Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5735, del 04-04-2008 (2008/3473)

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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Número DOGV
:   5735

Fecha DOGV
:   04-04-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/3473


Fecha del documento
:   20-02-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Alzira
    * reglamento interno
    * profesión jurídica
    * colegio profesional

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. [2008/3473]  
Visto el expediente de inscripción de Estatutos, instruido a instancia del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, inscrito con el número 30 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunidad Valenciana, en el que se solicita la inscripción de la modificación de sus Estatutos en dicho Registro, atendiendo a los siguientes  
Hechos  
Primero  
Antonio Llácer Navarro, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, presentó en fecha 18 de julio de 2007, solicitud de inscripción de la modificación de los Estatutos del mismo en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Segundo  
Tras las modificaciones producidas en el texto de los estatutos en la tramitación del procedimiento, y según certificación librada el 28 de enero de 2008 por Agustín Ferrer Olaso, secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, con el visto bueno del decano, la Asamblea General del mismo en reunión celebrada el 25 de enero de 2008, acordó la redacción definitiva de sus Estatutos.   
Tercero  
El nuevo texto de los Estatutos figura como Anexo a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.  
Fundamentos de derecho  
Primero  
Revisados los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, éstos contienen todas las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Segundo  
El texto estatutario ha sido aprobado con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo, y en los propios Estatutos del Colegio.  
Tercero  
A los efectos previstos en el artículo 21 del Decreto 4/2002 de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales, el expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia y Menor de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la citada Ley 6/1997, en relación con lo dispuesto en la Disposición Final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el Decreto 7/2007, de 28 de junio, del President de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, y por el Decreto 122/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.  
Vistos el artículo 36 de la Constitución Española y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de ésta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, se dicta la siguiente resolución:  
1. Inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
2. Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
Valencia, 20 de febrero de 2008.- El director general de Justicia y Menor: Antonio Gastaldi Mateo.  
ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO   
DE ABOGADOS DE ALZIRA  
TÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 1. Denominación, naturaleza y ámbito territorial.   
1. El Colegio de Abogados de Alzira es una Corporación de Derecho Público, amparada por la Constitución, las normas básicas de la Ley estatal de Colegios profesionales y por la Ley de Colegios Profesionales de la Generalitat, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se rige la citada normativa legal y demás de aplicación, por sus propios Estatutos y por los Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana y el Estatuto General de la Abogacía.   
2. La competencia territorial del Colegio de Abogados de Alzira es el partido judicial de Alzira.  
3. En caso de modificación futura de los Partidos Judiciales que afecte al actual de Alzira, el ámbito territorial del M.I. Colegio de Abogados de A1zira comprenderá en todo caso los municipios que actualmente forman parte del partido judicial y que se recogen en la Disposición Adicional Única de los presentes Estatutos.   
Artículo 2. Domicilio.   
El Colegio de Abogados de Alzira tiene su sede en Alzira, plaza del Sufragi, 9.   
Artículo 3. Integrantes.  
El Colegio de Abogados de Alzira se integra, sin limitación alguna, por quienes reuniendo las condiciones de aptitud y no estando incursos en ningún tipo de impedimentos, y previo cumplimiento de los requisitos hayan sido admitidos.   
Artículo 4. Tratamiento y emblemas.  
1. El Colegio de Abogados de Alzira, tendrá el tradicional tratamiento de Ilustre.   
2. Su emblema tradicional está constituido por el escudo de armas de la ciudad de A1zira y con una filacteria que recorre ambos lados del escudo y su parte superior con la leyenda COLEGIO DE ABOGADOS DEL PDO. y, en la base, la palabra ALZIRA. Al tiempo que su emblema actual está constituido por el escudo de armas de la ciudad de Alzira enmarcado en la balanza de la justicia, incluyendo en su parte superior la leyenda Ilustre Colegio de Abogados y en la inferior Alzira.   
Pudiendo utilizarse indistintamente un emblema u otro.   
Sin perjuicio de ello la Junta de Gobierno del M.I. Colegio de Abogados podrá actualizar, y modificar dicho escudo, previa consulta a la Junta General de Colegio.   
3. El Colegio se acoge al patrocinio secular de Santa María, en su Inmaculada Concepción.   
TÍTULO II  
FINES Y FUNCIONES DEL COLEGIO.  
Artículo 5. Fines del Colegio.   
Los fines del Colegio de Abogados de Alzira son los señalados con carácter general en el Estatuto General de la Abogacía y del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana y, en particular, los siguientes:   
a) La ordenación del ejercicio de la profesión y su representación exclusiva.   
b) La defensa de los derechos e intereses profesionales y asistenciales de los colegiados.   
c) La formación profesional permanente de los colegiados.   
d) El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario, en garantía de la sociedad.   
e) La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la administración de Justicia.  
Artículo 6. Funciones del Colegio.   
Corresponde al Colegio de Abogados de Alzira para el cumplimiento de sus fines el ejercicio de las funciones que, con carácter general se indican en el Estatuto General de la Abogacía y del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana y, en particular, los siguientes:   
a) Ostentar la representación que establezcan las Leyes para el cumplimiento de sus fines y, especialmente, la representación y defensa de la profesión ante la administración, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios y causas afecten a los derechos e intereses profesionales y a los fines de la abogacía, ejercitar las acciones penales, civiles, administrativas o sociales que sean procedentes, así como para utilizar el derecho de petición conforme a la Ley.   
b) Informar, con carácter preceptivo y no vinculante, los proyectos de Leyes que se presenten a las Corts y de normas del Consell en materia de derecho público y privado, y Administración de Justicia, que se refieran o afecten al Colegio y al ejercicio de la abogacía.   
c) Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros de asistencia y orientación jurídica puedan estatutariamente crearse.   
d) Participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de las Administraciones Públicas, así como en los organismos interprofesionales.   
e) Asegurar la representación de la abogacía en los Consejos Sociales y Patronatos Universitarios, en los términos establecidos en las normas que los regulen.   
f) Participar en la elaboración de los planes de estudios, informar de las normas de organización de los centros docentes correspondientes a la profesión, mantener permanente contacto con los mismos; crear, mantener y proponer a la autoridad competente la homologación de Escuelas de Práctica Jurídica y otros medios para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos titulados, y organizar cursos para la formación y perfeccionamiento profesional.   
g) Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la ética y la dignidad profesionales y por el respeto debido a los derechos de los particulares; ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial; elaborar sus Estatutos particulares y las modificaciones de los mismos, sometiéndolos a la aprobación de la administración Pública de la Generalitat, previo informe del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados; redactar y aprobar su propio Reglamento de régimen interior, sin perjuicio de su control de legalidad por la administración Pública de la Generalitat, y demás acuerdos para el desarrollo de sus competencias.   
h) Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros análogos, incluido el aseguramiento colectivo de la responsabilidad civil profesional.   
i) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados impidiendo la competencia desleal entre los mismos.   
j) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional.   
k) Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, o entre éstos y sus clientes.   
1) Ejercer funciones de arbitraje en los asuntos que les sean sometidos, así como promover o participar en instituciones de arbitraje.   
m) Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados y la percepción de sus honorarios, mediante laudo al que previamente se sometan de modo expreso las partes interesadas.   
n) Establecer baremos orientativos sobre honorarios profesionales y, en su caso, el régimen de las notas de encargo o presupuestos para los clientes   
o) Informar y dictaminar sobre honorarios profesionales, así como establecer, en su caso, servicios para su cobro.   
p) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados, en cuanto afecte a la profesión, las disposiciones legales y estatutarias, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.   
q) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión, de los colegiados y demás fines de la abogacía.   
r) Participar en los procesos y pruebas que se establezcan para la acreditación de la aptitud profesional a través de la que se reconozca la capacidad necesaria para el ejercicio profesional de Abogado.   
s) Las demás que vengan dispuestas por la legislación estatal o de la Comunitat Valenciana.  
TÍTULO III   
COLEGIACIÓN Y EJERCICIO DE LA PROFESIÓN  
CAPÍTULO PRIMERO  
ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE COLEGIADO.  
Artículo 7. Obligatoriedad de colegiación.   
Para el ejercicio de la abogacía quienes tengan su domicilio profesional único o principal en el ámbito territorial del Colegio, deberán incorporarse al mismo, lo que les permitirá ejercer en todo el territorio español en los términos de la Ley estatal de Colegios Profesionales.   
Artículo 8. Requisitos de Colegiación.   
1. La incorporación al Colegio de Abogados de A1zira exigirá los siguientes requisitos:   
a) Tener nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea o del ámbito territorial de aplicación de Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo hecho en Oporto el 2 de mayo de 1992, (BOE 21/1994 de 25-01-1994) salvo lo dispuesto en tratados o convenios internacionales, o dispensa legal.   
b) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.   
c) Poseer el título de Licenciado en Derecho o los títulos extranjeros que, conforme a las normas vigentes, sean homologado s a aquellos.   
d) Satisfacer la cuota de ingreso y las demás que tenga establecidas el Colegio.   
2. La incorporación como ejerciente exigirá, además, los siguientes requisitos:   
a) Carecer de antecedentes penales que inhabiliten para el ejercicio de la abogacía.   
b) No estar incurso en causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la abogacía.   
c) Formalizar el ingreso en la Mutualidad General de la Abogacía Mutualidad de Previsión Social a prima fija o, en su caso, en el Régimen de Seguridad Social que corresponda de acuerdo con la legislación vigente.   
d) Declaración jurada del solicitante en la que manifestará si ejerce función o empleo en alguna de las Administraciones Públicas. En caso afirmativo, expresará la naturaleza y categoría de su función o empleo y aportará certificación expresiva de que no incurre en incompatibilidad con el ejercicio de la profesión.   
e) Haber obtenido, cuando proceda, la acreditación de la aptitud profesional a través de la que se reconozca la capacidad necesaria para el ejercicio profesional de Abogado.   
Artículo 9. Requisitos a cumplimentar por los Abogados pertenecientes a otros colegios.   
Sin perjuicio de que baste la colegiación en un solo Colegio, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio del Reino de España, quienes pretendan incorporarse al Colegio de Abogados de Alzira, si perteneciesen con anterioridad a otro, deberán presentar certificación del Consejo General de la Abogacía acreditativa de no figurar dado de baja por falta de pago en cualquier Colegio de Abogados de España y de no haber sido objeto de corrección disciplinaria con expresión precisa de cuál fue ésta en caso afirmativo.   
Artículo 10. Autorización de incorporación.   
1. Corresponde a la Junta de Gobierno resolver sobre las solicitudes de incorporación y reincorporación que se presenten, las cuales serán aprobadas, suspendidas o denegadas, previas las diligencias e informes que proceda, mediante resolución motivada que deberá ser notificada al interesado en el plazo de diez días. Contra la resolución denegatoria o suspensiva de la solicitud de colegiación o reincorporación procederá el recurso de reposición ante la propia Junta de Gobierno, que deberá ser interpuesto en el plazo de un mes, debiendo ser resuelto en igual período. Contra el acuerdo definitivo podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados conforme a lo dispuesto en el artículo 113.   
2. No podrá denegarse en ningún caso el ingreso en la corporación a quienes reúnan los requisitos establecidos en el artículo 8 de este Estatuto.   
Artículo 11. Suspensión de solicitudes.   
La tramitación de las solicitudes de incorporación y reincorporación será suspendida en los siguientes casos:   
a) Si el solicitante no acompaña los documentos acreditativos de cumplir los requisitos para su colegiación. La suspensión se levantará en el momento en que presente la totalidad de estos documentos.   
b) Si, a juicio del Secretario, existiesen dudas respecto de la legitimidad o certeza de los documentos aportados mientras, no se disponga de las compulsas o legitimaciones oportunas.   
Artículo 12. Causas de denegación.   
Se denegarán las solicitudes de incorporación y reincorporación, si quienes las formulan se encontrasen comprendidos en alguno de los casos siguientes:   
a) No cumplir los requisitos de incorporación o reincorporación establecidos en los presentes Estatutos.   
b) Tener algún impedimento para ser admitido por no haber alcanzado la mayoría de edad, por no poseer la nacionalidad española, salvo en los casos de dispensa, o cuando se hubiere producido la inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la Abogacía, en virtud de Sentencia o Resolución firme.   
c) Haber sido sancionado disciplinariamente con la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de algún Colegio de Abogado español o Corporación equivalente de algunos de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, no habiendo sido rehabilitado.   
Artículo 13. Pago de cuota de incorporación.   
1. El pago de la cuota de incorporación se realizará en el momento de solicitarla, pero con carácter condicional, sujeto a la autorización de la incorporación.   
2. Si quien solicitase la incorporación lo estuviera en otro Colegio, la cuota de incorporación que deberá satisfacer será la misma que se exigirá en el Colegio de origen, a los Abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de Alzira, por régimen de reciprocidad.   
Artículo 14. Colegiación única.   
1. Los Abogados incorporados a otro Colegio de Abogados podrán ejercer en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Alzira, sin que se les pueda exigir por éste habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de las exigibles a sus colegiados por servicios que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. Todo ello sin perjuicio del deber de comunicación previa regulado en el artículo 15 de estos Estatutos.   
2. Todo Abogado incorporado al Colegio de Alzira podrá prestar sus servicios profesionales libremente en todo el territorio del Reino de España, en el resto de los Estados miembros de la Unión Europea y en los demás países del ámbito territorial de aplicación del citado Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeos con arreglo a la normativa vigente al respecto.   
3. Los Abogados de otros países podrán ejercer en el territorio del Colegio de Alzira, de conformidad con la normativa vigente al efecto y con respeto a lo establecido en los presentes Estatutos.   
Artículo 15. Deber de comunicación.   
1. El Abogado perteneciente al Colegio de Abogados de Alzira que vaya a intervenir en actuaciones judiciales que se desarrollen en partidos judiciales correspondientes al ámbito territorial de otros Colegios de Abogados, salvo que se trate de un Colegio de Abogados de la Comunitat Valenciana, deberá comunicarlo al Colegio en cuyo ámbito territorial haya de intervenir directamente y al Consejo General, a través del Colegio de Abogados de Alzira.   
El Abogado perteneciente a otro Colegio que realice una actuación profesional en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Alzira deberá comunicarlo a través de su Colegio.   
