Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5492, del 18-04-2007 (2007/4719)

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2007, del conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, de otorgamiento de la concesión administrativa para la gestión del servicio de televisión digital local por ondas terrestres a los ayuntamientos de la demarcación de alicante (canal múltiple 21) y de aprobación de los estatutos del consorcio constituido al efecto.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5492

Fecha DOGV
:   18-04-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/4719


Fecha del documento
:   03-04-2007

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Alicante
    * municipio
    * industria de programas
    * producción audiovisual
    * televisión
    * contrato administrativo
    * medio de comunicación local

Vista la documentación presentada por los Ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel, Xixona, Sant Vicent del Raspeig y Sant Joan d'Alacant, en cumplimiento de lo establecido en el apartado cuarto del Anexo de la resolución de 7 de marzo de 2006, del conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación (DOGV núm. 5.221, de 17.03.2006), a fin de obtener el otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio de televisión digital local por ondas terrestres en la demarcación de Alicante, así como la aprobación y publicación de los estatutos del consorcio constituido al efecto.  
Vista la propuesta de resolución formulada por la Dirección General de Promoción Institucional.  
Antecedentes  
Primero. Mediante acuerdos de los respectivos Plenos, los Ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel, Xixona, Sant Vicent del Raspeig y Sant Joan d'Alacant aprobaron la gestión de un programa de televisión local con tecnología digital, dentro del canal múltiple correspondiente a la demarcación de Alicante, y solicitar, a través de los respectivos Alcaldes, el otorgamiento de la correspondiente concesión para la prestación del servicio.  
Las citadas solicitudes se presentaron ante la Dirección General de Promoción Institucional dentro del plazo establecido.  
Segundo. Los respectivos Plenos de los Ayuntamientos citados han aprobado la prestación del servicio público de televisión digital terrestre local en el canal múltiple 21, asignado a la demarcación de Alicante, y la creación con ese fin del consorcio para la gestión del correspondiente programa; asimismo, han aprobado definitivamente sus estatutos. De todo lo cual se ha dado traslado a la Generalitat, así como de la memoria explicativa del proyecto de televisión digital local, presentada el día 28 de febrero de 2007, con el fin de cumplimentar los aspectos contenidos en el criterio cuarto (Documentación) de la resolución de 7 de marzo de 2006, del conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación.  
Tercero. A requerimiento de esta Administración, el Ayuntamiento de Alicante ha presentado un escrito realizando determinadas aclaraciones en relación con el contenido de los estatutos del consorcio aprobados.  
Cuarto. Mediante informe de fecha 29 de marzo de 2007, de la Dirección General de Promoción Institucional, se valora la documentación presentada, y se concluye que se cumplen los requisitos exigidos legal y reglamentariamente para el otorgamiento de la concesión y para la aprobación y publicación de los estatutos del consorcio.  
Fundamentos de derecho  
Primero. El Artículo 9 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres, establece que una vez aprobada en el Plan técnico nacional de la televisión digital local la reserva de frecuencias para la difusión de canales múltiples de televisión local en una determinada demarcación, los municipios incluidos dentro de ésta podrán acordar la gestión directa de programas de televisión local con tecnología digital, dentro de los canales múltiples correspondientes a esa demarcación.   
La decisión de acordar la gestión directa de programas de televisión digital deberá haber sido adoptada por el pleno de la corporación municipal.  
Corresponde a las comunidades autónomas el otorgamiento de las correspondientes concesiones para la prestación del servicio.  
Segundo. El Artículo 40 de la Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual, determina que los municipios que integran cada demarcación de las establecidas en el Plan técnico nacional de la televisión digital local, tendrán derecho a obtener del Departamento que ostente las competencias en materia audiovisual la gestión de, al menos, un programa dentro de uno de los canales múltiples digitales asignados a dicho ámbito territorial.  
En el supuesto de demarcaciones plurimunicipales la asignación del programa se realizará a favor del conjunto de los municipios que lo hubieren solicitado.  
Tercero. Conforme al Artículo 41, en las demarcaciones plurimunicipales la gestión del programa asignado conjuntamente a varios municipios se realizará mediante la constitución de un consorcio dotado de personalidad jurídica propia, en el que estarán integrados todos los municipios a los que hubiera sido asignada la gestión conjunta del programa. El Consorcio se regirá por unos estatutos, cuyo proyecto deberá ser aprobado por el Pleno de las Corporaciones que lo integran. El proyecto de Estatutos será remitido al Departamento que ostente las competencias en materia audiovisual para su aprobación y publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Una vez publicados los estatutos, el Consorcio adquirirá personalidad jurídica y podrá iniciar la prestación del servicio público.  
El apartado 4 del citado Artículo 41 establece el contenido mínimo de los estatutos del consorcio.  
Según el apartado 5 del Artículo 41, en las demarcaciones plurimunicipales la gestión del programa corresponderá al consorcio, sin perjuicio de la posible contratación de servicios de contenidos televisivos con operadores públicos o privados con sujeción a la legislación general de contratos de las Administraciones públicas.  
El Artículo 42 establece las obligaciones de los municipios en la gestión del servicio público de televisión local.  
Cuarto. La resolución de 7 de marzo de 2006, del conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, publicada en el DOGV núm. 5.221, de 17 de marzo de 2006, establece los criterios que han de regir el procedimiento de concesión de programas de televisión digital local a los municipios por parte de la Generalitat.   
En el apartado cuarto del Anexo de la resolución se establece que deberá presentarse la documentación relativa a la creación de la entidad pública y la aprobación de sus estatutos así como la memoria explicativa del proyecto de televisión digital local.  
Quinto. El apartado quinto del Anexo de la resolución de 7 de marzo de 2006, del conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, establece que las concesiones administrativas para la prestación del servicio de televisión digital local por ondas terrestres por los municipios que lo hubieran solicitado, se otorgarán por resolución del conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por la resolución de delegación de 23 de junio de 2005 (DOGV núm. 5.040, de 1 de julio de 2005), a propuesta de la Dirección General de Promoción Institucional, una vez examinada y valorada la documentación presentada y comprobado que se cumplen los requisitos exigidos por la normativa legal y reglamentaria.  
Sexto. De acuerdo con la documentación presentada, los estatutos del consorcio constituido recogen el contenido mínimo exigido por el Artículo 41.4 de la Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual.   
