Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9713, del 27-10-2023 (2023/10628)

RESOLUCIÓN 27 de septiembre de 2023, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve inscribir los nuevos Estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca, en el Registro de colegios profesionales y consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9713

Fecha DOGV
:   27-10-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2023/10165


Fecha del documento
:   27-09-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia e Interior

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia e Interior

RESOLUCIÓN 27 de septiembre de 2023, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve inscribir los nuevos Estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca, en el Registro de colegios profesionales y consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana. [2023/10208]  
Visto el expediente de solicitud de modificación estatutaria instruido a instancia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca, inscrito con el número 42 de la Sección Primera del Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, en el que se solicita la inscripción de los nuevos Estatutos en dicho registro, atendiendo a los siguientes  
Hechos  
Primero. En fecha 10 de noviembre de 2022 el decano del Colegio presentó la solicitud de inscripción de los nuevos Estatutos de la corporación profesional en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Segundo. Los actuales Estatutos del Colegio fueron inscritos en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana el 8 de enero de 1988, y por Decreto 157/2023, de 12 de septiembre, del Consell, se modifica la denominación del Ilustre Colegio de Abogados de Sueca, por la de Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca (DOGV 9689, 22.09.2023). Dicha modificación fue inscrita en el referido Registro en dicha fecha.  
Tercero. Mediante oficio de 21 de abril de 2023, el Servicio de Colegios Profesionales y Registro de Uniones de Hecho de la Comunitat Valenciana formuló reparos a la documentación remitida y al contenido de la propuesta de modificación de los Estatutos, solicitando que subsanaran las deficiencias.  
Cuarto. El 19 de junio de 2023 el Colegio presentó documentación complementaria que subsanaba los reparos formulados a los Estatutos, y se remitió el texto modificado de los Estatutos.  
Quinto. Consta en el expediente el certificado de la secretaria del Colegio, de fecha 3 de noviembre de 2022, suscrito por el decano en los que se indica que la Junta General extraordinaria de colegiados, celebrada el 7 de junio de 2022, aprobó la modificación de los Estatutos y autorizó al decano del Colegio para realizar ante la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, las gestiones necesarias para su tramitación y publicación.  
Sexto. Consta en el expediente la comunicación al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana, de fecha 12 de junio de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Séptimo. La modificación estatutaria cuya inscripción se solicita se refiere a unos nuevos Estatutos, que quedan redactados según el anexo I de la presente resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero  
Revisada la solicitud de nuevos Estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca, estos contienen las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana.  
  
Segundo  
Los Estatutos han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios Estatutos del Colegio.  
  
Tercero  
Esta dirección general es competente para tramitar y resolver el presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta lo previsto por la disposición final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana; y en virtud de las atribuciones contenidas en el artículo 69 del Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y en el artículo 9.2.h del Decreto 134/2023, de 10 de agosto, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia e Interior.  
Por todo lo anterior, visto el artículo 36 de la Constitución y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; los artículos 11, 25 y 26 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunidad Valenciana; así como los artículos 21 y 74 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de esta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, resuelvo:  
  
Primero  
Inscribir los nuevos Estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca en el Registro de colegios profesionales y de consejos valencianos de colegios profesionales de la Comunitat Valenciana.  
  
Segundo  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
València, 27 de septiembre de 2023.- La directora general de Justicia: Cristina Gil Fabregat.  
  
  
ANEXO I  
  
«ESTATUTO PARA EL RÉGIMEN Y GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE SUECA  
  
INDICE  
PREÁMBULO  
TÍTULO I - DEL COLEGIO  
CAPÍTULO ÚNICO  
Artículo 1. Denominación y naturaleza jurídica  
Artículo 2. Ámbito territorial. Domicilio  
Artículo 3. De los fines  
Artículo 4. De las funciones  
Artículo 5. Tratamiento y emblemas  
Artículo 6. Lengua y Derecho Civil Valenciano  
Artículo 7. Miembros  
Artículo 8. Memoria anual  
Artículo 9. De la ventanilla única  
Artículo 10. De la atención a las personas consumidoras y usuarias  
Artículo 11. De la función social del Colegio  
TÍTULO II - DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN  
CAPÍTULO I - De las condiciones para el ejercicio de la profesión  
Artículo 12. De la obligatoriedad de la colegiación  
Artículo 13. De los requisitos de incorporación  
Artículo 14. De la incorporación de abogadas y abogados procedentes de otros Colegios y Estados no miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo  
Artículo 15. De la aprobación, suspensión y denegación de la incorporación  
Artículo 16. Del juramento o promesa  
Artículo 17. De las causas de incapacidad para el ejercicio de la abogacía  
Artículo 18. De la pérdida de la condición de colegiado y colegiada  
Artículo 19. De la rehabilitación del profesional de la abogacía expulsado  
Artículo 20. De las incompatibilidades  
CAPÍTULO II - De los derechos y obligaciones de las colegiadas y colegiados.  
Artículo 21. Normas que los regulan  
Artículo 22. De los derechos de las colegiadas y colegiados  
Artículo 23. De los deberes de las colegiadas y colegiados  
Artículo 24. Distinciones y honores  
Artículo 25. De la sustitución  
Artículo 26. De la necesidad de identificarse  
CAPÍTULO III - De la manera de organizarse para ejercer la abogacía.  
Artículo 27. De la forma de los despachos  
Artículo 28. Del ejercicio individual de la profesión  
Artículo 29. Del ejercicio colectivo o sociedades profesionales  
Artículo 30. Del régimen de colaboración multidisciplinar  
CAPÍTULO IV - Del ejercicio de la profesión en España por profesionales de la abogacía de otros estados miembros de la Unión Europea o de estados miembros del Espacio Económico Europeo.  
Artículo 31. Del ejercicio en España con título profesional de origen  
Artículo 32. Del derecho de establecimiento y de la incorporación en el Colegio como abogada o abogado inscrito  
Artículo 33. De la necesidad de concierto con profesional de la abogacía española  
Artículo 34. Integración en la profesión  
CAPÍTULO V - De los Honorarios Profesionales  
Artículo 35. De los honorarios profesionales  
Artículo 36. De la intervención del Colegio en la determinación de honorarios  
CAPÍTULO VI - De los turnos de oficio y turnos de asistencia  
Artículo 37. Competencia  
Artículo 38. Funcionamiento  
Artículo 39. Requisitos generales  
CAPÍTULO VII - Del régimen de responsabilidad de las colegiadas y colegiados y de las sociedades profesionales  
Artículo 40. De la responsabilidad civil y penal  
Artículo 41. Normas generales de la responsabilidad disciplinaría  
Artículo 42. Procedimiento disciplinario  
Artículo 43. Infracciones  
Artículo 44. Sanciones  
Artículo 45. De la mediación del decano o decana  
TÍTULO III - DE LOS ÓRGANOS DEL COLEGIO  
CAPÍTULO I - Principios rectores y órganos de gobierno.  
Artículo 46: Principios rectores y órganos de gobierno  
CAPÍTULO II - De la Junta de Gobierno  
SECCIÓN PRIMERA - Composición  
Artículo 47. De la composición de la Junta de Gobierno  
Artículo 48. De la decana o decano  
Artículo 49. De la vicedecana o vicedecano  
Artículo 50. De las diputadas y diputados  
Artículo 51. De la secretaria o secretario  
Artículo 52. De la tesorera o tesorero  
Artículo 53. De la bibliotecaria o bibliotecario  
Artículo 54. De las sustituciones  
SECCIÓN SEGUNDA - FUNCIONES Y FUNCIONAMIENTO  
Artículo 55. De las atribuciones de la Junta de Gobierno  
Artículo 56. Del funcionamiento de la Junta de Gobierno  
Artículo 57. De las Comisiones  
SECCIÓN TERCERA - ELECCIONES  
Artículo 58. Del régimen electoral  
Artículo 59. De la capacidad para ser miembro de la Junta de Gobierno  
Artículo 60. De los requisitos para optar a los cargos  
Artículo 61. De la convocatoria de elecciones  
Artículo 62. De la presentación de candidaturas  
Artículo 63. Del desarrollo de las votaciones  
Artículo 64. De la votación anticipada  
Artículo 65. Del escrutinio y proclamación  
Artículo 66. De la toma de posesión  
Artículo 67. Disposiciones comunes a la elección  
Artículo 68. De la comunicación del resultado  
Artículo 69. De los ceses  
Artículo 70. De la moción de censura  
CAPÍTULO III - DE LA JUNTA GENERAL  
Artículo 71. De la Junta General  
Artículo 72. De la convocatoria a Junta General Ordinaria  
Artículo 73. De las Juntas Generales Extraordinarias  
Artículo 74. Disposiciones comunes a la celebración de las juntas generales  
CAPÍTULO IV - DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO  
Artículo 75. De la modificación del Estatuto  
TÍTULO IV - DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y JURÍDICO DEL COLEGIO  
CAPÍTULO I - Del régimen económico del Colegio  
Artículo 76. De los principios informadores y cuentas anuales  
Artículo 77. De los recursos económicos  
Artículo 78. De la administración  
Artículo 79. Del presupuesto  
Artículo 80. De la contabilidad  
Artículo 81. Del personal laboral del Colegio y de las colaboraciones  
CAPÍTULO II - Del régimen jurídico del Colegio y de la impugnación de los actos colegiales.  
Artículo 82. Del régimen jurídico  
Artículo 83. De la notificación de actos y resoluciones de los órganos de gobierno  
Artículo 84. De las formas y medios de comunicación del Colegio  
Artículo 85. De la ejecutividad y eficacia de los acuerdos  
Artículo 86. Del cómputo de los plazos  
Artículo 87. De los recursos contra los acuerdos de los órganos de gobierno  
CAPÍTULO III - De la fusión, absorción y disolución  
Artículo 88. De la fusión, absorción y disolución  
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
DISPOSICIÓN FINAL  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
  
  
PREÁMBULO  
  
I. El día 17 de agosto de 1841, en el despacho del primer Decano, D. Asensio Blasco, se procedió, por los veintitrés abogados del distrito, a la constitución del Colegio de Abogados de Sueca.  
II. Desde aquel momento hasta hoy, casi dos siglos después, muchas cosas han cambiado en el ejercicio de la profesión, desde la incorporación de las mujeres, cada vez mayores en número, a la apertura y necesaria adaptación a la normativa de la Unión Europea y a las nuevas leyes de Colegios Profesionales y, tras la promulgación del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, que regula nuestra profesión, mediante el RD 135/2021, de 2 de marzo, se hace necesaria y exigible la adaptación del Estatuto propio de este Colegio, con pleno respeto a la normativa de aplicación y a las competencias que la Comunitat Valenciana y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados tienen asumidas según la legislación en vigor.  
Con este nuevo Estatuto se dota al Colegio de una normativa propia adaptada a los tiempos actuales, tal como corresponde a una corporación que actúa en el ámbito del derecho administrativo, recogiendo e incorporando los nuevos modos de relacionarse el Colegio tanto con sus colegiados y colegiadas como con los usuarios y consumidores, a través de la ventanilla única, sin perder de vista los fines y funciones, apostando por una formación continua siempre bajo el presupuesto y lema de la abogacía, que este Colegio ha hecho propio, de la necesidad de contar con una abogacía de excelencia para ofrecer una justicia de calidad. Debemos también destacar la nueva regulación del acceso a la profesión y a los turnos de oficio y asistencia, así como el reconocimiento, por primera vez, de los despachos multidisciplinares.  
Conforme a las distintas modificaciones legislativas liberalizadoras de los Colegios profesionales, se introduce el principio de colegiación única, no se regula el tema de la publicidad, se ha suprimido toda referencia a los baremos colegiales o fijación de normas de honorarios por parte del Colegio. Por el contrario, sí se regula con mayor detalle las infracciones de las normas deontológicas y su sanción.  
III. El nuevo Estatuto se divide y ordena en cuatro Títulos divididos a su vez en Capítulos y una disposición adicional, dos disposiciones finales y una disposición derogatoria, en el que se integran los contenidos mínimos requeridos por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana y el propio Estatuto General de la Abogacía Española.  
IV. El Título I «Del Colegio» recoge los aspectos más básicos y a su vez fundamentales del Colegio tales como su denominación y naturaleza, ámbito, sus fines y funciones, sus miembros, dando especial relevancia a la atención a las personas integrantes del Colegio y a las personas consumidoras y usuarias, regulando el funcionamiento de la ventanilla única, asumiendo un compromiso expreso con la transparencia mediante la publicación de la memoria anual y con la sociedad, a través de la función social.  
En este Título I, dedicado a los aspectos básicos del Colegio, se ha regulado con carácter detallado una materia transversal, como es la cooficialidad del castellano y el valenciano en toda la actividad colegial, de forma que ambas lenguas, a elección de los interesados o interesadas, sean verdaderas y plenas lenguas de comunicación y trabajo.  
Así mismo se ha mantenido el compromiso del Colegio con la recuperación del derecho civil propio valenciano que se perdió con la abolición de «Els Furs» por Felipe V y aunque nuestro Estatuto de Autonomía nos reconoce plenamente la competencia para legislar en esta materia, el Tribunal Constitucional ha limitado y recortado este derecho, dejando al Estatuto sin una pieza clave del autogobierno como es la capacidad de legislar en materia civil.  
V. El Título II se divide en siete Capítulos. El primero de ello regula las condiciones para el ejercicio de la profesión, regulando asuntos tales como los requisitos y formas de colegiación y de ejercicio de la Abogacía, incluidas las sociedades profesionales y multidisciplinares y su Registro, con especial atención a la incorporación de profesionales de la abogacía provenientes de otros estados miembros de la Unión Europea o del espacio económico europeo, las incapacidades e incompatibilidades para dicho ejercicio, la pérdida de la condición de persona colegiada y su reincorporación, así como la rehabilitación de los Abogados o Abogadas expulsados.  
El Capítulo II de este Título regula los derechos y obligaciones de las colegiadas y colegiados tanto en el ejercicio de la profesión como en su relación con el propio Colegio con una remisión genérica a los dispuesto así mismo en el Estatuto General de la Abogacía.  
El Capítulo III aborda la manera de organizarse las colegiadas y colegiados ejercientes para ese ejercicio de la abogacía, reconociendo la posibilidad de ejercer de manera individual, regulando la colaboración, de manera colectiva o mediante sociedades profesionales o en régimen de colaboración multidisciplinar.  
El Capítulo IV se dedica en su integridad al ejercicio de la profesión en España por profesionales de la abogacía de otros estados miembros de la Unión Europea o de estados miembros del Espacio Económico Europeo.  
El Capítulo V regula la necesidad y obligatoriedad de firmar con los clientes una hoja de encargo o presupuesto del trabajo encomendado, así como el contenido mínimo que ese encargo ha de contener y limitando la intervención del Colegio en estos aspectos a los estrictos términos establecidos en la legislación vigente, de manera que el Colegio no tendrá más intervención que la que le requieran los Juzgados y Tribunales, no establecerá ningún baremo ni orientación para la determinación de honorarios profesionales y no atenderá consultas a estos efectos, ni anteriores ni posteriores al encargo profesional.  
El Capítulo VI aborda los turnos de oficio y turnos de asistencia, la competencia en esta materia, el funcionamiento y los requisitos generales exigibles para que los colegiados y colegiadas ejercientes residentes puedan tener acceso a estos turnos. Además del turno de asistencia al detenido y por aplicación de la nueva normativa ya se habla del turno de asistencia a las víctimas del delito.  
Por último, el Capítulo VII regula la responsabilidad de las colegiadas y colegiados y de las sociedades profesionales, completando las infracciones contenidas en el Estatuto General con aquellas conductas específicas que desde el Colegio se considera que han de ser sancionadas en beneficio de la buena praxis y la buena imagen de la abogacía. El procedimiento disciplinario se regula por remisión al reglamento de procedimiento disciplinario del Consejo General de la Abogacía Española y las sanciones por remisión al Estatuto General.  
VI. El Título III «De los órganos de gobierno» está dedicado a los órganos y principios rectores del mismo.  
Su Capítulo I recoge los principios que rigen el Colegio y sus órganos de gobierno, reconociendo como a tales al Decano o Decana, a la Junta de Gobierno y a la Junta General  
En el Capítulo II se habla de la Junta de Gobierno, del Decano y Decana, diputados y diputadas, vicedecana o vicedecano, de la tesorería, de la secretaría y del bibliotecario o bibliotecaria, sus atribuciones, composición de la Junta de Gobierno, fines y funciones, funcionamiento y convocatoria y elecciones.  
El Capítulo III va referido a la Junta General regulando las ordinarias y extraordinarias, número, votación y todos los demás aspectos relativos a sus fines y funcionamiento, reconociendo que es el órgano supremo de la voluntad colegial.  
El Capítulo IV va dirigido específicamente a regular las futuras modificaciones del presente Estatuto.  
VII. El Título IV, Del régimen económico y jurídico del Colegio. El Capítulo I está dedicado al funcionamiento económico del mismo, recogiendo las disposiciones generales de dicho funcionamiento, los recursos económicos del Colegio, su administración, y personal laboral y colaborador.  
El Capítulo II regula la naturaleza dual del Colegio y su sujeción al Derecho Administrativo cuando actúa como corporación de Derecho Público. Se regulan los aspectos procedimentales de dicha actuación, como los plazos, la eficacia de los actos de carácter administrativo, su notificación y los recursos que pueden interponer frente a los mismos aquellas personas que ostenten un interés legítimo, con carácter previo a la revisión jurisdiccional en vía contencioso-administrativa.  
El Capítulo III regula los supuestos de fusión, segregación y liquidación del Colegio. Todos estos acuerdos corresponden al órgano soberano de decisión del Colegio, esto es, a la Junta General Extraordinaria que se convoque a tal efecto, a iniciativa de la Junta de Gobierno o del número de personas integrantes del Colegio que se establece.  
VIII. Por último, se incluye una Disposición Adicional que establece la legislación que completa todo lo no previsto en los presentes Estatutos, una Disposición Final que describe el procedimiento para su aprobación y vigencia y una Disposición Derogatoria que deroga con carácter general cuantas disposiciones anteriores contradigan el presente Estatuto.  
  
