Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5617, del 11-10-2007 (2007/11829)

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, por silencio administrativo.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5617

Fecha DOGV
:   11-10-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/11782


Fecha del documento
:   20-09-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * profesión paramédica
    * colegio profesional
    * reglamento interno

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, por silencio administrativo. [2007/11157]  
Visto el expediente de modificación de estatutos, instruido a instancia del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, inscrito con el número 87 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, en el que se solicita la inscripción de la modificación de determinados artículos de sus Estatutos en el mismo, atendiendo a los siguientes  
Hechos   
1. José Vicente Mauri-Vera Lavarías, presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, presentó en fecha 5 de abril de 2006, solicitud de inscripción de la modificación de los Estatutos del mismo en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
2. La Asamblea General del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia aprobó la nueva redacción de sus Estatutos en sesión celebrada en fecha 1 de marzo de 2006, según acta suscrita por Pedro José Olivares Pérez, secretario de dicho Colegio, con el visto bueno del presidente, que afectaba al contenido de los artículos 10, 11, 12, 16, 31 y 68 así como al cambio de numeración de los artículos 69 a 89.  
3. Existiendo dudas acerca de la legalidad del nuevo apartado 3 que se añadía al artículo 10 de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, mediante el que se faculta a la Junta de Gobierno del Colegio para acordar la colegiación «de oficio» de aquellas personas que se verifique que ejercen la actividad profesional sin la misma, en fecha 27 de julio de 2006, la directora general de Justicia solicitó a la Subsecretaría de la conselleria de Justicia, Interior, y Administraciones Públicas, la petición de informe a la Abogacía General de la Generalitat sobre la cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del Decreto 84/2006, de 16 de junio, del Consell. Informe que tuvo entrada en esta Dirección General de Justicia en fecha 29 de septiembre de 2006 y cuya ratio decidendi se transcribe literalmente a continuación:  
«4- Sobre la colegiación obligatoria y la colegiación de oficio  
Establece el artículo 1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, que:  
Los colegios profesionales cuyo ámbito territorial de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o a parte del territorio de la Comunidad Autónoma Valenciana, sin perjuicio de la legislación básica del Estado y de las leyes que regulen la profesión de que se trate, cualquiera que sea su naturaleza, se rigen por esta ley, por sus estatutos y por los reglamentos de régimen interior.»  
En cuanto a los estatutos, la ley regula su aprobación, contenido y deber de comunicación, en los artículos 10 y 11.  
Por su parte, el artículo 12.2 contempla la colegiación obligatoria de la siguiente forma:  
«El ejercicio de las profesiones colegiadas requerirá la incorporación al colegio correspondiente en los términos que dispone el artículo 3, apartado 2, de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y, en su caso, la comunicación establecida en el artículo 3, apartado 3, de dicha ley.»  
La cuestión de la exigencia de colegiación obligatoria para el ejercicio de profesiones tituladas ha sido y es objeto de múltiples debates, ya que supone una modificación radical del régimen general del ejercicio profesional regulado bajo el principio de libertad absoluta.  
Respecto de este aspecto siempre polémico, hay que subrayar que la colegiación obligatoria no es incompatible con el principio democrático que rige la organización y el funcionamiento de estas corporaciones profesionales. Así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional en su sentencia 89/1989 al decir que «es evidente que la colegiación obligatoria es perfectamente compatible con la exigencia democrática que la Constitución impone como requisito expreso, ya que esta exigencia constituye, en sí misma, un contrapeso, una compensación del deber del titulado a inscribirse y, a la vez, una garantía de que esa obligatoriedad estará sujeta al control democrático de los mismos colegiado.»  
En virtud de la colegiación, los colegiados aceptan el régimen disciplinario del Colegio destinado a prevenir y corregir las infracciones de los deberes colegiales y de las normas de deontología profesional que se establecen con carácter general.  
El hecho de que nuestra legislación prevea la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de una determinada profesión titulada, no puede ser suficiente para que se prevea en unos Estatutos, concretamente en los del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, la colegiación de oficio por parte de su Junta de Gobierno, cuando se detecte o se verifique el ejercicio de la actividad profesional sin la preceptiva colegiación. Admitir esa posibilidad es atribuir a un órgano de un Colegio Profesional potestades propias de la administración Pública; además de ser de dudosa constitucionalidad, dado el carácter básico de la legislación estatal; ello además de que se produciría una situación que no resiste un análisis de elemental lógica jurídica: en la provincia de Alicante, los protésicos dentales que estuvieran en esas condiciones no podrían ser colegiados de oficio, contrariamente a los que ejercieran la misma profesión en las provincias de Castellón y Valencia.  
La persecución del intrusismo profesional, ejerciendo las acciones que la ley establece, el velar por el perfeccionamiento técnico y científico de la profesión, mantener la disciplina social y profesional de los colegiados, salvaguardando y haciendo cumplir los principios deontológicos de la profesión, y tantas otras, son funciones que corresponden al Colegio, pero éstas no se extienden a sustituir la voluntad del profesional realizando en su lugar lo que puede considerarse como un acto personalísimo, no pudiendo aquél utilizar medios de ejecución forzosas reservados a las administraciones públicas.  
La Junta de Gobierno en esos casos ya citados, podrá poner en funcionamiento los procedimientos disciplinarios o sancionadores correspondientes respecto de sus colegiados, y respecto al profesional no perteneciente al Colegio, podrá instarlo a su colegiación, practicando las notificaciones oportunas con observancia de todas las garantías legalmente previstas, remitiendo a la autoridad administrativa o judicial la adopción de medidas que exceden de las atribuciones de un Colegio Profesional y que constituyen una prerrogativa pública como manifestación del principio de autotutela administrativa.  
Por otra parte, se ha consultado la Ley reguladora de la profesión de protésicos dentales en diferentes comunidades autónomas (como Cataluña y Extremadura); del mismo modo, los Estatutos de los Colegios Oficiales de la citada profesión de Cataluña, Aragón, Asturias y Extremadura, y ninguno de ellos contempla la posibilidad de colegiación de oficio.  
En conclusión, y salvo opinión mejor fundada en derecho, no se considera admisible esa modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia.  
4. En fecha 24 de octubre de 2006, por el Servicio de Entidades Jurídicas, unidad administrativa encargada de la instrucción del procedimiento, se puso de manifiesto el expediente a la corporación profesional interesada, dándose el trámite de audiencia establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a los efectos de que pudiera aportar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimaran pertinentes en el plazo de diez días.   
En fecha 8 de noviembre de 2006, por D. Joaquín Morey Navarro, letrado representante del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, se formularon alegaciones que en síntesis, manifiestan que:  
- El informe jurídico no se basa en que la modificación pretendida suponga la infracción de norma jurídica alguna, sino en simples opiniones subjetivas o consideraciones personales carentes de respaldo jurídico.   
- El artículo 10 de la Ley 6/1997 de 4 de diciembre de Consejos y Colegios profesionales de la Comunidad Valenciana establece que los Colegios Profesionales aprobarán sus estatutos de forma autónoma sin más limitaciones que las impuestas por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el resto del ordenamiento jurídico.  
- El control de legalidad de los estatutos de los Colegios profesionales debe indicar que norma jurídica se infringe, y no basarse en criterios de oportunidad.   
- Una de las funciones básicas de todo colegio es el ejercicio de las potestades administrativas delegadas por Ley y por la propia Administración, por lo que el artículo 19 de la propia Ley 6/1997 de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana afirma que «Los colegios profesionales, como corporaciones de derecho público, está sujetos al derecho administrativo en cuanto ejerzan potestades públicas que ésta y otras leyes les encomienden.»  
- El principio básico de autonomía en la aprobación de los estatutos de los Colegios Profesionales, implica que a este Colegio no le pueden limitar los estatutos de otros colegios profesionales, sino la Constitución y las leyes, pero no obstante, esa situación de presunta desigualdad nunca se produciría, porque, 1°) Dicho Colegio pronto igualaría sus estatutos al de este colegio, y 2°) Porque para colegiar de oficio a un profesional no hace falta siquiera que ello se refleje en los Estatutos de un Colegio, pues es una facultad que se otorga por las Leyes de Colegios profesionales y no por Estatuto colegial alguno.   
- El informe del Área Jurídica también se refiere a que las funciones de un Colegio que no se extienden a sustituir la voluntad del profesional realizando en su lugar lo que puede considerarse como un acto personalísimo. Y ante ello debemos decir:   
· Que se está obviando los fines básicos de todo Colegio y que amparan la modificación estatutaria pretendida, y que son:   
a) Ordenar la profesión en beneficio de la sociedad así como de los intereses generales que le son propios (artículo 4.a de la Ley 6/1997), teniendo en cuenta que «ordenar» es la buena disposición de las cosas, es decir, colocar las cosas en el lugar que les corresponde, y en este caso, colegiar a los profesionales que no lo están y situarlos dentro de la disciplina y control del Colegio al que están obligados por Ley a pertenecer.   
b) Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando el conocimiento y el cumplimiento de todo tipo de disposiciones legales (artículo 4.b de la Ley 6/1997), y entre ellas evidentemente la Ley 2/2000 de creación del colegio que obliga a todos los protésicos dentales a estar colegiados para ejercer la profesión.  
El artículo 3 de la citada Ley 6/1997 dice que los Colegios profesionales tienen personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y el artículo 12.5 de la antedicha Ley dispone que los colegios profesionales están facultados para verificar y, en su caso, exigir el cumplimiento del deber de colegiación.   
· Que no se puede hablar de sustituir la voluntad del profesional cuando estamos ante un Colegio profesional de adscripción obligatoria por Ley, y en el que por tanto no hay voluntad alguna sino obligación (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2001, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta).   
· Que no se puede considerar nunca el acto de colegiarse como un acto personalísimo, pues sólo pueden tener esa consideración según la doctrina más autorizada aquellos que sólo pueden ser realizados por el interesado, sin que quepa que los realice otro ni siquiera por mandato o representación, y en este caso la colegiación sí que se puede hacer por mandato o representación sin ningún problema.  
· Que el caso de que se mantenga la no legalidad de la modificación pretendida, se solicitara a esa conselleria que se ejerzan las potestades que presuntamente este Colegio no tiene, y si esa conselleria no las ejerce se demandará judicialmente que se declare la obligación de ejercerlas, porque es evidente que si este Colegio según el Área Jurídica no tiene otorgada esa potestad entonces la tiene esa Administración y está obligada a ejercerla.  
5. En fecha 20 de abril de 2007, Joaquín Morey Navarro, letrado representante del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, solicitó se dictara resolución «por la que se confirme la estimación por silencio administrativo de la solicitud de inscripción de las modificaciones estatutarias y publicación en el DOGV solicitadas en 5 de abril de 2006» (sic), y ello, según el solicitante «en cumplimiento del artículo 43.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»  
Fundamentos de derecho  
1. La modificación estatutaria ha sido aprobada con los requisitos y formalidades previstos en el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales, y en los propios Estatutos del Colegio.  
