Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5056, del 25-07-2005 (2005/8177)

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2005, del director del Centro de Desarrollo Marítimo, sobre concesión para ocupación y explotación de talleres náuticos en el puerto de Jávea, otorgada a la mercantil Marina Sport, S.A.
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Número DOGV
:   5056

Fecha DOGV
:   25-07-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - D) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/8177


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2005, del director del Centro de Desarrollo Marítimo, sobre concesión para ocupación y explotación de talleres náuticos en el puerto de Jávea, otorgada a la mercantil Marina Sport, S.A. [2005/8177]
  
Dada cuenta de la solicitud formulada por D. Francisco Sánchez Iglesias, en representación de la mercantil ?Marina Sport, SA.-, para ocupación y explotación de talleres náuticos en el puerto de Jávea.
  
Resultando que la citada mercantil ha sido titular de una concesión a los citados fines, que finalizó el pasado 14 de marzo de 2005.
  
Visto informe favorable emitido por el Servicio de Explotación y Conservación de Puertos proponiendo se otorgue la concesión administrativa solicitada, en el que se indica, entre otros extremos, que:
  
?Esta Dirección Técnica informa que dada la vinculación de lo pretendido con la actividad portuaria se considera conveniente su desarrollo. No obstante ello, y dado que está pendiente de ordenación la zona del puerto contigua a su emplazamiento, se entiende preciso el establecer un plazo concesional más limitado que el solicitado por el concesionario-
  
Solicitado informe de la Dirección General de Transportes, Puertos y Costas, se recibió con carácter favorable el 5 de abril de 2005.
  
El Ayuntamiento de Jávea emite informe en el que advierte que se ha requerido a la mercantil solicitante para la actualización de la licencia de apertura que le fue concedida en 1986.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Costas, se sometió la solicitud a información pública por plazo de veinte días, durante el cual no se presentaron alegaciones.
  
El 23 de mayo de 2005 se dictó Resolución de sometimiento de condiciones en las que se podría otorgar concesión administrativa para ocupación y explotación de talleres náuticos en el puerto de Jávea.
  
El 6 de junio de 2005 tiene entrada escrito de aceptación de condiciones al que se acompaña carta de pago justificativa de haber depositado la fianza que se requería como condición previa.
  
En uso de las atribuciones que confiere al director del Centro de Desarrollo Marítimo el artículo 14 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, resuelvo:
  
Otorgar a la mercantil Marina Sport, S.A. concesión para la ocupación y explotación de un taller náutico en el puerto de Jávea, de conformidad con las condiciones que se indican en los pliegos insertados a continuación:
  
Indice:
  
1ª. Ámbito de la concesión
  
2ª. Régimen jurídico
  
3ª. Plazo
  
4ª. Canon y su revisión.
  
5ª. Impuestos y garantías definitivas
  
6ª. Uso y explotación
  
7ª. Transmisión y segregación
  
8ª. Modificación e indivisibilidad
  
9ª. Subcontratación
  
10ª. Gravamen
  
11ª. Acta de replanteo. entrega de la superficie en concesión
  
12ª. Proyecto de construcción y ejecución de las obras
  
13ª. Destrucción de las obras autorizadas.
  
14ª. Otras autorizaciones
  
15ª. Obligación de conservación y mantenimiento
  
16ª. Otras obligaciones del concesionario
  
17ª. Incumplimientos del concesionario
  
18ª. Sanciones
  
19ª. Causas de resolución
  
20ª. Revocación
  
21ª. Caducidad
  
22ª. Rescate por obras
  
23ª. Gastos
  
24ª. Renuncia
  
25ª. Efectos reversión
  
26ª. Acta de reversión
  
27ª. Inscripción en el registro de la propiedad
  
28ª. Ejecución subsidiaria
  
1ª. Ámbito de la concesión
  
Lo constituyen: edificio con superficie de 56,25m2, 270 m2 de superficie cubierta para almacén y 80 m2 de superficie de paso.
  
