Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4738, del 23-04-2004 (2004/3414)

Notificación a la mercantil Repuestos Industriales, SA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4738

Fecha DOGV
:   23-04-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/3414


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a la mercantil Repuestos Industriales, SA. [2004/E3414]
  
No habiendo podido notificar a mercantil Repuestos Industriales, SA, en el domicilio conocido por esta administración, la Resolución del director del Centro de Desarrollo Marítimo, de fecha 2 de febrero de 2004, por la que se declara en estado de abandono la embarcación denominada La Savina fuera del puerto de Dénia. de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de notificación de la anterior, se hace público el texto integro de la citada Resolución para que el presente anuncio sirva de notificación de la anterior.
  
«Dada cuenta del expediente de referencia, del que resultan los siguientes antecedentes de hecho:
  
1) Por el Servicio de Explotación y Conservación de Puertos se emite informe en relación con la embarcación La Savina, (Matrícula F 40-2ª.) que se halla en las instalaciones portuarias del puerto de Dénia, sin autorización para ello, en el que se indica que la embarcación se halla en estado de abandono, existiendo peligro de hundimiento por lo que periódicamente es necesario el achique de agua, encontrándose inoperativa, así como que:
  
- Los gastos ocasionados hasta la fecha (17.01.2002) ascienden a 41.023,44 euros.
  
- Los gastos de su posible desguace y retirada ascenderían a 32.755 euros.
  
- La valoración del buque, aportada por la Inspección Marítima asciende a 147.848,98 euros.
  
- Diariamente, el buque origina unos gastos de 80'05 euros.
  
2) Según certificado de la Dirección General de la Marina Mercante, Capitanía Marítima de Dénia, expedido el 4 de septiembre de 2000, la mercantil Flebasa aparece en calidad de armador y consignatario del buque La Savina.
  
Según comunicó a esta administración la propia mercantil, en fecha 2 de septiembre de 1999, se firmó el convenio por el que Fletamentos de Baleares, SA, cede y transmite a Eurolíneas Marítimas, SAL, la titularidad de las concesiones, derechos y deberes de las que era titular, asumiendo y subrogándose la segunda en la titularidad de las concesiones, derechos y obligaciones de la primera.
  
3) El 29 de junio de 2000, por el jefe de Servicio de Explotación y Conservación de Puertos, se dictó resolución por la que se autorizaba a Eurolíneas Marítimas SAL, el atraque del buque La Savina en el puerto de Dénia por plazo de quince días, a contar desde el 5 de julio de 2000, y ordenando el desatraque y abandono del puerto a la conclusión del plazo señalado.
  
4) A dicha resolución se contestó por Eurolíneas Marítimas, SAL, alegando que esta mercantil no es ni propietaria ni naviera del buque, y que carece de mandato de los propietarios de éste para retirarlo de su atraque.
  
5) En fecha 5 de febrero de 2002, se dictó Resolución por el director del Centro de Desarrollo Marítimo en la que se dispone:
  
«Ordenar a la mercantil Eurolíneas Marítimas, SAL, el traslado de la embarcación La Savina fuera del puerto de Dénia, en el plazo de 15 días, a partir de la notificación de la presente, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento por parte de éste, se procederá a la declaración de abandono de la embarcación, y a la ejecución subsidiaria por la administración, y a costa del ejecutado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 95 a 98, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, corriendo a cargo de esa mercantil tanto los gastos ocasionados por la embarcación La Savina hasta la fecha como los generados por las operaciones mencionadas.»
  
6) Notificada esta resolución a la mercantil Eurolíneas Marítimas, SAL, en fecha 18 de febrero de 2002, según acuse de recibo que consta en el expediente, el 29 de abril de 2002 se recibe informe del Servicio de Explotación y Conservación de Puertos en el que se hace constar que la embarcación continúa atracada, acompañando dos actas levantadas al efecto los días 25 de marzo y 12 de abril de 2002.
  
7) Efectuadas las oportunas averiguaciones, resulta que según el Registro de Buques de Ibiza, la embarcación La Savina aparece inscrita a nombre de la mercantil Repuestos Industriales, SA, según nota de fecha 28 de febrero de 2000.
  
8) En vista de lo anterior, por Resolución del director del Centro de Desarrollo Marítimo, de fecha 10 de junio de 2002, se acordó:
  
«1) Ordenar a la mercantil Repuestos Industriales, SA, el traslado de la embarcación La Savina fuera del puerto de Dénia, en el plazo de 15 días, a partir de la notificación de la presente, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento por parte de éste, se procederá a la declaración de abandono de la embarcación, y a la ejecución subsidiaria por la administración, y a costa del ejecutado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 95 a 98, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, corriendo a cargo de esa mercantil tanto los gastos ocasionados por la embarcación La Savina hasta la fecha como los generados por las operaciones mencionadas.
  
2) Reiterar a la mercantil Eurolíneas Marítimas, SAL, la orden de traslado explicitada en el punto anterior, que se le efectuó por Resolución de fecha 5 de febrero de 2002.»
  
9) La resolución se intentó notificar a Repuestos industriales, SA, en tres ocasiones, en fechas 21.06.2002, 24.06.2002 y 20.08.2002, constando en los acuses las inscripciones de ausente, y caducado, lo que en principio indica que el domicilio no es incorrecto y que, dejado aviso, no se ha pasado a recogerlo.
  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, se procedió a publicar el anuncio por el que se hace pública la citada Resolución de 10.06.2002. El anuncio se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el 27.09.2002, y el Ayuntamiento de Algeciras (localidad del último domicilio conocido por esta Administración), remitió, el 23 de octubre de 2002, edicto debidamente diligenciado de exposición al público en el tablón de anuncios de ese Ayuntamiento.
  
