Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3901, del 20-12-2000 (2000/10722)

ORDEN de 5 de diciembre de 2000, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de Servicios Sociales en el Sector de Discapacitados para el año 2001.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3901

Fecha DOGV
:   20-12-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2000/10589


Fecha del documento
:   05-12-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * discapacitado
    * ayuda social
    * ayuda pública
    * apoyo económico
    * enfermedad mental
    * ayuda a los discapacitados

ORDEN de 5 de diciembre de 2000, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de Servicios Sociales en el Sector de Discapacitados para el año 2001. [2000/10979]
  
Solamente unas actuaciones de impulso público realmente decididas pueden contribuir a la consecución de unas condiciones de vida sin diferencias entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad, en cumplimiento del mandato que, en este sentido, la Constitución Española impone a los poderes públicos, y en estrecha colaboración con los agentes sociales que desde el ámbito público o privado ejercen una importante labor en estos sectores de población.
  
Precisamente por ello, uno de los objetivos primordiales de la Generalitat Valenciana en el ámbito del bienestar social consiste en racionalizar y dinamizar la gestión de los servicios sociales, entre ellos la atención integral y específica a personas con discapacidad, ofreciendo mejores prestaciones a un sector vulnerable y necesitado de una especial protección. Ese espíritu es el que emana de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
  
En cualquier caso, esta orden de convocatoria de ayudas en materia de servicios sociales en el sector de personas con discapacidad para el año 2001 se elabora como consecuencia lógica de la continuada evaluación y seguimiento de los resultados que con carácter positivo se han obtenido en las diversas convocatorias realizadas en años precedentes, y se promulga en el marco de principios como la responsabilidad jurídica, la planificación, la prevención, etc., con una voluntad de globalidad en la acción de los poderes públicos y de fomento del bienestar social.
  
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 35.e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, el artículo 47.11 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, y el Decreto 138/2000, de 12 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social
  
DISPONGO
  
Título I
  
Ayudas y subvenciones
  
Artículo 1. Ámbito y objeto
  
Es objeto de esta orden, regular y convocar ayudas y subvenciones en materia de servicios sociales en el sector de discapacitados psíquicos, físicos, sensoriales y enfermos mentales dirigidas a fomentar las siguientes prestaciones y servicios:
  
I) Centros
  
II) Programas
  
III) Prestaciones económicas individualizadas
  
Artículo 2. Solicitantes
  
1. Podrán solicitar las ayudas correspondientes a Centros y Programas los representantes legales de las entidades sin ánimo de lucro que estén inscritas en el Registro de entidades, centros y servicios de la Conselleria de Bienestar Social, en la medida en que tengan como función principal la atención a personas con discapacidad, así como las corporaciones locales, mancomunidades o agrupaciones de municipios, constituidas conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
  
2. Las prestaciones económicas individualizadas podrán ser solicitadas por las personas afectadas por alguna discapacidad que dispongan de certificado de reconocimiento de la condición de minusvalía o por su representante legal.
  
CAPÍTULO I
  
Ayudas destinadas a centros y programas
  
Artículo 3. Criterios y prioridades
  
Se establece el siguiente orden de prioridades para la concesión de ayudas públicas:
  
Promover la continuidad de los centros y programas en el sector de las personas con discapacidad que hubieran sido subvencionadas en el ejercicio anterior siempre que se considere conveniente su continuidad por razones de interés público.
  
Programas de estancias de respiro para atender urgencias y paliar situaciones de estrés en aquellas familias que tengan en su núcleo alguna persona discapacitada.
  
Programas que desarrollen el recurso de viviendas tuteladas de nueva creación, como alternativa al ingreso en centros.
  
Campamentos de verano.
  
Promover la co-financiación de los proyectos enmarcados en la iniciativa comunitaria Equal.
  
Cualquier nuevo proyecto que se promueva, será objeto de estudio y valoración por la Dirección General de Integración Social de Discapacitados, quien determinará la idoneidad, y en su caso, la subvención del mismo de acuerdo con las limitaciones presupuestarias.
  
Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios
  
Todos los solicitantes de ayudas para centros y programas que atienden al sector de personas con discapacidad adquieren, por la concesión de éstas, además de las obligaciones establecidas en la Ley 5/1997, sobre el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, las siguientes obligaciones específicas:
  
1. Atender los requerimientos de la Dirección General de Integración Social de Discapacitados o de la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente, respecto a la demanda de plazas.
  
En este sentido, los centros tendrán la obligación de cubrir las plazas que queden vacantes con los usuarios que determine la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente y comunicar las bajas de atendidos en un plazo máximo de 3 días. No obstante, cualquier baja que no sea solicitada a petición del interesado o sus representantes legales, deberá ser previamente autorizada por la correspondiente Comisión de Valoración de la Dirección General de Integración Social de Discapacitados o de la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente.
  
2. Comunicar fehacientemente a la Dirección General de Integración Social de Discapacitados o a la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente, la solicitud y la concesión de toda ayuda por parte de otros organismos públicos.
  
