Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9766, del 15-01-2024 (2024/129)

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 2023, de la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las ayudas para la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en la Comunitat Valenciana a los requisitos establecidos por el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9766

Fecha DOGV
:   15-01-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2024/129


Fecha del documento
:   22-12-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda pública
    * red de energía
    * ave
    * accidente industrial
    * protección de la fauna

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 2023, de la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las ayudas para la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en la Comunitat Valenciana a los requisitos establecidos por el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. [2024/129]  
La electrocución y la colisión de la avifauna en estructuras de conducción eléctrica se ha convertido en el principal problema de conservación para muchas de las especies de aves incluidas en los catálogos español y valenciano de Especies Amenazadas, afectando de un modo muy especial a las aves rapaces, como el águila-azor perdicera (Aquila fasciata) o el águila pescadora (Pandion haliaetus), especies catalogadas en la Comunitat Valenciana por el Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, como en peligro de extinción y vulnerable, respectivamente.  
Para reducir el peligro de las líneas eléctricas en las aves se aprobó el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Los artículos 6 y 7 de dicho Real decreto, establecen respectivamente, las medidas de prevención contra la electrocución y las medidas de prevención contra las colisiones.  
Cumpliendo con la citada disposición, la conselleria competente en materia de medio ambiente publicó las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en la Comunitat Valenciana mediante la Resolución de 15 de octubre de 2010, ampliándose con la Resolución de 6 de julio de 2021. Además, y también de acuerdo con el citado Real decreto 1432/2008, en 2018 se publicó la Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la que se determinan las líneas eléctricas aéreas de distribución que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real decreto 1432/2008. Posteriormente, este listado fue ampliado a las nuevas zonas de protección por la Resolución de 30 de enero de 2023, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la que se amplía el listado de las líneas eléctricas aéreas de distribución que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real decreto 1432/2008.  
Por otro lado, y como respuesta a la pandemia por la COVID-19, la Unión Europea estableció la necesidad de adoptar medidas que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación de la Unión Europea, por lo que el Consejo Europeo acordó el 21 de julio de 2020 un instrumento excepcional de recuperación temporal denominado Next Generation EU para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El núcleo de dicho instrumento está constituido por el Mecanismo de recuperación y resiliencia, cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los estados miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE. Para alcanzar esos objetivos, cada Estado Miembro debe diseñar un plan nacional que incluya las reformas y los proyectos de inversión necesarios para alcanzar esos objetivos. En este marco, el Gobierno de España aprueba, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, siendo presentado a la Comisión Europea el 30 de abril de 2020, y aprobado por esta el 16 de junio de 2021.  
Dentro de los objetivos generales del Plan de recuperación, transformación y resiliencia se distinguen cuatro ejes transversales (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género). El primer eje refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde. Asimismo, dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia se distinguen diez políticas tractoras o palancas que van a incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social. De las diez políticas tractoras, en concreto, en la segunda: «Infraestructuras y ecosistemas resilientes», se establece la necesidad de alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos. En esta política tractora se incluye el componente 4: «Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad», Inversión 2: «Conservación de la biodiversidad terrestre y marina», del Plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia se establecen las medidas para la adecuación de las líneas eléctricas de alta tensión que no se adecúan al citado Real decreto 1432/2008.  
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en su reunión de 14 de abril de 2021, adoptó por unanimidad el acuerdo por el que se aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos relativos a la aplicación del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, para la modificación de tendidos eléctricos causantes de electrocución a especies de avifauna amenazada. Así, para la Comunitat Valenciana se ha asignado un crédito de 2.324.167,64 €.  
Igualmente, en el citado acuerdo se incluye también un objetivo cuantitativo individualizado de obligado cumplimiento por cada comunidad autónoma, que en el caso de la Comunitat Valenciana es de un número mínimo de 775 apoyos corregidos. Este valor puntual se transformará en superficie de la cual se han eliminado los peligros de electrocución para avifauna, contribuyendo al logro de los objetivos de «Superficie objeto de actuaciones de conservación de biodiversidad» previstos en el Componente 4, Inversión 2; concretamente el objetivo 69 establecido por Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del Plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision - CID), de 13 de julio de 2021, siendo este: al menos 50 000 hectáreas cubiertas por actuaciones finalizadas de conservación de la biodiversidad.  
Según el documento Análisis del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que acompaña a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR, dentro del campo de intervención 50 (protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos), respecto al etiquetado verde, la contribución de esta inversión a la transición ecológica y digital se eleva al 40 % en el caso de la acción por el clima y al 100 % de la acción medioambiental y, respecto al etiquetado digital, un coeficiente de un 0 %.  
Con relación al crédito de 2.324.167,64 € asignado a la Comunitat Valenciana, en 2022 se realizó un encargo por un importe de 80.457,84 € para la asistencia técnica para la actualización del listado de líneas eléctricas peligrosas, evaluación de la mortalidad de aves y priorización de proyectos de corrección de líneas eléctricas. Así el crédito disponible para la corrección de apoyos es de 2.243.709,8 €. Todas las actuaciones objeto de financiación deberán haberse iniciado a partir del 1 de enero de 2023 y estar finalizadas a fecha 31 de diciembre de 2025 ya que la Decisión de Ejecución establece que la implementación de las inversiones 2, 3 y 4 concluirán a más tardar el 30 de junio de 2026. De manera general, la fecha de finalización de las actuaciones debe permitir la completa remisión de la información y pruebas documentales requeridas para su inclusión dentro del PRTR así como para la remisión e incorporación completa de la documentación necesaria para verificar y acreditar el cumplimiento de los objetivos, considerando por tanto el periodo necesario para asegurar la capacidad para llevar a cabo la justificación y la acreditación por el órgano competente del cumplimiento del hito u objetivo.»  
Estas medidas correctoras están incluidas en el Mecanismo de recuperación y resiliencia, por lo que estarán sometidas a la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control que se establezcan para el Mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE y a la normativa de la Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, así como las específicas relativas a la información y publicidad, verificación y demás impuestas por la normativa de la Unión Europea, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.  
En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, que establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión (2021/C 58/01): Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», todas las actuaciones financiadas que se lleven a cabo en desarrollo de la presente resolución deberán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH, «Do No Significant Harm»).  
Estas ayudas están previstas en Plan estratégico de subvenciones de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y sus organismos públicos, para el periodo 2021-2023, aprobado por la Resolución de 16 de junio de 2021 y posterior modificación por la Resolución de 27 de julio de 2022 y Resolución de 8 de mayo de 2023.  
Las ayudas reguladas a través de las presentes bases se inscriben en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España, con cargo a los fondos asignados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del componente núm. 4: «Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad» del plan, estando destinadas a la corrección de tendidos de alta tensión, de conformidad con lo dispuesto en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto.  
Los proyectos de corrección de tendidos eléctricos, serán financiados con cargo a los fondos NextGenerationEU del Mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, por lo que les serán de aplicación las especialidades previstas en el artículo 44 del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia y el Régimen de gestión económica financiera de los fondos vinculados al Mecanismo de recuperación y resiliencia y al React-EU regulado en la sección segunda del capítulo VI del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la COVID-19.  
Por lo que se refiere a la compatibilidad de estas ayudas con el mercado interior en virtud de lo establecido en la Comunicación de la Comisión 2014/C 200/01, en el apartado 15 e) de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección de medio ambiente y energía 2014-2020, quedan excluidas de su ámbito de aplicación las ayudas estatales para la conservación de la biodiversidad, las cuales deben regirse por las normas aplicables a los Servicios de Interés Económico General (SIEG) por suponer un claro beneficio para la sociedad actual y para las generaciones futuras. Estas ayudas no tienen la consideración de ayudas de Estado al cumplirse los cuatro criterios señalados en la Sentencia Altmark y resultan plenamente compatibles con el mercado interior de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 2012/21/UE de la Comisión de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones de artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, al cumplirse los requisitos acumulativos establecidos en la misma: 1) la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y estas deben estar claramente definidas; 2) los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente; 3) la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable; 4) cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público, en un caso concreto, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios originando el menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación necesario debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada habría soportado. Requisitos todos ellos desarrollados en la comunicación realizada a la Dirección General de Fondos Europeos, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, según lo dispuesto en el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la COVID-19, se aprobarán en un único expediente las bases reguladoras y la convocatoria mediante resolución de la persona titular de la conselleria competente.  
Por todo ello, en uso de las atribuciones conferidas por el citado artículo 23 del Decreto ley 6/2021, así como las competencias que establece el artículo 10 del Decreto 10/2023, de 19 de julio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, previo informe de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención delegada, resulevo:  
  
