Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4681, del 30-01-2004 (2004/865)

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos, con ocasión de huelga planteada en la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), afectando al personal de conducción de trenes y tranvías en los centros de trabajo de valencia, cifrándose en 280, los trabajadores afectados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/2004/01/29/(1)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   4681

Fecha DOGV
:   30-01-2004

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2004/865


Fecha del documento
:   29-01-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
    * València
    * transporte ferroviario
    * legislación
    * huelga

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos, con ocasión de huelga planteada en la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), afectando al personal de conducción de trenes y tranvías en los centros de trabajo de valencia, cifrándose en 280, los trabajadores afectados. [2004/865]
  
Visto el escrito de comunicación de huelga de 16 de enero de 2004, suscrito por don Jaime Baeschlin Martínez, en representación del Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) y don José Soto Hernández, en representación del Sindicato Ferroviario, que anuncia convocatoria de huelga, planteada en la empresa Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) que afectará a 280 trabajadores, en los días y horas de los meses de febrero y marzo de 2004, que se especifican a continuación,
  
- Febrero
  
2 de febrero: de 7 h a 9.30 h.
  
4 de febrero: de 12.45h a 15.15h.
  
6 de febrero: de 7 h a 9.30 h.
  
9 de febrero: de 7 h a 9.30 h.
  
11 de febrero: de 7 h a 9.30 h.
  
13 de febrero: de 7 h a 9.30 h.
  
16 de febrero: de 12.45 h a 15.15 h.
  
18 de febrero: de 7 h a 9.30 h.
  
20 de febrero: de 7 h a 9.30 h.
  
23 de febrero: de 7 h a 9.30 h.
  
25 de febrero: de 12.45 h a 15.15 h.
  
27 de febrero: de 7 h a 9.30 h.
  
- Marzo
  
1 de marzo: de 7 h a 9.30 h.
  
3 de marzo: de 7 h a 9.30 h.
  
5 de marzo: de 12.45 h a 15.15 h.
  
8 de marzo: de 7 h a 9.30 h y de 12.45 h a 15.15 h.
  
10 de marzo: de 12.45 h a 15.15 h.
  
11 de marzo: de 12.45 h a 15.15 h.
  
12 de marzo: de 7 h a 9.30 h y de 12.45 h a 15.15 h.
  
13 de marzo: de 12.45 h a 15.15 h.
  
15 de marzo: de 7 h a 9.30 h.
  
16 de marzo: de 7 h a 9.30 h. y de 12.45 h a 15.15 h.
  
17 de marzo: de 0 h a 3 h y de 12.45 h a 15.15 h y de 18 h a 24 h.
  
18 de marzo: de 0 h a 3 h, de 7 h a 10 h, de 12.45 h a 15.15 h y de 20 h a 24 h.
  
19 de marzo: de 0 h a 4 h, de 12.45 h a 15.15 h, de 20 h a 24 h.
  
20 de marzo: de 0 h a 3 h.
  
22 de marzo: de 7 h. a 9.30 h.
  
24 de marzo: de 12.45 h. a 15.15 h.
  
26 de marzo: de 7 h. a 9.30 h.
  
29 de marzo: de 7 h. a 9.30 h.
  
31 de marzo: de 7 h. a 9.30 h.
  
Y habiendo dado cumplimiento al preaviso preceptivo establecido en la legislación vigente.
  
Resultando que reunidas las partes en el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, en acto de conciliación celebrado con la finalidad de evitar la huelga planteada, no se ha logrado acuerdo, lo que se formaliza mediante Acta celebrada al efecto el día 29 de enero de 2004, pese a haber existido por parte de la empresa oferta de someter el asunto a un arbitraje voluntario.
  
Resultando que la empresa FGV presta el servicio público de transporte de viajeros a distintas poblaciones de la Comunidad Valenciana, afectando no sólo a la actividad laboral y económica de la misma, sino también a la libre circulación y acceso al trabajo de los usuarios, y particularmente de aquellos que no disponen de medios propios de locomoción y precisan desplazarse por diferentes motivos derivándose de ello el carácter esencial de la prestación de estos servicios para la comunidad.
  
Considerando que la competencia para disponer las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio público establecida en el art. 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana y por delegación a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 4105/1982, de 29 de diciembre, y el Decreto 112/2003 de 11 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y de conformidad con lo establecido en los arts. 28.2, 148.1.5ª y 149.1.7ª de la Constitución Española y el Art. 33.1 y 38 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio.
  
