Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6682, del 30-12-2011 (2011/13621)

ORDEN 14/2011, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales para el ejercicio 2012.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6682

Fecha DOGV
:   30-12-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2011/13985


Fecha del documento
:   21-12-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Tipo de documento
:   Orden

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda pública

ORDEN 14/2011, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales para el ejercicio 2012.
[2011/13988]
Desde que el texto constitucional estableciera los principios rectores que habrían de orientar en lo sucesivo a los poderes públicos en el trazado de las políticas de índole social y económica, las actuaciones de impulso público han encontrado en las materias de servicios sociales y de acción social el ámbito prioritario para garantizar la aproximación de las diferencias entre ciudadanos que, progresivamente, va originando la diversidad de realidades personales, económicas, sociales o culturales.
En este sentido, la Generalitat, desde los inicios del ejercicio de sus competencias, ha venido consolidando un proceso creciente de atención y de fomento de las actuaciones de los servicios sociales, implicando cada vez más a los agentes, públicos o privados, que habrán de colaborar en la prestación y gestión de los mismos.
Como ya es habitual, la ordenación de los servicios sociales viene siendo canalizada normativamente a través de la orden que anualmente dicta la conselleria competente en esta materia, en la actualidad la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, siguiendo el dictado del artículo 45.5 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Esta orden de convocatoria de ayudas en materia de servicios sociales para el año 2012 responde tanto a la lógica creciente de interés mencionada, avalada por los resultados obtenidos en las convocatorias precedentes, como por la aparición de nuevos elementos condicionantes del contenido que se ha de ordenar.
Por último, el Decreto 99/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, asigna a la misma las competencias relativas a políticas de prestación social, servicios sociales y dependencia, circunscribiéndose la presente orden al espacio competencial propio de la Dirección General de Acción Social y Mayores.
En su virtud y en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 47.11 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.
ORDENO
TÍTULO I
Ayudas y subvenciones
Artículo 1. Objeto de la orden
Es objeto de esta orden regular y convocar ayudas y subvenciones en materia de servicios sociales dirigidas a fomentar las siguientes prestaciones y servicios:
1. Servicios sociales generales, en las modalidades descritas en el capítulo I del título I de la presente orden.
2. Servicios sociales especializados, en las modalidades descritas en el capítulo II del título I de la presente orden.
3. Prestaciones económicas individualizadas, en las modalidades descritas en el capítulo III del título I de la presente orden.
CAPÍTULO I
Servicios sociales generales
Artículo 2. Objeto
Se convocan ayudas para contribuir a la implantación y al desarrollo de los servicios sociales generales de carácter global y polivalente, organizados bajo responsabilidad pública, que atienden la problemática social de cualquier ciudadano, el desarrollo comunitario y la prevención primaria de situaciones de segregación o de marginación, mediante la financiación de:
1. Proyectos del plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales.
Las ayudas serán de tres tipos:
a) Ayudas para el pago de salarios y seguridad social de los profesionales de los equipos sociales de base integrados por uno o varios de los profesionales de la acción social.
b) Ayudas para el mantenimiento de centros sociales como recursos básicos de los servicios sociales generales.
c) Ayudas para programas de prestaciones básicas, definidos en los capítulos I al V, del título II, de la Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, por la que se desarrolla el Decreto 40/1990, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre Registro, Autorización y Acreditación de los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 1291, de 26 de abril de 1990), y que son los siguientes:
- Programas de información, asesoramiento y orientación sobre los derechos y recursos sociales existentes para la resolución de las necesidades de la población.
- Programas de emergencia social, cuyo objeto es la atención de las necesidades básicas de personas que no pueden satisfacerlas por sí mismas, en especial las relativas a comedores, albergues y prestaciones económicas individualizadas (ayudas de emergencia y ayudas para el desarrollo personal de tercera edad en las modalidades de ayudas técnicas y adaptación de vehículos de motor).
- Programas de convivencia, cuyo objetivo es favorecer la integración comunitaria.
- Programas de cooperación social, cuyo objetivo es potenciar la vida de la comunidad, propiciando la participación en tareas comunes y fomentando la iniciativa social, el asociacionismo y el voluntariado.
- Programas de intervención para la prevención y la inserción en el medio social.
2. Proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, integrados en el Plan de Desarrollo Gitano, con el fin de atender las necesidades de los grupos gitanos más desfavorecidos y promover el desarrollo del pueblo gitano, en el marco de los derechos y deberes constitucionales y del respeto a su cultura.
Artículo 3. Solicitantes
Podrán solicitar las ayudas para servicios sociales generales reguladas en este capítulo, las corporaciones locales mencionadas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, titulares de estos servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de esta orden.
Artículo 4. Obligaciones de las entidades subvencionadas
Son obligaciones de las entidades subvencionadas las siguientes:
1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión o disfrute de la subvención.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación que realice el órgano concedente, así como cualquier otra actuación de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
4. Comunicar a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos concedidos, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
5. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
6. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
7. En toda la información o documentación que se ofrezca sobre los proyectos subvencionados deberá constar la colaboración y financiación de la Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, de acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda.
8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
9. No minorar ni anular la consignación que se haya previsto inicialmente en su presupuesto para este fin.
10. Formalizar adecuadamente los documentos de seguimiento técnico y financiero elaborados por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.
11. Colaborar con el seguimiento y la evaluación que se establezcan mediante comisiones u otros instrumentos que se articulen.
12. Atenerse a la coordinación y a la planificación que establezcan el órgano competente de la Generalitat en materia de servicios sociales.
13. Presentar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, una declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario.
Artículo 5. Criterios de valoración y de financiación de los proyectos
1. Para la adjudicación de las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración, siendo la puntuación global máxima de cada solicitud de 40 puntos de acuerdo con la siguiente distribución:
a) La potenciación de los equipos sociales de base. Se valorará con un máximo de 10 puntos.
b) Aquéllos iniciados en ejercicios anteriores y cuya continuidad sea conveniente por razones de interés público. Se valorará a razón de 2 puntos por año con un máximo de 10 puntos.
c) Los que se dediquen a impulsar acciones integradas que coordinen la acción de las distintas áreas de bienestar social en un barrio o localidad. Se valorará con un máximo de 5 puntos.
d) Programas dirigidos a promover la permanencia de los sectores de población desfavorecidos en su ambiente natural y habitual. Se valorará con un máximo de 5 puntos.
e) Nuevos programas dirigidos a grupos de personas desfavorecidas. Se valorará con un máximo de 3 puntos.
f) Fomento de la autoayuda y el voluntariado social. Se valorará con un máximo de 3 puntos.
g) Elaboración de estudios de diagnóstico social e investigación sobre las demandas y necesidades de un barrio o municipio. Se valorará con un máximo de 2 puntos.
h) Formación a los equipos sociales de base para la implantación del Sistema de Información de Usuarios (SIUSS). Se valorará con un máximo de 2 puntos.