Primero. Aprobación de las bases reguladoras y convocatoria.  
Aprobar las bases reguladoras y convocatoria de subvención para el ejercicio 2023 en el marco presupuestario del Programa 442.99-MRR, (capítulo VII línea S1089) para la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en la Comunitat Valenciana a los requisitos establecidos por el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  
  
Segundo. Normativa de aplicación  
A las ayudas reguladas en la presente resolución les resulta de aplicación la siguiente normativa:  
a) Comunitaria  
- Reglamento (UE) núm. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia.  
- Reglamento Financiero (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018.  
b) Nacional  
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y su Reglamento, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.  
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.  
- Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.  
- Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
- Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  
- Real decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del Catálogo español de especies amenazadas.  
- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
- Orden HFP/55/2023 de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
- Orientaciones para la transferencia de fondos a las comunidades autónomas para financiar medidas con el Mecanismo de recuperación y resiliencia a través de Conferencia Sectorial o mediante ayudas convocadas por el Estado y gestionadas por aquellas como entidades colaboradoras, del Ministerio de Hacienda de 11 de febrero de 2021.  
c) Autonómica  
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones (modificada por el Decreto ley 6/2021 y el Decreto ley 1/2022).  
- Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.  
- Decreto ley 6/2021, de 1 de abril del Consell, de medidas urgentes en materia de gestión económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la COVID-19.  
- Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania.  
- Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana o normativa que la sustituya.  
- Decreto 118/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones.  
- Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.  
- Resolución de 15 de octubre de 2010, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión.  
- Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la que se determinan las líneas eléctricas aéreas de distribución que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y sus posibles ampliaciones posteriores.  
- Resolución de 6 de julio de 2021, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se amplían las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución.  
- Resolución de 30 de enero de 2023, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la que se amplía el listado de las líneas eléctricas aéreas de distribución que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  
  
Tercero. Eficacia  
La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia, limitándose los mismos a la ejecución de la presente convocatoria.  
La presente resolución pone fin a la vía administrativa pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la conselleria con competencias en materia de medioambiente, en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso de los previstos en la legislación vigente.  
  
València, 22 de diciembre de 2023.- La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio: Salomé Pradas Ten.  
  
  
  
  
  
ANEXO  
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos por el Real decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  
  
Base primera. Objeto y finalidad de las ayudas  
Base segunda. Entidades beneficiarias  
Base tercera. Obligaciones de las personas físicas o jurídicas beneficiarias  
Base cuarta. Actuaciones subvencionables  
Base quinta. Régimen de concesión y plazo de presentación de solicitudes  
Base sexta. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención  
Base séptima. Financiación y cuantía individualizada de la subvención  
Base octava. Solicitudes y documentación  
Base novena. Ordenación, instrucción del procedimiento y comisión de valoración  
Base décima. Resolución de la convocatoria  
Base decimoprimera. Supuestos y criterios de modificación de la resolución  
Base decimosegunda. Ordenación del pago  
Base decimotercera. Justificación  
Base decimocuarta. Incumplimientos, reintegros y sanciones  
Base decimoquinta. Plan de control  
Base decimosexta. Protección de datos de carácter personal  
Base decimoséptima. Transparencia, suministro de información y datos abiertos  
Base decimoctava. Publicidad y difusión.  
Base decimonovena. Lucha contra el fraude  
Base vigésima. Compromiso de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH)  
  
Base primera. Objeto y finalidad de las ayudas  
1. El objeto de la presente resolución es establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de proyectos de adecuación de líneas eléctricas causantes de la mortalidad de especies de avifauna amenazada al Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto según el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en fecha 14 de abril de 2021, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (en adelante PRTR) financiado por la Unión Europea, Next Generation EU, y convocar dichas subvenciones para el año 2023.  
2. La finalidad de estas ayudas es contribuir a la consecución de los objetivos del PRTR en el marco del componente 4, inversión 2 (C4.I2): Conservación de la biodiversidad terrestre, mejorando el estado de conservación de especies y hábitats, previniendo la mortalidad de las aves.  
3. Se declara como servicio de interés económico general los proyectos de corrección de las líneas eléctricas peligrosas para la avifauna de acuerdo con lo establecido en la Decisión 2012/21/UE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general.  
4. La concesión de las subvenciones se realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva a que se refiere el artículo 164 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones y el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
  
Base segunda. Entidades beneficiarias  
1. Podrán beneficiarse de las subvenciones reguladas en la presente disposición los titulares (personas físicas o jurídicas) de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos y localizadas en las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución establecidas por la Resolución de 15 de octubre de 2010, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión y resolución de 6 de julio de 2021, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se amplían las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución.  
2. Las personas beneficiarias de estas subvenciones podrán subcontratar total o parcialmente la ejecución de los trabajos con las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
En el caso de las entidades beneficiarias que no sean entidades locales, cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación se realizará mediante contrato que se celebrará por escrito. La tramitación de dicho contrato será autorizada previamente por la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental.  
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.  
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.  
3. Los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden al órgano concedente, de conformidad con lo que se señala en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
4. Para obtener la condición de persona beneficiaria, las entidades solicitantes declararán no estar incursas en alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2,13.3 y 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
5. Se llevará a cabo un procedimiento de análisis sistemático y automatizado del riesgo del conflicto de interés al ser una convocatoria del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2023, estando este procedimiento regulado por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de recuperación, transformación y resiliencia. En el caso de personas jurídicas, para proceder a dicho análisis, según lo establecido en el artículo 7 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, será obligatorio que se presente una certificación notarial o registral de los datos de titularidad real de la persona destinataria última de la ayuda.  
  
