Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6621, del 03-10-2011 (2011/9432)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1130/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6621

Fecha DOGV
:   03-10-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/9432


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Vinaròs

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1130/2010. [2011/9432]  
Juicio verbal 001130/2010  
De: José Rodríguez Romero.  
Procuradora: Alicia Ballester Ferreres.  
Contra: Natividad Jiménez Jiménez.  
Procurador/a: -  
En el presente procedimiento verbal seguido a instancia de José Rodríguez Romero frente a Natividad Jiménez Jiménez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia número 83/2011  
Vinaròs, 27 de mayo de 2011  
Visto por mí, M.ª Reyes Gavara Arnau, jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs y su partido el juicio verbal 1130/2010 entablado por José Rodríguez Romero asistido por la letrada Lucía Llerda Ortí, y representado por la procuradora Alicia Ballester Ferreres contra Natividad Jiménez Jiménez (en rebeldía, y sin asistencia letrada ni representación procesal) procede dictar la presente sentencia sobre la base de los siguientes:  
Antecedentes de hecho  
Primero. Con fecha de 30 de diciembre de 2010 se interpuso por la representación procesal de José Rodríguez Romero demanda de juicio verbal en ejercicio de acción resolutoria de contrato de compraventa contra Natividad Jiménez Jiménez solicitando que, previos los trámites oportunos se dictara sentencia por la que se declare resuelto el contrato de compraventa suscrito entre José Rodríguez Romero y Natividad Jiménez Jiménez, se condene a la demandada a restituir al actor el vehículo en el mismo estado en que fue entregado, marca Renault modelo Kangoo matrícula 0903-VXH y se condene a la demandada al pago de la cantidad de 940 euros en concepto de daños y perjuicios que se hayan causado a la demandada tras la fecha de la presentación de la demanda, y todo ello con expresa imposición de costas a la demandada.  
Segundo. Admitida la demanda, mediante auto de este Juzgado se procedió a citar a las partes al acto de juicio, señalando como fecha para su celebración el día de hoy.  
Tercero. En el acto de juicio al que compareció la parte actora, (no haciéndolo la demandada debidamente asistida por letrado y procurador, siendo por tanto declarada en rebeldía) y una vez ratificada la parte actora en lo dispuesto en el escrito de demanda, se practicaron como pruebas las de documentos, y testifical con el resultado que obra en los autos, quedando los mismos vistos para sentencia.  
Cuarto. Se han cumplido en el presente procedimiento todas las formalidades legales.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Se ejercita en el presente procedimiento la acción de resolución de contrato de compraventa y de indemnización de daños y perjuicios basada en la existencia de un contrato verbal de compraventa del vehículo marca Renault modelo Kangoo matrícula 8567-JYW al haber incumplido el demandado las obligaciones contenidas en el mismo, alegando en síntesis, que habiéndose pactado como precio de la compraventa la cantidad de 1.450 euros, el demandante entregó el vehículo a la actora con la documentación y las llaves para que pudiera probarlo entregando en ese momento la demandada 250 euros en concepto de paga y señal. Que al comprobar el demandante que sobre el citado vehículo pesaba un embargo de 5.000 euros, el señor Rodríguez le pidió a la demandada que le abonara la totalidad del precio a fin de levantar el embargo y proceder a la compraventa, o bien que le devolviera el vehículo y él le devolvería los 250 euros, sin que por parte de la señora Jiménez se efectuase ninguna gestión al respecto, lo que motivó que el actor interpusiese una denuncia penal contra la misma que fue archivada por no ser los hechos constitutivos de infracción penal. Por otra parte el actor ha recibido notificaciones de sanciones de tráfico impuestas al conductor del citado vehículo en posesión de la demandada y ha satisfecho el impuesto de vehículos del Ayuntamiento de Benicarló por lo que solicita se le indemnice.  
Por todo ello, se solicita se declare resuelto el contrato de compraventa suscrito entre José Rodríguez Romero y Natividad Jiménez Jiménez, y se condene a la demandada a restituir al actor el vehículo en el mismo estado en que fue entregado, marca Renault modelo Kangoo matrícula 6597-LWN, así como al pago de la cantidad en concepto de daños y perjuicios que se hayan causado a la demandada tras la fecha de la presentación de la demanda, con imposición de costas a la demandada.  
Segundo. Determina el artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento, ni como admisión de los hechos de la demanda, pero no puede obviarse que en tales supuestos no cabe ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas y en la interpretación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento, pues ello conllevaría en muchas ocasiones una posición mejor para los rebeldes que los comparecidos.  
En cuanto a la existencia del contrato verbal de compraventa, ha quedado probado mediante la declaración testifical de Cristian Nolet quien estuvo presente cuando el actor y la demandada convinieron la compraventa del referido vehículo. Asimismo se acredita con dicha testifical que el precio pactado fueron 1.450 euros y que la demandada entregó únicamente como señal la cantidad de 250 euros, sin dicho testimonio haya podido ser desvirtuado de contrario al no comparecer la demandada debidamente asistida y representada al acto del juicio, lo que la ha colocado en una situación judicial de rebeldía que le ha impedido proponer prueba en contra. Por otra parte, la documental aportada consistente en la denuncia formulada ante la Guardia Civil por el demandante en la que se relatan los mismos hechos reseñados en la demanda corrobora la versión del actor.  
