Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7018, del 07-05-2013 (2013/4174)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 912/2011.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7018

Fecha DOGV
:   07-05-2013

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2013/4174


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia e Instruccion Número 4 de Elda

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 912/2011. [2013/4174]  
Familia, guarda, custodia y alimentos de hijo menor no matrimonial no consensuado 000912/2011-D  
De: Leidy Karina Vargas Ortega.  
Procuradora: Consuelo Fernández Verdú.  
Contra: Jorge Luis Andrade Hinojosa y ministerio fiscal.  
Procurador/a: -   
En el presente procedimiento familia, guarda, custodia y alimentos de hijo menor no matrimonial no consensuado 000912/2011, seguido a instancia de Leidy Karina Vargas Ortega frente a Jorge Luis Andrade Hinojosa y ministerio fiscal, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia número 11/2013  
Elda, 14 de enero de 2013  
Visto por mí, M.ª Teresa Gómez Casado, jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de los de esta ciudad y su partido judicial, el expediente relativo al procedimiento de medidas definitivas referenciado con el número 912/2011, a instancia de la procuradora de los tribunales Consuelo Fernández Verdú, actuando en nombre y representación de Leidy Karina Vargas, bajo la asistencia letrada de María Dolores Tobarra Verdú, contra Jorge Luis Andrade Hinojosa, en situación de rebeldía procesal. Interviene el representante del ministerio fiscal en defensa del interés público protegido por la ley.  
  
