Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5606, del 25-09-2007 (2007/11778)

RESOLUCIÓN del 17 de mayo de 2007, de la directora general de Ordenación del Territorio, por la que se subsanan las deficiencias advertidas en el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 26 de abril de 2007, y se ordena su publicación.
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Número DOGV
:   5606

Fecha DOGV
:   25-09-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/11151


Fecha del documento
:   17-05-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Vall d'Alba
    * plan de urbanismo

RESOLUCIÓN del 17 de mayo de 2007, de la directora general de Ordenación del Territorio, por la que se subsanan las deficiencias advertidas en el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 26 de abril de 2007, y se ordena su publicación. [2007/11691]  
Visto el expediente relativo a la publicación de la aprobación definitiva supeditada la modificación puntual nº7 del Plan General de Vall d'Alba (ámbito Pelechana-Pelechaneta), y de conformidad con los siguientes,  
Antecedentes  
Primero. La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión de 26 de abril de 2007, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:  
«1º. Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 7 del Plan General de Vall d'Alba (ámbito Pelechana-Pelechaneta), supeditando la eficacia y publicación de esta aprobación a que por el Ayuntamiento se incorporen las siguientes correcciones técnicas:  
a. Se corregirán los planos de ordenación, de forma que la zona de protección de la carretera CV-15, perteneciente a la Red Básica de la Comunidad Valenciana, debe calificarse como espacio libre de reserva viaria.  
b. Se establecerá como condición de desarrollo que expresamente figurará en la parte de la modificación con eficacia normativa que el acceso al futuro núcleo urbano Pelejana Pelejaneta se realizará por los accesos actuales, no permitiéndose una nueva entrada directa desde la CV-15.  
2º. Facultar a la directora general de Ordenación del Territorio para que pueda verificar el cumplimiento de la anterior condición, tras lo que podrá ordenar la publicación de la aprobación en el correspondiente Boletín Oficial con lo que el Plan General entrará en vigor».  
Segundo. El 10 de mayo de 2007 ha tenido entrada en el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de Castellón la nueva documentación aprobada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vall d'Alba en sesión de 9 de mayo de 2007, en la que se incorporan estas rectificaciones.  
Fundamentos de derecho  
Primero. La documentación remitida por el Ayuntamiento de Vall d'Alba ha dado pleno cumplimiento al acuerdo de aprobación definitiva supeditada de la modificación puntual nº 7 de su Plan General adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón el 26 de abril de 2007. Por ello, procede que se ordene la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, con lo que la modificación entrará en vigor.  
Segundo. La directora general de Ordenación del Territorio es competente para verificar el cumplimiento de los acuerdos de aprobación definitiva supeditada y para ordenar en tales casos la publicación de la aprobación, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9.b del Reglamento de los órganos urbanísticos de la Generalitat, aprobado por el Decreto 201/2003, de 3 de octubre.  
En virtud de todo lo que antecede, y de conformidad con el informe del Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de Castellón de 15 de mayo de 2007, resuelvo:  
Ordenar la publicación en el correspondiente Boletín Oficial del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de 26 de abril de 2007 de aprobación definitiva de la modificación puntual nº 7 del Plan General de Vall d'Alba (ámbito Pelechana-Pelechaneta), con lo que ésta entrará en vigor.  
De conformidad con ello, se publica el siguiente acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón.  
La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*   
  
«Visto el expediente relativo a la modificación puntual nº 7 del Plan General de Vall d'Alba, y de conformidad con los siguientes,   
Antecedentes  
Primero. El Pleno del Ayuntamiento de Vall d'Alba, en sesión de 26 de febrero de 2001, acordó exponer al público la modificación, lo que se llevó a cabo mediante anuncios publicados en el periódico Mediterráneo de 2 de marzo de 2001 y en el Diari Oficial de la Generalitat de 2 de abril de 2001. Transcurrido el período de información al público, durante el que no se formuló ninguna alegación, el Pleno aprobó provisionalmente la modificación en sesión de 10 de mayo de 2005. El acuerdo plenario de exposición al público de 31 de marzo de 2005 fue ratificado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 4 de mayo de 2001.  