La comunicación surtirá efectos desde su presentación, sin perjuicio de que se recabe del Colegio de origen que el comunicante está incorporado al mismo y no está sancionado o incapacitado para el ejercicio profesional en ningún Colegio de España   
2. En las actuaciones profesionales que lleve a cabo en el ámbito territorial de otro Colegio, el Abogado estará sujeto a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del mismo. Dicho Colegio protegerá su libertad e independencia en la defensa y será competente para la tramitación y resolución de los expedientes disciplinarios a que hubiere lugar, sin perjuicio de que la eventual sanción surta efectos en todos los Colegios de España, para lo cual se comunicará al Consejo General.   
3. La incorporación o comunicación de actuación profesional acredita al Abogado como tal, sin que sea necesario ninguna designación o nombramiento del Poder Judicial o de la administración Pública.   
4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y en los demás acuerdos intercolegiales que se puedan establecer.   
CAPÍTULO SEGUNDO   
MIEMBROS DEL COLEGIO  
Artículo 16. Miembros del Colegio.   
1. Tendrán la consideración de miembros del Colegio de Abogados de Alzira, quienes, como ejercientes o no ejercientes, ya figuren incorporados o se incorporen en lo sucesivo, para lo cual deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 8 de los presentes Estatutos.   
2. No podrá limitarse en el Colegio de Abogados de Alzira el número de sus componentes, ni cerrarse temporal o definitivamente la admisión de nuevos colegiados que reúnan las condiciones señaladas en estos Estatutos o preceptos que los desarrollen.   
Artículo 17. Acreditación.   
Los Colegiados identificarán su personalidad y su condición de ejercientes o no ejercientes, mediante un carné o tarjeta de identidad, en que figurará su fotografía, y que se ajustará al modelo que en cada caso acuerde la Junta de Gobierno. También podrán usar una insignia de solapa, según modelo igualmente aprobado por la Junta de Gobierno. Al tiempo que se utilizara dicho escudo en las togas, situando dicho escudo en la parte izquierda mediante bordado en color negro.   
Artículo 18. Colegiados de honor.   
Podrán ser Colegiados de Honor del Colegio de Alzira quienes reciban este nombramiento por acuerdo de la Junta General, a propuesta de la de Gobierno, en atención a méritos o servicios relevantes prestados a favor de la profesión o de la abogacía en general.   
Artículo 19.Habilitación para defender asuntos propios o de parientes.   
1. No se necesitará la incorporación al Colegio de Abogados de Alzira para la defensa de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que el interesado reúna los requisitos establecidos por el artículo 8.1, párrafos a), b) y c) de los presentes Estatutos, así como aquellos que puedan establecer las normas vigentes.   
2. Quienes se hallen en esta situación, serán habilitados por el Decano para la intervención que se solicite.   
3 La habilitación supone para quien la recibe, el disfrute, en relación con el asunto o asuntos a que alcanza, de todos los derechos concedidos en general a los Abogados y la asunción de las correlativas obligaciones, y aplicación del régimen de incapacidad, prohibición, incompatibilidad y restricciones para el ejercicio de la profesión.   
CAPÍTULO TERCERO   
PÉRDÍDA DE LA CONDICIÓN DE COLEGIADO  
Artículo 20. Pérdida de la condición de colegiado.  
1. La condición de colegiado se perderá:   
a) Por dejar de satisfacer tanto las cuotas ordinarias o extraordinarias acordadas, como las demás cargas colegiales a que viniere obligado.   
b) Por condena firme que lleve consigo la de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.   
c) Por sanción firme de expulsión del colegio, acordada en expediente disciplinario.   
d) A petición del interesado.  
e) Por fallecimiento.   
2. En todo caso, la pérdida de la condición de colegiado por las causas expresadas en los apartados a), b) y c) del número anterior deberán ser comunicadas por escrito al interesado, momento en que surtirán efectos, siendo igualmente comunicadas al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y al Consejo General de la Abogacía Española.   
3. En el caso del apartado a), los colegiados podrán reincorporarse al Colegio de Abogados de Alzira pagando lo adeudado, sus intereses al tipo legal del dinero, y la cantidad que corresponda como reincorporación.   
4. La Junta de Gobierno acordará el pase a situación de no ejerciente de aquellos colegiados en quienes concurra alguna de las circunstancias determinantes de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio, mientras aquella subsista, sin perjuicio de que, si a ello hubiere lugar, resuelva lo que proceda en vía disciplinaria.   
CAPÍTULO CUARTO   
DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN  
Sección Primera. De los Abogados incorporados a este Colegio   
Artículo 21. Abogados   
Tienen la condición de Abogados del Colegio de Abogados de Alzira quienes, en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de forma profesional a la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, así como al asesoramiento y consejo jurídico.   
Artículo 22. Juramento o Promesa.   
1. De conformidad con la legislación vigente, quienes queden incorporados a este Colegio para el ejercicio de la profesión de Abogado y que con anterioridad no la hubiesen ejercido, prestarán juramento o promesa de lealtad a su Majestad el Rey y fidelidad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y de fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de Abogado.   
2. El juramento o promesa será prestado ante la Junta de Gobierno del Colegio.   
3. La Junta podrá autorizar que el juramento o promesa se formalice inicialmente por escrito, con compromiso de su posterior ratificación pública. En todo caso, se deberá dejar constancia en el expediente personal del colegiado de la prestación de dicho juramento o promesa. La falta de prestación del juramento o promesa el día y hora que al efecto se señale hará, salvo causa grave justificada, que quede en suspenso la anterior autorización hasta que efectivamente se cumpla este requisito, por quienes a ello vengan obligados.   
Artículo 23. Justificación de su condición.   
1. A través del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, el Colegio de Abogados de Alzira facilitará a los Jueces y Tribunales de la Comunitat Valenciana, así como a los directores de Centros Penitenciarios y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad una relación comprensiva de los Abogados ejercientes incorporados al Colegio. A los Abogados que en aquella estuviesen incluidos, no puede exigírseles otro comprobante para el ejercicio de la profesión, salvo el de acreditación de su personalidad que, a efectos profesionales, podrá realizarse mediante la exhibición del carné a que se refiere el artículo 17 de estos Estatutos.   
2. Los Abogados que no figuren en la relación prevista en el apartado anterior, deberán acreditar la condición de Abogado mediante certificación de hallarse incorporados al Colegio o documentación acreditativa de haber efectuado la comunicación prevista en el artículo 15 de los presentes Estatutos.   
3. El Colegio de Abogados de Alzira podrá comprobar que los Abogados que intervengan en las oficinas públicas y en actuaciones judiciales, se hallen en situación colegial regular conforme a lo previsto en estos Estatutos.   
Sección Segunda. Incapacidad, prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales.   
Artículo 24. Circunstancias determinantes de la incapacidad.   
1. Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la abogacía:   
a) Los impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, no permitan el cumplimiento de la misión de defensa de los intereses ajenos que, a los Abogados, se encomienda.   
b) La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la abogacía en virtud de resolución judicial o corporativa firme.   
c) Las sanciones disciplinarias firmes que lleven consigo la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de cualquier Colegio de Abogados.   
2. La incapacidad desaparecerá cuando cesen las causas que las hubieran motivado o se haya extinguido la responsabilidad disciplinaria conforme estos Estatutos.   
Artículo 25. Prohibiciones.   
Los Abogados tienen las siguientes prohibiciones, cuya infracción se sancionará disciplinariamente:   
a) Ejercer la abogacía estando incurso s en causa de incompatibilidad, inhabilitación o suspensión, así como prestar su firma a quienes, por cualquier causa, no puedan ejercer como Abogados.   
b) Compartir locales o servicios con profesionales incompatibles, si ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional.   
c) Mantener vínculos asociativos de carácter profesional que impidan el correcto ejercicio de la abogacía, atendiendo a este respecto a lo previsto en estos Estatutos y, singularmente, en el artículo 26.3.   
Artículo 26. Incompatibilidades.   
1. El ejercicio de la abogacía es incompatible con cualquier actividad que pueda suponer menosprecio de la libertad, la independencia o la dignidad que le son inherentes. Igualmente, el Abogado perteneciente a este Colegio, que realice al mismo tiempo cualquier otra actividad que, por suponer un conflicto de intereses que impida respetar los principios del correcto ejercicio contenidos en estos Estatutos, deberá abstenerse de realizar aquella que resulte incompatible con el correcto ejercicio de la abogacía.   
2. Asimismo, el ejercicio de la abogacía será absolutamente incompatible con:   
a) El desempeño, en cualquier concepto, de cargos, funciones o empleos en las Administraciones Públicas cuya propia normativa reguladora así lo especifique.   
b) El ejercicio de la profesión de Procurador, Graduado Social, Agente de Negocios, Gestor Administrativo y cualquiera otra cuya propia normativa reguladora así lo especifique.   
c) El mantenimiento de vínculos profesionales con cargos o profesionales incompatibles con la abogacía, que impidan el correcto ejercicio de la misma.   
3. En todo caso, el Abogado no podrá realizar actividad de auditoria de cuentas u otras que sean incompatibles con el correcto ejercicio de la abogacía simultáneamente para el mismo cliente o para quienes lo hubiesen sido en los tres años precedentes. No se entenderá incompatible esta prestación si se realiza por personas jurídicas distintas y con órganos de administración diferentes.   
4. El ejercicio de la abogacía es también incompatible con la intervención ante los organismos jurisdiccionales, en los términos que establezca la legislación aplicable. El Abogado a quien afecte tal incompatibilidad, deberá abstenerse de la defensa que en tales asuntos le haya podido ser encomendada. Dicha obligación de abstención se entiende sin perjuicio del derecho de recusación que pueda asistir al litigante contrario.   
Artículo 27. Efectos.   
1. El Abogado a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad establecidas en el artículo anterior, deberá comunicarlo sin excusa a la Junta de Gobierno del Colegio y cesar inmediatamente en la situación de incompatibilidad, entendiéndose que renuncia al ejercicio profesional si no lo manifiesta por escrito en el plazo de treinta días, con lo que automáticamente será dado de baja en el mismo.   
2. La infracción de dicho deber de cesar en la situación de incompatibilidad, así como su ejercicio con infracción de las incompatibilidades establecidas en el artículo anterior, directamente o por persona interpuesta, constituirá infracción muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.   
CAPÍTULO QUINTO  
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ABOGADOS  
Sección Primera. Con carácter general.   
Artículo 28. Deberes fundamentales.   
1. La actividad de Abogado se llevará a cabo con sujeción a las normas legales, estatutarias y deontológicas.   
2. El Abogado, como partícipe en la función pública de la administración de Justicia, debe cooperar con ella asesorando, conciliando y defendiendo en Derecho los intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de Justicia a que la abogacía se halla vinculada.   
3. La defensa jurídica es una obligación profesional tanto para la abogacía, como para los Abogados, que se cumplirá ajustándose a normas deontológicas.   
4. El Abogado tiene el derecho y el deber de prestar el servicio de Turno de Oficio en los términos que reglamentariamente establezca la Junta de Gobierno.   
Artículo 29. Sometimiento a normas y decisiones del Colegio de Abogados de Alzira y demás órganos rectores de la Abogacía.   
Los colegiados quedan sometidos al Estatuto General de la Abogacía, a los presentes Estatutos y a las decisiones de la Junta General, de la Junta de Gobierno y del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, así como a los estatutos de este último.   
Artículo 30. Despacho profesional.   
1. Los Abogados de este Colegio deberán mantener despacho profesional abierto o estar adscritos a un despacho profesional, en el lugar donde habitualmente ejerzan la profesión, dentro del ámbito territorial de competencia de este Colegio.   
Se exceptúa de este deber de mantener despacho abierto a los Abogados procedentes de otros Colegios, respecto de los cuales se entenderá cumplido este requisito por el hecho de mantener estudio profesional en el Colegio de origen en el que más habitualmente ejerzan la profesión.   
2. Todos los colegiados tienen la obligación de comunicar al Colegio los cambios de domicilio profesional, traslados de vecindad y ausencias que hayan de prolongarse por más de dos meses consecutivos. Las notificaciones efectuadas en el domicilio profesional que conste en el Colegio tendrán plena validez, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda derivarse de no haber comunicado su eventual traslado.   
Artículo 31. Secreto profesional.   
1. De conformidad con lo establecido por el artículo 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.   
2. En el caso de que el Decano del Colegio, o quien estatutariamente le sustituya, fuere requerido en virtud de norma legal o avisado por la autoridad judicial o gubernativa competente para la práctica de un registro en el despacho profesional de un Abogado del Colegio, éste deberá personarse en dicho despacho y asistir a las diligencias que se practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional.   
Artículo 32.Libertad e independencia.   
El Abogado en cumplimiento de su misión, actuará con toda libertad e independencia, sujetándose, por tanto, a la Ley y a las normas éticas y de deontología profesional.   
Artículo 33. Ejercicio de su función.   
El deber de defensa jurídica que a los Abogados se les confía es también un derecho para los mismos. En consecuencia podrá reclamar, tanto de las Autoridades, como del Colegio, y de los particulares todas las medidas de ayuda en el ejercicio de su función que les sean legalmente debidas.   
Artículo 34. Consideraciones honoríficas.   
El Abogado del Colegio de A1zira tiene derecho a todas las consideraciones honoríficas debidas a su profesión y tradicionalmente reconocidas.   
Artículo 35. Protección legal.   
Para la protección de sus derechos, los colegiados podrán hacer uso de cuantos remedios o recursos establece la legislación, sujetándose al régimen jurídico vigente para cada uno de ellos.   
Artículo 36. Derechos corporativos.   
Son derechos de los colegiados:   
a) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer los derechos de petición, de voto y de acceso a los cargos directivos, en la forma que establezcan las normas legales o estatutarias. El voto de los ejercientes tendrá, en todo caso, doble valor que el de los colegiados no ejercientes.   
b) Recabar y obtener del Colegio, del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y de todos los órganos corporativos, la protección de su independencia y lícita libertad de actuación profesional.   
c) Conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los expedientes en los que tengan la condición de interesado.   
d) Formular moción de censura contra los miembros de la Junta de Gobierno, en los términos regulados en los presentes Estatutos.   
e) Aquellos otros que les confieren los presentes Estatutos, los del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y cualesquiera otras disposiciones de carácter general.   
Artículo 37. Deberes corporativos.   
