Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9555, del 16-03-2023 (2023/2891)

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2023, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, de concesión y gestión de la subvención destinada al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados para indemnizar las actuaciones realizadas por las personas profesionales de la abogacía derivadas de la prestación de los servicios de orientación jurídica de proximidad y de orientación jurídica en materia de emergencia social y energética recogida en la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023.
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Número DOGV
:   9555

Fecha DOGV
:   16-03-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2023/2891


Fecha del documento
:   24-02-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
    * ayuda pública

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2023, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, de concesión y gestión de la subvención destinada al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados para indemnizar las actuaciones realizadas por las personas profesionales de la abogacía derivadas de la prestación de los servicios de orientación jurídica de proximidad y de orientación jurídica en materia de emergencia social y energética recogida en la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023. [2023/2891]  
Con el fin de garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia, tanto desde el punto de vista de sus derechos como de su efectivo ejercicio, se deben desarrollar actuaciones y habilitar medidas que aseguren que la justicia es accesible a todas las personas, generando condiciones estructurales de acceso al Servicio Público de Justicia que alcancen a toda la ciudadanía, sin que ninguna persona quede excluida. El acceso a la justicia ha de hacer especial énfasis en facilitar las condiciones de acceso a los grupos más vulnerables y asegurar su permanente adaptación a la realidad social.  
En el ejercicio 2021 con el fin de aproximar la justicia a la ciudadanía, se instauró en aquellos municipios de más de 7.000 habitantes que contaban con juzgados de paz asistidos por personal de la administración de justicia, y que manifestaron su interés los denominados JUSTIPROP, en las sedes municipales destinadas a los juzgados de paz o en lugares adyacentes, para facilitar la prestación de los servicios de información a la ciudadanía sobre servicios que presta la administración, recursos públicos, trámites administrativos en los registros civil, mercantil y de la propiedad y consultas electrónicas, así como asesoramiento y orientación jurídica previa al proceso y mediación.  
En el ejercicio 2022, el servicio se extiende a las poblaciones cabeceras de partido judicial.  
En el presente ejercicio el servicio de información, asesoramiento y orientación jurídica contendrá también materias referidas a la emergencia social y energética, pudiéndose prestar en las sedes de la Administración de la Generalitat y en las sedes que dependan de cualquiera de las entidades locales o corporaciones de derecho público que muestren su interés.  
A través de los Servicios de Orientación Jurídica de Proximidad (JUSTIPROP) se ofrece a la ciudadanía un servicio de información, orientación y asesoramiento jurídico próximo sin la necesidad de que tengan que desplazarse de su lugar de residencia, a la vez de que se aprovechan los medios de los que disponen dichas entidades. Se consigue, de aquesta forma, acercar la administración de justicia a la ciudadanía en general y a los colectivos vulnerables en particular.  
Esto supone una mayor facilidad para el ejercicio de los derechos e intereses de dichos colectivos vulnerables, garantizándose el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin discriminación por el lugar de residencia.  
Por otra parte, se evita la judicialización de conflictos, facilitando la mediación y otros medios extrajudiciales de resolución de controversias, descongestionando, simultáneamente los juzgados y tribunales. De aquesta forma, acercando la justicia a la ciudadanía, y facilitando la mediación en los conflictos, se garantiza que nadie se quede atrás en el acceso a la justicia.  
Con aquests objetivos, la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 2023, en el programa presupuestario 112.70 «Reformas democráticas y acceso a la justicia», recoge la línea nominativa S8422000, con cargo al capítulo IV, con la descripción y finalidad: «Indemnización de las actuaciones realizadas por abogados/as derivadas de la prestación de los servicios de orientación jurídica de proximidad y de orientación jurídica en materia de emergencia social y energética».  
La línea se encuentra incluida en el Plan estratégico de subvenciones de la Conselleria aprobado para el periodo 2023-2025.  
La presente resolución es el instrumento a través del cual se conceden y gestionan las subvenciones destinadas a indemnizar estas actuaciones.  
Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto el artículo 168.1, apartado A) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, de acuerdo con los que establece la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023, y en virtud de las competencias establecidas en el Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, resuelvo:  
  
Sección primera  
Disposiciones comunes  
  
Primera. Finalidad y objeto  
La presente resolución tiene por finalidad asegurar, en el ámbito competencial de la Generalitat, el derecho constitucional de todas las personas a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad, facilitando el acceso a la justicia a toda la ciudadanía, en especial a aquellas personas que pertenecen a colectivos vulnerables, a través de la justicia de proximidad.  
Constituye el objeto de aquesta resolución la concesión y gestión de las subvenciones destinadas al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (en adelante CVCA), por la prestación de los servicios de orientación jurídica de proximidad.  
  
