Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5019, del 02-06-2005 (2005/6270)

ACUERDO de 27 de mayo de 2005, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitada por la mercantil Arcilla Blanca, SA, consistente en una actuación integral para la ampliación de instalaciones de una industria de fabricación de arcilla atomi-zada en suelo no urbanizable del municipio de l'Alcora.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5019

Fecha DOGV
:   02-06-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/6270


Fecha del documento
:   27-05-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Alcora, l'
    * plan de urbanismo
    * terreno industrial

ACUERDO de 27 de mayo de 2005, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitada por la mercantil Arcilla Blanca, SA, consistente en una actuación integral para la ampliación de instalaciones de una industria de fabricación de arcilla atomizada en suelo no urbanizable del municipio de l'Alcora. [2005/6270]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 27 de mayo de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Visto el expediente promovido por la mercantil Arcilla Blanca, SA, referido a la solicitud de declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, para la ampliación de instalaciones de una industria destinada a la fabricación de arcilla atomizada, en suelo no urbanizable del término municipal de l'Alcora, y de conformidad con los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Con fecha 8 de marzo de 2000, tuvo entrada en el Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial de Castellón, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, la solicitud formulada por el señor José Javier Menéndez Medina, en representación de la mercantil Arcilla Blanca, SA, instando la declaración de interés comunitario para la ampliación del ámbito territorial de las instalaciones de una industria destinada a la fabricación de arcilla atomizada, afectando a las parcelas 223, 224, 225 y 227 del polígono 12, del término municipal de l'Alcora, en suelo no urbanizable, con una cuantificación superficial de 41.312 m² según catastro, así como la modificación de las instalaciones y edificaciones también destinadas a la fabricación de tierra atomizada y que la misma mercantil, el 26 de diciembre de 1997, había solicitado la declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, sobre las parcelas catastrales números 219, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 231 y 232, del polígono 12, partida Foies Ferraes, en suelo no urbanizable de l'Alcora, y afectando a una superficie de 95.139 m², haciendo así una superficie total las parcelas afectadas por la actuación integrada de 136.451 m².
  
Con fecha 23 de diciembre de 1998, el Consell de la Generalitat adoptó el acuerdo de aprobación definitiva de la actuación integral relativa a la atribución de uso para la instalación de dicha industria de fabricación de arcilla atomizada que afectaba solamente a los 95.139 m² y 20.376 m² de superficie construida.
  
El 11 de enero de 2005, se presentó por la mercantil peticionaria un texto refundido aclaratorio de todo el expediente y en el que se concretó el ámbito total de las parcelas afectadas, que son: parte de la parcela 219, parte de la 220, parte de la 222 y parte de la 223 y la totalidad de la 221, 228, 229, 230, 231, 232; todas ellas del polígono 12, con una superficie total según reciente medición y remodelación de la actuación solamente de 101.734,88 m².
  
Esta modificación añade únicamente parte de la parcela nº 223 del polígono 12, clasificado como suelo no urbanizable común según la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de l'Alcora, aprobado el 15 de diciembre de 2004.
  
Una pequeña parte de las parcelas 219, 220 y 222, que ya estaban contenidas en el ámbito de la declaración de interés comunitario autorizada, corresponden a suelo que, después de la modificación nº 29 del PGOU aprobado, continúa clasificado como no urbanizable de protección agrícola, por lo que se excluyen del ámbito de la petición actual.
  
Asimismo, las parcelas 224 y 225 tampoco se han incluido al estar clasificadas como suelo no urbanizable de protección agrícola, así como la parcela 227 que, perteneciendo a la Confederación Hidrográfica del Júcar, no ha sido posible su adquisición por razones burocráticas, por lo que se elimina del ámbito solicitado. Quedan, por tanto, solamente, en el ámbito de la actuación, las parcelas clasificadas en el PGOU de l'Alcora vigente como no urbanizable común; siendo, según la actual medición, tan sólo una ampliación de superficie de 1.162,33 m², lo que hace un total de superficie afectada a la actuación de 101.734, 88 m².
  
Como resultado de la declaración de impacto ambiental, la parcela catastral nº 219 deberá someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por considerar la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio que no fue incluida en el proyecto y estudio de impacto ambiental de la declaración de interés comunitario ya aprobada con anterioridad.
  
Con fecha 2 de marzo de 2005, se decidió por la mercantil interesada presentar nueva documentación concretando el ámbito a afectar por la instada declaración de interés comunitario, eliminando la parte de parcela 219 incluida en la actuación y quedando, por tanto, limitado el ámbito a las siguientes parcelas: parte de la 220, parte de la 222 y parte de la 223 y la totalidad de las parcelas: 221, 228, 229, 230, 231, 232; todas ellas del polígono 12, con una superficie total, según reciente medición, de 87.009,84 m², quedando así el ámbito definido de la actuación en el suelo clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana vigente como no urbanizable común, disponiendo de declaración de impacto ambiental favorable y siendo totalmente propiedad de Arcilla Blanca, SA.
  
En el ámbito de la declaración de interés comunitario aprobada existe la industria de fabricación de arcilla atomizada, constituida por los edificios principales de almacenamiento, producción y administración con los correspondientes suministros de agua, electricidad, gas depuración, así como zonas destinadas a viario y aparcamiento y espacios ajardinados.
  
La superficie total ocupada y construida autorizada es de 20.376 m²; la solicitud de la ampliación que se propone es de 31.530,51 m², lo que hace un total de 51.906,51 m², destinando todas ellas al uso industrial excepto 976,28 m² destinados a las oficinas y siendo la superficie total construida de 53.857,07 m².
  
La superficie de la actuación es, por tanto, muy superior a 4 hectáreas de superficie y la superficie construida mucho mayor de 8.000 m².
  
Los usos han sido distribuidos de la siguiente forma: se han destinado para zona de almacenamiento 22.665,23 m²; para producción 28.266 m²; para administración 975,28 m²; para edificaciones complementarias 461,50 m²; para viario y aparcamiento 26.017,24 m²; y para zonas ajardinadas 8.624,59 m².
  
Las características de la actuación son las siguientes:
  
- Superficie total de los terrenos: 87.009,84 m².
  
- Superficie ocupada por las edificaciones e instalaciones: 51.906,51 m².
  
- Coeficiente de ocupación: 59,66%.
  
- Superficie construida: 53.857,07 m².
  
- Edificabilidad: 0,62 m²/m².
  
- Distancias a los lindes: 6 m.
  
- Longitud de fachada 140 m.
  
- Número de plantas: 1 y 3 plantas edificio donde en una de ellas se ubica el uso administrativo.
  
Obran en el expediente copias de las escrituras de compraventa de los terrenos a nombre de la mercantil Arcilla Blanca, SA.
  
Segundo
  
A la vista de las anteriores características de la actuación y previos los informes de la Oficina del Plan de Carreteras de 24 de marzo de 2000, emitido en sentido favorable; de la entonces Conselleria de Medio Ambiente, de 20 de marzo de 2000, emitido en sentido favorable, y del Ayuntamiento de l'Alcora, de 27 de marzo de 2000; se admitió a trámite el expediente, mediante Resolución del entonces conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el 19 de junio de 2000.
  
El proyecto, junto con el estudio de impacto ambiental, se sometió a información pública con el plazo de 20 días, mediante anuncios publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 3801, de 26 de julio de 2000, así como en el diario El Mundo de 20 de julio de 2000, sin que en el plazo concedido para ello se hubiera presentado ninguna alegación en el Registro de la actual Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
Durante el plazo de información pública del expediente no se presentó ninguna propuesta alternativa a la desencadenante del procedimiento.
  
Tercero
  
Sin perjuicio de los informes recabados previamente a la admisión a trámite del expediente, una vez acordada ésta, se solicitó informe de nuevo a los siguientes organismos:
  
- Ayuntamiento de l'Alcora, emitido por la Comisión de Gobierno el 2 de mayo de 2001, en sentido favorable.
  
- Oficina del Plan de Carreteras de fecha 4 de julio de 2001, en sentido favorable a la declaración de interés comunitario, ya que la actuación objeto de solicitud de ampliación se encuentra fuera del ámbito de la carretera CV-16, disponiendo además de acceso adecuado que está siendo ejecutado por el Ayuntamiento de l'Alcora.
  
- Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación, recibido en fecha 10 de enero de 2001 en sentido favorable, considerando que las instalaciones solicitadas, máxime si ya están en actividad desde hace dos años, no inciden negativamente en las competencias que la Conselleria de Territorio y Vivienda tiene con respecto a la actividad agropecuaria (aplicación del artículo 18.3 de la Ley 4/1992). La declaración de interés comunitario se condiciona a la aplicación de las medidas correctoras expuestas en la Declaración de Impacto Ambiental y otras que eviten que los lixiviados que puedan producirse en el proceso industrial y almacenaje de materias primas viertan en cursos de agua, como acequias, ríos, barrancos, pantanos, etc.
  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, recibido el 17 de abril de 2001 en sentido favorable condicionado y del siguiente tenor literal:
  
«Referente a la posible afección a cauces públicos, toda actuación que se quiera ejecutar en el dominio público hidráulico y/o dentro de la zona de policía, aparte de respetar la servidumbre de paso mínima de 5 m respecto a cauces, tendrá como requisito previo e indispensable a la iniciación de las obras, la obtención de la autorización de esta Confederación Hidrográfica del Júcar de acuerdo con la legislación de aguas vigente.
  
Igualmente si se prevé realizar captaciones de agua superficial o subterránea se deberá obtener autorización previa, así como para el vertido de las aguas tanto residuales como pluviales.
  
En resumen, esta actuación, en cuanto afecte al Dominio Público Hidráulico y/o su zona de policía deberá ajustarse en todas sus fases a lo dispuesto en la normativa específica vigente y en particular a la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto, modificada por la Ley 46/1999 de 13 de diciembre, sus reglamentos y demás disposiciones que la desarrollen».
  
- Servicio Territorial de Industria, de la entonces Conselleria de Industria y Comercio, recibido el 7 de junio de 2001, indicando que: «no existe inconveniente alguno de que se realice la citada ampliación en dicha zona. No obstante recordamos que deberán presentar la documentación para inscribir la ampliación en el Registro Industrial con anterioridad a su puesta en servicio, cumpliendo los reglamentos de seguridad que afecten a este Servicio Territorial».
  
El 14 de junio de 2001 se reiteró la emisión del informe que deberá contener, además, referencia expresa sobre la minoración de estándares, según lo previsto en el párrafo 2 del artículo 14 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.
  
Con fecha 30 de octubre de 2001, tuvo entrada el nuevo informe solicitado indicando que no existe información alguna en relación con la posible minoración de estándares, por lo que continúa siendo válido el informe emitido el 21 de diciembre de 2000 por el director general de Industria y Energía en el que sigue diciendo que no existe inconveniente para que se pueda acceder a lo solicitado y, por otra parte, sobre la minoración de estándares no se pronuncia al no haber encontrado información sobre el particular en la documentación aportada.
  
Asimismo y en cumplimiento del artículo 20.2.b) de la Ley de la Generalitat 4/1992, se concedió audiencia en el expediente a los municipios de la zona (Castellón de la Plana, Borriol, Sant Joan de Moró, Onda, Ribesalbes, Lucena del Cid, Fanzara, Figueroles y Costur), no habiendo recibido ningún escrito de dichos Ayuntamientos.
  
Cuarto
  
El proyecto se ha sometido a declaración de impacto ambiental emitida por Resolución el 3 de octubre de 2001, de la directora general de Planificación y Gestión del Medio, estimando aceptable el proyecto a los solos efectos medioambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, bajo una serie de condiciones que se citan a continuación:
  
1) El desarrollo de la actuación no deberá ser llevada a cabo sin la previa autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dándose estricto cumplimiento del informe emitido por la misma y, en especial, en cuanto se refiere a las afecciones en la zona de policía y servidumbre de cauces. Se remitirá copia de dicha autorización a esta Dirección General, especificándose el área concedida y las limitaciones establecidas en la misma, en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva, siempre que existan argumentos de índole urbanística, no especificados en la documentación aportada para la tramitación de la evaluación de impacto ambiental, que permitan aumentar la industria en suelo no urbanizable de protección agrícola junto al embalse de María Cristina.
  
En el caso de no autorizarse la actuación por la Confederación Hidrográfica del Júcar o, en su defecto, no dar cumplimiento a lo especificado en el párrafo anterior, se desestimará la modificación tramitada.
  
2) Los condicionantes exigidos en la declaración de impacto ambiental, que se resolvió aceptable por el director general para el Desarrollo Sostenible en fecha 27 de octubre de 1998, serán de aplicación e igualmente exigibles en la modificación de la declaración de interés comunitario tramitada.
  
3) La parcela catastral nº 219 deberá ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la cual no fue incluida en el proyecto y estudio de impacto ambiental de la declaración de interés comunitario aprobada.
  
4) Se presentará en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación definitiva un plan de revegetación, con especies arbóreas de ribera de gran porte, a lo largo de todo el cerramiento, conforme a lo propuesto en el informe de los servicios territoriales de Castellón que se ha transcrito. Este plan de revegetación deberá ser diseñado y ejecutado con criterios paisajísticos y de persistencia de la masa, recomendándose para ello la participación de especialistas en restauración paisajística y forestal.
  
