Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4953, del 24-02-2005 (2005/1363)

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2005, de la directora general de Justicia, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que resuelve inscribir la modificación de Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores de la Comunidad Valenciana.
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Número DOGV
:   4953

Fecha DOGV
:   24-02-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/1363


Fecha del documento
:   25-01-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * reglamento interno
    * colegio profesional
    * profesión jurídica
    * legislación

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2005, de la directora general de Justicia, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que resuelve inscribir la modificación de Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores de la Comunidad Valenciana. [2005/X1363]
  
En relación con la solicitud de Eva Yarritu Bartual, en su calidad de secretaria del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, inscrito con el número 9 de la Sección Segunda del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, se ha instruido expediente para la modificación e inscripción registral de los nuevos estatutos del mismo; del que se desprenden los siguientes hechos:
  
1. En fecha 13 de abril del pasado año, se presentó la citada solicitud para la modificación de los estatutos de dicho Consejo, aprobada en sesión celebrada en fecha 28 de febrero de 2004, y subsanados con posterioridad en sesión de 27 de noviembre del mismo año.
  
2. En ejercicio del control de legalidad establecido por el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, ha sido revisado el texto estatutario.
  
3. El texto anexo de los preceptos, objeto de adaptación estatutaria, queda incorporado íntegramente a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.
  
Fundamentos de derecho
  
Los estatutos contienen todas las determinaciones exigidas en el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales.
  
Tales Estatutos han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios estatutos del consejo.
  
El expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia, de la Secretaría Autonómica de Justicia e Interior, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por los Decretos 8/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat Valenciana y 181/2004, de 1 de octubre, sobre asignación de competencias a las consellerias, y de aprobación del ROF de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, respectivamente, y en relación con la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana y el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el reglamento de dicha Ley.
  
Vistos el artículo 36 de la Constitución y el artículo 31.22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; y demás disposiciones complementarias se dicta la siguiente resolución:
  
1. Inscribir la modificación de los Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.
  
2. Publicar en el DOGV los nuevos estatutos para general conocimiento.
  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer, potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
Valencia, 25 de enero de 2005.- La directora general de Justicia: Patricia Montagud Alario.
  
Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores
  
TITULO PRIMERO
  
DEL CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE PROCURADORES
  
CAPITULO PRIMERO
  
Disposiciones generales
  
Artículo 1. Al amparo de la Ley 6/1997 de 4 de diciembre de la Generalitat Valenciana, el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores se constituye como Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, dentro del marco de la legalidad vigente.
  
Artículo 2. El Consejo Valenciano está integrado por los Colegios de Procuradores de Alic ante, Elche, Castellón y Valencia, y los que en lo sucesivo pudieran constituirse, dentro del marco de la legislación vigente.
  
Artículo 3. El Consejo Valenciano es el órgano representativo de los intereses generales de la profesión en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y coordina las actividades de los Colegios, sin perjuicio de la autonomía de estos últimos.
  
Artículo 4. La sede del Consejo se fija en la C/. Cirilo Amorós nº 69 de Valencia. Por acuerdo del Pleno del Consejo podrá designarse otra sede.
  
Artículo 5. El Consejo Valenciano cooperará con el Consejo General en todas aquellas actividades que sean de interés común, y su representación en el mismo, se ajustará a los dispuesto en el artículo 18 de la Ley 6/97, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
CAPITULO SEGUNDO
  
Fines y funciones del Consejo Valenciano
  
de Colegios de Procuradores
  
Artículo 6
  
1. Son fines del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores:
  
a) La coordinación de los Colegios de procuradores que lo integran .
  
b) La representación de la profesión en cuestiones de ámbito autonómico, y en las que los propios colegios le otorguen.
  
c) Relacionarse en nombre de los colegios que lo integran, con las instituciones de la Generalitat, y en particular con el Gobierno Valenciano, facilitando la colaboración y entendimiento para la mejor satisfacción de los intereses sociales y profesionales cuya defensa tienen respectivamente encomendada.
  