2. Revisada la nueva redacción de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, se observa que en el nuevo apartado 3 que se añade al artículo 10 de los Estatutos, se contempla la posibilidad de que la Junta de Gobierno del Colegio pueda acordar la colegiación «de oficio» de aquellas personas que se verifique que ejercen la actividad profesional sin haberse colegiado previamente. Una actuación que no constituye ejercicio de potestad sancionadora, al no tratarse de una medida de tal naturaleza (puesto que el cumplimiento de una obligación no puede ser considerado una sanción), ni tampoco un medio de ejecución forzosa que se encuentre recogido legalmente para los Colegios Profesionales, ni, incluso, para la propia Administración.  
En este sentido, el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común regula los medios de que disponen las Administraciones Públicas para la ejecución forzosa de sus actos, sin incluir entre los mismos la sustitución del interesado en el cumplimiento de una obligación personalísima como es la colegiación.  
Por otra parte, el artículo 6.c) de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales incluye entre las funciones propias de los Colegios Profesionales la de ejercer las acciones que establezcan las leyes para evitar el intrusismo, no confiriendo dicha ley, ni la citada Ley 30/1992, así como tampoco la Ley 2/2000, de 31 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de la Comunidad Valenciana ni el Decreto 271/2004, de 10 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que éste pasa a denominarse Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, la potestad de acordar la colegiación de oficio.  
Y en referencia concreta a los medios de que disponen las corporaciones profesionales para la ejecución de sus actos, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 25 de enero de 2007, afirma que los Colegios Profesionales pueden proceder «no sólo a ejercer sus facultades de ejecución forzosa sino, además, utilizar otros medios indirectos para lograr el cumplimiento de sus resoluciones, también en materia de colegiación». Dicha sentencia, relativa al Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, cita a título de ejemplo como medio indirecto, la posibilidad de que el mismo se dirija a la administración con atribuciones en el sector (en aquel caso, la Dirección General de Aviación Civil) para que haga cumplir, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones normativas correspondientes respecto de los pilotos que carezcan de los requisitos establecidos para el ejercicio de su profesión (en el presente supuesto, serían las autoridades sanitarias correspondientes).  
3. A la vista de lo anterior, se solicitó informe en estos términos a la Abogacía General de la Generalitat sobre si resultaba ajustada a derecho el reconocimiento de tal potestad a dicho Colegio, emitiéndose el mismo en fecha 15 de septiembre de 2006 por el Área Jurídica de la conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, y cuya ratio decidendi se ha transcrito literalmente en el Antecedente Tercero. Dicho informe se pronuncia de forma negativa respecto de la posibilidad de que el citado Colegio se atribuya esta facultad en sus Estatutos, reconociendo, no obstante, el carácter obligatorio de la colegiación en la profesión de protésico dental.  
4. El carácter de personalísima de la obligación de colegiación para ejercer la profesión de protésico dental, se ve reconocido, entre otras cuestiones, por el hecho de que la admisión como colegiado en un colegio profesional es un acto que la corporación profesional dicta a instancia de parte que requiere de la presentación de una solicitud por parte del interesado que ha de referirse a la concurrencia de determinadas condiciones personales que a priori sólo el interesado y no el Colegio, se encuentra en disposición de acreditar. En el caso del Colegio que nos ocupa, en su artículo 10.2 se establece que dichas condiciones son: estar en posesión del Título de Protésico Dental o habilitado, ser mayor de edad y estar dado de alta como autónomo o trabajador por cuenta ajena desempeñando funciones de protésico dental; y especialmente, la condición establecida en el punto c) del citado artículo, que exige aportar una «declaración jurada» a los efectos de demostrar no estar incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de la profesión. Extremos todos ellos que determinan que la colegiación se presente como un acto personalísimo, ya que exigiría una magna labor de investigación de datos personales, solicitud de múltiples certificaciones ante diferentes organismos públicos e incluso de examen personal del afectado (al cual no se le puede obligar), por parte del colegio oficial, que convierten en la práctica en inviable la colegiación sin el concurso del interesado.   
Así por ejemplo, el artículo 13 de los Estatutos incluye como circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la profesión de protésico dental: los impedimentos físicos o mentales que, por su naturaleza o intensidad, imposibiliten el cumplimiento y el desarrollo de su profesión con garantías de seguridad, la inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la profesión, en virtud de sentencia o resolución firme, las sanciones disciplinarias que lleven consigo la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión del Colegio de Protésicos dentales correspondiente. La ausencia de estas incapacidades se acredita mediante la citada «declaración jurada», mediante la cual el interesado, conociendo sus circunstancias personales, manifiesta dicha ausencia y asume las posibles responsabilidades que pudieran derivarse en caso de falsedad, cosa que el Colegio no puede realizar.  
Cuestión diferente, pero que excede al control de legalidad que realiza la Dirección General de Justicia sobre los presentes Estatutos, son los efectos jurídicos o económicos que puedan desprenderse del incumplimiento del deber de colegiación por el «intruso», que, aún estando estrechamente vinculada al asunto que aquí se debate, no puede influir en el juicio de legalidad que proceda respecto de la inclusión de la potestad de colegiación de oficio para el mencionado Colegio, por medio de la modificación estatutaria planteada.  
5. A mayor abundamiento y en cumplimiento del artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hay que referirse a las siguientes cuestiones en relación con el resto de alegaciones planteadas por la corporación interesada:  
La potestad de proceder a la colegiación de oficio por parte del Colegio resulta contraria a las normas anteriormente citadas, por lo que no es conforme con el ordenamiento jurídico. Hay que tener en cuenta, tal y como la propia interesada alega, que las competencias de los Colegios Profesionales se extienden a las potestades públicas que las leyes les encomienden, y en este sentido, no es posible acoger la afirmación de la alegante cuando dice que: «para colegiar de oficio a un profesional no hace falta siquiera que ello se refleje en los Estatutos de un Colegio, pues es una facultad que se otorga por las Leyes de Colegios profesionales y no por Estatuto colegial alguno», ya que como hemos indicado, no existe ninguna norma que atribuya a los Colegios Profesionales tal potestad. Y ello sin perjuicio de la existencia de obligatoriedad en la colegiación, lo cual es diferente y no lleva aparejado el reconocimiento de la colegiación de oficio.  
Por otra parte, los fines esenciales que el artículo 4 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana atribuye a los Colegios Profesionales no pueden amparar la modificación estatutaria pretendida. En concreto, respecto del fin relativo a «Ordenar la profesión en beneficio tanto de la sociedad a la que sirven como de los intereses generales que les son propios», la corporación interesada omite deliberadamente en sus alegaciones que dicho precepto reconoce tal fin en los siguientes términos: «a) La ordenación de la profesión, dentro del marco legal respectivo, en el ámbito de su competencia (?)». Y en relación al fin de «Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando el conocimiento y el cumplimiento de todo tipo de disposiciones legales», hay que destacar que «facilitar» no es sinónimo de «obligar» o «sustituir en el cumplimiento» de todo tipo de disposiciones legales, a no ser que el Colegio esté habilitado expresamente para ello en cada caso, ya que la redacción del precepto alude a un objetivo básicamente formativo en relación a un ejercicio de la profesión ajustado al ordenamiento jurídico.  
Respecto de la voluntariedad en el acto de colegiación resulta necesario aclarar que, el hecho de que una conducta sea obligatoria, no implica que no se requiera de la adopción de un determinado comportamiento por parte del obligado, para verificar su cumplimiento. Comportamiento que en algunos casos, como en el presente, sólo puede ser realizado por el obligado. En este caso, nos encontramos ante una «obligación de hacer», que, como hemos visto, implica determinados aspectos que parece que necesariamente deban ser realizados por el interesado. En los términos en que está definida por los Estatutos del Colegio, no es una obligación que pueda ser satisfecha por mandato o representación, como sostiene la corporación alegante, puesto que el acto de colegiación requiere de la acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer la profesión, que difícilmente un tercero diferente el propio interesado, se encuentra en disposición de acreditar. Asimismo, también requiere de una voluntad de ejercicio de la profesión, más allá de disponer de la titulación.  
Es por todo ello que, en ejercicio de la potestad de control de legalidad que tiene atribuida la Dirección General de Justicia y Menor de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas en virtud del artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales, se considera no procedente la inscripción del citado apartado 3 que se añade al artículo 10 de los Estatutos, en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, no así el resto del articulado que compone de la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, que sí resulta ajustado a derecho.  
6. No obstante lo antedicho, producido el silencio administrativo por el transcurso del plazo máximo para resolver, corresponde entender estimada la solicitud de inscripción de modificación de Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, procediéndose a practicar la misma así como la correspondiente publicación en el DOCV.  
7. El expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia y Menor de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, competente ésta por así disponerlo el artículo 6.1 de la citada Ley 6/1997, teniendo en cuenta lo previsto por la Disposición Final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el Decreto 92/2007, de 6 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de las Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y por el Decreto 122/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.  
Vistos el artículo 36 de la Constitución Española y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; el Decreto 4/2002 de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de ésta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, se dicta la siguiente resolución  
Primero  
Inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunidad Valenciana, en cumplimiento de lo dispuesto artículo 43.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el sentido positivo del silencio administrativo.  
Segundo  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
Valencia, 20 de septiembre de 2007.- El director general de Justicia y Menor: Antonio Gastaldi Mateo.  
ANNEXO  
ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE PROTÉSICOS   
DENTALES DE CASTELLÓN Y VALENCIA  
TÍTULO I  
De la institución Colegial  
CAPÍTULO I  
Delimitación jurídica  
Artículo 1. El Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia es una Corporación de derecho público de carácter representativo y con personalidad jurídica propia, independiente de la administración pública, que goza de plena capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines que le son propios, constituyendo la organización profesional de los protésicos dentales que ejercen en el territorio de las provincias de Castellón y Valencia.  
Artículo 2. El Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, como corporación de derecho público, se encuentra amparado por la Constitución, por la Ley y el reglamento de Colegios Profesionales, así como por la legislación comunitaria, estatal o autonómica que le afecte y se regirá además de por esta normativa, por estos Estatutos y por los reglamentos de régimen interior.  
El funcionamiento y la estructura del Colegio serán en todo caso democráticos.  
Artículo 3. Corresponde al Colegio ejercer en todo caso la representación colectiva y oficial de los protésicos dentales en el ámbito territorial de Castellón y Valencia.   
La representación legal y oficial del Colegio en todas la relaciones del mismo con los poderes públicos, entidades, corporaciones y personalidades de cualquier orden, corresponderá al Presidente o en su caso al sustituto previsto en estos estatutos y en los casos que en ellos se determinan.   
Artículo 4. El Castellano y el Valenciano son las lenguas propias del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia.  
CAPÍTULO II  
De las relaciones con la administración Pública.  
