Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5730, del 28-03-2008 (2008/3613)

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008 del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, relativa a la Modificación Puntual núm. 11 del Plan General de Vinaròs.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5730

Fecha DOGV
:   28-03-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/3613


Fecha del documento
:   29-02-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Vinaròs
    * plan de urbanismo

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008 del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, relativa a la Modificación Puntual núm. 11 del Plan General de Vinaròs. [2008/3613]  
Visto el expediente relativo a la modificación puntual nº 11 del Plan General de Vinaròs, y de conformidad con los siguientes,  
Antecedentes de hecho  
Primero. El Ayuntamiento de Vinaròs acordó el 29 de agosto de 2006 exponer al público la modificación, lo que se llevó a cabo mediante anuncios publicados en un periódico y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 3 de noviembre de 2006. Transcurrido el período de información al público, durante el que se formuló una, el Pleno aprobó provisionalmente la modificación en sesión de 13 de febrero 2007.  
Segundo. El proyecto consta de memoria y planos.   
Tercero. El objeto de la modificación puntual nº 11 del Plan General de Vinarós es cambiar la ordenación previamente establecida en el Plan Parcial que desarrolló el sector de suelo urbanizable residencial SU R-17 de Vinaròs, ello como consecuencia de tener que ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 10 de mayo de 2005, que estableció que determinados terrenos de dicho sector debían quedar clasificados como suelo urbano. De este modo, con la modificación se clasifica como suelo urbano las parcelas recayentes a la Avenida de Tarragona y a la Avenida 29 de septiembre, propiedad de Teresa Boix.  
Con la modificación por un lado se redelimita el sector SU R-17 y se modifica su ordenación pormenorizada fijada en el Plan Parcial, y por otro las parcelas que se clasifican como suelo urbano se incluyen en una unidad de ejecución.  
El sector de suelo urbanizable redelimitado es de 97.353 m². El aprovechamiento tipo es de 1 m²t/m²s, con una previsión de 712 viviendas. Las zonas verdes son 12.559,41 m², los equipamientos son 16.633,91 m² y la reserva viaria y aparcamientos son 32.466,73 m². La edificabilidad residencial es de 82.563,63 m²t y la terciaria de 9.764,29 m²t.  
En cuanto a la unidad de ejecución (denominada residencial 21) su superficie es de 5.580,10 m², de los cuales 2.348 m² son de viales, 235,74 m² de zonas verdes y 2.996,17 m² de la parcela edificable. El texto edificable es de 17.023 m²t, estando previsto un número máximo de viviendas de 167.  
La modificación supone un pequeño cambio de calificación de zonas verdes.  
Cuarto. El 15 de mayo de 2007 se solicitó informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ello en relación con la posible afección de la modificación sobre la zona de servidumbre del río Servol. El informe no ha sido emitido.  
Quinto. La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión de 6 de noviembre de 2007, acordó informar favorablemente la modificación puntual nº 11 del Plan General de Vinaròs, elevando propuesta de aprobación definitiva al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, previo informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.  
Mediante resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 30 de noviembre de 2007 se solicitó dictamen al Consell Jurídic Consultiu que, en sesión de 17 de enero de 2008 dictaminó:  
"Que el Proyecto de Modificación Puntual nº 11 del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaroz (Castellón) es acorde con la legalidad urbanística, emitiéndose informe favorable a la citada Modificación."  
Fundamentos de derecho  
Primero. La presente modificación puntual del Plan General de Vinaròs se ha tramitado después de la entrada en vigor de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (en adelante LUV), por lo que le es ya aplicable la nueva Ley.  
Segundo. La tramitación de la presente modificación puntual del Plan General de Planeamiento de Vinaròs ha sido correcta, de conformidad con lo establecido en el artículo 94.1 y 64 de la LUV. La documentación, está completa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 y concordantes de la LUV.  
Tercero. El artículo 36.3 de la LUV establece que "la competencia para la aprobación definitiva de la ordenación estructural corresponde a la Generalitat". Por otra parte, el artículo 37.2 de la LUV dispone que "las decisiones sobre la ordenación pormenorizada corresponden al Municipio", añadiéndose luego que "la competencia para la aprobación definitiva de los planas que sólo se refieran a la ordenación pormenorizada corresponde al Ayuntamiento". ". El artículo 37 de la LUV ha sido desarrollado por el artículo 121 del Reglamento de Ordenación y Gestión Urbanística y Territorial, aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo (en adelante ROGTU), que, tras señalar en su apartado segundo que "la ordenación pormenorizada puede ser establecida, en suelo urbano, por los Planes Generales o por Planes de Reforma Interior o estudios de detalle, y en urbanizable, mediante Plan Parcial", añade en su apartado tercero que "es competencia municipal la aprobación y modificación de la ordenación pormenorizada"  
En el caso que nos ocupa la aprobación definitiva corresponde a la conselleria, puesto que, como consecuencia de la necesidad de ejecutar una sentencia, ha de clasificarse como suelo urbano determinadas parcelas antes clasificadas como suelo urbanizable, lo que afecta a una determinación de la ordenación estructural.  
Cuarto. La modificación que se examina es la consecuencia de la necesidad de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 10 de mayo de 2005, que estableció que determinados terrenos de dicho sector debían quedar clasificados como suelo urbano.  
El artículo 118 de la Constitución establece que "es obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto". A su vez, el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio), establece que "las Administraciones Públicas ... respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes". Por último, el artículo 104.1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 (en adelante LJCA) indica que la ejecución de la sentencia por la administración exige que ésta "la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo".  
La modificación que se examina supone un cumplimiento adecuado de la sentencia, de modo que se lleva a puro y debido efecto y, además, se modifica en lo necesario la ordenación del Plan Parcial para que, tras la exclusión de las parcelas que han de ser clasificadas como urbanas, su ordenación siga cumpliendo las determinaciones legales exigibles.  
Quinto. La nueva ordenación supone pequeñas alteraciones en la anterior calificación de las zonas verdes. De ello se sigue, conforme a lo establecido en el artículo 94.4 de la LUV, que la aprobación definitiva "requerirá previo informe favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana".  
El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha dictaminado favorablemente el presente Proyecto de Modificación Puntual mediante dictamen de 17 de enero de 2008.  
La nueva ordenación, en lo que afecta a las zonas verdes, satisface igualmente las exigencias de racionalidad y mejor satisfacción del interés público, sin que exista obstáculo a la aprobación definitiva.  
Sexto. Como ya se ha expuesto en los antecedentes, el 15 de mayo de 2007 se solicitó informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el cual no ha sido emitido.  
En lo que afecta a la zona de servidumbre, la modificación se limita a introducir únicamente los cambios derivados de la necesidad de cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en cuanto a la clasificación de determinadas parcelas como suelo urbano. Así las cosas, la falta de emisión del informe no puede impedir la aprobación de la modificación.  
Durante el transcurso de la sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo, por parte del Vocal del Ministerio de Medio Ambiente se hace constar su voto en contra a la aprobación de este expediente, aportando en ese momento tanto el texto escrito de su voto negativo discrepante, como una copia del informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar el 29 de octubre de 2007 (no aportado antes en el expediente). Por parte del Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo se hace constar que los informes que se solicitan durante la tramitación de un expediente han de remitirse dentro de plazo al órgano que tramita la aprobación definitiva, siendo una actuación contraria a los principios que han de regir las relaciones entre las Administraciones Públicas la práctica de no remitir en plazo el informe y presentarlo de forma inopinada en el transcurso de la sesión del órgano colegiado al que compete la aprobación definitiva del expediente.  
El informe desfavorable de la Confederación se basa en que no se ha acreditado que se dispone de concesión administrativa en relación con los caudales de agua con los que ha de abastecerse esta actuación. Sin embargo, y como ya se ha dicho, el objeto de la modificación consiste en la ejecución de una sentencia que obliga a clasificar como urbanos determinados terrenos incluidos en un Plan Parcial ya aprobado definitivamente. Por lo tanto, es claro que esta modificación no supone un incremento de recursos hídricos, por lo que no es exigible el informe del artículo 25.4 de la Ley de Aguas.  
En suma, la Comisión Territorial de Urbanismo, con el voto en contra del Vocal del Ministerio de Medio Ambiente, informó favorablemente este expediente.  
Séptimo. La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta de la directora general de Ordenación del Territorio, es el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva de los Planes Generales -y de sus modificaciones- de municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en el 10.a) del Reglamento de los Órganos Territoriales y Urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 162/2007, de 21 de septiembre.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, conforme al Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón y al dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, resuelvo:  
Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 11 del Plan General de Vinaròs.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 29 de enero de 2008.- El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: José Ramón García Antón.