Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3432, del 11-02-1999 (1999/629)

Resolución de presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme, por la que se estima parcialmente el recurso ordinario interpuesto por Brisamar XXI, SL.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3432

Fecha DOGV
:   11-02-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/629


Organismo emisor
:   Agencia Valenciana del Turisme

Tipo de documento
:   Resolución

Resolución de presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme, por la que se estima parcialmente el recurso ordinario interpuesto por Brisamar XXI, SL. [1999/X629]
  
Por no haber sido posible notificar de forma personal y directa al interesado la Resolución del presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme, de fecha 17 de septiembre de 1998, que estimaba parcialmente el recurso ordinario interpuesto por Dª Carmen Orue Gandaria, en nombre y representación de la mercantil Brisamar XXI, SL, recaida en el expediente de actividad clandestina de explotación de apartamentos, de la mercantil Brisamar XXI, SL, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 4 de enero de 1999.- El presidente ejecutivo: Roc Gregori i Aznar.
  
Con fecha 17 de septiembre de 1998, el presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme, ha dictado la siguiente resolución:
  
«Resolución del presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme, por la que se estima parcialmente el recurso ordinario interpuesto por Brisamar XXI, SL.»
  
Visto el recurso ordinario interpuesto por doña Carmen Orue Gandaria, en nombre y representación de la mercantil Brisamar XXI, SL, con domicilio en Peñíscola, avenida del Papa Luna, 52, 1º, A, contra la Resolución sancionadora del jefe del Servicio Territorial de Turismo de Castellón, de fecha 8 de mayo de 1998.
  
Hechos
  
Primero
  
El jefe del Servicio Territorial de Turismo de Castellón, en la resolución sancionadora citada, impuso a la mercantil Brisamar XXI, SL, como empresa explotadora de apartamentos turísticos, y en virtud de una denuncia presentada por un usuario de esos apartamentos, dos sanciones de multa de ciento cincuenta mil pesetas y setenta y cinco mil pesetas, por infracción a la normativa turística, consistentes respectivamente en ejercer la actividad de alquiler de apartamentos sin la preceptiva y previa inscripción en el Registro de empresas exploradoras de apartamentos turísticos y no entregar las llaves del apartamento alquilado en la fecha acordada, cuyas circunstancias constan en la resolución y se dan por reproducidas.
  
Segundo
  
Contra dicha resolución doña Carmen Orue Gandaria en representación de la mercantil Brisamar XXI, SL, interpuso recurso ordinario en el que solicita se declare la nulidad de las sanciones impuestas o, subsidiariamente, se proceda a la calificación de la supuesta infracción de leve en grado mínimo en atención a las siguientes alegaciones, que a continuación de forma sucinta se exponen:
  
- Que la mercantil Brisamar XXI, SL, de la que quien suscribe es administradora única, se dio de alta en la actividad de servicios inmobiliarios el día 18 de julio de 1997, y se dio de baja en dicha actividad el 30 de septiembre de 1997.
  
- Que el 23 de julio de 1997 contrató con don Carlos García Villares el alquiler de un apartamento en Peñíscola, por lo que el referido señor entregó a cuenta la cantidad de 10.000 pesetas el día 1 de agosto, haciéndosele la pertinente reserva del apartamento. Dicho apartamento estuvo a su disposición en la fecha convenida, 6 de septiembre, y no existía absolutamente ningún problema para que dicho señor lo ocupara en tal fecha. Para que se le entregaran las llaves del apartamento tan solo debía, cosa que no se le ocurrió hacer, llamar al timbre de la oficina o al teléfono que en cartel bien visible figura en el exterior.
  
No sólo tal apartamento estaba a su disposición el día 6 de septiembre y siguientes sino que permaneció desocupado todo el verano, por lo que ninguna razón tenía Brisamar XXI, SL, para incumplir el contrato verbal y dejar de percibir, de ese modo, el resto del precio convenido.
  
- Que el día 12 de septiembre por fin se le ocurrió al Sr. García llamar al timbre de la oficina, comunicando el referido señor que había encontrado otro apartamento en el que se hospedaba. No hace constar ni manifiesta el señor García en su denuncia que se le devolvió la totalidad de la cantidad entregada a cuenta antes de interponer la denuncia, lo cual denota una evidente mala fe.
  
- Que en el antecedente de hecho segundo de la Resolución sancionadora que recurrimos se dice que en fecha 23 de octubre se visitó el establecimiento por la inspección, informándose de que «está cerrado al público en general, sin figurar rótulo indicativo de horario de apertura, y el aspecto que presenta es de no abrir al público. Tan solo hay un cartel exterior en el que se anuncia Brisamar XXI. Alquiler y venta de apartamentos. Teléfono 16 23 53.»
  