TÍTULO I  
Del colegio  
  
CAPÍTULO ÚNICO  
  
Artículo 1. Denominación y naturaleza jurídica  
El Colegio de la Abogacía de Sueca, fundado el 17 de agosto de 1841 como Colegio de Abogados de Sueca, es una Corporación de Derecho Público, amparado por la Ley y reconocido por el Estado y la Comunitat Valenciana, de carácter profesional, al servicio de la justicia y de las personas que lo componen, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines públicos y privados en el ámbito de su competencia.  
Se rige por la Constitución Española, por las disposiciones europeas de aplicación, por las normas básicas de la Ley estatal de Colegios profesionales, por la Ley de Colegios Profesionales de la Generalitat Valenciana, por el presente Estatuto, y por el Estatuto General de la Abogacía y el Estatuto del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana y por cualesquiera otras normas de orden interno que el Colegio pueda aprobar en el ejercicio de sus competencias y atribuciones, así como por los otros reglamentos y acuerdos aprobados por los diferentes órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas competencias.  
Su estructura interna y funcionamiento tendrá que ser democrático, fomentando los principios de igualdad, participación, asociación y libertad de expresión de sus miembros, entre otros.  
El acceso y ejercicio a la profesión de sus miembros se rigen por los principios de igualdad de trato y no discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en los términos previstos en la legislación vigente.  
  
Artículo 2. Ámbito territorial. Domicilio  
El Colegio tiene su sede en Sueca, Plaza del Convento, número 5, pudiendo ser trasladada, por acuerdo de la Junta de Gobierno y posterior aprobación de la Asamblea General, a otro lugar dentro de la misma ciudad.  
Su ámbito territorial se extiende al actual partido judicial de Sueca, sobre el cual tiene competencia exclusiva y excluyente.  
La modificación de las demarcaciones judiciales no afectará el ámbito territorial del Colegio de la Abogacía de Sueca, que tendrá competencia en las nuevas que puedan crearse en su territorio.  
En el supuesto de alteración del partido por modificación de la planta judicial, el territorio del Colegio estará constituido, en todo caso, por los municipios que actualmente lo integran.  
En caso de creación de órganos judiciales en el ámbito del partido judicial de Sueca que comprendan territorios de diferentes Colegios, tendrá el Colegio de Sueca la competencia para la designación de letrados y letradas del turno de oficio que tengan que actuar en su ámbito, con independencia de la procedencia de la denuncia y/o atestado.  
  
Artículo 3. De los fines  
Son fines esenciales del Colegio en su ámbito territorial:  
1. La ordenación del ejercicio de la profesión de la abogacía, como profesión libre e independiente que, con base en la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas y por medio de su actividad de asesoramiento y consejo, asegura la efectividad del derecho fundamental de defensa y asistencia letrada y se constituye en garantía de los derechos y libertades de las personas, de la concordia y de la Justicia.  
2. La representación institucional exclusiva de la profesión de la abogacía, especialmente en sus relaciones con la Administración.  
3. La contribución a la garantía del derecho constitucional de defensa y acceso a la justicia mediante la organización y prestación de la asistencia jurídica gratuita y defensa de oficio.  
4. La defensa de los derechos e intereses profesionales de las personas colegiadas, estimulando los sentimientos de solidaridad y hermandad dentro de la abogacía.  
5. La intervención en el proceso de acceso a la profesión de los abogados y abogadas.  
6. Promover la constante mejora de la calidad de las prestaciones profesionales de las personas colegiadas mediante la formación profesional permanente y especializada.  
7. Velar por la ética profesional de las personas colegiadas y porque la profesión se ejerza con dignidad, libertad e independencia y responda a los intereses y las necesidades de la sociedad actual, respetando y garantizando los derechos de los ciudadanos y de los profesionales mediante el control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario.  
8. La protección de los intereses de los consumidores y usuarios y de los clientes de los servicios de quienes ejercen la profesión.  
9. La defensa del Estado Social y Democrático de Derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los Derechos Humanos.  
10. La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia.  
11. Y los otros que contemple el Estatuto General de la Abogacía Española y la normativa estatal y autonómica de aplicación.  
  
Artículo 4. De las funciones  
Sus funciones, en su ámbito territorial, son las establecidas por el presente Estatuto, por las leyes estatales, el Estatuto General de la Abogacía, la Ley Reguladora de los Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana y, en lo que le afecte, por el Estatuto del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.  
Sin perjuicio de otras que pudieran corresponderle, se consideran funciones públicas esenciales las siguientes:  
1. Representar y defender a la profesión ante la Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en todos los litigios y causas que afecten los derechos e intereses profesionales y los fines de la Abogacía; ejercitar las acciones de todo tipo que sean procedentes, así como utilizar el derecho de petición conforme a la Ley.  
2. Elaborar su Estatuto particular y sus modificaciones, redactar y aprobar su propio reglamento de régimen interior y otros acuerdos para el desarrollo de sus competencias.  
3. Colaborar con el Poder Judicial y los otros poderes públicos mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines, cuando los sean solicitada o lo acuerdan por propia iniciativa.  
4. Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y todos aquellos otros de asistencia y orientación jurídica que se puedan crear, especialmente en beneficio de los sectores sociales más desfavorecidos o necesitados.  
5. Garantizar que el ejercicio de la abogacía se adecue a la normativa vigente, a la deontología profesional y a buenas prácticas y que se respetan los derechos e intereses de las personas destinatarias.  
6. Ordenar en el ámbito de su competencia el ejercicio de la abogacía, velando por la formación de las personas colegiadas, por el cumplimiento por estas de sus deberes y obligaciones y, particularmente, por el respecto a las normas éticas y jurídicas que regulan el ejercicio de la profesión, por la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares.  
7. Velar y garantizar la eficacia y correcto ejercicio del derecho constitucional de defensa y ejercitar cuantas acciones redunden en la protección de este derecho, removiendo los obstáculos que dificultan la intervención libre e independiente del profesional de la abogacía. En consecuencia, el Colegio amparará a sus colegiadas y colegiados ejercientes cuando sean inquietados, perturbados o presionados en el ejercicio de su función, asegurando que el profesional de la abogacía se guíe exclusivamente por criterios técnicos y profesionales para la mejor defensa de su cliente y en garantía de su derecho constitucional de defensa y de la realización de la justicia.  
8. Ejercer el control deontológico y la potestad disciplinaria en la orden profesional y colegial.  
9. Organizar cursos para el perfeccionamiento profesional.  
10. Organizar y promover actividades y servicios comunes de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, recreativo, de previsión y cualesquiera otros que redunden en favor de sus colegiados/as.  
11. Procurar la armonía y colaboración entre las personas colegiadas impidiendo la competencia desleal entre ellas.  
12. Adoptar las medidas que permiten evitar y perseguir el intrusismo profesional.  
13. Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los profesionales de la abogacía o entre estos y sus clientes.  
14. Ejercer funciones de arbitraje en los asuntos que le sean sometidos, así como promover o participar en instituciones de arbitraje y de mediación.  
15. Informar y dictaminar sobre honorarios profesionales, a instancia de la autoridad judicial correspondiente o previo sometimiento de las partes interesadas, pudiendo incluso emitir informes periciales, en los procesos judiciales en los cuales se discutan cuestiones relativas a honorarios profesionales.  
16. Elaborar y aprobar sus presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones presupuestarias y establecer y exigir las aportaciones económicas de las colegiadas y colegiados.  
  
17. Cumplir y hacer cumplir a los profesionales de la abogacía, en todo aquello que afecta a la profesión, las disposiciones legales y estatutarias, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia que sea de su competencia.  
18. Velar porque toda persona tenga acceso a la obtención de asesoramiento jurídico y disponga de la asistencia de un profesional de la abogacía para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, incluso auxiliándole para que designe un profesional de la Abogacía de su elección o de oficio, con o sin reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita.  
19. Crear, de manera individual o con otras personas físicas o jurídicas, sociedades, asociaciones, fundaciones o cualquier entidad o figura jurídica admitida en derecho, que tenga por objeto la prestación de servicios de interés general para la abogacía, o que desarrollen actividades en beneficio de las personas colegiadas o de la profesión, así como participar en entidades ya existentes con estas finalidades.  
20. Velar por el propio patrimonio mobiliario e inmobiliario.  
21. Velar por el buen funcionamiento de la justicia y fomentar el perfeccionamiento de la legislación y el desarrollo de la cultura jurídica.  
22. Velar por el cumplimiento de los deberes que impone el Estatuto General de la Abogacía y el resto del ordenamiento jurídico y, en especial, incorporar las tecnologías precisas para garantizar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas.  
23. Todas aquellas otras funciones que redunden en beneficio de los intereses de la profesión, de las colegiadas y de los colegiados y el resto de fines de la Abogacía.  
  
Artículo 5. Tratamiento y emblemas  
El Colegio de la Abogacía de Sueca tendrá el tradicional tratamiento de Ilustre y su Decano o Decana el de Excelentísimo Señor o Excelentísima Señora y los miembros de la Junta de Gobierno el de Ilustrísimo Señor o Ilustrísima Señora.  
Su emblema está constituido por el escudo de la ciudad de Sueca rodeado de ramas de olivo y hojas de laurel y con una filacteria que recorre ambos lados del escudo y su base con la leyenda «Colegio de la Abogacía de Sueca».  
El Colegio podrá usar una marca o distintivo diferente al escudo para sus comunicaciones y actos.  
  
Artículo 6. Lengua y Derecho Civil Valenciano  
Son lenguas oficiales del Colegio de la Abogacía de Sueca el valenciano y el castellano.  
Las colegiadas y colegiados tienen derecho a utilizar ambas lenguas en todos los actos y comunicaciones de carácter colegial, generales y particulares. Sin perjuicio de esto y con pleno respecto a los derechos de sus miembros, el Colegio de la Abogacía de Sueca procurará utilizar en sus actuaciones preferentemente el valenciano.  
Toda persona colegiada y toda la ciudadanía en general tiene el derecho a dirigirse al Colegio en la lengua oficial de su elección, y al hecho que el Colegio se dirija a ella en esa misma lengua, en la forma verbal o escrita que corresponda.  
Las peticiones, quejas, sugerencias, expedientes y otros procedimientos se tramitarán en la lengua oficial que se elija en la solicitud. Si hay más de una persona interesada y optan por lenguas oficiales diferentes, el procedimiento se tramitará en ambas lenguas, y las notificaciones que se remitan a cada parte, así como los documentos o testimonios que requieran, se los expedirán en la lengua elegida en cada caso.  
Los documentos que se presenten en cualquiera de las dos lenguas oficiales disfrutarán de plena validez jurídica a los efectos que correspondan en cada procedimiento.  
El Colegio de Abogados de Sueca, continuando la vía iniciada con la aprobación del «Manifiesto por el Derecho Civil Valenciano», en 22 de mayo de 1992, se declara comprometido en la plena recuperación y actualización del histórico Derecho civil valenciano, por lo cual promoverá y apoyará cualesquiera iniciativas que vayan dirigidas a la obtención de este objetivo.  
  
Artículo 7. Miembros  
El Colegio de Abogados de Sueca se integra, sin ninguna limitación, por aquellas personas que, reuniendo las condiciones de aptitud y no estando incursos en ningún tipo de impedimentos, y previo cumplimiento de los requisitos, hayan sido admitidas.  
Los integrantes del Colegio pueden pertenecer a alguna de las siguientes categorías:  
a) Colegiadas y colegiados ejercientes, es decir, los ya incorporados como tales y quienes estando en posesión del título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión y poseyendo los requisitos exigidos por la legislación vigente y el presente estatuto, se incorporan al Colegio en calidad de ejercientes para dedicarse profesionalmente al asesoramiento jurídico, a la solución de disputas y a la defensa jurídica de los derechos e intereses ajenos, tanto públicos como privados, en la vía extrajudicial, judicial o arbitral.  
b) Colegiadas y colegiados inscritos, constituida por aquellos profesionales de la abogacía que, de conformidad con la legislación europea y nacional, pueden ejercer en España con el título de su país de origen.  
c) Colegiadas y colegiados no ejercientes: Los que ya están inscritos como tales y los que, reuniendo los requisitos legales para su incorporación, no se proponen ejercer la profesión, sino disfrutar de los otros derechos, ajenos al ejercicio profesional pero inherentes a la condición de colegiadas y colegiados, reconocidos en este Estatuto y otras disposiciones aplicables.  
d) Colegiadas y colegiados de honor: integrada por aquellas personas que sean merecedores de esta distinción por sus méritos o servicios relevantes prestados a la Abogacía o al Colegio de la Abogacía de Sueca.  
  
Artículo 8. Memoria Anual  
El Colegio está sujeto al principio de transparencia en su gestión, para lo cual, elaborará una Memoria Anual que contenga la información siguiente:  
a) Informe de la gestión económica.  
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.  
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan conseguido firmeza, con indicación de la infracción a la cual se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, con observancia, en todo caso, de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.  
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, si procede, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, con observancia, en todo caso, de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.  
e) Los cambios en el contenido del Código Deontológico, si hubiera.  
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentran los miembros de la Junta de Gobierno.  
La Memoria Anual aprobada tendrá que hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año.  
  
Artículo 9. De la ventanilla única  
1. El Colegio habilitará, a través de su portal electrónico, una ventanilla única a fin de que sus colegiados y colegiadas puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un punto único, por vía electrónica y a distancia.  
El Colegio hará lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, sus colegiadas y colegiados puedan, sin sobrecoste:  
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.  
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.  
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los cuales tenga consideración de interesado o interesada y, en su caso, recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando fuera procedente.  
d) Convocar a las personas integrantes del Colegio a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.  
e) Publicar la situación de habilitación profesional de sus colegiados y colegiadas, incluyendo la información relativa a las sanciones disciplinarias no canceladas. Esta publicación se hará con estricto cumplimiento de la normativa sobre protección de datos.  
2. A través de la ventanilla única regulada en los presentes Estatutos, para la mejor defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, el Colegio ofrecerá la siguiente información, que tendrá que ser clara, inequívoca y gratuita:  
a) El acceso al registro de las colegiadas y colegiados ejercientes, que estará permanentemente actualizado y en el cual constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos, número de colegiación, títulos oficiales de los cuales estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.  
b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, o legislación que la sustituya.  
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre la persona consumidora o usuaria y la colegiada o el propio Colegio.  
d) Enlace a la página web de la Administración competente en materia de consumidores y usuarios.  
  
Artículo 10. De la atención a las personas consumidoras y usuarias  
1. El Colegio tendrá que atender las quejas o reclamaciones presentadas.  
2. Así mismo, dispondrá de un servicio de atención a las personas consumidoras o usuarias, que necesariamente tramitará y resolverá cuántas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de sus miembros se presenten por ellas, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.  
3. El Colegio, a través del servicio de atención resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiéndola a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.  
La tramitación del procedimiento de resolución de quejas y reclamaciones será regulada por la Junta de Gobierno.  
4. La presentación de quejas y reclamaciones se podrá hacer de manera presencial, por vía electrónica y por correo.  
  
Artículo 11. De la función social del Colegio  
1. El Colegio tendrá especialmente en cuenta su responsabilidad en la sociedad en que se integra. Por eso podrá promover, organizar y ejecutar programas de acción social en beneficio de los sectores más desfavorecidos, así como para la promoción y difusión de los derechos fundamentales, los valores democráticos de convivencia o la cooperación internacional.  
2. Sin perjuicio de las competencias derivadas de la legislación sobre asistencia jurídica en materia de servicios de orientación jurídica, el Colegio podrá organizar y prestar servicios gratuitos, con o sin financiación externa pública o privada, dedicados a asesorar a quienes no tengan acceso a otros servicios de asesoramiento gratuitos y se encuentran en situaciones de necesidad, desventaja o riesgo de exclusión social.  
  
  
TÍTULO II  
Del ejercicio de la profesión  
  
CAPÍTULO I  
De las condiciones para el ejercicio de la profesión  
  
Artículo 12. De la obligatoriedad de la colegiación  
Para poder ejercer la abogacía es obligatorio estar colegiada o colegiado según lo que dispone el artículo 3, apartado 2, de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales o disposición que la disposición básica que la sustituya. Corresponde en exclusiva la denominación de abogada y abogado a quienes se encuentren incorporados a un colegio de la abogacía como ejercientes  
La colegiación en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca habilita para poder ejercer la abogacía en todo el territorio del Estado y también ante los órganos jurisdiccionales internacionales o supranacionales cuando sus normas reguladoras lo permitan.  
Para el ejercicio de la Abogacía, con domicilio profesional único o principal en el ámbito territorial del Colegio, es obligatorio estar incorporado al Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca.  
Las personas colegiadas ejercientes pertenecientes a otros Colegios, durante su actuación en el ámbito del Colegio de la Abogacía de Sueca, quedarán sujetas a la disciplina y normas deontológicas y disciplinarias de este Colegio, conforme al artículo 3.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales; podrán utilizar los servicios colegiales y disfrutarán del amparo del Colegio, que protegerá su libertad e independencia.  
  
