Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6654, del 18-11-2011 (2011/11237)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio de divorcio contencioso número 1032/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6654

Fecha DOGV
:   18-11-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/11209


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Alicante

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio de divorcio contencioso número 1032/2010. [2011/11517]  
Divorcio contencioso 001032/2010-C1  
De: Fatiha Amal.  
Procuradora: Teresa Ruiz Martínez.  
Contra: Mohamed Larbi Murabet.  
Procurador/a: -  
En el presente procedimiento de divorcio contencioso seguido a instancia de Fatiha Amal frente a Mohamed Larbi Murabet se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Vistos por la magistrada jueza del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Alicante, Susana Martínez González, los presentes autos de juicio verbal número 1032/2010, entre partes, de una, como demandante Fatiha Amal, representada por la procuradora la señora Ruiz Martínez y asistida de la letrada la señora Mas Marcos y de otra, como demandado Mohamed Larbi Murabet, declarado en rebeldía, sobre divorcio contencioso, con intervención del Ministerio Fiscal.  
Fallo  
Que estimando la demanda, debo declarar y declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído en fecha 3 de junio de 1998, entre las partes, Fatina Amal y Mohamed Larbi Murabet, con los efectos legales inherentes a dicha declaración, decretando los siguientes:  
Primero. Quedan revocados los consentimientos y poderes que los cónyuges se hubieran otorgado entre sí y cesando, salvo pacto en contrario, la posibilidad de vincular bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.  
Segundo. Los hijos menores de ambas partes, Z., S. e I., sometidos a la patria potestad de ambos progenitores, quedarán bajo la guardia y custodia de la madre, debiendo cada progenitor mantener informado al contrario sobre la evolución escolar, social y sanitaria de los hijos, siempre que el progenitor no la pueda obtener por sí mismo, estando obligados los profesionales que se ocupan de los menores a suministrar, tanto al padre como a la madre, cualquier información que les soliciten sobre sus hijos, por ser ambos titulares de la patria potestad. Asimismo, se deberá de recabar el consentimiento del otro progenitor (que se entenderá otorgado si no mostrara su oposición en los 10 días naturales siguientes a su notificación fehaciente) o contar con autorización judicial previa para los cambios de residencia que, por la distancia, impidan o dificulten el régimen de visitas, para los cambios de colegio, orientación educativa, religiosa o laica, tratamientos médicos o psicológicos trascendentes, sobre todo de cirugía estética, y en general, cualquier alteración que afecte de manera importante a la vida de los menores.  
Tercero. No ha lugar a establecer régimen de visitas a favor del padre.  
Cuarto. Se señala la cantidad de quinientos cuarenta (540) euros en concepto de alimentos en favor de los hijos, cantidad que el padre ingresará los primeros cinco días de cada mes en la cuenta que a dichos efectos señale el otro progenitor, y que se actualizará anualmente conforme a las variaciones del IPC, debiendo abonar cada progenitor el 50 por ciento de los gastos extraordinarios que puedan ocasionar los hijos. Respecto de los mismos, en lo relativo a las actividades extraescolares o de ocio, de carácter no necesario o no recomendadas como refuerzo por el colegio o por prescripción o consejo médico o psicológico, solo se deberán de asumir al 50 por ciento las que se realicen por común acuerdo entre los progenitores, siendo en caso contrario asumido su pago por aquél que haya decidido la realización de dicha actividad. En todo caso, los gastos extraordinarios que no tengan carácter urgente deberán de ser consentidos por ambos progenitores, entendiéndose que el contrario consiente en la realización del gasto cuando, notificada la intención de realizar el mismo y su importe, con los documentos correspondientes, por cualquier medio fehaciente, dejare transcurrir el plazo de 10 días sin mostrar oposición al mismo. En caso de discrepancia entre las partes sobre la procedencia del gasto, deberá de someterse a decisión judicial. Solo los de carácter urgente y necesario se podrán realizar sin previo consentimiento o autorización judicial. A tal efecto, el primer plazo de pensión se deberá de pagar con carácter retroactivo a la fecha de presentación de la demanda.  
Quinto. No se aprecian motivos para imponer las costas procesales a ninguno de los litigantes.  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación, ante la Audiencia Provincial de Alicante (art. 455 LEC). El recurso se preparará por medio de escrito presentado ante este Juzgado en el plazo de cinco días, limitado citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (art. 457.2 LEC).  
De conformidad con la disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que sea admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolución deberá constituir un depósito de 50 euros, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.  
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente (JJJJ 3606 CE EEEE AA) indicando, en el campo "Concepto" el código "02 civil-apelación" y la fecha de la resolución recurrida con el formato dd/mm/aaaa.  
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el código de cuenta corriente (CCC, 20 dígitos), se indicará en el campo "Concepto" el número de cuenta, el código y la fecha que en la forma expuesta en el párrafo anterior.  
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.  
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.  
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».  
Y encontrándose dicho demandado, Mohamed Larbi Murabet, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Alicante, 19 de octubre de 2011.- El secretario judicial: Pedro F. González de Pereda.