Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3764, del 05-06-2000 (2000/3980)

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que resuelve varios recursos interpuestos contra la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Picassent.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3764

Fecha DOGV
:   05-06-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/3980


Fecha del documento
:   27-03-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Picassent
    * plan de urbanismo

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que resuelve varios recursos interpuestos contra la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Picassent. [2000/X3980]
  
Vistos los recursos ordinarios interpuestos por don José Vicente Cantos-Figuerola, don Terencio Carbonell Lledó y don Luis Estellés Nogueras, contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, de 29 de septiembre de 1998, por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Picassent, supeditado a la subsanación por parte del Ayuntamiento de algunos aspectos contenidos en el propio acuerdo, y del que resultan los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 1998, adoptó el siguiente acuerdo: ?Supeditar la aprobación definitiva del Plan General de Picassent a que se corrijan algunos reparos de alcance limitado (traslado de correcciones a los planos de detalle, supresión de un paso inferior bajo el ferrocarril, elaboración de un Texto Refundido y aprobación municipal de las modificaciones), excepto el ámbito del polígono industrial propuesto junto a la Autovía N-340, que queda suspendido a causa de las deficiencias indicadas en los informes de ferrocarriles y carreteras del Ministerio de Fomento-
  
Cumplimentadas las condiciones señaladas en el acuerdo anterior, con fecha de 7 de diciembre de 1998, el subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial resolvió ?Considerar cumplimentado el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, de fecha 29 de septiembre de 1998, relativo al Plan General de Picassent, en lo referente a la supeditación de la aprobación definitiva, manteniéndose la suspensión del ámbito del polígono industrial junto a la Autovía N-340.
  
Declarar definitivamente aprobado el Plan General de Picassent, excepto el ámbito del polígono industrial propuesto junto a la Autovía N-340, que continua suspendido a causa de las deficiencias indicadas en los informes de ferrocarriles y carreteras del Ministerio de Fomento .
  
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del mencionado acuerdo?.
  
Segundo. El acuerdo íntegro fue publicado, junto con las normas urbanísticas aprobadas, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 26, de 1 de febrero de 1998.
  
La reseña del anterior acuerdo fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3.448, de 5 de marzo de 1998.
  
Tercero. Mediante escritos registrados de entrada en la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el día 1 de marzo de los corrientes, don José Vicente Cantos-Figuerola y Pardo-Manuel de Villena, don Terencio Carbonell Lledó y don Luis Estellés Nogueras interponen sendos recursos administrativos ordinarios contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, de 29 de septiembre de 1998, que supedita la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Picassent a la subsanación por parte del Ayuntamiento de algunos aspectos contenidos en el propio acuerdo, así como contra la Resolución del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, de 7 de diciembre, que da por cumplimentados aquéllos, aprueba definitivamente el Plan General y acuerda la publicación del primero de los acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia.
  
Cuarto. Trasladados los recursos interpuestos al Ayuntamiento de Picassent, para que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, formulase las alegaciones que tuviese por convenientes, con fecha 23 de diciembre de 1999 ha emitido informe al respecto al que nos remitimos a aras a la concisión y claridad del presente informe.
  
Quinto. Los servicios territoriales de Urbanismo de Valencia han emitido informe al respecto.
  
Sexto. El Servicio Jurídico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en fecha 21 de marzo de 2000, entiende que el informe del Servicio de Coordinación Territorial de 3 de febrero de 2000, es acorde con el ordenamiento jurídico y se encuentra debidamente fundado, por lo que se informa el mismo favorablemente.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Los recursos ordinarios interpuestos son admisibles y se sustancian al amparo de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que sean atendidas las modificaciones introducidas en ella por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por cuanto en el momento de interposición de aquéllos, era esta la normativa aplicable.
  
Así mismo, tales recursos son acumulables al guardar entre ellos íntima conexión en relación con la resolución recurrida, conforme dispone el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Segundo. El objeto del presente procedimiento es la resolución de los recursos ordinarios interpuestos por don José Vicente Cantos-Figuerola y Pardo-Manuel de Villena, don Terencio Carbonell Lledó y don Luis Estellés Nogueras, contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, de 29 de septiembre de 1998, por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Picassent, y contra el que los recurrentes articulan los siguientes motivos de impugnación:
  
1º. El recurso administrativo interpuesto por don José Vicente Cantos'Figuerola y Pardo-Manuel de Villena se funda en la improcedente calificación, como suelo no urbanizable de protección paisajística, que el Plan General otorga a terrenos ubicados en las cercanías de la Torre Espioca.
  