Artículo 13. De los requisitos de incorporación  
1. La persona que desee colegiarse en el Colegio de la Abogacía de Sueca como profesional de la abogacía, es decir, como abogada o abogado ejerciente, tendrá que cumplir los siguientes requisitos:  
a) Ser mayor de edad y tener nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de terceros países, teniendo en cuenta lo dispuesto en tratados o convenios internacionales y del cumplimiento de los requisitos recogidos en la normativa sobre extranjería respecto del derecho de los extranjeros para establecerse y acceder al ejercicio profesional en España.  
b) Poseer el título oficial que habilite para el ejercicio de la profesión, que se acreditará mediante la aportación del título universitario oficial de licenciatura o grado en derecho y el certificado de haber superado el curso de formación especializada y la prueba de evaluación final acreditativa de la capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía y la procura, en los términos establecidos en el RD 64/2023, de 8 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de la abogacía y la procura, así como de los demás requisitos que sean exigibles conforme a la normativa que en cada momento resulte de aplicación, salvo las excepciones establecidas en normas con rango de Ley. La acreditación de la titulación habilitante de los nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se ajustará a los requisitos de homologación que se establezcan en la Ley.  
c) Acreditar el conocimiento de la lengua castellana y/o valenciana, por cualquier medio válido en derecho, excepto cuando resulte de manera fehaciente del cumplimiento del requisito anterior.  
d) Satisfacer la cuota de incorporación, que no podrá superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción, así como las cuotas de incorporación que establezcan el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española, en su caso, y facilitar una cuenta bancaria en la cual se domiciliarán las cuotas y obligaciones colegiales.  
e) Carecer de antecedentes penales por delitos que llevan aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía.  
f) No haber sido condenada por intrusismo en el ejercicio de la abogacía en los tres años anteriores mediante resolución firme, salvo que se hubieron cancelado los antecedentes penales derivados de esta condena.  
  
g) No haber sido sancionada disciplinariamente con la expulsión de un Colegio de la Abogacía o, en caso de haber sufrido tal sanción, haber sido rehabilitado, lo cual se acreditará por medio de certificado expedido por el Consejo General de la Abogacía Española.  
h) No estar incurso en causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la Abogacía, lo cual se acreditará por medio de certificado expedido por el Consejo General de la Abogacía Española.  
i) Formalizar el alta en el régimen de Seguridad Social que corresponda o, en su caso, el ingreso en una entidad o mutua de previsión social alternativa a este régimen, en conformidad con la legislación vigente.  
j) Facilitar en el Colegio una dirección física y otra electrónica a efectos de comunicaciones.  
2. La solicitud se realizará mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno al cual se acompañará la documentación acreditativa del cumplimiento de todos los requisitos para la colegiación. Esta solicitud podrá tramitarse por vía telemática a través de la ventanilla única.  
3. La colegiación como residente exige tener en su ámbito territorial despacho único o principal y no estar incorporado en ningún otro Colegio con tal carácter, sin perjuicio del traslado, que exigirá la baja como residente en el Colegio de origen, para causar alta en este Colegio de la Abogacía de Sueca.  
Se presumirá como domicilio profesional principal el del lugar, en territorio español, donde se encuentre el despacho en el cual el abogado o abogada ejerza con mayor habitualidad la profesión, respecto de otras sedes, oficinas o ubicaciones donde pueda actuar profesionalmente o, en su defecto, el del lugar en el cual esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de su actividad profesional. A falta de despacho profesional en territorio español, se presumirá como domicilio profesional el del domicilio personal en España.  
4. Para incorporarse como colegiado/a no ejerciente tendrán que cumplirse los requisitos establecidos en el apartado 1, a excepción del regulado en el extremo i).  
  
Artículo 14. Incorporación de abogadas y abogados procedentes otros Colegios y Estados fuera del ámbito de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo  
1. Podrán incorporarse como no residentes al Colegio los procedentes de otros Colegios de España.  
Para colegiarse como no residente, la persona solicitante tendrá que acreditar que figura como abogada o abogado ejerciente en el Colegio de su domicilio profesional único o principal, mediante certificado emitido por este; deberá igualmente aportar certificado del Consejo General de la Abogacía Española con el contenido contemplado en las letras g) y h) del apartado primero del artículo anterior, acreditar los requisitos de los extremos contemplados en las letras d) i) y j) del apartado primero del artículo anterior y facilitar una dirección física y otra electrónica a efectos de comunicaciones.  
2. Se estará a lo que se disponga en la normativa en vigor y convenios internacionales para la colegiación y ejercicio de la profesión por los abogados y abogadas procedentes de otros Estados fuera del ámbito la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, a los que, en todo caso, les serán exigibles los requisitos previstos en el artículo anterior.  
  
Artículo 15. Aprobación, suspensión y/o denegación de la incorporación  
1. Las solicitudes de incorporación serán aprobadas, suspendidas o denegadas, previa la tramitación que proceda, por la Junta de Gobierno mediante resolución motivada.  
2. La resolución de la Junta de Gobierno tendrá que pronunciarse dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud. Serán admitidas todas aquellas personas solicitantes que reúnan los requisitos establecidos para colegiarse.  
3. Por la colegiación se entiende concedida en el Colegio la autorización para comunicar los datos de carácter profesional que, según el parecer de la Junta de Gobierno, tengan tal carácter, incluirlos en las guías colegiales y cederlos a terceros para el cumplimiento de las funciones colegiales, todo esto conforme a lo que se prevé en la legislación sobre protección de datos de carácter personal, con las limitaciones que esta establece.  
4. En el momento de la incorporación se asignará un número de colegiada o colegiado, expidiendo el Colegio la acreditación de tal condición.  
5. La tramitación de la solicitud de incorporación o reincorporación podrá ser suspendida en los siguientes supuestos:  
a) Cuando el interesado o interesada no acompañe la documentación necesaria y hasta que la aporte.  
b) Por existir dudas respecto de la legalidad o certeza de los documentos aportados y mientras no se disponga de las compulsas o legalizaciones oportunas.  
Junto a la notificación de la suspensión de la solicitud se le concederá un plazo de 15 días de subsanación o aportación de documentación, con apercibimiento de denegación.  
6. Se denegarán las solicitudes de incorporación siempre que quien pide la incorporación se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:  
a) No cumplir los requisitos de incorporación fijados en estos Estatutos y los complementarios que, en su caso, apruebe la Junta de Gobierno.  
b) Cuando hubiera incurrido en una conducta, que en el supuesto de estar incorporado constituiría falta grave o muy grave que comportara la expulsión o suspensión del ejercicio profesional, y así estuviera declarado por resolución firme, a excepción que conforme al presente estatuto pudiera caber la rehabilitación.  
c) No haber subsanado ni aportado la documentación requerida conforme a lo indicado en el apartado anterior  
La resolución que acuerde la denegación exigirá la previa audiencia, por plazo de diez días, de la persona solicitante.  
La denegación de incorporación como ejerciente adoptada por este Colegio impedirá la incorporación de la persona solicitante cuando se trate de causa insubsanable o que no haya sido debidamente enmendada y será comunicada al Consejo General de la Abogacía Española.  
Contra la citada denegación podrá interponerse recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del presente Estatuto.  
  
Artículo 16. Del juramento o promesa  
La incorporación a la profesión por primera vez será solemne, exigirá el juramento o promesa de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y de cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respecto a la parte contraria y guardando el secreto profesional.  
El juramento o promesa será prestado solemnemente ante el Decano o Decana del Colegio de la Abogacía de Sueca o ante el miembro de la Junta de Gobierno en quien se delegue con las formas y protocolo que se establezcan por la Junta.  
En todo caso, se tendrá que dejar constancia del juramento o promesa en el expediente personal de la persona colegiada.  
La Junta de Gobierno podrá acordar la celebración periódica de actos solemnes, con las formas y protocolo que la propia Junta establezca, para la ratificación pública de este juramento o promesa y que se ajustará a las siguientes formalidades: El acto de jura o promesa será togado y ante la Junta de Gobierno, presidida por su Decano o Decana. El profesional que se incorpore tendrá que ser apadrinado por un compañero o una compañera que en el acto de la ratificación pública de la jura o promesa lo presentará a la Junta de Gobierno. En el supuesto de que el nuevo/a colegiado/a no disponga de padrino o madrina será apadrinado por un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio.  
  
Artículo 17. De las causas de incapacidad para el ejercicio de la abogacía  
Son circunstancias determinantes de la incapacidad para el ejercicio de la Abogacía:  
a) Los impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, no permiten el cumplimiento de la misión de defensa y asesoramiento que a las personas ejercientes se encomienda.  
b) La inhabilitación o suspensión en virtud de sentencia o resolución corporativa firme.  
c) Las sanciones disciplinarias firmes que llevan aparejada la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de cualquier Colegio de la Abogacía del Estado, que tendrá eficacia en todo el territorio nacional.  
d) En general, la pérdida de alguno de los requisitos de ejercicio establecidos en el artículo 13 y, en este caso, la persona colegiada lo notificará en el plazo de quince días, sin perjuicio que tenga que cesar en el ejercicio de sus funciones propias inmediatamente de producirse el hecho impeditivo, y sin que la falta de notificación sea obstáculo para la actuación del Colegio en caso de que tenga noticia de la concurrencia de la causa de incapacidad por cualquier otro medio.  
La incapacidad, por cualquiera de las causas anteriores, supondrá el pase automático de profesional ejerciente a la condición de no ejerciente y desaparecerá cuando cese la causa que la hubiera motivado.  
En el caso de haber sido objeto de expulsión por sanción disciplinaria la incapacidad no desaparecerá en tanto no medie rehabilitación del abogado o la abogada en los términos previstos en el presente Estatuto.  
  
Artículo 18. De la pérdida de la condición de colegiado y colegiada  
La condición de colegiado y colegiada se perderá:  
a) Por defunción  
b) Por baja voluntaria  
c) Por dejar de satisfacer una cuota anual ordinaria o cualquier cuota extraordinaria acordada, así como por impago de cualquier otra carga colegial obligatoria.  
d) Por condena firme que comporte la pena principal o accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.  
e) Por sanción firme de expulsión del Colegio, acordada en expediente disciplinario.  
La pérdida de la condición de colegiado o colegiada por las causas previstas en los apartados anteriores c) d) y e) será acordada por la Junta de Gobierno del Colegio en resolución motivada y, una vez firme, será inmediatamente comunicada al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.  
En el caso del apartado c se podrá rehabilitar al profesional de la abogacía en sus derechos siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
Se abrirá expediente mediante decreto en el cual constará el acuerdo de la junta de gobierno sobre la pérdida de la condición de colegiada o colegiado y se concederá a la persona interesada un plazo de quince días para que formule alegaciones sobre la posible rehabilitación de su condición de colegiada o colegiado. Será requisito indispensable que junto con las alegaciones se acredite el pago de las cuotas o cantidades debidas y sus intereses al tipo legal incrementado en dos puntos  
  
  
Artículo 19. De la rehabilitación del profesional de la Abogacía expulsado  
1. El profesional de la Abogacía sancionado disciplinariamente con la expulsión podrá obtener la rehabilitación para el ejercicio de la profesión cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes:  
a) Haber transcurrido un plazo de cinco años desde que la sanción de expulsión hubiera sido ejecutada.  
b) Acreditar haber superado 12 horas de actividades formativas en materia de deontología profesional.  
c) Superar la prueba escrita tipo test sobre deontología profesional que se le efectúe por el Colegio, abonando los correspondientes derechos.  
d) No haber incurrido en causa de indignidad o desprecio de los valores y obligaciones profesionales y deontológicas durante el tiempo de expulsión.  
2. La rehabilitación se solicitará mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno acreditando haber cumplido los requisitos anteriores. Su falta de cumplimiento determinará sin más el rechazo de la solicitud.  
La Junta una vez solicitada la rehabilitación y acreditado el cumplimiento de los requisitos tendrá que dictar resolución en el plazo máximo de tres meses, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:  
a) Antecedentes penales posteriores a la sanción de expulsión y sanciones disciplinarias previas no ejecutadas.  
b) Trascendencia de los daños y perjuicios derivados de la comisión de la infracción sancionada, así como, en su caso, su falta de reparación, atendida la naturaleza de aquellos.  
c) Cualquier otra relativa a su relación con los clientes, los compañeros y compañeras, las autoridades y la organización colegial que permita apreciar la incidencia de la conducta del profesional de la abogacía sobre su futuro ejercicio de la profesión, para lo cual se tendrán en cuenta denuncias o quejas recibidas con posterioridad a la expulsión, siempre que no estuvieran prescritos los hechos a que se refieran.  
3. La resolución que deniegue la rehabilitación tendrá que ser siempre motivada.  
  
Artículo 20. De las incompatibilidades  
Las colegiadas y colegiados están sometidos a las prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales establecidas en el presente Estatuto, en el Estatuto General de la Abogacía y en la normativa estatal y autonómica aplicable.  
Si la abogada o el abogado a quien afecte alguna causa de prohibición o incompatibilidad opta por el cese en el ejercicio de la abogacía, tendrá que formalizar su baja como ejerciente en el plazo máximo de quince días mediante comunicación dirigida a la Junta, quien acordará inmediatamente su paso automático a no ejerciente hasta que desaparezca esta causa.  
En caso de no comunicar tal circunstancia y de ser la misma conocida por la Junta, se procederá a la apertura de expediente, dando un plazo de quince días para alegaciones y, de acreditarse la incompatibilidad, por medio de resolución motivada, acordará el paso a la situación de no ejerciente de aquellos profesionales de la abogacía en los que concurra alguna de las circunstancias determinantes de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la abogacía mientras aquella subsista, sin perjuicio que, si así se procede, se resuelva lo que corresponda en vía disciplinaria y con independencia de la situación colegial final en la que quede quien fue declarado incapaz para el ejercicio de la abogacía.  
Desaparecida la situación de incompatibilidad o prohibición, el profesional de la abogacía, previa justificación de este extremo, podrá instar de la Junta de Gobierno su reincorporación en las condiciones colegiales anteriores.  
  
  
CAPÍTULO II  
De los derechos y obligaciones de las colegiadas y colegiados  
  
Artículo 21. Normas que los regulan  
Las colegiadas y colegiados incorporados a este Ilustre Colegio, con ocasión del ejercicio de la profesión, y en relación con sus clientes, con los Tribunales de Justicia, los otros poderes públicos, los compañeros y compañeras, las otras partes y cualesquier tercero, disfrutarán de los derechos y estarán sujetos a los deberes que se establezcan en el presente Estatuto, las Leyes de aplicación, el Estatuto General de la Abogacía Española, el Código Deontológico aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, el Código Deontológico de los Abogados Europeos, los acuerdos y decisiones de la Junta General y de Gobierno de este Ilustre Colegio y los que se adoptan por el Consejo General de la Abogacía y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados en el ámbito de sus competencias.  
  
Artículo 22. De los derechos de las colegiadas y colegiados  
Además de los derechos que otorga el Estatuto General de la Abogacía Española y normas que regulan la profesión, los que estén incorporados y los que actúen dentro del ámbito del Colegio disfrutarán, en el ejercicio de la profesión, de los siguientes:  
1. Actuar en el ejercicio de la profesión con entera libertad e independencia, sin más limitaciones que las derivadas de una disposición legal o de las normas deontológicas. Si un abogado o abogada considera que la autoridad, Tribunal o Juzgado limita su independencia o libertad para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guarda la consideración debida al prestigio y dignidad de su profesión, tendrá que hacerlo constar así ante esta autoridad o ante el propio Juzgado o Tribunal, dando cuenta a la Junta de Gobierno.  
2. Reclamar y obtener del Colegio y de las otras Administraciones Públicas la protección de su lícita libertad de actuación en la defensa jurídica.  
3. La inviolabilidad de su secreto profesional.  
4. Las consideraciones honoríficas debidas a su profesión y tradicionalmente reconocidas.  
Son derechos de las personas colegiadas en relación con el Colegio:  
a) Participar en la gestión corporativa y, por lo tanto, ejercer los derechos de voto y de acceso en los cargos colegiales, en la forma que establezcan las normas legales o los presentes estatutos.  
b) Participar en las actividades que promueva el Colegio, particularmente en las de formación, y utilizar las instalaciones y servicios colegiales, en los términos establecidos por la Junta de Gobierno.  
c) Solicitar información sobre los asuntos de interés general que se tratan en los órganos colegiales y de los acuerdos adoptados, sin perjuicio de la publicidad que a los mismos se los hubiera dado institucionalmente.  
d) Solicitar del Colegio la protección de su independencia y libertad de actuación profesional, la consideración debida a la Abogacía, la salvaguarda del secreto profesional, y la protección del derecho y deber de defensa, en los supuestos en que se vean limitados o perturbados por cualquier causa. Corresponderá a la Junta de Gobierno determinar en cada caso la extensión y forma del amparo concedido, así como su denegación.   
e) Promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas.  
f) Conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los expedientes en que tenga la condición de interesado.  
g) Solicitar información sobre cualquier aspecto de la vida colegial. La información requerida será facilitada por la Junta de Gobierno dentro del plazo de un mes desde su solicitud, salvo que haya motivos para negársela basados en la intimidad de las personas, el secreto profesional o la protección de los derechos y libertades de terceros. La resolución desestimatoria tendrá que ser motivada.  
h) Formular moción de censura contra los miembros de la Junta de Gobierno en los términos regulados en el presente Estatuto.  
i) La formación profesional inicial y continuada.  
j) Igualmente son derechos corporativos, a todos los efectos, aquellos que en su caso derivan de la normativa o regulación de rango superior de aplicación.  
k) Cualesquiera otros recogidos en el presentes Estatuto.  
  
