Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5946, del 03-02-2009 (2009/716)

Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector 5 del PGMOU de Torrevieja.
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Número DOGV
:   5946

Fecha DOGV
:   03-02-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/716


Fecha del documento
:   16-01-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Torrevieja

Tipo de documento
:   Licitación

Descriptores 

:   * Torrevieja
    * licitación
    * plan de urbanismo
    * administración local
    * contrato de obras

Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector 5 del PGMOU de Torrevieja. [2009/716]  
Francisco Moreno Juárez, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrevieja, hace saber:   
Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada con fecha 28 de noviembre de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
1º. Acordar el inicio del procedimiento de concurso para el desarrollo del sector 5 Comercial, por el sistema de gestión indirecta estimando la solicitud presentada por Carlos Carmona Rodríguez, en representación de la mercantil Altos de Torrevieja, SL.  
2º. Aprobar las bases particulares reguladoras del programa de actuación integrada mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector 5 del PGMOU de Torrevieja.  
Base I. Objeto del contrato  
Las presentes bases particulares tienen por objeto regular las condiciones básicas de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para el desarrollo urbanístico del programa de actuación integrada en régimen de gestión indirecta con selección de urbanizador, en el sector denominado S-5 Comercial según el PGOU de Torrevieja. Todo ello, partiendo de que la adjudicación del programa y de la condición de urbanizador está condicionada a que los instrumentos de planeamiento sean aprobados definitivamente y publicados. En caso de no darse las condiciones mencionadas, el procedimiento de selección y la adjudicación se tendrán por no realizadas, no suscribiéndose el contrato de despliegue y ejecución, ni, por tanto, ejecutándose las obras objeto de este pliego, por lo que las empresas que concurran al concurso asumen lo expuesto, sin derecho a indemnización alguna.  
Base II. Régimen jurídico  
La relación jurídica que unirá al agente urbanizador que se procede a seleccionar y a la administración local es la de un contrato administrativo especial. En todo lo no previsto en las presentes bases particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, y en especial las bases generales de programación que constituyen el anexo II de la citada norma y que en virtud del artículo 131.3 del citado decreto son de aplicación a este municipio.  
Serán de aplicación supletoria la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
Base III. Ordenación urbanística  
I. Planeamiento vigente  
De conformidad con el PGOU vigente en la actualidad en el término municipal de Torrevieja, aprobado en la sesión plenaria de la Comisión Provincial de Urbanismo celebrada el 22 de diciembre de 1986, los terrenos donde se quiere actuar están clasificados como suelo urbanizable.  
II. Planeamiento en tramitación  
Actualmente el sector S-5 se encuentra afectado por la modificación puntual del PGOU de Torrevieja nº 93 Regulación de la implantación de grandes superficies comerciales, aprobada definitivamente en la sesión plenaria celebrada el 28 de marzo de 2008.  
Se deberá tener en cuenta para el desarrollo de este sector las determinaciones establecidas en la modificación anteriormente citada.  
III. Parámetros urbanísticos  
Los parámetros urbanísticos que presenta la ficha urbanística del S-5 en el PGOU de Torrevieja son los siguientes:  
Superficie bruta 60.000 m²  
Uso fundamental comercial (atención y servicios)  
Uso incompatible residencial  
Edificabilidad total 0,35 m²/m²  
Tipología edificatoria XX  
Elevación máxima 2 plantas  
Ocupación total\* No superará el 70% de la superficie neta disponible del terreno, destinándose el espacio no edificado a aparcamiento, zonas de juego, zonas verdes, etc.  
Base IV. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada (art. 131.2.b) de la LUV)  
I. Memoria de necesidades   
La propuesta de programación deberá justificar la necesidad de abordar un desarrollo armónico, bajo un nuevo modelo que signifique una oferta de desarrollo terciario de alta calidad, aprovechando al máximo las condiciones naturales y de accesibilidad al territorio.   
II. Objetivos de la programación0  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:  
- Recabar, de los correspondientes registros (de la Propiedad y Catastro), toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.   
