Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7425, del 17-12-2014 (2014/11869)

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2014, de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del acuerdo interinstitucional por el que se aprueba el protocolo para la coordinación de las actuaciones en materia de violencia de género en la Comunitat Valenciana.
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Número DOGV
:   7425

Fecha DOGV
:   17-12-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2014/11895


Fecha del documento
:   12-12-2014

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2014, de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del acuerdo interinstitucional por el que se aprueba el protocolo para la coordinación de las actuaciones en materia de violencia de género en la Comunitat Valenciana. [2014/11552]  
La Generalitat, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 21 de noviembre de 2014, el acuerdo interinstitucional por el que se aprueba el protocolo para la coordinación de las actuaciones en materia de violencia de género en la Comunitat Valenciana.  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del citado Acuerdo, que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 1309/2014 y que figura como anexo de esta resolución.  
  
Valencia, 12 de diciembre de 2014.- La directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts: Marta Martí Arador.  
  
  
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNITAT VALENCIANA  
  
Índice  
1. Introducción.  
2. Acuerdo interinstitucional por el que se aprueba el protocolo para la coordinación de las actuaciones en materia violencia de género en la Comunitat Valenciana.  
3. Protocolo para la coordinación de las actuaciones en materia de violencia de género en la Comunitat Valenciana.  
a. Principios rectores de la actuación de las administraciones públicas competentes en materia de violencia de género en la Comunitat Valenciana.  
b. Derechos de las víctimas de violencia de género en la Comunitat Valenciana.  
c. Tipos de intervención.  
d. Ámbitos de actuación  
- Ámbito de la seguridad  
1. Servicio de Emergencias 112 en la Comunitat Valenciana  
2. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado  
3. La policía local  
- Ámbito judicial  
1. Juzgados de violencia sobre la mujer  
2. Fiscalía especializada en violencia de género  
3. La personación de la Generalitat como acusación popular  
4. Oficinas de Atención a las Víctimas  
5. Instituto de Medicina Legal: las unidades de Valoración Forense Integral (UVFI)  
6. Consejo Valenciano de Colegio de Abogados  
- Ámbito sanitario  
- Ámbito social  
1. Recursos de atención a las víctimas en el ámbito autonómico  
2. Atención a las víctimas en el ámbito municipal  
- Ámbito económico y laboral  
- Ámbito educativo  
- Coordinación. La Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno y de las Unidades de Violencia de las Subdelegaciones del Gobierno en la Comunitat Valenciana.  
e. Diagramas de intervención  
Introducción  
  
La erradicación de la violencia sobre las mujeres es uno de los objetivos fundamentales de todos los poderes públicos. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado sino que es un problema de carácter público que produce el rechazo de la sociedad.  
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, identificó la violencia contra la mujer como uno de los ámbitos de especial preocupación que debe ser objeto de particular hincapié por parte de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil.  
Tal y como señala el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales, siendo los poderes públicos los obligados por la Constitución a adoptar todas las medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.  
En ejercicio de esa obligación constitucional de velar por la efectividad de los derechos fundamentales el legislador nacional y autonómico ha promulgado importantes instrumentos normativos con el fin de actuar contra la violencia de género como manifestación de la discriminación, las situaciones de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. En ese sentido además de la ya mencionada Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en nuestra comunidad autónoma es de aplicación la Ley 7/2012, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana.  
Ambos instrumentos legislativos abordan el problema de la violencia de género de manera integral abarcando tantos los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas.  
El objetivo de ese carácter integral es proporcionar una respuesta global a la problemática de la violencia sobre las mujeres. Esta respuesta global requiere la actuación coordinada de todos agentes que ostentan la titularidad de los recursos públicos destinados a la prevención, detección, protección y atención a las víctimas y sus hijas e hijos, aprovechando las sinergias y sumando todos los esfuerzos.  
Con el fin de garantizar esta actuación coordinada, el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2004, establece que los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género. En desarrollo de dichos planes, se articulan protocolos de actuación que determinen los procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados.  
En ese mismo sentido se pronuncian los artículos 71 y 72 de la ley 7/2012 de la Generalitat Valenciana, que establecen la oportunidad de suscribir acuerdos de colaboración y coordinación entre todas las administraciones e instituciones implicadas en la erradicación de la violencia de género.  
La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016 aprobada en Consejo de Ministros, el 26 de julio de 2013, establece como uno de sus ejes transversales la coordinación y el trabajo en red.  
Las actuaciones para la erradicación de la violencia de género y para dar respuesta a las necesidades de las víctimas de violencia y sus hijos e hijas, implican a los tres niveles territoriales en que se estructura el Estado, así como a diferentes áreas funcionales en que se organiza la actividad administrativa. Es por ello necesario articular instrumentos de coordinación entre todos los agentes intervinientes con el fin de evitar duplicidades, y la revictimización. Las mujeres víctimas de la violencia por motivos de género y sus hijos requieren con frecuencia especial apoyo y protección debido al elevado riesgo de victimización secundaria ligada a este tipo de violencia. Tal y como se señala en el preámbulo de la Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, el riesgo de victimización secundaria o reiterada debe limitarse llevando a cabo actuaciones de forma coordinada y con respeto, permitiendo a las víctimas ganar confianza en las autoridades. Se trata de maximizar la eficacia y aunar los esfuerzos de todos los agentes intervinientes siempre en beneficio de las víctimas de la violencia de género y de sus hijos e hijas.  
Ese es el compromiso que asumen todos los agentes involucrados en la lucha contra la violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  
El presente acuerdo lo suscriben las administraciones públicas de los 3 niveles- estatal, autonómico y municipal- y agentes intervinientes en materia de violencia de género en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en línea con lo señalado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su Artículo 32 al establecer que «Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las Administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad».  
La elaboración del protocolo de coordinación es fruto del acuerdo adoptado el 26 de noviembre de 2012, en el seno de la reunión del Grupo de Trabajo de Violencia de Género en el marco del Consejo Autonómico de Seguridad.  
El presente acuerdo se presenta como un acuerdo amplio y abierto, llamado a ir perfeccionándose a través del desarrollo práctico de las actuaciones contempladas en el mismo, orientadas todas ellas a la configuración de un sistema integral de atención a las víctimas de la violencia de género.  
El protocolo para la coordinación de las actuaciones en materia de violencia de género en el ámbito de la Comunitat Valenciana es un documento que explica la organización de la respuesta que se presta ante una situación de violencia ejercida contra las mujeres por razón de su sexo y en concreto; identifica instituciones y personas a las que recurrir, en qué momento hacerlo, de qué manera y con qué objeto; clarifica las competencias y responsabilidades de cada una; y expresa el compromiso asumido por cada una de ellas en la respuesta a proporcionar.  
  
  
  
  
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNITAT VALENCIANA.  
  
Reunidos en Valencia, el 21 de noviembre de 2014  
Alberto Fabra Part, Presidente de la Generalitat  
Serafín Castellano Gómez, Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.  
Elena Bastidas Bono, presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.  
Pilar de la Oliva Marrades, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  
Antonio Montabes Córdoba, fiscal superior de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana.  
Mariano Durán Lalaguna, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.  
  
Exponen  
Que la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todas sus formas constituye una violación de los derechos humanos, constituyendo un atentado contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres. La violencia de género es la máxima manifestación de la discriminación, las situaciones de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, siendo un problema de carácter público que transciende el ámbito privado y produce el rechazo del conjunto de la sociedad.  
Que la erradicación de la violencia sobre las mujeres es uno de los objetivos fundamentales de todos los poderes públicos. Que los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales, siendo los poderes públicos los obligados por la Constitución a adoptar todas las medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.  
Que en ejercicio de esa obligación constitucional de velar por la efectividad de los derechos fundamentales el legislador nacional y autonómico ha promulgado importantes instrumentos normativos con el fin de actuar contra la violencia de género, siendo destacables la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y en nuestra Comunidad Autónoma la Ley 7/2012, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana.  
Que se entiende por víctima de violencia sobre la mujer: toda mujer o niña que sea objeto de cualquier comportamiento de acción u omisión por el que un hombre inflige en la mujer daños físicos, sexuales y/o psicológicos, basado en la pertenencia de esta al sexo femenino, como resultado de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres; así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Asimismo se consideran igualmente víctimas los hijos e hijas menores y/o personas sujetas a tutela o acogimiento de las mismas que sufran cualquier perjuicio como consecuencia de la agresión a aquellas.  
Que el tratamiento de las situaciones de violencia de género ha de ser integral y debe abarcar tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas. Esta respuesta integral requiere la actuación coordinada de todos agentes que ostentan la titularidad de los recursos públicos destinados a la prevención, detección, protección y atención a las víctimas y sus hijas e hijos, aprovechando las sinergias y sumando todos los esfuerzos.  
Que con el fin de garantizar la ordenación de las actuaciones de todas las administraciones con competencias en el ámbito de la violencia de género, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su Artículo 32 establece que los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las Administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad. La misma previsión se contempla en los artículos 71 y 72 de la ley 7/2012 de la Generalitat Valenciana, que establecen la oportunidad de suscribir acuerdos de colaboración y coordinación entre todas las administraciones e instituciones implicadas en la erradicación de la violencia de género. Asimismo, la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, 2013-2016, aprobada en Consejo de Ministros, el 26 de julio de 2013, como instrumento vertebrador de la actuación de los poderes públicos en esta materia, establece como uno de sus ejes transversales la coordinación y el trabajo en red.  
En virtud de lo expuesto, las partes firmantes,  
  
ACUERDAN  
  
Primero. El objetivo del presente Acuerdo es la coordinación de las actuaciones en materia de Violencia de Género en la Comunitat Valenciana, a través de la aprobación del Protocolo anexo al presente Acuerdo, con el fin de optimizar y mejorar la eficacia de la respuesta institucional y la actuación de los y las profesionales de todas las entidades firmantes en los ámbitos educativo, sanitario, policial, judicial, laboral, y social.  
  
Segundo. Las instituciones firmantes velarán para que las víctimas sean tratadas de manera respetuosa, sensible, y no discriminatoria, en todos sus contactos con cualquier autoridad competente o servicio de apoyo. De la misma manera, se comprometen a prestar a las mujeres víctimas de violencia de género y, en su caso, a sus hijas e hijos menores, una atención inmediata, especializada y adecuada a sus necesidades; a proporcionarles una protección efectiva y a facilitar su recuperación integral.  
Asimismo se comprometen a establecer estrategias de proximidad que contribuyan a eliminar la victimización secundaria, facilitando a las y los profesionales herramientas de información y de derivación eficaces para evitar el peregrinaje de institución a institución de las mujeres y de sus hijas e hijos.  
  
Tercero. Las instituciones firmantes se comprometen a fomentar, cada una en el ámbito de sus competencias, actuaciones de sensibilización promoviendo una respuesta activa y solidaria ante la violencia de género y sus víctimas.  
  
Cuarto. Las instituciones firmantes se comprometen a adecuar su actuación en los casos de violencia de género a los protocolos de actuación coordinada que se incorporan al presente acuerdo dentro del marco de sus respectivas competencias y con pleno respeto a la independencia judicial. Para ello se comprometen a difundir entre los profesionales que integran estas instituciones el contenido del presente Protocolo.  
  
Quinto. El seguimiento, actualización y mejora de las actuaciones derivadas del presente acuerdo se llevará a cabo dentro del Grupo de Trabajo sobre Violencia de Género existente en el marco del Consejo Autonómico de Seguridad. Este Grupo de Trabajo estará asesorado por una Comisión de Seguimiento del Protocolo para la coordinación de las actuaciones en materia de violencia de género en la Comunitat Valenciana. Esta comisión estará integrada por un representante a nivel técnico designado por cada una de las siguientes instituciones:  
- Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana. El o la representante de la Delegación del Gobierno ostentará la presidencia de la Comisión de Seguimiento.  
- Jefatura Superior de Policía en la Comunitat Valenciana  
- Guardia Civil  
- Consellería competente en materia de Educación  
- Consellería competente en materia de Sanidad  
- Consellería competente en materia de Bienestar Social  
- Consellería competente en materia de Justicia y Gobernación  
- Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana  
- Fiscalía provincial  
- Federación Valenciana de Municipios y Provincias  
- Consejo Valenciano de Colegios de Abogados  
La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:  
- Seguimiento y evaluación de la aplicación del Protocolo de coordinación  
- Formular propuestas de mejora en las actuaciones destinadas a la atención y protección de las víctimas de violencia de género.  
La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria. Además podrá celebrar sesiones extraordinarias a iniciativa de cualquiera de sus integrantes.  
  
Sexto. El presente acuerdo tendrá efectos desde el día de su firma. Su validez es de un año y se prorrogará tácitamente, salvo denuncia expresa de alguna de las partes.  
  
Alberto Fabra Part  
President de la Generalitat  
  
Serafín Castellano Gómez  
Delegado del Gobierno en la C. Valenciana   
  
Pilar de la Oliva Marrades  
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana  
  
Antonio Montabes Córdoba  
Fiscal Superior de la Fiscalía de la C. Valenciana  
  
Elena Bastidas Bono  
Presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias  
  
Mariano Durán Lalaguna  
Presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados   
  
  
  
  
PROTOCOLO PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNITAT VALENCIANA  
  
A. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNITAT VALENCIANA  
  
Todas las administraciones públicas y agentes intervinientes en el presente protocolo se comprometen a actuar en la atención y protección de las víctimas de violencia de género, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de conformidad con los siguientes principios:   
  
- Actuación personalizada e inmediata de las mujeres que sufren violencia y de su hijos e hijas, mediante acciones adaptadas a las necesidades propias de cada mujer y sus hijos e hijas, promoviendo para ellas respuestas integrales y personalizadas, dadas las distintas situaciones de cada una de las mujeres. Se tendrá en cuenta la situación personal, familiar, económica y cultural de cada mujer, así como su nivel formativo y su perfil profesional, entre otros aspectos. Y se adoptarán las medidas adecuadas para ayudar a que las víctimas entiendan y puedan ser entendidas desde el primer momento que tengan contacto con cualquier autoridad competente.  
  
- Atención profesional especializada: La respuesta profesional especializada y comprometida es determinante para contribuir a la creación de una sociedad libre de violencia contra la mujer y el apoyo a quienes la padecen. Para ello es necesario el acompañamiento y apoyo profesional a las víctimas en todo el recorrido. Las administraciones públicas y agentes intervinientes garantizarán que aquellos funcionarios que vayan a entrar en contacto con las víctimas reciban formación especializada con el fin de mejorar su concienciación respecto de las necesidades de las víctimas y de capacitarlos para tratar a las víctimas de manera imparcial, respetuosa y profesional.  
  
- Actuación respetuosa con la intimidad y privacidad de las víctimas, garantizando su seguridad y la confidencialidad, y sin temor a castigos ni represalias. Especialmente se pondrá especial atención en lo referente los lugares en los que estas o sus hijos e hijas vayan a ser atendidas, estableciendo las condiciones necesarias para evitar el contacto entre las víctimas y sus agresores.  
  
- Fomento de la autonomía y la autoestima de las mujeres: Con reconocimiento pleno y apoyo a la capacidad de las mujeres para adoptar sus propias decisiones en su proceso de salida y recuperación integral, impulsando su independencia y responsabilidad personal y poniendo en valor su capacidad de supervivencia, y superación. Para ello, se proporcionará a las mujeres formación específica y toda la información sobre los derechos que tiene, así como de los recursos disponibles en su caso. El objetivo será siempre que pueda tomar sus propias decisiones de acuerdo a sus intereses y necesidades.  
  
- Actuación coordinada, entre todos los agentes e instituciones intervinientes en los distintos ámbitos, proponiendo la creación de una verdadera actuación en red mediante la existencia de instrumentos de información recíproca, transferencia de conocimiento y colaboración entre todos los agentes. Se primará la coordinación interna entre administraciones para evitar duplicidades o lagunas en la intervención y lograr una actuación eficaz. Cada agente interviniente realizará, según los casos, y lo establecido en el presente Protocolo, las derivaciones a los demás recursos que procedan según los casos informando debidamente a la víctima.  
  
- Actuación proactiva y sensibilización de la sociedad: las administraciones públicas y agentes intervinientes fomentaran la participación activa comprometida y responsable de todos, sociedad y profesionales, en la prevención y detección de la violencia y la protección y asistencia a las mujeres. En este sentido, se promoverán las coaliciones locales, que se articulan como eslabón entre las administraciones públicas y las víctimas, para el apoyo y empoderamiento de éstas en su proceso de recuperación.  
La actuación de todas las administraciones públicas y agentes intervinientes en relación con la asistencia de las víctimas y sus hijos e hijas se inspirará en el absoluto respeto a la dignidad humana y de los derechos humanos que le son inherentes, y a la igualdad y a la promoción de una sociedad en igualdad como máxima garantía para la eliminación de la violencia sobre la mujer.  
  