Artículo 5. El Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, se relacionará con la administración de la Generalitat Valenciana en lo que se refiere a aspectos institucionales a través de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas o aquella en que ésta delegue, y en lo que afecte a los contenidos de la profesión con la conselleria de Sanidad.  
CAPÍTULO III  
De las relaciones con el Consejo General de Colegios   
de Protésicos Dentales de España  
Artículo 6. El Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia se encuentra integrado en el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España.  
CAPÍTULO IV  
Denominación, domicilio y ámbito territorial  
Artículo 7. La denominación es Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, el ámbito es el de todo el territorio de ambas provincias, y su domicilio y sede se fija en Valencia, Calle Visitación nº 8 - Bajo Derecha, sin perjuicio de las Delegaciones Territoriales de Castellón y Valencia, que se encuentran establecidas y plenamente reconocidas en estos Estatutos, para el mejor cumplimiento de sus fines y eficacia de sus funciones.  
CAPÍTULO V  
Finalidades y Funciones  
Artículo 8. Corresponde al Colegio ejercer las funciones y los fines esenciales que son propios de los colegios profesionales y que le asigna, de manera general, la legislación vigente en esa materia, y en especial los siguientes:  
1. La ordenación de la profesión así como el ejercicio de la representación y defensa del colectivo de profesionales colegiados y la del colegiado individualmente considerado cuando atendiendo a la naturaleza del asunto, la Junta de Gobierno, previa deliberación, lo considere oportuno y conveniente.  
2. Vigilar el ejercicio de la profesión, manteniendo la disciplina social y profesional de los colegiados sobre los principios de unidad y de cooperación indispensables, salvaguardando y haciendo cumplir los principios deontológicos y ético-sociales de la profesión, de su dignidad y de su prestigio. Con esta finalidad podrá elaborar los códigos correspondientes de cumplimiento obligatorio.  
3. Amparar y defender los derechos y el prestigio profesional y social de los colegiados en general o de cualquiera de sus grupos o de un individuo en particular, si fuesen objeto de vejación, de menoscabo o de desmerecimiento.  
4. Perfeccionar los aspectos técnicos y científicos de la profesión y de los profesionales, elevando sus niveles moral, material, cultural, científico y sanitario, así como el de las prestaciones profesionales.  
5. Crear, sostener y fomentar obras e instituciones de previsión, de crédito, de consumo y seguridad, en los diversos aspectos. Promover mecanismos e instituciones de protección social de los colegiados para las contingencias de incapacidad temporal, maternidad, incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia.  
6. Asesorar el proceso de formación de los planes de estudios relativos a la prótesis dental, y asesorar a las autoridades académicas en todo lo relativo a la docencia de las disciplinas propias de la prótesis dental.  
7. Mantener una relación constante con los centros docentes para proporcionarles orientaciones actuales y útiles para el conocimiento de las características deseables para los futuros profesionales, facilitando la información necesaria para el acceso a la vida profesional de los nuevos profesionales.  
8. Intervenir ejerciendo las acciones que la ley establece, en los problemas de intrusismo profesional. Con esta finalidad podrá requerir el soporte de las autoridades gubernativas, judiciales y sanitarias y tendrá que perseguir a aquellas personas que ejerzan actos propios de la profesión de protésico dental sin serlo.  
9. Emitir los informes técnicos y profesionales en los asuntos o materias que le sean sometidos por entidades o instituciones públicas o privadas, en especial Tribunales y Juzgados, facilitando a estos últimos la relación de colegiados que puedan ser requeridos para intervenir como peritos en asuntos judiciales o proponerlos en su caso.  
10. Informar a las industrias del ramo de las condiciones deseables para el desarrollo de nuevos productos y establecer, si las condiciones técnicas lo permiten, un control de calidad sobre los materiales ofrecidos.  
11. Organizar servicios de asesoramiento jurídico, económico, administrativo, técnico o de cualquier otra clase en favor de los colegiados.  
12. Colaborar con los organismos correspondientes para establecer las condiciones del ejercicio profesional en sus diversas modalidades o especialidades; regular las condiciones de prestaciones de servicios, que serán de obligado acatamiento por los colegiados, y velar por el efectivo cumplimiento de las normas laborales vigentes, con especial atención a las referidas a la prevención de riesgos laborales.  
13. Proponer a la Generalitat Valenciana o a la administración del Estado las normas necesarias para garantizar y mejorar las condiciones técnicas e higiénicas de la prótesis dental. En su caso, colaborar con dichas Administraciones públicas en la confección de las normas por ellas proyectadas, a través de los informes reglamentarios, en los momentos de audiencia o información pública, o a iniciativa del propio Colegio. Y actuar, en su caso por delegación de dichas Administraciones públicas en los asuntos y funciones que le puedan encomendar y en la forma y procedimientos que por ellas se establezcan.  
14. Establecer las normas que regulen el régimen económico del Colegio y de los organismos afines y dependientes de éste, aprobando los presupuestos y fijando las cuotas legales.  
15. Llevar el censo de profesionales y el registro de títulos de colegiados.  
16. Ejercer la potestad disciplinaria respecto de los colegiados, para lo cual la Junta de Gobierno estará revestida de máxima autoridad, con exigencia correlativa de la mayor responsabilidad, y podrá imponer las sanciones especificadas en estos Estatutos, de acuerdo con el procedimiento disciplinario y con los recursos que se establecen.  
17. Realizar cuantas misiones le corresponda en virtud de las disposiciones legales vigentes y de lo que establezcan estos Estatutos, o que le encomiende la administración, cumpliendo con el deber de colaboración con ésta.  
18. Editar los boletines necesarios que sirvan de información general y científica a todos los colegiados, y también las circulares y las publicaciones de cualquier clase que las Juntas de Gobierno o las Asambleas de colegiados crean convenientes.  
19. Regular las condiciones de contratación y desempeño de sus funciones del personal adscrito al Colegio, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación laboral vigente.  
20. Fomentar los actos de carácter cultural y científico, organizando cursos de formación y perfeccionamiento para sus colegiados. Con esta finalidad podrán ser creadas secciones científicas.  
21. Ejercer, en sustitución del colegiado y previa petición libre y expresa de éste, las acciones legales necesarias para la reclamación y cobro de honorarios.  
22. Actuar como mediador en los conflictos que puedan surgir entre los propios colegiados, y entre estos y sus clientes, y en su caso, constituirse como órgano arbitral con la facultad de dictar Laudos Corporativos y Acuerdos arbitrales, en este último caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente sobre arbitraje y previa petición expresa que contenga compromiso de cumplimiento de las resoluciones arbitrales por parte de los interesados.  
23. Participar en los órganos colegiados de la administración pública de la Generalitat Valenciana que prevean en su composición la presencia de representantes de los Colegios o asociaciones profesionales, en especial en los de la administración sanitaria.  
24. Todas la demás funciones que sean beneficiosas para los intereses profesionales.  
TÍTULO II  
Colegiación y ejercicio de la Profesión  
CAPÍTULO I  
De los colegiados y del ingreso en el Colegio  
Artículo 9. El protésico dental es aquel profesional que inscrito en el Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, ejerce la profesión de protésico dental de acuerdo con lo que dispone la Ley 10/1986, de 17 de marzo, el Real Decreto 1594/1994 de 15 de julio, el Real Decreto 541/1.995 de 7 de abril y el resto de normativa pública reguladora de la actividad profesional.  
Los protésicos dentales tienen plena capacidad y responsabilidad respecto de las prótesis y aparatos dentales que elaboran o suministran y de los centros, instalaciones y laboratorios que dirijan. Esa responsabilidad no se extenderá en cuanto suponga derivaciones achacables a las impresiones y registros buco-dentales o ulterior colocación de las prótesis en el paciente efectuadas por otros profesionales.  
Artículo 10  
1. Tienen la obligación de colegiarse todos los profesionales protésicos dentales titulados o habilitados que ejerzan la profesión, sean trabajadores autónomos o por cuenta ajena, sin distinción de cargo o función.  
2. Para la incorporación al Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia se precisarán las siguientes condiciones:  
a) Estar en posesión del Título de Protésico Dental o habilitado.  
b) Ser mayor de edad.  
c) No estar incluido en causa de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de la profesión. A tal efecto se deberá presentar declaración jurada manifestando si ejerce función o empleo en la administración, aportando en su caso certificación expresiva de que no incurre en dicha incompatibilidad.  
d) Satisfacer las cuotas de ingreso y cumplir los requisitos documentales que se establecen estos estatutos.  
Para la incorporación al Colegio de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia como ejerciente, se precisará además el alta en el I.A.E o adscripción a la plantilla de una empresa desempeñando las funciones propias de la profesión de protésico dental.  
3. En los casos en que se verifique el ejercicio de la actividad profesional sin la preceptiva colegiación, previo requerimiento del cumplimiento del deber de colegiación, la Junta de Gobierno podrá acordar de oficio la misma, con la consiguiente notificación al interesado.  
Si el colegiado no pagase las cuotas que le corresponden, tras seguir el procedimiento previsto en el artículo 68 de estos estatutos quedará suspendido en el disfrute de los derechos colegiales e imposibilitado para el ejercicio de la profesión  
Artículo 11  
1. Sólo podrán ejercer la profesión de protésico dental en el ámbito de las provincias de Castellón y Valencia, aquellos profesionales que estén incorporados al Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia.  
2. Se considerará ejercicio profesional cualquier actividad o trabajo que se realice al amparo del título o habilitación de protésico dental.  
Artículo 12. Los colegiados se clasificarán como ejercientes y no ejercientes.  
Serán colegiados ejercientes los que solicitando su incorporación al Colegio como tales, acrediten el ejercicio de la profesión mediante el alta en Impuesto de Actividades Económicas o adscripción a la plantilla de una empresa desempeñando las funciones propias de la profesión de protésico dental.  
Los colegiados ejercientes vendrán obligados a satisfacer las cuotas ordinarias y extraordinarias que se fijen y gozarán de la plenitud de los derechos establecidos en los presentes estatutos.  
Por su parte tendrán la consideración de colegiados no ejercientes aquellos que reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 10, sin desempeñar la profesión de manera efectiva, quieran permanecer vinculados a la misma a través de su pertenencia al Colegio.  
También tendrán la condición de colegiados no ejercientes aquellos profesionales que por llegar la edad de jubilación no ejerzan la profesión, así como también aquellos a los que haya devenido causa de incapacidad física o mental para el ejercicio de la profesión y aquellos protésicos que por razón de su pase a la administración pública tengan que dejar el ejercicio de la profesión por cuenta propia al ser incompatible con el cargo o empleo público.  
Los colegiados no ejercientes vendrán obligados a satisfacer las cuotas que se determinen, y gozarán de los derechos que se les reconozca en los presentes Estatutos, si bien no podrán ejercitar el derecho de sufragio pasivo.  
