Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6383, del 25-10-2010 (2010/11029)

Información pública del Acuerdo del Pleno de 30 de septiembre de 2010 relativo a la aprobación definitiva del proyecto de expropiación forzosa para la adquisición de parcelas dotacionales afectadas por la apertura de la avenida Cortes Valencianas.
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Número DOGV
:   6383

Fecha DOGV
:   25-10-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2010/11816


Fecha del documento
:   04-10-2010

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Benicarló

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Benicarló
    * plan de urbanismo
    * administración local

Información pública del Acuerdo del Pleno de 30 de septiembre de 2010 relativo a la aprobación definitiva del proyecto de expropiación forzosa para la adquisición de parcelas dotacionales afectadas por la apertura de la avenida Cortes Valencianas. [2010/11419]  
El Pleno del Ayuntamiento de Benicarló, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2010, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:  
«Punto 12º. Dictamen a la propuesta de aprobación definitiva del proyecto de expropiación forzosa para la adquisición de parcelas dotacionales afectadas por la apertura de la avenida Cortes Valencianas. Se somete a consideración de la corporación el contenido de la propuesta del teniente de alcalde delegado del Área de Urbanismo de fecha 10 de septiembre de 2010.  
Relación de hechos  
I. El Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló fue aprobado definitivamente el 29 de julio de 1986. A día de hoy, los sectores 4 y 6 de suelo urbanizable no programado no han sido desarrollados. Comprendida en su ámbito se sitúa la avenida Corts Valencianes, en el tramo superior. Al no haberse desarrollado los anteriores ámbitos, esta vía permanece sin ejecutarse. La obertura de este vial se considera indispensable para mejorar el tráfico rodado de la ciudad.   
II. Los servicios técnicos municipales redactaron, en abril de 2009, el Proyecto de Urbanización de la Prolongación del Vial Corts Valencianes, que fue aprobado por el Pleno de la corporación, es sesión celebrada en fecha 22 de abril de 2009. Dicho proyecto va a ser financiado con cargo al Plan de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana, de la Generalitat Valenciana (Decreto Ley 1/2009, de 20 de febrero, del Consell) y el inicio de las obras se encuentra supeditado a la obtención de los terrenos afectados por dicho proyecto.  
III. Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló, celebrado en fecha 29 de octubre de 2009, se aprobó, con carácter provisional, el Plan Especial de Concreción de Alinaciones de la Avenida de les Corts Valencianes y de Mejora de Accesos al IES Ramón Cid y Zona Deportiva Anexa, de Benicarló, redactado por los servicios técnicos municipales, que fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, en fecha 26 de julio de 2010.  
IV. En noviembre de 2009, el arquitecto municipal, Luis Pérez Lores, redactó el proyecto de expropiación del conjunto de parcelas dotacionales afectadas por el proyecto de ejecución de la apertura de la prolongación de la avenida de les Corts Valencianes, para su tramitación por el procedimiento de tasación conjunta.  
V. Mediante acuerdo del Pleno de la corporación, de fecha 28 de enero de 2010, se aprobó, con carácter inicial, la relación de bienes y derechos afectados, abriendo un trámite de exposición pública de 15 días, para que por cualquier persona interesada, se rectificaran posibles errores o bien se formulara oposición a la necesidad de ocupación. Al efecto, se publicó el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 23, de 23 de febrero de 2010, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 6212, de 23 de febrero de 2010, en el periódico Levante de Castellón de fecha 12 de febrero de 2010, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benicarló, del 8 de febrero al 8 de marzo de 2010.  
En relación con la descripción de bienes y derechos afectados por la expropiación, se han presentado las siguientes alegaciones:   
Fecha Núm. registro Persona interesada NIF  
05.03.2010 3.780 Facundo Miralles Barreda 54.303.225-Z  
12.03.2010 4.274 Carmen Segura Guerola 69.061.295-T  
24.03.2010 4.760 Francisco Germán Llorach Garrido 63.418.003-Q  
24.03.2010 4.742 Sonia Llorach Garrido 58.462.699-W  
28.04.2010 6.916 Sonia Llorach Garrido 13.851.586-R  
30.04.2010 7.176 Francisco Germán Llorach Garrido 40.198.062-L  
VI. Así mismo, el anterior acuerdo se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos afectados, junto con la respectiva hoja de aprecio municipal para que, en el plazo de un mes desde dicha notificación, aceptaran o rechazaran la valoración municipal de los derechos afectados, formulando en el último caso la suya propia. No consta que ninguno de los afectados haya rechazado expresamente la valoración municipal en el plazo concedido al efecto.  
VII. En fecha 17 de junio de 2010, el arquitecto municipal, Luis Pérez Lores, emite el siguiente informe en relación con las alegaciones formuladas:  
"Que habiendo finalizado el plazo de exposición al público del Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta de Parcelas Dotacionales para la Apertura de la Avenida Corts Valencianes III, han sido presentadas ante este Ayuntamiento un total de seis alegaciones, que se relacionan a continuación:  
· Facundo Miralles Barreda (3780).  