Son deberes de los colegiados:   
a) Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y levantar las demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y plazos al efecto establecidos. A tales efectos se consideran cargas corporativas todas las impuestas por el Colegio, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía, en el marco de sus competencias respectivas.   
b) Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal, sea por falta de colegiación u omisión del deber de comunicación, sea por suspensión o inhabilitación del denunciado, o por estar incurso en supuestos de incompatibilidad o prohibición.   
c) Denunciar al Colegio cualquier atentado a la libertad, independencia o dignidad de un Abogado en el ejercicio de sus funciones.   
d) No intentar la implicación del Abogado contrario en el litigio o intereses debatidos, ni directa ni indirectamente, evitando incluso cualquier alusión personal al compañero y tratándole siempre con la mayor corrección.   
e) Evitar competencias ilícitas respecto a los compañeros de la profesión, cumpliendo los deberes corporativos   
f) Mantener como materia reservada las conversaciones y correspondencia habidas con el Abogado o Abogados contrarios, con prohibición de revelarlos o presentarlos en juicio sin su previo consentimiento. No obstante, por causa grave, la Junta de Gobierno del Colegio podrá discrecionalmente autorizar su revelación o presentación en juicio sin dicho consentimiento previo.   
Artículo 38. Publicidad.   
1. Los Abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de Alzira podrán realizar publicidad de sus servicios, siempre que sea digna, leal y veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose, en cualquier caso, a las normas deontológicas.   
2. Se considerará contraria a las normas deontológicas de la abogacía la publicidad que suponga:   
a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional.   
b) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto.   
c) Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de Abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva.   
d) Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del Abogado.   
e) Hacer referencia directa o indirecta a clientes del propio Abogado.   
f) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, al reservarse su uso para la publicidad institucional que pueda realizarse en beneficio de la profesión en general.   
3. Los Abogados que presten sus servicios en forma permanente u ocasional a empresas individuales o colectivas, deberán exigir que las mismas se abstengan de efectuar publicidad respecto de tales servicios, que no se ajuste a lo establecido en estos Estatutos y en el Estatuto General de la Abogacía.   
Artículo 39. La venia.   
1. Los Abogados tienen plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del asunto, así como de renunciar al mismo en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca indefensión al cliente.   
2. Los Abogados que hayan de encargarse de la dirección profesional de un asunto, encomendado a otro compañero en la misma instancia, deberán solicitar su venia, salvo que exista renuncia escrita e incondicionada a proseguir su intervención por parte del anterior Abogado, y en todo caso, recabar del mismo la información necesaria para continuar el asunto.   
3. La venia, excepto caso de urgencia a justificar, deberá ser solicitada con carácter previo y por escrito, sin que el Letrado requerido pueda denegarla y con la obligación por su parte de devolver la documentación en su poder y facilitar al nuevo letrado la información necesaria para continuar la defensa.   
4. El Abogado sustituido tendrá derecho a reclamar los honorarios que correspondan a su intervención profesional y el sustituto tendrá el deber de colaborar diligentemente en la gestión de su pago.   
Sección Segunda. En relación con los Tribunales.   
Artículo 40. Normas para actuar ante los tribunales.   
1. Son obligaciones del Abogado para con los órganos jurisdiccionales la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones, y el respeto en cuanto a la forma de su intervención.   
2. Los Abogados comparecerán ante los Tribunales vistiendo toga sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial, y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia.   
3. Los Abogados tendrán derecho a intervenir ante los Tribunales de cualquier jurisdicción sentados dentro del estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el Tribunal ante quien actúen.   
4. El Abogado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio incorporado al Colegio de Abogados de Alzira, o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio. Para la sustitución bastará la declaración del Abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad.   
5. Los Abogados que se hallen procesados o encartados y se defiendan a sí mismos o colaboren con su defensor usarán toga y ocuparán el sitio establecido para los Abogados.   
6. Los Abogados no estarán obligados mas a que esperar un tiempo prudencial sobre la hora señalada por los órganos judiciales para las actuaciones en que vayan a intervenir, transcurrido el cual, podrán formular la pertinente queja ante el mismo órgano e informar del retraso a la Junta de Gobierno del correspondiente Colegio, para que ésta pueda adoptar las iniciativas pertinentes.   
Artículo 41. Independencia y libertad de actuación y derecho a la consideración profesional   
Si el Abogado actuante considerase que la Autoridad, Tribunal o Juzgado coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guardase la consideración debida a su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio Juzgado o Tribunal bajo la fe del Secretario, o ante la autoridad bajo la fe del funcionario, preferentemente ante el que ejerciese la fe pública administrativa, y dar cuenta a la Junta de Gobierno. La Junta, si estimare fundada la queja, adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad, independencia y prestigio profesionales.   
Artículo 42. Necesidad de identificación.   
1. En todo escrito que se dirija a los Juzgados y Tribunales y en el que sea preceptiva la firma de Abogado, así como en las copias para traslado a las partes, se hará constar de forma legible el nombre completo del Colegiado que lo suscriba y, en su caso, la fecha de la comunicación o habilitación prevista en los presentes Estatutos.   
2. El Colegio de Abogados de A1zira podrá facilitar a sus Abogados el uso de un sello con el emblema del Colegio y el nombre y numero de colegiado del Abogado, para facilitarle la identificación profesional y a estos únicos fines.   
Sección Tercera. En relación con las partes.  
Artículo 43. Respecto a su propio cliente   
1. Son obligaciones del Abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia, guardando, especialmente, el deber de secreto profesional.   
2. El Abogado realizará diligentemente las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica de dicho asunto, pudiendo auxiliarse de sus colaboradores y otros compañeros, quienes actuarán bajo su responsabilidad.   
3. En todo caso, el Abogado deberá identificarse ante la persona a la que asesore o defienda, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero, a fin de asumir las responsabilidades civiles, penales y deontológicas que, en su caso, correspondan.   
4. Si al Abogado no le interesase continuar dirigiendo al cliente que le hubiere nombrado, vendrá obligado a hacerle saber la renuncia, con la antelación necesaria para que no queden indefensos los intereses puestos bajo su amparo. Comunicada la renuncia, el Abogado podrá depositar el documento acreditativo de la comunicación de misma y la documentación que le hubiese confiado al cliente en la sede del Colegio de Abogados, haciendo constar este extremo en la propia comunicación.   
5. El Abogado está obligado a devolver puntualmente a su cliente la documentación que le hubiera confiado, a la terminación de la relación contractual, sin perjuicio que pueda conservar copia de la misma. No será causa para eximirse de esta obligación que se le adeude cualquier cantidad. Deberá entregar a su cliente, a su petición, los documentos obtenidos por el Abogado, los escritos y resoluciones relacionadas con el asunto que le hubiese encomendado, todo ello con gastos a cargo del cliente. Este deber de conservación de documentos y antecedentes tendrá una duración máxima de seis años.   
Artículo 44. Respecto a la parte contraria.   
Son obligaciones del Abogado para con la parte contraria la abstención u omisión de cualquier acto que determine una lesión injusta para la misma, y el trato considerado y cortés.   
Sección Cuarta. Ejercicio individual, despachos colectivos y no colectivos.   
Artículo 45. Ejercicio individual.   
1. El ejercicio individual de la abogacía podrá desarrollarse por cuenta propia como titular de un despacho, o por cuenta ajena, o como colaborador de un despacho individual o colectivo. No se perderá la condición de Abogado que ejerce como titular de su propio despacho individual cuando:   
a) El Abogado tenga en su bufete pasantes o colaboradores, con o sin relación laboral con los mismos.   
b) El Abogado comparta el bufete con su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.   
c) El Abogado comparta los locales, instalaciones, servicios u otros medios con otros Abogados, pero manteniendo la independencia de sus bufetes, sin identificación conjunta de los mismos ante la clientela.   
d) El Abogado concierte acuerdos de colaboración para determinados asuntos o clases de asuntos con otros Abogados o despachos colectivos, nacionales o extranjeros, cualquiera que sea su forma.   
e) El Abogado constituya una sociedad unipersonal para dicho ejercicio de la abogacía, que habrá de observar, en cuanto pueda ap1icárse1e, lo dispuesto en el artículo siguiente para el ejercicio colectivo.   
2. El Abogado titular de un despacho profesional individual responderá profesionalmente frente a su cliente de las gestiones o actuaciones que efectúen sus pasantes o colaboradores, sin perjuicio de la facultad de repetir frente a los mismos, si procediera. No obstante, los pasantes y colaboradores quedan sometidos a las obligaciones deontológicas y asumirán su propia responsabilidad disciplinaria. Los honorarios a cargo del cliente se devengarán a favor del titular del despacho, aun en el caso de que las actuaciones fueren realizadas por otros letrados por delegación o sustitución del mismo; y a su vez, el titular del despacho responderá personalmente de los honorarios debidos a los letrados a los que encargue o delegue actuaciones, aun en el caso de que el cliente dejase de abonárselos, salvo pacto en contrario.   
3. El ejercicio de la abogacía por cuenta ajena en régimen de especial colaboración habrá de pactarse expresamente por escrito, fijando las condiciones, duración, alcance y régimen económico de la colaboración.   
4. La abogacía también podrá ejercerse por cuenta ajena bajo régimen de derecho laboral, mediante contrato de trabajo formalizado por escrito. En caso que las partes acuerden que el ejercicio profesional deba desarrollarse en régimen de exclusividad, deberá hacerse constar expresamente en el contrato. En cualquier caso, en el ejercicio profesional bajo esta modalidad, el Abogado tendrá derecho frente al empleador al respeto a la libertad e independencia básicas para el ejercicio de la profesión.   
5. El Colegio de Abogados de Alzira podrá exigir la presentación de los contratos de colaboración y de trabajo a fin de verificar que se ajustan a lo establecido en este Estatuto. En las actuaciones que realice el colaborador en régimen especial o en régimen de derecho laboral, por sustitución o por delegación del despacho con el que colabore, deberá hacer constar en nombre y por cuenta de quien actúa.   
Artículo 46. Ejercicio colectivo.   
1. Los Abogados podrán ejercer la abogacía colectivamente, mediante su agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho, incluidas las sociedades mercantiles.   
2. La agrupación habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía y estar integrada exclusivamente por Abogados en ejercicio, sin limitación de número. Tanto el capital como los derechos políticos y económicos habrán de estar atribuidos únicamente a los Abogados que integren el despacho colectivo.   
3. La forma de agrupación deberá permitir en todo momento la identificación de sus integrantes, habrá de constituirse por escrito e inscribirse en el Registro Especial que al efecto se llevará en el Colegio En dicho Registro se inscribirán su composición y las altas y bajas que se produzcan. Los Abogados que formen parte de un despacho colectivo estarán obligados personalmente a solicitar las inscripciones correspondientes.   
4. Los Abogados agrupados en un despacho colectivo no podrán tener despacho independiente del colectivo y en las intervenciones profesionales que realicen y en las minutas que emitan deberán dejar constancia de su condición de miembros del referido colectivo. No obstante, las actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita tendrán carácter personal, aunque podrá solicitarse del Colegio su facturación a nombre del despacho colectivo.   
5. Los Abogados miembros de un despacho colectivo tendrán plena libertad para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como plena independencia para dirigir la defensa de los intereses que tengan encomendados. Las sustituciones que se produzcan se atendrán a las normas de funcionamiento del respectivo despacho, sin precisar la solicitud de venia interna. Los honorarios corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de distribución que establezcan las referidas normas.   
6. La actuación profesional de los integrantes del despacho colectivo estará sometida a la disciplina colegial, respondiendo personalmente el Abogado que la haya efectuado. No obstante, se extenderán a todos los miembros del despacho colectivo el deber de secreto profesional, las incompatibilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes y las situaciones de prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con los patrocinados por cualquiera de ellos.   
7. La responsabilidad civil que pudiese tener el despacho colectivo será conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de agrupación utilizada. Además, todos los Abogados que hayan intervenido en un asunto responderán civilmente frente al cliente con carácter personal, solidario e ilimitado.   
8. Para la mejor salvaguarda del secreto profesional y de las relaciones de compañerismo, las normas reguladoras del despacho colectivo podrán someter a arbitraje colegial las discrepancias que pudieran surgir entre sus miembros a causa del funcionamiento, separación o liquidación de dicho despacho.   
9. Con la finalidad de determinar la responsabilidad de cada uno de los Abogados miembros de un despacho colectivo, deberá establecerse entre las normas de funcionamiento del despacho el mecanismo para hacer constar ante terceros la distribución interna de asuntos. El Secretario del Colegio podrá diligenciar el documento o documentos en que se registren esta distribución de responsabilidades, si así lo solicitase el despacho.   
10. No podrá compartir locales o servicios con profesionales incompatibles, si ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional.   
Artículo 47. Régimen de colaboración multiprofesional.   
1. Los Abogados podrán asociarse en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles, sin limitación de número y sin que ello afecte a su plena capacidad para el ejercicio de la profesión ante cualquier jurisdicción y Tribunal, utilizando cualquier forma lícita en derecho, incluidas las sociedades mercantiles, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:   
a) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos determinados, incluyendo servicios jurídicos específicos que se complementen con los de las otras profesiones.   
b) Que la actividad a desempeñar no afecte al correcto ejercicio de la abogacía por los miembros Abogados.   
c) Que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior en lo que afecte al ejercicio de la abogacía, salvo lo expresado bajo el apartado 2 del mismo, que no resultará aplicable, o en el apartado 5 del que solamente será aplicable la obligación de dejar constancia de la condición de miembro del colectivo multiprofesional en las actuaciones que se realicen y minutas que se emitan en su ámbito.   
2. Las agrupaciones en régimen de colaboración multiprofesional deben inscribirse en el Registro Especial que al efecto se llevará en el Colegio.   
3. Los miembros Abogados deberán separarse cuando cualquiera de sus integrantes incumpla las normas sobre prohibiciones, incompatibilidades o deontología propias de la abogacía.   
CAPÍTULO SEXTO  
COLEGIADOS NO EJERCIENTES  
Artículo 48. Colegiados no ejercientes   
1. Pertenecen al Colegio de Abogados, en calidad de Colegiados no ejercientes, quienes ya figuren incorporados con tal condición o se incorporen en lo sucesivo siempre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 8.1 de estos Estatutos.   
2. Quienes pertenezcan a este Colegio en calidad de no ejercientes, tendrán los derechos que se reconocen en el artículo. 36, a) y b) y las obligaciones descritas en los artículos 28, 29 y 37, a y b), quedándoles prohibida la defensa de intereses jurídicos ajenos, y, en general, el ejercicio de las actividades que requieran la aplicación de técnica jurídica reservada a los Abogados.   
