Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5134, del 14-11-2005 (2005/12607)

Notificación de la Resolución de 05.09.05, del conseller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial, interpuesta ante esta Conselleria por Trintea Gheorghita.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5134

Fecha DOGV
:   14-11-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/12274


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución de 05.09.05, del conseller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial, interpuesta ante esta Conselleria por Trintea Gheorghita. [2005/X12014]
  
De conformidad con el art. 59.1 y 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y habiendo sido infructuosos los intentos de notificación, se procede a la publicación de la Resolución de 5 de septiembre de 2005 del conseller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial, interpuesta ante esta Conselleria por Trintea Gheorghita.
  
«Vistos los antecedentes del expediente 0021/2005 que constan en el Servicio de Gestión Administrativa, resultan los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Con fecha 15 de octubre de 2004, tuvo entrada en esta Conselleria de Infraestructuras y Transporte, un escrito presentado por Trintea Gheorghita, para la reclamación de responsabilidad patrimonial de esta Conselleria. Según su relato fáctico:
  
?...desplazándome desde el Grao hacia Benicàssim, el día 7, a las 9.30 h., intenté pasar a una mínima velocidad debido a las obras que se están realizando en el cruce de las calles Palmeral y Sénia de Sevilla, y quiero relatar lo siguiente: al pasar, la rueda de detrás de la parte derecha enganchó un puntal de la obra y en el intento de no producir muchos daños al coche, he chocado con la otra parte de detrás con una valla...-.
  
Segundo. Con fecha 23 de febrero de 2005 el instructor del expediente dirigió oficio al reclamante poniendo en su conocimiento los extremos contenidos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, disponiendo la suspensión del plazo para dictar resolución a los efectos del artículo 42.5 C) de dicho texto legal. Por otra parte en ese mismo oficio se le requirió expresamente para la subsanación de su solicitud, en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/92.
  
Tercero. Que el 6 de junio de 2005 se requirió nuevamente la documentación, sin que a fecha de hoy se haya recibido escrito subsanando la solicitud, por lo que procede entender decaído al interesado en su petición, al transcurrir ampliamente el plazo otorgado para subsanar señalado en el art. 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
A los anteriores hechos le son aplicables los siguientes fundamentos de derecho:
  
Primero. Derecho de reclamación de la responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas. La Constitución en su artículo 106.2º y la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 139, párrafo 1, disponen: ?Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos?.
  
Segundo. Competencia. A tenor de lo dispuesto en el artículo 142.2º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, le corresponde dictar la correspondiente resolución sobre reclamación de responsabilidad patrimonial, al conseller Infraestructuras y Transporte.
  
Tercero. Desistimiento de la acción. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, ?si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado, para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42?.
  
En el caso que nos ocupa, la solicitud de iniciación no reúne los requisitos del artículo 70 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ni del artículo 6 del Decreto 429/1993, por el que se aprueba el Reglamento de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, dado que ha resultado imposible determinar la realidad de la legitimación activa, ni la titularidad del vehículo, por lo que ha de entenderse producido un desistimiento en su petición al no subsanar en el plazo legal conferido.
  
Cuarto. Obligación de dictar resolución. Conforme a lo preceptuado en el artículo 42 de la Ley 4/1999 de Modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone entre otros extremos: ?La Administración, esta obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia al derecho, caducidad o desistimiento de la solicitud la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concierne en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables?.
  
La declaración del desistimiento impide entrar a consideraciones de fondo.
  
Vistos los hechos y fundamentos de derecho aplicables y de acuerdo con la normativa de general y singular aplicación, en uso de las atribuciones conferidas en el art 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, vengo a dictar la siguiente, resuelvo:
  
Tener por desistido en su petición, a Trintea Gheorghita, al no haber presentado las subsanaciones que le fueron requeridas, en tiempo y forma.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el conseller de infraestructuras y Transporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la recepción de la misma, de acuerdo con lo previsto en el art. 116 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el caso de que la pretensión no exceda a 30.050 euros, o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 y 8.2 apartado c) de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa según lo dispuesto por al Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder judicial, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.
  
Valencia, 5 de septiembre de 2005.- El conseller: José Ramón García Antón».
  
Lo que comunico para su conocimiento y efectos, sin perjuicio del derecho que pudiera asistirle al reclamante para interponerla ante la entidad competente, en la vía judicial o extrajudicial oportuna.