Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5286, del 22-06-2006 (2006/7004)

ORDEN de 7 de junio de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales y promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y se convocan para el ejercicio de 2006.
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Número DOGV
:   5286

Fecha DOGV
:   22-06-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/7004


Fecha del documento
:   07-06-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * administración local
    * institución pública
    * organización patronal
    * sociedad sin fines de lucro
    * apoyo económico
    * estudio del trabajo
    * seguridad en el trabajo
    * sindicato
    * ayuda pública

ORDEN de 7 de junio de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales y promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y se convocan para el ejercicio de 2006. [2006/7004]  
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. Del mismo modo, las administraciones públicas fomentarán aquellas actividades en orden a reducir los riesgos laborales y a la promoción de estructuras eficaces de prevención.  
La prevención de los riesgos laborales ha de estar concebida como un elemento integrador presente en todas las decisiones empresariales y en todo el ámbito de las relaciones laborales, así como en las fases de los procesos productivos de bienes y servicios, por lo que las políticas de empleo deben considerar la prevención como un factor esencial de las mismas.  
El tejido productivo de la Comunidad Valenciana constituido mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, que a menudo no cuentan con los conocimientos y recursos necesarios para implantar en sus centros de trabajo unas medidas de seguridad adecuadas, hace necesario que desde la administración se fomente el que por las asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, instituciones y otras entidades se realicen acciones en el campo de la prevención que por su repercusión sectorial o profesional faciliten que sus resultados alcancen a las empresas de una manera más homogénea, sin que el tamaño de las mismas sea un obstáculo insalvable para acceder a unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas.  
En la planificación de la actividad de promoción de la prevención esta presente la difusión de la cultura preventiva de forma generalizada, pero también incidiendo en problemáticas mas especificas y con mayor repercusión en los índices de siniestralidad laboral. Por ello el Plan de Acción contra los Accidentes Mortales de la Comunidad Valenciana 2004-2006, contempla dentro de sus objetivos la realización de actuaciones en el marco de los programas de fomento y promoción de la prevención, poniendo énfasis en aquellos sectores o factores de riesgo con mayores índices de siniestralidad; por consiguiente se atenderá como criterio con especial preferencia aquellas actuaciones que se proyecten en dicho ámbito.  
Las ayudas tal y como ya fueron formuladas en la Orden de 27 de julio de 2005 como trasposición del Plan de Acción contra los Riesgos Laborales, en el POCV y enfatizadas en el Plan de Acción contra los Accidentes Mortales de La Comunidad Valenciana, se destinarán a impulsar y facilitar la realización de estudios e investigaciones de carácter técnico sobre seguridad y salud en el trabajo, adecuación de los equipos de trabajo a la normativa vigente y de las interacciones entre productividad, reordenación del tiempo de trabajo y seguridad y a la elaboración de manuales y guías prácticas de evaluación y gestión de riesgos laborales y de autoaplicación en el seno de las empresas, y su promoción.  
La presente orden tiene por objeto regular las bases del régimen de ayudas, y convocarlas para el ejercicio de 2006.  
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, y el artículo 47 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,  
ORDENO  
Artículo 1  
Se aprueban las bases que regirán la concesión de las ayudas destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y en general al fomento de la prevención de riesgos laborales en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.  
Las bases se contienen en el anexo que sigue a la presente orden, y constituyen el texto normativo y de procedimiento al que podrán acogerse los destinatarios del régimen de ayudas que en las mismas se establece.   
Artículo 2  
Se convocan para el ejercicio presupuestario de 2006 las ayudas citadas en el artículo primero.  
El plazo de presentación de solicitudes, será de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente orden en el DOGV.  
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo financiará las ayudas con cargo al programa 315.10, Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales, línea presupuestaria T2440.000. De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana la dotación de la línea para el presente ejercicio es de 1.397.530 euros; de este importe debe minorarse 194.200 euros para atender compromisos adquiridos debidamente en ejercicios anteriores, por lo que resulta un crédito para gasto de 1.203.330 euros, de los que 240.000 son fondos propios de la Generalitat, 288.999 son fondos condicionados aportados asimismo por la Generalitat y 674.331 son fondos provenientes del FEDER. La dotación de la línea presupuestaria podrá verse ampliada de conformidad a lo previsto en el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana para el año 2006.  
