Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3938, del 13-02-2001 (2001/896)

Notificación de la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-488/1999.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3938

Fecha DOGV
:   13-02-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/896


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-488/1999. [2001/Q896]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a doña Fátima Enrique Miranda, calle de Juan XXIII, 3, 3ª (12510 Benicarló), la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-488/1999.
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada formulado por doña Fátima Enrique Miranda contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón, en el expediente número 12/1G/0002/1993 (F-10/1998).
  
Antecedentes de hecho
  
1. Por doña Teresa García Bernia y otras propietarias de viviendas de protección oficial sitas en Burriana, calle del Ecce Homo, número 36, se presentó escrito de denuncia contra la mercantil Gestadin, SL, ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón por deficiencias constructivas en los citados inmuebles, enviándose a un perito de dicho organismo quién emitió el correspondiente informe pericial, acordándose la incoación de expediente sancionador contra dicha promotora así como contra los facultativos de la obra, con traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
2. Por el instructor del expediente sancionador se dictó propuesta de resolución en la que entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, proponía la imposición de una sanción pecuniaria de 500.000 pesetas a cada uno de los expedientados, así como la orden de obras de reparación de las deficiencias constructivas a la promotora.
  
3. El jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda dictó resolución en la que acordó sobreseer libremente el expediente respecto del arquitecto y arquitecto técnico de la obra y promotora, imponiendo la realización de las obras a esta última a tenor del artículo 111 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, Decreto 2.114/1968, de 24 de julio.
  
4. Contra dicha resolución interpone recurso de alzada doña Fátima Enrique Miranda con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano (DOGV número 3.798, de 21 de julio).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
3. Solicita la recurrente que se acuerde la revocación de la resolución imponiéndose las sanciones correspondientes a la promotora, arquitecto y arquitecto técnico y se ordene la ejecución de las obras de reparación necesarias, entendiendo que la citada resolución es nula o anulable por infringir normas del ordenamiento de preceptiva aplicación, así como que la infracción ha quedado plenamente acreditada sin que los infractores hayan negado la existencia de deficiencias, habiendo quedado deslindada la conducta de cada uno de los expedientados.
  
Del contenido de los informes periciales del perito del servicio territorial, estableciéndose en los mismos las deficiencias por humedades de condensación en determinados puntos del inmueble, no puede concluirse no obstante que en la actuación de los intervinientes en la obra haya existido culpa o negligencia, elemento esencial que establece el artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Sancionador en Materia de Vivienda, para que los hechos puedan tipificarse como infracción sancionable.
  
Hay que tener en cuenta que en el derecho administrativo sancionador que está inspirado en los principios del derecho penal, ha de establecerse la individualización de la actuación en la que tiene que existir culpa o negligencia para aplicar la sanción, caso contrario la responsabilidad sería civil y por lo tanto no sujeta al presente procedimiento. Independientemente de ello, el expediente no tiene necesariamente como finalidad la imposición de multa, sino la realización de las obras de reparación de las deficiencias que es el objeto de la denuncia, y ello se ha acordado en la resolución recurrida, a tenor del artículo 111 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, Decreto 2.114/1968, de 24 de julio. Por lo que procede la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada formulado por doña Fátima Enrique Miranda, contra Resolución de fecha 19 de julio de 1999, del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 17 de octubre de 2000.- El director general de Arquitectura y Vivienda: José M.ª García Zarco.