En cuanto al derecho de sufragio, los colegiados ejercientes gozarán de voto de calidad frente a los no ejercientes, es decir que su voto tendrá valor doble.  
El derecho de voto se perderá si el colegiado queda suspendido en el disfrute de los derechos colegiales.  
Artículo 13. Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la profesión de protésico dental:  
1º) Los impedimentos físicos o mentales que, por su naturaleza o intensidad, imposibiliten el cumplimiento y el desarrollo de su profesión con garantías de seguridad.  
2º) La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la profesión, en virtud de sentencia o resolución firme.  
3º) Las sanciones disciplinarias que lleven consigo la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión del Colegio de Protésicos dentales correspondiente.  
Todas las incapacidades físicas o mentales desaparecerán cuando cesen las causas que las hubieren motivado. En cuanto a las disciplinarias, desaparecerán, desde el momento en que se hubiera procedido a su rehabilitación.  
CAPÍTULO II  
Derechos y obligaciones de los colegiados  
Artículo 14. Son derechos de los colegiados los siguientes:  
a) Ejercer la profesión de protésico dental haciendo uso del título o habilitación.  
b) Utilizar y acceder a los servicios y medios colegiales en igualdad de condiciones con cualquier otro colegiado.  
c) Participar en la Gestión Corporativa a través de los órganos colegiados, ejercer el sufragio activo y el derecho de acceso a los puestos y cargos directivos en las condiciones y salvedades que prevén estos Estatutos.  
d) Promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas y solicitudes formuladas en los términos estatutarios o de reglamentación interna.  
e) Recibir información sobre la actividad corporativa y profesional.  
f) Recibir la asistencia y defensa del Colegio en cualquier conflicto de origen profesional y la mediación del mismo en conflictos entre colegiados.  
g) A presentar los recursos establecidos en estos estatutos o que legalmente correspondan conforme a las circunstancias previstas.  
h) Aquellos otros que les confieran los presentes Estatutos y cualesquiera otras disposiciones de carácter general que afecten a las Corporaciones Profesionales especialmente de la Comunidad Valenciana.  
Artículo 15. Son obligaciones de los colegiados:  
a) Cumplir y acatar los presentes estatutos y los acuerdos de los órganos de gobierno del Colegio.  
b) Designar un domicilio profesional dentro del ámbito de competencia de éste Colegio, que será su laboratorio principal, si tuviesen más de uno. Los cambios de domicilio serán comunicados en un término no superior a treinta días.  
c) Satisfacer las cuotas colegiales ordinarias y extraordinarias, y las de los servicios que la Junta de Gobierno declare obligatorios, soportando todas las contribuciones económicas de carácter fiscal, corporativo o de cualquier otra índole a la que la profesión se halle sujeta.  
d) Cumplir con el máximo celo y eficiencia los encargos profesionales, y tratar a los clientes y ciudadanos con corrección.  
e) Abstenerse de cualquier práctica que suponga competencia desleal o que ponga en peligro la salud dental del usuario de las prótesis.  
f) Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal, tanto por no colegiación como por hallarse suspendido o inhabilitado el denunciado.  
g) Guardar, respecto a los compañeros de profesión, las obligaciones de respeto que entre ellos deben existir, evitando por tanto las competencias ilícitas y cumpliendo los deberes corporativos.  
Artículo 16. Se perderá la condición de colegiado por alguna de las causas siguientes:  
a) Baja voluntaria, por cese en el ejercicio profesional en el ámbito de las provincias de Castellón y Valencia.  
b) Inhabilitación legal para el ejercicio de la profesión.  
c) Sanción disciplinaria firme de expulsión del Colegio.  
TÍTULO III  
Del funcionamiento del Colegio: órganos de gobierno,   
actuación corporativa, régimen jurídico y administración  
CAPÍTULO I  
Estructura  
Artículo 17. Los órganos de gobierno y representación del Colegio serán los siguientes:  
a) La Junta de Gobierno.  
b) La Asamblea General.  
CAPÍTULO II  
De la Asamblea General  
Artículo 18. La Asamblea General es el órgano supremo de decisión del Colegio en los asuntos propios de su competencia con arreglo a las disposiciones de estos Estatutos. Sus acuerdos válidamente adoptados son obligatorios, salvo en aquellos casos en que se incurra en los defectos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 8.3 de la vigente Ley de Colegios Profesionales.  
La Asamblea se reunirá como mínimo dos veces al año, en el primer trimestre del año y en el último trimestre del mismo año.  
Todos los colegiados forman parte de la Asamblea General y podrán asistir a ella con voz y voto, siendo este último indelegable, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de los presentes Estatutos.  
CAPÍTULO III  
De las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias  
Artículo 19. La Asamblea General Ordinaria tiene las siguientes funciones:  
1. La primera Asamblea General del primer trimestre del año contendrá como mínimo el siguiente orden:  
a) Informe por el Presidente y la Junta de Gobierno de su gestión, con repaso de los acontecimientos más importantes que en relación al Colegio hayan tenido lugar durante el año anterior.  
b) Lectura, discusión, votación y en su caso aprobación de las cuentas generales de ingresos y gastos del año anterior.  
c) Lectura, discusión y votación de aquellos asuntos que la Junta de Gobierno acuerde incluir en la convocatoria.  
d) Ruegos y preguntas.  
e) Toma de posesión en sus cargos de los nuevos miembros elegidos de la Junta de Gobierno, con cese de los anteriores.  
2. La segunda Asamblea General a celebrar en el último trimestre del año tendrá el siguiente orden o contenido mínimo:  
a) Examen y aprobación de los presupuestos del Colegio para el año siguiente.  
b) Elección para cargos vacantes de la Junta de Gobierno cuando proceda y salvo que se hubiera celebrado en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto.  
Aquellos que salieran designados en esta elección ocuparán los cargos durante el tiempo real que les faltase a los sustituidos, sin perjuicio del derecho a ser reelegidos en la renovación ordinaria de los cargos.  
Artículo 20. Con al menos treinta días de antelación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria del primer trimestre del año, los colegiados podrán presentar las solicitudes y proposiciones que quieran someter a la Asamblea, que en todo caso serán incluidas por la Junta de Gobierno en la sección de "Ruegos y preguntas" si están suscritas por un número no inferior al 7% del censo colegial.  
Con independencia de lo anterior, la Junta de Gobierno del Colegio haciéndola suya, podrá incluir cualquier otra proposición formulada dentro de plazo, cualquiera que sea el número de colegiados que la hiciera.  
Artículo 21. La Asamblea General Extraordinaria tiene las siguientes funciones:  
a) Proposición de la aprobación o modificación de los Estatutos del Colegio y de los reglamentos de régimen interior y del régimen y relaciones profesionales.  
b) Autorización a la Junta de Gobierno para adquirir, enajenar o gravar bienes inmuebles del patrimonio corporativo.   
c) Aprobación de cuotas extraordinarias.  
d) Aprobar o censurar la actuación de la Junta de Gobierno o de sus miembros.  
e) Decidir sobre la fusión, absorción, segregación o disolución del Colegio.  
f) Aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración por acuerdo de la Junta o petición de los colegiados.  
Artículo 22. La Asamblea General Extraordinaria se convocará a iniciativa de la Junta de Gobierno o de los colegiados, en este último caso será necesario que la petición de celebración de la misma sea hecha por un diez por ciento de los colegiados.  
Si lo que se pretendiese fuere un voto de censura contra la Junta o alguno de sus miembros, la petición deberá ser suscrita por un veinte por ciento de los colegiados, expresando claramente los motivos en que se funde.  
Cuando la convocatoria sea hecha a petición de los colegiados no se podrá demorar la celebración de la Asamblea más de cuarenta y cinco días desde la presentación de la petición.  
Desde el momento del envío de la convocatoria, toda la documentación y antecedentes de los temas a debatir estarán en la Secretaría a disposición de los colegiados.  
Sólo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea ajena a los fines atribuidos a la Corporación podrá denegarse la celebración de Asamblea General Extraordinaria sin perjuicio de los recursos procedentes.  
Artículo 23. Las Asambleas Generales quedarán constituidas en 1ª convocatoria siempre que asistan al menos el quince por cien de los colegiados.  
En 2ª Convocatoria, que se celebrará en su caso media hora después de anunciada la 1ª Convocatoria, la Asamblea quedará constituida y serán válidos sus acuerdos, cualquiera que sea el número de asistentes.  
No obstante, si el objeto de la Asamblea General Extraordinaria fuera la moción de censura, se requerirá en primera convocatoria la asistencia de la mitad más uno de los colegiados, y en segunda convocatoria de un treinta y cinco por ciento de los colegiados, y para que prospere será necesario el voto de la mitad más uno de todos los asistentes.  
Si el objeto de la Asamblea General Extraordinaria, fuera la adopción o aprobación del acuerdo de segregación, será necesario en primera convocatoria la asistencia del cincuenta por ciento de los colegiados. Si no se alcanzara ese quórum, se celebrará nueva Asamblea Extraordinaria al día siguiente en la que no será necesario ese número de asistencia especial, aprobándose el acuerdo de segregación por el voto favorable de un tercio de los colegiados asistentes.  
Artículo 24. Las convocatorias de las Asambleas Generales se insertarán en el tablón de anuncios del Colegio incluyendo la fecha, hora y lugar de la reunión así como el orden del día e información complementaria que se crea oportuna. Asimismo se enviará a todos los colegiados con una anticipación mínima de 15 días a la fecha de celebración.  
La Asamblea General se convocará por acuerdo de la Junta de Gobierno con expresión de los asuntos concretos que hayan de tratarse en ella.   
El Presidente moderará los debates, concederá y retirará la palabra, y procurará que el debate transcurra según las reglas de la libertad y respeto hacia todas las personas. Dichas facultades del Presidente serán objeto de regulación expresa, mediante reglamento de régimen interior.  
Hasta cinco días antes de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, se podrán presentar enmiendas y alternativas a las propuestas del orden del día, que tendrán que ir firmadas por un mínimo de diez colegiados.  
Artículo 25. Las votaciones como norma general serán ordinarias a mano alzada. Serán secretas cuando se traten asuntos que afecten a la intimidad, el honor y los sentimientos de las personas, cuando el fin de la votación sea la elección de las personas que van a ocupar los cargos de los órganos de Gobierno, o cuando lo soliciten un 10% de los asistentes. Serán nominales cuando lo soliciten un 20% de los asistentes o cuando lo estime el Presidente para un mejor recuento de los votos.  
Los acuerdos se adoptan por mayoría de los asistentes, salvo que se exija un quórum especial, y obligan a todos los colegiados, presentes y ausentes, conforme a lo establecido en el artículo 18 de estos Estatutos.  
