Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4236, del 25-04-2002 (2002/4166)

ORDEN de 22 de abril de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas económicas a las organizaciones sindicales.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4236

Fecha DOGV
:   25-04-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/4166


Fecha del documento
:   22-04-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * apoyo económico
    * sindicato

ORDEN de 22 de abril de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas económicas a las organizaciones sindicales. [2002/4166]
  
Los sindicatos u organizaciones sindicales de trabajadores y funcionarios constituyen instituciones de relevancia constitucional que tienen encomendada la consecución de la defensa y promoción de los intereses sociales y económicos de los trabajadores.
  
La Generalitat Valenciana convoca anualmente con cargo a sus presupuestos, ayudas económicas a dichas organizaciones sindicales, para atender a la realización de sus fines propios, ayudas que son distribuidas siguiendo criterios de objetividad, representatividad y publicidad, basándose en los resultados obtenidos, en el ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma, tanto en las elecciones a representantes de los trabajadores en las empresas, como en las elecciones celebradas para determinar los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas.
  
Este criterio de representatividad se certifica por las oficinas públicas de Registro de Actas de Elecciones Sindicales adscritas a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, contabilizando los mandatos válidos vigentes, no prorrogados, para determinar la capacidad representativa de los sindicatos.
  
El cómputo que se realiza para que surta efectos de acuerdo a esta orden, se referirá a la fecha de 31 de diciembre, de conformidad con lo previsto en las disposiciones adicionales primera y cuarta de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos 12 y 27.6 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, en su nueva redacción dada por la Ley 18/1994, de 30 de junio.
  
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre del Gobierno Valenciano, y el artículo 47 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991.
  
ORDENO
  
Artículo único
  
Se aprueban las bases que constan como anexo, reguladoras de las ayudas económicas a las organizaciones sindicales.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
Mediante orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, se publicará anualmente la dotación presupuestaria para subvencionar las ayudas a las que se refieren las presentes bases.
  
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2002 es de 2.295.870 euros, en la línea de subvención T0230.000 del programa 315.10, Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales.
  
Segunda
  
Se faculta al director general de Trabajo y Seguridad Laboral para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
  
Disposición final
  
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 22 de abril de 2002
  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo
  
VICENTE RAMBLA MOMPLET
  
ANEXO
  
Bases reguladoras de las ayudas económicas a las organizaciones sindicales.
  
Base 1. Objeto y ámbito
  
Se convocan ayudas económicas a distribuir entre los sindicatos u organizaciones sindicales que lo soliciten en tiempo y forma, en proporción a su representatividad basada en los resultados electorales obtenidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Valenciana, y expresada en el número de delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas cuyo derecho de sindicación se rija por la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical, o por su normativa específica, siempre que hayan obtenido representación sindical en otras Administraciones Públicas dentro del marco geográfico de la Comunidad Valenciana.
  
Los mandatos obtenidos en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, a los efectos de la presente orden, son los computados como mandatos válidos vigentes y no prorrogados a 31 de diciembre, en las Oficinas Públicas de Registro de Actas de Elecciones Sindicales, adscritas a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
  
Respecto de los resultados obtenidos en las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de otras administraciones públicas en el ámbito territorial de esta comunidad autónoma, la organización sindical solicitante de la ayuda deberá acreditar el total de representantes atribuidos a la misma respecto de los mandatos válidos vigentes y no prorrogados, al día 31 de diciembre.
  
Base 2. Beneficiarios
  
Serán beneficiarios de las ayudas previstas en la presente orden los sindicatos u organizaciones sindicales que hubieran obtenido algún delegado de personal o miembro del comité de empresa o de juntas de personal, en las elecciones y ámbito a que hace referencia la base anterior, y las federaciones y confederaciones en los términos y condiciones establecidos en la base 3.3.1.
  
Base 3. Presentación de solicitudes y plazo
  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente orden deberán dirigirse a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, y se presentarán en el impreso normalizado en cualquiera de los registros de entrada dependientes de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. El plazo para presentación de solicitudes finalizará el día 31 de marzo de cada año en que las presentes bases permanezcan vigentes. No obstante, con carácter excepcional, el plazo para presentar solicitudes en el año 2002 será de tres meses a contar desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases.
  
3. Las solicitudes deberán acompañarse de los siguientes documentos:
  
3.1 Documento fehaciente que acredite la representación de la persona que actúe en nombre del sindicato u organización sindical solicitante; la representación podrá acreditarse por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
En el supuesto de que la entidad sindical solicitante fuera una federación o confederación, y recabara la ayuda en nombre de las organizaciones sindicales integradas o afiliadas en la misma, deberá acompañar documentación acreditativa en la que conste la autorización fehaciente de dichas organizaciones para que la confederación o federación pueda solicitar y percibir, en su nombre, la ayuda interesada.
  
Cuando se trate de una coalición electoral y la atribución de los resultados electorales conste verificada a la misma, el sindicato u organización sindical que solicite la ayuda, por sí y en nombre y representación del coaligado, deberá acompañar, en forma fehaciente, la autorización expresa de éste para que solicite y perciba, en su caso, la ayuda en su nombre.
  
