Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6068, del 30-07-2009 (2009/8523)

Notificación a Isabel Sánchez Garrido. Expediente número VIVI/049808/105.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6068

Fecha DOGV
:   30-07-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/8523


Fecha del documento
:   03-02-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a Isabel Sánchez Garrido. Expediente número VIVI/049808/105. [2009/8523]  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de propuesta de resolución a Isabel Sánchez Garrido con expediente VIVI/049808/105.  
De orden del instructor del procedimiento sancionador referenciado, a los efectos prevenidos en la Ley 8/2004 de 20 de octubre (DOGV 21.10.04) de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad, se le da traslado de la propuesta de resolución del mismo, que se notifica a Vd. para su conocimiento, bajo advertencia de que en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de su recibo, podrá alegar cuanto considere oportuno en su defensa, conforme a lo establecido en el art. 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador y que los documentos obrantes en el procedimiento son:  
1º. Denuncia  
2º. Acuerdo de iniciación.  
Valencia, 3 de febrero de 2009.- La secretaria de actuaciones: Isabel Sánchez Bodoque.  
Propuesta de resolución   
Visto el procedimiento sancionador VIVI/049808/105 seguido contra Daniel García García por infracción del régimen legal que regula las viviendas de Protección Oficial, iniciado por orden de proceder del jefe del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos.  
Resultando que, son hechos probados y así se declara, que Daniel García García ha arrendado la vivienda sita Silla, calle Alfons el Benigne nº 4-12, incumpliendo la limitación de disponer de diez años establecida en el artículo 12.2 del Real Decreto 1186/1998, en su redacción dada por el Real Decreto 115/2001, de 9 de febrero.  
Resultando que, el instructor no considera procedente la práctica de prueba, además de la que ya consta en el presente expediente.  
Resultando que, se formula al expedientado el oportuno acuerdo de iniciación.  
Resultando que, al acuerdo de iniciación se formulan alegaciones por parte de la representante del expedientado, en ellas manifiesta, que convino con la denunciante que ésta se quedara en el la vivienda mientras el propietario, Daniel García García, se encontraba fuera por motivos laborales. Después de cierto tiempo le comunicó que el propietario iba a regresar y que debía abandonar la vivienda, en ese momento, según manifiesta la representante del expedientado, la denunciante, Isabel Sánchez Garrido, se negó a abandonar la vivienda. También manifiesta que la denunciante se ha dado de alta en el suministro de la luz haciéndose pasar por el titular del contrato.   
Considerando que, obran el expediente diversos recibos abonados por la denunciante, Isabel Sánchez Garrido, en los que aparece una renta mensual en concepto de alquiler por la vivienda situada en la calle Alfons el Benigne nº 4, puerta 12, entre otros, recibos de 6 de septiembre de 2007, 6 de octubre de 2007, 6 de noviembre de 2007 y 6 de diciembre de 2007 así como el recibo del pago de los gastos comunes de la comunidad de propietarios de fecha 6 de octubre de 2007.  
También constan incorporadas al expediente varias facturas de los servicios de suministro de energía eléctrica y gas en la misma vivienda a nombre de la parte denunciante.  
Todas estas pruebas, nos llevan a concluir, que ha existido un arrendamiento de la vivienda sita en Silla, calle Alfons el Benigne nº 4, puerta 12, incumpliendo la limitación de disponer establecida en el artículo 12.2 del Real Decreto 1186/1998, en su redacción dada por el Real Decreto 115/2001, de 9 de febrero. La propia representante del expedientado ha reconocido que convino con la denunciante que ésta se quedara en la vivienda mientras el propietario estaba ausente por motivos laborales. Este hecho en sí mismo, ya supone un incumplimiento de la limitación de disponer, ya que, para poder realizar cualquier transmisión o cesión del uso de la vivienda antes del transcurso de diez años el artículo 12.2 del Real Decreto 1183/1998, exige la previa obtención de autorización administrativa y el reintegro de las ayudas económicas directas recibidas a la administración o Administraciones concedentes en cada caso, incrementadas con los intereses legales desde el momento de la percepción, cosa que no se ha realizado en el presente caso.  
En el presente caso, además, de las pruebas que obran en el expediente, se deduce que existe un contrato de arrendamiento entre denunciante y denunciado relativo a la vivienda descrita.  
Considerando que, los hechos contenidos en el primer resultando constituyen una falta grave, tipificada como tal en el art. 68.7 de la Ley 8/2004 de 20 de octubre de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana en relación con lo establecido en el artículo 12.2 del Real Decreto 1186/1998, en su redacción dada por el Real Decreto 115/2001, de 9 de febrero.  
Considerando que, de los hechos contenidos en el primer resultando resulta responsable D. Daniel García García, como propietario y arrendador de la vivienda, conforme a lo establecido en el art. 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el art. 65 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre.  
Considerando que, la falta cometida por el expedientado puede ser sancionada, según lo dispuesto en el art.71.1.c de la Ley 8/2004 de 20 de octubre, con multa de 600 a 3.000 euros.  
Considerando que, en atención a la gravedad de los hechos y a la existencia de intencionalidad en su comisión la sanción a imponer debe fijarse en 2.000 euros.  
Considerando que, el artículo 72.b) de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, establece que a los autores de infracciones graves y muy graves se podrá imponer además de la sanción correspondiente la pérdida y devolución, incrementada con los interese legales, de las ayudas económicas percibidas, en el caso de infracciones al régimen de financiación protegida en la promoción y adquisición de viviendas, así como al régimen legal de viviendas de protección pública. En el presente supuesto se ha arrendado la vivienda incumpliendo los requisitos legalmente exigidos de obtención de la libertad de cesión y devolución, incrementada con los intereses legales, de las ayudas económicas percibidas por el comprador, por ello, procede exigir, como medida complementaria a la sanción, la devolución de las ayudas percibidas incrementadas con los intereses correspondientes.  
Considerando que, es competente para resolver este procedimiento el jefe del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos, de acuerdo con las facultades que a tal efecto le confiere la Orden de 15 de febrero de 2007 de la Conselleria de Territorio y Vivienda.  
Vistos la Ley 8/2004 de 20 de octubre (DOGV 21.10.04) de la Generalitat, de la Vivienda, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y demás normas de general y pertinente aplicación, el Instructor que suscribe tiene a bien elevar a Vd. la siguiente  
Propuesta de resolución  
1. Imponer al expedientado, como autor de una falta grave tipificada en el artículo 68.7 de la Ley 8/2004 de 20 de octubre de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana en relación con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Real Decreto 1186/1998, en su redacción dada por el Real Decreto 115/2001, de 9 de febrero, una sanción de 2.000 euros (dos mil euros).   
2. Imponer al expedientado, conforme al artículo 72.b) de la Ley 8/2004, la devolución, incrementada con los intereses legales, de las ayudas económicas percibidas.  
La determinación del importe a devolver, incluidos los intereses correspondientes, se realizará en fase de ejecución de la resolución, una vez sea firme la sanción impuesta.  
Valencia, 3 de febrero de 2009.- El instructor: Arturo Herráez Sánchez.