Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3946, del 23-02-2001 (2001/1145)

Notificación la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 3 de noviembre de 2000.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3946

Fecha DOGV
:   23-02-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/1145


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 3 de noviembre de 2000. [2001/M1145]
  
Al no haberse podido practicar la notificación a José A. Solera Fuster y Pilar Gabasa Ramírez y conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 3 de noviembre de 2000.
  
Vistos los recursos ordinarios interpuestos por José A. Solera Fuster y Pilar Gabasa Ramirez, Miguel A. Lillo Ferrandiz, José A. Solera Fuster en nombre y representación de la mercantil Horchata Solera e Hijos, SA, contra acuerdo de 2 de marzo de 1998, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, referido a la aprobación definitiva del expediente de expropiación por tasación conjunta en la Plaza de la Luna y avenida del Zodiaco de Alicante, y de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
1. La Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en fecha 2 de marzo de 1998, adoptó el siguiente acuerdo: «Aprobar definitivamente el expediente de tasación conjunta de referencia, desestimando las alegaciones formuladas por los propietarios afectados que se oponen a la valoración de los bienes y derechos afectados por considerar correcta la valoración efectuada por la administración municipal, si bien condicionando su eficacia a que por el ayuntamiento se remite el proyecto de expropiación debidamente diligenciado con la fecha de su aprobación plenaria conteniendo las hojas de justiprecio corregidas en virtud de la estimación de las alegaciones efectuadas mediante acuerdo plenario de fecha 5 de noviembre de 1995.»
  
El presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en fecha 31 de julio de 1998, resolvió considerar cumplida la condición impuesta por la Comisión Territorial de Urbanismo para la aprobación definitiva del expediente.
  
Dicho acuerdo se notificó a los interesados, hoy recurrentes, en fechas 23 y 28 de septiembre de 1998, según se desprende del correspondiente expediente.
  
2. Con fechas 23 y 28 de octubre de 1998, José A. Solera Fuster y Pilar Gabasa Ramírez, Miguel A. Lillo Ferrándiz, José A. Solera Fuster en nombre y representación de la mercantil Horchata Solera e Hijos, SA, interpusieron los correspondientes recursos contra el referido acuerdo de 2 de marzo de 1998, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante.
  
3. Mediante oficios de 25 de febrero y 19 de abril de 2000, se otorgaron sendos plazos de audiencia al ayuntamiento de 15 días, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
El Ayuntamiento de Alicante, mediante oficios del alcalde accidental de 22 de marzo de 2000, y del concejal delegado de Urbanismo de 15 de mayo de 2000, evacuó el trámite concedido, emitiendo informes en los que, tras efectuar las consideraciones que estimó pertinentes, propuso la desestimación de los recursos ordinarios interpuesto.
  
4. El Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante en fecha 27 de junio de 2000, informó desfavorablemente la estimación de los referidos recursos.
  
5. El Servicio Jurídico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en fecha 26 de octubre de 2000, informó favorablemente la desestimación de los presentes recursos ordinarios.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Los recursos ordinarios deducidos son admisibles puesto que se interpusieron en tiempo y forma, conforme a lo establecido en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en consecuencia procede entrar en el fondo de las cuestiones que en los mismos se plantean.
  
Los presentes recursos ordinarios tienen una íntima conexión e identidad sustancial entre sí y se interponen contra el mismo acuerdo, por lo que procede su acumulación, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 30/1992, LRJPAC.
  
2. En los recursos interpuestos por José A. Solera Fuster y Pilar Gabasa Ramírez, José A. Solera Fuster en nombre y representación de la mercantil Horchata Solera e Hijos, SA, se alega, en extracto que existen «irregularidades y omisiones que producen su indefensión frente a las valoraciones unilateralmente ordenadas por la administración, y causan gran confusión..., respecto a la tramitación del procedimiento, que primero notifica el abono del justiprecio, y luego notifica el acuerdo definitivo en el que se establecen los justiprecios», y continúan discrepando con la valoración.
  
El Ayuntamiento de Alicante en fecha 22 de marzo de 2000, informa: «Al respecto, debe tenerse en consideración que la mercantil expropiada tuvo conocimiento de la valoración contenida en la hoja de aprecio desde que se le notificó el Decreto de la Alcaldía de fecha 31 de enero de 1996, que decidió aplicar el procedimiento de tasación conjunta y notificar individualmente las hojas de aprecio a los propietarios. En este sentido, Horchata Solera e Hijos, SA, en un escrito de fecha 28 de febrero del mismo año, ya manifestó expresamente su disconformidad con el precio contenido en la hoja de aprecio municipal, por cuantía de 6.579.425 pesetas. Posteriormente, una vez aprobado el expediente por la conselleria, un decreto de la alcaldía decidió pagar a la mercantil expropiada el valor de la hoja de aprecio municipal, tal y como establecía el artículo 220, párrafo 2, del Texto Refundido de la Ley del Suelo del año 1992, y establecen los artículos 138, 4 de la Ley del Suelo del año 76 y 203, párrafo 2, del Reglamento de Gestión Urbanística. El pago se efectuó en cuanto el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la resolución del Servicio Territorial de Urbanismo, hecho que, según parece, tuvo lugar antes de que este organismo notificara la resolución aprobatoria a los interesados.»
  
