Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7584, del 03-08-2015 (2015/6770)

Información pública de la modificación de los Estatutos del consorcio para su adaptación a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
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Número DOGV
:   7584

Fecha DOGV
:   03-08-2015

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2015/6770


Organismo emisor
:   Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la modificación de los Estatutos del consorcio para su adaptación a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. [2015/6770]  
La Asamblea General del consorcio en fecha 10 de diciembre de 2014, aprobó la modificación inicial de sus Estatutos. La expresada modificación fue expuesta al público por plazo de 30 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 239, de 15 de diciembre de 2014 que finalizó el día 22 de enero de 2015. No habiéndose presentado reclamación alguna, quedó aprobada provisionalmente y se dio traslado a todas las entidades consorciadas de la certificación del acuerdo adoptado y su exposición pública, con el objeto de que la mencionada modificación de Estatutos fuese ratificada por las mismas. Finalmente, mediante acuerdo de la Asamblea General de 8 de junio de 2015 ha sido elevada a definitiva la modificación de los Estatutos.  
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 49. y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se publica el contenido íntegro de los Estatutos.  
Lo que se publica para general conocimiento  
  
Alicante, 14 de julio de 2015.- El presidente-delegado: Juan Molina Beneito; la secretaria: María Rosario Martín Zúñiga.  
  
  
  
  
ESTATUTOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE ALICANTE  
  
CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  
  
Artículo 1. Constitución y entidades que integran el consorcio  
1. Al amparo de lo establecido en la legislación vigente, en especial, en el Artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 110 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, y en las normas emanadas de la Comunitat Valenciana sobre coordinación de las funciones propias de la diputación provincial que son de interés general, se constituye el consorcio objeto de los presentes Estatutos, integrado por la Generalitat, la Diputación Provincial de Alicante y los municipios de la provincia de Alicante, que figuran en Anexo sin perjuicio de los que puedan integrarse en el futuro conforme a las previsiones contenidas en los presentes estatutos.  
2. Son de aplicación a estos estatutos en el ámbito de sus fines, las disposiciones emanadas de la Comunitat Valenciana, y, en especial, de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, en sus artículos 33 a 35; 88 a 90, y 108 a 110; de la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana; y de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, o de aquellas que se dicten en sustitución de estas.  
3. A efectos de lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, el consorcio se halla adscrito a la Diputación Provincial de Alicante y ha sido clasificado en el grupo I de los previstos en la disposición adicional duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por el artículo 1, apartado 37, de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, según acuerdo del Pleno Provincial de fecha 31 de julio de 2014.  
  
Artículo 2. Denominación  
La Entidad pública que se constituye recibe el nombre de Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante (Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante).  
  
Artículo 3. Naturaleza y capacidad  
El consorcio se establece con carácter voluntario y por un período de tiempo indefinido. Tiene naturaleza de entidad pública de carácter institucional, con personalidad jurídica propia e independiente de los entes que lo integran y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que se expresan en los presentes Estatutos.  
El consorcio contará con patrimonio propio afecto a sus fines, estando capacitado para adquirir, proveer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes y derechos, celebrar contratos, obligarse e interponer los recursos y acciones legales, así como cualesquiera otros actos y contratos que sean necesarios o convenientes para su correcto funcionamiento, todo ello con sujeción a los presentes Estatutos y a las demás normas de aplicación.  
Las entidades consorciadas desarrollarán sus competencias en materia de prevención, extinción de incendios y salvamento de forma asociada a través del consorcio, al que corresponde la gestión integral de dichos servicios, así como ordenar y reglamentar las contraprestaciones económicas de derecho público que legal o reglamentariamente procedan.  
  
Artículo 4. Domicilio  
El consorcio tiene su domicilio social en el Palacio Provincial, sito en la Avenida de la Estación n 6, de Alicante. La Asamblea General podrá, no obstante, establecerlo o cambiarlo a otro lugar que considere idóneo dentro de la provincia de Alicante. Los efectos del acuerdo podrán ser inmediatos con independencia de la tramitación del expediente para dar publicidad al cambio.  
  
Artículo 5. Fines del consorcio y duración  
El consorcio constituye la fórmula de gestión asociada a través de la cual las entidades locales que lo integran desarrollan las competencias propias previstas en la ley en materia de prevención y extinción de incendios.  
Asimismo el consorcio constituye la fórmula, prevista en la ley, de colaboración de la Generalitat con la Diputación y las demás entidades locales de la provincia de Alicante para la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios, salvamento y emergencias.  
El fin primordial del servicio será el salvamento de personas y bienes, la extinción de incendios, y la prevención y actuación en cualquier tipo de siniestro o situación en que la protección civil haga precisa su colaboración en los términos de la legislación vigente.  
El consorcio podrá extender su actividad a otros fines comunes a la totalidad de sus miembros en materias relacionadas con el objeto principal del consorcio.  
El consorcio se constituye por tiempo indefinido.  
  
