Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5461, del 01-03-2007 (2007/1393)

Información pública de la convocatoria de concurso para la selección de agente urbanizador del sector S-1, unidad de ejecución número 2 de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Almoradí.
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Número DOGV
:   5461

Fecha DOGV
:   01-03-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2007/1393


Fecha del documento
:   19-01-2007

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Almoradí

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Almoradí
    * licitación
    * contrato de obras
    * industria de la construcción
    * urbanización

De acuerdo con el artículo 132.1 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, por medio del presente se anuncia la convocatoria de concurso para la selección de agente urbanizador del sector S-1, unidad de ejecución número 2 de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Almoradí, según Acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, de fecha 14 de diciembre de 2006. Se publica a continuación las bases particulares a regir en el concurso, habiéndose publicado la aprobación definitiva de las bases generales en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 225, de fecha 29 de septiembre de 2006.
La garantía provisional a presentar por los aspirantes a urbanizador es de 41.928,94 euros, sirviendo la presente de corrección de errores al calcular esta garantía en el anuncio realizado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
Indicar que el anuncio de concurso se ha remitido al DOUE el día 17 de enero de 2007, a los efectos del artículo 133.3 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y base particular octava.
Indicar que el referido acuerdo plenario puede ser recurrido en reposición ante este mismo Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la publicación, o bien puede presentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses, no pudiendo simultanear ambos recursos; todo ello sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente.
"Memoria (art. 131.2.b LUV)
Antecedentes
El Ayuntamiento de Almoradí, con la finalidad de adecuar a la legislación urbanística vigente en el ámbito de la Comunidad Valenciana sus normas subsidiarias de planeamiento municipal, aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, emprendió un expediente de homologación global de dichas normas, conforme a lo previsto en el número 2 de la disposición transitoria primera de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, y en la Orden de 29 de marzo de 1996, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat.
Aprobado definitivamente el expediente de homologación modificativa global de las normas subsidiarias de Almoradí por Resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo, de fecha 14 de abril de 2003 (DOGV núm. 4.840, de fecha 13 de septiembre de 2004, y BOPA núm. 109, de fecha de 14 de mayo de 2004), los terrenos comprendidos en el lado norte-este del núcleo tradicional, en el área antes denominada ensanche norte, han pasado a integrar los sectores S-1, de suelo urbanizable residencial, y S-2, de suelo urbanizable terciario.
Posteriormente, ha entrado en vigor la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, lo que ha llevado a este Ayuntamiento a la aprobación de unas bases generales, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 225, de fecha 29 de septiembre de 2006.
En fecha reciente, julio pasado, se ha vuelto a plantear ante el Ayuntamiento de Almoradí una iniciativa para el desarrollo de los citados sectores S-1 y S-2, cumplimentando al efecto la documentación exigida por el artículo 130.2 LUV y 280 Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU).
La existencia de iniciativas en apariencia solventes y el interés del municipio en el desarrollo del citado sector S-1 aconsejan el inicio de las actuaciones previstas en el artículo 130 LUV y siguientes. Desde una perspectiva objetiva son de destacar las siguientes circunstancias:
Se debe dotar de una ordenación pormenorizada que, siguiendo los parámetros establecidos en las correspondientes fichas de planeamiento y gestión incorporadas a la homologación global de las normas subsidiarias de Almoradí, se oriente a mantener las características tipológicas del entorno inmediato del sector S-1, aunque introduciendo las variaciones necesarias para dar cumplimiento a las directrices del PATRICOVA.
Es prioritario, por último, con carácter común para los sectores S-1 y S-2, contemplar la obtención de una gran área dotacional (red primaria de dotaciones adscrita-nueva zona deportiva) que, junto con las instalaciones deportivas aledañas, ha de constituir un elemento nuclear de la actuación urbanística, área dotacional que se ve potenciada con la previsión de la cesión 38.445,5 metros cuadrados colindantes, fuera del área de reparto y que, con el carácter de medida compensatoria, fue definida con ocasión de la incorporación al expediente de homologación global de las normas subsidiarias de Almoradí.
La regulación que contiene la LUV (art. 131 y art. 286 y 287 ROGTU) establece de forma específica y precisa el contenido mínimo de las bases particulares reguladoras del concurso para la selección del agente urbanizador, en régimen de concurrencia, para la ejecución pública indirecta del planeamiento, por lo que obliga, como no podría ser de otra manera, a articular este concurso asumiendo, en parte, y como norma supletoria, las reglas de la legislación básica de contratos de la administración del Estado, en concreto del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Ley 2/2000, de 16 de junio, partiendo de la figura, con matices, del tipo de contrato de ejecución de obra pública. Todo ello es congruente con el carácter de función pública que tiene la actividad urbanística de ejecución del planeamiento según los postulados de la LUV. La fijación de criterios de adjudicación y bases reguladoras constituyen una garantía de los principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
Las bases prestan especial importancia al sistema de relaciones entre propietarios y urbanizador, estableciendo los procedimientos de formulación de voluntades, plazos, y sistema de garantías recíprocas, que en cualquier caso, deben ser observadas por todos los licitadores, y desde luego, la forma de retribución al urbanizador y así como la calidad de la ordenación y de las dotaciones públicas.
El Ayuntamiento de Almoradí, en cuanto administración urbanística actuante y responsable, otorga al desarrollo del sector S-1 y contiguos, gran importancia, en congruencia con los desarrollos de ensanche urbano, para el logro efectivo del concepto de ciudad que pretende para el futuro.
Bases reguladoras
Primera. Objeto del presente concurso. Ámbito de actuación (art. 286.1.a ROGTU). Ordenación vigente y directrices (art. 131.2.a LUV).
1.1. El ámbito físico que constituye el objeto de las presentes bases particulares y por ello, del presente concurso, lo constituyen los suelos que se identifican como sector S-1, UE.2.
La superficie del área de reparto es la siguiente:
S-1 342.404 m²s
S-2 68.848 m²s
AR 449.697 m²s
La superficie de la UE.2 del S-1 es de 110.073 m²s.
1.2. Ordenación urbanística vigente.
Como se ha adelantado, la ordenación urbanística vigente está constituida por el expediente de homologación modificativa global de las normas subsidiarias de Almoradí, aprobado definitivamente por Resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo, de fecha 14 de abril de 2003 (DOGV núm. 4.840, de fecha 13 de septiembre de 2004, y BOPA núm. 109, de fecha de 14 de mayo de 2004).
Los parámetros básicos del sector S-1, con arreglo a la homologación global aprobada, son los siguientes: "Título II. La ordenación estructural...
IZ.4.3.8. Suelo urbanizable residencial sector 1 (S-1).
1. Ámbito.
El suelo urbanizable sector 1 (S-1) está constituido por el área expresamente grafiada con esta identificación en los planos de clasificación del suelo de las normas subsidiarias series POE-1 y POE-2.
2. Configuración de la zona.
El suelo urbanizable sector 1 (S-1), definido por la zona de ordenación viviendas adosadas se configura por la integración del sistema de ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque adosado y el uso global residencial (clave ADO).
2. Usos pormenorizados:
a) Uso dominante.
Residencial.
b) Usos compatibles.
Terciario, hasta un máximo del 20% del techo total.