Antecedentes de hecho   
Primero. La parte actora interesó demanda en solicitud de medidas definitivas paternofiliales y económicas respecto del hijo menor extramatrimonial, alegando la fundamentación jurídica que estimó de aplicación con la finalidad de solicitar que, previo el trámite legal correspondiente, se dictara la correspondiente resolución en la que se declarase la adopción de las siguientes medidas:  
1. La atribución a la madre de la guarda y custodia del menor, C. A. A. V., siendo la patria potestad compartida.  
2. El establecimiento en favor del padre de un régimen de visitas consistente en fines de semana alternos desde las 20.00 horas del sábado a las 21.00 horas del domingo, así como vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano por mitad.  
3. La atribución en favor de la madre, en compañía del menor, del uso del domicilio conyugal.  
4. El establecimiento de una pensión de alimentos en favor del menor de 300 euros mensuales y mitad de gastos extraordinarios.  
Segundo. Admitida la demanda, por ajustada a las prescripciones legales, se da traslado de la misma a la parte demandada, que no contestó, por lo que fue declarado en situación de rebeldía procesal.  
Tercero. Se señaló día para la celebración de la vista establecida legalmente. La tramitación se cursó de conformidad con lo que disponen los artículos 769 a 778 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente tomando como punto normativo de referencia los artículos 774, 770 y 753 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la misma se procede a la práctica de la prueba propuesta por las partes, a saber, el interrogatorio de la demandante y prueba documental. La letrada de la parte demandante ratifica la demanda, si bien, en cuanto al régimen de visitas, solicita sábados y domingos alternos de 10.00 a 20.00 horas sin pernocta, y mitad de vacaciones. En fase de informe, el ministerio fiscal solicita la atribución de la guarda y custodia del menor a la madre, una pensión de alimentos de 200 euros, y mitad de gastos extraordinarios, y establecimiento en favor del padre de un régimen de visitas progresivo, que inicialmente será de un fin de semana al mes, sábado y domingo de 11.00 a 19.00 horas, sin pernocta, durante seis meses. Si funciona adecuadamente, progresivamente se introducirá la pernocta, y si la relación paternofilial es adecuada se ampliará a la mitad de las vacaciones escolares.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Toda realización jurisdiccional que tenga como base los parámetros jurídicos del derecho de familia debe concretar, valorar, ponderar, para después decidir los efectos personales y económicos que deberán regir la cesación de la comunidad de vida. En orden a las medidas que han de regular las consecuencias de dicha cesación, en primer lugar, en lo que atañe a la guarda y custodia del menor, C., de siete años de edad, la misma ha sido solicitada por la actora, no oponiéndose a ello el demandado, que no ha comparecido, debiendo ser en todo caso el ejercicio de la patria potestad conjunto. Como ha reiterado nuestro Tribunal Supremo, en virtud del principio del favor fili, que inspira nuestro ordenamiento jurídico, es el superior interés de los hijos el que debe inspirar la decisión que en esta materia se adopte, al margen de los intereses que ambos progenitores puedan tener. En este sentido, atendido el resultado de la prueba practicada, concretamente el interrogatorio de parte, el beneficio del mismo exige el mantenimiento de la guarda y custodia en favor de la madre, con la que reside en la actualidad, y con la que ha vivido desde que hace unos seis años, se produjo la separación de los progenitores, sin que desde entonces haya tenido apenas contacto con el demandado.  
Segundo. En lo que se refiere al régimen de visitas, del interrogatorio de parte se desprende que desde que se produjo la separación, cuando el menor tenía un año y medio, el padre solo lo ha visitado en dos ocasiones, una de ellas con ocasión de su bautizo, y la otra el año pasado, y que no existe tampoco un contacto telefónico. Por tanto, se ha producido un distanciamiento entre el menor y el demandado por lo que en la actualidad no existe apenas contacto entre el hijo menor y su padre, que es para el menor casi un extraño. A ello debemos añadir que el demandado reside en Huelva, lo que supone ciertas dificultades prácticas, atendida la distancia geográfica entre ambas ciudades.   
Es deseo de la madre que la relación paternofilial se recupere, si bien lo cierto es que deberá realizarse con la prudencia y progresividad necesaria a fin de retomar poco a poco el contacto, ya que es lógico que no pueda obligarse a un menor de siete años a pasar largos periodos de tiempo con el demandado, al que solo ha visto dos veces. Por ello, conforme con lo solicitado por el ministerio fiscal, se considera adecuado el establecimiento de un régimen de visitas progresivo, de modo que si funciona adecuadamente, se pueda ir ampliando poco a poco.  
Por tanto, se establece durante un periodo inicial de seis meses, un régimen de visitas de un fin de semana al mes, que, a falta de acuerdo, será el primero de cada mes, sábado y domingo de 11.00 a 19.00 horas sin pernocta. Si se desarrolla adecuadamente, pasados los seis meses se introducirá la pernocta. Si se ha recuperado la relación paternofilial, podrá establecerse un régimen de visitas de vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano por mitad. Para el desarrollo del régimen de visitas, y atendiendo al interés del menor, será el padre el que deberá desplazarse a la localidad de Elda, siendo de su cargo los gastos derivados de dicho desplazamiento, debiendo recoger y reintegrar al menor en el domicilio materno.  
Tercero. En cuanto al domicilio conyugal, conforme al artículo 96 del Código Civil "el uso del domicilio conyugal y del ajuar doméstico corresponde, en defecto de acuerdo de los cónyuges, a los hijos y a aquel de los cónyuges en cuya compañía queden. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección".  
La ley no establece la exigencia de realizar automáticamente la atribución del uso y disfrute del domicilio familiar a favor de aquel de los progenitores en cuya compañía resida el menor, sino que su tenor literal emplea la expresión "preferentemente", lo que abre la puerta a una interpretación que permita la posibilidad de efectuar dicha atribución al cónyuge no custodio, siempre que se acredite la concurrencia de circunstancias que así lo hagan aconsejable, como afirma la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 11 de octubre de 1999, si bien exigiendo la práctica de una sólida actividad probatoria que determine que es otro el interés más necesitado de protección, y que permita enervar la presunción legal de que el interés que merece la protección es de los hijos, tal y como ha considerado la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 8 de julio de 1997.   
En el caso que nos ocupa, no se ha acreditado que exista otro interés más necesitado de protección, por lo que procede la atribución del uso del domicilio conyugal sito en a la madre en compañía de su hijo, siendo de cargo de la misma los gastos derivados de su uso.  
Cuarto. En cuanto a la pensión de alimentos, conforme al artículo 146 del Código Civil, "la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o a los medios de quien los da y a las necesidades de quién los recibe", por lo que para la determinación de la misma hemos de atender a las posibilidades económicas del demandado y a las necesidades del menor.   
En cuanto a la necesidad de establecer una pensión de alimentos, no cabe duda de que la cesación de la convivencia entre los progenitores no exime al padre de sus obligaciones para con su hijo menor, de modo que se trata de una cuestión que puede establecerse de oficio en beneficio del menor. En cuanto a la cuantía de la pensión de alimentos, desconocemos con exactitud los ingresos económicos del demandado, que se encuentra en situación de rebeldía procesal, de modo que la única noticia que podemos tener de su capacidad económica es la afirmación de la madre, que dice que, a través de la novia del demandado, sabe que éste trabaja en un Burguer en Huelva y gana 1.000 euros al mes. En cuanto a las necesidades del menor, al no haberse practicado prueba sobre las mismas, se entiende que son las habituales de un menor de su edad.  
De lo actuado, se entiende adecuada la cuantía de 200 euros, próxima a la fijada por la Audiencia Provincial de Alicante como mínimo vital. El progenitor no custodio tiene la obligación de mantener a su hijo mientras sea menor y aún alcanzada la mayoría de edad hasta que termine su formación y alcance la independencia económica. Dicha cantidad deberá ser ingresada por el demandado dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que designe la madre y se actualizará anualmente con arreglo a los índices del índice de precios al consumo. En cuanto a los gastos extraordinarios, el pago de los mismos deberá efectuarse por mitad.  
Quinto. El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que se impondrán las costas a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones. Este precepto se excepciona en los procesos de familia ya que las relaciones personales subyacentes aconsejan aminorar todo lo posible la carga económica de los integrantes. Por lo que no cabe condena en costas.   
  
