Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6521, del 16-05-2011 (2011/5237)

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2011, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se dispone la apertura del período de información pública sobre la petición de creación del Colegio Oficial de Criminólogos de la Provincia de Alicante, del Colegio Oficial de Criminólogos de la Provincia de Valencia y del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6521

Fecha DOGV
:   16-05-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/5237


Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2011, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se dispone la apertura del período de información pública sobre la petición de creación del Colegio Oficial de Criminólogos de la Provincia de Alicante, del Colegio Oficial de Criminólogos de la Provincia de Valencia y del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana. [2011/5237]  
El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 49.1.22.ª, según la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, confiere a la Generalitat competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.   
El artículo 7 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, y el artículo 8 de su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, disponen que la creación de colegios profesionales con ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana, sin perjuicio del ámbito territorial de los ya existentes, se hará mediante ley de la Generalitat.  
Con fecha 29 de octubre de 2008, por Francisco Bernabeu Ayela y otros, en calidad de presidente de la Asociación de Criminólogos de Alicante (ACRA) se formalizó petición de creación del Colegio Oficial de Criminólogos de la Provincia de Alicante, de conformidad con lo acordado en la Asamblea General de dicha entidad en fecha 27 de febrero de 2008, según certificado expedido por el secretario de la misma con el visto bueno de su presidente.  
La petición referida, junto con la documentación que se acompaña, una vez subsanada, incorpora los extremos exigidos por el artículo 9.5 del Decreto 4/2002, de 8 de enero. La denominación que se pretende dar al colegio es la de Colegio Oficial de Criminólogos de la Provincia de Alicante.  
En cuanto a la titulación profesional u otros requisitos, para la incorporación al colegio se exigirá estar en posesión de: licenciatura en Criminología.   
Igualmente, a la petición se ha acompañado memoria destinada a motivar y justificar el interés público que concurre para crear tal colegio que limite el ejercicio profesional libre de la profesión. El interés público en la creación del colegio se fundamenta en que «el Real Decreto 858/2003, en cuyo artículo 1 se establece que las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de licenciado en Criminología deberán proporcionar una formación científica, de carácter interdisciplinar, en los distintos aspectos relacionados con el hecho criminal o con la conducta desviada».  
Es evidente que esta simple afirmación legal ya cita dos aspectos -el hecho criminal y la conducta desviada- que ostentan por sí mismas la existencia de un interés público más que suficiente. No obstante, añadiremos alguna cuestión que lo mostrará de forma aún más incontestable.  
Entre las problemáticas que siempre han preocupado a la opinión pública se han encontrando indefectiblemente todas aquellas relacionadas -directa o indirectamente- con el delito y la respuesta hacia ellos, tanto en los aspectos de su represión y tratamiento, como en todos aquellos relacionados con su prevención. La criminología estudia científica y empíricamente todo lo relacionado con el delito, el delincuente, la víctima y la reacción social respecto de todos los anteriores elementos. La criminología estudia y trata el delito tanto como acción individual, como fenómeno macrosocial, pasando por todas las graduaciones intermedias. Y se ocupa y preocupa de delincuentes y víctimas, desde todos los puntos de vista, sin olvidar la importancia de las interacciones entre ambos.  
En base a todo ello, es del todo punto indudable que en todas las actuaciones profesionales en las que puede intervenir un criminólogo «el elemento principal es el del logro de las aspiraciones ciudadanas de seguridad ciudadana y el interés público del tratamiento adecuado de una fenómeno que afecta al cuerpo social en su conjunto y a cada uno de los ciudadanos en particular».   
  