2ª. Régimen jurídico
  
Prescripciones contenidas en el presente pliego.
  
Normativa aplicable:
  
1) Ley 27/1.992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por Ley 62/1.997, de 26 de diciembre, en lo que no se contradiga con el TRLCAP.
  
2) Ley 22/1.988, de 28 de Julio, de Costas, en cuanto sea de aplicación por remisión de la ley de Puertos y su Reglamento.
  
3) Con carácter supletorio, el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP; y con carácter supletorio y según lo dispuesto en la Disposición Derogatoria de la Ley, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En este contexto, la administración ostenta la prerrogativa de interpretar las cláusulas de la concesión, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarla por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
  
3ª. Plazo
  
Esta concesión se otorga por plazo de tres (3) años, contado desde el 15 de marzo de 2005, día siguiente al de la finalización de la anterior concesión, prorrogables anualmente a la tácita hasta un máximo de diez años incluido el trienio inicial; dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero, sin cesión del dominio público ni de las facultades dominicales de la administración.
  
4ª. Canon y su revisión.
  
El titular de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, viene obligado por este concepto a abonar a la Generalitat Valenciana la cantidad de:
  
a) Canon por ocupación de los terrenos: 8.421,53 €/año, calculados según el desglose siguiente:
  
Superficie Cuantía €/m2/año m2 €/año
  
Edificios (por m2 construidos) 30,9073 56,25 1.738,54
  
Tinglados y almacenes 21,2901 270,00 5.748,33
  
Terrenos urbanizados sin edificar 11,6832 80,00 934,66
  
Total 8.421,53
  
b) Canon por el ejercicio de la actividad industrial: 7.000 €/año
  
Total canon anual: 15.421,53 euros
  
El importe señalado no incluye el IVA o cualquier otro impuesto que deba ser aplicado
  
El día 1 de enero de cada año el canon podrá ser revisado aplicando las variaciones registradas en el Índice de Precios de Consumo del año anterior, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. Igualmente la cuantía del canon estará sujeta a actualización conforme a las disposiciones legales que al respecto se dicten con carácter general por la Generalitat Valenciana.
  
El otorgamiento de autorizaciones dentro del ámbito de la concesión que supongan una actividad por la que el concesionario perciba ingresos, según lo dispuesto en la cláusula 16ª, supondrá necesariamente el establecimiento de una partida independiente de canon por rendimiento de actividad, que se fijará de acuerdo con las normas vigentes o los criterios aplicables en cada momento, y que se devengará junto con el canon anual.
  
El canon se abonará por semestres adelantados, mediante transferencia bancaria a la cuenta que se le indique en cada liquidación que se le practique por la administración.
  
A tal efecto, deberá aportar domiciliación bancaria para el abono del canon, debidamente cumplimentado, con anterioridad al otorgamiento de la concesión.
  
El período de pago voluntario será de un mes desde la notificación de la liquidación correspondiente.
  
De no hacer efectivo el pago en período voluntario podrá procederse a su cobro por la vía de apremio en la forma reglamentariamente establecida.
  
El impago del canon durante dos semestres consecutivos, o por la cantidad equivalente a dos semestres, será causa de caducidad de la concesión.
  
Para iniciar el expediente de caducidad será suficiente que no se haya efectuado el ingreso en período voluntario.
  
5ª. Impuestos y garantías definitivas:
  
5.1) Impuestos. Dentro del plazo de un mes, contado a partir del conocimiento de la resolución de otorgamiento por el concesionario, se abonará por éste el importe correspondiente al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, conforme a la legislación vigente.
  
5.2) Fianzas.
  
5.2.a- El adjudicatario deberá mantener en la Tesorería de la Generalitat Valenciana, servicios territoriales de la Conselleria de Economía y Hacienda, una fianza definitiva de explotación: por importe del canon anual resultante: quince mil cuatrocientos veintiún euros con cincuenta y tres céntimos (15.421,53 €), según se ha establecido en el punto 4 de este pliego
  
La fianza de explotación responderá de todas las obligaciones derivadas de esta concesión, de las sanciones que por incumplimiento de las condiciones de la misma se puedan imponer al titular de la concesión y de los daños y perjuicios que tales incumplimientos pueda ocasionar.
  
