Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7082, del 05-08-2013 (2013/8310)

ACUERDO de 2 de agosto de 2013, del Consell, por el que se declara de interés comunitario por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, la solicitud de la mercantil Abonos Orgánicos Nacionales, SA para la actuación integral consistente en la instalación de una fábrica de abonos orgánicos y restauración de un área degradada, en el municipio de Alicante.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7082

Fecha DOGV
:   05-08-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/8310


Fecha del documento
:   02-08-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Alicante
    * plan de urbanismo

ACUERDO de 2 de agosto de 2013, del Consell, por el que se declara de interés comunitario por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, la solicitud de la mercantil Abonos Orgánicos Nacionales, SA para la actuación integral consistente en la instalación de una fábrica de abonos orgánicos y restauración de un área degradada, en el municipio de Alicante. [2013/8310]  
El Consell, en la reunión del día 2 de agosto de 2013, adoptó el siguiente Acuerdo:  
Visto el expediente promovido por la mercantil Abonos Orgánicos Nacionales, SA (Abornasa), referido a la solicitud de declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, para la instalación de una fábrica de abonos orgánicos y restauración de un área degradada mediante el establecimiento de un depósito controlado de residuos de la construcción y demolición, en suelo no urbanizable del término municipal de Alicante, y de conformidad con los siguientes  
  
