Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5511, del 14-05-2007 (2007/5913)

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Directora General de Justicia de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Abogados de Orihuela, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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Número DOGV
:   5511

Fecha DOGV
:   14-05-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/5913


Fecha del documento
:   25-04-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Orihuela
    * colegio profesional
    * profesión jurídica
    * reglamento interno

Visto el expediente de inscripción de estatutos, instruido a instancia de D. Francisco Real Cuenca, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados en nombre del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Orihuela, inscrito con el número 17 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunidad Valenciana, en el que se solicita la modificación y registro de sus Estatutos en dicho Registro, atendiendo a los siguientes:  
HECHOS  
Primero  
D. Francisco Real Cuenca, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, presentó en fecha 25 de octubre de 2006, solicitud de inscripción de la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, aprobada en fecha 12 de mayo de 2006 por la Junta General Extraordinaria del mismo y en fecha 29 de septiembre de 2006 por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Segundo  
Tras las modificaciones producidas en el texto de los estatutos en la tramitación del procedimiento, y según certificación librada el 26 de marzo de 2007 por D. Julio Grao López de Cid, secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela, la Junta General Extraordinaria del mismo en reunión celebrada el 23 de marzo de 2007, acordó la redacción definitiva de sus Estatutos.   
Tercero  
El nuevo texto de los Estatutos figura como Anexo a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
Primero  
Revisados los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela, éstos contienen todas las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
No obstante, en ejercicio del control de legalidad previsto en el artículo 11 de la citada Ley 6/1997, de 4 de diciembre, y en los artículos 21 y 28 del Decreto 4/2002, de 4 de enero, de Consell de la Generalitat Valenciana, que la desarrolla, resulta necesario actualizar el texto a la denominación oficial de «Comunitat Valenciana» adoptada con la nueva redacción dada al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio.  
Segundo  
La modificación estatutaria ha sido aprobada con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo, y en los propios Estatutos del Colegio.  
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Directora General de Justicia de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Abogados de Orihuela, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. [2007/5913]Conselleria de Justícia, Interior   
y Administraciones PúblicasTercero  
A los efectos previstos en el artículo 21 del Decreto 4/2002 de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales, el expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia de la conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la citada Ley 6/1997, en relación con lo dispuesto en la Disposición Final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat, por el que se asignan competencias a la Presidencia de la Generalitat y a las consellerias con competencias ejecutivas, y por el Decreto 153/2005, de 28 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas.  
Vistos el artículo 36 de la Constitución Española y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de ésta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, se dicta la siguiente resolución:  
Primero  
Inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Segundo  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
Valencia, 25 de abril de 2007.- La directora general de Justicia: Patricia Montagud Alario.  
ESTATUTOS PARA EL RÉGIMEN Y GOBIERNO  
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ORIHUELA  
TÍTULO I  
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ORIHUELA  
Artículo 1. Denominación y naturaleza jurídica.   
El Colegio de Abogados de Orihuela, fundado en el año 1.840, es una Corporación de derecho público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.   
Se rige por la Constitución Española, por las disposiciones europeas, estatales y autonómicas que le afecten, por el Estatuto General de la Abogacía Española, los presentes Estatutos y el Reglamento de régimen interior que se pueda aprobar para su desarrollo. También por las normas y acuerdos de los órganos colegiales que se dicten a tenor de sus respectivas competencias.   
Artículo 2. Ámbito territorial. Domicilio.   
Su ámbito territorial se extiende a los actuales partidos judiciales de Orihuela y Torrevieja y, en su caso, a los nuevos partidos judiciales que pudieran crearse en los referidos territorios.   
Su sede radica en Orihuela, calle Togores s/n, y mantiene delegación en el partido judicial de Torrevieja con oficinas en su Palacio de Justicia.  
La Junta de Gobierno podrá, previa aprobación de la Junta General, fijar diferente domicilio.  
Artículo 3. De los fines y funciones.   
Son fines esenciales del Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela, en su ámbito territorial, la ordenación del ejercicio de la profesión; la representación exclusiva de la misma; la defensa de los derechos e intereses profesionales corporativos y de los colegiados; la formación profesional permanente de los Abogados; el control deontológico en el ejercicio de la profesión y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad; la defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución, la promoción y defensa de los Derechos Humanos así como la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la administración de Justicia.  
Sus funciones en su ámbito territorial son las establecidas por las leyes estatales, las del Estatuto General de la Abogacía, la Ley Reguladora de los Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana y, en lo que le afecten, por los Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.   
Sin perjuicio de otras que pudieran corresponderle, se consideran esenciales las siguientes:   
a) Ostentar la representación que establezcan las Leyes para el cumplimiento de sus fines y, especialmente, en defensa de la profesión ante la administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios y causas afecten a los derechos e intereses profesionales y a los fines de la Abogacía; ejercitar las acciones de toda índole que sean procedentes, así como utilizar el derecho de petición conforme a la Ley.   
b) Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos de similar índole puedan crearse.   
c) Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la ética y la dignidad profesionales y por el respeto debido a los derechos de los particulares; y organizar cursos para el perfeccionamiento profesional.   
d) Ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.   
e) Organizar y promover actividades y servicios comunes de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, recreativo, de previsión y cualesquiera otros que redunden en favor de sus colegiados.   
f) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados impidiendo la competencia desleal entre los mismos.   
g) Adoptar las medidas que permitan evitar y perseguir el intrusismo profesional.   
h) Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados o entre éstos y sus clientes.   
i) Ejercer funciones de arbitraje en los asuntos que les sean sometidos, así como promover o participar en instituciones de arbitraje y de mediación.   
j) Informar y dictaminar sobre honorarios profesionales, a instancia de la autoridad judicial correspondiente o previo sometimiento de las partes interesadas.   
k) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados, en cuanto afecte a la profesión, las disposiciones legales y estatutarias, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.   
Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión, de los colegiados y demás fines de la Abogacía.   
Artículo 4. Símbolo corporativo y Patrona.  
El símbolo del Colegio es un escudo ovalado con la imagen de la Justicia representada por matrona portando balanza y espada y a sus pies la palabra LEY, orlado por la leyenda "Colegio de Abogados de Orihuela".   
Por secular tradición, que arranca desde el año de su fundación, recogida por el Artículo 66 del primitivo Reglamento de ésta Institución, el Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela tiene como Patrona a María Santísima Nuestra Señora bajo la advocación de su Concepción Purísima.   
Seguirá celebrándose su fiesta anual el domingo posterior al día 8 de diciembre de cada año.ç  
Artículo 5. De los colegiados.   
Los licenciados en Derecho adscritos a este Colegio pueden ser:   
a).Abogados ejercientes: Los que se dedican profesional y habitualmente al ejercicio de la Abogacía.   
b) No ejercientes: Los que, incorporados con tal carácter, no se dedican al ejercicio profesional de la Abogacía, careciendo del derecho a denominarse abogados.   
c) Inscritos: Son aquellos que, de acuerdo a las Leyes que los regulan, pueden ejercer en España con el título de su país de origen.   
d) De Honor: Son aquellos merecedores de esta distinción por sus méritos o servicios relevantes prestados a la Abogacía o al Colegio.   