Base tercera. Obligaciones de las personas físicas o jurídicas beneficiarias.  
Sin perjuicio de las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, las personas beneficiarias quedan sujetas a las siguientes obligaciones de carácter general:  
a) Deberán proponer y ejecutar los proyectos propuestos y que cumplan los requisitos y condiciones que se establecen en esta resolución, lo que implicará cumplir la finalidad y realizar la actuación seleccionada en los términos y condiciones establecidos en la resolución de selección de los proyectos.  
b) Justificar, en tiempo y forma, ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron aprobados.  
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.  
e) Llevar un sistema de contabilidad separado o con un código contable adecuado para todas las transacciones relativas a la actuación subvencionada.  
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.  
g) Conservar los documentos justificativos y demás documentación concerniente a la financiación, en formato electrónico, durante un periodo de 5 años a partir de la operación, este periodo será de 3 años si la financiación no supera 60.000,00 €.  
h) Las personas beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación en virtud del artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones. En cualquier acción de promoción y divulgación relacionada con el objeto de estas ayudas se hará constar expresamente la cofinanciación de la Generalitat Valenciana, del Plan de recuperación, transformación y resiliencia y el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea - Next Generation EU», de acuerdo con el artículo 34, apartado 2, del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. Se puede obtener más información la siguiente dirección de internet: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.  
i) Destinar las inversiones subvencionadas al fin concreto para el que fue concedida durante un periodo mínimo de cinco años.  
j) Proporcionar la información necesaria mediante el procedimiento y formato previstos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, publicadas en el BOE de 30 de septiembre de 2021, relativas al Plan de recuperación, transformación y resiliencia (en adelante PRTR) durante toda su vigencia.  
k) Suministrar información sobre la perceptora final de los fondos si no es la misma, así como también la información correspondiente a contratistas y subcontratistas, conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En concreto, las personas beneficiarias deberán cumplir las siguientes obligaciones en relación con la identificación de las personas contratistas y subcontratistas cumplimentando los formularios preparados al respecto.  
k.1. NIF de la persona contratista o subcontratista.  
k.2. Nombre o razón social.  
k.3. Domicilio fiscal de la persona contratista y, en su caso subcontratista.  
k.4. Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Modelo anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.  
k.5. Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión. Modelo anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.  
k.6. Las personas beneficiarias y contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación. Estos documentos se presentarán con la justificación necesaria para el pago.  
k.7. En el caso de que así se haya obligado la persona beneficiaria, compromiso de la empresa o entidad que subcontrate de aplicar para la plantilla que ejecute el objeto de la subvención medidas concretas de corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar, que superen lo establecido legal y convencionalmente, especialmente cuando se trate de personas trabajadoras con discapacidad/diversidad funcional o que tengan a su cuidado a personas con discapacidad/diversidad funcional o en situación de dependencia. Para su valoración, la empresa o entidad beneficiaria deberá especificar detalladamente las medidas de conciliación previstas.  
l) Declarar el compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (modelo anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre) a través del correspondiente formulario que se adjunta en la convocatoria. Este compromiso lo deben asumir las personas beneficiarias de las ayudas y las encargadas de su realización o suministro incluyendo a sus subcontratistas.  
m) Las personas beneficiarias deben asumir que, según la Comisión Europea, la venta y adquisición de activos, bienes y servicios (u otras transacciones comparables) se han de realizar de forma transparente, no discriminatoria e incondicional. Si la venta y adquisición de activos, bienes y servicios (u otras transacciones comparables) se realiza siguiendo estas condiciones, se puede suponer que dichas transacciones se ajustan a las condiciones de mercado, siempre y cuando se hayan utilizado los criterios adecuados para seleccionar al comprador o al vendedor.  
n) En su caso, compromiso de aplicar para la plantilla que ejecute el objeto de la subvención medidas concretas de corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar, que superen lo establecido legal y convencionalmente, especialmente cuando se trate de personas trabajadoras con discapacidad/diversidad funcional o que tengan a su cuidado a personas con discapacidad/diversidad funcional o en situación de dependencia. Para su valoración, la empresa o entidad beneficiaria deberá especificar detalladamente las medidas de conciliación previstas.  
  
Base cuarta. Actuaciones subvencionables  
1. Serán subvencionables las inversiones que se ajusten a las prescripciones técnicas reguladas en los artículos 6, 7, 8 y anexo del Real decreto 1432/2008 de 29 de agosto, así como a las recomendaciones técnicas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la corrección de los apoyos y los vanos eléctricos del riesgo de electrocución o colisión de las aves. Los proyectos de modificación de las líneas eléctricas deberán cumplir con el contenido mínimo establecido en el artículo 8.2 del citado Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto. Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa electrotécnica o sectorial de cualquier otra índole que pudiera resultar aplicable a las entidades beneficiarias.  
2. Las actuaciones quedan recogidas en las siguientes tipologías:  
a) La corrección o sustitución de crucetas de apoyos, la sustitución de cadenas de aisladores, la eliminación de elementos de tensión por encima de las crucetas o semicrucetas, o la sustitución de armados. No se instalarán alargaderas ni dispositivos similares que permitan la posada del ave.  
b) El aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en tensión, y el aislamiento de conductores y otros elementos de tensión mediante fundas o elementos plásticos preformados homologados, siempre como actuaciones adicionales para el reforzamiento de la seguridad en apoyos sobre los que se aplican modificaciones estructurales.  
c) Instalación de elementos salvapájaros o señalizadores visuales de acuerdo, al menos, con las indicaciones generales dadas en el artículo 7 del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto.  
3. Los tributos son gasto subvencionable cuando la persona beneficiaria de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.  
4. Según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en la citada ley, aquellos que, de manera indudable, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado, tomándose como referencia los precios unitarios del pliego de cláusulas particulares para la contratación del Acuerdo marco de servicios de corrección de tendidos eléctricos de alta tensión establecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico disponibles en las página web https://run.gob.es/nxl8ec1c y https://breu.gva.es/b/M1uzNNO8Z2.  
5. Las ayudas objeto de esta convocatoria serán compatibles con otras ayudas o subvenciones que puedan conceder otras Administraciones Públicas, entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, con el mismo fin, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, siempre que no se cubra con estas ayudas el coste total de la actividad objeto de financiación. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.  
  
Base quinta. Régimen de concesión y plazo de presentación de solicitudes  
1. Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, conforme a los criterios establecidos en la presente resolución, tal y como se establece en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, de conformidad con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia, establecidos en el artículo 8 de la citada Ley 38/2003, y de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de dicha ley, aprobado mediante Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
2. Se valorarán cada una de las solicitudes admitidas que hayan cumplido los plazos y los requisitos señalados en las presentes bases, a fin de establecer un orden de prelación, que se determinará de la siguiente forma:  
a). Se ordenarán los proyectos por la puntuación obtenida de acuerdo con los criterios de la base sexta, concediéndose el porcentaje de los gastos subvencionables de cada uno de los proyectos tal y como detalla en la base séptima hasta que se agote la cuantía total de la convocatoria.  
b) En el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación, no será necesario fijar orden de prelación entre las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en esta resolución.  
En caso de empate, tendrán preferencia en la adjudicación, por el siguiente orden:  
1. Aquellas entidades que, en su caso, acrediten contar, con anterioridad a la publicación de esta resolución, con un mayor porcentaje de personas trabajadoras con diversidad o discapacidad en relación con su plantilla, o bien se comprometan a contratar un porcentaje mayor de ellas durante la realización del objeto de la subvención.  
2. Cuando el empate se produzca entre solicitudes de empresas y entidades que no estén legalmente obligadas a disponer de un plan de igualdad, tendrán preferencia las de aquellas empresas y entidades que, con anterioridad a la publicación de esta resolución, hayan negociado con la representación legal de las personas trabajadoras si la hubiese, y hayan aprobado y tramitado la inscripción de los planes de igualdad en el registro de la Comunitat Valenciana de convenios y acuerdos colectivos de trabajo o equivalente de otras administraciones, aun no estando obligadas legalmente. Adicionalmente, se valorará que los planes de igualdad dispongan de un certificado o distintivo de carácter oficial o empresarial.  
3. Si persiste el empate, se decidirá a favor de la persona que haya obtenido mayor puntuación en el criterio 3 de valoración de los previstos en la base sexta; de continuar el empate, se resolverá por la mayor puntuación obtenida en el criterio 2 y caso de persistir el empate, la que mayor número de apoyos corrija.  
c) La disponibilidad presupuestaria asignada a la presente convocatoria limitará el número de expedientes y proyectos que se vayan a aprobar.  
d).Si el crédito se agota sin satisfacer al 100 % los gastos subvencionables de la última solicitud con la ayuda concedida, se podrá instar a la persona beneficiaria para que, en el plazo de 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación de la propuesta de resolución provisional, reformule su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. Si transcurrido dicho plazo no se recibiera la reformulación, se entenderá que el interesado realizará la actuación completa, cuya justificación será preceptiva para el cobro de la subvención. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.  
3. El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Base sexta. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención  
1. Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación.  
2. Tal y como se indica en la Base primera de las presentes bases reguladoras, las ayudas serán concedidas mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, realizando una comparativa entre las solicitudes y estableciendo una prelación entre las mismas según la suma de las puntuaciones obtenida bajo los siguientes criterios de evaluación:  
  