3.2. Respecto de los resultados obtenidos, en las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de otras administraciones públicas en el ámbito territorial de esta comunidad autónoma, la organización sindical solicitante de la ayuda deberá acreditar el total de representantes atribuidos a la misma, respecto de los mandatos válidos vigentes y no prorrogados, al día 31 de diciembre.
  
3.3. Documentación acreditativa de hallarse la organización sindical solicitante al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos establecidos en la Orden de la Conselleria de Economía y Hacienda de 30 de mayo de 1996, cuya vigencia deberá extenderse hasta la fecha de la concesión de la ayuda.
  
3.4. Fotocopia de la tarjeta de personas jurídicas con el número de identificación fiscal.
  
3.5. Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se hubiera presentado con anterioridad y no hubieran experimentado variación.
  
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la mencionada ley, para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Base 4. Cuantía de las ayudas
  
La cuantía de las ayudas se determinará distribuyendo la cantidad total presupuestada, determinada de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera, de la forma siguiente:
  
a) Una ayuda mínima lineal de 601,01 euros a todas y cada una de las organizaciones sindicales que hubieran efectuado su petición en el plazo y acreditado los requisitos y condiciones exigidos en estas bases.
  
b) La ayuda anterior será incrementada en otra cantidad que se determinará tomando como base el número de representantes sindicales obtenidos por cada organización sindical en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Valenciana y respecto de los mandatos válidos vigentes y no prorrogados, al treinta y uno de diciembre.
  
Se obtendrá la cuantía por representante, procediendo a dividir la cantidad que resulte, - una vez descontada de la suma presupuestada el total de las ayudas lineales concedidas,- por el número total de representantes obtenidos por las organizaciones sindicales solicitantes.
  
Base 5.Tramitación
  
1.. Examinadas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral las solicitudes y la documentación adjunta a las mismas, se efectuará en su caso el requerimiento a que se refiere la base 3 punto cuarto, pudiendo recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que se estimen necesarios para resolver sobre la solicitud presentada
  
2. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral incorporará de oficio al expediente, si no hubiera sido aportada por el solicitante, la certificación referente a las elecciones a representantes de los trabajadores en las empresas, y a las de los órganos de representación del personal al servicio de la administración autonómica, acreditativa del número de representantes obtenidos por la organización sindical peticionaria en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, referida a los mandatos válidos vigentes y no prorrogados, al día 31 de diciembre.
  
3. En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
  
Base 6.Resolución de concesión de las ayudas
  
1. El director general de Trabajo y Seguridad Laboral, resolverá por delegación del conseller de Economía, Hacienda y Empleo, la concesión de las ayudas establecidas en las presentes bases.
  
2. La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse el beneficiario
  
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución, será de tres meses a contar desde la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes.
  
Transcurrido el expresado plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se producirán con relación a la solicitud de la ayuda, los efectos del silencio administrativo en los términos previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.
  
4. Las resoluciones a las que se refiere el párrafo primero, agotarán la vía administrativa y podrán ser impugnadas directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, y de la posibilidad de que los interesados puedan interponer en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
  
Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interponerse frente al acto presunto, idéntico recurso en el plazo de seis meses a contar desde que hubiese finalizado el plazo para dictar y notificar la resolución expresa.
  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Base 7. Pago de las ayudas
  
1. Para que proceda el libramiento del importe de la ayuda concedida, deberá aportarse, por los beneficiarios de la misma o por sus representantes orgánicos o voluntarios, en el plazo de los veinte días siguientes a aquél en que hubiese sido notificada la resolución de concesión, documento en el que se exprese el compromiso incondicionado de que la ayuda que se concede será destinada a los fines propios de dicha organización sindical.
  
2. En el plazo de 30 días desde que se perciba efectivamente la ayuda, la organización sindical beneficiaria deberá aportar certificación de sus órganos de gobierno en la que conste la anotación en la contabilidad del sindicato del importe total de la cantidad concedida.
  
El cumplimiento de tal obligación será requisito indispensable para poder solicitar ayudas de idéntica naturaleza en ejercicios posteriores en el caso de que sean convocadas.
  
Base 8. Seguimiento y control
  
Las organizaciones sindicales perceptoras de las ayudas tendrán la condición legal de beneficiarias y estarán sujetas a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General en relación con las ayudas concedidas, conforme está previsto en el artículo 47.4 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, de 26 de junio de 1991 (DOGV 17 de julio de 1991).
  
Base 9. Minoración y resolución de las ayudas por incumplimiento.
  
1. La administración podrá dejar sin efecto, total o parcialmente, la resolución de concesión y, en su caso, exigir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención, cuando se incumplan las condiciones, términos o modos impuestos en la orden de convocatoria, en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, o en la propia resolución de concesión, así como aquéllas que deriven de la propia naturaleza u objeto de las ayudas.
  
2. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.