Por tanto, habiendo probado el vendedor el cumplimiento de su obligación de entrega de la cosa vendida el mismo día de la firma del contrato, incumbía a la compradora demandada la prueba del pago total del precio, de conformidad con el artículo 1500 del Código Civil, prueba que ésta no ha efectuado.  
Por todo ello, demostrada la relación contractual que vincula a los litigantes, el cumplimiento por el vendedor de su obligación de entregar el vehículo objeto de la venta y la falta de pago por la compradora demandada del resto del precio pactado, procede, en consecuencia, a tenor del artículo 1124 del Código Civil en relación con el artículo 1101 del mismo cuerpo legal, estimar la acción de resolución de contrato con sus consecuencias, cuales son la restitución de las correlativas contraprestaciones: devolución del vehículo por parte del demandado, así como de la cantidad percibida a cuenta por parte del actor. No siendo completa la única consecuencia jurídica pedida por el actor como derivada de la declaración de la resolución del contrato y consistente en la devolución del vehículo por parte de la demandada, pues en principio aquél también estaría obligado a restituir a ésta la cantidad del precio entregada a cuenta que importa 250 euros, tal y como el demandante reconoce.  
Tercero. Acumulada a la anterior, tal como permite el artículo 1124 del Código Civil, la parte actora reclama una indemnización por los daños y perjuicios sufridos al estar utilizando la demandada el vehículo y al haber recibido varias sanciones de tráfico que van dirigidas al actor por cuanto su vehículo todavía está a su nombre, indemnización que cuantificó en la demanda en el importe de 940 euros y que incrementó en el acto del juicio en el importe de la sanción de fecha 5 de mayo de 2011 (70,35 euros), más el impuesto de circulación que asciende a 80 euros.  
Con relación al requisito del daño, es requisito «sine qua non» el de la acreditación de su existencia, de ahí que la jurisprudencia señale de manera reiterada que para el resarcimiento de daños es necesario la prueba de ellos de forma categórica, sin que sean suficientes meras hipótesis o probabilidades; los perjuicios han de ser reales y han de ser acreditados con precisión, de modo que el perjuicio sufrido sólo debe ser resarcido con el equivalente del mismo, para lo que es imprescindible concretar su entidad real. En el presente supuesto es de lógica y de sentido común afirmar que los daños y perjuicios causados al actor han sido reales y efectivos, al haber tenido que hacerse cargo de las sanciones de tráfico por importe de 1.013,35 euros (tal y como se acredita con la documental aportada) y al verse visto el mismo privado del uso del vehículo durante un tiempo considerable en el transcurso del cual ha estado siendo utilizado por la demandada, mientras que el actor ha tenido que hacerse cargo del impuesto de circulación (computado sin el recargo) por importe de 80 euros (lo que también acredita documentalmente). Por otra parte, es lógico que durante el tiempo en que el demandante no ha dispuesto del vehículo, éste no experimenta un aumento de valor, antes al contrario, una depreciación manifiesta, por lo que considero justo y equitativo que en compensación con ello el actor no se tenga que verse obligado a restituir a la demandada 250 euros, pese a que ello en principio sea consecuencia jurídica de la estimación de la acción de resolución del contrato amparada en el artículo 1124 del Código Civil.  
Cuarto. De conformidad con las reglas contenidas en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de esta instancia se imponen al demandado, en aplicación del principio del vencimiento, al haberse estimado las dos acciones ejercitadas en la demanda aunque no con las consecuencias pedidas por el actor en el suplico al haberse producido una compensación judicial de las cantidades que recíprocamente deben abonarse actor y demandado. Así lo permite la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 12 de julio de 1999, cuando dispone, que «en el espacio de la imposición de costas, para la aplicación del principio general de vencimiento expresado en el párrafo primero del citado artículo 394, ha de considerarse que la adecuación o ajuste del fallo a lo pedido ha de ser sustancial y no literal, pues, si se entendiera que la desviación de aspectos solo accesorios debería excluir dicha condena, esta posición quebrantaría la equidad, al establecer el abono de una porción de las mismas a quién fue obligado a seguir un proceso para defender su propio derecho», que es lo que acaece en el supuesto de autos.  
Fallo  
Estimo sustancialmente la demanda interpuesta por José Rodríguez Romero contra Natividad Jiménez Jiménez, y declaro la resolución del contrato privado de compraventa que ambos celebraron en noviembre de 2009, condenando a la referida demandada a restituir al actor el vehículo en el mismo estado en que fue entregado, marca Renault modelo Kangoo matrícula 5284-VBY y al pago al actor de la cantidad de 1.090,35 euros en concepto de daños y perjuicios.  
Todo ello con la expresa imposición al demandado de las costas procesales causadas.  
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, que se preparará ante este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.  
Llévese el original al libro de sentencias, y expídase testimonio para incorporarlo a las actuaciones.  
Así lo pronuncio y firmo».  
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la juez que la suscribe, constituida en audiencia pública, el mismo día de su fecha. Doy fe.  
Y encontrándose dicha demandada, Natividad Jiménez Jiménez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Vinaròs, 11 de julio de 2011.- El secretario judicial: Sebastián Juan Roso Pablo.