Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3221, del 14-04-1998 (1998/2341)

Notificación de la Resolución de 20 de noviembre de 1995, de la Dirección General de Obras Pública, al haber devenido firme por desistir del recurso número 803/1996.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3221

Fecha DOGV
:   14-04-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/2341


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución de 20 de noviembre de 1995, de la Dirección General de Obras Pública, al haber devenido firme por desistir del recurso número 803/1996. [1998/Q2341]
  
Conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992), por la presente se le notifica a Tableros Rama, SL, la Resolución de fecha 20 de noviembre de 1995, de la Dirección General de Obras Públicas, al haber devenido firme por desistir del recurso número 803/1996, de la sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, interpuesto contra la misma, y que a continuación se transcribe:
  
"Resolución de la Dirección General de Obras Públicas, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de la Generalitat valenciana, en el expediente instruido contra Tableros Rama, SL, por vertido de aguas residuales e infracción de la legislación de carreteras de la comunidad valenciana.
  
Visto el expediente sancionador instruido contra la empresa Tableros Rama, SL, y teniendo en cuenta los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Con fecha 8 de junio se presenta escrito de denuncia ante este Servicio Territorial de Carreteras de Valencia de la Dirección General de Obras Públicas, formulado por doña Dolores Salazar Cortes, informando que la empresa Tableros Rama, SL, en la carretera CV-33 (antigua C-324) está desaguando sus aguas residuales y fecales a la cuneta de la mencionada vía.
  
Este hecho motiva la iniciación del procedimiento sancionador, de conformidad con el artículo 11, apartado 1, letra d, del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE núm. 189, de 9 de agosto).
  
Segundo
  
Por el equipo de vigilantes adscritos a este Servicio Territorial se procede a la comprobación de los hechos personándose el día 14 de junio de 1995 y dando cuenta de la veracidad de los extremos anteriormente descritos.
  
Se informa, por parte de los vigilantes, que ya existe anterior denuncia en este sentido. Se acompaña escrito del jefe del Servicio de la División de Carreteras, de fecha 19 de noviembre de 1987, remitido a la empresa denunciada, por la que se le comunica la constancia del vertido de aguas residuales y se le requiere para el cese de dicha actividad, en evitación del posible inicio de expediente sancionador.
  
De la actividad denunciada, la administración de la Generalitat Valenciana tiene constancia en repetidas y sucesivas ocasiones. Concretamente en fechas 13 de noviembre de 1987 (boletín de denuncia núm. 45), 23 de mayo de 1988 y 12 de noviembre de 1991, además de las que motivan la apertura del presente procedimiento sancionador.
  
De lo dicho más arriba se infiere que es de aplicación directa a aquellos hechos lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), cuando dice que: "los hechos constatados por funcionarios públicos a los que se reconoce la condición de autoridad... tendrán valor probatorio...".
  
Tercero
  
Con fecha de 28 de julio de 1995, se acuerda la iniciación de expediente sancionador, notificando tal acuerdo a la empresa denunciada el día 14 de agosto.
  
Dentro del plazo establecido, don Manuel Santarrita Chisvert, en nombre y representación de la empresa Tableros Rama, SL, formula escrito de alegaciones, mediante el cual expresa los siguientes extremos:
  
La mercantil denunciada lleva en funcionamiento 14 años, no habiendo sido su actividad objeto de sanción a lo largo de los mismos.
  
La empresa denunciada solicitó a la Cámara de Comercio su asesoramiento técnico para la cumplimentación de la declaración de producción de aguas residuales (aporta copias de documentación referente a este aspecto).
  
Tableros Rama, SL, no es conocedora del hecho comprobado y ratificado por los vigilantes adscritos al Servicio Territorial de Carreteras, por lo que entiende se está lesionando el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  
Cuarto
  
En fecha 26 de septiembre de 1995 (registro de entrada de 3 de octubre) y no estando conforme con la propuesta de Resolución de fecha 19 de septiembre de 1995, por la que se impone sanción de quinientas mil pesetas (500.000 PTA) y se le insta al cese de vertidos, presenta las siguientes alegaciones:
  
Que nunca tuvo problemas derivados de actuaciones contrarias a ley.
  
Que ni tuvo conocimiento, ni fue comunicada la denuncia.
  
Que las comprobaciones no determinan la verdadera procedencia de los vertidos.
  
Que la resolución lesiona el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  
Que la actuación de Tableros Rama, SL, no es contraria en su actuación a la ley.
  
En consecuencia, la empresa no alega nada sustantivo que implique cambios en la instrucción de expediente por la administración, ni aporta pruebas en contrario a la infracción cometida.
  