2. La cuantía que se asignará a cada uno de los programas atenderá a los siguientes criterios generales:
a) El presupuesto que la corporación local dedica a los servicios sociales en relación con su presupuesto general.
b) Los programas con mejor y más alto nivel de ejecución en ejercicios anteriores, tendrán una asignación proporcional más alta.
c) Las necesidades objetivas del municipio, originadas por su problemática social. Se considerará como factores correctores la dispersión de los núcleos urbanos y los factores geográficos que dificulten la fluidez de las comunicaciones, así como el índice de pobreza.
d) La participación de las diputaciones provinciales en el mantenimiento y en la financiación de los correspondientes programas.
Artículo 6. Documentación
La documentación que deberán presentar las corporaciones locales será la siguiente:
a) Solicitud por triplicado, según modelo que figura en el anexo I de esta orden, debidamente cumplimentada en todos sus apartados y firmada por el alcalde presidente de la corporación local o por quién se designe como representante de la misma.
b) Descripción de los programas que pretendan desarrollar, según modelo de la solicitud. En el supuesto de programas recogidos en el artículo 2.2 de esta orden, deberán cumplimentar una ficha de presentación específica que será facilitada por la correspondiente Dirección Territorial de Justicia y Bienestar Social.
c) Modelo de domiciliación bancaria, según modelo de anexo IV de esta orden, para aquellas entidades que soliciten el ingreso de la subvención en cuenta distinta a la del ejercicio anterior o que soliciten por primera vez la ayuda.
d) Autorización expresa a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, incluida en el apartado C de la solicitud, para que ésta compruebe telemáticamente los datos fiscales identificativos de la corporación local obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. No obstante, si de la comprobación efectuada resultara alguna discordancia con los datos facilitados en su solicitud, el órgano instructor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes para aclararla.
Si no se da esa autorización y se trata de corporaciones locales que hayan modificado su CIF con respecto al ejercicio anterior o que soliciten por primera vez la ayuda, deberán aportar fotocopia debidamente compulsada de su CIF.
CAPÍTULO II
Servicios sociales especializados
Artículo 7. Objeto
Constituye el objeto de las ayudas reguladas en este capítulo:
a) Fomentar la atención en determinados centros de servicios sociales especializados, mediante el mantenimiento de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la sección primera de este capítulo.
b) Fomentar la realización de programas de servicios sociales especializados, de acuerdo con lo establecido en la sección segunda de este capítulo.
Artículo 8. Obligaciones de las entidades subvencionadas
Son obligaciones de las entidades subvencionadas las siguientes:
1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión o disfrute de la subvención.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualquier otra actuación de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
4. Comunicar a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos concedidos, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
5. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
6. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
7. En toda la información o documentación que se ofrezca sobre los centros subvencionados deberá constar la colaboración y financiación de la Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.
8. Los centros residenciales deberán facilitar datos sobre la plantilla de personal, usuarios y actividades, utilizando para ello el sistema telemático DAURAT, desarrollado por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social. Asimismo deberán presentar en el Servicio de Autorización y Seguimiento de Centros de la citada Conselleria, el anexo V de esta orden debidamente cumplimentado y firmado por el director del centro correspondiente al finalizar cada trimestre natural.
9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
10. No minorar ni anular la consignación que se haya previsto inicialmente en su presupuesto para este fin.
11. Aquéllas inherentes a la autorización administrativa de los centros, con la excepción recogida en el apartado 2 del artículo 10 de esta orden.
12. Presentar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, una declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario.
Sección primera
Centros de servicios sociales especializados
Artículo 9. Objeto
Se convocan ayudas para financiar el mantenimiento de centros de servicios sociales especializados dirigidos a atender necesidades sociales específicas en el sector de tercera edad.
Artículo 10. Solicitantes
1. Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas o jurídicas, tanto de naturaleza pública como privada, que sean titulares de centros de servicios sociales especializados de tercera edad, siempre que su actividad carezca de ánimo lucrativo y que dispongan de la autorización concedida al amparo del artículo 47 de la vigente Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y de la Orden de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de servicios sociales especializados para la atención de personas mayores.
2. Con carácter excepcional, basándose en razones de extrema necesidad e interés público, podrán ser subvencionados centros que todavía no hayan obtenido autorización definitiva por causa que no les sea imputable, quedando condicionado el disfrute de la subvención a que dichos centros obtuvieren la autorización administrativa de funcionamiento definitiva durante el ejercicio 2012.
3. Con independencia de la excepción recogida en el apartado anterior, si dichos centros presentasen deficiencias que afecten a la seguridad de sus usuarios, ello constituiría condición resolutoria de la subvención otorgada.
Artículo 11. Criterios de valoración y de financiación de los proyectos
1. Para la adjudicación de las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración, siendo la puntuación global máxima de cada solicitud de 25 puntos de acuerdo con la siguiente distribución:
a) Continuidad de los centros de servicios sociales especializados que se encuentren en funcionamiento y que venían siendo subvencionados en años anteriores. Se valorará a razón de 4 puntos por año con un máximo de 20 puntos.
b) Servicios prestados por entes públicos. Se valorará con un máximo de 5 puntos.
2. Para determinar el importe de las subvenciones recogidas en esta sección, se utilizará uno de los criterios de valoración que a continuación se detallan:
a) Valoración del coste atendiendo al criterio precio/plaza/día. En este supuesto, la financiación se concretará en función de los módulos económicos que, sobre la base de precio/plaza/día, se fijan a continuación, debiéndose considerar máximos.
- En las residencias de tercera edad el módulo para las plazas residenciales será hasta 50,00 €/persona/día.
- En centros de día para personas mayores dependientes, el módulo para las plazas de centro de día será de hasta 38,00 €/persona/día.
Con carácter general, para la determinación del importe exacto del módulo aplicable a cada centro, deberán tenerse en cuenta, en su caso, los siguientes aspectos:
- Número de usuarios.
