Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3906, del 28-12-2000 (2000/10265)

ORDEN de 18 de diciembre de 2000, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales para el ejercicio 2001.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3906

Fecha DOGV
:   28-12-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2000/10686


Fecha del documento
:   18-12-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Orden

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * servicio social
    * apoyo económico
    * asistencia social
    * ayuda pública

ORDEN de 18 de diciembre de 2000, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales para el ejercicio 2001. [2000/Q10514]
  
Desde que el texto constitucional estableciera los principios rectores que habrían de orientar en lo sucesivo a los poderes públicos en el trazado de las políticas de índole social y económica, las actuaciones de impulso público han encontrado en las materias de servicios sociales y de acción social el ámbito prioritario para garantizar la aproximación de las diferencias entre ciudadanos que, progresivamente, va originando la diversidad de realidades personales, económicas, sociales o culturales.
  
En este sentido, la Generalitat Valenciana, desde los inicios del ejercicio de sus competencias, ha venido consolidando un proceso creciente de atención y de fomento de las actuaciones de los servicios sociales, implicando cada vez mas a los agentes, públicos o privados, que habrán de colaborar en la prestación y gestión de los mismos.
  
Como ya es habitual, la ordenación de los servicios sociales viene siendo canalizada normativamente a través de la orden que anualmente dicta la conselleria competente en esta materia ?en la actualidad la Conselleria de Bienestar Social?, siguiendo el dictado del artículo 45.5 de la Ley 5/1997, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el sistema de servicios sociales.
  
Esta orden de convocatoria de ayudas en materia de servicios sociales para el año 2001 responde, tanto a la lógica creciente de interés mencionada, avalada por los resultados obtenidos en las convocatorias precedentes, como por la aparición de nuevos elementos condicionantes del contenido que se ha de ordenar.
  
Por último, el Decreto 138/2000, de 12 de septiembre, del Consell por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social, estructura el nivel directivo de acuerdo a las materias de servicios sociales, familia, menor y adopciones, integración social de discapacitados, mujer y drogodependencias, circunscribiéndose la presente orden al espacio competencial propio de la Dirección General de Servicios Sociales.
  
En su virtud, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 35.e de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, y el Decreto 138/2000, de 12 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social,
  
DISPONGO
  
Título I
  
Ayudas y subvenciones
  
Artículo 1
  
Es objeto de esta orden, regular y convocar ayudas y subvenciones en materia de servicios sociales dirigidas a fomentar las siguientes prestaciones y servicios:
  
I. Servicios sociales generales.
  
II. Los servicios sociales especializados regulados en el capítulo II del título II de la Ley 5/1997, en las modalidades descritas en el capítulo II del título I de la presente orden.
  
III. Las prestaciones económicas individualizadas reguladas en el artículo 38 de la Ley 5/1997, en las modalidades descritas en el capítulo III del título I de la presente orden.
  
Capítulo I
  
Servicios sociales generales
  
Artículo 2. Ámbito
  
Se convocan ayudas dirigidas a las entidades locales titulares de estos servicios para contribuir a la implantación y al desarrollo de los servicios sociales generales de carácter global y polivalente, organizados bajo responsabilidad pública, que atienden la problemática social de cualquier ciudadano, el desarrollo comunitario y la prevención primaria de situaciones de segregación o de marginación.
  
Artículo 3. Objeto de la ayuda
  
Las ayudas destinadas a los servicios sociales generales serán de tres tipos:
  
a) Ayudas para el pago de salarios y seguridad social de los profesionales de los equipos sociales de base integrados por uno o varios de los profesionales de la acción social.
  
b) Ayudas para el mantenimiento de centros sociales como recursos básicos de los servicios sociales generales.
  
c) Ayudas para programas de prestaciones básicas, definidos en los capítulos I al V, del título II, de la Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social (DOGV número 1.291), y que son los siguientes:
  
1. Programas de información, de asesoramiento y de orientación sobre los derechos y los recursos sociales existentes para la resolución de las necesidades de la población.
  
2. Programas de emergencia social, cuyo objeto es la atención de las necesidades básicas de las personas que no pueden satisfacerlas por sí mismas.
  
3. Programas de convivencia, cuyo objetivo es favorecer la integración comunitaria.
  
4. Programas de cooperación social, cuyo objetivo es potenciar la vida de la comunidad, propiciando la participación en tareas comunes y fomentando la iniciativa social, el asociacionismo y el voluntariado.
  
5. Programas de intervención para la prevención y la inserción en el medio social.
  
Artículo 4. Solicitantes
  
Podrán solicitar las ayudas para servicios sociales generales reguladas en este capítulo las corporaciones locales mencionadas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de esta orden.
  
Artículo 5. Obligaciones de las entidades subvencionadas
  
1. No minorar ni anular la consignación que las entidades locales hubiesen previsto inicialmente en el presupuesto para este fin.
  
2. Comunicar la percepción de cualquier otro ingreso o ayuda de idéntica o análoga naturaleza.
  
3. Formalizar adecuadamente los documentos de seguimiento técnico y financiero elaborados por la Dirección General de Servicios Sociales.
  
4. Colaborar con el seguimiento y la evaluación que se establezca mediante comisiones u otros instrumentos que se articulen.
  
5. Atenerse a la coordinación y a la planificación que establezca el órgano competente de la Generalitat en materia de servicios sociales.
  
6. Asumir las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General en relación con la subvención.
  
Artículo 6. Prioridades
  
Tendrán carácter prioritario para la concesión de las ayudas los siguientes programas descritos por orden jerárquico:
  
1. Aquellos iniciados en ejercicios anteriores y cuya continuidad sea conveniente por razones de interés público.
  
2. Impulsar acciones integradas que coordinen la acción de las distintas áreas de Bienestar Social en un barrio o localidad.
  
3. Los servicios de asistencia que orienten su actividad a desarrollar programas dirigidos a promover la permanencia de los sectores de población desfavorecidos en su ambiente natural y habitual.
  
4. Nuevos programas dirigidos a grupos de personas desfavorecidas, tales como inmigrantes y ex reclusos.
  
5. Fomento de la autoayuda y el voluntariado social.
  
6. Elaboración de estudios de diagnóstico social e investigación sobre las demandas y necesidades de un barrio o municipio.
  
