Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5773, del 29-05-2008 (2008/6445)

Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada D-1, 2, 4.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5773

Fecha DOGV
:   29-05-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2008/6445


Fecha del documento
:   31-03-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Burriana

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Burriana
    * contrato de obras
    * plan de urbanismo
    * administración local
    * obras públicas
    * licitación

Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada D-1, 2, 4. [2008/6445]  
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinario, el día 6 de marzo de 2008, adoptó acuerdo con la siguiente parte dispositiva:  
«Primero. Iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo del Ámbito de la Unidad de Ejecución D-1, 2, 4 de suelo urbano industrial del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Burriana.   
Segundo. Aprobar y publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana las bases particulares por las que se regirá el concurso de selección y adjudicación del citado programa, redactadas por los técnicos municipales en fecha 15 de febrero de 2008, haciendo constar que las bases generales que regularán el procedimiento son las publicadas como anexo II al Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo.  
La publicación del anuncio de las bases particulares de programación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana producirá los efectos suspensivos del otorgamiento de licencias a los que se refiere el artículo 101.2 de la Ley Urbanística Valenciana, según prevé el 289 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. La suspensión de licencias implicará asimismo la de los acuerdos aprobatorios de nuevos programas en el mismo ámbito.  
Tercero. Ordenar la publicación del anuncio del concurso de selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo del Ámbito de la Unidad de Ejecución D-1, 2, 4 en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Diario Oficial de la Unión Europea en primer lugar y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, con los contenidos previstos en el artículo 132 LUV y 291 ROGTU.   
Cuarto. Remitir, en soporte digital, a la conselleria competente en materia de territorio, copia completa y diligenciada de las bases particulares que regirán el presente concurso de programación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 328.1.b del Decreto 67/2006, de 19 de mayo.  
Quinto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes a partir del siguiente a su publicación, o, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.»  
A continuación se transcribe el texto completo de las bases particulares por las que se regirá el concurso de selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo del Ámbito de la Unidad de Ejecución D-1, 2, 4 del PGOU de Burriana:  
«Base I. Objeto y ámbito  
Las presentes bases particulares tienen por objeto regular las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, por las que se regirá el concurso de selección y adjudicación de una propuesta para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución D-1, 2, 4 delimitada al norte, sector de suelo urbanizable industrial NPI-5; al sur la carretera de Nules; al este, la ronda límite del suelo urbano residencial y, al oeste, el precitado sector industrial.  
La delimitación descrita se encuentra definida en los planos de la serie C y D del Plan General vigente, establecida por la modificación número 14 del PGOU de Burriana, homologación modificativa del vigente PGOU en suelos contiguos a la ronda de circunvalación, aprobada definitivamente en fecha 2 de febrero de 2005 por la Comisión Territorial de Urbanismo (DOGV de 24 de agosto de 2005).  
No cabe la redelimitación del ámbito de la actuación. Únicamente se permitirán ajustes derivados de la aplicación del artículo 28 y siguientes de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (áreas semiconsolidadas) y para satisfacer las condiciones de enlace o conexión, que justificadamente, se requieran.  
Base II. Régimen jurídico  
(Art. 286.1.d del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
El programa de actuación integrada que se seleccione tendrá naturaleza normativa, en los términos recogidos en el artículo 39 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV, en adelante).  
El urbanizador que se seleccione tendrá naturaleza de contratista de un contrato administrativo especial, en los términos recogidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
En todo lo no previsto en las presentes bases particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat (ROGTU), y las bases generales de programación, que son las publicadas como anexo II del citado Decreto 67/2006, de 19 de mayo.  
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en la legislación reguladora de la contratación administrativa.  
Base III. Ordenación urbanística vigente  
(Art. 131.2.a Ley Urbanística Valenciana).  
El Plan General de Ordenación Urbana de Burriana clasifica la unidad de ejecución D-1, 2, 4 en su totalidad como suelo urbano, de uso industrial, definida y ordenada en la modificación número 14 del PGOU de Burriana.  
Se acompaña la ficha correspondiente:  
UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO D-1, 2, 4  
  
Base IV. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada.   
(Art. 131.2.b y art. 124 Ley Urbanística Valenciana)  
1. Memoria de necesidades:  
El ámbito a desarrollar está clasificado como suelo urbano industrial en el vigente PGOU de Burriana. Se persigue completar la urbanización de esta zona de suelo urbano industrial e integrarla efectivamente con el entorno urbanizado, alcanzando un desarrollo urbano armónico, que signifique una oferta de suelo industrial de alta calidad, aprovechando al máximo las condiciones naturales y de accesibilidad del territorio.  
