Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3745, del 09-05-2000 (2000/3525)

ORDEN de 2 de mayo de 2000, de la Conselleria de Empleo, sobre concesión de ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas empresas.
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Número DOGV
:   3745

Fecha DOGV
:   09-05-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - D) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2000/3525


Fecha del documento
:   02-05-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * apoyo económico
    * condición de trabajo
    * ayuda a las empresas

ORDEN de 2 de mayo de 2000, de la Conselleria de Empleo, sobre concesión de ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas empresas. [2000/M3525]
  
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 5, establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. Del mismo modo, las administraciones públicas fomentarán aquellas actividades en orden a reducir los riesgos laborales y a la promoción de estructuras eficaces de prevención.
  
Es notorio el predominio de las pequeñas empresas en el modelo industrial implantado en la Comunidad Valenciana, que a menudo no cuentan con los medios necesarios para dedicar una parte suficiente de sus recursos a la seguridad de sus instalaciones, lo que origina un mayor número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y que no disponen de las infraestructuras necesarias que faciliten el desarrollo de la acción preventiva, especialmente en lo que se refiere a la información de los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos y la formación teórica y práctica, suficiente y adecuada para su protección.
  
La industria de la madera, del calzado y del textil, de gran tradición en la Comunidad Valenciana, utiliza en sus procesos de fabricación y acabado, sustancias y preparados químicos que por su composición y la naturaleza de sus componentes están clasificados como peligrosos.
  
La comercialización de estos productos está sujeta a una legislación específica de clasificación, envasado y etiquetado, en donde se advierte de los peligros esenciales y riesgos específicos, y se indican los consejos de prudencia o recomendaciones de seguridad para su utilización. En la industria se utilizan estas sustancias y preparados generalmente en procesos abiertos en puestos de trabajo en los que los trabajadores están expuestos a los vapores desprendidos o a los aerosoles formados en las operaciones de aplicación mediante pistolas neumáticas (aerografía), y asimismo existe un gran número de puestos de trabajo con emisión de polvos, especialmente en la industria de la madera.
  
La exposición a estos vapores, aerosoles y polvos puede ser peligrosa para la salud de los trabajadores, si sus concentraciones en el ambiente de trabajo superan los valores límite de referencia. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 14, establece el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, que el empresario deberá garantizar en cumplimiento del deber de protección.
  
Para garantizar un ambiente de trabajo que no suponga riesgo para la salud de los trabajadores por la exposición a estos agentes químicos peligrosos, es frecuentemente necesario su control mediante instalaciones de extracciones localizadas de aire en los puestos de trabajo.
  
La utilización de estos sistemas de protección colectiva es de aplicación si queremos combatir el riesgo en su origen, tal y como establece el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y evitar enfermedades derivadas del trabajo que tanta alarma social producen, amén de daños para los trabajadores, sus familiares y las empresas que los ocupan.
  
Asimismo, la publicación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, establece que estos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el anexo I.5, entre los que figura que cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos, o por emisión de polvo, deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.
  
En consecuencia, está plenamente justificada la actuación en los sectores de la madera, del calzado y del textil, mediante la concesión de ayudas para protecciones colectivas dirigidas a las pequeñas empresas y destinadas a la renovación y/o adquisición de sistemas de extracción localizada de aire como forma de fomentar su uso generalizado.
  
La Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, tiene atribuidas las competencias en materia de trabajo y seguridad e higiene. En el ejercicio de tales competencias, procede establecer un régimen de ayudas que tienda a conseguir la promoción de la prevención en las pequeñas empresas de los sectores de la madera, calzado y textil radicadas en la Comunidad Valenciana.
  
Con la Orden de 26 de noviembre de 1.998, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas empresas (DOGV nº 3.387 de 04.12.1998), se introdujo la regulación de estas ayudas en el pasado ejercicio. El gran número de solicitudes presentadas, y el hecho de que no todas pudieran ser atendidas por razones de limitaciones presupuestarias, aconsejan tener en cuenta dichas solicitudes que podrán ser estimadas al amparo de la presente orden, y que gocen de prioridad para la tramitación en los términos que establece el artículo 6.
  
Por último, se señala que las ayudas que se concedan de acuerdo con lo previsto en la presente orden lo serán en el marco de la Comunicación de la Comisión 96/C 68/06 (DOCE C 68, de 6 de marzo de 1996).
  
