Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6215, del 26-02-2010 (2010/1291)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 337/2008.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6215

Fecha DOGV
:   26-02-2010

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2010/1291


Fecha del documento
:   11-11-2009

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 19 de València

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 337/2008. [2010/1291]  
Juicio ordinario 000337/2008   
Demandante: Instituto Geriátrico Valenciano, SL.  
Procuradora: Catherine Biasoli Lopez.   
Demandada: Rosa (defensor judicial Catalina Roda Sánchez) Sánchez Alcaide. Procurador: Carlos Eduardo Solsona Espriu   
María Teresa Puig Picazo, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 19 de Valencia, hace saber:   
Que en este Juzgado se sigue procedimiento de juicio ordinario 000337/2008, a instancia de Instituto Geriátrico Valenciano, SL contra herencia yacente de Rosa Sánchez Alcaide.   
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:   
«Sentencia número 214/2009   
Valencia, 13 de octubre de 2009   
Vistos por Jesús L. Rojo Olalla, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 19 de los de Valencia, los presentes autos de juicio ordinario seguidos ante este tribunal bajo el número 337/2008 a instancia de la entidad mercantil Instituto Geriátrico Valenciano, SL, en acrónimo IGV, provista de CIF B96/830492, estando representada por procuradora de los tribunales en la persona de Catherine Biasoli López y asistida de letrado en la persona de Juan Ignacio Solé Andreu; contra la herencia yacente de Rosa Sánchez Alcaide, en situación de rebeldía; siendo ejercida acción para cumplimiento de obligación contractual de abono de precio de arrendamiento de servicio; resulta,   
Antecedentes de hecho   
Primero. En fecha 3 de marzo de 2008 fue presentada la demanda de juicio ordinario cuyo ámbito subjetivo y naturaleza de acción ejercida aparece descrito en el encabezamiento, siendo solicitado en el suplico la condena de la demandada a abonar a IGV la suma de 24.323,22 euros más intereses desde la presentación de la demanda y costas.   
Al respecto el procurador de IGV manifestó que su representada es titular de una residencia geriátrica en Valencia; en enero de 2000 la demandada contrató los servicios de IGV para su ingreso como residente; ante su progresivo deterioro, en marzo de 5582 HOS dio cuenta de la posible incapacidad sobrevenida de la señora Sánchez Alcaide. En mayo de 2007 se inició expediente de incapacidad bajo el número 197/07 en sede del Juzgado de Instancia 13 de Valencia, del que dijo ignorar resultado.   
Desde octubre de 2006 hasta febrero de 2008, tanto la señora Sánchez Alcaide como sus familiares han dejado de atender los costes de estancia de la señora Sánchez en la residencia. El 19 de febrero de 2008 los familiares de la señora Sánchez la trasladaron a otra residencia, firmando liquidación de deuda por importe del principal que ahora es objeto de reclamación y sin que se haya atendido luego ni formulado disconformidad alguna al respecto.   
En el cuerpo de fundamentos de derecho se remitió a las normas generales de las obligaciones y contratos.   
Segundo. Admitida a trámite la demanda, de manera previa se recabó estado del proceso en el Juzgado de Incapacidades quién dio cuenta de la situación de incapacidad de la señora Sánchez Alcaide, de la falta de nombramiento de tutor y de la designación de defensor judicial en la persona de su hija Catalina Roda Sánchez.   
Tercero. La demandada fue emplazada en la persona de Catalina Roda Sánchez quién a tal fin compareció y contestó en escrito presentado en autos en fecha 12 de junio de 2008, en asistencia a su madre en los presentes autos y con planteamiento de oposición.   
Al respecto sostuvo que IGV sí ha venido interviniendo en el expediente de incapacidad de su madre; manifestó que todos los gastos de la residencia aparecen pagados hasta enero de 2007, incluido; luego la señora Sánchez Alcaide tenía problemas económicos y así lo hizo ver la defensora judicial a IGV; la defensora trató de obtener ayuda económica para la financiación de estancia de su madre en residencia de tercera edad para el ejercicio de 2007; pero fue IGV quién obstaculizó la obtención de la ayuda al no cumplir su obligación de tener empadronada a la señora Sánchez Alcaide e impidió que ese auxilio económico se comenzara a recibir en febrero de 2007.   
Alegó también falta de atención a la señora Sánchez Alcaide por parte de IGV, lo que originó la caída de la demandada en la residencia en fecha 6 de febrero de 2008, precisando traslado a centro hospitalario para sutura de herida en la cabeza.   
Terminó mostrando disconformidad con la exigibilidad de la deuda reconocida por la propia defensora judicial, disconformidad basada en los argumentos antes expuestos: pago de residencia hasta enero de 2007, y responsabilidad contractual de IGV al no actuar de manera diligente en la tramitación administrativa de empadronamiento y en el cuidado que precisaba la señora Sánchez Alcaide, al punto de que llegara a sufrir un accidente.   
