Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9854, del 22-05-2024 (2024/4647)

DECRETO 54/2024, de 13 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo (CEE) y enclaves laborales y convocatoria para 2024.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9854

Fecha DOGV
:   22-05-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2024/4647


Fecha del documento
:   13-05-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Educación, Universidades y Empleo

Tipo de documento
:   Decreto

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Educación, Universidades y Empleo
    * discapacitado

DECRETO 54/2024, de 13 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo (CEE) y enclaves laborales y convocatoria para 2024. [2024/4647]  
ÍNDICE  
Preámbulo  
Título I. Disposiciones generales y procedimiento  
Capítulo I. Disposiciones generales  
Artículo 1. Objeto y ámbito  
Artículo 2. Definiciones  
Artículo 3. Programas de ayudas  
Artículo 4. Financiación  
Artículo 5. Entidades beneficiarias  
Artículo 6. Requisitos para ser entidad beneficiaria  
Artículo 7. Obligaciones generales de las entidades beneficiarias  
Capítulo II. Procedimiento general para la concesión de las ayudas.  
Artículo 8. Presentación de solicitudes, plazo y documentación  
Artículo 9. Procedimiento para la concesión de las ayudas  
Artículo 10. Medio de notificación  
Artículo 11. Resolución de incidencias  
Artículo 12. Compatibilidad y concurrencia de ayudas y subvenciones  
Artículo 13. Control de las ayudas  
Artículo 14. Justificación del gasto y liquidación de las ayudas  
Artículo 15. Reintegro de las ayudas concedidas, procedimiento de reintegro, infracciones y sanciones  
Título II. Centros Especiales de Empleo.  
Disposiciones generales.  
Artículo 16. Requisitos generales  
Capítulo I. Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido  
Artículo 17. Subvención del coste salarial  
Artículo 18. Subvención para financiar los costes correspondientes al informe auditor para la justificación de la ayuda salarial  
Artículo 19. Subvención para adaptación de puestos  
Artículo 20. Documentación específica para la presentación de las solicitudes  
Artículo 21. Plazo para la presentación de las solicitudes  
Artículo 22. Documentación justificativa relativa al personal discapacidad para la subvención del coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personal con discapacidad y plazos de presentación e informe auditor  
Artículo 23. Pago y justificación del gasto de la ayuda salarial  
Artículo 24. Justificación y pago de la ayuda para informe auditor y ayudas para adaptación de puestos  
Capítulo II. Programa de ayudas a proyectos de inserción en empresas ordinarias a través de CEE  
Artículo 25. Objeto de las ayudas  
Artículo 26. Requisitos y compatibilidad  
Artículo 27. Cuantías  
Artículo 28. Documentación para la presentación de las solicitudes  
Artículo 29. Plazo para la presentación de las solicitudes  
Artículo 30. Justificación y pago  
Título III. Programa de ayudas a empresas ordinarias por la contratación indefinida de personal con discapacidad procedentes de enclaves laborales  
Artículo 31. Objeto  
Artículo 32. Concepto y Requisitos del enclave y de las subvenciones  
Artículo 33. Ayudas  
Artículo 34. Documentación en la presentación de solicitudes  
Artículo 35. Plazos de presentación de las solicitudes  
Artículo 36. Exclusiones e incompatibilidades  
Artículo 37. Obligaciones de las entidades beneficiarias  
Artículo 38. Justificación y pago  
Disposiciones adicionales.  
Disposición adicional primera. Régimen jurídico.  
Disposición adicional segunda. Compatibilidad con el Mercado Común: requisitos y exclusiones.  
Disposición adicional tercera. Protección de datos  
Disposiciones finales.  
Disposición final primera. Facultades de ejecución.  
Disposición final segunda. Efectos.  
Disposición final tercera. Consideración del decreto.  
La Constitución Española de 1978 dispone, en su artículo 49, que los poderes públicos realizarán una política de integración de las personas con discapacidad, a las que prestarán la atención especializada que requieran y las ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos. Entre estos derechos, el artículo 35 del texto constitucional reconoce el derecho al trabajo de todos los españoles.  
El Estatut de Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprobado por la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, atribuye a la Generalitat en su artículo 49 competencia exclusiva en la regulación de los aspectos organizativos y procedimentales propios de la administración autonómica, así como, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución, y en su caso, de las bases y ordenación de la actividad económica general del Estado, en la gestión de las funciones del servicio público de empleo estatal en el ámbito del trabajo, ocupación y formación, estableciendo asimismo en su artículo 51 que corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral, asumiendo las facultades, competencias y servicios que en este ámbito y a nivel de ejecución ostenta el Estado con respecto a las relaciones laborales, sin perjuicio de la alta inspección de este, y el fomento activo de la ocupación.  
El Real decreto 268/1985, de 23 de enero, aprobó el traspaso a la Comunidad Valenciana de las funciones y servicios del Estado en materia de Unidad Administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, entre los que se encontraban las ayudas para la integración laboral de las personas con discapacidad, y más concretamente, las ayudas a los Centros Especiales de Empleo (en adelante CEE).  
El Decreto 10/2023, de 19 de julio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, dispone que la competencia en materia de fomento del empleo corresponde a la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo.  
El Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, atribuye a la Secretaría Autonómica de Empleo, entre otras, las funciones de fomento del empleo, que las ejercerá a través de la dirección de LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación, que tiene, entre sus funciones, y de acuerdo con la Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea dicho organismo, la ejecución y el control de las políticas activas de empleo y los programas que la componen en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  
Decreto 136/2023, de 10 de agosto, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, dentro de la citada conselleria, atribuye a la Secretaría Autonómica de Empleo las competencias en materia de trabajo, seguridad y salud laboral, cooperativismo y economía social, fomento del empleo, conciliación laboral, inspección de trabajo, intermediación en el mercado laboral y relaciones laborales, actividad y funcionamiento de LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación), y ejerce la superior dirección de esta entidad.  
Entre los programas de fomento de empleo desarrollados por la Comunitat Valenciana, se encuentran los programas de ayudas destinadas a la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, cuya normativa básica es la regulada en el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
Dicho Real Decreto Legislativo reconoce el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación y prevé el ejercicio de dicho derecho a través de los siguientes tipos de empleo:  
a) Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, incluidos los servicios de empleo con apoyo.  
b) Empleo protegido, en Centros Especiales de Empleo (en adelante, CEE) y en enclaves laborales.  
c) Empleo autónomo.  
Asimismo, recoge la obligación de las empresas de adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, e introduce el fomento del empleo de las personas con discapacidad mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su inclusión laboral.  
De acuerdo con dicho Real decreto legislativo 1/2013, y como empleo protegido, «Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente.  
La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 % de aquella. A estos efectos no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.  
Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva.»  
Actualmente, el régimen jurídico de los CEE es el previsto, entre otros, en el Real decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo y en el Decreto 227/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula la calificación e inscripción de los centros especiales de empleo en el Registro de centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana (DOGV 8467, 18.01.2019), modificado por el Decreto 70/2020, de 19 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 227/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula la calificación e inscripción de los centros especiales de empleo en el Registro de centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana (DOGV 8840, 22.06.2020).  
Por su parte, las ayudas y subvenciones de políticas activas se han desarrollado a través del Real decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo que, ha venido a regular de modo integral y sistematizado los programas comunes de activación para el empleo, estableciendo los contenidos esenciales que deben formar parte de los mismos. En dicho Real decreto se incluyen los contenidos mínimos de los siguientes programas:  
1. Subvención del coste salarial de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo.  
2. Subvención, por puesto de trabajo, para financiar gastos ocasionados como consecuencia de la adaptación de puestos de trabajo, incluidas las medidas de accesibilidad universal física, sensorial, cognitiva y de comunicación y las medidas adecuadas en función de las necesidades de cada situación concreta, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para la entidad, así como la dotación de equipos de protección personal para evitar riesgos laborales a las personas trabajadoras con discapacidad contratadas y la eliminación de barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo.  
3. Ayudas destinadas al tránsito de las personas trabajadoras con discapacidad desde los centros especiales de empleo al empleo en empresas del mercado ordinario, a través de los enclaves laborales, incentivando su contratación con carácter indefinido, incluidas las medidas de adaptación de puestos, cuyo régimen jurídico viene regulado en el Real decreto 290/2004, de 20 de febrero por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.  
Asimismo, y para la consecución de dichos fines de inserción, este decreto incluye además dos programas propios de la Comunitat Valenciana: un programa de ayudas para financiar los costes correspondientes al informe auditor para la justificación de la ayuda salarial y otro programa de ayudas a los proyectos de inserción en empresas ordinarias a través de CEE (ayudas a los CEE que inserten personal del propio CEE en la empresa ordinaria previa realización de un itinerario de inserción).  
Atendiendo a la singularidad derivada de las difíciles circunstancias de inserción laboral del colectivo de personas con discapacidad, que permiten apreciar la concurrencia de razones de interés público, económico y social que dificultan la convocatoria pública de las referidas subvenciones, el Real decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional, autoriza la concesión directa de las ayudas destinadas a los CEE y a las empresas ordinarias por contratación de trabajadores procedentes de los enclaves laborales reguladas en el Real decreto 290/2004, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y las excluye de la aplicación del procedimiento de concurrencia competitiva.  
Por otro lado, las ayudas a los CEE por inserción de personal en empresas ordinarias, previa realización de un itinerario, también deben concederse por el procedimiento de concesión directa ya que existen razones de interés público que justifican el otorgamiento directo de dichas subvenciones, basadas en el interés general, de tipo fundamentalmente social. Esto se debe a que las ayudas a los CEE por la inserción del personal con discapacidad en empresas del mercado ordinario se enmarcan en la obligación de los CEE de integración del mayor número posible de estas en el mercado ordinario de trabajo, según lo dispuesto en el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
La Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, incluyó en su artículo tercero como modificación de la Ley 5/2011, de 29 marzo, de Economía Social, la declaración de los Centros Especiales de Empleo y de las Empresas de Inserción como entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General.  
Por su parte, la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en su artículo 160.1.A señala al Consell como órgano competente para la concesión de aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública; regulando en el artículo 168.1.C dicha concesión directa y estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se podrán conceder, de forma directa y con carácter excepcional. Para ello, el Consell aprobará, mediante decreto, a propuesta de la conselleria competente por razón de la materia, y previo informe de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, las bases reguladoras a aplicar en cada caso, que no tendrán la consideración de disposiciones de carácter general y se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Además, tratándose de legislación básica del Estado, la aplicación del procedimiento de concesión directa viene recogida en el propio ordenamiento jurídico de la Comunitat Valenciana a través del artículo 163 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
La Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad, modificada por la Ley 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, recoge como medidas de fomento para la inserción laboral de las personas con discapacidad, tanto las ayudas dirigidas a la creación, mantenimiento e incremento del empleo en los centros especiales de empleo como creación de puestos de trabajo ordinario destinados a las personas con discapacidad con necesidad de apoyo generalizado, a través de acciones basadas en el empleo con apoyo y enclaves laborales.  
El 7 de diciembre de 2021 se publica el Real decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, como uno de los instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, y estando la actuación contemplada en la Reforma 5 «Modernización de políticas activas de empleo», incluida en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», encuadrado en el área política VIII «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021. Dicha Estrategia incluye al colectivo de «personas con discapacidad» como uno de los colectivos a los que tienen que ir destinadas las políticas de empleo ya que estas contribuyen a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, actuando sobre las causas de la menor empleabilidad como los desajustes en la cualificación, las dificultades para adquirir experiencia profesional o habilidades para la búsqueda y el mantenimiento de la ocupación.  
Además modifica el artículo 5.c del Real decreto 818/2021 en cuanto a la consideración de personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, entendiendo por tales a las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental o con discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.  
En fecha 11 de enero de 2023, se publicó el Real Decreto ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas, que además de regular las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, introduce un Capítulo I de cumplimiento obligatorio para las entidades beneficiarias de subvenciones públicas que, en materia de empleo, se establezcan por disposiciones dictadas al amparo de competencias estatales.  
El 1 de marzo de 2023 se ha publicado la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, en cuya disposición final segunda modifica los apartados 1 y 2 del artículo 4, así como el apartado 1 del artículo 35 y el apartado 2 del artículo 38, del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, regulando, por un lado, la obligatoria utilización de la terminología «persona con discapacidad» o «personas con discapacidad», y estableciendo por otro lado que: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, a los efectos del presente capítulo VI y del ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, tendrán la consideración de personas con discapacidad las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad».  
Dicha equiparación de discapacidad e incapacidad laboral, en los términos que señala la disposición final segunda de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, ha entrado en vigor al día siguiente de la publicación de dicha Ley en el BOE y, tiene especial relevancia a efectos laborales.  
En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, a propuesta del conseller de Educación, Universidades y Empleo, previa deliberación del Consell, en la reunión de 13 de mayo de 2024  
  
  
DECRETO  
  
Título I  
Disposiciones generales y procedimiento  
  
Capítulo I  
Disposiciones generales  
  
Artículo 1. Objeto y ámbito  
1. Este decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a promover y facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana, mediante ayudas a los Centros Especiales de Empleo, tanto para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad como para el tránsito de sus trabajadores a la empresa ordinaria, y a las empresas ordinarias que contraten personal con discapacidad procedentes de enclaves laborales y convocar las ayudas para el ejercicio 2024.  
2. Todas las acciones subvencionables deberán realizarse en centros de trabajo que desarrollen su actividad en la Comunitat Valenciana y en el ejercicio 2024.  
  
