Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5642, del 19-11-2007 (2007/13782)

Bases particulares del concurso para la selección de agente urbanizador del sector SUZPT-1.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5642

Fecha DOGV
:   19-11-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2007/13515


Fecha del documento
:   31-10-2007

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Almoradí

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Almoradí
    * plan de urbanismo
    * obras públicas
    * administración local
    * contrato de obras
    * licitación

Bases particulares del concurso para la selección de agente urbanizador del sector SUZPT-1. [2007/13330]  
De acuerdo con el artículo 132.1 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, por medio del presente se anuncia la convocatoria de concurso para la selección de agente urbanizador del sector SUZPT-1, según acuerdo del Ayuntamiento en pleno, de fecha 18 de octubre de 2007. Se publican a continuación las bases particulares a regir en el concurso, habiéndose publicado la aprobación definitiva de las bases generales en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 225 de fecha 29 de septiembre de 2006.  
Indicar que el anuncio de concurso se ha remitido al Diario Oficial de la Unión Europea el día 31 de octubre de 2007, a los efectos del artículo 133.3 de la Ley Urbanística Valenciana y base particular octava.  
Indicar que el referido acuerdo plenario puede ser recurrido en reposición ante este mismo Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la publicación, o bien puede presentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses, no pudiendo simultanear ambos recursos; todo ello sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente.  
Memoria (art. 131.2.b. LUV)  
Antecedentes  
El Ayuntamiento de Almoradí, con la finalidad de adecuar a la legislación urbanística vigente en el ámbito de la Comunidad Valenciana sus normas subsidiarias de planeamiento municipal, aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, emprendió un expediente de homologación global de dichas normas, conforme a lo previsto en el núm. 2 de la disposición transitoria primera de la LRAU, y en la Orden de 29 de marzo de 1996 del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat.  
El expediente de homologación modificativa global de las normas subsidiarias de Almoradí fue aprobado por Resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 14 de abril de 2003 (DOGV núm. 4.840, de fecha 13 de septiembre de 2004, y BOPA núm. 109, de fecha de 14 de mayo de 2004).  
Posteriormente, ha entrado en vigor la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, lo que ha llevado a este ayuntamiento a la aprobación de unas bases generales, publicadas en el BOPA núm. 225, de fecha 29 de septiembre de 2006.  
En la actualidad se está tramitando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Almoradí, en cuya documentación de concierto previo está previsto el sector SUZPT-1, clasificado como suelo urbanizable, con la finalidad de aportar al municipio y su área de influencia una importante oferta de suelo residencial y terciario, dando una respuesta adecuada a la carencia y demanda que de éste último tipo de suelo existe en el municipio de Almoradí, ubicado en una zona estratégica de servicios. Es por ello que su desarrollo urbanístico es prioritario dentro del Plan General.  
La regulación que contiene la LUV (art. 131 y art. 286 y 287 ROGTU) establece de forma específica y precisa el contenido mínimo de las bases particulares reguladoras del concurso para la selección del agente urbanizador, en régimen de concurrencia, para la ejecución pública indirecta del planeamiento, por lo que obliga, como no podría ser de otra manera, a articular este concurso asumiendo, en parte, y como norma supletoria, las reglas de la legislación básica de contratos de la administración del estado, en concreto del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, partiendo de la figura, con matices, del tipo de contrato de ejecución de obra pública. Todo ello es congruente con el carácter de «función pública» que tiene la actividad urbanística de ejecución del planeamiento según los postulados de la LUV. La fijación de criterios de adjudicación y bases reguladoras constituyen una garantía de los principios de igualdad, publicidad y concurrencia.  
Las bases prestan especial importancia al sistema de relaciones entre propietarios y urbanizador, estableciendo los procedimientos de formulación de voluntades, plazos, y sistema de garantías recíprocas, que en cualquier caso, deben ser observadas por todos los licitadores, y desde luego, la forma de retribución al urbanizador así como la calidad de la ordenación y de las dotaciones públicas.  
Bases reguladoras  
Primera. Objeto del presente concurso. Ámbito de actuación (art. 286.1.a) ROGTU). Ordenación vigente y directrices (art. 131.2 a) LUV)  
1.1. El ámbito físico que constituye el objeto de las presentes bases particulares y por ello, del presente concurso, lo constituyen los suelos que se identifican en el documento de concierto previo como sector SUZPT-1, teniendo una superficie de 456.585'00 m², dentro de un área de reparto de 580.496,00 m²  
El ámbito de actuación, se encuentra ubicado al noreste del término municipal de Almoradí y linda al norte con la autopista de peaje AP-7 Crevillent-Cartagena, al sur con carretera autonómica CV-912 que une, junto con la CV-936, el núcleo de El Saladar con la población de Almoradí, al este con suelo urbanizable según el futuro Plan General que sirve de colchón a una posible ampliación industrial-terciaria de la denominada «ruta del mueble» y, al oeste, con el azarbe de Mayayo. El referido ámbito tiene una superficie total de 580.496 m² de área de reparto incluida la red primaria adscrita, con previsión suficiente para zonas verdes, equipamientos públicos, viales, aparcamientos y red primaria o estructural de dotaciones de acuerdo con los estándares mínimos exigidos por la vigente legislación urbanística.   
El área seleccionada y contenida en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Almoradí ?en tramitación- cumple para su delimitación con los criterios de sectorización establecidos en la legislación urbanística, siendo que su perímetro se configura de una forma homogénea con ejes viarios existentes en el ámbito propuesto, con elementos de la red primaria/estructural de dotaciones públicas, así como con límites de suelo urbano y urbanizable. A la vez que se ha procedido a contemplar las afecciones sectoriales encontrándose dotado el sector de una inmejorable accesibilidad desde las propias vías existentes en su inmediatez y colindancia.  
1.2. Ordenación urbanística vigente.  
Como se ha adelantado, el planeamiento urbanístico vigente está constituido por el expediente de homologación modificativa global de las normas subsidiarias de Almoradí, aprobado definitivamente por Resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 14 de abril de 2003 (DOGV núm. 4.840, de fecha 13 de septiembre de 2004, y BOPA núm. 109, de fecha de 14 de mayo de 2004).  
