Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5392, del 21-11-2006 (2006/12284)

Notificación a José Joaquín Torregrosa Sempere de la sentencia 162/02139 dictada en los autos del juicio de medidas hijos extramatrimoniales contencioso 248/2004.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5392

Fecha DOGV
:   21-11-2006

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2006/12800


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Dénia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a José Joaquín Torregrosa Sempere de la sentencia 162/02872 dictada en los autos del juicio de medidas hijos extramatrimoniales contencioso 248/2004. [2006/S12348]  
Procedimiento: medidas hijos extramatrimoniales contencioso 000248/2004.  
Juicio: medidas hijos extramatrimoniales contencioso 000248/2004.  
Parte demandante: Silvia Martínez Fernández.  
Parte demandada: José Joaquín Torregrosa Sempere.  
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Sentencia número 162/2005.  
Dénia, 23 de septiembre de 2005  
Vistos por Francisca Cotillas Moreno, magistrada-jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Dénia y su partido, los presentes autos de juicio verbal, seguidos con el número 248/2004, instado por la procuradora de los Tribunales, señora Soler Rojel, en nombre y representación de Silvia Martínez Fernández, asistida del letrado Juan González Perles, contra José Joaquín Torregrosa Sempere, en situación procesal de rebeldía, y con intervención del ministerio fiscal, procede dictar la presente resolución.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Que por la procuradora de los tribunales, señora Soler Rojel, en la representación que ostenta, se presentó demanda de juicio verbal sobre guarda y custodia, fijación de régimen de visitas y alimentos contra José Joaquín Torregrosa Sempere, en base a los hechos que constan en la misma y que se dan por reproducidos y, después de alegar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando que se dictara sentencia en la que se acordase la fijación de las siguientes medidas:   
1. La atribución de la guarda y custodia del menor Jorge a la madre, siendo la patria potestad compartida entre ambos progenitores.   
2. El padre del menor contribuirá, en concepto de alimentos para el hijo, en la cantidad de 300 euros mensuales, cantidad pagadera dentro de los cinco primeros días de cada mes mediante ingreso en la cuenta bancaria que la actora designe a tal efecto. Dicha pensión será actualizada anualmente con arreglo a las variaciones que experimente el IPC que publique el Instituto Nacional de Estadística. Los gastos extraordinarios serán sufragados por mitad entre ambos progenitores, entendiendo por tales gastos los siguientes: gafas, ortodoncia, intervenciones quirúrgicas, consultas médicas privadas, toda clase de material escolar, actividades extraescolares y cualquier otro gasto relacionado con los estudios, incluyéndose también los gastos de vestuario y calzado.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada y al Ministerio Fiscal, a fin de que contestasen en el plazo de 20 días, lo cual verificó el ministerio fiscal mediante escrito de 10 de septiembre de 2004, pero no el demandado, el cual fue declarado en situación procesal de rebeldía.  
Tercero. Cumplido el trámite de contestación a la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 440 de la LEC, se convocó a las partes a la celebración de vista, que tuvo lugar el día 5 de mayo de 2005, con la asistencia de la parte actora. Abierto el acto, la actora se afirmó y ratificó en su escrito de demanda. A solicitud de las partes, se recibió el pleito a prueba, practicándose como pruebas, previa declaración de pertinencia, la documental, con el resultado que obra en el soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen.  
Cuarto. Tras la celebración de la vista, y de conformidad con el dispuesto en el artículo 770.4 LEC, se practicaron aquellas pruebas que no pudieron practicarse en el acto de la vista. Tras lo cual, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.  
Quinto. En la tramitación de los presentes autos se han observado todas las prescripciones legales.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. Ejercitada demanda sobre guarda y custodia, fijación de régimen de visitas y alimentos por Silvia Martínez Fernández contra José Joaquín Torregrosa Sempere, de las alegaciones de la parte y de las pruebas practicadas resultan acreditadas las siguientes premisas de hecho:  
1. Desde 1998 hasta el 30 de agosto de 2003, Silvia Martínez Fernández y José Joaquín Torregrosa Sempere mantuvieron una relación sentimental.  