· Carmen Segura Guerola (4274).  
· Francisco Germán Llorach Garrido (4760).  
· Sonia Llorach Garrido (4742).  
· Sonia Llorach Garrido (6916).  
· Germán Llorach Garrido (7176).  
Analizadas las alegaciones anteriores, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  
Facundo Miralles Barreda (3780)  
La alegación plantea la cuestión de que la parcela afectada en el proyecto de expropiacion, si bien sí se contempla en el plan especial, no se encuentra en el ámbito del vial a ejecutar y solicita la exclusión el proyecto expropiatorio.  
Comprobada la situación de la parcela, ésta dispone de una edificación en uso, la cual, de igual modo que la parcela se encuentran afectadas parcialmente por el plan especial. Sin embargo, tal como manifiesta el interesado, ni la parcela, ni la edificación se encuentran en el ámbito definido para la ejecución del vial que en la actualidad se ha proyectado como obra previa provisional a la total urbanización de la avenida. El ámbito a expropiar se ha definido en función del trazado de este vial y el ámbito de la parcela que en relación con él se encuentra afectada por el plan especial en una anchura de 31 m. La parcela actual, siendo colindante con este ámbito excede de estos 31 m, por lo que quedará afecta a la ejecución de la futura avenida, pero no a la actual pretensión de ejecución de obra municipal.  
Se informa favorablemente la pretensión del alegante, proponiendo la exclusión de la parcela por no estar afectada por el ámbito de ejecución del vial actualmente proyectado, ni sus áreas de protección laterales hasta una anchura de 31 m.   
Carmen Segura Guerola (4274)  
La alegación pretende que se le excluya del proceso expropiatorio por razón de que está dispuesta a suscribir convenio de cesión con reserva de aprovechamiento. Por otro lado, plantea la dificultad para formalizar tal documento, por cuanto todavía se está pendiente de una manifestación y aceptación de herencia.  
Se trata de una cuestión jurídica que se debe resolver en su correspondiente informe. No obstante, con objeto de poder redactar el acta de replanteo para poder ejecutar la obra, en el caso de aceptarse la suscripción del convenio, al existir impedimentos administrativos para poder llevarlo a término, al menos deberá demostrar el derecho y suscribir un previo compromiso de cesión.  
Francisco Germán Llorach Garrido (4760)  
En la alegación se manifiesta que, además de no haberse individualizado la compensación por expropiación correspondiente a cada propietario, aparecen vacíos los cuadros correspondientes al justiprecio, resultando incomprensible para el propietario los números y conceptos abreviados que allí aparecen.  
En relación con la notificación individualizada de la valoración, cabe indicar que en el proyecto de expropiación se lleva a cabo la valoración del bien afectado, estableciéndose los porcentajes de propiedad de cada copropietario, por lo que el valor que corresponde a cada propietario es perfectamente conocido. No obstante, al tratarse de una cuestión de procedimiento, deberá contestarse en el correspondiente informe jurídico.  
En relación con la falta de concreción de la valoración, visto el proyecto de expropiación y la notificación realizada, se ha podido comprobar que la valoración sí figura claramente especificada en la hoja de aprecio, indicándose la superficie afectada, el valor unitario de cada metro cuadrado, el total resultante y el 5% del premio de afección que impone la ley.  
Se informa desfavorablemente por quedar perfectamente justificada la valoración estimada para la finca a expropiar y constar ésta claramente especificada, sin posibilidad de equívoco alguno.  
Sonia Llorach Garrido (4742)  
En la alegación se manifiesta que, además de no haberse individualizado la compensación por expropiación correspondiente a cada propietario, aparecen vacíos los cuadros correspondientes al justiprecio, resultando incomprensible para la propietaria los números y conceptos abreviados que allí aparecen.  
En relación con la notificación individualizada de la valoración, cabe indicar que en el proyecto de expropiación se lleva a cabo la valoración del bien afectado, estableciéndose los porcentajes de propiedad de cada copropietario, por lo que el valor que corresponde a cada propietario es perfectamente conocido. No obstante, al tratarse de una cuestión de procedimiento, deberá contestarse en el correspondiente informe jurídico.  
En relación con la falta de concreción de la valoración, visto el proyecto de expropiación y la notificación realizada, se ha podido comprobar que la valoración sí figura claramente especificada en la hoja de aprecio, indicándose la superficie afectada, el valor unitario de cada metro cuadrado, el total resultante y el 5% del premio de afección que impone la ley.  
Se informa desfavorablemente por quedar perfectamente justificada la valoración estimada para la finca a expropiar y constar ésta claramente especificada, sin posibilidad de equívoco alguno.  
