Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8864, del 23-07-2020 (2020/5991)

DECRETO 76/2020, de 17 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social para el desarrollo de programas de intervención comunitaria con la población gitana por la COVID-19.
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Número DOGV
:   8864

Fecha DOGV
:   23-07-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2020/5991


Fecha del documento
:   17-07-2020

Organismo emisor
:   Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Tipo de documento
:   Decreto

Descriptores 

:   * Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
    * cuidado de la salud
    * salud pública
    * cura de enfermería
    * ayuda pública
    * asistencia social
    * política sanitaria
    * enfermedad infecciosa
    * epidemia
    * estado de emergencia

DECRETO 76/2020, de 17 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social para el desarrollo de programas de intervención comunitaria con la población gitana por la COVID-19. [2020/5991]  
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala global y local, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para responder a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria y social sin precedentes con una enorme magnitud tanto por el impacto elevado en número de personas afectadas como por el extraordinario riesgo que conlleva para sus derechos.  
El sistema valenciano de servicios sociales debe atender de forma universal al conjunto de su ciudadanía y, especialmente, a una población considerada de alto riesgo en el caso de contagio de COVID-19, y en esta situación resulta indispensable movilizar recursos materiales y humanos tanto de carácter público como privado para garantizar la atención prestada a los colectivos más vulnerables y empobrecidos siempre con las máximas garantías en la preservación de la salud, el derecho a la vida y su bienestar, entre quienes destaca la población gitana.  
El artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, establece en su apartado 2.c la posibilidad de conceder de forma directa, con carácter excepcional, subvenciones que acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificultan su convocatoria pública.  
En el marco de las medidas y actuaciones destinadas a hacer frente a las consecuencias sociales y económicas consecuencia de la crisis sanitaria, provocada por la pandemia COVID-19, se ha detectado una necesidad especial en la población gitana que requiere una actuación de extrema urgencia, y especialmente en aquellos barrios donde mayoritariamente vive dicha población, en los principales municipios de la Comunitat Valenciana.  
Existen razones de interés público, social y humanitario para atender, en este ejercicio, con financiación pública, una serie de actuaciones cuyo objetivo es atender las necesidades básicas de las familias gitanas en mayor situación de vulnerabilidad, así como establecer nexos entre ellas y los diferentes recursos públicos (sociales, educativos, sanitarios y laborales) existentes en las diferentes administraciones.  
Asimismo, con esta concesión directa de subvenciones, se garantiza la atención de las necesidades de una población que está sufriendo especialmente esta crisis, y de esta manera contribuir a la cohesión, equilibrio y equidad territorial, de acuerdo con los principios rectores que garantiza la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, como servicios esenciales.  
Las subvenciones que se conceden mediante este decreto, no necesitan de la notificación a la Comisión Europea, por no cumplir las condiciones del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; en concreto, por no suponer ventaja económica, ya que las entidades a que van dirigidas las subvenciones no ejercen actividad económica que pueda ofrecer bienes o servicios en el mercado, y no hay posibilidad de falseamiento de la competencia que afecte a los intercambios comerciales entre estados miembros; habiéndose aplicado lo dispuesto en el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell.  
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, a propuesta de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, previa deliberación del Consell, en la reunión de 17 de julio de 2020,  
  
  
DECRETO  
  
Artículo 1. Objeto  
Este decreto tiene por objeto aprobar las bases para la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional, en el marco de la respuesta institucional ante la pandemia COVID-19, a determinadas entidades del tercer sector de acción social sin ánimo de lucro que realizan intervención con la población gitana, con el fin de mejorar la atención, protección y calidad de vida de dichas personas en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  
  
