Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7546, del 12-06-2015 (2015/5305)

Información pública de la resolución de la adjudicación del PAI del sector ZR-7 Mirador de l'Abeller.
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Número DOGV
:   7546

Fecha DOGV
:   12-06-2015

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2015/5305


Fecha del documento
:   03-06-2015

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Borriol

Tipo de documento
:   Anuncio

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Borriol
    * adjudicación de contrato administrativo
    * plan de urbanismo
    * administración local

Información pública de la resolución de la adjudicación del PAI del sector ZR-7 Mirador de l'Abeller. [2015/5305]  
Por la presente se hace saber que por el Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2015, se ha adoptado el siguiente acuerdo:  
«- 23/15. Dictamen comisión sobre resolución adjudicación PAI o sector ZR-7 Mirador de l'Abeller. Conoce acto seguido la corporación del siguiente dictamen:  
?Planeamiento resolución adjudicación expediente 2014/0527 sector ZR-7 Mirador de l'Abeller. Dictamen   
Visto el expediente de resolución de la adjudicación del programa de actuación del sector ZR-7 Mirador de l'Abeller, y como continuación del informe emitido por el técnico de administración general en fecha 1 de octubre de 2014 y en base a los siguientes  
  
Antecedentes de hecho  
  
Primero. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 de octubre de 2002, acordó aprobar provisionalmente el plan parcial y del documento de homologación en el ámbito del denominado sector Z.R.7, junto con el estudio de impacto ambiental, remitiendo a la Administración autonómica copia del expediente administrativo, de los proyectos y del estudio de impacto ambiental, para su aprobación definitiva. Se designa provisionalmente como agente urbanizador a la mercantil Mirador de l'Abeller, SL.   
Segundo. Por la Administración autonómica se aprobó definitivamente el documento de homologación y el plan parcial del suelo apto para urbanizar residencial Z.R.7, por la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2004.  
Tercero. El 5 de junio de 2006 se presentan proyecto de urbanización del sector, así como proyecto de reparcelación, requiriéndose:  
En relación al proyecto de urbanización: informes de las compañías suministradoras y solución alternativa a la evacuación y depuración de aguas residuales.  
En relación al proyecto de reparcelación voluntaria formulado, diversas aclaraciones en relación a valoraciones de indemnizaciones, concordancia de los datos registrales con los asignados en el proyecto, valoración del excedente de aprovechamiento municipal, inclusión de la parte proporcional de suelo de sistema general de espacios libres y vinculados al sector, la imputación de costes a las distintas áreas reparcelables, y la justificación de la edificabilidad consumida en la unidad reparcelable 1, así como que se debe proceder a la firma del convenio urbanístico.  
Estos requerimientos son notificados el 30 de agosto de 2006 y el 2 de abril de 2007.   
Cuarto. El 26 de diciembre de 2008 (registro de entrada núm. 8361) se presenta escrito por el representante de la mercantil Mirador de l'Abeller, SL, en el que acompaña copia de certificados o convenios con Facsa e Iberdrola, así como copia de acta notarial de presencia, que son claramente insuficientes para dar por cumplidas las subsanaciones requeridas.  
Quinto. Que en la proposición jurídico-económica formulada por el agente urbanizador, se indicaba en su punto 6:  
?6. Garantías.  
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29.8 de la LRAU, para asegurar el cumplimiento de las previsiones del programa, la mercantil Mirador de l'Abeller, en cuanto adjudicataria del mismo, constituirá, en el plazo de 10 días desde la notificación de la adjudicación del PAI, una fianza por importe correspondiente al  7,00 % del presupuesto de ejecución material de la obra urbanizadora que asciende a la cantidad de 162.151,75 euros (ciento sesenta y dos mil ciento cincuenta y un euro con setenta y cinco céntimos).-  
Sexto. En fecha 25 de febrero de 2014 se emite informe por la Intervención Municipal del que se deriva que el urbanizador no ha constituido garantía alguna, y en fecha 1 de octubre de 2014 informe propuesta por el técnico de administración general del que se deriva que tampoco se ha suscrito el convenio urbanístico.  
Séptimo. Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de octubre de 2014 se incoa expediente para la resolución del programa.  
Octavo. Notificado el acuerdo al urbanizador y a todos los interesados, se han presentado las siguientes alegaciones:  
- Herederos de Carmen Balaguer Alcón (09.12.2014). Ponen de manifiesto la transmisión de una finca a Faustino Gallen Flor y Juan José Gallen Flor, titulares de otras parcelas y a los que también se les ha notificado.  
- Bartolomé Rubio Portolés (09.12.2014). Solicita la resolución del programa por incumplimiento y además que se desclasifique el suelo pasando a ser no urbanizable.  
- Canteras Bernad, SL (09.12.2014). Solicita la resolución del programa por incumplimiento y además que se desclasifique el suelo pasando a ser no urbanizable.  
  
