Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8853, del 09-07-2020 (2020/4682)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 831/2019.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8853

Fecha DOGV
:   09-07-2020

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2020/4682


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Torrent

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 831/2019. [2020/4682]  
En el presente procedimiento ordinario seguido a instancia de Banco Santander, SA, frente a herencia yacente, ignorados herederos de Javier Viana Martín se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
  
«Sentencia número 412020  
Torrent, 9 de enero de 2020  
Jesús Ros Urios, magistrado juez en funciones de sustitución del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrent y su partido, ha visto los autos de juicio ordinario, registrados con el número 831/19, promovidos por la procuradora Victoria Carlota Terceno Jiménez, en nombre y representación de Banco Santander, SA, con la asistencia letrada de Javier Murillo Garachana, contra la herencia yacente e ignorados herederos de Javier Viana Martín, declarada en rebeldía en el presente procedimiento.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por la procuradora Victoria Carlota Terceno Jiménez en la antedicha representación se presentó, en fecha 24 de junio de 2019, demanda de juicio ordinario contra la herencia yacente e ignorados herederos de Javier Viana Martín, con base a los hechos que se relatan en su escrito de demanda, y con los fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba suplicando al Juzgado que se dictara sentencia en la que se declarara la vencido el préstamo hipotecario suscrito entre las partes y se condenara a abonar el saldo deudor, todo ello con expresa imposición de costas.  
Segundo. Por decreto de 2 de julio se admitió a trámite la demanda y se acordó emplazar a la demandada para que en el plazo de 20 días compareciera y contestara a la demanda, lo que no verificó.  
Por diligencia de ordenación de 7 de octubre se declaró en rebeldía a la demandada y se acordó convocar a las partes para la celebración de la audiencia previa.  
Tercero. El día 8 de enero de 2020 se celebró la audiencia previa, no compareciendo la demandada, se recibió el pleito a prueba, proponiéndose exclusivamente la documental, que fue admitida, quedando los autos para sentencia.  
Cuarto. En la tramitación de este juicio se han observado todas las prescripciones legales.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. La parte actora ejercita la acción de resolución del contrato de préstamo con garantía hipotecaria, reclamando la cantidad de 157.007,22 ?, suscrito el 16 de junio de 2006, siendo prestatario Javier Viana Marín, fallecido el 26 de febrero de 2018, por importe de 206.172,24 - a devolver en 359 cuotas mensuales, pactándose un interés inicial del 3,800 % y uno variable por referencia al euribor incrementado en 0,80 puntos. Constituyéndose la garantía hipotecaria sobre el inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad de Aldaia al tomo 1833, libro 103 de Alaquàs, folio 141, finca número 8128. La demandante afirma que dejaron de abonarse las cuotas desde junio de 2018, por lo que se procedió a la liquidación del préstamo resultando un importe adeudado a fecha 4 de abril de 2019 de un total de 157.007,22 ?. Ante el incumplimiento de pago habido, con fundamento en el artículo 1124 del Código Civil, interesa que se declare la resolución del contrato por incumplimiento grave y esencial de la obligación de pago del deudor y se condene al demandado al pago de 157.007,22 ?, con el interés moratorio pactado y el pago de las costas procesales.  
La demandada no ha comparecido, pero su declaración en rebeldía no exime al actor de la carga de acreditar los hechos en los que se fundamenta su reclamación puesto que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217 de la LEC, corresponde al actor y al demandado reconveniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda o de la reconvención. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.  
Segundo. De la prueba practicada, en concreto de la documental consistente en la escritura que contiene el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, resulta acreditado que suscrito el 16 de junio de 2006, siendo prestatario Javier Viana Marín, fallecido el 26 de febrero de 2018, por importe de 206.172,24 - a devolver en 359 cuotas mensuales, pactándose un interés inicial del 3,800 % y uno variable por referencia al Euribor incrementado en 0,80 puntos y uno moratorio por referencia al remuneratorio incrementado en seis punto. Constituyéndose la garantía hipotecaria sobre el inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad de Aldaya al tomo 1.833, libro 103 de Alaquàs, folio 141, finca número 8128.  
