Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7059, del 03-07-2013 (2013/6955)

ORDEN 24/2013, de 26 de junio, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas a la creación o mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del empleo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo en el ejercicio 2013.
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Número DOGV
:   7059

Fecha DOGV
:   03-07-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2013/6955


Fecha del documento
:   26-06-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * ayuda pública

ORDEN 24/2013, de 26 de junio, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas a la creación o mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del empleo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo en el ejercicio 2013. [2013/6955]  
La Generalitat Valenciana, dentro de su ámbito competencial en material de fomento de empleo, viene llevando una política coordinada para la inserción laboral de personas con discapacidad, no solo en centros especiales de empleo (empresas de empleo protegido) sino también en empresas ordinarias, potenciando el tránsito de trabajadores de aquellas a estas, prestando una especial dedicación a aquellas personas que, por su tipo de discapacidad, presentan unas especiales dificultades para la inserción en la empresa ordinaria.  
La Ley 13/1982, de Integración Social de Personas con Discapacidad, recoge en su título VII la figura de los centros especiales de empleo como aquellos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores con discapacidad, a la vez que sea un medio de integración del mayor número de personas con discapacidad al régimen de trabajo normal.  
La regulación jurídica de los centros especiales de empleo viene establecida en el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los centros especiales de empleo, y las ayudas destinadas a la contratación de personal de ajuste personal y social de los trabajadores con discapacidad, viene recogidas en el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo.  
La Estrategia Española de Empleo 2012-2014, publicada mediante el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, supone un nuevo marco de referencia que permite a los servicios públicos de empleo autonómicos diseñar y gestionar sus propias políticas activas de empleo.  
Una vez tramitada la convocatoria de ayudas salariales y de adaptación de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana, se considera necesaria la convocatoria de ayudas para la creación y/o mantenimiento de las unidades de apoyo, sin las cuales, la contratación o mantenimiento de puestos de trabajo para trabajadores con discapacidades severas, pierde efectividad.  
La presente orden incluye la terminología recogida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y en el Decreto 114/2010, de 30 de julio, del Consell, por el que se procede a la adecuación terminológica en el ámbito de las personas con discapacidad  
La presente convocatoria se enmarca asimismo en los compromisos derivados de la aprobación del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo II 2009-2013, PAVACE II.  
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y el Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo,  
  
ORDENO  
  
Artículo 1. Objeto y ámbito  
1. El objeto de la presente orden es establecer un programa de ayudas destinadas a promover y facilitar la integración laboral de personas con discapacidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana, mediante la concesión de ayudas para la creación y/o mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del empleo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo.  
2. El régimen de ayudas aplicable será el determinado en los artículos siguientes.  
3. Todas las acciones subvencionables deberán realizarse en el ejercicio 2013, sin perjuicio de los plazos de justificación previstos en la orden.   
  
Artículo 2. Acciones apoyables   
1. Las ayudas previstas en la presente orden irán destinadas a la creación y/o mantenimiento de unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, como instrumento de modernización de los mismos.  
2. Las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden tendrán la consideración de subvenciones públicas, y se regirán, en lo no dispuesto por la misma, por la normativa a que hace referencia la disposición adicional tercera de la presente orden.   
  
Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente orden, los titulares de los centros especiales de empleo cuya actividad se realice en la Comunitat Valenciana que cumplan con los requisitos establecidos.  
En ningún caso podrán resultar beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan realizar las actuaciones que darían derecho a las ayudas.  
  
Artículo 4. Requisitos generales de los beneficiarios  
1. No estar incursos en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.  
2. No tener la consideración de empresas en crisis ni tratarse de centros especiales de empleo que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.  
3. Estar calificados e inscritos como centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana en el registro administrativo creado por Orden de 10 de abril de 1986, de la Consellería de Trabajo y Seguridad Social (DOGV 376, de 14.05.1986).  
4. Estar inscritos como entidades empleadoras en los regímenes de la Seguridad Social en los que exista afiliación de trabajadores por cuenta ajena.  
5. Los centros especiales de empleo que hayan resultado beneficiarios de ayudas en el ejercicio inmediatamente anterior a la publicación de la presente orden, deberán haber presentado la documentación prevista en el artículo 5 de la Orden de 10 de abril de 1986, de la Consellería de Trabajo y Seguridad Social (DOCV 14 de mayo):  
- Memoria según modelo normalizado.  
- Relación de la plantilla, según modelos normalizados.  
- Documentación económica: balances y cuenta de pérdidas y ganancias, del centro especial de empleo, relativa al ejercicio inmediatamente anterior, debidamente firmadas por el legal representante de la empresa, así como cuentas anuales del ejercicio 2011 presentadas en el Registro Mercantil o en los registros correspondientes, según el tipo de entidad, o en el caso de asociaciones, cuentas aprobadas por la asamblea general, y, en el caso de entidades a las que resulte de aplicación la obligación establecida en el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, auditoria de las cuentas correspondientes al ejercicio 2011.  
  
