Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5072, del 17-08-2005 (2005/8967)

ORDEN de 27 de julio de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales y promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo para el ejercicio de 2005 y se establecen las bases que las regulan.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5072

Fecha DOGV
:   17-08-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/8967


Fecha del documento
:   27-07-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * institución pública
    * seguridad en el trabajo
    * ayuda pública
    * sindicato
    * apoyo económico
    * estudio del trabajo
    * organización patronal
    * administración local
    * sociedad sin fines de lucro

ORDEN de 27 de julio de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan las ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales y promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo para el ejercicio de 2005 y se establecen las bases que las regulan. [2005/8967]
  
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. Del mismo modo, las administraciones públicas fomentarán aquellas actividades en orden a reducir los riesgos laborales y a la promoción de estructuras eficaces de prevención.
  
La lucha contra la siniestralidad laboral es una responsabilidad compartida de empresarios, trabajadores, administraciones públicas y el conjunto de la sociedad.
  
La prevención de los riesgos laborales ha de estar concebida como un elemento integrador presente en todas las decisiones empresariales y en todo el ámbito de las relaciones laborales, así como en las fases de los procesos productivos de bienes y servicios, por lo que las políticas de empleo deben considerar la prevención como un factor esencial de las mismas.
  
El tejido productivo de la Comunidad Valenciana constituido mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, que a menudo no cuentan con los conocimientos y recursos necesarios para implantar en sus centros de trabajo unas medidas de seguridad adecuadas, hace necesario que desde la administración se fomente el que por las asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, instituciones y otras entidades se realicen acciones en el campo de la prevención que por su repercusión sectorial o profesional faciliten que sus resultados alcancen a las empresas de una manera más homogénea, sin que el tamaño de las mismas sea un obstáculo insalvable para acceder a unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas.
  
En la planificación de la actividad de promoción de la prevención esta presente la difusión de la cultura preventiva de forma generalizada, pero también incidiendo en problemáticas más especificas y con mayor repercusión en los índices de siniestralidad laboral, por ello la administración y los agentes sociales, constatado el incremento de la siniestralidad mortal en el año 2003, decidieron aunar esfuerzos a fin de propiciar las condiciones necesarias para erradicar las situaciones de riesgo que causan dichos accidentes. A tal fin el «PLAN DE ACCION CONTRA LOS ACCIDENTES MORTALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2004-2006», suscrito entre la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL) y la organización sindical Comisiones Obreras del País Valenciano (CC OO-PV) en fecha 13 de febrero de 2004, contempla dentro de sus objetivos la realización de actuaciones en el marco de los programas de fomento y promoción de la prevención, poniendo mayor énfasis en aquellos sectores o factores de riesgo con mayores índices de siniestralidad; por consiguiente se atenderá como criterio con especial preferencia aquellas actuaciones que se proyecten en dicho ámbito.
  
Por otro lado, la promulgación de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, y de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter de legislación básica en muchos de sus preceptos, y del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad, inciden directamente tanto en la materia regulada como en el procedimiento para la concesión de las ayudas, por lo que deviene necesario efectuar una adaptación de las bases aprobadas por la Orden de 22 de abril de 2002, posteriormente modificadas por la Orden de 5 de marzo de 2003 y por la de 8 de noviembre de 2004, en aras a una mayor claridad expositiva que facilite su aplicación.
  
La presente orden tiene por objeto convocar y regular las bases del régimen de ayudas, para el ejercicio de 2005, coincidiendo con el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana (POCV) presentado a la Comisión Europea, en el marco de Apoyo Comunitario y el Plan de Desarrollo Regional para las Regiones del Objetivo 1, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
  
Las ayudas tal y como ya fueron formuladas en la previsión del Plan de Acción contra los Riesgos Laborales y en el POCV y que ahora se enfatizan en el plan de acción contrs los accidentes mortales de la comunidad valenciana, se destinarán a impulsar y facilitar la realización de estudios e investigaciones de carácter técnico sobre seguridad y salud en el trabajo, adecuación de los equipos de trabajo a la normativa vigente y de las interacciones entre productividad, reordenación del tiempo de trabajo y seguridad y a la elaboración de manuales y guías prácticas de evaluación y gestión de riesgos laborales y de autoaplicación en el seno de las empresas, y su promoción.
  
