Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4271, del 14-06-2002 (2002/6185)

ACUERDO de día 25 de abril de 2002, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, relativo al Proyecto de expropiación por tasación conjunta en Partida Torrosella de Tibi.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4271

Fecha DOGV
:   14-06-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/6185


Fecha del documento
:   25-04-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Tibi
    * expropiación

ACUERDO de día 25 de abril de 2002, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, relativo al Proyecto de expropiación por tasación conjunta en Partida Torrosella de Tibi. [2002/6185]
  
Visto el expediente de referencia y sobre la base de los siguientes antecedentes y consideraciones
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
La Conselleria d'Innovació i Competitivitat remite el expediente de referencia tramitado por el procedimiento de tasación conjunta previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y regulado en el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, a efectos de su aprobación por la Comisión Territorial de Urbanismo.
  
Segundo
  
Constituye el objeto del expediente la expropiación de los bienes y derechos de los propietarios afectados por el proyecto de expropiación del área de reserva de terrenos urbanizables y no urbanizables para la constitución de patrimonio público de suelo, destinada a la promoción de suelo industrial en el polígono industrial Maigmo, comprendidos en el término municipal de Tibi y situados al Oeste de la CV-805, al Este de la Autovía Alacant-Alcoi, al Sur del Barranco de Cartella y al Norte del Camino de la Rambla, con una superficie total afectada, según reciente medición topográfica, de 305.766,08 m².
  
La ordenación urbanística de los terrenos se encuentra en las normas subsidiarias aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo el 22 de noviembre de 1982, la Homologación Modificativa y Plan Parcial Polígono Industrial aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo el 31 de mayo de 1999, y por el Plan Especial para la Delimitación de Reserva de Terrenos para la Constitución de Patrimonio Público de Suelo Industrial aprobado definitivamente por el referido órgano el 12 de junio de 2001 En los referidos documentos se clasifica el suelo como urbanizable y no urbanizable, y se prevé su obtención mediante la expropiación.
  
Tercero
  
El procedimiento expropiatorio, en el marco del Convenio de Colaboración, suscrito el 11 de enero de 2001, entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Tibi, será realizado por la Conselleria de Innovación y Competitividad (anteriormente Industria y Comercio), a través de la empresa Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA. (SEPIVA), en calidad de beneficiario de la expropiación, y de acuerdo con la habilitación realizada por el art. 3 de la Ley 12/1994, de 28 de diciembre, de la Generalitat Valenciana.
  
Cuarto
  
De la documentación incorporada al expediente administrativo remitido se desprende que ha sido sometido a la siguiente tramitación:
  
1.º) Resolución de 20 de septiembre de 2001, del conseller de Industria y Comercio, sobre iniciación de procedimiento expropiatorio por tasación conjunta.
  
2.º) Exposición pública por plazo de un mes mediante anuncios insertados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.125, de 12 de noviembre de 2001; en diarios de difusión provincial, La Verdad y El Periódico de Alicante, de fechas, 26 de octubre de 2001 y 23 de octubre de 2001, respectivamente, y, Anuncios en el Ayuntamiento y en la Conselleria de Industria y Comercio, Servicio Territorial de Industria y Energía.
  
Consta así mismo, solicitud, de fecha 17 de octubre de 2001, registro de salida núm. 26504, de inserción en el BOP del asunto relativo al expediente que nos ocupa, no así, copia del boletín en el que fue publicado el correspondiente Anuncio.
  
3.º) Notificación individualizada de la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de las tasaciones a los titulares de bienes y derechos afectados, mediante traslado literal de la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración al objeto de formular alegaciones en el plazo de un mes.
  
4.º) Durante el periodo hábil para ello se han presentado tres alegaciones de propietarios afectados, por las que manifiestan su disconformidad con la valoración establecida, aportando nueva Hoja de Aprecio e informes técnicos que justifican la nueva valoración asignada a los bienes.
  
5.º) El Ayuntamiento de Tibi emite certificados, de fechas 14 de diciembre de 2001 y 11 de enero de 2002, en los que hacen constar, respectivamente, que en el preceptivo periodo de exposición pública, transcurrido entre el 5 de octubre y el 12 de noviembre de 2001, no se presentaron alegaciones al proyecto de referencia y que, el Ayuntamiento tampoco presenta alegación alguna al mencionado proyecto.
  
Ante la consellerias de Justicia y Administraciones Públicas y de Industria y Comercio, D. Andrés Manuel Sevila Blasco, D.ª Fuensanta Castelló Llopis, presentan dos alegaciones, relativas a las fincas de su propiedad núms. 1 y 9 (parcelas 35 y 36 del polígono 7 catastral), y D.ª Ana Torró Corbi, presenta escrito a los únicos efectos de aportar fotocopia de la escritura de su propiedad (núm. de finca 2 y 3, correspondientes a las parcelas 37 y 38 del polígono 7) que han sido informadas desfavorablemente por la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA. (SEPIVA), mediante informe de fecha 30 de enero de 2002.
  