TÍTULO IV  
ABOGADOS PROCEDENTES DE OTRO ESTADO MIEMBRO   
DE LA UNION EUROPEA O DE ESTADOS   
DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO  
CAPÍTULO PRIMERO  
EJERCICIO EN ESPAÑA CON EL TÍTULO PROFESIONAL   
DE ORIGEN  
Artículo 49. Ejercicio en el territorio del Colegio   
1. Los Abogados pertenecientes a otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, podrán ejercer en el territorio de competencia del Colegio de Abogados de Alzira, de conformidad con la legislación aplicable, quedando sujetos, en todo caso, a las mismas reglas profesionales y deontológicas que el resto de Abogados que ejerzan en este territorio.   
2. Los Abogados procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea o de Estados incluidos en el Espacio Económico Europeo, cuyo domicilio profesional único o principal en el territorio español radique en el ámbito territorial de este Colegio, deberán inscribirse previamente en el registro especial constituido al efecto.   
3. La solicitud de inscripción deberá realizarse cumplimentando el formulario facilitado por el propio Colegio, acompañando la documentación prevista en el artículo 5 del Real Decreto 936/2001 de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de Abogado con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea (BOE 186/2001 de 04-08-2001), así como la documentación que acredite el cumplimento de los requisitos previstos en el artículo 8 de los presentes Estatutos.   
La cuota de incorporación que establezca la Junta de Gobierno, para los Abogados pertenecientes a otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que pretendan ejercer con el título profesional de origen en el ámbito territorial del Colegio no podrá ser superior, en ningún caso, a la exigida al resto de colegiados, y resultará adecuada al mantenimiento de las cargas colegiales en proporción a los servicios de los cuales puedan beneficiarse estos Abogados. La Junta de Gobierno decidirá motivadamente sobre la solicitud de inscripción en el plazo máximo de dos meses desde su presentación, transcurrido el cual se considerará admitida.   
4. Los Abogados inscritos y no colegiados desarrollarán su profesión concertadamente con un Abogado colegiado en el Colegio de Alzira en las actividades de defensa del cliente, cuando en aplicación de la legislación española sea preceptiva la intervención de Abogado para las actuaciones ante Juzgados y Tribunales o ante organismos públicos con funciones jurisdiccionales, así como para la asistencia, comunicación y visitas con detenidos y presos. También será necesaria esta concertación cuando aun no siendo preceptiva la intervención de Abogado, la ley exija que si el interesado no interviene por sí mismo ante el órgano judicial, no pueda hacerlo otra persona que no sea Abogado. El Abogado con quien se actúe concertadamente responderá ante los órganos jurisdiccionales y organismos públicos   
Artículo 50. Registro de Abogados inscritos.   
1. El Colegio llevará un Registro especial de los Abogados de otros Estados miembros de la Unión Europea y del Espació Económico Europeo que pretendan ejercer en el Reino de España. El Colegio, a través del Consejo Valenciano, comunicará al Consejo General de la Abogacía en el plazo máximo de quince días, contados a partir de la inscripción, la misma, con especificación de la autoridad competente del Estado miembro de origen del interesado, al objeto de que el Consejo General en los quince días siguientes, informe de ello a dicha autoridad, así como al Ministerio de Justicia.   
2. En la lista de los Abogados ejercientes incorporados al Colegio prevista en el artículo 23 de los presentes Estatutos, se incluirá los nombres de los Abogados pertenecientes a otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo inscritos, con especial mención de tal circunstancia, así como del país de obtención del título profesional bajo el que ejercen en España.   
Artículo 51. Principio de asimilación del Abogado inscrito con el Abogado local.   
1. En relación con las actividades que ejerzan con su título profesional de origen en el ámbito territorial del Colegio, los Abogados procedentes de otros Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo inscritos en el presente Colegio, les será de aplicación, con carácter general, las mismas reglas profesionales y deontológicas que los Abogados incorporados a este Colegio. Todo ello, sin perjuicio de la normativa profesional y deontológica a la que estén sujetos en su Estado miembro de origen. En especial, quedarán sujetos a los mismos derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades establecidas en los presentes Estatutos, salvo las excepciones expresamente previstas en el Real Decreto 936/2001, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea (BOE 186/2001 de 04- 08-2001).   
2. La retirada, temporal o definitiva, de la autorización para ejercer la profesión en el Estado de origen, acordada por la autoridad competente de dicho Estado, conllevará para el Abogado inscrito la prohibición, temporal o definitiva, de ejercer en el ámbito territorial de este Colegio con el título profesional de origen.   
Artículo 52. Obligación de ejercer con expresa mención del título profesional de origen.   
1. Los Abogados que ejerzan en el ámbito territorial del presente Colegio con su título profesional de origen están obligados a hacerlo con mención expresa de tal circunstancia, debiendo utilizarse en cualquier caso la denominación que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 936/2001, quedando prohibida la denominación de Abogado expresada en cualquiera de las lenguas oficiales de España.   
Cuando la denominación del título profesional sea coincidente en más de un Estado miembro, o cuando así lo considere el Abogado inscrito, se añadirá al título profesional una mención expresa del país de origen.  
Asimismo, cuando la regulación de la profesión en el país de origen implique limitaciones o especialidades en cuanto al ámbito de actividad del Abogado inscrito, éste deberá añadir también una mención de la organización profesional a la que pertenezca en dicho país y, en su caso, del órgano u órganos jurisdiccionales ante los que esté habilitado para ejercer.   
Artículo 53. Responsabilidad disciplinaria.   
1. Cuando un Abogado inscrito incumpla las obligaciones profesionales o deontológicas previstas en los presentes Estatutos, estará sujeto a la misma responsabilidad disciplinaria que el resto de colegiados del presente Colegio.   
2. El expediente disciplinario se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos, con las siguientes especificaciones:   
a) Con anterioridad a la incoación del correspondiente expediente disciplinario, el Colegio informará por el medio más rápido posible a la autoridad competente del Estado miembro de origen del Abogado inscrito, proporcionándole toda la información pertinente.   
b) Sin perjuicio del poder de decisión que corresponde al Colegio, éste cooperará a lo largo de la tramitación con la autoridad competente del Estado miembro de origen, asegurando que dicha autoridad pueda formular alegaciones en las distintas fases e instancias de la tramitación, así como en los posibles recursos.   
c) Si durante la tramitación del expediente disciplinario, la autoridad competente del Estado miembro comunica al Colegio que ha decidido retirar al Abogado temporal o definitivamente la autorización para el ejercicio de la profesión, el Colegio procederá, igualmente, a prohibirle temporal o definitivamente, el ejercicio en España bajo el título profesional de origen, sin perjuicio de la resolución que finalmente se dicte en el procedimiento disciplinario.   
d) La resolución final del procedimiento disciplinario debidamente motivada, será comunicada inmediatamente por el Colegio a la autoridad competente del Estado de origen.   
3. Las comunicaciones entre el Colegio y la autoridad competente del Estado de origen se realizarán con la intermediación del Consejo General de la Abogacía.   
CAPÍTULO SEGUNDO  
INTEGRACIÓN EN LA PROFESIÓN   
Artículo 54. Integración en la profesión.   
1. Los Abogados que ejerzan en el ámbito territorial de este Colegio con su título profesional de origen y que hayan formalizado su inscripción conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior, podrán solicitar y obtener la integración en la profesión, sin necesidad de tramitar el procedimiento de reconocimiento de su título profesional regulado en la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1996, por la que se desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre de 1991 sobre reconocimiento de títulos de enseñanza superior de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que exijan una formación superior mínima de tres años, en lo que afecta a las profesiones de Abogado y Procurador (BOE 112/1996 de 08-05-1996), siempre que acrediten una actividad efectiva y regular en España de una duración mínima de tres años, conforme al procedimiento establecido en los artículos siguientes.   
2. Por actividad efectiva y regular se entenderá el ejercicio efectivo de la actividad profesional propia de la abogacía, sin otra interrupción que la que resulte de acontecimientos de la vida corriente.   
Artículo 55. Procedimiento para la colegiación.   
1. La solicitud deberá formularse ante la Junta de Gobierno del Colegio, acompañando los informes y documentación que considere pertinentes, relativos en particular al número y naturaleza de los asuntos que haya tratado.   
2. Recibida toda la información el Colegio procederá a analizar y valorar toda la documentación que el solicitante haya presentado.   
3. Con carácter previo a la adopción de la resolución que corresponda, el Colegio solicitará informe al Consejo General de la Abogacía Española. El informe se entenderá favorable si no se emite en el plazo de un mes.   
Artículo 56. Resolución del procedimiento.   
1. Transcurridos tres meses desde la solicitud de colegiación, la Junta de Gobierno adoptará la correspondiente resolución motivada concediendo o denegando la solicitud. Dicha resolución será susceptible de recurso de alzada conforme al artículo 119 de estos Estatutos. El contenido de la resolución podrá ser:   
a) Desestimatorio, si se considera no acreditado un ejercicio efectivo y regular en España durante al menos tres años en los términos del artículo 17 del Real Decreto 936/2001, o por considerar que concurren motivos de orden público relacionados con procedimientos disciplinarios, quejas o incidentes de cualquier tipo.   
b) Estimatorio de la solicitud lo que tendrá como consecuencia la integración del solicitante en la Abogacía española, sin necesidad de tramitar el procedimiento de reconocimiento de título profesional mencionado en la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1996, por considerar que ha quedado acreditada una actividad efectiva y regular en España, de una duración mínima de tres años, en el ámbito del Derecho español, incluido el Derecho comunitario. Para hacer efectiva la mencionada integración el interesado deberá cumplimentar los oportunos trámites de colegiación previstos en los presentes Estatutos, siempre y cuando no hubieran sido ya exigidos en la inscripción, debiendo abonar, en su caso, como cuota de ingreso la que sea exigida al resto de colegiados, minorada con la cuota que pagó en su día para su inclusión en el registro de Abogados inscritos. Formalizada la colegiación, el interesado tendrá la condición de Abogado a todos los efectos, siéndole de aplicación sin limitación ni especialidad alguna los presentes Estatutos y las normas reguladoras de la profesión, y tendrá derecho a utilizar el título profesional de Abogado, añadiendo si lo desea mención del título profesional de origen.   
La resolución podrá acordar alternativamente que el solicitante se someta a una entrevista con la Comisión de Admisiones nombrada por la Junta de Gobierno y compuesta por tres de sus miembros, por considerar que no ha quedado acreditada una actividad efectiva y regular en España, de una duración mínima de tres años, pero de menor duración en materias relativas al Derecho español.   
En este supuesto la propia resolución fijará la fecha en la que el solicitante debe someterse a la entrevista que, en todo caso, deberá celebrarse dentro del plazo de 15 días contados a partir de la notificación al solicitante de la resolución que acuerde la entrevista con la Comisión de Admisiones. También se le notificará la identidad de los miembros que integran la Comisión de Admisiones, pudiendo recusarlos si concurren las causas de abstención y recusación previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. Los Abogados con los que hubiere actuado concertadamente el Abogado inscrito o que hubieran pertenecido al mismo despacho profesional no podrán formar parte de la Comisión de Admisiones.   
La incomparecencia del solicitante a la entrevista supondrá automáticamente la denegación de la solicitud de integración en la profesión. Tras la celebración de la entrevista, cuya finalidad será verificar el carácter efectivo y regular de la actividad ejercida, y tras tomar en consideración toda la información y documentación aportada en relación con los asuntos tratados por el solicitante y en relación con sus conocimientos y experiencia profesional en Derecho español, así como en cuanto a su participación en cursos o seminarios relativos a dicho Derecho, incluidas las normas deontológicas, la Comisión de admisiones propondrá en el plazo de 3 días a la Junta de Gobierno la resolución que proceda.   
La Junta de Gobierno decidirá finalmente bien autorizando la integración en la profesión sin necesidad de tramitar el procedimiento de reconocimiento del título profesional, bien denegando dicha integración, con los efectos que en cada caso procedan.   
2. La denegación de la solicitud no impide que el interesado pueda seguir ejerciendo en España bajo su condición de Abogado inscrito, pudiendo solicitar, en cualquier caso, el reconocimiento en España del título profesional de Abogado obtenido en el país de origen al amparo de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1996.   
Artículo 57. Plazo para resolver las solicitudes.   
1. El plazo de tres meses previsto en los presentes estatutos para resolver las solicitudes de integración en la profesión, se suspenderá cuando el interesado no acompañe los documentos necesarios o existan dudas respecto a su legitimidad o certeza. Asimismo, se interrumpirá siempre que el procedimiento se paralice durante más de diez días por causas imputables al interesado.   
2. Excepcionalmente, podrá acordarse mediante resolución motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles. De acordarse la ampliación del plazo, éste no podrá ser superior a 45 días.   
3. Contra el acuerdo que acuerde la ampliación del plazo que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.   
Artículo 58. Comunicación de la resolución adoptada y de las colegiaciones.   
Una vez adoptada por el Colegio la Resolución que corresponda, se dará traslado de la misma al Consejo General de la Abogacía, al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, a la autoridad competente del Estado de origen del interesado y al Ministerio de Justicia.   
CAPÍTULO TERCERO  
ABOGADOS PERTENECIENTES AL COLEGIO DE ALZIRA   
QUE EJERZAN PERMANENTEMENTE CON TÍTULO   
ESPAÑOL EN OTROS ESTADOS MIEMBROS DE   
LA UNIÓN EUROPEA O EN OTROS ESTADOS MIEMBROS   
DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO  
Artículo 59. Autoridad competente para certificar la condición de Abogado.   
La autoridad competente para certificar, ante las autoridades de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo la condición de Abogado ejerciente en el ámbito territorial del artículo 2 de estos estatutos será el Colegio de Abogados de Alzira.   
Artículo 60. Información relativa a los Abogados con título español que se inscriban en otros Estados miembros.   
1 Cuando un Abogado perteneciente a este Colegio se inscriba ante la autoridad competente de otro Estado miembro para ejercer en el mismo de forma permanente con tal título, será el Colegio de Abogados de Alzira el competente para recibir la comunicación que, al respecto, debe cursar la autoridad competente de dicho Estado miembro.   
2. El Colegio de Abogados mantendrá actualizada una lista con los Abogados a los que se refiere el apartado anterior, al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de información y colaboración establecidas en la Directiva 98/5/CE.   
3 La lista a la que se refiere el apartado anterior será notificada al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, al Consejo General y al Ministerio de Justicia.   
Artículo 61. Legislación aplicable.   
En todo lo no previsto en los presentes Estatutos será de aplicación la normativa estatal, especialmente, el Real Decreto 936/2001.   
TÍTULO V   
TURNO DE OFICIO Y TURNO DE ASISTENCIA A DETENIDOS.  