Sonia Llorach Garrido (6916)  
La alegación constituye una complementaria de la anterior, por la cual se solicita del Ayuntamiento se defina cuál será el uso de la parte de parcela expropiada en la que no se va a ejecutar el proyecto actualmente redactado como vial provisional previo, solicitando se ajuste la expropiación al ámbito del vial provisional.  
Por otra parte, se solicita informe municipal sobre si se ha llegado a algún tipo de enajenación con alguno de los copropietarios de la parcela de la que la interesada es cotitular.  
En relación con la parte de parcela que no estará ocupada por el vial que actualmente el Ayuntamiento tiene intención de ejecutar, cabe indicar que la expropiación se lleva a cabo, en cada parcela, sobre la anchura total prevista en el documento de planeamiento, plan especial, que se ha previsto con el objeto de ejecutar la futura total avenida, a los largo de la vía proyectada provisionalmente; dicha anchura permite trazar adecuadamente la nueva vía, ajustando su trazado a la orografía que todavía no se va a modificar, y protegerla y separarla de las parcelas privadas próximas.   
En la actualidad, el proyecto a ejecutar previsto está constituido por un vial provisional de comunicación de la calle Peñíscola con la CN-340, quedando los márgenes del mismo, hasta la anchura total prevista en el plan especial, 31,00 m, futura avenida, como zonas de protección de dicha vía en la que no se ha definido un uso específico, pero en la que se podrán implatar, por sus características, usos provisionales públicos complementarios de la vía a ejecutar, por la que se podrán tener acceso (aparcamientos, usos temporales de difícil ubicación en casco urbano, etc.) hasta la completa ejecución del plan.  
En relación, con la información solicitada sobre acuerdos de venta del resto de la copropiedad de la parcela, la información, si es el caso, deberá ser aportada por los servicios administrativos del área.  
Puesto que la expropiación tiene su base en la afección del tramo del plan especial afectado por la vía a ejecutar provisionalmente y trae causa en dicho documento de planeamiento, y del proyecto de vial, la afección de las parcelas incluidas en el proyecto de expropiación es la que resulta de las aplicación de dicho plan especial en el ámbito del trazado de dicho vial, que es el que ha servido de base habilitadora para proceder a la expropiación, por lo que se informa desfavorablemente la pretensión de ajustarse al ámbito puro del vial provisional, salvo que la corporación llegue a determinados acuerdos con la propiedad.   
German Llorach Garrido (7176)  
La alegación constituye una complementaria de la anterior, por la cual se solicita del Ayuntamiento se defina cuál será el uso de la parte de parcela expropiada en la que no se va a ejecutar el proyecto actualmente redactado como vial provisional previo, solicitando se ajuste la expropiación al ámbito del vial provisional.  
Por otra parte, se solicita informe municipal sobre si se ha llegado a algún tipo de enajenación con alguno de los copropietarios de la parcela de la que el interesado es cotitular.  
En relación con la parte de parcela que no estará ocupada por el vial que actualmente el Ayuntamiento tiene intención de ejecutar, cabe indicar que la expropiación se lleva a cabo, en cada parcela, sobre la anchura total prevista en el documento de planeamiento, plan especial, que se ha previsto con el objeto de ejecutar la futura total avenida, a los largo de la vía proyectada provisionalmente; dicha anchura permite trazar adecuadamente la nueva vía, ajustando su trazado a la orografía que todavía no se va a modificar, y protegerla y separarla de las parcelas privadas próximas.   
En la actualidad, el proyecto a ejecutar previsto está constituido por un vial provisional de comunicación de la calle Peñíscola con la CN-340, quedando los márgenes del mismo, hasta la anchura total prevista en el plan especial, 31,00 m, futura avenida, como zonas de protección de dicha vía en la que no se ha definido un uso específico, pero en la que se podrán implatar, por sus características, usos provisionales públicos complementarios de la vía a ejecutar, por la que se podrán tener acceso (aparcamientos, usos temporales de difícil ubicación en casco urbano, etc.) hasta la completa ejecución del plan.  
En relación, con la información solicitada sobre acuerdos de venta del resto de la copropiedad de la parcela, la información, si es el caso, deberá ser aportada por los servicios administrativos del área.  
Puesto que la expropiación tiene su base en la afección del tramo del plan especial afectado por la vía a ejecutar provisionalmente y trae causa en dicho documento de planeamiento, y del proyecto de vial, la afección de las parcelas incluidas en el proyecto de expropiación es la que resulta de las aplicación de dicho plan especial en el ámbito del trazado de dicho vial, que es el que ha servido de base habilitadora para proceder a la expropiación, por lo que se informa desfavorablemente la pretensión de ajustarse al ámbito puro del vial provisional, salvo que la corporación llegue a determinados acuerdos con la propiedad".  