Dotacional.
c) Usos incompatibles
Industrial.
d) Observaciones:
Con las limitaciones que establece la ordenación pormenorizada.
La implantación de grandes superficies comerciales de venta al detalle estará sujeta a la autorización previa de la Conselleria de Industria y Comercio según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 8/1986, del Gobierno Valenciano.
3. Parámetros urbanísticos globales:
Índice de edificabilidad bruta (IEB) 0,45 m²t/m²s.
Densidad máxima de viviendas: 30 viv/ha.
Superficie ordenada: 342.404 m²s.
Superficie computable: 317.404 m²s.
Superficie área reparto: 449.697,66 m²s.
Red primaria parque urbano no computable: 25.000 m²s.
Red primaria de viario computable: 19.000 m²s (su superficie será susceptible de ajuste al alza para su mejor encaje en el planeamiento de desarrollo).
Aprovechamiento tipo: 0,3865118 m²t/m²s
Cargas:
- Parte proporcional de red primaria de dotaciones adscrita: de los 38.445,5 m²s (nueva zona deportiva), no computables a efectos de techo ni como red secundaria de acuerdo al anexo al RPCV.
- Red primaria parque urbano PJL, (artículo 55 LRAU): 25.000 m²s no computables a efectos de techo ni como red secundaria de acuerdo al anexo al RPCV.
- Red primaria de viario: 19.000 m²s, computables a efectos de techo y como red secundaria de acuerdo al anexo al RPCV.
- Parte proporcional del canon de saneamiento establecido por el ente de saneamiento en su informe de 19 de diciembre para la conexión con las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas. En este sentido se establece como parámetro la proporción entre los aprovechamientos homogeneizados de los sectores S-1 y S-2 respecto al total del área de reparto.
Tipologías:
Clave ADO: edificación aislada; bloque adosado; en edificación residencial.
Clave TBE: edificación aislada; bloque exento; en edificación terciaria.
Condiciones para su programación:
En caso de que se programara con anterioridad al sector SAUT-1 y S-2, el desarrollo del sector S-1 implicará la asunción de la responsabilidad de la gestión y ejecución de la extensión de la conexiones de la red primaria de viario desde la rotonda en la CV-935 sin perjuicio de las compensaciones a las que hubiere lugar.
Los promotores del desarrollo del planeamiento deberán realizar la solicitud de conexión así como las obras correspondientes para la conexión efectiva a la red de saneamiento, ejecutando el suplemento de infraestructuras públicas en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de servicio deseables.
La red de saneamiento será separativa, debiendo cumplir la red de pluviales las prescripciones técnicas del PATRICOVA y las derivadas del estudio de inundabilidad redactado.
Los promotores del desarrollo del planeamiento deberán realizar la extensión del resto de las redes de infraestructura cumpliendo las normas técnicas establecidas en las normas subsidiarias y otra normativa técnica de aplicación.
Cualquier otra condición derivada del estudio de inundabilidad redactado.
Criterios de ordenación:
El viario de red primaria de conexión con el sector S-2 será de 22 metros de sección mínima entre alineaciones.
Unidades de ejecución:
Una única unidad de ejecución. Sólo podrá redelimitarse para ajustes de medición o topografía o la mejor solución de sus bordes.
4. Parámetros de edificación previos.
Altura máxima: 3 plantas.
Altura reguladora: 11 metros en ADO. 10 metros en BTE.
5. Otras condiciones.
Parque urbano (PJL): la ubicación del parque urbano deberá seguir el criterio de configurar una zona de protección acústica-visual de la autopista A-37 Alicante-Cartagena. Se grafía en la serie de planos POE-3.
Zonas verdes (SJL): las zonas verdes deben poder configurar una zona de protección tipo parque lineal que delimite y estructure el borde irregular de las viviendas preexistentes organizadas linealmente a lo largo de la calle de las Islas Canarias.
Equipamientos: los parámetros urbanísticos aplicables al equipamiento serán los que establezca el planeamiento de desarrollo.
Incidencia de los planes de acción territorial: debe prestarse especial atención a la incidencia del PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, tal y como se establece en la ordenación pormenorizada.
Las vías principales del sector que den acceso a suelos dotacionales de posible uso escolar y sanitario, así como las parcelas donde se localicen estos usos deberán situarse en zonas de mayor cota para minimizar el riesgo de inundación. El bombeo de estos viales será del tipo invertido.
Las edificaciones dotacionales deberán cumplir las limitaciones establecidas en el PATRICOVA, tendiendo a modelos de baja ocupación del suelo. Se establece la limitación de ocupación máxima de parcela del 30%, retranqueos mínimos a fachada de 10 metros.
El resto de edificaciones a materializar deberán cumplir las limitaciones establecidas en el PATRICOVA, tendiendo a modelos de baja ocupación del suelo. Se establece la limitación de ocupación máxima de parcela del 30%, retranqueos mínimos a fachada de cinco metros, así como la necesidad de realizar estudios de detalle para las manzanas con superficie superior a 10.000 metros cuadrados excepto cuando se presente proyecto de edificación conjunto que permita verificar la disposición de las edificaciones.
El proyecto de urbanización deberá contemplar el correcto dimensionado y ejecución de las infraestructuras de drenaje de la zona (en particular, el drenaje transversal de los viarios principales, parcelas dotacionales antes referidas y puntos de vertido) de manera que no se afecte a terceros ajenos al sector".
"Título III. La ordenación pormenorizada
III.4.2. Suelo urbanizable residencial sector 1 (S-1)
1. Ámbito.
El suelo urbanizable sector 1 (S-1), está constituido por el área expresamente grafiada con esta identificación en los planos de clasificación del suelo de las normas subsidiarias series POE-1 y POE-2.
2. Configuración de la zona.
El suelo urbanizable sector 1 (S-1), definido por la zona de ordenación viviendas adosadas se configura por la integración del sistema de ordenación por edificación aislada, la tipología edificatoria de bloque exento y el uso global residencial para la (clave ADO).
3. Usos pormenorizados:
a) Uso dominante.
Residencial: R.
b) Usos compatibles.
Terciario: T1 a T7 hasta un máximo del 20% del techo total.
Dotacional: D.
c) Usos incompatibles.
Los no mencionados.
d) Observaciones:
Los usos T1 en notarías y registros públicos, y T2 a T7, así como el D, deberán desarrollarse en edificio aislado o de uso exclusivamente terciario.
Dentro del uso T2, los establecimientos incluidos en la agrupación 64 (comercio al por menor), subgrupos 641 y 648 del nomenclátor de actividades, solo podrán tener un máximo de 300 metros cuadrados de sala de ventas y zona de almacenamiento aneja de otros 300 metros cuadrados como máximo.
Solo se permitirán usos terciarios cuyo índice de molestia sea bajo (grados 1 y 2) tal y como se definen en el nomenclátor de actividades.
4. Parámetros urbanísticos específicos:
Altura máxima: 3P.
Altura reguladora: 11 metros. Para edificios destinados a usos distintos del residencial, será suficiente cumplir la altura máxima reguladora permitida.
5. Incidencia de los planes de acción territorial:
Debe prestarse especial atención a la incidencia del PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA. Es decir, para este tipo de suelo:
1. En zonas sujetas a riesgo de inundación:
a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o azotea accesible desde su interior mediante escalera.
b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las aguas en el entorno.
c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará por encima de la rasante de la calle circundante.