Artículo 62. Competencia.   
1. Corresponde al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Alzira la regulación y organización de los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando en todo caso su continuidad atendiendo a los principios de eficiencia y funcionalidad, de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios y, cuando el censo de los profesionales lo permita, de especialización por órganos jurisdiccionales.   
La Junta de Gobierno establecerá las normas para su reparto entre los Abogados que lo soliciten, así como los requisitos que deban cumplir aquellos que deban o quieran prestarlo   
2. Los Abogados desempeñarán las funciones a que se refiere el párrafo precedente con la libertad e independencia profesionales que les son propias y conforme a las normas éticas y deontológicas que rigen la profesión, sin perjuicio de las limitaciones de la normativa que regula el derecho de asistencia jurídica gratuita.   
Corresponde a los Abogados el asesoramiento jurídico y defensa de oficio de las personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, conforme a la legislación vigente y en los demás casos legalmente previstos.   
3. Asimismo, corresponde a los Abogados la asistencia y defensa de quienes soliciten la designación de Abogado de oficio o no designen Abogado en la jurisdicción penal, sin perjuicio del abono de honorarios por el cliente si no le fuere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. La invocación del derecho de autodefensa no impedirá la asistencia de Abogado para atender los asesoramientos que al respecto se le soliciten y asumir la defensa si se le pidiere.   
4. Igualmente corresponde a los Abogados la asistencia a los detenidos y presos, en los términos que exprese la legislación vigente.   
Artículo 63. Funcionamiento.   
1. El desarrollo de dichas funciones será organizado por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y el Colegio de Abogados de Alzira, procediendo a la designación del Abogado que haya de asumir cada asunto, al control de su desempeño, a la exigencia de las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar y al establecimiento de las normas y requisitos a que haya de atenerse la prestación de los servicios correspondientes, todo ello conforme a la legislación vigente.   
2. La Administración Pública abonará la remuneración de los servicios que se presten en cumplimiento de lo establecido en este capítulo y podrá efectuar el seguimiento y control periódico del funcionamiento del servicio y de la aplicación de los fondos públicos a él destinados, en la forma legalmente establecida.   
Artículo 64. Requisitos generales   
1. Con carácter general, los Abogados adscritos a los turnos de oficio o de defensa al detenido, deberán reunir en todo momento, las siguientes condiciones, sin perjuicio de cumplir los demás requisitos y trámites que acuerde la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Alzira:   
a) Estar incorporados como ejercientes en este Colegio, al tiempo de tener que comenzar y seguir sus actuaciones.   
b) No estar sometido a expediente disciplinario ni haber sido sancionado corporativamente.   
c) Tener cumplidas sus obligaciones económicas tanto respecto al Colegio de Abogados de Alzira como, en su caso, respecto a la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía o Régimen de Seguridad Social que corresponda de acuerdo con la legislación vigente y en general, estar al corriente en todo momento en sus obligaciones de contribuir al levantamiento de las cargas corporativas.   
2. La Junta de Gobierno podrá excluir de los turnos a quienes por su prestación de Servicios a la Función Pública o Empresarial, estén sujetos al cumplimiento de un horario, que les imposibilite u obstaculice gravemente el buen cumplimiento de las obligaciones inherentes al funcionamiento del turno de oficio o del turno de asistencia al detenido, cuya atención ha de cuidarse en todo momento con el máximo celo y diligencia.   
TÍTULO VI  
HONORARIOS PROFESIONALES  
Artículo 65. Derecho a su percepción.   
l. El Abogado tiene derecho a una compensación económica adecuada por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado.   
2. La cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el Abogado, con respeto a las normas deontológicas y de competencia desleal. A falta de pacto expreso en contrario, para la fijación de los honorarios se tendrán en cuenta, como referencia, el Baremo de Honorarios Profesionales que tendrá carácter meramente orientativo aprobado por el Colegio de Abogados de Alzira o el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana que, en todo caso, tendrán carácter supletorio de lo convenido.   
Los Honorarios Profesionales a cargo de la parte vencida en costas en un litigio se determinaran de acuerdo con las cantidades resultantes de aplicar estricta y exclusivamente el referido Baremo de Honorarios Profesionales.   
3. La compensación económica podrá asumir la forma de retribución fija, periódica o por horas. Respecto a las costas recobradas de terceros se estará a lo que libremente acuerden las partes, que a falta de pacto expreso habrán de ser satisfechas efectivamente al Abogado.   
4. Se prohíbe en todo caso la cuota litis en sentido estricto, entendiéndose por tal el acuerdo entre el Abogado y su cliente, previo a la terminación del asunto, en virtud del cual éste se compromete a pagarle únicamente un porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por ese asunto.   
Artículo 66. Facultades de la Junta de Gobierno.   
En relación con los honorarios profesionales, la Junta de Gobierno, podrá:   
a) Publicar y revisar periódicamente el Baremo de Honorarios que tendrá el carácter meramente orientativos para la percepción de honorarios profesionales.   
b) Realizar las funciones que le confiera el Reglamento regulador del servicio de cobro de honorarios, en los términos que apruebe la Junta general.   
TÍTULO VII  
DE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL  
CAPÍTULO PRIMERO  
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.  
Sección Primera. Principios Generales.   
Artículo 67. Responsabilidad disciplinaria.   
l. Los colegiados ejercientes y no ejercientes, están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes profesionales o deontológicos.   
2. Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre los Abogados se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes procesales.   
3. Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales al Abogado se harán constar en su expediente personal, siempre que se refieran directamente a normas deontológicas o de conducta que deban observar en su actuación ante la administración de Justicia. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente personal del colegiado.   
Artículo 68. Competencia para su ejercicio.   
1. La Junta de Gobierno es competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria, ateniéndose a las siguientes normas:   
a) Se extenderá a la sanción de infracción de deberes profesionales o normas éticas de conducta en cuanto afecten a la profesión.   
b) Se declarará previa la formación de expediente seguido por los trámites que se establecen en este Estatuto, según lo establecido en el artículo 88.2 del Estatuto General de la Abogacía.   
2. Las correcciones que podrán aplicarse son las siguientes:   
a) Amonestación privada.   
b) Apercibimiento por escrito.   
c) Suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a dos años.   
d) Expulsión del Colegio.   
Artículo 69. De los procedimientos.   
1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán por acuerdo de la Junta de Gobierno.   
2. Parea la realización de actos de información previa, el Decano nombrará a un miembro de la Junta de Gobierno que actuará como Ponente.   
3. De conformidad con lo prevenido por el artículo 88.3 del Estatuto General de la Abogacía, corresponderá la instrucción de los procedimientos disciplinarios a la un Instructor, asistido por un Secretario, elegidos por la Junta de Gobierno entre los colegiados. No podrán ser nombrados pata estas funciones ningún miembro de la Junta de Gobierno.   
4. A la vista de lo actuado, el Instructor elevará a la Junta de Gobierno las propuestas de sanción o archivo de cada expediente disciplinario del mismo modo, el Instructor propondrá a la Junta de Gobierno las medidas de carácter provisional a adoptar en cada caso.   
Sección Segunda. De las infracciones y sanciones.  
Artículo 70. Clases de infracciones.   
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.   
Artículo 71. Infracciones muy graves.   
Son infracciones muy graves:   
a) La infracción de las prohibiciones establecidas en el artículo 25 o del régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 26 de los presentes Estatutos.   
b) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de las normas especificadas en el artículo 38, y cualquier otra infracción que en los presentes Estatutos tuviere la calificación de infracción muy grave.   
c) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión, así como los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en los presentes Estatutos.   
d) El atentado contra la dignidad u honor de las personas que constituyen la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, y contra los compañeros con ocasión del ejercicio profesional.   
e) La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten gravemente al ejercicio de la profesión.   
f) La realización de actividades, constitución de asociaciones o pertenencia a éstas, cuando tengan como fines o realicen funciones que sean propias y exclusivas de los Colegios de Abogados.   
g) La comisión de una infracción grave, habiendo sido sancionado por la comisión de otras dos del mismo carácter y cuya responsabilidad no se haya extinguido conforme al artículo 81.   
h) El favorecimiento del intrusismo profesional y su encubrimiento.   
i) La cooperación necesaria del Abogado con la empresa o persona a la que preste sus servicios, para que se apropien de honorarios profesionales abonados por terceros y que no le hubieren sido previamente satisfechos, cuando conforme a lo dispuesto en el artículo 65.2 tales honorarios correspondan al Abogado.   
j) La condena de un colegiado en sentencia firme a penas graves conforme al artículo 33.2 del Código Penal.   
k) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la abogacía.   
Artículo 72. Faltas graves.   
Son infracciones graves:   
a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en el ámbito de su competencia, así como por el reiterado incumplimiento de la obligación de atender a las cargas colegiales previstas en el artículo 37, párrafo a), salvo que constituya infracción de mayor gravedad.   
b) El ejercicio profesional en el ámbito territorial del Colegio omitiendo deliberadamente la comunicación conforme al artículo 15 de los presentes Estatutos.   
c) La falta de respeto, por acción u omisión, a los componentes de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.   
d) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de la actividad profesional, y la infracción de lo dispuesto en el artículo 39 sobre venia.   
e) La competencia desleal, cuando así haya sido declarada por el órgano competente, y la infracción de las normas de publicidad, cuan no constituya infracción muy grave.   
f) La temeraria impugnación de las minutas de los compañeros, así como la reiterada formulación de minutas de honorarios que sean excesivos.   
g) Los actos y omisiones descritos en los párrafos a), b), c) y d) del artículo anterior, cuando no tuvieren entidad suficiente para ser considerados como muy graves.   
h) El ejercicio profesional en situación de embriaguez, o bajo el influjo de drogas tóxicas.   
i) El ejercicio de la actividad profesional por los Abogados inscritos omitiendo expresa mención al título profesional de origen.   
Artículo 73. Faltas leves.   
Son infracciones leves:   
a) La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya infracción muy grave o grave.   
b) La negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias.   
c) El incumplimiento leve de los deberes que la profesión impone.   
d) Los actos u omisiones enumerados en el artículo anterior cuando no tuviesen entidad suficiente para ser considerados como graves.   
Artículo 74. Sanciones.   
1 Las sanciones que pueden imponerse por infracciones muy graves serán las siguientes:   
a) Para las de los párrafos b), c), d), e), f), g), h), e i) del artículo 71, suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo superior a tres meses sin exceder de dos años.   
b) Para las de los párrafos a), j) y k) del mismo artículo, expulsión del Colegio.   
2. Por infracciones graves podrá imponerse la sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a tres meses.   
3. Por infracciones leves podrán imponerse las sanciones de amonestación privada o la de apercibimiento por escrito.   
Sección Tercera. De los procedimientos.   
Artículo 75. Procedimiento sancionador.   
1. Del procedimiento para la sanción de infracciones leves. Si el acuerdo de iniciación del procedimiento estableciese como posible calificación de una infracción como leve, se ofrecerá al inculpado el plazo de diez días para que alegue lo que tenga por conveniente, si de lo actuado el Instructor propusiese una sanción leve o el archivo de actuaciones, elevará tal propuesta a la Junta de Gobierno sin más trámite. La Junta de Gobierno acordará lo procedente.   
2. Del procedimiento para la sanción de faltas graves o muy graves. Las infracciones graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno, previa la apertura del expediente disciplinario, tramitado conforme a lo dispuesto en este Estatuto con aplicación de lo establecido en el artículo 99.2 del Estatuto General de la Abogacía y estándose, en lo no previsto en éste, a lo dispuesto en las normas de procedimiento sancionador contenidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y normativa de desarrollo.   
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penalmente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.   
Cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a este Estatuto sea racionalmente imposible, el procedimiento será suspendido en su tramitación. La reanudación del procedimiento disciplinario quedará demorada hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial.   
Una vez iniciado el procedimiento, en cualquier momento en que el Instructor aprecie que la presunta infracción pueda ser constitutiva de infracción penal por delito o falta, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Junta de Gobierno para que la misma decida sobre la comunicación de los hechos al Ministerio Fiscal y resuelva la suspensión del procedimiento hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial, en su caso.   
Reanudada la tramitación del expediente disciplinario en cualquiera de los supuestos mencionados, la resolución que se dicte deberá respetar la apreciación de los hechos que contenga dicho pronunciamiento judicial.   
3. Medidas de carácter provisional. En el acuerdo de iniciación o, con posterioridad a éste, a propuesta del Instructor, la Junta de Gobierno, con carácter motivado y previa audiencia al interesado, podrá adoptar las siguientes medidas de carácter provisional:   
a) Suspensión en el ejercicio de la profesión. Esta medida será preceptiva si el inculpado estuviese sujeto a Auto de procesamiento o a inculpación en un proceso penal. La suspensión provisional en el ejercicio de la profesión podrá prolongarse mientras dure el procesamiento o la inculpación, sin que afecte al mantenimiento de la misma la situación de suspensión del procedimiento prevista en el artículo anterior.   
b) Suspensión en el servicio de turno de oficio y de asistencia jurídica gratuita, con el alcance que considere la Junta de Gobierno, cuando se entienda que la prosecución en dichos servicios pueda ser perjudicial para dicho servicio, atendiendo a los antecedentes obrantes en el expediente, a la gravedad de los hechos imputados, y a los precedentes del Abogado afectado. La suspensión provisional en los servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita podrá prolongarse hasta que recaiga en el procedimiento Resolución que haya puesto fin a la vía administrativa y sea ejecutiva.   
4. Notificaciones. Las notificaciones se ajustarán a lo establecido en los presentes Estatuto y en su defecto a lo prevenido en el artículo 94.2 del Estatuto General de la Abogacía que se remite para los casos, allí previstos a los artículos 59 y 61, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   
Las notificaciones podrán practicarse en el domicilio profesional que el colegiado tenga comunicado al Colegio, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 30 de estos Estatutos, con plena validez y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse de no haber comunicado reglamentariamente su eventual traslado.   
Si no pudiere ser practicada la notificación en los términos previstos por los apartado 1 del artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la entrega podrá realizarla un empleado del Colegio con sujeción a lo señalado en los apartados 2 y 3 del expresado precepto; y si tampoco así pudiere practicarse, se procederá conforme al apartado 4, siendo preceptivo, además, la inserción de una anuncio en el tablón de edictos del Colegio. En las notificaciones que se practiquen por la vía del apartado 3 del artículo 59 de la citada Ley, se guardarán las formalidades que establece el artículo 61 de la misma norma.   
