Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4388, del 28-11-2002 (2002/13428)

ORDEN de 11 de noviembre de 2002, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se fijan las características medioambientales en los pliegos de cláusulas administrativas particulares como criterio objetivo de adjudicación de los contratos públicos que se convoquen mediante el procedimiento de concurso.
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Estado**DEROGADA**

Permalink ELI

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### Datos del documento

Número DOGV
:   4388

Fecha DOGV
:   28-11-2002

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2002/13759


Fecha del documento
:   11-11-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * norma medioambiental
    * protección del medio ambiente
    * legislación
    * contrato administrativo

ORDEN de 11 de noviembre de 2002, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se fijan las características medioambientales en los pliegos de cláusulas administrativas particulares como criterio objetivo de adjudicación de los contratos públicos que se convoquen mediante el procedimiento de concurso. [2002/X13069]
  
El establecimiento y la promoción por los poderes públicos de políticas orientadas a la protección del medio ambiente es una exigencia que se deriva del artículo 45 de la Constitución española y que también se encuentra recogido en el art. 2 del Tratado de Amsterdam.
  
Entre los instrumentos que sirven al objetivo de protección ambiental, se encuentran los contratos administrativos. Este mecanismo de intervención pública ha de utilizarse al servicio de uno de los objetivos principales de la UE, como es el desarrollo sostenible, recogido en el art. 6 del Tratado de Amsterdam, y que exige la integración de los requisitos de protección ambiental en la definición y aplicación de las políticas sectoriales. Deber que, sin duda, abarca igualmente la política de contratación pública, sin que sea defendible que la misma pueda permanecer ajena a dicho proceso de integración.
  
En este contexto, se sitúa la Ley 11/97, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, que en su disposición adicional III, obliga a las Administraciones Públicas a promover el uso de materiales reutilizables y reciclables en la contratación de obras públicas y suministros.
  
Asimismo, se exige en el art. 26 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, al establecer, que las Administraciones promoverán el uso de materiales reutilizables, reciclables y valorizables, así como de productos fabricados con material reciclado que cumplan las especificaciones técnicas requeridas en el marco de la contratación pública de obras y suministros.
  
Por su parte, la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, en su artículo 15, dispone, entre sus principios generales, que la Generalitat y las administraciones locales valencianas coordinarán sus competencias en orden a realizar una planificación concertada y una ejecución conjunta de las acciones necesarias para fomentar el uso de productos regenerados o elaborados total o parcialmente con materiales reciclados.
  
Estas disposiciones legales, en aplicación del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, conducen necesariamente a incluir los criterios medioambientales en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de obras, suministros, gestión de servicios públicos, consultoría y asistencia y servicios que se convoquen por la Conselleria de Medio Ambiente y organismos públicos dependientes de la misma, preservados los principios generales de la contratación pública (art. 11 y 13 TRLCAP) y atendiendo a la finalidad del contrato que en cada caso se determine.
  
Se considera que para contribuir de manera eficaz a un desarrollo sostenible en el ámbito de la Comunidad Valenciana, es necesario establecer un nuevo paradigma del crecimiento y una mayor calidad de vida mediante la creación de riqueza y competitividad sobre la base de productos y servicios más ecológicos y, por ello, se hace necesario prestar mayor atención a aquellas empresas que desarrollen actividades más respetuosas con el medio ambiente en el marco de la contratación pública.
  
A la vista de todo lo anterior y de conformidad con las competencias que el art. 32.1.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana atribuye a la Generalitat Valenciana para el desarrollo legislativo y la ejecución, dentro de su territorio, de la legislación básica del Estado en materia contractual y en virtud de la facultad que tiene reconocida, en el art. 149.1.23 de la Constitución y recogida en el art. 32.1.6 del citado Estatuto, para el establecimiento de normas adicionales de protección, en el marco de la legislación básica del Estado sobre la protección del medio ambiente,
  
ORDENO
  
Artículo 1
  
La presente orden será de aplicación a la Conselleria de Medio Ambiente y los organismos públicos dependientes de ella.
  