Si la administración ejecutase parcial o totalmente la fianza, el concesionario queda obligado a completarla o reponerla en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la disminución de su importe. El incumplimiento de esta obligación será causa de caducidad de la concesión.
  
La fianza de explotación se actualizará cada cinco años en proporción a la variación experimentada por el índice general de precios al consumo para el conjunto nacional total (IPC) durante ese periodo.
  
La fianza de explotación será devuelta al término del plazo concesional si no existiera responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de que responde.
  
6ª. Uso y explotación
  
La concesión se destinará a los usos y actividades permitidos por el título concesional. El concesionario no podrá destinar los terrenos de dominio público concedidos, ni las obras e instalaciones en ellos ejecutadas, a usos distintos de los expresados.
  
7ª. Transmisibilidad (cesión) y segregación
  
El Concesionario podrá transmitir la Concesión de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes
  
La presente concesión es transmisible por actos ?inter vivos- previa autorización de la administración entendiéndose que quién se subrogue en sus derechos asumirá también las obligaciones que se imponen en esta concesión.
  
Para que se autorice la transmisión, será necesario:
  
- Que hayan transcurrido al menos dos años desde la fecha de otorgamiento de la concesión.
  
- Que el concesionario se halle al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la concesión.
  
- Que el nuevo titular reúna los requisitos exigidos para contratar con la administración, y para ejercer la actividad y prestar el servicio objeto de la concesión.
  
La Administración podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en los términos legalmente previstos.
  
Cuando la persona jurídica titular de una concesión se transforme, se fusione con otra o se escinda, se considerará que se ha producido un cambio de titularidad, siendo por tanto necesario la autorización expresa a que se refiere el párrafo anterior.
  
Cuando el concesionario sea una persona jurídica, cuya actividad principal consista en el disfrute de la concesión, se considerará transmisión cualquier cambio de titularidad de las acciones o participaciones que suponga sustitución de los socios o accionistas que lo fueren al tiempo del otorgamiento de la concesión, en porcentaje igual o superior al 50% del capital social.
  
Si la sociedad titular cambia únicamente de denominación social, solamente estará obligado a notificarlo a esta administración, tutelante de la concesión.
  
En caso de adjudicación por remate judicial, si el adjudicatario no reuniera los requisitos exigidos para contratar con la administración, y para ejercer la actividad y prestar el servicio objeto de la concesión, deberá transferirla, en el plazo de doce meses, a un nuevo concesionario que, a estos efectos, no presente limitación alguna.
  
No se inscribirá en el Registro de la Propiedad la transmisión de la concesión sin que se acompañe certificación de la administración acreditativa de este extremo, con inserción de las cláusulas de la concesión.
  
8ª. Modificación e indivisibilidad
  
Modificación. La Administración podrá autorizar a solicitud del interesado modificaciones de la concesión, que cuando sean sustanciales deberán someterse a información pública. En todo caso, tendrán el carácter de modificación sustancial las siguientes:
  
a) Ampliación de la superficie de la concesión en más de un 10% de la fijada en las actas de replanteo y reconocimiento. A estos efectos, únicamente será admisible la ampliación de la superficie con bienes colindantes a los concedidos.
  
b) Ampliación del volumen o superficie construida e inicialmente autorizada en más de un 10%.
  
Indivisibilidad. La concesión que se otorga es indivisible.
  
9ª. Subcontratación
  
Se prohibe expresamente la subcontratación o cesión de la prestación de los servicios básicos.
  
El resto de los servicios y prestaciones accesorias, podrá subcontratarse, de cuyos contratos se dará previamente conocimiento a la administración, entendiéndose que ésta otorga su aprobación si en dos meses no se opone expresamente.
  