10) Dicha Resolución consta notificada a Eurolíneas Marítimas, SAL, en fecha 21.06.2002.
  
11) Con posterioridad, se ha intentado dar una solución a la situación antes de llegar a dictar la presente resolución, dadas las dimensiones del buque y su valor estimado, sin que esto haya sido posible.
  
Considerando que no se ha dado cumplimiento, ni por Eurolíneas Marítimas, SAL, ni por Repuestos Industriales, SA, a la resolución donde se apercibía de ejecución subsidiaria a costa del ejecutado.
  
Considerando que, según dispone el artículo 66, de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la disponibilidad de zonas de fondeo y la asignación de puesto de fondeo, así como la asignación de atraque, y el amarre y desamarre, y en general cuanto afecta al movimiento de embarcaciones, son servicios puramente portuarios; y en general, la ocupación del dominio público portuario está sujeta a autorización de la Autoridad Portuaria, conforme dispone el artículo 57, de la citada Ley.
  
Condiserando que la prestación de dichos servicios portuarios se realiza directamente por esta Administración, en el puerto de Dénia, zona de gestión directa, donde se halla la embarcación La Savina.
  
Considerando que para la estancia de la embarcación en el puerto es necesario disponer de la correspondiente autorización de la administración titular del servicio público portuario; siendo que en el presente supuesto la embarcación carece de la citada autorización, incumpliendo la orden recibida de retirada de la embarcación.
  
Considerando que el artículo 107, de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante dispone:
  
«1. La Autoridad Portuaria, previo informe de la Capitanía Marítima, cuando un buque presente peligro de hundimiento en el puerto, si, requerido el naviero o consignatario para que abandone el puerto o repare el buque, éste no lo hace, podrá trasladarlo o proceder a su hundimiento, a costa de aquél, en donde no perjudique la actividad portuaria, la navegación o la pesca. A este último efecto, se solicitará informe de la administración pesquera, que se entenderá positivo si no se emite en el plazo de quince días o en el que se fije por la Autoridad Portuaria, por razones de urgencia ante la amenaza de hundimiento.
  
2. En los supuestos de hundimiento de buques en las aguas de un puerto, la Autoridad Portuaria señalará a sus propietarios, navieros, representantes o a las compañías aseguradoras dónde deben situar sus restos o el buque una vez reflotado, dentro del plazo que al efecto determine, así como las garantías o medidas de seguridad a tomar para evitar un nuevo hundimiento.
  
Si incumplieran las órdenes o acuerdos de la Autoridad Portuaria, ésta podrá utilizar para el rescate del buque hundido los medios de ejecución forzosa previstos en el ordenamiento jurídico, quedando obligado, en todo caso, el propietario o naviero a sufragar los gastos ocasionados.
  
Si éste no abonase en el plazo reglamentariamente establecido las cantidades devengadas por el rescate, la Autoridad Portuaria podrá proceder a la enajenación de los restos del buque, deduciendo del importe obtenido los gastos ocasionados. Si no fuera suficiente, la diferencia será exigida por vía de apremio
  
Considerando lo dispuesto en los artículos 95 a 98, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Considerando que, en el presente supuesto, dadas las dimensiones, características, y valoración del buque, y atendiendo a los principios de economía procesal y eficacia administrativa, parece más lógico enajenar, mediante subasta, el buque, y que sea el adjudicatario quien proceda a la ejecución subsidiaria de la orden de retirada, que no invertir el orden de ejecución de dichos trámites.
  
Considerando, respecto de las alegaciones efectuadas a la orden de retirada, que el Código de Comercio define en su artículo 586, el concepto de naviero: «Se entiende por naviero la persona encargada de avituallar o representar el buque en el puerto en que se halle.»
  
Por su parte, el artículo 73, de la Ley de Puertos, se refiere al Consignatario de buques:
  
«1. A los efectos de esta Ley, se considera agente consignatario de un buque a la persona física o jurídica que actúa en nombre y representación del naviero o del propietario del buque, haciéndose responsable del pago de las liquidaciones que por tarifas u otros conceptos originados por la estancia de buques en el puerto sean practicadas por la Autoridad Portuaria o Marítima.»
  
En cualquiera de los casos, fue la mercantil Eurolíneas Marítimas, SAL, quien introdujo el buque en el puerto, y a quien se autorizó su entrada según el informe transcrito; por lo que por sus propios actos se erige en representante del buque en el puerto.
  
En uso de las atribuciones que concede al director del Centro de Desarrollo Marítimo el artículo 16, del Real Decreto 114/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, resuelvo:
  
1) Declarar en estado de abandono la embarcación denominada La Savina atracada en el puerto de Dénia, cuyo armador y consignatario es la mercantil Eurolíneas Marítimas, SAL, y cuyo propietario, según asiento del registro de buques de Ibiza, es Repuestos Industriales, SA.
  
2) Notificar la presente resolución a Eurolíneas Marítimas, SAL, y a Repuestos Industriales, SA, advirtiéndoles que, de no efectuar alegaciones en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución, o de que ésta se considere efectuada según los artículos 58 y siguientes, de la LRJPAC; se procederá sin más trámite a publicar el edicto de subasta del buque, de manera que sea el adjudicatario de la subasta quien se haga cargo de la ejecución subsidiaria de la orden de retirada del buque.
  
3) Notifíquese la presente resolución al Servicio de Explotación y Conservación de Puertos.
  
Esta resolución no es definitiva y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de la presente, sin perjuicio de la utilización por el interesado de cualquier otro recurso que estime pertinente.»