Considerando que el derecho fundamental a la huelga, (art. 28.2 CE), no es absoluto e ilimitado, sino que su alcance, jerarquía y «limitabilidad», ostentan diferente significación, por lo que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, debe establecerse una graduación jerárquica entre los mismos, atendiendo a las ?características- de los que están en pugna, (STS 29-V-95, RJ 4395).
  
En la limitación del ejercicio de huelga por otros derechos y por el respeto de bienes constitucionalmente protegidos, el Tribunal Constitucional ha determinado en su sentencia de 8 de abril de l98l, desarrollada posteriormente, entre otras, por las sentencias nº 26 y 33/81, 51 53/86, 27/89 y 43/90, que en la medida en que la destinataria, y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y que éstos son al mismo tiempo esenciales para ella, aquella no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los citados servicios, entendiendo que el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga, sin que, por otra parte, la consideración de un servicio como esencial signifique la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos.
  
Considerando que de acuerdo con doctrina constitucional reiterada, la naturaleza esencial de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa en el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y en el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito en el que se concreta esta resolución, se traduce en la libertad de movimiento en condiciones de seguridad en el territorio de afectado por la huelga convocada, lo que obliga a considerar la extensión territorial, la duración temporal, el personal afectado y la existencia de circunstancias concurrentes, pues no es obviamente lo mismo una huelga de unas horas, que una de carácter indefinido, o que afecte a algunas líneas, o que se extienda a la totalidad de la red, o que afecte a algunos o a todos los miembros del personal.
  
En este sentido, debe tenerse en cuenta que la libre circulación y acceso al trabajo, la libertad de desplazamiento de los ciudadanos y también la clase y número de trabajos que hayan de realizarse para cubrir los derechos y libertades que el servicio satisface, así como el tipo de garantías que ha de adoptarse, no pueden determinarse de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes y/o derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurren para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho de huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12-11-1997, nº: 1147/1997)
  
La presente convocatoria de huelga se plantea como ampliación de la que se desarrolló durante 24 días de los meses de noviembre y diciembre de 2003, y enero de 2004, proyectándose su realización durante febrero y marzo del presente año, lo que determina el alcance de la ?afectación- del bien esencial que se ?daña?, debiendo considerar, además de la amplia extensión temporal en la que se altera la prestación del servicio esencial, las horas en las que la huelga está anunciada, de entrada y salida del trabajo de un considerable número de la población. Pero debe ser tenido asimismo en cuenta, la gravedad que supone la afectación de todo el período de las fiestas de fallas, en el que, una gran afluencia de turistas, se suma a los usuarios habituales del tren, lo que, como ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, permite considerar especialmente el citado período.
  
Considerando que si bien la continuidad del servicio debe quedar asegurada durante la huelga, el establecimiento de los servicios mínimos ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios, (SSTC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).
  
De cuanto se ha señalado se concluye que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del art. 10. del RD 17/1977 mencionado, debe conjugarse la atención de los servicios esenciales para la comunidad con el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, por lo que se debe limitar éste en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, mantenimiento que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal, estableciendo el Tribunal Constitucional que los servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente.
  
Considerando que aunque desde luego, la administración no cuestiona el derecho de los sindicatos, minoritarios en la empresa, a convocar la huelga, ni el derecho subjetivo de huelga del colectivo de trabajadores de que se trata, en la fijación de los servicios mínimos, esta autoridad laboral debe valorar, no solo las argumentaciones recogidas en los párrafos anteriores, sino otros factores, entre los que se encuentran, la extensión en el tiempo del conflicto (calificado por los propios convocantes como ampliación de convocatoria de huelga ?efectiva- desde noviembre de 2003), que viene repercutiendo en los usuarios del servicio público de una manera excesiva, casi en el límite de lo que pudiera considerarse abusivo, la singular posición que ocupa en la empresa el personal de conducción de trenes y tranvías (cuyo cese en la actividad supone la práctica ?detención- de la actividad principal de la misma), los días y horas de huelga convocados de los meses de febrero y marzo de 2004, y, finalmente, el hecho de que esta convocatoria de huelga coincida con la negociación del décimo convenio colectivo de cuya Comisión Negociadora forman parte, además de los sindicatos mayoritarios en la empresa, los convocantes.
  
