Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 698, del 09-11-1987 (1987/809922)

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1987, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, por la que se dispone la publicación del Laudo dictado en arbitraje obligatorio acordado por el Consell de la Generalidad Valenciana en la sesión de 22 de octubre de 1987, para la solución de la huelga de carácter indefinido que se ejercita en el Sector de Transportes Internacionales de Mercancías por Carretera de la provincia de Valencia, desde el día 7 de octubre de 1987.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   698

Fecha DOGV
:   09-11-1987

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1987/809922


Fecha del documento
:   03-11-1987

Organismo emisor
:   Conselleria de Trabajo y Seguridad Social

Tipo de documento
:   Resolución

Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, por la que se dispone la publicación del Laudo dictado en arbitraje obligatorio acordado por el Consell de la Generalitat Valenciana en la sesión de 22 de octubre de 1987, para la solución de la huelga de carácter indefinido que se ejercita en el Sector de Transportes Internacionales de Mercancías por Carretera de la provincia de Valencia, desde el día 7 de octubre de 1987.  
Visto el texto del Laudo dictado el día 2 de noviembre de 1987 por D. Juan Alepuz Romeu, Director Territorial de Trabajo de esta Consellería de Treball i Seguretat Social, en arbitraje obligatorio acordado por el Consell de la Generalitat Valenciana en su sesión de 22 de octubre de 1987, para la solución de la huelga de carácter indefinido, iniciada el pasado 7 de octubre, en el Sector de Transportes Internacionales de Mercancías por Carretera de la provincia de Valencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, párrafo primero, del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, el artículo 2, f) del Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo y el RD 4105/1982, de 29 de diciembre, Anexo 1, B) 3,2, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalidad Valenciana, en materia de trabajo, esta Consellería de Treball i Seguretat Social, acuerda:  
Primero. Ordenar la inscripción del Laudo en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la Dirección Territorial de Trabajo de Valencia, de esta Consellería, con notificación a las partes interesadas; y el depósito del texto original del mismo.  
Segundo. Dar conocimiento del Laudo dictado al Consell de la Generalitat Valenciana.  
Tercero. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Valencia, a 3 de noviembre de 1987.   
El Conseller de Treball i Seguretat Social:  
Miguel Domenech Pastor.  
LAUDO ARBITRAL  
Laudo arbitral dictado por D. Juan Alepuz i Romeu, Director Territorial de Treball, en arbitraje obligatorio acordado por el Consell de la Generalitat Valenciana para la solución de la huelga planteada por las Centrales Sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores en el Sector de Transportes Internacionales de Mercancías por carretera desde el día 7 de octubre de 1987.  
El Consell de la Generalitat Valenciana, en su sesión del 22 de octubre de 1987, acordó delegar en el Hble. Sr. Conseller de Treball y Seguretat Social la posibilidad de hacer uso de la facultad concedida en el párrafo 1º del art. 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo.  
El Hble. Sr. Conseller de Treball y Seguretat Social, en uso de dicha facultad, dictó Resolución de 23 de octubre de 1987, por la que se establece un arbitraje obligatorio para poner fin a la huelga de carácter indefinido del Sector de Transportes Internacionales de Mercancías por carretera de la Provincia de Valencia, iniciada el 7 de octubre de 1987.  
En dicha Resolución se nombraba un árbitro para que en el plazo de siete días, dictase un Laudo arbitral pronunciándose sobre las cuestiones planteadas con motivo de la huelga y las demás suscitadas por las partes afectadas a lo largo de su desarrollo.  
En el punto 50 de dicha Resolución se faculta al árbitro designado para practicar cuantas consultas, diligencias y pruebas estime convenientes, y en base a ello los días 28 y 29 de octubre se han realizado consultas con el Comité de Huelga y con la Federación Valenciana de Empresarios Transportistas. Del resultado de las mismas y del examen de la documentación existente se llega a las siguientes conclusiones:  
1. Con fecha 24 de septiembre de 1987 se presentó en la Delegación Territorial de Trabajo un escrito de las Federaciones de Transporte de Comisiones Obreras y UGT, en el que se anunciaba una huelga en el Sector de Transporte de Mercancías por carretera en régimen Internacional, para el día 7 de octubre y siguientes, con carácter indefinido.  