Segundo. El proyecto consta de memoria y planos.   
Tercero. El objeto de la modificación es clasificar como suelo urbano un espacio del núcleo urbano situado entre la Pelejana y la Pelejaneta, en el término municipal de Vall d'Alba, que quedó sin incluir en el suelo urbano en el vigente Plan General del municipio, aprobado en 1999.  
El resumen de superficies es el siguiente:  
Así, la modificación puntual supone la reclasificación de 32.231 m² de suelo, del cual sólo 7.818 m² corresponde a parcelas edificables, con un techo edificable de 32.231 m² de techo.  
Cuarto. El 1 de diciembre de 2005 se emitió informe desfavorable por parte de la Oficina del Plan de Carreteras de la conselleria de Infraestructuras y Transporte. El informe establece lo siguiente:  
El 21 de febrero de 2007 se ha emitido Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte de la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la conselleria de Territorio y Vivienda. La Declaración de Impacto es favorable con las siguientes condiciones:  
Fundamentos de derecho  
Primero. Teniendo en cuenta los numerosos cambios legislativos producidos (entrada en vigor de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, en adelante LUV, que ha derogado la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, en adelante LRAU, así como entrada en vigor del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, en adelante ROGTU, que ha derogado el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, en adelante RPCV) debe en primer lugar determinarse cuál es la legislación urbanística aplicable a la resolución de este expediente. Esto es especialmente relevante, puesto que soluciones que podían ajustarse a la legislación aplicable en el momento en el que se aprobaron provisionalmente pueden ahora no acomodarse a preceptos de la nueva normativa que, conforme a sus disposiciones transitorias, sí pueden ser aplicables a expediente iniciados con anterioridad.  
Puesto que nos encontramos ante una modificación puntual de un Plan General cuya información al público concluyó antes de la entrada en vigor de la LUV (que se produjo el 1 de febrero de 2006) es claro, según resulta de la Disposición Transitoria Primera, apartado primero, de la LUV, que la aprobación definitiva de este expediente se regirá "por la legislación anterior", compuesta fundamentalmente por la LRAU y por el RPCV. Esto debe entenderse sin perjuicio de lo que resulta del apartado tercero de la Disposición Transitoria Primera de la LUV, del que se extrae, como luego se verá, que determinados aspectos de esta última Ley relativos a vivienda sometidas a algún régimen de protección pública son en todo caso aplicables también a los instrumentos de planeamiento cuya información al público ya había concluido a la entrada en vigor de la LUV.  
Segundo. La tramitación de la presente modificación puntual del Plan General de Vall d'Alba ha sido correcta, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 y siguientes de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU), así como en el artículo 158 y siguientes del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre (en adelante RPCV).  
Tercero. La documentación, está completa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 en relación con el 55.1 de la LRAU, así como en el artículo 45 y siguientes del RPCV.  
Cuarto. La resolución de este expediente ha de partir del sistema de distribución de competencias entre Comunidad Autónoma y Municipios en materia de aprobación definitiva del planeamiento general establecido en la legislación aplicable, en el que la posición del Municipios es muy relevante.  
Según ha señalado el Tribunal Constitucional en su sentencia 51/2004, de 13 de abril, "la decisión sobre la configuración del asentamiento urbano municipal en que consiste el Plan de urbanismo (marco regulador del espacio físico de la convivencia de los vecinos) es una tarea comprendida prioritariamente en el ámbito de los intereses del municipio, y sobre aquélla decisión se proyecta, por tanto, de forma especialmente intensa las exigencias de la autonomía municipal". Si bien es posible también la intervención de otras Administraciones Públicas, por la imbricación de intereses diversos que se proyectan sobre el mismo territorio municipal, esta intervención "no ha de oscurecer el principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es tarea que fundamentalmente corresponde al municipio, y que la intervención de otras Administraciones se justifica sólo en la medida en que concurran intereses de carácter supramunicipal o controles de legalidad que, de conformidad con el bloque de la constitucionalidad, se atribuyen a las Administraciones supraordenadas sobre las inferiores".  
