Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9900, del 24-07-2024 (2024/7511)

ACUERDO de 21 de junio de 2024, del Consell, por el que se declara la ocupación urgente de los bienes y derechos sujetos al expediente de expropiación forzosa, instruido por la Diputación Provincial de València, para la ejecución de las obras del proyecto «Ampliación de plataforma y conexión para peatones y ciclistas en la carretera CV-425. Tramo de Buñol en Alborache (B-274 A/P)».
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9900

Fecha DOGV
:   24-07-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2024/7511

CVE
:   RUDT-F-3678-7604

Fecha del documento
:   21-06-2024

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Acuerdo

*Antecedentes de hecho*

Primero. La Diputación Provincial de Valencia, por Decreto de la Presidencia núm. 11048, de 3 de octubre de 2022, resolvió tomar en consideración y someter a información pública el proyecto de obras denominado «Ampliación de plataforma y conexión ciclopeatonal en la carretera CV-425. Tramo de Buñol a Alborache. (B-274 A/P)».

Consta la publicación del anuncio de información pública del citado proyecto, en el *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*  núm. 197, de 13 de octubre de 2022, y la acreditación de la no presentación de alegaciones.

El mencionado proyecto de obras fue aprobado definitivamente por el Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia núm. 14024, de 5 de diciembre de 2022.

Segundo. Consta la formalización del acta de replanteo del proyecto en la que se acredita la viabilidad de este en los terrenos a expropiar.

Tercero. La relación concreta e individualizada de los bienes y derechos objeto de expropiación fue aprobada inicialmente mediante el Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia núm. 1116, de 15 de enero de 2024 y fue sometida a información pública durante el plazo legalmente establecido a través de un anuncio publicado en el *Boletín Oficial del Estado* núm. 21, de 24 de enero de 2024;  en el *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*  núm. 19, de 26 de enero de 2024; en el diario *Levante*, de 2 de febrero de 2024, y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Buñol y Alborache. Así mismo, se llevó a cabo la notificación individualizada a todas las personas interesadas en el procedimiento de expropiación forzosa.

Consta que por Decreto de la Presidencia núm. 2541, de 26 de febrero de 2024, quedaron excluidas del expediente de expropiación las fincas 4, 5, 7, 14, 23 y 38 atendiendo a su condición de dominio público.

Por Decreto de la Presidencia núm. 2425, de 26 de febrero de 2024, se resolvió de oficio rectificar la relación inicial de bienes y derechos y excluir la finca con núm. 0137, dado que se comprobó que la obra sobre la misma ya había sido ejecutada, y ajustar la superficie a expropiar de las fincas núm. 0135 y 0136 con respecto a la inicialmente publicada, adaptando la expropiación a la realidad actual, de modo que la finca núm. 0135 se verá afectada en 435,00 m2 y la finca 0136 en 546,00 m2.

Consta que se formularon alegaciones:

– por las personas propietarias de la finca núm. 59, que fue estimada por el Decreto de la Presidencia núm. 2517, de 26 de febrero de 2024.

– por la titular de las fincas 80, 83 y 84, que fue resuelta por el Decreto de la Presidencia núm. 2801, de 4 de febrero de 2024.

– por la titular de las fincas 90, 90SVy 92SV, que fue resuelta por el Decreto 2707, de 29 de febrero de 2024.

– en relación con las fincas núm. 87 y 88, que fue resuelta por el Decreto de la Presidencia núm. 3195, de 12 de marzo de 2024.

– por los propietarios de la finca núm. 19, que fue resuelta por el Decreto 3196, de 12 de marzo de 2024.

– por la Comunidad de Regantes de Buñol respecto de las parcelas núm. 43 y 50, que fue resuelta por el Decreto de la Presidencia núm. 3197, de 12 de marzo de 2024.

– por las propietarias de la finca núm. 113, que fue resuelta por el Decreto del presidente de la Diputación de Valencia núm. 4404, de fecha 9 de abril de 2024.

