Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8195, del 21-12-2017 (2017/11424)

DECRETO 207/2017, de 15 de diciembre, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de una subvención para las compensaciones económicas por la participación institucional realizada por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) durante 2017.
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Número DOGV
:   8195

Fecha DOGV
:   21-12-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2017/11486


Fecha del documento
:   15-12-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Decreto

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * ayuda pública
    * cooperación institucional

DECRETO 207/2017, de 15 de diciembre, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de una subvención para las compensaciones económicas por la participación institucional realizada por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) durante 2017. [2017/11518]  
I  
  
La Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana (CIERVAL), tenía reconocido el carácter de organización empresarial representativa a los efectos de la participación institucional a que se refiere la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales Representativas en la Comunitat Valenciana (LPCI), y su Reglamento aprobado mediante Decreto 193/2015, de 23 de octubre, del Consell (RLPCI). Como consecuencia de este reconocimiento, y de acuerdo con lo establecido en las citadas normas, la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017, incluyó en el anexo de Subvenciones y Transferencias corrientes del programa 315.10-Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales, la línea de subvención S8046000 € Compensación Económica Participación Institucional CIERVAL, que tiene por finalidad la realización de las actividades por parte de las organizaciones empresariales en materias específicas de la indicada LPCI. La entidad beneficiaria prevista en esta subvención se dispuso que fuese la entidad CIERVAL, que en el momento de la aprobación de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017 ostentaba la condición de organización empresarial más representativa en el ámbito de la Comunitat Valenciana. La referida línea contaba con una dotación de 2.471.940,00 euros, que corresponden a fondos propios no condicionados.  
No obstante lo anterior, en fecha 6 de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (núm. 108, Sec. IV, pág. 32372), el anuncio por el que se hacía pública la tramitación ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia, de autos de Concurso de Acreedores núm. 284/2017, así como que en los mismos se había dictado Auto en fecha 11 de abril de 2017, en los que se declara concurso voluntario de acreedores de CIERVAL, haciendo saber las advertencias legalmente establecidas. El referido auto:  
a) Declara el estado de concurso voluntario de acreedores y lo declara asimismo concluso (terminado el procedimiento) de la CIERVAL.  
b) Acuerda la extinción de CIERVAL, decretándose la cancelación registral.  
c) No se designa administrador concursal, por ser patente la insuficiencia de la masa para satisfacer los créditos contra la misma.  
El Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia, en fecha 19 de junio de 2017, informó que el anterior Auto había adquirido firmeza, y concluso el procedimiento concursal de extinción de CIERVAL.  
De acuerdo con el mismo, se procedió a la cancelación de la inscripción de CIERVAL en la Oficina de Depósito de Estatutos de organizaciones sindicales y empresariales, que se hizo pública en el DOGV núm. 8066, de 18 de julio de 2017.  
  
  
II  
  
En fecha 6 de marzo de 2017, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), instó el depósito de modificación de sus estatutos, en los que se incluye el cambio de su ámbito territorial que se extiende a toda la Comunitat Valenciana.  
Mediante Resolución de 6 de abril de 2017, de la Subdirección General de Relaciones Laborales, se acordó el depósito de los nuevos estatutos de la CEV, quedando la entidad inscrita en la Oficina de Depósito de Estatutos de ámbito autonómico. La Resolución fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 18 de abril de 2017.  
Por Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Subdirección General de Relaciones Laborales, se acordó el depósito de la modificación de los estatutos de la CEV, que incluyen el cambio de denominación, pasando a llamarse «Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)». Dicha modificación consta inscrita en la Oficina de Depósito de Estatutos de ámbito autonómico, y publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 7 de diciembre de 2017.  
La CEV interesó el reconocimiento de la representatividad de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana como organización empresarial de la Comunitat Valenciana, reconocimiento que se produjo mediante resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.  
En fecha 22 de junio de 2017 la CEV, como organización empresarial representativa, designó a las personas miembros titulares y suplentes en la Mesa de Diálogo Social, así como para la Comisión Técnica de la Mesa de Diálogo Social, como órganos de participación institucional previstos en la LPCI y en el RLPCI. Por la Secretaria de la Mesa de Diálogo Social con fecha 26 de junio de 2017 se certificó la anterior designación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 193/2015, del Consell. A partir de ese momento la CEV ha venido realizando las actuaciones de participación institucional como organización representativa empresarial en la Comunitat.  
En este marco, la CEV ha interesado en fecha 26 de junio de 2017, «la dotación de una línea presupuestaria específica para la CEV, dentro de los presupuestos 2017, que le permita compensar los costes ocasionados por la participación institucional que viene ejerciendo. Considerando las obligaciones y documentación necesaria para una correcta justificación de los costes, tal y como regula en Decreto 193/2015, de 23 de octubre, del Consell, se estima en 650.000,00 euros la cantidad necesaria para el ejercicio 2017». No obstante, en la descripción de la línea S8046000 figura como beneficiaria por la participación institucional CIERVAL, por lo que tal y como está definida la línea en la actualidad, no se podría conceder en el presente ejercicio con cargo a ella la subvención nominativa a la CEV.  
  