Cuarto. Al trámite de audiencia previa acudieron ambas partes. La demandante sostuvo que lo reclamado es el finiquito que adjunta con la demanda por que, dijo, sí se habían realizado algunos ingresos a cuenta en el periodo de octubre de 2006 a febrero de 2008; rechazó que el empadronamiento de la señora Sánchez Alcaide fuese de su competencia.   
La parte demandada insistió en la excepción de pago entre octubre de 2006 y enero de 2007, y en la excepción de incumplimiento de las prestaciones de contrario relativas al cambio de empadronamiento de la señora Sánchez Alcaide por parte de IGV, impidiendo con ello el cobro de la prestación económica para pago de los gastos de la residencia y que fue solicitada el 30 de enero de 2007 ante instancias oficiales.   
Como hechos controvertidos quedaron fijados los siguientes:   
1. La realidad de la pendencia de la concreta deuda que reclama el actor.   
2. La apreciación de si el cambio de empadronamiento forma parte del contenido de las prestaciones que son exigibles a IGV respecto de sus residentes.   
3. Si la falta de cambio del empadronamiento ha supuesto, de manera necesaria, la pérdida del auxilio económico interesado en instancias oficiales para atender la residencia de la señora Sánchez Alcaide en el establecimiento de IGV.   
4. Y entidad económica que hubiese supuesto la ayuda oficial.   
Por haberlo solicitado las partes fue acordado el recibimiento del proceso a prueba; a instancia de IGV se practicó la documental por reproducción de los acompañados con la demanda consistentes en:   
1. Acuerdo de condiciones económicas de ingreso de la señora Sánchez Alcaide en residencia de IGV, actuando Catalina Roda Sánchez en representación de su madre, y estando fechado en enero de 2000, figurando como anexo la solicitud de ingreso con firma de la señora Roda Sánchez como representante.   
2. Comunicado de posible incapacidad, dirigido por IGV a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, con sello de entrada el 7 de marzo de 2006.   
3. Cédula de emplazamiento dirigido a Rosa Sánchez Alcaide, con residencia en el establecimiento de IGV, y acordada en autos 197/2007 del Juzgado de Instancia número 13, de Valencia.   
4. Reconocimiento de deuda firmado por Catalina Roda Sánchez ante IGV, de fecha 19 de febrero de 2008.   
No se pudo practicar el interrogatorio de la señora Roda Sánchez, como defensora judicial de su madre, porque al tiempo del juicio falleció la señora Sánchez Alcaide y la señora Roda Sánchez renunció a la herencia de su madre.   
A instancia de la señora Sánchez Alcaide, luego herencia yacente, se practicó la documental por reproducción de los acompañados con la contestación relativos a:   
1. Proveídos de fechas 12 de noviembre y 27 de diciembre, ambos de 2007, en autos 198/2007 de instancia 13, de Valencia.   
2. Factura de 1 de enero de 2007 de IGV contra Rosa Sánchez Alcaide.   
3. Informe social de la trabajadora social señora Cuevas Clemente, de IGV, sobre la señora Sánchez Alcaide, de fecha 17 de enero de 2007.   
4. Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales, de la Conselleria de Bienestar Social, de fecha 30 de noviembre de 2007.   
5. Parte de asistencia de la señora Sánchez Alcaide en el servicio de urgencias del Hospital Clínico.   
6. Informe médico sobre la señora Sánchez Alcaide, de fecha 19 de febrero de 2008, emitido por la residencia Xàvia.   
No se pudieron practicar el interrogatorio del legal representante de IGV ni las testificales de Patricia Martínez López, María de la Luz Ruiz Vázquez y Sara Cuevas Pérez, como consecuencia de la situación mediada entre la audiencia previa y la celebración del juicio: el fallecimiento de la señora Sánchez Alcaide en fecha 13 de noviembre de 2008, y falta de personación de sus cuatro hijos, José, Carmen, Catalina y Rosa Roda Sánchez, a través de escritura de repudio de herencia efectuadas en instrumento público otorgado en fechas 23 de abril de 2009, ante Alberto Domingo Puchol, notario del colegio de Valencia con residencia en esta ciudad, causando el número 846 de su protocolo, y 14 de mayo de 2009, ante Pedro Martínez Pertusa, notario del colegio de Murcia con residencia en esa ciudad, causando el número 1283 de su protocolo, que generó el paso a situación de rebeldía de la herencia yacente.   
Practicada la prueba en la forma expuesta y evacuado el trámite de conclusiones, quedó el proceso visto para sentencia.   
