Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3745, del 09-05-2000 (2000/3520)

ACUERDO de 25 de abril de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la declaración de interés comunitario para la ampliación de una industria de elaboración de piedra natural en el término municipal de Novelda.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3745

Fecha DOGV
:   09-05-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - F) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Número del documento
:   2000/3520


Fecha del documento
:   25-04-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Novelda
    * terreno edificable

ACUERDO de 25 de abril de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la declaración de interés comunitario para la ampliación de una industria de elaboración de piedra natural en el término municipal de Novelda. [2000/F3520]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 25 de abril de 2000, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Con fecha 21 de enero de 1998, don José Luis Esteve Román, en representación de la mercantil Esteve y Máñez Mármoles, SA, presentó, en el Servicio de Urbanismo y Ordenación Territorial de Alicante de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, instancia y documentación complementaria solicitando la declaración de interés comunitario, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley del Suelo No Urbanizable, para la ampliación de una industria de elaboración de piedra natural, en el punto kilométrico 380 de la autovía Alicante-Madrid, polígono 3, parcelas número 13, parte de la número 15 y número 17, del municipio de Novelda.
  
La referida parcela está integrada por tres fincas registrales, con los siguientes datos de inscripción en el Registro de la Propiedad de Novelda:
  
1. Libro 488, folio 68, finca número 35.402.
  
2. Libro 350, folio 151, finca número 23.977.
  
3. Libro 450, folio 1, finca número 33.671.
  
Con fechas 18 de marzo y 22 de junio de 1998 y 9 de abril de 1999 se presentó nueva documentación complementaria por los interesados, cumplimentando los requerimientos formulados desde el referido servicio en tal sentido, así como los derivados de los diversos informes sectoriales emitidos en el curso del procedimiento.
  
Segundo. Del análisis de la documentación aportada se desprende que la instalación pretendida se localiza en suelo no urbanizable común rústico, según el planeamiento general de aplicación, en parcela de 125.113,00 metros cuadrados de superficie, sobre la que se encuentra legalmente implantada una industria de elaboración de piedra natural, que ha sido objeto de sendas resoluciones de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes autorizando su ubicación en el año 1990, y declarando el interés comunitario de su ampliación en el año 1996. La superficie total autorizada asciende a 7.875,00 metros cuadrados, si bien hasta la fecha se han materializado únicamente 5.217,00 metros cuadrados, correspondiendo los 2.658,00 metros cuadrados restantes a la ampliación declarada de interés comunitario por Resolución de 26 de diciembre de 1996.
  
El objeto de la presente solicitud es la ampliación de las construcciones existentes, manteniendo el mismo uso, hasta alcanzar un total de 29.814,00 metros cuadrados construidos, con una ocupación máxima de parcela del 23,80% y un coeficiente de edificabilidad de 0,24 m²/m². Las nuevas construcciones disponen de una altura de 8,50 metros y respetan una separación mínima a linderos de 7,00 metros y a la autovía Alicante-Madrid, mayor en todo caso de 50,00 metros.
  
Tercero. La documentación aportada está integrada por memoria informativa y justificativa de la ordenación, planos de información urbanística y de ordenación, estudio económico-financiero, plan de etapas y estudio de impacto ambiental. En la misma quedan definidas las características de la ordenación propuesta, y se prevén todas las obras de conexión con las redes generales de infraestructuras y servicios públicos necesarios para el funcionamiento de la actividad.
  
Cuarto. Consta, asimismo, compromiso de asunción por el promotor del régimen de deberes, cesiones y obligaciones propios del suelo urbanizable, si bien el cumplimiento de los mismos se materializará en los términos que se derivan de la propuesta.
  
Quinto. Obran en el expediente los siguientes informes municipales:
  
1º. Informe previo a la admisión a trámite de la solicitud formulada, según Resolución adoptada por la Comisión de Gobierno municipal en fecha 9 de julio de 1998, por la que se informa favorablemente la propuesta de declaración de interés comunitario contenida en el expediente, y se efectúa propuesta de sustitución económica de las cesiones y deberes legales en relación con la actuación, todo ello en base al informe emitido por los servicios técnicos municipales en fecha 9 de julio de 1998.
  
2º. Dado que se apreciaban ciertas discrepancias en la cuantificación de la propuesta de sustitución económica de las cesiones y deberes legales, entre la solicitud del interesado, el informe técnico municipal y el emitido por la Comisión de Gobierno, se requirió nuevo informe del ayuntamiento a fin de que clarificase con absoluta precisión cuál es la cuantía efectivamente propuesta y en qué criterios valorativos se basaba. En respuesta a tal requerimiento se recibe el 7 de diciembre de 1999 en el Servicio de Urbanismo y Ordenación Territorial de Alicante oficio de la alcaldesa presidenta del ayuntamiento, suscrito el 29 de noviembre de 1999, en el que ratifica la propuesta de sustitución económica de los deberes legales de acuerdo con el anterior informe de la Comisión de Gobierno municipal, cifrados en 40.483.922 pesetas, señalando los criterios valorativos en los cuales se funda el cálculo.
  