Así, regulan los órganos de gobierno del consorcio, que son la presidencia, la vicepresidencia, el consejo rector, la gerencia y el secretario como órganos necesarios y la comisión ejecutiva y las comisiones técnicas como órganos potestativos. El secretario asiste a las reuniones del consejo rector con voz pero sin voto. El consejo rector está integrado por los alcaldes de la totalidad de los municipios integrados en el consorcio o por el concejal en el que cada uno delegue. Asisten con voz pero sin voto a las sesiones del consejo rector, el gerente, un representante del Departamento competente de la Generalitat que ostente competencias en materia audiovisual, el secretario y el interventor del consorcio.  
Se establece la forma de adopción de acuerdos por el consejo rector, que respeta el principio de proporcionalidad respecto a la población de cada uno de los municipios, ya que se establece un criterio de voto ponderado, atendiendo a la población de los municipios integrados en el consorcio. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple del total de votos ponderados, dirimiendo los empates el Presidente con voto de calidad, como regla general, sin perjuicio de la mayoría absoluta del total de votos ponderados exigida para la adopción de determinados acuerdos y de las mayorías especiales exigidas por disposiciones legales o reglamentarias o por los propios estatutos para la adopción de determinados acuerdos.  
Los estatutos establecen asimismo el régimen económico-financiero del consorcio (capítulo segundo del título cuarto), el régimen de prestación del servicio, que se llevará a cabo directamente por el propio consorcio, sin perjuicio de que éste pueda contratar servicios de contenidos televisivos con operadores públicos o privados con sujeción a la Legislación general de contratos de las Administraciones Públicas (Artículo 8), y los procedimientos y criterios para la fijación de los contenidos del programa (Artículo 4).  
Séptimo. La Memoria presentada contiene el plan estratégico, el plan de viabilidad técnica y financiera, la programación y contenidos, el compromiso de cobertura y calidad del servicio, así como la indicación de la localización y descripción de los estudios de producción y realización. Se recoge asimismo el compromiso del consorcio con la sociedad de la información.  
El proyecto televisivo, con la denominación de "Canal 21 de Alicante", se plantea como su principal y básico objetivo el de mejorar la comunicación entre los ciudadanos y las instituciones y entidades de los municipios y tiene sobre todo en cuenta la defensa del bien público. Se basa en los principios de servicio público, en promover el acceso a la información de los ciudadanos, la promoción de la participación democrática, el reforzamiento de los valores cívicos y el respeto a la pluralidad ideológica y política. Pretende ser una televisión profesional y lograr entretener, informar y formar al ciudadano espectador. Los contenidos informativos y la programación de actualidad representarán un 25% de la programación total. Para el resto de los contenidos se planifica acudir a la contratación y a la compra a empresas especializadas de producción audiovisual y televisiva. También pretende participar en agrupaciones de televisiones locales públicas y privadas de España para producir conjuntamente y sindicar e intercambiar determinados contenidos. Este planteamiento le permitirá tener una plantilla directa reducida, empezando con trece empleados para subir hasta los dieciséis empleados a partir del cuarto año. También conseguirá disponer de unos recursos de producción mínimos que se podrán ubicar en un local de 200 metros cuadrados y requerirán una inversión inicial de menos de 550.000 euros en equipamiento. Para esta inversión podrá acudir a fórmulas de leasing o renting. Los ingresos procederán esencialmente de aportaciones y subvenciones de las corporaciones municipales que integran el consorcio: al inicio de las operaciones más del 90% del presupuesto para evolucionar hasta no menos del 80% a medida que se logren ingresos publicitarios.  
Valorada la documentación presentada por el departamento competente, se ha emitido informe favorable al otorgamiento de la concesión y aprobación de los estatutos del consorcio.  
Por lo expuesto, vistos los antecedentes y fundamentos de derecho anteriores, en uso de la delegación contenida en la resolución de 23 de junio de 2005, del presidente de la Generalitat, publicada en el DOGV núm, 5.040, de 1.07.2005, resuelvo:  
Primero  
Otorgar a los Ayuntamientos de Alicante, El Campello, Mutxamel, Xixona, Sant Vicent del Raspeig y Sant Joan d'Alacant la concesión administrativa para la prestación del servicio de televisión digital local por ondas terrestres en la demarcación de Alicante (referencia TL02A, en el Plan técnico nacional de la televisión digital local), a través de un programa del canal múltiple 21, con el ámbito y las características técnicas que se especifican en el citado Plan técnico, y por un plazo de diez años, prorrogable de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre.  
Segundo  
Los citados Ayuntamientos, antes de iniciar las emisiones de televisión digital, deberán presentar ante esta Administración, conjuntamente con el resto de adjudicatarios de programas del canal múltiple, la solicitud de concesión del dominio público radioeléctrico, así como el proyecto técnico correspondiente, adaptado a la normativa vigente, y la solicitud para su aprobación.  
Tercero  
Aprobar los estatutos del consorcio constituido para la gestión del servicio, que han sido presentados por los citados Ayuntamientos, y que se anexan a la presente resolución, y ordenar su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Cuarto  
Los citados Ayuntamientos, en la gestión del servicio, deberán cumplir las obligaciones establecidas en la legislación estatal, así como las recogidas en el Artículo 42 de la Ley 1/2006, de la Generalitat, del Sector Audiovisual.  
Quinto  
La gestión del servicio deberá realizarse directamente por el consorcio constituido a tal fin, con arreglo a lo establecido en la legislación de régimen local, sin perjuicio de la posibilidad de contratar servicios de contenidos televisivos, con sujeción a la legislación general de contratos de las Administraciones Públicas.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo previsto en los Artículo s 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los Artículo s 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
Valencia, 3 de abril de 2007.- El conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación (p.d. del presidente, Resolución de 23.06.2005, DOGV núm. 5.040, de 01.07.2005): Vicente Rambla Momplet.  
ANEXO  
Estatutos del Consorcio   
Televisión Digital Local de la Demarcación de Alacant  
"Alicante Canal 21"  
Título I  
Naturaleza, objeto y domicilio  
Artículo 1. Constitución.  
1. Para la gestión del programa, asignado conjuntamente a los municipios de Alicante, El Campello, Mutxamel, Jijona, San Vicente del Raspeig y Sant Joan d'Alacant según Resolución de 7 de marzo de 2.006 del Consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación, provisionalmente denominado "Alicante Canal 21", se constituye un Consorcio dotado de personalidad jurídica propia, al amparo de lo que prevé la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; de lo que contempla la Resolución de 7 de marzo de 2006 del Consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat Valenciana (2006/2963) y las Leyes 41/1995 de 22 de diciembre de Televisión Local por Ondas Terrestres, del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local aprobado con el Real decreto 439/2004, de la Ley 10/2005 de 14 de julio de Medidas Urgentes para el Impulso de la TDT, de la Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, de la resolución de 11 de julio de 2005 del Consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación y de la Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual.  
