Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3859, del 18-10-2000 (2000/7956)

Edicto de notificación en relación a la reclamación contra el Restaurante La Murciana, de la inadmisión del recurso de alzada.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3859

Fecha DOGV
:   18-10-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/7956


Organismo emisor
:   Agencia Valenciana del Turisme

Tipo de documento
:   Edicto

Edicto de notificación en relación a la reclamación contra el Restaurante La Murciana, de la inadmisión del recurso de alzada. [2000/X7956]
  
Por no haber sido posible notificar de forma personal y directa al interesado la Resolución del presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme, de fecha 21 de junio de 2000, por la que no se admite el recurso de alzada interpuesto por don Emiliano Escribano Mondéjar, como denunciante, contra la resolución de la jefa del Servicio Territorial de Turismo de Valencia, de fecha 26 de enero de 2000, en relación a la reclamación contra el Restaurante La Murciana, sito en Valencia, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 7 de agosto de 2000.- El presidente ejecutivo: Roc Gregori i Aznar.
  
Con fecha 21 de junio de 2000, el presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme ha dictado la siguiente resolución:
  
Resolución del presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme, por la que no se admite el recurso de alzada interpuesto por don Emiliano Escribano Mondéjar, como denunciante, en relación a la reclamación contra el Restaurante La Murciana, sito en Valencia.
  
Visto el recurso de alzada interpuesto por don Emiliano Escribano Mondéjar, como denunciante, contra la Resolución de la jefa del Servicio Territorial de Turismo de Valencia, de fecha 26 de enero de 2000.
  
Hechos
  
Primero. La jefa del Servicio Territorial de Valencia, en la Resolución de 26 de enero de 2000, notificada el 31 de enero siguiente, en relación con la denuncia formulada contra el Restaurante La Murciana, sito en Paseo Marítimo, modulo 9 de Valencia, expediente D/P 546/99, y como resultado de las actuaciones tramitadas con motivo de la misma, dichas diligencias preliminares se resolvieron amonestando a dicho establecimiento en el sentido de que no deberán producirse incorrecciones entre los precios que figuran en las listas selladas por este organismo y los expedidos en los tickets, cuyas circunstancias constan en la citada resolución y se dan por reproducidas.
  
Dicho expediente antes referenciado, fue promovido mediante hoja de reclamaciones de don Emiliano Escribano Mondéjar, hoy recurrente, de fecha 30 de agosto de 1999.
  
Las actuaciones seguidas, concluyeron con la Resolución de la jefa del Servicio Territorial de Valencia, de 26 de enero de 2000, en el sentido de amonestar al establecimiento para que no se produzcan incorrecciones entre los precios que figuran en las listas selladas y los que se expiden en los tickets correspondientes.
  
Segundo. El recurso fue presentado en el Servicio Territorial de Turismo de Valencia con fecha 3 de febrero de 2000, por don Emiliano Escribano Mondéjar (denunciante), en relación a la reclamación contra el Restaurante La Murciana, sito en Valencia, en el cual se formulaba Recurso de Alzada, contra la Resolución de la jefa del Servicio Territorial de Turismo de Valencia, de fecha 26 de enero de 2000, recurso de alzada en el que manifiesta su disconformidad con dicha Resolución y solicita se proceda en derecho contra el citado restaurante, sobre la base de las siguientes alegaciones que a continuación de forma sucinta se exponen:
  
- Que manifiestan su disconformidad con la resolución de amonestar a ese establecimiento por las incorrecciones entre los precios que figuran en los listados sellados por ese organismo y los que se expiden en los tickets de caja.
  
- Que impugnan la amonestación realizada al restaurante, por entender que no se ha tomado en consideración la segunda parte de la reclamación en la que se exponía la falta de exhibición de la lista de precios en lugar visible, que no figuraba en ningún lugar del restaurante. El encargado del mismo mostró a los comparecientes en vez de la lista de precios sellada se les entregó La Carta, sintiéndose engañados.
  
- Que los comparecientes tuvieron que esperar media hora a que la dueña del establecimiento subiera al piso de arriba y bajara la lista de precios y la entregara. Es por todo lo anteriormente expuesto, por lo que desean se proceda en derecho contra este restaurante, esperando de esa Oficina de Turismo lo haga de otra manera a como en primera instancia se le informó al reclamante de amonestar al restaurante, deseando los mismos que la nueva sanción sea de conformidad mutua, antes de tener que elevar una queja a Delegación de Gobierno.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero. El artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando establece que se conSiderarán interesados en el procedimiento administrativo:
  
?a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
  
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
  
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva?.
  
Segundo. El artículo 11 del Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, que en su número 1, establece:
  
?Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
  
A efectos del presente reglamento, se entiende por:
  
(?)
  
d) Denuncia: El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción administrativa?.
  
Dicho artículo 11 del Real Decreto 1.389/1993, en el último párrafo de su número 2, establece:
  
?Cuando se haya presentado una denuncia, se deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación.-
  
Tercero. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso'administrativo, entre la que señalan las siguientes sentencias:
  
Sentencia de 28 de noviembre de 1983 (R.J. 1983/5864), por la que se desestima un recurso interpuesto por una denunciante, contra una resolución de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas, en la que se señala que, ?- resulta certera la apreciación de la sentencia apelada de que dicha señora carece de legitimación para recurrir en la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la L. Pro. Adm. Y el sentir de la Jurisprudencia que cita, a la que cabe añadir la reciente Sentencia de 16 de marzo de 1982, en la que se señala que la condición de denunciante es sustancialmente distinta de la de parte interesada, por cuanto el denunciante, aunque tenga reconocida cierta intervención en el procedimiento que su denuncia provoque, no por ello se constituye en parte, de lo que se sigue a su vez la legalidad de la resolución impugnada mantenedora de esa tesis?.
  