La demandante afirma que dejaron de abonarse las cuotas desde junio de 2018, por lo que se procedió a la liquidación del préstamo resultando un importe adeudado a fecha 4 de abril de 2019 de un total de 157.007,22 ?.  
La demandante afirma que dejaron de abonarse las cuotas desde junio de 2018, por lo que se procedió a la liquidación del préstamo resultando un importe adeudado a fecha 4 de abril de 2019 de un total de 157.007,22 ?, de los que 4.206,82 corresponden al capital de las cuotas impagadas, 581,70 - a intereses ordinarios impagados, 152.116,26 - a capital pendiente. 43,27 - a intereses ordinarios y 59 - a intereses de demora.  
Tercero. Tal y como establece el artículo 1224 del Código Civil, la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando este resultare imposible. El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que la autoricen para señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley hipotecaria.  
Ciertamente ha existido algún debate doctrinal sobre la facultad de resolver el contrato de préstamo por incumplimiento de la otra parte, existiendo diversas resoluciones judiciales que consideran la inaplicación de dicha facultad, al considerar que en el contrato de préstamo no existe una obligación recíproca. Sin embargo dicha discusión ha sido zanjada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 2663489525, que concluye la aplicación de dicho precepto cuando el prestatario asume alguna otra obligación distinta a la mera devolución del dinero, bien sea el pago de intereses o incluso el simple fraccionamiento de pago. Así dice la citada sentencia: «El artículo 5693 UF se refiere a la facultad de resolver las obligaciones ?recíprocas- para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. Este remedio legal frente al incumplimiento solo se reconoce, por tanto, en los contratos con prestaciones recíprocas, contratos de los que surgen vínculos recíprocamente interdependientes, en los que la obligación de una parte pueda considerarse causa de la de la otra (art. 1458 AF). El artículo 7745 GY refiere la facultad resolutoria como remedio frente al incumplimiento de una de las partes cuando medien entre ellas vínculos recíprocos. Cuando no es así y del contrato solo nace obligación para una de las partes, no hay posibilidad de resolver conforme al artículo 3537 MA y el ordenamiento establece las condiciones en que se puede poner fin a la relación. Por lo que se refiere al préstamo (mutuo), que es el contrato que aquí nos interesa, si el prestatario no asume otro compromiso diferente de la devolución de la cosa (señaladamente dinero), no es aplicable el artículo 6553 WG. En todo caso, si se produce alguna de las circunstancias previstas en el artículo 6358 BD, el prestatario (mutuario) pierde el derecho a utilizar el plazo, de modo que el crédito será ya exigible. La situación es diferente cuando el prestatario que recibe el dinero asume, junto al de devolverlo, otros compromisos. En estos casos, el que el prestamista haya entregado el dinero con antelación no suprime la realidad de que su prestación no aparece aislada, como una obligación simple, y la razón de su prestación se encuentra en la confianza de que la otra parte cumplirá sus compromisos. Esto es así incluso en los casos de préstamos sin interés en los que el prestatario haya asumido algún compromiso relevante para las partes (como el de dedicar el dinero a cierto destino o devolver fraccionadamente el capital, en ciertos plazos fijados). La afirmación de la posibilidad de que el prestamista pueda resolver el contrato, supone un reconocimiento de que se encuentra en la misma situación que tendría quien ya ha cumplido la obligación que le incumbe. En particular, en el préstamo con interés cabe apreciar la existencia de dos prestaciones recíprocas y, por tanto, es posible admitir la posibilidad de aplicar, si se da un incumplimiento resolutorio, el artículo 0231 YD, que abarca las obligaciones realizadas o prometidas. Este precepto no requiere que las dos prestaciones se encuentren sin cumplir cuando se celebra el contrato ni que sean exigibles simultáneamente. El simple hecho de que el contrato de préstamo devengue intereses es un indicio de que el contrato se perfeccionó por el consentimiento, con independencia de que tal acuerdo se documente con posterioridad, como sucede en el caso litigioso que da lugar al presente recurso de casación. De este modo, quien asume el compromiso de entregar el dinero lo hace porque la otra parte asume el compromiso de pagar intereses, y quien entregó el dinero y cumplió su obligación puede resolver el contrato conforme al artículo 0112 YC si la otra parte no cumple su obligación de pagar intereses. Pero, aun en los casos en los que, en atención a las circunstancias, pudiera entenderse que el contrato no se perfeccionó hasta la entrega, de modo que no hubiera podido el prestatario exigirla, la prestación de entrega del dinero es presupuesto de la de restituirlo y hay reciprocidad entre el aplazamiento de la recuperación por parte del prestamista y el pago de los intereses por el prestatario.  
