Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8601, del 29-07-2019 (2019/7646)

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2019 del secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, a los recursos de reposición interpuestos por los ayuntamientos de Monóvar, Agost, Pinoso, la Romana y Villena, para extender la nulidad a las resoluciones de cesión del dominio del Proyecto de conducción general de la margen derecha del río Vinalopó (Alicante) y Proyecto de infraestructura hidráulica para el postrasvase Júcar-Vinalopó, ramal margen derecha (Alicante).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8601

Fecha DOGV
:   29-07-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2019/7646


Fecha del documento
:   26-04-2019

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2019 del secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, a los recursos de reposición interpuestos por los ayuntamientos de Monóvar, Agost, Pinoso, la Romana y Villena, para extender la nulidad a las resoluciones de cesión del dominio del Proyecto de conducción general de la margen derecha del río Vinalopó (Alicante) y Proyecto de infraestructura hidráulica para el postrasvase Júcar-Vinalopó, ramal margen derecha (Alicante). [2019/7646]  
Visto los recursos de reposición interpuestos por los Ayuntamientos de Monóvar, Agost, Pinoso, La Romana y Villena, para extender la nulidad a las resoluciones de cesión del dominio del Proyecto de conducción general de la margen derecha del río Vinalopó (Alicante) y Proyecto de infraestructura hidráulica para el postrasvase Júcar-Vinalopó, ramal margen derecha (Alicante), y de conformidad con los siguientes  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. En fecha 7 de abril de 2015, mediante tres Resoluciones del director general del Agua, se produce la entrega y transmisión a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, por aplicación de la Ley 8/2002 de Ordenación y Modernización de Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana, del dominio de las siguientes infraestructuras:  
- Embalse regulador del riego. Conducción General de la margen derecha del río Vinalopó (Alicante), llamado Embalse de El Toscar.  
- Proyecto de conducción general de la margen derecha del río Vinalopó (Alicante).  
- Proyecto de infraestructura hidráulica para el postrasvase Júcar-Vinalopó, Ramal Margen Derecha (Alicante).  
Segundo. El 7 de mayo de 2015 se interpone un recurso de la Comunidad General de Regantes del Medio Vinalopó-l'Alacantí contra la primera de esas Resoluciones, por lo que se inicia un procedimiento, en el que se recaban diversos informes técnicos y jurídicos.  
Tercero. El 17 de diciembre de 2015 se emite un informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana sobre la procedencia de la declaración de nulidad de la primera Resolución. En dicho informe también se estudia la procedencia de extender esa nulidad a las otras dos Resoluciones, por cuanto que, la incorporación de tales proyectos de obras a un Plan de obras de carácter público (Plan de Obras y Actuaciones (II) de la zona desfavorecida por limitaciones específicas del Vinalopó (Alicante), aprobada por Orden 07.06.1994 -DOGV de 06.07.1994-, las dos primeras, y Plan de Obras de interés general aprobado por Orden de 22 de marzo de 2006 €DOGV de 30.03.2006- respecto de la tercera) y, principalmente, su inclusión en el sistema de infraestructuras hidráulicas para la transferencia de recursos hídricos de la cuenca del Júcar a la subcuenca del Vinalopó, dándoles la finalidad de servir para la regulación y conducción del agua ?de carácter público- tanto para abastecimiento de poblaciones como para riego, determinan, como decíamos anteriormente, que tales infraestructuras hidráulicas participen de la naturaleza del dominio público hidráulico, por su afección al uso público, siendo por tanto, bienes de carácter inalienable.  
Es más, avala esta consideración de afección al uso propio del trasvase, el hecho de que la cesión realizada en virtud de las Resoluciones de 7 de abril de 2015, se realice en favor de la Junta Central, que tiene encomendada la distribución y gestión de los recursos hídricos a trasvasar. Si verdaderamente se considerase una infraestructura de modernización de regadíos, amparable en la Ley 8/2002, el destinatario de la cesión debiera haber sido las comunidades de regantes a las cuales se quería beneficiar inicialmente, por ejemplo cuando el proyecto del embalse del Toscar era simplemente la construcción de una balsa de riego, para entregársela después a los regantes. Pero desde el momento en que se le da una finalidad de regulación de los caudales del postrasvase, adquiere la condición de embalse, de obra hidráulica de interés general, afecta a un uso público, y por tanto intransmisible.  
El citado informe de la abogacía, se pronuncia sin lugar a dudas, en cuanto la posibilidad de extender la declaración de nulidad del acto de cesión del Embalse de Toscar, objeto de recurso, a las otras dos cesiones del Proyecto de Conducción General de la Margen Derecha del Río Vinalopó (Alicante) y del Proyecto de Infraestructura Hidráulica para el Postrasvase Júcar-Vinalopó, Ramal Margen Derecha (Alicante), entendemos que el fundamento de la nulidad de las Resoluciones dictadas en los otros dos casos sería exactamente el mismo, si bien en estos supuestos, al no haber sido recurridos, debe estudiarse la opción de acudir a la revisión del oficio del art. 102 de la Ley 30/1992.  
Cuarto. El 5 de diciembre de 2016 se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana trámite de audiencia previo a la Resolución del Recurso interpuesto por la Comunidad General. Tras el mismo se presentan varias alegaciones y se emite informe al respecto por parte de la Dirección General del Agua. El 8 de septiembre de 2016, en respuesta a este informe, se emite uno nuevo por parte de la Abogacía de la Generalitat Valenciana. En la cuarta conclusión (relativa a la posibilidad de extender la declaración de nulidad/anulabilidad a las otras dos Resoluciones) se indica que el fundamento de la nulidad de las tres Resoluciones depende de la naturaleza o calificación de los bienes entregados y del destino de los mismos, si bien en estos supuestos, al no haber sido recurridos, debería estudiarse la opción de acudir, en su caso, a la revisión de oficio de los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992. En el caso de nulidad absoluta se requiere dictamen del Consell Jurídic Consultiu con carácter preceptivo y previo a la resolución; y para la anulabilidad declaración previa de lesividad e impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  
Todo ello, sin perjuicio de que puedan presentarse reclamaciones de responsabilidad patrimonial de considerarse por los afectados un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, ante un comportamiento normal/anormal de la Administración actuante, que no tengan el deber de soportar.  
Quinto. Entre las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia citado, están las de cinco Ayuntamientos (en concreto Monóvar, Agost, Pinoso, La Romana y Villena), todas ellas presentadas en diciembre de 2016, solicitando que su alegación se admitiera como recurso de reposición contra las otras dos resoluciones de cesión de dominio, alegando desconocimiento de las tres entregas realizadas, al no haber sido notificados en su momento como interesados y existir, por tanto, indefensión de todas las entidades usuarias y los centenares de miles de personas que se abastecen o riegan con agua de los acuíferos sobreexplotados.  
Sexto. El 14 de marzo de 2017, por Resolución del Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, se estima en parte el Recurso de la Comunidad General, declarando nula de pleno derecho la primera de las tres Resoluciones por incurrir en los supuestos de nulidad previstos en los apartados b, c, e i f del artículo 62.1 de la Ley 30/1992.  
Séptimo. Dicha resolución no se notifica a los interesados hasta el 3 de noviembre de 2017, una vez que se lleva a cabo la contratación de las tareas de mantenimiento, conservación e inspección a realizar en las instalaciones del Embalse del Toscar, en virtud de la Resolución del Subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de 28 de septiembre de 2017, pues hasta ese momento no podría garantizarse la necesaria continuidad de la gestión del embalse de El Toscar.  
Octavo. Ante la duda de si cabe admitir los recursos presentados contra las Resoluciones casi un año y medio después, la Dirección General del Agua solicita nuevo informe jurídico. El 29 de enero de 2018 la Abogacía de la Generalitat emite ese informe. En él se indica que, en principio, tales recursos han sido presentados fuera de plazo y, por tanto, las Resoluciones serían firmes en vía administrativa. Sin embargo, se alega por los recurrentes que, teniendo la condición de interesados en el procedimiento, no les fueron notificadas las referidas resoluciones. En consecuencia, entienden que habiendo tenido conocimiento de las mismas en un momento posterior, es a partir de tal momento cuando debe computarse el plazo para recurrir las citadas Resoluciones, por lo que solicitan que sean admitidos los recursos presentados.  
Con relación a las exigencias que deben condicionar la aceptación y trámite de los recursos, son dos las cuestiones a valorar, de acuerdo con el informe de la Abogacía de la Generalitat:  
1. De una parte debe analizarse si efectivamente los ayuntamientos recurrentes ostentan o no la condición de interesados en el procedimiento administrativo por el que se resolvió la cesión en abril de 2015 de las otras dos obras.  