Criterio de Evaluación Puntos  
1. Zonificación riesgo (a partir de la cartografía publicada en el Visor GVA: https://breu.gva.es/b/kEfGkKPtwu)  
En caso de cruzar distintas zonas, se calcula sumando las puntuaciones parciales asignadas a las distintas zonas atravesadas, ponderando dichas puntuaciones parciales en la proporción que el tramo de cada zona represente respecto de la longitud total de las líneas incluidas en la solicitud. 25  
1.1. Riesgo muy alto 25  
1.2. Riesgo alto 20  
1.3. Riesgo medio 10  
1.4. Riesgo bajo 0  
2. Peligrosidad apoyos  
(Valor medio de la peligrosidad de los apoyos) 25  
2.1. Apoyos de amarre con puente flojo superior 25  
2.2. Apoyos especiales con fusibles, seccionadores, electroválvulas, derivaciones y transformadores en intemperie 25  
2.3. Apoyos de alineación con aisladores rígidos y armado metálico 20  
2.4. Apoyos de alineación con aisladores rígidos y armado de madera 15  
2.5. Resto de apoyos que no cumplen RD 1432/2008 5  
3. Casos de mortalidad  
(valor máximo de la suma de los casos conocidos) 25  
3.1. Eventos con especies En Peligro de Extinción o Vulnerables 15  
3.2. Eventos con especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESRPE) 10  
3.3. Otras especies 5  
4. Titularidad 25  
4.1. Líneas eléctricas cuya titularidad sea de personas físicas o jurídicas que no tengan la condición de empresa de distribución eléctrica según el RD 1955/2000 25  
4.2. Líneas eléctricas cuyos titulares sean empresas de distribución eléctrica con menos del 10 % de la longitud del inventario de líneas eléctricas ubicadas en Zonas de protección que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real decreto 1432/2008 15  
4.2. Líneas eléctricas cuyos titulares sean empresas de distribución eléctrica no incluidas en el apartado 4.2 0  
5. Cláusulas de responsabilidad social 5  
El compromiso de aplicar para la plantilla que ejecute el objeto de la subvención medidas concretas de corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar, que superen lo establecido legal y convencionalmente, especialmente cuando se trate de personas trabajadoras con discapacidad/diversidad funcional o que tengan a su cuidado a personas con discapacidad/diversidad funcional o en situación de dependencia. Para su valoración, la empresa o entidad beneficiaria deberá especificar detalladamente las medidas de conciliación previstas   
  
  
Base séptima. Financiación y cuantía individualizada de la subvención  
1. La financiación de las ayudas se hará con cargo a las asignaciones previstas para la operación en que se enmarcan en el Programa 442.99-C4I2, (capítulo VII línea S1089) (MRR) para la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en la Comunitat Valenciana a los requisitos establecidos por el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, dotada con 2.243.709,8 €.  
2. De acuerdo con la tipología del titular de las líneas eléctricas, según el Real decreto 1955/2000, se financiará:  
a) El 100 % del importe subvencionable de aquellas líneas eléctricas peligrosas para la avifauna cuya titularidad recaiga en particulares o empresas que no tengan la consideración de distribuidora eléctrica.  
b) El 75 % del importe subvencionable de aquellas líneas eléctricas peligrosas para la avifauna cuya titularidad recaiga en empresas que tengan la consideración de distribuidora eléctrica.  
3. La cuantía máxima de la subvención por solicitud será:  
a) Para empresas que tengan la consideración de distribuidora eléctrica: 300.000 euros.  
b) Para el resto de las personas beneficiarias: 100.000 euros.  
4. Una misma entidad solicitante no podrá acumular ayudas por un valor igual o superior al 75 % del presupuesto total disponible en la convocatoria, si bien este límite podrá superarse en caso de que, una vez admitidas y valoradas todas las solicitudes recibidas de acuerdo con este criterio, exista aún presupuesto disponible no asignado.  
5. Por razones de eficacia y eficiencia administrativa, el importe mínimo subvencionable de cada solicitud deberá ser de 2.000 euros, por lo que no se tomarán en consideración actuaciones o proyectos cuya cuantía sea inferior a esta cantidad.  
6. La dotación de esta convocatoria podrá incrementarse si concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 11.2 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat.  
7. En aplicación del artículo 11.6 del Decreto 77/2019, los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán que se dicten resoluciones de concesión complementarias para aquellas solicitudes que, cumpliendo todos los requisitos, hubieran sido denegadas por agotamiento del mismo.  
8. La publicidad a que hacen referencia los apartados anteriores no implicará la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.  
  