2. Objetivos de la programación:   
El programa deberá contener las previsiones precisas para cumplir con los objetivos mínimos fijados en el artículo 124 LUV, en concreto:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa.   
b) Urbanizar completamente el ámbito que constituye el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa (definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales).  
En este sentido, la ejecución del vial limítrofe entre el sector NPI-5 y la unidad de ejecución D-1, 2, 4 es necesario para garantizar la conexión de esta última, de modo que su ejecución y financiación será llevada a cabo por el ámbito que primero de inicio a las obras. Por tanto, el urbanizador de la unidad de ejecución D-1, 2, 4 deberá ejecutar el citado vial, en caso de ser el primero en dar inicio a las obras de urbanización de la misma, con derecho a repercutir los costes que ello genere al sector NPI-5, a cuyos propietarios se les podrá imponer el correspondiente canon de urbanización a que se refiere el artículo 189 LUV.  
La obtención de los terrenos necesarios para efectuar la urbanización del citado vial se llevará a cabo por el propio urbanizador, mediante reservas de aprovechamiento. No obstante, de no obtener acuerdo con los propietarios, el urbanizador redactará y propondrá un proyecto de expropiación de los mismos al Ayuntamiento, que lo tramitará en beneficio de aquel con sometimiento al principio de legalidad. Los gastos de redacción de proyectos, así como la adquisición de los terrenos y los gastos de gestión, formarán parte de los costes a repercutir al sector NPI-5 colindante.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello el urbanizador:  
. Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación.  
. Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).  
. Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las siguientes obras complementarias que fuesen necesarias: desvíos o sustitución de acequias, en coordinación con el Sindicato de Riegos; conexión hasta el punto que fije la compañía suministradora de energía eléctrica y en las condiciones que establezca, evaluando en su caso la aportación de un canon de conexión o compensación al respecto.  
Los costes de estas actuaciones de conexión e integración se incluirán dentro del presupuesto de la obra urbanizadora, al amparo de lo establecido en el art. 303.j del ROGTU.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de este ayuntamiento gratuitamente. A estos efectos:   
. El urbanizador, una vez inscrito el Proyecto de Reparcelación en el Registro de la Propiedad, dará traslado al Negociado de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Ayuntamiento de Burriana de la correspondiente certificación acreditativa de ello.  
. El urbanizador, antes de hacer ofrecimiento formal a este ayuntamiento de las obras de urbanización, deberá haber remitido todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las mismas.  
. Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento público de titularidad privada y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados.  
f) Obtener, en su caso, el aprovechamiento que legalmente corresponda con destino al patrimonio público del suelo a favor del Ayuntamiento de Burriana, libre de cargas de urbanización.  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.   
h) Se establece el plazo de dos años, contado a partir de la recepción municipal de las obras de urbanización, para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora adjudicados al urbanizador. No obstante, en el acuerdo de recepción definitiva de las obras de urbanización y de forma expresamente justificada, se podrá ampliar dicho plazo a cuatro años, determinándose la secuencia y prioridad de ejecución, en dos fases bianuales, de conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 125.6 LUV y 495 ROGTU.  
Base V. Parámetros urbanísticos. Ficha de gestión.   
(Art. 131.2.c Ley Urbanística Valenciana)  
Para el desarrollo del ámbito de la unidad de ejecución deberán tenerse en cuenta las siguientes prescripciones.  
  
Base VI. Criterios y objetivos urbanísticos y territoriales  
(Art. 131.2.d Ley Urbanística Valenciana)  
No procede formular criterios y objetivos urbanísticos y territoriales en las propuestas de planeamiento de los concursantes, toda vez que se va a desarrollar suelo urbano con ordenación pormenorizada.  
Base VII. Criterios de ordenación urbanística  
(Art. 131.2.d Ley Urbanística Valenciana)  
No procede fijar directrices y estrategias de ordenación toda vez que se va a desarrollar suelo urbano con ordenación pormenorizada, sin perjuicio de lo que prevé la base IX.  