3. El recurso interpuesto por el señor Lillo Ferrandiz mantiene que el acuerdo impugnado se fundamenta en un supuesto erróneo, como es el de partir de su conformidad con la hoja de aprecio municipal, lo que pretende demostrar citando las fechas de los diferentes escritos dirigidos al Ayuntamiento de Alicante, a lo largo del tiempo, relativos a la expropiación de la parcela de su propiedad.
  
El Ayuntamiento de Alicante en fecha 15 de mayo de 2000, alega en extracto: «El escrito de fecha 23 de febrero de 1996, de don Vicente Lillo Ferrandiz, dice literalmente: «Estamos de acuerdo con el precio establecido, siempre y cuando no encontremos exentos de todos los gastos que se deriven de la expropiación.»
  
Este fue el único presentado dentro del plazo expresamente concedido en el procedimiento de expropiación por tasación conjunta y, consecuentemente, el único que se tuvo en cuenta en la resolución municipal del expediente. Y transcurrido el plazo de alegaciones en fecha 19 de noviembre de 1996, don Miguel Lillo se dirigió a este ayuntamiento manifestando su disconformidad con el valor contenido en la hoja de aprecio municipal.»
  
4. Frente a los citados recursos hemos de señalar que la Sentencia nº 61 del Tribunal Constitucional de 20 de mayo de 1997 (BOE 25.04.1997) y la Sentencia de 25 de junio de 1997 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaran la nulidad, entre otros, de los artículos 219, 220.1 del Texto Refundido de 26 de junio de 1992 que regulan el procedimiento de tasación conjunta, sin embargo, la referida sentencia número 61 del Tribunal Constitucional, declara la nulidad de la disposición derogatoria del citado Texto Refundido de 1992, con lo cual recobra vigencia el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, siendo el referido Real Decreto 1.346/1976, aplicable al presente supuesto.
  
El artículo 138 del Texto Refundido de 1976 dispone: «El expropiante podrá optar entre seguir la expropiación individualmente para cada finca o aplicar el procedimiento de tasación conjunta». En el presente supuesto el ayuntamiento, haciendo uso de la facultad concedida por el citado precepto, optó por el procedimiento de tasación conjunta, y se ha cumplido el procedimiento legalmente establecido según queda acreditado en el referido expediente. Además en términos análogos cabe citar el artículo 36 de la mencionada Ley 6/1998, y para mayor abundamiento la disposición derogatoria única de la referida Ley 6/1998, mantiene la vigencia de los artículos 222 y 224 del Texto Refundido de 1992, referidos al procedimiento de tasación conjunta.
  
Por otra parte, el artículo 138.4 del Texto Refundido de 1976 establece que la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes o derechos afectados. Es decir, se trata de una consecuencia ex lege de la propia resolución dictada, de modo que no puede escogerse si procede o no la declaración de urgencia de la ocupación sino que siempre que recaiga resolución aprobatoria del expediente de tasación conjunta, lleva aparejada como consecuencia necesaria e insoslayable, dicha declaración de urgencia.
  
Finalmente, señalar que el proyecto consta de planos en los cuales se determina el ámbito territorial, fijación razonada del precio del suelo y hojas de justiprecio individualizadas de cada finca, por lo cual está completo y cumple con lo establecido en el art. 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.
  
Por último, y respecto a la disconformidad con la valoración efectuada por el Ayuntamiento de Alicante en la correspondiente hoja de aprecio, será el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa quien fije el justiprecio de conformidad con el artículo 138.3 del Texto Refundido de 1976, y el artículo 202 del Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, para ello la Comisión Territorial de Urbanismo deberá remitir el correspondiente expediente de tasación conjunta al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
  
5. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es competente para resolver los recursos interpuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Decreto 110/2000, de 18 de julio y el artículo 14.2 del Decreto 77/1996, de 16 de abril del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Organos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación resuelvo:
  
Desestimar los recursos ordinarios interpuestos por José A. Solera Fuster y Pilar Gabasa Ramírez, Miguel A. Lillo Ferrandiz, José A. Solera Fuster en nombre y representación de la mercantil Horchata Solera e Hijos, SA, contra acuerdo de 2 de marzo de 1998, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, referido a la aprobación definitiva del expediente de expropiación por tasación conjunta en la plaza de la Luna y avenida del Zodiaco de Alicante.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime oportuno.