2. Son funciones del Consejo Valenciano de Colegios de procuradores:
  
a) Elaborar, aprobar y modificar sus propios estatutos y reglamentos de régimen interior.
  
b) Aprobar sus presupuestos, y regular y fijar, equitativamente, la participación de los colegios en los gastos del consejo.
  
c) Informar con carácter preceptivo sobre todos los proyectos de normas del Gobierno Valenciano que afecten al propio Consejo, a los Colegios de Procuradores o al ejercicio de la profesión de procurador.
  
d) Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión, teniendo legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales.
  
e) Ejercer el derecho de petición de acuerdo con la Constitución y las leyes.
  
f) Establecer relaciones de colaboración y suscribir convenios de cooperación con las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana y con otras Corporaciones y entidades públicas y privadas que redunden en beneficio de la profesión de Procurador.
  
g) Conocer y dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los Colegios de Procuradores valencianos, sin perjuicio del ulterior recurso contencioso administrativo.
  
h) Conocer y resolver, en alzada, los recursos contra los actos y los acuerdos de los Colegios de Procuradores valencianos, agotando sus resoluciones la vía administrativa.
  
i) Ejercer la potestad disciplinaria corporativa, con carácter exclusivo y excluyente, en relación a los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios de procuradores valencianos, y en relación a los miembros del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, agotando sus resoluciones la vía administrativa.
  
j) Elaborar las normas deontológicas comunes a la profesión de Procurador y velar por su cumplimiento, sin perjuicio de las competencias de cada Colegio miembro.
  
k) Perseguir y denunciar el intrusismo profesional en el ámbito territorial, favoreciendo el ejercicio ante Tribunales y Autoridades, de las acciones judiciales que a cada Colegio competan por razón de su territorio.
  
l) Informar los Estatutos particulares aprobados por cada Colegio y sus modificaciones, una vez visado por la Conselleria competente.
  
m) Las demás que les atribuya la ley, o los estatutos particulares de cada colegio.
  
CAPITULO TERCERO
  
Órganos de Gobierno
  
Artículo 7. El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores estará regido por el Pleno del Consejo único órgano colegiado de dirección.
  
Artículo 8. Composición del Pleno.
  
a) El Pleno del Consejo esta formado por los representantes de los Colegios que lo integran, que tendrán la condición de consejeros. Todos los consejeros tendrán un voto con independencia del número de colegiados que representen, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes.
  
b) Todos los Colegios, con independencia de su número de colegiados, tendrán dos representantes en el pleno del Consejo, uno de ellos será obligatoriamente el decano de cada Colegio.
  
c) Además de los dos representantes indicados en el apartado anterior, y en proporción al número de colegiados, cada uno de los colegios tendrá en el Pleno la siguiente representación:
  
Los colegios con 250 colegiados o más, tendrán un representante más.
  
Los colegios con 450 colegiados o más, tendrán dos representantes más.
  
Los colegios con 750 colegiados o más, tendrán tres representantes más.
  
Los colegios con 2.000 colegiados o más, tendrán cuatro representantes más.
  
Para el cómputo de los colegiados el secretario de cada colegio remitirá certificación del número de colegiados que tienen derecho a voto en sus respectivos colegios a fecha 31 de diciembre, lo que producirá efectos para el siguiente año, con independencia de las variaciones que se produzcan en el número de colegiados durante el año.
  
d) Además de los representantes indicados en los apartados anteriores, también será miembro del Pleno, con voz pero sin voto, el Secretario de la junta de gobierno del colegio, en cuya demarcación territorial se haya fijado estatutariamente la sede del Consejo, quien también asumirá el cargo de Secretario del Consejo.
  
Artículo 9. Elección de los miembros del Pleno.
  
1) Son consejeros natos los Decanos de los colegios respectivos, y el Secretario de la junta de gobierno del Colegio donde tenga su sede el Consejo, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
  
2) Los restantes consejeros, según las normas del artículo anterior, serán aquellos miembros de la Junta de Gobierno que sean elegidos democráticamente por ésta, conforme a los apartados siguientes.
  
a) Las candidaturas para participar en dicha elección deberán presentarse por los interesados, por escrito, cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la Junta de Gobierno del Colegio respectivo que haya sido convocada al efecto, sin perjuicio de otros asuntos del orden del día, con los requisitos que los Estatutos de cada Colegio establezca.
  
b) Previo a la votación y en la misma sesión de la Junta de Gobierno se proclamarán candidatos a quienes cumplan los requisitos legal y estatutariamente exigidos.
  
c) Cuando el número de vacantes a cubrir sea igual o inferior al número de candidatos proclamados, estos serán elegidos por aclamación. Si fuere superior se procederá a elegirlos por votación. Finalizada la votación, que será nominal, resultará elegido el candidato que obtenga mayor número de votos y, caso de empate, el de mayor antigüedad en el Colegio. El Acta de la reunión de la Junta de Gobierno proclamará representante del Colegio en el Pleno del Consejo a los candidatos elegidos, a favor de los cuales se expedirá la correspondiente certificación por el Secretario, con el visto bueno del Decano, que será remitida de inmediato al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.
  
d) Los representantes elegidos prestaran juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, ante el pleno del Consejo, en acto previo a la primera sesión que se celebre, tomando posesión como consejero.
  