El artículo 40 de la LRAU se inspira en esos conceptos, puesto que, tras explicitar los cometidos autonómicos que permiten formular objeciones a la aprobación definitiva del planeamiento municipal, establece que le está vedado a la resolución autonómica de aprobación cuestionar la interpretación del interés público local formulada por el Municipio desde su propia representatividad. Como se indica en el Preámbulo de la LRAU, esta Ley atribuye a la política municipal gestora del urbanismo un espacio de decisión propio, en el que los órganos representativos de la colectividad local podrán apreciar la oportunidad de las iniciativas urbanísticas que se le planteen.  
Quinto. El 21 de febrero de 2007 se ha emitido Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte de la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la conselleria de Territorio y Vivienda. La Declaración de Impacto es favorable con las siguientes condiciones:  
"1. Se debe presentar informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar o de la entidad colaboradora autorizada para el suministro de agua potable al sector, sobre la disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad suficiente para la previsión de consumos que se desprende del desarrollo del Sector, tal y como recoge el artículo 19.2 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
En el supuesto de que dicho informe resultara desfavorable, así deberá entenderse también la presente Declaración de Impacto Ambiental.  
2 En cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, deberá obtenerse, previamente a la ejecución de las obras, informe favorable de la Dirección General de Política Lingüística y Patrimonio Cultural Valenciano.  
En el supuesto de que dicho informe resultara desfavorable, así deberá entenderse también la presente Declaración de Impacto Ambiental.  
3.Se deberán cumplir las observaciones incluidas en el Informe de Vías Pecuarias de la Sección Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, de fecha 21 de septiembre de 2006, para el adecuado tratamiento de la vía pecuaria n° 3 Cordel del Arco Romano de Cabanes.  
4. Antes de la recepción de la urbanización, el Ayuntamiento de Vall d'Alba comprobará que se ha conectado a la EDAR prevista en el proyecto, y, deberá garantizar que se encuentra totalmente ejecutada, dimensionada con capacidad suficiente para tratar la totalidad de las aguas residuales generadas, y preparada para entrar en funcionamiento.  
5. Teniendo en cuenta que la red de saneamiento será separativa, y que realiza el vertido de aguas pluviales a cauce público, se deberá obtener la autorización de vertido del Organismo de Cuenca.  
Se dispondrá, previo al punto de vertido, un elemento de pretratamiento que permita recoger sólidos en suspensión, aceites y grasas, o cualquier otro objeto o sustancia que pudiera ser arrastrado por el agua de lluvia.  
Además, los vertidos de aguas residuales y pluviales, deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa específica vigente y en particular al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.  
6. Los olivos centenarios (Olea europaea) del sector se integrarán en las zonas ajardinadas del sector o se trasplantarán a ellas.  
7. Se debe presentar el informe favorable sobre el Estudio Acústico realizado por la Dirección General de Calidad Ambiental de la conselleria de Territorio y Vivienda.  
Aquellas consideraciones que se desprendan de este informe serán consideradas como propias de la presente Declaración.  
8. El sector contiene suelo clasificado por el Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana (PGOF) como Suelo Forestal. Se debe mantener y preservar este suelo.  
9. En las zonas urbanizadas del sector junto a terrenos forestales se ha de disponer de una franja perimetral de defensa frente a incendios forestales. Además se debe incluir un Plan de Prevención de la Urbanización frente a incendios forestales.  
10. Se deben cumplir las medidas correctoras establecidas en el Estudio de Paisaje.  
11. Será necesaria la reposición por parte del Urbanizador de todos los servicios e infraestructuras de riego afectados y funcionalmente necesarios. Se deberá garantizar la continuidad de todas las canalizaciones y tuberías que atraviesan el sector y tienen una funcionalidad más allá de los límites del mismo. Cualquier desvío o alteración de dichas instalaciones deberá contar con la autorización de la comunidad de regantes o del órgano competente, quien determinará la forma en la que se llevarán a cabo las actuaciones propuestas.  
12. Los residuos vegetales originados con la tala del arbolado y desbroce de los terrenos se gestionarán de manera adecuada a su naturaleza, quedando prohibida la incineración in situ de los mismos.  
