Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6023, del 28-05-2009 (2009/4471)

Juicio tercería de dominio 000138/2005. Notificación de la sentencia a José Antonio Requena-Díaz.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6023

Fecha DOGV
:   28-05-2009

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2009/4471


Fecha del documento
:   08-04-2009

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 19 de València

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * sistema judicial

Juicio tercería de dominio 000138/2005. Notificación de la sentencia a José Antonio Requena-Díaz. [2009/4471]  
Asunto civil 000138/2005   
Juicio tercería de dominio 000138/2005   
Parte demandante: Ciro Vicente Espósito y Alicia Susana San Juan de Espósito.  
Parte demandada: Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de Valencia y José Antonio Requena Díaz.  
Sobre: notificación sentencia 23 de febrero de 2007 codemandado José Antonio Requena Díaz.  
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Sentencia número 42  
Valencia, 23 de febrero de 2007   
Vistos por Jesús L. Rojo Olalla, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 19 de los de Valencia, los presentes autos de juicio ordinario seguidos ante este tribunal bajo el número 138/2005 a instancia de Ciro Vicente Espósito y Alicia Susana San Juan de Espósito, provistos respectivamente de NIE A2892268G y R9873222Y, representados por procuradora de los tribunales en la persona de Laura Lucena Herráez y asistidos de letrado en la persona de Fernando Bellver Beltrán; contra la Tesorería General de la Seguridad Social, representada y defendida por el letrado de la Seguridad Social; y contra José Antonio Requena Díaz, provisto de DNI 06283453W, en situación de rebeldía; siendo ejercida la acción de tercería de dominio sobre embargo en apremio administrativo; resulta,  
Antecedentes de hecho  
Primero. En fecha 3 de febrero de 2005 fue presentada demanda de juicio ordinario de tercería de dominio, cuyo ámbito subjetivo y naturaleza de acción ejercida aparece descrito en el encabezamiento, siendo solicitado, en el suplico, el alzamiento del embargo adoptado en diligencia de fecha 16 de marzo de 2004, del expediente de apremio 89-62-64-06-239844-99, de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 46/01, de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de la finca sita en Valencia, calle Juan Verdeguer, número 4, 7º, 14ª, inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia, distrito hipotecario número 5, al tomo 884 del archivo general, libro 530, folio 158, finca registral 16.087, y como de la propiedad de José Antonio Requena Díaz, interesando, asimismo, el libramiento de cuantos mandamientos fuesen necesarios para hacer efectivo el alzamiento, y declarando que la vivienda pertenece, en propiedad y pleno dominio, a los actores; y todo ello con imposición de costas.  
Al respecto el procurador de los actores indicó que en fecha 26 de abril de 2004 sus poderdantes suscribieron contrato privado de compraventa respecto del inmueble arriba expresado, a través de la inmobiliaria Tecnocasa; la escritura pública fue formalizada en fecha 28 de mayo de 2004. La anotación registral del embargo se realizó el 27 de agosto de 2004, perteneciendo ya la vivienda a los demandantes, siendo ajeno a la voluntad de los actores la falta de diligencia de la gestoría que tramitaba la inscripción de la escritura de compraventa y que la inscribió en septiembre de 2004.  
Los demandantes tomaron conocimiento de la traba cuando recibieron oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social a resueltas de la ejecución.  
Con fecha 4 de enero de 2005, los actores articularon reclamación previa en vía administrativa frente a la diligencia de embargo, siendo denegada por resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 18 de enero de 2005, y justificando la denegación en que el embargo fue anunciado, de forma pública, en fecha 14 de mayo de 2004.  
Segundo. Admitida la demanda a trámite y emplazados los demandados, compareció la Tesorería General de la Seguridad Social en escrito presentado el 11 de abril de 2005; articuló contestación con oposición.  
