Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5834, del 25-08-2008 (2008/8252)

Bases particulares de la unidad de ejecución número 2 y 4 de la Fuente del Mico.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5834

Fecha DOGV
:   25-08-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2008/8252


Fecha del documento
:   20-06-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Alborache

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Alborache
    * plan de urbanismo
    * administración local

Bases particulares de la unidad de ejecución número 2 y 4 de la Fuente del Mico. [2008/8252]  
El Pleno del Ayuntamiento de Alborache, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2008, acordó iniciar el procedimiento para la gestión indirecta de la unidad de ejecución número 2 y 4 del sector de suelo urbano residencial Fuente del Mico, aprobándose asimismo sus bases particulares de programación, que se transcriben a continuación:  
Bases particulares por las que se regirá el concurso de selección y adjudicación del Programa para el Desarrollo de la Actuación Integrada de las Unidades de Ejecución Número 2 y 4 denominadas Fuente del Mico, en el municipio de Alborache (Valencia):  
Primera. Objeto de las bases  
Las presentes bases, redactadas al amparo de lo establecido en los artículos 131.2 de la Ley 16/2005, de 31 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, y 286 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, y el Decreto 36/2.007, del Consell, por el que se modifica el Reglamento, tienen por objeto regular el procedimiento de adjudicación del programa para el desarrollo de actuaciones integradas referido al ámbito de las unidades de ejecución 2 y 4 del Plan General de Ordenación Urbana, denominado Fuente del Mico.  
Segunda. Ámbito a programar  
El ámbito de la actuación se circunscribe a las unidades de ejecución número 2 y 4 del suelo urbano definido en el Plan Especial de Reforma Interior aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia el 12 de junio de 1996.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 286.1.a del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, queda descartada la opción de presentar alternativas técnicas que supongan una ampliación del ámbito territorial a programar, ya que el documento de planeamiento se encuentra aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia y no se admitirán modificaciones estructurales de los documento de planeamiento a presentar.  
Tercera. Ordenación urbanística vigente y criterios y objetivos urbanísticos y territoriales de las propuestas de planeamiento a presentar, con fijación de las directrices que tendrán que observar y admisibilidad de variantes  
La ordenación urbanística es la recogida en el Plan Especial de Reforma Interior de la Fuente del Mico, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia en sesión de 12 de junio de 1996, documento que es parte integrante del Plan General de Ordenación Urbana, homologado a la LRAU por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 28 de febrero de 2000.  
Al estar aprobado definitivamente el documento de planeamiento no se admite ninguna variante al mismo debiendo de ajustarse a la ordenación estructural del Plan Especial de Reforma Interior aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo.  
El instrumento de planeamiento a presentar para planificar una nueva ordenación pormenorizada de las unidades de ejecución será un plan de reforma interior.  
Dicho plan de reforma interior deberá de incluir un reajuste de alineaciones y rasantes.  
Asignación de usos y tipos pormenorizados en desarrollo de las previsiones de ordenación estructural.  
Regulación de las condiciones de la edificación de cada zona  
La incorporación de nuevos viales respetará un adecuado funcionamiento de la circulación rodada y peatonal. El viario será de tráfico o peatonal en función de que el desnivel no sea superior al 12%.   
Se exige la continuidad en el trazado, evitando la aparición de viales parciales terminados en fondo de saco. Se analizará la adecuación del trazado viario a las pendientes del terreno existente, valorando la mejor disposición del mismo.  
Se realizará un estudio topográfico, incorporando las secciones suficientes para la correcta y adecuada inserción de la edificación y del nuevo viario en el contexto afectado.  
Los parámetros urbanísticos deberán respetar la ordenación estructural en su integridad. Así mismo los parámetros aprobados por el PERI Fuente del Mico y que son ordenación estructural del municipio y que no se pueden modificar son los siguientes:  
Edificabilidad unidad de ejecución número 2: 16.272 m²t. Edificabilidad unidad de ejecución número 4: 5,937 m²t.  
Aprovechamiento tipo de las unidades de ejecución. 0,35m²s/m²t.  
No se podrá modificar en el PRI ninguno de los puntos señalados en el artículo 36 de la Ley Urbanística Valenciana.  
Cuarta. Objeto del presente contrato  
El objeto del presente contrato es la programación y consiguiente ejecución conjunta, por el sistema de gestión indirecta, del ámbito referenciado en las bases 2 y 3.  
Consiguientemente, dicho objeto será, en relación a dichas unidades, coincidente con los objetivos imprescindibles enumerados en el artículo 124 de la LUV, señalándose los siguientes:  
1. Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:  
a) Recabar de los correspondientes registros (de la Propiedad y Catastro) toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.  
b) Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación con carácter previo a la redacción del proyecto.  
c) Efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semi-consolidadas, con propuesta de solución en los términos previstos en el capítulo III del título I de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV) o preceptos que legalmente les sustituyan o complementen.  
d) Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación, que garantice el reparto equitativo de cargas y beneficios entre propietarios.  
e) Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad  
f) Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.  
g) Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes.  
h) Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el Catastro  
i) Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.  
2. Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituye el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.  
3. Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:  
a) Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico y otros).  
b) Presentar, en su caso estudios e informes favorables para la realización de conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, telefonía y otras).  
c) Incluir en el proyecto de urbanización del sector la construcción de las obras complementarias que fuesen necesarias.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.  
4. Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:  
a) El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.  
b) Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantando la correspondiente acta de entrega.  
5. El plazo para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora será de treinta y seis meses a contar desde la recepción municipal de la obras de urbanización. La modificación de este plazo únicamente se podrá producir de justificarse por parte del urbanizador un interés público para el municipio y siempre que se autorice por parte del Ayuntamiento en pleno dicha prórroga, y siempre de acuerdo al artículo 495 del Decreto 67/2006, del Consell, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunidad Valenciana.  
No podrán iniciarse las obras de edificación de solares mientras no estén ejecutadas las conexiones exteriores no autorizándose las licencias por este consistorio debiendo ser estas las primeras obras a ejecutar.  
El urbanizador se compromete a realizar simultáneamente las obras de edificación y urbanización en las parcelas adjudicadas al mismo en el proyecto de reparcelación.  
Quinta. Prescripciones técnicas mínimas del proyecto de urbanización  
1. El proyecto de urbanización se ajustará a lo dispuesto en el artículo 348 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en relación con el artículo 153 de la LUV) sobre la sujeción del mismo a las determinaciones del planeamiento que desarrolle, así como a lo dispuesto en el artículo 349 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en relación con el 157 de la LUV) respecto a las Obras Incluidas en el proyecto de urbanización. Por último, se estará a lo dispuesto en el artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en relación con el artículo 156 de la LUV) acerca de la documentación integrante del mismo.  
2. Como calidades mínimas al proyecto se recogen las siguientes:  
Saneamiento:   
Se resolverá con conducciones de PVC rígido corrugado pudiéndose utilizar las conducciones de hormigón en masa o armado para secciones superiores o igual a 600 mm.  
Se ejecutarán pozos de registro con distancia entre correlativos no superior a 50 metros lineales.  
Todos los pozos deberán estar provistos de pates para poder acceder a su interior con marco y tapa articulada, con cierre clic elástico, de fundición, paso libre diámetro 55 cm, carga de rotura 40 Tm.  
Las acometidas particulares proyectadas deberán siempre acometer a las redes generales en pozo, prohibiéndose expresamente la conexión en tubos sin registro. Se deberá por ello hacer una estimación de acometidas con sujeción a parcelas idénticas a la mínima.  
Se prohíbe expresamente el ubicar líneas de saneamiento que circulen longitudinalmente por debajo de las aceras.  
Pluviales:  
Se ejecutarán con materiales, características de conducciones y pozos idénticos a los de la instalación de Saneamiento.  
Los imbornales sifónicos de dimensiones interiores 70 x 30 x 90 cm se dispondrán en cantidad suficiente para recoger los índices pluviométricos de la zona debiéndose justificar en proyecto.  
Aguas potables:  
Las conducciones se realizarán con tubo de polietileno banda azul, de sección circular, de 75 mm. de diámetro mínimo y presión de trabajo de 10 atm., y una resistencia a los 50 años del 60%.  
Las llaves de paso serán de fundición con junta elástica, de tipo compuerta con cierre elástica, instalada en conducción de abastecimiento de agua de PE de diámetro exterior de 75 mm, colocada en arqueta de registro de dimensiones interiores de 40 x 40 x 60 cm  
Instalación de distribución eléctrica en media tensión:  
Se ejecutará de acuerdo con las exigencias de las compañías eléctricas y normativas de aplicación, no pudiéndose ejecutar retasación de cargas una vez aprobada la plica adjudicataria por exigencias de las compañías receptoras de la instalación, siendo los sobre costes de las obras a cargo del urbanizador.  
Instalación de distribución eléctrica en baja tensión:  
Se ejecutará de acuerdo con las exigencias de las compañías eléctricas y normativas de aplicación, no pudiéndose ejecutar retasación de cargas una vez aprobada la plica adjudicataria por exigencias de las compañías receptoras de la instalación, siendo los sobre costes de las obras a cargo del urbanizador.  
Instalación de telefonía:  
Se ejecutará de acuerdo con las exigencias de las compañías telefónicas y normativas de aplicación, no pudiéndose ejecutar retasación de cargas una vez aprobada la plica adjudicataria por exigencias de las compañías receptoras de la instalación, siendo los sobre costes de las obras a cargo del urbanizador. A ser posible las líneas que deberán alojarse en prismas enterrados deberán circular por las aceras evitando las zonas de tráfico rodado.  
Cualquier arqueta en calzadas rodadas se ejecutará con elementos prefabricados de hormigón armado reforzado con camisa del mismo material y tapas de fundición para carga de rotura 40 Tm.  