Base octava. Solicitudes y documentación  
1. Las solicitudes y la documentación que las acompaña se presentarán preferentemente en los registros de los órganos administrativos a los que se dirijan, pudiéndose presentar también en cualquiera de los registros previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, mediante el correspondiente modelo normalizado disponible a través de la sede electrónica de la Generalitat, en la dirección de internet https://sede.gva.es/es/proc25285.  
Las personas obligadas a relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como las personas solicitantes que, no estando obligadas a ello, opten por esta vía, presentarán las solicitudes telemáticamente a través de la sede electrónica de la Generalitat en la dirección de internet https://sede.gva.es/es/proc25285.  
Para acceder de forma telemática al procedimiento, la persona solicitante deberá disponer de certificado cualificado de representante de entidad, emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Asimismo, se podrá utilizar cualquier otro sistema de firma electrónica admitido por la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/sede\_certificados).  
Cuando se quiera tramitar un procedimiento en representación de otras personas físicas o jurídicas, se podrá otorgar dicha representación a través del Registro de Representantes de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/) El acceso a dicho registro por parte de los representados puede realizarse utilizando un certificado cualificado de ciudadano (si es persona física) o de representante de entidad (si es persona jurídica).  
Las subsanaciones o las aportaciones documentales posteriores a la presentación de la solicitud se podrán llevar a cabo telemáticamente en la sede electrónica de la Generalitat a través de la dirección de internet https://sede.gva.es/es/proc25285.  
Cuando las personas interesadas necesiten dar de alta o modificar una cuenta bancaria para la percepción de las ayudas convocadas, dicha actuación se podrá realizar de manera telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es/proc22648), si bien están obligados a ello los sujetos previstos en el artículo 6 de la Orden 2/2022 de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se regulan las actuaciones o trámites de alta, modificación y baja de los datos personales identificativos y bancarios de las personas físicas y jurídicas que se relacionen económicamente con la Generalitat.  
2. La solicitud deberá ir acompañada de:  
a) Acreditación de la identidad de la persona jurídica solicitante, en caso de no autorizar su consulta por el órgano gestor del procedimiento.  
b) Acreditación, cuando proceda, de la identidad del representante legal, si este es una persona jurídica, en caso de no autorizar su consulta por el órgano gestor del procedimiento.  
c) Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social, en caso de no autorizar u oponerse a su consulta por el órgano gestor del procedimiento.  
d) En caso de que la persona solicitante no sea titular de la propiedad de los terrenos donde se tenga previsto ejecutar actuaciones, se acreditará la disponibilidad de los mismos en favor del solicitante, mediante cualquier documento que conforme a derecho permita su acreditación.  
e) La memoria valorada que acompaña a la solicitud deberá contener como mínimo el siguiente contenido:  
- Titularidad de la línea o tramo de línea.  
- Ubicación de la línea, descripción del trazado y plano a escala, al menos 1:25.000. Esta documentación cartográfica deberá aportarse tanto en formato papel como en formato digital compatible con el Visor GVA (.zip (SHP),.json.geojson (GeoJSON),.kml,.kmz,.gpx,.gml,.csv,.dxf,.dgn) donde se identifiquen y localicen las líneas y apoyos, diferenciando sobre los que se realizarán actuaciones de los que no. El sistema de referencia cartográfica a utilizar será UTM HUSO 30 ETRS89.  
- Descripción completa de la línea eléctrica o tramo a adaptar o desmantelar con especificación de su longitud, número y tipo de apoyos que la integran y tipo de señalización, si la tuviere. Los apoyos deberán describirse de modo que se detalle el tipo de cruceta, tipo de puentes, distancia de seguridad actual y descripción de los elementos que la componen, descripción de los sistemas de aislamiento actuales, descripción de las instalaciones actuales de seccionamiento, transformación e interruptores con corte en intemperie.  
- Tipos de apoyos y armados a instalar.  
- Características de los sistemas de aislamiento.  
- Descripción de las instalaciones de seccionamiento, transformación e interruptores con corte en intemperie.  
- Características de los dispositivos salvapájaros a instalar y la ubicación de estos, en su caso, así como las medidas anticolisión.  
- Presupuesto  
f) Modelo de domiciliación bancaria, en caso de que la persona solicitante no esté obligada a realizar el alta o modificación de la cuenta bancaria a través de la correspondiente tramitación telemática, y no opte por efectuar dicha tramitación telemática.  
g) En el caso de personas jurídicas, certificación notarial o registral de los datos de titularidad real de la persona destinataria última de la ayuda.  
3. Así mismo en la solicitud, las personas solicitantes deberán suscribir las siguientes declaraciones responsables, según corresponda:  
a) Del cumplimiento de que ninguna de las medidas del proyecto puede causar daño al medio ambiente, para ninguno de los 6 objetivos medioambientales considerados en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento de Taxonomía), denominado principio DNSH (do no significant harm) (según el modelo asociado, Modelo A).  
b) Del cumplimento de las obligaciones contempladas en las órdenes HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y HFP/55/2023, de 24 de enero, mediante la presentación de los modelos correspondientes:  
• Modelo B de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR.  
• Modelo C declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR.  
c) Declaración de estar al corriente de las obligaciones tributarias, estatales, autonómicas, y con la Seguridad Social.  
d) En su caso, declaración responsable de la persona física o de la persona que ejerza la secretaría o gerencia de la solicitante, acreditativa de que se dispone de capacidad económica, financiera y operativa requerida para garantizar la ejecución de la actuación propuesta.  
e) Declaración de que la persona o la entidad, no está incursa en alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2, 13.3 o 13.3.bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
f) Del cumplimiento de todas las obligaciones exigibles en el marco del PRTR, en particular, conocer el cumplimiento de las obligaciones siguientes (de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) núm. 2021/241 y los artículos 129 y 132 del Reglamento financiero (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18.07.2018):  
- Sujeción a los controles de los órganos de control europeos (Comisión, Tribunal de Cuentas Europeo, Oficina de Lucha Anti-Fraude y Fiscalía Europea),  
- Normas sobre conservación de la documentación.  
- Normas sobre información y comunicación.  
- Normas de lucha contra el fraude y corrupción.  
g) Declaración responsable de la no percepción de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  
h) Declaración responsable, en su caso, relativa al compromiso de aplicar para la plantilla que ejecute el objeto de la subvención medidas concretas de corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar, que superen lo establecido legal y convencionalmente, especialmente cuando se trate de personas trabajadoras con discapacidad/diversidad funcional o que tengan a su cuidado a personas con discapacidad/diversidad funcional o en situación de dependencia. Para su valoración, la empresa o entidad beneficiaria deberá especificar detalladamente las medidas de conciliación previstas.  
i) Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, cuando la persona solicitante de la subvención ejerza actividad empresarial, en caso contrario, declaración de estar exenta. En cualquier caso, se indicará el porcentaje de personas trabajadoras con diversidad o discapacidad en relación con su plantilla, a día anterior a la publicación de cada convocatoria, o se incluirá compromiso por escrito de contratar un porcentaje mayor de ellas durante el ámbito temporal de la ayuda.  
j) En su caso, la declaración responsable en la que se acredite que las actuaciones no fueron iniciadas antes de la fecha establecida en las presentes bases reguladoras (según modelo facilitado).  
4. La acreditación de la documentación relacionada se efectuará sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
Cuando la Administración actuante consulte o recabe datos o documentos en el ámbito de los fines de la convocatoria que estén en su poder o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, el régimen aplicable será el siguiente:  
a) El órgano gestor del procedimiento deberá estar autorizado por la persona interesada para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, y los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En caso contrario, la persona interesada deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.  
b) El órgano gestor del procedimiento tiene potestad para consultar los datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social. No obstante, si la persona interesada desea oponerse a ello, es imprescindible que indique la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone queda obligada a aportar los documentos acreditativos correspondientes.  
c) El órgano gestor, podrá verificar la exactitud de los datos declarados por la persona interesada, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
d) Según el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas interesadas pueden formular oposición respecto de la posibilidad de que las administraciones públicas puedan consultar o recabar datos de los interesados de forma electrónica a través de sus redes corporativas o a través de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, en cuyo caso, si la persona interesada se opone a dicha consulta, deberá aportar directamente al expediente los citados datos y/o documentos.  
5. Documentos relacionados con la aportación de datos de terceras personas:  
a) Identificación de la persona perceptora final de los fondos, sea como persona o entidad beneficiaria de las ayudas, o adjudicataria de un contrato o subcontratista. Además, cada una de ellas cumplimentará un modelo de declaración de compromiso basado en el modelo C del anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.  
b) Las personas beneficiarias y contratistas que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.  
c) En el caso de que así se haya comprometido la persona beneficiaria, declaración responsable relativa al compromiso de aplicar para la plantilla que ejecute el objeto de la subvención medidas concretas de corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar, que superen lo establecido legal y convencionalmente, especialmente cuando se trate de personas trabajadoras con discapacidad/diversidad funcional o que tengan a su cuidado a personas con discapacidad/diversidad funcional o en situación de dependencia. Para su valoración, la empresa o entidad subcontratada por la persona beneficiaria deberá especificar detalladamente las medidas de conciliación previstas.  
En caso de no presentar estos documentos inicialmente por no estar realizado el contrato o determinada la subcontratación, se presentará inexcusablemente con la justificación previa al pago.  
6. Las entidades beneficiarias que estén obligadas a ello deberán disponer del correspondiente plan de igualdad.  
7. Las personas interesadas son responsables de la veracidad de los documentos que presenten, pudiendo solicitar los órganos gestores de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por ellos, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tienen atribuidas las administraciones públicas, en virtud del artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.   
8. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de plazo. La resolución de inadmisión será notificada en los términos expresados en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
  
