Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5882, del 30-10-2008 (2008/11540)

Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución Serra de Borriol.
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Número DOGV
:   5882

Fecha DOGV
:   30-10-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2008/11045


Fecha del documento
:   15-10-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Borriol

Tipo de documento
:   Bases

Descriptores 

:   * Borriol
    * administración local
    * plan de urbanismo

Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución Serra de Borriol.  
 [2008/11813]  
Por la presente hago saber que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado 23 de septiembre de 2008, se han aprobado las bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución Serra Borriol cuyo literal es :   
«Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada Unidad de Ejecución Serra Borriol.  
I. Objeto del contrato  
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada Serra Borriol, que se especifica en las presentes bases particulares, en las que se regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo para la selección de una propuesta de programa de actuación integrada y de un urbanizador para el desarrollo urbanístico de la actuación. Especificándose en el anexo I, apartado A.  
II. Régimen jurídico  
(Art. 286.1.d del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las presentes bases particulares serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, y las bases generales de programación, aprobadas como anexo II del citado reglamento.   
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como las normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.   
III. Ordenación urbanística vigente  
(Art. 131.2.a de la Ley Urbanística Valenciana)   
La ordenación urbanística vigente en el ámbito de actuación es la que figura en el apartado B del anexo I y que, en síntesis, es la contenida a nivel preliminar en el documento de Concierto Previo del Plan General de Ordenación Urbana, concretándose en los documentos de planeamiento que se aportarán.  
IV. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada   
(Art. 131.2.b de la Ley Urbanística Valenciana)   
1. Memoria de necesidades:   
Conforme al Concierto Previo aprobado por el Ayuntamiento, el ámbito a desarrollar está clasificado como suelo urbanizable y calificado como residencial (RES-9). Se pretende implantar un área residencial orientada hacia la primera residencia, lo que permitiría que Borriol tuviere una oferta para vecinos con vocación de estabilidad.  
2. Objetivos de la programación:   
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:  
- Recabar, de los correspondientes registros (de la Propiedad y Catastro), toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación. Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación con carácter previo a la redacción del proyecto.   
- Efectuar un estudio fehaciente, en el supuesto de que existan, de las parcelas semiconsolidadas, con propuesta de solución en los términos previstos en el capítulo III del título I de la Ley Urbanística Valenciana.   
- Presentar, para su aprobación, el proyecto de reparcelación.   
- Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.   
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.   
- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes, en su caso. Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el Catastro.   
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.   
b) Urbanizar completamente la unidad o unidades de ejecución que constituyen el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa (definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales).   
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:   
- Aportar, en su caso, informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, dominio público marítimo-terrestre y otros).  
- Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).  
- Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las obras complementarias de desvíos o sustitución de acequias, en coordinación con el Sindicato de Riegos.   
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.   
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:   
- El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.   
- Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantado la correspondiente acta de entrega.   
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberán ser asumidos por todos los propietarios afectados.   
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público del suelo a favor de la administración actuante de forma gratuita.  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados. (El Ayuntamiento, en los supuestos en que proceda el deber de cesión previsto en el artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, deberá establecer los criterios de valoración y la secuencia para hacer efectivo el deber).  
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de programa.  
En su caso, y con carácter complementario, se fijan como objetivos a cargo del urbanizador y sin que sean repercutibles a los propietarios de terrenos afectados, la ejecución de los programas de restauración paisajística, dentro del ámbito del programa de actuación integrada, conforme a las directrices establecidas en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
Todo ello de conformidad con lo establecido en apartado C del anexo I.  
V. Parámetros urbanísticos   
(Art. 131.2.c de la Ley Urbanística Valenciana)   
Los parámetros urbanísticos son los establecidos en la ficha de gestión que figura en el apartado D del anexo I.   
VI. Criterios y objetivos territoriales   
(Art. 131.2.d de la Ley Urbanística Valenciana)   
Los criterios y objetivos territoriales son los que se establecen en el apartado E del anexo I.   
VII. Criterios de ordenación urbanística   
(Art. 131.2.d de la Ley Urbanística Valenciana)   
Los criterios de ordenación urbanística son los que se establecen en el apartado F del anexo I.   