VIII. En fecha 25 de junio de 2010, el técnico de administración general de Urbanismo, Jesús Hernández Lahera, emite el siguiente informe:  
"Fundamentos de derecho  
Primero. Desde el punto de vista jurídico, procede manifestar que concurren en algunos de los escritos presentados (no en todos, lo que se verá en el fundamento de derecho segundo) los requisitos generales de carácter formal exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de personalidad suficiente y legitimación en la causa de las partes alegantes para la presentación de alegaciones en tiempo y forma.  
Segundo. El artículo 434 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), establece el procedimiento de tasación conjunta. Así mismo, tal y como indicó la técnica de gestión, señora Benítez Beltrán en su informe de fecha 15 de enero de 2010, es de aplicación como normativa supletoria, la prevista en los artículos 202 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, así como, la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y el Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de Expropiación Forzosa.  
De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la corporación aprobó inicialmente en fecha 28 de enero de 2010, el proyecto de expropiación forzosa, con inclusión de la relación de bienes y derechos cuya expropiación se considera necesaria para la ejecución del planeamiento vigente.  
Así mismo, se solicitó al Registro de la Propiedad, en fecha 1 de marzo de 2010 (registro de salida número 3963) la emisión de la correspondiente certificación por la que se acredite el dominio y cargas de las fincas afectadas por la expropiación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1093/1997, de 4 julio, que aprueba las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.  
Se publicó el anterior acuerdo plenario, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el número 6212 de 23 de febrero de 2010; en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, en el número 23, de 23 de febrero de 2010, y en el diario Levante (El Mercantil Valenciano) del día 12 de febrero de 2010, para que, durante el periodo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la última de las citadas publicaciones, es decir, desde el día 24 de febrero de 2010, cualquier persona interesada pudiera aportar por escrito los datos oportunos para rectificar los posibles errores en la relación de los bienes y derechos afectados por la expropiación, o bien que, por parte de los titulares de derechos afectados, se presentasen alegaciones oponiéndose, por razones de forma o de fondo, a la necesidad de ocupación.   
Por lo tanto el plazo para:  
- Rectificar los posibles errores en la relación de los bienes y derechos afectados por la expropiación.  
- Presentar alegaciones por razones de forma o de fondo a la necesidad de ocupación.  
Terminó para todos los alegantes en fecha 12 de marzo de 2010.  
Por ello solo podemos admitir a trámite y resolver las alegaciones presentadas por Facundo Miralles Barreda (que presentó alegaciones en fecha 5 de marzo de 2010) y por Carmen Segura Guerola (que presentó alegaciones en fecha 12 de marzo de 2010).  
El resto de alegaciones, presentadas por Francisco German Llorach Garrido (alegaciones presentadas en fechas 24.03.2010 y 30.04.2010) y Sonia Llorach Garrido (alegaciones presentadas en fechas 24.03.2010 y 28.04.2010) no pueden ser admitidas a trámite, dado que han sido presentadas fuera de plazo, en fechas posteriores al citado 12 de marzo de 2010.   
Por otra parte, se notificó el acuerdo plenario de 28 de enero de 2010, junto con la respectiva hoja de valoración del justiprecio, a cada uno de los titulares de bienes y derechos afectados por la expropiación, que dispuso de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación del citado acuerdo, para aceptar la valoración municipal, o bien, rechazarla y formular la suya propia.  
Por lo tanto el plazo para aceptar la valoración municipal, o bien, rechazarla y formular la suya propia, terminó para los alegantes en las siguientes fechas:   
- Para Facundo Miralles Barreda, a quien se notificó el acuerdo plenario de 28 de enero de 2010, junto con la hoja de aprecio del Ayuntamiento, en fecha 3 de marzo de 2010, el plazo terminó en fecha 4 de abril de 2010.  
- Para Carmen Segura Guerola, a quien se notificó el acuerdo plenario de 28 de enero de 2010, junto con la hoja de aprecio del Ayuntamiento, en fecha 3 de marzo de 2010, el plazo terminó en fecha 4 de abril de 2010.  
- Para Francisco German Llorach Garrido, a quien se notificó el acuerdo plenario de 28 de enero de 2010, junto con la hoja de aprecio del Ayuntamiento, en fecha 10 de marzo de 2010, el plazo terminó en fecha 11 de abril de 2010.  
- Para Sonia Llorach Garrido, a quien se notificó el acuerdo plenario de 28 de enero de 2010, junto con la hoja de aprecio del Ayuntamiento, en fecha 5 de marzo de 2010, el plazo terminó en fecha 6 de abril de 2010.  
Ninguno de ellos ha rechazado la hoja de aprecio y ninguno ha formulado la suya propia, dentro del plazo habilitado legalmente para ello.  