13. El material necesario para realizar la explanada del sector deberá provenir de cantera o zona de préstamo autorizada, debiéndose disponer de certificado en el que se especifique el origen de los materiales, se justifique el volumen necesario y la Capacidad de la zona de préstamo para atender la demanda generada. Debiendo disponer de las autorizaciones sectoriales preceptivas.  
14. La tierra vegetal extraída durante la fase de movimiento de tierras, y que sea susceptible de aprovechamiento, se mantendrá en condiciones agrícolas adecuadas y se destinará al relleno de las zonas verdes previstas en la actuación, o en su defecto a otras áreas del municipio donde sea susceptible su utilización.  
15. Los aspectos concernientes a las medidas preventivas y correctoras derivadas del cumplimiento de las ordenanzas municipales, del planeamiento propuesto, de la legislación sectorial de aplicación vigente, las medidas establecidas en este condicionado, las establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual n° 7 del PGOU de Vall d'Alba, en la Documentación Complementaria al EtA y sus anejos, yen los Informes Sectoriales y las labores de vigilancia a incluir en el Programa de Vigilancia Ambiental, se incorporarán al preceptivo Proyecto de urbanización y se valorarán y proveerán presupuestariamente los gastos derivados de su cumplimiento".  
Todas estas condiciones deberán cumplirse en la ejecución de esta modificación.  
Sexto. El 1 de diciembre de 2005 se emitió informe desfavorable por parte de la Oficina del Plan de Carreteras de la conselleria de Infraestructuras y Transporte. El informe establece lo siguiente:  
"La zona de protección de la carretera CV-15, perteneciente a la Red Básica de la Comunidad Valenciana, debe calificarse como espacio libre de reserva viaria. Dicha franja ocupa un ancho de 25 metros medidos desde la línea de arcén más próxima. Como excepción, en los suelos clasificados anteriormente como urbanos, se deben mantener (o mejorar) las determinaciones de protección ya vigentes.  
Se deben estudiar y definir los accesos a al carretera CV-15 con la nueva situación, de forma que no se empeore respecto a la situación actual. Las obras correspondientes deben ser incluidas en las de urbanización de los sectores que se reclasifiquen.  
El informe se emite por ello en sentido desfavorable".  
Examinado el contenido de este informe por la Comisión Informativa de Urbanismo, y con la conformidad del Vocal de la Oficina del Plan de Carreteras de la conselleria de Infraestructuras y Transporte, se considera que es posible efectuar una aprobación definitiva de la modificación supeditada a la incoroporación expresa en el documento de ordenación de las siguientes aspectos:  
- Se corregirán los planos de ordenación, de forma que la zona de protección de la carretera CV-15, perteneciente a la Red Básica de la Comunidad Valenciana, debe calificarse como espacio libre de reserva viaria.  
- Se establecerá como condición de desarrollo que expresamente figurará en la parte de la modificación con eficacia normativa que el acceso al futuro núcleo urbano Pelejana Pelejaneta se realizará por los accesos actuales, no permitiéndose una nueva entrada directa desde la CV-15.  
Septimo. La aprobación de la modificación que nos ocupa exige verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 1 de julio, precepto redactado por la Disposición Final Primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, (en adelante Ley de Aguas) y en el artículo 19.2 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje (en adelante LOTPP), ello en relación con la justificación de la suficiencia de recursos hídricos.  
Ciertamente, una ordenación sostenible del territorio debe estar supeditada a la disponibilidad del agua, de modo que la aprobación de nuevos desarrollos urbanísticos exige la previa verificación de la existencia de recursos hídricos suficientes. De este modo, y de conformidad con lo establecido en los citados preceptos legales, en la tramitación de los Planes urbanísticos que supongan incremento de la demanda de agua, ha de solicitarse de la administración hidráulica un informe sobre la suficiencia de los recursos hídricos. Por otro lado, según el artículo 40.2 de la Ley de Aguas, "la política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos establezcan las Administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que debe ser aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente, o por las Administraciones hidráulicas competentes, que condicionará toda autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite". De conformidad con ello, la política del agua ha de estar preferentemente al servicio del abastecimiento de agua a las poblaciones, si bien ello debe hacerse a través de una gestión racional y sostenible del recurso.  
