Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9097, del 01-06-2021 (2021/6068)

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9097

Fecha DOGV
:   01-06-2021

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2021/6068


Fecha del documento
:   28-05-2021

Organismo emisor
:   Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2021 [2021/6068]  
La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana (DOGV Núm. 8491 de 21.02.2019), establece en su artículo 87.1, que los acuerdos de acción concertada son instrumentos organizativos de naturaleza no contractual a través de los cuales las administraciones competentes podrán organizar la prestación de servicios sociales por entidades de iniciativa social cuya financiación, acceso y control sean de su competencia ajustándose al procedimiento y a los requisitos que prevé esta ley y la normativa sectorial que sea aplicable.  
Por Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social (DOGV Núm. 8197 de 23.12.2017), se aprueba el reglamento que regula los requisitos, procedimiento, contenido y condiciones básicas para la implantación, ejecución y desarrollo de los acuerdos de acción concertada.  
De acuerdo con el artículo 13 de dicho decreto, corresponde a la persona titular de la conselleria competente en materia de servicios sociales efectuar la convocatoria de conciertos con entidades de iniciativa social, mediante resolución, que ha de recoger aquellos aspectos y elementos que establece dicha norma, delimitando el objeto y, en su caso, número de plazas y características de las prestaciones susceptibles de concierto; así como los criterios de valoración de entidades, centros y servicios para la resolución del procedimiento de selección y adopción de acuerdos de acción concertada, tanto en función de las disponibilidades presupuestarias, como de la necesaria continuidad y garantía de calidad del servicio que vienen prestando las entidades de iniciativa social, bajo los principios de transparencia, publicidad y no discriminación.  
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha desarrollado el régimen de acción concertada en el sector de atención a personas con diversidad funcional, con arreglo a dichos principios y efectos en esta área, mediante las siguientes resoluciones:  
La primera convocatoria de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional fue aprobada por Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, habiéndose dictado desde entonces sucesivas convocatorias en este ámbito, y siendo necesario ante la creciente demanda de servicios y plazas en centros de atención social a personas con diversidad funcional aprobar una nueva convocatoria de acuerdos de acción concertada.  
Dentro de la estructura orgánica de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de una parte la Dirección General de Diversidad Funcional y Salud Mental conoce las necesidades de atención a las personas con diversidad funcional para favorecer su autonomía y garantizar los servicios de atención primaria de carácter específico y de atención secundaria o residencial, de otra la Dirección General de Gestión y Organización del Sistema es la dirección competente para implementar la acción concertada, tal y como dispone el artículo 17.1 del Decreto 170/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (DOGV 8959, 24.11.2020), correspondiéndole a dicha dirección general la siguientes competencias en materia de acción concertada: generar políticas de armonización, impulso y desarrollo de la acción concertada con entidades de iniciativa social, incluyendo el diseño y coordinación del modelo general de conciertos y generar políticas de armonización, impulso y desarrollo de la acción concertada con entidades de iniciativa social, incluyendo el diseño y coordinación del modelo general de conciertos, tal y como establecen las letras d) y e) del artículo 17.2, del mismo Decreto.  
Asimismo la Orden 3/2021, de 30 de marzo, de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se desarrolla el Decreto 170/2020, de 30 de octubre, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (DOGV 9053, 01.04.2021), en su artículo 9.2.2, enumera entre otras funciones la de elaborar y proponer las directrices de coordinación y armonización para los acuerdos de acción concertada de la Conselleria en los servicios de plazas residenciales y centros de atención diurna, fijando criterios orientadores que homogeneicen resultados, así como impulsar, proponer y gestionar los conciertos sociales de servicios de plazas residenciales y de centros de atención diurna con las entidades de iniciativa social en coordinación con las direcciones generales y territoriales. Para el desarrollo de las mencionadas funciones, la Dirección General de Gestión y Organización del Sistema dispone del programa presupuestario 311.20 «Gestión i Organización del Sistema».  
La presente convocatoria está prevista para un período de 6 meses, sin perjuicio de su posible prórroga.  
En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades que confiere el artículo 1 del Decreto 170/2020, en relación con el citado artículo 13 del citado Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Gestión y Organización del Sistema, resuelvo:  
  
Primero  
Aprobar la convocatoria pública de los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el año 2021, con arreglo a lo dispuesto en el anexo I de Condiciones generales de la convocatoria y los modelos de los Anexos II, III, IV, V, VI y VII de la presente resolución, ordenando su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Segundo  
La presente convocatoria, con el fin de garantizar la estabilidad en la prestación de los servicios sociales, será de aplicación a los conciertos sociales que se celebren en dicho ámbito y sector de acción social, para el período 2021, con cargo al programa presupuestario 311.20 Gestión y Organización del Sistema, Capítulo IV, código línea S6738, de la Sección 16 del Presupuesto de Gastos de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, recogido en la Ley de presupuestos de la Generalitat para el año 2021, por un importe máximo de 526.304.627 euros, de los cuales 5.848.993,08 euros estarán destinados para esta actuación.  
La resolución de la presente convocatoria queda condicionada a la efectiva existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio 2021, una vez cubierta la prórroga de conciertos de plazas de atención social.  
Procedencia y cuantía de los fondos:  
Propios no condicionados: 21.184.447 -  
Propios condicionados: 90.893.662 -  
Externa: Tasa por la prestación de servicios de atención social: 2.854.100 -  
Transferencia del IMSERSO: 49.400.097 -  
  
En caso que, tras el oportuno procedimiento de selección y durante la vigencia de la convocatoria quedara un remanente de crédito sin disponer en la línea, la Conselleria podrá fijar nuevos servicios y número de plazas a concertar para atender las necesidades sociales.  
  
Tercero  
En todo caso, la fecha de finalización de los conciertos sociales de esta convocatoria será el 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de la posible prórroga.  
  
Cuarto  
Se delega en la persona titular de la Dirección General de Gestión y Organización del Sistema, la resolución del procedimiento de acción concertada a que se refiere esta convocatoria, así como, por razón de interés público y con anterioridad a la fecha de finalización, la ampliación del período de vigencia del acuerdo de acción concertada, mediante prórroga, de mutuo acuerdo, de los servicios concertados.  
  
Quinto  
Se delega y se faculta a la persona titular de la Dirección General de Gestión y Organización del Sistema, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas instrucciones sean necesarias, tanto para la ejecución y aplicación de la presente resolución, como para la adecuada gestión de los conciertos en su ámbito funcional.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Asimismo, con carácter potestativo podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 114, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y los artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.  
  
València, 28 de mayo de 2021.- La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas: Mónica Oltra Jarque.  
  
  
  
ANEXO I  
Condiciones generales de la convocatoria de los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional  
  
Índice  
Título I. Disposiciones generales  
Artículo 1. Ámbito de aplicación  
Artículo 2. Objeto del concierto  
Artículo 3. Servicios a concertar: número de plazas y tipología de servicios  
Artículo 4. Duración del concierto y vigencia de la convocatoria  
Artículo 5. Cobertura de plazas y acceso a los servicios por las personas usuarias  
Título II. Del procedimiento de concertación  
Capítulo I. Requisitos.  
Artículo 6. Solicitantes  
Artículo 7. Requisitos generales  
Capítulo II. Iniciación del procedimiento  
Artículo 8. Iniciación de oficio  
Artículo 9. Forma, plazo y lugar de presentación de solicitudes  
Artículo 10. Documentación e información que debe acompañar a la solicitud  
Capítulo III. Ordenación e instrucción del procedimiento  
Artículo 11. Órgano competente para la tramitación e instrucción del procedimiento. Subsanación  
Artículo 12. Criterios de selección y valoración de entidades  
Artículo 13. Comisión de Evaluación  
Artículo 14. Propuesta de resolución  
Capítulo IV. Finalización del procedimiento de selección  
Artículo 15. Resolución de concesión, publicación y recursos  
Artículo 16. Contenido de la resolución en relación con las plazas y servicios concertados  
Artículo 17. Efectos del concierto  
Capítulo V. Formalización de los conciertos  
Artículo 18. Formalización de los conciertos social  
Título III. Financiación de la acción concertada  
Artículo 19. Módulos económicos. Cálculo del importe de la anualidad del concierto social  
Artículo 20. Revisión de los módulos  
Artículo 21. Prohibición de cobro a personas usuarias  
Artículo 22. Justificación de la prestación del servicio  
Artículo 23. Pago del coste del concierto social  
Artículo 24. Comprobación y control del gasto  
Título IV. Ejecución de los conciertos  
Artículo 25. Obligaciones de la administración concertante  
Artículo 26. Obligaciones de las entidades titulares de los centros y servicios concertados  
Artículo 27. Calidad de los servicios: actuaciones de control y seguimiento  
Artículo 28. Contratación de actividades accesorias con terceros  
Artículo 29. Resolución de conflictos  
Artículo 30. Inspección y control ordinario  
Título V. Condiciones técnicas para la realización de las prestaciones y servicios  
Artículo 31. Centros de Atención Temprana  
Artículo 32. Centros de Rehabilitación e Integración Social  
Artículo 33. Centros ocupacionales  
Artículo 34. Centros de Día para personas con diversidad funcional física o intelectual  
Artículo 35. Centros de Día para personas con trastorno mental grave  
Artículo 36. Residencias para personas con diversidad funcional física o intelectual  
Artículo 37. Residencias-Centros Específicos (CEEM) para personas con trastorno mental grave  
Artículo 38. Viviendas Tuteladas para personas con diversidad funcional física, intelectual y trastorno mental grave  
Artículo 39. Actividades y servicios complementarios  
Artículo 40. Condiciones generales de alojamiento, limpieza y manutención  
Artículo 41. Estructura básica de los órganos de participación de los centros concertados  
Título VI. Concertación de servicios adicionales o de nueva creación.  
Artículo 42. Procedimiento  
Título VII. Modificación y revisión de conciertos  
Artículo 43. Modificación conciertos  
Artículo 44. Revisión y modificación de las condiciones económicas  
  
  
TÍTULO I  
Disposiciones generales  
  
Artículo 1. Ámbito de aplicación  
Por la presente convocatoria, la Conselleria competente en materia de servicios sociales podrá encomendar a entidades de iniciativa social, mediante acuerdos de acción concertada, a través del procedimiento de concertación, la provisión de los servicios susceptibles de acción concertada previstos en el apartado IV) del anexo del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social.  
  
