Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7985, del 22-02-2017 (2017/1054)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 2078/2015.
--------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7985

Fecha DOGV
:   22-02-2017

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2017/1054


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 21 de València

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 2078/2015. [2017/1054]  
Procedimiento: juicio verbal (250.2) 002078/2015.  
Míriam Muñoz Peiró, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia, por el presente hago saber que en este juzgado se sigue juicio verbal número (250.2) 002078/2015 a instancia de José María Paniagua Mora, representado por el procurador Santiago Fea Fernández y asistido de letrado, contra A. H., en reclamación de 277,37 euros.  
En el juicio referenciado se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:  
  
«Vistos por la M.ª Cristina López de Haro Martín, magistrada jueza del Juzgado de Primera Instancia número 21 de los de València y su partido, los presentes autos de juicio verbal civil número 2078/2015, seguidos a instancia de J. M. P. M., representado por el procurador de los tribunales señor Gea Fernández y asistido por el letrado señor Roca Rivera, contra D. A. H., en situación de rebeldía procesal, procede dictar la siguiente resolución:  
Antecedentes de hecho  
Primero. El presente juicio se inició en virtud de demanda presentada por el procurador de los tribunales señor Gea Fernández, en la representación indicada, que por turno correspondió conocer a este juzgado, por la que se instaba juicio verbal contra quién aparece identificado en el encabezamiento como demandado y en la que, tras las alegaciones que estimó convenientes, terminó con la súplica de que previos los trámites legales sea dictada sentencia por la que se condene al demandado al pago al actor de la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, más los intereses del artículo 1108 Código Civil desde el día del siniestro, y a la obligación de hacer consistente en la reparación y sustitución de tramo de tubería de desagüe de PVC correspondiente a la lavadora de la vivienda del demandado que ponga fin a las filtraciones de agua, y todo ello con condena en costas.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se dió traslado a la parte demandada para que en el plazo de 10 días la contestase. Mediante diligencia de ordenación de fecha 4 de noviembre de 2016, se declara al demandado en situación de rebeldía procesal, dando traslado por plazo de tres días a la parte actora. En fecha 10 de noviembre de 2016, el procurador señor Gea Fernández presenta escrito indicando que no consideraba necesaria la celebración de vista. Tras ello, quedaron los autos vistos para sentencia.  
Tercero. En la tramitación del presente juicio se han observado las prescripciones legales.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Se ejercita por la parte actora acción de responsabilidad civil extracontratual derivada del artículo 1902 y siguientes del Código Civil, sobre la base de que el demandante es el propietario de la vivienda sita en València, calle Bello, número 9, 3.º, 9.ª, y el demandado es propietario de la vivienda sita en València, calle Bello, número 9, 3.°, 13.ª, que se encuentra ubicada justo encima de una vivienda del actor; que la vivienda del demandante presenta daños por filtraciones, como consecuencia de una fuga de agua en una conducción privativa del desagüe de la lavadora, tramo horizontal de la vivienda número 13; que el perito valoró, a la fecha de la visita, los daños en la suma de 277,37 euros y la valoracion de la reparación en 76,07 euros.  
Segundo. La acción que ejercita la parte actora tiene su principal fundamento legal en el artículo 1902 Código Civil, conforme al que quien por acción y omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, una vez probada la relación de causalidad, está obligada a reparar el daño causado. Constituyen requisitos ineludibles para la viabilidad de la acción que el actor pruebe:  
a) La existencia de una acción u omisión ilícita, y todo acto que cause un daño a otro así se presume por constituir una vulneración del principio alterum non laedere.  
b) Daño causado.  
c) Culpa o negligencia en los términos del artículo 1104 del Código Civil, al que se aplica la inversión de la carga de la prueba, conforme al que será el autor del daño el que debe probar que obre con toda la prudencia para que el resultado no se produjera.  
d) Relación de causalidad entre la acción y el resultado.  