TÍTULO II  
DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN  
Capítulo I  
De las condiciones para el ejercicio de la profesión  
Artículo 6. Del ejercicio profesional.   
Para el ejercicio de la Abogacía, con domicilio profesional único o principal en el territorio que compete al Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela, es obligatoria la incorporación al mismo.   
Podrán ejercer su actividad profesional para actuar ante los Tribunales del ámbito de este Colegio, los abogados no incorporados al mismo, previa la comunicación de intervención profesional. Durante su actuación quedarán sujetos a la disciplina y normas deontológicas del Colegio de Abogados de Orihuela, gozarán del amparo colegial y podrán utilizar los servicios colegiales.  
Artículo 7. De los requisitos de incorporación.   
Son requisitos necesarios para la incorporación al Colegio los establecidos en el Artículo 13 del Estatuto General de la Abogacía Española y, en su caso, la acreditación de la específica capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía por el medio que las disposiciones aplicables establezcan.   
Artículo 8. De la incorporación.   
La solicitud de incorporación será presentada ante la Junta de Gobierno, acompañando la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos necesarios.   
En el momento de la incorporación se asignará un número de colegiado, expidiendo el Colegio la acreditación de tal condición. Este número deberá consignarse junto al nombre cuando se realicen actuaciones profesionales.   
Corresponde a la Junta de Gobierno resolver sobre las solicitudes de colegiación que se presenten, pudiendo aprobarlas, suspenderlas o denegarlas.   
Las solicitudes sólo podrán ser suspendidas o denegadas por la Junta, previas las diligencias e informes que procedan, audiencia del interesado y mediante resolución motivada, contra la que cabrán los recursos legal o estatutariamente previstos.   
En todo caso, no podrá denegarse el ingreso a quienes reúnan los requisitos exigidos para la colegiación.   
Tras la colegiación se entiende concedida al Colegio la autorización para comunicar los datos que, a juicio de la Junta de Gobierno, tengan carácter profesional, incluirlos en las guías colegiales y cederlos a terceros conforme a lo previsto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal con las limitaciones que ésta establece.   
Artículo 9. Del juramento o promesa.   
Antes de iniciar su ejercicio profesional los abogados prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, de fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas en la forma y modo que se determina en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Estatuto General de la Abogacía Española.   
La Junta podrá autorizar que el juramento o promesa se formalice por escrito, pero deberá ser ratificado en la primera celebración pública que se efectúe. En cualquier caso, en el acto público deberá ser apadrinado por otro u otros abogados.   
Artículo 10. De la habilitación para defender asuntos propios o de parientes.   
Los licenciados en Derecho que pretendan defender asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, podrán intervenir para cada concreto asunto sin necesidad de incorporación al Colegio, previa habilitación por el Decano, siempre que reúnan la capacidad legal para el ejercicio de la profesión.   
Tal habilitación supone para quien la recibe, aunque sólo con relación al asunto al que se refiere, el disfrute de todos los derechos concedidos en general a los abogados y la asunción de las correlativas obligaciones, con exclusión de la cobertura del seguro de responsabilidad civil que este Colegio tenga concertado para sus colegiados.   
Artículo 11. De las causas de incapacidad.   
Son circunstancias determinantes de la incapacidad para el ejercicio de la Abogacía:   
a) La inhabilitación o suspensión en virtud de sentencia o resolución firme.   
b) Las sanciones disciplinarias que lleven consigo la suspensión del ejercicio profesional.   
c) La expulsión de cualquier Colegio de Abogados.  
d) Los impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, imposibiliten el cumplimiento de la misión de defensa que a los abogados corresponde.   
Las incapacidades desaparecerán cuando cesen las causas que las hubieran motivado o se haya extinguido la responsabilidad disciplinaria.   
Artículo 12. De la pérdida de la condición de colegiado.   
La condición de colegiado se perderá:  
a) Por dejar de satisfacer tanto las cuotas ordinarias como extraordinarias acordadas, así como las demás cargas colegiales a que vinieren obligados, previo el oportuno expediente en el que se conceda al interesado la rehabilitación de sus derechos, siempre y cuando proceda, previamente, al pago de los atrasos y sus intereses al tipo legal.   
b) Por condena firme que lleve consigo la pena principal o accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.  
c) Por sanción firme de expulsión del Colegio, acordada en expediente disciplinario.  
d) Por baja voluntaria.  
e) Por fallecimiento.  
La pérdida de la condición de colegiado por las causas previstas en los apartados a), b) y c) será acordada por la Junta de Gobierno del Colegio en resolución motivada y, una vez firme, será comunicada al Consejo General y al Consejo de Colegios de la Comunitat Valenciana.   
Artículo 13. De las incompatibilidades.   
Los colegiados están sometidos a las prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales establecidas en el Estatuto General de la Abogacía y en la normativa estatal y autonómica aplicable.  
El abogado a quien afecte alguna causa de prohibición o incompatibilidad deberá comunicarlo a la Junta de Gobierno y cesar inmediatamente en dicha situación, entendiéndose que renuncia al ejercicio profesional si no lo manifiesta por escrito en el plazo de treinta días desde que se produzca dicha causa.  
En todo caso, la Junta de Gobierno acordará, previo inicio del oportuno expediente y mediante resolución motivada, el pase a la situación de no ejerciente de aquellos abogados en quienes concurra alguna de las circunstancias determinantes de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para el ejercicio mientras aquella subsista, sin perjuicio de que, si hubiera lugar, se resuelva lo que proceda en vía disciplinaria y con independencia de la situación colegial final en que deba quedar quien resulte incapaz para ejercer la abogacía.  
Desaparecida la situación de incompatibilidad o prohibición, el abogado, previa justificación de dicho extremo, podrá instar de la Junta de Gobierno su reincorporación en las condiciones colegiales anteriores.  
Capítulo II  
De los derechos y obligaciones de los colegiados.  
Artículo 14. Normas que lo regulan.   
Los colegiados incorporados a este Ilustre Colegio quedan sometidos a los presentes Estatutos, así como a los acuerdos y decisiones de su Junta General y de Gobierno y a los que adopten el Consejo General de la Abogacía y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados en el ámbito de sus competencias.  
Artículo 15. De los derechos de los colegiados.  
Además de los establecidos en el Estatuto General de la Abogacía y demás leyes que le sean de aplicación, son derechos de los colegiados:  
1. Actuar en el ejercicio de la profesión con toda libertad e independencia, sin más limitaciones que las derivadas de una disposición legal o por las normas deontológicas.  
Si un abogado considera que la Autoridad, Tribunal o Juzgado limita su independencia o libertad para cumplir sus deberes profesionales o que no se le guarda la consideración debida al prestigio y dignidad de su profesión, deberá hacerlo constar así ante dicha Autoridad o ante el propio Juzgado o Tribunal, dando cuenta de ello a la Junta de Gobierno.  
2. Reclamar y obtener del Colegio y de las demás Administraciones Públicas la protección de su lícita libertad de actuación en la defensa jurídica.   
