Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4638, del 26-11-2003 (2003/12731)

Notificación de resolución estimatoria a favor de Vicente Ruiz sobre autorización de otorgamiento de autorización correspondiente al vehículo y serie propuestos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4638

Fecha DOGV
:   26-11-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/12847


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución estimatoria a favor de Vicente Ruiz sobre autorización de otorgamiento de autorización correspondiente al vehículo y serie propuestos. [2003/S12540]
  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, y realizados diversos intentos de notificación personal de la resolución de 19 de febrero de 2003 del director general de Transportes, que resultaron infructuosos, se procede a su publicación.
  
Visto el recurso de alzada interpuesto por Vicente Ruiz Peris, con número de identificación fiscal 21368497 y domicilio en Meliana (Valencia), Ausiàs March, 6, contra resolución administrativa de fecha 15 de mayo de 2002 del Servicio Territorial de Transportes de Valencia, por la que se deniega autorización de transportes de la serie MPC-N para el vehículo matrícula V-5726-FD y que tiene su base en los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. En fecha 2 de noviembre de 2001, Vicente Ruiz Peris presenta solicitud de autorización de transportes de la serie MPC-N para el vehículo matrícula V-5726-FD.
  
Segundo. Vista la solicitud el Servicio Territorial de Transportes de Valencia con fecha 8 de noviembre de 2001, dirige escrito a la interesada, notificado el 12 de noviembre, en el que se especifica: «no puede tramitarse por falta de justificar conductor del vehículo y la declaración de la renta.
  
De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le concede un plazo de 10 días para que subsane la deficiencia señalada, advirtiéndole expresamente que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la mencionada normativa.»
  
Tercero. No contesta la persona interesada a lo requerido.
  
Cuarto. El Servicio Territorial de Transportes de Valencia, tras apreciar que no puede estimarse lo solicitado, dicta resolución denegatoria en fecha 15 de mayo de 2002, notificada el 21 de mayo, efectuando las siguientes consideraciones:
  
«Examinada la documentación presentada, se observa que no presenta la siguiente documentación: justificar conductor del vehículo y la declaración de la renta, por lo que, con fecha 8 de noviembre de 2001 (Registro de salida número 10.4921, de 9 de noviembre de 2001), se le requirió a la interesada para que aportara dicha documentación, advirtiéndole del desistimiento de su petición, sin que hasta la fecha haya presentado documento alguno.»
  
Quinto. En fecha 7 de enero de 2003 se interpone, fuera de plazo, recurso contra la resolución denegatoria, presentándose en este momento la documentación requerida en su día.
  
Sexto. Se remite el recurso, acompañado de informe de la jefe del Servicio Territorial de Transportes de Valencia de fecha 5 de febrero de 2003 en el que se indica:
  
«La resolución fue notificada a la gestoría que tramitó la solicitud el 21 de mayo de 2002 por lo que ateniéndonos a esta fecha el recurso habría de considerarse interpuesto fuera de plazo. No obstante presenta toda la documentación requerida en plazo de subsanación, pudiendo considerarse el expediente completo para su resolución, planteándose la posibilidad de aplicar lo dispuesto en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a su posible revocación de la resolución de desistimiento o bien, tramitarlo como recurso de alzada.»
  
A estos hechos son de aplicación los siguientes:
  
Fundamentos de derecho
  
Primero.- El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece: «Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos ............. exigidos, en su caso, por la legislación especifica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1»
  
El artículo 42.1 dice: «La administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.»
  
Segundo. El artículo 32 de la OM de 24 de agosto de1999 en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, establece los requisitos exigidos para la concesión de las autorizaciones de transportes.
  
Dado que se ha cumplido con dicha normativa, aún en el momento de interponer el recurso, obviando lo extemporáneo del mismo y considerándose cumplimentado el expediente, en base a una economía procedimental y eficacia administrativa.
  
A tenor de lo expuesto, resuelvo:
  
Estimar el recurso, interpuesto por Vicente Ruiz Peris contra resolución administrativa de fecha 15 de mayo de 2002 de la jefe del Servicio Territorial de Transportes de Valencia por la que se deniega autorización de transportes serie MPC para el vehículos matrícula V-5726-FD, y en consecuencia, autorizar el otorgamiento de la autorización correspondiente al vehículo y serie propuestos.
  
Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro acto o acción que estime procedente.