Segunda. Crédito presupuestario  
Las actuaciones y servicios que constituyen el objeto de la presente resolución se financiarán, de conformidad con la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023, con cargo al programa presupuestario 112.70 de la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. Se destinarán 1.300.000 € de la línea S8422000, con cargo al capítulo IV, con la descripción y finalidad: «Indemnización de las actuaciones realizadas por abogados/as derivadas de la prestación de servicios de orientación jurídica de proximidad y de orientación jurídica en materia de emergencia social y energética», y cuyo beneficiario es el CVCA.  
  
Tercera. Régimen jurídico aplicable  
Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en aquesta resolución, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), su reglamento de desarrollo aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (Ley 1/2015, de 6 de febrero); la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2023; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita; y el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado por el Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, y demás normativa de aplicación.  
  
  
Sección segunda  
Actuaciones realizadas por profesionales de la abogacía derivadas de la prestación de los servicios de orientación jurídica de proximidad y de orientación jurídica en materia de emergencia social y energética  
  
Cuarta. Entidades y personas beneficiarias  
1. Es beneficiario de la subvención el CVCA. A su vez, en su calidad de entidad colaboradora, distribuirá a los colegios profesionales de la abogacía de la Comunitat Valenciana el importe de la subvención que corresponda a la actividad desarrollada por cada uno de ellos.  
2. Asimismo, son entidades y personas beneficiarias de aquesta subvención:  
a) Los colegios de la abogacía de la Comunitat Valenciana.  
b) Las personas profesionales de la abogacía que hayan realizado actuaciones o prestado servicios subvencionables en el marco de aquesta sección segunda de la presente resolución.  
3. El CVCA recibirá las transferencias de la Generalitat y distribuirá el crédito entre sus colegios de la abogacía. Aquests, a su vez, abonarán las indemnizaciones correspondientes a las personas profesionales de la abogacía que hayan prestado los servicios de información, asesoramiento y orientación jurídica, de conformidad con las actuaciones subvencionables establecidas en el resuelvo quinto.  
El CVCA informará a la Consellería de Justicia Interior y Administración Pública, del importe de la compensación que le corresponda en relación con la prestación de los mencionados servicios.  
  
Quinta. Actuaciones subvencionables  
Serán objeto de subvención las actuaciones que figuren en las certificaciones presentadas por el CVCA y sus respectivos colegios profesiones expedidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, realizadas por los profesionales de la abogacía en las oficinas de justicia de proximidad (Justiprop), ubicadas en las sedes que dependan de la Administración de la Generalitat o de cualquiera de las entidades locales o corporaciones de derecho público que muestren su interés, consistentes en:  
a) Información a la ciudadanía sobre servicios que prestan la administración de la Generalitat y otras administraciones y organismos públicos en materia de acceso a la justicia, mediación, asistencia a las víctimas del delito, protección de derechos y mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera; ubicación y datos de contacto de sedes judiciales, Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, Oficinas de Denuncias y de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, Servicios de Orientación y Mediación (SOM); colegios profesionales de la abogacía y de la procura; centros sociales; Registro Civil y cualquier otra entidad que preste servicios relacionados con dichas materias.  
b) Información a la ciudadanía sobre recursos públicos o privados a los que acudir para la protección y defensa de sus derechos e interese legítimos.  
c) Asesoramiento y orientación jurídicos previos al proceso para las personas que pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto judicial o analizar la viabilidad de la pretensión.  
d) Información sobre trámites administrativos ante los Registros civil, mercantil y de la propiedad.  
e) Apoyo a la ciudadanía para realizar consultas electrónicas de trámites judiciales o administrativos en materia de justicia y/o administración de justicia, en particular en materia de justicia gratuita, colaborando con los Servicios de Orientación Jurídica (facilitando las solicitudes a las personas interesadas, ayudándoles a cumplimentarlas y a remitirlas al SOJ correspondiente junto con la restante documentación presentada, etc), acceder a los registros en los que tenga la condición de persona interesada, previa autorización.  
f) Información, asesoramiento y orientación jurídica en materia de emergencia social y energética.  
  