3. La inviolabilidad de su secreto profesional.  
4. Las consideraciones honoríficas debidas a su profesión y tradicionalmente reconocidas.  
5. Promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas.  
6. Obtener la ayuda del fondo social, en las condiciones que se establezcan.  
7. Conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los expedientes en los que tenga la condición de interesado.   
8. Solicitar información sobre cualquier aspecto de la vida colegial.  
La información requerida será facilitada por la Junta de Gobierno dentro del plazo de un mes desde su solicitud, salvo que existan razones fundadas para negarla basadas en la intimidad de las personas, el secreto profesional o la protección de los derechos y libertades de terceros. La resolución desestimatoria deberá ser motivada.  
9. Formular moción de censura contra los miembros de la Junta de Gobierno en los términos regulados en el presente Estatuto.  
Artículo 16. De los deberes de los colegiados.  
Además de los que establece el Estatuto General de la Abogacía y las normas que regulan la profesión, son deberes de los colegiados:   
1. Como partícipe en la función de la administración de Justicia, cooperar con ella, defendiendo los derechos e intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de la justicia a que la Abogacía se halla vinculada. La defensa jurídica es una obligación profesional para los abogados que se cumplirá ajustándose a las normas deontológicas.  
2. Cumplir exactamente las obligaciones que las leyes le impongan en su actuación profesional, así como lo dispuesto en estos Estatutos, en las normas deontológicas y en los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno, del Consejo Autonómico y del Consejo General de la Abogacía.  
3. Estar al corriente en el pago de las cuotas, ordinarias o extraordinarias y demás cargas colegiales. A tales efectos, se considerarán cargas corporativas aquellas impuestas por el Colegio, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía en el marco de sus respectivas competencias.  
4. Comunicar al Colegio los cambios de domicilio profesional, traslados de vecindad y las ausencias que se prolonguen más de dos meses consecutivos.  
5. Guardar el secreto profesional de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre los mismos; el secreto alcanzará igualmente a los hechos que el abogado conozca por pertenecer a la Junta de Gobierno o a alguna de sus Comisiones.  
En el caso de que el Decano, o quien estatutariamente le sustituya, fuere avisado por la Autoridad judicial o gubernativa, de la práctica de un registro en el despacho profesional de un abogado, deberá personarse en dicho despacho y asistir a las diligencias que en el mismo se practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional.  
6. Denunciar al Colegio cualquier acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal de la Abogacía.  
7. Guardar, respecto de los compañeros de profesión, las obligaciones que se deriven del espíritu de hermandad y cortesía que entre ellos debe existir, evitando competencias ilícitas.  
8. Mantener como materia reservada las conversaciones y correspondencia habidas con el abogado o abogados contrarios, con prohibición de revelarlas o presentarla en juicio sin su previo consentimiento. No obstante, por causa grave, la Junta de Gobierno del Colegio podrá discrecionalmente autorizar su revelación o presentación en juicio sin dicho consentimiento previo  
9. Cumplir con el máximo celo y diligencia la misión de defensa que le sea encomendada.  
10. Guardar el debido respeto a todas las personas que participen en la administración de la justicia y exigir la reciprocidad en tal corrección.  
Artículo 17. De la venia.  
Los abogados que hayan de encargarse de la dirección profesional de un asunto encomendado a otro compañero deberán solicitar la venia, salvo que exista renuncia escrita e incondicionada a proseguir su intervención por parte del anterior letrado y, en todo caso, recabar del mismo la información necesaria para continuar el asunto.  
La venia, excepto en caso de urgencia a justificar, deberá ser solicitada con carácter previo y por escrito, sin que el letrado requerido pueda denegarla y con la obligación de su parte de devolver la documentación en su poder y facilitar al nuevo letrado la información necesaria para continuar la defensa.  
El letrado sustituido tendrá derecho a reclamar los honorarios que correspondan a su intervención profesional y el sustituto tendrá el deber de colaborar diligentemente en la gestión de su pago.  
La colaboración del abogado sustituto en el cobro de los honorarios culmina al dar cuenta al letrado sustituido del éxito o fracaso de su gestión dentro de un plazo razonable.  
Artículo 18. De la publicidad.  
Los abogados podrán realizar publicidad de sus servicios, siempre que sea leal y veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose, en cualquier caso, a las normas deontológicas.  
Se considerara contraria a las normas deontológicas de la abogacía la publicidad que implique:  
Revelar, directa o indirectamente, hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional.  
Incitar al pleito o conflicto.  
Ofrecer sus servicios, por sí o por terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado.  
Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado.  
Hacer referencia, directa o indirectamente, a clientes del propio abogado.  
f) Utilizar emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, por quedar reservado su uso para publicidad institucional.  
Artículo 19. Del despacho profesional.  
Los abogados deberán mantener despacho profesional o estar adscritos a un despacho profesional abierto en el lugar donde habitualmente ejerzan su profesión, dentro del ámbito territorial de este Colegio.  
Se exceptúa del deber de mantener despacho abierto a los abogados procedentes de otros colegios, respecto de los cuales se entenderá cumplido dicho requisito por el hecho de mantener su despacho profesional en el Colegio de origen, ello sin perjuicio del deber de comunicación de su actividad profesional en el ámbito territorial de este Colegio.   
Las notificaciones efectuadas en el domicilio profesional que conste en el Colegio tendrán plena validez, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda derivarse de no haber comunicado su traslado. Asimismo, el Colegio podrá realizar las comunicaciones relativas a cursos, eventos colegiales e informaciones de carácter no personal, mediante correo electrónico en la dirección del colegiado, siempre y cuando este no manifieste por escrito su disconformidad.   
Artículo 20. De la libertad e independencia.  
El abogado, en cumplimiento de su misión, actuará con toda libertad e independencia, sin más limitaciones que las impuestas por Ley o por la deontología profesional.  
Artículo 21. Distinciones y honores.  
Con el fin de reconocer los méritos contraídos en beneficio e interés de la Abogacía, del Derecho, los servicios prestados a esta Corporación o la dedicación constante al ejercicio profesional, el Colegio, a iniciativa de la Junta de Gobierno, podrá conceder, previa tramitación del oportuno expediente, los títulos de Colegiado de Honor, Medalla de Honor y Decano de Honor. Esta última distinción habrá de ser aprobada en Junta General.  
CAPÍTULO III  
De la forma de organizarse para ejercer la abogacía.  
Artículo 22. De la forma de los despachos.   
Los abogados podrán organizarse para ejercer su profesión en cualquier forma admitida en Derecho.   
Dicho ejercicio podrá desarrollarse de forma individual o colectiva, mediante la asociación con abogados o con otros profesionales liberales no incompatibles, según el régimen y requisitos que establece el Estatuto General de la Abogacía Española.  
Es recomendable que los despachos colectivos y multiprofesionales regulen en sus normas de constitución el régimen de acceso y separación de sus miembros, su disolución y el sometimiento a mediación o arbitraje para cuantas divergencias pudieran surgir entre sus componentes.  
Cualquiera que sea la forma de agrupación, habrá de permitir en todo momento la identificación de sus integrantes y deberá constituirse por escrito e inscribirse en el registro de despachos colectivos de este Colegio.   
Los abogados miembros de un despacho colectivo tendrán plena libertad para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como plena independencia para dirigir la defensa de los intereses que le hayan sido encomendados.  