Tercero. En relación con la alegación presentada en fecha 5 de marzo de 2010 (registro de entrada número 3780), por Facundo Miralles Barreda, NIF 54713617L, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Doctor Severo Ochoa, número 15, 1º, de Benicarló, (a quien se notificó el acuerdo plenario de 28.01.10, junto con la hoja de aprecio del Ayuntamiento, en fecha 3 de marzo de 2010) debemos indicar que el arquitecto municipal, Pérez Lores, en su informe de fecha 17 de junio de 2010, ha informado al respecto que comprobada la situación de la parcela 59/60, polígono 11, finca registral número 3847, ésta dispone de una edificación en uso, la cual, de igual modo que la parcela se encuentran afectadas parcialmente por el plan especial. Sin embargo, tal como manifiesta el interesado, ni la parcela, ni la edificación se encuentran en el ámbito definido para la ejecución del vial que en la actualidad se ha proyectado como obra previa provisional a la total urbanización de la avenida. El ámbito a expropiar se ha definido en función del trazado de este vial y el ámbito de la parcela que en relación con él se encuentra afectada por el plan especial en una anchura de 31 m. La parcela actual, siendo colindante con este ámbito excede de estos 31 m, por lo que quedará afecta a la ejecución de la futura avenida, pero no a la actual pretensión de ejecución de obra municipal. Por ello informa favorablemente la pretensión del alegante, proponiendo la exclusión de la parcela por no estar afectada por el ámbito de ejecución del vial actualmente proyectado, ni sus áreas de protección laterales hasta una anchura de 31 m.   
Cuarto. En relación con la alegación presentada en fecha 12 de marzo de 2010 (registro de entrada número 4274) por Carmen Segura Guerola, NIF 90871777N, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Santa Cándida, número 1, de Benicarló (a quien se notificó el acuerdo plenario de 28.01.2010, junto con la hoja de aprecio del Ayuntamiento, en fecha 3 de marzo de 2010) debemos indicar que el arquitecto municipal, Pérez Lores, en su informe de fecha 17 de junio de 2010, dispone que la alegante pretende que se le excluya del proceso expropiatorio por razón de que está dispuesta a suscribir convenio de cesión con reserva de aprovechamiento. Por otro lado, plantea la dificultad para formalizar tal documento, por cuanto todavía se está pendiente de una manifestación y aceptación de herencia. Al tratarse de una cuestión jurídica que se debe resolver en su correspondiente informe, indica que, no obstante, con objeto de poder redactar el acta de replanteo para poder ejecutar la obra, en el caso de aceptarse la suscripción del convenio, al existir impedimentos administrativos para poder llevarlo a término, al menos deberá demostrar el derecho y suscribir un previo compromiso de cesión.  
Estamos en presencia de un tema de exclusión de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación.  
La delimitación del polígono o unidad de actuación en que se va a actuar ha de ir acompañada (en calidad de requisito indispensable para su validez) de una relación de los propietarios existentes en el ámbito correspondiente, con descripción de los bienes y derechos afectados, formulada conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF).  
La determinación de los propietarios de bienes o titulares de derechos en el polígono o unidad de actuación a incluir inicialmente en la misma debe hacerse con base exclusivamente a los datos resultantes del Registro de la Propiedad.  
No obstante, la relación inicial ha de ser rectificada o, en su caso, completada por incorporación a la misma de las personas que acrediten en legal forma las titularidades que invoquen, desde el momento en que dicha acreditación tenga lugar.   
Las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. Salvo prueba en contrario, el Ayuntamiento considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que solo puede ser destruida judicialmente.   
La alegante solicita que se le excluya del proceso expropiatorio, por razón de que está dispuesta a suscribir convenio de cesión con reserva de aprovechamiento, planteando la dificultad para formalizar tal documento, por cuanto todavía se está pendiente de una manifestación y aceptación de herencia, dado que la titularidad de la finca la tienen los herederos de Francisco Segura Segarra.  
Se plantea aquí por tanto un problema de herencia yacente.  
Bajo la expresión de herencia yacente se comprende aquella multiplicidad de situaciones, en las que, habiendo sido abierta la sucesión, no se ha producido todavía la aceptación del heredero a quien haya de imputarse la condición de sucesor del causante. O, dicho, en lenguaje más sencillo, es la situación en que permanece el patrimonio de una persona fallecida, desde el momento de su muerte y, por tanto, desde la apertura de su sucesión hasta la aceptación por parte del llamado a la herencia, tratándose de una situación esencialmente provisional o transitoria.   
A efectos meramente pragmáticos, el verdadero problema que se plantea sobre la herencia yacente debe ser analizado desde una doble perspectiva. La primera vendría referida al hecho de determinar si los terceros acreedores habrían de soportar la situación de interinidad, de patrimonio sin titular, que representa la herencia yacente, o por el contrario, resulta posible admitir la legitimación pasiva de la propia herencia yacente, sin necesidad de personificarla.   
