Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5510, del 11-05-2007 (2007/4669)

ACUERDO de 28 de febrero de 2007, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la homologación y plan de reforma interior de mejora de la unidad de actuación 11 área población de Oliva.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5510

Fecha DOGV
:   11-05-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/4669


Fecha del documento
:   28-02-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Oliva
    * plan de urbanismo

En relación con la Homologación y Plan de Reforma Interior de Mejora Unidad de Actuación 11 área población, remitido por el Ayuntamiento de Oliva, son de resaltar los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:  
Antecedentes  
1. Tramitación municipal  
El proyecto se sometió a información pública mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2005. Una vez transcurrido el correspondiente período de exposición pública (DOGV nº 5.118, de fecha 20 de octubre de 2005, anuncio en el diario Levante de fecha 13 de octubre), en el que no se presentaron alegaciones, sobre el proyecto recayó acuerdo plenario de aprobación provisional en fecha 29 de diciembre de 2005.  
2. Documentación  
El proyecto consta de documento homologación, Plan de reforma interior de mejora - que contiene memoria y planos de información y ordenación ?, y expediente administrativo.  
3. Objeto  
El Proyecto tiene por objeto el desarrollo de la Unidad de Actuación 11, clasificada como suelo urbano, que hasta la fecha no ha podido serlo debido a la alteración del ámbito, consecuencia de la modificación puntual del Plan General por razón de las sentencias dictadas por el TSJ (recurso 29/92) y por el TS (25/03/1999). Además, la ordenación y zonificación de la Unidad de Actuación 11 se ve afectada por el Protocolo de Colaboración entre la COPUT (ahora conselleria de Territorio y Vivienda) y el Ayuntamiento de Oliva para la concreción de las actuaciones derivadas del Proyecto de conexión ferroviaria Gandía-Oliva, suscrito el 18 de septiembre de 2002, que provoca la ampliación en el ancho de la calle en proyecto nº 1, que pasa de un ancho de 20 metros a 30 metros.  
El ámbito de actuación tiene una superficie total de 38.727,03 m² y linda, al norte y al este con la unidad de actuación nº 15, al sur con el paseo Gregorio Mayans y Ciscar y al oeste con el paseo Francisco Brines.   
Las determinaciones de mayor relevancia del proyecto son:  
Homologación:  
El objeto del documento de homologación es, al no estar el Plan General de Oliva adaptado a la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad urbanística (en adelante LRAU), diferenciar y delimitar la ordenación estructural de la pormenorizada del ámbito y además, en este caso, proponer una serie de modificaciones estructurales como son:  
- Calle en proyecto nº 1, con una anchura (modificada y ampliada) de 30 metros.  
- Ampliación del paseo Francisco Brines, a 26 metros de anchura.  
- Prolongación del paseo Gregorio Mayans y Ciscar, con una franja longitudinal de zona verde de 805 m² de superficie y un vial de servicio de 5 metros de anchura, ambas para integrarse en el paseo ya existente.  
La principal modificación se produce por la ampliación a 30 metros del vial c/ en proyecto nº 1, para dar cumplimiento al Protocolo de Colaboración entre la COPUT y el Ayuntamiento de Oliva para la concreción de las actuaciones derivadas del Proyecto de conexión ferroviaria Gandía-Oliva; todo ello, con el objetivo de igualar y homogeneizar las alineaciones de este tramo de nuevo viario estructurante al existente en los tramos anteriores de la calle Pare Antoni.  
Fichas de planeamiento y ficha de gestión:  
ACUERDO de 28 de febrero de 2007, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la homologación y plan de reforma interior de mejora de la unidad de actuación 11 área población de Oliva. [2007/4669]Conselleria de Territorio y Vivienda"Unidad de actuación 11 área población " - municipio   
Caracterización   
Clasificación del suelo: Urbano   
Zona de Ordenación NN.SS. Residencial ensanche   
Uso dominante: Residencial   
Usos compatibles: Vivienda, hotelero, comercial, oficinas, cultural, deportivo, sanitario, religioso, recreativo, artesanal, almacenes y aparcamientos  
Usos prohibidos: Industrial   
SUPERFICIES   
Superficie total: 38.727,03 m²   
Superficie dotacional: 19.244,12 m²   
Superficie parcelas edificables: 19.482,91 m²   
APROVECHAMIENTO   
Edificabilidad total 111.426,51 m²t   
Indice edificabilidad bruta (IEB): 2,86 m²t/ m²s   
OTRAS DETERMINACIONES   
Sistema de gestión Directa   
Se crea un nuevo artículo, el 123 bis, en las normas urbanísticas (NN.UU. en adelante) del Plan General aplicables a la UA nº 11, con el siguiente texto:  