  
B. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNITAT VALENCIANA  
  
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la ley 7/2012, de 23 de noviembre, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, reconocen una serie de derechos básicos de las víctimas, derechos que quedan garantizados por las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, en el ámbito de sus competencias, y que son de aplicación a todas las mujeres que hayan sido víctimas, en el sentido definido por esta ley, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana con independencia de su nacionalidad.  
Los derechos reconocidos a las víctimas de la violencia de género en el ámbito de la Comunitat Valenciana:  
  
- Derecho a la información. Las administraciones públicas en la Comunitat Valenciana facilitarán en todo momento a las víctimas de violencia sobre la mujer, información sobre los recursos y servicios existentes que puedan necesitar para asegurar su protección, apoyo y recuperación. El derecho a la información conlleva el derecho de la víctima a recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente.  
- Derecho a la protección efectiva. Las administraciones públicas en la Comunitat Valenciana garantizarán protección integral e inmediata a las víctimas que se hallen en situación de riesgo, mediante la activación de todos los recursos disponibles.  
- Derecho a la atención integral y especializada. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana garantizarán a las víctimas de este tipo de violencia los servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral.  
- Derecho a la asistencia jurídica gratuita. Las víctimas de violencia sobre la mujer tendrán derecho a recibir información y asistencia jurídica gratuita con independencia de la existencia de recursos para litigar.  
- Derecho a la asistencia sanitaria. Las víctimas de violencia sobre la mujer tendrán derecho a la asistencia sanitaria coordinada con los restantes operadores que intervengan en el proceso de atención a las víctimas.  
- Derecho a la intimidad y privacidad. En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se garantizará a las víctimas de violencia sobre la mujer la confidencialidad de los datos de carácter personal que puedan provocar su identificación y localización y, en especial, con respecto al agresor y su entorno.  
- Derecho a indemnizaciones por causa de muerte. Los hijos e hijas menores de edad, tutelados o acogidos o, en su ausencia, los ascendientes de las víctimas mortales de violencia sobre la mujer, que dependan de ésta económicamente en el momento del fallecimiento, tendrán derecho a la percepción de una cuantía económica de pago único, en las condiciones y requisitos que se establezcan reglamentariamente.  
- Derecho preferente de acceso a una vivienda. La Generalitat garantizará a las víctimas de violencia ejercida por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, el acceso preferente a una vivienda de promoción pública o cualquier otra vivienda que posibilite las condiciones de acceso en la modalidad de compra o arrendamiento, o cesión por cualquier título en los términos que se establezca reglamentariamente.  
- Derechos laborales. La Generalitat garantizará a las víctimas de violencia sobre la mujer la formación y ayuda para facilitar su inserción laboral, fomentando acuerdos y convenios con los agentes sociales.  
- Derechos de los hijos e hijas de las víctimas. Los hijos e hijas, acogidos y tutelados menores de edad de las víctimas de la violencia sobre las mujeres, en el sentido definido por el artículo 3 de la Ley 7/2012, de la Generalitat, tendrán derecho a ser acogidos junto con su madre en los centros residenciales correspondientes, a la escolarización inmediata en caso de cambio de domicilio de la madre por causa de esta violencia, y a tratamiento psicológico rehabilitador si, en su caso, procediere. Se incluirá la violencia sobre la mujer, como factor de valoración para la regulación de ayudas que se destinen a familias con escasos recursos económicos, dirigidas a compensar las carencias y desventajas que impidan o dificulten el acceso y la permanencia de los y las menores en el sistema educativo. Asimismo, dicho criterio se tendrá en cuenta para el acceso preferente de los hijos e hijas en la adjudicación de plazas ofertadas en los centros de atención socioeducativa para menores de tres años.  
  
  
C. TIPOS DE INTERVENCIÓN  
  
  
  
  
  
D. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
  
Ámbito de la seguridad  
  
1. Servicio de Emergencias 112 en la Comunitat Valenciana  
Dependiente de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, de la Conselleria de Gobernación y Justicia, el servicio telefónico del 112 Comunitat valenciana, se configura como un servicio de emergencias ante cualquier situación de urgencia. Este servicio es en muchas ocasiones el dispositivo que tiene el primer contacto con la víctima y desde el cual se pone en marcha el mecanismo de atención y prevención de la misma.  
Una vez recibida la llamada, y en función de la situación concreta de la que se informa, se procede a la activación de los servicios operativos competentes en su resolución. Entre estos se encuentran cuerpos policiales (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Unidad del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana), recursos asistenciales (Centros Mujer 24h dependientes de la Dirección General de Familia y Mujer de la Conselleria de Bienestar Social), y sanitarios (Conselleria de Sanidad).  
  
  
2. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado  
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben actuar en materia de violencia sobre las mujeres de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en:  
- La ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género  
- Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la Protección de la Violencia Doméstica y de Género de 10 de junio de 2005.  
- Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, firmado el día 13 de marzo de 2006 por el ministro del Interior y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.  
- Instrucción nº 10 y nº 14 de 2007 de fecha 10 de julio 2007 y 10 de octubre 2007, por la que se aprueba el Protocolo para la Valoración Policial del Nivel de Riesgo de Violencia contra la Mujer en los supuestos de la Ley Órgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a los órganos judiciales y al ministerio fiscal. Instrucción nº 5/2008, de 18 de julio, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica la Instrucción 10/2007, de 10 de julio.  
- Orden del Ministerio del Interior de 26 de junio de 2007 por la que se crea el fichero de datos de carácter personal Violencia Doméstica y de Género en el Ministerio del Interior. Orden del Ministerio del Interior de 23 enero 2008 por la que se modifica el fichero de datos de carácter personal Violencia Doméstica y de Género.  
- Ley 27/2003 de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia de Género.  
- Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.  
- Protocolo de Actuación del Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del Cumplimiento de las Medidas y Penas de Alejamientos en Materia de Violencia de Género aprobado mediante acuerdo de fecha 11 de octubre 2013.  
- Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009.  
- Instrucción conjunta de la Dirección General Policía y Guardia Civil y la Dirección General de Inmigración, sobre aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social tras la reforma de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre en materia de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a favor de la mujer extranjera víctima de la violencia de genero  
  
Recursos especializados en materia de violencia de género de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil disponen de unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 1/2004. En ese sentido la Guardia Civil cuenta con los llamados Equipos de Mujer y Menores (EMUME), unidades cuya misión es la investigación de los delitos cometidos contra menores y mujeres, prestándoles una atención especializada durante la intervención policial. El personal de los EMUME se despliega en Puntos de Atención Especializada (PAE) de las unidades de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Este despliegue se realiza a nivel central, provincial y comarcal. En el caso del Cuerpo Nacional de Policía se han creado las Unidades de Prevención, Asistencia, y Protección a Mujeres victimas de violencia de Género (UPAP). Todas las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía disponen de UPAP con policías especializados en la protección de la mujer víctima de violencia de género. A su vez en seno del CNP existe una Sección de Atención a la Familia (SAF) dentro de la cual se incardina el Servicio de Atención a la Mujer (SAM) y el Grupo de Menores (GRUME).  
Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil disponen de números de teléfono; el 062 en el caso de la Guardia Civil y el 091 del en el caso Cuerpo Nacional de Policía para la atención y actuación ante cualquier situación de urgencia.  
  
Funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de violencia de género:  
- Colaboración en la detección precoz de las situaciones de violencia de género mediante una comunicación fluida entre los diferentes agentes implicados en la prevención (servicios sociales y sanitarios) y protección de la víctima. Las fuerzas de seguridad solo precisan de la existencia de cualquier indicio comunicado oportunamente para proceder de oficio a su indagación.  
- Actuaciones inmediatas tras un hecho de violencia de género:  
 En relación con las víctimas  
 Las primeras medidas irán encaminadas a asegurar la integridad de la víctima y el control del agresor.  
 En caso de que el estado de la víctima exija atención médica inmediata, se dará prioridad a las actuaciones concernientes a dicho interés, bien recabando una unidad móvil o mediante su traslado urgente al centro sanitario más cercano. Esta prioridad atenderá no solo las lesiones físicas, sino también cualquier grado de alteración emocional que deba ser tomado en consideración. Esta actuación se realizará en coordinación con los servicios de Emergencias y de Salud.   
 La víctima será informada de los derechos que de modo general le corresponden como víctima o perjudicada según la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal y de manera particular de aquellos contenidos en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre ellos, del derecho a la asistencia jurídica gratuita desde el mismo momento de la denuncia por letrado del turno especializado y de la posibilidad de solicitar una orden de protección. Estas actuaciones se realizan en colaboración con el colegio de abogados correspondiente.  
 Se proporcionará a la víctima por escrito una información detallada sobre la denominación, direcciones, teléfonos y demás información de toda la red asistencial de urgencia que provee la asistencia social integral a la víctima así como de apoyo en la gestión de sus derechos laborales y de seguridad social, percepción de ayudas económicas y beneficios de tipo residencial. Estas actuaciones se realizan en coordinación con la red de Servicios Sociales.  
 En el caso especial de que, al denunciarse una situación de violencia de género sufrida por una mujer extranjera, se ponga de manifiesto su situación irregular en España, se le informará de la normativa vigente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España y, en particular, de la posibilidad de solicitar una autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se dicte una orden de protección a su favor o, en su defecto, se elabore el informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Actuación en coordinación con el Área de Extranjería de la Delegación del Gobierno.  
  
 En relación con el autor  
Las actuaciones policiales a desarrollar son las siguientes: La detención del agresor, que procederá cuando la entidad de los hechos y/o la situación de riesgo lo aconseje conforme a los criterios establecidos en las normas penales y procesales; así como la retirada cautelar de armas del agresor, e incautación de instrumentos peligrosos en su poder, lo que se pondrá por diligencia a disposición de la autoridad judicial. Además, se propondrá la revocación de las licencias de arma que posea. En caso de negativa a entregar las armas, se comunicará inmediatamente a la autoridad judicial, solicitando que disponga lo oportuno para su retirada. Si el agresor portara armas debido a su puesto de trabajo, se informará al superior jerárquico de los hechos en que se ha visto implicado.  
  
 En relación con los menores  
En situaciones puntuales de desamparo de algún menor con ocasión de actuaciones urgentes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velarán porque dichos menores queden bajo la guarda adecuada. Primero de su propia mano en lugar, entorno y por personal adecuados hasta tanto puedan hacerse cargo de ellos algún familiar de confianza, preferentemente a indicaciones de la madre si estuviere en condiciones de hacerlo, o a cargo de los Servicios Sociales que en su defecto correspondan y dando el oportuno conocimiento a la autoridad judicial y ministerio fiscal que deba entender del asunto. Esta actuación se hará en coordinación con los Servicios Sociales y autoridad judicial y ministerio fiscal.   
- Atención en las dependencias policiales. Las actuaciones sobre la mujer en dependencias policiales irán encaminadas a reducir los efectos de su victimización y a eliminar cualquier elemento que puedan inducir una victimización secundaria:   
 Se facilitará a la víctima los medios de separación adecuados respecto de cualesquiera otras personas que se encuentren en dependencias policiales por cualquier motivo, en un entorno tranquilo y cuyas instalaciones se hayan previsto para este tipo de atención personalizada. Se procurará evitar la concurrencia en el lugar de personal policial no relacionado directamente con el asunto. Y sobre todo, se tendrá la máxima prevención en que no coincidan, ni aún visualmente, la víctima con el agresor y sus allegados o familiares.  
 Aplicación de los principios de prioridad y especialización en la atención a las víctimas. Salvo causa mayor, la atención en dependencias policiales de las victimas de violencia de género será prioritaria y además, se llevará a cabo por personal especializado y con las habilidades sociales adecuadas para empatizar con la víctima.   
  
- Diligencias policiales. Para la mejor adecuación de las medidas a adoptar, tanto policiales como judiciales, ante un caso de violencia de género, resulta de la mayor importancia una correcta confección de las diligencias.  
 El atestado. Contendrá la exposición de todos los elementos necesarios tanto para la valoración de la gravedad del maltrato desde sus tres vertientes: físico, psicológico o sexual; como para apreciar la peligrosidad del autor. El atestado contendrá asimismo cualquier diligencia practicada en orden a la obtención al aseguramiento de las pruebas, testimonios recabados, diligencias de comprobación, traslados, comunicaciones, informaciones facilitadas a las partes y solicitud de órdenes de protección entre otras que resulten procedentes.  
 La valoración del riesgo. Supone una diligencia esencial, tanto para la adopción de medidas policiales inmediatas como para ilustrar el criterio judicial que deba adoptar la orden de protección adecuada. La valoración de riesgo se adaptará a un formulario estandarizado que no excluye la aportación de otros elementos de criterio por parte del instructor, y bajo correspondiente informe, si considera que a su juicio el resultado no refleja con precisión la situación de riesgo real.  
 En los casos de desistimiento en la denuncia. Cuando existan indicios objetivos de una situación de maltrato y la víctima se niegue a su confirmación o denuncia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuarán por mandato legal y de oficio, incluso mediante testimonio de referencia si fuere el caso. Aún en estas circunstancias, se confeccionará la oportuna valoración de riesgo con los datos que resultaren conocidos.  
  
- Acompañamientos a la víctima. De conformidad con el artículo 56 Ley 7/2012, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, se procurará que estos acompañamientos se realicen en coordinación con los profesionales de la red de asistencia social integral, en aquellos casos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad que lo soliciten.  
 Acompañamiento al centro de atención médica. La conveniencia de dicha atención, especialmente en los casos más leves, puede a veces verse comprometida por las objeciones de la víctima hacia su práctica. Se informará entonces a la misma sobre su utilidad jurídica, y en aquellos casos de las lesiones más superficiales se podrá considerar incluso, previo su consentimiento, la alternativa de su constancia mediante procedimientos fotográficos llevada a cabo por los servicios de Policía Científica. En el caso más habitual de su práctica normal por los servicios sanitarios, la dotación policial recabará informe de su resultado para mejor criterio legal sobre la gravedad de los hechos.   
 Acompañamiento para la retirada de efectos por la salida del domicilio de la victima en su caso, hasta el acompañamiento al Centro Mujer 24 horas, al Centro de Acogida, o a cualquier otro lugar de su preferencia.   
 Mientras el autor permanezca sin detener, y la situación de riesgo lo aconseje, podrán llevarse a cabo acompañamientos hasta el puesto de trabajo, sede judicial, y en general, a cualquier lugar donde exista un riesgo racional de que pueda ser interceptada por su agresor.   
  
- Comunicaciones institucionales: Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantendrán informados de sus actuaciones de modo ordinario a la autoridad judicial y al ministerio fiscal, y en los casos en que por razones de gravedad o circunstancialmente se determine a la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en la delegación y subdelegaciones de gobierno correspondientes.  
  
- Actuaciones de protección con posterioridad a los hechos. La autoridad judicial puede considerar la adopción de cualquiera de las medidas de protección que establece la ley, correspondiendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad el control de su ejecución y la reacción frente a su incumplimiento.   
 Protección personalizada de la víctima. La víctima dispondrá de una referencia personal invariable en la medida de lo posible durante el periodo de su protección. El agente o grupo protector asignado mantendrá los contactos regulares que se encuentran protocolizados y los adicionales que en su caso considere necesarios. Atenderá igualmente cualquier requerimiento de la víctima y llevará acabo el resto de las actuaciones individualizadas que considere necesarias para la adecuada protección de la misma.   
 El Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del Cumplimiento de las Medidas y Penas de Alejamiento en Materia de Violencia de Género es aquél que permite verificar el cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de género en los que la autoridad judicial acuerde su utilización. La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación con el sistema de seguimiento, así como de los demás profesionales implicados, está descrita en el Protocolo de Actuación del Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del Cumplimiento de las Medidas y Penas de Alejamiento en Materia de Violencia de Género, aprobado por medio del Acuerdo de 11 de octubre de 2013, suscrito entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.   
 El Sistema de Seguimiento Integral para las Víctimas de Violencia de Género y la evolución del riesgo (SSIVG); El Sistema de Seguimiento Integral para las Víctimas de Violencia de Género y dentro de él la actualización periódica de evolución del riesgo en las víctimas constituye el principal instrumento en orden a la prevención de futuros sucesos. Su correcto manejo exige el establecimiento de una relación de empatía con la víctima que permita la detección de indicios sobre el incremento del riesgo. De sus resultados se informará a la autoridad judicial y a las restantes fuerzas implicadas en la protección.  
  
- Actuaciones específicas de protección  
 Actuaciones según el nivel de riesgo. Como anexo al Protocolo de Valoración del Riesgo, figura la Instrucción 5/2008. que establece el catálogo de medidas policiales a adoptar en función del nivel de riesgo establecido. Dichas medidas comprenden desde la facilitación del modo de comunicación a la víctima, contactos esporádicos con la misma, comunicaciones al agresor y recomendaciones sobre autoprotección en los niveles más bajos, hasta la vigilancia permanente de la víctima y el control intensivo del agresor y vigilancia del centro escolar de los hijos en los casos extremos. Estas medidas son acumulativas, es decir que las de riesgo superior asumen además el cumplimiento de todas las que además corresponden a las de niveles inferiores. En los acuerdos de colaboración que se establezcan con las fuerzas locales de seguridad constará el compromiso de su cumplimiento.   
 El control del agresor en libertad. La prevención y protección más eficaz no se centra exclusivamente en el entorno de la víctima, sino que en la práctica todas las medidas en cualquier nivel incluyen algún tipo de control sobre el agresor. Dicho control será más exhaustivo cuanto más alto sea el nivel de riesgo. Su práctica exige el conocimiento permanente sobre su situación de libertad en caso de haber resultado detenido y/o encarcelado, tal y como se recoge en la Instrucción 3/2008, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sobre comunicación de permisos de salida.  
 El seguimiento residencial de la victima. El agente o grupo protector procurarán, en los contactos con la víctima, informarse anticipadamente sobre los movimientos residenciales de la misma al objeto de trasladar si procede la tutela de su protección a la jurisdicción policial correspondiente evitando así se produzcan paréntesis de desprotección en las víctimas. Corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aún en los casos en que existan acuerdos de colaboración con las policías locales, llevar a cabo los protocolos de comunicación correspondientes.  
 Actuaciones frente al quebrantamiento. La existencia de episodios de quebrantamiento de las medidas de alejamiento incrementan el grado de inseguridad de la víctima así como el grado de reproche penal que corresponde a su autor. Dada su proximidad con la víctima, el agente o grupo protector asignado es, en buena parte de las ocasiones, el primer conocedor de este tipo de hechos, y a veces deberá actuar como testigo de referencia en su persecución de oficio cuando la víctima decline comparecer en los nuevos atestados que se instruyan por tales motivos.  
  