Artículo 23. De los deberes de los colegiadas y colegiados  
1. Además de los que establecen el Estatuto General de la Abogacía y las normas que regulan la profesión, son deberes de las personas colegiadas:  
a) Como partícipe en la función de la Administración de Justicia, cooperar con ellos, defendiendo los derechos e intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de la justicia al hecho que la abogacía se encuentra vinculada. La defensa jurídica es una obligación profesional para los abogados y abogadas que se cumplirá ajustándose a las normas deontológicas.  
b) Guardar el secreto profesional de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquier de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre estos; el secreto abarcará igualmente a los hechos que el abogado o abogada conozca para pertenecer a la Junta de Gobierno o, a alguna de sus Comisiones. En caso de que el Decano o Decana, o quien estatutariamente le sustituya, sea informado por la autoridad judicial o gubernativa, de la práctica de un cacheo en el despacho profesional de un abogado o abogada, tendrá que personarse y asistir a las diligencias que se practiquen, velando para la salvaguarda del secreto profesional.  
c) Cumplir exactamente las obligaciones que las leyes les imponen en su actuación profesional, así como lo dispuesto en los presentes Estatutos, en las normas deontológicas y en los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno, del Consejo Autonómico y del Consejo General de la Abogacía.  
d) Guardar, respecto de los compañeros de profesión, las obligaciones que se derivan del espíritu de hermandad y cortesía que entre ellos tiene que existir, evitando competencias ilícitas.  
e) Mantener como materia reservada las conversaciones y correspondencia habidas con los profesionales de la abogacía contrarios, con prohibición de revelar o presentarse en juicio sin su previo consentimiento.  
. Cumplir con el máximo celo y diligencia la misión de defensa que le sea encomendada  
g) Guardar el debido respeto a todas las personas que participan en la Administración de la Justicia y exigir la reciprocidad en tal corrección.  
2. Son deberes de las personas colegiadas en relación con el Colegio:  
a) Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, así como de cualquier otra carga colegial, cualquier que sea su naturaleza, en la forma y plazos establecidos por la Junta de Gobierno. A tales efectos se consideran cargas corporativas todas las impuestas por el Colegio, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía en el marco de sus respectivas competencias.  
  
b) Denunciar en el Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal, sea por falta de colegiación, sea por suspensión o inhabilitación del denunciado, o por estar incurso en causas de incompatibilidad o prohibición.  
c) Denunciar en el Colegio cualquier atentado a la libertad, independencia o dignidad de cualquier integrante del Colegio en el ejercicio de sus funciones.  
d) Comunicar al Colegio los cambios de domicilio profesional, traslados de vecindad y las ausencias que duren más de tres meses consecutivos.  
e) Comunicar al Colegio una dirección de correo electrónico habilitada a efectos de las comunicaciones oficiales, así como sus posteriores cambios o modificaciones de conformidad con la legislación vigente.  
f) Comunicar al Colegio una cuenta corriente, así como sus posteriores cambios o modificaciones.  
Las comunicaciones reguladas en los tres últimos apartados tendrán que hacerse en un plazo máximo de diez días hábiles desde que se produzca el cambio o modificación  
  
  
Artículo 24. Distinciones y honores  
1. A fin de reconocer los méritos contraídos en beneficio e interés de la Abogacía o del Derecho, o los servicios prestados a esta corporación, o la dedicación constante al ejercicio profesional, el Colegio, a iniciativa de la Junta de Gobierno, podrá conceder, previa tramitación del oportuno expediente, los títulos de Colegiado o Colegiada de Honor, Medalla de Honor y Decano o Decana de Honor. Esta última distinción tendrá que ser aprobada en Junta General.  
2. Quienes, habiendo figurado como ejercientes en este Colegio y teniendo por lo tanto la condición de abogados y abogadas, durante al menos veinticinco años y el derecho a utilizar esta denominación, causaren baja en el ejercicio profesional, y cesaren en este, por alcanzar la edad de jubilación o por incapacidad física, voluntariamente manifestada, podrán continuar como colegiados y colegiadas, en calidad de no ejercientes, facultándoseles para que continúen utilizando la denominación del honroso título de abogado o abogada, como reconocimiento permanente de su vocación ejercida, pero sin que puedan ejercer la profesión, una vez causada la baja.  
  
Artículo 25. De la sustitución  
1. La sustitución en la defensa o en el asesoramiento se regirá por las normas contenidas en el presente Estatuto, en el Estatuto General de la Abogacía Española y en el Código Deontológico.  
2. Las obligaciones que imponen son exigibles en el ámbito del Colegio y de necesario cumplimiento tanto en asuntos judiciales como extrajudiciales, defensa, asesoramiento y gestión y mientras conste que haya un asunto encargado antes a otro compañero o compañera, incluso cuando se haya comunicado su cese por el cliente.  
Los profesionales de la abogacía tendrán plena libertad para aceptar o rechazar la dirección de un asunto, así como de renunciar al mismo en cualquier fase del procedimiento, siempre que no le cause indefensión al cliente.  
Los profesionales de la abogacía que tengan que encargarse de la dirección profesional de un asunto encomendado a otro compañero o compañera tendrán que comunícaselo a este, en alguna forma que permita la constancia de la recepción, acreditando haber recibido el encargo del cliente, salvo que haya renuncia escrita e incondicionada a proseguir su intervención por parte del anterior letrado o letrada y, en todo caso, pedir de este la información necesaria para continuar el asunto.  
La comunicación, excepto en caso de urgencia a justificar, tendrá que ser solicitada por escrito con carácter previo a realizar cualquier actuación.  
El profesional de la abogacía sustituido tendrá que justificar lo más pronto posible, la recepción de la comunicación, poner a disposición del compañero o compañera la documentación relativa al asunto que obre en su poder y proporcionarle los datos e informaciones que sean necesarios.  
El profesional de la abogacía sustituido tendrá derecho a reclamar y cobrar los honorarios que correspondan a su intervención profesional y el sustituto o sustituta tendrá el deber de informar a su cliente del derecho a percibir sus honorarios del profesional sustituido y el deber del cliente de abonarlos, sin perjuicio de eventuales discrepancias.  
El nuevo profesional de la abogacía que se haga cargo del asunto viene obligado a respetar y preservar el secreto profesional sobre la documentación recibida, con especial atención a la confidencialidad de las comunicaciones entre compañeros y compañeras.  
  
Artículo 26. De la necesidad de identificarse  
Los profesionales de la abogacía deberán de consignar en todas sus actuaciones o escritos que pertenecen al Colegio, así como el número de colegiación.  
Deberán acreditarse con el carné colegial expedido por el Colegio o cualquier otro documento o certificado que justifique su colegiación.  
  
  
CAPÍTULO III  
De la manera de organizarse para ejercer la abogacía  
  
Artículo 27. De la forma de los despachos  
La Abogacía podrá ejercerse en las formas previstas en el Estatuto General de la Abogacía Española y en la legislación vigente.  
El mencionado ejercicio podrá desarrollarse de forma individual o colectiva, por medio de la asociación con abogados o con otros profesionales liberales no incompatibles, según el régimen y requisitos que establecen el presente Estatuto, el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.  
  
Artículo 28. Del ejercicio individual de la profesión  
1. El ejercicio individual de la abogacía podrá desarrollarse por cuenta propia como titular de un despacho, o por cuenta de otro, o como colaborador de un despacho individual o colectivo. No se perderá la condición de abogado o abogada que ejerce como titular de su propio despacho individual cuándo:  
a) El abogado o abogada tenga en su despacho pasantes o colaboradores, con o sin relación laboral con estos.  
b) El abogado o abogada comparta el despacho con su cónyuge, ascendientes, descendentes o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.  
c) El abogado o abogada comparta los locales, instalaciones, servicios u otros medios con otros profesionales de la abogacía, pero manteniendo la independencia de sus despachos, sin identificación conjunta de los mismos ante la clientela.  
d) El abogado o abogada concierte acuerdos de colaboración para determinados asuntos o clases de asuntos con otros profesionales de la abogacía o despachos colectivos, nacionales o extranjeros, cualquier que sea su forma.  
e) El abogado o abogada constituya una sociedad unipersonal para el ejercicio de la abogacía, que tendrá que observar, cuando pueda aplicársele, lo dispuesto en el artículo siguiente para el ejercicio colectivo.  
2. El abogado o abogada titular de un despacho profesional individual responderá profesionalmente frente a su cliente de las gestiones o actuaciones que efectúen sus pasantes o colaboradores, sin perjuicio de la facultad de repetir frente a estos, si procediera. Sin embargo, los pasantes y colaboradores quedan sometidos a las obligaciones deontológicas y asumirán su propia responsabilidad disciplinaria. Los honorarios a cargo del cliente se reportarán a favor del titular del despacho, incluso en el supuesto de que las actuaciones fueron realizadas por otros letrados por delegación o sustitución de este; y a su vez, este titular del despacho responderá personalmente de los honorarios debidos a los letrados a los cuales encargo o delego actuaciones, incluso en el supuesto de que el cliente dejara de abonárselos, excepto pacto en contra.  
  
3. El ejercicio de la abogacía por cuenta de otro en régimen de especial colaboración tendrá que pactarse expresamente por escrito, fijando las condiciones, duración, alcance y régimen económico de la colaboración.  
4. La abogacía también podrá ejercerse por cuenta de otro bajo régimen de derecho laboral, mediante contrato de trabajo formalizado por escrito y en el cual tendrá que respetarse la libertad e independencia básicas para el ejercicio de la profesión y expresarse si este ejercicio fuera en régimen de exclusividad.  
5. El Colegio de la Abogacía de Sueca podrá exigir la presentación de los contratos de colaboración y de trabajo a fin de verificar si se ajustan a lo que establece este Estatuto. En las actuaciones que realice el colaborador en régimen especial o en régimen de derecho laboral, por sustitución o por delegación del despacho con que colabora, tendrá que hacer constar en nombre y por cuenta de quien actúa.  
  
Artículo 29. Del ejercicio colectivo o sociedades profesionales  
1. Las abogadas y abogados podrán ejercer la abogacía colectivamente, mediante su agrupación bajo cualquier de las formas lícitas en derecho, incluidas las sociedades mercantiles.  
2. La agrupación tendrá que tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía y estar integrada exclusivamente por abogados y abogadas en ejercicio, sin limitación de número. No podrá compartir locales o servicios con profesionales incompatibles si esto afectara la salvaguarda del secreto profesional. Tanto el capital como los derechos políticos y económicos tendrán que ser atribuidos únicamente a los profesionales de la abogacía que integran el despacho colectivo.  
3. La forma de agrupación tendrá que permitir en todo momento la identificación de sus integrantes, tendrá que constituirse por escrito e inscribirse en el Registro Especial de sociedades profesionales que el Colegio tiene creado a tal efecto y tendrán las mismas obligaciones deontológicas que el resto de colegiados y colegiadas con las particularidades que le sean propias. En este Registro se inscribirán su composición y las altas y bajas que se produzcan. Quienes formen parte de un despacho colectivo estarán obligados personalmente a solicitar las inscripciones correspondientes.  
4. Los profesionales de la abogacía agrupados en un despacho colectivo no podrán tener despacho independiente del colectivo y en las intervenciones profesionales que realicen y en las minutas que emitan tendrán que dejar constancia de su condición de miembros del referido colectivo. Sin embargo, las actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita tendrán carácter personal, aunque podrá solicitarse del Colegio su facturación a nombre del despacho colectivo.  
5. Las abogadas y abogados miembros de un despacho colectivo tendrán plena libertad para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como plena independencia para dirigir la defensa de los intereses que tengan encomendados. Las sustituciones que se produzcan atenderán a las normas de funcionamiento del respectivo despacho, sin precisar la solicitud de venia interna. Los honorarios corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de distribución que establezcan las referidas normas.  
6. La actuación profesional de los integrantes del despacho colectivo estará sometida a la disciplina colegial respondiendo personalmente el profesional de la abogacía que la haya efectuado. Sin embargo, se extenderán a todos los miembros del despacho colectivo el deber de secreto profesional, las incompatibilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes y las situaciones de prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con las personas patrocinadas por cualquiera de ellos.  
7. La responsabilidad civil que pudiera tener el despacho colectivo será conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de agrupación utilizada. Además, todos los profesionales de la abogacía que hayan intervenido en un asunto responderán civilmente frente al cliente con carácter personal, solidario e ilimitado.  
8. El secreto profesional incumbe también a las sociedades de abogados y abogadas y a los despachos colectivos, ejerciendo el Colegio sobre las sociedades profesionales que estén inscritas las mismas competencias que se le atribuyen en relación a las personas colegiadas, especialmente en cuanto a la deontología y a la potestad disciplinaria.  
9. Para la mejor salvaguarda del secreto profesional y de las relaciones de compañerismo, las normas reguladoras del despacho colectivo podrán someter a arbitraje colegial las discrepancias que pudieran surgir entre sus miembros a causa del funcionamiento, separación o liquidación de ese despacho.  
  
Artículo 30. Del régimen de colaboración multidisciplinar  
1. Las abogadas y abogados podrán asociarse en régimen de colaboración multidisciplinar con otros profesionales liberales no incompatibles, sin limitación de número y sin que esto afecte a su plena capacidad para el ejercicio de la profesión ante cualquier jurisdicción y Tribunal, utilizando cualquier forma lícita en derecho, incluidas las sociedades mercantiles, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  
a) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos determinados, incluyendo servicios jurídicos específicos que se complementan con los de las otras profesiones.  
b) Que la actividad a ejercer no afecte el correcto ejercicio de la abogacía por los miembros abogados y/o abogadas.  
c) Que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior en lo que afecte el ejercicio de la abogacía, excepto lo expresado bajo el apartado 2 de este, que no resultará aplicable, o en el apartado 4 del cual solo será aplicable la obligación de dejar constancia de la condición de miembro del colectivo multidisciplinar en las actuaciones que se realicen y minutas que se emitan en su ámbito.  
2. Las agrupaciones en régimen de colaboración multidisciplinar tienen que inscribirse en el Registro Especial que a tal efecto se llevará en el Colegio de Abogados.  
3. Los miembros profesionales de la abogacía tendrán que separarse cuando cualquiera de sus integrantes incumpla las normas sobre prohibiciones, incompatibilidades o deontología propias de la abogacía.  
Los deberes de información e identificación que establece el Estatuto General de la Abogacía Española recaen también sobre las sociedades multidisciplinarias en las cuales son socios profesionales de la abogacía.  
Igualmente, el secreto profesional incumbe también a las sociedades multidisciplinarias con participación de profesionales de la abogacía.  
Es recomendable que los despachos multiprofesionales regulen en sus normas de constitución el régimen de acceso y separación de sus miembros, su disolución y el sometimiento a mediación o arbitraje para todas las divergencias que pudieran surgir entre sus componentes.  
  
  
CAPÍTULO IV  
Del ejercicio de la profesión en España por profesionales   
de la abogacía de otros estados miembros de la Unión Europea   
o de estados miembros del Espacio Económico Europeo  
  
Artículo 31. Del ejercicio en España con título profesional de origen  
Los profesionales de la abogacía de otro estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, podrán desarrollar en España en régimen de prestación ocasional las actividades propias de la abogacía de conformidad con la legislación vigente y estarán sometidos a las mismas normas profesionales y deontológicas que el resto de profesionales de la abogacía.  
  
Artículo 32. Del derecho de establecimiento y de la incorporación en el colegio como abogado inscrito  
Los profesionales de la abogacía de otro estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo tendrán derecho a ejercer su actividad profesional en España, de manera permanente y con su título profesional de origen, bajo la denominación «profesional de la abogacía inscrito» en los términos y con las limitaciones previstas en el R.D 936/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la UE o Estado miembro del Espacio Económico Europeo.  
Aquellos de estos profesionales que tengan su domicilio profesional único o principal en España en el ámbito territorial del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca deberán inscribirse previamente en el registro especial constituido al efecto. A la solicitud de inscripción facilitada por el Colegio deberán acompañar la documentación prevista en el artículo 5 del RD 936/2001, de 3 de agosto, así como la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 8 de los presente Estatutos. La cuota de incorporación no podrá ser nunca superior a la exigida al resto de colegiadas y colegiados ejercientes.  
  
Artículo 33. De la necesidad de concierto con profesional de la abogacía española  
1. Los profesionales de la abogacía de otro estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, ya sea ocasional o con la categoría de profesional de la abogacía inscrito, tendrán que actuar concertadamente con un/a profesional de la abogacía colegiado/a en España en los términos previstos en las normas aplicables.  
2. El concierto tendrá que ser comunicado en cada caso al Decano o Decana del Colegio de la Abogacía en que vaya a intervenir el abogado o abogada visitante o ante aquel en el que el figure registrado como profesional de la abogacía inscrito, mediante escrito firmado por ambos profesionales, debiendo hacerse constar el concierto en todas las actuaciones profesionales que efectúe.  
3. El concierto obliga al profesional de la abogacía a acompañar y asistir al inscrito o visitante en las actuaciones profesionales.  
  
