Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6737, del 20-03-2012 (2012/2598)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 048/11-A.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6737

Fecha DOGV
:   20-03-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/2598


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 048/11-A. [2012/2598]  
Manuel Sánchez Gallego, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber al representante legal de Actiu Transport, SA, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: Manuel Sánchez Gallego. Vocales: Francisco Ortiz Gutiérrez, Miguel García Navarro. Secretaria-vocal: Carolina Casal Asensio Partes. Reclamante: Cargo Logística TPS, SL, representada por M.ª del Carmen Pineda García. Reclamado: Actiu Transport, SA, que no comparece al acto de vista.  
En Alicante, a 23 de febrero de 2012 y siendo las 10.45 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver los expedientes 048/11-A, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: indemnización por paralización.   
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.   
Por la parte demandante comparece M.ª del Carmen Pineda García, con DNI 60604222L, en nombre y representación de la empresa Cargo Logística TPS, SL, que acredita con escritura de poder que se aporta al expediente.  
A la parte reclamada no se le ha podido notificar la demanda y la citación a vista para el día 23.02.2012, según queda acreditado con el aviso de recibo expedido por el Servicio de Correos y que consta en el expediente.  
Con fecha 16.01.2012, se procedió a la publicación del acto administrativo en el DOCV núm. 6700, de 26.01.2012, según queda acreditado en el expediente administrativo. Asimismo, con fecha 04.11.2011, se remitió al Ayuntamiento de Alicante edicto emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante para su publicación en el Tablón de Edictos de ese Ayuntamiento por diez días.  
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes antecedentes de hecho:  
1. Se ratifica en su demanda, y expresa que el transporte contratado consistió en carga en Imola (Italia) y Prato (Italia), el día 25 de marzo de 2011, y descarga en Coslada (Madrid), el día 28 de marzo de 2011, aunque posteriormente se modifican las condiciones de la descarga y además de Coslada, también se hace en Parla (Madrid). Que el transporte se llevó a cabo correctamente conforme a las instrucciones de carga y los documentos CMR, sin que hubiera ninguna incidencia en la ejecución de contrato de transportes.  
2. Que cuando presentaron al pago en el plazo de 90 días la factura generada por el transporte, no se procedió por la demandada al abono de la cantidad resultante de 2.065 euros (1.750 euros + IVA). A esta cantidad hay que añadirle los intereses que se hubieren devengado desde su reclamación. Que se han realizado múltiples gestiones con la demanda para el cobro de la cantidad adeuda, sin que dichas gestiones hayan dado como resultado el abono de las cantidades que se reclaman. Finalmente solicita que ante al impago de los transportes realizados con la conformidad de los destinatarios de las mercancías se reconozca su derecho, y como consecuencia de ello se dicte laudo estimatorio de sus pretensiones y se condene a la reclamada al pago de la cantidad de 2.065 euros más los intereses legales correspondientes.  
Sin mas cuestiones a tratar se da por concluida la vista.  
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos:  
1. La competencia territorial de la Junta, viene determinada en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/90); y el artículo 31 del Convenio de 19 de marzo de 1956 (CMR).  
2. La sumisión, no estando expresamente pactada, y siendo la cuantía inferior a la que determina el art. 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: «se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado.» No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido preceptuado.  
3. Junto a la normativa invocada hay que aplicar la referida al transporte internacional. La demanda, que recoge la cantidad global de la deuda, contiene los CMR referentes a los distintos transporte de carácter internacional realizados. El Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE núm. 109, de 7 de mayo de 1974). Contrato de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 05.07.1978 al que se adhirió España por Instrumento de 23.09.1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE núm. 203, de 18.12.1982, establece para cuestiones de competencia, lo recogido en el artículo 31.1.a). No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas de los Estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación el Código de Comercio, LOTT y su Reglamento y demás Normas de general aplicación.  
  
4. Es determinante la circunstancia de que ambas partes litigantes son Empresas nacionales y con residencia mercantil en España, habiendo por lo tanto perfeccionado el contrato de transportes bajo la legislación Nacional que invocamos. No hay motivo fundado en Derecho que mantenga que la actuación de las Juntas Arbitrales de Transportes deban circunscribirse solamente a las controversias nacidas como consecuencia del transporte de carácter interno. En este sentido, no hay más que considerar de aplicación lo establecido en el artículo 33 del CMR que dice «El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un Tribunal arbitral, a condición de que esta cláusula prevea que dicho Tribunal arbitral aplicará el presente convenio». Abundando en esta línea, el artículo 31 del CMR hace una remisión a la jurisdicción de los Estados para la resolución de los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado en él, lo que en este caso hace plenamente aplicable la presunción de sometimiento. Considerando que por todo lo expuesto puede ser determinada la competencia territorial y la sumisión al arbitraje con las disposiciones legislativas que señala el Ordenamiento Español, por lo que en todo caso esta Junta Arbitral de Alicante es competente para resolver esta controversia.  
5. De las manifestaciones realizadas en vista y de la documentación que se aportó con la reclamación, se constata fehacientemente que el porte reclamado en esta demanda y cuya factura se acompaña a la misma fue efectivamente realizado lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Cargo Logística TPS, SL, representada por M.ª del Carmen Pineda García, contra la Actiu Transport SA, ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece, que habiéndose realizado el transporte reclamado dentro de las condiciones contractuales convenidas ha de ser abonado su importe.   
Por todo ello Actiu Transport, SA, debe abonar a Cargo Logística TPS, SL, la cantidad de dos mil sesenta y cinco euros (2.065 euros), más los intereses devengados desde la fecha de la presentación de la demanda (18.08.2011), hasta la ejecución del presente laudo, momento en el que se procederá al cálculo de los mismos.   
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de Arbitraje, y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Alicante, 28 de febrero de 2012.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante: Manuel Sánchez Gallego.