DISPOSICIONES FINALES  
Primera  
Contra lo dispuesto en la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde su publicación en el DOGV o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Segunda  
Se faculta al director general de Trabajo y Seguridad Laboral para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.  
Tercera  
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat.  
Valencia, 7 de junio de 2006  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo,  
GERARDO CAMPS DEVESA  
ANEXO  
Bases que regulan el régimen de ayudas destinadas a la promoción de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad Valenciana  
Capítulo I  
Disposiciones generales  
Primera. Objeto   
Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas económicas para la promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y a la promoción de la Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.  
Las ayudas establecidas podrán financiar alguna de las actuaciones siguientes:  
1. Con carácter general:  
1.1. Realización de estudios e investigaciones de carácter técnico sobre seguridad y salud en el trabajo y de las interacciones entre productividad, reordenación del tiempo de trabajo y seguridad, y su promoción.  
1.2. Estudios técnicos para la adaptación de los equipos de trabajo a la normativa vigente y especialmente a lo establecido en el RD 1215/97, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto).  
1.3. Elaboración de manuales y guías prácticas para el desarrollo de la gestión integral de la prevención de riesgos laborales: evaluación, planificación, formación, etc. y de autoaplicación en el seno de las empresas.  
1.4. Edición de programas divulgativos en materia preventiva para su difusión por cualquier medio de comunicación social.  
1.5. Creación e implantación de portales telemáticos relacionados directamente con la prevención de riesgos laborales.  
2. Actuaciones en el marco del Acuerdo contra la Siniestralidad Mortal de 13 de febrero de 2004.  
2.1. Estudios e investigaciones técnicas sobre los factores de riesgo con mayor incidencia en la siniestralidad mortal.  
2.2. Edición y difusión de publicaciones divulgativas sobre las causas que producen los accidentes graves y mortales con indicación de las medidas para su prevención.  
2.3. Establecimiento de sistemas de control de calidad de los estudios de seguridad y salud en obras o en su caso del estudio básico, previo al visado del proyecto por el colegio profesional correspondiente.  
Las actividades podrán haberse iniciado con anterioridad a la solicitud de ayuda, y serán susceptibles de apoyo siempre y cuando se inicien y desarrollen en su totalidad en el mismo ejercicio y reúnan los requisitos para su concesión.  
Segunda. Beneficiarios de las ayudas.  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las asociaciones empresariales, las organizaciones sindicales, instituciones públicas, entidades locales e instituciones dependientes de las mismas, corporaciones de derecho público y entidades privadas sin ánimo de lucro, cuyo ámbito territorial de actuación comprenda el de la Comunidad Valenciana y siempre que sus fines tengan directa relación con las materias objeto de esta convocatoria.  
No podrán acceder a la condición de beneficiarios los sujetos que incurran en las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.  
Tercera. Importe de las ayudas y compatibilidad  
1. La cuantía que podrá concederse en concepto de subvención no excederá, con carácter general, del 80 por ciento del coste presupuestado por actuación.  
La subvención podrá alcanzar la totalidad del coste presupuestado para la realización de actuaciones incluidas en el Plan de Actuación contra la siniestralidad mortal de la Comunidad Valenciana, así como aquellas que por su ámbito sectorial o territorial se considere de interés con arreglo a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta.  
2. Las ayudas reguladas en las presentes bases serán compatibles con cualesquiera otras que obtengan los beneficiarios procedentes de entidades publicas o privadas ajenas a los mismos, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste efectivo de ejecución de la actuación subvencionada.  
Cuarta. Gastos elegibles. Contratación y subcontratación.  
1. Los gastos elegibles se atenderán de conformidad a los Reglamentos de los Fondos Estructurales Europeos. Serán subvencionables los tributos e impuestos indirectos cuando no sean objeto de recuperación o compensación por el beneficiario.  
2. En el supuesto de que el gasto subvencionable por prestaciones de servicios a realizar por empresas de consultoría o de asistencia técnica supere los 12.000 euros, se deberán solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes empresas con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la Memoria explicativa del proyecto cuando la elección no recaiga sobre la oferta más económica.  
