Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6922, del 13-12-2012 (2012/11346)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia. Expediente número V-78/2012.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6922

Fecha DOGV
:   13-12-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/11950


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia. Expediente número V-78/2012. [2012/11360]  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Juntec, SL, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal: Presidente: Ramón Escrig Moreno. Vocales: Aurora Costa Vicente, que excusa su asistencia. Carlos Virosque Verdú, que excusa su asistencia. Secretaria-vocal: Amparo Peris Catalá.   
Partes   
Reclamante: Transportes Zamorano, SLU-DHL Express, representada por Pilar Navarro Soriano. Reclamado: Juntec, SL., representada por Enrique Sanjuán Julio.  
En Valencia, a 12 de julio de 2012 y siendo las 18:00 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente V-78/2012 procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes.  
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de las partes comparecientes y la calidad con que intervienen.   
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su demanda en los siguientes antecedentes de hecho:  
1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda manifiesta que como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada, diversos transportes que quedan especificados en el texto de las facturas adjuntas a la demanda. Seguidamente se presentaron al cobro las facturas núm. s/0226429 de 31 de octubre de 2011 por importe de 882,72 euros, la núm. s/0228020 de 30 de noviembre de 2011 por importe de 574,20 euros, núm. s/0229598 de 31 de diciembre de 2011 por importe de 264,33 euros y la núm. s/0240431 de 31 de enero de 2012 por importe de 755,74 euros. Suman las expresadas facturas la cantidad de 2.476,99 euros.  
Todas y cada una de las expresadas facturas fueron devueltas a sus respectivos vencimientos.  
Termina solicitando que una vez que sea reconocido su derecho se condene a la reclamada al pago de la cantidad de 2.476,99 euros.  
2. Tomando la palabra la representación de la reclamada, manifiesta su total allanamiento a lo referido por la reclamante. Seguidamente señala que la empresa está en quiebra y que no dispone de liquidez ni bien alguno, puesto que los bienes y saldos han sido embargados por la Agencia Tributaria. Otro material fue adjudicado y repartido entre los proveedores, habiendo abandonado el domicilio social, no quedando ningún personal al frente de la empresa.  
No habiendo mas cuestiones a debatir se da por concluida la vista.   
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos:  
1. La competencia territorial de la Junta, de la que nada se alega, viene determinada en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/90).   
2. La sumisión viene determinada de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el art. 162 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/87 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres: «se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado.» No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido preceptuado.   
3. Dada la ausencia de los vocales representantes de las empresas cargadoras y de la Federación de Transportistas, que excusaron su asistencia, el presente laudo se dicta de conformidad con la previsión contenida en el apartado 7 del artículo 9 del ya mencionado RD 1211/1990, de 28 de septiembre, que aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que literalmente dispone que «la inasistencia de cualquiera de los miembros de la Junta, con excepción del presidente, no impedirá que se dicte el laudo».  
4. De las manifestaciones realizadas en vista y del allanamiento de la demandada, se puede afirmar que, efectivamente, los portes que son reclamados en esta demanda y cuyas facturas constan adjuntas a la misma fueron realizados, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Transportes Zamorano, SLU-DHL Express, representada por Pilar Navarro Soriano contra Juntec, SL., representada por Enrique Sanjuán Julio, por haber quedado acreditado que se realizaron los transportes demandados, lo que da un derecho de cobro a la reclamante.  
Por todo ello Juntec, SL., deberá abonar a Transportes Zamorano, SLU DHL Express, la cantidad de dos mil cuatrocientos setenta y seis euros con noventa y nueve céntimos (2.476,99 euros).  
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo trascrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 28 de noviembre de 2012.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia: Ramón Escrig Moreno.