Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4076, del 31-08-2001 (2001/7603)

Notificación de la resolución del presidente ejecutivo de la Agència Valenciana de Turisme que estimaba el recurso de alzada recaído en el expediente sancionador 6/2000a Hilario Illescas Gamarra.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4076

Fecha DOGV
:   31-08-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/7603


Organismo emisor
:   Agencia Valenciana del Turisme

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del presidente ejecutivo de la Agència Valenciana de Turisme que estimaba el recurso de alzada recaído en el expediente sancionador 6/2000a Hilario Illescas Gamarra. [2001/7603]
  
Por no haber sido posible notificar de forma personal y directa al interesado la resolución del Presidente Ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme de fecha 5 de junio de 2001, que estimaba el Recurso de Alzada interpuesto por D. Hilario Illescas Gamarra, como titular del establecimiento Mesón Bogart, recaida en el expediente sancionador 6/2000 C incoado a D. Hilario Illescas Gamarra como titular del Establecimiento Mesón Bogart, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, a 17 de julio de 2000.- El presidente ejecutivo: Roc Gregori i Aznar.
  
Con fecha 5 de junio de 2001 el Presidente Ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme, ha dictado la siguiente resolución:
  
?Resolución del presidente ejecutivo de la Agència Valenciana del Turisme por la que se estima el recurso de alzada interpuesto por Hilario Illescas Gamarra como titular del establecimiento Mesón Bogart.
  
Visto el Recurso de Alzada interpuesto por D. Hilario Illescas Gamarra, titular del establecimiento Mesón Bogart, sito en la calle Santo Tomás, 5 de Benicàssim, Castellón, contra la Resolución sancionadora del Jefe del Servicio Territorial de Turismo de Castellón de fecha 24 de agosto de 2000.
  
Hechos
  
Primero. El Jefe del Servicio Territorial de Turismo de Castellón, en la Resolución sancionadora citada, impuso a la recurrente, como titular del establecimiento que se expresa, y en virtud de tres denuncias presentadas por usuarios, una sanción de multa de veinte mil pesetas (20.000 PTA./120,20 euros) por infracción a la normativa turística, al emitir justificantes de pagos de los clientes sin indicación, en escritura inteligible, de los distintos conceptos y sus precios respectivos.
  
Segundo. Contra dicha Resolución, D. Hilario Illescas Gamarra, como titular del establecimiento Mesón Bogart, interpuso Recurso de Alzada, en el que solicitaba se declarase la caducidad del procedimiento y, por consiguiente, la prescripción de la infracción administrativa o se procediese a la nulidad de pleno derecho de la notificación que comunicaba la propuesta de resolución, o, en último lugar, se resolviese dejar sin efecto dicha sanción por no haberse cometido infracción alguna, en base a las alegaciones que a continuación, de forma sucinta, se exponen:
  
- Que procede declarar la caducidad del procedimiento y, en consecuencia, la prescripción de la infracción administrativa, ya que el procedimiento se inició en fecha 14 de febrero de 2000 y la notificación de la resolución sancionadora se produjo el día 6 de septiembre del mismo año, habiendo transcurrido, por tanto, los seis meses para dictar y notificar resolución expresa, plazo establecido en el Decreto 206/1999, del Gobierno Valenciano.
  
- Que la propuesta de resolución fue notificada de forma defectuosa, no pudiendo ejercitar el interesado su derecho de defensa a través del importante trámite de audiencia y, por ello, vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Dichos defectos son:
  
1) Únicamente consta en el expediente una notificación (tarjeta rosa), mientras que la exigencia procedimental requiere dos (que no se puede tener en cuenta la tarjeta amarilla, ya que, como la propia Administración admite, adolece de todo tipo de irregularidades). Reseña diversas sentencias judiciales al respecto.
  
2) En ningún caso procedía la notificación edictal, sino que se deberían haberse agotado todos los medios de comunicación personal. Desconoce el motivo por el que no se le notificó la propuesta de resolución mediante Inspector de Turismo, tal y como se había hecho con el Acuerdo de Iniciación, tras varios intentos mediante el servicio de cartería. Señala diversas sentencias judiciales acerca de la notificación edictal.
  
