Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5286, del 22-06-2006 (2006/6523)

ACUERDO 10 de abril de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo al plan de reforma interior de la unidad de ejecución número 17 de Moncada.
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Número DOGV
:   5286

Fecha DOGV
:   22-06-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/6523


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Acuerdo 10 de abril de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo al plan de reforma interior de la unidad de ejecución número 17 de Moncada. [2006/M6523]  
En relación con el plan de reforma interior de la unidad de ejecución número 17, remitido por el Ayuntamiento de Moncada, se destacan los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos.  
Antecedentes  
1. El proyecto técnico formulado por la Agrupación de Interés Urbanístico número 17, fue presentado durante el periodo de prórroga para presentación de alternativas técnicas, cuyo trámite general se inició con la presentación de alternativa técnica por parte de Urbanizaciones Moncada, SL. No consta que esta alternativa técnica haya sido expuesta al público conforme a lo exigido en el artículo 52 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.  
La aprobación provisional se produjo por Acuerdo plenario de 22 de marzo del 2004, resolviendo las alegaciones presentadas por los proponentes de las tres alternativas técnicas en competencia.  
2. El objeto del proyecto es delimitar la unidad de ejecución número 17, en el ámbito de las calles de Badía y Miguel Tendillo, con la siguiente finalidad:  
. Urbanización de la calle de Vinalesa y prolongación de la calle del Carraixet.  
. Crear dos plazas-jardín de forma semioval.  
. Unificar en cinco el número de plantas, ajustándose así a la tónica dominante en la zona.  
. Disminuir la edificabilidad en 3.750 m²/T.  
. Diseñar un espacio porticado recayente a las plazas de nueva creación.  
. Consta en el expediente, compromiso del urbanizador de reservar para la construcción de viviendas protegidas un porcentaje del 12 al 15%.  
El resumen numérico del proyecto se recoge en el siguiente cuadro:  
3. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 4 de abril de 2006, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, cumpliendo así lo preceptuado en el artículo 23 del Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana  
Fundamentos jurídicos  
1. La tramitación no fue correcta, porque el proyecto finalmente aprobado por el Ayuntamiento no fue objeto de exposición al público. Al haberse presentado esta alternativa técnica durante la prórroga prevista en el artículo 46 de la LRAU, debió realizarse un trámite específico de información pública a los solos efectos de conocimiento por los afectados y presentación de alegaciones, con carácter previo a su aprobación provisional, para cumplir de esta forma lo establecido en el artículo citado.  
Este criterio ha sido confirmado por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 5 de febrero del 2003, número 156, recurso número 61/98, ponente Altarriba Cano, que sienta esta doctrina en el fundamento jurídico octavo:  
Como hemos visto en la evolución fáctica de los diversos acontecimientos que determinan los recursos acumulados, la corporación demandada iba abriendo periodos de información pública, según se iban presentando alternativas originales. Cada una de ellas era original en la medida en que, cada una de ellas, contenía una distinta formulación del plan parcial que servía de base a la programación que se intentaba.  
Así las cosas, las dos primeras alternativas técnicas, recibieron el oportuno trámite subsiguiente de información pública, de manera que las exigencias de publicitación del plan parcial que contenía, se encontraban satisfechas.  
No ocurrió lo mismo con la tercera que, fue precisamente la alternativa elegida, y que presentada en el periodo de información pública de la segunda, no tuvo la publicidad necesaria que exige la ley.  
La corporación municipal demandada, según hemos visto, dudó en la tramitación y, alteró el correcto criterio que inicialmente había adoptado, al suspender la información pública abierta para la tercera alternativa presentada, y pasar directamente las actuaciones a la mesa de contratación.  
Lo grave del caso es que, como hemos dicho formando parte de la alternativa se encontraba el documento del plan parcial, por lo que éste tampoco fue sometido a información pública.  
El Tribunal Supremo en numerosas sentencias como las de 20 de noviembre de 1996 y 10 de julio de 1997 (ar. nos. 8224/96 y 5371/97), ha declarado la nulidad procedimental de tramitación de planes que después del periodo de información pública habían sufrido modificaciones sustanciales que requerían nueva exposición.  
Si así se ha declarado respecto a modificaciones introducidas en la aprobación provisional, después de exponerse al público, tanto mas ha de entenderse que procede declarar la nulidad cuando el plan no ha sido sometido a información pública nunca, como ha ocurrido en este caso.  
El artículo 52 de la LRAU regula la tramitación de los planes parciales remitiéndose al régimen establecido para la tramitación de programas con dos reglas especiales entre las que se cuenta que «La exposición al público de estos planes se efectúa exhibiendo su documentación completa y no le son aplicables las reglas de los artículos anteriores relativas a la competencia entre proposiciones jurídico-económicas si bien, cuando aquellos planes se tramiten junto a dichos programas, serán aplicables las referidas reglas, aunque sólo respecto a la adjudicación de estos últimos.  
Ciertamente este artículo no es muy explicativo pero lo que sí es manifiesto es que exige la exposición pública del plan con los mismos plazos de los programas.  
