Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3450, del 09-03-1999 (1999/1210)

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, por la que se excluye definitivamente a doña Desamparados Badenes Vicente, de la lista de admitidos a los cursos de adaptación del régimen jurídico del personal a la naturaleza de los puestos de trabajo que ocupan.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3450

Fecha DOGV
:   09-03-1999

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - E) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/1210


Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 1999, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, por la que se excluye definitivamente a doña Desamparados Badenes Vicente, de la lista de admitidos a los cursos de adaptación del régimen jurídico del personal a la naturaleza de los puestos de trabajo que ocupan. [1999/S1210]
  
Visto el expediente arriba referenciado, y de acuerdo con a los siguientes,
  
Antecedentes
  
Primero
  
Por Resolución de 7 de julio de 1997, de la Dirección General de Función Pública, se incluyó cautelarmente a doña Desamparados Badenes Vicente, contratada laboral temporal de la administración de la Generalitat Valenciana, en la lista definitiva de admitidos a los cursos de adaptación del régimen jurídico de determinado personal de la Generalitat Valenciana a la naturaleza de los puestos que ocupa, condicionado al fallo de sentencia judicial firme.
  
Segundo
  
Mediante escrito de fecha 8 de mayo de 1998, del secretario general de la Conselleria de Presidencia, se elevó consulta a la Dirección General de Función Pública acerca del fundamento que sustentaba que doña Desamparados Badenes Vicente, personal que presta sus servicios en ese departamento, estuviera incluida en la relación nominal del personal a funcionarizar, siendo contratada laboral temporal, así como su incidencia en la adecuación de la naturaleza del puesto y sus ocupantes. Como consecuencia de lo anterior, por el Servicio de Régimen Jurídico y Relaciones Sindicales se informó en el sentido de que la señora Badenes Vicente, tenía planteado un litigio con la Generalitat Valenciana en reclamación de reconocimiento de su condición de personal laboral fijo, en el cual se había dictado por el Juzgado de lo Social número cuatro de Valencia, en los autos 6122/1995, Sentencia desestimatoria de la petición de la demandante, la cual recurrió dicho fallo en suplicación, no siéndole por consiguiente de aplicación el acuerdo de la Comisión de Adecuación al proceso de funcionarización, recogido en el punto 4 del Acta número 6 de 1 de julio de 1997, en el que textualmente se dice: «se decide incluir cautelarmente a aquel personal que haya ganado alguna sentencia cuyo fallo le permitiría estar incluido en el proceso de funcionarización, pero está recurrida por la administración.»
  
Tercero
  
La Comisión de adecuación al proceso de funcionarización, convocada expresamente para conocer de la inclusión cautelar de doña Desamparados Badenes Vicente en la lista definitiva de admitidos, con fecha 6 de julio de 1998 acordó proponer la suspensión cautelar de la inclusión de doña Desamparados Badenes Vicente en las listas de admitidos de personal a funcionarizar, dando traslado de dicha suspensión al Instituto Valenciano de Administración Pública para su exclusión de la participación en el correspondiente curso de adaptación del régimen jurídico del personal a la naturaleza de los puestos que ocupa, así como la iniciación de los trámites conducentes a la revisión de oficio para excluirla definitivamente de los mencionados procesos de adaptación del régimen jurídico del personal a la naturaleza de los puestos que ocupan, todo lo cual se efectuó mediante Resolución de 20 de julio de 1998, de la Dirección General de Función Pública, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.331, de 16 de septiembre de 1998.
  
Cuarto
  
Habiendo dado traslado a la interesada de la Resolución anterior y cumplido el preceptivo trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la misma se presentaron alegaciones, en el sentido de insistir en que su condición de personal laboral fijo se encontraba sub iudice por estar pendiente de recurso de suplicación, así como en los posibles perjuicios que se le originarían en el supuesto de obtener una sentencia favorable, perdiendo la posibilidad de integrarse en el proceso de funcionarización.
  
Quinto
  
Remitido el expediente a dictamen preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, éste ha sido emitido con fecha 28 de enero de 1999, en sentido favorable a la revisión de oficio y declaración de nulidad de la Resolución de la Dirección General de Función Pública de fecha 7 de julio de 1997, en cuanto se refiere a la inclusión en la misma de doña Desamparados Badenes Vicente.
  
Fundamentos de derecho
  
I. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo se pronuncia por una interpretación restrictiva tanto de los supuestos de aplicación de nulidad de pleno derecho del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como su declaración por la vía del artículo 102 de la misma, cauce impugnatorio para el que dicho Tribunal recomienda la máxima prudencia, ya que requiere una cuidadosa ponderación, sobre todo habida cuenta que la no sujeción a plazo para efectuarlo podría entrañar un riesgo evidente para la seguridad jurídica y por ello en esta iniciativa de la administración se ha de asegurar que concurren todos y cada uno de los requisitos previstos en la norma. Sirvan como apoyo jurisprudencial, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1986, 22 de enero de 1990, 24 de abril de 1993, 16 de diciembre de 1993 y 30 de mayo de 1994.
  
