Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4202, del 04-03-2002 (2002/1674)

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001,del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, relativa a la inadmisión, por extemporáneo, del recurso de alzada interpuesto por don Fernando González Muñoz, contra la Resolución del director del Centro de Desarrollo Marítimo, de fecha 25 de abril de 2001, por la que se declara responsable a la Comunidad de Bienes .Centro Canadá. de una infracción de la ley de puertos consistente en ocupación de superficie no autorizada en el puerto de Calpe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4202

Fecha DOGV
:   04-03-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/1674


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2001,del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, relativa a la inadmisión, por extemporáneo, del recurso de alzada interpuesto por don Fernando González Muñoz, contra la Resolución del director del Centro de Desarrollo Marítimo, de fecha 25 de abril de 2001, por la que se declara responsable a la Comunidad de Bienes ?Centro Canadá- de una infracción de la ley de puertos consistente en ocupación de superficie no autorizada en el puerto de Calpe. [2002/X1674]
  
Dada cuenta del recurso de alzada interpuesto por don Fernando González Muñoz, contra la Resolución del director del Centro de Desarrollo Marítimo, de fecha 25 de abril de 2001, por la que se declara responsable a la Comunidad de Bienes de la que él es integrante: Centro Canadá, en concepto de autor de la infracción tipificada en el artículo 114.2.d) de la Ley de Puertos, consistente en la instalación de mesas y sillas en zona de dominio público portuario y colocación de expositor sin autorización administrativa.
  
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la primera, se evacua la siguiente:
  
Propuesta
  
I. Motivos del recurso
  
Se reiteran los argumentos aducidos a lo largo del expediente sancionador, que consisten en: existencia de autorización administrativa, no indicación de que se estaba cometiendo una infracción, no atención a los criterios legales de graduación de la sanción, así como incumplimiento de lo prescrito en el artículo 58.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, respecto de la notificación de la propuesta de resolución.
  
II. Análisis de los motivos del recurso
  
La resolución recurrida fue notificada al interesado el día 7 de junio de 2001, según se desprende del acuse de recibo obrante en el expediente. Sin embargo, el recurso tiene entrada en esta Conselleria el 10 de julio de 2001 es decir, fuera del plazo legalmente establecido para la interposición del recurso de alzada.
  
Por otra parte, el recurso debió haber sido suscrito por los dos integrantes de la Comunidad de Bienes, ya que de conformidad con la legislación aplicable éstos deben actuar de forma mancomunada.
  
En cuanto al fondo del asunto, las alegaciones contenidas en el recurso planteado no desvirtúan los hechos ni los fundamentos de derecho de la Resolución recurrida, por los motivos ya expuestos en la propia Resolución, a los que se hace expresa remisión en el presente, en particular, el hecho de que la superficie ocupada por mesas, sillas y un expositor excede de la autorizada a la Comunidad de Bienes integrada por don Fernando y don Juan Carlos González Muñoz, habiéndose requerido en varias ocasiones a los interesado para que liberase dicha superficie, sin haber sido atendido tal requerimiento. Tampoco cabe alegar el desconocimiento de estar cometiendo una infracción, argumento que parece desprenderse de la manifestación sobre la falta de advertencia de estar cometiendo una irregularidad, ya que del contenido de las autorizaciones otorgadas (16.9.1996 y 7.9.2000), se desprende claramente aquello que está permitido, incluso se prohibe expresamente en la segunda los cerramientos laterales y se indica, también de modo expreso, que los expositores deberán colocarse en el interior de la superficie autorizada.
  
Respecto a la cuantía de la sanción propuesta, la misma se considera apropiada, puesto que a la infracción de que se trata le corresponde una sanción de hasta diez millones de pesetas, y en la Resolución del expediente ya se minoró la cuantía inicialmente propuesta.
  
La falta de notificación de la propuesta de resolución en plazo sólo es imputable a los interesados, ya que se dirigió al mismo domicilio donde, tanto con anterioridad como posteriormente se han recibido las demás notificaciones, habiendo sido devuelto por el Servicio de Correos con la indicación de ?ausente?.
  
En virtud de lo expuesto, a juicio del proponente procede:
  
Inadmitir, por extemporáneo, el recurso de alzada interpuesto por don Fernando González Muñoz, contra la Resolución del director del Centro de Desarrollo Marítimo, de fecha 25 de abril de 2001, por la que se declara responsable a la Comunidad de Bienes ?Centro Canadá- en concepto de autor de la infracción tipificada en el artículo 114.2.d) de la Ley de Puertos, consistente en la instalación de mesas y sillas en zona de dominio público portuario y colocación de expositor sin autorización administrativa, imponiendo una sanción de 2.324.600 PTA 813.971,13 euros) y ordenando la restitución de las cosas a su anterior estado, y confirmar la misma como ajustada a derecho.