Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6331, del 12-08-2010 (2010/8551)

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2010, del secretario autonómico de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se acuerda inscribir la extinción y liquidación de la Fundación Laboral de las Empresas de Ibi de la Comunidad Valenciana, así como su baja registral.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6331

Fecha DOGV
:   12-08-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2010/8551


Fecha del documento
:   08-07-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2010, del secretario autonómico de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se acuerda inscribir la extinción y liquidación de la Fundación Laboral de las Empresas de Ibi de la Comunidad Valenciana, así como su baja registral. [2010/8551]  
Visto el expediente incoado para la inscripción de la extinción, liquidación y baja registral de la Fundación Laboral de las Empresas de Ibi de la Comunidad Valenciana, conforme los siguientes,  
Hechos  
Primero. La Fundación Laboral de las Empresas de Ibi de la Comunidad Valenciana se inscribió en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana en virtud de Resolución Administrativa de fecha 29 de septiembre de 1981 de la Dirección General de Cooperativas y Empresas comunitarias del Ministerio de Trabajo, con el número 85-A.  
El objeto y finalidad de la Fundación, según sus estatutos, era el fomento de la economía familiar mediante la defensa del poder adquisitivo de los salarios que perciban los trabajadores que deseen servirse de la misma, poniendo a su disposición a través de un economato, los artículos de consumo necesarios, a fin de procurarles una mejor calidad de vida y el mantenimiento de sus niveles de renta, sin incurrir en competencia desleal con el mismo sector de actividad.   
La dotación de la Fundación ascendía a la cantidad de trescientas mil pesetas (300.000 PTA), aportadas a razón de treinta mil pesetas (30.000 PTA) por cada una de las diez empresas comparecientes en el acto de constitución.  
Segundo. Por Resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, de la secretaria autonómica de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, se acuerda inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, el Auto dictado en fecha 24 de abril de 2007 por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, entre cuyo contenido, literalmente dispone lo siguiente:  
«1. Se tiene por personado y por parte a la mercantil Fundación Laboral de las Empresas de Ibi, y en su representación al procurador Ricardo Molina Sánchez-Herruzo, en virtud de designación especial otorgada por la Generalitat Valenciana, con quien se entenderán las sucesivas diligencias en la forma prevenida por la Ley, y por solicitada la Declaración de Concurso Voluntario de Acreedores.  
2. Se admite a trámite dicha solicitud y se declara el estado de Concurso voluntario de la mercantil Fundación Laboral de las Empresas de Ibi con domicilio en la C/ La Foia, nº 2 de Ibi (Alicante) C.I.F. número C 91573337, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat Valenciana con el número 085 (A), Hoja nº 1.   
3. Se nombra administradores concursales a Desamparados Blanes Gramaje, en su calidad de abogado con D.N.I. 42.263.553-Q, y con domicilio en C/ Pais Valenciá, 123-Entlo. B - Concentaina (Alicante) a quien se notificará por conducto urgente dicha designación a fin de que sin dilación comparezca en este Juzgado para aceptar y jurar el cargo.   
4. Se decreta la intervención de las facultades de administración de la mercantil, quedando el ejercicio ordinario de la misma sometido a la autorización o conformidad de la administración concursal. De acuerdo con ello y lo previsto en el art. 44 de la Ley Concursal el concursado con el fin de facilitar la continuación de la actividad empresarial podrá realizar sin intervención de la administración de los actos y operaciones propios del giro o tráfico comercial de aquella actividad, lo que implica que en todo lo que de ello exceda (por ejemplo cese de actividad laboral y de los trabajadores de la empresa?) precisará autorización o confirmación de la administración bajo sanción de la anulabilidad del acto realizado (conforme al art. 40.7 de la LC).   
5. Además de la intervención de facultades se producen los efectos sobre el deudor previstos en el capítulo II del título III de la Ley Concursal, artículo 40 y siguientes, en concreto deber de colaboración personal entre el Juzgado y la administración concursal del deudor; puesta a disposición de la administración concursal de libros y documentos y registros propios de la actividad que desarrolle; subsistencia de la obligación de formular y auditar cuentas anuales: mantenimiento de los órganos de Administración de la persona jurídica y demás efectos que constan en el citado capítulo.   
6. Expídase mandamiento al Registro de Fundaciones de la Generalitat Valenciana a fin de que se verifique la oportuna anotación registral de la pendencia de este procedimiento y los acuerdos adoptados por esta resolución».  