Sentado lo anterior, la facultad de resolver las obligaciones recíprocas, o los contratos, prevista en el artículo 1124 del Código Civil, debe ponerse en relación con el principio de prevalencia y mantenimiento de los contratos, de tal forma que no cualquier incumplimiento puede dar lugar a la resolución del contrato, siendo necesario que quién reclama la resolución haya cumplido fielmente lo que le correspondía y que el incumplimiento del otro contratante sea esencial, que afecte de tal modo al objeto del contrato que quiebre las expectativas que la contraparte había depositado en el negocio jurídico suscrito.  
El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión, estableciendo en su Sentencia de 18 noviembre de 2013. «La delimitación de los elementos conceptuales en los que se articula la categoría del incumplimiento esencial también sirve de marco de referencia en orden a establecer unas directrices acerca de la diferenciación de su régimen aplicativo. En este sentido, pueden señalarse los siguientes criterios en orden a su incidencia en la dinámica resolutoria de la obligación: i) En primer término, debe destacarse que la categoría del incumplimiento esencial responde a un notable grado de especialización en su régimen aplicativo en la medida en que su interpretación, en el marco de la relación contractual, no opera en el mismo plano valorativo que el de los denominados incumplimientos prestacionales. En este sentido, mientras que estos quedan residenciados en el plano de los incumplimientos de los deberes contractuales y su ponderación se cifra en el alcance del desajuste o falta de ejecución, observado objetivamente desde el programa prestacional establecido; el incumplimiento esencial se centra primordialmente, tal y como se ha expuesto, en la coordenada satisfactiva del cumplimiento y, en consecuencia, no tanto en la exactitud o ajuste de la prestación realizada, sino en la perspectiva satisfactiva del interés del acreedor que informó o justificó la celebración del contrato; de forma que su valoración e interpretación en el fenómeno contractual se amplía al plano causal del contrato y a su peculiar instrumentación técnica a través de la base de negocio, de la causa concreta del mismo o a la naturaleza y caracterización básica del tipo negocia) llevado a la práctica. ii) Esta perspectiva metodológica determina que la valoración del alcance o de la transcendencia resolutoria del incumplimiento en cuestión también opere en planos diferenciables, de suerte que los tradicionales conceptos de ?gravedad- y de ?esencialidad- no resultan asimilables, a estos efectos, en el marco de la interpretación de la relación contractual. Así, mientras que el primero queda referenciado o enmarcado en el juego de las obligaciones principales del contrato, de forma que solo el desajuste o la falta de ejecución de estas obligaciones principales comportan un alcance propiamente resolutorio, a diferencia de los denominados incumplimientos leves o infracciones mínimas (SSTS de 18 de mayo de 2012, núm. 294/2012 y 14 de noviembre de 2012 núm. 658/2012, entre otras); el segundo, por su parte, escapa a dicho enfoque pudiendo alcanzar su ponderación al conjunto o totalidad de prestaciones contractuales, sin distinción, ya sean estas de carácter accesorio o meramente complementarias, si de la instrumentación técnica señalada se infiere que fueron determinantes para la celebración o fin del contrato celebrado. iii) Como secuencia o consecuencia lógica de lo anteriormente expuesto, el régimen del incumplimiento esencial, como incumplimiento resolutorio, no queda condicionado por el principio de reciprocidad que dibuja la sinalagmaticidad de la relación obligatoria ya que puede extenderse al ámbito de obligaciones que no formen parte del sinalagma en sentido estricto, caso de las obligaciones accesorias, de carácter meramente complementario. iiii) Por último, y como proyección del presupuesto causal que informa su régimen, y conforme a su moderna formulación en los textos de referencia, el incumplimiento esencial también se proyecta como una valoración o ponderación de la idoneidad de los resultados, beneficios o utilidades que lógicamente cabía esperar de la naturaleza y características del contrato celebrado (SSTS de 18 de mayo de 2012, núm. 294/2012, 29 de octubre de 2012, núm. 619/2012 y 8 de noviembre de 2012, núm. 644/2012, en relación con la conformidad en la entrega de la cosa; y STJUE de 3 de octubre de 2013, en relación con la falta de conformidad y su proyección en la reducción del precio o, en su caso, resolución del contrato)?.  