Artículo 2. Definiciones  
1. Concepto de Centro Especial de Empleo y Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social:  
«Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente.  
La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquella. A estos efectos no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.  
Los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social son «aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º del artículo 43 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, son promovidos y participados en más de un 50 %, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social.»  
2. Concepto de Coste salarial: salario, salario mínimo interprofesional y subvenciones coste salarial  
a) De acuerdo con lo establecido en los artículos 26 y 27 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:  
Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.  
Se considera S.M.I. la cuantía retributiva mínima que percibe una persona trabajadora referida a la jornada legal de trabajo, establecida anualmente por el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas, y en cuyo importe se computa únicamente la retribución en dinero.  
b) Las subvenciones de coste salarial reguladas en el artículo 17 del presente decreto financian un porcentaje del S.M.I. anual por cada persona trabajadora, en función de su jornada de trabajo, graduado según el tipo y grado de discapacidad de las personas destinatarias últimas de este programa, así como la estabilidad de los puestos de trabajo que ocupan, y la edad y de la condición de ser mujer o no.  
3. Concepto de empresa ordinaria  
La empresa ordinaria es cualquier organización o institución dedicada a la producción de bienes y/o prestación de servicios para la consecución de un objetivo económico, en la que existen trabajadores con o sin discapacidad, siempre que no tenga la calificación como centro especial de empleo, ya sean públicas o privadas  
4. Concepto de Empleo protegido.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el empleo protegido es el realizado en los centros especiales de empleo y en los enclaves laborales.  
5. Concepto de Enclave laboral  
De acuerdo con lo establecido en el Real decreto 290/2004, de 20 de febrero por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad, se entiende por enclave laboral el contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un centro especial de empleo para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad normal de aquella y para cuya realización un grupo de trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora.  
6. Concepto de Informes de adecuación a los puestos de trabajo, Análisis de puestos de trabajo y Centro de Valoración y Orientación de Discapacidades  
Los Informes de adecuación al puesto de trabajo son los informes emitidos por el Centro de Valoración y Orientación de Discapacidades correspondiente a la provincia de que se trate, previa solicitud presentada por un centro especial de empleo, en la que se incluye un «Análisis del puesto de Trabajo», donde debe describirse por dicho CEE los datos generales del puesto de trabajo que va a desempeñar o desempeña la persona contratada por el mismo, análisis de tareas habituales del `puesto, perfil de exigencias, condiciones, medidas y equipos, condiciones ambientales y factores de riesgo, con el objeto de comprobar si dicho puesto es adecuado para la persona con discapacidad que lo desempeña.  
Los centros de valoración y orientación de discapacidades se configuran como la estructura física y funcional de carácter público en el ámbito de la Comunitat Valenciana, dependientes de la conselleria con competencia en materia de servicios sociales, destinada a la valoración y calificación de la discapacidad, y determinación de su tipo y grado, así como las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación de la persona con discapacidad.  
7. Concepto de «personas con discapacidad», «personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo» y modo de acreditación.  
a) Se considera como «personas con discapacidad», a los efectos de este decreto, a las personas con discapacidad, que cumplen las condiciones legales que establece el artículo 4.2 de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, a los efectos de este decreto, también tendrán la consideración de personas con discapacidad «las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad»  
b) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.c del Real decreto 818/2021, se consideran como «personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo», a las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental, con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento; así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.  
Así mismo se considerará que presentan un trastorno de la salud mental o una discapacidad intelectual igual o superior al 33 % a las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, en quienes concurra una discapacidad de carácter intelectual o mental.  
Por último, en los casos de pluridiscapacidad intelectual o enfermedad mental y física o sensorial igual o superior al 33 %, prevalecerá como tipo de discapacidad la discapacidad intelectual o enfermedad mental.  
c) La acreditación de la condición de persona con discapacidad se efectuará mediante:  
1º) La calificación y reconocimiento del grado y tipo de discapacidad por parte de los equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad, a los que hace referencia el artículo 12 del Real decreto legislativo 1/2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, o en caso de falta de constitución, por los centros de evaluación de personas con discapacidad, dependientes de las comunidades autónomas.  
A efectos de la determinación del grado y tipo de discapacidad se tendrá en cuenta la valoración efectuada por los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidades de la Comunidad Valenciana, disponible mediante consultas en la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad (PAI), en el caso de valoraciones efectuadas por los centros de la Comunidad Valenciana. En el caso de valoraciones efectuadas por centros de evaluación de otras comunidades autónomas, se deberá acreditar el tipo y grado de discapacidad obtenido según dichas valoraciones.  
2º) La resolución emitida por los organismos competentes a que hace referencia el Real decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  
3º) En el caso de pensionistas de la Seguridad Social, que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y a las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, para la determinación del tipo de discapacidad intelectual o de la salud mental, o con trastorno del espectro del autismo, se tendrá en cuenta la incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, en la que el certificado del organismo competente para el reconocimiento recoja la concurrencia de dichos trastornos.  
8. Persona desempleada  
Se considera persona desempleada aquella que figure inscrita como demandante de empleo en el Espai Labora correspondiente y que carezca de ocupación el día inmediatamente anterior a su contratación, según el informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social.  
9. Concepto de Servicios de ajuste personal y social en centros especiales de empleo  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, se entenderán por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva.  
10. Concepto de Unidades de Apoyo  
Se entiende por Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional los equipos multiprofesionales enmarcados dentro de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo, que mediante el desarrollo de las funciones y cometidos previstos en el artículo 2 del real decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo, permiten ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que los trabajadores con discapacidad de dichos Centros tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión en el mismo.  
  
Artículo 3. Programas de ayudas  
Con el fin de facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana, se establecen los siguientes programas:  
1. Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido, regulado en el capítulo I del título II del presente decreto y que se divide en tres subprogramas:  
a) Subvención del coste salarial de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo.  
b) Subvención para financiar los costes correspondientes al informe auditor para la justificación de la ayuda salarial.  
c) Ayudas a proyectos de inserción laboral en CEE para financiar los costes de adaptación de puestos de trabajo.  
2. Programa ayudas para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario a través de CEE, reguladas en el Capítulo II del Título II del presente decreto  
3. Programa de ayudas destinadas al tránsito de las personas trabajadoras con discapacidad desde los centros especiales de empleo al empleo en empresas del mercado ordinario, a través de los enclaves laborales, incentivando su contratación con carácter indefinido, incluidas las medidas de adaptación de puestos, reguladas en el título III del presente decreto.  
  
Artículo 4. Financiación  
1. Las ayudas reguladas en el presente decreto se financiarán con cargo al programa presupuestario 322C01-Fomento de Empleo, del presupuesto de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación para el ejercicio 2024, con un importe global máximo estimado de 23.151.303 €, de acuerdo con el siguiente detalle:  
a) Las ayudas del coste salarial de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo: se financiarán con cargo al Capítulo 4, código de línea S0456000, por un importe máximo de 94.942.454 €, correspondientes a fondos procedentes del Servicio de Empleo Público Estatal (en adelante, SEPE).  
b) Las ayudas para financiar los costes correspondientes al informe auditor para la justificación de la ayuda salarial, se financiarán con cargo al Capítulo 4, código de línea S0456000, por un importe máximo de 500.000 € correspondientes a fondos procedentes del SEPE.  
c) Las ayudas para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario a través de CEE, se financiarán con cargo al Capítulo 4, código de línea S0456000, por un importe máximo de 30.000 €, correspondientes a fondos propios no condicionados de la Generalitat.  
d) Las ayudas para financiar gastos ocasionados como consecuencia de la adaptación de puestos de trabajo, en CEE y empresas ordinarias que contraten personal con discapacidad procedentes de un enclave laboral, se financiarán con cargo al capítulo 7, código línea S0269000, por un importe máximo de 50.000 €, correspondiente a fondos procedentes del SEPE.  
e) Las ayudas a la empresa ordinaria destinadas al tránsito de las personas trabajadoras con discapacidad desde los centros especiales de empleo al empleo en empresas del mercado ordinario, a través de los enclaves laborales, incentivando su contratación con carácter indefinido, se financiarán con cargo al Capítulo 4, código de línea S0456000, por un importe máximo de 60.000 €, correspondientes a fondos procedentes del SEPE.  
2. La distribución de créditos entre los programas regulados en los apartados a, b, c y e del punto 1 de este artículo, tienen carácter estimativo. Si una vez finalizados los plazos de presentación de solicitudes existiese crédito sobrante en alguno de los programas, este podría destinarse a financiar las solicitudes de otro programa que no pudieran ser atendidas por falta de fondos, mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación que fijará la distribución definitiva y que será publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sin necesidad del establecimiento de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.  
  
Artículo 5. Entidades beneficiarias  
Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en este decreto los CEE inscritos en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana y las empresas ordinarias que, cumpliendo los requisitos y actuaciones establecidos en este decreto, desarrollen su actividad en centros de trabajo ubicados en territorio de la Comunitat Valenciana.  
  
Artículo 6 Requisitos para ser entidad beneficiaria  
1. No podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en este decreto, las personas o entidades incursas en los supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
Esta circunstancia se acreditará mediante declaración responsable suscrita por el representante legal de la entidad solicitante, y será comprobada por LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, mediante las consultas operativas con información procedente de las administraciones públicas.  
Para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, cuando las entidades solicitantes sean únicamente sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no podrán obtener la condición de entidad beneficiaria o colaboradora las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la citada ley.  
Esta circunstancia se acreditará de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3.bis de la Ley 38/2003, según se trate de entidades jurídicas que, de acuerdo con la normativa contable, puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada o no.  
2. Para todos los programas regulados en el presente decreto, salvo las ayudas a CEE para financiar los costes correspondientes al informe auditor para la justificación de la ayuda salarial, establecidas en el apartado b del artículo 3: Podrán ser beneficiarias de las ayudas las entidades que reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) núm. 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el Mercado Interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 187 de 26.6.2014), salvo los supuestos expresamente excluidos por el Reglamento, entre los que figuran, las empresas en crisis o aquellas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el Mercado Común, según lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la presente orden.  
Dicho Reglamento ha sido modificado por los siguientes Reglamentos:  
Reglamento (UE) 2017/1084 de la Comisión de 14 de junio de 2017, por el cual se modifica el Reglamento (UE) núm. 651/2014 en cuanto a infraestructuras portuarias y aeroportuarias, los umbrales de notificación para las ayudas a la cultura y a la conservación del patrimonio y para las ayudas a infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales, así como los regímenes de ayudas de funcionamiento de finalidad regional, y por el cual se modifica el Reglamento (UE) núm. 702/2014 en cuanto al cálculo de los costes subvencionables (DOUE L 156 de 20.6.2017); así mismo por el Reglamento (UE) núm. 2020/972 de la Comisión, de 2 de julio de 2020, por el cual se modifican el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 en cuanto a su prórroga y el Reglamento (UE) núm. 2021/1237 de la Comisión, de 23 de julio de 2021, por el cual se modifica el Reglamento (UE) núm. 651/2014, por el cual se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE L 270 de 29.07.2021); y también por el Reglamento (UE) 2023/1315 de la Comisión de 23 de junio de 2023 por el cual se modifican el Reglamento (UE) núm. 651/2014, por el cual se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y el Reglamento (UE) 2022/2473, por el cual se declaran determinadas categorías de ayuda a las empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE L 167 de 30.6.2023)  
Las referencias al Reglamento (UE) núm. 651/2014 y a sus modificaciones aprobadas en 2017, 2020, 2021 y 2023 se entenderán hechas al RGEC.  
El cumplimiento de este requisito se acreditará mediante declaración responsable suscrita por el representante legal de la entidad solicitante, y será comprobada por LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, mediante verificaciones dentro del correspondiente Plan de Control Anual de Subvenciones.  
3. Para las ayudas para financiar los costes correspondientes al informe auditor para la justificación de la ayuda salarial, establecidas en el apartado b del artículo 3 del presente decreto: podrán ser beneficiarias las entidades que reúnan los requisitos establecidos en el REGLAMENTO (UE) 2023/3976 NZ LA COMISIÓN de 13 de diciembre de 2023 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L-2023-81090 de 15.12.2023).  
Esta circunstancia se acreditará mediante declaración responsable suscrita por el representante legal de la entidad solicitante, y será comprobada por LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, mediante las consultas operativas con información procedente de las administraciones públicas y verificaciones dentro del correspondiente Plan de Control Anual de Subvenciones.  
4. Las entidades beneficiarias deberán disponer de un plan de igualdad, en los supuestos en que resulten obligados a ello, teniendo en cuenta, en su caso, los plazos para iniciar la negociación y para tener negociado, aprobado y presentada la solicitud de registro establecidos en el artículo 4 del Real decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
Se entenderá cumplido dicho requisito con la inscripción obligatoria en registro público de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Real decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y todo ello en relación con el artículo 4 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres.  
Se trata del denominado Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad, que en el ámbito estatal o supraautonómico, está adscrito actualmente al Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en el ámbito autonómico, está adscrito a la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo.  
Esta circunstancia se acreditará mediante declaración responsable suscrita por el representante legal de la entidad solicitante, y con la documentación establecida en el artículo 8 del presente decreto.  
  
