Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3988, del 27-04-2001 (2001/3009)

Notificación de la resolución del recurso de alzada con el número de ref. interna R-283/98.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3988

Fecha DOGV
:   27-04-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/3009


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso de alzada con el número de ref. interna R-283/98. [2001/3009]
  
De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a Dª Matilde Herraiz García, av. Masagragrell, 20-58ª, Complejo Cinco Mares (46999 La Pobla de Farnals) la Resolución del Recurso de alzada con el número de ref. interna R-283/98.
  
Resolución
  
Examinado el recurso ordinario formulado por Dª Matilde Herraiz García, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia en el expediente, de solicitud de visado y de ayudas económicas directas, para la adquisición de viviendas a precio tasado, núm. 46/1T/1205/1997/199.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Dª Matilde Herraiz García, adquirente de una vivienda sita en el edificio denominado ?Mar Báltico?, ubicado en el término de Puebla de Farnals, en la urbanización de su Playa, Complejo Cinco Mares, av. de Massamagrell nº 8, puerta 58, mediante escritura de compraventa de fecha 3 de abril de 1997, presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, solicitud de visado y de ayudas económicas directas, el día 28 de mayo de dicho año.
  
Segundo. A la vista de la documentación aportada, el Jefe del Servicio Territorial resolvió denegar el visado así como la subsidiación solicitada, por incumplimiento de los requisitos que, para la declaración de concurrencia de interés social en la adquisición de la vivienda, se exigen en el art. 16, párrafo 3º del Decreto 113 de 5 de junio del Gobierno Valenciano (DOGV 14-06-96).
  
Tercero. Contra la citada resolución, interpone recurso ordinario en tiempo y forma, Dª Matilde Herraiz García con las alegaciones y documentación que constan en el mismo y a los que nos remitimos en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 3798 de 21 de julio).
  
Segundo. Lo dispuesto en los artículos 107; 110; 114; 115; 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 16º párrafo 1º del Decreto 113/96, de 5 de junio del Gobierno Valenciano: ?A efectos de consideración de actuaciones protegibles, será determinante conocer la viabilidad de la promoción y la concurrencia de interés social de la misma... El interés social vendrá definido por los siguientes factores:
  
a) Localidad o emplazamiento
  
b) Tipología de las edificaciones
  
c) Necesidad de viviendas protegidas en la localidad
  
Tendrán prioridad par la calificación de actuaciones protegibles, aquellas que se lleven a cabo en emplazamientos donde las viviendas se destinen preferentemente a residencia habitual y permanente sobre otras zonas en las que el uso mayoritario sea de segunda residencia...
  
- En los supuestos en los que se solicite una actuación protegible en una localidad o emplazamiento en los que el destino habitual de las viviendas allí situadas sea el de segunda residencia, se tendrán cuenta, además de las que con carácter general establece este decreto, determinadas condiciones personales de los compradores que justifiquen la concurrencia de interés social por lo que deberán aportar la siguiente documentación:
  
- Certificado acreditativo de que el solicitante o solicitantes trabajan en la localidad donde se sitúa la vivienda, o en el área de influencia de la misma o en su caso estar inscrito en la oficina de empleo de ese municipio.
  
- En el supuesto de trabajadores autónomos, acreditación del domicilio fiscal o certificado de la agencia tributaria.
  
- En el supuesto de que los solicitantes tuvieran hijos a su cargo, justificación de que están escolarizados en esa localidad.
  
- Documentación acreditativa de no tener vivienda en ninguna otra localidad.
  
- Certificado de vida laboral en la Seguridad Social o en su caso, estar dado de alta en el I.A.E.
  
- La pertenencia de la familia al Centro de Salud de la zona.
  
Cuarto. En el caso que nos ocupa examinada la documentación obrante en el expediente, se comprueba:
  
1. Que el hecho de que el núcleo urbano de la Playa en el que se encuentra ubicado el edificio Mar Báltico del complejo Cinco Mares, sito en la c/ Massamagrell nº 8, esté calificado en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals, como núcleo urbano, según se acredita con la certificación municipal aportada en su día, no justifica que la actuación, reúna el interés social en los términos del Decreto 113/96 de 5 de junio, pues como señala la sentencia núm. 410/98 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de fecha 22 de abril de 1998, respecto a una certificación idéntica emitido por el mismo Ayuntamiento, no constan en la misma, cifras o porcentajes de viviendas destinadas a primera residencia respecto de la totalidad de viviendas existentes en el área, y que permitiría acreditar con total exactitud, si el destino mayoritario o predominante de aquéllas es el de primera o segunda residencia. En lugar de ello, se utilizan fórmulas vagas e imprecisas, tales como ?se viene consolidando en los últimos años?, que no sirven al objeto perseguido por la recurrente.
  
2. Que Dª Matilde Herraiz García, no trabaja en la localidad de la Pobla de Farnals, ni en los aledaños o periféricos de dicho municipio, sino que según se acredita en el expediente, está dada de alta como trabajadora en una empresa ubicada en el Municipio de Bétera.
  
3. Que aunque el régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes y Dª Matilde Herraiz García no posea, a título privativo, otra vivienda salvo la adquirida, sería también su esposo D. Pedro Herraiz Pareño, al ser parte integrante de la misma unidad familiar, quien estaría obligado a hacer uso de la vivienda objeto de la solicitud de ayudas, como domicilio habitual y permanente (art. 8 del Decreto 113/96 de 5 de junio en relación con el art. 68 del Código Civil), por lo que con el fin de que acreditaran tal extremo, por esta Dirección General se requirió a los interesados, mediante escrito de fecha 19 de noviembre de 1999 y al que nos remitimos. Dicha notificación fue recibida por la parte interesada en 15 de febrero de 2000, según consta en el reverso del acuse de recibo obrante en el expediente, sin que se hayan presentado hasta la fecha, alegaciones y/o documentación alguna en relación a lo requerido (certificado de trabajo y de vecindad de D. Pedro Herraiz Pareño).
  
5. Que las pruebas y razones alegadas por Dª Matilde Herraiz García para demostrar que ?necesariamente- ha de adquirir una vivienda que tanto por su tipología como por su ubicación, reúne las características apuntadas, no se estiman suficientes para justificar la concesión de unos recursos que son limitados, teniendo en cuenta, por otra parte, que en el mercado inmobiliario existe una considerable y variada oferta que satisface suficientemente las necesidades de vivienda y cuya adquisición es preferente para la financiación protegida.
  
Por lo expuesto, la pretensión de la recurrente no puede ser acogida, pues estando la vivienda objeto de la solicitud de ayudas ubicada en zona urbana, donde el uso mayoritario o predominante es el de segunda residencia, no basta que la adquirente vaya a dedicar o dedique la vivienda de referencia a residencia habitual o permanente, se requiere además conforme a la legislación vigente, que se acredite y justifique, una relación ?emplazamiento-circunstancias personales- de la que se deduzca claramente, que la actuación reúna el interés social en los términos del Decreto 113/96, por lo que es claro que en el presente caso, no se dan los requisitos para que pueda concluirse el interés social que exige la norma. Todo ello, con independencia del derecho a la libertad de residencia que la recurrente ya ha ejercido al adquirir su vivienda, sin acreditar la necesidad de elegir dicho emplazamiento a los efectos del Decreto 113/96 de 5 de junio.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la Propuesta de Resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso ordinario formulado por Dª Matilde Herraiz García contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 29 de abril de 1998, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.