Además, consta que, por el Decreto de la Presidencia núm. 3268, de 13 de marzo de 2024, quedaron excluidas del expediente de expropiación las fincas 1, 10, 35, 39, 58, 61, 73, 74, 79, 81, 99, 104, 105, 107-SV-1, 112 y 115, atendiendo a su condición de dominio público.

Asimismo, consta que, por el Decreto del presidente de la Diputación de Valencia núm. 4408, de fecha 9 de abril de 2024, quedaron excluidas del expediente de expropiación las fincas 30, 32, 71 y 77, atendiendo a su condición de dominio público hidráulico.

Cuarto. Mediante Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia núm. 5079, de 19 de abril de 2024, se elevó a definitiva la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras del proyecto referenciado.

Consta, asimismo, la rectificación del error en la relación definitiva, respecto de la parcela 147, con propietario desconocido, efectuada por el Decreto 6522, de 23 de mayo de 2024, de la Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia.

Quinto. La solicitud de urgente ocupación de bienes y derechos afectados por la expropiación se formuló en el apartado cuarto del Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia núm. 1116, de 15 de enero de 2024, con el siguiente tenor literal:

«De conformidad con lo que establece el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, solicitar del Consell de la Generalitat Valenciana la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados fundamentada en los motivos de seguridad vial.

La carretera CV-425 constituye el acceso principal desde Valencia a los municipios de Buñol, Alborache, a través de la A-3. Actualmente la carretera en cuestión, en el tramo que nos ocupa, presenta una sección transversal insuficiente y un trazado sinuoso con sucesión de curvas en S, en el entorno del barranco del Conde, conocido popularmente como Curva del Mico, en el término municipal de Alborache. Actualmente la CV-425 presenta una plataforma de escasa anchura, en torno a 6 metros en casi toda su longitud, sin arcenes. Dicha sección transversal, junto con la elevada IMD del tramo (7.022 vh/día en el año 2019), y el elevado porcentaje de vehículos pesados (pues es la ruta de acceso al vertedero situado en Dos Aguas), dan lugar a situaciones de peligrosidad, con un nivel de servicio inadecuado para las necesidades actuales. La ampliación que se proyecta es una calzada de 6 m, arcenes de 1 m y bermas de 0,75 m para colocación de los sistemas de contención y señalización vertical pertinente. Por otro lado, el proyecto contempla un carril ciclo-peatonal, para lo que se aprovecha la red de caminos adyacentes a la CV– 425 por su margen izquierdo, hasta el Pk 5+260, a partir del cual se diseña adyacente a la carretera.

Asimismo, el tramo objeto de referencia posee tres obras de fábrica con entidad de estructura, para salvar la red de drenaje existente en las inmediaciones, concretamente para el paso: del río Buñol, del río Juanes (Turche) y del barranco del Conde. Actualmente la sección transversal de la CV-425 sobre dichas obras de fábrica se compone de carriles variables entre 3,00-3,50 m, arcén inexistente y sistemas de contención obsoletos respecto a la orden circular 35/14. Dicha disposición, unida al elevado tráfico pesado junto con los numerosos ciclistas deportivos y motoristas que la transitan ocasiona graves problemas de seguridad vial. Por tanto, se proyecta su ampliación, dotando a la plataforma de arcenes y renovando las defensas existentes acorde a la normativa técnica vigente, manteniendo así la situación actual de paso y no empeorando, en ningún caso, el régimen hidráulico.

Nueva definición de la intersección en T existente a la altura del pk 4+500 de la CV-425 (intersección de la papelera). Esta nueva definición de esta intersección mejora las condiciones de funcionalidad y seguridad vial de la misma.

Nueva definición de la intersección de acceso al Turche, entre los pk 4+620 y 4+950 de la CV-425. Esta intersección se ha resuelto mediante una rotonda de 22 metros de radio (línea blanca exterior). Se ha previsto la ejecución de una serie de caminos de servicio perimetrales a la rotonda que permitirán el cierre de todos los accesos directos a la CV– 425, concentrándolos en ésta.