2. El Consorcio, según Resolución de 7 de marzo de 2006 del Consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat Valenciana está integrado por los siguientes municipios: Alicante, El Campello, Mutxamel, Jijona, San Vicente del Raspeig y Sant Joan d'Alacant.  
3. El Consorcio podrá ser reducido o ampliado con la admisión de aquellos municipios en los cuales se den las circunstancias previstas en la Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo y de las que dispongan las Leyes Valencianas.  
Artículo 2. Naturaleza.  
El Consorcio regulado en estos Estatutos constituye una entidad de derecho público de carácter asociativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, administración autónoma y tan amplia capacidad jurídica de derecho público y de derecho privado como requiera la realización de sus fines.  
Artículo 3. Objeto y ámbito.  
El Consorcio se constituye con el objeto de articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas, a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que le corresponden en materia de creación y gestión del servicio de televisión y tecnología digital en el ámbito de su respectiva demarcación territorial, de conformidad con lo previsto en la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local y demás normativa de aplicación que regula el procedimiento de concesión de programas de televisión digital local a los municipios de la Comunidad Autónoma Valenciana.  
Artículo 4. Funcion.  
1. La función del consorcio viene constituida por la gestión y explotación del programa de televisión local con tecnología digital concedido por la Comunidad Autónoma en esta demarcación.  
El desarrollo de esta actividad deberá inspirarse en todo caso, en los siguientes principios:  
a) El respeto a la libertad de expresión, así como la objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones.  
b) La protección de la juventud y de la infancia.  
c) El fomento de los valores de igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier circunstancia personal o social.  
d) El respeto al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  
e) La promoción de los valores históricos, culturales y lingüísticos de la Comunidad Valenciana.  
f) El respeto, promoción y defensa de los demás principios que informan la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y de los demás derechos y libertades que en ellos se reconocen y garantizan.  
2. Para llevar a cabo dicha función, el consorcio deberá:  
a) Adecuar y planificar las acciones dirigidas para la puesta en funcionamiento del programa.  
b) Definir las normas de explotación del programa.  
c) Definir el proyecto técnico de las instalaciones que pudieran ser necesarias para acoger el servicio ofertado.  
d) Definir las obligaciones que debe asumir para compartir el canal múltiple con los concesionarios privados que pudieran existir en la misma demarcación, de conformidad con lo previsto en la normativa legal.  
e) Elaborar la Memoria que contemple el Plan de Viabilidad Técnico y Financiero y el Plan Estratégico del Proyecto Televisivo en cuanto a infraestructuras y equipamientos como a personal y contenidos, así como su financiación.  
f) Establecer el mecanismo de distribución de las aportaciones económicas de las Administraciones consorciadas, atendiendo a criterios de población.  
g) Cualesquiera otras que estuviesen directamente relacionadas con el objeto y finalidad del Consorcio.  
3. El Consorcio, en cumplimiento de los fines que se le asignan, y sin perjuicio de las facultades que legalmente se reservan a las Administraciones consorciadas, podrá realizar toda clase de actos de gestión y disposición: adquirir, enajenar, poseer, reivindicar, permutar, gravar e hipotecar todo tipo de bienes, aceptar legados y donaciones, obligarse y celebrar contratos de cualquier naturaleza, concertar créditos, establecer y explotar obras y servicios, ejercitar acciones y excepciones e interponer recursos de toda clase, todo ello dentro de los límites y con sujeción a los presentes Estatutos y al ordenamiento jurídico vigente.  
Artículo 5. Duración.  
El Consorcio se constituye por tiempo indefinido, sin perjuicio de lo dispuesto en estos Estatutos sobre su disolución.  
Artículo 6. Domicilio.  
El domicilio del Consorcio se ubicará en la ciudad de Alicante, sin perjuicio de lo cual, el Consejo Rector queda facultado para variar el domicilio legal de la entidad dentro del ámbito territorial del Consorcio, así como para establecer, modificar o suprimir dependencias, oficinas y delegaciones en cualquier lugar, con el cometido, facultades y modalidades de funcionamiento que el propio Consorcio determine.  
Artículo 7. Miembros.   
1. Como entidad de derecho público de carácter asociativo, el Consorcio lo constituyen como miembros fundadores las Administraciones que figuran en estos Estatutos.  
2. Los miembros del Consorcio podrán manifestar su deseo de retirarse con un mínimo de un año de antelación, conforme a lo previsto en estos estatutos.  
Artículo 8. Gestión de los servicios.  
1. Si bien la forma de prestación directa del servicio es mediante el consorcio, éste podrá contratar servicios de contenidos televisivos con operadores públicos o privados con sujeción a la Legislación General de Contratos de las Administraciones Públicas.  
2. En el ejercicio de sus funciones, el Consorcio procurará en todo momento la coordinación de sus actuaciones con la Administraciones Públicas implicadas, así como con las entidades públicas dependientes o vinculadas a las anteriores, a fin de lograr la mayor coherencia y eficiencia en los servicios prestados.  
Título II  
Organización   
Artículo 9. Órganos.  
La estructura organizativa del Consorcio la constituyen los siguientes órganos:  
1. De carácter necesario:  
a) La Presidencia.  
b) La Vicepresidencia.  
c) El Consejo Rector.  
d) La Gerencia.  
e) El Secretario.  
2. De carácter potestativo :  
a) La Comisión Ejecutiva.  
b) Comisiones Técnicas.  
Artículo 10. Presidencia del Consorcio.  
1. El Presidente del Consorcio, será nombrado por el Consejo Rector, entre los representantes de las corporaciones municipales que integran el Consorcio por mayoría absoluta de los votos.  
2. Si ningún candidato obtiene la mayoría en primera vuelta, se procederá a una segunda vuelta de votaciones en la cual resultará elegido presidente el candidato más votado.  
Artículo 11. Vicepresidencia del Consorcio.  
1. Habrá dos Vicepresidencias, elegidas por la Presidencia, denominadas respectivamente Vicepresidencia Primera y Vicepresidencia Segunda.  
2. El titular de la Vicepresidencia Primera y el titular de la Vicepresidencia Segunda sustituirán, por este orden, al Presidente en los casos de ausencia, vacante, enfermedad o abstención legal o reglamentaria.  
