Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4120, del 05-11-2001 (2001/9952)

Notificación a don Wenceslao Miralles Torres. Número de expediente 46/1G/0059/1997/13.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4120

Fecha DOGV
:   05-11-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/9952


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a don Wenceslao Miralles Torres. Número de expediente 46/1G/0059/1997/13. [2001/M9952]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Wenceslao Miralles Torres, avenida de Ausiàs March, 35-1-2, 46597 Alboraya, la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-306/2000.
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada presentado por don Wenceslao Miralles Torres y doña Concepción Muñoz Parra contra Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 30 de mayo de 2000 en la solicitud de visado y de financiación cualificada para la adquisición de vivienda protegida de nueva construcción, número de expediente de construcción 46/1G/0059/1997/13.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Los interesados, presentaron solicitud de visado de financiación cualificada para la adquisición de vivienda protegida de nueva construcción ante el Servicio Territorial de Valencia, el día 26 de marzo de 1999.
  
2. Con fecha 30 de mayo de 2000 el jefe del Servicio Territorial de Valencia dictó resolución denegatoria.
  
3. Recibida la citada resolución, el 15 de junio de 2000 según acuse de recibo que consta en el expediente, los interesados interponen recurso de alzada con fecha de registro de entrada en el servicio territorial el 19 de julio de 2000.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y del PAC), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, como por lo establecido en el Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 3.798 de 21 de julio).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115 de la LRJAP y del PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
3. El artículo 115, apartado 1 de la LRJAP y del PAC establece que el plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes computado, de acuerdo con el artículo 48.2 de la citada ley, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación, transcurrido el cual sin haberse interpuesto el recurso la resolución será firme.
  
4. En el caso que nos ocupa, examinada la documentación obrante en el expediente, se comprueba que la resolución del Servicio Territorial de Valencia fue notificada el 15 de junio de 2000 y el recurso fue presentado el 19 de julio de 2000.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación, de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Declarar inadmisible el recurso de alzada formulado por don Wenceslao Miralles Torres y doña Concepción Muñoz Parra por haberse presentado el mismo fuera de plazo, quedando firme y consentida la resolución del Servicio Territorial de Valencia de fecha 30 de mayo de 2000.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia. en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.