Sexta. Cuantía y devengo de la subvención  
1. La prestación que cada profesional de la abogacía realiza diariamente en las dependencias de las oficinas de justicia de proximidad (Justiprop), será retribuido con el mismo importe que corresponda a las siguientes bases y módulos de compensación económica, fijados en el anexo II del reglamento de asistencia jurídica gratuita aprobado por el Decreto 175/2021, de 29 de octubre:  
a) Servicio de guardia, hasta seis asistencias más el IVA correspondiente.  
b) Servicio de guardia superior a seis asistencias más el IVA correspondiente.  
Se entiende por asistencia, todas las actuaciones respecto de una persona usuaria de aquest servicio realizadas en el mismo día.  
2. También podrán ser objeto de subvención los gastos que genere al CVCA y a sus colegios profesionales el coste de la organización y funcionamiento operativo necesarios para la prestación de dichos servicios, siempre que no sean objeto de subvención a través de las líneas de subvención derivadas de la Ley 1/1996, de 10 de enero.  
3. El derecho al cobro de las actuaciones subvencionables de los servicios de información, asesoramiento y orientación jurídica de proximidad se devengará tras la presentación de las certificaciones a la que se refieren los apartados séptimo y octavo de aquesta resolución.  
  
Séptima. Plazo y forma de justificación  
1. Respecto de las actuaciones subvencionables derivadas de la prestación de los servicios de orientación jurídica de proximidad que hayan realizado las personas profesionales de la abogacía, el CVCA presentará ante la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, dentro del mes natural siguiente al de finalización de cada bimestre, una certificación de la subvención que contendrá los siguientes extremos:  
a) Relación de actuaciones realizadas, indicando el «Justiprop» donde se han efectuado y el día de su realización. En el supuesto de que el profesional de la abogacía acuda a la correspondiente oficina de justicia de proximidad y no se realice ninguna actuación, se hará constar aquest hecho.  
b) Nombre, apellidos y NIF, domicilio, teléfono y correo electrónico de las personas atendidas, desagregadas por sexo, edad y colectivos de personas vulnerables a los que pertenezcan en su caso.  
En el supuesto de que las personas atendidas no autoricen de forma expresa que quede constancia de sus datos, no se dejará constancia de nombre, apellidos, NIF domicilio, teléfono ni correo electrónico.  
c) Objeto de la actuación.  
d) Nombre y apellidos de los profesionales que hayan realizado las actuaciones.  
2. Respecto de los gastos que generen al CVCA y a sus colegios profesionales el coste de la organización y funcionamiento operativo necesarios para la prestación de dichos servicios, el CVCA presentará ante la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, antes de 30 de noviembre de 2023, la certificación junto con la siguiente documentación para la debida justificación del gasto:  
a) Un informe justificativo en el que se certifique, por la/s persona/as representante/es del Colegio con capacidad legar para ello, que los gastos imputados son necesarios para el funcionamiento operativo del servicio, además de los criterios que se han seguido para imputar la parte proporcional o porcentaje que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad.  
b) Relación clasificada de gastos en los que se haya incurrido como consecuencia de la realización de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, concepto del gasto, su importe desglosado (base imponible, IVA no recuperable o compensable, IRPF), fecha de emisión y fecha de pago.  
c) Relación detallada de las actividades realizadas con personal propio, especificando para cada una de ellas el personal que ha intervenido, identificación de la nómina correspondiente con indicación del mes o periodo, porcentaje imputado a la misma y desglose de importes (bruto, neto, retención IRPF, seguridad social a cargo del trabajador, seguridad social a cargo de la entidad).  
d) Todos los documentos justificativos de los gastos de funcionamiento, subvencionables conforme a derecho, correspondientes a los gastos directos e indirectos (nóminas, facturas, recibos y/o otros documentos justificativos válidos en derecho) que se presenten, expedidos de conformidad con lo exigido en la normativa legal de aplicación, así como los justificantes de pago de dichos gastos.  
e) Certificación, expedida por la/s persona/s representante/s del Colegio con capacidad legal para ello, acreditativa de que los importes relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto indirecto que, en su caso, figuren en la relación de gastos no han sido objeto de recuperación y/ compensación.  
3. Dentro del concepto de gastos de funcionamiento, se entenderán incluidos aquellos gastos materiales y personales necesarios para la correcta prestación del servicio, considerándose gastos de funcionamiento los siguientes:  
a) Los gastos derivados, directa o indirectamente, del personal que participa en la organización de los servicios de JUSTIPROP.  
b) El gasto de las primas de seguro que cubra los accidentes que puedan suceder en la prestación del servicio.  
c) Los gastos derivados de la gestión administrativa y contable y, en su caso, de las auditorías de calidad de la prestación del servicio.  
d) Los gastos destinados a publicitar los servicios entre sus posibles usuarios, siempre que se haga constar que los mismos están sufragados por la Generalitat.  
e) Los gastos de comunicación con las personas profesionales prestadoras del servicio, cuando la comunicación sea necesaria para la prestación de dicho servicio.  
f) Los gastos en impresos necesarios para la prestación de los servicios.  
g) Los gastos relativos a sitios web, teléfonos móviles utilizados para la prestación del servicio y correo, mensajería, buroSMS o, en definitiva, cualquier elemento utilizado para la prestación de los servicios referidos.  
h) Aquellos otros gastos debidamente justificados siempre y cuando se acredite que los mismos resultan necesarios para el correcto funcionamiento operativo y prestación del servicio.  
  