Antecedentes de hecho  
Primero  
El 3 de agosto de 2000, la mercantil Abonos Orgánicos Nacionales, SA, solicitó la obtención de la declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario contemplado en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, para la atribución y definición de uso y aprovechamiento de actividades terciarias e industriales de especial importancia.  
Requerida la promotora a fin de que completara o subsanara determinados aspectos, presentó documentación complementaria en fechas 29 de agosto y 19 de septiembre de 2000, 11 de enero, 19 y 23 de febrero y 19 de octubre de 2001, 24 de febrero de 2003, 14 de septiembre de 2004, 11 de enero de 2005, 30 de enero, 9 de julio, 2 de octubre y 21 de noviembre de 2007, y 13 de julio de 2012, escrito este último presentado en el Ayuntamiento de Alicante, que lo remitió al Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante el 8 de agosto de 2012, quedando en esta fecha completo el expediente a los efectos de un pronunciamiento sobre la declaración de interés comunitario de la propuesta.   
La documentación aportada está integrada por memoria informativa y justificativa de la ordenación, planos de información urbanística y de ordenación, estudio económico-financiero, plan de etapas y estudio de impacto ambiental. En la misma quedan definidas las características de la ordenación propuesta y se prevén las obras de conexión con las redes generales de infraestructuras y servicios públicos necesarios para el funcionamiento de la actividad.  
Segundo  
Según se indica en la documentación presentada, la mercantil Abonos Orgánicos Nacionales, SA pretende llevar a cabo la construcción y explotación de una planta para el tratamiento, valorización, depósito y eliminación de residuos, consistente en una planta de producción de abonos orgánicos, una planta de valorización de residuos de la construcción y demolición y la restauración de un área degradada mediante el vertido controlado de los residuos inertes procedentes de la planta.  
El ámbito de la actuación ocupa una superficie total de 326.920,40 m², y se ubica en suelo clasificado por el Plan General de Ordenanción Urbana de Alicante como suelo no urbanizable rústico común.  
Las características de las edificaciones e instalaciones que se proponen, a la vista de la documentación que aporta la solicitante, quedan de la siguiente forma:  
Superficie total de parcela vinculada a la actuación: 326.920,40 m².  
1. Área de control y servicios:  
a) Superficie de parcela vinculada: 2.637,69 m².  
b) Superficie construida: 176,12 m².  
c) Altura construcciones: 1 planta.  
2. Área de fabricación de abonos:  
a) Superficie de parcela vinculada: 18.896,05 m².  
b) Superficie construida: 5.140,24 m².  
c) Altura construcciones: 1 planta/ 6 metros.  
3. Área de restauración depósito (RCD):  
a) Superficie de parcela vinculada: 91.433,99 m².  
b) Superficie construida: 0 m².  
4. Área de reforestación:  
a) Superficie de parcela vinculada: 112.426,41 m².  
b) Superficie construida: 0 m².  
5. Área de reserva:  
a) Superficie de parcela vinculada: 93.002,05 m².  
b) Superficie construida: 0 m².  
6. Balsa lixiviados:  
a) Superficie: 647 m².  
b) Superficie construida: 0 m².  
7. Viales:  
Superficie viaria: 7.877,21 m².  
Tercero  
En cuanto al cumplimiento de los servicios urbanísticos, la solicitante propone las siguientes soluciones:  
1. Abastecimiento de agua potable: se efectuará mediante acometida a la red general en el punto más próximo posible tras la pertinente autorización.  
2. Energía eléctrica: se suministrará desde acometida a línea de media tensión debidamente autorizada.  
3. Acceso rodado: se realiza desde la carretera local que enlaza las zonas industriales del Polígono de la Vallonga en el término municipal de Alicante con el área industrial de San Vicente del Raspeig. Estas zonas industriales se encuentran enlazadas con la autovía Alicante-Madrid y Alicante-Castalla, respectivamente. Al respecto, deben resaltarse los informes favorables emitidos por la Oficina del Plan de Carreteras de 7 de febrero de 2001, al que se hace referencia en el antecedente de hecho quinto y el informe del Ayuntamiento de Alicante de 10 de mayo de 2006, que señala:  
«Accesibilidad. El acceso a los terrenos se realiza desde la vía local que enlaza el polígono industrial del Plá de la Vallonga y el polígono industrial de San Vicente del Raspeig. Ambas zonas industriales se comunican con la autovía Alicante-Madrid y Alicante-Castalla, respectivamente.  
Desde la carretera local se toma un vial asfaltado para acceder a la finca. Se propone realizar una rotonda que facilite la circulación.  
El estudio de la intensidad del tráfico prevista concluye que la medida será de cuatro vehículos pesados y 0,37 vehículos ligeros por hora, no suponiendo un incremento significativo».  
4. En cuanto a la recogida de las aguas pluviales y recogida y tratamiento de aguas residuales, así como de residuos, el proyecto obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental favorable el 7 de septiembre de 2005. En dicha Declaración de Impacto Ambiental se señala que «en lo que respecta a la planta de RCD's y el vertedero anexo, se han tomado las medidas protectoras y correctoras suficientes para garantizar la correcta gestión de los residuos y eliminar riesgos... de contaminación de suelos, contaminación a la atmósfera, afección a la fauna y vegetación». Todo ello sin perjuicio de la necesaria introducción en el proyecto de las modificaciones técnicas necesarias para dar cumplimiento al condicionado de la referida Declaración de Impacto Ambiental.  
Cuarto  
Constan en la documentación títulos de propiedad de la parcela sobre la que se plantea la actuación, que se identifica con la siguiente finca:  
1. Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Alicante número 3, tomo 755, libro 755, folio 103, finca 52.136.  
2. Propiedad: ADERA, SL.  
3. Referencia catastral: Partida Fontcalent, polígono 21, parcelas 148, 149 y 197.  