En el caso que nos ocupa, consta que el Ayuntamiento de Vall d'Alba, por escrito de 7 de febrero de 2007, solicitó el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El Servicio Territorial, mediante escrito de 23 de febrero de 2007, reiteró dicha solicitud.  
La documentación aportada por el Ayuntamiento ha calculado el incremento de agua que supone la modificación, que pueda dar lugar a 120 nuevas viviendas, en un total de 80.878,47 m³ anuales. Según resulta del informe de FACSA de 6 de febrero de 2007, el concesionario del servicio municipal de agua potable dispone de suficientes recursos hídricos para abastecer este incremento de consumo.  
Hasta el momento de celebrarse la Comisión Territorial de Urbanismo el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha sido emitido.   
Según el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, el transcurso del plazo sin que se emita el informe implica que éste tiene carácter desfavorable.   
El carácter negativo que la Ley de Aguas otorga a la no emisión del informe constituye, en realidad, una simple presunción de que no existe justificación de la suficiencia de recursos hídricos. La Administración urbanística puede romper esa presunción apoyándose en otros informes o estudios de los que resulte que sí existe suficiencia de agua. La solución contraria, esto es, considerar que en ningún caso le es posible a la administración urbanística apartarse del carácter negativo del silencio, implicaría atribuir al informe del artículo 25.4 de la Ley de Aguas un carácter vinculante que no tiene (como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su auto de 15 de enero de 2007) y podría dar lugar a un uso abusivo de las competencias estatales en materia de aguas y a una limitación indebida, más allá de lo necesario, de las competencias autonómicas en urbanismo. Por ello, el ejercicio legítimo de la competencia estatal en materia de aguas exige que el informe se emita expresamente por escrito. La no emisión del informe sólo puede suponer una simple presunción de la no existencia del recurso hídrico, presunción que puede destruirse mediante otros informes o estudios justificativos de su existencia.   
El auto de 15 de enero de 2007 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al aplicar el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, respalda la anterior interpretación, pues, según el Tribunal, "se hace difícil admitir que una Administración, en este caso el Estado, pueda limitar las competencias de la Comunidad Autónoma o Municipio con base en el "silencio administrativo negativo", pues para limitar una competencia es necesario exponer de forma clara y precisa en qué modo y manera la actuación de una Administración limita o cercena las competencias de otra Administración".   
Al haber transcurrido más de dos meses desde la solicitud del informe a la Confederación sin que éste se haya emitido, se considera que es posible la aprobación definitiva, en cuanto a la suficiencia de recursos hídricos, ello en la medida en la que de la documentación aportada por el Ayuntamiento, en particular del informe de la empresa suministradora de agua, resulta que sí existen recursos hídricos suficientes para la pequeña ampliación del suelo urbano que respresenta esta modificación.  
Durante el transcurso de la sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo, por parte del Vocal del Ministerio de Medio Ambiente, que en esta sesión es el Comisario Adjunto de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se hace constar su voto en contra a la aprobación de este expediente, aportando en ese momento tanto el texto escrito de su voto negativo discrepante, como una copia del informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar el 18 de abril de 2007 (no aportado antes en el expediente). Por parte del Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo se hace constar que los informes que se solicitan durante la tramitación de un expediente han de remitirse dentro de plazo al órgano que tramita la aprobación definitiva, siendo una actuación contraria a los principios que han de regir las relaciones entre las Administraciones Públicas la práctica de no remitir en plazo el informe y presentarlo de forma inopinada en el transcurso de la sesión del órgano colegiado al que compete la aprobación definitiva del expediente.  
