Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3395, del 17-12-1998 (1998/10168)

ORDEN de 7 de diciembre de 1998, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas al cuidado de ancianos y ancianas desde el ámbito familiar, al amparo del Decreto 331/1995, de 3 de noviembre, para el ejercicio de 1999.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3395

Fecha DOGV
:   17-12-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1998/10289


Fecha del documento
:   07-12-1998

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

ORDEN de 7 de diciembre de 1998, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas al cuidado de ancianos y ancianas desde el ámbito familiar, al amparo del Decreto 331/1995, de 3 de noviembre, para el ejercicio de 1999. [1998/X10879]
  
El Decreto 331/1995, de 3 de noviembre, del Gobierno Valenciano, estableció la ayuda económica para el cuidado de ancianos y ancianas desde el ámbito familiar.
  
Posteriormente fue promulgada la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de Servicios Sociales la cual incluye, dentro de las responsabilidades de ésta, la de dar respuesta a diferentes problemas sociales mediante la aportación de los recursos financieros, técnicos, humanos y organizativos necesarios.
  
En dicha ley se ha visto contemplada, específicamente, en su artículo 38.f), esta ayuda, como dirigida al ámbito familiar o a un núcleo convivencial dado.
  
Esto es así puesto que a través de esta ayuda se consigue el objetivo de favorecer la integración en la unidad familiar y la solidaridad con las personas mayores, mediante el cuidado de los ancianos o ancianas, en el seno de un ambiente familiar, evitando con ello los desarraigos de su núcleo de convivencia y paliando las situaciones de soledad o marginación.
  
Dicha integración se consigue mediante la ayuda económica a aquellas personas que, teniendo a su cargo las tareas propias del hogar, dediquen su atención al cuidado de un anciano o anciana, prestándoles todos los servicios necesarios para conseguir una digna calidad de vida.
  
Mediante esta orden se establecen los requisitos, condiciones y cuantías de estas ayudas.
  
En su virtud y en uso de las facultades que me confiere el Decreto 37/1997, de 26 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social,
  
ORDENO
  
Capítulo I
  
Ayudas para el cuidado de ancianos/as
  
desde el ámbito familiar
  
Artículo 1. Ámbito y objeto
  
El objeto de estas ayudas es el de otorgar apoyo económico por el cuidado de ancianos o ancianas desde el ámbito familiar en el año 1999, para conseguir la permanencia de los mismos en su núcleo convivencial de origen y evitar su internamiento residencial.
  
Artículo 2. Solicitantes reiterados del ejercicio anterior
  
A efectos de estas ayudas se considerarán solicitantes del ejercicio anterior que reiteran su solicitud en este ejercicio, a aquellos en los cuales concurran las siguientes circunstancias.
  
2.1. Que tengan efectuada solicitud en el ejercicio de 1998
  
2.2. Que el o la solicitante y el anciano o anciana sean los mismos, en el ejercicio 1998 y en el ejercicio 1999.
  
2.3. Que se encuentren en alguna de estas situaciones.
  
2.3.1. Que en el ejercicio 1998 hubieran tenido resolución estimatoria de concesión, sin haber tenido posteriormente resolución de extinción por cualquiera de las causas contempladas en el artículo 54 de la Orden de Ayudas de 20 de marzo de 1998, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas a la familia y adopción.
  
2.3.2. Que la solicitud no hubiera sido resuelta en el ejercicio 1998 por falta de dotación presupuestaria.
  
El cumplimiento de dichos extremos será verificado de oficio por la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente, tras recibir la solicitud de la ayuda.
  
Artículo 3. Requisitos de los solicitantes y ancianos
  
3.1. Los requisitos necesarios para la concesión de estas ayudas y que deben concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y a lo largo de todo el período de percepción de la ayuda, son los siguientes.
  
3.1.1. Requisitos de la persona solicitante.
  
3.1.1.a. Residir en la Comunidad Valenciana y estar empadronado o empadronada en algún municipio de la misma.
  