Igualmente, se aporta escritura de arrendamiento otorgada el 16 de noviembre de 2007, ante el notario de Alicante, Francisco Pastor López, con el número 1.246 de su protocolo, a favor de la mercantil promotora de la presente Declaración de Interés Comunitario.  
La superficie registral asciende a 303.944 m², si bien en el proyecto se señala una superficie de parcela vinculada a la actividad de 326.920,40 m², superficie esta última que es la que se toma en consideración en el presente Acuerdo, ya que las variaciones superficiales que se producen no tienen incidencia sobre los parámetros de la resolución a adoptar, debiendo estarse a la superficie real de la actuación.  
Quinto  
Durante la tramitación del expediente han sido emitidos los siguientes informes:  
1. Ayuntamiento de Alicante: con fecha de entrada de 24 de mayo de 2006, emitido por Decreto de 10 de mayo de 2006, de la Concejala Delegada de Urbanismo, por delegación de la Alcaldía Presidencia, en sentido favorable ponderando las siguientes circunstancias:  
«a) Imposibilidad de su ubicación en los suelos urbanos o urbanizables previstos por el planeamiento del municipio.  
La ubicación de la instalación propuesta por Abornasa se sitúa en terrenos que el Plan Zonal de Residuos, Zona XVI, califica como aptos y no supone ningún impacto visual conforme indica el Plan General vigente (art. 103.2 NN.UU.).  
Debido al impacto social que genera la implantación de este tipo de actividades, se considera adecuado el emplazamiento de las instalaciones destinadas a la eliminación de residuos en las cercanías del vertedero municipal.  
Conforme la Declaración de Impacto Ambiental, el núcleo más próximo es La Alcoraya, situado a más de 2 km. de distancia.  
b) Idoneidad del emplazamiento escogido para albergar la instalación.  
El emplazamiento propuesto para la implantación de la planta de abonos orgánicos se sitúa en la zona comprendida entre la Sierra de Fontcalent y la Sierra Mediana, delimitado en uno de sus límites con la cantera de Valenciana de Cementos. La finca ocupa una superficie de 32,692 Ha., y está dividida en dos por la carretera de acceso que une la factoría de Valenciana de Cementos con la cantera.  
Al igual que la vegetación, la fauna de la zona no presenta valor para la conservación, debido a la alteración que han supuesto las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos y vertedero actuales y las explotaciones mineras existentes en los alrededores, que han alterado la calidad ambiental simplificando las comunidades faunísticas, existiendo una mayor presencia de especies oportunistas.  
Por consiguiente y en atención a lo expuesto en el punto anterior y en la Declaración de Impacto Ambiental, se considera idóneo el emplazamiento propuesto.  
/?/  
V. De lo antedicho resulta:  
1. La urgente e inmediata necesidad de la ampliación del vertedero municipal ha propiciado la Modificación Puntual núm. 23.1 del Plan General, que extiende su superficie al calificar como Servicios Urbanos los terrenos colindantes. Esta ampliación no afecta a los terrenos propuestos por Abornasa para la planta de abonos orgánicos.  
2. A medio plazo y en previsión de futuras necesidades, el Avance del Plan General amplía la zona a ocupar por el vertedero municipal afectando, aquí sí, a los terrenos promovidos por Abornasa para la planta de abonos orgánicos.  
Por consiguiente, en las circunstancias actuales, el informe de esta Administración municipal sería favorable por cuanto no existe impedimento jurídico urbanístico a su implantación. No obstante, es necesario precisar que el contenido del concierto previo de la revisión del Plan General y el correspondiente Avance califican la zona propuesta por Abornasa como terrenos a ocupar en el futuro por el vertedero municipal. Al tratarse de una actuación integral..., se encuentra exenta de la limitación del plazo de vigencia, si bien, a los efectos antes prevenidos, consta en el expediente documento de colaboración suscrito por la mercantil concesionaria de los servicios públicos de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos y limpieza pública de Alicante y la representación de Abornasa, en el que se comprometen a formalizar un contrato de colaboración que permita a INUSA el vertido de escombros generados por el servicio municipal.  
En atención a las circunstancias expuestas, procede informar favorablemente la solicitud de Declaración de Interés Comunitario promovida por Abornasa».  
Igualmente consta en el expediente informe emitido por la Concejala Delegada de Urbanismo, por delegación de la Alcaldía Presidencia, de 5 de enero de 2007, en el que incide sobre los intereses locales afectados, en términos que no contradicen lo reseñado en el referido informe parcialmente transcrito, y añaden una propuesta respecto al régimen de deberes y cesiones que comporta la Declaración de Interés Comunitario.  
Finalmente, el 8 de agosto de 2012 tuvo entrada, en la Dirección Territorial en Alicante de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, escrito firmado por el Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, al que adjunta copia del informe favorable de fecha 10 de mayo de 2006, antes referido, así como del informe suscrito el 27 de julio de 2012 por el citado Gerente, en el que se efectúa nueva propuesta del régimen de deberes y cesiones.  
2. Oficina del Plan de Carreteras de la Consellería de Infraestructuras y Transportes, emitido el 7 de febrero de 2001 en sentido favorable.   
3. Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano y Museos, de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte, informe emitido el 15 de junio de 2007 en los siguientes términos:  
«Por lo que visto el precepto indicado y de conformidad con el informe de los servicios técnicos, se informa favorablemente a los efectos patrimoniales contemplados en el art. 11 de la Ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano Documento de Síntesis del Estudio de Impacto Ambiental, Documento de Síntesis Fase I Estudio de Capacidad de Acogida, Estudio de Impacto Ambiental Fase II Impacto Ambiental de la actividad Sierra Mediana (Alicante), informe arquitectónico de la inexistencia de construcciones de interés patrimonial afectados por la actuación DIC fábrica de abonos orgánicos, e informe de la memoria de la prospección arqueológica de la Cantera Sierra Mediana, en el Paraje Sargento de Alicante».  
