Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8064, del 16-06-2017 (2017/4688)

Notificación del auto dictado en el rollo de apelación número 203/2017.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8064

Fecha DOGV
:   16-06-2017

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2017/4688


Organismo emisor
:   Audiencia Provincial de Valencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del auto dictado en el rollo de apelación número 203/2017. [2017/4688]  
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado, en el rollo de apelación número 203/2017, la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:  
  
«Poder judicial  
Audiencia Provincial de Valencia  
Sección Sexta  
Rollo número 203/2017  
Auto número 187  
Presidente: Vicente Ortega Llorca.  
Magistradas:   
- María Mestre Ramos.  
- M.ª Eugenia Ferragut Pérez.  
València, 16 de mayo de 2017  
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por el señor y las señoras del margen, ha visto el presente recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 15 de diciembre de 2016, recaído en la pieza de oposición al juicio de ejecución de títulos no judiciales número 764/2016, del Juzgado de Primera Instancia número 4 de los de València.  
Han sido partes en el recurso, como apelante, la ejecutante demandada de oposición, Banco Popular Español, SA, representado por la procuradora Paula Carmen Calabuig Villalba y defendida por el abogado Vicente Fernández Gómez, y, como apelados, el ejecutado demandante de oposición, Manuel Martínez Rovira, representado por el procurador Ignacio Montes Reig y defendido por el abogado Luis Montes Reig, y las coejecutadas, Gestión Campo Olivar, SL, y ESAL Servicio Empresarial, SL, no personadas.  
Es ponente Vicente Ortega Llorca, quien expresa el parecer del tribunal.  
Antecedentes de hecho   
Primero. La parte dispositiva del auto apelado dice:  
?Dispongo estimar la oposición por motivos procesales frente al auto despachando ejecución, de 6 de junio de 2006, declarando la nulidad de lo actuado, dejando sin efecto lo realizado, con imposición a la parte ejecutante de las costas de esta oposición?.  
Segundo. Alegaciones de la parte recurrente.  
La defensa de la ejecutante demandada de oposición interpuso recurso de apelación, alegando en síntesis:  
Primera. El demandante de oposición basarse el motivo procesal alegado en la ausencia de un documento esencial a los fines de determinar la corrección de la cantidad que se reclama, cuando la ejecución tiene lugar tras una previa ejecución hipotecaria.  
La apelante interpuso una acción ejecutiva basada en títulos no judiciales, en los términos del artículo 520 Ley de enjuiciamiento civil y no por el artículo 579.1.  
El artículo 520 Ley de enjuiciamiento civil dispone la acción ejecutiva basada en títulos no judiciales ?cuando se trata de los títulos ejecutivos previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7º del apartado 2 del artículo 517, solo podrá despacharse ejecución por la cantidad determinada que exceda de 300 euros?.  
En este caso, los documentos acompañados a la demanda de ejecución de títulos no judiciales cumplen con la normativa exigida al efecto, y la cuantía reclamada aparece determinada en el certificado de saldo deudor intervenido por fedatario público, más concretamente en el extracto de la cuenta ligado al préstamo que se ejecuta.  
El artículo 573 Ley de enjuiciamiento civil determina los documentos que a la referida demanda de ejecutiva habrán de acompañarse en estos casos, además de los generales prevenidos en el artículo 550.  
En primer lugar, la escritura de préstamo hipotecario novada posteriormente constituye por sí misma título ejecutivo a los efectos del artículo 517.2.4.  
En segundo lugar, se acompaña a la demanda de ejecución el acta notarial de fijación de saldo deudor expedido por fedatario público del que se desprende que el saldo de 3.441.551,60 euros que figura en la certificación expedida por los apoderados de la apelante coincide con el que aparece en la ficha contable abierta al deudor.  
El documento fehaciente de la liquidación se extiende a los efectos de los artículos 572.2 y 573.1.2 Ley de enjuiciamiento civil.  
En el certificado de saldo deudor, expedido a 18 de enero de 2016, se puede concretar que, a fecha 1 de mayo de 2009, aparece como tal, y como saldo real y contable la deuda ascendiente a 4.481.532,22 y una amortización de 4.400.000 euros, y que, a fecha 18 de enero de 2016, en la que se cierra la cuenta para interponer la presente demanda, hay pendiente de deuda real o contable de 1.161.349,72 euros de capital pendiente de amortizar, que más los 2.280.201,88 euros de intereses de demora conforman la deuda líquida, vencida y exigible a los efectos de la reclamación judicial.  
No nos encontramos con la prosecución del remanente hipotecario en los términos del artículo 579.1 Ley de enjuiciamiento civil (dado que los fiadores no fueron parte de la ejecución hipotecaria), sino en la acción ejecutiva basada en títulos extrajudiciales del artículo 520 Ley de enjuiciamiento civil, en la que se ha actualizado el certificado de saldo deudor.  
La mercantil prestataria Satinder, SL, única demandada en la ejecución hipotecaria, inmersa en concurso de acreedores, procedió a decretarse la extinción de su personalidad jurídica, como consecuencia del auto de conclusión del concurso (BOE, doc. núm. 4).  
AAP de Barcelona número 63/2015, rollo 251/2014-D, de 19 de febrero de 2015.  
La cantidad objeto de reclamación ha resultado liquidada de conformidad con las partidas de la cuenta ligada al préstamo, en los términos pactados por las partes, sin que la falta de aportación del decreto de adjudicación pueda resultar suficiente para estimar, como ha sido el caso, los motivos procesales alegados de contrario.  
Segunda. Resulta suficiente el acta de saldo deudor para acreditar no solo la deuda líquida objeto de reclamación sino que la misma constituye el cumplimiento estricto de un pacto de liquidez reflejada en las escrituras de préstamo y novación obrante en autos.  
Respecto al pacto de la liquidez de la deuda, cabe destacar que nos encontramos ante un pacto que tiene respaldo legal (art. 572 LEC) para dar viabilidad procesal a la acción judicial, determinando además por la certificación del notario, por las operaciones efectuadas en demanda y la comunicación previa a los ejecutados antes del proceso (burofax de requerimiento, doc. núm. 6).  
AAP de Valencia, Sección Novena, auto 226/2015, de 1 de abril de 2015.  
Ha cumplido los requisitos exigidos en el artículo 573 Ley de enjuiciamiento civil, ya que suponen la verificación de regularidad de saldo deudor presentado en base a lo pactado en la póliza y de conformidad con la documentación aportada (extracto de partidas de cargo y abono y las de los intereses aplicados), sin necesidad de plasmar el detalle de las concretas operaciones matemáticas efectuadas para ello.  
A mayor abundamiento, la aportación de una declaración de fe pública de corrección del cálculo del saldo deudor ha de valorarse como acreditativo de haberse practicado de forma correcta la liquidación, al no haberse aportado de contrario prueba alguna en contra de la presunción de veracidad de dicha acreditación fehaciente, por lo que la no aportación del decreto de adjudicación no puede constituir, en si mismo, requisito imprescindible para saber con certeza el saldo arrogante del certificado de deuda; no obstante, si el ejecutado discrepa del mismo debiera haberlo indicado como motivo de fondo y no como motivo procesal, en tanto en cuanto se han cumplido los requisitos procesales de los artículos 520, 517, 550, 572 y 573 Ley de enjuiciamiento civil.  
En consecuencia, no debió decretarse la nulidad de despacho ejecución por los motivos procesales alegados por el ejecutado, en tanto en cuanto se han preservado las garantías y requisitos exigidos por los artículos indicados.  
Pidió que se estime el recurso, se revoque el auto recurrido y se declare su nulidad, con expresa imposición de costas.  
Tercero. La defensa de la demandante de oposición presentó escrito oponiéndose al recurso y solicitando auto confirmando el recurrido, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.  
  
