Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6363, del 27-09-2010 (2010/9914)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 752/2008.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6363

Fecha DOGV
:   27-09-2010

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2010/9914


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Castellon de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 752/2008. [2010/9914]  
Ordinario 000752/2008-B  
De: Castemader, SL.  
Procuradora: Eva María Pesudo Arenós.  
Contra: José Hernández Rivero, Fernando Arriero González y Inmova Promociones, CB.  
Procurador: Juan Borrell Espinosa.   
En el presente procedimiento ordinario seguido a instancia de Castemader, SL, frente a José Manuel Hernández Rivero, Fernando Arriero González y Inmova Promociones, CB, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón de la Plana.  
Procedimiento: Juicio ordinario 752/2008 (monitorio 1199/2007).  
Castellón de la Plana, 20 de enero de 2010  
Vistos ante mí, Víctor Calatayud Chollet, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón de la Plana, los presentes autos de juicio ordinario número 752/2008, promovidos la procuradora de los tribunales Eva María Pesudo Arenós, en representación de Castemader, SL, dirigida por el letrado Antonio José Tirado Jiménez, contra José Manuel Hernández Rivero, representado por el procurador de los tribunales Juan Borrell Espinosa, asistida del letrado Felipe Nacer Colomer, contra Fernando Arriero González (en rebeldía), dicto la sentencia número 9/2010 en base en los siguientes:  
Antecedentes de hecho:  
Primero. Por la procuradora de los tribunales Eva María Pesudo Arenós, en la representación ya dicha de la mercantil Castemader, SL, se presentó el pasado 25 de abril de 2008, en el decanato de los juzgados de este partido, escrito con el que promovía juicio ordinario, dimanante del monitorio número 1.199/2007, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, contra José Manuel Hernández Rivero y Fernando Arriero González, ejercitando acción de reclamación de cantidad, instando que, de conformidad con el suplico, se dicte sentencia por la que se declare que los demandados adeudan a la actora la suma de 3.043,95 euros, y se les condene a pagárselas, con los intereses legales, con expresa condena al pago de las costas y gastos procesales del juicio.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se acordó dar a los autos la tramitación prevenida para el juicio ordinario de conformidad con el artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 399 y concordantes de la misma ley procesal civil.  
Tercero. Emplazados en forma los demandados, tan solo el señor Hernández Rivero contestó a la demanda, oponiéndose a las pretensiones de contrario, instando la íntegra desestimación de la demanda, siendo Fernando declarado en rebeldía.  
Cuarto. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 414.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de acuerdo con lo dispuesto en este precepto, se convocó a las partes a una audiencia previa al juicio, señalándose para tal fin el día 31 de marzo de 2009, con el resultado que es de ver en las actuaciones, no habiéndose invocado ninguna excepción que obstase la prosecución del proceso.  
Quinto. De conformidad con el artículo 431 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y concordantes, el día 19 de enero de 2010, se ha celebrado el juicio, con el resultado que obra en acta, registrándose el resultado de la vista en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen con arreglo al artículo 187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Mientras que el condenado declarado en rebeldía ha continuado en tal situación, y no ha comparecido al juicio, por el contrato José Manuel se ha allanado en su integridad a las pretensiones de contrario, solicitando no obstante, la no imposición de costas.  
Sexto. En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas a plazos, debido al elevado volumen de asuntos tramitados por este Juzgado.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Ejercita la mercantil Castemader, SL, acción de reclamación de cantidad contra José Manuel Hernández Rivero y Fernando Arriero González, en demanda de los 3.043,95 euros, en que cifra la deuda de estos como integrantes de la comunidad de propietarios Innova Promociones, CB, que mantuvo relaciones comerciales con la actora que arrojan un saldo deudor de 2.915,44 euros, y del que son prueba las facturas unidas al escrito de demanda como documentos 1 a 3, así como los albaranes de entrega señalados como documentos 4 a 7. También se adjuntan al escrito de demanda, bajo los cardinales 8 al 10, los efectos librados por la actora, presentados al cobro por las entidades bancarias tenedoras y que resultaron impagados. Igualmente se acompaña copia de la carta remitida en reclamación del crédito (documento 11). La reclamación se hace extensiva a los intereses devengados en aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que son cifrados en 128,51 euros, resultantes de aplicar el interés del 9,09 euros, a los 177 euros de demora.   
Segundo. Mientras que José Manuel Hernández Rivero ha terminado por allanarse a las pretensiones de contrario, el otro codemandado ha mantenido una actitud de total pasividad, desentendiéndose totalmente del proceso.   
Tercero. Fernando Arriero González se encuentra en situación de rebeldía procesal. Como se expone en la sentencia de la Audiencia Provincial Valencia, Sección Octava, de 7 de junio de 2005: «La situación de rebeldía, conforme reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial, no supone ni el allanamiento del demandado o renuncia a la oposición, como tampoco la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión, que liberaría al actor de la carga de probar los que sirvan de soporte a su demanda, de manera que el promotor del proceso ha de desarrollar la actividad probatoria que entienda necesaria para que su acción llegue a buen término. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, siguiendo la doctrina jurisprudencial antes expuesta, ha venido a recoger en el artículo 496.2 dichos principios, al decir que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario». No obstante, como se precisa en la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Segunda, de 16 de octubre de 1998, «[...] también debe decirse que situándose voluntariamente el demandado en esa cómoda posición procesal, la exigencia de un rigor excesivo en las probanzas del actor, no resulta equitativo ya que, precisamente por esa actitud de la contraparte, el demandante se ve privado de los habituales medios probatorios de mayor entidad (absolución de posiciones del demandado, cotejo de letras, etc.)». Es más, ante la inasistencia a la vista del señor Arriero González, la dirección letrada de la actora ha solicitado que sea tenida por confeso en los términos previstos en el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que para el caso de incomparecencia de la parte al interrogatorio atribuye al juzgador la facultad de poder considerar reconocidos como ciertos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial. Atendiendo a lo expuesto y, a la vista del voluntario e indolente proceder del demandado, que ha adoptado una conducta de absoluta pasividad ante la presente reclamación, así como la documental adjunta al escrito de demanda, que no ha sido impugnada, deben tenerse por ciertos los hechos de la demanda, debiendo considerase que la cantidad reclamada en este proceso es la debida por la demandada al no constar datos, hechos o circunstancias diferentes de las presentadas por la actora y de las que se desprendan hechos extintivos, impeditivos o excluyentes de la deuda solicitada. En definitiva, la parte actora ha acreditado suficientemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los hechos generadores de la deuda, mientras que Fernando no ha acreditado hecho extintivo, excluyente o impeditivo del nacimiento de la obligación que le vinculaba con la actora.   
Cuarto. En definitiva, procede la condena de José Manuel Hernández Rivero a pagar a la actora las sumas objeto de reclamación, en cumplimiento de lo convenido y en aplicación de los artículos 1.258, 1.091 y 1.124 del Código Civil de los que resulta la obligatoriedad de los contratos y de las obligaciones que nacen de los mismos, así como su exigibilidad por aquel de los contratantes que ha cumplido con sus obligaciones.   
Quinto. Habiéndose allanado José Manuel Hernández Rivero a las pretensiones de contrario, procede, en aplicación del artículo 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dictar sentencia condenatoria, de acuerdo con lo solicitado la actora, ya que no se aprecia que el allanamiento entrañe fraude de ley o suponga renuncia contra el interés general o perjuicio para tercero.  
Sexto. Como acertadamente se señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 3 de noviembre de 2003, «aunque la solidaridad no se presume, debiendo establecerse en el contrato o bien deducirse de la propia naturaleza de la obligación (artículos 1.137 y 1.138 del Código Civil), la jurisprudencia, sin salirse de dichos preceptos, ha extendido favorablemente los efectos de la solidaridad a determinados supuestos, como es el caso cuando se trata de relaciones de una comunidad con terceros, al margen de las relaciones internas, para las que sigue rigiendo el artículo 393 del Código Civil, que obliga a repartir las ganancias y las deudas en proporción a la respectiva cuota de cada comunero. Como afirma la jurisprudencia (sentencias 20 de marzo de 2003, 28 de diciembre de 2000, así como las de 20 de octubre de 1986, 12 de marzo de 1987, 26 de julio de 1988, 17 de enero de 1990, entre otras), la solidaridad resulta tácitamente de la cogestión entre varios de su actividad negocial frente a quienes con ellos pactan, por lo que si concurren una pluralidad de deudores, una unidad de objeto y que de unos mismos hechos se hubiese generado obligación para todos, no precisa de una manifestación expresa y puede inferirse del contenido del contrato, como se estima que es el caso, ya que la obra afecta a la comunidad de bienes y, consecuentemente, a todos y cada uno de sus componentes, y todos ellos se benefician de la misma en general». Atendiendo a lo expuesto, y dado que en los fundamentos de derecho de la demanda expresamente se invocan los artículos 392 y siguientes del Código Civil relativos a la responsabilidad solidaria de los componentes de la comunidad de bienes, la condena de los demandados ha de serlo en tal sentido.  
Séptimo. Con el objeto de combatir la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la administración, la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece en su artículo 5 que el obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por esta ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor. El interés de demora que deberá pagar el deudor será, según establece el artículo 7 de la citada ley, el que resulte del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartado siguiente de este precepto. Con arreglo a este cardinal, «el tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más 7 puntos porcentuales». En consecuencia, siendo la antedicha ley (artículo 3), debe condenarse a los demandados al pago del interés de demora reclamado por la actora, devengado conforme a estos preceptos.   
Octavo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales se imponen a Fernando Arriero al ser estimadas las pretensiones de la actora en su integridad.   
Igualmente, procede la condena en costas de José Manuel Hernández, en aplicación del 395.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que el allanamiento ha tenido lugar después de contestada la demanda.   
En atención a lo expuesto, vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso planteado,   
Fallo:   
Que estimando como estimo íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales Eva-María Pesudo Arenós, en nombre y representación de Castemader, SL, contra José Manuel Hernández Rivero y Fernando Arriero González, declaro que los demandados adeudan a la actora la suma de tres mil cuarenta y tres euros con noventa y cinco céntimos (3.043,95 euros) a cuyo pago les condeno de forma solidaria, con los intereses legales, condenándoles igualmente al pago de las costas y gastos procesales del juicio.  
Notifíquese la presente resolución a las partes en los términos acordados, advirtiéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, que se preparará mediante escrito dirigido a este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles desde su notificación y, con los requisitos del artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo constituir el depósito exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.  
Así por esta mi sentencia, de la que se dejará testimonio en los autos, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo».   
La presente sentencia fue dada, leída y publicada por el juez firmante de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, y asistido de mí, el secretario judicial. Doy fe.   
Y encontrándose dicho demandado, Fernando Arriero González y Inmova Promociones CB, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.   
Castellón de la Plana, 7 de septiembre de 2010.- El secretario judicial: Alexandre Ros Ros.