Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8281, del 25-04-2018 (2018/3431)

Notificación de la sentencia dictada en el rollo de apelación número 772/2017.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8281

Fecha DOGV
:   25-04-2018

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2018/3431


Organismo emisor
:   Audiencia Provincial de Valencia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el rollo de apelación número 772/2017. [2018/3431]  
Cédula de notificación  
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado, en el rollo de apelación número 772/2017, la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:  
  
«Audiencia Provincial de Valencia  
Sección Sexta  
Rollo número 772/2017  
Auto número 18  
Presidente: Vicente Ortega Llorca.  
Magistrada: María Eugenia Ferragut Pérez.  
Magistrado: José Francisco Lara Romero.  
València, 26 de enero de 2018   
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los señores y la señora del margen, ha visto el presente recurso de apelación, interpuesto contra el auto de fecha 23 de febrero de 2017, recaída en el incidente de ejecución de título judicial número 45/10, del Juzgado de Primera Instancia número 25 de los de València.  
Ha sido parte apelante Axactor Portfolio Holding AB, SARL, representada por la procuradora María Jesús Marco Cuenca, y defendida por el abogado Damián Suárez Rodríguez.  
Es ponente José Francisco Lara Romero quien expresa el parecer del tribunal.  
Antecedentes de hecho  
Primero. La parte dispositiva del auto apelado dice:  
?Acuerdo: archivar las presentes actuaciones, levantándose en su caso los embargos practicados firme que sea la presente resolución.-  
Segundo. Alegaciones de la parte recurrente.  
La defensa de la parte apelante interpuso recurso alegando:  
- Primera. Con fecha 28 de diciembre de 2016, tuvo entrada en el Registro de los juzgados de València escrito por el que Axactor Portfolio Holding AB, SARL, interesaba la subrogación activa respecto del procedimiento de referencia, en sustitución de la mercantil Alkali Luxembourg, SARL. Dicha operación tenía su fundamento en el correspondiente documento privado de cesión de créditos, elevado a público por medio de escritura otorgada ante el notario de Madrid Francisco Mirás Ortiz en fecha 29 de julio de 2016. A efectos acreditativos respecto de dicha cesión, se aportó, junto con el escrito presentado con fecha 28 de diciembre de 2016, el testimonio correspondiente al crédito objeto de la presente ejecución.  
Por diligencia de 23 de enero de 2017, se requirió a mi mandante en virtud del artículo 231 Ley de enjuiciamiento civil para que subsanase los siguientes extremos:  
1. Falta de acreditación del precio exacto pagado por el cesionario al cedente en la cesión.  
2. No acompañar documento original auténtico de la cesión del crédito cedido.  
Ante dicha petición, se aportó el documento requerido y respecto del «precio exacto pagado por el cesionario al cedente en la cesión», y se hicieron constar las siguientes alegaciones:  
Primera. Que la jurisdicción civil se rige por el principio de justicia rogada, por lo que entendemos que dicho requerimiento no puede proceder de oficio del juzgado, debiendo ser los sujetos pasivos de la relación jurídico material que ha sido objeto de cesión los que, en su caso, manifiesten su interés por hacer uso de la facultad a la que se hace referencia en el artículo 1.535 del Código Civil.  
Segunda. A mayor abundamiento, los que pretendieran hacer uso del retracto previsto en el artículo 1.535 del Código Civil deberían hacerlo a través de un procedimiento declarativo y nunca sería posible en un trámite de ejecución.  
Tercera. Niega asimismo esta parte que el objeto del presente procedimiento tenga la consideración de objeto litigioso por no concurrir en el mismo los requisitos que legalmente se establecen en el artículo 1535 del Código Civil, y que han sido desarrollados y determinados por la jurisprudencia.  
Cuarto. Que el crédito objeto de la presente ejecución no fue adquirido singular e individualmente, sino que fue adquirido dentro de un conjunto de créditos objeto del contrato de cesión de cartera de créditos cuyos demás datos obran en autos. De ahí la imposibilidad de determinar las partes que de la cantidad abonada al cedente por la adquisición del total de los créditos que componen la cartera cedida, pueda entenderse como precio por la adquisición del crédito objeto del presente procedimiento. A este respecto, cabe añadir que el precio abonado por mi representada para la adquisición de la cartera de créditos pertenece a la confidencialidad de las relaciones contractuales entre mi representada y la entidad cedente, pactada expresamente entre las partes en el meritado contrato.  