  
III  
  
La participación institucional, de acuerdo con la STC 39/1986, de 31 de marzo, de 1986 (f.j. 4), se encuadra en el artículo 129 de la Constitución (CE), y tiene su fundamento en la configuración del Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 CE), y se concreta en el mandato dirigido a los poderes públicos de facilitar la participación de toda la ciudadanía, y de los grupos en los que se integra, en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 CE). Esta participación, en los ámbitos que les son propios, se reconoce de forma específica a los «sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales» en los artículos 28.1 y 7 CE.  
Por su parte, el artículo 9.4 de l'Estatut d'Autonomía (EACV), dispone que «todos los valencianos tiene derecho a participar de forma individual, o colectiva, en la vida política, económica, cultural y social de la Comunitat Valenciana». Principio que se concreta en el artículo 54.5 del mismo EACV, cuando establece que la Generalitat (?) garantizará la participación democrática de todos los interesados, así como de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los términos que la ley establezca.  
La participación institucional de las organizaciones sindicales y de las organizaciones empresariales se recoge, entre otros en el artículo 8.3.b del Estatuto de los Trabajadores (ET), y se concreta en su disposición adicional sexta, en cuanto a la representación del empresariado a través de sus organizaciones más representativas.  
La participación institucional se constituye, de este modo, sobre la base de la libertad sindical y de constituir asociaciones empresariales, como un instrumento efectivo para «poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, entre la representación del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores», tal como señala el artículo 2.1 del convenio sobre la consulta tripartita 144, de 21 de junio de 1976, de la OIT. Esta necesidad de diálogo social, con mayor trascendencia al incluir ámbitos como el crecimiento, calidad en las relaciones, etc., se reconoce, igualmente, en el ámbito de la Unión Europea (Comunicaciones de la Comisión de 14 de diciembre de 1993, 18 de septiembre de 1996, 20 de mayo de 1998, 26 de junio de 2002, 23 de agosto de 2011, etc.). La eficacia de este diálogo, se vincula en todos los casos señalados a la representatividad de la interlocución social.  
La participación institucional en el ámbito de la Comunitat Valenciana se lleva a cabo a través de los distintos órganos e instituciones, en función de las competencias que tienen atribuidas, y en los que intervienen los distintos agentes sociales. Son competencias en materia laboral, social, económica, industrial y fomento del desarrollo económico las relativas a trabajo, empleo, industria, turismo, crédito público, formación profesional, economía social, políticas de igualdad, emigración e inmigración vinculada a su integración social e inserción laboral, y, en general, cualquier otra materia con relevancia laboral, social o económica. Sin embargo esta representación institucional en cada órgano o institución se lleva a cabo de acuerdo con las específicas normas reguladoras, emanadas en cada caso de la conselleria u organismo del que dependen, variando el instrumento jurídico en la que se concreta.  
  
  
IV  
  
A la vista de las anteriores consideraciones, parece oportuno proceder a la compensación económica de las actuaciones efectivamente realizadas por la CEV en el ámbito de la participación institucional definida en la LPCI y su Reglamento, con el fin de asegurar el cumplimiento de los principios sobre los que se basa ya enunciados.  
El procedimiento más adecuado para facilitar la participación institucional y lograr los fines y objetivos que la sustentan, es la concesión directa de subvenciones, según lo señalado en el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, que establece que, con carácter excepcional, podrán otorgarse subvenciones mediante concesión directa en aquellos casos en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.  
Por todo ello, previo informe favorable de la conselleria competente en materia de hacienda, y a propuesta del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y previa deliberación del Consell, en su reunión del 15 de diciembre de 2017,  
  
DECRETO  
  
Artículo 1. Objeto del decreto  
Este decreto tiene por objeto establecer las bases, que constan en el anexo, reguladoras de la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público de tipo social y económico, de una subvención a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), para la compensación económica de los costes derivados del ejercicio de la participación institucional, realizada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales Representativas en la Comunitat Valenciana, y su Reglamento, aprobado por Decreto 193/2015, de 23 de octubre, del Consell.  
  
Artículo 2. Razones de interés público que concurren en su concesión e imposibilidad de su convocatoria pública  
Esta subvención se concede de forma directa en aplicación de lo previsto en el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
Las razones de interés público que justifican el otorgamiento directo de la subvención regulada en este decreto se basan en la importancia para el interés general, de tipo social y económico de la participación institucional en el ámbito de la Comunitat Valenciana, y en la urgencia de dotar de los medios económicos que sirven para la compensación de los gastos derivados de la misma.  
  
DISPOSICIONES FINALES  
  
Primera. Competencia para resolver  
Se autoriza a la persona titular de la conselleria con competencias en materia de trabajo a resolver esta subvención, que podrá delegar en la persona titular de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.  
Segunda. Entrada en vigor  
Este decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 112, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso'Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este decreto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10.1.a y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
València, 15 de diciembre de 2017  
  
El president de la Generalitat,  
XIMO PUIG I FERRER  
  
El conseller de Economía Sostenible,  
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,  
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ  
  
  
ANEXO  
Bases reguladoras  
  
Primera. Objeto de la subvención  
Es objeto de regulación por medio de estas bases la concesión directa de una subvención a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), como organización empresarial más representativa en la Comunitat Valenciana, para la compensación económica de los gastos a soportar durante el ejercicio 2017, por sus actuaciones de participación institucional, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales Representativas en la Comunitat Valenciana (LPCI), y su Reglamento, aprobado por Decreto 193/2015, de 23 de octubre, del Consell (RLPCI), y en estas bases.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (LGS), y sin perjuicio de lo establecido en su artículo 31, las actividades de participación institucional realizadas por los miembros asociados a la CEV como entidad beneficiaria de la participación institucional, en su nombre y por su cuenta, se entenderán realizadas por esta a los efectos previstos en este decreto.  
A estos efectos las personas miembros asociadas a la CEV que realicen en su nombre y por su cuenta, actividades de participación institucional, de acuerdo con lo dispuesto en lo señalado en el artículo 11 LGS tendrán la consideración de beneficiarias, y deberán cumplir y acreditar los requisitos exigidos para acceder a la subvención.  
  