La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene reiterando que la culpa extracontractual no consiste en la omisión de normas inexcusables, sino en el actuar no ajustado a la diligencia exigible según las circunstancias del caso concreto de las personas, tiempo y lugar, para evitar perjuicios de bienes ajenos, lo que sitúa la diligencia exigible en la que correspondería al buen padre de familia puntualizado en el inciso final del artículo 1104 del código; esto es, que la persona a quien se atribuye la autoría de los daños está obligada a justificar, para ser exonerada, que en el ejercicio de su actividad obró con toda prudencia y diligencia precisas para evitarlos, lo que tiene su fundamento en una moderada recepción del principio de responsabilidad objetiva, basada en el riesgo o peligro, que excusa el factor psicológico de la culpabilidad del agente, o lo que es igual, que la culpa de este se presume iuris tantum y hasta tanto no se demuestre que el autor de los daños obra con prudencia y diligencia, y tal objetivación moderada de la responsabilidad extracontractual ha sido reconocida por reiterada jurisprudencia, evolucionando hacia una minoración del culpabilismo originario, hacia un sistema que, sin hacer plena abstracción del factor moral o psicológico, acepta soluciones cuasiobjetivas (STS de 04.06.1991), y que no es suficiente haber acreditado que se procedió con sujeción a las disposiciones legales para prevenir y evitar los daños previsibles y evitables, pues al no haber ofrecido resultado positivo revelan su insuficiencia y que falta algo por prevenir, estando, por tanto, la diligencia incompleta (STS 12.02.1981 i 06.05 i 03.12.1983).  
Tercero. Dicho lo anterior, de la prueba obrante en autos se acredita, en primer lugar, la legitimación de todos los intervinientes. Aporta, a continuación, la parte demandante, informa que el origen del derrame de agua causante de los daños en la puerta 9 se encuentra localizada en la conducción de desagüe de la lavadora de la vivienda superior, puerta 13, la cual discurre enterrada como consecuencia de un mal diseño o ejecución de la red de desagüe de la lavadora.  
Conforme a lo prevenido en el artículo 348 de la Ley de enjuiciamiento civil, el tribunal ha de valorar los informes periciales según las reglas de la sana crítica. Añade el Tribunal Supremo que el perito es simplemente un auxiliar del juez o tribunal que, en modo alguno, recibe un encargo de arbitraje cuando es llamado, porque su misión es únicamente asesorar al juez, ilustrándole sin fuerza vinculante sobre las circunstancias, sin que en ningún caso se le puedan negar al juez las facultades de valoración del informe que recibe, de modo que puede prescindir totalmente del dictamen pericial o, si existen varios, aceptar el resultado de alguno y desechar el de los demás peritos, siempre que la valoración que efectúe el juez en sus conclusiones no sea contraria a la racionalidad ni conculque las más elementales reglas de la lógica (sentencias, entre otras muchas, 28.11.1992, 10.02.1994 y 30.04.1995). El auto dictado por la Audiencia Provincial de Vizcaya, de fecha 2 de junio de 2004, en torno a la cuestión relativa a la valoración de la prueba pericial establece que ?La nueva Ley de enjuiciamiento civil, al abordar esta reforma, otorga naturaleza de prueba pericial a los llamados dictámenes periciales extrajudiciales, obtenidos fuera del proceso, facultando a las partes para que los aporten con sus escritos de alegaciones e incluso permitiéndoles aportarlos posteriormente ?aunque siempre con anterioridad al juicio o vista?, cuando la necesidad de aportarlos surja de actuaciones procesales posteriores. En nuestro sistema procesal, como es sabido, viene siendo tradicional sujetar la valoración de prueba pericial a las reglas de la sana crítica. El artículo 632 de la Ley de enjuiciamiento civil anterior establecía que los jueces y tribunales valorasen la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a someterse al dictamen de los peritos, y la nueva Ley de enjuiciamiento civil, en su artículo 348, de un modo, incluso más escueto, se limita a prescribir que el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica, no cambiando, por tanto, los criterios de valoración respecto a la Ley de enjuiciamiento civil anterior. Aplicando estas reglas, el tribunal, al valorar la prueba por medio de dictamen de peritos deberá ponderar, entre otras, las siguientes cuestiones:  
1. Los razonamientos que contengan los dictámenes, y los que se hayan vertido en el acto del juicio o vista en el interrogatorio de los peritos, pudiendo no aceptar el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso aceptar el resultado de un dictamen por estar mejor fundamentado que otro: STS 10 de febrero de 1994.  
2. Deberá, también, tener en cuenta el tribunal las conclusiones conformes y mayoritarias que resulten tanto de los dictámenes emitidos por peritos designados por las partes como de los dictámenes emitidos por peritos designados por el tribunal, motivando su decisión cuando no esté de acuerdo con las conclusiones mayoritarias de los dictámenes: STS 4 de diciembre de 1989.  
