Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3660, del 05-01-2000 (1999/10021)

Expediente sancionador número 228. Notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3660

Fecha DOGV
:   05-01-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/10386


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Expediente sancionador número 228. Notificación. [1999/Q10523]
  
No habiendo podido notificar en el domicilio conocido por esta administración, la propuesta de resolución del instructor del expediente sancionador número 228, de fecha 8 de junio de 1999, por la que se propone declarar a doña Remedios Balaguer Báguena responsable de infracción de la Ley de Costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público el texto integro de la citada resolución para que el presente anuncio sirva de notificación al interesado.
  
«Propuesta de resolución que formula don José Luis Martínez Zahonero, instructor del expediente sancionador que se sigue contra doña Remedios Balaguer Baguena, por realización de obras en zona de servidumbre de protección y de tránsito sin autorización administrativa.
  
Conforme con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, formulo la presente propuesta de resolución que baso en los siguientes hechos:
  
1. Con fecha 11 de diciembre de 1998 tuvo entrada en este servicio expediente de traslado de denuncia, con informe del Servicio de Costas en el que se indica que según la denuncia del vigilante de costas, entre los mojones M-77 y M-76 de la playa Almardá, parcela 25, polígono A-2, término municipal de Sagunto, se ha procedido a la ejecución de las siguientes obras: instalación de un cerramiento de malla metálica, apoyándose en la línea de dominio público marítimo-terrestre (d.p.t.m.) con unas dimensiones de A= 20,80 metros y L= 38 metros. Asimismo se ha construido una caseta de ladrillo (3 x 2 metros) para el almacenamiento de enseres de obra, a una distancia de 12,50 metros de la línea de d.p.m.t. y a 19,60 metros las zapatas de cimentación de una vivienda unifamiliar; que las citadas obras interfieren para la construcción del nuevo paseo marítimo de la playa de Almardá; que con fecha 2 de diciembre de 1998 se recibe fax de la Demarcación de Costas, en Valencia, en el que se hace constar que, de acuerdo con Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1994, «la ribera del mar coincide con la línea de dominio público marítimo-terrestre, por lo que la servidumbre de protección se mide desde el dominio público»; que según consta en el plano, las zapatas de la vivienda unifamiliar invadirían la zona de servidumbre de protección (a 19,60 metros de la línea de deslinde), al igual que la caseta (a 12,50 metros de la línea de deslinde) y, en cuanto al muro, queda sobre la propia línea de deslinde (zona de servidumbre de tránsito), y finalmente, que no consta que el promotor disponga de autorización.
  
2. Con fecha 28 de abril de 1999, se notificó la resolución del director general de Obras Públicas por la que se acordaba la instrucción de expediente sancionador, por realización de las obras antes descritas en la zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa. Con esa misma fecha se notificó igualmente el pliego de cargos.
  
3. Por la inculpada se formulan alegaciones en las que se indica que las obras cuentan con licencia otorgada por el Ayuntamiento de Sagunto, que la caseta de obra es provisional, discrepando de la valoración efectuada respecto de las obras de dicha caseta, aportando presupuesto contradictorio; que la valla metálica se construyó hace más de 10 años; y que la zapata de cimentación se encuentra fuera de los 20 metros de servidumbre de protección de acuerdo con el acta de alineaciones y rasantes otorgada por el ayuntamiento.
  
4. A solicitud de este servicio, con fecha 20 de mayo de los corrientes se emite informe por el Servicio de Costas en el que se pone de manifiesto:
  
«Efectuada visita el pasado 13 de mayo por parte del jefe de sección de actuaciones en la costa, tal como se aprecia en las fotos tomadas, no se observan indicios de que el administrado haya procedido a la restitución de las cosas a su estado anterior.
  
La valla de mallazo metálico está muy deteriorada, pero no ha sido retirada, la caseta de obra sigue en pie, y la vivienda está casi terminada».
  
5. Igualmente, respecto de las alegaciones de la interesada se emite informe por el Servicio de Costas, en fecha 28 de mayo de 1999, aceptando la valoración de las obras de la caseta.
  
Las alegaciones efectuadas no desvirtúan los hechos ni fundamentos tenidos en cuenta para la iniciación del presente expediente sancionador, por cuanto las obras se han efectuado sin contar con la preceptiva autorización previa de esta administración, independientemente de que sean o no autorizables, y es éste hecho el que se sanciona.
  
Respecto de la licencia concedida en su caso por el ayuntamiento, cabe decir que la misma se refiere en todo caso a la observancia de la legalidad urbanística. Sin embargo, lo que aquí se sanciona es la infracción de los preceptos contemplados en la Ley y el Reglamento de Costas, concretamente, el haber procedido a realizar obras en parcela afectada por la zona de servidumbre de protección sin la preceptiva autorización previa de esta administración.
  
En materia de costas efectivamente se da una concurrencia de competencias, municipal y autonómica, de modo que el ayuntamiento vela por la observancia de la legalidad urbanística, mientras que la administración autonómica se encarga del vigilar el cumplimiento de los preceptos contenidos en la Ley y el Reglamento de Costas, que tiene por objeto la protección del dominio público marítimo y sus zonas de servidumbre.
  
