Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9722, del 10-11-2023 (2023/10427)

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2023, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve inscribir los nuevos estatutos del Colegio de Abogados de Castellón en el Registro de colegios profesionales y consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9722

Fecha DOGV
:   10-11-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2023/10927


Fecha del documento
:   21-10-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia e Interior

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia e Interior

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2023, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve inscribir los nuevos estatutos del Colegio de Abogados de Castellón en el Registro de colegios profesionales y consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana. [2023/10502]  
Visto el expediente de solicitud de modificación estatutaria instruido a instancia del Colegio de Abogados de Castellón, inscrito con el número 24 de la Sección Primera del Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, en el que se solicita la inscripción de los nuevos estatutos en dicho registro, atendiendo a los siguientes:  
  
Hechos  
  
Primero. En fecha 19 de abril de 2023 el decano del Colegio presentó la solicitud de inscripción de los nuevos estatutos de la corporación profesional en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
Segundo. Los actuales estatutos del Colegio fueron inscritos en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana el 5 de noviembre de 2004, por la Resolución de 24 de marzo de 2004, de la directora general de Justicia, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (DOGV 4889, 23.11.2004)  
Tercero. Mediante oficio de 21 de junio de 2023, el Servicio de Colegios Profesionales y Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana formuló reparos a la documentación remitida y al contenido de la propuesta de modificación de los estatutos, solicitando que subsanaran las deficiencias.  
Cuarto. El 5 de octubre de 2023 el Colegio presentó documentación complementaria que subsanaba los reparos formulados a los estatutos, y se remitió el texto modificado de los estatutos.  
Quinto. Consta en el expediente el certificado del secretario del Colegio, de fecha 19 de abril de 2023, suscrito por el decano en los que se indica que la Junta General extraordinaria de colegiados, celebrada el 24 de enero de 2023, aprobó la modificación de los estatutos.  
Sexto. Consta en el expediente la comunicación al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana, de fecha 4 de octubre de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
Séptimo. La modificación estatutaria cuya inscripción se solicita se refiere a unos nuevos estatutos, que quedan redactados según el anexo I de la presente resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. Revisada la solicitud de nuevos estatutos del Colegio de Abogados de Castellón, estos contienen las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
Segundo. Los estatutos han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios estatutos del Colegio.  
Tercero. Esta Dirección General es competente para tramitar y resolver el presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta lo previsto por la disposición final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana; y en virtud de las atribuciones contenidas en el artículo 69 del Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y en el artículo 9.2.h del Decreto 134/2023, de 10 de agosto, del Consell, de aprobación delReglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia e Interior.  
  
Por todo lo anterior, visto el artículo 36 de la Constitución y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; los artículos 11, 25 y 26 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana; así como los artículos 21 y 74 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de esta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, resuelvo:  
  
Primero  
Inscribir los nuevos estatutos del Colegio de Abogados de Castellón en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
  
Segundo  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
València, 21 de octubre de 2023.- La directora general de Justicia: Cristina Gil Fabregat.  
  
  
ANEXO  
Estatuto del Colegio de Abogados de Castellón  
  
TITULO I. Disposiciones Generales.  
Artículo 1. Denominación y naturaleza jurídica  
Artículo 2. Ámbito territorial, domicilio y delegaciones  
Artículo 3. Tratamiento  
TITULO II. Fines y funciones del Colegio.  
Artículo 4. Fines del Colegio  
Artículo 5. Funciones del Colegio  
Artículo 6. Acción social del Colegio  
TITULO III. Colegiación y ejercicio de la profesión.  
Artículo 7. Profesionales de la Abogacía  
Artículo 8. Modalidades de colegiación  
Artículo 9. Requisitos para la colegiación  
Artículo 10. Incorporación de profesionales de la Abogacía procedentes de otros Colegios  
Artículo 11. Aprobación y denegación de la incorporación  
Artículo 12. Acreditación de la condición de persona colegiada  
Artículo 13. Actuación de profesionales de la Abogacía de otros Colegios  
Artículo 14. Suspensión y pérdida de la condición de persona colegiada  
TITULO IV. Obligaciones del Colegio en materia de información y transparencia.  
Artículo 15. Ventanilla única  
Artículo 16. Memoria Anual  
Artículo 17. Servicio de atención a los miembros del Colegio y a las personas consumidoras o usuarias  
Artículo 18. Servicios jurídicos en línea o a través de internet  
Artículo 19. Obligaciones de los profesionales de la Abogacía vinculados contractualmente con sociedades de intermediación  
TITULO V. Obligaciones y derechos de los miembros del Colegio. Distinciones y honores.  
CAPÍTULO PRIMERO. Con carácter general.  
Artículo 20. Obligaciones colegiales de los profesionales de la Abogacía  
Artículo 21. Derechos de los colegiados y de las colegiadas  
Artículo 22. Formas de ejercicio profesional  
Artículo 23. Secreto profesional  
Artículo 24. Confidencialidad de las comunicaciones entre los profesionales de la Abogacía  
Artículo 25. Independencia y libertad del profesional de la Abogacía  
Artículo 26. Publicidad  
CAPÍTULO SEGUNDO. En relación con los Tribunales.  
Artículo 27. Normas para actuar ante los Tribunales  
CAPÍTULO TERCERO. En relación con las partes.  
Artículo 28. Respecto a su propio cliente  
Artículo 29. Respecto a la parte contraria  
Artículo 30. Deberes para con los otros profesionales de la Abogacía  
Artículo 31. Sustitución del profesional de la Abogacía  
CAPÍTULO CUARTO. Honorarios profesionales.  
Artículo 32. Honorarios profesionales  
CAPÍTULO QUINTO. Distinciones y honores.  
Artículo 33. Distinciones y Honores  
TITULO VI. Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.  
Artículo 34. Competencias en materia de asistencia jurídica gratuita y Turno de Oficio  
Artículo 35. Asistencia jurídica gratuita y organización del Turno de Oficio  
Artículo 36. Requisitos generales  
TITULO VII. Órganos de gobierno.  
CAPÍTULO PRIMERO. Órganos de gobierno.  
Artículo 37. Principios rectores y órganos de gobierno  
CAPÍTULO SEGUNDO. La Junta General.  
Artículo 38. La Junta General  
Artículo 39. Junta General Ordinaria  
Artículo 40. Junta General Extraordinaria  
CAPÍTULO TERCERO. La Junta de Gobierno.  
Artículo 41. Junta de Gobierno del Colegio de Abogados  
Artículo 42. Capacidad para forma parte de la Junta de Gobierno  
Artículo 43. Funciones de los miembros de la Junta de Gobierno  
Artículo 44. Mediación decanal  
Artículo 45. Atribuciones de la Junta de Gobierno  
Artículo 46. Funcionamiento de la Junta de Gobierno  
Artículo 47. Vacantes  
CAPÍTULO CUARTO. Elecciones a la Junta de Gobierno.  
Artículo 48. Forma de proveerse  
Artículo 49. Requisitos para optar a la elección  
Artículo 50. Tramitación  
Artículo 51. Desarrollo de las votaciones  
Artículo 52. Toma de posesión  
Artículo 53. Comunicación del resultado   
Artículo 54. Recursos en materia electoral  
CAPÍTULO QUINTO. Agrupaciones y secciones.  
Artículo 55. Agrupaciones  
Artículo 56. Agrupación de la Abogacía Joven  
Artículo 57. Secciones  
Artículo 58. Aspectos comunes a Agrupaciones y Secciones  
CAPÍTULO SEXTO. Comisiones.  
Artículo 59. Creación y clases de Comisiones  
Artículo 60. Funcionamiento, composición y miembros de las Comisiones  
Artículo 61. Comisión de Deontología Profesional  
TITULO VIII. Régimen Económico del Colegio de Abogados.  
Artículo 62. Principios informadores y cuentas anuales  
Artículo 63. Recursos económicos  
Artículo 64. Presupuesto  
TITULO IX. Responsabilidad disciplinaria. Régimen sancionador. Procedimiento disciplinario sancionador.  
CAPÍTULO PRIMERO. Responsabilidad disciplinaria.  
Artículo 65. Responsabilidad disciplinaria  
Artículo 66. Principios generales  
Artículo 67. Potestad disciplinaria  
Artículo 68. Principio de tipicidad  
Artículo 69. Principio de proporcionalidad  
CAPÍTULO SEGUNDO. Infracciones y sanciones correspondientes a los profesionales de la abogacía.  
Artículo 70. Clases de infracciones  
Artículo 71. Infracciones muy graves  
Artículo 72. Infracciones graves  
Artículo 73. Infracciones leves  
Artículo 74. Clases de sanciones  
Artículo 75. Sanciones  
CAPÍTULO TERCERO. Infracciones y sanciones correspondientes a las sociedades profesionales.  
Artículo 76. Principios generales  
Artículo 77. Clases de infracciones  
Artículo 78. Clases de sanciones  
CAPÍTULO CUARTO. Procedimiento disciplinario sancionador.  
Artículo 79. Procedimiento sancionador  
Artículo 80. Medidas de carácter provisional  
Artículo 81. Recursos  
Artículo 82. Ejecución de las sanciones  
Artículo 83. Efectos de la sanción  
Artículo 84. Prescripción de las infracciones  
Artículo 85. Prescripción de las sanciones  
Artículo 86. Cancelación de la anotación de las sanciones  
Artículo 87. Rehabilitación del profesional de la abogacía expulsado  
Artículo 88. Régimen de los colegiados no ejercientes  
Artículo 89. Régimen de los tutores de prácticas externas  
TITULO X. Modificación del Estatuto.  
Artículo 90. Modificación del Estatuto  
TITULO XI. Régimen jurídico.  
Artículo 91. Régimen jurídico  
Artículo 92. Ley aplicable  
Artículo 93. Ejecutividad  
Artículo 94. Plazos  
Artículo 95. Recursos contra acuerdos de la Junta de Gobierno  
Artículo 96. Recursos contra acuerdos de la Junta General  
Artículo 97. Efectos del recurso de alzada  
TITULO XII. Fusión, absorción, segregación, disolución y liquidación del Colegio.  
Artículo 98. Fusión, absorción, segregación, disolución y liquidación  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
DISPOSICIONES FINALES  
  
  
  
TITULO I  
Disposiciones generales  
  
Artículo 1. Denominación y naturaleza jurídica  
1.1. El Colegio de Abogados de Castellón es una corporación de Derecho Público amparada por la ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.  
1.2. Se regirá por la Ley estatal de colegios profesionales, la Ley de consejos y colegios profesionales de la Generalitat Valenciana y las demás disposiciones estatales y autonómicas pertinentes, así como por el Estatuto General de la Abogacía Española, el presente Estatuto y el Reglamento de Régimen Interior que se aprobase en su desarrollo y por las normas de orden interno y acuerdos de los órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas competencias.  
1.3. El acceso y ejercicio a la profesión de sus miembros se rigen por los principios de igualdad de trato y no discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en los términos previstos en la legislación pertinente.  
1.4. El Colegio de Abogados de Castellón podrá utilizar, así mismo, el acrónimo ICACS para identificarse.  
  
  
Artículo 2. Ámbito territorial, domicilio y delegaciones  
2.1. El ámbito territorial del Colegio se extiende a la provincia de Castellón.  
2.2. Su domicilio radica en la calle Temprado, núm. 15 de Castelló de la Plana.  
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, con la aprobación de la Junta General, se podrá trasladar a otro lugar dentro de la misma ciudad.  
2.3. El Colegio de Abogados de Castellón dispone de una delegación en la ciudad de Vinaròs, pudiendo, por acuerdo de la Junta de Gobierno, con la aprobación de la Junta General, y para el mejor cumplimiento de sus fines y mayor eficacia de sus funciones, establecer otras delegaciones con las facultades y competencias que se determine.  
  
Artículo 3. Tratamiento  
El Colegio de Abogados de Castellón tiene el tratamiento que tradicionalmente se le ha asignado que es el de Ilustre.  
  
  
TITULO II  
Fines y funciones del Colegio  
  
Artículo 4. Fines del Colegio  
Los fines del Colegio de Abogados de Castellón en el territorio de su competencia son, con carácter general, aquellos establecidos en el Estatuto General de la Abogacía Española y, en particular, los siguientes:  
a) La ordenación del ejercicio de la Abogacía y su representación exclusiva.  
b) La defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados y las colegiadas.  
c) La intervención en el proceso de acceso a la profesión.  
d) La formación profesional permanente y especializada de sus miembros.  
e) El control deontológico y la aplicación delrégimen disciplinario en garantía de los derechos de los ciudadanos y de los profesionales.  
f) La protección de los intereses de los consumidores y usuarios y de los clientes de los servicios de los profesionales de la Abogacía.  
g) La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia.  
h) La defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los derechos humanos.  
i) La contribución a la garantía del derecho constitucional de defensa y acceso a la justicia mediante la organización y prestación del servicio de la Asistencia Jurídica Gratuita en los términos establecidos en las leyes.  
  
Artículo 5. Funciones del Colegio  
Son funciones del Colegio:  
a) Aprobar sus estatutos y reglamentos de régimen interior.  
b) Ostentar, en su ámbito territorial, la representación y defensa de la profesión ante la Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, todo ello conforme a la legislación vigente.  
  
c) Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional.  
d) Ejercer el derecho de petición conforme a la ley.  
e) Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, de interés para sus miembros.  
f) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones.  
g) Establecer y exigir aportaciones económicas.  
h) Llevar un registro de sus miembros en el que conste, al menos, justificación deltítulo académico oficial, la fecha de alta en el colegio, el domicilio profesional y cuantas circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio profesional, en su caso.  
i) Elaborar criterios de honorarios a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas, de conformidad con lo establecido en la ley.  
j) Informar en los procedimientos administrativos o judiciales, cuando sea requerido para ello o cuando se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente.  
k) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.  
l) Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente.  
m) Ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad disciplinaria.  
n) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del aseguramiento de la responsabilidad civil de sus miembros.  
ñ) Participar en los órganos consultivos de la Administración, cuando sea preceptivo o esta lo requiera.  
o) Informar los proyectos normativos de la Administración sobre las condiciones del ejercicio profesional o que afecten directamente al Colegio.  
p) Ejercer cuantas competencias le sean atribuidas legalmente, así como colaborar con la Administración mediante la realización de estudios o emisión de informes.  
q) Cumplir y hacer cumplir a sus miembros las normas generales y especiales, el estatuto colegial, el reglamento de régimen interior y los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en materia de su competencia.  
r) Aquellas que se les atribuya por otras normas de rango legal o reglamentario, les sean delegadas por las Administraciones Públicas o se deriven de convenios de colaboración.  
s) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios.  
t) Atender las solicitudes de información sobre sus miembros y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos previstos en la ley siempre que estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó en los términos previstos en la legislación sobre protección de datos personales.  
u) Intervenir, previa solicitud de los interesados, en vías de conciliación, mediación o arbitraje en las cuestiones que por motivos profesionales se susciten entre los colegiados o entre estos y sus clientes. Especialmente, resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados y la percepción de sus honorarios, mediante laudo al que previamente se sometan de modo expreso las partes interesadas.  
v) Ejercer funciones de arbitraje en los asuntos que les sean sometidos, así como promover o participar en instituciones de arbitraje o mediación.  
w) Velar para que en las sedes de juzgados y tribunales se ubiquen dependencias dignas y suficientes para su utilización por los profesionales de la Abogacía en el desarrollo de sus funciones.  
x) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses profesionales de sus miembros.  
y) En general, cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los colegios profesionales.  
  
