Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5655, del 07-12-2007 (2007/14207)

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos, con ocasión de la huelga planteada para el personal al que le es de aplicación el convenio colectivo laboral para las empresas que tengan adjudicado mediante contrato con alguna administración pública la gestión de residencias de la tercera edad, centros de día, residencias materno-infantiles y servicios de ayuda a domicilio de titularidad pública en la Comunidad Valenciana, cifrándose en alrededor de 5.000 el número de trabajadores afectados.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/2007/12/03/(1)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   5655

Fecha DOGV
:   07-12-2007

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2007/14727


Fecha del documento
:   03-12-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * protección maternal e infantil
    * huelga
    * derecho de huelga
    * ayuda a domicilio
    * equipamiento social
    * servicio social
    * tercera edad
    * legislación

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los servicios esenciales mínimos, con ocasión de la huelga planteada para el personal al que le es de aplicación el convenio colectivo laboral para las empresas que tengan adjudicado mediante contrato con alguna administración pública la gestión de residencias de la tercera edad, centros de día, residencias materno-infantiles y servicios de ayuda a domicilio de titularidad pública en la Comunidad Valenciana, cifrándose en alrededor de 5.000 el número de trabajadores afectados. [2007/14851]  
Visto el escrito de comunicación de huelga de fecha 30 de noviembre del año en curso, suscrito por Arturo León López, en representación del sindicato CC.OO-PV, que anuncia convocatoria de huelga planteada en todas las actividades laborales, funcionales y estatutarias desempeñadas por el personal al que le es de aplicación el Convenio Colectivo laboral para las empresas que tengan adjudicado mediante contrato, con alguna administración pública, la gestión de residencias de la tercera edad, centros de día, residencias materno-infantiles y servicios de ayuda a domicilio de titularidad pública en la Comunidad Valenciana, cifrándose en alrededor de 5000 el número de trabajadores afectados, durante los días y horas que se reseñan a continuación:.  
Días 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 2007 desde las 11:00 hasta las 12: 00 horas de cada uno de ellos.  
Día 14 de diciembre de 2007, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.  
Y habiendo dado cumplimiento al preaviso preceptivo establecido en la legislación vigente.  
Resultando que se ha intentado la mediación del Tribunal de Arbitraje Laboral, sin que se haya conseguido acuerdo, en la vista celebrada el día 26/11/2007.  
Resultando que el sector de actividad donde se plantea la convocatoria de huelga ofrece un servicio asistencial en sectores de población requeridos de una especial atención por la sociedad en general y los poderes públicos en particular.  
Resultando que la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, atribuye a la administración Autonómica, a través de la conselleria de Bienestar Social, tanto la autorización de funcionamiento de los centros de servicios sociales como el establecimiento de los mínimos de calidad que han de cumplir todos los centros, con el fin de garantizar las condiciones dignas y adecuadas de los mismos.  
Los centros y servicios afectados por la huelga, salvo el servicio de ayuda a domicilio que es de carácter general y competencia de las Corporaciones Locales, son de carácter especializado, prestando servicios de atención a personas mayores dependientes y mujeres y niños en situación de riesgo social.   
Dichos centros y servicios vienen regulados en la Ley 5/1997, de 25 de junio citada y, en su caso, en la correspondiente normativa específica: Orden de 4 de febrero de 2005 de la conselleria de Bienestar Social por la que se regula el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de servicios sociales especializados para la atención de personas mayores (DOGV núm. 4945, de 14/02/2005), para centros residenciales y centros de día, y en el Anexo V de la Orden de 9 de abril de 1990, sobre registro, autorización y acreditación de los servicios sociales en la Comunidad Valenciana (DOGV.1241), para las residencias materno-infantiles.  
Así, las características generales de los centros y servicios afectados de acuerdo con su normativa específica, son las siguientes:  
- Servicio de ayuda a domicilio: Atención de carácter domestico, psicológico, rehabilitador, social, personal y educativo, cuando la situación individual o familiar sea de especial necesidad, procurando la permanencia de la persona en su núcleo familiar o convivencial de origen. El servicio incluye trabajos generales de atención en el hogar de carácter domestico, trabajos de atención personal relacionados con la atención de necesidades básicas e instrumentales de la vida diaria, de carácter socioeducativo y de atención especializada a personas dependientes.   
- Centros de día para personas mayores dependientes: Destinados a ofrecer un programa de atención diurna especializado a personas que precisan de ayuda para la realización de las actividades básicas y/o instrumentales de la vida diaria. Sus objetivos son mantener y o mejorar las funcionalidades de los usuarios y servir de apoyo a la familia, mediante la provisión de un recurso que posibilite la vida socio-laboral de sus miembros.  
- Residencias de personas mayores dependientes: Destinadas a ofrecer alojamiento estable, así como atención social, apoyo en la realización de las actividades de la vida diaria, atención sanitaria, rehabilitación de las capacidades y atención geriátrica integral en función del nivel de dependencia de sus usuarios.  
- Residencias materno-infantiles: Centros de alojamiento dirigidos a suplir el hogar familiar para madres y niños, facilitando condiciones de normalización social, apoyo a la integración laboral y a la autonomía personal. Ofrecen asistencia completa de carácter tutelar en todas las actividades cotidianas.  
Considerando que la competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del Servicio Público, establecida en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana y por delegación a esta conselleria, según el Decreto 129/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 28.2, 148.1.5. y 149.1.7. de la Constitución española y el artículo 51.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, así como el artículo 2º, 1 del Real Decreto 4105/82 de 29 de diciembre y su anexo I sobre transferencias de funciones y servicios de la administración del Estado a la Generalitat Valenciana en materia de Trabajo.  
Considerando que se debe conjugar la atención de los servicios públicos con el ejercicio del derecho de huelga que con la calificación de fundamental instituye nuestra Constitución en su artículo 28.2, tal como ha señalado la importante sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981, desarrollada posteriormente, entre otras, por las sentencias 26 y 33/81, 51 y 53/86, 27/89 y 43/90, en concordancia con el RDL 17/97, de 4 de marzo. En consecuencia, se debe limitar el derecho de huelga en la justa y estricta medida para el mantenimiento de los servicios públicos y la autoridad laboral podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos.  
En la medida en que la destinataria y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y que éstos son al mismo tiempo esenciales para ésta, aquella no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los citados servicios, entendiendo que el derecho de la comunidad a estas prestaciones es prioritario respecto del derecho de huelga, sin que, por otra parte, la consideración de un servicio como esencial signifique la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos.  
Considerando que de acuerdo con doctrina constitucional reiterada, la naturaleza esencial de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa en el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito en el que se concreta esta resolución, se traduce en lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución Española, que impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integran sean reales y efectivas y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. También el artículo 39 obliga a los poderes públicos a asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, la protección integral de los hijos y de las madres, asegurando a los niños la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Por su parte, el artículo 50 obliga asimismo a los poderes públicos a promover el bienestar de la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.  
Considerando que la atención que presta el personal afectado por la huelga en los centros puede estimarse, en la medida que afecta a los derechos mencionados, como un servicio esencial para la comunidad, de inaplazable necesidad y que el legítimo ejercicio del derecho a huelga no debe implicar bajo ningún concepto riesgo para las personas afectadas por dicho servicio. Por tanto, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, en concreto en Sentencia de 3 de abril de 1981, procede dentro de los términos constitucionales limitar el derecho de huelga de los trabajadores para garantizar la prestación de lo que en este concreto supuesto se estima como servicios públicos de inaplazable necesidad, pero sólo aquellos cuya falta de prestación pueda ocasionar a sus usuarios un deterioro en sus derechos constitucionalmente protegidos, por lo que se exige una valoración restrictiva por parte de la autoridad laboral, de modo que no se vea lesionado el derecho a la huelga.  
Considerando que el derecho que asiste a las personas de la tercera edad y a las madres y niños en situación de riesgo social a recibir la atención adecuada y la consecuente prestación de servicios necesarios no puede determinarse de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes y derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurren para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho de huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12-11-1997, nº: 1147/1997).  
Considerando que los colectivos atendidos en los centros y servicios afectados por la huelga, en su mayoría, precisan de atención integral, continuada, personal y multidisciplinar, al ser personas con un deterioro de sus capacidades funcionales y cognitivas derivadas de la edad y de su situación de dependencia, o derivadas de su situación psicosocial o sociofamiliar, que precisan de la continuidad de los servicios, siendo necesario por tanto el establecimiento de unos servicios mínimos que garanticen una adecuada atención de los usuarios durante la huelga.  