Pese a haberse realizado dos reuniones entre las partes afectadas, con carácter previo al inicio de la huelga, se llegó al día 7 de octubre sin que se hubiera conseguido acuerdo, por lo que en dicha fecha se inició la huelga con carácter indefinido.  
Durante el desarrollo de la misma, y pese a las diversas reuniones mantenidas con intervención de la Administración laboral, tampoco se consiguió llegar a un acuerdo entre las partes, por lo que el Conseller de Treball i Seguretat Social dictó la Resolución de 23 de Octubre de 1987 (DOGV 1987/10/26), por la que se establecía el arbitraje obligatorio para poner fin a la citada huelga.  
2. En el escrito de comunicación de la huelga, se indican como motivos de la misma el incumplimiento sistemático, por parte de la patronal en las siguientes materias: jornada laboral y descansos, dietas y responsabilidad civil derivada de la falta de seguridad en la circulación, entre otros.  
La Federación de Empresarios del Transporte por carretera, en las distintas reuniones mantenidas durante los días de huelga y en las consultas realizadas con posterioridad a la misma, ha manifestado que desde la firma del Convenio Colectivo del Sector de Transportes de Mercancías por carretera hasta la fecha del inicio de la huelga, no ha habido ninguna denuncia a ninguna Empresa del Sector de Transportes Internacionales por incumplimiento del Convenio, ni ninguna demanda a Magistratura de Trabajo por las mismas cuestiones, por lo que es difícilmente demostrable que existan incumplimientos de Convenio de forma generalizada.  
3. Durante el desarrollo de la huelga se ha cuestionado, en algún momento, la legalidad de los motivos de la huelga, sin entrar en el examen pormenorizado de los hechos, y dejando a salvo la competencia de la Magistratura de Trabajo para entender de la legalidad o ilegalidad de la misma y limitándonos estrictamente a los motivos enunciados en el escrito de comunicación de la huelga hay que indicar que el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 8 de abril de 1981, dictada como consecuencia del Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto contra determinados artículos del Real Decreto-Ley 17/1987, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, declara que, si bien el artículo 11 del citado Real Decreto-Ley no permite la huelga para alterar lo pactado en un Convenio durante la vigencia del mismo, sin embargo, es posible ejercitar el derecho de huelga para reivindicar el posible incumplimiento de lo pactado en Convenio Colectivo.  
4. Pasando al examen concreto de los motivos de la huelga hay que indicar que una de las cuestiones principales planteadas, tanto en el escrito de comunicación, como en las reuniones mantenidas en el transcurso de la huelga, es el tratamiento que se le da al tema de la jornada, horas de presencia, horas extraordinarias y descansos semanales.  
La regulación legal de estos temas nos viene dada en la normativa laboral de carácter general y, concretamente, en la Ley 8/80, de 10 de marzo, Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 2001/83, de 28 de julio de 1983, y el propio Convenio Colectivo de trabajo del sector de Transportes de Mercancías por carretera de 16 de abril de 1987 (BOP 29 de mayo de 1987).  
Del análisis conjunto de dichas normas, podemos deducir:  
Que la jornada ordinaria de trabajo en el sector será de 40 horas semanales (artículo 12.10 del Convenio Colectivo). Se considerarán horas extraordinarias las efectuadas según la actividad propia de cada categoría profesional y que excedan de las 9 diarias máximas que establece el artº. 12.1º) y las horas trabajadas que superen las 40 ordinarias semanales (artº 12.2º del Convenio Colectivo).  
La jornada ordinaria semanal se distribuirá, con carácter general de lunes a sábado hasta las doce horas, respetándose así el descanso semanal de día y medio, no obstante y de acuerdo con lo establecido en el artº. 8 del Real Decreto 2001/83 es posible computar el descanso semanal de día y medio en períodos de hasta cuatro semanas.  
En la definición de horas extraordinarias que se da en el artº. 12.2 del Convenio Colectivo, se introduce un elemento peculiar del sector del transporte, que es la exigencia de que sean horas trabajadas en la actividad propia de cada categoría profesional, para que puedan ser consideradas como horas extraordinarias. Y ello es así, porque existe en dicho sector un tercer tipo de horas, que son las denominadas horas de presencia, las cuales no pueden ser consideradas ni como horas ordinarias (por lo tanto, no forman parte integrante de la jornada ordinaria), ni como horas extraordinarias y, por ello, no son retribuidas con el recargo establecido para estas horas extra.  