Artículo 2. Objeto del concierto  
1. Constituye el objeto del concierto la reserva y ocupación de plazas en centros de atención social a personas con diversidad funcional, para su ocupación por las personas usuarias del sistema público valenciano de servicios sociales, según se determina en la presente convocatoria.  
2. Las plazas de los servicios que sean concertados se integrarán en el Sistema Público Valenciano de servicios sociales  
  
Artículo 3. Servicios a concertar: número de plazas y tipología de servicios  
1. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes, las necesidades de atención social, la población que actualmente se encuentra atendida y la demanda de plazas de nueva creación en determinadas áreas geográficas, constituye el objeto específico de la convocatoria los servicios correspondientes a 1009 plazas, que en el ámbito de la Comunitat Valenciana a continuación se detallan:  
a) Servicios de atención temprana para la atención de niños/as con trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlo, de 0 a 6 años: 306 plazas.  
b) Servicios de Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) para personas con trastorno mental grave: 120 plazas.  
c) Servicios de Centros Ocupacionales para la integración socio-laboral de personas con diversidad funcional: 135 plazas.  
d) Servicios de Centro de Día para personas con diversidad funcional intelectual, física y orgánica: 290 plazas.  
e) Servicios de Centro de Día para personas con trastorno mental grave: 35 plazas.  
f) Servicios de Residencias para personas con diversidad funcional intelectual, física y orgánica: 54 plazas.  
g) Servicios en Viviendas Tuteladas para personas con diversidad funcional física o intelectual: 25 plazas.  
h) Servicios en Viviendas Tuteladas para personas con trastorno mental grave: 44 plazas.  
2. Las plazas de los servicios de centros de atención diurna para personas con diversidad funcional en situación de dependencia y de centros atención residencial para personas con diversidad funcional en situación de dependencia están asimiladas como servicios de centro de día o de residencia para personas con diversidad funcional o trastorno mental, conforme a la tipología de los usuarios.  
  
Artículo 4. Duración del concierto y vigencia de la convocatoria  
1. El plazo de vigencia de la convocatoria se iniciará en la fecha en que se publique la resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y finalizará el 31 de diciembre de 2021.  
2. Los conciertos sociales que se suscriban al amparo de la presente convocatoria tendrán una duración como máximo de 6 meses, desde la fecha de efectos fijada en la resolución de concesión y el documento de formalización, finalizando, en todo caso, el día 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de la posible prórroga.  
  
Artículo 5. Cobertura de plazas y acceso a los servicios por las personas usuarias  
1. El acceso a las plazas concertadas será siempre a través del procedimiento y órgano administrativo que designe la Administración para la ocupación de las mismas.  
2. Mediante resolución de la Dirección Territorial de la Conselleria se asignarán las plazas o servicios concertadas a las personas residentes en su provincia, que deberán reunir los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.  
3. El centro o servicio concertado admitirá a la persona con diversidad funcional designada para su atención, siempre que esta cumpla los requisitos técnicos.  
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las personas que se encuentren ya atendidas en cualquiera de los recursos existentes, dentro del Sistema Público Valenciano de servicios sociales para la atención a personas con diversidad funcional, podrán continuar en la misma plaza.  
5. En caso de que la entidad considere que la persona usuaria no es apto por su situación biopsicosocial, para el tipo de plaza concertada que ofrece, deberá ponerlo en conocimiento de la dirección territorial de la Conselleria, mediante informe razonado, quien resolverá lo pertinente.  
6. Para garantizar la continuidad de los servicios, tendrán carácter preferente para la concertación y la financiación pública las plazas que estuviesen siendo ocupadas por personas usuarias mediante resolución administrativa de concesión de plaza en el recurso y/o aprobación de programa individual de atención (PIA) en caso de personas en situación de dependencia, conforme vengan reflejadas mediante la aplicación corporativa Simetta, de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  
  
  
TÍTULO II  
Del procedimiento de concertación  
  
CAPÍTULO I  
Requisitos  
  
Artículo 6. Solicitantes  
1. Con arreglo al marco normativo vigente en la Comunitat Valenciana, podrán solicitar y participar en el régimen de acción concertada de servicios sociales las entidades de iniciativa social, que cumplan los requisitos legales y reglamentarios establecidos.  
2. Se considera como entidad de iniciativa social las fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y otras entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de servicios sociales. Asimismo, se consideran incluidas las sociedades cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de lucro conforme a su normativa específica.  
Artículo 7. Requisitos generales  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana podrán solicitar y acceder al régimen de acción concertada las entidades de iniciativa social prestadoras de servicios sociales que cumplan los requisitos:  
a) Estar debidamente inscritas en el sector de servicios sociales correspondiente a personas con discapacidad o diversidad funcional en el Registro general de titulares de actividades de servicios y centros de servicios sociales de la Comunidad Valenciana.  
b) Contar con acreditación administrativa, conforme exige la normativa sectorial, considerando acreditados a efectos de la atención en centros y servicios, conforme establece la disposición adicional quinta del Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, todos los centros y servicios para personas con diversidad funcional, que se encuentran autorizados y que se ajusten a lo previsto en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana; Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad y el Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales.  
c) Encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la seguridad social.  
d) Disponer el centro de autorización de funcionamiento, conforme a la normativa general de servicios sociales y la normativa sectorial, con anterioridad a la fecha de resolución de la presente convocatoria.  
e) Acreditar o estar en condiciones de disponer de un certificado de calidad del centro o servicio. En el caso de no contar con dicho certificado, la entidad deberá presentar una declaración responsable, en los términos previstos en la disposición transitoria quinta del Decreto 181/2017, del Consell, de 17 de noviembre.  
f) Acreditar la titularidad del centro (espacio físico en el que se prestan los servicios) o la disponibilidad por cualquier título jurídico válido por un período no inferior al de la vigencia del concierto, así como la autorización de la entidad o persona titular del local donde se encuentra ubicado el centro y/o se prestan los servicios y mantenerla durante todo el acuerdo de acción concertada, salvo lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 181/2017.  
g) No estar incurso en las prohibiciones para concertar con la administración que establece el artículo 8 del citado Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell.  
h) Compromiso de comunicar los cambios en la titularidad o autorizaciones del centro objeto del concierto y cualquier traslado o modificación sustancial que afecte a la naturaleza del concierto.  
i) Poner a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas como mínimo el 90 por cien de las plazas autorizadas del centro o servicio para su inclusión en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales mediante la concertación de las mismas. En casos excepcionales y debidamente justificados, se podrá tomar como referencia el porcentaje de ocupación real del centro de acuerdo a la última convocatoria de acción concertada de diversidad funcional.  
j) En el 10 por cien de las plazas restantes en residenciales y viviendas tuteladas, no puestas a disposición por parte de las entidades en la acción concertada a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, no podrán ser cubiertas mediante prestaciones vinculadas al servicio o prestaciones vinculadas de garantía de las tipologías de plazas o servicios vinculadas al propio objeto de las convocatorias de acción concertada.  
  
  
CAPÍTULO II  
Iniciación del procedimiento  
  
Artículo 8. Iniciación de oficio  
El procedimiento de concertación se inicia de oficio, con la publicación de la resolución que aprueba la convocatoria pública, y se impulsará de oficio en todos sus trámites, respetando los principios de transparencia, publicidad y no discriminación, así como el resto de principios generales establecidos en los artículos 6 y 87 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana y en el artículo 4 del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social.  
  
Artículo 9. Forma, plazo y lugar de presentación de solicitudes  
1. La solicitud de participación en el procedimiento de concertación se efectuará mediante modelo que figura en el anexo II de la presente resolución, debidamente formalizada y suscrita por la persona que ostente la representación de la entidad titular del centro o servicio objeto del concierto.  
2. El plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria será de un mes, a partir del siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
3. Se presentará una solicitud por cada centro o servicio cuyas plazas la entidad ofrece para concierto.  
4. La presentación de solicitudes y documentación anexa se realizará de forma telemática, a cuyo fin las personas y entidades interesadas utilizarán la aplicación diseñada y que estará disponible en el Catálogo de servicios públicos interactivos de la Generalitat a través de la sede electrónica (portal https://sede.gva.es, apartado «Servicios online»), indicando en el pie la Dirección Territorial de la Conselleria (que va a ser el órgano instructor de acuerdo con la localización del centro).  
5. A efectos de participación en la presente convocatoria, se considera que la propia suscripción de la solicitud de concierto social por las entidades susceptibles de ser beneficiarias, por sí mismas o por representante, implica la capacidad jurídica y de obrar necesaria para:  
- Solicitar el oportuno concierto social.  
- Autorizar la consulta de los datos contenidos en la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad.  
- Autorizar la consulta interactiva de documentación.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 14.4 del Decreto 181/2017, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento está autorizado para obtener directamente los datos de los documentos preceptivos elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación:  
- Documento de identidad (DNI) del representante legal de la entidad solicitante.  
- Certificación de que la entidad está al corriente de las obligaciones tributarias (Hacienda estatal. AEAT).  
- Certificación de que la entidad está al corriente de las obligaciones tributarias (Hacienda autonómica. Generalitat Valenciana)  
- Certificación de que la entidad está al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.  
6. Asimismo, y de acuerdo con la legislación administrativa aplicable la tramitación de este procedimiento en todos sus trámites se realizará por medios telemáticos.  
  
Artículo 10. Documentación e información que debe acompañar a la solicitud  
1. La documentación que tienen que presentar las entidades para cada centro o servicio que soliciten participar en el procedimiento de concertación será la siguiente:  
a) Certificado acreditativo del acuerdo adoptado por el órgano competente de la entidad en el que se autorice al representante legal la participación en el procedimiento de selección y la solicitud del concierto social (apartado E del anexo II).  
b) Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y autonómica y de las obligaciones con la Seguridad Social, en caso de que no autoricen la consulta interactiva de esta documentación (apartado F del anexo II).  
c) Declaración responsable de la entidad de no estar incursa en ninguna causa de prohibición para concertar (apartado G del anexo II).  
d) Ficha Técnica de funcionamiento del servicio y actividades del centro (apartado A del anexo III).  
e) Relación de profesionales y personal de atención directa con que cuenta el centro o servicio para la atención de las plazas que se encuentran a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas bajo el acuerdo de acción concertada, con indicación del nombre y apellidos de sus componentes, puesto de trabajo, titulación, tipo de relación laboral de los mismos con la entidad titular, antigüedad, número de horas semanales de dedicación de cada uno de ellos y funciones que realizan (apartado B del anexo III) y, en su caso, relación de personas usuarias del centro (apartado C del anexo III).  
f) Declaraciones responsables correspondientes a las cláusulas sociales, con arreglo al apartado H del anexo II.  
g) Documento de autobaremación, con arreglo al anexo IV.  
h) En caso de cambio de domiciliación bancaria, así como para centros nuevos, documento de alta de domiciliación bancaria con la cuenta designada para la percepción de conciertos sociales, conforme al modelo que consta como anexo V.  
2. Durante la fase de instrucción la Administración incorporará de oficio:  
a) Certificado o documento acreditativo de la inscripción de la entidad titular en el Registro General de Titulares de Actividades, de Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, con fecha de inscripción en el mismo, para acreditar la antigüedad.  
b) Certificado o documento acreditativo de la inscripción de autorización de funcionamiento del centro o de la inscripción en el Registro General de Titulares de Actividades, de Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, con fecha de autorización o de inscripción.  
  
  
CAPÍTULO III  
Ordenación e instrucción del procedimiento  
  
Artículo 11. Órgano competente para la tramitación e instrucción del procedimiento. Subsanación  
1. La instrucción de los procedimientos de concertación corresponde a los órganos competentes de las Direcciones Territoriales de la Conselleria competente en la materia de servicios sociales, que se encargará de verificar la documentación presentada en el procedimiento y su baremación, así como evaluación técnica.  
2. Una vez revisada la documentación, cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación preceptiva, el órgano de instrucción le requerirá para que, de conformidad con lo exigido en la ley y en sus disposiciones de desarrollo, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera en el plazo de 10 días hábiles, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.  
3. Para tal fin, en cada Dirección Territorial de la Conselleria se constituirá una comisión técnica instructora, que estará integrada por al menos tres miembros designados por la persona titular de la Dirección Territorial, ostentando la presidencia la persona encargada de la jefatura de servicio competente por razón de la materia o persona que la sustituya, como vocal la persona titular de la jefatura de sección y una técnica o técnico de la misma, como secretario/a.  
4. Una vez finalizada la instrucción de todos los expedientes correspondientes a su ámbito territorial, las comisiones técnicas instructoras elevarán a la Comisión de Evaluación la relación de entidades cuyos centros y servicios cumplen los requisitos, con la propuesta de puntuación.  
  
