Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5092, del 14-09-2005 (2005/10383)

ORDEN de 7 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas de atención institucionalizada para personas con discapacidad física gravemente afectadas y con alto grado de dependencia en Unidades de Alta Dependencia y se abre la convocatoria de solicitudes de estas ayudas para el ejercicio 2005.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5092

Fecha DOGV
:   14-09-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/10937


Fecha del documento
:   07-09-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * apoyo económico
    * equipamiento social
    * ayuda a los discapacitados
    * discapacitado físico

ORDEN de 7 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas de atención institucionalizada para personas con discapacidad física gravemente afectadas y con alto grado de dependencia en Unidades de Alta Dependencia y se abre la convocatoria de solicitudes de estas ayudas para el ejercicio 2005. [2005/X10027]
  
Los servicios sociales son un elemento fundamental para la mejora de las condiciones y de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Entre los diversos tipos de ayudas que presta el sistema de servicios sociales, se encuentran las prestaciones económicas individualizadas, como medidas de acción positiva, de carácter personal, con el fin de promover la autonomía personal y asegurar la asistencia y el apoyo que las personas con discapacidad necesiten en cada momento.
  
Estas ayudas son complementarias o subsidiarias de cualquier otro tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico previstas en la legislación vigente, con las condiciones que se establezcan. Así, en el caso de las ayudas de atención institucionalizada, el artículo 36.1.b) de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, establece para su concesión que se haya agotado cualquier otro recurso alternativo, con el fin de asegurar, en todo caso, la asistencia adecuada.
  
El enfoque integrador de la dependencia y la inclusión de la garantía institucional de los derechos sociales exige un nuevo marco jurídico y social de protección más ampliado para aquellas personas que por su discapacidad o limitación funcional demandan una ayuda personal continuada o más específicamente asistencia integral y especializada en centros residenciales adecuados a sus necesidades psicofísicas.
  
Al abordar el fenómeno de la discapacidad desde este enfoque, se hace presente junto a la necesidad de ayudas de apoyo personal, la coordinación de los diversos recursos sociales y una política de ayudas de asistencia institucionalizada más consistente, activa y de colaboración entre los recursos públicos y privados, para dar respuesta a las necesidades asistenciales y residenciales en centros especializados para las distintas situaciones de dependencia o discapacidad.
  
En este nuevo contexto, sin perjuicio, por tanto, de continuar con el programa inversor de residencias específicas para personas con discapacidad, se puede optimizar los recursos existentes de tipo residencial, hasta ahora orientados a determinados segmentos de demanda social, de forma que conservando su carácter prevalente hacia un determinado colectivo, puedan al mismo tiempo implantar unidades o módulos específicos para la dependencia en sus diversos grados y, por tanto, ser aprovechados por el sector de las personas con discapacidad dependientes.
  
De este modo, previa autorización de los dispositivos precisos de tipología mixta, se puede expandir la fórmula de las prestaciones económicas individualizadas, a través de las ayudas de atención institucionalizada, en particular para personas con discapacidad física o motora gravemente afectada, con el fin de asegurar una protección social a todos los ciudadanos.
  
Junto a la certidumbre de recibir la ayuda con una cierta inmediatez y suficientes garantías jurídicas, la ayuda de atención institucionalizada permite a los usuarios contratar por sí mismos el servicio o centro residencial más adecuado a sus necesidades y su propio entorno social y familiar, lo que redunda en una minoración y atenuación de la propia dependencia funcional.
  
Por otra parte, se ha constatado la necesidad de establecer un módulo económico específico de ayuda de atención institucionalizada para personas con discapacidad física gravemente afectadas y con alto nivel de dependencia, sobre el establecido con carácter general en la Orden de la Conselleria de Bienestar Social, de 21 de diciembre de 2004, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales en el sector de discapacitados para el año 2005, a fin de cubrir la totalidad de servicios para suprasistidos, teniendo en cuenta el alto coste, la mayor intensidad y calidad de estos servicios.
  