Aceptó la realidad del embargo y la fecha de la resolución de embargo, así como la de la anotación del embargo y la de otorgamiento de la escritura pública de compraventa. Al tiempo del embargo, la vivienda no era propiedad del actor. Negó la condición de contrato de compraventa al instrumento suscrito con la entidad Tecnocasa, de fecha 26 de abril de 2004.  
En el cuerpo de argumentación jurídica se extendió en la consideración de cuándo debe entenderse practicada la traba, si en la fecha de la resolución de embargo o en la de la anotación en el registro, y así indicó, con cita del Tribunal Superior, que el embargo se entiende practicado desde que la autoridad judicial o administrativa lo decreta legalmente, con independencia del momento de la anotación. La inscripción del título de dominio se practicó el 27 de septiembre de 2004, y por tanto, estando ya vigente la anotación de la carga, con lo que no gozarían de la protección registral hipotecaria.  
Tercero. El codemandado señor Requena Díaz, fue emplazado por edictos y declarado en rebeldía.  
Cuarto. En el trámite de audiencia previa las partes sostuvieron sus respectivas posiciones solicitando el recibimiento del pleito a prueba.  
El letrado de la parte actora indicó que su intención era acreditar que la compra fue anterior a la traba, y que además ignoraban que hubiese el procedimiento de apremio; la comunicación del embargo, por edictos, fue posterior a la escritura de compraventa, como también lo fue la anotación preventiva del embargo.  
Las partes se mostraron de acuerdo en las siguientes fechas:  
- 16 de marzo de 2004, resolución de embargo en apremio de la Tesorería General de la Seguridad Social.  
- 26 de abril de 2004, documento de arras por compra de vivienda por los actores, a través de entidad inmobiliaria.  
- 14 de mayo de 2004, notificación de embargo, por anuncio público, al señor Requena Díaz.  
- 28 de mayo de 2004, escritura pública de compraventa de vivienda, a favor de los actores.  
- 27 de agosto de 2004, anotación registral del embargo.  
- 27 de septiembre de 2004, inscripción de la escritura de compraventa.  
Por haberlo solicitado, fue recibido el proceso a prueba, practicándose a instancia de cada parte, la documental por reproducción de los acompañados con sus respectivos escritos de demanda o contestación.  
Practicada la prueba en la forma expuesta y no habiendo impugnación de documentos, quedó el procedimiento visto para resolución.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Partiendo del orden de fechas de actuaciones que se ha descrito arriba, son de interés las siguientes resoluciones, totalmente clarificadoras de la cuestión a favor de las tesis de la Tesorería General de la Seguridad Social, especialmente cuando la inscripción del título de compraventa es posterior a la anotación del embargo -siendo la diligencia de embargo de fecha anterior al contrato de compraventa-, en que no se aplicará la protección del tercero adquirente de buena fe:  
Sentencia Audiencia Provincial Madrid (Sección 21ª), de 30 de noviembre 2000, recurso de apelación número 831/1997:  
«Segundo. A través de la tercería de dominio, acción que la representación de la entidad Micropress, SL en la litis ejercita, se trata de obtener el levantamiento de un embargo trabado sobre un bien como propiedad de un deudor cuando realmente es de la titularidad de un tercero ajeno al mismo, exigiéndose, para que pueda prosperar la acción de tercería de dominio, por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo de manera pacífica y constante la concurrencia de los siguientes requisitos:  
"a) que en un procedimiento de ejecución o apremio se constituya un embargo sobre un bien cuya titularidad se atribuya al deudor sin ostentarla; b) que quien la ejercite acredite el dominio exclusivo y excluyente sobre aquel con anterioridad a la constitución de la traba; c) que no esté vinculado de algún modo, como sujeto pasivo, al pago del crédito para cuya efectividad se realizó el embargo, es decir que por su ajeneidad a la deuda reclamada ostente respecto a ella la condición de tercer, y d) que la acción de liberación se ejercite antes de otorgarse escritura o consumarse la venta de los bienes como exige el artículo 1533 LECiv", tal y como por ejemplo se indica en sentencia de 17 de julio de 1997 (RJ 1997/6018) (recurso 500/1993)».  