Base novena. Ordenación, instrucción del procedimiento y comisión de valoración  
1. La instrucción previa del procedimiento corresponderá a las direcciones territoriales de la conselleria competente en materia de biodiversidad.  
2. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución o la presentación fuera del plazo establecido, conllevará la inadmisión de la solicitud mediante resolución expresa según lo dispuesto en el artículo 39.1.b y 88.5 de la ley 39/2015, de 1 de octubre.  
3. En caso de que durante la instrucción se detecten deficiencias en la solicitud o falta de documentación, según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se requerirá por escrito al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la solicitud o aporte los documentos requeridos, informándole que, de no hacerlo, se le dará por desistido de su solicitud.  
4. Para cada solicitud se emitirá se emitirá un informe en el que se especifique:  
a) Si conforme a la información que obra en su poder, la solicitud y los documentos aportados son correctos y cumplen con los requisitos establecidos para acceder a la ayuda;  
b) Además, en el caso de las solicitudes admitidas a trámite, una primera valoración conforme a los criterios de priorización.  
5. La inadmisión o el desistimiento de las solicitudes será resuelta por la persona titular de la dirección territorial de Medio Ambiente de la provincia a la que corresponda la instrucción.  
6. La persona titular de la dirección territorial de Medio Ambiente elevará a la comisión de evaluación una relación de las solicitudes admitidas a trámite con la valoración previa de estas, y notificará la admisión de estas.  
7. La comisión de evaluación realizará la valoración definitiva de las solicitudes admitidas a trámite.  
8. La comisión de evaluación procurará en su composición la paridad por razón de sexo y estará integrada por:  
a) Presidencia: la persona titular de la subdirección general competente en Biodiversidad o, en su defecto, el funcionario o funcionaria con rango de jefe de servicio en quien delegue.  
b) Vocales:  
- La persona titular de la jefatura de servicio competente en Vida Silvestre o funcionario o funcionaria del grupo A1 en quien delegue;  
- Un representante de cada una de las direcciones territoriales de la conselleria competente en medio ambiente;  
- Secretaría: un representante del servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000.  
9. Tanto la valoración previa, como la definitiva, se realizarán conforme a los criterios de priorización definidos en Ia presente resolución (base sexta).  
10. La comisión de evaluación elaborará un informe que incluirá:  
a) La valoración final de todas las solicitudes admitidas a trámite;  
b) La selección de aquellas solicitudes mejor valoradas que pueden ser atendidas de acuerdo con el importe disponible en la convocatoria;  
c) La relación de aquellas solicitudes que no pueden ser atendidas por exceder el importe disponible en la convocatoria y que, por tanto, pasan a formar parte de la lista de reserva.  
11. El servicio competente en materia de Vida Silvestre, elevará el informe de la comisión de evaluación al órgano competente para su resolución.  
  
Base décima. Resolución de la convocatoria  
1. La concesión de la subvención se efectuará por resolución de la persona titular de la dirección General con competencias en biodiversidad, por delegación de la persona titular de la Conselleria con competencias en biodiversidad.  
2. El plazo máximo para tramitar, resolver y notificar las resoluciones de concesión será de seis meses a contar desde la fecha de publicación de la presente convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese notificado resolución expresa, los solicitantes podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo. Todo ello, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de la Administración de resolver expresamente sobre la petición formulada. La resolución tendrá los efectos y el contenido previstos en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y se publicará en la Base de datos nacional de subvenciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20 de la citada ley, y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Esta publicación surtirá los efectos de notificación a los solicitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
3. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y la misma podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.  
4. En las resoluciones de concesión de las subvenciones se hará constar expresamente que los fondos con que se sufragan proceden de los presupuestos generales del estado, dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea.  
5. La presentación de la solicitud de subvención conlleva la aceptación incondicionada de los términos en que se formule la convocatoria, así como de sus bases rectoras.  
6. La entidad beneficiaria podrá renunciar a la subvención concedida en el plazo un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa. De igual manera, la entidad solicitante podrá desistir de la solicitud de la subvención en cualquier momento antes de la concesión de esta. Tanto la renuncia a la subvención como el desistimiento a la solicitud deberán ser expresos, y comunicarse al órgano instructor mediante su presentación en la sede electrónica de la Generalitat a través de la dirección de internet https://sede.gva.es/es/proc25285.  
7. En la resolución de concesión de ayuda, figurarán, como mínimo:  
a) La identificación de la persona beneficiaria.  
b) La identificación de la actuación o proyecto subvencionado.  
c) Condiciones que debe cumplir la persona beneficiaria.  
d) El plazo de ejecución de la actividad subvencionada.  
e) El importe de la inversión o gasto aprobado.  
f) La cuantía de la subvención concedida  
g) Se informará de que la medida se subvenciona con los fondos procedentes del PRTR de la Unión Europea.  
h) El plazo y forma de justificación de la inversión.  
i) Responsabilidades de publicidad según lo establecido en la base decimoséptima de esta resolución.  
j) Recursos que procedan  
8. La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, establecerá, en su caso, una relación ordenada de las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas de las presentes bases, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la base sexta y las condiciones que se deriven. En el supuesto que se produjesen renuncias o revocaciones de las subvenciones concedidas, se pueden hacer otorgamientos según esta lista de reserva sin necesidad de una nueva convocatoria.  
9. Las personas beneficiarias pueden solicitar una ampliación del plazo de ejecución y justificación de las actuaciones al órgano concedente, siempre que no exceda de la mitad de estos, las circunstancias lo aconsejen y, con ello, no se perjudiquen derechos de tercero, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
Base decimoprimera. Supuestos y criterios de modificación de la resolución  
1. La modificación o alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y, si procede, a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención.  
2. Si se produce una variación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, por las causas de reintegro que establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, procederá exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, previo informe del órgano competente de control de la subvención y tras el trámite de audiencia legalmente establecido.  
3. En los supuestos de subvenciones concurrentes, cuando se tenga conocimiento de la concesión de una ayuda por otro organismo o entidad con el mismo objeto, se dictará, en todo caso, una resolución de minoración de la ayuda, teniendo en cuenta la cantidad concedida por otros entes públicos o privados.  
  
Base decimosegunda. Ordenación del pago  
1. No podrá realizarse el pago de las ayudas en tanto la persona beneficiaria no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración y con la Seguridad Social o mantenga deudas por resolución de procedencia de reintegro.  
2. Los pagos serán solicitados por la persona beneficiaria junto con la documentación justificativa correspondiente mediante el modelo y formularios habilitados.  
3. Se puede solicitar el pago de la totalidad de la actuación, presentando la documentación indicada en la base decimotercera.  
4. Se pueden solicitar abonos a cuenta en los términos y condiciones previstos en el artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. Estos pagos responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada, y siempre que la naturaleza y características de las acciones permita este fraccionamiento a efectos de su pago. En todo caso, tendrá que existir una coherencia entre los abonos y el ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas.  
  