Artículo 2
  
Para determinar la oferta más ventajosa en la contratación administrativa, se valorarán, entre otros criterios objetivos de adjudicación, aquellas características ambientales que supongan una ventaja económica para la entidad contratante, que pueda atribuirse al producto o servicio objeto de la licitación.
  
Estas características ambientales se fijarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y, en su caso, en los modelos tipo sobre dichos pliegos de los contratos objeto de la presente orden, que se convoquen por concurso, junto con otros criterios objetivos de adjudicación que se establezcan, conforme a lo previsto en el artículo 86 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
  
Las características ambientales enunciadas en esta disposición normativa o cualesquiera otra equivalentes, que se incluyan en las ofertas que se presenten en los contratos de suministros, gestión de servicios públicos, de consultoría y asistencia, y de servicios, se ponderarán en un 20%, respectivamente, distribuyéndose el 80% restante entre los demás criterios de adjudicación que figuren en el pliego de cada contrato. En los contratos de obras, serán valoradas en un 10%, distribuyéndose el 90% restante entre los demás criterios de adjudicación que figuren en el pliego. Estas características ambientales se valorarán siempre, atendiendo a las especificaciones técnicas del objeto de cada contrato.
  
A la vista de todo lo anterior, se mencionan, de manera no exhaustiva y en orden de importancia no excluyente, las características ambientales que la entidad contratante valorará, junto con otros criterios objetivos de adjudicación del concurso, en orden a determinar la oferta más ventajosa entre todas las que se presenten en cada uno de los contratos administrativos que se relacionan a continuación:
  
1. Contratos de suministros
  
a) Oferta de productos fabricados total o parcialmente con materiales reciclados o regenerados. Para la valoración de este criterio se utilizará el porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que, previamente a la adjudicación del contrato, deberá venir avalado por un certificado expedido por un laboratorio u organización independiente.
  
b) Oferta de productos procedentes de un proceso de reciclado o de reutilización. Para la valoración de este criterio se utilizará el porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que, previamente a la adjudicación del contrato, deberá venir avalado por un certificado expedido por un laboratorio u organización independiente.
  
c) Oferta de productos reutilizables, reciclables o valorizables. Para la valoración de este criterio se utilizará el porcentaje en que el producto es reutilizable, reciclable o valorizable que, previamente a la adjudicación del contrato, deberá venir avalado por un certificado expedido por un laboratorio u organización independiente.
  
d) Oferta de productos envasados en recipientes reciclados o reutilizados.
  
e) Oferta de productos que dispongan en el mercado de la Ecoetiqueta ecológica, concedida en los términos previstos en el Reglamento nº 1980/2000, de 17 de julio de 2000 (CEE), relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica, o en posteriores disposiciones comunitarias vigentes en la materia, sin perjuicio de que se valore de forma equitativa cualquier otro distintivo de calidad ambiental, regulado conforme a las leyes o normas técnicas nacionales en vigor.
  
f) Oferta de productos elaborados en el marco de un sistema de gestión ambiental, establecido conforme a los criterios recogidos en el Reglamento EMAS (CEE) nº 761/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales o en posteriores disposiciones comunitarias vigentes en la materia.
  
g) Oferta de productos elaborados en el marco de un sistema de gestión ambiental basado en las Normas Internacionales ISO (serie ISO 14191), en las normas europeas EN o españolas UNE (77/801/94 y 77/802/94) así como en cualquier otra norma técnica que establezca un sistema de gestión ambiental equivalente
  
h) Oferta de productos elaborados mediante el empleo de la mejor técnica disponible y económicamente viable, conforme a lo establecido en la Directiva 96/61, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación, a fin de causar el menor impacto ambiental en el medio.
  
i) Ofertas que incluyan otras características medioambientales relevantes, como son el menor consumo de energía mediante la utilización de cualquier mecanismo o tecnología menos contaminante; uso de fuentes de energía renovable; la reducción en peso de los envases que se pudieran utilizar, la reducción en la generación de residuos; bajos niveles de ruido y reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera; recogida, reutilización, reciclaje o valorización energética a cargo del licitador de los deshechos producidos durante o después del uso o consumo del producto; recuperación o reutilización a cargo del oferente del material de envasado y de los productos usados; transporte y entrega de productos químicos concentrados y diluidos y cualesquier otra consideración medioambiental que pueda ser valorada por la administración.
  