2. De dicha unión, nació un hijo, Jorge, el 10 de mayo de 1999.  
Segundo. Se solicita en la demanda que la guarda y custodia del hijo menor, Jorge, sea atribuida a la madre, Silvia Martínez Fernández, debiendo fijarse por tanto, respecto del padre, José Joaquín Torregrosa Sempere, el correspondiente régimen de visitas y comunicación.  
Debe recordarse que tanto en la determinación del régimen de guarda y custodia de los hijos menores de edad, como en el establecimiento de un régimen de visitas, constituye criterio preferente, según resulta del redactado del párrafo 2.1 del artículo 92 del Código Civil, el interés supremo del menor, el denominado favor minoris que, como principio básico y fundamental en esta materia, reconocido por la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (artículos 3.1, 18, 20 y 27), es sancionado en nuestra Legislación a través de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.  
Así las cosas, respecto de la guarda y custodia del menor Jorge, se ha de atribuir a la madre, Silvia Martínez Fernández, y ello porque además de ser la única que la solicita (el padre ni siquiera se personó al acto de la vista), es la que de hecho se ocupa del menor, teniéndolo en su compañía y atendiendo todas sus necesidades.  
Ahora bien, la patria potestad continuará siendo de titularidad y ejercicio conjunto del padre y de la madre, como es la regla general, plasmada en el artículo 154 Código Civil, sin que concurra circunstancia alguna que justifique medida distinta.  
Por otra parte, respecto del régimen de visitas, a tenor de lo fijado en el artículo 94 del Código Civil, el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores gozará del derecho a visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía; sin embargo, no se trata solamente, en rigor, de un derecho de ese progenitor, sino que también es una obligación suya a la vez que un derecho de los hijos, amparado por los artículos 39.3 de la Constitución y 154 del Código Civil, pues sin duda la presencia del progenitor que no convive habitualmente con los hijos, resulta necesaria para la formación integral y el pleno desarrollo de la personalidad de los hijos.  
En el caso de autos, como criterio mínimo y para el caso de desacuerdo entre los progenitores, se fija el régimen de visitas que se establecerá en la parte dispositiva de esta resolución, para cuyo establecimiento se valora la distancia existente entre los domicilios paterno y materno.  
Tercero. Por otra parte, se solicita en la demanda la fijación de una pensión de alimentos a favor del menor Jorge y a cargo del padre, José Joaquín Torregrosa Sempere, por importe de 300 euros mensuales.  
El deber de los padres de alimentar a sus hijos menores, sancionado constitucionalmente .artículo 39.3 de la Constitución Española. y regulado en el Código Civil .artículos 154 y 110. como un efecto, no ya de la patria potestad, sino de la misma relación paterno filial, se configura como de duración temporal, con origen en la procreación, de contenido absoluto y proporcionando a las necesidades del progenitor, con su alcance subjetivo plural, pues alcanza a los dos progenitores .artículos 92 y 93 Código Civil.. Se trata además de uno de los deberes de mayor contenido ético de nuestro ordenamiento de modo que para la fijación de la cuantía de tales alimentos deben tomarse en consideración tanto las posibilidades y medios económicos de los progenitores obligados, como las necesidades del hijo. Dentro del concepto alimentos deben incluirse no sólo los gastos originados por la alimentación en sentido estricto, sino también aquellos que sean precisos para cubrir las necesidades de habitación, vestido, sanidad, educación, ocio, etc., del menor hasta su completa formación. Siendo así, se considera adecuado fijar una pensión alimenticia de 220 euros a cargo del señor Torregrosa, y ello atendiendo a sus ingresos, ya que cobra en la actualidad unos 748 euros mensuales (documento número 8 de la demanda) y a sus posibles gastos de alimentación, vestido y vivienda. Dicha pensión se ha de abonar en la fecha y forma que se establecerá en la parte dispositiva de esta resolución.  
Cuarto. Por otra parte, y en cuanto a los gastos extraordinarios, el señor Torregrosa Sempere sufragará la mitad de los gastos extraordinarios que se produzcan durante la vida del menor, teniendo tal consideración las operaciones quirúrgicas, largas enfermedades, otros gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social (dentista, psicólogo, gafas, entre otros), y análogos, previa notificación del hecho que motiva el gasto y el importe del mismo a efectos de su aprobación, y en caso de no ser aceptado, resolvería este Juzgado.  
Ahora bien, los gastos de escolaridad, entre ellos libros y demás material escolar, y las actividades extraescolares son gastos ordinarios, pues constituyen un elemento indispensable para que los menores desarrollen sus estudios, de forma que ya han sido tenidos en cuenta a la hora de fijar la pensión alimenticia, de igual manera que también lo son los gastos médicos que pueden considerarse habituales.  
Quinto. Dada la naturaleza del procedimiento no es procedente hacer expresa declaración de costas.  
Vistos los artículos citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.  
Fallo: que estimando, en lo fundamental, la demanda de juicio verbal interpuesta por Silvia Martínez Fernández contra JoséJoaquín Torregrosa Sempere, debo:  
1. Atribuir la guarda y custodia del menor Jorge a Silvia Martínez Fernández, si bien, la patria potestad será compartida por ambos progenitores.  
2. Fijar el siguiente régimen de visitas se reconoce al progenitor que no convive habitualmente con el hijo menor Jorge, es decir, José Joaquín Torregrosa Sempere, el derecho de visitarlo, comunicar con él y tenerlo en su compañía, en los términos y en la forma que acuerden ambos padres, procurando el mayor beneficio del niño y, en caso de desacuerdo, y como mínimo, este derecho comprenderá los siguientes extremos:   
A) Uno de cada tres fines de semana, desde las 19.00 horas del viernes hasta las 20.00 horas del domingo.   
B) La mitad de las vacaciones escolares de verano, Navidad y Semana Santa, eligiendo el concreto período de disfrute, en caso de discrepancia, el padre los años impares, y la madre los pares.   
C) En todos los casos, el padre deberá recoger y reintegrar al niño al domicilio materno.  
3. En concepto de alimentos Torregrosa Sempere abonará a Silvia Martínez Fernández, la cantidad de doscientos veinte (220,00) euros mensuales, que deberá ser ingresada en los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que la madre designe, con efectos desde la notificación de la presente resolución. Dicha cantidad será actualizada anualmente con arreglo a los cambios que experimente el Índice de Precios al Consumo con arreglo al Instituto Nacional de Estadística. Igualmente, José Joaquín Torregrosa Sempere, sufragará la mitad de los gastos extraordinarios que se produzcan durante la vida del menor, tales como las operaciones quirúrgicas, largas enfermedades, otros gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social (dentista, psicólogo, gafas, entre otros), y análogos, previa notificación del hecho que motiva el gasto y el importe del mismo a efectos de su aprobación, y en caso de no ser aceptado, resolvería este Juzgado.  
4. No se hace expreso pronunciamiento en relación con las costas causadas.  
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, en la forma prevista en los artículos 457 y siguientes de la LEC 1/2000, del que conocerá la Audiencia Provincial de Alicante.  
Líbrese testimonio de la presente sentencia que se unirá a los presentes autos, quedando el original en el libro de sentencias de este Juzgado.  
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando, y firmo.  
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la señora magistrada-juez que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la secretaria judicial doy fe.  
Dénia, 26 de septiembre de 2005.»  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 31 de julio de 2006 el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia a José Joaquín Torregrosa Sempere.  
Dénia, 31 de julio de 2006.. La secretaria judicial, Lidiana Anduix Serra.