CAPÍTULO IV  
De la Junta de Gobierno  
SECCIÓN PRIMERA: Disposiciones Generales  
Artículo 26. 1. La Junta de Gobierno del Colegio ejercerá las funciones corporativas propias con todos los derechos y obligaciones que deriven de la ley, de lo que disponen estos estatutos y los acuerdos emanados de la Asamblea General y queda facultada para adoptar todas las medidas legales y reglamentarias que crea pertinentes para asegurar el cumplimiento de aquellas funciones.  
2. Los miembros de la Junta de Gobierno no podrán delegar las propias atribuciones o competencias. Pero se podrán auxiliar en sus tareas mediante la creación de comisiones formadas por colegiados y presididas por un miembro de la Junta.  
3. Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos de acuerdo con las disposiciones establecidas en estos estatutos.  
SECCIÓN SEGUNDA: Forma de Provisión y causas de cese.  
Artículo 27. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección mediante votación directa y secreta de todos los colegiados. Serán elegidos por un tiempo de 4 años, pudiendo ser reelegidos u optar a otro cargo.  
Si fuera de los años correspondientes se produjera alguna vacante en la Junta de Gobierno, se proveerá por elección en la segunda Asamblea General Ordinaria de más próxima celebración si no se hubiera celebrado en Asamblea General Extraordinaria convocada la efecto, y el elegido desempeñará su cargo por el tiempo que falte hasta la renovación.  
Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:  
a) Expiración del término para el que fueron elegidos.  
b) Renuncia del interesado.  
c) Nombramiento para un cargo de gobierno o de la administración pública, central, autonómica, local o institucional que suponga incompatibilidad.  
d) Condena por Sentencia firme que comporte inhabilitación para cargos públicos.  
e) Sanción disciplinaria firme por falta grave o muy grave.  
f) Pérdida de la condición de elegibilidad de acuerdo con estos Estatutos.  
g) Aprobación de moción de censura, según lo regulado en estos Estatutos.  
Artículo 28. Se entenderá que el interesado renuncia al cargo cuando deje de asistir sin causa justificada a dos sesiones seguidas o tres alternas de la Junta de Gobierno en un mismo año y sin motivos justificados.  
SECCIÓN TERCERA: Del Pleno de la Junta de Gobierno  
Artículo 29. Los miembros de derecho de la Junta de Gobierno serán: El Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero, el Interventor, el ponente de cultura y los vocales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º.  
Cuando el número de puestos vacantes de la Junta supere la mitad de los miembros de derecho, se convocará nuevas elecciones para cubrir las vacantes en el plazo de treinta días de ser efectiva la vacante que suponga la pérdida de quórum.  
Artículo 30  
1. El Pleno de la Junta de Gobierno se tendrá que reunir obligatoriamente una vez al trimestre, y extraordinariamente cuando lo pida al menos un tercio de los miembros, y siempre que las circunstancias lo aconsejen, a juicio de la Comisión Permanente o del Presidente.  
2. Para que el pleno de la Junta de Gobierno pueda tener sesión será necesario que estén presentes, en primera convocatoria, la mitad más uno de los miembros que la forman; si no hay el número suficiente, se reunirá media hora después de la indicada para la primera convocatoria, con las personas presentes exigiéndose en cualquier caso la presencia de un mínimo de tres, en este caso serán válidas sus resoluciones y acuerdos.   
3. Las convocatorias las hará el Secretario, por escrito, con mandato previo de la Presidencia, e indicará la fecha, el lugar de la reunión, la hora de la primera y de la segunda convocatoria y el orden del día. Tendrán que ser enviadas al menos con ocho días de antelación, excepto que, por razones importantes o urgentes, a criterio del Presidente, se acuerde convocarlas con carácter de urgencia, en un término que nunca podrá ser inferior a 24 horas.  
4. En la reunión del Pleno no se podrá tratar de ningún asunto más que los indicados en el orden del día, excepto aquellos que la Presidencia o la totalidad de los miembros del Pleno, considere de verdadero interés. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los asistentes, y en caso de empate decidirá la Presidencia.  
5. La asistencia a las reuniones será obligatoria. La falta no justificada a dos reuniones consecutivas o tres alternas será considerada como renuncia al cargo, equivalente al cese, a todos los efectos.  
CAPÍTULO V  
Facultades de la Junta de Gobierno  
Artículo 31. Son facultades de la Junta de Gobierno:  
a) Prestar colaboración a las autoridades universitarias, académicas o administrativas en general para la mejor ordenación de la enseñanza y para el mayor perfeccionamiento y la defensa eficaz de los intereses buco-sanitarios de Castellón y Valencia.  
b) Imponer a los colegiados las correcciones disciplinarias que establecen éstos estatutos y denunciar, si procede, a las autoridades las conductas que sean constitutivas de delito o signifiquen un peligro para la salud dental.  
c) Inspeccionar, de acuerdo con lo que disponen estos Estatutos, los laboratorios de los colegiados.  
d) Proponer a las autoridades pertinentes la promulgación de normas tendentes al perfeccionamiento del ejercicio de la profesión en beneficio y garantía de la salud pública y realizar los informes legales reglamentarios en orden a la normativa pública que afecte a la profesión e intereses de los colegiados.  
e) Perseguir el intrusismo profesional, en cualquier forma que sea, así como a las personas que faciliten un irregular ejercicio profesional y ejercer con esta finalidad las acciones legales correspondientes.  
f) Confeccionar tarifas recomendadas de honorarios, que servirán de orientación a los colegiados, e informar cuando los Tribunales pidan su dictamen sobre la materia con sujeción a lo dispuesto en las leyes.  
g) Ejercer de mediadora, y cuando proceda, dirimir en procedimiento arbitral, las controversias que se susciten entre los propios colegiados o entre éstos y sus clientes.  
h) Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales. Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio, como también su patrimonio, y otros recursos que les sean atribuidos.  
i) Dictar y aprobar las normas, los reglamentos y los códigos de orden interior de carácter general que se crea conveniente para garantizar y mejorar el correcto funcionamiento de las estructuras y los servicios colegiales. Los reglamentos para su vigencia necesitarán la aprobación de la Asamblea General.  
j) Constituir las secciones y comisiones que se considere necesarias para la gestión o resolución de asuntos concretos, de carácter general, que incumban al Colegio.  
k) Convocar las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de los colegiados, señalando el orden del día para cada una.  
l) Resolver sobre el alta o baja de los profesionales en el Colegio.  
m) Interpretar estos Estatutos y resolver, por analogía de preceptos o de hecho, las situaciones que no aparezcan resueltas de una manera expresa o correcta.  
n) Adoptar los acuerdos que estime procedentes en cuanto a la cantidad que deba satisfacer cada colegiado por derechos de incorporación.  
o) Determinar las cuotas que deben pagar los colegiados, para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.  
p) Acordar, si lo estima necesario, la imposición de cuotas extraordinarias a sus colegiados con aprobación de la Asamblea General.  
q) Convocar elecciones para la provisión de los cargos de la Junta de Gobierno.  
r) Informar a los colegiados de cuantas cuestiones puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural, de las que la Junta de Gobierno tenga noticias.  
s) Proponer el otorgamiento de premios a aquellos miembros de la Corporación que se hayan distinguido por su relevante y meritoria trayectoria profesional o por sus actuaciones en favor y defensa de la profesión, pudiendo proponer a su vez el nombramiento de Colegiados honoríficos para personas que no formando parte del Colegio hayan influido decisivamente en beneficio de la profesión.  
t) Cuantas otras facultades o funciones se deriven de los presentes estatutos.  
CAPÍTULO VI  
SECCIÓN PRIMERA. De la Comisión Permanente  
Artículo 32. Podrá constituirse para el mejor funcionamiento del Colegio una Comisión Permanente que estaría integrada por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero, el Interventor y el Ponente de Cultura.  
Artículo 33  
1. La Comisión Permanente de constituirse, podrá reunirse una vez al mes y cada vez que el Presidente o dos miembros de la Comisión lo consideren conveniente.  
2. A criterio del Presidente, podrán ser citados a las reuniones de la Comisión Permanente otros miembros de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y sin voto.  
3. La reunión será convocada por escrito de la secretaría, con mandato previo de la Presidencia, que fijará el orden del día con una antelación de 24 horas. No será necesaria la convocatoria por escrito cuando asistan a la reunión todos los miembros de la Comisión Permanente; en este caso continuará siendo necesaria la fijación del orden del día.  
4. Los acuerdos serán adoptados en la misma forma que la establecida para el Pleno. Dichos acuerdos no serán ejecutivos y requerirán la posterior aprobación por Junta de Gobierno reunida en Pleno.  
5. Tanto a las sesiones del Pleno como de la Comisión Permanente podrá ser convocado el Asesor Jurídico del Colegio, que tendrá voz pero no voto.  
SECCIÓN SEGUNDA. Facultades de la Comisión Permanente  
Artículo 34. La Comisión Permanente podrá ejercer todas las funciones de trámite y administración ordinaria propias de la Junta de Gobierno y todos los acuerdos que adopte tendrán que ser comunicados y sometidos al Pleno de la Junta de Gobierno en su reunión trimestral para su ratificación.  
No obstante las facultades, cometidos y funciones de la Comisión Permanente serán reguladas mediante reglamento de carácter interno.  
SECCIÓN TERCERA  
Libro de actas  
Artículo 35. De cada reunión que tenga el Pleno de la Junta de Gobierno y la Comisión Permanente se levantará acta, que será transcrita en un libro que existirá con esta finalidad y que será diligenciado debidamente por el Secretario.  
CAPÍTULO VII  
De los cargos de la Junta de Gobierno.  
SECCIÓN PRIMERA  
Del Presidente de la Corporación.  
   
Artículo 36. El Presidente es el representante legal del Colegio, y preside, si una disposición específica no dispone otra cosa, todos los órganos colegiados que se designen en el seno del Colegio. Velará por el cumplimiento de la legislación vigente y de las disposiciones y acuerdos que dicten la Junta de Gobierno, la Asamblea de colegiados y los otros órganos de gobierno, y ejercerá además las funciones siguientes:   
a) Hará cumplir los preceptos de estos Estatutos y los acuerdos que tome la Junta de Gobierno.  
b) Tendrá a todos los efectos, la representación legal del Colegio en todas las relaciones del mismo con los poderes públicos, Entidades, Corporaciones y personalidades de cualquier orden, y podrá firmar y autorizar todos los contratos, convenios, actas, oficios o documentos públicos o privados en los cuales el Colegio sea parte.  
c) Convocará, abrirá, presidirá, dirigirá y levantará las sesiones de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General.  
d) Firmará las actas correspondientes.  
e) Autorizará los libramientos o las órdenes de pago o de ingreso.  
f) Visará todas las certificaciones y los escritos que expida el Secretario del Colegio.  
g) Autorizar el documento que apruebe la Junta de Gobierno como justificante de que el facultativo está incorporado al Colegio.  
Artículo 37. El cargo de Presidente y miembro de la Junta de Gobierno será honorífico y gratuito. Sin embargo, en los presupuestos colegiales figurarán las partidas necesarias para atender los gastos de representación del Colegio.  
