Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7178, del 23-12-2013 (2013/12855)

Notificación de la resolución de fecha 15 de noviembre de 2013 dictada por el director general de Transportes y Logística, para la ejecución forzosa mediante ejecución subsidiaria de la demolición de las viviendas adosadas situadas entre las calles Bergantín, Torreón y en proyecto, Isla de Tabarca, término municipal de Alicante.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7178

Fecha DOGV
:   23-12-2013

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/12945


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución de fecha 15 de noviembre de 2013 dictada por el director general de Transportes y Logística, para la ejecución forzosa mediante ejecución subsidiaria de la demolición de las viviendas adosadas situadas entre las calles Bergantín, Torreón y en proyecto, Isla de Tabarca, término municipal de Alicante. [2013/12413]  
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a Vicente Pastor Antón y Victoria Valero Machuca, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, 27.11.1992), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 (BOE 12, de 14.01.1999), se hace pública la notificación de la resolución de fecha 15 de noviembre de 2013 dictada por el director general de Transportes y Logística para la ejecución forzosa mediante ejecución subsidiaria de la demolición de las viviendas adosadas situadas entre las calles Bergantín, Torreón y en Proyecto, Isla de Tabarca, término municipal de Alicante, resolución que, transcrita en su literalidad, dice:  
  
«Resolución  
Asunto: ejecución forzosa mediante ejecución subsidiaria de la demolición de las seis viviendas adosadas situadas entre las calles Bergantín, Torreón y en proyecto, Isla de Tabarca, término municipal de Alicante, en ejecución de la sentencia de fecha 2 de abril de 2003 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Comunitat Valenciana en el recurso número 1393/1999, confirmada por la sentencia de fecha 14 de enero de 2009 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (recurso de casación núm. 9276/2004).  
Examinado el expediente sobre el asunto del encabezamiento, se dicta la presente resolución.  
1. Resultando:  
Primero. Con fecha 2 de abril de 2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (recurso núm. 1393/1999), estimando el recurso interpuesto por la administración general del Estado, dictó sentencia anulatoria de la autorización sectorial costera otorgada con fecha 17 de junio de 1999 por la entonces denominada Dirección General de Obras Públicas de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana para la construcción de seis viviendas unifamiliares adosadas en la Isla de Tabarca, calles Bergantín, Torreón y En Proyecto, Isla de Tabarca, término municipal de Alicante.  
Segundo. La referida sentencia, objeto de recurso de casación, fue confirmada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, mediante sentencia de fecha 14 de enero de 2009 (recurso núm. 9276/2004).  
Tercero. Con fecha 27 de marzo de 2010, a Instancias de la administración general del Estado, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (ejecución definitiva 3/1393/1999), apercibe a la entonces denominada Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la imposición de multas coercitivas y de la deducción de testimonio de particulares por responsabilidad penal, y ello debido a la inejecución hasta la fecha de la sentencia anulatoria dictada por dicho tribunal y confirmada en casación.  
Para el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en resolución de 27 de septiembre de 2010 dictada en los autos de referencia, ?[?] la demolición de las viviendas unifamiliares que solicita el abogado del Estado es consecuencia directa y necesaria de los términos del fallo que anuló las resoluciones recurridas por el Ministerio de Medio Ambiente [?]-  
Cuarto. A tenor de lo anterior, la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas ordenó la demolición de las construcciones mediante resolución de 16 de noviembre de 2010, debidamente notificada, con expresa indicación de que contra dicho acto no cabía recurso administrativo y de que la resolución de las posibles incidencias correspondía a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.  
Quinto. Tras el dictado de la referida orden de demolición, dos de los afectados por la misma (Pascual Orts Antón y García Peralta, SL), interpusieron ante el órgano jurisdiccional sendos incidentes de ejecución. Mediante autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fechas 23 de diciembre de 2011 y 14 de mayo de 2012, los referidos incidentes de ejecución han sido desestimados (el primero de ellos) o inadmitidos a trámite (el segundo).  
Sexto. Con fecha 11 de noviembre de 2013, los servicios técnicos de esta Dirección General, emiten informe por el que se pone de manifiesto el incumplimiento de la resolución de 16 de noviembre de 2010 (debidamente notificada) que ordenó la demolición de las seis viviendas adosadas de referencia. Consta como anexo al informe técnico el reportaje fotográfico correspondiente al estado de las edificaciones a fecha 7 de noviembre de 2013.   
2. Considerando:  
Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en estas se consignen, llevándose, una vez firmes, a su puro y debido efecto por parte del órgano que hubiera realizado la actividad objeto de recurso, practicándose por el mismo lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de la resolución.   
Segundo. A tenor de lo dispuesto en los artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en caso de incumplimiento las Administraciones Públicas podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de lo ordenado, siendo la ejecución subsidiaria a costa del obligado unos de los medios previstos por dicha ley.  
En virtud de todo lo anterior, resuelvo:   
  
Primero. Disponer, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana con fecha 2 de abril de 2003 (recurso núm. 1393/1999), confirmada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, mediante sentencia de fecha 14 de enero de 2009 (recurso núm. 9276/2004), la ejecución forzosa, mediante ejecución subsidiaria a costa de los obligados, de la demolición de las viviendas adosadas situadas entre las calles Bergantín, Torreón y en proyecto, Isla de Tabarca, término municipal de Alicante.  
  
Segundo. Notificar a los propietarios de los inmuebles que los trabajos de demolición comenzarán el día 13 de enero de 2014, a las 13.00 horas.  
  
Tercero. Advertir a los propietarios de que deben proceder a la retirada de los muebles y enseres existentes en las construcciones y parcelas, apercibiéndoles de que en caso de no retirarlos antes de la fecha y hora de comienzo de los trabajos de demolición señalados los mismos se considerarán como bienes abandonados a todos los efectos legales.  
  
Cuarto. Solicitar autorización judicial para la entrada en las viviendas objeto de la demolición.  
  
Quinto. Requerir a las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía, el corte de los suministros a las edificaciones de referencia.  
  
Sexto. Solicitar a la Subdelegación del Gobierno en Alicante el auxilio de la fuerza pública para poder hacer efectivos el desalojo (en su caso) y la demolición de las edificaciones.  
  
Séptimo. Dar Cuenta a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Alicante (Gerencia de Urbanismo) y a la empresa contratista de las obras a fin de que se tengan previstos los elementos personales y materiales precisos para llevar a cabo lo ordenado.  
  
Octavo. Notificar la presente resolución a los interesados, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Alicante.»  
  
Lo que se le notifica haciéndole saber que la presente resolución, al corresponder a la ejecución material de una sentencia firme, no es susceptible de recurso administrativo, haciéndose constar que las incidencias que puedan producirse deberán plantearse ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en autos con la referencia Ejecución definitiva 3/1393/1999.  
  
Valencia, 18 de diciembre de 2013.- El jefe del Servicio de Aeropuertos y Costas: José María Torner Borda.