- Adecuación del centro a los criterios establecidos en la citada Orden de 4 de febrero de 2005, en lo que respecta al estado de las instalaciones, infraestructura, personal de que disponen, prestaciones que ofrecen y a cualquier otro requisito establecido en la misma, especialmente el de disponer de trasporte adaptado en el caso de centros de día, así como a lo dispuesto en el Decreto 91/2002, de 30 de mayo, del Consell, sobre Registro de Actividades de Acción Social y de Registro y Autorización de Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social, en la Comunitat Valenciana.
- Ingresos de la entidad titular del centro.
- Ingresos aportados por los beneficiarios
b) Valoración del coste atendiendo al criterio diferencia ingresos-gastos. La financiación en este supuesto se concretará en función de las necesidades manifestadas en la solicitud, a la vista de la estimación de ingresos que en concepto de aportaciones de los usuarios u otras fuentes se derive del análisis de la documentación presentada junto con la misma, considerándose en todo caso los conceptos que para la evaluación del coste estimado se relacionan a continuación:
- Salario del personal, plus de dirección y trienios. La cuantía correspondiente al plus de dirección y a los posibles trienios del personal del centro podrá incrementar el módulo fijado en función de las características del centro.
- Otras partidas subvencionables. Las partidas correspondientes a arrendamientos, seguros, tributos y contratos anuales de mantenimiento de las instalaciones podrán ser subvencionadas al 100%, en la medida en que sea un gasto justificado y no esté previsto en el módulo correspondiente.
Para determinar el importe de la subvención de los centros de día de tercera edad, acogidos a este criterio, se tendrá en cuenta el módulo de 6,20 € plaza/día referido a costes de mantenimiento. A dicho módulo se podrá añadir el coste de personal que se considere necesario para el funcionamiento del centro de día y que no esté contemplado en el personal de la residencia.
3. En cualquier caso, el coste total estimado no podrá superar la cuantía que resulte de aplicar al número de usuarios del centro, los módulos unitarios señalados en el apartado 2.a) de este artículo.
Asimismo, en la determinación del importe exacto del módulo aplicable a cada centro deberá tenerse en cuenta los mismos aspectos citados en el punto 2.a) anterior.
Artículo 12. Documentación
La documentación a presentar por los solicitantes será la siguiente:
a) Solicitud según modelo que figura en el anexo II de esta orden, que se encontrará a disposición de los solicitantes en las direcciones territoriales de Justicia y Bienestar Social y que deberá ser cumplimentada adecuadamente en todos sus apartados, pudiendo añadir hojas complementarias si fuera necesario. En el caso de las personas jurídicas, la solicitud deberá ser suscrita por quien ostente la representación de la entidad.
b) Modelo de domiciliación bancaria, según modelo del anexo IV de esta orden, para aquellas entidades que soliciten el ingreso de la subvención en cuenta distinta a la del ejercicio anterior o que soliciten por primera vez la ayuda.
c) Autorización expresa a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, incluida en el apartado Q de la solicitud, para que ésta compruebe telemáticamente los datos fiscales identificativos del solicitante obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. No obstante, si de la comprobación efectuada resultara alguna discordancia con los datos facilitados en su solicitud, el órgano instructor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes para aclararla.
Si no se da esa autorización y se trata entidades que hayan modificado su CIF con respecto al ejercicio anterior o que soliciten por primera vez la ayuda, deberán aportar fotocopia debidamente compulsada de su CIF.
Sección segunda
Programas de servicios sociales especializados
Artículo 13. Objeto
1. Se convocan ayudas para la realización de programas de servicios sociales especializados correspondientes a los siguientes sectores:
- Tercera edad
- Alzheimer.
- Minorías étnicas.
- Transeúntes, refugiados, asilados, reclusos y ex-reclusos, y aquellos otros colectivos descritos en el artículo 26 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
2. Quedan expresamente excluidos los programas dirigidos a la población inmigrante, dado que los mismos son objeto de una convocatoria específica de ayudas.
Artículo 14. Solicitantes
Podrán solicitar subvenciones para el año 2012 en las materias reguladas en esta sección, las organizaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro que estén inscritas en el Registro General de los Titulares de Actividades, Servicios y Centros de Acción Social de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, en el día de la publicación de la presente orden.
Artículo 15. Criterios de valoración y de financiación de los proyectos
1. Para la adjudicación de las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración, siendo La puntuación global máxima de cada solicitud de 25 puntos de acuerdo con la siguiente distribución:
a) Programas subvencionados en ejercicios anteriores cuya continuidad sea conveniente por razones de criterios técnicos, en cuanto a eficiencia y eficacia del programa. Se valorará a razón de 4 puntos por año con un máximo de 20 puntos.
b) Programas que impulsen acciones integradas de atención a los sectores objeto de regulación en esta sección con carácter globalizador. Se valorará con un máximo de 5 puntos.
2. Para determinar el importe de las subvenciones recogidas en esta sección se utilizarán los criterios de valoración que a continuación se detallan:
a) El presupuesto que la entidad dedica a los referidos programas en relación con su presupuesto general.
b) Los programas con mejor y más alto nivel de ejecución en ejercicios anteriores, tendrán una asignación proporcional más alta.
c) Los programas que desarrollen servicios de promoción para personas en situación de dependencia, de conformidad con la normativa vigente sobre determinación del contenido de los servicios de promoción de la autonomía personal.
Artículo 16. Documentación
En la documentación a aportar por las entidades solicitantes deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
1. La solicitud, por triplicado, según modelo que figura en el anexo II de esta orden, deberá estar debidamente formalizada y suscrita por quién ostenta la representación de la entidad, debiendo coincidir el nombre de la entidad con el que figure en el CIF.
2. Cada entidad deberá pedir en una única solicitud, las subvenciones para todos aquellos programas que desee ejecutar, a partir de la cual se formulará un expediente básico del que se derivarán piezas separadas. Éstas podrán resolverse independientemente.
3. Autorización expresa a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, incluida en el apartado Q de la solicitud, para que ésta compruebe telemáticamente los datos fiscales identificativos de la entidad solicitante obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. No obstante, si de la comprobación efectuada resultara alguna discordancia con los datos facilitados en su solicitud, el órgano instructor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes para aclararla.
Si no se da esa autorización y se trata entidades que hayan modificado su CIF con respecto al ejercicio anterior o que soliciten por primera vez la ayuda, deberán aportar fotocopia debidamente compulsada de su CIF.
4. En aquellos casos en que la actuación sea de ámbito municipal se requerirá un certificado de coordinación de los programas y de las actuaciones de la entidad con la corporación local, expedido por ésta.