«Art. 123 bis  
A. El presente artículo regula las condiciones urbanísticas aplicables a la Unidad de Actuación nº 11:  
1. Tipología: será la de edificación según alineación del vial.  
2. Parcela mínima edificable: será la consignada en el artículo 121.4 de las NN.UU.  
3. Línea de fachada: La edificación se realizará siguiendo la alineación oficial.  
4. Altura máxima y número de plantas:  
- Manzanas I, II y III: VII plantas (incluida la Baja) - 24 metros.  
- Manzanas IV, V y VI: VI plantas (incluida la Baja) - 20 metros.  
5. Profundidad máxima edificable: 18 metros.  
6. Resto de parámetros: según lo establecido en el artículo 121.  
B. Tendrán la consideración de red estructurante los siguientes elementos de la red de dotaciones:  
1. Calle en proyecto nº 1, con una anchura de 30 metros.  
2. Ampliación del paseo Francisco Brines, a 26 metros de anchura.  
3. Prolongación del paseo Gregorio Mayans. y Ciscar (con una franja longitudinal de zona verde de 805 m² de superficie y un vial de servicio de 5 metros de anchura).  
C. Las condiciones establecidas en la letra A de este artículo y en el plano de ordenación tendrán la consideración de ordenación pormenorizada.  
D. La forma de actuación será de la de actuación integrada por medio de gestión directa.»  
Plan de reforma interior de mejora:  
Con el objeto de dar cumplimiento al Protocolo de Colaboración entre la COPUT y el Ayuntamiento de Oliva para la concreción de las actuaciones derivadas del Proyecto de conexión ferroviaria Gandía-Oliva y debido a las modificaciones del Plan General que han alterado el ámbito de la UA, se han propuesto dos modificaciones a la ordenación pormenorizada establecida en el Plan General:  
- Alineación de la calle en proyecto nº 1  
- Altura máxima edificable en tres de las seis manzanas de la UA.  
Tales modificaciones se deben, sobretodo, a la voluntad de mantener una coherencia con la ordenación estructural propuesta en la homologación; por ello, al ampliarse de 20 a 30 metros la anchura del vial en proyecto nº 1, se produce una reducción de la superficie apta para la edificación. Esto ha obligado, para respetar el aprovechamiento objetivo, a modificar la altura de tres de las seis manzanas del ámbito, pasando de seis a siete plantas.  
4. Tramitación autonómica.  
Durante la tramitación del expediente se han solicitado los siguientes informes:  
- Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA)  
- conselleria de Territorio y Vivienda. D. G. de Vivienda y Proyectos Urbanos  
- conselleria de Infraestructuras y Transportes. D. G. de Transportes  
5. Agua y saneamiento  
Con fecha 9 de marzo de 2006, Fermín Moratal Climent, en calidad de técnico responsable del funcionamiento de las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas residuales de Oliva, emite informe favorable del siguiente tenor literal:  
«Examinado el Proyecto de Urbanización que forma parte de la Alternativa Técnica de Programa para la Unidad de Actuación nº 11 y que ha sido provisionalmente aprobado por el Ayuntamiento y estudiadas las características técnicas de la red separativa de aguas residuales prevista en el proyecto, la relativa proximidad del Sector a las instalaciones de la EDAR municipal y la densidad de la edificación prevista, ha de informarse en el sentido de considerar que las instalaciones de la EDAR municipal resultarán suficientes para atender y prestar el servicio al incremento poblacional previsto.»  
