Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3449, del 08-03-1999 (1999/1323)

Notificación de resolución de solicitud de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad patrimonial de la administración.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3449

Fecha DOGV
:   08-03-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/1323


Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución de solicitud de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad patrimonial de la administración. [1999/Q1323]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución de indemnización de daños y perjuicios formulada por doña Lucía Carrascosa Quesada en materia de responsabilidad patrimonial de la administración.
  
«Vista la solicitud de indemnización de daños y perjuicios formulada por doña Lucía Carrascosa Quesada, y vistos los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
En fecha 5 de junio de 1996, doña Lucía Carrascosa Quesada presenta escrito por el que solicita indemnización, en la cantidad de 4.367 pesetas, por los daños producidos en su vivienda, el día 16 de mayo de 1996.
  
Segundo
  
Mediante Resolución de 11 de octubre de 1996, de la Secretaría General de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, se acuerda la incoación del expediente indemnizatorio para determinar la responsabilidad patrimonial de la administración.
  
Tercero
  
Concluida la instrucción del procedimiento, y tras el trámite de audiencia a los interesados, sin que se presente alegación alguna, se formula la correspondiente propuesta de resolución, recayendo posteriormente informe del Servicio Jurídico de la Conselleria y dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de fecha 13 de enero de 1998.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
El artículo 106 de la Constitución española establece el principio de la responsabilidad patrimonial de la administración pública por las lesiones que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, precepto constitucional que desarrolla el título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
En consecuencia, el procedimiento que se ha seguido para tramitar la solicitud formulada por doña Lucía Carrascosa Quesada es el previsto en el artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial.
  
Segundo
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es competente para la resolución de la reclamación de indemnización el titular de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. Dicha competencia ha sido delegada en el director general de Régimen Económico de esta Conselleria mediante Orden de 22 de noviembre de 1996 (DOGV número 2.881, de 02.12.96).
  
Tercero
  
El artículo 139 de la Ley 30/1992 establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
  
Según la doctrina científica y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo ?sentencias de 20 de diciembre de 1994, 25 de mayo de 1995 y 20 de junio de 1995?, para que proceda la acción de responsabilidad patrimonial de la administración es necesario que el daño o la lesión patrimonial sufridos por el reclamante sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que puedan influir, alterando el nexo causal.
  
De los documentos obrantes en el expediente se desprende que el día 20 de mayo de 1996, a las 11.05 horas, cuando algunos alumnos del Colegio Público Malvarrosa estaban jugando al futbito, uno de ellos lanzó la pelota de forma que fue a parar a la vivienda propiedad de doña Lucía Carrascosa Quesada, rompiendo el cristal de una ventana.
  
En un supuesto muy similar, el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana en el dictamen 116/1997, de 3 de julio de 1997, establece lo siguiente:
  
?Por ello, el daño ha sido ocasionado por un miembro de la comunidad escolar y durante el ejercicio de las actividades correspondientes, produciendo quebranto en un bien de un particular que no está obligado a soportar, siendo procedente la indemnización, y así dicha solución se predica ampliamente para supuestos análogos, aunque con ciertas diferencias, según resulta, por ejemplo, de la STAP Valencia (Sección 8) de 29 de enero de 1996 (siempre que se cumplen determinados requisitos procesales, y por aplicación del artículo 1.903, párrafo quinto, del Código Civil, en relación con los daños sufridos en el automóvil por el lanzamiento de una piedra desde el interior del colegio) [...] bien entendido que las soluciones no pueden generalizarse, sin más, y debe estarse siempre a las circunstancias concurrentes en cada caso, pero sin que atendidas las del supuesto que nos ocupa exista razón para sustentar solución diferente.-
  
En consecuencia, se considera que, en el presente supuesto, concurren los requisitos exigidos por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al existir una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto entre los daños sufridos en la vivienda de la interesada y el funcionamiento del servicio público. Asimismo, en este sentido, la circular 5/96-SG, de 23 de julio de 1996, de la Secretaría General de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la administración, establece en su apartado segundo que para que nazca la obligación de indemnizar por parte de la administración, es necesario que concurran todos y cada uno de los requisitos que en dicho apartado se indican.
  
Habiendo comprobado que la factura es correcta, por importe de 4.367 pesetas, procede que se lleve a cabo su abono en metálico.
  
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y conforme con el Consejo Jurídico Consultivo, según dictamen indicado en los antecedentes de hecho de la presente resolución, resuelvo:
  
Estimar la reclamación de indemnización, presentada por doña Lucía Carrascosa Quesada, en la cantidad de 4.367 pesetas, por concurrir, en el supuesto en cuestión, los requisitos legalmente previstos para que proceda la responsabilidad patrimonial de la administración, al existir nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido por el interesado.
  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer, previa comunicación a este órgano, recurso contencioso administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitar otro que estime procedente.
  
Valencia, 11 de marzo de 1998.- El director general de Régimen Económico, por Orden de 22 de noviembre de 1996 (DOGV número 2.881, de 2.12.96): José Luis Serna Clares.»