Fallo  
De conformidad con la normativa aplicada y los criterios y consideraciones jurídicas establecidas, estimando la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales Consuelo Fernández Verdú, en nombre y representación de Leidy Karina Vargas Ortega, contra Jorge Luis Andrade Hinojosa, se acuerda la adopción de las siguientes medidas en relación al menor:  
- La atribución de la guarda y custodia del menor en favor de la madre siendo el ejercicio de la patria potestad conjunto.   
- La atribución del uso del domicilio conyugal a la madre en compañía del hijo menor así como la atribución a la misma del uso del ajuar doméstico.  
- El establecimiento a cargo del padre de una pensión de alimentos de 200 euros. Los gastos extraordinarios deberán satisfacerse por ambos progenitores por mitad.  
- En cuanto al régimen de visitas, se establece durante un periodo inicial de seis meses un régimen de visitas de un fin de semana al mes que, a falta de acuerdo, será el primero de cada mes, sábado y domingo de 11.00 a 19.00 horas, sin pernocta. Si se desarrolla adecuadamente, pasados los seis meses se introducirá la pernocta. Si se ha recuperado la relación paternofilial, podrá establecerse un régimen de visitas de vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y verano por mitad. Para el desarrollo del régimen de visitas, y atendiendo al interés del menor, será el padre el que deberá desplazarse a la localidad de Elda, siendo de su cargo los gastos derivados de dicho desplazamiento, debiendo recoger y reintegrar al menor en el domicilio materno.  
No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.   
Contra la presente resolución en forma de sentencia se puede interponer recurso de apelación a los 20 días, contados desde el siguiente de su notificación. Los recursos, que conforme a la ley se interpongan contra la sentencia, no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieran acordado en ésta. Debe notificarse la presente a todas las partes constitutivas y debe procederse a inscribirse en el registro civil.  
Por la presente, lo acuerdo, mando y firmo, M.ª Teresa Gómez Casado, jueza titular de este Juzgado. Doy fe.»  
Y encontrándose dicho demandado, Jorge Luis Andrade Hinojosa, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Elda, 17 de enero de 2013.- La secretaria judicial: Sandra Escobar Navedo.