En fecha 13 de marzo de 2006, Sucesores de Pascual Bolinches, SL., como entidad concesionaria del servicio público de abastecimiento, suministro y distribución de agua potable de Oliva, emite informe favorable que concluye así:  
«Examinado el Proyecto de urbanización que forma parte de la Alternativa Técnica de Programación comprendida en el área de la unidad de Actuación nº 11, incluida dentro del ámbito territorial de la concesión indicada, esta concesionaria considera que la red de abastecimiento de agua prevista para esta Unidad de Actuación resulta suficiente y reúne la capacidad de abastecimiento para el incremento poblacional previsto.»  
Durante la sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo, la vocal representante del Ministerio de Medio Ambiente aporta un informe explicativo de su voto contrario a la aprobación del proyecto. El contenido de dicho informe es el siguiente:  
«El artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; y modificado por la Ley 11/2005, de 22 de junio) exige que los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias sobre ordenación del territorio y urbanismo deben contar con el informe previo de las Confederaciones Hidrográficas. Dicho informe debe versar sobre la posible afección de la actuación al dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre y policía, sobre la existencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer las nuevas demandas planteadas, y sobre la posible incidencia de la actuación en el régimen de corrientes. El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al efecto.»  
Por su parte, el artículo 19.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje - LOTTP - (modificada por Ley 16/2005), determina que la implantación de usos residenciales, industriales, terciarios, agrícolas u otros que impliquen un incremento del consumo de agua, requerirá la previa obtención de informe del organismo de cuenca competente, sobre su disponibilidad y compatibilidad con las previsiones de los planes hidrológicos, además de la no afección o menoscabo a otros usos existentes legalmente implantados; lo cual requiere título habilitante mediante resolución adoptada en expediente administrativo con audiencia a terceros afectados y análisis de compatibilidad con la planificación hidrológica. La conjunción de los tres extremos sobre los que debe manifestarse el informe, supone necesariamente la existencia de derechos de agua, no pudiendo identificarse disponibilidad con existencia de recursos hídricos.  
Del mismo modo, hay que señalar que la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, de 23 de mayo, en relación con el artículo 83.3 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, establece que la administración General del Estado emitirá informe en la instrucción de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial y urbanística que puedan afectar al ejercicio de las competencias estatales y que dicho informe tiene carácter vinculante.  
Asimismo, el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Medidas Cautelares nº 1/001003/0968-GPC), de 15 de enero de 2007, en el seno del proceso instruido por Recurso 1003/2006 interpuesto por la administración del Estado contra acuerdo de 30 de junio de 2006 dictado por esa Comisión Territorial de Urbanismo, de Aprobación de la Homologación Modificativa y Plan Parcial Sector «El Pinaret», en término municipal de Ador, establece tres cuestiones esenciales:  
1. Que el informe del Organismo de cuenca es preceptivo, no pudiendo la Comunidad Autónoma legislar sobre la forma, modo y manera en que el Estado debe ejercer sus competencias, ni puede sustituir su intervención mediante norma autonómica.  
2. Que el informe que pueda emitir una presunta Entidad Colaboradora autorizada para el suministro - tal como alude el art. 19.2 de la LOTPP - no puede sustituir al informe del Organismo de cuenca.  
3. Que el informe previo del Organismo de cuenca es requisito necesario par que pueda aprobarse por la Generalitat Valenciana (incluso por el Ayuntamiento) un instrumento de planeamiento, cuando se den las condiciones del art. 25 TRLA.  
A mayor abundamiento de lo anterior, la legitimación de las Entidades Colaboradoras debe venir avalada por una inscripción en un Registro al efecto, cuya llevanza corresponde a la propia Generalitat Valenciana; todo ello, amparado por normativa específica sobre su regulación. A este respecto, el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, que regula las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y crea y regula su Registro - aprobado por cierto con posterioridad a la LOTPP - no parece amparar las funciones a que alude el precepto del art. 19.2 LOTPP. No se tiene constancia de la existencia de otra norma reguladora de tales entidades. Se desconoce también si las condiciones de la posible concesión para el suministro de abastecimiento o el objeto social de la mercantil posibilitan a la misma para emitir los informes en cuestión.  
En consecuencia, debe concluirse necesariamente que las empresas suministradoras carecen de legitimidad, idoneidad y capacidad para informar sobre derechos de agua, competencia originaria, exclusiva y por tanto insustituible de los Organismos de cuenca.  