Artículo 5. Obligaciones generales de los beneficiarios  
Además de las obligaciones que para los beneficiarios de cada tipo de acción se establecen en los correspondientes artículos de esta orden, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en otras normas de general aplicación, se declaran las siguientes:  
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.  
b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.  
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.  
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y de pago, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. El modo de acreditación será el establecido en la letra b, punto 2, del artículo 6.  
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.  
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.  
h) En relación con la obligación general para todo tipo de ayudas de dar publicidad del carácter público de la financiación recogido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. y en el artículo 31 del Real Decreto 887/2003, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, los centros especiales de empleo, beneficiarios de la ayuda regulada en la presente orden, deberán hacer constar su carácter de «Centro Especial de Empleo» «calificado por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación», mediante el correspondiente cartel indicador, tanto en el domicilio social como en todos y cada uno de los centros de trabajo de la Comunitat Valenciana.   
Además la concesión de la subvención implica la aceptación de ser incluido en una lista que se publicará de forma electrónica por cualquier otro medio, en la que figurarán los beneficiarios, la operación financiada y el importe de la ayuda.  
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, Reglamento de la Ley 38/2003.  
j) La presentación de solicitudes al amparo de esta orden supone la prestación del consentimiento por parte del solicitante para que el SERVEF pueda solicitar de los órganos competentes de la Seguridad Social la información estrictamente necesaria para comprobar las altas, bajas, mantenimientos e incidencias de las contrataciones subvencionadas.  
k) Así mismo, la presentación de solicitudes al amparo de esta orden, supone la existencia de autorización expresa de todos los trabajadores con discapacidad al centro especial de empleo en el que trabajan, para la cesión de datos al SERVEF, relativos al tipo y grado de discapacidad.  
l) Aplicación de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, referidas a la realización de auditoria de cuentas en aquellas empresas y entidades que han recibido subvenciones o ayudas en ejercicios anteriores.  
m) El pago de las ayudas por el sistema de pagos anticipados, y a los efectos de garantizar la contabilidad separada, requiere la aportación de datos de cuenta bancaria separada y diferente de la propuesta para el pago de cualquier otra ayuda, salvo la ayuda salarial para trabajadores con discapacidad con contrato indefinido, que también hayan optado por el pago por el sistema de anticipo.  
n) Los centros especiales de empleo deberán comunicar al SERVEF, en un plazo no superior a 30 días, cualquier alteración o modificación que se produzca en relación con la calificación como centro especial de empleo, a saber: titularidad, forma jurídica, actividades, domicilio social, apertura de nuevos centros de trabajo, etc.  
  