Artículo 6. Acción social del Colegio  
6.1. El Colegio de Abogados de Castellón tendrá especialmente en cuenta su responsabilidad para con la sociedad en que se integra. Por ello podrá promover, organizar y ejecutar programas de acción social en beneficio de los sectores más desfavorecidos, así como para la promoción y difusión de los derechos fundamentales, los valores democráticos de convivencia o la cooperación internacional, destinando para ello una partida de su presupuesto colegial.  
6.2. Sin perjuicio de las competencias derivadas de la legislación sobre asistencia jurídica en materia de servicios de orientación jurídica, el Colegio podrá organizar y prestar servicios gratuitos, con o sin financiación externa pública o privada, dedicados a asesorar a quienes no tengan acceso a otros servicios gratuitos y se encuentren en situaciones de necesidad, desventaja o riesgo de exclusión social, o que correspondan a acciones desarrolladas por iniciativa de otras Administraciones Públicas.  
6.3. El Colegio de Abogados de Castellón podrá celebrar acuerdos y convenios con Administraciones Públicas o con terceros en relación con las actividades señaladas en los apartados anteriores.  
  
  
TÍTULO II  
Colegiación y ejercicio de la profesión  
  
Artículo 7. Profesionales de la Abogacía  
7.1. Son profesionales de la abogacía quienes, estando en posesión del título oficial que habilita para el ejercicio de esta profesión, se encuentran incorporados a un Colegio de la Abogacía en calidad de ejercientes, en los términos que dispone el artículo 3, apartado 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales o la disposición básica que la sustituya y se dedican de forma profesional al asesoramiento jurídico, a la solución de disputas y a la defensa de derechos e intereses ajenos, tanto públicos como privados, en la vía extrajudicial, judicial o arbitral.  
7.2. Corresponde en exclusiva la denominación de abogada y abogado a quienes se encuentren incorporados a un Colegio de la Abogacía como ejercientes.  
  
Artículo 8. Modalidades de colegiación  
Las personas colegiadas en El Colegio de Abogados de Castellón lo pueden ser del siguiente modo:  
a) Ejercientes: que son quienes se dedican profesionalmente al ejercicio de la Abogacía. Pueden ser residentes o no residentes según si tienen en el ámbito colegial su despacho único o principal o no.  
b) No ejercientes: que son quienes no se dedican al ejercicio profesional de la Abogacía, careciendo delderecho a denominarse abogados o abogadas.  
c) Inscritas: que son quienes, de conformidad con la legislación vigente, pueden ejercer en España con el título de su país de origen.  
d) De honor: que son quienes hayan sido objeto de esta distinción en razón a sus méritos o a los servicios relevantes prestados a la Abogacía o al Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, según acuerdo unánime de la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 9. Requisitos para la colegiación  
9.1 Son requisitos necesarios para la incorporación al Ilustre Colegio de Abogados de Castellón los que determina el Estatuto General de la Abogacía Española. En particular:  
a) Ser mayor de edad y tener nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de terceros países, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales y del cumplimiento de los requisitos recogidos en la normativa sobre extranjería respecto del derecho de los extranjeros para establecerse y acceder al ejercicio profesional en España.  
b) Poseer el título oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, salvo las excepciones establecidas en normas con rango de Ley.  
c) Acreditar el conocimiento de la lengua castellana o de la lengua valenciana, por cualquier medio válido en derecho, salvo cuando resulte de modo fehaciente del cumplimiento del requisito anterior.  
d) Satisfacer la cuota de ingreso, que no podrá superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción, así como facilitar una cuenta bancaria con la finalidad de domiciliar dicha cuota y las que tenga establecidas el Colegio.  
e) Carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía.  
f) No haber sido condenado por intrusismo en el ejercicio de la abogacía en los tres años anteriores mediante resolución firme, salvo que se hubiesen cancelado los antecedentes penales derivados de esta condena.  
g) No haber sido sancionado disciplinariamente con la expulsión de un Colegio de la Abogacía o, en caso de haber sufrido tal sanción, haber sido rehabilitado, lo que se acreditará por medio de certificado expedido por el Consejo General de la Abogacía Española.  
h) No estar incurso en causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la Abogacía, lo que se acreditará por medio de certificado expedido por el Consejo General de la Abogacía Española.  
i) Formalizar el alta en el Régimen de Seguridad Social que corresponda o, en su caso, el ingreso en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de conformidad con la legislación vigente.  
j) Designar una dirección postal, una electrónica y un número de teléfono a efectos de comunicaciones y notificaciones.  
9.2. Para incorporarse como colegiado no ejerciente deberán cumplirse los requisitos establecidos en las letras a), b), c), d), e), f), g) y j) del apartado anterior. Asimismo, deberá acreditar no estar incurso en causa de incapacidad o prohibición para el ejercicio de la Abogacía en la forma prevista en el apartado h.  
9.3. La solicitud se realizará mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno al que se acompañará la documentación acreditativa delcumplimiento de los requisitos para la colegiación. Dicha solicitud podrá tramitarse por vía telemática a través de la ventanilla única.  
9.4. La colegiación como residente exige tener en su ámbito territorial despacho único o principal y no estar incorporado en ningún otro Colegio en tal carácter, sin perjuicio del traslado que exigirá la baja en el Colegio de proveniencia para causar alta en este Colegio como residente.  
9.5. La incorporación a la profesión por primera vez será solemne, exigirá el juramento o promesa de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y de cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. El juramento o promesa será prestado solemnemente ante la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Castellón.  
No obstante, la Junta de Gobierno podrá autorizar que el juramento o promesa se formalice inicialmente por escrito, con compromiso de su posterior ratificación pública ante la Junta de Gobierno. En todo caso se dejará constancia en el expediente personal del colegiado de la prestación de dicho juramento o promesa.  
9.6. Para comunicar los datos que tengan carácter profesional, incluirlos en las guías colegiales y cederlos a terceros conforme a lo previsto en la legislación pertinente con las limitaciones que se establezcan.  
  
Artículo 10. Incorporación de profesionales de la Abogacía procedentes de otros Colegios  
10.1 Podrán incorporarse al Ilustre Colegio de Abogados de Castellón como no residentes los procedentes de otros Colegios de España, acreditando su ejercicio y pertenencia actual y vigente a la respectiva Corporación de residencia.  
10.2 Deberán también justificar no estar dados de baja o suspendidos temporalmente en el ejercicio de la Abogacía por otros Colegios.  
10.3 Se estará a lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española en lo relativo a las personas que hayan ejercido previamente en otro Estado de la Unión Europea.  
  
Artículo 11. Aprobación y denegación de la incorporación  
11.1 Las solicitudes de incorporación serán aprobadas, suspendidas o denegadas, previa la tramitación que proceda, por la Junta de Gobierno mediante resolución motivada, debiendo ser admitidos quienes reúnan los requisitos establecidos para colegiarse.  
11.2 La denegación de incorporación como ejerciente adoptada por otro Colegio de la Abogacía impedirá la incorporación a esta Corporación cuando se trate de causa insubsanable o que no haya sido debidamente subsanada. A estos efectos, las resoluciones denegatorias de incorporación se comunicarán al Consejo General de la Abogacía Española para su traslado a todos los Colegios de la Abogacía.  
11.3 La resolución de la Junta de Gobierno deberá dictarse dentro de los tres meses desde la solicitud de incorporación, transcurrido el cual se entenderá aprobada la colegiación por silencio administrativo.  
11.4 La resolución que deniegue la incorporación será motivada y puede ser objeto de recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía en el plazo de un mes.  
  
Artículo 12. Acreditación de la condición de persona colegiada  
En el momento de la incorporación se asignará un número de colegiación que deberá consignarse junto al nombre cuando se realicen actuaciones profesionales. El Colegio de Abogados de Castellón expedirá documento acreditativo de tal condición.  
Artículo 13. Actuación de profesionales de la Abogacía de otros Colegios  
13.1 Los profesionales de la Abogacía pertenecientes a otros Colegios quedarán sujetos a las normas y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Castellón cuando actúen en su ámbito territorial, teniendo derecho a la utilización de los servicios colegiales directamente relacionados con el ejercicio de la profesión.  
13.2 La libertad e independencia en la actuación profesional quedarán bajo la protección de este Colegio.  
  
Artículo 14. Suspensión y pérdida de la condición de persona colegiada  
14.1 La suspensión y pérdida de la condición de persona colegiada se regirá por lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
14.2 Los colegiados que causen baja por impago de cuotas podrán rehabilitar sus derechos abonando lo adeudado más sus intereses al tipo de interés legal del dinero, así como la cuota de incorporación.  
  
  
TÍTULO IV  
Obligaciones del Colegio en materia de información   
y transparencia  
  
Artículo 15. Ventanilla única  
15.1 El Colegio de Abogados de Castellón dispondrá de un portal electrónico para que, a través de la ventanilla única prevista en la ley, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. El Colegio de Abogados de Castellón hará lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita:  
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.  
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.  
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y su resolución por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando fuera procedente.  
d) Ser convocados a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.  
15.2 A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio ofrecerá la siguiente información de forma, clara, inequívoca y gratuita:  
a) El acceso al registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.  
b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en la ley.  
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y una persona colegiada o el Colegio.  
d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia. Esta información podrá proporcionarse a través de un enlace a la página web correspondiente.  
e) El contenido del Código Deontológico de la Abogacía Española y de otros que puedan ser de aplicación.  
  
Artículo 16. Memoria Anual  
16.1 El Colegio está sujeto al principio de transparencia en su gestión. Para ello, elaborará una Memoria Anual de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
16.2 La Memoria Anual aprobada deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año.  
  
Artículo 17. Servicio de atención a los miembros del Colegio y a las personas consumidoras o usuarias  
17.1 El Colegio deberá atender las quejas o reclamaciones presentadas.  
17.2 Asimismo, dispondrá de un servicio de atención a las personas consumidoras o usuarias, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de sus miembros se presenten por ellas, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.  
17.3 El Colegio, a través de este servicio de atención, resolverá sobre la queja o reclamación según proceda:  
a) informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos,  
b) remitiéndola a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios,  
c) archivando el expediente, o  
d) adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.  
El procedimiento de resolución de quejas y reclamaciones será regulado por la Junta de Gobierno.  
17.4 La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.  
  
Artículo 18. Servicios jurídicos en línea o a través de internet  
18.1. La prestación por parte de un profesional de la Abogacía de asesoramiento jurídico en línea o a través de internet constituye una forma de ejercicio de la profesión sometida al presente Estatuto, al Estatuto General de la Abogacía Española y al resto del ordenamiento jurídico.  
18.2. La identificación del profesional de la Abogacía que presta el servicio, así como su pertenencia al Colegio de Abogados de Castellón, deberá ser comunicada al cliente o usuario antes de la prestación de servicios y, en todo caso, antes de solicitar el abono de contraprestación alguna.  
18.3. Cuando un colegiado ejerciente sea requerido para prestar sus servicios profesionales por este medio, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el secreto profesional y obtener del cliente acreditación suficiente de su identidad y la restante información que le permita evitar conflictos de intereses y prestar el asesoramiento adecuado al solicitante de sus servicios.  
18.4. Las comunicaciones confidenciales deberán enviarse encriptadas y con firma electrónica segura, siempre que las circunstancias del cliente lo permitan.  
18.5. Los servicios se considerarán prestados en el lugar donde se encuentre la sede del Juzgado, en el caso de que se haya realizado una actuación judicial, y en el caso de que se esté ante un asesoramiento, en el lugar donde se encuentra colegiado el profesional de la Abogacía.  
  
Artículo 19. Obligaciones de los profesionales de la Abogacía vinculados contractualmente con sociedades de intermediación  
19.1 Los profesionales de la Abogacía que, vinculados contractualmente con empresas o sociedades de intermediación que no tengan la consideración de sociedades profesionales de la Abogacía, desarrollen actividad profesional en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Castellón, deberán comunicar al Colegio dicha circunstancia y los términos de su vinculación, con la finalidad de que el Colegio pueda realizar el debido control deontológico de la actividad desarrollada, como profesionales de la abogacía, en el marco de la expresada relación contractual.  
19.2 Las sociedades no profesionales a que alude el apartado anterior son aquellas definidas en el preámbulo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, como sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional. Se trata, en este último caso, de sociedades cuya finalidad es la de proveer y gestionar en común los medios necesarios para el ejercicio individual de la profesión, en el sentido no de proporcionar directamente al solicitante la prestación que desarrollará el profesional persona física, sino de servir no solo de intermediaria para que sea este último quien la realice, y también de coordinadora de las diferentes prestaciones específicas seguidas.  
19.3 A efectos deontológicos, y concretamente de lo dispuesto en el Título V, el cliente del profesional de la abogacía será la persona física o jurídica destinataria de los servicios jurídicos prestados por el mismo, siéndole de aplicación y en consecuencia exigibles, en relación con el destinatario final de dichos servicios, todas las obligaciones y deberes propios de la relación abogado-cliente, cuyo eventual incumplimiento e infracciones deontológicas resultantes, le serán imputables, de acuerdo con lo establecido en el Título IX, Capítulo 2º. Todo ello con independencia de las relaciones entre el profesional de la abogacía y la empresa o sociedad de intermediación.  
  
