Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5976, del 17-03-2009 (2009/2784)

Notificación de la resolución del recurso de alzada, referencia interna R-458/2008, a José Selles Martínez.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5976

Fecha DOGV
:   17-03-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/2784


Fecha del documento
:   01-10-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la resolución del recurso de alzada, referencia interna R-458/2008, a José Selles Martínez. [2009/2784]  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se procede a notificar a José Selles Martínez, C/ Juan Gil Albert, nº 49, esc. 2ª-4º-7ª (03224 Alcoi) la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-458/08  
Resolución de la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del recurso de alzada relativo al expediente de desahucio administrativo por ocupación de vivienda sin título legal (A-DAFT-0094/07) de la vivienda sita en Alcoy (Alicante), calle Juan Gil Albert nº 49, esc. 2, piso 4º, pta-iz, (código vivienda 03/7031/0007).  
Datos del reclamante.  
Nº expediente Apellidos y nombre.  
A-DAFT-0094/07 Selles Martínez, José  
Datos de la vivienda.  
Código Vivienda. 03/7031/0007.  
Domicilio: C/ Juan Gil Albert 49, esc. 2, piso 4º, izquierda de 03748-Alcoy (Alicante).  
I. Antecedentes  
Cronológicamente expuestos, los hechos esenciales relativos a dicho expediente, son los siguientes:  
Primero. José Selles Martínez era adjudicatario de la vivienda objeto de este expediente en régimen de compraventa en virtud de contrato de fecha 1 de marzo de 2002, suscrito con el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, y como consecuencia de falta de pago, en expediente administrativo A-RCFP-230/04 y en fecha 17 de abril de 2007, se dictó resolución de la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos declarando resuelta la citada compraventa, sin que conste haber sido presentado recurso alguno contra la misma.  
Segundo. En virtud de lo anterior y habiendo quedado resuelto el contrato de compraventa, al no procederse a la devolución de la posesión de la vivienda en plazo, se inició el correspondiente procedimiento de desahucio administrativo por falta de título (A-DAFT-0094/07) mediante providencia de fecha 12 de junio de 2007.  
Tercero. El 2 de julio de 2007 se formuló el correspondiente pliego de cargos que, al no poder ser notificado directamente al interesado, fue objeto de la correspondiente publicación por edictos y en el DOCV nº 5595 de 10 de septiembre de 2007.  
Cuarto. No habiéndose presentado pruebas o formulado alegaciones por el interesado, con fecha 11 de marzo de 2008 se dictó la correspondiente resolución de la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, que, al no poder ser notificada directamente al interesado después de dos infructuosos intentos, fue objeto de la correspondiente publicación por edictos y en el DOCV nº 5732 de 1 de abril de 2008.  
Quinto. El 26 de mayo de 2008, se presentó escrito por el interesado, al que acompañaba la documentación que consideraba pertinente, que fue considerado recurso de alzada contra la referida resolución.  
II. Fundamentos de derecho  
Los artículos 30 del texto refundido aprobado por Real Decreto 2.960, de 12 de noviembre de 1.976, y 138 del reglamento de viviendas de protección oficial, de 24 de julio de 1.968, configuran como motivo de desahucio administrativo, el ocupar una vivienda sin título legal para ello.  
El artículo 30 del mencionado texto refundido, así como, los artículos 138 y 142 del reglamento de viviendas de protección oficial, establecen que la administración actuante podrá acordar el desahucio administrativo por ocupación de una vivienda sin título legal, con el lanzamiento de los ocupantes de viviendas y el desalojo de bienes y enseres.  
El artículo 57, 5º punto 2, letra b, de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat regula como motivo de desahucio administrativo el ocupar una vivienda sin título legal para ello. En el mismo sentido los artículos 181 y 182 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, de reglamento de protección pública a la vivienda.  
El artículo 183 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, de reglamento de protección pública a la vivienda, artículos 142 y 161 del reglamento de viviendas de protección oficial de 24 de julio de 1968, artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, y artículo 16 y siguientes del RD 1398/93, de 4 de agosto, respecto al procedimiento a seguir.  
El artículo 143 del Decreto 2114/1968 de 24 de julio que reputa en todo caso el domicilio del interesado como la vivienda objeto del desahucio en relación con el artículo 59 y siguientes de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
Los artículos 20 y 24 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.  
III. Contestación a las alegaciones  
La legislación vigente en materia de viviendas de protección oficial de promoción pública, establece unas condiciones especiales de protección dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a aquellas familias más desfavorecidas y, con ese fin, la recuperación de las mismas cuando se encuentran ocupadas por personas que carecen de título legal para ello, por lo que en el presente caso, resultando acreditado que el contrato de compraventa había quedado resuelto en expediente A-RCFP-0230/04, por falta de pago, no pueden ser admitidas las alegaciones formuladas por el interesado en su escrito de recurso pues los motivos alegados (venta de una vivienda al Ayuntamiento de Alcoy el 15 de enero de 1988 y acuerdo de 21 de septiembre de 1990 con dicha corporación para la cesión en precario de una vivienda por 4 años) no sólo son anteriores a la firma del contrato de compraventa de la vivienda objeto de este expediente (otorgado en el año 2002) sino que deberían haberse opuesto y hecho valer en el expediente de resolución de contrato por falta de pago y no en este, que se refiere a la ocupación de vivienda sin título legal que se produce después de dicha resolución y por la negativa del interesado a entregar la posesión de la vivienda.   
Nos encontramos por lo tanto ante un claro supuesto de ocupación ilegal y las circunstancias que se dan en el presente caso se corresponden con las que tiene en cuenta la normativa aplicable para dar lugar al desahucio administrativo por ocupación de una vivienda sin título legal, no dándose ni nulidad ni indefensión alguna pues el interesado ha conocido perfectamente los motivos que dieron lugar a la incoación tanto del expediente de resolución por falta de pago como del incoado posteriormente por falta de título, con posibilidad de formalizar alegaciones y recursos en los mismos.   
Por todo lo anterior y no existiendo título jurídico que legitime la ocupación de José Selles Martínez, la resolución de la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos de 17 de abril de 2007 debe ser íntegramente confirmada.  
Resolución  
Visto el expediente, se deduce que ha quedado acreditado que el recurrente carece de título jurídico que legitime la ocupación de la vivienda objeto del mismo.  
Vistos los hechos, las disposiciones legales citadas y las de general aplicación, así como la propuesta de la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda resuelve la desestimación del recurso de alzada.  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de recibo de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.  
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 1 de octubre de 2008.- La secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: María Ángeles Ureña Guillém.