Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4336, del 16-09-2002 (2002/9525)

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2002, del director del Centro de Desarrollo Marítimo, por la que se otorga a la Cruz Roja Española concesión administrativa para la ocupación de dos locales en el puerto de Benidorm, para fines propios de la entidad.
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Número DOGV
:   4336

Fecha DOGV
:   16-09-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - D) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/9525


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2002, del director del Centro de Desarrollo Marítimo, por la que se otorga a la Cruz Roja Española concesión administrativa para la ocupación de dos locales en el puerto de Benidorm, para fines propios de la entidad. [2002/M9525]
  
Vista solicitud formulada por José García Aldeguer, en su calidad de presidente local en Benidorm de la Cruz Roja Española, de autorización administrativa para la ocupación de dos locales adosados de 22,40 m2 (local 1) y 5,28 m2 (local 2), sitos en el puerto de Benidorm para fines propios de la entidad, ubicando en el local 1 el puesto de primeros auxilios, y en el local 2 una caseta auxiliar.
  
Visto informe favorable del Servicio de Explotación y Conservación de Puertos, en el que se indica que el establecimiento de la Cruz Roja se considera positivo para el bienestar social de los usuarios del puerto, y que la labor social que realiza esta institución aumentará la calidad de los servicios prestados en dicho puerto, proporcionando seguridad a los usuarios de la instalación portuaria y en general a todo aficionado al mar.
  
Visto informe emitido el 10 de junio de 2002 por la Dirección General de Puertos y Costas.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del reglamento para la ejecución de la Ley de Costas, se sometió la solicitud a información pública por plazo de 20 días, durante el cual no se presentaron alegaciones.
  
Notificada a la entidad interesada la resolución de fecha 10 de junio de 2002, de sometimiento de condiciones en las que podría otorgarse la concesión de referencia, en fecha 12 de julio de 2002 se recibe escrito de aceptación de las condiciones, suscrito por el presidente local de la Cruz Roja.
  
Considerando que la actividad pretendida es compatible con los supuestos que prevé la sección II del título II de la Ley 27/1992 de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
  
En uso de las atribuciones que conceden al director del Centro de Desarrollo Marítimo el artículo 35 del Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, resuelvo:
  
Otorgar a la Cruz Roja Española concesión administrativa para la ocupación de una superficie de 27,68 m2, correspondiente a los dos locales adosados que se describen en la parte expositiva de la presente, en el puerto de Benidorm, para fines propios de la entidad, de acuerdo con las condiciones que se indican en los pliegos insertados a continuación:
  
Primera. Plazo
  
Esta concesión se otorga, por plazo de cinco años, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente, prorrogables a la tácita hasta un máximo de 10 años, dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero, sin cesión del dominio público ni de las facultades dominicales de la administración.
  
Segunda. Transmisibilidad
  
La presente concesión no es transmisible, habida cuenta la especial naturaleza de la Cruz Roja.
  
Tercera. Gravamen
  
La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre la concesión deberá ser autorizada por la autoridad portuaria.
  
Cuarta. Uso y explotación
  
La concesión se destinará a la actividad definida en la resolución de otorgamiento, sin que el concesionario pueda destinar el dominio público concedido, ni las obras en él ejecutadas a usos distintos de los expresados.
  
Quinta. Rescate por obras
  
En el caso de que el dominio público sea necesario total o parcialmente para la realización de actividades o ejecución de obras declaradas de utilidad pública y para realizarlas fuera preciso utilizar o destruir en todo o en parte las obras de la concesión, la administración podrá proceder al rescate de la misma antes de su vencimiento.
  
A tal efecto se incoará expediente de rescate de la concesión, en el que se dará audiencia al concesionario, sin que el concesionario tenga otro derecho que el de ser indemnizado por las obras no amortizadas, valoradas en los términos establecidos en la Ley de Puertos.
  
En esta valoración no se tendrán en cuenta las obras realizadas por el concesionario sin previa autorización, las cuales pasarán igualmente a la administración sin derecho a indemnización. El concesionario podrá, además, retirar libremente aquellos elementos existentes en la concesión que no hubieran sido relacionados en el acta de reconocimiento final y no estén unidos de manera fija al inmueble, siempre que con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, salvo que la administración decida también su rescate.
  
