Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6947, del 21-01-2013 (2013/307)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 070/12-A.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6947

Fecha DOGV
:   21-01-2013

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/307


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 070/12-A. [2013/307]  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Bepari, SL, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: Ramón Escrig Moreno. Vocales: Antonio Gabaldón Giménez, Miguel García Navaro, que justifica su ausencia. Secretaria-vocal: Carolina Casal Asensio. Partes. Reclamante: Gefco España, SA, representada por Antonio Molina Martínez. Reclamado: Bepari, SL. que no comparece al acto de vista.  
En Alicante, a 29 de noviembre de 2012, y siendo las 11.15 horas, se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente 070/12-A, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: Impago de portes. Incomparecencia del demandado.   
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.   
Se da cuenta que ante la la reiterada imposibilidad de citación y notificación realizada a través del Servicio de Correos, se procedió a su publicación en el DOCV núm. 6911, de fecha 27 de noviembre de 2012.  
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes antecedentes de hecho:  
1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda manifiesta que como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada, diversos transportes, según quedan debidamente acreditados junto a las facturas adjuntas a la demanda. Terminados los portes, sin ningún inconveniente, se presentaron al cobro las facturas núm. 7682A05082, de 31 de enero de 2012, por importe de 516,93 euros, la núm. 0091A34288, de 29 de febrero de 2012, por importe de 3.162,13 euros y la núm. 6032C14514, de 31 de marzo de 2012, por importe de 223,53 euros.   
Realizadas diversas gestiones de cobro sin conseguirlo, es por lo que se interpone la presente demanda, con la solicitud de que una vez que sea reconocido su derecho, se condene a la reclamada al pago de la cantidad de 3.902,59 euros.  
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos:  
1. La competencia territorial de la Junta, de la que nada se alega, viene determinada en el artículo 1 del CMR y los arts. 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/1990). La cláusula V.1 del Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 dice: "La parte que pretenda promover una excepción o declinatoria por incompetencia del tribunal arbitral, deberá, cuando se trate de excepciones basadas en hechos de inexistencia, nulidad o caducidad de acuerdo o compromiso arbitral, hacerlo durante el procedimiento arbitral no después del momento de presentar sus alegaciones sobre el fondo o sustancia de la controversia...". El punto 2 añade: "Aquellas excepciones contra la competencia del tribunal arbitral aludidas en el precepto del párrafo 1.º que no hubieran sido promovidas dentro de los plazos fijados en dicho párrafo, no podrán serlo durante el curso ulterior del procedimiento arbitral...",  
En este sentido a esta junta arbitral no le consta que en ningún momento del procedimiento, habiendo sido notificado en tiempo y forma según se constata con la firma de recepción de la notificación y traslado de la demanda objeto de este litigio, que la demandada haya hecho ninguna alegación ante la misma que cuestione la existencia de convenio arbitral o imposibilidad de intervención de este tribunal, por lo que se entiende que puede entrar en el fondo del asunto por así permitirlo las leyes de arbitraje de nuestra legislación según se señala.  
2. La sumisión la determina el art. 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres que dice: "se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado".  
3. Por tratarse de un transporte internacional la normativa aplicable es el Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974 núm. 109). Contrato de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5 de julio de 1978 al que se adhirió España por Instrumento de 23 de septiembre de 1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE de 18 de diciembre de 1982, núm. 203, que establece para cuestiones de competencia lo regulado en el artículo 31.1 a). No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas de los estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación el Código de Comercio, LOTT y su Reglamento y demás normas de general aplicación.  
4. No hay motivo fundado en derecho que mantenga que la actuación de las juntas arbitrales de transportes deban circunscribirse solamente a las controversias nacidas como consecuencia del transporte de carácter interno. En este sentido no hay mas que considerar de aplicación lo establecido en el artículo 33 del CMR que dice "El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un tribunal arbitral, a condición de que esta cláusula prevea que dicho Tribunal arbitral aplicará el presente convenio".   
Abundando en esta línea, el artículo 31 del CMR hace una remisión a la jurisdicción de los Estados para la resolución de los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado en él, lo que en este caso hace plenamente aplicable el sometimiento a la Junta Arbitral de Transportes de Alicante que expresamente se consigna en los respectivos CMR.   
5. De las manifestaciones realizadas en vista se deduce que, efectivamente, los portes que son reclamados en esta demanda y cuya factura consta adjunta a la misma fueron realizados, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Gefco España, SA, representada por Antonio Molina Martínez, contra Bepari, SL, ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece, que habiéndose realizado los transportes reclamados dentro de las condiciones contractuales convenidas ha de ser abonado su importe.   
Por todo ello Bepari, SL, deberá abonar a Gefco España, SA, la cantidad de tres mil novecientos dos euros con cincuenta y nueve céntimos (3.902,59 euros).  
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de 1.ª Instancia de Alicante, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Alicante, 18 de diciembre de 2012.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante: Ramón Escrig Moreno.