Por otra parte, dada la complejidad de los expedientes sometidos a la Comisión, el no disponer de la documentación necesaria para emitir el informe, con la antelación suficiente para poder ser estudiada, analizada y valorada imposibilita que este miembro de la Comisión pueda ejercer de manera adecuada la función para la que ha sido designado, lo cual puede suponer infracción del artículo 24 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así como contravenir la doctrina jurisprudencial al respecto; pudiendo incluso constituir una posible vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española.  
Por todo lo expuesto, y tenidos en cuenta todos los argumentos anteriores, deben hacerse adicionalmente las siguientes precisiones y consideraciones sobre el expediente de referencia, que se somete a la Comisión Territorial:  
- Consta la presentación de informe emitido por la mercantil Aigües Bolinches, que pretendidamente se pronuncia en relación a aspectos competenciales exclusivos de este Organismo de cuenca. En concreto, manifiesta disponer de recursos hídricos suficientes para atender el consumo del incremento poblacional previsto en la Modificación propuesta, supuestamente a cargo del sistema de captación que gestiona.  
Por ello, el informe referido arriba es manifiestamente insuficiente a los efectos pretendidos ya que no contiene datos, documentos o justificaciones sobre el origen del suministro, volúmenes actualmente suministrados, titularidad de las captaciones y sus derechos, calidad e idoneidad de las aguas para el uso pretendido, tratamiento necesaUA NÚM. 11 ÀREA POBLACIÓ PGOU PRI MILLORA (nou mesurament)   
Superfície UA 41.731 m²s 38.727,03 m²s   
Zona verda - 2.760 m²s   
Equipament - -   
Xarxa viària - 16.484,12 m²s   
Superfície dotacional total 21.700 m²s  
 19.244,12 m²s  
\* \* \* \* \*  
UA Nº 11 AREA POBLACION PGOU PRI MEJORA (nueva medición)   
Superficie UA 41.731 m²s 38.727,03 m²s   
Zona verde - 2.760 m²s   
Equipamiento - -   
rio en su caso, infraestructuras precisas para el suministro adicional, así como tampoco indica las posibles repercusiones sobre otros usos preexistentes legalmente implantados. No hace mención alguna a la compatibilidad con la Planificación Hidrológica.  
- La Confederación Hidrográfica del Júcar recibió oficio (Registro de Entrada: 30.753 de 22-12-2006) de solicitud formulada por el director Territorial de la conselleria de Territorio y Vivienda, relativa a emisión de "informe de convalidación" del informe emitido por la concesionaria (al que se alude en el punto anterior), que no puede entenderse en modo alguno como una solicitud de informe al amparo ni del art. 25.4 TRLA ni del art. 19.2 LOTTP, ya que elude muchos de los aspectos intrínsecos a ambos preceptos, relacionados en la primera página de este Voto Particular. El informe es preceptivo aún cuando se trata de una unidad de ejecución sobre suelo urbano no desarrollado, lo cual se pretende hacer ahora, suponiendo por ello nuevas demandas de recurso hídrico. No se aportó documentación alguna diferente del informe de la propia concesionaria, manifiestamente insuficiente a los efectos pretendidos.  
Por todo lo anteriormente expuesto, el representante del Ministerio de Medio Ambiente en la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia vota en contra de la propuesta de aprobación de la actuación urbanística de referencia, solicitando que este Voto Particular conste en el Acta de la Sesión, y que se incorpore a la misma y al expediente 2006.0020 el presente escrito que sustenta y fundamenta dicho voto."  
No obstante por la mayoría de los integrantes de la Comisión Territorial se considera que el artículo 25-4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas exige informe de la Confederación Hidrográfica para los planes urbanísticos, únicamente cuando comporten nuevas demandas de recursos hídricos, lo que no ocurre en este caso; puesto que se trata de suelo urbano, sin que se altere para nada la edificabilidad ya prevista en el Plan General. En consecuencia, no puede entenderse que el PRI comporte una nueva demanda de recursos hídricos. No resulta de aplicación pues el artículo 25-4 de la Ley de Aguas.  
6. Planeamiento vigente.  
Oliva cuenta con Plan General, aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de 30 de noviembre de 1982.  