Fundamentos de derecho   
Primero. Pluspetición.   
En autos no ha sido puesta en duda la prestación de servicios de geriatría por la entidad IGV; la pretensión de la demandante se remite a una liquidación de deuda firmada por Catalina Roda Sánchez, al menos en representación de su madre y concurriendo en ella la condición de defensor judicial de la señora Sánchez Alcaide en el proceso de incapacidad previo a esa liquidación, y liquidación en la que admite la existencia de la deuda que ahora reclama IGV, reconocimiento que se hace coincidir con el tiempo en que la señora Sánchez Alcaide deja de tener la condición de residente en el establecimiento de IGV y cuya realidad y firma por la señora Roda Sánchez no ha sido puesto en duda. El reconocimiento de deuda goza de la presunción de veracidad en función de la posición que al respecto mantiene la jurisprudencia y de la que, a título de ejemplo, cabe reproducir la elaborada por el Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, de fecha 31 de marzo de 2005, recurso de apelación 4149/1998, del siguiente tenor:   
«El documento de que se trata, de ser válido (que no lo es, pues el Tribunal a quo lo ha declarado nulo, y esta decisión ha quedado firme), se presenta al pleito como un documento de "reconocimiento de deuda", y con valor exclusivamente probatorio respecto al precio del contrato que se discute. Esta institución está escasamente regulada en el derecho común español, pero ha sido suficientemente explicada por la doctrina científica, y recogida en la jurisprudencia, y entre las legislaciones próximas, puede citarse la Compilación Foral de Navarra, o Fuero Nuevo, que la regula en sus leyes 494, 510 o 533. La corriente jurisprudencial de esta Sala, por hacer un resumen conciliable con la escasa respuesta que merece el planteamiento de este motivo, entronca este "reconocimiento", con valor jurídico, en el artículo 1277 cc, como "presunción de la existencia de causa" en el contrato, aunque no se fije expresamente en él (sentencias de esta sala, de 30.05.1992, 20.11.1992, 11.03.1993, 30.09.1993, 27.07.1994, 24.10.1994, 22.07.1996, 05.05.1998, 29.06.1998, 28.09.1998, 0.06.1999, 29.06.1998 y 23.12.1999), aparte de existir otros criterios doctrinales que, más tímidamente, lo entroncan con el llamado, en su caso, "contrato reproductivo", o con el de "fijación jurídica", conforme al artículo 1224 cc, por su relación con lo acordado en otro contrato anterior, si se le da carácter contractual, como sumo (sentencias de 06.06.1969, para el primer caso, y de 19.11.1974, 05.02.1981, 23.06.1983 y 30.04.1999, para el segundo). Pero en definitiva, la jurisprudencia le da el valor de documento de prueba, como "medio idóneo mediante el que se patentice y advere la existencia efectiva de una deuda pendiente" (sentencias de 30.05.1992 y 30.09.1993, y en la más reciente, de 24.06.2004), diciéndose, además en dichas sentencias que "los estados negociales de reconocimiento de deuda, son válidos y lícitos tanto en su aspecto de facilitar a la otra parte un medio de prueba, como a dar por existente una situación de débito contra el que la reconoce, quedando vinculado a la misma, que alcanza efectos constitutivos, si se expresa su causa justificativa"; entroncando así con la Ley 494 del Fuero Navarro, que le da el valor de "cobro documentado", y con la 533, que exige, recogiendo así, como precepto legal, dentro de su ámbito territorial de aplicación, esa tendencia jurisprudencial, la exigibilidad de lo al efecto documentado, salvo la carga de la prueba, que se traslada a la otra parte (es decir, al firmante), de su impugnación, en orden a su inexistencia».   
Desde ahí, la oposición manifestada en autos por la demandada ha sido la pluspetición por tener ya pagada una parte de la deuda que se reclama y que el reconocimiento de deuda hace coincidir entre octubre de 2006 y febrero de 2008; se trataría del periodo mediado entre octubre de 2006 y enero de 2007; para ello la demandada incorporó a autos la factura de la estancia en el establecimiento en enero de 2007; frente a ello, la demandante alegó en la audiencia previa que la liquidación firmada el 19 de febrero de 2008 ya contemplaba algunos pagos parciales.   