  
TÍTULO V  
Obligaciones y derechos de los miembros del Colegio.   
Distinciones y honores  
  
CAPÍTULO PRIMERO  
Con carácter general  
  
Artículo 20. Obligaciones colegiales de los profesionales de la Abogacía  
Son obligaciones colegiales de los miembros del Colegio de Abogados de Castellón las siguientes:  
a) Cumplir las normas estatutarias y deontológicas, así como los acuerdos adoptados por los órganos corporativos.  
b) Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales ordinarias y extraordinarias.  
c) Estar al corriente en el pago de las cuotas de previsión social, sea cual sea el régimen al que esté adscrito.  
d) Denunciar ante el Colegio todo acto de intrusismo o ejercicio ilegal que llegue a su conocimiento, ya sea debido a falta de colegiación, por suspensión o inhabilitación del denunciado, o por concurrir en supuestos de incompatibilidad o prohibición.  
e) Comunicar al Colegio su domicilio, el de su despacho profesional principal y cualquier otro despacho abierto en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Castellón, así como sus eventuales cambios.  
f) Comunicar cualquier cambio en la dirección electrónica o número de teléfono facilitado al Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1.j del presente Estatuto.  
g) Mantener despacho profesional abierto, propio, ajeno o de empresa, en el territorio del Colegio de Castellón en el que se está incorporado como ejerciente residente, en los términos del artículo 7.1 del Estatuto General de la Abogacía Española.  
h) Cualquier otro establecido en el presente Estatuto, en el Estatuto General de la Abogacía Española y demás normas que regulan la profesión.  
  
Artículo 21. Derechos de los colegiados y de las colegiadas  
Son derechos de los colegiados y de las colegiadas, los siguientes:  
a) Participar en la gestión corporativa y ejercer los derechos de petición, voto y acceso a los cargos directivos en la forma que establezcan las normas legales o estatutarias.  
El voto de los abogados y abogadas colegiados ejercientes tendrá, en todo caso, doble valor que el de los colegiados y colegiadas no ejercientes  
b) Recabar del Colegio el amparo de su dignidad, independencia y lícita libertad de actuación profesional, así como de su derecho a conciliar la vida familiar con la actuación profesional.  
c) Ser informados de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales que les afecten. En todo caso, el Estatuto particular del Colegio de Abogados de Castellón, las normas aprobadas por sus órganos y los acuerdos de interés general deberán figurar, debidamente actualizados, en la página web del Colegio y en las dependencias colegiales a disposición de quien lo solicite.  
d) Formular moción de censura en los términos establecidos en el presente Estatuto y en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
e) Cualquier otro establecida en el presente Estatuto, en el Estatuto General de la Abogacía Española y demás normas que regulan la profesión.  
  
  
  
Artículo 22. Formas de ejercicio profesional  
22.1 La Abogacía podrá ejercerse en las formas previstas en el Estatuto General de la Abogacía Española y en la legislación vigente.  
22.2 Las sociedades profesionales deberán inscribirse en el registro de sociedades profesionales que el Colegio tiene creado al efecto y tendrán las mismas obligaciones deontológicas que el resto de los colegiados con las particularidades que les sean propias.  
22.3 Los deberes de información e identificación que establece el Estatuto General de la Abogacía Española recaen también sobre las sociedades multidisciplinares en las que son socios profesionales abogados o abogadas.  
22.4 Igualmente, el secreto profesional incumbe también a las sociedades de abogados, a los despachos colectivos y a las sociedades multidisciplinares con participación de profesionales de la Abogacía.  
22.5 El Colegio ejercerá sobre las sociedades profesionales que estén inscritas las mismas competencias que se le atribuyen con relación a las personas colegiadas, especialmente en lo relativo a la deontología y a la potestad disciplinaria.  
22.6 En la hoja de encargo profesional deben figurar los datos de identificación de las sociedades profesionales, de los despachos colectivos y de las sociedades multidisciplinares, en su caso.  
22.7 En la denominación subjetiva u objetiva de los despachos colectivos deberá figurar la denominación «despacho colectivo» y la forma de agrupación elegida.  
  
Artículo 23. Secreto profesional  
23.1 La confianza y confidencialidad en las relaciones con el cliente imponen al profesional de la Abogacía, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normas que afecten a la materia, el deber y el derecho de guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre ellos.  
23.2 El secreto profesional es igualmente exigible en relación con los abogados de empresa en los términos establecidos en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
23.3 El secreto profesional será igualmente exigible en relación con los profesionales de la abogacía vinculados contractualmente con empresas y sociedades de intermediación y la información que pueda facilitar a estas últimas.  
23.4 El ámbito del secreto profesional será el establecido en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
23.5 Solamente podrá hacerse uso de hechos o noticias sobre los cuales se deba guardar el secreto profesional cuando se utilice para la propia defensa en el marco de una información previa, de un expediente disciplinario o en un procedimiento administrativo o judicial en los ámbitos penal, civil, laboral, tributario o deontológico, sin perjuicio de la confidencialidad de las comunicaciones entre profesionales de la Abogacía en los términos del artículo siguiente  
23.6 Si un profesional de la Abogacía tuviera que reclamar judicialmente contra su propio cliente como consecuencia del ejercicio profesional, no tendrá obligación de guardar silencio respecto al caso concreto al que se refiere la reclamación.  
23.7 El decano/a del Colegio de Abogados de Castellón, o el profesional de la abogacía en quien este delegue asistirá, a petición del interesado a la práctica de un registro en el despacho profesional de un abogado del Colegio de Abogados de Castellón, personándose en dicho despacho y asistiéndole a las diligencias que en el mismo se practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional y, especialmente, porque el registro, así como el resto de las actuaciones que se lleven a cabo, se limite exclusivamente a la investigación del ilícito por razón del cual fueron acordados.  
  
Artículo 24. Confidencialidad de las comunicaciones entre los profesionales de la Abogacía  
24.1 El profesional de la abogacía no podrá aportar a los Tribunales, ni facilitar a su cliente, las cartas, documentos y notas que, como comunicación entre profesionales de la abogacía, mantenga con el profesional de la abogacía de la otra parte, salvo que este último lo autorice expresamente.  
24.2 Esta prohibición no alcanzará a las cartas, documentos y notas en que alguno de los profesionales de la Abogacía desarrolle actuaciones distintas de las que son propias de dicho ejercicio profesional, tal y como este viene definido en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 25. Independencia y libertad del profesional de la Abogacía  
25.1 El profesional de la Abogacía en cumplimiento de su función actuará con toda libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la Ley o por las normas éticas y de deontología profesional.  
25.2 Si el profesional de la Abogacía considerase que la autoridad, juez o tribunal coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no guarda la consideración debida a su función, podrá hacerlo constar así ante el propio juzgado o tribunal y dar cuenta a la Junta de Gobierno. La Junta, si estimare fundada la queja, adoptará medidas activas para amparar la libertad, independencia y dignidad profesionales.  
25.3 Esta misma protección señalada en el apartado anterior podrá ser requerida cuando sea algún órgano de la Administración Pública quien coarte la independencia o la libertad, perturbe o presione al profesional de la Abogacía en el ejercicio de la defensa de su cliente en garantía de su derecho de defensa y la íntegra y efectiva realización de la Justicia.  
25.4 El Colegio de Abogados de Castellón notificará los amparos concedidos a la Administración, jueces o tribunales de quienes se estime que hayan coartado la libertad o independencia de los profesionales de la Abogacía y denunciarán dichas conductas, cuando proceda, ante el Consejo General del Poder Judicial y las instituciones pertinentes. Asimismo, El Colegio de Abogados de Castellón promoverá fórmulas para ser oído ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en los expedientes gubernativos seguidos contra cualquier profesional de la Abogacía y sus recursos.  
  
Artículo 26. Publicidad  
26.1 El profesional de la Abogacía podrá realizar libremente publicidad de sus servicios, con pleno respeto de la legislación sobre publicidad, defensa de la competencia y competencia desleal, así como del Estatuto General de la Abogacía Española y del Código deontológico que resulte aplicable.  
26.2 La publicidad que realicen los profesionales de la abogacía respetará en todo caso la independencia, libertad, dignidad e integridad como principios esenciales y valores superiores de la profesión, así como el secreto profesional.  
26.3 La publicidad no podrá suponer:  
a) La revelación directa o indirecta de hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional.  
b) La incitación genérica o concreta al pleito o conflicto.  
c) La oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de accidentes o desgracias, así como de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas, sean o no delito, en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de profesional de la abogacía.  
Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.  
d) La promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del profesional de la abogacía.  
e) La referencia a clientes del propio profesional de la Abogacía sin su autorización, salvo lo previsto en el artículo 54 del Estatuto General de la Abogacía Española.  
f) La utilización de emblemas o símbolos institucionales o colegiales y de aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión.  
g) La mención de actividades realizadas por el profesional de la Abogacía que sean incompatibles con el ejercicio de la abogacía.  
26.4 Las menciones que a la especialización en determinadas materias incluyan los profesionales de la Abogacía en su publicidad deberán responder a la posesión de títulos académicos o profesionales específicos sobre las materias de que se trate, a la superación de cursos formativos de especialización profesional oficialmente homologados o a una práctica profesional que las avalen.  
  
  
CAPÍTULO SEGUNDO  
En relación con los Tribunales  
  
Artículo 27. Normas para actuar ante los Tribunales  
27.1 En su condición de garante de la efectividad del derecho constitucional de defensa y de colaborador con la Administración de Justicia, el profesional de la Abogacía está obligado a participar y cooperar con ella asesorando, conciliando y defendiendo en Derecho los intereses que le sean confiados.  
27.2 En su intervención ante los órganos jurisdiccionales, el profesional de la abogacía deberá atenerse en su conducta a la buena fe, prudencia y lealtad. La forma de su intervención deberá guardar el debido respeto a dichos órganos y a los profesionales de la abogacía defensores de las demás partes.  
27.3 Los profesionales de la abogacía tendrán derecho a intervenir ante los juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción sentados en el estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el órgano jurisdiccional ante el que actúen y vistiendo toga, adecuando su indumentaria a la dignidad de su función. En todo caso se atenderá a las indicaciones que, en el ejercicio de la policía de estrados, puedan adoptarse por el órgano judicial.  
27.4 El profesional de la abogacía actuante podrá ser auxiliado o sustituido en cualquier diligencia judicial por uno o varios compañeros en ejercicio, pudiendo intervenir dos o más profesionales de la abogacía en las vistas siempre que esa intervención conjunta presente justificación suficiente a criterio del órgano judicial. Para la sustitución bastará la declaración del profesional de la abogacía sustituto bajo su propia responsabilidad.  
27.5 Los profesionales de la abogacía que se hallen procesados o imputados y se defiendan a sí mismos o colaboren con su defensor usarán toga y, en este caso, ocuparán el sitio de los profesionales de la abogacía.  
27.6 Los profesionales de la abogacía esperarán un tiempo prudencial sobre la hora señalada por los órganos judiciales para las actuaciones en que deban intervenir, transcurrido el cual sin causa justificada formularán la pertinente queja ante el mismo órgano.  
Asimismo deberán denunciar el retraso ante la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Castellón para que pueda adoptar las actuaciones pertinentes y en el caso de reiteración de retrasos injustificados, presentar la correspondiente denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial.  
  
CAPÍTULO TERCERO  
En relación con las partes  
  
Artículo 28. Respecto a su propio cliente  
28.1 El profesional de la abogacía tiene plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del asunto.  
Asimismo, podrá cesar en su intervención profesional cuando surjan discrepancias con su cliente y deberá hacerlo cuando concurran circunstancias que afecten a su independencia y libertad en la defensa o al deber de secreto profesional.  
28.2 El profesional de la abogacía podrá renunciar a la defensa procesal que le haya sido encomendada, en cualquier fase del procedimiento, estando obligado a comunicarlo por escrito o por cualquier otro medio que permita dejar constancia a su cliente con la antelación necesaria para que no queden indefensos los intereses puestos bajo su amparo estando obligado a despachar los trámites procesales urgentes y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 553.4º de la Ley Orgánica del poder judicial  
28.3 Son obligaciones del profesional de la abogacía para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional.  
28.4 El profesional de la Abogacía realizará diligentemente las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica de dicho asunto y pudiendo auxiliarse de sus colaboradores y otros compañeros, quienes actuarán bajo su responsabilidad.  
En todo caso, tendrá la obligación de informar a su cliente sobre la viabilidad del asunto o de los recursos correspondientes, así como de aquellos aspectos más relevantes del encargo y procurará disuadirle de promover conflictos o ejercitar acciones judiciales sin fundamento y le aconsejará, en su caso, sobre las vías alternativas para la mejor satisfacción de sus intereses. Esta obligación no podrá ser delegada en quienes no sean profesionales de la Abogacía.  
Asimismo, le informará sobre los honorarios y costes de su actuación. También le hará saber las consecuencias que puede tener una condena en costas y su cuantía aproximada  
28.5 En todo caso, el profesional de la Abogacía deberá identificarse ante la persona a la que asesore o defienda, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero, a fin de asumir las responsabilidades civiles, penales y deontológicas que, en su caso, correspondan.  
A efectos de identificación, deberá facilitarse al cliente su nombre, número de identificación fiscal, Colegio de pertenencia y número de colegiado, domicilio profesional y medio para ponerse en comunicación con el profesional, incluyendo la vía telemática.  
Si el cliente lo solicita, el profesional de la abogacía deberá facilitar toda la información señalada en el artículo 49 del Estatuto General de la Abogacía Española.  
28.6 El profesional de la abogacía está obligado a devolver puntualmente a su cliente la documentación que le hubiera confiado, a la terminación de la relación contractual. No será causa para eximirse de esta obligación que se le adeude cualquier cantidad. También deberá entregar a su cliente, a su petición, los escritos y resoluciones relacionadas con el asunto que le tenga encomendado, con gastos a cargo del cliente.  
28.7 El profesional de la abogacía está obligado a no defender intereses en conflicto con los de su cliente en los términos señalados en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 29. Respecto a la parte contraria  
29.1 Son obligaciones del abogado para con la parte contraria la abstención de cualquier acto que determine una lesión injusta para la misma, y el trato considerado y cortés.  
29.2 El profesional de la abogacía no podrá entrar en contacto con la parte contraria cuando esta cuente con asistencia letrada, salvo autorización de esta última.  
  