La Administración se reserva el derecho a prohibir, por causas justificadas, la celebración de determinados subcontratos.
  
En todo caso, la total responsabilidad del cumplimiento de lo dispuesto en los pliegos frente a la administración corresponde al concesionario.
  
10ª. Gravamen
  
La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre la concesión deberá ser previamente autorizada por la administración Portuaria.
  
No se inscribirá en el Registro de la Propiedad la constitución de hipotecas u otros derechos reales sobre la concesión sin que se acompañe Certificación de la administración a este respecto, con inserción de las cláusulas de la concesión.
  
11ª. Acta de replanteo y entrega de la superficie en concesión.
  
Dentro del plazo señalado para el inicio de las obras, el concesionario solicitará de la administración su replanteo, del que se levantará la correspondiente acta y plano. El replanteo de las obras tendrá los efectos de entrega al concesionario de la superficie en concesión.
  
12ª. Proyecto de construcción y ejecución de las obras.
  
no se prevé la ejecución de obras, si bien, para el caso de que éstas fuesen autorizadas, además de lo dispuesto en la resolución que en su caso se dicte, deberán observarse las siguientes:
  
Proyecto de construcción
  
En el plazo de dos meses a partir de la fecha que se indique en la resolución correspondiente, se deberá presentar el proyecto de construcción.
  
Si el concesionario incumple el plazo de entrega del proyecto, la administración podrá otorgarle una prórroga por un plazo máximo de dos meses.
  
Este proyecto de construcción será examinado por los servicios técnicos de la administración para comprobar que es suficientemente completo y no altera el proyecto tramitado. Si dichos servicios estiman que el proyecto es incompleto, el concesionario deberá completarlo debidamente en el plazo que al efecto se le conceda.
  
En el caso de que el proyecto de construcción difiera sustancialmente del proyecto básico la administración podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones:
  
a) Obligar al concesionario a que adapte el proyecto de construcción, otorgando un plazo para ello.
  
b) Iniciar los trámites pertinentes para la modificación de la concesión conforme al proyecto de construcción así admitido.
  
Si el concesionario incumpliera cualquiera de los plazos anteriores ?entrega del proyecto de construcción o plazo para su modificación- será potestativo de la administración el concederle una nueva prórroga extraordinaria (por un máximo de dos meses) de dicho plazo, imponiéndose una sanción de hasta el 1% del presupuesto total de las obras, o archivar el expediente.
  
Ejecución de las obras -
  
La ejecución de las obras se llevará a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del concesionario.
  
Si el concesionario incumpliera el plazo de inicio o de ejecución de las obras, será potestativo de la administración, siempre que existan razones que justifiquen su demora, el concederle una prórroga (por un máximo de seis meses) de dicho plazo, pudiendo imponerse una sanción de hasta el 5% del presupuesto de ejecución por contrata, o incoar el expediente de caducidad de la concesión, con pérdida de la fianza definitiva de construcción depositada. En el caso de que el concesionario incumpliera el nuevo plazo prorrogado, la administración podrá:
  
a) Declarar la caducidad de la concesión.
  
b) Concederle una última prórroga con imposición de una sanción de hasta el 5% del presupuesto de ejecución por contrata. Un nuevo incumplimiento del plazo llevará la incoación del expediente de caducidad de la concesión, con pérdida de la fianza.
  
En el supuesto en que el concesionario acredite que no ha iniciado las obras en el plazo establecido porque se le han denegado, por parte de otros organismos públicos, las licencias, permisos y otras autorizaciones necesarias, podrá renunciar a la concesión, en cuyo caso se le devolverá la fianza de construcción.
  
Durante la vigencia de la concesión el titular de ésta no podrá realizar ninguna modificación o ampliación de las obras sin previa autorización. El incumplimiento de esta condición podrá ser causa de la caducidad de la concesión.
  
Finalizadas las obras, el concesionario solicitará de la administración su reconocimiento final, de cuyo resultado se levantará acta y plano, que se elevará para su aprobación si procede. Sin esta aprobación, no podrán entenderse terminadas las obras, con los efectos correspondientes.
  