Quinto. Como corolario de lo anterior, cabe colegir que no habiendo sido declarado por resolución judicial firme en el procedimiento declarativo correspondiente (que debería haber sido incoado en su caso por los aquí ejecutados) que el crédito objeto del presente es litigioso, mi representada no tiene obligación legal de manifestar cuál ha sido el importe abonado para la adquisición del objeto del presente, dicho sea esto en estrictos términos de defensa?.  
Sin más trámites, con fecha 23 de febrero de 2017, se dictó auto decretándose el archivo de las presentes actuaciones al considerar el juez o la jueza que no se habría subsanado conforme al artículo 231 Ley de enjuiciamiento civil al no haberse determinado el precio pagado por el título ejecutivo, aun reconociéndose la presentación de alegaciones por esta parte.  
- Segundo. Contra dicho auto de 23 de febrero de 2017 y en particular contra el pronunciamiento por el que se acuerda el archivo del procedimiento es contra el que esta parte interpone recurso de apelación conforme a lo establecido en los artículos 455 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil al considerar que con la decisión adoptada en el referido auto se han infringido los artículos 17, 231 y 540 y sus concordantes de la LEC.  
Entiende esta parte que por el Juzgado de Primera Instancia 25 de València se ha llevado a cabo una patente extralimitación en sus funciones y una interpretación errónea de lo dispuesto respecto de la sucesión (art. 540 y siguientes). Al efecto, recordemos que en dicho artículo se recoge textual, única y exclusivamente lo siguiente:  
?Para acreditar la sucesión, a los efectos del apartado anterior, habrán de presentarse al tribunal los documentos fehacientes en que aquella conste. Si el tribunal los considera suficientes a tales efectos por concurrir los requisitos exigidos para su validez, procederá, sin más trámites, a despachar la ejecución a favor o frente a quien resulte ser sucesor en razón de los documentos presentados.  
En el caso de que se hubiera despachado ya ejecución, se notificará la sucesión al ejecutado o ejecutante, según proceda, continuándose la ejecución a favor o frente a quien resulte ser sucesor.  
3. Si la sucesión no constara en documentos fehacientes o el tribunal no los considerare suficientes, mandará que el secretario judicial dé traslado de la petición que deduzca el ejecutante o ejecutado cuya sucesión se haya producido, a quien conste como ejecutado o el ejecutante en el título y a quien se pretenda que es su sucesor, dándoles audiencia por el plazo de quince días. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que las hayan efectuado, el tribunal decidirá lo que proceda sobre la sucesión a los solos efectos del despacho o de la prosecución de la ejecución».  
Esto es, lo único que se requiere es el documento en que la sucesión conste acreditada, sin que en ningún momento se exija la determinación del precio exacto ni ningún otro requisito adicional. Como es sabido (y al efecto damos por reproducido lo transcrito en el motivo tercero del presente), el derecho concedido en el artículo 1535 del Código Civil se prevé única y exclusivamente para los créditos litigiosos, y es claro y evidente que tal carácter no puede proclamarse en sede de ejecución, máxime cuando por los ejecutados no se ha instado el declarativo correspondiente en caso de que ese fuera su interés.  
A mayor abundamiento, no sería posible para mis mandantes aportar el precio concreto relativo al crédito objeto del presente, ya que al tratarse de una operación global y de gran volumen, comprensiva de multitud de créditos, no se ha pactado un precio individual para cada uno de ellos, sino un precio también global o a tanto alzado por una cartera comprensiva de una pluralidad de créditos.  
- Tercero. Debe llamarse la atención igualmente sobre una circunstancia extremadamente clara: el juzgador de instancia se extralimita gravemente al acordar el archivo de la ejecución, ya que únicamente puede resolver acerca de la procedencia de acceder o no a la sucesión procesal en la parte ejecutan: tertium non datur. Al efecto, damos por reproducida la pertinente reseña jurisprudencial que respalda nuestra posición y que se encuentra en el fundamento de derecho cuarto.  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes  
Fundamentos de derecho  
Primero. La resolución que se impugna es susceptible de ser recurrida en apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 455.1 LEC, por cuanto se trata de un auto definitivo.  
Segundo. El recurso se interpone dentro del plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación de dicha resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 LEC.  
Tercero. Concurren, en esta parte, los presupuestos relativos a la legitimación, dada su condición de parte, y al gravamen, puesto que con la decisión adoptada se priva a esta parte de ver realizado su legítimo derecho de cobro.  
