Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4637, del 25-11-2003 (2003/12921)

Notificación a Pedro Sebastián Andreu Celdrán. Expediente número 074/2002.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4637

Fecha DOGV
:   25-11-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/12826


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Pedro Sebastián Andreu Celdrán. Expediente número 074/2002. [2003/Q12360]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a Pedro Sebastián Andreu Celdrán la Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 1 de abril de 2003, del expediente 074/2002.
  
Vista la reclamación interpuesta en el expediente 074/2002, así como los antecedentes que constan en el Servicio de Gestión Administrativa, resultan los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
1. Con fecha 23 de enero de 2002, y número de registro 1937, tuvo entrada en los servicios centrales de esta conselleria, reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Pedro Sebastián Andreu Celdrán, afirmando en su escrito lo siguiente:
  
«Que el pasado día 17 de diciembre de 2001, circulaba con el vehículo de mi propiedad MU-1040-AJ, por la carretera comarcal CV-81 dirección Ontinyent, y estando a la altura del puerto de Bocairent, donde circulaba detrás de un camión me encontré de forma imprevista en la calzada con piedras de gran tamaño que se habían desprendido de la ladera de las montañas, no pudiendo realizar maniobra de evasión para impedir la colisión... y como consecuencia de ello sufrí daños en los bajos de la parte delantera de mi vehículo».
  
2. Con el escrito de reclamación se aportó dos fotocopias, una de la factura de reparación y otra de un servicio de asistencia por RACE.
  
3. Con fecha 1 de febrero de 2002, se les acusó recibo de su escrito de interposición de reclamación de responsabilidad patrimonial, notificándose a su vez, la suspensión establecida en el artículo 42.5.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta la recepción de documentos e informe técnico, que se requirieron al Servicio Territorial de Carreteras, conforme con lo establecido en el artículo 10 de del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial.
  
4. Evacuados los informes técnicos requeridos, se procedió a admitir a trámite en virtud de Resolución del conseller, de 22 de abril de 2002, a la vez que por acuerdo del instructor, se procedió abrir periodo probatorio, requiriéndose a la parte para que efectuara actividad probatoria sobre determinados aspectos por clarificar. Lo que no llevó a efecto.
  
5. Con fecha 26 de agosto de 2002, se le puso de manifiesto el expediente a fin de dar cumplimiento con el trámite de audiencia conforme lo establecido en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, otorgándole un plazo de 10 días para que alegara lo que a su derecho convenga. Con fecha 9 de septiembre se reclamó telefónicamente la remisión de documentos que con número 4 y 5 figuraba en el expediente, siendo remitido con fecha 10 de septiembre, sin que hiciera uso del referido derecho de audiencia.
  
6. Una vez formalizada la propuesta de resolución, fue sometida a dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, que fue evacuado en fecha 28 de marzo de 2003.
  
Fundamentación jurídica
  
1. Derecho de reclamación de la responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas. La Constitución en su artículo 106.2 y la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 139, párrafo 1, disponen: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos?.
  
2. Resolución. A tenor de lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común le corresponde dictar la correspondiente resolución sobre reclamación de responsabilidad patrimonial, al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
3. Ausencia de material probatorio. Antes de entrar en el análisis de la legislación vigente aplicable al supuesto que nos ocupa, conviene señalar los hechos que tras la tramitación del expediente no ha quedado acreditado:
  
- Titularidad del vehículo.
  
- Realidad del siniestro cuyos daños se reclaman.
  
- Realidad de los daños reclamados.
  
- Realidad del importe de los daños.
  
- Causa de los daños y su relación con el funcionamiento de los servicios públicos.
  
Según se pronuncia el Consejo de Estado en numerosos dictámenes, como el número 3.780/1996, de 21 de noviembre, que dice: «la carga de la prueba pesa sobre la parte reclamante de acuerdo con los viejos aforismos necessitas probandi incumbit ei qui agit y onus probandi incumbit actori y con el artículo 1214 del Código Civil».
  
