Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4572, del 25-08-2003 (2003/9281)

Notificación por edicto, iniciación de expediente sancionador 243/03 SAN, contra José Blas Clemente.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4572

Fecha DOGV
:   25-08-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/9281


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación por edicto, iniciación de expediente sancionador 243/03 SAN, contra José Blas Clemente. [2003/9281]
  
De conformidad con lo acordado por esta Secretaría Autonómica, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente Edicto 243/03 SAN, se procede a notificar a José Blas Clemente, con último domicilio conocido en C/. Doctor Bartual, nº 22-3ª, de Valencia, Acuerdo de Iniciación del Expediente Sancionador 243/03 SAN, de fecha 30 de mayo de 2003, dictado en el Expediente Sancionador, que se está tramitando en la Unidad de Inspección del Territorio:
  
Visto que, por el Grupo de Medio Ambiente de la Unitat de la Policía Autonómica de la Comunitat Valenciana (policía Local de Chiva), en visita de inspección efectuada el pasado 28 de agosto de 2002, se pudo constatar que en la granja sita en la Partida Blanquizar, Polígono 38, Parcela 92, del término municipal de Chiva, se efectuó un vertido no autorizado por esta Conselleria de neumáticos usados.
  
Pudiendo constituir los referidos hechos una infracción calificada de grave tipificada en el art. 73 párrafo 4 b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, cuya sanción viene determinada en el art. 75 párrafo 2 b) de la citada Ley, el cual establece:
  
Las infracciones previstas en esta Ley podrán dar lugar a la imposición de todas o de algunas de las siguientes sanciones:
  
- Las faltas graves se sancionaran con la imposición de una multa desde 601,02 euros hasta 30.050,61 euros, excepto en los residuos peligrosos, que será desde 6.010,13 euros hasta 300.506,05 euros.
  
- Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año, en los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), d), e), y f) del artículo 73.4.
  
- Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la presente Ley por un período de tiempo de hasta un año.
  
En el presente supuesto la sanción sería de 12.020 euros (doce mil veinte) por la falta grave.
  
Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, siendo órgano competente para la resolución del presente expediente el conseller de Territorio y Vivienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80 párrafo 1 b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Visto que con independencia de la sanción que proceda, el infractor está obligado a reparar el daño causado, adoptando las medidas correctoras para restablecer el equilibrio medioambiental. En el supuesto que nos ocupa la medida consistirá en la retirada de los neumáticos de la referida parcela así como su entrega a un gestor autorizado, remitiendo la documentación acreditativa de haberlos gestionado correctamente a este area de Inspección del Territorio.
  
A la vista de lo dispuesto en los arts. 127 a 138 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y lo establecido en el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Se acuerda:
  
La incoación del correspondiente Expediente Sancionador contra José Blas Clemente por presunta infracción del artículo 73 párrafo 4 b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, significándole que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 párrafo 1 del RD 1398/93, podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
  
Así mismo se acuerda nombrar Instructora y Secretaria del Expediente Sancionador, a doña Amparo Renau Almela y doña Susana Carrasco Marí respectivamente, a quienes se les notificará en forma este nombramiento, así como a los inculpados, de conformidad con lo establecido en el art. 135 de la Ley 30/42 FF-NJB y en el art. 13 párrafo 2 del RD 1398/93, para que en cualquier momento del procedimiento puedan ser objeto de recusación a tenor de lo dispuesto en los arts. 28 y 29 del la citada Ley 30/13 YT-FNY.
  
En virtud de lo establecido en el art. 16 párrafo 1 del RD 1398/93, se le concede un plazo de quince días contados a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes, significándole que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, el presente acuerdo podrá ser considerado Propuesta de Resolución con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del RD 1398/93.
  
De conformidad con lo dispuesto en el art. 42 apartado 4 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en relación con el apartado 6 del art. 20 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse dictado y notificado éste se producirá la Caducidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 44 de la Ley de Régimen Jurídico.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente Edicto.