Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3978, del 11-04-2001 (2001/2743)

Notificación a la persona interesada de la Resolución de 8 de enero de 2001, del director general del Instituto Valenciano de la Juventud, por la que se procede a la revocación de la subvención concedida por la Resolución de 6 de junio de 2000, de concesión de ayudas económicas para el alquiler de vivienda por jóvenes.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3978

Fecha DOGV
:   11-04-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/2743


Organismo emisor
:   Institut Valencià de la Joventut

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a la persona interesada de la Resolución de 8 de enero de 2001, del director general del Instituto Valenciano de la Juventud, por la que se procede a la revocación de la subvención concedida por la Resolución de 6 de junio de 2000, de concesión de ayudas económicas para el alquiler de vivienda por jóvenes. [2001/F2743]
  
Ha sido imposible efectuar directamente la notificación de la Resolución de 8 de enero de 2001, del director general del Instituto Valenciano de la Juventud, en relación con la Resolución de 6 de junio de 2000, del director general del Instituto Valenciano de la Juventud, por la que se concedieron ayudas económicas para el alquiler de viviendas por jóvenes, habiéndose intentado, sin efecto, a Eduardo Sergio Linares Sagredo, con último domicilio conocido en Sagunto, calle de L'Escola, 25, bajo.
  
Por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a hacer pública la referida resolución:
  
«I. Por Orden de 5 de agosto de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (en adelante Orden de 5 de agosto de 1999), se convocaron ayudas económicas para el alquiler de viviendas por jóvenes.
  
II. Por Resolución del director general del Instituto Valenciano de la Juventud, de fecha 6 de junio de 2000, de concesión de ayudas económicas para el alquiler de vivienda por jóvenes, se acordó conceder a Eduardo Sergio Linares Sagredo la cantidad de 62.562 pesetas.
  
III. Al amparo de lo dispuesto en la base novena de la referida Orden de 5 de agosto de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, la Resolución de 6 de agosto de 2000, en su punto tercero, señalaba que los ?jóvenes a los que se les haya concedido la ayuda la recibirán previa justificación del cumplimiento de la finalidad a través de la presentación, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, de la siguiente documentación:
  
a) Recibos de alquiler correspondientes a 1999 por un importe como mínimo, del doble de la cantidad subvencionada.
  
b) Certificado negativo de la Agencia Estatal Tributaria correspondiente al ejercicio 1998 en el supuesto de que en su momento no hubiese podido estar presentada al estar en fase de grabación.-
  
IV. Atendido que Eduardo Sergio Linares Sagredo presentó los recibos de alquiler junto con diversa documentación fuera del plazo establecido al efecto, se inició el trámite de audiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para que en el plazo de 10 días pudiera alegar cuanto estimara pertinente a sus intereses. El referido escrito fue notificado en fecha 13 de noviembre de 2000.
  
V. En fecha 21 de noviembre de 2000, Eduardo Sergio Linares Sagredo presenta escrito en el que manifiesta, en esencia, lo siguiente: que tuvo que hacer varios viajes y gestiones para conseguir los recibos de alquiler, que fiándose de una información errónea emanada de este organismo incumplió por un día los plazos establecidos al contar como inhábil el sábado 24 de junio; por último considera injusto que se le deniegue la ayuda ya que ha quedado clara su intención de respetar la legalidad.
  
Las citadas razones no pueden ser tenidas en cuenta, dado que las mismas no acreditan que se le diera una información errónea por parte de esta administración, ni fuerza mayor que impidiera la presentación de la documentación en plazo. Respecto al cómputo de los plazos señalar que el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que ?Siempre que por ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.-
  
VI. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de la base novena de la Orden de 5 de agosto de 1999, ?El incumplimiento de la obligación de justificación supondrá la pérdida del derecho a cobro.-
  
En virtud de cuanto antecede, atendido lo dispuesto en la base novena de la referida Orden de 5 de agosto de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 4/1989, de 26 de junio, sobre el Instituto Valenciano de la Juventud, resuelvo:
  
Revocar la ayuda para el alquiler de vivienda concedida por Resolución de 6 de junio de 2000, a Eduardo Sergio Linares Sagredo por la cantidad de 62.562 pesetas, y, en consecuencia, anular la misma.
  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el director general del Instituto Valenciano de la Juventud, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.»