3. Además de sustituir al Presidente en los supuestos indicados en el apartado anterior, las vicepresidencias ejercerán, por delegación de la Presidencia, las funciones que este les encomiende.  
Artículo 12. Atribuciones de la Presidencia.  
Corresponde al Presidente del Consorcio ejercer las siguientes atribuciones:  
a) Presidir las reuniones del Consejo Rector y cualesquiera otros órganos del Consorcio de carácter colegiado que pudieran crearse en función de las necesidades de gestión de éste, así como ordenar la convocatoria de las sesiones del Consejo Rector, fijar el orden del día y dirigir las deliberaciones.  
b) Representar legalmente al Consorcio en los actos, convenios y contratos en que éste intervenga, así como ante toda clase de entidades, personas públicas o privadas, autoridades, juzgados y tribunales, confiriendo los mandatos y apoderamientos que sean necesarios.  
c) Nombrar a los Vicepresidentes, dando cuenta al Consejo Rector.  
d) Ejercer en los casos de urgencia, las acciones judiciales y administrativas precisas para la defensa de los derechos del Consorcio, dando cuenta al Consejo Rector en la primera sesión que se celebre.  
e) Aceptar las subvenciones, dando cuenta al Consejo Rector.  
f) Inspeccionar los servicios del Consorcio y ejercer la jefatura del personal.  
g) Autorizar con su visto bueno, las actas de las reuniones, las certificaciones y las cuentas e inventarios de bienes.  
h) Autorizar y disponer los gastos incluidos en el Presupuesto del Consorcio, hasta el límite máximo que se determine.  
h) Reconocer y liquidar obligaciones, así como la ordenación de los pagos.  
i) Aprobar transferencias y generaciones de crédito en las cuantías que se determine.  
j) Elaborar el proyecto de presupuestos del Consorcio, salvo que delegue la función en el Gerente.  
k) Aprobar la liquidación del Presupuesto y la incorporación de remanentes.  
Artículo 13. El Consejo Rector.  
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado superior que gobierna y dirige el Consorcio y establece las directrices de actuación del mismo, de conformidad con la voluntad común de las entidades consorciadas.  
2. El Consejo Rector estará integrado por los alcaldes de la totalidad de los municipios integrados en el Consorcio o por el concejal en quien cada uno delegue.  
Las Administraciones consorciadas designarán los suplentes de sus representantes en el Consejo Rector, con carácter permanente, quienes sustituirán a los titulares en caso de inasistencia.  
Asistirán con voz pero sin voto a las sesiones del Consejo Rector, el Gerente, un representante del Departamento de la Generalitat Valenciana que ostente las competencias en materia audiovisual, el Secretario y el Interventor del Consorcio, así como las personas que expresamente sean convocadas por el Presidente.  
3. Los representantes de los entes consorciados dejarán de serlo cuando pierdan la condición en virtud de la cual fueron nombrados o cuando sean cesados por el órgano que los nombró. La duración del cargo de los representantes de los entes consorciados será la de su mandato electoral.   
Artículo 14. Atribuciones del Consejo Rector.  
1. Corresponde al Consejo Rector ejercer las siguientes atribuciones:  
a) Establecer las directrices generales de actuación del Consorcio.  
b) Ejercer el control y fiscalización de los demás órganos de gobierno y administración del Consorcio.  
c) Aprobar, determinar y ordenar los recursos propios del Consorcio y las aportaciones económicas que deban realizar sus miembros.  
d) Aprobar la separación de los miembros y liquidación de sus aportaciones.  
e) Aprobar la ampliación de las facultades del Consorcio dentro del objeto definido para el mismo en el art. 3, previa aprobación de las Administraciones consorciadas, cuando tengan competencias al respecto.  
f) Aprobar la propuesta dirigida a las Administraciones consorciadas para la modificación de los Estatutos, así como la disolución del Consorcio, conforme a lo previsto en estos Estatutos.  
g) Aprobar el Presupuesto anual del Consorcio, la plantilla de personal y los planes y programas de actuación, inversión y financiación, en su caso.  
h) Aprobar las cuentas anuales previstas en la legislación vigente.  
i) Aprobar la estructura organizativa de los servicios del Consorcio en razón de las necesidades de la gestión derivadas de los objetivos establecidos para la consecución de los fines del Consorcio.  
j) Nombrar y cesar al Gerente así como determinar las condiciones para la prestación de sus servicios, a propuesta del Presidente.  
k) Designar al Secretario del Consorcio a propuesta del Presidente.  
l) Aprobar los programas de actuación y de inversiones que se ejecutarán por el Consorcio, en la consecución de sus objetivos.  
m) Acordar la forma de gestión directa de los servicios que ha de prestar.  
n) Aprobar normas de carácter general y los reglamentos de régimen interior que considere oportunos para el correcto funcionamiento de los servicios del Consorcio.  
ñ) Aprobar el inventario de bienes, derechos y acciones del Consorcio, a propuesta del Gerente.  
o) Proponer el establecimiento de tasas, precios públicos y contribuciones especiales, así como tarifas en su caso.  
p) Recibir y administrar con las limitaciones que la legislación vigente establezca, los bienes del Consorcio, así como los procedentes de legados o donaciones.  
q) Revisar de oficio las disposiciones generales y los actos dictados por cualquiera de los órganos de gobierno y administración del Consorcio, y resolver los recursos que se pudieran interponer contra sus acuerdos.  
r)El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia.  
s) La declaración de nulidad o lesividad, según proceda, de los actos de los órganos del Consorcio.  
t) Las contrataciones y concesiones, incluidas las de carácter plurianual, la ampliación del número de anualidades y la modificación de los porcentajes de gastos plurianuales, así como la gestión, adquisición y enajenación del patrimonio, la concertación de operaciones de crédito, todo ello de acuerdo con el presupuesto y sus bases de ejecución.  
u) El desarrollo de la gestión económica.  
v) Autorizar y disponer los gastos en materia de su competencia.  
w) La gestión del personal, la aprobación de la relación de puestos de trabajo, el nombramiento del personal, sus retribuciones de acuerdo con el presupuesto aprobado, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el régimen disciplinario del personal, incluida la separación del servicio y el despido y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano.  
x) La coordinación de las distintas Comisiones Técnicas que, en su caso, se constituyan.  
y) Además de las enunciadas, asumirá en lo que no se oponga a éstas, y no estén atribuidas a otros órganos por los presentes Estatutos.  
2. El Consejo Rector podrá crear con carácter potestativo, una Comisión Ejecutiva con los miembros que se estimen convenientes y con las competencias que por delegación se le atribuya en el acuerdo de creación.  