2. De otra, y para el caso de que se concluyera que el recurrente sí tenía la condición de interesado, debe comprobarse si efectivamente no ha tenido conocimiento de la Resolución de 2015 hasta finales de 2016, pues si hubiera realizado alguna actuación administrativa o judicial de la que se desprenda que era conocedor de la citada resolución, no puede alegar indefensión y su recurso estaría fuera de plazo.  
En consecuencia, si se considera que el recurrente tenía la condición de interesado y se comprueba que no ha tenido conocimiento de las Resoluciones de cesión de los dos tramos referidos, cabría admitir el recurso.  
Noveno. En relación con el apartado Octavo 1., relativo a la condición de interesados, la Subdirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas emite el 20 de julio de 2018 un informe en el que justifica técnicamente que sí son interesados por cuanto que todos los acuíferos de los que se abastecen estos municipios se encuentran sobreexplotados y, por tanto, afectados por la transferencia Júcar-Vinalopó. Y, en todo caso, paliar los abastecimientos de estas poblaciones, es también objeto de la transferencia y, por tanto, afectados por las infraestructuras que facilitan esas transferencias.  
Décimo. En relación con el apartado octavo.2, entre febrero y marzo de 2018, los cinco ayuntamientos mencionados emiten certificados de no haber tenido conocimiento de las tres resoluciones emitidas por el director general del agua en abril de 2015.  
Consiguientemente, cabía iniciar el expediente de Resolución del recurso presentado por los ayuntamientos de Monóvar, Agost, Pinoso, La Romana y Villena, para resolver sobre la declaración de nulidad de la entrega del dominio de las otras dos obras, y debía iniciarse el trámite de audiencia a las partes.  
Por ello, y en coherencia con el informe de la Abogacía de 29 de enero de 2018, cabe extender la nulidad de la entrega del dominio de las infraestructuras del postrasvase, a las otras dos resoluciones del director general del Agua de abril de 2015, ya que, los fundamentos jurídicos son los mismos.  
Undécimo. Paralelamente, la Junta Central recurrió en contencioso administrativo, ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la Resolución declarada por el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, en fecha 14 de marzo de 2017, de nulidad a la entrega del dominio del embalse regulador (embalse del Toscar), y la del subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, de 28 de septiembre de 2017, por la que se ordenó a la empresa pública Tragsa la ejecución de tareas a realizar en las instalaciones del embalse de El Toscar.  
La Junta Central solicitó la medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas, en el sentido de que la Sala de lo contencioso-administrativo de dicho Tribunal Superior mantuviera la gestión, explotación, mantenimiento y uso del embalse del Toscar a esa Junta Central.  
Habida cuenta que los fundamentos jurídicos que apoyarían la nulidad de estas entregas son los mismos que los de la resolución recurrida, por prudencia, antes de proseguir con la tramitación correspondiente a los recursos de los cinco ayuntamientos, se esperó a la decisión del Tribunal respecto a la medida cautelar, así como a los argumentos que ella contuviera.  
Duodécimo. En fecha 19 de diciembre de 2018, el citado Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana emite Auto en el que deniega la medida cautelar solicitada por La Junta Central. Por ello se entiende que ya no cabe demora alguna en la tramitación de los recursos de los ayuntamientos.  
En la propia argumentación jurídica del Auto se cita que «en los supuestos de fuerte presunción de ilegalidad de la norma o precepto cuya suspensión se solicita, como es el caso de las disposiciones que han sido ya anuladas o que lo van a ser con toda probabilidad por ser, prácticamente, reiteración de otra ya eliminada de la vida jurídica».  
Es decir, se viene a marcar cuál ha de ser el proceder con respecto a la nueva resolución, por lo que se entiende que ya no cabe demora alguna en la tramitación de los recursos de los ayuntamientos, a salvo de incurrir en posibles responsabilidades, y evitar posibles daños al dominio público y patrimonial de la Generalitat.  
