Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4250, del 16-05-2002 (2002/4800)

Notificación a don Enrique Aguilar Gabarda, en representación de Promociones Faitanar, SL. Referencia número R-176/2000.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4250

Fecha DOGV
:   16-05-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/4800


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a don Enrique Aguilar Gabarda, en representación de Promociones Faitanar, SL. Referencia número R-176/2000. [2002/Q4800]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Enrique Aguilar Gabarda, en representación de Promociones Faitanar, SL, avenida de Ausiàs March, 101-b (46102 Valencia), la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-176/2000.
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada presentado por don Enrique Aguilar Gabarda, en nombre y representación de Promociones Faitanar, SL, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, en el expediente 46-1G-125/1999/021.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Don Enrique Aguilar Gabarda, en representación de la mercantil Promociones Faitanar, SL, presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, el día 21 de mayo de 1999, solicitud de calificación provisional para la construcción de 20 viviendas de protección oficial de régimen general en el inmueble sito en la localidad de Aldaia, calles Melitón Comes-Maestro Serrano.
  
2. En fecha 27 de septiembre de 1999, la parte solicitante formula escrito de desistimiento del expediente y solicitud de devolución de las tasas de viviendas de protección oficial abonadas, y que ascienden a un total de trescientas cincuenta y cuatro mil ochocientas ochenta y siete (354.887) pesetas.
  
3. En fecha 18 de enero de 2000, el jefe del Servicio Territorial dicta resolución de aceptación del desistimiento formulado, declarando concluso el procedimiento.
  
4. En fecha 27 de marzo de 2000, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de Tasas de la Generalitat Valenciana, el jefe del Servicio Territorial dicta resolución denegatoria de la solicitud de devolución de tasas, al haberse devengado la tasa en el momento del desistimiento dado que ya se había producido en ese momento la prestación del servicio o hecho imponible.
  
5. Contra la citada resolución interpone recurso de alzada don Enrique Aguilar Gabarda en la representación que ostenta, con las alegaciones que constan en el mismo, y que se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano (DOGV número 3.798, de 21 de julio).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115, de la LRJAP y PAC, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso.
  
3. Según establece el artículo 79 de la Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de Tasas de la Generalitat Valenciana, constituye el hecho imponible de la tasa de viviendas de protección oficial la realización de las actuaciones administrativas conducentes al otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de las citadas viviendas.
  
4. El artículo 9, punto cuatro, de la citada Ley 12/1997, dispone que procederá la devolución de la tasa cuando ésta se haya ingresado con carácter previo a la utilización del dominio público, a la prestación del servicio o a la realización de la actividad de que se trate, y dicha utilización, prestación o realización no tenga finalmente lugar por causas no imputables, directa o indirectamente, al sujeto pasivo.
  
5. Como consecuencia de los dos fundamentos de derecho anteriores, el desistimiento no puede entenderse incluido en el supuesto previsto en la Ley 12/1997, de Tasas de la Generalitat Valenciana, para la devolución de las tasas ingresadas con carácter previo a la prestación del servicio, ya que se exige como requisito que no se puede prestar el servicio por causa no imputable al sujeto pasivo, lo cual no se cumple en este caso, puesto que el desistimiento se formula por el propio interesado.
  
En virtud de todo lo expuesto, se debe concluir que el hecho imponible de la tasa se ha realizado, surgiendo por lo tanto una obligación tributaria para el peticionario del servicio, y dado que la Ley 12/1997 prevé la devolución de la tasa sólo en los supuestos en los que no llegue a producirse la prestación por causa no imputable al sujeto pasivo, en el presente caso no procede la devolución de la tasa.
  
Sentado cuanto antecede, y no habiéndose aportado por la parte recurrente prueba suficiente y adecuada que desvirtúe el contenido de la resolución impugnada, procede confirmar la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación, de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada formulado por don Enrique Aguilar Gabarda en representación la mercantil Promociones Faitanar, SL, contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, de fecha 27 de marzo de 2000, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.