Los honorarios corresponderán al colectivo, sin perjuicio de las normas internas del mismo.  
Las actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita tendrán carácter personal.   
La actuación profesional de los abogados del despacho colectivo estará sometida a la disciplina del Colegio en cuyo ámbito se efectúa, respondiendo personalmente el abogado que la haya efectuado. No obstante, se extenderán a todos los miembros del despacho colectivo el deber de secreto profesional, las incompatibilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes y las situaciones de prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con los patrocinados por cualquiera de ellos.  
CAPÍTULO IV  
De los Honorarios Profesionales y su impugnación  
Artículo 23. De los honorarios profesionales.  
El abogado tiene derecho a una compensación económica adecuada a los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos legítimos que le haya ocasionado la defensa de su cliente. Dicha compensación económica podrá asumir la forma de retribución fija o periódica.  
La cuantía de los honorarios profesionales será libremente convenida entre el cliente y el abogado. A falta de pacto expreso para la fijación de los honorarios se tendrá en cuenta, como referencia, el baremo orientador aprobado por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Tales baremos se aplicarán, estrictamente, en el caso de condena en costas.   
Artículo 24. De las impugnaciones.   
Con el fin de evitar en lo posible las impugnaciones judiciales en los casos de condena en costas, se aconseja que los letrados intervinientes se pongan de acuerdo, a instancia de cualquiera de ellos, para la satisfacción de los honorarios devengados.   
La Junta de Gobierno podrá adoptar medidas disciplinarias contra los letrados que, habitual y temerariamente, impugnen las minutas de sus compañeros, así como respecto a aquellos cuyos honorarios sean declarados reiteradamente excesivos.  
La Junta de Gobierno resolverá toda cuestión sobre cuantía de honorarios que se le someta, previo pago de los honorarios establecidos por la Junta de Gobierno que se devenguen por la elaboración del informe solicitado.  
CAPÍTULO V  
Del Turno de Oficio  
Artículo 25. De la defensa de oficio.   
La defensa profesional de oficio y la asistencia al detenido se  
prestarán por los abogados que, con carácter voluntario y previa solicitud, se incorporen a dichos turnos salvo que la necesidad de la prestación del servicio imponga la adscripción obligatoria.   
La organización, funcionamiento, requisitos de incorporación y los derechos y obligaciones de los abogados adscritos al turno de oficio y asistencia al detenido se acomodarán a las normas legales vigentes, a las normas reglamentarias que el Consejo autonómico adopte en materia de su competencia y a los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno.   
CAPÍTULO VI  
De la Responsabilidad Disciplinaria  
Artículo 26. De la responsabilidad profesional  
Los abogados quedan sujetos a responsabilidad disciplinaria en caso de infracción de sus deberes profesionales o deontológicos.   
Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en el expediente personal del colegiado.  
Artículo 27. De la competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria  
La Junta de Gobierno es competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria en los términos que prevén las normas legales y estatutarias sobre la materia.  
La responsabilidad disciplinaria se declarará previa la formación del expediente seguido por los trámites que se especifiquen en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario del Consejo General de la Abogacía.   
Si el expediente se refiere a uno de los miembros de la Junta de Gobierno conocerá del mismo el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.  
Artículo 28. De las clases de infracciones  
Las infracciones que pueden llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y leves.   
Las infracciones, sanciones y régimen de prescripción aparecen regulados en Estatuto General de la Abogacía Española y a dicha regulación se acomodará la actuación en materia disciplinaria del Colegio.   
Artículo 29. De la mediación del Decano  
El abogado que recibiera el encargo de promover actuaciones contra un compañero sobre responsabilidad emanada del ejercicio profesional, deberá informar al Decano con carácter previo a su ejercicio, como regla de consideración, a fin de que éste realice, si lo considera conveniente, una labor de mediación.   
TÍTULO III  
DE LOS ÓRGANOS DE COLEGIO  
Disposiciones Generales  
Artículo 30. Principios rectores y órganos de gobierno.  
El gobierno del Colegio estará presidido por los principios de democracia y autonomía. Son sus órganos de gobierno el Decano, la Junta de Gobierno y la Junta General.  
De las sesiones y deliberaciones de los órganos colegiados se levantará acta, que firmará el Secretario en unión de quien hubiere presidido la reunión y se someterá a su aprobación en la siguiente sesión que celebre el órgano de que se trate, bastando el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.  
Los acuerdos contenidos en las actas serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta.  
CAPÍTULO I  
De la Junta de Gobierno  
SECCIÓN PRIMERA.   
Composición  
Artículo 31. De la composición de la Junta de Gobierno  
La Junta de Gobierno es el órgano de dirección, gestión y administración del Colegio.  
Está formada por los siguientes miembros:   
Decano.   
- Cuatro Diputados, numerados de primero a cuarto, a fin de sustituir, por su orden, al Decano en caso de enfermedad, ausencia o vacante; El Diputado Primero ejerce las funciones de Vice-decano.   
Bibliotecario-Contador.  
- Tesorero.  
Secretario.   
Los cargos de la Junta de Gobierno se desempeñarán gratuitamente.  
Se ejercerán por un período de cuatro años, pudiendo sus titulares ser reelegidos.  
Su renovación se efectuará el año en que se cumplan los cuatro contados desde la toma de posesión de cada uno de los miembros.  
El número de miembros podrá ampliarse, previo acuerdo en tal sentido de la Junta de Gobierno, cuando las necesidades organizativas del Colegio lo aconsejen, con observancia de los trámites previstos en el artículo 62 de los presentes Estatutos para la modificación de los mismos, procediendo seguidamente a ponerlo en conocimiento de los Consejos Autonómico y General de la Abogacía.  
Artículo 32. Del Decano.   
Corresponde al Decano la representación legal del Colegio en todas sus relaciones, las que mantenga con los poderes públicos, entidades, corporaciones y personalidades de cualquier orden, presidir las Juntas de Gobierno y la Junta General, y las Comisiones que existan en el Colegio, dirigiendo los debates y las votaciones, con voto de calidad en caso de empate, así como las demás atribuciones contenidas en el Estatuto General de la Abogacía.  
El Decano podrá delegar la representación del Colegio en cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno.  
Artículo 33. Del Vice-decano o Diputado 1°.   
Corresponderán al Vice-decano todas aquellas funciones que le confiera el Decano asumiendo las de éste en caso de fallecimiento, ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante.  
Artículo 34. De los Diputados.  
Los Diputados desempeñarán las funciones que el Decano o la Junta de Gobierno les encomienden dentro de sus competencias.  
Artículo 35. Del Tesorero.  
Corresponderá al Tesorero:   
1. Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.  
2. Pagar los libramientos que expida el Decano.  
3. Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y de la marcha del presupuesto.  
4. Redactar, para su presentación a la Junta General, las cuentas del ejercicio económico vencido y los presupuestos anuales.  
5. Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias mancomunadamente con el Decano o con el Contador.  
