Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7004, del 16-04-2013 (2013/3445)

Notificación del auto de planteamiento de cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia afectante al Decreto 67/2006, del Consell, dictado en el procedimiento ordinario número 7/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7004

Fecha DOGV
:   16-04-2013

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2013/3445


Organismo emisor
:   Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Castellon de la Plana

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del auto de planteamiento de cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia afectante al Decreto 67/2006, del Consell, dictado en el procedimiento ordinario número 7/2010. [2013/3445]  
César Jiménez Azaustre, secretario de Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón de la Plana, por el presente hago saber que en los autos de procedimiento ordinario 000007/2010 ha recaído auto del tenor literal siguiente:  
«Auto  
Castellón de la Plana, 14 de marzo de 2013  
Habiéndose dictado sentencia en las presentes actuaciones y no habiéndose interpuesto recurso alguno contra la misma, a tenor de los siguientes:  
Hechos  
Único. Que con fecha de entrada en este Juzgado de 7 de enero de 2010, por Lucía Nieto González, Manuel Fernández Pardo, María Teresa Peña Martínez, Estanislao Monfort Calduch, María Antonia Albiol Albiol, María Dolores Gil Molina, Francisco José Rodríguez García, María Hernanz Díaz, José Manuel Lluch Roig y María Jesús Martínez Peñarroya, se interpuso recurso contencioso-administrativo contra resolución dictada por el alcalde de Benicarló, de 9 de noviembre de 2009, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de 8 de junio de 2009, en virtud del cual se acordó la imposición y aprobación de la cuenta detallada de las cuotas de urbanización correspondientes a la ejecución del vial número 23, Los Ángeles, de la partida Solaes de Benicarló.  
Con fecha de 5 de febrero de 2013, se dictó sentencia por la que se estimaba el recurso interpuesto por la parte recurrente. Contra la citada sentencia nadie ha interpuesto recurso alguno habiendo transcurrido ya 20 días desde la notificación a las partes.  
Razonamientos jurídicos  
Único. Una de las obligaciones que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa impone a los jueces y tribunales es la de instar del órgano judicial competente la declaración de ilegalidad de una norma que el mismo ha aplicado y que, sin embargo, considera que la disposición general aplicada es contraria a derecho. En concreto, el artículo 27.1 del citado texto legal establece que, a pesar de haber tenido que estimar un recurso como consecuencia del contenido de una norma general, si la considera ilegal o cree que puede serlo, debe promover de oficio la declaración de ilegalidad por parte del tribunal competente para hacerlo.   
En el caso concreto del recurso número 7/2010, que se ha seguido en este Juzgado, este juzgador ha considerado en la sentencia dictada que tal y como alega la parte demandante en las páginas 49 y siguientes de su demanda, tanto el apartado cuarto del artículo 240 del Decreto del Consell, 67/2006, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística, como el artículo 243, apartado c, último párrafo del citado decreto, exceden de la cobertura legal otorgada por el artículo 28.3 de la Ley Urbanística Valenciana, amparándose la sentencia dictada en la referida ilegalidad para estimar la pretensión consistente en reconocer el derecho de los recurrentes a no abonar los costes de la urbanización derivados de la modificación de las líneas de suministro de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones en tanto no se produzca la reedificación de sus propiedades.  
La referida ilegalidad respecto del artículo 240.4 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística consiste en que mientras que la Ley Urbanística Valenciana aplaza el pago a los propietarios de los edificios que ya contaran con los servicios, la redacción del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística no desarrolla, sino que altera tal disposición legal por cuanto ya no facilita dicho aplazamiento a quienes dispusieran de los servicios, sino quienes acrediten haber contribuido a su implantación.  
Y el artículo 243, apartado 1, letra b, pues el citado artículo no desarrolla el artículo 28.3 de la Ley Urbanística Valenciana, sino que sustituye el plazo establecido en este último artículo ("hasta el momento de su reedificación") por el plazo de tres años.  
  
Por todo ello, en aplicación del principio de jerarquía normativa que rige en nuestro sistema jurídico y se recoge en el artículo 9.3 de la Constitución española, los citados preceptos pueden ser ilegales, por lo que al amparo del artículo 123 y sucesivos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, debe plantearse ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia la correspondiente cuestión de ilegalidad.  
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación a este supuesto, el magistrado Pablo de la Rubia Comos, por ante mí, el secretario, dijo:  
Parte dispositiva  
Que debía plantear como planteaba cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra los artículos 240, apartado 4, del Decreto del Consell, 67/2006, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística, y contra el artículo 243, apartado 1, letra b), de la citada norma.  
En su consecuencia, emplácese a quienes han sido parte en el recurso contencioso-administrativo número 7/2010, con el fin de que puedan personarse ante el citado tribunal en el improrrogable plazo de 15 días y formular alegaciones, si a su derecho conviniera, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo en ese plazo, no se les admitirá la personación.  
Publíquese esta resolución en el diario oficial en el que fue publicado el Decreto del Consell 67/2006, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística, cuya ilegalidad se insta.  
Una vez cumplimentados todos los trámites, expídase y remítase al Tribunal Superior de Justicia, certificación de este auto, de los autos principales y del expediente administrativo para la sustanciación del recurso.  
Así lo acuerdo, mando y firmo, Pablo de la Rubia Comos, magistrado del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón de la Plana.   
Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.»  
  
Por lo que, en cumplimiento de lo establecido en la parte dispositiva del mencionado auto de fecha 14 de marzo de 2013, expido el presente para su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
  
Castellón de la Plana, 14 de marzo de 2013.- El secretario judicial: César Jiménez Azaustre.