Este informe se emite tras uno previo, de 17 de enero de 2007, que requería la aportación de documentación técnica y a la vista de la nueva documentación presentada por la mercantil promotora, el 2 de abril de 2007, ante la propia Dirección Territorial de Alicante de la citada Consellería.  
4. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Dirección General de Transportes, emitido el 23 de abril de 2003 en sentido favorable.  
5. Ministerio de Fomento, Unidad de Carreteras de Alicante, emitido el 10 de julio de 2003 en sentido favorable.  
6. Consellería de Medio Ambiente, Servicio de Gestión de Residuos, de 28 de marzo de 2001, en sentido favorable, dado que «por todo lo anterior, el Centro de Tratamiento de residuos sólidos del término municipal de Alicante ubicado entre la Sierra de Fontcalent y Sierra Mediana cumple en general con la zonificación y criterios de gestión establecidos en el PIR. No obstante, dicho proyecto se deberá ajustar a lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y, en su caso, a la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana, a su entrada en vigor, lo que se determinará en la Resolución de autorización que expresamente expida la Consellería de Medio Ambiente, en su momento».  
El 30 de junio de 2003 se emitió nuevo informe por dicho Servicio en el que se indica que «revisada la documentación de referencia, se constata que se trata del mismo proyecto que el tramitado en marzo de 2001 y que se ubica en el mismo emplazamiento, por lo que se considera que son válidas las consideraciones apuntadas en el primer informe». No obstante, se efectúan una serie de recordatorios de aspectos a considerar para cada tipo de actuación proyectada, en aplicación de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de la Generalitat, de Residuos de la Comunitat Valenciana, y el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, en los términos siguientes:  
«- Área de Tratamiento y Compostaje de Residuos Orgánicos. La Ley 10/2000 contempla la planifi-cación de la gestión de los residuos a través de los planes de residuos: Plan Integral de Residuos, planes zonales, planes locales y proyectos de gestión. Dado que parte de los residuos que pretenden tratarse corresponden a residuos domiciliarios procedentes de limpieza de zonas verdes y de limpieza de playas, su gestión deberá atenerse a lo que se planifique conforme a los citados planes de residuos. En este sentido, su gestión deberá realizarse a través de la entidad local o Administración competente en el tratamiento de residuos municipales y en su caso se tendrá en cuenta el Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII, aun por desarrollar. Por otra parte, respecto a los subproductos orgánicos de la industria agroalimentaria, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Reglamento Comunitario CE/1774/2002.  
- Área de clasificación de RCD's y trituración de escombros. Dado que esta actividad contempla una trituración mediante trituradora móvil de escombros, se considera como una operación de valorización de residuos inertes, y como tal queda sometida al régimen de autorización por el órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y el artículo 50 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana.  
Asimismo, se deberá tener en cuenta que la gestión de los RCD'S se realizará mediante adjudicación a través de los futuros planes de residuos que se aprueben./?/  
- Vertedero de Residuos Inertes. En cuanto a la legislación de vertederos, cabe destacar que se deberá asumir el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, así como la Decisión del Consejo 2003/33/CE por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo de la Directiva 1999/31/CE. No obstante, se hace constar que solo deberán admitirse en el vertedero aquellos residuos que se ajusten a la definición de residuos inertes establecida en el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana. Por otra parte, el artículo 18 de la Ley 10/2000, de Residuos de la Comunitat Valenciana, «Optimización en la eliminación», establece que la eliminación se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización, de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles, lo cual deberá tenerse en cuenta en el plan de explotación del vertedero».  
Concluye en la necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental y autorización del órgano competente en materia de residuos de la Comunitat Valenciana.  
Finalmente, obra en el expediente escrito de 31 de marzo de 2004 del Jefe del Servicio de Residuos Urbanos, al que adjunta informe emitido el 17 de julio de 2003, con motivo del expediente de evaluación ambiental del proyecto, nuevamente de carácter favorable, con una serie de condicionantes para su consideración en la Declaración de Impacto Ambiental a emitir.  
Según consta en la Declaración de Impacto Ambiental emitida, este informe fue comunicado a la empresa promotora a fin de que diera cumplimiento a los condicionantes reflejados en el informe citado de 17 de julio de 2003, recibiéndose en la Dirección General de Gestión del Medio Natural, el 8 de septiembre de 2004, la ampliación del proyecto corrigiendo las deficiencias técnicas señaladas en dicho informe.   
7. Consellería de Territorio y Vivienda, Dirección General de Gestión del Medio Natural: Declaración de Impacto Ambiental dictada el 7 de septiembre de 2005, cuya parte dispositiva tiene el siguiente tenor literal:  
«Primero  