Base VIII. Objetivos de edificación privada  
(Art. 131.2.e Ley Urbanística Valenciana)  
1. Se establece en un 80% de obra ejecutada de urbanización, como porcentaje mínimo para simultanear la urbanización y la edificación. En el 80% de la obra de urbanización deben estar ejecutadas las explanadas y zahorras, servicios urbanísticos, bordillos, base rígida de aceras y 1ª capa del pavimento del firme. Se estará, además, a lo prescrito en el artículo 3.7 de las normas urbanísticas del PGOU.  
2. Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los establecidos en los instrumentos de planeamiento que resulten de aplicación.  
Base IX. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión  
(Art. 131.2.f Ley Urbanística Valenciana)  
Para el desarrollo del ámbito se deberá presentar un plan de reforma interior que diferencie los terrenos que han de quedar sujetos al régimen de las actuaciones aisladas de los que someta al régimen de las actuaciones integradas. En este sentido, el plan de reforma interior:  
- En relación con lo dispuesto en el artículo 27 LUV constituirán áreas de reparto uniparcelarias las parcelas vinculadas urbanísticamente a edificaciones preexistentes que cuenten con licencia de actividad, junto con el ámbito vial de servicio que le confiera la condición de solar.  
- Establecerá el coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta resultante de la aplicación del aprovechamiento tipo fijado por el Plan General.  
- Fijará con detalle el régimen aplicable a las construcciones existentes, indicando cuáles de ellas quedan fuera de ordenación, y la normativa transitoria de aplicación para las que no merezcan esa calificación expresa.  
- No serán objeto de modificación las condiciones de parcela, emplazamiento y demás parámetros de la edificación, debiéndose respetar las establecidas por el Plan General para el suelo urbano industrial.  
Base X. Admisibilidad de variantes  
(Art. 131.2.g de la Ley Urbanística Valenciana y 309 ROGTU)  
1. Únicamente serán admisibles las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
2. Cada aspirante a urbanizador podrá presentar una única variante.  
3. La presentación de una variante respecto de la alternativa técnica inicial en ningún caso legitimará la presentación de una nueva proposición jurídico-económica.  
Base XI. Prescripciones técnicas del proyecto urbanización  
(ART. 131.2.h Ley Urbanística Valenciana)   
El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No podrá modificar las previsiones del Plan que desarrolla. En ningún caso, podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el Art. 156.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Los proyectos de urbanización que se presenten como alternativa técnica para el desarrollo del presente programa deberán atenerse a las condiciones establecidas en el anexo I.  
Base XII. Precio de licitación  
(Art. 286.1.h del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
El precio cierto de licitación, que tiene el carácter de máximo y que sirve de base para el cálculo de la garantía provisional, se establece en 4.500.000,- - (sin incluir IVA), de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana.  
Base XIII. Plazos de desarrollo y ejecución del programa  
(Art. 131.2.i Ley Urbanística Valenciana y (art. 286.1.i) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
Se establecen, los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por parte del urbanizador:  
  
 Base XIV. Capacidad para ser urbanizador  
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de acutación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en la legislación estatal y europea de contratación administrativa.  
Base XV. Solvencia económica y financiera  
(Art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana)  
La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
Base XVI. Solvencia técnica y profesional  
(Art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana)  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del equipo técnico y asesor del urbanizador. El referido equipo deberá estar integrado, como mínimo, por un técnico superior competente para la redacción del correspondiente proyecto y un licenciado en Derecho.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
Base XVII. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de la Unidad de Ejecución D-1, 2, 4 tendrán que constituir, en la forma y a los efectos previstos en la legislación reguladora de la contratación administrativa, una garantía provisional equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, lo que equivale a una cuantía de 90.000 €.  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución D-1, 2, 4.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en la legislación estatal de contratación administrativa, se establece en un 10% del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del programa de acutación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación al urbanizador del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
La garantía provisional aportada por quien resulte adjudicatario del programa se aplicará a completar la garantía definitiva, que será minorada en el importe ya asegurado por la garantía provisional.   
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20% en el supuesto de que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
Base XVIII. Presentación de proposiciones  
1. Lugar y plazo de presentación:  
Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Burriana, plaza Mayor, 1, CP 12033, en horario de 09.00 a 14.00 horas, durante los cuatro meses siguientes a la publicación del anuncio del concurso en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.   
Si el último día de presentación coincidiera con sábado o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.  
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a la Secretaría General del Ayuntamiento, por fax, télex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.  
Transcurridos, no obstante, cinco días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  
La participación en el procedimiento de selección de urbanizador supone la aceptación de las bases particulares reguladoras del mismo por los aspirantes.  