- Actuaciones policiales en casos particulares. A continuación se detallan determinadas situaciones que exigen un tratamiento policial diferenciado:  
 La reanudación de la convivencia. Ante una medida de alejamiento en vigor, la reanudación de la convivencia supone un quebrantamiento de dicha medida por parte del obligado a la misma. La fuerza actuante actuará en consecuencia e informará a la autoridad judicial y al ministerio fiscal que entienden del caso.  
 El silencio de nuevos episodios. El agente o grupo protector de la víctima evaluará en sus contactos con la misma la posible existencia de nuevos episodios de violencia silenciados que, en caso de ser detectados, motivarán las correspondientes actuaciones de oficio.  
 Victimas no localizadas. El SSIVG determina el pase a situación de inactivas a aquellas víctimas que permanecen no localizadas. Las actuaciones policiales en caso de víctimas en paradero desconocido incluyen un protocolo específico de gestiones intensivas para determinar su paradero, antes de ser pasadas a inactivas en el sistema, de cuyo resultado se dará cuenta a la autoridad judicial y ministerio fiscal.  
  
Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana  
La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, podrá, a requerimiento de los Centros Mujer o de la Conselleria de Bienestar Social, prestar apoyo para el cumplimiento de determinados servicios, como acompañamientos a las víctimas para la recogida de enseres, traslados a centros residenciales, o a las sedes judiciales, en aquellos supuestos en los que, en base a las oportunas valoraciones de riesgo u otras circunstancias conocidas y comunicadas a la propia Unidad adscrita, se considere que existe riesgo o peligro para la víctima de ser interceptada por el agresor.  
Tal comunicación podrá efectuarse directamente a la Unidad adscrita o a través de los servicios de emergencia del 112. En caso de contactar directamente con la Unidad adscrita, el contacto se hará al Grupo de Menores y Atención a la Mujer.  
  
  
3. La policía local  
Las funciones de la policía local se han ido viendo incrementadas en el marco de su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, realizando tareas de prevención, asistencia y apoyo a la mujer maltratada, intervención, acompañamiento y protección. En la Comunitat Valenciana, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la policía local actúan en el marco de sus competencias, conforme a los protocolos de actuación, en concreto al Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, firmado el día 13 de marzo de 2006 por el Ministro del Interior y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.  
La actuación de la policía local se puede clasificar en grandes bloques:  
- Deteniendo a los agresores, en los supuestos que no permita demora, con el fin de evitar la victimización secundaria, y atendiendo a las víctimas del maltrato.  
- Actuación en el control y seguimiento de una orden de protección o de una medida de alejamiento acordada por el órgano judicial.  
- Cumplimiento efectivo de las medidas de alejamiento.  
  
  
Coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías locales  
La Junta Local de Seguridad es el marco competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad existentes en un municipio y su policía local.  
Según establece el Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, la Junta Local de Seguridad se encargará de analizar y concretar, con carácter exclusivo, las formas y procedimientos de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad que existan en el término municipal, destinados a garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.  
En el marco de las Juntas locales de seguridad se determinaran:  
- Las formas y procedimientos concretos de colaboración y coordinación establecidos entre las fuerzas y cuerpos de seguridad.  
- Los criterios de intervención y reparto de funciones y tareas entre las mismas.  
- Los procedimientos establecidos para la optimización de los recursos humanos y materiales disponibles.  
- Los procedimientos de transmisión recíproca de la información necesaria para el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas.  
- Los mecanismos de coordinación y colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad con los recursos públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas.  
Se establecerá un procedimiento rápido y seguro de intercambio recíproco de información entre la fuerza o cuerpo de seguridad del Estado territorialmente competente y el cuerpo de policía local, de acuerdo con los siguientes criterios:  
1) Comunicación en el plazo más breve posible y en todo caso antes de 24 horas, de todas las medidas judiciales de protección de las que se tenga conocimiento.  
2) Comunicación, con el mismo carácter perentorio, de toda la información de la que se tenga conocimiento y que sea relevante para garantizar la protección adecuada a la víctima (intervenciones policiales, antecedentes policiales y judiciales, informes/informaciones de los servicios sociales, incidencias que supongan incremento del riesgo para la víctima, etc).  
  
En cuanto a la formación de los policías locales, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) elaborará planes formativos para los cuerpos de policía local, que contendrán un itinerario monográfico específico enfocado a la adecuación especializada de los policías locales de la Comunitat Valenciana en materia de violencia de género.  
  
  
Ámbito judicial   
  
1. Juzgados de violencia contra la mujer  
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, previó, siguiendo el principio de la especialización dentro del orden penal, la creación en cada partido judicial de uno o varios juzgados de Violencia sobre la Mujer, con el fin de garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de la violencia de género.  
En su vertiente penal, los juzgados de Violencia sobre la Mujer son competentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), para conocer de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género  
En relación con dichas materias les corresponderá el enjuiciamiento y fallo, previa la conformidad del acusado, en el ámbito de los llamados juicios rápidos previstos en los artículos 795 y siguientes de la Lecrim. En el caso de conformidad del acusado con una pena de prisión, corresponderá al juez/a de Violencia que dicta la sentencia resolver sobre la suspensión o sustitución, en su caso, de la condena.   
También les corresponde a los juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) la adopción de las órdenes de protección y demás medidas de protección de las víctimas.   
Fuera del partido judicial de Valencia, donde existe un servicio de guardia propio de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, dicha competencia se encomienda a los Juzgados de Instrucción en relación a las órdenes de protección interesadas fuera del horario de audiencia de los juzgados de Violencia. En tales casos, los juzgados de Instrucción deberán resolver sobre las medidas, tanto penales como civiles, interesadas en la orden de protección e inhibirse inmediatamente al Juzgado de Violencia del domicilio de la mujer por ser el órgano judicial competente objetiva y territorialmente.  
En el orden civil, los juzgados de Violencia sobre Mujer conocerán, cuando alguna de las partes del proceso sea víctima de actos de violencia de género, y se hayan iniciado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales o se haya adoptado una orden de protección, los asuntos relativos a filiación, maternidad y paternidad, nulidad del matrimonio, separación y divorcio, los que versen sobre relaciones paterno filiales, la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar, guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores, asentimiento en la adopción, y oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.  
  
  
Comunicaciones a los órganos judiciales y desde los órganos judiciales  
- Comunicación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad remitirán los atestados y solicitudes de órdenes de protección u otras medidas cautelares al Juzgado de Violencia sobre la Mujer o al juzgado de guardia, en aquellos casos en los que deba intervenir en sustitución de aquel. De cara a la adopción de medidas cautelares por el órgano judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad remitirán la información relativa a la valoración de riesgo. Asimismo, resulta esencial poner en conocimiento de la autoridad judicial los informes posteriores por revisiones periódicas o que supongan una modificación de la última valoración de riesgo comunicada al órgano judicial que disponga de la causa.   
  
- Comunicación por parte de los centros sanitarios. En aquellos supuestos en que la víctima acuda a un centro sanitario, el parte de lesiones deberá remitirse al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, y subsidiariamente al de guardia, en el mismo día y en su defecto en plazo de 24 horas. Es necesario informar a la mujer que acude al servicio sanitario en busca de asistencia facultativa, que el/la profesional está obligado a poner en conocimiento de la Administración de Justicia la situación de maltrato. En los supuestos de agresión sexual, es recomendable que la evaluación ginecológica y la médico-forense se realicen en un solo acto de forma simultánea y coordinada. En estos casos se precisa la comunicación inmediata del centro sanitario al juzgado de guardia o de Violencia, que solicitará la asistencia inmediata al médico/a forense para la toma de muestras de interés legal.  
  
- Los juzgados de Violencia sobre la Mujer comunicarán a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquellas resoluciones por las que se decreten la adopción de una orden de protección o cualquier otras medidas cautelares o medidas de protección y seguridad de las víctimas, así como su levantamiento o modificación dictadas a lo largo del procedimiento. También se comunicará por el órgano judicial aquellas medidas que se mantengan en la sentencia y durante la tramitación de los eventuales recursos. Asimismo, para facilitar el examen individualizado de la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima, el órgano judicial también podrá remitir a las fuerzas y cuerpos de seguridad copia de lo informes obrantes en el proceso penal que se refieran a circunstancias personales, psicológicas, sociales o de otro tipo de la víctima, del imputado o de su núcleo familiar.  
  
- Las órdenes de protección concedidas como medidas cautelares y aquéllas que hayan sido resueltas por sentencia de conformidad en el Juzgado de Violencia serán notificadas, al Punto de Coordinación (Oficinas de Atención a las Víctimas de Alicante, Castellón y Valencia) para la adopción de medidas de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole, haciendo especial hincapié en que en las resoluciones judiciales se haga referencia a la víctima como de ?violencia de género?. El procedimiento concreto para la remisión de las órdenes de protección y sentencias con medidas de protección viene establecido en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Su disposición adicional primera establece que los secretarios judiciales han de comunicar las órdenes de protección de las víctimas de violencia doméstica que se adopten y sus respectivas solicitudes, mediante testimonio íntegro, al punto de coordinación designado por la comunidad autónoma, en este caso, las oficinas de Atención a las Víctimas de Alicante, Castellón y Valencia, que constituyen el canal único de notificación de estas resoluciones a centros, unidades, organismos e instituciones competentes en materia de protección social en relación con estas víctimas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del articulo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
  
La comunicación del secretario judicial se remitirá en un plazo nunca superior a 24 horas desde su adopción, por vía telemática o electrónica o, en su defecto, por medio de fax o correo urgente.  
  
Procedimiento de actuación de los órganos judiciales  
El procedimiento de actuación deberá atenerse a las disposiciones legales aplicables. Así mismo es de gran utilidad la Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial (última actualización 2013)  
  
La seguridad en la tramitación de los procedimientos judiciales y derechos de las víctimas durante el proceso penal  
De conformidad con el artículo 45 de la ley 7/2012, integral contra la violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Generalitat velará para que los edificios judiciales, y en mayor medida aquellos que alberguen órganos especializados en violencia sobre la mujer, cuenten con instalaciones que permitan evitar en todo caso el contacto visual entre víctima y agresor o entre éstos y el público en general, a fin de proporcionar seguridad a la víctima y evitar presiones o coacciones tanto sobre la misma como sobre sus familiares. A estos fines, se fomentará el uso de la videoconferencia en las declaraciones y en todas aquellas actuaciones judiciales en las que las leyes procesales lo permitan.  
  
  
2. Fiscalía especializada en violencia de género  
De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se establece la existencia en cada Fiscalía de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales de una Sección contra la Violencia sobre la Mujer a la que se atribuyen las siguientes funciones:  
a) Intervenir en los procedimientos penales por hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los juzgados de Violencia sobre la Mujer.  
b) Intervenir directamente en los procesos civiles cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.  
En la Sección contra la Violencia sobre la Mujer deberá llevarse un registro de los procedimientos que se sigan relacionados con estos hechos que permite la consulta de los fiscales cuando conozcan de un procedimiento de los que tienen atribuida la competencia.  
De acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Española y la Instrucción 4/2004, el ministerio fiscal, tiene entre otras funciones la defensa de los derechos de los ciudadanos y protección de las víctimas, y el artículo 3, apartado 10 del Estatuto Orgánico del ministerio fiscal (EOMF) establece que el ministerio fiscal asimismo tiene como misión ?velar por la protección procesal de las víctimas promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas?. En el caso de la violencia contra las mujeres, a la Fiscalía le corresponde hacer efectiva la defensa y protección de las víctimas de delitos relacionados con la violencia de género y velar porque se lleve a cabo una completa información de derechos de forma clara y accesible, en los términos legalmente previstos.  
  
  
Procedimiento de actuación  
Durante el proceso judicial de casos de violencia de género, el ministerio fiscal puede intervenir en el proceso penal en diferentes fases:   
- Con carácter previo, de acuerdo con el artículo 5 del EOMF, el ministerio fiscal puede recibir denuncias, incoando las correspondientes diligencias de investigación penal, para el esclarecimiento de los hechos denunciados.  
  
- Durante la fase de instrucción, que tiene como objetivo la averiguación del delito y sus circunstancias, la Fiscalía interviene en la práctica de pruebas y valoración de las mismas para formular el escrito de acusación. En los casos en los que están involucrados agresores menores de edad la Fiscalía de Menores instruye el correspondiente proceso penal frente al presunto agresor y puede adoptar medidas de protección en relación a la víctima menor de edad.  
  
Asimismo, el ministerio fiscal puede solicitar la orden de protección para la víctima así como otras medidas cautelares de carácter penal cuando la situación de riesgo lo requiera, así como medidas civiles en caso de haber hijos/as comunes menores de edad. Durante esta fase trabajará en estrecha colaboración con los juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados de Instrucción en funciones de guardia, los juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Oficina de Atención a Víctimas del Delito y el Instituto de Medicina Legal.  
  
- En la fase de juicio oral, la Fiscalía realiza el interrogatorio en juicio del acusado, víctima, testigos y peritos, y lleva a cabo la valoración de la prueba practicada y de la documental obrante en la causa, así como de la que se aporte en el acto y acusación definitiva. Además, entre sus funciones en esta fase destacan la notificación de sentencia y cuidado de que la misma sea notificada a la víctima, y la presentación en los recursos contra la sentencia dictada, coordinándose para ello con los juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial.  
- En la fase de ejecución de sentencia y de las penas impuestas, el ministerio fiscal realizará el informe en liquidaciones de condena de penas, sean privativas de libertad (prisión y localización permanente), penas privativas de derechos (prohibiciones de aproximación y/o comunicación con víctima, prohibición de tenencia de armas, prohibición de residir en determinados lugares o de acudir a ellos y pena de trabajos en beneficio de la comunidad) e informes en liquidaciones de medidas de seguridad privativas de libertad (ingreso en centro médico) y no privativas de libertad (sumisión a tratamiento ambulatorio). En esta fase resulta necesaria la coordinación con los juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial, y con los juzgados de Vigilancia Penitenciaria e instituciones penitenciarias.  
  
Asimismo, el ministerio fiscal le corresponde emitir informe sobre; sustitución de penas; insolvencia para responsabilidad civil; y sobre el indulto de pena en su caso.  
También es competencia del fiscal presentar la petición de notificación de la sentencia a la víctima y de comunicación de las penas privativas de derechos a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para su adecuado control.  
Asimismo, el ministerio fiscal recibe los informes sobre la evolución de valoración de riesgo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pudiendo, en casos de incremento en el nivel del riesgo, ordenar diligencias informativas sobre el motivo que ha provocado dicha elevación del riesgo. Cuando el motivo que haya provocado una elevación de nivel del riesgo policial sea el quebrantamiento de una medida de alejamiento o la comisión de un nuevo delito, iniciará las acciones legales pertinentes.  
En los casos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Sección de Violencia de Género, emitirá si procede la acreditación de la situación de violencia de género, a efectos de los reconocimientos de los derechos regulados en el título II, capítulo III, de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia, y reducción o reordenación del tiempo de trabajo de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 23 de la ley orgánica.  
La Sección de Violencia contra la Mujer de la Fiscalía, mantendrá los contactos institucionales precisos, con las instancias policiales, judiciales, sanitarias, asistenciales, así como con los colegios de la abogacía, y otros organismos implicados en este protocolo, para facilitar la coordinación de los casos de violencia contra las mujeres.  
  
  
3. La personación de la Generalitat como acusación popular  
De conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 7/2012, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, la Generalitat ejercerá la acción popular en todos los procedimientos penales que se sigan por delitos de violencia sobre la mujer con resultado de muerte, así como en aquellos casos en los que se genere alarma social o se produzca lesiones graves e invalidantes.  
  
