecto todos los actos jurídicos que pudieran dictarse en su desarrollo o ejecución, no podrá tener incidencia alguna, distinta de la anterior, en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignada a la citada conselleria y, en todo caso, deberá ser atendida con los medios personales y materiales de la conselleria competente por razón de la materia.  
  
  
DISPOSICIÓN FINAL  
  
Única. Entrada en vigor  
La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
València, 8 de mayo de 2023  
  
La consellera de Política Territorial,  
Obras Públicas y Movilidad  
REBECA TORRÓ SOLER  
  
  
ANEXO  
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para la elaboración de documentos urbanísticos relacionados con la minimización de impactos territoriales  
  
Base 1. Objeto y régimen jurídico  
1. La presente orden establece las bases para la concesión de subvenciones destinadas a ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para la financiación de la elaboración de documentos urbanísticos relacionados con la minimización de impactos territoriales a que se refieren los artículos 52 y 228 a 231 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, (en adelante, TRLOTUP).  
Cada convocatoria concretará, como actividad subvencionable, los documentos del expediente de tramitación del planeamiento que se pretenda fomentar.  
2. Las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden tendrán la consideración de subvenciones públicas y su concesión se regirá por lo dispuesto en la misma, en los artículos 164 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, sector público instrumental y subvenciones (en adelante, LHPV), y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (en adelante, LGS) y su Reglamento de desarrollo. Con carácter general se regirán por la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana.  
3. En cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, se ha remitido a la Dirección General de Fondos Europeos comunicación sobre la no sujeción de las mismas a la política de competencia de la Unión Europea en materia de subvenciones públicas, por no reunir los requisitos del artículo 107 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.  
  
Base 2. Beneficiarios. Requisitos para obtener la condición de beneficiario  
1. Podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que cumplan los siguientes requisitos:  
A) Tener una población de hasta 20.000 habitantes.  
B) Que en su territorio se den las circunstancias previstas en los artículos 228, 229 y 231 del TRLOTUP para acogerse a los procedimientos de minimización de impactos territoriales:  
a) Que existan núcleos de viviendas consolidados implantados sobre ámbitos de suelo no urbanizable, común o protegido, entendidos como agrupaciones de viviendas que den lugar a una densidad igual o superior a tres viviendas por hectárea, en los términos establecidos en el artículo 228 apartado 2º del TRLOTUP.  
b) Que las viviendas a las que se refiere el apartado anterior cumplan los siguientes requisitos, de acuerdo con el artículo 228 del TRLOTUP:  
i) Que las fincas donde se ubiquen las viviendas conserven una parcelación de características rurales.  
ii) Que las edificaciones se encuentren completamente acabadas antes del 20 de agosto de 2014.  
iii) Que la implantación de las viviendas se haya realizado al margen de los procedimientos formalizados de urbanización y edificación.  
C) Que cumplan con las prescripciones de estas bases y de las correspondientes convocatorias.  
La forma de acreditar las circunstancias anteriores consistirá en la documentación que, a tal efecto, se establezca en cada convocatoria y que será apreciada por el órgano instructor.  
2. No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos ayuntamientos en los que concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la LGS, debiendo justificarse tal extremo por los ayuntamientos mediante declaración responsable.  
  
