Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9139, del 30-07-2021 (2021/8305)

DECRETO 101/2021, de 16 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión de ayudas para actuaciones de emergencia en la República de la India por la Covid-19.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9139

Fecha DOGV
:   30-07-2021

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2021/8305


Fecha del documento
:   16-07-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

Tipo de documento
:   Decreto

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática
    * ayuda pública
    * India
    * enfermedad infecciosa
    * ayuda al exterior
    * ayuda sanitaria

DECRETO 101/2021, de 16 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión de ayudas para actuaciones de emergencia en la República de la India por la Covid-19. [2021/8305]  
La Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible, incluye, como acción humanitaria, el conjunto de actuaciones de ayuda a las víctimas de desastres naturales y conflictos armados o a poblaciones en situación de vulnerabilidad extrema, orientadas a garantizar su subsistencia, proteger sus derechos, defender su dignidad y sentar las bases de su desarrollo. Igualmente, comprende las actuaciones de post-emergencia encaminadas a la rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras físicas, económicas y sociales, y la prevención y reducción de la situación de vulnerabilidad de comunidades y poblaciones víctimas de desastres del tipo que fuere.  
Las ayudas alimentaria y sanitaria de emergencia, la asistencia a personas refugiadas y desplazadas internas por motivo de conflictos armados o de guerras, y también de catástrofes naturales cuando su situación se prolonga en el tiempo, la prevención de desastres, la denuncia de violaciones de los derechos humanos asociada habitualmente a estos colectivos y los proyectos de defensa de estos constituyen asimismo, acción humanitaria.  
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente el coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad Covid-19, como una pandemia, que se ha extendido a 195 países o territorios. El avance de la crisis de la Covid-19 está castigando desproporcionadamente a los países más empobrecidos, no solo en forma de crisis sanitaria a corto plazo sino también a largo plazo, a través de los efectos socio-económicos que se prolongarán durante años.  
La República de la India es el segundo país más poblado del mundo con 1.339,18 millones de habitantes, con un desarrollo medio según el Informe de Desarrollo Humano 2019 de 0.645, ocupando el puesto 131 de 189. La India, considerada una de las naciones emergentes en el nuevo orden global, sigue articulando su sistema social en estructuras muy tradicionales, como es el sistema de castas, que toman como unidad social la familia de nacimiento. Es un país en el que se dan importantes contrastes entre una sociedad avanzada tecnológica y emergente, y otra más atrasada, en la que una gran parte de su población vive en condiciones de extrema pobreza y se suceden las violaciones de los Derechos Humanos.  
En el derecho al acceso a la sanidad interviene la discriminación en función de la casta y del nivel económico, lo que afecta directamente a la cobertura del derecho a la salud de la población. Si bien el gobierno indio se ha comprometido a aumentar el gasto público en sanidad, el sistema sanitario público es débil y no todas las personas disponen de acceso a los recursos sanitarios, condicionado por la casta a la que pertenecen o a su lugar de residencia, a menudo en zonas rurales muy aisladas. En los últimos años, el gobierno de la India, ha puesto en marcha mejoras en el acceso a la sanidad en todos los niveles territoriales, pero aún existe un déficit estructural importante que dificulta que la sanidad llegue a toda la población, a lo que se debe añadir la escasez de recursos humanos y de recursos materiales, condicionando considerablemente la garantía de la cobertura de suministro básico de medicamentos, bienes y equipamientos necesarios.  
Todo ello determina una sociedad altamente vulnerable en el ámbito de la salud, con un sistema sanitario débil e insuficiente que afronta ahora uno de los grandes retos al abordar las consecuencias que está generando, tanto en el sistema sanitario como en la población, la pandemia Covid-19, en un país con las características sociodemográficas de la India y las barreras en el acceso al derecho a la salud que constituye una emergencia humanitaria.  
Desde el mes de abril de este año, India se ha convertido en el epicentro global de la pandemia, registrando más de 300.000 casos diarios durante las últimas semanas, (concentra casi el 40 % de los diagnósticos positivos que se reportan en el mundo a diario, según la Organización Mundial de la Salud) y sigue un ritmo de crecimiento exponencial causado por una variante más virulenta del virus SARS-CoV-2, en un país con uno de los sistemas sanitarios más precarios del mundo y más de 175 millones de personas viviendo bajo el umbral de pobreza extrema.  
El sistema sanitario de la India ha entrado en colapso, no hay disponibilidad de camas hospitalarias ni en las UCI, y los suministros médicos son escasos, como ocurre con el caso del oxígeno. La necesidad de oxígeno es la máxima prioridad para afrontar esta crisis sanitaria, y los recursos de los que dispone la India para atender a pacientes Covid-19 en situación crítica, no son suficientes. Esta escasez de suministro de oxígeno ha generado una situación de pánico entre la población que se agolpa y pelea para conseguir una botella de oxígeno para sus familiares enfermos, así como el aumento desorbitado de su precio en el mercado negro.  
Por todas estas razones, esta situación requiere actuaciones de emergencia en la República de la India.  
El Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana (CAHE), reunido en sesión extraordinaria el 18 de junio de 2021, acordó:  
«En este contexto, el procedimiento más adecuado para articular la respuesta humanitaria que ofrece la Generalitat ante esta emergencia es la concesión directa de subvenciones, según lo señalado en el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, que establece que, con carácter excepcional, podrán otorgarse subvenciones mediante concesión directa en aquellos casos en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.».  
Para financiar dicho proyecto es necesario efectuar una modificación presupuestaria en el programa presupuestario 61.61.04.319.54 del Presupuesto de la Generalitat para 2021, que contemple la creación de líneas presupuestarias en los capítulos IV, con 63.767,44 euros y VII, con 186.232,56 euros, todo con un importe global de 250.000,00 euros.  
Por todo lo anterior, de acuerdo con el artículo 28.b de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta de la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática previa deliberación del Consell, en la reunión de 16 de julio de 2021,  
  