Artículo 7. Obligaciones generales de las entidades beneficiarias  
Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones generales previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y otras normas de general aplicación y, además, las que para cada tipo de acción se establecen el presente decreto, en particular:  
1. Obligaciones de transparencia en subvenciones dirigidas a entidades públicas y entidades privadas  
a) Las entidades públicas deberán cumplir con las obligaciones de transparencia que, en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, le corresponden como entidad pública.  
b) Las entidades privadas beneficiarias de la subvención deberán cumplir las obligaciones de publicidad activa recogidas en el capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando:  
1º. Perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros.  
2º. Perciban durante el periodo de un año natural ayudas o subvenciones de las entidades públicas de la Comunitat Valenciana recogidas en el artículo 3 de la Ley 1/2022 en una cuantía superior a 50.000 euros.  
3º. Las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.  
En particular, deberán publicar la información en los términos previstos en los principios generales del artículo 5 de la Ley 19/2013, en la información institucional y organizativa del artículo 6 y en la económica y presupuestaria del artículo 8 de la misma. Dicha publicación se realizará a través de la página web de la entidad, o bien a través de la plataforma TEP - Transparencia Entidades Privadas, de GVA Oberta, a la que se puede acceder en https://gvaoberta.gva.es/es/tep.  
Esta información se deberá publicar a partir del año siguiente a aquel en el que se hayan superado los umbrales establecidos, y tendrá que mantenerse publicada durante al menos cuatro años naturales.  
c) Todas las entidades beneficiarias de subvenciones están obligadas a suministrar a la entidad concedente, previo requerimiento, toda la información que sea necesaria para el cumplimiento por esta de las obligaciones previstas en la ley de transparencia, en el plazo de 15 días hábiles desde el requerimiento. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, el órgano que ha realizado el requerimiento podrá acordar, previa advertencia y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 1/2022.  
2. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en los apartados anteriores, todas las entidades beneficiarias de subvenciones deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, incluyendo el logotipo del Servicio Público de empleo Estatal, de la Generalitat Valenciana y de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, en medios de difusión tales como carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales y en cualquier otro medio de publicidad que se realice de la actividad subvencionada.  
Además, las entidades calificadas como CEE, deberán hacer constar su carácter de «Centro Especial de Empleo calificado por LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación», mediante el correspondiente cartel indicador en cada uno de los centros de trabajo propios ubicados en la Comunitat Valenciana. Asimismo, y en los supuestos de prestación de servicios en centros de trabajo ajenos, el personal deberá acreditar su pertenencia al centro especial de empleo en el que están dados de alta mediante identificación en uniformes de trabajo.  
3. Las entidades beneficiarias deberán llevar contabilidad separada de ingresos relativos a los proyectos subvencionados.  
4. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los artículos 91 a 93 del Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real decreto 887/2006, y con lo establecido en el artículo 172 de la Ley 1/2015.  
5. Las empresas ordinarias que se acojan a las ayudas reguladas en el título III de este decreto, deberán acreditar el cumplimiento de la normativa sobre inserción laboral de personas con discapacidad, o la exención de dicha obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad.  
6. Los CEE deberán comunicar a la Subdirección general de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, en un plazo no superior a 30 días, cualquier alteración o modificación que se produzca en relación con la calificación como CEE, entre otros, los cambios de titularidad, forma jurídica, actividades, domicilio social, apertura de nuevos centros de trabajo, etc  
7. Para la Ayuda para la financiación parcial de costes salariales de las personas trabajadoras con discapacidad, los CEE deberán mantener los contratos suscritos con las personas trabajadoras con discapacidad un mínimo de tres meses y comunicar con carácter mensual, en los 10 primeros días naturales de cada mes, y en modelo normalizado, cualquier variación producida en la plantilla, y muy especialmente las bajas producidas con anterioridad al mantenimiento del período mínimo exigible de tres meses y las bajas por despidos disciplinarios o por causas objetivas, reconocidas y/o declaradas improcedentes, así como bajas por despidos colectivos.  
8. Los CEE deben prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, siendo un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario, según lo dispuesto en el artículo 43 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 227/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula la calificación e inscripción de los centros especiales de empleo en el Registro de centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana, u otra norma que pudiese sustituirlo, y con las Instrucciones de desarrollo que pudieran establecerse, en su caso, por parte de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación.  
9. Facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida por la subdirección general de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación.  
10. Las entidades beneficiarias de ayudas reguladas en el presente decreto deberán conservar registros detallados de la información y la documentación de apoyo necesarias para determinar el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el presente Decreto y en los reglamentos europeos de aplicación. Estos registros se conservarán durante diez años a partir de la fecha de concesión de la última ayuda en virtud del régimen.  
11. Las entidades beneficiarias deberán informar a las personas de las que aporta datos o documentación, relativa entre otra, al tipo y grado de discapacidad, de los siguientes aspectos:  
La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.  
La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad.  
Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso, deberá comunicar dicha oposición a la Administración a los efectos oportunos.  
Asimismo, en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, la entidad solicitante de las ayudas dispone de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.  
  
  
Capítulo II  
Procedimiento general para la concesión de las ayudas  
  
Artículo 8. Presentación de solicitudes, plazo y documentación  
1. Las solicitudes se presentarán de forma telemática, bien a través de la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es), a través del procedimiento habilitado al efecto, o bien a través de la web de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (http://www.labora.gva.es/es/centres-especials-d-ocupacio), en el enlace a la sede electrónica que hay asociado a cada ayuda publicada. Para ello, se deberá disponer de firma electrónica avanzada, bien con el certificado reconocido de entidad o certificado de representante de entidad, previamente autorizados a través del registro de representantes.  
2. El plazo para la presentación de las solicitudes es el establecido en el capítulo correspondiente a cada tipo de ayuda.  
3. Las solicitudes deberán acompañarse, además de la documentación específica que se establece para cada tipo de programa, de la documentación general siguiente firmada electrónicamente, que deberá anexarse por medios telemáticos:  
a) Datos de domiciliación bancaria: Si se trata de una nueva cuenta bancaria, la entidad deberá haberla dado de alta previamente a través del trámite telemático habilitado al efecto, y denominado «Procedimiento para tramitar las altas y bajas de las domiciliaciones bancarias» https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos'id\_proc=22199&version=amp.  
Si se ha presentado con anterioridad ante la Subdirección General de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación y no ha experimentado variación, se indicará la cuenta en que se deberá practicar el ingreso, especificando en todo caso a qué ayuda corresponde.  
b) Declaración responsable suscrita por la representación legal de que la entidad beneficiaria no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Dicha declaración responsable se encuentra incluida en la propia solicitud general de subvenciones.  
c) Para las subvenciones de importe superior a 30.000 €, declaración responsable, en modelo normalizado, acreditativa de que la entidad solicitante, no está incursa en la prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones establecida por el artículo 13.3.bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, por ser sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, ya que el CEE cumple con los plazos de pago previstos en dicha Ley 3/2004 y puede presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.  
En el caso de que la entidad solicitante, de acuerdo con la normativa contable, no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, deberán adjuntar a dicha declaración responsable:  
1.º Certificación emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas que contenga una trascripción desglosada de la información en materia de pagos descrita en la memoria de las últimas cuentas anuales auditadas, cuando de ellas se desprenda que se alcanza el nivel de cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, determinado en este apartado, en base a la información requerida por la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.  
2.º En el caso de que no sea posible emitir el certificado al que se refiere el número anterior, «Informe de Procedimientos Acordados», elaborado por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que, en base a la revisión de una muestra representativa de las facturas pendientes de pago a proveedores de la sociedad a fecha de los 10 días anteriores al inicio del periodo subvencionable, concluya sin la detección de excepciones al cumplimiento de los plazos de pago de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, o en el caso de que se detectasen, estas no impidan alcanzar el nivel de cumplimiento requerido en el último párrafo de este apartado.  
A los efectos de dicha ley, se entenderá cumplido el requisito exigido en este apartado cuando el nivel de cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, sea igual o superior al porcentaje previsto en la disposición final sexta, letra d), apartado segundo, de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, o norma que la sustituya.  
d) Para todos los programas regulados en el presente decreto, salvo las ayudas a proyectos de inserción laboral en CEE para financiar los costes correspondientes al informe auditor para la justificación de la ayuda salarial, Declaración responsable acreditativa de que la entidad beneficiaria reúne los requisitos establecidos en el RGEC y por tanto, no se encuentra incursa en ninguna de las causas de exclusión incluidas en dicho Reglamento y recogidas en la disposición adicional tercera del presente decreto.  
e) Declaración responsable, en las ayudas destinadas a financiar costes salariales de personal con discapacidad, acreditativa de que las nuevas contrataciones representan un incremento neto del número de personas empleadas en la empresa en cuestión en comparación con la media de los 12 meses previos, o en su defecto, el puesto o puestos deberán haber quedado vacantes a raíz de la dimisión de la persona trabajadora, de su discapacidad, de su jubilación, de su defunción, de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de su despido disciplinario procedente, así como en el caso de subrogaciones, por las causas legales estipuladas, y no de resultas de su despido disciplinario o por causas objetivas, declarado o reconocido improcedente o despido colectivo.  
f) Para las ayudas a proyectos de inserción laboral en CEE para financiar los costes correspondientes al informe auditor para la justificación de la ayuda salarial, establecidas en el apartado 1.b del artículo 3 del presente decreto: Declaración responsable sobre otras ayudas de mínimis concedidas en el ejercicio fiscal corriente y en los dos ejercicios anteriores, a fin de comprobar que no se superan para la entidad o entidades consideradas como «única empresa» los límites previstos en el artículo 3 del REGLAMENTO (UE) 2023/4290 WG LA COMISIÓN de 13 de diciembre de 2023 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L de 15.12.2023), así como sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado Reglamento (UE), según modelo normalizado.  
g) Declaración responsable de que el importe de las subvenciones solicitadas en base al presente decreto en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere los límites establecidos en la disposición adicional tercera del presente decreto.  
h) Plan de igualdad, en los casos de empresas obligadas a ello, teniendo en cuenta, en su caso, los plazos para iniciar la negociación y para tener negociado, aprobado y presentada la solicitud de registro establecidos en el artículo 4 del Real decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, negociado, e inscrito en registro público, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Real decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y todo ello en relación con el artículo 4 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres.  
En el caso de que el Plan de Igualdad, negociado, aprobado e inscrito en registro público, ya obre en poder del órgano instructor, deberán comunicar dicha circunstancia, haciendo constar fecha de presentación y expediente de destino, no resultando necesario presentarlo de nuevo.  
i) Declaración responsable de la persona representante legal de la entidad solicitante de las ayudas acreditativa de que ha informado a las personas de las que aporta datos o documentación, relativa entre otra, al tipo y grado de discapacidad, de los siguientes aspectos:  
La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.  
La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad.  
Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso, deberá comunicar dicha oposición a la Administración a los efectos oportunos.  
Asimismo, en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, la entidad solicitante de las ayudas dispone de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.  
Dicha declaración figura incluida en la solicitud general de subvenciones.  
4. La presentación de la solicitud conllevará la autorización de la solicitante para que la Subdirección General de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, previstas en el artículo 19 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, no siendo necesario aportar las correspondientes certificaciones.   
No obstante, la persona solicitante o representante legal podrá denegar o revocar este consentimiento efectuando comunicación escrita a la subdirección general de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, en tal sentido. En este supuesto, deberán presentarse los certificados originales positivos de la Tesorería General de la Seguridad Social, expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.  
En cuanto a la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, la persona solicitante podrá autorizar expresamente a la Subdirección General de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación para la obtención directa de dicha información, constando dicha autorización en la propia solicitud general de subvenciones.  
En defecto de dicha autorización expresa, deberán presentar los certificados originales positivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Agencia Tributaria Valenciana.  
5. La presentación de solicitudes al amparo de este decreto supone la prestación del consentimiento por parte de la entidad solicitante para que la subdirección general de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación pueda solicitar de los órganos competentes de la Seguridad Social la información estrictamente necesaria para comprobar las altas, bajas, mantenimientos e incidencias de la entidad solicitante de las ayudas.  
  
Artículo 9. Procedimiento para la concesión de las ayudas  
1. La concesión de estas subvenciones se tramitará por el procedimiento de concesión directa, de acuerdo a los dispuesto en los artículos 160 y 168.1.C de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, es decir, por fecha y hora de presentación de la solicitud, y en el caso de que esta estuviese incompleta, se entenderá como fecha de solicitud la fecha de expediente completo tras la subsanación del mismo.  
No obstante ello, en el caso de que el presupuesto resultase insuficiente para atender la totalidad de las ayudas solicitadas para la financiación parcial de los costes salariales del personal con discapacidad de los CEE de un semestre del ejercicio 2024, las ayudas se concederán de forma que alcance para financiar los mismos meses a todas las entidades solicitantes. Una vez atendidos los mismos meses a todas las entidades solicitantes del semestre, el presupuesto resultante que no alcanzase para financiar un mes completo a la totalidad de las solicitantes, se concederá según fecha y hora de solicitud y de expediente completo hasta su agotamiento.  
Si con los expedientes completos, y en aplicación del criterio anterior, siguiese existiendo crédito que no alcanzase para subvencionar un mes entero a todos los CEE, se subvencionarían expedientes completados tras una subsanación, teniendo en cuenta como fecha de solicitud la fecha y hora en que se haya subsanado completamente el expediente.  
Sin embargo, y aunque la concesión de la ayuda se realice por meses en función del presupuesto disponible, las entidades beneficiarias podrán imputar gasto de meses posteriores si debido a bajas por incapacidad temporal, debidamente justificadas y por los mismos importes que les hubieran podido corresponder, con las mensualidades tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda no alcanzasen a justificar la ayuda total concedida.  
2. El procedimiento se iniciará, para cada tipo de ayuda, de oficio, mediante la publicación íntegra del presente decreto en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
3. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a la Subdirección General de Empleo de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación.  
4. La competencia para conocer y resolver sobre las solicitudes formuladas corresponde a la persona titular de la dirección general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, o persona en quien delegue.  
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de cuatro meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes.  
Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en la legislación del procedimiento administrativo común.  
6. La resolución de concesión de las ayudas, debidamente motivada, fijará expresamente la cuantía concedida, e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse la beneficiaria de la misma, con notificación a las interesadas en los términos previstos en la legislación del procedimiento administrativo común.  
7. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Comunitat Valenciana, de conformidad con el artículo 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
Artículo 10. Medio de notificación  
1. La notificación de las resoluciones y actos de trámite se practicará a través de la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).  
2. A tal fin se remitirá un aviso a la dirección de correo electrónico que figure en el expediente, donde se informará de la puesta a disposición de una notificación en la citada sede electrónica. La falta de práctica del aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.  
  