  
4. Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVDs)   
Las oficinas de Atención a las Víctimas del Delito constituyen un servicio público y gratuito cuyo objetivo es ofrecer a los ciudadanos asistencia profesional necesaria en los supuestos en los que hayan sufrido directamente las consecuencias de un delito. Además, en la Comunitat Valenciana, las oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) de cada capital de provincia han sido designadas como Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección.  
En la Comunitat Valenciana la titularidad y gestión de estas Oficinas corresponde a la Fundación FAVIDE, adscrita a la Conselleria de Gobernación y Justicia. En algunos casos estas Oficinas son gestionadas directamente por los Ayuntamientos. Las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVDs) están distribuidas geográficamente de la siguiente manera:  
- Provincia de Alicante: Alicante, Orihuela, Torrevieja, Elche, Alcoy, Benidorm y Denia  
- Provincia de Castellón: Castellón, Villareal y Vinaroz  
- Provincia de Valencia: Valencia, Gandia, Alzira, Torrente, Paterna, Sueca, Requena y Utiel.  
La mayor parte de ellas se encuentran ubicadas en las sedes judiciales (en sedes no judiciales Utiel, Alcoy y Gandia). El procedimiento de actuación de las OAVDs en los casos de violencia de género puede darse a lo largo de las 3 fases del proceso; prejudicial, judicial y postjudicial.  
  
  
FASE PREJUDICIAL: antes de formular denuncia  
Las víctimas son derivadas por: fuerzas y cuerpos de seguridad, Servicios Sociales generales o especializados, asociaciones, Fiscalía y los propios órganos judiciales.  
Esquema de actuación por parte de los profesionales de las oficinas se basa en: 1) Acogida empática; 2) Detección e intervención en situaciones de crisis; 3) Determinación de la situación de vulnerabilidad y consecuencias del maltrato a nivel social, familiar y personal; 4) Información de Derechos; 5) Asesoramiento e información sobre el/los procedimientos judiciales. Ofrecimiento de la posibilidad de asistencia jurídica especializada y gratuita; 6) Explicación de las medidas de protección judicial en el ámbito civil o penal; 7) Información de las medidas de asistencia y protección social; 8) Prevención de situaciones de riesgo; 9) Información, si procede, de servicios dirigidos a personas que han ejercido la violencia, o están en riesgo de ejercerla; 10) Intervención activa en el procedimiento.  
Tras facilitar toda la información pertinente, si la víctima decide denunciar y solicitar la orden de protección:   
- Se remitirá a la usuaria a la comisaría de policía o puesto de la Guardia civil que corresponda o al juzgado de guardia.  
- Se puede efectuar la denuncia y solicitud de orden de protección desde la oficina, presentando la misma ante la Fiscalía o en el juzgado de guardia, o de Violencia sobre la Mujer.  
- Se facilita a la víctima instrucciones necesarias sobre recogida de documentación y medidas de autoprotección, en función de la situación de riesgo que se valore.  
- Se efectúa una derivación informada al recurso o servicio correspondiente, basándose en tres ejes de actuación: jurídico, psicológico y social.  
- Se realizan las gestiones necesarias con el juzgado o con el turno especializado de violencia de género de los colegios de abogados para que la víctima sea asistida por letrado.  
- Se remite a la víctima bien a servicios médicos, o bien a servicios de atención psicológica.  
  
  
FASE JUDICIAL: formulada la denuncia.  
a) Atención previa a la comparecencia de orden de protección. Actuación por parte de los técnicos de las oficinas:  
- Información y explicación sobre la comparecencia de orden de protección, evitando la confrontación con el agresor/denunciado.  
- Información sobre el ofrecimiento de acciones a la víctima, con especial mención a la personación como acusación particular, verificando, en su caso, la asistencia jurídica especializada.  
- Explicación del alcance de las medidas de protección judicial, de índole civil o penal.   
- Información sobre medidas de asistencia y protección social y derivación informada a los distintos recursos.  
- Información sobre recursos psicológicos especializados.  
- Resolución de urgencias sociales, jurídicas y sanitarias.   
  
b) Atención a la víctima, una vez dictada la orden de protección (en adelante, OP) o, en su caso, la sentencia condenatoria. El juzgado notifica la resolución a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al Punto de Coordinación, que en la Comunitat Valenciana son las oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) de cada capital de provincia. En este momento procesal, si la víctima no ha sido ya atendida en sede judicial por los técnicos de OAVD, se contacta telefónicamente o por escrito:  
- Verificar si se ha hecho uso del derecho a la asistencia jurídica especializada.  
- Explicación del contenido y vigencia de las medidas penales o civiles de la orden de protección.  
- Información del significado de resoluciones judiciales.  
- Informar acerca de organismos que garantizan el seguimiento y control de su seguridad, tanto a nivel policial como administrativo, en función del lugar de residencia y posibilidad de obtener tele-alarmas.  
- Activación de las medidas de asistencia y protección social y la coordinación institucional: derivación a los recursos sociales y sanitarios correspondientes. Información acerca de las ayudas de la Ley 35/95, en caso de que reúna los requisitos establecidos por dicha ley  
- Información sobre la posibilidad de solicitar autorización de residencia y trabajo, en el caso de mujeres extranjeras.  
  
c) En caso de sentencia de conformidad. Explicación del alcance y vigencia tanto de las medidas como de las penas, entre otras, las prohibiciones de aproximación y de comunicación e información sobre los organismos que garantizan el seguimiento y control de su seguridad, así como los recursos psico-sociales.  
  
d) Retirada de denuncia y de medidas de protección. Se indagará acerca de posibles situaciones de amenazas o coacciones por parte del agresor. Explicación de consecuencias jurídicas como las fases del ciclo de la violencia. Instrucciones de actuación en caso de nueva actuación violenta del agresor.  
  
e) Seguimiento, acompañamiento y tutela a lo largo del procedimiento judicial penal. Son funciones de la Oficina de Atención a las Víctimas: La mediación entre la víctima y el órgano judicial, Fiscalía, equipo forense; la coordinación con las diferentes instituciones administrativas que atienden las necesidades socio-sanitarias; los acompañamientos en sede judicial a la víctima para comparecencias o a juicios, utilización de paraban; la detección de necesidades persistentes o sobrevenidas.  
  
  
FASE POSTJUDICIAL  
La actuación de OAVD en esta fase:  
- Coordinación con la administración o la jurisdicción penitenciaria, para notificar a la víctima actos que afecten a su seguridad (libertad provisional del imputado o procesado, libertad condicional, cumplimientos de condena o permisos penitenciarios ordinarios o extraordinarios del condenado).  
- Prevenir nuevas situaciones de violencia.  
- Información sobre quebrantamientos de medidas o penas.  
- Solicitudes de ayudas definitivas reguladas en la Ley 35/95, en su caso.  
  
  
5. Instituto de Medicina Legal: las unidades de Valoración Forense Integral (UVFI)  
La existencia de estas Unidades esta prevista en la Ley Orgánica 1/2004 que en su disposición adicional 2ª dispone «El Gobierno y las CCAA, que hayan asumido competencias en materia de justicia, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género.»  
En las 3 provincias de la Comunitat Valenciana, en el seno del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Conselleria competente en materia de Justicia, existe una unidad funcional, integrada por psicóloga/o, y varios médicos forenses, así como, en determinados casos por trabajador/a social, que cubren el servicio de guardia en los Juzgados específicos.  
  
Funciones en materia de violencia de género de las unidades de Valoración Forense Integral  
Las funciones en materia de violencia de género de las unidades de Valoración Forense Integral son la realización de pericias médicas, psicológicas y de trabajo social con destino a los juzgados y fiscalías con competencia en Violencia de la Mujer; la atención pericial a las mujeres víctimas de violencia de género, así como pericias sobre los hijos y sobre los presuntos maltratadores  
Detalle de las funciones principales de la UVFI:  
1. Sobre las mujeres víctimas de la violencia:  
- Valoración de las lesiones psíquicas.  
- Valoración de las repercusiones de la violencia sobre la mujer en toda su extensión, no solamente en función del objeto puntual de la denuncia.  
2. Sobre el agresor:  
- Valoración, cuando así se requiera, de la imputabilidad.  
- Estudio, cuando se solicite de forma concreta, de la probabilidad del riesgo de reincidencia de conductas violentas, en el ámbito de la violencia de género.  
3. Sobre los menores de la victima:  
- Estudio de la victimización secundaria, en su caso.  
  
  
Procedimiento de actuación de las unidades de Valoración Forense Integral  
El procedimiento de actuación de las unidades de Valoración Forense Integral se enmarca siempre dentro de un proceso judicial abierto por una causa penal en materia de violencia de género. Su intervención se produce en todos los casos a petición judicial o de la Fiscalía, que bien puede ser durante la guardia, donde las víctimas y agresores son atendidos por un médico forense, o bien de forma programada cuando las víctimas, sus hijos si los hubiera, o los agresores, son citados para valoración médica, psicológica o social en la sede del Instituto Medico Legal.  
En la valoración inicial de la víctima por el forense se realizará el informe de previsión de sanidad / informe de sanidad /o bien se seguirá la evolución de las lesiones hasta su curación. Será en esta valoración cuando el médico forense decidirá si la víctima requiere de un estudio más amplio, para valorar posibles lesiones psíquicas, cuadros de maltrato continuado, o cuadros de malos tratos psíquicos habituales, en cuyo caso remitirá a la víctima a la UVFI, para su estudio.  
La decisión de remitir el caso a la UVFI por parte del médico forense se basará en los criterios de riesgo o complejidad que estime oportunos. Como orientación se relacionan los siguientes criterios de selección:  
- Reincidencia y habitualidad  
- Especial violencia en los medios y forma de utilizarlos  
- Coincidencia con amenazas.  
- Justificación y autoculpabilización en la víctima.  
- Toxicofilias (agresor/victima)  
- Enfermedad mental (agresor/victima)  
- Fuerte dependencia emocional en la víctima  
- Nueva relación por parte de la víctima  
- Delirio celotípico alcohólico.  
  
En estos casos, el médico forense además de su informe, hará constar en el parte de sanidad emitido que la víctima requiere una valoración integral por parte de la UVFI, quedando el Juzgado competente encargado de la citación en legal forma. Se deberá aportar con la solicitud de la cita una copia del informe de sanidad, copia de la documentación médica relevante, de la denuncia, del atestado policial y todo aquello que resulte de interés en la valoración del caso. Toda esta documentación deberá aportarla el juzgado de origen junto con el oficio del/la magistrado/a en el que solicita la valoración integral del caso de que se trate.  
Otra vía para derivar peritaciones a la UVFI es directamente por el/la magistrado/a instructor del caso, quien cuando no hay lesiones físicas en el momento de la denuncia suele remitir el asunto directamente.  
  
De todos los casos solicitados se emitirá un informe que será único, y de cuya defensa será responsable la médico forense encargada de la UVFI  
  
  
Protocolo de peritación en la víctima  
En el funcionamiento de estas unidades hay que tener en cuenta: el Protocolo de Valoración Medico Forense del Riesgo de Agresión y la Guía y manual de valoración integral forense de la violencia de género y doméstica, elaborada por el Ministerio de Justicia.  
El método de trabajo se basa principalmente en:  
- Entrevistas semiestructuradas para la pericia psicológica.  
- Aplicación de test y pruebas psicológicas específicas para cada caso.  
- Entrevistas semiestructuradas para la pericia social y coordinación con otros recursos  
  
1. Se realiza un reconocimiento médico psiquiátrico por parte del médico forense, que incluye estudio de las características de la relación de pareja, para ver si encuadran dentro del ciclo de la violencia de género y estudio psicopatológico. En este reconocimiento se recoge toda la información médica, psiquiátrica, psicológica o social que exista, solicitando al juzgado que recabe aquella información que se considera necesaria y que no ha sido aportada. En este momento es derivada para su estudio psicológico a la psicóloga/o de la UVFI. El protocolo que se lleva a cabo por la psicóloga/o es el siguiente:  
- Entrevista clínica.  
- Aplicación de las siguientes pruebas:  
- SCL-90-R.  
- Escala de gravedad de síntomas del TSPT. (Echeburúa)  
- Escala de Inadaptación (Echeburúa, Corral y Fernández-Moreno, 2000)  
- Escala de Autoestima de Rosemberg.  
Dependiendo de las características del caso se puede realizar también:  
- MMPI-2.  
  
  
Protocolo de peritación sobre menores  
Se realiza un reconocimiento médico psiquiátrico por parte del médico forense, para determinar su estado psicopatológico. En este reconocimiento se recoge toda la información médica, psiquiátrica, psicológica o social que exista, solicitando al juzgado que recabe aquella información que se considera necesaria y que no ha sido aportada.  
En este momento es derivada para su estudio psicológico a la psicóloga/o de la UVFI. El protocolo que se lleva a cabo por la psicóloga/o es el siguiente:  
- Entrevista clínica.  
- Dependiendo de la edad del menor se determinan las pruebas más oportunas.  
  
  
6. Colegios oficiales de abogados de la Comunitat Valenciana  
El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados se halla integrado por los ocho colegios de abogados que tienen su sede en territorio de la Comunitat Valenciana: Alcoy, Alicante, Alzira, Castellón, Elche, Orihuela, Sueca y Valencia. Cada uno de los mencionados colegios dispone de Turno Especializado en Violencia de Género contando igualmente con un sistema de guardias específico para la atención a las víctimas.  
En todo el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana existen pues Abogados/as especializados/as, o con suficiente formación en materia de violencia de género para prestar asistencia a las víctimas 24 horas al día los 365 días del año.  
Ello en cumplimiento de lo previsto en el número 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que dispone:  
 ?Las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, estas deberán abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención?.  
Esta disposición necesariamente ha de ser puesta en relación con el artículo 2 del Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, que viene a añadir un nuevo apartado al artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita:  
?g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato?.  
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fuera el agresor.  
A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento?.  
Por lo que al momento actual, las mujeres víctimas de violencia de género gozan del reconocimiento directo del beneficio de justicia gratuita, sin necesidad de acreditar con posterioridad insuficiencia de recursos para litigar, adquiriendo la condición de víctima, a los efectos de este reconocimiento, en los términos ya expuestos.  
Los abogados/as adscritos/as a los turnos especializados de Violencia de Género de los distintos colegios de abogados de la Comunitat Valenciana, tienen pues como misión fundamental la prestación de la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada, habiéndose revelado fundamental su intervención; siendo lo deseable que la misma tenga lugar con carácter previo a la interposición de la denuncia, asumiendo ya desde ese momento la defensa de los intereses de la víctima, no solo en el procedimiento penal que pudiere derivarse, sino también en la fundamental comparecencia de la orden de protección, y hasta que finalice el procedimiento, incluida la correspondiente ejecutoría, así como en los procedimientos de distinto orden a que pueda haber lugar, en especial los relacionados con la separación, el divorcio y las medidas relativas a hijos; se da con ello cumplimiento al principio de unidad de defensa legalmente establecido.   
La intervención letrada aun antes de la interposición de la denuncia tiene el carácter de fundamental a fin de conseguir que el procedimiento judicial que con la presentación de la denuncia se va a poner en marcha culmine con éxito; para ello, la mujer víctima debe tomar conocimiento no solo de la posibilidad de ser parte en el procedimiento ?como acusación particular- y la trascendencia que ello tiene en cuanto a la posibilidad de interesar diversas diligencias de investigación y tener en su abogado/a un referente al que acudir en cualquier momento; de la posibilidad de solicitar orden de protección, del contenido y alcance de las medidas tanto de carácter penal como de carácter civil ?de suma importancia cuando existen hijos menores- que con la misma pueden acordarse; de la más que posible adopción de medidas cautelares, singularmente la medida de prohibición de aproximación y comunicación que va a pesar sobre el presunto agresor y las consecuencias del incumplimiento; de la no disponibilidad por la parte del procedimiento penal, dado que los hechos que constituyen objeto de denuncia tienen el carácter de públicos; de la trascendencia que el relato de hechos que ella haga va a tener, no solo en la instrucción del procedimiento sino en la fase del juicio oral; en suma, debe tomar conocimiento de que va a ser sujeto de procedimiento y no objeto del mismo.  
Es por ello, que se debe insistir a los cuerpos policiales que intervienen que informen a la víctima en el sentido de que haga efectivo el derecho a la asistencia jurídica inmediata, gratuita y especializada que legalmente tienen reconocido, entrando en contacto antes de la presentación de la denuncia con el/la abogado/a de guardia.  
Todos los centros de detención de la Comunitat Valenciana disponen de un listado donde constan reflejados los/as abogados/as que cada día prestan el servicio de guardia, con disponibilidad las 24 horas del día para asistir a la víctima; y aunque la asistencia letrada no sea preceptiva ?al contrario de lo que ocurre con el detenido- sí debiera ser facilitada desde dependencias policiales, o en su caso, desde el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o juzgado de guardia.  
Los/as abogados/as durante la prestación de la guardia mantendrán el teléfono móvil permanentemente conectado a fin da facilitar su localización, debiendo acudir a dependencias policiales, al Juzgado de Violencia sobre la Mujer o al juzgado de guardia, en su caso, de manera inmediata o a la mayor brevedad posible, en evitación de que la víctima, ante la espera, desista de su derecho a la asistencia jurídica. En el caso de imposibilidad sobrevenida del letrado/a para la prestación del Servicio de Guardia, deberá comunicarlo al colegio de abogados a fin de que se provea a su sustitución.  
Así mismo, habrá de acudir proveído de los impresos que deben ser cumplimentados atendiendo a los criterios de justificación marcados por cada colegio de abogados. En general, bastará con rellenar la Solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita, acompañando a la misma copia de la denuncia o actuación que acredite la condición de víctima de la mujer asistida. Quedando igualmente reflejada la intervención en su hoja de guardia. Tanto la Solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita como la hoja de guardia en que consten las asistencias realizadas deberán presentarse ante el respectivo Colegio de Abogados en el plazo de 48 horas.  
Deberá contarse tanto en dependencias policiales como en dependencias judiciales de un lugar reservado para que los/as abogados/as puedan entrevistarse con la víctima e ir informándola de todas cuantas cuestiones de interés vayan surgiendo mientras permanezca en tales dependencias.  
Igualmente, los/as abogados/as facilitarán a la víctima su domicilio profesional así como un número de teléfono de contacto que facilite la comunicación de la víctima con los/as profesionales que la asisten.  
Los/as abogados/as del Turno especializado en violencia de género deben procurar mantener unas relaciones fluidas con la Fiscalía en la consecución de un objetivo común, cual es la atención a la víctima y en evitación de la frustración del procedimiento.  
Se derivará igualmente a la mujer a las oficinas de Atención a las Víctimas de Delito a fin de que conozca los recursos que por la Administración se ponen a su disposición al objeto de que pueda ser debidamente atendida en parcelas no estrictamente jurídicas y que facilitan y promueven la recuperación de las víctimas de violencia de género; cuidará, en especial, de que se proporcione suficiente información acerca de las ayudas económicas a que pueda tener acceso la mujer víctima, incluidas las de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre de ayudas y asistencias a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y, para el caso de víctimas extranjeras que no dispongan de permiso de residencia, posibilidad de regularización de su situación en España.  
Se creará, en suma, un clima de confianza en la mujer víctima de violencia de género, con la finalidad de que no quiera apartarse de la acción penal ejercitada, que la devolvería al entorno de violencia.  
Los Colegios de Abogados procurarán ofertar con la periodicidad suficiente formación ?tanto inicial, como continuada- a sus colegiados/as, a fin de que obtengan y actualicen los debidos conocimientos ?y cuyos contenidos no habrán de ceñirse únicamente, aunque sí de manera primordial, a lo jurídico- que les permitan adquirir las habilidades necesarias para la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género.  
  