Los gastos realizados con anterioridad a la solicitud de subvención podrán ser admitidos sin sujeción a concurrencia de ofertas previas. En este caso el beneficiario acreditará en la memoria que presente las razones objetivas que ha tomado en consideración para la elección de la entidad prestadora del servicio o suministro.  
3. Podrá subcontratarse total o parcialmente la actividad subvencionada con entidades o empresas no incursas en las prohibiciones del artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones.  
La subcontratación, cuando supere la cuantía del 20 por ciento de la subvención que, en su caso, se conceda y exceda de 60.000 euros deberá formalizarse por escrito y ser autorizada previamente por el órgano competente, que se pronunciará sobre la misma en la resolución que ponga fin al procedimiento.   
Quinta. Criterios de evaluación de las solicitudes.  
Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos:  
1. La incidencia del proyecto en la mejora de las condiciones de trabajo y la eficacia de la acción preventiva o en la promoción de la cultura preventiva, con especial atención a su inclusión entre las actuaciones contempladas en el Plan de Acción contra Los accidentes mortales de la Comunidad Valenciana. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será de 30 puntos.  
2. El sector sobre el que se pretenda actuar, en función de la siniestralidad laboral que se constate en las estadísticas oficiales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será de 20 puntos.  
3. La localización geográfica dentro de la Comunidad Valenciana, en función asimismo de los parámetros del punto anterior. La puntuación máxima que podrá adjudicarse por este criterio será de 20 puntos.  
4. La implantación del solicitante en el sector o sectores de actividad económica en que se pretenda desarrollar la actuación. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será de 15 puntos.  
5. La solvencia técnica y la capacidad de gestión de la entidad solicitante. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será de 15 puntos.  
En el caso de empate se otorgará preferencia para la concesión de la ayuda a aquellos solicitantes que acrediten ocupar, con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes bases, mayor porcentaje de trabajadores discapacitados en relación con sus plantillas respectivas. La preferencia será aplicable en la forma prevista en el artículo 6 del Decreto 279/2004, del Consell de la Generalitat Valenciana.  
Capítulo II  
Procedimiento de concesión. Instrucción y resolución.  
Sexta. Solicitudes y documentación  
1. Las solicitudes se realizarán mediante instancia dirigida al conseller de Economía, Hacienda y Empleo según modelo normalizado y se presentarán en cualquiera de los registros de entrada de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo o en las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2. Deberán acompañarse de la documentación acreditativa e identificativa del solicitante y, en su caso, de su representante legal, además de la que se especifica a continuación:  
a) Certificaciones de hallarse al corriente de las obligaciones de carácter tributario ante la hacienda pública estatal y autonómica, y en su caso, del impuesto de actividades económicas, en la forma regulada en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía, Hacienda, cuya validez deberá extenderse hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.  
b) Certificación de hallarse al corriente de las obligaciones ante la Seguridad Social, o autorización expresa a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, mediante la cumplimentación del correspondiente modelo normalizado, para su obtención de forma telemática.  
En el caso de que la entidad solicitante no se halle obligada a estar inscrita en el Sistema de la Seguridad Social por carecer de trabajadores en su plantilla, deberá formular una declaración responsable en tal sentido  
c) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se ha presentado con anterioridad y no ha experimentado variación, en cuyo caso bastará declaración en tal sentido.  
d) Proyecto o memoria explicativa de la actuación a desarrollar, con expresión de modalidad de ejecución y calendario previsible de realización.  
e) Presupuesto desglosado por partidas, según gastos elegibles y detalle de actuaciones de realización directa y/o realización mediante subcontratación con terceros.  
f) Actividades para las que se solicita autorización de subcontratación cuando su coste supere los limites establecidos en el apartado 3 de la base cuarta.  
g) Fuentes de financiación y procedencia, incluyendo la ayuda que se solicita.  
h) Si la entidad solicitante hubiera dado inicio a la actividad para la que solicita subvención con anterioridad a la solicitud, acompañará anexo a la memoria en el que se detalle las actuaciones iniciadas, la subcontratación de las mismas y los gastos efectuados hasta dicha fecha, los cuales se justificarán con el conjunto de gastos subvencionables en el momento procedimental oportuno.  
i) Declaración responsable sobre las ayudas que, en su caso, pudieran haberse solicitado u obtenido con la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, nacionales e internacionales..  
j) Declaración responsable de no incurrir en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
k) Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, acreditación de estar exento.  