Alumbrado público:   
Los cálculos lumínicos deberán cumplir con la normativa en vigor incluido las CTE.  
Las luminarias se resolverán para un acabado tradicional con cuerpos modelo AP-3 sobre báculo tipo CL-17 de IEP o similar, mientras para un acabado más actual se utilizarán cuerpos tipo FO-5 sobre báculos tipo CL-10 de IEP o similar. El tipo de acabado se elegirá por la superioridad del consistorio. Se dispondrán reductores de flujo ubicados en cuadros de maniobra.  
Peatonales:  
Se utilizarán bordillos de altura final no menor de 20cm, utilizándose bordillos montables en aquellos lugares que sean necesarios.  
El acabado de los pavimentos peatonales se ejecutará con baldosas de terrazo en rojo y forma a elegir por la administración (formas que aseguren el antideslizamiento), sobre solera de hormigón.  
Se deberá cumplir con toda la normativa de accesibilidad en vigor en el momento de la redacción de los proyectos de urbanización.  
Rodadas:  
Se resolverán con capa de asfalto con espesor no inferior a 12cm sobre subbase de zahorra de espesor no inferior a 25 cm con proctor modificado del 100%.  
Los rellenos de viales se ejecutarán con material seleccionado compactado para un proctor del 95%.  
Deberán valorarse los ensayos a ejecutar en los terraplenes para justificar los protor. Los resultados deberán hacerse llegar a la administración antes de ejecutar las subbases.  
Se incluirán partidas para la ejecución de marcas viales, tanto de señalización horizontal como vertical.  
Mobiliario:  
En las zonas ajardinadas deberán colocarse un banco tipo UM398 de fbd o modelo Libre de la firma Maprover por cada 200m² de jardín, en viales deberán colocarse papeleras tipo Cooper Inox de Maprover cada 150 metros.   
En zonas donde se prevean contenedores deberán colocarse barras de acero que impidan el desplazamiento de los mismos.  
En rebajes de bordillos y pasos de minusválidos deberán colocarse hitos de fundición que impidan el acceso de vehículos a las aceras.  
Otros elementos de mobiliario urbano serán las aparcabicicletas tipo Ciclos Inox de Maprover y las fuentes modelo Salud de Movelsa Ibérica.  
Sexta. Actuaciones de los aspirantes a urbanizador previas a la presentación de ofertas  
1. Dentro del plazo de tres meses, a contar desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio de licitación, los aspirantes a urbanizador deberán:  
a) Comparecer ante notario hábil por razón de territorio, depositando en dicha notaría la siguiente documentación:  
Proyecto de reforma interior.  
Proyecto de urbanización.  
b) Depositar copia de la citada documentación en Registro del Ayuntamiento.  
c) Remitir aviso del inicio del procedimiento de gestión indirecta del programa al domicilio fiscal de los que consten en el Catastro como titulares de los derechos afectados por la actuación propuesta.  
En la práctica de tales avisos se estará a lo dispuesto en el artículo 134.4 de la LUV y deberá darse cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 292 del ROGTU o preceptos que legalmente los sustituyan. Adicionalmente, en el aviso se mencionará la apertura de exposición pública.  
d) Con posterioridad a la remisión de los citados avisos, deberá publicarse, por los propios medios de los aspirantes, el correspondiente anuncio de exposición pública durante plazo de un mes de la documentación mencionada en el apartado a), a los efectos de alegaciones.   
Tal anuncio tendrá lugar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, computando como fecha de inicio del plazo la citada publicación y en un diario no oficial de amplia difusión en el municipio.  
2. Los aspirantes deberán presentar ante el Ayuntamiento, la correspondiente acta de protocolización en la que se deje constancia de la documentación a que se ha hecho mención en el apartado 1.a precedente así como del resto de los requisitos mencionados en dicho apartado 1 y de las alegaciones que, en su caso, se hayan formulado:  
a) En el plazo de 10 días a contar desde la conclusión del mes de exposición pública,  
b) En todo caso, dentro del plazo de dos meses a contar desde la expiración del plazo mencionado en el apartado 1 anterior.  
Sin perjuicio de lo anterior, la protocolización de los avisos mencionada en el apartado 1.c podrá efectuarse en acta independiente.  
Séptima. Solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles a los concursantes  
1. A tenor de lo previsto en el artículo 122 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, y en desarrollo del mismo, la justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.   
Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.   
Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.   
Si por razones justificadas el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante cualquier otro documento que la administración considere suficiente, pudiendo basarse en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos. A estos efectos, las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.   
La justificación de la solvencia económica y financiera de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas o otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrán basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus miembros.   
2. A tenor de lo previsto en el artículo 123 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, y en desarrollo del mismo, la justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:   
Presentación de una relación de los programas de actuación integrada promovidos y gestionados por el concursante. En la referida relación, deberán hacerse constar todos los programas promovidos y gestionados por el concursante, independientemente del tamaño y modalidad de los mismos, distinguiéndose entre aquellos que estén aprobados y los que se encuentren en tramitación en el momento de presentar la relación a que alude este apartado.  
Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.   
Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.   
Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y del personal directivo de que hubiera dispuesto durante los tres últimos años.   
Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos. En este apartado cabe aclarar que se admite expresamente la figura de la subcontratación para el cómputo de los materiales, instalaciones y equipo técnico.  
Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. Tales medidas, y en tanto en cuanto no surjan otras nuevas, podrán ser las publicadas por el Ministerio de Medio Ambiente actualmente conocidas como normas ISO.  
Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, habiendo de demostrar en este caso ante el ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
Octava. Documentación a presentar, modelo de proposición y plazo y lugar para la presentación de las mismas  
1) La documentación a presentar se realizará del siguiente modo:  
Sobre 1: personalidad jurídica, capacidad y solvencia  
Se incluirán en el mismo aquellos documentos que integren la personalidad jurídica, capacidad y solvencia económica y financiera, técnica y profesional del aspirante a los que se alude en los artículos 122 y 123 de la Ley Urbanística Valenciana. Se presentará en sobre cerrado y sellado y contendrá justificación documental de los extremos referidos en el artículo 133.1, letras a, b, c, d, e y f de la Ley Urbanística Valenciana y 300 y 301 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Se incluirá al menos:  
A) Si concurriese una sociedad o empresa deberá presentar escritura de constitución de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico se presentará escritura de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en materia de urbanismo.  
B) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.  
C) Cuando el ofertante actúe en nombre propio y es empresa individual deberá presentar documento nacional de identidad o fotocopia legalizada del mismo.  
D) Resguardo acreditativo de la fianza provisional.  
E) Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
F) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.  
G) Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.  
H) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la Ley Urbanística Valenciana. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento de Genovés requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
I) En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones la participación de cada una de ellas y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios. A su vez y en el supuesto de agrupaciones de interés urbanístico, deberá acreditarse la disponibilidad de personalidad jurídico-pública de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 144.1.d de la LUV.  
Sobre 2: proposición jurídico económica  
Se incluirá en el mismo, la documentación integrante de la proposición jurídico-económica, que se presentará en sobre cerrado y cuyo contenido será el establecido en el artículo 127 de la Ley Urbanística Valenciana y en el artículo 302 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
B) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
C) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo establecido en el cuadro N del anexo I de la Orden de 13 de diciembre de 2006, del conseller de Territorio y Vivienda, por el que se aprueba el modelo tipo de bases particulares para la adjudicación de programas de actuación integrada.   
D) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros:  
Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b de la Ley Urbanística Valenciana.  
Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.  
Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
Financiación de honorarios técnicos externos: importe destinado a la financiación de los citados informes, con el importe máximo establecido en la base 14.  
Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que en ningún caso podrá superar el 10%.  
Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
Sobre 3: alternativa técnica  
Se incluirá en el mismo la alternativa técnica del programa, presentada en sobre abierto y, adicionalmente, en soporte informático, que contendrá la siguiente documentación:  
1) A) Proyecto de reforma interior.  
B) Ámbito de la actuación integrada.  
C) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
D) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
E) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
F) Proyecto de urbanización.   
G) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme al artículo 124.2 de la LUV, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
H) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
I) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
J) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
2) Modelo de proposición:  
«(Nombre y apellidos) ... con DNI ... en representación de la mercantil ... con CIF .... h domicilio social en ... e inscrita en el registro mercantil de ... con el número ... ante el Ayuntamiento de .... comparece y como mejor proceda, digo:  
Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en fecha ... fue aprobado el inicio del concurso para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada ... por medio de gestión indirecta.  
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, por la presente formulo proposición para la adjudicación de programa de actuación integrada de la/s unidad/es de ejecución ..., de conformidad con la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica que se acompañan a la presente.  
Por lo expuesto,  
Suplico:  
Que teniendo por presentada esta petición, se sirva admitirla y en su virtud tenga por formulada proposición para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, por medio de gestión indirecta, y tras el procedimiento oportuno acuerde su adjudicación a esta mercantil.  
(Lugar) ... , (fecha) ... »  
3) Plazo y lugar de presentación:  
Las ofertas deberán presentarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento en horario de 09.00 a 14.00 horas en los citados tres sobres, identificados en el exterior con la indicación del concurso al que concurren y firmados por el licitador o su representante señalando el nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax.  
 Cada concursante no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
Novena. Baremación y criterios de adjudicación  
De acuerdo con los artículos 312 y 313 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, en relación con los artículos 135 y 137.1 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, en la presente base particular se señalan, por orden decreciente de importancia los criterios objetivos que deben servir de base para la adjudicación del programa de actuación integrada, así como la ponderación de los mismos determinante para la adjudicación de la actuación, que se efectuará siempre motivadamente, atendiendo a las circunstancias concurrentes en este caso.  