Artículo 6. Presentación de solicitudes, documentación y plazos  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas por la presente orden deberán dirigirse al SERVEF y se presentarán en modelo normalizado en la Dirección General del SERVEF, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluida la presentación, en su caso, a través del correspondiente Registro Electrónico de la Generalitat (DF quinta de la Ley 3/2010, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana).  
2. Las solicitudes deberán acompañarse, de la documentación siguiente, que podrá anexarse por medios telemáticos sin perjuicio de que pueda requerirse en determinadas circunstancias la exhibición de los documentos originales para su cotejo si se estima conveniente:  
A) Documentación general  
a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante, y, en su caso, de su representante legal, salvo en el supuesto de que la documentación señalada ya obrara en poder del SERVEF.  
En relación a los datos de identidad, tanto del solicitante como del representante legal, en cuanto a personas físicas, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el SERVEF obtenga directamente dicha acreditación.  
No obstante, el solicitante o representante legal, podrá denegar o revocar este consentimiento efectuando comunicación escrita al SERVEF en tal sentido. En este supuesto, deberán presentar copia compulsada de la documentación acreditativa de dicha identidad.  
b) La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el SERVEF obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social previstas en los artículos 18 y 19, respectivamente, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.  
No obstante, el solicitante podrá denegar o revocar este consentimiento efectuando comunicación escrita al SERVEF en tal sentido. En este supuesto, deberán presentarse certificados originales positivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública y de la Tesorería General de la Seguridad Social, expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la ayuda.  
c) Datos de domiciliación bancaria, según modelo facilitado al efecto (modelo de domiciliación bancaria), y documentación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria del beneficiario, salvo si se ha presentado con anterioridad ante el SERVEF y no ha experimentado variación, en cuyo caso se indicará la cuenta en que se deberá practicar el ingreso, especificando en todo caso a que ayuda/s corresponde/n.  
d) Declaración responsable suscrita por el representante legal de que la entidad beneficiaria no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones y en concreto de no encontrarse en el supuesto del artículo 13.2.g de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
e) Declaración responsable acreditativa de que el beneficiario no se encuentra ni en situación de crisis, entendida según las consideraciones que sobre la misma constan en la disposición adicional segunda de la presente orden, ni sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.  
B) Documentación específica ayuda a las unidades de apoyo  
a) Relación de los trabajadores integrantes de cada unidad de apoyo, puestos de trabajo que hayan de ocupar y jornada laboral (anexo II - modelo normalizado).  
b) Relación de la plantilla de trabajadores con discapacidad severa del CEE para valoración de expedientes, especificando tipo y grado de discapacidad, tipo y duración de los contratos (alta y baja en SS), así como la jornada de trabajo (anexo III - modelo normalizado).  
c) Plan de ajuste personal y social del centro especial de empleo previsto para 2013.  
d) Memoria del contenido de las funciones encomendadas a las unidades de apoyo, y de cada uno de sus miembros.  
e) Copia de los contratos indefinidos, o transformación de temporales en indefinidos, de los trabajadores integrantes de las unidades de apoyo, que resulten subvencionables de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la presente orden.  
f) Documentación acreditativa de la titulación de grado medio o superior del personal técnico integrante de las unidades de apoyo, o en su defecto, currículum vítae acreditativo de los conocimientos y/o experiencia equiparables.  
g) Documentación acreditativa del tipo y grado de discapacidad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la presente orden.  
3. En el supuesto de que los documentos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha, el órgano o la dependencia en que fueron presentados, o, en su caso, emitidos, la identificación del procedimiento en que obren y que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.  
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en la presente orden o no acompañen la documentación que de acuerdo con la misma resulte exigible, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución expresa y su notificación en los términos previstos en el artículo 42 de la citada ley.  
5. La formulación de la solicitud por parte del interesado para acceder a los beneficios de la presente orden, supone la aceptación de la subvención por parte del solicitante de la misma, así como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.  
6. Las solicitudes de ayudas reguladas en esta orden deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma.  
En el supuesto de nuevos contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada de personal con discapacidad severa, producidas con posterioridad a la fecha de publicación de la Orden 13/2013, de 21 de mayo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo para personas con discapacidad en el ejercicio 2013 (DOCV 31.05.2013), que puedan resultar subvencionables de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la presente orden, la solicitud de la ayuda se realizará en el plazo señalado de un mes contado a partir de la fecha de su contratación, prórroga o ampliación de jornada, reconociéndose la subvención, en su defecto, desde la fecha de su efectiva presentación. En todo caso, estas solicitudes, no podrán ser posteriores al 15 de noviembre.  
  
Artículo 7. Procedimiento y criterios para la concesión de las ayudas   
1. El procedimiento de concesión de subvenciones reguladas en la presente orden, habida cuenta de la importancia de las unidades de apoyo en el mantenimiento de puestos de trabajadores con discapacidad severa en centros especiales de empleo, y dada la dotación inicialmente prevista para el programa, será, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el de «prorrateo» entre los beneficiarios del mismo, del importe global máximo destinado al programa.  
Para efectuar la concesión de las ayudas mediante el sistema de prorrateo se tendrá en cuenta el número de trabajadores con discapacidad severa, destinatarios finales de la ayuda, la duración de sus contratos y la jornada de los mismos.  
  
