Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5529, del 07-06-2007 (2007/7216)

Información pública del concurso de programación de la unidad de ejecución ronda Norte-A, suelo urbano residencial, edificación abierta del Plan General de La Pobla de Vallbona.
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Número DOGV
:   5529

Fecha DOGV
:   07-06-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2007/7216


Fecha del documento
:   30-05-2007

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Pobla de Vallbona, la
    * plan de urbanismo
    * administración local

Información pública del concurso de programación de la unidad de ejecución ronda Norte-A, suelo urbano residencial, edificación abierta del Plan General de La Pobla de Vallbona.  
 [2007/7216]  
Por el Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada en fecha 17 de abril de 2007, se aprobaron las bases particulares reguladoras del concurso de programación de la unidad de ejecución ronda Nord-A, suelo urbano residencial edificación abierta, procediéndose a su publicación en cumplimiento de lo establecido en los artículos 131 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, y 291 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Bases generales  
Las que figuran como anexo al Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Instrumento urbanístico y ámbito  
Plan General de La Pobla de Vallbona, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 2 de julio de 2004.  
Ámbito objeto de programación: unidad de ejecución ronda Nord-A, suelo urbano residencia edificación abierta, ordenado pormenorizadamente en el propio Plan General.  
Acuerdo municipal aprobación inicio concurso:  
Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 17 de abril de 2007.  
Fecha remisión anuncio al DOUE:  
Lunes, 29 de mayo de 2007.  
Bases particulares reguladoras del concurso  
I. Objeto y naturaleza del contrato  
1. Es objeto de las presentes bases la selección de la alternativa técnica y la adjudicación de la condición de urbanizador de la unidad de ejecución ronda Nord-A, suelo urbano residencial edificación abierta, conforme a estas bases y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que forman parte de las mismas.  
Estas bases y los pliegos de prescripciones y cláusulas administrativas particulares, con los documentos que preceptivamente los integran, formarán parte del contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. El contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada suscrito entre el Ayuntamiento y el urbanizador seleccionado, tiene la naturaleza de contrato administrativo especial y se regirá por lo establecido en la normativa urbanística valenciana y por lo dispuesto en las presentes bases. En todo lo no previsto en las disposiciones anteriores será de aplicación la normativa vigente sobre el contrato de gestión de servicios públicos previstas en la legislación contractual de las administraciones públicas.   
II. Ámbito de la actuación integrada   
El ámbito territorial sobre el que se ejecutará la actuación integrada se circunscribe a la unidad de ejecución ronda Nord-A, suelo urbano residencial edificación abierta (e. a.).  
En el anexo I de estas bases se incorpora plano de delimitación de la unidad de ejecución a desarrollar, así como la ficha de planeamiento de la citada unidad de ejecución que forma parte de las normas de ordenación estructural del Plan General.  
No se admitirán variantes en cuanto a la ampliación o disminución del ámbito territorial objeto de programación.  
III. Prescripciones técnicas  
Las prescripciones técnicas que como mínimo deberán respetarse en los documentos de ordenación y gestión, la normativa a desarrollar, así como con referencia al proyecto de las obras de urbanización exigibles figuran en el anexo II de estas bases.  
IV. Plazos de ejecución y cumplimiento del contrato  
1) Se fijan los siguientes plazos máximos para el desarrollo del programa de actuación integrada que podrán mejorarse por los licitadores en su alternativa técnica.  
1. Presentación, si fuera necesario, de un texto refundido del proyecto de urbanización: un mes desde la notificación del acuerdo de adjudicación del programa en el que se detallen las modificaciones.   
2. Selección de empresario constructor: no es necesaria la selección de empresario constructor por cuanto que el presupuesto de licitación no supera, excluido el impuesto sobre el valor añadido, los 5.278.000 €, conforme dispone el artículo 120.6 LUV.  
3. Acreditación ante el Ayuntamiento de la práctica de las notificaciones a los propietarios afectados para elección de la modalidad de retribución: dos meses antes de la exposición al público del proyecto de reparcelación.  