5. Modelo de domiciliación bancaria, según modelo del anexo IV de esta orden, para aquellas entidades que soliciten el ingreso de la subvención en cuenta distinta a la del ejercicio anterior o que soliciten por primera vez la ayuda.
CAPÍTULO III
Prestaciones económicas individualizadas
Artículo 17. Objeto y ámbito de aplicación
1. Se convocan ayudas económicas dirigidas a personas individuales o núcleos familiares para remediar una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad o con graves problemas específicos que afecten a su autonomía personal, social y económica, y que no puedan resolver con medios económicos propios, a fin de lograr su normal desarrollo humano y social.
2. Las ayudas convocadas se refieren a las siguientes modalidades de prestaciones económicas individualizadas:
a) Ayudas de emergencia.
b) Ayudas para el desarrollo personal de personas de la tercera edad en la modalidad de barreras arquitectónicas.
3. Estas prestaciones individualizadas podrán otorgarse con carácter periódico o, cuando se trate de servicios esporádicos y adquisiciones puntuales, por una sola vez en el ejercicio económico.
Artículo 18. Exclusiones e incompatibilidades
1. Quedan explícitamente excluidas de las prestaciones económicas individualizadas las solicitudes que se encuentran en los siguientes supuestos:
a) Aquellas cuya resolución sea competencia institucional de otros organismos públicos distintos a la Dirección General de Acción Social y Mayores.
b) Aquellas que hayan sido subvencionadas, por el mismo concepto, por otros organismos.
c) Adquisiciones o acciones efectuadas o ejecutadas con anterioridad a la petición de la ayuda. No obstante podrán contemplarse situaciones excepcionales debidamente justificadas.
2. Será incompatible la concesión de la ayuda solicitada con el disfrute gratuito y/o simultáneo de servicios que cubran los mismos supuestos y necesidades, a través de instituciones públicas o privadas subvencionadas, estableciéndose el principio general de incompatibilidad de las ayudas individuales e institucionales. Serán compatibles únicamente cuando presenten diferente naturaleza y atiendan distinta finalidad.
Artículo 19. Criterios de valoración y de determinación de la subvención
1. Las solicitudes presentadas se valorarán de acuerdo con la renta per cápita de la unidad familiar del solicitante, ordenada de menor a mayor.
2. La cuantía de la concesión estará en función de los ingresos globales familiares, del coste de la necesidad y/o de los módulos máximos determinados para cada modalidad indicados en los artículos 24 y 29 de la presente orden, no pudiendo exceder, en ningún caso, de estos módulos o del coste de la necesidad.
Sección primera
Ayudas de emergencia
Artículo 20. Ayudas de emergencia: características y tipología
1. Son ayudas económicas de carácter extraordinario destinadas a paliar aquellas situaciones en que puedan hallarse las personas afectadas por un estado de necesidad. Van dirigidas a la unidad de convivencia.
2. Tienen carácter finalista y serán incompatibles con cualquier otra prestación pública, derecho y percepción económica o ingreso privado que pudiese corresponder al beneficiario o a otro miembro del hogar, para la misma finalidad.
3. Se considerarán situaciones de emergencia aquéllas que originan gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgente, tales como:
a) Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual.
b) Gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o urgente necesidad social y que se consideren de interés para la atención de personas con importante problemática.
c) Gastos destinados a cubrir necesidades básicas familiares.
Artículo 21. Requisitos para el acceso a las prestaciones de emergencia
Los requisitos que deberán cumplirse para acceder a estas ayudas son los siguientes:
1. Que el beneficiario no disponga de ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación de emergencia.
2. Que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenece el solicitante no supere la cuantía anual de 4.866,40 euros.
3. Que disponga del informe técnico suscrito por los servicios técnicos municipales y por las Direcciones Territoriales de Justicia y Bienestar Social, en el que se determine la necesidad de la acción objeto de la ayuda y se haga constar que se han agotado todos los recursos existentes en las correspondientes entidades locales encaminados a resolver la necesidad.
Artículo 22. Determinación del límite de ingresos
1. Se considerarán ingresos familiares la totalidad de los ingresos brutos procedentes de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar. A tales efectos, se contabilizarán todos los ingresos provenientes de sueldos, rentas, propiedades, intereses bancarios y pensiones o ayudas otorgadas por instituciones públicas o privadas a cualquiera de los miembros de la unidad familiar.
2. La renta per cápita se obtendrá de dividir los ingresos familiares entre el número de miembros de la unidad familiar.
3. A los efectos de la presente orden, se considerará unidad familiar la integrada por las personas que convivan en el domicilio familiar, extremo que se acreditará mediante certificado de convivencia expedido por el ayuntamiento correspondiente.
4. Se deberán justificar los ingresos o la carencia de los mismos, mediante certificaciones de ingresos, informes técnicos o, cuando dichos documentos no puedan ser expedidos, se justificarán mediante declaración jurada o declaración expresa responsable del propio interesado/a, otorgadas ante una autoridad administrativa, notario o la Dirección General de Acción Social y Mayores.
Artículo 23. Documentación.
1. La documentación a aportar por los interesados en este tipo de ayuda es la siguiente:
a) Solicitud según modelo oficial que figura en el anexo III de esta orden, suscrita por el beneficiario o por su representante, debidamente cumplimentada en su totalidad.
b) Autorización expresa a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, incluida en el apartado C de la solicitud, para que ésta compruebe los datos de identidad del solicitante mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según establece el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril. No obstante:
- Si de la comprobación efectuada resultara alguna discordancia con los datos facilitados por el propio interesado, el órgano instructor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes para aclararla.
- Si el solicitante no presta su consentimiento, deberá aportar fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identificación de extranjero, según proceda.
c) Certificado de convivencia emitido por el ayuntamiento de residencia.
d) Autorización expresa a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, incluida en el apartado C de la solicitud, para poder acceder a los datos personales del solicitante obrantes en los ficheros de las administraciones tributarias y de la Seguridad Social, a los únicos efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente orden.
En caso de que el solicitante no preste su consentimiento, deberá presentar fotocopia compulsada de la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) referida a los ingresos de la unidad familiar, o, en su defecto, deberá aportar certificado negativo de declaración y certificado acreditativo de la pensión recibida por el solicitante.
e) Informe técnico que justifique la necesidad de la acción objeto de la ayuda, emitida por los servicios técnicos competentes mencionados en el punto 3 del artículo 21 de esta orden.
f) Toda aquella documentación requerida por el técnico que tramita la ayuda y que sea necesaria para una adecuada valoración social.
g) Modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentada, según modelo del anexo IV de esta orden.
2. En lo relativo al uso y protección de los datos contenidos en dicha documentación, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 24. Módulos económicos
1. Los módulos económicos máximos por los que se rigen estas prestaciones son los siguientes:
a) Uso vivienda habitual: hasta 340 €/mes.
b) Acciones extraordinarias: hasta 3.400 €.
c) Necesidades básicas: hasta 340 €/mes.
2. En cualquier caso, la determinación del módulo económico concreto que corresponda dentro de los límites máximos señalados, se efectuará según la necesidad valorada y las disponibilidades presupuestarias para atender este tipo de ayudas.
Sección segunda
Ayudas para el desarrollo personal de personas de tercera edad
Artículo 25. Características y tipología
Se incluyen en esta tipología todas aquellas ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas existentes en la vivienda propia o en el edificio del anciano que obstaculizan su movilidad. Comprenden aquellas transformaciones o reformas que contribuyen a evitar los obstáculos y a facilitar la movilidad.
Artículo 26. Requisitos
Los requisitos que deberán cumplirse para acceder a este tipo de ayudas son los siguientes:
a) Ser mayor de 60 años.
b) Que existan deficiencias de carácter motor o sensorial en el solicitante que le impidan o dificulten su movilidad a través de medios normales.
c) Que la solicitud esté referida a elementos relacionados con las necesidades de accesibilidad y comunicación, siendo excluidos los que signifiquen una mejora en el hogar/edificio que no esté directamente relacionada con los impedimentos físicos y/o sensoriales.
d) Idoneidad de lo solicitado para cubrir la necesidad que plantea el sujeto.
Artículo 27. Documentación
1. La documentación a aportar por los interesados en este tipo de ayudas es la siguiente:
a) Solicitud según modelo oficial que figura en el anexo III de esta orden, suscrita por el beneficiario o por su representante, debidamente cumplimentada en su totalidad.
b) Autorización expresa a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, incluida en el apartado C de la solicitud, para que ésta compruebe los datos de identidad del solicitante mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según establece el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril. No obstante:
- Si de la comprobación efectuada resultara alguna discordancia con los datos facilitados por el propio interesado, el órgano instructor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes para aclararla.
- Si el solicitante no presta su consentimiento, deberá aportar fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identificación de extranjero, según proceda.
c) Certificado de convivencia emitido por el ayuntamiento de residencia.
d) Autorización expresa a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, incluida en el apartado C de la solicitud, para poder acceder a los datos personales del solicitante obrantes en los ficheros de las administraciones tributarias y de la Seguridad Social, a los únicos efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente orden.
En caso de que el solicitante no preste su consentimiento, deberá presentar fotocopia compulsada de la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) referida a los ingresos de la unidad familiar, o, en su defecto, deberá aportar certificado negativo de declaración y certificado acreditativo de la pensión recibida por el solicitante.
e) Informe médico sobre la situación del solicitante o certificado de minusvalía.
f) Para la modalidad de eliminación de barreras arquitectónicas, además:
- Presupuesto de las adaptaciones a realizar.
- Justificación de la propiedad de la vivienda o la autorización del propietario para realizar las reformas.
- Permisos municipales, en su caso.
g) Modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentada, según modelo del anexo IV de esta orden.
2. En lo relativo al uso y protección de los datos contenidos en dicha documentación, habrá de estarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 28. Determinación de la concesión
1. La forma de determinar la cuantía de la concesión será en función de los ingresos de la unidad familiar definida en el artículo 22.3, del número de miembros de la misma, del coste de la acción y del modulo económico estipulado en el artículo 29.
2. La cuantía máxima de la ayuda no podrá ser superior al coste de la necesidad que trata de cubrir, ni superar el módulo económico establecido en el artículo 29.
Artículo 29. Módulo económico
El módulo económico máximo por el que se rigen estas prestaciones para la eliminación de barreras arquitectónicas es de hasta 3.400 euros.
TÍTULO II
Procedimiento
CAPÍTULO I
Lugar y plazo de presentación
Artículo 30. Lugar de presentación.
Las solicitudes de ayuda reguladas en la presente convocatoria se presentarán, junto con la documentación requerida, en la Dirección Territorial de Justicia y Bienestar Social de la provincia donde radique el centro o donde se pretenda prestar el servicio para el que se solicita la subvención. Todo ello, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Artículo 31. Plazos de presentación
El plazo de presentación de solicitudes será el siguiente:
1. Para servicios sociales generales y especializados el plazo será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. Para prestaciones económicas individualizadas el plazo comprenderá desde el día siguiente al de la publicación de esta orden hasta el 31 de octubre de 2012. No obstante, con carácter extraordinario, podrán admitirse y tramitarse aquellas solicitudes de ayudas presentadas con posterioridad a esa fecha y antes del 31 de diciembre de dicho año, siempre que se acredite documentalmente la aparición de la necesidad fuera del plazo normal de presentación de solicitudes.
CAPÍTULO II
Tramitación, resolución y recursos
Artículo 32. Instrucción
1. Recibidas las solicitudes, las direcciones territoriales de Justicia y Bienestar Social las verificarán, pudiendo realizar de oficio las actuaciones que consideren necesarias para la determinación, conocimiento, y comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.
2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
3. En cualquier fase de la tramitación de los expedientes, a la vista de la documentación obrante en cada uno de éstos y de las obligaciones que se adquieren por la concesión de la ayuda, se podrán recabar informes de los organismos y de las entidades que se estime oportuno y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello.
4. Con carácter general, los trámites que deban ser cumplimentados por los/as interesados/as en el curso del procedimiento se substanciarán conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Artículo 33. Criterios que se establecen para la concesión de las ayudas.
El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en la presente orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, contemplando los siguientes supuestos:
1. Servicios sociales generales y especializados
En el caso de solicitudes de subvenciones de servicios sociales generales y de servicios sociales especializados, en cada Dirección Territorial de Justicia y Bienestar Social se crea una comisión técnica instructora, cuyos componentes serán designados por el respectivo director territorial, comprendiendo en todo caso un/a jefe/a de servicio, un/a jefe/a de sección y un/a técnico/a.