2. Se prohíben los usos industriales y comerciales, salvo la parte destinada a almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle.
3. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano.
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida.
5. En edificaciones de uso comercial y de servicios se realizarán las siguientes adecuaciones:
a) La cota del forjado de planta baja del local se situará a ochenta centímetros (80 cm) por encima de la rasante de la calle.
b) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle.
c) Los elementos más sensibles del local, tales como la caja general de protección, se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta baja.
6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro.
7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para soportar la presión y/o supresión producida por una altura de agua de un metro y medio (1,5 m). Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación".
1.3. Fichas de planeamiento y gestión.
Forman parte de estas bases particulares, como anejo I, las fichas de planeamiento del sector S-1 y de gestión de la UE.2.
Segunda. Régimen jurídico (art. 286.1, letras d), e) y f) ROGRU).
El presente contrato tiene naturaleza administrativa especial, y se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley Urbanística Valenciana 16/2005, de 30 de diciembre (Ley Urbanística Valenciana), por lo dispuesto en el reglamento que la desarrolla, y las cláusulas contenidas en las presentes bases particulares de programación, así como en las bases generales de programación.
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre (Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas), así como las normas de derecho comunitario y demás disposiciones que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución de programa de actuación integrada o aislada.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el ayuntamiento ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos para el desarrollo y ejecución de los programas de actuación integrada o aislada, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, efectos y procedimientos establecidos en la normativa aplicable.
Tercera. Necesidades y objetivos a satisfacer por el programa
El programa deberá cumplir todos los objetivos señalados en el artículo 124 de la LUV, y por lo tanto, contendrá las previsiones precisas para:
- Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas.
- Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya el objeto del programa.
- Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, y en concreto conectar con la red primaria viario prevista, y en caso de no estar previamente ejecutada la parte externa a la unidad de ejecución objeto del presente programa, ejecutarla completamente.
- Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.
- Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente. En concreto, la red primaria de dotaciones adscrita.
- Obtener gratuitamente el aprovechamiento que legalmente corresponda al ayuntamiento, con destino al patrimonio municipal de suelo.
- Ordenar el reparto equitativo de beneficios y cargas de la actuación entre los afectados.
- Establecer plazos para edificar los solares resultantes, que serán más breves en caso de ser propiedad del urbanizador, siendo esto último un objetivo complementario.
Cuarta. Procedimiento y forma de adjudicación del contrato
El presente concurso se regirá por las bases generales del término municipal de Almoradí, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 225, de 29 de septiembre de 2006, las reglas y normas que resultan del contenido de las presentes bases particulares, por las contenidas en la LUV, el ROGTU y atendiendo a la legislación de contratos, en concreto a la modalidad establecida en el TRLCAP/2000, de procedimiento abierto y por concurso.
Se regirá el procedimiento por lo establecido en los artículos 130 a 140 LUV y artículos 284 a 325 ROGTU.
Quinta. Candidatos a agente urbanizador (art. 119 LUV)
5.1. Se remite a lo establecido por la ordenanza de bases generales del término municipal de Almoradí, en concreto a su base cuarta, con las siguientes especificaciones:
Los candidatos optantes deberán cumplir los requisitos que establecen el artículo 121 LUV, artículo 310 ROGTU y artículo 20 TRLCAP/2000.
5.2. Cuando en representación de una sociedad concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la proposición bastanteados para este concurso por el secretario de la corporación municipal de Almoradí o funcionario con título de licenciado en Derecho del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almoradí, indistintamente.
El contrato se otorgará con una sola persona o entidad; no obstante, podrá concertarse con dos o más personas, si se obligasen solidariamente respecto a la corporación, cuyos derechos frente a las mismas serán en todo caso indivisibles, comprometiéndose a constituirse en unión temporal de empresas (UTE) (art. 24 TRLCAP/2000). En este caso, deberá acreditarse la solvencia económica y financiera de todas las entidades que concursen.
Sexta. Precio de licitación y garantías, provisional y definitiva. (art. 140 LUV y art. 286.1.h y l) ROGTU).
6.1. El presupuesto estimado de licitación se determina en la cantidad de 2.096.447 euros, IVA incluido. De conformidad a lo dispuesto en los artículo 132.1.h y 140 LUV y art. 286.h y l) ROGTU, los candidatos a agente urbanizador constituirán una garantía provisional equivalente al 2% del coste estimado de cargas de urbanización que se concreta en la cantidad de 41.928,94 euros. En cualquier caso se estará a lo dispuesto por la base octava de las generales.
La expresada cantidad 41.928,94 euros opera a los efectos del artículo 140 LUV. Constituye una mera estimación. La estimación de cargas del programa, o de los programas, de actuación integrada se realiza por el ayuntamiento a los únicos efectos de calcular el importe de la garantía provisional que deberán prestar todos los concursantes, de acuerdo con lo dispuesto en la base general octava, y en la Ley Urbanística Valenciana.
6.2. Cuando participe como licitador una unión temporal de empresas, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado anterior y se garantice solidariamente por todos los integrantes de la UTE.
6.3. En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el capítulo III del título II del libro I del TRLCAP/2000 así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 de su reglamento.
La prestación de la garantía provisional se acreditará de la siguiente forma:
- Mediante resguardo de la Tesorería Municipal, cuando se haya constituido en dinero, en valores públicos o en valores privados.
- Mediante aval o póliza de seguro de caución, debiendo verificarse fehacientemente la personalidad y/o legitimación de la persona que firma el documento en nombre de la entidad.
6.4. La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el contrato, acordándose su devolución en la adjudicación. Sin embargo, será retenida la del adjudicatario e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP.
Si el adjudicatario optase, en su caso, por aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, deberá ser cancelada la garantía provisional simultáneamente a la constitución de la garantía definitiva.
6.5. En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y la de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. Para el adjudicatario del presente concurso dicho porcentaje quedará afecto al pago de lo establecido en la cláusula de garantía definitiva.
6.6. La garantía definitiva, se constituirá previamente al otorgamiento del contrato de adjudicación de agente urbanizador por la cuantía mínima del 15% del coste de la totalidad de cargas de urbanización, conceptos retribuibles al urbanizador, que resulten de los términos de la proposición jurídico-económica que apruebe la corporación. Su constitución y efectos se regirán por lo dispuesto en la TRLCAP/2000 y su reglamento.
6.7. Podrán comprometerse garantías adicionales respecto de las ofertas complementarias y se constituirán de igual modo que la definitiva.
Séptima. Contenido y forma de las propuestas. Alternativa técnica y proposición jurídico-económica. Capacidad y solvencia (art. 131.2.f, k) y m) LUV)
Las propuestas que formulen los distintos optantes deberán atender a lo establecido en la ordenanza municipal de bases generales (bases quinta y novena), a lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 127 LUV, y a estas bases particulares.
7.1. La alternativa técnica (art. 126 LUV) deberá contemplar la ordenación de todo el ámbito del concurso, instrumentando al efecto el documento o documentos de planeamiento de desarrollo adecuados. Deberá atender la ordenación propuesta a las singularidades de cada clase y categoría de suelo, así como a los distintos aprovechamientos tipo y situaciones preexistentes de consolidación patrimonial, que resultan de la homologación global de sus normas subsidiarias aprobada definitivamente por Resolución del conseller de Territorio y Vivienda, de 14 de abril de 2003.