Artículo 8. Tramitación, resolución   
1. El órgano administrativo instructor, entendiendo por tal a la Dirección General de Empleo e Inserción Laboral, podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.  
2. Una vez instruidos los expedientes, se remitirán a la Comisión de Valoración, que procederá a evaluar las solicitudes, emitiendo informe en el que se concretará el resultado de dicha evaluación.   
La composición de la Comisión de Valoración será la siguiente:  
Presidente:  
La jefa del Área de Fomento de Empleo o persona en quien esta delegue.  
Vocales:  
La jefa del Servicio de Empleo para Discapacidad, que actuará como secretaria.  
El jefe del Servicio de Gestión de Programas.  
3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de resolución.  
En el caso de que la dotación existente para el presente programa, tanto la inicial como posibles ampliaciones de crédito, resultara suficiente para atender la totalidad de las solicitudes presentadas, tanto el informe como la propuesta de resolución, podrá consistir, en la aprobación de la totalidad de las ayudas correspondientes a todos los solicitantes.  
4. La competencia para conocer y resolver sobre las solicitudes formuladas corresponde al director general del SERVEF, salvo las delegaciones efectuadas en el director general de Empleo e Inserción Laboral.  
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a contar desde el día siguiente a la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del SERVEF.   
6. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   
7. La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente la cuantía concedida e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el beneficiario de la misma, con notificación a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, antes mencionada.  
  
Artículo 9. Resolución de incidencias  
1. El director general de empleo e inserción laboral por delegación del director general del SERVEF, serán los competentes para resolver las incidencias que se produzcan con posterioridad a la concesión de ayudas, como prórrogas de plazos, modificaciones justificadas del proyecto inicial o cualquier variación de las condiciones particulares de la concesión.  
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda o subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de las mismas a que se refiere el artículo 10, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.  
  
Artículo 10. Concurrencia de ayudas y subvenciones  
El importe de las subvenciones reguladas en la presente orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad subvencionada que ha de desarrollar el beneficiario.  
  
Artículo 11. Control de las ayudas  
1. Corresponderá al director general de empleo e inserción laboral del SERVEF, u órgano que lo sustituya, por delegación del director general del SERVEF, llevar a cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como la evaluación y el seguimiento del presente programa, para lo cual implantará todos aquellos mecanismos que considere oportunos.  
2. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General y de los órganos competentes de las instituciones comunitarias y a cuantos procedimientos se establezcan para garantizar el cumplimiento de la presente orden.  
  
Artículo 12. Destinatarios finales y acreditación de la discapacidad  
1. Los destinatarios finales del presente programa, serán los trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo que se encuentren en alguno de los supuestos que se describen a continuación:  
a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con el grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento.  
b) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.  
2. Las unidades de apoyo a la actividad profesional podrán prestar servicio también a los trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo no incluidos en el apartado anterior, siempre y cuando la dedicación a estos trabajadores no menoscabe la atención de los incluidos en el apartado anterior.  
3. La documentación acreditativa del tipo y grado de discapacidad, será:  
a) Las resoluciones y dictámenes técnicos, en su caso, emitidos por los centros de valoración de discapacidades de las comunidades autónomas.  
b) Las resoluciones y dictámenes técnicos, emitidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por el Ministerio de Economía y Hacienda, y a los que hace referencia el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, en cuanto a los pensionistas de la Seguridad Social, que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, que recojan la concurrencia de enfermedad mental o discapacidad intelectual, ya que en el resto de los casos, al equipararse dichas situaciones de incapacidad únicamente a una discapacidad del 33 por ciento, no resultarían subvencionables por no tratarse de los destinatarios finales a que hace referencia el artículo 12.1 de la presente orden subvencionables.  
  