Artículo 10. Duración de la representación.
  
La duración de la representación o mandato de los miembros electos del Consejo es de 4 años, desde la toma de posesión.
  
Artículo 11. Pérdida de la condición de miembro del Consejo.
  
1. Por dimisión o renuncia voluntaria. Esta deberá ser expresa y por escrito.
  
2. Por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno del Colegio al que representan.
  
3. La inhabilitación para el desempeño de la profesión o del cargo.
  
4. Por expiración del periodo del mandato o representación.
  
5. Los miembros natos del Consejo Valenciano, pierden además la condición de miembro del Consejo, cuando cesen en el cargo de Decano del Colegio respectivo, o en el cargo de Secretario del Colegio en el caso del Secretario del Consejo.
  
6. Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en el término de un año.
  
7. Por moción de censura de la Junta de Gobierno del Colegio a que pertenece y lo eligió, no cabe moción de censura contra los miembros natos. El voto de censura de un miembro del Consejo, deberá sustanciarse siempre en Junta de Gobierno, convocada a ese solo efecto. El voto en esta Junta será siempre secreto. Para que prospere la moción de censura será necesario el voto positivo de dos tercios de los concurrentes.
  
8. Los miembros del Consejo podrán ser removidos del cargo que ostenten en el mismo mediante moción de censura, que deberá sustanciarse en el Pleno del Consejo Valenciano, convocada a ese solo efecto.
  
El voto en esta Junta será siempre secreto .
  
Para que prospere la moción de censura será necesario el voto positivo de todos los miembros de tres colegios.
  
Artículo 12. En todos los casos de pérdida de la condición de miembro del Consejo, cuando se trate de un miembro electo, el Colegio afectado designará en el plazo de 20 días a un representante que le suceda, convocando al efecto las correspondientes elecciones en su junta de gobierno, el representante así elegido lo será por el periodo tiempo que le restaba al sustituido. Cuando se trate de un miembro nato, el Colegio afectado certificará de inmediato, quien le sustituye en sus funciones de Decano o Secretario según los estatutos colegiales.
  
Artículo 13. Son competencias del Pleno
  
a) Ostentar la representación general del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.
  
b) El ejercicio de todas las funciones que la ley y estos estatutos le atribuyen al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, excepto las que estos estatutos atribuyen expresamente a los órganos unipersonales.
  
c) La dirección, control, y revisión de la actividad desarrollada en uso de sus propias competencias por los órganos unipersonales del Consejo.
  
Artículo 14. Funcionamiento del Pleno
  
1. El Pleno del Consejo Valenciano se reunirá obligatoriamente en sesión ordinaria, al menos una vez dentro de los 15 primeros días de los meses impares, para la resolución de los asuntos ordinarios. Los Plenos serán convocados en las Sedes de los distintos Colegios por el siguiente orden rotativo Castellón, Alicante, Valencia, y Elche.
  
2.En sesión extraordinaria, se reunirá por razones de urgencia o de especial transcendencia, a juicio del Presidente, a petición de 1/3 de los consejeros, o a petición de uno cualquiera de los colegios que lo integran, en la sede y orden establecido para los Plenos en el artículo anterior.
  
3.La convocatoria se realizará con al menos 10 días de antelación, para las sesiones ordinarias y con 48 horas de antelación para las extraordinarias, debiendo constar en la misma el orden del día y el lugar y fecha de la celebración, tanto en primera como en segunda convocatoria, mediante escrito dirigido a todos los miembros del Pleno .
  
4. Las deliberaciones del Pleno tendrán el carácter de secretas, y la totalidad de sus miembros están sujetos al deber de mantener su secreto.
  
Artículo 15. Adopción de acuerdos del Pleno
  
1. La válida constitución del Pleno requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros en primera convocatoria, quedando válidamente constituido en segunda convocatoria, sea cual fuere el número de asistentes, pero deberán estar presentes, en cualquier caso, representantes de la mayoría de los Colegios de Procuradores que integran el Consejo.
  
2. El Pleno adoptará sus acuerdos válidamente, por mayoría de votos y se exigirá, además, que voten favorablemente todos los Consejeros presentes de al menos tres de los colegios que forman parte del Consejo, salvo que se trate de la resolución de recursos de alzada, en la que bastará la mayoría de votos.
  
3. En la resolución de los recursos de alzada contra acuerdos de las juntas de gobierno de los Colegios, tendrán voz la totalidad de los consejeros presentes, pero no tendrán voto los consejeros representantes del Colegio del que emanó el acuerdo recurrido. No tendrán voz ni voto, en el caso de que el acuerdo recurrido haya sido dictado en ejercicio de la potestad disciplinaria.
  