Formular con carácter favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, la presente Declaración de Impacto Ambiental correspondiente a la fábrica de abonos orgánicos, planta de RCD's y vertedero de residuos inertes, situado en el paraje Sierra Mediana del término municipal de Alicante, promovido por la mercantil Abonos Orgánicos Nacionales, SA. (Abornasa) siempre que la actividad se desarrolle con el estricto cumplimiento de todas las medidas propuestas en la documentación tramitada, así como las modificaciones introducidas por las condiciones siguientes:  
Área de reforestación:  
1. Los trabajos de reforestación se iniciarán al mismo tiempo que los trabajos de construcción de las instalaciones (naves, caminos, plataformas, túneles de fermentación, etc.).  
Planta de RCD's:  
1. La maquinaria de la planta deberá trabajar en vía húmeda, de modo que la clasificadora y la trituradora no sean focos emisores de polvo. Todas las cintas deberán estar carenadas.   
2. Deberá disponerse de suministro de agua para trabajar en húmedo de forma continuada.   
3. Para evitar vibraciones y ruidos, deberán revestirse de goma aquellas superficies metálicas donde se manipulen los residuos.  
4. Los acopios de material clasificado deberán mantenerse en condiciones óptimas de humedad dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 51 del Decreto 833/1975 por el que se desarrolla la Ley 38/72 de Protección del Ambiente Atmosférico.  
5. Los lixiviados recogidos en la planta se almacenarán convenientemente y serán tratados adecuadamente según su composición.Vertedero de residuos inertes:  
1. La capa de material impermeable que se utilizará en el sellado del vertedero incrementará su espesor hasta 0,5 metros de acuerdo con lo dispuesto en el RD 1.481/2001, relativo a las instalaciones de vertido y residuos.  
Planta de compostaje:  
1. Los lodos y demás materiales putrescibles serán tratados el mismo día de su recepción. En caso de avería de la instalación no se autorizará la descarga de este tipo de residuo.  
2. El procedimiento de admisión de lodos deberá contemplar que hayan sido sometidos a un proceso previo de digestión en la EDAR de origen, para asegurar una reducción drástica del contenido en materia orgánica volátil presente y por tanto una reducción de emisiones a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles.  
3. La plataforma de mezcla deberá acondicionarse del mismo modo que los túneles de fermentación, es decir, techada y cerrada con murete de hormigón y lona impermeable hasta el techo.  
A nivel de instalaciones en general:  
1. Se realizarán tareas de desinfección, campañas de desratización, limpieza de residuos en los caminos, áreas de servicio y plataformas de trabajo. En caso de aparición de aves de gran tamaño, emisión de ultrasonidos.  
2. Se mantendrán las instalaciones y los caminos en condiciones óptimas de humedad para evitar el levantamiento de polvo.  
3. En el caso de producirse emisión de partículas a causa del almacenamiento de materias primas al aire libre, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 51 del Decreto 833/1975 por el que se desarrolla la Ley 38/72 de Protección del Ambiente Atmosférico, en el que se indica que en los parques de almacenamiento al aire libre de materiales a granel se tomarán las medidas adecuadas para evitar que la acción del viento pueda levantar polvo, cubriéndolo con lona o plástico o protegiéndolo mediante colocación de pantallas cortavientos.  
4. La presente declaración queda supeditada a la emisión del informe vinculante favorable que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 4/1998, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, emitirá el director general de Patrimonio Cultural Valenciano.  
5. El Plan de vigilancia ambiental deberá ampliarse para ajustarse al anexo III del RD 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante vertedero. Además contemplará la vigilancia y eficacia de las medidas compensatorias que se establezcan de acuerdo con los apartados anteriores».  
Sexto  
La solicitud fue admitida a trámite por Resolución del conseller competente en territorio y urbanismo de 30 de mayo de 2001, a propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo de Alicante, en sesión del día 12 de marzo de 2001, previo requerimiento de la emisión de informe municipal, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable.   
El expediente, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental, fue sometido al trámite de información pública y convocatoria de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento, por plazo de veinte días, mediante anuncios publicados en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 4052, de 27 de julio de 2001, en el tablón de edictos del Ayuntamiento afectado y en un diario de información general publicado en la Comunitat Valenciana, y se remitió aviso a los titulares catastrales con derechos afectados por la actuación.  
Durante el periodo de exposición pública del expediente, constan en el registro de entrada del Servicio Territorial de Urbanismo la presentación de diversas alegaciones formuladas por distintas asociaciones y plataformas vecinales, culturales y ecologistas, así como de numerosos vecinos afectados. Dichas alegaciones, junto con el estudio de impacto ambiental, fueron remitidas a la Dirección General del Medio Natural para su evaluación.  
En concreto, obra en el expediente certificación acreditativa de que durante el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 27 de agosto de 2001 consta la presentación de las siguientes alegaciones: escrito de José Antonio Sánchez y 1.166 más firmantes, escrito presentado por la Asociación Alabastre La Meca, escrito presentado por la Asociación de Vecinos La Amistad de La Alcoraya, escrito presentado por la Asociación de Vecinos Benvinguts de Foncalent, escrito presentado por la Asociación Plataforma Ciudadana por la Calidad Ambiental, escrito presentado por la Asociación Cultural Proyecto Corazón Verde, escrito presentado por la Asociación de Vecinos Lo Cheperut y escrito presentado por Carlos Arribas en representación de la Federación Ecologistas A.P. Valencià.  
El contenido de los escritos es sustancialmente coincidente.  
  