Sin perjuicio de lo cual, se está tramitando un nuevo Plan General, en cuya documentación de concierto previo se prevé la clasificación del sector SUZPT-1 como suelo urbanizable, en base a lo cual se realiza el presente concurso, sin perjuicio de que su efectiva ejecución se deba realizar una vez aprobado definitivamente del Plan General del municipio, lo cual legitimará la actuación, ya que la tramitación del presente concurso se realiza simultáneamente a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Almoradi.  
Los parámetros de ordenación fijados para la actuación prevén un índice bruto de edificabilidad de 0,50 m²t/m²s (con uso residencial y terciario), siendo su superficie computable de 456.585 m², sobre un área de reparto de 580.496 m² sobre el que se destina a red primaria adscrita de espacios libres una superficie de 123.911 m². En cuanto al desglose de las edificabilidades netas pormenorizadas del sector serían las siguientes:  
Uso Índice de Edificabilidad  
 edificabilidad por usos (m²t)  
 respecto a superficie   
 computable (m²t/m²s)   
Vivienda libre 0,10 45.658,50  
Vivienda de protección pública 0,16 73.053,60  
Terciario 0,06 513.434,40  
Total 0,95 280.252,50  
1.3. Ficha de planeamiento y gestión.  
Forman parte de estas bases particulares, como anejo I, las fichas de planeamiento y gestión del sector SUZPT-1.  
Segunda. Régimen jurídico (art. 286.1, letras d), e) y f) ROGRU)   
El presente contrato tiene naturaleza administrativa especial, y se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, por lo dispuesto en el reglamento que la desarrolla, y las cláusulas contenidas en las presentes bases particulares de programación, así como en las bases generales de programación.  
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas), así como las normas de derecho comunitario y demás disposiciones que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución de programa de actuación integrada.  
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos para el desarrollo y ejecución de los programas de actuación integrada o aislada, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, efectos y procedimientos establecidos en la normativa aplicable.  
Tercera. Necesidades y objetivos a satisfacer por el programa  
3.1. El programa deberá cumplir todos los objetivos señalados en el artículo 124 de la LUV, y por lo tanto, contendrá las previsiones precisas para:  
· Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas.  
· Urbanizar completamente el sector que constituya el objeto del programa.  
· Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes.  
· Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.  
· Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente.  
· Obtener gratuitamente el aprovechamiento que legalmente corresponda al Ayuntamiento, con destino al patrimonio municipal de suelo.  
· Ordenar el reparto equitativo de beneficios y cargas de la actuación entre los afectados.  
· Establecer plazos para edificar los solares resultantes, que serán más breves en caso de ser propiedad del urbanizador, siendo esto último un objetivo complementario.  
· Obtener una importante oferta de suelo residencial y terciario, a los efectos de dar una respuesta adecuada a la carencia de dicho tipo de suelo frente a una gran demanda actualmente existente en el municipio de Almoradí y su entorno ubicado en una zona estratégica de servicios.  
· Establecer un nuevo enlace con la autopista AP-37 que, discurriendo como eje vertebrador de la actuación propuesta, se convierta finalmente en una futura ronda que una el norte del casco urbano con la zona oeste donde se encuentra la carretera hacia Orihuela, al mismo tiempo que dota de una inmejorable comunicación al núcleo de El Saladar actualmente aislado del propio casco urbano de Almoradí.  
· Crear una actuación terciaria de unión con el área de influencia de la denominada «ruta del mueble» ubicada en la carretera de Dolores de manera que influya socio-económicamente de forma favorable sobre el futuro comercial del municipio de Almoradí.  
· Implantar una zona residencial junto al núcleo de El Saladar que sirva de articulación entre éste y la zona deportiva de la red primaria de equipamientos actual. Esto permitiría conectar este núcleo hasta ahora aislado con el casco actual, lo que conlleva a una integración del mismo dentro de la trama actualmente construida y sin solución de continuidad.  
· La suficiencia de los servicios públicos, así como las obras complementarias de infraestructura, deben quedar garantizadas mediante las obras de extensión de redes viarias, de agua potable, saneamiento y electricidad y las que se establecen en la legislación urbanística.   
3.2. Aportación monetaria para equipamientos.  
El concierto previo prevé el «establecimiento de un modelo de equidistribución de los nuevos sectores que evita la desigualdad en la atribución de beneficios y cargas y permita dotar a la ciudad de los grandes equipamientos de capitalidad necesarios para los desarrollos proyectados y el cumplimiento de su función en la comarca», para lo cual el sector deberá realizar la aportación establecida en el punto C.2.4 de la memoria justificativa del concierto previo, sustanciada en la aportación económica equivalente a 2 m² construidos por unidad habitacional o terciaria, o la que finalmente determine el Plan General una vez aprobado definitivamente.  
El citado punto C.2.4 establece lo siguiente: la aportación se determina en función de módulo de venta de viviendas de protección pública (con las consiguientes variaciones en concordancia con las que sufra éste), estimando que el costo de construcción de los equipamientos estructurales será vez y media el de las viviendas por sus especiales requisitos y, tal como planteaba el Reglamento de Planeamiento de 1978, se considera necesario para la debida proporcionalidad la construcción de 2,00 m² de equipamiento por cada vivienda (o unidad comercial).  
Dado que en el módulo se integra la repercusión del suelo (15%, como máximo, según la regulación de esta categoría de viviendas) y, en general, se considera que los beneficios de los distintos participantes en la promoción y diversos gastos que inciden en la misma es un factor relativamente constante, se adopta el usado en la normativa catastral (40%), por lo que el costo de construcción se puede calcular como:  
1,15 \* módulo venta VPP en m² construidos \* (1-0,15\*1,40)/40  
Al día de hoy la aportación de 2 m² construidos por unidad habitacional o terciaria sería de 1.754,40 euros.  