5. Prórrogas de Plazo. Los plazos establecidos en el procedimiento disciplinario serán prorrogables, salvo disposición expresa en contrario, a propuesta razonada del Instructor del expediente, aprobada por la Junta de Gobierno, aprobación que deberá efectuarse en todo caso antes de su vencimiento.   
El acuerdo sobre la prórroga, que se notificará al colegiado afectado o recurrente no será recurrible, sin perjuicio de que lo que pueda alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en la eventual impugnación de tales actos en los ulteriores recursos que, en su caso, se interpongan contra la misma.   
6. Resolución del procedimiento. La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario habrá de ser acordada en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la propuesta del Instructor. Tendrá que ser motivada, resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente y no podrá aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica.   
Los acuerdos de suspensión por más de seis meses o expulsión deberán ser tomados por la Junta de Gobierno mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de sus componentes. A esta sesión estarán obligados a asistir todos los componentes de la Junta, de modo que el que sin causa justificada no concurriese cesará como miembro de la Junta de Gobierno y no podrá presentarse como candidato en la elección mediante la que se cubra su vacante.   
7. Régimen de impugnación. Serán impugnables ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados:   
a). Los acuerdos de la Junta de Gobierno en cuya virtud, se adopten medidas provisionales, se archiven las actuaciones o se impongan sanciones disciplinarias.   
b). Cualquier otra decisión dentro del procedimiento que, aunque tenga el carácter de acto de trámite, determine la imposibilidad de continuarlo o produzca indefensión.   
El recurso podrá interponerse en el plazo improrrogable de un mes desde su notificación, mediante escrito a presentar ante la Junta de Gobierno del Colegio, debiendo, en su caso, la Junta de Gobierno remitirlo en el plazo de diez días al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, junto con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.   
8. Ejecución y suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas sancionadoras. Las resoluciones de la Junta de Gobierno dictadas en ejercicio de la potestad disciplinaria propia no podrán ejecutarse hasta que hayan sido confirmadas por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados al resolver el recurso, o bien hasta que haya transcurrido el plazo establecido para su interposición sin efectuarla. No obstante las medidas provisionales en su caso aprobadas podrán ser ejecutadas desde su adopción.   
Corresponde su ejecución a la Junta de Gobierno, quien podrá suspender la misma, de conformidad y en los términos previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si se conociera la interposición de recurso de dicha naturaleza.   
Artículo 76. Efectos, notificaciones y recursos contra las sanciones.   
1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes. No obstante las medidas provisionales en su caso aprobadas podrán ser ejecutadas desde su adopción.   
2. Las sanciones podrán ser hechas públicas cuando ganen firmeza.   
3. Todas las sanciones tendrán efectos en el ámbito de todos los Colegios de Abogados de España, a cuyo fin el Colegio lo comunicará al Consejo General de la Abogacía para que proceda a comunicarlo a todos los Colegios.   
Artículo 77. Caducidad del procedimiento sancionador.   
1. Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses en el supuesto de las faltas graves, muy graves y faltas leves desde la iniciación del expediente disciplinario, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables al interesado, se producirá la caducidad a la que se refiere el artículo 44.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   
2. La declaración de caducidad de oficio o a instancia del propio interesado no impedirá la incoación de un nuevo expediente disciplinario en el supuesto de que la infracción cometida no hubiera prescrito.   
CAPÍTULO SEGUNDO  
RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE LOS ABOGADOS  
Artículo 78. Ámbito.   
1. Los Abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.   
2. Los Abogados en su ejercicio profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya defensa les hubiere sido confiada, responsabilidad que será exigible conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia, pudiendo establecerse legalmente su aseguramiento obligatorio.   
Artículo 79. Actuación profesional frente a un Abogado.   
El Abogado que reciba el encargo de promover actuaciones de cualquier clase contra otro sobre responsabilidades relacionadas con el ejercicio profesional, deberá informar al Decano del Colegio para que realice una labor de mediación, si la considera oportuna.   
TÍTULO VIII  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
CAPÍTULO PRIMERO  
LA JUNTA DE GOBIERNO  
Sección Primera. Composición y funciones.   
Artículo 80. Composición de la Junta de Gobierno   
El Colegio de Abogados de Alzira estará regido por una Junta de Gobierno que estará constituida por el Decano, un Tesorero, un Bibliotecario-Contador, un Secretario y tres Diputados.   
Artículo 81. Funciones de los miembros de la Junta de Gobierno.   
1. Decano. Corresponde al Decano:   
a) La representación institucional y oficial del Colegio en todas las relaciones del mismo con los órganos constitucionales, los de la administración de Justicia, de las Administraciones Públicas, y cualquier otra persona física o jurídica;   
b) El ejercicio las funciones de vigilancia y corrección que los Estatutos reservan a su autoridad;   
c) La presidencia las Juntas de Gobierno y las Juntas Generales, así como de todas las comisiones, Secciones y comités especiales a las que asista, dirigiendo las discusiones con voto de calidad en caso de empate.   
d) La propuesta de los Abogados que deban formar parte de los Tribunales de oposición, entre los que reúnan las circunstancias necesarias al efecto.   
e) Además de estas funciones, se esforzará principalmente en mantener con los todos los compañeros una relación asidua de protección y consejo, fomentando la cooperación y la competencia leal entre compañeros y la tutela del derecho de defensa frente a cualquier injerencia, limitación o restricción ilegítima.   
2. Secretario: Corresponden al Secretario las funciones siguientes:   
a) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las instrucciones que reciba el Decano y con la anticipación debida.   
b) Redactar las Actas de las Juntas Generales y las que celebre la Junta de Gobierno.   
c) Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio, debiendo existir obligatoriamente aquél en el que se anoten las correcciones que se impongan a los colegiados, así como el Libro registro de títulos.   
d) Recibir y dar cuenta al Decano de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.   
e) Expedir con el visto bueno del Decano las certificaciones que se soliciten por los interesados.   
f) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la Jefatura de Personal, y proponer la contratación y cese de los empleados del Colegio.   
g) Llevar un registro en el que, por orden alfabético de los apellidos de los colegiados, se consigne el historial de los mismos dentro del Colegio.   
h) Revisar cada año las listas de los Abogados del Colegio, expresando su antigüedad y domicilio.   
i) Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.   
3. Tesorero: Corresponderá al Tesorero:   
a) Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.   
b) Realizar los cobros y pagos derivados del presupuesto de ingresos y gastos anual y cuantos, en general, acuerde la Junta de Gobierno o procedan de acuerdos firmes adoptados por la Junta General.   
c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y marcha del presupuesto; y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido.   
d) Redactar y proponer el presupuesto de ingresos y gastos anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar a la aprobación de la Junta General.   
e) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias con su sola firma o con las demás que acuerde la Junta de Gobierno.   
f) Llevar inventario minucioso de los bienes del Colegio, de los que será administrador.   
g) Controlar la contabilidad y verificar la Caja.   
h) Cobrar los intereses y rentas del capital del Colegio.   
4. Bibliotecario-Contador: Tendrá las obligaciones siguientes:   
a) Cuidar de la Biblioteca   
b) Formar y llevar catálogos de obras.   
c) Proponer la adquisición de las que considere procedentes a los fines corporativos.   
d) Intervenir los pagos que realice el Tesorero por orden del Decano.  
5. Diputados. Los Diputados actuarán como Vocales de la Junta, desempeñando las funciones de ésta que la propia Junta acuerde y las que los presentes Estatutos y las Leyes les encomienden. Sus cargos estarán numerados a fin de sustituir por orden numérico creciente al Decano en caso de enfermedad, ausencia o vacante, y en orden numérico decreciente al Secretario, Tesorero y Bibliotecario- Contador.   
Los Diputados llevarán a cabo los servicios que el Decano o la Junta de Gobierno les encomiende, y las sustituciones que les competan. Los Diputados desempeñarán, a título meramente enunciativo, las siguientes funciones, que por acuerdo de la Junta de Gobierno se asignara a los que en cada caso se estime más conveniente para su mejor desarrollo y eficacia:   
a) Ejercer la inspección de cuanto afecte al intrusismo, en todas sus formas, e investigará si ejerce indebidamente la profesión, aquél en quien no concurran los requisitos legales.   
b) Atender a las relaciones con los Tribunales, en cuantas incidencias se deriven del ejercicio de la profesión por los Colegiados, vigilando especialmente que se respeten cuantos derechos les correspondan y cumplan los deberes que la defensa y los estatutos les imponen, sobre todo a los encargados de los turnos de oficio y de asistencia a detenidos.   
c) Cuidar de las relaciones del Colegio y de sus Colegiados, con la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía, y de las funciones propias de la labor asistencial que desarrolle el Colegio.   
d) Organizar, vigilar y controlar el Turno de Oficio y de Asistencia a Detenidos.   
Artículo 82. Tratamiento e insignias   
1. El Decano tendrá el tratamiento de Excelentísimo, y otros que legalmente le correspondan.   
El resto de miembros de la Junta de Gobierno tendrán tratamiento de Ilustrísimos.   
2. El Decano y los miembros de la Junta de Gobierno, usarán en los actos oficiales, como distintivo de su personalidad, las medallas con cordón, colgadas al cuello, que tradicionalmente ya se vienen utilizando, así como Togas con el Escudo del Colegio, y puñetas en la bocamanga, pudiendo igualmente utilizar una medalla de solapa.   
3. Las medallas con cordón, se utilizarán únicamente mientras se pertenezca a la Junta de Gobierno, pudiendo usarse las de solapa, en todo momento, incluso después de cesar en el cargo.   
Artículo 83. Atribuciones de la Junta de Gobierno   
Son atribuciones de la Junta de Gobierno todas aquellas necesarias para el cumplimiento de los fines y funciones del Colegio, salvo las reservadas a la competencia exclusiva de la Junta General, y especialmente:   
1. Con relación al ejercicio profesional y a los colegiados:   
a) Someter a referéndum, por sufragio secreto, asuntos concretos de interés colegial.   
b) Resolver sobre la admisión de Licenciados o Doctores en Derecho que soliciten incorporarse al Colegio, así como resolver las solicitudes de inscripción e incorporación de los Abogados pertenecientes a la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, pudiendo delegar esta facultad en el Decano, para casos de urgencia, que serán sometidos a la ratificación de aquélla.   
c) Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a los Tribunales, a sus compañeros, a sus clientes, y que en el desempeño de su función desplieguen la necesaria diligencia y competencia profesional.   
d) Impedir el ejercicio de la profesión a quienes, siendo colegiados o no, la ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias al orden legal establecido.   
e) Perseguir a los infractores de lo regulado en el número anterior, así como a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten dicho irregular ejercicio profesional, ejercitando frente a éstas cuantas acciones jurisdiccionales fuesen necesarias o convenientes.   
f) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el intrusismo, así como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin excluir a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional irregular.   
h) Establecer las cuotas de incorporación y las ordinarias que deban satisfacer los colegiados ejercientes, y las de los no ejercientes, para sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.   
i) Proponer a la Junta General, si lo estima necesario, la imposición de cuotas extraordinarias a sus colegiados.   
j) Recaudar el importe de las cuotas y de los otros recursos establecidos para el sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y del Consejo General de la Abogacía.   
k). Regular los honorarios de los Abogados, que tendrán carácter meramente orientativo, e informar cuando los Tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las Leyes o cuando lo soliciten los colegiados minutantes.   
l) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno.   
ll) Convocar Juntas ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día para cada una.   
m) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados.   
n) Proponer los Reglamentos de orden interior que juzgue convenientes, que precisaran la aprobación de la Junta General para su vigencia.   
o) Nombrar las Comisiones, Agrupaciones y Secciones de colegiados que fueren necesarias para el estudio y desarrollo de las materias que puedan interesar a los fines de la Corporación y a la defensa y promoción de la Abogacía.   
p) Crear, suprimir y regular las Secciones del Colegio y la Escuela de Práctica Jurídica.   
t). Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y prestigio que corresponden al Abogado, así como propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal conforme a la legislación vigente.   
u) Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural, de las que la Junta de Gobierno tenga noticias en el ejercicio de su función o en el de alguno de sus miembros o representantes de ellos.   
v). Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la designación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.   
x) Proponer a la Junta General normas de desarrollo o para la aplicación y cumplimiento de los presentes Estatutos   
y) Todas las demás que no estén expresamente atribuidas a la Junta General.   
2. Con relación a los Tribunales de Justicia   
a) Fomentar y estrechar las relaciones de respetuosa cordialidad entre el Colegio y sus colegiados y la Magistratura.   
b) Otorgar el amparo colegial ante los Juzgados y Tribunales   
3. Con relación a los órganos constitucionales, de la Generalitat, así como de su Administración Pública, y de otras Administraciones Públicas   
a) Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas.   
b) Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere beneficioso para el interés común y para la recta y pronta administración de justicia.   
c) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y, en particular, contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la administración de Justicia o la libertad e independencia del ejercicio profesional.   
4. Con relación a los recursos económicos del Colegio:   
a) Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio, tanto generales como atribuidos o procedentes de las diversas Secciones incardinadas en el mismo.  
b) Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales. Para su redacción y distribución de las partidas que lo integren, se tendrá en cuenta la procedencia de los ingresos, en cuanto por su origen, deban ser aplicados, a fines específicos especialmente de tipo asistencial.   
c) Acordar la inversión en inmuebles, con los límites que señala el art. 114 de los presentes Estatutos.   
d) Proponer a la Junta General, la inversión o disposición del patrimonio colegial, cualesquiera que sea el origen de los mismos.   
Artículo 84. Facultades especiales.   
1. La Junta de Gobierno podrá emitir las consultas y dictámenes, así como arbitrajes y laudos corporativos, dentro de los términos autorizados por los apartados 1), m), n) y o) del artículo 4) del Estatuto General de la Abogacía.   
2. Los arbitrajes en materia de derecho privado se ajustarán a la ley vigente aplicable, previo su sometimiento al mismo por las partes.   
3. Los laudos corporativos se tramitarán de acuerdo con las normas que en cada caso señale la Junta de Gobierno, quien podrá designar uno o varios ponentes que tramiten los mismos, resolviendo en todo caso previo oír por escrito a las partes y a la vista de los antecedentes que las mismas le suministren. Será necesario el sometimiento expreso de las partes al laudo corporativo.   
4. La Junta de Gobierno determinará a quien corresponde abonar los honorarios que se devenguen por la emisión de los Arbitrajes y laudos corporativos, viniendo obligadas las partes a satisfacerlo de acuerdo con dicha decisión, ingresándose los mismos o lo que se ingresen de análoga significación, en los fondos colegiales.   