3. Formalizar adecuadamente los documentos de seguimiento técnico y financiero elaborados por la Dirección General de Integración Social de Discapacitados y asumir las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General en relación con la subvención.
  
4. No alterar la finalidad de las subvenciones y cumplir con las obligaciones que establece la legislación vigente para los perceptores de fondos públicos.
  
5. Facilitar la inspección y el control de la Conselleria de Bienestar Social y, en particular, de la Dirección General de Integración Social de Discapacitados, al objeto de conocer cualquier aspecto de la actividad objeto de la subvención.
  
6. Dejar constancia expresa de la condición de centro subvencionado por la Generalitat Valenciana en cualquier relación con terceros.
  
7. Justificar las ayudas concedidas en el plazo máximo establecido en la presente orden.
  
8. Atenerse a la coordinación y planificación que establezca la Dirección General de Integración Social de Discapacitados.
  
Artículo 5. Documentación
  
1. Solicitud, debidamente cumplimentada y suscrita por el representante legal de la entidad, según modelo oficial que figura en el anexo I.
  
Cada entidad presentará, en una única solicitud, las subvenciones tanto para centros como para programas.
  
2. Ficha de mantenimiento de terceros, según modelo oficial que figura en el Anexo III, y que servirá para acreditar la titularidad de la cuenta bancaria a través de la cual el beneficiario desea percibir la subvención.
  
Programas de actuación para el ejercicio solicitado y memoria de las actividades realizadas en el ejercicio anterior.
  
Sección primera
  
Ayudas destinadas a centros
  
Artículo 6. Modalidades
  
Las subvenciones recogidas en esta Sección responderán a dos supuestos diferentes:
  
1. Subvenciones cuyo objeto sea la financiación de centros mediante la reserva de plazas.
  
En este supuesto, la financiación se concretará en función de los módulos económicos que, sobre la base de precio/plaza/día, se fijan en el artículo siguiente.
  
2. Subvenciones destinadas a financiar los gastos de mantenimiento de centros.
  
La financiación de este supuesto se concretará en función de las necesidades manifestadas en la solicitud a la vista de la estimación de ingresos que, en concepto de aportaciones de los usuarios u otras fuentes, se derive del análisis de la documentación presentada junto con la misma, incrementándose, en todo caso, los módulos relacionados en los apartados a y b del artículo 7.1 en los conceptos que se relacionan en el artículo 7.2. de esta orden.
  
Artículo 7. Módulos económicos
  
1) Los módulos económicos que deben de ser aplicados en el cálculo de las subvenciones reguladas en esta Sección son los siguientes:
  
a). Personas con discapacidad física, psíquica y sensorial:
  
1. Centros ocupacionales minusválidos (220 días): hasta 3.300 PTA./pers./día.
  
2. Centros de día (220 días): hasta 4.600 PTA/pers./día
  
3. Centros de Estimulación Precoz (220 días): hasta 2.200 PTA/pers./día.
  
4. Residencias Discapacitados (365 días).
  
4.1. Psíquicos autónomos: hasta 3.280 PTA./pers./día.
  
4.2. Psíquicos profundos: hasta 5.680 PTA./pers./día.
  
b) Enfermos mentales
  
1. Residencias de enfermos mentales: hasta 7.000 PTA./pers./día
  
2. Centros de Rehabilitación e Inserción Social de enfermos mentales (CRIS): hasta 2.525 PTA./pers./día.
  
3. Centros de día para enfermos mentales: hasta 2.700 PTA./pers./día
  
2) Los módulos relacionados en los apartados a) y b) podrán verse incrementados en los siguientes conceptos:
  
1. Plus de dirección y trienios del personal.
  
2. Arrendamientos, seguros, tributos y contratos anuales de mantenimiento de las instalaciones. Estos conceptos podrán ser subvencionados hasta un máximo del 100% en la medida en que sea un gasto justificado y no esté previsto en el módulo correspondiente.
  
3. Auxiliar ocupacional y fisioterapeuta. Estas figuras profesionales serán objeto de subvención en determinados centros ocupacionales que, por las características de los usuarios, se consideren lo requieran.
  
4. Coordinador de residencia. En las residencias de discapacitados autónomos con capacidad para treinta o más personas, se aplicará un complemento de coordinador de residencia.
  
5. En los Centros de Rehabilitación e Integración Social se podrán contemplar otras figuras profesionales que no estén definidas en las plantillas, si las condiciones de los centros lo requieren, con la posibilidad de variar el módulo establecido.
  
6. En aquellos Centros de Estimulación Precoz que, excepcionalmente, vinieran funcionando en régimen no ambulatorio, se podrá incrementar su módulo hasta 4.205 PTA/pers./día.
  
7. En los Centros de Día en los que la población sea mayoritariamente de paralíticos cerebrales, el módulo se podrá incrementar hasta 7.800 PTA/pers./día.
  
Asimismo, los módulos establecidos deben de considerarse máximos y las cantidades que se subvencionen estarán en función de :
  
Número de beneficiarios.
  