4. Proyecto de reparcelación:  
4.1 Exposición al público: seis meses desde la finalización del plazo concedido a los propietarios para la opción por la modalidad de retribución. La concesión de dicho plazo no será necesaria en el supuesto de que la retribución del urbanizador se articule mediante la modalidad de pago en metálico, en cuyo caso el proyecto de reparcelación podrá ser sometido a información pública junto con la alternativa técnica de programa.  
4.2 Presentación de textos refundidos del proyecto de reparcelación en el caso de haberse impuesto modificaciones en su aprobación: un mes desde la notificación al urbanizador del acuerdo de aprobación del proyecto.  
4.3 Elevación a documento público: un mes a contar desde el momento en que el acuerdo de aprobación sea firme en vía administrativa.  
4.4 Presentación en el Registro de la Propiedad: a los cinco días hábiles desde la elevación a documento público.  
5. Obras de urbanización:  
5.1 Suscripción del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras: 1 mes desde la notificación al urbanizador de la aprobación del proyecto de reparcelación.  
5.2 Plazos parciales (si se prevén en el pliego de prescripciones técnicas)  
Expedición del certificado final de obras, de acuerdo con el proyecto de obras, no se expedirá en un plazo superior a los doce meses desde su inicio.  
6. Solicitud de licencias para la edificación de los solares restantes. Se autoriza la ejecución simultanea de las obras de edificación a las de urbanización presentando las garantías suficientes.  
2) El incumplimiento de los plazos será sancionado a tenor de lo establecido en las presentes bases y en la normativa urbanística valenciana.  
3) La petición de plazo de prórroga por el urbanizador deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días naturales desde que se produzca la causa originaria del retraso en el cumplimiento de cualquiera de los plazos señalados, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo necesario de su duración a los efectos de que el Ayuntamiento, antes de que finalice el plazo de ejecución, resuelva de forma expresa sobre su prórroga.   
En ningún momento podrá producirse la prórroga en el cumplimiento de los plazos por mutuo consentimiento tácito entre el Ayuntamiento y el urbanizador.  
En el caso de que el urbanizador no solicitase la prórroga en el plazo anteriormente señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultado el Ayuntamiento para conceder la prórroga que juzgue conveniente, con imposición si procede, de las penalidades que se señalan en el presente pliego.  
Cuando la petición de prorroga venga motivada por modificaciones del proyecto de urbanización que, sin introducir nuevas unidades de obra, requieran un reajuste de los plazos de su ejecución, estos no podrán ser aumentados en mayor proporción que dicha modificación suponga en el importe del contrato. Este plazo se concretará en meses, redondeándose al alza en número de días sobrante que resulte.   
Cuando estas modificaciones supongan la introducción de nuevas unidades de obra, se estará a lo que el director de la obra informe al Ayuntamiento sobre el reajuste de los plazos de ejecución, previa supervisión por los técnicos municipales.  
V. Capacidad para contratar  
Están capacitados para participar en el concurso de programación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, no estando afectadas por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 20 TRLCAP como prohibitivas para contratar, tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan o no las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles en las presentes bases.  
La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escrituras públicas hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la administración y ante la cual nombrarán un representante o apoderado único.  
No podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada aquellos quienes hayan participado en la investigación, experimentación, el estudio o el desarrollo del Plan General de La Pobla de Vallbona.  
VI. Tipo de licitación   
Conforme a lo establecido en el artículo 286.h ROGTU, se establece como precio cierto de licitación, que tendrá carácter de máximo y que servirá de base para el cálculo de las garantías reguladas en la base siguiente, la cantidad de un millón cuarenta y seis mil cincuenta y cuatro euros y veinticuatro céntimos de euro (1.046.054,24 €).   
VII. Régimen de las garantías   
De acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística valenciana, estas bases particulares precisan las siguientes especialidades:  
1. Garantía provisional.  
La garantía provisional será la de veinte mil novecientos veintiún euros y ocho céntimos de euro (20.921,08 €), equivalente al 2% de la estimación de los costes de la urbanización, y se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 35 del TRLCAP.  