Sentencia Audiencia Provincial número 400/2002 Granada (Sección 4º), de 25 junio, recurso número 24/2002:  
«Segundo. Es presupuesto indispensable para la prosperabilidad de la tercería, que el tercerista demuestre el dominio y que su adquisición fue anterior a la fecha en que se practicó el embargo, pues si no se acredita la propiedad del bien embargado con anterioridad a dicha traba, no es posible dar lugar a la tercería, por lo que las fechas a tener en cuenta, son del lado del tercerista, la de adquisición del dominio y del lado del embargante, la fecha de la diligencia de embargo, no de su anotación en el Registro de la Propiedad, y es que, ha de estarse a la doctrina del Tribunal Superior por la que se sostiene que ha de prevalecer la fecha del embargo, frente a la de anotación en el registro público, estableciendo sus efectos a la fecha del embargo (sentencia Tribunal Superior 16 de octubre de 1997, 26 de julio de 1994). El Tribunal Superior en sentencia de 19 de abril de 2000, tiene declarado sobre las características, virtualidad y eficacia que produce el embargo y la anotación correspondiente, en temas de tercería de dominio: «... si no se acredita la propiedad del bien embargado con anterioridad al embargo, no es posible dar lugar la tercería (sentencias 26 de junio de 1979, 18 de julio de 1983, 26 de junio de 1984, 17 de diciembre de 1984, 21 de noviembre de 1987, 25 de mayo de 1988, 21 de junio de 1989, etc.), siendo, pues, requisitos imprescindibles para que la postulación del tercerista pueda prosperar, la acreditación de su dominio y de su adquisición fue anterior a la fecha en que se practicó el embargo para garantizar el cobro de un crédito por el ejecutante (sentencias 31 de enero de 1970, 13 de diciembre de 1982, 30 de octubre de 1983, 17 de diciembre de 1984, 7 de marzo de 1985, 7 de enero de 1992). Por naturaleza la acción de tercería de dominio tiene por objeto facultar al tercero para que pueda demostrar que el bien embargado era de su propiedad y no del deudor, cuando se realiza la traba, y, en su consecuencia, debe levantarse esa traba, de tal manera que sólo en el caso de que la anotación preventiva de embargo tuviese naturaleza constitutiva, habría de tenerse en cuenta (como en la hipoteca) la fecha de su inscripción registral. En cualquier otro caso, la práctica de la diligencia judicial (véase el art. 33-4º O.X.P.T.) tiene virtualidad por sí misma y este acto constituye el objetivo de la reclamación del tercerista. La jurisprudencia tiene establecido que la anotación preventiva de embargo, no es obligada o necesaria, pese a los términos literales de los artículos 1453 Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, y 43-2º de la Ley Hipotecaria (CNI 2590/342 y 886 y NDL 18332), lo que permitirá pasar a la realización forzosa de la finca o derecho, aún sin aquél asiento, debiendo tener en cuenta el juzgador en cada caso concreto, más que el aspecto doctrinal de si la anotación ha de entenderse como acto constitutivo o meramente complementario, las circunstancias de las personas interesadas, no permitiendo que se amparen en la falta de publicidad formal del embargo, ni el deudor, ni quienes con él contratan, cooperando a la realización de cualquier acto fraudulento de los derechos del embargante, y todo ello, sin perjuicio de proteger en otro caso al adquirente de buena fe que apoyó su adquisición en la ausencia de cargas registrales, actuando en este supuesto a través del instituto del tercero hipotecario.   
Concluimos diciendo que el embargo existe jurídicamente desde que la autoridad judicial lo decreta legalmente (téngase en cuenta en el presente caso, el ya citado art. 33 M.Q.G.K.), con independencia de su anotación en el registro, anotación que ni puede condicionar su existencia ni tener respecto de ella un valor constitutivo.  