Cuarto. El presente recurso se fundamenta en la infracción de lo dispuesto en los artículos 17, 231 y 540 y sus concordantes de la Ley de enjuiciamiento civil, así como la jurisprudencia establecida por las distintas audiencias provinciales y, en particular, por su aplicabilidad al presente recurso lo dicho por la Sección Novena de esta Audiencia en el rollo 1072/2014, resuelto por Auto 280/2015, de 28 de abril, de 2015, en recurso interpuesto por Alkali Luxembourg Sarl:  
«El juzgado acordó tener por terminado el procedimiento de ejecución respecto del ejecutante inicial, y no la sucesión procesal postulada, por incumplimiento de los presupuestos procesales, y en tal sentido hemos de puntualizar, también con carácter previo que la inicial ejecutante, que ha cedido su crédito, no ha recurrido el archivo que a ella afecta, por lo que no procede que la cesionaria efectúe alegaciones que no competen a su derecho. Téngase en cuenta que el artículo 17 Ley de enjuiciamiento civil prevé, cuando no se acceda a la pretensión del adquirente, que el transmitente continúe en el juicio, quedando a salvo las relaciones jurídicas privadas que existan entre ambos, y ello necesariamente, pues así se desprende de la expresión utilizada («continuará») teniendo en cuenta, además, el precepto igualmente imperativo del artículo 570 LEC (la ejecución forzosa solo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante). Por tanto, y como primera conclusión, lo aquí analizable es exclusivamente si procede o no la sucesión pretendida, el precepto aplicable a tal fin y los presupuestos legalmente exigibles que deben ser acreditados por la parte que la pretenda. Si la entidad inicialmente ejecutante se aquieta al archivo, y salvo circunstancias especiales que aquí no se aprecian, solo cabrá valorar si se accede o no a la sucesión procesal en la parte ejecutante, lo que seguidamente vamos a abordar con carácter general».  
Tercero. Esta sala ha aceptado, en general, la posibilidad de la sucesión procesal, como también parece refrendar el Tribunal Supremo y así, entre otras resoluciones, el ATS de 25 de febrero de 2014 (ROJ: QSD 4691/2014- ECLI:ES:TS:2014:1282A) recurso 711/2012, I ponente: Antonio Salas Carceller, expone que: «Frente a los artículos 1535 y 1536 del Código Civil que se refieren a la cesión de créditos litigiosos, el vigente artículo 17 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, se refiere de manera más amplia al «objeto litigioso», entendiendo por tal, «lo que sea objeto» del juicio. Así, el artículo 17 establece: «Cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquirente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente. El secretario judicial dictará diligencia de ordenación por la que acordará la suspensión de las actuaciones y otorgará un plazo de diez días a la otra parte para que alegue lo que a su derecho convenga. Si esta no se opusiere dentro de dicho plazo, el secretario judicial, mediante decreto, alzará la suspensión y dispondrá que el adquirente ocupe en el juicio la posición que el transmitente tuviese en él. 2. Si dentro del plazo concedido en el apartado anterior la otra parte manifestase su oposición a la entrada en el juicio del adquirente, el tribunal resolverá por medio de auto lo que estime procedente. No se accederá a la pretensión cuando dicha parte acredite que le competen derechos o defensas que, en relación con lo que sea objeto del juicio, solamente puede hacer valer contra la parte transmitente o un derecho a reconvenir, o que pende una reconvención, o si el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa. Cuando no se acceda a la pretensión del adquirente, el transmitente continuará en el juicio, quedando a salvo las relaciones jurídicas privadas que existan entre ambos. 3. La sucesión procesal derivada de la enajenación de bienes y derechos litigiosos en procedimientos de concurso se regirá por lo establecido en la Ley concursal.  
En estos casos, la otra parte podrá oponer eficazmente al adquirente cuantos derechos y excepciones le correspondieran frente al concursado».  
La razón de la denegación, en el supuesto en tal resolución examinado, no derivaba de consideración teórica alguna relativa a su inviabilidad, sino de la valoración de las circunstancias concretamente concurrentes, en cuanto desde el punto de vista temporal se produjeron las cesiones antes de la demanda (y no pendiente el proceso), porque era una transmisión parcial y no total (que quedaba al margen de las previsiones del artículo 17 LEC) y porque existían contradicciones entre las fechas de transmisión, además de eventuales problemas de cobro por el concurso de una de las sucesoras solicitantes.  
