Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6972, del 25-02-2013 (2013/2031)

Resolución de 12 de febrero de 2013, del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se dispone la ejecución de la Sentencia de 18 de julio de 2012, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6972

Fecha DOGV
:   25-02-2013

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2013/2031


Fecha del documento
:   12-02-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Resolución de 12 de febrero de 2013, del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se dispone la ejecución de la Sentencia de 18 de julio de 2012, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo. [2013/2031]  
Vista la Sentencia de fecha 18 de julio de 2012, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación número 5128/2008; y teniendo en cuenta los siguientes   
  
Antecedentes de hecho  
I. Mediante Resolución de 1 de julio de 2005, del conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat Valenciana, se convocó concurso público, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de programas de televisión digital terrestre de cobertura local en la Comunitat Valenciana, y se aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por los que había de regirse dicho concurso.  
II. Tras los trámites procedentes, la mesa de contratación formuló propuesta de adjudicación al conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación; el cual, en fecha 30 de enero de 2006, dictó resolución por la que se adjudicaban las referidas concesiones.  
III. Frente a la citada resolución, interpuso recurso de alzada la entidad Servicios de Difusión Tele Elx, SAU, que fue desestimado mediante Resolución de 12 de abril de 2006, de la subsecretaria de la Presidencia por delegación del president.  
IV. Interpuesto recurso contencioso administrativo contra dichas resoluciones ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, este fue desestimado por Sentencia de 18 de julio de 2008.  
V. Contra la citada sentencia, la mercantil mencionada interpuso recurso de casación número 5128/2008, que fue sustanciado por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el que ha recaído la Sentencia de 18 de julio de 2012, por la que declara haber lugar al recurso de casación contra la sentencia arriba mencionada y, estima el recurso-contencioso administrativo interpuesto por Servicios de Difusión Tele Elx, SAU, sin expresa imposición de costas, declarando la nulidad de la Resolución de 30 de enero de 2006, dictada por el conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat Valenciana, por la que se adjudican las concesiones para la explotación de programas de televisión digital terrestre con cobertura local, y la Resolución de 12 de abril de 2006, de la subsecretaria de la Presidencia por delegación del president, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra aquella.  
VI. En fecha 31 de octubre de 2012, y con número de registro 29.033, tuvo entrada en la Conselleria de Presidencia escrito del secretario de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, por el que se remite el expediente administrativo y testimonio de la resolución dictada por el Tribunal Supremo, para que se lleve a puro y debido efecto lo acordado.  
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. El artículo 118 de la Constitución Española y los artículos 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 103.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecen la obligatoriedad de cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes dictadas por los jueces y los Tribunales de Justicia.  
Segundo. Es competente para ordenar la ejecución de la Sentencia de 18 de julio de 2012, del Tribunal Supremo, el conseller de Presidencia y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y vicepresidente del Consell, en virtud de lo establecido en el Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y el Decreto 187/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Presidencia y de la Conselleria de Presidencia y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.  
Tercero. La sentencia cuya ejecución debe llevarse a cabo determina la nulidad de la Resolución de 30 de enero de 2006, dictada por el conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat Valenciana, por la que se adjudican las concesiones para la explotación de programas de televisión digital terrestre con cobertura local y la Resolución de 12 de abril de 2006, de la subsecretaria de la Presidencia por delegación del president, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra aquella.  
Como es de ver, en la parte dispositiva de la sentencia no menciona ningún otro acto, por lo que, en un principio, no están afectadas por dicha declaración de nulidad ni la convocatoria del proceso de licitación, ni el pliego de cláusulas administrativas particulares que lo rigen.  
  