Se valorarán con carácter independiente los documentos correspondientes a la alternativa técnica y a la proposición jurídico-económica, con arreglo a los siguientes criterios de puntuación ordenados de manera decreciente:  
1) Ponderación de la alternativa técnica frente a la proposición jurídico-económica  
La suma total de los puntos de la alternativa técnica, representara un 50% de la valoración global, dado que ha sido aprobado el instrumento de planeamiento y no está permitida la variación del mismo.  
2) Criterios de adjudicación relativos a la alternativa técnica  
De acuerdo al artículo 312.2 del ROGTU las bases particulares de programación deben establecer la importancia relativa que en la decisión de adjudicar la condición de urbanizador tenga la alternativa técnica respecto de la proposición jurídico económica.  
Específicamente en el presente caso la alternativa técnica consiste en un proyecto de urbanización que pretende desarrollar el Plan Especial de Reforma Interior aprobado por el Ayuntamiento y que a su vez es parte integrante del Plan General.   
De acuerdo al artículo 312.5 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la Comunitat Valenciana los criterios de adjudicación relativos a la alternativa técnica valorarán los siguientes aspectos, enumerados por orden decreciente de importancia y cuya ponderación se expresa:  
La calidad técnica de la ordenación propuesta. 35 puntos debido a la importancia del desarrollo de la ordenación pormenorizada en las unidades de ejecución.  
La resolución adecuada de la integración de la actuación en su entorno. 5 puntos.  
La mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios libres. 5 puntos.  
La calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización. 5 puntos. El proyecto de urbanización debe de comprender los elementos para realizar una buena urbanización.  
Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. 8 puntos. El Ayuntamiento está interesado en la promoción de vivienda pública de calidad para los ciudadanos que no puedan acceder al mercado de vivienda libre.  
Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 5 puntos. Es de interés para el municipio cualquier inversión medioambiental en la transformación urbanística del municipio.   
Plazo de ejecución del programa de actuación integrada. 4 puntos. La clasificación del suelo como urbano hace que sea prioritaria la urbanización del mismo.  
Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente exigible. 1 puntos. Es de interés público del municipio la edificación simultánea para una consolidación del núcleo urbano.  
Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador. 1 punto. Se valoran estos compromisos al estar aprobado el Plan Especial de Reforma Interior y por lo tanto no existir variantes a la figura de planeamiento.  
Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa. 1 punto. En orden a dotar a la actuación de una mayor seguridad en su ejecución.   
De acuerdo al artículo 135.5 de la Ley Urbanística Valenciana para la valoración de los criterios de adjudicación las alternativas técnicas deben de superar el umbral mínimo a partir de los que se puntuará cada una de las alternativas técnicas que será el 50% del total de 70 puntos, lo que consecuentemente son 35 puntos.  
3) Criterios de adjudicación relativos a la proposición jurídico-económica.  
Los criterios de puntuación de las proposiciones jurídico-económicas valorarán, entre otros, los siguientes aspectos, enumerados por orden decreciente de importancia y cuya ponderación se expresa:  
Menor importe respecto de referencias de cuadros de precios de práctica usual de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. 10 puntos. Se le concede la puntuació máxima del artículo 312 del ROGTU al ser una de las partidas que le serán repercutidas a los propietarios de la unidades de ejecución una vez sea aprobado el proyecto de reparcelación por el Ayuntamiento.  
La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente. 7 puntos. Esta puntuación premia al futuro urbanizador que menos terrenos cobre a los propietarios que opten por esta modalidad.  
Mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa. 11 puntos. Garantía real que podrá ser ejecutada de incumplirse el contrato suscrito por el urbanizador.  
Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. 2 puntos. Cantidad económica que ofrece el urbanizador para las mejoras a las que se ha comprometido para adjudicarse dicha condición.  
Diez. Adjudicación del programa  
El programa se adjudicará a aquella propuesta que mayor puntuación obtenga como consecuencia de la suma de la establecida en los anteriores apartados, si bien sólo se considerarán aquellas que superen la puntuación mínima establecida para el apartado 2 de la base 9.  
De acuerdo con el artículo 137.2 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, el Ayuntamiento dispondrá de un plazo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones para la adjudicación del programa de actuación integrada.  
De no acordarse la adjudicación dentro del plazo establecido a este efecto, los concursantes tendrán derecho a retirar sus proposiciones y a la devolución de la garantía provisional.  
El Ayuntamiento tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada a la proposición más ventajosa, por medio de la aplicación de los criterios de adjudicación indicados en las bases reguladoras, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso, habiendo de motivar, en todo caso, su resolución con referencia a los criterios de adjudicación establecidos en las bases.  
Para la adjudicación del programa no será necesario el informe de Consejo del Territorio y el Paisaje previsto en el artículo 136.4 de la Ley Urbanística Valenciana.  