Por ello, se considera procedente la aprobación de una convocatoria específica de ayudas para personas con discapacidad física gravemente afectadas y con alto grado de dependencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38,d) de la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y el artículo 36.1.b) y 2. de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, que exigen que reglamentariamente se establezcan las condiciones, requisitos y cuantías de las ayudas de atención institucionalizada.
  
En su virtud, en uso de las facultades que me confiere el Decreto 120/2003, de 11 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social, y el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,
  
ORDENO
  
Artículo 1. Objeto
  
Se aprueban las bases que han de regir la concesión de ayudas públicas de atención institucionalizada a personas con discapacidad física gravemente afectadas y con alto grado de dependencia, residentes en Unidades de Alta Dependencia de Residencias para personas mayores dependientes, específicamente autorizadas y se abre la convocatoria de solicitudes de estas ayudas para el ejercicio 2005, que se regirán por lo dispuesto en la presente orden.
  
Artículo 2. Plazo y lugar de presentación de solicitudes
  
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
2. Las solicitudes de ayuda se presentarán, junto con la documentación requerida, preferentemente en las direcciones territoriales de Bienestar Social y/o en el ayuntamiento del municipio donde resida el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Los trabajadores sociales de los ayuntamientos las remitirán, debidamente informadas, a las direcciones territoriales de Bienestar Social.
  
Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante.
  
Rambla Méndez Núñez, 41.
  
03507 ALICANTE.
  
Dirección Territorial de Bienestar Social de Castellón.
  
Av. Hermanos Bou, 81.
  
12367 CASTELLÓN DE LA PLANA.
  
Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia.
  
Av. Barón de Cárcer, 36.
  
46943 VALENCIA.
  
Artículo 3. Tramitación.
  
1. La tramitación de las solicitudes está a cargo de la Sección de Discapacitados de las Direcciones Territoriales de Bienestar Social, que las verificará, pudiendo realizar de oficio las actuaciones que consideren necesarias para la determinación, el conocimiento, y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. El plazo máximo para tramitar y resolver las solicitudes para la concesión de ayudas será de tres meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
  
Artículo 4. Resolución
  
1. La resolución de estas ayudas corresponde, por delegación de la consellera de Bienestar Social, al director general de Integración Social de Discapacitados.
  
2. Transcurrido el plazo establecido sin haberse dictado y notificado resolución expresa, deberá entenderse desestimada la solicitud formulada por el interesado, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.
  
Artículo 5. Recursos.
  
1. Las resoluciones que se dicten agotan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
  
2. Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interponerse frente al acto presunto idéntico recurso en el plazo de tres meses a contar desde el que hubiese finalizado el plazo para tramitar y resolver indicado en el artículo 4.2 de la presente orden.
  
3. Todo ello sin perjuicio de que en ambos supuestos, el interesado pueda interponer, directamente recurso contencioso administrativo en la forma, plazo y condiciones fijadas en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción, o cualquier otro recurso que estime pertinente.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
1. La partida del presupuesto del año 2005 a cuyo cargo se imputan las ayudas que prevé esta orden es la línea de subvención T 3065/000/05 y aplicación presupuestaria 88.26.34.5742.775.47.2, siendo la cuantía máxima inicialmente disponible 150.986,05 euros.
  
2. Las ayudas que se establecen en la presente orden únicamente podrán solicitarse y otorgarse de acuerdo con las bases que han de regirlas, que aparecen recogidas en Anexo 1 y Anexo 2, sin perjuicio de cuantas normas rigen el régimen jurídico de la administración de la Generalitat, especialmente en materia presupuestaria.
  
Segunda
  
Al final del ejercicio se dará publicidad a las subvenciones concedidas mediante su exposición en los tablones de anuncios de las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Bienestar Social. Las subvenciones otorgadas por un importe superior a 3.000 euros, serán relacionadas y publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana mediante resolución de la consellera de Bienestar Social, indicando el beneficiario, la cantidad concedida, la finalidad de la subvención y el crédito presupuestario al que se han imputado.
  
