Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4981, del 08-04-2005 (2005/3227)

Edicto de notificación de resolución sancionadora a Mª Luisa Egea Romero, expediente sancionador ESANC/46/2004/0309.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4981

Fecha DOGV
:   08-04-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/3227


Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Edicto

Edicto de notificación de resolución sancionadora a Mª Luisa Egea Romero, expediente sancionador ESANC/46/2004/0309. [2005/X3227]
  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 58.1de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), cuya nueva redacción fue aprobada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999), mediante la publicación del presente edicto se procede a notificar al interesado el acto administrativo consistente en la resolución sancionadora tramitado en el expediente sancionador que se lleva a cabo en esta Dirección General de Interior de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, y que se reproduce íntegramente a continuación:
  
Asunto: Resolución procedimiento sancionador.
  
Expediente: ESSANC/46/2004/0309
  
Interesado: Mª Luisa Egea Romero
  
Domicilio: C/ Músico Martín Soler nº 12
  
DNI/NIF: 21868320A
  
Vistas las actuaciones seguidas en el procedimiento sancionador arriba referenciado que se sigue contra Mª Luisa Egea Romero
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Que mediante Acuerdo de la Dirección General de Interior, de fecha 21 de septiembre de 2004 se inició el procedimiento sancionador arriba referenciado, a Mª Luisa Egea Romero como consecuencia del acta denuncia formulada por la Policía Local de Valencia, en fecha 26 de noviembre de 2003.
  
Segundo. Notificado el anterior Acuerdo a la parte interesada en fecha 6 de octubre de 2004 por la misma no se ha formulado alegación alguna en el plazo que le fue conferido al efecto.
  
Tercero. En fecha 15 de noviembre de 2004 se formuló Propuesta de Resolución, notificada en fecha 1 de diciembre de 2004.
  
Por el interesado no se han opuesto alegaciones a la propuesta en el plazo conferido al efecto.
  
Cuarto. Hechos probados
  
De las actuaciones practicadas resultan probados los siguientes hechos:
  
Que en fecha de 26 de noviembre de 2003, a las 00.10 horas, por funcionarios de la Policía Local del Ayuntamiento de Valencia, se constató que el establecimiento que gira con el nombre comercial de Bar Cook Door, sito en Valencia, en la C/ Músico Martín Soler nº 12, se encontraba abierto al público, careciendo de las condiciones de seguridad establecidas en la normativa vigente, al carecer de extintores en el local.
  
Fundamentos de derecho
  
I. Ostenta la competencia para resolver el presente procedimiento sancionador la Dirección General de Interior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, en relación con el 12 del Decreto 181/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
  
II. El artículo 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que la Resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente. Así mismo, que en la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. En este sentido, el Tribunal Supremo viene reiterando, entre otras en sentencias de 25 de febrero de 1981, 7 de abril de 1982, 15 de diciembre de 1987 y 17 de septiembre de 1999, que ?los límites que debe respetar la resolución final del expediente son los hechos y la homogeneidad de la calificación de la infracción efectuada sobre la que se ha tenido oportunidad de defensa, pudiendo, por el contrario, adecuar la cuantía de la sanción dentro de los márgenes que permite la norma?.
  
III. El apartado 7 del artículo 46, de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, tipifica como infracción grave el ?El incumplimiento de las condiciones de seguridad y sanidad establecidas en la normativa vigente y en las licencias o autorizaciones.-
  
IV. Los hechos declarados probados son constitutivos de una infracción administrativa grave prevista en el indicado apartado 7 del artículo 46 de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, por cuanto que los mismos se subsumen en los tipos transcritos.
  
V. De los anteriores hechos es responsable en concepto de autor la parte interesada en estas actuaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos valenciana, al incurrir la misma en las acciones u omisiones tipificadas en ella.
  
Por otra parte, los hechos constitutivos de la infracción están suficientemente acreditados en los términos señalados en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que «los hechos constatados por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio», siempre que en la tramitación del expediente el interesado tenga posibilidad de contradecir su contenido, como ocurre en el presente supuesto.
  
La presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, de las actas administrativas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.1 de la misma Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, convierte a las mismas en una prueba documental privilegiada, en tanto que se otorga legalmente al contenido de las mismas la virtualidad de fundamentar por sí solas la resolución administrativa sancionadora, siempre que dicho contenido no sea desvirtuado por el presunto responsable, desplazándose de este modo la carga de la prueba, tal como recogen las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1991, y 25 de junio y 18 de diciembre de 1991, entre otras.
  
VI. El artículo 49.2 de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos dispone que las infracciones graves serán sancionadas alternativa o acumulativamente con:
  
a) Multa de 601 a 30.000 euros y acumulativamente hasta 300.000 euros.
  
b) Suspensión o prohibición de la actividad por un período máximo de seis meses.
  
c) Clausura del local o establecimiento por un período máximo de seis meses.
  
d) Inhabilitación para la organización o promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas por un período máximo de seis meses.
  
VII. Los criterios que se han tenido en cuenta para graduar las sanciones son los establecidos en el artículo 50 de la citada Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Valenciana.
  
De forma particular, concurren los siguientes:
  
d) La conducta observada por el infractor en orden al cumplimiento de las disposiciones legales.
  
Por todo ello, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Imponer a Mª Luisa Egea Romero por los motivos indicados, la sanción de 2.000,00 euros como autor de una infracción administrativa grave, tipificada en el apartado 7 del artículo 46 de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente resolución, ante el órgano que la dictó o ante el órgano superior jerárquico de éste, el secretario autonómico de Justicia e Interior, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1, en relación con el 114 y siguientes, de la Ley 30/1992, d e 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, junto con el 8.3 del Decreto 181/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
La sanción impuesta deberá hacerse efectiva utilizando el impreso número 1520732226126, que deberá recoger en esta Dirección General de Interior, Ifracciones Administrativas, calle Historiador Chabás nº 2, 46815 de Valencia, en cualquiera de las entidades colaboradoras que en el mismo constan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 8/2002, de 15 de enero, por el que se aprueba el sistema de Recaudación de Tributos, Precios Públicos, Sanciones y otros ingresos de derecho público de la Generalitat Valenciana, remitiendo el ejemplar correspondiente a la administración, a esta Dirección General de Interior, Infracciones Administrativas, calle Historiador Chabás número 2, 46694 Valencia, en el periodo voluntario establecido en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que modifica el art. 20.4 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el RD 1684/1990, de 20 de diciembre, en los siguientes plazos:
  
A) Para las sanciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
  
B) Para las sanciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
  
El ejemplar correspondiente a la administración deberá remitirse a este centro directivo.
  
Se le apercibe que de no abonarlo en dicho periodo voluntario, procederá sin más trámite a su exacción por vía ejecutiva.