Segunda. Alcance y contenido de la participación institucional objeto de la subvención  
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 LPCI se entiende por participación institucional, la representación e intervención de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas intersectoriales en el sector público de la Generalitat con competencias en materia laboral, social, económica e industrial, que afecten a los intereses económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras y del empresariado. Son competencias en materia laboral, social, económica, industrial y fomento del desarrollo económico las relativas a trabajo, empleo, industria, crédito público, formación profesional, economía social, políticas de igualdad, emigración e inmigración vinculada a su integración social e inserción laboral, y, en general, cualquier otra materia con relevancia laboral, social o económica.  
A estos efectos, integran el sector público de la Generalitat la Administración de la Generalitat y el sector público instrumental de la Generalitat contemplados en los apartados a) y b) del artículo 2.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (en adelante LGHyS).  
2. La participación institucional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 LPCI, se hará formalmente efectiva a través de la asistencia y participación de las personas representantes de CEV en las comisiones, consejos u otros órganos colegiados semejantes de dirección, participación, consultivos o de asesoramiento que se enumeran en las presentes bases, así como en las mesas o foros específicos de negociación o concertación socioeconómica a las que sean convocados. Asimismo, se hará efectiva a través de las acciones realizadas por iniciativa de las organizaciones empresariales más representativas que guarden relación con la participación institucional.  
3. Las anteriores actuaciones, a tenor de lo establecido en el artículo 7 RLPCI, se concretan en las siguientes:  
a) La asistencia a todos los órganos colegiados y comisiones de seguimiento contemplados en la LPCI y en el RLPCI, así como a la totalidad de los órganos e instituciones de diálogo social general o en cualesquiera mesas o foros específicos de negociación o concertación socioeconómica, de acuerdo con las previsiones que se determinen en la normativa reguladora o de creación de cada órgano o entidad.  
b) El estudio y trabajos previos de los asuntos que vayan a ser abordados en los distintos órganos, comisiones y demás ámbitos de participación citados en el anterior apartado.  
c) La propuesta, seguimiento y evaluación de líneas estratégicas, informes, planes, criterios, directrices, iniciativas legislativas y cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana cuando así sea requerido a criterio del órgano colegiado donde participen, previa adopción del oportuno acuerdo.  
d). El seguimiento y difusión de los acuerdos y pactos suscritos entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Consell.  
e) La organización y participación en jornadas, seminarios, conferencias, foros y en cuantos actos tengan como objeto el fomento del desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana, propuestas y organizadas por los órganos colegiados de participación institucional, previa adopción del oportuno acuerdo.  
f) El contenido de las funciones y actividades que se deriven de las negociaciones y acuerdos de la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana, del artículo 25 RLPCI.  
g) Cualquier otra función de análogo contenido que, siendo propia de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, esté incluida en el ámbito del artículo 1.2 de la LPCI.  
Asimismo, se incluyen en este apartado las actuaciones que se conforman como derechos de participación institucional en el artículo 10.2 RLPCI.  
  
Tercera. Órganos colegiados de participación  
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 RLPCI, serán susceptibles de apoyo y financiación, en los términos fijados en estas bases, las actuaciones de participación institucional que lleve a cabo durante 2017 la CEV y sus miembros asociados, en los términos previstos en el artículo 1 de este decreto, recogidas en la LPCI y en su reglamento, y de forma específica en los foros que se relacionan a continuación:  
- Consejo Valenciano Formación Profesional.  
- Fundación Servicio Valenciano Empleo.  
- Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).  
- Consejo Tripartito de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva.  
- Consejos Sociales de Centros Integrados Formación Profesional.  
- Fundación del Tribunal de Arbitraje Laboral.  
- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT).  
- Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral (SISVEL).  
- Comisión de seguimiento del Programa Operativo del FSE.  
- Comisión de seguimiento del programa Operativo del FEDER.  
- Cualquier otro órgano que haya sido o pueda ser creado dentro del sector público de la Publico de la Generalitat, siempre que sus disposiciones reguladoras reconozcan el derecho de representación a las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas de la Comunitat Valenciana, y sus fines guarden relación directa con el diálogo social en materia laboral, social, económica industrial, relativas al trabajo, empleo, industria, crédito público, formación profesional, economía social, políticas de igualdad, emigración e inmigración vinculada a su integración social e inserción laboral, y, en general, cualquier otra materia con relevancia laboral, social o económica.  
2. También se considerará participación institucional a estos efectos las actuaciones desarrolladas en sociedades mercantiles de capital íntegramente pertenecientes a la administración pública de la Comunitat Valenciana, o en sus organismos autónomos, así como en las fundaciones de la misma, cuando así esté previsto en la propia normativa reguladora de dichas entidades. Por su parte, cuando dicha participación no tenga expresamente tal calificación, podrá considerarse participación institucional la intervención en los anteriores organismos, cuando esta guarde relación directa con las materias señaladas, mediante acuerdo motivado de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral (DGTBL), previo informe de la Comisión de Seguimiento prevista en estas Bases.  
  