Adecuación del centro a los criterios establecidos en el Decreto 40/90 y en la Orden de 9 de abril de 1990 en lo que respecta al estado de las instalaciones, a la infraestructura, al personal de que disponen, a las prestaciones que ofrecen, y a cualquier otro requisito establecido en la norma. En el caso de enfermos mentales, los centros deberán adecuarse también a la Orden de 3 de febrero de 1997.
  
Ingresos aportados por los beneficiarios.
  
La cantidad mínima a percibir por los beneficiarios de las subvenciones en concepto de reserva de plazas desocupadas será del 50% del módulo económico estipulado en la resolución.
  
Sección segunda
  
Ayudas destinadas a programas
  
Artículo 8. Tipología de los programas
  
Las ayudas recogidas en esta Sección serán destinadas al desarrollo de programas definidos en el Título II de la Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social (DOGV nº 1291):
  
1. Programas de convivencia, destinados a favorecer la integración comunitaria propiciando la relación con otras personas a través de los recursos normalizados.
  
Se consideran, entre otros, programas de convivencia, la atención residencial (viviendas tuteladas), la atención de día (clubs de ocio) y la promoción de la convivencia (campamentos de verano).
  
2. Programas de cooperación social, destinados a potenciar la vida de la comunidad propiciando la participación en tareas comunes y fomentando la iniciativa social, el asociacionismo y el voluntariado.
  
Se consideran, entre otros, programas de cooperación social, los grupos de autoayuda y voluntariado.
  
3. Programas de intervención para la prevención e inserción social, destinados a favorecer la integración sociolaboral apoyando tanto a las personas con discapacidad como a su entorno familiar.
  
Se consideran, entre otros, programas de intervención para la prevención e inserción social, el respiro familiar, campañas de mentalización y sensibilización, apoyo a la integración sociolaboral, intervención psicoeducativa con familias y apoyo a la prevención de recaídas.
  
De los importes subvencionados podrán destinarse hasta un máximo del 30% para gastos de mantenimiento, y hasta un máximo del 10% para gastos de dietas, desplazamientos y difusión gráfica o material divulgativo relacionado con el programa a realizar, siempre que el coste de los mismos no sea asumido o subvencionado por otra entidad o medio.
  
Artículo 9. Módulos económicos
  
Los módulos económicos que deben de ser aplicados en el cálculo de las subvenciones de campamentos para personas con discapacidad, estancias de respiro familiar y viviendas tuteladas son los siguientes:
  
1. Campamentos para personas con discapacidad (15 días)
  
1.1. Personas con discapacidad psíquica ligera o moderada, paralíticos cerebrales y discapacitados físicos que no precisen de asistencia de otra persona en las actividades de la vida diaria: hasta 36.470 PTA./estancia total.
  
1.2. Personas con discapacidad psíquica severa o profunda, paralíticos cerebrales y discapacitados físicos que precisen de asistencia de otra persona en las actividades de la vida diaria: hasta 59.455 PTA./estancia total.
  
2. Estancias de ?respiro familiar?: hasta 4.780 PTA./pers./día
  
3. Viviendas tuteladas, como alternativa a la atención residencial (365 días): hasta 5.170 € PTA./pers./día
  
CAPÍTULO II
  
Prestaciones Económicas Individualizadas
  
Artículo 10. Modalidades
  
1. Ayudas para el desarrollo personal
  
2. Ayudas para la atención institucionalizada
  
Artículo 11. Exclusiones e incompatibilidades
  
Quedan explícitamente excluidas de estas ayudas:
  
1. Aquellas que sean competencia institucional de otros organismos públicos.
  
2. Aquellas que hayan sido subvencionadas, por el mismo concepto, por otros organismos.
  
3. Adquisiciones efectuadas y acciones ejecutadas con anterioridad a la petición de la ayuda y/o del ejercicio anterior a la vigencia de la convocatoria.
  
Será incompatible la concesión de la ayuda solicitada con el disfrute gratuito y/o simultáneo de servicios que cubran los mismos supuestos y necesidades, a través de otras instituciones públicas o privadas que los subvencionen, estableciéndose el principio general de incompatibilidad de las ayudas individuales e institucionales. Serán compatibles únicamente cuando presenten diferente naturaleza y atiendan distinta finalidad.
  
Sección primera
  
Ayudas para el desarrollo personal
  
Artículo 12. Tipos y características
  
Comprende todas aquellas medidas tendentes a facilitar a personas con problemas motores o sensoriales el mantenimiento en el propio entorno social, incrementando su autonomía y favoreciendo sus relaciones y la integración en la sociedad.
  
Se establecen los siguientes tipos y prioridades:
  
1. Ayudas destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas existentes en la vivienda propia o en el edificio de la persona con discapacidad y que obstaculizan su movilidad en la misma.
  
Comprenden aquellas transformaciones o reformas que contribuyan a evitar los obstáculos y a facilitar la movilidad.
  
2. Ayudas para la adaptación de vehículos a motor.
  
Comprenden aquellas medidas destinadas a facilitar los desplazamientos por medios propios y autónomos.
  
3. Ayudas Técnicas.
  
Comprenden aquellas medidas destinadas a la adaptación funcional del hogar y a la adquisición de los útiles necesarios para el desenvolvimiento en la vida ordinaria.
  
