Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3748, del 12-05-2000 (2000/2845)

Notificación de resolución de recurso ordinario con el número de referencia interna R.436/1998.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3748

Fecha DOGV
:   12-05-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/2845


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución de recurso ordinario con el número de referencia interna R.436/1998. [2000/A2845]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a doña M.ª Carmen Gadea Martí, avenida Ramón y Cajal, 89, bajo (46304 Catarroja) la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R.436/1998
  
Resolución
  
«Examinado el recurso ordinario formulado por don Joaquín Bañuls Espinosa, en representación de la mercantil Bañuls y López, SL, contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante en el expediente de construcción número 03-1E-44/1993.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Por don José Antonio Algarra García, propietario de una vivienda de protección oficial sita en Bigastro, calle Democracia número 1, se presentó un escrito de denuncia contra la mercantil Bañuls y López, SL, ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante por deficiencias constructivas en el citado inmueble, y se envió a un perito de dicho organismo, quien emitió el correspondiente informe pericial, y se acordó la incoación de expediente sancionador con traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
2. Por el instructor del expediente sancionador se dictó una propuesta de resolución en la que, entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, proponía la imposición de una sanción pecuniaria de 600.000 pesetas, así como la orden de obras de reparación de las deficiencias constructivas.
  
3. El jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda dictó una resolución en la que, manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, acordó la imposición de una multa de 500.001 pesetas, así como la realización de las obras.
  
4. Contra la citada resolución interpone un recurso ordinario don Joaquín Bañuls Espinosa, en representación de la mercantil Bañuls y López, SL, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 32/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.218 de 6 de abril).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
3. Solicita el recurrente que se acuerde la revocación de la resolución dejándola sin efecto, entendiendo que las humedades producidas en la vivienda afectada fueron producto de un accidente doméstico, al parecer por la realización de un taladro en una de las tuberías que sirve agua a la vivienda que produjo una fuga que fue inmediatamente reparada, y que asimismo el denunciante cobró de una compañía de seguros la cantidad de 130.691 pesetas, la cual le permitió la reparación de la avería. Aporta declaración jurada de albañil y de fontanero, así como comprobante de pago de la compañía aseguradora.
  
El recurso debe ser desestimado por cuanto queda acreditado en el expediente por el informe del perito del Servicio Territorial de fecha 8 de mayo de 1998, la existencia de las siguientes deficiencias constructivas: ?1. Humedades en tabiques y pavimentos a la altura de bajantes de pluviales y/o fecales, afectando a las viviendas 1.º A, 1.º B y 1.º G. En la vivienda 1.º G se ha actuado sobre aquel foco de humedad, sin embargo no se han completado las actuaciones, apreciándose manchas de humedad en el pavimento y el área del tabique que se ha abierto para subsanar la posible fuga sin pintar. 3. Fisuras por asentamiento en la tabiquería de la vivienda 1.º A. ...».
  
Los documentos aportados por la mercantil recurrente como son las declaraciones del albañil y fontanero, vienen referidos a una reparación en la vivienda 1.º G, «..en una de las tuberías de agua que dan servicio a la vivienda.», cuestión distinta del problema existente tanto en las viviendas 1.º A, 1.º B como 1.º G, consistente en humedades en tabiques y pavimentos a la altura de bajantes de pluviales y/o fecales, además de las fisuras de asentamiento en el 1.º A, no probadas como reparadas.
  
En cuanto al comprobante de la compañía aseguradora que se dice que acredita el pago de la reparación de los daños, además de aparecer como fecha del siniestro el 25 de noviembre de 1997, varios meses antes del informe pericial, no constan datos de que la vivienda siniestrada sea alguna de las referenciadas en el expediente, constando en dicho comprobante la calle Monreal, cuando se trata de un inmueble sito en la calle Democracia número 1, en Bigastro.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Desestimar el recurso ordinario formulado por don Joaquín Bañuls Espinosa, en representación de la mercantil Bañuls y López, SL, contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante de fecha 15 de septiembre de 1998, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 26 de abril de 1999.- El director general de Arquitectura y Vivienda: José María García Zarco.»