6. Llevar inventario de los bienes del Colegio de los que será administrador.  
7. Controlar la contabilidad y verificar la Caja.  
8. Realizar los cobros que correspondan al Colegio.  
9. Cuantas otras funciones se le encomienden por la Junta de Gobierno.  
Artículo 36. Del Bibliotecario-Contador  
El Bibliotecario- Contador tendrá las obligaciones siguientes:  
1. Cuidar la Biblioteca y los servicios informáticos, adoptando las medidas que a tal efecto se requieran, con cumplimiento de las directrices y acuerdos de la Junta de Gobierno, a fin de que la biblioteca se encuentre en adecuado uso.  
2. Formar y llevar catálogo de obras.  
3. Proponer las adquisiciones que considere procedentes a los fines de su cometido.  
4. Intervenir en las operaciones de tesorería y las restantes funciones que se le encomienden por la Junta de Gobierno.  
Artículo 37. Del Secretario.  
Corresponden al Secretario del Colegio, que lo será también de la Junta de Gobierno y de la Junta General, las funciones siguientes:  
1. Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las instrucciones que reciba del Decano.  
2. Redactar las actas de las Juntas Generales y las que celebre la Junta de Gobierno.   
3. Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio.  
4. Recibir y dar cuenta al Decano de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.  
5. Expedir las certificaciones que se soliciten por los interesados.  
6. Organizar, dirigir las oficinas y ostentar la jefatura de personal.  
7. Llevar un registro de los letrados en el que se consigne su historial colegial.  
8. Revisar cada año la lista de los abogados del Colegio expresando su antigüedad y domicilio.  
9. Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.  
10. Remitir a los órganos correspondientes y a los Tribunales la lista general de letrados o de los que, por razones de especialidad, deban actuar ante los mismos.   
Artículo 38. De las sustituciones.  
El Secretario, Tesorero y Bibliotecario-contador serán sustituidos en el supuesto de enfermedad, ausencia temporal o definitiva por el Diputado que designe la Junta de Gobierno.  
Artículo 39. De las atribuciones de la Junta de Gobierno.  
Son atribuciones de la Junta de Gobierno, además de las que establece el Estatuto General de la Abogacía, las siguientes:  
1°- Someter a referéndum, por sufragio secreto, asuntos concretos de interés colegial.  
2°. Resolver sobre la admisión de los licenciados que insten su incorporación al Colegio y sobre la baja voluntaria de los colegiales que la soliciten, pudiendo delegar, en casos de urgencia, esta facultad en el Decano, cuya decisión será sometida a la ratificación de la Junta de Gobierno.  
3°. Velar para que los colegiados observen adecuada actitud con relación a los Tribunales, hacia sus compañeros y clientes, así como para que, en el desempeño de su función, cumplan con las normas deontológicas.  
4°. Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para perseguir el intrusismo, así como impedir el ejercicio de la profesión a quienes la desempeñen en forma y bajo condiciones contrarias a las normas legales y deontológicas.   
5°. Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la designación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.  
6°. Determinar las cuotas de incorporación y las ordinarias que deban satisfacer los colegiados para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.  
7°. Proponer a la Junta General la imposición de cuotas extraordinarias.   
8°. Recaudar el importe de las cuotas y de los otros recursos establecidos para el sostenimiento de las cargas del Colegio.   
9°- Regular los honorarios de los abogados e informar cuando los tribunales pidieren su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las Leyes.  
10°. Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno.  
11°. Convocar las Juntas Generales ordinarias o extraordinarias, señalando su orden del día.  
12°. Ejercer la potestad disciplinaria, en los términos previstos por los presentes Estatutos y demás normas aplicables.  
13°. Dictar los reglamentos de orden interno que juzgue convenientes, que deberán ser aprobados por la Junta General.  
14°. Establecer, crear o aprobar las Agrupaciones, Comisiones o Secciones de colegiados a los fines de la Corporación, regulando su funcionamiento y fijando sus facultades.   
Igualmente, puede nombrar Delegado en el Partido Judicial de Torrevieja o en cualquier otro que se pudiera crear, estableciendo las funciones que le correspondan.  
15o- Velar para que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y prestigio que corresponden al abogado, así como propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados.  
16°. Informar a los colegiados de cuantas cuestiones puedan afectarles, ya sean de índole corporativo, colegial, profesional o cultural.  
17°. Defender a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas.  
18°. Promover ante el Gobierno y demás Autoridades cuanto se considere beneficioso para el interés común y para la recta y pronta administración de Justicia.  
19°. Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y, en particular, contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la administración de Justicia o la libertad e independencia del ejercicio profesional.  
20°. Recaudar, administrar y aplicar los fondos del Colegio y de la obra social, pudiendo aplicar los remanentes a distintas partidas presupuestarias, redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales, así como proponer a la Junta General la inversión o disposición del patrimonio colegial.  
La adquisición, el gravamen y la enajenación de bienes inmuebles requerirá, en todo caso, el acuerdo de la Junta General.  
21°. Emitir consultas y dictámenes, realizar arbitrajes y dictar laudos arbitrales, así como crear y mantener tribunales de arbitraje.  
22°. Proceder a la contratación de los empleados necesarios para la buena marcha de la Corporación, así como adoptar las decisiones que afecten a los mismos, salvo las ordinarias que correspondan al Secretario.  
23°. Ejercitar cuantas acciones correspondan al Colegio ante toda clase de administraciones, organismos y tribunales.  
24°. Designar representantes entre los miembros de la Junta de Gobierno ante cualquier entidad u organismo.  
25°. Fomentar las relaciones del Colegio y sus colegiados con los jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, forenses y demás personal al servicio de la administración pública.  
26°.Atender las quejas de los colegiados que le fueren planteadas.  
27°. Todas las demás que no estén expresamente atribuidas a la Junta General.  
Artículo 40. Del funcionamiento de la Junta de Gobierno.  
La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario una vez al mes, salvo el de agosto. Además, podrá reunirse con carácter extraordinario cuantas veces estime necesario el Decano en orden a los intereses del Colegio o cuando lo soliciten, al menos, tres de sus componentes.  
La convocatoria para las reuniones será responsabilidad del Secretario, previo mandato del Decano, con dos días de antelación, al menos, salvo casos de urgencia. Se formulará por escrito e irá acompañada del orden del día correspondiente.   
La Junta será presidida por el Decano o por quien estatutariamente le sustituya.  
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los asistentes y la votación será secreta si algún miembro lo solicitara. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del Decano.  
La documentación relativa a los asuntos a tratar deberá estar en la secretaria del Colegio a disposición de los componentes de la Junta con antelación a la celebración de la sesión de que se trate.  
Los miembros de la Junta de Gobierno que tengan interés directo o indirecto en un asunto concreto a debatir se ausentarán de la sesión durante su discusión y votación, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta.  
La asistencia a las Juntas de Gobierno es obligatoria para todos sus componentes, por lo que tres ausencias injustificadas en un año conllevarán la pérdida de la condición de miembro de la Junta, previo acuerdo en tal sentido adoptado por la misma.  
Artículo 41. De las Comisiones.  
La Junta de Gobierno podrá crear cuantas comisiones estime oportunas, a las que podrán pertenecer aquellos colegiados que sean designados al efecto.  
SECCIÓN SEGUNDA  
Elección  
Artículo 42. De la elección de cargos.  
Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección, mediante votación directa y secreta de los colegiados. El valor de los votos de los colegiados ejercientes y de los inscritos tendrá doble valor que el de los demás colegiados.  