Cuarta. Procedimiento y forma de adjudicación del contrato  
El presente concurso se regirá por las bases generales del término municipal de Almoradí, publicadas en el BOPA núm. 225, de 29 de septiembre de 2006, las reglas y normas que resultan del contenido de las presentes bases particulares, por las contenidas en la LUV, el ROGTU y atendiendo a la legislación de contratos, en concreto a la modalidad establecida en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de procedimiento abierto y por concurso.  
Se regirá el procedimiento por lo establecido en los arts. 130 a 140 LUV y arts. 284 a 325 ROGTU.  
Quinta. Candidatos a agente urbanizador (art. 119 LUV)  
5.1. Se remite a lo establecido por la ordenanza de bases generales del término municipal de Almoradí, en concreto a su base cuarta, con las siguientes especificaciones:  
Los candidatos optantes deberán cumplir los requisitos que establecen el art. 121 LUV, art. 310 ROGTU y art. 20 TRLCAP/00.  
5.2. Cuando en representación de una sociedad concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la proposición bastanteados para este concurso por el secretario de la corporación municipal de Almoradí o funcionario con título de licenciado en Derecho del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almoradí, indistintamente.  
El contrato se otorgará con una sola persona o entidad; no obstante, podrá concertarse con dos o más personas, si se obligasen solidariamente respecto a la corporación, cuyos derechos frente a las mismas serán en todo caso indivisibles, comprometiéndose a constituirse en UTE (art. 24 TRLCAP/00). En este caso, deberá acreditarse la solvencia económica y financiera de todas las entidades que concursen.  
Sexta. Precio de licitación y garantías, provisional y definitiva (art. 140 LUV y art. 286.1 h) y l) ROGTU)   
6.1. El presupuesto estimado de licitación se determina en la cantidad de 22.360.416,52 euros, IVA incluido. De conformidad a lo dispuesto en los arts. 132.1.h) y 140 LUV y art. 286.h) ROGTU, los candidatos a agente urbanizador constituirán una garantía provisional equivalente al 2% del coste estimado de cargas de urbanización que se concreta en la cantidad de 538.131,47 euros. En cualquier caso se estará a lo dispuesto por la base 8ª de las generales.   
La expresada cantidad 78.872.642,52 euros opera a los efectos del art. 140 LUV.   
6.2. Cuando participe como licitador una unión temporal de empresas, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado anterior y se garantice solidariamente por todos los integrantes de la UTE.  
6.3. En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el capítulo III del título II del libro I del TRLCAP/00 así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 de su reglamento.  
La prestación de la garantía provisional se acreditará de la siguiente forma:  
- Mediante resguardo de la tesorería municipal, cuando se haya constituido en dinero, en valores públicos o en valores privados.  
- Mediante aval o póliza de seguro de caución, debiendo verificarse fehacientemente la personalidad y/o legitimación de la persona que firma el documento en nombre de la entidad.  
6.4. La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el contrato, acordándose su devolución en la adjudicación. Sin embargo, será retenida la del adjudicatario e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP.  
Si el adjudicatario optase, en su caso, por aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, deberá ser cancelada la garantía provisional simultáneamente a la constitución de la garantía definitiva.  
6.5. En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y la de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. Para el adjudicatario del presente concurso dicho porcentaje quedará afecto al pago de lo establecido en la cláusula de garantía definitiva.  
6.6. La garantía definitiva, se constituirá previamente al otorgamiento del contrato de adjudicación de agente urbanizador por la cuantía mínima del 10% del coste de la totalidad de cargas de urbanización, conceptos retribuibles al urbanizador, que resulten de los términos de la proposición jurídico económica que apruebe la corporación. Su constitución y efectos se regirán por lo dispuesto en la TRLCAP/00 y su reglamento.  
6.7. Podrán comprometerse garantías adicionales respecto de las ofertas complementarias y se constituirán de igual modo que la definitiva.  
Séptima. Contenido y forma de las propuestas. Alternativa técnica y proposición jurídico-económica. Capacidad y solvencia (art. 131.2.f), k) y m) LUV)  
Las propuestas que formulen los distintos optantes deberán atender a lo establecido en la ordenanza municipal de bases generales (bases 5ª y 9ª), a lo dispuesto por los arts. 125, 126 y 127 LUV, y a estas bases particulares.  
7.1. La alternativa técnica (art. 126 LUV)   
La alternativa técnica deberá contener el documento de planeamiento que incluya la propuesta de ordenación pormenorizada del sector.  
El proyecto de urbanización que se formule deberá prestar especial atención a la integración de la actuación en el entorno y territorio circundantes (art. 126.c LUV). A su conexión y congruencia con las actuaciones coetáneas y con la ciudad.  
Ese proyecto de urbanización deberá abarcar la totalidad del ámbito de la actuación (art. 126.f LUV) en condiciones de ser sometido en su día al trámite que establece el art. 160 y con los contenidos dispuestos por los arts. 152, 153, 156 y 157 también de la LUV, y arts. 346, 348, 349 y 350 del ROGTU. El proyecto de urbanización resolverá las cuestiones necesarias en orden a la conexión de servicios e infraestructuras.  
La alternativa técnica cumplimentará la totalidad de los contenidos exigidos por el art. 126 LUV (arts. 307 a 309 ROGTU) que se reputan como mínimos. No obstante el sistema de plazos de ejecución de las obras de urbanización deberá estar concretado, con sus correspondientes hitos y fases, en el propio proyecto de urbanización (art. 126.e LUV). La propuesta contendrá el sistema de plazos para todo el despliegue y ejecución de la actuación y, en especial, se estará al sistema de plazos de la edificación, tanto libre como protegida.   
La alternativa técnica deberá fijar los plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el plazo de despliegue, el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes. El plazo de ejecución de las obras de urbanización no podrá ser superior a tres años.  
La alternativa técnica tendrá también los restantes contenidos determinados en el artículo 126 de la LUV.  
Si la propuesta de programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la documentación establecida para tales supuestos en la LUV.   
La redelimitación del sector que se realice con motivo de ajustes topográficos no será considerada como modificación estructural.  
7.2. Por otra parte, las propuestas estarán integradas también por una proposición jurídico-económica con el contenido que establece el artículo 127 LUV y los artículos 302 a 306 ROGTU, que deberán contener además de lo expuesto en los citados preceptos, específicamente las siguientes determinaciones:  
7.3. La proposición jurídico-económica articulará el sistema de relaciones entre urbanizador y propietario, en particular, la modalidad de retribución al urbanizador, y la información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución, así como condiciones y plazo para el ejercicio de la opción de retribución en metálico y demás determinaciones contenidas en el artículo 302 del ROGTU.  
7.4. Contendrá también la propuesta las mayores obligaciones que, especialmente en materia de dotaciones e inversiones, sobre las mínimas establecidas en las presentes bases, se comprometa a asumir el concursante para el caso de que resulte adjudicatario del concurso. Deberá presentar su propuesta de actuación que está dispuesto a desarrollar, con expresión completa de todos los costes, retribuciones o no, sistemas de plazos y garantías adicionales. Propuesta detallada en cuanto a valoración del suelo, valoración de costes de desarrollo, urbanización y gestión, de adquisición de suelo y permuta por obras de urbanización y gestión.  
7.5. La aportación económica establecida en el punto C.2.4 del documento de concierto previo, y a que se hace referencia en la base tercera, punto 2, de las presentes, no formará parte de la retribución del urbanizador propiamente dicha a los efectos de su valoración para la adjudicación de la condición de urbanizador, tampoco para el precio de licitación establecido en la base sexta, ni a efectos de retasación de cargas.  
La aportación económica será cuantificada provisionalmente en la proposición jurídico-económica, lo que se hará definitivamente según los criterios que finalmente se establezcan en el PGOU que se apruebe definitivamente.  
Octava. Lugar, plazo y forma de presentación de las propuestas (art. 131.2.l) LUV)  
8.1. Documentación a formular por los candidatos a urbanizador.  
8.1.1. Documentación general del programa de actuación integrada determinada por el artículo 133.1 LUV.  
8.1.2. Documentación técnica de la alternativa técnica que ha de ser sometida a información pública. Art. 126, letras a), f) y en su caso k) LUV.   
8.1.3. Documentación de la alternativa técnica que no ha de ser sometida a información pública. Art. 126 LUV, resto.  
8.1.4. Proposición jurídico-económica (art. 127 LUV).  
8.1.5. Acta notarial acreditativa del cumplimiento de trámite de información pública de la documentación correspondientes de la alternativa técnica y del trámite de notificaciones a interesados (art. 134 LUV).  
8.2. Formalidades y plazo de presentación. Las proposiciones, al amparo de lo establecido en el artículo 133 de la LUV, constarán de tres sobres firmados por el licitador denominados A, B y C y en cada uno de los cuales se hará constar el contenido, en la forma que se indicará, y el nombre del licitador, su CIF o NIF, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico. En su interior, se hará constar en hoja independiente su contenido material de forma pormenorizada y numerada.  
A) Sobre A, denominado Documentación general, se presentará cerrado, pudiendo ser lacrado y precintado, y deberá tener la siguiente inscripción: «Documentación general del Programa de Actuación Integrada del Sector SUZPT-1 de Almoradí. Proposición que presenta ... para tomar parte en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Almoradí, para el desarrollo y ejecución del sector SUZPT-1 del PGOU de Almoradí, en régimen de gestión indirecta», y que contendrá la documentación determinada en el artículo 133.1 de la LUV. El sobre A será presentado ante el Ayuntamiento de Almoradí en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de envío del anuncio de convocatoria del concurso al Diario Oficial de la Unión Europea.  
B) Sobre B, denominado Alternativa técnica, expresará la inscripción: Alternativa técnica del Programa de Actuación Integrada del Sector SUZPT-1 de Almoradí y contendrá la documentación exigida en el artículo 126 de la LUV. El sobre B será presentado en el mismo plazo y junto al sobre A. La alternativa técnica será presentada además en soporte informático.  
C) Sobre C, denominado Proposición jurídico-económica, expresará la inscripción: «Proposición jurídico-económica del Programa de Actuación Integrada del Sector SUZPT-1 de Almoradi» y contendrá la documentación exigida en el artículo 127 de la LUV. El sobre C será presentado ante el Ayuntamiento de Almoradí, conjuntamente y en el mismo plazo que los sobres A y B. Todo ello de conformidad con el art. 300 del ROGTU.  
D) Las actas notariales que acrediten el sometimiento a información pública de la alternativa técnica, a que se refieren los arts. 133.l.f. y 134 LUV, deberán depositarse en el Ayuntamiento de Almoradí, en el plazo de 10 días desde la terminación de la información pública de su alternativa técnica.  
8.3. Información pública. La documentación que se identifica con el número 7.1.2., esto es, la documentación de la alternativa técnica que se somete a información pública (documento de planeamiento que determine la ordenación pormenorizada, proyecto de urbanización y, en su caso, documento de justificación de integración territorial) será sometida al trámite que regula el art. 134 LUV. Trámite que debe ser completado dentro del plazo máximo de dos meses contados a partir de la expiración del plazo de tres meses previsto para la presentación de los sobres A, B y C. En todo caso, con anterioridad a la expiración del plazo de los tres meses previsto para la presentación de los citados sobres, deberá haberse remitido todas las publicaciones y todos los avisos, debiendo justificarse ante el Ayuntamiento en ese mismo plazo.   