- Que teniendo en cuenta lo expuesto respecto a la notificación defectuosa, procede declarar la nulidad de pleno derecho de la que habla el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por cuanto que la resolución administrativa se ha dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
  
- Que se dan por reproducidas las alegaciones que constan en el escrito de fecha 11 de mayo de 2000, y en concreto, el art. 11 de la Orden Ministerial de 1965, destacando que, únicamente existe infracción en relación causa-efecto, si media una solicitud del mentado justificante, y por supuesto, si el mismo no se entrega. De lo contrario, la vulneración de dicho artículo no existe.
  
Tercero. Respecto a la notificación de la propuesta de resolución sancionadora, aspecto fundamental para la resolución del presente recurso, consta en el expediente una notificación mediante tarjeta rosa, con fecha de emisión 25 de mayo de 2000, con las palabras manuscritas en el lateral del sobre ?avisado 26/5/00- y que fue devuelta por el Servicio de Correos al Servicio Territorial de Turismo de Castellón el 6 de julio de 2000 con el sello de ?caducado?.
  
Un segundo intento de notificación se realizó mediante tarjeta amarilla, con fecha de emisión de 6 de julio de 2000, con las palabras manuscritas en el lateral del sobre ?avisado 7/7/00?, figurando en blanco las casillas relativas a los intentos de notificación y a la firma del Sr. Cartero, y que fue devuelta al Servicio Territorial de Turismo de Castellón el 16 de agosto de 2000 con el sello de ?caducado?.
  
A continuación se realizó la notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Benicàssim, habiendo sido expuesto en el mismo del 1 al 23 de agosto del 2000 y mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, realizada el 3 de agosto del 2000.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero. El artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que:
  
?1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.
  
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente-
  
?2. (?) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
  
3. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.
  
4. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según sea la administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.-
  
El recurrente alega el Reglamento de los Servicios de Correos, aprobado por Decreto 1953/1964, de 14 de mayo, para complementar lo dispuesto por la Ley 20/1992 en relación con las notificaciones. No es dicho Decreto el aplicable actualmente, sino el nuevo Reglamento que lo sustituye. Así, el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en desarrollo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal, dispone en su artículo 41 relativo a las ?Disposiciones generales sobre la entrega de notificaciones» que:
  
?2. Deberá constar la fecha, identidad, número del documento nacional de identidad o del documento que lo sustituya y firma del interesado o persona que pueda hacerse cargo de la notificación en los términos previstos en el párrafo anterior, en la documentación del empleado del operador postal y, en su caso, aviso de recibo que acompañe dicha notificación, aviso en el que el empleado del operador postal deberá constar su firma y número de identificación.-
  
El artículo 42 del mismo Reglamento, relativo a ?Supuestos de notificaciones con dos intentos de entrega- establece que:
  
?1. Si intentada la notificación en el domicilio del interesado, nadie pudiera hacerse cargo de la misma, se hará constar este extremo en la documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se intentó la misma, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
  
2. Si practicado el segundo intento, éste resultase infructuoso por la misma causa consignada en el párrafo anterior o bien por el conocimiento sobrevenido de alguna de las previstas en el artículo siguiente, se consignará dicho extremo en la oportuna documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, junto con el día y la hora en que se realizó el segundo intento.
  
3. Una vez realizados los dos intentos sin éxito, el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal deberá depositar en lista las notificaciones, durante el plazo de un mes, a cuyo fin se procederá a dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, debiendo constar en el mismo, además de la dependencia y plazo de permanencia en lista de la notificación, las circunstancias expresadas relativas al segundo intento de entrega.
  
Dicho aviso tendrá el carácter de ordinario.
  
(?) 6. En todos los supuestos previstos en los párrafos anteriores, el empleado del operador postal deberá hacer constar su firma y número de identificación en el aviso de recibo que, en su caso, acompañe a la notificación y en el aviso de llegado si el mismo procede.-
  
Ante los hechos descritos en el fundamento tercero anterior, debe constatarse que la notificación realizada debe calificarse como defectuosa, no pudiendo acreditarse de forma fehaciente que la notificación haya sido efectuada, ya que no consta en la tarjeta amarilla, que constituye el segundo intento de notificación, los días y las horas en los que se intentaron las notificaciones.
  