Considerando que las fiestas de Fallas en la ciudad de Valencia conllevan una masiva afluencia de personas y por ende se altera sustancialmente el desarrollo normal de la vida ciudadana afectando entre otros aspectos al tránsito mediante vehículos particulares como consecuencia del cierre al tráfico de distintas calles de la ciudad en pro de visitas peatonales a los centenares de monumentos y casales falleros. Tal situación irroga un mayor protagonismo al transporte público de viajeros efectuado por la empresa ferroviaria, lo que obliga a ésta a establecer «trenes especiales» a fin de atender mejor a la demanda que de ello se deriva; dichos trenes en unos casos se intercalan entre las circulaciones regulares ?como son los que coinciden para actos tan significativos como la mascletá y la ofrenda- y en otros casos constituyen una prolongación de los servicios ordinarios. En ese contexto el porcentaje de los servicios mínimos a garantizar debe tomar en consideración necesariamente la totalidad de los trenes ordinarios y especiales, pues en otro caso la incidencia o efectos de la huelga tendría mayores efectos y mayores perjuicios para los ciudadanos que utilizan este medio de transporte, rompiéndose así el equilibrio deseable entre el derecho de huelga y los usuarios de este servicio público de transporte.
  
Habiéndose acreditado por la empresa ferroviaria que en las fiestas falleras del año 2003, durante los días que se indican en los cuadros correspondientes a las líneas 1, 3 y 4, que se adjuntan como anexo, el número de trenes que circularon fue el que se menciona para cada una de ellas, el porcentaje que se establece en la presente resolución se aplicará en todo caso, sobre el número total de dichos trenes.
  
Considerando que teniendo en cuenta lo señalado, y con la finalidad de hacer compatible el derecho de huelga de los trabajadores y el del usuario del servicio esencial de transporte, se han fijado servicios mínimos en un 66% de las circulaciones ordinarias de los trenes y tranvías correspondientes a cada franja horaria de cada uno de los días de huelga, excepto de los días, 15, 16, 17, 18 y 19 de marzo, con relación a los que se considera adecuado un porcentaje del 70% de las citadas circulaciones reales.
  
Considerando que los anteriores porcentajes de servicios mínimos, no comprenden los trenes de trabajo y de reposicionamiento, entendiendo por estos últimos los que atienden la necesidad organizativa de situar el material móvil en los puntos adecuados para poder reiniciar la circulación ferroviaria a la finalización de los periodos de huelga, según los gráficos existentes, pues en otro caso se extenderían los efectos de la huelga más allá de las franjas horarias en las que se ha convocado la misma.
  
Considerando que en la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de materia concreta, resuelvo
  
Primero
  
A los efectos previstos en el apartado 2º del artículo 10º del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar los servicios esenciales mínimos que deberán prestarse por el personal en los centros de trabajo de Valencia de la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, durante los días y paros convocados de huelga y que se especifican en el preámbulo de esta resolución, mientras dure la situación de huelga.
  
Los servicios esenciales mínimos que deberán prestarse son los siguientes:
  
Se establece un sesenta y seis por ciento de las circulaciones ordinarias de los trenes y tranvías correspondientes a cada franja horaria de cada uno de los días de huelga, excepto los días 15, 16, 17, 18 y 19 de marzo.
  
Paros convocados para los días 15, 16, 17, 18 y 19 de marzo, ambos inclusive (fiestas de Fallas), se establece un setenta por ciento de las circulaciones reales de los trenes y tranvías ?conforme a los datos que figuran en el considerando sexto- correspondientes a cada franja horaria de cada día de huelga.
  
No se integran en el cómputo para dichos porcentajes los denominados ?trenes materiales?, es decir aquellos que no transportan viajeros y especialmente los conocidos como trenes de ?reposicionamiento?.
  
A la empresa, oído el Comité de Huelga, corresponderá la determinación de estos servicios, que deberán prestarse con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose tanto la empresa como el Comité de Huelga del cumplimiento de estos servicios esenciales mínimos
  
Segundo
  
Los servicios esenciales establecidos en la presente resolución, no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación. En caso de producirse serán considerados ilegales y quienes los ocasionaran incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
  
Lo dispuesto en el párrafo anterior no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.
  
Tercero
  
Notifíquese la presente resolución a los sindicatos convocantes, al Comité de Huelga, a la empresa y a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
Cuarto
  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de notificación a las partes interesadas.
  
Adviértase con la notificación a las partes que la presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de diez días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes que establece el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa (BOE 167, de 14/07/1998).


Copia Permalink ELI