En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.  
Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado, de conformidad con el artículo 71 de la mencionada ley, para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley citada.  
Séptima. Procedimiento de concesión.  
El procedimiento para la concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.  
Se podrá adjudicar la totalidad del crédito disponible a la mejor o mejores propuestas presentadas en orden a garantizar su viabilidad, y en función de los importes solicitados por las entidades beneficiarias.  
Octava. Instrucción del procedimiento.  
1. La instrucción del procedimiento se realizará por el Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
2. Para la evaluación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración que adaptará su funcionamiento a las reglas generales que son de aplicación a los órganos colegiados, y que estará integrada por los funcionarios de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral siguientes:   
. El jefe del Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral, que será su presidente.  
. El jefe del Servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales.  
. El jefe de Servicio de Condiciones de Trabajo.  
. El jefe de Servicio de Gestión de Programas que actuará como secretario.  
3. La Comisión de Evaluación emitirá, en un plazo no superior a un mes, informe de evaluación de las solicitudes conforme a los criterios de la base quinta. En dicho informe, con expresión sucinta de los motivos por los que ha procedido a la valoración y ponderación de las solicitudes, se establecerá una prelación por orden de mayor a menor puntuación; pudiendo efectuar recomendaciones en orden al importe de las subvenciones que hagan viables las actuaciones proyectadas.  
4. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión, formulará propuesta de resolución definitiva que elevará al director general de Trabajo y Seguridad Laboral que será el competente para resolver por delegación del conseller de Economía, Hacienda y Empleo.  
5. En caso de concesión de la ayuda, la resolución fijará expresamente la cuantía de la subvención e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el cumplimiento de la subvención. Las cargas, modos y condiciones de la subvención se imputarán al beneficiario de la misma, sin que éste pueda oponer las excepciones que, en su caso, deriven de sus relaciones jurídicas con terceros.   
7. Las resoluciones de concesión podrán retrotraer sus efectos a la actividad desarrollada con anterioridad a la fecha de aquellas, siempre que esté incluida en el ejercicio en que se conceda la ayuda.  
Novena. Reformulación de solicitudes.  
1. Cuando la propuesta de la Comisión de Evaluación determine una cuantía de subvención que no supere el 75 por ciento de la solicitada, se pondrá de inmediato en conocimiento del solicitante para que en el plazo de diez días, pueda formular adaptación del proyecto de actuación a la cantidad propuesta por la Comisión de Evaluación, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.  
2. Verificada la nueva propuesta por la Comisión, ésta emitirá informe al respecto y el órgano instructor elevará propuesta de resolución al órgano competente para resolver  
Diez. Plazo de resolución y notificación  
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.  
2. La notificación de la Resolución se realizará en el plazo de los diez días siguientes al de su adopción, conforme a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
3. Contra la Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes si la resolución es expresa y tres en caso de silencio administrativo, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses si es expresa la resolución y seis meses en caso de silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  
Once. Resolución de incidencias.  
El órgano competente para la concesión de las ayudas, resolverá las incidencias que se produzcan, y en especial los supuestos de:  
1. Modificaciones justificadas del proyecto inicial.  
2. Cambios en la titularidad de la actuación.  
3. Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión, con carácter excepcional y siempre que se soliciten antes de la expiración del plazo o término cuya prórroga se pretende.  
4. Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto a los efectos de liquidación de la ayuda.  
Doce. Justificación de gastos y pago de las ayudas.  
1. Las entidades beneficiarias justificarán la actividad subvencionada mediante la rendición de una cuenta justificativa con fecha límite el día 30 de noviembre de cada año de vigencia de estas bases, salvo que por circunstancias concurrentes se determine un plazo distinto en la propia resolución de concesión o a petición del beneficiario instada antes de dicha fecha. En ningún caso la justificación será posterior a la finalización del ejercicio.  
Dicha cuenta justificativa incluirá, bajo responsabilidad del declarante, los siguientes extremos:  
1.1. Una memoria detallada sobre las actuaciones realizadas.  
1.2. Acreditación de haber ejecutado el proyecto de conformidad a las presentes bases y a la resolución de concesión.  
1.3. Facturas y demás documentos justificativos del gasto efectuado, de acuerdo con la normativa vigente y la categoría de gastos elegibles.  