Artículo 12. Criterios de selección y valoración de entidades  
1. La valoración de las solicitudes se efectuará atendiendo a los siguientes criterios de selección y valoración de entidades:  
a) Los años de experiencia acreditada en la prestación de servicios a personas con diversidad funcional.  
Este criterio se valorará con un máximo de 15 puntos, a razón de un punto por año acreditado a contar desde la inscripción de cualquier servicio dentro de este ámbito funcional en el Registro General de Titulares de Actividades, de Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana o departamento análogo de cualquiera otra Comunidad Autónoma.  
b) La continuidad en la atención en relación con la calidad prestada. Este criterio se valorará con un máximo de 15 puntos.  
La continuidad en la atención se valorará con arreglo al número de protocolos que desarrolla el centro o se establece en el proyecto de gestión, en caso de centros de nueva creación, para garantizar la atención integral, especializada o ambulatoria: a razón de tres puntos por protocolo de atención a necesidades específicas de las personas con diversidad funcional, siempre que cumplan los adecuados criterios para su aplicación.  
Para su valoración, cada protocolo deberá llevar asociado las correspondientes hojas o documentos de registro, y su adscripción a uno de los programas que desarrolla el centro; no siendo objeto de valoración los protocolos básicos, que a continuación se señalan:  
1. Protocolo de acogida, ingreso y alta/baja de una persona en el centro.  
2. Protocolo de alimentación.  
3. Protocolo de higiene y aseo.  
4. Protocolo de acompañamiento a consultas sanitarias y urgencias sanitarias.  
c) El trabajo desarrollado en el ámbito comunitario y el grado de inserción de la entidad, centro o servicio en el territorio, desarrollando acciones y programas en colaboración con otros centros y servicios sociales, culturales, sanitarios, de empleo, municipales o de la Generalitat.  
Este criterio se valorará con un máximo de 20 puntos, debiendo la entidad acreditar documentalmente las acciones y programas en régimen de colaboración que desarrolla o pretende desarrollar. Serán objeto de puntuación:  
- Las entidades que aporten una estructura de centros organizados en red, para la actuación en un entorno social determinado (área metropolitana, comarca o departamento de salud). Este criterio se valorará con un máximo de 10 puntos, con arreglo al siguiente baremo:  
  
 Puntos  
Centros que trabajan con dos o más centros en red 10  
Centros que trabajan con otro centro en red 5  
  
  
- Las acciones coordinadas y programas comunes con otros centros y servicios sociales, sanitarios, de empleo, culturales o deportivos, se valorarán con un máximo de 10 puntos, a razón de dos puntos por cada programa de actuación conjunta, que se acreditará mediante informe de la propia entidad o declaración responsable en el que conste las actuaciones que se llevan a cabo.  
d) Las buenas prácticas sociales y de gestión de personal, en relación con las cláusulas sociales de creación de empleo para personas con dificultades, planes de igualdad entre mujeres y hombres, y otras de carácter social, especialmente establecidas en la ejecución de las prestaciones objeto de la acción concertada.  
Este criterio se valorará con un máximo de 15 puntos, de la siguiente forma:  
- Tener incorporados trabajadores con discapacidad o diversidad funcional en la entidad que vaya a ejecutar el acuerdo de acción concertada en porcentaje superior a la cuota legalmente establecida:  
  
 Puntos  
Más del 3 % 6  
Más del 2,5 % 4  
Más del 2 % 2  
  
  
- Tener establecido un Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres, que asegure la igualdad de género y la eventual mejora de los mínimos en materia de igualdad y de conciliación laboral establecidos en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y normativa autonómica (Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat): 4 puntos.  
- Tener establecido una carta de servicio, con compromisos de gestión, indicadores detallados para su seguimiento, sistema de gestión de quejas y reclamaciones, y medidas de subsanación ágiles en caso de incumplimiento (en documento de carta de servicios, que se facilite a las personas usuarias, con independencia del reglamento de régimen interior): 5 puntos.  
e) Implantación de procesos de participación y decisión de las personas usuarias en los planes de centros o servicios y en sus proyectos de vida.  
Este criterio se valorará con un máximo de 5 puntos, de la siguiente forma:  
- Tener establecido o previsto un programa o protocolo de información a la persona usuaria y/o al familiar responsable, con los mecanismos adecuados para la información, orientación e implicación de las personas usuarias en su programa terapéutico dentro del centro o servicio: 3 puntos.  
- Tener establecido o previsto una programación de actividades, sujeta a aprobación de órganos de participación para la prestación de los servicios, con la adecuada periodicidad y sistemas de seguimiento de los acuerdos: 2 puntos.  
f) Nivel de necesidad de las plazas.  
Este criterio se valorará con un máximo de 20 puntos, a razón de dos puntos por año de subvención acreditada para el mantenimiento del centro o servicio, en caso de centros en funcionamiento, y a razón de un punto por persona registrada que se encuentre en lista de espera en la tipología del recurso y ámbito comarcal del centro, en caso de centros de nueva creación no concertados en el ejercicio anterior.  
g) Poner a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas la totalidad de las plazas autorizadas al centro o servicio para su inclusión en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales mediante la concertación de las mismas. Se valorará con 10 puntos.  
2. Se faculta a las entidades para que, con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, cumplimenten el documento de autobaremación, que consta como Anexo IV de la presente resolución, sin perjuicio de la potestad y obligación de la Administración de verificar y comprobar los datos, otorgando la puntuación que corresponda en los diferentes apartados.  
3. La puntuación mínima para acceder al régimen de acción concertada se establece en 50 puntos. De acuerdo con dichos criterios de selección, podrá exigirse una mayor puntuación para la adopción de acuerdos de acción concertada, cuando resulte esta necesaria en función de las limitaciones presupuestarias o del número o características de las prestaciones susceptibles de concierto.  
En estos casos, se establecerá la correspondiente propuesta de concierto con aquellas entidades y servicios que resulten con mayor puntuación, hasta cubrir el importe de la consignación presupuesta existente; debiendo establecer de modo preferente el concierto que garantice el número de plazas ocupadas durante el año anterior en aquellos centros o servicios que fueron concertados, y con la posibilidad de restringir el número de plazas financiadas en cada centro o centros y servicios de nueva creación, siempre que a juicio de la Comisión de Evaluación, el número de plazas ofertadas no se corresponda con la necesidad de plazas o demanda social registrada de dicho tipo de recurso en una determinada área geográfica de actuación.  
4. En caso de producirse un empate de puntuación por parte de dos entidades y centros, la Administración procederá a cubrir, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las plazas nuevas otorgando preferencia a los que hayan obtenido mayor puntuación en el apartado 1.d del presente artículo y, en caso de persistir este, se tomará como criterio de desempate, la fecha (día y hora) de la presentación de la solicitud, teniendo prioridad la presentada con mayor antelación.  
  
Artículo 13. Comisión de Evaluación  
Para la evaluación del procedimiento de acción concertada que establece la presente convocatoria, se crea una Comisión de Evaluación, que estará integrada por los siguientes miembros:  
a) La persona titular de la Subdirección General de Gestión y Organización del Sistema, que ostentará la presidencia.  
b) Seis vocales constituidos por:  
- La persona titular de la Subdirección General de Personas con Diversidad Funcional.  
- Un/a jefe/a de servicio de la Dirección General con competencia en acción concertada  
- Un/a jefe/a de servicio de la Dirección General con competencia en Diversidad Funcional.  
- Las personas titulares de las Direcciones territoriales de la Conselleria, que podrán delegar en la jefatura de servicio o de sección de cada dirección territorial.  
c) Un técnico/a de Dirección General de Gestión y Organización del Sistema o de la Dirección General de Diversidad Funcional, que actuará como secretario/a de la comisión.  
2. La Comisión de Evaluación ejercerá sus funciones, actuando como órgano colegiado, levantando acta de sus reuniones, de conformidad con los previsto en la legislación de régimen jurídico del sector público.  
  
Artículo 14. Propuesta de resolución  
1. La Comisión de Evaluación, previa remisión por las comisiones técnicas instructoras, es la encargada de elaborar una relación ordenada de participantes en el procedimiento de selección, que han acreditado la experiencia mínima y solvencia técnica exigidas, con su puntuación en el procedimiento de selección, de acuerdo con los criterios de valoración, que establece la Ley, que vienen desarrollados y ponderados en la presente convocatoria.  
2. Con base a dicha relación, se elaborará la propuesta de resolución, que debe remitirse a la persona titular de la Dirección General de Gestión y Organización del Sistema, en la que deberá determinarse el número de plazas y servicios a concertar con cada entidad de iniciativa social, las cuales deberán de quedar a disposición de la Conselleria a partir del momento en que se formalice el correspondiente concierto social.  
3. En la misma propuesta de resolución se dejará constancia de las plazas y servicios ofertados por entidades de iniciativa social, que procede denegar el concierto, motivando la causa: por no cumplir requisitos, por no haber superado la puntuación mínima establecida en la convocatoria, por venir impuesta por la limitación de créditos presupuestarios o por no existir demanda social.  
  
  
CAPÍTULO IV  
Finalización del procedimiento de selección  
  
Artículo 15. Resolución de concesión, publicación y recursos  
1. La persona titular de la Dirección General de Gestión y Organización del Sistema, por delegación de la persona titular de la Conselleria, a propuesta de la Comisión de Evaluación y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias existentes, resolverá sobre la concesión o denegación de conciertos sociales en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de la convocatoria pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Dicha resolución será única conteniendo la decisión adoptada en relación con todas las solicitudes de concertación de plazas presentadas. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin haberse dictado y publicado la resolución expresa, deberán entenderse desestimadas las solicitudes formuladas por las entidades participantes en el procedimiento de concertación, por silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de la Administración de resolver expresamente.  
2. La resolución que se dicte de concesión y denegación de conciertos pone fin al procedimiento de selección, y será objeto de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, surtiendo esta los efectos de la notificación a los interesados, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
3. Recursos. La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de dicha publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que estime pertinente.  
  