Respecto a la adaptación del hogar y de los útiles, sólo se subvencionarán aquellos elementos necesarios para aumentar la accesibilidad y la autonomía en la realización de actos de la vida diaria de la persona con discapacidad y en general cualquier otro medio o instrumento que elimine las barreras de comunicación.
  
Artículo 13. Requisitos
  
1. Ser menor de 60 años.
  
2. Que existan deficiencias de carácter motor o sensorial en el solicitante que le impidan o dificulten su movilidad y/o comunicación a través de medios normales.
  
3. Que la solicitud esté referida a elementos relacionados con las necesidades de accesibilidad y/o comunicación, siendo excluidos los que signifiquen una mejora en el hogar/edificio que no esté directamente relacionada con los impedimentos físicos y/o sensoriales.
  
4. Idoneidad de lo solicitado para cubrir la necesidad que plantea el sujeto.
  
5. No haber obtenido, en un plazo anterior a 5 años, ayuda por el mismo concepto, salvo probada necesidad.
  
Artículo 14. Documentación
  
1. Solicitud, según modelo oficial que figura en el Anexo II, suscrita por el beneficiario o por su representante legal, debidamente cumplimentada.
  
2. Fotocopia del D.N.I. del solicitante y/o del representante legal y fotocopia del libro de familia.
  
3. En los supuestos de incapacidad declarada judicialmente se acompañará fotocopia de la sentencia judicial de incapacidad.
  
En los supuestos de menores discapacitados, se aportará fotocopia del Libro de Familia junto con la declaración de conformidad de solicitud de ayuda por parte del cónyuge que no haya ejercitado la representación.
  
En aquellos supuestos de menores discapacitados sometidos a tutela, se acompañará fotocopia de sentencia de designación de tutor.
  
4. Declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 1999 de los miembros de la unidad familiar. En caso de no disponer de la misma, se aportarán todos los ingresos provenientes de sueldos, rentas, propiedades, intereses bancarios y pensiones o ayudas otorgadas por instituciones públicas o privadas a cualquiera de los miembros de la unidad familiar.
  
5. Certificado de reconocimiento de la condición de minusvalía.
  
6. Informe social en el que se especifique la necesidad de la acción objeto de la ayuda, indicando repercusiones positivas o negativas que la concesión o denegación de la ayuda solicitada pueda ocasionar al interesado.
  
7. Para la modalidad de eliminación de barreras arquitectónicas, además:
  
- Dos presupuestos de las adaptaciones a realizar, con especificación detallada y valorada de todas ellas.
  
- Justificación de la propiedad de la vivienda o la autorización del propietario para realizar las reformas.
  
- Permisos municipales, en su caso.
  
8. Para la modalidad de adaptación de un vehículo a motor:
  
- Presentación del permiso de conducción.
  
- Garantizar, mediante declaración jurada, la afectación del vehículo a su uso exclusivo y privado durante un periodo mínimo de 6 años.
  
- Ajustarse la adaptación que se solicita a lo estipulado en el permiso de conducir.
  
- Dos presupuestos correspondientes a la adaptación a realizar.
  
9. Para la modalidad de ayudas técnicas:
  
- Dos presupuestos correspondientes a la adquisición que se solicite.
  
Artículo 15. Determinación de los ingresos
  
Para determinar los mismos, se tendrán en cuenta los ingresos brutos procedentes de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar.
  
Constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes:
  
1. La integrada por los cónyuges no separados legalmente, y si los hubiere:
  
- Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.
  
- Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada.
  
2. La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior.
  
Artículo 16. Determinación de la concesión
  
La forma de determinar la cuantía de la concesión, vendrá dada en función de los ingresos de la unidad familiar, del número de miembros de la misma, del coste de la acción y del módulo económico estipulado en el artículo 17.
  
La cuantía máxima de la ayuda no podrá ser superior al coste de la necesidad que trata de cubrir la ayuda ni superar el módulo económico establecido en el artículo 17.
  
Artículo 17. Módulos económicos
  
Los módulos económicos máximos por los que se rigen estas prestaciones son los siguientes:
  
2. Barreras Arquitectónicas hasta 692.000 PTA.
  
3. Adaptación vehículos de motor hasta 130.000 PTA.
  
4. Ayudas técnicas hasta 187.000 PTA.
  
Sección segunda
  
Ayudas para la atención institucionalizada
  
Artículo 18. Tipos y características
  
Comprende aquellas medidas de necesaria aplicación cuando se han agotado o resultan insuficientes los recursos de carácter individual o comunitario, para atender las necesidades del individuo que requiere la atención especializada en un centro residencial del Sector de Discapacitados (físicos, psíquicos, sensoriales o por enfermedad mental).
  
Tendrán prioridad absoluta las ayudas que por el mismo concepto hayan sido objeto de subvención en el ejercicio anterior.
  