13ª. Destrucción de las obras autorizadas
  
La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la presente concesión, siempre que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, dará derecho al concesionario para optar entre la extinción de la concesión sin indemnización alguna o la reconstrucción de las obras en la forma y plazo que se le señale sin que, en este último supuesto, se altere el plazo concesional primeramente señalado.
  
Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario o personas que de él dependan, la opción anteriormente establecida corresponderá a la administración otorgante, que podrá, en todo caso, obligar al concesionario a la reconstrucción de las obras sin perjuicio de las demás responsabilidades que le fueran exigibles.
  
14ª. Otras autorizaciones:
  
El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones que sean legalmente exigibles, ni del pago de los impuestos que le sean de aplicación, incluyendo el impuesto sobre bienes inmuebles, o el que legalmente le sustituya.
  
En concreto, el concesionario deberá contar con la licencia de apertura del Ayuntamiento y los permisos y licencias relacionados con la protección del medio ambiente.
  
La realización de actividades dentro del ámbito de la concesión no previstas en el Proyecto o en el Estudio Económico conforme a los cuales se otorga, requerirá la previa y preceptiva autorización de la administración, y se estará en su caso a lo dispuesto en la cláusula cuarta sobre el canon concesional.
  
15ª. Obligación de conservación y mantenimiento
  
El concesionario queda obligado a conservar y mantener los terrenos concedidos y las obras que realice en perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, de higiene y de estética, realizando a su cargo los trabajos de conservación y mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello.
  
La Administración podrá inspeccionar en todo momento el estado de conservación y mantenimiento de las obras y señalar las reparaciones y otras acciones que deban realizarse a fin de que los bienes se encuentren en perfecto estado de conservación para el correcto funcionamiento del servicio así como para su reversión al final del plazo concesional.
  
Queda obligado el concesionario a cumplir las órdenes que la administración le dicte a los anteriores fines dentro del plazo prudencial que se le señale.
  
El concesionario deberá, cuando las obras de conservación a realizar tengan el carácter de gran reparación, presentar previamente, para su aceptación en su caso por la administración, el proyecto correspondiente.
  
16ª. Otras obligaciones del concesionario.
  
El concesionario está obligado a:
  
1. Gestionar la actividad de la concesión a su riesgo y ventura, no siendo en ningún caso la administración responsable de las obligaciones contraidas por el concesionario ni de los daños o perjuicios causados por éste a terceros.
  
2. Organizar el servicio con estricta sujeción a lo establecido en los pliegos, prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas en el pliego correspondiente y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas
  
3. Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, si bien la administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate
  
4. Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la administración
  
5. Facilitar la información técnica o económica que le solicite la administración.
  
A los efectos de lo prevenido en el art. 159 aptdo. l del Reglamento de Costas y por venir asociada a la solvencia económica de la entidad explotadora, se establece como motivo de caducidad de la concesión su devenimiento a una situación patrimonial que legalmente fuere causa de disolución de la empresa.
  
Conocida ésta, la administración requerirá que sea subsanada en el plazo de 2 meses realizando las pertinentes operaciones de capital, si transcurrido el plazo no acreditara haber subsanado la situación, se declarará la caducidad de oficio por la administración, y tras el trámite de audiencia al interesado, sin que pueda ser revocada por la posterior capitalización de la entidad. El ocultamiento de la situación por el mismo plazo de 2 meses desde que fuera conocida por la entidad será también causa de caducidad.
  
6. Todo el personal necesario para la explotación de la concesión será por cuenta y a cargo del concesionario.
  
7. El concesionario asume cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción y explotación de las obras.
  
17ª. Incumplimientos del concesionario
  
Si del incumplimiento por parte del concesionario se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio público y la administración no decidiese la resolución de la concesión, podrá acordar la intervención de la misma hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el concesionario deberá abonar a la administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.
  