El reclamante presenta para acreditar los hechos meras fotocopias de documentos privados, que pueden ser formalizadas por cualquiera, sin ningún rigor probatorio y, por otra parte, al servicio territorial de esta conselleria, según informe técnico remitido, no le consta la existencia de dichas piedras.
  
4. El Tribunal Supremo configura los requisitos que necesariamente deben concurrir para apreciar las responsabilidades que en cada caso se reclamen, «la institución o figura jurídica de la indemnización por responsabilidad patrimonial del estado o entes públicos (arts. 40 y concordantes, Ley de Régimen Jurídico y artículo 121 y concordantes, Ley de Expropiación Forzosa) queda configurada mediante el acreditamiento de una serie de requisitos tales como: a) efectiva realidad del daño evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, b) que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención extraña que debiera influir, alterando en el nexo causal, y c) que no se haya producido fuerza mayor ?sentencias 23 de enero de 1970 (R 212), 9 de junio de 1976 (R 3553), 4 de octubre de 1978 (R.3319)...» ?Sentencia 11 de abril de 1978 (RA 4426).
  
La primera y fundamental justificación que ha de exigirse a toda reclamación de daños y perjuicios, por imperativo legal, ha de versar precisamente sobre la relación causa-efecto, entre los servicios públicos y la lesión alegada por el particular reclamante, ya que tal y como se ha pronunciado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes «para la estimación de la reclamación no basta con probar el daño y la existencia del obstáculo, si no que es necesario acreditar la realidad del accidente, la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento de los servicios de conservación». (Dictamen 1604/1991, Secc. 6.ª 23.01.1992).
  
Es doctrina reiterada de este Consejo que no basta probar la existencia de un daño y la de una deficiencia en la carretera, si no que es preciso probar, de algún modo la vinculación causal entre los dos (entre los más recientes dictámenes de 6 de junio de 1991, número 773/1991, 19 de septiembre de 1991, número 1060/1991, de 10 de octubre de 1991, número 12.19 y 14 de noviembre de 1991 número 1408/1991).
  
Sin embargo, en éste caso no se ha acreditado, pese a las posibilidades ofrecidas en el expediente, ni la realidad del hecho, ni del daño, ni en consecuencia de la existencia de relación de causalidad del mismo con el funcionamiento de los servicios públicos.
  
5. Que el Consejo de Estado establece precisamente, que «el deber de vigilancia no puede exceder de lo que sea razonablemente exigible, entre lo que no se cuenta una vigilancia tan intenta que, sin mediar lapso de tiempo no inmediato o instantáneo, cuide de que el tráfico de la calzada sea libre y expedito» (dictámenes núm. 774/1991, de 6 de junio de 1991, núm 1540/1991, de 5 de diciembre de 1991; núm, 1651/1992, de 23 de enero de 1992).
  
No consta en el expediente el incumplimiento del deber positivo de la administración titular de la vía en cuestión por lo que respecta a las labores de conservación de la carretera y que se hubiera podido traducir en la omisión de la debida vigilancia atribuible a los órganos encargados del mantenimiento, máxime cuando, como ha declarado en otras ocasiones este Consejo de Estado «el deber de vigilancia no puede exceder de lo que sea razonablemente exigible...» (Dictamen núm. 1504/1994, Secc. 6.ª, 03.11.1994).
  
6. Que el Consejo Jurídico Consultivo ha emitido dictamen número 152/2003, en el que se ha considerado conforme a derecho la propuesta de resolución formulada por el instructor en el presente expediente.
  
Vistos los hechos, fundamentos de derecho aplicables y de acuerdo con la normativa de general y singular aplicación, en uso de las de las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, vengo a dictar la siguiente resolución:
  
Desestimar en su reclamación, a Pedro Sebastián Celdrán, por no quedar acreditado la concurrencia de los requisitos exigidos en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la recepción de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la recepción de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.