Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7214, del 14-02-2014 (2014/1164)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 291/2012.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7214

Fecha DOGV
:   14-02-2014

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2014/1164


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de divorcio contencioso número 291/2012. [2014/1164]  
Asunto civil 000291/2012  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
  
«Sentencia número 000047/2013   
Castellón de la Plana, 21 de enero de 2013  
José Luis Conde-Pumpido García, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, ha conocido los presentes autos de juicio de divorcio número 291/2012, promovidos a instancia de Luis Miguel Barco Dorado, representado por la procuradora señora Torres Vicente y defendido por la letrada señora Abad García, contra Emilia Pacheco Salvador, en rebeldía, y en los que ha sido parte el Ministerio Fiscal.  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. La procuradora señora Torres Vicente, en la representación que tiene acreditada de Luis Miguel Barco Dorado, promovió demanda de divorcio contra Emilia Pacheco Salvador, en la que, tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, concluyó con la súplica, de que se dictase sentencia declarando haber lugar al divorcio de los litigantes, con adopción de las medidas que allí se exponían, y que se dan por reproducidas.  
Segundo. Admitida a tramite la demanda, se emplazó en legal forma a la demandada, quien no compareció en tiempo y forma, por lo que fue declarada en rebeldía.  
El Ministerio Fiscal contestó mediante escrito en el que solicitaba que se dictara sentencia de conformidad con el resultado de la prueba que se practicara.  
Tercero. Convocadas las partes a la vista, esta tuvo lugar el día 21 de enero de 2013, con la sola asistencia de la parte actora que se ratificó en su demanda, y del Ministerio Fiscal, que se ratificó en su contestación. Recibido el pleito a prueba, se practicaron las admitidas y declaradas pertinentes que consistieron por la parte demandante en documental (por reproducida la aportada con la demanda), interrogatorio de la demandada y testifical (de Reyes Barco Pacheco), mientras que por el Ministerio Fiscal se propuso interrogatorio del demandante y documental (por reproducida la obrante).  
Cuarto. Practicada toda la prueba en el acto, y tras evacuar el trámite de conclusiones finales, quedó el pleito visto para sentencia sin más trámites.   
Quinto. En este procedimiento deben declararse como hechos probados los que se relatan a continuación.  
1. Luis Miguel Barco Dorado y Emilia Pacheco Salvador contrajeron matrimonio en Torreblanca (Castellón) el día 25 de marzo de 1987. (Hecho acreditado mediante la certificación de matrimonio acompañado con la demanda).  
2. Del citado matrimonio nacieron seis hijos: Vanessa (30.05.1987), Luis Miguel (19.05.1988), Cristina (19.06.1989), Reyes (26.11.1991), [...] (11.10.1997) y [...] (08.07.1999) Barco Pacheco. (Hecho probado mediante las certificaciones de nacimiento aportadas con la demanda).  
  
3. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castellón de la Plana se siguieron autos de separación número 1032/2002 en el que se dictó sentencia, firme, de fecha 17 de octubre de 2003, acordando la separación conyugal y acordando las siguientes medidas:  
- Atribuir al padre la guarda y custodia de los hijos menores.  
- Establecer un régimen de visitas de sábados alternos de 10.00 a 19.00 horas entre la madre y los hijos menores.  
- Atribuir a la madre el uso y disfrute del domicilio conyugal.  
(Hecho acreditado mediante la copia de la sentencia acompañada con la demanda y que no fue impugnada).  
4. Las dos hijas menores aún residen con el padre, que es quien las ha cuidado desde la fecha de la separación, sin que la madre haya ejercido el régimen de visitas fijado en la sentencia de separación. (Hecho probado mediante el interrogatorio de las partes y la testifical de la hija Reyes).  
5. No constan las circunstancias económicas de la madre ni las necesidades económicas de las hijas menores. El padre es perceptor de una pensión de la Seguridad Social por importe de unos 475 euros mensuales. (Hecho probado mediante la documental acompañada por la parte actora).  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Habiendo transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, concurren los requisitos que, conforme a los artículos 81.1 y 86 del Código Civil en la redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, permiten decretar el divorcio de los cónyuges litigantes.  
Segundo. En lo que concierne a las medidas que, conforme al artículo 91 del Código Civil, hayan de regir tras el divorcio, procede acordar lo siguiente:  
1. Puesto que es el padre quien convive y lo ha hecho siempre desde la sentencia de separación de 2003 con las hijas, y quien se ha ocupado exclusivamente de ellas sin ninguna colaboración personal ni económica de la madre (que ni ha pagado cantidad alguna para las hijas ni ha ejercido el régimen de visitas), procede atribuir al padre tanto la custodia de las dos menores como el ejercicio exclusivo de la patria potestad como permite el artículo 146 del Código Civil.  
2. Pese al reiterado incumplimiento del régimen de visitas por parte de la madre, se considera adecuado mantener el fijado en la sentencia de separación, atendida la petición efectuada por el demandante, con la intención de que pueda reanudarse alguna relación, por mínima que sea, entre la madre y las hijas menores.  
3. Aunque en la sentencia de separación no se estableció ninguna pensión de alimentos en favor de las hijas y a cargo de la madre, no se puede olvidar que la obligación de alimentos es irrenunciable (art. 151 CC). Hay que tener en cuenta también lo expuesto en la SAP Castellón de la Plana, Sección Segunda, de 18 de marzo de 2008, y de 7 de diciembre de 2011: ?es de recordar, tal y como considera la STS de 5 de octubre de 2003, que la obligación de dar alimentos es una de las obligaciones de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico, alcanzando rango constitucional como taxativamente establece el artículo 39 de la Constitución española. Tal obligación resulta por modo inmediato del hecho de la generación y es uno de los contenidos ineludibles del artículo 154.1 del Código Civil.  
Así como que nuestra doctrina entiende mayoritariamente que esta obligación no tiene nada que ver con la obligación alimentaria señalada por los artículos 142 y siguientes del Código Civil y que mientras que el hijo sea menor de edad la obligación alimentaria existe incondicionalmente y no puede decretarse su cesación?.  
Conforme al artículo 146 del Código Civil, los alimentos son proporcionales a los medios de quien los da y las necesidades de quien las recibe. También hay que tener en cuenta lo expresado en la SAP Castellón de la Plana, Sección Segunda, de 5 de mayo de 2006: ?a efectos de la fijación de alimentos, lo que el artículo 146 del Código Civil tiene en cuenta no es simplemente el caudal de bienes de que pueda disponer el alimentante, sino también la necesidad del alimentista, puesta en relación con el patrimonio de quien haya de darlos, cuya apreciación de proporcionalidad viene atribuida al prudente arbitrio del tribunal sentenciador de instancia (SSTS 06.02.1942, 24.02.1955, 08.03.1961, 20.04.1967, 02.12.1970, 09.06.1971 y 16.11.1978), relación de proporcionalidad que en todo caso queda difuminada en el margen de cobertura de las necesidades (alimentación, vestidos, educación, ocio, etc., en cuanto elementos integrantes del concepto jurídico de alimentos) del alimentista integrantes del llamado mínimo vital o mínimo imprescindible para el desarrollo de la existencia de los menores en condiciones de suficiencia y dignidad a los efectos de garantizar, al menos, y en la medida de lo posible, un mínimo desarrollo físico, intelectual y emocional al que deben coadyuvar sus progenitores por razón de las obligaciones asumidas por los mismos por su condición de tal (SAP de Alicante, Sección Cuarta, de 17.03.2000)?.  
Aunque no constan las circunstancias económicas de la madre ni las necesidades de las hijas, es evidente que, atendidos los escasos ingresos del padre (una pensión de unos 475 € mensuales) alguna contribución habrá de aportar la madre para contribuir al pago de los gastos ordinarios de las hijas, cantidad que, atendida la necesidad de cubrir el aludido mínimo vital se fija en 120 euros para cada hija, con la obligación de ambos progenitores de abonar por mitad los gastos extraordinarios que generen las hijas.  
Tercero. La especial naturaleza de las pretensiones deducidas en este pleito hace que no se estime procedente condenar a ninguno de los litigantes al pago de las costas.   
Vistos los preceptos legales citados, y, demás de general y pertinente aplicación  
  
Fallo  
Que estimando parcialmente la demanda formulada por la procuradora señora Torres Vicente, en nombre y representación de Luis Miguel Barco Dorado, contra Emilia Pacheco Salvador, debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio de los expresados litigantes, con todos los efectos legales, adoptando las siguientes medidas:  
1. Se atribuye al padre la custodia y el ejercicio exclusivo de la patria potestad respecto de las hijas menores [...] y [...].  
2. Se fija como régimen de visitas entre la madre y las hijas menores el de sábados alternos desde las 10.00 hasta las 19.00 horas.  
3. La madre abonará, como pensión de alimentos para sus dos hijas menores, la cantidad de 120 euros mensuales para cada una de ellas (240 euros en total), que ingresará dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe el padre, y que se actualizará anualmente conforme a las variaciones del índice de precios al consumo.  
4. Los gastos extraordinarios que generen las hijas menores serán abonados por mitad por ambos progenitores.  
Todo ello sin realizar expreso pronunciamiento condenatorio en costas.  
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días.   
De conformidad con la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el artículo 1.19 de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición del recurso de apelación la parte recurrente deberá constituir un depósito de 50 euros, que consignará en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, sin que pueda admitirse a trámite el recurso si el depósito no estuviere constituido.  
Una vez que sea firme, inscríbase al margen de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil de Torreblanca (Castellón).  
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. El juez.  
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez que la ha dictado, estando constituido en audiencia pública, en el mismo día de su pronunciamiento, ante el secretario judicial. Doy fe.»   
  
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por diligencia de ordenación de 24 de mayo de 2013, el secretario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia a Emilia Pacheco Salvador.  
Diligencia. La extiendo yo, el secretario judicial, para hacer constar que el presente edicto ha quedado fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios. Doy fe.  
  
Castellón de la Plana, 24 de mayo de 2013.- El secretario judicial: Pedro Moya Donate.