Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4386, del 26-11-2002 (2002/13600)

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos, con ocasión de la huelga convocada en el sector del personal al servicio de la administración de justicia, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/2002/11/20/(1)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   4386

Fecha DOGV
:   26-11-2002

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2002/13389


Fecha del documento
:   20-11-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * derecho de huelga
    * legislación
    * huelga

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos, con ocasión de la huelga convocada en el sector del personal al servicio de la administración de justicia, en el ámbito de la Comunidad Valenciana. [2002/A13010]
  
Vista la comunicación de huelga realizada mediante escrito de fecha 14 de noviembre del año en curso (registro general de entrada número 14101), por Javier Cañada Cardo, Nieves Rubio Olivares, Carmen Perales Presencia, en nombre de CCOO-PV, y por Pablo Saborit García, Mª Carmen Peñarrocha Piqueras, Vicente Seguí Ana, en nombre de UGT-PV, y por José Vte. Cabo Iranzo, Juan Carlos Ramírez Dura y Alfonso Sánchez Carsi en nombre de CSI-CSIF, que se iniciará a partir de las 00.00 horas hasta las 24.00 horas del día 27 de noviembre de 2002.
  
Y habiendo dado cumplimiento al preaviso preceptivo establecido en la legislación vigente.
  
Resultando que el artículo 470.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, determina que el ejercicio del derecho de huelga por el personal al servicio de la administración de justicia está sujeto a las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la administración de justicia, que son aquellos cuya paralización puede suponer un perjuicio no reparable para los derechos e intereses de los ciudadanos, bien por hacer imposible con carácter irreversible su protección jurisdiccional, bien por generar una situación contraria al principio de seguridad jurídica en la actuación de los ciudadanos ante los tribunales, pues en ambos casos se produciría un resultado abiertamente lesivo al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva garantizado por el artículo 24 de la Constitución española y, como reflejo de ello, de los bienes constitucionalmente protegidos, protección que garantiza el estado mediante el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
  
Resultando que se ha oído a las partes en el trámite de mediación a los efectos del establecimiento de los servicios mínimos en la huelga convocada, en reunión celebrada en la Dirección General de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, el día 20 del presente mes de noviembre, habiéndose llegado a acuerdo al respecto.
  
Considerando que la competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio público establecida en el artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana y por delegación a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 4.105/1982, de 29 de diciembre, en el Decreto 7/2002, de 25 de julio, del presidente de la Generalitat Valenciana, sobre asignación de competencias, y el Decreto 90/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y de conformidad con lo establecido en los artículos 28.2, 148.1.5ª y 149.1.7ª de la Constitución española y el artículo 33.1 y 38 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio.
  
Considerando como cualquier otro derecho fundamental reconocido en la Constitución, el de huelga (art. 28.2 CE), no es absoluto e ilimitado, sino que en su alcance, jerarquía y «limitabilidad», ostentan diferente significación, por lo que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, debe establecerse una graduación jerárquica entre los mismos, atendiendo a las «características» de los que están en pugna (STS 29-V-95, RJ 4395).
  
En la limitación del ejercicio de huelga por otros derechos y por el respeto de bienes constitucionalmente protegidos, el Tribunal Constitucional ha determinado en su importante Sentencia de 8 de abril de l98l, desarrollada posteriormente, entre otras, por las sentencias números 26 y 33/1981, 51 53/1986, 27/1989 y 43/1990, que en la medida en que la destinataria, y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y que éstos son al mismo tiempo esenciales para ella, aquella no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los citados servicios, entendiendo que el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga, sin que, por otra parte, la consideración de un servicio como esencial signifique la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que, si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos, presión que se produce también cuando no se respeta la libertad de trabajo de los no huelguistas, vulnerando lo establecido en el artículo 6.4 del Real Decreto Legislativo 17/1977, el cual exige el respeto de la libertad de trabajo de los no huelguistas para sumarse o no a la convocatoria.
  
Considerando, de acuerdo con doctrina constitucional reiterada, el carácter esencial de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa, como se ha señalado, en el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y en el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito en el que se concreta esta resolución, se traduce en las actuaciones sometidas a plazo, las que se prestan con la naturaleza de urgente por el Registro Civil, las causas con preso, las medidas cautelares o el registro de documentos, que no pueden paralizarse por una situación de huelga, como tampoco las que se llevan a cabo por los juzgados de guardia y fiscalías, lo que justifica que los mismos se consideren servicios esenciales, y deban contar con toda su dotación de personal. determinando todo ello, la necesidad de que establezcan los servicios mínimos que aseguren la continuidad en la prestación del servicio.
  