2. Garantía definitiva.  
Rige para esta garantía lo previsto en el artículo 168 de la LUV, estableciéndose para este concurso una cantidad equivalente al 12,50% del valor de las cargas de urbanización, cuantificado en la cantidad de ochenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro euros y treinta y cuatro céntimos de euros (130.756,78 €).  
En el supuesto de adjudicación a un urbanizador cuyo presupuesto de urbanización hubiera estado incurso inicialmente en presunción de temeridad, la garantía definitiva será del 20% del valor de las cargas de urbanización.  
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:  
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.  
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.  
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.  
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.  
3. Garantías complementarias  
3.1. Se establecen las siguientes garantías complementarias:  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 4 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 2%.  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 5 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 4%.  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 6 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 6%.   
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 7 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 8%.  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 8 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 10%.  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 9 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 12%.  
3.2 La constitución de las garantías complementarias, cuando proceda, deberá acreditarse junto con la garantía definitiva. El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la resolución del contrato.  
VIII. Documentación:  
1. Lugar y plazo de presentación. Se aplicará lo regulado en el artículo 293 ROGTU, con las siguientes especialidades en cuanto al plazo, dada la complejidad y dificultad técnica de la documentación a presentar.  
- Por contar el ámbito de la programación con ordenación pormenorizada en vigor: tres meses. (no fijar un plazo inferior a 3 meses)  
Cuando el último día coincida en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente.  
2. Contenido. Las proposiciones se ajustarán a lo previsto en el artículo 302 ROGTU, con las siguientes especialidades:  
1. Sobre número 1, expresará la inscripción de: «Documentación administrativa para concurrir al concurso de programación por gestión indirecta de la unidad de ejecución ronda Nord-A, suelo urbano residencial edificación abierta (indicar ámbito territorial) y contendrá la documentación indicada en los artículos 121, 122 y 123 de la LUV, debidamente foliada y precedida, en hoja independiente, de una relación numerada de los documentos que la integran, y que en resumen será:  
- Documentos que acrediten la capacidad y personalidad jurídica del concursante y la representación, en su caso, del firmante de la proposición.  
- Declaración jurada.  
- Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera del contratista:  
· Documentos acreditativos de la técnica y profesional del contratista. Al respecto, el adjudicatario estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente pliego, así como a la dirección técnica de las obras y, en su caso, a la coordinación de la seguridad y salud de la ejecución de las obras de urbanización, los facultativos cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en ella. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Igualmente el adjudicatario no podrá sustituir al personal facultativo establecido en su oferta sin expresa autorización del Ayuntamiento  
· Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional.  
· En caso de concursantes extranjeros: sumisión a la jurisdicción de los tribunales españoles.  
· Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado los avisos previstos en artículos 292 y 293 ROGTU.  
· Acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública de la documentación técnica integrante del programa.   
La documentación que acredite la personalidad jurídica, la capacidad y la solvencia técnica y económica del aspirante, en los términos de los artículos 122 y 123 de la LUV, se presentará en un sobre cerrado y sellado y contendrá justificación documental de los extremos referidos en el artículo 133.1, letras a), b), c), d), e) y f) de la LUV.  
2. Sobre número 2, denominado «Alternativa técnica para concurrir al concurso de programación por gestión indirecta de la unidad de ejecución ronda Nord-A, suelo urbano residencial edificación abierta (indicar ámbito territorial)», se ajustará a lo establecido en los artículos 126 LUV y 307 y siguientes ROGTU. Se presentará en sobre abierto.  