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación con carácter previo a la redacción del proyecto.   
- En caso de existir, efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semiconsolidadas, con propuesta de solución en los términos previstos en el capítulo III del título I de la Ley Urbanística Valenciana.  
- Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación.  
- Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.  
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.  
- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, ferrocarril, barrancos y otros).   
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el Catastro.  
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.  
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituye el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa (definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales).  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:  
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, dominio público marítimo-terrestre y otros)   
- Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).  
- Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las siguientes obras complementarias que fuesen necesarias.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:  
- El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.  
- Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantado la correspondiente acta de entrega.  
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora.   
- Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma, deberán ser asumidos por todos los propietarios afectados.  
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público del suelo a favor de la administración actuante de forma gratuita.  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados, incluyendo el deber de cesión previsto en el artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, quedando establecidos los criterios de valoración y secuencia.  
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de programa.  
i) En su caso, y con carácter complementario, se fijan como objetivos a cargo del urbanizador y sin que sean repercutibles a los propietarios de terrenos afectados, la ejecución de los programas de restauración paisajística, dentro del ámbito del programa de actuación integrada, conforme a las directrices establecidas en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
Base V. Parámetros urbanísticos (art. 131.2.c) Ley Urbanística Valenciana)  
I. Descripción del sector  
Denominación: S-5 Comercial  
Clasificación del suelo: urbanizable  
Superficie sector: 60.000 m²  
La superficie del sector se ha ajustado a la cifra establecida en la ficha urbanística  
Índice de edificabilidad: 0.35 m²t/m²s  
Edificabilidad: 21.000 m²t  
Uso dominante: terciario-comercial  
Uso compatible:  
Terciario-oficinas  
Terciario-recreativo  
Terciario-aparcamientos  
Similares  
Uso prohibido:  
Residencial  
Industrial  
II. Gestión  
Unidad de ejecución: única  
Área de reparto: 60.000 m²s  
Aprovechamiento tipo: 0.35 m²t/m²s  
Elementos estructurales adscritos: no existen  
Condiciones para la delimitación: la delimitación del sector viene dada por el PGOU. Esta delimitación deberá reflejar el trazado de la vía-parque y CV-95, adaptando la delimitación a las nuevas exigencias.  
Gestión: indirecta  
III. Condiciones  
- Garantizar una correcta conexión con la red viaria existente incluyendo las modificaciones futuras previstas en las mismas.   
- Garantizar una correcta conexión con las redes infraestructuras existentes.  
- Garantizar una adecuada integración paisajística.  
Base VI. Criterios y objetivos territoriales (art. 131.2.d) de la LUV)  
Los criterios que deben regir la ordenación deben ser acordes con los establecidos por la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
La ordenación debe potenciar la calidad de la vida de los ciudadanos, solucionando los siguientes preceptos:  
1. Mejora de los entornos urbanos.   
a) Se debe generar una ordenación que mejore la zona de actuación preservando y potenciando aquellos elementos existentes que tengan interés paisajístico.   
b) Como consecuencia a la repercusión que va a tener la implantación del uso terciario-comercial en los sectores colindantes. La ordenación debe prever incluir las medidas pertinentes para evitar los siguientes objetivos:  
i) La mejora de la calidad ambiental urbana, disminuyendo la contaminación lumínica y acústica acorde con lo establecido en el artículo 5.1.d. de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, estableciendo las medidas para reducir las emisiones perjudiciales.  
ii) El sector en cuestión está rodeado de sectores donde el uso predominante es el residencial. Se arbitrarán medidas de diseño que garanticen una transición que elimine las molestias generadas, estableciendo zonas verdes públicas en las zonas de contacto.  
iii) Se desarrollarán construcciones de calidad que mejore el paisaje urbano.  