Artículo 6. Ámbito territorial  
1. El servicio extiende su actuación a los términos de los municipios consorciados, así como a los municipios menores de 20.000 habitantes que no estén integrados en el consorcio y no procedan a su prestación, cuando esta sea asumida por la Diputación Provincial.  
Asimismo, actuará fuera del ámbito que le es propio en los casos de siniestro, calamidad, catástrofe o grave peligro, siempre que lo dispongan los órganos competentes.  
2. El consorcio procurará siempre la coordinación con otros servicios de contenido semejante, cualquiera que sea su ámbito territorial (estatal, autonómico o local).  
El consorcio se organiza territorialmente en áreas operativas aunque podrá adoptar otra forma de organización territorial, adaptada a la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, sin necesidad de modificar los Estatutos, pero deberá ser aprobada por la Asamblea General.  
Las áreas operativas figuran en anexo.  
3. En todo caso serán tenidas en cuenta las disposiciones legales que se dicten por la Generalitat para la coordinación del servicio y en especial lo dispuesto en la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias y la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana o legislación vigente en cada momento.  
  
CAPÍTULO II  
RÉGIMEN ORGÁNICO  
  
Artículo 7. Órganos de representación, gobierno y administración  
1. Los órganos necesarios del consorcio, son:  
La Presidencia.  
La Vicepresidencia.  
La Asamblea General.  
El Consejo de Gobierno.  
2. Se configuran como órganos complementarios de dirección y gestión, de carácter potestativo, la Gerencia y las comisiones técnicas.  
  
Artículo 8. La Presidencia  
1. La Presidencia la ostentará el titular de la Diputación Provincial de Alicante o diputado/a de la misma en quien delegue.  
2. En el supuesto de que no asista el titular de la Presidencia a las sesiones de la Asamblea General o del Consejo de Gobierno, la misma será ejercida por el titular de la Presidencia delegada o por el de la Vicepresidencia.  
  
Artículo 9. La Vicepresidencia  
1. La Vicepresidencia será ejercida por la persona designada por el órgano competente de la Generalitat, o en su caso por la personal titular de la dirección general competente en materia de prevención, extinción de incendios y emergencias de la Generalitat.  
2. La persona titular de la Vicepresidencia sustituirá a la Presidencia nata o por delegación en los casos de ausencia, vacante o enfermedad y demás que reglamentariamente procedan, y tendrá las mismas facultades que esta, mientras dure la sustitución, sin que en ningún caso pueda asumir la representación de la Diputación.  
3. La Vicepresidencia, en caso de ausencia a las sesiones de los órganos colegiados, podrá designar a un funcionario o funcionaria de la Generalitat que le represente con voz y voto.  
  
Artículo 10. La Asamblea General  
La Asamblea General es el órgano supremo del consorcio al que personifica y representa con carácter de corporación de derecho público, y estará integrada por:  
a) El presidente o la presidenta.  
b) El vicepresidente o la vicepresidenta.  
c) Un vocal por cada uno de los Municipios consorciados, nombrado por el respectivo pleno, entre sus miembros, con arreglo a la legislación vigente. Se deberá designar también un vocal suplente, de forma que podrán asistir a las sesiones uno u otro indistintamente.  
d) Un vocal diputado o diputada provincial, que sea designado conforme a lo previsto en el artículo 13 de estos estatutos.  
  
Artículo 11. El Consejo de Gobierno  
El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de gobierno y administración del consorcio, cuyo número de miembros no podrá exceder de 15 y estará integrado por:  
a) El presidente o la presidenta.  
b) El vicepresidente o la vicepresidenta.  
c) 12 Vocales elegidos entre y por los vocales de la Asamblea General, a propuesta de la presidencia, en representación de los municipios agrupados por áreas operativas, de la siguiente forma:  
Uno por cada área operativa y el resto hasta 12, también entre las áreas operativas en orden decreciente y en razón de su aportación presupuestaria, hasta completar ese máximo de 12. Tal elección se efectuará en sesión que al efecto será convocada por la Presidencia del consorcio y de la que dará fe el titular de la Secretaría del mismo  
d) El vocal diputado o diputada provincial que sea designado conforme a lo previsto en el artículo 13 de estos estatutos.  
  
Artículo 12. Renovación de los órganos  
1. Los órganos del consorcio se renovarán totalmente con la misma periodicidad que la entidad de la que formen parte. Finalizado el mandato de los ayuntamientos, los órganos del consorcio continuarán en funciones para la administración ordinaria de los asuntos, hasta la constitución de los nuevos órganos, sin que en ningún caso puedan adoptar acuerdos para los que se requiera mayoría cualificada.  
Después de cada proceso electoral y una vez que los ayuntamientos hayan comunicado al consorcio su representante en la misma, la Presidencia convocará la sesión para la constitución y elección de los órganos de gobierno, todo ello de conformidad con lo establecido en estos estatutos.  
Esta sesión se celebrará dentro de los tres meses siguientes a la constitución de los ayuntamientos. Si no se convocara dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocada para el último día hábil de dicho plazo.  
2. Los miembros de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno cesarán como tales cuando pierdan su condición de miembros de la entidad consorciada respectiva.  
3. Las entidades consorciadas podrán remover a sus representantes, antes de finalizar su mandato, con iguales formalidades que las exigidas para la designación, debiendo comunicar el nombramiento del sustituto al consorcio para que el mismo surta efectos. La duración del cargo será por el tiempo que faltase para concluir el mandato del removido.  
  
Artículo 13. Designación del vocal en representación de la Diputación Provincial  
La Presidencia de la Diputación Provincial designará un diputado o diputada provincial como vocal de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno, que necesariamente será aquel en el que se hayan delegado las competencias en materia de extinción de incendios, salvamento y emergencias.  
  