Artículo 19. Requisitos
  
1. Ser menor de 60 años.
  
2. Haber solicitado plaza en residencia pública.
  
3. Disponer del certificado de reconocimiento de la condición de minusválido.
  
4. Estar afectado por una discapacidad que dificulte su integración social.
  
5. Disponer de la prescripción técnica en la que se determine la necesidad de la acción objeto de la ayuda.
  
6. Carecer de domicilio o tener una situación familiar grave que impida la atención del individuo que, por sus particulares características, no puede desarrollar una vida autónoma.
  
7. Ser mayor de 16 años. Sólo en situaciones excepcionales se considerarán edades inferiores.
  
Artículo 20. Documentación
  
1. Solicitud, según modelo oficial que figura en el Anexo II, debidamente cumplimentada y suscrita por el usuario o su representante legal.
  
2. Fotocopia del documento que acredite la solicitud de plaza en un centro público.
  
3. Certificado de reconocimiento de la condición de minusválido.
  
4. Prescripción técnica en la que se determine la necesidad de la acción objeto de la ayuda expedido por los servicios técnicos municipales o por los equipos de salud mental en el caso de enfermos mentales.
  
5. Declaración de la renta relativa al ejercicio de 1999 del beneficiario. Caso de no disponer de la misma, se aportarán los documentos relativos a los ingresos provenientes de sueldos, rentas, propiedades, intereses bancarios y pensiones o ayudas otorgadas por instituciones públicas o privadas al solicitante, así como las pensiones o ayudas percibidas por los familiares como consecuencia de la minusvalía del solicitante.
  
En el caso de no disponer el beneficiario de ingresos personales, se aportará la declaración de renta relativa al ejercicio de 1999 de la unidad familiar, estando a lo dispuesto en el artículo 14.3).
  
6. Certificado del director/a de la Residencia donde pretenda ingresar en el que conste la existencia de plaza, coste mensual de la misma y fecha prevista del ingreso del solicitante.
  
Caso de estar ya ingresado, se aportará un certificado en el que figure la fecha de ingreso y el coste mensual de la plaza.
  
7. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del usuario y/o de su representante legal.
  
8. En los supuestos de incapacidad declarada judicialmente se acompañará fotocopia de la sentencia judicial de incapacidad.
  
En los supuestos de menores discapacitados, se aportará fotocopia del Libro de Familia junto con la declaración de conformidad de solicitud de ayuda por parte del cónyuge que no haya ejercitado la representación.
  
En aquellos supuestos de menores discapacitados sometidos a tutela, se acompañará fotocopia de sentencia de designación de tutor.
  
Artículo 21. Determinación de los ingresos
  
Para determinar los ingresos, se tendrán en cuenta, los ingresos brutos del usuario. En el caso de no disponer de los mismos, se tendrán en cuenta los ingresos brutos procedentes de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar.
  
Se entenderá por unidad familiar lo determinado en el artículo 15.
  
Artículo 22. Determinación de la concesión
  
La forma de determinar la cuantía de la concesión vendrá dada en función de los ingresos del solicitante o, en caso de no disponer de los mismos, de los de la unidad familiar, así como del coste de la acción y del módulo económico estipulado en el artículo 23.
  
La cuantía máxima de la ayuda no podrá ser superior al coste de la necesidad que trata de cubrir la ayuda ni superar el módulo económico establecido en el artículo 23.
  
Si con posterioridad a la concesión de la ayuda se adjudicase al beneficiario una plaza en un centro público o subvencionado, la eficacia de la ayuda quedará a partir de ese momento en suspenso, perdiendo el beneficiario el derecho a percibir las cantidades correspondientes al tiempo que permanezca en el centro.
  
Artículo 23. Módulos económicos
  
El módulo económico por el que se rigen estas prestaciones para el internamiento en centros de discapacitados y de enfermos mentales crónicos podrán ascender hasta un máximo de 7.000,- pta./persona/día.
  
Título II
  
Procedimiento
  
CAPÍTULO I
  
Lugar y plazo de presentación
  
Artículo 24. Lugar de presentación
  
1. Las solicitudes de ayuda destinadas a Centros y Programas se presentarán, junto con la documentación requerida, en la Dirección Territorial de Bienestar Social de la provincia donde radique el centro o se desarrolle el programa para el que se solicita la subvención, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
2. Las solicitudes de las Prestaciones Económicas Individualizadas se presentarán, junto con la documentación requerida, en el ayuntamiento del municipio donde resida el solicitante. Los ayuntamientos las remitirán, debidamente informadas, a las Direcciones Territoriales de Bienestar Social.
  
Artículo 25. Plazos de presentación
  
El plazo de presentación de solicitudes será el siguiente:
  
1. Para subvenciones destinadas a mantenimiento de centros y programas, el plazo será de 1 mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el DOGV.
  
2. Para Prestaciones Económicas Individualizadas, desde el día siguiente de la publicación de esta orden hasta el 30 de junio del año 2001. No obstante, con carácter extraordinario, podrán admitirse y tramitarse aquellas solicitudes de ayudas presentadas con posterioridad a esa fecha y antes del 31 de octubre de dicho año, siempre que se acredite documentalmente la aparición de la necesidad fuera del plazo normal de presentación de solicitudes.
  