Base 3. Órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento  
1. El órgano competente para el inicio y la resolución del procedimiento de concesión será la dirección general competente en materia de urbanismo.  
2. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la subdirección general competente en materia de urbanismo que, en cualquier momento, podrá acordar de oficio todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.  
El órgano instructor, en el ámbito de sus competencias, podrá emitir cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento de los requerimientos de la presente orden y las respectivas convocatorias y para la ejecución y certificación de gastos de la actividad subvencionada.  
En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular del órgano instructor, será sustituida por la persona que ocupe la Jefatura de Servicio encargada de la materia y, en último caso, por quien designe la dirección general competente en materia de urbanismo.  
3. Para el estudio y valoración de las solicitudes, se constituirá una comisión de valoración integrada por los siguientes cinco miembros:  
a) La persona titular de la subdirección general competente en materia de urbanismo, o persona que esta designe para su sustitución, que presidirá la Comisión.  
b) La persona titular del servicio competente en la materia objeto de subvención.  
c) Tres vocalías designadas por la persona titular de la dirección general con competencias en materia de urbanismo, y seleccionadas de entre su personal funcionario perteneciente a los Grupos A-1 ó A-2, designando, así mismo, quién ejercerá la Secretaría y su suplencia.  
En casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, la suplencia de cualquiera de las personas miembros titulares será designada por la dirección general competente en materia de urbanismo, de entre su personal funcionario perteneciente a los Grupos A-1 ó A-2.  
El funcionamiento de la comisión de valoración se regirá, en lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, por las normas de funcionamiento de los órganos colegiados previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.  
En la composición de la comisión de valoración se procurará observar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
4. Tras estudio y valoración de las solicitudes, la comisión de valoración formulará un informe-propuesta en el que se concrete el resultado de forma prelada de la evaluación de las solicitudes admitidas, atendiendo a los criterios establecidos para su valoración, en la que se indicará las que puedan recibir subvención y su cuantía, hasta agotar el crédito de la convocatoria, y las que quedan en lista de reserva en cada uno de los grupos por haberse agotado el crédito. Así mismo, formulará una propuesta de inadmisión motivada de aquellas solicitudes que no pueden ser valoradas por no cumplir los requisitos establecidos en las presentes bases.  
5. La comisión de valoración elevará la propuesta de resolución a la persona titular de la Dirección General de Urbanismo, quien resolverá el procedimiento de concesión.  
  
Base 4. Procedimiento de concesión y plazo de resolución.  
1. La concesión de las subvenciones se llevará a efecto en régimen de concurrencia competitiva, por el procedimiento previsto en el artículo 164 de la Ley 1/2015, LHPV y los artículos 23 y siguientes de la LGS así como artículos 55 y siguientes del RLGS.  
2. En su gestión se respetarán los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración concedente, y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, establecidos en el artículo 8.3 de la LGS. Sin perjuicio del resto de obligaciones legales, se respetarán los principios generales establecidos en el artículo 2 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana.  
3. La resolución del procedimiento será dictada y notificada a los ayuntamientos beneficiarios en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante, LPAC).  
El plazo para dictar la resolución de concesión podrá ser suspendido y/o ampliado de acuerdo con los artículos 22 y 23 de la LPAC.  
  
Base 5. Convocatoria: publicación, forma y plazo de presentación de las solicitudes  
1. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y a través de la Base de datos nacional de subvenciones (BDNS), en la cual se establecerá la forma y el plazo de presentación de solicitudes, que no podrá ser inferior a 15 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria, siendo causa de inadmisión la presentación fuera de plazo.  
2. Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado junto con la documentación que se especifique en la convocatoria como parte integrante de la solicitud, mediante trámite telemático, a través de la sede electrónica de la Generalitat (https:sede.gva.es).  
Cuando en la convocatoria se establezcan modelos o formularios de la documentación a presentar, estos serán de uso obligatorio para los interesados de conformidad con el artículo 66. 6 Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Deberán estos ponerse a disposición de los solicitantes en el trámite telemático correspondiente, siendo causa de inadmisión de la solicitud la presentación de los documentos en otro formato.  
Se considerarán efectivamente presentadas aquellas solicitudes firmadas electrónicamente y registradas dentro de plazo, que incluyan tanto el formulario como el resto de información y documentos determinados en la convocatoria. Se inadmitirá cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento diferente al aquí descrito.  
Si la documentación presentada junto con la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos requeridos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la LGS.  
  
Base 6. Compatibilidad de las subvenciones  
Estas subvenciones serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, teniendo en cuenta que el importe total de las subvenciones recibidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. En este caso, se procederá al reintegro del exceso.  
  