Artículo 16. Contenido de la resolución en relación con las plazas y servicios concertados  
1. Las plazas concertadas, que vengan determinadas en la resolución de concesión, quedarán a disposición de la Conselleria competente en materia de servicios sociales desde la fecha que se fije en la misma, con arreglo a las siguientes reglas:  
a) La resolución de concesión de concierto extendera sus efectos desde la fecha que conste en el documento de formalización del concierto para la atención y cobertura de todas aquellas plazas de centros y servicios que en esta fecha se encuentren ocupadas por usuarios/as, siempre que el acceso de las personas usuarias se hubiese llevado a cabo mediante resolución administrativa dictada por los órganos competentes de la conselleria.  
b) La resolución de concesión de concierto deberá fijar, en su caso, la fecha en que surtirá los efectos para ampliación de plazas no financiadas en el ejercicio anterior y los centros y recursos sociales de nueva creación, la cual vendrá determinada desde la fecha de puesta a disposición de las plazas para la atención a nuevas personas usuarias.  
2. El importe de la anualidad del concierto se determinará, para cada centro en que se establezca la reserva y ocupación de parte o la totalidad de plazas de centros de atención social a personas con diversidad funcional, en función del número de plazas concertadas, el módulo económico aplicable y número de días de prestación del servicio.  
3. La resolución de concesión de concierto a las entidades de iniciativa social que no acrediten el requisito de contar con un certificado de calidad del centro o servicio, que establece el artículo 7.2.e del decreto 181/2017, del Consell, de 17 de noviembre (recogido en el artículo 7.e del presente anexo), con anterioridad al plazo de resolución del procedimiento de concertación, dejará constancia de esta circunstancia, de forma que dicha resolución estará condicionada al cumplimiento de dicho requisito en el plazo indicado en la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2019 de Servicios Inclusivos de la Generalitat, desde la formalización del concierto social, quedando la entidad obligada a someterse a la evaluación de calidad del centro o servicio y presentar un certificado de calidad homologado por alguna entidad acreditada en materia de evaluación, pudiendo la administración proceder a la extinción del concierto si no se cumple con esta obligación en el plazo establecido en el plazo establecido, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria quinta del citado decreto.  
  
Artículo 17. Efectos del concierto  
1. Los efectos económicos del concierto serán a partir la fecha de efectos que conste en el documento de formalización del concierto. La puesta a disposición habrá de producirse en la fecha indicada en la resolución de concesión.  
2. La cuantía máxima del concierto se determinará, para cada servicio, tomando en consideración el módulo económico aplicable, el periodo de prestación del servicio y, cuando se trate de un concierto de reserva y ocupación de plazas, el número de estas.  
  
  
CAPÍTULO V  
Formalización de los conciertos  
  
Artículo 18. Formalización del concierto social  
1. Los conciertos sociales, producto de los acuerdos de acción concertada, se formalizarán en un documento administrativo, de acuerdo con el modelo fijado como anexo VII, dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución de concesión.  
2. En el referido documento de concierto se hará constar de forma expresa, los derechos y obligaciones de las partes, número de plazas y tipología de los servicios concertados, régimen económico (financiación por parte de la Administración, importe del módulo o módulos económicos unitarios correspondientes al coste de las plazas e importe anual), forma de pago, duración, posibilidad de prórrogas y causas de extinción del mismo.  
Asimismo, deberá dejar constancia del requisito de certificación de calidad, en los términos previstos en la disposición transitoria quinta del Decreto 181/2017, del Consell, de 17 de noviembre.  
3. El concierto suscrito entre la Administración y la entidad de iniciativa social recogerá en un único documento todas las plazas y centros concertados, con la financiación correspondiente, de forma singularizada a las diferentes unidades o centros concertados de la entidad.  
4. El concierto social será suscrito, en representación de la Administración concertante, por persona titular de la Dirección General de Gestión y Organización del Sistema, como órgano facultado para resolver el procedimiento de concertación.  
Una vez formalizado se anotarán de oficio en la correspondiente sección del Registro general de titulares de actividades, de servicios y centros de servicios sociales de la Comunitat Valenciana.  
5. El documento administrativo en el que se formalice el concierto social podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el titular del servicio o centro concertado, siendo, en este caso, a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.  
  
TÍTULO III  
Financiación de la acción concertada  
  
Artículo 19. Módulos económicos. Cálculo del importe de la anualidad del concierto social  
1. La financiación de las plazas concertadas por la Generalitat, a que se refiere esta convocatoria, se efectuará de acuerdo con los módulos económicos (euros/plaza/día) fijados por plaza ocupada por personas con diversidad funcional o trastorno mental grave (TMG) de acuerdo con sus características y apoyos que requiere.  
a) Se aplicará en la valoración el módulo A cuando las plazas se encuentren cubiertas por personas con un grado discapacidad reconocida inferior al 75 %.  
b) Se aplicará el módulo B si se encuentran cubiertas por personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 75 %.  
c) En el caso de los centros ocupacionales para personas con diversidad funcional se aplicará el módulo C a las plazas cubiertas por personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 89 %.  
Asimismo, se aplicará el módulo C específico a la totalidad de las plazas de residencias y centro de día para daño cerebral (1), trastorno de espectro autista (2) y parálisis cerebral (3), a los que se aplicará un importe de módulo específico, según viene fijado en el cuadro del baremo.  
En viviendas tuteladas se aplicará un módulo único (A) para todo tipo de personas usuarias, aplicándose el módulo específico C en viviendas para personas con trastorno de espectro autista y viviendas para enfermos mentales con atención residencial 24 horas (4) y un módulo específico (5) en viviendas para personas con trastorno de conducta de atención residencial 24 horas.  
d) En los Centros de Atención Temprana y Centros de Rehabilitación e Integración Social (V.X.X.R.) se aplicará un módulo único, siendo este el coste máximo garantizado que contempla todos los gastos necesarios para su funcionamiento.  
e) Cuando un centro de atención residencial o residencia no disponga de espacio para la realización de las actividades rehabilitadoras y/o terapéuticas, de forma que un usuario/a utilice los servicios de atención diurna (centro ocupacional o de día) compatibles, en otros recursos gestionados por la misma entidad, se aplicará únicamente el módulo económico que corresponda al coste de servicio de atención residencial.  
2. El cuadro de módulos a aplicar, con arreglo a la tipología del centro o recurso y la modalidad de usuario, es el siguiente:  
  
 A  
?/plaza/día B  
?/plaza/día C  
?/plaza/día  
Centros de Atención Temprana 24,50 - - -  
Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) 29,69 - - -  
Centros Ocupacionales (sin servicio de transporte) 34,16 - 38,72 - 63,63 -  
Centros de Día para Personas con Diversidad Funcional Física o Intelectual 63,63 - 65,84 - 79,00 - (1)  
94,50 - (2)  
99,75 - (3)  
Centros de Día para Personas con Trastorno Mental Grave (TMG) 57,63 - 59,84 - -  
Residencia para Personas con Diversidad Funcional 96,39 - 123,00 - 134,00 -  
Residencia-Centro Específico para Personas con TMG (CEEM) 96,39 - 123,00 - \_  
Vivienda Tutelada para Personas con Diversidad Funcional 64,05 - - 76,86 - (4)  
124,99 - (5)  
Vivienda Tutelada para Personas con TMG 64,05 - - 76,86 - (4)  
  
3. Los módulos establecidos cubren la totalidad de los costes variables, fijos y permanentes de prestación de cada tipo de servicio, sin incluir el beneficio industrial, y comprenden el coste de todos los servicios exigibles de prestación obligatoria que ha de prestar el centro, con arreglo a la normativa vigente, y que debe abonar la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  
En los centros ocupacionales con servicio de transporte, este se financiará a través de un módulo adicional de 1320 ?/usuario/a/año, que será de aplicación exclusivamente a personas usuarias que no residan en el municipio donde estuviese ubicado el centro y la totalidad de los usuario/as que tengan reconocida movilidad reducida.  
4. Para el establecimiento de la anualidad del concierto social y a efectos exclusivamente económicos, se tendrá en cuenta que el cálculo de los módulos económicos se realiza:  
a) Por 220 días, en caso de centros de atención ambulatoria y centros de atención diurna.  
b) Por 365 días o 366 en caso de año bisiesto, en caso de residencias y viviendas tuteladas.  
5. La financiación de las plazas objeto de concierto correspondientes a ampliación de plazas y recursos sociales de nueva creación no concertados en el ejercicio anterior, se efectuará siempre con arreglo al módulo A establecido para la tipología del recurso.  
Cada anualidad, el módulo correspondiente a estas plazas se actualizará de acuerdo con el grado de discapacidad de las personas usuarias que hayan ocupado estas en el ejercicio anterior.  
6. La financiación por plazas no efectivamente ocupadas, por causa ajena a la entidad, será el 50 por 100 de la correspondiente al módulo A establecido para la tipología del recurso de que se trate.  
7. Cada anualidad, se podrá proceder, previa solicitud de la entidad interesada, a la revisión del cálculo del importe del concierto, como consecuencia de un cambio en las características y apoyo que requieran las personas usuarias atendidas, que impliquen un cambio en los módulos que se aplican a dicho cálculos.  
La referida solicitud de la entidad interesada deberá presentarse durante el mes de enero del año en que se pretenda dicha revisión.  
  
Artículo 20. Revisión de los módulos  
En caso de prórroga de los conciertos, las cantidades correspondientes a los módulos plaza/día podrá ser revisada conforme al incremento anual del índice general del IPC respecto al ejercicio anterior y en todo caso, al alza.  
  
Artículo 21. Prohibición de cobro a personas usuarias  
El centro o servicio concertado no podrá cobrar a las personas cantidad suplementaria alguna por liquidación de estancia o por cualquier otra prestación que deba ser atendida en virtud del concierto, siendo este motivo o causa de resolución del concierto.  
  
Artículo 22. Justificación de la prestación del servicio  
Las entidades firmantes de los conciertos estarán obligadas a justificar la prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto, para su abono.  
A tal efecto deberán presentar, con carácter mensual, en los cinco primeros días del mes siguiente, la documentación por vía telemática o medios electrónicos:  
- Certificación con la relación de personas usuarias atendidas con indicación de su nombre, apellidos y D.N.I., suscrita por el titular del centro o persona que actúe en representación del mismo, conforme al modelo que consta como anexo VI., en donde se acredite que se ha prestado el servicio con arreglo a las obligaciones que establece el concierto y, en su caso, el número de plazas no ocupadas, por causa ajena a la entidad.  
  
Artículo 23. Pago del coste del concierto social  
1. La conselleria competente en materia de servicios sociales tramitará mensualmente la orden de pago del coste del concierto social por plaza o servicio concertado, de acuerdo con los módulos económicos fijados en la convocatoria y el correspondiente documento de formalización, con arreglo a las plazas efectivamente ocupadas y no ocupadas durante el mes anterior.  
2. En caso de producirse vacantes durante el ejercicio, las plazas serán ocupadas por personas con diversidad funcional con arreglo a su grado de discapacidad. No obstante, en caso de necesidad de ingreso urgente, podrá ser una plaza ocupada por persona con un mayor grado de discapacidad, abonándose en todo caso con arreglo al módulo económico establecido para plaza vacante.  
3. El abono del coste del concierto se efectuará, mediante transferencia bancaria, a la cuenta específica para conciertos sociales designada por la entidad correspondiente.  
4. El pago correspondiente a la mensualidad de diciembre, se librará de forma anticipada con la relación nominal de personas atendidas y plazas no ocupadas a fecha 1 de diciembre, sin perjuicio de la regularización correspondiente, que se efectuará en todo caso antes del 31 de enero del ejercicio siguiente, que implicará la exigencia, en su caso, de reintegro del importe indebidamente percibido, conforme establece la Ley de Presupuestos anual.  
  
Artículo 24. Comprobación y control del gasto  
1. El órgano competente en cada Dirección territorial, comprobará la veracidad de los datos aportados y si existe alguna incidencia o reclamación relativa a la atención a las personas usuarias, siempre que esta haya sido atendida adecuadamente o se encuentre en plazo pendiente de resolución, para dar conformidad, en su caso, a la documentación.  
2. La entidad titular del centro deberá presentar, antes del 15 de enero del ejercicio siguiente, al órgano de participación del centro la cuenta anual, en la que aparecerán reflejados todos los ingresos (abono de mensualidades por la Administración) y gastos incluidos en su cuenta de explotación, que deberá estar detallada e identificada por: gastos de personal, gastos generales (suministros, tributos, contratos de mantenimiento, servicio de comedor, transporte, trabajos y servicios exteriores) y otros gastos (gastos diversos: alquiler u otros).  
3. Asimismo, una vez aprobado por el órgano de participación del centro, el resumen económico del ejercicio, incluido en la memoria que se desarrolla en el punto 4, la entidad deberá remitir por vía telemática, antes del 31 de enero del ejercicio siguiente, a la Dirección Territorial, a la Dirección General de Diversidad Funcional y a la Dirección General de Gestión y Organización del Sistema una memoria de justificativa de las actuaciones y el cumplimiento de las condiciones que se establecen en el concierto social. De no realizarse dicho envío en la fecha establecida, la dirección general competente en la materia de acción concertada adoptará las medidas consideradas oportunas.  
4. En la memoria se hará constar, como contenido mínimo, los siguientes extremos:  
- Entidad, denominación del servicio y número de plazas concertadas.  
- Resultados obtenidos: número de personas atendidas y características de las personas usuarias.  
- Objetivos y actividades realizadas.  
- Evaluación de los servicios prestados.  
- Resumen económico del ejercicio.  
- Conclusiones respecto de los objetivos, evaluación y resultado económico.  
5. En virtud de los dispuesto en el artículo 60 de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat (DOGV. Núm. 8987 de 31.12.2020), en el que se modifica el artículo 87.2 g) de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana (DOGV. Núm. 8491 de 21.02.2019), la entidad concertada tendrá la obligación de reembolsar cualquiera compensación excesiva recibida. El cálculo de la compensación se determinará mediante las memorias económicas que presente la entidad como justificación del acuerdo del concierto.  
6. La entidad titular del centro estará obligada a conservar las facturas y los documentos justificantes de gastos, por un período de cuatro años, para su control económico y financiero.  
  
  
TÍTULO IV  
Ejecución de los conciertos  
  
Artículo 25. Obligaciones de la Administración concertante  
Constituyen obligaciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, como Administración concertante las siguientes:  
a) Abonar a la entidad titular del centro o servicio concertado, mensualmente, el importe del concierto conforme al módulo económico fijado en la convocatoria y en el documento de formalización del concierto social.  
b) Resolver mediante acto administrativo expreso las altas de personas usuarias, que deberán acceder al servicio, así como cualquier circunstancia: baja o traslado, que se adopte sobre estos en relación con servicio concertado.  
c) Facilitar al centro toda la información disponible relativa a la persona con diversidad funcional en el momento de ingreso en el centro o acceso al servicio, sin perjuicio de la obligación de su actualización durante su estancia, que corresponderá a la entidad titular del mismo.  
d) Comunicar al titular del centro concertado, con la suficiente antelación, cualquier circunstancia que afecte a las plazas concertadas y al concierto suscrito.  
e) Dictar las directrices técnicas e instrucciones precisas para el desarrollo de la actividad, asegurar la calidad del servicio y que se proporcione a las personas con diversidad funcional el recurso más idóneo a su situación y circunstancias personales, dentro de un entorno social adecuado.  
  
Artículo 26. Obligaciones de las entidades titulares de los centros y servicios concertados  
1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en las normas de aplicación, son obligaciones de las entidades titulares de los centros y servicios concertados, las siguientes obligaciones específicas como consecuencia del acuerdo de acción concertada y formalización del concierto:  
a) Poner a disposición de la Generalitat el número de plazas previstas en el concierto, así como admitir al servicio a todas las personas usuarias que se le designen por los órganos competentes de la Conselleria.  
b) Mantener los requisitos y ratios de personal en relación con las prestaciones y número de personas atendidas, según se determina en la tipología de cada recurso y en el presente anexo, durante el período de vigencia del concierto.  
c) Prestar el servicio gratuitamente a las personas, de forma que no puede percibir cantidad que, directa o indirectamente, suponga una contrapartida económica por los servicios objeto del concierto, salvo, en su caso, por servicios complementarios, siempre que estén autorizados.  
d) Hacer constar en su documentación y en su publicidad, junto a la denominación de la entidad, centro o servicio, la condición de centro o servicio concertado, integrado en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.  
A estos efectos, de acuerdo con la disposición adicional novena del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, deberán hacer constar en su documentación y en su publicidad la condición de centro o servicio concertado, en el plazo máximo de quince días desde la formalización del concierto social; e igualmente, los centros cuya totalidad de plazas estén sujetas al régimen de acuerdo de acción concertada harán constar en su denominación y en su publicidad la condición de centro concertado, teniendo el plazo máximo de cuarenta y cinco días desde la formalización del concierto social, para hacer constar esta circunstancia modificando, en su caso, su rotulación y publicidad exterior.  
e) Cumplir, en todo momento, las condiciones técnicas a las que se sujeta el concierto y mantener los niveles de calidad en la prestación asistencial.  
f) En los conciertos de Centros de Atención Temprana, el servicio será incompatible con otra prestación pública para un mismo usuario/a con la misma finalidad.  
g) Adoptar las medidas adecuadas para establecer un sistema interno ágil de recepción, seguimiento y resolución de las quejas y reclamaciones que pudiera presentarse por las personas usuarias.  
h) Cumplir y seguir las instrucciones y directrices técnicas que formulen los órganos competentes de la Conselleria para el desarrollo de la actividad y garantizar la adecuada prestación del servicio.   
i) Disponer de un órgano de participación del centro o servicio y mantener un régimen de funcionamiento con participación y representación por parte de la entidad, profesionales y personas usuarias o sus representantes legales, conforme establezca la normativa sectorial y en el artículo 42 de la presente disposición.  
2. Como condiciones técnicas obligatorias, la entidad concertante deberá:  
a) Suscribir las siguientes polizas de seguro:  
1) Una poliza de seguro que cubra la responsabilidad civil resultante de acciones de su personal y de las personas ususarias del centro o servicio.  
2) Una poliza de seguro de accidentes colectivos que cubra la indemnización por los riesgos de defunción, invalidez absoluta y permanente, invalidez parcial por pérdida física o funcional de miembros y asistencia médico farmacéutica con cobertura ilimitada en centros concertados por la aseguradora.  
Tal y como dispone la disposición adicional octava del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, sobre acción concertada; las coberturas mínimas a contratar serán por defunción, 30.000 euros y para invalidez de 60.000 euros, sin que exista limitación por anualidad de seguro.  
b) Desarrollar las actuaciones de control y seguimiento de las actuaciones concertadas, que se estipulan en el artículo 29 de la presente disposición, con el fin de garantizar en todo momento la calidad del servicio.  
c) Asimismo está obligada al deber de confidencialidad respecto a las características e identidad de las personas usuarias, frente a terceros, conforme establece la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.  
d) Asimismo deberá comunicar inmediatamente, en el plazo máximo de 24 horas, por cualquier medio escrito o telemático, cualquier incidencia grave acaecida durante la estancia de la persona en el centro o servicio.  
A estos efectos el órgano competente de la Administración concertante es la sección correspondiente de la Dirección Territorial.  
3. Igualmente las entidades están obligadas a cumplir con la legislación laboral vigente y las obligaciones que conlleva el convenio colectivo de aplicación sectorial.  
4. Asimismo, están obligadas a facilitar la función inspectora por parte de los Servicios de Inspección de Servicios Sociales y asumir las actuaciones de control financiero que corresponda a la Intervención General de la Generalitat.  
  
Artículo 27. Calidad de los servicios: actuaciones de control y seguimiento  
1. En virtud del acuerdo de acción concertada, con el fin de garantizar en todo momento la atención y la calidad del servicio durante el período de ejecución del concierto, será preciso:  
- Que se elabore un programa individualizado de atención a cada persona usuaria, con su valoración y seguimiento por el equipo profesional del centro.  
- Que los centros dispongan de sistema de obtención periódica de la satisfacción de las personas usuarias respecto de la atención recibida.  
- Que exista una evaluación de los resultados y servicios prestados.  
2. Para ello, se establecen, como obligaciones y exigencias a las entidades titulares de los centros y servicios concertados, las siguientes actuaciones:  
a) Elaborar, en el plazo de un mes desde el acceso al servicio, un programa individualizado de atención y seguimiento de las personas usuarias.  
Dicho programa se deberá comunicar a las personas usuarias o su representante legal, así como a la Administración competente.  
b) Someter anualmente el servicio a la valoración de las personas usuarias.  
c) Al final del ejercicio, la entidad deberá cumplimentar la memoria justificativa de la actuación con el resumen de las personas atendidas, programas y actividades desarrolladas.  
La presentación se realizará de modo telemático y accederá a dicha documentación el órgano competente.  
  
Artículo 28. Contratación de actividades accesorias con terceros  
1. Se establece como actividades que, por su carácter accesorio, puede contratarse con terceros:  
a) Servicio de manutención, de transporte, limpieza o análoga consideración;  
b) Aquellas actividades que correspondan a prestación de servicios profesionales, que no requieran exclusividad o que tengan naturaleza de servicios generales, que sean necesarios para cubrir las necesidades de atención integral o ejecución del servicio.  
2. Cuando dichas actividades accesorias se vengan ya realizando con terceros, antes del inicio del procedimiento de concertación, la entidad deberá ponerlo de manifiesto en dicho procedimiento, facilitando la información y cumplimentando los apartados oportunos del modelo de solicitud (apartado A del anexo III. Datos generales de instalaciones y servicios).  
3. La entidad podrá contratar con terceros un porcentaje máximo del 40 % del importe total del coste de concierto. En este porcentaje, siempre quedarán excluidos los gastos necesarios en materia de suministros, coste de servicios de agua, teléfono, calefacción y otros consumibles.  
4. Los contratistas quedarán obligados solo ante la entidad titular del centro o servicio concertado, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución y de la prestación del servicio frente a la Administración.  
5. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la entidad titular del centro o servicio concertado será responsable de que en la ejecución de la actividad accesoria contratada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa de conciertos sociales en cuanto a la naturaleza y cuantía máxima, y los contratistas estarán sujetos igualmente al deber de colaboración previsto en el apartado siguiente.  
6. En todo momento, durante el período de vigencia del concierto, la Administración podrá requerir la información económica, financiera, laboral o de cualquier tipo justificativa de dichas contrataciones de actividades accesorias, con el fin de garantizar que no se rebasa dicho porcentaje.  
  
Artículo 29. Resolución de conflictos  
1. Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen de acción concertada y, en concreto, de las obligaciones señaladas al titular de los centros y servicios concertados, serán resueltas por la Administración competente sin perjuicio de que, una vez agotada la vía administrativa, puedan someterse a la jurisdicción contencioso-administrativa.  
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona titular de la Dirección General de Gestión y Organización del Sistema es el órgano competente para interpretar los conciertos sociales, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, así como acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  
3. Contra los actos que se dicten por dicho órgano durante la ejecución del concierto, que no pongan fin a la vía administrativa, podrá interponerse el recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
Artículo 30. Inspección y control ordinario  
1. La Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas podrá inspeccionar los Centros concertados cuando lo estime conveniente, para comprobar el buen funcionamiento de las instalaciones y servicios.  
2. Las Direcciones Territoriales de la conselleria competente efectuarán el seguimiento ordinario del cumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto.  
  