Por su parte, en fecha 13 de enero de 2009, por Benjamín Victoria Ballesteros, en calidad de presidente de la Asociación de Criminólogos de Valencia y Castellón (ACRIVAC) se formalizó petición de creación del Colegio Oficial de Criminólogos de la Provincia de Valencia, de conformidad con lo acordado en la Asamblea General de dicha entidad en fecha 18 de diciembre de 2009, según certificado expedido por el secretario de la misma con el visto bueno de su presidente.  
La petición referida, junto con la documentación que se acompaña, una vez subsanada, incorpora los extremos exigidos por el artículo 9.5 del Decreto 4/2002, de 8 de enero. La denominación que se pretende dar al colegio es la de Colegio Oficial de Criminólogos de la Provincia de Alicante.  
En cuanto a la titulación profesional u otros requisitos, para la incorporación al colegio se exigirá estar en posesión de: licenciatura en Criminología.   
Igualmente, a la petición se ha acompañado memoria destinada a motivar y justificar el interés público que concurre para crear tal colegio que limite el ejercicio profesional libre de la profesión. Interés público en la creación del colegio que se fundamenta en idénticos términos a la petición anterior.  
Asimismo, en fecha 7 de diciembre de 2010, por Javier Guardiola García, en su calidad de presidente de la Asociación Profesional de Criminólogos de la Comunitat Valenciana se formuló nueva petición de creación del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo acordado en la Asamblea General de dicha entidad en fecha 23 de febrero de 2009, según certificado expedido por el secretario de la misma con el visto bueno de su presidente.  
La petición referida, junto con la documentación que se acompaña, incorpora los extremos exigidos por el artículo 9.5 del Decreto 4/2002, de 8 de enero. La denominación que se pretende dar al colegio es la de Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana.  
En cuanto a la titulación profesional u otros requisitos, para la incorporación al colegio se exigirá estar en posesión de: «La licenciatura en Criminología es título académico oficial que se imparte en estos momentos, dentro de la Comunitat Valenciana, en la Universitat de València y en la Universidad de Alicante. Dicho título académico (que en su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior está siendo sustituido por los pertinentes grados, que han comenzado ya a impartirse en las dos universidades citadas».   
Igualmente, a la petición se ha acompañado memoria destinada a motivar y justificar el interés público que concurre para crear tal colegio que limite el ejercicio profesional libre de la profesión. El interés público en la creación del colegio se fundamenta en que la intervención profesional de los criminólogos, en los distintos campos que más abajo se reseñan, supone de hecho una importante intervención en ámbitos sensibles a los más elementales derechos de los ciudadanos: el honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen, el libre desarrollo de la personalidad (recuérdese además singularmente que los criminólogos intervienen tanto respecto de adultos como respecto de menores) e incluso la libertad y la seguridad de las personas a las que se refiere la intervención profesional del criminólogo -cuando no de la población entera, en la medida en que los análisis criminológicos puedan dar lugar a políticas públicas más o menos represivas o severas, articuladas a través de medidas penales y policiales de grave incidencia en la vida de los ciudadanos- pueden verse afectadas por la intervención profesional criminológica.  
Evaluaciones de riesgo y peligrosidad, dictámenes sobre tendencias o dinámicas delictivas, análisis sobre elementos criminógenos y evaluaciones de reincidencia, propuestas de sanciones y opción entre diversos mecanismos sancionatorios, valoración de las irregularidades en el cumplimiento de penas y medidas y dictamen recomendando el mantenimiento de éstas o su sustitución por otras más gravosas, intervenciones en procesos de mediación de adultos y menores, entre otras muchas, afectan gravemente de forma potencial a los derechos constitucionales reseñados.  
Además, importa tener en cuenta, en el presente caso, que la tortuosa historia de los estudios de criminología (que no vieron la forma de título oficial hasta muy reciente fecha, a raíz de las directrices generales establecidas por RD 858/2003 y siendo la primera promoción de licenciados del año 2006; habiendo proliferado hasta entonces títulos diversos y de muy distinta calidad y solvencia que sólo tienen en común apelar a la criminología en su denominación) da lugar a un panorama profesional plagado de personajes que con formaciones muy diversas -y con frecuencia francamente deficitarias- se arrogan en público y ante las instituciones la condición de criminólogo, pretendiendo asumir funciones profesionales para las que no están cualificados por un título oficial.  
Es preciso, pues, además, salir al paso de la competencia desleal y el intrusismo, dignificando la profesión con el fundamental objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos, pero también para tutelar los legítimos intereses profesionales de quienes han seguido estudios oficiales para prepararse adecuadamente para el correcto desempeño de sus funciones profesionales.  
Lo que aconseja en suma que el colectivo, al constituirse en colegio profesional, esté sometido a unas normas deontológicas y de control, propio de estas corporaciones de derecho público.   
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el órgano administrativo que tramite un procedimiento podrá acordarse su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Concurren en el presente caso identidad sustancial en las tres peticiones de creación de colegios profesionales, ya que todas ellas afectan a la misma titulación licenciado o grado en Criminología y profesión criminólogo. Por su parte, el interés público que pueda concurrir en su creación es el mismo diferenciándose única y exclusivamente por el ámbito territorial a que afectaría cada colegio. Precisamente se ha tenido en cuenta el ámbito territorial de uno de ellos para acordar la acumulación de los otros dos expedientes.  
Por lo anterior, se acordó la acumulación de las peticiones de creación del Colegio Oficial de Criminólogos de la Provincia de Alicante, el Colegio Oficial de Criminólogos de la Provincia de Valencia y el Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana.  
En cuanto al procedimiento, aportada o completada la documentación que se desprende de su artículo 9, el artículo 10.2 del citado Decreto 4/2002 exige que la petición de creación de un colegio profesional se someta a información pública, mediante publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de resolución dictada por el órgano competente, por lo que resulta procedente someter a información pública la petición de creación del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana, recogiendo los extremos más significativos de los previstos en el artículo 9.5 de dicho Decreto, en particular la existencia de un interés público en la creación del colegio profesional que limite el ejercicio libre de la profesión, como se ha procedido en los párrafos anteriores, concediéndose un plazo de un mes para la formulación de alegaciones.   
Por todo lo expuesto, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 206/2009, de 13 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, modificado por el Decreto 22/2010, de 22 de enero y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 10.2 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, resuelvo:  
  
Primero  
Someter a información pública, por un plazo de un mes, las peticiones de creación del Colegio Oficial de Criminólogos de la Provincia de Alicante, del Colegio Oficial de Criminólogos de la Provincia de Valencia y del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana.  
Segundo  
Las alegaciones a las que se hace referencia en el apartado anterior, dirigidas al Servicio de Entidades Jurídicas de esta Dirección General, se presentarán en el Registro General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, sito en la calle Avellanas, 14, 46495 Valencia, sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso de cualquiera de las oficinas y formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 20 de abril de 2011.- El director general de Justicia y Menor: Antonio Gastaldi Mateo.