Capítulo II
  
Tramitación, valoración, resolución y recursos
  
Artículo 26. Instrucción
  
1. Recibidas las solicitudes, las Direcciones Territoriales de Bienestar Social las verificará, pudiendo realizar de oficio las actuaciones que consideren necesarias para la determinación, el conocimiento, y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.
  
Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
2. Las Direcciones Territoriales de Bienestar Social informarán los expedientes de solicitud de subvención y remitirán a la Dirección General de Integración Social de Discapacitados para su resolución aquellos expedientes que soliciten ayudas destinadas a mantenimiento de centros o programas.
  
3. En cualquier fase de la tramitación del expediente, a la vista de la documentación obrante en cada uno de éstos y de las obligaciones que se adquieren por la concesión de la ayuda, se podrán recabar informes de los organismos y de las entidades que se estime oportuno y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello.
  
4. Con carácter general, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesado/as en el curso del procedimiento, se subsanarán conforme a lo establecido en el artículo 76 del texto legal citado anteriormente.
  
Artículo 27. Valoración
  
Para la valoración y concesión de las ayudas contempladas en la presente orden, la Dirección General de Integración Social de Discapacitados atenderá a la planificación y racionalización de los recursos y a las limitaciones presupuestarias.
  
Artículo 28. Resolución
  
1. En las solicitudes de ayudas relativas al mantenimiento de centros y programas, se delega la facultad de resolución en el director general de Integración Social de Discapacitados.
  
2. En las solicitudes de Prestaciones Económicas Individualizadas, se delega la facultad de resolución en las/los directoras/es Territoriales de Bienestar Social.
  
3. El plazo máximo para tramitar y resolver las solicitudes para las ayudas reguladas en los capítulos I y II del Título I será de tres meses a partir de la fecha en la que se dicte la resolución de la Conselleria de Bienestar Social por la que se dé publicidad a las líneas presupuestarias que financiarán las subvenciones reguladas en la presente orden y en todo caso, no podrán sobrepasar el plazo de seis meses.
  
4. En los casos en que deba requerirse al interesado la subsanación de deficiencias y/o aportación de documentos, el plazo determinado en el apartado anterior se entenderá suspendido durante el transcurso del tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el beneficiario o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido.
  
5. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación de dichos plazos en los supuestos contemplados en los artículos 42.5 y 42.6 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, introducidos por Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la anterior.
  
6. En todos los casos, transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, se producirán los efectos recogidos en el artículo 44.1 del mismo texto legal.
  
7. El importe de las subvenciones concedidas no podrá, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar el coste de la actividad que ha de desarrollar la entidad beneficiaria.
  
8. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
  
9. Podrá ser motivo de denegación la incorrecta o la nula justificación de ayudas de ejercicios anteriores, previa acreditación por la Dirección General de Integración Social de Discapacitados de la concurrencia de dichas circunstancias en expediente administrativo en el que se garantice la audiencia al interesado.
  
10. La Conselleria de Bienestar Social no asumirá obligaciones que deriven de la relación laboral del personal de los centros subvencionados, sino que serán los titulares de los mismos quienes responderán con carácter exclusivo.
  
11. Asimismo, la concesión de una subvención, al amparo de esta orden, no conllevará obligación alguna por parte de esta Conselleria de otorgar subvenciones en ejercicios posteriores.
  
12. La presente convocatoria podrá resolverse a través de resolución o convenio.
  
Cuando la especialidad del objeto o de las obligaciones que se regulen así lo exija, aquellas subvenciones que tengan por destinatarios a personas jurídicas de naturaleza pública o privada, podrán articularse mediante documento administrativo suscrito por ambas partes, donde consten los derechos y obligaciones de las mismas y el objeto de la subvención, con detalle de los programas a subvencionar. Todo ello con independencia de la resolución administrativa de otorgamiento de la subvención, que en todo caso deberá producirse.
  
Artículo 29. Recursos
  
Las resoluciones, expresas o presuntas, dictadas por los órganos competentes de la Conselleria de Bienestar Social ponen fin a la vía administrativa, y contra ellas, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente.
  
Título III
  
Del pago y de la justificación de las subvenciones
  
Artículo 30. Garantías previas al pago de la subvención
  
Cuando se produzcan anticipos de pago, el beneficiario de la subvención vendrá obligado a garantizar el importe de los mismos. A estos efectos, se entenderá por anticipos de pago las cantidades que sean libradas a favor del beneficiario con anterioridad a que éste justifique el gasto correspondiente.
  
No obstante, quedan exceptuadas de esta obligación las corporaciones locales. Igualmente, quedan exoneradas del cumplimiento de esta obligación las entidades sin ánimo de lucro, las personas físicas y las familias en las que concurran las circunstancias previstas en el art. 47 bis, apartado 3, letra A, del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell.
  
La citada garantía podrá constituirse en forma de aval bancario, garantía real inmobiliaria o póliza de aseguramiento suscrita con cualquier entidad oficialmente reconocida. En el caso de aval bancario, éste deberá constituirse con carácter solidario o con renuncia expresa al beneficio de excusión previsto en el artículo 1830 del Código Civil.
  