8.4. Precisar que el sobre A contendrá, aparte de los documentos que indica el artículo 133.1 de la LUV, los siguientes:  
1. Escrito de aceptación de las presentes bases particulares conforme al siguiente modelo:  
«(Nombre) ... vecino de ..., con domicilio en la calle ... nº ... de la ciudad de ... y provisto de DNI nº ... expedido en ..., .... de ... de 19 ... en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de ... como ... conforme acredita con documento público declarado bastante), enterado del anuncio publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº ... del día ... de ... de ... y de las bases particulares que han de regir en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Almoradí, para el desarrollo y ejecución del sector SUZPT-1 del PGOU de Almoradi, cuyas bases y condiciones conoce y acepta íntegramente, toma parte en el presente concurso, y, caso de resultar adjudicatario, se compromete a ejecutar en forma reglamentaria la propuesta de actuación seleccionada, en el plazo y condiciones fijadas en las bases y en la vigente legislación del suelo, conociendo que la actuación se ejecutará una vez aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Almoradí, por lo que declaro eximir de toda responsabilidad al Ayuntamiento de Almoradí por causa de iniciar este procedimiento antes de la aprobación definitiva del Plan General, y en concreto de la clasificación del sector SUZPT-1 como suelo urbanizable.»  
2. Memoria firmada por el ofertante, comprensiva de sus referencias técnicas, profesionales y especiales, relacionadas con la materia del concurso, adjuntando los pertinentes documentos acreditativos que justifiquen con suficientes garantías el cumplimiento de las obligaciones de urbanizador, tanto en los aspectos técnicos como en los económicos.  
3. Instrumentos personales técnicos y económicos que piensa adscribir a la actuación, detallados al máximo para que el Ayuntamiento, sin indagaciones ni pesquisas de ningún tipo, pueda formarse una idea cabal de la solvencia orgánica y funcional del proponente. Y cuantos documentos se estimen convenientes para definir la solvencia técnica y financiera de las personas o entidades que se presenten al concurso.  
4. Certificación de que el proponente no es deudor a la hacienda municipal por ningún concepto.  
5. Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
8.5 Requisitos de la documentación.  
8.5.1. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por parte del proponente de las presentes bases particulares, así como la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la administración. Cualquier salvedad se entenderá en todo caso como no puesta.  
8.5.2. Las proposiciones se presentarán en idioma español, y toda la información debe facilitarse tanto en papel impreso como en soporte informático (aplicaciones Word, Excel, Autocad y compatibles). En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la contenida en la documentación presentada en papel impreso.  
8.5.3. La totalidad del coste de la elaboración de la documentación para la confección de las ofertas que se presentan al concurso será por cuenta de los licitadores, que no podrán reclamar compensación económica alguna en caso de no resultar adjudicatarios.  
8.5.4. Las ofertas tendrán una validez de seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.  
8.5.5. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la base sexta relativa a las especializaciones de la documentación técnica a presentar.  
8.6. En cuanto al lugar y plazo, se establece lo siguiente,   
Los documentos serán aportados al registro municipal en días y horas hábiles.   
Si el último día de plazo coincidiera en sábado, se entenderá inhábil a estos efectos computándose el día siguiente hábil.  
Novena. Recepción de la documentación  
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del registro correspondiente expedirá una certificación relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que conjuntamente con aquélla remitirán al secretario de la mesa de estudio de las propuestas.  
Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos establecidos en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de 10 días indicado en el mismo, el jefe de la oficina receptora expedirá certificación de la documentación recibida para remitirla, igualmente, al secretario de la mesa de estudio de las propuestas.  
Acatando lo establecido en las ordenanzas municipales de bases generales (base 12ª) una vez cumplido el trámite de información pública a que alude el art. 134 de la LUV de las distintas alternativas técnicas y una vez abiertos los sobres A, B y C, se promoverá un trámite de audiencia de 15 días a los interesados que consten en el expediente y a los titulares catastrales, que no tendrá carácter de licitación, bastando para ello, publicación en el tablón de anuncios de este ayuntamiento.  
En este trámite los interesados que lo deseen podrán formular cuantas alegaciones estimen pertinentes y examinar toda la documentación de las propuestas así como las alegaciones incorporadas al expediente.  
Diez. Mesa de estudio de las propuestas  
Aplicando los criterios del TRLCAP/00, para el examen y valoración de las proposiciones de los licitadores, el órgano de contratación estará asistido por una mesa de estudio de las propuestas. Esta mesa estará compuesta por:  
- El alcalde-presidente de la corporación municipal o miembro en quien delegue.  
- Vocales:   
· El secretario de la corporación o persona que legalmente le sustituya.  
· El arquitecto municipal.  
· La interventora municipal.  
· El concejal de Obras, o persona en quien delegue.  
Secretario: el técnico de administración general.   
Esta mesa podrá recabar en cualquier tiempo los asesoramientos de terceros expertos miembros o no de los servicios de la corporación, cuando lo estime oportuno.  
Once. Calificación de documentos y estudio de las ofertas  
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de estudio de las propuestas, al día siguiente hábil a la finalización del plazo para presentar las propuestas procederá a la apertura del sobre A y calificará las proposiciones formuladas, a tenor de lo establecido en el articulo 136 y concordantes de la LUV. Si la mesa de estudio de propuestas observara defectos formales en la documentación presentada, se requerirá a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador los subsane o corrija ante la propia mesa de estudio de propuestas, dejando constancia de lo actuado en el acta que se levante al efecto. Tales circunstancias se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el mismo día del acto de apertura, que servirá de notificación a los interesados.  
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la proposición.  
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, la mesa procederá a determinar las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo.  
Serán rechazadas, en principio y en todo caso, las proposiciones cuando, sobre A, no se acredite fehacientemente la posesión de los requisitos para contratar con las administraciones públicas, la posesión de los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigidos en estas bases o cuya garantía provisional sea inferior a la señalada en estas bases así como aquellas en las que se observare en los documentos que la integran defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables.  
Una vez calificados los documentos incluidos en el sobre A, se procederá a emitir los informes correspondientes sobre las alternativas técnicas formuladas por los aspirantes cuyos requisitos de participación hayan sido calificados favorablemente. El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a urbanizador para que en el plazo máximo de veinte días, aclaren la documentación presentada, subsanen la omitida, o completen la que sea insuficiente.  
En el plazo de cinco días desde la emisión de los informes correspondientes, el alcalde-presidente dictará resolución en la que se determinará las alternativas técnicas que hayan recibido una puntuación superior a la mínima fijada por estas bases.  