Tendrán derecho de sufragio activo para la elección de los cargos los colegiados a partir de los tres meses siguientes a su efectiva incorporación al Colegio.  
Artículo 43. De la capacidad para formar parte de la Junta de Gobierno.  
No podrán formar parte de la Junta de Gobierno aquellos colegiados que:  
a. Hayan sido condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto éstas subsistan.  
b. Se les haya impuesto sanción disciplinaria en cualquier colegio de abogados, mientras no haya sido cancelada.  
c. Sean miembros de órganos rectores de otro Colegio profesional.  
Quien se encuentre en alguna de estas situaciones deberá ponerlo en conocimiento del Decano, cesando de inmediato como miembro de la Junta.  
Artículo 44. De los requisitos para optar a los cargos.  
Para optar a los cargos los candidatos no deberán estar incursos en las situaciones previstas en el artículo anterior y, deberán ser colegiados ejercientes residentes.  
Para optar al cargo de Decano, Diputados 1º y 2º, se requieren cinco años de ejercicio profesional.   
Para optar a Diputados 3º y 4º, se requieren cuatro años de ejercicio profesional.  
Para optar al resto de los cargos, se requieren tres años de ejercicio profesional.   
Los años de ejercicio profesional deberán ser continuados y con despacho abierto en el ámbito territorial de este Colegio.  
Artículo 45. Del proceso electivo.   
Las vacantes que existan en la Junta de Gobierno en el momento de convocar elecciones, se proveerán en dicha convocatoria. Los elegidos permanecerán en su cargo por el tiempo que restare de mandato a los miembros de la Junta sustituidos.   
En el caso de vacante de los cargos de Decano o Vice-decano, tales bajas deberán ser cubiertas, mediante elección, en un periodo inferior a los tres meses de haberse producido.   
La elección para los cargos vacantes de la Junta de Gobierno tendrá lugar en la segunda Junta General Ordinaria del Colegio, que se celebrará cualquier día del último trimestre de cada año o, en su caso, cuando lo determine la Junta de Gobierno.  
La convocatoria de las elecciones se hará por la Junta de Gobierno, bien como punto único de Junta Extraordinaria, o como punto del orden del día de la Junta General ordinaria antes referida.   
La convocatoria se anunciará con treinta días de antelación, como mínimo, a la fecha de la celebración de la elección.  
Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la convocatoria, por la Secretaría se cumplimentarán los siguientes particulares:  
1. Se insertará en el tablón de anuncios la convocatoria electoral en la que deberán constar los siguientes extremos:  
a. Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos, tanto de antigüedad como de situación colegial, exigidos para poder aspirar a cada uno de ellos.  
b. Día y hora de la celebración de la Junta y tiempo en que se cerrarán las urnas para comienzo del escrutinio, según lo dispuesto sobre el particular en el presente Estatuto.  
2. Asimismo, se expondrán en el tablón de anuncios del Colegio las listas separadas de colegiados ejercientes, inscritos y no ejercientes con derecho de voto.  
Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio con, al menos, quince días de antelación a la fecha señalada para el acto electoral.  
Dichas candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.  
Ningún colegiado podrá presentarse candidato a más de un cargo.  
Los colegiados que quisieran formular reclamación contra la convocatoria o las listas electorales habrán de verificarlo dentro del plazo de los cinco días siguientes a la exposición de las mismas.  
La Junta de Gobierno, caso de haber reclamaciones, resolverá sobre ellas, dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para formularlas, notificándose su resolución a cada reclamante dentro de los tres días siguientes.  
La Junta de Gobierno, al siguiente día de la finalización del plazo de presentación de candidaturas, proclamará a quienes reúnan los requisitos legales exigibles considerando electos a los que no tengan oponentes.  
Seguidamente, lo publicará en el tablón de anuncios y lo comunicará a los interesados, sin perjuicio de que pueda remitir también comunicaciones individuales a los colegiados.  
Dentro de los tres días siguientes a la finalización del plazo de presentación de las candidaturas, la Junta de Gobierno elaborará las papeletas electorales.   
Todos los plazos señalados en este artículo y en el precedente, se computarán por días naturales.  
Artículo 46. De la celebración de la elección.   
Para la celebración de la elección se constituirá la Mesa Electoral en el domicilio social del Colegio, integrada por dos miembros de la Junta de Gobierno, cuyos cargos no sean objeto de elección, designados por la Junta, uno como Presidente y otro como Secretario. El miembro más antiguo actuará como Presidente y el otro como Secretario. Caso de no haber número suficiente, la Junta de Gobierno designará los componentes de la mesa electoral de entre los colegiados que no se presenten a la elección.  
Cada candidato podrá, por su parte, designar de entre los colegiados un interventor que lo represente en el transcurso de la elección y en el examen del escrutinio.   
En la Mesa Electoral deberá haber urnas separadas para el depósito de los votos; una para el de los colegiados ejercientes e inscritos y otra para el resto. Las urnas deberán estar cerradas, dejando únicamente una ranura para depositar los votos.  
Constituida la Mesa Electoral, el Presidente indicará el comienzo de la votación; a la hora prevista para su finalización se cerrarán las puertas y sólo podrán votar los colegiados que ya estuvieren en la Sala. La mesa votará en último lugar.  
La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de cuatro horas y máximo de seis, salvo que la Junta, al convocar la elección, señale un plazo mayor.  
Las papeletas de voto, que serán editadas por el Colegio, deberán ser blancas y del mismo tamaño, y llevarán impresos, por una sola cara y correlativamente los cargos a cuya elección se proceda.  
Los votantes deberán acreditar a la Mesa Electoral su personalidad. La mesa comprobará su inclusión en el censo elaborado para las elecciones; su Presidente pronunciará en voz alta el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras lo cual, el propio Presidente introducirá la papeleta doblada en la urna correspondiente.  
Artículo 47. Del escrutinio y proclamación.  
Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyéndose en voz alta el contenido de todas las papeletas.  
Deberán ser declarados nulos aquellos votos que contengan expresiones ajenas al estricto contenido de la votación o que contengan tachaduras o raspaduras y nulos parcialmente, en cuanto al cargo a que afectare, los que indiquen más de un candidato para un mismo cargo o el nombre de personas que no concurran a la elección.  
Aquellas papeletas que se hallen sólo parcialmente cumplimentadas en cuanto al número de candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, lo serán para los cargos y personas correctamente expresados.  
Finalizado el escrutinio, el Presidente anunciará su resultado, proclamándose seguidamente electos los candidatos que hubieren obtenido para cada cargo el mayor número de votos.  
En caso de empate, se entenderá elegido el que más votos hubiese obtenido de los votantes ejercientes; si se mantiene el empate, será elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el Colegio; si aun así se mantuviera el empate, el de mayor edad.  
Artículo 48. De la toma de posesión.  
Los candidatos proclamados electos tomarán posesión en acto público dentro del mes siguiente a su proclamación, previo juramento o promesa de cumplir lealmente el cargo respectivo y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno, en cuyo momento se le impondrán las medallas distintivas de su condición y cesarán los sustituidos.  
Artículo 49. De la comunicación del resultado.  
