Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8051, del 30-05-2017 (2017/4162)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 86/2016.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8051

Fecha DOGV
:   30-05-2017

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2017/4162


Organismo emisor
:   Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Número 1 de Gandia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 86/2016.  
 [2017/4162]  
Familia, guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados número 000086/2016  
De: Andrea Palau Lorente.  
Procuradora: María Isabel Gomar Santapau.  
Contra: Luis Carlos Leni Jurado.  
Procurador/a: -  
En el presente procedimiento familia, guarda, custodia o alimentos hijos, seguido a instancia de Andrea Palau Lorente frente a Luis Carlos Leni Jurado, se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el siguiente:  
  
«Sentencia número 19/2017  
Gandia, 4 de mayo de 2017  
Vistos por el magistrado juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Gandia, Antonio Rafael Hernández Olivencia, los presentes autos de juicio de divorcio número 086/2016, entre partes; de una, como demandante, Andrea Palau Lorente, representada por la procuradora María Isabel Gomar Santapau y asistida de la letrada Susana Sánchez-Valdepeñas Soriano, y de otra, como demandado, Luis Carlos Leni Jurado, en rebeldía, sobre guarda y custodia de hijos extramatrimoniales, con intervención del Ministerio Fiscal.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por la representación antes indicada se presentó demanda contra el expresado demandado, en la que, después de exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimaba pertinentes, y que aquí se dan por reproducidos, solicitando se dictase sentencia acordando la regulación de las relaciones paternofiliales entre los litigantes y el hijo común, adoptando las medidas que solicitaba y con imposición de costas a la parte demandada.  
Segundo. Por turno de reparto correspondió a este juzgado la anterior demanda, que fue admitida a trámite y, emplazado el demandado y el Ministerio Fiscal (el primero de ellos emplazado en legal forma y no contestado la demanda, y citado por edictos, al no ser habido) y ser declarado en rebeldía, se tuvo por contestada la demanda, se convocó a las partes a juicio verbal, ratificándose la parte actora en su escrito de demanda. El Ministerio Público informó interesando que se declarase el ejercicio de la patria potestad exclusivo de la madre, la guarda y custodia materna, vivienda para los hijos y progenitor en cuya compañía quedan, prohibición de salida del territorio nacional de los hijos menores, visitas reducidas tal y como solicita la actora o como el juez fije, pensión alimenticia a favor del menor de entre 180 a 200 euros, gastos extraordinarios por mitad. Al término de la vista, quedaron los autos vistos para sentencia.  
  
Cuarto. Hechos probados: Andrea Palau Lorente y Luis Carlos Leni Jurado tuvieron una relación sentimental de la que nació y vive un hijo, Y. L. P., nacido el día 23 de junio de 2013 en Gandia. Existen antecedentes procesales de violencia de género.  
Quinto. En la tramitación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Ante la situación de crisis de una unión de hecho (o, como en el presente caso, de la falta de regulación judicial de los efectos del divorcio de los padres sobre los hijos comunes, que crea una situación de desregulación que merece ser paliada), es obligación de los tribunales pronunciarse sobre las consecuencias personales y patrimoniales derivadas de la ruptura de la convivencia y ello, en atención a la protección social, económica y jurídica de la familia que proclama nuestro texto constitucional en el artículo 39.1, habiendo reconocido el Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de octubre de 5192, la plena legalidad de la estable unión de hecho entre un hombre y una mujer, como manifestación del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (art. 10 Constitución) y la susceptibilidad de constituir con ello una familia tan protegible como la creada a través de la unión matrimonial, y si bien la normativa prevista para las crisis matrimoniales no resulta aplicable de manera general a la ruptura de la unión de hecho (sentencias del Tribunal Constitucional de 15 de noviembre de 5190; del Tribunal Supremo, de 11 de diciembre de 5192, 18 de febrero de 5193 y 5 de julio de 2001, entre otras), sin embargo, los hijos son iguales ante la ley, como proclama el citado artículo 39, en el punto 2, de la Constitución, que asegura la protección integral de los hijos ante la ley con independencia de la filiación. Tal equiparación entre los hijos por naturaleza, sean matrimoniales o no, como se razona en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 28 de septiembre de 5199, provoca que las normas sustantivas reguladoras de las crisis matrimoniales (art. 92 a 96 CC) sean aplicables a las relaciones paternofiliales que se crean en las parejas de hecho, cuando se produce la ruptura de la convivencia more uxorio. Así, la patria potestad de la prole actúa como derecho inherente de la paternidad y maternidad, y en nuestro ámbito tiene indudable carácter de función tutelar que la configura como institución a favor de los hijos, como establece el artículo 154 y lo tiene declarado la jurisprudencia desde antiguo, como declara el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y refiere el artículo 39.3 de la Constitución, en su vertiente obligatoria de derecho-función. Por ello, el cese de la convivencia de la pareja exige el tener que regular la forma de desarrollo del derecho-deber de los padres de velar por ellos, tenerlos en su compañía, educarles y procurarles una formación integral (art. 154 CC).  
Segundo. No se observa impedimento alguno para aprobar las medidas interesadas por la madre, al ser conforme a derecho, con las modificaciones que seguidamente se expresan y por las razones que siguen. La rebeldía no supone reconocimiento de hecho alguno ni implica indefensión, por lo que las pretensiones de la parte actora deben ser examinadas conforme a los requisitos de legalidad e interés del menor. Conforme a tales criterios, procede aprobar las siguientes medidas:  
- Patria potestad compartida, si bien se atribuye el ejercicio de la misma exclusivamente a la madre, de tal forma que con su sola firma pueda esta atender a todos los trámites burocráticos de la menor, tales como cambio de colegio, matriculación, expedición de documentos de identidad y pasaporte, etcétera.  
- Guarda y custodia a favor de la madre.  
- Dada la edad del menor, y el escaso trato habido entre el padre y este, se reduce a los domingos de fines de semana alternos. La petición de un solo domingo se considera excesivamente reducida y no contribuye a una mayor aproximación o restablecimiento de las relaciones entre el padre y el hijo, sino a lo contrario, a incrementar el distanciamiento. La visitas serán de 11.00 a 17.00 horas, entregando y recogiendo al menor el padre u otra persona designada por este (en caso de prohibición de aproximación o imposibilidad de este) en el domicilio del menor.  
- El padre abonará a la madre la cantidad de 180 euros mensuales, dentro de los cinco primeros días de cada mes, por meses anticipados, doce mensualidades al año, actualizables anualmente conforme al índice de precios al consumo según certificación del Instituto Nacional de Estadística u organismo equivalente. No constan medios de vida del padre, y la parte no ha demostrado que cuente con medios de vida, sueldos, rentas o pensiones pudiendo y debiendo hacerlo al ser carga procesal suya (y las meras afirmaciones de la madre sobre los medios de vida del padre no son prueba suficiente). No obstante, habiendo sido ?en idéntico orden de cosas- esta la cantidad que en orden de protección aceptó, se la tiene por reconocida, adecuada y suficiente.  
- Gastos extraordinarios por mitad, determinados estos conforme a la reiterada jurisprudencia.  
- El menor no podrá salir del territorio nacional sin el consentimiento previo, expreso y escrito de ambos progenitores que conste en documento que haga fe de la autenticidad de las firmas o, en su defecto, autorización judicial.  
Tercero. No se aprecian motivos que determinen una especial condena en las costas procesales, dada la especialidad de los procedimientos de familia.  
Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,  
Fallo  
Que estimando en parte la demanda formulada por la procuradora María Isabel Gomar Santapau, en nombre y representación de Andrea Palau Lorente, contra Luis Carlos Leni Jurado, en rebeldía, debo acordar las medidas en beneficio del hijo, Y. L. P., nacido el día 23 de junio de 2013, inscrito en Castelló de Rugat, medidas contempladas en el fundamento jurídico segundo. Sin costas.  
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma, podrán recurrirse en apelación ante este juzgado para ante la Audiencia Provincial de Valencia, dentro del plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la Ley de enjuiciamiento civil (según redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre).  
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.  
Publicación. Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.»  
  
Y encontrándose dicho demandado, Luis Carlos Leni Jurado, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Gandia, 12 de mayo de 2017.- La letrada de la Administración de justicia: María del Carmen Pellicer Verdú.