7. La implantación del Sistema Informático de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), para obtener la información sobre el perfil cualitativo y cuantitativo de los usuarios/as que reciben alguna prestación en los servicios sociales de Atención Primaria.
  
Artículo 7. Criterios para establecer el nivel de financiación de los programas
  
La cuantía que se asignará a cada uno de los programas atenderá jerárquicamente a los siguientes criterios generales:
  
a) El nivel de ejecución y la evaluación de dicho programa en ejercicios anteriores.
  
b) El presupuesto que la corporación local dedica a los servicios sociales en relación con el presupuesto general de aquélla.
  
c) Las necesidades objetivas del municipio, originadas por su problemática social. Se considerarán como factores correctores la dispersión de los núcleos urbanos y los factores geográficos que dificulten la fluidez de las comunicaciones, y también el índice de pobreza.
  
d) La participación de las diputaciones provinciales en el mantenimiento y en la financiación de los correspondientes programas.
  
Artículo 8. Documentación
  
La documentación que deberán presentar las corporaciones locales será la siguiente:
  
a) Solicitud por triplicado ejemplar, según modelo que figura en el anexo I, debidamente cumplimentada, firmada por el alcalde presidente de la corporación local o por quién se designe como representante de la misma. Será imprescindible la cumplimentación de los siguientes datos referidos al presupuesto:
  
- Total del presupuesto de la entidad local,
  
- cantidad asignada a los servicios sociales y
  
- cantidades correspondientes a cada uno de los programas solicitados.
  
b) Descripción de los programas que pretendan desarrollar, según modelo de la solicitud.
  
Capítulo II
  
Servicios sociales especializados
  
Artículo 9. Objeto
  
1 Se convocan ayudas para fomentar la atención en centros de servicios sociales especializados, reguladas en la sección primera de este capítulo, y para fomentar la realización de programas de servicios sociales especializados, regulados en la sección segunda de este capítulo.
  
2. A los efectos del apartado anterior se entiende por servicios sociales especializados los dirigidos a sectores de la población que, por sus condiciones especiales, requieren un tipo de atención más específica en el plano técnico y profesional que la prestada por los servicios sociales generales.
  
Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios
  
Constituyen obligaciones de los beneficiarios de subvenciones por servicios sociales especializados las siguientes:
  
1. Aquellas inherentes a la autorización de los centros, con la excepción recogida en el apartado 2 del artículo 14.
  
2. Atender los requerimientos del órgano competente en materia de servicios sociales respecto a la demanda de plazas y/o de servicios, respetando siempre el carácter propio de la persona física o jurídica titular del centro o servicio y la adecuada calidad de los mismos. También tienen que comunicar las bajas de atendidos en un plazo máximo de tres días.
  
3. Comunicar fehacientemente al órgano competente en materia de servicios sociales la solicitud de concesión de cualquier ayuda a otros organismos públicos. En caso de que dichas ayudas fuesen diferentes de las iniciales previstas en la solicitud, la entidad solicitante someterá el expediente, para su estudio al órgano competente el cual podrá aumentar o disminuir la cantidad inicialmente concedida mediante la oportuna resolución.
  
4. Asumir las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General en relación con la subvención.
  
5. No alterar la finalidad de las subvenciones y cumplir las obligaciones que establece la legislación vigente para los perceptores de fondos públicos.
  
6. Facilitar la inspección y el control de la Conselleria de Bienestar Social, y en particular de la Dirección General de Servicios Sociales, al objeto de conocer cualquier aspecto de la actividad objeto de la subvención.
  
7. Dejar constancia expresa de la condición de centro o de programa subvencionado por la Generalitat Valenciana en cualquier relación con terceros.
  
8. Justificar las ayudas concedidas en el plazo máximo establecido en la presente orden.
  
Sección Primera
  
Centros de servicios sociales especializados.
  
Artículo 11. Ámbito
  
1. Se convocan ayudas para la financiación de centros de servicios sociales especializados dirigidos a atender necesidades sociales específicas en los siguientes sectores:
  
a) Tercera edad.
  
b) Aquellos colectivos con riesgo de marginación descritos en el artículo 26 de la Ley 5/1997, por la que se regula el sistema de servicios sociales de la Comunidad Valenciana.
  
2. Las subvenciones recogidas en esta sección responderán a dos supuestos diferentes:
  
2.1 Subvenciones cuyo objeto sea la financiación del coste de las plazas de los centros.
  
En este supuesto, la financiación se concretará en función de los módulos económicos que, sobre la base de precio/plaza/día, se fijan en el artículo siguiente.
  
El centro subvencionado tendrá la obligación de cubrir las plazas subvencionadas que queden vacantes con los usuarios que determine la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente.
  
2.2 Subvenciones destinadas a financiar los gastos de mantenimiento de centros.
  
La financiación de este supuesto se concretará en función de las necesidades manifestadas en la solicitud, a la vista de la estimación de ingresos, que en concepto de aportaciones de los usuarios u otras fuentes, se derive del análisis de la documentación presentada junto con la misma, considerándose en todo caso, los conceptos que para la evaluación del coste estimado se relacionan en el artículo 12.2 de esta orden.
  
Artículo 12. Módulos económicos
  
1. Los módulos económicos que deben de ser aplicados en el cálculo de las subvenciones cuyo objeto sea la financiación de centros de servicios sociales especializados mediante la financiación del coste de las plazas son los indicados a continuación, debiendo considerarse máximos:
  
1.1 - Residencias tercera edad (365 días).
  
- Asistida: hasta 5.150 pesetas/persona/día (30,95 euros).
  
- Validos: hasta 2.425 pesetas/persona/día (14,57 euros).
  
- Mixta: hasta 3.475 pesetas/persona/día (20,89 euros).
  
1.2 La cantidad mínima a percibir por los beneficiarios de estas subvenciones, en concepto de plazas desocupadas será del 50% del módulo económico estipulado en la resolución para las residencias de tercera edad .
  
La reserva de plaza recoge dos situaciones:
  
a) Plazas pendientes de cobertura.
  
b) Plazas cuyo titular se ausenta del centro por un periodo superior a siete días.
  
