Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5132, del 10-11-2005 (2005/11689)

Notificación a David Edward Williams y Herry Patricia Williams de la sentencia número 59/2005, recaída en los autos de juicio ordinario número 170/2004.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5132

Fecha DOGV
:   10-11-2005

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2005/11105


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Dénia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a David Edward Williams y Herry Patricia Williams de la sentencia número 59/2005, recaída en los autos de juicio ordinario número 170/2004. [2005/Q11582]
  
Procedimiento: juicio ordinario 170/2004
  
Parte demandante: Trevor John Bourne
  
Parte demandada: David Edward Williams y Herry Patricia Williams
  
En el juicio referenciado se ha dictado la sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:
  
«Sentencia número 59/2005
  
Dénia, 31 de marzo de 2005
  
Vistos por Lourdes Noverques Martínez, jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Dénia, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este juzgado con el número 170 del año 2004, a instancia de Trevor John Bourne, representado por la procuradora Ana Isabel Feliu Daviu y asistido del letrado Vicente Giner Calatayud, contra David Edward Williams y Herry Patricia Williams, en rebeldía en este procedimiento.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Por la procuradora Ana Isabel Daviu Frasquet, en la representación indicada y mediante escrito que por turno de reparto correspondió a este juzgado, se presentó demanda de juicio ordinario, en la que, tras aducir los hechos y fundamentos de derecho que estimaba pertinentes a su declaración, terminaba suplicando que se dictara sentencia ?por la que se condene a los demandados a abonar a mi representado la cantidad de quince mil setecientos setenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos, intereses de dicha cantidad desde la fecha de presentación de esta demanda y asimismo condenarles al pago de las costas de este juicio?.
  
2. Admitida a trámite la demanda por auto de fecha 8 de abril de 2004, se emplazó a los codemandados para que, en el plazo de 20 días, a contar desde la fecha de notificación del referido auto, se personaran en las actuaciones y, en su caso, presentaran escrito de contestación a la demanda. Transcurrido el plazo concedido al efecto sin haber verificado su personación, a pesar de haber sido citados en forma, los demandados fueron declarados en rebeldía mediante providencia de fecha 11 de noviembre de 2004.
  
3. En fecha 11 de marzo de 2005, se celebró el acto de la audiencia previa, al que no comparecieron los codemandados, y en la que la parte actora, tras ratificarse en los pedimentos contenidos en su escrito de demanda, interesó el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo como único medio de prueba el documental, consistente en tener por reproducidos los documentos acompañados al escrito de demanda. A continuación, evacuado el trámite de conclusiones, se declaró concluido el acto y visto para sentencia, en atención a lo dispuesto en el artículo 428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
  
4. Las presentes actuaciones han sido tramitadas conforme a las normas procesales que le son de aplicación, habiéndose observado el cumplimiento de las prescripciones legales, a excepción de la relativa al plazo para dictar sentencia.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Por la parte actora se ejercitaba una acción de reclamación de cantidad por la que pretendía la condena de los codemandados a abonar al actor la suma de 15.776,56 euros, en cumplimiento del contrato suscrito en fecha 27 de marzo de 2002, entre los que son parte del presente procedimiento, en cuya virtud los codemandados reconocían deber al demandante la suma reclamada en el presente procedimiento, así como la obligación asumida por aquéllos de no vender la vivienda construida por el actor sin antes liquidar la deuda existente con el mismo o, en caso de transmisión de la misma, otorgando derecho preferente a favor del actor, obligándose en ambos casos a comunicar a éste la intención de enajenar la vivienda, estipulándose, igualmente, que transcurrido un plazo de 24 meses sin haber sido saldada la deuda, el actor podría entablar cuantos procedimientos legales fueren necesarios para reclamar el pago de la misma.
  
Como fundamento de la pretensión descrita, la parte actora alegaba la aplicación de los artículos 1.089, 1.091, 1.124, 1.256, 1.258 y 1.923, todos ellos del Código Civil (CC).
  