2. Formalidades:  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en el plazo y lugar arriba indicados sus proposiciones, integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente, con la siguiente documentación, en idioma castellano o valenciano:  
Sobre 1. Se presentará cerrado y sellado, con el título de Documento 1, y contendrá la siguiente documentación administrativa (Art. 133 LUV y arts. 292, 293, 296, 298 y 301 ROGTU):  
A. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en urbanismo.  
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.  
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
D. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base XVII.  
E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.  
La justificación acreditativa de dicha circunstancia se exigirá a quien vaya a ser adjudicatario del contrato con carácter previo a la adjudicación del mismo.   
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera, conforme a los exigidos en las bases XV y XVI.  
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.  
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4. LUV. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
I. Acta notarial acreditativa de haber iniciado los trámites (remitido todas las publicaciones) para someter a información pública por el plazo de un mes los documentos establecidos en las letras a) y f) del artículo 126 LUV. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones.   
La remisión de los avisos del apartado H podrá formalizarse en la misma acta notarial de exposición al público de la alternativa técnica o en otra diferente destinada a este exclusivo fin.  
Como máximo, la finalización de la información pública de los documentos establecidos en las letras a) y f) del artículo 126 LUV se producirá dentro del plazo de dos meses contados desde la expiración del plazo de 4 meses fijado en el apartado 1 de esta Base XVIII. Cada licitador deberá presentar en el Ayuntamiento el Acta notarial que acredite la información pública de su alternativa técnica dentro de los 10 días siguientes a la finalización del plazo de exposición pública de esa alternativa. El incumplimiento de esta norma dará lugar a la no admisión de la propuesta de programa presentada, por entenderse fuera de plazo.  
J. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
Sobre 2. Con el nombre de alternativa técnica, que se presentará abierto y, adicionalmente, en soporte informático. Contendrá la documentación detallada en la base XIX.  
Sobre 3. Con el nombre de proposición jurídico-económica, que se presentará asimismo cerrado y sellado.   
Deberá incluir necesariamente la documentación recogida en el modelo del anexo II.  
Se presentará debidamente firmada y fechada.  
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes, con las salvedades establecidas en la base X. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
Base XIX. Contenido mínimo del documento alternativa técnica.  
La alternativa técnica del presente programa de actuación integrada tendrá el contenido siguiente:  
a) Documento de planeamiento que regule la ordenación pormenorizada a desarrollar. En este caso, la alternativa técnica deberá ir acompañada necesariamente de un plan de reforma interior.  
b) Ámbito de la Actuación. Es la unidad de ejecución D-1, 2, 4 del vigente Plan General. No se permitirá la redelimitación del ámbito territorial a programar por parte de la alternativa técnica.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.   
f) Proyecto de urbanización.   
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.   
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso. En cualquier caso, deberá emplearse un 1% del PEM para control de calidad. Para la recepción de la obra por parte del Ayuntamiento deberá adjuntarse documento de aceptación de las instalaciones por parte de las diferentes compañías suministradoras de servicios y el servicio de alumbrado público contratado a nombre del Ayuntamiento de Burriana. Igualmente, deberá certificarse por el director técnico de la obra y ratificarse por el urbanizador que todas y cada una de las parcelas integradas en el programa disponen de todos los servicios al pie de las mismas.  
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables.  
Base XX. Criterios de adjudicación  
(Art. 135 LUV y 312 ROGTU)  
Los criterios que se establecen en las presentes bases no se corresponden exactamente con ninguna de las previstas en el artículo 312 del ROGTU, al tratarse de suelo urbano con ordenación pormenorizada pero que precisa de un Plan de Reforma Interior que contemple el especial tratamiento de las áreas consolidadas. Por otra parte, no se estima pertinente incluir como criterios de adjudicación el relativo a las viviendas protegidas, por ser suelo industrial, ni el que hace referencia a programas de restauración paisajística, por ser suelo urbano muy consolidado por la edificación.  
La alternativa técnica representará un 60% de la valoración en relación con la proposición jurídico-económica, que representará el 40% restante.  