2º. Por don Terencio Carbonell Lledó se interpone recurso ordinario fundado en los siguientes motivos:
  
a) Incorrecta publicación del Plan General.
  
b) Improcedente clasificación como suelo urbanizable de terrenos incluidos en el sector SUZR'6.
  
c) Improcedente clasificación como suelo urbanizable de terrenos incluidos en la unidad de ejecución núm. 7.
  
d) Improcedente clasificación como suelo urbanizable de los terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución núm. 1.1, argumentándose al mismo tiempo las excesivas cargas que soporta dicha unidad.
  
e) Pésima solución propuesta por el Plan en relación con el régimen de alturas de los edificios recayentes a calles con distinta rasante.
  
3º. El recurso administrativo interpuesto por don Luis Estelles Nogueras y don Terencio Carbonell Lledó se funda en la improcedente clasificación, como suelo urbanizable, que el Plan General otorga a los terrenos incluidos en la unidad de ejecución núm. 3.
  
Tercero. En relación con el recurso administrativo interpuesto por don José Vicente Cantos'Figuerola y Pardo-Manuel de Villena, fundado en la improcedente calificación, como suelo no urbanizable de protección paisajística, que el Plan General otorga a terrenos ubicados en las cercanías de la Torre Espioca, hay que decir que las argumentaciones aducidas por el recurrente no desvirtúan los criterios que han impulsado al planificador a calificar como suelo protegido paisajístico (la clasificación no se discute) los terrenos donde se ubica la Masía Espioca y sus alrededores; más aún cuando en el propio instrumento de planeamiento, en concreto en el Inventario Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental que forma parte del Plan, se describe y justifica la inclusión de los terrenos que nos ocupan en el régimen de protección paisajística, que específicamente viene regulado en el artículo 4.12 de las normas urbanísticas, denominándose dicha zona como Toll d'Espioca.
  
Por todo lo anterior procede desestimar el presente recurso.
  
Cuarto. En relación con el recurso ordinario interpuesto por don Terencio Carbonell Lledó cabe argumentar lo siguiente:
  
a) En relación con la incorrecta publicación del acuerdo de aprobación definitiva del Plan General al faltar los planos a los que las normas urbanísticas se remiten, cabe señalar que la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, de 1 de febrero de 1999 y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 5 de marzo de 1999, cumple con todos los requisitos legalmente exigidos en el art. 59 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, con lo que desde este argumento carece de fundamento.
  
Respecto a la publicación de los planos hay que hacer constar que todas las normas urbanísticas de los distintos planes se remiten a los planos (bien para indicar una zona de ordenanzas, bien para delimitar un sector, etc.), lo que necesariamente obligaría ?según la interpretación del recurrente- a publicar todos los planos de los instrumentos de planeamiento, circunstancia esta que en absoluto se exige en la legislación aplicable al caso.
  
No obstante, y como argumento definitivo en el presente caso, cabe significar que el propio recurrente ha utilizado planos para apoyar distintas argumentaciones, con lo que resulta evidente que se trata de una documentación a su alcance y que, por lo tanto, no le ha producido indefensión, motivos por los que procede la desestimación de esta alegación.
  
b) En cuanto a la clasificación como suelo urbanizable de determinados terrenos incluidos en el sector SUZR'6, para los que el recurrente solicita su clasificación como urbanos, cabe señalar que, de los planos aportados por el propio recurrente, se desprende que tras la realización en la parcela descrita de la obra pública de urbanización que la Ley exige, aquélla se transformará no en un solo solar sino en varios, por lo que, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, deberá actuarse por medio de una actuación integrada y, por lo tanto, clasificarse el suelo como urbanizable. También se aprecia que la actuación de forma singular sobre los terrenos objeto de recurso produciría varios solares, si bien algunos de ellos, por razones de superficie o de forma, resultarían inedificables, circunstancia esta que justifica, más si cabe, la necesidad de actuar por medio de una actuación integrada.
  
Abundando en esta cuestión, es necesario señalar que el recurrente no acredita que los terrenos en cuestión reúnan los requisitos exigidos en el art. 6.1 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Por el contrario, de los planos que integran el Plan General (planos serie 3.1 y 3.2) se desprende que los terrenos carecen de determinados servicios a los que alude el precepto citado, por lo que resulta evidente que no pueden clasificarse como urbanos, procediendo la desestimación de esta alegación.
  
c) Por lo que respecta a la clasificación como suelo urbanizable de terrenos incluidos en la Unidad de Ejecución núm. 7.1, y pese a tratarse de una zona distinta a la que nos hemos referido en el punto anterior, es necesario remitirnos a los argumentos allí expuestos, ya que de la realidad fáctica es similar a la de los citados terrenos..
  
En este punto es necesario establecer que tanto su superficie, como el aprovechamiento que se otorga a la unidad, así como su ubicación periférica en la zona en cuestión, le otorgan un carácter diferente a otros supuestos a los que nos referiremos más adelante, por lo que tampoco en este caso pude estimarse la alegación planteada.
  
d) En lo que atañe a la clasificación como suelo urbanizable de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución núm. 1.1, en la zona denominada Tancat de l'Alter, y a las excesivas cargas que soporta, y vista la ficha de la misma, así como su emplazamiento en la urbanización, se aprecia que tanto por la entidad superficial del citado ámbito (7.534 m2s), como por el aprovechamiento que se le otorga (0'106059 m2/m2) y la edificabilidad (800 m2t), las cargas que se imponen son muy elevadas en relación con otros suelos en la misma situación (UE'7.1, UE'8.1 y UE'8.2), no existiendo proporción entre el aprovechamiento y la carga urbanística.
  
Al respecto es de destacar que el citado ámbito territorial se encuentra dentro de una urbanización cuya consolidación es casi total, y en la que, a la vista de los planos que integran el Plan General, están implantados los servicios necesarios para dotar a la parcela de la condición de suelo urbano. Esto, unido a la viabilidad de su desarrollo por medio de actuaciones aisladas, confiere a la Unidad de Ejecución núm. 1.1 la clasificación objetiva de suelo urbano, por lo que proceder la estimación de esta alegación.
  
e) Por último, el régimen de alturas de los edificios recayentes a calles con distinta rasante parece mal resuelto por el Plan General. La argumentación del recurrente, en lo concerniente a la vivienda aislada cuya alineación no coincide con la de la calle (por ejemplo, para la zona a que el recurrente se refiere: Tancat de l'Alter), y vistos los artículos 5.20 y 7.45 y siguientes de las normas urbanísticas, se aprecia fundada.
  
La solución más factible para esta cuestión es que el Ayuntamiento fije una regulación específica para este tema, por medio de una modificación del Plan General, pudiendo asumirse la definición establecida para tal fin en la Orden de 26 de abril, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana. En este sentido procede estimar parcialmente la presente alegación.
  
Quinto. En relación con el recurso ordinario interpuesto por don Luis Estelles Nogueras y don Terencio Carbonell Lledó, que se funda en la improcedente clasificación, como suelo urbanizable, y según se acredita mediante el informe del arquitecto municipal de Picassent emitido el día 10 de mayo de 1999, resulta que ?los terrenos correspondientes al ámbito de la unidad de ejecución UE-3 que ya estaban clasificados como urbanos por el planeamiento anterior, que disponen de servicios urbanísticos completos en cuatro de las calles que los circundan y que se encuentran englobados por el continuo urbano del casco de Picassent, debieran ser clasificados como suelo urbano en coherencia con la clasificación de que disponen otros terrenos situados al norte anteriormente citados y que reúnen menos condiciones que las correspondientes a esa clase de suelo. Todo ello sin perjuicio de que los propietarios de las parcelas incluidas en el ámbito de actuación efectúen las cesiones correspondientes y contribuyan con las cargas urbanísticas establecidas, debiéndose ejecutar la ordenación conforme a la definición plasmada en los planos correspondientes, procediéndose al desarrollo urbanístico del ámbito en cuestión conforme a lo estipulado en la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, y en Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana que la desarrolla, del modo que formalmente corresponda. Así pues, la clasificación urbanística de dichos terrenos debe ser la de Suelo Urbano, conforme a lo dispuesto en el artículo 9ª del capítulo III sobre clasificación urbanística, establecido en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística?.
  
Sexto. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es la autoridad competente para la resolución de los recursos interpuestos conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, entonces vigente, y el artículo 14.2 del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
1) Desestimar el recurso ordinario interpuesto por don José Vicente Cantos-Figuerola y Pardo-Manuel de Villena confirmando la resolución recurrida en todos sus efectos.
  
2) Estimar parcialmente el recurso ordinario interpuesto por don Terencio Carbonell Lledó en el sentido de anular y dejar sin efecto la resolución recurrida en lo que respecta a la clasificación de la unidad de ejecución núm. 1.1. del PGOU de Picassent, Tancat de l'Alter, debiendo clasificarse dicho suelo como urbano, eliminando la delimitación de la citada Unidad y estableciendo que el régimen urbanístico aplicable debe ser el mismo que para el resto de la zona, manteniéndose la calificación como zona verde otorgada a la parte de la parcela en cuestión; además, en lo que afecta al régimen de alturas para los edificios recayentes a calles con distinta rasante, debe procederse por el Ayuntamiento a una modificación del Plan General con el fin de definir el régimen concreto aplicable, ya que el vigente instrumento de planeamiento lo contempla de forma deficiente; desestimando el resto de las alegaciones formuladas por el recurrente.
  
3) Estimar el recurso ordinario interpuesto por don Luis Estellés Nogueras y don Terencio Carbonell Lledó, en el sentido de revocar la resolución recurrida sobre la clasificación los terrenos incluidos en la unidad de ejecución núm. 3 del PGOU de Picassent que deben clasificarse como suelo urbano.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime oportuno.
  
Valencia, 27 de marzo de 2000.- El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: José Ramón García Antón.