Tercera
  
En todo lo no regulado en la presente orden, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y en la Orden de 21 de diciembre de 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales en el sector de discapacitados para el año 2005 (DOGV núm. 4.914, de 30 de diciembre de 2004), en aquellos apartados que pudieran resultar de aplicación.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se autoriza a la Subsecretaria de la Conselleria de Bienestar Social y al director general de Integración Social de Discapacitados a dictar cuantas instrucciones sean necesarias en el desarrollo de la presente orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Tercera
  
Contra la presente convocatoria y bases reguladoras para la concesión de ayudas se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente a su publicación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente.
  
Valencia, 7 de septiembre de 2005
  
La consellera de Bienestar Social,
  
ALICIA DE MIGUEL GARCÍA
  
ANEXO 1
  
Bases reguladoras para la concesión de ayudas para la atención institucionalizada de personas con discapacidad física gravemente afectadas y con alto grado de dependencia en Unidades de Alta Dependencia.
  
a) Objeto y condiciones generales.
  
Las ayudas de atención institucionalizada se conciben en el marco del sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, como prestaciones económicas individualizadas, que se conceden con carácter de ayuda o subvención personal y finalista.
  
Las condiciones generales o premisas para su concesión, con arreglo a las presente Bases, son:
  
1. Haber agotado o resultar insuficientes los recursos de carácter individual o comunitario, para atender las necesidades del solicitante que requiere la atención asistencial institucionalizada.
  
2. Acreditar la carencia de plaza pública o subvencionada en centro residencial adecuado.
  
Si con posterioridad a la concesión de la ayuda se adjudicase al beneficiario una plaza en un centro público o subvencionado, la eficacia de la ayuda se dejará sin efecto por desaparición del hecho que dio lugar a su concesión.
  
Asimismo el falseamiento de los datos declarados u ocultación de aquellos datos que resulten relevantes para la determinación de la concesión, podrá dar lugar a la denegación de la ayuda solicitada, aún cuando el interesado reuniera los requisitos para su concesión, sin perjuicio de garantizar la audiencia a las personas interesadas.
  
b) Beneficiarios. Requisitos
  
Los solicitantes de las ayudas de atención institucionalizada para personas con discapacidad física gravemente afectada y con alto grado de dependencia deberán reunir con anterioridad a la publicación de la convocatoria los siguientes requisitos:
  
1. Ser menor de 65 años y mayor de 16 años.
  
2. Estar afectado por una discapacidad física grave, que determine la necesidad de asistencia o concurso de otra persona, siempre que se acredite mediante el certificado de reconocimiento de la condición de minusválido por el órgano competente en materia de valoración de minusvalía, con un grado de minusvalía de al menos el 75%, así como el reconocimiento de necesidad de apoyo generalizado, a través de la aplicación del baremo que, como Anexo 2, se incluye en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración, y calificación del grado de minusvalía, con un mínimo de 40 puntos, en caso de que necesiten asistencia socio-sanitaria continuada.
  
3. Residir en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana, con una antigüedad mínima de un año.
  
4. Tener graves dificultades para ser atendido en régimen familiar o domiciliario y haber solicitado plaza pública o subvencionada en Residencia de discapacitados, teniendo prescripción técnica favorable para su admisión en ese tipo de recurso.
  
5. No necesitar atención de forma continuada en instituciones sanitarias.
  
6. No padecer trastornos mentales graves, que requieran atención psiquiátrica y plaza en centro específico de enfermos mentales.
  
c) Solicitudes y Documentación.
  
La solicitud, según modelo oficial que figura en el Anexo 3, será debidamente cumplimentada y suscrita por el usuario o su representante legal, acompañada de la siguiente documentación:
  
1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del usuario y/o de su representante.
  
2. Acreditación de la representación legal. En los supuestos de incapacidad declarada judicialmente se acompañará fotocopia de la resolución judicial de incapacidad y de nombramiento de tutor.
  