En su virtud y en el ejercicio de las competencias que en materia de seguridad y salud en el trabajo tiene atribuidas la Comunidad Valenciana procede establecer este régimen de ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales y promoción de la mejora de la seguridad y salud en el trabajo con vigencia en el ejercicio de 2005.
  
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, y el artículo 47 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,
  
ORDENO
  
Artículo único
  
Se convocan ayudas destinadas a la promoción de actuaciones destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y en general al fomento de la prevención de riesgos laborales en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana y se aprueban las bases que regirán en el ejercicio de 2005.
  
Las bases se contienen en el anexo que sigue a la presente orden de convocatoria.
  
El plazo para presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL
  
Para el año 2005 de conformidad con lo establecido en la Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo financiará las ayudas cuyas bases se aprueban en la presente orden, con cargo al programa 315.10, Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales, línea presupuestaria T2440.000, con un importe de 613.465 euros. Dicha dotación podrá verse ampliada de conformidad a lo previsto en el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana para el año 2005, siempre y cuando se proceda a la generación del crédito correspondiente.
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
  
Quedan derogadas las Ordenes de 22 de abril de 2002 (DOGV de 25 de abril), de 5 de marzo de 2003 (DOGV de 11 de marzo) y de 8 de noviembre de 2004 (DOGV de 10 de noviembre), de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales y promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y se modifican determinados apartados de dichas bases, respectivamente.
  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
  
Lo dispuesto en la presente orden será de aplicación a los procedimientos de concesión de subvenciones iniciados a partir de la finalización del plazo de adecuación contemplado en la disposición transitoria primera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones Los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de dicha ley o durante el plazo de adecuación antes señalado se regirán por la normativa anterior que les sea de aplicación, según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley General de Subvenciones.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta al director general de Trabajo y Seguridad Laboral para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
Contra lo dispuesto en la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Tercera
  
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 27 de julio de 2005
  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo
  
GERARDO CAMPS DEVESA
  
ANEXO
  
Bases que regulan el régimen de ayudas destinadas a la promoción de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad Valenciana en el ejercicio de 2005.
  
Capítulo I
  
Disposiciones generales
  
Primera. Objeto y ámbito.
  
Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas económicas para la promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y a la promoción de la Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
  
Las ayudas establecidas podrán financiar alguna de las actuaciones siguientes:
  
1. Con carácter general:
  
1.1. Realización de estudios e investigaciones de carácter técnico sobre seguridad y salud en el trabajo y de las interacciones entre productividad, reordenación del tiempo de trabajo y seguridad, y su promoción.
  
1.2. Elaboración de manuales y guías prácticas para el desarrollo de la gestión integral de la prevención de riesgos laborales: evaluación, planificación, formación, etc. y de autoaplicación en el seno de las empresas.
  
1.3. Edición de programas divulgativos en materia preventiva para su difusión por cualquier medio de comunicación social.
  
1.4. Creación e implantación de portales telemáticos relacionados directamente con la prevención de riesgos laborales.
  
2. Actuaciones en el marco del Acuerdo contra la Siniestralidad Mortal de 13 de febrero de 2004.
  
2.1. Estudios e investigaciones técnicas sobre los factores de riesgo con mayor incidencia en la siniestralidad mortal.
  
2.2. Estudios técnicos para la adaptación de los equipos de trabajo a la normativa vigente y especialmente a lo establecido en el RD 1215/97, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto).
  
2.3. Edición y difusión de publicaciones divulgativas sobre las causas que producen los accidentes graves y mortales con indicación de las medidas para su prevención.
  