La documentación de planeamiento y ejecución que se formula deberá prestar especial atención a la integración de la actuación en el entorno y territorio circundantes (art. 126.c LUV). A su conexión y congruencia con las actuaciones coetáneas y con la ciudad.
La alternativa técnica deberá ir acompañada de un -o varios- proyecto de urbanización de la totalidad del ámbito de la actuación (art. 126.f LUV) en condiciones de ser sometido o sometidos en su día al trámite que establece el artículo 160 y con los contenidos dispuestos por los artículos 152, 153, 156 y 157 también de la LUV, y artículos 346, 348, 349 y 350 del ROGTU. El proyecto de urbanización resolverá las cuestiones necesarias en orden a la conexión de servicios e infraestructuras.
La alternativa técnica cumplimentará la totalidad de los contenidos exigidos por el artículo 126 LUV (art. 307 a 309 ROGTU) que se reputan como mínimos. No obstante el sistema de plazos de ejecución de las obras de urbanización deberá estar concretado, con sus correspondientes hitos y fases, en el propio proyecto de urbanización (art. 126.e LUV). La propuesta contendrá el sistema de plazos para todo el despliegue y ejecución de la actuación y, en especial, se estará al sistema de plazos de la edificación, tanto libre, como protegida.
La alternativa técnica deberá fijar los plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el plazo de despliegue, el correspondiente a las obras de urbanización. El plazo de ejecución de las obras de urbanización no podrá ser superior a tres años.
La alternativa técnica tendrá también los restantes contenidos determinados en el artículo 126 de la LUV.
Si la propuesta de programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la documentación establecida para tales supuestos en la LUV.
7.2. Por otra parte, las propuestas estarán integradas también por una proposición jurídico-económica con el contenido que establece el artículo 127 LUV y los artículos 302 a 306 ROGTU, que deberán contener además de lo expuesto en los citados preceptos, específicamente las siguientes determinaciones:
7.3. La proposición jurídico-económica articulará el sistema de relaciones entre urbanizador y propietario, en particular, la modalidad de retribución al urbanizador, y la información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución, así como condiciones y plazo para el ejercicio de la opción de retribución en metálico y demás determinaciones contenidas en el artículo 302 del ROGTU.
7.4. Contendrá también la propuesta las mayores obligaciones que, especialmente en materia de dotaciones e inversiones, sobre las mínimas establecidas en las presentes bases, se comprometa a asumir el concursante para el caso de que resulte adjudicatario del concurso. Deberá presentar su propuesta de actuación que está dispuesto a desarrollar, con expresión completa de todos los costes, retribuciones o no, sistemas de plazos y garantías adicionales. Propuesta detallada en cuanto a valoración del suelo, valoración de costes de desarrollo, urbanización y gestión, de adquisición de suelo y permuta por obras de urbanización y gestión.
Octava. Lugar, plazo y forma de presentación de las propuestas (art. 131.2.l LUV)
8.1. Documentación a formular por los candidatos a urbanizador.
8.1.1. Documentación general del programa de actuación integrada determinada por el artículo 133.1 LUV.
8.1.2. Documentación técnica de la alternativa técnica que ha de ser sometida a información pública. Artículo 126, letras a), f) y en su caso k) LUV.
8.1.3. Documentación de la alternativa técnica que no ha de ser sometida a información pública. Artículo 126 LUV, resto.
8.1.4. Proposición jurídico-económica (art. 127 LUV).
8.1.5. Acta notarial acreditativa del cumplimiento de trámite de información pública de la documentación correspondientes de la alternativa técnica y del trámite de notificaciones a interesados (art. 134 LUV).
8.2. Formalidades y plazo de presentación. Las proposiciones, al amparo de lo establecido en el artículo 133 de la LUV, constarán de tres sobres firmados por el licitador denominados A, B y C y en cada uno de los cuales se hará constar el contenido, en la forma que se indicará, y el nombre del licitador, su código de identificación fiscal o número de identificación fiscal, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico. En su interior, se hará constar en hoja independiente su contenido material de forma pormenorizada y numerada.
A) Sobre A, denominado "Documentación general", se presentará cerrado, pudiendo ser lacrado y precintado, y deberá tener la siguiente inscripción: "Documentación general del programa de actuación integrada del sector S-1, UE.2 de Almoradí", y que contendrá la documentación determinada en el artículo 133.1 de la LUV. El sobre A será presentado ante el Ayuntamiento de Almoradí en el plazo de tres meses contados, a partir de la fecha de envío del anuncio de convocatoria del concurso al Diario Oficial de la Unión Europea.
B) Sobre B, denominado de alternativa técnica y acta notarial de protocolización, expresará la inscripción: "Alternativa técnica y acta notarial de protocolización del programa de actuación integrada del sector S-1, UE.2 de Almoradí" y contendrá la documentación exigida en el artículo 126 de la LUV y acta notarial de protocolización y sometimiento a información pública de la documentación que integra la alternativa técnica. El sobre B será presentado en el mismo plazo y junto al sobre A. La alternativa técnica será presentada además en soporte informático.
C) Sobre C, denominado de proposición jurídico-económica, expresará la inscripción: "Proposición jurídico-económica del programa de actuación integrada del sector S-1 UE.2 de Almoradí" y contendrá la documentación exigida en el artículo 127 de la LUV. El sobre C será presentado ante el Ayuntamiento de Almoradí, conjuntamente y en el mismo plazo que los sobres A y B. Todo ello de conformidad con el artículo 300 ROGTU.
8.3. Información pública. La documentación que se identifica con el número 7.1.2, esto es, la documentación de la alternativa técnica que se somete a información pública (documento de planeamiento, proyecto de urbanización y, en su caso, documento de justificación de integración territorial) será sometida al trámite que regula el artículo 134 LUV. Trámite que debe ser completado, tanto en lo que se refiere a la práctica efectiva de la información pública como a la práctica de avisos, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha de envío del anuncio de convocatoria de concurso al Diario Oficial de la Unión Europea.
Las actas notariales que acrediten el sometimiento a información pública de la alternativa técnica, a que se refieren los artículos 133.l.f y 134 LUV deberán depositarse en el Ayuntamiento de Almoradí, con los contenidos legales exigidos en el sobre B.
8.4. Precisar que el sobre A, que deberá estar lacrado, y en el que figurará la siguiente rúbrica: "Proposición que presenta (nombre y apellidos ... para tomar parte en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Almoradí, para el desarrollo y ejecución del sector S-1, UE.2 de Almoradí, en régimen de gestión indirecta".
Ello conforme al siguiente modelo:
"(Nombre y apellidos) ... vecino de ..., con domicilio en la calle ..., n.º ..., de la ciudad de ..., y provisto de DNI n.º ..., expedido en ..., a ... de ... de 19 ..., en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de ..., como ..., conforme acredita con documento público declarado bastante), enterado del anuncio publicado en el Diari Oficial de la Generalitat n.º ... del día ... de ... de ... y de las bases particulares que han de regir en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Almoradí, para el desarrollo y ejecución del sector S-1, UE.2 de las normas subsidiarias de Almoradí, cuyas bases y condiciones conoce y acepta íntegramente, toma parte en el presente concurso, y, caso de resultar adjudicatario, se compromete a ejecutar en forma reglamentaria la propuesta de actuación seleccionada, en el plazo y condiciones fijadas en las bases y en la vigente legislación del suelo".