Cuarta. Marco jurídico y compatibilidad con la política de la competencia de la UE  
1. La subvención regulada en estas bases se acoge a lo previsto en el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
Las razones de interés público que justifican el otorgamiento directo de la subvención regulada en este decreto se basan en el interés social dada la importancia clave para facilitar la participación institucional y el diálogo social en los ámbitos señalados en la base anterior, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en la LPCI.  
2. Además de por estas bases, la subvención se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y su reglamento, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, así como por lo establecido en las demás normas que resulten de aplicación.  
Asimismo, es de aplicación para la compensación económica derivada de la participación institucional, en la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y Colaboración Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunitat Valenciana (LPCI), y su Reglamento, aprobado por Decreto 193/2015, de 23 de octubre, del Consell (RLPCI).  
Igualmente, las compensaciones económicas a favor de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas por la participación institucional no están sujetas a la obligación de notificación previa a la Comisión Europea, por no concurrir todos los requisitos del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que se trata de ayudas que tienen por objeto contribuir con fondos públicos a la realización y desarrollo del conjunto de actividades que constituyen el fin propio de la participación institucional, fin de carácter público reconocido por la Constitución Española y l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 11 RLPCI, por lo que no se trata de una subvención que suponga una ventaja económica para una empresa determinada, ni que conduzca, o pueda conducir, a un falseamiento de la competencia que afecte a los intercambios comerciales entre los Estados Miembros.  
  
Quinta. Financiación de la actuación  
El importe de la subvención ascenderá al 100 % de los gastos derivados de las actuaciones de participación institucional subvencionables a las que hace referencia la base segunda, con una aportación máxima de seiscientos cincuenta mil euros (650.000,00? ?), que se abonarán con cargo a los créditos que a tal efecto se habiliten en el programa 315.10, Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.  
Para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de estas subvenciones en el ejercicio 2017, de acuerdo con la previsión legal del último párrafo del artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, mediante modificación presupuestaria y una vez aprobadas estas bases por decreto, se creará una línea de subvención, dentro del programa presupuestario 315.10, por el referido importe de 650.000,00? ?.  
Sexta. Procedimiento de concesión: inicio, instrucción y resolución  
1. El procedimiento de concesión de la subvención prevista en estas bases se iniciará a instancia de la entidad interesada mediante la presentación de un escrito en el plazo máximo de diez días desde su entrada en vigor, preferentemente en el Registro sito en la calle Navarro Reverter núm. 2 de Valencia y dirigido a la dirección general competente en materia de trabajo, acompañado por:  
1) Estatutos y Poderes de representación actualizados.  
2) Documentación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a los efectos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003 y artículo 22 del RD 887/2006, salvo que autorice a la conselleria competente en materia de trabajo, para que esta pueda recabar:  
a) De la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el certificado que acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.  
b) De la Tesorería General de la Seguridad Social el certificado acreditativo de que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  
c) De los servicios territoriales de la conselleria competente en materia de hacienda, el certificado acreditativo de que el solicitante no tiene deudas de naturaleza tributaria con la Generalitat.  
d) Declaración responsable de no incurrir en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003.  
e) Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, acreditación de estar exentas.  
f) Declaración responsable relativa a que la persona solicitante no es deudora de la Generalitat por reintegro de subvenciones.  
g) Declaración responsable relativa a cualquier otra ayuda pública que hubiera obtenido o solicitado para los mismos gastos subvencionables.  
3) Datos de domiciliación bancaria, para lo que se aportará el modelo de domiciliación bancaria vigente debidamente cumplimentado.  
2. Tal y como se dispone en la Base Primera, y en virtud de lo establecido en el artículo 11 (LGS), los miembros asociados de la entidad beneficiaria que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarias y deberán acreditar reunir las condiciones necesarias para ser beneficiarias.  
3. Actuará como órgano instructor del procedimiento para la concesión regulada en estas bases la secretaría autonómica competente en materia de trabajo, la cual podrá delegar esta atribución en un órgano subordinado con el rango de dirección general, de acuerdo con lo expresamente dispuesto en el artículo 13.2 RLPCI.  
Las funciones del órgano instructor serán:  
a) Examinar la solicitud y la documentación presentada y comprobar los datos en virtud de los cuales deba adoptarse la resolución.  
b) Evaluar la solicitud, teniendo en cuenta la idoneidad del proyecto de actuación propuesto para el cumplimiento de la finalidad de la subvención.  
c) Formular la propuesta de resolución de concesión.  
A estos efectos, el órgano instructor podrá recabar cuanta información complementaria estime oportuna a la entidad solicitante.  
4. El órgano competente para dictar la resolución de concesión será la persona titular de la conselleria con competencias en materia de trabajo, sin perjuicio de la posibilidad de delegación establecida en el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en relación con el artículo 63 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.  
  