La apertura del sobre C de las proposiciones admitidas tendrá lugar, en acto público, dentro de los 10 días siguientes a la resolución del alcalde sobre las alternativas técnicas, día que será anunciado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sirviendo este acto de notificación a todos los interesados. A este exclusivo efecto se considerará inhábil el sábado, de tal manera que si la apertura de plicas coincide en sábado se trasladará al lunes siguiente.  
El acto de apertura de proposiciones, a tenor de lo establecido en el articulo 136.3 y concordantes de la LUV, comenzará dándose lectura al anuncio del concurso, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se hará público el número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.  
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.  
En ese mismo acto, o en cualquier momento del procedimiento, los concursantes podrán manifestar el desistimiento de su propuesta, asumiendo la pérdida de la garantía provisional del 2% prestada.  
Tras el acto de apertura de las proposiciones formuladas, se otorgará un plazo de audiencia de 15 días hábiles a los interesados que consten en el expediente y a los titulares catastrales, durante el cual podrán examinar el expediente y formular cuantas alegaciones interesen a sus derechos, para lo cual únicamente será necesario la publicación en el tablón de anuncios de este ayuntamiento. Este nuevo trámite no tiene carácter de licitación.  
Posteriormente a este trámite, se remitirá toda la documentación a los servicios técnicos municipales para su informe.  
El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a urbanizador para que en el plazo máximo de 20 días, aclaren la documentación presentada, subsanen la omitida, o completen la que sea insuficiente.  
Informadas las alegaciones formuladas y emitidos los informes preceptivos de los servicios técnicos municipales, se elaborará por la mesa de estudio una propuesta de adjudicación, debiendo ser resuelta en un plazo máximo de 2 meses desde la apertura de las proposiciones jurídico-económicas.  
La adjudicación será, en todo caso, condicionada a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, en el cual se clasifique el sector SUPT-1 como suelo urbanizable, tal y como se establece actualmente en la documentación de concierto previo, no derivándose derecho alguno al favor del adjudicatario mientras no se cumpla la condición.   
Una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación y a los interesados en el expediente. En el mismo plazo deberá aportar la escritura pública de constitución de la unión temporal de empresas cuando el licitador adjudicatario tuviera tal condición.  
De acuerdo con el art. 84 RGCAP, si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación requerida, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase omisiones, errores manifiestos o tachaduras que impidan conocer el contenido esencial de la oferta, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.  
El rechazo de proposiciones podrá acordarse por la mesa en cualquier momento antes de realizar su propuesta de adjudicación del contrato.  
La mesa formulará propuesta razonada y motivada, atendiendo a los criterios del pliego de condiciones particulares, al órgano de contratación que resolverá. Podrá proponer modificaciones respecto de la propuesta seleccionada.  
Doce. Criterios y objetivos de la actuación en materia de urbanización y edificación (art. 131.2.d y e) LUV)   
11.1. Cubrir con el sector SUZPT-1 la demanda a corto plazo de suelo terciario-residencial en el término municipal de Almoradí.  
11.2. Cumplimentar los requerimientos del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA).  
Trece. Criterios y requisitos a observar en la documentación técnica (art. 131.2.f) LUV)  
En relación al proyecto de urbanización y demás documentos que necesiten el apoyo de un soporte gráfico, se presentarán en soporte papel y en soporte informático con los siguientes detalles, siempre que fuera posible en relación a la naturaleza del documento:  
- Memorias: documento en formato de Microsoft Word.  
- Planos información: la necesaria según la información solicitada o en su defecto a escala 1/2000.  
- Planos de ordenación: escala 1/1000  
€ Soporte informático, en ficheros de formato DWG.  
En relación a la documentación que acredita la solvencia técnica, económica y financiera, se atenderá a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para la legislación del contrato de concesión de obra pública, en concreto, en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas.  
Catorce. Plazos de despliegue y ejecución (art. 131.2.i) LUV)  
El plazo estimado para el despliegue, desarrollo y ejecución del programa de actuación será como máximo el de cinco años, y comenzará a partir del día siguiente al de la firma del contrato de adjudicación, siempre que el sector SUZPT-1 esté ya clasificado como suelo urbanizable por el Plan General, contado éste con aprobación definitiva.   
Deberán cumplirse los plazos establecidos en el artículo 332 del ROGTU para la presentación de documentos y sometimiento a información pública de estos.  
Quince. Ejecución de la obra de urbanización  
16.1. En relación con las obras de urbanización, el urbanizador atenderá al cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
Deberá ejecutar la totalidad de las obras de urbanización en los plazos contenidos en la propuesta que presente el urbanizador seleccionado.   
El inicio de las obras de urbanización se realizará en el plazo máximo de un mes desde la aprobación del proyecto de reparcelación. En ningún caso el plazo de ejecución será superior a 36 meses desde su inicio.  
El inicio de las obras se acreditará mediante acta de replanteo y la finalización mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director de las mismas.  
El acta de replanteo será suscrita, por el urbanizador, el empresario-constructor, un técnico del Ayuntamiento y la dirección facultativa, y en ella se harán constar los siguientes extremos:  
a) La comprobación de la adecuación del proyecto de ejecución a la realidad geométrica del terreno o de la edificación sobre la que se actúa;  
b) La verificación de la disponibilidad del terreno o de la edificación, necesaria para el comienzo de las obras.  
c) La viabilidad del proyecto de ejecución, a la vista de las características físicas del terreno y otras contingencias no previstas que pudieran presentarse.  
El urbanizador convocará a quienes deban suscribir el acta de replanteo, con una antelación mínima de cinco días, computados desde la recepción de la misma por las partes convocadas. En el acta de replanteo se recogerá la fecha de comienzo de las obras, así como cualquier reserva o discrepancia que se pudiera observar por quienes estén llamados a suscribirla.  
En caso de aceptarse prórrogas sobre las fases del calendario propuesto, éstas deberán ser acordadas de forma expresa por el Ayuntamiento, previa solicitud del adjudicatario. En ningún caso se prorrogarán los plazos fijados por muto consentimiento tácito.  
