Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6449, del 31-01-2011 (2010/13129)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1389/2009.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6449

Fecha DOGV
:   31-01-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2010/13476


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Benidorm

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1389/2009. [2010/13604]  
Juicio verbal 001389/2009  
De: Entidad de Conservación del Polígono de La Malla de Hills.  
Procurador: Luis Cabanes Marhuenda.  
Contra: Powerline International, SL.  
Procurador/a: -  
En el presente procedimiento sobre juicio verbal seguido a instancia de Entidad de Conservación del Polígono de La Malla de Altea Hills frente a Powerline International, SL, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia número 150/2010  
Benidorm, 16 de abril de 2010  
Vistos por mí, José Antonio Pérez Nevot, magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de los de esta ciudad y su partido judicial, los autos de juicio verbal sobre reclamación de cantidad que, bajo el número 1389 de 2009, se han seguido ante este Juzgado a instancia de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono La Malla de Altea Hills, representada por el procurador Luis Cabanes Marhuenda y asistida del letrado José Manuel de Lorenzo Segrelles, contra Powerline International, SL, en situación procesal de rebeldía; y atendidos los siguientes:  
Antecedentes de hecho  
Primero. Resumen de la demanda.  
Con fecha de 1 de julio de 2009, se turnó a este Juzgado escrito de demanda presentado por el procurador Luis Cabanes Marhuenda, en la representación arriba indicada. En dicho escrito, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho, terminaba solicitando la condena de los demandados al pago de la suma de 866,50 euros, más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, y las costas.  
La anterior petición se fundaba, esencialmente, en el incumplimiento de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos comunes por la parte demandada, en su condición de propietaria de una parcela integrante de la entidad urbanística colaboradora accionante.  
Al anterior escrito se adjuntaban diversos documentos.  
Segundo. Admisión a trámite de la demanda.  
Admitida a trámite la anterior demanda, se acordó citar en legal forma a ambas partes para la celebración del juicio.  
Tercero. Vista de juicio oral.  
El día 7 de abril de 2010 se celebró juicio oral con el resultado que consta en la grabación efectuada bajo la fe pública judicial y en el acta que la complementa.  
La parte actora ratificó su escrito de demanda.  
No habiendo comparecido en legal forma la parte demandada, se la declaró en rebeldía.  
La parte demandante propuso como única prueba la documental obrante en el expediente, que fue admitida como pertinente, declarándose el juicio visto para sentencia.  
Cuarto. Control de la actividad procedimental.  
En la sustanciación de este proceso se han respetado todas las prescripciones legales, salvo algunos plazos procesales, debido a la acumulación de asuntos que soporta este órgano jurisdiccional.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Objeto del proceso.  
Es objeto de este pleito una pretensión declarativa de condena al pago de la suma de 866,50 euros más los intereses legales y las costas. Tal petición se funda en el incumplimiento de la obligación que, a juicio de la demandante, tiene la parte demandada de contribuir al sostenimiento de los gastos comunes en su condición de titular de una parcela que se está beneficiando de la gestión urbanística desarrollada por la entidad demandante.  
Segundo. Resistencia opuesta por la demandada.  
Dado que la parte demandada se encuentra en situación procesal de rebeldía, procede considerarla íntegramente opuesta a la pretensión entablada (art. 496.2 LEC). No obstante, conviene recordar que la mayoría de las audiencias provinciales han señalado que ello tampoco puede comportar, para la actora, un rigor probatorio desproporcionado, pues de ser así se otorgaría al demandado rebelde de una privilegiada posición que no ha querido asignarle el legislador. En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1) número 269/1999, de 11 de junio (rollo nº 269/1999; ponente señor Sendino Arenas): "si bien esta Sala, en consonancia con la tradicional doctrina jurisprudencial (sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, las de 29 de marzo de 1980, 10 de noviembre de 1990), tiene manifestado que la rebeldía del demandado no implica allanamiento ni libera al actor de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, también tiene dicho que, ante supuestos de ausencia procesal injustificada, no es razonable ni equitativo llevar a cabo una valoración excesivamente formal y rigorista de la prueba aportada por el actor o una estricta y rígida aplicación de la regla sobre la distribución de la carga probatoria (onus probandi) contenida en el artículo 1214 del Código Civil, pues bien podría ocurrir 'que se coloque a los rebeldes en mejor posición que a los no rebeldes y que se produzca una grave indefensión para el actor si a falta de los habituales medios probatorios se debe precisamente a la incomparecencia e ignorado paradero de los demandados'". Del mismo modo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 2) número 414/1998, de 16 de octubre (rollo nº 187/1998; ponente señor De Urbano Castrillo): "hemos de recordar que la declaración de rebeldía procesal no implica un allanamiento tácito del demandado a la pretensión actora por lo que en el juicio correspondiente ha de desplegar el actor toda la actividad que sea necesaria para, a tenor de la carga procesal que le impone el artículo 1214 del Código Civil, tratar de acreditar el fundamento y veracidad de sus pretensiones".  