2.4. Establecimiento de sistemas de control de calidad de los estudios de seguridad y salud en obras o en su caso del estudio básico, previo al visado del proyecto por el colegio profesional correspondiente.
  
Solo podrán ser objeto de ayuda las actividades que se desarrollen dentro del ejercicio económico de 2005.
  
Dichas actividades podrán haberse iniciado con anterioridad a la solicitud de ayuda, siempre y cuando se desarrollen en su totalidad a lo largo de dicho ejercicio y reúnan los requisitos para su concesión.
  
Segunda. Beneficiarios de las ayudas.
  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las asociaciones empresariales, las organizaciones sindicales, instituciones públicas, corporaciones de derecho público y entidades privadas sin ánimo de lucro, cuyo ámbito territorial de actuación comprenda el de la Comunidad Valenciana y siempre que sus fines tengan directa relación con las materias objeto de esta convocatoria.
  
Podrán, asimismo, ser beneficiarias las entidades locales e instituciones dependientes de las mismas.
  
No podrán ostentar la condición de beneficiarios los sujetos que incurran en las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
  
Tercera. Importe de las ayudas y compatibilidad. Gastos elegibles. Subcontratación con terceros.
  
1. La cuantía que podrá concederse en concepto de subvención no excederá, con carácter general, del 80 por ciento del coste presupuestado por actuación.
  
La subvención podrá alcanzar la totalidad del coste presupuestado para la realización de actuaciones incluidas en el Plan de Actuación contra la siniestralidad mortal de la Comunidad Valenciana, así como aquellas que por su ámbito sectorial o territorial se considere de interés con arreglo a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta.
  
2. Los gastos elegibles para dar lugar a las ayudas se atenderán de conformidad a los Reglamentos de los Fondos Estructurales Europeos. Serán subvencionables los tributos e impuestos indirectos cuando no sean objeto de recuperación o compensación por el beneficiario.
  
En el supuesto de que el gasto subvencionable por prestaciones de servicios a realizar por empresas de consultoría o de asistencia técnica supere los 12.000 euros, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes empresas con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la Memoria explicativa del proyecto cuando la elección no recaiga sobre la oferta más económica.
  
Los gastos realizados con anterioridad a la solicitud de subvención podrán ser admitidos sin sujeción a concurrencia de ofertas previas, no obstante, en este caso la entidad beneficiaria acreditará en la memoria que presente las razones objetivas que ha tomado en consideración para la elección de la entidad prestadora del servicio o suministro.
  
3. Podrá subcontratarse total o parcialmente la actividad subvencionada con entidades o empresas no incursas en las prohibiciones del artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones.
  
La subcontratación cuando supere la cuantía del 20 por ciento de la subvención que, en su caso, se conceda y exceda de 60.000 euros, deberá formalizarse por escrito y ser autorizada previamente por el órgano competente, que en la resolución que ponga fin al procedimiento se pronunciará sobre la misma.
  
4. Las ayudas reguladas en las presentes bases serán compatibles con cualesquiera otras que obtengan los beneficiarios procedentes de entidades publicas o privadas ajenas a los mismos, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste efectivo de ejecución de la actuación subvencionada.
  
Cuarta. Criterios de evaluación de las solicitudes.
  
Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos, con las puntuaciones máximas que podrán obtenerse con base cien:
  
1. La incidencia del proyecto en la mejora de las condiciones de trabajo y la eficacia de la acción preventiva o en la promoción de la cultura preventiva, con especial atención a su inclusión entre las actuaciones contempladas en el Plan de Acción contra Los accidentes mortales de la Comunidad Valenciana. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 30 por ciento.
  
2. El sector sobre el que se pretenda actuar, en función de la siniestralidad laboral que se constate en las estadísticas oficiales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 20 por ciento.
  
3. La localización geográfica dentro de la Comunidad Valenciana, en función asimismo de los parámetros del punto anterior. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 20 por ciento.
  