- Que en cuanto al fondo del asunto en modo alguno se infringe el art. 5 del Decreto 30/1993, de 8 de marzo, del Gobierno Valenciano, ya que Brisamar XXI, SL, no disponía de bloques para su alquiler. Disponía tan solo de un total de cuatro ó cinco apartamentos pertenecientes a distintos edificios por serles cedidos para su alquiler por amigos o conocidos.
  
- Que estando la actividad de alta fiscal, según se acredita con los documentos que se acompañan, existiendo letrero exterior visible anunciando la actividad en el local comercial y teléfono, según acredita el acta de la inspección, y no existiendo, según hemos argumentado más arriba, infracción del art. 5 referido, no se puede hablar en modo alguno de clandestinidad de la actividad y, por lo tanto, no es de aplicación al presente caso los arts. 10.2 y 9.16 de la Ley 1/1989, de 2 de marzo.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero
  
El artículo 5 del Decreto 30/1993, de 8 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de apartamentos turísticos, villas, chalets, bungalows y similares cuando dispone que, el ejercicio de la actividad de cesión por parte de las empresas definidas en el artículo 3 requerirá con carácter preceptivo, su previa inscripción en el registro de empresas explotadoras y de apartamentos turísticos.
  
Segundo
  
El artículo 10.2 de la Ley 1/1989, de 2 de marzo, por la que se establece el régimen de inspección y procedimiento en materia de disciplina turística, que dispone que constituyen infracciones administrativas de carácter muy grave:
  
«La prestación de servicios o la realización de actividades turísticas de forma clandestina por carecer del título o autorización o declaración exigidos por la normativa turística».
  
Tercero
  
El artículo 9.6 de la citada Ley 1/1989, de 2 de marzo, cuando establece, que constituyen infracciones administrativas de carácter grave:
  
«el incumplimiento contractual respecto del lugar, tiempo, precio y demás condiciones acordadas.
  
Respecto a las alegaciones que efectúa la recurrente a la Resolución Sancionadora del jefe del Servicio Territorial de Turismo de Castellón, de fecha 8 de mayo de 1998, cabe hacer las siguientes consideraciones:
  
1. Que respecto a la infracción de la normativa turística del art. 5 del Decreto 30/1993, de 8 de marzo, del Gobierno Valenciano, en relación al art. 10.2 de la Ley 1/1989, de 2 de marzo, consistente en dedicarse a la cesión de apartamentos turísticos sin estar previamente inscrita en el Registro de empresas explotadoras y de apartamentos turísticos, esta infracción ha sido debidamente constatada, pues se ha comprobado que la mercantil ?Brisamar, SL- se ha dedicado de forma habitual y profesional a la actividad de explotación de apartamentos turísticos, sin que el hecho de no contar con bloque alguno de apartamentos, implique exoneración de responsabilidad, y por consiguiente de la infracción cometida, puesto que al dedicarse a la cesión de apartamentos turísticos, tal mercantil debía estar previamente inscrita en el Registro de empresas explotadoras de apartamentos turísticos.
  
No obstante debido a que la empresa ha dispuesto de un número bajo de inmuebles en alquiler, y de que su actividad empresarial ha sido escasa; y el beneficio económico no ha sido importante debe reducirse la sanción de multa impuesta de ciento cincuenta mil pesetas a cuarenta mil pesetas.
  
2. Respecto a la segunda infracción que se le imputa por vulneración de la normativa turística consistente en el incumplimiento contractual establecida en el art. 9.6 de la Ley 1/1989, de 2 de marzo, al no poner a disposición del usuario el apartamento contratado dentro del plazo estipulado, deben ser admitidas las alegaciones, puesto que de los datos obrantes en el procedimiento, no se deduce con claridad el incumplimiento contractual, pues tal como alega la mercantil Brisamar, SL, se pusieron los medios para el cumplimiento del contrato, si bien el reclamante no consiguió contactar con la parte arrendadora.
  
En consecuencia debe anularse la sanción de multa de setenta y cinco mil pesetas impuesta por tal concepto, al tenerse en cuenta las alegaciones efectuadas por la recurrente a su posible incumplimiento contractual.
  
Resolución
  
En virtud de lo dispuesto en el Decreto 45/96 (DOGV. de 28 de marzo de 1996), resuelvo:
  
Estimar parcialmente el recurso ordinario interpuesto por Dª. Carmen Orue Gandaria en nombre y representación de la mercantil Brisamar XXI, SL, contra la Resolución sancionadora del jefe del Servicio Territorial de Turismo de Castellón, de fecha 8 de mayo de 1998, reduciendo la sanción de multa de ciento cincuenta mil pesetas impuesta a cuarenta mil pesetas y anulando la otra sanción impuesta de multa de setenta y cinco mil pesetas.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, previa comunicación preceptiva a esta Agència Valenciana del Turisme, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 58.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.
  
Valencia, 17 de septiembre de 1998.- El presidente ejecutivo: Roc Gregori i Aznar.