  
Fundamentos de derecho  
Primero  
El presente expediente ha de resolverse según lo establecido en los artículos 8.2 y 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, y de acuerdo con el Plan General Municipal de Alicante, aprobado por Resolución del conseller competente en materia de territorio y urbanismo el 27 de marzo de 1987, y publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 25 de abril de 1987, y ello por cuanto que, de conformidad con la disposición transitoria tercera, apartado 2, de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, «los procedimientos ya iniciados en el organismo competente sobre autorizaciones previas o declaraciones de interés comunitario en suelo no urbanizable a la entrada en vigor de la presente Ley, se concluirán con arreglo a lo dispuesto en la legislación anterior».  
Segundo  
De conformidad con el artículo 20 de la citada Ley 4/1992, las edificaciones e instalaciones destinadas a actividades industriales, terciarias o de servicios que, entre otros, precisen la ocupación de una superficie mayor de cuatro hectáreas, cuenten con más de ocho mil metros cuadrados de construcción o requieran la ejecución de accesos propios con más de mil metros lineales de desarrollo, quedan excluidas de los supuestos regulados en los artículos 18 y 19 de la citada ley.  
Asimismo, la realización de estas actuaciones integrales requiere el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mencionado precepto:  
1. Que por sus características y su impacto territorial no puedan emplazarse en los suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización previstos por los planeamientos vigentes en los municipios de la zona.  
2. Que queden suficiente y adecuadamente resueltos, a cargo de la actuación, la totalidad de los servicios requeridos por su establecimiento y funcionamiento, sin que se produzca una sobrecarga de demanda en las infraestructuras y servicios generales.  
3. Que se asuma la aplicación a la actuación del régimen de deberes, obligaciones y cesiones propias del adjudicatario de un programa de actuación urbanística en suelo urbanizable no programado, que nunca podrán ser inferiores a las legales propias del suelo urbanizable programado.  
A la vista de lo expuesto, y dado que la solicitud formulada cumple lo establecido en la ley para la tramitación extraordinaria de estas actividades, cabe concebir la misma como una actuación integral, por lo que debe tramitarse de conformidad con lo preceptuado en los artículos 16 y 20 de la citada Ley 4/1992.  
Queda justificada en la documentación obrante en el expediente la imposibilidad de emplazar la presente actividad en los suelos urbanos y urbanizables de la localidad, debido a la gran ocupación de suelo necesaria, así como por las características implícitas a una actividad de tratamiento de residuos y planta de abonos orgánicos, que requieren de una ubicación aislada alejada de los núcleos de población.  
Así se recoge en el informe municipal transcrito en el antecedente de hecho quinto, punto 1, donde se justifica igualmente la localización propuesta por su cercanía al vertedero municipal y su colindancia a explotaciones mineras existentes, siendo terrenos calificados como aptos para ello en el Plan zonal de residuos.  
Tercero  
Por otro lado, y en lo que se refiere al cumplimiento del planeamiento municipal vigente, la relación entre los parámetros previstos en la normativa urbanística aplicable y los propuestos en el proyecto técnico presentado se ve reflejado en la tabla siguiente:  
  