4. La implantación del solicitante en el sector o sectores de actividad económica en que se pretenda desarrollar la actuación. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 15 por ciento.
  
5. La solvencia técnica y la capacidad de gestión de la entidad solicitante. La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 15 por ciento.
  
En el caso de empate se otorgará preferencia para la concesión de la ayuda a aquellos solicitantes que acrediten ocupar, con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes bases, mayor porcentaje de trabajadores discapacitados en relación con sus plantillas respectivas. La preferencia será aplicable en la forma prevista en el artículo 6 del Decreto 279/2004, del Consell de la Generalitat Valenciana.
  
Capítulo II
  
Procedimiento de concesión. Instrucción y Resolución.
  
Quinta. Presentación de solicitudes
  
Las solicitudes se realizarán mediante instancia dirigida al conseller de Economía, Hacienda y Empleo según modelo normalizado, y se presentarán en las correspondientes Direcciones Territoriales de Empleo y Trabajo, o en cualesquiera otra de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Sexta. Documentación.
  
Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación acreditativa e identificativa del solicitante y, en su caso, de su representante legal, además de la que se especifica a continuación:
  
a) Certificación de hallarse al corriente de las obligaciones de Seguridad Social y de carácter tributario ante la hacienda pública estatal, autonómica, y en su caso, del impuesto de actividades económicas, en la forma regulada en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía, Hacienda, cuya validez deberá extenderse hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
  
b) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se ha presentado con anterioridad y no ha experimentado variación, en cuyo caso bastará declaración en tal sentido.
  
c) Proyecto o memoria explicativa de la actuación a desarrollar, con expresión de modalidad de ejecución y calendario previsible de realización.
  
d) Presupuesto desglosado por partidas, según gastos elegibles y detalle de actuaciones de realización directa y/o realización mediante subcontratación con terceros.
  
e) Actividades para las que se solicita autorización de subcontratación cuando su coste supere los limites establecidos en el apartado 3 de la base tercera.
  
f) Fuentes de financiación y procedencia, incluyendo la ayuda que se solicita.
  
g) Si la entidad solicitante hubiera dado inicio a la actividad para la que solicita subvención con anterioridad a la solicitud, acompañará anexo a la memoria en el que se detalle las actuaciones iniciadas, la subcontratación de las mismas y los gastos efectuados hasta dicha fecha, los cuales se justificarán con el conjunto de gastos subvencionables en el momento procedimental oportuno.
  
h) Declaración responsable sobre las ayudas que pudieran haberse percibido con la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, nacionales e internacionales.
  
i) Declaración responsable de no incurrir en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
j) Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, acreditación de estar exento.
  
En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
  
Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado, de conformidad con el artículo 71 de la mencionada ley, para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley citada.
  
Séptima. Procedimiento de concesión.
  
El procedimiento para la concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
  
Se podrá adjudicar la totalidad del crédito disponible a la mejor o mejores propuestas presentadas, en orden a garantizar su viabilidad y en función de los importes solicitados por las entidades beneficiarias.
  
Octava. Instrucción del procedimiento.
  
1. Las Direcciones Territoriales de Empleo y Trabajo, una vez completos los expedientes, los remitirá al Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, órgano que realizará la instrucción del procedimiento de concesión, en los términos previstos en el art. 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
2. El órgano instructor realizadas las actividades de instrucción pertinentes dará traslado de los mismos a la Comisión indicada en el apartado siguiente.
  
3. Para la evaluación de las solicitudes, conforme previene el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, se constituirá una Comisión que adaptará su funcionamiento a las reglas generales que son de aplicación a los órganos colegiados, y que estará integrada por los funcionarios de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral siguientes:
  
- El jefe del Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral, que será su presidente.
  
- El jefe del Servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales.
  
- El jefe de Servicio de Condiciones de Trabajo.
  
- El jefe de Sección de Coordinación y Control que actuará como secretario.
  