Artículo 11. Resolución de incidencias  
1. La persona titular de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, o persona en quien delegue, será la competente para resolver las incidencias que se produzcan con posterioridad a la concesión de ayudas, como prórrogas de plazos, modificaciones justificadas del proyecto inicial o cualquier variación de las condiciones particulares de la concesión.  
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda o subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de las mismas a que se refiere el artículo 12, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.  
  
Artículo 12. Compatibilidad y concurrencia de ayudas y subvenciones  
1. Compatibilidad. Las ayudas reguladas en el presente decreto son compatibles entre sí.  
2. Concurrencia de ayudas y subvenciones. El importe de las subvenciones reguladas en este decreto en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad subvencionada que ha de desarrollar la beneficiaria, salvo límites más estrictos establecidos para cada programa concreto en la disposición adicional tercera del presente decreto.  
  
Artículo 13. Control de las ayudas  
1. Corresponderá a la persona titular de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, o persona en quien delegue, llevar a cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como la evaluación y el seguimiento de estos tres programas para lo cual implantará todos aquellos mecanismos que considere oportunos.  
2. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 165.2.j y 169.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, y de conformidad con el artículo 2.3 de la Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación:  
a) Para el programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido que, incluyen ayudas a los costes salariales y costes de adaptación de puestos, reguladas en el capítulo I del título II de este decreto, el plan de control en 2024 consistirá en visitas a realizar a un porcentaje significativo de las entidades beneficiarias de las correspondientes ayudas, no inferior al 10 % de las mismas y que represente, al menos, un 10 % del importe de ayudas concedidas por cada programa.  
b) Para el programa de ayudas para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario a través de CEE, reguladas en el Capítulo II del Título II, el órgano instructor de las ayudas, a la finalización del ejercicio, comprobará el mantenimiento de los puestos de trabajo subvencionados, mediante el acceso a la vida laboral de las personas con discapacidad cuyas inserciones en empresa ordinaria hayan sido subvencionadas.  
c) Para las ayudas destinadas al tránsito de las personas trabajadoras con discapacidad desde los centros especiales de empleo al empleo en empresas del mercado ordinario, a través de los enclaves laborales, incentivando su contratación con carácter indefinido, incluidas las medidas de adaptación de puestos, reguladas en el título III, el órgano instructor de las ayudas comprobará el mantenimiento mínimo obligatorio de los puestos de trabajo subvencionados mediante el acceso a la vida laboral de las personas con discapacidad cuyas contrataciones hayan sido subvencionadas.  
3. La entidad beneficiaria estará obligada a someterse a las actuaciones de control financiero previstas en los artículos 113 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, y en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, general de subvenciones, que puedan realizar la Intervención General o cualquier órgano autonómico, nacional o internacional con competencias en control de subvenciones.  
  
Artículo 14. Régimen de justificación de las ayudas  
1. Los gastos se acreditan mediante nóminas, en el caso de salarios, y facturas, en el caso de servicios, suministros u obras, y el pago de los gastos consistentes en salarios del personal y las inversiones o gastos efectuados por las entidades beneficiarias objeto de subvención, se justifican mediante comprobante de transferencia bancaria o cualquier otra fórmula de pago, siempre que se acredite el correspondiente cargo en cuenta, todo ello debidamente autenticado, o en su defecto, mediante aportación de declaración responsable de la persona representante legal de la entidad acreditativa de que las imágenes de los recibos de salarios y de los justificantes del cargo en cuenta son copia fiel de los justificantes de gasto y de la documentación acreditativa del pago, según lo dispuesto para cada programa de ayudas, aunque su presentación ante la subdirección general de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, dependa del tipo de cuenta justificativa del gasto regulada en cada programa.  
2. La justificación del pago requerirá la presentación mediante original o copia debidamente autenticada, del justificante bancario acreditativo de la identidad de quien efectúa el pago, del período a que hace referencia el cargo, adeudo en cuenta de los importes y persona trabajadora en caso de salarios, así como identificación de la persona o entidad beneficiaria del pago, número de factura y concepto en el caso de otros gastos.  
3. No obstante ello, la Subvención del coste salarial de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo, se justificará mediante la presentación de una cuenta justificativa, según importe de ayuda concedido por expediente:  
a) Para expedientes concedidos por importe igual o superior a 60.000,00 €: Cuenta Justificativa con Informe Auditor, conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y de acuerdo con la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo.  
b) Para expedientes concedidos por importe inferior a 60.000,00 €: Cuenta Justificativa Simplificada, conforme a lo establecido en el artículo 75 del Real decreto 887/2006.  
En este supuesto de expedientes concedidos por importe inferior a 60.000 €, la Subdirección General de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, comprobará los justificantes que estime oportuno y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, de una muestra seleccionada de expedientes, a cuyo fin se requerirá la presentación de los justificantes de gasto arriba relacionados, junto con las bajas en el CEE.  
4. Una vez dictada la resolución de concesión, se librará el importe de la ayuda reconocida a cada beneficiaria, en la forma indicada para cada tipo de acción en este decreto, y siempre que se acredite en el expediente que la entidad solicitante se halla al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como al corriente de obligaciones por reintegro de subvenciones, a la fecha de cada uno de los pagos.  
  
Artículo 15. Causas de Minoración y de Reintegro de las ayudas concedidas, procedimiento de reintegro, infracciones y sanciones  
De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y demás legislación aplicable, las minoraciones, el reintegro de subvenciones, el procedimiento de reintegro, y las infracciones y sanciones, se concretan en lo siguiente:  
1. Causas de Minoración y Reintegro de las ayudas concedidas:  
a) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.  
b) Será causa de pérdida del derecho al cobro de la subvención y de reintegro de la misma, que la subvención sea destinada a la realización de una actividad o al cumplimiento de una finalidad prohibida en el título VI de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.  
c) Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, en relación con lo establecido en los artículos 91 a 93 del Reglamento de la Ley 38/2003, general de subvenciones, aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
En particular, procederá el reintegro o revocación total de la subvención concedida en los siguientes supuestos:  
1º Incumplimiento de las obligaciones, tanto generales como específicas impuestas a las entidades beneficiarias en este decreto, salvo lo dispuesto en el apartado 1.d.4 del presente artículo, y concretamente, la obligación impuesta en el apartado 6 del artículo 7, relativa a la comunicación previa de cualquier cambio producido respecto a la calificación del proyecto empresarial en CEE.  
2º Para el programa de ayudas destinadas al tránsito de las personas trabajadoras con discapacidad desde los centros especiales de empleo al empleo en empresas del mercado ordinario, a través de los enclaves laborales, reguladas en el Título III de este decreto, procederá el reintegro total de la ayuda en los supuestos de extinción de la relación laboral antes de completar el periodo de mantenimiento exigido, salvo lo dispuesto para la sustitución.  
d) Se aplicará el criterio de proporcionalidad con reintegro o revocación parcial de la ayuda concedida, en los siguientes supuestos:  
1º. Justificación del gasto por importe inferior a la subvención concedida, en las ayudas reguladas en los capítulos I y II, del título II, de este decreto: procederá el reintegro parcial de las ayudas concedidas y pagadas que presenten una justificación inferior a la subvención concedida.  
En cuanto a la justificación de las ayudas deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 23, en el caso de subvenciones salariales concedidas por meses y no semestrales, por falta de presupuesto suficiente.  
2º. Incumplimiento de la obligación impuesta a las entidades beneficiarias en el apartado 7 del artículo 7, correspondiente a la Ayuda del coste salarial de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo, relativa a la obligación de mantener los contratos suscritos con el personal con discapacidad un mínimo de tres meses (en cuyo caso procederá únicamente el reintegro total de la ayuda concedida por la persona trabajadora afectada) y la comunicación de las variaciones de la plantilla, y muy especialmente las bajas producidas con anterioridad al período mínimo exigible de tres meses y las bajas por despidos disciplinarios o por causas objetivas, reconocidos o declarados improcedentes, así como bajas por despidos colectivos.  
3º. Extinción de la relación laboral del trabajador o trabajadora con la empresa ordinaria, con anterioridad a la finalización del periodo de mantenimiento obligatorio, cuando dicha finalización se hubiera producido por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, y cuando las extinciones se hayan producido por dimisión, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del personal, o por resolución durante el periodo de prueba, y la persona trabajadora no haya sido sustituida: en estos casos, la entidad beneficiaria estará obligada a reintegrar la subvención percibida de forma proporcional al periodo de mantenimiento del contrato pendiente de cumplir.  
4º. Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los CEE en relación con la prestación de los servicios de ajuste personal y social, cuando dicho incumplimiento no afecte a la totalidad de la plantilla.  
5º. Incumplimiento de los plazos de solicitud de los Informes de Adecuación al puesto de trabajo, a los Equipos Multiprofesionales del correspondiente Centro de Valoración y Orientación de Discapacidades de la Conselleria con competencias en materia de servicios sociales, establecidos en el artículo 22.4 del presente decreto.  
2. Procedimiento de reintegro.  
El procedimiento de reintegro se sustanciará de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título II de Ley 38/2003, general de subvenciones, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real decreto 887/2006, y todo ello, en relación con lo establecido en el artículo 172 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero.  
3. Infracciones administrativas e incoación procedimiento sancionador.  
Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación sin perjuicio de la posible calificación de los hechos como infracción administrativa e incoación del procedimiento sancionador, de acuerdo con los artículos 52 y siguientes de la Ley general de subvenciones, y los artículos 173 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero.  
Por otro lado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, el incumplimiento de las obligaciones de esta ley se sancionará de acuerdo con lo que determina el título IV de la misma, sin perjuicio del régimen sancionador establecido en el título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y de otras responsabilidades que puedan producirse.  
  
Título II  
Centros Especiales de Empleo  
Disposiciones generales  
  
Artículo 16. Requisitos generales  
Además de los requisitos exigidos en los artículos 5 y 6 del presente decreto, los CEE deberán cumplir con carácter general los siguientes:  
1. Estar calificados e inscritos como tales en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. Dicho requisito será comprobado por el órgano gestor de la ayuda, que así mismo gestiona el registro autonómico de centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana.  
2. Estar inscritas como entidades empleadoras en los regímenes de la Seguridad Social en los que exista afiliación de personal por cuenta ajena. Dicho requisito será comprobado por el órgano gestor de la ayuda.  
  
Capítulo I  
Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido  
  
Artículo 17. Subvención del coste salarial  
1. Las subvenciones de coste salarial se graduarán teniendo en cuenta el tipo y grado de discapacidad de las personas destinatarias últimas de este programa, así como la estabilidad de los puestos de trabajo que ocupan, la condición de mujer y la edad, en los siguientes términos:  
a) En el caso de personas trabajadoras con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, según lo previsto en el artículo 2.7.b del presente decreto, la cuantía mínima de la subvención por cada persona trabajadora será equivalente al 55 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente (60 por ciento si es mujer o de edad igual o mayor de 45 años) cuando tenga un contrato indefinido, y al 50 % cuando tenga un contrato temporal con la duración mínima que establezca, en su caso, el servicio público de empleo.  
b) En el caso de personas trabajadoras con discapacidad física o sensorial con un grado reconocido inferior al 65 por ciento, la cuantía mínima de la subvención por cada persona trabajadora será equivalente al 50 % del salario mínimo interprofesional vigente cuando tenga un contrato indefinido, y al 40 por ciento cuando tenga un contrato temporal con la duración mínima que establezca, en su caso, el servicio público de empleo.  
2. El porcentaje de S.M.I. correspondiente para cada persona trabajadora, será el que corresponda en función del tipo y grado de su discapacidad, del tipo de contrato, temporal o indefinido, y de la condición de mujer o no y de la edad, existentes a fecha 1 de abril o 1 de octubre, según el semestre al que corresponda la solicitud, o fecha de su contratación, de ser esta posterior.  
3. El cómputo de la subvención se realizará por los días efectivamente trabajados, considerándose el mes equivalente a 30 días para el cálculo diario de la subvención.  
Será subvencionable la parte correspondiente de las pagas extraordinarias, así como los días de vacaciones y de descanso retribuidos y cotizados.  
En el supuesto de contratos de trabajo a tiempo parcial, la subvención experimentará una reducción proporcional a la jornada laboral realizada.  
4. Los periodos en que el contrato de un trabajador o trabajadora se encuentre en situación de suspensión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, no resultarán subvencionables ya que no retribuyen trabajo efectivo en la entidad subvencionada.  
5. Tampoco resultará subvencionable el coste salarial de los contratos del personal de duración inicial inferior a tres meses, con independencia de la duración de cada una de sus prórrogas, excepto el contrato temporal de sustitución regulado en el apartado 3º del artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de fijo discontinuo es un contrato de carácter indefinido.  
6. Las nuevas contrataciones deberán representar un incremento neto del número de personas empleadas en la empresa en cuestión, en comparación con la media de los doce meses previos; en su defecto, el puesto o puestos deberán haber quedado vacantes a raíz de la dimisión de la persona trabajadora, de su discapacidad, del reconocimiento de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, de su jubilación, de su defunción, de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de su despido disciplinario procedente, así como en el caso de subrogaciones, por las causas legales estipuladas, o por transición de la persona con discapacidad al empleo ordinario, y no de resultas de su despido disciplinario o por causas objetivas, declarado o reconocido improcedente o despido colectivo.  
Las nuevas contrataciones que no supongan un incremento neto de plantilla, según lo dispuesto en el apartado anterior, existiendo despidos disciplinarios o por causas objetivas, reconocidos o declarados improcedentes, o despido colectivo, no resultarán subvencionables.  
7. Para la subvención del coste salarial del personal con discapacidad que inicien su actividad en el ejercicio 2024, o que habiendo iniciado la actividad en el ejercicio anterior, su contratación no haya sido subvencionada en el mismo, las personas contratadas, en el momento previo a su contratación deberán ser desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en el centro Espai Labora correspondiente, salvo en el caso de personal subrogado. En el caso de que la persona trabajadora trabaje a tiempo parcial, deberá estar inscrita como demandante de empleo, como mínimo, el día anterior a dicha contratación.  
  