1.3 En la determinación del importe exacto del módulo aplicable a cada centro deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
  
- Número de usuarios.
  
- Adecuación del centro a los criterios establecidos en la Orden de 9 de abril de 1990, en lo que respecta al estado de las instalaciones, a la infraestructura, al personal de que disponen, a las prestaciones que ofrecen, y a cualquier otro requisito establecido en la norma.
  
- Ingresos de la entidad titular del centro.
  
- Ingresos aportados por los beneficiarios.
  
2. Para determinar el importe de la subvención correspondiente a los gastos de mantenimiento de los centros se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:
  
- Plus de dirección y trienios. La cuantía correspondiente al plus de dirección y a los posibles trienios del personal del centro podrán incrementar el módulo fijado en función de las características del centro.
  
- Otras partidas subvencionables. Las partidas correspondientes a: arrendamientos, seguros, tributos y contratos anuales de mantenimiento de las instalaciones podrán ser subvencionados al 100%, en la medida en que sea un gasto justificado y no esté previsto en el módulo correspondiente.
  
- Centros de día de la tercera edad. Se tendrá en cuenta el módulo de 625 pesetas/plaza/día referido a costes de mantenimiento. A dicho módulo se podrá añadir el coste de personal que se considere necesario para el funcionamiento del centro de día, y que no esté contemplado en el personal de la residencia.
  
- En cualquier caso, el coste total estimado no podrá superar la cuantía que resulte de aplicar al número de usuarios del centro, el módulo unitario señalado en el apartado 1.1 de este artículo.
  
- Del mismo modo, en la determinación del importe exacto del módulo aplicable a cada centro deberán tenerse en cuenta los mismos aspectos citados en el punto 1.3 anterior.
  
Artículo 13. Requisitos de los solicitantes
  
1. Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas o las personas jurídicas a través de sus representantes, tanto de naturaleza pública como privada, que sean titulares de centros de servicios sociales especializados, siempre que su actividad carezca de ánimo lucrativo y que dispongan de la autorización concedida al amparo del artículo 47 de la vigente Ley 5/1997 de la Generalitat Valenciana y demás normativa de aplicación.
  
2. Con carácter excepcional, podrán ser subvencionados aquellos centros que estando en funcionamiento y en vías de obtener la autorización definitiva, sea procedente su concesión, basándose en razones de extrema necesidad y de interés público, y siempre y cuando la ausencia de autorización definitiva no sea imputable al interesado.
  
3. Con independencia de la excepción recogida en el apartado anterior, si dichos centros presentasen deficiencias que afecten a la seguridad de sus usuarios, ello constituiría condición resolutoria de la subvención otorgada.
  
Artículo 14. Criterios y prioridades
  
Se establecen los siguientes criterios y prioridades para la concesión de las ayudas públicas reguladas en la presente sección, por el siguiente orden de jerarquía:
  
1. El primer criterio de concesión consiste en promover la continuidad de los centros de servicios sociales Especializados que se encuentran en funcionamiento, siendo prioritaria la subvención de éstos frente a los de nueva creación.
  
2. El segundo criterio se fundamenta en el carácter público o privado de los beneficiarios, siendo prioritaria la concesión de subvenciones a los entes públicos, salvo los casos en que algún centro de naturaleza privada reúna mejores cualidades de atención y prestación del servicio que otro de naturaleza pública.
  
Artículo 15. Documentación
  
La documentación a presentar por los solicitantes será la siguiente:
  
a) Solicitud, según modelo que figura en el anexo II, que se encontrará a disposición de los solicitantes en las direcciones territoriales de Bienestar Social. Dicha solicitud deberá ser suscrita por quien ostente la representación de la entidad, y deberá ser cumplimentada adecuadamente en todos sus apartados, haciendo especial referencia a:
  
- Presupuesto de ingresos y de gastos de la gestión ordinaria del ejercicio para el que se solicita la subvención.
  
- Relación del personal que prestará sus servicios en la gestión del centro objeto de solicitud.
  
- Programa de actuación del centro para el ejercicio solicitado y memoria del ejercicio anterior.
  
- Relación nominal de usuarios, con indicación de las ayudas y las aportaciones de los mismos.
  
b) «Ficha de mantenimiento de terceros», según modelo que figura como anexo VI, y que servirá para acreditar la titularidad de la cuenta bancaria a través de la cual el beneficiario desea percibir la subvención.
  
Sección segunda
  
Programas de servicios sociales especializados.
  
Artículo 16. Ámbito
  
Se convocan ayudas para la realización de programas especializados correspondientes a los siguientes sectores:
  
- Tercera edad.
  
- Minorías étnicas.
  
- Aquellos colectivos con riesgo de marginación descritos en el artículo 26 de la Ley 5/1997, por la que se regula el sistema de servicios sociales de la Comunidad Valenciana.
  
Artículo 17. Requisitos de los solicitantes
  
Podrán solicitar subvenciones para el año 2001, en las materias reguladas en esta sección, las entidades privadas que reúnan las siguientes condiciones:
  
a) Estar inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Servicios Sociales de la Dirección General de Servicios Sociales.
  
b) Carecer de ánimo de lucro.
  
Artículo 18. Prioridades
  
Tendrán prioridad para ser beneficiarios de las ayudas públicas correspondientes a esta sección aquellos que fueran a desarrollar cualquiera de los siguientes programas, enumerados por orden de prioridad:
  
1. Programas subvencionados en el ejercicio anterior en los que sea conveniente su continuidad por razones de interés público.
  
2. Impulsar acciones integradas de atención a los sectores objeto de regulación en esta sección, con carácter globalizador.
  
3. Programas que desarrollen los proyectos europeos aprobados y cofinanciados por el Fondo Social Europeo, donde la Generalitat Valenciana sea la entidad pública responsable o entidad copartícipe en el proyecto.
  
Artículo 19. Documentación
  
En la documentación a aportar las entidades solicitantes deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
  
1. Cada entidad deberá pedir, en una única solicitud, las subvenciones para todos aquellos programas que desee ejecutar, a partir de la cual se formulará un expediente básico del que se derivarán piezas separadas. Éstas podrán resolverse independientemente.
  