Se valorarán de forma independiente la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica, con arreglo a los siguientes criterios ordenados de manera decreciente:  
Alternativa técnica (100 puntos).  
a) La calidad técnica de la ordenación propuesta. (PRI) (40 puntos)  
b) La calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización. (25 puntos)  
c) La resolución adecuada de la integración de la actuación en su entorno y la mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios libres. (20 puntos)   
d) El plazo de ejecución del programa de actuación integrada (10 puntos)  
e) Los compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo el urbanizador (2 puntos)  
f) Los medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa. (2 puntos)  
g) El compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente exigible (1 punto)  
Proposición jurídico-económica (100 puntos).  
a) Importe de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. (50 puntos)  
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente. (25 puntos)   
c) Mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa. (15 puntos)  
d) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. (10 puntos)  
La puntuación mínima que debe superar la alternativa técnica para poder ser valorada la proposición jurídico-económica es de 50 puntos.  
Base XXI. Adjudicación del programa  
(Art. 286.1.g del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).   
1. Procedimiento y forma de adjudicación (art. 299 ROGTU)  
A) A los efectos de calificar las documentación presentada, de informar su contenido y de realizar una propuesta de adjudicación del presente programa, se constituirá una mesa de calificación, integrada, como mínimo, por:  
a) La secretario municipal,  
b) La interventora municipal,  
c) Un técnico municipal competente por razón de la materia,  
d) La técnica de administración general adscrita al área de urbanismo del Ayuntamiento.  
B) Dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha última de presentación de la documentación acreditativa de la información pública de la totalidad de las alternativas técnicas, la Mesa de Calificación procederá a la calificación del Documento Uno presentado por los licitadores en sesión no pública.  
Si la mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador, los subsane. Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la proposición.  
El tercer día a aquel en que se produzca la calificación del Documento Uno se iniciará el plazo máximo de tres meses para la emisión de informes y nueva calificación de aquellas alternativas técnicas y, en su caso, instrumentos de planeamiento que les acompañen, formuladas por aspirantes calificados favorablemente. Durante este periodo, el Ayuntamiento podrá requerir a los licitadores para que, en el plazo máximo de veinte días, aclaren la documentación presentada, subsanen la omitida, o completen la que sea insuficiente, suspendiéndose en tal caso los plazos de emisión de informes.  
C) Previo informe de la Mesa de Calificación sobre las alternativas técnicas que han recibido una puntuación superior a la mínima fijada por la base XX, por Decreto de la Alcaldía se determinará dicha circunstancia, notificándose a los interesados.  
D) Dentro de los 10 días siguientes a la fecha del citado Decreto de la Alcaldía Presidencia, la Mesa de Calificación procederá, en acto público, a la apertura de las proposiciones jurídico-económicas, levantándose acta. La fecha del acto de apertura de plicas se notificará a los aspirantes a urbanizador y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  
E) En el plazo máximo de un mes desde la fecha de la apertura de las proposiciones jurídico-económicas se deberán emitir informes y nueva calificación. Durante este periodo, el Ayuntamiento podrá requerir a los licitadores para que, en el plazo máximo de diez días, aclaren la documentación presentada, subsanen la omitida, o completen la que sea insuficiente, suspendiéndose en tal caso los plazos de emisión de informes.  
F) El Ayuntamiento Pleno dispondrá de un plazo de dos meses a contar desde la emisión de informe de las proposiciones jurídico-económicas por la Mesa de Calificación, para adjudicar el programa de Actuación Integrada (Art. 319 ROGTU).  
Con carácter previo a la adopción de dicho acuerdo, se requerirá a quien vaya a ser adjudicatario para que acredite hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
2. En caso de recabarse informes de técnicos externos al Ayuntamiento, se suspenderán los plazos fijados en el dispositivo anterior, en orden a permitir la tramitación y resolución del expediente de contratación de ese servicio técnico, así como la emisión de los informes que se emitan en cumplimiento de la prestación objeto de ese contrato administrativo. La suspensión no tendrá una duración superior a tres meses.  
3. No se recabará dictamen del Consejo del Territorio y Paisaje para la adjudicación del programa, por no ser preceptivo de conformidad con el artículo 136.4 LUV.  
Base XXII. Formalización del contrato   
1. Con anterioridad a la formalización del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del programa de Actuación Integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base XVII de las presentes bases particulares, justificante de alta en el Impuesto sobre actividades económicas como promotor inmobiliario de terrenos (Epígrafe 833.1) y compromiso expreso de asumir el pago de las tasas por prestación de servicios urbanísticos que resulten exigibles conforme a lo dispuesto en las correspondientes ordenanzas fiscales.  
2. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de acutación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.  
3. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.  
4. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en la legislación estatal reguladora de la contratación administrativa.  