3. El Consejo Rector podrá delegar en el Presidente o Gerente las siguientes funciones:  
a) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado y disponer los gastos en materia de su competencia dentro de los límites que se fijen.  
b) La gestión de personal. Aprobar la relación de puestos de trabajo, el nombramiento del personal, sus retribuciones de acuerdo con el presupuesto aprobado, la oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo y el régimen disciplinario del personal.  
c) Las contrataciones y concesiones de toda clase.  
d) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en todo caso, cuando sea superior a tres millones de euros, así como las enajenaciones patrimoniales en los siguientes supuestos:  
1. Cuando se trate de bienes inmuebles o muebles que esté declarados de valor histórico o artístico, y no estén previstas en el presupuesto.  
2. Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen los mismos porcentajes y cuantías indicados para las adquisiciones de bienes.  
Artículo 15. El Gerente.  
1. El Gerente es el órgano ejecutivo del Consorcio y de la Emisora Pública de la Demarcación de la Televisión Digital Terrestre de Alicante, y será propuesto por el Presidente del Consorcio, y nombrado por el Consejo Rector.  
2. Su titular deberá ser un funcionario de carrera o laboral de las Administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulado superior en ambos casos.  
3. La función de Gerente es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo público y estará sujeta al régimen legal de incompatibilidades.   
4. La duración máxima del mandato del Gerente será de 4 años sin limitación en el número de mandatos en que pueda volver a ser nombrado por el Consejo Rector.  
5. En los casos de cese, finalización del mandato, dimisión, renuncia o incompatibilidad sobrevenida, se procederá inmediatamente a la designación del nuevo Gerente por el procedimiento establecido en estos estatutos, continuando el saliente en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gerente, salvo que el Consejo Rector acuerde lo contrario.  
Artículo 16. Atribuciones del Gerente.  
Al Gerente le corresponden las atribuciones siguientes:  
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que rigen los Estatutos del Consorcio y los acuerdos adoptados por el Consejo Rector y por la Presidencia, con arreglo a sus respectivas competencias.  
b) Proponer al Consejo Rector la aprobación del Plan de Actuación, la memoria anual y los anteproyectos de presupuestos de la Televisión.  
c) Orientar, impulsar, coordinar e inspeccionar los servicios de Televisión y adoptar las medidas internas necesarias para el buen funcionamiento y organización del Consorcio, sin perjuicio de las competencias expresamente atribuidas a otros órganos del mismo.  
d) Autorizar aquellos pagos y cobros que le hayan sido delegados.  
e) Elaborar la propuesta de estructura organizativa del Consorcio, de conformidad con las necesidades que se deriven de los objetivos establecidos por el Consejo Rector y el/la Presidente/a.  
f) Elaborar las propuestas de Plantilla de personal y de selección de personal. Organizar y dirigir al personal del Consorcio.  
g) Elaborar la propuesta de reglamentos de funcionamiento de los servicios del mismo, y el anteproyecto del presupuesto.  
h) Elaborar, previa delegación del presidente, el proyecto de presupuesto anual del Consorcio.  
e) Elaborar los planes y propuestas de actuación, inversión y financiación.  
i) Formar junto con el Tesorero,las cuentas anuales.  
j) Formular propuestas de acuerdos al Consejo Rector y de resoluciones al Presidente, en los asuntos correspondientes a la ejecución y desarrollo de los planes y programas de actuación, inversión y financiación, así como del presupuesto anual.  
k) Velar por el cumplimiento de las normas legales aplicables en cada caso a la actividad del Consorcio.  
l) Representar al Consorcio ante entidades públicas y privadas a los exclusivos efectos de dar curso a la tramitación administrativa ordinaria, estando facultado para la realización de envíos y retirada de correspondencia y mensajería, para solicitar inscripciones en registros públicos y privados, para obtener y retirar documentos, certificados y autorizaciones.  
m) Autorizar el pago de contribuciones, cuotas, tasas, impuestos y otros, dentro de los límites que se establezcan, así como solicitar liquidaciones, reclamar contra valoraciones, liquidaciones, repartos, multas, exacciones y otros, por delegación del Presidente.  
n) Elaborar el inventario de todos los bienes, acciones y derechos del Consorcio, y someterlo a la aprobación del Consejo Rector.  
Artículo 17. El Secretario.  
1. El secretario de los órganos del Consorcio será designado por el Consejo Rector.   
2. El secretario deberá ser un funcionario de la administración Local con habilitación de carácter nacional o bien un funcionario de carrera perteneciente al grupo A y licenciado en Derecho de cualquiera de los ayuntamientos consorciados  
3. El secretario asistirá a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto, y ejercerá las funciones de fe pública y de asesoramiento legal de los órganos unipersonales y colegiados del Consorcio, de conformidad con lo previsto en la normativa de régimen local.  
4. El secretario podrá delegar sus funciones en uno o más secretarios delegados, que serán nombrados por el Consejo Rector a propuesta del secretario. Los secretarios delegados ejercerán las funciones con responsabilidad propia.  
Artículo 18. Intervención y Tesorería.  
1. Con el fin de asegurar una correcta gestión económico-financiera el Consorcio contará con una Intervención y, en su caso, con una Tesorería, con las funciones interventoras, de auditoria contable y demás que les atribuye la legislación de régimen local.  
2. El Interventor y el Tesorero deberán ser funcionarios de la administración Local con habilitación de carácter nacional, o bien funcionarios de carrera pertenecientes al grupo A de cualquiera de los ayuntamientos consorciados.  
Artículo 19. Personal al servicio del Consorcio.  
1. Para el cumplimiento de sus finalidades el Consorcio, con cargo a sus presupuestos y en conformidad con la plantilla y relación de puestos de trabajo acordados, podrá disponer de personal laboral propio.  
2. Podrá adscribirse al Consorcio personal funcionario procedente de las administraciones consorciadas, mediante las fórmulas de colaboración o adscripción que en cada caso se acuerden.  
Título III  
Funcionamiento y Régimen Jurídico  
Capítulo I  
Funcionamiento  
Artículo 20. Régimen de Sesiones.  
1. Las sesiones del Consejo Rector podrán ser ordinarias o extraordinarias, tendrán lugar en el domicilio del Consorcio, salvo que expresamente se indique otro, y no tendrán carácter público.  
2. La periodicidad de las sesiones ordinarias se fijarán mediante acuerdo del Consejo Rector, adoptado en la sesión constitutiva de éste, y sin perjuicio de sus posibles modificaciones. Como mínimo, se celebrará sesión ordinaria dos veces al año, con motivo de la aprobación de los Presupuestos anuales y de la Memoria de gestión económica y del balance de actividad.  
