Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5521, del 28-05-2007 (2007/5164)

Notificación a la mercantil Artos Costa Blanca, SL de la sentencia número 71 dictada en los autos del juicio ordinario número 471/2002.
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Número DOGV
:   5521

Fecha DOGV
:   28-05-2007

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2007/5164


Fecha del documento
:   27-03-2007

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Orihuela

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * sistema judicial

Notificación a la mercantil Artos Costa Blanca, SL de la sentencia número 71 dictada en los autos del juicio ordinario número 471/2002. [2007/5164]  
Juicio ordinario número 471/2002  
Orihuela, 27 de marzo de 2007  
Belén Fernández Álvarez, jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela y su partido pronuncia en nombre del rey la siguiente:  
«Sentencia número 71  
En los autos de juicio ordinario seguidos en este juzgado y registrados con el número 472/2002, a instancia de Klaus Robert Möhrle y de Sigrid Möhrle, representados por el procurador Antonio Díez Saura y defendidos por el letrado señor Crespo Llenes, sustituido en el juicio por la señora Ivars García, contra la mercantil Artos Costa Blanca, SL, CIF Y94061705, en situación procesal de rebeldía, sobre acción de resolución de contrato.  
Antecedentes de hecho  
Primero. El procurador señor Díez Saura, en nombre y representación de Klaus Robert Möhrle y de Sigrid Möhrle, presentó demanda contra Artos Costa Blanca, SL, donde suplicaba que se dicte sentencia por la que se declare la resolución del contrato de compraventa celebrado entre las partes en fecha 2 de enero de 2002, y se condene a la demandada a devolver a los actores la cifra de 13.732,78 €, más los intereses legales, y con imposición de las costas causadas; en base a los siguientes hechos:   
1) Que el 2 de enero de 2002 la parte actora suscribió con la representante de la demandada Renate Sölter, un contrato de compraventa, cuyo objeto es una finca sita en Castala de Cati apartado 245, en Castalla. El precio era de 138.323,78 € de los cuales pagó a cuenta 5.030,50 € y 8.702,28 mediante transferencia bancaria a fecha 16 de enero de 2002, quedando el resto 124.591 € para la firma de la escritura.  
2) Que la venta se firmó bajo condición de que el vendedor acreditaría tener licencia para construir una piscina, a la firma de la escritura.   
3) Que en fecha 15 de mayo de 2002 la demandada reconoció por carta enviada a los actores que no podía exhibir dicha documentación.   
4) Que el Ayuntamiento no autorizó la construcción de piscina.   
5) Que los actores recibieron carta para proceder a escriturar hasta el día máximo de 19 de junio de 2002, sin acreditar la aptitud para construir una piscina.   
6) Que los actores no compraron porque el vendedor ha incumplido su obligación de acreditar la aptitud de la finca para construir una piscina; y a los fundamentos de derecho que estimó de pertinente aplicación.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda por auto de fecha de 12 de noviembre de 2002, rectificado en auto de 20 de noviembre de 2002, se dispuso el emplazamiento del demandado para que en el plazo de 20 días compareciera en autos en legal forma y, personándose, contestara a la demanda, lo cual no verificó en tiempo y forma por lo que por providencia de 19 de mayo de 2006 se le declaró en rebeldía.  
Tercero. En la misma providencia se convocó a las partes a la audiencia previa al juicio prevista en el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para lo que señaló el día 26 de marzo de 2007. El día señalado, se celebró la audiencia previa con asistencia sólo de la parte actora, la cual, tras ratificarse en su demanda, propuso los siguientes medios de prueba: documental, de tener reproducidos los documentos de la demanda, quedando los autos para dictar sentencia.   
Fundamentos jurídicos  
Primero. La parte actora, solicita en su demanda que se declare la resolución del contrato de compraventa suscrito entre las partes el día 2 de enero de 2002 y se condene a la mercantil demandada a la devolución de 13.732,78 €, más intereses legales y condena en costas. Se ejercita la acción prevista en el artículo 1.124 del Código Civil, en base al incumplimiento de la demandada de obtener y exhibir la autorización para construir una piscina, obligación pactada por las partes, en relación con los artículos 1.469 y 1.445 y 1.255 del mismo cuerpo legal.  
Segundo. La rebeldía es una actitud procesal del demandado que consiste en no comparecer en el proceso. La doctrina y la jurisprudencia viene proclamando que la declaración de rebeldía no implica el allanamiento de la demanda, ni siquiera la admisión de los hechos constitutivos de la acción, y así expresamente lo establece el artículo 496 de la LEC 1/2000, por lo que no libera al actor, de probar los hechos constitutivos de su pretensión.  
La comparecencia en juicio es una carga procesal del demandado, de forma que la incomparecencia supone que tendrá que soportar unos efectos puramente procesales, pero sin reflejo en el área del derecho material. La rebeldía del demandado equivale en nuestro derecho a una negativa tácita de los hechos fundamentadores de la demanda, lo que implica para el actor la proyección del principio de la carga de la prueba explicitado en el anterior artículo 1.214 del Código Civil, y actualmente en el artículo 217 de la LEC al igual que si el demandado compareciere y se opusiere a la demanda. Pero debe tenerse en cuenta que, como señalan las SSAP de Barcelona, de 21 de octubre de 1998 y de 17 de noviembre de 1998 «ante la rebeldía procesal, suele producirse una lógica reducción de la actividad probatoria a desplegar por el actor o una limitación de su auténtica naturaleza (la ausencia permanente puede impedir, por ejemplo, la confesión del demandado, el cotejo de letras, el reconocimiento de firmas...); y, a la vez, la inactividad probatoria del demandado puede, dificultar la previa del actor. De ahí que no se pueda ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el actor, porque la falta de los habituales medios probatorios (por ej., reconocimiento documento privado) se debe, precisamente, a la comparecencia y/o inactividad del demandado.  
Exigir lo contrario supondría convertir la rebeldía no solo en una cómoda defensa, sino también, en una situación de privilegio para el litigante rebelde, con flagrante infracción del principio de igualdad, aquí, en la posición de las partes en proceso, constitucionalizado en el artículo 14 de la CE, ej.: la eficacia de la prueba quedaría en manos del demandado (rebelde), con notoria indefensión del actor.»  
Habiendo probado mediante la documental la parte actora la celebración del contrato cuya resolución se pretende (doc. 2), el pago de la cantidad cuya devolución solicita (doc. número 3 y doc. número 4) y la imposibilidad de la demandada de dar licencia para la construcción de una piscina (doc. núm. 5) correspondía a la demandada, conforme al artículo 217 de la LEC, la carga de la prueba de los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los anteriores hechos, lo que no ha hecho.  
En consecuencia con lo anterior, procede en aplicación de los artículos 1.124, 1.469, 1.445 y 1.255 del Código Civil, con carácter general, estimar la acción ejercitada por la parte actora de resolución del contrato y devolución del precio entregado.  
Tercero. En relación a las costas, procede aplicar el criterio del vencimiento recogido en el artículo 394.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y condenar al pago de las costas procesales al demandado.  
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso de autos,  
Fallo  
Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador Antonio Díez Saura, en representación de Klaus Robert Möhrle y de Sigrid Möhrle, contra Artos Costa Blanca, SL, en situación procesal de rebeldía, debo declarar y declaro la resolución del contrato de compraventa suscrito por las partes en fecha 2 de enero de 2002 y debo condenar y condeno a la demandada Artos Costa Blanca, SL, a devolver a la parte actora la cantidad de trece mil setecientos treinta y dos euros con setenta y ocho céntimos 13.732,78 €, más los intereses legales, con expresa condena al pago de las costas causadas.  
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación a resolver por la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, si se prepara ante este juzgado conforme establece el artículo 457 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación.  
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.»  
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la juez que la dictó, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la demandada Artos Costa Blanca, SL, por providencia de 27 de marzo de 2007, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia de fecha 27 de marzo de 2007 dictada en los presentes autos.  
Orihuela, 27 de marzo de 2007.- La secretaria judicial: Ana Belén Serrano Saura .