Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4059, del 07-08-2001 (2001/6579)

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual de las normas subsidiarias de Planeamiento de Chóvar frente a las piscinas municipales.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4059

Fecha DOGV
:   07-08-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/6579


Fecha del documento
:   29-05-2001

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Chóvar
    * plan de urbanismo

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual de las normas subsidiarias de Planeamiento de Chóvar frente a las piscinas municipales. [2001/X6579]
  
Visto el expediente relativo a la modificación puntual de las normas subsidiarias de Chóvar enfrente de las piscinas, y de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. El pleno del Ayuntamiento de Chóvar acordó exponer al público la modificación por acuerdo de 29 de enero de 2001, lo que se llevó a cabo mediante anuncios insertados en el periódico Mediterráneo de 7 de febrero de 2001 y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 16 de febrero de 2001. Transcurrido el período de información al público, durante el que se formuló una alegación, el pleno aprobó provisionalmente la modificación en sesión de 29 de marzo de 2001.
  
Segundo. El proyecto consta de memoria y planos.
  
Tercero. La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión celebrada el 8 de mayo de 2001, adoptó el siguiente acuerdo:
  
?1º. Informar favorablemente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Chóvar frente a las piscinas municipales.
  
2º. Elevar propuesta de aprobación definitiva de la modificación al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes?.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. La tramitación de la modificación ha sido correcta, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y siguientes de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU).
  
La documentación está completa, a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la LRAU.
  
Segundo. El objeto de la modificación es la modificación de la fijación de una nueva ordenación en una zona próxima a las piscinas del suelo urbano de Chóvar, ello mediante una reordenación de la zona verde y del viario previsto. Con la nueva ordenación se da continuidad a dos viales antes incomunicados, y se efectúa un leve desplazamiento de la zona verde.
  
El resumen de superficies es el siguiente:
  
 Vigente Modificación
  
Zona verde 506 m² 537 m²
  
 Viales 1.530 m² 2.217 m²
  
Con la modificación la edificabilidad residencial sufre un pequeño descenso.
  
La modificación se justifica en la clara mejora que para el interés público supone la nueva ordenación, sobre todo en cuanto a que se comunican los dos viales antes incomunicados. Además, con la nueva ordenación la superficie de los suelos dotacionales aumentan y el techo edificable disminuye levemente.
  
Tercero. La modificación que se examina supone la introducción de una alteración en la calificación urbanística de determinadas parcelas. Tal y como reiteradamente ha establecido la jurisprudencia, la determinación concreta de la calificación de unos terrenos se enmarca claramente dentro de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, gozando en tales casos la administración de amplia libertad para elegir, entre las alternativas posibles, la forma en la que el territorio ha de quedar ordenado. Asimismo, son las citadas materias determinaciones urbanísticas que trazan, junto con otras, el modelo físico de una convivencia puramente local, sin incidencia en intereses supralocales, por lo que, cuando de tales determinaciones se trate, aquella discrecionalidad debe ser actuada por el Ayuntamiento, desde la representación que le confiere su legitimación democrática.
  
La LRAU recoge claramente esta línea jurisprudencial. Así, el artículo 40 de esta Ley autonómica, tras explicitar los cometidos autonómicos que permiten formular objeciones a la aprobación definitiva del planeamiento municipal, establece que le está vedado a la resolución autonómica de aprobación cuestionar la interpretación de tal interés formulada por el Municipio desde su propia representatividad. Como se indica en el Preámbulo de la LRAU, esta Ley atribuye a la política municipal gestora del urbanismo un espacio de decisión propio, en el que los órganos representativos de la colectividad local podrán apreciar la oportunidad de las iniciativas urbanísticas que se le planteen.
  
De este modo, la resolución autonómica de aprobación se ha de limitar en este caso a llevar a cabo un control de mera legalidad del contenido de la modificación.
  
Cuarto. La modificación supone diversos cambios en la calificación concreta de algunas dotaciones, con incremento de su superficie total y con una leve disminución del aprovechamiento lucrativo. Las alteraciones que se introducen se justifican en criterios de racionalidad, se ajusta plenamente a lo dispuesto en el artículo 55.3 de la LRAU y artículo 17 del Anexo del RPCV, así como al resto de normativa aplicable, y no se observa obstáculo legal alguno en su aprobación.
  
Quinto. La presente modificación conlleva la alteración de la calificación de una zona verde, de lo que se deriva la necesidad de que se sigan determinados trámites específicos:
  
- Por un lado, y de conformidad con el artículo 55.4 de la LRAU, resulta preceptivo el informe del Consejo Superior de Urbanismo. Según lo establecido en la Disposición Transitoria Novena de la LRAU, y al no estar todavía constituido el citado Consejo, sus funciones corresponden al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, previo informe de la Comisión Territorial de Urbanismo.
  
- De otro lado, según el artículo 10.8.e de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, se necesita también el previo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo en los casos de modificaciones ?cuyo objeto- sea llevar a cabo una diferente zonificación de zonas verdes. Según la interpretación que de tal precepto ha llevado a cabo el Consejo Jurídico Consultivo en numerosas ocasiones, no es necesario solicitar su dictamen cuando el objeto de la modificación es más amplio y sólo indirectamente, como consecuencia derivada de otro objeto principal, se altere levemente una zona verde.
  
De conformidad con esta doctrina del Consejo Jurídico Consultivo, que ha sido ya seguida por diversas resoluciones de esta Conselleria, en atención a las características de la modificación, no es preceptivo el dictamen del citado órgano consultivo.
  
En cuanto al fondo de la modificación, en lo referente a las zonas verdes, debe concluirse, como se ha razonado ampliamente en las consideraciones anteriores, que la misma satisface plenamente los criterios de racionalidad, por lo que procede informar favorablemente la modificación.
  
Sexto. Respecto a la competencia para la aprobación del expediente, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la LRAU, en relación con el artículo 6.D del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
1º. Informar favorablemente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Chóvar frente a las piscinas municipales.
  
2º. Aprobar definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Chóvar frente a las piscinas municipales.
  
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso'administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso'administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 29 de mayo de 2001.- El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: José Ramón García Antón.