  
DECRETO  
  
Artículo 1. Objeto  
1. Este decreto tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para la concesión directa, con carácter excepcional, y por razones humanitarias, de la ayuda para la realización del proyecto de acción humanitaria consistente en actuaciones de emergencia en el distrito de Anantapur del estado de Andhra Pradesh de la República de la India, en el área prioritaria de salud, con el fin de atender las necesidades básicas de las personas afectadas por la Covid-19.  
2. La ejecución del proyecto conllevará la realización de las siguientes actividades por parte de la entidad beneficiaria:  
- Adquisición de un generador de oxígeno médico: para generar oxígeno dentro del mismo hospital de Bathalapalli sin tener que recurrir a un proveedor externo. Con una capacidad de 300lpm.  
- Financiación de una parte proporcional del personal local del hospital de Bathalapalli.  
3. El periodo de ejecución del proyecto subvencionado se extenderá a un período de doce meses a contar desde el pago de la subvención. La entidad beneficiaria deberá iniciar la ejecución del proyecto en el plazo máximo de 15 días, a contar desde la recepción total o parcial de los fondos. No obstante, dada la naturaleza y urgencia del proyecto, si la entidad beneficiaria podrá iniciar antes la ejecución del proyecto si dispone de fondos propios a partir de la aprobación de este decreto y de la modificación presupuestaria. En todo caso, la fecha de inicio de la ejecución del proyecto deberá ser comunicada a la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo.  
  
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable y compatibilidad con la normativa de competencia de la Unión Europea  
Estas ayudas se regirán, además de por lo establecido en este decreto, por lo previsto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio; y, con carácter más general, por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en cualquier otra disposición normativa que, por su naturaleza, pudiera resultar de aplicación.  
Las subvenciones concedidas al amparo de este decreto no tienen el carácter de ayuda de Estado a que se refiere el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que las ayudas públicas concedidas, por su naturaleza, no suponen una ventaja económica, no falsean ni pueden falsear la competencia ni los intercambios comerciales entre estados miembros. En consecuencia, quedan exentas de la obligación a que se refiere el artículo 3.1 del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos establecer, conceder o modificar ayudas públicas.  
  
Artículo 3. Modalidades de ayuda  
La ayuda destinada a financiar el proyecto regulado por estas bases adoptará la modalidad de subvención.  
  
