Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4774, del 14-06-2004 (2004/6027)

Notificación a Almudever Roselló Hermanos, SL. Expediente número 136/2004.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4774

Fecha DOGV
:   14-06-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/6027


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Almudever Roselló Hermanos, SL. Expediente número 136/2004. [2004/E6027]
  
De conformidad con lo acordado por esta Subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente edicto se procede a notificar a Almudever Roselló Hermanos, SL, con último domicilio conocido en la avenida de Espioca, sin número, de Silla (Valencia), acuerdo iniciación de fecha 30 de abril de 2004, dictado por la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente en el expediente sancionador número 136/9987 AXC, que se está tramitando en la Unidad de Inspección del Territorio de esta conselleria:
  
Vistas las actuaciones previas practicadas al amparo del artículo 12 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Visto que en fecha 20 de febrero de 2003, ha podido constatarse por el Seprona de Paiporta de la Guardia Civil que en las parcelas 127 y 147-A, del polígono 14, partida Terrabona, del término municipal de Picassent por la mercantil Almudever Roselló Hermanos, SL, ha procedido a realizar una actividad extractiva sin contar con la preceptiva licencia municipal de actividad, procediendo al relleno del hueco existente con residuos de la fábrica de ladrillos para la construcción procedentes de dicha mercantil, constituyendo un vertedero de residuos inertes sin contar con la preceptiva autorización de esta conselleria. Infringiendo lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Pudiendo constituir los referidos hechos una infracción calificada de grave tipificada en el artículo 73 párrafo 4 a) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Las sanciones vienen determinadas en el artículo 75.2.b) de la citada ley, el cual establece:
  
Las infracciones previstas en esta ley podrán dar lugar a la imposición de todas o de algunas de las siguientes sanciones:
  
En el caso de infracciones graves:
  
Multa de 601,02 a 30.050,61 euros, excepto en los residuos peligrosos, que será desde 6.010,13 hasta 300.506,05 euros.
  
Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año, en los supuestos de infracción tipificadas en las letras a), d), e) y f) del artículo 73.4.
  
Inhabilitación parra el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la presenta ley por un periodo de tiempo de hasta un año.
  
En el presente supuesto la sanción sería:
  
Multa de 18.000 euros (dieciocho mil euros).
  
Visto que, de acuerdo con el artículo 78 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, con independencia de la sanción que proceda el infractor ésta obligado a reparar el daño causado adoptando las medidas necesarias para restablecer el equilibrio medioambiental, que consistirá en la recogida de los residuos acumulados y su entrega a gestor autorizado, acreditando dicho extremo ante el Área de Inspección del Territorio mediante el documento de entrega.
  
Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, siendo órgano competente para la resolución del presente expediente la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80 párrafo 1 b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, en relación con la Orden de 26 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, sobre delegación de competencias sancionadoras, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 4.656, de 23 de diciembre de 2003.
  
A la vista de lo dispuesto en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se acuerda:
  
La incoación del correspondiente expediente sancionador a Almudever Roselló Hermanos, SL, por presunta infracción del artículo 73.4 a) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, en relación con el artículo 57 de la citada ley, significándole que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Real Decreto 1398/1993, podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
  
Así mismo se acuerda nombrar instructora y secretaria del expediente sancionador, a Amparo Renau Almela y Susana Carrasco Marí respectivamente, a quienes se les notificará en forma este nombramiento, así como a los inculpados, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley 30/1992, RJ-PAC y en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, para que en cualquier momento del procedimiento puedan ser objeto de recusación a tenor de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del la citada Ley 30/1992, RJ-PAC.
  
En virtud de lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, se le concede un plazo de quince días contados a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes, significándole que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, el presente acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 apartado 4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en relación con el apartado 6 del artículo 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse dictado y notificado éste se producirá la caducidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.