Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4569, del 20-08-2003 (2003/8616)

Notificación de la Resolución del director general de Industria y Energía de 2 de junio de 2003. (Expte. ATLINE/2002/660).
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Número DOGV
:   4569

Fecha DOGV
:   20-08-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/8616


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución del director general de Industria y Energía de 2 de junio de 2003. (Expte. ATLINE/2002/660). [2003/F8616]
  
Por no haberse podido practicar a diversos interesados la notificación personal de la Resolución del director general de Industria y Energía de 2 de junio de 2003, relativa a los recursos de alzada interpuestos contra la resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, de 24 de febrero de 2003, (Expte. ATLINE/2002/660), se procede a la publicación de la misma en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
«Visto el recurso de alzada interpuesto en fecha 7 de abril de 2003 por
  
Recurrente Referencia
  
Vicente Bo Felis 1539/2003
  
Salvador Bononad Gascón 1540/2003
  
Encarna Roca Grau 1541/2003
  
Juan Gascón Bononad 1542/2003
  
Vicenta Císcar Mifsud 1543/2003
  
Salvador Grau Melo 1544/2003
  
María Grau Bixquert 1545/2003
  
Luis Ribis Vercher 1546/2003
  
Juan Félix Gascón 1547/2003
  
Mª Consuelo Grau Grau 1548/2003
  
Juan Brines Monleón 1549/2003
  
Francisco Grau Llácer 1550/2003
  
Remedio Brines Monleón 1551/2003
  
Isabel Fons Espí 1552/2003
  
Vicente Ordiñana Moreno 1553/2003
  
Luis Ribes Vercher 1554/2003
  
Vicente Juan Espí 1555/2003
  
Felipe Verdú Grau 1556/2003
  
Rosario Hernández Grau 1557/2003
  
Vicenta Magraner Jimeno 1558/2003
  
Amparo Almiñana Morant 1559/2003
  
Martín Grau Serra 1560/2003
  
Alfonso Fernández Blasco 1561/2003
  
Juan Feliu Gascón 1562/2003
  
contra la Resolución del director Territorial de Industria, Comercio y Energía de Valencia, de 24 de febrero de 2003, sobre autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución correspondiente al Anexo de modificación del proyecto de línea eléctrica a 132 kV, doble circuito entre la ST Vilanova y la ST Gandia, en el tramo comprendido entre los apoyos números 56 y 90, solicitadas por Iberdrola, SA (Expte. ATLINE/ 2002/660), y existiendo entre ellos identidad sustancial e íntima conexión, a efectos de su resolución se procede a su acumulación conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Con fecha 11 de noviembre de 2002 el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia dictó resolución de autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución la línea aérea de alta tensión de doble circuito, desde la ST Vilanova a la ST Gandia, en el tramo comprendido entre el apoyo número 56 y el apoyo número 90, solicitadas por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en los términos municipales de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna y Xeraco, todos ellos de Valencia, imponiendo las condiciones recogidas en la declaración de impacto ambiental, de fecha 2 de mayo de 2002, y solicitando la presentación en el plazo de tres meses de anexo al proyecto modificando el trazado de la línea en los tramos incluidos en los condicionantes de dicha declaración, y en concreto:
  
- En el tramo 1 (apoyo 56/carretera Simat de la Valldigna-Barx) el tendido se desplazará hacia el norte hasta el camino existente al sur de la CV-600 a la altura del Motor de la Companyia, desde donde seguirá en subterráneo por el núcleo urbano de Simat de la Valldigna hasta llegar al Fontarda donde volverá a ser aéreo.
  
- En el tramo 2 (carretera Simat de la Valldigna-Barx (CV-675)/Fontarda), se desplazará hacia el norte no afectando las laderas en umbría del macizo del Montdúber y se realizarán estudios detallados de la afección del tendido en el paisaje, con la posibilidad de instalar otros tipos de apoyos que faciliten su integración en el medio, y del paso del tendido por Els Clots, Font del Clot, barranco y cueva del Bolomor, etc., de forma que se instale fuera de las zonas de afección y no se ubiquen apoyos en sus proximidades.
  
Segundo. En cumplimiento de dicha resolución, con fecha 7 de agosto de 2002 Iberdrola Ingeniería y Consultoría, SA, presentó el Anexo de modificación del proyecto de línea eléctrica a 132 kV, doble circuito entre la ST Vilanova y la ST Gandia, en el tramo comprendido entre los apoyos números 56 y 90, en los términos municipales de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna y Tavernes de la Valldigna, que adjuntaba la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, y que fue sometido a información pública en el tablón de edictos de los ayuntamientos afectados, periódicos locales y boletines oficiales. Al mismo tiempo se remitieron separatas del proyecto a las administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes y derechos afectados a su cargo, al objeto de que establecieran el condicionado técnico procedente.
  
Tercero. En el período de información pública se presentaron alegaciones por parte de vecinos de los municipios afectados, en algunos casos como propietarios de parcelas asimismo afectadas, manifestando su oposición al proyecto en virtud de consideraciones medioambientales, paisajísticas y de salud pública, denunciando la saturación de líneas eléctricas que padece la zona, y solicitando que se consideren trazados alternativos, el soterramiento del proyectado, o, incluso, la «alternativa cero».
  
Cuarto. En cuanto a informes y condicionados de los organismos afectados, se recibieron los siguientes:
  
1. Con fecha 21 de octubre de 2002, el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna remitió certificación de acuerdo plenario, adoptado en sesión de 14 de octubre de 2002, informando desfavorablemente el proyecto presentado, considerando incompleta la documentación en él incluida y solicitando el soterramiento de la línea. Y alegando que su ejecución es incompatible con la proyectada «Variante de Tavernes de la Valldigna», a ejecutar por la COPUT.
  
2. Con fecha 18 de octubre de 2002, el Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna remitió certificación de acuerdo plenario, adoptado en sesión de 7 de octubre de 2002, en el que mostró su desacuerdo con el trazado propuesto por su inadecuada valoración del impacto medioambiental, por su incompatibilidad con el uso del suelo, según las normas urbanísticas vigentes en el municipio, y por su negativo impacto económico y social.
  
3. Con fecha 21 de octubre de 2002, el Ayuntamiento de Simat de la Valldigna remitió certificación de acuerdo plenario, adoptado en sesión de 7 de octubre de 2002, en el que mostró su oposición al trazado propuesto, exigiendo el estudio de otras alternativas en que se ponderen correctamente el valor económico, medioambiental, paisajístico y de salud humana y bienestar.
  
4. Con fecha 11 de noviembre de 2002, la Confederación Hidrográfica del Júcar autorizó la ejecución del proyecto presentado, en cuanto a la afección de los bienes de su competencia.
  
Quinto. En sucesivos escritos de 26 de noviembre de 2002, 3 de diciembre de 2002 y 10 de diciembre de 2002, Iberdrola contestó las alegaciones recibidas, indicando que el proyecto cumple con la Recomendación 519/1999 del Consejo de Comunidades Europeas en lo relativo a la exposición al público en general de campos electromagnéticos (CEM) de 0 a 300 Ghz, pese a no ser de obligado cumplimiento, y citando diversos estudios cuyas conclusiones suponen que no se puede afirmar que los CEM de 50 Hz existentes en nuestro entorno son una amenaza para la salud. Señalando asimismo la inaplicabilidad del Real Decreto 1.066/2001, de 28 de septiembre, por circunscribirse a las emisiones de energía producidas por estaciones radioeléctricas de radiocomunicaciones o de radioastronomía, y, con relación a la propuesta de soterramiento de todo o parte de la línea, que la misma no se argumenta en motivo o estudio alguno y que dicha solución, en suelo no urbanizable, supondría un mayor impacto ambiental. En cuanto a la posible ampliación de la línea proyectada, esta compañía no contempla tal pretensión.
  
Añadiendo que la prohibición de plantar árboles en el espacio afectado por la servidumbre de paso de energía que se constituirá se limita a la plantación de árboles de gran porte, que puedan alcanzar la altura de los conductores, por lo que el aprovechamiento de las plantaciones de naranjos queda asegurado, así como que tampoco se impide el cerramiento de las parcelas, siempre que se permita el paso de la instalación, siendo indemnizados los propietarios, en cualquier caso, conforme a los previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
  
Por otro lado, recuerda la compañía eléctrica que el presente proyecto -anexo de modificación- trae su causa de la declaración de impacto ambiental de 6 de mayo de 2002, para cuyo cumplimiento se ha redactado, contemplándose en dicha declaración la absorción de las LAT existentes en la zona Alzira-Gandia a 132 kV y Alzira-Tavernes a 66 kV en la línea proyectada, debiendo instalarse para ello apoyos de cuádruple circuito en el tramo a que afecta el presente proyecto. Contemplándose también las medidas correctoras del impacto en el paisaje, la vegetación, la fauna y en el patrimonio histórico-artístico.
  
Comprometiéndose Iberdrola a remitir la información gráfica complementaria a los ayuntamientos que la han solicitado, si bien, en cuanto a la afirmación del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, no se concreta el alcance de la supuesta colisión con las infraestructuras proyectadas por la COPUT, estando esta compañía dispuesta a atender cualquier requerimiento de la COPUT para evitar tal colisión.
  
Y señalando, por último, que la aplicación del artículo 81 de la Ley 6/1994 de la Generalitat Valenciana se limita a la ejecución de obras públicas y construcciones de servicio público, careciendo el suministro de energía eléctrica de esta condición, sino de la de «servicio esencial», desde la Ley del Sector Eléctrico.
  
Sexto. Mediante sendos oficios de 16 de diciembre de 2002, se dio traslado de los reparos formulados por Iberdrola a los ayuntamientos de Tavernes de la Valldigna, Simat de la Valldigna y Benifairó de la Valldigna.
  
Séptimo. Con fecha 19 de diciembre de 2002, la directora general de Planificación y Gestión del Medio, de la Conselleria de Medio Ambiente, dictó resolución entendiendo que, con la modificación propuesta, queda subsanado el punto 1 y 8 de l apartado 2º de la declaración de impacto ambiental del proyecto de línea aérea de alta tensión de doble circuito, desde la ST Vilanova a la ST Gandia, en el tramo comprendido entre el apoyo número 56 y el apoyo número 90, cuyo promotor es Iberdrola, SA.
  
Octavo. Con fecha 10 de enero de 2003, el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, mediante escrito firmado por el alcalde de la corporación, formuló su oposición a los reparos de Iberdrola, reiterando sus alegaciones anteriores y señalando, entre otras consideraciones, que «debe de haber dos aprobaciones, una la autorización administrativa y otra la urbanística, que debe tramitarse conforme establece la ley reguladora...».
  
Con fecha 14 de enero de 2003, el Ayuntamiento de Simat de la Valldigna aportó al expediente certificación del acuerdo plenario de 30 de diciembre de 2002, reiterando su oposición al proyecto y a los reparos que Iberdrola formuló a su condicionado.
  
Con fecha 22 de enero de 2003, el Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna aportó al expediente certificación de la Resolución de la Alcaldía de 16 de enero de 2003, rechazando las objeciones puestas por Iberdrola al condicionado de este ayuntamiento y reiterando su oposición al proyecto.
  
Noveno. Con fecha 24 de febrero de 2003 el director Territorial de Industria, Comercio y Energía de Valencia resolvió autorizar administrativamente y declarar en concreto la utilidad pública del Anexo de modificación del proyecto de línea eléctrica a 132 kV, doble circuito entre la ST Vilanova y la ST Gandia, en el tramo comprendido entre los apoyos número 56 y 90, solicitadas por Iberdrola, SA, en los términos municipales de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna y Tavernes de la Valldigna, aprobando asimismo el proyecto de ejecución con las mismas condiciones, generales y medioambientales, que el proyecto original.
  
Décimo. Contra la citada resolución, con fecha 7 de abril de 2003 (y entrada en el registro de este órgano el 15 de abril de 2003, entrada número 9746), las personas citadas en el encabezamiento de la presente interpusieron sendos recursos de alzada, todos ellos de idéntico contenido y fundados en que la misma adolece del vicio de incongruencia omisiva, por dejar de resolver las cuestiones planteadas sobre la existencia de alternativas de trazado más recto y lógico que el autorizado, la necesidad de efectuar los trámites del planeamiento especial, y la oposición al contenido de la declaración de impacto ambiental de 19 de diciembre de 2002. Alegando asimismo que la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio aprobó el proyecto antes de que hubiera finalizado el plazo para recurrir la resolución del expediente ATLINE 2001/687, por lo que no se pudieron tener en cuenta todas las alegaciones, y que Iberdrola no ha cumplido las condiciones impuestas en aquella resolución.
  
Undécimo. Dado traslado del recurso a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ésta ha comparecido, el 30 de abril de 2003, solicitando su desestimación.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. De acuerdo con el criterio jurisprudencial (STS 3ª, 14 de mayo de 2002, Rº Casación 8447/1996), la llamada «incongruencia omisiva» se produce cuando se deja de contestar alguna de las pretensiones sometidas a consideración, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio como una desestimación tácita cuya motivación puede inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución.
  
En el presente caso, no puede acogerse este motivo de impugnación pues los fundamentos expresados en la resolución recurrida ofrecen la motivación precisa para entender rechazados los argumentos de oposición alegados a lo largo del procedimiento.
  
Así, en cuanto a los pretendidos defectos de tramitación del expediente y la arbitrariedad de su resolución, la recurrida declara que se ha dado cumplimiento a los trámites establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, constatándose además que no se cumple ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para la denegación de la autorización, puesto que nos encontramos ante autorizaciones de carácter reglado que la administración competente deberá otorgar siempre y cuando no se dé uno de los tres supuestos que establece el mencionado artículo 40. Y sin que ello pueda tacharse de «arbitrariedad administrativa», tal como señala el recurrente, ya que se trata del más estricto cumplimiento de la legalidad.
  
Debe hacerse notar que la posibilidad de proyectar una alternativa viable, más alejada de la zona afectada, y, por tanto, más cercana a otras, y también aceptable desde el punto de vista técnico y medioambiental, siempre es posible. Lo que no obsta para que la opción elegida haya sido correctamente tramitada y evaluada, encontrándose conforme, e inatacable desde el punto de vista jurídico.
  
En segundo lugar, en cuanto a la alegada necesidad de que se sigan los trámites del planeamiento especial, previamente a la ejecución de la instalación, la propia recurrida reproduce lo establecido en el artículo 40, antes citado, señalando que la autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
De modo que, para proceder a la ejecución material de la instalación autorizada, será necesario seguir los trámites que en su caso correspondan conforme a la legislación urbanística, ante la instancia competente, sin que ello pueda estimarse como motivo de anulación de la autorización, correctamente otorgada en virtud de la normativa eléctrica.
  
Por último, los recurrentes manifiestan su discrepancia con el contenido de la declaración de impacto ambiental emitida el 19 de diciembre de 2002, que considera cumplidas las condiciones 1 y 8 de la declaración de impacto ambiental de 2 de mayo de 2002 (emitida con respecto al proyecto original).
  
Sin embargo, con relación a este extremo, la recurrida acoge las afirmaciones de la resolución de la directora general de Planificación y Gestión del Medio, de 19 de diciembre de 2002, órgano competente para el control medioambiental de las actuaciones y que impuso dichas condiciones, por lo que debe estarse a su criterio para considerarlas o no cumplidas.
  
Y, en este sentido, dicha resolución señala que la línea eléctrica, a su paso por Els Clots y otros, se ha desplazado hacia el centro del valle con el fin de alejarla de estos puntos. Y señala, asimismo, que se estima viable, desde el punto de vista medioambiental, la propuesta de Iberdrola de unificar las líneas existentes de 132 kV y 66 kV apoyándolas en la línea en proyecto a partir del apoyo número 83, con la finalidad de un único tendido de cuádruple circuito, así como el soterramiento de ambas líneas a su paso por suelos urbanos de Tavernes de la Valldigna. Debiendo hacerse constar, ante las afirmaciones vertidas por los recurrentes, que dichos compromisos de la peticionaria le resultan de obligado cumplimiento, al constituir la autorización otorgada una resolución condicionada, cuya eficacia se hace depender del cumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.
  
Segundo. Se denuncia como irregularidad administrativa el hecho de que, a la fecha en que se resolvió positivamente sobre el proyecto presentado (que constituye modificación del inicial), por parte de la Conselleria de Medio Ambiente el 19 de diciembre de 2002, todavía no había expirado el plazo para recurrir contra la Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, de 11 de noviembre de 2002, por la que se autorizó el proyecto inicial (ATLINE 2001/687).
  
Al respecto debe señalarse que, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los actos administrativos, en general, son inmediatamente ejecutivos, debiendo dárseles cumplimiento con independencia de la posibilidad de que contra los mismos se interponga cualquier recurso administrativo. Por lo que es correcta la autorización del presente anexo de modificación, en cumplimiento de la resolución autorizatoria del proyecto original.
  
Tercero. Por último, ante los interrogantes planteados por los recurrentes, se hace constar que esta administración velará por el estricto cumplimiento de la normativa sobre instalaciones eléctricas, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de explotación de la instalación de referencia. Así como, en su caso, se hará cumplir estrictamente lo dispuesto en la normativa sobre patrimonio histórico-artístico.
  
Asimismo, si bien en modo alguno los terrenos sobre los que vaya a pasar el tendido eléctrico proyectado deben perder su valor agrario y económico, cualquier perjuicio económico causado como consecuencia de la ejecución del mismo será oportunamente indemnizado, conforme a las previsiones de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
  
Resolución
  
En su virtud, esta Dirección General de Industria y Energía acuerda desestimar los recursos de alzada de referencia, interpuestos contra la resolución del director Territorial de Industria, Comercio y Energía de Valencia, de 24 de febrero de 2003, sobre autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución correspondiente al Anexo de modificación del proyecto de línea eléctrica a 132 kV, doble circuito entre la ST Vilanova y la ST Gandia, en el tramo comprendido entre los apoyos números 56 y 90, solicitadas por Iberdrola, SA (Expte. ATLINE/ 2002/660), la cual se confirma en todos sus extremos.
  
La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, ante el juzgado de lo contencioso administrativo competente, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Valencia, 2 de junio de 2003.- El director general de Industria y Energía: José Monzonís Salviá.»