Once. Régimen de garantías  
El régimen de garantías será el establecido en la base 22 de las bases generales aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento en pleno el 18 de abril de 2007. La garantía provisional equivale al 2% de la estimación aproximada de las cargas del programa.  
En todo caso, se establece la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad de 4.572.388 euros sólo a efectos de calcular la garantía provisional. Por lo que la garantía provisional asciende a la cantidad de 91.447 euros.  
Doce. Formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del programa para el desarrollo de las actuaciones integradas  
De conformidad con el artículo 331 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en relación con el artículo 138 de la Ley Urbanística Valenciana), en el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa al urbanizador, y siempre que se haya producido aprobación igualmente definitiva del proyecto de urbanización, se procederá a la formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del PAI. El contrato se formalizará en documento administrativo bajo la fe pública del secretario municipal.  
De conformidad con lo establecido en la base 28 de las bases generales para la gestión indirecta de programas de actuación integrada de este ayuntamiento, los interesados en el procedimiento de licitación del programa de actuación integrada de las unidades de ejecución 2 y 4 del Plan General de Ordenación Urbana deberán presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base 10 de las presentes bases particulares.  
El urbanizador seleccionado, en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, y siempre con carácter previo a la firma del contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada, deberá depositar en la Tesorería del Ayuntamiento garantía financiera o real por un valor mínimo del 10% del valor de las cargas de urbanización.  
El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario publico, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.   
El contrato podrá elevarse a escritura publica cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.  
Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a estos efectos el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
El contrato a suscribir por el urbanizador tendrá el carácter de contrato administrativo especial, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
Trece. Plazos de ejecución  
Concluida la fase de selección del agente urbanizador y, en su caso, del empresario constructor, en el plazo de 15 días desde la firma del contrato de desarrollo y en todo caso desde la notificación de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización y de sus modificaciones y subsanaciones si las hubiera, deberá remitirse por parte del Agente urbanizador las comunicaciones para la elección de modalidad de retribución a las que se refiere el artículo 166.1 de la LUV.   
La presentación de los textos refundidos correspondientes al planeamiento o al proyecto de urbanización deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de la aprobación, provisional o definitiva, que imponga modificaciones a la alternativa técnica.   
El inicio del procedimiento de pública concurrencia para la selección del empresario constructor deberá tener lugar en el plazo de un mes desde la formalización del contrato entre el urbanizador y la administración actuante.  
Una vez suscrito el contrato con el empresario constructor, o adjudicado el programa sin necesidad de la intervención de éste, el urbanizador comunicará la aprobación del programa y los contenidos del artículo 166 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, y el 382 de su Reglamento, a los propietarios que consten como titulares en los registros públicos o como interesados en el expediente en el momento de realizarse dicha comunicación. En especial les informará sobre magnitudes económicas y urbanísticas del programa y les requerirá para que se manifiesten sobre la opción sobre el modo de retribución, indicándoles el régimen subsidiario establecido en el programa de actuación integrada.   
La presentación de los textos refundidos correspondientes al proyecto de reparcelación deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de las modificaciones a introducir en el proyecto inicialmente formulado.  
El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, acreditándose mediante acta de replanteo suscrita por la dirección de las obras y, al menos, por un técnico municipal. A estos efectos, el urbanizador deberá acreditar, en el acta de replanteo, el pago a los acreedores netos de la cuenta de liquidación o bien la consignación de dicha cantidad en la Tesorería municipal. Además, deberá de justificarse las partidas del proyecto de urbanización relativas a los gastos generales y al beneficio industrial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 129 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Antes del comienzo de las obras (acta de comprobación del replanteo) deberán aportarse los convenios formulados con las compañías suministradoras (Iberdrola, Telefónica, Cegas, etc.). En el acta de replanteo se aportarán además de las autorizaciones administrativas pertinentes para la ejecución de las distintas obras sectoriales que lo requieran (Costas, Confederación Hidrográfica o Carreteras).  
En la asistencia técnica durante la ejecución de obras, se estará a lo siguiente:  
El urbanizador propondrá un pliego de condiciones técnicas para la asistencia técnica que será aprobado por el Ayuntamiento y que posteriormente el urbanizador contratará.  
El pliego a presentar en el Ayuntamiento, contendrá al menos las siguientes especificaciones:  
Nombre de la empresa y personal técnico de enlace.  
Plan de controles incluidos en la prestación (alineaciones, rasantes, materiales, ejecución de terraplenes y firmes, obras de fábrica, seguridad y salud, acometidas, revisiones con TV de canalizaciones, coordinación, gestión ambiental, etc.).  
Presupuesto detallado costes de controles y de asistencia, justificando su importe en relación con las cuantías habituales de control de calidad y de alcance de la prestación (mínimo 0,5% sobre PEM afectado).  
La asistencia técnica contratada cursará informes periódicos y resultados de los controles a la dirección facultativa y al Ayuntamiento, de sistemática y simultánea. El Ayuntamiento podrá formular las instrucciones pertinentes a la asistencia técnica, con conocimiento de la dirección, con el fin de garantizar el efectivo seguimiento y control de las obras.  