5) Serán de aplicación todas y cada una de las medidas correctoras propuestas en el estudio de impacto ambiental que no entren en contradicción con las propuestas en los epígrafes anteriores de la presente declaración.
  
Con fecha 28 de junio de 2002, el interesado presentó ante la entonces Conselleria de Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental sobre la parcela nº 219, así como un plan de revegetación en dicha parcela.
  
Quinto
  
El Plan General de Ordenación Urbana de l'Alcora, aprobado el 28 de noviembre de 1989, clasifica los terrenos donde se solicitan las instalaciones como no urbanizable de protección agrícola, permitiéndose las viviendas unifamiliares aisladas siempre que se cumplan las condiciones establecidas para el suelo no urbanizable común, con las limitaciones de la edificabilidad a 0,04 m²/m² de parcela, permitiendo también las construcciones que guarden el carácter agrícola y prohibiendo cualquier destino del suelo que atente contra el carácter agrícola.
  
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, mediante Sentencia de 18 de julio de 2001, estimó un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo de 23 de julio de 1997, del Consell de la Generalitat, que aprobó una declaración de interés comunitario por el procedimiento del artículo 20 de la Ley del Suelo No Urbanizable en suelo no urbanizable de protección agrícola del municipio de l'Alcora. En esta Sentencia, que es firme, se señaló que el denominado suelo no urbanizable de protección agrícola del Plan General de Ordenación Urbana de Alcora tiene la consideración de suelo no urbanizable de especial protección, por lo que en el mismo no pueden llevarse a cabo actuaciones que requieran de declaración de interés comunitario.
  
La Comisión Informativa de Urbanismo de Castellón, en sesión de 17 de diciembre de 2001, acordó ofrecer el trámite de audiencia a los interesados en la actuación y al Ayuntamiento de l'Alcora, en relación con la incidencia de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a la que se ha hecho referencia.
  
El Ayuntamiento de l'Alcora, con fecha 27 de diciembre de 2001, comunicó que con fecha 4 de diciembre de 2001 acordó someter a información pública el Proyecto de Modificación Puntual nº 29 del PGOU de l'Alcora, consistente en el ?cambio de clasificación urbanística del suelo no urbanizable de protección agrícola a suelo no urbanizable común?; y solicitando se mantenga en suspenso la declaración de interés comunitario afectada por la Sentencia de 18 de julio de 2001, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hasta que se resuelva la aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº 29.
  
La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión de 15 de diciembre de 2004, acordó aprobar definitivamente la modificación nº 29 del Plan General de Ordenación Urbana de l'Alcora, consistente en el cambio de cualificación superficial de la calificación de suelo no urbanizable de protección agrícola a suelo no urbanizable común, sin modificar los parámetros edificatorios. Dicha modificación se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 157, de 30 de diciembre de 2004.
  
Sexto
  
La Comisión Informativa de Urbanismo de Castellón, en sesión de 7 de marzo de 2005, acordó informar favorablemente la presente solicitud de declaración de interés comunitario.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
A la vista del primero de los antecedentes que preceden, del que resulta que la actuación pretende la ocupación de una superficie de terrenos superior a 4 hectáreas y cuenta con más de 8.000 m² de construcción en suelo no urbanizable, la solicitud de declaración de interés comunitario se ha tramitado, según resulta de los antecedentes anteriores, y se debe resolver conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable.
  
Así las cosas, en orden a constatar el cumplimiento de las condiciones a que se refiere el número 1 de tal precepto, se advierte lo siguiente:
  
a) Por sus características y su impacto territorial, la actividad no puede emplazarse en los suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización previstos por los planeamientos vigentes en municipios de la zona. El emplazamiento propuesto se considera territorialmente adecuado, como aprecia el Ayuntamiento de l'Alcora en su informe favorable de fecha 2 de mayo de 2001, además de tratarse de una ampliación básicamente de las edificaciones y reajuste del ámbito de las parcelas al suelo clasificado como no urbanizable común.
  
b) Respecto al cumplimiento del artículo 20.1.b) relativo a que queden suficiente y adecuadamente resueltos a cargo de la actuación, la totalidad de los servicios requeridos para su establecimiento y funcionamiento, sin que se produzca una sobrecarga de demanda en las infraestructuras y servicios generados, cabe decir que la actuación resuelve adecuadamente y a su cargo los siguientes servicios que precisa para su establecimiento y funcionamiento, como en la memoria del proyecto se especifica:
  
- Conexión viaria: se indica que ya ha sido resuelto en la declaración de interés comunitario aprobada. En el momento de su autorización estaba en construcción el enlace de las parcelas de Arcilla Blanca, SA, con la carretera CV-16. Hoy día dicho viario ha sido concluido, disponiendo la zona de acceso rodado adecuado según ha sido acreditado en el informe favorable emitido por la Oficina del Plan de Carreteras de 4 de julio de 2001.
  