Artículo 18. Subvención para financiar los costes correspondientes al informe auditor para la justificación de la ayuda salarial  
1. La subvención para financiar los costes correspondientes al informe auditor para la justificación de la ayuda salarial, se podrá solicitar en expedientes de ayuda salarial por importe igual o superior a 60.000,00 €.  
2. La ayuda se concederá por un importe de hasta el 2 % del importe correspondiente a la ayuda al coste salarial, con el límite máximo de 15.000,00 €, pero finalmente se liquidará en función del gasto realmente justificado de dicha ayuda salarial.  
3. La persona auditora de cuentas que vaya a realizar el informe de auditoría, deberá estar inscrita como ejerciente en el Registro oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  
4. No resultará obligatorio que la persona auditora de cuentas que firme la cuenta justificativa del coste salarial sea la misma que la persona que audite las cuentas anuales de la entidad, de acuerdo a la excepción establecida en el apartado 2 in fine del artículo 74 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
  
Artículo 19. Subvención para adaptación de puestos  
1. La subvención por adaptación de puestos de trabajo, incluidas las medidas de accesibilidad universal física, sensorial, cognitiva y de comunicación y las medidas adecuadas en función de las necesidades de cada situación concreta, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para la entidad, así como la dotación de medios de protección personal y eliminación de barreras arquitectónicas, tendrá una cuantía máxima de 1.800 euros por persona trabajadora con discapacidad en plantilla, sin que en ningún caso rebase el coste real que, al efecto, se justifique por la referida adaptación, dotación o eliminación.  
2. El solicitante deberá justificar la necesidad de las medidas de adaptación mediante la oportuna memoria aportada por la entidad, que deberá contar con informe favorable de la Inspección de Trabajo, solicitado por la subdirección general de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación.  
3. No resultarán subvencionables aquellas adaptaciones que vienen obligadas a realizar por aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que se deberían llevar a cabo de igual forma, fuera personal con discapacidad o no.  
4. El personal con discapacidad por los que se solicita inicialmente la ayuda, para adaptación de puesto de trabajo, deberán estar en situación de alta en Seguridad Social y con contrato vigente en el CEE en el momento en que se resuelva la petición.  
5. No resultará subvencionable la adaptación por trabajadora o trabajador, o puesto de trabajo por el que se hubiera ya obtenido subvención por el mismo concepto en los cuatro años inmediatamente anteriores, salvo que se trate de adaptaciones necesarias por empeoramiento de las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales del personal o por desgaste de la anterior adaptación derivada de su propio uso, debidamente acreditado.  
  
Artículo 20. Documentación específica para la presentación de las solicitudes  
Además de la documentación general a presentar de acuerdo con el artículo 8 de este decreto, será necesario presentar junto con la solicitud inicial los siguientes documentos:  
1. Para la subvención del coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personal con discapacidad, incluyendo costes de informe auditor, Informe, en modelo normalizado, donde conste la cuantía de la subvención solicitada, y dentro de esta, distinguiendo la correspondiente a trabajadores ya contratados a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes de la subvención y la correspondiente a previsión de posibles contrataciones antes de la finalización del semestre, y causas de dicha previsión, identificando posibles clientes y periodos de contratación, así como la cuantía solicitada del informe auditor, en su caso.  
2. Para las subvenciones para adaptación de puestos de trabajo deberá presentarse:  
a) Memoria descriptiva de las necesidades de adaptación del puesto que se va a realizar, identificando el personal y el tipo de discapacidad, con indicación de su coste.  
b) Presupuestos o facturas proforma de la inversión a realizar o proyecto técnico, en su caso. De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa reguladora de Contratos del sector público para el contrato menor de obras o suministros, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del gasto, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, las cuales deberán aportarse junto a la solicitud de subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberá presentarse junto a la solicitud, se realizará conforme a criterios de eficiencia, economía y responsabilidad social, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.  
c) En el caso de cambio de centro de trabajo, comunicación al organismo competente de apertura del centro de trabajo.  
d) Documentación acreditativa del tipo y grado de discapacidad, o acreditación de la condición de persona con discapacidad de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del presente decreto.  
e) En el caso de adaptación por empeoramiento de la discapacidad del personal prevista en el artículo 19 del presente decreto, documentación acreditativa de dicho empeoramiento suscrita por los equipos multiprofesionales correspondientes.  
  
Artículo 21. Plazo para la presentación de las solicitudes  
1. Para la presentación de solicitudes de subvención del coste salarial de 2024 correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personal con discapacidad y de subvención para financiar los costes de las auditorias para la justificación del gasto salarial, se establecen dos plazos:  
Primer plazo. En los quince días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto en el DOGV, desde las 09.00 horas del primer día hasta las 24:00 del último, se deberán presentar las solicitudes de ayudas para financiar parcialmente los costes salariales del personal correspondiente a los meses de enero a junio, incluida la paga extra de junio, que incluirá la solicitud de ayuda para financiar los costes de auditoría, en su caso.  
Segundo plazo. Desde las 09.00 horas del día 1 a las 24:00 del día 15, ambos de octubre de 2024, se deberán presentar las solicitudes de ayudas para financiar parcialmente los costes salariales correspondientes a los meses de julio a diciembre, incluida la paga extra de diciembre, que incluirá la solicitud de ayuda para financiar los costes de auditoría, en su caso.  
2. Las subvenciones para adaptación de puestos de trabajo se podrán solicitar en dos plazos distintos:  
Con carácter general, en el plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto en el DOGV.  
En el caso de nuevo contrato, empeoramiento de la discapacidad o cambio de sede del centro de trabajo, regirá el plazo de un mes, a contar desde la fecha de inicio del nuevo contrato, de la fecha de la certificación que acredite el empeoramiento o desde la comunicación de apertura del centro de trabajo al organismo competente, según el caso. En todo caso, estas solicitudes, en caso de presentarse en el ejercicio actual, no podrán ser posteriores al 31 de octubre de 2024.  
3. En el caso de que el Centro Especial de Empleo no haya iniciado sus actividades en el momento de apertura del plazo semestral de presentación de solicitudes, tendrá un mes de plazo para la presentación de la solicitud de ayudas, a partir de la primera contratación de personal con discapacidad, siendo el plazo máximo para la petición de estas ayudas el día 31 de octubre de 2024.  
Junto con la solicitud de ayudas se deberá aportar la documentación justificativa exigible según el tipo de ayuda.  
  
Artículo 22. Documentación justificativa relativa al personal con discapacidad para la subvención del coste salarial y plazos de presentación e informe auditor  
En el plazo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, para la plantilla contratada hasta el 31 de marzo o el 30 de septiembre, según se trate de primero o segundo semestre, y en los diez primeros días naturales del mes siguiente al mes en que se hubiera producido un nuevo contrato, prórroga, llamamientos en contratos de fijos discontinuos, transformación de contrato temporal en indefinido, o subrogación, se presentará la siguiente documentación justificativa:  
1. Relación del personal con discapacidad cuyos puestos son objeto de subvención, en modelo normalizado.  
a) Los CEE que hubieran sido beneficiarios de ayudas en el semestre anterior, deberán presentar modelo normalizado «Plantilla de personas trabajadoras -Listado inicial semestre», en el que se incluirán, en su caso, la «Plantilla de personas trabajadoras con contrato temporal en CEE para la sustitución de personas con discapacidad».  
b) Los CEE que no hubieran obtenido subvención salarial en el semestre anterior, deberán presentar modelo normalizado «Plantilla de personas trabajadoras y Variaciones mensuales» en el que se incluirán la «Plantilla de personas trabajadoras con contrato temporal en CEE para la sustitución de personas con discapacidad».  
c) Para las modificaciones mensuales posteriores a las solicitudes de los anteriores apartados, tanto del primer como del segundo semestre, en los diez primeros días naturales del mes siguiente al mes en que se hubiera producido un nuevo contrato o subrogación, prórroga, llamamientos en contratos de fijos discontinuos, o transformación de contrato temporal en indefinido, se presentará modelo normalizado «Plantilla de personas trabajadoras y Variaciones mensuales» en el que se incluirán la «Plantilla de personas trabajadoras en CEE con contrato temporal para la sustitución de personas con discapacidad», en su caso. En estas plantillas se incluirán únicamente dichas modificaciones, sin que haga falta incluir nuevamente la totalidad de la plantilla.  
d) Las nuevas contrataciones o subrogaciones, prórrogas, llamamientos en contratos fijos discontinuos y transformaciones de contratos temporales en indefinidos, no incluidas en los listados normalizados, ni iniciales ni comunicación de variaciones mensuales, no serán subvencionables y su coste salarial no será considerado gasto justificado en la justificación final del expediente.  
2. Para el personal cuya actividad en el correspondiente Centro Especial de Empleo se inicie en 2024, o se hubiese iniciado en 2023, pero no hubiese resultado subvencionada en dicho ejercicio, deberá aportarse:  
a) Documentación acreditativa del tipo y grado de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del presente decreto, únicamente para trabajadores y trabajadoras que, habiendo resultado evaluada su discapacidad en otras Comunidades Autónomas, no hayan trasladado el expediente a la Comunitat Valenciana o nuevas solicitudes presentadas tras la caducidad de la resolución anterior, sin que se haya emitido nueva resolución de valoración.  
Las modificaciones que afecten a la discapacidad del personal deberán ser comunicadas a la Subdirección General de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación.  
b) Copia del/los contrato/s de trabajo o conversión/es de contratos temporales, así como escritos de subrogación suscritos por las partes o, llamamientos en contratos fijos discontinuos que den lugar a la ayuda, realizados a personas con discapacidad.  
Asimismo, deberá presentarse copia de las prórrogas que den derecho a la subvención o comunicación de las prórrogas al programa Contrata.  
En los supuestos de llamamientos en contratos de fijos discontinuos, deberá aportarse Idc Informe de Datos para la Cotización-Trabajadores por cuenta ajena, en el que aparezca la fecha de la contratación inicial y la fecha del llamamiento.  
En el supuesto de contratos que ya han causado baja, deberán aportarse partes de baja en Seguridad Social o Informe Consulta General de Trabajadores e-SIL, acreditativo de los mismos.  
3. Para el personal cuya relación laboral con el Centro Especial de Empleo se hubiese iniciado con anterioridad al semestre subvencionable, pero en el semestre de 2024 por el que se solicita la subvención, se haya producido cualquier tipo de modificación de la misma, como llamamientos en contratos fijos discontinuos, prórroga de la contratación o transformación de contratos temporales en indefinidos, se deberá aportar documentación acreditativa de dichas modificaciones, según los casos:  
a) Copia de los llamamientos en contratos fijos discontinuos, de las prórrogas o comunicación prórrogas al programa Contrata.  
b) Copia de la transformación de contratos temporales en indefinidos.  
c) Idc - Informe de Datos para la Cotización-Trabajadores por cuenta ajena, en el que aparezca la fecha de la contratación inicial y la fecha del llamamiento, en el caso de llamamientos en contratos de fijos discontinuos.  
4. Para todos los contratos indefinidos o conversión de contratos temporales en indefinidos, deberá presentarse, tanto al inicio de la contratación o transformación del contrato, como con carácter bianual, Informe de Adecuación al puesto de trabajo, emitido por los Equipos Multiprofesionales del correspondiente Centro de Valoración y Orientación de Discapacidades de la Conselleria con competencias en materia de servicios sociales. En defecto de dicho informe, deberá aportar copia de la solicitud presentada telemáticamente, en el correspondiente Centro de Valoración y Orientación de Discapacidades, solicitud que, a partir de la publicación del presente Decreto en el DOGV, deberá presentarse en dicho Centro de Valoración en el plazo máximo de 10 días desde la suscripción del contrato indefinido o transformación de contrato temporal, o desde la finalización de la vigencia del informe anterior de adecuación, descontándose de la ayuda subvencionable el periodo correspondiente desde el inicio de la obligación de presentación de la solicitud en el Centro de Valoración hasta la presentación real, a aquellos trabajadores cuyas solicitudes se presenten fuera de dichos plazos.  
5. Declaración responsable de la persona representante legal de la entidad solicitante de ayudas acreditativa de que, en relación con los datos relativos al tipo y grado de discapacidad, disponen de consentimiento expreso de todo el personal con discapacidad para la cesión de datos a LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, así como para el acceso por este organismo a las bases de datos de los Centros de Valoración de Discapacidades y para que LABORA pueda facilitar dicha información a organismo público, en su caso, para la emisión de informes preceptivos, y que han informado al personal trabajador que la finalidad de dicha información es únicamente la obtención de subvenciones públicas.  
6. Presupuesto del coste del informe auditor para la justificación de la ayuda salarial, en su caso, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 20.2.b según el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa reguladora de Contratos del sector público para el contrato menor de obras o suministros, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del gasto.  
7. Para el pago por el sistema de anticipos, en su caso, acreditación de estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
  