En la resolución de los recursos de alzada contra acuerdos de las juntas generales de los Colegios, los representantes del Colegio recurrido, tendrán voz y voto. En la resolución de recursos de alzada que hayan sido interpuestos por la junta de gobierno contra acuerdos de la junta general de su Colegio, los consejeros representantes del Colegio del que emanó el acuerdo recurrido, no tendrán ni voz ni voto.
  
Artículo 16. De los órganos unipersonales del pleno del Consejo.
  
El Pleno del Consejo elegirá de entre sus consejeros a los siguientes cargos: un Presidente, un Vicepresidente, y un tesorero, que junto con el secretario como único cargo nato, son los órganos unipersonales del Consejo.
  
Los cargos de presidente, vicepresidente, y tesorero, deberán recaer necesariamente en miembros que pertenezcan a distintos Colegios.
  
a) Producida la vacante se convocarán elecciones como primer punto del orden día de la primera sesión del Pleno del Consejo que se celebre, con al menos 20 días de antelación a la fecha señalada. Si ya hubiere convocada una sesión ordinaria o extraordinaria, se modificará el orden del día de esta para incluir como primer punto la convocatoria de elecciones. Si la modificación del orden del día de la sesión señalada no fuere posible hacerla con 20 días de antelación, se convocará sesión extraordinaria del Pleno a celebrar en un plazo no superior 30 días.
  
b) Las candidaturas se presentarán por escrito o cualquier medio telemático, en la secretaría del Consejo con 10 días de antelación a la celebración de la sesión en que se celebrarán las elecciones. Ningún consejero podrá presentar candidatura a mas de un cargo. Al cargo de Presidente, solo podrán presentar candidatura aquellos miembros que sean Decanos. Todos los consejeros salvo el Secretario, pueden presentar candidatura al resto de los cargos vacantes. Si ostentan algún cargo, deberán renunciar previamente al mismo.
  
La Secretaría del Consejo dará traslado, de las candidaturas presentadas, a todos los consejeros al día siguiente en que finalice el plazo de presentación de candidaturas y sin prejuzgar sobre la validez de las mismas.
  
c) En el mismo acto se proclamaran los candidatos entre los que cumplan los requisitos legales y estatutarios, y se procederá a la elección de cargos por votación secreta de los consejeros, constituidos en cuerpo electoral. Como excepción, se admitirá en el caso de elección de cargos, el voto por correo, y la delegación del voto en otro miembro del Consejo. En el caso de voto por correo este deberá constar en la Secretaría del Consejo con al menos 48 horas de antelación a la celebración de las elecciones.
  
En caso de empate será elegido el candidato con mayor antigüedad como consejero, y en caso de igual antigüedad, el de mayor antigüedad en el ejercicio profesional.
  
d) Los consejeros electos tomarán posesión de su cargo ante el Pleno, en acto previo a la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre, entretanto continuarán en funciones los anteriores.
  
e) Todos los cargos electos tendrán una duración de 4 años desde la toma de posesión.
  
f) Los cargos electos se pierden, por la pérdida de la condición de consejero, por el transcurso del plazo de su mandato y por renuncia o dimisión al cargo que deberá ser expresa y por escrito.
  
Artículo 17. Funciones del Presidente.
  
a) Ostentar la representación institucional del Consejo
  
b) Velar por la legalidad de los actos y acuerdos del Consejo.
  
c) Convocar, presidir y dirigir las reuniones del Pleno del Consejo, concediendo y retirando el uso de la palabra, y utilizando el voto de calidad cuando proceda.
  
d) Firmar cuantos documentos públicos y privados fueren precisos en representación del Consejo, así como las actas de sus reuniones.
  
e) Ejecutar los acuerdos que adopte el Consejo en el ámbito de su competencia.
  
f) Visar los pagos, documentos y certificaciones que expida el Secretario.
  
Artículo 18. El Vicepresidente suplirá al Presidente en los casos de ausencia, enfermedad, vacante, o delegación, teniendo en tales casos las mismas facultades que el Presidente.
  