Dicha comisión tendrá como misión la evaluación de todas las solicitudes presentadas, conforme a los criterios establecidos en la presente convocatoria, y formulará la propuesta ordenada según los criterios establecidos en la presente orden a la comisión de valoración de la Dirección General de Acción Social y Mayores:
En la Dirección General de Acción Social y Mayores se crea una comisión de valoración compuesta por:
- El/la subdirector/a de Acción Social y Mayores, que actuará como presidente de la comisión.
- El/la jefe/a de Servicio de Gestión de Programas.
- El/la jefe/a de Servicio de Gestión de Centros de Personas Mayores.
- El/la jefe/a de Sección de Acción Comunitaria.
- El/la jefe/a de Sección de Prestaciones, que actuará como secretario de la comisión.
Dicha comisión analizará las propuestas formuladas por cada dirección territorial y propondrá al órgano competente para la concesión de las ayudas, la relación priorizada de beneficiarios de las ayudas que se regulan y convocan en la presente orden, con el límite del crédito existente.
2. Prestaciones económicas individualizadas
En el caso de ayudas destinadas a prestaciones económicas individualizadas, la comisión técnica instructora referida anteriormente tendrá carácter de comisión de valoración.
La citada comisión elaborará con carácter mensual una lista única priorizada de expedientes completos en la referida ficha, conforme a los criterios definidos en el artículo 19 y siguiendo el orden establecido en la misma, elevará al órgano competente para la concesión de ayudas, sucesivas propuestas de concesión a favor del número de beneficiarios que permitan las disponibilidades de crédito existente en cada momento.
Los expedientes incluidos en las sucesivas propuestas de la comisión de valoración, pasarán a englobarse en la lista única priorizada.
Artículo 34. Resolución. Delegación de competencias
1. Se delega la facultad de resolución de las solicitudes de ayudas relativas a servicios sociales generales y especializados en la directora general de Acción Social y Mayores.
La facultad de resolución de las solicitudes de ayudas relativas a prestaciones económicas individualizadas reguladas en el capítulo III del título I de la presente orden, se delega en los directores territoriales de Justicia y Bienestar Social.
Estas delegaciones se efectúan de acuerdo con la Resolución de 27 de febrero de 2009, del conseller de Bienestar Social, sobre delegación del ejercicio de competencias en determinados órganos de la Conselleria.
2. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones sobre las solicitudes de servicios sociales generales, servicios sociales especializados y prestaciones económicas individualizadas, será de tres meses contados desde la fecha en que se hagan públicos, mediante resolución del conseller de Justicia y Bienestar Social, los créditos que financian estas ayudas, así como la cuantía de los mismos.
No obstante, si se desestimara total o parcialmente solicitudes por falta de consignación presupuestaria y, con posterioridad a la finalización del plazo de resolución, se incrementaran los créditos destinados a financiar dichas ayudas, estas solicitudes exclusivamente podrán valorarse, resolverse y notificarse en el plazo de tres meses contado a partir de la fecha de publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la resolución del conseller de Justicia y Bienestar Social que dé publicidad a este incremento.
3. En los casos en que deba requerirse al interesado la subsanación de deficiencias y/o la aportación de documentos, el plazo determinado en el apartado anterior se entenderá suspendido durante el transcurso del tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el beneficiario o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido.
4. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación de dichos plazos en los supuestos contemplados en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, introducidos por Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la anterior.
5. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, las solicitudes deberán entenderse desestimadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.
6. El importe de las subvenciones concedidas no podrá, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar el coste de la actividad que ha de desarrollar la entidad beneficiaria.
7. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
8. Podrá ser motivo de denegación la incorrecta o la nula justificación de ayudas de ejercicios anteriores, previa acreditación por la Dirección General de Acción Social y Mayores de la concurrencia de dichas circunstancias en expediente administrativo en el que se garantice la audiencia al interesado, así como el incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 4 y 8 de la presente orden.
9. La Conselleria de Justicia y Bienestar Social no asumirá obligaciones que se deriven de la relación laboral del personal de los centros o los servicios subvencionados, sino que serán los titulares de los mismos quiénes responderán con carácter exclusivo.
10. Asimismo, la concesión de una subvención al amparo de esta orden, no conllevará obligación alguna por parte de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social de otorgar subvenciones en ejercicios posteriores.
Artículo 35. Recursos
Las resoluciones expresas o presuntas dictadas por los órganos competentes de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, ponen fin a la vía administrativa, y contra ellas, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se podrá interponer potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, o de seis meses si el acto fuera presunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro que se estime pertinente.
TÍTULO III
Del pago y de la justificación de las subvenciones
Artículo 36. Garantías previas al pago anticipado de la subvención
1. Cuando se produzcan anticipos de pago, el beneficiario de la subvención vendrá obligado a garantizar el importe de los mismos. A estos efectos, se entenderá por anticipos de pago las cantidades que sean libradas a favor del beneficiario con anterioridad a que éste justifique el gasto correspondiente.
2. El porcentaje del citado anticipo será el establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el año 2012.
3. No obstante, quedan exceptuadas del cumplimiento de esta obligación las corporaciones locales, así como las entidades sin ánimo de lucro y las personas físicas y las familias en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 47 bis, apartado 3.a del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell.
4. La citada garantía podrá constituirse en forma de aval bancario o póliza de aseguramiento suscrita con cualquier entidad oficialmente reconocida. En el caso de aval bancario, éste deberá constituirse con carácter solidario y con renuncia expresa al beneficio de excusión previsto en el artículo 1.830 del Código Civil.
5. Para la constitución y tramitación de las garantías se estará a lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1986, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas (DOGV núm. 350, de 07.03.1986).
6. Cualquiera que sea la forma elegida para formalizar la garantía, ésta deberá depositarse en los servicios territoriales de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la provincia correspondiente, quienes harán entrega al beneficiario de la carta de pago acreditativa del depósito. Dicha carta de pago deberá ser presentada por el beneficiario en la Dirección Territorial de Justicia y Bienestar Social de dicha provincia como requisito previo e inexcusable para el pago del anticipo.
Artículo 37. Sistema de pago de las subvenciones
El pago de las ayudas y subvenciones reguladas en la presente orden se efectuará ajustándose al régimen que a continuación se especifica para cada uno de los tipos de ayudas:
1. En el caso de subvenciones correspondientes a servicios sociales generales y servicios sociales especializados, salvo que la legislación de la Generalitat permita un régimen de libramiento de transferencias corrientes distinto, el pago se ajustará a lo dispuesto en el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana en los siguientes plazos y porcentajes:
a) Se anticipará un 40% del importe de la subvención tras la concesión de la misma.
b) Tras la aportación y comprobación de la documentación justificativa de la efectiva y correcta aplicación de la suma librada en el apartado anterior, se abonará un segundo anticipo cuya cuantía ascenderá al 20% del importe de la subvención.
c) El resto se abonará tras la justificación por el beneficiario de la totalidad del gasto objeto de la subvención otorgada.