Base 7. Número de las subvenciones y criterios para la determinación de su cuantía: Grupos por núcleos de viviendas  
1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.2 de la LGS y del artículo 166 de la LHPV, y de acuerdo con lo que establezca la Ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio correspondiente, anualmente se convocarán las subvenciones reguladas por esta Orden y se dará publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo del correspondiente ejercicio. La convocatoria, podrá prever asimismo la ampliación de la dotación destinada a las mismas o una cuantía adicional, en los términos establecidos en los artículos 56 y 58 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS, y en el artículo 11 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat.  
2. El órgano competente concederá las subvenciones para la elaboración de los documentos urbanísticos relacionados con la minimización de impactos territoriales, que incluyan desde 3 hasta 50 viviendas, según los siguientes grupos:  
a) GRUPO I: Se concederá el número máximo de subvenciones que establezca cada convocatoria para la elaboración de documentos urbanísticos relacionados con la minimización de impactos territoriales que incluyan núcleos de entre 3 y 10 viviendas, por el importe máximo cada una de ellas que igualmente se establezca en la convocatoria, IVA incluido.  
b) GRUPO II: Se concederá el número máximo de subvenciones que establezca cada convocatoria para la elaboración de documentos urbanísticos relacionados con la minimización de impactos territoriales que incluyan núcleos de entre 11 y 30 viviendas, por el importe máximo cada una de ellas que igualmente se establezca en la convocatoria, IVA incluido.  
c) GRUPO III: concederá el número máximo de subvenciones que establezca cada convocatoria para la elaboración de documentos urbanísticos relacionados con la minimización de impactos territoriales que incluyan núcleos de entre 31 y 50 viviendas, por el importe máximo cada una de ellas que igualmente se establezca en la convocatoria, IVA incluido.  
3. En el supuesto de que no hubiera suficientes solicitudes de ayuda para agotar el crédito correspondiente en alguno de los grupos, la comisión de valoración reordenará la distribución indicada, de forma proporcional, en orden a agotar el crédito existente, según los criterios que se establezcan, en su caso, en las convocatorias.  
  
Base 8. Criterios objetivos de valoración de solicitudes y puntuación  
1. La valoración de las solicitudes de subvención se efectuará, dentro de cada uno de los grupos de viviendas, atendiendo a los siguientes criterios objetivos, otorgando un máximo de 34 puntos:  
a) Población del municipio, que habrá de coincidir con el último Real Decreto que se haya publicado en la fecha de la convocatoria, por el que se declaren oficiales las cifras de población resultantes de la revisión por el INE del Padrón municipal.  
Los puntos se asignarán a cada solicitud mediante el otorgamiento de 10 puntos a la propuesta con menor población, y al resto, los correspondientes proporcionalmente en función de su diferencia con aquella, de modo que la puntuación de cada solicitud resultará de la aplicación de la siguiente fórmula:  
  
PUNTOS EXPEDIENTE A ESTUDIO =  
(núm. hab. Expte menor población) X (punt. máxima=10)  
----------------------------------------------------------------------  
núm. habitantes del expediente a estudio  
  
b) Ratio de número de viviendas en suelo no urbanizable por kilómetro cuadrado de superficie del término municipal, según las estadísticas de la Dirección General de Urbanismo que se recogen en la tabla que figura al final de estas bases (hasta 10 puntos).  
Los puntos se asignarán a cada solicitud mediante el otorgamiento de 10 puntos a la propuesta con mayor número de viviendas en suelo no urbanizable, y al resto, los correspondientes proporcionalmente en función de su diferencia con aquella, de modo que la puntuación de cada solicitud resultará de la aplicación de la siguiente fórmula:  
  
PUNTOS EXPEDIENTE A ESTUDIO =  
(ratio viviendas en SNU por km² del Expte a estudio) X (punt. máx.=10)  
---------------------------------------------------------------------------  
ratio de viviendas por km² en el Expte con mayor ratio  
  
c) Número de viviendas incluidas en el ámbito de minimización (hasta 10 puntos).  
Los puntos se asignarán a cada solicitud mediante el otorgamiento de 10 puntos a la propuesta con mayor número de viviendas en el ámbito, y al resto, los correspondientes proporcionalmente en función de su diferencia con aquella, de modo que la puntuación de cada solicitud resultará de la aplicación de la siguiente fórmula:  
  