Además, la Ley 7/2012, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, señala en su artículo 48.4, que La Generalitat suscribirá convenios con los colegios de abogados de la Comunitat Valenciana al objeto de establecer servicios de orientación jurídica. Estos servicios, que se ubican en las sedes de todos los partidos judiciales, y funcionan en coordinación con las oficinas de atención a las víctimas del delito en todos los casos en los que exista una víctima de violencia por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, con objeto de facilitarle el acceso inmediato a un letrado del turno de oficio y el inicio del expediente para el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita.   
  
  
Ámbito sanitario  
La violencia de género es un importante problema de salud pública, tanto por la magnitud de las lesiones producidas, como por sus consecuencias a corto y a largo plazo sobre la salud física y mental de las víctimas. Los profesionales sanitarios desempeñan un importante papel en la detección, tratamiento y orientación de este complejo problema.  
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece en su artículo 15 que las Administraciones Sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios que permitan la detección precoz de la violencia de género. En su artículo 32.3 se indica que, ?las Administraciones con competencias sanitarias promoverán la aplicación, permanente actualización y difusión de protocolos que contengan pautas uniformes de actuación sanitaria, tanto en el ámbito público como privado, y en especial, del Protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.-  
En este sentido, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión del 20 de diciembre de 2012, aprobó el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género 2012, que sustituye al aprobado en 2006, y constituye el documento básico común, a partir del cual las Comunidades Autónomas elaboran sus protocolos propios.  
En el ámbito de la Comunitat Valenciana y en ejercicio de las competencias que le corresponden en materia sanitaria, la Generalitat Valenciana aprobó en 2008 un Protocolo para la Atención Sanitaria de la Violencia de Género (PDA) en el que se establecen unas pautas normalizadas que permiten guiar las actuaciones sanitarias tanto para la búsqueda activa o detección precoz de posibles casos de violencia de género, como la instauración de las medidas de intervención a seguir ante los casos identificados. Así mismo, dicho protocolo establece las estrategias de seguimiento en el ámbito de la atención primaria y especializada de la Comunitat Valenciana.  
  
Funciones del personal sanitario en la detección y prevención de la violencia de género  
- Preguntar con regularidad, cuando sea factible, a todas las mujeres sobre la existencia de violencia de género, como tarea habitual dentro de las actividades preventivas  
- Estar alerta a posibles signos y síntomas de maltrato y hacer su seguimiento  
- Ofrecer atención sanitaria y registrarla en la historia clínica  
- Ayudar a entender su malestar y sus problemas de salud como una consecuencia de la violencia y el miedo  
- Informar y remitir a las mujeres a los recursos específicos disponibles en la comunidad  
- Mantener la privacidad y la confidencialidad de la información obtenida  
- Estimular y apoyar a la mujer a lo largo de todo el proceso, respetando su propia evolución  
- Evitar actitudes insolidarias o culpabilizadoras, ya que pueden reforzar el aislamiento; favorecer la confianza en ellas mismas y ofrecer la posibilidad de que busquen ayuda  
- Establecer una coordinación con otros/as profesionales e instituciones  
- Colaborar en dimensionar e investigar el problema mediante el registro de casos  
  
Recursos destinados a la sensibilización, prevención, atención, y asistencia de las víctimas de la violencia de género  
La actuación sanitaria de la violencia de género implica a todo el personal sanitario (facultativos/as, personal de enfermería, matronas/os, trabajadoras/es sociales, etc.) de los servicios de Atención Primaria y Especializada, incluyendo servicios de Urgencias y los de Salud mental de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Así como a todos los técnicos de salud pública de la Dirección General de Salud pública de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.  
Tal y como establece el artículo 37.4 de la Ley 7/2012, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, el personal sanitario de las áreas de atención primaria, atención especializada y servicios de urgencias que, en el desempeño de su trabajo, puedan tener contacto con posibles víctimas de este tipo de violencia en los centros sanitarios, públicos o privados, y de servicios sociales, recibe formación en la materia, enfocada a la sensibilización y reconocimiento de tales situaciones, con el fin de mejorar la prevención e impulsar el diagnóstico precoz de estos casos de violencia. En cumplimiento de esta previsión legal, el Plan de Formación Continua de la Conselleria de Sanitat, desarrollado por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), incluye anualmente acciones de formación en materia de violencia de género.  
En cuanto a las acciones de sensibilización desde el ámbito sanitario, dentro de la página web Cuidate. El Portal de salud de la Comunitat se ha incluido una sección sobre la violencia de género. En ella se incluye, entre otra información, la guía Abordaje de la violencia de género desde el sistema sanitario donde, además de explicar a la población en general varios aspectos sobre la violencia de género se facilita una guía de recursos.  
  
  
Procedimiento de actuación  
El personal sanitario debe mantener una actitud de alerta ante la presencia de conductas, síntomas o signos de sospecha. Además, se recomienda que a toda mujer de edad mayor a 14 años se realice el cribado universal de la violencia de género.   
  
El itinerario de actuación que realice el personal sanitario dependerá del resultado de dicha búsqueda activa o cribado universal siguiendo el siguiente algoritmo:  
  
  
  
  
  
Para un mayor detalle sobre la intervención y la actuación a llevar a cabo en cada paso o las herramientas a utilizar se puede consultar el Protocolo para la atención sanitaria de la violencia de género (PDA). Además se recomienda que el personal sanitario realice estas actuaciones utilizando la aplicación informática SIVIO. SIVIO es el Sistema de Información para la detección y actuación frente a la Violencia de género/doméstica en personas adultas. La aplicación permite detectar y actuar frente la violencia de género, así como frente a cualquier otro tipo de violencia dentro del ámbito doméstico Pueden acceder a SIVIO el personal sociosanitario de la Conselleria de Sanitat, así como personas externas habilitadas para tal fin.  
Algunas veces aunque exista una sospecha de que se trata de un caso de maltrato, puede que la mujer no reconozca que es víctima de malos tratos. En este caso, es muy importante no precipitar su testimonio, ofreciéndole apoyo, confianza, continuidad, mediante visitas de seguimiento que le permitan ganar confianza y afrontar en un futuro su reconocimiento. Así mismo, se valorará la posibilidad de derivar a otros/as profesionales, si fuera posible y previa conformidad de la mujer.  
El Protocolo para la atención sanitaria de la violencia de género (PDA) elaborado por la Conselleria de Sanidad de la Generalitat también es de aplicación a los servicios de urgencias. Las mujeres que sufren violencia de género acuden con mayor frecuencia a los servicios de urgencias, tanto del ámbito de la atención primaria como especializada. Estas pueden presentar, con mayor frecuencia, lesiones y síntomas que pueden ser más graves, que cuando acuden a las consultas de atención primaria. Como se ha mencionado anteriormente, para la confirmación de un posible caso de violencia de género se utilizará la aplicación SIVIO, así como para establecer las medidas de intervención a seguir. Tras la confirmación de un caso de maltrato, se valorarán de forma minuciosa las lesiones, así como el estado de salud físico y psicológico, para poder establecer un diagnóstico y tratamiento adecuado. En función de las lesiones y síntomas, y en caso de no requerirse el ingreso en planta de hospitalización, se valorará la necesidad de una actuación urgente de otros/as profesionales del ámbito de la psiquiatría, psicología, trabajo social, etc. Así mismo, se ha de indagar a cerca de la existencia de menores o personas dependientes, que también pueden ser víctimas de violencia, por sí hubiera que tomar medidas específicas.   
  
  
Informe médico por presunta violencia de género/doméstica (personas adultas)  
En cualquier caso, ya sea por los servicios de Atención Primaria o Especializada o por los servicios de Urgencias (de atención primaria y especializada), cuando se confirma un caso positivo de maltrato, existe la obligación legal de cumplimentar un parte específico de lesiones para su comunicación a las autoridades judiciales. Por todo ello, en la Comunitat Valenciana se ha diseñado un parte de lesiones específico para la violencia de género/doméstica (adultos): ?Informe Médico por Presunta Violencia de Género/Doméstica (adultos)?.   
El contenido del informe médico esta regulado por la circular 4/2007 de 10 de diciembre, del director gerente de la Agencia Valenciana de Salud y se incluye como Anexo al Protocolo para la atención sanitaria de la violencia de género (PDA). El informe médico debe ser cumplimentado por el personal facultativo responsable de la asistencia por medio de la aplicación SIVIO, y se emiten dos copias (una para la autoridad judicial y otra para la víctima). La copia judicial se remitirá en sobre cerrado al juez de guardia, a través de la Dirección del Centro sanitario o de la Policía y Fuerzas de Seguridad, en caso de que la presunta víctima vaya acompañada por éstas. La copia que se debe entregar a la presunta víctima se hará siempre que no se comprometa su seguridad, dado que puede venir acompañada del presunto agresor o que al llegar a casa el agresor descubra la copia del informe médico. En este caso puede indicarse, que ésta copia puede entregarse a algún familiar o persona de su confianza. El personal facultativo debe leer el informe médico a la presunta víctima antes de su redacción definitiva e informarle de su remisión a la autoridad judicial.  
  
Exención del pago de tasas por prestaciones sanitarias a las victimas de violencia de género  
De conformidad con lo previsto Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, se ha incorporado un artículo 172 bis en el texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, según el cual, las víctimas de actos de violencia sobre la mujer que tengan lugar en el territorio de la Comunitat Valenciana que acrediten dicha condición mediante cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo9 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, estarán exentas del pago de las tasas previstas en el apartado uno del artículo 173 de esta ley.  
  
  
Ámbito social  
  
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en su Título Segundo, relativo a los derechos de las mujeres en situación de violencia de género, recoge su derecho a una asistencia social integral.  
En el artículo 19 de la misma Ley Orgánica se garantiza el derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, en especial a los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral.   
El artículo 54 de la ley 7/2012 Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, garantiza la asistencia psicosocial a las víctimas de forma gratuita, y establece que su prestación se integrará en la asistencia y atención integral especializada, procurando la recuperación psicológica y social de las víctimas para alcanzar su autonomía, con el fin de evitar nuevas situaciones de riesgo de maltrato.  
En este aspecto, se hace imprescindible la colaboración y coordinación interinstitucional entre la Generalitat Valenciana y Corporaciones Locales, para aprovechar la importante labor que los Servicios Sociales municipales, como puerta de entrada al sistema de Servicios Sociales y por lo tanto, como parte interviniente en el proceso.  
  
1. Recursos de atención social a las víctimas en el ámbito autonómico  
Funciones y objetivos en materia de violencia de género:  
El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 10.3, al establecer los ámbitos en los que la Generalitat centrará primordialmente su actuación, expresamente, se refiere a la igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo, y a la protección social contra la violencia, especialmente la violencia de género.  
En consecuencia es a la Generalitat Valenciana, en concreto a la Conselleria Bienestar Social, a través de la Dirección General de Familia y Mujer, a quien le corresponden las funciones en materia de promoción y ejecución de las medidas necesarias para asegurar una política integral en beneficio de la familia e infancia, así como las relativas a la promoción y ejecución de medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres , atención a la mujer, mediación y prevención de la violencia de género, promoción, participación y programas de la mujer.  
  
Recursos destinados por la Generalitat a la prevención, atención, asistencia o protección de las víctimas de la violencia de género  
Infodonas: es una red de centros de la Conselleria de Bienestar Social, cuyo objetivo es prestar asesoramiento a mujeres, respecto a inserción socio-laboral, creación de empresas, información sobre recursos y servicios para mujeres y otros de carácter general que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres. Actualmente cuentan con 35 Centros Infodona, ubicados en las tres capitales de provincia y en distintos municipios que abarcan todo el territorio de la Comunitat Valenciana. El horario de los centros es de lunes a viernes de 9.00 h a 14.00 y una tarde a la semana de 16.30 a 18.00 h. Los Centros Infodonas detectan las posibles situaciones de violencia de género, derivando siempre al Centro Mujer 24 Horas más próximo al lugar de residencia. Desde estos centros no se lleva a cabo intervención especializada en violencia.  
Se encuentran situados en los siguientes municipios:  
En provincia de Valencia: Ademuz, Alboraya, Algemesí, Alzira, Ayora, Carcaixent, Cullera, Gandia, Lliria, Manises, Ontinyent, Paterna, Requena, Sagunt, Valencia (1), Valencia (2) y Xàtiva.  
En provincia de Castellón: Burriana, Castellón, Morella, Segorbe, Vall d'Uixó, Vila-real y Vinaròs.  
En provincia de Alicante: Alicante, Alcoi, Almoradi, Benidorm, Denia, Elda, Elx, Orihuela, Santa Pola, Torrevieja y Villena.  
  
La Generalitat presta atención Integral a las mujeres víctimas de violencia de género, siguiendo los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional, del articulo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero a través de los siguientes recursos:  
Servicio de Atención Telefónica Gratuita 900 58 08 88, desde el cual se presta asesoramiento e información en materia de violencia de género. A su vez, la Generalitat tiene suscrito un convenio con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para la derivación y atención de las llamadas que entran desde el 016 procedentes de la Comunitat Valenciana.  
En régimen ambulatorio:  
- Centro Mujer 24 Horas de Valencia  
- Centro Mujer 24 Horas de Alicante  
- Centro Mujer 24 Horas de Castellón   
- Centro Mujer de Denia  
  
En régimen residencial:  
- Centro de Protección de Valencia  
- Centro de Emergencias de Alicante  
- Centro de Atención Integral de Castellón  
- Casa de Acogida en Alicante.  
  
  
  
LA RED DE CENTROS MUJER 24 HORAS  
  
La Generalitat presta atención Integral a las mujeres víctimas de violencia de género (entendiendo por violencia de género malos tratos físicos y/o psíquicos, acoso, agresión y abuso sexual), desde 1996 cuando se crea el primer Centro Mujer 24 Horas en Valencia. Posteriormente en noviembre de 1997 de abrieron los Centros Mujer 24 Horas de Alicante y Castellón. En el año 2009 se creó el Centro Mujer de Denia.  
La red de Centros Mujer 24 Horas, son un servicio especializado en violencia sobre la mujer. Se trata de un servicio de urgencia, que ofrece una respuesta inmediata en cualquier momento del día o de la noche.  
Los CM24H de Alicante, Castellón y Valencia permanecen abiertos las 24 horas del día los 365 días del año. Por su parte, el Centro Mujer de Denia permanece abierto de lunes a viernes de 08,00hs a 22,00hs.  
A la Red de centros se puede acceder a través del Servicio de Atención Telefónica Gratuita 900 58 08 88 o bien acudiendo directamente a los mismos. Así mismo, tanto los servicios sociales municipales como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios sanitarios y las oficinas de Atención a las Victimas del Delito puede derivar a las víctimas al Centro Mujer.  
La atención en la Red de Centro Mujer 24 Horas, es prestada por un equipo multidisciplinar, formado por trabajadora/es, sociales, psicólogas/os y abogadas/os.  
  
Los objetivos de los centros mujer son:  
- Ofrecer una acogida y escucha inmediata a las mujeres víctimas de estas agresiones.  
- Proporcionar atención social, psicológica, jurídica.  
- Informar a las mujeres sobre sus derechos.  
- Apoyo profesional, a través de la atención personalizada, a las mujeres que han sufrido o sufren estas problemáticas, desde el anonimato que garantiza el medio telefónico, y canalizar sus demandas de ayuda con pautas concretas de actuación.  
- Informar sobre recursos existentes propios de la Generalitat y de otras instituciones y organizaciones públicas y privadas para afrontar tales situaciones.  
- Mejorar la calidad y condiciones de vida de estas mujeres, a través de la terapia grupal y fomentar el acceso de las mismas a la educación, cultura, trabajo, favoreciendo la capacitación sociocultural y profesional.  
- Denunciar públicamente la situación de violencia que sufren las mujeres.  
  
La línea de intervención profesional que se lleva con las mujeres atendidas es común en la Red de Centros Mujer 24 Horas, con un trabajo individual y grupal, a través de la atención personalizada y de la impartición de talleres.  
  
Tipo intervención   
La intervención con mujeres víctimas de violencia de género se lleva a cabo tanto a nivel individual como grupal. En el primer caso, la intervención profesional puede llevarse a cabo:  
- En crisis: se realiza cuando la mujer acude al centro en una situación de urgencia derivada de un riesgo físico y/o emocional, con el objetivo de dar una respuesta inmediata a su demanda, reduciendo la tensión emocional y articulando medias encaminadas a conseguir su seguridad.   
- En asesoramiento, es la que se realiza de forma puntual ante una demanda específica, aportando información y planteando diferentes alternativas para la resolución de la situación-problema, con el fin de motivar al cambio y fomentar la visibilización de la violencia de género.   
 En seguimiento psicosocial. Intervención desarrollada a largo plazo con las mujeres que presentan secuelas psicológicas por la violencia sufrida y/o problemática social derivada de dicha situación.   
  
A nivel grupal, el objetivo de la intervención que se realiza es doble, por un lado, complementar en algunos casos las terapias individuales y por otro, ofrecer apoyo psicosocial a las mujeres. La intervención grupal favorece el afrontamiento de las nuevas experiencias, que a su vez son compartidas y reforzadas por el grupo, incrementando los recursos personales de solución de problemas.   
Con el objetivo de evitar la victimización secundaria de las mujeres atendidas, desde la Red de Centros Mujer 24 Horas, se mantiene coordinación y colaboración con los diferentes agentes implicados.  
  
  
CENTROS RESIDENCIALES ESPECIALIZADOS   
Para aquellas mujeres solas o con sus hijos e hijas, que dada la gravedad de la situación de violencia, necesitan de un alojamiento alternativo que les preste acogida y protección, la Generalitat Valenciana dispone de una red de centros residenciales especializados en violencia.  
Los Centros Residenciales son servicios especializados en la Atención Integral de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, en donde se acoge a mujeres víctimas de malos tratos, bien solas bien acompañadas de sus hijas e hijos menores, con la finalidad de prestarles una ayuda psicológica y social, facilitándoles los medios básicos que les ayuden a superar la situación de violencia sufrida.  
La Red de Centros Residenciales dirigidos a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la que dispone la Conselleria de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Familia y Mujer, se rige en su intervención profesional por los siguientes principios:   
€ Prevención, evitando situaciones de riesgo tanto físico como psíquico y actuando sobre las causas que originan el problema.  
€ Integración, procurando la participación plena en la vida social para favorecer su adaptación personal al mundo exterior.  
€ Estimulación, favoreciendo el desarrollo de la autonomía personal.  
€ Fomento de la solidaridad, promoviendo la conciencia social y la participación.  
€ Realización de programas y actividades para las usuarias de los Centros u sus hijos/as.  
€ Coordinación con las Instituciones y Entidades públicas y privadas que actúan en el área de la mujer.  
  
Estos centros residenciales cuentan con un total de 98 plazas, con el siguiente reparto territorial: En la provincia de Alicante se cuenta con un centro de emergencias dotado de 12 plazas y un centro de atención integral dotado de 27 plazas. En la provincia de Valencia se cuenta con un centro de atención integral dotado de 24 plazas y en la provincia de Castellón se cuenta con un centro dotado de 35 plazas.  
El acceso de las mujeres a los mismos es siempre a través de la valoración de los profesionales de la Red de Centros Mujer 24 Horas, que formalizan sus propuestas a la Dirección General de Familia y Mujer y a las direcciones territoriales correspondientes.  
Las actuaciones que se llevan a cabo en estos Centros, son las siguientes:  
- Asistencia integral con prestaciones de alojamiento y manutención  
- Tratamiento especializado  
- Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda  
- Apoyo psicosocial  
- Asesoramiento jurídico  
- Actividades para las usuarias  
- Actividades para los menores de las mujeres residentes según la edad  
- Seguimiento post-institucional  
- Inserción socio-laboral.  
  
Los servicios que se prestan en los mismos se agrupan en las siguientes áreas de intervención; personal y familiar; menores; salud; legal y documental; convivencia; organización; formación e inserción laboral; y área de participación social.  
Así mismo las víctimas de violencia sobre la mujer, pueden beneficiarse de las la red de centros residenciales especializados en exclusión social, conformando estas red un total de siete centros de acogida y ocho viviendas tuteladas con un total de 214 plazas.  
  
  
PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR  
Los puntos de Encuentro Familiar son un recurso especializado gratuito y de carácter universal, de responsabilidad pública, para la intervención de aquellas situaciones de conflictividad familiar en las que la relación de los menores con algún progenitor o miembro de su familia se encuentra interrumpido o es de difícil desarrollo.   
La red de puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial está adscrita a la Dirección General de Familia y Mujer. Esta red esta formada por 17 Puntos situados en las siguientes localidades: Aldaia, Alicante, Alcoy, Benissa, Castelló de la Plana, Elx, Elda, Gandia, Manises, Mislata, Ontinyent, Paterna, Requena, Sagunto, San Vicente del Raspeig, Torrevieja y Vinaròs.  
Así mismo señalar que existe un Punto de Encuentro Familiar en el Ayuntamiento de Valencia y tres Puntos de Encuentro Familiar adscritos a la Dirección General del Menor, situados en las tres capitales de provincia.  
Otras actuaciones de la conselleria competente en materia de prevención, atención, asistencia y prevención de la violencia que se ejerce contra la mujer.  
 Sistema ROURE: Sistema de Información para el Seguimiento y Prevención de la Violencia de Género, que permite la gestión integral de los recursos propios, especializados en esta problemática. Permite disponer en un expediente único, toda la intervención llevada a cabo con las mujeres atendidas en los recursos especializados en violencia de género, dependientes de la Dirección General de Familia y Mujer.  
 Página web: www.sinmaltrato.gva.es  
 Participación en charlas, jornadas y mesas redondas al objeto de prevenir y sensibilizar en esta problemática.  
  
Itinerario de actuación   
A través de la Red de Centros Mujer 24 Horas, bien porque la víctima se persona directamente o bien porque es derivada por otros servicios (municipales, sanitarios, educativos, policiales)   
  
Protocolos de actuación en su ámbito   
Protocolos internos de atención integral de los servicios adscritos a la Dirección General de Familia y Mujer.  
  
  
2. Atención a las víctimas en el ámbito municipal  
  
Los servicios sociales municipales gestionados por las entidades locales constituyen la estructura básica del sistema público de servicios sociales mediante la prestación de una atención integrada y polivalente dirigida a toda la población y articulada a través de actuaciones preventivas, asistenciales y rehabilitadoras, a nivel primario, con carácter universal y gratuito. Constituyen el primer nivel de acceso al sistema público de servicios sociales y les corresponde la programación, implantación y gestión de la intervención generalizada de la atención primaria.  
Los servicios sociales municipales pueden están integrados por un equipo multidisciplinar de personas encargado de prestar la atención directa a todos los ciudadanos y gestionar las prestaciones que el sistema de Servicios Sociales ofrece a los ciudadanos para alcanzan, restablece o mejorar su bienestar.  
Las principales funciones de los servicios sociales municipales son:  
- Información a los ciudadanos de sus derechos, recursos existentes, y los procedimientos o alternativas disponibles ante una situación de necesidad social determinada.  
- Estudio para la detección, análisis y evaluación de necesidades y demandas sociales de la población en su ámbito de actuación.  
- Diagnóstico y valoración técnica.  
- Identificación y captación de población en situación de riesgo.  
- Desarrollo de los programas básicos de Servicios Sociales.  
- Coordinación con el nivel de Atención Especializada y con otros sistemas de bienestar de su mismo territorio.  
- Tramitación de recursos sociales y prestaciones económicas.  
- Derivación y canalización, cuando cada caso lo requiera.  
  
En relación a la atención de las mujeres víctimas de violencia de género y, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24 de la ley 5/1997 de 25 de junio de servicios sociales, en el que se indica que se proporcionará la atención necesaria a aquellas mujeres que se encuentren en situación de riesgo por malos tratos, carencia de apoyo familiar, ausencia de recursos personales u otras circunstancias, y el derecho a la asistencia social integral previsto en La ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, los servicios sociales de las Corporaciones locales se coordinan con los recursos asistenciales de la Generalitat con el fin de garantizar el acceso a una atención integral. Esta atención ha de responder a los principios reflejados en la ley de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.   
En ese sentido, las corporaciones locales tienen como objetivo dar una respuesta integral a la violencia de género, previniendo su aparición y actuando eficazmente en los casos que se produzcan. Para la consecución de este objetivo, los municipios cuentan con distintos recursos en función del número de habitantes y de los recursos económicos y humanos con los que estén dotados.  
Los municipios que no cuentan con servicios especializados en mujer, prestan el servicio desde los servicios sociales generales, desde el mismo ayuntamiento o mediante una mancomunidad.  
Las funciones que se prestan desde los servicios sociales son generalmente las derivadas de informar, valorar y orientar a las mujeres víctimas de violencia de género o en situación de riesgo de los recursos existentes, de la tramitación de los mismos y la derivación a los recursos especializados.  
Estas funciones serían entre otras:  
- Atención profesional personalizada, que incluye las prestaciones de carácter técnico (información, valoración y orientación).  
- Información y asesoramiento acerca de su derecho a denunciar y a donde deben acudir a la hora de interponer dicha denuncia (Centro Sanitario), Policía, Guardia Civil o juzgado de guardia).  
- Gestión y seguimiento de recursos municipales (prestaciones económicas de emergencia social).  
- Gestión y derivación a los recursos especializados en Violencia de Género (prestaciones económicas, centros de acogida, facilitar hospedaje, Centro Mujer 24h).  
- Gestiones y tramitación de recursos y prestaciones específicos para la atención a víctimas de violencia de género como son el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO), de plazas en centros de acogida y de la ayuda económica para las víctimas de este tipo de violencia.  
- Tramitación y seguimiento del Servicio de Atención psicológica inicial, previo o simultánea a la derivación a la red de salud para que evalúe su estado emocional.  
- Coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad para la atención y seguimientos de casos.  
- Apoyo a la formación e inserción laboral  
- Apoyo Social así como el seguimiento educativo de la unidad familiar.  
- Asistencia integral a los menores que se encuentra bajo la patria potestad o guardia y custodia de la persona agredida  
- Apoyo al asociacionismo de la Mujer  
- Promoción de la igualdad como prevención de violencia.  
- Prevención de la violencia de género mediante la concienciación y sensibilización, a través de charlas, cursos, y talleres, entre otras actividades.  
  
Para el desarrollo de estas funciones los servicios sociales se coordinan con otros servicios y organismos municipales y supramunicipales: Servicios de Atención a la Familia e Infancia-SEAFI (en caso de menores con riesgo); Centros de Salud; Salud Mental; Unidades de Conductas Adictiva (UCA); Centros de inmigrantes; Centro mujer 24 horas; Gabinete Psicotécnico Municipal; Empresa municipal de orientación laboral; Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF); Servicio Público de Empleo (SEPE); Juzgado de violencia sobre la mujer; Oficina de atención a las víctimas del delito; Unidades de Violencia sobre la Mujer de las Subdelegaciones de Gobierno.  
En el caso de que la entidad local tenga un servicio especializado en mujer, además de las funciones expuestas anteriormente, puede contar con los siguientes recursos y prestaciones: Técnico/a de igualdad; Consejo Local sobre Igualdad; Observatorio Municipal contra la violencia Social; Oficina municipal de Atención a las Víctimas del Delito; Servicio de Asistencia psicológica a mujeres víctimas de violencia de género; Servicio de asesoramiento jurídico a la mujer; Servicio de asesoramiento y orientación para optar a derechos y recursos sociales en materia de mujer e igualdad; Unidad de Atención y Protección Social; Servicios formativos a padres y madres de niños/as en edad escolar, sobre educación de género; Plan municipal de Igualdad de Oportunidades entre hombres y Mujeres; Servicio municipal de atención a la violencia de género; y Seguimiento de órdenes de protección y/o acompañamiento a juzgados y comisarías.   
  
  
Ámbito económico y laboral  
  
Medidas de carácter sociolaboral y seguridad social  
La Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la Violencia de Género consagra y garantiza a las mujeres víctimas de violencia de género, una serie de derechos y medidas en el ámbito laboral y de Seguridad Social, con la finalidad de conciliar sus obligaciones laborales con sus necesidades de protección y de recuperación integral y, en su caso, de promover su inserción laboral.   
Las víctimas de violencia de género que desempeñan un puesto de trabajo por cuenta ajena tienen derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.  
En el caso de que la víctima necesite solicitar la suspensión temporal de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo o su extinción definitiva, ha dirigirse a la empresa, y presentar la orden de protección o el informe del ministerio fiscal. Tanto la suspensión como la extinción se considerarán situación de desempleo involuntario, lo que permite solicitar y cobrar la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo, siempre que reúna el resto de los requisitos exigidos con carácter general.   
La suspensión temporal de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo se puede solicitar por un periodo de 6 meses, pudiendo prorrogarse por períodos de 3 meses hasta alcanzar los 18, siempre que la autoridad judicial acredite la necesidad de mantener la suspensión para garantizar la protección y seguridad de la víctima. Este período de suspensión se considera de cotización efectiva para las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia, maternidad y desempleo.   
Las solicitudes para cobrar las prestaciones en caso de suspensión o extinción de la relación laboral se pueden presentar a través de la página del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) https://sede.sepe.gob.es, o en la oficina de prestaciones (tras la obtención de cita previa en la sede electrónica del SEPE o en el teléfono 968 59 78 34), en cualquier oficina de registro público o dirigiéndola por correo administrativo.  
En el caso de que la víctima tenga la condición de funcionarias públicas, los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica 1/2004 establecen que tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica. Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas en los términos que se determine en su legislación específica.  
En el caso de que la víctima sea empleada pública de la administración de la Generalitat Valenciana, el artículo 19 de la ley 7/2012, establece que podrá beneficiarse con prioridad de medidas de traslado, baja o adaptación de su jornada laboral en los términos que prevé la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.  
  
Programas de inserción socio laboral para mujeres víctimas de violencia  
La inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género facilita un mayor grado de autonomía de las mismas, contribuyendo así al fortalecimiento de las mujeres y a facilitarles la salida de las situaciones de maltrato.   
  
Programas de ámbito estatal  
El Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, prevé todo un conjunto de medidas de actuación de entre las que destaca la posibilidad de suscribir convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y su movilidad geográfica.  
En este contexto se enmarca la iniciativa estatal ?Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género?. En virtud de los convenios suscritos, las empresas adheridas se comprometen, principalmente, a facilitar la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género mediante la oferta de puestos de trabajo, que deberán contemplar la flexibilidad de horarios y jornadas, en función de las necesidades y peculiaridades de las situaciones de violencia de género que están padeciendo y ofrecer una formación inicial y, en su caso, continua adecuada al puesto de trabajo y mantener la confidencialidad respecto de las circunstancias personales de las mujeres que participan en estas actividades de inserción.  
En está iniciativa, gestionada por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, participan la Fundación Integra y Cruz Roja, como entidades colaboradoras  
  
Programas de ámbito autonómico  
Ley 7/2012 de la Generalitat Valenciana, también recoge en su artículo 18, que la Generalitat garantizará a las víctimas de violencia sobre la mujer la formación y ayuda para facilitar su inserción laboral, fomentando acuerdos y convenios con los agentes sociales. Así mismo, el artículo 44 de la mencionada ley establece que la Generalitat establecerá subvenciones y ayudas directas, a las empresas que contraten a víctimas de violencia ejercida por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, a proyectos empresariales así como empresas que se constituyan por éstas, siempre que radiquen en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.  
En este contexto se ha desarrollado el Pacto Empresarial Valenciano contra la violencia sobre la Mujer. Mediante un convenio entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Bienestar Social y 58 empresas con sede en la Comunitat Valenciana, se realizan actuaciones en materia de sensibilización contra la violencia que se ejerce sobre la mujer y de integración sociolaboral de las mismas. Las actuaciones relacionadas con este Pacto se desarrollan a través de la Dirección General de Familia y Mujer.  
Además hay que tener en cuenta los programas de inserción socio laboral para mujeres víctimas de violencia, mediante la formación y la búsqueda activa de empleo, que se realizan a través de la Red de Centros Mujer 24H de la Generalitat.  
  