2. El pago de las prestaciones económicas individualizadas se efectuará contra presentación por parte de persona beneficiaria, de la justificación que acredite su derecho a la percepción de la ayuda.
3. En el caso de las ayudas de emergencia, se aplicará el mismo régimen previsto para el resto de las prestaciones económicas individualizadas, salvo que la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el año 2012 prevea un régimen distinto.
Artículo 38. Sistema de justificación de las subvenciones
1. En el caso de beneficiarios de prestaciones económicas individualizadas, la Dirección Territorial de Justicia y Bienestar Social establecerá el adecuado seguimiento del gasto objeto de la subvención. Estos beneficiarios estarán obligados a entregar, a requerimiento de aquélla, cuantos documentos, facturas, mandamientos de pago, etc., sean necesarios para justificar la cuantía del gasto efectuado en relación con el objeto subvencionado.
2. Para las subvenciones relativas a los servicios sociales generales y especializados, el procedimiento para realizar la justificación estará directamente relacionado con el régimen de pagos establecido en el artículo 37 de la presente orden para los diferentes tipos de subvenciones.
3. Los gastos a justificar en las subvenciones relativas a servicios sociales generales deberán ser, como mínimo, igual al gasto total estimado de los programas objeto de subvención, y se corresponderán siempre con los contenidos de los citados programas, no siendo admisibles gastos de actuaciones que no estén específicamente contempladas en la descripción de los programas subvencionados. Asimismo, no podrán ser compensadas cantidades justificadas correspondientes a diferentes programas subvencionados.
4. En el caso de servicios sociales especializados, el gasto a justificar deberá corresponderse con:
a) Cuando se trate de subvenciones para el mantenimiento de centros cuyo importe ha sido determinado utilizando el criterio precio/plaza/día, habrá que distinguir dos supuestos:
- En el caso de que los usuarios del centro estén obligados a costear parcialmente el servicio del que son beneficiarios, el gasto a justificar deberá ser como mínimo igual al coste estimado que sirvió de base para el cálculo de la subvención.
- En caso contrario, el gasto a justificar será, como mínimo, igual a la cuantía de la subvención otorgada.
b) Cuando se trate de subvenciones para el mantenimiento de centros cuyo importe ha sido determinado utilizando el criterio diferencia ingresos-gastos o la realización de programas, el gasto a justificar será, como mínimo, igual al coste estimado que sirvió de base para el cálculo de la subvención.
5. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, como consecuencia de la percepción de otras ayudas de administraciones públicas o entidades públicas o privadas, o de la financiación parcial por los usuarios del centro o programa, o de cualquier otra causa, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. En el supuesto de que el importe de la subvención supere el coste de la actividad desarrollada, la administración procederá al reintegro en cuanto al exceso, y a la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención.
6. Con independencia del tipo de subvención de que se trate, el plazo máximo de presentación de la justificación finalizará el día 31 de enero del año 2013.
7. Excepcionalmente, la Dirección General de Acción Social y Mayores podrá admitir documentación presentada fuera del plazo establecido en la presente convocatoria, acreditativa de la correcta realización de la actividad objeto de la subvención, siempre que el retraso obedeciera a causas debidamente justificadas en el expediente y no imputables al beneficiario de la subvención.
Artículo 39. Documentación justificativa a presentar por el beneficiario
La justificación de las subvenciones correspondientes a servicios sociales generales y especializados se efectuará mediante la presentación de la documentación que seguidamente se especifica:
1. En el caso de subvenciones correspondientes a servicios sociales generales, la justificación consistirá en:
a) Durante el transcurso del período objeto de subvención y siempre que se produzcan anticipos a cuenta de la subvención, la corporación local deberá justificar la cantidad anticipada mediante la presentación ante la Dirección Territorial de Justicia y Bienestar Social de la provincia correspondiente de un certificado del volumen de obligaciones reconocidas por la corporación en ese período, suscrito por su interventor/a y con el visto bueno de su alcalde presidente, a los efectos de la tramitación del siguiente plazo de la subvención, según modelo anexo VI de esta orden.
b) Con independencia de que se hayan producido anticipos a cuenta, con anterioridad al 1 de diciembre de 2012, la corporación local deberá emitir un certificado de obligaciones reconocidas en dicho periodo.
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la corporación local dispone de plazo hasta el 31 de enero de 2012 para, según el modelo facilitado por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.
- Presentar la memoria descriptiva de la ejecución de los programas subvencionados.
- Presentar memoria financiera descriptiva de la ejecución del gasto objeto de la subvención.
d) Si de la presentación de las correspondientes memorias de ejecución del gasto, se derivasen incumplimientos en la realización de los mismos por parte de la corporación local, se procederá a la minoración correspondiente y a la exigencia, en su caso, de devolución de importes indebidamente percibidos.
2. En el caso de subvenciones correspondientes a servicios sociales especializados, la justificación, además de lo exigido en los apartados siguientes, consistirá en la presentación de la memoria final de resultados obtenidos con la subvención otorgada, en la que pueda valorarse el cumplimiento o no de los objetivos planteados en la solicitud, así como en lo siguiente:
a) Cuando se trate de subvenciones para mantenimiento de centros cuyo importe haya sido determinado utilizando el criterio precio/plaza/día, la justificación del gasto consistirá en la presentación ante la Dirección Territorial de Justicia y Bienestar Social correspondiente, de las relaciones mensuales de beneficiarios atendidos, en las que deberán detallarse los ingresos aportados por los beneficiarios, sin perjuicio de cualquier otra documentación que pueda ser exigida por los órganos competentes de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social. Dicha documentación deberá estar debidamente suscrita por el titular del centro o por quién ostente su representación.
b) Cuando se trate de subvenciones para mantenimiento de centros cuyo importe haya sido determinado utilizando el criterio diferencia ingresos-gastos, la justificación del gasto consistirá en la presentación ante la Dirección Territorial de Justicia y Bienestar Social correspondiente de toda la documentación necesaria para acreditar el gasto realizado, entre la que deberá incluirse, al menos, la siguiente:
- Documentos acreditativos del gasto correspondiente a la nómina de trabajadores del centro, incluyendo las hojas de salario debidamente suscritas por éstos y los documentos acreditativos del pago a la Seguridad Social de las cuotas relativas a las cotizaciones sociales de los trabajadores, donde figure la certificación bancaria de haber sido pagados o cargados en cuenta.
