Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4235, del 24-04-2002 (2002/3748)

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2002, de la Dirección General de Transportes, sobre limitación del número de autorización para la actividad de transporte de arrendamiento de vehículos con conductor en la Comunidad Valenciana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4235

Fecha DOGV
:   24-04-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/3748


Fecha del documento
:   11-04-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * alquiler de vehículos
    * autorización de transporte
    * planificación de transportes

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2002, de la Dirección General de Transportes, sobre limitación del número de autorización para la actividad de transporte de arrendamiento de vehículos con conductor en la Comunidad Valenciana. [2002/3748]
  
La actividad de arrendamiento de vehículo con conductor se encuentra regulada en los artículos 133 a 137 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 180 a 182 del Reglamento de dicha Ley, aprobada por RD 1211/1990, de 28 de septiembre, y por la Orden Ministerial de 30 de julio de 1998, que desarrolla el citado Reglamento en la materia.
  
El ejercicio de la actividad de transporte de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor requiere la previa autorización administrativa de ámbito nacional, referido a vehículo concreto y expedida por el órgano competente a favor de la persona física o jurídica (sociedad mercantil, laboral o cooperativa de trabajo asociado) que lo solicite y reúna los requisitos establecidos en la citada Orden.
  
El artículo 14.2 de la citada Orden de 30 de julio de 1998 establece que el órgano competente para el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones (que se documentan en tarjetas de la clase VTC) puede denegar la autorización en caso de apreciar una desproporción manifiesta entre el número de autorizaciones de esta clase otorgadas en la zona en que esté situado el municipio y los potenciales usuarios del servicio. Añade dicho artículo que debe entenderse manifiesta la desproporción cuando la relación entre el número de autorizaciones vigentes de esta clase (VTC) domiciliadas en la Comunidad Autónoma de que se trate y el de autorizaciones de transporte discrecional interurbano de viajeros en vehículos de turismo (documentados en tarjeta clase VT) domiciliadas en la misma sea superior a una de aquellas (VTC) por cada treinta de estas (VT).
  
Considerando que en la actualidad el número de autorizaciones de la clase VT domiciliadas en la Comunidad Valenciana asciende a 4.471 se deduce, aplicando el criterio reglamentario anteriormente expuesto, que el número máximo de autorizaciones para arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) en la Comunidad Valenciana sin incurrir en desproporción manifiesta, es de 149.
  
Tal número máximo de autorizaciones debe ser distribuido entre las tres provincias que configuran territorialmente la Comunidad Valenciana, habida cuenta de que cada uno de los tres servicios territoriales de transportes existentes en la Comunidad Valenciana (uno en cada provincia) es órgano competente para expedir las autorizaciones de la clase VTC, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3 de la citada Orden de 30 de julio de 1998, en relación con los artículos 5 y 8 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas, artículo 180 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 39 del Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano, que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
Mediante la presente resolución se pretende establecer, para cada una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, y teniendo en cuenta el número de autorizaciones vigentes de la clase VT (transporte discrecional interurbano de viajeros en vehículos de turismo), el número máximo de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor que cada Servicio Territorial de Transportes puede otorgar, de manera que la cifra máxima total de autorizaciones de las tres provincias respete el límite antes citado para toda la Comunidad Valenciana.
  
Por todo ello, y teniendo en cuenta la competencia atribuida a esta Dirección General de Transportes en los artículos 9 y 23 del Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, resuelvo:
  
El número máximo de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor en la Comunidad Valenciana no debe exceder de 149, incluyendo las autorizaciones actualmente existentes.
  
El número total de autorizaciones de arrendamientos de vehículos con conductor otorgadas por cada Servicio Territorial de Transportes, incluidas las ya vigentes, no podrá exceder de las siguientes cantidades:
  
- Alicante: 38 autorizaciones
  
- Castellón: 38 autorizaciones
  
- Valencia: 73 autorizaciones
  
La suma de las autorizaciones otorgadas por los servicios territoriales de Transportes no debe superar el límite máximo aplicable a la Comunidad Valenciana y derivado de la aplicación del criterio proporcional establecido en el artículo 14.2 de la O.M. de 30 de julio de 1998, sobre arrendamiento de vehículos con conductor.
  
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe la interposición de recurso de alzada ante el Hble. Sr. conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que se estime procedente.