Dicho sobre A contendrá, aparte de los documentos que indica el artículo 133.1 de la LUV, los siguientes:
1. Memoria firmada por el ofertante, comprensiva de sus referencias técnicas, profesionales y especiales, relacionadas con la materia del concurso, adjuntando los pertinentes documentos acreditativos que justifiquen con suficientes garantías el cumplimiento de las obligaciones de urbanizador, tanto en los aspectos técnicos como en los económicos.
2. Instrumentos personales técnicos y económicos que piensa adscribir a la actuación, detallados al máximo para que el ayuntamiento, sin indagaciones ni pesquisas de ningún tipo, pueda formarse una idea cabal de la solvencia orgánica y funcional del proponente. Y cuantos documentos se estimen convenientes para definir la solvencia técnica y financiera de las personas o entidades que se presenten al concurso.
3. Certificación de que el proponente no es deudor a la Hacienda Municipal por ningún concepto.
4. Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
8.5. Requisitos de la documentación.
8.5.1. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por parte del proponente de las presentes bases particulares, así como la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la administración. Cualquier salvedad se entenderá en todo caso como no puesta.
8.5.2. Las proposiciones se presentarán en idioma español, y toda la información debe facilitarse tanto en papel impreso como en soporte informático (aplicaciones WORD, EXCEL, AUTOCAD y compatibles). En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la contenida en la documentación presentada en papel impreso.
8.5.3. La totalidad del coste de la elaboración de la documentación para la confección de las ofertas que se presentan al concurso será por cuenta de los licitadores, que no podrán reclamar compensación económica alguna en caso de no resultar adjudicatarios.
8.5.4. Las ofertas tendrán una validez de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
8.5.5. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la base sexta relativa a las especializaciones de la documentación técnica a presentar.
8.6. En cuanto al lugar y plazo, se establece lo siguiente:
Los documentos serán aportados al Registro Municipal en días y horas hábiles.
Si el último día de plazo coincidiera en sábado, se entenderá inhábil a estos efectos computándose el día siguiente hábil.
Novena. Recepción de la documentación
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del registro correspondiente expedirá una certificación relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que conjuntamente con aquélla remitirán al secretario de la mesa de estudio de las propuestas.
Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos establecidos en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de 10 días indicado en el mismo, el jefe de la oficina receptora expedirá certificación de la documentación recibida para remitirla, igualmente, al secretario de la mesa de estudio de las propuestas.
Acatando lo establecido en las ordenanzas municipales de bases generales (base doce) una vez cumplido el trámite de información pública a que alude el artículo 134 LUV de las distintas alternativas técnicas y una vez abiertos los sobres A, B y C, se promoverá un trámite de audiencia de 15 días a los interesados que consten en el expediente y a los titulares catastrales, que no tendrá carácter de licitación.
En este trámite los interesados que lo deseen podrán formular cuantas alegaciones estimen pertinentes y examinar toda la documentación de las propuestas así como las alegaciones incorporadas al expediente.
Diez. Mesa de estudio de las propuestas
Aplicando los criterios del TRLCAP/2000, para el examen y valoración de las proposiciones de los licitadores, el órgano de contratación estará asistido por una mesa de estudio de las propuestas. Esta mesa estará compuesta por:
- El alcalde presidente de la corporación municipal, o miembro en quien delegue.
- Vocales:
· El secretario de la corporación, o persona que legalmente le sustituya.
· El arquitecto municipal.
· La interventora municipal.
· El concejal de Obras, o persona en quien delegue.
- Secretario: el técnico de administración general.
Esta mesa podrá recabar en cualquier tiempo los asesoramientos de terceros expertos miembros o no de los servicios de la corporación, cuando lo estime oportuno.
Once. Calificación de documentos y estudio de las ofertas
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de estudio de las propuestas, al día siguiente hábil a la finalización del plazo para presentar las propuestas procederá a la apertura del sobre A y calificará las proposiciones formuladas, a tenor de lo establecido en el artículo 136 y concordantes de la LUV. Si la mesa de estudio de propuestas observara defectos formales en la documentación presentada, se requerirá a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador lo subsane o corrija ante la propia mesa de estudio de propuestas, dejando constancia de lo actuado en el acta que se levante al efecto. Tales circunstancias se harán públicas en el tablón de anuncios del ayuntamiento el mismo día del acto de apertura, que servirá de notificación a los interesados.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, la mesa procederá a determinar las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo.
Serán rechazadas, en principio y en todo caso, las proposiciones cuando, sobre A, no se acredite fehacientemente la posesión de los requisitos para contratar con las administraciones públicas, la posesión de los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigidos en estas bases o cuya garantía provisional sea inferior a la señalada en estas bases así como aquellas en las que se observare en los documentos que la integran defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables.
Una vez calificados los documentos incluidos en el sobre A, se procederá a emitir los informes correspondientes sobre las alternativas técnicas formuladas por los aspirantes cuyos requisitos de participación hayan sido calificados favorablemente.
En el plazo de un mes desde la emisión de los informes correspondientes, el Pleno valorará y puntuará cada una de las alternativas técnicas formuladas por los aspirantes cuyos requisitos de participación hayan sido calificados favorablemente.
La apertura del sobre C de las proposiciones admitidas tendrá lugar, en acto público, a los siete días contados a partir del día siguiente al del Pleno de puntuación de la alternativa técnica, día que será anunciado en el tablón de anuncios del ayuntamiento, sirviendo este acto de notificación a todos los interesados. A este exclusivo efecto se considerará inhábil el sábado, de tal manera que si la apertura de plicas coincide en sábado se trasladará al lunes siguiente.
El acto de apertura de proposiciones, a tenor de lo establecido en el artículo 136.3 y concordantes de la LUV, comenzará dándose lectura al anuncio del concurso, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se hará público el número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.
En ese mismo acto, o en cualquier momento del procedimiento, los concursantes podrán manifestar el desistimiento de su propuesta, asumiendo la pérdida de la garantía provisional del 2% prestada.
Tras el acto de apertura de las proposiciones formuladas, se otorgará un plazo de audiencia de 15 días hábiles a los interesados que consten en el expediente y a los titulares catastrales, durante el cual podrán examinar el expediente y formular cuantas alegaciones interesen a sus derechos. Este nuevo trámite no tiene carácter de licitación.
Posteriormente a este trámite, se remitirá toda la documentación a los servicios técnicos municipales para su informe.
Informadas las alegaciones formuladas y emitidos los informes preceptivos de los servicios técnicos municipales, se elaborará por la mesa de estudio una propuesta de adjudicación, debiendo ser resuelta en un plazo máximo de tres meses desde la apertura del sobre A de las proposiciones formuladas.
La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación y a los interesados en el expediente. En el mismo plazo deberá aportar la escritura pública de constitución de la unión temporal de empresas cuando el licitador adjudicatario tuviera tal condición.
De acuerdo con el artículo 84 RGCAP, si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación requerida, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase omisiones, errores manifiestos o tachaduras que impidan conocer el contenido esencial de la oferta, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.