3. Sobre número 3, denominado «Proposición jurídico-económica para concurrir al concurso de programación por gestión indirecta de la unidad de ejecución ronda Nord-A, suelo urbano residencial edificación abierta (indicar ámbito territorial)», se presentará en plica cerrada y se ajustará a lo establecido en los artículos 127 de la LUV y 302 ROGTU, redactada conforme al modelo que se inserta a continuación:  
(Nombre y apellidos) ..., mayor de edad, vecino de ..., con domicilio en ..., titular del DNI nº ..., expedido con fecha ..., en nombre propio (o en representación de ..., con domicilio en ..., conforme acredito con poder bastanteado) enterado del concurso tramitado para la gestión indirecta del programa de actuación integrada para el desarrollo de ... (indicar el ámbito de la actuación) y la adquisición de la condición de urbanizador, se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por la cantidad de ...., a que ascienden las cargas del programa, según presupuesto detallado y desglosado que a continuación se adjunta en los términos de los artículos 302 a 306 del ROGTU. Lugar, fecha, firma y sello.»  
IX. Vigencia de las ofertas  
Durante el plazo máximo fijado en la normativa urbanística valenciana para adjudicar el concurso, el licitador aspirante a urbanizador queda obligado al mantenimiento de la oferta que presenta.  
Transcurrido dicho plazo, e independientemente del número de proposiciones presentadas, el concursante tendrá derecho a retirar su proposición y a la devolución de las garantías provisionales.  
X. Mesa de programación  
La mesa de programación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 299 ROGTU, estará integrada del modo siguiente:  
- Presidente, que lo será el alcalde o miembro de la corporación en quien delegue.  
- El concejal delegado de Urbanismo.  
- El concejal delegado de Patrimonio.  
- El secretario del Ayuntamiento, que actuará como vocal y como secretario de la mesa, sin perjuicio de que pueda acordarse de que la secretaría la asuma cualquier otro miembro técnico de la mesa.  
- El interventor municipal.  
- El arquitecto municipal  
- El ingeniero técnico de obras públicas.  
- El oficial mayor.  
- Un miembro por cada grupo político con representación municipal.  
XI. Calificación de la documentación general  
En el plazo de los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo para presentar la documentación se constituirá la mesa de programación en la forma prevista en la cláusula anterior a los efectos de proceder a la calificación de la documentación presentada por los aspirantes a urbanizador. Si el cómputo de este plazo finaliza en sábado se entenderá prorrogado al lunes inmediato siguiente.  
Para ello, se estará a lo dispuesto en los artículos 121 de la LUV y 310 y 311 ROGTU, tanto en lo referente a la calificación de la documentación, como a la resolución del incidente de exclusión de licitadores.  
XII. Valoración de la alternativa técnica  
1. Finalizado el acto de calificación de la documentación, firmes en vía administrativa los incidentes de exclusión que hubieran podido plantearse, acto seguido la mesa procederá a la apertura de los sobres número 2 continentes de la alternativa técnica.  
En el caso de que haya quedado suspendido el concurso de programación hasta obtener una resolución firme en vía administrativa de los incidentes de exclusión que hubieran podido plantearse, el Ayuntamiento comunicará por correo electrónico, fax o cualquier medio telemático a los aspirantes admitidos, la fecha en que se procederá al acto público de apertura de los sobres de las alternativas técnicas. Igual comunicado se expondrá en el tablón de anuncios municipal.  
Se procederá en la forma establecida en los artículos 135 y 137.1 de la LUV.  
2. La valoración total que la alternativa técnica tiene en el concurso será de un 50% (para su determinación debe tenerse presente el art. 312 ROGTU), distribuidos en los siguientes criterios de puntuación:  
- Calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización: 50% de la valoración de la alternativa técnica.  
- Calidad técnica de las resoluciones propuesta por el urbanizador: un 5% de la valoración de la alternativa técnica.  
- Número, diseño, ubicación y calidad de viviendas sometidas a un régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador: 5% de la valoración de la alternativa técnica.  
- Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa: 5% de la valoración de la alternativa técnica.  
- Plazo de ejecución del programa, compromisos de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes, compromisos adicionales asumidos por el urbanizador y a su cargo, medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa: 5% de la valoración de la alternativa técnica.   