Para la constitución y tramitación de las garantías se estará a lo dispuesto en el Título Segundo, capítulo Tercero, de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas; al capítulo III del Real Decreto 390/1996 de desarrollo parcial de la citada Ley; y a la Orden de 14 de febrero de 1986, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas (DOGV de 7 de marzo de 1986).
  
Cualquiera que sea la forma elegida para formalizar la garantía, ésta deberá depositarse en los servicios territoriales de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Publica de la provincia correspondiente, los cuales harán entrega al beneficiario de la carta de pago acreditativa del depósito, la cual deberá ser presentada por el beneficiario en la Dirección Territorial de Bienestar Social de dicha provincia como requisito previo e inexcusable para el pago del anticipo.
  
Artículo 31. Sistema de pagos de las subvenciones
  
Salvo que la legislación de la Generalitat Valenciana permita un régimen de libramiento de transferencias corrientes o de capital distinto, el pago de las ayudas y subvenciones contempladas en esta orden se ajustará a los porcentajes que establece el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública:
  
a) Se anticipará un 40% del importe de la subvención tras la concesión de la misma.
  
b) Tras la aportación y comprobación de la documentación justificativa de la efectiva y correcta aplicación de la suma librada en el apartado anterior, se abonará un segundo anticipo cuya cuantía ascenderá al 20% del importe de la subvención.
  
c) El resto se abonará tras la justificación por el beneficiario de la totalidad del gasto objeto de la subvención otorgada.
  
El pago de las Prestaciones Económicas Individualizadas se efectuará contra presentación por parte de la persona beneficiaria, de la justificación o justificaciones para acreditar la efectiva y correcta aplicación del gasto efectuado. El pago de este tipo de ayudas podrá realizarse en un pago único o en pagos fraccionados.
  
Artículo 32. Sistema de justificación de las subvenciones
  
1. El procedimiento para realizar la justificación de estas subvenciones estará directamente relacionado con el sistema de pagos establecido en el artículo 31 de la presente orden para los diferentes tipos de subvenciones, procedimiento que se especificará en cada una de las resoluciones de concesión.
  
2. La justificación total presentada por el beneficiario deberá ser, como mínimo, igual al gasto total estimado del centro o programa, objeto de la subvención, no pudiendo ser compensadas entre sí las cantidades subvencionadas por diferentes conceptos y programas.
  
3. En el caso de ayudas destinadas a centros, el gasto a justificar será, como mínimo, igual al coste estimado de funcionamiento del centro que sirvió de base para el cálculo de la subvención, debiendo estar desglosado entre los distintos conceptos objeto de subvención que constan en la resolución o en los documentos que acompañan a la misma.
  
4. Los gastos a justificar en las subvenciones relativas a programas se corresponderán siempre con los contenidos de los citados programas, no siendo admisibles gastos de actuaciones que no estén específicamente contempladas en la descripción de los programas subvencionados. Asimismo, no podrán ser compensadas entre sí las cantidades justificadas correspondientes a diferentes programas subvencionados.
  
5. En el caso de beneficiarios de Prestaciones Económicas Individualizadas, la Dirección Territorial de Bienestar Social, establecerá el adecuado seguimiento del gasto objeto de la subvención. Estos beneficiarios estarán obligados a entregar, a requerimiento de éstos, cuantos documentos, facturas, mandamientos de pago, u otros que sean necesarios para justificar la cuantía del gasto efectuado en relación con el objeto subvencionado.
  
Artículo 33. Documentación justificativa a presentar por el beneficiario
  
1. En el caso de subvenciones que financien el mantenimiento de Centros, la justificación del gasto consistirá en la presentación ante la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente de toda la documentación necesaria para acreditar el gasto realizado, entre la que deberá incluirse, al menos, la siguiente:
  
- Documentos acreditativos del gasto correspondiente a la nómina de trabajadores del centro, incluyendo las hojas de salario debidamente suscritas por éstos y los documentos acreditativos del pago a la Seguridad Social de las cuotas relativas a las cotizaciones sociales de los trabajadores, donde figure la certificación bancaria de haber sido ?pagado- o ?cargado en cuenta?.
  
- Si hubiese personas trabajando en el centro en virtud de contratos de prestación de servicios deberán aportarse las correspondientes facturas emitidas por dichos profesionales, así como la documentación acreditativa de que estos cumplen los requisitos exigidos por la legislación tributaria vigente.
  
Cuando se trate de subvenciones cuyo objeto sea la financiación de centros mediante reserva de plazas, la justificación del gasto consistirá en la presentación de las relaciones mensuales de beneficiarios atendidos, en las que deberán detallarse las plazas no ocupadas, así como los ingresos aportados por los beneficiarios, sin perjuicio de cualquier otra documentación que pueda ser exigidas por los órganos competentes de la Conselleria de Bienestar Social.
  
Dicha documentación deberá estar debidamente suscrita por el titular del Centro o quien ostente su representación.
  