SECCIÓN SEGUNDA  
Del Vicepresidente  
Artículo 38. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en casos de ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante, y ejercerá, en todo momento, todas las funciones que le confiera la Presidencia, dentro del orden colegial.  
SECCIÓN TERCERA  
Del Secretario  
Artículo 39. Independientemente de las otras funciones que se derivan de los presentes Estatutos, de las disposiciones vigentes y de las ordenes emanadas de la Presidencia corresponde al Secretario:  
a) Ejercer la fe pública de todos los actos, documentos y antecedentes obrantes en el Colegio, y redactar y firmar las actas de las sesiones de los órganos de gobierno, con expresión de los miembros asistentes y copiando después las mismas en el libro correspondiente.  
b) Formar, organizar y custodiar el archivo de la documentación colegial y el sello del Colegio.  
c) Es el jefe superior del personal y de la administración del Colegio, sin perjuicio de la competencias atribuidas al Presidente, dirigiendo y organizando las oficinas, no obstante las facultades ejecutivas que se puedan encomendar a un gerente.  
d) Redactar y dirigir con la anticipación debida los oficios de citación para todos los actos del Colegio.  
e) Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio, debiendo existir obligatoriamente aquel en el que se anoten las correcciones o sanciones que se impongan a los colegiados, así como el Libro registro de Títulos.  
f) Recibir y dar cuenta al Presidente de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.  
g) Expedir con el visto bueno del Presidente las certificaciones que se soliciten por los interesados, así como el carnet de colegiado.  
h) Llevar un registro actualizado de los colegiados en el que conste la antigüedad y domicilio.  
i) Mantener la adecuada coordinación con los órganos de intervención y tesorería  
SECCIÓN CUARTA. Del interventor de cuentas  
Artículo 40. Son funciones del interventor de cuentas el control interno de las finanzas y cuentas del Colegio, controlará los cobros y pagos e intervendrá todas las operaciones de ingreso y gasto. Juntamente con el Tesorero, formará el proyecto de presupuestos y elaborará las Cuentas Generales para su aprobación en Asamblea General.  
SECCIÓN QUINTA. Del Tesorero  
Artículo 41. El Tesorero realizará las siguientes funciones:  
a) Tendrá a su cargo la custodia y disposición inmediata de los fondos del Colegio, y formará junto con el interventor los presupuestos y cuentas generales.  
b) Informará periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y marcha del presupuesto; y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido.  
c) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias conjuntamente con el Presidente.  
d) El pago de los libramientos que expida el Presidente.  
e) Materializar la recaudación del Colegio.  
f) Llevar inventario minucioso de los bienes del Colegio, de los que será administrador.  
g) Control de la contabilidad y caja.  
h) Cobro de los intereses y rentas del capital del Colegio.  
SECCIÓN SEXTA. Del ponente de cultura  
Artículo 42. El ponente de cultura será el encargado de supervisar y coordinar todos los actos, iniciativas y promociones culturales y científicos del Colegio. Con este fin, se podrá formar una Comisión de Cultura compuesta por todas aquellas secciones científicas o culturales que, a petición de los colegiados y por acuerdo de la Junta de Gobierno, se constituyan.  
SECCIÓN SEPTIMA. De los vocales  
Artículo 43. Los vocales tendrán las funciones que les asigne la Junta o el Presidente, y en general la prestación de su ayuda y colaboración en el desarrollo de las tareas de la Junta y de la Asamblea, dirigiendo si así se acuerda las secciones y comisiones que se creen para el mejor funcionamiento de la Corporación.  
Corresponderá igualmente a los vocales suplir los casos de vacantes, justificados en acreditadas causas de fuerza mayor, de los miembros de la Comisión Permanente, excepto el Presidente y siempre que no se prolongue por más de dos meses.  
CAPÍTULO VIII  
De las Delegaciones  
Artículo 44. Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se podrán constituir las delegaciones territoriales que sean convenientes.  
Las delegaciones territoriales tienen sus facultades delegadas de la Junta de Gobierno y podrán tener un ámbito de actuación que corresponda a una o diversas demarcaciones comarcales. Actuando procedimentalmente, bajo la dirección de la Junta de gobierno y de la Secretaría del Colegio y conforme a lo dispuesto en el preceptivo reglamento de régimen interno.  
Artículo 45. Las Delegaciones tendrán como funciones:  
a) Organizar actividades y servicios de acuerdo con las líneas generales de la actividad colegial.  
b) Administrar los fondos destinados a la delegación.  
c) Velar por los intereses de los profesionales de la demarcación y garantizar los derechos de los ciudadanos que usan sus servicios.  
d) Facilitar los trámites administrativos internos en beneficio de la simplificación e inmediatez de los servicios colegiales.  
e) Llevar el censo de profesionales colegiados que ejerzan en la demarcación.  
f) Aquellas otras que la Junta de Gobierno les delegue.  
Artículo 46. Las Delegaciones estarán administradas por un Delegado y un Secretario.  
La designación de Delegado y Secretario, corresponde a la Junta de Gobierno entre los colegiados residentes en la demarcación que presenten su candidatura avalada por firma de la séptima parte de los residentes ejercientes.  
El Mandato de los Delegados y Secretarios de la Delegación coincidirá en el tiempo con el Presidente del Colegio. También podrán cesar en sus cargos cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno si esta considera que no cumplen sus funciones de forma adecuada, o cuando actúen de forma contraria a las directrices que les han sido marcadas.  
CAPÍTULO IX  
Elecciones a cargos de la Junta de Gobierno  
SECCIÓN PRIMERA: Condiciones para ser elegible  
Artículo 47. Serán condiciones comunes a todos los cargos estar colegiado, hallarse en el ejercicio de la profesión, y estar al corriente de todas las obligaciones corporativas y no encontrarse afectado por prohibición o incapacidad legal o estatutaria.  
No podrán formar parte de la Junta de Gobierno:  
a) Los colegiados que hayan sido condenados por sentencia firme, que comporte inhabilitación o suspensión para cargos públicos.  
b) Los colegiados a los cuales se les haya impuesto sanción disciplinaria en este u otro Colegio. No obstante la decisión sobre si la falta leve del artículo 77.b) de estos Estatutos constituye o no impedimento para el desempeño de cargos directivos corresponde a la propia Junta.  
Aquel que formando parte de la Junta de Gobierno sea afectado por alguna de estas circunstancias perderá de inmediato la condición de miembro de la misma.  
Artículo 48. Además de las condiciones comunes, para cada uno de los cargos, en especial, serán exigidas las siguientes:  
a) Para acceder al cargo de Presidente o Vicepresidente de la Corporación, haber cumplido un mínimo de cinco años de ejercicio profesional.  
b) Para los otros cargos de la Junta de Gobierno con excepción de los vocales: estar colegiado con cinco años de antelación como mínimo.  
c) Para ser vocales de la Junta de Gobierno, un año de colegiación.  
SECCIÓN SEGUNDA: Presentación de candidaturas.  
Artículo 49. Las candidaturas se presentarán en la Secretaría del Colegio con al menos 30 días de antelación a la fecha de la celebración de la elección.  
Ningún colegiado podrá presentarse a más de un cargo.  
Las candidaturas que se presenten y a fin de asegurar la participación de Valencia y Castellón en los cargos de mayor responsabilidad, deberán estar formadas por al menos 3 miembros de la provincia de Valencia y 2 de la provincia de Castellón.  
SECCIÓN TERCERA: Forma de elección.  
Artículo 50. La elección será universal, directa y secreta, mediante votación de los colegiados inscritos en el Colegio.  
SECCIÓN CUARTA: Convocatoria.  
Artículo 51. La Junta de Gobierno acordará la convocatoria de elecciones con una antelación mínima de dos meses al día de celebración. El anuncio de convocatoria se publicará en uno de los diarios de mayor difusión en las provincias de Castellón y Valencia y en el tablón de anuncios del Colegio, en el término de cinco días, a partir de la adopción del acuerdo.  
La Junta deberá comunicar con una antelación mínima de 45 días la convocatoria mediante envío de circular a todos los colegiados y publicarlo en el Boletín del Colegio.  
En la Convocatoria deberán constar los cargos que han de ser objeto de elección y requisitos de antigüedad de los mismos, así como también día y hora de celebración de las elecciones y de cierre de urnas para el comienzo del escrutinio.  
Con 20 días de antelación a la celebración de las elecciones se publicará en el tablón del Colegio las listas con el censo de votantes y en caso de establecerse más de una mesa electoral se hará constar la mesa en la que corresponde votar a cada uno. Contra las citadas listas se podrá presentar recurso de reposición ante la Junta Electoral en el plazo de cinco días desde su publicación.  
SECCIÓN QUINTA. Organización.  
Artículo 52. La Junta Electoral estará formada por tres colegiados, que serán miembros de la Junta de Gobierno que no se presenten a la reelección, y en caso de ser menos de tres los que no se presenten, los que falten serán colegiados designados por sorteo.  
Las mesas electorales tendrán como misión llevar a término todo el proceso electoral y vigilar el cumplimiento exacto de los términos previstos, resolver los recursos que se presenten y firmar actas.  
La presentación de las candidaturas para los cargos de miembro de la Junta de gobierno tendrá que ir apoyada con la firma de al menos treinta colegiados en ejercicio.  
Las mesas electorales se constituirán el día y hora de la fecha de la convocatoria, y estarán compuestas por un presidente, un secretario y un vocal, designados éstos últimos por la Junta de Gobierno una vez realizado sorteo entre los colegiados ejercientes. Cada miembro tendrá dos suplentes, que podrán actuar indistintamente durante el transcurso de la jornada, pero en ningún momento podrá haber menos de dos miembros.  
Ninguno de los componentes de la mesa electoral podrá ser candidato.  
Si el número de colegiados lo aconseja, se podrán establecer mesas electorales en las sedes de las delegaciones territoriales. Su régimen de funcionamiento será el mismo que el de las mesas de la sede central.  
SECCIÓN SEXTA: Candidatos.  
Artículo 53. Los candidatos tendrán que cumplir los requisitos de los artículos 47 y 48 y solicitarán esta condición, por escrito, a la Junta de Gobierno del Colegio. La solicitud tendrá que ser hecha por candidatura conjunta.  
SECCIÓN SEPTIMA: Aprobación de las candidaturas.  
Artículo 54  
1. Dentro de los cinco días siguientes a haber expirado el término para la presentación de candidaturas, la Junta Electoral se reunirá en sesión extraordinaria, y proclamará las listas de las candidaturas que cumplan las condiciones de elegibilidad, considerando electa a la que no tenga oponentes; también levantará acta donde se hagan constar motivadamente si procede, los fundamentos de exclusión de las candidaturas no admitidas. Las listas definitivas se expondrán en el tablón de anuncios del Colegio y se comunicarán a todos los interesados.  
