Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4130, del 19-11-2001 (2001/10630)

Notificación a don José Hernández Faraco, en representación de Gestimpro, SL, relativa al recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del director general de Obras Públicas, de 2 de agosto de 2000, por la que se declara responsable a esa mercantil de una infracción de la Ley de Costas por realización de obras en zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa en el término municipal de El Campello.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4130

Fecha DOGV
:   19-11-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/10884


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a don José Hernández Faraco, en representación de Gestimpro, SL, relativa al recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del director general de Obras Públicas, de 2 de agosto de 2000, por la que se declara responsable a esa mercantil de una infracción de la Ley de Costas por realización de obras en zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa en el término municipal de El Campello. [2001/Q10765]
  
Dada cuenta del recurso de alzada interpuesto por don José Hernández Faraco, en representación de Gestimpro, SL, contra la Resolución del director general de Obras Públicas, de fecha 2 de agosto de 2000, por la que se declara responsable a esa mercantil de una infracción de la Ley de Costas por realización de obras en zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa en término municipal de El Campello (Alicante).
  
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior:
  
I. Motivos del recurso:
  
La mercantil recurrente reproduce los motivos planteados en sus escritos de oposición a los diferentes trámites del procedimiento sancionador seguido: la fosa séptica no se halla dentro de la servidumbre de protección, y en caso de que así fuese, la obra debe entenderse autorizada por la resolución del expediente de autorización ZS/105, respecto de construcción de chalet en parcela 218 d; la extracción de áridos no es obra de la inculpada; se ha causado indefensión al haberse remitido los documentos una vez formuladas las alegaciones a la propuesta de resolución, y, finalmente, el procedimiento ha caducado al haber transcurrido más de seis meses desde su iniciación hasta la resolución final del mismo.
  
II. Análisis de los motivos del recurso:
  
La resolución recurrida fue notificada al interesado el día 25 de octubre de 2000, según se desprende del acuse de recibo obrante en el expediente. Sin embargo, el recurso tiene entrada en esta conselleria el 1 de diciembre de 2000 (y en todo caso, sellado de salida en la oficina de correos el 29.11.2000), es decir, fuera del plazo legalmente establecido para la interposición del recurso de alzada.
  
En cuanto al fondo del asunto, las alegaciones contenidas en el recurso planteado no desvirtúan los hechos ni los fundamentos de derecho de la resolución recurrida, por los motivos ya expuestos en la propia resolución, en particular, en el expediente de autorización al que hace referencia el interesado, las obras autorizadas son otras, y en el caso de que esa parte considerara por error en la apreciación de la autorización que la fosa séptica estaba incluida en dicha autorización, la misma habría prescrito en enero de 1998 en virtud de la cláusula séptima de la citada autorización en la que se establecía el plazo de un año para la realización de la obra autorizada, no realizándose la fosa séptica y obras objeto de este expediente sancionador hasta febrero del año 1998, tal y como se constata mediante la denuncia del vigilante de costas que obra en el mismo.
  
Respecto de la remisión de documentación, con la propuesta de resolución se le remitió la relación de documentos que constan en el expediente sancionador, para que en el plazo legal de audiencia solicitase los que estimara oportunos, tal como establece el artículo 19 del Real Decreto Ley 14/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora sin que se hiciera uso de tal facultad.
  
No obstante lo anterior, con fecha 23 de diciembre de 1999, se acordó la remisión de los informes denuncias del vigilante de costas. Tal acuerdo se intentó notificar en dos ocasiones al interesado al domicilio facilitado por el mismo en su primer escrito de alegaciones; no habiéndose podido hacer efectiva la notificación por motivos de ausencia únicamente imputables al interesado.
  
Ahora bien, desde la resolución de iniciación hasta que se dicta la resolución del expediente, transcurre sobradamente el plazo para apreciar la caducidad. Examinadas las fases procedimentales, si bien existen retrasos que se deben a la imposibilidad de notificación a la interesada, en cuyo caso cabría hablar en principio de interrupción del cómputo del plazo de caducidad; es lo cierto que se producen igualmente dilaciones no imputables al interesado .
  
No obstante lo expuesto, el artículo 92 de la Ley de Costas y 176 del reglamento, que señalan los plazos de prescripción de las infracciones, disponen:
  
«...No obstante, se exigirá la restitución de las cosas y su reposición a su estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido».
  
Como quiera que en fecha 21 de febrero de 2001 se emite informe del Servicio de Costas de esta conselleria, en el que se hace constar que, visitada la parcela objeto del presente expediente, «se constata que no existen indicios de que se haya procedido a la restitución de las cosas a su estado anterior», procede mantener la orden de restitución.
  
En virtud de lo expuesto, resuelvo:
  
1. Inadmitir, por extemporáneo, el recurso de alzada interpuesto por don José Hernández Faraco, en representación de Gestimpro, SL, contra la Resolución del director general de Obras Públicas, de fecha 2 de agosto de 2000, por la que se declara responsable a esa mercantil de una infracción de la Ley de Costas por realización de obras en zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa en término municipal de El Campello (Alicante).
  
2. Declarar la caducidad del expediente administrativo, procediendo al archivo de las actuaciones.
  
3. Acordar no obstante la restitución de las cosas y la reposición a su anterior estado en la forma dispuesta en el punto cuarto de la resolución recurrida, y conforme a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de Costas.
  
Esta resolución agota la vía administrativa y contra la misma puede interponerse recurso contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de utilizar cualquier otro recurso si lo estima procedente.
  
Valencia, 20 de abril de 2001.- El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: José Ramón García Antón.