De acuerdo con la doctrina citada y lo manifestado anteriormente, debemos de concluir que en el presente caso el incumplimiento de la demandada, dejando de abonar las cuotas en junio de 2018, por lo que a fecha de liquidación se adeudaban 9 cuotas, lo que equivale a un total de 4.788,52 ?, que a día de hoy ascenderían a 20 cuotas impagadas, siendo que no consta que desde que se interpuso la demanda se haya efectuado pago alguno, dicho incumplimiento debe ser calificado de esencial y grave, dado que la prestataria incumple su obligación principal de devolver la cantidad prestada en los plazos convenidos de forma considerable y grave, con lo que sin duda frustra las expectativas del prestamista y le ocasiona un perjuicio cierto, por lo que debe tenerse por acreditada la causa de resolución contractual, con la consiguiente pérdida del beneficio del plazo.  
En consecuencia, no cabe más que declarar resuelto el contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito por las partes, declarado vencido anticipadamente la totalidad del préstamo.  
Cuarto. La actora solicita que se condene a los demandados al pago de las cantidades adeudadas por un total de 157.007,22 ?, de los que 4.206,82 corresponden al capital de las cuotas impagadas, 581,70 - a intereses ordinarios impagados, 152.116,26 - a capital pendiente, 43,27 - a intereses ordinarios y 59 - a intereses de demora.  
Aun cuando en el derecho civil rige el principio de justicia rogada, estando sometido el órgano judicial a las cuestiones planteadas por las partes y en los términos en que lo hacen, existen excepciones a dicho axioma derivadas bien de otros principios superiores, como el del orden público, o bien de normas imperativas que determinan la necesidad de verificar si son cumplidas sin necesidad de que las partes las aleguen. Así sucede con la normativa protectora de los consumidores y usuarios, particularmente en lo relativo a las cláusulas abusivas, que aun cuando ha sido objeto de discusión doctrinal y no había una jurisprudencia unánime sobre la posible apreciación de oficio de dichas cláusulas, la cuestión ha quedado definitivamente zanjada por el Tribunal de Justicia Europeo que, partiendo de la peor posición que ostenta el consumidor en las relaciones contractuales, exige el examen de oficio de aquellas cláusulas que puedan resultar abusivas, a fin de otorgarle una real y eficaz protección.  
En este sentido se ha pronunciado expresamente el Tribunal de Justicia Europeo, en su Sentencia de 4 de junio de 2009 en la cuestión prejudicial en el asunto C-243/08, Pannon GSM Zrt contra Erzsébet Sustikné, al analizar el ámbito de aplicación de la Directiva 93/12 CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, concluyendo: ?Procede, pues, responder a la segunda cuestión prejudicial que el juez nacional deberá examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. Cuando considere que tal cláusula es abusiva se abstendrá de aplicarla, salvo si el consumidor se opone. Esta obligación incumbe asimismo al juez nacional en el momento de la apreciación de su propia competencia territorial?. Reiterando de este modo la doctrina ya establecida en sentencias anteriores como la de 21 de noviembre de 2002, Cofidis C-473/00 o la reciente de 14 de junio de 2012, Banesto C-618/2010.  
En el presente caso se reclama la cantidad de 59 - en concepto de intereses de demora, constando en la liquidación que se ha aplicado un interés de demora consistente en adicionar 3 puntos al interés remuneratorio vigente en cada momento, sin atenerse al contenido de la escritura de constitución del préstamo.  