- El coste de las actuaciones descritas irá con cargo a los gastos generales del PEC, supervisando el Ayuntamiento su cumplimiento y liquidación de modo similar al de las certificaciones y liquidación de las obras.  
Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo máximo de treinta y seis meses desde su inicio. La finalización de las obras se acreditará mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director facultativo.  
Junto a la documentación acreditativa de la finalización de las obras de urbanización se debe de aportar las actas de recepción y certificados de conformidad otorgados por las empresas suministradoras de los diferentes servicios (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones). Un informe sanitario de inspección y valoración de las instalaciones de abastecimiento de agua y un acta de puesta en servicio de las instalaciones eléctricas, otorgada por la conselleria competente.  
También debe de aportarse un documento final de obras con una memoria en la que se incluya el historial de las obras ejecutadas junto con las incidencias surgidas, anejos a la memoria como copia del libro de ordenes, libro de incidencias y un plano final de las obras realmente ejecutadas y una definición detallada del estudio de dimensiones y características de las obras ejecutadas.  
El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquellas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. La constatación de deficiencias suspenderá el inicio del cómputo del plazo de garantía señalado en el apartado siguiente.  
Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.  
Catorce. Informes externos  
(i) El importe de los honorarios de los informes necesarios para la redacción de la propuesta de adjudicación prevista en el artículo 137 de la LUV deberá ser abonado al Ayuntamiento en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de la selección de agente urbanizador. Estos gastos se consideraran gastos generales del urbanizador que no podrán ser repercutidos a los propietarios. Si se generan más gastos en el proceso de selección (texto refundido, etc.) serán abonados por el urbanizador al Ayuntamiento a los 15 días del requerimiento de pago.  
(ii) El importe de los honorarios profesionales que se generen en el Ayuntamiento en el procedimiento de programación por los informes técnicos y jurídicos necesarios para adoptar los restantes acuerdos administrativos, serán considerados, de acuerdo con el artículo 168 de la LUV como cargas de urbanización que todos los propietarios deben retribuir al urbanizador.   
El importe de los informes que pueden ser repercutidos a los propietarios según el artículo 168 de la LUV, es el 1,36% del coste total del programa (IVA excluido) para los informes jurídicos y el 0,58% del coste total del programa (IVA excluido) para los informes técnicos.  
El urbanizador deberá ingresar en el Ayuntamiento con carácter finalista la totalidad de los costes por los informes jurídicos y técnicos especificados en el párrafo anterior en el momento de presentar la garantía definitiva y antes de la firma del convenio urbanístico y que luego repercutirá a los propietarios como parte de la primera cuota de urbanización.   
Dentro de los honorarios por los informes jurídicos no se incluye la defensa del Ayuntamiento en los posibles recursos contencioso administrativos.  
El importe concreto de los honorarios se justificará a efectos de la liquidación definitiva.  
Quince. Cesión de la condición de urbanizador   
1. El urbanizador, previa autorización del Pleno del Ayuntamiento y mediante escritura pública, puede ceder la condición de urbanizador a favor de tercero que se subrogue en todos sus derechos y obligaciones ante los propietarios de suelo y ante la propia administración.  
Para que la cesión pueda producirse, el cesionario deberá reunir los requisitos exigidos por la ley para ser urbanizador, además de aquellos méritos y condiciones personales del cedente que fueron relevantes para la adjudicación del programa.  
2. El Pleno del Ayuntamiento podrá denegar la cesión en los supuestos legal y reglamentariamente establecidos. Atendidas las circunstancias del caso, se podrá acordar la resolución de la adjudicación en los términos previstos en las presentes bases y establecer la gestión directa como modalidad de ejecución del programa.  
3. El Ayuntamiento podrá autorizar la cesión parcial, para tramo o porción minoritaria de la actuación, siempre que se den los requisitos mencionados en el artículo 335 del ROGTU o precepto que legalmente le sustituya. El Ayuntamiento deberá verificar que entre cedente y cesionario asuman, solidaria o mancomunadamente, una programación debidamente coordinada y un conjunto de compromisos que satisfagan las exigencias de la programación ordinaria.  
Dieciséis. Subcontratación   
1. El urbanizador, dando cuenta al Ayuntamiento, podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las prestaciones correspondientes al programa de Actuación Integrada que tenga por conveniente, en los términos establecidos en el TRLCP, y en las bases reguladoras del programa.  
2. Los subcontratistas quedarán obligados ante el urbanizador, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del programa ante la administración.  
3. El urbanizador no podrá en ningún caso subcontratar la ejecución parcial del programa de actuación integrada con personas inhabilitadas para contratar o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 20 del TRLCP ni con las personas mencionadas en la base 11, apartado 3 de las bases generales aprobadas por el Ayuntamiento.  