Artículo 19. El Secretario tendrá los siguientes cometidos:
  
a) Redactar y firmar citaciones para todos los actos, según instrucciones a recibir del Presidente.
  
b) Recibir los escritos y correspondencia, dando cuenta a quien proceda, así como firmar los escritos que no fueren competencia del Presidente.
  
c) Expedir y autorizar con su firma, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones y demás documentos, así como las actas del Consejo.
  
d) Informar al Presidente de todas las cuestiones de interés y proponer las medidas que estime convenientes.
  
e) Custodiar la documentación del Consejo, dando cuenta de los expedientes en curso en los que actuará como Secretario con el Instructor o Ponente que designe el Consejo.
  
f) Ostentar la Jefatura del Personal Administrativo del Consejo.
  
g) Llevar el libro registro de sanciones de los colegiados y recursos.
  
El secretario del Consejo será, el Secretario del Ilustre Colegio donde tenga la sede este Consejo, el cual asistirá a las Juntas con voz pero sin voto.
  
Artículo 20. El Tesorero tendrá las siguientes funciones:
  
a) Recaudar y custodiar los fondos del Consejo.
  
b) Autorizar los libramientos expedidos por el Secretario, que resulten conformes con el presupuesto de gastos aprobado por el Consejo.
  
c) Confeccionar anualmente el presupuesto, balance y cuentas del ejercicio económico del Consejo, y controlar el presupuesto que resulte aprobado.
  
d) Llevar los libros precisos de ingresos y gastos del Consejo.
  
e) Distribuir entre los colegios las subvenciones recibidas de la administración y en especial la relativa a las indemnizaciones del turno de oficio.
  
TITULO SEGUNDO
  
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS DE LOS COLEGIOS
  
Y DEL CONSEJO, Y DE SU IMPUGNACIÓN
  
Artículo 21. De los Recursos contra los Acuerdos de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Procuradores que integran el Consejo Valenciano de Procuradores.
  
1. Todos los acuerdos de los Organos Colegiales, serán inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo establezca otra cosa.
  
2. Cualesquiera actos de los Colegios de Procuradores, y de este Consejo Valenciano de Procuradores, que sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas se regirán, con carácter supletorio, por la Legislación Administrativa común, tal como dispone la disposición transitoria primera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
3. Los acuerdos emanados de los órganos competentes de los Colegios podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores. La resolución del recurso de alzada, agotará la vía administrativa.
  
4. El recurso de alzada será presentado ante la Junta de Gobierno que dictó el acuerdo que, en el plazo de quince días, deberá remitirlo con su informe y una copia completa y ordenada del expediente al Consejo Valenciano.
  
El recurso de alzada deberá interponerse en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso, o en el de tres meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que, conforme a la legislación de procedimiento administrativo, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
  
Recibido en el Consejo Valenciano el expediente, la Secretaria procederá por riguroso orden de entrada al nombramiento del ponente y al reparto entre los Consejeros que no pertenezcan al Colegio del que proceda el recurso. Con suspensión del plazo para resolver, el ponente podrá solicitar del Pleno, si lo estima conveniente, autorización para solicitar un dictámen jurídico. El Consejo Valenciano resolverá y notificará la resolución en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo que éste se hubiera interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, en que se entenderá estimado el mismo.
  
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá interponer recurso de reposición.
  
5. Las resoluciones que afecten a situaciones personales deberán ser notificados a los interesados.
  
Artículo 22. De los Recursos Corporativos.
  
La interposición de recurso de alzada ante el Consejo Autonómico no suspende la eficacia de los acuerdos salvo en los siguientes casos:
  
a) Cuando la Junta de Gobierno interponga recurso contra acuerdo de la Asamblea General fundado en la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho, salvo que se trate de la elección de cargos colegiales.
  
b) Cuando se recurra una sanción disciplinaria.
  
c) Cuando así lo acuerde el Consejo Valenciano, por concurrir circunstancias que puedan causar daños de imposible o difícil reparación.
  
En los dos primeros casos, la simple interposición del recurso suspenderá automáticamente la ejecutividad el acto. La suspensión se levantará una vez se resuelva el recurso.
  
Artículo 23. De la Nulidad de los Acuerdos.
  
Las causas de nulidad y de anulabilidad de los actos colegiales, serán las previstas en las normas administrativas vigentes, por lo que en consecuencia, son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en que se den algunos de los siguientes supuestos:
  
Los manifiestamente contrarios a la Ley; los adoptados con notoria incompetencia; aquellos cuyo contenido sea imposible o sea constitutivo de delito; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados y aquellos previstos con tal carácter en la legislación básica estatal de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
  
La Junta de Gobierno deberá en todo caso, suspender, revisar de oficio, y formular recurso contra los actos de la Asamblea que estime nulos pleno derecho.
  
Artículo 24. De la Revisión Jurisdiccional.
  
