Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3945, del 22-02-2001 (2001/1065)

Notificación de la resolución del recurso de alzada con el número R-171/2000.
-----------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3945

Fecha DOGV
:   22-02-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/1065


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso de alzada con el número R-171/2000. [2001/A1065]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Fernando Montón Matoses en nombre y representación de la entidad Proalacuas, SL, calle Poeta Maragall, 15 (46114 Valencia) la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-171/2000.
  
Resolución
  
«Examinados los recursos de alzada formulados por la comunidad de propietarios de la finca sita en la calle Isaac Peral número 60 de Burjassot, y por don Fernando Montón Matoses, en nombre y representación de la entidad Proalacuas, SL, contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, en el expediente número 46/1G/266/1996 (DFV 232/1999).
  
Antecedentes de hecho
  
1. Por la comunidad de propietarios del edificio de protección oficial sito en Burjassot, calle Isaac Peral número 60, se presentó un escrito de denuncia contra la mercantil Proalacuas, SL, ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, por deficiencias constructivas en el citado inmueble, enviándose a un perito de dicho organismo, quien emitió el correspondiente informe pericial, acordándose la incoación de expediente sancionador con traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
2. Por el instructor del expediente sancionador se dictó una propuesta de resolución en la que, entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, proponía la imposición de una sanción pecuniaria de 600.000 pesetas, así como la orden de obras de reparación de las deficiencias constructivas.
  
3. El jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda dictó una resolución en la que, manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, acordó la imposición de una multa de 600.000 pesetas, así como la realización de las obras.
  
4. Contra dicha resolución interponen un recurso de alzada la comunidad de propietarios de la finca sita en la calle Isaac Peral, número 60 de Burjassot, y don Fernando Montón Matoses, en nombre y representación de la entidad Proalacuas, SL, con las alegaciones que constan en los mismos y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 225/1999, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.648 de 20 de diciembre).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
3. Presenta alegaciones la mercantil Proalacuas, SL, en las que solicita que se acuerde la revocación de la resolución por cuanto considera que las patologías existentes en el inmueble, como son la falta de algunos interruptores en la entrada de los cuartos de baño o presuntas grietas aparecidas en alguna vivienda, exceden del ámbito de la responsabilidad del promotor.
  
Discrepa, asimismo, de la calificación de la infracción como muy grave por tratarse de pequeñas deficiencias y con la sanción impuesta, ya que ha dado cumplimiento a varios de los defectos denunciados.
  
El recurso debe ser desestimado, por cuanto constan en el expediente informes del perito del Servicio Territorial de fechas 6 de agosto de 1999 y 15 de enero de 2000, en los que se establece, una vez efectuadas las inspecciones de las deficiencias constructivas, que las mismas tienen el carácter de graves, lo que implica que la infracción por imperativo legal es muy grave, concretamente la del artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, considerándose, asimismo, por el citado arquitecto técnico, de forma objetiva e independiente, al no tener nada que ver con los intereses de las partes en conflicto que la responsabilidad es del promotor, teniendo en cuenta que es el propietario de la obra y responde de la ejecución de la misma frente a los compradores.
  
Por otra parte, hay reconocimiento implícito en este sentido, ya que efectuó parte de las reparaciones ordenadas
  
4. La comunidad denunciante manifiesta que no es cierto que no tuviera la promotora permiso de la propiedad colindante para realizar el enlucido de fachada, aportando un escrito en este sentido.
  
En la propuesta de resolución, que fue notificada debidamente, se quitaba de la orden de obras la ?Falta de terminación adecuada de la medianera izquierda del edificio?, por aceptarse, salvo prueba en contrario, la imposibilidad de practicar el enlucido exterior, sin que la comunidad en ese momento del procedimiento presentara alegaciones a dicha propuesta, por lo que se mantuvo en la resolución dicho criterio.
  
Al ser el procedimiento administrativo sancionador equiparable al penal de faltas, han de regir los principios que inspiran al mismo, según reiterada jurisprudencia, por lo que no puede revocarse la resolución en este apartado imponiendo además dicha orden de obras, ya que ello implicaría agravar la situación anterior del expedientado, según se establece en el artículo 113.3 último párrafo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar los recursos de alzada formulados por la comunidad de propietarios de la finca sita en la calle Isaac Peral, número 60 de Burjassot, y por don Fernando Montón Matoses, en nombre y representación de la entidad Proalacuas, SL, contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 21 de marzo de 2000, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.