Artículo 23. Pago y justificación del gasto de la Ayuda Salarial  
1. La subvención del coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personal con discapacidad se librará de la siguiente forma:  
a) Una vez concedida la ayuda basándose en la documentación general del artículo 8 y en la específica establecida en el artículo 20 de este decreto, se anticipará el pago de hasta el 80 % de la subvención según lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024.  
b) Para el pago por el régimen de anticipos, los centros especiales de empleo están exentos de la obligación de prestar garantías para el pago de anticipos, en relación con las subvenciones en materia de fomento del empleo, destinadas a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, para los costes salariales del personal con discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.18.f) de la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024.  
2. Dicha ayuda se justificará mediante la presentación de una cuenta justificativa, según importe de ayuda concedido por expediente:  
a) Para expedientes concedidos por importe igual o superior a 60.000,00 €: Cuenta Justificativa con Informe Auditor, conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y de acuerdo con la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo.  
La cuenta justificativa consistirá en:  
1º Memoria económica abreviada: Informe generado por la aplicación eSidec, o por la aplicación que en su momento pudiera facilitar la dirección general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, en defecto de la anterior, con la relación clasificada de los gastos referenciados al porcentaje del S.M.I. de 2024 correspondiente a cada persona trabajadora en función del tipo y grado de su discapacidad, del tipo de contrato, temporal o indefinido, y de la condición de mujer o no y de la edad, teniendo en cuenta todas estas condiciones existentes el 1 de abril o el 1 de octubre, según semestre, o fecha de su contratación, de ser esta posterior, en relación con los días y jornadas trabajadas cada mes, firmado digitalmente por la persona representante legal del CEE.  
2º Memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, mediante modelo normalizado.  
3º Informe de la persona auditora, firmado digitalmente, que tras el desarrollo de los procedimientos de carácter general y específicos establecidos en el artículo 3 de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, deberá emitirse de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 7 de la misma, acompañado de una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por el auditor a efectos de identificación, como anexo al informe.  
4º Además, y en aplicación del punto f) del apartado 2 del artículo 3 de dicha Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, la persona auditora deberá comprobar la justificación del pago de anticipos de nóminas y de las modificaciones de jornada y descontar del gasto justificado los siguientes:  
• Cualquier circunstancia que suponga minoraciones del pago de los conceptos retributivos existentes en las nóminas del personal, como descuentos por suspensión de los contratos de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, conceptos no subvencionables y reducciones de jornada.  
• Bajas de los contratos, tanto por fin de contrato como las producidas con anterioridad a las fechas previstas en los mismos, y muy especialmente, las bajas producidas con anterioridad al cumplimiento del periodo mínimo de contratación de tres meses establecido en el artículo 17 del presente decreto.  
• Contrataciones que no supongan un incremento neto de plantilla según lo dispuesto en el artículo 17 de este decreto, existiendo despidos disciplinarios o por causas objetivas, reconocidos o declarados improcedentes, o despido colectivo: deberán excluirse de la ayuda, tantos puestos como despidos queden acreditados.  
b) Para expedientes concedidos por importe inferior a 60.000,00 €: Cuenta Justificativa Simplificada, conforme a lo establecido en el artículo 75 del Real decreto 887/2006.  
La cuenta justificativa consistirá en:  
1º Relación clasificada de los gastos: Informe generado por la aplicación eSidec, o por la aplicación que en su momento pudiera facilitar la dirección general LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, en defecto de la anterior, con la relación clasificada de los gastos referenciados al porcentaje del S.M.I. de 2024 correspondiente a cada persona trabajadora en función del tipo y grado de su discapacidad, del tipo de contrato, temporal o indefinido, y de la condición de mujer o no y de la edad, teniendo en cuenta todas estas condiciones existentes el 1 de abril o el 1 de octubre, según semestre, o fecha de su contratación de ser esta posterior, en relación con los días y jornadas trabajadas cada mes, firmado digitalmente por la persona representante legal del CEE.  
2º Memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos: Informe firmado digitalmente por la persona representante legal del CEE mediante modelo normalizado.  
3º No obstante, la subdirección general de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación comprobará los justificantes que estime oportuno y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin se requerirá la presentación de los justificantes de gasto que consistirán en:  
• Recibos de salarios y justificantes del cargo en cuenta, mediante original o copia debidamente autenticada.  
• Declaración responsable de la persona representante legal de la entidad acreditativa de que las imágenes de los recibos de salarios y de los justificantes del cargo en cuenta son copia fiel de los justificantes de gasto y de la documentación acreditativa del pago.  
• Bajas.  
• Justificación contabilidad separada de ingresos.  
• Justificación del incremento neto de las nuevas contrataciones, según lo dispuesto en el artículo 17 del presente decreto.  
Los expedientes seleccionados para su comprobación, se determinarán mediante método de muestreo probabilístico, utilizándose un muestreo aleatorio simple.  
Este procedimiento exige numerar, por cada convocatoria, todos los expedientes concedidos por importe inferior a 60.000,00 €, obteniendo «N» expedientes de los que se seleccionará una muestra de «n» expedientes al azar de forma aleatoria, teniendo cada expediente la misma probabilidad «n/N» de ser seleccionado.  
Para este programa se ha determinado un tamaño muestral n=10 % de los expedientes, es decir, «n=10 %N», que podrá ser ampliado por la persona titular de la dirección general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación  
3. En el caso de que la concesión de la ayuda se haya efectuado por meses en función del presupuesto disponible, y no por un semestre completo, las entidades beneficiarias podrán imputar gasto de meses posteriores si debido a bajas por incapacidad temporal, debidamente justificadas, y por los mismos importes que les hubieran podido corresponder, con las mensualidades tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda no alcanzasen a justificar la ayuda total concedida.  
4. Asimismo, y en cuanto a las bajas producidas después de la justificación semestral de las ayudas, y por tanto, no tenidas en cuenta en la Memoria Económica y en la Memoria de Actuaciones, correspondientes a contratos que finalmente hayan durado menos de tres meses, los CEE deberán presentar mensualmente, en los diez primeros días naturales de cada mes, según se trate de completar la justificación del primero o del segundo semestre anual, las bajas en Seguridad Social de todas aquellas personas trabajadoras que no hayan superado el periodo mínimo de contratación de tres meses exigido en el artículo 17.5 del presente decreto.  
5. Los plazos para la presentación de la cuenta justificativa son:  
a) La justificación de los gastos del primer semestre se presentará del 10 de julio al 10 de agosto, ambos de 2024.  
b) La justificación de los gastos del segundo semestre se presentará del 10 de enero al 10 de febrero, ambos de 2025.  
6. En el caso de cuenta justificativa con informe auditor del coste salarial, la documentación que da soporte a la cuenta justificativa y que consiste en los recibos de salarios y en los justificantes del cargo en cuenta, ambos ordenados alfabéticamente que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del presente decreto, acrediten el pago de los mismos, incluidas las bajas en Seguridad Social, en su caso, del personal subvencionado, deberá estar a disposición de la Subdirección General de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación y de cualquier órgano auditor, al objeto de control directo por el sistema de muestreo que pueda establecerse en cualquier momento o por requerimiento de auditorías.  
7. Asimismo, y junto con la cuenta justificativa que se presente del 10 de julio al 10 de agosto de 2024 y del 10 de enero al 10 de febrero de 2025, la entidad beneficiaria deberá presentar la Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 7, apartado 1 del presente decreto, en modelo normalizado.  
8. Si la presentación de la documentación justificativa se realizara fuera de los plazos señalados en el presente artículo, se podrá detraer, en su caso, de la subvención a pagar, la cuantía correspondiente al número de días que hayan originado el retraso.  
9. En todo caso, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de pago, la entidad beneficiaria deberá hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 8 del presente decreto, y acreditar estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
10. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, o persona en quien delegue, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de la subvención.  
  
Artículo 24. Justificación y pago de la Ayuda para Informe Auditor y Ayudas para Adaptación de Puestos  
1. La ayuda para financiar los costes de informe de auditoría, en el caso de expedientes de cuantía igual o superior a 60.000,00 €, se justificará junto con la última justificación de la ayuda correspondiente a los costes salariales de cada semestre, es decir, del 10 de julio al 10 de agosto de 2024 y del 10 de enero al 10 de febrero de 2025, mediante la aportación de factura emitida por la persona auditora y la documentación acreditativa del pago de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del presente decreto.  
La ayuda se librará una vez comprobada la justificación del gasto y por el porcentaje del 2 % correspondiente al gasto de la Ayuda Salarial realmente justificado, por un máximo de 15.000,00 €  
2. Los costes para las ayudas correspondientes a la adaptación de puestos, se justificarán mediante la presentación de la siguiente documentación:  
a) Una relación clasificada de los gastos y/o inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se haya otorgado en base a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas, en su caso.  
b) Las facturas y, en su caso, certificaciones de obra correspondientes a inversiones efectivamente realizadas, y los documentos acreditativos del pago de los suministros y obras, justificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.  
c) Informe favorable de la Inspección Provincial de Trabajo, que será requerido por la subdirección general de Empleo, de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación.  
Las ayudas por adaptación de puestos o eliminación de barreras se librarán, de una sola vez, según la documentación presentada, teniendo como fecha límite de justificación el 31 de octubre.  
3. Junto con la justificación del gasto, se deberá presentar:  
a) Declaración sobre el importe y destino de la ayuda. En el caso de Ayudas para Informe Auditor, la declaración es independiente y adicional a la correspondiente para la Ayuda Salarial.  
b) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 7, apartado 1 del presente decreto.  
4. En todo caso, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de pago, la entidad beneficiaria deberá hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 8 de este decreto, y acreditar estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
5. Corresponde la persona titular de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, o persona en quien delegue, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de la subvención.  
  
  
Capítulo II  
Programa de ayudas a proyectos de inserción en empresa ordinaria a través de CEE  
  
Artículo 25. Objeto de las ayudas  
Las ayudas recogidas en el presente capítulo tienen como finalidad apoyar proyectos encaminados a facilitar la contratación laboral en empresas ordinarias de personas con discapacidad que previamente han seguido un itinerario de inserción en las dependencias del CEE.  
No resultarán subvencionables para el CEE aquellas inserciones producidas en empresas vinculadas con el mismo CEE, ni las inserciones producidas en un puesto de la administración pública ni los contratos en empresas de trabajo temporal.  
  
Artículo 26. Requisitos y compatibilidad  
1. Requisitos: los requisitos para este tipo de ayudas son:  
a) Los CEE además de cumplir los requisitos establecidos en los artículos 5 y 6 del presente decreto, deberán fomentar la inserción de personal con discapacidad del CEE en empresas del mercado ordinario, utilizando para ello un proceso previo de itinerario de inserción.  
b) Para que la inserción laboral en empresa ordinaria resulte subvencionable al CEE, el itinerario de inserción sociolaboral que necesariamente deberá realizar el personal con discapacidad, con carácter previo a dicha inserción, deberá tener una duración mínima 3 meses en el CEE.  
c) La actividad a realizar en el itinerario de inserción debe guardar relación directa con la actividad del CEE y con la actividad a desempeñar en la empresa ordinaria cuya contratación es objeto de la presente subvención.  
2. Compatibilidad: esta ayuda resulta compatible con la ayuda a las Unidades de Apoyo, siempre que la suma de ambas no supere el 100 % de los costes salariales y de Seguridad Social de las personas integrantes de la Unidad de apoyo responsables de la inserción.  
  
Artículo 27. Cuantías  
1. Por cada persona trabajadora que al finalizar el itinerario de inserción sea contratada por la empresa ordinaria por tiempo indefinido y a jornada completa, el CEE tendrá derecho a una subvención por importe de 3.000,00 €, siempre que se acredite el gasto correspondiente a dicho importe mediante gastos salariales de personal de apoyo relacionados con el desarrollo del itinerario de inserción.  
2. Cuando el contrato a tiempo indefinido se concierte a tiempo parcial, la subvención de 3.000,00 € se reducirá proporcionalmente a la jornada pactada.  
  
Artículo 28. Documentación para la presentación de las solicitudes  
La solicitud, en modelo normalizado, deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación:  
1. Informe, en modelo normalizado, donde consten los datos de la persona con discapacidad contratada y los datos del personal técnico de la unidad de apoyo del centro especial de empleo de procedencia cuyos costes salariales van a justificar el gasto de la presente subvención.  
2. Copia del/los contrato/s de trabajo que den lugar a la ayuda, realizados a personas con discapacidad procedentes del Centro Especial de Empleo y los partes de alta en la Seguridad Social y/o Informe Consulta General de Trabajadores e-SIL, acreditativo de los mismos.  
3. Declaración responsable suscrita por quien ostente la representación legal del CEE solicitante acreditativa de que el itinerario de inserción sociolaboral de la persona trabajadora con discapacidad, con carácter previo a su inserción, ha tenido una duración mínima de 3 meses en el CEE, así como de que la actividad realizada en el itinerario tiene relación directa con la actividad del CEE y con la actividad a desempeñar en la empresa ordinaria.  
4. Justificación documental de la realización del itinerario de inserción efectuado por la persona trabajadora, firmada por esta y por el personal técnico de apoyo (incluyendo actuaciones realizadas, fecha de las mismas y duración).  
5. Evaluación final realizada por el personal técnico de apoyo del itinerario de inserción llevado a cabo por la trabajadora o trabajador.  
6. Declaraciones responsables acreditativas de que la contratación se ha realizado con la intermediación del Centro Especial de Empleo, suscrita por quien ostente la representación legal del mismo, por quien ostente la representación legal de la empresa contratante y por la persona trabajadora.  
7. Nóminas del personal integrante de la unidad de apoyo relacionado con el desarrollo del itinerario de inserción.  
8. Recibos de Liquidación de Cotizaciones (RLC) y Relación Nominal de Trabajadores y Trabajadoras (RNT) de cada mensualidad, acreditativos de los gastos consistentes en pago de cuotas de Seguridad Social.  
9. Transferencias bancarias acreditativas del pago efectivo, tanto de los gastos salariales como de Seguridad Social, o cualquier otra forma de pago, siempre que se acredite el cargo en cuenta de dichos importes.  
La justificación del gasto requerirá la presentación mediante original o copia debidamente autenticada del justificante bancario acreditativo de la identidad del que efectúa el pago, del periodo a que hace referencia el cargo, cargo en cuenta de los importes y personas beneficiarias del pago.  
10. Declaración sobre el importe y destino de la ayuda.  
11. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 7, apartado 1 del presente decreto.  
  