Los plazos previstos podrán ser prorrogados y suspendidos de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCAP/00 y en su reglamento, y demás normativa que resulte de aplicación. En particular:  
(i) En lo relativo a la redacción de textos refundidos y proyecto de reparcelación resultarán aplicables las reglas propias del contrato administrativo de consultoría y asistencia técnica.  
(ii) Por lo que se refiere a la ejecución de las obras, serán aplicables los preceptos relativos al contrato administrativo de obras.  
El incumplimiento de los plazos resultantes de la propuesta ganadora, así como de las posibles prórrogas que pudieran acordarse conllevará la imposición al adjudicatario de las penalidades por demora que resulten de aplicación o, en su caso; la resolución del contrato, de acuerdo a los términos y condiciones que se prevean en el contrato de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, tal y como se determinan en la base 18ª.  
El urbanizador deberá ejecutar, en consecuencia, la totalidad de las obras de urbanización correspondientes a ejecución de la red viaria pública; redes de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica, incluyendo instalaciones de conducción, transformación, distribución y alumbrado público, canalización e instalación de gas y cualquier otro servicio previsto en el proyecto de urbanización; así como ejecución de los espacios libres públicos, incluyendo mobiliario urbano, jardinería y plantación de arbolado.  
Ejecutar las obras de conexión a red primaria y redes de servicio que sean precisos en el exterior de la unidad de actuación.  
16.2. Ejecución de las obras por empresario-constructor (arts. 357 y ss ROGTU)  
16.2.1. La ejecución del proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento será a cargo del empresario-constructor, quién será seleccionado por el urbanizador de conformidad con las previsiones establecidas por la legislación básica de carácter estatal de contratación pública, la LUV y el ROGTU, en concreto en sus artículos 357 a 370.   
No será preceptivo seleccionar al empresario constructor mediante licitación pública en los supuestos contenidos en el art. 120.6 y 7 LUV.  
Diecisiete. Relaciones con los propietarios. Equidistribución  
La iniciativa que formulen los candidatos a urbanizador deberán prestar especial atención al sistema de relaciones que la gestión y desarrollo del sector requieran con los propietarios de suelo y especial respeto por sus derechos patrimoniales que han de ser compatibles según el nuevo espíritu protector de la LUV, y a favor del interés público.   
En este sentido la propuesta del urbanizador atenderá a los siguientes contenidos según la situación en la que se encuentre la propiedad:  
17.1. Propietarios que hubieren patrimonializado su aprovechamiento, pero deban soportar las cargas de urbanización.   
17.2. Propietarios que no han patrimonializado su aprovechamiento. Serán tributarios del correspondiente excedente de aprovechamiento.  
Se identificará en cada oferta el momento y forma para que el propietario pueda ejercitar ante el urbanizador la opción de pago en metálico por todos los conceptos asumidos como retribuibles. Esta propuesta de pago en dinero deberá contener los siguientes elementos mínimos:  
a) Valoración de todos los conceptos retribuibles.  
b) Asignación de cuotas en proporción a la propiedad inicial de cada propietario.  
c) Plazos de pago.  
d) Garantías adicionales exigibles a los propietarios distintos de la mera carga real.  
Modalidad mixta de retribución que resulte de las anteriores dichas, o, incluso de la iniciativa del candidato a urbanizador dentro del marco de la LUV y de la Ley 6/1998.  
Fijación de los conceptos y derechos indemnizables que sean necesarios asumir por la actuación al objeto de hacerla posible, con estimación de cantidades.  
Dieciocho. Mejoras y medidas complementarias y variantes (art. 131.2.g) LUV)  
La propuesta de programa deberá atender inexcusablemente a los objetivos imprescindibles establecidos por el art. 124.1 LUV. En este sentido prestará también puntual atención al mandato de la letra d) del precepto citado, en el sentido de suplementar, de forma justificada y para compensar desequilibrios, infraestructuras, espacios públicos y dotaciones que sean del caso.  
Mejoras. Por otro lado, podrán plantearse objetivos complementarios asumiendo el régimen que al objeto establece el art. 124.2 LUV.  
Variantes. Podrán formularse dentro de una misma alternativa técnica y referidas exclusivamente a su contenido.  
Diecinueve. Criterios de adjudicación (arts. 131.2.n) y 4 LUV y arts. 286.1.j) y k), 312 y 313 ROGTU)  
La administración actuante adjudicará la condición de urbanizador a aquél que formule una propuesta que atienda a los siguientes objetivos que se ordenan por orden de importancia decreciente.   
Se establece puntuación mínima de 35 puntos para las alternativas técnicas, a los efectos de ponderar posteriormente las proposiciones jurídico-económicas (art. 286.1.k) ROGTU). Las propuestas de programas cuya alternativa técnica no sobrepase la puntuación mínima, serán descartadas.  
Criterios de adjudicación  
Alternativa técnica: 65 puntos (65%)  
Proposición jurídico-económica: 35 puntos (35%) (art. 312.2.ROGTU)  
Alternativa técnica 65%  
  
Proposición jurídico-económica 35%  
  
Veinte. Obligaciones y prerrogativas de la administración actuante (art. 286.1.e) ROGTU)  
El Ayuntamiento de Almoradí viene obligado a prestar la más diligente colaboración al urbanizador que resulte seleccionado, conforme a los principios de lealtad y eficiencia. Prestará su ayuda y tutela en las relaciones que el urbanizador tenga con empresas concesionarias de servicios públicos suministradores de energía o agua y también con otras administraciones.  
El Ayuntamiento de Almoradí contará con las prerrogativas que le reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas y como mínimo, las de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidas en la LUV y su desarrollo reglamentario.  
Veintiuna. Otorgamiento y ejecución del contrato  
En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación al adjudicatario, siempre que el sector SUZPT-1 esté ya clasificado como suelo urbanizable por el Plan General, contado éste con aprobación definitiva, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
El documento de formalización será firmado por el alcalde y el urbanizador, dando fe de ello el secretario general, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación y de su proposición jurídico-económica.  
Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el TRLCAP/00.  
Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, que será del 10% sobre las cargas de urbanización, así como las complementarias en su caso.  
