Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5221, del 17-03-2006 (2006/2797)

Notificación a Francisca Ricart Belmar. Expediente de responsabilidad patrimonial número 0125/2005.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5221

Fecha DOGV
:   17-03-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/2797


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Francisca Ricart Belmar. Expediente de responsabilidad patrimonial número 0125/2005. [2006/F2797]  
Acusamos recibo de su escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio de la presente ponemos en su conocimiento:  
. Su solicitud tiene registro de entrada en esta Conselleria de Infraestructuras y Transporte, con fecha 30 de noviembre de 2005, número d'entrada 31.359, teniendo entrada en el Servicio de Gestión Administrativa el 2 de diciembre de 2005.  
. El plazo máximo para resolver el procedimiento que nos ocupa es de seis meses, cuyo cómputo quedará interrumpido en los supuestos contenidos en el apartado 4 del artículo 42 del citado texto legal.  
. El silencio administrativo, será negativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.7 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
. Se le ha asignado como número de expediente de responsabilidad patrimonial el 0125/2005, que deberá citarse en las sucesivas comunicaciones.  
Por otra parte, le comunico que su solicitud adolece de los defectos abajo referenciados, por lo que se le requiere para su subsanación, en aplicación del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual «Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos del artículo anterior y los exigidos en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.» Y el artículo 6º del Real Decreto 429/1993, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial, según el cual: «En la reclamación se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo...»   
En concreto se le comunica la existencia de lo siguiente:  
Aportar original o copias compulsadas de la siguiente documentación:  
. Declaración de no haber interpuesto idéntica reclamación contra otra administración pública, en vía judicial o extrajudicial, penal, civil o administrativa, y declaración de no haber sido indemnizado por los mismos hechos por entidad pública, privada o aseguradora.  
. Acreditación de la realidad del accidente, debiendo remitirse copia cotejada del atestado de fuerza pública actuante.  
. Acreditación de la titularidad del vehículo, mediante fotocopia compulsada del permiso de circulación y del carnet de conducir de la persona que conducía.  
. Acreditación de la existencia y abono de la póliza del seguro en la fecha del siniestro.  
Por último, indicarle que se ha solicitado informe técnico, en relación a los hechos alegados, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 10 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, sobre Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial, y, asimismo, de acuerdo con el artículo 42.5 (apartado a y c), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se procede a la suspensión del plazo legal máximo legal para resolver y notificar la resolución, en tanto se de cumplimiento a lo requerido.  
Valencia, 15 de diciembre de 2005.. El instructor del expediente: Manuel J. Pacheco Calatayud.