Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7950, del 03-01-2017 (2016/10642)

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2016, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.
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Número DOGV
:   7950

Fecha DOGV
:   03-01-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2016/10416


Fecha del documento
:   23-12-2016

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2016, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social. [2016/10564]  
El Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 14 de noviembre de 2016, un convenio sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, procede la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dicho convenio, que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 933/2016 y que figura como anexo de esta resolución.  
  
Valencia, 23 de diciembre de 2016.- El director general de Relaciones con Les Corts: Antonio Torres Salvador.  
  
  
Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social  
  
Valencia, 14 de noviembre de 2016  
  
Reunidos  
De un lado, Carlos Lesmes Serrano, en representación del Consejo General del Poder Judicial, expresamente facultado para el presente acto por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real decreto 979/2013, de 10 de diciembre (BOE 11.12.2013), en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, modificada por la Ley orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, a quien se le reconoce la plena capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio.  
De otro lado, Ximo Puig i Ferrer, president de la Generalitat.  
Y de otro, Rubén Alfaro Bernabé, en su calidad de presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (en adelante FVMP), con domicilio social en la calle Guillem de Castro, número 46, 1º (CP 46442), de Valencia, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 35.1 de sus estatutos.  
Las partes, en la representación que respectivamente ostentan, han decidido suscribir el presente convenio sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento o desahucio de vivienda en la que el deudor o el inquilino tenga su residencia familiar habitual, para posibilitar la adopción de medidas de carácter social, en los términos que seguidamente  
  