Decimotercero. Una vez resuelta la pieza de medidas cautelares, ya no había lugar a demorar el inicio del expediente de Resolución de los recursos interpuesto por los Ayuntamientos. Por ello se notificó a los interesados y se expuso al público el expediente que se tramita, publicando en el DOGV núm. 8490, de 20 de febrero de 2019, la Información pública del trámite de audiencia a las personas o entidades interesadas en la resolución de los recursos interpuestos por los ayuntamientos de Monóvar, Pinoso, Agost, La Romana y Villena contra las resoluciones del director general del Agua, de 7 de abril de 2015, de entrega del dominio de las infraestructuras hidráulicas incluidas en las obras de varios proyectos a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y Consorcio de Aguas de La Marina Baixa.  
Una vez finalizado ampliamente el período de exposición pública, no se recibió ninguna alegación presentada por persona física o entidad.  
Decimocuarto. Los hechos relevantes a tener en cuenta para dictar la presente resolución son los siguientes:  
- El origen legal de la transferencia hídrica Júcar-Vinalopó se remonta al plan hidrológico de la cuenca del Júcar, aprobado por el Real decreto 1664/1998 de 24 de julio, y la infraestructura necesaria para llevarla a cabo se declaró de interés general, de utilidad pública y urgencia, con un doble objetivo, reducir la sobreexplotación de los acuíferos y paliar los déficits de abastecimiento de cinco comarcas (las tres del Vinalopó, la Marina Baja y l'Alacantí). Esos objetivos e interés general se mantienen en el Plan Hidrológico vigente, aprobado por Real decreto 1/2016, de 8 de enero. Existe, por tanto, un objetivo ambiental general, que afecta a toda la sociedad y otro relacionado con la satisfacción de demandas, que afecta a los usuarios de los sistemas de explotación.  
- Se ha denominado Trasvase a la infraestructura que conecta hidráulicamente el río Júcar con la comarca del Vinalopó, incluyendo el macroembalse de San Diego, de 20 hm³ de capacidad, y el término Postrasvase se ha reservado para denominar las infraestructuras que, partiendo de las obras anteriores, distribuyen las aguas trasvasadas dentro del ámbito territorial del sistema Vinalopó-Alacantí hasta las balsas o depósitos de los usuarios finales.  
- La puesta en marcha del postrasvase se inició con un Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Junta Central firmado el 20 de septiembre de 2012, autorizado por el pleno del Consell, y firmado por la consellera, atendiendo a la necesidad de vaciar la balsa de San Diego (principal elemento de regulación integrado en la conducción del trasvase) para diagnosticar y reparar las fugas sufridas por ese elemento. Se emitieron dos informes de la abogacía de la Generalitat en los que se expresa el carácter demanial de las obras del postrasvase y, en consecuencia, la imposibilidad de transmitir su titularidad.  
- La aprobación de este Convenio por el Gobierno Valenciano, certifica el carácter demanial de las tres infraestructuras, pero también que ya era conocido por los responsables de los actos de cesión del dominio de estas infraestructuras del postrasvase. Algunos de los responsables de la aprobación y firma del convenio del vaciado de la Balsa de San Diego para el uso de estas infraestructuras, en septiembre de 2012, y son los mismos que luego transmiten el domino de estos bienes, que la abogacía, en reiterados y preceptivos informes, califica como dominio público de la Generalitat Valenciana, lo que implica la demanialidad de las mismas.  
  
- Mediante la Resolución del director general del Agua de fecha 14 de julio de 2014, actuando por delegación del conseller de Hacienda, se autorizó a la Junta Central de nuevo el uso, entre otras instalaciones, del Embalse regulador de riego El Toscar, en Monóvar (Alicante), de cuya capacidad total se reservarán 450.000 m³ para el uso de la Comunidad de Regantes de Monóvar y el Ayuntamiento de Monóvar, según se desprende del Acta del 19 de diciembre de 2000 de la Comunidad General.  
- Con fecha 7 de abril de 2015 se dictan las tres resoluciones del director general del Agua ya citadas anteriormente.  
- Constan en el expediente el informe del director general del Agua de fecha 13 de junio de 2016, emitido en virtud de lo dispuesto en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, así como diversos informes emitidos por la Abogacía de la Generalitat, por la Subdirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, por el Servicio de Regadíos, por la Dirección General de Agricultura, por la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio de la Conselleria de Hacienda y escrito de alegaciones  
  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. La calificación de los recursos planteados han de reconsiderarse, puesto que las resoluciones del 7 de abril de 2015, del director general del Agua, no pusieron fin a la vía administrativa, a pesar de lo que en ellas se indicaba, ya que, conforme al Decreto 89/2014, de 13 de junio, del Consell, que aprobó el Reglamento orgánico y funcional de la Presidencia y de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, vigente en el momento en que se dictaron las tres resoluciones, el director general del Agua dependía de la Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Por tanto, debe entenderse que tenía superior jerárquico y, por consiguiente, sus actos no agotaban la vía administrativa, de conformidad con el artículo 109 de la Ley 30/1992 (vigente en aquel momento; a ese respecto, hoy sería aplicable el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).  