La ejecución de la actuación se realizará una vez aprobado definitivamente el documento que clasifique el sector como suelo urbanizable, en las mismas condiciones que se establecen en el documento de concierto previo.  
La ejecución del programa de actuación integrada se realizará a riesgo y ventura del urbanizador, sin perjuicio de lo dispuesto de forma legal y reglamentariamente para la retasación de cargas, con estricta sujeción a las presentes bases particulares de programación, y a las órdenes e instrucciones que en interpretación de éstas diera el Ayuntamiento.  
En ningún momento se podrá exigir al Ayuntamiento responsabilidad alguna por la iniciación de este concurso y adjudicación de la condición de urbanizador, en caso de que no se llegue a aprobar la clasificación como suelo urbanizable del presente sector, en las condiciones que se prevé en el documento de concierto previo, o derivado del transcurso del tiempo necesario para ello.  
El urbanizador podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las siguientes prestaciones correspondientes al programa de actuación, de acuerdo con el artículo 355 del ROGTU.  
Veintidós. Cumplimiento, modificaciones, incumplimiento, resolución y extinción del contrato (art. 286.1.i) ROGTU)  
22.1. El urbanizador está obligado a cumplir el plazo total de ejecución del contrato, así como los plazos parciales propuestos, y en concreto, deberá iniciar las obras de urbanización en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. Por su parte, las obras de urbanización deberán estar finalizadas en el plazo máximo de 36 meses desde su inicio.  
Además de ello, deberá cumplir los demás plazos que determina el artículo 332 del ROGTU.  
22.2. La constitución en mora del urbanizador no precisará de previa intimación por parte del Ayuntamiento. Cuando exista demora del plazo total imputable al urbanizador, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,12 euros por cada 601,01 euros sobre las cargas de urbanización del programa de actuación, acordando en este último caso la oportuna ampliación del plazo de ejecución. Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5% de las cargas de urbanización aprobadas, el Ayuntamiento podrá resolver el contrato o acordar la continuidad con la imposición de nuevas penalidades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Al incumplimiento de los plazos parciales fijados también se les aplicará el régimen de penalidades previstas legalmente para el incumplimiento del plazo total.  
Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al urbanizador y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole ampliación del plazo que se había señalado, se concederá por el Ayuntamiento un plazo que será por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
22.3. El Ayuntamiento exigirá al urbanizador la subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentados que le sean imputables, otorgándose al efecto un plazo prudencial que no podrá exceder de un mes.  
De persistir el incumplimiento en cuanto a la ejecución parcial de las prestaciones objeto del contrato, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente, por su resolución o por computar el tiempo requerido para las correcciones de los trabajos defectuosos o mal ejecutados a efectos de sanción por retrasos.  
22.4. Prórroga del contrato.  
La posibilidad de prorrogar el contrato y el alcance de la prórroga se establece como una posibilidad y tras el correspondiente expediente en el que se justifique su necesidad.  
22.5. En el supuesto de modificación del contrato se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
22.6. Son causas de resolución del contrato por causas imputables al urbanizador, además de las determinadas en el artículo 143.2 de la LUV, las siguientes:  
(i) Las previstas en el TRLCAP/00, con los efectos que se establecen en la normativa de aplicación, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador para el desempeño de su tarea y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.  
(ii) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las presentes bases generales de programación, en las bases particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.  
(iii) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
(xv) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
(xvi) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
(xvii) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
(xviii) El incumplimiento de los plazos determinados por el artículo 332 del ROGTU.  
22.7. Serán causas de resolución del contrato por causas imputables al Ayuntamiento:  
(i) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
(ii) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
22.8. El contrato se extinguirá una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario-constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras, en su defecto, su aseguramiento.  
Para que pueda operar la recepción de obras definitiva, deberá haberse acreditado por el urbanizador el cumplimiento de todas las obligaciones que le fueran exigibles conforme al contrato suscrito con la administración actuante.  
El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento.   
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento en pleno acordará la recepción de las obras de urbanización, comenzando entonces el plazo de garantía.  
La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.  
El plazo de garantía será de 12 meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.  
Veintitrés. Recursos administrativos (art. 447 y 448 ROGTU)   
Serán de aplicación los artículos 447 y 448 del ROGTU, y en concreto, antes de la interposición del recurso contencioso-administrativo, las decisiones que se adopten por el Ayuntamiento en los procedimientos de adjudicación de programas de actuación deberán ser objeto de los recursos regulados en la Ley 30/1992.  
Podrán impugnarse:  
a) El acto de aprobación de las bases particulares reguladoras del programa.  
b) La calificación de la capacidad y solvencia para participar en el proceso de selección.  
c) El acto de adjudicación del contrato al urbanizador, y de aprobación del programa de actuación integrada.  
d) El acto de adjudicación del contrato al empresario-constructor.  
e) El acto de aprobación del proyecto de reparcelación.  
El recurso debe interponerse en el plazo máximo de un mes contado a partir del siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto objeto de impugnación, sin perjuicio de la posibilidad de interponerlo desde la fecha en que se tenga noticia de la existencia y contenido completo del acto. El escrito de interposición se presentará en el registro del Ayuntamiento, con el contenido exigido en la Ley 30/1992.  
Veinticuatro. Pago de costes y tasas por el adjudicatario  
El pago del coste de todas las publicaciones, anuncios, etc. que sean necesarios para la adjudicación de la condición de urbanizador será repercutido al adjudicatario del contrato, esto es, a quien sea adjudicada la condición de urbanizador, una vez se acuerde la adjudicación condicionada por el Pleno.  
El adjudicatario deberá abonar las tasas e impuestos que determinan las ordenanzas fiscales de este ayuntamiento antes de la formalización del contrato.  
ANEXO   
  
1) ORDENACIÓN:  
  
2) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS:  
  
3) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION  
  
4) REQUISITOS DE LA URBANIZACION  
  
Almoradi, 31 de octubre de 2007.- El alcalde-presidente: Antonio A. Hurtado Roca.