Los motivos aceptados por la sala para declarar la nulidad de la resolución de adjudicación son:  
En primer lugar, infracción del artículo 54.2 y 89.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP), y de la cláusula 24 del pliego, (Fº Jº 13º), por cuanto que la resolución impugnada no estaba debidamente motivada puesto que, al no reflejar la valoración que efectuó Doxa Consulting, y que posteriormente fue aceptada por la mesa de contratación, no permitió conocer al recurrente la valoración otorgada a las distintas ofertas y, por tanto, cuestionar las razones por las que su oferta no fue seleccionada.  
Y, en segundo lugar, infracción del artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y las cláusulas 16, letra d) y 24, del pliego de cláusulas administrativas particulares, por cuanto que la mesa de contratación incumplió la función de valorar y ponderar, por sí misma, las distintas propuestas presentadas (Fº Jº 11º), limitándose a asumir, sin más, la valoración y la puntuación numérica otorgada por una entidad privada (Doxa Consulting), lo cual, a su vez, no garantizaba el principio de imparcialidad que debe presidir su actuación.  
Con respecto al primero de los motivos por los que se anula el acto, resulta fuera de toda duda que la inexistencia de motivación es un defecto de forma procedimental.   
En lo que se refiere al segundo motivo aceptado en la sentencia, debemos resaltar que el Tribunal no se pronuncia sobre la procedencia o viabilidad jurídica de la valoración efectuada por Doxa Consulting, sino que es más, partiendo de que es posible (Fº Jº 11º, página 16, párrafo segundo) que la competencia técnica de Doxa Consulting puede ser indiscutible, y de la posibilidad de requerir en el proceso asesoramiento técnico, incluso la asistencia de asesores externos ex cláusula 16, letra d), no entra a analizar, ni a pronunciarse sobre la improcedencia de la valoración y de la puntuación otorgada, sino que entiende que la Mesa ha incurrido en infracciones de tipo procedimental en la formulación de la propuesta que determinan la declaración de nulidad del acto definitivo.  
Consecuentemente, nos encontramos ante unas infracciones de tipo procedimental que extienden sus efectos invalidantes únicamente a la propuesta realizada por la mesa de contratación y a todos los actos posteriores pero no así a los anteriores a la propuesta formulada.  
Cuarto. Partiendo de lo anterior, y dado que la declaración de nulidad se basa en vicios procedimentales que afectan a la propuesta de adjudicación y a la resolución que la lleva a cabo, razones de economía procesal y efectividad administrativa imponen el mantenimiento de aquellas actuaciones que no se ven afectadas por tal nulidad; lo cual debe determinar la conservación de los actos o trámites cuyo contenido sería el mismo de repetirse las actuaciones pues de otro modo se dilataría la tramitación del procedimiento, en contra del principio de celeridad y eficacia, para llegar a idénticos resultados. En este sentido, si racionalmente es previsible que se reproducirían los mismos actos, lo lógico es su mantenimiento.  
El reconocimiento de este principio está recogido, entre otras muchas, en las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1998, de 27 de diciembre de 1993, 22 y 29 de marzo y 8 de noviembre de 1993, que reflejan expresamente la doctrina acerca de la conversión y conservación de actos administrativos, que tiene su fundamento legal en los artículos 65 y 66 de la LRJAP, especialmente en el último de dichos preceptos en cuanto dispone que «El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción».  
De este modo, con esta doctrina se responde a la disyuntiva de si ante la anulación de un acto por vicios de forma, esta provoca la anulación del procedimiento completo y, por tanto, este debe ser iniciado de nuevo o si, por el contrario, se retrotraen las actuaciones exclusivamente hasta el momento inmediatamente anterior a aquel en que se produce el vicio.  
En suma, la doctrina sobre la conservación de los actos administrativos, constituye un límite a las repercusiones de su invalidez.  
Quinto. Pues bien, de lo dicho en los anteriores fundamentos jurídicos, debemos concluir que anulados los actos viciados, procede ordenar la retroacción del procedimiento al momento en que se han producido los defectos formales constatados en la sentencia. Es por ello, por lo que, partiendo del hecho de que la sentencia no se pronuncia sobre la improcedencia legal de la valoración y la puntuación otorgada a los empresas que participaron en el proceso, y que el primer acto que incurre en un vicio de procedimiento es la propuesta de adjudicación formulada por la mesa de contratación, puesto que en la misma no se efectúa la correspondiente valoración y ponderación; procedería retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior a aquel en que debería producirse la misma, todo ello sin perjuicio de salvaguardar las facultades que le otorga a la Mesa la cláusula 16, letra d), del pliego de cláusulas administrativas que rigen la adjudicación.  
Por lo expuesto, atendidos los anteriores antecedentes y fundamentos de derecho, resuelvo:  
  
Primero  
Ordenar la ejecución de la Sentencia de 18 de julio de 2012, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación número 5128/2008; llevando a puro y debido efecto el fallo cuyo pronunciamiento segundo es del siguiente tenor literal:  
«2.ª En su lugar, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de «Servicios de Difusión Tele Elx, SAU, declaramos la nulidad de la Resolución de 30 de enero de 2006, dictada por el conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat Valenciana, por la que se adjudican las concesiones para la explotación de programas de televisión digital terrestre con cobertura local y contra la resolución de 12 de abril de 2006, de la subsecretaria de la Presidencia por delegación del president, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra aquella».  
  
Segundo  
Ordenar la retroacción del procedimiento para la adjudicación de programas de televisión digital terrestre de cobertura local en la Comunitat Valenciana, al momento anterior a que la mesa de contratación formule la propuesta de adjudicación de las concesiones, conservando las actuaciones anteriores llevadas a cabo en el seno de dicho procedimiento, sin perjuicio de salvaguardar las facultades que a la mesa de contratación le otorga la cláusula 16, letra d), del pliego de cláusulas administrativas que rigen la adjudicación.  
  
Tercero  
Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 12 de febrero de 2013.- El conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua: José Ciscar Bolufer.