Séptima. Gastos subvencionables  
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 31 LGS y el artículo 12 RLPCI, se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en estas bases reguladoras.  
De forma específica, se consideran gastos subvencionables, en cada una de las actividades enumeradas en estas bases, los que se enumeran a continuación:  
a) Los costes salariales y de Seguridad Social del personal propio de las organizaciones, que se expresará en horas de trabajo dedicadas a las distintas funciones de participación, consignadas en partes de trabajo identificativos de la actuación, firmados por el correspondiente responsable de personal, dejando constancia con anterioridad del método seguido para establecer dichos costes.  
b) Honorarios, costes de las auditorías de las cuentas auditadas. Se incluye exclusivamente el coste correspondiente a la actuación de auditoria independiente para la justificación de la subvención en los términos previstos en estas bases, que deberá ser convenientemente especificado, distinguiéndolo del coste que pudiera corresponder a cualquier otra labor desarrollada por la auditora para la entidad beneficiaria.  
c) Gastos de manutención y desplazamiento, de personal experto, ponente y en general profesionales que intervengan en las distintas actividades de participación en concepto de asesoramiento profesional o asistencia técnica; con los límites que se establezcan en las resoluciones o acuerdos de concesión de las compensaciones anuales del ejercicio de que se trate.  
d) Indemnizaciones a que tenga derecho según los convenios o acuerdos colectivos vigentes del personal propio de CEV que tengan relación con el ejercicio de las actuaciones de participación institucional, con los límites que establezca en cada momento la normativa de la Generalitat en materia de indemnizaciones por razón de servicio del personal a su servicio.  
Asimismo, y con los límites establecidos en el párrafo anterior, serán atendidas las indemnizaciones de las personas electas pertenecientes a los órganos de dirección de CEV, cuando deban participar en actividades internas de coordinación para la efectiva coherencia de las acciones de las organizaciones ante los órganos de participación institucional.  
e) Gastos generales tales como suministros de energía y agua, material de oficina y papelería, seguros, arrendamientos, amortizaciones de locales y equipos, servicios externos, etc., expresados en un porcentaje sobre el conjunto de dicho tipo de gastos de CEV, que no podrá superar el 8 % de la compensación económica del ejercicio.  
f) Gastos derivados de jornadas, seminarios, conferencias, foros, y otras actividades similares. Se incluye el coste de los eventos organizados por la entidad beneficiaria, distinguiendo entre:  
- Coste por la participación de personas moderadoras, conferenciantes y ponentes, con el límite máximo subvencionable establecido para las gratificaciones por asistencia a jornadas, conferencias, etc. en el Decreto 64/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se modifica el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios.  
- Gastos de material o bienes consumibles empleados durante la celebración del evento.  
- Gastos generados por el uso o arrendamiento de medios técnicos necesarios para la realización de las jornadas, seminarios o conferencias subvencionadas.  
- Gastos correspondientes al arrendamiento de locales o espacios que no sean propiedad de la entidad beneficiaria, quedando excluido el arrendamiento financiero, cuando ello sea necesario para poder llevar a cabo dichas actuaciones.  
g) Gastos de preparación, elaboración, edición y distribución de los estudios, informes y trabajos realizados por la entidad beneficiaria, en los términos previstos en estas bases.  
h) Gastos de publicidad, incluyendo el coste correspondiente a las actividades de difusión previstas en estas bases.  
2. La subcontratación de actividades se hará en condiciones de libre competencia, de conformidad con lo que establece la LGS, y sin que en ningún caso ello suponga más del 20 por 100 de la subvención que se conceda.  
3. La asistencia de las personas representantes de las organizaciones sindicales y empresariales con participación institucional a las reuniones derivadas de dicho ejercicio será a título gratuito, sin derecho alguno a retribuciones o indemnizaciones por razón de su actividad.  
4. No se considerará coste elegible el IVA cuando sea susceptible de ser compensado por la entidad beneficiaria, ni otras cargas tributarias.  
5. De conformidad con el artículo 31.3 de la LGS para la contratación de los gastos en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada, y siempre que excedan de 18.000- euros, deberá aportar tres ofertas previas a la contratación. Cuando no se haya optado por la propuesta económica más ventajosa, deberá aportarse informe justificativo sobre las razones objetivas que se han tenido en cuenta para seleccionar dicha oferta.  
  
Octava. Plazo de ejecución de las actividades subvencionables  
El plazo que se establece para la realización de las actividades subvencionables es desde el día 23 de junio hasta el 31 de diciembre de 2017, considerándose gastos subvencionables los realizados en el citado periodo.  
  
Novena. Régimen de compatibilidad  
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.m LGS, las ayudas que se regulan mediante las presentes Bases son incompatibles con la percepción por la entidad beneficiaria de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, ya sean nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  
  
Décima. Subcontratación  
1. La subcontratación de actividades por parte de la entidad beneficiaria se hará en condiciones de libre competencia, sometiéndose en todo caso a lo dispuesto en el artículo 29 de la LGS y en el artículo 68 de su Reglamento, sin perjuicio de cualquier otra normativa que resulte de aplicación.  
2. En ningún caso el importe total de las actuaciones subcontratadas podrá superar el veinte por ciento de la subvención concedida.  
3. En ningún caso podrá ser objeto de subcontratación las actuaciones de representación y asistencia a los órganos colegiados previstos en estas bases reguladoras.  
  