Fundamentos jurídicos  
  
Primero. Sobre la normativa aplicable.  
El programa de actuación integrada se tramitó y aprobó conforme lo dispuesto en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.  
En vigor la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, hay que discernir la normativa aplicable en los supuestos de resolución del programa. Sería aplicable la disposición transitoria tercera del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística, que indica que los programas aprobados definitivamente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana se regirán en su cumplimiento y ejecución conforme lo dispuesto en la Ley reguladora de la actividad urbanística.  
En la actualidad, vigente la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, en su disposición transitoria cuarta, señala que los programas de actuación adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, por la normativa que le resultaba de aplicación con anterioridad, sin que deba solicitarse dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones.  
Segundo. Regulación en la Ley reguladora de la actividad urbanística.  
En la Ley reguladora de la actividad urbanística, el artículo 29.13 dispone:  
?13. Otras incidencias.  
Las relaciones derivadas de la adjudicación del programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que estas no contradigan lo dispuesto por esta ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que reglamentariamente sean desarrollados.  
La resolución de la adjudicación se acordará por la administración actuante, previo dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, que podrá ser instado también por el urbanizador??.  
Y el artículo 47.6 estipula que el ?adjudicatario debe suscribir los compromisos, asumir las obligaciones y prestar las garantías correspondientes??.  
Tercero. Sobre la normativa de contratación aplicable.  
En cuanto a la normativa de contratación aplicable, de conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y remisiones de la normativa de contratos anterior, habría que estar a lo que dispone el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como el Reglamento de contratación y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas dispone en su artículo 41.1:  
?Artículo 41. Constitución de garantías  
1. El adjudicatario deberá acreditar en el plazo de 15 días, contados desde que se le notifique la adjudicación del contrato, la constitución de la garantía definitiva. De no cumplirse este requisito por causas imputables al adjudicatario, la Administración declarará resuelto el contrato?:  
Cuarto. Si el contratista formulase oposición, de conformidad con el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, habrá que solicitar dictamen al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.  
Por el urbanizador no se ha formulado oposición, por lo tanto no es necesario dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.  
Por otra parte, la disposición transitoria cuarta de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) elimina la exigencia de dictamen previo del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo.  
Quinto. Para el procedimiento de resolución del programa de actuación integrada, hay que otorgar audiencia al urbanizador por un plazo mínimo de 10 días, así como, en este caso, a los propietarios o interesados del sector.  
Concedida audiencia al urbanizador y a los propietarios o interesados en el sector se han presentado las siguientes alegaciones:  
- Herederos de Carmen Balaguer Alcón (09.12.2014). Ponen de manifiesto la transmisión de una finca a Faustino Gallen Flor y Juan José Gallen Flor, titulares de otras parcelas y a los que también se les ha notificado.  
- Bartolomé Rubio Portolés (09.12.2014). Solicita la resolución del programa por incumplimiento y además que se desclasifique el suelo pasando a ser no urbanizable.  
- Canteras Bernad, SL (09.12.2014). Solicita la resolución del programa por incumplimiento y además que se desclasifique el suelo pasando a ser no urbanizable.  
Respecto a la primera alegación, y habiéndose notificado el expediente a Faustino Gallen Flor y Juan José Gallen Flor no cabe hacer ninguna valoración al ser simplemente la comunicación de un hecho objetivo.  
Respecto de la alegación segunda y tercera, a parte de la solicitud de resolución del programa por los interesados se solicita que se desclasifique el suelo y que pase a no urbanizable. Al respecto hay que indicar que la resolución de la adjudicación comporta la cancelación de la programación. La desclasificación del suelo, si se estima oportuno se realizará en la revisión del plan general que se encuentra en tramitación. El artículo 8 de la LRAU determinaba que ?La clasificación urbanística del suelo la constituye y confiere el plan y solo este podrá establecerla, mantenerla o modificarla.-  
Sexto. Por lo que se refiere a las consecuencias de la resolución de la adjudicación, son las previstas en el artículo 29.13 de la LRAU, contenidas posteriormente en el artículo 143.3 de la LUV y actualmente en el  artículo 165 de la LOTUP, artículos, estos dos últimos, que suponen un continuismo respecto de la anterior legislación. El artículo 29.13 de la LRAU literalmente establece:  
??La resolución de la adjudicación se acordará por la administración actuante, previo dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación a las previsiones del artículo 10. El correspondiente acuerdo deberá, además y cuando proceda:  
A) Declarar, de conformidad con el referido dictamen, la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido suficientemente a las cargas de urbanización.  
B) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de las actuaciones aisladas.  
C) Incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya o, en otro caso, y salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, disponer:  
1. La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento seguido para su adopción de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa cancelado, o 2. La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo urbanizador, cuando esta proceda.  
D) Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes.-  
En el presente caso donde no se ha prestado fianza ni se ha firmado convenio, ni se han aprobado los proyectos de urbanización y reparcelación y el único urbanizador que concurrió a la programación fue la mercantil Mirador de l'Abeller, SL, la corporación municipal deberá pronunciarse únicamente sobre la resolución de la adjudicación y determinar la cancelación de la programación y los apartados C y D del artículo 29.13. Por tanto la resolución, en el presente caso, se limitará únicamente a resolver la adjudicación y determinar la cancelación de la programación, incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno y comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos y del incumplimiento de los deberes urbanísticos que sean pertinentes. De acuerdo con informe técnico deberá determinarse si existen daños y perjuicios.  
Séptimo. La LOTUP no contempla procedimiento aplicable a la resolución de la adjudicación, por tanto hay que acudir a la legislación contractual que es aplicable supletoriamente. El actual TRLCSP tampoco regula dicho procedimiento por tanto hay que acudir al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Se ha dado cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 109 del RLCAP para la resolución del programa con las especialidades contenidas en el LOTUP, habiéndose concedido audiencia a la empresa urbanizadora y a los propietarios del ámbito.  
Asimismo se han cumplido los plazos máximos de tramitación del procedimiento, según resulta de la disposición adicional séptima del TRLCAP en relación con el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 163.7 de la LOTUP.  
Octavo. El artículo 113 apartados 4 y 5 del TRLCAP establece que ?4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada  
5. En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida?.  
En el caso de que se determine por los servicios técnicos que puedan derivarse de la resolución daños y perjuicios, en el mismo acuerdo de resolución deberá acordarse simultáneamente la instrucción del correspondiente expediente administrativo contradictorio para la determinación de los daños y perjuicios. Así se determina en numerosos dictámenes del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana entre otros el 126/2014 que literalmente establece ?este Consell Jurídic ha venido manteniendo el criterio de que el órgano de contratación, en el caso en que sea de aplicación la legislación que previene la incautación de la fianza de forma automática, así lo haga, si bien acuerde simultáneamente la instrucción del correspondiente expediente administrativo contradictorio para la determinación de los daños y perjuicios, a fin de concretar el quántum indemnizatorio, en su caso con la correspondiente liquidación de cuentas entre las partes?.  
Noveno. La competencia para la resolución del expediente correspondería al Pleno del Ayuntamiento como órgano de contratación de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y 112 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Por todo lo anterior, se informa que procede:  
  