2. Contratos de obras
  
a) Se valorará, en la ejecución de la obra, el uso de materiales procedentes de un proceso de reciclado o de reutilización. Para la valoración de este criterio se utilizará el porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que, previamente a la adjudicación del contrato, deberá venir avalado por un certificado expedido por un laboratorio u organización independiente.
  
b) Se valorará, en la ejecución de la obra, el uso de materiales reutilizables, reciclables o valorizables. Para la valoración de este criterio se utilizará el porcentaje en que el material es reutilizable, reciclable o valorizable que, previamente a la adjudicación del contrato, deberá venir avalado por un certificado expedido por un laboratorio u organización independiente.
  
c) Se valorará, en la ejecución de la obra, el uso de productos fabricados total o parcialmente con materiales reciclados o regenerados. Para la valoración de este criterio se utilizará el porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que, previamente a la adjudicación del contrato, deberá venir avalado por un certificado expedido por un laboratorio u organización independiente.
  
d) Se valorará, en la ejecución de la obra, el uso de productos que tengan alguna consideración medioambiental destacable o la adopción de medidas específicas de carácter medioambiental.
  
e) Se valorará que la ejecución de la obra se realice en el marco de un sistema de gestión ambiental establecido conforme a los criterios recogidos en el Reglamento EMAS nº 761/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales, o en posteriores disposiciones comunitarias vigentes en la materia.
  
f) Se valorará que la ejecución de la obra se realice en el marco de un sistema de gestión ambiental basado en las normas internacionales ISO (serie ISO 14076), en las normas europeas EN o españolas UNE (77/801/94 y 77/802/94) así como en cualquier otra norma técnica que establezca un sistema de gestión ambiental equivalente.
  
g) Se valorará que, en la ejecución de la obra, se haga uso de la mejor técnica disponible y económicamente viable, conforme a lo establecido en la Directiva 96/61, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación, a fin de causar un menor impacto ambiental en el medio.
  
h) Se valorará que las ofertas presenten otras características medioambientales relevantes, como son la reducción en la generación de residuos; la reducción en peso de los envases del material que se vaya a utilizar en la obra, bajos niveles de ruido; recogida, reutilización, reciclaje o valorización energética a cargo del licitador de los deshechos producidos durante o después de la ejecución de la obra; recuperación o reutilización a cargo del oferente del material de envasado y de los productos usados para la ejecución de la obra; y cualquier otra consideración medioambiental que pueda ser valorada por la administración.
  
3. Contratos de gestión de servicios públicos
  
a) Se valorará que el oferente utilice productos que dispongan, en el mercado, de la Ecoetiqueta europea, concedida en los términos previstos en el Reglamento nº 1980/2000, de 17 de julio de 2000 (CEE), relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica, o en posteriores disposiciones comunitarias vigentes en la materia, sin perjuicio de que se valore de forma equitativa cualquier otro distintivo de calidad ambiental, regulado conforme a las leyes o normas técnicas nacionales en vigor.
  
b) Se valorará que el oferente actúe en el marco de un sistema de gestión ambiental, establecido conforme a los criterios recogidos en el Reglamento EMAS (CEE) 761/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales, o en posteriores disposiciones comunitarias vigentes en la materia.
  
c) Se valorará que el oferente actúe en el marco de un sistema de gestión ambiental, establecido por las normas internacionales ISO (serie ISO 14784), por las normas europeas EN o españolas UNE (77/801/94 y 77/802/94), así como por cualquier otra norma técnica que establezca un sistema de gestión ambiental equivalente.
  
d) Se valorará que el oferente haga uso de la mejor técnica disponible y económicamente viable, conforme a lo establecido en la Directiva 96/61, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación, a fin de causar un menor impacto en el medio
  
e) Se valorará que el oferente haga uso de materiales reutilizables, reciclables o valorizables, o de productos regenerados o fabricados total o parcialmente con material reciclado.
  