Se ha dotado a la parcela de los servicios básicos para el funcionamiento de las siguientes instalaciones, en la autorización ya otorgada anteriormente.
  
- Agua potable: el suministro de agua se resolvió mediante dos perforaciones debidamente autorizadas con capacidad suficiente para cubrir las necesidades incluso de las necesidades futuras.
  
- Suministro de energía eléctrica: se construyó a cargo de Arcilla Blanca, SA, una línea de media tensión de 20 Kv desde Sant Joan de Moró y propiedad de Iberdrola, SA. Las instalaciones a que se refiere la ampliación no requiere mayor suministro eléctrico. Se dispone de un equipo de cogeneración cuya capacidad va en aumento con las necesidades del momento, de forma que la instalación sea siempre exportadora neta de electricidad hacia la red distribuidora de Iberdrola, SA.
  
- Suministro de gas: la acometida existente es suficiente para el consumo incluso en las instalaciones futuras con un equipo de cogeneración para lo que ya se dispone del correspondiente contrato con la empresa de gas.
  
- Eliminación de residuos: existe una depuradora biológica que trata las aguas negras permitiendo la incorporación de las aguas depuradas al agua industrial que finalmente es evaporada en las atomizadoras. Dicha depuradora es suficiente para las necesidades, incluso las futuras, debidas al aumento de personal. Existe también una depuradora físico-química para las aguas industriales que permite incorporar tanto el agua depurada como los residuos sólidos a la barbotina que acaba siendo atomizada pasando el producto a la atmósfera por evaporación. Con estos sistemas el vertido de las aguas residuales es nulo tanto ahora como para posibles ampliaciones.
  
c) La mercantil promotora del expediente asume el cumplimiento de las obligaciones, deberes y cesiones exigidas conforme al artículo 20.1.c) de la Ley del Suelo No Urbanizable, como si se tratara de las cesiones propias del adjudicatario de un programa de adjudicación urbanística en suelo urbanizable no programado y nunca menores que las propias del suelo urbanizable programado.
  
El Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Consell de la Generalitat, establece en el artículo 14 del anexo los estándares aplicables en los sectores industriales, siendo exigible, como norma general, una reserva mínima de suelo dotacional público del 40% de la superficie computable del sector, de la que, al menos, un 10% debe ser destinada a zona verde. No obstante, en el mismo artículo 14, segundo párrafo, indica que la reserva podrá minorarse mediante resolución motivada del conseller, debiendo solicitarse dicha excepción previamente y manteniendo como mínimo el 10% de la superficie total, como cesión para zonas verdes.
  
En el presente expediente se solicitó informe respecto a la minoración de estándares a la entonces Conselleria de Industria y Comercio, no habiéndose formulado manifestación contraria al respecto.
  
Así pues, respecto del deber de cesión de los terrenos dotacionales públicos mínimos (10%), y la cesión (10%) correspondiente al aprovechamiento urbanístico, el Ayuntamiento de l'Alcora, en su informe de fecha 2 de mayo de 2001, consideró que ambas cesiones se realicen en metálico asignando un valor del m² de terreno para zona verde de 3,84 euros/m², y para el coste de las obras de urbanización necesarias 298.390,49 euros.
  
Así, considerando que la superficie para la que se solicita la autorización con la regulación definitiva propuesta, eliminando la parte de la parcela 219 que había sido incluida, son 87.009,84 m² y que la superficie de la declaración de interés comunitario aprobada es de 95.139 m², existe una disminución del ámbito de la actuación en 8.129,16 m².
  
Dado que el ámbito de la actuación disminuye respecto a la superficie ya cuantificada, hace que no le corresponda mayor incremento de cesión al Ayuntamiento en concepto de cesión del 10% de los terrenos para zona verde.
  
En relación con el aprovechamiento, la compensación en metálico para el Ayuntamiento de l'Alcora, correspondiente al 10% del coste de las obras de urbanización (éstas se cuantifican en 298.390,49 euros), equivaldría a 29.839,05 euros.
  