El rechazo de proposiciones podrá acordarse por la mesa en cualquier momento antes de realizar su propuesta de adjudicación del contrato.
La mesa formulará propuesta razonada y motivada, atendiendo a los criterios del pliego de condiciones particulares, al órgano de contratación que resolverá. Podrá proponer modificaciones respecto de la propuesta seleccionada.
En el supuesto que no hubiere concurrencia la adjudicación y aprobación del programa de actuación integrada se sustanciará en un solo acuerdo de Pleno, siendo innecesarios los acuerdos plenarios que contemplan los artículos 315 y 318 ROGTU.
Doce. Criterios y objetivos de la actuación en materia de urbanización y edificación (art. 131.2.d y e) LUV)
El desarrollo urbanístico del sector viene a completar la extensión natural del suelo urbano hasta su límite con la autopista AP-37, permitiendo la colmatación del suelo residencial entre esta vía de comunicación, el casco urbano actual y los límites de los suelos SUR-1, El Bañet.
La ordenación debe dar solución a los problemas de continuidad espacial que ocurren en el SUR-1, El Bañet, respecto a su conexión con el suelo urbano existente.
Debe realizar el vial perimetral de red primaria de viario que permita mejorar los accesos al núcleo urbano desde una zona perimetral, que alivie la actual penetración central, tal y como establece la ficha de ordenación.
Igualmente debe reservar y ejecutar la zona verde de tipo lineal junto a la acequia mayor, conformando un elemento de bulevard de borde.
La ordenación debe adecuarse a los requisitos de la ficha de planeamiento en relación con el PATRICOVA.
Trece. Criterios y requisitos a observar en la documentación técnica. (art. 131.2.f LUV)
Deberá realizarse la documentación técnica necesaria para cumplir los requisitos del ROGTU (art. 157 a 162).
En relación a los instrumentos de planeamiento (sobre todo plan parcial y proyecto de urbanización), y demás documentos que necesiten el apoyo de un soporte gráfico, se presentarán en soporte papel y en soporte informático (Word para textos, Autocad para planos, o con estándares similares).
En relación a la documentación que acredita la solvencia técnica, económica y financiera, se atenderá a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para la legislación del contrato de concesión de obra pública, en concreto, en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas.
Catorce. Plazos de despliegue y ejecución (art. 131.2.i LUV)
El plazo estimado para el despliegue, desarrollo y ejecución del programa de actuación será como máximo el de cinco años, y comenzará a partir del día siguiente al de la firma del contrato de adjudicación.
Deberán cumplirse los plazos establecidos en el artículo 332 del ROGTU para la presentación de documentos y sometimiento a información pública de estos.
Quince. Adjudicación conexa o condicionada
En caso de que se programara con anterioridad al sector SAUT-1, S-2 y S-1 UE-1 el desarrollo del sector S-1, UE-2, implicará la asunción de la responsabilidad de la gestión y ejecución de la extensión de la conexiones de la red primaria de viario desde la rotonda en la CV-935 sin perjuicio de las compensaciones a las que hubiere lugar.
El aspirante a urbanizador de la UE.2 del S-1 deberá inexcusablemente presentarse a licitación del concurso de la UE.1 del S-1 y del S-2, siendo su incumplimiento causa de exclusión de la licitación en el presente concurso.
Dieciséis. Ejecución de la obra de urbanización
16.1. En relación con las obras de urbanización, el urbanizador atenderá al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
Deberá ejecutar la totalidad de las obras de urbanización en los plazos contenidos en la propuesta que presente el urbanizador seleccionado.
El inicio de las obras de urbanización se realizará en el plazo máximo de un mes desde la aprobación del proyecto de reparcelación. En ningún caso el plazo de ejecución será superior a 36 meses desde su inicio.
El inicio de las obras se acreditará mediante acta de replanteo y la finalización mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director de las mismas.
El acta de replanteo será suscrita, por el urbanizador, el empresario constructor, un técnico del ayuntamiento y la dirección facultativa. y en ella se harán constar los siguientes extremos:
a) La comprobación de la adecuación del proyecto de ejecución a la realidad geométrica del terreno o de la edificación sobre la que se actúa.
b) La verificación de la disponibilidad del terreno o de la edificación, necesaria para el comienzo de las obras.
c) La viabilidad del proyecto de ejecución, a la vista de las características físicas del terreno y otras contingencias no previstas que pudieran presentarse.
El urbanizador convocará a quienes deban suscribir el acta de replanteo, con una antelación mínima de cinco días, computados desde la recepción de la misma por las partes convocadas. En el acta de replanteo se recogerá la fecha de comienzo de las obras, así como cualquier reserva o discrepancia que se pudiera observar por quienes estén llamados a suscribirla.
En caso de aceptarse prórrogas sobre las fases del calendario propuesto, éstas deberán ser acordadas de forma expresa por el ayuntamiento, previa solicitud del adjudicatario. En ningún caso se prorrogarán los plazos fijados por mutuo consentimiento tácito.
Los plazos previstos podrán ser prorrogados y suspendidos de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCAP/2000 y en su reglamento, y demás normativa que resulte de aplicación. En particular:
i) En lo relativo a la redacción de textos refundidos y proyecto de reparcelación resultarán aplicables las reglas propias del contrato administrativo de consultoría y asistencia técnica.
ii) Por lo que se refiere a la ejecución de las obras, serán aplicables los preceptos relativos al contrato administrativo de obras.
El incumplimiento de los plazos resultantes de la propuesta ganadora, así como de las posibles prórrogas que pudieran acordarse conllevará la imposición al adjudicatario de las penalidades por demora que resulten de aplicación o, en su caso; la resolución del contrato, de acuerdo a los términos y condiciones que se prevean en el contrato de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, tal y como se determinan en la base diecinueve.
El urbanizador deberá ejecutar, en consecuencia, la totalidad de las obras de urbanización correspondientes a ejecución de la red viaria pública; redes de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica, incluyendo instalaciones de conducción, transformación, distribución y alumbrado público, canalización e instalación de gas y cualquier otro servicio previsto en el proyecto de urbanización; así como ejecución de los espacios libres públicos, incluyendo mobiliario urbano, jardinería y plantación de arbolado.
Ejecutar las obras de conexión a red primaria y redes de servicio que sean precisos en el exterior de la unidad de actuación.
16.2. Ejecución de las obras por empresario constructor (art. 357 y ss. ROGTU)
16.2.1. La ejecución del proyecto de urbanización aprobado por el ayuntamiento será a cargo del empresario constructor, quién será seleccionado por el urbanizador de conformidad con las previsiones establecidas por la legislación básica de carácter estatal de contratación pública, la LUV y el ROGTU, en concreto en sus artículos 357 a 370.
No será preceptivo seleccionar al empresario constructor mediante licitación pública en los supuestos contenidos en el artículo 120.6 y 7 LUV.
16.2.2. El procedimiento será iniciado por el urbanizador mediante acta notarial, en la que deberá protocolizarse la certificación del acuerdo de adjudicación del correspondiente programa, así como el pliego de cláusulas particulares y prescripciones técnicas que debe regir la contratación.