f) Se valorará que en el oferente se den otras características ambientales relevantes, que puedan ser estimadas positivamente por la administración, de conformidad con las exigencias del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
4. Contratos de servicios
  
a) Se valorará que en la prestación del servicio se utilicen productos que dispongan, en el mercado, de la Ecoetiqueta europea, concedida en los términos previstos en el Reglamento nº 1.980/2000, de 17 de julio de 2000 (CEE), relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica, o en posteriores disposiciones comunitarias vigentes en la materia, sin perjuicio de que se valore de forma equitativa cualquier otro distintivo de calidad ambiental, regulado conforme a las leyes o normas técnicas nacionales en vigor.
  
b) Se valorará que el servicio se preste en el marco de un sistema de gestión ambiental, establecido conforme a los criterios recogidos en el Reglamento nº 761/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales, o en posteriores disposiciones comunitarias vigentes en la materia.
  
c) Se valorará que el servicio se preste en el marco de un sistema de gestión ambiental, establecido por las normas internacionales ISO (serie ISO 14922), por las normas europeas EN o españolas UNE (77/801/94 y 77/802/94) o por cualquier otra norma técnica que establezca un sistema de gestión ambiental equivalente
  
d) Se valorará que en la prestación del servicio, se haga uso de la mejor técnica disponible y económicamente viable, conforme a lo establecido en la Directiva 96/61, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación, a fin de causar un menor impacto en el medio
  
e) Se valorará que el servicio incluya una especificación detallada de los procedimientos de gestión de los residuos que se pudieran generar durante el periodo de ejecución del contrato, resultando de tales procedimientos, además de un cumplimiento estricto de la legislación vigente, un menor impacto ambiental de la actividad contratada
  
f) Se valorarán las ofertas que tengan otras características ambientales relevantes, como son el menor consumo de energía, a través de la utilización de cualesquiera mecanismos o tecnologías menos contaminantes, los bajos niveles de ruido, la reducción en la generación de los residuos; la reducción en peso de los envases que se pudieran utilizar y cuantas circunstancias conduzcan a un menor impacto en el medio.
  
5. Contratos de consultoría y asistencia
  
a) Se valorará que el oferente actúe en el marco de un sistema de gestión ambiental establecido conforme a los criterios recogidos en el Reglamento nº 761/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales, o en posteriores disposiciones comunitarias vigentes en la materia.
  
b) Se valorará que el oferente actúe en el marco de un sistema de gestión ambiental, establecido por las normas internacionales ISO (serie ISO 14337), por las normas europeas EN o españolas UNE (77/801/94 y 77/802/94), así como por cualquier otra norma técnica que establezca un sistema de gestión equivalente.
  
Artículo 3
  
Para verificar el cumplimiento de los requisitos y elementos de valoración anteriormente señalados, las personas físicas o jurídicas que participen en la licitación de los contratos objeto de la presente orden, deberán aportar:
  
1. Los certificados expedidos por los organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, que acrediten el cumplimiento de las correspondientes normas y recomendaciones.
  
2. Los certificados expedidos por un laboratorio u organización independiente, que acrediten el cumplimiento de las correspondientes normas y recomendaciones.
  
3. Cuantos documentos demuestren de forma fehaciente el cumplimiento de las correspondientes normas, recomendaciones y medidas de correcta gestión ambiental incluidas en la oferta.
  
No obstante, la administración podrá exigir a los licitadores la aportación de cualquier otro medio de prueba admitido en derecho que estime necesario para acreditar el cumplimiento de las características ambientales que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares de los contratos objeto de la presente orden.
  
Artículo 4
  
Se establece un plazo de tres meses para que, previo informe del Área Jurídica, se modifiquen todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares de la Conselleria de Medio Ambiente y, en su caso, los modelos tipo sobre dichos pliegos, conforme a lo establecido en la presente orden, con objeto de incluir las características medioambientales como criterio objetivo de adjudicación.
  
DISPOSICIÓN FINAL
  
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
  
Valencia, 11 de noviembre de 2002
  
El conseller de Medio Ambiente,


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