Quinto
  
La documentación técnica que integra el Proyecto es la siguiente:
  
1.º) Determinación del ámbito territorial con los documentos que lo identifican en cuanto a situación, superficie y linderos.
  
2.º) Memoria comprensiva de la relación de propietarios afectados y de los bienes y derechos a expropiar y los criterios de valoración según su calificación urbanística.
  
3.º) Hojas de justiprecio individualizadas de cada finca, conteniendo el valor del suelo y, en su caso, el correspondiente a las edificaciones, obras, instalaciones y plantaciones.
  
Sexto
  
Con fecha 5 de marzo de 2002, la Gerencia Regional del Catastro de la Comunidad Valenciana, ha emitido informe desfavorable sobre el Proyecto de expropiación por tasación conjunta por entender que «aunque alguno de los criterios enunciados se corresponden con los determinados por la legislación aplicable, su concreción desvirtúa el criterio general de valoración».
  
Séptimo
  
Con fecha 10 de abril de 2002, la Secretaria General de la Conselleria de Innovación y Competitividad presenta, ante el Servicio Territorial de Urbanismo, escrito adjuntando informe redactado por el director del equipo redactor del Proyecto de Expropiación de referencia, al entender que «dicho informe aclara las objeciones contenidas en el informe del arquitecto jefe del área de inspección de la Gerencia Regional del Catastro de la Comunidad Valenciana», en el que se analiza y comenta cada uno de los puntos del informe emitido por la Gerencia Regional del Catastro.
  
Octavo
  
Con fecha 19 de abril de 2002, tiene entrada en el Servicio Territorial de Urbanismo, escrito remitido por la Secretaría General de la Conselleria de Innovación y Competitividad, al que adjuntan alegación formulada por el Ministerio de Fomento de fecha 13 de marzo de 2002, manifestando que las fincas nºs 7 y 8 corresponden «a una franja de dominio público de la autovía y a un tramo de la senda cicloturista» y que debe mantenerse su titularidad estatal, e informe del Area de Infraestructuras Industriales y Medio Ambiente de SEPIVA, de fecha 15 de abril de 2002, en el que consideran que no existe ningún inconveniente en aceptar lo propuesto por el Ministerio de Fomento.
  
Consideraciones técnico-jurídicas
  
Primera
  
La tramitación seguida se estima, en general, correcta y se ajusta a lo dispuesto en los artículos 202 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística.
  
Segunda
  
La documentación se estima completa de acuerdo con lo previsto en el artículo 202.1 del Reglamento de Gestión Urbanística.
  
Tercera
  
El objeto del expediente se considera adecuado a tenor de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en relación con el artículo 33 de la misma Ley y 58 y 59 de la Ley 6/1998, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, desarrollado por los artículos 179 y 181 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 201/1998 de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano encontrándose legitimado el ejercicio de la potestad expropiatoria por la aprobación de los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico que prevén su obtención mediante expropiación.
  
Cuarta
  
De la relación de bienes y derechos incluidos en la expropiación, se constata que el número 5 es un camino del Ayuntamiento de Tibi), y que los números 7 y 8, erial y camino respectivamente, pertenecen al Ministerio de Fomento. Las restantes (núms. 1, 2, 3, 4, 6 y 9) pertenecen a particulares.
  
De estas últimas, con respecto a las números 1, 2, 3 y 9 se han suscrito convenios de adquisición por mutuo acuerdo entre los representantes del SEPIVA y los propietarios de las parcelas.
  
En este sentido hay que tener en cuenta que las fincas 1 y 9 (suelo urbanizable), comprenden una superficie de 119.790,77 m² que representa el 40,083% del total de la expropiación, y que las fincas núms. 2 y 3 (suelo no urbanizable), comprenden una superficie de 174.587,61 m², lo que supone un 58,418% del total de la expropiación.
  
En consecuencia únicamente quedan pendiente de adquisición y de fijación definitiva del justiprecio las Fincas designadas en el Proyecto con los núms. 4 y 6 con una superficie total de 4.477,36 m², que sólo representa el 1,498% del total de la expropiación, y en las cuales no existe ningún tipo de edificación.
  
Quinta
  
En cuanto a las fincas 7 y 8, ante la manifestación del Ministerio de Fomento respecto de que ambas parcelas permanecen afectas a la conservación y explotación de la autovía, y por tanto debe mantenerse la titularidad estatal, procede, visto el escrito del Jefe del Area de Infraestructuras Industriales y Medio Ambiente de SEPIVA, excluir las parcelas 7 y 8 del expediente de expropiación, dado que dichas parcelas ya constituyen patrimonio público de suelo y ello no afectaría al desarrollo del Plan Parcial.
  