3. Otro factor a ponderar por el tribunal deberá ser el examen de las operaciones periciales que se hayan llevado a cabo por los peritos que hayan intervenido en el proceso, los medios o instrumentos empleados y los datos en los que se sustenten sus dictámenes: STS 28 de enero de 1995.  
4. También deberá ponderar el tribunal, al valorar los dictámenes, la competencia profesional de los peritos que los hayan emitido, así como todas las circunstancias que hagan presumir su objetividad, lo que le puede llevar, en el sistema de la nueva Ley de enjuiciamiento civil, a que se dé más crédito a los dictámenes de los peritos designados por el tribunal que a los aportados por las partes: STS 31 de marzo de 1997?.  
A la vista de todo ello, ha quedado acreditada la causa de la filtración y, en su caso, quién debe responder de la misma, condenando al demandado a que lleve a cabo la reparación y sustitución de tramo de tubería de desagüe de PVC correspondiente a la lavadora de su vivienda.  
Cuarto. Dicho lo anterior, deben a continuación examinarse los daños causados. En el suplico de la demanda se interesaba diferir para ejecución de sentencia su determinación. Sin embargo, tanto la diligencia de ordenación, de fecha 9 de diciembre de 2015, como el decreto de fecha 10 de diciembre de 2015, determinaron y concretaron la cuantía de la demanda, dado el contenido del artículo 219 Ley de enjuiciamiento civil. Dicho precepto dispone: ?1. Cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, no podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, casos a que se refiere el apartado anterior. La sentencia de condena establecerá el importe exacto de las cantidades respectivas o fijará, con claridad y precisión, las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución. 3. Fuera de los casos anteriores, no podrá el demandante pretender, ni se permitirá al tribunal en la sentencia, que la condena se efectúe con reserva de liquidación en la ejecución. No obstante lo anterior, se permitirá al demandante solicitar y al tribunal sentenciar la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuándo esa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un pleito posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades?.  
En base a dicho precepto, la presente resolución atenderá a los daños efectivamente acreditados, sin perjuicio de que, si los mismos se han visto incrementados, la parte pueda, en su caso, instar nueva reclamación, y de acuerdo con el informe pericial se fijan como daños causados en la puerta 9, según el desglose contenido en la página 6 del informe pericial, en 277,37 euros, condenando al demandado al pago al actor de dicha cantidad.  
Quinto. Procede, asimismo, acordar el pago de los intereses legales de la cantidad reclamada desde el momento de la interpelación judicial, ya que el demandado ha incurrido en mora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, señalando este último precepto que si la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistiría en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal y, de acuerdo con el artículo 576 de la Ley de enjuiciamiento civil, las cantidades líquidas a cuyo pago se condene en virtud de resolución judicial, devengarán desde que aquella fuere dictada hasta su total ejecución, a favor del acreedor, el interés legal del dinero incrementado en dos puntos.  
Por todo lo expuesto, la liquidación de intereses se practicará de la cantidad debida, 277,37 euros, contando como término inicial para el comienzo del cómputo de intereses el día 30 de noviembre de 2015 (fecha de interposición de la demanda) hasta su completo pago.  
Sexto. En materia de costas, dada la estimación de la demanda, se impone el pago de las costas a la parte demandada.  
Visto el contenido de los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.  
Parte dispositiva  
Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de J. M. P. M. contra D. A. H., debo condenar y condeno al referido demandado al pago al actor de la suma de doscientos setenta y siete euros con treinta y siete céntimos (277,37 ?), más el interés legal desde el día 30 de noviembre de 2015 hasta su completo pago. Y debo condenar y condeno al referido demandado a que lleve a cabo la reparación y sustitución del tramo de tubería de desagüe de PVC correspondiente a la lavadora de su vivienda. Y todo ello, con imposición de costas a la parte demandada.  
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente señalada, poniendo en su conocimiento que, contra la misma, no cabe interponer recurso de apelación.  
Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.»  
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por diligencia de ordenación de 16 de enero de 2017 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento, se ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación sentencia firme de fecha 14 de noviembre de 2016.  
  
València, 16 de enero de 2017.- La letrada de la Administración de justicia: Míriam Muñoz Peiró.