- Contribución a la ejecución o financiación de las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de los equipamientos y servicios dotacionales públicos previstos por el Plan General y aquellos otros que el Ayuntamiento considere imprescindibles para mantener o alcanzar los niveles de calidad, cantidad o capacidad existentes o deseables: 30%.  
En la determinación de dicho criterio se deberán ponderar las diferentes circunstancias concurrentes en el ámbito objeto de programación para garantizar el principio de equidistribución de beneficios y cargas que debe presidir la actuación urbanística; a tal efecto, deberán considerarse, entre otras, las siguientes circunstancias:  
- El nivel de exigencia de dotaciones y servicios públicos que demande el sector o unidad objeto de desarrollo, en función del uso global asignado por el Plan General al mismo.  
- El rendimiento económico del producto inmobiliario radicado en el sector o unidad de ejecución.  
- Si se trata de ámbitos territoriales que proceden de la reclasificación operada a través del Plan General o, por el contrario, de suelos que ya ostentaban en el planeamiento anterior una determinada calificación urbanística.  
La contribución económica con destino a la financiación de los equipamientos y servicios dotacionales públicos previstos por el Plan General y aquellos otros que el Ayuntamiento considere imprescindibles para mantener o alcanzar los niveles de calidad, cantidad o capacidad existentes o deseables, se cuantifica en la cantidad de quinientos cincuenta y tres mil quinientos noventa y dos euros y setenta céntimos, con el siguiente detalle:  
Edificabilidad máxima, m²t: 30.755,15  
Participación, ?/m²t: 18,00 €  
Cuantificación, ?: 553.592,70 €  
La citada cantidad tiene la consideración de carga urbanística repercutible entre todos los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de la unidad de ejecución y se destinará a la ejecución de dotaciones públicas municipales, cuya concreción se efectuará en el momento de la aprobación y adjudicación del programa.  
3. En el caso de que entre los criterios previstos para la valoración de las alternativas técnicas, la Mesa apreciase el carácter desproporcionado o temerario de las bajas, de acuerdo con los criterios previstos en la cláusula VI de estas bases, requerirá la previa solicitud de información de todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Para emitir los informes previstos para esclarecer esta causa, se concederá a los aspirantes afectados un plazo de cinco días hábiles.  
Las razones aportadas y el asesoramiento del servicio técnico municipal, o en su caso externo, serán tenidas en cuenta por la mesa de programación para la formulación de su propuesta.  
4. Se establece como puntuación mínima a los efectos de la ulterior valoración de la proposición jurídico-económica la de cincuenta puntos.  
XIII. Valoración de la proposición jurídico-económica  
1. En el mismo acto en que la mesa, tras valorar las alternativas técnicas, haya formulado propuesta de valoración y puntuación de las alternativas técnicas, procederá a la apertura de los sobres nº 3 continentes de la proposición jurídico-económica de aquellas alternativas que hayan superado el umbral mínimo de puntuación previsto en la cláusula anterior.  
Se procederá en la forma establecida en los artículos 135 y 137.1 de la LUV.  
2. La valoración total que la proposición jurídico-económica tiene en el concurso será de un 50% (para su determinación debe tenerse presente el art. 312 ROGTU), distribuidos en los siguientes criterios de puntuación:  
- Importe de las cargas de urbanización: un 15% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
- Valoración de los terrenos a efecto de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y menor proporción de solares o aprovechamiento que debe ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa: 55% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
- Mayor proporción de terrenos propios o asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del programa: 25% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
- Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador: un 5% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
3. En el caso de que entre los criterios previstos para la valoración de las proposiciones jurídico económicas, la mesa apreciase el carácter desproporcionado o temerario de las bajas, de acuerdo con los criterios previstos en la cláusula VI de estas bases, requerirá la previa solicitud de información de todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Para emitir los informes previstos para esclarecer esta causa, se concederá a los aspirantes afectados un plazo de cinco días hábiles.  
Las razones aportadas y el asesoramiento del servicio técnico municipal, o en su caso externo, serán tenidos en cuenta por la mesa de programación para la formulación de su propuesta.   
