Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4053, del 30-07-2001 (2001/6581)

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual número 27 del Plan General de Benicarló.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4053

Fecha DOGV
:   30-07-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/6581


Fecha del documento
:   05-06-2001

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Benicarló
    * plan de urbanismo

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual número 27 del Plan General de Benicarló. [2001/M6581]
  
Visto el expediente relativo a la modificación puntual número 27 del Plan General de Benicarló, y de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
1. Con fecha 30 de noviembre de 2000, el pleno del Ayuntamiento de Benicarló acordó someter a información pública la modificación puntual número 27 del Plan General de Ordenación Urbana de ese municipio, mediante edictos publicados en el periódico Mediterráneo de fecha 3 de enero de 2001 y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.919, de 17 de enero. Durante el periodo de exposición pública no se produjo alegación alguna.
  
Con fecha 22 de febrero de 2001, se procede por parte del pleno a la aprobación provisional de la citada modificación.
  
El 26 de marzo de 2001 tiene entrada en el Registro General de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes escrito del Ayuntamiento de Benicarló, mediante el que solicita la aprobación definitiva de la modificación puntual número 27 de ese municipio.
  
2. La documentación esta formada por memoria y planos.
  
3. En fecha 8 de mayo de 2001, la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón acordó informar favorablemente la modificación número 27 del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, proponiendo la aprobación definitiva de la misma.
  
Fundamentos de derecho
  
1. La tramitación de la modificación ha sido correcta, conforme al artículo 55 en concordancia con el 38 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU).
  
2. La documentación está completa, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la LRAU
  
3. El objeto del proyecto es la redistribución de la volumetría en la manzana de casas delimitada por las calles de la Mare de Déu del Carme, Santa Cándida, Santa Isabel y Febrer Soriano.
  
La modificación pretende eliminar medianerías y traseras de edificaciones (corrales), recayentes a un futuro espacio libre y mejorar, de esta manera, la calidad del espacio urbano público resultante. Resulta, igualmente conveniente, al objeto de conformar parcelas edificables, eliminando restos que por sus dimensiones resultarían no construibles provocando nuevas medianerías.
  
Concretamente la modificación pretende:
  
- Adecuar las alineaciones de la plaza de Sant Vicent a su configuración actual, al encontrarse totalmente edificada.
  
- Modificar la profundidad edificable prevista por la calle de Santa Cándida, con el objeto de mantener las edificaciones existentes y crear solares edificables sobre las parcelas que actualmente constituyen corrales, evitando de ese modo, medianeras o alineaciones no recayentes al espacio libre directamente y, por lo tanto, sin vistas.
  
- Evitar la afección de edificaciones existentes que deberían ser adquiridas parcialmente, dejando parcelas inedificables, gravando económicamente al Ayuntamiento y creando un problema social que no responde a los beneficios urbanísticos obtenidos.
  
- Limitar la edificabilidad correspondiente a la quinta planta recayente a la calle de Febrer Soriano a una profundidad de 9,00 metros, eliminando la parte de quinta planta que en aplicación de la normativa urbanística alcanzaría hasta el eje de la manzana, lo que fomentaría, en caso de no modificarse, la destrucción de edificaciones de cierta calidad existentes para unificar parcelas, modificando la estructura parcelaria actual.
  
- Reubicar la edificabilidad correspondiente a los propietarios de las traseras de las edificaciones recayentes a la calle de Santa Cándida y la parcela que se encuentra en la esquina del jardín y el pareo en una edificación de planta baja, planta primera y el 80% de la planta segunda que forme la fachada oeste de espacio libre.
  
4. La modificación que se examina supone la introducción de alteraciones en la ordenación pormenorizada del suelo urbano. Tal y como reiteradamente ha establecido la jurisprudencia, la determinación concreta de la calificación de unos terrenos incluidos en el suelo urbano o del trazado de unos viales se enmarca claramente dentro de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, gozando en tales casos la administración de amplia libertad para elegir, entre las alternativas posibles, la forma en la que el territorio ha de quedar ordenado.
  
Asimismo, son las citadas materias determinaciones urbanísticas que trazan, junto con otras, el modelo físico de una convivencia puramente local, sin incidencia en intereses supralocales, por lo que, cuando de tales determinaciones se trate, aquella discrecionalidad debe ser actuada por el ayuntamiento, desde la representación que le confiere su legitimación democrática.
  
La Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU) recoge claramente esta línea jurisprudencial. Así, el artículo 40 de esta ley autonómica, tras explicitar los cometidos autonómicos que permiten formular objeciones a la aprobación definitiva del planeamiento municipal, establece que le está vedado a la resolución autonómica de aprobación cuestionar la interpretación de tal interés formulada por el municipio desde su propia representatividad. como se indica en el preámbulo de la LRAU, esta ley atribuye a la política municipal gestora del urbanismo un espacio de decisión propio, en el que los órganos representativos de la colectividad local podrán apreciar la oportunidad de las iniciativas urbanísticas que se le planteen. Por lo tanto, el control autonómico debe limitarse aquí a un mero control de legalidad.
  
5. Se debe analizar la modificación teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 17 del anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, que dice que cuando ni la antigua ordenación ni la nueva cumpla los estándares, será exigible que la relación entre el índice de suelo dotacional y el índice de edificabilidad bruta de la nueva ordenación sea mayor que la misma relación en la antigua ordenación. En el caso que nos ocupa, en la Memoria Justificativa de la Modificación, se justifica sobradamente con este requisito, resultando el índice de la nueva ordenación de 0,3840 frente al 0,3818 de la antigua.
  
6. A la vista de todo lo que antecede, y teniendo en cuenta que la actuación no supone adopción de nuevos criterios sobre la estructura general del territorio prevista por el PGOU, ni nueva clasificación de suelo, ni aumenta la población prevista por el plan, se cumple con lo establecido en el artículo 17 del anexo del RPCV, no se aprecian impedimentos para proceder a la aprobación definitiva de la modificación puntual número 27 del PGOU de Benicarló.
  
No obstante lo anterior, estas modificaciones implican distinto emplazamiento de zonas verdes, por lo que son aplicables determinadas especialidades procedimentales. En concreto:
  
- Por un lado, y de conformidad con el artículo 55.4 de la LRAU, resulta preceptivo el informe del Consejo Superior de Urbanismo. Según lo establecido en la disposición transitoria novena de la LRAU, y al no estar todavía constituido el citado Consejo, sus funciones corresponden al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, previo informe de la Comisión Territorial de Urbanismo.
  
- De otro lado, según el artículo 10.8.e de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, se necesita también el previo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo en los casos de modificaciones «cuyo objeto» sea llevar a cabo una diferente zonificación de zonas verdes. Según la interpretación que de tal precepto ha llevado a cabo el Consejo Jurídico Consultivo en numerosas ocasiones, no es necesario solicitar su dictamen cuando el objeto de la modificación es más amplio y sólo indirectamente, como consecuencia derivada de otro objeto principal, se altere levemente una zona verde. De conformidad con esta doctrina del Consejo Jurídico Consultivo, que ha sido ya seguida por diversas resoluciones de esta conselleria, en atención a las características de la modificación, no es preceptivo el dictamen del citado órgano consultivo.
  
7. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, y, por tanto, de las modificaciones de los mismos, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, del Gobierno Valenciano, Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con el artículo 6.d del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Aprobar definitivamente la modificación puntual número 27 del Plan General de Benicarló.
  
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 5 de junio de 2001.- El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: José Ramón García Antón.