PUNTOS EXPEDIENTE A ESTUDIO =  
(núm. viviendas del Expte a estudio) X (punt. máx.=10)  
-------------------------------------------------------------------------------  
núm. de viviendas en el Expte con mayor núm. de viviendas  
  
d) Que la superficie del ámbito de la minimización incluya, al menos en un 30 por cien, suelos críticos para la recarga de acuíferos en «Área estratégica 1», entendiéndose por tales los que figuran en la siguiente capa del visor cartográfico de la Generalitat: «Ordenación del territorio y urbanismo/Áreas críticas frente al cambio climático/Recarga de acuíferos como «Áreas estratégicas 1», accesible en el siguiente link:  
Recarga acuíferos  
https://breu.gva.es/b/T7WcmK7bfQ  
Se otorgará dos puntos (más 2 puntos) a las solicitudes que cumplan con este criterio.  
e) Que el ayuntamiento esté adherido a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.  
Se otorgará dos puntos (más 2 puntos) a las solicitudes que cumplan con este criterio.  
2. En los casos en los que, habiendo obtenido igual puntuación durante el proceso de evaluación, fuera necesario resolver el empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el criterio de población. Si persistiera el empate, se atenderá a la fecha y hora de presentación en el registro correspondiente.  
  
Base 9. Justificación de las subvenciones  
1. Los ayuntamientos beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa de la realización de la actividad subvencionada, así como de los gastos subvencionables, en el plazo máximo de 4 meses contados a partir de la publicación de la resolución de concesión.  
Cuando se produzcan circunstancias que así lo aconsejen, de oficio o previa solicitud debidamente justificada por el ayuntamiento beneficiario y valorada por el órgano instructor, este podrá otorgar una ampliación del plazo por el tiempo que, a tenor de las circunstancias sobrevenidas, considere imprescindible para la debida justificación. Dicha ampliación del plazo no podrá exceder de la mitad del plazo inicial ni perjudicar derechos de tercero, y sus condiciones y procedimiento de concesión se ajustará a lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 39/2015 LPAC y 70 del RLGS  
2. La justificación de la subvención se efectuará mediante trámite electrónico a través de la sede electrónica de la Generalitat.  
3. A efectos de justificación deberá presentarse la siguiente documentación:  
a) Facturas reglamentarias según la normativa vigente, o cualquier otra documentación justificativa suficiente, en su caso, correspondientes a los gastos subvencionables que se establezcan en cada convocatoria.  
b) Certificación de la Secretaría municipal indicando que la factura o documentación justificativa y su total importe responden a la realización de la actividad subvencionada. En el caso de que el importe de la factura responda a varios conceptos, se deberá certificar el importe que se corresponda con la realización de la actividad subvencionada.  
c) Documentos urbanísticos relacionados con la minimización de impactos territoriales que constituyan la actividad subvencionable establecida en cada en cada convocatoria.  
d) Sólo en el supuesto de no figurar en el certificado mensual publicado en la web de la Sindicatura de Cuentas (Justificación-Sindic Comptes / https://www.sindicom.gva.es/pagina2), el beneficiario deberá aportar certificación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de la obligación de rendición de sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Cuentas.  
4. La no presentación de la justificación de la documentación en el plazo fijado en esta base dará lugar a la pérdida de la subvención, sin perjuicio de lo establecido en el apartado primero de esta base.  
  