1.4. Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones específicas que se hubieran establecido en la resolución.  
2. El pago se librará en los términos fijados por la resolución de concesión, pudiéndose efectuar libramientos parciales que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas.  
Trece. Obligaciones del beneficiario.  
Son obligaciones del beneficiario:  
a) Realizar, y acreditar, la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determine la resolución de concesión y las que deriven de la ley, su naturaleza u objeto.  
b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos previstos en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda o norma que la sustituya.   
c) El sometimiento a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General en relación con las ayudas concedidas, así como a las determinadas por los órganos de control de la Unión Europea.  
d) Hacer constar de manera explícita en la difusión de las acciones subvencionables, el apoyo de la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Unión Europea, a los efectos de publicidad relativa a la cofinanciación por fondos de la Generalitat Valenciana y del FEDER, en los términos previstos por el Reglamento CE nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000 (DOCE de 31.2.2000) y por el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones.  
e) Comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas y privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, lo que dará lugar al correspondiente expediente de adecuación de la ayuda y adaptación a las nuevas circunstancias financieras del beneficiario.  
f) El beneficiario cederá a la Generalitat Valenciana los derechos de difusión y de explotación estadística que generen las actuaciones subvencionadas por un plazo no inferior a tres años a contar desde la fecha de notificación de la concesión de las subvenciones.  
Dicha cesión no supondrá menoscabo de los derechos de propiedad intelectual ni de los derechos del beneficiario sobre los resultados de su actividad.  
Catorce. Control de las acciones. Reintegro de subvenciones.  
La Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral realizará el control y seguimiento de las acciones a través de las comprobaciones que considere necesarias en orden al cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones y de las condiciones y términos por los que haya obtenido subvención.  
Dará lugar a la apertura de expediente de revocación total o parcial de la subvención concedida con obligación de reintegro de las cantidades que se hubiera librado cuando concurran las causas del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y artículo 49 particularmente las siguientes:  
1. La alteración de alguna de las características del proyecto aprobado,  
2. La falta de justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas que en su conjunto excedan de los límites establecidos.  
3. El incumplimiento por el beneficiario de condiciones y plazos establecidos en la resolución así como de cualquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, la variación de la finalidad de la actuación o la falta de justificación de la realización del proyecto.  
Para determinar los efectos del incumplimiento, se atenderá al carácter esencial o no del requisito, condición u obligación incumplido. Se consideran esenciales los requisitos, condiciones u obligaciones que determinarían que el beneficiario no hubiera podido adquirir el derecho a la subvención o que desvirtúen la finalidad principal de ésta.  
El procedimiento de revocación total o parcial, lleve o no implícito el de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio en los términos del artículo 69 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, por acuerdo del órgano que hubiera concedido la subvención y se instruirá por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, garantizándose la audiencia a los interesados.  
Los procedimientos de revocación total o parcial de subvenciones y de reintegro se sujetaran a las disposiciones generales de aplicación a los procedimientos administrativos contenidos en el título VI de la citada Ley procedimental.  
En cualquier caso, la apertura de procedimientos de revocación total o parcial de las ayudas concedidas y en su caso del reintegro de cantidades percibidas, no se suspenderán por el inicio de un procedimiento administrativo sancionador de conformidad a lo dispuesto en el Título IV de la Ley General de Subvenciones, salvo que el órgano competente que acuerde la iniciación de dichos procedimientos determine lo contrario.  
Cuando de las actuaciones de control se desprendan indicios constitutivos de delito, se suspenderán todos los procedimientos de reintegro y sancionadores incoados y se pasara el tanto de culpa a la jurisdicción competente, absteniéndose la administración de su continuación hasta tanto recaiga sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal..  
Quince. Publicidad de las subvenciones concedidas.  
A los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat la relación de las subvenciones concedidas con arreglo a las presentes bases.  
Dicha relación contendrá las prescripciones contenidas en el número 1 del citado artículo 18, relativas a la convocatoria, programa y crédito presupuestario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.  
La publicación de las ayudas concedidas en ningún caso suplirá la notificación de las mismas a los beneficiarios, ni surtirá otros efectos que los perseguidos por la Ley General de Subvenciones.