El pliego de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas que vayan a regular la licitación se presentarán en el ayuntamiento para su ratificación o rectificación en el plazo de un mes desde que se haya formalizado el contrato. El ayuntamiento deberá ratificar o rectificar las cláusulas particulares y prescripciones en el plazo de 15 días desde su presentación.
La certificación municipal de la resolución de ratificación o rectificación se protocolizará en el acta notarial del concurso.
16.2.3. En el plazo de cinco días desde que se produzca la ratificación del pliego de cláusulas particulares y prescripciones técnicas, el urbanizador remitirá anuncio del procedimiento de selección para su publicación primero en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y, con posterioridad, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
Los interesados podrán presentar sus proposiciones en plica cerrada dentro del plazo de dos meses desde la publicación del anuncio en el DOUE en la notaría indicada en el anuncio.
16.2.4. El empresario constructor será seleccionado mediante subasta salvo que el ayuntamiento o urbanizador aprecie la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para acordar la selección mediante concurso en el acuerdo de adjudicación del correspondiente programa.
16.2.5. Para la selección del empresario constructor se aplicarán las siguientes reglas:
a) Al quinto día hábil a contar desde la finalización del plazo para la presentación de las ofertas, el urbanizador calificará previamente los documentos acreditativos de la personalidad, capacidad y solvencia de los licitadores presentados en tiempo y forma.
b) Una vez calificada la personalidad, capacidad y solvencia de los licitadores, el urbanizador procederá, en acto público y bajo fe notarial, a la apertura de las ofertas de aquellos que hayan sido calificados favorablemente. Las ofertas de los licitadores se protocolizarán al acta notarial del concurso.
c) La apertura de plicas se realizará bajo la dirección del urbanizador y la fe pública del notario, que hará constar las actuaciones e incidencias que se produzcan mediante diligencia en el acta del concurso. Igualmente, el notario supervisará y asesorará sobre el cumplimiento de la legalidad formal durante el acto.
d) La propuesta de adjudicación, junto con el resto de propuestas presentadas, incluidas las que hayan sido calificadas negativamente, serán comunicadas al ayuntamiento en el plazo de cinco días desde la apertura de plicas.
e) La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, ni frente al urbanizador ni frente al ayuntamiento, mientras no se haya ratificado o rectificado por este último y se haya adjudicado el contrato en consecuencia.
16.2.6. Una vez recibidas todas las propuestas por el ayuntamiento, se dará traslado de las mismas a los servicios técnicos municipales para que emitan un informe preceptivo no vinculante en el plazo de cinco días. La falta de emisión del informe en plazo no impedirá la continuación del procedimiento.
16.2.7. El ayuntamiento deberá determinar si la calificación de la personalidad, capacidad y solvencia de los licitadores efectuada por el urbanizador fue correcta, y, a continuación, deberá ratificar o rectificar la propuesta de adjudicación, en el plazo máximo de 15 días, y notificarse al urbanizador y a todos los participantes en la licitación en el plazo de 10 días.
16.2.8. Para el expediente de concurso, se aplicarán las siguientes reglas:
a) En el pliego de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas se establecerán los criterios objetivos que han de servir de base para la selección del empresario constructor, así como su ponderación, de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
b) Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la selección del empresario constructor, se deberán expresar en el pliego de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas los limites que permitan apreciar, en su caso, la existencia de ofertas desproporcionadas o temerarias, todo ello de conformidad con la Ley de los Contratos de las Administraciones Públicas.
16.2.9. En el supuesto en que una vez iniciado el procedimiento para la selección del empresario constructor, no se presentaran ofertas o habiéndose formulado ninguna resulte elegible, será de aplicación lo preceptuado por el artículo 366 del ROGTU
16.2.10. Con carácter previo a la firma del contrato entre el urbanizador y el empresario constructor, éste deberá prestar una garantía definitiva a favor de aquél por cuantía del 4% del importe total del contrato de obras, lo que deberá ser acreditado ante el ayuntamiento antes del inicio de la ejecución de las obras.
Diecisiete. Relaciones con los propietarios. Equidistribución
La iniciativa que formulen los candidatos a urbanizador deberán prestar especial atención al sistema de relaciones que la gestión y desarrollo del sector requieran con los propietarios de suelo y especial respeto por sus derechos patrimoniales que han de ser compatibles según el nuevo espíritu protector de la LUV, y a favor del interés público.
En este sentido la propuesta del urbanizador atenderá a los siguientes contenidos según la situación en la que se encuentre la propiedad:
17.1. Propietarios de suelo urbanizable, en su caso, que hubieren patrimonializado su aprovechamiento, pero deban soportar las cargas de urbanización.
17.2. Propietarios de suelo urbanizable que no han patrimonializado su aprovechamiento dentro del suelo urbanizable homologado en el término municipal de Almoradí. Serán tributarios del correspondiente excedente de aprovechamiento.
Se identificará en cada oferta el momento y forma para que el propietario pueda ejercitar ante el urbanizador la opción de pago en metálico por todos los conceptos asumidos como retribuibles. Esta propuesta de pago en dinero deberá contener los siguientes elementos mínimos:
a) Valoración de todos los conceptos retribuibles.
b) Asignación de cuotas en proporción a la propiedad inicial de cada propietario.
c) Plazos de pago.
d) Garantías adicionales exigibles a los propietarios distintos de la mera carga real.
Modalidad mixta de retribución que resulten de las anteriores dichas, o, incluso de la iniciativa del candidato a urbanizador dentro del marco de la LUV y de la Ley 6/1998.
Fijación de los conceptos y derechos indemnizables que sean necesarios asumir por la actuación al objeto de hacerla posible, con estimación de cantidades.
Dieciocho. Condicionantes, mejoras y medidas complementarias y variantes (art. 131.2.g LUV)
Deberán cumplirse todas las condiciones establecidas en la ficha de gestión.
La propuesta de programa deberá atender inexcusablemente a los objetivos imprescindibles establecidos por el artículo 124.1 LUV. En este sentido prestará también puntual atención al mandato de la letra d) del precepto citado, en el sentido de suplementar, de forma justificada y para compensar desequilibrios, infraestructuras, espacios públicos y dotaciones que sean del caso.
Por otro lado, podrán plantearse objetivos complementarios asumiendo el régimen que al objeto establece el artículo 124.2 LUV.
Variantes. Podrán formularse dentro de una misma alternativa técnica y referidas exclusivamente a su contenido.
Diecinueve. Criterios de adjudicación (art. 131.2.n y 4 LUV, y art. 286.1.j y k), 312 y 313 ROGTU)
La administración actuante adjudicará la condición de urbanizador a aquél que formule una propuesta que atienda a los siguientes objetivos que se ordenan por orden de importancia decreciente.
Se establece puntuación mínima de 30 puntos para las alternativas técnicas, a los efectos de ponderar posteriormente las proposiciones jurídico-económicas (art. 286.1.k ROGTU). Las propuestas de programas cuya alternativa técnica no sobrepase la puntuación mínima, serán descartadas.
Criterios de adjudicación
Alternativa técnica: 60 puntos (60%)
Proposición. jurídico-económica: 40 puntos (40%) (art. 312.2.b ROGTU)
Alternativa técnica 60%
Precepto
ROGTU Puntuación
312.5.a Calidad técnica de la ordenación. (50%). 30
312.5.b Resolución adecuada de la integración
de la actuación en su entorno (10%). 6
312.5.c Mejor estructuración de dotaciones públicas
y espacios libres y calidad de las mismas (10%). 6
312.5.d Calidad técnica del proyecto de urbanización,
y en particular de sus soluciones de conexión.