Sección primera. Atribuciones de los órganos del consorcio  
  
Artículo 14. Atribuciones de la Asamblea General  
Son atribuciones de la Asamblea General:  
a) Su constitución y determinación del régimen de sesiones.  
b) La elección de entre sus miembros de los vocales que hayan de integrar el Consejo de Gobierno en representación de las áreas operativas, a propuesta de la Presidencia según se expresa en el artículo 11.  
c) El control y fiscalización de los demás órganos del consorcio.  
d) La aprobación de ordenanzas y reglamentos y las normas de carácter general que regulen la organización y funcionamiento del consorcio.  
e) La aprobación de la memoria anual y directrices de actuación.  
f) La aprobación de la cuenta general.  
g) La determinación de las aportaciones en porcentajes de los municipios consorciados al presupuesto y consiguiente asignación de votos a sus representantes.  
h) La creación, supresión o modificación de áreas operativas o de zonas.  
i) La admisión de nuevos miembros al consorcio.  
j) Aprobar la separación de los miembros del consorcio por iniciativa propia o por incumplimiento de las obligaciones específicas en los presentes Estatutos o en la legislación que resulte aplicable, previa tramitación de expediente contradictorio incoado al efecto.  
k) Aprobar la modificación de los Estatutos conforme al procedimiento establecido en estos Estatutos.  
l) La disolución y liquidación del consorcio, conforme previenen los presentes estatutos.  
m) La aceptación de delegación de competencias hechas por otras administraciones públicas.  
n) El planteamiento de conflictos de competencias a otras administraciones públicas.  
ñ) Cualesquiera otras que le estén expresamente atribuidas en los presentes estatutos.  
  
Artículo 15. Atribuciones del Consejo de Gobierno  
Son atribuciones del Consejo de Gobierno:  
a) Su constitución y determinación del régimen de sesiones.  
b) La dirección del gobierno y administración del consorcio.  
c) La asistencia a la Presidencia en el ejercicio de sus atribuciones.  
d) Preparación y propuesta de los asuntos que conforme con estos Estatutos requieran para su aprobación por la Asamblea General, dictamen o informe previo del Consejo de Gobierno.  
e) La aprobación del proyecto del Presupuesto del consorcio para su elevación al Pleno de la Diputación Provincial, como administración de adscripción, y el desarrollo de la gestión económico-financiera del presupuesto, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual.  
f) La aprobación de operaciones de tesorería necesarias para el adecuado desenvolvimiento de la gestión económica del consorcio; la contratación de préstamos y concierto de operaciones de crédito, en los términos previstos en la legislación vigente.  
g) La aprobación de los planes de amortización de deudas de las entidades consorciadas.  
h) La aprobación de planes de inversión.  
i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa del consorcio en materias que no sean de la competencia de la presidencia.  
j) La aprobación de la plantilla de personal y las relaciones de puestos de trabajo de la entidad, y fijación de las retribuciones de personal.  
k) La aprobación de las bases que hayan de regir las pruebas de selección de personal y provisión de puestos de trabajo.  
l) La constitución de comisiones técnicas.  
m) La aprobación de convenios de colaboración con otras administraciones públicas o instituciones en el ámbito de su objeto social salvo que por razón de su compromiso económico puedan ser aprobados por la presidencia.  
n) Las que pudieran estar expresamente atribuidas en los presentes Estatutos a este órgano de gobierno.  
ñ) Las que le sean delegadas por la Presidencia o por la Asamblea General.  
o) Las que siendo de competencia del Pleno del Ayuntamiento conforme a la legislación de régimen local, no estén contenidas en los presentes estatutos en la enumeración anterior.  
  
Artículo 16. Atribuciones de la Presidencia  
La Presidencia del consorcio tendrá iguales atribuciones que las conferidas al alcalde por la legislación de régimen local, circunscritas al ámbito de actuación del consorcio.  
La Presidencia puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, en los mismos casos que determina la ley de régimen local en un diputado o diputada provincial.  
Aquellas competencias no atribuidas especialmente en la legislación de régimen local a ningún órgano municipal ni en estos Estatutos a ningún órgano de gobierno, las ostentará la Presidencia del consorcio.  
  
Sección segunda. Órganos complementarios de dirección y gestión  
  
Artículo 17. De la Gerencia  
Como órgano potestativo de carácter técnico, será designado por la Presidencia y seleccionado conforme a los principios de mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia. Su régimen específico se determinará conforme a la legislación vigente.  
  
Artículo 18. Funciones de la Gerencia  
Serán funciones de la Gerencia:  
a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de los órganos colegiados del consorcio y de las resoluciones de la Presidencia.  
b) Dirigir y coordinar la actuación del consorcio, de conformidad con los Reglamentos aprobados y las directrices de los órganos de gobierno.  
c) Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de las dependencias y personal a su cargo.  
d) Asistir a todas las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno cuando sea requerido.  
e) Elaborar proyectos o planes de actuación y programas de necesidades del consorcio.  
f) Asistencia técnica a la Presidencia y órganos de gobierno.  
g) Informar los asuntos que deban tratarse en las sesiones de los órganos de gobierno referidos al Servicio y sin perjuicio de las funciones asesoras que correspondan a la Secretaría e Intervención del consorcio.  
h) Elaborar el anteproyecto del presupuesto.  
i) Preparar en su caso los expedientes de contratación de toda clase de obras, servicios y suministros.  
j) Formular en su caso propuestas de gastos correspondientes.  
k) Elevar anualmente a los órganos de gobierno una memoria de las actividades del consorcio.  
l) Proponer las medidas y reformas que estimare convenientes para mejor cumplimiento de los fines de la entidad.  
m) Las que le fueran encomendadas por la Asamblea General, el Consejo de Gobierno o la Presidencia.  
  