Undécima. Régimen de justificación de la subvención mediante cuenta justificativa con aportación del informe de auditoria  
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 1/2015, en relación con el artículo 30 de la LGS, el artículo 14 RLPCI y el artículo 74 del RLGS, el régimen de justificación para las actuaciones subvencionadas revestirá la forma de «Cuenta Justificativa con aportación de informe de auditor». Dicho informe deberá atenerse a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Hacienda EHA/1434/2007 (BOE de 25.05.2007) por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas justificativas del sector publico.  
2. La entidad beneficiaria estará obligada a poner a disposición de la auditora de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el apartado f del artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones, así como a conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la Ley.  
3. La entidad beneficiaria deberá poner a disposición de la auditora las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente que justifiquen los correspondientes gastos.  
La entidad beneficiaria deberá indicar de forma expresa y perfectamente legible, en los propios justificantes originales de los correspondientes gastos, la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.  
4. Junto a la cuenta justificativa con informe de auditoria, la entidad beneficiaria deberá aportar:  
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta memoria deberá recoger de forma expresa las fechas, lugar y órganos colegiados en que se ha participado, así como las jornadas, foros, estudios, informes y demás actuaciones realizadas.  
b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, y por cada uno de ellos, los datos siguientes de las facturas o documentos de valor probatorio: persona acreedora, número de factura, breve descripción del objeto, importe, fecha de emisión, fecha y medio de pago.  
c) Respecto de los gastos de personal, la entidad beneficiaria deberá aportar un cuadro donde se detalle, de forma individualizada, el coste económico y de seguridad social mensual, indicando el porcentaje de la nómina que, de acuerdo con las horas efectivamente dedicadas, se ha de considerar como gasto subvencionable.  
d) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.  
e) Certificación de las secretarías de los órganos colegiados en los que han participado, de que la entidad asiste con regularidad a las reuniones de los mismos efectuando adecuadamente las actividades de colaboración que les corresponden.  
5. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad beneficiaria asume la obligación de conservar los justificantes de gastos a los efectos de cualquier posible comprobación o control posterior.  
  
Decimosegunda. Contenido mínimo del informe de auditoría  
1. El informe de auditoría se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Hacienda EHA/1434/2007 (BOE de 25.05.2007) por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas justificativas del sector publico, así como en el Decreto 193/2015, de 23 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y Colaboración Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunitat Valenciana, e incluirá de forma específica un informe sobre la razonabilidad de los gastos recogidos en las citadas cuentas en función de su objeto y naturaleza en los términos previstos en estas bases reguladoras.  
Dicho informe deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:  
a) Costes salariales y de Seguridad Social del personal propio de la organización, expresado en horas de trabajo dedicado a las distintas funciones de participación, consignadas en partes de trabajo identificativos de la actuación, firmados por la persona responsable de personal, dejando constancia con anterioridad del método seguido para establecer dichos costes.  
b) Gastos en jornadas, seminarios, conferencias, foros, etc., incluyendo, en su caso, el coste de los eventos organizados por la propia entidad beneficiaria, distinguiendo entre:  
- Coste por la participación de personal moderador, conferenciante y ponente en eventos organizados por la entidad beneficiaria.  
- Gastos en material o bienes consumibles empleados durante la celebración del acto.  
c) Gastos por asistencia y participación: indemnizaciones a que haya lugar según los convenios o actuaciones de participación institucional.  
d) Gastos de preparación, elaboración, edición y distribución de los estudios, informes y trabajos realizados por la entidad beneficiaria.  
e) Gastos de publicidad, incluyendo el coste correspondiente a las actividades de difusión establecidas en estas bases.  
f) Gastos generales, y demás gastos en los términos establecidos en estas bases.  
2. El informe de auditoria deberá contener el pronunciamiento de la auditora sobre la comprobación de:  
a) Contratos de trabajo.  
b) Partes de trabajo emitidos.  
c) Relación de nóminas.  
d) Impuestos satisfechos y cotizaciones a la Seguridad Social.  
e) Encargos realizados.  
f) Elegibilidad del IVA soportado.  
g) Solicitud de tres ofertas económicas para el caso de subcontratación de gastos por la entidad beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada, siempre que se haya excedido el importe de 18.000? ?.  
h) Limitación del 20 % establecida para la subcontratación de actividades prevista en estas bases.  
3. Asimismo los trabajos de revisión de las cuentas justificativas por la persona auditora, comprenderán, como mínimo, las siguientes actuaciones.  
a) Procedimientos de carácter general a aplicar por la auditora:  
- Comprensión de las obligaciones impuestas a la entidad beneficiaria  
- Solicitud de la cuenta justificativa  
- Informe de auditoría y comunicación por la auditora de cuentas  
b) Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa, que deberá tener en cuenta las obligaciones impuestas por la citada orden del Ministerio de Hacienda EHA/1434/2007, relativas a la documentación acreditativa del trabajo realizado, informe a emitir por la auditora y el deber de confidencialidad:  
- Revisión de la memoria de actuación  
- Revisión de la Memoria económica abreviada  
- Solicitud a la entidad beneficiaria de una declaración relativa a a la financiación de la actividad subvencionada  
- En su caso, comprobación de la carta de reintegro de remanentes de subvención no aplicada  
- Cualquier otro procedimiento adicional, en su caso exigido por las bases, convocatoria o resolución de concesión.  
- Carta de manifestaciones, a la conclusión de los trabajos de auditoría.  
  