VIII. Objetivos de edificación privada   
(Art. 131.2.e de la Ley Urbanística Valenciana)   
1. Los objetivos de edificación privada son los establecidos en el apartado G del anexo I.   
2. Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los establecidos en los instrumentos de planeamiento que resulten de aplicación y en concreto en el apartado G del anexo I.   
3. Se establece la obligación de simultanear la urbanización y la edificación en el porcentaje mínimo establecido en el apartado G del anexo I.   
IX. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión   
(Art. 131.2.f de la Ley Urbanística Valenciana)   
Deberán enumerarse detalladamente todos los documentos técnicos de ordenación y gestión que deberán ser presentados por el aspirante a urbanizador así como las prescripciones técnicas y formales que deberán respetarse en su elaboración y presentación ante la administración (soporte digital...), de conformidad con lo establecido en el apartado H del anexo I.   
X. Prescripciones técnicas del proyecto urbanización   
(Art. 131.2.h de la Ley Urbanística Valenciana)   
El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del anterior Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No podrá modificar las previsiones del plan que desarrolla. En ningún caso podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el artículo 156.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.   
XI. Precio de licitación   
(Art. 286.1.h del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
El precio de licitación es el establecido en el apartado I del anexo I.  
XII. Plazos de desarrollo y ejecución del programa   
(Art. 131.2.i de la Ley Urbanística Valenciana y (art. 286.1.i del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística).   
Se establecen, en el apartado J del anexo I, los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por parte del urbanizador:   
A) Plazo máximo para la selección del empresario-constructor de la obra civil de urbanización, contado desde la aprobación del proyecto de reparcelación.   
B) Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación.   
C) Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización contado desde la selección del empresario-constructor.   
D) Plazo máximo de edificación de los solares contado desde la recepción de las obras de urbanización.   
XIII. Capacidad para ser urbanizador  
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.   
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.   
XIV. Solvencia económica y financiera   
(Art. 131.2.m de la Ley Urbanística Valenciana)   
La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:   
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.   
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.   
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.   
XV. Solvencia técnica y profesional   
(Art. 131.2.m de la Ley Urbanística Valenciana)   
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:   
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.   
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.   
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.   
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.   
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.   
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.   
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.   
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.   
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.   
XVI. Garantías   
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía provisional equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas del programa, la cual asciende a la cantidad que se establece en el apartado K del anexo I.   
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.   
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.   
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se establece en un 10% del valor de las cargas de urbanización del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.   
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20% en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.   
XVII. Presentación de proposiciones   
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en el plazo y lugar que se establece en el apartado L del anexo I, sus proposiciones, integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:   
Sobre A. Alternativa técnica, se presentará abierto.   
Sobre B. Proposición jurídico-económica, se presentará en sobre cerrado.  
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.  
Sobre C. Se presentará con el título de "Documentación" y contendrá la siguiente documentación:   
A. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en urbanismo.   
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.   
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar documento nacional de identidad o fotocopia legalizada del mismo.   
D. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base XVI.   
E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.   
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.   
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.   
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.   
I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.   
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes, con las salvedades establecidas en la base XX. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.   
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.   
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes de los documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones.   
XVIII. Contenido mínimo de la alternativa técnica   
La alternativa técnica del programa de actuación integrada tendrá el contenido siguiente:   
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación pormenorizada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al presente concurso. En otro caso, la alternativa técnica deberá ir acompañada necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación pormenorizada para el ámbito de actuación.  
Se deberá incluir además:  
- Documento de justificación de integración territorial.  
- Estudio de impacto ambiental.  
- Estudio de integración paisajística.  
- Cédula territorial de urbanización.  
- Estudio acústico.  
- Estudio de tráfico y movilidad.  
b) Ámbito de la actuación. Se permitirá la redelimitación del ámbito territorial a programar por parte de la alternativa técnica en las condiciones establecidas en el apartado M del anexo I. En defecto de previsión expresa, únicamente tendrá lugar cuando tenga por objeto la ampliación de la red primaria y secundaria prevista en el planeamiento vigente. En todo caso, se debe asegurar el suplemento de dotaciones de red primaria y de red secundaria que exija la ampliación y su debida integración en la estructura urbanística del plan.   
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.   
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.   
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.   
f) Proyecto de urbanización.   
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.   
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.   
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.   
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.   
k) Si la propuesta de programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la documentación establecida para tales supuestos en la Ley Urbanística Valenciana. Deberá contenerse el compromiso del licitador de edificar de forma simultánea a la ejecución de la urbanización un porcentaje mínimo establecido en el apartado G del anexo I.   
XIX. Proposición jurídico-económica   
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos, de conformidad con lo establecido en el apartado N del anexo I:   
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.   
B) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.  
C) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
D) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe reglamentariamente.  
E) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:   
Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b) de la Ley Urbanística Valenciana.   
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.   
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.   
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.   
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.   
F) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.   
G) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.   
H) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 446 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística en relación con el artículo 188 de la Ley Urbanística Valenciana, el urbanizador podrá proponer la gestión indirecta de la conservación de las obras de urbanización.  
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.   
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.   
XX. Admisibilidad de variantes   
(Art. 131.2.g de la Ley Urbanística Valenciana)   
1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca las de carácter económico, siempre y cuando, estas últimas no alteren sustancialmente la ordenación urbanística propuesta.   
2. No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.   
No se considera variante la modificación del ámbito perimetral del programa de actuación integrada a fin de incluir los terrenos que en el pasado fueron objeto de información pública de un programa de actuación integrada con arreglo a la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, debiendo respetar la calificación y clasificación de estos terrenos a incluir.  
3. Cada aspirante a urbanizador podrá presentar una única variante que podrá abarcar todas las que se admiten en la presente base.  
4. La presentación de una variante en ningún caso legitimará la presentación de una nueva proposición jurídico-económica.   
5. El Ayuntamiento podrá elegir, de entre la alternativa original y la variada, aquella que mejor satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la proposición jurídico-económica formulada y sin poder modificar en ningún caso el contenido de las bases particulares.   
6. No se entenderá como alternativa técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar alternativa técnica, que no se considerará variante de su avance de programación, todo ello con respeto a lo dispuesto en las bases generales y particulares que regulen el procedimiento.   
XXI. Criterios de adjudicación   
(Art. 286.1.j del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
Los criterios de adjudicación son los establecidos en el apartado O del anexo I.   
XXII. Adjudicación del programa   
(Art. 286.1.g del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
1. El programa de actuación integrada se aprobará condicionado a la efectiva realización de las obras y requisitos señalados en el apartado P del anexo I.   
2. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base XVI de las presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva del coste de las indemnizaciones, justiprecios y gastos de realojo necesarios para realizar la actuación, la totalidad del coste de las obras de urbanización complementarias y un 7% del coste de las obras de edificación.   
XXIII. Formalización del contrato   
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.   
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.   
3. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.   
XXIV. Dictamen del Consejo del Territorio y Paisaje   
(Art. 286.1.c del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
En los supuestos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana deberá recabarse el informe del Consejo del Territorio y Paisaje.   
XXV. Cumplimiento   
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.   
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario-constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.   
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.   
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo. Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.   
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.   
6. El plazo de garantía será de 12 meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.   
XXVI. Resolución   
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.   
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:   
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.   
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.   
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.   
d) La no formalización del contrato en plazo.   
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.   
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.   
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.   
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.   
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.   
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.   
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario-constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.   
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.   
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.   
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta ley.   
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.   
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.   
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.   
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.   
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.   
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.   
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.   
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.   
XXVII. Prerrogativas de la administración   
(Art. 286.1.e del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.   
XXVIII. Jurisdicción competente   
(Art. 286.1.f del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.   
XXIX. Exención de responsabilidad   
Quienes opten a la condición de urbanizador conocen la situación urbanística de los terrenos que conforman las presentes bases particulares, pendiente de aprobación por parte de la administración autonómica del documento de Concierto Previo. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.2 del Código Civil, el Ayuntamiento no asume responsabilidad alguna y expresamente los aspirantes a urbanizador renuncian a exigírsela por la no aprobación del citado Concierto Previo o de que importantes modificaciones al mismo hagan inviable la realización del programa de actuación integrada a que se refieren las presentes bases.  
ANEXO I  
Apartado A. Objeto del contrato.  
