Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6843, del 20-08-2012 (2012/7786)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 89/2011.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6843

Fecha DOGV
:   20-08-2012

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2012/7786


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcoy

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 89/2011. [2012/7786]  
Divorcio contencioso 000089/2011-B  
De: Tania Vilaplana Coefier.  
Procurador: Antonio Penadés Martínez.  
Contra: Julio César Pintos Báez y ministerio fiscal.  
María Nieves Martín Rincón, secretaria accidental del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de los de Alcoy, hago saber que en el presente procedimiento divorcio contencioso 89/2011, seguido a instancia de Tania Vilaplana Coefier, frente a Julio César Pintos Báez, declarado en situación de rebeldía procesal y siendo parte el ministerio fiscal, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia número 000114/2012  
Alcoy, 17 de julio de 2012.  
Vistos por mí, José Ramón De Blas Javaloyas, juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcoy, los presentes autos de divorcio seguidos en este juzgado bajo el número 89/2011, a instancias de Tania Vilaplana Coefier, representado por el procurador señor Penadés Martínez, y asistido por la letrada señora Silvestre Francés, contra Julio César Pintos Báez, habiendo sido parte el ministerio fiscal representado por Ángeles Gil Rubio.  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. Tania Vilaplana Coefier formuló a través de su representación procesal demanda de divorcio contra Julio César Pintos Báez, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba suplicando que se dictara sentencia por la que se decretara la disolución del matrimonio por divorcio, con adopción de las medidas contenidas en su demanda, consistentes en:  
1. Guarda y custodia de las menores S. D. y T. G., que se atribuya a la madre.  
2. Patria potestad compartida entre ambos progenitores.  
3. Pensión de alimentos: que el padre abone para cada una de las hijas menores la cantidad de 200 euros mensuales, pagaderos por anticipado, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta corriente que designe mi representada, actualizándose anualmente, con efectos de primer de enero de cada año, en proporción al Índice de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya.  
4. Régimen de visitas: en el caso de que el padre regresara y quisiera ver a las menores, que se establezca un régimen de visitas consistente en sábados alternos de 10.00 a 12.00 horas, en el PEF de Alcoy.  
5. Que se establezca una prohibición de salida del territorio nacional de las menores sin el consentimiento expreso y otorgado por escrito de la madre.  
Segundo. Que admitida y tramitada la demanda en legal forma, se dio traslado de la misma a la parte demandada emplazándola para que la contestaran en el plazo de 20 días. Transcurrido el plazo la demandada no contestó a la demanda, declarándola en rebeldía por Diligencia de Ordenación de 7 de junio de 2012.  
Tercero. Convocadas las partes a la vista para el día 9 de julio de 2012, compareció únicamente la parte demandante, que ratificó su escrito de demanda, no compareciendo la parte demandada a pesar de haber sido legalmente citada. Tras la práctica de la prueba quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.  
Cuarto. En la tramitación de los autos se han observado las prescripciones legales.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Con arreglo al artículo 86 del Código Civil, en relación al artículo 81 del mismo cuerpo legal, según redacción dada a los mismos por la Ley 15/2005, de 8 de julio, el matrimonio se disuelve a petición de ambos cónyuges, o de uno de ellos, con o sin el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde su celebración.  
En los presentes autos quedó probado el transcurso del citado lapso de tiempo, puesto que el matrimonio se contrajo el día 14 de agosto de 2004 en Asunción (Paraguay), por lo que procede, de conformidad con los citados artículos, decretar la disolución del matrimonio, al haber transcurrido más de tres meses desde la celebración del mismo.  
Segundo. En los procesos de familia, señala el artículo 751.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no surtirá efecto el allanamiento que recaiga sobre pretensiones indisponibles, mientras que en el apartado 3 del mismo artículo se admite su validez si recae sobre pretensiones que tengan por objeto materias sobre las que las partes puedan disponer libremente. En el caso de la separación y el divorcio, la acción que a ellos se refiere es indisponible en la medida en que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas ni sobre cuestiones matrimoniales (art. 0813 VI), sin que quepa la renuncia de derechos, ya que estamos ante cuestiones de orden público y derecho necesario que afectan a la esencia del matrimonio, inaccesible a la autonomía de la voluntad; además de que en la práctica resulta intrascendente el allanamiento para la estimación de la acción principal de separación o divorcio, dado que basta la voluntad de uno de los cónyuges y el transcurso de los plazos legalmente previstos para adoptarse. Por otro lado, el allanamiento a las pretensiones relativas a medidas definitivas supone la admisión de la certeza de los hechos en que se funda la demanda y la conformidad con el efecto jurídico que haya sido solicitado, de modo que, en este tipo de procesos, la eficacia del allanamiento depende de que se refiera a medidas que sean de naturaleza disponible para las partes y no de derecho imperativo o necesario, porque en tal caso serán indisponibles.  
En primer lugar, son medidas indisponibles las relativas a la patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas, derecho de uso de la vivienda familiar cuando existan hijos menores o incapacitados, o reclamaciones de alimentos para estos. El allanamiento del demandado a este tipo de medidas no vincula al juzgador, pues señala el artículo 752.2 Ley Enjuiciamiento Civil que "la conformidad de las partes sobre los hechos no vinculará al tribunal ni podrá éste decidir la cuestión litigiosa basándose exclusivamente en dicha conformidad", y, por ende, no surte los efectos del artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no cabe decidir con base en los hechos fijados de común acuerdo por las partes, ni a las pretensiones que con estas coincidan. Es más, tampoco cabe decidir la cuestión litigiosa basándose exclusivamente en el silencio o respuestas evasivas sobre los hechos alegados por la parte contraria, lo que excluye la posibilidad de tomar en consideración los efectos de la admisión tácita de los hechos a que se refiere el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En coherencia con esto, el tribunal no solo no está vinculado a la fuerza probatoria el interrogatorio de las partes, y a las normas de los documentos públicos y de los documentos privados reconocidos, sino que además se podrá decretar de oficio cuantas pruebas se estimen pertinentes para la indagación de la verdad material de los hechos -con lo que el juzgador tiene una absoluta libertad de medios probatorios, pues se excluye el principio de justicia rogada del artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, este allanamiento o conformidad sí tiene efectos jurídicos, pues a tenor del artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la misma vista del juicio los cónyuges pueden someter al tribunal el acuerdo a que hubieren llegado para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio, y podrán solicitar la prueba que consideren conveniente para justificar su procedencia, de modo que el tribunal decidirá en la sentencia sobre las medidas solicitadas de común acuerdo por las partes, tomando en cuenta como criterio rector que tales acuerdos no sean dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges (arts. 90 y 9l CC).  
En segundo lugar, son medidas disponibles para las partes la pensión compensatoria, la indemnización prevista en el artículo 1438, y el derecho de uso de la vivienda familiar cuando no existan hijos menores o incapacitados. En este caso, como señala el apartado 4 del artículo 752 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no son de aplicación las especialidades relativas a las materias indisponibles, por lo que, como dispone el artículo 751.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe disponer sobre al objeto y el allanamiento del demandado vincula al tribunal en los términos del artículo 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
En tercer lugar, la rebeldía de la parte demandada, como declaró la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 1980, no implica allanamiento ni libera al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión (en este sentido, sentencia de la Audiencia Provincial Madrid de 5 de diciembre de 2006).  
Tercero. En el acto del juicio no compareció la parte demandada Julio César Pintos Báez, para oponerse a las pretensiones de la parte actora, a pesar de haber sido citado en legal forma.  
Dado el objeto del presente asunto, como se desprende de los artículos 85, 86, 90, 91, 92 y siguientes del Código Civil, dada la incomparecencia de la parte demandada, se considera acreditado que las hijas menores conviven con la progenitora, así como que el demandado abandonó el domicilio conyugal en el mes de marzo de 2010, y dada la incomparecencia a la vista del demandado, se evidencia una desatención hacia las menores que justifica que se atribuya la guarda y custodia a la progenitora demandante, así como que el régimen de visitas sea tal y como se propone por la parte actora, a la vista del riesgo manifestado de que el demandado pueda llevarse a las menores a otro país, aspecto también valorado por el Ministerio Fiscal, que propone la adopción de la medida de prohibición de salida del territorio nacional de las menores salvo autorización judicial; y dada su incomparecencia y a falta de más datos, y aunque no es vinculante el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en procedimientos de familia, de una valoración conjunta de los hechos relatados se estima procedente el no establecimiento de un régimen ordinario de visitas, principalmente por la falta de residencia en España del demandado y encontrarse en otro país, sin saberse en cuál está residiendo.  