Si las obras se encontrasen deterioradas, se determinará por la administración el presupuesto de los gastos necesarios para dejarlas en buen estado, el cual se notificará al concesionario antes de ser aprobado.
  
Su importe se rebajará de la tasación, y la diferencia que resulte será la cantidad que se abone al concesionario.
  
Realizada la entrega a la autoridad portuaria de los bienes rescatados se devolverá la fianza de explotación, a solicitud del concesionario, con la deducción, en su caso, de las cantidades que el concesionario deba hacer efectivas por las responsabilidades en que haya incurrido.
  
Sexta. Impuestos y fianzas
  
La Cruz Roja Española está exenta del depósito de fianza, habida cuenta que el artículo 69 ter, parrafo 2º de la vigente Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su forma enmendada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, exime expresamente a dicha entidad del abono del canon.
  
Séptima. Replanteo y proyecto de construcción
  
Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto técnico a que se hace referencia en las condiciones particulares y en el plazo que en las mismas se indica.
  
El concesionario solicitará por escrito, con la suficiente antelación para que las obras puedan comenzarse dentro del plazo, el replanteo de las mismas, que se practicará por el ingeniero director del puerto y personal auxiliar a sus órdenes, con asistencia del interesado, levantándose acta y plano en los que se consignará la superficie ocupada, que será sometida al director general de Obras Públicas para su aprobación, si procede.
  
Cuando el proyecto presentado por el concesionario tenga carácter de básico, antes del replanteo de las obras, y en todo caso y en el plazo de dos meses, desde el conocimiento de la adjudicación de la concesión, el concesionario deberá presentar el proyecto de construcción.
  
Este proyecto de construcción será examinado por los servicios técnicos para comprobar que es suficientemente completo y no altera el proyecto básico sometido a información pública. Si dichos servicios estiman que el proyecto es incompleto, el concesionario deberá completarlo debidamente en el plazo que al efecto se le conceda.
  
En el caso de que el proyecto de construcción difiera sustancialmente del proyecto básico sometido a información pública la administración podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones:
  
a) Obligar al concesionario a que adapte el proyecto de construcción al básico.
  
b) Someter el proyecto de construcción a información pública y a los trámites pertinentes para la modificación de las concesiones.
  
La concesión no surtirá efectos hasta que esta administración dé su conformidad al proyecto de construcción.
  
Si transcurrido el plazo señalado en las condiciones particulares para el comienzo de las obras, éstas no se hubiesen iniciado por causas no justificadas, a juicio de la autoridad portuaria, ésta declarará la caducidad de la concesión, quedando a su favor la fianza de construcción.
  
En el supuesto en que el concesionario acredite que no ha iniciado las obras en el plazo establecido porque se le han denegado, por parte de otros organismo públicos, las licencias, permisos y otras autorizaciones necesarias, podrá renunciar a la concesión, en cuyo caso se le devolverá la fianza de construcción.
  
En todo caso, el concesionario podrá solicitar la prórroga del plazo establecido para el inicio de las obras que será otorgada por la autoridad portuaria siempre que existan razones que justifiquen la demora en la iniciación de las obras.
  
Octava. Reconocimiento de las obras
  
Terminadas las obras el concesionario solicitará por escrito de la dirección técnica del puerto el reconocimiento de las mismas, que se practicará con asistencia de éste y del interesado, levantándose acta que será elevada al director general de Obras Públicas, para su aprobación, si procede.
  
En el acta se recogerá la superficie exacta ocupada por la concesión, a la que se aplicará el canon a que se hace referencia en la condición catorce.
  
Novena. Vigilancia de las obras
  
Las obras quedarán bajo la inspección y vigilancia del director técnico del puerto y no serán obstáculo al paso para el ejercicio de la vigilancia litoral, quedando obligado el concesionario o conservarlas en buen estado y no pudiendo, lo mismo que el terreno, arrendarlas ni destinarlas a usos distintos que los expresados.
  
Diez. Inspección de la ejecución
  
La administración podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras, para comprobar si las mismas se ajustan al proyecto en base al cual se ha otorgado la concesión.
  
Si apreciara la existencia de desviaciones en relación con el mismo, podrá aprobar el reconocimiento de las obras cuando estime que la modificación no altera sustancialmente la concesión, ni requiere una nueva información pública, o tramitar su legalización mediante el procedimiento correspondiente, o disponer que las obras se ajusten al proyecto autorizado.
  