Exponen  
Primero. Que el Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 122.2 de la Constitución, y con los artículos 558 y siguientes de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, es el órgano de gobierno del poder judicial, ejerce sus competencias en todo el territorio nacional y su presidente ostenta la representación del poder judicial y del mismo Consejo.  
Segundo. Que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, reformado por la Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril, establece en su artículo 36 que, en relación con la Administración de Justicia, le corresponde a la comunidad autónoma ejercer todas las facultades que las leyes orgánicas del poder judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.  
En esta cláusula estatutaria se encuentra el origen del traspaso a la Comunitat Valenciana de las funciones que desempeñaba la Administración del Estado en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.  
Tercero. Que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y las consellerias de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, y de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, tienen competencias, respectivamente, en materia de servicios sociales, vivienda y justicia, de acuerdo con lo dispuesto en los decretos del Consell 152/2015, de 18 de septiembre, 159/2015, de 18 de septiembre, y 154/2015, de 18 de septiembre, por los que se establece la estructura orgánica y funcional de dichas consellerias.  
Cuarto. Que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) es una asociación constituida por los entes locales que voluntariamente lo decidan, gozando de personalidad jurídica plena y pública para el desarrollo de las funciones que le son inherentes, gozando de plena capacidad para suscribir convenios y contraer compromisos y obligaciones, figurando entre sus fines la representación y defensa de las entidades locales, la promoción de las competencias locales y cualquier otro fin que afecte o incida directa o indirectamente en sus asociados.  
Quinto. Que los artículos 6 y 11 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de servicios sociales en la Comunitat Valenciana, establece como competencias de los ayuntamientos los servicios sociales generales.  
Sexto. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, las administraciones públicas pueden celebrar convenios de colaboración con otras entidades públicas y jurídicas sujetas al derecho privado.  
Séptimo. Que la situación de crisis económica de los últimos años motiva que muchos ciudadanos se encuentren inmersos en procedimientos de ejecución que terminan en la subasta y adjudicación de sus viviendas, con el consiguiente riesgo de exclusión social de miles de familias. Esto ha provocado la adopción de sucesivas medidas de política económica que, no obstante, deben completarse con otras que permitan su extensión a los particulares con la finalidad de mitigar esta situación.  
Octavo. En este sentido, el Real decreto ley 8/2011, de 1 de julio, elevó el nivel de inembargabilidad en el caso de deudores que hubieran perdido su vivienda habitual hasta el 150 % del salario mínimo interprofesional, aumentó del 50 % al 60 % del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación del inmueble, y redujo al 20 % el depósito exigido para tomar parte en la subasta.  
Por otra parte, el Real decreto ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, aprobó el denominado Código de Buenas Prácticas, y el Real decreto ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, estableció además la suspensión inmediata y por plazo de dos años de los desahucios de los deudores que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión en los términos previstos en la propia norma.  
Estas medidas legislativas se completan con la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. En ella se contempla la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios decretados en cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Asimismo, se modifica el artículo 114 de la Ley hipotecaria para establecer el límite a los intereses de demora de los préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, que no podrán superar tres veces el interés legal del dinero y solo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Incluye también otras medidas, como la fijación del valor de tasación de las fincas en los procedimientos de venta extrajudicial, que no podrá ser inferior al 75 % del valor de tasación; la obligación de las entidades de crédito de aceptar cualquier tasación del bien aportada por el cliente, siempre que sea certificada por un tasador homologado; el fortalecimiento de los derechos de información al cliente en la contratación de los préstamos hipotecarios; la regulación y el tratamiento procesal de las cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecución; la limitación de la responsabilidad personal del deudor subsiguiente a la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual cuando concurran determinadas circunstancias; la limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre la vivienda habitual; y la regulación completa de las medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, modificando el Real decreto ley 6/2012, de 9 de marzo, incluyendo el Código de Buenas Prácticas, que comprende medidas previas a la ejecución hipotecaria, tendentes a la reestructuración de las deudas, medidas complementarias, que se resumen en una quita de la deuda, y medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria, que consisten en la dación en pago de la vivienda habitual.  
Con posterioridad han sido dictados el Real decreto ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, y la Ley 25/2015, de 28 de julio, sobre las mismas materias. Ambas normas, además de modificar los requisitos para considerar cuándo se producen situaciones de riesgo de exclusión social y para que se considere que concurren circunstancias familiares de especial vulnerabilidad, prolongaron el plazo de suspensión de los lanzamientos previsto en la Ley 1/2013 durante los cuatro años siguientes a su entrada en vigor. Al mismo tiempo, modificaron el régimen de adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.  
Noveno. Que la situación actual de crisis económica no afecta exclusivamente al mercado hipotecario, sino que extiende sus efectos al arrendamiento de vivienda. A pesar de las sucesivas reformas que han intentado flexibilizar el sector y garantizar la salvaguarda de los derechos e intereses de ambas partes, arrendador y arrendatario, la disminución o pérdida de la capacidad económica aboca en muchos casos al desahucio par falta de pago de la renta.  
Décimo. El Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias coinciden en el diagnóstico expuesto y en la necesidad de abordar conjunta y coordinadamente medidas que den respuesta a las situaciones de vulnerabilidad que pudieran detectarse en el curso de los procedimientos judiciales o por la Administración de Justicia en el desempeño de su labor.  
En definitiva, se trata de que las personas en situación de especial riesgo de exclusión y vulnerabilidad se encuentren con una respuesta de las administraciones, sensible y adecuada, en el marco de la normativa vigente.  
Por lo expuesto, las partes acuerdan firmar el presente convenio de colaboración con base en las siguientes  
  
Cláusulas  
  
Primera. Objeto del convenio  
El presente convenio de colaboración tiene por objeto establecer un protocolo de actuación en aquellos supuestos en los que, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de un desahucio por falta de pago de la renta, a juicio de la autoridad judicial, se observe una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social que determine la conveniencia o necesidad de intervención.  
En este caso, comunicará dicha circunstancia a los servicios sociales de la Generalitat, dependientes de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, o de un determinado ayuntamiento, para que estos lo trasladen al organismo competente para que, previa realización de las comprobaciones que se consideren necesarias, la Administración autonómica o local pueda adoptar la decisión oportuna y, en su caso, si se cumplen los requisitos exigidos, se incluya a los afectados por pérdida de su vivienda habitual en los programas de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias gestionados por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.  
  