XIV. Adjudicación del programa  
Concluido el trámite de aceptación de las modificaciones propuestas por los informes técnicos a la alternativa técnica y a la proposición jurídico-económica, la mesa de programación, elevará al Pleno la propuesta de adjudicación, quien resolverá la adjudicación del programa.  
La propuesta de adjudicación hecha por la mesa de programación no creará derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la administración, mientras no se le haya adjudicado el programa.  
El acuerdo de adjudicación del programa deberá adoptarse en un plazo no superior a los 2 meses desde la apertura de las proposiciones jurídico-económicas.  
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el artículo 137 de la LUV. En la notificación de la adjudicación se especificaran los gastos que deba abonar el urbanizador y que hasta ese momento sean conocidos por la administración, con expresa indicación de que su abono deberán efectuarse con carácter previo a la formalización del contrato.  
El urbanizador esta obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación de la adjudicación del contrato, así como una memoria en la que figure detalladamente las personas que tiene previsto designar a su ejecución, indicando su dedicación.  
XV. Formalización del contrato  
La administración y el urbanizador deberán formalizar el contrato para la ejecución del programa de actuación integrada en documento administrativo, dentro del mes siguiente a la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa, constituyendo título suficiente para acceder a cualquier registro. No obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del urbanizador y a su costa.  
El urbanizador, además del contrato, deberá firmar estas bases particulares y de todos sus anexos, que quedarán incorporadas a su contenido.  
Regirá para la formalización del contrato lo dispuesto en el artículo 331 ROGTU.  
XVI. Gastos a cargo del urbanizador  
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:  
a) Los de publicación cualquier anuncio que genere el expediente para la aprobación del programa de actuación integrada y para su adjudicación siempre que su inserción en los boletines oficiales o en periódicos de amplia circulación ocasione un gasto al Ayuntamiento. Los gastos de los anuncios de licitación se abonarán en el mismo momento en que se deposite la garantía definitiva. Los gastos de los restantes anuncios que resulten onerosos a la administración se abonarán a la medida en que se vayan conociendo.  
b) Los gastos correspondientes a la asistencia técnica externa, en la forma en que se dispone a continuación.  
c) Los tributos estatales, municipales y regionales derivados del contrato.  
d) Los de elevación a escritura pública del contrato de adjudicación, si así lo solicitare el contratista.  
Por lo que respecta al abono de los gastos de los honorarios por la asistencia técnica y jurídica externa relativos a toda la ejecución del programa, que se cifra en el 1% de los gastos de gestión del urbanizador, se abonarán:  
- Un 25% junto con el depósito de la garantía definitiva, que se elevarán al 50% en el caso de que no se requiera aprobación del programa por el órgano competente de la comunidad autónoma  
- Un 25%, en el caso de que se requiera aprobación definitiva del programa por la comunidad autónoma.  
- Un 25% con carácter previo a la aprobación del proyecto de urbanización  
- El resto coincidiendo con la última certificación de obra. Para la cuantificación de la cantidad pendiente de abonar en este último plazo se realizará una liquidación definitiva para proceder a su recálculo en el caso de que los gastos fueran superiores al 1% de los gastos de gestión del urbanizador inicialmente previstos.  
XVII. Retasación de cargas  
El importe máximo de las cargas de urbanización derivadas de la ejecución del programas de actuación integrada, será el previsto en la proposición jurídico económica que resulte adjudicada.  
Sólo será posible una retasación de cargas en los supuestos expresamente previstos en la legislación urbanística valenciana vigente, y por el procedimiento expresamente regulado para tal finalidad.   
En el caso de que opere la retasación por transcurso de dos años desde la presentación de la proposición jurídico-económica sin que se haya iniciado el programa por motivos no imputables al urbanizador, se aplicará a los precios previstos en ella una revisión basada en el incremento del IPC vigente en el momento de su revisión.  