3. Certificado de la declaración y calificación del tipo y grado de minusvalía, acompañado del correspondiente dictamen técnico-facultativo emitido por el equipo de valoración y orientación.
  
4. Certificación de empadronamiento del solicitante con especificación de la antigüedad, de acuerdo con lo que establece el apartado b.3).
  
5. Fotocopia del documento que acredite la solicitud de plaza pública en Residencia de discapacitados.
  
6. Informe social, expedido por los servicios técnicos municipales.
  
7. Informe médico, que especifique el estado de salud y transtornos asociados a la discapacidad, con indicación precisa de ayudas externas que se necesite o requieran.
  
8. Declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2004 del solicitante de la ayuda.
  
En caso de estar exento de la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y siempre que el interesado así lo autorice, los certificados administrativos en soporte papel podrán ser sustituidos por certificados telemáticos o por transmisiones de datos.
  
9. Certificado del director/a de la Residencia, debidamente autorizada, donde pretenda ingresar, en el que conste la existencia de plaza y el coste mensual de la misma.
  
En caso de estar ya ingresado, se aportará un certificado en el que figure la fecha de ingreso y el coste mensual de la plaza.
  
10. Declaración jurada de las prestaciones y ayudas percibidas de otras instituciones públicas o privadas para la atención residencial.
  
11. Ficha de mantenimiento de terceros (Anexo de la Orden de 15 de febrero de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, publicada en DOGV núm. 4.959, de 4.03.2005, pp. 7342-7343) cumplimentada.
  
d) Cuantía máxima de las ayudas y criterios de valoración para su determinación.
  
1. La cuantía máxima de la ayuda no podrá ser superior al coste de la necesidad que trata de cubrir, ni superar el módulo económico para el internamiento en unidades de alta dependencia para personas con discapacidad física gravemente afectadas y con alta dependencia, que se establece en un coste máximo de: 90 €/persona/día.
  
2. La forma de determinar la cuantía de la concesión vendrá dada en función del coste de la acción o del módulo económico estipulado, así como de la aportación económica del solicitante, teniendo para ello en cuenta los ingresos netos del solicitante y renta per cápita individual, en caso de que viva solo, y de la renta per cápita de la unidad familiar o de convivencia del solicitante, cuando tuviese cónyuge y/o hijos a cargo o sea miembro de una unidad familiar.
  
En todo caso, la aportación de los usuarios se calculará, de acuerdo con la tabla que a continuación se detalla:
  
Ingresos mensuales del Solicitante/ Cantidad disponible
  
Renta per Cápita familiar mensual para el beneficiario
  
Hasta 300 euros 150 euros
  
Entre 300,01 y 450 € 180 euros
  
Entre 450,01 y 600 € 210 euros
  
Entre 600,01 y 750 € 240 euros
  
Entre 750,01 y 900 € 270 euros
  
Entre 900,01 y 1.050 € 300 euros
  
Entre 1.050,01 y 1.200 € 330 euros
  
Entre 1.200,01 y 1.350 € 360 euros
  
Entre 1.350,01 y 1.500 € 390 euros
  
Entre 1.500,01 y 1.650 € 420 euros
  
Entre 1.650,01 y 1.800 € 450 euros
  
Entre 1.800,01 y 1.950 € 480 euros
  
Entre 1.950,01 y 2.100 € 510 euros
  
Más de 2.100 euros 540 euros
  
3. Tendrán prioridad las ayudas para la cobertura de situaciones de necesidad que requieran especial protección, conforme a la mayor puntuación que resulte, de acuerdo con los criterios de valoración, que se establecen en el apartado 5.2.
  
4. Para la valoración de las solicitudes y concesión de las ayudas se establecerá una Comisión de Valoración en cada dirección territorial de Bienestar Social, constituida por el Jefe/a de Servicio de Acción Social, que actuará como presidente; Jefe/a de Sección de Discapacitados, secretario; y técnico o técnicos que hayan estudiado los expedientes, como vocales.
  