Dicha concurrencia de competencias queda establecida en la disposición adicional quinta de la Ley de Costas, que indica:
  
«Las autorizaciones y concesiones obtenidas según esta ley no exime a sus titulares de obtener las licencias, permisos y otras autorizaciones que sean exigibles por otras disposiciones legales. No obstante cuando se obtengan con anterioridad al título administrativo exigible conforme a esta ley, su eficacia quedará demorada al otorgamiento del mismo, cuyas cláusulas prevalecerán».
  
Las afirmaciones referentes a la valla se contradicen con el informe del vigilante de costas, debiendo recordarse en este punto que existen documentos a los que la norma legal atribuye presunción de certeza, entre los que el artículo 596 de la LEC, en su número 3, los expedidos por los funcionarios públicos que estén autorizados para ello en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones.
  
Por último, la delimitación de la línea de dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, en este caso a la Demarcación de Costas, en Valencia, de dicho ministerio, y es este deslinde conforme al que se plantea la denuncia.
  
Conforme a lo actuado en el procedimiento se declaran hechos probados los siguientes:
  
1. Que entre los mojones M-77 y M-76 de la playa Almardá, parcela 25, polígono A-2, término municipal de Sagunto, se ha procedido a la ejecución de las siguientes obras: instalación de un cerramiento de malla metálica, apoyándose en la línea de dominio público marítimo-terrestre con unas dimensiones de A= 20,80 metros y L= 38 metros. Asimismo se ha construido una caseta de ladrillo (3 x 2 metros) para el almacenamiento de enseres de obra, a una distancia de 12,50 metros de la línea de d.p.m.t. y a 19,60 metros las zapatas de cimentación de una vivienda unifamiliar; que las citadas obras interfieren para la construcción del nuevo paseo marítimo de la playa de Almardá.
  
2. Que con fecha 2 de diciembre de 1998, se recibe fax de la Demarcación de Costas, en Valencia, en el que se hace constar que, de acuerdo con Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1994, "la ribera del mar coincide con la línea de dominio público marítimo-terrestre, por lo que la servidumbre de protección se mide desde el dominio público"; que según consta en el plano, las zapatas de la vivienda unifamiliar invadirían la zona de servidumbre de protección (a 19,60 metros de la línea de deslinde), al igual que la caseta (a 12,50 metros de la línea de deslinde) y, en cuanto al muro, queda sobre la propia línea de deslinde (zona de servidumbre de tránsito).
  
3. Que se ha procedido a solicitar autorización de esta administración para la realización de las obras.
  
Los hechos declarados probados están calificados como infracción grave tipificada en los artículos 174.c y 175.2.e del Reglamento de Costas.
  
Para la indicada infracción se propone una sanción de 30.260 pesetas (181,866 euros) según lo dispuesto en el artículo 183.b del Reglamento para la Ejecución de la Ley de Costas, que resultan del siguiente cálculo (50% del valor de las obras que recaen en zona de servidumbre de tránsito (valla), estimadas por esta administración en 80.000 pesetas, y 25% del valor de las obras que recaen en zona de servidumbre de protección (40.000 pesetas. La zapata y 42.075 pesetas. La caseta según valoración aportada por el interesado), habiéndose aplicado la atenuante prevista en el artículo 187 del Reglamento de Costas al haberse atendido el requerimiento efectuado en el punto sexto de la resolución de iniciación.
  
De los indicados hechos es responsable en concepto de autor doña Remedios Balaguer Baguena
  
En su consecuencia este instructor propone:
  
1. Declarar responsable en concepto de autor de la infracción de la Ley de Costas consistente en: instalación de un cerramiento de malla metálica, apoyándose en la línea de dominio público marítimo-terrestre con unas dimensiones de A= 20,80 metros y L= 38 metros, construcción de una caseta de ladrillo (3 x 2 metros) para el almacenamiento de enseres de obra, a una distancia de 12,50 metros de la línea de d.p.m.t. y a 19,60 metros zapatas de cimentación de una vivienda unifamiliar; entre los mojones M-77 y M-76 de la playa Almardá, parcela 25, polígono A-2, término municipal de Sagunto, interfiriendo dichas obras para la construcción del nuevo paseo marítimo de la playa de Almardá; sin autorización administrativa, a doña Remedios Balaguer Baguena.
  
2. Imponer a doña Remedios Balaguer Baguena una sanción consistente en multa de 30.260 pesetas (181,866 euros).
  
3. Posponer a la resolución del expediente de autorización la medida consistente en: "Requerir al inculpado para que en el plazo de 10 días proceda a corregir la situación creada, mediante la demolición de lo ilegalmente construido y restitución del estado anterior de la construcción", establecida en el artículo 179 del Reglamento de Costas.
  
Valencia, 8 de junio de 1999.- El instructor del expediente: José Luis Martínez Zahonero».