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, y el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,
  
Dispongo
  
Artículo 1. Objeto y ámbito
  
1. El objeto de la presente orden es establecer el régimen de concesión de ayudas para la realización de inversiones destinadas para la mejora de las condiciones de trabajo en las pequeñas empresas de la Comunidad Valenciana de los sectores de la madera, calzado y textil, así como para la realización de inversiones en la Comunidad Valenciana por las organizaciones empresariales, entidades sindicales y las fundaciones constituidas por ellas para la mejora de las condiciones de trabajo en las pequeñas empresas de sus ámbitos de actuación.
  
2.El régimen de ayudas será de aplicación tal y como se determina en los siguientes artículos.
  
Artículo 2. Acciones que pueden tener apoyo
  
Las ayudas podrán ir destinadas a las actuaciones siguientes:
  
a) Inversiones en las pequeñas empresas de los sectores de la madera, calzado y textil para la renovación y/o adquisición del sistema o partes del sistema de extracción localizada de aire para eliminar o reducir las concentraciones de los agentes químicos (gases, vapores, polvos, etc.), presentes en los puestos de trabajo a límites tolerables.
  
El sistema de extracción localizada de aire se compone de:
  
- campana,
  
- conductos y accesorios,
  
- ventiladores, y
  
- depuradores.
  
b) Inversiones en infraestructura y medios instrumentales, que faciliten a las pequeñas empresas el desarrollo de las acciones de evaluación de riesgos y formación e información, teórica y práctica, sobre prevención de riesgos laborales.
  
Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas
  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas:
  
a) Para las actuaciones señaladas en el artículo 2.a), las pequeñas empresas de la Comunidad Valenciana de los sectores de la madera, calzado y textil que ocupen hasta 50 trabajadores y que, adicionalmente, no incumplan los criterios de independencia recomendados por la Comisión Europea para su consideración como tales.
  
b) Para las actuaciones señaladas en el artículo 2.b), las organizaciones empresariales y sindicales de la Comunidad Valenciana, constituidas al amparo de la Ley 19/1977 o de la Ley Orgánica 11/1985, y las fundaciones constituidas por ellas entre cuyos objetivos se encuentre la prevención de riesgos laborales.
  
Artículo 4. Cuantía de las ayudas
  
1.Para las acciones señaladas en el artículo 2.a), las ayudas serán del 40% del coste de la inversión. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por la adquisición de bienes no será considerado, a efectos de la ayuda, como coste de la inversión. En ningún caso, la cuantía de las ayudas podrá ser superior a un millón de pesetas por beneficiario. Este umbral de un millón de pesetas se aplicará al conjunto de la empresa beneficiaria y de todas las empresas en las que se posea directa o indirectamente el 25% o más de su capital o de los derechos de voto.
  
2.Para las acciones señaladas en el artículo 2.b), las ayudas podrán alcanzar una cuantía máxima del 75% del coste de la inversión. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no será considerado, a efectos de la ayuda, como coste de la inversión. En ningún caso, la cuantía de la ayuda podrá ser superior a cuatro millones de pesetas por beneficiario.
  
3.Las ayudas que se establecen en la presente orden tendrán la consideración de subvenciones.
  
4.El importe de las ayudas no podrá hacer que el importe total de ayudas de minimis que reciba la empresa durante un periodo de tres años sea superior al límite de 100.000 euros.
  
Artículo 5. Presentación de solicitudes y plazo
  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente orden deberán dirigirse a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, y se presentarán en el impreso normalizado en los registros de las correspondientes direcciones territoriales de Empleo, o en cualesquiera otra de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2.Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan:
  
a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y de su representante legal, en su caso.
  
b) Justificación de hallarse el solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos previstos en la Orden de 30 de mayo de 1996,de la Conselleria de Economía y Hacienda, cuya vigencia deberá extenderse hasta la fecha de concesión de la subvención.
  
c) Memoria descriptiva de la actuación para la que se solicita la ayuda y su repercusión en la mejora de las condiciones de trabajo, programa de actuación que refleje su desarrollo temporal y garantice la ejecución de las inversiones en el ejercicio para el que se solicita la subvención, así como presupuesto detallado por partidas o facturas proforma. En caso de resultar necesario por la naturaleza de la actuación para realizar, deberá presentarse proyecto técnico, que deberá ser sometido a informe de a Oficina de Supervisión de Proyectos o de técnicos designados por la conselleria.
  
d) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se han presentado con anterioridad ante la Conselleria de Empleo, y no han experimentado variación.
  
e) Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 3 y en el artículo 4.1 de la presente orden.
  
f) Declaración responsable, según modelo, de las ayudas de minimis concedidas por cualquier proyecto a la empresa durante los últimos tres años, contados desde la primera ayuda obtenida por la norma de minimis, con indicación del importe, el organismo, la fecha de concesión, el régimen de ayudas en que se ampara; o, en su caso, la declaración responsable de no haber recibido ninguna.
  
3. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 31 de mayo de 2000.
  
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.
  
Artículo 6. Criterios de evaluación de las solicitudes
  
Las ayudas se concederán a las entidades que cumplan los requisitos, por orden de registro de entrada del expediente completo, hasta agotar el crédito disponible.
  
Artículo 7. Resolución de la concesión de ayudas
  
1. Las direcciones territoriales de Empleo remitirán los expedientes a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, tras comprobar la documentación aportada por los solicitantes y subsanadas las deficiencias observadas, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.
  
3. La competencia para la concesión o denegación de las ayudas contempladas en la presente orden corresponde al conseller de Empleo.
  
4. La resolución de concesión fijará expresamente la cuantía de la ayuda e incorporará, en su caso, las condiciones y las obligaciones que afecten al desarrollo del proyecto, pudiendo establecer plazos parciales para que el beneficiario ejecute como mínimo un determinado porcentaje del proyecto y para la justificación del cumplimiento de otras condiciones.
  
5. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
6. El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen para la concesión de las ayudas que se establecen en la presente orden será de dos meses contados desde la fecha en que el expediente se encuentre completo. Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución, se entenderá desestimada la solicitud de concesión de ayuda en los términos previstos en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
7. Las resoluciones a que se refieren los párrafos anteriores agotan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución correspondiente.
  
Artículo 8. Resolución de incidencias
  
1. El órgano competente para la concesión de las ayudas contempladas en la presente orden resolverá las incidencias que se produzcan con posterioridad a dicha concesión, y en especial los supuestos de:
  
- Cambios de titular.
  
- Cambios de ubicación.
  
- Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión, con carácter excepcional.
  
- Modificaciones justificadas del proyecto inicial.
  
- Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto a los efectos de liquidación de la ayuda.
  
2. El beneficiario deberá comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
  
Artículo 9. Control de las acciones
  
1. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral realizará el control y el seguimiento de los proyectos por medio de las inspecciones que estime necesarias, y emitirá certificado final de conformidad a los objetivos del proyecto aprobado, que servirá de base para la tramitación del correspondiente expediente de liquidación de la subvención concedida.
  
2.El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General, en relación con las subvenciones o ayudas concedidas.
  
Artículo 10. Pago de las ayudas
  
1. El pago de las ayudas se efectuará una vez ejecutado el proyecto en su totalidad o en las fases previstas, de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados para la concesión de la ayuda.
  
2. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los beneficiarios, en el plazo que se determine en la resolución de concesión de la ayuda, y en todo caso con anterioridad al 1 de octubre del 2000, deberán presentar:
  
a) Facturas del gasto efectuado, de acuerdo con la normativa vigente.
  
b) En los casos en que resulte exigible proyecto técnico, certificación de obra expedida por un técnico competente.
  
c) Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se hubieran establecido en la resolución de la concesión de la ayuda.
  
3.No será subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) satisfecho por la adquisición de bienes y servicios y, en general, cualquier impuesto pagado por el beneficiario.
  
Artículo 11. Minoración y resolución de las ayudas concedidas
  
1. La alteración de alguna de las características del proyecto aprobado, el incumplimiento de condiciones y plazos establecidos en la resolución, la falta de ejecución parcial de la inversión, la insuficiente justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas que en su conjunto excedan de los límites establecidos, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.
  
2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, la variación de la finalidad de la actuación, o la falta de justificación de la realización del proyecto, dará lugar a la incoación por el órgano competente para la concesión de las ayudas, del correspondiente expediente que podrá finalizar, en su caso, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la misma. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
  
Disposiciones adicionales
  
Primera
  
De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1.999, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2.000, las ayudas previstas en la presente orden se financiarán con cargo a la sección 13, programa 315.10, Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales, línea 702, con un importe global máximo de 972.864.563 pesetas.
  
Segunda
  
En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
  
Disposiciones finales
  
Primera
  
Se faculta al director general de Trabajo y Seguridad Laboral para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor el día de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 2 de mayo de 2000
  
El conseller de Empleo,