Artículo 13. Unidades de Apoyo a la actividad profesional: concepto, composición y constitución  
1. Concepto   
Se entiende por unidades de apoyo a la actividad profesional los equipos multiprofesionales enmarcados dentro de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo que, mediante el desarrollo de las funciones y cometidos relacionados en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo (BOE 22.04.2006), permiten ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que los trabajadores con discapacidad de dichos centros tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión del mismo.  
2. Composición de las unidades de apoyo a la actividad profesional  
1.º. Los centros especiales de empleo que accedan a estas subvenciones, deberán disponer de unidades de apoyo a la actividad profesional cuya composición se establecerá de acuerdo con los módulos que se indican a continuación:  
a) Hasta 15 trabajadores con discapacidad incluidos en el apartado 1 del artículo 12: un técnico de grado medio o superior, con titulación universitaria preferentemente de las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, directamente relacionadas con las funciones y cometidos relacionados en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, al menos al 20 por ciento de su jornada y un encargado de apoyo a la producción a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo parcial.  
b) De 16 a 30 trabajadores con discapacidad incluidos en el apartado 1 del artículo 12: un técnico de grado medio o superior, con titulación universitaria preferentemente de las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, directamente relacionadas con las funciones y cometidos relacionados en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, al menos al 80 por ciento de su jornada y dos encargados de apoyo a la producción a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo parcial.  
c) De 31 a 45 trabajadores con discapacidad incluidos en el apartado 1 del artículo 12: dos técnicos de grado medio o superior, con titulación universitaria preferentemente de las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, directamente relacionadas con las funciones y cometidos relacionados en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, uno de los técnicos a tiempo completo y el otro al menos al 50 por ciento de su jornada y tres encargados de apoyo a la producción a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo parcial.  
d) De 46 a 60 trabajadores con discapacidad incluidos en el apartado 1 del artículo 12: dos técnicos de grado medio o superior, con titulación universitaria preferentemente de las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, directamente relacionadas con las funciones y cometidos relacionados en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, a tiempo completo, y cuatro encargados de apoyo a la producción a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo parcial.  
e) De 61 a 75 trabajadores con discapacidad incluidos en el apartado 1 del artículo 12: tres técnicos de grado medio o superior, con titulación universitaria preferentemente de las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, directamente relacionadas con las funciones y cometidos relacionados en el artículo 2 del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, o con conocimientos y/o experiencia equiparables, dos de los técnicos a tiempo completo y el otro de los técnicos al menos al 50 por ciento de su jornada, y cinco encargados de apoyo a la producción a tiempo completo, o los que correspondan proporcionalmente si la contratación se realiza a tiempo parcial.  
f) Para más de 75 trabajadores, se establecerá la plantilla de la unidad de apoyo a la actividad profesional proporcionalmente, según los criterios anteriormente expuestos.  
2.º. Cuando el número de trabajadores con el tipo y grado de discapacidad establecido en el punto 1 del apartado 2.º del presente artículo al que se dirige el servicio no se corresponda con los topes de cada módulo, el tiempo de dedicación del personal de las unidades de apoyo a la actividad profesional será proporcional al número de dichos trabajadores con discapacidad.  
3.º Cuando por causas justificadas se produzcan vacantes del personal que integra esas unidades, a fin de mantener la proporcionalidad, deberán ser sustituidas por otros trabajadores de la misma categoría y condiciones que el sustituido, presentando el correspondiente contrato comunicado en el Centro SERVEF, en el plazo de 15 días.  
3. Constitución  
Las unidades de apoyo deberán estar constituidas de acuerdo con la composición mínima establecida en el párrafo anterior, en la fecha de publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV 31.05.2013), de la Orden 13/2013, de 21 de mayo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo para personas con discapacidad en el ejercicio 2013.  
  
