Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5962, del 25-02-2009 (2009/1974)

Notificación a Martínez & Mendoza SCP. Expediente número RO/2007/05 VIVI/049803/99.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5962

Fecha DOGV
:   25-02-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/1974


Fecha del documento
:   09-08-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a Martínez & Mendoza SCP. Expediente número RO/2007/05 VIVI/049803/99. [2009/1974]  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de propuesta de resolución a Martínez & Mendoza SCP con expediente RO/2007/05 VIVI/049803/99.  
A los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el Decreto 2114/1968, de 24 de julio, Reglamento de Viviendas de Protección Oficial se le da traslado de la propuesta de la resolución, que se notifica a Vd. para su conocimiento, bajo advertencia de que en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su recibo, podrá alegar cuanto considere oportuno en su defensa, conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así mismo se le informa que los documentos obrantes en el procedimiento son:  
1º. Denuncia  
2º. Informe técnico  
3º. Orden de obras  
4º. Acuerdo de iniciación.  
Propuesta de resolución   
Visto el procedimiento RO/2007/05 seguido frente a Martínez & Mendoza SCP por incumplimiento del régimen legal que regula las viviendas de Protección Pública.  
Resultando que son hechos probados y así se declara, que en la vivienda sita en Valencia, c/ Rodríguez de la Fuente nº 31-1, presentaba las deficiencias señaladas en el acuerdo de iniciación, pues así resulta acreditado en la prueba practicada que consta en informes técnicos.  
Resultando que en fecha 30.04.2007 se formuló frente a el oportuno acuerdo de iniciación.  
Resultando que el acuerdo de iniciación se formulan alegaciones por Martínez & Mendoza SCP en fecha 26.07.2007.   
En ellas manifiesta, en primer lugar, que la encargada de realizar las obras de construcción del edificio fue la constructora Proespe SL.   
En segundo lugar, que existe un procedimiento judicial civil pendiente entre la comunidad de propietarios y la agentes intervinientes en el proceso constructivo en el que se debe dilucidar quien es el responsable de los vicios y defectos constructivos existentes en el edificio.  
En tercer lugar, alega Martínez & Mendoza SCP que los vicios o defectos constructivos han sido causados por una deficiente ejecución de la obra por parte de la empresa constructora solicitando que sea incluida en el presente procedimiento administrativo.  
Por último, solicita la suspensión de las presentes actuaciones hasta que se resuelva el proceso judicial civil que existe entre la comunidad de propietarios y la constructora y la promotora del edificio.  
Considerando que no pueden ser estimadas las alegaciones efectuadas por Martínez & Mendoza SCP pues el presente procedimiento no va encaminado a la exigencia de responsabilidad administrativa sancionadora sino que se tramita en virtud de lo establecido en el artículo 111 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, que estable que si en el transcurso de cinco años, desde la calificación definitiva, se manifestasen vicios o defectos de la construcción que hiciesen necesarias obras de reparación, podrán imponerse al promotor.  
Esta responsabilidad del promotor tiene carácter objetivo y así ha sido reconocido por la jurisprudencia, entre otras, Sentencia de la Sala Contencioso del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1998, que recoge que «la relación jurídica que se establece entre la administración y el promotor de una edificación sujeta al régimen de viviendas de protección oficial, y el carácter instrumental de este régimen con relación al derecho prestacional consagrado en el artículo 47.1.1 CE, justifican la facultad de la administración para imponer a quien con ella se ha relacionado en ese proceso constructivo la obligación de reparar los vicios o defectos existentes en la edificación misma por mor o consecuencia de en déficit de diligencia en cualquiera de las fases del proceso, sin perjuicio de las acciones de repetición que al promotor puedan corresponder; esa obligación de reparar se contempla en el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial no sólo como un efecto jurídico que cabe añadir o adicionar a la sanción propiamente dicha, imponiéndolo tanto al infractor, sea éste el promotor, el constructor o los facultativos intervinientes, sino también autónomamente, desligada de toda respuesta sancionadora, como efecto derivado del incumplimiento de los deberes que asumen quienes son parte en la relación jurídico-administrativa nacida ante el objeto y con el fin de promover una edificación sujeta a aquel régimen tuitivo»  
En consecuencia, no pueden estimarse las alegaciones efectuadas por Martínez & Mendoza SCP, estando ésta obligada a realizar las obras de reparación requeridas en virtud de la relación de especial sujeción que le une a la administración por su condición de promotor de Viviendas de Protección Pública y con independencia de la sentencia que pueda recaer en vía judicial civil, pudiendo resarcirse, en su caso, Martínez & Mendoza SCP frente a quienes resulten responsables en vía civil.  
En virtud de lo expuesto, tampoco cabe acordar la suspensión del presente procedimiento hasta que recaiga sentencia en el proceso judicial pendiente, pues la resolución que pueda adoptarse en vía civil no afecta a la responsabilidad administrativa que resulta exigible a Martínez & Mendoza SCP por su condición de promotor del edificio de acuerdo con el artículo 111 del Decreto 2114/1986, de 24 de julio, Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.  
Considerando que de los hechos contenidos en el primer resultando resulta responsable Martínez & Mendoza SCP como promotor del edificio.  
Considerando que el artículo 111.3 del Decreto 2114/1986, de 24 de julio, Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, establece que si en el transcurso de cinco años, desde la calificación definitiva, se manifestasen vicios o defectos de la construcción que hiciesen necesarias obras de reparación, podrá imponerse su realización al promotor.  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, el Decreto 2114/1968, de 24 de julio, Reglamento de Viviendas de Protección Oficial y demás normas de general y pertinente aplicación, se formula la siguiente:  
Propuesta de resolución   
- Obligar a Martínez & Mendoza SCP a que, por sí o a su costa, realice en el plazo máximo de quince días, las siguientes obras:  
- Proceder al sellado de las perforaciones efectuadas en el perfil horizontal del cerco sobre el alfeizar de la carpintería exterior para el desagüe de las aguas infiltradas e instalar dichos taladros en número de tres en las pletinas exteriores en todas las ventanas de las viviendas.  
- Proceder a la reparación de las filtraciones en garaje mediante la ejecución de una media caña con morteros de resinas epoxi en los encuentros del pavimento con los muros de cerramiento.  
- Proceder a la reparación de las humedades en techo de garaje debidas a filtraciones a través de la terraza de la planta primera de la vivienda situada en el patio posterior del edificio, mediante levantado de rasillas, instalación de nueva membrana asfáltica, incluso solapes de antepechos, reposición de rasillas y posterior rejuntado de las mismas.  
- Las filtraciones en muros del garaje se resolverán mediante aplicación de morteros de fraguado rápido monocomponentes sin retracción, previo saneado de los paramentos y acabado mediante reposición de pintura de las zonas afectadas por la humedad.  
- Proceder a la reparación de fisuras en la terraza de planta primera mediante picado del enfoscado, aplicación de malla de fibra de vidrio, nuevo enfoscado mediante la aplicación de morteros sin retracción y repaso de pintura de las zonas reparadas.  
Valencia, 9 de agosto de 2007.- El jefe del Servicio Territorial: José Ribes Padilla, p. d. (artículo 16 Ley 30/1992).