7. Informe comisión informativa  
La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 28 de febrero de 2007, con el voto favorable de todos los vocales presentes salvo el representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar que lo emite en sentido desfavorable,, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, cumpliendo así lo preceptuado en el art. 23 del Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana.  
Fundamentos jurídicos  
1. Justificación de la reserva dotacional.  
La reserva dotacional prevista en la Homologación y Plan de Reforma Interior de Mejora es superior proporcionalmente a la que estaba prevista en el Plan General de Oliva debido a la ampliación del vial en proyecto nº 1, aunque en superficie real disminuye ya que como resultado de mediciones topográficas la superficie total del ámbito de la UA se ha visto reducida.   
EDIFICABILITAT SUPERFÍCIE IEB   
PGOU 120.186 m²t 41.731 m²s 2,86 m²t/m²s   
PRI MILLORA 111.426,51 m²t 38.727,03 m²s 2,86 m²t/m²s   
\* \* \* \* \*  
Edificabilidad Superficie IEB   
PGOU 120.186 m²t 41.731 m²s 2,86 m²t/m²s   
PRI MEJORA 111.426,51 m²t 38.727,03 m²s 2,86 m²t/m²s   
Red viaria - 16.484,12 m²s   
Superficie dotacional total 21.700 m²s  
 19.244,12 m²s2. Justificación de la edificabilidad.  
Al producirse la ampliación del vial en proyecto nº 1, de 548,09 m², se ha optado por ajustar el aprovechamiento objetivo total; por ello, se ajusta el mismo al IEB dado en el Plan general, 2,86 m²t/m²s. La solución adoptada para tal ajuste ha sido incrementar el número de alturas en las manzanas I, II y III, que pasan de seis a siete alturas; así, se compensa la diferencia provocada por la reducción de la superficie de suelo lucrativo.   
 3. Valoración global  
El artículo 80, segundo párrafo del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, dispone lo siguiente:  
«...Pueden formularse Planes de Reforma Interior que, además de los fines que les son propios, expresados en el artículo 72 de este Reglamento, tengan por objeto mejorar la Ordenación contenida en el Plan General para el suelo urbano y áreas de reforma interior.»  
Igualmente el Art. 82.1 RPCV, en lo que respecta al alcance de los Planes de Mejora, establece que:  
«Los Planes de mejora pueden cambiar determinaciones del planeamiento anterior, incluso las establecidas en el Plan General, para mejorarlas».  
Las determinaciones contenidas en la Homologación y PRI se consideran correctas desde el punto de vista de las exigencias de la política urbanística y territorial de la Generalitat Valenciana, tal y como se recoge en el artículo 40 de LRAU. No se aprecia reparo legal que impida otorgar la aprobación autonómica.  
4. Órgano competente.  
La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta de la directora general de Ordenación del Territorio, es el órgano competente para emitir dictamen resolutorio sobre la aprobación definitiva de las Homologaciones y Planes Parciales de municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, punto 3, y el artículo 54.2.B de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con el artículo 10.a) del Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.   
A la vista de cuanto antecede la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 28 de febrero de 2007, con el voto favorable de todos los vocales presentes salvo el representante del Ministerio de Medio Ambiente que lo emite en sentido desfavorable,  
ACUERDA:  
Aprobar definitivamente la Homologación y PRI de Mejora UA nº 11 "Area Población" del Plan General del municipio de Oliva. Además, para el sellado del proyecto, el Ayuntamiento deberá aportar dos copias en soporte digital.  
Contra el presente Acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, según dispone el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del Título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación.  
En su caso las Administraciones Públicas pueden formular requerimiento de anulación o revocación según dispone el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente por analogía con el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del Título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación. El citado artículo 44 de la Ley 29/1998 establece literalmente:  
«Art. 44.1. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga Recurso Contencioso Administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.»  
En el supuesto de no formular el requerimiento indicado, las Administraciones Públicas podrán interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo previsto en el artículo 46-1 de la citada Ley 29/98.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.  
Lo que se certifica con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente y a reserva de los términos precisos que se deriven de la misma, conforme lo autoriza el artículo 27-5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).  
Valencia, 28 de febrero de 2007.- El secretario de la comision territorial de urbanismo: Alvaro Aleixandre Ortí.