Artículo 29. Plazo para la presentación de las solicitudes  
Los plazos para la presentación de las solicitudes serán los siguientes:  
1. Las solicitudes de ayudas deberán presentarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de contratación en empresa ordinaria objeto de la ayuda y tendrán como fecha límite el 31 de octubre de 2024.  
2. Las solicitudes de ayudas por contrataciones producidas en el ejercicio 2024, pero con anterioridad a la publicación de este decreto, se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del mismo en el DOGV.  
  
Artículo 30. Justificación y pago  
1. Una vez dictada la resolución de concesión de las ayudas y/o subvenciones por la celebración de contratos de trabajo a que se refiere el presente Capítulo, se librará el importe total de la ayuda reconocida a cada entidad beneficiaria, sobre la base de la documentación justificativa aportada junto con la solicitud y de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de este decreto.  
2. Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de pago, la entidad beneficiaria deberá hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 8 de este decreto, y acreditar estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
3. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, o persona en quien delegue, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de las mismas.  
  
Título III  
Programa de ayudas a empresas ordinarias por la contratación indefinida de personal con discapacidad procedentes de enclaves laborales  
  
Artículo 31. Objeto  
Las ayudas contempladas en el presente título tienen como objeto establecer incentivos para favorecer la inserción de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, a través de enclaves laborales, favoreciendo el tránsito desde el empleo en los CEE a la empresa ordinaria, y posibilitando el acceso a estos de nuevas personas trabajadoras con discapacidad.  
  
Artículo 32. Concepto y Requisitos del enclave y de las subvenciones  
1. Se entenderá por enclave laboral el contrato entre una empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un CEE para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad normal de aquella y para cuya realización personal con discapacidad del CEE se desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora, con los requisitos y condiciones establecidas por el Real decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.  
2. Para que la contratación por una empresa ordinaria de personal procedente de un enclave resulte subvencionable, será necesario que la incorporación de dicho trabajador o trabajadora al enclave laboral haya sido comunicada a LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación en el plazo de un mes desde su contratación en el mismo.   
3. Las nuevas contrataciones deberán representar un incremento neto del número de personas empleadas en la empresa en cuestión, en comparación con la media de los doce meses previos; en su defecto, el puesto o puestos deberán haber quedado vacantes a raíz de la dimisión de la persona trabajadora, de su discapacidad, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, de su jubilación, de su defunción, de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de su despido disciplinario procedente, así como en el caso de subrogaciones, por las causas legales estipuladas, y no de resultas de su despido disciplinario o por causas objetivas, declarado o reconocido improcedente o despido colectivo.  
  
  
Artículo 33. Ayudas  
1. Las empresas colaboradoras que de acuerdo con lo regulado en el Real decreto 290/2004, de 20 de febrero, contraten con carácter indefinido y a jornada completa al personal con discapacidad procedente de un enclave laboral, tendrán derecho a las siguientes ayudas:  
a) Subvención por cada contratación indefinida inicial o transformación de contrato temporal en indefinido, a tiempo completo, de 7.500 euros con carácter general (8.000 euros si la persona a la que se realiza la contratación indefinida inicial es mujer o mayor de 45 años.  
b) Cuando la contratación indefinida inicial, a tiempo completo, se celebre con personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, según lo previsto en la disposición adicional segunda del presente decreto, la subvención será de 9.000 euros (9.500 euros si la persona contratada es mujer o mayor de 45 años).  
Si el contrato fuera a tiempo parcial, la subvención se reducirá proporcionalmente según la jornada de trabajo pactada.  
Para la obtención de la ayuda regulada en el apartado anterior se requerirá que la empresa colaboradora realice la contratación sin solución de continuidad y transcurrido, al menos, un plazo de tres meses desde la incorporación del trabajador o trabajadora al enclave.  
  
2. Las empresas ordinarias que contraten trabajadores con discapacidad procedentes de un CEE tendrán también derecho a percibir la subvención por adaptación de puestos de trabajo destinada a financiar las medidas de accesibilidad universal física, sensorial, cognitiva y de comunicación y las medidas adecuadas en función de las necesidades de cada situación concreta, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para la entidad, así como la dotación de medios de protección personal para evitar riesgos laborales a las personas trabajadoras con discapacidad contratadas y/o y eliminación de barreras arquitectónicas u obstáculos que impidan o dificulten su trabajo.  
La cuantía de referencia de la citada subvención será de 1.800 euros por persona trabajadora contratada durante el período mínimo que establezca cada servicio público de empleo, sin que en ningún caso rebase el coste real que, al efecto, se justifique por la referida adaptación, dotación o eliminación.  
3. La intensidad de las ayudas anteriores no podrá exceder del 75 % de los costes subvencionables en las ayudas recogidas en el apartado 1 del presente artículo y del 100 % en las ayudas reguladas en el 2 del mismo.  
  
Artículo 34. Documentación en la presentación de solicitudes  
La solicitud, deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación:  
1. Copia del/los contrato/s de trabajo celebrados con personas con discapacidad, debidamente comunicado al Espai LABORA correspondiente.  
2. Parte de alta del personal con discapacidad contratado en la Seguridad Social. En caso de transformación de contratos, parte de variación de datos del personal contratado.  
3. Documentación acreditativa del tipo y grado de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del presente decreto, únicamente para trabajadores y trabajadoras que, habiendo resultado evaluada su discapacidad en otras Comunidades Autónomas, no hayan trasladado el expediente a la Comunitat Valenciana. o nuevas solicitudes presentadas tras la caducidad de la resolución anterior, sin que se haya emitido nueva resolución de valoración.  
4. Informe de Adecuación al puesto de trabajo, emitido por los Equipos Multiprofesionales del correspondiente Centro de Valoración y Orientación de Discapacidades de la Conselleria con competencias en materia de servicios sociales.  
En defecto de dicho informe, deberá aportar copia de la solicitud presentada telemáticamente, en el correspondiente Centro de Valoración y Orientación de Discapacidades.  
5. Declaración responsable de que la contratación no incurre en ninguna de las causas de exclusión e incompatibilidades recogidas en el artículo 36 de este decreto.  
6. Para las ayudas de adaptación de puestos, memoria descriptiva de las necesidades de adaptación, con indicación de su coste, así como presupuestos o facturas pro-forma y, en su caso, proyecto técnico.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa reguladora de Contratos del sector público para el contrato menor de obras o suministros, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedoras, con carácter previo a la contracción del gasto, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, las cuales deberán aportarse junto a la solicitud de subvención.  
La elección entre las ofertas presentadas, que deberá presentarse junto a la solicitud, se realizará conforme a criterios de eficiencia, y economía y responsabilidad social, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.  
7. Declaración responsable del cumplimiento de la normativa sobre inclusión laboral de personas con discapacidad o la exención de dicha obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad.  
8. Informe de plantilla media del personal en situación de alta (TGSS) acreditativo de que la contratación objeto de ayuda representa un incremento neto del número de personas empleadas en la empresa colaboradora en comparación con la media de los doce meses previos, en su caso (Informe de plantilla media del mes de la contratación objeto de la ayuda, así como Informe de plantilla media de los doce meses inmediatamente anteriores al mes de la contratación).  
9. Contrato celebrado entre la empresa colaboradora y el centro especial de empleo, en los términos y condiciones establecidas por el artículo 5 del Real decreto 290/2004, de 20 de febrero, mediante el cual se formalice el enclave laboral, así como prórrogas del mismo.  
10. Copia de la comunicación a la Subdirección General de Empleo de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación de este contrato y sus posibles prórrogas, en el plazo de un mes desde su firma.  
11. Relación de personal con discapacidad seleccionado por el Centro Especial de Empleo para la incorporación al enclave laboral donde consten los datos del trabajador o trabajadora por cuya contratación se solicita la ayuda, y fecha de dicha incorporación.  
12. Comunicación a la Subdirección General de Empleo de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación de la incorporación de dicho personal al enclave laboral, y fecha de la misma, en el plazo de un mes desde su inicio.  
  
Artículo 35. Plazos de presentación de las solicitudes  
1. Las solicitudes de ayudas deberán presentarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de contratación objeto de la ayuda y tendrán como fecha límite el 31 de octubre de 2024.  
2. Las solicitudes de ayudas por contrataciones producidas en el ejercicio 2024, pero con anterioridad a la publicación de este decreto, se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del mismo en el DOGV.  
Artículo 36. Exclusiones e incompatibilidades  
1. No resultarán subvencionables:  
a) Las contrataciones realizadas por empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición de la persona trabajadora en empresas usuarias en las que prestarán sus servicios.  
b) Las contrataciones realizadas por empresas que, debido a la comisión de infracciones muy graves, hubieran sido excluidas como beneficiarias de programas de empleo.  
c) Las contrataciones realizadas por empresas que en los doce meses anteriores a la solicitud de la ayuda hubieran realizado extinciones de contratos en virtud de despido colectivo, o por causas disciplinarias u objetivas declaradas o reconocidas improcedentes.  
2. Las ayudas establecidas en este título son incompatibles con cualquier otra para la misma acción subvencionable, salvo la bonificación de cuotas a la Seguridad Social y las ayudas por adaptación del puesto de trabajo.  
  
Artículo 37. Obligaciones de las entidades beneficiarias  
Además de las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 7 de este decreto, las entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente título deberán:  
1. Formalizar los contratos por escrito.  
2. Mantener la estabilidad en el empleo del personal con discapacidad contratado al amparo de la presente disposición por un período mínimo de dos años.  
En el caso de que el personal con discapacidad cause baja durante dicho periodo, podrá ser sustituido por personal con iguales características; la sustitución deberá realizarse y comunicarse a la Subdirección General de Empleo de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, en un plazo de quince días, debiendo añadirse al periodo de mantenimiento obligatorio del contrato, el plazo transcurrido desde la baja hasta su sustitución.  
Si la baja se produjera con anterioridad a la resolución de concesión, decaerá el derecho a la solicitud presentada.  
No se considerarán incumplidas las obligaciones de mantenimiento del empleo a que se refiere este apartado cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por la dimisión de la persona trabajadora, de su discapacidad, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, de su jubilación, de su defunción, de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de su despido disciplinario procedente, así como en el caso de subrogaciones por las causas legales estipuladas, por lo que en el caso de que las vacantes no sean cubiertas, la entidad beneficiaria estará obligada a reintegrar la subvención percibida de forma proporcional al periodo de mantenimiento del contrato pendiente de cumplir.  
La falta de cobertura de las vacantes por cualquier otra causa distinta a las establecidas en el párrafo anterior, dará lugar al reintegro total de la ayuda percibida.  
3. Acreditar el mantenimiento del puesto con carácter anual y durante los dos años siguientes, mediante la presentación del informe de vida laboral correspondiente.  
4. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 7 apartado 1 de este decreto, junto con la acreditación del mantenimiento del puesto al año siguiente al de su contratación  
  
Artículo 38. Justificación y pago  
1. Una vez dictada la resolución de concesión de las ayudas por la celebración de contratos de trabajo a que se refiere el presente título, se librará el importe total de la ayuda reconocida a cada entidad beneficiaria.  
2. El pago de las ayudas por adaptación de puestos de trabajo requerirá la aportación antes del 31 de octubre de 2023, de los justificantes que acrediten la efectividad del gasto y del pago realizado, en los mismos términos establecidos en el apartado 3 del artículo 24.  
3. Con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de pago, la entidad beneficiaria deberá hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 8 de este decreto, y acreditar estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
4. Asimismo, deberá presentarse Declaración sobre el importe y destino de la ayuda.  
5. Corresponde la persona titular de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, o persona en quien delegue, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de las mismas.  
  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
  
Primera. Régimen jurídico  
1. Las ayudas reguladas en el presente decreto tienen la consideración de subvenciones públicas.  
2. El programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido, regulado en el Capítulo I del Título II del presente decreto y el Programa de ayudas a empresas ordinarias por la contratación indefinida de personal con discapacidad procedentes de enclaves laborales, regulado en el Título III del presente decreto, recogen las bases establecidas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para las ayudas cuya gestión y control ha sido transferida a la Generalitat y contenidas en las siguientes disposiciones:  
- Real decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo.  
- El Real decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en Centros Especiales de Empleo.  
- El texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.  
- El Real decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.  
- Real decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional  
- El Real decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, modificado por el Real decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.  
3. Para los programas referidos en los apartados anteriores, y debido a su financiación estatal, es de total aplicación la Ley 38/2003, general de subvenciones, así como el Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real decreto 887/2006.  
4. Las ayudas destinadas a financiar los costes correspondientes al informe auditor para la justificación de la ayuda salarial, reguladas en el Capítulo I del Título II, y las ayudas destinadas a proyectos de inserción en empresa ordinaria a través de CEE, regulados en el Capítulo II del Título II del presente decreto, constituyen programas propios de la Comunitat Valenciana, por lo que le resulta de aplicación la Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como el Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real decreto 887/2006, en sus preceptos básicos. Para el resto resulta de plena aplicación la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.  
5. Respecto al procedimiento administrativo, será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o norma que la sustituya.  
  