Pues bien, coincidimos plenamente con la sentencia combatida. En efecto, acreditadas han sido las deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social, por el señor M.V., vigente su sociedad de gananciales (art. 1362 Cc), anteriores, además, a las capitulaciones otorgadas. Al tiempo del embargo, (17 de julio de 1990) la finca pertenecía a los deudores M.V. y Donaire Peña. El embargo es notificado en forma a los mismos, en la persona de su hija Elisabeth (con lo que se da cumplimiento al artículo 122-3º del Reglamento General de Recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social «El embargo de bienes inmuebles deberá notificarse al deudor y, en su caso, a su cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios advirtiéndoles a todos ellos que podrán designar peritos que intervengan en la tasación). De tal manera que en la fecha de adquisición del señor J.M., que compró a los deudores codemandados, que fue el 18 de septiembre de 1990, la finca ... ya estaba embargada desde el 17 de julio de 1990, lo que veda la prosperabilidad de la acción entablada, y al haberlo así entendido la sentencia recurrida, la misma ha de ser íntegramente confirmada con paralelo rechazo del recurso interpuesto, y con imposición a la parte apelante de las costas de esta alzada (art. 398 LECiv)».  
Sentencia Audiencia Provincial número 443/2005 Madrid (Sección 21ª), de 20 de septiembre, recurso de apelación número 735/2003.  
«II. Adquisición del dominio anterior al embargo.  
Para que prospere la tercería de dominio no basta con que el tercerista pruebe cumplidamente que adquirió el dominio de la cosa embargada, sino que además es imprescindible que acredite que cronológicamente esa adquisición del dominio se produjo con anterioridad a la fecha del embargo, mientras que una adquisición del dominio posterior a esa fecha conduciría a la desestimación de la demanda de tercería (sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo número 665/1997, de 17 de julio de 1997; 641/1995 de 22 de junio de 1995; 313/1995 de 4 de abril de 1995; 102/1995 de 18 de febrero de 1995; 31/95 de 1 de febrero de 1995; 977/1992 de 5 de noviembre de 1992).   
Cuando lo embargado es un bien inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad, se suscita la duda de si, para la prosperabilidad de la tercería de dominio, es imprescindible que se acredite, por el tercero, la adquisición del dominio del bien embargado con anterioridad a la fecha de diligencia de embargo, o si, por el contrario, basta con probar la adquisición del dominio con anterioridad a la fecha de la anotación preventiva del embargo en el Registro de la Propiedad. Habiéndose proclamado por la jurisprudencia que, a pesar de lo dispuesto en los artículos 1453 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 43 número 2 de la Ley Hipotecaria, la anotación preventiva carece de carácter constitutivo respecto del embargo del bien inmueble, de ahí que, para el éxito de la tercería, no basta con probar la adquisición del dominio con anterioridad a la anotación preventiva sino que además es necesario que esa adquisición fuera anterior a la diligencia de embargo; si bien, ese categórico pronunciamiento, queda mitigado para las adquisiciones del dominio posteriores a la diligencia de embargo y anteriores a su anotación preventiva, pues, en ese caso, el Juzgado o Tribunal debe atender, en cada caso concreto, más que al aspecto doctrinal de si la anotación preventiva ha de entenderse como acto constitutivo o meramente complementario, a las circunstancias de las personas interesadas, no permitiendo que se amparen en la falta publicidad formal del embargo ni el deudor, ni quienes con él contrataran, cooperando a la realización de cualquier acto fraudulento de los derechos del embargante, y todo ello sin perjuicio de proteger, en otro caso, al adquirente de buena fe que apoyó su adquisición en la ausencia de cargas registrales, actuándose en este supuesto a través del instituto del tercero hipotecario (sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo número 138/1995 de 24 de febrero de 1995; 785/1994 de 26 de julio de 1994).   
Auto Audiencia Provincial número446/2005 Castellón de la Plana (Sección 3ª), de 16 septiembre recurso de apelación número 232/2005.   