5. En el examen de las solicitudes de ayudas, habrán de ser tenidos en cuenta los siguientes aspectos y criterios de valoración:
  
1. Situación económica.
  
Se valorará la renta per cápita individual del solicitante o de la unidad familiar.
  
A estos efectos se considera que la persona con discapacidad se encuentra integrada en la correspondiente unidad familiar, aunque estén internados en centros especializados, siempre que el contribuyente aparezca vinculado con familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y conviva con ellos o ejerzan las correspondientes reducciones o deducciones por su cuidado y asistencia.
  
Para la determinación de la renta per cápita del solicitante o de la unidad familiar se contabilizarán todos los recursos económicos netos de los miembros de la unidad familiar (incluyendo los rendimientos del trabajo, rentas del capital, actividades empresariales, profesionales y ayudas o pensiones otorgadas por organismos públicos o entidades privadas, aunque se encuentren exentas de la obligación de declarar en el IRPF). La renta anual obtenida se dividirá por el número de miembros que compongan la unidad familiar o de convivencia.
  
2. Situación personal, familiar y social.
  
La situación personal y el grado de dependencia vendrá dado por la puntuación obtenida por aplicación del Baremo para determinar la necesidad de asistencia de otra persona que, como Anexo 2, se incluye en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración, y calificación del grado de minusvalía, que será ponderada de acuerdo con el siguiente cuadro:
  
2.1 Baremo de necesidad de asistencia de otra persona (máximo 7 puntos):
  
Entre 40 y 49 puntos en el baremo: 5 puntos
  
Entre 50 y 59 puntos en el baremo: 6 puntos
  
Más de 60 puntos en el baremo: 7 puntos
  
2.2. Situación socio-familiar (máximo 3 puntos):
  
Situación personal de total desamparo o malos tratos al discapacitado.3 puntos
  
Carencia de familiares: 1,5 puntos
  
Agrupamiento familiar: 0,5 puntos
  
2.3 Otras circunstancias (máximo 2 puntos):
  
Carencia de vivienda: 2 puntos
  
Vivienda con barreras arquitectónicas: 1 punto
  
Se equipara a la situación de carencia de familia, que ésta, por circunstancias de edad, enfermedad u otra situación, no pueda prestar ayuda de asistencia a la persona con discapacidad.
  
e) Plazo y forma de justificación.
  
1. El pago de las ayudas de atención institucionalizada se efectuará contra presentación por parte de la persona beneficiaria, de la factura o facturas justificativas de la estancia objeto de ayuda, ajustadas a los requisitos recogidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE núm. 286, de 29-11-2003) y normativa de desarrollo.
  
2. El pago de este tipo de ayudas podrá realizarse en un pago único o en pagos fraccionados, debiendo la Dirección Territorial de Bienestar Social desarrollar las actuaciones oportunas para la aprobación del gasto y pago, previa presentación de las facturas y de los oportunos justificantes.
  
Asimismo podrá autorizarse que el pago de las mismas se efectúe trimestralmente directamente a la entidad titular de la residencia o unidad de alta dependencia, siempre que conste expresamente por escrito la autorización y el consentimiento de la persona beneficiaria y de la propia entidad.
  
3. El plazo máximo de presentación de la justificación de estas ayudas finaliza el día 15 de enero del año 2006, debiendo haberse realizado el gasto correspondiente con anterioridad al 31 de diciembre de 2005.
  
f) Reintegro y medidas de control.
  
1. La Dirección Territorial de Bienestar Social establecerá el adecuado seguimiento del gasto objeto de la subvención. Los beneficiarios estarán obligados a entregar, a requerimiento de ésta, cuantos documentos, facturas, u otros que sean necesarios para justificar las condiciones y cuantía del gasto efectuado en relación con el objeto subvencionado.
  
2. Se podrá dictar una resolución de dejación sin efecto o minoración, y en todo caso reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención en caso de obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, así como en los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
3. El procedimiento se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano concedente, de una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan atribuidas o no facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por el Servicio de Intervención.
  
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
  
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de tres meses desde el momento en que fue incoado el expediente de dejación sin efectos o de minoración.
  
La resolución de los procedimientos de revocación, reajuste, minoración, dejación sin efecto o reintegro pondrán fin a la vía administrativa.
  
4. Las cantidades que se reintegren tendrán consideración de ingreso de derecho público, a efectos del procedimiento aplicable para la cobranza.
  
5. La competencia para el ejercicio del control financiero de las ayudas corresponde a los Servicios de Intervención de la Generalitat Valenciana.
  
g) Régimen jurídico.
  
1. Las reglas contenidas en las presentes Bases serán de aplicación siempre y cuando la correspondiente Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana o sus normas de desarrollo no establezcan condiciones distintas.
  
2. En todo lo no regulado se estará a lo dispuesto en los preceptos declarados básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, siempre que el precepto no haya sido desplazado por los de carácter básico contenidos en la Ley General de Subvenciones.
  
ANEXO 2
  
Requisitos de los módulos específicos para personas con discapacidad física gravemente afectadas y con alto grado de dependencia en Unidades de Alta Dependencia de Residencias para personas mayores.
  
La Unidad de Alta Dependencia debe constituir una unidad independiente, diferenciada, que ocupará con exclusividad una superficie adecuadamente delimitada, sin perjuicio de que pueda utilizar áreas y servicios comunes de ésta, siempre que no conlleven la necesidad de salida de un mismo edificio.
  
El director general de Servicios Sociales aprobará la modificación de la autorización de funcionamiento de la Residencia de mayores que disponga de Unidades de Alta Dependencia de atención para personas con discapacidad física gravemente afectadas y con alto grado de dependencia, a propuesta y previo informe favorable de la Dirección General de Integración Social de Discapacitados, sobre el cumplimiento de los requisitos específicos, con el fin de garantizar la adecuación del proyecto terapéutico, la correcta prestación de la atención especializada y naturaleza diferenciada de los servicios.
  
1. Condiciones materiales y funcionales de los módulos específicos.
  
Además de los requisitos generales exigidos para las Unidades de Alta Dependencia en la Orden de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de servicios sociales especializados para la atención de personas mayores (DOGV núm. 4.945, de 14-2-2005), deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales:
  
a. Capacidad
  
El número de plazas de usuarios de estos módulos no podrá ser inferior a 15 ni superior a 25.
  
b. Condiciones de habitabilidad
  
Los módulos se constituirán en edificios, preferentemente en planta baja o superior, con ascensores.
  
Todos los espacios de los módulos específicos de las unidades de alta dependencia a que se refiere este anexo deberán estar adaptados físicamente a las condiciones de los usuarios, cumpliendo, en todo caso, las prescripciones exigidas por la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de Comunicación, en el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano (DOGV núm. 4.709, de 10 de marzo), Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia (DOGV núm. 4.771, de 9 de junio) y normativa técnica de desarrollo.
  
c. Zonificación de espacios.
  
Para la adecuada organización y funcionamiento, las Unidades de Alta Dependencia o módulos específicos deberán contar con los siguientes espacios propios:
  
1. Área de descanso.
  
Una habitación, con la superficie mínima de 14 m2 o la que reglamentariamente se establezca, por usuario. Las habitaciones deberán ser todas individuales, exteriores y contar con armarios empotrados para ropa y objetos personales, así como incorporar un cuarto de aseo adaptado, conforme al epígrafe 1.15 de la Orden de 4 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social.
  
2. Área de actividades.
  
Sala polivalente: 2 entre 30 € 40 m². (1 de ellas con TV - Video, música, etc. y 1 con biblioteca o ambiente diferenciado).
  
3. Área de servicios.
  