XVIII. Ejecución del contrato   
1. La ejecución del contrato comenzará a computarse a partir del día siguiente al de su firma conforme con sus cláusulas y con las instrucciones que para ello de la administración, y se realizará a riesgo y ventura del urbanizador quien no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras de urbanización, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y siempre que no medie actuación imprudente por su parte. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases y en la normativa urbanística valenciana respecto a la retasación de cargas.  
El urbanizador será responsable de la calidad de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados de acuerdo con lo previsto en los artículos 211 y 217 a 219 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas.   
Tratándose de un contrato cuyo presupuesto de ejecución no supera los 5.278.000 euros, el Urbanizador, conforme a lo dispuesto en el artículo 120.6 de la LUV, podrá ejecutar las obras de urbanización por sí mismo o a través de contratista de su elección.  
2. La recepción se realizará conforme a lo previsto en el artículo 110 del TRLCAP.  
XIX. Cesión de la condición de urbanizador  
Se estará a lo dispuesto en los artículos 141 de la LUV y 333 y 334 del ROGTU.  
En todo caso la cesión, ya sea total o parcial requerirá de autorización expresa del Ayuntamiento en pleno.  
XX. Responsabilidad del urbanizador por los daños causados a terceros durante la ejecución del programa  
El urbanizador será responsable, durante la ejecución de las obras de urbanización, de todos los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o a cargo del empresario constructor, o de una deficiente organización, protección o señalización de las obras.  
En el caso de que algún particular presentare en el Ayuntamiento reclamación patrimonial a la administración por cualquier daño ocasionado como consecuencia de la ejecución del presente contrato, cualquiera que fuera su naturaleza o causa, y la corporación aceptare la existencia de tal responsabilidad abonando las cantidades demandadas por el particular en tal concepto, el Ayuntamiento repetirá estas al urbanizador, quien a su vez podrá repercutirlas al empresario constructor en la forma en que se prevea en el pliego que regula esta relación.   
XXI. Responsabilidad del urbanizador por vicios ocultos  
El urbanizador responderá, durante los 15 años siguientes a la fecha de la recepción definitiva de las obras de urbanización, de los daños y perjuicios ocasionados por ruina de las mismas motivada por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento del contrato.  
XXII. Penalidades al urbanizador por incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato  
1. El incumplimiento, por causa imputable al urbanizador, de los plazos máximos totales y parciales fijados en estas bases particulares de programación y en el contrato, cuando se refieran a actuaciones propias de la fase administrativa previa, incluyendo el incumplimiento de cualquier requerimiento que el Ayuntamiento efectúe en desarrollo y ejecución del programa, comportará la aplicación de una penalidad por importe del 1 por 1.000 por día natural de demora aplicado sobre la suma del beneficio empresarial y los gastos de gestión del urbanizador, incluido el coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos.  
2. El incumplimiento, por causa imputable al urbanizador, de los plazos máximos totales y parciales fijados en estas bases particulares de programación y en el contrato, cuando se refieran a actuaciones propias de la fase de ejecución material de las obras de urbanización, la imposición de una penalidad diaria del ... por mil, según lo previsto en el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este importe se aplicará sobre el precio del contrato, entendiendo por tal el importe de las cargas de urbanización del programa (CU) fijadas en el acuerdo de aprobación y adjudicación del mismo, excluida la estimación preliminar de las indemnizaciones y demás gastos variables a que se refiere el artículo 308 del ROGTU e incrementadas con el 16% de IVA.  
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% de las cargas de urbanización, el órgano de contratación estará facultado para optar entre la resolución de aquel o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
3. Las penalidades serán aprobadas por acuerdo del órgano de contratación, previa concesión de un trámite de audiencia al urbanizador por plazo de quince días hábiles.  
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al urbanizador.  
XXIII. Resolución de la adjudicación del programa  
Para la resolución de la adjudicación del programa se estará a lo dispuesto en la normativa urbanística valenciana y en la normativa estatal en materia de contratación pública.  