Ámbito de actuación: Programa de Actuación Integrada La Serra  
Número de expediente: 1071/2008  
Las presentes bases tienen como objeto regular, junto con las bases generales aprobadas como anexo II del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, las condiciones básicas de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo para la selección de un programa de actuación integrada y un urbanizador, para el desarrollo urbanístico de la superficie delimitada al norte por la vía pecuaria número 2, al este por la CV-10, al sur por actuación con igual calificación que la presente y al oeste por la línea fijada por el Concierto Previo (afección incendio).  
Apartado B. Ordenación urbanística.   
Documentación urbanística  
Planeamiento supramunicipal: -  
Planeamiento general: Normas subsidiarias de Borriol (13.06.1996)  
Planeamiento de desarrollo o en tramitación: Deberá redactarse plan parcial ajustándose a las previsiones del concierto previo  
Parámetros urbanísticos  
Superficie del ámbito: 872.415,00 m²s  
Clasificación: Suelo urbanizable   
Calificación: Residencial  
Aprovechamiento tipo máximo: 0,25 m²t/m²s, según plan parcial teniendo en cuenta la red primaria adscrita  
Red primaria: Según Ley 16/2005, Decreto 67/2006, plan parcial  
Red secundaria: Según Ley 16/2005, Decreto 67/2006, plan parcial  
Otros parámetros (red primaria adscrita): Se deberá contemplar la parte correspondiente de red primaria adscrita  
Corresponde parcialmente al sector denominado RES-9 del documento de Concierto Previo. Se clasifica en su totalidad como suelo urbanizable y se califica de uso residencial (RES-9). Todo el ámbito está definido y ordenado en el citado documento de Concierto Previo, sin perjuicio de las modificaciones que, en su caso, se puedan introducir.   
Apartado C. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada.   
C) Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada.  
Transformación jurídica de las fincas  
Obras generales  
Identificación  
Descripción  
Características  
Conexiones  
Otros  
Obras complementarias  
Identificación  
Descripción  
Características  
Conexiones  
Otros  
Infraestructuras y dotaciones complementarias  
Identificación  
Descripción  
Características  
Conexiones  
Otros  
Informes perceptivos  
Carreteras y demás infraestructuras afectadas  
Dominio público hidráulico  
Existencia de recursos hídricos  
Ferrocarriles  
Dominio público marítimo-terrestre  
Otros  
Informe o memoria de sostenibilidad económica  
Informe de sostenibilidad ambiental  
VPP  
EPSAR  
Patrimonio  
Educación  
Comercio  
Vías pecuarias  
Características del PMS  
Número de parcelas  
Ubicación  
Uso  
Otros  
Cronograma:  
Plazo de urbanización  
Plazo de edificación: 4 años  
Otros  
Cesión del artículo 13.6 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje  
Programas de restauración paisajística  
Apartado D. Ficha de gestión.   
Ficha de gestión   
Para el desarrollo de la unidad de ejecución deberán tenerse en cuenta las siguientes prescripciones  
Descripción del sector  
Clase de suelo: suelo urbanizable  
Sector: La Serra  
Número: 1071/2008  
Denominación: PAI La Serra  
Parámetros de edificabilidad  
Superficie del sector: 872.415,00 m.²  
Edificabilidad bruta: 0,25  
Edificabilidad parcial:  
Edificabilidad parcial:  
Índice de edificabilidad:  
Índice de edificabilidad parcial:  
Índice de edificabilidad parcial:  
Usos globales e incompatibles.  
Uso dominante y uso compatible: residencial-terciario-hotelero-deportivo-dotacional  
Usos prohibidos: industrial  
Gestión  
Unidad de ejecución: única  
Área de reparto: 872415,00+superficie adscrita  
Aprovechamiento tipo máximo: 0,25  
Gestión: indirecta  
Elementos estructurales adscritos: porcentaje exigible según normas subsidiarias y revisión del Plan General  
Condiciones para redelimitación: no se contemplan  
Condiciones  
Condiciones de desarrollo: conexión a dotaciones y servicios existentes  
Condiciones relativas a la unidad de ejecución: no se contemplan  
Secuencia lógica de desarrollo de la UE: Unidad de ejecución única   
Condiciones de integración y conexión de la AI: El desarrollo de la UE deberá prever el enlace de los servicios urbanísticos   
Delimitación de la UE: Se establecerán mediante plan parcial  
Áreas de reparto: Delimitadas de acuerdo con el artículo 55.2 LUV   
Aprovechamiento tipo: El equivalente a cada área de reparto   
Apartado E. Criterios y objetivos territoriales.  
Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana  
Sostenibilidad  
Utilización racional del suelo:  
Recursos hídricos:  
Protección del medio natural:  
Patrimonio cultural:  
Patrimonio rural:  
Prevención de riesgos naturales o inducidos:  
Ordenación del litoral:  
Paisaje:  
Calidad de vida  
Mejora de entornos urbanos:  
Transporte público:  
Equipamientos y dotaciones públicas:  
Acceso a la vivienda:  
No procede   
Apartado F. Criterios de ordenación urbanística.   
Criterios de ordenación urbanística  
Zonas verdes: Según legislación aplicable y plan parcial de desarrollo  
Terciario: Según legislación aplicable y plan parcial de desarrollo  
Dotacional: Según legislación aplicable y plan parcial de desarrollo  
Estacionamientos: Según legislación aplicable y plan parcial de desarrollo  
Plazas de aparcamiento públicas: Según legislación aplicable y plan parcial de desarrollo  
Densidad de viviendas (opcional): Según legislación aplicable y plan parcial de desarrollo  
Parcela mínima: Según legislación aplicable y plan parcial de desarrollo  
Otros  
La tipología edificatoria permitida será la de vivienda aislada, adosada y edificación abierta  
No procede   
Apartado G. Objetivos de edificación.  
Edificaciones privadas de interés social  
Ubicación  
Descripción  
Otros  
Condiciones de las parcelas edificables   
Volumen  
Forma  
Condiciones estéticas  
Otros  
Reservas de aparcamiento  
Número  
Características  
Ubicación  
Otros  
Simultaneidad de urbanización y edificación  
Porcentaje mínimo: 60% de urbanización ejecutada  
Se establecerán en el correspondiente plan parcial  
Se establece en un 60% de obra ejecutada de urbanización, como porcentaje mínimo para simultanear la urbanización y la edificación. En el 60% de la obra de urbanización deben estar ejecutadas las explanadas y zahorras.  
Apartado H. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión.  
Prescripciones técnicas  
Plan parcial: Ley 16/2005, Decreto 67/2006  
Documento de justificación de integración territorial: Ley 16/2005, Decreto 67/2006  
Estudio de impacto ambiental: Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental y Decreto 162/1990, de 15 de octubre, de desarrollo  
Estudio de integración paisajística: Decreto 120/2006  
Cédula territorial de urbanización: Ley 16/2005, Decreto 67/2006  
Otros (estudio acústico): Artículo 25 de la Ley 7/2002  
Estudio de tráfico y movilidad  
Prescripciones formales: No se establecen  
Maqueta: No se exige  
Soporte digital: Se entregará en soporte digital el documento definitivo  
Otros  
Según normativa vigente   
Apartado I. Precio de licitación.   
En cifra: 36.987.682 €  
En letra: Cincuenta y cuatro millones ochocientos mil euros   
El presupuesto a los efectos previstos en la normativa vigente, se establece provisionalmente en 75.881.979,00 € (IVA excluido).   
Esta cantidad estimada como cargas de urbanización se considera precio de licitación.   
Apartado J. Plazos de desarrollo y ejecución del programa.   
Se establecen los siguientes plazos para el desarrollo y ejecución del PAI:  
Plazo máximo presentación del proyecto de reparcelación: seis meses desde formalización contrato Ayuntamiento-urbanizador.  
Plazo máximo inicio selección del empresario-constructor: tres meses desde formalización contrato Ayuntamiento-urbanizador.  
Plazo máximo ejecución urbanización: 36 meses desde selección constructor.  
Plazo máximo edificación de los solares (ver art. 125.6): 48 meses desde recepción obras urbanización.  
Apartado K. Garantías.   
Garantía provisional: 2%  
Cifra: 1.096.000 €  
Letra: Un millón noventa y seis mil euros  
Garantía definitiva: 10%  
Cifra: 5.480.000 €  
Letra: Cinco millones cuatrocientos ochenta mil euros  
Se establece como garantía provisional un porcentaje del 2% sobre el presupuesto de cargas de urbanización que se establece provisionalmente, lo que equivale a una cuantía de 1.095.771 euros.   