Por ello, las resoluciones que se impugnan deben entenderse que son recurribles en alzada, a pesar de que se diera como recurso el de reposición, según lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 30/1992 (hoy artículo 121 de la Ley 39/2015) en el que se establece que las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1 cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.  
Su resolución corresponde al superior jerárquico, que en la actualidad es la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.  
Segundo. El 14 de marzo de 2017, por Resolución del Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, se estima en parte el Recurso de la Comunidad General, declarando nula de pleno derecho la primera de las tres Resoluciones por incurrir en los supuestos de nulidad previstos en los apartados b, c, e i f del artículo 62.1 de la Ley 30/1992.  
Tercero. El origen legal de la transferencia hídrica Júcar-Vinalopó se remonta al plan hidrológico de la cuenca del Júcar, aprobado por el Real decreto 1664/1998 de 24 de julio, y la infraestructura necesaria para llevarla a cabo se declaró de interés general, de utilidad pública y urgencia, con un doble objetivo, reducir la sobreexplotación de los acuíferos y paliar los déficits de abastecimiento de cinco comarcas (las tres del Vinalopó, la Marina Baja y l'Alacantí). Existe, por tanto, un objetivo ambiental general, que afecta a toda la sociedad y otro relacionado con la satisfacción de demandas, que afecta a los usuarios de los sistemas de explotación.  
Cuarto. La puesta en marcha del postrasvase se inició con un Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Junta Central firmado el 20 de septiembre de 2012, autorizado por el pleno del Consell, y firmado por la consellera, atendiendo a la necesidad de vaciar la balsa de San Diego (principal elemento de regulación integrado en la conducción del trasvase) para diagnosticar y reparar las fugas sufridas por ese elemento. Se emitieron dos informes de la abogacía de la Generalitat en los que se expresa el carácter demanial de las obras del postrasvase y, en consecuencia, la imposibilidad de transmitir su titularidad.  
Quinto. En fecha 19 de diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana emite Auto en el que deniega la medida cautelar solicitada por La Junta Central respecto a la resolución que declara la nulidad de la entrega del embalse del Toscar. Por ello se entiende que ya no cabe demora alguna en la tramitación de los recursos de los Ayuntamientos.  
En la argumentación jurídica del Auto se cita que...en los supuestos de fuerte presunción de ilegalidad de la norma o precepto cuya suspensión se solicita, como es el caso de las disposiciones que han sido ya anuladas o que lo van a ser con toda probabilidad por ser, prácticamente, reiteración de otra ya eliminada de la vida jurídica..., es decir, se viene a marcar cuál ha de ser el proceder con respecto a la nueva Resolución, por lo que se entiende que ya no cabe demora alguna en la tramitación de los recursos de los Ayuntamientos, a salvo de incurrir en posibles responsabilidades, y evitar posibles daños al dominio público y patrimonial de la Generalitat.  
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que les son de aplicación, conforme a la propuesta del director general del Agua, así como los informes que componen este expediente, resuelvo:  
  
Estimar los recursos presentados por los ayuntamientos de Monóvar, Agost, Pinoso, La Romana y Villena, declarando nulas de pleno derecho las entregas del dominio de las obras de:  
- Proyecto de Conducción General de la Margen Derecha del río Vinalopó (Alicante).  
- Proyecto de Infraestructura Hidráulica para el Postrasvase Júcar-Vinalopó, Ramal Margen Derecha (Alicante).  
Por incurrir en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en los apartados b, c, e i f del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
Asimismo, concurre una causa de anulabilidad de las citadas resoluciones, al no haber ofrecido el trámite de audiencia con anterioridad a dictar las mismas y haber producido indefensión a los ayuntamientos recurrentes y al resto de interesados.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
València, 26 de abril de 2019.- El secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático: Francisco Javier Quesada Ferre.