Considerando que si bien la continuidad del servicio debe quedar asegurada durante la huelga, el establecimiento de los servicios mínimos ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios, (SSTC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).  
De cuanto se ha señalado se concluye que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del artículo 10 del RD 17/1977 mencionado, debe conjugarse la atención de los servicios esenciales para la comunidad con el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, por lo que se debe limitar éste en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, mantenimiento que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal, estableciendo el Tribunal Constitucional que los servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente.  
Considerando lo anteriormente señalado, la situación del colectivo de los afectados por la huelga, así como el concreto nivel de atención requerido y la especial situación de desamparo que sufren las personas afectadas por la suspensión de la prestación del servicio, y teniendo en cuenta asimismo que en la fijación de los servicios mínimos no se debe impedir ni menoscabar el ejercicio del derecho de huelga.  
Considerando que en la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de materia concreta, resuelvo  
Primero  
A los efectos previstos en el apartado 2º del artículo 10º del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar los servicios esenciales mínimos que deberán prestarse por el personal afectado mientras dure la situación de huelga, atendiendo a la tipología de centros y servicios afectados, en los términos que a continuación se especifican:   
1. Servicio de ayuda a domicilio:   
Se establecen como servicios mínimos los servicios de atención personal relacionados con la atención de necesidades básicas de la vida diaria y los de atención especializada a personas dependientes.   
Al tratarse de servicios prestados en el domicilio que son competencia de las corporaciones locales, éstas establecerán los usuarios que según su perfil de dependencia y/o discapacidad deban recibir el servicio.  
2. Centros de día para personas mayores dependientes:  
Se establecen como servicios mínimos el servicio de transporte cuando sea prestado directamente por el adjudicatario, y la totalidad de la plantilla correspondiente, para las categorías de ATS/DUE, auxiliar de enfermería, ayudante de residencia/servicios, cocineros y subalternos.  
3. Residencias de personas mayores dependientes:  
Se establece como servicios mínimos la plantilla establecida para los días festivos, es decir, se mantiene a todos los efectos la misma plantilla que el resto de los días en las categorías de ATS/DUE, auxiliar de enfermería, ayudante de residencia, cocineros y subalternos.  
Para los centros residenciales que dispongan de plazas de centro de día, se establece como servicios mínimos para los usuarios de este tipo, el servicio de transporte cuando sea prestado directamente por el adjudicatario y la plantilla fijada para las estancias de centro de día en los correspondientes pliegos, para las categorías citadas en el párrafo anterior.  
4. Residencias materno-infantiles:   
Se establecen como servicios mínimos:  
Para los paros parciales  
director/a   
2 Educadores/ras  
1 auxiliar de servicios  
Cocinero/ra de conformidad con su jornada normal  
Para el día 14   
director/a, 60% de su jornada  
4 Educadores/ras con la siguiente distribución por turno, 2 mañana, 1 tarde 1 noche.  
3 auxiliares de servicios con la siguiente distribución por turno, 1 mañana, 1 tarde 1 noche.  
Cocinero/ra de conformidad con su jornada normal  
A los centros, oído el Comité de Huelga, corresponderá la aplicación de estos servicios, con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose tanto la empresa como el Comité de Huelga del cumplimiento de estos servicios esenciales mínimos  
Segundo  
Los servicios esenciales establecidos en la presente resolución, no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación. En caso de producirse serán considerados ilegales y quienes los ocasionaran incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.  
Lo dispuesto en el párrafo anterior no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.  
Tercero  
Notifíquese la presente resolución al sindicato convocante, al Comité de Huelga, a las asociaciones empresariales afectadas y a la conselleria de Bienestar Social  
Cuarto  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de notificación a las partes interesadas.  
Adviértase con la notificación a las partes que la presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de diez días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes que establece el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167, de 14/07/1998).  
Valencia, 3 de diciembre de 2007.- El director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social: (pd. Resolución de 11.04.2001): Román Ceballos Sancho.


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