Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8094, del 28-07-2017 (2017/6640)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 3319/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8094

Fecha DOGV
:   28-07-2017

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2017/6640


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Torrevieja

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 3319/2010. [2017/6640]  
Juicio: procedimiento ordinario 003319/2010.  
Parte demandante: Banco Santander, SA.  
Parte demandada: Sergio Gabriel Regulez Ramos y Graciela Elizabeth Oldani.  
Sobre: ordinarios.  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrevieja  
Calle de Patricio Zammit, número 50, 4.ª planta  
Celebración de vistas: primera planta, sala número 5.  
Teléfono: 356 530 717.  
Fax: 138 315 890.  
NIG: 03697-38-6-0645-4694281.  
Procedimiento: procedimiento ordinario 003319/2010.  
Demandante: Banco Santander, SA.  
Procurador: Bernardo Penalva Riquelme.  
Demandados: Sergio Gabriel Regulez Ramos y Graciela Elizabeth Oldani.  
Procurador/a: -  
Sentencia número 19/2013  
Torrevieja, 11 de enero de 2013  
Vistos por mí, Prado Sastre Fernández-Chico, juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrevieja y su partido judicial, los presentes autos de juicio ordinario número 3319/2010.  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. La actora, en fecha 1 de julio de 2009, presentó escrito de demanda de juicio monitorio que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado, presentándose oportunamente oposición por la parte demandada.  
El procurador señor Penalva Riquelme, obrando en la representación procesal de Banco Santander, SA, presentó escrito de demanda de juicio ordinario en fecha 5 de noviembre de 2010.  
Segundo. En fecha 25 de noviembre de 2010, se dictó auto en el que se admitía a trámite la demanda y se daba traslado a los demandados emplazándolos para contestar a la misma.  
Por diligencia de ordenación de 1 de marzo de 2012, se declara a la demandada en situación procesal de rebeldía.  
Tercero. En la celebración de la audiencia previa del presente juicio en fecha 8 de enero de 2013, la parte actora se ratificó en su escrito, y proponiendo como prueba únicamente la documental obrante en autos, quedó el juicio visto para sentencia.  
Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se ha observado todas las prescripciones legales en vigor.  
Fundamentos de derecho  
Primero. A través del presente procedimiento solicita la parte actora se condene a la demandada al pago de 11.319,33 euros en concepto de principal, más intereses pactados y costas, en base a:  
- Que la parte demandada suscribió con la actora póliza de préstamo.  
- Que los demandados no han abonado las cantidades pactadas por lo que en aplicación de la condición general octava se ha vencido anticipadamente el contrato en fecha 23 de enero de 2009, arrojando un saldo de 10.489,17 euros por todos los conceptos.  
- Que desde el 23 de enero de 2009 hasta la interposición del monitorio, el 8 de junio de 2009, se han devengado intereses de demora por importe de 830,16 euros.  
La parte demandada, en su escrito de oposición al procedimiento monitorio, alegaba que:  
- Según la cláusula octava, el banco solo podía reclamar las cuotas impagadas de octubre-noviembre y diciembre, más intereses, es decir 646,62 euros.  
- Abonaron, el 5 de noviembre de 2009, 700 euros por la mensualidad de octubre.  
Segundo. La reclamación de cantidad que hoy se dilucida tiene su base en el contrato suscrito entre las partes.  
Así, debe declararse probado la existencia de tal contrato, al no ser cuestión controvertida en el presente pleito y estar aportando el original a los autos como documento número 1.  
La prueba practicada ha determinado también que, efectivamente, en virtud de la cláusula octava del contrato: el banco podrá dar por vencida la operación y exigir a la parte prestataria la devolución anticipada de la suma total adeudada cuando incumpla cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente contrato, tanto en las fechas convenidas como en los importes pertinentes.  
La parte actora acredita con su documental el impago de tres mensualidades de las cuotas del préstamo, mientras que la demandada simplemente aporta extracto de la cuenta vinculada al pago del préstamo en el que constan sucesivos impagos y que finaliza con un ingreso de 700 euros en efectivo en el mes de noviembre, pero que no aparece o no se ha acreditado que se impute al pago del préstamo, reconociendo la demandada que octubre fue impagado.  
Por ello, en aplicación de la citada cláusula, las cantidades solicitadas por el actor son plenamente debidas por la demandada, por el impago de las cuotas que se recogen en el documento de histórico de cuenta de préstamo, acompañado como número 4, 5 y 6 de la demanda y que, según el contrato, determina que sea exigible el total de la financiación, más las cuotas impagadas y sus intereses.  
Sin que por parte de la demandada se haya presentado ningún tipo de prueba que acredite hecho extintivo alguno, en respuesta de las alegaciones de su escrito de contestación.  
Tercero. Dispone el artículo 1100 del Código Civil quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad y los que, de cualquier modo, contravinieren el tenor de aquellas. Del mismo modo y encontrándonos en el presente caso con un contrato de naturaleza mercantil, en aplicación del artículo 311 Código de Comercio, la mora se define como el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación. Y el artículo 63 Código de Comercio establece que los efectos de la morosidad comenzarán en los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento, por voluntad de las partes o por la ley, al día siguiente de su vencimiento.  
Es cuestión a dilucidar en el presente pleito de oficio si los intereses moratorios fijados en el contrato de préstamo deben considerarse abusivos y nulos y procede la eliminación de los mismos o, por el contrario, debe estarse a lo pactado.  