Artículo 19. De las comisiones técnicas  
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Presidencia, podrá crear comisiones técnicas.  
Las atribuciones, composición, funciones y régimen de funcionamiento de las comisiones técnicas, serán las que se determinen en el acuerdo de creación.  
  
CAPÍTULO III  
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DE GOBIERNO  
  
Artículo 20. Régimen de sesiones  
1. Las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno podrán ser ordinarias; extraordinarias; y extraordinarias de carácter urgente.  
2. La Asamblea General celebrará sesión ordinaria como mínimo dos veces al año y el Consejo de Gobierno una vez al bimestre.  
3. Se celebrará sesión extraordinaria siempre que la convoque la Presidencia a iniciativa propia o a solicitud de al menos, un tercio de los miembros que legalmente constituyan la Asamblea General o el Consejo de Gobierno.  
4. Las comisiones técnicas se regirán por lo que se establezca en los acuerdos de creación de las mismas.  
Salvo que en la convocatoria se señale otro lugar, las sesiones se celebrarán en la sede del consorcio.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes estatutos, el funcionamiento de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno se regirá, con carácter supletorio, por las disposiciones de la legislación de régimen local sobre el funcionamiento de los órganos necesarios de los entes locales territoriales.  
  
Artículo 21. Convocatoria de sesiones  
1. La convocatoria de las reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno se harán con 8 días hábiles de antelación. En caso de urgencia, la convocatoria se hará con cuarenta y ocho horas de antelación. Ambas convocatorias podrán realizarse por medios electrónicos.  
2. Las sesiones podrán celebrarse en primera o segunda convocatoria.  
Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá en primera convocatoria, como mínimo, la asistencia de un tercio del número legal de miembros, siempre que representen al menos mayoría absoluta de los votos ponderados, que de derecho corresponden a las entidades consorciadas.  
En segunda convocatoria podrá celebrarse sesión 30 minutos después de la señalada para la primera convocatoria, siempre que asista al menos un quinto del número legal de miembros, que representen al menos la mayoría absoluta de los votos ponderados que, de derecho, corresponden a las entidades consorciadas.  
3 En ambos casos será necesaria la asistencia de los titulares de la Presidencia y de la Secretaría, o de quienes legalmente les sustituyan.  
  
Artículo 22. Adopción de acuerdos  
1. Los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Gobierno, salvo en los casos en que se requiera un quórum especial, se adoptarán por mayoría simple de votos. Existe mayoría simple cuando la cifra de votos afirmativos ponderados que de derecho corresponde a cada miembro, represente más que la de los negativos.  
2. Será necesario el voto favorable de los dos tercios del número total de votos ponderados que, de derecho, corresponden a las entidades consorciadas para la adopción de acuerdos en las materias que prevé el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y especial para:  
a) Disolución del consorcio.  
b) Admisión de nuevos miembros del consorcio.  
c) Separación de sus miembros.  
d) Modificación de los estatutos.  
3. En el caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia.  
  
Artículo 23. Distribución de votos  
1. En la Asamblea General los miembros tendrán en su conjunto, un total de cien votos.  
La Diputación Provincial tendrá un número de votos proporcional a su aportación económica, cualquiera que sea el número de representantes de la misma que asistan a la sesión, que en todo caso tendrán unidad de voto.  
La Generalitat y los municipios consorciados tendrán un número de votos proporcional a su aportación económica al presupuesto del consorcio.  
2. En el Consejo de Gobierno los miembros tendrán en su conjunto cien votos. La Diputación Provincial y la Generalitat tendrán los mismos votos que les corresponde en la Asamblea General.  
Los 12 vocales representantes de las áreas operativas, se repartirán los votos que corresponden a la aportación de los municipios consorciados (actualmente 20 %) a partes iguales por vocal. (Cada vocal municipal tendría 20/12).  
  
Artículo 24. De las votaciones  
1. El voto de los miembros de los órganos colegiados del consorcio podrá ser afirmativo, o negativo. Igualmente podrán abstenerse de votar.  
2. Las votaciones serán ordinarias y nominales en los mismos supuestos y con igual procedimiento que determina la legislación de régimen local.  
  
  
CAPÍTULO IV  
REGIMEN DE PERSONAL  
  
Artículo 25. Del personal al servicio del consorcio  
1. El personal del consorcio puede ser funcionario de carrera o interino y personal laboral.  
2. Por razón de su vinculación al consorcio puede ser propio o adscrito procedente de cualquiera de las entidades consorciadas. Las plazas que se cubran mediante personal adscrito, se vincularán a la entidad de procedencia durante el periodo que se encuentren cubiertas de esta forma.  
3. Anualmente, se aprobará la plantilla de personal, que comprenderá los puestos de trabajo necesarios para el ejercicio de las diferentes funciones.  
  
