Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5913, del 15-12-2008 (2008/14208)

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada en el ámbito de la Conselleria de Educación de la Generalitat.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/2008/12/11/(1)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   5913

Fecha DOGV
:   15-12-2008

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2008/14485


Fecha del documento
:   11-12-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * derecho de huelga
    * huelga
    * enseñanza primaria
    * enseñanza secundaria
    * personal docente
    * legislación
    * educación preescolar

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga convocada en el ámbito de la Conselleria de Educación de la Generalitat. [2008/14958]  
Visto el escrito de fecha 27 de noviembre de 2008, suscrito por Vicent Maurí i Genovés, en representación del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana, por Guillermo Martí Peris, en representación de FETE-UGT PV y por Ángel Vera Mora, en representación de FE- CC OO PV, que anuncia convocatoria de huelga en el ámbito de la Conselleria de Educación de la Generalitat, afectando a todo el profesorado y personal educativo de la enseñanza pública no universitaria, y que tendrá lugar durante toda la jornada laboral del día 17 de diciembre de 2008.   
Y habiendo dado cumplimiento al preaviso preceptivo establecido en la legislación vigente.  
Considerando que la competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio público, establecida en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana y por delegación a esta conselleria, según el Decreto 129/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 28.2, 148.1.5 y 149.1.7 de la Constitución Española y el artículo 51.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, así como el Art. 2º, 1 del Real Decreto 4105/82 de 29 de diciembre y su anexo I sobre transferencias de funciones y servicios de la administración del Estado a la Generalitat Valenciana en materia de trabajo.  
Considerando que se debe conjugar la atención de los servicios públicos con el ejercicio del derecho de huelga que con la calificación de fundamental instituye nuestra Constitución en su artículo 28.2, tal como ha señalado la importante sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981, desarrollada posteriormente, entre otras, por las Sentencias 26 y 33/81, 51 y 53/86, 27/89 y 43/90, en concordancia con el RDL. 17/97 de 4 de marzo. En consecuencia, se debe limitar el derecho de huelga en la justa y estricta medida para el mantenimiento de los servicios públicos y la autoridad laboral podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos.  
En la medida en que la destinataria y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y que éstos son al mismo tiempo esenciales para ésta, aquella no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los citados servicios, entendiendo que el derecho de la comunidad a estas prestaciones es prioritario respecto del derecho de huelga, sin que, por otra parte, la consideración de un servicio como esencial signifique la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos.  
Considerando que, de acuerdo con doctrina constitucional ya mencionada, la naturaleza esencial de un servicio lo es no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa en el ejercicio de derechos fundamentales y el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito en el que se concreta esta resolución, se traduce en lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española, sobre derecho a la educación y su desarrollo en las leyes orgánicas. 8/85, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y 2/06, de 3 de mayo, de Educación.  
Considerando que el servicio prestado por el profesorado que ejerce sus funciones en los centros docentes dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat a puede estimarse, en la medida que afecta al derecho a la educación establecido en el artículo 27 de la Constitución Española, como un servicio esencial para la comunidad, de inaplazable necesidad. Por tanto, procede dentro de los términos constitucionales, limitar el derecho de huelga de los trabajadores para garantizar la prestación de lo que en este concreto supuesto se estima como servicios públicos de inaplazable necesidad, si bien no todos los servicios tienen esta naturaleza, sino sólo aquellos cuya falta de prestación pueda ocasionar a los usuarios de los mismos lesión en su derecho fundamental a la educación, por lo que se exige una valoración restrictiva por parte de la autoridad laboral, de modo que no se vea lesionado el derecho a la huelga.  
Considerando que el derecho que asiste a las personas usuarias del servicio público educativo a la prestación del mismo, no puede determinarse de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes y derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurren para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho de huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12.11.1997, nº 1147/1997).  
En el presente caso se trata de una jornada de huelga, a la que están convocados todo el profesorado y personal educativo de los centros dependientes de la Conselleria de Educación, y que afecta a un colectivo especialmente vulnerable, como pueden ser especialmente niños de corta edad o los afectados por discapacidades de diverso grado, sin olvidar la general afección a la sociedad en general por lo problemas derivados de la conciliación de la vida familiar y laboral.   
Considerando que si bien la continuidad del servicio debe quedar asegurada durante la huelga, el establecimiento de los servicios mínimos ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios, (SSTC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).  
De cuanto se ha señalado se concluye que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del artículo 10. del RD 17/1977 mencionado, debe conjugarse la atención de los servicios esenciales para la comunidad con el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, por lo que se debe limitar éste en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, mantenimiento que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal, estableciendo el Tribunal Constitucional que los servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente.  
Considerando que la interrupción de los servicios de enseñanza como consecuencia de la huelga convocada puede ocasionar una situación de peligro con relación a la seguridad de los alumnos derivada de la falta de vigilancia o de atención sobre los menores en los citados centros, por lo que se considera imprescindible la prestación de un servicio mínimo consistente en la presencia física en éstos por parte de las personas responsables de los mismos, para evitar cualquier tipo de alteración.  
Considerando que en la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta, por lo cual, resuelvo:  
Primero  
A los efectos previstos en el apartado 2º del artículo 10º del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar los Servicios Esenciales Mínimos que deberán prestarse por el personal afectado mientras dure la situación de huelga, en los términos que a continuación se especifican:   
a) En todos los centros de enseñanza: el director del centro en funciones directivas, con exclusión de actividades lectivas. En caso de vacante o ausencia justificada, el vicedirector, jefe de estudios, secretario o persona responsable del centro por este orden.  
b) En los centros con más de un turno de enseñanza podrá ser relevado el cargo directivo que preste el servicio por otro miembro de la Junta Directiva por el mismo orden.  
c) En los centros de enseñanza con internado, además de los servicios establecidos en los apartados anteriores se prestarán los servicios propios de los días festivos.  
d) En los centros de educación infantil, enseñanza primaria y educación especial, adicionalmente a lo especificado en la letra a) se prestará servicio por un profesor por cada ciclo educativo.  
A los servicios competentes de la Conselleria de Cultura. Educación y Deporte, oído el Comité de Huelga, corresponderá la aplicación de estos servicios, que deberán prestarse con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose ambas partes del cumplimiento de estos servicios esenciales mínimos.  
Segundo  
Los servicios esenciales establecidos en la presente resolución, no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación. En caso de producirse serán considerados ilegales y quienes los ocasionaran incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.  
Tercero  
Notifíquese la resolución a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, a los sindicatos convocantes, al Comité de Huelga y a las Subdelegaciones del Gobierno.  
Cuarto  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su notificación a las partes interesadas.  
Adviértase con la notificación a las partes del derecho que le asiste de recurrir la presente resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunitat Valenciana, conforme se dispone en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativas, dentro de plazo de los diez días siguientes a su notificación, en la forma prevista en los artículos 115 y siguientes de la mencionada ley.  
Valencia, 11 de diciembre de 2008.- El director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por delegación de firma (Resolución 21.07.2003): Román Ceballos Sancho.


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