Ciertamente existió un debate amplio a fin de determinar los criterios para fijar el límite de los intereses moratorios, cuestión que ha sido zanjada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo a raíz de la Sentencia de 608414708, que establece: ?La Sala considera que el incremento de dos puntos porcentuales previsto en el artículo 576 de la Ley de enjuiciamiento civil para la fijación del interés de mora procesal es el criterio legal más idóneo para fijar cuál es el interés de demora en los préstamos personales concertados con consumidores, que no suponga la imposición de una indemnización alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones. Se trata del criterio previsto para el interés de demora a devengar por la deuda judicialmente declarada y a cuyo pago se ha condenado al demandado. Tiene un ámbito de aplicación general, no ceñido a un campo concreto del derecho sustantivo, evita que el interés de demora pueda ser inferior al remuneratorio, indemniza de un modo proporcionado los daños que sufre el demandante que ha vencido en el litigio por el retraso del condenado en el cumplimiento de la obligación judicialmente declarada, y asimismo contiene un factor disuasorio para que el condenado no demore en exceso el cumplimiento de la sentencia. »La adición de un recargo superior a esos dos puntos porcentuales supondría un alejamiento injustificado de la mayoría de los índices o porcentajes de interés de demora que resultan de la aplicación de las normas nacionales a que se ha hecho referencia?.  
En el presente caso se estipuló un interés moratorio por referencia al remuneratorio incrementado en 6 puntos, de tal manera que se supera el límite de dos puntos superior al remuneratorio fijado por el tribunal Supremo, por lo que no cabe más que estimar su abusividad. Del mismo modo, resultarían abusivos los intereses moratorios aplicados al tipo del interés remuneratorio incrementado en tres puntos.  
La nulidad de la cláusula abusiva que fija los intereses moratorios conlleva su no aplicación, lo que no implica que no deba abonarse interés alguno, sino que resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.108 CC ?Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriera en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenido, en el interés legal?.  
De este modo, el interés aplicable sería el remuneratorio pactado por las partes desde el vencimiento de cada una de las cuotas impagadas hasta la presentación de la demanda. Desde la interpelación judicial se aplicará el interés legal a la cantidad reclamada y desde la fecha de la presente resolución serán de aplicación los intereses previstos en el art. 579 de la LEC.  
Por último se solicita que las cantidades adeudadas pueden realizarse en ejecución de sentencia con cargo a la garantía hipotecaria suscrita, resultando evidente el derecho del acreedor a ejecutar la deuda sobre el bien inmueble constituido en garantía de la misma.  
Quinto. A tenor del artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento civil, las costas deben imponerse a la parte cuyas pretensiones resulten totalmente rechazadas. Tratándose de una estimación sustancial de la demanda, procede imponer las costas la demandada.  
Vistos los preceptos legales, concordantes y demás de general aplicación.  
Fallo  
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora, en nombre y representación de Banco Santander, SA, contra la herencia yacente e ignorados herederos de Javier Viana Martín y, en consecuencia, declaro resuelto eI contrato de préstamo hipotecario suscrito por las partes mediante escritura otorgada el 16 de junio de 2006 y, declarando nula por abusiva la cláusula relativa a los intereses moratorios, condeno a herencia yacente e ignorados herederos de Javier Viana Martín a que abonen a la actora la cantidad de 156.948,32 ?, con los intereses ordinarios pactados desde la fecha de impago de cada cuota hasta la interpelación judicial, el interés legal desde la reclamación judicial y el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución, haciendo expresa mención de que las cantidades adeudadas pueden realizarse en ejecución de sentencia con cargo a la garantía hipotecaria suscrita en el contrato, imponiendo las costas a la parte demandada.  
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme, pues frente a ella cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de veinte días contados a partir de la notificación de la presente.  
Líbrese testimonio de la presente resolución que se unirá a las actuaciones y quede la presente en el libro de sentencias.  
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.  
El Juez.»  
Publicación. La pongo yo, el secretario, para hacer constar que la anterior sentencia ha sido firmada y publicada por el juez que la autoriza en el día de la fecha, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.  
Y encontrándose dicho demandado, herencia yacente, ignorados herederos de Javier Viana Martín, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Torrent, 8 de enero de 2020. El letrado de la Administración de justicia: José David Sevilla García.