Artículo 34. Integración en la profesión  
1. Los profesionales de la abogacía que ejerzan en el ámbito territorial del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca con el título profesional de origen, de manera efectiva y regular durante al menos tres años, y que estén colegiados o colegiadas como inscritos podrán solicitar y obtener la integración en la profesión de conformidad con la legislación vigente.  
2. La solicitud deberá formularse ante la Junta de Gobierno y deberá ir acompañada de los informes y documentación que considere pertinente, para acreditar el número y clases de asuntos que hubiera llevado.  
  
3. Recibida la solicitud, esta será analizada y valorada por la Junta de Gobierno, se pedirá informe al Consejo General de la Abogacía Española y se adoptará la correspondiente resolución motivada en el plazo máximo de tres meses.  
El contenido de la resolución podrá ser:  
a) Denegatorio de la solicitud, si se considera no acreditado el ejercicio efectivo y regular en España durante al menos tres años en los términos del artículo 17 del RD 936/2001, o por considerar que concurren motivos de orden público relacionados con procedimientos disciplinarios, quejas o incidentes de cualquier tipo seguidos contra el solicitante.  
b) Estimatorio de la solicitud, lo que comportará la integración de la persona solicitante como colegiado o colegiada ejerciente, obteniendo la condición de abogado o abogada a todos los efectos.  
Adoptada la resolución, se notificará al solicitante y será susceptible de recurso conforme a lo establecido en el artículo 87 de los presentes Estatutos. También se dará traslado de la resolución al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, a la autoridad competente del Estado de origen del solicitante y también al Ministerio de Justicia.  
  
  
CAPÍTULO V  
De los honorarios profesionales  
  
Artículo 35. De los honorarios profesionales  
1. El abogado o la abogada tienen derecho a una compensación económica adecuada por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado.  
2. La cuantía de los honorarios, así como su forma de retribución fija, periódica, por horas o cualquier otra, será libremente convenida entre cliente y profesional, con respecto a las normas deontológicas y de competencia desleal. Con respecto a las costas recobradas de terceros se estará al que libremente acuerden las partes.  
3. La abogada o el abogado, tan pronto como cuenten con los datos necesarios a tal efecto, tendrán que informar al cliente sobre los honorarios correspondientes a su actuación profesional y los criterios que pretendan utilizar para determinar su cuantificación, debiendo presentar la correspondiente hoja de encargo, presupuesto o medio equivalente. Vendrán obligados así mismo a informar sobre las consecuencias de una posible condena en costas y su cuantía aproximada.  
4. Se entiende recomendable en todo caso que la hoja de encargo o equivalente venga firmada también por el cliente, teniéndose que hacer constar en la misma lo siguiente:  
a) El objeto del encargo.  
b) Detalle de las actuaciones concretas que expresamente quedan incluidas en el encargo.  
c) Una referencia, en su caso, a aquellas actuaciones que no forman parte del presupuesto, pero que se estiman como posibles o probables en el desarrollo de la labor profesional.  
d) Aquellos criterios que se tendrán en consideración en la determinación de los honorarios profesionales y, en la medida posible, su cuantificación exacta. Cuando por las características del asunto se estime que no es posible su determinación en cuantía exacta, se dejará constancia de esta circunstancia, indicándose en todo caso las bases que servirán para su determinación.  
e) Las cantidades que se requerirán como suplidos o por otras circunstancias y que no se incluyan en el precio en el sentido de la letra d) anterior.  
f) Los momentos en que procede el abono de cualesquier cantidades.  
g) En su caso, la mención que el presupuesto puede quedar sujeto a eventuales modificaciones que pudiera motivar el desarrollo del encargo, modificaciones que deberán igualmente ser sometidas a la aceptación del cliente.  
5. Para la percepción de honorarios, el abogado o abogada o la sociedad profesional deberán expedir una minuta o factura que tendrán que entregar al cliente. Esta factura tendrá que cumplir todos los requisitos legales y expresará con el debido detalle todos los elementos relevantes para su determinación y, expresamente, los diferentes conceptos de honorarios, la relación de gastos y las provisiones percibidas.  
6. Con independencia de la existencia o no de hoja de encargo o presupuesto los profesionales de la abogacía tendrán derecho a la percepción de los honorarios correspondientes a la actividad desplegada, pudiendo ejercer las acciones que la ley establezca para su reclamación.  
Artículo 36. Intervención del Colegio en la determinación de honorarios  
1. El Colegio no podrá establecer baremos, catálogos, tarifas o indicaciones concretas que conduzcan directamente a la cuantificación de los honorarios de los/las profesionales ni tampoco establecer recomendaciones más amplias, directrices, normas, reglas o criterios orientativos sobre honorarios profesionales aun cuando no alcancen tal grado de concreción.  
2. Únicamente podrán elaborarse criterios orientativos para los supuestos de tasación de costas, jura de cuentas y asistencia jurídica gratuita, es decir, en el marco de un proceso judicial, y su formulación únicamente podrá ser a efectos de pautas o directrices con algún grado de generalidad, sin poder incluir ninguna clase de recomendaciones, baremos o indicaciones de honorarios.  
3. El Colegio no atenderá consultas, ni anteriores ni posteriores al encargo profesional, para la determinación de los honorarios profesionales o sobre la consideración de excesivos o adecuados de unos honorarios concretos. El Colegio únicamente podrá intervenir, en labores de resolución extrajudicial de las discrepancias en materia de honorarios profesionales, a través de los procedimientos de mediación o arbitraje, que vincularán a las partes en los términos que las mismas pacten.  
4. El Colegio tendrá que informar, únicamente a requerimiento judicial, sea de oficio o a instancia de parte, en aquellos procesos en los cuales se discutan honorarios profesionales, en su condición de corporación legalmente habilitada para la emisión de dictamen pericial y en los términos establecidos por las leyes procesales.  
  
  
CAPÍTULO VI  
Del turno de oficio y turnos de asistencia  
  
Artículo 37. Competencia  
1. Corresponde a la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Sueca la regulación y organización de los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando en todo caso su continuidad atendidos los principios de eficiencia y funcionalidad, de distribución objetiva y equitativa de los diferentes turnos y medios y, cuando el censo de profesionales lo permita, de especialización por órganos jurisdiccionales.  
La defensa profesional de oficio y la asistencia a la persona detenida y a la víctima se prestarán por los colegiados y colegiadas ejercientes residentes del Colegio que se incorporen a los mencionados turnos, salvo que la necesidad de la prestación del servicio imponga la adscripción obligatoria.  
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Sueca establecerá las normas para su reparto entre los colegiados y colegiadas ejercientes residentes que lo soliciten, así como los requisitos que, además de los establecidos en el presente Estatuto, tengan que cumplir aquellos que deban o quieran prestarlo.  
2. Los abogados y abogadas ejercerán las funciones a que se refiere el párrafo precedente con la libertad e independencia profesionales que los son propias y conforme a las normas éticas y deontológicas que rigen la profesión, sin perjuicio de las limitaciones de la normativa que regula el derecho de asistencia jurídica gratuita.  
Corresponde a los abogados y abogadas inscritos en el turno de oficio el asesoramiento jurídico y defensa de las personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, conforme a la legislación vigente y en los otros casos legalmente previstos.  
3. Así mismo, corresponde a las abogadas y abogados del turno de oficio la asistencia y defensa de quienes solicitan la designación de oficio o no designan abogado o abogada en la jurisdicción penal, sin perjuicio del abono de honorarios por el cliente si no le fuera reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.  
4. Igualmente corresponde a las abogadas y abogados del turno de oficio la asistencia a los detenidos y presos y a las víctimas en los términos que exprese la legislación vigente.  
  
Artículo 38. Funcionamiento  
1. El desarrollo de estas funciones será organizado por el Colegio de la Abogacía de Sueca, procediendo a la designación del profesional de la abogacía que tenga que asumir cada asunto, al control de su desempeño, a la exigencia de las responsabilidades disciplinarias y al establecimiento de las normas y requisitos que han de cumplirse para la prestación de los servicios correspondientes, todo esto conforme a la legislación vigente.  
2. La Administración pública abonará la remuneración de los servicios que se presten en cumplimiento de lo que se establece en este capítulo y podrá efectuar el seguimiento y control periódico del funcionamiento del servicio y de la aplicación de los fondos públicos a él destinados, en la forma legalmente establecida.  
  
Artículo 39. Requisitos generales  
A todos los efectos, las abogadas y abogados adscritos a los turnos de oficio o de defensa al detenido y a la víctima, tendrán que reunir en todo momento, las siguientes condiciones, sin perjuicio de cumplir los otros requisitos y trámites que acuerde la Junta de Gobierno:  
a) Estar incorporados como ejercientes residentes en este Colegio, al menos con tres meses de antelación a la solicitud de incorporación al turno, así como tener su despacho único o principal en el ámbito del partido judicial de Sueca y contar con más de tres años de ejercicio profesional.  
b) No estar sometido a expediente disciplinario ni haber sido sancionado corporativamente, salvo su rehabilitación.  
c) Tener cumplidas sus obligaciones económicas con el Colegio de la Abogacía de Sueca.  
d) No estar inscrito en el turno de oficio ni asistencia jurídica gratuita de ningún otro Colegio  
La Junta de Gobierno podrá excluir de los turnos a quienes por su prestación de servicios a la Función Pública o empresarial, estén sujetos al cumplimiento de un horario, que les imposibilite u obstaculice gravemente el buen cumplimiento de las obligaciones inherentes al funcionamiento del turno de oficio o del turno de asistencia al detenido y a la víctima, cuya atención tiene que cuidarse en todo momento con el máximo celo y diligencia.  
El alta o nueva incorporación o reincorporación al turno de oficio se hará efectiva en la anualidad inmediatamente posterior a aquella en la que se solicite.  
  
  
CAPÍTULO VII  
Del regimen de responsabilidad de las colegiadas   
y colegiados y de las sociedades profesionales  
  
Artículo 40. De la responsabilidad civil y penal  
1. Las personas integrantes del Colegio y las sociedades profesionales están sujetas a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su actividad profesional.  
2. Las personas integrantes del Colegio y las sociedades profesionales, en su ejercicio profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen aquellos intereses cuya defensa les hubiera sido confiada, responsabilidad que será exigible conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia.  
  
Artículo 41. Normas generales de la responsabilidad disciplinaria  
1. Las personas integrantes del Colegio y las sociedades profesionales que, en el ejercicio de la profesión, incumplan los deberes previstos en el presente Estatuto, el Estatuto General de la Abogacía, el Estatuto del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, el Código Deontológico y las otras normas de aplicación a la profesión, incurrirán en responsabilidad disciplinaria sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad penal, civil o administrativa que proceda.  
2. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las personas integrantes del Colegio y las sociedades profesionales corresponde a la Junta de Gobierno, y se extiende a todas las acciones u omisiones susceptibles de sanción que tengan lugar en su ámbito territorial, aunque se trate de abogadas o abogados o sociedades profesionales incorporados a otros Colegios. La Junta de Gobierno es igualmente el órgano encargado de ejecutar las sanciones impuestas, una vez firmes.  
3. La potestad disciplinaria corresponde al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados cuando la persona afectada ostente la condición de integrante de la Junta de Gobierno o del órgano de gobierno del propio Consejo o del Consejo General de la Abogacía Española.  
4. Las sanciones disciplinarias se harán públicas en la forma en la que determine la Junta de Gobierno y se harán constar en todo caso en el expediente personal del colegiado o colegiada o en el particular de la sociedad profesional, hasta que se produzca su cancelación, todo ello conforme a lo establecido en la normativa sobre protección de datos  
5. Las sanciones disciplinarias que comporten la suspensión temporal en el ejercicio de la abogacía o la expulsión del Colegio se comunicarán al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, a los Juzgados y Tribunales, a la Conselleria competente en materia de consejos y colegios profesionales y, si fuera procedente, al Ministerio de Justicia, para su efectividad.  
  
Artículo 42. Procedimiento disciplinario  
En lo no establecido expresamente en el presente Estatuto, la tipificación de las infracciones disciplinarias y las sanciones correspondientes y el procedimiento contradictorio a seguir para su examen e imposición, se regirá por lo que se dispone en el Estatuto General de la Abogacía Española, el Código Deontológico y el Reglamento de Procedimiento Disciplinario aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, o las normas que en su caso los sustituyan.  
1. La responsabilidad disciplinaria se declarará previa la formación del expediente seguido por los trámites que se especifican en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario del Consejo General de la Abogacía Española.  
2. La mera presentación de la denuncia no otorga a la persona denunciante la consideración de interesada. No obstante, se le comunicarán los acuerdos y resoluciones que pongan fin definitivamente en vía administrativa al procedimiento disciplinario.  
3. Si la incoación del expediente disciplinario lo es como consecuencia de una denuncia formulada por una persona usuaria de los servicios de asistencia jurídica gratuita, podrá acordarse como medida cautelar la separación del servicio del profesional de la abogacía presuntamente responsable, cuando la gravedad del hecho denunciado lo aconseje, por un periodo máximo de seis meses hasta que el expediente se resuelva.  
4. Contra la resolución que se dicte por la Junta de Gobierno poniendo fin al procedimiento podrá interponerse por las personas interesadas recurso de alzada que se regulará por lo dispuesto en el artículo 87 del presente Estatuto.  
  
Artículo 43. Infracciones y sanciones  
Las infracciones que pueden llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y leves.  
Son infracciones muy graves:  
1. Las reguladas como tales en el Estatuto General de la Abogacía.  
2. La infracción del régimen de incompatibilidades regulado en el artículo 17 del presente Estatuto  
3. Los actos y omisiones que supongan ofensa grave a los deberes establecidos para las personas integrantes del Colegio en este Estatuto.  
4. El ejercicio de la profesión en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas tóxicas y estupefacientes cuando se afecte gravemente este ejercicio o al respeto debido a los compañeros y compañeras y administración de justicia.  
5. La constitución de asociaciones o realización de actividades, el fin o la función de las cuales sea la propia y exclusiva de este Colegio de Abogados.  
6. La comisión de una infracción grave, habiendo sido sancionado o sancionada por la comisión de otras dos del mismo carácter sin que se haya extinguido la responsabilidad de estas.  
7. El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la abogacía.  
Son infracciones graves:  
1. Las reguladas como tales en el Estatuto General de la Abogacía.  
2. El incumplimiento grave del presentes Estatutos, de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en el ámbito de su competencia, así como por el reiterado incumplimiento de la obligación de atender las cargas colegiales.  
3. La falta de respeto, por acción u omisión, o el atentado contra la dignidad y honor a los miembros de la Junta de Gobierno cuando actúan en el ejercicio de sus funciones.  
4. Los actos de desconsideración manifiesta hacia los profesionales de la abogacía en el ejercicio de la actividad profesional.  
5. La competencia desleal, cuando así haya sido declarada por el órgano competente y la infracción de las normas de publicidad establecidas en el Estatuto General de la Abogacía, Código Deontológico o normas que en el futuro se dicten y sean exigibles a los profesionales de la abogacía.  
6. La comisión de una infracción leve, habiendo sido previamente sancionado o sancionada por la comisión de otras dos del mismo carácter cuya responsabilidad no se haya extinguido.  
7. El ejercicio de la actividad profesional por las personas inscritas, omitiendo expresa mención del título profesional de origen.  
8. La falta de comunicación de cualquier cambio de domicilio y dirección electrónica que dificulte gravemente o no permita los actos de notificación en los términos establecidos en el presente Estatuto.  
Son infracciones leves:  
1. Las reguladas como tales en el Estatuto General de la Abogacía  
2. La falta de respecto a los miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones y a los profesionales de la abogacía en el ejercicio de la profesión, cuando no constituya infracción muy grave o grave.  
3. La negligencia en el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en los presentes Estatutos.  
4. El incumplimiento leve de los deberes que la profesión impone.  
5. Los actos y omisiones que suponen una vulneración de las obligaciones deontológicas y normas éticas establecidas en el Código Deontológico cuando no supongan una infracción muy grave o grave ni estén expresamente señaladas como graves en el artículo 125.a) del Estatuto General de la Abogacía referido a la vulneración de los deberes deontológicos.  
6. Cualquier otra falta enumerada en el artículo anterior cuando no tuvieran entidad suficiente para ser considerada como grave.  
  
