Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4925, del 17-01-2005 (2004/13708)

Juicio verbal de desahucio número 34/2004. Cédula de notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4925

Fecha DOGV
:   17-01-2005

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2004/13191


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Llíria

Tipo de documento
:   Anuncio

Juicio verbal de desahucio número 34/2004. Cédula de notificación. [2004/F13620]
  
Cristina María Valero Doménech, secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Llíria (Valencia) y su partido, hago saber:
  
Que en este juzgado se siguen autos civiles de juicio verbal de desahucio bajo el número 34/2004 a instancia de la procuradora de los tribunales Ana María Peris García en nombre y representación de los actores Juan Antonio Tamayo Tineo y Antonia Ramos Rodríguez, contra el demandado Manuel Plá Llorens, encontrándose en la actualidad en paradero desconocido, sobre verbal de desahucio, en cuyos autos y por resolución de fecha de hoy y por medio del presente, he acordado notificar la sentencia recaída en los autos arriba indicados al referido demandado, cuya sentencia, el encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
  
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Llíria
  
34/2004 verbal (desahucio y reclamación rentas).
  
Sentencia
  
Llíria, 21 de junio de 2004
  
Vistos por mí, Sergio Montoya Gil, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Llíria y su partido, los presentes autos de juicio verbal de desahucio de local por expiración de plazo y reclamación de rentas adeudadas, seguidos en este juzgado con el número 34/2004, a instancia de Juan Antonio Tamayo Tineo y Antonia Ramos Rodríguez, representados por la procuradora de los tribunales Ana María Peris García, y asistidos por la letrada Irene Tamayo Ramos, contra Esther Cano Herrero y Manuel Plá Llorens, declarados en situación de rebeldía procesal.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. En fecha 16 de enero de 2004, por la procuradora de los tribunales Ana María Peris García, en nombre y representación de Juan Antonio Tamayo Tineo y Antonia Ramos Rodríguez, se interpuso demanda de juicio verbal de desahucio de local por expiración de plazo y reclamación de cantidades debidas por importe de 1.833,83 euros, en la que, después de alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando que, en su día, se dictase sentencia por la que: a) se declarase el desahucio de los demandados del inmueble objeto de la presente litis por expiración del plazo contractualmente estipulado, condenándose a los mismos a hacer entrega a sus representados de la posesión del local mencionado y de las llaves del mismo, dejarlo libre, vacuo y expedito, y a disposición de sus mandantes en el plazo que marca la ley, previniéndoles que, si así no lo hicieran, podrían ser lanzados por la fuerza y a su costa; b) se condenase a los demandados al pago de la cantidad de mil ochocientos treinta y tres euros con ochenta y tres céntimos (1.833,83 euros) en concepto de rentas vencidas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003, y enero de 2004, así como del importe de las rentas y demás conceptos que se devengasen en su caso, hasta obtener la posesión efectiva de la finca, y los intereses legales de dicha cantidad desde la reclamación extrajudicial. Y todo ello con expresa condena en costas a los demandados, incluso en el supuesto en que se allanasen a la demanda antes de contestarla, por apreciar esta parte una evidente mala fe en su conducta.
  
Segundo. Por auto de fecha 3 de marzo de 2004, se acordó admitir a trámite la demanda de desahucio por expiración de plazo y reclamación de rentas, y dando traslado de la misma y de la documentación aportada con ella, citar a las partes para la celebración de la vista, indicando a la parte demandada que no procedía enervar la acción de desahucio.
  
Tercero. En fecha 7 de mayo de 2004 comparecieron ante este juzgado los demandantes y la demandada Esther Cano Herrero, solicitando la suspensión del acto del juicio, entregando la citada demandada las llaves del local, manifestando que el local se encontraba libre de enseres y ocupantes y en perfecto estado de conservación. En el mismo acto, se señaló nueva fecha para la celebración del juicio.
  
Cuarto. Señalado el día 7 de junio de 2004 para la celebración de la vista, a la misma compareció únicamente la parte actora.
  
El letrado de la parte comparecida se ratificó en el contenido de la demanda, aunque interesando la continuación del procedimiento únicamente en cuanto a la acción de reclamación de rentas, en la medida en que la demandada había entregado las llaves del local. En concreto, la cantidad demandada ascendía a 4.020,88 euros, resultado de sumar las siguientes cantidades: a) las rentas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003 (1.365,81 euros); b) las rentas correspondientes a los meses de enero a mayo de 2004 (2.340,10 euros); c) los intereses de demora relativos a las rentas devengados durante el período de tiempo comprendido entre octubre de 2003 y mayo de 2004 (296,46 euros); y d) los gastos de comunidad devengados durante el primer trimestre de 2004 (18,51 euros).
  