Diecisiete. Penalidades por incumplimiento  
1. Se establecen las siguientes penalidades por incumplimiento:  
La demora en el inicio de la ejecución material de las obras por negligencia del urbanizador en la realización de las actuaciones preparatorias de gestión urbanística será penalizada con un 1 por mil por día natural de demora respecto al importe previsto en concepto de beneficio y gastos de gestión.  
La demora injustificada durante la realización o terminación de las obras, salvo las prórrogas que en su caso procedan, serán objeto de penalidades a razón de 0,12 € por cada 601,01 € del precio del contrato.  
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el Pleno del Ayuntamiento estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
El Ayuntamiento tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.  
2. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, la inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nuevo alternos determinará la resolución de la adjudicación.  
Dieciocho. Resolución de la adjudicación del programa  
1. Serán causas de resolución de la adjudicación del programa:  
La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.  
La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.  
La falta de prestación de la garantía definitiva o de las complementarias, en su caso.  
La no suscripción del contrato que formalice los compromisos contraídos ante la administración.  
El incumplimiento grave de los compromisos asumidos en virtud del bloque contractual integrado por el contrato, las bases generales y particulares, la oferta y la normativa urbanística y contractual que rige subsidiariamente el contrato.  
La comisión por el urbanizador de infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado. La resolución que declare tales infracciones deberá haber adquirido firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entenderá incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución, y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la LUV les otorga.  
La realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa, entendiéndose por tales, en todo caso, la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que defrauden la competencia.  
El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por la Ley Urbanística Valenciana o cuerpo legal que le sustituya.  
El transcurso de los plazos a que se hace mención en la base particular precedente, bien por imperativo, bien por decisión del Ayuntamiento.  
El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de los terrenos u otros afectados.  
El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar la programación y que hagan legalmente inviable la prosecución de esta, sin perjuicio de las compensaciones que, en su caso, procedan o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.   
En tales supuestos el Ayuntamiento reembolsará al urbanizador los gastos documentalmente justificados, siempre que le sea imputable la falta de detección de los nuevos elementos territoriales determinantes de la inviabilidad del programa.  
La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello de lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico económica superior al 20%.  
Las demás causas previstas en la legislación aplicable a sus relaciones con la administración.  
2. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
3. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento Pleno de oficio o a instancia del urbanizador, previa audiencia al urbanizador y dictamen del Consejo del Territorio y del Paisaje, en los términos del artículo 342 del ROGTU o precepto que legalmente lo sustituya.   
4. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, en los términos contemplados en la normativa vigente en materia de contratación, la resolución determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la Actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.  
El acuerdo que determine la resolución deberá, cuando proceda:  
Declarar, de conformidad con el referido dictamen, la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido suficientemente a las cargas de urbanización.  
Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de las actuaciones aisladas.  
Incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador, o la administración en caso de optarse por la gestión directa, asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que lo sustituya o, en otro caso, y salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, disponer:  
La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento seguido para su adopción de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa cancelado, o la compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización, en los términos del artículo 344 del ROGTU o precepto que legalmente le sustituya.  
Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes.  
A los efectos previstos en este apartado, el Ayuntamiento, de mantener la gestión indirecta del programa, podrá requerir a quienes formularon proposiciones jurídico-económicas a la alternativa técnica seleccionada, por el orden derivado de la aplicación de criterios de adjudicación, a fin de que acepten la adjudicación y prosigan con la ejecución del programa. Subsidiariamente, el Ayuntamiento podrá acordar el inicio de una nueva licitación sobre la alternativa técnica seleccionada o declarar la caducidad del programa.  
También podrá acordarse la directa intervención gestora del Ayuntamiento para la prosecución provisional del programa mientras se resuelve sobre su resolución, y en su caso, nueva adjudicación.  
Diecinueve. Jurisdicción competente  
La resolución de cuantos recursos se interpongan en relación a la licitación, adjudicación y ejecución de los programas de actuación integrada se sustanciarán ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.  
Veinte. Entrada en vigor  
Las presentes bases particulares, una vez aprobadas definitivamente, entrarán en vigor a los 15 días de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.  
En cumplimiento de lo que establecen los artículos 131 y 132 de la LUV y artículos 286, 447 y 448 del ROGTU se procede a publicar el texto íntegro de las bases particulares, haciéndose constar que contra el acto de su aprobación se podrá interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que las dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de estas bases.  
El recurso contencioso-administrativo se podrá interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación o en el supuesto de haberse interpuesto recurso de reposición, a contar desde el día siguiente al de la notificación de su resolución expresa, o en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la resolución presunta del recurso, la cual se producirá por el transcurso de un mes desde la interposición del mismo sin que se haya notificado resolución expresa.   
De conformidad con lo establecido en el artículo 101.2 de la LUV quedan suspendidas la tramitación y otorgamiento de licencias y de nuevos programas en el ámbito objeto de programación, cuyas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente.   
Alborache, 20 de junio de 2008.- El alcalde: Miguel Pinach Montó.