Artículo 44. Sanciones  
1. Las sanciones que podrán imponerse a los profesionales de la abogacía por las infracciones cometidas en el ámbito de este Colegio son las siguientes:  
a) Apercibimiento.  
b) Multa pecuniaria.  
c) Suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a dos años.  
d) Expulsión del Colegio.  
En el caso de las sociedades profesionales, podrán ser sancionadas con la baja del registro colegial correspondiente, en los términos regulados en el Estatuto General de la Abogacía.  
2. La imposición de cualquier sanción guardará la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. A tal fin se considerará, en todo caso, la existencia de reincidencia y reiteración, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza y entidad de los perjuicios causados a terceros o a la profesión.  
Las sanciones se graduarán de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
3. Las sanciones que se impongan a los profesionales por infracciones graves o muy graves relacionadas con actuaciones desarrolladas en la prestación de los servicios del turno de oficio, llevarán aparejada en todo caso la exclusión del profesional de la abogacía de dicho servicio por un plazo mínimo de seis meses e inferior a un año si la infracción fuera grave y entre uno y dos años si fuera muy grave.  
4. También podrán ser sancionadas, con arreglo al Estatuto General de la Abogacía Española, por las infracciones cometidas por las abogadas y abogados que las integran, las sociedades profesionales cuando resulte acreditada su responsabilidad concurrente, como partícipes o encubridores, en la comisión de dichas infracciones. Se presumirá que existe esa responsabilidad concurrente cuando las infracciones se hayan cometido por cuenta y en provecho de la sociedad profesional por sus administradores o por quienes, siguiendo sus instrucciones, la representen. En estos supuestos se considerará la infracción de la sociedad profesional como de la misma clase que la cometida por el Abogado a efectos de aplicar la sanción correspondiente.  
Igualmente podrán ser sancionadas las sociedades profesionales por la realización de conductas directamente imputables a la sociedad que se encuentren tipificadas como infracciones para los abogados o abogadas, graduándose las infracciones con arreglo a lo previsto en el Estatuto General de la Abogacía Española.  
5. La actuación en materia disciplinaria del Colegio, en lo no regulado expresamente en el presente Estatuto se ajustará a la regulación del Estatuto General de la Abogacía Española respecto a infracciones, sanciones y régimen de prescripción.  
Artículo 45: De la mediación del Decano o Decana.  
La abogada y/o el abogado que reciba el encargo de promover actuaciones contra otro profesional de la abogacía sobre responsabilidad emanada del ejercicio profesional, tendrá que informar al Decano o Decana con carácter previo a su ejercicio, como regla de consideración, a fin de que realice, si lo considera conveniente, una tarea de mediación.  
  
  
TÍTULO III  
De los órganos del colegio  
  
CAPÍTULO I  
Principios rectores y órganos de gobierno  
  
Artículo 46. Principios rectores y órganos de gobierno  
1. El gobierno del Colegio está presidido por los principios de democracia, autonomía y transparencia, Son sus órganos de gobierno la Junta o Asamblea General, la Junta de Gobierno y el Decano o Decana.  
2. De las sesiones y deliberaciones de los órganos colegiados se levantará acta, que firmará la persona titular de la Secretaría en unión de quién hubiera presidido la sesión. Las actas se someterán a aprobación en la siguiente sesión que celebre el órgano de que se trate, bastante el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.  
3. Los acuerdos contenidos en las actas serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta.  
  
  
CAPÍTULO II  
De la Junta de Gobierno  
  
Sección primera  
Composición  
  
Artículo 47. De la composición de la Junta de Gobierno  
1. La Junta de Gobierno es el órgano de dirección, gestión y administración del Colegio. Estará integrada por siete profesionales de la abogacía ejercientes y residentes e incluirá a la Decana o Decano, secretaria o secretario, tesorera o tesorero, bibliotecaria o bibliotecario y tres Diputadas o Diputados numerados ordinalmente.  
2. La duración del mandato será de cuatro años, si bien sus titulares podrán ser reelegidos. La renovación se efectuará el año en que se cumplan los cuatro contados desde la toma de posesión de cada uno de los miembros.  
  
Artículo 48. De la Decana o Decano  
Corresponde a la Decana o Decano la representación legal del Colegio en todas sus relaciones, incluidas las que mantenga con los poderes públicos, entidades, corporaciones y personas de cualquier orden, la presidencia de todos los órganos colegiados, dirigiendo los debates y las votaciones, con voto de calidad en caso de empate, y las otras que le atribuye el Estatuto General de la Abogacía Española.  
  
Artículo 49. De la vicedecana o vicedecano  
Quién ostente el cargo al cual corresponda el numeral primero de los miembros de la Junta tendrá la consideración de vicedecana o vicedecano ejerciendo todas aquellas funciones que le confiera la Junta, asumiendo las del decano o decana en caso de defunción, ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante. En caso de que le afecte alguna de esas circunstancias será sustituido por el Diputado o Diputada que lo siga en orden de numeración.  
  
Artículo 50. De las diputadas y diputados  
Las diputadas y diputados actuarán como vocales de la Junta, ejerciendo las funciones de esta que la propia Junta acuerde y las que el presente Estatuto y las Leyes les encomienden. Sus cargos estarán numerados a fin de sustituir por orden numérico creciente al decano o decana en caso de enfermedad, ausencia o vacante, siempre que no pueda hacerlo el vicedecano o vicedecana.  
  
  
Artículo 51. De la Secretaria o Secretario  
Quién ejerza la secretaría del Colegio también actuará en ese carácter en la Junta de Gobierno y en la Junta General y tendrá las siguientes funciones:  
a) Redactar las actas de las Juntas Generales y de las sesiones de Junta de Gobierno.  
b) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las instrucciones que reciba del decanato y con la anticipación debida.  
c) Recibir y dar cuenta de todas las solicitudes y comunicaciones que se remiten en el Colegio.  
d) Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio.  
e) Expedir con el visto bueno de la Decana o Decano las certificaciones que se solicitan por las personas interesadas.  
f) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la dirección y proponer la contratación y/o cese del personal laboral.  
g) Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.  
h) Asumir el control de la legalidad de los actos colegiales.  
i) Llevar un registro de las colegiadas y colegiados ejercientes en que se consigne su historial colegial.  
j) Revisar cada año la lista de las colegiadas y colegiados expresando su antigüedad y domicilio.  
k) Remitir a los órganos correspondientes y los Tribunales la lista general de letrados y letradas inscritos en los distintos turnos de oficio que tengan que actuar ante aquellos.  
l) Elaborar la información estadística a la que se refieren los apartados c) y d) del artículo 8 del presente Estatuto.  
m) Cuántas otras funciones se le encomiendan por la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 52. De la Tesorera o Tesorero  
Corresponde al miembro de la Junta nombrado como Tesorera o Tesorero las siguientes funciones:  
a) Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.  
b) Pagar conforme a lo que resulte de los presupuestos aprobados, de los acuerdos de la Junta de Gobierno o de la Junta General, así como todos aquellos gastos que resulten necesarios para garantizar el buen funcionamiento del Colegio.  
c) Informar periódicamente la Junta de Gobierno sobre la cuenta de ingresos y gastos así como de la marcha del presupuesto.  
d) Redactar para su presentación a la Junta General las cuentas del ejercicio económico vencido y los presupuestos anuales.  
e) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias de los que fuera titular el Colegio.  
f) Llevar el inventario de los bienes del Colegio.  
g) Controlar la contabilidad y verificar la caja.  
h) Realizar los cobros que correspondan al colegio.  
i) Cuántas otras funciones se le encomiendan por la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 53. De la Bibliotecaria o Bibliotecario  
La Bibliotecaria o bibliotecario tendrá las obligaciones siguientes:  
a) Ser la persona encargado de la Biblioteca y los servicios informáticos, adoptando las medidas que al efecto se requieran, con cumplimiento de las directrices y acuerdos de la Junta de Gobierno, a fin de que la biblioteca se encuentre en adecuado uso, actualizando permanentemente los fondos que tenga que acoger, tanto bibliográficos como informáticos o en cualquier otro soporte, se encuentre en buen uso.  
b) Formar y llevar los oportunos registros y catálogo de obras.  
c) Proponer a la Junta de Gobierno las adquisiciones de todo orden que entendiera precisas o convenientes para el buen servicio.  
d) Proponer a la Junta de Gobierno cursos formativos y organizar los que resulten aprobados.  
  
Artículo 54. De las sustituciones  
Las personas titulares de la Secretaría, Tesorería y Biblioteca serán sustituidas, en el supuesto de ausencia temporal o definitiva, por la Diputada o Diputado que designe la Junta de Gobierno hasta que se celebran elecciones.  
En caso de vacante o cese de cualquier diputada o diputado, permanecerá el cargo sin proveer hasta la siguiente convocatoria de elecciones. Sin embargo, será potestad de la Junta de Gobierno, acordar la convocatoria con anterioridad para proveer este cargo vacante, por necesidad de funcionamiento de la Junta de Gobierno. Quienes fueran designados en esta elección para sustituir a aquellos que no hubieron agotado el término de su mandato, ocuparán los cargos durante el tiempo legal que faltara a los sustituidos o sustituidas.  
  
  
Sección segunda  
Funciones y funcionamiento  
  
Artículo 55. De las atribuciones de la Junta de Gobierno  
Además de las que establece el Estatuto General de la Abogacía Española y demás normativa que resulta de aplicación, son atribuciones de la Junta de Gobierno todas las que no sean expresamente atribuidas a la Junta General, a la Decana o Decano, Vicedecana o Vicedecano, o a las personas que sean titulares de la Secretaría, Tesorería y Biblioteca, estableciéndose con carácter meramente enunciativo y no limitativo las siguientes:  
1) Convocar los Congresos de la Abogacía dentro del ámbito colegial.  
2) Promover el respeto, la divulgación, conocimiento y enseñanza de las normas deontológicas.  
3) Someter a referéndum, por sufragio secreto, asuntos concretos de interés colegial.  
4) Resolver sobre la admisión de quienes instan su incorporación en el Colegio y sobre la baja de los colegiados y colegiadas que la solicitan.  
5) Velar porque las colegiadas y colegiados observen adecuada actitud en relación con los Tribunales y sus compañeros y clientes, así como porque, en el ejercicio de su función, cumplan con las normas deontológicas.  
6) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para perseguir el intrusismo, así como impedir el ejercicio de la profesión a quienes lo hagan en forma y bajo condiciones contrarias a las normas legales y deontológicas.  
7) Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la designación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.  
8) Determinar las cuotas de incorporación y las ordinarias que tengan que satisfacer los colegiados y colegiadas para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.  
9) Proponer a la Junta General la imposición de cuotas extraordinarias.  
10) Recaudar el importe de las cuotas y de los otros recursos establecidos para el sostenimiento de las cargas del Colegio.  
11) Emitir los dictámenes que sean requeridos por los tribunales en relación a la impugnación de honorarios, con sujeción a lo que se dispone en las Leyes.  
12) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno.  
13) Convocar las Juntas Generales ordinarias o extraordinarias, señalando su orden del día.  
14) Ejercer la potestad disciplinaria, en los términos previstos por los presentes Estatutos y demás normas aplicables.  
15) Elaborar los reglamentos de orden interno que estime convenientes, los cuales tendrán que ser aprobados por la Junta General.  
16) Establecer, crear o aprobar las Comisiones del Colegio a los fines de la Corporación, regulando su funcionamiento y fijando sus facultades.  
17) Velar porque en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y prestigio que corresponden al profesional de la abogacía, así como propiciar la armonía y colaboración entre sus integrantes.  
18) Informar a las colegiadas y colegiados de todas las cuestiones que puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural.  
19) Defender a las colegiadas y colegiados en el ejercicio de las funciones de la profesión o con ocasión de esta.  
20) Promover ante las administraciones todo aquello que se considere beneficioso para el interés común y para la recta y rápida administración de justicia.  
21) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y, en particular, contra quienes impidan o perturben el buen funcionamiento de la administración de justicia o la libertad e independencia del ejercicio profesional.  
22) Recaudar, administrar y aplicar los fondos del Colegio y de la obra social, pudiendo aplicar los remanentes a diferentes partidas presupuestarias, redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales.  
23) La adquisición, el gravamen y la venta de bienes inmuebles, así como la inversión o disposición del patrimonio colegial en los supuestos en que no supere el 20 por ciento del activo del colegio, excluido el inmovilizado y siempre que no supere al mismo tiempo el 20 por ciento del presupuesto del ejercicio.  
24) Emitir consultas y dictámenes, realizar arbitrajes y dictar laudos arbitrales, así como crear y mantener tribunales de arbitraje.  
25) Proceder a la contratación del personal laboral necesario para la buena marcha del Colegio, así como adoptar las decisiones que les afectan, excepto las encomendadas a quien ostente la secretaría.  
26) Ejercitar todas las acciones que correspondan al Colegio ante toda clase de administraciones, organismos y tribunales.  
27) Designar representantes entre los miembros de la Junta de Gobierno ante cualquier entidad u organismo.  
28) Fomentar las relaciones del Colegio y sus colegiados y colegiadas con los jueces y juezas, magistrados y magistradas, fiscales, letrados y letradas de la administración de justicia, así como con el resto de funcionarios de justicia y representantes de la Administración Pública.  
  
29) Atender las quejas de sus miembros que le sean planteadas  
30) Todas las otras que no estén expresamente atribuidas a la Junta General.  
  
Artículo 56. Del funcionamiento de la Junta de Gobierno  
1. La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al mes, excepto el mes de agosto. Además, podrá reunirse, con carácter extraordinario, cuántas veces estime necesario o conveniente quién la presida en función de los intereses del Colegio o cuando lo soliciten al menos tres de sus componentes. En este último caso, tendrán que señalar el objeto de la convocatoria.  
La convocatoria para las reuniones será responsabilidad de quien ostente la Secretaría, previo mandato de la Decana o Decano, y se hará con cinco días de antelación como mínimo, excepto en los casos de urgencia. Se formulará por escrito e irá acompañada del orden del día correspondiente. Se remitirá por el medio que el convocante estime conveniente, siempre que quede constancia e incluirá los siguientes asuntos:  
a) Los que el Decano o Decana estime pertinentes.  
b) Los propuestos por los miembros de la Junta de Gobierno.  
c) Los que hubieran sido propuestos por las personas colegiadas.  
d) Ruegos y preguntas.  
Para que puedan adoptarse acuerdos sobre materias no incluidas en el orden del día tendrá que apreciarse previamente su urgencia por la propia Junta por mayoría simple.  
2. Cuando sean razones de máxima urgencia las que motiven la convocatoria de la Junta, se prescindirá del orden del día y del requisito temporal de conocimiento de la convocatoria antes establecido, bastando que, por cualquier medio, se haga saber a los miembros de la Junta el motivo de la convocatoria y el lugar y hora de celebración.  
3. La Junta será presidida por el Decano o Decana o por la persona que estatutariamente le sustituya, quien dirigirá los debates, dando turno de palabra y cuidando que las intervenciones sean concisas y ajustadas al asunto objeto de cuestión.  
4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, que se emitirán de manera escrita y secreta si algún miembro de la Junta así lo solicita. En caso de empate decidirá el voto de calidad de quien presida. Todo esto, excepto los supuestos que expresamente se establezcan en una norma de rango superior o se precise una mayoría cualificada.  
5. La documentación relativa a los asuntos a tratar tendrá que estar en la Secretaría del Colegio, a disposición de los componentes de la Junta con tres días de antelación a la celebración de la sesión de que se trate.  
6. Los miembros de la Junta de Gobierno que tengan interés directo o indirecto en un concreto asunto incluido en el orden del día, se ausentarán de la sesión durante su discusión y votación, incorporándose a ella una vez hubiera tomado la Junta la decisión que sobre tal extremo hubiera estimado pertinente. De tal hecho se dejará constancia en el acta.  
7. La asistencia a la Junta de Gobierno es obligatoria para todos sus componentes, por lo que la ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en un periodo de un año comportará la pérdida de la condición de miembro de Junta, previo acuerdo en tal sentido adoptado por la propia Junta. Una vez notificado el acuerdo, se podrán convocar elecciones para proveer la vacante o vacantes que por tal motivo se hubieran producido. Los elegidos permanecerán en su cargo por el tiempo que resto de mandato a los miembros de la Junta sustituidos.  
8. Las Actas de las Juntas de Gobierno se transcribirán en el libro de actas que a tal efecto y con carácter obligatorio se llevará en el Colegio. Serán firmadas por el Decano o Decana y por el Secretario o Secretaria o por quien hubiera ejercido las funciones de cualquiera de ellos o de ambos en la Junta de que se trate.  
  
Artículo 57. De las comisiones  
La Junta de Gobierno, para una mayor eficacia en el desarrollo de sus funciones, estará asistida, cuando se considere necesario u oportuno, por las Comisiones de las que acuerde su creación, que podrán tener el carácter de permanentes o temporales, pudiendo delegar en ellas las competencias que estime oportunas. Podrán formar parte de dichas comisiones las colegiadas y los colegiados ejercientes, aun cuando no formen parte de la Junta de Gobierno.  
Será la propia Junta de Gobierno la que al tiempo de la constitución de cada una de las comisiones determinará los miembros de la misma, así como su funcionamiento y atribuciones.  
Los miembros serán designados por la Junta de Gobierno y desarrollarán su cometido durante el tiempo de mandato de la Junta aunque podrán ser destituidos por esta en cualquier momento.  
Las relaciones entre cada Comisión y la Junta de Gobierno se mantendrá a través del miembro de la Junta que esta designe o de la persona que lleve la coordinación.  
Todas las comisiones y agrupaciones existentes o que se creen en el futuro tendrán como Presidente/a nato/a al Decano/a, quien podrá delegar en el miembro de la Junta que designe o en el respectivo presidente de la Comisión o Agrupación.  
  