3.1.1.b. Tener cumplidos 45 años o más, a 31 de diciembre de 1999.
  
3.1.1.c. No haber percibido rendimientos de trabajo personal en el ejercicio que se justifica y dedicarse a las tareas propias del hogar y al cuidado de un anciano o anciana, con el fin de remediar una situación de necesidad que afecta su autonomía, apoyando su normal desarrollo humano y favoreciendo su integración social, bien en el seno del núcleo familiar o en domicilio próximo, según lo señalado en el artículo 5.
  
3.1.1.d. Estar dentro de los requisitos económicos señalados en el artículo 4.
  
3.1.2. Requisitos de la persona anciana.
  
3.1.2.a. Tener nacionalidad española, residir en la Comunidad Valenciana y estar empadronado en algún municipio de la misma.
  
3.1.2.b. Tener cumplidos 75 años o más, a 31 de diciembre de 1999.
  
3.1.2.c. Residir en el domicilio familiar del solicitante, integrado en la unidad familiar o bien residir en domicilio próximo a éste, según lo señalado en el artículo 5.
  
3.1.2.d. Estar dentro de los requisitos económicos señalados en el artículo 4.
  
3.2. A efectos de esta orden, se entenderá por unidad familiar la convivencia del beneficiario de la ayuda con otras personas, unidas con aquél por matrimonio o relación análoga a la conyugal y por lazos de parentesco, de consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado.
  
Artículo 4. Requisitos económicos
  
Los requisitos económicos que deben cumplirse, para la concesión de esta ayuda, serán los siguientes.
  
4.1. De la persona solicitante.
  
4.1.1. La persona solicitante de la ayuda, para poder ser beneficiaria de la misma, sólo podrá haber percibido los siguientes ingresos, referidos al ejercicio que se justifica.
  
4.1.1.a. La pensión minima de viudedad de la Seguridad Social para su tramo de edad establecida para 1997 en 511.140 pesetas para los menores de 60 años, en 669.900 pesetas para los que tienen de 60 a 65 años, y en 767.550 pesetas para los mayores de 65 años.
  
4.1.1.b. Otros ingresos, derivados de propiedades, intereses bancarios, pensiones alimenticias, o similares, sin superar éstos la cantidad de 600.000 pesetas al año.
  
4.1.2. En ningún caso podrá percibir, en el momento de la solicitud, rendimientos del trabajo personal.
  
4.2. De la persona anciana.
  
Para el cálculo de los límites económicos se tendrán en cuenta dos supuestos.
  
4.2.1. Persona anciana integrada en la unidad familiar del solicitante.
  
La renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenece el solicitante se calculará de acuerdo al apartado 4.3) de éste artículo.
  
4.2.2. Persona anciana que no reside en el domicilio del solicitante, pudiendo tener, o no, lazos de parentesco con él.
  
4.2.2.a. Los ingresos percibidos por el anciano o anciana, no podrán ser superiores a la pensión mínima de jubilación de la Seguridad Social para mayores de 65 años, correspondiente al ejercicio de 1997, establecida en 903.070 pesetas. Al montante anual derivado de la percepción anteriormente mencionada podrá añadirse hasta un máximo de 600.000 pesetas anuales por otros conceptos.
  
4.2.2.b. El anciano o anciana podrá tener derecho a la ayuda aun cuando conviva con otras personas que hayan alcanzado la edad de jubilación, entendida ésta como 65 años cumplidos a 31 de diciembre de 1999, siempre que cada uno de ellos no hubiera percibido, para el ejercicio que se justifica, ingresos totales superiores a la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años sin conyuge a cargo, para el año 1997, establecida en 767.500 pesetas anuales. Dichos convivientes no serán tenidos en cuenta para el cálculo de la renta per cápita de la unidad familiar.
  