Además de las causas de resolución previstas en las disposiciones normativas vigentes, también lo serán:  
- La subcontratación sin el consentimiento expreso de la administración o cuando supere el límite cuantitativo previsto en estas bases, o se efectúe con persona incursa en las prohibiciones para contratara previstas en el artículo 20 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas.  
- La pérdida sobrevenida del urbanizador de los requisitos necesarios para contratar con la administración.  
- El incumplimiento reiterado de as prescripciones técnicas del contrato.  
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la administración, siempre que tales causas hayan sido previamente advertidas por escrito al urbanizador. Se entenderán incluidas en este supuesto la negativa o la falta de colaboración del urbanizador con las medidas que la administración adopte para conocer en todo momento la identidad de las personas que prestan el servicio y para comprobar la completa y correcta aportación de medios personales y materiales contratados.  
- La facturación de ejecuciones no realzadas o medios no utilizados, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al urbanizador por la no aportación íntegra de los medios comprometidos y el derecho de la administración a requerirlos.   
XXIV. Prerrogativas del Ayuntamiento  
Corresponden al Ayuntamiento las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la legislación urbanística valenciana y en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Los acuerdos dictados al efecto pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  
XXV. Jurisdicción competente  
Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción o el recurso potestativo de reposición en los términos descritos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Asimismo, las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa de los tribunales de Valencia, no obstante lo cual, las partes pueden acordar el sometimiento de sus litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la legislación vigente.  
XXVI. Régimen jurídico  
El contrato que con base a este pliego se realice, tendrá carácter administrativo especial y en todo lo no previsto en él se estará a lo dispuesto en:  
- La Ley 16/2005, de 31 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.  
- El Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión territorial y Urbanística  
- Las bases generales aprobadas por el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, en su caso.  
- El Plan General de La Pobla de Vallbona de 24 de julio de 2004 y los instrumentos de desarrollo del mismo que afecten al ámbito territorial de actuación objeto de la contratación.  
- Las ordenanzas municipales reguladoras de servicios públicos.  
- El Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
- Ley 3/2004, de 30 junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.  
- Supletoriamente regirán las restantes normas del derecho administrativo y, en su defecto, las del derecho privado.  
En caso de contradicción entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y el resto de la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego.  
Anexo I  
Ámbito de la actuación integrada  
Plano de la delimitación de la unidad de ejecución ronda Nord-A y ficha de planeamiento de la misma.  
Anexo II  
Prescripciones técnicas  
1. Antecedentes y normativa a desarrollar  
1.1. Ordenación urbanística que se ejecuta a través de la programación   
Comprende la unidad de ejecución ronda Nord-A, suelo urbano residencial edificación abierta, sin modificación alguna en cuanto a la delimitación que de la misma se contiene en las normas de ordenación estructural del Plan General.  
1.2. Documentos de ordenación: se contiene en las normas de ordenación estructural del Plan General (plano de delimitación de la unidad de ejecución y ficha de planeamiento y gestión), así como en las normas de ordenación pormenorizada (ordenanzas urbanísticas de la zona de edificación abierta e.a.).  
2. Memoria de necesidades y objetivos imprescindibles a satisfacer con el programa de actuación integrada   
(Ver art. 124 LUV)  
3. Prescripciones técnicas que como mínimo deben respetarse en la redacción del proyecto de urbanización.   
Será de aplicación lo establecido en los artículos 156 y 157 de la LUV, y los artículos 97.b y 346 a 350 ROGTU.  
Los proyectos de urbanización se ajustarán a la Ordenanza Municipal sobre Condiciones Particulares y Obras de Urbanización, aprobada junto con el Plan General; igualmente, y por lo que respecta a los proyectos de alumbrado público, éstos deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de las Normas Técnicas relativas a los Proyectos de Alumbrado Público Municipal (publicada en el BOP número 69 de fecha 22 de marzo de 2004).  
4. Proyecto de reparcelación  
Se ajustará a lo establecido en los artículos 176 y 177 LUV y los artículos 394 a 428 ROGTU.  
La Pobla de Vallbona, 30 de mayo de 2007. El alcalde presidente: Guillermo García Báguena.