- En el caso de que existan personas que presten servicios en el centro a cambio de una gratificación, deberán presentarse los recibos justificativos del gasto, en los que conste el nombre del centro y el nombre, apellidos y DNI de la persona colaboradora.
- Si hubiese personas trabajando en el centro en virtud de contratos de prestación de servicios, deberán aportarse las correspondientes facturas emitidas por dichos profesionales, así como la documentación acreditativa de que éstos cumplen los requisitos exigidos por la legislación tributaria vigente.
c) Cuando se trate de subvenciones que financien la realización de programas de servicios sociales especializados, la justificación del gasto consistirá en la presentación ante la Dirección Territorial de Justicia y Bienestar Social correspondiente, de toda la documentación necesaria para acreditar el gasto realizado. Los gastos que se justifiquen deberán tener relación con los programas subvencionados.
Asimismo, si hubiese profesionales colaborando en los programas en virtud de contratos de prestación de servicios, deberán aportarse las correspondientes facturas emitidas por dichos profesionales, así como la documentación acreditativa de que éstos cumplen los requisitos exigidos por la legislación tributaria vigente.
3. Las facturas acreditativas del gasto realizado deberán reunir los requisitos recogidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el reglamento del impuesto sobre el valor añadido (BOE núm. 286, de 29 de noviembre de 2003).
4. En todo caso, se deberá seguir lo dispuesto en las instrucciones que para la justificación de ayudas de 2012 serán dictadas por la dirección general correspondiente.
Artículo 40. Dejación sin efectos o minoración del importe de la subvención y exigencia de reintegros de importes indebidamente percibidos
1. Podrá dejarse sin efecto la subvención concedida o minorar su cuantía, con reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente resolución por la que se delegan competencias en materia de contratación administrativa y gestión económico-presupuestaria.
2. El procedimiento se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano competente, de una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan atribuidas o no facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia.
3. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde el momento en que se incoe el expediente de revocación o minoración, y en su caso, reintegro.
5. Las cantidades que se tengan que reintegrar tendrán consideración de ingreso de derecho público, a efectos del procedimiento aplicable para la cobranza.
Artículo 41
Las disposiciones contenidas en este título serán de aplicación siempre y cuando la correspondiente Ley de Presupuestos o cualquier otra ley de la Generalitat o sus normas de desarrollo no establezcan condiciones distintas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Eficacia de la convocatoria
La eficacia de la presente convocatoria queda condicionada a la existencia, en las líneas T0228000, T1326000, T1331000, T1827000, T2188000, T2736000 y T2737000 de los presupuestos de la Generalitat del ejercicio económico del año 2012, de crédito adecuado y suficiente para atender las ayudas previstas en la misma. A tal efecto, por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social se publicará una orden que regule tanto las líneas presupuestarias como las cuantías que sirvan de soporte a las ayudas descritas en esta convocatoria.
Segunda. Derecho supletorio
En todo lo no regulado en la presente orden, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.
Tercera. Corporaciones locales
La financiación de las corporaciones locales de menos de 10.000 habitantes tiene carácter subsidiario, teniendo en cuenta la colaboración a la que vienen obligadas las respectivas diputaciones provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Cuarta. Uniones de hecho
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2001, de 6 de abril, de la Generalitat, por la que se regulan las Uniones de Hecho, y el Decreto 61/2002, de 23 de abril, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 1/2001, de 6 de abril, o norma reglamentaria que le sustituya, podrán acreditarse dichas uniones mediante el correspondiente certificado emitido por el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana, a los efectos de acceder a las correspondientes ayudas reguladas en esta orden.
Quinta. Personas jurídicas
Cuando la especialidad del objeto o de las obligaciones que se regulen así lo exija, las subvenciones que tengan por destinatarios personas jurídicas de naturaleza pública o privada podrán articularse mediante documento administrativo suscrito por ambas partes, donde consten los derechos y obligaciones de las mismas y el objeto de la subvención, con detalle de los programas y/o servicios a subvencionar, todo ello con independencia de la resolución administrativa de otorgamiento de la subvención, que en todo caso deberá producirse.
Sexta. Excepciones a los módulos establecidos
Cuando concurran circunstancias extraordinarias en el centro, programa o servicio para el que se solicita subvención, que deberán quedar debidamente acreditadas en el expediente y reflejadas en el acta correspondiente, el órgano proponente podrá elevar propuestas motivadas de otorgamiento de subvenciones que excedan los módulos máximos previstos para cada caso.
Séptima. Notificación a la Comisión Europea
Las ayudas concedidas en virtud de esta orden no precisan de su notificación a la Comisión Europea, por no reunir todos los requisitos del apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que van dirigidas a colectivos que no ejercen actividad económica, personas físicas o entidades locales que ejercen poderes públicos y tiene carácter de administración pública.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Instrucciones
Se autoriza al subsecretario de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social y a la directora general de Acción Social y Mayores a dictar cuantas instrucciones sean necesarias en desarrollo de la presente orden.
Segunda. Publicidad de centros, servicios y programas
1. Cuando por parte de las entidades solicitantes se haga publicidad a través de cualquier medio de comunicación, de los centros y de los servicios, de las actividades y de los programas subvencionados, total o parcialmente, mediante las ayudas a que se refiere esta orden, será obligatorio hacer constar explícitamente que se trata de un centro, servicio, actividad o programa «subvencionado por la Generalitat».
2. Cuando la ayuda sea superior al 50% del coste del servicio, en los locales de los centros subvencionados deberá exponerse en lugar visible una placa de identificación en la que se indique la condición de centro subvencionado por la Generalitat.
En todo caso, cuando se presente la justificación deberá adjuntarse fotografía acreditativa de dicho extremo, haciéndose constar en el oficio de remisión de dicha justificación a la dirección general correspondiente.
Tercera. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. No obstante, no se dictará ninguna resolución sobre las solicitudes de ayuda al amparo de la misma mientras no exista en los presupuestos del ejercicio económico del año 2012 crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las ayudas.
Cuarta. Recursos
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o, tratándose de administraciones públicas, en su caso, el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o bien podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Valencia, 21 de diciembre de 2011
El conseller de Justicia y Bienestar Social,
JORGE CABRÉ RICO