Resulta de aplicación el artículo 10bis de la Ley para a la defensa de los consumidores y usuarios, de 19 de julio de 1984 (hoy sustituida por la Ley 1/2007, de 16 de noviembre), que declara abusivas «todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato», añadiendo que «en todo caso, se considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional primera de esta ley»; disposición adicional que, entre otras cláusulas, considera abusiva «la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumple sus obligaciones».  
Además, el artículo 89 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios (TRLGDCU) establece que se considerará abusivo la imposición de condiciones de crédito que superen los límites de la Ley de crédito al consumo en su artículo 19.4 «en ningún caso se podrá aplicar a los créditos que se concediesen en forma de descubiertos en cuenta corrientes un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero».  
En relación con este precepto legal, hay doctrina que entiende que esta norma no es aplicable directamente en materia de contratos de préstamos, dada la distinta realidad que regula, ya que la existencia de un descubierto en cuenta corriente, que supone la concesión tácita de un crédito, y que incluso puede ser desconocido por el deudor, en muy diferente a la concesión de un préstamo donde el prestatario conoce perfectamente la situación y se han determinado los intereses aplicables desde el principio.  
Otra doctrina entiende, en cambio, que si bien esta norma no sea aplicable directamente, no impide una aplicación analógica de la misma, como criterio orientativo en caso de aplicar facultades moderadoras. Para ello se hace una utilización analógica (al no ser posible, en muchos casos, una aplicación directa del precepto por la naturaleza del contrato en cuestión) del citado artículo 19.4 para establecer los límites no abusivos de una cláusula de intereses moratorios.  
Esta última doctrina es la que consideramos más ajustada a derecho, y parece ser aceptada por la sentencia del Tribunal Superior, Civil, Sección 1, de 23 de septiembre de 2010, que declara abusivo el interés moratorio pactado del 29 % anual en base al aplicable, por la fecha del contrato en cuestión, artículo 10 de la Ley de consumidores y usuarios de 1984, interpretando y aplicando dicha norma a la luz de la legislación posterior adaptada a la realidad social, conforme al artículo 3.1 del Código Civil.  
La sanción del carácter abusivo de una de estas cláusulas se fija en artículo 83 TRLGDCU, la cual determina la nulidad de las mismas y su eliminación, ya que a partir de la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de Justicia Europeo de 14 de junio de 2012, en el Asunto C-618/10, que declara que «el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un estado miembro, como el artículo 83 del Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, que atribuye al juez nacional, cuando este declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva», pronunciamiento cuya aplicación al caso nos impide que una vez declarada la nulidad, podamos modificar el contenido de las cláusulas declaradas nulas por abusivas para integrarlas en el contrato, lo que conlleva necesariamente como única solución posible su exclusión, es decir, tenerlas por no puestas por inexistentes.  
Sobre esta base legal, debemos analizar el interés fijado en el contrato:  
- El remuneratorio: 9,96 %.  
- El moratorio: 20,95 %.  
Por lo que en este caso, en el que por tratarse de un contrato concertado en el año 2006, en el que se fijó el interés legal del dinero en el 4 %, un interés de demora del 20,95 % anual, debe ser calificado de abusivo y nulo, ya que si aplicamos el tipo de 2,5 veces el interés legal del dinero, resultaría un interés moratorio del 10 %.  
Es evidente que todo interés de mora, por su propia condición de cláusula indemnizatoria por el incumplimiento del deudor de la obligación, tiene que ser superior al ordinario pactado con carácter remuneratorio, pero en todo caso debe de guardar una cierta proporción (STS 17.03.1998). En el año 2006, el interés legal estaba fijado en 4 % y el interés de demora en un 5 %, por lo que, si en el caso concreto el interés remuneratorio es del 9,96 %, un interés moratorio del 20,95 % no cumple la mencionada proporción.,  
En atención a lo anteriormente expuesto, anulado el interés moratorio del contrato, no cabe la condena a los demandados al pago de los mismos, subsistiendo el resto del contrato al concurrir los elementos esenciales del mismo.  
Cuarto. En materia de costas, según el artículo 394 Ley enjuiciamiento civil, «si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad».  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,  
Fallo  
Que estimo parcialmente la demanda interpuesta por Banco Santander, SA, contra Sergio Gabriel Regulez Ramos y Graciela Elizabeth Oldani, y, en consecuencia, debo condenar y condeno a Sergio Gabriel Regulez Ramos y Graciela Elizabeth Oldani a satisfacer a la parte actora la cantidad de 10.468,73 euros.  
En materia de costas, estese al contenido del fundamento jurídico cuarto.  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante (art. 455 LECn).  
El recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella. En la interposición del recurso, el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (art. 458 LECn), justificando la previa constitución de depósito en la cuenta de consignaciones de este juzgado por importe de 50 euros, sin cuyo requisito no se admitirá a trámite el recurso (DA 15.ª LO 1/2009, de 3 de noviembre).  
Así, Prado Sastre Fernández-Chico, juez titular de este juzgado, lo acuerdo, mando y firmo.  
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el juez que la autoriza.»  
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por resolución de hoy, por el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, ha acordado la publicación del presente edicto en tablón de anuncios de este juzgado o boletín oficial, para llevar a efecto la diligencia de notificación.  
  
Torrevieja, 11 de mayo de 2017.- El letrado de la Administración de justicia: José Antonio Villalgordo Cárceles.