Tercero. Por Resolución de fecha 18 de septiembre de 2008, de la secretaria autonómica de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, se acuerda inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, el Auto de fecha 28 de marzo de 2008 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante en los términos siguientes: Se ha notificado al protectorado y Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana en fecha 17 de julio de 2007, mandamiento del Juzgado de lo Mercantil Nª 2 de Alicante, a fin de que se practiquen las inscripciones correspondientes respecto de la disolución de la concursada y de las facultades de la administración concursal según el Auto dictado en fecha 28 de marzo de 2008, por el citado juzgado, entre cuyo contenido, literalmente se dispone lo siguiente: «Se decreta la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio, con todos los efectos previstos en el título III de la Ley Concursal. Se declara la disolución de la mercantil, así como en todo caso el cese de los administradores y liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal».  
Cuarto. Mediante Auto nº 369/09 de 15 de diciembre de 2009 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, dispone lo siguiente:  
«1. Se declara concluso el concurso de acreedores de la Fundación Laboral de las Empresas de Ibi el cual queda responsable del pago de los créditos restantes, pudiendo los acreedores iniciar ejecuciones singulares.  
2. Quedan sin efecto y se alzan las limitaciones de administración y disposición del deudor que vinieron en su día acordadas. Cesa el administrador concursal en su cargo.  
3. Se acuerda la disolución de la Fundación Laboral de las Empresas de Ibi, decretándose la cancelación de sus hojas registrales de inscripción. Para su efectividad, líbrese mandamiento al Registro de Fundaciones Laborales (dependiente del Ministerio de Justicia) y al Registro de fundaciones de la Generalitat Valenciana a fin de que se verifique la oportuna anotación registral de esta resolución».  
Quinto. A la vista del Fundamento de Derecho Primero del Auto judicial identificado en el Hecho Primero, que se expresa en los siguientes términos: «Prevé el artículo 176 LC entre las causas de conclusión del concurso el supuesto de haberse comprobado la inexistencia de bienes y derechos del concursado ni de terceros responsables con los que satisfacer a los acreedores, en el ordinal 4º del número 1. La administración concursal ha emitido informe (9 de octubre de 2009) constatando tal circunstancia, y mostrándose favorable a la conclusión del concurso por tal causa, razonando adecuadamente que no cabe sostener de forma viable ulterior acción de reintegración de la masa y no quedando pendiente de ejercitar acción de responsabilidad frente a terceras personas. Puesto de manifiesto todo ello en la Secretaria del Juzgado, no se ha suscitado oposición por parte legítima. Por ello procede dictar resolución de conclusión del concurso, con todos sus efectos legales inherentes, sin perjuicio de su eventual reapertura en el futuro si concurre presupuesto para ello»; no consta, por tanto, patrimonio alguno que deba ser objeto de liquidación.  
Fundamentos de derecho  
Primero. El artículo 11 del Decreto 19/2009, de 3 de noviembre, del President de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, así como el artículo 1 del Decreto 206/2009, de 13 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, determinan que a esta conselleria le corresponde ejercer, entre otras, las competencias en materia de fundaciones.  
Segundo. El artículo 2 del Decreto 139/2001, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, establece que el Protectorado de las Fundaciones de la Comunidad Valenciana se ejerce por la Conselleria competente en materia de fundaciones, correspondiéndole al conseller la titularidad del Protectorado, sin perjuicio de la posibilidad de su delegación o desconcentración.  
Tercero. Esta Secretaría Autonómica de Justicia es competente por delegación para conocer y resolver el presente expediente en virtud de lo dispuesto en la Orden de 22 de octubre de 2007, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, sobre delegación del ejercicio de competencias en la Secretaría Autonómica de Justicia (DOCV de 21 de noviembre de 2007, nº 5644).  
Cuarto. Declarada la extinción y liquidación de la Fundación, en virtud de resolución judicial, por Auto nº 369/09 al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y habida cuenta lo expresado en el Hecho Quinto de la presente resolución, procede inscribir la declaración judicial de la extinción y liquidación de la Fundación Laboral de la Empresas de Ibi de la Comunidad Valenciana, así como su baja en el Registro de Fundaciones de la Comunitat, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, modificada por la Ley 9/2008, de 3 de julio.  
Vistos los preceptos legales citados y demás generales de pertinente aplicación, resuelvo:  
Inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana la declaración judicial de extinción y liquidación de la Fundación Laboral de las Empresas de Ibi de la Comunidad Valenciana, así como su baja registral, en los términos del Auto nº 369/09, de 15 de diciembre de 2009, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, transcritos en el hecho cuarto de la presente resolución.   
Notifíquese la presente resolución que es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de poder interponer, en su caso, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes ante la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, o cualquier otro recurso que estime procedente.   
Valencia, 8 de julio de 2010.- El secretario autonómico de Justicia (p.d. Orden 22.10.2007): Jorge Cabré Rico.