Artículo 26 Estructura del personal  
1. El personal del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento.  
El personal del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, se halla integrado por las diferentes escalas y categorías reseñadas en la legislación de régimen local y en la ley especial reguladora de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Comunitat Valenciana, Ley 7/2011, de 1 de abril, o la legislación que corresponda.  
Este personal tendrá la condición de funcionario de administración especial, servicios especiales, extinción de incendios, en los términos que establece dicha ley y demás legislación en materia de función pública.  
2. Personal técnico, administrativo o de oficios.  
El consorcio contará con personal propio o adscrito, técnico, administrativo o de oficios que se considere necesario. Dicho personal realizará las funciones propias de su categoría y se estará a lo que determine el régimen administrativo establecido con carácter general para el personal de la administración local o de la administración de la que dependan. A este personal no le será de aplicación la Ley 7/2011 antes citada.  
  
  
Artículo 27. Secretaría Intervención y Tesorería.  
Las funciones de Secretaría, e Intervención, serán encomendadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional que ostenten puestos de esta naturaleza en la Diputación Provincial. Las funciones de Tesorería podrán encomendarse a un funcionario del consorcio.  
  
Artículo 28. Bomberos voluntarios  
Por acuerdo de la Asamblea General podrán constituirse grupos de bomberos voluntarios que prestarán sus servicios de forma altruista y desinteresada, por lo que no tendrán la consideración de funcionarios públicos ni personal laboral.  
Su actuación, funcionamiento y organización, así como su régimen de indemnizaciones se establecerá en el acuerdo de creación atendiendo a la normativa vigente en la Ley de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana.  
  
  
CAPÍTULO V  
REGIMEN PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO  
  
Artículo 29. Ingresos del consorcio  
Para el cumplimiento de sus fines el consorcio podrá disponer de los siguientes recursos:  
a) Ingresos de derecho privado.  
b) Subvenciones y otros ingresos de derecho público.  
c) Tasas por la prestación y el mantenimiento de los servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia del consorcio y precios públicos por la realización de actividades de su competencia.  
d) Contribuciones especiales por la ejecución de obras o por el establecimiento, ampliación o mejora de servicios de la competencia de las entidades consorciadas.  
e) Los procedentes de operaciones de crédito.  
f) Aportaciones al presupuesto por parte de las entidades consorciadas.  
g) Cualquier otro que pudiera corresponderle percibir de acuerdo con la ley.  
  
Artículo 30. Ordenanzas fiscales  
En las ordenanzas fiscales aprobadas se fijarán las exacciones a percibir por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia del consorcio.  
  
Artículo 31. Aportaciones ordinarias de los entes consorciados  
1. Todas las entidades consorciadas deberán participar en la financiación del consorcio mediante aportaciones económicas anuales que serán objeto de determinación individual para cada ejercicio presupuestario y que vienen obligadas a consignar en sus respectivos presupuestos de gastos.  
Las aportaciones y compromisos económicos de las entidades consorciadas no tendrán la consideración de subvenciones condicionadas. Tendrán siempre la consideración de gastos obligatorios para las mismas.  
2. La determinación de las aportaciones económicas de cada una de las entidades consorciadas a los gastos del consorcio, para cada ejercicio presupuestario, se calculará de la manera siguiente:  
2.1. La aportación de los municipios consorciados supondrá el 20 % de los gastos previsibles del Presupuesto del consorcio.  
2.2. La Diputación Provincial y la Generalitat aportarán en su conjunto el 80 % de los gastos previsibles del Presupuesto del consorcio.  
2.3. La Generalitat aportará una cantidad anual de ocho millones quinientos mil euros (8.500.000 ?) que en todo caso no supondrá más del 30 % de los gastos del consorcio. La actualización anual de dicha cantidad estará sujeta obligatoriamente al límite de gasto no financiero aplicable a los Presupuestos de la Generalitat.  
La Diputación Provincial asumirá el resto hasta cubrir el 80 % del presupuesto.  
3. La aportación que haya de efectuar anualmente cada municipio consorciado, será directamente proporcional a las operaciones corrientes del presupuesto municipal de gastos del ejercicio anterior, e inversamente proporcional a su distancia al parque más cercano por carretera de dominio y uso público cuyo factor de proporcionalidad por distancia se calculará en base al índice de valoración de Staeddler siendo el índice a aplicar:  
  
Distancia en kms. Indice  
menos de 5 1  
5 - 10 3  
10 € 15 5  
15 € 20 7  
20 € 25 9  
más de 25 11  
  
Artículo 32. Ingreso de las aportaciones y gestión presupuestaria  
I. Del ingreso de las aportaciones ordinarias de los entes consorciados.  
1. Las aportaciones económicas fijadas conforme establece el artículo 31 se prorratearan en seis cuotas bimestrales que serán ingresadas conforme al procedimiento establecido por la Asamblea General.  
2. Las entidades consorciadas con la aprobación de estos estatutos autorizan expresamente al consorcio para que pueda solicitar la aplicación de las retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación; concesión de subvenciones, o cualesquiera cantidades a su favor, de los fondos necesarios para el pago de sus cuotas, a la Diputación Provincial de Alicante, a la Generalitat y al Estado, si llegado el vencimiento de una cuota, no se hubiese hecho efectiva.  
El procedimiento para la solicitud y aplicación de las retenciones mencionadas y la puesta a disposición a favor del consorcio será el que se regule por la administración del Estado.  
3. Las cantidades que no estén ingresadas en el plazo señalado en el apartado primero, generarán los intereses de demora que corresponda de acuerdo con la normativa de recaudación de las entidades locales. Los citados intereses se liquidarán a la fecha de pago.  
  