En este último supuesto, si el concesionario no lo hiciese en el plazo que se le indique, se procederá a la incoación de expediente de declaración de caducidad de la concesión.
  
Once. Gastos
  
Los gastos originados por los anuncios de la información pública y de la resolución de otorgamiento de la concesión serán de cuenta del concesionario.
  
Los gastos que se originen por el replanteo, la inspección y el reconocimiento de las obras, serán de cuenta del concesionario.
  
Doce. Otras autorizaciones
  
El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones que sean legalmente exigibles, ni del pago de los impuestos que le sean de aplicación, incluyendo el impuesto sobre bienes inmuebles, o el que legalmente le sustituya.
  
Trece. Renuncia
  
Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza o fianzas constituidas. Además, salvo decisión contraria de la administración, quedará obligado a levantar las obras e instalaciones a su costa, dejando el terreno de la concesión libre de toda ocupación, en el plazo que se le señale.
  
Catorce. Canon
  
La Cruz Roja Española esta exenta expresamente del abono del canon según lo dispuesto en el artículo 69 ter, párrafo 2º de la vigente Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su forma enmendada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre
  
Quince. Obligación de conservación y mantenimiento
  
El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos concedidos en perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, de higiene y de estética, realizando a su cargo los trabajos de conservación y mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello.
  
Dieciséis. Efectos reversión
  
Cuando por vencimiento del plazo concesional se produzca la reversión, quedarán extinguidos automáticamente, sin necesidad de declaración expresa, los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre el dominio público concedido y las obras e instalaciones objeto de la concesión. Tampoco asumirá la administración los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por lo tanto, pueda en forma alguna entenderse que la reversión implica la sucesión de empresa prevista en el artículo 44 del texto refundido de Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ni que la autoridad portuaria sea el empresario principal de la actividad realizada por el concesionario, a los efectos del artículo 42 de dicho texto refundido.
  
Terminado el plazo concesional, revertirán al dominio público estatal los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, estando obligado el concesionario , a sus expensas, a la demolición y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna, excepto en el caso de que la administración, de propia iniciativa o a petición del concesionario, declare que, dado que se mantiene el interés público de las obras e instalaciones, procede su mantenimiento para continuar su explotación en la forma que se determine.
  
El concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de reconocimiento final levantada conforme establece la anterior condición 9ª, siempre que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, si la administración no decide también su adquisición.
  
Diecisiete. Acta de reversión
  
De la recepción por la administración de los bienes revertidos, se levantará la correspondiente acta en presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se reseñará el cumplimiento por el concesionario de la obligación de reponer el terreno a su anterior estado o, en el caso de que la administración hubiera optado por el mantenimiento de las obras e instalaciones, el estado de conservación de las mismas, especificándose los deterioros que presenten. En este último caso, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se indicará al concesionario el conjunto de reparaciones necesarias a ejecutar a su cargo en el plazo que se le señale.
  
Dieciocho. Sanciones
  
El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas en la concesión dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, sin perjuicio de que, cuando a juicio de la administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, ésta pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente.
  
Diecinueve. Caducidad
  
Será causa de declaración de caducidad de esta concesión, además de las previstas legalmente, el incumplimiento de las obligaciones descritas en este pliego.
  
La declaración de caducidad supondrá la perdida de la fianza o fianzas constituidas, pudiendo llevar aparejada, a criterio de la administración, la demolición, retirada de las obras e instalaciones, parcial o total, a cargo del concesionario, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna.
  
La tramitación del expediente de caducidad se realizará con independencia de la incoación del procedimiento sancionador que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en la anterior condición.
  
Veinte. Inscripción en el registro de la propiedad
  
Si el concesionario inscribiera la concesión en el Registro de la Propiedad, deberá facilitar a la administración certificación acreditativa de dicha inscripción.
  
Extinguida la concesión el concesionario solicitará la cancelación de la inscripción y dará cuanta de ello a la administración concedente.
  
Veintiuna. Ejecución subsidiaria
  
Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se le ordenen por la administración, en aplicación de las condiciones correspondientes, ésta, de conformidad con la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de los gastos, así como de los daños y perjuicios a cargo del concesionario.
  
Esta resolución no agota la vía administrativa. Contra ella puede interponerse recurso de alzada ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de la presente, sin perjuicio de la utilización por el interesado de cualquier otro recurso que se estime oportuno.