Segunda. Protocolo de actuación  
A los efectos del presente convenio, es precise distinguir entre las dos situaciones que pueden provocar el desahucio:  
1. Procedimientos de ejecución hipotecaria que versen sobre vivienda habitual.  
- Las partes del convenio adoptarán las medidas oportunas, incluyendo las medidas informativas y formativas precisas, a fin de que, cuando el órgano judicial que conozca del asunto observe que no se ha informado al deudor hipotecario de manera clara y veraz del contenido y posibilidades previstas en el Código de Buenas Prácticas Bancarias contenido en el Real decreto ley 6/2012, de 9 de marzo, pueda adoptar las medidas oportunas, siempre compatibles con las leyes de procedimiento y con respeto de sus normas, que permitan al deudor acceder a un folleto informativo sobre el contenido esencial de las medidas previas, complementarias o sustitutivas de la ejecución establecidas en dicho código, o cualesquiera otras que pudieran aprobarse en el futuro con relación a la materia de que se trata, a fin de que el destinatario pueda, en su caso, dirigirse a la entidad acreedora y proponerle aquellas medidas que considere oportunas.  
- Las partes del convenio adoptarán asimismo las medidas oportunas para que, cuando en el desarrollo de un lanzamiento se constate por el órgano judicial o por los servicios comunes de ejecución una eventual situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, pueda la Comisión Judicial dar inmediata cuenta al órgano judicial que conozca del asunto, de tal forma que permita a este comunicar a los servicios sociales la existencia de dicha situación, con estricta observancia de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal, con objeto de que lleven a cabo la valoración de las circunstancias concurrentes y acometan las actuaciones procedentes, y pueda el órgano jurisdiccional adoptar, a la vista de tales circunstancias, la resolución que considere procedente en orden a la suspensión del lanzamiento, siempre de conformidad con las leyes procesales.  
- Verificada la comunicación y examinada la situación, el departamento administrativo correspondiente adoptará la decisión que proceda y que podrá consistir en formular una propuesta de intervención, pudiendo dar traslado a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) si concurren los requisitos para su inclusión en el programa de realojos de afectados por pérdida de su vivienda habitual o declinar la misma por considerar que las circunstancias no permiten concluir que se trate de una situación que entre en el marco o esfera de actuación de los servicios sociales. Una u otra decisión se comunicará al órgano judicial, el cual, si la propuesta fuere positiva, procurará adecuar la tramitación para garantizar la tutela y efectividad de los intereses legítimos de ambas partes, siempre con estricto cumplimiento de las leyes procesales.  
2. Procedimientos de desahucio de vivienda habitual por falta de pago de la renta o cantidades cuyo pago corresponda al arrendatario.  
  
- Las partes del convenio adoptarán las medidas oportunas, incluyendo las medidas informativas y formativas precisas, a fin de que, cuando el órgano judicial que conozca del asunto aprecie, al admitirse a trámite la demanda de desahucio por falta de pago y efectuarse el requerimiento de pago y desalojo, que el arrendatario se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad o exclusión social, pueda facilitarle o indicarle la existencia de folletos informativos de los servicios y programas de asistencia social, sean de la Administración autonómica o de la Administración local, a través de diputaciones o ayuntamientos.  
- Las partes del convenio adoptarán las medidas oportunas, incluyendo las de carácter informativo y formativo, a fin de que, cuando durante la tramitación de un procedimiento de desahucio por falta de pago se detecte por el órgano judicial una situación de especial vulnerabilidad, pueda dar traslado a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat o a los servicios sociales del correspondiente ayuntamiento, siempre con respeto a las normas de procedimiento y con estricto respeto a las normas sobre protección de datos de carácter personal, con objeto de que la Administración lleve a cabo el examen de la situación y, en caso de que sea procedente, adopte las medidas encaminadas para asegurar la actuación de los servicios sociales, bien propios, bien de las entidades locales.  
- Las partes del convenio adoptarán asimismo las medidas oportunas para que, cuando en el desarrollo de un lanzamiento se constate por el órgano judicial o por los servicios comunes de ejecución una eventual situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, pueda la Comisión Judicial dar inmediata cuenta al órgano judicial que conozca del asunto, de tal forma que permita a este comunicar a los servicios sociales la existencia de dicha situación, siempre con observancia de las normas reguladoras de la protección de datos de carácter personal, con objeto de que se lleve a cabo la valoración de las circunstancias concurrentes, se acometan las actuaciones procedentes, y pueda el órgano jurisdiccional adoptar, a la vista de tales circunstancias, la resolución que considere procedente en orden a la suspensión del lanzamiento, siempre de conformidad con las leyes procesales.  
  