Calidad de materiales (10%). 6
312.5.f Objetivos complementarios. Inversión
en programas de restauración paisajística
o de imagen urbana (10%). 6
312.5.g Plazos de ejecución, compromiso de edificación
simultánea, compromisos adicionales
voluntarios (10%). 6
60 puntos
Proposición jurídico-económica 40%
Precepto
ROGTU Puntuación
313.1.a Coste de urbanización (35%). 14
313.1.b Valoración de terrenos a efectos de coeficiente
de canje para el pago en especie.
Oferta de compra de suelo a propietarios.
Indemnizaciones.
Beneficio urbanizador (55%). 22
313.1.c Garantías complementarias (2,5%). 1
bb.pp. Acuerdos con los propietarios para la forma
de pago, con facilidades de pago (5%). 2
bb.pp. Solvencia económica y profesionales (2,5%). 1
40 puntos
Veinte. Obligaciones y prerrogativas de la administración actuante (art. 286.1.e ROGTU)
El Ayuntamiento de Almoradí viene obligado a prestar la más diligente colaboración al urbanizador que resulte seleccionado, conforme a los principios de lealtad y eficiencia. Prestará su ayuda y tutela en las relaciones que el urbanizador tenga con empresas concesionarias de servicios públicos suministradores de energía o agua y también con otras administraciones.
El Ayuntamiento de Almoradí contará con las prerrogativas que le reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas y como mínimo, las de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidas en la LUV y su desarrollo reglamentario.
Veintiuna. Otorgamiento y ejecución del contrato
Con anterioridad a la firma del contrato con el ayuntamiento, el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, que será del 15% sobre las cargas de urbanización, así como las complementarias en su caso.
En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.
El documento de formalización será firmado por el alcalde y el urbanizador, dando fe de ello el secretario general, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación y de su proposición jurídico-económica.
Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el TRLCAP/2000.
La ejecución del programa de actuación integrada se realizará a riesgo y ventura del urbanizador, sin perjuicio de lo dispuesto de forma legal y reglamentariamente para la retasación de cargas, con estricta sujeción a las presentes bases particulares de programación, y a las órdenes e instrucciones que en interpretación de éstas diera el ayuntamiento.
El urbanizador podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las siguientes prestaciones correspondientes al programa de actuación, de acuerdo con el artículo 335 del ROGTU.
Veintidós. Cumplimiento, modificaciones, incumplimiento, resolución y extinción del contrato (art. 286.1.i ROGTU)
22.1. El urbanizador está obligado a cumplir el plazo total de ejecución del contrato, así como los plazos parciales propuestos, y en concreto, deberá iniciar las obras de urbanización en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. Por su parte, las obras de urbanización deberán estar finalizadas en el plazo máximo de 36 meses desde su inicio.
Además de ello, deberá cumplir los demás plazos que determina el artículo 332 del ROGTU.
22.2. La constitución en mora del urbanizador no precisará de previa intimación por parte del ayuntamiento. Cuando exista demora del plazo total imputable al urbanizador, el ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,25 euros por cada 601,01 euros sobre las cargas de urbanización del programa de actuación, acordando en este último caso la oportuna ampliación del plazo de ejecución. Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5% de las cargas de urbanización aprobadas, el ayuntamiento podrá resolver el contrato o acordar la continuidad con la imposición de nuevas penalidades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Al incumplimiento de los plazos parciales fijados también se les aplicará el régimen de penalidades previstas legalmente para el incumplimiento del plazo total.
Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al urbanizador y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole ampliación del plazo que se había señalado, se concederá por el ayuntamiento un plazo que será por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
22.3. El ayuntamiento exigirá al urbanizador la subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentados que le sean imputables, otorgándole al efecto un plazo prudencial que no podrá exceder de un mes.
De persistir el incumplimiento en cuanto a la ejecución parcial de las prestaciones objeto del contrato, el ayuntamiento podrá optar indistintamente, por su resolución o por computar el tiempo requerido para las correcciones de los trabajos defectuosos o mal ejecutados a efectos de sanción por retrasos.
22.4. Prórroga del contrato.
La posibilidad de prorrogar el contrato y el alcance de la prórroga se establece como una posibilidad y tras el correspondiente expediente en el que se justifique su necesidad.
22.5. En el supuesto de modificación del contrato se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
22.6. Son causas de resolución del contrato por causas imputables al urbanizador, además de las determinadas en el artículo 143.2 de la LUV, las siguientes:
i) Las previstas en el TRLCAP/2000, con los efectos que se establecen en la normativa de aplicación, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador para el desempeño de su tarea y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.
ii) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las presentes bases generales de programación, en las bases particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.
iii) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.
xv) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
xvi) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
xvii) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del ayuntamiento.
xviii) El incumplimiento de los plazos determinados por el artículo 332 del ROGTU.
22.7. Serán causas de resolución del contrato por causas imputables al ayuntamiento:
i) La suspensión, por causa imputable al ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.
ii) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el ayuntamiento.
22.8. El contrato se extinguirá una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del ayuntamiento.
Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras, en su defecto, su aseguramiento.
Para que pueda operar la recepción de obras definitiva, deberá haberse acreditado por el urbanizador el cumplimiento de todas las obligaciones que le fueran exigibles conforme al contrato suscrito con la administración actuante.
El ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento.
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento Pleno acordará la recepción de las obras de urbanización, comenzando entonces el plazo de garantía.
La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.
El plazo de garantía será de 12 meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.
Veintitrés. Recursos administrativos (art. 447 y 448 ROGTU)
Serán de aplicación los artículos 447 y 448 del ROGTU, y en concreto, antes de la interposición del recurso contencioso-administrativo, las decisiones que se adopten por el ayuntamiento en los procedimientos de adjudicación de programas de actuación deberán ser objeto de los recursos regulados en la Ley 30/1992.
Podrán impugnarse:
a) El acto de aprobación de las bases particulares reguladoras del programa.
b) La calificación de la capacidad y solvencia para participar en el proceso de selección.
c) El acto de adjudicación del contrato al urbanizador, y de aprobación del programa de actuación integrada.
d) El acto de adjudicación del contrato al empresario constructor.
e) El acto de aprobación del proyecto de reparcelación.
El recurso debe interponerse en el plazo máximo de un mes contado a partir del siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto objeto de impugnación, sin perjuicio de la posibilidad de interponerlo desde la fecha en que se tenga noticia de la existencia y contenido completo del acto. El escrito de interposición se presentará en el Registro del ayuntamiento, con el contenido exigido en la Ley 30/1992.
Veinticuatro. Pago de costes y tasas por el adjudicatario
El pago del coste de todas las publicaciones, anuncios, etcétera, que sean necesarios para la adjudicación de la condición de urbanizador será repercutido al adjudicatario del contrato, esto es, a quien sea adjudicada la condición de urbanizador.
El adjudicatario deberá abonar las tasas e impuestos que determinan las ordenanzas fiscales de este ayuntamiento antes de la formalización del contrato.