Artículo 14. Subvenciones, cuantía e incompatibilidades  
1. Las subvenciones establecidas en la presente orden se destinarán a financiar costes salariales y de Seguridad Social, correspondientes a las nóminas de enero a diciembre del presente ejercicio, incluidas dos pagas extraordinarias o prorrateo de las mismas, derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo, para el desarrollo de las funciones descritas en el real decreto que las crea, salvo que dichos trabajadores resulten tener alguna discapacidad por la cual el centro especial de empleo haya solicitado la ayuda salarial por mantenimiento de puestos de trabajo, siendo ambas ayudas incompatibles.  
2. Tanto los miembros de las unidades de apoyo como los trabajadores con discapacidad severa a que hace referencia el apartado 1 del artículo 12 de la presente orden, para resultar subvencionables, deberán estar contratados en el CEE a fecha de publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV 31.05.2013), de la Orden 13/2013, de 21 de mayo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo para personas con discapacidad en el ejercicio 2013, o haberlo estado con anterioridad en el presente ejercicio y hayan finalizado sus contratos antes de dicha publicación.  
3. Las contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada producidas con posterioridad a la fecha de publicación en el DOCV de la citada Orden 13/2013, de 21 de mayo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo para personas con discapacidad en el ejercicio 2013, resultarán subvencionables siempre que no impliquen un incremento del importe de la subvención concedida inicialmente.   
4. No se considerarán integrantes de las unidades de apoyo a la actividad profesional, a efectos de las subvenciones reguladas en la presente orden, aquellos trabajadores cuya jornada máxima legal en otra empresa, ya venga subvencionada por cualquier organismo público, ni el personal que ostente asimismo la representación de la entidad mediante cargo de gerente, administrador o cualquier otro que implique poder de decisión en el centro especial de empleo, así como el personal de administración del centro.  
5. La cuantía de dichas subvenciones se establece como máximo en 1.200 € anuales por cada trabajador con el tipo y grado de discapacidad indicados en el punto 1 del artículo 12, contratados por tiempo indefinido o mediante contrato temporal de duración igual o superior a seis meses, y a jornada completa.  
Dicha subvención se reducirá de forma proporcional en función de la jornada, siempre que la misma suponga, como mínimo, 20 horas semanales, y de la duración de los contratos de los trabajadores con discapacidad.  
  
Artículo 15. Justificación y pago  
1. Los gastos consistentes en salarios de los trabajadores, se acreditarán siempre mediante la presentación de las nóminas de los trabajadores integrantes de las unidades de apoyo y los gastos consistentes en pago de cuotas de Seguridad, mediante la presentación de los correspondientes TC1 y TC2 de cada mensualidad, acompañados en ambos casos, por las transferencias bancarias o cualquier otra forma de pago, siempre que se acredite el cargo en cuenta de dichos importes.  
La justificación del gasto requerirá la presentación mediante original o copia debidamente compulsada, del justificante bancario acreditativo de la identidad del que efectúa el pago, del periodo a que hace referencia el cargo, cargo en cuenta de los importes y trabajadores.  
La aportación de la documentación indicada se realizará en los plazos que se recogen a continuación, acompañada, en su caso, de la comunicación de las bajas en el CEE que hayan podido causar los trabajadores integrantes de las unidades de apoyo:  
Primer plazo: en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria: recibos de salarios de enero a junio, ambos inclusive, y extra, y TC1 y TC2 de enero a mayo, ambos inclusive.   
Segundo plazo: del 1 al 15 de enero del año siguiente a la convocatoria: recibos de salarios de los meses de julio a diciembre, ambos incluidos, y extra, así como TC1 y TC2 de junio a noviembre, ambos inclusive.  
Tercer plazo: del 1 al 15 de febrero del año siguiente: TC1 y TC2 de diciembre.  
2. Las subvenciones se abonarán mediante pagos anticipados, en función de los porcentajes establecidos en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013, en relación con lo establecido en el apartado tercero del artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública Valenciana.   
Los centros especiales de empleo, beneficiarios de las ayudas reguladas en el presente capítulo, están exonerados de formalizar garantías por las cantidades anticipadas, en la forma establecida en el apartado E del artículo 47 bis de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat.  
3. Cada pago relativo a las ayudas requiere previamente la acreditación de que el solicitante se halla al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.   
  
Artículo 16. Reintegro de las ayudas concedidas y procedimiento de reintegro  
1. Reintegro de las ayudas concedidas:  
1.º. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación, de acuerdo al procedimiento y causas establecidas en el artículo 36 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.  
2.º. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, incluido el reintegro por el incumplimiento de las obligaciones, tanto generales como específicas impuestas a los beneficiarios en la presente orden, y concretamente, la obligación impuesta en el apartado o del artículo 5 relativa a la comunicación previa de cualquier cambio producido respecto a la calificación del proyecto empresarial.  
2. Procedimiento de reintegro  
El procedimiento de reintegro se sustanciará de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título II de Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en el capítulo II del título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.  
  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
  
