Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7018, del 07-05-2013 (2013/4261)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia. Expediente número V-311/2012.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7018

Fecha DOGV
:   07-05-2013

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/4261


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia. Expediente número V-311/2012. [2013/4261]  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Saticer, SL, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: D. Ramón Escrig Moreno. Vocales: Aurora Costa Vicente. Jaime Agramunt Font de Mora. Secretaria-Vocal: Amparo Peris Catalá. Partes: Reclamante: Turiatrans, SL, representada por Juan Alberto Sánchez Valle. Reclamado: Saticer, SL., que no comparece al acto de vista, siendo citada a través del DOCV.  
En Valencia, a 28 de febrero de 2013, y siendo las 12.00 horas, se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente V-311/2012 procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes. Incomparecencia del demandado citación a través del DOCV.  
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.  
Se da cuenta de que ante la reiterada imposibilidad de citación y notificación realizada a través de Correos, se ha procedido a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, por ser Valencia último domicilio conocido, núm. 6961, de 8 de febrero de 2013.  
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su demanda en los siguientes antecedentes de hecho  
1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda manifiesta que como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada, un transporte de Orleáns a Barcelona, tal y como queda especificado en el texto de la factura adjunta a la demanda. Seguidamente se presentó al cobro la factura núm. 01 A01093, de 6 septiembre de 2012, por importe de 1.210,00 euros.  
Realizadas diversas gestiones de cobro sin conseguirlo es por lo que se interpone la presente demanda. Termina solicitando que previo el reconocimiento de su derecho se condene a la reclamada al pago de la cantidad total de 1.210,00 euros, mas los intereses devengados de acuerdo con la aplicación de la Ley de Morosidad.  
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos  
1. En cuanto a la competencia territorial, referida a los transportes realizados, dice el artículo 31.1 del CMR: Para todos los litigios que pueda dar lugar el transporte regulado por este Convenio, el demandante podrá escoger, fuera de las jurisdicciones de los países contratantes, designadas de común acuerdo por las partes del contrato, las jurisdicciones del país en el territorio del cual: a) El demandado tiene su residencia habitual, su domicilio principal o sucursal de agencia por intermedio de la cual ha sido concluido el contrato de transporte, y b) Esta situado el lugar en que el transportista se hizo cargo de la mercancía o el lugar designado para la entrega de la misma, no pudiendo escogerse mas que estas jurisdicciones. En este mismo sentido señala la competencia territorial de la Junta Arbitral en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/1990) referida al transporte nacional.   
2. La sumisión, puesto que la contratación se realiza entre dos empresas españolas, viene determinada de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el art. 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: «se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado».  
No consta en la documentación probatoria aportada, que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido de excepción de la presunción señalada, motivo que induce a la Junta Arbitral a aplicar la sumisión del artículo 38, puesto que de haber querido pactar para estos transportes sumisión expresa diferente debió así manifestarse en el momento anterior a la ejecución del transporte.  
3. La normativa nacional está complementada, en cuanto a los transportes de carácter internacional, por el Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerios de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974, núm. 109). Contrato de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5 de julio de 1978 al que se adhirió España por Instrumento de 23 de septiembre de 1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE de 18 de diciembre de 1982, núm. 203, que establece para cuestiones de competencia lo regulado en el artículo 31.1 a). No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas del los Estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación, en su caso, el Código de Comercio, la LOTT y su Reglamento y demás Normas de procedimiento y general aplicación.  
En este caso se da la circunstancia de que la contratación se realiza por empresas que tienen su residencia o establecimiento en España, lugar en el que se produce la contratación por más que posteriormente la carga o descarga se produzca en país diferente.  
4. De las manifestaciones realizadas en vista se deduce que, efectivamente, los portes que son reclamados en esta demanda y cuya factura consta adjunta a la misma fueron realizados, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Turiatrans, SL, representada por Juan Alberto Sánchez Valle contra Saticer, SL, por haber quedado acreditado que se realizaron los transportes demandados, lo que da un derecho de cobro a la reclamante.  
Por todo ello Saticer, SL, deberá abonar a Turiatrans, SL, la cantidad de mil doscientos diez euros (1.210,00 euros), mas los intereses devengados desde la presentación de la demanda (28.09.2012), y cuya liquidación se realizara en el momento de la ejecución del presente laudo.  
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante la Audiencia Provincial de Valencia en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de 1.ª Instancia de Valencia que corresponda, a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de modificación de la Ley de Arbitraje, que deroga expresamente la letra g del apartado 2 del artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 17 de abril de 2013.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia: Ramón Escrig Moreno.