4.3. En ambos casos.
  
4.3.1. La renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenece el solicitante no podrá superar la cuantía anual de 800.000 pesetas.
  
4.3.2. Se entenderá por renta per cápita anual la cantidad que resulte de dividir los ingresos anuales brutos de la unidad familiar por el número de personas que componen la misma. Para el cálculo de ésta se incluirán los ingresos obtenidos por el beneficiario de la ayuda o cualquier miembro que integre la unidad familiar. Los ingresos percibidos por el anciano o anciana se computarán, exclusivamente, cuando éste conviva con el o la solicitante de la ayuda.
  
4.3.3. Se entenderán por ingresos los provenientes de sueldos, rentas, propiedades, intereses bancarios, incluidas las pensiones o ayudas de cualquiera de sus miembros.
  
4.3.4. Para el cálculo de la renta per cápita no se incluirá la propia prestación correspondiente a esta ayuda, percibida por el solicitante en el ejercicio que se justifica.
  
Artículo 5. Proximidad de domicilio
  
Con relación a la proximidad de domicilio se considerará como tal.
  
5.1. Personas que residan en la misma población.
  
5.2. Personas que vivan en distintas poblaciones.
  
Tendrán derecho a la ayuda siempre que las poblaciones no disten más de 10 kms. entre sí; éste extremo se acreditará mediante diligencia efectuada en el expediente por un técnico de la Conselleria de Bienestar Social.
  
Artículo 6. Cuantía de la ayuda económica
  
El importe de las ayudas económicas será de 15.000, 20.000, 25.000 y 30.000 pesetas al mes, en función de cuál sea el nivel de renta familiar, según el cuadro siguiente.
  
Artículo 7. Documentación
  
La documentación que deberá aportarse para la concesión de esta ayuda será la siguiente.
  
7.1. Solicitud realizada en el modelo contemplado en esta orden, en la que deberán figurar los datos del solicitante, del anciano objeto de cuidado y de todos los convivientes del solicitante y del anciano, caso de convivir éste en distinto domicilio, e irá debidamente firmada por la persona solicitante. Dicha solicitud irá acompañada de la siguiente documentación, referida a todos los requisitos señalados en los artículos 3 y 4.
  
7.1.1. Con respecto al solicitante.
  
7.1.1.a. Fotocopia del DNI.
  
7.1.1.b. Certificado de empadronamiento en el que consten todas las personas que viven en su domicilio. En el caso de solicitantes reiterados del ejercicio anterior, contemplados en el artículo 2 de esta orden, si no hubiera existido variación de domicilio ni con respecto a los convivientes de dicho año, podrán sustituir este certificado por declaración jurada o promesa de que no han variado dichas circunstancias respecto al ejercicio anterior.
  
7.1.1.c. Para las personas solicitantes que tuvieran menos de 65 años a 1 de enero de 1997, certificado de vida laboral expedido en el año de la solicitud por la administración. Este certificado podrá ser sustituido, en el caso de solicitantes reiterados del ejercicio anterior contemplados en el artículo 2 de esta orden, que no realizaron actividad laboral remunerada en el ejercicio 1997, ni la están realizando en el momento de presentar la solicitud, por declaración jurada o promesa referente a estos extremos.
  
7.1.1.d. Certificado de pensiones referido al año 1997, expedido por la administración. Este certificado podrá ser sustituido por declaración jurada o promesa de no haber percibido pensión alguna en el ejercicio 1997, en el caso de solicitantes reiterados del ejercicio anterior contemplados en el artículo 2 de esta orden, y cuyo certificado de pensiones aportado en el ejercicio antedicho fuera negativo.
  
7.1.1.e. Justificación de los ingresos económicos según el punto 7.1.5) de este artículo.
  
7.1.1.f. Datos de la cuenta bancaria en los que figure la persona solicitante como titular o cotitular para efectuar la domiciliación de los pagos, en su caso.
  