2. Accesibilidad del ciudadano. Movilidad urbana y transporte público.  
a) Tanto los espacios públicos como las edificaciones deben garantizar la efectiva utilización por los ciudadanos y su accesibilidad, especialmente mediante la eliminación de barreras arquitectónicas. El instrumento de ordenación establecerá las condiciones que deben reunir los espacios públicos y los edificios de pública concurrencia de forma que se garantice a todas las personas con movilidad reducida o limitación sensorial, la accesibilidad y el uso libre y seguro de su entorno. Los proyectos de urbanización definirán los detalles técnicos para garantizar la accesibilidad a todas las personas con movilidad reducida o limitación sensorial, tanto en lo que respecta a la obra de urbanización como a las instalaciones a ejecutar.  
b) En la ordenación se preverán recorridos peatonales. Se deberá garantizar la movilidad y el transporte por la existencia efectiva de servicios públicos.  
Base VII. Criterios de ordenación urbanística  
I. Cumplimiento de los estándares urbanísticos establecidos en el artículo 209 del ROGTU.  
Zona verde pública  
>10% de la superficie computable del sector  
Reserva mínima de plazas de aparcamiento público   
1 plaza / 100 m² de edificabilidad terciaria, pudiéndose ubicar en parcela privada.  
Reserva de plazas de aparcamiento de uso privado   
Estará en función del uso concreto:  
Terciario-comercial   
Terciario-recreativo 1 plaza/25 m²t  
Terciario-hostelero 1 plaza/50 m²t  
Otros usos terciarios 1 plaza/100 m²t   
Complejos terciarios que ocupen manzanas completas, y no sea posible determinar de modo exacto las diferentes proporciones de usos por tratarse de locales polivalentes, se reservará 1 plaza/40 m²t.  
Base VIII. Objetivos de edificación privada (art. 131.2.e) de la LUV)  
I. Objetivos de la edificación privada.  
Los instrumentos de ordenación deberán normalizar los parámetros de la edificación para que se cumpla con el objetivo de calidad que mejore el paisaje urbano.  
II. Condiciones de edificación  
Las condiciones de edificación que se establezcan en las normas del instrumento de ordenación, deberán ser acordes con las establecidas en el PGOU de Torrevieja, incluyendo las modificaciones previstas en la modificación puntual 93 del PGOU de Torrevieja.  
III. Simultaneidad entre urbanización y edificación  
Se podrán simultanear las obras de urbanización con las obras de edificación, especificando que las construcciones no se podrán ocupar hasta que no se hayan finalizado y recepcionado las obras de urbanización.   
Base IX. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión (art. 131.2.f) de la LUV)  
1. Con carácter general se consideran prescripciones técnicas mínimas que tendrán que respetarse en la redacción de los documentos de ordenación y gestión las establecidas en la LUV y en el ROGTU, así como las establecidas en el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana (Orden de 26 de abril de 1999, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes) y con carácter general la regulación del artículo 124 de la LUV.  
2. El documento que concrete la ordenación y gestión de la zona de actuación en sectores de uso predominante terciario deberá aplicar las prescripciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, concretamente el DB SI 5 Intervención de los bomberos.  
3. Igualmente el instrumento de planeamiento urbanístico incorporará un estudio acústico para el ámbito de ordenación del sector según las exigencias del artículo 25 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica.  
4. Se contemplará una especial atención en la ordenación y gestión de los residuos atendiendo a los criterios establecidos por la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.  
5. La alternativa técnica del programa deberá contemplar, como mínimo, la documentación exigida en el artículo 126 de la LUV.  
a) Documento de planeamiento: plan parcial.  
b) Documento de justificación de la integración territorial. Este documento tiene por objeto actualizar la ordenación estructural del Plan General en todos los aspectos directa o indirectamente relacionados con la nueva urbanización, a fin de integrarla en la estructura general del territorio.   
c) Si la propuesta es presentada por una agrupación de interés urbanístico, se deberá incluir los estatutos y acuerdos.  
d) Plazos para el desarrollo de la actuación integrada.  
e) Proyecto de urbanización.  
f) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe aún siendo repercutibles a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
6. En la presentación de los documentos ante la administración deberán respetarse las siguientes prescripciones.  
Documentación de justificación de integración territorial: sí  
Otros: estudio de sostenibilidad ambiental: sí  
Soporte digital: sí  
Base X. Prescripciones técnicas del proyecto urbanización (art. 131.2.h) de la LUV)  
El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No podrá modificar las previsiones del plan que desarrolla. En ningún caso, podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación.  