Artículo 30. Deberes para con los otros profesionales de la Abogacía  
30.1 Los profesionales de la abogacía deben mantener recíproca lealtad y respeto mutuo.  
30.2 En todo caso, los profesionales de la abogacía están obligados en las relaciones con otros compañeros a lo siguiente:  
a) Comunicar al Colegio la intención de interponer, en nombre propio o del cliente, una acción de responsabilidad civil o penal contra otro profesional de la abogacía, derivada del ejercicio profesional.  
b) Mantener el más absoluto respeto por el profesional de la abogacía de la parte contraria, evitando toda alusión personal en los escritos judiciales, informes orales y cualquier comunicación oral o escrita.  
c) No atribuirse facultades distintas de las conferidas por el cliente.  
d) Comunicar el cese o interrupción de las negociaciones extrajudiciales antes de presentar reclamación judicial o, en su caso, de solicitar la ejecución de una resolución.  
e) Abstenerse de pedir la declaración testifical del profesional de la abogacía de la parte contraria o de otros profesionales de la abogacía que hubieran tenido alguna implicación profesional en el asunto.  
  
Artículo 31. Sustitución del profesional de la Abogacía  
31.1 El profesional de la abogacía a quien se encargue la dirección profesional de un asunto encomendado a otro compañero deberá comunicárselo a este en alguna forma que permita la constancia de la recepción, acreditando haber recibido el encargo del cliente.  
31.2 El profesional de la abogacía sustituido, a la mayor brevedad, deberá acusar recibo de la comunicación, poner a disposición del compañero la documentación relativa al asunto que obre en su poder y proporcionarle los datos e informaciones que sean necesarios.  
  
31.3 El nuevo profesional de la abogacía queda obligado a respetar y preservar el secreto profesional sobre la documentación recibida, con especial atención a la confidencialidad de las comunicaciones entre compañeros.  
31.4 Si la sustitución entre profesionales tiene lugar en el marco de un expediente judicial electrónico, se estará a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, y sus disposiciones de desarrollo.  
  
  
CAPÍTULO CUARTO  
Honorarios profesionales  
  
Artículo 32. Honorarios profesionales  
32.1 La cuantía de los honorarios será libremente convenida con el cliente y debe ser objeto de acuerdo previo a través de la utilización de la hoja de encargo o medio equivalente, entendiéndose por «medio equivalente» cualquier sistema que permita acreditar la existencia de dicha comunicación.  
32.2 Será obligación del profesional de la Abogacía la emisión de la correspondiente factura de acuerdo con la normativa tributaria.  
  
  
CAPÍTULO QUINTO  
Distinciones y honores  
  
Artículo 33. Distinciones y Honores  
Con el fin de reconocer los méritos contraídos en beneficio e interés de la Abogacía y del Derecho, los servicios prestados al Ilustre Colegio de Abogados de Castellón y la dedicación constante al ejercicio profesional, la Junta de Gobierno podrá conceder las distinciones y honores que la misma determine.  
  
  
TÍTULO VI  
Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio  
  
Artículo 34. Competencias en materia de asistencia jurídica gratuita y Turno de Oficio  
34.1 Corresponde al Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía y a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Castellón la regulación y organización de los servicios de asistencia letrada y de defensa gratuita, garantizando en todo caso su continuidad, atendiendo a los principios de eficiencia y funcionalidad, de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios y, cuando el censo de los profesionales lo permita, de especialización por órganos jurisdiccionales y materias.  
34.2 La Junta de Gobierno es competente para establecer las normas para su reparto entre los profesionales de la Abogacía, así como qué requisitos complementarios deben cumplir aquellos que deban o quieran prestarlo, sin perjuicio de los legalmente exigidos.  
Corresponde a los Abogados y Abogadas el asesoramiento jurídico y defensa de oficio de las personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, conforme a la legislación vigente.  
34.3 Asimismo, corresponde a los profesionales de la Abogacía la asistencia y defensa de quienes soliciten Abogado de oficio o no designen profesional de la Abogacía en la jurisdicción penal, sin perjuicio del abono de honorarios por el cliente si no le fuere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.  
34.4 Igualmente corresponde a los profesionales de la Abogacía la asistencia a los detenidos y presos en los términos que exprese la legislación vigente.  
34.5 Los profesionales de la Abogacía desempeñarán las funciones a que se refiere este artículo con la libertad e independencia profesionales que les son propias y conforme a las normas reguladoras de la asistencia jurídica gratuita y las normas éticas y deontológicas que rigen la profesión.  
  
Artículo 35. Asistencia jurídica gratuita y organización del Turno de Oficio  
El desarrollo de las funciones reseñadas en el artículo anterior será organizado por el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía y la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Castellón, estableciendo las normas y requisitos a que haya de atenerse la prestación de los servicios correspondientes, procediendo la Junta de Gobierno a la designación del Abogado o Abogada que haya de asumir cada asunto, al control de su desempeño, y a la exigencia de las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar.  
  
Artículo 36. Requisitos generales  
36.1 Con carácter general, los profesionales de la Abogacía adscritos a los turnos de oficio o de asistencia al detenido deberán reunir en todo momento, además de los requisitos exigidos por la legislación y por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Castellón, las siguientes condiciones:  
a) Estar incorporados como ejercientes en este Colegio durante el ejercicio de sus actuaciones.  
b) Tener despacho profesional principal o único dentro del ámbito territorial del Colegio de Abogados de Castellón  
36.2 El interesado deberá solicitar su incorporación por escrito en los plazos y forma que señale la Junta de Gobierno. Estas solicitudes se efectuarán para cada clase de turno.  
36.3 La Junta de Gobierno podrá excluir de los turnos a quienes por su prestación de servicios a la función pública o trabajo por cuenta ajena, estén sujetos al cumplimiento de un horario que les imposibilite u obstaculice el buen cumplimiento de las obligaciones inherentes al funcionamiento del turno de oficio o del turno de asistencia al detenido.  
  
  
TÍTULO VII  
Órganos de gobierno  
  
CAPÍTULO PRIMERO  
Órganos de gobierno  
  
Artículo 37. Principios rectores y órganos de gobierno  
37.1 El gobierno del Colegio de Abogados de Castellón está presidido por los principios de democracia, autonomía y transparencia. Asimismo, procurará la incorporación de medidas que promuevan la igualdad efectiva de hombres y mujeres en la provisión de los órganos colegiales.  
37.2 El Colegio de Abogados de Castellón estará regido por el Decano o la Decana, la Junta de Gobierno y la Junta General.  
  
  
CAPÍTULO SEGUNDO  
La Junta General  
  
Artículo 38. Junta General  
38.1 La Junta General es el órgano supremo de la voluntad colegial en los asuntos propios de su competencia. Todos los colegiados y colegiadas tienen derecho de asistencia a la Junta General.  
38.2 La Junta General tendrá las siguientes atribuciones además de las establecidas en el Estatuto General de la Abogacía Española y demás normativa aplicable:  
a) Aprobar el Estatuto del Colegio y sus modificaciones o reformas.  
   
b) Debatir y, en su caso, aprobar los presupuestos y las cuentas anuales de cada ejercicio.  
c) Debatir y, en su caso, resolver sobre la reprobación o censura de la Junta de Gobierno o de cualquiera de sus miembros.  
d) Aprobar la imposición de cuotas extraordinarias.  
e) Aprobar la inversión, gravamen o disposición del patrimonio colegial si se tratare de bienes inmuebles.  
f) Aprobar los reglamentos de régimen interior que le proponga la Junta de Gobierno.  
g) Aquellos asuntos que le someta la Junta de Gobierno cuando, a su criterio, tengan una especial trascendencia colegial.  
h) Aprobar la fusión, absorción, segregación, disolución y liquidación del Colegio.  
i) Cualquier otra facultad que le atribuyan las leyes, los reglamentos o el presente Estatuto.  
38.3 Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.  
38.4 Las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, deberán convocarse con una antelación mínima de diez días, salvo en los casos de urgencia, en que a juicio de la Junta de Gobierno deba reducirse el plazo, debiendo motivarse en la convocatoria la causa concreta que la justifique.  
38.5 La convocatoria, conteniendo el orden del día, se publicará en los tablones de anuncios del Colegio y en la página web colegial, notificándose a todos los miembros por medios telemáticos a las direcciones electrónicas comunicadas al Ilustre Colegio de Abogados de Castellón o por correo ordinario.  
38.6 La citación señalará la fecha, hora y lugar de la celebración y expresará debidamente numerado el orden deldía. Si la convocatoria o alguno de los puntos a tratar fueren a instancia de las personas colegiadas, deberá indicarse tal circunstancia  
38.7 No se exigirá quórum especial para la válida constitución de la Junta, salvo en los supuestos previstos en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
38.8 Los votos de los ejercientes tendrán el doble de valor que el de los no ejercientes.  
38.9 Las votaciones serán a mano alzada. Solo serán nominales cuando lo solicite el diez por ciento de los colegiados presentes o así lo determine la presidencia para el buen recuento de los votos. También podrán adoptarse los acuerdos por votación secreta cuando lo solicite un diez por ciento de los colegiados presentes o así lo exija el presente Estatuto o el Estatuto General de la Abogacía.  
38.10 Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, excepto en los casos en que se exija una mayoría cualificada.  
38.11 No se podrán tomar acuerdos sobre asuntos no comprendidos en el orden del día o no incorporados como proposición en los términos señalados en el artículo 38.3 del presente Estatuto.  
38.12 Se permitirá la delegación por escrito del voto que deberá ser específico para la Junta General a la que se refiera la delegación, siempre que conste debidamente acreditada su autenticidad y recaiga en un colegiado o colegiada, con un máximo de dos delegaciones por votante. No puede delegarse el voto para las elecciones y votaciones de censura. El voto para participar en las Juntas Generales donde deba tratarse el cambio de denominación, la fusión, segregación, disolución y liquidación del Colegio tampoco será delegable.  
38.13 Desde la fecha de la convocatoria y hasta el día de su celebración, se podrán consultar en la Secretaría los antecedentes relativos al contenido del orden del día.  
38.14 La Junta General será presidida por el decano o la decana, o la persona que los sustituya.  
38.15 Los miembros de la Junta de Gobierno deberán asistir a la Junta General, salvo causa justificada.  
38.16 Del contenido de la Junta se levantará acta que será firmada por quien presida y por quien desempeñe la Secretaría. Dichos acuerdos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo establezca otra cosa.  
38.17 El voto de censura a la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en el presente Estatuto y en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 39. Junta General Ordinaria  
Existirán dos Juntas Generales Ordinarias durante el ejercicio.  
39.1.A. Primera Junta General Ordinaria.  
La primera Junta General Ordinaria se celebrará durante el primer semestre del año, con arreglo al siguiente orden del día:  
a) Informe del decano/a sobre su gestión y sobre la gestión de la Junta del Gobierno, con reseña de los acontecimientos más importantes del ejercicio anterior en relación con el Colegio y la profesión.  
b) Lectura, deliberación y votación de las Cuenta Anuales del ejercicio anterior.  
c) Lectura, deliberación y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.  
d) Proposiciones.  
e) Ruegos y preguntas.  
39.2 Hasta tres días antes de la celebración de la Junta los colegiados podrán presentar proposiciones que deseen someter a deliberación y acuerdo de esta.  
Las mencionadas proposiciones deberán ser presentadas por escrito y con un breve encabezamiento descriptivo de su contenido.  
Dichas proposiciones deberán ser suscritas por un mínimo de diez colegiados/as.  
Las proposiciones que cumplan lo establecido en el apartado anterior, serán leídas en la Junta General que decidirá, por mayoría, si procede o no abrir un debate sobre ellas.  
En el caso de que se decida someterla a consideración de la Junta General, será defendida por alguno de los proponentes.  
39.3 Las cuentas anuales podrán ser examinadas en la sede del Colegio desde la fecha de la convocatoria por todos los colegiados, previa solicitud el día anterior a aquel en que se quieran examinar.  
39.4.B. Segunda Junta General Ordinaria.  
La segunda Junta General Ordinaria se celebrará durante el cuarto trimestre del año, con arreglo al siguiente orden del día:  
a) Lectura, deliberación y votación del presupuesto formulado por la Junta de Gobierno para el ejercicio siguiente.  
b) Lectura, deliberación y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.  
c) Proposiciones.  
d) Ruegos y preguntas.  
39.5 Hasta tres días antes de la celebración de la Junta los colegiados podrán presentar proposiciones que deseen someter a deliberación y acuerdo de esta.  
Las mencionadas proposiciones deberán ser presentadas por escrito y con un breve encabezamiento descriptivo de su contenido.  
Dichas proposiciones deberán ser suscritas por un mínimo de diez colegiados/as.  
Las proposiciones que cumplan lo establecido en el apartado anterior, serán leídas en la Junta General que decidirá, por mayoría, si procede o no abrir un debate sobre ellas.  
En el caso de que se decida someterla a consideración de la Junta General, será defendida por alguno de los proponentes.  
39.6 El presupuesto podrá ser examinado en la sede del Colegio desde la fecha de la convocatoria por todos los colegiados, previa solicitud el día anterior a aquel en que se quieran examinar.  
  
Artículo 40. Junta General Extraordinaria  
40.1 Podrán celebrarse cuantas Juntas Generales Extraordinarias sean debidamente convocadas por decisión del decano o decana, de la Junta de Gobierno o por iniciativa de un diez por ciento de los colegiados ejercientes.  
40.2 En el caso de ser convocada por iniciativa de un diez por ciento de los colegiados, deberá acompañarse el orden del día propuesto.  
La iniciativa colegial deberá expresar suficientemente el fin propio colegial al que se refiere. En caso de que la iniciativa no afecte a los fines atribuidos a los Colegios de la Abogacía, podrá denegarse su celebración, sin perjuicio de los recursos que correspondan a los peticionarios.  
40.3 La convocatoria será publicada en el tablón de anuncios del Colegio de Abogados de Castellón, la página web, así como será remitida a la dirección electrónica de todos los colegiados.  
La Junta General Extraordinaria deberá celebrarse en el plazo de un mes, salvo que por razones de urgencia deban reducirse los plazos, lo que deberá motivarse en su convocatoria.  
  
  
CAPÍTULO TERCERO  
La Junta de Gobierno  
  
Artículo 41. Junta de Gobierno del Colegio de Abogados  
41.1 La Junta de Gobierno es el órgano de dirección, gestión y administración del Colegio.  
41.2 La Junta de Gobierno estará compuesta por los siguientes miembros: un decano/a, un vicedecano/a o diputado/a 1º, un tesorero/a, un bibliotecario/a, un secretario/a y ocho diputados/as. Los diputados/as actuarán como vocales de la Junta, desempeñando las funciones que la normativa o este Estatuto les encomiende o esta Junta acuerde. Sus cargos estarán numerados a fin de posibles sustituciones al decano/a, por orden numérico creciente, en caso de enfermedad, ausencia o vacante y en la medida en que el vicedecano/a no pueda hacerlo. Por los mismos motivos, el tesorero/a y el secretario/a serán sustituidos por orden decreciente comenzando por el diputado o diputada 9º.  
41.3 El ejercicio del cargo en la Junta de Gobierno no será retribuido. No obstante lo cual, los miembros de la Junta de Gobierno tendrán derecho al reembolso de gastos debidamente justificados que el desempeño de la función les ocasione.  
  