Segunda. Compatibilidad con el Mercado Común: requisitos y exclusiones  
1. Las ayudas reguladas en este decreto, salvo la Ayuda por los costes correspondientes al informe auditor necesario para la justificación del gasto de Ayuda salarial por importe igual o superior a 60.000 €, regulada en el capítulo I del título II, son compatibles con el Mercado Común, ya que se rigen por el RGEC.  
a) Subvenciones salariales: artículo 33 del Reglamento.  
Requisitos:  
Primero. Cuando la contratación no represente un incremento neto del número de personas empleadas en la empresa en cuestión, en comparación con la media de los doce meses previos, el puesto o puestos deberán haber quedado vacantes a raíz de la dimisión de la trabajadora o trabajador, de su discapacidad, de su jubilación, de su defunción, de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de su despido disciplinario procedente, así como en el caso de subrogaciones, por las causas legales estipuladas, y no de resultas de su despido disciplinario o por causas objetivas, declarado o reconocido improcedente o despido colectivo.  
  
Segundo. La intensidad de las ayudas no podrá superar el 75 % de los costes subvencionables.  
b) Las ayudas destinadas a la adaptación de puestos, que se rigen por los apartados 2.a y c del artículo 34:  
Requisitos:  
Primero. Las ayudas por adaptación de puestos de trabajo estarán destinadas a financiar las medidas de accesibilidad universal física, sensorial, cognitiva y de comunicación y las medidas adecuadas en función de las necesidades de cada situación concreta, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para la entidad, así como la dotación de medios de protección personal para evitar riesgos laborales a las personas trabajadoras con discapacidad contratadas y/o y eliminación de barreras arquitectónicas u obstáculos que impidan o dificulten su trabajo, y tienen como finalidad cubrir los costes que no habría debido soportar la beneficiaria si hubiera contratado a personal sin discapacidad.  
Segundo. La intensidad de ayuda no podrá superar el 100 % de los costes subvencionables.  
c) Las ayudas destinadas a la inserción a través de los CEE mediante la financiación parcial de los costes salariales de personal de apoyo, que se rigen por el apartado 2.b del artículo 34:  
Requisitos:  
Primero. La ayuda está dirigida a financiar Los costes de empleo de personal exclusivamente durante el tiempo que dedique a asistir al personal con discapacidad y de formación de dicho personal para ayudar al personal con discapacidad.  
Segundo. La intensidad de ayuda no podrá superar el 100 % de los costes subvencionables.  
d) Exclusiones a la aplicación del RGEC.  
1º. Las ayudas reguladas en el presente decreto, acogidas al Reglamento de exención, no podrán concederse, en los supuestos establecidos en los apartados 2 a 5 del artículo 1 de dicho Reglamento, entre los que caben destacar los siguientes:  
• Las ayudas a actividades relacionadas con la exportación, concretamente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o las ayudas a otros costes corrientes vinculados a la actividad exportadora.  
• Las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.  
• Las ayudas concedidas en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:  
1. Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas, o  
2. Cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o parcialmente sobre los productores primarios.  
• Los regímenes de ayudas que no excluyan explícitamente el pago de ayudas individuales a empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.  
• Las ayudas ad hoc en favor de empresas contempladas en el apartado anterior.  
• Las ayudas a empresas en crisis, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.  
• Las medidas de ayuda cuya concesión esté supeditada a la obligación de que la beneficiaria tenga su sede en el Estado miembro pertinente o de que esté establecido predominantemente en ese Estado miembro; sin embargo, se autoriza el requisito de disponer de un establecimiento o de una sucursal en el Estado miembro que concede las ayudas en el momento en que se hagan efectivas.  
• Las medidas de ayuda cuya concesión esté supeditada a la obligación de que la beneficiaria utilice bienes de producción nacional o servicios nacionales.  
• Las medidas de ayuda que restrinjan la posibilidad de que las beneficiarias exploten los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación en otros estados miembros.  
2º. De los supuestos anteriores, y en relación con la exclusión de «Las ayudas a empresas en crisis», se considerará empresa en crisis, según lo dispuesto en el apartado 18 del artículo 2 de dicho Reglamento, la empresa en la que concurra al menos una de las siguientes circunstancias:  
«a) si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una pyme que cumpla los requisitos del artículo 21, apartado 3, letra b), y que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y «capital social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión;  
b) si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios o socias tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una pyme con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una pyme que cumpla los requisitos del artículo 21, apartado 3, letra b), y que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios o socias tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la Directiva 2013/34/UE;  
c) cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores;  
d) cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración;  
e) si se trata de una empresa distinta de una pyme, cuando durante los dos ejercicios anteriores:  
1) la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y  
2) la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA, se haya situado por debajo de 1,0»  
3º. En cuanto a la concesión de ayudas a empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, se hace constar que en aplicación de la jurisprudencia «Deggendorf», la Comisión puede suspender el pago de una ayuda a una empresa con una orden de recuperación pendiente de ejecutar.  
4º. Tampoco resultará subvencionable por la presente orden, las ayudas que superen los umbrales, establecidos en el artículo 4 del Reglamento (UE) núm. 651/2014 que en su apartado q, y para las ayudas para compensar los costes adicionales del empleo de trabajadores con discapacidad quedan establecidos en 11 millones de euros por empresa y por año.  
e) Acumulación de ayudas según el RGEC.  
De conformidad con el artículo 8 del RGEC, una ayuda con costes subvencionables identificables, exenta en virtud del mismo podrá acumularse con cualquier otra ayuda estatal siempre que dichas medidas de ayudas se refieran a costes subvencionables identificables diferentes o con cualquier otra ayuda estatal, correspondiente -parcial o totalmente- a los mismos costes subvencionables, únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda o el importe de ayuda más elevados aplicables a dicha ayuda en virtud de este RGEC. No obstante, en relación con las ayudas a favor del personal con discapacidad (art. 33 y 34) podrán acumularse con otras ayudas exentas en virtud de este reglamento en relación con los mismos costes subvencionables por encima del umbral más elevado aplicable en virtud del citado Reglamento de exención, siempre que tal acumulación no dé lugar a una intensidad de ayuda superior al 100 % de los costes pertinentes durante cualquier período en el que se emplee a dichas personas trabajadoras.  
f) Cálculo de la intensidad de la ayuda y los costes subvencionables  
A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, todas las cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas.  
2. La ayuda por los costes correspondientes al informe auditor necesario para la justificación del gasto de ayuda salarial por importe igual o superior a 60.000,00 €, regulada en el capítulo I del título II, es compatible con el Mercado Común, ya que se rige por el Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis  
a) Dichas ayudas sometidas al régimen de minimis, no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:  
a. las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos de la pesca y de la acuicultura;  
b. las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura, cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de productos adquiridos o comercializados;  
c. las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas;  
d. las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas, en uno de los supuestos siguientes:  
i) cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas,  
ii) cuando la ayuda se supedite a su repercusión, total o parcial, a los productores primarios;  
e. las ayudas concedidas a actividades relacionadas con la exportación a terceros países o a Estados miembros, en concreto las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes relacionados con la actividad exportadora;  
f. las ayudas condicionadas a la utilización de productos y servicios nacionales frente a los productos y servicios importados.  
b) Por otra parte, la aplicación del régimen de minimis supone que la ayuda total de minimis concedida a una «única empresa» no será superior a 300.000 euros durante cualquier periodo tres años.  
c) Las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, podrán acumularse, hasta el límite máximo establecido en el artículo 3.2 de dicho Reglamento, con las siguientes ayudas:  
Las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) núm. 2832/2023 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general.  
Las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola.  
Las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) núm. 717/2014, de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura.  
d) Las ayudas de minimis concedidas en virtud del presente Reglamento no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables ni con ayudas estatales para la misma medida de financiación de riesgo si dicha acumulación excediera la intensidad de ayuda o del importe de ayuda más elevado que corresponda fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías o una decisión adoptados por la Comisión. Las ayudas de minimis que no se concedan para costes subvencionables específicos ni puedan atribuirse a costes subvencionables específicos podrán acumularse con ayudas estatales concedidas en virtud de un reglamento de exención por categorías o una decisión adoptados por la Comisión.  
e) Obligaciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Reglamento Núm. 2023/2831:  
Informar a cada beneficiario por escrito del importe previsto de la ayuda en equivalente de subvención bruto, así como de su carácter de minimis, haciendo referencia expresa al Reglamento de minimis de aplicación, citando su título y la referencia de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea que se ha indicado anteriormente (art. 7.4 del Reglamento).  
Presentar a la Comisión, a más tardar el 30 de junio de cada año, datos agregados sobre las ayudas de minimis concedidas durante el año anterior. Dichos datos agregados incluirán el número de beneficiarios, el importe global de las ayudas de minimis concedidas y el importe global de las ayudas de minimis concedidas por sector (utilizando la «nomenclatura NACE»). La primera notificación de los datos se referirá a las ayudas de minimis concedidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.  
Los Estados miembros podrán informar a la Comisión sobre períodos anteriores sobre los que se disponga de datos agregados (art. 6.6 del Reglamento).  
Registrar y recopilar toda la información relativa a la aplicación de los reglamentos, por lo que deberá mantener un registro detallado de esta y de todas las demás subvenciones que se acojan a la regla de minimis durante un periodo de diez ejercicios fiscales desde su concesión (art. 6.3 del Reglamento).  
A través de esta Dirección General de Fondos Europeos y previa solicitud por escrito, el centro gestor está obligado a facilitar a la Comisión Europea, en un plazo de 20 días hábiles o en el plazo superior que se establezca en la solicitud, toda la información que la Comisión considere necesaria para determinar si se han cumplido las condiciones establecidas en cada Reglamento de minimis de aplicación y, especialmente, para determinar el importe total de las ayudas de minimis recibidas por una empresa a tenor de los límites establecidos en dichos Reglamentos de minimis (art. 6.7 del Reglamento).  
  
Tercera. Protección de datos  
1. El tratamiento de datos personales que se realice en ejecución de este decreto se ajustará a lo dispuesto en el régimen jurídico europeo y estatal en materia de protección de datos de carácter personal.  
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como en el artículo 11 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales información relativa al tratamiento de datos de carácter personal, la información básica en materia de protección de datos objeto de este acto administrativo es la siguiente:  
a) Tiene la condición de responsable del tratamiento el organismo autónomo dependiente de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación.  
b) La finalidad para el tratamiento de datos personales es la concesión de ayudas públicas a los centros especiales de empleo para el mantenimiento de puestos de trabajo, adaptación de puestos de trabajo, y apoyo para el tránsito de personas con discapacidad desde los centros especiales de empleo al empleo ordinario y ayudas a la empresa ordinaria que contrate a trabajadores procedentes de un enclave laboral en un centro especial de empleo.  
c) La persona interesada tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, así como solicitar la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de forma presencial o telemática, de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace:  
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos'id\_proc=19080&version=amp  
3. El resto de información correspondiente al tratamiento de datos personales (base jurídica del tratamiento, el plazo de conservación de los datos, el derecho a presentar una reclamación ante la Delegación de Protección de Datos de la Generalitat o ante la autoridad de control, las posibles cesiones de datos, las comunicaciones internacionales, así como los datos de contacto de la Delegación) se encuentra disponible en el RAT2 de la LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, disponible en la página web del organismo.  
4. «Cuando la persona solicitante o quien le represente legalmente, aporte datos de carácter personal de terceras personas en el procedimiento administrativo, y especialmente datos de discapacidad, tendrá la obligación de informarles de los siguientes extremos:  
- La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.  
- La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad. Si una ley requiere para esta consulta autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, la persona solicitante o quien le represente legalmente deberá haber recabado dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.  
- La posibilidad y forma de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición que le asisten en relación con el tratamiento de sus datos personales».  
  
  
DISPOSICIONES FINALES  
  
Primera. Facultades de ejecución  
1. Se faculta a la persona titular de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para la aplicación y ejecución de este decreto.  
2. Se delega en la persona titular de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación la competencia para ampliar los plazos de justificaciones, con carácter excepcional, cuando concurran circunstancias debidamente motivadas que imposibiliten su presentación en los plazos señalados.  
3. En el caso de que la dotación publicada en el presente decreto no resultase suficiente para atender la totalidad de los importes solicitados, y existiese crédito disponible que permitiera incrementar dicha financiación (nuevos créditos adicionales distribuidos en conferencias sectoriales o desafectaciones de los mismos o de otros programas), mediante acuerdo del Consell podrá ampliarse dicho crédito, sin necesidad de establecer nuevo plazo de presentación de solicitudes.  
  
Segunda. Efectos  
Este decreto tendrá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Tercera. Consideración del decreto  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, este decreto no tiene la consideración de disposición de carácter general.  
  
Contra este decreto, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, computado en los mismos términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Todo ello sin perjuicio de que las interesadas puedan presentar cualquier otro recurso que estimen pertinente.  
  
València, 13 de mayo de 2024  
  
El president de la Generalitat,  
CARLOS MAZÓN GUIXOT  
  
El conseller de Educación, Universidades y Empleo  
JOSÉ ANTONIO ROVIRA JOVER