Artículo 2. Razones de interés público que concurren en su concesión e imposibilidad de su convocatoria pública  
1. Estas subvenciones se conceden de forma directa, en aplicación de lo que prevé el art. 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015.  
Estas subvenciones tienen carácter singular, derivado del carácter extraordinario, determinado por razones de interés público y social que fundamentan la necesidad de concesión directa.  
2. En concreto, las razones de interés público y social que justifican el otorgamiento directo de la subvención a las entidades beneficiarias radican en el especial interés que supone, en el contexto de las consecuencias sociales y económicas provocadas por la pandemia COVID-19, la implementación de programas de acción comunitaria con la población gitana en barrios inclusivos, cuyo objetivo es atender las necesidades básicas de las familias gitanas, colaborar con los servicios sociales en su acercamiento para facilitar la intervención integral a través de los recursos públicos, y paliar la brecha digital y educativa existente en parte de esta población y que dificulta su acceso normalizado a los derechos básicos.  
3. Dado el objeto específico y la necesidad de garantizar la atención a las personas usuarias de estos programas, se requiere una concesión directa y no procede una convocatoria pública.  
  
Artículo 3. Órgano gestor  
Corresponde a la dirección general competente en materia de diversidad étnica y cultural el compromiso del gasto y a las direcciones territoriales de Igualdad y Políticas Inclusivas el reconocimiento de la obligación, la propuesta de pago y la verificación de la justificación de los gastos.  
  
Artículo 4. Financiación  
1. Las subvenciones que se otorgan por concesión directa para el año 2020, por este decreto, ascienden a un importe global de 330.000,00 euros, con cargo a la línea de subvención que será creada mediante la oportuna modificación presupuestaria del programa presupuestario 313.80, «Igualdad en la Diversidad».  
2. Para dar cobertura a las obligaciones económicas derivadas de este decreto, se tramitará, de acuerdo con el artículo 168.1. C de la Ley 1/2015 la oportuna modificación de crédito.  
  
Artículo 5. Entidades beneficiarias, actuación y cuantía de la subvención  
Las entidades beneficiarias de esta subvención son las entidades del tercer sector de acción social sin ánimo de lucro detalladas en el anexo, con indicación del municipio de actuación y de la cuantía correspondiente.  
  
Artículo 6. Actuaciones subvencionables  
Los programas subvencionados para cada municipio en los que se realice la intervención, que podrá desarrollarse entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de marzo de 2021, incluirán, dependiendo de la realidad de cada caso, entre sus actuaciones:  
1. Facilitar el acceso directo de las familias a la satisfacción de las necesidades básicas y esenciales de alimentación, higiene y salud, cuando indubitadamente se observe dicha necesidad por parte de la entidad que gestione el programa.  
Esta actuación se realizará aportando cheques por valor de una cantidad económica determinada, a las familias que presenten las referidas necesidades. Los cheques estarán vinculados a establecimientos, preferentemente del barrio donde resida cada familia, y con los que se podrán adquirir los productos de primera necesidad.  
Para determinar la cantidad económica a destinar a cada unidad familiar, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 43/2020, del Consell, de 3 de abril, de aprobación de las bases reguladoras de concesión directa de subvenciones a las entidades locales titulares de servicios sociales de atención primaria para hacer frente al impacto de la COVID-19:  
a) Prestaciones económicas individualizadas (PEI), que tendrá una dotación de 200,00 - mensuales que se incrementará en 50,00 - por cada miembro de la unidad de convivencia.  
b) Prestaciones económicas individualizadas (PEI) de infancia, que tendrán una dotación de 4,00 - diarios por cada niño o niña o adolescente integrantes de la misma unidad familiar. Serán beneficiarias las familias con alumnado menor de dieciocho años siempre que la familia lo requiera. Se restarán del importe las cuantías que pudieran ser percibidas en especie o dinero, correspondientes a los comedores escolares o las cantidades abonadas en su sustitución por la conselleria con competencias en materia de educación.  
Estas prestaciones pueden ser compatibles siempre y cuando no se refieran a las mismas personas de la unidad familiar. Las cantidades pueden ajustarse a semanas o días, siguiendo la proporcionalidad de la cantidad mensual, según las necesidades de cada familia.  
De manera excepcional, por necesidades especiales de salud, se podrán adquirir productos farmacéuticos directamente. En este caso el pago lo realizará la entidad que gestiona el programa, observando en todo caso la normativa sanitaria relativa a la dispensación farmacéutica y de protección de datos de carácter personal.  
Esta actuación se podrá realizar mientras se gestionan las ayudas correspondientes y hasta que, una vez resueltas positivamente, las familias comiencen a recibirlas.  
2. Coordinación con los servicios sociales de atención primaria de referencia, para su acceso a ayudas de emergencia e inclusión en los programas correspondientes, Renta Valenciana de Inclusión y otras prestaciones similares de la Administración General del Estado.  
3. Coordinación con otras administraciones para el acceso a ayudas o programas de inclusión en el ámbito laboral, educativo, sanitario o cualquier otro que se considere conveniente.  
4. Facilitar el acceso a internet y uso de dispositivos electrónicos, formación sobre la firma digital, acompañamiento y asesoramiento para la gestión de ayudas y demás trámites administrativos de forma telemática.  
5. Facilitar el acceso a material educativo, formación sobre la realización de actividades formativas en línea y respuesta a los requerimientos de centros educativos, así como refuerzo en aquellas materias que se consideren necesarias.  
  