Base XXIII. Cumplimiento  
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el Ayuntamiento haya aprobado la cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación del ámbito del programa de actuación integrada.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor, en su caso, y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
3. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquellas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional.   
Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.  
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.  
4. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.  
5. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.  
Base XXIV. Resolución   
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La no formalización del contrato en plazo.  
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.  
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.  
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.   
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.  
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por la Ley Urbanística Valenciana.  
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.  
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo Dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.  
Base XXV. Prerrogativas de la administración  
(Art. 286.1.e del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidos en la LUV y en el ROGTU.  
Base XXVI. Jurisdicción competente  
(Art. 286.1.f del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.  
Anexo I  
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN  
Condicionantes técnicos:  
Coordinación con las compañías suministradoras. Antes de la aprobación del proyecto de urbanización deberá acreditarse la coordinación y aceptación de los servicios previstos con/por las entidades responsables de los mismos: Iberdrola, Telefónica, Facsa, ONO, CEGAS, Sindicato de Riegos o el propio Ayuntamiento. En particular deberá acreditarse la ejecución o en su caso innecesariedad de las infraestructuras básicas de las redes de gas y ONO, con el fin de coordinarlas con las obras de la unidad de ejecución, sin sobrecoste para el programa.   
Red viaria. Las secciones tipo de los viales se ajustarán a las de actuaciones colindantes y de acuerdo con los criterios municipales  
La red viaria incorporará las partidas necesarias para constituir los sobretaludes de sustentación de aceras o, en su caso, los muros de contención y delimitación de los límites de la unidad de ejecución.  
La acera mínima será de 1,50 m. suprimiendo anchos inferiores. Las farolas de las calles peatonales o de coexistencia se ajustarán a diseños específicos para esos casos.  
Las pendientes trasversales de acabado de los pavimentos serán del 3% en calzadas (bombeo trasversal) y del 1,5% en aceras.  
Se cumplirán los criterios y limitaciones establecidos en la normativa de accesibilidad.  
Infraestructuras y servicios. El urbanizador deberá definir y ejecutar las distintas obras del proyecto de acuerdo con los criterios, calidades y alcance que señalen los distintos organismos responsables.  
Conexiones. El urbanizador deberá definir y ejecutar las conexiones y acometidas necesarias de las obras, servicios e infraestructuras previstas, hasta el punto y con las condiciones que fijen los distintos organismos responsables, garantizando la efectiva integración con los ámbitos urbanísticos colindantes.  
Zonas verdes. Será de calidad y diseño adecuados, de acuerdo con los criterios municipales seguidos en actuaciones similares y recientes, e incorporarán sistemas de riego automatizado así como equipos, instalaciones y mobiliario urbano acordes y compatibles con un mantenimiento eficaz. Se incluirá en el presupuesto, a cargo de la actuación, el costo del mantenimiento de la jardinería e instalaciones de las zonas verdes durante el período de garantía.  
Señalización. La señalización vertical se definirá con postes de aluminio estriado y señales de aluminio, según modelo municipal. Incorporará la de los cruces y accesos en el entorno de la UE que sea necesaria para su correcta interpretación y coordinación. Se incluirá también la señalización informativa y la específica de calles de coexistencia o de carril bici, en su caso.  
Agua potable. El diseño definitivo de la red y piezas especiales, así como de los tramos de conexión que fueran necesarios, se adaptará a las especificaciones de la compañía suministradora.  
Alumbrado. Con el fin de caracterizar la actuación, se promoverá un diseño específico y de calidad adecuada a los objetivos del sector para aquellos elementos singulares que definen la imagen del recinto a urbanizar: farolas, mobiliario urbano, etc.   
Condicionantes genéricos:  
· Antes de la aprobación del proyecto de urbanización se presentarán por el urbanizador los informes de viabilidad de las compañías suministradoras, que confirmen la idoneidad de las soluciones proyectadas y sirvan de base al convenio a establecer con cada una de aquellas, y que deberá aportarse al Ayuntamiento antes del comienzo de la ejecución de las obras (acta de comprobación del replanteo).  
· A la vista de los compromisos de coordinación con dichas compañías que acompañan a la oferta del promotor, se advierte a ésta que no se admitirán por el Ayuntamiento supuestos de retasación de cargas basados en eventuales carencias u omisiones de las redes de servicios previstos respecto a las que definitivamente se implanten y justifiquen en el proyecto.  
