Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4945, del 14-02-2005 (2005/1056)

Notificación a Eva Patricia López Coronado.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4945

Fecha DOGV
:   14-02-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/1056


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Eva Patricia López Coronado. [2005/A1056]
  
Notificación de la Resolución de 13 de diciembre de 2004, del conseller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, instada por Eva Patricia López Coronado.
  
Vistos los antecedentes del expediente 0042/2004 que constan en el Servicio de Gestión Administrativa, resultan los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
1. Con fecha 5 de abril de 2004, tuvo entrada en el Registro Central de esta Conselleria (núm. entrada 9260), escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesto por Eva Patricia López Coronado como mandatario verbal de Jorge Ibáñez Molla.
  
2. Con fecha 26 de mayo de 2004, la instructora del expediente procedió a acusar recibo de su escrito y a comunicar que el mismo adolecía de los extremos de necesaria observancia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 6 del Real Decreto 429/1993 que aprueba el reglamento de los procedimientos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, debiendo ser subsanados en el plazo de 10 días.
  
3. Transcurrido dicho plazo legal, se remitió una solicitud de suspensión del plazo o concesión de uno nuevo.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Competencia. A tenor de lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, le corresponde dictar la correspondiente resolución sobre reclamación de responsabilidad patrimonial, al conseller de Infraestructuras y Transporte.
  
2. Desistimiento de la acción. En el escrito del instructor de 26 de mayo de 2004, se le advirtió lo siguiente: por otra parte, le comunico que su solicitud adolece de los defectos abajo referenciados, por lo que se le requiere para su subsanación, en aplicación del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual «Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos del artículo anterior y los exigidos en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.» Y el artículo 6 del Real Decreto 429/1993, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, según el cual: «En la reclamación se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo...».
  
Dado que esta administración desconoce extremos fundamentales para la tramitación del expediente, no contando la legitimación del reclamante o la veracidad de su representación.
  
3. Sobre la ampliación del plazo, visto lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la petición de ampliación de plazos por los interesados, así como su concesión, deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
  
Por lo tanto, dado que la reclamante dejó transcurrir el plazo sin solicitar la ampliación, no correspondía su concesión.
  
4. Obligación de dictar resolución. Conforme a lo preceptuado en el artículo 42 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone entre otros extremos: «La administración esta obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia al derecho, caducidad o desistimiento de la solicitud la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concierne en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables».
  
Vistos los hechos, fundamentos de derecho aplicables y de acuerdo con la normativa de general y singular aplicación, en uso de las de las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre del Gobierno Valenciano, resuelvo:
  
Tener por desistida a Eva Patricia López Coronado en su reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta en fecha 1 de abril de 2004.
  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el conseller de Infraestructuras y Transporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la recepción de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el caso de que la pretensión no exceda a 30.050 euros, o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana si supera dicho importe, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 y 8.2 apartado c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, según lo dispuesto por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 diciembre. Todo ello, sin perjuicio de utilizar cualquier otra vía que estime conveniente.
  
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.