4. La Comisión de Evaluación emitirá, en un plazo no superior a un mes, informe de evaluación de las solicitudes conforme a los criterios de la base Cuarta. En dicho informe, con expresión sucinta de los motivos por los que ha procedido a la valoración y ponderación de las solicitudes, se establecerá una prelación por orden de mayor a menor puntuación; pudiendo efectuar recomendaciones en orden al importe de las subvenciones que hagan viables las actuaciones proyectadas.
  
5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión, formulará propuesta de resolución que elevará al órgano competente para resolver.
  
6. El plazo máximo para la tramitación del procedimiento y notificar su resolución será de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido aquel sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud, ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la misma.
  
Novena. Resolución.
  
1. El director general de Trabajo y Seguridad Laboral, por delegación del conseller de Economía, Hacienda y Empleo, será competente para conceder las ayudas cuyo importe no exceda de 60.000 euros.
  
2. La concesión de subvenciones por importe superior al indicado en el apartado anterior corresponderá al conseller de Economía, Hacienda y Empleo.
  
3. Cuando la resolución de concesión se aparte de la propuesta definitiva emitida por el órgano instructor, se hará constar en la misma con expresión de la motivación que la sustente.
  
4. Si se concediere la ayuda, la resolución fijará expresamente su importe e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el beneficiario.
  
5. Las cargas, modos y condiciones de la subvención se imputarán al beneficiario de la misma, sin que éste pueda oponer las excepciones que, en su caso, deriven de sus relaciones jurídicas con terceros.
  
6. Las resoluciones de concesión podrán retrotraer sus efectos a la actividad desarrollada con anterioridad a la fecha de aquellas, siempre que ésta se incluya en el presente ejercicio.
  
Las resoluciones agotarán la vía administrativa y podrán ser impugnadas directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los legitimados para ello estimen procedente.
  
Décima. Reformulación de solicitudes.
  
1. Cuando la propuesta de la Comisión de Evaluación determine una cuantía de subvención que no supere el 75 por ciento de la solicitada, se pondrá de inmediato en conocimiento del solicitante para que en el plazo de diez días, pueda formular adaptación del proyecto de actuación a la cantidad propuesta por la Comisión de Evaluación, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.
  
2. Verificada la nueva propuesta por la Comisión, ésta emitirá informe al respecto y el órgano instructor elevará propuesta de resolución al órgano competente para resolver.
  
Undécima. Terminación convencional.
  
Cuando por razón de la cuantía a conceder corresponda resolver al conseller de Economía, Hacienda y Empleo, el órgano instructor podrá proponer la terminación convencional del procedimiento, en los términos previstos en el artículo 88 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
A dicho efecto el instrumento convencional determinará las obligaciones y derechos para las partes firmantes, las cuantías económicas que se concedan por la Generalitat Valenciana y las que deban aportar, en su caso, los beneficiarios así como el procedimiento de control, justificación y acreditación del gasto y pago de las ayudas.
  
Duodécima. Publicidad de las subvenciones concedidas.
  
A los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relación de las subvenciones concedidas con arreglo a las presentes bases.
  
Dicha relación contendrá, además de las prescripciones contenidas en el número 1 del citado artículo 18, relativas a la convocatoria, programa y crédito presupuestario, los siguientes datos:
  
1. Nº de orden de los procedimientos.
  
2. Entidad Beneficiaria.
  
3. Fecha de la Resolución de concesión o del Instrumento convencional que haya puesto fin al procedimiento.
  
4. Importe de la subvención.
  
5. Breve descripción de la actividad subvencionada.
  
La publicación de las ayudas concedidas en ningún caso suplirá la notificación de las mismas a los beneficiarios, ni surtirá otros efectos que los perseguidos por la Ley General de Subvenciones.
  
Decimotercera. Resolución de incidencias.
  
El órgano competente para la concesión de las ayudas, resolverá las incidencias que se produzcan, y en especial los supuestos de:
  
1. Modificaciones justificadas del proyecto inicial.
  
2. Cambios en la titularidad de la actuación.
  
3. Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión, con carácter excepcional y siempre que se soliciten antes de la expiración del plazo o término cuya prórroga se pretende.
  
4. Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto a los efectos de liquidación de la ayuda.
  
Decimocuarta. Justificación de Gastos y Pago de las ayudas.
  
1. Las entidades beneficiarias justificarán la actividad subvencionada mediante la rendición de una cuenta justificativa con fecha límite de 30 de noviembre de 2005, salvo que por circunstancias concurrentes se determine un plazo distinto en la propia resolución de concesión o a petición del beneficiario instada antes de dicha fecha. En ningún caso la justificación será posterior a la finalización del ejercicio.
  
Dicha cuenta justificativa incluirá, bajo responsabilidad del declarante, los siguientes extremos:
  
1.1. Una memoria detallada sobre las actuaciones realizadas.
  
1.2. Acreditación de haber ejecutado el proyecto de conformidad a las presentes bases y resolución o instrumento convencional de concesión.
  
1.3. Facturas y demás documentos justificativos del gasto efectuado, de acuerdo con la normativa vigente y la categoría de gastos elegibles.
  
1.4. Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones específicas que se hubieran establecido en la resolución.
  
2. El pago se librará en los términos fijados por la resolución de concesión, pudiéndose efectuar libramientos parciales que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas.
  
En cualquier caso, todo pago que se efectúe requerirá de justificación previa de la actividad desarrollada y los gastos efectuados, mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil.
  
Decimoquinta. Obligaciones del beneficiario.
  
Son obligaciones del beneficiario:
  
1. Realizar, y acreditar, la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
  
2. El cumplimiento de los requisitos y condiciones que determine la resolución de concesión de la ayuda, así como las que deriven de la ley, su naturaleza u objeto.
  
3. Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos previstos en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda o norma que la sustituya.
  
4. El sometimiento a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General en relación con las ayudas concedidas, así como a las determinadas por los órganos de control de la Unión Europea.
  
5. Hacer constar de manera explícita en la difusión de las acciones subvencionables, el apoyo de la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Unión Europea, a los efectos de publicidad relativa a la cofinanciación por fondos de la Generalitat Valenciana y del FEDER, en los términos previstos por el Reglamento CE nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000 (DOCE de 31.2.2000) y por el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones.
  
6. Comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas y privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, lo que dará lugar al correspondiente expediente de adecuación de la ayuda y adaptación a las nuevas circunstancias financieras del beneficiario.
  
El beneficiario cederá a la Generalitat Valenciana los derechos de difusión y de explotación estadística que generen las actuaciones subvencionadas por un plazo no inferior a tres años a contar desde la fecha de notificación de la concesión de las subvenciones.
  
Dicha cesión no supondrá menoscabo de los derechos de propiedad intelectual ni de los derechos del beneficiario sobre los resultados de su actividad.
  
Decimosexta. Control de las acciones. Reintegro de subvenciones.
  
1. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral realizará el control y seguimiento de las acciones a través de las comprobaciones que considere necesarias en orden al cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones y de las condiciones y términos por los que haya obtenido subvención.
  
2. Para determinar los efectos, en su caso, del incumplimiento se atenderá al carácter esencial o no del requisito, condición u obligación incumplido. Se consideran esenciales los requisitos, condiciones u obligaciones que determinarían que el beneficiario no hubiera podido adquirir el derecho a la subvención o que desvirtúen la finalidad principal de ésta.
  
3. Toda alteración de las condiciones no esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, la falta de acreditación de la totalidad del gasto del proyecto aprobado, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
  
4. Quedará sin efecto la resolución de concesión, con obligación en su caso de reintegro de las cantidades que se hubieran librado, cuando concurran las causas de los artículos 37 de la Ley General de Subvenciones y 47.9 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, y particularmente las siguientes:
  
a) La alteración esencial de alguna de las características del proyecto aprobado.
  
b) La falta de justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas que en su conjunto excedan de los límites establecidos.