· Al amparo de las previsiones de gastos generales de contrata y de los costes indirectos inherentes a las partidas o unidades de obra del proyecto, el Ayuntamiento designará la correspondiente asistencia técnica a la dirección de las obras, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de las condiciones de su ejecución. Dicha asistencia técnica se seleccionará por esta administración, a propuesta del urbanizador, siendo su coste por cuenta de este último, según el procedimiento que oportunamente se establezca.  
El concurso de dicha asistencia técnica será efectivo a partir del acta de comprobación del replanteo.  
Anexo II. Proposición jurídico-económica. (Art. 127 LUV y 302-ROGTU)  
Modelo de proposición jurídico-económica  
(Nombre y apellidos) ..., con NIF ..., en nombre propio o representación de la (mercantil/UTE/Agrupación de Interés Urbanístico) ... domiciliada en ..., a efectos de notificaciones en calle ... y CIF ..., enterado del concurso convocado para la adjudicación del Programa de Actuación Integrada ..., según anuncio publicado en el DOCV número ... de fecha ..., formula la presente proposición para desarrollo del citado programa con sujeción a las determinaciones siguientes:  
1. RELACIONES ENTRE EL URBANIZADOR Y LOS PROPIETARIOS.  
(Información detallada a propietarios)  
1.A. Modalidad o modalidades de retribución al urbanizador.  
1.B. Magnitudes urbanísticas relevantes:  
- Parcela mínima.  
- Aprovechamiento subjetivo.  
-Superficie mínima de terreno para resultar adjudicatario de parcela resultante o de cuota indivisa.  
1.C. Importe global de cargas de urbanización y del coeficiente de canje (expresada en tanto por uno e indicando el porcentaje que recibirá el propietario tras el pago en terrenos y el que corresponde al pago).  
El coeficiente de canje se calculará conforme a las siguientes dos fórmulas matemáticas, con idéntico resultado en ambas: (Art. 306 ROGTU)  
Ks = Cs/Vs + Cs,  
siendo  
Ks = coeficiente de canje  
Cs = costes de urbanización por metro cuadrado de suelo de origen  
Vs = valor del metro cuadrado de suelo de origen.  
Kt = Ct/Vt + Ct,   
siendo  
Kt = Coeficiente de canje  
Ct = Costes de urbanización por metro cuadrado de techo  
Vt = Valor del metro cuadrado de techo sin urbanizar.  
1.D. Precio del suelo bruto a efecto de canje (expresada en metro cuadrado).  
1.E. Precio del suelo y del techo resultante.  
1.F. Posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución. (Art. 302.1.c) ROGTU)  
1.G. Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
2. PROPIEDADES AFECTAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. (Art. 127.1.b y 304 ROGTU)  
En el caso en que se pretenda recoger en el contrato a suscribir con este ayuntamiento que el aspirante a urbanizador se compromete a afectar terrenos incluidos en el ámbito de la actuación, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones propias de urbanizador y la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa, deberá incluir la siguiente documentación referida a esos terrenos:  
a) Certificación registral de dominio y cargas de fecha no anterior a 15 días a la fecha de presentación de la proposición jurídico-económica  
b) En caso de que los terrenos no estén inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del aspirante a urbanizador, se deberán aportar los títulos que acrediten su derecho de propiedad o las escrituras públicas otorgadas con terceros que legitimen o le otorguen poder bastante para afectar con carácter real e inscribir esa afección en el Registro de la Propiedad  
c) Identificación gráfica de las fincas a afectar mediante plano catastral.  
3. HOJA RESUMEN DE LOS DATOS ECONÓMICOS   
(A cumplimentar según art.127.2 LUV)   
  
4. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN (Art. 303 ROGTU).  
Mediciones y precios unitarios de las partidas siguientes, que no incluirán el impuesto sobre el valor añadido:  
a) Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras y red peatonal.  
b) Tratamiento de los espacios libres, incluyendo jardinería, arbolado y ornamentación.  
c) Mobiliario urbano.  
d) Señalización.  
e) Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.  
f) Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de depuración.  
g) Sistema de evacuación de aguas pluviales.  
h) Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones.  
i) Red de alumbrado público.  
j) Obras de enlace de los servicios urbanísticos con los de la red primaria de dotaciones públicas y el resto de obras de conexión e integración de la actuación en su entorno territorial o urbano.  
k) Impuesto sobre el valor añadido.»  
Burriana, 31 de marzo de 2008.- El alcalde: José R. Calpe Saera.