Así, el artº. 9.1 del Decreto 2001/83 indica que en el transporte por carretera, se distinguirá entre el trabajo efectivo y el tiempo de presencia del trabajador, definiendo, a continuación, este tiempo de presencia como aquél que se da por razones de espera, expectativas, servicios de guardia, viajes sin servicio, averías, comidas en ruta y otras similares, en las que el trabajador, aunque no preste servicio efectivo, se halla a disposición de la Empresa. El mismo artº. 9 en su punto 3, indica que las horas de presencia no se considerarán dentro de la jornada de trabajo efectivo, ni se computarán a efectos del límite de horas extraordinarias, sin perjuicio de que su remuneración salarial global sea, como mínimo, de igual cuantía que las horas ordinarias.  
Así pues, debemos de considerar las horas de presencia como un tercer genero de horas distintas de las de la jornada ordinaria y de las horas extraordinarias, puesto que así vienen diferenciadas en el Decreto 2001/83 y viene corroborado por lo que establece el Convenio nº 153 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre duración del trabajo y períodos de descanso en los transportes por carretera, ratificado por España por Instrumento de 7 diciembre 1984, que en su artº. 4º diferencia «el tiempo dedicado a la conducción y otros trabajos, de los períodos de simple presencia, de espera o de disponibilidad ... durante los cuales los conductores no disponen libremente de su tiempo.»  
De acuerdo con el artº. 17.2 del ya mencionado Decreto 2001/83 «el cómputo de los tiempos de espera en los que el trabajador no esté sujeto a la vigilancia del vehículo, se efectuará por mitad cuando se trate de esperas en localidades distintas de las de principio y fin de trayecto.  
Sensu contrario, cabe deducir que no se considerará tiempo de presencia o de espera cuando el trabajador no esté sujeto a la vigilancia del vehículo y se encuentre en las localidades de principio o fin del trayecto.  
De todo ello se desprende la existencia de tres tipos de horas con tratamiento legal diferenciado, o sea: Las horas ordinarias, que como máximo serán de 40 horas semanales, las horas extraordinarias efectuadas según la actividad propia de cada categoría profesional y que excedan de las 9 diarias máximas o de las 40 ordinarias semanales, y finalmente, las horas de espera, que como máximo serán 20 a la semana, y que son aquéllas que se prestan por razones de espera, expectativas, servicios de guardia, viajes sin servicio, etc.  
Las horas que excedan de las 9 primeras diarias y/o de las 40 semanales, se retribuirán como extraordinarias si son de trabajo efectivo, y como ordinarias, si sor. de mera presencia (artº. 43.4 RD 2001/83).  
A todo ello, no hay que olvidar, que el Real Decreto 1270/84, de 23 de mayo de 1984, determina, desde el punto de vista de seguridad vial los períodos máximos de conducción y mínimos de descanso de los conductores cuya eventual infracción daría lugar a sanciones con arreglo a los previsto en el Código de la Circulación, y en cuyo examen pormenorizado no entramos, por tratarse de una normativa no laboral, aunque evidentemente de plena aplicación en el Sector del Transporte Internacional por carretera.  
5. En cuanto a las dietas y a la forma de retribución, existe la costumbre en el sector de utilizar una fórmula mixta entre la retribución por tiempo y el salario por tarea realizada.  
Así, todos los conductores perciben la totalidad de los conceptos retributivos indicados en el Convenio Colectivo con excepción de las dietas y horas extraordinarias, con independencia del número de viajes realizados, y por otra parte, se percibe una cantidad, variable en función del viaje a realizar, que el Sector viene denominando muntonet, que viene a suplir y engloba, las posibles dietas, horas extraordinarias u horas de espera que se devengan en dicho viaje  
Las reglas derivadas de la autonomía de los contratantes, son perfectamente válidas y se basan en el artº. 1091 del Código Civil que señala que «las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes» y el artº. 1255 del Código Civil que indica que «los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público».  
Sin embargo, no hay que olvidar que existe un orden de prelación de fuentes normativas y que antes y por encima de las reglas derivadas de la autonomía de los contratantes, se encuentran las normas imperativas. Así se reconoce expresamente en el artº. 3.1.c) del Estatuto de los Trabajadores cuando indica que los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral, se regulan: «Por voluntad de las partes... y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos».  