En el acto de la vista, se practicó toda la prueba que, propuesta por las partes, fue admitida, quedando las actuaciones conclusas para dictar sentencia.
  
Quinto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Habiéndose entregado las llaves del local arrendado con anterioridad a la celebración del acto de la vista, el objeto del presente procedimiento, y cuestión a resolver en la presente resolución, queda reducido a la reclamación de cantidad en concepto de rentas y cantidades asimiladas.
  
Segundo. Por la parte actora se reclama la suma de 4.020,88 euros, resultado de sumar los cuatro conceptos señalados en el antecedente de hecho cuarto de la presente resolución.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda. En su escrito de demanda, la parte actora ofreció su versión de los hechos, adjuntando los documentos que consideró necesarios para acreditar su posición; en concreto, el contrato de arrendamiento suscrito por las partes, en fecha 5 de diciembre de 2002, sobre el local sito en la plaza del Antiguo Reino de Valencia, número 5, derecha 2.º, de la localidad de Bétera (Valencia), carta certificada con acuse de recibo expresiva de la voluntad de los arrendadores de dar por extinguido el contrato de arrendamiento, documentos acreditativos del retraso en el pago de la rentas pactadas; y diversos requerimientos de pago.
  
Por el contrario, los demandados Esther Cano Herrero y Manuel Plá Llorens no acudieron al acto de la vista, no obstante haberse interesado por los demandantes la citación de los mismos para la práctica de su interrogatorio. En este sentido, y tal como disponen los artículos 304 y 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la citación para vista se advirtió a los demandados que si no asistían personalmente a la vista y la parte demandante solicitaba y se admitía su declaración, podrían considerarse como admitidos los hechos del interrogatorio, en los que hubiera intervenido personalmente y le sean enteramente perjudiciales. No obstante ello, la citada facultad debe aplicarse con cautela, analizando todas las circunstancias concurrentes. En el presente supuesto, considera este juzgador que existen razones suficientes para aplicar la ficta confessio contemplada en los artículos 304 y 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: por un lado, la advertencia realizada en la cédula de citación; y por otro lado, la injustificación de la incomparecencia de los arrendatarios.
  
Por todo ello, puede concluirse que han resultado acreditados los hechos alegados por los demandantes, es decir, la falta de pago de las rentas devengadas desde octubre de 2003 hasta mayo de 2004, más los gastos de comunidad relativos al primer trimestre de 2004; y por tanto, tratándose de una deuda subsistente, vencida, líquida y exigible, procede condenar a Esther Cano Herrero y Manuel Plá Llorens al pago de las siguientes cantidades: a) las rentas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003 (1.365,81 euros); b) las rentas correspondientes a los meses de enero a mayo de 2004 (2.340,10 euros); y c) los gastos de comunidad devengados durante el primer trimestre de 2004 (18,51 euros).
  
Tercero. En materia de intereses, la letrada de los demandantes reclamó en el acto del juicio el pago de la suma de 296,46 euros, correspondientes a los intereses de demora devengados por las rentas no satisfechas desde octubre de 2003 hasta mayo de 2004, al tipo del 8% fijado en la cláusula tercera del contrato de arrendamiento. Sin embargo, de la citada cláusula se deduce con claridad que el interés de demora debía calcularse desde la fecha en que se devengaron hasta la del pago; por ello, y siendo evidente que el pago todavía no se ha efectuado, no procede determinar en este momento la cuantía líquida en concepto de intereses, aunque ello no empece que en la presente sentencia se condene a los demandados al pago de los intereses de demora pactados, cuya liquidación deberá realizarse tras la fecha del pago.
  
Asimismo, procede aplicar el artículo 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, a favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley.
  
Cuarto. De conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
  
Estimada la demanda en sus pretensiones básicas, procede hacer expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento a las partes demandadas.
  
Vistos los artículos citados y demás concordantes y de pertinente aplicación.
  
Fallo
  
Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales Ana María Peris García, en nombre y representación de Juan Antonio Tamayo Tineo y Antonia Ramos Rodríguez, debo condenar y condeno a Esther Cano Herrero y a Manuel Plá Llorens, a abonar a los demandantes la cantidad de tres mil setecientos veinticuatro euros con cuarenta y dos céntimos (3.724,42 euros), más los intereses de demora pactados que correspondan. Todo ello con imposición de las costas causadas en el presente procedimiento a las partes demandadas.
  
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas actuaciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.
  
La presente resolución no es firme, y frente a la misma podrá interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia; recurso que se preparará por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación (artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  
Así, por esta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
  
Y para que conste, y sirva de notificación en forma a tenor de lo establecido en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al demandado Manuel Plá Llorens, en ignorado domicilio, expido y firmo la presente.