Artículo 7. Gastos subvencionables  
1. Los gastos subvencionables comprenderán los gastos de personal, gastos para cubrir necesidades básicas de las familias destinatarias del programa, actuaciones con objeto de reducir la brecha digital y educativa, que se consideren imprescindibles para dar respuesta a la situación de crisis social y económica, consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19.  
2. Se considerarán gastos de personal, los costes salariales brutos, incluidos los pagos a la Seguridad Social, correspondiente a la empleadora del personal laboral contratado por las entidades para la ejecución de los programas. Estos costes salariales brutos estarán limitados por las cuantías anuales recogidas en la tabla salarial establecida para grupo o categoría profesional en que se encuadre el puesto de trabajo.  
3. Se considerarán gastos para cubrir necesidades básicas o derivadas de la brecha digital y educativa, los siguientes:  
a) Alimentación, higiene y salud: compra de alimentos y productos de limpieza, higiene y de prevención sanitaria o medicamentos. Estas compras se realizarán a mediante cheques por un importe económico determinado vinculados a establecimientos concretos, facilitados por las entidades subvencionadas, a utilizar por las familias con necesidades básicas excepcionales. En casos excepcionales se podrán realizar compras de los productos referidos, directamente por parte de cada entidad cuyo programa sea subvencionado. Este último supuesto tendrá como máximo el 20 % de la cantidad total de la partida económica destinada a alimentación, higiene y salud.  
  
b) Brecha digital: adquisición de tarjetas de telefonía con datos y con conexión a internet, por el tiempo de duración del programa, y alquiler de equipos informáticos para su utilización durante dicho periodo.  
c) Brecha educativa: adquisición de material escolar y educativo y contratación de profesionales de apoyo educativo, mediante facturación por prestación de servicios.  
4. Para cada programa, los gastos de personal establecidos en el apartado 2, de este artículo, podrán suponer entre el 50 % y el 66 % de la cantidad total subvencionada, mientras que los gastos de necesidades básicas y derivadas de la brecha digital y educativa establecidos en el apartado 3, de este artículo, podrán suponer entre el 33 % y el 50 % de la cantidad total subvencionada.  
5. Se podrán incluir como gastos subvencionables, aquellos derivados del transporte necesario para la ejecución de las actuaciones en el marco del programa, tanto de las personas profesionales del programa, como de las personas beneficiarias. En todo caso, no podrán suponer más de un 5 % del total del presupuesto del programa.  
  
Artículo 8. Obligaciones de las entidades beneficiarias  
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en el artículo 14 y concordantes de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
2. A los efectos previstos en el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se autoriza la subcontratación de todas las actividades subvencionadas.  
3. La contratación de personal por parte de las entidades subvencionadas en ningún caso supondrá relación jurídica alguna con la Generalitat.  
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 3.2 Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, si la entidad beneficiaria recibiera una ayuda por importe superior a 10.000,00 euros, deberá dar la adecuada publicidad a la ayuda, indicando como entidad concedente la Generalitat, el importe recibido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionada.  
  