Sexta
  
Respecto de las alegaciones formuladas por D. Andrés Sevila Blasco, D.ª Fuensanta Castelló Llopis, así como del escrito presentado por D.ª Ana Torró Corbí, aun cuando fueron informadas desfavorablemente, lo cierto es que éstos han firmado el oportuno Convenio de Adquisición con los representantes del Sepiva, de ahí que devenga innecesario entrar en más consideraciones.
  
Séptima
  
Por lo que se refiere a los criterios de valoración, la Gerencia regional del Catastro de la Comunidad Valenciana informa, en síntesis lo siguiente:
  
«- En lo referente a Suelo no urbanizable, los criterios de tasación del suelo son los indicados en la Ley 6/98, (LS98) y, respecto a los terrenos cuya calificación urbanística es la de suelo urbanizable, el sistema de valoración aplicable es el de los terrenos de naturaleza urbana, conforme a la Disposición Adicional Segunda de la LS98.
  
- Se plantea dudas acerca del procedimiento escogido, por cuanto que el mismo ha dado como resultado una tasación conjunta que asigna diferentes valores del suelo a cada parcela así como que, tratándose de un expediente por tasación conjunta, se determine para cada parcela un valor unitario del suelo diferente.
  
- Considera que la valoración conjunta del suelo y del vuelo se aparta de lo indicado por la norma, no pudiendo considerarse como una valoración adecuada a los efectos urbanísticos aquella que unifica en un solo valor el suelo y las especies vegetales que sobre él existen, debiéndose calcularse, por separado, el valor del suelo y el valor del vuelo.
  
- Igualmente, considera que el sistema de valoración de las construcciones, ignoran los criterios generales de valoración establecidos en el art. 31 de la vigente Ley del Suelo.
  
En el último apartado del informe, no obstante, y respecto de los criterios para la valoración de las construcciones, señala que «debe considerarse que los criterios aplicados son los correctos derivados de la Ley6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, ya que así están calculadas cada una de las tasaciones individuales que se adjuntan al proyecto».
  
Concluye dicho informe señalando que «aunque alguno de los criterios enunciados se corresponden con los determinados por la legislación aplicable, su concreción desvirtúa el criterio general de valoración, por lo que tan solo cabe un pronunciamiento desfavorable.»
  
Octava
  
A la vista del anterior informe, es necesario resaltar el emitido por el director del equipo redactor del Proyecto de Expropiación, por cuanto pretende aclarar todas las cuestiones planteadas por la Gerencia Regional del Catastro, poniendo de manifiesto, a tales efectos, lo siguiente:
  
«- La Disposición Adicional Segunda de la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre régimen del suelo y valoraciones dice que los terrenos urbanizables (no habla de urbanos), tendrán la consideración de tales si así los clasifica el planeamiento, a partir de la aprobación del instrumento urbanístico que los desarrolle, por lo que al no estar aprobado este programa, es correcto lo expuesto en el cuadro de precios.
  
Por lo que si el suelo afectado en el presente expediente se encuentra sin desarrollar mediante la aprobación del correspondiente Programa, será de aplicación lo dispuesto en el art. 16.2 de la LS98, siendo valorado el suelo en dichas condiciones conforme a lo establecido en el art. 27.1 de la LS98, esto es el valor del suelo se determinará de acuerdo con lo establecido en el art. 26 de la citada Ley, o sea del mismo modo que el suelo no urbanizable.
  
La distintas valoraciones a que se alude, al partir de la base de que la valoración ha sido hecha como si se tratara de suelo no urbanizable en todos los casos, de acuerdo con los criterios expuestos en el proyecto, al considerar las plantaciones existentes de olivos, almendros, etc., es cuando surgen valoraciones distintas de las parcelas.
  
En cuanto a la afirmación por la Gerencia Regional del catastro, de que, siendo un expediente de tasación conjunta, se determine para cada parcela un valor unitario del suelo diferente, ésta se rebate por considerar, que no existe ninguna conexión entre el método de expropiación y los resultados homogéneos o no de las valoraciones, ya que, lo que cualquier método persigue es, de acuerdo con la legislación, buscar el precio justo del bien o derecho expropiada, no de dar un valor homogéneo a todo.
  
En cuanto a la observación efectuada relativa a que la valoración conjunta del suelo y vuelo se aparta de la norma, entiende el informante que «es fruto de la decisión de valorar los suelos afectados con el criterio que expone el informe en el punto segundo, y por tanto carece de sentido si la valoración se realiza con los criterios expuestos en el Proyecto de Expropiación.»
  