2. La solicitud, según modelo que figura en el anexo II, deberá estar debidamente formalizada, suscrita por quién ostenta la representación de la entidad. Los programas que se solicitan se describirán según las indicaciones del citado modelo, que se encontrará a disposición de los solicitantes en las direcciones territoriales de Bienestar Social.
  
3. En aquellos casos en que la actuación sea de ámbito municipal se requerirá un certificado de coordinación de los programas y de las actuaciones de la entidad con la corporación local, expedido por ésta.
  
4. «Ficha de mantenimiento de terceros», según modelo que figura como anexo VI, y que servirá para acreditar la titularidad de la cuenta bancaria a través de la cual el beneficiario desea percibir la subvención.
  
Capítulo III
  
Prestaciones económicas individualizadas
  
Artículo 20. Objeto y ámbito de aplicación
  
1. Se convocan ayudas económicas dirigidas a personas individuales o núcleos familiares para remediar una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad o con graves problemas específicos que afecten a su autonomía personal, social y económica, y que no puedan resolver con medios económicos propios, a fin de lograr su normal desarrollo humano y social.
  
2. En las prestaciones económicas individualizadas se entienden incluidas las prestaciones sociales reguladas por Orden de 17 de junio de 1999, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE número 160, de 6 de julio de 1999) dirigidas específicamente a los afiliados y beneficiarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar con excepción de las ayudas cuya gestión se reserva la administración del estado y que vienen reguladas en el apartado c) del Real Decreto 846/1999, de 21 de mayo, de transferencias a la Comunidad Valenciana (BOE de 9 de junio de 1999).
  
3. Las ayudas convocadas se refieren a las siguientes modalidades de prestaciones económicas individualizadas:
  
a) Ayudas de emergencia.
  
b) Ayudas para el desarrollo personal de personas de la tercera edad.
  
La prestaciones individualizadas citadas podrán otorgarse a sujetos concretos o núcleos familiares, con carácter periódico o, cuando se trate de servicios esporádicos y adquisiciones puntuales, por una sola vez en el ejercicio económico.
  
Artículo 21. Colaboración por parte de las corporaciones locales.
  
1. Las corporaciones locales actuarán como entidades colaboradoras de la Conselleria de Bienestar Social en la gestión de estas ayudas, conforme a lo dispuesto en el artículo 47.4.a del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. Con carácter previo se transferirán a las corporaciones locales los fondos con los que deban sufragarse las ayudas a los beneficiarios, siendo obligaciones de las mismas:
  
a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convocatoria.
  
b) Verificar el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento.
  
c) Justificar ante la Dirección General de Servicios Sociales la aplicación de los fondos percibidos y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.
  
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos realice la Dirección General de Servicios Sociales, así como respecto a las actuaciones de control financiero que realice la Intervención de la Generalitat Valenciana y a los procedimientos fiscalizadores de la Sindicatura de Cuentas.
  
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior serán las direcciones territoriales de Bienestar Social las encargadas de tramitar las solicitudes en los siguientes casos:
  
a) En el apartado de ayudas de emergencia, cuando se produzca una situación excepcional, previa justificación de dicha situación.
  
b) Cuando se trate de las ayudas para el desarrollo personal de las personas de tercera edad en su modalidad de eliminación de barreras arquitectónicas.
  
Artículo 22. Exclusiones e incompatibilidades
  
Quedan explícitamente excluidas de las prestaciones económicas individualizadas las solicitudes que se encuentran en los siguientes supuestos:
  
1. Aquellas cuya resolución sea competencia institucional de otros organismos públicos distintos a la Dirección General de Servicios Sociales.
  
2. Aquellas que hayan sido subvencionadas, por el mismo concepto, por otros organismos.
  
Será incompatible la concesión de la ayuda solicitada con el disfrute gratuito y/o simultáneo de servicios que cubran los mismos supuestos y necesidades, a través de instituciones públicas o privadas subvencionadas, estableciéndose el principio general de incompatibilidad de las ayudas individuales e institucionales. Serán compatibles únicamente cuando presenten diferente naturaleza y atiendan distinta finalidad.
  
Artículo 23. Determinación de la subvención
  
La cuantía de la concesión estará en función de los ingresos globales familiares, del coste de la necesidad y/o de los módulos máximos determinados para cada modalidad indicados en los artículos 28 y 33 de la presente orden, no pudiendo exceder, en ningún caso, de estos módulos o del coste de la necesidad.
  
Sección Primera
  
Ayudas de emergencia
  
Artículo 24. Ayudas de emergencia. Características y tipología
  
1. Son ayudas económicas de carácter extraordinario y no periódico destinadas a paliar aquellas situaciones en que puedan hallarse las personas con hogares independientes, afectadas por un estado de necesidad. Van dirigidas a la unidad de convivencia.
  
2. Tienen carácter finalista y serán incompatibles con cualquier otra prestación pública, derecho y percepción económica o ingreso privado que le pudiese corresponder al beneficiario o a otro miembro del hogar, para la misma finalidad.
  
3. Se considerarán situaciones de emergencia aquellas que originan gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgente, tales como:
  
a) Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual.
  
b) Gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o urgente necesidad social y que se consideren de interés para la atención de personas con importante problemática.
  
c) Gastos destinados a cubrir necesidades básicas familiares.
  
Artículo 25. Requisitos para el acceso a las prestaciones de emergencia
  
Los requisitos que deberán cumplir los solicitantes contemplados en el apartado 1 del artículo anterior para acceder a las prestaciones económicas individualizadas de emergencia son los siguientes:
  
1. Que el beneficiario no disponga de ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación de emergencia, lo que deberá ser acreditado mediante certificaciones, informes técnicos o, cuando dichos documentos no puedan ser expedidos, mediante declaración jurada o declaración expresa responsable del propio interesado/a otorgadas ante una autoridad administrativa, un notario o ante la Dirección General de Servicios Sociales.
  
2. Que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenece el solicitante no supere la cuantía anual de 650.000 pesetas (3.906,58 euros).
  
3. Que disponga del informe técnico en la que se determine la necesidad de la acción objeto de la ayuda, bien por los servicios técnicos municipales, bien por las direcciones territoriales de Bienestar Social.
  