En relación con este tema que estamos planteando, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con bastante acierto, admite de forma indiscutible que el patrimonio hereditario en situación de yacencia puede ser demandado y que, al propio tiempo, dado que la interinidad en su titularidad impone la necesidad de que bien por medio de albaceas o administradores testamentarios o judiciales existan personas encargadas de su administración, goza igualmente de facultades para actuar, reclamando o excepcionando, en los diversos procesos judiciales (por todas, STS 12.03.1987).  
En segundo lugar, aunque nuestro Código Civil no regule de forma sistemática los distintos supuestos de herencia yacente, puede extraerse del conjunto de sus preceptos la idea de que, como regla, la situación de yacencia hereditaria reclama de forma necesaria la existencia de la administración de la herencia, incluso en el supuesto de que el testador no lo haya previsto en sus disposiciones testamentarias, En particular, la administración de la herencia resulta reclamada expresamente por las disposiciones legales en todos aquellos supuestos que pueden identificarse como herencia yacente y en concreto los siguientes:  
· Artículo 801 del Código Civil. Heredero instituido bajo condición suspensiva.  
· Artículo 965 del Código Civil. Institución de heredero a favor de un nasciturus.  
· Artículo 1020 del Código Civil. Formación del inventario de los bienes de la herencia, sea porque el llamado ha solicitado el derecho de deliberar o el beneficio de inventario.  
En resumen, que la yacencia de la herencia no impide que la misma pueda ser titular de derechos y obligaciones y que durante ese período de tiempo en que la herencia aún no ha sido aceptada goza de gran importancia la administración y custodia de esos bienes y derechos, administración que debe tener la finalidad de conservarlos para el momento en que sean aceptados y adquiridos por el heredero. Para conocer quién debe hacerse cargo de esa administración, habrá que acudir a la voluntad del testador expresada por medio de su testamento puesto que es habitual que, efectivamente, sea el propio testador el que nombre a un albacea que administre la herencia yacente, de lo contrario, esa función habrá de ser realizada por el llamado a heredar o por persona designada por el juez en su caso.  
Si no hubiere ninguna persona que pueda hacerse cargo del caudal hereditario en cuanto los órganos judiciales tengan conocimiento del fallecimiento de una persona, y no les conste la existencia de testamento, ascendientes, descendientes, ni colaterales hasta cuarto grado o cuando existiendo, estuvieren ausentes o fueren menores o incapacitados, el Juez tomará las decisiones necesarias para el enterramiento del difunto y la seguridad de sus bienes.  
Posteriormente será este mismo Juez quien deba continuar con los pasos de cualquier sucesión (entre ellos la averiguación de si el fallecido otorgó algún testamento, realizar inventario de los bienes, etc.) Si aparecen herederos legítimos cesará la intervención judicial, pero si no aparece ninguno, será necesario que continúe el procedimiento hasta que se declare judicialmente quienes son los herederos (pudiendo ser el Estado, si finalmente no aparece ningún otro posible heredero).  
En el presente caso, no parece que admita ninguna duda la aplicación del artículo 999.3 del Código Civil que implica que el llamado o los llamados a la herencia pueden, como regla general, gestionar los bienes hereditarios: 'Los actos de mera conservación o administración provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero'.  
En este sentido el Tribunal Supremo en Sentencia de 15 de febrero de 1990 (RJ/1990/864) mantiene que es doctrina reiterada de la Sala Primera de lo Civil de este Tribunal Supremo que, cuando no se haya practicado la partición de herencia, cualquiera de los herederos puede accionar en su propio nombre y en beneficio de la comunidad de la que forma parte.  
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera) en sentencia número 1609, de 13 de noviembre de 2009, en su fundamento de derecho tercero, ha reconocido el derecho de opción a la compensación en metálico que poseen los coherederos, cuando existen bienes pertenecientes a una herencia yacente:  
'Partiendo de los anteriores hechos, debe ahora analizarse si la recurrente debía ser notificada fehacientemente por ser titular de las citadas registrales 756 y 738.  
Al respecto, debe indicarse que, en nuestro ordenamiento, la transmisión de la propiedad se produce por la concurrencia de título y tradición de la cosa. En el presente caso, si bien se había convenido una compraventa en fecha 28 de diciembre de 2001, lo cierto es que el vendedor no era el titular de las fincas por cuanto existía una situación de herencia yacente, tras el fallecimiento de sus causantes, de manera que los bienes que componían la herencia pertenecían al haber hereditario de los coherederos, quienes los adquieren cuando se produce la partición o adjudicación de su haber hereditario. Por tanto, no puede apreciarse la infracción de los artículos 989 y 1000 del Código Civil, en tanto que no se trata de discutir si se aceptó o no la herencia por el heredero, ni los efectos retroactivos de dicha aceptación, sino que lo que es relevante en este caso es si en la fecha en que se notificó el proyecto la actora podía considerarse propietaria de las fincas, cuestión que debe ser resuelta negativamente en el sentido que no hubo transmisión de la propiedad por cuanto existía una situación de herencia yacente, sin que el heredero hubiera adquirido la titularidad de los bienes, sin perjuicio de la validez del contenido obligacional del contrato.   