18ª. Sanciones
  
El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas en la concesión dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, con arreglo a lo establecido a la Ley de Puertos o legislación que en su momento sea de aplicación, sin perjuicio de que, cuando a juicio de la administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, ésta pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente.
  
19ª. Causas de resolución
  
Además de las establecidas con carácter general en la legislación aplicable y en los pliegos de esta concesión, son causas de resolución de la concesión para la gestión de servicios públicos:
  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad concesionaria. En el primer caso la administración podrá acordar la continuación de la concesión con sus herederos o sucesores, salvo disposición expresa en contrario de la legislación específica del servicio.
  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.
  
c) El mutuo acuerdo entre la administración y el concesionario
  
d) La falta de prestación por el concesionario de las garantías establecidas en el presente pliego.
  
e) El rescate del servicio por la administración.
  
f) La supresión del servicio por razones de interés público.
  
g) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este pliego y en los demás que regulan la concesión, y en general el incumplimiento de las restantes obligaciones concesionales esenciales
  
20ª. Revocación
  
La concesión podrá ser revocada por la administración, sin derecho a indemnización, cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento que impliquen la imposibilidad material o jurídica de la continuación en el disfrute de la concesión y en caso de fuerza mayor, cuando, en ambos supuestos, no sea posible la revisión del título de otorgamiento.
  
21ª. Caducidad
  
Será causa de declaración de caducidad de esta concesión, además de las previstas legalmente, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas en los pliegos de la concesión, en particular:
  
- El impago del canon concesional durante dos semestres consecutivos, o por importe equivalente a dos semestres. Para iniciar el expediente de caducidad será suficiente que no se haya efectuado el ingreso en período voluntario.
  
- La cesión a un tercero del uso total o parcial, sin autorización de la administración.
  
- La transferencia del título de otorgamiento, sin autorización de la administración.
  
- La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía, sin autorización de la administración.
  
- La ocupación de dominio público no otorgado
  
- El desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título.
  
La declaración de caducidad supondrá la perdida de la fianza o fianzas constituidas, pudiendo llevar aparejada, a criterio de la administración, la demolición, retirada de las obras e instalaciones, parcial o total, a cargo del concesionario, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna.
  
La tramitación del expediente de caducidad se realizará con independencia de la incoación del procedimiento sancionador que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en la anterior condición.
  
22ª. Rescate por obras:
  
En el caso de que el dominio público sea necesario total o parcialmente para la realización de actividades o ejecución de obras declaradas de utilidad pública y para realizarlas fuera preciso utilizar o destruir en todo o en parte las obras de la concesión, la administración podrá rescatarla antes de su vencimiento.
  
A tal efecto se incoará expediente de rescate de la concesión, en el que se dará audiencia al concesionario, sin que el concesionario tenga otro derecho que el de ser indemnizado por las obras no amortizadas, valoradas de acuerdo a lo siguiente:
  
a) El coste de las obras rescatadas actualizadas con el IPC, multiplicado por el cociente entre el período de concesión restante y el total. En cualquier caso, no se tendrán en cuenta las obras realizadas por el concesionario sin previa autorización de la administración, que pasarán al dominio público portuario sin derecho a indemnización
  
b) La pérdida de beneficios imputables al rescate total o parcial de la concesión durante el período de concesión restante, con un máximo de tres anualidades. Para ello, se computará el beneficio medio anual de las actividades ordinarias realizadas en la concesión en los cuatro ejercicios anteriores, o en los dos últimos ejercicios si es más favorable al concesionario. Los beneficios deberán justificarse con las declaraciones correspondientes presentadas a efectos fiscales.
  
El concesionario podrá retirar libremente aquellos elementos existentes en la concesión que no hubieran sido relacionados en el acta de reconocimiento final y no estén unidos de manera fija al inmueble, siempre que con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, salvo que la administración decida también su rescate.
  
Si las obras se encontrasen deterioradas, se determinará por la administración el presupuesto de los gastos necesarios para dejarlas en buen estado, el cual se notificará al concesionario antes de ser aprobado. Su importe se rebajará de la tasación, y la diferencia que resulte será la cantidad que se abone al concesionario.
  