Por todo ello, esta forma de retribución por viaje realizado, reconocido en la legislación, que ya venía regulada en la Ley de Contrato de Trabajo, reconocida por la jurisprudencia (stc. 2 de abril de 1981) y por la doctrina, tiene a nuestro entender unos mínimos que son el respeto al contenido de las normas de derecho necesario o que sean más favorables en su conjunto al trabajador, cuales pueden ser la retribución por horas ordinarias marcada en el convenio, la dieta internacional en la cuantía de 2.585 pesetas establecida en el artº. 13 del convenio y el precio de la hora extraordinaria indicada en la correspondiente columna de la tabla salarial del convenio, de tal forma que ese precio alzado o cantidad fija por viaje (muntonet) no puede ser inferior a la cantidad que resultaría de sumar las hipotéticas dietas, horas extraordinarias y horas de espera, en su caso, necesarias para realizar el viaje.  
Otra cuestión ligada al tema de la retribución de los viajes o muntonet, es la forma de cotización a la Seguridad Social, ya que a través del muntonet, al menos teóricamente, se retribuyen conceptos diferentes y que tienen un tratamiento distinto a la hora de la cotización a la Seguridad Social.  
Si como hemos indicado, el muntonet es una cantidad a tanto alzado por la que se retribuyen las posibles dietas, horas extraordinarias y horas de espera que se realizan en un viaje, es necesario deslindar lo que corresponde a cada concepto, a efectos de poder cotizar de acuerdo con sus tipos y bases correspondientes, tanto las horas extraordinarias como las de espera, al tiempo que se excluya de la cotización el concepto de dietas, de acuerdo con lo establecido en el artº. 73 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
6. De los motivos alegados en el escrito de comunicación de la huelga, queda por examinar el relativo a la responsabilidad civil derivada de la falta de seguridad en la circulación. A este respecto, hay que indicar que el artº. 31 del Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Transportes de Mercancías por carretera, establece «para los supuestos de responsabilidad civil de daños propios del vehículo, se establece el compromiso entre las partes de someter el Contencioso a una comisión que resolverá la litis y que estará constituida por tres miembros de la Federación y un miembro por cada una de las Centrales Sindicales. La Presidencia de esta Comisión será ostentada por un miembro de la Federación cuyo voto decidirá en caso de empate».  
Dado pues de que se trata de una cuestión regulada en el Convenio Colectivo, cualquier modificación que se establezca sobre dicha materia sería una alteración de lo pactado en Convenio Colectivo dentro de su período de vigencia, lo cual no es posible, e iría en contra de lo establecido en el artº. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores y del artº. 11 c) del Real Decreto-Ley de Relaciones de Trabajo de 4 de marzo de 1977 y, asimismo, contra el principio pacta sunt servanda, que impone la imposibilidad de alterar lo pactado, salvo cambio de las circunstancias objetivas que presidieron la negociación (cláusula rebus sic stantibus). Por todo ello, no es posible ningún pronunciamiento que suponga modificación o alteración de lo pactado en dicho artº. 31.  
Vistos y examinados los antecedentes enumerados, analizadas y ponderadas las circunstancias concurrentes, vengo en dictar la siguiente,  
DECESION ARBITRAL OBLIGATORIA  
Primero. Instar a las empresas del sector del Transporte Internacional de Mercancías por carretera a que, en los supuestos en que proceda adecuen sus relaciones laborales a lo expuesto en los apartados anteriores y en general, a lo preceptuado en la normativa laboral aplicable al sector.  
Segundo. En el plazo de siete días deberá reunirse la Comisión Paritaria constituida en el artº. 30 del Convenio Colectivo, a fin de que por ella misma, o por Subcomisión nombrada al efecto, se estudie, analice y acuerde, en su caso, cuantas cuestiones, dudas o problemas existan en el sector del Transporte Internacional de Mercancías por carretera.  
A tal efecto, se reunirán cuantas veces fuese necesario y a voluntad de cualquiera de las partes, siempre que sea solicitado por la misma.  
Tercero. Este Laudo arbitral tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1988, sus decisiones son vinculantes para las partes y contra él no cabe recurso.  
Así, según mi leal saber y entender, resuelvo en los términos expuestos las cuestiones sometidas a mi criterio, firmando el presente Laudo arbitral, del que se entregará un ejemplar a cada parte y otro al Honorable Conseller de Treball i Seguretat Social.  
Valencia, a 2 de noviembre de 1987.   
El Director Territorial de Treball:   
Joan Alepuz i Romeu.