Esta disposición también mejora la permeabilidad peatonal y ciclista de este punto de la CV-425, mejorando la seguridad vial en este punto de afluencia de peatones y ciclistas para el acceso al Turche. Puesto que el nuevo itinerario ciclista que se proyecta no dispondrá de alumbrado, se ha aprovechado la actualización del proyecto para añadir a éste, unas eco-balizas que llevan incorporadas unas losetas fotoluminiscentes que balizarán los márgenes del mismo a lo largo de todo su trazado».

Sexto. En el expediente administrativo consta, además, el certificado de la retención de crédito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley sobre expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, según la redacción de la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de medidas de disciplina presupuestaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Diputación Provincial de Valencia tiene capacidad jurídica para acordar la expropiación de bienes afectados a una finalidad de utilidad pública o interés social, de conformidad con el artículo 2.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, en relación con el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

II. El artículo 94 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, dispone que «las obras comprendidas en los planes de obras y servicios locales, incluidos los planes provinciales de cooperación, llevarán aneja la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos comprendidos a efectos de su expropiación forzosa».

En este mismo sentido, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley sobre expropiación forzosa, cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material detallada de los bienes y derechos que sean estrictamente necesarios para el fin de la expropiación, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto.

III. El artículo 52 de la Ley sobre expropiación forzosa y concordantes de su reglamento prevén la posibilidad de declarar, excepcionalmente, la urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada, con las consecuencias que se establecen en el mismo.

IV. La declaración de urgente ocupación, que, según el artículo 56 del Reglamento de la Ley sobre expropiación forzosa, debe estar debidamente motivada, está justificada en el antecedente de hecho quinto.

V. La competencia para formular la mencionada declaración corresponde al Consell, de acuerdo con los artículos 29 y 50 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en relación con el artículo 21 y la disposición final segunda de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.

VI. El acuerdo en que se declare la urgente ocupación de los bienes afectados se deberá publicar en el*Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, a los efectos del artículo 56.2 del Reglamento de la Ley sobre expropiación forzosa, para que las personas interesadas, una vez publicada la relación y hasta el momento del alzamiento del acta previa, puedan formular por escrito, ante la corporación local expropiante, alegaciones solo a los efectos de subsanar los posibles errores que se hubieran podido producir al hacer la relación de los bienes afectados por la urgente ocupación.

En este expediente se han cumplido todas las prescripciones legales contenidas en las disposiciones antes citadas, y el procedimiento se ha tramitado de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

Por todo ello, y de acuerdo con los artículos 29 y 50 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en relación con el artículo 21 y la disposición final segunda de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y a propuesta del president de la Generalitat, de acuerdo con las competencias que ostenta en materia de administración local, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 10/2023, de 19 de julio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, el Consell,

ACUERDA

Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente expropiatorio instruido por la Diputación Provincial de Valencia, para la ejecución de las obras del proyecto «Ampliación de plataforma y conexión ciclopeatonal en la carretera CV-425. Tramo de Buñol a Alborache. (B-274 A/P)», que se detallan en el anexo que se incorpora a este acuerdo.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas, por ser titulares de bienes y derechos en el procedimiento de expropiación forzosa, podrán interponer los siguientes recursos:

Directamente, un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación o publicación, en su caso, de este acuerdo en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Potestativamente, un recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación, en su caso, de este acuerdo en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, teniendo en cuenta que no es posible simultanear el recurso contencioso-administrativo y el potestativo de reposición.

En el caso de la administración local promotora del procedimiento, al amparo de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, y en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación, en su caso, del presente acuerdo en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, podrá formular un requerimiento razonado para que se anule o se revoque este acuerdo, teniendo en cuenta que ello no incide en su ejecutividad, ni interrumpe los plazos en orden a su firmeza, al no ser sustitutivo del régimen de recursos en vía administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otra vía que estimen oportuna.

  

València, 21 de junio de 2024

SUSANA CAMARERO BENÍTEZ

Vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

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