Partiendo de ello, tampoco existe infracción de los demás preceptos invocados por la parte apelante, por cuanto una cosa es la perfección de la venta y otra la transmisión de la propiedad, no produciéndose ésta hasta que se otorga la escritura pública en fecha 1 de abril de 2004, cuando ya se ha aceptado la herencia y adjudicado los bienes, momento en el cual concurren se produce la tradición instrumental por medio de la escritura pública.  
Desde esta perspectiva, es de aplicación el artículo 1227 del Código Civil, en cuanto a los efectos del contrato privado frente a terceros, debiendo añadirse que, por una parte, al tiempo de notificarse el proyecto los bienes pertenecían a la herencia yacente, por lo que eran los coherederos quienes ostentaban el derecho de opción; por otra parte, la actora tenía otras dos fincas en el ámbito del proyecto, por lo que tuvo conocimiento de que se estaba notificando el ejercicio de la opción de retribución en metálico, sin que intentara hacer valer su condición de propietario de estas fincas en ese momento; y, por último, que no son de aplicación los preceptos del Reglamento de Gestión Urbanística y Ley de Expropiación Forzosa invocados, en tanto que la controversia queda ya dirimida con la aplicación de las normas antes expuestas.  
Por tanto, debe entenderse que se cumplieron las prescripciones del artículo 71.3 de la Ley Reguladora de la Actuación Urbanística (LRAU), notificándose, en este caso, el proyecto de urbanización a los que aparecían como propietarios de las fincas, concediéndoles el plazo correspondiente para el derecho de opción a la compensación en metálico'.  
Por todo lo anteriormente expuesto, es posible aceptar la propuesta formulada por Carmen Segura Guerola, de firmar un convenio de cesión voluntaria con reserva de aprovechamiento. No obstante, y tal y como aprecia en su informe el arquitecto municipal, Pérez Lores, con objeto de poder redactar el acta de replanteo para poder ejecutar la obra, deberá demostrar la alegante su derecho y suscribir un previo compromiso de cesión".  
IX. Visto que durante la tramitación del presente procedimiento de expropiación, se han suscrito los siguientes convenios de cesión gratuita, con la reserva de aprovechamiento urbanístico correspondiente, de parcelas, o porciones de parcelas, incluidas en el proyecto de expropiación como bienes afectados:  
Polígono Parcela Titulares Fecha firma convenio  
11 61 Josefina y Maria del Carmen   
 Forés Escura noviembre de 2009  
11 65 Laryplayas, SL 02.02.2010  
11 128 José Manuel y Rosa Brau Gómez 09.02.2010  
11 134 Juana Llorach Casals (50%) 03.02.2010  
11 137 Joaquin y Ana Foix Artola 25.01.2010  
11 288 Ildefonso Araque Cubillo 16.03.2010  
X. Visto el informe del viceinterventor municipal, Fernando Ferrer Galindo, emitido en fecha 10 de septiembre de 2010, en el que indica que sí existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto general, para hacer frente al coste total de las indemnizaciones previstas, y en el que se fiscaliza de conformidad el expediente tramitado.  
Fundamentos de derecho  
I. De conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, así como, la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, desarrollada por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consejo, que aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
II. De acuerdo con lo previsto la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.  
III. De conformidad con los artículos 202 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, de aplicación supletoria.  
La corporación, de conformidad con la propuesta del teniente de alcalde delegado del Área de Urbanismo y el dictamen de la comisión informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, y con el voto favorable de 14 de los miembros presentes -representantes del partido popular y del Bloc- y 7 en contra -representantes del grupo municipal socialista-, acuerda:   
Primero. Estimar la alegación presentada en fecha 5 de marzo de 2010 (registro de entrada número 3780), por Facundo Miralles Barreda, NIF 71873657V, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Doctor Severo Ochoa, número 15, 1º, de Benicarló (a quien se notificó el acuerdo plenario de 28.01.10, junto con la hoja de aprecio del Ayuntamiento, en fecha 03.03.2010) de conformidad con el informe emitido por el arquitecto municipal, señor Pérez Lores, en fecha 17 de junio de 2010, donde indica que comprobada la situación de la parcela 59/60, polígono 11, finca registral número 3847, ésta dispone de una edificación en uso, la cual, de igual modo que la parcela, se encuentran afectadas parcialmente por el plan especial. Sin embargo, tal como manifiesta el interesado, ni la parcela, ni la edificación se encuentran en el ámbito definido para la ejecución del vial que en la actualidad se ha proyectado como obra previa provisional a la total urbanización de la avenida. El ámbito a expropiar se ha definido en función del trazado de este vial y el ámbito de la parcela que en relación con él se encuentra afectada por el plan especial en una anchura de 31 m. La parcela actual, siendo colindante con este ámbito excede de estos 31 m, por lo que quedará afecta a la ejecución de la futura avenida, pero no a la actual pretensión de ejecución de obra municipal. Por ello se estima la pretensión del alegante, excluyéndose la citada parcela por no estar afectada por el ámbito de ejecución del vial actualmente proyectado, ni sus áreas de protección laterales hasta una anchura de 31 m.   
