Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6963, del 12-02-2013 (2013/1221)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 068/12-A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6963

Fecha DOGV
:   12-02-2013

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/1221


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 068/12-A. [2013/1221]  
  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Comercial Ledols, SL, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: Ramón Escrig Moreno. Vocales: Francisco Ortiz Gutiérrez, Miguel García Navaro, que justifica su ausencia. Secretaria-vocal: Carolina Casal Asensio. Partes. Reclamante: Tirolina Spedition GMBH representada por Francisco José Martínez Marín. Reclamado: Comercial Ledols, SL, que no comparece.  
En Alicante, a 25 de octubre de 2012 y siendo las 10.30 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente 068/12-A, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: Impago de portes. Incomparecencia del demandado.   
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.   
  
A la parte reclamada le fue notificada la demanda y la citación a vista para el día 25 de octubre de 2012 mediante escrito recibido el 22/09/2012 según queda acreditado con el Aviso de recibo expedido por el Servicio de Correos y que consta en el expediente.   
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes antecedentes de hecho:  
1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda manifiesta que como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada, un transporte internacional desde Guardamar del Segura (España) hasta Langenhagen (Alemania), tal y como queda expuesto en la demanda y constan en la factura adjunta a la misma. Seguidamente se presentó al cobro a su respectivo vencimiento, la factura núm. 3949433409, de 16 de septiembre de 2011, por importe de 1.954,75 euros.  
Realizadas diversas gestiones de cobro sin conseguirlo, es por lo que se interpone la presente demanda, con la solicitud de que una vez que sea reconocido su derecho, se condene a la reclamada al pago de la cantidad de 1.954,75 euros más los intereses devengados y que se estiman hasta la fecha del 25 de octubre de 2012 en 148,53 euros, lo que hace un total de reclamación a día de la fecha de 2.103,28 euros.  
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos:  
1. En cuanto a la competencia territorial, referida a los transportes realizados, dice el artículo 31.1 del CMR: Para todos los litigios que pueda dar lugar el transporte regulado por este Convenio, el demandante podrá escoger, fuera de las jurisdicciones de los países contratantes, designadas de común acuerdo por las partes del contrato, las jurisdicciones del país en el territorio del cual: a) El demandado tiene su residencia habitual, su domicilio principal o sucursal de agencia por intermedio de la cual ha sido concluido el contrato de transporte, y b) Esta situado el lugar en que el transportista se hizo cargo de la mercancía o el lugar designado para la entrega de la misma, no pudiendo escogerse mas que estas jurisdicciones. En este mismo sentido señala la competencia territorial de la Junta Arbitral en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/1990) referida al transporte nacional.   
2. La sumisión, puesto que la contratación se realiza entre dos empresas ubicadas en España, viene determinada de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: «se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado».  
No consta en la documentación probatoria aportada, que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido de excepción de la presunción señalada, motivo que induce a la Junta Arbitral a aplicar la sumisión del artículo 38, puesto que de haber querido pactar para estos transportes sumisión expresa diferente debió así manifestarse en el momento anterior a la ejecución del transporte.  
3. La normativa nacional está complementada, en cuanto a los transportes de carácter internacional, por el Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974 núm. 109). Contrato de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5 de julio de 1978 al que se adhirió España por Instrumento de 23 de septiembre de 1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE de 18 de diciembre de 1982 núm. 203, que establece para cuestiones de competencia lo regulado en el artículo 31.1 a). No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas del los Estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación, en su caso, el Código de Comercio, la LOTT y su Reglamento y demás normas de procedimiento y general aplicación.  
En este caso se da la circunstancia de que la contratación se realiza por empresas que tienen su residencia o establecimiento en España, lugar en el que se produce la contratación por más que posteriormente la carga o descarga se produzca en país diferente.  
4. De las manifestaciones realizadas en vista se deduce que, efectivamente, los portes que son reclamados en esta demanda y cuya factura consta adjunta a la misma fueron realizados, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Tirolina Spedition GMBH representada por Francisco José Martínez Marín contra Comercial Ledols, SL, ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece, que habiéndose realizado el transporte reclamado dentro de las condiciones contractuales convenidas ha de ser abonado su importe.   
Por todo ello Comercial Ledols, SL, deberá abonar a Tirolina Spedition GMBH, la cantidad de mil novecientos cincuenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos (1.954,75 euros), más los intereses legales devengados y que se calculan a fecha de hoy en 148,53 euros, lo que supone un total a abonar de dos mil ciento tres euros con veintiocho céntimos (2.103,28 euros).  
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de 1.ª Instancia de Alicante conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Alicante, 30 de enero de 2013.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante: Ramón Escrig Moreno.