Para la fijación de la pensión alimenticia, procede atender a la capacidad económica de ambos progenitores. Ahora bien ante la falta de prueba al respecto y por propia petición de la parte actora, procede acudir el mínimo vital que viene señalando la Audiencia Provincial de Alicante fijado en la cantidad de 180 euros por cada uno de los menores. La cuantía dineraria fijada será pagadera por meses anticipados y dentro de los primeros cinco días de cada mes, a partir de la fecha de la demanda interpuesta, en la cuenta que se designe a tal efecto. Dicha cantidad se actualizará anualmente con acuerdo a la variación experimentada por el índice general de precios de consumo, establecido por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya. Los gastos extraordinarios necesarios serán satisfechos por mitad.  
Dada la desaparición fáctica del padre, su falta de atención a los menores y su origen extranjero a la vista de la nacionalidad que consta en los datos de la Policía Nacional, obrante en autos, además de haber manifestado la parte demandante que en las llamadas que ha realizado a sus hijas el demandado ha expresado su deseo de que vivan en Paraguay, les dijo que se las quería llevar y también se ha llevado el libro de familia, procede adoptar la medida de prohibición de salida del territorio nacional de los menores salvo autorización judicial previa y la prohibición de expedición del pasaporte a los menores o retirada del mismo si ya se hubiere expedido, con base en el artículo 158 del Código Civil.  
Se decreta por ministerio de la ley la disolución del régimen económico de la sociedad de gananciales.  
Tercero. En cuanto a las costas del presente procedimiento, no procederá hacer expresa imposición de las mismas, al tratarse de un procedimiento de familia.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación  
Fallo  
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de Tania Vilaplana Coefier contra Julio César Pintos Báez, debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio por divorcio de los expresados, con todos los efectos legales y con las siguientes medidas definitivas:  
1. Patria potestad será compartida entre ambos padres.  
2. Guarda y custodia de las menores S. D. y T. G. se atribuye a la progenitora.  
3. Pensión de alimentos: el padre deberá abonar para cada una de las hijas menores la cantidad de 180 euros mensuales. La cuantía dineraria fijada será pagadera por meses anticipados y dentro de los primeros 5 días de cada mes, a partir de la fecha de la demanda interpuesta, en la cuenta que se designe a tal efecto. Dicha cantidad se actualizará anualmente con acuerdo a la variación experimentada por el índice general de precios de consumo, establecido por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya. Los gastos extraordinarios necesarios serán satisfechos por mitad.  
4. Régimen de visitas: el progenitor no custodio tendrá derecho de visita de sus hijas menores los sábados alternos de 10.00 a 12.00 horas, en el PEF de Alcoy.  
5. Se establece la prohibición de salida del territorio nacional de las menores salvo autorización judicial previa y la prohibición de expedición del pasaporte a las menores o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.  
Comuníquese esta resolución, una vez firme el pronunciamiento de divorcio al Registro Civil en que conste inscrito el matrimonio.  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante (art. 455 LECn).  
El recurso se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla.  
En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.  
Información sobre el depósito para recurrir.  
De conformidad con la disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que sea admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolución deberá constituir un depósito de 50 euros, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.  
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente (JJJJ 1031 KW EEEE AA) indicando, en el campo "concepto" el código "02 Civil-Apelación" y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.  
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el código de cuenta corriente (CCC, 20 dígitos), se indicará en el campo "concepto" el número de cuenta el código y la fecha que en la forma expuesta en el párrafo anterior.  
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.  
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente el ministerio fiscal, estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.  
Así lo acuerdo, mando y firmo».  
La anterior sentencia ha sido firmada, leída y publicada por el juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública el día de hoy. Doy fe.  
Y encontrándose dicho demandado, Julio César Pintos Báez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Alcoy, 17 de julio de 2012.- La secretaria judicial: María Nieves Martín Rincón.