  
Derechos económicos  
  
Programa de Renta Activa de Inserción   
Las víctimas de violencia de género que se hallen en situación de desempleo pueden solicitar la incorporación al Programa de Renta Activa de Inserción regulado por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre.  
Para ser incluida en el programa de renta activa de inserción y ser beneficiaria de esta ayuda económica, la mujer víctima de violencia de género deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 Acreditar su condición de víctima de violencia de género.  
 Estar inscrita como demandante de empleo, no exigiéndosele llevar 12 meses inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo.  
 No convivir con su agresor.  
 Ser mayor de 16 y menor de 65 años, pero no se le exige tener 45 ó más años de edad.  
 Carecer de rentas propias, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Además, si tiene hijos menores de 26 años, el conjunto de sus rentas no deben superar el 75% del SMI.   
 Puede ser beneficiaria de un nuevo programa de renta activa de inserción aunque hubiera sido beneficiaria de otro programa dentro de los 365 días anteriores a la fecha de la solicitud.  
La cuantía de la renta activa de inserción es del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento, y su duración de 11 meses, pudiendo acceder a un máximo de 3 prórrogas de RAI.   
Además de solicitar la Renta Activa de Inserción (RAI), las víctimas de violencia de género pueden obtener otras ayudas:  
 Si la víctima de violencia de género se ha visto obligada a cambiar su residencia por este motivo puede solicitar una ayuda suplementaria 3 mensualidades de la RAI.  
 Si la víctima de violencia de género comienza a trabajar como autónoma o encuentra empleo por cuenta ajena a tiempo completo, se suspende el pago de la RAI y tiene derecho a una ayuda equivalente al 25% de la cuantía de la misma durante un máximo de 180 días, sin que ello reduzca la duración de la RAI pendiente de percibir.  
 Si la víctima de violencia de género comienza a trabajar a tiempo parcial se deducirá la parte proporcional al tiempo trabajado, y el período pendiente de percibir mientras se mantenga la compatibilidad, se ampliará en la misma proporción.  
 Si la víctima de violencia de género finaliza un trabajo por cuenta ajena, de duración inferior a 6 meses, el Servicio Público de Empleo Estatal le reanudará de oficio el pago, siempre que figure inscrito como demandante de empleo.  
 Si la víctima de violencia de género se traslada al extranjero para la búsqueda o realización de trabajo o perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, por un período inferior a 6 meses, la percepción de la RAI se interrumpe y al retorno se puede solicitar la reanudación.  
La RAI y el resto de prestaciones asociadas se tramitan en el servicio público de empleo estatal (solicitudes y admisiones). Las solicitudes se pueden presentar a través de la página del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) https://sede.sepe.gob.es, o en la oficina de prestaciones (tras la obtención de cita previa en la sede electrónica del SEPE o en el teléfono 490 48 19 30), en cualquier oficina de registro público o dirigiéndola por correo administrativo  
  
  
Ayudas del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, para las víctimas de violencia de género  
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 27, establece el derecho a percibir una ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género que se sitúen en un determinado nivel de rentas y respecto de las que se presuma que tengan especiales dificultades para obtener un empleo. Esta ayuda, financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es concedida por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En el caso de la Comunitat Valenciana, la ayuda la concede la Generalitat, y está regulada por Orden, de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social.  
Para ser beneficiaria del derecho a la ayuda económica, la mujer víctima de violencia de género deberá reunir, a la fecha de la solicitud de la ayuda, los siguientes requisitos:  
a) Ser residente en la Comunitat Valenciana.  
b) Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento de salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.  
c) Tener especiales dificultades para obtener un empleo, que se acreditará a través del Informe del Servicio Valenciano de Empleo y Formación.  
d) No haber recibido esta ayuda con anterioridad.   
Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento del derecho a la ayuda económica se acreditaran con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será titulo de acreditación de esta situación el informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de que la denunciante es víctima de violencia de género en tanto se dicta la orden de protección.  
El informe del Servicio Valenciano de Empleo y Formación competente deberá hacer constar que la mujer solicitante de esta ayuda, debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, no va a mejorar de forma sustancial su empleabilidad por su participación en los programas de empleo específicos establecidos para su inserción profesional.  
Para solicitar las ayudas se deberá presentar la siguiente documentación:  
a) Impreso de solicitud (se encuentra en el anexo I de la orden).  
b) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad de la solicitante o permiso de residencia en vigor.  
c) Certificado de empadronamiento de la solicitante en algún municipio de la Comunitat Valenciana.  
d) En el caso de que la solicitante tenga hijos o hijas a su cargo, fotocopia cotejada del libro de familia y sentencia judicial en firme sobre tutela cuando existiera. En los supuestos de adopción, tutoría o acogimiento de los hijos o hijas o asimilados resolución administrativa o judicial que lo acredite.  
e) Certificado de la Agencia Estatal de la administración Tributaria acreditativa de las rentas de la solicitante, o en su defecto documentos originales o fotocopia compulsada que acrediten los ingresos que por cualquier concepto perciba o en su defecto declaración de la no percepción de ingresos.  
f) Orden de protección a favor de la solicitante. Excepcionalmente será título acreditativo de esta situación, el informe del ministerio fiscal.  
g) Certificado de minusvalía expedido por los Centros de Orientación, Diagnostico y Tratamiento de Minusvalías.  
h) Cuando se aleguen responsabilidades familiares y exista convivencia, presentará el documento de asistencia sanitaria de la Seguridad Social extendido a nombre de la solicitante en la que aparezca el familiar a cargo como beneficiario. Si no existe convivencia, se deberá aportar el convenio o resolución judicial en el que la solicitante quede obligada a la prestación de alimentos.  
Las solicitudes se presentarán acompañadas de la documentación requerida en la Dirección Territorial de la conselleria de Bienestar Social de la provincia de residencia de la solicitante, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Para la instrucción y propuesta de resolución de estas ayudas, se crea una Comisión de Valoración compuesta representantes de los departamentos de la Generalitat competentes en materia de Prestaciones Sociosanitarias, Empleo, y Mujer   
Estas ayudas son concedidas y abonadas en un pago único por la conselleria de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Familia y Mujer, mediante orden de pago, ingresando su importe en la cuenta bancaria indicada por la solicitante.  
La competencia para resolver corresponde a la directora general de Familia y Mujer por delegación de la consellera de Bienestar Social. La resolución especifica la tipología y el importe de la misma. El plazo máximo para resolver es de 3 meses, a contar desde la fecha de entrada en cualquiera de los registros del órgano competente para resolver.  
Si la solicitud de ayuda es denegada por no concurrir algún requisito, se podrá volver a solicitar si se produce algún cambio en las circunstancias que dieron lugar a la primera denegación.  
  
Ayuda de emergencias  
El artículo 55 de la Ley 7/2012, de Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana regula el denominado Fondo de emergencias. Según esta disposición, sin perjuicio de otras ayudas previstas para las víctimas de violencia sobre la mujer, la Generalitat otorgará ayudas económicas inmediatas de pago único a estas mujeres para atender sus necesidades más urgentes en casos de emergencia.  
La cuantía de estas ayudas, la calificación de la situación de emergencia, los requisitos para su concesión, su acreditación y pago, así como la creación, dotación y gestión de un fondo económico de emergencias para las mujeres víctimas de esta violencia, se determinan en el Decreto 63/2014, de 25 de abril, del Consell, por el que se aprueba el reglamento para el reconocimiento de las indemnizaciones y las ayudas económicas a las víctimas de violencia sobre la mujer y son satisfechas con cargo a los presupuestos de la Generalitat.  
  
  
Ayudas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual  
Se trata de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos en España, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la salud física o mental; así como en beneficio de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual aunque se perpetren sin violencia.   
  
Las mujeres víctimas de violencia de género pueden ser beneficiarias de estas ayudas en tanto que son víctimas de un delito.  
Las personas beneficiarias de estas ayudas pueden serlo a título de víctimas directas, cuando sufran lesiones corporales graves o daños graves en su salud física o mental como consecuencia directa del delito; y a título de víctimas indirectas, en el caso de muerte, como los hijos de la persona fallecida.  
El plazo para solicitar estas ayudas es de un año, contado desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo. No obstante, dicho plazo se interrumpe con el inicio del proceso penal y se abre de nuevo desde que recaiga la resolución judicial firme.  
La competencia para la tramitación y resolución de las solicitudes de las ayudas públicas establecidas en la Ley corresponderá a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
Esta ayuda es compatible con la prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004  
  
Anticipos por impago de pensiones alimenticias  
A través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, regulado por el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, se garantiza el pago de alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo. Las personas beneficiarias de los anticipos son, con carácter general, los hijos titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen la cantidad resultante de multiplicar la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos menores que integren la unidad familiar.  
En el supuesto en que la persona que ostente la guarda y custodia de los menores (que es quien solicita y percibe el anticipo) sea víctima violencia de género, se entiende que existe una situación de urgente necesidad para reconocer los anticipos del Fondo, por lo que se tramitará el procedimiento de urgencia, que implica que el plazo para resolver y notificar la solicitud será de dos meses.  
Las personas beneficiarias tienen derecho al anticipo de la cantidad mensual determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos, con el límite de 100 euros mensuales, que se podrá percibir durante un plazo máximo de dieciocho meses.  
  
  
Ámbito educativo  
  
La educación es un ámbito fundamental en la prevención y detección de situaciones de violencia. La educación en valores como la igualdad es esencial a la hora de modificar los modelos de conducta sociales y culturales de la mujer y el hombre y eliminar los prejuicios y las prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos.  
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género prevé en su capítulo I, entre otras, las siguientes medidas en relación al ámbito educativo: favorecer la escolarización inmediata de los/as hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género, y posibilitar la actuación de la Inspección Educativa para velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en la mencionada Ley.  
Por su parte la ley 7/2012 de 23 de noviembre, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana prevé un conjunto de medidas de prevención en el ámbito educativo.  
  
Actuaciones estatales de carácter preventivo en el ámbito educativo  
Desde 2007 está en vigor el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos (anteriormente, Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar), cuyo objetivo es responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes en la escuela y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar, reforzando el conocimiento y confianza en los Cuerpos policiales  
Desde 2009 esta Plan incide también en aspectos relacionados con la prevención de comportamientos de discriminación por razón de sexo o discriminación sexual, o de violencia de género.  
Desde 2013, y a través de la Instrucción nº 7/2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre el ?Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros educativos y sus Entornos?, este Plan ha adquirido un carácter permanente y su finalidad es, entre otras, mejorar el conocimiento de los menores y jóvenes sobre los recursos policiales para la prevención de la delincuencia y protección de las víctimas, y sobre las cuestiones de seguridad ciudadana que inciden entre otras materias en todo lo relativo a la violencia sobre la mujer, así como la extensión de estos riesgos y otros específicos asociados al uso de Internet y las nuevas tecnologías.  
El Plan Director se coordina a nivel autonómico por la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, en concreto por la Alta Inspección de Educación, con el apoyo de la Unidad de Coordinación contra Violencia sobre la Mujer y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este Plan se materializa mediante la celebración de actividades, charlas y conferencias en los centros escolares dirigidas a los alumnos y a la comunidad educativa en su conjunto (directivos, personal docente, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos), e impartidas por expertos policiales. En materia de violencia sobre la mujer y discriminación por razón de sexo u orientación sexual se podrá designar expertos que complementen las intervenciones que ya vienen realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.  
Para la ejecución del Plan se cuenta con la colaboración de las autoridades educativas de la Generalitat Valenciana. Las solicitudes de actividades del plan director se llevan a cabo a través de la siguiente dirección de correo electrónico de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana: qeakwhkybqzo.moryyvfonpaizjjsnst@nqvf.vtqpsf.vk  
  
Funciones de las autoridades educativas de la Generalitat Valenciana en materia de violencia de género:  
- Trabajar en los centros educativos la prevención a edades tempranas, incorporando en sus proyectos educativos, de forma transversal, la igualdad de género y la no discriminación por razón del mismo dentro de la educación en valores.  
- Enfatizar en la educación secundaria la importancia de la dimensión de la igualdad de género en las materias lingüísticas y en aquellas que presentan relaciones concretas con esta materia como son la educación plástica y visual, y la educación física, interviniendo específicamente en lo referente al rechazo ante el uso de la lengua de forma discriminatoria, o ante las manifestaciones artísticas o de la educación física y del deporte contrarias a los principios de igualdad entre los géneros.  
- Garantizar la preferencia en la concesión de ayudas a servicios complementarios de comedor, becas y otras ayudas al estudio, para los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género.  
- Promover, diseñar, implementar y coordinar acciones que propicien la mejora del clima escolar y la convivencia en los centros educativos.  
- Adecuar la normativa vigente para establecer la violencia de género como un supuesto que permita justificar determinadas situaciones administrativas solicitadas por alumnos y alumnas de centros docentes (anulación de matrícula, admisión prioritaria, etc.).  
  
Recursos destinados a la prevención, atención, asistencia i/o protección de las víctimas de la violencia de género en el ámbito educativo en la Comunitat Valenciana:  
Los instrumentos básicos que establece la normativa autonómica valenciana para prevenir, atender, asistir y proteger a víctimas de violencia escolar, en cualquiera de sus manifestaciones incluida la violencia de género, son los siguientes:  
  
1. El Observatorio para la Convivencia Escolar en los Centros de la Comunitat Valenciana, creado en el año 2005 con el fin de trabajar en la prevención de la violencia escolar. Es un órgano consultivo de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, concebido como un instrumento, al servicio de toda la comunidad educativa, que permita el conocimiento, análisis y evaluación-valoración de los problemas de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana, con el fin de planificar y coordinar la intervención para la resolución y prevención de conflictos. Este Observatorio está regulado por el Decreto 233/2004, de 22 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros de la Comunitat Valenciana.  
2. Cada Centro Educativo, respetando la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e intervención ante supuestos de violencia escolar, elabora su Plan de Convivencia como un instrumento de planificación y acción. Abordan así, la prevención de situaciones conflictivas, la resolución pacífica de las mismas y la atención tanto al alumnado cuyo comportamiento no se ajuste a las normas de convivencia del centro, como al que necesite ayuda o protección. Los centros tienen la obligación de elaborar sus propios planes de convivencia, así se establece en el Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de la Administración y Servicios. (DOCV num.5738 / 09.04.2008).  
- El plan de convivencia forma parte del proyecto educativo del centro docente, la redacción del mismo y su elaboración, son responsabilidad del equipo directivo, con las directrices establecidas por el consejo escolar y con las propuestas realizadas por el claustro y la asociación de padres y madres de alumnos y el consejo de delegados de alumnos.  
- Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa en el ámbito de sus competencias y su desarrollo se llevará a cabo bajo la coordinación del/de la jefe/a de estudios. Se desarrolla a nivel preventivo a través de todos los planes del centro; del propio desarrollo del currículum, del plan de acción tutorial y del plan de atención a la diversidad.  
- El plan de convivencia será aprobado y evaluado por el consejo escolar del centro y en la programación general anual se incluirán las actuaciones previstas en el plan de convivencia para cada curso académico.   
- La comisión de convivencia del consejo escolar del centro, presidida por el director/a del centro, realizará el seguimiento del plan de convivencia y elaborará trimestralmente un informe que recoja las incidencias producidas en dicho periodo, las actuaciones llevadas a cabo, los resultados conseguidos y las propuestas de mejora que estime pertinentes.  
- La dirección del centro elaborará un informe anual sobre la convivencia del centro que remitirá a la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte correspondiente, que recogerá la Dirección General a través del Plan PREVI.  
3. El Registro Central de Incidencias, creado en el año 2005 al objeto de registrar y analizar todos los casos de violencia que se den en los centros. El procedimiento para la notificación de las incidencias se regula en la Orden de 12 de septiembre de 2007, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la notificación de las incidencias que alteran la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunitat Valenciana.  
4. Las Unidades de Atención e Intervención (UAI) existen en cada una de las 3 provincias de la Comunitat y están ubicadas en las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Estas Unidades son responsables de recibir las consultas y/o incidencias con relación a la convivencia escolar, asesorar a los centros que lo soliciten, actuar en caso de una incidencia grave, poniéndose en contacto con el centro, las familias y con el Inspector para informarse e informar sobre la incidencia, coordinar las actuaciones inmediatas, y hacer la evaluación del proceso y el seguimiento del caso.   
5. Por otra parte, la normativa sobre ayudas para la adquisición de libros de texto y de material didáctico e informático, del alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y de unidades de educación especial, escolarizado en un centro público o en un centro privado concertado en la Comunitat Valenciana, prevé la concesión del 100% de la ayuda al alumnado perteneciente a una unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga la condición de víctima de violencia de género.  
6. La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, ante víctimas que sean personal docente del cuerpo de maestros, para catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional y funcionarios docentes que imparten enseñanzas de régimen especial en centros públicos docentes no universitarios, en centros públicos de formación de personas adultas dependientes de la Generalitat, adjudica puestos en régimen de comisión de servicio. La comisión de servicios se otorga por diferentes motivos, de los cuales el primero en orden de prioridad es ser víctima directa o indirecta de violencia de género y será acreditado con la orden de protección a favor de la víctima y, de manera excepcional, en tanto se dicte la necesaria orden de protección, con el informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de que la empleada o empleado público es víctima de violencia de género.   
  
Procedimiento de actuación en el ámbito educativo  
Según el art. 40 de la Ley 7/2012, el personal docente que detecte en los centros escolares cualquier actuación discriminatoria o conducta vejatoria por razón del sexo, o tengan conocimiento de este tipo de situaciones en el entorno familiar o relacional del alumnado, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la dirección o responsable del centro quien, también sin dilación, lo comunicará al departamento competente en materia de educación, sin perjuicio de que, en aquellos casos que presenten indicios de delito o falta, den asimismo cuenta inmediata al órgano competente, en el área de Salud y/o Justicia.  
Por ello, esta actuación, queda regulada en la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, en la que se establecen los protocolos de actuación e intervención ante supuestos de violencia escolar y que desarrolla en el anexo IV el correspondiente a situaciones en las que se observen indicios de violencia de género detectada en el centro educativo y en el anexo VI, de la misma Orden, donde se regulan las consideraciones específicas, ante cualquier situación de violencia si se producen fuera del centro, en el que se especifican las actuaciones ante una situación de violencia de género fuera del centro. Por tanto el procedimiento será:  
  
  
Protocolo de Actuación ante una situación de violencia de género.(Anexo IV de la Orden 62/2014, de 28 de julio, DOGV(1/08/2014)  
  
1. Identificación.  
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de casos de violencia de género lo notificará a la dirección del centro.  
a) Recogida de información. Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado, con los servicios psicopedagógicos escolares o del personal que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento educativo, para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.  
b) Actuación: En los supuestos de peligro grave e inminente y si la situación lo requiere, se llamará al 112 y trasladará a la persona agredida al hospital de referencia. La dirección del centro, podrá solicitar medidas de apoyo y colaboración externas al centro. Si se considerara necesario se establecerá comunicación con el SEAFI, los centros de salud, la USMIJ, los hospitales más próximos, o los centros de acogida y entidades especializadas.  
c) Aplicación de medidas disciplinarias: En el caso de que las personas agresoras sean alumnos del centro, oída la Comisión de Convivencia, se actuará según se regula en el Decreto 39/2008 de 4 de abril, artículos del 42 al 49.  
  
2. Comunicación de la situación.  
a) La dirección del centro informará de la situación y del plan de intervención a la Comisión de Convivencia.  
b) En el caso de que la incidencia pudiera ser constitutiva de delito o falta penal, la dirección del centro lo comunicará por fax al ministerio fiscal. Para ello utilizará el anexo VII de la presente Orden. Esta comunicación irá dirigida a la sala de la FIscalía que corresponda:  
1) Si el agresor o la víctima son menores, se dirigirá a la Fiscalía de Menores.  
2) Si el/los agresor/-es son mayores de edad y la víctima menor de edad, se dirigirá a la Fiscalía de Violencia de Género.  
3) Si el/los agresor/es y las víctimas son mayores de edad, se dirigirá a Fiscalía de Violencia de Género.  
c) La dirección del centro realizará la comunicación al Registro Central y a la Inspección Educativa y podrá solicitar el asesoramiento o la intervención de la Unidad de Atención e Intervención (UAI) de la Dirección Territorial correspondiente. La Inspección Educativa decidirá sobre la necesidad y tipo de intervención.  
  
3. Comunicación a familias y representantes legales de todos los implicados.  
a) La dirección informará a las familias de los implicados del hecho de violencia, y de las medidas y acciones adoptadas.  
b) Según la gravedad del caso la dirección del centro comunicará a la familia de la víctima la conveniencia de realizar denuncia a las fuerzas de seguridad.  
c) Tal como consta en el Decreto 39/2008, artículo 41, en aquellos supuestos reincidentes y en los casos en que el centro reclame la implicación directa de los padres, madres, tutores o tutoras del alumno o la alumna y estos la rechacen, la Administración Educativa, si considera que esta conducta causa grave daño al proceso educativo de su hijo o hija, lo comunicará a las instituciones públicas competentes por motivo de desprotección, previo informe a la Inspección Educativa.  
  
4. Seguimiento del caso por parte de las Unidades de Atención e Intervención y de la inspección del centro.  
La Inspección y las Unidades de Atención e Intervención de las Direcciones Territoriales, colaborarán con la dirección del centro en el seguimiento de los casos en que hayan intervenido.  
  
Actuación ante una situación de violencia de género fuera del centro.( Anexo VII Orden 62/2014, de 28 de julio, DOGV(1/08/2014))  
  
1. En el caso de violencia de género fuera del centro, se seguirá los procedimientos del anexo IV de esta orden. En este caso, si la persona que padece la agresión es menor y se considera que existe desprotección, se podrá utilizar la hoja de notificación y el procedimiento de la Orden 1/2010, de 3 de mayo, de la Conselleria de Educación y de la Conselleria de Bienestar Social para la comunicación de la situación a Bienestar Social y a Fiscalía de Menores.  
2. Ante la situación descrita en el punto anterior, la comunicación a la familia se realizará únicamente con posterioridad a las actuaciones que se recogen en los apartados 2.b y 2.c del anexo IV de esta Orden, con los que se informa a las autoridades competentes.  
La Inspección educativa dependiente del departamento de la Generalitat con competencias en educación, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones o autoridades, supervisará en este ámbito el cumplimiento de la ley.  
  
  
Actuaciones y procedimientos en el ámbito Universitario.  
Las cinco Universidades públicas de la Comunitat Valenciana, llevan a cabo la elaboración, propuesta, implementación y seguimiento de protocolos de actuación ante situaciones de conflicto interpersonal de carácter sexual y por razón de sexo en el marco de sus respectivos planes de Igualdad.  
  
  
- Universidad de Alicante: Unidad de Igualdad  
"Procedimiento de Prevención de Riesgos laborales ante determinadas situaciones de Riesgo Psicosocial", aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante el 26 de julio de 2012. Esta normativa regula un procedimiento de actuación ante aquellas situaciones de riesgo psicosocial que se manifiesten en conflictos interpersonales, entre los cuales se contemplan, expresamente el "acoso sexual" y el "acoso por razón de sexo".   
  
- Universitat Jaume I de Castellón: Unitat de Igualtat  
?Protocolo para la detección, prevención y actuación en el supuesto de acoso laboral, sexual y por razón de sexo en la Universidad Jaume I de Castellón?. Fue aprobado por Unanimidad en la sesión nº 13 del Consejo de Gobierno, el día 28 de julio de 2011. Actualmente está en fase de revisión.  
  
- Universitat de València: Unitat de Igualtat.   
La Universidad de Valencia tiene un ?Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la Universidad de Valencia?. Este protocolo fue aprobado por el Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2012. Con él, se pretende promover un mayor y mejor cumplimiento de los derechos de las personas, mediante una serie de acciones para prevenir o evitar, tanto como sea posible, conductas de acoso en la institución, en caso de que se produzcan.   
  
- Universitat Politècnica de València: Unidad de Igualdad. Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación  
La UPV está elaborando el ?Protocolo de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo- en el marco de su I Plan de Igualdad. En el supuesto de situaciones de violencia de género   
encuadradas en lo dispuesto en la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género, la persona afectada puede acudir a la Unidad de Igualdad para recibir la información pertinente a la situación planteada.  
  
- Universitat Miguel Hernandez de Elche. Unidad de Igualdad  
Actualmente se encuentra en desarrollo un protocolo de actuación frente al acoso, y un convenio con la clínica psicológica de la propia universidad, con el fin de que puedan atender a las personas que soliciten ayuda profesional es el ámbito de la violencia de género.  
  
  
Coordinación de las actuaciones  
  
Las actuaciones para la erradicación de la violencia de género y para dar respuesta a las necesidades de las víctimas de violencia y sus hijos e hijas, implican a diferentes áreas funcionales en que se organiza la actividad administrativa. Es por ello necesario articular instrumentos de coordinación entre todos los agentes intervinientes con el fin de evitar duplicidades, y la revictimización de las mujeres que sufren violencia de género.  
  
La Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno y de las Unidades de Violencia sobre la Mujer en las Subdelegaciones del Gobierno en la Comunitat Valenciana  
Estas unidades fueron creadas a partir del Catálogo de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género, aprobado en Consejo de Ministros de 15 de diciembre del 2006. El 27 de febrero de 2007 se aprobó la Instrucción Conjunta de los entonces Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y Administraciones Públicas para el seguimiento y coordinación de las actuaciones por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en materia de violencia de género, en la que se determina que las Delegaciones de Gobierno contarán con una Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y en todas las Subdelegaciones existirá una Unidad de Violencia sobre la Mujer.   
El 13 de junio 2013 se actualizaron las funciones de estas Unidades mediante la aprobación de una nueva Instrucción conjunta de los Ministerios de Justicia, del Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre el funcionamiento de las Unidades de Coordinación y de violencia sobre la mujer.  
Funciones de la Unidad de Coordinación y de las Unidades de Violencia de la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en la Comunitat Valenciana son:  
a) El seguimiento y coordinación de los recursos y servicios de la Administración General del Estado para la atención de situaciones de violencia de género en el territorio:  
- Servicio telefónico 016. La prestación de este servicio de asesoramiento e información gratuito, está coordinado con la Generalitat Valenciana a través de un Convenio firmado el 24 de junio de 2008. Según estipula el Convenio, el servicio 016 transfiere al servicio telefónico del Centro Mujer 24h 448 025 734. Se transfiere las 24 horas los 365 del año, con excepción de las llamadas que requieran ser atendidas en un idioma distinto del castellano o del valenciano, llamadas efectuadas por mujeres con discapacidad auditiva, o en aquellos casos en que el llamante solicite expresamente ser atendido por el servicio del 016.  
- Servicio ATENPRO; Servicio telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), prestado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, cuya gestión está encomendada a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Cruz Roja Española presta el servicio en todo el territorio español. El servicio se presta en los términos previsto en el Protocolo de Actuación del Servicio Telefónico de Atención y Protección para victimas de la violencia de género (ATENPRO). Los terminales se solicitan y entregan en los Centros de Servicios Sociales/Igualdad de las Entidades Locales, aunque existe la posibilidad de realizar las entregasen las oficinas que Cruz Roja dispone en todo el territorio nacional. En la Comunitat Valenciana están adheridos a este servicio la práctica totalidad de los municipios, bien directamente, mediante convenio con la FEMP (en el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes), o bien a través de las diputaciones provinciales (en el caso de municipios pequeños). El órgano competente de la Comunitat Valenciana, en este caso la Dirección general de Familia y Mujer, recibe periódicamente comunicación de las altas y bajas en el servicio.   
- Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas de Alejamiento en el ámbito de la Violencia de Género. El Sistema permite verificar el cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de género en que se estime oportuno, de acuerdo con las pautas y reglas que, en su caso, establezca la Autoridad Judicial y de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo aprobado mediante Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 11 de octubre de 2013. De conformidad con el mismo, una vez adoptada la Resolución por el órgano judicial acordando, que la medida cautelar o pena de alejamiento impuesta sea controlada por el Sistema, la Oficina Judicial la comunicará con carácter inmediato, y dentro del plazo máximo de 24 horas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad territorialmente competentes, y a los puntos de recepción centralizada designados en cada territorio, y al Centro de Control (Cometa) debiendo quedar constancia de su recepción. En el caso de la víctima, el dispositivo se entregará preferentemente en el domicilio de la usuaria. Si esto no fuese posible, se hará en sede judicial o en la dependencia policial más próxima a su domicilio, atendiendo en la medida de lo posible a las sugerencias de la usuaria En el caso del inculpado o condenado, la colocación del dispositivo se realizará en sede judicial, en el plazo acordado por la autoridad judicial.  
- Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VIOGEN). El Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior es una aplicación informática que sitúa a la mujer víctima de la violencia de género en el centro de un sistema que integra los conocimientos y recursos operativos, evalúa los riesgos para la mujer y protege más eficazmente a las mujeres que son víctimas de la violencia de género en todo el territorio nacional. El Sistema facilita el acceso al mismo a todas las instituciones implicadas en la protección de las mujeres víctimas. En VIOGEN están integrados las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algunas policías locales, Fiscalía, Juzgados, Instituciones Penitenciarias y las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. VIOGEN permite, a las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer en la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en la Comunitat Valenciana desarrollar su labor de seguimiento de los casos de violencia de género en el territorio, así como su función de trasladar toda la información relevante de la que tengan conocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mediante la inclusión de las correspondientes incidencias críticas en el Sistema.  
- Extranjería. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley Orgánica 4/2000, de 11de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril; establecen un conjunto de derechos y programas a los que se pueden acoger las mujeres extranjeras que sean víctimas de violencia de género y se encuentren en territorio español, tanto en el caso de que se encuentren en situación regular o irregular. El principal derecho que se les reconoce es el de la autorización de residencia y trabajo. Además en el caso de víctimas en situación irregular no se incoará el procedimiento administrativo sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español (infracción grave) o se suspenderá el procedimiento administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia.   
La solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales de mujeres extranjeras victimas de violencia de género se tramitan en las Oficinas de Extranjería de la Comunitat Valenciana.  
A su vez las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género pueden beneficiarse de algunos de los programas de retorno voluntario a sus países de origen puestos en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
  
b) La colaboración con las administraciones autonómicas y locales competentes en materia de violencia de género mediante:  
- El impulso de protocolos de coordinación interinstitucional en el territorio.  
- El fomento de convenios para la mejora de la coordinación y la colaboración en el territorio.  
- La participación en los órganos de coordinación interinstitucional.   
  
c) El seguimiento individualizado de los casos de violencia de género que se produzcan en cada provincia y especialmente en los siguientes casos:  
- Calificados de mayor riesgo.  
- Aquellos en los que se produzca una reanudación de la convivencia, o la víctima haya solicitado dejar sin efecto la medida cautelar de protección en su día acordada.  
- Aquellos en los que la mujer se encuentre en situación de especial vulnerabilidad.  
- Los que sean comunicados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.  
  
El seguimiento de los casos de violencia de género incluirá, además de la información relativa a las medidas de protección judiciales, el conjunto de medidas administrativas adoptadas para la atención y ayuda a las mismas. El seguimiento se efectuara con el fin de conocer si los mecanismos y medidas existentes para proteger a las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas están funcionando adecuadamente.   
  
d) Actuaciones en relación con las víctimas mortales por violencia de género (mujeres y, en su caso, sus hijos e hijas).  
  
- Cada vez que se produzca un fallecimiento como consecuencia de una situación de violencia de género, la Unidad lo comunicará inmediatamente a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género por el medio mas rápido y de conformidad con los modelos establecidos. Para ello, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado adoptarán las medidas necesarias para garantizar la inmediata comunicación a las/los responsables de las Unidades contra la Violencia sobre la Mujer, cuando se produzca alguno de estos supuestos, bien directamente o bien a través del Gabinete de Telecomunicaciones de la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en la Comunitat Valenciana.  
- La Unidad elaborará un informe de seguimiento por cada caso de víctima mortal. Para la elaboración de dicho informe recabará los datos necesarios de los recursos sanitarios, sociales etc. En aquellos casos que se considere pertinente y, en particular, en aquellos casos de víctimas respecto de las cuales constaran antecedentes previos por violencia de género, se convocará una reunión de coordinación, con los organismos o instituciones que hubieran intervenido, tales como: fuerzas y cuerpos de seguridad, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios, ministerio fiscal, Juzgados, Organismos de Igualdad, etc.. La reunión de coordinación tiene como objetivo, conocer y analizar el funcionamiento de las medidas y recursos utilizados, en cada caso, por la víctima, a los efectos de prevenir futuros casos de violencia de género. La reunión será convocada por el Subdelegado del Gobierno correspondiente a la provincia donde hubiera tenido lugar el hecho. La reunión se celebrará normalmente en la sede de la Subdelegación, sin perjuicio de la posibilidad de celebrarla, si se considera oportuno, en el municipio donde se han producido los hechos.   
  
e) Informar a la Delegación del Gobierno para la Violencia de género sobre las mujeres que han sido heridas gravemente (han requerido ingreso hospitalario) como consecuencia de una agresión por violencia de género. Para dar cumplimiento a esta a actuación, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberán informar a las Unidades de dicha circunstancia en las mismas condiciones previstas para los casos de víctimas mortales. En los casos que sea necesario, las Unidades podrán recabar información, sobre la evolución clínica y el tiempo previsto de hospitalización de las víctimas.  
  
f) La participación en las campañas de información, sensibilización y prevención de la violencia de género.  
  
g) La colaboración en el desarrollo de actuaciones en el ámbito educativo y específicamente en la implementación del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros educativos y sus Entornos.  
  
h) La colaboración en la formación y especialización de profesionales, especialmente fomentando el conocimiento de los recursos estatales existentes en el territorio para la atención a las víctimas de violencia de género.  
  
i) Colaboración en cualquier otra actuación que le encomiende la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.   
  
Para el desarrollo de sus funciones, las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer, podrán recabar información de las siguientes fuentes:  
1. Sistema de seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género, del Ministerio del Interior.  
2. Registro Central de protección a las víctimas de violencia doméstica, del Ministerio de Justicia  
3. De las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado   
4. Otras Administraciones en virtud de los instrumentos de colaboración suscritos en el presente protocolo.