II. De la gestión presupuestaria, y patrimonio:  
1. La gestión presupuestaria, contabilidad y control interno de la gestión económico-financiera del consorcio se efectuará conforme a la legislación de régimen local.  
2. El consorcio está obligado a llevar la contabilidad de las operaciones presupuestarias, patrimoniales y operaciones no presupuestarias, tal como establece la legislación vigente para la administración Local. Para el conocimiento, examen y fiscalización de la gestión económica del consorcio, se rendirán las cuentas del mismo, en la forma y con los requisitos establecidos en la legislación de régimen local.  
El consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la administración Pública a la que está adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la administración a la que se haya adscrito el consorcio.  
El presupuesto del consorcio deberá formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la administración Pública de adscripción.  
3. Del patrimonio: integran el patrimonio del consorcio los bienes, derechos, acciones, productos y rentas que le transfieran o asignen las administraciones consorciadas para el ejercicio de sus funciones y aquellos otros que el consorcio adquiera o reciba por cualquier título.  
Las entidades consorciadas podrán adscribir o poner a disposición del consorcio determinados bienes. Las condiciones de uso por parte de este serán fijadas, en cada caso, en los oportunos convenios o acuerdos de adscripción o puesta a disposición, en los que también deberán incluirse las condiciones para la reversión.  
El consorcio tendrá sobre los bienes que integran su patrimonio las facultades de gestión y administración demaniales que la ley atribuye a las administraciones locales.  
El patrimonio del consorcio quedará reflejado en el inventario de bienes, que revisará y aprobará anualmente el Consejo de Gobierno.  
  
  
  
  
  
CAPÍTULO VI  
REGIMEN JURIDICO  
  
Artículo 33. Normativa aplicable y defensa judicial  
1. El consorcio, como ente público que presta un servicio mínimo municipal de los previstos en el artículo 26 de la ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, se regirá por estos Estatutos, por sus Reglamentos aprobados por la Asamblea General y por las disposiciones de régimen local aplicable, sean estas estatales o autonómicas.  
2. Los acuerdos y resoluciones del consorcio se publicarán o se notificarán en la forma prevista en la legislación aplicable en la materia, sin perjuicio de darles, si procede, la máxima difusión pública.  
3. Los acuerdos y resoluciones del consorcio sometidos al derecho administrativo son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra los mismos se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  
4. Contra los actos y acuerdos del consorcio no sujetos al derecho administrativo, los interesados podrán ejercitar las acciones que correspondan en la forma y con los requisitos establecidos en las leyes.  
5. El consorcio tiene la consideración de administración pública a los efectos previstos en la legislación de contratos del sector público.  
6. La representación y defensa del consorcio en juicio de cualquier orden jurisdiccional será asumida por los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial, salvo que por el Consejo de Gobierno se disponga otra cosa.  
7. El consorcio, en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Trasparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, publicará la información relativa a las funciones que desarrolla, la normativa que le es de aplicación, su estructura organizativa, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria y demás exigida por la normativa vigente y por aquellas normas de desarrollo que dicte la Generalitat.  
8. Para la liquidación del consorcio se estará a lo dispuesto en estos Estatutos y a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  
  
  
CAPÍTULO VII  
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS, ADHESIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS MIEMBROS, Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO  
  
Sección primera. Modificación estatutos  
  
Artículo 34 Procedimiento para la modificación de los estatutos  
1. La modificación de los Estatutos del consorcio se ajustara los siguientes procedimientos:  
a) Procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado se podrá incoar para la modificación de los Estatutos en aspectos no constitutivos. Para su aprobación será suficiente el acuerdo de la Asamblea General, adoptado por la mayoría de los dos tercios del total de los votos ponderados que, de derecho, corresponden a las entidades consorciadas. Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y se notificará a todos los entes consorciados. Los cambios aprobados se remitirán a la Generalitat a los efectos de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, si lo estima conveniente.  
b) Procedimiento ordinario se incoará, cuando se trate de alterar los elementos constitutivos del consorcio entre los que se encuentran: el objeto, competencias y potestades; órganos de gobierno y sistema de representación de los entes consorciados en los mismos; y régimen económico-financiero y criterios para las aportaciones de los entes consorciados.  
c) No tendrá la consideración de modificación de los estatutos, la incorporación o separación de socios ni la modificación de la organización territorial del servicio en áreas, zonas, etc.  
2. Procedimiento ordinario.  
2.1. La modificación de los Estatutos se podrá iniciar mediante acuerdo de la Asamblea General, a propuesta de la Presidencia, o de un tercio, al menos, de los miembros del Consejo de Gobierno o de la Asamblea General que representen, al menos, un tercio del total de los votos que corresponden a cada órgano.  
2.2. Iniciado el trámite y redactada la modificación que se considere oportuna, después de obtenerse los informes que resulten preceptivos, la Presidencia realizará propuesta de acuerdo, que elevará con todo el expediente a la Asamblea General para su aprobación, previo dictamen del Consejo de Gobierno.  
2.3. La aprobación inicial de los estatutos requerirá el acuerdo de la Asamblea General, adoptado por los dos tercios del total de los votos ponderados asignados a cada una de las entidades consorciadas.  
2.4. Seguidamente se insertará anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante indicando la exposición al público a efectos de reclamaciones y alegaciones por plazo de treinta días.  
2.5. Si no se presentasen alegaciones la modificación se entenderá aprobada provisionalmente sin necesidad de nuevo acuerdo. En caso contrario se someterá el expediente y las alegaciones presentadas a consideración de la Asamblea General, que deberá adoptar acuerdo de aprobación provisional con el mismo quórum antes reseñado.  
2.6. Aprobada provisionalmente la modificación se enviará junto con el acuerdo de la Asamblea General a todos los entes consorciados.  
La modificación deberá ser ratificada por un número de entidades consorciadas que representen al menos los dos tercios del total de votos ponderados que de derecho les corresponde en el consorcio. Si no se alcanzaran los porcentajes de ratificación señalados se entenderá rechazada la modificación propuesta y se archivará el expediente notificándose a todos los entes consorciados.  
En el seno de cada municipio se requerirá el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros, previsto en el artículo 47.2.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  
2.7. Si se hubiese ratificado la modificación, por un número de entidades consorciadas que representen los dos tercios del total de votos ponderados antes indicado, y transcurridos tres meses desde que se notificara la modificación provisional inicial a todas las entidades, se considerará definitiva y se notificará tal circunstancia a todos los miembros.  
En esta comunicación se hará saber a los miembros que no la hayan ratificado que disponen de un mes de plazo para solicitar oficialmente la separación del consorcio, entendiéndose en caso contrario que desean continuar en el consorcio aceptando tácitamente la modificación antes tramitada.  
Transcurrido este último plazo el Consejo de Gobierno adoptará acuerdo reconociendo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la modificación. Dicho acuerdo será notificado a todos los entes consorciados.  
2.8. Los Estatutos modificados, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para general conocimiento y serán remitidos al órgano de la Generalitat competente en materia de administración local, el cual ordenará, si cumple los requisitos legales, su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Sección segunda. Adhesión y separación de entes consorciados  
  