Cuarto. Recibidos los autos por este tribunal, se señaló para la deliberación y votación el día 15 de mayo de 2017, en el que tuvo lugar.  
  
Fundamentos de derecho  
Se aceptan los de la resolución impugnada, solo en cuanto no se opongan a los de esta.  
Primero. Este recurso se enmarca en la ejecución de título no judicial instada por el Banco Popular contra José Luis Bonilla Musoles (fallecido, y cuyo despacho de ejecución individual fue declarado nulo por tal hecho), Manuel Martínez Rovira y las mercantiles Gestión Campo Olivar, SL, y ESAL Servicio Empresarial, SL, como fiadores solidarios de la prestataria Satinder, SL.  
La ejecución despachada por decreto de 6 de junio de 2016 (folios 138 y 139) tenía como objeto recuperar el saldo deudor pendiente de satisfacer por los demandados, tras la ejecución hipotecaria número 906/2009 del Juzgado de Primera Instancia número 4 de los de Paterna, seguida contra Satinder, SL, que había concluido con la adjudicación en subasta de la finca hipotecada. En cuyo proceso, ninguno de los fiadores solidarios había sido parte.  
La defensa de Manuel Martínez Rovira, único demandado que se personó, formuló oposición contra el despacho de ejecución (folios 198 a 208) alegando, como motivo procesal, defecto existente en el título de ejecución y, como motivo de fondo, pluspetición.  
El auto recurrido estimó el motivo procesal, al considerar necesario para formar el título ejecutivo no solo las escrituras de la deuda (escritura inicial y novación) sino también el decreto de adjudicación que puso fin al proceso de ejecución hipotecaria.  
Segundo. El titular de un crédito garantizado con hipoteca tiene en su patrimonio dos acciones:  
- La personal, derivada del contrato en virtud del cual surge la correspondiente obligación de pago, que ha de dirigirse frente a las personas que, conforme al contrato, hubieren asumido dicha obligación.  
  
- La real, derivada de la garantía hipotecaria, dirigida directamente contra los bienes hipotecados.  
Ejercitada, por el acreedor, con arreglo a los trámites establecidos por los artículos 681 a 698 Ley de enjuiciamiento civil, la acción real ejecutiva ?limitada a las cantidades garantizadas- y realizada la garantía sin obtener la plena satisfacción de su crédito, el acreedor puede instar la continuación de la ejecución contra los obligados personalmente al pago de la deuda, por los trámites de la ejecución dineraria ordinaria establecidos en los artículos 571 y siguientes Ley de enjuiciamiento civil. Así lo prevé el artículo 579.1 Ley de enjuiciamiento civil al establecer que:  
?Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria se estará a lo dispuesto en el capítulo V de este título. Si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución?.  
La finalidad de este precepto, inspirado en el principio de economía procesal, es evitar que se haya de acudir a un nuevo proceso para el cobro de la misma deuda, cuando los bienes subastados han resultado insuficientes para la satisfacción del crédito del acreedor.  
La continuación de la ejecución ha de solicitarse en el mismo proceso de ejecución, sin necesidad de formular una nueva demanda ejecutiva, bastando la mera solicitud de transformación del proceso y el despacho de ejecución contra los obligados personalmente al pago de la deuda.   
Ahora bien, dicho precepto se complementa con el artículo 685.5 Ley de enjuiciamiento civil, introducido por la Ley 19/2015, de 13 de julio, que dispone que:  
?5. A los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 579 será necesario, para que pueda despacharse ejecución por la cantidad que falte y contra quienes proceda, que se les haya notificado la demanda ejecutiva inicial. Esta notificación podrá ser practicada por el procurador de la parte ejecutante que así lo solicite o cuando atendiendo a las circunstancias lo acuerde el secretario judicial.  
La cantidad reclamada en esta será la que servirá de base para despachar ejecución contra los avalistas o fiadores sin que pueda ser aumentada por razón de los intereses de demora devengados durante la tramitación del procedimiento ejecutivo inicial?.  
Sin embargo, la ley no impone esa única vía procesal, sino que deja al arbitrio del ejecutante la decisión de utilizarla o no, pues, junto a ella, puede el acreedor optar por formular nueva demanda ejecutiva contra los avalistas o fiadores en reclamación de la cantidad que no haya sido cubierta por la subasta de la finca hipotecada. Es lo que la doctrina del Tribunal Constitucional ha denominado derecho a la elección de procedimiento; efectivamente, una constante jurisprudencia de dicho tribunal, de la que son muestra, entre otras muchas, las SSTC 90 y 92/1985, de 22 y 24 julio; 41/1986, de 2 abril; 2/1987, de 14 enero; 43, 125 y 197/1988, de 16 marzo, 24 junio y 24 octubre; 160 y 241/1991, de 18 julio y 16 diciembre; 20/1993, de 18 enero; 178/1996, de 12 noviembre; 160/1998, de 14 de julio, ha venido declarando ?que el mandato contenido en el artículo 24.1 de la Constitución encierra el derecho a escoger la vía judicial que el interesado estima conveniente para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, aunque solo sea porque no puede decirse que sean los mismos los efectos y consecuencias jurídicas que ofrecen los distintos tipos de procesos previstos en nuestro ordenamiento para la defensa de derechos e intereses. Por ello, siempre que la vía elegida sea procesalmente correcta conforme a las normas legales vigentes, habrá de estimarse que la indebida privación o denegación de la misma equivale a una privación o denegación de la tutela judicial efectiva, en contra de lo dispuesto en dicho precepto constitucional?.  
En uso de ese derecho, la defensa del banco ejecutante no activó contra los avalistas o fiadores el mecanismo procesal del artículo 579.1 Ley de enjuiciamiento civil, en cuyo caso la ejecución hipotecaria número 906/2009 del Juzgado de Primera Instancia número 4 de los de Paterna, habría proseguido con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución, de manera que los nuevos demandados habrían tenido conocimiento de todo lo actuado en la inicial ejecución hipotecaria ?en particular, del decreto de adjudicación del bien hipotecado, y del remanente líquido del saldo deudor no cubierto con su subasta- sino que optó por presentar, al amparo del artículo 571 Ley de enjuiciamiento civil, nueva demanda ejecutiva contra los mencionados fiadores, que dio lugar a los autos de ejecución de títulos no judiciales número 764/2016 del Juzgado de Primera Instancia número 4 de los de València, a los que afecta esta apelación.  
El banco ejecutante aportó con esa nueva demanda de ejecución ordinaria:  
- El testimonio notarial de la escritura de fusión por absorción de Banco Pastor, SA, por Banco Popular, SA (folio 13).  
- La escritura de préstamo con garantía hipotecaria suscrita el 17 de abril de 2007, entre la prestataria Satinder, SL, la prestamista Banco Pastor, SA, y los fiadores solidarios Manuel Martínez Rovira, Gestión Campo Olivar, SL, y ESAL Servicio Empresarial, SL (folios 16 a 33).  
- La escritura de novación de dicho préstamo hipotecario, suscrita por las mismas partes el 11 de julio de 2008 (folios 55 a 73).  
- El auto de 23 de abril de 2015, del Juzgado de lo Mercantil número 3 de los de València, por el que se acordó la extinción de la mercantil Satinder, SL (folios 84 y 85).  
- El acta notarial de fijación del saldo en 3.441.551,60 euros, otorgada el 1 de febrero de 2016 (folios 87 a 92) a requerimiento de Banco Popular, SA, como acreedora actual al haberse fusionado con Banco Pastor, SA, y que se limita a indicar la corrección de lo certificado por la entidad acreedora, que recoge en el haber una suma de 893.220,08 euros a 30 de septiembre de 2013, sin más precisiones y sin conocer cómo se obtiene el resto hasta la cantidad de 3.441.551,60 euros que se reclamó como principal, más que la indicación de que 1.161.349,72 euros corresponden a capital pendiente de amortizar, y 2.280.201,88 euros a intereses de demora, que se certifican por la entidad, sin más precisiones.  
En dicha acta no se menciona el decreto de adjudicación del bien hipotecado, recaído en los autos número 906/2009 de ejecución hipotecaria seguidos contra Satinder, SL, ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Paterna, por el que se adjudicó la finca hipotecada, ni al remanente líquido del saldo deudor no cubierto con el bien hipotecado.  
- Burofaxes de reclamación de la deuda dirigidos a los fiadores solidarios, no entregados a los demandados de ejecución (folios 93 a 120).  
Con la demanda de ejecución no se acompañó el mencionado decreto de adjudicación del bien hipotecado, ni se aludió al remanente líquido del saldo deudor no cubierto con su subasta, que sería el importe adeudado por los fiadores.  
Confirmamos que la falta de tal documento constituye un defecto en el título de ejecución, pues no nos encontramos en el supuesto regulado por el artículo 579 Ley de enjuiciamiento civil, que ni siquiera se menciona en la demanda de ejecución dineraria, sino ante un proceso de ejecución ordinaria ante tribunal distinto y contra los fiadores que no fueron parte en el proceso inicial, que requiere que el título de ejecución se complete con la aportación del decreto de adjudicación o con su incorporación a la certificación notarial. Y ello porque, en estos casos, se debe partir del conocimiento por los avalistas del proceso anterior y de su resultado, pues de otro modo se restringe su derecho de defensa en la medida en que ni es parte en la cuenta cuyo saldo se liquida ni en el proceso del que deriva la cuantía pendiente.  
El recurso se estima.  
Tercero. Conforme a lo dispuesto por los artículos 394 y 398 Ley de enjuiciamiento civil, las costas de este recurso deben ser impuestas a la recurrente.  
Cuarto. Conforme a lo dispuesto por la disposición adicional 15.ª de la Ley orgánica del poder judicial, confirmada la resolución recurrida, el recurrente pierde el depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino previsto en dicha disposición.  
Parte dispositiva  
1. Desestimamos el recurso interpuesto por Banco Popular Español, SA.  
2. Confirmamos el auto apelado.  
3. Imponemos a la recurrente las costas de esta alzada.  
Dese al depósito constituido para recurrir el destino previsto en la disposición adicional 15.ª de la Ley orgánica del poder judicial.  
Este auto es firme.»  
  
Y para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al objeto de notificar a la parte incomparecida, demandada apelada ESAL Servicio Empresarial, SL.  
  
València, 26 de mayo de 2017.- El letrado de la Administración de justicia sustituto: Teodoro Jesús García García.