  
Sección tercera  
Elecciones  
  
Artículo 58. Del régimen electoral  
1. Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos en votación directa y secreta de entre los colegiados y colegiadas ejercientes residentes del Colegio. La duración del mandato será de cuatro años y podrán ser reelegidos  
2. Tendrán derecho de sufragio activo para la elección de los cargos todas las colegiadas y colegiados incorporados con más de tres meses de antelación a la fecha de la convocatoria de las elecciones.  
3. En las elecciones, el voto de los ejercientes e inscritos tendrá el doble valor que el de los demás colegiados y colegiadas.  
4. En el supuesto de que opte para presentarse a las elecciones algún miembro de la Junta de Gobierno, para cargo diferente al que ostenta, se le tendrá por renunciado automáticamente de todos sus cargos, una vez presentada la candidatura. Si cesasen por esta razón todos los miembros de la Junta, el llamamiento lo efectuará el Consejo Autonómico y ostentará en ese caso el cargo de Decano/a la más antigua de las personas llamadas y la Secretaría la más moderna.  
  
Artículo 59. De la capacidad para ser miembro de la Junta de Gobierno  
No podrán optar a cargo en la Junta de Gobierno aquellas personas que:  
a) Hayan sido condenadas por sentencia firme que comporte la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, mientras estas subsistan.  
b) Hayan sido sancionadas disciplinariamente con la inhabilitación o suspensión para el ejercicio de la profesión por cualquier Colegio de la Abogacía o por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, mientras no haya sido cancelada la sanción.  
c) Sean miembros de órganos rectores de otro colegio profesional  
Aquel que habiendo sido elegido como miembro de Junta se encuentre en alguna de estas situaciones lo tendrá que poner en conocimiento del Decano o Decana, cesando inmediatamente en su cargo.  
Artículo 60. De los requisitos para optar a los cargos  
Para optar a los cargos, las personas candidatas no tendrán que estar incluidas en las situaciones previstas en el artículo anterior y tendrán que tener la condición de colegiadas ejercientes residentes.  
Para optar al cargo de decano o decana se requieren quince años de ejercicio profesional continuados, debiendo estar la persona candidata colegiada como ejerciente en este Colegio durante ese mismo plazo y con despacho abierto en el ámbito territorial del mismo.  
Para optar a los otros cargos se requerirán los mismos requisitos especificados en el apartado anterior a excepción del plazo de ejercicio profesional continuado exigible, que será de siete años.  
  
Artículo 61. De la convocatoria de elecciones  
1. Las elecciones para renovación de cargos serán convocadas por acuerdo de la Junta de Gobierno, bien como punto único de Junta Extraordinaria, bien como punto del orden del día de Junta General ordinaria, teniendo que celebrarse en el último trimestre del año anterior a la toma de posesión del cargo, rigiéndose en todo lo no recogido en el presente Estatuto, por lo que se establece en esta materia por el Estatuto General de la Abogacía Española.  
2. En el supuesto de que la convocatoria lo fuera para cubrir vacantes que se produjeran en la Junta de Gobierno durante la vigencia de su mandato, la Junta adoptará el pertinente acuerdo para la celebración de elecciones en las fechas que estime más conveniente.   
3. Las elecciones se anunciarán como mínimo en un plazo de treinta días naturales de antelación a la fecha de su celebración.  
4. El acuerdo de convocatoria contendrá en todo caso lo relativo a la apertura del periodo electoral y trámites a seguir, los cargos objeto de elección, los requisitos para optar a cada uno de ellos, la fecha, hora y lugar de celebración de las elecciones, que coincidirá con día hábil, la posibilidad de ejercitar el voto por medios telemáticos o por correo, así como la hora de comienzo y cierre de las votaciones, conforme al que se establece en los artículos siguientes.  
5. Quien ostente el cargo de secretaria o secretario será la persona encargada de colgar el acuerdo de convocatoria y el censo electoral en el tablón de anuncios y en la ventanilla única, en un plazo no superior a cinco días desde que la Junta de Gobierno haya tomado el acuerdo. El censo electoral se formará con dos listas separadas. Una, con las colegiadas y colegiados ejercientes e inscritos y otra con las personas colegiadas como no ejercientes.  
  
6. Los miembros del colegio que quisieran formular reclamación contra la convocatoria o las listas electorales tendrán que verificarlo dentro del plazo de los cinco días siguientes a la exposición de estas.  
7. La Junta de Gobierno, caso de haber reclamaciones, las resolverá dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para formularlas, notificándose su resolución a cada reclamante dentro de los cinco días siguientes.  
  
Artículo 62. De la presentación de candidaturas  
1. Las candidaturas tendrán que presentarse en la secretaría del Colegio en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de publicación de la convocatoria de elecciones y podrán ser conjuntas para varios cargos.  
2. Las candidaturas tendrán que ser subscritas para su presentación exclusivamente por candidatos o candidatas.  
3. Nadie podrá presentarse a más de un cargo de los cuales tengan que ser elegidos en la misma convocatoria.  
4. En el término de 3 días desde la finalización del plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral proclamará a quienes reúnan los requisitos. En el supuesto de que haya una sola persona candidata para alguno de los cargos convocados, será proclamada electa sin más trámite.  
5. La relación de las personas que resulten proclamadas será expuesta en los tablones de anuncios del Colegio y en su página web o ventanilla única y se notificará a las candidatas y candidatos. Será decisión de la Junta de Gobierno remitir también comunicaciones individuales a las personas colegiadas.  
Dentro de los tres días siguientes a la finalización del plazo de presentación de las candidaturas, la Junta de Gobierno elaborará las papeletas electorales.  
  
Artículo 63. Del desarrollo de las votaciones  
1. El día fijado para las elecciones se constituirá una mesa electoral en el domicilio social del Colegio, integrada por dos miembros de la Junta de Gobierno, de entre aquellos cuyos cargos no sean objeto de elección, designados por la Junta, uno como Presidente/a y otro como Secretario/a. El miembro más antiguo actuará como Presidente/a y el otro como Secretario/a. Caso de no haber número suficiente, la Junta de Gobierno designará los componentes de la mesa electoral de entre las colegiadas y colegiados que no se presentan a la elección.  
2. Constituida la mesa electoral, quienes hayan presentado candidatura podrán nombrar un interventor que los represente durante el desarrollo de las votaciones y hasta la finalización del escrutinio.  
3. En la Mesa Electoral tendrá que haber urnas separadas para el depósito de los votos; una para las colegiadas y colegiados ejercientes y otra para el resto. Las urnas tendrán que estar cerradas, dejándose únicamente una ranura para depositar los votos.  
4. Las papeletas de votación que edite el Colegio tendrán que ser blancas y llevarán impreso en su anverso exclusivamente la relación de los cargos que se eligen y el nombre de quienes optan a la candidatura, sin perjuicio que se puedan introducir en la papeleta de voto las modificaciones que sean necesarias e imprescindibles para su lectura y recuento por medios telemáticos, requiriéndose en todo caso para su edición la aprobación del formato por la Junta de Gobierno.  
5. La papeleta tendrá que introducirse en un sobre de color blanco que a tal efecto será facilitado por el Colegio.  
6. Las votaciones empezarán a las 9 horas de la mañana del día de las elecciones y continuarán ininterrumpidamente hasta las 14 horas de la tarde.  
7. Quienes vayan a ejercer su derecho a voto tendrán que acreditar a la mesa electoral su identidad. La mesa comprobará la inclusión en el censo electoral de la persona votante y el Presidente pronunciará en voz alta su nombre, indicando que vota y procediendo a introducir el sobre en la urna que corresponda.  
8. En la hora prevista para su finalización se cerrarán las puertas y solo podrán votar los colegiados y colegiadas que ya estuvieran dentro de la sede colegial. La mesa votará en último lugar.  
  
Artículo 64. De la votación anticipada  
1. Siempre que el Colegio tenga infraestructura tecnológica que lo permita y así se acuerde por la Junta de Gobierno, se podrá ejercer el derecho al voto de manera anticipada e ininterrumpida por medios telemáticos dentro de los quince días anteriores al señalado para las elecciones hasta las catorce horas del día hábil anterior al de las elecciones.  
El voto telemático tendrá que ejercitarse con firma electrónica que garantice la identidad del votante, a través del programa de voto telemático, al que se accederá desde el programa que habilite el Colegio al efecto.  
2. Quién desee emitir su voto por correo tendrá que cumplir las siguientes reglas:  
a) Desde la convocatoria de las elecciones hasta 10 días antes de su celebración, los colegiados/as que deseen votar por correo tendrán que solicitar del Secretario o Secretaria de la Junta la expedición de un certificado acreditativo de su inclusión en el censo electoral.  
b) El secretario o secretaria entregará el certificado junto con dos sobres con sello y cabecera colegial en que figurará la expresión «Elecciones a Junta de Gobierno» y la fecha de estas dentro de los tres días siguientes a la finalización del plazo de solicitud previsto en el párrafo anterior.  
c) La persona votante introducirá la papeleta de votación en uno de los sobres entregados y, una vez cerrado, lo insertará en el otro sobre junto con el certificado de estar incluida en el censo electoral y con la copia de su carné de colegiado o colegiada. Este sobre será remitido por correo certificado en el Colegio o entregado directamente en la Secretaría.  
d) Los sobres remitidos quedarán bajo la custodia de la Secretaria o Secretario de la Junta de Gobierno hasta el momento previo de proceder al escrutinio en que los entregará el Presidente de la mesa electoral y, previa comprobación de la identidad de la persona remitente y que esta no ha votado personalmente, se introducirán las papeletas en la urna correspondiente.  
e) Solo se admitirán los votos emitidos por correo que cumplan los requisitos establecidos y que tengan entrada en el Colegio hasta el momento de cerrarse la votación.  
f) Los sobres recibidos con posterioridad al escrutinio serán rehusados y devueltos por el mismo conducto a su remitente.  
3. Los votos anticipados se introducirán en las urnas una vez concluida la votación presencial. El voto depositado de forma personal anulará en todo caso el emitido anticipadamente.  
  
Artículo 65. Del escrutinio y proclamación  
1. Finalizada la votación empezará el escrutinio que se regirá por las siguientes normas:  
1) Tendrán que ser declarados nulos aquellos votos que contengan expresiones ajenas al estricto contenido de la votación o que contengan tachaduras o raspaduras.  
2) Aquellas papeletas que se encuentran solo parcialmente cumplimentadas en cuanto al número de candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, lo serán para los cargos y personas correctamente expresados.  
2. Una vez finalizado el escrutinio se proclamarán electas para cada cargo las personas candidatas que hayan obtenido la mayoría.  
En caso de empate se entenderá elegida la que más votos hubiera obtenido entre los ejercientes; de persistir este, la de mayor tiempo de ejercicio en el Colegio; y si todavía se mantuviera el empate, la de mayor edad.  
  
Artículo 66. De la toma de posesión  
Las personas proclamadas electas tomarán posesión en la primera Junta General ordinaria siguiente a su proclamación, previo juramento o promesa de cumplir lealmente el cargo respectivo y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno. En el mismo acto se les impondrán los distintivos colegiales acreditativos de su condición y cesarán quienes resulten sustituidos o sustituidas.  
  
Artículo 67. Disposiciones comunes a la elección  
1. Los plazos señalados en días excluirán los sábados y días inhábiles.  
2. Las reclamaciones y recursos que se interpongan ante la Junta de Gobierno durante el proceso electoral o contra su resultado serán admitidos en un solo efecto y no suspenderán la votación, proclamación y toma de posesión de las personas electas, salvo cuando así se acuerde por causas excepcionales mediante resolución expresa motivada.  
3. Las resoluciones o acuerdos de la Junta de Gobierno podrán ser recurridas en alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.  
  
Artículo 68. De la comunicación del resultado  
En el plazo de cinco días desde la nueva constitución de los órganos de gobierno se comunicará esta al Consejo Autonómico y al General.  
  
Artículo 69. De los ceses  
Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados cesarán por las causas siguientes:  
1. Defunción.  
2. Renuncia.  
3. Falta de concurrencia de los requisitos estatutarios para ejercer el cargo.  
4. Expiración del plazo para el que fueron elegidos.  
5. Falta de asistencia injustificada a las sesiones de la Junta de Gobierno conforme a lo que establece el artículo 56.7 del presente Estatuto.  
6. Aprobación de la moción de censura, según lo que regula el siguiente artículo.  
Cuando, por cualquier causa, la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno quedaran vacantes, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados designará una Junta provisional que convocará en el plazo de treinta días elecciones para la provisión de los cargos vacantes para el tiempo de mandato que restara a quienes sean sustituidos.  
Estas elecciones tendrán que celebrarse en el plazo de treinta días naturales siguientes contados a partir de la convocatoria.  
  
Artículo 70. De la moción de censura  
La Junta de Gobierno en su totalidad o alguno o algunos de sus miembros podrán ser removidos de su cargo por medio de voto de censura en Junta General Extraordinaria convocada a petición de un mínimo del 20 % de las personas colegiadas como ejercientes incorporadas al Colegio con una antelación mínima de tres meses, y expresará con claridad la razón en la que se funde.  
La Junta General Extraordinaria tendrá que celebrarse en el plazo de treinta días hábiles desde que se presentará la solicitud.  
Para la válida constitución de esa Junta General Extraordinaria se exigirá la concurrencia personal de la mitad más uno del censo electoral con derecho a voto y, en segunda convocatoria, de una tercera parte de ese mismo censo.  
El voto no será delegable y tendrá que ser personal, directo y secreto.  
Si prosperara el voto de censura, la Junta de Gobierno convocará, a la mayor brevedad, elecciones para sustituir a la persona o personas censuradas por el tiempo de mandato que le restaba.  
  
  
CAPÍTULO III  
De la Junta General  
  
Artículo 71. De la Junta General  
La Junta General es el órgano máximo de gobierno del Colegio en los asuntos propios de su competencia. Se reunirá con carácter ordinario, en al menos dos ocasiones cada año y con carácter extraordinario cuando sea debidamente convocada a iniciativa del Decano o Decana, de la Junta de Gobierno o de un número de colegiados y colegiadas que represente al treinta por ciento del censo de ejercientes.  
Todos los colegiados y colegiadas que estén incorporados al Colegio con tres meses de anterioridad a la fecha de la convocatoria de la Junta General, podrán asistir con voz y voto, tanto sean Juntas ordinarias como extraordinarias.  
La Junta General tendrá las siguientes atribuciones:  
a) Aprobar el Estatuto del Colegio y sus modificaciones o reformas.  
  
b) Aprobar el balance y de la liquidación presupuestaria de cada ejercicio, así como de los presupuestos anuales de ingresos y gastos.  
c) Aprobar sobre la reprobación o censura de la Junta de Gobierno o de cualquier de sus miembros.  
d) Aprobar la imposición de cuotas extraordinarias.  
e) La adquisición, el gravamen y la venta de bienes inmuebles, así como la inversión o disposición del patrimonio colegial, en aquellos supuestos no atribuidos a la Junta de Gobierno.  
f) Aprobar los reglamentos de régimen interior que le proponga la Junta de Gobierno.  
g) Aquellos asuntos que le someta la Junta de Gobierno que, a su entender, merezcan esta atención, en razón a su trascendencia colegial.  
  
h) Formular cualquier tipo de proposición, dentro del marco de la legalidad vigente.  
i) Cualquier otra facultad que le atribuyan las leyes, los reglamentos, el Estatuto General de la Abogacía o el presente Estatuto.  
  
Artículo 72. De la convocatoria a Junta General Ordinaria  
Las Juntas Generales tendrán que convocarse con una antelación mínima de quince días naturales, excepto en los casos de urgencia, en qué según el parecer de la Junta de Gobierno tenga que reducirse el plazo, teniendo que motivarse en la convocatoria la causa concreta que lo justifique.  
La convocatoria, señalará la fecha, hora y lugar de celebración y expresará debidamente numerado el orden del día. Si la convocatoria o alguno de los puntos a tratar fueran a instancia de las personas colegiadas tendrá que indicarse tal circunstancia.  
La citación se publicará en los tablones de anuncios del Colegio y en la página web a través de la ventanilla única, notificándose a todos los miembros del Colegio a través de su dirección electrónica habilitada.  
En la Secretaría del Colegio, durante las horas de despacho, estarán a disposición de las personas colegiadas los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Junta convocada.  
  
Artículo 73. De las Juntas Generales Extraordinarias  
Las Juntas Generales Extraordinarias se celebrarán a iniciativa del Decano o Decana, de la Junta de Gobierno o a solicitud de al menos el veinte por ciento de las colegiadas y colegiados ejercientes, con expresión de los asuntos concretos que se tengan que tratar.  
La Junta tendrá que celebrarse en el plazo de treinta días naturales contado desde el acuerdo del Decano o Decana, de la Junta de Gobierno o desde la presentación de la solicitud por el veinte por ciento de ejercientes y nunca podrán ser tratados más asuntos que los expresados en la convocatoria.  
Solo por resolución motivada y en el supuesto de que la proposición sea ajena a los fines del Colegio podrá denegarse por la Junta de Gobierno la celebración de la Junta General extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los peticionarios.  
  