La notificación edictal realizada con posterioridad no puede considerarse válida ya que, como establece el artículo 59.4 arriba transcrito, este medio de notificación se realizará si ?intentada la notificación, no se hubiese podido practicar?. Teniendo en cuenta que en presente expediente no se puede acreditar el correcto intento de notificación, el anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Benicàssim y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia no pueden considerarse válidos ya que, como por otro lado establece la jurisprudencia, la notificación edictal tiene carácter subsidiario, supletorio y excepcional.
  
Por todo ello hay que concluir que la notificación de la propuesta de resolución sancionadora ha sido defectuosa, lo que ha impedido al recurrente tener conocimiento del contenido de la misma y poder presentar, en el trámite de audiencia, las alegaciones y los documentos que estimare oportuno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 20/1992 relativo a dicho trámite.
  
Segundo. El recurrente concluye en su alegación segunda sobre la notificación defectuosa manifestando que procede declarar la nulidad de pleno derecho del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, por cuanto la resolución administrativa se ha dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
  
Dicha alegación debe desestimarse ya que un defecto en la notificación, como el que ha tenido lugar en el presente expediente, no implica el que la resolución se haya dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
  
En el presente caso, dicha notificación defectuosa constituye un vicio de forma de los previstos en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece, al regular las resoluciones de los recursos administrativos, que:
  
?Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido salvo lo dispuesto en el artículo 67.-
  
En consecuencia, procedería ordenar la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, es decir, al momento de la notificación de la propuesta de resolución, sin perjuicio de las consideraciones jurídicas que se contienen en el siguiente fundamento de derecho.
  
Tercero. El artículo 44 de la Ley 30/1992 dispone que:
  
?En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
  
(?) 2. En los procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
  
En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.
  
En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución?.
  
El artículo 24.5 del Decreto 206/1999, de 9 de noviembre, del Gobierno Valenciano, Regulador de la Disciplina Turística, establece que:
  
«Si no se hubiese dictado y notificado resolución expresa transcurridos seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refieren los artículos 8 del presente decreto y 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se producirá la caducidad establecida en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En estos casos la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.»
  
La conclusión del fundamento de derecho anterior, esto es, el ordenar la retroacción del procedimiento al momento en el que la notificación de la propuesta de resolución, tiene como lógica consecuencia el que la nueva resolución sancionadora que resultaría del mismo sería dictada y notificada, en todo caso, ya transcurridos los seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento y, ello, por causas imputables a la administración derivadas de la notificación defectuosa a la que antes se ha aludido.
  
Por tanto, en el presente expediente procede la declaración de la caducidad del procedimiento.
  
Quinto. Todo lo anterior cabe resumirlo en que, de acuerdo con los fundamentos de derecho anteriores, se concluye que la notificación de la propuesta de resolución sancionadora ha sido defectuosa y se debería ordenar la retroacción del procedimiento al momento de la notificación de la propuesta de resolución. Como la nueva resolución sancionadora que resultaría del mismo sería dictada y notificada transcurridos ya los seis meses de los que dispone la administración para resolver, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento, procede la declaración de la caducidad del procedimiento.
  
En aras del principio de economía procedimental, resulta procedente declarar en el presente acto de resolución del recurso de alzada dicha caducidad y ordenar el archivo de las actuaciones.
  
Resolución
  
En virtud de lo dispuesto en el Decreto 45/96 (DOGV. de 28 de marzo de 1996), resuelvo estimar el Recurso de Alzada interpuesto por D. Hilario Illescas Gamarra, titular del establecimiento ?Mesón Bogart- contra la Resolución Sancionadora del Jefe del Servicio Territorial de Turismo de Castellón de fecha 24 de agosto de 2000,
  
- Anulando la sanción de multa de 20.000 pta/120,20 euros,
  
- Retrotrayendo el procedimiento al momento de la notificación de la propuesta de resolución, y
  
- Declarando la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, a su elección, dentro del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.