Las sesiones ordinarias se convocarán, al menos, con dos días hábiles de antelación, sin contar el día de la celebración.  
3. Las sesiones extraordinarias se convocarán por el Presidente con tal carácter, a iniciativa propia o a solicitud de la mitad de los miembros del Consejo Rector. Las sesiones extraordinarias se convocarán, al menos, con dos días hábiles de antelación, sin contar el día de la celebración.  
4. El Presidente podrá convocar sesiones extraordinarias y urgentes cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permitan convocar sesión extraordinaria con la antelación citada en el párrafo anterior. En este caso y como primer punto del orden del día, se incluirá la ratificación por el Consejo Rector de la urgencia de la convocatoria.   
Si ésta no resultase apreciada por la mayoría absoluta de los miembros, se levantará acto seguido la sesión.  
Artículo 21. Convocatoria.   
Las convocatorias correspondientes a las sesiones del Consejo Rector se cursarán por orden del Presidente y notificadas por el Secretario, irán acompañadas del Orden del Día y señalarán el día y la hora de la primera y segunda convocatorias, debiendo mediar, entre ambas, un plazo mínimo de media hora.  
A las reuniones del Consejo Rector deberá necesariamente convocarse a un representante del Departamento de la Generalitat Valenciana que ostente las competencias en materia audiovisual, que podrá participar en sus deliberaciones con voz pero sin voto.  
Artículo 22. Quórum.  
1. El Consejo Rector quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, cuando concurran al mismo el Presidente y el Secretario, o quienes legalmente los sustituyan, y, al menos, la mitad de los miembros con derecho a voto, siempre que representen al menos el 50% del voto ponderado.  
2. En segunda convocatoria, quedará válidamente constituido cuando asistan el Presidente y el Secretario, o quienes legalmente les sustituyan, y además un cuarto de los miembros con derecho a voto, siempre que representen al menos el 25% del voto ponderado.  
3. El Consejo Rector podrá reunirse válidamente sin necesidad de previa convocatoria cuando se hallen presentes la totalidad de sus miembros y así lo acuerden expresamente, requiriéndose asímismo la presencia del Secretario.  
4. En las sesiones ordinarias podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día, cuando así lo solicite algún miembro por razones de urgencia, y se apruebe la urgencia por mayoría absoluta del total de votos ponderados.  
Artículo 23. Adopción de acuerdos.  
1. Salvo aquellos supuestos en los que conforme a los presentes estatutos se exija expresamente mayoría legal y proporcional, el Consejo Rector adoptará sus acuerdos con arreglo a un criterio de voto ponderado, atendiendo a la población de los municipios integrados en el Consorcio. A estos efectos serán de aplicación las siguientes reglas:  
a) A cada miembro del Consejo Rector le corresponderá un Número de votos proporcional a la participación de la población de ese Municipio sobre el número total de los habitantes de los municipios consorciados.  
b) Cada miembro del Consejo ejercerá individualmente su voto en proporción al voto ponderado que ostente la institución que representa.  
c) El número de habitantes de los municipios, a los efectos establecidos en la regla anterior, será el determinado en las cifras oficiales de población de los municipios españoles aprobadas, mediante Real Decreto del Gobierno, de conformidad con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, modificado por Real Decreto 2612/ 1996, de 20 de diciembre.  
d) En el plazo de tres meses a contar desde la publicación de las cifras del Instituto Nacional de Estadística se procederá a actualizar las cuotas de participación de los Ayuntamientos consorciados adecuándolas a los respectivos índices de población.  
2. El Consejo Rector adoptará sus acuerdos por mayoría simple del total de votos ponderados, dirimiendo los empates el Presidente con voto de calidad.  
3. Sin perjuicio de las mayorías exigidas para la adopción de determinados acuerdos por disposiciones legales o reglamentarias o por los presentes Estatutos, será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del total de los votos ponderados para la adopción de acuerdos, en las siguientes materias:  
a) Modificación de los Estatutos.  
b) Incorporación y separación de miembros y determinación de las condiciones.  
c) Ampliación de las facultades del Consorcio dentro del objetivo previsto.  
d) Proponer el establecimiento de tasas o precios públicos, y contribuciones especiales de acuerdo con la legislación vigente.  
e) Disolución del Consorcio.  
f) Enajenación de bienes pertenecientes al Consorcio cuando su cuantía exceda del 10% de los recursos ordinarios de su presupuesto anual o sea superior a tres millones de euros.  
Artículo 24. De la constancia de los actos y acuerdos.  
1. De cada sesión, el secretario redactará la correspondiente acta en la cual hará constar el lugar, fecha y hora en que la sesión empieza y acaba, los nombres y calidad de los asistentes, los asuntos tratados, los acuerdos adoptados y la expresión de los votos.  
2. El acta, aprobada en la sesión siguiente, será suscrita por el secretario, con el visto bueno del Presidente y archivada, con las debidas garantías de seguridad, para formar el libro de actas del Consejo Rector.   
3. En aquello no previsto en los presentes Estatutos regirán los preceptos de la legislación del régimen local, referidos a la celebración de las sesiones de los órganos colegiados y adopción de acuerdos.  
Capítulo II  
Régimen Jurídico  
Artículo 25. Régimen jurídico.  
El Consorcio es una entidad pública de carácter asociativo, voluntaria y constituida por tiempo indefinido que se rige por estos Estatutos, por los reglamentos internos que regulen su organización, el funcionamiento y la ordenación de las diversas actividades y, supletoriamente, por las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.  
Artículo 26. Personalidad jurídica y potestades.  
1. El Consorcio regulado en estos Estatutos está dotado de personalidad jurídica plena, e independiente de la de sus miembros, con toda la capacidad jurídica de derecho público y derecho privado que requiere la realización de sus propios objetivos.  
En consecuencia, el Consorcio, por la vía de sus órganos representativos, además de las facultades que como sujeto activo de la administración Pública le corresponden, podrá adquirir, poseer, reivindicar, permutar, grabar y alienar toda clase de bienes, celebrar contratos, asumir obligaciones, establecer y explotar servicios, interponer recursos y ejercer las acciones que prevén las Leyes, y, en general, realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento de las finalidades que le son atribuidas, de acuerdo con lo que disponen estos Estatutos y la legislación aplicable.  