Artículo 42. Capacidad para forma parte de la Junta de Gobierno  
42.1 Podrán formar parte de la Junta de Gobierno quienes tengan la condición de colegiados o colegiadas ejercientes con despacho único o principal en el ámbito del Colegio de Abogados de Castellón.  
42.2 No podrán formar parte de la Junta de Gobierno los colegiados o colegiadas que:  
a) Hayan sido condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto estas subsistan.  
b) Se les haya impuesto sanción disciplinaria por infracción grave o muy grave en cualquier Colegio de la Abogacía, mientras no haya sido cancelada.  
c) Sean miembros de órganos rectores de otro Colegio Profesional.  
d) No estén al corriente en el pago de las cuotas colegiales.  
Quienes se hallaren en alguna de las situaciones relacionadas en los apartados anteriores, deberán ponerlo en conocimiento del decano, cesando de inmediato como miembros de la Junta.  
  
Artículo 43. Funciones de los miembros de la Junta de Gobierno  
43.1 Decano/a.  
Le corresponderá la representación legal e institucional del Colegio en todas sus relaciones, incluidas las que mantenga con los poderes públicos, entidades, corporaciones y personas de cualquier orden, la presidencia de las juntas generales y de gobierno y de las Comisiones, Secciones y Agrupaciones colegiadas a las que asista, la ordenación de los pagos y las demás que le atribuye el Estatuto General de la Abogacía Española.  
43.2 Diputado/a 1º / vicedecano/a.  
El diputado o diputada 1º se denominará vicedecano o vicedecana  
Le corresponderá desempeñar todas aquellas funciones que le confiera el decanato, asumiendo las de este en caso de fallecimiento, ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante. En caso de que le afecte alguna de esas circunstancias, será sustituido por el diputado o diputada que le siga en orden de numeración.  
43.3 Secretario/a.  
Quien desempeñe la secretaría del Colegio también actuará en ese carácter en la Junta de Gobierno y en la Junta General y tendrá las siguientes funciones:  
a) Redactar las actas de las Juntas Generales y de las sesiones de Junta de Gobierno.  
b) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las instrucciones que reciba del decanato y con la anticipación debida.  
c) Recibir y dar cuenta de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.  
d) Expedir con el visto bueno del decano/a las certificaciones que se soliciten.  
e) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la jefatura del personal del Colegio.  
f) Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.  
g) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Junta de Gobierno.  
43.4 Tesorero/a.  
Corresponde al miembro de la Junta nombrado como tesorero/a las siguientes funciones:  
a) Gestionar la recaudación y controlar los fondos del Colegio.  
b) Pagar los libramientos debidamente autorizados por el Decanato.  
c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno sobre la cuenta de ingresos y gastos así como de la marcha del presupuesto.  
d) Redactar para su presentación a la Junta General las cuentas del ejercicio económico vencido y los presupuestos anuales.  
e) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias de que fuere titular el Colegio, mancomunadamente con el decano o decana.  
f) Llevar el inventario de los bienes del Colegio.  
g) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Junta de Gobierno.  
43.5 Bibliotecario/a.  
Se responsabilizará de la formación de los colegiados/as.  
43.6 Diputados/as.  
Desarrollarán aquellas funciones y servicios que les sean encomendados por la Junta de Gobierno y por el decano/a.  
  
Artículo 44. Mediación decanal  
44.1 El profesional que recibiere el encargo de promover actuaciones contra un compañero o compañera sobre responsabilidad emanada del ejercicio profesional, deberá informar al Decanato con carácter previo a su ejercicio a fin de que se realice una labor de mediación.  
44.2 No habrá lugar a la realización de la mediación solicitada cuando el decano o decana lo considere innecesario o improcedente.  
  
Artículo 45. Atribuciones de la Junta de Gobierno  
Además de las que establece el Estatuto General de la Abogacía Española y demás normativa aplicable, son atribuciones de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Castellón, en relación con el ejercicio profesional y con los colegiados y colegiadas las siguientes:  
a) Resolver sobre la admisión de quienes soliciten incorporarse al Colegio pudiendo ejercer esta facultad el Decano en casos de urgencia, debiendo ser ratificada por la Junta de Gobierno.  
b) Convocar Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día para cada una.  
c) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, disponiendo lo necesario para su elección, conforme a las normas legales y estatutarias.  
d) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el intrusismo así como el ejercicio de la profesión por quienes, colegiados o no, la ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas.  
e) Regular en los términos legalmente establecidos el funcionamiento y las designaciones para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.  
f) Determinar las cuotas de incorporación, que no podrán superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción, las ordinarias y los derechos que deban satisfacer los colegiados para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.  
g) Proponer a la Junta General la imposición de cuotas extraordinarias a sus colegiados.  
h) Redactar los presupuestos, rendir las cuentas anuales y administrar los fondos colegiales, así como recaudar y distribuir los fondos del Colegio, las cuotas establecidas para el sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía.  
i) Establecer los criterios de honorarios profesionales a efectos de tasación de costas y jura de cuentas.  
j) Ejercer la potestad disciplinaria.  
k) Proponer a la aprobación de la Junta General los reglamentos de orden interior.  
l) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la Administración de Justicia o la libertad e independencia del ejercicio profesional.  
m) Emitir consultas y dictámenes, administrar arbitrajes y dictar laudos arbitrales.  
n) Adoptar los acuerdos para la contratación de los empleados necesarios para la buena marcha de la corporación.  
ñ) Cuantas otras no estén expresamente atribuidas a la Junta General en el presente Estatuto y cuantas se establezcan en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 46. Funcionamiento de la Junta de Gobierno  
46.1 La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al mes, salvo durante el mes de agosto. Además, podrá reunirse, con carácter extraordinario, cuantas veces estime necesarias o convenientes el decano o decana en función de los intereses del Colegio o cuando lo soliciten al menos tres de sus componentes. En este último caso, deberán señalar el objeto de la convocatoria  
Las reuniones podrán desarrollarse, excepcionalmente, mediante videoconferencia o cualquier otro sistema que no exija la presencia física de sus miembros.  
46.2 El orden del día lo confeccionará el decano o decana y deberá estar en poder de los componentes de la Junta de Gobierno al menos con dos días de antelación, salvo situaciones de urgencia. Se remitirá por el medio que el convocante estime conveniente, siempre que quede constancia e incluirá los siguientes asuntos:  
a) Los que el decano/a estime pertinentes. Los propuestos por los miembros de la Junta de Gobierno.  
b) Ruegos y preguntas.  
46.3 Para que puedan adoptarse acuerdos sobre materias no incluidas en el orden del día deberá apreciarse previamente su urgencia por la propia Junta.  
46.4 La Junta será presidida por el Decano/a o por quien estatutariamente le sustituya, quien dirigirá los debates, dando turno de palabra y cuidando de que las intervenciones sean concisas y ajustadas al asunto objeto de cuestión.  
46.5 La Junta de Gobierno podrá convocar a sus reuniones a los presidentes/as de las diferentes Comisiones, Secciones y/o Agrupaciones u otras personas, que asistirán con voz y sin voto.  
46.6 Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, que se emitirán de forma escrita y secreta si algún miembro de la Junta así lo solicita. En caso de empate decidirá el voto de calidad de quien presida. Todo ello, salvo los supuestos que expresamente se establezcan en una norma de rango superior o se precise una mayoría cualificada.  
46.7 La documentación relativa a los asuntos a tratar deberá estar en la Secretaria del Colegio, a disposición de los componentes de la Junta con al menos veinticuatro horas de antelación a la celebración de la sesión de que se trate, salvo en los casos de urgencia señalados en los apartados anteriores.  
46.8 La Junta de Gobierno podrá acordar la delegación de firma del secretario/a, en cuestiones no sustanciales, bien en otro miembro de la Junta o en un empleado del Colegio.  
46.9 Los miembros de la Junta de Gobierno que tengan interés directo o indirecto en un concreto asunto incluido en el orden del día, se ausentarán de la sesión durante su discusión y votación, incorporándose a ella una vez hubiera tomado la Junta la decisión que sobre tal extremo hubiera estimado pertinente. De tal hecho se dejará constancia en el acta.  
46.10 La asistencia a la Junta de Gobierno es obligatoria para todos sus componentes, por lo que la ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en un periodo de un año conllevan la pérdida de la condición de miembro de la Junta, previo acuerdo en tal sentido adoptado por la Junta de Gobierno.  
46.11 De las sesiones y deliberaciones se levantará acta, que firmará el secretario/a en unión de quien hubiera presidido la sesión. Las actas se someterán a aprobación en la misma sesión que se celebre, bastando el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.  
46.12 Los acuerdos contenidos en las actas serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de su ulterior aprobación.  
  
Artículo 47. Vacantes  
Si quedaran vacantes más de la mitad de los integrantes de la Junta de Gobierno, esta se completará provisionalmente con los colegiados o colegiadas más antiguos que hayan sido miembros de la Junta de Gobierno, que serán llamados siguiendo el orden de su colegiación, comenzando por el de incorporación menos reciente. Si vacasen por esta razón todos los miembros de la Junta, el llamamiento lo efectuará el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía o el Consejo General de la Abogacía Española y ostentará, en ese caso, el Decanato el más antiguo de los llamados y la Secretaría el más reciente.  
  
  
CAPÍTULO CUARTO  
Elecciones a la Junta de Gobierno  
  
Artículo 48. Forma de proveerse  
48.1 Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos en votación directa y secreta entre los del Colegio en los términos y condiciones que establece el Estatuto General de la Abogacía Española.  
48.2 Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos por un periodo de cuatro años.  
48.3 No se podrá desempeñar el cargo de decano/a durante más de dos mandatos consecutivos.  
48.4 No se podrá pertenecer a la Junta de Gobierno en cargos distintos al de decano/a durante más de tres mandatos consecutivos, sin perjuicio de poder optar al cargo de decano/a.  
48.5 Serán electores todos los colegiados y colegiadas con una antigüedad de más de tres meses de incorporación a la fecha de la convocatoria.  
48.6 En las elecciones, el voto de los ejercientes y de los inscritos tendrá doble valor que el voto de los no ejercientes.  
48.7 La renovación de la Junta de Gobierno se verificará con sujeción al siguiente turno de rotación:  
Primero: El decano o decana, diputados 4º, 6º, 7º, 8º y 9º y secretario o secretaria.  
Segundo: diputados 1º, 2º, 3º, 5º, tesorero o tesorera y bibliotecario o bibliotecaria.  
  
Artículo 49. Requisitos para optar a la elección  
49.1 Para optar a la elección como vicedecano/a, diputado/a 2º y 3º, tesorero/a y bibliotecario/a se deberá ser colegiado ejerciente en el Colegio de Abogados de Castellón, con una antigüedad mínima de siete años a la fecha de la convocatoria electoral.  
49.2 Para optar a la elección como decano/a o diputado/a 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º o secretario se deberá ser colegiados ejerciente en el Colegio de Abogados de Castellón, con una antigüedad mínima de dos años a la fecha de la convocatoria electoral.  
49.3 Ningún colegiado podrá presentarse como candidato a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos.  
49.4 Quien ostentando cargo que no vaya a ser objeto de la elección, pretendiera ser elegido en distinto cargo deberá ponerlo en conocimiento de la Junta de Gobierno antes de que se acuerde la convocatoria de elecciones, y ese cargo se proveerá por elección en la misma Junta General para la que se convoquen elecciones, desempeñando el cargo, quien resultare elegido, por el tiempo que le faltare cumplir al anterior.  
  
Artículo 50. Tramitación  
50.1 Las elecciones serán convocadas por acuerdo de la Junta de Gobierno debiendo celebrarse en el primer trimestre del año en que finalice el mandato de los cargos a proveer, rigiéndose en todo lo no recogido en el presente Estatuto, por lo establecido en esta materia por el Estatuto General de la Abogacía Española.  
50.2 En el supuesto de que la convocatoria lo fuere para cubrir vacantes que se produjeran en la Junta de Gobierno durante la vigencia de su mandato, la Junta adoptará el pertinente acuerdo para la celebración de elecciones en las fechas que estime más conveniente. El plazo del mandato de los elegidos para rellenar vacantes durará hasta la próxima renovación del cargo que ocupen.  
50.3 Con cuarenta días de antelación, se colocará en los tablones de anuncios de las dependencias colegiales, así como en la página web y se remitirá a todos los colegiados por medios telemáticos a su dirección electrónica que conste en el colegio, la convocatoria electoral, en la que deberán constar los siguientes extremos:  
a) Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos tanto de antigüedad como de situación colegial exigidos para poder optar a cada uno de ellos.  
b) Día y hora de celebración de la Junta, sede de las mesas electorales, y hora de apertura y cierre de cada una de ellas.  
50.4 Asimismo se colocarán en el tablón de anuncios de las dependencias colegiales y en la página web, las listas separadas de colegiados ejercientes, no ejercientes e inscritos, con derecho a voto.  
Las listas serán por mesa electoral, según el domicilio del despacho, pudiendo votar los colegiados/as exclusivamente en la mesa en cuya lista estén incluidos, salvo los miembros de la mesa electoral que votarán en la mesa de la que son miembros.  
50.5 Los colegiados que quisieren formular reclamación contra las listas electorales habrán de verificarla dentro del plazo de los cinco días siguientes a la exposición de las mismas.  
50.6 La Junta de Gobierno, en caso de haber reclamaciones contra las listas, resolverá sobre ellas dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para formularlas, notificándose su resolución a cada reclamante y al afectado.  
50.7 Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio antes de las dieciocho horas del vigésimo primer día anterior a la fecha señalada para el acto electoral.  
50.8 Dichas candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.  
50.9 La Junta de Gobierno, al día siguiente de la finalización del plazo de presentación de candidaturas, proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos exigibles, considerando electos a los que no tengan oponentes. Seguidamente lo publicará en el tablón de anuncios y lo comunicará a todos los interesados, sin perjuicio de que pueda remitir también comunicaciones individuales a los colegiados por medios telemáticos a su dirección electrónica.  
50.10 Todos los plazos señalados en este artículo se computarán por días naturales.  
  
