Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8319, del 18-06-2018 (2018/5537)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 198/2017.
-----------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8319

Fecha DOGV
:   18-06-2018

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2018/5537


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Paterna

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 198/2017. [2018/5537]  
 Sentencia número 000019/2018  
Paterna, 19 de febrero de 2018  
Vistos por M.ª Concepción Almagro Moscardó, magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de los de Paterna, los presentes autos del juicio ordinario número 198/2017, demanda promovida por Bankia, SA, representada por el procurador Antonio Barbero Giménez y defendida por el letrado Javier Pla Mas, contra José Manuel Peña Durán y Elena Canet Suárez, en rebeldía en este procedimiento; son autos que versan sobre reclamación de cantidad en cumplimiento de contrato, todo ello en atención a los siguientes,  
Antecedentes de hecho  
Primero. Que la mencionada representación de la parte actora, formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo de aplicación, que se dictara sentencia estimando la demanda planteada y en consecuencia:  
1. Declare válidamente realizado el vencimiento anticipado de la total obligación de pago llevado a cabo el 2 de enero de 2017 por el demandante, del contrario de préstamo hipotecario autorizado el 9 de mayo de 2007 por el notario de Manises (Valencia), Alfredo Roca Ferrer (núm. 708 de protocolo), posteriormente ampliado y modificado mediante escritura autorizada el 8 de febrero de 2013 por la notaria de Manises (Valencia) M.ª Carmen González Meneses García Valdecasas (núm. 118 de su protocolo),  
2. Condene a la parte demanda al pago de la cantidad de 128.951,69 euros en concepto de principal, intereses ordinarios y moratorios devengados hasta la fecha de presentación de la demanda.  
3. Condene a la parte demandada al pago de los intereses moratorios que se devenguen desde la interpelación judicial, al tipo de demora del 3.542 % y hasta su completo pago, que será calculado en ejecución de sentencia.  
4. Declare que dichas cantidades podrán realizarse en trámite de ejecución de sentencia, y a los efectos de realización del derecho de hipoteca referido en este escrito, con cargo a la garantía hipotecaria otorgada a favor de la parte actora sobre la finca registral número 45.783 del Registro de la Propiedad de Paterna número 2 mediante su venta en pública subasta, de acuerdo con las reglas que resultan del capítulo IV del título IV libro III de la Ley de enjuiciamiento civil(artículos 681 y ss). Y ello, sin perjuicio de cuantas otras posibles medidas ejecutivas pudieren solicitarse y acordarse en ejecución de la sentencia, contra la misma parte demandada, hasta el integro pago del crédito.  
4. Condena al demandado al pago de las costas procesales.  
Segundo. Que admitida a trámite la demanda, se dió traslado de la misma a los demandados, los cuales fueron emplazados para contestar en 20 días.  
Tercero. Que los demandados no contestaron a la demanda en forma, siendo declarados rebeldes con plenos efectos legales.  
Cuarto. A continuación se citó a las partes a la audiencia previa que tuvo lugar el día 14 de febrero de 2018, asistiendo la actora, quien tras fijar los hechos controvertidos propuso prueba, siendo únicamente propuesta y admitida la documental, por lo que quedaron los autos vistos para sentencia.  
Quinto. Que en la tramitación de estos autos se han respetado las normas y garantías legales y del proceso, salvo los plazos, por impedirlo el volumen de asuntos que pesan sobre el juzgado así como la tramitación de asuntos penales de carácter referente.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. Por la actora se ejercita en el presente procedimiento una acción de reclamación de cuantía derivada de responsabilidad contractual. Así la demandante Bankia, SA, acredita documentalmente que, mediante escritura autorizada el 9 de mayo de 2007 por el notario de Manises (Valencia), Alfredo Roca Ferrer (núm. 708 de protocolo), concedió un préstamo con garantía hipotecaria a los demandados José Manuel Peña Durán y Elena Canet Suárez, por un capital de 127.000 euros a devolver en 420 cuotas mensuales, a un tipo de interés inicial de 5.25 % hasta el 5 de diciembre de 2007, siendo a partir de entonces el interés variable al euribor más 1.10 puntos. Se establecía el tipo de interés de demora en nominal más seis puntos porcentuales.  
Posteriormente el préstamo fue ampliado y modificado mediante escritura autorizada el 8 de febrero de 2013 por la notaria de Manises (Valencia), M.ª Carmen González Meneses García-Valdecasas (núm. 118 de protocolo), por un capital de 129.006,26 euros a devolver en 480 cuotas mensuales, a un tipo de interés inicial del 3 % durante el primer año, siendo a partir de entonces el interés variable al euribor más 1.50 puntos.  
Mediante el documento 4 de la demanda, consistente en acta notarial de determinación de deuda, la actora acredita que, a fecha 2 de enero de 2017, los demandados habían impagado las cuotas vencidas desde el 8 de julio de 2015, es decir un total de 18 cuotas, habiendo transcurrido desde el momento 13 meses hasta la celebración de la vista sin que los demandados hayan intentado hasta el momento la rehabilitación del crédito mediante el pago de las cuotas adeudadas, posibilidad ofrecida por el acreedor en su reclamación extrajudicial.  