7.1.2. Con respecto a los convivientes de la persona solicitante que tuvieran 16 o más años en 1997.
  
7.1.2.a. Fotocopia del DNI.
  
7.1.2.b. Certificado de pensiones referido al año 1997, expedido por la administración. Este certificado podrá ser sustituido por declaración jurada o promesa de no haber percibido pensión alguna en el ejercicio 1997, en el caso de los convivientes de solicitantes que reiteran su solicitud, contemplados en el artículo 2 de esta orden, y cuyo certificado de pensiones aportado en el ejercicio antedicho fuera negativo.
  
7.1.2.c. Justificación de los ingresos económicos según el punto 7.1.5) de este artículo.
  
7.1.3. Con respecto a la persona anciana.
  
7.1.3.a. Fotocopia del DNI.
  
7.1.3.b. Justificación de los ingresos económicos según el punto 7.1.5) de este artículo.
  
7.1.3.c. Aceptación por parte de la persona anciana, o por su tutor o curador en caso de incapacidad declarada por sentencia, de la atención recibida por el o la solicitante. Dicha aceptación se entenderá realizada mediante la firma, bien de la persona anciana, bien de su tutor o curador, en la propia solicitud.
  
7.1.3.d. Certificado de pensiones referido al año 1997, expedido por la administración. Este certificado podrá ser sustituido por declaración jurada o promesa de no haber percibido pensión alguna en el ejercicio 1997, en el caso de los ancianos o ancianas cuidados por solicitantes que reiteran su solicitud, contemplados en el artículo 2 de esta orden, y cuyo certificado de pensiones aportado en el ejercicio antedicho fuera negativo.
  
7.1.3.e. Si la persona anciana reside en distinto domicilio del solicitante, certificado de empadronamiento en el que consten todas las personas que viven en su domicilio. En el caso de ancianos o ancianas que estén incluidos en solicitudes reiteradas del ejercicio anterior, si no hubiera existido variación de domicilio ni con respecto a los convivientes de dicho año, podrán sustituir este certificado por declaración jurada o promesa de que no han variado dichas circunstancias respecto al ejercicio anterior.
  
7.1.4. Con respecto a los convivientes de la persona anciana en el caso de que ésta resida en distinto domicilio que el solicitante.
  
7.1.4.a. Fotocopia del DNI.
  
7.1.4.b. Certificado de pensiones referido al año 1997, expedido por la administración. Este certificado podrá ser sustituido por declaración jurada o promesa de no haber percibido pensión alguna en el ejercicio 1997, en el caso de los convivientes de la persona anciana a que hace referencia este punto, cuidada por solicitantes que reiteran su solicitud, contemplados en el artículo 2 de esta orden, y cuyo certificado de pensiones aportado en el ejercicio antedicho fuera negativo.
  
7.1.4.c. Justificación de los ingresos económicos según el punto 7.1.5) de este articulo.
  
7.1.5. Justificación de los ingresos referida al ejercicio de 1997, que se realizará de la forma siguiente.
  
7.1.5.a. Con la fotocopia compulsada o cotejada de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 1997, incluyendo todas las hojas, así como la de ingreso o devolución debidamente sellada.
  
En el supuesto que se haya presentado declaración complementaria se tendrá que aportar en las mismas condiciones establecidas en el párrafo anterior.
  
7.1.5.b. Si se estuvo exento de la obligación de presentar la declaración sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 1997 o no existe ésta, se aportará Certificado de la Agencia Tributaria acreditativo de no haberla presentado.
  
7.2. Las personas que consten en la solicitud podrán autorizar, mediante su firma en ésta, a la Dirección General de la Familia y Adopciones para que solicite los certificados de pensiones, de renta y de vida laboral, directamente a los distintos organismos encargados de su gestión, cuando ello sea preceptivo para dar cumplimiento a los requisitos de esta orden.
  
Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios
  
Los perceptores de esta ayuda vendrán obligados a comunicar, en el plazo máximo de 30 días desde la fecha en que se produzca, cualquier variación de su situación de residencia, así como cualquier otra circunstancia que pudiera tener incidencia en la conservación de ésta.
  
Cuando del incumplimiento de esta obligación se derive una percepción no conforme con la normativa reguladora de estas ayudas, el interesado deberá reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, desde el primer día del mes siguiente a aquél en que hubiera variado la situación, cualquiera que sea el momento en que se detecte dicha variación.
  
Artículo 9. Solicitudes no resueltas del ejercicio anterior
  
Las solicitudes que fueron presentadas en el ejercicio anterior y sobre las que no se haya efectuado resolución de concesión por falta de dotación presupuestaria, se incorporarán como reiteradas a la convocatoria de este ejercicio, siempre que se cumplan los requisitos necesarios para el acceso a la misma y, en particular, los contemplados en el artículo 2 de esta orden. Se regirán por las condiciones establecidas en esta convocatoria en cuanto a los requisitos exigibles para su concesión y modelo de solicitud, debiendo ratificarse los interesados en la solicitud presentada y aportar aquellos documentos exigidos por la presente orden. Dichas solicitudes serán resueltas con cargo al presupuesto del ejercicio 1999, con efectos de 1 de enero de dicho ejercicio. En este supuesto no procederá resolución de concesión estimatoria sobre la solicitud efectuada en el ejercicio de 1998.
  
Artículo 10. Solicitudes resueltas ejercicio anterior
  
A los solicitantes cuyas solicitudes fueron resueltas positivamente en el ejercicio anterior, podrá concedérseles de nuevo, y provisionalmente, la misma cuantía que en dicho ejercicio. Para que se les conceda ésta, dichos beneficiarios deberán aportar solicitud de continuidad en el percibo de la ayuda para el ejercicio de 1999, según el modelo contemplado en esta orden, estando condicionada su cuantificación definitiva, que tendrá efectos, en todo caso, desde el 1 de enero de 1999 y para este ejercicio, a la presentación de la documentación que corresponda según el artículo 7 de esta orden. Dichos beneficiarios se regirán por las condiciones establecidas en esta orden, en cuanto a los requisitos exigibles para su concesión y cuantía.
  
En todo caso la solicitud y la documentación necesaria deberá ser aportada a la administración dentro del plazo establecido en la presente orden.
  
Capítulo II
  
Procedimiento
  
Sección primera
  
Lugar y plazo de presentación
  
Artículo 11. Lugar de presentación
  
Las solicitudes de ayuda se presentarán, junto con la documentación requerida, en la Dirección Territorial de Bienestar Social de la provincia donde resida el solicitante, sin perjuicio de poder presentarla en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Cuando la solicitud sea presentada en los registros de los Ayuntamientos o de las Mancomunidades de municipios que actúen como colaboradores en la tramitación de estas ayudas, se reconocerá como válida, a todos los efectos, dicha presentación.
  
Artículo 12. Plazos de presentación
  
El plazo para presentar estas ayudas se iniciará el día 1 de enero de 1999, tras la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y finalizará el 30 de junio de 1999.
  
Si finalizado el plazo previsto en la orden, no se hubiera agotado la línea presupuestaria, podrá ampliarse éste mediante resolución de la consellera de Bienestar Social. Dicho nuevo plazo deberá publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Sección segunda
  
Tramitación, resolución y recursos
  
Artículo 13. Procedimiento
  
El procedimiento se iniciará por la persona interesada y se ajustará a lo establecido en la presente orden y, con carácter general, en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Artículo 14. Tramitación
  
Para la tramitación de estas ayudas se seguirá el siguiente procedimiento:
  
14.1. Recibidas las solicitudes, las Direcciones Territoriales de Bienestar Social las verificarán y podrán realizar de oficio las actuaciones que consideren necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.
  