Apartado L. Presentación de proposiciones.   
Plazo: tres meses a partir de la fecha de envío del anuncio al DOUE. En ausencia de previsión expresa será de tres meses a partir de la fecha de envío del anuncio al DOCE.  
1. Quienes pretendan concurrir a la licitación para la adjudicación del programa deberán presentar sus proposiciones en el Registro General del Ayuntamiento de Borriol, en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y en horario de 09.00 horas a 14.00 horas, de lunes a viernes. Si el último día de plazo fuera sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará al día hábil siguiente.   
Apartado M. Redelimitación del ámbito territorial.   
No se establecen criterios.  
Apartado N. Proposición jurídico económica.   
Relaciones entre el urbanizador y los propietarios  
Modalidad de retribución  
Posibilidad de optar por la retribución en metálico  
Modo  
Condiciones  
Plazo  
Derechos de adjudicación  
Parcela mínima  
Aprovechamiento subjetivo  
Superficie mínima de la parcela aportada para ser adjudicatario  
Terrenos a disposición del urbanizador  
Titularidad  
Identificación registral  
Elementos económicos  
Presupuesto de licitación  
Coste de proyectos  
Gastos de gestión  
Beneficio del urbanizador  
Cargas de urbanización  
Coeficiente de canje  
Precio del suelo a efectos del canje  
Financiación  
Honorarios por emisión de informes externos  
Modelo de proposición jurídico-económica:   
(Nombre i apellidos) ..., con NIF ..., en nombre propio o representación de la (mercantil/UTE/agrupación de interés urbanístico) ..., domiciliada en ..., a efectos de notificaciones en calle ..., y CIF núm. ..., enterado del concurso convocado para la adjudicación del Programa de Actuación Integrada C2.3, según anuncio publicado en el DOCV núm. ..., de fecha ..., formula la presente proposición para desarrollo del citado programa con sujeción a las determinaciones siguientes:   
1. Relaciones entre el urbanizador y los propietarios. (Información detallada a propietarios)   
1.A. Modalidad o modalidades de retribución al urbanizador.   
1.B. Magnitudes urbanísticas relevantes:   
- Parcela mínima de resultado.   
- Aprovechamiento subjetivo.   
- Superficie mínima de terreno para resultar adjudicatario de parcela resultante o de cuota indivisa.   
1.C. Importe global de cargas de urbanización y del coeficiente de canje (expresada en tanto por uno e indicando el porcentaje que recibirá el propietario tras el pago en terrenos y el que corresponde al pago).   
1.D. Precio del suelo bruto a efecto de canje (expresada por metro cuadrado).   
1.E. Precio del suelo y del techo resultante.   
1.F. Posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.   
1.G. Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.   
2. Propiedades afectas al cumplimiento del programa.   
(Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del convenio de programación, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.)   
3. Hoja resumen de los datos económicos (a cumplimentar según art.127.2 LUV).   
Presupuesto de licitación obra de urbanización:  
Coste de proyectos:  
Gastos de gestión (%):  
Beneficio del urbanizador:  
Cargas de urbanización:  
Coeficiente de canje (expresada en tanto por uno):  
Precio del suelo bruto a efectos de canje:  
Financiación ofrecida por el urbanizador:  
4. Otros compromisos que asume el urbanizador.   
Apartado O. Criterios de adjudicación.  
La alternativa técnica representará un 75% de la valoración en relación con la proposición jurídico-económica, que representará el 25% restante.   
Se valorarán de forma independiente la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica, con arreglo a los siguientes criterios ordenados de manera decreciente:   
Alternativa técnica total (100 puntos).   
a) La calidad técnica de la ordenación propuesta. (50 puntos)   
b) La resolución adecuada de la integración de la actuación en su entorno y la mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios libres. (20 puntos)   
c) La calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización. (5)  
d) La calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización. (5 puntos)   
e) Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. (10 puntos).  
f) Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. (5)  
g) El plazo de ejecución del programa de actuación integrada, el compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente exigible, compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador y los medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa. (5 puntos)   
Proposición jurídico-económica (total 100 puntos).   
a) Importe de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. (25 puntos)   
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente. (30 puntos)  
c) Mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa. (40 puntos)   
c) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. (5 puntos)   
Apartado P. Adjudicación conexa o condicionada.   