Por último, y respecto del sistema de valoración de las construcciones que ignoran el art. 31 de la vigente Ley del suelo, se remite, el informante, a lo manifestado por la propia Gerencia Regional del Catastro, al afirmar ésta que los criterios aplicados son los correctos derivados de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, ya que así están calculadas cada una de las tasaciones individuales que se adjuntan al proyecto.
  
Novena
  
Visto lo anterior, es necesario resaltar que a pesar del informe emitido por la Gerencia Regional del Catastro, respecto a los criterios de valoración empleados, lo cierto es que únicamente en un porcentaje reducidísimo (1,498%), no se ha conseguido llegar a un acuerdo con el propietario que, además, a lo largo de la tramitación, no ha formulado alegación alguna respecto de la valoración aplicada a sus terrenos, en contraposición a las actuaciones llevadas por los restantes propietarios que formularon las respectivas alegaciones, concluyéndose con la firma de los correspondientes Convenios de Adjudicación, debiendo tenerse en cuenta, a pesar del informe de la Gerencia Regional del Catastro, que el propio Catastro afirma que alguno de los criterios enunciados se corresponden con los determinados por la legislación aplicable, estimando que debe considerarse que los criterios aplicados son los correctos derivados de la Ley 13 de abril, sobre suelo y valoraciones, ya que así están calculadas cada una de las tasaciones individuales que se adjuntan al proyecto.
  
Diez
  
En todo caso, la resolución de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo deberá limitarse a un mero control de legalidad, sin valoración alguna de la oportunidad del proyecto, y, a la vez, la intervención de este órgano lo va a ser sin perjuicio de la ulterior actuación del Jurado Provincial de Expropiación, que será el que, en última instancia, de existir oposición de los expropiados, resolverá sobre el justiprecio. Así las cosas, la intervención de la Comisión deberá limitarse a la comprobación de que la tramitación del proyecto se ha ajustado a la normativa vigente, que la documentación es suficiente para cumplir los preceptos legales y que el método de valoración efectuado se ha ajustado a los procedimientos legales.
  
El artículo 23 de la Ley 8/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones dispone que «a los efectos de expropiación, las valoraciones del suelo se efectuarán con arreglo a los criterios establecidos en la presente Ley, cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime». De este modo, en ese simple control de legalidad que nos ocupa de lo que se tratará fundamentalmente es de comprobar la adecuación del proyecto a esta Ley y a la normativa complementaria de la misma.
  
Once
  
La aprobación del expediente compete a la Comisión Territorial de Urbanismo, según disponen los artículos 202.6 del Reglamento de Gestión Urbanística y 10.d) del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de los Organos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Tal resolución deberá notificarse a los interesados titulares de bienes y derechos que figuren en el mismo confiriéndoles un término de 20 días a efectos de manifestar su disconformidad con la valoración establecida. En tal caso se dará traslado del expediente y de la hoja de aprecio impugnada al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para que se sigan los trámites pertinentes de determinación del justiprecio. Si los interesados no formulan oposición alguna en el plazo anteriormente citado, se entenderá aceptada la valoración fijada en el acto de aprobación del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.
  
En cualquier caso, la aprobación del expediente por la Comisión Territorial de Urbanismo implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación, a los efectos previstos en el artículo 220 de la Ley del Suelo de 1992 y 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
  
Vistos los preceptos legales citados, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, y demás disposiciones de general y pertinente aplicación, la Comisión Territorial de Urbanismo, acuerda:
  
1. Aprobar definitivamente, el expediente de expropiación de referencia tramitado por el procedimiento de tasación conjunta, de acuerdo con los criterios de valoración y hojas de justiprecio individualizadas formuladas por la Sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA (SEPIVA) como beneficiaria de la expropiación, desestimando las alegaciones presentadas por los propietarios afectados en los términos que se derivan de las anteriores consideraciones.
  
Dicho acuerdo implica la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación, a los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
  
2. Notificar el presente acuerdo, acompañado de las correspondientes hojas de justiprecio y de los criterios de valoración aprobados, a los interesados titulares de bienes y derechos que aparecen en el expediente confiriéndoles un término de 20 días durante el cual podrán manifestar por escrito ante esta Comisión su disconformidad con la valoración establecida.
  
En el caso de que se formule oposición a la valoración se dará traslado del expediente y de la hoja de aprecio impugnada al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para que se sigan los trámites pertinentes de determinación del justiprecio, sin perjuicio de que el pago o depósito del importe de la valoración producirá los efectos previstos en los números 6,7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. En caso contrario, se entenderá aceptada la valoración fijada en el acto de aprobación del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.
  
Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes, según disponen los artículos 114 a 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 23.1 del Reglamento de los órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana. El citado recurso procederá contra los distintos elementos integrantes del expediente excepto sobre la fijación del justiprecio, cuya determinación se someterá al procedimiento señalado en el punto segundo anterior.