Artículo 4. Entidad beneficiaria  
1. Es beneficiaria de la subvención, la Fundación Vicente Ferrer, con CIF Q67971079, para la ejecución del proyecto denominado «Adquisición de recursos de oxigenoterapia y atención médica adecuada de pacientes de Covid-19 en el Hospital de Bathalapalli» con cargo al programa presupuestario 03.98.87.978.17 de los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, con los importes que se detallan:  
- Capítulo IV: 63.767,44 euros  
- Capítulo VII: 186.232,56 euros  
Total: 250.000,00 euros  
  
Artículo 5. Obligaciones de la entidad beneficiaria  
Son obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención, las establecidas con carácter general en el artículo 10 de la Orden 2/2021, de 26 de mayo, de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento de concesión de subvenciones en materia de cooperación internacional al desarrollo.  
  
Artículo 6. Difusión del proyecto  
La difusión de las actuaciones subvencionadas se ajustará a lo establecido en el artículo 57 de la Orden 2/2021.  
  
Artículo 7. Procedimiento de concesión  
1. La subvención será concedida de forma directa según dispone el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015, por concurrir razones humanitarias.  
2. Las bases reguladoras de las subvenciones se determinan en este decreto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y en el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015.  
  
  
Artículo 8. Órgano competente para la concesión de la subvención  
La subvención será concedida mediante resolución de la persona titular de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por delegación del Consell, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1.a), 4 y 5 del artículo 160 de la Ley 1/2015.  
  
Artículo 9. Financiación  
1. Para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de esta subvención, de acuerdo con la previsión legal del último párrafo del artículo 168 de la Ley 1/2015, mediante modificación presupuestaria y una vez aprobado este decreto, se crearán dos líneas de subvención, dentro del programa presupuestario 01.32.41.928.03 del Presupuesto de la Generalitat para 2021, por un importe total de 250.000,00 euros, para la financiación de gastos corrientes y gastos de inversión.  
Artículo 10. Forma de pago  
1. El pago de la subvención se efectuará, con carácter inmediato, tras la resolución de concesión, hasta el 100 por 100 de su importe, de acuerdo con lo que establece el artículo 44.10.b) de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de 2020, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, en relación con el artículo 19.5 de la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible. Se procederá a la entrega del 100 por 100 del importe de la subvención después de la notificación de la resolución de concesión.  
2. La fecha de recepción de los fondos deberá ser comunicada a la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo.  
  