Los Colegios de Procuradores y el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, como Corporaciones de Derecho Público, están sujetos al derecho administrativo, en cuanto ejerzan potestades públicas. El resto de su actividad se rige por el derecho privado.
  
Los actos emanados de las Juntas Generales y de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Procuradores, y de este Consejo Valenciano, en cuento estén sujetos al Derecho Administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Artículo 25. De los recursos contenciosos administrativos.
  
1. Los actos y resoluciones emanados del Consejo, en cuanto estén sujetos al derecho administrativo, agotan la vía administrativa y podrán ser recurridos potestativamente en reposición o ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
  
2. El recurso potestativo de reposición se interpondrá, ante el mismo órgano que hubiera dictado los actos, en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso, o de tres meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que, conforme a la legislación de procedimiento administrativo, se produzca el acto presunto.
  
La resolución del recurso deberá ser dictada y notificada en el plazo de un mes y contra dicha resolución no podrá interponerse un nuevo recurso de reposición.
  
No podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que no se haya resuelto expresamente el recurso de reposición o se haya producido su desestimación presunta.
  
3. Los actos definitivos de los órganos de los Colegios y los de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, son impugnables ante el Consejo Valenciano, con carácter previo a la vía contencioso administrativa, conforme al artículo 21.
  
Artículo 26. Del cómputo de plazos
  
Los plazos previstos en este Estatuto, se computarán según lo dispuesto en la Legislación Administrativa Común, salvo que expresamente se diga otra cosa.
  
TITULO III
  
De la responsabilidad por el incumplimiento
  
de los derechos y obligaciones
  
de los correspondientes Estatutos
  
CAPITULO ÚNICO
  
Sección Primera
  
Responsabilidad disciplinaria y procedimiento sancionador
  
Artículo 27. Régimen disciplinario corporativo.
  
Con independencia de la responsabilidad civil y penal cuya corrección corresponde a los Jueces y Tribunales, los Procuradores están también sujetos a responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes profesionales y corporativos establecidos en las Leyes y sus propios Estatutos.
  
Artículo 28. De la potestad disciplinaria.
  
A) El ejercicio de la potestad disciplinaria corporativa corresponde a la Junta de Gobierno de cada Colegio, sobre sus Colegiados.
  
Las sanciones o correcciones disciplinarias de cualquier tipo, una vez firmes, se anotarán en el expediente personal del Colegiado.
  
B) El Organo competente del Colegio para el ejercicio de la potestad disciplinaria será la Junta de Gobierno, en la forma que determinen sus respectivos Estatutos; rigiéndose por las siguientes normas:
  
I. No se podrá imponer ninguna sanción, sin previa instrucción de un procedimiento disciplinario de naturaleza contradictoria, cuya tramitación se regirá por el procedimiento disciplinario señalado en los Estatutos particulares de cada Colegio.
  
II. Para lo no previsto en los Estatutos Colegiales, resultará de aplicación supletoria la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92 de 26 de noviembre) y el Reglamento sancionador del RD 33/1.986 o legislación que le sustituya.
  
III. Las sanciones que se impongan habrán de guardar proporción con las infracciones cometidas.
  
C) El Pleno del Consejo ejercerá la potestad disciplinaria según lo dispuesto por las normas previstas en el articulo anterior y con arreglo al procedimiento sancionador previsto en las Leyes y Reglamentos citados en el meritado artículo.
  
SECCION SEGUNDA
  
De las infracciones y sanciones
  
Artículo 29. Clases de infracciones.
  
Además, y sin perjuicio de las infracciones previstas en el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, y en los Estatutos de los respectivos Colegios de Procuradores pertenecientes a la Comunidad Valenciana, las infracciones profesionales se clasifican en:
  
a) Infracciones muy graves.
  
b) Infracciones graves.
  
c) Infracciones leves.
  
Artículo 30. Infracciones muy graves.
  
Son infracciones muy graves:
  
a) La infracción de las prohibiciones y de las incompatibilidades contempladas en los Estatutos.
  
b) La publicidad de servicios profesionales que incumpla los requisitos que resulten de aplicación y siempre que la conducta en que consista revista especial gravedad.
  
c) La condena de un colegiado en sentencia firme por la comisión, en el ejercicio de su profesión, de un delito doloso.
  
d) Los actos, expresiones o acciones que atenten contra la dignidad u honor de las personas que integran la Junta de Gobierno de un Colegio o de los Consejos General y de Comunidad Autónoma, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, y contra los compañeros con ocasión del ejercicio profesional.
  
e) La reiteración en infracción grave.
  
f) El encubrimiento del intrusismo profesional realizado por profesionales incorporados a un Colegio de Procuradores, asi como el ejercicio de profesiones, declaradas incompatibles, ajenas a la procura realizado por procuradores.
  