2. Durante el mismo día o al día siguiente de la inserción de las candidaturas en el tablón de anuncios, las que no hayan sido aceptadas podrán presentar recurso de reposición en el término de tres días. La Junta electoral resolverá los recursos en el término de los tres días siguientes; caso de no haber adoptado ningún acuerdo en éste también, el recurso se entenderá desestimado. En caso de resolverlo favorablemente, insertará la nueva candidatura en el tablón de anuncios. La resolución que recaiga agota la vía administrativa y la interposición del recurso no significa la interrupción del proceso electoral, excepto que así lo disponga el Tribunal.  
3. Una vez aprobadas las candidaturas, cada una podrá designar, por escrito, ante la mesa electoral, uno o más interventores. Los interventores tendrán derecho a intervenir en todos los actos electorales, y a presentar las reclamaciones y los recursos que crean pertinentes.  
4. Así mismo se harán publicas las listas del censo electoral.  
SECCIÓN OCTAVA: Procedimiento.  
Artículo 55.   
1. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se hará por votación, donde podrán tomar parte todos los colegiados con derecho a voto. El acto electoral se hará el día indicado en la convocatoria desde las 10 hasta las 18 horas, en presencia de la mesa electoral.  
El voto personal anulará el emitido por correo, siempre que el votante lo manifieste antes de la apertura del sobre.  
A la hora y en el lugar previstos para la elección se instalará una urna, a cargo de la mesa electoral, donde cada votante depositará un papeleta en la cual inscribirá claramente la candidatura que elija. Las papeletas serán de color blanco y del mismo tamaño y, para facilitar la uniformidad, serán facilitadas por el Colegio a su cargo.  
Los votantes deberán acreditar a la mesa electoral su personalidad. La mesa comprobará su inclusión en el censo elaborado para las elecciones, su Presidente pronunciará en alta voz el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras lo cual el propio Presidente introducirá la papeleta doblada en la urna correspondiente.  
Serán nulos todos los votos recaídos en personas que no consten en las candidaturas aprobadas y las papeletas que contengan frases o expresiones diferentes de los nombres y cargos de los candidatos propuestos. También serán nulos los votos emitidos por colegiados que no están capacitados para votar.  
Una vez acabada la votación, se procederá seguidamente a la introducción en las urnas de los votos por correo, previa comprobación de los datos de cada votante. Acabada esta operación, los presidentes de cada mesa declararán el cierre de la votación, e iniciarán el escrutinio de los votos emitidos, leyéndose en voz alta todas las papeletas. Serán declaradas nulas las papeletas que contengan expresiones extrañas en la votación, rayadas o corregidas, o que indiquen personas no candidatas. Del desarrollo de la votación y del resultado del escrutinio se levantará acta seguidamente, que será firmada por todos los miembros de la mesa. Una copia de este acta será insertada en el tablón de anuncios del Colegio y de las Delegaciones.  
Durante los días siguientes, cualquier candidato podrá impugnar, por escrito, todo el acto efectivo o pedir la corrección de errores que se hayan cometido. La Junta Electoral lo resolverá dentro de los dos días siguientes y concederá o denegará lo que haya sido pedido. En el primer caso, si considerase la circunstancia de defectos invalidantes, podrá convocar un nuevo acto electoral, en quince días. En el segundo caso, el candidato impugnante quedará en libertad de hacer uso de los recursos previstos en el Título IV Capítulo V de estos Estatutos.  
Una vez pasados los términos previstos en el apartado anterior, la Junta de Gobierno saliente, con la firma del Presidente y del Secretario, expedirá en quince días los nombramientos correspondientes a la candidatura que haya obtenido mayoría de votos, tomando éstos posesión efectiva de sus cargos en la siguiente Asamblea General Ordinaria del primer trimestre del año..  
Los nombramientos serán comunicados a los Departamentos correspondientes de la Generalitat Valenciana y a las instancias que correspondan.  
2. La Elección de los cargos vacantes en la Asamblea General del último trimestre del año se realizará en el mismo momento en que se trate el punto relativo a la elección, con llamamiento a los asistentes para que depositen su voto en la urna y con escrutinio de los votos inmediatamente posterior.  
La Junta de Gobierno hará de Junta Electoral y mesa electoral, rigiéndose las cuestiones relativas a la convocatoria de elecciones, presentación y aprobación de candidaturas por el sistema general regulado en los artículos anteriores y posteriores al presente.   
En lo no previsto en este apartado también será de aplicación supletoria lo establecido en el apartado anterior.  
SECCIÓN NOVENA: Del voto por correo.  
Artículo 56. Aquellos colegiados que el día de la elección no puedan ir a las urnas podrán votar por correo de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
a) Hasta diez días antes del día de la elección, el interesado se dirigirá personalmente o mediante persona provista de poder notarial a la Secretaría del Colegio y solicitará el certificado de inclusión en el censo electoral y la otra documentación electoral.  
b) En el término de 24 horas, la Secretaría del Colegio enviará por correo certificado a la dirección que designe el colegiado el certificado de inscripción en el censo y las papeletas y sobres convenientes para la votación.  
c) El colegiado introducirá la papeleta de votación en un sobre sin ninguna inscripción, y ese sobre en blanco con la papeleta lo introducirá en otro sobre que firmará por delante. Seguidamente introducirá el sobre firmado que en su interior contiene el otro sobre con la papeleta, el certificado de inclusión en el censo y una fotocopia del D.N.I o del carnet de colegiado, en otro sobre que enviará por correo certificado al Colegio con la siguiente mención: : " Para las elecciones del Colegio Oficial de Protésicos dentales de Castellón y Valencia".  
d) Abierto el sobre exterior, y previo reconocimiento de la firma por el secretario, este custodiará los sobres hasta el momento de la elección, en que los pasará a la mesa electoral, procediendo entonces el presidente a su apertura y a depositar los votos en las urnas.  
Artículo 57. Las mesas electorales admitirán todos los votos por correo que tengan entrada en el Colegio antes del cierre de la votación.  
Artículo 58. Los plazos del procedimiento electoral se computarán por días naturales.  
TÍTULO IV  
Del ejercicio de la Profesión  
CAPÍTULO I  
Código Deontológico  
Artículo 59. Las normas del Código Deontológico que se encuentren vigentes, una vez aprobadas por la Asamblea o por el Consejo General si procede, serán de cumplimiento obligatorio en el ejercicio de la profesión, sin perjuicio de las otras normas contenidas en estos Estatutos, especialmente en este título.  
CAPÍTULO II  
Normas Generales  
Artículo 60. El Profesional colegiado es la única persona autorizada para llevar a término las tareas definidas en Ley 10/1986, de 17 de marzo y el Real Decreto 541/1995 de 7 de abril.  
Artículo 61. El personal auxiliar de laboratorio podrá hacer funciones auxiliares y complementarias a las del protésico.  
Estas funciones auxiliares se harán siempre bajo la dirección del colegiado.  
Artículo 62. El usuario de la prótesis tiene el derecho de conocer y abonar directamente al protésico dental el importe de sus honorarios, sin perjuicio de la relación que pueda tener con el odontólogo o estomatólogo.  
CAPÍTULO III  
De la inspección de los laboratorios  
Artículo 63. La Junta de Gobierno podrá formular inspecciones de los laboratorios a requerimiento de las autoridades judiciales o administrativas que corresponda.  
Artículo 64. El titular del laboratorio será a todos los efectos el responsable de las faltas que se puedan cometer, derivadas del ejercicio profesional o del incumplimiento de las obligaciones establecidas por estos estatutos, sin perjuicio de las responsabilidades directas y personales de sus empleados o de terceras personas.  
CAPÍTULO IV  
Régimen económico  
Artículo 65. El Colegio tiene plena capacidad jurídica en el ámbito económico y patrimonial para el cumplimiento de sus finalidades.  
Las Delegaciones territoriales que se creen administrarán los fondos y partidas que se les asignen.  
Artículo 66. Son recursos económicos ordinarios del Colegio:  
1. Las cuotas de incorporación de los colegiados o de habilitación.  
2. Las cuotas ordinarias de los colegiados.  
3. Los ingresos procedentes de publicaciones, impresos, servicios, certificaciones, arbitrajes, dictámenes o informes, y otras cantidades acreditadas por otros servicios.  
4. Los rendimientos financieros derivados de los caudales ajenos que tengan en depósito o administre.  
5. Los derechos para los servicios de intervención colegial, de los trabajos y contratos profesionales abonados contractualmente por las partes.  
6. Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes y derechos que integran el patrimonio del Colegio.  
Artículo 67. La Junta de gobierno fijará la cuantía de la cuota de incorporación y de las cuotas periódicas y ordinarias de la colegiación y los derechos de utilización de los servicios colegiales.  
La Asamblea General fijará la cuantía y forma de abono de las cuotas extraordinarias que eventualmente se requieran para atender las necesidades del Colegio.  
Artículo 68  
1. El colegiado que no abone la cuota colegial durante más de tres meses alternos o consecutivos, será requerido de pago, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para que formule las alegaciones que estime pertinentes, transcurrido el cual, si no hubiere cumplido su obligación o alegado justa causa, se le recargará un 20% más los intereses legales de demora de las cantidades insatisfechas.  
2. Si el colegiado persistiere en no pagar, con independencia del recargo e intereses y reclamación judicial por el Colegio de las cantidades adeudadas, quedará suspendido en el disfrute de los derechos colegiales previstos en estos Estatutos e imposibilitado para el ejercicio profesional. La suspensión se levantará automáticamente en el momento en que abone sus débitos colegiales.  
La citada suspensión en el disfrute de los derechos colegiales no tiene el carácter de sanción disciplinaria.  
3. A estos efectos se tendrán por válidas las notificaciones efectuadas en el domicilio que figure en el censo colegial y no serán oponibles los cambios de domicilio no notificados formalmente.  
Artículo 69. Los recursos económicos extraordinarios procederán de:  
1. Las cuotas extraordinarias que apruebe la Asamblea General.  
2. Las subvenciones, los donativos o cualquier tipo de ayuda económica que las personas o instituciones públicas o privadas otorguen al Colegio.  
3. Los bienes muebles o inmuebles que por herencia, donación o cualquier otro título pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.  
Artículo 70. El presupuesto se elabora con carácter anual, por años naturales, de acuerdo con los principios de economía y eficacia, e incluirá la totalidad de los ingresos y gastos colegiales.  
Si se produjese la necesidad inaplazable de hacer un gasto no previsto en el presupuesto, la Junta podrá hacer la habilitación necesaria con cargo a transferencia de créditos o ingresos no previstos. Si el gasto no previsto consiste en una inversión en bienes inmuebles o su cuantía excede del cinco por ciento de los recursos ordinarios, el acuerdo tendrá que someterse a ratificación de la Asamblea General en el término de un mes.  