2. Al respecto, cabe señalar que para la posible estimación de la pretensión ejercitada por la parte actora y que aparece descrita en el fundamento jurídico anterior, debe considerarse acreditada la existencia de la deuda, cuya reclamación ha dado lugar a la formación de las presentes actuaciones, así como su exigibilidad y pendencia.
  
En el supuesto de autos, se consideran concurrentes los elementos expuestos, en virtud de la documentación que consta acompañada al escrito de demanda y, en concreto, por lo que se refiere a la existencia de la deuda, de conformidad con lo que aparece previsto en el documento número 1 de los mismos, consistente en el contrato suscrito, en fecha 27 de marzo de 2002, entre el actor, Trevor John Bourne, y los codemandados, David Edward Williams y Herry Patricia Williams, en cuya cláusula segunda se prevé que estos últimos reconocen adeudar al actor la cantidad de 15.776,56 euros, y en cuya cláusula tercera asumen la obligación de comunicar, con una antelación mínima de 30 días, la eventual intención de enajenar la vivienda construida por el actor de la que, a su vez, trae causa la deuda cuyo cumplimiento se reclama en este procedimiento. Así, habida cuenta de la falta de impugnación del referido documento por la parte demandada, goza de plena eficacia a los efectos de entender probada la existencia de la deuda de 15.776,56 euros reclamada, atendido lo que aparece dispuesto en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 319 del mismo cuerpo legal, respecto a los documentos privados.
  
En cuanto a la exigibilidad de la deuda, así como a su pendencia, su acreditación resulta de la vigencia en nuestro ordenamiento jurídico de la denominada teoría de la carga de la prueba, que, prevista en el artículo 217.1 de la LEC, implica que, cuando el tribunal considere dudosos hechos de los que dependa la resolución de la causa, desestimará las pretensiones del actor o del demandado, dependiendo de a quién corresponda la carga de probar los mismos. Así, debido a que la falta de exigibilidad o pendencia de la deuda reclamada correspondería a los codemandados de acuerdo con lo establecido en el artículo 217.3 de la LEC, en cuanto dispone que corresponde al demandado la carga de probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos en los que el actor funde sus pretensiones, procede entenderse suficientemente probada la falta de cumplimiento por parte de los codemandados de la obligación de comunicar con una antelación mínima de 30 días, la voluntad de enajenar la vivienda de su propiedad de cuya construcción deriva la formación de las presentes actuaciones, así como la falta de pago de la suma reclamada.
  
De esta forma, entendiéndose concurrentes las condiciones exigidas para la posible estimación de la demanda, resultan de aplicación los artículos 1.091 del CC, en cuanto dispone ?las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos?, y 1.911 del mismo cuerpo legal, según el cual ?del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros?, y, en consecuencia, se estima procedente condenar a los codemandados a abonar al actor la suma de 15.776,56 euros, más los intereses legales por la misma devengados, de conformidad con lo que aparece previsto en el artículo 576 de la LEC.
  
3. En cuanto a las costas, resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado primero del artículo 394 de la LEC y, por tanto, correrán a cargo de los demandados, por haber sido desestimadas todas sus pretensiones, en atención a que la rebeldía es considerada una oposición, aunque tácita, a las pretensiones del actor.
  
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.
  
Fallo
  
Que estimando como estimo íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora Ana Isabel Feliu Daviu, en nombre y representación de Trevor John Bourne, contra David Edward Williams y Herry Patricia Williams, en situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno a estos últimos a abonar al actor la suma de quince mil setecientos setenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos (15.776,56 €), más los intereses legales correspondientes. Las costas procesales causadas con la tramitación del presente procedimiento correrán a cargo de la parte demandada.
  
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo juzgado dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se notifique esta resolución.
  
Llévese el original al libro de sentencias.
  
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo; Lourdes Noverques Martínez, jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Dénia».
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia a los demandados, David Edward Williams y Herry Patricia Williams.