Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6759, del 23-04-2012 (2012/3698)

Aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva de la 13-UE-T situada entre la carretera de Ribesalbes, carretera de acceso a la autopista A-7, Cuadra de la Torta y Cuadra Saboner.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6759

Fecha DOGV
:   23-04-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2012/3698


Fecha del documento
:   04-04-2012

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Castellón de la Plana
    * administración local
    * plan de urbanismo

Aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva de la 13-UE-T situada entre la carretera de Ribesalbes, carretera de acceso a la autopista A-7, Cuadra de la Torta y Cuadra Saboner. [2012/3698]  
En fecha 23 de marzo de 2012, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo:  
«Visto el expediente que se está tramitando para aprobar la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación de la 13-UE-T, situada entre la carretera de Ribesalbes, acceso a la A-7, Cuadra La Torta y Cuadra Saboner.  
Visto que en fecha 1 de julio de 2011, la Junta de Gobierno Local acordó exponer al público la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación mencionada por el plazo de un mes a efectos de alegaciones.  
  
Visto que se insertaron anuncios en el periódico Mediterráneo de fecha 13 de julio de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 87, de 16 de julio de 2011, y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 6571, de fecha 22 de julio de 2011, con notificación a los particulares interesados.  
Visto que durante el plazo legalmente previsto se han formulado alegaciones por Pilar Reigada Nomdedeu y Raquel Rubert Costa (nº de registro 48788, de 12.08.1011); Mª del Carmen Oller Sanz (nº de registro 48839 de 12.08.2011); Rosa Mª Segarra Viciano (nº de registro 48389 de 11.08.2011); Antonio Castillo Prats (nº de registro 48695, de 11.08.2011; Benjamín Tomás Tena (nº de registro 48883, de 11.08.2011); Vicente Marco Comins (nº de registro 45301, de fecha 25.07.2011); Carmen Breva Claramonte (nº de registro 45552, de fecha 25.07.2011); Pilar Reigada Nomdedeu, Raquel Rubert Costa y Mª del Carmen Oller Sanz (nº de registro 48078, de fecha 12.08.2011) y Carmen Felisa Sanz Rodrigo (nº de registro 49731, de fecha 19.08.2011) y teniendo en cuenta que:  
I. En las alegaciones formuladas los interesados ponen de manifiesto que:  
a) La Sentencia 685/2003 de 23 de mayo, dice que «no existe proporción en el reparto de la parcelas que configuran la manzana que engloba las parcelas A, B, C y D», y ello significa que la manzana en la que se encuentran ubicadas no responde al principio de equidistribución de beneficios y cargas, por lo que la sentencia no puede afectar a ningún otro propietario que no sea el de las parcelas mencionadas, ni puede modificarse el sentido de la sentencia en el trámite de ejecución.  
  
El Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento de cuotas de urbanización con el agente urbanizador, sin que tengan intervención ni audiencia los propietarios a los que posteriormente se les impone una cuota de urbanización, por lo que las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en los acuerdos de 16 de mayo de 2008 y 31 de octubre de 2008 son nulas, al haberse adoptado sin la preceptiva audiencia a los propietarios y no haberse efectuado información pública.  
En relación a lo expuesto se considera que:  
- Los artículos 71.1 y 72.1 del Real Decreto 3288/1978 por el que se aprobó el Reglamento de Gestión Urbanística (en adelante RGU) y artículo 68.1 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, (en adelante LRAU) configuran la reparcelación como la agrupación o integración del conjunto de fincas comprendidas en una unidad de ejecución para su nueva división ajustada al plan, siendo uno de los objetivos de la reparcelación la justa distribución de beneficios y cargas que derivan de la ordenación urbanística entre los propietarios incluidos en el ámbito de actuación.  
La Sentencia de 23 de mayo de 2003 antes referida, ordena retrotraer el procedimiento al momento anterior al de la adjudicación de las parcelas de la manzana que engloba las fincas A, B, C y D, volviendo a realizar el deslinde de las citadas parcelas de forma proporcional prevista en la ley; pero también es cierto que para conseguir el cumplimiento de la ley o «proporcionalidad», pueden verse afectadas otras parcelas que no se hallan en dicha manzana, dado que hasta que no se estudia de nuevo el proyecto de reparcelación, no se conoce cual es la configuración adecuada de la totalidad de las parcelas incluidas en la unidad de ejecución para dar cumplimiento al principio de proporcionalidad; máxime si tenemos en cuenta el Auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 7 de septiembre de 2006, del que se deriva que la parcela A sólo tendrá aprovechamiento económico si se divide con la apertura de un vial para dar acceso a las parcelas interiores, por lo que al dejar espacio para un nuevo vial probablemente se verían afectadas todas las parcelas del ámbito   
Se ha sustituido el deslinde y gastos de urbanización por una cantidad económica, lo cual no significa que podamos obviar el principio de proporcionalidad teniendo en cuenta los dos conceptos que han supuesto un minusvalor para el actor y que se concretan en una adjudicación peor de la que realmente le correspondía y unos gastos de urbanización. Ambos conceptos son propios de la cuenta de liquidación artículo 100.1 y 5 del RGU y se reparten conforme a lo previsto en el artículo 100 mencionado y en el artículo 70 de la LRAU; de tal manera que la adjudicación podrá corregirse, ponderando los distintos valores, según la localización de las fincas iniciales y adjudicadas. Por otra parte los gastos de urbanización se distribuyen a prorrata entre los adjudicatarios de las fincas adjudicadas.   
Se ha emitido a tales efectos informe del arquitecto municipal de fecha 4 de noviembre de 2011, en el que indica que:  
La obligación de modificar la configuración de varias fincas y el trazado de viales para conseguir una adecuada rentabilidad económica, (parcela A) son los imperativos de la sentencia que nos sitúan en un nuevo panorama, en una nueva reparcelación que evidentemente afecta al conjunto de propietarios de la unidad de ejecución.  
El reparto para el pago de la indemnización sustitutoria debe ser proporcional al aprovechamiento de cada propietario, pues de lo contrario se introducirán elementos nuevos y probablemente subjetivos, máxime si pensamos que el desarrollo urbanístico produjo un beneficio a los propietarios en proporción a su aprovechamiento.  
  