Considerando que, si bien la continuidad del servicio debe quedar asegurada durante la huelga, el establecimiento de los servicios mínimos ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios (SSTC 51/1986, 53/1986, y 123/1990, entre otras).
  
De cuanto se ha señalado se concluye que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del artículo 10 del Real Decreto 17/1977 mencionado, debe conjugarse la atención de los servicios esenciales para la comunidad con el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, por lo que se debe limitar éste en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, mantenimiento que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal, estableciendo el Tribunal Constitucional que los servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente.
  
Considerando que se debe conjugar la atención de los servicios públicos con el ejercicio del derecho de huelga que con la calificación de fundamental instituye nuestra Constitución, por lo que debe limitar éste en la justa y estricta medida imprescindible para el mantenimiento del servicio público.
  
Considerando que en la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta, habiéndose llegado a un acuerdo con las centrales sindicales, esta Dirección General ha resuelto fijar, en el ámbito de la competencia de la Comunidad Valenciana, los servicios mínimos necesarios para atender los servicios esenciales en la administración de justicia.
  
La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, resuelve:
  
Primero
  
A los efectos previstos en el apartado 2º del artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar los servicios esenciales mínimos en la huelga convocada en el sector del personal al servicio de la administración de justicia, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, que se iniciará a partir de las 00.00 horas hasta las 24.00 horas del día 27 de noviembre de 2002, en los términos que a continuación se señalan:
  
A) Se consideran servicios esenciales:
  
- Actuaciones urgentes de registro civil.
  
- Registro de documentos.
  
- Todas aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la ley, cuyo incumplimiento pueda suponer pérdida o perjuicio de derechos.
  
- Medidas cautelares o provisionales.
  
- Servicio de guardia de juzgados y fiscalías.
  
- Juicios orales del orden penal en causas con preso.
  
B) Para atender dichos servicios esenciales, se establecen los siguientes servicios mínimos:
  
1. Tribunal Superior de Justicia y audiencias provinciales:
  
- Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana: un oficial o un auxiliar por sección y un agente por sala.
  
- Audiencias provinciales: un oficial o un auxiliar y un agente por sección, salvo en las Secciones Civiles que será un oficial o un auxiliar y un agente cada tres secciones.
  
2. Con excepción de los juzgados que actúen de guardia, que habrán de contar con toda la dotación de personal que efectúa el servicio de guardia habitualmente, en los órganos que se especifican a continuación, se consideran servicios mínimos los funcionarios siguientes:
  
- Juzgados de primera instancia e instrucción: un oficial o un auxiliar y por cada cuatro juzgados un agente.
  
- Juzgados de primera instancia: un oficial o un auxiliar y por cada cuatro juzgados un agente.
  
- Juzgados de instrucción: un oficial o un auxiliar y por cada cuatro juzgados un agente.
  
- Juzgados de lo penal, salvo los de las ciudades de Valencia, Castellón de la Plana y Alicante: un oficial o un auxiliar y un agente.
  
- Juzgados de lo penal de Valencia: un oficial o un auxiliar por cada juzgado y seis agentes para todos los juzgados.
  
- Juzgados de lo penal de Alicante: un oficial o un auxiliar por cada juzgado y cuatro agentes para todos los Juzgados.
  
- Juzgados de lo penal de Castellón de la Plana: un oficial o un auxiliar por cada juzgado y dos agentes para todos los Juzgados.
  
- Juzgados de lo contencioso administrativo: un oficial o un auxiliar o un agente.
  
- Juzgados de los social: un oficial o un auxiliar y un agente cada cuatro juzgados.
  
- Juzgados de vigilancia penitenciaria: un oficial, un auxiliar y un agente.
  
- Juzgado de menores: un funcionario.
  
- Registros civiles únicos: un oficial, un auxiliar y un agente.
  
- Resto registros civiles: un funcionario.
  
3. Un funcionario para cada uno de los juzgados de paz.
  
4. Médicos forenses: el 30% del total de funcionarios del cuerpo de médicos forenses destinados en cada instituto de medicina legal.
  
5. Fiscalías: un oficial, un auxiliar y un agente en cada fiscalía, con excepción de los que se encuentran de guardia. En las adscripciones, un funcionario.
  
Segundo
  
Lo dispuesto en el ordinal primero de esta resolución no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación, no empleado en la cobertura de los servicios esenciales establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motivan la huelga.
  
Tercero
  
Notifíquese la presente resolución a los sindicatos convocantes y al Comité de Huelga.
  
Cuarto
  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de notificación a las partes interesadas.
  
Adviértase con la notificación a las partes el derecho que les asiste de recurrir la presente resolución ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, dentro del plazo de los 10 días hábiles siguientes a su notificación, en la forma prevista en los artículos 115 y siguientes de la mencionada ley.


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