- Sentencia de 23 de enero de 1986, que establece, - - el denunciante de una supuesta infracción del régimen de precios que da lugar a un procedimiento administrativo del tipo citado, no se convierte en titular de ningún derecho subjetivo, ni pone en juego un interés personal o legítimo, ?. para recurrir, que hubiera de encontrar satisfacción adecuada y traducida en algún beneficio o ventaja, puesto que se limita a comunicar a la administración un proceder que considera irregular, a fin de que se ponga en marcha su actividad investigadora y sancionadora, ?. criterio éste que se recoge en las Sentencias de este Tribunal de 16 de marzo de 1982, 28 de noviembre de 1983 y 27 de junio de 1984, en la primera de las cuales se indica que <> de forma que nunca adquiere este carácter; ??.
  
- Sentencia de 30 de octubre de 1991, que reitera ?- que la denuncia carece de virtualidad para poner en marcha el procedimiento sancionador, y llegando a la conclusión de que al no tener la condición de interesado, sino la de mero testigo cualificado, el denunciante no tiene derecho al procedimiento, por lo que mal puede impugnar la decisión de archivar las actuaciones?.
  
- Sentencia de 15 de enero de 1993, que en el tercero de sus Fundamentos de Derecho, manifiesta que ?- en materia sancionadora la actividad y los derechos de los particulares se limitan a denunciar los hechos ante la administración Pública competente, pero sin que quepa, en este concreto punto, el ejercicio de recursos tendentes a que dicha Administración imponga (en contra de su voluntad sancionadora) el acto de gravamen que se le solicita, tal como lo tiene recibido el Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de 12 de diciembre de 1970; ??.
  
- Sentencia de 9 de febrero de 1993 (tercero de sus fundamentos de derecho), en la que se establece que ?No siendo parte el denunciante en las diligencias previas informativas carece de acción para instar la prosecución de la actividad sancionadora del Colegio de Abogados ante el que se presentó la denuncia, ni objetar la falta de motivación del acuerdo ordenando el archivo de dichas diligencias, toda vez que ese acuerdo no afecta a su derecho ni interés, sin perjuicio de ejercer las acciones que en el orden civil o penal creyere le corresponden por los actos denunciados que estime procedentes?.
  
- Sentencia de 13 de enero de 1994, que en el tercero de sus fundamentos de derecho señala: ?- hay que precisar que la argumentación desplegada en la demanda descansa sobre una premisa ajena al contenido normativo del artículo 24 de la Constitución, que no garantiza al denunciante de unos hechos, que ?en su sentir- son constitutivos de una falta en el servicio, la condición de parte en el procedimiento disciplinario. Por eso, carece de apoyo constitucional el alegato de que la negación ?ab initio' de la legitimación activa del denunciante-agraviado, para interponer recurso de alzada contra el acuerdo de archivo de la denuncia presentada, impide el ejercicio de los ?derechos de la defensa de la acusación' que preconiza el citado artículo 24?.
  
Además de las sentencias del Tribunal Supremo antes invocadas, también podemos citar aquí la Sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 24 de enero de 1997, y la Sentencia de la Sala de lo Contencioso'administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, señalando esta última que:
  
??quien denuncia una determinada conducta carece en principio de interés personal para depurar la responsabilidad disciplinaria del denunciado, pues la protección y el amparo de los derechos subjetivos o de los intereses legítimos que pudieran haber resultado lesionados por la actuación constitutiva, en su caso, de infracción, y por ello, merecedora de sanción, tiene otras vías abiertas en nuestro ordenamiento jurídico,??.
  
Cuarto. De acuerdo con los preceptos antes citados, y la consolidada Jurisprudencia invocada, y sin entrar la valoración de la versión de los hechos expuesta por el reclamante, ahora recurrente, lo bien cierto es que el reclamante, al que hay que considerar denunciante, carece de legitimación activa para la interposición de un recurso de alzada contra el resultado de las diligencias previas, por lo que procede no admitir el recurso de alzada interpuesto.
  
Y, ello es así, porque el denunciante, a través de su escrito inicial de reclamación formulado, pone en conocimiento de la administración unos supuestos hechos, que, a su juicio vulneran la normativa, pero ello, ni determina de forma automática la iniciación de un procedimiento sancionador (que siempre son iniciados de oficio), ni tampoco constituye en interesado, al denunciante, en un procedimiento administrativo que únicamente pretende el ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración, y que no incide en la esfera de derechos e intereses del que en su día formuló la denuncia, y ello sin perjuicio de que éste ejercite las acciones que estime oportuno, si bien tal ejercicio deberá producirse en otros órdenes jurídicos diferentes al delimitado por un procedimiento administrativo.
  
De acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que han quedado expuestos, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto 45/1996, de 25 de marzo, del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de la Agencia Valenciana del Turismo (DOGV de 28 de marzo de 1996), especialmente en su artículo 18, resuelvo:
  
No admitir, por falta de legitimación activa y de acuerdo con la anterior argumentación, el recurso de alzada interpuesto por don Emiliano Escribano Mondejar, contra la Resolución de la jefa del Servicio Territorial de Turismo de Valencia, de fecha de 26 de enero de 2000, por la que se comunicaba al denunciante la resolución de amonestar al Restaurante La Murciana, confirmando ésta en todos sus extremos.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso'administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Valencia o del domicilio del recurrente, a su elección, dentro del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso'administrativa.