Realizada la entrega a la administración de los bienes rescatados se devolverá la fianza de explotación, a solicitud del concesionario, con la deducción, en su caso, de las cantidades que el concesionario deba hacer efectivas por las responsabilidades en que haya incurrido.
  
23ª. Gastos
  
Los gastos originados por los anuncios de la información pública y de la resolución de otorgamiento de la concesión serán de cuenta del concesionario.
  
Los gastos que se originen por el replanteo, la inspección y el reconocimiento de las obras, serán de cuenta del concesionario.
  
24ª. Renuncia
  
Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza o fianzas constituidas. Además, salvo decisión contraria de la administración, quedará obligado a levantar las obras e instalaciones a su costa, dejando el terreno de la concesión libre de toda ocupación, en el plazo que se le señale.
  
25ª. Efectos reversión
  
Cuando por vencimiento del plazo concesional se produzca la reversión, quedarán extinguidos automáticamente, sin necesidad de declaración expresa, los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre el dominio público concedido y las obras e instalaciones objeto de la concesión. Tampoco asumirá la administración los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por lo tanto, pueda en forma alguna entenderse que la reversión implica la sucesión de empresa prevista en el artículo 44 del texto refundido de Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ni que la Autoridad Portuaria sea el empresario principal de la actividad realizada por el concesionario, a los efectos del artículo 42 de dicho texto refundido.
  
La Administración no asumirá ningún tipo de obligación laboral o económica del concesionario, vinculada o no a la actividad objeto del título extinguido.
  
Con una antelación de al menos un año respecto al fin del plazo concesional, la administración notificará al concesionario la resolución relativa al mantenimiento o no de las obras e instalaciones, e igualmente comunicará al concesionario las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones de buen uso y conservación aquí estipuladas.
  
Terminado el plazo concesional, revertirán al dominio público estatal los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, que habrán de encontrarse en todo caso en perfectas condiciones de buen uso y conservación, estando obligado el concesionario, a sus expensas, a la demolición y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna, excepto en el caso de que la administración, de propia iniciativa o a petición del concesionario, declare que, dado que se mantiene el interés público de las obras e instalaciones, procede su mantenimiento para continuar su explotación en la forma que se determine.
  
El concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de reconocimiento final levantada al efecto, siempre que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, si la administración no decide también su adquisición.
  
26ª. Acta de reversión
  
De la recepción por la administración de los bienes revertidos, se levantará la correspondiente acta en presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se reseñará el cumplimiento por el concesionario de la obligación de reponer el terreno a su anterior estado o, en el caso de que la administración hubiera optado por el mantenimiento de las obras e instalaciones, su estado de conservación, especificándose los deterioros que presenten. En este último caso, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se indicará al concesionario el conjunto de reparaciones necesarias a ejecutar a su cargo en el plazo que se le señale.
  
27ª. Inscripción en el registro de la propiedad
  
Si el concesionario inscribiera la concesión en el Registro de la Propiedad, deberá facilitar a la administración certificación acreditativa de dicha inscripción.
  
No se inscribirá en el Registro de la Propiedad la transmisión de las concesiones o la constitución de derechos reales sobre ellas sin que se acompañe certificación acreditativa de este extremo, con inserción de las cláusulas de la concesión.
  
Extinguida la concesión el concesionario solicitará la cancelación de la inscripción y dará cuanta de ello a la administración concedente.
  
28ª. Ejecución subsidiaria
  
Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se le ordenen por la administración, en aplicación de las condiciones correspondientes, ésta, de conformidad con la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, podrá ejecutarlas subsidiariamente, siendo el importe de los gastos, así como de los daños y perjuicios a cargo del concesionario.
  
Esta resolución no agota la vía administrativa. Contra ella puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de la presente, sin perjuicio de la utilización por el interesado de cualquier otro recurso que se estime oportuno.