No es, por consiguiente, excusable la exposición pública del plan parcial. La falta de exposición quiebra las garantías de defensa de todos los afectados y vicia de nulidad su aprobación.  
Por tanto, el acuerdo recurrido, referido a la aprobación del plan parcial, es nulo de pleno derecho por defecto procedimental.»  
En consecuencia, procedía suspender la aprobación hasta que se efectuase la exposición al público exigida legalmente.  
2. En cuanto al fondo del asunto, resulta de aplicación el artículo 118 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana (RPCV), que dispone lo siguiente:  
«Mediante plan de reforma interior pueden subsanarse las insuficiencias de un plan general que no haya delimitado unidad de ejecución, cuya adecuada urbanización convenga realizar mediante actuaciones integradas, por ser técnicamente imposible o inadecuado efectuarla, por ser técnicamente imposible o inadecuado efectuarla mediante actuación aislada.»  
Por otra parte, las mejoras que introduce el plan de reforma interior, reseñadas en el antecedente dos, responden satisfactoriamente al interés público en tanto que se incrementa el espacio dotacional, se mejora la imagen urbana y se disminuye la edificabilidad total. No se observa reparo legal en el proyecto a la luz de las atribuciones concedidas a la administración autonómica por el artículo 40 LRAU; si bien deberá subsanarse el defecto de tramitación indicado en el fundamento jurídico primero.  
3. Visto lo señalado en el fundamento jurídico primero, la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada en fecha 14 de abril de 2005, acordó suspender la aprobación definitiva del plan de reforma interior de la unidad de ejecución número 17 de Moncada, debiendo subsanarse el defecto de tramitación indicado en el citado fundamento jurídico primero.  
4. En relación al estudio acústico, consta en el expediente informe de la unidad de calificación de actividades, de fecha 10 de febrero de 2005, emitido en sentido favorable, pero señalando que en una de las fachadas (marcada en el informe en color rojo) se estará ligeramente por encima de los valores máximos contemplados en la tabla de la Ley 7/2002, de Protección Contra la Contaminación Acústica, por lo que recomienda que en esa zona se ponga especial cuidado en el diseño del aislamiento de esas fachadas.  
5. En fecha 27 de septiembre de 2005 tiene entrada documentación relativa al reparo planteado remitida por el Ayuntamiento.  
Concretamente, se adjunta certificado del secretario del Ayuntamiento de fecha 21 de septiembre de 2005 en el que se constata la existencia de informe de la técnica de administración general del área de Urbanismo en el que se indica que fue remitido anuncio de información pública de la alternativa técnica seleccionada, por plazo de 20 días, a los solos efectos de presentación de alegaciones, constatando la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat número 5.002, de 11 de mayo. Asimismo, se indica lo siguiente:  
Transcurrido el plazo de exposición, no constan en este departamento la presentación de alegaciones.  
Asimismo, de conformidad con lo apuntado por el secretario fue remitido anuncio a diario no oficial, concretamente al Levante, El Mercantil Valenciano y Las Provincias, constatando la publicación de fecha 11 de julio de 2005 en ambos.  
Transcurrido el plazo de exposición, no constan en este departamento la presentación de alegaciones.  
Por tanto, y de conformidad con lo informado por el secretario de la corporación, procede emitir certificación administrativa acreditativa de la inexistencia de alegaciones para su remisión a la conselleria competente instando la prosecución del expediente.  
6. La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta del director general de Planificación y Ordenación Territorial, es el órgano competente para emitir dictamen resolutorio sobre la aprobación definitiva de los planes de reforma interior modificativos de la ordenación estructural, de municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.20.B de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con el artículo 10.a) del Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.  
A la vista de cuanto antecede, la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el 10 de abril de 2006, por unanimidad, acuerda: Aprobar definitivamente el plan de reforma interior de la unidad de ejecución número 17 de Moncada, debiendo aportarse dos copias del proyecto debidamente visadas y diligenciadas para proceder a su sellado.  
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente, según dispone el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación.  
En su caso las administraciones públicas pueden formular requerimiento de anulación o revocación según dispone el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente por analogía con el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación. El citado artículo 44 de la Ley 29/1998 establece literalmente;  
Art. 44.1. En los litigios entre administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.  
En el supuesto de no formular el requerimiento indicado, las administraciones públicas podrán interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo previsto en el artículo 46-1 de la citada Ley 29/1998.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.  
Lo que se certifica con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente y a reserva de los términos precisos que se deriven de la misma, conforme lo autoriza el artículo 27-5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).  
Valencia, 10 de abril de 2006.. El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: Alvaro Aleixandre Ortí.