Clasificación: suelo no urbanizable rústico común.   
Concepto Normativa Solicitud  
Superficie parcela (m²s) Planeamiento: 70.394 340.920,40  
 LSNU: 40.000   
Superficie construida (m²t) 5.316,36  
Superficie ocupada (m²s) 5.316,36  
Superficie ocupada actividad (m²s) 207.540,73  
Volumen (m³s)   
Ocupación (%) Planeamiento: 5 % 1,63 %  
Coeficiente de Edificabilidad (m²t/m²s) IEB = 0,016  
Número de plantas 3 1  
Altura de cornisa (m) 10 metros 6 metros  
Separación (m) Lindes: 10 metros Lindes:   
  
  
La instalación de una fábrica de abonos orgánicos y un depósito controlado de residuos de la construcción y demolición se encuentra admitida en esta clase de suelo, y la propuesta no plantea modificaciones de los parámetros urbanísticos de aplicación, por lo que deberá ajustarse íntegramente a los mismos. En concreto las edificaciones deberán respetar los retranqueos mínimos a linderos fijado por las Normas Urbanísticas del Plan General de Alicante para esta clase de suelo.  
Cuarto  
Respecto del procedimiento, se han observado en el presente caso las prescripciones legales que exige la citada Ley 4/1992 sobre Suelo No Urbanizable. Asimismo, la documentación del expediente está completa en los términos requeridos por el artículo 20.2 de la referida Ley 4/1992 y la legislación de impacto ambiental.  
El expediente ha sido sometido, en concreto, al preceptivo trámite de información y participación pública. Vistas las alegaciones presentadas al proyecto por diferentes organismos, grupos ecologistas y particulares, estas han sido tenidas en cuenta a la hora de evaluar el proyecto y comunicar a la empresa promotora las medidas correctoras a adoptar para la consecución de la Declaración de Impacto Ambiental, tal y como queda expresamente recogido en este pronunciamiento ambiental.   
Por otra parte, dado que durante la fase de información pública no se presentó ninguna alternativa en competencia a la desencadenante del procedimiento, procede su aprobación y, por consiguiente, que la actuación integral que se desarrollará a partir de la aprobación de la presente Declaración de Interés Comunitario se efectúe conforme a la documentación que la integra.  
Quinto  
Según el artículo 20.1 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, estas actuaciones estarán exentas de la limitación en el plazo de vigencia de la atribución del uso y aprovechamiento, así como estarán exentas del pago del canon de aprovechamiento urbanístico, pero deben asumir el régimen de deberes, obligaciones y cesiones propias del adjudicatario de un programa de actuación urbanística en suelo urbanizable no programado, que nunca podrán ser inferiores a las legales propias del suelo urbanizable programado.  
Para la determinación concreta de los estándares dotacionales aplicables habrá que atender a la consideración de la actividad como uso terciario, descartando una eventual aplicación de los correspondientes al uso industrial. En efecto, la Ley de Suelo No Urbanizable, tanto la Ley 4/1992, de aplicación al presente proyecto, como la hoy vigente Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, encuadran las plantas de residuos en el apartado relativo a las actividades terciarias en general (artículo 19.2, letra F, de la Ley 4/1992), o terciarias y de servicios (artículo 27.2, letra E, de la citada Ley 10/2004). La misma conclusión se alcanza desde la consideración de usos contenida en el Plan General de Alicante, a cuyo tenor nos encontraríamos con un uso dotacional de servicios urbanos, como se indica en el informe emitido por el Ayuntamiento de Alicante el 5 de enero de 2007.   
Las cesiones exigibles al suelo urbanizable de uso terciario son las establecidas en el artículo 12 del anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 5 de diciembre, del Consell, norma esta de aplicación al presente expediente en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.   
Señala el citado artículo 12 que «En los sectores de planeamiento parcial de usos terciarios se exigirá el cumplimiento de los estándares establecidos para los planes parciales residenciales, con las siguientes salvedades:  
- La superficie de suelo dotacional público viario será el que resulte de la aplicación de la tabla 1, para el índice de edificabilidad bruta del sector.  
- La superficie de suelo dotacional público no viario será la que resulte de la aplicación de la citada tabla, para el índice de edificabilidad residencial del sector, si se permite este uso.  
- En todo caso, será necesario reservar en 10 por ciento de la superficie computable del sector para zonas verdes públicas».  
De acuerdo con lo señalado en dicho precepto, y en aplicación de la tabla 1 referida, el suelo dotacional público de cesión obligatoria a la Administración sería del 12,5 por ciento para red viaria, dado el índice de edificabilidad bruta del ámbito, y del 10 por ciento para zonas verdes.   
En la propuesta económico-financiera contenida en el proyecto no se establece propuesta concreta del régimen de cesiones y/o cuantificación económica sustitutiva, remitiéndose al convenio a suscribir con el Ayuntamiento de Alicante.  
Dicho convenio hasta la fecha no ha sido suscrito. No obstante, en el informe emitido por el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Gerencia de Urbanismo, de 27 de julio de 2012, cuyas condiciones han sido aceptadas por la mercantil promotora, se ha establecido el régimen de cesiones debidas y la valoración económica de las mismas, quedando de esta forma perfeccionado el régimen de deberes y obligaciones derivados de la presente Declaración de Interés Comunitario, sin perjuicio de su ulterior formalización a favor del municipio.  
Los referidos deberes y obligaciones quedan concretados en los siguientes términos:  
1. Cesión del 40 por ciento del ámbito de la actuación. No obstante, a estos efectos queda definido el ámbito de actuación como la superficie objeto de la explotación, excluyendo, por tanto, de la superficie total de la parcela, las superficies destinadas a áreas de reforestación y área de reserva, por cuanto en ellas no se va a desarrollar actividad alguna. En concreto, el área de reforestación se concibe para la mejor integración ambiental y paisajística del proyecto, amortiguando e integrando la instalación en su entorno, siendo objeto de inversiones para el mantenimiento de la vegetación natural existente y el acondicionamiento, mejora y reposición de especies arbóreas, así como la vegetación de taludes creados en las instalaciones, por lo que se encuentra excluida de la actividad y en la que se exige a la promotora una serie de medidas a modo de carga. En cuanto al área de reserva, no se trata de un ámbito sobre la que se produzca una atribución de uso y aprovechamiento, sino que se reserva para futuras instalaciones de tratamiento de residuos que en su día deberían ser objeto, en su caso, de una nueva Declaración de Interés Comunitario, que implicaría la aplicación del correspondiente régimen de deberes y obligaciones.  
Por tanto la cesión se concreta en el 40 por ciento de 112.221 m², que asciende a 44.888,4 m².  
2. Cesión del 10 por ciento del aprovechamiento de la actuación, que el Ayuntamiento de Alicante concreta en el 10 por ciento de 4.796 m², que equivalen a 480m²t.   
Lo cual hace un total a ceder de 45.368 m².  
Según indica el informe municipal, la mercantil Abonos Orgánicos Nacionales, SA., ha realizado una cesión de terrenos con una extensión de 44.879 m², parcelas ocupadas por la concesionaria INUSA para la ejecución de obras de accesos, acondicionamiento y ampliación del vertedero municipal.  
En consecuencia, de acuerdo con el informe municipal, quedan pendiente de cesión 489 m², que valorados, siempre según el referido informe, a 12 euros/m², a los efectos de su abono en metálico, ofrecen un total adicional a satisfacer por la mercantil promotora de 5.868 euros, cifra en la que se concreta la obligación pendiente de satisfacer por la promotora para el cumplimiento de los deberes y obligaciones derivados de la presente declaración de interés comunitario.  
Por todo ello, se estima que el régimen de cesiones establecidos y los compromisos asumidos por la promotora supera, y por tanto, se adecua a las establecidas en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable.  
La ejecución de las actuaciones integrales requerirá, siempre con carácter previo a su comienzo, la formalización a favor del municipio y, en su caso, de la Generalitat, de las cesiones de terrenos a que se hubiera comprometida la promotora y la obtención de la licencia o las licencias urbanísticas precisas sobre la base de los correspondientes proyectos técnicos.  
Sexto  
Se aporta documentación acreditativa de los compromisos exigidos por el artículo 20.1.c de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, en el que se asume la aplicación a la actuación del régimen de deberes, obligaciones y cesiones propias del adjudicatario de un programa de actuación urbanística en suelo urbanizable no programado.  
Séptimo  
El Consell es el órgano competente para la aprobación de la ordenación y definición del aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, a propuesta de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 2 y 3, del Reglamento de los Órganos Territoriales, de Evaluación Ambiental y Urbanísticos de la Generalitat, aprobado por el Decreto 135/2011, de 30 de septiembre, del Consell.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, a propuesta de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, el Consell  
  
