Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6590, del 19-08-2011 (2011/8368)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio civil número 27/2011.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6590

Fecha DOGV
:   19-08-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/8368


Organismo emisor
:   Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Número 2 de València

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio civil número 27/2011. [2011/8368]  
Asuntos civiles juicio divorcio contencioso 000027/2011  
Parte demandante: María Nausi.  
Parte demandada: Pantelimon Nausi.  
Sobre: divorcios no consensuados.  
En el juicio arriba referenciado se ha dictado la sentencia en fecha 10 de mayo de 2011, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:  
  
«Sentencia número 24/2011  
Valencia, 10 de mayo de 2011  
Vistos por mí, Carmen Grau Sánchez, magistrada jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Valencia, los presentes autos de divorcio seguidos en este Juzgado con el número 27/11, seguidos a instancia de María Nausi, representada por la procuradora de los Tribunales María del Carmen Miralles Piqueres y asistida por la letrada Yolanda Albero Amorós. Pantelimon Nausi, declarado en rebeldía.  
  
Antecedentes de hecho:  
Primero. Por la procuradora de los tribunales María del Carmen Miralles Piqueres, en nombre y representación de María Nausi, se presentó demanda sobre de divorcio contencioso contra María Nausi, demanda que fue turnada a este Juzgado, y en la que, basándose en los hechos y los fundamentos de derecho que estimaba aplicables, suplicaba se decretase el divorcio de los cónyuges y la estimación de las medidas complementarias que se interesaban, del matrimonio indicado.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar al demandado con entrega de documentos para que en el término de 20 días se personara en legal forma en las actuaciones, no compareciendo en tiempo y forma por lo que fue declarada en rebeldía.  
Tercero. Se acordó convocar a las partes a la celebración de la correspondiente vista, ratificándose la parte actora en el escrito de demanda y se recibió el pleito a prueba, proponiéndose por las partes, y practicándose la declarada pertinente, tras lo cual, quedaron los autos pendientes de dictar la sentencia correspondiente.  
  
Cuarto. Que en la tramitación del presente procedimiento, se han observado las formalidades y prescripciones legales.  
Fundamentos de derecho:  
Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 107.2 del Código Civil, resulta de aplicación la Ley Nacional Común de los Cónyuges, a saber el Código Civil rumano de fecha 4 de enero de 1954 (artículos 37 a 44).  
Segundo. Establece el artículo 38 del Código rumano «el tribunal no podrá disolver el matrimonio mediante divorcio más que en el caso de que por motivos fundamentados las relaciones entre los esposos estén gravemente dañadas y la continuidad del matrimonio ya no sea posible".  
El Código rumano no enumera taxativamente las causas de divorcio, tratándose, por tanto, de un sistema abierto. Entiende la jurisprudencia como causas que pueden fundamentar el divorcio, entre otras, la existencia de actitudes violentas, causa cuya concurrencia queda acreditada dado que se sigue en este Juzgado procedimiento penal contra Pantelimon Nausi (diligencias previas 116/10) por presunto maltrato y amenazas cometidos sobre la persona de María Nausi.  
Ante lo expuesto procede acceder al divorcio solicitado por la parte actora al quedar acreditado que las relaciones entre los esposos estén gravemente dañadas y la continuidad del matrimonio ya no es posible.  
  
Tercero. En orden a las medidas complementarias que tal pronunciamiento ha de conllevar, solicita la parte actora, se fije una pensión compensatoria de 100 euros al mes.  
Establece el artículo 41 del Código rumano que el cónyuge divorciado tiene derecho a una pensión de alimentos si se halla en estado de necesidad por causa de incapacidad para el trabajo padecida con anterioridad al matrimonio, o durante el tiempo del matrimonio, tendrá derecho a una pensión de alimentos si la incapacidad apareciese en el transcurso de un año desde la disolución del matrimonio, pero únicamente en el caso en que la incapacidad se deba a circunstancias relacionadas con el matrimonio.  
En el caso de autos, no aportándose por la parte demandante prueba alguna que acredite que concurre en la demandante causa de incapacidad para el trabajo y ni tan siquiera alegarse esta concurrencia para fundamentar la petición de una pensión, no ha lugar a su concesión.  
Cuarto. En orden a las costas procesales, no procede acordar un especial pronunciamiento sobre las mismas, en atención al objeto y fin del presente expediente de medidas provisionales.  
Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.  
Fallo.  
Que debo declarar y declaro disuelto, por causa de divorcio, el matrimonio contraído por María Nausi y Pantelimon Nausi, con todos los efectos legales.  
No ha lugar a fijar pensión compensatoria a favor de la esposa.  
Todo ello sin hacer declaración sobre costas procesales.  
Todo ello sin hacer una especial condena en las costas de este procedimiento.  
Firme la presente se declara disuelto el régimen económico del matrimonio.  
Y firme que sea esta resolución, remítase testimonio de la misma al registro civil donde figure inscrito el matrimonio, para su anotación marginal.  
Así por esta mi sentencia, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 265 y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicia, se anotará en el libro correspondiente, llevándose testimonio de la misma a los autos originales, y que se notificará a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia podrán preparar en este Juzgado recurso de apelación, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. El recurso no se admitirá si al interponerlo la parte no acredita haber consignado en la entidad Banesto y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado, con referencia al presente procedimiento, la cantidad de cincuenta (50) euros en concepto de depósito para recurrir, conforme a la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (introducida por LO. 1/2009, de 3 de noviembre), salvo que tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.  
Lo pronuncio, mando y firmo».  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por diligencia ordenación de fecha 12 de julio de 2011, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación de presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado y en el diari oficial, para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.  
  
Valencia, 12 de julio de 2011.- La secretaria judicial: María Asunción Beneyto Torres.