Tercera. Compromisos del Consejo General del Poder Judicial  
- Dispondrá las medidas oportunas a fin de que los folletos informativos, formularios normalizados y la información existente sobre la organización, funcionamiento y competencias de los servicios sociales que elaboren las administraciones, los órganos directivos y los servicios competentes, sean conocidos y se encuentren a disposición del juez, del letrado de la Administración de Justicia y de las unidades que componen el tribunal, de forma que puedan acudir a los servicios que resulten competentes en cada caso y puedan hacer las indicaciones y orientaciones oportunas a los particulares afectados.  
- Organizará, en el ámbito de sus competencias, las oportunas actividades formativas, informativas y de divulgación del objeto, contenido y finalidad del presente convenio.  
- Fomentará, en el marco de sus competencias, la colaboración y la participación de los colegios de abogados y de procuradores y su implicación en la consecución de los objetivos y finalidades del convenio.  
- Velará, en el marco de sus competencias, y en su caso a través de los órganos de gobierno de los tribunales, para que los servicios de orientación jurídica dispongan de los folletos informativos y formularios para ser facilitados a los ciudadanos.  
- Colaborará en la confección de los formularios e impresos normalizados elaborados por la Generalitat.  
- Colaborará con la Generalitat en la confección de un registro informático que permita el estudio estadístico de las actuaciones realizadas al amparo del convenio; a tales efectos, coadyuvará en la implantación de mecanismos de cooperación para que, bien los servicios comunes, bien los servicios sociales, lleven un sistema de registro de los casos en los que, por haberse apreciado una situación de especial vulnerabilidad o de exclusión social, fuese precisa la intervención de los servicios sociales correspondientes, así, como, en su caso, la incidencia en el curso del procedimiento.  
  
Cuarta. Compromisos de la Generalitat  
- Facilitará al Consejo General del Poder Judicial y a los juzgados del territorio, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, toda la información disponible sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de asistencia social.  
- Facilitará, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la identificación del departamento y personal responsable a los efectos de las comunicaciones previstas en el presente convenio.  
- Se compromete, a través de las Consellerias de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente a las situaciones de especial vulnerabilidad y de exclusión social puestas de manifiesto a través de los órganos jurisdiccionales en el marco de procedimientos judiciales.  
- Confeccionará los folletos informativos, formularios y toda la documentación destinada a ser puesta a disposición de los ciudadanos, facilitándola a los juzgados del territorio.  
- Las partes del convenio adoptarán las medidas adecuadas a fin de fomentar y propiciar la pronta detección por el órgano judicial, durante la sustanciación de un procedimiento de ejecución hipotecaria, de una eventual situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social que pudiera incardinarse en el ámbito de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, o, en general, de una situación de riesgo de exclusión social distinta de la contemplada en dicha norma, con objeto de que, con respeto a las normas del procedimiento, pueda dar traslado de dicha situación a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat o a los servicios sociales del correspondiente ayuntamiento, a fin de que la Administración lleve a cabo las gestiones necesarias para analizar la situación y, en caso de que sea procedente, pueda adoptar las medidas encaminadas para asegurar la actuación de los servicios sociales, propios o de las entidades locales.  
- Confeccionará un registro informático que permita el estudio estadístico de las actuaciones realizadas al amparo del convenio.  
- Fomentará, en el marco de las competencias de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, la colaboración y la participación de los colegios de abogados y de procuradores y su implicación en la consecución de los objetivos y finalidades del convenio.  
- Velará, dentro de las competencias de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, para que los servicios de orientación jurídica correspondientes dispongan de los folletos informativos y formularios.  
  
