Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6074, del 07-08-2009 (2009/8955)

Notificación a Vicente Macián Gómez. Expediente número VIVI/049808/6.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6074

Fecha DOGV
:   07-08-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/8955


Fecha del documento
:   22-04-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a Vicente Macián Gómez. Expediente número VIVI/049808/6. [2009/8955]  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de resolución a Vicente Macián Gómez con expediente VIVI/049808/6.  
Resolución   
Visto el procedimiento sancionador VIVI/049808/6 seguido contra Vicente Macián Gómez por infracción del régimen legal que regula las Viviendas de Protección Pública.  
Resultando que con fecha 3 de septiembre de 2008 el instructor del procedimiento elevaba la oportuna propuesta de resolución.  
Resultando que a la misma, la parte expedientada no formula alegaciones.  
Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 65 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la prueba obrante en el presente procedimiento resulta acreditado que, Vicente Macián Gómez enajenó la vivienda sita en Valencia, Av del Puerto nº 165-13, incumpliendo la limitación de disponer establecida en el artículo 14.2 del Decreto 92/2002, de 30 de mayo y en el artículo 10.2 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero. Así consta en escritura pública de fecha 19 de septiembre de 2006 otorgada ante el notario Alberto Domingo Puchol.  
Considerando que, en atención a la existencia de intencionalidad en la comisión de los hechos y a los perjuicios causados a los adquirentes de la vivienda, derivados de la imposibilidad de inscribir en el Registro de la Propiedad una vivienda sobre la que pesa la limitación de disponer descrita, la sanción a imponer se fija en su grado máximo 3.000 euros.  
Considerando que, el artículo 72 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, establece que a los autores de infracciones graves y muy graves se podrá imponer además de la sanción, la pérdida y la devolución, incrementada con los intereses legales, de las ayudas económicas percibidas, en el caso de infracciones al régimen de financiación protegida en la promoción y adquisición de viviendas, así como al régimen legal de viviendas de protección pública.  
Considerando que, el artículo 131.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre dispone que el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.  
Considerando que, en el presente caso, el expedientado ha enajenado la vivienda sin obtener la preceptiva autorización administrativa y sin haber devuelto las ayudas económicas percibidas, procede, para evitar la obtención de un beneficio por la comisión de la infracción, además de la imposición de la sanción, exigir como medida complementaria, la devolución, incrementada con los intereses legales de las ayudas económicas percibidas.  
Considerando que, respecto a los perjuicios causados a la parte compradora por el incumplimiento del vendedor de los requisitos establecidos en el artículo 14.2 del Decreto 92/2002, de 30 de mayo y en el artículo 10.2 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, debe considerarse que la parte compradora no puede resultar permanente perjudicada por la comisión de una infracción imputable al vendedor. En el presente caso ha sido el vendedor quien ha incumplido la limitación de disponer establecida en los artículos citados. Si las consecuencias de esa infracción se mantuvieran para el comprador se le estaría causando un perjuicio como consecuencia de la realización por otro de una conducta antijurídica. Esta interpretación consideramos que no es procedente y debe, por tanto, entenderse que la parte compradora no puede resultar afectada por una limitación de disponer que recae sobre el vendedor.   
Por ello, procedería considerar que el comprador no está afectado por la limitación establecida en los artículos14.2 del Decreto 92/2002, de 30 de mayo y 10.2 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, a los efectos de permitir la inscripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad a su nombre, para evitar que resulte permanente perjudicado por el resultado de una conducta imputable a otra persona.   
Considerando que en la tramitación del procedimiento se han observado las normas contenidas en el Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto y, supletoriamente, las contenidas en el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.  
Considerando que es competencia de este Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos la resolución del presente procedimiento, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 15 de febrero de 2007 de la Conselleria de Territorio y Vivienda.  
Vistos los preceptos legales citados, la Ley la Ley 8/2004 de 20 de octubre (DOGV 21/10/04) de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y demás normas de general y pertinente aplicación, el jefe del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos dicta la siguiente, resolución:  
1. Imponer a Vicente Macián Gómez, como autor de una muy grave, prevista y sancionada como tal en el art.68.12 de la Ley 8/2004, en relación de con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Decreto 92/2002, de 30 de mayo y en el artículo 10.2 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, una sanción de 3.000 euros (tres mil euros).  
2. Imponer a Vicente Macián Gómez la devolución de la cantidad percibida en concepto de ayudas por la adquisición de la vivienda objeto del presente expediente, incrementada con los intereses correspondientes.  
No habiendo recibido subvención de la Generalitat pero sí ayuda estatal, una vez sea firme la presente resolución, se notificará al Ministerio de la Vivienda para que proceda a la cuantificación y exigencia del importe correspondiente.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el director general de Vivienda y Proyectos Urbanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, de conformidad con lo prevenido en el art. 162.3 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968, en relación con el art. 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.  
Caso de no interponer recurso, deberá pagar la sanción mediante el impreso que se adjunta, en cualquiera de las entidades bancarias que figuran en el margen izquierdo de este impreso, debiendo remitir a este Servicio Territorial una copia de este ejemplar, ya que de no constar dicho justificante en el procedimiento, se procederá al cobro de la sanción por vía de apremio. El pago deberá hacerse efectivo en los plazos previstos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
Las sanciones notificadas entre los días 1 y 15 del mes, deben pagarse desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.  
Las sanciones notificadas entre los días 16 y último de mes, deben pagarse desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato día hábil posterior  
Caso de que la parte dispositiva de la resolución ordene ejecución de obras e, independientemente de lo anterior, se le requiere formalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art.13 de la Ley la Ley 8/2004 de 20 de octubre de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, para que las ejecute en el plazo fijado, advirtiéndole de que, de no ser así, se procederá por la administración a lograr su ejecución forzosa, imponiéndole sucesivas multas coercitivas, en relación con el art. 96 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y disposiciones concordantes del RDL. 31/78 y RD 3148/78, de 31 de octubre y 10 de noviembre, respectivamente.  
Valencia, 22 de abril 2009.- El jefe del Servicio Territorial: José Manuel Vacas Tatay.