«Primero. Promovida demanda de tercería de dominio por José pretendiendo el alzamiento del embargo trabado por la Tesorería General de la Seguridad Social en procedimiento de apremio seguido contra Fernando sobre la vivienda sita en La Vall d'Uixó, calle..., inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de Nules, al tomo 1266, libro 246, folio 63, declarando que el mismo pertenece al actor, el auto dictado seguidamente al acto de la audiencia previa en la instancia desestima la demanda y frente a ella se alza el demandante solicitando la estimación de su demanda.   
En apoyo de su petición argumenta que, como se declara probado en la resolución recurrida, el actor adquirió la vivienda sobre la que recae la traba en fecha 8 de abril de 1994, con efectiva entrega y ocupación el día 14 siguiente, y si bien en esa fecha el embargo se había practicado por ser de fecha 25 de enero de 1994, no figuraba anotado en el registro puesto que el mandamiento correspondiente no se presentó hasta el día 4 de mayo de 1994, siendo inscrita la compraventa en fecha 13 de mayo de 1994, por lo que el embargo no puede serle opuesto conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley Hipotecaria. Por otra parte argumenta también que si bien para que un adquirente pueda ampararse en la buena fe -reconocida según dice a sensu contrario en la resolución recurrida-, lo relevante a efectos de aplicación del citado artículo 32 de la Ley Hipotecaria y 34 de la Ley Hipotecaria es que en el momento en que el interesado presta su consentimiento y se obliga a la contraprestación, no conozca la traba porque es en ese momento en el que examinada la situación y características de la finca, decide si le conviene o no concluir el negocio jurídico y ofrecer la contraprestación correspondiente.   
Segundo. La acción de tercería de dominio resuelve la cuestión de que, ante el embargo de un bien, el tercero que alega es propietario y que no lo es el demandado embargado, la interpone para que declare que él es el titular verdadero del derecho de propiedad y se alce el embargo trabado sobre su cosa. Por naturaleza la acción de tercería de dominio tiene por objeto facultar al tercero para que pueda demostrar que el bien embargado era de su propiedad, y no del deudor, cuando se realiza la traba, y en su consecuencia debe levantarse esta restricción (STS 7 de enero de 1992).   
Por ello, constituye doctrina jurisprudencial consolidada (SSTS de 25 de marzo de 1969, 31 de enero de 1970, 26 de junio de 1979, 30 de octubre de 1980, 21 de junio, 3 de noviembre 1982 y 13 de diciembre de 1982, 18 de julio de 1983, 30 de octubre de 1983, 26 de junio, 3 de noviembre y 17 de diciembre de 1984, 7 de marzo de 1985, 26 de febrero y 8 de mayo de 1986, 20 de febrero y 21 de noviembre de 1987, 28 de abril y 25 de mayo 1988, de 16 de junio, 5 de junio, 21 de junio y 31 de julio de 1989, 6 de marzo de 1990, 30 de septiembre de 1993 y 22 de septiembre de 1999) la que declara que la viabilidad de la tercería exige acreditar la propiedad del bien embargado y que su adquisición fue anterior al embargo, de modo que hay que «referir el momento de la justificación dominical del tercero a una fecha anterior a aquella en que realizó la diligencia de embargo causante de la decisión restrictiva del tercero, que en la tercería se combate».   
La STS de 23 abril de 1992 (mantenida también en las SSTS de 10 mayo de 1989, 30 de enero, 27 de febrero, 2 de julio y 15 de octubre de 1990 y 26 de marzo de 1991, 31 de julio de 9841 GZZ y 6 de marzo de 1990), partiendo de la naturaleza del embargo, determina sus efectos atendiendo al principio universal decisor de la concurrencia de ambos derechos sobre el bien adquirido o embargado cual es el de la precedencia en la temporabilidad de los dos momentos en que se produce la adquisición del tercerista y aquel en el que se acuerda la traba o embargo, declarando que: a) El embargo de un bien como medida cautelar que asegura que la sentencia que en su día recaiga se ejecutará sobre los bienes embargados con la misma eficacia que si hubiere recaído sentencia el mismo día del embargo. b) El embargo, como tal medida de aseguramiento, no altera en absoluto la naturaleza del crédito para cuya efectividad se practicó. c) No produce preferencia alguna sobre derechos nacidos con anterioridad sobre las cosas embargadas. d) Produce absoluta prioridad de la obligación asegurada sobre todos los derechos reales que se constituyan sobre la cosa embargada con posterioridad de embargo».   