Artículo 71. En el caso que la Asamblea General no aprobase el presupuesto ordinario de un ejercicio, y sin perjuicio de su revisión y ulterior aprobación, el Colegio funcionará provisionalmente con el del año anterior, el cual se entenderá prorrogado a estos efectos.  
Artículo 72. En caso de disolución del Colegio por alguna de las causas comprendidas en las leyes y reglamentos de aplicación, la Junta de Gobierno actuará como Comisión Liquidadora. Los bienes remanentes, si hubiese, se adjudicarán al organismo que lo sustituya o a las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro relacionadas con la salud dental.  
CAPÍTULO V  
Régimen Jurídico  
Artículo 73  
1. Los actos o acuerdos de la Asamblea General agotan la vía administrativa corporativa y, en consecuencia, son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, salvo que corresponda otra vía jurisdiccional conforme a la leyes y a las previsiones de estos estatutos.  
2. Contra los actos, las resoluciones y los acuerdos de la Junta de Gobierno que estén sujetos a Derecho administrativo, se puede recurrir en reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes. La resolución de este recurso agotará la vía corporativa y se podrá acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
A los efectos previstos de este recurso de reposición se entiende que son actos sujetos a Derecho administrativo, en todo caso, los que se efectúan en virtud del ejercicio de funciones administrativas, bien sea por encomienda legal, bien por delegación de las Administraciones públicas, así como los relativos a los procesos electorales y a la potestad disciplinaria y sancionadora.  
Cuando junto con la pretensión de revisión del acto o acuerdo se pretenda del Colegio una indemnización por daños y perjuicios, serán de aplicación los principios de efectividad, evaluación económica e individualización del daño en una persona o grupo de personas, a cuyo efecto, sin perjuicio de que en la tramitación del recurso quepa la apertura de un período de prueba, se acompañarán cuantos documentos o pruebas funden la pretensión.  
En todo caso el tiempo máximo para la resolución del recurso será el de un mes, transcurrido el cual podrá entenderse desestimado.  
3. Cuando los actos o acuerdos de la Junta de Gobierno no sean de los sometidos a Derecho administrativo, el recurso de reposición tendrá el carácter de reclamación previa a las vías jurisdiccionales distintas de la Contencioso-Administrativa.  
4. Cuando la impugnación se fundamente en alguno de los supuestos de manifiesta nulidad previstos en el artículo 8.3 de la Ley 2/1974, reguladora de los Colegios profesionales, podrá tramitarse aún en el supuesto de haber transcurrido el plazo de un mes señalado al efecto del recurso de reposición, pero siendo de aplicación los límites que en este sentido establece el artículo 106 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
5. Igualmente será posible un recurso extraordinario de revisión conforme a las previsiones de la Sección 3ª del Capítulo II del Título VI de la citada Ley 30/1992.  
6. En el caso de resoluciones o decisiones por delegación de las Administraciones públicas será de aplicación las normas del procedimiento legal correspondiente y las de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los recursos en ellas previstos según el rango de la autoridad delegante.  
Artículo 74. Los acuerdos y resoluciones del Colegio, sujetos a Derecho administrativo son inmediatamente ejecutivos, pero de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Junta de Gobierno podrá acordar, a petición del recurrente o de oficio, la suspensión de la ejecución mientras no sea firme el acto impugnado  
En aquellos casos en que se impugnen actos que no sean de los sometidos a Derecho administrativo, ante la reclamación y petición subsiguiente la Junta de Gobierno podrá acordar su suspensión o inejecución por el tiempo de substanciación del recurso o reclamación.  
CAPÍTULO VI  
Del régimen disciplinario  
Artículo 75. En virtud de la Colegiación, los colegiados aceptarán el régimen disciplinario del Colegio destinado a prevenir y corregir las infracciones de los deberes colegiales y de las normas de deontología profesional que se establezcan con carácter general.  
Se harán constar en todo caso en el expediente personal del colegiado las sanciones disciplinarias impuestas.  
Artículo 76. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador regulado en el artículo 84 de los presentes Estatutos, en la que se acuerde la suspensión o expulsión de un colegiado, se adoptará por la Junta de Gobierno, a cuya reunión habrán de acudir al menos 8 de sus miembros, y prestar su conformidad al acuerdo, mediante votación secreta, al menos 6 miembros de los asistentes.  
Artículo 77. Las faltas cometidas se clasifican entre leves, graves y muy graves.  
Artículo 78. Son faltas leves:  
a) No atender los requerimientos del Colegio.  
b) Las incorrecciones de escasa trascendencia en la realización de los trabajos profesionales.  
c) La desconsideración a los compañeros colegiados.  
d) La percepción de honorarios excesivamente inferiores a los mínimos establecidos.  
e) Las actuaciones que signifiquen negligencia profesional y los actos leves de indisciplina colegial y, en general, otros casos de incumplimiento de los deberes profesionales o colegiales como consecuencia de descuido excusable y circunstancial.  
Artículo 79. Son faltas graves:  
a) La acumulación de tres o más faltas leves.  
b) La infracción de normas deontológicas.  
c) La falta de respeto a los componentes de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de su funciones.  
d) Las ofensas graves a otros colegiados.  
e) La emisión de informes o certificados faltando a la verdad o la falsedad en cualquiera de los documentos que hayan de tramitarse mediante el Colegio.  
f) Las actuaciones que signifiquen competencia desleal.  
Artículo 80. Son faltas muy graves:  
a) La reincidencia en la comisión de faltas graves.  
b) Las consideradas como faltas graves siempre que concurran circunstancias de especial malicia o mala fe.  
c) El encubrimiento del intrusismo profesional.  
d) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación como consecuencia del ejercicio de la profesión.  
e) La embriaguez o toxicomanía habitual que afecte gravemente al ejercicio de la profesión.  
Artículo 81. Las faltas leves serán sancionadas con la conminación por escrito o la reprensión privada. Las graves, con la suspensión en el ejercicio profesional, de uno a seis meses. Las muy graves, con la suspensión en el ejercicio profesional entre seis meses y un día hasta tres años. En caso de reincidencia en la comisión de faltas muy graves se podrá acordar la expulsión del Colegio.  
Artículo 82. Las faltas prescribirán al cabo de seis meses de su comisión si son leves, de un año si son graves y de dos años si son muy graves.  
Artículo 83. El sancionado podrá solicitar a la Junta de Gobierno su rehabilitación con la consiguiente cancelación de la nota en su expediente. En relación con esta cancelación, los términos establecidos serán de tres meses si la falta fuese leve, de un año si es grave, de dos años si es muy grave, y si se hubiese determinado la expulsión, de siete años desde la fecha de inicio de cumplimiento de la sanción.  
Artículo 84. La imposición de sanciones a los colegiados es competencia de la Junta de Gobierno, con la instrucción previa de expediente en el que sea oído el colegiado. En caso que el afectado por el expediente disciplinario sea miembro de la Junta de Gobierno, no podrán tomar parte en las deliberaciones ni votar en la Junta.  
Artículo 85. El procedimiento se iniciará de oficio a consecuencia de denuncia o comunicación firmada. La Junta de gobierno al tener conocimiento de una supuesta infracción podrá decidir la instrucción de una información reservada antes de acordar la incoación del expediente o en su caso el archivo de las actuaciones, bien sin imposición por sobreseimiento, o bien por la de algunas de las previstas para corregir faltas leves.  
Decidido el procedimiento, el órgano que acordó su iniciación podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer si existieran elementos de juicio suficientes para ello. No se podrán tomar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables a los interesados o bien que impliquen la violación de derechos amparados por las leyes.  
La Junta de Gobierno, al acordar la incoación de expediente, designará como instructor a uno de entre sus miembros o a otro colegiado. El designado deberá tener mayor antigüedad en el ejercicio profesional que el expedientado o, en su defecto al menos diez años de colegiación.  
El instructor, después de dar audiencia al interesado para que formule las alegaciones que considere oportunas sobre los hechos imputados y proponga las pruebas que desee, procederá a practicar aquellas pruebas que haya considerado oportunas, rechazando las otras razonadamente. Practicadas las pruebas, redactará una propuesta de resolución que notificará al colegiado para que en un término de 10 días naturales después de haber examinado el expediente, formule las alegaciones definitivas. Evacuado este trámite, el instructor redactará la propuesta de resolución definitiva que trasladará a la Junta de Gobierno. Esta dictará acuerdo imponiendo o no la sanción. El colegiado podrá recurrir en la forma establecida en estos Estatutos.  
CAPÍTULO VII  
De la Fusión, absorción, segregación y disolución  
Artículo 86. La unión o fusión de dos o más colegios de la misma profesión o de profesión diferente se podrá hacer de acuerdo con lo que disponen la Ley y el Reglamento y se establezca en los respectivos estatutos.  
El acuerdo de unión, fusión y de absorción llevará implícito el acuerdo de disolución.  
Artículo 87. Una comisión mixta que tendrá el carácter de gestora nombrada por la Juntas de los Colegios afectados, establecerá los términos de la unión, fusión o de la absorción y denominación del nuevo colegio. Elaborará los estatutos por los que se regirá, a excepción del caso de absorción, en el que los estatutos que han de regir serán los del colegio absorbente, sin perjuicio de las modificaciones que la comisión fije. Los acuerdos y los estatutos elaborados por la comisión mixta se someterán a la aprobación de las Asambleas Generales de los respectivos colegios afectados, que se deberán convocar exclusivamente para ello.  
Una certificación del acuerdo se remitirá al departamento de la Presidencia de la Generalitat o aquel en que se delegue.  
La certificación del acuerdo incluirá el texto de los nuevos estatutos aprobados.   
Para la decisión de cualquiera de estas cuestiones será necesaria la asistencia a la Asamblea General Extraordinaria en que se plantee, de dos tercios del censo electoral y deberá de ser aprobado por la mitad más uno de los asistentes.  
Artículo 88. Para constituir un nuevo colegio por segregación que modifique el ámbito territorial, se podrá hacer en la forma y con los siguientes requisitos:  
a) Una comunicación interesando la segregación y el ámbito que afectaría, dirigida al Presidente del propio Colegio, firmada como mínimo por un treinta por ciento de los colegiados residentes en el ámbito territorial del colegio que se proyecta, siendo necesario un número mínimo de cien profesionales colegiados y ejercientes para constituir un nuevo Colegio Territorial.  
b) El acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, que se deberá convocar para su celebración forzosamente en el plazo de un mes desde la indicada comunicación, fijándose como lugar para la celebración de la Asamblea, el territorio del Colegio cuya segregación se pretenda.  
c) Para la aprobación del citado acuerdo habrá que remitirse expresamente al contenido del artículo 23 de los presentes estatutos.  
Artículo 89. El acuerdo a que hace referencia el artículo anterior ha de prever los términos en que se efectuará la segregación, la denominación del Colegio segregado y la que llevará en adelante le Colegio matriz y, asimismo, preverá el nombramiento de su gestora.