2. Corresponden al Consorcio, como administración pública, en el ámbito de sus competencias y en los términos establecidos por la legislación de régimen local, las potestades y prerrogativas siguientes:  
a) La reglamentaria y de autoorganización.  
b) La presupuestaria y financiera.  
c) La de programación y planificación.  
d) La tributaria.  
e) La de investigación.  
f) La sancionadora.  
g) La de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.  
h) La presunción de legitimidad y la de ejecutividad de sus actos y acuerdos.  
i) La de inembargabilidad de sus bienes y derechos, en los términos establecidos por las Leyes, y las de prelación, de preferencia y otras prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública en relación a sus créditos, sin perjuicio de las que corresponden a la Hacienda del Estado y de la Generalitat Valenciana.  
j) La de exención de los impuestos del Estado y de la Generalitat Valenciana en los términos establecidos por las Leyes.  
Artículo 27. Eficacia de los acuerdos.  
Las decisiones y acuerdos del Consorcio, en el ámbito de sus competencias, obligan a todas las Administraciones consorciadas. Los acuerdos y resoluciones deberán publicarse o notificarse en la forma prevista en la legislación aplicable en la materia.  
Artículo 28. Recursos y Reclamaciones.  
1. Los actos de los órganos del Consorcio agotarán la vía administrativa, excepto los dictados por el Gerente en el ejercicio de sus competencias, que podrán ser recurribles en alzada ante el Consejo Rector.  
2. Los actos dictados por el consorcio en el ejercicio de sus competencias administrativas, serán impugnables ante la jurisdicción de dicho orden.  
3. Corresponderá al Consejo Rector la resolución de la reclamación previa a la vía judicial civil o laboral.  
Título IV  
Patrimonio y régimen económico-financiero  
Capítulo Primero  
Patrimonio  
Artículo 29. Patrimonio.  
El patrimonio del Consorcio estará constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que le pertenezcan.  
Artículo 30. Régimen Jurídico de los bienes.  
1. Los bienes que los Ayuntamientos Consorciados adscriban al Consorcio para el cumplimiento de sus objetivos conservarán su calificación jurídica originaria, sin que el Consorcio adquiera la propiedad de los mismos. Los bienes adscritos solo se podrán utilizar para los fines establecidos.   
2. Los bienes que adquiera el Consorcio con cargo a su presupuesto tendrán la calificación jurídica que corresponda, según su naturaleza y destino.  
Capítulo Segundo  
Régimen económico-financiero  
Artículo 31. Recurso del Consorcio.  
1. El Consejo Rector, tras su constitución, acordará las cuantías que en concepto de aportación inicial corresponderán a cada una de las administraciones consorciadas.  
2. La financiación de las actividades del Consorcio se realizará mediante los siguientes medios:  
a) La aportación inicial de las Administraciones consorciadas en la proporción y las cuantías acordadas.  
b) Subvenciones anuales con destino a los gastos corrientes y de capital del Consorcio, efectuadas por las Administraciones consorciadas, en la proporción y las cuantías acordadas, en congruencia con el presupuesto que para cada ejercicio económico se apruebe.  
c) Subvenciones y donaciones efectuadas por otras entidades públicas o privadas y las transmisiones a título gratuito que a su favor hagan los particulares.  
d) Ingresos por la comercialización y venta de sus productos, en particular de los derechos de realización y producción de audiovisuales, cualquiera que sea su soporte.  
e) Participación en el mercado de la publicidad.  
f) Cualesquiera otros que le corresponda.  
3. La Hacienda del Consorcio responderá de las obligaciones y deudas contraídas por el mismo. La liquidación o compensación de pérdidas se efectuará con cargo a las aportaciones de los miembros del Consorcio, en función de los votos ponderados.  
4. En el caso de que alguna de las Administraciones consorciadas incumpla sus obligaciones financieras para con el Consorcio, el Consejo Rector ha de proceder a requerir su cumplimiento. Si pasado el plazo de un mes desde el requerimiento no se hubieran realizado las aportaciones previstas, el Consejo Rector, oída la administración afectada, podrá detraerlas de las participaciones del Estado y subvenciones de la Comunidad Autónoma, con los efectos que en el acuerdo se determine.  
Artículo 32. Presupuestos.  
El Consorcio elaborará para cada ejercicio económico un presupuesto anual que comprenderá todos sus gastos e ingresos; y se nutrirá con los recursos que conforman su hacienda.  
Artículo 33. Elaboración y aprobación del Presupuesto.  
a) Dentro del cuarto trimestre, por delegación de la Presidencia, el Gerente elaborará el proyecto de presupuestos tomando como base el anteproyecto con el cual se habrá preparado el presupuesto, y lo someterá a la aprobación del Consejo Rector.  
b) El presupuesto deberá ser aprobado por el Consejo Rector del Consorcio y publicado antes del primer día del ejercicio económico al cual corresponda, y si al iniciarse el ejercicio no lo estuviera, los créditos iniciales autorizados en el presupuesto del ejercicio anterior se considerarán automáticamente prorrogados hasta la aprobación del nuevo texto.  
c) La prórroga no afectará los créditos para los servicios o programas que concluyan en el ejercicio anterior.  
Artículo 34. Ejecución del Presupuesto.  
La ordenación de gastos y pagos y la formalización de los ingresos y los cobros se ajustará a las disposiciones del presupuesto anual. De acuerdo con estas reglas, y de lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública para la administración Local, el Gerente determinará la forma en que se deberá llevar la contabilidad del Consorcio, aplicando reglas basadas en aquello que resulte útil para conseguir mayor sencillez y agilidad, sin que ello suponga una disminución del adecuado control de la gestión presupuestaria.  
Artículo 35. Fiscalización y control.  
1. A las Administraciones consorciadas les corresponde, en el ejercicio de sus propias competencias, la alta inspección de la gestión desarrollada por el Consorcio.  
2. La actividad económica-financiera del Consorcio está sujeta a las actuaciones de control interno y externo en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
3. El control interno será ejercido por la Intervención del Consorcio.  
Artículo 36. Aportaciones de los ayuntamientos consorciados.  
1. El cobro de los derechos que se deriven de las actividades propias del Consorcio y la confección y pago de las nóminas de su personal corresponderá al Gerente.  
2. Para la distribución y fijación de las cuotas necesarias para el mantenimiento de los servicios generales del Consorcio, el Consejo Rector seguirá, como norma general, el criterio de proporcionalidad poblacional entre sus ayuntamientos miembros. Igual criterio se utilizará para la determinación de las aportaciones correspondientes a servicios o actividades concretas, sin perjuicio, en este caso, que puedan tenerse en cuenta otras circunstancias derivadas de la propia esencia del servicio o actividad.  