Pues bien, por fechas resulta indubitado que el reconocimiento de deuda es posterior a la factura de enero de 2007 y por tanto sitúa a favor de IGV una deuda concreta a 19 de febrero de 2008; cierto que no se describen las partidas que integran ese reconocimiento pero la presunción que es preciso acoger es la de su realidad por la aceptación de la parte demandada al tiempo de la firma; y desde el 19 de febrero de 2008 no consta acreditado que se hubiese realizado pago alguno; la mera tenencia de la factura de enero de 2007 podrá representar el pago de esa mensualidad pero al no constar cuándo se realizó el pago, en concreto si fue posterior al reconocimiento de deuda, y al no exigir de contrario la puesta de manifiesto de las partidas que integran ese reconocimiento de deuda para encajar en su seno y al menos la mensualidad de enero de 2007, no hace viable destruir la presunción de certeza de la extensión de la deuda pendiente y reflejada en el reconocimiento, con la consiguiente confirmación de la procedencia de la reclamación en el marco de los artículos 1258 y 1544 del Código Civil.   
Segundo. Falta de diligencia de IGV en la prestación del servicio de geriatría.   
En este sentido el planteamiento de la demandada fue doble; por una parte la falta de cambio de empadronamiento de la señora Sánchez Alcaide que motivó la pérdida de la posibilidad de obtener una ayuda económica desde instancias oficiales para atender el pago de la cuota por la permanencia de la demandada en el establecimiento de la actora; y de otra el accidente sufrido por la señora Sánchez Alcaide en las dependencias de IGV y que provocó la necesidad de asistencia hospitalaria.   
En la medida en que el planteamiento de la defensa fue el de obtener la exención del pago, esto es la alegación de contrato no cumplido o de cumplimiento tan defectuoso que impida aprovechamiento alguno de la prestación (exceptio non adimpleti contractus), es preciso la prueba de tan graves incumplimientos con el reflejo de la ausencia de prestación susceptible de aprovechamiento alguno.   
En relación al primer punto, no consta en autos que la tramitación del empadronamiento de la demandada deba ser realizado por la entidad IGV; no existe prueba alguna en autos por la que IGV pasara a asumir ante la residente la condición de entidad tutora y gestora de todos sus intereses patrimoniales; no está transferida esa condición, en especial en el aspecto económico; y, tampoco consta que sin más y como elemento consuetudinario de la relación entre establecimiento geriátrico y sus internos, aquel tenga asignado el cometido de cumplimiento de cuantos extremos sean de interés para el residente a fin de acogerse a cualquier tipo de ayudas relacionadas con posibles prestaciones para sufragar sus estancias, siendo así que a tenor del artículo 1.3 del Código Civil la prueba de la relación consuetudinaria compete a quién lo pretendiese sostener.   
Respecto del percance, en efecto podría ser atribuida una responsabilidad contractual a IGV si mediara alguna negligencia en el cuidado de la residente en un momento concreto, pero esa falta de cuidado no ha supuesto que IGV no haya prestado el servicio de residencia geriátrica durante un largo periodo al que corresponde la deuda que se reclama y que de ese servicio se haya beneficiado la señora Sánchez Alcaide, de manera que el accidente representa un hecho aislado, con más o menos repercusión económica que se pudiera compensar en el supuesto de acreditar falta de diligencia del personal de IGV, pero que en modo alguno desvirtúa la realidad del servicio de estancia y residencia de la señora Sánchez Alcaide en dependencias de IGV, su aprovechamiento por la interna, y el disfrute de esa asistencia mucho más allá de un concreto día y momento en que la demandada sufrió una posible caída.   
Tercero. Del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resulta la condena en costas de la demandada.   
Fallo  
Estimando de forma íntegra la demanda interpuesta por Catherine Biasoli López, procuradora de los tribunales, actuando en nombre y representación de la entidad Instituto Geriátrico Valenciano SL, contra la herencia yacente de Rosa Sánchez Alcaide:   
1. Debo condenar y condeno a la herencia yacente de Rosa Sánchez Alcaide a abonar a la entidad IGV la suma de veinticuatro mil trescientos veintitrés euros con veintidós céntimos más intereses legales desde la presentación de la demanda.   
2. Y debo condenar y condeno a la herencia yacente de Rosa Sánchez Alcaide al pago de las costas originadas en la instancia a la entidad IGV   
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia disponiendo a tal fin del plazo de cinco días desde su recepción y a plantear mediante escrito en forma dirigido al Juzgado anunciando la preparación de la impugnación con indicación expresa de tratarse de esta resolución y de los pronunciamientos que son objeto de recurso.   
Expídase testimonio de la presente resolución por el secretario, el cual se unirá a los autos en los que se dictó, llevando su original al libro de sentencias (conforme lo establecido en el artículo 265 de la LOPJ).   
Así por esta mi sentencia, dictada en primera instancia; lo pronuncia, manda y firma; doy fe».   
Y para que sirva de notificación en forma, con prevención de los recursos expresados en la citada resolución a la parte demandada que se encuentra en paradero desconocido herencia yacente de Rosa Sánchez Alcaide, conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se expide el presente.  
Valencia, 11 de noviembre de 2009.- La secretaria judicial: María Teresa Puig Picazo.