Primera. Financiación  
1. Las ayudas reguladas en la presente orden se financiarán por un importe global máximo de 500.000,00 €, con cargo al programa presupuestario 20569.1.0918588242.40551, con cargo al capítulo 4, código línea T2240000, correspondientes a fondos procedentes del SPEE.  
2) Si a lo largo del ejercicio 2013 existiera crédito disponible que permitiera incrementar la financiación presupuestaria de esta orden, el SERVEF, mediante resolución del secretario autonómico de Economía y Empleo, de ampliación de dicho crédito, podrá destinarlo a la financiación de las solicitudes presentadas al amparo de esta convocatoria que, resultando subvencionables de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la presente orden, no hubieran podido ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria, sin necesidad de nueva publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ni de establecer nuevo plazo de presentación de solicitudes, salvo que ello sirva para la adecuada gestión de cada programa y proporcionar mayor efectividad a las políticas activas de empleo dirigidas a la reactivación del empleo en la Comunitat Valenciana.  
  
Segunda. Compatibilidad con el mercado común  
Las ayudas reguladas en la presente orden son compatibles con el mercado común ya que se rigen por el Reglamento (CE) 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008 (DOUE 09.08.2008), por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento General de Exención por Categorías), y concretamente por el artículo 42, relativo a costes adicionales, según el cual, la intensidad de ayuda no podrá superar el 100 por ciento de los costes subvencionables.  
Dichas ayudas en favor de la integración laboral de trabajadores con discapacidad, podrán acumularse con ayudas exentas en virtud del citado reglamento en relación con los mismos costes subvencionables por encima del umbral más alto aplicable por el reglamento, siempre que tal acumulación no dé lugar a una intensidad de ayuda superior al 100 por ciento de los costes pertinentes durante cualquier periodo en el que se emplee a dichos trabajadores.  
Las ayudas reguladas en la presente orden, no podrán concederse, según dispone el artículo 1 del Reglamento de exención por categorías citado, a empresas que realicen:  
a) Actividades relacionadas con la exportación.  
b) Actividades en el sector del carbón.  
c) Quedan excluidas, asimismo, las empresas en crisis o las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.  
Así mismo, en el sector del transporte, quedan excluidas las ayudas destinadas a la adquisición de medios y equipos de transporte, en el caso de transporte de mercancías por carretera y transporte aéreo.  
A los efectos de la exclusión del apartado c, una pyme se considerará empresa en crisis, si cumple las siguientes condiciones:  
a) Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, que haya desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se haya perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos 12 meses, o  
b) Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos de sus socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la empresa, que hayan desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y se haya perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos 12 meses, o  
c) Para todas las formas de empresas, que se haya iniciado el procedimiento para la declaración de concurso.   
Una pyme con menos de tres años de antigüedad no se considerará en crisis, salvo en el caso que cumpla la condición prevista en la letra c del apartado anterior.  
Tampoco resultará subvencionable por la presente orden las ayudas individuales, concedidas en aplicación de un régimen de ayudas o como ayudas ad hoc, cuyo equivalente en subvención bruta supere los umbrales siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 del Reglamento CE 800/2008:  
- Ayudas para el empleo de trabajadores con discapacidad en forma de costes salariales: 10 millones de euros por empresa y por año;  
- Ayudas para compensar los costes adicionales del empleo de trabajadores con discapacidad: 10 millones de euros por empresa y por año.  
  
Tercera. Normativa de aplicación  
La presente orden recoge las bases establecidas por el Ministerio de Trabajo para las ayudas cuya gestión y control ha sido transferida a la Generalitat y contenidas en las siguientes disposiciones:  
- Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Personas con Discapacidad y legislación de desarrollo y modificativa.  
- El Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo.  
Asimismo, es de total aplicación la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como el Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006,   
  
DISPOSICIÓN FINAL  
  
Única  
Se autoriza al director general del SERVEF a dictar las disposiciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de la presente orden.  
Se delega en el director general del SERVEF la competencia para ampliar los plazos de justificaciones, con carácter excepcional, cuando concurran circunstancias debidamente motivadas que imposibiliten su presentación en los plazos señalados.  
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes, computados en los términos ya dichos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.   
  
Valencia, 26 de junio de 2013  
  
El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo,  
MÁXIMO BUCH TORRALVA