En el plazo de cinco días desde la nueva constitución de los órganos de gobierno deberá comunicarse ésta al Consejo Autonómico y al General.   
Artículo 50. De los ceses.  
Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados cesarán por las causas siguientes:  
1. Falta de concurrencia de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.  
2. Expiración del término o plazo para el que fueron elegidos.   
3. Renuncia.  
4. Falta de asistencia injustificada a las sesiones de la Junta de Gobierno conforme a lo establecido en el Artículo 40.   
5. Aprobación de la moción de censura, según lo regulado en el siguiente artículo.  
6. Fallecimiento.  
Artículo 51. De la moción de censura.   
Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser removidos de su cargo mediante voto de censura en Junta General Extraordinaria, convocada a petición de un mínimo del 20% de los colegiados residentes y siempre que la asistencia alcance un mínimo de veinticinco colegiados no pertenecientes a la Junta de Gobierno.   
Si prosperase el voto de censura, la Junta de Gobierno deberá convocar, a la mayor brevedad, elecciones para sustituir al censurado por el tiempo de mandato que le restase.  
En las mismas condiciones se procederá a petición del 30% de los colegiales residentes y asistencia a la Junta de un mínimo de cincuenta colegiales cuando la moción afecte a la totalidad de la Junta de Gobierno.   
Artículo 52. Del cese de la Junta.   
Cuando, por cualquier causa, la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno quedasen vacantes, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados designará una Junta provisional que convocará en el plazo de treinta días elecciones para la provisión de los cargos vacantes para el tiempo de mandato que reste a los sustituidos.  
Estas elecciones deberán celebrarse en el plazo de treinta días naturales siguientes contados a partir de la convocatoria.  
CAPÍTULO II  
De la Junta General  
Artículo 53. De la Junta General.  
La Junta General es el órgano supremo de la voluntad colegial en los asuntos propios de su competencia.  
Todos los colegiados, incorporados con anterioridad a la fecha de su celebración, podrán asistir con voz y voto a las mismas, tanto sean ordinarias como extraordinarias, salvo lo dispuesto en el artículo 42 de los presentes Estatutos.  
Artículo 54. De sus competencias.   
Son competencias de la Junta General:   
1. La aprobación y modificación de los Estatutos de este Colegio y de sus reglamentos de régimen interno.  
2. La aprobación del balance y de la liquidación presupuestaria de cada ejercicio, así como de los presupuestos anuales de ingresos y gastos.  
3. La censura de la gestión de la Junta de Gobierno o de cualquiera de sus miembros.  
4. La adquisición, enajenación, gravamen y demás actos jurídicos de disposición sobre bienes inmuebles de la Corporación.  
5. Aquellos asuntos que le someta la Junta de Gobierno que, a su entender, merezcan esta atención, en razón a su trascendencia colegial.  
6. Formular cualquier tipo de proposición, dentro del marco de la legalidad vigente.  
Artículo 55. De la convocatoria.  
La Junta General deberá convocarse con una antelación mínima de quince días, salvo los casos de urgencia en los que, a juicio de la Junta de Gobierno, deba reducirse el plazo.  
Dicha convocatoria se insertará en el tablón de anuncios del Colegio, con señalamiento del orden del día.  
Sin perjuicio de lo anterior, deberá citarse también a los colegiados por comunicación escrita en la que, igualmente, se insertará el orden del día, dicha citación podrá hacerse por el Decano o por el Secretario indistintamente, citación personal que, en caso de convocatoria urgente, podrá ser sustituida por publicación de la misma en un medio de comunicación del ámbito del territorio colegial.  
En la Secretaría del Colegio, durante las horas de despacho, estarán a disposición de los colegiados los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Junta convocada.  
Artículo 56. De la celebración.  
La Junta General se celebrará el día y hora señalados, cualquiera que sea el número de asistentes, salvo en los casos en los que se exija un quórum de asistentes determinado.  
Presidirá la Junta el Decano o quien le sustituya, dirigiendo el debate. Terminada la discusión el asunto será sometido a votación. No se podrán tomar acuerdos sobre asuntos no comprendidos en el orden del día.  
Artículo 57. De la primera Junta General Ordinaria.  
Durante el primer trimestre del año se celebrará la primera Junta General Ordinaria de cada año, con arreglo al siguiente orden del día:  
1. Informe por el Decano de su gestión y de la gestión de la Junta de Gobierno, con reseña de los acontecimientos más importantes que durante el año hayan tenido lugar con relación al Colegio.  
2. Lectura, deliberación y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio anterior.  
3. Lectura, deliberación y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.  
4. - Proposiciones.  
5. Ruegos y preguntas.  
Hasta los ocho días anteriores a la celebración de dicha Junta, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a su deliberación y acuerdo, que serán tratadas en el punto «proposiciones».  
Dichas proposiciones deberán estar suscritas por un mínimo de quince colegiados. Al darse lectura de estas proposiciones, la Junta General acordará si procede o no abrir discusión sobre ellas.  
Las cuentas del Colegio podrán examinarse en la sede colegial desde la fecha de la convocatoria.  
Artículo 58. De la segunda Junta General Ordinaria.  
La segunda Junta General Ordinaria se celebrará en el último trimestre del año, con arreglo al siguiente orden del día:  
1. Lectura y aprobación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el año siguiente.  
2. Lectura, deliberación y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.  
3 - Ruegos y preguntas.  
El presupuesto podrá ser examinado en la sede del Colegio desde la fecha de la convocatoria.  
Artículo 59. De las Juntas Generales Extraordinarias.  
Las Juntas Generales Extraordinarias se celebrarán a iniciativa del Decano, de la Junta de Gobierno o a solicitud de, al menos, el diez por ciento de los colegiados ejercientes, con expresión de los asuntos concretos que hayan de tratarse en ellas.  
Si lo que se pretendiese fuere un voto de censura contra la Junta de Gobierno o alguno de sus miembros, conforme a lo previsto en el Artículo 50, en la petición se habrá de concretar las razones en que se funde.  
La Junta habrá de celebrarse en el plazo de treinta días naturales contados desde el acuerdo del Decano o de la Junta de Gobierno o desde la presentación de la solicitud por el diez por ciento de los colegiados y nunca podrán ser tratados en la misma más asuntos que los expresados en la convocatoria.  
Sólo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea ajena a los fines atribuidos al Colegio, podrá denegarse por la Junta de Gobierno la celebración de la Junta General extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los peticionarios.  
Artículo 60. De los acuerdos de la Junta General.  
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos emitidos. El voto de los colegiados ejercientes e inscritos computará con doble valor que el de los demás colegiados.  
Las votaciones serán a mano alzada. La votación será secreta cuando así lo solicite cualquiera de los colegiados presentes en la reunión.  
Los acuerdos son obligatorios para todos los colegiados e inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo disponga otra cosa, sin perjuicio de los recursos que correspondan.  
Artículo 61. De las actas de las Juntas.  
Las actas de las Juntas Generales y de Gobierno se transcribirán, separadamente, en dos libros que, a tal efecto y con carácter obligatorio, se llevarán en el Colegio.  
Las mismas serán firmadas por el Decano y por el Secretario, o por quienes hubieran desempeñado sus funciones en la Junta de que se trate.   