14.2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible se notificará y requerirá a la persona solicitante, con indicación de la causa que impide la continuación del procedimiento, para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por decaída en su derecho al trámite correspondiente y se procederá al archivo del expediente, conforme a lo previsto en el artículo 71.1) de la mencionada ley.
  
Sin perjuicio de lo antedicho, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse a la persona solicitante que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, concediéndole a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaída en su derecho a la tramitación de la solicitud. Sin embargo se admitirá la actuación de la parte interesada y producirá sus efectos legales, si se produjere antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
  
14.3. En cualquier fase de la tramitación del expediente, a la vista de la documentación obrante en cada uno de éstos y de las obligaciones que se adquieren por la concesión de la ayuda, se podrán recabar informes de los organismos y de las Entidades que se estime oportuno y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello.
  
Artículo 15. Resolución
  
En cuanto a la resolución de los distintos expedientes correspondientes a estas ayudas, aun cuando provengan de otros ejercicios, se estará al siguiente procedimiento.
  
15.1. Las direcciones territoriales de Bienestar Social tramitarán los expedientes de ayudas, remitiendo los directores o las directoras territoriales de Bienestar Social las diferentes propuestas de resolución individualizada de éstos (provisional o definitiva), a la Dirección General de la Familia y Adopciones, la cual, tras elaborar las resoluciones conjuntas, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias globales, las elevará a la consellera de Bienestar Social para su firma.
  
15.2. El plazo máximo para tramitar y resolver las solicitudes sobre las ayudas recogidas en esta orden será de seis meses a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.
  
15.3. En aquellos supuestos en que no se produzca resolución expresa en el plazo señalado se entenderá que las solicitudes han sido desestimadas, a los efectos previstos por el artículo 43 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Para dar eficacia al acto presunto deberá procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de dicha ley.
  
15.4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
  
Artículo 16. Causas de denegación
  
Serán causas de denegación de las ayudas:
  
16.1. No cumplir alguno de los requisitos fijados como básicos para poder acceder a las ayudas.
  
16.2. Reiterar la solicitud de ayuda en la misma convocatoria.
  
Caso de producirse una variación en las circunstancias, no será necesario presentar una nueva solicitud, sino que estas se entenderán como modificación de la primera, respecto a la cual podrá realizarse un nuevo estudio tras ser aportada por el solicitante la documentación adecuada.
  
Esta modificación podrá ser solicitada por los interesados antes de que exista resolución respecto a la primera solicitud; posteriormente a ésta cualquier modificación deberá solicitarse atendiendo al artículo 8 de esta orden.
  
16.3. Presentar distintas solicitudes para cuidar personas ancianas diferentes.
  
16.4. Solicitar la ayuda una persona que figure como anciano o anciana en otra solicitud.
  
16.5. Solicitar la ayuda para atender a un anciano o anciana que figure como tal en otra solicitud.
  
16.6. Haber solicitado estas ayudas algún miembro de la propia unidad familiar.
  
En todos los casos se entenderá como válida, únicamente, la primera solicitud.
  
Artículo 17. Recursos
  
17.1. Contra las resoluciones expresas o presuntas dictadas por la consellera de Bienestar Social se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en la forma, plazo y condiciones que determina la ley reguladora de dicha jurisdicción.
  
17.2. En todo caso, para la interposición del Recurso Contencioso Administrativo, contra las resoluciones presuntas, será preciso que con carácter previo el interesado acredite la eficacia del acto presunto conforme a lo dispuesto del artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Capítulo III
  
Del pago y de la justificación de las subvenciones
  
Artículo 18. Pago de las ayudas
  
El pago de las ayudas, una vez resueltas éstas, se efectuará del siguiente modo:
  
18.1. En el caso de concesión de la ayuda, el devengo de la misma tendrá carácter mensual, en tanto se mantengan los requisitos exigidos, procediéndose al abono a través de la cuenta bancaria señalada por la persona solicitante
  
18.2. El pago se efectuará con efectos del día 1 del mes siguiente a su solicitud, excepto lo contemplado en los artículos 9 y 10 de esta orden.
  