Artículo 51. Desarrollo de las votaciones  
51.1 Para la celebración de la elección se constituirán mesas electorales en la sede del Colegio y en cada una de las Delegaciones.  
51.2 Las mesas estarán integradas por dos miembros de la Junta de Gobierno, cuyos cargos no sean objeto de elección, designados por la Junta, uno como presidente y otro como secretario/a. En caso de no haber miembros suficientes, la Junta de Gobierno designará los miembros de la mesa electoral entre los colegiados que no se presenten a elección.  
51.3 Constituidas las mesas electorales, el presidente indicará el comienzo de la votación y, a la hora prevista para su finalización, se cerrarán las puertas y solo podrán votar los colegiados que ya estuvieran en la sala. La Mesa votará en último lugar.  
51.4 La votación tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de cuatro horas y máximo de seis, salvo que la Junta de Gobierno señale un plazo mayor.  
51.5 Los candidatos podrán nombrar un interventor entre los colegiados y colegiadas, que le represente durante el desarrollo de las votaciones.  
51.6 En las sedes electorales se habilitarán dos urnas, una para los ejercientes e inscritos y otra para los no ejercientes.  
51.7 Las papeletas de votación serán editadas por el Colegio, deberán ser blancas, del mismo tamaño y deberán llevar impresos en su anverso exclusivamente la relación de los cargos que se eligen y por orden alfabético los candidatos para cada uno de ellos.  
51.8 La Junta de Gobierno deberá proveer de papeletas a los candidatos que lo soliciten con siete días de antelación a la fecha de la votación.  
51.9 En la sede en que se celebre la elección deberá disponer la Junta de Gobierno de suficiente número de papeletas de voto.  
51.10 Los votantes deberán acreditarse ante las mesas electorales.  
  
51.11 La mesa comprobará la inclusión en el censo electoral del votante y pronunciará en voz alta su nombre, indicando que vota, tras lo cual introducirá el sobre en la urna que corresponda.  
51.12 Cerradas las mesas de las delegaciones, las urnas, debidamente precintadas serán trasladadas a la sede principal para el recuento de los votos. Una vez finalizadas las votaciones en todas las mesas y agrupadas las papeletas, comenzará el escrutinio y una vez finalizado se proclamará electos para cada cargo a los candidatos que obtengan el mayor número de votos.  
51.13 Deberán ser declarados nulos totalmente aquellos votos emitidos en papeletas distintas o que contengan expresiones ajenas al estricto contenido de la votación, o que contengan tachaduras o raspaduras, y nulos parcialmente, en cuanto al cargo a que afectare, las que indiquen más de un candidato para un mismo cargo, o nombre de personas que no concurran a la elección.  
51.14 Aquellas papeletas que se hallen solo parcialmente rellenadas en cuanto al número de candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, lo serán para los cargos y personas correctamente expresados.  
51.15 En caso de empate se entenderá elegido el que más votos hubiere obtenido entre los ejercientes; de persistir este, el de mayor tiempo de ejercicio en el Colegio; y si aún se mantuviere el empate, el de mayor edad.  
51.16 La Junta de Gobierno podrá establecer varias sedes para la votación, constituyendo en cada una de ellas la correspondiente mesa electoral, en cuyo caso las listas de colegiados electores serán por cada sede, según el domicilio deldespacho, pudiendo votar los colegiados exclusivamente en la sede en cuya lista estén incluidos, salvo los miembros de la mesa electoral, que votarán en la sede cuya mesa integren.  
  
Artículo 52. Toma de posesión  
Las personas elegidas tomarán posesión, en acto solemne, en la fecha de la primera Junta de Gobierno que se celebre tras las elecciones y, previo juramento o promesa de cumplir fielmente el cargo respectivo y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno, se les impondrán los distintivos colegiales acreditativos de sus cargos. En este momento cesarán los cargos sustituidos, si no lo hubieran hecho con anterioridad.  
  
Artículo 53. Comunicación del resultado  
En el plazo de cinco días desde la constitución de los órganos de gobierno, deberá comunicarse esta al Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, al Consejo General de la Abogacía Española, e inscribirse en el Registro de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.   
  
Artículo 54. Recursos en materia electoral  
Los recursos que se interpongan durante el proceso electoral o contra su resultado serán admitidos en un solo efecto y no suspenderán la votación, proclamación y toma de posesión de los electos o electas.  
  
  
CAPÍTULO QUINTO  
Agrupaciones y secciones  
  
Artículo 55. Agrupaciones  
55.1 Para el mejor cumplimiento de sus fines y la mayor eficacia de sus funciones, el Colegio podrá establecer, por acuerdo de su Junta de Gobierno, Agrupaciones en aquellos partidos judiciales en que así lo requieran los intereses profesionales, que funcionarán conforme al reglamento que aprobará la Junta de Gobierno. La demarcación de cada Agrupación podrá comprender uno o varios partidos judiciales.  
55.2 La agrupación tendrá como misión colaborar con la Junta de Gobierno en el ámbito de su demarcación, bajo cuyas directrices actuará.  
55.3 La organización, régimen y funcionamiento de la Agrupación se regularán en sus estatutos particulares que en ningún caso podrán ser contrarios a los del Colegio.  
55.4 Las Agrupaciones podrán ser disueltas en cualquier momento por acuerdo de la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 56. Agrupación de la Abogacía Joven de Castellón  
56.1 En la Corporación existirá una Agrupación de la Abogacía Joven.  
56.2 La organización, régimen y funcionamiento de la Agrupación se regularán en su Estatuto particular, aprobado por la Junta de Gobierno, que en ningún caso podrá ser contrario al del Colegio.  
56.3 En los presupuestos generales del Colegio se podrá prever una partida como dotación económica para atender al mantenimiento de la Agrupación debiendo darse cuenta en el mes de enero de cada año a la Junta de Gobierno del concreto destino dado a los fondos que se le hubieren entregado a fin de que se justifiquen debidamente en la cuenta general de gastos del Colegio.  
  
Artículo 57. Secciones  
La Junta de Gobierno, por propia iniciativa o a petición de un número mínimo de veinticinco colegiados o colegiadas, podrá crear cuantas Secciones tenga por conveniente al objeto de posibilitar el contacto entre colegiados y colegiadas especializados en materias concretas y el recíproco intercambio de información técnico-jurídica sobre el tema que se trate. Las Secciones podrán proponer las iniciativas que estimen procedentes a la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 58. Aspectos comunes a Agrupaciones y Secciones  
Las actuaciones y comunicaciones de las Secciones y Agrupaciones existentes en el seno del Colegio habrán de ser identificadas como de tal procedencia, sin atribuirse a la Corporación.  
  
  
CAPÍTULO SEXTO  
Comisiones  
  
Artículo 59. Creación y clases de Comisiones  
59.1 La Junta de Gobierno, para una mayor eficacia en el desarrollo de sus funciones, estará asistida de las Comisiones que cree de forma permanente o temporal cuando se considere necesario u oportuno.  
  
59.2 Las Comisiones podrán designar de entre sus miembros dos personas para que desempeñen una la coordinación y otra la secretaría y podrán organizarse mediante subcomisiones.  
  
Artículo 60. Funcionamiento, composición y miembros de las Comisiones  
60.1 Las Comisiones funcionarán bajo principios democráticos, adoptando sus acuerdos por el voto mayoritario de sus componentes, ostentando voto de calidad la persona que lleve la coordinación en caso de empate.  
60.2 Los miembros de las comisiones, incluida la persona coordinadora, podrán no ser miembros de la Junta de Gobierno.  
60.3 Los miembros serán designados por la Junta de Gobierno y desarrollarán su cometido durante el tiempo de mandato de la Junta pero pudiendo ser cesados por esta en cualquier momento.  
60.4 Las relaciones entre cada Comisión y la Junta de Gobierno se mantendrá a través del miembro de la Junta que esta designe o de la persona que lleve la coordinación.  
60.5 Con carácter excepcional y en función de la trascendencia de una determinada cuestión sometida al conocimiento de la Comisión, a petición de la persona que lleve la coordinación, podrá asistir el miembro de la Comisión que se designase, con voz pero sin voto, a la sesión de Junta de Gobierno que hubiere de estudiar el asunto o decidir sobre él.  
60.6 Los miembros de las Comisiones prestarán ante la Junta de Gobierno juramento o promesa de mantener el secreto de las deliberaciones.  
  
Artículo 61. Comisión de Deontología Profesional  
61.1 Con esa denominación existirá en el ámbito del Colegio una Comisión cuyo cometido será la instrucción y tramitación de los expedientes que en materia disciplinaria sean incoados por la Junta de Gobierno, ateniéndose tanto a lo preceptuado en este Estatuto, el Estatuto General de la Abogacía Española como a lo regulado en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario.  
61.2 Igualmente procederá al estudio y averiguación del contenido de cuantas denuncias se interpusieren ante el Colegio en materia de intrusismo, proponiendo a la Junta de Gobierno cuantas iniciativas y medidas deban adoptarse en esta materia.  
61.3 A requerimiento de la Junta de Gobierno, evacuará los informes sobre las materias que le son propias.  
61.4 La instrucción de los procedimientos disciplinarios viene atribuida a los instructores y la tramitación de las informaciones previas a los ponentes, que deberán ser miembros de la Comisión de Deontología.  
61.5 La resolución de las informaciones previas y los expedientes disciplinarios corresponden a la Junta de Gobierno.  
  
  
TÍTULO VIII  
Régimen económico  
  
Artículo 62. Principios informadores y cuentas anuales  
62.1 El ejercicio económico del Colegio coincidirá con el año natural.  
62.2 El funcionamiento económico del Colegio se ajustará al régimen de presupuesto anual y será objeto de una ordenada contabilidad, a cuyos efectos se confeccionará una memoria anual, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.  
62.3 Las Cuentas Anuales serán objeto de auditoría por auditor nombrado por la Junta de Gobierno.  
62.4 Todos los colegiados podrán examinar las cuentas anuales desde el día siguiente a la fecha de convocatoria de la Junta General a que hubieran de someterse para su aprobación o rechazo. Este derecho de información se ejercerá mediante examen personal por parte del colegiado.  
Artículo 63. Recursos económicos  
Constituyen recursos económicos del Colegio:  
a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades que realice, especialmente los derivados de la organización de actividades de formación, y los bienes o derechos que integren su patrimonio.  
b) Las cuotas de incorporación.  
c) Los derechos que correspondan por expedición de certificaciones.  
d) Los derechos que correspondan por la emisión de dictámenes, resoluciones, informes o consultas que se realicen sobre cualquier materia, incluidas las referidas a honorarios, así como por la prestación de otros servicios colegiales.  
e) El importe de las cuotas ordinarias, fijas o variables, así como el de las cuotas extraordinarias.  
f) Las subvenciones o donativos que se concedan por cualesquiera Administraciones públicas o por personas físicas o jurídicas.  
g) Los bienes y derechos de toda clase que por herencia, legado u otro título pasen a formar parte de su patrimonio.  
h) Las multas pecuniarias abonadas en virtud de resolución disciplinaria firme, que se destinarán preferentemente a fines asistenciales.  
i) Cualquier otro que legalmente procediere.  
  
Artículo 64. Presupuesto  
64.1 Anualmente la Junta de Gobierno elaborará un presupuesto que elevará a la Junta General para su examen, enmienda y aprobación o rechazo.  
64.2 Si no se aprobasen antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio económico anterior, incrementados en el IPC del ejercicio anterior.  
  
  
TÍTULO IX  
Responsabilidad disciplinaria. Régimen y procedimiento sancionador  
  
CAPÍTULO PRIMERO  
Responsabilidad disciplinaria  
  
Artículo 65. Responsabilidad disciplinaria  
La Junta de Gobierno es competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria en los términos que prevén las normas legales y estatutarias sobre la materia.  
  
Artículo 66. Principios generales  
66.1 Los profesionales de la abogacía y las sociedades profesionales en que participen o presten servicio están sujetos a responsabilidad disciplinaria.  
66.2 Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre los profesionales de la Abogacía se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes procesales. Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales se harán constar en el expediente de la persona sancionada.  
66.3 Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente personal del colegiado o en el particular de la sociedad profesional.  
  
Artículo 67. Potestad disciplinaria  
67.1 La potestad disciplinaria sobre los profesionales de la abogacía y sociedades profesionales se ejercerá por el Colegio cuando la infracción se haya cometido en su ámbito territorial.  
67.2 La potestad disciplinaria que recaiga sobre miembros de la Junta de Gobierno o consejeros del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía durante el tiempo en que ocupen dichos cargos será competencia del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía de acuerdo con lo dispuesto en su estatuto y en las demás normas que fueran aplicables. La potestad disciplinaria que recaiga sobre consejeros del Consejo General de la Abogacía Española, en su condición de tal órgano, será competencia del Consejo General de la Abogacía Española.  
  
  
  
Artículo 68. Principio de tipicidad  
Son infracciones disciplinarias las conductas descritas como tales en el presente Estatuto, en el Estatuto General de la Abogacía Española y demás normas de aplicación.  
  
Artículo 69. Principio de proporcionalidad  
69.1 La imposición de cualquier sanción guardará la debida adecuación entre la gravedad delhecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. A tal fin se considerará, en todo caso, la existencia de reincidencia y reiteración, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza y entidad de los perjuicios causados a terceros o a la profesión.  
69.2 Se graduarán en conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
  
CAPÍTULO SEGUNDO  
Infracciones y sanciones correspondientes   
a los profesionales de la abogacía  
  
Artículo 70. Clases de infracciones  
Las infracciones que pueden llevar aparejada sanción disciplinaria se califican en muy graves, graves y leves.  
  