Artículo 62. De la aprobación o modificación de los Estatutos.  
Los Estatutos y sus modificaciones serán elaborados por el Colegio, aprobando el proyecto su Junta General extraordinaria, convocada al efecto, que requerirá para su valida constitución la asistencia, en primera convocatoria, de al menos la mitad mas uno del censo colegial con derecho a voto.  
Si no se alcanzare dicho quórum, la Junta de Gobierno convocará una nueva Junta General extraordinaria en la que no se exigirá quórum especial para su válida constitución. En la primera convocatoria se podrá señalar día y hora para la celebración, en su caso, de esta segunda convocatoria.   
El proyecto de Estatuto o su modificación será sometido al Consejo General de la Abogacía Española para su aprobación.  
TITULO IV  
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y JURÍDICO DEL COLEGIO  
CAPÍTULO I  
Del régimen económico del Colegio  
Artículo 63. De los principios informadores y cuentas anuales.   
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 del Estatuto General de la Abogacía Española, el funcionamiento económico del Colegio se ajustará al régimen de presupuesto anual y será objeto de una ordenada contabilidad, coincidiendo el ejercicio económico con el año natural.   
Todos los colegiados podrán examinar las cuentas del Colegio a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General que haya de aprobarlas.   
Artículo 64. De los recursos económicos.  
Los recursos económicos del Colegio pueden ser ordinarios y extraordinarios.   
Constituyen los recursos ordinarios del Colegio:   
1. Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos que integran su patrimonio, así como los rendimientos de los fondos depositados en sus cuentas.   
2. Los derechos de incorporación al Colegio que libremente determine la Junta de Gobierno.   
La Junta de Gobierno podrá acordar el fraccionamiento de pago de la cuota de incorporación a instancia del interesado.   
3. Los derechos que fije la Junta de Gobierno por expedición de certificados, por emisión de dictámenes, arbitrajes, informes, resoluciones o consultas que emita sobre cualquier materia.  
4- El importe de las cuotas ordinarias o extraordinarias.  
5. Los obtenidos por cualquier otro concepto que legalmente procediere.  
Son recursos extraordinarios todos aquellos que no tuvieren la consideración de ordinarios.   
Artículo 65. De la administración.   
El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno, facultad que ejercerá a través del Tesorero y con la colaboración técnica que precise.   
El Decano ejercerá las funciones de ordenador de pagos, cuyas instrucciones serán ejecutadas por el Tesorero e intervenidas por el Contador.   
Artículo 66. Del presupuesto.  
Anualmente la Junta de Gobierno elaborará un presupuesto que elevará a la Junta General para su examen, enmienda y aprobación o rechazo. Si no se aprobasen antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio económico anterior.  
Artículo 67. De la contabilidad.  
La contabilidad del Colegio se adaptará al plan general de contabilidad que esté vigente en cada momento.  
Artículo 68. De los empleados del colegio.  
La Junta de Gobierno, según las necesidades del servicio, determinará el número de administrativos y subalternos del Colegio, así como la distribución del trabajo, sueldo y gratificaciones.  
El personal de plantilla del Colegio será siempre nombrado por concurso y constará en su presupuesto con las asignaciones respectivas. No obstante, la Junta de Gobierno podrá nombrar, con cargo a imprevistos, el personal de carácter temporal que considere preciso.  
CAPÍTULO II  
Del régimen jurídico del Colegio  
Artículo 69. Del régimen jurídico.  
El Colegio de Abogados de Orihuela, como Corporación de derecho público, está sujeto al Derecho Administrativo en tanto ejerza potestades públicas.  
El resto de su actividad se rige por el derecho privado, sin perjuicio de la observancia de las normas sobre la formación de voluntad de los órganos colegiados previstas en el presente estatuto  
Artículo 70. Ley aplicable.  
La Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se aplicará a cuantos actos de los órganos colegiados supongan ejercicio de potestades administrativas. Dicha Ley tendrá carácter supletorio a lo previsto en el presente estatuto.  
Artículo 71. Ejecutividad de los acuerdos.  
Los acuerdos adoptados por los órganos colegiados serán inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo disponga otra cosa o se trate de materia disciplinaria.  
Artículo 72. Del cómputo de los plazos  
Los plazos previstos en el presente estatuto expresados en días se entenderán hábiles, salvo que expresamente se diga otra cosa.  
Artículo 73. De los recursos contra los acuerdos de la Junta de Gobierno.  
Los acuerdos de la Junta de Gobierno que estén sujetos al Derecho Administrativo podrán ser objeto de recurso ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados dentro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente a aquel en que se hubiera adoptado o, en su caso, notificado a los colegiados o interesados.  
El recurso podrá interponerse ante el Consejo Autonómico o ante la Junta de Gobierno del propio Colegio que lo elevará, con sus antecedentes e informe que proceda, al Consejo Valenciano, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su presentación.  
Artículo 74. Recursos contra acuerdos de la Junta General.  
Los acuerdos de la Junta General serán recurribles por la Junta de Gobierno o por cualquier colegiado a quien afecten personalmente, ante el Consejo Autonómico y en el plazo de un mes desde su adopción.  
Artículo 75. Efectos del recurso.  
La interposición del recurso no suspenderá la ejecutividad de los acuerdos. Solo se procederá a la suspensión de los mismos, cuando se trate de sanciones disciplinarias, cuando el propio acuerdo así lo haya dispuesto, cuando la Junta de Gobierno acuerde la suspensión del mismo o cuando, a instancia de parte, así lo acordara el Consejo Valenciano.  
CAPITULO III  
De la fusión, absorción y disolución  
Artículo 76. La fusión, absorción y disolución del Colegio de Abogados podrá ser acordada por la Junta General Extraordinaria, convocada especialmente al efecto por la Junta de Gobierno o cuando lo soliciten, al menos, una cuarta parte de los colegiados ejercientes residentes. A la Junta deberán asistir personalmente, al menos, la mitad mas uno de los integrantes del censo colegial y el acuerdo habrá de adoptarse por el voto a favor de la mayoría de los presentes.  
En el supuesto de aprobarse la disolución, la Junta General proveerá lo necesario en cuanto a la liquidación, determinará el número de liquidadores y designará a los colegiados que deban actuar como tales, estableciendo las atribuciones que les correspondieren en el ejercicio de sus funciones y el procedimiento a seguir para la liquidación.   
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
En todo lo no previsto en los presentes Estatutos será de aplicación lo prevenido en el Estatuto General de la Abogacía Española y en las Leyes de Colegios Profesionales, Estatal y de la Comunitat Valenciana.   
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
Los cargos actualmente vigentes de la Junta de Gobierno se ajustarán a la duración fijada en los presentes Estatutos.  
Consiguientemente, los cargos de Diputado 1º; Diputado 3º: Bibliotecario-Contador y Secretario se renovarán en la Segunda Junta General Ordinaria del año 2007 y los restantes cargos en la de 2009.   
DISPOSICIÓN FINAL  
Los presentes Estatutos entrarán en vigor previa aprobación por la Junta General del Colegio y refrendada tal aprobación por el Consejo General de la Abogacía Española.  
Se procederá a continuación a cumplimentar lo previsto en el Artículo 11 del la Ley de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.