Quinta. Compromisos de la FVMP  
- Promoverá entre sus asociados el conocimiento del presente convenio, buscando su colaboración para la ejecución de los compromisos en él recogidos.  
- Facilitará al Consejo General del Poder Judicial y a los juzgados del territorio toda la información de la que se disponga sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de asistencia social de los ayuntamientos.  
- Procurará que sus asociados den una respuesta inmediata y una tramitación urgente a las solicitudes remitidas por los juzgados y comuniquen la resolución que ponga fin al expediente.  
  
Sexta. Comunicaciones entre la Generalitat, los entes locales, la Administración de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial  
Las comunicaciones entre el órgano judicial, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat y el correspondiente ente local se efectuaran preferentemente por medios electrónicos.  
  
Séptima. Confidencialidad de la información y de los resultados  
La Generalitat y la FVMP se comprometen a garantizar la total confidencialidad de los datos personales y familiares a los que tengan acceso como consecuencia de las actividades realizadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  
Igualmente se comprometen a observar lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en lo que se refiere al acceso limitado a los propios interesados en relación con los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas.  
  
Octava. Gastos de ejecución del convenio  
El presente convenio no comporta, en principio, gasto alguno para las partes firmantes, en lo que respecta a la elaboración de fórmulas de coordinación entre la Administración de Justicia y la Administración autonómica y local, insertándose las obligaciones de las partes en el desarrollo ordinario de las competencias propias.  
El coste que pudiera suponer para cada una de las partes firmantes la realización de alguna de las actividades concretas que deban llevar a cabo, de conformidad con el clausulado del mismo, se asumirá con arreglo a sus respectivas normas de gestión económica.  
El importe máximo a asumir por la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades públicas será de 2.500 euros (IVA incluido), que se financiarán con cargo al capítulo II del programa presupuestario 141.10, Administración de Justicia, de los presupuestos de la Generalitat para el año 2016.  
  
Novena. Comisión de seguimiento del convenio  
Se creará un órgano mixto de vigilancia y control de la ejecución y aplicación de este convenio y de resolución de controversias administrativas. Esta comisión estará integrada por dos representantes de la Generalitat, dos por designación del Consejo General del Poder Judicial y dos de la FVMP.  
La comisión se reunirá de forma ordinaria cada seis meses con el objeto de garantizar la calidad del servicio, corregir disfuncionalidades y analizar la experiencia; y con carácter extraordinario cuando fuera necesario a petición de cualquiera de las partes.  
Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Generalitat.  
Deberá remitirse copia de las actas y acuerdos, en su caso, emitidos en el seno de la comisión de seguimiento, a todas las partes firmantes.  
  
Diez. Vigencia del convenio  
La vigencia del presente convenio será de un año desde su firma y se prorrogará por anualidades mediante acuerdo expreso alcanzado al menos dos meses antes del fin de su vigencia o de la vigencia de cualquiera de sus prórrogas.  
  
Once. Naturaleza jurídica  
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas establecidas en el mismo, y, en su defecto, por lo regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, o por la que la sustituya.  
  
Doce. Resolución del convenio  
Será causa de resolución del presente convenio el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de las obligaciones contraídas o de las cláusulas establecidas en él, así como el incumplimiento de la normativa vigente en la materia, lo que facultará a las otras partes para la resolución del mismo, quedando automáticamente anulados todos los derechos derivados, pero no así las obligaciones inherentes.  
  
Trece. Cuestiones litigiosas  
Sobre las cuestiones litigiosas que no hayan sido resueltas en el seno de la comisión de seguimiento (controversias administrativas), se podrá interponer recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo, según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de las jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
Catorce. Sustitución del convenio anterior  
El presente convenio sustituye al convenio de fecha 8 de julio de 2013 respecto de las partes que lo firmaron, el cual queda sin efecto a partir de la firma del presente convenio.  
  
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, y para la debida constancia, se firma el presente convenio de colaboración en el lugar y fecha arriba indicados.  
  
Por el Consejo General del Poder Judicial: Carlos Lesmes Serrano.  
Por la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer.  
Por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias: Rubén Alfaro Bernabé.