Sección Segunda. Funcionamiento.   
Artículo 85. Reuniones de Junta   
1. La Junta de Gobierno se reunirá ordinariamente una vez al mes previa convocatoria del Decano, quien deberá convocarla cuando lo solicite, al menos, una cuarta parte de sus integrantes.   
2. La convocatoria para las reuniones se hará por el Secretario con, al menos, tres días de antelación. Se formulará por escrito e irá acompañada del orden del día correspondiente, que establecerá el Decano. Fuera de éste no podrán tratarse otros asuntos, salvo los que el Decano considere de urgencia.   
3. La Junta de Gobierno quedará validamente constituida cuando concurra la mayoría de sus miembros. No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno quedará válidamente constituida, aún sin convocatoria previa, cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así se acuerde por unanimidad.   
4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos favorables de los asistentes, teniendo el Decano voto de calidad, salvo cuando se requiera un quórum especial   
Sección Tercera. Nombramiento y sustitución de los miembros de la Junta de Gobierno.   
Artículo 86. Capacidad para formar parte de la Junta   
1. No podrán formar parte de las Juntas de Gobierno:   
a) Los colegiados que hayan sido condenados por sentencia firme, que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto éstas subsistan.   
b) Los colegiados a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria por falta grave en cualquier Colegio de Abogados, mientras no haya sido rehabilitado.   
c) Los colegiados que sean miembros de órganos rectores de otro Colegio Profesional.   
d) En el caso de sanciones disciplinarias impuestas por Tribunal, Juzgados u órganos que no sean Colegios de Abogados cuyas sanciones consten en su expediente personal, la Junta de Gobierno, mediante decisión motivada, decidirá si constituyen o no impedimento para el acceso a los cargos directivos.   
2. Quienes se hallaren en alguna de las situaciones a que se refieren los apartados anteriores no podrán ser objeto de sufragio pasivo en las elecciones, y si son miembros de la Junta cesarán de inmediato.   
Artículo 87. Forma de proveerse   
1. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección mediante votación directa y secreta de todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, computándose el valor de los votos de aquellos como doble del de estos últimos.   
2. Los cargos durarán cinco años.   
3. La renovación de los cargos de la Junta de Gobierno se verificará por mitad, cada dos años y medio, con sujeción al siguiente turno de rotación:   
a) Decano, Tesorero, Diputado 1°, Diputado 2, y en su caso, 3°.   
b) Bibliotecario-Contador, Secretario, Diputado 2° y, en su caso, 4°.   
4. Si se produjera alguna vacante en la Junta de Gobierno, se proveerá también por elección, en la Junta General de más próxima celebración y el elegido desempeñará su cargo por el tiempo que medie hasta la época de su renovación, según el turno establecido anteriormente. Los que fueren designados en esta elección para sustituir a aquellos que no hubieren agotado el término de su mandato, ocuparán los cargos durante el tiempo legal que faltase a los sustituidos, pero podrán ser reelegidos en la renovación ordinaria de cargos, tomando posesión inmediatamente.   
Artículo 88. Requisitos para presentar candidatura   
1. El Decano y los demás miembros de la Junta de Gobierno, serán colegiados ejercientes, que tengan la condición de elector y residentes en la demarcación del Colegio, y en el que no concurra ninguna de las causas de incapacidad ni en las prohibiciones establecidas en estos Estatutos.   
2. No se podrá pertenecer a la Junta de Gobierno en cargos distintos.  
3. Para concurrir a las elecciones como candidato a Decano, será necesario haber desarrollado durante un año el ejercicio profesional, para los demás cargos tres años.   
Artículo 89. Convocatoria   
1. La Junta de Gobierno convocará elecciones, tres meses antes a la finalización del mandato ordinario o cuando se produjese alguna vacante en la misma.   
2. Cuando por cualquier causa la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno queden vacantes, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados designará una Junta Provisional de entre los colegiados ejercientes con mas de 25 años de ejercicio, que convocará en el plazo de treinta días elecciones para la provisión de los cargos vacantes.   
Estas elecciones deberán celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes, contados a partir de la convocatoria.   
3. Si quedasen vacantes la mitad o más de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados las completará en forma también provisional, actuándose para su provisión definitiva en la forma antes consignada.   
En el caso previsto en el párrafo primero de este artículo, la mitad de los elegidos, que se concretarán por sorteo, ostentarán el mandato por un periodo de dos años, efectuándose la renovación de la otra mitad y las sucesivas del modo que previene con carácter general esta sección.   
Artículo 90. Procedimiento electoral: Fase previa a la elección   
1. Publicación de las elecciones. Adoptado el acuerdo de convocatoria electoral, se insertará anuncio de la misma en el tablón de anuncios de la sede colegial, con cuarenta y cinco días de antelación a la fecha de celebración de la elección. En el anuncio deberá constar:  
a) Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos tanto de antigüedad como de situación colegial, exigidos para poder aspirar a cada uno de ellos.   
b) Día y hora de celebración de la Junta y hora en que se cerrarán las urnas para comienzo del escrutinio, según lo dispuesto sobre el particular en el presente Estatuto.   
c) Instrucciones para el ejercicio del derecho de voto por correo.   
Asimismo se expondrá en dichos tablones de anuncios las listas separadas de colegiados ejercientes y no ejercientes con derecho a voto, censo que quedará cerrado a fecha de los tres meses anteriores a la de la celebración de las elecciones.   
2. Presentación de candidaturas. Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio con, al menos, treinta días de antelación a la fecha señalada para el acto electoral. Las candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos. Ningún colegiado podrá ser candidato a más de un cargo.   
3. Reclamaciones al contenido de las listas electorales. Los colegiados que quisieren formular reclamación contra las listas, electorales habrán de verificarla dentro del plazo de los cinco días siguientes a la exposición de las mismas.   
La Junta de Gobierno, caso de haber reclamaciones contra las listas, resolverá sobre ellas, dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para formularlas, notificándose su resolución a cada reclamante, dentro de los dos días siguientes.   
4. Proclamación de candidatos. La Junta de Gobierno, al día siguiente de la finalización del plazo de presentación de candidaturas proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos legales y estatutarios exigibles, considerando electos a los que no tengan oponentes. Este acuerdo de publicará en el Tablón de anuncios del Colegio.   
5. Voto por correo. Los colegiados que quieran ejercer el voto por correo deberán solicitarlo individualmente en comparecencia personal en las oficinas de la Sede Colegial hasta el decimoquinto día anterior a la fecha de la votación. El colegiado deberá acreditar su identidad mediante exhibición del DNI o del carné colegial. El Colegio registrará la petición de voto y tomará nota en el censo para que el día de las elecciones no se ejerza el derecho de voto personalmente.   
También, los Colegiados que por una imposibilidad física debidamente acreditada no puedan comparecer personalmente podrán otorgar poderes a otro colegiado para este trámite. En todo caso, la firma del Colegiado en el sobre exterior prevista en el apartado siguiente será insustituible.   
En el Colegio se entregará al solicitante del voto por correo un sobre blanco y un sobre exterior, en el que se hará constar en el anverso la palabra ELECCIONES y en el reverso su nombre y apellidos, dirección, numero de colegiado y su firma, y la siguiente inscripción: «contiene papeletas para la elección de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Alzira»   
Artículo 91. Procedimiento electoral: Fase de elección   
1. Constitución de la Mesa. Para la celebración de la elección, se constituirá la Mesa electoral que quedará integrada por el Decano como Presidente, o por un miembro de la Junta que le sustituya en dicho acto auxiliado, como mínimo, por dos miembros más de la propia Junta como Vocales, actuando el mas moderno de éstos como Secretario, salvo que forme parte de la Mesa electoral el Secretario de la Junta de Gobierno, en cuyo caso desempeñara esta función.   
Cada candidato podrá, por su parte, designar entre los colegiados uno o varios interventores que lo representen en las operaciones de la elección.   
2. Número de urnas. La Mesa Electoral establecerá urnas separadas para el depósito de los votos de los colegiados ejercientes y no ejercientes, sin perjuicio de la urna para voto por correo.   
3. Duración. La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de cuatro horas.   
4. Papeletas. Las papeletas de voto, que serán editadas por el Colegio, deberán ser blancas y del mismo tamaño, debiendo llevar impresos, por una sola cara y correlativamente, los cargos a cuya elección se procede. Los candidatos podrán, por su parte, confeccionar papeletas, las que deberán ser de igual formato, color y tamaño a las editadas por la Junta.   
En la sede en que se celebre la elección deberá disponer la Junta de Gobierno de suficiente número de papeletas con los nombres de los candidatos en blanco y papeletas en blanco.   
5. Acto de votación personal. Los votantes deberán acreditar a la mesa electoral su personalidad.   
El presidente de la Mesa comprobará su inclusión en el censo elaborado para las elecciones, pronunciará en alta voz el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras lo cual el propio Presidente introducirá en la urna la papeleta doblada.   
6. Voto por correo. La papeleta de votación deberá introducirse doblada en el sobre blanco que se cerrará y se introducirá a su vez junto con la fotocopia del Documento Nacional de Identidad en el sobre exterior, que se remitirá por correo certificado a la sede del Colegio.   
Los votos por Correo deberán dirigirse al Secretario de la Junta de Gobierno que se hará cargo de su custodia hasta el momento del inicio de las elecciones, en que hará entrega de los mismos a la Mesa Electoral, que los introducirá en la urna designada a tal efecto.   
Se admitirán los votos por Correo que se reciban en la sede electoral hasta el momento del cierre de la votación. Una vez finalizadas las elecciones, se procederá en primer lugar a la apertura de la urna con los votos por correspondencia, procediendo a comprobar que los datos y firma del elector que constan en el sobre exterior coinciden con la firma del Documento Nacional de Identidad que, preceptivamente, habrá adjuntado, en cuyo caso se introducirá la papeleta de nuevo en la urna, con su sobre.   
Será declarado nulo todo voto por Correo que no cumpla estrictamente la normativa prevista en estos Estatutos colegiales.   
Los colegiados que soliciten votar por Correo no podrán votar personalmente. Se levantará acta y lista de los sobres recibidos y sus votantes.   
Artículo 92. Procedimiento electoral: Fase de escrutinio y proclamación   
1. Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyéndose en voz alta todas las papeletas.   
2. Deberán ser declarados nulos totalmente aquellos votos que contengan expresiones ajenas al estricto contenido de la votación o que contengan tachaduras o raspaduras, y nulos parcialmente en cuanto al cargo a que afecte, las que indiquen más de un candidato para un mismo cargo, o nombre de personas que no concurran a la elección. Podrá no obstante tacharse el nombre de un candidato e indicar de forma manuscrita el de otro que opte al mismo cargo. Aquellas papeletas que se hallen sólo parcialmente rellenadas en cuanto al número de candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, lo serán para los cargos y personas correctamente expresados.   
3. Finalizado el escrutinio, el Presidente anunciará su resultado, proclamándose seguidamente electos los candidatos que hubieren obtenido para cada cargo el mayor número de votos. En caso de empate se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio.   
4. En el plazo de cinco días desde la constitución de los órganos de gobierno, deberá comunicarse ésta al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, a la administración Pública de la Generalitat, e inscribirse en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.   
Artículo 93. Procedimiento electoral: Efectos suspensivos de los recursos   
Los recursos que se interpongan en el proceso electoral o contra su resultado, ante la Junta de Gobierno del Colegio o ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, no suspenderán la votación, proclamación y posesión de los elegidos, salvo cuando así se acuerde por causas excepcionales mediante resolución expresa motivada.   
Sección Cuarta. Ceses   
Artículo 94. Cese.   
Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:   
a) Incumplimiento sobrevenido de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.   
b) Por expiración del término o plazo para el que fueron elegidos o designados, cese que no será efectivo hasta que tome posesión de dicho cargo quien lo sustituya.   
c) Renuncia del interesado.   
d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta, o a alguna de las previstas en el párrafo tercero, del apartado 6 del artículo 75 de los presentes Estatutos.  
e) Aprobación de moción de censura, según lo regulado en el siguiente capítulo.  
f) Fallecimiento.   
CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA JUNTA GENERAL  
Sección Primera. Composición y funciones   
Artículo 95. La Junta General   
1. La Junta General es el órgano supremo de la voluntad, con arreglo a las disposiciones de este Estatuto y sin más limitaciones que las legalmente establecidas.   
2. La Junta General está formada por los colegiados y los Abogados inscritos.   
Artículo 96. Atribuciones de la Junta General.   
Las atribuciones de la Junta General son:   
a) La aprobación y modificación de los Estatutos de este Colegio y de los reglamentos de régimen interior para el desarrollo de los mismos.   
b) La aprobación del Balance, Cuenta de resultados y de la liquidación presupuestaria de cada ejercicio, así como de los Presupuestos anuales de Ingresos y Gastos.   
c) La aprobación o censura de la gestión de la Junta de Gobierno o de cualquiera de sus miembros.   
d) La fusión, segregación y disolución del Colegio, salvo en aquellos supuestos en que lo imponga directamente la Ley.   
e) La adquisición, enajenación, gravamen y demás actos jurídicos de disposición sobre bienes inmuebles de la Corporación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 114.   
1) Aquellos asuntos que le someta la Junta de Gobierno   
Sección Segunda. Funcionamiento   
Artículo 97. Convocatoria   
1. La convocatoria la formulará el Decano, estableciendo el orden del día, el día, la hora y el lugar. Se incluirán en la convocatoria todos los asuntos que el Decano considere oportuno, así como todas las proposiciones de colegiados y Abogados inscritos se hayan presentado en la Secretaría hasta el día de la convocatoria, y sean competencia de la Junta General. Si a juicio del Decano no fuesen competencia de este órgano los someterá a consideración de la siguiente sesión de la Junta de Gobierno.   
2. El Secretario con una antelación mínima de quince días a la celebración de la sesión de la Junta General, insertará anuncio de la convocatoria en el tablón del colegio y expedirá las citaciones. Las citaciones se comunicarán por vía telemática o mediante depósito en el apartado que cada colegiado tiene abierto en las dependencias colegiales.   
3. Desde la fecha de inserción del anuncio en el tablón colegial, estarán a disposición de los colegiados y Abogados inscritos los expedientes en los que se recojan los antecedentes necesarios para que puedan formarse opinión sobre los asuntos a tratar en la sesión.   