Igualmente se ha admitido la posibilidad de sucesión procesal en resoluciones de distintas audiencias provinciales, argumentando que existe entre el momento en que se dicta una resolución (o en general se origina el título ejecutivo) y el inicio del proceso mediante la formulación de demanda ejecutiva con fundamento en sentencia del Tribunal Superior de 11 febrero 2003 (ROJ: STS 861/2003 € ECLI:ES:TS:2003:861) Sentencia 125/2003 I recurso 673/1997 en la que, refiriéndose a la ejecución de un título judicial que había devenido firme en sentencia, se plantea la sucesión en la ejecución, señalando que «La tesis, en cambio que esta sala propugna y acoge, en consonancia con lo resuelto por el auto recurrido, se basa en la legitimidad de la sucesión procesal, para aún en ejecución de sentencia, conseguir el reconocimiento de la realidad jurídica, mediante el oportuno ajuste subjetivo», citando al efecto tanto el artículo 9,4 Ley de enjuiciamiento civil de 1881, como los artículos 17 y 540 LEC 1/2000. La concepción acerca de lo que se considera objeto litigioso, es más amplia desde la perspectiva procesal cuando se trata de aplicar la figura de la sucesión procesal de forma que, aun cuando el objeto del litigio haya sido ya resuelto de manera firme, sin embargo, en tanto continúe el proceso hasta la ejecución de lo resuelto, cabe la sucesión procesal. Así lo han resuelto otras audiencias provinciales, como la de Granada, auto de 17 junio 2003, si bien limita la aplicación del artículo 540 LEC al momento inicial de la ejecución, antes de despachar la misma. Con posterioridad a dicho momento estima aplicables los artículos 16 y 17 LEC. Y en el mismo sentido Auto AP Málaga de 24 abril 2003 o de Barcelona de 18 junio 2004.  
[...]  
Sin embargo, en el supuesto aquí analizado, lo cierto es que se ha acreditado la cesión misma (documento notarial parcial), la correlación entre el número del crédito objeto de ejecución y el transmitido al cesionario por parte del cedente ?que identifica los números de cuenta correspondientes- y la cantidad por la que debe proseguir la ejecución, que, claramente, ya estaba determinada y la precisa el cesionario al recurrir en revisión, sin lugar a dudas, pues resulta de una mera sustracción, no compartiendo en absoluto ?tras el análisis de la situación aquí concretamente concurrente- que no baste, como dice el juzgado, tal operación simple tratándose de cantidad plenamente determinada y de ejecución parcial de la misma, sin que exista discrepancia en el resultado obtenido.  
[...]  
El Juzgado solicitó además que el cesionario acreditara el precio de la venta, lo que combatió asimismo el recurrente al plantear el recurso de revisión, en cuanto lo pretendido por su parte era exclusivamente la sucesión entre partes, y tal presupuesto no resultaba de aplicación. A diferencia de otros supuestos resueltos previamente por esta sala, en que tal resolución se consintió y concretada la cantidad por la que se solicita continúe la ejecución, con aportación de los documentos necesarios en que se apoyen tales asertos. Cualquier fórmula genérica de solicitud o que ignore las concretas circunstancias concurrentes (sumas ya abonadas, conceptos ya liquidados u otras análogas) debería comportar la repulsa de lo pretendido, si no son plenamente aclaradas las discrepancias y concretados tales extremos por quien pretende la sucesión.  
  
Cuarto. Por ello procede, con estimación del recurso, revocar la resolución recurrida, considerando que, en este concreto supuesto, se han acreditado los presupuestos para la sucesión procesal pretendida, siendo de aplicación el artículo 17 LEC, por lo que deberá continuar el curso de la ejecución con el cesionario, debiendo comunicarse al deudor dicha resolución, a los fines pertinentes (y, en su caso, a los efectos del artículo 7799 BN, si así lo entendiere pertinente). Sin expresa imposición de costas y con reintegro, al recurrente, del depósito constituido para recurrir».  
Terminaba solicitando que se estimara el recurso de apelación, declarando nulo el archivo acordado por el auto de 23 de febrero de 2017, mandando seguir el procedimiento por los trámites que en derecho procedieren.  
Tercero. Recibidos los autos por este tribunal, se señaló, para la deliberación y votación, el día 11 de enero de 2018, en el que tuvo lugar.  
Fundamentos de derecho  
Se aceptan los de la resolución impugnada, solo en cuanto no se opongan a los de esta.  