Deberá ajustarse a las previsiones de las normas municipales para la ejecución de las obras de urbanización y demás normativas técnicas sectoriales aprobadas con posterioridad a las citadas normas y aplicables.  
Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el artículo 156.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Base XI. Precio de licitación (art. 286.1.h) del ROGTU)  
El precio de licitación, que sirve exclusivamente de base para el cálculo de la garantía provisional, es el establecido en siguiente cuadro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana.  
En cifra: 831.611,49 euros.  
En letra: ochocientos treinta y un mil seiscientos once con cuarenta y nueve euros.  
Base XII. Plazos de desarrollo y ejecución del programa (art. 131.2.i) de la LUV y art. 286.1.i) del ROGTU)   
Los plazos para el desarrollo y ejecución del PAI se ajustarán a lo señalado en el artículo 332 del ROGTU. Las prórrogas y suspensiones se atendrán a lo dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones públicas.   
Respecto a las consecuencias del incumplimiento de los plazos establecidos para el desarrollo y ejecución del programa, se estará a lo prevenido en el artículo 143 de la LUV, en los artículos 336 y siguientes del ROGTU y en la legislación aplicable en materia de contratos de las administraciones públicas.  
Sin perjuicio de lo anterior, se establecen, en el siguiente cuadro, los plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por parte del urbanizador.  
Plazo total: 86 meses  
Plazos parciales  
En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación definitiva del programa al urbanizador, y siempre que se haya producido aprobación igualmente definitiva del proyecto de urbanización, se procederá a la formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
La presentación de los textos refundidos correspondientes al planeamiento o al proyecto de urbanización deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de la aprobación, provisional o definitiva, que imponga modificaciones a la alternativa técnica.  
Selección de empresario-constructor   
El inicio del procedimiento de pública concurrrencia para la selección del empresario-constructor deberá tener lugar en el plazo de un mes desde la formalización del contrato entre el urbanizador y la administración actuante.  
Presentación del proyecto de reparcelación   
El proyecto de reparcelación deberá someterse a información al público por el urbanizador en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo para la opción por modalidad de retribución previsto en los artículos 166 de la Ley Urbanística Valenciana. La presentación de los textos refundidos correspondientes al proyecto de reparcelación deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de las modificaciones a introducir en el proyecto inicialmente formulado.  
Iniciación de las obras de urbanización   
El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, acreditándose mediante acta de replanteo suscrita por la dirección de las obras y, al menos por un técnico municipal.  
Terminación de las obras de urbanización   
Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo máximo de 36 meses desde su inicio.  
Plazo máximo de edificación de los solares   
3 años desde la recepción de las obras de urbanización  
Prórroga   
Se podrán ampliar hasta un máximo de dos años más en el acuerdo por el que se recepcionen definitivamente las obras de urbanización.  
Base XIII. Capacidad para ser urbanizador  
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Base XIV. Solvencia económica y financiera (art. 131.2.m) de la LUV)  
La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o alguno de los medios siguientes:  
1. Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
2. Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
3. Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
Base XV. Solvencia técnica y profesional (art. 131.2.m y art. 123 de la LUV)   
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
Base XVI. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía provisional equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad que se establece a continuación:  
Garantía provisional: 2% del precio de licitación  
Cifra: 16.632,23 euros  
Letra: dieciséis mil seiscientos treinta y dos euros con veintitrés céntimos  
Garantía definitiva: 10% del precio de licitación   
Cifra: 83.161,15 euros  
Letra: ochenta y tres mil ciento sesenta y un euros con quince céntimos  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece en un 10% del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20% en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
Base XVII. Presentación de proposiciones  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar la documentación exigida en las siguientes condiciones:  
Plazo de presentación: tres meses a partir de la fecha del envío del anuncio del Diario Oficial de la Unión Europea  
Lugar: Ayuntamiento de Torrevieja  
Las proposiciones, integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
Sobre A. Alternativa técnica, se presentará abierto.  