Quinta
  
Que en fecha 28 de septiembre don Manuel Santarrita, como administrador de Tableros Rama, SL, autoriza a la letrada Ana Guillem a que obtenga copia de los documentos obrantes en el expediente incoado, sin aportar el poder notarial correspondiente con respecto a dicha letrada.
  
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:
  
Fundamentos de derecho
  
1. La potestad sancionadora se ajusta al principio de legalidad (artículo 127 de la LRJPAC), al estar la sanción expresamente dispuesta en el título IX de la Ley 6/1991, de la Generalitat Valenciana, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana, en adelante LCCV (DOGV núm. 1.516, de 5 de abril).
  
2. Es conforme también al principio de tipicidad (artículo 129 LRJPAC) que dispone que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico dispuestas como tales infracciones por una ley (LCCV, artículo 41).
  
3. Los hechos a que hace referencia el presente expediente sancionador consisten en el vertido de aguas residuales en la zona de dominio público de la carretera CV-33 (antigua C-324) punto kilométrico 2,830, margen izquierda, quedando los mismo englobados dentro del artículo 41, apartado 3, letra a, de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana. Concretamente es una actuación en zona de dominio público y protección que no puede ser objeto de autorización, considerándose y tipificándose esta infracción como grave.
  
No procede, por consiguiente, alegar, por el sancionado, la cumplimentación de la declaración de producción de aguas residuales, mediante la determinación del coeficiente corrector aplicable al canon de saneamiento, en tanto el presente expediente hace referencia exclusivamente a la actuación observada en la zona de dominio público consistente en el depósito de aguas residuales, no pudiendo ser objeto de autorización tal actividad.
  
Es decir, el expediente sancionador tiene su origen, causa y fundamente legal en la vulneración de la legislación autonómica y sectorial de carreteras y o en la que afecta a la defensa y protección del medio ambiente.
  
En este último supuesto podría, en su caso, instruirse procedimiento sancionador distinto por incumplimiento de la legislación medioambiental.
  
La potestad sancionadora se ajusta igualmente al principio de responsabilidad (artículo 130 LRJPAC) en el sentido que "sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de las mismas".
  
Se considera responsable de los hechos calificados como infracción grave a la entidad Tableros Rama, SL, como titular de la actuación denunciada.
  
Además "las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados" (artículo 130, apartado 2, LRJPAC).
  
La imposición de sanciones guardará también la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose un criterio de utilización general para la graduación de la sanción la existencia de intencionalidad y continuidad repetitiva en los vertidos (artículo 131 LRJPAC).
  
En consecuencia la potestad sancionadora de la administración en el presente expediente también se somete al principio de proporcionalidad.
  
Procede, por tanto, imponer una sanción de quinientas mil pesetas (500.000 PTA), dada la reiteración en la actividad denunciada, así como el cese de los vertidos denunciados sobre la zona de dominio público de la carretera y reposición de las cosas a su estado anterior; todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 45 de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, y el artículo 4 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
  
La tramitación seguida en este procedimiento sancionador se ajusta al sistema general de garantías (artículo 134 LRJPAC) al haber sido tramitado de acuerdo con el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
  
No se han lesionado los derechos del responsable de la infracción, toda vez que ha sido notificado de los hechos, de las infracciones y de las sanciones, así como de la identidad del instructor, de la autorizada competente para imponer la sanción y de la norma que atribuye tal competencia.
  
Igualmente al infractor le han asistido el derecho de formular alegaciones -como así ha ejercido y realizado, en repetidas ocasiones-, así como el resto de los derechos reconocidos en el artículo 35 de la LRJPAC.
  
No se produce, por tanto, como alega el denunciado, lesión en el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  
Vistos los hechos citados y probados, y la legislación, normas, procedimiento y preceptos de aplicación general y particular, se formula la siguiente:
  
Resolución
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 6/1991, de la Generalitat Valenciana, corresponde al director general de Obras Públicas la competencia para la imposición de sanciones consideradas graves.
  
Teniendo en cuenta que la infracción contenida en el presente expediente es susceptible de ser tipificada como grave (artículo 41, número 3 LCCV), de conformidad con la cuantía de las sanciones (artículo 45 LCCV) y de su graduación en proporcionalidad, debido a la reiteración del inculpado.
  
Por todo ello resuelvo imponer a Tableros Rama, SL, en concepto de responsable de los vertidos de aguas residuales sobre la zona de dominio público de la carretera CV-33 (antes C-324) punto kilométrico 2,830, margen izquierda, la sanción de quinientas mil pesetas (500.000 PTA), ordenándole el cese del vertido de las aguas sobre la cuneta de la citada vía y la reposición de las cosas a su estado anterior.
  
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación. No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que estime más pertinente.
  
Valencia, 20 de noviembre de 1995.- El director general de Obras Públicas: José Ramón García Antón."