b) Los alegantes también manifestan que el obligado al pago es la Administración, sin perjuicio de la posible repercusión al agente urbanizador y solicitan la nulidad de las cuotas por carecer el procedimiento de audiencia y publicidad.   
- En contestación a lo expuesto ha de indicarse que el artículo 29.6 y 7 de la LRAU, establece que el urbanizador es el responsable del coste de las inversiones para ejecutar el programa, financiando el coste de la actuación que podrá repercutir en la propiedad de los solares resultantes.   
- Con arreglo al artículo 69 de la LRAU, los obligados al pago de las cargas de urbanización son los propietarios de suelo, que para hacer posible el desarrollo urbanístico derivan la gestión en un agente urbanizador, (en este caso Calviga, SA). De lo expuesto se desprende que el urbanizador financia la actuación y sólo cuando los propietarios, una vez requeridos conforme al artículo 72 de la LRAU, no abonen las cantidades que les correspondan podrá el Ayuntamiento practicar la ejecución correspondiente.  
- Por su parte. el Auto de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 25 de junio de 2008 establece que la indemnización ha de ser pagada por el Ayuntamiento, sin perjuicio de su derecho a repetir el pago al agente urbanizador o a quien crea obligado finalmente al mismo.   
- Para efectuar el cobro a los propietarios han de seguirse los trámites previstos en el artículo 72 de la LRAU y elaborar una cuenta de liquidación. Por tal motivo se ha seguido la tramitación para aprobar la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación de la 13-UE-T con audiencia a los particulares y publicación exigida legalmente; procediendo desestimar estas alegaciones.   
c) Alegación presentada por Vicente Marco Comins.   
Aporta copia del contrato de cesión de terreno a cambio de obra celebrado con Caspronave y suscrito el 15 de enero de 1998, sin embargo consultado el documento de formalización de la reparcelación, el adjudicatario de la finca es Vicente Marco Comins y Dolores Fonte González. La reparcelación se aprobó el 2 de febrero de 2001 y el documento de formalización fue suscrito el 8 de febrero de 2001, sin que conste reclamación relativa al cambio de propiedad. El contrato de cesión es un documento privado que no se refleja en el documento de formalización de la reparcelación y cuya inscripción es obligatoria, añadiendo por otra parte que el documento privado no tiene efectos frente a la Administración ni terceros, conforme al artículo 1225 y 1230 del Código Civil, por lo que con independencia de quien sea el propietario actual de los terrenos y los pactos privados a los que haya llegado el adjudicatario de la reparcelación con otros interesados, lo cierto es que el artículo 67 de la LRAU, establece como obligados al pago de las cuotas de urbanización a los adjudicatarios de la reparcelación. Por otra parte debe indicarse que el artículo 25 de la Ley Urbanística Valenciana, establece que la transmisión de fincas no modificará la situación del titular de los mismos, respecto de la propiedad, por lo que de haberse transmitido la propiedad deberá acreditarse y los deberes corresponderán al adquirente, procediendo desestimar esta alegación.  
d) Alegación presentada por Carmen Breva Claramonte.  
Para contestar los puntos primero al tercero de la alegación, se dan por reproducidas las consideraciones efectuadas en las letras a y b del apartado I de este acuerdo.  
En el punto cuarto de la alegación manifiesta que la cuenta de liquidación se realiza superados los cinco años previstos en el artículo 128 del RGU; no obstante a este respecto debe contestarse que el propio artículo 128.4 establece que «si, con posterioridad a la liquidación definitiva, se produjeran nuevas resoluciones administrativas o judiciales, con efecto sobre los intereses económicos de los afectados, la ejecución de las mismas habrá de producirse en un expediente nuevo y distinto».  
En este caso el importe que modifica la cuenta de liquidación provisional deriva de la Sentencia 685/2003, por lo que el plazo de cinco años viene corregido por el artículo 128.4 del RGU, procediendo desestimar esta alegación.  
II. En fecha 28 de febrero de 2012 se ha emitido informe por el viceinterventor de este Ayuntamiento en el que concluye que considerando el cumplimiento de los trámites legales y los informes legales preceptivos, cabe continuar con el procedimiento establecido para la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva de la UE-13-T.  
III. La disposición transitoria tercera del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, establece en su letra e) que en el supuesto que la reparcelación hubiese formado parte de la alternativa técnica y aprobada junto a ella, se regirá por la LRAU. En este caso la reparcelación se aprobó de forma posterior e independiente al programa, pero durante la vigencia de la LRAU, por lo que resultan de aplicación los artículos 72 y 69 de la LRAU, de los que se desprende que finalizada la exposición al público procede la aprobación definitiva.   
Por todo ello, vistos los informes técnico, jurídico y del viceinterventor emitidos al efecto y los preceptos mencionados, a propuesta del concejal delegado del Área de Desarrollo de la Ciudad, Sostenibilidad, Medio Ambiente, Vivienda y Servicios Urbanos, se acuerda:  
1) Desestimar las alegaciones formuladas por Pilar Reigada Nomdedeu y Raquel Rubert Costa (nº de registro 48996, de 12.08.2011); Mª del Carmen Oller Sanz (nº de registro 48442 de 12.08.2011); Rosa Mª Segarra Viciano (nº de registro 48085 d'11.08.2011); Antonio Castillo Prats (nº de registro 48197, d'11.08.2011); Benjamín Tomás Tena (nº de registro 48393, de 11.08.2011); Vicente Marco Comins (nº de registro 45770, de fecha 25.07.2011); Carmen Breva Claramonte (nº de registro 45781, de fecha 25.07.2011); Pilar Reigada Nomdedeu, Raquel Rubert Costa y Mª del Carmen Oller Sanz (nº de registro 48237, de fecha 12.08.2011) y Carmen Felisa Sanz Rodrigo (nº de registro 49016, de fecha 19.08.2011), por los motivos antes expuestos.  
  