Base decimotercera. Justificación  
1. Las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la ayuda por las actividades y conceptos subvencionables de esta resolución deberán justificar la ejecución de estas como máximo en el plazo de dos meses. Dicho plazo se computará a partir de la conclusión del plazo de ejecución establecido en la resolución de concesión, o en su caso, a partir de la fecha de finalización efectiva de la actuación, en el caso en que la actuación finalice antes del plazo de ejecución previsto en la resolución de concesión.  
Es posible la justificación de las actuaciones parciales necesarias para la ejecución del proyecto y que serán necesarias para obtener los pagos parciales.  
El régimen jurídico de la justificación será el establecido en el art. 30 de la Ley general de subvenciones, desarrollado por el art. 72 del Reglamento 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
2. En virtud del artículo 63 a) del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el caso de que el importe de la subvención concedida sea inferior a 100.000 €, la documentación justificativa consistirá en una cuenta justificativa certificada por la persona que ostente la secretaría o la gerencia de la entidad beneficiaria, donde se acredite que su contenido se corresponde de manera indubitada a la actividad subvencionada, y que los gastos resultan estrictamente necesarios y han sido efectivamente pagados e incluirá:  
2.a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos para alcanzar los objetivos, detallando el importe solicitado, otorgado y gastado desglosando importe base, IVA e importe total.  
2.b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago y las desviaciones acaecidas sobre el presupuesto estimado. Los documentos de facturación referenciados serán conformes con lo prescrito en el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.  
2.c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.  
2.d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.  
2.e) Justificación fotográfica y en su caso documental de la utilización del emblema del Plan de recuperación, transformación y resiliencia y de la Unión Europea según las especificaciones indicadas en la base decimoséptima.  
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 09/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá aportar como mínimo las tres ofertas de diferentes proveedores, que con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, ha tenido que solicitar, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. Asimismo, según el artículo 31.3 de la Ley general de subvenciones, deberá justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.  
4. En caso de no presentar inicialmente los documentos relacionados con la aportación de datos de terceras personas por no estar adjudicado el contrato o determinada la subcontratación, así como los formularios de ausencia de conflicto de interés y compromiso ético para el personal participante en la gestión que inicialmente no estaba determinado, se presentará inexcusablemente con la justificación.  
5. En cuanto a la verificación de los compromisos adquiridos en materia de en materia de DNSH, conforme a lo establecido en la base decimonovena, se solicitará a las personas beneficiarias:  
- Informe justificativo de la ayuda con fotografías de la instalación en las que se vea que no han dejado residuos de los envoltorios de los equipos.  
- EIA o tramitación ambiental simplificada conforme a la legislación vigente.  
6. Cuando se haya adquirido el compromiso de aplicar para la plantilla que ejecute el objeto de la subvención medidas concretas de corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar, que superen lo establecido legal y convencionalmente, especialmente cuando se trate de personas trabajadoras con discapacidad/diversidad funcional o que tengan a su cuidado a personas con discapacidad/diversidad funcional o en situación de dependencia; se aportará memoria justificativa de las concretas medidas adoptadas de corresponsabilidad y conciliación adoptadas, detallando expresamente en qué forma superan lo establecido legal o convencionalmente. Además, se proporcionará para su verificación copia del plan de igualdad o instrumento jurídico en el que se recojan dichas medidas.  
  
Base decimocuarta. Incumplimientos, reintegros y sanciones  
1. Estas ayudas serán objeto de las actuaciones de comprobación, control y fiscalización.  
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de las resoluciones de concesión. Asimismo, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas para la misma finalidad y objeto por otras Administraciones o entes públicos o privados nacionales dará lugar a una reducción proporcional en el importe de las subvenciones.  
3. El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención, o la no ejecución total de las inversiones, con independencia de otras responsabilidades en que hubiera podido incurrir la persona beneficiaria, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención concedida, con la obligación de reembolsar las cantidades ya percibidas, incrementadas con los intereses de demora legalmente establecidos.  
En caso de incumplimientos parciales, la autoridad competente graduará el mismo y su repercusión en la pérdida parcial de la subvención concedida y en la obligación de reembolso parcial de las cantidades abonadas más los intereses de demora. No obstante, si el incumplimiento afecta a la no ejecución parcial de las inversiones, se procederá a la pérdida del derecho a la subvención por la cuantía correspondiente a la parte no ejecutada en plazo, y si se hubieran realizado pagos parciales en función de comprobaciones y recepciones parciales de la inversión, los mismos tendrán la consideración de definitivos.  
En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la base decimonovena de esta resolución «no causar daño significativo al medio ambiente», procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, por la persona beneficiaria en función del alcance del incumplimiento. Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, de conformidad con el artículo 37.1.f de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en caso de incumplimiento de la normativa ambiental y social, de incumplimiento de los compromisos asumidos en esas materias por la persona beneficiaria y en los demás supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, incluido el incumplimiento total o parcial de la actividad subvencionada o de los objetivos previstos.  
Esta misma previsión se aplicará en los casos en que la persona beneficiaria hubiera incumplido, en relación con todo ello, con la obligación de justificación recogida en los artículos 14.1.b y 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y cuando, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental y social, y de los compromisos ambientales, de transparencia, sociales y éticos asumidos por la persona beneficiaria, se hubiera incurrido en resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de comprobación e inspección.  
Tanto el incumplimiento de la normativa ambiental y social como el incumplimiento de los compromisos asumidos en esas materias por la persona beneficiaria constituirán asimismo causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro de la subvención, en los términos del artículo 34.3, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
Las previsiones de este apartado serán igualmente de aplicación, de conformidad con el artículo 29.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, cuando los incumplimientos se hubieran debido a la actuación de los terceros subcontratados por la persona beneficiaria.  
4. La Generalitat podrá comprobar, por los medios que estime más adecuados, el cumplimiento de las obligaciones inherentes al otorgamiento de las ayudas.  
5. En cualquier caso, será de aplicación lo dispuesto en materia de control financiero, reintegro e infracciones y sanciones administrativas en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del Sector Público Instrumental, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
  
Base decimoquinta. Plan de control  
Además del sometimiento a cualquier actuación de comprobación y control financiero que corresponda a la Intervención General, se comprobará la adecuada justificación de la subvención, la realización de la actividad o el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, así como si ha podido haber concurrencia con otras subvenciones que pudiese comportar la modificación de la concesión. Para ello se establecen los siguientes controles:  
a) La comprobación administrativa de la justificación documental de la subvención concedida que se realizará mediante la revisión de la documentación que al efecto se ha establecido en esta resolución como de aportación preceptiva por la persona beneficiaria.  
b) Los controles sobre el terreno se efectuarán cuando se subvencionen infraestructuras o elementos inventariables. Si es necesario la elección de la muestra se determinará por personal experto de la dirección general con competencias en biodiversidad, del ámbito adecuado a las competencias implicadas en la subvención.  
c) El control de calidad se realizará una vez finalizado el proceso sobre un 5 % de las solicitudes aprobadas y por personal ajeno a la gestión del procedimiento. Se comprobará la parte del expediente administrativo correspondiente y las acciones realizadas para la comprobación material de la efectiva realización de la actividad o cumplimiento de la finalidad. Podrá recabarse información adicional que permita contextualizar la documentación aportada en un principio y las actividades programadas en función de su efectivo grado de ejecución.  
d) En todo caso el importe mínimo de ayuda controlada alcanzará, al menos, el 20 % del crédito inicial que disponga la línea de subvención.  
  