Artículo 35. Adhesión al consorcio  
1. La adhesión voluntaria de entes al consorcio deberá solicitarse mediante acuerdo plenario de la corporación interesada que deberá aprobar también los Estatutos del consorcio con el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros, previsto en el artículo 47.2 g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  
2. El expediente se someterá a la Asamblea General del consorcio, requiriéndose, para la aprobación, acuerdo adoptado por los dos tercios del total de los votos ponderados que, de derecho, corresponden a las entidades consorciadas, previsto en el artículo 22 de estos estatutos.  
  
Artículo 36. Separación del consorcio  
La separación de los entes consorciados podrá ser forzosa o voluntaria.  
I. Separación forzosa.  
1. Si una entidad consorciada adoptara acuerdos o realizara actos en general que resulten gravemente dañosos para los intereses consorciales, podrá acordarse su separación mediante acuerdo de la Asamblea General.  
Serán causas de separación forzosa de municipios:  
a) El persistente incumplimiento del pago de sus aportaciones.  
b) El incumplimiento de aquellas otras actuaciones necesarias para el correcto desenvolvimiento del consorcio a las que venga obligado por los estatutos.  
2. Para la separación forzosa se instruirá el correspondiente expediente, que deberá ir precedido de requerimiento previo y de otorgamiento de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones. Si estas no se hicieren efectivas en dicho plazo, se adoptará acuerdo por la Asamblea General con el quórum que previene el artículo 22 de estos Estatutos.  
3. En caso de que el municipio no esté obligado a prestar el servicio por contar con una población inferior a 20.000 habitantes, será la Diputación Provincial, a través del consorcio, la que asumirá el mismo.  
4. Si se trata de un municipio con población superior a 20.000 habitantes vendrá obligado al establecimiento del servicio por sus propios medios.  
5. En los supuestos de separación forzosa, se ejercerán las acciones administrativas o judiciales pertinentes para exigir la reparación de los daños o perjuicios que tales conductas hubieran ocasionado al consorcio.  
  
II. Separación voluntaria.  
Las entidades consorciadas podrán dejar de pertenecer al consorcio previa solicitud del pleno de la corporación a la Asamblea General. Dicha separación se acordará siempre que la entidad solicitante esté al corriente en el cumplimiento de sus compromisos anteriores y garantice la liquidación y pago completo de sus obligaciones económicas al consorcio.  
1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus miembros, por los dos tercios del total de los votos ponderados que, de derecho, corresponden a las entidades consorciados acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos dos administraciones, o dos entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una administración.  
2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán las siguientes reglas:  
a) Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación.  
Se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación. Para el cálculo de la cuota de liquidación se tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación al fondo patrimonial del consorcio como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.  
Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.  
La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.  
b) Si el consorcio estuviera adscrito a la administración que haya ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quién, de las restantes administraciones o entidades consorciadas u organismos públicos vinculados o dependientes de una administración que permanecen en el consorcio, se adscribe en aplicación de los criterios establecidos en la ley.  
  
III. Disposiciones comunes a la separación forzosa y voluntaria de Municipios.  
1. En caso de que el municipio no esté obligado a prestar el servicio por contar con una población inferior a 20.000 habitantes, será la Diputación Provincial, a través del consorcio, la que asumirá el mismo.  
2. En el caso de municipio con población superior a 20.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.g de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias vendrá obligado a «crear los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos según lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local».  
La salida del consorcio llevará consigo:  
a) La obligación para la entidad saliente de adoptar cuantas previsiones sean necesarias, tanto en su presupuesto como en su plantilla, para la recepción del personal que le corresponda, y que deba aceptar por reasignación de efectivos. Si tras el requerimiento expreso del consorcio para el eficaz cumplimiento de esta previsión, no se atendiera y, hasta tanto se haga efectiva esta previsión, la entidad saliente generará una deuda con el consorcio por el importe de los gastos de retribuciones y seguridad social del personal afectado.  
b) En los casos en que el ente saliente hubiese aportado bienes muebles o inmuebles que resulten necesarios al funcionamiento del consorcio, su devolución, en su caso, deberá hacerse en el plazo máximo de seis meses desde la salida y de tal forma que no impidan la prestación del servicio.  
3. En cualquier caso la salida del consorcio llevará consigo el abono en su integridad no solo de las deudas contraídas con el mismo sino también las aportaciones acordadas pendientes de pago que le correspondiesen, en el ejercicio económico en que se haga efectivo dicho abandono  
  
