Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3983, del 20-04-2001 (2001/2966)

Notificación de la resolución del recurso de alzada número R-73/1999.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3983

Fecha DOGV
:   20-04-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/2966


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso de alzada número R-73/1999. [2001/A2966]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a Alimur, SA, carretera Arneva, sin número 03838 Orihuela, la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-73/1999.
  
Examinado el recurso ordinario formulado por don Antonio Mira-Figueroa Martínez Abarca, en nombre y representación de don Manuel Fresneda Vegara contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante, en relación con el expediente de construcción número 03/1E/064/94 (VP-41/97).
  
Antecedentes de hecho
  
1. Por don Carmelo Sanz Pardines, se presentó una denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante por deficiencias constructivas en las viviendas de protección oficial sitas en Orihuela, calle Oriolanos Ausentes, número 13, en calidad de presidente de la comunidad, enviándose a un perito de dicho organismo que emitió un informe, en base al que se acordó la incoación de expediente sancionador contra la promotora, así como contra los facultativos de la obra, con traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
2. El instructor del expediente sancionador dictó una propuesta de resolución en la que, entendiendo probada la comisión de cinco infracciones muy graves del artículo 153.c 6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, proponía la imposición de cinco sanciones pecuniarias de 250.000 pesetas a cada uno de los expedientados, así como la orden de obras a la promotora de subsanación de las deficiencias recogidas en el pliego de cargos.
  
3. El jefe del Servicio Territorial dictó una resolución en la que, manteniendo los fundamentos de la propuesta, y entendiendo probada la comisión de cinco infracción muy graves del artículo 153.c. 6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, imponía cinco multas de 250.000 pesetas a todos los expedientados, así como la orden de obras a la promotora a tenor del artículo 111 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.
  
4. Contra dicha resolución presentó un recurso ordinario don Manuel Fresneda Vegara, aparejador de la obra, que fue declarado inadmisible por estar fuera de plazo por la Resolución de esta Dirección General de Arquitectura y Vivienda de fecha 15 de febrero de 2000, interponiendo un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 4 de Alicante, dictándose sentencia el 11 de octubre de 2000, estimándose el mismo y declarándolo dentro de plazo con retroacción del expediente al presente momento procedimental, con la extensión de dichos efectos al arquitecto de la obra Enrique Martínez Andreu.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), como por lo establecido en el Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.798 de 21 de julio).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJPAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
3. Solicita el recurrente Don Manuel Fresneda Vegara que se revoque y deje sin efecto la resolución recurrida por la caducidad del expediente a tenor del artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en relación con el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como la inexistencia de infracción y la necesidad de individualizar culpas y depurar las responsabilidades que sean del caso.
  
4. En cuanto a la caducidad alegada, ésta no existe, ya que a los expedientes sancionadores iniciados a instancia de parte como en el presente caso que fue por denuncia, aunque el acto formal del acuerdo de incoación lo efectúe el jefe del Servicio Territorial por impulso de la solicitud de los denunciantes, se les aplica, en lo referente a los plazos, el artículo 43.1 de la aludida Ley 30/1992, en relación con el artículo 20.6, último párrafo del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por cuanto el artículo 43.4 de la misma se refiere exclusivamente a los expedientes sancionadores incoados de oficio (ss de los STJ de la Rioja de 20.06.1997 y 10.02.1997, de Murcia, de 18.12.1996 y 02.07.1997, de Cataluña y Navarra, de 06.06.1996 y 30.06.1994, respectivamente), es decir, cuando no existen terceros, sino únicamente la administración y el expedientado, lo que no ocurre en este asunto.
  
5. En lo referente al fondo del asunto, consta en el informe pericial de fecha 12 de noviembre de 1997 del perito del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda que: «no pueden delimitarse responsabilidades». Posteriormente no aparece ninguna actuación por la cual se haya podido llegar a la consecuencia de que se ha producido culpa o negligencia individualizada respecto del cometido de cada uno de los intervinientes en la obra, no obstante, en la resolución se sanciona, no siendo coherente con el propio informe pericial. Por lo que procede en este sentido la estimación del recurso, con la revocación de las multas impuestas a todos los expedientados.
  
6. Independientemente de lo expuesto, existe la obligación de reparar las deficiencias constructivas que se han producido en el transcurso de los cinco años desde la fecha de la calificación definitiva, a tenor del artículo 111 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial (Dto. 2.114/1968, de 24 de julio), por parte del promotor. En este sentido, se manifiesta la más reciente jurisprudencia de Tribunal Supremo, así las sentencias de 27 de julio y 6 de octubre de 1998, 2 de febrero de 1999 y la de 7 de julio de 2000, que dice respecto de la obligación de reparar los defectos constructivos, que: «..el artículo 111 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, permite exigirlos al promotor, sin perjuicio de que éste pueda repetir posteriormente contra los que considere responsables...la administración puede exigirle conforme a aquel artículo, la ejecución de las obras de reparación necesarias para corregir los vicios o defectos de la construcción que aparezcan, en un determinado plazo a partir de la calificación definitiva. Esta responsabilidad es ajena al ámbito estrictamente sancionador...".
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Estimar parcialmente el recurso ordinario formulado don Antonio Mira-Figueroa Martínez Abarca, en nombre y representación de don Manuel Fresneda Vegara contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante de fecha 23 de septiembre de 1998, revocando la resolución en lo referente a las sanciones impuestas a todos los expedientados, anulando las mismas, y confirmando la resolución en cuanto a la obligación del promotor de reparar las deficiencias constructivas.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 7 de febrero de 2001.- El director general de Arquitectura y Vivienda: José María García Zarco.
  
Conselleria de Obras Publicas,
  
Urbanismo y Transportes