Base decimosexta. Protección de datos de carácter personal  
1. La gestión de las ayudas conlleva el tratamiento de datos de carácter personal en el marco de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
2. De conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 11 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, respecto al tratamiento de datos de carácter personal cabe informar lo siguiente:  
a) Nombre del tratamiento: ayudas en materia de medio natural.  
b) Responsable del tratamiento: persona titular de la subsecretaría de la conselleria competente en materia de medio ambiente.  
c) Finalidad del tratamiento: tramitación de ayudas en materia de medio natural.  
d) Ejercicio de derechos: las personas interesadas tienen derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, así como solicitar la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de forma presencial o telemática, de conformidad con lo previsto en la siguiente dirección de internet: https://sede.gva.es/es/proc19970.  
e) Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la protección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en la siguiente dirección de internet: https://sede.gva.es/es/proc22094, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
f) Se puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: https://mediambient.gva.es/es/registre-d-activitats-de-tractament  
3. Cuando se aporten datos de carácter personal de terceras personas en el procedimiento administrativo, tendrá la obligación de informarles de los siguientes extremos:  
a) La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.  
b) La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad. Si esta consulta requiere autorización por ley por parte de las personas cuyos datos se van a consultar, la persona solicitante o, su representante legal deberá haber recabado dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.  
c) La posibilidad y forma de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición que le asisten en relación con el tratamiento de sus datos personales.  
4. En el diseño de los formularios de solicitud y aportación documental y en las publicaciones y demás actos administrativos deberán tenerse en cuenta los principios de protección de datos. En concreto, los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.  
5. En toda la gestión de las ayudas se garantizará una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción a daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas y conseguir así la integridad y confidencialidad de los datos.  
  
Base decimoséptima. Transparencia, suministro de información y datos abiertos  
1. Las personas beneficiarias de la subvención deberán cumplir las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana y en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.  
2. En particular, las entidades privadas deberán cumplir las obligaciones de publicidad activa recogidas en el capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando:  
a) Perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros.  
b) Perciban durante el periodo de un año natural ayudas o subvenciones de las entidades públicas de la Comunitat Valenciana recogidas en el artículo 3 de la Ley 1/2022 en una cuantía superior a 50.000 euros.  
c) Las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.  
En concreto, deberán publicar en los términos previstos en los principios generales del artículo 5 de la Ley 19/2013 la información institucional y organizativa del artículo 6 y la económica y presupuestaria del artículo 8 de la misma. Dicha publicación se realizará a través de la página web de la entidad, o bien a través de la plataforma TEP - Transparencia Entidades Privadas, de GVA Oberta, a la que se puede acceder en https://gvaoberta.gva.es/tep.  
Esta información se deberá publicar a partir del año siguiente a aquel en el que se hayan superado los umbrales establecidos, y tendrá que mantenerse publicada durante al menos cuatro años naturales.  
3. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el apartado anterior, todas las entidades o personas beneficiarias de subvenciones deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, incluyendo el logotipo de la Generalitat Valenciana en medios de difusión tales como carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales y en cualquier otro medio de publicidad que se realice de la actividad subvencionada.  
4. Las entidades o personas beneficiarias de subvenciones están obligadas a suministrar a la entidad concedente, previo requerimiento, toda la información que sea necesaria para el cumplimiento por esta de las obligaciones previstas en la Ley 1/2022, de 13 de abril, en el plazo de 15 días hábiles desde el requerimiento. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, el órgano que ha realizado el requerimiento podrá acordar, previa advertencia y audiencia a la persona interesada, la imposición de multas coercitivas en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 1/2022, de 13 de abril.  
5. Los nuevos conjuntos de datos que se generen por la formalización y el desarrollo de las subvenciones otorgadas por la administración de la Generalitat se deben disponer, siempre que sea posible, como conjunto de datos abiertos.  
  
Base decimoctava. Publicidad y difusión  
1. Para la debida difusión del origen de la subvención las personas beneficiarias harán constar en las actuaciones que se ejecuten bajo el Plan de recuperación, transformación y resiliencia (incluyendo cualquier documentación o publicación de cualquier índole y soporte, actuación de comunicación o visibilidad, premios y publicidad) que son financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, (Mecanismo para la recuperación y resiliencia), debiendo mostrar el logotipo oficial del plan, además del emblema de la Unión Europea.  
2. El formato se ajustará a lo establecido en el «Manual de Marca del Plan de recuperación, transformación y resiliencia», confeccionado por la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno.  
3. Cuando la entidad beneficiaria incluya su propio logotipo o el de otras entidades financiadoras del proyecto, el del Fondo Europeo y el de la Comunitat Valenciana, deberá figurar con el mismo tamaño y en iguales condiciones de visibilidad.  
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley general de subvenciones, se procederá a registrar la convocatoria y su resolución en la Base de datos nacional de subvenciones, y a publicar en la página web la información a que se refiere el artículo 23 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana.  
5. La Administración de la Generalitat publicará, como mínimo, en sus páginas web, de manera actualizada y estructurada, la información relativa a las subvenciones públicas concedidas con indicación de su importe objetivo y finalidad, así como las personas o entidades beneficiarias, a tenor de lo previsto en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana.  
  
Base decimonovena. Lucha contra el fraude  
1. Durante todas las fases del proceso de gestión de las ayudas, la Comunitat Valenciana aplicará mecanismos suficientes para reducir, prevenir, detectar y corregir el riesgo de fraude, la corrupción y los conflictos de intereses (tal como la abstención y recusación), de acuerdo con las instrucciones aplicables a la gestión del PRTR.  
Las Entidades beneficiarias deben tener un comportamiento antifraude y colaborar con cualquier otra Administración para evitar comportamientos fraudulentos en la sociedad.  
2. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de cualquiera de las convocatorias para la concesión de ayudas objeto de estas bases, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al tal efecto por dicho Servicio en la dirección siguiente dirección web:  
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx  
Dicha comunicación se realizará en los términos establecidos en la Comunicación 1/2007, de 3 de abril, del citado Servicio.  
Igualmente, la presente Resolución se acoge al Plan de medidas antifraude de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que se puede consultar en la página web de esta Conselleria/ INFORMACIÓN GENERAL/ Fondos Next Generation/ Medidas Antifraude.  
  
Base vigésima. Compromiso de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH)  
Entre las obligaciones para cumplir con lo dispuesto en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia, y su normativa de desarrollo, se encuentra la de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»).  
1. Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta resolución deberán garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «Do no significant harm - DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia y por el Reglamento (UE) núm. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y su normativa de desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de las actuaciones y, de manera individual, para cada actuación y cumpliendo el porcentaje de contribución digital y ecológica comprometido para esta inversión.  
2. El formulario de solicitud de las ayudas, así como el de solicitud de adhesión como operadora- colaboradora, contendrán una declaración responsable de adecuación al principio de «no causar perjuicio significativo», el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de recuperación y resiliencia.  
3. Las declaraciones responsables del principio de «no causar un perjuicio significativo que se realicen deben atender obligatoriamente a la Comunicación de la Comisión Europea 2021/C 58/01.  
4. Será de aplicación la «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (principio do no significant harm - DNSH) en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de recuperación y resiliencia».  
5. Para la verificación del etiquetado climático y digital junto con la verificación del cumplimiento del principio del DNSH, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio del DNSH elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.