  
TÍTULO V  
Condiciones técnicas para la realización   
de las prestaciones y servicios  
  
Artículo 31. Centros de Atención Temprana  
1. Los centros de atención temprana deberán realizar las actividades y funciones en régimen ambulatorio que establece la normativa vigente, para el tratamiento asistencial y preventivo de niñas y niños con problemas de desarrollo, de 0 a 6 años, teniendo carácter prioritario la atención de 0 a 4 años y las acciones de seguimiento que se establezcan a criterio del centro, incluyendo las siguientes prestaciones y servicios:  
- Tratamiento especializado (fisioterapia, logopedia, estimulación precoz, etc.).  
- Apoyo psicológico.  
- Apoyo y orientación familiar.  
- Atención y seguimiento de acuerdo con las necesidades individuales.  
- Articulación de recursos y coordinación con otros dispositivos y recursos comunitarios.  
2. Los centros de atención temprana tienen como función desarrollar actuaciones de prevención, rehabilitación, asesoramiento y apoyo personal con carácter periódico con el objetivo de contribuir a la autonomía personal de las personas, conforme a una atención primaria de carácter específico (art. 18.2.e) de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana).  
Sus actuaciones se engloban en un marco de atención que integra las intervenciones realizadas por los servicios profesionales de los sectores sanitario, social y educativo, para asegurar la prevención y el tratamiento de las niñas y niños de 0 a 6 años que presentan trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, conforme a los artículos 15, 20.2 y 37.2 a) de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad.  
La intervención profesional en estos centros vendrá guiada por los principios de carácter general y de carácter metodológico: de orientación centrada en la persona, para garantizar la atención social personalizada, integral y continua, interdisciplinariedad de las intervenciones y calidad y profesionalidad en la provisión de los servicios, que establece el artículo 6.3 de Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana. Asimismo, al estar establecidos para la edad infantil más temprana, se garantizará el criterio de proximidad territorial. A este fin, la Conselleria competente podrá marcar un área de referencia geográfica o territorial para acceder a los centros.  
3. Los centros deberán garantizar los módulos de personal suficiente con relación a las prestaciones y número de niñas y niños atendidos. Estos centros dispondrán de profesionales con especialización en el desarrollo infantil y atención precoz, formado, al menos, por las figuras de: psicólogo o pedagogo, fisioterapeuta, estimuladores y logopeda.  
El estimulador deberá tener una titulación, como mínimo, de grado medio en el área terapéutica.  
4. Las ratios mínimas del personal para un centro de 35 plazas, serán de:  
a) 1 psicólogo/a/pedagogo/a.  
b) 0,5 fisioterapeuta.  
c) 2 estimuladores.  
d) 0,5 logopeda.  
5. En todo caso, el incremento de plazas del centro tendrá como consecuencia un aumento de personal de atención directa en una ratio que no debe ser inferior al 0,10.  
La plantilla podrá flexibilizarse en cuanto a los técnicos de grado medio, fisioterapeutas y estimuladores, dependiendo de las patologías más frecuentes atendidas en el centro, pero ello no alterará la ratio.  
6. El centro deberá garantizar los servicios generales indispensables para la correcta prestación de los servicios.  
7. Asimismo deberán cumplir el calendario y horario de atención a los usuarios, que será de 220 días en horario comprendido entre las 9 y 18 horas, respetando en cualquier caso el cómputo horario laboral de las personas trabajadoras en su convenio laboral de referencia, sin que en ningún caso, se produzca merma del servicio para las personas usuarias.  
No obstante, de acuerdo con lo que dispone la normativa vigente, dicho horario podrá prolongarse previa autorización del director general competente.  
  
Artículo 32. Centros de Rehabilitación e Integración Social  
1. Los centros de rehabilitación e integración Social (CRIS) para personas con trastorno mental grave deberán realizar las actividades y funciones en régimen ambulatorio que establece la normativa vigente, para el tratamiento asistencial y preventivo de personas adultas con enfermedad mental grave, incluyendo las siguientes prestaciones y servicios:  
- Desarrollo de programas de intervención y rehabilitación.  
- Apoyo psicológico e intervención familiar.  
- Psicoeducación, promoción de la autonomía personal y de hábitos de vida saludable.  
- Atención y seguimiento de acuerdo con las necesidades individuales.  
- Articulación de recursos y coordinación con otros dispositivos y recursos comunitarios.  
2. Los centros deberán garantizar los módulos de personal suficiente en relación con las prestaciones y número de personas atendidas.  
La plantilla mínima de atención directa para un CRIS de 50 plazas está formada por: 1 director-a/psicólogo/a, 2 psicólogos/as, 1 trabajador/a social, 1 terapeuta ocupacional o técnico/a superior de integración social y 2 educadores/as/monitores.  
La plantilla mínima de atención directa para un CRIS de 70 plazas está formada por: 1 director-a/psicólogo/a, 3 psicólogos/as, 1 trabajador/a social, 1 terapeuta ocupacional o técnico/a superior de integración social y 3 educadores/as/monitores.  
3. El centro tendrá que garantizar los servicios generales de gestión, administración, limpieza, mantenimiento y vigilancia y contención con medios propios o externos, que aseguren su adecuación al número de plazas y correcta prestación de estos servicios, tal y como dispone el artículo 1 de la Orden de 9 de mayo de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social (DOGV Núm. 5255 / 10.05.2006), por la que se modifica la Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, en su redaccón dada por la Orden de 3 de febrero de 1997, de la Conselleria de Trabajo y Asunsos Sociales.  
4. Los titulares y responsables de los centros procurarán la formación ética específica en materia de derechos humanos y formación continua de todos los trabajadores de atención directa e indirecta para garantizar los derechos de las personas con trastorno mental grave y su atención integral dentro del modelo de atención social.  
5. Asimismo deberán cumplir el calendario y horario de atención a los usuarios, que será de 220 días en horario comprendido entre las 9 y 18 horas, respetando en cualquier caso el cómputo horario laboral de las personas trabajadoras en su convenio laboral de referencia, sin que en ningún caso, se produzca merma del servicio para las personas usuarias.  
6. Los servicios del CRIS trabajarán y establecerán propuestas de actuación conjunta entre la Unidad de Salud Mental (que deriva a la persona usuaria) y otros recursos comunitarios, contando con la persona usuaria para su definición y que desde la perspectiva de la interdisciplinariedad, globalidad, coordinación, información y participación se consiga una adecuada atención a sus necesidades.  
7. El programa individual de atención a personas con trastornos mentales graves y crónicos tendrá en cuenta, para la organización de las actividades y programas a desarrollar, la problemática psiquiátrica concreta, así como su funcionamiento psicosocial, su participación en la comunidad y sus diferentes necesidades sociales, evitando situaciones de deterioro y marginación, procurando oportunidades, medios y posibilidades efectivas de rehabilitación, integración e inclusión social.  
  
Artículo 33. Centros ocupacionales  
1. Los centros ocupacionales deberán realizar las actividades y funciones que establece la normativa vigente para la integración sociolaboral y atención integral diurna, incluyendo las siguientes prestaciones y servicios:  
- Terapia ocupacional, a través de talleres ocupacionales pre-laborales.  
- Formación y orientación laboral.  
- Actividades de socialización, ocio y tiempo libre, formación de hábitos de autonomía, promoción de la autonomía personal y apoyo a la autodeterminación y vida independiente.  
- Apoyo psicológico y orientación familiar  
- Servicio de comedor.  
- Servicio normalizado y/o de transporte adaptado, de acuerdo con las Instrucciones que, en su caso, dicte la Dirección General de Diversidad Funcional para la prestación de este servicio.  
2. Los centros deberán garantizar los módulos de personal suficiente con relación a las prestaciones y número de usuarios, con una ratio mínima reglamentaria de 015 y una ratio consolidada de 0,19 por persona usuaria atendida correspondiente a personal técnico y de atención directa.  
Contando con figuras profesionales: 1 psicólogo/a, pedagogo/a o psicopedagogo/a por 40 usuarios/as, 1 fisioterapeuta, 1 auxiliar ocupacional, así como 1 monitor por 8 o 10 usuarios/as, en función de que se atienda a personas con trastornos asociados en un 15 % como mínimo.  
3. El centro tendrá que garantizar los servicios generales de gestión, administración, limpieza, mantenimiento, comedor, cocina y vigilancia con medios propios o externos, que aseguren su adecuación al número de plazas y correcta prestación de estos servicios.  
Las personas usuarias, en la medida de lo posible y como un elemento más del programa socioeducativo, deben colaborar en la realización de las tareas de limpieza y comedor.  
4. Asimismo deberán cumplir la obligación de prestación de todos los servicios de atención a las personas usuarias (incluido el de comedor y de transporte) durante 220 días al año, con un horario preferentemente entre las 9 y las 17 horas, respetando en cualquier caso el cómputo horario laboral de las personas trabajadoras en su convenio laboral de referencia, sin que en ningún caso, se produzca merma del servicio para las personas usuarias.  
5. Los centros ocupacionales tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con diversidad funcional con el objeto de lograr su máximo desarrollo personal y, en los casos en los que fuera posible, facilitar su capacitación y preparación para el acceso al empleo.  
6. El programa individual de atención estará adaptado a la edad, vocación, formación, habilidades y circunstancias personales con el fin de conseguir una adaptación satisfactoria en el centro y su acceso, en la medida de lo posible, a un empleo con apoyo o protegido de acuerdo a sus competencias.  
  
Artículo 34. Centros de día para personas con diversidad funcional física e intelectual  
1. Los centros de día para personas con diversidad funcional física e intelectual y centros de atención diurna para personas dependientes de estas características deberán realizar las actividades, programas y prestaciones que establece la normativa vigente para ofrecer atención integral diurna, incluyendo las siguientes prestaciones y servicios:  
- Tratamiento especializado, de acuerdo con el tipo de discapacidad o diversidad funcional.  
- Cuidados asistenciales, mantenimiento y promoción de la salud.  
- Fisioterapia, adaptada al programa individualizado de atención.  
- Actividades ocupacionales y rehabilitadoras.  
- Actividades socioculturales y recreativas, de convivencia, cooperación y promoción de la autonomía personal.  
- Apoyo psicológico y orientación familiar  
- Servicio de comedor.  
- Servicio de transporte adaptado.  
2. Los centros deberán garantizar los módulos de personal suficiente con relación a las prestaciones y número de usuarios/as, con una ratio reglamentaria de 022 y una ratio consolidada de 0,30 por persona usuaria atendida correspondiente a personal técnico y de atención directa. En centros de día para personas con diversidad funcional con plazas de personas usuarias con un grado de discapacidad igual o mayor a 75 %, así como en los centros de día específicos (daño cerebral, trastorno de espectro autista y parálisis cerebral), la ratio no debe ser inferior a 0,38.  
Contando como mínimo con las siguientes figuras profesionales: 1 psicólogo/a, pedagogo/a o psicopedagogo/a, 1 fisioterapeuta y 1 cuidador por 6 personas usuarias.  
En caso de estar unido a residencia, se integrarán los módulos de personal.  
3. El centro tendrá que garantizar los servicios generales de gestión, administración, limpieza, mantenimiento, comedor, cocina y vigilancia con medios propios o externos, que aseguren su adecuación al número de plazas y correcta prestación de estos servicios.  
4. Asimismo deberán cumplir la obligación de prestación de todos los servicios de atención a personas usuarias (incluido el de comedor y transporte) durante 220 días al año, con una jornada de 8 horas diarias y un horario preferentemente entre las 9 y las 17 horas, respetando en cualquier caso el cómputo horario laboral de las personas trabajadoras en su convenio laboral de referencia, sin que en ningún caso, se produzca merma del servicio para las personas usuarias.  
5. Los servicios de centro de día ofrecen una atención integral durante el periodo diurno a las personas usuarias, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias.  
6. El programa individual de atención estará adaptado a las necesidades específicas de las personas usuarias en orden a la promoción de la autonomía personal, mejora o conservación de sus condiciones físicas o cognitivas, apoyo a la autodeterminación y fomento de la participación en los diversos programas y actividades que se desarrollen.  
  