Artículo 26. Determinación del límite de ingresos
  
1. Se considerarán ingresos familiares la totalidad de los ingresos brutos procedentes de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar. A tales efectos, se contabilizarán todos los ingresos provenientes de sueldos, de rentas, de propiedades, de intereses bancarios y pensiones o ayudas otorgadas por instituciones públicas o privadas a cualquiera de los miembros de la unidad familiar.
  
2. Se deberá justificar los ingresos o la carencia de los mismos, mediante certificaciones de ingresos, informes técnicos o, cuando dichos documentos no puedan ser expedidos, mediante declaración jurada o declaración expresa responsable del propio interesado o interesada otorgadas ante una autoridad administrativa, un notario público o ante la Dirección General de Servicios Sociales. Asimismo deberán acreditarse el número de miembros componentes de la familia. Dichas circunstancias deberán ser comprobadas por la administración.
  
La renta per cápita se obtendrá al dividir los ingresos entre el número de miembros de la unidad familiar.
  
3. A los efectos de la presente orden, se consideran miembros de la unidad familiar aquellos que conviven en el domicilio familiar.
  
Artículo 27. Documentación cuya presentación es necesaria para acceder a las ayudas reguladas en esta sección
  
- Solicitud, según modelo oficial que figura en el anexo III, suscrita por el beneficiario o por su representante, debidamente cumplimentada.
  
- Documento nacional de identidad del solicitante.
  
- Declaración jurada o declaración expresa responsable, mediante firma del modelo oficial de solicitud, de los ingresos de la unidad familiar.
  
- Informe técnico que justifique la necesidad de la acción objeto de la ayuda, emitida por los servicios técnicos competentes mencionados en el punto 3, del artículo 25 de esta orden.
  
Artículo 28. Módulos económicos
  
Los módulos económicos máximos por los que se rigen estas prestaciones son los siguientes:
  
A. Uso vivienda habitual: hasta 17.510 pesetas/mes (105,24 euros).
  
B. Acciones extraordinarias: hasta 309.000 pesetas/mes (1.857,13 euros).
  
C. Necesidades básicas: hasta 247.200 pesetas/mes (1.485,70 euros).
  
Sección Segunda
  
Ayudas para el desarrollo personal
  
de personas de tercera edad
  
Artículo 29. Características y tipología
  
Se comprenden en esta tipología todas aquellas medidas que posibilitan a personas con problemas motores o sensoriales el mantenimiento en el propio entorno social, incrementando su autonomía y favoreciendo sus relaciones y la integración social.
  
Estas ayudas se articulan en dos modalidades:
  
a) Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas existentes en la vivienda propia o en el edificio del anciano que obstaculizan su movilidad. Comprenden aquellas transformaciones o reformas que contribuyen a evitar los obstáculos y a facilitar la movilidad.
  
b) Ayudas técnicas, considerándose como tales la adaptación funcional del hogar y la adquisición de útiles necesarios para el desenvolvimiento en la vida ordinaria (grúas, útiles de alimentación, instrumentos de comunicación como señales luminosas...).
  
Artículo 30. Requisitos
  
a) Ser mayor de 60 años.
  
b) Que existan deficiencias de carácter motor o sensorial en el solicitante que le impidan o dificulten su movilidad a través de medios normales.
  
c) Que la solicitud esté referida a elementos relacionados con las necesidades de accesibilidad y comunicación, siendo excluidos los que signifiquen una mejora en el hogar/edificio que no esté directamente relacionada con los impedimentos físicos y/o sensoriales.
  
d) Idoneidad de lo solicitado para cubrir la necesidad que plantea el sujeto.
  
e) No haber obtenido en los últimos cinco años ayuda por el mismo concepto, salvo probada necesidad.
  
Artículo 31. Documentación
  
a) Solicitud, según modelo oficial que figura en el anexo III, suscrita por el beneficiario o por su representante, debidamente cumplimentada.
  
b) Fotocopia del documento nacional de identidad del solicitante.
  
c) Declaración de renta correspondiente al año 1999 o certificado negativo, en cuyo caso se presentará justificante de la pensión del solicitante.
  
d) Informe médico sobre la situación del solicitante o certificado de minusvalía.
  
e) Para la modalidad de eliminación de barreras arquitectónicas, además:
  
- Dos presupuestos de las adaptaciones a realizar.
  
- Justificación de la propiedad de la vivienda o la autorización del propietario para realizar las reformas.
  
- Permisos municipales, en su caso.
  
f) Para la modalidad de ayudas técnicas: dos presupuestos correspondientes a la adquisición que se solicite.
  
Artículo 32. Determinación de la concesión
  
La forma de determinar la cuantía de la concesión, vendrá especificada en la correspondiente instrucción de desarrollo de la presente orden, si bien su calculo siempre vendrá dado en función, de los ingresos de la unidad familiar, del número de miembros de la misma, del coste de la acción y del modulo económico estipulado en el artículo 33.
  
La cuantía máxima de la ayuda no podrá ser superior al coste de la necesidad que trata de cubrir la ayuda ni superar el módulo económico establecido en el artículo 33.
  
Artículo 33. Módulos económicos
  
Los módulos económicos máximos por los que se rigen estas prestaciones son los siguientes:
  
a) Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas: hasta 692.000 pesetas (4.159 euros).
  
b) Ayudas técnicas: adaptación del hogar y útiles: hasta 182.000 pesetas (1.093,84 euros).
  
Título II
  
Procedimiento
  
Capítulo I
  
Lugar y plazo de presentación
  
Artículo 34. Lugar de presentación
  
1. Las solicitudes de ayuda para Servicios sociales generales y especializados, se presentarán, junto con la documentación requerida, en la Dirección Territorial de Bienestar Social de la provincia donde radique el centro o donde se pretenda prestar el servicio para el que se solicita la subvención.
  
2. Las solicitudes de las prestaciones económicas individualizadas se presentarán, junto con la documentación requerida, en el ayuntamiento del municipio donde resida el solicitante.
  
3. Todo ello, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
Artículo 35. Plazos de presentación
  
El plazo de presentación de solicitudes será el siguiente:
  
1. Para Servicios sociales generales y especializados, el plazo será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
2. Para prestaciones económicas individualizadas, desde el día siguiente de la publicación de esta orden hasta el 31 de septiembre del 2001. No obstante, con carácter extraordinario, podrán admitirse y tramitarse aquellas solicitudes de ayudas presentadas con posterioridad a esa fecha y antes del 31 de diciembre de dicho año, siempre que se acredite documentalmente la aparición de la necesidad fuera del plazo normal de presentación de solicitudes.
  
Capítulo II
  
Tramitación, resolución y recursos
  
Artículo 36. Instrucción
  
1. Recibidas las solicitudes, las direcciones territoriales de Bienestar Social las verificarán, pudiendo realizar de oficio las actuaciones que consideren necesarias para la determinación, el conocimiento, y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
2. En el caso de solicitudes de subvenciones de servicios sociales generales y de servicios sociales especializados, las direcciones territoriales de Bienestar Social informarán los expedientes y los remitirán a la Dirección General de Servicios Sociales para su resolución.
  
3. En cualquier fase de la tramitación del expediente, a la vista de la documentación obrante en cada uno de éstos y de las obligaciones que se adquieren por la concesión de la ayuda, se podrán recabar informes de los organismos y de las entidades que se estime oportuno y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello.
  
4. Con carácter general, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados o interesadas en el curso del procedimiento se sustanciarán conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
  
Artículo 37. Resolución
  
1. Se delega la facultad de resolución de las solicitudes de ayudas relativas a servicios sociales generales y especializados en la directora general de Servicios Sociales.
  
2. Las resoluciones de las prestaciones económicas individuales serán competencia de la corporación local, que actuará como entidad colaboradora de la Conselleria de Bienestar Social.
  
3. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones económicas individualizadas contempladas en el artículo 21.2 de la presente orden, cuya resolución se delega en los directores o directoras territoriales de Bienestar Social.
  
4. El plazo máximo para resolver las solicitudes será de dos meses contados desde la fecha en que se hagan públicos, mediante resolución conseller de Bienestar Social, los créditos que financian estas ayudas, así como la cuantía de los mismos.
  
5. En los casos en que deba requerirse al interesado la subsanación de deficiencias y/o la aportación de documentos, el plazo determinado en el apartado anterior se entenderá suspendido durante el transcurso del tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el beneficiario o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido.
  
6. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación de dichos plazos en los supuestos contemplados en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, introducidos por Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior.
  
7. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, las solicitudes deberán entenderse desestimadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
  
8. El importe de las subvenciones concedidas no podrá, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar el coste de la actividad que ha de desarrollar la entidad beneficiaria.
  
9. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
  
10. Podrá ser motivo de denegación la incorrecta o la nula justificación de ayudas de ejercicios anteriores, previa acreditación por la Dirección General de Servicios Sociales de la concurrencia de dichas circunstancias en expediente administrativo en el que se garantice la audiencia al interesado.
  
11. La Conselleria de Bienestar Social no asumirá obligaciones que se deriven de la relación laboral del personal de los centros o los servicios subvencionados, sino que serán los titulares de los mismos quiénes responderán con carácter exclusivo.
  
12. Asimismo, la concesión de una subvención, al amparo de esta orden, no conllevará obligación alguna por parte de esta conselleria de otorgar subvenciones en ejercicios posteriores.
  
Artículo 38. Recursos
  
Las resoluciones, expresas o presuntas, dictadas por los órganos competentes de la Conselleria de Bienestar Social ponen fin a la vía administrativa, y contra ellas, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación, o de seis meses si el acto fuera presunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente.
  
Título III
  
Del pago y de la justificación de las subvenciones
  
Artículo 39. Garantías previas al pago de la subvención
  
Cuando se produzcan anticipos de pago, el beneficiario de la subvención vendrá obligado a garantizar el importe de los mismos. A estos efectos, se entenderá por anticipos de pago las cantidades que sean libradas a favor del beneficiario con anterioridad a que éste justifique el gasto correspondiente.
  
No obstante, quedan exceptuadas de esta obligación las corporaciones locales. Igualmente, quedan exoneradas del cumplimiento de esta obligación las entidades sin ánimo de lucro y las personas físicas y familias en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 47 bis, apartado 3, letra A, del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell.
  
La citada garantía podrá constituirse en forma de aval bancario, garantía real inmobiliaria o póliza de aseguramiento suscrita con cualquier entidad oficialmente reconocida. En el caso de aval bancario, éste deberá constituirse con carácter solidario o con renuncia expresa al beneficio de excusión previsto en el artículo 1.830 del Código Civil.
  
Para la constitución y tramitación de las garantías se estará a lo dispuesto en el título segundo, capítulo tercero, de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas; al capítulo III del Real Decreto 390/1996, de desarrollo parcial de la citada ley; y a la Orden de 14 de febrero de 1986, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas (DOGV de 7 de marzo de 1986).
  
Cualquiera que sea la forma elegida para formalizar la garantía, esta deberá depositarse en los servicios territoriales de la Conselleria de Economía y Hacienda de la provincia correspondiente, quienes harán entrega al beneficiario de la carta de pago acreditativa del depósito que deberá ser presentada por el beneficiario en la Dirección Territorial de Bienestar Social de dicha provincia como requisito previo e inexcusable para el pago del anticipo.
  
Artículo 40. Sistema de pagos de las subvenciones
  
El pago de las subvenciones reguladas en la presente orden se efectuará ajustándose al régimen que a continuación se especifica para cada uno de los tipos de ayudas:
  
1. En el caso de subvenciones correspondientes a servicios sociales generales, servicios sociales especializados y programas, salvo que la legislación de la Generalitat Valenciana permita un régimen de libramiento de transferencias corrientes distinto, el pago de las ayudas y subvenciones contempladas en esta orden se ajustará a lo dispuesto en el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana en los siguientes plazos y porcentajes:
  
a) Se anticipará un 40% del importe de la subvención tras la concesión de la misma.
  
b) Tras la aportación y comprobación de la documentación justificativa de la efectiva y correcta aplicación de la suma librada en el apartado anterior, se abonará un segundo anticipo cuya cuantía ascenderá al 20% del importe de la subvención.
  
c) El resto se abonará tras la justificación por el beneficiario de la totalidad del gasto objeto de la subvención otorgada.
  
