Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4194, del 20-02-2002 (2002/1156)

Notificación. Recurso número 226/2001.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4194

Fecha DOGV
:   20-02-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/1156


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación. Recurso número 226/2001. [2002/A1156]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a doña María Amparo Baldoví Talens y don Francisco José Juan Martínez, calle Sant Roc, 12, 46720 Carcaixent, la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-226/2001.
  
Resolución
  
«Examinado el recurso de alzada formulado por doña María Amparo Baldoví Talens y don Francisco José Juan Martínez contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia en el expediente por solicitud de visado y de ayudas económicas directas para adquisición de vivienda ya construida número 46/1T/0239/2000/083.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Doña María Amparo Baldoví Talens y don Francisco José Juan Martínez, adquirentes de una vivienda ya construida (VYC), mediante escritura de compraventa de fecha 20 de diciembre de 1999, presentaron en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia solicitud de visado y de ayudas económicas directas el día 8 de febrero de 2000.
  
2. Mediante escrito de fecha 28 de junio de 2000, el Servicio Territorial requirió a los interesados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76, en relación con el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), a fin de que subsanara los siguientes reparos:
  
- Falta: deberán acreditar la superficie útil de la vivienda objeto de las ayudas, en la tasación bancaria aportada los días 16 de marzo de 2000 y 13 de abril de 2000 no figura expresamente la superficie útil.
  
- En la documentación presentada no constan los ingresos o los que figuran se consideran desproporcionados en relación con el precio de adquisición de la vivienda y del garaje y/o anejos vinculados (inferiores a la doceava parte de su precio; art. 10.4 del Decreto 173/1998, de 20 de octubre, del Gobierno Valenciano), por lo que deberán justificar los ingresos percibidos, mediante la presentación de certificados de altas y bajas de la Seguridad Social (informe de la vida laboral) de don Francisco José Juan Martínez y doña Desamparados Baldoví Talens, contratos de trabajo, prórrogas y la totalidad de nóminas del año 1999 y 2000 de ambos solicitantes; en caso de tratarse de trabajador autónomo, se presentará el certificado de las bases de cotización a la Seguridad Social; en el supuesto de pensionista, el certificado de la pensión y si se trata de trabajadores con prestación o subsidio de desempleo, se aportará certificado del Instituto Nacional de Empleo.
  
Y se puso en su conocimiento que disponían de un plazo de 15 días naturales, para aportar los documentos solicitados, advirtiéndoles que si así no lo hiciesen, se les podría declarar decaídos en su derecho a trámite, dictándose la resolución oportuna, o si procediese, se iniciarían los trámites pertinentes para la declaración de caducidad del expediente.
  
Según consta en el reverso del acuse de recibo obrante en el expediente, dicha notificación fue recibida por la persona designada por los interesados como representante en el impreso de solicitud.
  
3. Ante el incumplimiento del requerimiento, mediante escrito remitido por carta certificada con acuse de recibo de fecha 2 de noviembre de 2000, el Servicio Territorial comunicó a la representación de la parte interesada, que a tenor de lo dispuesto en el artículo 92 de la meritada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la LRJPAC, disponía de un plazo máximo de tres meses para aportar la totalidad de los documentos requeridos, significándole que, si así no lo hiciese, se procedería a dictar resolución declarando la caducidad y consiguiente archivo del expediente.
  
4. A la vista del expediente, transcurrido en exceso el plazo de tres meses concedido, sin que por la parte interesada se subsanaran los reparos de referencia, el jefe del Servicio Territorial, en fecha 8 de mayo de 2001, dictó resolución declarando la caducidad del procedimiento iniciado a solicitud de los interesados, con archivo de todas las actuaciones practicadas en el mismo.
  
5. Contra la citada resolución, doña María Amparo Baldoví Talens y don Francisco José Juan Martínez interponen recurso de alzada en tiempo y forma, con las alegaciones y documentación que constan en el mismo y a los que nos remitimos en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), como por lo establecido en el Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.798 de 21 de julio).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115 de la LRJPAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
3. El artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de LRJPAC, determina la caducidad del procedimiento iniciado a solicitud del interesado, y por tanto el archivo del expediente, en aquellos supuestos como en el presente, en los que la falta de documentación o de subsanación de reparos, impida dictar resolución expresa del mismo.
  
4. En el caso que nos ocupa, examinada la documentación obrante en el expediente se comprueba:
  
4.1 Que en el impreso normalizado de solicitud de visado y financiación cualificada (VYC 29425), suscrito por don José Francisco Juan Martínez y doña Desamparados Baldoví Talens, figura como representante de los mismos doña Pilar Giménez Galiano, con documento nacional de identidad 21897826K y domicilio en Burjassot (Valencia), calle Severo Ochoa, número 6, bajo, y a dicha persona es a la que se han dirigido las notificaciones del expediente, por lo que no puede prosperar la pretensión de nulidad por indefensión.
  
4.2 Que consta acreditado el transcurso con creces del plazo concedido en el requerimiento recibido en fecha 28 de junio de 2000, sin que se subsanasen los reparos que en dicha notificación se indicaban.
  
4.3 Que asimismo consta acreditado en el expediente, que ante el incumplimiento del requerimiento, la parte interesada fue advertida de caducidad en fecha 2 de noviembre de 2000, sin que fuese aportada la documentación necesaria solicitada.
  
Por lo expuesto, no desvirtuando lo aducido por el recurrente el contenido de la resolución impugnada, procede confirmar la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña María Amparo Baldoví Talens y don Francisco José Juan Martínez contra Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 8 de mayo de 2001, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente.»