Con independencia de lo anterior, la empresa realizó en su día con la primera autorización la cesión al municipio de la superficie ocupada por accesos y viales de conexión con la parcela, incluida la ejecución de las infraestructuras necesarias.
  
En consecuencia se da cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 20.1 de la citada Ley 4/1992.
  
Segundo
  
La tramitación del expediente ha sido formalmente correcta, habiéndose cumplido las exigencias procesales establecidas en el artículo 20.2 de la misma Ley, en relación con las derivadas de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat, Reguladora de la Actividad Urbanística, y el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Consell de la Generalitat.
  
Tercero
  
La actuación solicitada es de implantación adecuada desde el punto de vista territorial, puesto que no existe dentro del suelo urbano industrial suficiente espacio libre para poder situar la industria de pasta blanca, tal como así lo informa la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Alcora de fecha 2 de mayo de 2001, además de tratarse de una ampliación de la ya existente y autorizada.
  
Así las cosas, se entiende que la declaración de interés comunitario, considerada en el preámbulo de la Ley sobre Suelo No Urbanizable como una especie de planeamiento puntual, es instrumento adecuado para la atribución del uso solicitado, máxime cuando, al haber seguido el procedimiento extraordinario del artículo 20 de tal Ley, está rodeada de garantías procesales y sustantivas, señaladamente las de carácter medioambiental y las relativas a la participación pública en las plusvalías que genera la declaración, equivalentes a una modificación puntual de planeamiento encaminada a la concreta localización de un uso y aprovechamiento.
  
Desde un punto de vista económico y social, la actuación se considera muy positiva pues conlleva una gran inversión y genera puestos de trabajo, además de que el Ayuntamiento de l'Alcora la considera muy positiva generando otras inversiones con intereses vinculados con la actividad objeto de estudio, que ponderarían y afianzarían el desarrollo económico y social de la zona.
  
Cuarto
  
El Consell de la Generalitat es competente para la aprobación de la ordenación y definición del aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo preceptuado en el apartado 2 del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, y el artículo 5.h) del Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat, aprobado por el Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat.
  
En virtud de los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, conforme al Acuerdo de la Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, y a propuesta del conseller de Territorio y Vivienda, el Consell de la Generalitat
  
ACUERDA
  
Primero
  
Aprobar definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por la mercantil Arcilla Blanca, SA, de una actuación integral consistente en la ampliación de instalaciones de fábrica de arcilla atomizada en suelo no urbanizable del municipio de l'Alcora, en los términos que se derivan de la documentación técnica asumida por la mercantil promotora.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado II, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente Acuerdo.
  
Segundo
  
Adjudicar dicha actuación integral en favor de la mercantil Arcilla Blanca, SA, a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, para promover la declaración de la referida instalación.
  
Tercero
  
Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento en favor del Ayuntamiento de l'Alcora. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
Cuarto
  
El promotor deberá garantizar ante el Ayuntamiento de l'Alcora la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral, por importe de al menos un 7% del coste total de los servicios y obras de urbanización previstos. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes del inicio de las obras.
  
Igualmente, deberá satisfacer al Ayuntamiento de l'Alcora la obligación de los deberes de cesión, que se fijan en 29.839,05 euros, equivalentes a la compensación económica por el 10% de los costes de las obras de urbanización adicionales, como el deber legal de cesión del excedente de aprovechamiento urbanístico y eximiendo del deber de cesión equivalente a la compensación en metálico del 10% de la superficie destinada a zona verde, por cuanto que la superficie total sobre la que se actúa ha disminuido respecto de la ya autorizada. Todo ello en el plazo de un mes desde la aprobación definitiva de la declaración de interés comunitario.
  
Quinto
  
Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Consell de la Generalitat.
  
Sexto
  
El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado II, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado III, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por resolución del conseller de Territorio y Vivienda. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, el conseller de Territorio y Vivienda, a quien el presente Acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de l'Alcora. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que el Consell de la Generalitat resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarias para el lícito ejercicio de la actividad.
  
Séptimo
  
El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas Administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la Declaración de Impacto Ambiental de 3 de octubre de 2001, así como las condiciones impuestas por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación en el informe emitido el 10 de enero de 2001, y por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el de 17 de abril de 2001.
  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consell de la Generalita en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime oportuno.
  
Valencia, 27 de mayo de 2005
  
El vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat,