Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7396, del 05-11-2014 (2014/10489)

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se desiste del procedimiento de licitación número CMAYOR/2014/21/19, redacción proyectos de ordenación de varios montes de utilidad pública de la demarcación forestal de Chelva.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7396

Fecha DOGV
:   05-11-2014

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2014/10965


Fecha del documento
:   30-10-2014

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de servicios
    * adjudicación de contrato administrativo

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se desiste del procedimiento de licitación número CMAYOR/2014/21/19, redacción proyectos de ordenación de varios montes de utilidad pública de la demarcación forestal de Chelva. [2014/10057]  
Vista el acta de la mesa de contratación de fecha 25 de julio de 2014, en relación con el desestimiento del procedimiento de adjudicación del expediente CMAYOR/2014/21/19, redacción proyectos de ordenación de varios montes de utilidad pública de la demarcacion forestal de Chelva.  
  
Antecedentes de hecho  
1. Por Resolución de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de fecha 13 de mayo de 2012 se aprueba el expediente de contratación, incluido el pliego de cláusulas administrativas particulares y anexos, el gasto que comporta y se dispone la apertura del procedimiento de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa en función de varios criterios.  
2. Con fecha 25 de julio de 2014, se reúne la mesa de contratación, a la vista del informe realizado por los servicios técnicos de la Subdirección General de Medio Natural, de fecha 10 de julio y que se aporta a la mesa. En dicho informe, se manifiesta que en el informe técnico de valoración de fecha 10 de julio, de dicho expediente, la documentación técnica de la UTE Imena-Marga no se había valorado por considerar que había presentado la oferta económica dentro del organigrama de la programación y organización de los trabajos. Posteriormente en el expediente CMAYOR/2014/21/33, se efectúa un primer informe de fecha 17 de julio de 2014 en el que no se valoró a la citada UTE, pero tras revisar la documentación se realizó un informe complementario valorandola y posteriormente se realizó la apertura de la oferta económica incluida la citada UTE.  
En dicho informe de 25 de julio de 2014, el jefe de servicio se expresa que el «informe se redacta debido a que se trata de la misma empresa y por tanto no se ha actuado de igual forma en un expediente que en otro, aunque en este caso la oferta económica ya se ha abierto, pero no se ha procedido a la adjudicación por que varias empresas incurrieron en temeridad y deben justificar las bajas presentadas».  
Es por ello, por lo que el Servicio de Ordenación y gestión Forestal considera convocar una mesa de urgencia para valorar si aún se puede subsanar dicho error o por el contrario se decide continuar con el trámite administrativo correspondiente.  
A la vista de la documentación obrante en el expediente los miembros de la mesa acuerdan desistir del procedimiento de contratación en virtud del artículo 155.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), quedando reflejada la argumentación en el acta de dicha mesa de contratación y que se adjunta a la presente resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
1. El artículo 155 del TRLCSP dispone que: «Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración.  
1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea.  
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.  
3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.  
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación».  
2. En la tramitación del presente expediente de licitación se ha producido un error imputable a la Administración adjudicadora consistente en haber considerado indebidamente que uno de los licitadores había incluido la oferta económica en el sobre 2, con la consiguiente exclusión indebida del mismo, y la continuación de la tramitación hasta un momento posterior a la apertura de las proposiciones económicas. Detectado el error con posterioridad al acto público de apertura de plicas y siendo conocidas las proposiciones económicas de los demás licitadores, la mesa de contratación se ha planteado posibles soluciones para que pueda subsanarse el error. Sin embargo, dado que en su momento no se valoró técnicamente la oferta técnica del licitador indebidamente excluido, la subsanación del error pasaría por retrotraer el procedimiento al momento de la valoración técnica de dicha oferta. Sin embargo, dado que ya se conocen las proposiciones económicas de los demás, tal evaluación técnica se ve comprometida en su objetividad, lo que supone una vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación de los licitadores. El principio de igualdad de trato implica que todos los licitadores deben hallarse en pie de igualdad tanto en el momento de presentar sus ofertas como al ser valoradas estas por la entidad adjudicadora. Este principio es la piedra angular sobre la que se hacen descansar las Directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos (sentencias TJCE de 12 de diciembre de 2002, Universidad-Bau y otros, y de 19 de junio de 2003, GAT). A su cumplimiento obedece que los artículos 145 y 160.1 TRLCSP, establezcan que las proposiciones de los interesados, conteniendo las características técnicas y económicas, deben mantenerse secretas hasta el momento en que deban ser abiertas.  