Primero. Motivación de la resolución recurrida.  
La resolución recurrida archivó el procedimiento partiendo de los siguientes hechos:  
«Único. En el presente procedimiento se solicitó por Axactor Portfolio Holding AB, SARL, que se la tuviera por subrogada en la posición de ejecutante, y se requirió a la cesionaria para subsanación, en concreto para que acreditara el precio exacto pagado por el cesionario al cedente en la cesión y para acompañar documento original auténtico de la cesión del crédito cedido, con apercibimiento de archivo.  
Y razonando que:  
Único. Señalar que ni cedente ni cesionaria han recurrido la diligencia de ordenación de fecha 23 de enero de 2017, por la que se acordaba requerir en los términos y efectos indicados en el antecedente de hecho de esta resolución. En el plazo concedido se ha presentado escrito, haciendo las alegaciones que estimó oportunas, sin determinar el precio pagado por el título ejecutivo, y no habiendo subsanado (art. 231 de la LEC), ni recurrido, procede el archivo advertido de las actuaciones, por falta de subsanación de extremos que se consideran relevantes para poder tener por operada la sucesión de conformidad con el artículo 207.4 de la Ley de enjuiciamiento civil.»  
Segundo. Entiende la parte apelante que no se habría acreditado que el crédito fuera litigioso, lo que correspondería a la parte contra la que se dirigió la ejecución del título no judicial, sosteniendo que el crédito que se pretendía realizar no había sido adquirido individualmente o singularmente, sino dentro de un conjunto de créditos objeto del contrato de cesión de cartera de créditos, cuyos datos habrían sido aportados a autos, y que por ello no existía una individualización del precio pagado por los elementos que componen la cartera que se transmite en bloque. Por ello no se trataría de un contrato especial, sino que la doctrina lo vendría considerando como un acto o negocio abstracto dirigido a la transmisión del crédito, que desempeña una función parecida a la tradición en orden a los derechos reales, y que es distinto del negocio que constituye la causa y fin económico de la transmisión.  
Citaba distintas resoluciones que, según su criterio, avalaban su posición, en orden a que el crédito no sería litigioso, y terminaba solicitando que, previos los trámites legales, se revocase la resolución recurrida y se acordase la admisión del procedimiento monitorio.  
Tercero. En reiteradas ocasiones hemos indicado que, tanto la falta de cumplimiento del requerimiento efectuado, al que se realizaron alegaciones, pero sin recurrir la decisión del juzgado solicitando determinados documentos e informaciones, y la insuficiencia de los documentos aportados para entender cumplimentado tal requerimiento, efectuado por diligencia de fecha 30 de marzo de 2017 (folio 188), en que se solicita la acreditación del precio exacto pagado por el cesionario al cedente en la cesión, documento original auténtico de la cesión del crédito cedido, por lo que no puede entenderse con ello cumplido el requerimiento efectuado por el juzgado tal y como este apreció, por lo que el recurso se desestima, pues no se ha extralimitado el juzgado en las facultades que la ley le impone en orden al control de legalidad en protección de los consumidores, tal y como regulan tanto la regulación de la unión europea, con las exigencias de la jurisprudencia que dimana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en consonancia con las normas de derecho interno.  
Cuarto. Conforme a lo dispuesto por los artículos 394 y 398 de la Ley de enjuiciamiento civil, las costas de este recurso, si las hubiere, deben ser impuestas a la recurrente.  
Quinto. Conforme a lo dispuesto por la disposición adicional decimoquinta de la Ley orgánica del poder judicial, confirmada la resolución recurrida, el recurrente pierde el depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino previsto en dicha disposición.  
Parte dispositiva  
1. Desestimamos el recurso interpuesto por Axactor Portfolio Holding AB, SARL.  
2. Confirmamos el auto apelado.  
3. Imponemos, a la recurrente, las costas de esta alzada.  
Dese, al depósito constituido para recurrir, el destino previsto en la disposición adicional 15.ª de la Ley orgánica del poder judicial.  
Este auto es firme.  
A su tiempo, devuélvanse al juzgado de procedencia los autos originales, con certificación de esta resolución para su ejecución y cumplimiento.  
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»  
  
Y para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al objeto de notificar a la parte incomparecida demandada-apelada, Ramón Quiles Fernández.  
  
València, 5 de abril de 2018.- La letrada de la Administración de justicia: Inmaculada Ripollés Martínez.