Decimotercera. Calendario de justificación de los gastos subvencionables  
1. La entidad beneficiaria deberá presentar la cuenta justificativa con informe de auditoría, así como el resto de documentación justificativa indicada en estas bases, ante la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, dentro del plazo previsto en el artículo 14 del RLPCI.  
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la fecha límite de justificación podrá ampliarse, de oficio o a petición de la entidad beneficiaria, por un mes más si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.  
Tanto la petición de la entidad beneficiaria como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. El acuerdo de ampliación, que corresponderá adoptar a la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, deberá ser notificado a la entidad beneficiaria.  
3. En caso de observarse deficiencias subsanables en la documentación justificativa aportada por la beneficiaria, la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su subsanación. De no llevarse a cabo la subsanación requerida, se tendrá por no justificado el gasto correspondiente.  
4. La entidad beneficiaria queda sujeta a las comprobaciones que en cualquier momento pueda efectuar la administración concedente así como sus órganos de fiscalización, quedando sometida, en todo caso, al control económico y financiero de sus actividades por parte de la Intervención General y de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat.  
  
Decimocuarta. Obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención  
La entidad desarrollará las actuaciones subvencionables en los términos establecidos en las presentes bases y deberá cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 14 LGS, 10 LPCI y 10.3 RLPCI y de forma específica las siguientes:  
a) Aceptar su inclusión en una lista pública de beneficiarias.  
b) Realizar las actuaciones subvencionadas según lo previsto en la LPCI, RLPCI y el presente anexo.  
c) Justificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones exigidas.  
d) Justificar en el plazo y en los términos establecidos, la realización de las actuaciones y los gastos subvencionados.  
e) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, para lo cual habrá de prestar la colaboración necesaria y aportar toda la información que le sea requerida en el ejercicio de las referidas actividades.  
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.  
g) Comunicar la concesión de cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, provenientes de cualquier otra administración o ente público o privado que tengan por objeto la financiación de las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  
h) Dar a conocer de forma inequívoca, en los casos en que proceda, que se trata de una actuación subvencionada por la Generalitat.  
i) Contar con un sistema de contabilidad separada para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones financiadas o, al menos, contar con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones, con la finalidad de distinguir de forma expresa las actividades económicas y no económicas que pudiera ejercer la entidad beneficiaria y, de este modo, diferenciar los costes y la financiación de ambos tipos de actividades.  
j) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.  
k) Las organizaciones empresariales y sindicales del ámbito de aplicación de la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participación y Colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunitat Valenciana, además de las obligaciones de justificación de los fondos recibidos con arreglo a la normativa contenida en las bases reguladoras, deberán dar publicidad de las actividades realizadas y que hayan sido financiadas con fondos públicos. A tal efecto, dicha publicidad comprenderá la publicación en sus páginas web de la información financiera que refleje el origen y destino de los fondos percibidos y la información de las actividades referidas al destino otorgado a los mismos en concepto de colaboración institucional regulados en esta ley.  
  
Decimoquinta. Plan de control de la actividad subvencionada  
1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 169 y siguientes de la LGHyS, el órgano concedente delega en la persona titular de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral la facultad de comprobar la adecuada justificación de la subvención, la realización de las actividades o el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión o disfrute de esta subvención, así como si ha podido haber concurrencia con otras subvenciones que pudiese comportar la modificación de la concesión.  
2. La comprobación administrativa de la justificación documental de la subvención concedida se realizará mediante la revisión de la documentación que al efecto se ha establecido en estas bases reguladoras.  
Las actuaciones de comprobación podrán realizarse desde el momento de la concesión y hasta que hayan transcurrido cuatro años a contar desde el vencimiento del plazo para presentar la cuenta justificativa mencionada en la base decimotercera.  
3. Se aprueba el siguiente plan de control para la comprobación material de la efectiva realización de la actividad, existencia de la condición o cumplimiento de la finalidad de la subvención concedida:  
- Para comprobar la efectiva participación y realización de las actividades por parte de la entidad beneficiaria, en los términos previstos en estas bases, el órgano instructor deberá obtener los certificados de asistencia, actas y cuanta otra documentación se estime oportuna, de los órganos colegiados o foros específicos correspondientes.  
- Por muestreo aleatorio simple, el órgano instructor requerirá a la beneficiaria la remisión de un mínimo del 25 % de los justificantes de gasto así como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los justificantes bancarios de la salida de fondos, lo cual permitirá obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.  
- Cuando las actuaciones de participación institucional den lugar a la elaboración de cualquier documento que haya supuesto un coste económico para la entidad beneficiaria, dicho documento deberá ser facilitado al órgano instructor por aquella al objeto de examinar la calidad y oportunidad del mismo, así como poder valorar si el coste del mismo se ajusta al valor de mercado.  
  