Octava. Obligaciones del CVCA  
1. Con carácter general, el CVCA deberá cumplir las obligaciones que se recogen en el Título X de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, y en el artículo 13 y 14 de la Ley 38/2003 y cualesquiera otros requisitos y obligaciones derivados de la normativa aplicable en materia de subvenciones.  
2. El CVCA, además de cumplir las obligaciones específicas establecidas en la presente resolución, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:  
a) Cumplir el objetivo, gestionar y realizar de forma directa, o a través de los correspondientes colegios de la abogacía y de las personas profesionales en ellos colegiadas, la actividad en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en la presente resolución, aportando la documentación y los datos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones por la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia.  
b) Distribuir entre sus respectivos colegios el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por aquests ante el CVCA.  
c) Presentar bimestralmente ante a la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia las certificaciones de actuaciones profesionales objeto de aquesta resolución.  
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la Intervención de la Generalitat en relación con la ayuda concedida, aportando cuanta información le sea requerida para ello y facilitar la inspección y control de la Generalitat, a través de la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, con el fin de conocer cualquier aspecto de la actividad objeto de la subvención, en los términos previstos en el artículo 169 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero.  
e) Acreditar ante el órgano concedente, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.1.e de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y 22 y 23 de su Reglamento, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio. Para ello, las entidades beneficiarias podrán autorizar a la Conselleria para que obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen las medidas de simplificación y reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público. En caso de no otorgar dicha autorización, las entidades beneficiarias deberán aportar la documentación acreditativa de que se hallan al corriente de las citadas obligaciones. La dirección general competente se reserva el derecho de requerir a la entidad si la información obtenida presenta alguna incidencia.  
f) No alterar la finalidad de las subvenciones y cumplir cuantas obligaciones establece la legislación vigente para los perceptores de fondos públicos.  
g) De conformidad con lo establecido en el artículo 16, 3, j) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el CVCA en su condición de entidad colaboradora, deberá llevar libros y registros contables específicos en relación con estas subvenciones para facilitar su adecuada justificación y la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas en aquesta resolución. De dichos libros y registros específicos se dará constancia expresa a la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia.  
h) Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control.  
i) Tras la finalización de la ejecución, el CVCA justificará ante la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia la aplicación de la subvención percibida y presentará la documentación referida en el resuelvo decimoprimero que acredite el cumplimiento del objeto de la subvención.  
  
