Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3649, del 21-12-1999 (1999/10757)

Notificación de resolución de solicitud de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad patrimonial de la administración.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3649

Fecha DOGV
:   21-12-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/10678


Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución de solicitud de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad patrimonial de la administración. [1999/X10058]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución de indemnización de daños y perjuicios formulada por doña Enedina Parreño Oviedo en materia de responsabilidad patrimonial de la administración.
  
Vista la solicitud de indemnización de daños y perjuicio formulada por doña Enedina Parreño Oviedo, en nombre y representación de la alumna Sandra Irene Parreño, y vistos los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 1998, doña Enedina Parreño Oviedo, solicita indemnización en la cantidad de 7.000 PTA (42.07 euros), por los daños sufridos por su hija Sandra Irene Parreño, el día 13 de noviembre de 1998, a las 10.30 horas en el CP La Marina del Grau de Castellón.
  
Segundo
  
Mediante resolución de 12 de febrero de 1999, de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, se acuerda la incoación del expediente indemnizatorio para determinar la responsabilidad patrimonial de la administración.
  
Tercero
  
Concluida la instrucción del procedimiento, y tras el trámite de audiencia a los interesados, se formula la correspondiente propuesta de resolución, recayendo posteriormente informe del Servicio Jurídico de la Conselleria y dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de fecha 9 de septiembre de 1999.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
El artículo 106 de la Constitución Española establece el principio de la responsabilidad patrimonial de la administración Pública por las lesiones que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos , siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, precepto constitucional que desarrolla el título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
En consecuencia, el procedimiento que se ha seguido para tramitar la solicitud formulada por doña Enedina Parreño Oviedo, es el previsto en el artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.
  
Segundo
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es competente para la resolución de la reclamación de indemnización el titular de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. Dicha competencia ha sido delegada en el director general de Régimen Económico de esta Conselleria, mediante Orden de 22 de noviembre de 1996 (DOGV núm. 2.881, de 2.12.1996).
  
Tercero
  
El artículo 139 de la Ley 30/1992, establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
  
Según la doctrina científica y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo -sentencias de 20 de diciembre de 1994, 25 de mayo de 1995 y 20 de junio de 1995- para que proceda la acción de responsabilidad patrimonial de la administración es necesario que el daño o la lesión patrimonial sufridos por el reclamante sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin admitir las intromisiones o interferencias extrañas en las que pudieran cooperar terceros o el propio lesionado, alterando el nexo causal.
  
De los documentos obrantes en el expediente se desprende que, el día 13 de noviembre de 1998, a las 10.30 horas, en el patio del CP La Marina del Grau de Castellón, durante la clase educación física mientras realizaban una actividad con unas picas, la alumna Sandra Irene Parreño recibió un golpe en la boca con el palo de un compañero, rompiéndole un diente.
  
En el informe de la dirección del centro docente, de fecha 2 de marzo de 1999, se aduce lo siguiente:
  
"El dia 13.11.1998, a les 10.30 i al pati de l'escola, en la classe d'educació física, un xiquet va agafar una pica que estaven utilitzant per a una activitat d'Educació Física, va pegar en la boca a Sandra Irene Parreño, i li va trencar l'incisiu superior dret.
  
L'accident es va produir en presència de la mestra d'educació física i de tot el grup de classe de la xiqueta accidentada.
  
L'exercici proposat per la mestra no suposava perillositat per ell mateix, va ser el mal ús del material que va fer un alumne el que va produir l'accident".
  
En lo que respecta a la actuación del centro docente, se recuerda el contenido del dictamen del Consejo de Estado 301/1992, de 12 de junio, en cuanto sostuvo que es doctrina reiterada que el deber de vigilancia "no puede exceder de lo que sea razonablemente exigible" . Por todo ello, en ocasiones no es posible evitar que se produzcan daños derivados de actos que dada la espontaneidad y rapidez con la que se producen son imprevisibles.
  
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la edad de los alumnos, ocho años de edad, y el origen del daño, el mal uso del material utilizado por uno de ellos, no pudiendo ser imputable el daño al mismo, se considera que existe una relación de causa a efecto entre el daño y el funcionamiento del servicio público, como consecuencia de la configuración de la responsabilidad objetiva de la administración, en nuestro ordenamiento jurídico, en este caso de la administración educativa, por lo que concurren los requisitos exigidos por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Habiendo comprobado que la cuantía de los daños alegados por la interesada asciende a la cantidad de 7.000 PTA (42,07 euros) procede que se lleva a cabo su abono en metálico de una sola vez.
  
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y conforme con el Consejo Jurídico Consultivo, según dictamen indicado en los antecedentes de hecho de la presente resolución, resuelvo:
  
Estimar la reclamación de indemnización presentada por doña Enedina Parreño Oviedo, en nombre y representación de Sandra Irene Parreño, en la cantidad de 7.000 PTA (42,07 euros), por concurrir, en el supuesto en cuestión, los requisitos legalmente previstos para que proceda la responsabilidad patrimonial de la administración al existir nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido.
  
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
  
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el director general de Régimen Económico, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
  
b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
  
Lo que le comunico para su conocimiento y notificación.