2) Aprobar definitivamente la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación de la 13-UE-T, situada entre ctra. Ribesalbes, acceso a la A-7, Cuadra La Torta y Cuadra Saboner, con un importe de 3.489.459,93 euros desglosado de la forma siguiente:  
- Obras de urbanización, gastos, beneficio urbanizador e incrermento del art. 71-1 BMNL (cuenta de liquidación provisional): 3.034.325 €   
- Indemnización por Resolución judicial nº 685/2003 de 23 de mayo (se añade en la cuenta de liquidación definitiva): 737.314,75 €  
- Compensación de Iberdrola que resta el importe de cargas (se añade en la cuenta de liquidación definitiva): - 282.179,99 €  
3) Poner al cobro la cantidad de 455.134,76 euros que se corresponde con el saldo definitivo resultante de la indemnización determinada por sentencia 685/2003, de 23 de mayo, menos la compensación efectuada por Iberdrola.  
4) Notificar este acuerdo a Calviga, SA, como agente urbanizador; a los interesados; a la Asesoría Jurídica Municipal, a la Viceintervención y Tesorería municipales y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios municipal.»  
Contra el acto que se notifica, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer el recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que lo ha dictado (art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por las leyes 11/1999 y 57/2003 y 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificados por Ley 4/1999) o, alternativamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón dentro del plazo de dos meses (arts. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por leyes 11/1999 y 57/2003 y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre). En ambos casos, el plazo se computará desde el día siguiente a aquel en que se practique la presente notificación.   
Lo que se notifica para su conocimiento.  
  
Castellón de la Plana, 4 de abril de 2012.- La asesora jurídica y jefa de Sección de Control Urbanístico: Mª Jose Doménech Antich.