Artículo 71. Infracciones muy graves  
Son infracciones muy graves de los profesionales de la Abogacía:  
a) La condena en sentencia firme por delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión.  
b) La condena en sentencia firme a penas graves conforme al artículo 33.2 del Código Penal.  
c) El ejercicio de la profesión en vulneración de resoluciones administrativas o judiciales firmes de inhabilitación o prohibición del ejercicio profesional.  
d) La colaboración o el encubrimiento del intrusismo profesional.  
e) El ejercicio de la profesión estando incurso en causa de incompatibilidad.  
f) La vulneración del deber de secreto profesional cuando la concreta infracción no esté tipificada de forma específica.  
g) La renuncia o el abandono de la defensa que le haya sido confiada cuando se cause indefensión al cliente.  
h) La negativa injustificada a realizar las intervenciones profesionales que se establezcan por Ley, conforme a lo previsto en el artículo 17 del Estatuto General de la Abogacía Española.  
i) La defensa de intereses contrapuestos con los del propio profesional de la Abogacía o con los del despacho del que formara parte o con el que colabore.  
j) La retención o apropiación de cantidades correspondientes al cliente y recibidas por cualquier concepto.  
k) La apropiación o retención de documentos o archivos relativos a clientes del despacho en el que haya estado integrado previamente, salvo autorización expresa del cliente.  
l) El quebrantamiento de las sanciones impuestas.  
m) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos del artículo 20.2.c del Estatuto General de la Abogacía Española.  
n) En las actuaciones desarrolladas en la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita, así como en la prestación de servicios de asistencia jurídica cuya gestión sea encomendada al Colegio a través del correspondiente convenio o contrato administrativo o cualquier otro instrumento jurídico:  
i. Percibir honorarios o derechos cuyo abono no corresponda de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación o con el contrato o convenio suscrito.  
ii. La falsedad repetida en la justificación de asuntos asignados.  
  
Artículo 72. Infracciones graves  
Son infracciones graves de los profesionales de la Abogacía:  
a) La vulneración de los deberes deontológicos en los casos siguientes:  
i. La infracción de los deberes de confidencialidad y de las prohibiciones que protegen las comunicaciones entre profesionales de la Abogacía en los términos establecidos en el Estatuto General de la Abogacía Española y en el artículo 23 y 24 de este Estatuto.  
ii. El incumplimiento de los compromisos alcanzados entre compañeros, verbalmente o por escrito, en el ejercicio de sus funciones profesionales.  
iii. La falta de respeto debido o la realización de alusiones personales de menosprecio o descrédito, en el ejercicio de la profesión, a otro profesional de la Abogacía o a su cliente.  
iv. La inducción injustificada al cliente a no abonar los honorarios devengados por un compañero en caso de sustitución o cambio de profesional de la Abogacía.  
v. La retención de documentación de un cliente contra sus expresas instrucciones.  
vi. La falta de remisión de la documentación correspondiente al profesional de la Abogacía que le sustituya en la llevanza de un asunto.  
vii. La citación de un profesional de la Abogacía como testigo de hechos relacionados con su actuación profesional.  
b) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos del artículo 20 del Estatuto General de la Abogacía Española, salvo lo previsto en el artículo 124.n), en relación con el artículo 20.2.c.  
c) El incumplimiento de los deberes de identificación e información que se recogen en los artículos 48 y 49 del Estatuto General de la Abogacía Española.  
d) El incumplimiento de las obligaciones en materia de reclamaciones recogidas en el artículo 52 del Estatuto General de la Abogacía Española.  
e) La falta de respeto debido a quienes intervengan en la Administración de Justicia.  
f) La falta de pago de las cuotas colegiales, sin perjuicio de la baja en el Colegio por dicho motivo.  
g) La falta de respeto debido o la incomparecencia injustificada a las citaciones efectuadas, bajo apercibimiento, por los miembros de los órganos corporativos o de gobierno de la Abogacía en el ejercicio de sus funciones.  
h) La falta de cumplimiento de sus funciones como miembros de órganos de gobierno corporativo que impida o dificulte su correcto funcionamiento.  
i) La condena penal firme por la comisión de delitos leves dolosos como consecuencia del ejercicio de la profesión.  
j) La defensa de intereses en conflicto con los de otros clientes del profesional de la Abogacía o despacho del que formara parte o con el que colaborase, en vulneración de lo establecido en el artículo 51 del Estatuto General de la Abogacía Española.  
k) El incumplimiento injustificado del encargo contenido en la designación realizada por el Colegio en materia de asistencia jurídica gratuita.  
l) El incumplimiento de la obligación de comunicar la sustitución en la dirección profesional de un asunto al compañero sustituido, en los términos previstos en el artículo 60 del Estatuto General de la Abogacía Española.  
m) La relación o comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro profesional de la Abogacía, salvo su autorización expresa.  
n) El abuso de la circunstancia de ser el único profesional de la Abogacía interviniente causando una lesión injusta.  
ñ) La incomparecencia injustificada a cualquier diligencia judicial, siempre que cause un perjuicio a los intereses cuya defensa le hubiera sido confiada.  
o) El pago, cobro, exigencia o aceptación de comisiones u otro tipo de compensación de otro profesional de la Abogacía o de cualquier persona, infringiendo las normas legales sobre competencia o las reguladoras de la deontología profesional.  
p) La negativa o el retraso injustificado a rendir cuentas del encargo profesional o a hacer la correspondiente liquidación de honorarios y gastos que le sea exigida por el cliente.  
q) La compensación de honorarios con fondos del cliente que no hayan sido recibidos como provisión, sin su consentimiento.  
r) La falsa atribución de un encargo profesional.  
s) La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten al ejercicio de la profesión.  
t) La falta de contratación de seguro o garantía cuando la obligación de contar con dicho régimen de garantía para cubrir las responsabilidades por razón delejercicio profesional así esté prevista por ley.  
u) En las actuaciones desarrolladas en la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita:  
i. No devolver honorarios o derechos percibidos cuando corresponda su devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.  
ii. Solicitar honorarios o derechos cuyo abono no corresponda de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación.  
iii. No realizar la asistencia requerida en la guardia, sin justificación.  
iv. La no comparecencia, estando de guardia, en los centros de detención, Juzgado o Fiscalía de Menores, una vez requerido para ello, dentro delplazo legalmente establecido.  
v. Estar dado de alta en el turno de oficio en la demarcación colegial establecida por el Colegio a efectos de turno, en la que no se tenga el despacho principal o único.  
vi. No comunicar la percepción de costas de contrario en los procedimientos asignados en Turno de Oficio.  
vii. La desatención del servicio por el abogado o abogada durante el período de guardia por causa que le sea imputable.  
viii. No estar localizable o disponible durante las horas del servicio de guardia.  
ix. La no equitativa distribución de asistencias o asuntos por parte de quienes, en su caso, realicen funciones de coordinación o dirección del servicio.  
x. La sustitución en una actuación concerniente al turno del oficio por un Letrado que no cumpla los requisitos para estar dado de alta en el turno de oficio o asistencia correspondiente.  
xi. Las sustituciones reiteradas del letrado designado de oficio por otro compañero que esté adscrito al turno, sin la autorización del Colegio  
xii. La sustitución de la guardia o asistencia a otro letrado sin la autorización previa por el Colegio.  
xiii. La ocultación al Colegio de estar incurso en causa de incompatibilidad para estar adscrito al Turno de Oficio.  
xiv. La falta de colaboración con el Colegio en el trámite de auditoría, cuando sea requerido para ello.  
xv. No presentar la solicitud de justicia gratuita cuando con ello se ha causado un perjuicio grave al justiciable.  
xvi. No formular la reclamación ante el FOGASA, por insolvencia de la empresa, sin informar al justiciable por escrito de que dicha reclamación no forma parte del servicio y de los trámites a seguir, así como del plazo legal para ello.  
xvii. La falsedad en la justificación de asuntos asignados.  
xviii. La contratación, a título particular, del profesional de la abogacía designado del Turno, o a su(s) compañero(s) de despacho, para el asunto en el que haya sido designado.  
v) En la prestación de servicios de asistencia jurídica cuya gestión sea encomendada al Colegio a través del correspondiente convenio o contrato administrativo o cualquier otro instrumento jurídico:  
i. La solicitud de honorarios al ciudadano atendido por el trabajo profesional realizado en el marco de estos servicios.  
ii. La derivación del asunto o del ciudadano atendido, al despacho propio o la recomendación al de un tercero concreto.  
iii. No prestar personalmente el servicio para el que ha sido designado.  
iv. La falta de colaboración con el Colegio en el trámite de auditoría, cuando sea requerido para ello.  
v. La falsedad en la justificación de asuntos asignados.  
w) Los demás actos u omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión y a las reglas que la gobiernan, conforme a lo establecido en el Estatuto General de la Abogacía Española y otras normas legales.  
  
Artículo 73. Infracciones leves  
Son infracciones leves de los profesionales de la abogacía:  
a) Ofender en cualquier comunicación privada oral o escrita al abogado de la parte contraria, siempre que no haya trascendido la ofensa.  
  
b) Comprometer en sus comunicaciones y manifestaciones con el abogado de la parte contraria al propio cliente con comentarios o manifestaciones que puedan causarle desprestigio.  
c) Impugnar reiterada e injustificadamente los honorarios de otros abogados.  
d) No atender con la debida diligencia las visitas, comunicaciones escritas o telefónicas de otros abogados.  
e) No comunicar al Colegio, por escrito, el cambio de domicilio profesional, números de teléfono o cualquier otra circunstancia personal que afecte a su relación con aquel.  
f) No consignar en el primer escrito o actuación judicial su identificación como abogado o abogada.  
g) La no comunicación por el abogado o abogada de su vinculación profesional con empresas de intermediación a las que se refiere el artículo 19 del presente Estatuto.  
h) La incomparecencia injustificada a cualquier diligencia judicial sin que se acredite, bien la comunicación o el intento de comunicación advirtiendo de la misma al órgano judicial, bien la concurrencia de causa mayor que lo justifique, cuando no sea calificada como infracción grave:  
i) En las actuaciones desarrolladas en la prestación de servicios de asistencia jurídica cuya gestión sea encomendada al Colegio a través del correspondiente convenio o contrato administrativo o cualquier otro instrumento jurídico.  
i. La renuncia injustificada a las designaciones de guardia, asistencia o servicio designado.  
ii. No atender con la diligencia debida los asuntos derivados del Turno de Oficio, cuando el incumplimiento no constituya infracción grave o muy grave.  
iii. La desatención del servicio.  
iv. Acudir con retraso, sin previo aviso o justificación, a realizar las actuaciones dimanantes de la guardia.  
v. No estar localizable para la prestación de alguna asistencia durante el día de guardia sin causa justificada.  
j) Cualesquiera otros incumplimientos de lo previsto en el presente Estatuto, en el Estatuto General de la Abogacía Española o en el Código Deontológico, cuando no constituyan infracción grave o muy grave.  
k) Los demás actos u omisiones que constituyan ofensa leve a la dignidad de la profesión y a las reglas que la gobiernan, conforme a lo establecido en el Estatuto General de la Abogacía Española y otras normas legales.  
  
Artículo 74. Clases de sanciones  
Las sanciones que podrán imponerse a los profesionales de la Abogacía son las siguientes:  
a) Apercibimiento por escrito.  
b) Multa pecuniaria.  
c) Suspensión del ejercicio de la Abogacía.  
d) Expulsión del Colegio.  
e) En las actuaciones desarrolladas en la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita, además, la exclusión del profesional de la Abogacía de dichos servicios.  
f) En las actuaciones desarrolladas en la prestación de servicios de asistencia jurídica cuya gestión sea encomendada al Colegio a través del correspondiente convenio o contrato administrativo, o cualquier otro instrumento jurídico. Además, la exclusión del profesional de la Abogacía de dichos servicios.  
  
Artículo 75. Sanciones  
75.1 Por la comisión de infracciones muy graves, atendiendo a criterios de proporcionalidad, podrá imponerse la expulsión del Colegio o la suspensión del ejercicio de la Abogacía por plazo superior a un año sin exceder de dos.  
75.2 Por la comisión de infracciones graves podrá imponerse la sanción de suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo superior a 15 días sin exceder de un año o multa pecuniaria por importe de entre 1.001 y 10.000 euros.  
75.3 Por la comisión de infracciones leves podrá imponerse la sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a 15 días, o multa pecuniaria por importe de hasta 1.000 euros.  
75.4 Las sanciones que se impongan por infracciones graves o muy graves relacionadas con actuaciones desarrolladas en la prestación de Servicios de Turno de Oficio o en la prestación de servicios de asistencia jurídica cuya gestión sea encomendada al Colegio a través del correspondiente convenio o contrato administrativo, llevarán aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de la Abogacía de dichos servicios por un plazo mínimo de seis meses e inferior a un año si la infracción fuera grave y de entre uno y dos años si fuera muy grave. En el caso de infracciones leves, podrá imponerse la exclusión del profesional de la Abogacía por dichos servicios por un plazo no superior a seis meses.  
  
  
CAPÍTULO TERCERO  
Infracciones y sanciones correspondientes a las sociedades profesionales  
  
Artículo 76. Principios generales  
76.1 La sociedad profesional podrá ser sancionada en los términos previstos en este Estatuto, con remisión al Estatuto General de la Abogacía Española en lo no previsto en el presente de manera expresa.  
  
76.2 Las sociedades profesionales podrán ser sancionadas por las infracciones cometidas por los profesionales de la abogacía que las integran, cuando resulte acreditada su responsabilidad concurrente, como partícipes o encubridores, en la comisión de dichas infracciones.  
76.3 Se presumirá que existe esa responsabilidad concurrente cuando las infracciones se hayan cometido por cuenta y en provecho de la sociedad profesional por sus administradores o por quienes, siguiendo sus instrucciones, las representen.  
76.4. En estos supuestos se considerará la infracción de la sociedad profesional como de la misma clase que la cometida por el profesional de la abogacía a efectos de aplicar la sanción correspondiente.  
76.5 Igualmente podrán ser sancionadas las sociedades profesionales por la realización de conductas directamente imputables a la sociedad que se encuentren tipificadas como infracciones para los profesionales de la abogacía, graduándose las infracciones con arreglo a lo previsto en el presente Estatuto en lo relativo al catálogo de infracciones.  
  
Artículo 77. Clases de infracciones  
77.1 Las sociedades profesionales podrán cometer sanciones muy graves, graves o leves.  
77.2 Es infracción muy grave de las sociedades profesionales la falta de un seguro en vigor o garantía equivalente que cubra la responsabilidad en la que puedan incurrir en el ejercicio de sus actividades cuando la obligación de contar con dicho régimen de garantía así esté previsto por ley.  
77.3 Constituye infracción grave de las sociedades profesionales:  
a) La falta de presentación para su inscripción en el Registro del Colegio correspondiente, en el plazo establecido, de los cambios de socios y administradores o de cualquier modificación del contrato social que deba ser objeto de inscripción.  
b) El impago de las cargas previstas colegialmente.  
77.4 Son infracciones leves de las sociedades profesionales los incumplimientos de cualesquiera otros deberes impuestos a estas sociedades que no esté tipificados en los artículos anteriores pero sí en el Estatuto General de la Abogacía Española o en el Código Deontológico.  
  