Artículo 35. Centros de Día para personas con trastorno mental grave  
1. Los centros de día para personas con trastorno mental grave y centros de atención diurna para personas dependientes de estas características deberán realizar las actividades, programas y prestaciones que establece la normativa vigente para ofrecer atención integral diurna, incluyendo las siguientes prestaciones y servicios:  
- Tratamiento especializado, de acuerdo con la patología.  
- Cuidados asistenciales, mantenimiento y promoción de la salud.  
- Actividades ocupacionales y rehabilitadoras.  
- Actividades socioculturales y recreativas, de convivencia, cooperación y promoción de la autonomía personal.  
- Apoyo psicológico y orientación familiar  
- Servicio de comedor.  
2. Los centros deberán garantizar los módulos de personal suficiente con relación a las prestaciones y número de personas usuarias, con una ratio consolidada de 0,30 por persona usuaria atendida correspondiente a personal técnico y de atención directa.  
La plantilla mínima de atención directa para un centro de día con una capacidad de 20 plazas estará formada por: 1 director/a (psicólogo/a), a un tercio de jornada, 1 psicólogo/a, 1 trabajador/a social (a media jornada), 1 terapeuta ocupacional, 1 técnico/a superior de integración social (a media jornada) y 2 educadores-as / monitores.  
3. El centro tendrá que garantizar los servicios generales de gestión, administración, limpieza, lavandería, mantenimiento, comedor y cocina y vigilancia, con medios propios o externos, que aseguren su adecuación al número de plazas y correcta prestación de estos servicios.  
4. Los titulares y responsables de los centros procurarán la formación ética específica en materia de derechos humanos y formación continua de todos los trabajadores de atención directa e indirecta para garantizar los derechos de las personas con trastorno mental grave y su atención integral dentro del modelo de atención social.  
5. Asimismo deberán cumplir la obligación de prestación de todos los servicios de atención a los usuarios durante 220 días al año, con una jornada de 8 horas diarias y un horario preferentemente entre las 9 y las 17 horas, respetando en cualquier caso el cómputo horario laboral de las personas trabajadoras en su convenio laboral de referencia, sin que en ningún caso, se produzca merma del servicio para las personas usuarias.  
6. Los servicios de centro de día ofrecen una atención integral durante el periodo diurno a las personas usuarias, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias.  
7. El programa individual de atención estará adaptado a las necesidades específicas de las personas con trastornos mentales graves y crónicos en orden a la promoción de la autonomía personal, mejora o conservación de sus condiciones cognitivas y mentales, apoyo a la autodeterminación para tomar sus propias decisiones y fomento de la participación en los diversos programas y actividades que se desarrollen.  
8. Para avanzar hacia una adecuada atención integral e integración, este se basará en la colaboración entre el sistema sanitario, a través de los servicios de salud mental y, en su caso, los servicios de formación y empleo, así como la utilización de cualquier otro tipo de recurso comunitario.  
  
Artículo 36. Residencias para personas con diversidad funcional física e intelectual  
1. Las residencias para personas con diversidad funcional física e intelectual y centros de atención residencial para personas dependientes de estas características deberán realizar las actividades, programas y prestaciones que establece la normativa vigente para ofrecer atención integral residencial, incluyendo las siguientes prestaciones y servicios:  
- Prestaciones completas de alojamiento y manutención.  
- Tratamiento especializado, de acuerdo con el tipo de discapacidad o diversidad funcional.  
- Cuidados asistenciales, mantenimiento y promoción de la salud.  
- Actividades ocupacionales y rehabilitadoras.  
- Actividades socioculturales y recreativas, de convivencia, cooperación y promoción de la autonomía personal.  
- Apoyo psicológico y orientación familiar  
2. Los centros deberán garantizar los módulos de personal suficiente con relación a las prestaciones y número de personas usuarias, según se determina en la tipología de cada recurso.  
En Residencias de personas con diversidad funcional física o intelectual gravemente afectados la ratio mínima de personal será de 075 por residente. La proporción será de 70 % de personal cualificado de atención directa y 30 % de personal auxiliar de servicios.  
En Residencias para personas con diversidad funcional con plazas de personas usuarias con un grado de discapacidad igual o mayor a 75 %, así como en las residencias específicas (daño cerebral, trastorno de espectro autista y parálisis cerebral), la ratio no debe ser inferior a 0,98 por residente, con 70 % de personal cualificado de atención directa y 30 % de personal auxiliar de servicios.  
3. Asimismo deberán cumplir el calendario y horario de atención a los usuarios, que será de 365 días (366 en año bisiesto) y atención continuada las 24 horas del día.  
4. Las residencias tienen como objetivo atender a las necesidades básicas de las personas con diversidad funcional que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, promover la autonomía y favorecer su inclusión social a través de los programas que desarrollan. Las actividades deportivas, socioculturales, de ocio y tiempo libre se desarrollarán, siempre que sea posible, de acuerdo con el principio de integración y accesibilidad universal en las instalaciones y con los medios ordinarios puestos al servicio de la ciudadanía.  
  
Artículo 37. Residencias-centros específicos (CEEM) para personas con trastorno mental grave  
1. Las residencias-centros específicos de enfermos mentales (CEEM) para personas con trastorno mental grave y centros de atención residencial para personas dependientes de estas características deberán realizar las actividades, programas y prestaciones que establece la normativa vigente para ofrecer atención integral residencial, incluyendo las siguientes prestaciones y servicios:  
- Prestaciones completas de alojamiento y manutención.  
- Tratamiento especializado, de acuerdo con el tipo de trastorno y su evolución.  
- Cuidados asistenciales, mantenimiento y promoción de la salud.  
- Actividades ocupacionales y rehabilitadoras.  
- Actividades socioculturales y recreativas, de convivencia, cooperación y promoción de la autonomía personal.  
- Apoyo psicológico y orientación familiar  
2. Los centros deberán garantizar los módulos de personal suficiente con relación a las prestaciones y número de personas usuarias, según se determina en la tipología de este recurso.  
3. El centro tendrá que garantizar los servicios generales de gestión, administración, limpieza, lavandería, mantenimiento, comedor y cocina con medios propios o externos, que aseguren su adecuación al número de plazas y correcta prestación de estos servicios.  
4. Los titulares y responsables de los centros procurarán la formación ética específica en materia de derechos humanos y formación continua de todos los trabajadores de atención directa e indirecta para garantizar los derechos de las personas con trastorno mental grave y su atención integral dentro del modelo de atención social.  
5. Asimismo deberán cumplir el calendario y horario de atención a los usuarios, que será de 365 días (366 en año bisiesto) y atención continuada las 24 horas del día.  
6. Los CEEM tienen como objetivo atender a las necesidades básicas de las personas con trastorno mental grave que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, promover la autonomía, la integración y la convivencia en el recurso, así como favorecer las salidas, el programa de rehabilitación psicosocial y su inclusión social.  
7. A través del CEEM se prestará una atención continuada y una asistencia integral apoyando a la persona atendida y su familia, para su más pronta recuperación e inclusión social, promoviendo la información, orientación, educación y consejos de vida saludable y control de la enfermedad, así como la atención continuada de sus necesidades. A tal fin, el centro desarrollará programas, actividades y talleres relacionados con las diferentes necesidades del perfil de las personas usuarias.  
  
Artículo 38. Viviendas Tuteladas para personas con diversidad funcional física, intelectual y trastorno mental grave  
1. Las viviendas tuteladas para personas con diversidad funcional física, intelectual o con trastorno mental grave deberán realizar las actividades, programas y prestaciones que establece la normativa vigente para ofrecer alojamiento y servicios de apoyo a la promoción de la autonomía personal, incluyendo las siguientes prestaciones y servicios:  
- Prestaciones de alojamiento y manutención, con la participación de las personas usuarias, en régimen parcialmente autogestionado.  
- Asistencia, apoyo o supervisión, de acuerdo con el régimen de la vivienda tutelada.  
- Servicios específicos de movilización, atención social y supervisión en actividades de la vida diaria, según el tipo de discapacidad o diversidad funcional.  
- Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda, y de apoyo a la integración en el entorno comunitario.  
2. Las viviendas con apoyo para personas con diversidad funcional física, viviendas supervisadas y viviendas asistidas para personas con diversidad funcional intelectual o trastorno mental grave (TMG) deberán garantizar los módulos de personal suficiente con relación a las prestaciones y número de personas usuarias, según se determina en la tipología de cada recurso.  
3. Los titulares o responsables de las viviendas tuteladas coordinarán su actuación, atención especializada, servicios y prestaciones con los recursos de atención diurna, sociales, sociosanitarios y formativos existentes en su entorno social.  
4. Asimismo deberán cumplir el calendario y horario de atención a los usuarios, que será de 365 días (366 en año bisiesto) y atención continuada las 24 horas del día, de forma presencial o a través de dispositivos de teleasistencia o telealarma.  
5. En las viviendas tuteladas específicas para personas con trastorno de espectro autista (TEA) y personas con trastorno mental grave (TMG) con graves problemas de conducta la atención a los usuarios/as se prestará de forma presencial continuada, en régimen de atención residencial 24 horas.  
6. En todo caso, el horario deberá adaptarse a las horas de descanso y a las características de los propios usuarios/as, teniendo en cuenta los horarios de los centros y programas asistenciales, centros formativos y de trabajo, a los que acudan.  
7. Las prestaciones que se ofrecen en las viviendas tuteladas estarán orientadas a promover opciones de vida independiente y alojamiento más autónomas y normalizadas, promover el autocuidado y actividades de la vida diaria al objeto de habilitar para el mayor grado de autonomía, fomentar la responsabilidad individual y apoyar otras intervenciones sociales en centros especializados en los que se trabajan destrezas, hábitos y capacidades funcionales en aras de la consecución de la autonomía personal.  
En viviendas tuteladas para personas con enfermedad mental (TMG) sus objetivos son asimismo incrementar la calidad de vida de la persona con trastorno mental atendiendo sus necesidades y recursos de forma que adquiera un cierto grado de competencia social, proporcionar las destrezas necesarias para el adecuado tratamiento farmacológico, la normalización y el desempeño de roles sociales como persona autónoma, el manejo de situaciones nuevas y la prevención de recaídas.  
  