En atención al impago la demandante ejercita acción de vencimiento anticipado del préstamo por aplicación de artículo 1.129 del Código Civil, o subsidiariamente la acción resolutoria del contrato por incumplimiento grave y esencial del prestatario, con indemnización de daños y perjuicios equivalentes al interés devengado por el importe prestado.  
Los demandados no han comparecido en forma a negar los hechos expuestos en la demanda.  
Segundo. La facultad de resolver el contrato, es un efecto general previsto en el derecho de contratos, en el artículo 1124 del Código Civil, -expresamente para los contratos bilaterales-, y en el artículo 1129, al señalar los supuestos en los que el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo. Si el deudor deja de cumplir sus obligaciones (con la obligación del préstamo) de una manera relevante, grave, de manera que el acreedor tiene razones para creer que los impagos se seguirán produciendo en el futuro, no puede impedirse al acreedor desvincularse del contrato ante el incumplimiento contumaz de su deudor. Esta solución se sigue de las normas citadas, y está prevista en el derecho europeo de contratos, art. 7.3.3 Principio Unidriot;9:304, Principios de Derecho de Contratos; 3:504 DCFR; en criterio que comparte la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS 23.12.15, y auto de pleno de 22.2.17).  
En el caso concreto analizado son circunstancias que permiten apreciar la existencia de un incumplimiento grave las siguientes: a) la reiteración en el incumplimiento, con al menos 18 cuotas impagadas, (desde el 8 de julio de 2015 hasta el 02.01.2017); el prestamista requirió infructuosamente de pago a los deudores, los cuales aparentemente habrían abandonado el país sin dejar señas; y, finalmente, no consta que los deudores hayan intentado llegar a ningún tipo de acuerdo en orden a regularizar el préstamo, permaneciendo rebeldes. En consecuencia, la decisión de resolver y reclamar lo debido resulta conforme a derecho ante la posibilidad, cierta y evidente, de incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones derivadas del contrato.  
Tercero. En cuanto a la petición relativa a que se declare que dichas cantidades podrán realizarse en trámites de ejecución de sentencia, y a los efectos de realización del derecho de hipoteca referido en la demanda, con cargo a la garantía hipotecaria otorgada a favor de la parte actora sobre la finca registral número 45.783 del Registro de la Propiedad de Paterna número 2 mediante su venta en pública subasta, de acuerdo con las reglas que resultan del capítulo IV del título IV libro III de la Ley de enjuiciamiento civil (artículos 681 y ss), señalar que, dado que el acreedor ha decidido acudir a la vía del procedimiento declarativo ordinario, no procede hacer valer el derecho de hipoteca en esta fase declarativa del procedimiento. Es decir, que sin negar el derecho de prelación que en su caso la garantía hipotecaria otorgue al acreedor, el mismo deberá ejercitarse en la fase de ejecución de sentencia, sin que deba ordenarse la ejecución de la hipoteca en esta sentencia, dado que no nos encontramos en el seno del procedimiento ejecutivo previsto en del artículo 129 de la Ley hipotecaria.  
Cuarto. En cuanto a las costas causadas en el presente procedimiento, siendo estimada la demanda en lo sustancial, de conformidad con el artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento civil, su imposición a la parte demandada.  
Visto lo expuesto,  
Fallo  
Que, estimando en lo sustancial la demanda principal interpuesta por Bankia, SA, contra José Manuel Peña Durán y Elena Canet Suárez:  
1. Declaro válidamente realizado el vencimiento anticipado de la total obligación de pago llevado a cabo el 2 de enero de 2017 por el demandante, del contrato de préstamo hipotecario autorizado el 9 de mayo de 2007 por el notario de Manises (Valencia), Alfredo Roca Ferrer (núm. 708 de protocolo), posteriormente ampliado y modificado mediante escritura autorizada el 8 de febrero de 2013 por la notaria de Manises (Valencia), M.ª Carmen González Meneses García-Valdecasas (núm. 118 de protocolo).  
2. Condeno a la parte demandada al pago de la cantidad de 128.951,69 euros en concepto de principal, intereses ordinarios y moratorios devengados hasta la fecha de presentación de la demanda.  
3. Condeno a la parte demandada al pago de los intereses moratorios que se devenguen desde la interpelación judicial, al tipo de demora del 3,542 % y hasta su completo pago, que será calculado en ejecución de sentencia.  
4. No procede ordenar la ejecución de la garantía real hipotecaria en esta fase del procedimiento, dado que no nos encontramos en el seno del procedimiento ejecutivo previsto en el artículo 129 de la Ley hipotecaria, sin perjuicio de que el acreedor haga valer su derecho en fase de ejecución de sentencia.  
Se imponen a los demandados las costas de esta instancia.  
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días en este juzgado para ante la Audiencia Provincial de Valencia.  
Así por esta sentencia, lo pronuncia, manda y firma M.ª Concepción Almagro Moscardó, magistrada de primera instancia e instrucción de este juzgado.»  
  
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la jueza que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el letrado de la Administración de justicia doy fe.  
  
Paterna, 19 de febrero de 2018.- El letrado de la Administración de justicia: Pablo Campayo Soler.