Asimismo, el Tribunal Supremo señala que en el análisis del acto objeto de la Revisión de Oficio debe tenerse en cuenta, como ejes normativos del mismo, no sólo el artículo 102 en relación con el 62, sino también el artículo 106 de la mencionada Ley 30/1992, indicando que en el procedimiento de revisión de oficio destaca la prevalencia esencial del sentido de potestad de la administración, lo cual no supone que la administración tenga facultades para atribuirse el poder de revisar o modificar, a libre voluntad cualquier derecho concedido o autorizado, estando obligada a actuar con sometimiento a la ley de acuerdo con el interés público.
  
II. Analizando el caso concreto objeto del presente procedimiento de revisión de oficio, el motivo por el que se fundamenta dicha revisión se basa en las causas previstas en los apartados 1 f y 2 del artículo 62 de la expresada Ley 30/1992,de 26 de noviembre, por cuanto que doña Desamparados Badenes Vicente, ostenta la condición de personal laboral temporal al servicio de la administración de la Generalitat Valenciana, no pudiendo adquirir el derecho a ser incluida en los cursos de adaptación del régimen jurídico del personal a la naturaleza de los puestos que ocupa, de conformidad con lo que dispone la Ley de la Generalitat Valenciana 1/1996, de 26 de abril, al carecer del requisito esencial de ostentar la condición de personal laboral fijo. En consecuencia, su inclusión en la lista definitiva de admitidos y excluidos a los cursos descritos, ha de reputarse nula de pleno derecho aunque tuviera carácter provisional ya que la señora Badenes Vicente ni siquiera había obtenido una sentencia de instancia laboral favorable al reconocimiento de fijeza en su relación laboral.
  
III. Tal como determina el dictamen número 145/1997, del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, la causa contenida en la letra f del apartado 1 del artículo 62 de la Ley 30/1992, supone una innovación respecto a las causas de nulidad contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, y establece, como nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, circunstancia que concurre en el presente supuesto en lo que se refiere a la inclusión en la lista de admitidos cuando se carece del requisito para ello, si bien cabe añadir que la mera inclusión en la lista definitiva de admitidos a los cursos de funcionarización, no confiere a los aspirantes un derecho subjetivo a ser declarados funcionarios, sino una mera expectativa de ello, que se consolidará como derecho subjetivo en cuanto se reúnan los requisitos a los que el ordenamiento jurídico, y más concretamente la Ley de la Generalitat Valenciana 1/1996, de 26 de abril y las bases de la convocatoria de dichos cursos aprobadas mediante Orden de la Conselleria de Presidencia de 18 de diciembre de 1996, vinculan al nacimiento del derecho subjetivo referido.
  
IV. En lo que respecta a la alegación relativa a que la condición de personal laboral fijo de la señora Badenes Vicente se encuentra sub iudice, por estar pendiente de Recurso de Suplicación la sentencia dictada en los autos número 6122/1995, del Juzgado de lo Social número 4 de Valencia, hay que señalar que con fecha 12 de noviembre de 1998, se ha dictado Sentencia número 3575/1998, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en cuyo fallo se dispone la desestimación del recurso de suplicación interpuesto por doña Desamparados Badenes Vicente. Por consiguiente ha decaído definitivamente la pretensión de fijeza laboral alegada, e incluso ha desaparecido la condición resolutoria objeto de la presente revisión de oficio, por lo que podría entenderse que la señora Badenes ha resultado excluida automáticamente de la lista definitiva de admitidos a los cursos publicada mediante resolución de 7 de julio de 1997, de la Dirección General de Función Pública, si bien por razones de seguridad jurídica se estima procedente resolver el presente expediente, ya que el objeto de la revisión de oficio se circunscribe a su errónea inclusión en la mencionada lista, por cuanto la Sentencia número 614 de 1995, del Juzgado de lo Social número 4 de Valencia tampoco reconoció la pretensión de fijeza en la relación laboral de la señora Badenes, no debiendo nunca ser incluida en la lista definitiva de los aspirantes a los cursos de adaptación del régimen jurídico del personal a la naturaleza de los puestos que ocupa.
  
V. En cuanto a la tramitación del presente expediente, se ha realizado al amparo de lo dispuesto en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose recabado con carácter previo a su resolución el preceptivo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, tal como determina el artículo 10.8.b de la Ley de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del citado órgano consultivo.
  
Por cuanto antecede, vistos los hechos y fundamentos jurídicos que anteceden y demás de general y pertinente aplicación, conforme con el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, en uso de las competencias y funciones que me vienen atribuidas, y en especial por lo regulado en la disposición adicional once de la Ley de Función Pública Valenciana, resuelvo:
  
Primero
  
Revisar de oficio la Resolución de 7 de julio de 1997, de la Dirección General de Función Pública, declarando su nulidad en lo que se refiere a la inclusión de doña Desamparados Badenes Vicente, contratada laboral temporal de la administración de la Generalitat Valenciana.
  
Segundo
  
Excluir definitivamente a doña Desamparados Badenes Vicente de la lista definitiva de admitidos a los cursos de adaptación del régimen jurídico de determinado personal de la Generalitat Valenciana a la naturaleza de los puestos que ocupa.
  
Tercero
  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.