3. Las aportaciones de los municipios miembros habrán de ingresarse en la caja del Consorcio en la forma y plazos que el Consejo Rector haya fijado en su correspondiente acuerdo.   
Transcurrido el plazo fijado para el pago de las aportaciones económicas, si alguno de los municipios miembros no hubiera efectuado el ingreso de las cuotas en la caja del Consorcio, se procederá por parte del Gerente a requerir formalmente el pago de la cuota o cuotas pendientes de ingreso, concediendo un nuevo plazo de ingreso no superior a 15 días hábiles.   
Finalizado este último plazo, el Consorcio, para el cobro de la cantidad pendiente y a través de su Presidente, podrá solicitar a las administraciones, central, autonómica o provincial, la retención del importe de las cuotas adeudadas, con cargo a las cantidades que por cualquier concepto (Fondo Nacional de Cooperación Municipal, producto de recaudaciones tributarias gestionadas por cuenta del ayuntamiento consorciado deudor, subvenciones o ayudas económicas de cualquier tipo, etc.) debieran ser abonadas al municipio o municipios afectados.  
El importe retenido se ingresará por parte de la administración que practicó la retención en las arcas del Consorcio.  
Con tal finalidad, y de acuerdo con los presentes Estatutos, los municipios miembros facultan expresamente a las administraciones provincial, autonómica y central a proceder a la compensación y retención correspondiente.  
4. La disposición de los fondos sitos en las cuentas corrientes requerirá la firma conjunta y mancomunada del Presidente del Consorcio y del Gerente, pudiendo el Presidente del Consorcio delegar la firma en cualquiera de los Vicepresidentes.  
5. Las facturas y gastos que se aprueben requerirán la conformidad del Gerente como requisito previo a su ordenación, entrega y pago.  
Artículo 37. Remanentes.  
Los remanentes positivos que produzca el Consorcio, una vez cubiertos los gastos, se destinarán, a través del procedimiento pertinente, a la finalidad que determine el Consejo Rector, conforme a las disposiciones vigentes.  
Artículo 38. Contabilidad.  
El Consorcio llevará el mismo sistema de contabilidad que rige para las Corporaciones Locales, con independencia de que el Consejo Rector pudiera establecer otras formas complementarias para el estudio de rendimiento y productividad.  
Título V  
Modificación, disolución y liquidación del consorcio  
Capítulo primero  
Modificaciones estatutarias  
Artículo 39. Modificación de los estatutos.  
1. La propuesta de modificación de los estatutos a instancia de cualquier Ayuntamiento consorciado será sometida al Consejo Rector, que la hará suya si resulta aprobada por mayoría absoluta, conforme al voto ponderado que establece los presentes Estatutos.  
Tras dicha aprobación, el Presidente del Consorcio, en el plazo de 10 días, lo pondrá en conocimiento de los ayuntamientos consorciados para que en el plazo de tres meses adopten acuerdo expreso sobre la propuesta realizada.  
Se entenderá aceptada la propuesta formulada si obtiene el acuerdo favorable de la mayoría absoluta legal y proporcional, esto es, la mayoría absoluta de los ayuntamientos consorciados que represente a su vez la del número de votos ponderados.  
2. No tendrán la consideración de modificación estatutaria las revisiones y actualizaciones de las cuotas de participación de los ayuntamientos consorciados derivadas de las alteraciones de sus respectivos índices poblacionales, que solo requerirá el correspondiente acuerdo del Consejo Rector.  
Articulo 40. Incorporación de nuevos miembros.   
1. Las corporaciones municipales interesadas en incorporarse al Consorcio y que cumplan las condiciones exigidas por la ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, habrán de solicitarlo por escrito al presidente del Consorcio, quien lo comunicará a cada ayuntamiento miembro.  
2. La incorporación de nuevos miembros al Consorcio requerirá el acuerdo favorable del Consejo Rector, adoptado por mayoría absoluta, en el que se concretará la fecha de efectividad de dicha incorporación.   
Artículo 41. Separación de los municipios consorciados.  
1. Las corporaciones municipales consorciadas podrán separarse voluntariamente del Consorcio comunicándolo por escrito al Consejo Rector con una antelación mínima de un año y siempre que acompañen informe del Interventor con el visto bueno del presidente en el que se acredite el cumplimiento actualizado de los compromisos asumidos con el Consorcio.  
2. El Consejo Rector, con el voto favorable de la mayoría absoluta, podrá acordar la separación del Consorcio de aquellos municipios que incumplieran de forma notoria sus obligaciones, realizaran actividades que perjudicaran la imagen del Consorcio o incumplieran sus obligaciones económicas por tiempo superior a un año.  
En todos los casos se procederá a la liquidación de sus obligaciones y derechos según las normas previstas para la disolución del Consorcio.  
Capítulo II  
Disolución y liquidación del consorcio  
Artículo 42. Disolución.  
Corresponderá a los ayuntamientos consorciados resolver sobre la disolución del Consorcio, previo informe del Consejo Rector.  
La propuesta de disolución del Consorcio, formulada por alguno de sus miembros, deberá ser informada por el Consejo Rector en el plazo de un mes.  
El informe adoptará la forma de acuerdo y será comunicado por el Presidente del Consorcio, junto con la propuesta de disolución planteada, a los ayuntamientos consorciados, que en los tres meses siguientes habrán de pronunciarse al respecto.  
Se procederá a la disolución del Consorcio cuando así lo acuerden la mayoría absoluta legal y proporcional de los ayuntamientos que lo integran. Acordada la disolución se procederá, por parte del Consejo Rector, a la liquidación del activo y pasivo consorcial.  
Artículo 43. Liquidación del Consorcio.  
Una vez satisfechas todas las obligaciones pendientes con los ayuntamientos consorciados, entidades públicas y privadas, y con los particulares, el líquido y/o capital existente se repartirá entre los consorciados integrados en el momento de la disolución, en proporción directa a las aportaciones que los miembros activos hayan realizado al Consorcio a lo largo de su duración. En todo caso, revertirán a los ayuntamientos consorciados los bienes adscritos por cada uno de ellos, sin perjuicio de participar en la debida proporción en la atención de las obligaciones pendientes. Las pérdidas resultantes de la liquidación realizada se cubrirán, entre los ayuntamientos consorciados, mediante su distribución igualitaria y proporcional al peso poblacional de cada municipio representado por su Ayuntamiento.  
Disposición final  
Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.