Sección tercera. Disolución y liquidación del consorcio  
  
Artículo 37 Disolución y liquidación  
1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución que los fines estatutarios del consorcio hayan sido cumplidos.  
2. La Asamblea General al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador o liquidadora. A falta de acuerdo, el liquidador será el administrador del consorcio.  
3. El liquidador o liquidadora calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio, de conformidad con lo previsto en los Estatutos. Se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación.  
Para el cálculo de la cuota se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo, como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.  
4. En el acuerdo de liquidación se especificará la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que esta resulte positiva.  
5. Las entidades consorciadas podrán acordar, por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida.  
6. Para la liquidación del consorcio se estará a lo dispuesto en estos Estatutos y a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  
  
DISPOSICIÓN FINAL  
  
Los presentes estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.  
  
  
ANEXO  
Áreas operativas y municipios que las integran  
  
L'ALACANTÍ  
1. Agost  
2. Aigües  
3. Busot  
4. Campello, (El)  
5. Mutxamel  
6. Sant Joan d'Alacant  
7. San Vicente del Raspeig / Sant Vicent del Raspeig  
8. Jijona / Xixona  
BAJO VINALOPÓ:  
1. Albatera  
2. Aspe  
3. Catral  
4. Crevillent  
5. Elche/Elx  
6. Hóndón de las Nieves / Fondó de les Neus, (El)  
7. Hondón de los Frailes  
8. Santa Pola  
  
MARINA ALTA  
1. Adsubia  
2. Alcalalí  
3. Beniarbeig  
4. Benigembla  
5. Benidoleig  
6. Benimeli  
7. Benissa  
8. Benitachell / Poble Nou de Benitatxell (El)  
9. Castell de Castells  
10. Dénia  
12. Gata de Gorgos  
13. Xaló  
14. Jávea / Xàbia  
15. Llíber  
16. Murla  
17. Ondara  
18. Orba  
19. Parcent  
20. Pedreguer  
21. Pego  
11. Els Poblets  
22. Ráfol d'Almúnia (El)  
23. Sagra  
24. Sanet y Negrals  
25. Senija  
26. Teulada  
27. Tormos  
28. Vall d'Alcalá (La)  
29. Vall d'Ebo (La)  
30. Vall de Gallinera  
31. Vall de Laguart (La)  
32. Verger (El)  
  
MARINA BAJA:  
1. L'Alfas del Pí  
2. Altea  
3. Beniardá  
4. Benidorm  
5. Benifato  
6. Benimantell  
7. Bolulla  
8. Callosa d'En Sarrià  
9. Calp  
10. Castell de Guadalest (El)  
11. Finestrat  
12. Nucía, La  
13. Orxeta  
14. Polop  
15. Relleu  
16. Sella  
17. Tàrbena  
18. Villajoyosa / Vila Joiosa (La)  
  
MONTAÑA  
1. Agres  
2. Alcocer de Planes  
3. Alcoleja  
4. Alcoy / Alcoi  
5. Alfafara  
6. Almudaina  
7. L'Alquería d'Asnar  
8. Balones  
9. Banyeres de Mariola  
10. Benasau  
11. Beniarrés  
12. Benifallim  
13. Benilloba  
14. Benillup  
15. Benimarfull  
16. Benimassot  
17. Castalla  
18. Cocentaina  
19. Confrides  
20. Quatretondeta  
21. Facheca  
22. Famorca  
23. Gaianes  
24. Gorga  
25. Ibi  
26. Lorcha / Orxa (L?)  
27. Millena  
28. Muro de Alcoy  
29. Onil  
30. Penáguila  
31. Planes  
32. Tibi  
33. Tollos  
34. Torremanzanas / Torre de les Maçanes (La)  
  
VEGA BAJA:  
1. Algorfa  
2. Almoradí  
3. Benejúzar  
4. Benferri  
5. Benijófar  
6. Bigastro  
7. Callosa de Segura  
8. Cox  
9. Daya Nueva  
10. Dolores  
11. Formentera de Segura  
12. Granja de Rocamora  
13. Guardamar del Segura  
14. Jacarilla  
15. Montesinos (Los)  
16. Orihuela  
17. Pilar de la Horadada  
18. Rafal  
19. Redován  
20. Rojales  
21. San Isidro  
22. San Fulgencio  
23. San Miguel de Salinas  
24. Torrevieja  
  
VINALOPÓ:  
1. Algueña  
2. Beneixama  
3. Biar  
4. Campo de Mirra / Camp de Mirra (El)  
5. Cañada  
6. Elda  
7. La Romana  
8. Monforte del Cid  
9. Monóvar / Monóver  
10. Novelda  
11. Petrer  
12. Pinoso / Pinós (El)  
13. Salinas  
14. Sax  
15. Villena