Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4609, del 16-10-2003 (2003/10078)

Notificación por edicto, expediente sancionador 288/03 SAN, contra la mercantil Clínica Fleynu, SL, de Valencia.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4609

Fecha DOGV
:   16-10-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/10625


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación por edicto, expediente sancionador 288/03 SAN, contra la mercantil Clínica Fleynu, SL, de Valencia. [2003/10507]
  
De conformidad con lo acordado por esta subsecretaria y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente Edicto 288/03 SAN, se procede a notificar a la mercantil Clínica Fleynu, SL, con último domicilio conocido en la calle Colón, n º 7, puerta 16, de Valencia, el Acuerdo de Iniciación de fecha 29 de julio de 2003, dictado en el expediente sancionador, que se está tramitando en la Unidad de Inspección del Territorio
  
Vistas las actuaciones previas practicadas al amparo del artículo 12 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Visto el informe-denuncia nº 206/03 formulado por la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, en base a visita de inspección efectuada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Patrulla de Valencia), se ha podido comprobar la realización de los siguientes hechos:
  
1. Que en fecha 23 de mayo de 2003 se procedió a visitar la Clínica Fleynu, SL, sita en la calle Colón nº 7, puerta 16 de Valencia, la cual no se encuentra inscrita en el Registro de Establecimientos, Centros y Servicios Sanitarios y Veterinarios de la Comunidad Valenciana, según lo establecido en el artículo 2º. de la Orden de 12 de marzo de 1998, de la Conselleria de Medio Ambiente.
  
2. Asimismo, no posee:
  
a) El Libro Oficial de Control del Origen de los residuos, su cantidad, destino, métodos y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión.
  
b) Los documentos de control y seguimiento de las entregas de los residuos sanitarios del grupo III, a gestor autorizado.
  
c) El informe anual presentado ante la Conselleria de Medio Ambiente de la cantidad de residuos sanitarios gestionados, la naturaleza de los mismos y el destino final.
  
Infringiendo con todo ello el artículo 18 apartados 1º y 3º del Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Gestión de los Residuos Sanitarios.
  
Pudiendo constituir los referidos hechos dos infracciones tipificadas del siguiente modo: por los hechos narrados en el apartado primero, una infracción leve del artículo 73.5 a) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, en relación con el artículo 2 de la Orden de 12 de marzo de 1998, de la Conselleria de Medio Ambiente.
  
Por los hechos narrados en el apartado segundo, una infracción grave contemplada en el artículo 73.4 c) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, en relación con el artículo 18 apartado 1º y 3º del Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Gestión de los Residuos Sanitarios.
  
Las sanciones vienen determinadas en el artículo 75.2.c) de la citada ley, el cual establece:
  
Las infracciones previstas en esta ley podrán dar lugar a la imposición de todas o de algunas de las siguientes sanciones:
  
- Las faltas leves se sancionaran con la imposición de una multa de hasta 601,01 euros, excepto en los residuos peligrosos, que será de hasta 6.010,12 euros.
  
En el presente supuesto la sanción sería 3.000 e (tres mil euros), por los hechos narrados en el apartado primero y calificados como una infracción leve.
  
Las faltas graves se sancionaran con la imposición de una multa de 601,02 a 30.050,61 euros, excepto en los residuos peligrosos, que será desde 6.010,13 hasta 300.506,05 euros.
  
Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año, en los supuestos de infracción tipificadas en las letras a), d), e) y f) del artículo 73.4
  
Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la presenta ley por un periodo de tiempo de hasta un año.
  
En el presente supuesto la sanción sería 12.000 e (doce mil euros) por los hechos narrados en el apartado segundo y calificados como una infracción grave.
  
Por lo que la suma de las dos sanciones asciende a un total de 15.000 e (quince mil euros).
  
Visto que, con independencia de la sanción que proceda el infractor ésta obligado a reparar el daño causado adoptando las medidas necesarias para restablecer el equilibrio medioambiental.
  
Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, siendo órgano competente para la resolución del presente expediente el conseller de Territorio y Vivienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.1 b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
A la vista de lo dispuesto en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y lo establecido en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Se acuerda:
  
La incoación del correspondiente expediente sancionador contra la Clínica Fleynu, SL por presuntas infracciones de los artículos 73.5 a) y 73.4 c) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, significándole que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Real Decreto 1.398/1993, podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
  
Asimismo se acuerda nombrar instructora y secretaria del expediente sancionador, a doña Amparo Renau Almela y doña Susana Carrasco Marí respectivamente, a quienes se les notificará en forma este nombramiento, así como a los inculpados, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993 para que en cualquier momento del procedimiento puedan ser objeto de recusación a tenor de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del la citada Ley 30/1992.
  
En virtud de lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, se le concede un plazo de quince días contados a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes, significándole que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, el presente acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1.398/1993.
  
De conformidad con lo dispuesto en el art.42 apartado 4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el apartado 6 del art.20 del Real-Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse dictado y notificado éste se producirá la caducidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.