Primero. Estimar y desestimar las alegaciones presentadas de acuerdo con el fundamento de derecho quinto.  
  
Segundo. Resolver la adjudicación del programa de actuación integrada del sector ZR-7 por incumplimiento de la obligación del urbanizador de prestar garantía definitiva del programa de actuación integrada y suscripción del convenio urbanístico. La resolución de la adjudicación comporta la cancelación de la programación.  
  
Tercero. Iniciar la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de los deberes urbanísticos que sean pertinentes. En este expediente administrativo contradictorio se determinarán los posibles daños y perjuicios que se hubieran podido generar.  
  
Cuarto. Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Quinto. Una vez firme en vía administrativa, remitir certificado del acuerdo a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente e inscribir la resolución del programa en el registro de programas dependiente del ayuntamiento.  
  
Sexto. Notificar el acuerdo a los interesados en el expediente, significándoles que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Castellón de la Plana en el plazo de dos meses (ambos plazos contados desde el día siguiente a la notificación), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Y todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno en defensa de su derecho.  
  
Si transcurriera un mes desde la fecha de interposición del recurso de reposición sin que se notificara su resolución, se entenderá desestimado y podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Castellón de la Plana en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.  
Borriol, 26 de marzo de 2015?.  
  
Visto el mismo y, tras el correspondiente debate y deliberación se acuerda, por unanimidad, su aprobación».  
  
Lo que se hace público a los efectos oportunos.  
  
Borriol, 3 de junio de 2015.- El alcalde: Iban Pauner Alafont.