Sobre B. Proposición jurídico-económica, se presentará en sobre cerrado.  
la documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.  
Sobre C. Se presentará con el título de Documentación y contendrá la siguiente documentación.  
a) Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en urbanismo.   
b) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.  
c) Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base XVI.  
e) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.  
f) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.  
g) Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de administración y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.  
h) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
i) En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.  
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes de los documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones.  
Base XVIII. Contenido mínimo de la alternativa técnica  
La alternativa técnica del programa de actuación integrada tendrá el contenido siguiente:  
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación pormenorizada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al presente concurso. En otro caso, la alternativa técnica deberá ir acompañada necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación pormenorizada para el ámbito de actuación.  
b) Ámbito de la actuación. Se permitirá la redelimitación del ámbito territorial a programar por parte de la alternativa técnica, cuando se amplíe la red primaria y secundaria prevista en el planeamiento vigente. En todo caso, se debe asegurar el suplemento de dotaciones de red primaria y de red secundaria que exija la ampliación y su debida integración en la estructura urbanística del plan.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
f) Proyecto de urbanización.  
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
k) Si la propuesta de programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la documentación establecida para tales supuestos en la Ley Urbanística Valenciana. Deberá contener el compromiso del licitador de edificar de forma simultánea a la ejecución de la urbanización un porcentaje mínimo.  
Base XIX. Proposición jurídico-económica  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos, de conformidad con lo establecido en el siguiente cuadro:  
Relación entre el urbanizador y los propietarios  
Modalidad de retribución: mediante la cesión de terrenos o en metálico o de forma mixta.  
Modo, condiciones y plazo: una vez comunicada la aprobación por el urbanizador, con idénticas garantías de constancia y recepción que las establecidas para las notificaciones en la Ley estatal 30/1992, el propietario deberá poner en conocimiento del urbanizador o de la administración actuante, su elección por la modalidad de retribución de entre las previstas, dentro del mes siguiente al que se haya comunicado la aprobación del programa de forma fehaciente e individual al propietario.  
Aprovechamiento subjetivo: 90%  
a) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
b) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.  
c) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
d) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe reglamentariamente.   
e) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
· Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b de la Ley Urbanística Valenciana.   
· Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.  
· Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
· Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
· Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
· Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
· Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
· Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización a aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
· Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
· Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado, de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.  
f) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
g) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado, de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.  
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.  
Base XX. Admisibilidad de variantes  
1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca las de carácter económico, siempre y cuando, estas últimas no alteren sustancialmente la ordenación urbanística propuesta.  
2. No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
3. En caso de admitirse, cada aspirante a urbanizador podrá presentar una única variante.  
4. La presentación de una variante en ningún caso legitimará la presentación de una nueva proposición jurídico-económica.  
5. El Ayuntamiento podrá elegir, de entre la alternativa original y la variada, aquella que mejor satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la proposición jurídico-económica formulada y sin poder modificar en ningún caso el contenido de las bases particulares.  
6. No se entenderá como alternativa técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar alternativa técnica, que no se considerará variante de su avance de programación, todo ello con respeto a lo dispuesto en las bases generales y particulares que regulen el procedimiento.  
Base XXI. Criterios de adjudicación  
Los criterios de adjudicación son los siguientes:  
Alternativa técnica 70 puntos  
  
  
Proposición jurídico-económica: 30 puntos  
  
Base XXII. Adjudicación del programa   
1. El programa de actuación integrada se aprobará sin ningún tipo de condicionante.  
2. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base XVI de las presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva del coste de las indemnizaciones, justiprecios y gastos de realojo necesarios para realizar la actuación, la totalidad del coste de las obras de urbanización complementarias y un 7% del coste de las obras de edificación.  
Base XXIII. Formalización del contrato  
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.  
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.  
3. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Base XXIV. Dictamen del Consejo del Territorio y Paisaje  
No será preceptivo el informe del Consejo del Territorio y Paisaje al ser la superficie de la actuación inferior a 500.000 m² (art. 136.4 LUV y 314 del ROGTU).  