Artículo 11. Gastos subvencionables  
1. Son gastos subvencionables todos aquellos que, de manera indubitada, están ligados a la ejecución de las actividades subvencionadas y que resulten estrictamente necesarios para la implementación de estas, siempre que cumplan las normas sobre justificación y control establecidas y que se destinen a la financiación de la consecución de los objetivos concretados en el proyecto subvencionado.  
2. De acuerdo con el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, en ningún caso, el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado de la zona donde se realice la actuación.  
3. Los gastos subvencionables serán realizados en el plazo de ejecución del proyecto subvencionado y deberán ser efectivamente pagados en el período comprendido entre la fecha de inicio del proyecto subvencionado y antes de la finalización del período de justificación, excepto los de auditoría que podrán realizarse y ser pagados después de la finalización del plazo de ejecución, pero antes del fin del plazo de justificación.  
4. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, cuando el importe del gasto subvencionable sea igual o superior al que establezca la normativa aplicable en materia de contratos del sector público, la entidad beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables previstos en el proyecto presentado, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten.  
5. Los gastos subvencionables son de dos tipos:  
5.1. Costes directos corrientes: son aquellos gastos ligados directamente a la ejecución del proyecto objeto de este decreto y que son estrictamente necesarios para la financiación de las actividades que darán cumplimiento a los objetivos de este.  
5.1.1. Personal. Se incluirán en esta partida los gastos derivados de la contratación del personal al servicio, total o parcialmente, del proyecto subvencionado, siempre que exista una relación laboral, fija o temporal, entre la entidad beneficiaria y la persona trabajadora. No se incluirán gastos originados por los integrantes de las juntas directivas o consejos de dirección de la entidad beneficiaria ni de la contraparte. Se incluirán en esta partida salarios, seguros sociales a cargo de la entidad y otras provisiones de fondos de obligado depósito de acuerdo con la legislación local y, en caso de personal en el exterior, todos los gastos derivados de la aplicación del Real decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes, siempre que estén contemplados en el proyecto presentado inicialmente por la entidad beneficiaria. Estos últimos, de no ser obligados por la legislación laboral que corresponda, deben figurar en el contrato laboral suscrito por la entidad beneficiaria.  
No se incluirán penalizaciones o compensaciones por incumplimientos de contrato imputables a la entidad beneficiaria, su socio local o contraparte, ni recargos por impago o retrasos en impuestos retenidos o seguridad social. En todo caso deberá disponerse del correspondiente contrato de trabajo, junto con el acuerdo complementario de destino en caso de cooperantes, de acuerdo con la normativa que lo rija. En los contratos se deben especificar las tareas que se desempeñan, la modalidad de contratación, la categoría profesional y el salario. En el caso de que un contrato de trabajo sea anterior a la concesión de la subvención o quien lo desempeñe solo se dedique parcialmente a actividades relacionadas con la ejecución de una determinada actuación, no será necesario que figuren expresamente en el contrato las actividades que realiza con relación a esa actuación.  
Se contemplan únicamente la subpartida para este concepto:  
2.9.3.6. Personal local: Personal contratado por la entidad beneficiaria o, en su caso, su entidad socia local o contraparte extranjera, sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta el proyecto subvencionado y en el que presta sus servicios, de acuerdo con el régimen laboral correspondiente, estando sus funciones y tareas directamente relacionadas con las actividades subvencionadas.  
La retribución mensual bruta del personal en sede, local y expatriado, imputable a la subvención, no excederá de la cantidad de 3.000,00 euros.  
En el proyecto presentado inicialmente por la entidad beneficiaria, dicha entidad indicará el porcentaje de la jornada laboral que el personal dedique al proyecto subvencionado. La retribución máxima subvencionable se calculará aplicando el porcentaje correspondiente.  
5.2. Costes directos de inversión  
5.2.1. Equipos y materiales inventariables.  
Se incluirán en esta partida los gastos de adquisición, en su caso, envío y tránsito de aduana e instalación para su puesta en funcionamiento de maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, elementos de transporte y otro equipamiento.  
El importe de los bienes adquiridos para la ejecución de la intervención y durante su período de ejecución, que vayan a ser transferidos una vez finalizado dicho plazo a la población destinataria o a la contraparte local de la intervención siempre que sea beneficiaria final, podrá imputarse en su totalidad.  
6. En ningún caso serán subvencionables:  
6.1. Los intereses deudores de cuentas bancarias.  
6.2. Los recargos y las sanciones administrativas y penales o los intereses de aplicación a la demora de los pagos.  
6.3. Los gastos de procedimientos judiciales derivados o relacionados con el proyecto subvencionado.  
6.4. Los gastos de representación o atenciones protocolarias, almuerzos, catering, recepciones, regalos, flores, espectáculos.  
6.5. Las cuotas satisfechas por la pertenencia a cualquier agrupación, plataforma o federación de entidades u ONGD.  
6.6. Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.  
6.7. Indemnizaciones por despido.  
7. La acreditación de los gastos subvencionables, según su tipo, se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 64.3 de la Orden 2/2021.  
  
Artículo 12. Régimen de justificación  
1. La modalidad de justificación de la subvención concedida a la entidad beneficiaria, será la de cuenta justificativa con aportación de los justificantes del gasto en los términos previstos en el artículo 74 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y en el artículo 59.2.b y 64 de la Orden 2/2021.  
Respecto a la justificación de los fondos percibidos, la entidad beneficiaria deberá presentar, de forma electrónica, en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del proyecto, informe final de las actuaciones realizadas y la evaluación de impacto del proyecto, en modelo normalizado, debiendo acompañarse al mismo la cuenta justificativa, con la documentación justificativa prevista en el artículo 63 de la Orden 2/2021.  
  
Artículo 13. Incumplimientos y reintegros  
1. En los supuestos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, la entidad beneficiaria de la subvención deberá reintegrar a la Generalitat las cantidades correspondientes.  
2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003.  
  
Artículo 14. Facultad de ejecución y desarrollo  
Se faculta a la persona titular de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la efectivitad de este decreto.  
  
Artículo 15. Recursos  
Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.   
  
València, 16 de julio de 2021  
  
El president de la Generalitat,  
XIMO PUIG I FERRER  
  
La consellera de Participación,Transparencia,  
Cooperación y Calidad Democrática,  
ROSA PÉREZ GARIJO