ACUERDA  
  
Primero  
Aprobar definitivamente la ordenación urbanística para la actuación integral consistente en la instalación de una fábrica de abonos orgánicos y depósito controlado de residuos de la construcción y demolición en la partida Fontcalent, polígono 21, parcelas 148, 149 y 197, del municipio de Alicante, en los términos que se derivan de la documentación técnica asumida por la mercantil Abonos Orgánicos Nacionales, SA., que afecta a una superficie de 326.920,40 m², como actuación integral de interés comunitario que se ha de desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable.  
Los parámetros de aplicación a la presente declaración de interés comunitario serán los derivados del vigente Plan General de Alicante para el suelo no urbanizable rústico común, debiendo ajustar las edificaciones e instalaciones propuestas al mismo. En concreto, deberán respetar el retranqueo mínimo a linderos y frontal de 10 metros establecidos en la referida normativa.  
  
Segundo  
Adjudicar dicha actuación integral a favor de la mercantil Abonos Orgánicos Nacionales, SA, a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la citada Ley 4/1992, para promover el establecimiento de la referida instalación.  
  
Tercero  
Establecer el siguiente régimen de obligaciones y cesiones, que la promotora deberá hacer efectivas a favor del Ayuntamiento de Alicante:  
Dado que se ha producido ya la cesión de 44.879 m² de suelo con destino a las instalaciones del vertedero municipal, el resto de deberes y obligaciones se sustituyen por su valor económico equivalente, por importe de 5.868 euros, que la promotora deberá aportar a favor del Ayuntamiento de Alicante.   
  
Cuarto  
Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que la promotora designada cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados, a favor del Ayuntamiento, para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.  
En particular, la ejecución de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado al efecto, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, y deberán cumplirse la totalidad de condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental y en los informes emitidos durante la instrucción, que se han transcrito en el antecedente de hecho quinto.   
  
Quinto  
El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado segundo caducará si en el plazo de un año, a contar desde su notificación, la mercantil interesada no ha solicitado la preceptiva licencia urbanística municipal. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por Resolución de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, a quien el presente Acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con audiencia de la interesada y del Ayuntamiento de Alicante. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que se resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.  
Igualmente, todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción objeto de la presente actuación integral precisará de la previa autorización de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
  
Sexto  
Además de la citada licencia municipal de obras, la adjudicataria deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarias para el lícito ejercicio de la actividad.  
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consell, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación o publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime oportuno.  
  
Valencia, 2 de agosto de 2013  
  
El vicepresidente y secretario del Consell,  
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER