Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7703, del 22-01-2016 (2015/10467)

Notificación del auto de aclaración dictado en el rollo de apelación número 506/2015.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7703

Fecha DOGV
:   22-01-2016

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2015/10614


Organismo emisor
:   Audiencia Provincial de Valencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del auto de aclaración dictado en el rollo de apelación número 506/2015. [2015/10329]  
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado, en el rollo de apelación número 506/2015, la resolución del tenor literal siguiente:  
  
«Auto aclaratorio de la Sentencia número 352  
Presidente: Vicente Ortega Llorca.  
Magistrados: María Mestre Ramos y José Francisco Lara Romero.  
Valencia, 17 de diciembrede 2015  
Dada cuenta.  
Antecedentes de hecho  
Primero. En el presente rollo se dictó sentencia en fecha de 27 de noviembre de 2015, notificada a las partes.  
Segundo. Por el procurador de los tribunales Alberto Mallea Catalá, en nombre de Isidro Perona Blanco, María del Carmen Perona Blanco, Ascensión Perona Blanco, presentó escrito solicitando aclaración de la sentencia.  
El procurador de los tribunales Alberto Mallea Catalá, en nombre de José Perona Blanco, presentó escrito solicitando la aclaración en base a las mismas alegaciones.  
El procurador de los tribunales Francisco Javier Blasco Mateu, en nombre de Margarita Perona Blanco, presentó escrito solicitando la aclaración en base a las mismas alegaciones.  
Admitido a trámite se dio traslado a la parte contraria que se opuso parcialmente a la misma.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Como tiene declarado, esta misma sección de la Audiencia Provincial, en el artículo 363 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene regulado el recurso de aclaración de sentencia con el objetivo de poder aclarar algún concepto oscuro que aparezca en la misma, o de suplir cualquier omisión que la sentencia contenga, lo cual viene precisado por la jurisprudencia en el sentido de que ello no constituye realmente un recurso, sino que supone una facultad de corrección y de rectificación de posibles errores materiales cometidos en la redacción del fallo, posibilidad que se concede a las partes y al juez, apreciándose como tales correcciones admisibles: la aclaración de conceptos oscuros, la adición de algún pronunciamiento omitido sobre puntos litigiosos, la subsanación de errores de cuenta que se deduzcan de los datos aritméticos que sean su fundamento, así como la modificación de pronunciamientos que sean erróneos por ser contrarios a la fundamentación de la sentencia. Todo ello en virtud del reconocimiento de la posible existencia de errores materiales que, de no ser subsanados, podrían producir perjuicios a las partes litigantes.  
Segundo. En primer lugar solicitan las partes apeladas demandadas que se pronuncie sobre la causa de oposición a la demanda basada en la prescripción adquisitiva del dominio por los demandados.  
Ante esta petición, la sala debe desestimar la misma dado que no se ha incurrido en una omisión en la sentencia cuando del contenido de la misma y de sus fundamentos de derecho se desprende la desestimación tácita de dicho motivo de oposición.  
Tercero. En segundo lugar solicita que se aclare la cuestión relativa al importe de la indemnización establecida en la sentencia.  
Ciertamente la sala incurrió en una omisión al determinar el importe de la indemnización que correspondía a la parte apelante demandante cuando era parte de su pretensión; en consecuencia, procede completar el fundamento de derecho octavo en el sentido de que el mismo quedara de la siguiente forma:  
?Octavo. Procede entrar a conocer de la pretensión de condena ejercitada por la parte actora apelante que postula que se condene a la parte demandada a abonarle la cantidad de 126.389,25 euros, dado que las fincas objeto del contrato de compraventa de fecha 11 de septiembre de 1989 fueron vendidas a Miguel Ángel Muñoz Gras, fundado en el enriquecimiento injusto.  
Ciertamente declarada la compraventa por parte de los actores a los padres de los demandados de las fincas registrales 27710, 12955 y 27312 del Registro de la Propiedad de Torrent número 1 y no siendo un hecho discutido que dicho objeto de la compraventa fue vendido por los herederos de Isidro Perona y Margarita Blanco a un tercero, Miguel Ángel Muñoz Gras, que compareció como testigo, procede resolver el quántum indemnizatorio a conceder a la parte actora por la pérdida de la propiedad y, por ende, de la posesión sobre las fincas registrales objeto del contrato de compraventa.-  
El enriquecimiento injusto siguiendo, entre otras, la SAP Valencia, Sección 7, S 20.06.2007, número 370/2007, rec. 375/2007. Presidenta: Pilar Cerdán Villalba, implica:  
?Segundo. La acción de enriquecimiento claramente e inicialmente esgrimida en la demanda, a la que haya que estar en cuanto a ello y a su fijación fáctica por mor de los artículos 410 y 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, al derivar de ella la litispendencia y la perpetuatio iurisdictionis y a la que estaremos en todo ello y en tal suplico rechazando de plano las alegaciones nuevas de esta alzada por el principio pendiente apellatione nihil innovetur, como dice la juez de instancia, no concurre en cuanto que sus requisitos no se dan en el caso de autos, pues lo obtenido por esta demandada viene derivado de un contrato cuya validez no impugna la recurrente con petición al respecto, que ampara el enriquecimiento de la primera por el beneficio obtenido por la extracción de la tierra, y que no produce un empobrecemiento del apelante ajena a ese beneficio y cuya finca, al menos, frente a su carácter inicial de secano, ya está culminando su pase a regadío. Tales requisitos, según la jurisprudencia, son: a) aumento del patrimonio del enriquecido ?o una no disminución del mismo (STS, Sala Primera, 08.01.1980); b) correlativo empobrecimiento del actor, representado por un damnum emergens o por un lucrum cesans; c) la conexión entre enriquecimiento y empobrecimiento; d) falta de causa que justifique el enriquecimiento. Esta última circunstancia es, acaso, la de delimitación menos sencilla y más controvertida. Como señaló la STS, Sala Primera, de 1 de diciembre de 1980 no se exige que... proceda de medios reprobados o de mala fe (S 06.06.1951)...-, siendo compatible con la buena fe (SSTS, Sala Primera, 5 de octubre de 1985; 6 de febrero de 1992; 31 de marzo de 1992; 30 de septiembre de 4116 BJF 1993/8508; 14 de diciembre de 1994; entre otras) y no se da cuando se adquiere algo en virtud de un contrato legal válido (SSTS, Sala Primera, de 1 de diciembre de 1980; 19 de mayo de 1993; 17 de febrero de 1994; 24 de febrero de 1994; 4 de noviembre de 1994; 8 de junio de 1995; entre otras); o como consecuencia de un legítimo derecho que se ejercita sin abuso (STS, Sala Primera, de 28 de enero 1956; 1 de diciembre de 1980; 5 de diciembre de 1992; 17 de febrero de 1994; 4 de noviembre de 1994; entre otras). En consecuencia, no tiene lugar cuando se usa de un derecho, y más cuando este viene judicialmente reconocido, según tienen reconocido las SSTS, Sala Primera, de 25 de noviembre de 1935, 21 de mayo de 1948, 5 de enero de 1956, debido a que no hace daño a otro quien usa de su derecho (STS, Sala Primera, de 31 de enero de 1980).  
Para determinar el quántum indemnizatorio, la parte actora apelante aportó dictamen pericial emitido por Juan Ramón Puchades Perpiñá ?folios 55 a 77.  
Frente a dicho dictamen la parte demandada aportó dictamen pericial emitido por Tomás Muñoz ?folios 232 a 254- fijando como importe la cantidad de 17.017 euros.  
Valorando dichos dictámenes periciales, según los criterios fijados por este tribunal en sentencia dictada en el rollo de apelación 657/2002, en que dijimos:   
?La valoración de la prueba pericial debe hacerse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:   
a) Que la función del perito es la de auxiliar al juez, ilustrándole sin fuerza vinculante sobre las circunstancias del caso, pero sin negar en ningún caso al juzgador la facultad de valorar el informe pericial (sentencias, entre otras, de 30 de marzo de 1984 y 6 de febrero de 1987).  
b) Que ni los derogados artículos 1242 y 1243 del Código Civil, ni el también derogado artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, ni ahora el artículo 348 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, tienen el carácter de valorativos de prueba, pues la prueba pericial es de libre apreciación por el juez (sentencias, entre otras, de 17 de junio, 17 julio y 12 de noviembre de 1988, 11 de abril y 9 diciembre de 1989, 9 de abril de 1990 y 7 de enero 1991).  
c) Que el proceso deductivo del juzgador a quo no puede chocar de una manera evidente y manifiesta con el raciocinio humano, sus apreciaciones han de guardar coherencia entre si, no pueden vulnerar la sana crítica, estableciendo conceptos fácticos distintos de los que realmente se han querido llevar a los autos, o provocando alteraciones que impliquen cambio de la causa petendi.  
d) No existen normas legales sobre la sana crítica (sentencias, entre otras muchas, de 10 junio 1992 y 10 de noviembre de 1994). Deberemos estar al importe de valoración contenida en el dictamen pericial por el señor Muñoz y en la cuantía de 17.017 euros, y ello por considerar que del contenido de dichos dictámenes, de las aclaraciones de los propios peritos en el acto del juicio es más ajustado a la realidad actual, se han tenido en cuenta datos por el mismo carentes y omitidos en el del señor Puchades que resultan importantes para determinar su verdadero valor en el mercado.-  
Fijado dicho importe en 17.017 euros, debemos continuar la fijación del quántum en atención a que procede descontar la cantidad que faltaba pro abonar del precio respecto a que la parte apelante demandante postulo que ?se descuente del valor de inmueble la parte del precio pendiente de pago (2.223,75 €)- y a la oposición de la parte apelada demandada de que dicho importe debería ser actualizado.  
Considera el tribunal que si procede la actualización y de conformidad con la variación del indice general nacional, según el sistema IPC base 2011 desde septiembre de 1989 hasta febrero de 2011 índice porcentaje (%) nacional 106,7 (2.372,7 euros), resultando un total de 4.597 euros.  
Por ello el quántum indemnizatorio será el de 12.420 euros.  
Y, en consecuencia, procede modificar la cantidad de la condena fijada en el pronunciamiento segundo b) del fallo.  
Parte dispositiva  
En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, en nombre del rey y por la autoridad conferida por la Constitución aprobada por el pueblo español, acordamos:  
1. Estimar parcialmente las solicitudes de aclaración instadas por Isidro Perona Blanco, María del Carmen Perona Blanco, Ascensión Perona Blanco, José Perona Blanco y Margarita Perona Blanco.  
2. Se aclara la sentencia dictada en fecha de 17 de noviembre de 2015, y, en consecuencia, el fundamento de derecho octavo debe decir:  
?Octavo. Procede entrar a conocer de la pretensión de condena ejercitada por la parte actora apelante que postula que se condene a la parte demandada a abonarle la cantidad de 126.389,25 euros, dado que las fincas objeto del contrato de compraventa de fecha 11 de septiembre de 1989 fueron vendidas a Miguel Ángel Muñoz Gras, fundado en el enriquecimiento injusto.-  
Ciertamente declarada la compraventa por parte de los actores a los padres de los demandados de las fincas registrales 27539, 12109 y 27883 del Registro de la Propiedad de Torrent número 1 y no siendo un hecho discutido que dicho objeto de la compraventa fue vendido por los herederos de Isidro Perona y Margarita Blanco a un tercero, Miguel Ángel Muñoz Gras, que compareció como testigo, procede resolver el quántum indemnizatorio a conceder a la parte actora por la pérdida de la propiedad y, por ende, de la posesión sobre las fincas registrales objeto del contrato de compraventa.  
El enriquecimiento injusto, siguiendo entre otras la SAP Valencia, Sección 7, S 20.06.2007, número 370/2007, rec. 375/2007. Presidenta: Pilar Cerdán Villalba, implica:  
?Segundo. La acción de enriquecimiento claramente e inicialmente esgrimida en la demanda, a la que haya que estar en cuanto a ello y a su fijación fáctica por mor de los artículos 410 y 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, al derivar de ella la litispendencia y la perpetuatio iurisdictionis y a la que estaremos en todo ello y en tal suplico rechazando de plano las alegaciones nuevas de esta alzada por el principio pendiente apellatione nihil innovetur, como dice la jueza de instancia, no concurre en cuanto que sus requisitos no se dan en el caso de autos, pues lo obtenido por esta demandada viene derivado de un contrato cuya validez no impugna la recurrente con petición al respecto, que ampara el enriquecimiento de la primera por el beneficio obtenido por la extracción de la tierra, y que no produce un empobrecimiento del apelante ajena a ese beneficio y cuya finca, al menos, frente a su carácter inicial de secano, ya está culminando su pase a regadío. Tales requisitos, según la jurisprudencia, son:   
a) Aumento del patrimonio del enriquecido ?o una no disminución del mismo (STS, Sala Primera, 08.01.1980).   
b) Correlativo empobrecimiento del actor, representado por un damnum emergens o por un lucrum cesans.  
c) La conexión entre enriquecimiento y empobrecimiento.  
d) Falta de causa que justifique el enriquecimiento. Esta última circunstancia es, acaso, la de delimitación menos sencilla y más controvertida. Como señaló la STS, Sala Primera, de 1 de diciembre de 1980 no se exige que... proceda de medios reprobados o de mala fe (S 06.06.1951)...-, siendo compatible con la buena fe (SSTS, Sala Primera, de 5 de octubre de 1985; 6 de febrero de 1992; 31 de marzo de 1992; 30 de septiembre de 1779 BGC 1993/8508; 14 de diciembre de 1994; entre otras) y no se da cuando se adquiere algo en virtud de un contrato legal valido (SSTS, Sala Primera, de 1 de diciembre de 1980; 19 de mayo de 1993; 17 de febrero de 1994; 24 de febrero de 1994; 4 de noviembre de 1994; 8 de junio de 1995; entre otras); o como consecuencia de un legítimo derecho que se ejercita sin abuso (STS, Sala Primera, de 28 de enero 1956; 1 de diciembre de 1980; 5 de diciembre de 1992; 17 de febrero de 1994; 4 de noviembre de 1994 ; entre otras). En consecuencia, no tiene lugar cuando se usa de un derecho, y más cuando este viene judicialmente reconocido, según tienen reconocido las SSTS, Sala Primera, de 25 de noviembre de 1935, 21 de mayo de 1948, 5 de enero de 1956, debido a que no hace daño a otro quien usa de su derecho (STS, Sala Primera, 31.01.1980).  
Para determinar el quántum indemnizatorio, la parte actora apelante aportó dictamen pericial emitido por Juan Ramón Puchades Perpiñá ?folios 55 a 77.  
Frente a dicho dictamen la parte demandada aportó dictamen pericial emitido por Tomás Muñoz ?folios 232 a 254- fijando como como importe la cantidad de 17.017 euros.-  
Valorando dichos dictámenes periciales, según los criterios fijados por este tribunal, en sentencia dictada en el rollo de apelación 657/2002, en que dijimos:   
?La valoración de la prueba pericial debe hacerse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
a) Que la función del perito es la de auxiliar al juez, ilustrándole sin fuerza vinculante sobre las circunstancias del caso, pero sin negar en ningún caso al juzgador la facultad de valorar el informe pericial (sentencias, entre otras, de 30 de marzo de 1984 y 6 de febrero de 1987).  
b) Que ni los derogados artículos 1242 y 1243 del Código Civil, ni el también derogado artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, ni ahora el artículo 348 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, tienen el carácter de valorativos de prueba, pues la prueba pericial es de libre apreciación por el juez (sentencias, entre otras, de 17 de junio, 17 julio y 12 de noviembre de 1988, 11 de abril y 9 diciembre de 1989, 9 de abril de 1990 y 7 de enero 1991).  
c) Que el proceso deductivo del juzgador a quo no puede chocar de una manera evidente y manifiesta con el raciocinio humano, sus apreciaciones han de guardar coherencia entre si, no pueden vulnerar la sana crítica, estableciendo conceptos fácticos distintos de los que realmente se han querido llevar a los autos, o provocando alteraciones que impliquen cambio de la causa petendi.  
d) No existen normas legales sobre la sana crítica (sentencias, entre otras muchas, de 10 junio de 1992 y 10 de noviembre de 1994). Deberemos estar al importe de valoración contenida en el dictamen pericial por el señor Muñoz y en la cuantía de 17.017 euros, y ello por considerar que del contenido de dichos dictámenes, de las aclaraciones de los propios peritos en el acto del juicio es más ajustado a la realidad actual, se han tenido en cuenta datos por el mismo carentes y omitidos en el del señor Puchades que resultan importantes para determinar su verdadero valor en el mercado.-  
Fijado dicho importe en 17.017 euros, debemos continuar la fijación del quántum en atención a que procede descontar la cantidad que faltaba por abonar del precio respecto a que la parte apelante demandante postuló que ?se descuente del valor de inmueble la parte del precio pendiente de pago (2.223,75 €)- y a la oposición de la parte apelada demandada de que dicho importe debería ser actualizado.  
Considera el tribunal que sí procede la actualización y de conformidad con la variación del indice general nacional según el sistema IPC base 2011 desde septiembre de 1989 hasta febrero de 2011 indice porcentaje (%) nacional 106,7 (2.372,7 ?) resultando un total de 4.597 euros.  
Por ello el quántum indemnizatorio será el de 12.420 euros.-  
Y el pronunciamiento segundo B) del fallo, debe decir:  
?B) Y se condena a la parte demandada, Isidro Perona Blanco, Jesús Perona Blanco, Carmen Perona Blanco, José Perona Blanco, Margarita Perona Blanco y Ascensión Perona Blanco a abonar solidariamente la cantidad de doce mil cuatrocientos veinte euros (12.420 €) por el principal, más intereses legales desde la interpelacion judicial.-  
Lo acordaron y firman los señores del margen.»  
  
  
Y para su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al objeto de notificar a la parte incomparecida, Jesús Perona Blanco.  
  
Valencia, 21 de diciembre de 2015.- La letrada de la Administración de Justicia: Eugenia Rosa Martín Landete.