4. El Decano, previo acuerdo favorable de la Junta de Gobierno, puede convocar sesión urgente de la Junta General. En este caso, la antelación, con la que debe insertarse el anuncio y expedirse las citaciones, puede reducirse hasta cuarenta y ocho horas.   
Artículo 98. Constitución   
1. Las sesiones de la Junta General pueden ser ordinarias o extraordinarias.   
2. Para la constitución de la Junta General, en sesión ordinaria, será necesaria la asistencia de la mitad más uno de los colegiados, en primera convocatoria, y cualquiera que sea el número de asistentes, en segunda convocatoria. La segunda convocatoria será siempre media hora después de la primera, debiendo expresarse esta regla en los anuncios y citaciones que expida el Secretario.   
3. Para la constitución de la Junta General con carácter extraordinario, la constitución y régimen de primera y segunda convocatoria será el mismo, salvo que se traten los siguientes asuntos:   
a) Modificación de los estatutos.   
b) Moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros.   
c) Segregación o, en su caso, fusión o absorción.   
d) Disolución.   
En los dos primeros casos, será necesaria la asistencia, en primera convocatoria, la asistencia de la mitad más uno de los colegiados y la presencia del veinticinco por ciento de los colegiados y Abogados inscritos, durante la deliberación y votación del asunto. La segunda convocatoria se celebrará veinticuatro horas después, quedando constituida la Junta cualquiera que sea el número de colegiados que asista, debiendo expresarse esta regla en los anuncios y citaciones que expida el Secretario.   
En el tercer caso, deberá concurrir un número de colegiados no inferior al quince por ciento de los colegiados, tanto en la primera, como en la segunda convocatoria, así como su presencia durante la votación del asunto. La segunda convocatoria se celebrará veinticuatro horas después.  
En caso de disolución, deberá concurrir un número de colegiados no inferior al ochenta por ciento, tanto en la primera, como en la segunda convocatoria, así como su presencia durante la votación del asunto. La segunda convocatoria se celebrará veinticuatro horas después.   
4. Las sesiones serán presididas por el Decano, o por quien legalmente le sustituya, siendo preceptiva la presencia de éste y la del Secretario o de quien legalmente le sustituya para la validez de la sesión sea ordinaria o extraordinaria.   
Artículo 99. Deliberación   
1. El Secretario, de orden del Decano, leerá el enunciado de cada asunto a tratar según conste en el Orden del día, a continuación, el miembro de la Junta de Gobierno que haya sido designado ponente del asunto, expondrá la motivación y la propuesta de acuerdo a adoptar. Si el asunto hubiese sido propuesto por un colegiado y no se hubiese designado ponente, será a este a quien le corresponderá la exposición y propuesta.   
2. El Decano abrirá el debate otorgando la palabra, por una vez, a quienes se lo soliciten, pudiendo establecer las limitaciones temporales que considere oportunas. Asimismo podrá conceder un segundo turno de intervención a los colegiados para rectificar su posición inicial, y las intervenciones que considere convenientes por alusiones.   
3. Finalizadas las intervenciones, el Decano someterá el asunto a votación, en los términos de la propuesta de acuerdo, o de las alternativas que se planteen a la misma.   
Artículo 100. Votación.   
1. Las votaciones serán ordinarias a mano alzada, o nominales. Sólo serán nominales cuando lo determine el Decano o cuando lo soliciten al menos el diez por ciento de los asistentes.   
También podrán adoptarse los acuerdos por votación secreta, mediante papeletas en sobres, que así lo aseguren, cuando lo solicite un 10 por ciento de los asistentes.   
2. En ningún caso será delegable el voto.   
3. Para la adopción de acuerdos en las sesiones ordinarias será suficiente que existan más votos a favor que en contra de la propuesta de acuerdo, pudiéndose, también, adoptar acuerdos por aclamación.   
4. Para la adopción de acuerdos en las sesiones extraordinarias será suficiente que existan más votos a favor que en contra de la propuesta de acuerdo, salvo en los siguientes casos:   
a) Moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros, para cuya aprobación será necesario el voto favorable de dos tercios de los asistentes.  
b) En los de segregación o, en su caso, fusión o absorción, que será necesario el voto favorable de la mitad mas uno de los asistentes.   
c) Disolución, que será necesario el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes.   
Artículo 101. Sesiones ordinarias   
1. La Junta General se reunirá, con carácter ordinario, dos veces al año, no pudiéndose tratar en la misma ningún asunto que requiera una mayoría especial para su constitución.   
2. La primera de las sesiones de carácter ordinario se celebrará durante el primer trimestre del año natural, en el que se tratarán, al menos, los siguientes asuntos:  
a) Informe por el Decano de su gestión y de la Junta de Gobierno, con reseña de los acontecimientos más importantes que durante el año hayan tenido lugar, con relación al Colegio.   
b) Lectura, discusión y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del año anterior.   
c) Toma de posesión, en su caso, de sus cargos respectivos por los miembros de la Junta de Gobierno elegidos, cesando aquéllos a quienes corresponde cesar.   
d) Ruegos y preguntas   
3. La segunda Junta General Ordinaria se celebrará en el último trimestre del año, que necesariamente al menos tratara del siguiente orden del día:   
a) Lectura y aprobación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el ejercicio siguiente.   
b) Ruegos y preguntas.   
Artículo 102. Sesiones extraordinarias   
1. La Junta General se reunirá con carácter extraordinario, cuando así lo acuerde el Decano, por propia iniciativa, a propuesta de Junta de Gobierno o del diez por ciento de los colegiados, y siempre que sea preceptiva una mayoría especial para su constitución y para la adopción de acuerdos.   
2. En las propuestas se expresarán los asuntos concretos que hayan de tratarse en la sesión.   
3. La sesión se convocará dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la propuesta en el Registro de Entrada del Colegio o de la adopción del acuerdo por la Junta de Gobierno.   
TÍTULO IX  
ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA.  
Artículo 103. Carácter y finalidad   
1. La Escuela de Practica Jurídica es un órgano desconcentrado del Colegio, que tiene por objetivo principal la formación deontológica y práctica para el ejercicio profesional, facilitando al Abogado en sus inicios profesionales las herramientas y recursos prácticos necesarios para capacitarlo en habilidades destrezas, actitudes y conocimientos imprescindibles para iniciarse en el ejercicio profesional con eficacia, responsabilidad, seguridad y respeto a las normas deontológicas, así como para capacitarlo específicamente para su inmediata incorporación a los servicios de turno de oficio, de asistencia al detenido y de orientación jurídica, una vez cumpla el resto de los requisitos exigidos reglamentariamente.   
2. A través de la Escuela de Practica Jurídica del Colegio de Abogados de Alzira desarrollara la función de participación en los procesos y pruebas que se establezcan para la acreditación de la aptitud profesional a través de la que se reconozca la capacidad necesaria para el ejercicio profesional.  
3. La organización y funcionamiento de la Escuela de Práctica Jurídica se regulará por la Junta de Gobierno.   
TÍTULO X  
CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS  
Artículo 104. Integración.   
El Ilustre Colegio de Abogados de Alzira está integrado en el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Esta integración no afecta ni a personalidad propia e independiente de esta organización, ni al ejercicio de las competencias del Colegio.   
TÍTULO XI  
DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y DE SU  
IMPUGNACIÓN.  
CAPÍTULO PRIMERO  
RÉGIMEN JURÍDICO Y ESPECIALIDADES   
PROCEDIMENTALES  
Artículo 105. Régimen Jurídico   
El Colegio de Abogados de Alzira, como Corporación de Derecho Público, está sujeto al Derecho administrativo, en cuanto ejerza potestades públicas. El resto de su actividad se rige por el derecho privado, sin perjuicio de la observancia de las normas sobre la formación de la voluntad de los órganos colegiales previstas en estos Estatutos.   
Artículo 106. Presunción de validez y ejecutoriedad de los actos sujetos a Derecho Administrativo   
Los actos dictados por los órganos colegiales sujetos al Derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación.   
Artículo 107. Especialidades procedimentales   
1. Representación: Los colegiados podrán actuar por medio de representante, que deberá ser otro colegiado, que acreditará su mandato mediante documento público o poder apud acta, entendiéndose con éste las actuaciones que practique el Colegio cuando así lo solicite el mismo interesado.   
2. Plazo de resolución. El plazo máximo de Resolución y notificación de los procedimiento iniciados a instancia de interesado será de cuatro meses. Para los procedimientos iniciados de oficio, incluyendo los disciplinarios, será de seis meses.   
3. Recepción y registro de documentos: En el Colegio se llevará un único Registro en el que se hará el correspondiente asiento de todo recurso, escrito o comunicación que presenten los colegiados.   
Artículo 108. Libros de Actas   
Los acuerdos adoptados en las sesiones de la Junta General y de la Junta de Gobierno se transcribirán, separadamente, en dos libros que a tal efecto y con carácter obligatorio se llevarán en el Colegio. Serán firmadas por el Decano y por el Secretario o por quienes hubieran desempeñado sus funciones en la Junta de que se trate.   
CAPÍTULO SEGUNDO  
RECURSOS  
Artículo 109. Contra acuerdo de la Junta de Gobierno.   
1. Los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno que estén sujetos al derecho administrativo, podrán ser objeto de recurso ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, dentro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente a aquél en que se hubiera adoptado o, en su caso, notificado, a los colegiados o personas a quienes afecte.   
2. El recurso podrá interponerse ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados o ante la Junta de Gobierno, que lo elevará, con sus antecedentes e informe que proceda, al Consejo Valenciano, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación.   
3 La interposición del recurso ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados no suspende la ejecutividad de los acuerdos, salvo en los siguientes casos:   
a) Cuando se recurra una sanción disciplinaria.   
b) Cuando a instancia de parte así lo acuerde el Consejo Valenciano, por concurrir circunstancias que puedan causar daños difícilmente reparables o, desproporcionados respecto al interés público tutelado por el acto.   
La interposición del recurso suspenderá automáticamente la ejecutividad del acto. La suspensión se levantará una vez se resuelva el recurso.   
Artículo 110. Contra acuerdos de Junta General.   
1. Los acuerdos de la Junta General serán recurribles por la Junta de Gobierno, o por cualquier colegiado a quien afecte personalmente, ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados en el plazo de un mes desde su adopción.   
2. Si la Junta de Gobierno al impugnar un acuerdo de la Junta General, entendiese que dicho acuerdo es gravemente perjudicial para los intereses del Colegio o contrario al ordenamiento jurídico podrá, al tiempo de formular el recurso previsto en el apartado anterior, solicitar la suspensión inmediatamente la ejecución del acuerdo impugnado.   
TÍTULO XII  
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL COLEGIO.  
CAPÍTULO PRIMERO  
DE LOS RECURSOS  
Artículo 111. Recursos ordinarios.   
1. Constituyen los recursos ordinarios del Colegio de Abogados:   
a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos que integran el patrimonio del Colegio.   
b) Las cuotas de incorporación al Colegio que libremente determine la Junta de Gobierno.   
c) Los derechos por los informes, dictámenes o resoluciones que evacue la Junta de Gobierno en las regulaciones de honorarios tanto judiciales como extrajudiciales, en la cuantía que establezca la Junta de Gobierno.   
d) Los derechos por los dictámenes, resoluciones o arbitrajes que se sometan a la Junta de Gobierno, los cuales se fijarán discrecionalmente conforme a las normas generales de honorarios vigentes en cada momento.   
e) El importe de las cuotas ordinarias o extraordinarias a abonar por los colegiados, que se fijarán por la Junta de Gobierno.   
f) Los derechos por expedición de certificaciones, visados, registro, envío o inscripción de documento, así como la prestación de cualquier otro servicio o entrega de bienes.   
g) Las rentas procedentes de la inversión de los remanentes de ejercicios anteriores, si los hubiere.   
h) Los ingresos por la promoción entre los colegiados de servicios y actividades desarrolladas por terceros.   
i) Los ingresos procedentes de la prestación de servicios en la forma y cuantía que la Junta de Gobierno establezca reglamentariamente.   
j) Cualquier otro ingreso por concepto que legalmente proceda.   
2. Las rentas o ingresos que por su origen o procedencia deban ser asignadas a fines específicos, se aplicarán al cumplimiento de los mismos.   
Artículo 112. Recursos extraordinarios   
Constituirán los recursos extraordinarios del Colegio de Abogados:   
a) Las subvenciones de Administraciones Públicas, las donaciones otras personas físicas y jurídicas, así como las herencias y legados de particulares.   
b) Los bienes que por cualquier título pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.   
c) Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio cuando administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, cultural o benéfico, determinados bienes o rentas.   
d) Cualquier otro que legalmente proceda.  
CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA CUSTODIA, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
Artículo 113. Administración   
1. El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno.   
2. Las orden de de pago serán expedidas por el Decano y ejecutadas por el Tesorero.   
Artículo 114. Reglas Generales   
1. El capital del Colegio se invertirá preferentemente en valores de máxima garantía, salvo que la Junta de Gobierno acuerde su inversión en inmuebles o en otros bienes.   
2. La Junta de Gobierno precisará acuerdo de la Junta General para aquellas inversiones que superen el 15% del activo del Colegio, excluido el inmovilizado, y cuando cuyo porcentaje supere a su vez el 15% de los ingresos presupuestados del ejercicio.   
3. Los valores se depositarán en la Entidad que la Junta de Gobierno acuerde y los resguardos del depósito se custodiarán en la Caja del Colegio, bajo la personal e inmediata responsabilidad del Tesorero.   
TÍTULO XIII  
FUSIÓN, ABSORCIÓN, SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN.  
Artículo 115. Fusión, absorción y segregación.   
El Colegio de Abogados de Alzira podrá fusionarse, absorber o segregarse por acuerdo de la Junta General, con los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.   
Artículo 116. Disolución   
El Colegio de Abogados de Alzira solo podrá disolverse mediante cuando así lo imponga directamente la Ley o mediante acuerdo adoptado en Junta General, con los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.   
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNICA  
El Partido Judicial de Alzira comprende los siguientes municipios: Alberic, Alcántara del Xúquer, Algemesí, Antella, Beneixida, Benimuslem, Carcaixent, Cárcer, Cotes, Énova, Gavarda, Guadasuar, Manuel, Masalavés, La Pobla Llarga, Rafalguaraf, San Juan de Énova, Sellent, Senyera, Sumacárcer, Tous, y Villanueva de Castellón.   
El ámbito territorial del M.I. Colegio de Abogados de A1zira debe coincidir con el ámbito del partido judicial.