Decimosexta. Forma de pago  
1. En cuanto al régimen de pagos, anticipos y garantías, se estará a lo dispuesto en el artículo 15.1 del RLPCI, en relación con lo establecido en la LGHyS respecto de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y al régimen de abonos a cuenta, pagos anticipados y garantías.  
- Podrá autorizarse excepcionalmente, por acuerdo del Consell, el pago de un anticipo del 50 % del importe total concedido, de conformidad con lo establecido en el artículo 171.3 de la LGHyS.  
- Se establece la posibilidad de pagos fraccionados, cuya duración no podrá ser inferior a un trimestre, previa justificación parcial de las actuaciones desarrolladas en el correspondiente periodo mediante cuenta justificativa e informe de auditoría, que especificarán claramente su carácter parcial y a resultas de la justificación de la totalidad de la concesión.  
- La fecha límite para la presentación de las justificaciones parciales será el 21 de diciembre de 2017.  
- El último de los pagos fraccionados podrá anticiparse, siempre y cuando este no alcance el 30 % de la subvención anual concedida y hayan sido justificados los pagos parciales anteriores, quedando todos ellos supeditados a su justificación definitiva en el primer trimestre del ejercicio siguiente al de concesión.  
?. No se podrá librar, en ningún caso, cantidad alguna sin que esté justificada la efectiva aplicación del importe anticipado del 50 %.  
- La CEV, en tanto que organización empresarial más representativa queda exenta de constituir garantías de acuerdo con lo establecido en el artículo 171.5.f) de la LGHyS y en el artículo 15.3 del RLPCI.  
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o tenga la condición de sujeto deudor por resolución de procedencia de reintegro.  
3. Con carácter previo al pago de la subvención, anticipo o abono a cuenta, la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral comprobará el cumplimiento de estas obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en ejecución de la autorización otorgada por la entidad beneficiaria quien, a su vez, deberá hacer entrega de nueva declaración responsable de no estar incursa en prohibición alguna de las previstas en el artículo 13 de la LGS, ni es deudora de la Generalitat por reintegro de subvenciones.  
4. Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurra un procedimiento de reintegro de subvenciones, podrá realizarse el pago de la subvención desde el momento en que, por órgano competente de la Administración de la Generalitat se haya notificado al sujeto deudor del reintegro, el inicio del correspondiente expediente de compensación de deudas, en orden a su completa extinción.  
  
Decimoséptima. Causas de minoración y reintegro  
1. El órgano concedente delega en la persona titular de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral la facultad de acordar la minoración de la subvención concedida en el caso de no justificación de la totalidad de la misma así como, en su caso, acordar el reintegro, total o parcial, de la subvención concedida a la entidad beneficiaria cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS, e incluso de revocar la subvención en caso de no aplicación de la ayuda a los fines previstos, o no justificación en los plazos señalados.  
2. El plazo de presentación de la justificación se considera requisito de ineludible cumplimiento, el trascurso del cual determinará la revocación de la subvención concedida y la procedencia del reintegro de las cuantías que hayan sido objeto de libramiento parcial o anticipado.  
3. En los casos en que proceda el reintegro, las cantidades a devolver generarán el interés de demora desde el mismo día del pago de la subvención, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la LGS.  
4. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el Título II de la LGS, en relación con el Título III del Reglamento de la LGS, y en el artículo 172 de la LGHyS.  
5. Para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir la entidad beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, se atenderá siempre al principio de proporcionalidad, partiendo de los siguientes criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas en estas bases:  
- Cuando los gastos justificados fueran inferiores a la subvención concedida, esta se minorará en la cantidad correspondiente.  
- El gasto subvencionable correspondiente a la asistencia de la representació de la entidad beneficiaria en los órganos y foros previstos en estas bases se reducirá proporcionalmente en atención a la falta de participación efectiva, partiendo del número de representantes y número de reuniones mantenidas durante el año, previo informe motivado de la Comisión de Seguimiento prevista en estas Bases.  
- Cuando conforme a lo previsto en el artículo 170 de la LGHyS, se compruebe que el coste de las actuaciones justificadas por la entidad beneficiaria no se ajusta al valor de mercado, el valor comprobado por la administración servirá de base para el cálculo de la subvención y se notificará, debidamente motivado y con expresión de los medios y criterios empleados.  
- En caso de que las actividades o servicios subcontratados por la entidad beneficiaria superen el 20 por ciento de la subvención concedida, solo se considerará subvencionable el gasto justificado hasta dicho porcentaje.  
- En el supuesto de que la entidad beneficiaria no hubiese obtenido, con carácter previo, un mínimo de tres presupuestos de diferentes proveedores en aquellos casos en que el servicio contratado o subcontratado supere los 18.000 euros, solo se considerará subvencionable el gasto justificado hasta dicho importe.  
  
Decimoctava. Comisión de Seguimiento  
A los efectos y seguimiento de lo previsto en estas bases, se constituirá una comisión mixta de seguimiento que estará integrada por un máximo de dos representantes de la entidad beneficiaria y dos de la dirección general competente en materia de trabajo, ejerciendo la presidencia y secretaría de la comisión, siendo preferentemente personal de perfil técnico, y en cuanto a su funcionamiento se estará a lo establecido en la Sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.  
La comisión se reunirá ordinariamente con periodicidad anual, y siempre que lo solicite una de las partes y remitirá copia de las actas, acuerdos o informes que emita en el desarrollo de sus funciones a la dirección general competente en materia de trabajo.  
  
Decimonovena. Controversias y resolución de conflictos  
En caso de surgir controversias sobre la interpretación y ejecución de estas bases, se atribuye a la persona titular de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral las facultades necesarias para adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones subvencionadas.  
  
Vigésima. Régimen sancionador  
La entidad beneficiaria de esta subvención quedará sometida a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el Título IV de la LGS, y el Título IV del Reglamento de la citada ley, y los artículos 173 a 177 de la LGHyS.