El informe desfavorable extemporáneo emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar basa exclusivamente su carácter desfavorable en que no se dispone de concesión administrativa sobre los caudales que van a suministrar el incremento derivado de la aprobación definitiva de la modificación. Basar el carácter desfavorable exclusivamente en la no existencia de concesión aprobada no se ajusta a lo establecido en el artículo 25.4 de la Ley de Aguas. El informe del artículo 25.4 de la Ley de Aguas ha de versar, no únicamente sobre si existe ya a disposición del promotor del plan una concesión u otro título de derecho inscrito en el Registro de Aguas con caudal suficiente para satisfacer la nueva demanda, sino también sobre si existen recursos hídricos suficientes y que estén asignables para atender esa necesidad (lo que requerirá, de no existir previa concesión u otro título de derecho, la tramitación posterior de la correspondiente concesión) o si existe un suficiente compromiso de ejecución de una infraestructura generadora del recurso hídrico, y si ello es compatible con la planificación hidrológica. Un informe desfavorable del organismo de cuenca basado exclusivamente en la inexistencia de una concesión o derecho adquirido no daría cumplimiento a la exigencia del artículo 25.4 de la Ley de Aguas. Lo que el artículo 25.4 de la Ley de Aguas prevé es que la Confederación emita un "informe" sobre si existe o no recurso asignable suficiente, no un "certificado" de la existencia de una previa concesión o título administrativo inscrito en el Registro de Aguas que ampare el posible incremento del consumo del agua. El que el concepto de "recurso suficiente" no es equivalente a "caudal de agua concedido" (o con otro título de derecho) es algo obvio. Se extrae con toda evidencia de la regulación que los artículos 59 y siguientes de la Ley de Aguas y 93 y siguientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) efectúan de la concesión administrativa del uso privativo del agua. Para que pueda aprobarse una concesión de agua es requisito lógico imprescindible que previamente haya un recurso hídrico disponible y suficiente sin conceder y sin otro derecho adquirido: sólo se puede conceder un recurso disponible preexistente y no concedido. Todo esto queda claramente ratificado por la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad en el auto de 1 de marzo de 2007 (Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, medidas cautelares 1/0011003/2006, fundamento de derecho sexto):  
"Esto resulta claramente insuficiente por cuanto del artículo 25.4 de la Ley de Aguas no se deduce que sea necesario acreditar la existencia de la concesión, basta que se acredite la existencia física del agua y su disponibilidad; pero ésta puede presumirse tratándose de abastecimiento a las poblaciones que es el uso prioritario conforme al artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. El precepto habla, en efecto, de existencia o inexistencia de recursos hídricos suficientes; sin que la Confederación Hidrográfica del Júcar haya probado la afectación a otros usos legalmente implantados a que alude el artículo 19.4 de la Ley de Ordenación del Territorio".  
En definitiva, la Comisión Territorial de Urbanismo, con el voto en contra del Vocal del Ministerio de Medio Ambiente, considera que en este caso sí se ha acreditado la existencia del recurso, por lo que procede aprobar definitivamente esta modificación puntual.  
Octavo. La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta de la directora general de Ordenación del Territorio, es el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva de los Planes Generales ?y de sus modificaciones- de municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 por remisión del artículo 55.1, de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con el artículo 10.a) del Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat.  
En virtud de todo lo que antecede, la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón acuerda:   
1º. Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 7 del Plan General de Vall d'Alba (ámbito Pelechana-Pelechaneta), supeditando la eficacia y publicación de esta aprobación a que por el Ayuntamiento se incorporen las siguientes correcciones técnicas:  
a. Se corregirán los planos de ordenación, de forma que la zona de protección de la carretera CV-15, perteneciente a la Red Básica de la Comunidad Valenciana, debe calificarse como espacio libre de reserva viaria.  
b. Se establecerá como condición de desarrollo que expresamente figurará en la parte de la modificación con eficacia normativa que el acceso al futuro núcleo urbano Pelejana Pelejaneta se realizará por los accesos actuales, no permitiéndose una nueva entrada directa desde la CV-15.  
2º. Facultar a la directora general de Ordenación del Territorio para que pueda verificar el cumplimiento de la anterior condición, tras lo que podrá ordenar la publicación de la aprobación en el correspondiente Boletín Oficial con lo que el Plan General entrará en vigor.  
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la conselleria de Territorio y Vivienda, ello sin perjuicio de utilizar cualquier otro recurso que se considere oportuno».  
Valencia, 17 de mayo de 2007.- La directora general de Ordenación del Territorio: Soledad Martinez Reig.