Base 10. Método general de control  
Los controles de gestión para la comprobación de la adecuada justificación de la subvención (control administrativo) así como para la comprobación de la realización de la actividad a través del correspondiente plan de control (control material), seguirán las siguientes directrices:  
I) Control administrativo:  
A) Alcance: se comprobará la totalidad de los expedientes.  
En las solicitudes de ayuda se controlará la admisibilidad de las solicitudes, verificándose su contenido: correcta cumplimentación, firma del solicitante, presentación de toda la documentación requerida en estas bases o en la legislación de aplicación. Así mismo, se comprobará el cumplimiento por parte de los solicitantes de los requisitos para obtener la condición de beneficiarios.  
B) Modo de ejecución: control administrativo pleno. En las solicitudes de pago se verificará el 100 % de los justificantes de gasto, la admisibilidad de los gastos subvencionables y los pagos realizados Se comprobarán los aspectos formales de las facturas o documentos de gasto. Se controlará la ejecución de los trabajos en que consiste la actividad subvencionada.  
C) Plazo de ejecución de los controles administrativos: orientativo de un máximo de 3 meses, a contar desde que el beneficiario presente la solicitud de pago con aporte de los documentos de gasto, salvo que el órgano gestor solicite subsanación de defectos subsanables en la documentación aportada, en cuyo caso el plazo comenzara a contar cuando el ayuntamiento beneficiario haya presentado las subsanaciones. Finalizará con el certificado del órgano gestor de comprobación.  
II) Control material:  
A) Alcance: se seleccionará, al menos, el 5 % del total de los expedientes de la línea, siempre que la suma de los importes subvencionados a los mismos alcance un 10 % del importe total concedido en la convocatoria. Si no se alcanza este porcentaje de gasto se aumentará el porcentaje de los expedientes seleccionados hasta alcanzarlo.  
En cuanto a los criterios de selección, serán aleatorio no estadístico y de riesgo, estándose a lo que establezca el Plan de control material.  
En el Plan de control material que se apruebe podrán cambiarse de forma motivada los porcentajes y criterios de selección previstos en estas bases reguladoras.  
B) Modo de ejecución: el tipo de control material será en todo caso de carácter administrativo (documental) y se realizará en el momento posterior al pago que se establezca en el correspondiente Plan de control material.  
C) Plazo de ejecución de los controles materiales: orientativo de 6 meses desde que se contabilicen los documentos contables OK, finalizando con el archivo en los expedientes del informe o check list resultante de los controles. En el caso de que se hayan constatado irregularidades susceptibles de reintegro en virtud de lo establecido en los artículos 37.1 de la LGS y 172 de la LHPV, se incoará el procedimiento de reintegro previsto en el art. 42.2 de la LGS.  
D) Documentación acreditativa de la ejecución del control: el informe o check list resultante de los controles materiales, en su caso notificaciones de revocaciones de ayuda o de minoraciones, o acuerdos de inicio de procedimientos de reintegro.  
  
Base 11. Protección de datos de carácter personal  
1. La gestión de las ayudas previstas en las presentes bases conlleva el tratamiento de datos de carácter personal, debiendo cumplirse con las medidas y garantías reguladas en la normativa en materia de protección de datos, en especial el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
2. En el diseño de la solicitud, de los formularios, de la aportación documental, y demás actos administrativos deberán tenerse en cuenta los principios de protección de datos. En concreto, los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.  
3. En la convocatoria se incluirá la información que debe facilitarse a las personas interesadas en relación con sus datos de carácter personal, de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 11 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.  
Cuando el ayuntamiento solicitante aporte datos de carácter personal de terceras personas en el procedimiento administrativo, tendrá la obligación de informarles, en los términos que establece el apartado 3 de esta base, de los siguientes extremos:  
- La comunicación de dichos datos a la Administración de la Generalitat para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.  
- La posibilidad de que la Generalitat realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad. Si, en virtud de una ley, esta consulta requiere autorización por parte de las personas cuyos datos se van a consultar, el ayuntamiento solicitante deberá haber recabado dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Generalitat en cualquier momento.  
- De la posibilidad y forma de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición que le asisten en relación con el tratamiento de sus datos personales.  
4. En la gestión de estas ayudas se garantizará una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción a daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas y conseguir así la integridad y confidencialidad de los datos.  
  
Base 12. Obligaciones de publicidad activa y apertura de datos  
Sin perjuicio de las obligaciones de publicidad activa de los ayuntamientos beneficiarios, en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, aquellos tienen las siguientes obligaciones:  
1. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier clase que sean objeto de subvención, incluyendo el logotipo de la Generalitat Valenciana en medios de difusión como por ejemplo carteles, materiales imprimidos, medios electrónicos o audiovisuales i en cualquier otro medio de publicidad que se realice de la actividad subvencionada.  
2. Suministrar a la Conselleria concedente, previo requerimiento, toda la información que sea necesaria para el cumplimiento por esta de las obligaciones previstas en la legislación sobre transparencia, en el plazo de 15 días hábiles desde el requerimiento.  
3. Siempre que sea posible, disponer de los nuevos conjuntos de datos que se generen por la formalización y el desarrollo de las subvenciones que concedan en relación con estas bases, como conjunto de datos abiertos.