3.1 Comedor: 3 m² por usuario.
  
3.2 Consulta de Enfermería: 10 m² aprox.
  
3.3 Aseos en zonas comunes: 2 cuartos de aseo para el personal, diferenciados por sexos, y un cuarto de baño totalmente adaptado (con los elementos definidos en el epígrafe 1.17 de la Orden de 4 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social), por cada 10 usuarios.
  
4. Áreas comunes o de servicios generales.
  
Además se dispondrá de los siguientes espacios ubicados en zonas generales o de servicios de la Residencia:
  
4.1 Recepción.
  
4.2 Sala de rehabilitación: 1 entre 30 € 40 m²
  
4.3 Despacho de Coordinador: 10 m² (aprox.)
  
4.4 Sala para vestuario y taquillas del personal.
  
4.5 Los servicios de Cocina, Lavandería, Aparcamiento (con reserva de plazas para vehículos que transportan personas con movilidad reducida) y resto de servicios generales, como los de mantenimiento, serán compartidos con los de la Residencia.
  
d. Plantilla.
  
El número de ratio de personal de atención directa, será de 0,85 por persona atendida.
  
La plantilla oscilará, según la ratio establecida, de acuerdo con el número de plazas de la unidad, incluyendo, en todo caso, además de un Coordinador, un Fisioterapeuta, un ATS, dos Terapeutas Ocupacionales y el número de Cuidadores/as preciso, para garantizar la atención individualizada, incluyendo la perspectiva de género.
  
Se podrá aumentar la plantilla cuando el tipo de atención que requieran los usuarios así lo exija.
  
e. Condiciones funcionales.
  
Los servicios dirigidos a persona con discapacidad física gravemente afectados con alta dependencia en Unidades de Alta Dependencia, se prestarán en régimen residencial de atención continuada las 24 horas del día, debiendo garantizarse la plantilla mínima para los adecuados turnos rotatorios durante todos los días del año.
  
2. Proyecto terapéutico
  
Se exigirá como documentación complementaria para la aprobación de estos módulos específicos, la presentación de un proyecto terapéutico específico de atención a personas con grave discapacidad física suscrito por el responsable de la entidad titular del centro, que deberá recoger, al menos, los siguientes aspectos:
  
(Modelo de programa funcional con acciones a desarrollar).
  
a. Definición del recurso, como unidad residencial destinada a servir de vivienda estable y común a personas con discapacidad física dependiente que precisan de una atención integral, continuada, personal y multidisciplinar, que no puede ser llevada a cabo en su medio familiar por sus condicionamientos personales o familiares.
  
Su finalidad es ofrecer la asistencia completa en todas las actividades cotidianas y la asistencia básica sanitaria orientada a la atención y máxima recuperación posible de las capacidades de los usuarios.
  
b. Prestaciones básicas:
  
- Asistencia integral
  
- Prestaciones completas de carácter residencial: alojamiento, manutención, limpieza y mantenimiento de ropa.
  
- Atención individual y tratamiento especializado
  
- Atención sanitaria de enfermería y vigilancia médica de patologías leves
  
- Actividades de movilización, mantenimiento y/o rehabilitación física
  
- Actividades ocupacionales y terapia ocupacional
  
- Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda
  
Con carácter complementario:
  
- Orientación familiar
  
- Promoción de la salud
  
- Apoyo psicosocial
  
- Actividades culturales y recreativas
  
c) Cartera de servicios.
  
Los centros que dispongan de estos módulos autorizados dispondrán de una Cartera de servicios, que contendrá los datos identificativos y fines de estas unidades, especificando y relacionando los servicios que prestan con carácter general y los servicios sociales específicos que presta a los usuarios, los requisitos de admisión, los derechos individuales y de participación de los usuarios en la programación y funcionamiento de las actividades que le afecten, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, y los compromisos y sistemas de aseguramiento de la calidad.
  
d) Coordinación.
  
Las Unidades de Alta Dependencia específicas deberán contar con un Coordinador, con titulación universitaria, con facultades delegadas del director de la Residencia con el fin de coordinar el equipo profesional propio de la unidad.