Condicionantes técnicos:   
Coordinación con las compañías suministradoras. Antes de la aprobación del proyecto de urbanización deberá acreditarse la coordinación y aceptación de los servicios previstos con/por las entidades responsables de los mismos: Iberdrola, Telefónica, Facsa, Ono, Cegas, Sindicato de Riegos o el propio Ayuntamiento. En particular deberá acreditarse la ejecución o en su caso innecesariedad de las infraestructuras básicas de las redes de gas y Ono, con el fin de coordinarlas con las obras de la unidad de ejecución, sin sobrecoste para el programa.   
Red viaria. Las secciones tipo de los viales se ajustarán a las de actuaciones colindantes y de acuerdo con los criterios municipales.  
La red viaria incorporará las partidas necesarias para constituir los sobretaludes de sustentación de aceras o, en su caso, los muros de contención y delimitación de los límites de la unidad de ejecución. La acera mínima será de 1,50 metros suprimiendo anchos inferiores. Las farolas de las calles peatonales o de coexistencia se ajustarán a diseños específicos para esos casos. Se cumplirán los criterios y limitaciones establecidos en la normativa de accesibilidad.   
Infraestructuras y servicios. El urbanizador deberá definir y ejecutar las distintas obras del proyecto de acuerdo con los criterios, calidades y alcance que señalen los distintos organismos responsables.   
Conexiones. El urbanizador deberá definir y ejecutar las conexiones y acometidas necesarias de las obras, servicios e infraestructuras previstas, hasta el punto y con las condiciones que fijen los distintos organismos responsables, garantizando la efectiva integración con los ámbitos urbanísticos colindantes.   
Zonas verdes. Será de calidad y diseño adecuados, de acuerdo con los criterios municipales seguidos en actuaciones similares y recientes, e incorporarán sistemas de riego automatizado así como equipos, instalaciones y mobiliario urbano acordes y compatibles con un mantenimiento eficaz.   
Señalización. La señalización vertical se definirá con postes de aluminio estriado y señales de aluminio, según modelo municipal.   
Agua potable. El diseño definitivo de la red y piezas especiales, así como de los tramos de conexión que fueran necesarios, se adaptará a las especificaciones de la compañía suministradora.   
Alumbrado. Con el fin de caracterizar la actuación, se promoverá un diseño específico y de calidad adecuada a los objetivos del sector para aquellos elementos singulares que definen la imagen del recinto a urbanizar: farolas, mobiliario urbano...   
Condicionantes genéricos:  
\* Antes de la aprobación del proyecto de urbanización se presentarán por el urbanizador los informes de viabilidad de las compañías suministradoras, que confirmen la idoneidad de las soluciones proyectadas y sirvan de base al convenio a establecer con cada una de aquellas, y que deberá aportarse al Ayuntamiento antes del comienzo de la ejecución de las obras (acta de comprobación del replanteo).   
\* A la vista de los compromisos de coordinación con dichas compañías que acompañan a la oferta del promotor, se advierte a ésta que no se admitirán por el Ayuntamiento supuestos de retasación de cargas basados en eventuales carencias u omisiones de las redes de servicios previstos respecto a las que definitivamente se implanten y justifiquen en el proyecto.   
\* Al amparo de las previsiones de gastos generales de contrata y de los costes indirectos inherentes a las partidas o unidades de obra del proyecto, el Ayuntamiento designará la correspondiente asistencia técnica a la dirección de las obras, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de las condiciones de su ejecución. Dicha asistencia técnica se seleccionará por esta administración, a propuesta del urbanizador, siendo su coste por cuenta de este último, según el procedimiento que oportunamente se establezca.   
El concurso de dicha asistencia técnica será efectivo a partir del acta de comprobación del replanteo.   
Borriol, septiembre de 2008».   
El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, artículo 109.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 116 de la mencionada ley y el artículo 286.2 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, este acto podrá ser recurrido potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. La interposición de recurso no suspende la ejecución del acto impugnado.   
Borriol, 15 de octubre de 2008.- El alcalde: Adelino Santamaría Blasco.