2. En el caso de subvenciones correspondientes a programas la justificación consistirá en la presentación ante la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente y la Dirección General de Integración Social de Discapacitados de toda la documentación necesaria para acreditar el gasto realizado, entre la que deberá incluirse la relativa a los gastos del personal que participa en la realización del programa, incluyendo las hojas de salario debidamente suscritas por los trabajadores y los documentos acreditativos del pago a la Seguridad Social de las cuotas relativas a las cotizaciones sociales de los mismos, donde figure la certificación bancaria de haber sido ?pagado- o ?cargado en cuenta?.
  
En el caso de que existan personas que colaboren en los programas a cambio de una gratificación, deberán presentarse los recibos justificativos del gasto, en los que conste el nombre de la entidad, y el nombre, apellidos y DNI de la persona colaboradora. Asimismo, si hubiesen profesionales colaborando en los programas en virtud de contratos de prestación de servicios, deberán aportarse las correspondientes facturas emitidas por dichos profesionales, así como la documentación acreditativa de que estos cumplen los requisitos exigidos por la legislación tributaria vigente.
  
Las facturas acreditativas del gasto realizado deberán reunir los requisitos recogidos en el Real Decreto 2402/1985 de 18 de diciembre por el que se regula el deber de expedición y entrega de facturas por empresarios y profesionales (B.O.E. núm. 312 de 30/12/85).
  
Las corporaciones locales podrán sustituir la citada documentación por certificación expedida por el interventor local en la que consten las cantidades aplicadas al objeto de la subvención con detalle expreso de los diferentes conceptos subvencionados, de las unidades y de los importes parciales. Dichas cantidades deben encontrarse, al menos, en situación de ?obligaciones reconocidas- y así deberá hacerse constar en la certificación.
  
Excepcionalmente, la Dirección General de Integración Social del Discapacitado, podrá admitir documentación presentada fuera del plazo establecido en la presente convocatoria, acreditativa de la correcta realización de la actividad objeto de la subvención, siempre que el retraso obedeciera a causas debidamente justificadas en el expediente y no imputables al beneficiario de la subvención.
  
Artículo 34. Plazo de presentación de la justificación de las subvenciones
  
Con independencia del tipo de subvención de que se trate, el plazo máximo de presentación de la justificación finaliza el día 31 de enero del año 2002.
  
Artículo 35. Revisión
  
En cuanto a las facultades de revocación, reajuste, minoración o dejación sin efecto de las correspondientes subvenciones, se estará a lo dispuesto en la correspondiente Resolución, por la que se deleguen competencias en materia de contratación administrativa y gestión económico-presupuestaria.
  
El procedimiento se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano competente, de una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan atribuidas o no facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia.
  
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
  
El plazo máximo para resolver será de seis meses desde el momento en que fue incoado el expediente de revocación o de minoración.
  
Las cantidades que se reintegren tendrán consideración de ingreso de derecho público, a efectos del procedimiento aplicable para la cobranza.
  
Artículo 36
  
Las reglas contenidas en este título serán de aplicación siempre y cuando la correspondiente Ley de Presupuestos o sus normas de desarrollo no establezcan condiciones distintas.
  
Disposiciones Adicionales
  
Primera
  
Los aspectos regulados en la presente orden se aplicarán sin perjuicio de cuantas normas rigen el régimen jurídico de la administración de la Generalitat, especialmente en materia presupuestaria.
  
Segunda
  
Cuando concurran circunstancias extraordinarias en el centro, programa o prestación económica individual para el que se solicita subvención, que deberán quedar debidamente acreditadas en el expediente y reflejadas en el acta correspondiente, el órgano proponente podrá elevar propuestas motivadas de otorgamiento de subvenciones que excedan los módulos máximos previstos para cada caso.
  
Tercera
  
Las ayudas objeto de esta convocatoria quedan condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, para el ejercicio 2001.
  
A tal efecto, se publicará Resolución del conseller de Bienestar Social en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana mediante la cual se hará pública la línea presupuestaria que sufragará estas ayudas así como su importe.
  
Disposiciones Finales
  
Primera
  
Se autoriza al secretario general de la Conselleria de Bienestar Social y al director general de Integración Social de Discapacitados a dictar cuantas instrucciones sean necesarias en el desarrollo de la presente orden.
  
Segunda
  
Cuando, por parte de las entidades solicitantes, se haga publicidad a través de cualquier medio de comunicación de los centros y los programas subvencionados, total o parcialmente, mediante las ayudas a que se refiere esta orden, será obligatorio hacer constar explícitamente que se trata de un centro o programa «subvencionado por la Generalitat Valenciana».
  
En los locales de los centros subvencionados deberá de exponerse, en lugar visible, una placa de identificación en la que se indique la condición de subvencionado por la Generalitat Valenciana, cuando la ayuda sea superior al 50% del coste del servicio.
  
Tercera
  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstante, no se dictará ninguna resolución sobre las solicitudes de ayuda, al amparo de la misma, mientras no exista crédito adecuado y suficiente en el ejercicio del año 2001.
  
Cuarta
  
Contra la bases de la presente convocatoria, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente.
  
Valencia, 5 de diciembre de 2000
  
El conseller de Bienestar Social