Tercero. Consideraciones previas.  
Las entidades de conservación son un tipo de entidades urbanísticas colaboradoras a través de las cuales los interesados en un proyecto urbanístico pueden participar en la gestión del mismo (art. 24.2.c del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, en lo sucesivo RGU). La pertenencia a una entidad de conservación genera derechos y obligaciones para los propietarios. Así, el artículo 69 RGU señala lo siguiente:   
"1. La participación de los propietarios en la obligación de conservación y mantenimiento de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de los servicios públicos, cuando no esté a cargo de la administración actuante, se determinará en función de la participación que tuviesen fijada en la Junta de Compensación, en el proyecto de reparcelación o, en su caso, en la que se hubiere fijado en la entidad de conservación.  
2. Si sobre las parcelas se hubiesen constituido regímenes de propiedad horizontal, la contribución de los propietarios en la referida obligación de conservación y mantenimiento se determinará por la cuota de participación con relación al total del valor del inmueble que tenga asignada en cada comunidad".  
Aunque tienen carácter administrativo (art. 26 RGU), la doctrina, sentada por las distintas audiencias provinciales, ha sido favorable al acogimiento de la posibilidad de que las cuotas correspondientes a los distintos propietarios se reclamen en sede civil. En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 7), de 12 de diciembre de 2005 (rollo nº 144/2005; ponente señora Serrano Ruiz de Alargón) y la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14), de 7 de diciembre de 2009 (rollo nº 557/2009; ponente señora Camazón Linacero).  
Cuarto. Valoración de la prueba practicada.  
De la prueba que se ha practicado en este proceso han resultado acreditados los siguientes hechos, por los motivos que se dirán a continuación:  
1. Powerline International, SL, es propietaria de la parcela AH481, perteneciente a la entidad urbanística colaboradora demandante. Este hecho resulta de la nota simple expedida por el Registro de la Propiedad de Altea (documento nº 2 de la demanda), que merece pleno valor probatorio al no haber sido impugnada por ninguna de las partes (art. 326.1 LEC).  
2. La contribución del indicado inmueble a los gastos necesarios para el sostenimiento de los elementos comunes de la entidad urbanística accionante ascendía, a fecha de 30 de junio de 2008, a la suma de 866,50 euros. Así se infiere de la certificación expedida por el secretario de la entidad, que ha sido aportada como documento número 3 de la demanda (que tampoco fue impugnada).  
Acreditada la existencia de una deuda vencida, líquida y exigible por el importe reclamado, la carga de alegar y probar su pago correspondía a la parte demandada, ya que se trata de un hecho extintivo de las obligaciones (arts. 11.56 CC, 216 y 217 LEC). Dado que no se ha levantado la indicada carga probatoria, procede considerar inexistente el pago, lo que determina la estimación de la demanda en aplicación de los artículos 395 y 396 del Código Civil y 69 RGU.  
Quinto. Intereses procesales y de demora.  
El principal devengará, en concepto de intereses de demora y procesales, el interés legal del dinero desde el día 1 de julio de 2009 hasta la fecha de esta sentencia, en que se incrementará en dos puntos hasta su completo pago (arts. 7788 LE y 576 LEC).  
Sexto. Costas de esta instancia.  
Dado que la demanda va a ser estimada íntegramente, procede imponer las costas a la parte demandada, con arreglo al criterio del vencimiento objetivo y habida cuenta de que el caso enjuiciado no presenta serias dudas de hecho ni de derecho (art. 394 LEC).  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,  
Fallo  
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios del Polígono La Malla de Altea Hills, debo condenar y condeno a Powerline International, SL, a pagar a la primera la suma de ochocientos sesenta y seis euros con cincuenta céntimos (866,50 euros), más el interés legal del dinero desde el día 1 de julio de 2009 hasta el día 16 de abril de 2010, en que se incrementará en dos puntos hasta su completo pago, y con imposición de las costas de esta instancia a la parte demandada.  
Notifíquese en legal forma a las partes haciéndoles saber que la presente sentencia no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación en un plazo de cinco días desde su notificación que, en su caso, deberá de prepararse ante este Juzgado mediante escrito que reúna las formalidades del artículo 157.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para ser resuelto por la Audiencia Provincial de Alicante. Junto con el escrito de preparación del recurso deberá justificarse la constitución de un depósito por importe de cincuenta euros (50 €), sin el cual no se admitirá a trámite el mismo.  
Así, por esta, mi sentencia, de la que se expedirá certificación para incorporarla a las actuaciones llevándose el original al libro de sentencias, la pronuncio, mando y firmo juzgando definitivamente en primera instancia».  
Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el magistrado que la suscribe encontrándose celebrando audiencia pública. Doy fe.  
Y encontrándose dicho demandado, Powerline International, SL, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
Benidorm, 25 de noviembre de 2010.- La secretaria judicial: M.ª Engracia Román Ivorra.