Artículo 39. Actividades y servicios complementarios  
1. Los centros concertados gozan de autonomía para establecer actividades y servicios y complementarios a los servicios y prestaciones establecidos como obligatorias en la normativa vigente, según la tipología del centro, que se encuentran incorporadas dentro del concierto.  
2. Las actividades y servicios a que se refiere la disposición adicional Séptima del Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, podrán establecerse sin menoscabo del horario lectivo de atención social a las personas usuarias arriba indicado.  
3. La participación de los usuarios en dichas actividades y servicios complementarios será voluntaria y, por tanto, no implicará discriminación alguna para aquellos que no deseen participar en las mismas.  
4. Al inicio de cada semestre deberá facilitarse a las personas usuarias y a sus familiares la información detallada sobre el programa de actividades complementarias establecidas para dicho período, en la que se hará constar expresamente el carácter voluntario y no lucrativo de las mismas, el importe de gastos que conlleva cada una de estas actividades y las cantidades aprobadas por el órgano de participación del centro para los participantes, en caso de que conlleven gastos que sean sufragables por los interesados.  
5. Asimismo, una vez aprobado el programa por el órgano de participación del centro, este será puesto en conocimiento de la Dirección Territorial de la Conselleria, para su autorización por la Administración concertante.  
  
Artículo 40. Condiciones generales de alojamiento, limpieza y manutención  
Los centros garantizarán la correcta prestación de los servicios generales de manutención (comedor y cocina), alojamiento, limpieza y mantenimiento, con medios propios o externos, con arreglo a las siguientes condiciones generales:  
1. Manutención.  
Se garantizará la correcta nutrición de las personas atendidas en centros de atención diurna y residencial, conforme a lo dispuesto por la Conselleria y el Programa de atención nutricional en centros sociosanitarios.  
1.1. Diseño de las dietas  
Deberá cumplir los siguientes objetivos:  
- Ser completa y equilibrada  
- Tener una presentación atractiva  
- Ser variada adaptándose a las necesidades de las personas usuarias  
- Estar convenientemente realizada y condimentada  
- Estar adaptada a la gastronomía local y a la época del año  
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
a) Se debe disponer, al menos, de las siguientes dietas:  
Dieta basal o normal  
Dieta diabética  
Dieta de protección gástrica, especial o triturada, si fuera preciso.  
Dieta de fácil masticación (triturada o turmix).  
Además, se deben prever dietas especiales para diversas patologías y/o pruebas exploratorias (insuficiencia renal, hepatopatías, patología biliar, líquida o semilíquida, dieta con modificación del aporte de proteínas u otras).  
Los criterios para la indicación de una de las dietas a cada residente serán establecidos por el médico de atención primaria o nutricionista, tras la valoración oportuna.  
b) La dieta basal/normal constará de dos platos y postre tanto en la comida como en la cena  
c) Los alimentos deben tener una correcta conservación, manipulación y preparación.  
La dieta BASAL tendrá un aporte calórico medio de 2.000 Kcal /día (3.332-9.185 Kcal) que se repartirán en:  
·Proteínas 15-20 % del valor calórico total  
·Grasas 30-35 % del valor calórico total  
Hidratos de carbono 50-55 % del valor calórico total  
En la dieta se debe evitar el exceso de grasa (sobre todo grasa saturada) y de colesterol y reducir el aporte de azúcares refinados.  
d) En las Residencias se realizará un número de comidas/día adecuado, que se estima en desayuno, comida, merienda y cena. En los casos en los que haya que incluir una a media mañana o una comida de refuerzo, se hará siempre bajo criterios médicos. En centros de atención diurna: la manutención se reduce a: comida con posibilidad de alguna acción de refuerzo a mediodía o durante la tarde a aquellas personas que lo requieran.  
e) Los menús abarcarán, al menos, 2 opciones para cada uno de los platos del almuerzo y cena; se elaborarán y servirán con arreglo a las prescripciones de un médico nutricionista, o dietista.  
f) Se presentarán menús especiales para fiestas señaladas y tradicionales.  
g) Los menús diarios detallados, de forma clara y sencilla, serán conocidos y expuestos de forma semanal en el comedor, tablón de anuncios u otro lugar público del centro. Se proporcionará junto con la dieta unas fichas/listados en los que se recojan los ingredientes con gramaje de los diferentes platos, así como el valor calórico y la cantidad de nutrientes que aporta.  
1.2. Calidad de las materias primas, adquisición y conservación de mercancías  
Todas las materias primas y los productos servidos tendrán que estar sujetos a la normativa legal y en particular al Código Alimentario Español. El almacenamiento de las materias primas y su conservación se efectuará cumpliendo la normativa vigente. En cualquier caso, los víveres serán de calidad extra o primera.  
La composición ordinaria de los menús contendrá alternativas para acomodarse a las convicciones culturales o religiosas de los usuario/as.  
2. Alojamiento:  
2.1. Habitaciones.  
El alojamiento se realizará siempre en habitación individual o doble, permitiéndose la personalización de esta en consonancia con la libertad de elección y responsabilidad de las personas usuarias, asegurando una estancia en condiciones de seguridad e higiene, así como respeto a la intimidad. Se trabajarán los aspectos de autocuidado de la propia habitación y entorno propio del centro.  
2.2. Lavado y limpieza de ropa y enseres.  
Las personas usuarias de centros residenciales aportarán su ropa de uso personal, debiendo estar esta debidamente marcada a fin de garantizar, en todo caso, el uso exclusivo por su propietario. El cambio de ropa y su limpieza se observará con la periodicidad necesaria; si bien el cambio de ropa interior de los usuarios/as atendidos en régimen de atención residencial, se efectuará diariamente, o si fuese preciso con mayor frecuencia. Los procedimientos de lavado se ajustarán a la tipología de las prendas a fin de garantizar su buen estado de higiene y conservación, seguidos de planchado y repasado de ropa, antes de proceder a su entrega.  
Al menos semanalmente (y con especial intensidad cuando así se requiera), se procederá al cambio y lavado de sábanas, fundas, cobertores, etc.  
3. Limpieza del edificio y de las instalaciones.  
Las funciones de limpieza incluirán la totalidad del edificio e instalaciones. El horario será compatible y adaptado a los programas y necesidades de atención a los usuarios/as, e incluye obligatoriamente los siguientes servicios:  
3.1. Diariamente:  
- Barrido y fregado de todas las habitaciones.  
- Barrido y fregado de los pavimentos de material plástico o terrazo.  
- Limpieza de todo el mobiliario general, incluido papeleras y ceniceros.  
- Limpieza total y escrupulosa de lavabos y aseos (con especial intensidad cuando así se requiera en cuartos de aseo de usuarios).  
- Reposición de papel higiénico, jabón, etc.  
- Recogida en bolsas cerradas de basuras, para su depósito en zona habilitada y traslado hasta la zona que se determine para la recogida de residuos urbanos.  
3.2. Semanalmente:  
- Aspirado de polvo en profundidad.  
- Desempolvado de mesas, estanterías, etc. y limpieza de persianas.  
- Barrido y fregado de todas las dependencias  
3.3. Quincenal/Mensualmente:  
- Encerado de pavimentos de pasillos, vestíbulos y dependencias, cuyos materiales lo permitan.  
- Limpieza de cristales por ambos lados.  
- Desempolvados de zócalos, puertas y superficies situadas a altura superior a 1,80 m.  
3.4. Semestralmente:  
- Limpieza de cortinas, visillos y moquetas.  
4. Mantenimiento.  
Se establecerá un sistema que garantice, con medios propios o externos, el mantenimiento de las instalaciones en adecuadas condiciones de funcionamiento, así como la reparación o sustitución de aquellos elementos del inmueble y del mobiliario o equipos que se encuentren deteriorados.  
  
Artículo 41. Estructura básica de los órganos de participación de los centros concertados  
1. Con arreglo al artículo 87.2 h) de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, se establece la participación activa y efectiva de las personas que utilizan los servicios, por ellas mismas o a través de sus representantes legales, junto con las personas profesionales y la estructura de dirección, desde la planificación de las actividades hasta la evaluación de la atención prestada; así como lo dispuesto en el artículo 59.c de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad, a fin de que en el funcionamiento del centro se garantice la participación de los usuarios/as y/o familiares o tutores, según las características de la discapacidad o diversidad funcional, la organización de los centros será de carácter democrático.  
2. El órgano u órganos de participación de los centros concertados estará formado y constituido por:  
a) Representantes de la entidad titular del centro o servicio.  
b) Representantes de los y las profesionales y personas de atención directa.  
c) Representantes personas usuarias.  
d) Representantes padres y familiares que tengan encomendadas funciones tutelares.  
3. La representación de estos en dicho órgano u órganos será equilibrada y su selección se llevará a cabo mediante procedimiento democrático entre miembros de cada uno de los sectores representados.  
  
  
TÍTULO VI  
Concertación de servicios adicionales o de nueva creación  
  
Artículo 42. Procedimiento  
1. El acuerdo de acción concertada se someterá a los requisitos y procedimiento previstos en el Título II de esta resolución.  
2. Durante el plazo de vigencia de la presente convocatoria, el órgano facultado para resolver el procedimiento de concertación, podrá, si existe crédito adecuado y suficiente para ello y las necesidades del servicio lo justifican:  
a) Concertar, sin necesidad de nueva solicitud, los servicios que pese a haber alcanzado la puntuación mínima, hubieran quedado excluidos por falta de crédito presupuestario, siguiendo el orden de prelación resultante del procedimiento de selección, previa comprobación de que la entidad sigue reuniendo los requisitos exigidos.  
b) Abrir nuevo plazo de presentación de solicitudes al amparo de la presente convocatoria para concertar tanto los servicios que hubieran quedado desiertos, como aquellos otros servicios adicionales o de nueva creación que precise para atender necesidades sobrevenidas.  
  
  
TÍTULO VII  
Modificación y revisión de conciertos  
  
Artículo 43. Modificación conciertos  
1. Los conciertos acordados al amparo de la presente convocatoria, siempre que exista crédito adecuado y suficiente, podrán modificarse conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 181/2017.  
2. De manera específica, a propuesta conjunta de la Dirección General de Gestión y Organización del Sistema y la Dirección General de Diversidad Funcional y Salud Mental, se determinará si la demanda social justifica el incremento o reducción del número de prestaciones, atendiendo, entre otros parámetros, al mapa de necesidades y a la existencia de lista de espera a la vista de la documentación justificativa.  
3. El incremento del número de plazas requerirá de su previa autorización y únicamente será posible si la dirección general competente determina que las necesidades lo justifican y el interés de las personas acogidas en el centro no se ve perjudicado por el mayor número de personas usuarias.  
  
Artículo 44. Revisión y modificación de las condiciones económicas  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 181/2017, se podrán revisar y modificar las condiciones técnicas y económicas de los conciertos, dentro de las disponibilidades presupuestarias y con las siguientes especificaciones: la revisión de los módulos económicos requerirá de un estudio previo de la dirección general competente en materia de gestión y organización del sistema que determine que los costes variables, fijos y permanentes de prestación del servicio son inferiores o superiores a las contraprestaciones económicas recibidas. Los módulos se fijarán en una cuantía que, dentro de las disponibilidades presupuestarias, permita restablecer el equilibrio entre costes y contraprestaciones.