Base XXV. Cumplimiento  
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario-constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.  
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquellas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo. Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.  
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa.  
6. El plazo de garantía será de 12 meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.  
Base XXVI. Resolución  
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.   
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.   
b) La declaración de situación concursal.  
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La no formalización del contrato en plazo.  
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.  
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.   
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.   
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.  
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario-constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.   
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.   
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta ley.   
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.  
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.   
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.   
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.   
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.   
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.  
Base XXVII. Prerrogativas de la administración  
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  
Base XXVIII. Jurisdicción competente  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.  
Estimación de cargas  
Propuesta de estimación aproximada de las cargas del programa de la obra urbanizadora del sector 5 del PGOU de Torrevieja, estimación previa que, de conformidad con el artículo 140.1 de la LUV, ha de realizar el Ayuntamiento a los efectos de cálculo de las garantías a imponer a los participantes en el concurso de adjudicación del contrato de programa.  
Los costes de la obra urbanizadora, entendiendo éstos, como el conjunto de cargas que todos los propietarios deben retribuir en común al urbanizador, por lo que su estimación debe incluir:  
Para una superficie aproximada de 60.000 m².  
1. Costes de las obras de vialidad, redes de servicio, mobiliario urbano y jardinería, cuyo grado de detalle dependerá de la alternativa técnica.  
Proyecto de urbanización de polígono industrial de Torrevieja  
Capítulo 1. Movimiento de tierras.  
Capítulo 2. Red de saneamiento de aguas residuales  
Capítulo 3. Red de pluviales  
Capítulo 4. Red de abastecimiento de agua potable  
Capítulo 5. Red de telefonía  
Capítulo 6. Red de telecomunicaciones  
Capítulo 7. Red de baja tensión  
Capítulo 8. Red de media tensión  
Capítulo 9. Centros de transformación  
Capítulo 10. Pavimentación  
Capítulo 11. Señalización  
Capítulo 12. Seguridad y salud  
Presupuesto de ejecución material = 602.442,40 €  
13% de gastos generales = 78.317,51 €  
6% de beneficio industrial = 36.146,54 €  
Presupuesto de ejecución por contrata = 716.906,45 € + IVA   
2. Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras e instalaciones que exijan la ejecución del plan parcial.  
Total indemnizaciones (20% P.E.M.)  
No existen indemnizaciones  
3. El coste de los documentos urbanísticos necesarios.  
Honorario redacción proyectos (4% P.E.M.) = 24.097,70 €  
Dirección de obra (2% P.E.M.) = 12.048,85 €   
4. El valor de las obras de urbanización no contrarias al planeamiento vigente al tiempo de su realización que resulten útiles para la ejecución del nuevo plan.  
Total obras (25% P.E.M.) = 150.610,60 €  
5. Beneficio empresarial y gastos de gestión del urbanizador.  
Tal y como se establece en el Reglamento de la LUV, se establece un máximo del 10% que se aplicará al precio del contrato suscrito.  
10% precio de contrata = 71.690,64 €  
Gastos totales = 975.354,24 € + IVA.  
Se estima como coste total de la obra urbanizadora, comprendiendo todos los costes reseñados con anterioridad, para establecer la base de licitación, en 975.354,24 euros (novecientos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y cuatro con veinticuatro euros) más el correspondiente IVA.»  
3º. Publicar el anuncio de concurso, con su contenido reglamentario, insertándolo en el tablón de anuncios y en los siguientes diarios oficiales:  
a) Diario de la Unión Europea, en primer lugar.  
b) Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (este anuncio no podrá insertarse antes de la fecha en que se remita a la Comisión Europea para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea).  
La publicación se efectúa para que los interesados puedan presentar sus proposiciones en un plazo no inferior a tres meses, contado a partir de la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.  
Fecha de envío al DOUE: 16 de enero de 2009.  
Torrevieja, 16 de enero de 2009.- El delegado de Urbanismo: Francisco Moreno Juárez.