Novena. Obligaciones de los colegios profesionales de la abogacía  
a) Organizar y realizar, junto con el CVCA, las actividades o sesiones formativas necesarias para el inicio en la prestación del servicio o actualización de conocimientos.  
b) Presentar, a través del CVCA, una memoria de actividades que incluya la valoración de la calidad de la prestación del servicio realizado.  
c) Coordinarse con la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia en relación a las incidencias surgidas en la prestación del servicio.  
  
Décima. Obligaciones de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública en relación con la subvención de las actuaciones correspondientes a la presente sección  
1. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, llevará a cabo las actuaciones de comprobación de la justificación de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 y concordantes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
2. La liquidación del importe de la subvención correspondiente al periodo certificado se efectuará, previa comprobación administrativa, mediante transferencia al CVCA dentro del mes natural siguiente al de la presentación de la certificación.  
  
Decimoprimera. Justificación de la aplicación de los fondos percibidos  
1. Las entidades beneficiarias presentarán en el mes de enero de 2024, ante la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia la justificación de la aplicación de fondos percibidos, de conformidad con el artículo 30.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, mediante una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención. También se presentará una memoria económica justificativa de los gastos subvencionados.  
La cuenta justificativa estará conformada por las memorias de actuación y las memorias económicas correspondientes a los consejos autonómicos y a cada uno de los colegios profesionales que lo constituyen.  
2. La memoria de actuación comprenderá los siguientes extremos:  
a) Relación y número e importe total de actuaciones subvencionables realizadas, diferenciadas por tipo de actuación subvencionable.  
b) Cantidad distribuida a cada colegio, diferenciada por tipo de actuación subvencionable.  
c) Relación de actuaciones realizadas por cada persona profesional de la abogacía, con indicación del importe abonado por cada actuación.  
3. La memoria económica abreviada, que incluirá una relación clasificada de los gastos de la actividad por concepto e importe.  
4. Las memorias de actuación y memorias económicas, y las relaciones, deberán estar firmadas por la persona representante del CVCA y de cada colegio profesional de la abogacía que cuenten con capacidad legal para ello de conformidad con lo previsto en los respectivos estatutos.  
5. A los efectos de lo establecido en el apartado decimoctavo, número 2, B), del Acuerdo de 24 de agosto de 2012, del Consell, por el que se determinan los extremos adicionales a comprobar por la Intervención en el ejercicio de la fiscalización del gasto, (DOGV 6849, 28.08.2012), y con el fin de que por el órgano gestor se pueda expedir la certificación prevista en dicho apartado, el CVCA, y sus colegios profesionales deberán presentar, en todo caso, copia de las facturas de los gastos realizados, de acuerdo con lo establecido en el Real decreto 1619/2012, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a la que se hace referencia en el apartado b del punto 2, y la documentación acreditativa del pago.  
  
Sección tercera  
Otras disposiciones comunes  
  
Decimosegunda. Pago del último bimestre del año 2023  
De conformidad con el artículo 39.5.c de la Ley 1/2015, y el procedimiento establecido reglamentariamente, las actuaciones y gastos de organización y funcionamiento subvencionables en el marco de aquesta resolución que se hayan realizado en los meses de noviembre y diciembre podrán subvencionarse con cargo a los presupuestos del ejercicio 2024, siempre y cuando exista crédito suficiente y adecuado.  
  
Decimotercera. Protección de datos personales  
Para el desarrollo de las actuaciones objeto de la presente resolución y en relación con el tratamiento de los datos personales que precisen las partes, se observará en todo momento lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de aquests datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, y en las disposiciones dictadas en su desarrollo.  
  
Decimocuarta. Derecho de la competencia  
Estas subvenciones no tienen el carácter de ayuda de Estado a que se refiere el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que la ayuda pública concedida, por su naturaleza, no supone una ventaja económica, no falsea ni puede falsear la competencia ni los intercambios comerciales entre Estados miembros. En consecuencia, queda exenta de la obligación a que se refiere el artículo 3.1 del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.  
  
Decimoquinta. Reintegro  
Procederá, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley 1/2015, el reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos y por los sujetos obligados que se determinan en dicho artículo y en la normativa básica estatal.  
  
Contra aquesta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ante el tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo que establecen los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o un recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso de los previstos en la legislación vigente.  
  
València, 24 de febrero de 2023.- La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.