Segundo. Estimar la alegación presentada en fecha 12 de marzo de 2010 (registro de entrada número 4274) por Carmen Segura Guerola, NIF 39465034H, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Santa Cándida, número 1, de Benicarló (a quien se notificó el acuerdo plenario de 28.01.2010, junto con la hoja de aprecio del Ayuntamiento, en fecha 03.03.2010) de conformidad con los informes emitidos por el arquitecto municipal, señor Pérez Lores, de fecha 17 de junio de 2010, y técnico de administración general de Urbanismo, señor Hernández Lahera, de fecha 25 de junio de 2010, en relación con la pretensión de la alegante, que solicita la exclusión del proceso expropiatorio, por razón de que está dispuesta a suscribir convenio de cesión con reserva de aprovechamiento, planteando la dificultad para formalizar tal documento, por cuanto todavía se está pendiente de una manifestación y aceptación de herencia. En el presente caso, no parece que admita ninguna duda la aplicación del artículo 999.3 del Código Civil que implica que el llamado o los llamados a la herencia pueden, como regla general, gestionar los bienes hereditarios: "Los actos de mera conservación o administración provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero", y en ese sentido el Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de febrero de 1990 (RJ/1990/864) mantiene que es doctrina reiterada de la Sala Primera de lo Civil de este Tribunal Supremo que, cuando no se haya practicado la partición de herencia cualquiera de los herederos, puede accionar en su propio nombre y en beneficio de la comunidad de la que forma parte.  
Por todo lo anteriormente expuesto, es posible aceptar la propuesta formulada por Carmen Segura Guerola, de firmar un convenio de cesión voluntaria con reserva de aprovechamiento. No obstante y tal y como aprecia en su informe el arquitecto municipal, señor Pérez Lores, con objeto de poder redactar el acta de replanteo para poder ejecutar la obra, deberá demostrar la alegante su derecho y suscribir un previo compromiso de cesión.  
Tercero. No admitir a trámite por extemporáneas, las alegaciones, presentadas por Francisco German Llorach Garrido, NIF 82468037B, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Castelló, número 6, de Les Coves de Vinromà, 12599 Castellón, en fechas 24 de marzo y 30 de abril de 2010 (registros de entrada números 4760 y 7176) y por Sonia Llorach Garrido, NIF 06287090A, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Barón de San Petrillo, número 6, 1º, 2ª puerta, de 46020Valencia, en fechas 24 de marzo y 28 de abril de 2010 (registros de entrada números 4742 y 6916) contra el acuerdo plenario de fecha 28 de enero de 2010, por el que se aprueba inicialmente y se somete a información pública el proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta de parcelas dotacionales para la apertura de la prolongación de la avenida de Les Corts Valencianes, desde la calle Peñíscola a la CN-340, dado que dichas alegaciones han sido presentadas fuera de plazo, en fechas posteriores al día 12 de marzo de 2010, fecha límite para presentar alegaciones al citado acuerdo plenario.   
Cuarto. Aprobar definitivamente el proyecto de expropiación forzosa, proyecto de expropiación del conjunto de parcelas dotacionales afectadas por el proyecto de ejecución de la apertura de la prolongación de la avenida de les Corts Valencianes, redactado por el arquitecto municipal, señor Luis Pérez Lores, en noviembre de 2009, con las modificaciones introducidas en el mismo como resultado de la estimación de las alegaciones formuladas por las personas interesadas, según informe de dicho arquitecto municipal de fecha 17 de junio de 2010, y del técnico de administración general de Urbanismo, Jesús Hernández Lahera, de fecha 25 de junio de 2010, y con exclusión de las parcelas afectadas cuyos titulares hayan suscrito o suscriban, antes de proceder al pago o consignación del justiprecio correspondiente, un convenio de cesión gratuíta con reserva de aprovechamiento urbanístico.  
Quinto. Publicar este acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia de Castellón, así como, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benicarló.  
Sexto. Notificar este acuerdo a las personas interesadas, indicándoles que pone fin a la vía administrativa, y que contra el mismo pueden interponer recurso potestativo de reposición, ante el órgano que lo dicta, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación de este acuerdo, según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. O bien, directamente, pueden interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación o publicación de este acuerdo, según lo previsto en los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que consideren pertinente.  
Benicarló, 4 de octubre de 2010.- El teniente de alcalde delegado del área de Urbanismo: Antonio Cuenca Caballero.