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 22/2013, de 17 de enero (recurso 328/2012), ha resumido los criterios que ha venido aplicando: «Este Tribunal, en sus resoluciones, ha sentado el criterio, por un lado, de confirmar la exclusión de aquellos licitadores que incluyeron información de sus ofertas (ya se trate de criterios sujetos a juicio de valor o evaluable mediante fórmulas) en el sobre relativo al cumplimiento de requisitos previos (resoluciones 147/2011 y 67/2012, relativas a los recursos 114/2011 y 47/2012), así como para el supuesto de inclusión de información evaluable mediante fórmulas en el sobre correspondiente a la información sujeta a juicio de valor (resoluciones 191/2011 y 299/2011\*, referidas a los recursos 156/2011 y 253/2011); y, por otro, la no exclusión de aquellos que incluyeron información del sobre evaluable automáticamente en el sobre referido a información técnica no sujeta a evaluación mediante juicio de valor (resoluciones 14/2010 y 233/2011, que se corresponden con los recursos 18/2010 y 198/2011)».  
Por su parte, la Resolución número 326/2014 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de 25 de abril de 2014 (recurso núm. 245/2014) se establecía también:  
«Ya la Junta Consultiva de Contratación Administrativa destacó en su informe 62/08 el carácter sustantivo, no meramente formal, de la separación de las ofertas técnicas y económicas (ahora sería predicable de los extremos valorables mediante juicio de valor y mediante fórmulas), al señalar que su finalidad es garantizar la máxima objetividad del proceso valorativo. Así señalaba: «En efecto la finalidad última del sistema adoptado para la apertura de las documentaciones técnica y económica es mantener, en la medida de lo posible, la máxima objetividad en la valoración de los criterios que no dependen de la aplicación de una fórmula, evitando que el conocimiento de la oferta económica pueda influenciar en uno u otro sentido tal valoración. De ello se deduce que de admitir las documentaciones correspondientes a los licitadores que no han cumplido estrictamente la exigencia de presentar de forma separada ambos tipos de documentación, la de carácter técnico presentada por estos puede, y de forma inevitable será, valorada con conocimiento de un elemento de juicio que en las otras falta. De esta forma se romperá frontalmente con los principios de igualdad y no discriminación que con carácter general consagra para la aplicación de esta ley el artículo 19 antes trascrito». El referido informe pone de manifiesto que, en el caso de que la evaluación de los criterios valorables mediante juicio de valor se hace con conocimiento de la oferta relativa a criterios valorables mediante fórmulas, tal evaluación se ve comprometida en su objetividad, lo que supone una vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación de los licitadores. Por ello, el repetido informe concluía: «Con respecto de los contratos acogidos a la Ley 31/2007, de 30 octubre, el incumplimiento de las normas del pliego cuando este exija la presentación de las documentaciones técnica y económica en sobres separados, con objeto de permitir la apertura sucesiva de ambas, determinará la inadmisión de los licitadores que hubieran incurrido el mismo». Este criterio, inadmisión de los licitadores que hayan incluido la oferta relativa a criterios valorables mediante fórmulas en el sobre correspondiente a criterios valorables mediante juicio de valor, ha sido acogido por este Tribunal en su Resolución 634/2013, en la que interpretando conjuntamente los artículos 150.2 TRLCSP y 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, afirmaba que no existe ambigüedad alguna en las referidas normas, de forma que la interpretación conjunta de ambos preceptos lleva necesariamente a concluir que no debía incluirse en el sobre B la documentación relativa a un criterio cuantificable mediante la aplicación de fórmulas. Por tanto, la inclusión de la oferta económica en el sobre relativo a criterios valorables mediante juicio de valor constituye un acto contrario a lo establecido en los preceptos referidos en el párrafo anterior. Tal acto resulta imputable a la recurrente, al no haber oscuridad en los pliegos que hubiera podido inducir a ello. Esta es una infracción sustantiva, pues compromete la objetividad de la persona encargada de llevar a cabo la valoración de las ofertas, de forma que supone una vulneración de los principios de igualdad de trato y no discriminación de los licitadores que han de presidir todo el procedimiento de licitación. La conclusión de lo expuesto es que la mesa de contratación del Ministerio de Presidencia obró conforme a la ley al realizar la exclusión de la licitadora que incluyó indebidamente la oferta económica en el sobre relativo a criterios valorables mediante juicio de valor».  
3. La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente es competente para adoptar la presente resolución en virtud de las facultades previstas en el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.  
Vistos los preceptos legales y demás disposiciones de general y pertinente aplicación, resuelvo:  
  
Único  
Desistir del procedimiento de adjudicación del expediente CMAYOR/2014/21/19, redacción proyectos de ordenación de varios montes de utilidad pública de la demarcacion forestal de Chelva, y que se libere el crédito retenido al efecto.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa.  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que estime oportuno.  
  
Valencia, 30 de octubre 2014.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, p. d. (R 01.08.2014, DOCV 05.08.2014), el secretario autonómico de Infraestructuras,Territorio y Medio Ambiente: Victoriano Sánchez- Barcaiztegui Moltó.