Artículo 74. Disposiciones comunes a la celebración de las Juntas Generales  
La Junta General se celebrará el día y hora señalados, cualquier que sea el número de asistentes, excepto en los casos en que este Estatuto o el Estatuto General de La Abogacía Española exija un quórum de asistentes determinado. Presidirá la Junta el Decano o Decana, o quien legalmente le sustituya, y será quien dirigirá el debate. Acabada la discusión, el asunto será sometido a votación. No se podrán tomar acuerdos sobre asuntos no comprendidos en la orden del día.  
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, excepto en los casos en que se exija una mayoría cualificada. El voto de los ejercientes e inscritos tendrá doble valor que el de las otras personas colegiadas.  
Las votaciones serán a mano levantada. La votación será secreta cuando así lo solicite el diez por ciento de quienes asistan a la reunión o así se establezca en el presente Estatuto.  
Se permitirá la delegación por escrito del voto que tendrá que ser específico para la Junta General a la que se refiera la delegación, siempre que conste debidamente acreditada su autenticidad y recaiga en un colegiado o colegiada, con un máximo de tres delegaciones por votante. No puede delegarse el voto para las elecciones a Junta de Gobierno y mociones de censura. El voto para participar en las Juntas Generales donde tenga que tratarse el cambio de denominación, la fusión, segregación, disolución y liquidación del Colegio tampoco será delegable.  
Desde la fecha de la convocatoria y hasta el día de su celebración, se podrán consultar en la Secretaría los antecedentes relativos al contenido del Orden del día.  
En la Junta General Ordinaria, a celebrar en el primer trimestre de cada año, podrán incluirse las proposiciones que presenten un mínimo de un veinte por ciento de ejercientes. La propia Junta acordará si procede o no abrir discusión sobre las proposiciones presentadas.  
Los acuerdos son obligatorios para todos los miembros del colegio e inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo dispongo otra cosa, sin perjuicio de los recursos que correspondan.  
Del contenido de la Junta se levantará acta que será firmada por quien presida y por quien ejerza de Secretaria o Secretario, o por las personas que hubieran ejercido sus funciones en la Junta de qué se trate.  
Las actas de la Juntas Generales que se celebren se transcribirán en un libro que al efecto y con carácter obligatorio, se llevará en el Colegio.  
  
  
CAPÍTULO IV  
De la modificación del estatuto  
  
Artículo 75. De la modificación del Estatuto  
La modificación del presente Estatuto será competencia de la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno o de un grupo de ejercientes que representen la mitad más uno del censo colegial.  
Quienes hubiesen propuesto la modificación redactarán el proyecto, que será distribuido a través de la ventanilla única y el correo electrónico a todos los miembros del Colegio a fin de que tomen conocimiento y cualquiera podrá formular enmiendas totales o parciales, que tendrá que presentar dentro del mes siguiente a la publicación del proyecto, siendo estas las únicas que se sometan a discusión y votación.  
La Junta General se convocará dentro del mes siguiente a la expiración de plazo y recepción de enmiendas; teniendo que celebrarse antes de los dos meses siguientes a la convocatoria.  
En la Junta General el miembro de la Junta que por esta se designe, defenderá el proyecto y, seguidamente, quién hubiera propuesto la enmienda, o si fueran varias, la persona que de entre ellas designen, podrá hacer uso del derecho a su defensa. Una vez finalizada su intervención, se abrirán turnos a favor y en contra, de manera alternativa por cada enmienda presentada, sometiéndose seguidamente a votación.  
Finalizado el turno de enmiendas el texto definitivo del proyecto será sometido a votación y, en su caso, y según determine la normativa en ese momento vigente, se elevará al Consejo correspondiente para su aprobación. Se remitirá también a la Administración con competencia en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para su publicación.  
  
  
Título iv  
Del régimen económico y jurídico del colegio  
  
CAPÍTULO I  
Del régimen económico del Colegio  
  
Artículo 76. De los principios informadores y cuentas anuales  
De conformidad con lo que dispone el artículo 84 del Estatuto General de la Abogacía Española, el funcionamiento económico del Colegio se ajustará al régimen de presupuesto anual y será objeto de una ordenada contabilidad, coincidiendo el ejercicio económico con el año natural.  
Todos los colegiados y colegiadas podrán examinar las cuentas del Colegio a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General que tenga que aprobarlos.  
La Junta de Gobierno, a propuesta elaborada por la Tesorería, formulará las cuentas correspondientes al ejercicio de cada año cerrado a 31 de diciembre, debiendo someterse a debate y aprobación de la primera Junta General Ordinaria del año.  
Corresponde a todas las personas colegiadas el derecho de información económica sobre las cuentas anuales formadas por la Memoria y la cuenta general de gastos e ingresos, derecho que se ejercerá durante los quince días hábiles anteriores a la celebración de la primera Junta General Ordinaria del año en la que hayan de someterse a examen y aprobación.  
  
Artículo 77. De los recursos económicos  
Los recursos económicos del Colegio pueden ser ordinarios y extraordinarios.  
Constituyen los recursos ordinarios del Colegio:  
1. Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos que integran su patrimonio, así como los rendimientos de los fondos depositados en sus cuentas.  
2. Los derechos de incorporación en el Colegio que libremente determine la Junta de Gobierno.  
3. Los derechos que fije la Junta de Gobierno por expedición de certificados, por emisión de dictámenes, arbitrajes, informes, resoluciones o consultas que emita sobre cualquier materia.  
4. El importe de las cuotas ordinarias y de las extraordinarias.  
5. Los ingresos procedentes de la prestación de servicios en la forma y cuantía que la Junta de Gobierno establezca.  
6. Los ingresos por la promoción entre los colegiados y colegiadas de servicios y actividades desarrollados por terceros.  
7. Los obtenidos por cualquier otro concepto que legalmente correspondiera.  
Son recursos extraordinarios:  
1. Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el Estado o Corporaciones Oficiales, Entidades o particulares.  
2. Los bienes que por cualquier título pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.  
3. Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio cuando administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, cultural o benéfico, determinados bienes o rentas.  
4. Todos aquellos que no tengan la consideración de ordinario.  
  
Artículo 78. De la administración  
El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno, y por delegación de esta, por la tesorera o tesorero, con la colaboración técnica que sea necesaria a estos efectos.  
  
Artículo 79. Del presupuesto  
Anualmente la Junta de Gobierno elaborará un presupuesto de gastos e ingresos que someterá a la segunda Junta General Ordinaria para su examen, enmienda y aprobación o rechazo. Si no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio económico anterior.  
  
Artículo 80. De la contabilidad  
La contabilidad del Colegio se adaptará en el plan general de contabilidad que esté vigente en cada momento.  
  
Artículo 81. Del personal laboral del Colegio y de los colaboradores  
Para el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, el Colegio podrá dotarse de personal laboral y de personal colaborador.   
Corresponderá a la Junta de Gobierno, a propuesta de la Secretaría, decidir en todo caso y según las necesidades del servicio sobre la contratación del personal laboral o la designación de personal colaborador.   
Será personal laboral del Colegio el que con sujeción a la normativa laboral y con la jornada y condiciones que en cada caso se estipulen, se contrate, en régimen de dependencia, para atender las funciones habituales del Colegio y servicios dependientes del mismo. Corresponderá a la Junta del Gobierno la distribución del trabajo, sueldo y gratificaciones.  
El personal de plantilla del Colegio será siempre nombrado por concurso y constará en el presupuesto con las asignaciones respectivas. La Junta de Gobierno podrá nombrar, a cargo de imprevistos, el personal de carácter temporal que considere preciso  
Son colaboradores aquellas personas colegiadas que, con carácter transitorio u ocasional, auxilian a la Junta de Gobierno o al Colegio para el mejor desempeño de sus funciones.   
  
  
CAPÍTULO II  
Del régimen jurídico del Colegio   
y de la impugnación de los actos colegiales  
  
Artículo 82. Del régimen jurídico  
El Colegio de la Abogacía de Sueca, como Corporación de Derecho Público, está sujeto al derecho administrativo cuando ejerza potestades públicas. Este ejercicio se regirá por su normativa estatutaria específica y supletoriamente por las leyes administrativas comunes.  
Respecto al resto de su actividad, los actos y acuerdos que adopten los órganos colegiales estarán sometidos a los presentes Estatutos y al Derecho Privado y podrán ser objeto de impugnación, reclamación o exigencia de las responsabilidades que de su propia naturaleza puedan derivarse ante la jurisdicción que corresponda por razón de la materia.  
  
Artículo 83. De la notificación de actos y resoluciones de los órganos de gobierno  
La notificación de los acuerdos y resoluciones de los órganos colegiados se llevará a cabo de conformidad con las siguientes reglas:  
Deberán notificarse los acuerdos y resoluciones que afectan a derechos e intereses de las personas que ostentan la condición de interesadas.  
Toda notificación de un acto o resolución sujeta al derecho administrativo deberá contener su texto íntegro, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que se deberán presentar y el plazo para interponerlos, sin perjuicio que las personas interesadas pudieran ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimaran procedente.  
Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto o resolución, omitieran alguno de los otros requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que la parte interesada realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido del acto y alcance del texto o resolución objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.  
A efectos de las notificaciones personales se considerará como domicilio a efectos de notificación, el domicilio profesional de las personas colegiadas ejercientes e inscritas y el domicilio que figure en el archivo de la corporación para los no ejercientes. En el caso de terceras personas interesadas se considerará domicilio el que indiquen a tales efectos.  
Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que se permita tener constancia de su envío o de su puesta a disposición, de la recepción o acceso a la comunicación por la persona interesada o su representante. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.  
Si las notificaciones realizadas por cualquier de los medios regulados en el artículo siguiente resultaran infructuosas, será válida la realizada con la inserción del acto notificado en el tablón de anuncios de este Colegio por plazo de 15 días.  
  
Artículo 84. De las formas y medios de comunicación del Colegio  
1. Siempre que lo permita el estado de la tecnología, los integrantes del colegio tendrán que relacionarse con este por medios electrónicos, conforme al que se prevé en las leyes de procedimiento administrativo, el Estatuto General de la Abogacía y el presente Estatuto. Esta previsión afecta igualmente a otros profesionales de la Abogacía que se relacionan o tengan que relacionarse con el Colegio por cualquier causa.  
2. A tal efecto tendrán que utilizar los medios electrónicos, aplicaciones o sistemas establecidos por el Colegio, quien respetará las garantías y requisitos previstos para el procedimiento de que se trate. La Junta de Gobierno podrá adoptar los acuerdos que sean oportunos para una adecuada regulación del uso de medios electrónicos a efectos de notificaciones.  
3. Las notificaciones electrónicas del Colegio se podrán realizar de una de las dos formas siguientes:  
a) Mediante la remisión de correo electrónico a la dirección electrónica de quien se trate. A tal efecto, la persona integrante del Colegio tendrá que comunicar y mantener actualizada una dirección de correo electrónico, a través de cual se pueden efectuar las notificaciones oportunas. Esta obligación tendrá que rellenarse en plazo máximo de un mes desde la aprobación del presente estatuto o en su caso desde la adquisición de la condición de integrante de este colegio. Esa misma comunicación se deberá hacer a cualquier otro profesional de la abogacía que tenga que mantener relación con este Colegio.  
b) Mediante puesta a disposición de la notificación de que se trate, en la sede electrónica del Colegio. En este caso el Colegio pondrá la notificación a disposición del colegiado o colegiada para que proceda a su recepción y conocimiento del contenido en plazo máximo de diez días a contar desde la puesta a disposición. De este modo, constando la correcta remisión del acto de comunicación por estos medios técnicos, de no acceder la persona destinataria a su contenido en el plazo indicado, se entenderá que la notificación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.  
4. En los casos en que el sistema de puesta a disposición de la notificación en sede electrónica del Colegio lo permita, se remitirá, además, a la persona destinataria un aviso a su dirección electrónica colegial, sin que la imposibilidad o ausencia de tal aviso afecte la validez de la notificación.  
5. Las notificaciones serán válidas siempre que se pueda tener constancia de los siguientes datos:  
a) Su envío o puesta a disposición, ya sea por medios electrónicos o por medios no electrónicos.  
b) La recepción o/y acceso por el interesado o interesada o, en los casos de falta de acceso a la notificación, en el transcurso de diez días sin aceptarla.  
c) Las fechas y horas tanto de remisión o puesta a disposición como de la aceptación por parte de la persona interesada o transcurso del plazo indicado sin acceder a esta.  
d) La identidad personal o electrónica del remitente y destinatario o destinataria  
e) En los casos de puesta a disposición en sede electrónica, se acreditarán los anteriores extremos mediante certificación de trazabilidad o equivalente, expedida por el Consejo General de la Abogacía Española. Igualmente tendrá la misma consideración la certificación que, de acuerdo con los registros obrantes en el servidor de correo, emita el propio Colegio de la Abogacía, en el caso de remisión directa de correo electrónico.  
6. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones en las que los actos a notificar vayan acompañados de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico y las que contengan medios de pago.  
7. En los casos de notificaciones por medio no electrónico, se acreditará con el correspondiente acuse de recibo. Si el destinatario rechazara, expresa o tácitamente, recibir la notificación, se tendrá por efectuada válidamente la misma y se seguirá con los otros trámites.  
8. Se podrá efectuar la notificación por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:  
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la presencia física de la persona destinataria y esta solicita o acepta su recepción en ese momento.  
b) Cuando el Colegio considere procedente la práctica de la notificación por entrega personal.  
  
Artículo 85. De la ejecutividad y eficacia de los actos  
1. Los acuerdos y actos de los órganos colegiales en materias no sujetas a Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que en los propios acuerdos se disponga otra cosa.  
2. Los acuerdos y actos sometidos a derecho administrativo, es decir, los adoptados en cuanto corporación de derecho público, se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa o se refieran a materia disciplinaria. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación o publicación.  
3. La suspensión de los actos y acuerdos sometidos a Derecho Administrativo se regirá por las normas establecidas en la regulación del procedimiento administrativo común. Se exceptúan las sanciones impuestas en materia disciplinaria, que quedarán automáticamente en suspenso con la interposición de recurso administrativo o contencioso-administrativo, de forma que solo serán ejecutadas cuando adquieran firmeza en vía administrativa y, en su caso, contencioso-administrativa, bien por no ser objeto de recurso administrativo o jurisdiccional, bien para resultar confirmadas después de la resolución de los correspondientes recursos.  
  
Artículo 86. Del cómputo de los plazos  
Los plazos previstos en el presente estatuto expresados en días se entenderán hábiles, salvo que expresamente se diga otra cosa.  
  
Artículo 87. De los recursos contra los acuerdos de los órganos de gobierno  
1. Los acuerdos emanados de los órganos de gobierno de este Colegio sujetos al derecho administrativo, los actos definitivos y los de trámite que produzcan indefensión o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, serán recurribles en alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, dentro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de su adopción, o, en su caso, desde su notificación a los interesados.  
Los acuerdos de la Junta General serán recurribles tanto por los colegiados y colegiadas a quienes afecte personalmente como por la propia Junta de Gobierno.  
2. El recurso podrá interponerse ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados o ante el propio Colegio de la Abogacía de Sueca, que lo elevará, con sus antecedentes e informe que proceda, al Consejo Valenciano, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación.  
3. El recurrente podrá acudir a la vía contencioso-administrativa por desestimación del recurso expresa o presunta, dado que el silencio tendrá efecto desestimatorio de los recursos establecidos en el presente artículo  
4. La interposición del recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados no suspende la ejecutividad de los acuerdos, excepto en los siguientes casos:  
a) Cuando la Junta de Gobierno interponga recurso contra acuerdo de la Junta General fundado en la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho.  
b) Cuando se recurra una sanción disciplinaria.  
c) Cuando a instancia de parte así lo acuerdo el Consejo Valenciano, por concurrir circunstancias que puedan causar daños difícilmente reparables o, desproporcionados respecto al interés público tutelado por el acto.  
En los dos primeros casos, la simple interposición del recurso suspenderá automáticamente la ejecutividad del acto. La suspensión se levantará una vez se resuelva el recurso.  
En el tercer caso el acuerdo no se entenderá suspendido ni siquiera por el transcurso del plazo de un mes, o de cualquier otro, desde que se solicitase la suspensión sin recibir respuesta, de modo que, para que la suspensión se entienda concedida, se requerirá de resolución expresa del Consejo en tal sentido.  
  
  
CAPÍTULO XII  
De la fusión, segregación, disolución y liquidación  
  
Artículo 88. De la fusión, segregación, disolución y liquidación del Colegio  
La fusión, absorción y disolución del Colegio podrá ser acordada por la Junta General Extraordinaria, convocada especialmente al efecto por la Junta de Gobierno o cuando lo soliciten, al menos, una cuarta parte de los colegiados/as ejercientes residentes. A la Junta tendrán que asistir personalmente, al menos, la mitad más uno de los integrantes del censo colegial y el acuerdo tendrá que adoptarse por el voto a favor de dos terceras partes de los asistentes, no permitiéndose la delegación del voto.  
En caso de que se aprobara la disolución del Colegio, la Junta General proveerá aquello que sea necesario respecto de la liquidación, determinará el número de liquidadores y designará los colegiados y colegiadas que tengan que actuar como tales, estableciendo las atribuciones que les correspondieran en el ejercicio de sus funciones y el procedimiento a continuar para la liquidación.  
  
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL  
  
En todo aquello no previsto en los presentes Estatutos se aplicará lo previsto en el Estatuto General de la Abogacía Española y en las Leyes de Colegios Profesionales, Estatal y de la Comunidad Valenciana.  
  
  
DISPOSICIÓN FINAL  
  
Los presentes Estatutos, una vez aprobados por la Junta General, serán comunicados al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, al Consejo General de la Abogacía Española y a la Conselleria competente en materia de consejos y colegios profesionales de la Generalitat Valenciana para inscripción en el Registro de Colegios Profesionales, y publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, momento en el que se producirá su entrada en vigor.  
  
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
  
Una vez publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el presente Estatuto, quedarán expresamente derogados los anteriores Estatutos para el régimen y gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca y sus modificaciones.»