Desde la óptica registral, se dice en la STS de 26 de julio de 1994, con cita de las SSTS 14 de octubre de 1965, 19 de abril de 1971, 4 de abril de 1980, 24 de noviembre de 1986, el embargo existe jurídicamente desde que la autoridad judicial (o administrativa competente [como es el caso], añadimos) lo decreta legalmente, con independencia de su anotación en el Registro, cuya anotación no puede condicionar su existencia, ni tener respecto de ella un valor constitutivo». Dicha doctrina se reitera en la STS 22 de septiembre de 1999 con cita de las de 7 de enero de 1992, 24 de febrero de 1995, 14 de mayo de 1996 y 9 de abril de 1997, añadiendo que la anotación del embargo en el registro no puede condicionar su existencia. En igual sentido, las SSTS de 7 de enero de 1992 y 18 de abril de 2001 declaran que sólo en el caso de que la anotación preventiva del embargo tuviese naturaleza constitutiva, habría de tenerse en cuenta (como en la hipoteca) la fecha de su inscripción registral, en cualquier otro caso, la práctica de la diligencia judicial (o administrativa) tiene virtualidad por sí misma, y este acto constituye el objetivo de la reclamación del tercerista. La anotación preventiva de embargo no es obligada o necesaria, pese a los términos literales de los artículos 1453 LECiv (de 1881 [DWO 0717\1) y 43.2 de la Ley Hipotecaria (HWC 2565\886), lo que permitiría pasar a la realización forzosa de la finca o derecho aun sin aquel asiento; debiendo tener en cuenta el juzgador, en cada caso concreto, más que el aspecto doctrinal de si la anotación ha de entenderse como acto constitutivo o meramente complementario, las circunstancias de las personas interesadas, no permitiendo que se amparen en la falta de publicidad formal del embargo, ni el deudor, ni quienes con él contrataran, cooperando a la realización de cualquier acto fraudulento de los derechos del embargante, y todo ello sin perjuicio de proteger, en otro caso, al adquirente de buena fe que apoyó su adquisición en la ausencia de cargas registrales, actuándose en este supuesto a través del instituto del tercero hipotecario, lo que tendrá lugar cuando los adquirentes del bien embargado cumplan todas las condiciones del artículo 34 de la Ley Hipotecaria y, por tanto, inscriban su derecho con anterioridad a la fecha de la traba, e incluso, si inscriben después del embargo y antes de estar anotado el mismo.   
A los efectos de resolver la cuestión planteada, junto la doctrina expresada, la STS de 7 de abril de 2000 (RJ 2000\2498) resuelve un caso sustancialmente idéntico al presente, pues en uno y otro la cuestión a resolver se funda en los siguientes datos fácticos por el orden que se señala: 1. Inmueble debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad perteneciente al deudor; 2. Traba del embargo en este tiempo a instancia del acreedor; 3. Posterior transmisión a un tercero de dicho inmueble; 4. Anotación del embargo y 5. Presentación a la inscripción e inscripción de la transmisión del dominio. En la citada sentencia, conforme a la corriente jurisprudencia1 más reciente se parte de que la verdadera naturaleza de la tercería del dominio es de acción declarativa de propiedad cuyo objeto es la declaración de propiedad (a favor del demandante-tercerista) y el levantamiento del embargo (trabado a instancia de un codemandado sobre un bien que aparentemente era del otro codemandado), y declara que la función procesal de la terceria de dominio, es la invalidación e ineficacia del embargo producido, la revocación de la decisión judicial (a administrativa) del embargo, lo que conduce a otra conclusión: el auténtico -necesario y suficiente-petitum de la demanda de tercería de dominio es que se alce la traba sobre los bienes embargados.   