18.3. Los sucesivos pagos mensuales se efectuarán con efectos del día 1 del mes en que nace la obligación de pago.
  
Artículo 19. Extinción, dejación sin efectos, minoración de las ayudas y revisión de las mismas
  
En cuanto al procedimiento a seguir para los puntos contemplados en este artículo, éste estará a lo siguiente:
  
19.1. La percepción de la ayuda económica quedará condicionada al mantenimiento de las causas que dieron lugar a su reconocimiento, por lo que se consideraran extinguidas y dejarán de percibirse en los siguientes casos.
  
19.1.1. Fallecimiento de la persona anciana o del titular de la ayuda.
  
19.1.2. Superación de los límites económicos exigidos.
  
19.1.3. Variación de las circunstancias relacionadas con la atención a la persona anciana y en especial la disconformidad manifiesta del mismo con respecto a la atención recibida.
  
19.1.4. Incumplimiento de los requisitos y obligaciones por parte de los beneficiarios.
  
19.2. Se podrá dictar una resolución de dejación sin efectos o minoración y, en todo caso, de reintegro de las cantidades recibidas, con la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos del artículo 47.9 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, así como cuando existan causas de extinción de las ayudas.
  
19.2.1. El procedimiento se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano competente, de una orden superior, de la petición razonada de otros órganos, o de la formulación de una denuncia.
  
19.2.2. El plazo máximo para resolver será de 6 meses desde el momento en que fue incoado el expediente de revocación o minoración.
  
19.3. En cuanto al procedimiento de revisión, las cantidades que hayan de reintegrarse tendrán la consideración de ingreso de derecho público a los efectos del procedimiento aplicable a su cobranza.
  
19.4. En cuanto a la resolución, según el procedimiento establecido en este artículo, corresponde a la consellera de Bienestar Social, a propuesta de la Dirección General de la Familia y Adopciones, la cual procederá tras recibir las distintas propuestas de resolución individuales desde las direcciones territoriales de Bienestar Social.
  
19.5. En los casos de nulidad, anulabilidad y rectificación de errores de los actos administrativos que sirvieron de base a la concesión de estas ayudas se estará a lo dispuesto en el capítulo I, del título VII, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
19.6. En el caso de que el solicitante, por el proceso normal de revisión de expedientes, o por otras causas, el o la solicitante tuvieran que reintegrar cantidades pagadas anticipadamente de otros ejercicios, estas podrán compensarse con la nueva cuantía concedida en el ejercicio de 1999, tras obtener su conformidad.
  
Artículo 20. Dotación presupuestaria
  
La eficacia de la presente convocatoria queda condicionada a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico de 1999, de crédito adecuado y suficiente para atender las ayudas previstas en la misma.
  
La consellera de Bienestar Social, una vez agotados los fondos, deberá hacer pública dicha circunstancia, a efectos de su desconvocatoria.
  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
  
Única
  
La Conselleria de Bienestar Social publicará las dotaciones presupuestarias máximas para las ayudas convocadas y el sistema de avales, en su caso, una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 1999.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
Los aspectos regulados en la presente orden se aplicarán sin perjuicio de cuantas normas rigen el régimen jurídico de la administración de la Generalitat Valenciana, especialmente en materia presupuestaria.
  
Segunda
  
En todos los casos, la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, correspondiente al ejercicio de 1997, será aquélla cuya declaración tuvo que presentarse en el año 1998.
  
DISPOSICIÓN FINAL
  
Única
  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no obstante, no se dictará ninguna resolución sobre las solicitudes de ayuda, al amparo de la misma, mientras no exista crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de 1999.
  
Contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación.
  
Valencia, 7 diciembre de 1998
  
La consellera de Bienestar Social,