Sexto. Mediante Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 4 de febrero de 1999, fue admitida a trámite la solicitud formulada y su sometimiento a información pública por plazo de 20 días, simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento. A este respecto, se publicaron sendos anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.465, de fecha 31 de marzo de 1999, y diario Información de fecha 12 de marzo de 1999, anuncios que, asimismo, servían para someter a información pública la necesaria declaración de impacto ambiental. No fue necesaria la remisión de avisos al domicilio de quienes aparecen como titulares catastrales de derechos afectados por la actuación, al ser promovida por los propietarios de la totalidad de suelo afectada por la actuación.
  
Durante el citado plazo no consta la presentación de alegaciones ni de alternativas en competencia.
  
Séptimo. Durante la tramitación del expediente han sido emitidos los siguientes informes sectoriales:
  
1º. Respecto del acceso a la instalación, obra en el expediente informe favorable de fecha 22 de septiembre de 1998 de la Unidad de Carreteras en Alicante de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, emitido a la vista de la documentación complementaria elaborada por los interesados (grafiado en el plano de planta de las instalaciones previstas de la línea límite de la edificación), de acuerdo con lo requerido en el previo informe emitido por dicho servicio el 2 de abril de 1998.
  
Con fecha 9 de marzo de 1999, la Oficina del Plan de Carreteras, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, emitió informe desfavorable a la aprobación al no definir la adecuación de accesos ni la línea límite de la edificación, sin perjuicio de lo que señalara al respecto el Ministerio de Fomento. Con fecha 7 de julio de 1999 se dio traslado a dicho órgano administrativo de la nueva documentación subsanatoria aportada por los interesados, que fue informada favorablemente en fecha 14 de octubre de 1999.
  
2º. Por lo que se refiere al impacto ambiental de la actuación integral, la directora general de Planificación y Gestión del Medio ha emitido el 8 de noviembre de 1998 declaración de impacto ambiental favorable, siempre que se cumplan las condiciones que en la misma se señalan, así como las medidas correctoras del estudio de impacto ambiental que no entren en contradicción con los mismos.
  
3º. Con fecha 1 de marzo de 1999, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante de la Conselleria de Industria y Comercio emite informe favorable a la actuación.
  
Octavo. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en fecha 24 de enero de 2000, informó favorablemente la aprobación de la presente declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario, en suelo no urbanizable, del término municipal de Novelda.
  
Noveno. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 24 de febrero de 2000, informó favorablemente la aprobación de la presente declaración de interés comunitario.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero. La solicitud formulada debe resolverse al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable, debiendo sustanciarse por el procedimiento de declaración de interés comunitario a que se refiere el artículo 8.2 de la ley en relación con el artículo 20 de la misma.
  
En efecto, de conformidad con el último de los preceptos legales, las edificaciones e instalaciones destinadas a actividades terciarias e industriales que, entre otros, precisen la ocupación de una superficie mayor de 4 hectáreas, requieran más de 8.000 metros cuadrados construidos o exijan la realización de más de 1.000 metros lineales de desarrollo, sólo podrán realizarse como actuaciones integrales, previo cumplimiento de las condiciones exigidas por el párrafo primero del citado artículo 20 de la Ley del Suelo No Urbanizable.
  
A la vista de las características concurrentes en la actuación pretendida no cabe duda de que el cauce procedimental adecuado para la resolución del expediente resulta ser el procedimiento extraordinario previsto en el artículo citado, una vez constatado que se cumplen las condiciones fijadas en el número 1 de tal precepto, toda vez que:
  
a) Las características de la actuación precisan disponer de una superficie de grandes dimensiones, siendo igualmente importantes las necesidades constructivas de la industria, que alcanzan los 29.814,00 metros cuadrados, no siendo posible su localización dentro de los suelos urbanos o urbanizables existentes en el municipio. De otro lado, respecto a la justificación de la concreta ubicación escogida, no debe olvidarse que se trata de la ampliación de una industria ya existente y legalmente implantada en la parcela.
  
b) La actuación resuelve los servicios que demanda su establecimiento sin que se produzca una sobrecarga de demanda de las infraestructuras existentes, siendo de destacar, a estos efectos, los informes favorables emitidos por las diferentes administraciones sectoriales que han intervenido en el procedimiento.
  
c) La mercantil promotora de la actuación asume el cumplimiento de las obligaciones, deberes y cesiones propias del adjudicatario de un programa de actuación, no inferiores a las legalmente exigibles en suelo urbanizable si bien se materializarán en los términos que se derivan de la propuesta obrante en el expediente.
  
Segundo. La tramitación del expediente ha sido formalmente correcta habiéndose cumplido las exigencias procesales establecidas en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable.
  