Artículo 9. Pago de la subvención  
1. Las subvenciones se otorgan por concesión directa. Conforme a lo establecido en el Decreto ley 5/2020, de 29 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en el ámbito de los servicios sociales y de apoyo al tercer sector de acción social por la COVID-19, una vez concedidas, se anticipará el 100 % de su importe.  
2. El Decreto ley 5/2020, de 29 de mayo, del Consell, establece que el plazo para la ejecución de gastos y actuaciones asociadas a los programas subvencionados, podrán realizarse hasta el 31 de marzo 2021. Las entidades beneficiarias de las subvenciones, deberán justificar el gasto objeto de la subvención otorgada, como máximo el 30 de abril de 2021, momento a partir del cual se procederá a la liquidación de la misma, de la que podrá derivarse una regularización, que implicará la exigencia del reintegro de los importes indebidamente percibidos, en el caso de que la justificación fuera insuficiente o no se cumplieran las condiciones estipuladas.  
  
Artículo 10. Justificación de la aplicación dada a las subvenciones  
1. La justificación de la subvención se realizará a través de la aplicación telemática establecida al efecto y mediante la presentación de la documentación necesaria para acreditar el gasto objeto de la subvención otorgada, a través de la presentación de la cuenta justificativa simplificada a que se refiere el artículo 75 del Reglamento de la Ley general de subvenciones, aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, que tendrá carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención, y que contendrá los siguientes documentos:  
a) Una memoria de actuación justificativa, según el modelo que se proporcionará, y que deberá incluir los datos de todas las familias con las que se ha realizado la intervención y todo su seguimiento, especialmente una relación de las ayudas directas proporcionadas a cada familia, de la gestión realizada para la solicitud de ayudas, de la intervención comunitaria, de la coordinación con los servicios sociales de atención primaria, así como de otros recursos públicos, si fuera necesario.  
b) Una relación clasificada de todos los gastos de la actividad, con identificación de la persona acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.  
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que, en su caso, hayan financiado la misma actividad objeto de este decreto, con indicación del importe y entidad subvencionadora.  
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados del mismo.  
La dirección territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas competente por territorio comprobará, a través de un muestreo aleatorio sistemático por arranque al azar, el 5 % de los justificantes para obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a las entidades la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.  
2. Las facturas acreditativas, que deberán permanecer en custodia de las entidades al menos durante cuatro años, deberán reunir los requisitos recogidos en el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, debiendo presentarse originales o copias compulsadas en caso de requerirse. Así mismo, se deberá mantener en custodia de las entidades subvencionadas, al menos durante cuatro años, los documentos que justifiquen la recepción por parte de las familias de los cheques que se les hayan proporcionado.  
3. El incumplimiento del plazo máximo de justificación de las subvenciones podrá dar lugar a la dejación sin efectos de la ayuda, con exigencia, en su caso, del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención  
  
Artículo 11. Régimen jurídico  
Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este decreto, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y por su reglamento de desarrollo, excepto en aquello que afecte los principios de publicidad y concurrencia; por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones; así como por lo dispuesto en el Decreto ley 5/2020, de 29 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en el ámbito de los servicios sociales y de apoyo al tercer sector de acción social por la COVID-19, y resto de normativa vigente que sea aplicable.  
  
Artículo 12. Delegación de facultades de ejecución  
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Igualdad en la Diversidad, para el ejercicio de cuantos actos de ejecución sean necesarios para el cumplimiento de este decreto.  
  
Artículo 13. Eficacia  
Este decreto producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Artículo 14. Recursos  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.1.C, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, las bases reguladas por este decreto no tienen carácter de disposición general. Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, conforme a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas o, bien directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
València, 17 de julio de 2020  
  
El president de la Generalitat,  
XIMO PUIG I FERRER  
  
La vicepresidenta i  
consellera d'Igualtat i Politíques Inclusives,  
MÓNICA OLTRA JARQUE