g) La vulneración del deber de secreto de las deliberaciones de las Juntas de Gobierno, o del Pleno, por sus miembros, y la vulneración del deber de secreto profesional de todos los Colegiados.
  
h) La comisión de actos que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las reglas deontológicas que la gobiernan.
  
i) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la Procura.
  
j) El incumplimiento de la obligación de tener despacho abierto y efectivo en la demarcación territorial o Unidad de Actuación, donde el Procurador esté habilitado por su Colegio para ejercer la profesión, si no hubiere atendido al requerimiento previo hecho al efecto por su respectivo Colegio.
  
k) No acudir a los órganos jurisdiccionales ni a los servicios comunes de notificaciones, reiteradamente y sin causa justificada.
  
l) La no aplicación de las disposiciones arancelarias sobre devengo de derechos en cualquier actuación profesional por cuenta ajena.
  
Artículo 31. Infracciones graves.
  
Son infracciones graves:
  
a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en el ámbito de su competencia, así como el reiterado incumplimiento de la obligación de atender a las cargas colegiales previstas en los Estatutos, salvo que constituya infracción de mayor gravedad.
  
b) La falta de respeto, por acción u omisión, a los componentes de la Junta de Gobierno de un Colegio o de los Consejos General y de Comunidad Autónoma.
  
c) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros, en el ejercicio de la actividad profesional.
  
d) La competencia desleal, cuando así haya sido declarada por el órgano competente, y la infracción de lo dispuesto en la normativa aplicable sobre publicidad, cuando no constituya infracción muy grave.
  
e) Los actos y omisiones descritos en los párrafos a), b), c), d), e i) del artículo anterior, cuando no tuvieren entidad suficiente para ser considerados como muy graves.
  
Artículo 32. Infracciones leves.
  
Son infracciones leves:
  
a) La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno de un Colegio o de los Consejos General y de Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya infracción muy grave o grave.
  
b) La negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias.
  
c) Las infracciones leves de los deberes que la profesión impone.
  
Artículo 33. Clases de sanciones.
  
1. Las sanciones que pueden imponerse por infracciones muy graves, serán las siguientes:
  
a) Para las de los párrafos b), c), d), e), f) y g) del artículo 30, suspensión en el ejercicio de la Procura por un plazo superior a seis meses, sin exceder de dos años.
  
b) Para las de los párrafos a), h), i), j), k) y l) del artículo 30, expulsión del Colegio.
  
2. Por infracciones graves, podrá imponerse la sanción de suspensión del ejercicio de la Procura por un plazo de uno a seis meses.
  
3. Por infracciones leves, podrán imponerse las siguientes sanciones:
  
a) Amonestación verbal.
  
b) Apercibimiento por escrito.
  
c) Multa de 100 a 1.500 euros.
  
Artículo 34. Graduación de las sanciones.
  
Para la graduación de las sanciones se ponderará en todos los casos las circunstancias objetivas del hecho y las subjetivas de su autor, moderándose o agravándose la responsabilidad de éste, según la concurrencia de dichas circunstancias.
  
Artículo 35. De los miembros de Junta de Gobierno y del Consejo Valenciano.
  
El ejercicio de la potestad disciplinaria, respecto de los miembros de las Juntas de Gobierno de cada Colegio, y de los miembros del Consejo Valenciano, corresponden al Consejo.
  
El órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora será el Pleno del Consejo. El Pleno ejercerá dicha potestad disciplinaria rigiéndose por las normas previstas en el artículo anterior, y con arreglo al procedimiento sancionador contemplado en la Legislación Administrativa Común y su Reglamento Sancionador.
  
Artículo 36. Del recurso de alzada.
  
Contra las sanciones impuestas por los Colegios podrá interponer el interesado recurso de Alzada, en la forma y plazos previstos en estos Estatutos, agotando la resolución de dicho recurso la vía administrativa.
  
Artículo 37. Ejecución de las sanciones.
  
1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes. Podrán ser hechas públicas cuando ganen firmeza.
  
2. Las sanciones que consistan en la suspensión del ejercicio de la profesión o en la expulsión de un Colegio, tendrán efectos en el ámbito de todos los Colegios de Procuradores de España, a cuyo fin habrán de ser comunicadas al Consejo General de Procuradores de los Tribunales, para que éste las traslade a los Consejos de Colegios de Comunidad Autónoma y a los demás Colegios, que se abstendrán de incorporar al sancionado en tanto no desaparezca la sanción.
  
Artículo 38. Extinción de la responsabilidad.
  
1. La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento del colegiado, la prescripción de la falta y la prescripción de la sanción.
  
2. La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el periodo de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y la sanción quedará en suspenso, para ser cumplida si el colegiado causase nuevamente alta en un Colegio.
  
Artículo 39. Prescripción de las infracciones.
  
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves, a los dos años, y las leves, al año.
  
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la infracción se hubiere cometido.
  
3. La prescripción se interrumpirá por la notificación al colegiado afectado del acuerdo de incoación de información previa a la apertura del expediente disciplinario, reanudándose el cómputo del plazo de prescripción si en los tres meses siguientes no se incoa expediente disciplinario o el mismo permaneciere paralizado durante mas de seis meses, por causa no imputable al interesado.
  
Artículo 40. Prescripción de las sanciones.
  
1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves, a los dos años y las impuestas por infracciones leves, al año.
  
2. El plazo de prescripción de la sanción, por falta de ejecución de la misma, comenzará a contar desde el día siguiente a aquél en que haya quedado firme la resolución sancionadora.
  
3. El plazo de prescripción de la sanción, cuando el sancionado quebrante su cumplimiento, comenzará a contar desde la fecha del quebrantamiento.
  
Artículo 41. Anotación de las sanciones: caducidad.
  
La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelará siempre que no hubiera incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria, cuando hayan transcurrido los siguientes plazos: seis meses en caso de sanciones de amonestación verbal, apercibimiento por escrito o multa; un año en caso de sanción de suspensión no superior a seis meses; tres años en caso de sanción de suspensión superior a seis meses.
  
Artículo 42. Rehabilitación.
  
El plazo de caducidad se contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la sanción. La cancelación de la anotación, una vez cumplidos los plazos, podrá hacerse de oficio o a petición de los sancionados.
  
Artículo 43. De la comunicación al Consejo.
  
La Junta de Gobierno de cada Colegio remitirá al Consejo Autonómico certificación de los expedientes de anotación y rehabilitación que conozca.
  
TITULO CUARTO
  
INCUMPLIMIENTO DE PAGO
  
DE LAS OBLIGACIONES COLEGIALES
  
Artículo 44. Del incumplimiento de pago de las obligaciones colegiales.
  
La falta de pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, tendrá como consecuencia la suspensión de la condición de colegiado, que podrá dejarse sin efecto una vez atendidas la totalidad de las cargas impagadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, y ello con independencia de las responsabilidades disciplinarias que dicho incumplimiento pudiese generar.
  
TITULO QUINTO
  
RÉGIMEN ECONÓMICO
  
Artículo 45. De los Recursos financieros del Consejo Valenciano de Procuradores.
  
Los recursos económicos del Consejo serán los siguientes:
  
a) Los procedentes de las cuotas aprobadas por el Pleno.
  
b) El producto de certificaciones, dictámenes o impresos de carácter profesional que puedan establecerse.
  
c) Los precios que pueda percibir como contraprestación por los servicios que preste.
  
d) Los intereses y rentas procedentes de su patrimonio.
  
e) Subvenciones que perciba de personas, instituciones y organismos públicos y privados.
  
f) Cualquier otro medio de financiación que se cree.
  
Artículo 46. Del control económico y financiero del Consejo Valenciano de Procuradores
  
Previamente a la aprobación de las cuentas anuales, el Consejo las someterá a profesional o empresa auditora independiente en su caso.
  
Artículo 47. De los presupuestos y rendición de cuentas del Consejo Valenciano de Procuradores.
  
Los Presupuestos de Ingresos y Gastos del Consejo Valenciano para el ejercicio económico consecutivo, habrán de aprobarse dentro de último trimestre del ejercicio económico anterior. Y las Cuentas de Ingresos y Gastos tendrán que presentarse y aprobarse, dentro del primer trimestre de cada ejercicio económico siguiente al que se hayan producido dichas Cuentas. Entendiendo por Ejercicio Económico, un año natural de enero a diciembre.
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
  
Única
  
Queda derogado el Estatuto del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores visado por resolución de la Secretaría General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de fecha 29.9.1999, y cuentas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este estatuto.
  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  
Primera
  
A la fecha de entrada en vigor de estos estatutos cesarán todos los órganos unipersonales del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, continuando en funciones hasta la sesión constitutiva que deberá celebrarse en el plazo de un mes, desde su publicación en el DOGV.
  
Segunda
  
Todos los procedimientos y recursos en trámite a la entrada en vigor de estos estatutos se regirán por la normativa anterior.
  
DISPOSICIÓN FINAL
  
Única