En el presente caso, desde el punto de vista de la normativa del derecho civil se han de tomar en consideración los siguientes datos fácticos: la Tesorería General de la Seguridad Social decreta el embargo de la finca a su favor en fecha 25 de enero de 1994 y el tercerista apelante, José, adquiere la propiedad de finca con su entrega el día 14 de abril de 1994, y por ello adquiere una finca ya embargada, sin que el embargo ni la compraventa hubieran tenido acceso todavía al Registro de la Propiedad. Desde la óptica del derecho hipotecario, consta la entrada en el Registro de la Propiedad del embargo antes que la compraventa, pues el asiento de presentación -que determina la eficacia en el tiempo de toda inscripción o anotación, tal como establecen los artículos 24 y 25 de la Ley Hipotecaria (HDM 5523\886)- del mandamiento de embargo fue el 4 de mayo de 1994 y su anotación definitiva el día 9 de mayo de 1994, mientras el asiento de presentación a inscripción de la escritura de compraventa es de fecha 13 de mayo de 1994 e inscripción definitiva el día 23 de mayo de 1994.   
De ello resulta que la sentencia de instancia, objeto del presente recurso no ha infringido el artículo 32 de la Ley Hipotecaria que integra la presunción de exactitud registral ni el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que sanciona el principio de fe pública registral, pues el tercero hipotecario o tercero registral no es el simple tercero civil el cual no es parte en la relación jurídica, sino el tercero adquirente que, de buena fe, ha inscrito en el Registro de la propiedad el derecho que ha adquirido del titular registral. A él no podrá oponérsele lo no inscrito, según el artículo 32 de la Ley Hipotecaria, pero no es el caso presente en el que el apelante adquiere una finca ya embargada y cuando inscribe ya estaba anotado incluso de forma definitiva el embargo y no antes de estar anotado el mismo, único supuesto éste en que el tercero quedaría amparado por la fe pública registral.»   
Segundo. En aplicación del artículo 394 de la LEC, resulta la condena en costas de los demandantes.   
Fallo  
Desestimando la demanda interpuesta por Laura Lucena Herráez, procuradora de los tribunales, actuando en nombre y representación de Ciro Vicente Espósito y de Alicia Susana San Juan de Espósito, contra la Tesorería General de la Seguridad Social y contra José Antonio Requena Díaz:   
Debo absolver y absuelvo a la Tesorería General de la Seguridad Social y al señor Requena Díaz de las pretensiones de los actores.   
Y debo condenar y condeno a Vicente Espósito y San Juan Espósito, al abono de las costas originadas en este expediente e instancia a la Tesorería General de la Seguridad Social, y sin haber lugar a pronunciamiento respecto de las cruzadas con el señor Requena Díaz.   
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia disponiendo a tal fin del plazo de cinco días desde su recepción y a plantear mediante escrito en forma dirigido al Juzgado anunciando la preparación de la impugnación con indicación expresa de tratarse de esta resolución y de los pronunciamientos que son objeto de recurso.   
Expídase testimonio de la presente resolución por el secretario, el cual se unirá a los autos en los que se dictó, llevando su original al libro de sentencias (conforme lo establecido en el artículo 265 de la LOPJ).   
Así por esta mi sentencia, dictada en primera instancia; lo pronuncia, manda y firma; doy fe. Siguen firmas.»   
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y firmo el presente, doy fe.   
Valencia, 23 de febrero de 2007.- La secretaria judicial: Eva Mª Murciano Vicente.   
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 8 de abril de 20 el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación correspondiente.   
Diligencia. Valencia, 8 de abril de 2009. La extiendo yo, la secretaria judicial para su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para que sirva de notificación al codemandado José Antonio Requena-Díaz. Lo firmo y doy fe.   
Valencia, 8 de abril de 2009.- La secretaria judicial: Eva Mª Murciano Vicente.