2. El pago de las prestaciones económicas individualizadas se efectuará contra presentación por parte de persona beneficiaria, de la justificación que acredite su derecho a la percepción de la ayuda.
  
En el caso de las ayudas de emergencia, se aplicará el mismo régimen previsto para el resto de las prestaciones económicas individualizadas, salvo que la Ley de Presupuestos para el año 2001 prevea un régimen distinto
  
Artículo 41. Sistema de justificación de las subvenciones
  
1. En el caso de beneficiarios de prestaciones económicas individualizadas, la Dirección Territorial de Bienestar Social, o el ayuntamiento en su caso, establecerá el adecuado seguimiento del gasto objeto de la subvención. Estos beneficiarios estarán obligados a entregar, a requerimiento de aquéllos, cuantos documentos, facturas, mandamientos de pago, etcétera, sean necesarios para justificar la cuantía del gasto efectuado en relación con el objeto subvencionado.
  
2. En el caso de subvenciones relativas a los servicios sociales generales y especializados, el procedimiento para realizar la justificación estará directamente relacionado con el régimen de pagos establecido en el artículo 40 de la presente orden para los diferentes tipos de subvenciones, y se especificará en cada una de las resoluciones de concesión.
  
3. Los gastos a justificar en las subvenciones relativas a servicios sociales generales deberán ser, como mínimo, igual al gasto total estimado de los programas objeto de subvención, y se corresponderán siempre con los contenidos de los citados programas, no siendo admisibles gastos de actuaciones que no estén específicamente contempladas en la descripción de los programas subvencionados. Asimismo, no podrán ser compensadas cantidades justificadas correspondientes a diferentes programas subvencionados.
  
4. En el caso de servicios sociales especializados, el gasto a justificar deberá corresponderse con:
  
A) Cuando se trate de subvenciones cuyo objeto sea la financiación del coste de las plazas de los centros habrá que distinguir dos supuestos:
  
a) En el caso de que los usuarios del centro estén obligados a costear parcialmente el servicio del que son beneficiarios, el gasto a justificar deberá ser como mínimo igual al coste estimado que sirvió de base para el cálculo de la subvención.
  
b) En caso contrario, el gasto a justificar será, como mínimo, igual a la cuantía de la subvención otorgada, ya que ésta se fijará en función del número de plazas/servicios reservados y el módulo económico fijado para cada una de ellas.
  
B) Cuando se trate de subvenciones que financien el mantenimiento de centros o la realización de programas de servicios sociales especializados el gasto a justificar será, como mínimo, igual al coste estimado que sirvió de base para el cálculo de la subvención.
  
5. Con independencia del tipo de subvención de que se trate, el plazo máximo de presentación de la justificación finaliza el día 31 de enero del año 2002.
  
6. Excepcionalmente, la Dirección General de Servicios Sociales, podrá admitir documentación presentada fuera del plazo establecido en la presente convocatoria, acreditativa de la correcta realización de la actividad objeto de la subvención, siempre que el retraso obedeciera a causas debidamente justificadas en el expediente y no imputable al beneficiario de la subvención.
  
Artículo 42. Documentación justificativa a presentar por el beneficiario
  
La justificación de las subvenciones correspondientes a servicios sociales generales y especializados se efectuará mediante la presentación de la documentación que seguidamente se especifica:
  
1. En el caso de subvenciones correspondientes a servicios sociales generales, la justificación consistirá en:
  
a) Durante el transcurso del período objeto de subvención, y siempre que se produzcan anticipos a cuenta de la subvención, la corporación local deberá justificar la cantidad anticipada mediante la presentación ante la Dirección Territorial de Bienestar Social de la provincia correspondiente de un certificado del volumen de obligaciones reconocidas por la corporación en el período, suscrito por el interventor o interventora de la corporación y con el visto bueno del alcalde presidente de la misma.
  
b) Con independencia de que se hayan producido anticipos a cuenta, con anterioridad al 1 de diciembre del 2001, la corporación local deberá emitir un certificado de obligaciones reconocidas por la corporación en el período y justificar la totalidad del gasto anual objeto de subvención mediante la presentación de una memoria financiera descriptiva de la ejecución del gasto objeto de subvención, según modelo que figura en el anexo IV.
  
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra anterior, la corporación local dispone hasta el 31 de enero de 2002 de plazo para:
  
- Presentar la memoria descriptiva de la ejecución de los programas subvencionados, según modelo que figura en el anexo V.
  
- En el supuesto de que la corporación local hubiere incurrido en gastos entre el día de presentación de la memoria financiera recogida en la letra b) y el 31 de diciembre del 2001, podrá volver a presentar la citada memoria actualizada al último día del año.
  
d) Si de la presentación de la memoria de programas descrita en la letra anterior se derivasen incumplimientos en la realización de los mismos por parte de la corporación local, se procederá a la minoración correspondiente y a la exigencia, en su caso, de devolución de importes indebidamente percibidos.
  
Por el contrario, si de la actualización de la memoria financiera aludida en la letra anterior se derivase una mayor ejecución de gasto que la presentada con anterioridad al 1 de diciembre del 2001, se procederá, en su caso, al abono de la diferencia correspondiente.
  
2. En el caso de subvenciones correspondientes a servicios sociales especializados la justificación consistirá en:
  
a) Cuando se trate de subvenciones cuyo objeto sea la financiación de centros mediante reserva de plazas, la justificación del gasto consistirá en la presentación ante la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente de las relaciones mensuales de beneficiarios atendidos, en las que deberán detallarse las plazas no ocupadas, así como los ingresos aportados por los beneficiarios, sin perjuicio de cualquier otra documentación que pueda ser exigida por los órganos competentes de la Conselleria de Bienestar Social. Dicha documentación deberá estar debidamente suscrita por el titular del centro o quién ostente su representación.
  
b) Cuando se trate de subvenciones que financien el mantenimiento de centros, la justificación del gasto consistirá en la presentación ante la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente de toda la documentación necesaria para acreditar el gasto realizado, entre la que deberá incluirse, al menos, la siguiente:
  
- Documentos acreditativos del gasto correspondiente a la nómina de trabajadores del centro, incluyendo las hojas de salario debidamente suscritas por éstos y los documentos acreditativos del pago a la Seguridad Social de las cuotas relativas a las cotizaciones sociales de los trabajadores, donde figure la certificación bancaria de haber sido «pagado» o «cargado en cuenta».
  
- En el caso de que existan personas que presten servicios en el centro a cambio de una gratificación, deberán presentarse los recibos justificativos del gasto, en los que conste el nombre del centro, y el nombre, apellidos y documento nacional de identidad de la persona colaboradora.
  
- Si hubiese personas trabajando en el centro en virtud de contratos de prestación de servicios deberán aportarse las correspondientes facturas emitidas por dichos profesionales, así como la documentación acreditativa de que éstos cumplen los requisitos exigidos por la legislación tributaria vigente.
  
c) Cuando se trate de subvenciones que financien la realización de programas de servicios sociales especializados, la justificación del gasto consistirá en la presentación ante la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente de toda la documentación necesaria para acreditar el gasto realizado, entre la que deberá incluirse la relativa a los gastos del personal que participa en la realización del programa, incluyendo las hojas de salario debidamente suscritas por los trabajadores y los documentos acreditativos del pago a la Seguridad Social, de las cuotas relativas a las cotizaciones sociales de los mismos, donde figure la certificación bancaria de haber sido «pagado» o «cargado en cuenta». En el caso de que existan personas que colaboren en los programas a cambio de una gratificación, deberán presentarse los recibos justificativos del gasto, en los que conste el nombre del programa, y el nombre, apellidos y documento nacional de identidad de la persona colaboradora. Asimismo, si hubiesen profesionales colaborando en los programas en virtud de contratos de prestación de servicios, deberán aportarse las correspondientes facturas emitidas por dichos profesionales, así como la documentación acreditativa de que estos cumplen los requisitos exigidos por la legislación tributaria vigente.
  
3. Las facturas acreditativas del gasto realizado deberán reunir los requisitos recogidos en el Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedición y entrega de facturas por empresarios y profesionales (BOE número 132, de 30.12.1985).
  
Artículo 43. Revocación o minoración del importe de la subvención y exigencia de reintegros de importes indebidamente percibidos
  
En cuanto a las facultades de revocación, minoración o dejación sin efecto de las subvenciones concedidas y, en su caso, del reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos que recoge el artículo 47.9 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, se estará a lo dispuesto en la correspondiente resolución por la que se delegan competencias en materia de contratación administrativa y gestión económico-presupuestaria.
  
El procedimiento se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano competente, de una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan atribuidas o no facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia.
  
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
  
El plazo máximo para resolver será de tres meses desde el momento en que se incoe el expediente de revocación o minoración, y en su caso, reintegro.
  
Las cantidades que se tengan que reintegrar tendrán consideración de ingreso de derecho público, a efectos del procedimiento aplicable para la cobranza.
  
Artículo 44
  
Las disposiciones contenidas en este título serán de aplicación siempre y cuando la correspondiente Ley de Presupuestos o cualquier otra ley de la Generalitat Valenciana o sus normas de desarrollo no establezcan condiciones distintas.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
La eficacia de la presente convocatoria queda condicionada a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico del año 2001, de crédito adecuado y suficiente para atender las ayudas previstas en la misma, a tal efecto por la Conselleria de Bienestar Social se publicará orden que regule tanto las líneas presupuestarias como las cuantías que sirvan de soporte a las ayudas descritas en esta convocatoria
  
Segunda
  
Los aspectos regulados en la presente orden se aplicarán sin perjuicio de cuantas normas rigen el régimen jurídico de la administración de la Generalitat Valenciana, especialmente en materia presupuestaria.
  
Tercera
  
La financiación de las corporaciones locales de menos de 10.000 habitantes tiene carácter subsidiario, teniendo en cuenta la colaboración a la que vienen obligadas las respectivas diputaciones provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1997, por la que se regula el sistema de los servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
  
Cuarta
  
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 250/1994, de 7 de diciembre, por el cual se crea el Registro de Uniones de Hecho, podrán acreditarse dichas uniones mediante el correspondiente certificado, a los efectos de acceder a las correspondientes ayudas reguladas en esta orden.
  
Quinta
  
Cuando la especialidad del objeto o de las obligaciones que se regulen así lo exija, aquellas subvenciones que tengan por destinatarios a personas jurídicas de naturaleza pública o privada podrá articularse mediante documento administrativo suscrito por ambas partes, donde consten los derechos y obligaciones de las mismas y el objeto de la subvención, con detalle de los programas y/o servicios a subvencionar, todo ello con independencia de la resolución administrativa de otorgamiento de la subvención, que en todo caso deberá producirse.
  
Sexta
  
Cuando concurran circunstancias extraordinarias en el centro, programa o servicio para el que se solicita subvención, que deberán quedar debidamente acreditadas en el expediente y reflejadas en el acta correspondiente, el órgano proponente podrá elevar propuestas motivadas de otorgamiento de subvenciones que excedan los módulos máximos previstos para cada caso.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se autoriza a la Secretaría General y a la directora general de Servicios Sociales a dictar cuantas instrucciones sean necesarias en desarrollo de la presente orden.
  
Segunda
  
Cuando, por parte de las entidades solicitantes, se haga publicidad a través de cualquier medio de comunicación de los centros y de los servicios, de las actividades y de los programas subvencionados, total o parcialmente, mediante las ayudas a que se refiere esta orden, será obligatorio hacer constar explícitamente que se trata de un centro, de un servicio, de una actividad o de un programa «subvencionado por la Generalitat Valenciana».
  
En los locales de los centros subvencionados deberá de exponerse, en lugar visible, una placa de identificación en la que se indique la condición de centro subvencionado por la Generalitat Valenciana, cuando la ayuda sea superior al 50% del coste del servicio.
  
Tercera
  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstante, no se dictará ninguna resolución sobre las solicitudes de ayuda, al amparo de la misma, mientras no exista crédito adecuado y suficiente en el ejercicio del 2001.
  
Cuarta
  
Contra las bases de la presente convocatoria, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente.
  
Valencia, 18 de diciembre de 2000
  
El conseller de Bienestar Social,
  
RAFAEL BLASCO CASTANY