Artículo 78. Clases de sanciones  
78.1 Por la comisión de infracciones muy graves la sanción será la de baja de la sociedad en el Registro del Colegio correspondiente.  
78.2 Por la comisión de infracciones graves, atendiendo a criterios de proporcionalidad, apercibimiento y multa pecuniaria por importe de entre 1.501 y 15.000 euros.  
78.3 Por la comisión de infracciones leves, atendiendo a criterios de proporcionalidad, apercibimiento o multa pecuniaria por importe de 300 euros hasta 1.500 euros.  
  
  
CAPÍTULO CUARTO  
Procedimiento disciplinario sancionador  
  
Artículo 79. Procedimiento sancionador  
79.1 Las sanciones disciplinarias solo podrán imponerse en virtud de procedimiento instruido al efecto en el que se garanticen al profesional de la abogacía los derechos a ser notificado de los hechos que se le imputan, formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes.  
79.2 El procedimiento se iniciará de oficio, por acuerdo de la Comisión de Deontología, bien por propia iniciativa o como consecuencia de denuncia.  
79.3 Con anterioridad al acuerdo de iniciación, el órgano competente podrá abrir un período de información previa con el fin de determinar si procede o no iniciar el procedimiento sancionador. En el caso en que se acuerde su inicio, se deberá nombrar un instructor de entre los miembros de la Comisión Deontológica, o de entre profesionales colegiados que hayan formado parte de la Junta de Gobierno o con más de diez años de ejercicio.  
79.4 El procedimiento se tramitará de conformidad con lo establecido en la legislación administrativa básica y normas que la desarrollen, así como en lo dispuesto por la normativa autonómica, reglamento de procedimiento disciplinario aprobado por el Estatuto General de la Abogacía Española y lo dispuesto en el presente Estatuto. En el caso de infracciones leves se aplicará un procedimiento simplificado.  
79.5 El plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la resolución expresa que ponga fin al procedimiento disciplinario será de seis meses, salvo que legalmente se fije otro mayor.  
  
Artículo 80. Medidas de carácter provisional  
80.1 La Junta de Gobierno podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento y evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.  
80.2 Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la suspensión en el ejercicio profesional de la persona afectada.  
80.3 Se ajustarán a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada caso concreto, y se mantendrán en los supuestos de suspensión del expediente disciplinario.  
80.4 La resolución que acuerde las medidas de carácter provisional deberá ser notificada a la persona colegiada afectada y será recurrible conforme a lo previsto en este Estatuto, en el Estatuto General de la Abogacía Española y demás normativa que le sea de aplicación.  
  
  
Artículo 81. Recursos  
81.1 Contra la resolución dictada por la Junta de Gobierno en estos procedimientos podrá interponerse recurso de alzada ante la Junta de Gobierno del Colegio para su remisión al Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, en el plazo de un mes a contar desde su adopción o, en su caso, la notificación de aquella, conforme al procedimiento recogido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y el Estatuto del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía.  
81.2 La resolución del recurso de alzada agota la vía administrativa, pudiendo ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en la forma y plazos establecidos en la Ley reguladora de la misma.  
  
Artículo 82. Ejecución de las sanciones  
82.1 Las sanciones disciplinarias serán ejecutadas en sus propios términos por la Junta de Gobierno, una vez que sean firmes en vía administrativa, sin perjuicio de la suspensión que pudiera acordarse por el Juzgado o Tribunal competente, en caso de interposición de recurso contencioso-administrativo. No obstante, quedarán en suspenso si el interesado interpusiere el recurso de alzada mencionado en el artículo anterior y solicitase dicha suspensión, hasta la resolución de dicho recurso.  
82.2 El cumplimiento de la sanción se hará efectiva en cuanto sea posible, por acuerdo de la Junta de Gobierno al efecto, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.  
  
Artículo 83. Efectos de la sanción  
83.1 Las sanciones impuestas por el Colegio de Abogados de Castellón surtirán efectos en el ámbito de todos los Colegios de España y todas ellas serán comunicadas al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo Valenciano de la Abogacía.  
83.2 Para los casos en que no se pueda notificar la sanción al infractor en el domicilio o a través de los medios existentes en los ficheros colegiales, será válida la notificación mediante el tablón del Colegio, sea en formato físico o electrónico.  
83.3 Dicha sanción será también anotada en el expediente personal del profesional de la abogacía, o en el de la sociedad profesional.  
  
Artículo 84. Prescripción de las infracciones  
84.1 Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.  
84.2 El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador o del acuerdo de apertura de información previa, reanudándose, en este caso, el cómputo delplazo de prescripción si dentro del plazo de tres meses no se iniciase el procedimiento disciplinario.  
84.3 En todo caso se reanudará el cómputo del plazo de prescripción si el procedimiento permaneciere paralizado durante más de un mes por causa no imputable al colegiado.  
   
Artículo 85. Prescripción de las sanciones  
85.1 Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por infracciones graves, a los dos años; y las impuestas por infracciones leves, a los seis meses.  
85.2 El plazo de prescripción de la sanción comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que puedan ser ejecutadas. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.  
85.3 El plazo de prescripción de la sanción, cuando el sancionado quebrante su cumplimiento, comenzará a contar desde la fecha del quebrantamiento.  
  
Artículo 86. Cancelación de la anotación de las sanciones  
En cuanto a la cancelación de la anotación de las sanciones en el expediente personal delprofesional de la abogacía y la cancelación de la anotación de las sanciones en el expediente particular de la sociedad profesional se estará a lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 87. Rehabilitación del profesional de la abogacía expulsado  
87.1 El profesional de la abogacía sancionado disciplinariamente con la expulsión del Colegio podrá obtener la rehabilitación para el ejercicio de la profesión cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes.  
87.2 La rehabilitación exigirá el transcurso de un plazo de cinco años desde que la sanción de expulsión hubiese sido ejecutada, así como no haber incurrido en causa de indignidad o desprecio de los valores y obligaciones profesionales y deontológicas, y la acreditación de haber superado las actividades formativas que en materia de deontología profesional establezca la Junta de Gobierno, y los cursos que en materia de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita determine dicha Junta de Gobierno, en este último caso siempre que la sanción derive de una infracción cometida en la prestación de dichos servicios.  
87.3 La rehabilitación se solicitará a la Junta de Gobierno del Colegio que impuso la sanción de expulsión, debiendo valorarse, para resolver sobre la misma, las siguientes circunstancias:  
a) Antecedentes penales posteriores a la sanción de expulsión y sanciones disciplinarias previas no ejecutadas.  
b) Trascendencia de los daños y perjuicios derivados de la comisión de la infracción sancionada, así como, en su caso, su falta de reparación, atendida la naturaleza de aquellos.  
c) Cualquiera otra relativa a su relación con los clientes, los compañeros, las autoridades y la organización profesional corporativa que permita apreciar la incidencia de la conducta del profesional de la abogacía sobre su futuro ejercicio de la profesión, para lo cual se tendrán en cuenta denuncias o quejas recibidas con posterioridad a la expulsión, siempre que no estuvieran prescritos los hechos a que se refieran.  
87.4 La resolución por la que se deniegue la rehabilitación solicitada deberá ser siempre motivada.  
  
Artículo 88. Régimen de los colegiados no ejercientes  
Los colegiados no ejercientes quedan sometidos a las previsiones del presente Título en todo aquello que les sea de aplicación en relación con su actuación colegial.  
  
Artículo 89. Régimen de los tutores de prácticas externas  
89.1 El régimen disciplinario aplicable a los profesionales de la abogacía tutores de prácticas externas de los cursos o másteres de acceso a la profesión será el establecido por el Estatuto General de la Abogacía Española.  
89.2 La potestad disciplinaria sobre los profesionales de la Abogacía tutores adscritos a la Universitat Jaume I o cualquier otro centro de estudios secundarios, superiores o universitarios de Castellón, corresponde ejercerla al Colegio de la Abogacía de Castellón.  
89.3 En concreto, son infracciones graves del profesional de la abogacía tutor las siguientes:  
a) Incumplir el plan de formación de la entidad responsable de las prácticas externas o no cumplir su normativa reguladora.  
b) Incumplir las instrucciones facilitadas por la dirección del curso o máster o la normativa que regule la tutoría.  
c) Encomendar al alumno tareas ajenas al ejercicio de la abogacía.  
d) Faltar el respeto o consideración al alumno.  
e) No prestar apoyo y asistencia al alumno durante todo el período de prácticas externas ni proporcionarle los medios materiales indispensables para el desarrollo de las prácticas.  
f) No dedicar al alumno el tiempo necesario para transmitirle sus conocimientos, experiencias, métodos y usos de trabajo, así como los principios propios de la Abogacía, con especial atención a sus valores deontológicos.  
g) No redactar la memoria explicativa de las actividades desarrolladas, que ha de ser supervisada por el responsable del equipo de tutoría.  
h) No mantener la condición de profesional de la abogacía durante el desempeño de su función como tutor.  
i) No dar traslado al centro organizador de las prácticas externas delcomportamiento de los alumnos que considere contrarios a las reglas deontológicas y estatutarias de la profesión.  
89.4 Son infracciones leves del profesional de la abogacía tutor, las siguientes:  
a) No coordinar con el responsable del equipo de tutoría su actividad tutorial en el desarrollo de las prácticas externas o no facilitarle la información que este le requiera.  
b) No entrevistarse con los alumnos con la periodicidad que se establezca en la normativa reguladora de cada período de prácticas externas.  
  
c) No mantener una conducta ejemplar durante el desarrollo de su función tutorial.  
89.5 Las infracciones graves serán sancionadas con inhabilitación de hasta tres años para ejercer la tutoría en cualquier curso o máster de acceso, así como con la pérdida de los reconocimientos, incentivos o ventajas obtenidos por el desempeño de su cargo de tutor. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento verbal o reprensión privada o apercibimiento por escrito.  
89.6 La sanción deberá graduarse en cada caso atendiendo a la gravedad y efectos delhecho infractor, a la intencionalidad, duración, habitualidad o reiteración en la conducta.  
  
  
TÍTULO X  
Modificación del Estatuto  
  
Artículo 90. Modificación del Estatuto  
Para la aprobación y modificación de estatutos se exigirá un quórum de asistencia de la mitad más uno de colegiados. Si no se reúne este quórum, se celebrará nueva Junta Extraordinaria sin exigencia de quórum especial de asistencia. En la convocatoria de Junta se anunciará ya la hora y fecha de la nueva, para el supuesto de que no se reuniese quórum en la primera, debiendo mediar entre ambas quince días como mínimo.  
  
  
TÍTULO XI  
Régimen jurídico  
  
Artículo 91. Régimen jurídico  
El Colegio de Abogados de Castellón, como corporación de Derecho Público, está sujeto al derecho administrativo en cuanto ejerza potestades públicas. El resto de su actividad se rige por el derecho privado, sin perjuicio de la observancia de las normas sobre la formación de la voluntad de los órganos colegiales previstas en este Estatuto.  
  
Artículo 92. Ley aplicable  
La ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley del régimen jurídico del sector público, se aplicarán a cuantos actos de los órganos colegiales supongan ejercicio de potestades administrativas. Dichas leyes tendrán carácter supletorio para lo no previsto en este Estatuto.  
  
Artículo 93. Ejecutividad.   
Los acuerdos de los órganos colegiales serán inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo disponga otra cosa, o se trate de materia disciplinaria, en que se estará a lo dispuesto en el Artículo 81 de este Estatuto.   
  
Artículo 94. Plazos  
Los plazos de este Estatuto expresados en días se entenderán referidos a días hábiles, salvo que expresamente se diga otra cosa.  
  
Artículo 95. Recursos contra acuerdos de la Junta de Gobierno  
95.1 Los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno que estén sujetos al derecho administrativo, podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados dentro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente a aquel en que se hubieran adoptado o, en su caso, notificado a los colegiados o personas a quienes afecte.  
95.2 El recurso podrá interponerse ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados o ante la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Castellón, que lo elevará con sus antecedentes e informe que proceda al Consejo Valenciano dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación.  
  
Artículo 96. Recursos contra acuerdos de la Junta General  
Los acuerdos de la Junta General serán recurribles en alzada por la Junta de Gobierno o por cualquier colegiado a quien afecten personalmente, ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados en el plazo de un mes desde su adopción.  
  
Artículo 97. Efectos del recurso de alzada  
La interposición del recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados no suspende la ejecutividad de los acuerdos, salvo en los siguientes casos:  
a) Cuando la Junta de Gobierno acuerde la suspensión de su propio acuerdo.  
b) Cuando se recurra una sanción disciplinaria, si así lo solicita el interesado.  
c) Cuando a instancia de parte así lo acuerde el Consejo Valenciano.  
  
  
TÍTULO XII  
Fusión, absorción, segregación y disolución del Colegio  
  
Artículo 98. Fusión, absorción, segregación y disolución  
La fusión, absorción, segregación y disolución requerirán el cumplimiento previo de lo dispuesto en el artículo 2 del Estatuto General de la Abogacía Española y la aprobación del Gobierno Valenciano previo informe del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Para la disolución es necesario el acuerdo de la Junta General Extraordinaria con un quórum de la mitad más uno de los colegiados, y con un voto a favor de la mayoría de los presentes, y una Ley de la Generalitat Valenciana, previo informe del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.   
  
  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
  
Única  
El presente Estatuto se aplicará a los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigor.  
  
  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
  
Primera  
En todo lo no previsto en el presente Estatuto será de aplicación lo prevenido en las leyes que regulan los Colegios Profesionales y el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Segunda  
Se habilita expresamente a la Junta de Gobierno para introducir las eventuales modificaciones estatutarias que fueran requeridas por el Consejo General de la Abogacía Española y por el órgano competente de la Generalitat Valenciana, en el trámite de calificación de su legalidad.  
  
  
DISPOSICIONES FINALES  
  
Primera  
Una vez aprobados los estatutos por la Junta General, se someterán a su aprobación por el Consejo General de la Abogacía de España, de conformidad con el artículo 70.2 y el apartado segundo de la disposición final tercera del Estatuto General de la Abogacía Española, y se comunicarán al órgano competente de la Generalitat Valenciana para su declaración de legalidad e inscripción en el Registro de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana y su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo estipulado en la Ley 6/1999 de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.  
  
Segunda  
El presente estatuto entrará en vigor el día de la publicación de su inscripción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, debiendo la Junta de Gobierno dar la oportuna publicidad a su texto para el general conocimiento de los colegiados.