Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3162, del 15-01-1998 (1997/12094)

Notificación de la resolución del recurso ordinario número R.112/97.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3162

Fecha DOGV
:   15-01-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1997/12736


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso ordinario número R.112/97. [1997/12538]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución del recurso ordinario con número de referencia interna R.112/97 a Tiden SA.
  
Asunto: Recurso ordinario formulado por D. Benjamin Margarit Calabuig, D. Jose M. Rodrigo Alfonso y D. José Peris Serra, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 12 de noviembre de 1996.
  
Examinado el recurso ordinario formulado por D. Benjamin Margarit Calabuig, D. Jose M. Rodrigo Alfonso y D. Jose Peris Serra, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia en el expediente de construcción núm. 53-VX-M-60/90.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por la comunidad de propietarios del edificio de protección oficial sito en Valencia, calle Pedro Cabanes números 98 y 100, se presentó escrito de denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda contra la mercantil Tiden SA., así como contra los facultativos de la obra del citado edificio por deficiencias constructivas en el mismo, enviándose a un perito de dicho organismo quién emitió el correspondiente informe; acordándose la incoación de expediente sancionador contra la promotora Tiden SA., Don José M. Rodriguez Alfonso como Arquitecto director de la obra y contra los Aparejadores Don Benjamín Margarit Calabuig y Don José Peris Serra, con traslado del correspondiente pliego de Cargos.
  
Segundo
  
Por el Instructor del expediente sancionador se dictó Propuesta de Resolución en la que entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 153 C)6 y 7 del RVPO , proponía la imposición solidaria de una multa de 300.000 pesetas a los expedientados, así como la obligación de realizar las obras de subsanación de las deficiencias recogidas en el pliego de Cargos, asimismo solidariamente, en base al art. 155, último párrafo del citado Reglamento de VPO.
  
Tercero
  
El jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda dictó Resolución en la que manteniendo los fundamentos de derecho de la Propuesta, acordó la imposición de la multa y la realización de las obras establecidas en la misma.
  
Cuarto
  
Contra dicha resolución interpone recurso ordinario D. Benjamin Margarit Calabuig, D. Jose M. Rodrigo Alfonso y D. Jose Peris Sierra, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 1547 de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
El Arquitecto recurrente alega en su escrito que las deficiencias constructivas no son de su responsabilidad ya que solamente los vicios fundamentales del inmueble como cimentación y estructura, según criterio jurisprudencial incumbiría a la alta dirección del Arquitecto, entendiendo que la responsabilidad es imputable al constructor y Aparejador.
  
El Arquitecto Técnico Benjamín Margarit Calabuig alega la falta de elementos probatorios que demuestren su culpabilidad en los defectos constructivos, invocando la presunción de inocencia. Ambos solicitan el archivo del expediente sancionador.
  
El tercer recurrente, asimismo Arquitecto Técnico, Don José Peris Serra, alega la falta de notificación de los trámites del expediente sancionador, lo que le ha privado de su derecho de defensa, solicitando la nulidad del mismo y la retroacción de las actuaciones al momento de su incoación.
  
En cuanto a los recursos planteados por el Arquitecto José M. Rodrigo Alfonso y por el Aparejador Sr. Margarit Calabuig cabe estimarlos parcialmente, ya que en lo referente a la sanción pecuniaria impuesta por la comisión de una infracción muy grave del artículo 153 C) 6 y 7 del RVPO, no ha quedado suficientemente acreditada y delimitada la culpa o negligencia de cada uno de ellos en las deficiencias constructivas del inmueble, y dado que al tratarse de un procedimiento sancionador inspirado en los principios del Derecho Penal, según reiterada Jurisprudencia del T.S., se ha de individualizar la culpa como causa de la comisión de la infracción por cada uno de los intervinientes en el proceso constructivo, si ello es posible, para la imposición de la sanción, por lo que cabe su revocación.
  
No obstante e inpedientemente de lo expuesto, sí ha resultado probada la existencia de defectos de la edificación, no solamente por los informes del perito de la administración sino del propio Arquitecto recurrente en su escrito de 20 de febrero de 1996, en trámite anterior a la incoación del expediente, en el que hace descripción de los defectos del inmueble referenciado coincidentes con los recogidos en el pliego de Cargos. Es evidente que todos los imputados han intervenido en el proceso constructivo no existiendo como se ha dicho una responsabilidad probada como culpable, pero sí aquella que se integra dentro del concepto de la responsabilidad civil, en este caso solidaria, que nos conduce a la obligación de reparar ( T.S. 4ª, S. de 13 de junio de 1986), y que puede equipararse analógicamente con la interpretación jurisprudencial del artículo 1591 del CC, y del artículo 111 del RVPO que establece la responsabilidad objetiva del promotor de reparar las deficiencias aparecidas en el transcurso de los cinco años siguientes a la fecha de calificación definitiva. Por lo que debe confirmarse la obligación de reparar en forma solidaria acordada en la resolución.
  
Cuarto
  
El recurso planteado por el Aparejador José Peris Serra debe ser estimado puesto que en efecto no consta en las diligencias la notificación de los trámites procedimentales, siendo procedente la retroacción del expediente sancionador al momento de la notificación del pliego de Cargos respecto de dicho recurrente.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la Propuesta de Resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Estimar parcialmente el recurso planteado por ell Arquitecto José M. Rodrigo Alfonso y el Aparejador Benjamín Margarit Calabuig contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 12 de noviembre de 1996, revocando la sanción pecuniaria impuesta, y confirmando la orden de obras solidaria.
  
Estimar el recurso planteado por el Aparejador José Peris Serra contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de fecha 12 de noviembre de 1996, retrotrayéndo las actuaciones respecto del mismo al momento de la notificación del pliego de Cargos.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la Propuesta de Resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 57.2-f (en relación con la Disposición adicional undécima de la LRJAP y PAC) y el artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956; así como art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.