Tercero. Los servicios que demanda la actuación quedan adecuadamente resueltos a cargo de la mercantil promotora, en los términos que resultan del expediente.
  
Cuarto. La actuación solicitada es de implantación adecuada desde el punto de vista de la ordenación territorial al efectuarse en suelo no urbanizable común, no merecedor de ninguna protección.
  
Desde el punto de vista económico y social, la actuación aporta soluciones, sin duda, al desarrollo de la zona, como ampliación de una industria legalmente implantada y dedicada a la actividad fundamental de la zona.
  
Quinto. En relación con la cuantificación de las cesiones correspondientes a los promotores de la actuación, que se cifran en el 10,00% del aprovechamiento lucrativo de la actuación y el 10,00% del suelo afectado con destino a zona verde, debe destacarse que a la presente solicitud, dada su fecha de admisión a trámite resulta de aplicación el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, que en el artículo 14 de su anexo, al definir los estándares aplicables a sectores industriales los establece en un 40,00% de la superficie total de la actuación, de los cuales el 10,00% deberá ser necesariamente destinado a zonas verdes.
  
Al propio tiempo, se establece la posibilidad de minorar esta reserva mediante resolución motivada del conseller competente en urbanismo, previo informe de la conselleria competente en materia de industria y del Consejo Superior de Urbanismo, siempre que se trate de complejos industriales aislados o esté prevista algún tipo de actividad productiva especial para la que no resulta adecuado.
  
En el presente caso se estima procedente que se resuelva la minoración del estándar aplicable con carácter general a estos suelos, al estimarse que concurren los requisitos establecidos en el citado precepto:
  
1. La Conselleria de Industria y Comercio ha emitido informe favorable a la propuesta contenida en el expediente en los mismos términos en que se plantea.
  
2. Se trata de un complejo industrial aislado, constituido por una única actividad industrial. En consecuencia, resulta absolutamente superfluo el establecimiento de cualquier previsión de viario público interior a la actuación. Por lo tanto, dado que la actuación resuelve convenientemente, de acuerdo con el informe emitido por el Ministerio de Fomento, sus conexiones con la red pública viaria de carácter supramunicipal exterior a la actuación, el interior de la parcela queda configurado como una unidad de íntegra titularidad privada, en cuyo interior existirán, únicamente, las vías y aparcamientos privados que demande el funcionamiento de la actividad industrial.
  
Por lo tanto, se considera procedente permitir la minoración de la parte correspondiente a red viaria, manteniendo el deber de cesión del 10,00% de suelo con destino a zona verde, en los términos que son asumidos en la propuesta, en que se plantea su sustitución económica en los términos autorizados por el artículo 20 de la Ley 4/1992, sobre Suelo No Urbanizable.
  
En consecuencia con lo expuesto, mediante Resolución de 22 de febrero de 2000, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se minoró la reserva legal de suelo dotacional de la presente actuación integral, de conformidad con el citado artículo 14 del anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.
  
Sexto. El Gobierno Valenciano es el órgano competente para la aprobación de la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo No Urbanizable, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
De conformidad con los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano
  
ACUERDA
  
I) Aprobar definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por la entidad mercantil Esteve y Máñez Mármoles, SA, de una actuación integral consistente en la ampliación de una industria de elaboración de piedra natural, en las parcelas número 13, parte de la 15 y la 17 del polígono 3, en el punto kilométrico 380 de la autovía Alicante-Madrid en suelo no urbanizable del municipio de Novelda, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado II, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente.
  
La aprobación de la actuación integral llevará implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de interés social y de la necesidad de ocupación de los terrenos que, conforme al proyecto aprobado, sean necesarios para la ejecución de aquélla y para su enlace con los correspondientes sistemas generales. El promotor de la iniciativa finalmente aprobada tendrá, cuando no sea propietario de la superficie afectada por la actuación, o de parte de ella, la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo de su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer, con independencia de las obligaciones asumidas en el procedimiento de aprobación de su iniciativa.
  
II) Adjudicar dicha actuación integral en favor de la entidad Esteve y Máñez Mármoles, SA, a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, para promover la instalación de la referida ampliación de la industria.
  
III) Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados ?en favor del ayuntamiento- para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
IV) El promotor deberá garantizar ante el Ayuntamiento de Novelda la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral por importe de, al menos, un 7% del coste total de los servicios y obras de urbanización previstos. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes de inicio de las obras.
  
V) Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Gobierno Valenciano.
  
VI) El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado II, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado III, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras, acompañada de la documentación legalmente exigida para el inicio del trámite en los términos previstos en la disposición adicional cuarta de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años, prorrogables por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Novelda. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.
  
VII) El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la declaración de impacto ambiental de 8 de noviembre de 1998. Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación de la referida industria.
  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la recepción del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o en su caso, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Valencia, 25 de abril de 2000
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,
  
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO