Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3769, del 12-06-2000 (2000/4755)

ORDEN de 2 de junio de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la aplicación en la Comunidad Valenciana del Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, modificado por el Real Decreto 2.067/1999, de 30 de diciembre, sobre mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias.
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Estado**DEROGADA**

Permalink ELI

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### Datos del documento

Número DOGV
:   3769

Fecha DOGV
:   12-06-2000

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2000/4755


Fecha del documento
:   02-06-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda pública
    * ayuda a la agricultura
    * apoyo económico
    * explotación agraria
    * estructura agraria
    * ayuda a la modernización

ORDEN de 2 de junio de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la aplicación en la Comunidad Valenciana del Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, modificado por el Real Decreto 2.067/1999, de 30 de diciembre, sobre mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias. [2000/X4755]
  
El Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias ha venido regulando desde su entrada en vigor distintos Reglamentos Comunitarios que posibilitaban inversiones estructurales en las explotaciones. El último en vigor, el Reglamento (CE) 950/97, del Consejo, de 20 de mayo, ha sido derogado por el Reglamento (CE) 1.257/1999, del Consejo de 17 de mayo, sobre el desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y que en este momento es de aplicación para las medidas estructurales.
  
Por ello el Real Decreto 204/1996 ha tenido que ser modificado a través del Real Decreto 2.067/1999, de 30 de diciembre, para adaptar las exigencias de la normativa comunitaria en vigor, el mencionado Reglamento (CE) 1257/1999.
  
Se considera necesario, pues, recoger en la normativa autonómica de desarrollo del Real Decreto 204/1996 las modificaciones habidas en éste a través de la presente orden, que deroga la orden de 18 de abril de 1996, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación dándole nueva redacción y tratando además de recoger los nuevos preceptos que se derivan de la normativa en la que se apoya, conseguir una mayor claridad que pudiera ofrecer una orden modificatoria de otra, por una parte, y por otra, introducir medidas tendentes a racionalizar las ayudas que para la mejora estructural y modernización de las explotaciones van a ser de aplicación en la Comunidad Valenciana, así como introducir normas más ágiles para la tramitación de los expedientes que a solicitud de los agricultores se inicien para tales fines.
  
Por ello, y en uso de las atribuciones que me son conferidas
  
ORDENO
  
Capítulo I
  
Ambito, objeto y definiciones
  
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
  
1. En el ámbito de la Comunidad Valenciana y con objeto de contribuir a la mejora de las estructuras y a la modernización de las explotaciones agrarias, será de aplicación el régimen de ayudas establecidas en el Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias.
  
2. A estos efectos será igualmente de aplicación las definiciones y criterios establecidos en los anexos del citado Real Decreto, en la acción común prevista en el Reglamento (CE) 1.257/1999 del Consejo, de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural, así como en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias. Todo ello de acuerdo con las determinaciones de la presente disposición.
  
Capítulo II
  
Ayudas
  
Artículo 2. Líneas de ayudas
  
Por la presente orden se regulan las siguientes líneas de ayudas especificadas en el artículo 3 del Real Decreto 204/1996:
  
a) Las inversiones en las explotaciones agrarias mediante planes de mejora
  
b) La primera instalación de agricultores jóvenes.
  
c) La cualificación profesional.
  
Artículo 3. Planes de mejora
  
1. Para la concesión de ayudas a las inversiones en las explotaciones agrarias mediante Planes de mejora, se estará a lo dispuesto en la Sección Primera y Séptima del capítulo II del Real Decreto 204/1996 y los anexos 2, 3, 4, 6 y 7 del mismo.
  
2. Podrán ser beneficiarios de un plan de mejora:
  
2.1 Con carácter general será necesario para poder solicitar y acceder a las ayudas a las inversiones en las explotaciones agrarias mediante planes de mejora de las personas físicas o jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:
  
a) Ser titular de una explotación agraria cuya dimensión equivalente a la que se establece en el anexo 1 de la presente orden sea de una unidad de trabajo agrario (UTA) como mínimo o que alcance tal dimensión con la realización del plan de mejora.
  
b) Presentar un plan de mejora de su explotación, conforme a lo señalado en el anexo 2 del Real Decreto 204/1996.
  
c) Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de la ayuda durante al menos cinco años contados desde la fecha de la concesión de la ayuda.
  
d) Justificar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social cuando la inversión auxiliable sea superior a 3.000.000. PTA (18.030,36 euros), excepto los titulares personas jurídicas que deberán hacerlo cuando la subvención total concedida sea superior a 300.000 PTA (1.803,04 euros).
  
e) Acreditar que la renta unitaria de trabajo de su explotación es igual o superior al 20 por cien de la renta de referencia.
  
f) Cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, de conformidad con la normativa comunitaria y nacional que se detalla en el anexo 3 de la presente orden.
  
2.2 Las personas físicas deberán cumplir además:
  
a) Ser agricultor profesional, según lo definido en el punto 5 del anexo I del Real Decreto 204/1996.
  
b) Poseer una capacitación suficiente.
  
c) Estar afiliado al Régimen de la Seguridad Social que corresponda.
  
d) Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido los sesenta y cinco.
  
e) Residir en la comarca en donde radique su explotación o en alguna de las comarcas limítrofes.
  
2.3 Las personas jurídicas, además de las señaladas con carácter general, deberán cumplir:
  
a) Que la actividad principal sea la agrícola-ganadera.
  
b) Que se trate de una explotación agraria prioritaria o que alcance tal condición con la aplicación de las ayudas establecidas en el Real Decreto 204/1996.
  
Se considera que una persona jurídica puede solicitar un plan de mejora para alcanzar su condición de explotación prioritaria cuando se cumpla alguno de los siguientes supuestos:
  
- Que la explotación inicial no posibilite la ocupación de, al menos, una unidad de trabajo agrario, considerando para ello la dimensión equivalente a la que se especifica en el anexo 1 de la presente orden.
  
- Que la renta unitaria de trabajo sea inferior al 35 por 100 de la renta de referencia.
  
3. Cuando la explotación pertenezca a una comunidad de bienes, solo podrá ser beneficiaria de las ayudas a las inversiones mediante planes de mejora en el caso que exista un pacto de indivisión por un período mínimo de seis años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y que uno de los comuneros, al menos, reúna los requisitos especificados en los apartados 2.1 y 2.2 de este artículo.
  
4. Se podrán presentar planes de mejora simultáneos a una primera instalación cuando se solicite en el período comprendido entre la solicitud de primera instalación y la certificación de ésta, quedando el beneficiario en este caso obligado a cumplir los requisitos exigidos a los beneficiarios de planes de mejora estipulados en los apartados 2.1 a) 2.2 a) y 2.2c) del presente artículo a partir de la fecha en que se certifica la primera instalación.
  
5. En el caso de planes de mejora presentados por agricultores jóvenes dentro de los cinco años siguientes a su primera instalación o simultánea a ella, podrá concedérseles un plazo de hasta dos años para el cumplimiento de los requisitos regulados en los apartados 2.1f) y 2.2 b) del presente artículo.
  
6. Para el cálculo del indicador de productividad del trabajo al que se refiere el punto 2 del anexo 4 del Real Decreto 204/1996, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, se podrán computar en explotaciones con orientaciones productivas intensivas, forzadas o bajo plástico, hasta 3 UTA de trabajadores asalariados como máximo, con independencia de la mano de obra familiar.
  
7. La ayuda suplementaria que establece el punto 5 del artículo 7 del Real Decreto 204/1996 para los planes de mejora cuyos beneficiarios sean agricultores jóvenes que lo soliciten en los cinco años siguientes a su primera instalación o simultánea a ella, podrá concederse en forma de subvención de capital o de una parte del número de anualidades de amortización del principal del préstamo solicitado.
  
Artículo 4. Primera instalación de agricultores jóvenes
  
1. Para la concesión de ayudas a los agricultores jóvenes que realicen su primera instalación, se estará a lo dispuesto en la sección segunda del capítulo II del Real Decreto 204/1996 y en el anexo 8 del mismo.
  
2. Podrán acceder a las ayudas bajo cualquiera de las modalidades de primera instalación que se establece el artículo 14 del Real Decreto 204/1996 los jóvenes que reúnan los siguientes requisitos:
  
a) Poseer en el momento de su instalación un nivel de capacitación profesional suficiente o comprometerse a adquirirla en el plazo de dos años, desde el momento de su instalación.
  
b) Instalarse en una explotación que requiera un volumen de trabajo equivalente al menos a una UTA o comprometerse a que alcance dicho volumen, en un plazo máximo de dos años desde su instalación. A estos efectos, la explotación en su situación prevista en la que el joven solicite realizar su instalación deberá tener como mínimo la dimensión equivalente a la de una UTA, según las equivalencias que se establecen en el anexo 1 de la presente orden.
  
c) Comprometerse a ejercer la actividad agraria durante cinco años, contados desde la fecha de concesión de la ayuda.
  
d) Mantener o fijar su residencia en la comarca en donde radique la explotación o en las comarcas limítrofes.
  
e) Cumplir la explotación las normas mínimas que se especifican en el anexo 3 en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales en el momento de la concesión de esta ayuda o en el plazo máximo de dos años desde su instalación.
  
f) Justificar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social cuando la inversión auxiliable sea superior a 3.000.000 PTA (18.030,36 euros).
  
3. La solicitud de la ayuda deberá presentarse antes de la primera instalación del peticionario o dentro de los seis primeros meses posteriores a la misma contados a partir de la fecha que se contempla en alguno de los apartados a) y b) del punto 8 del presente artículo. En este segundo caso no se computará el tiempo transcurrido en el último período en el que el plazo de solicitud hubiera estado cerrado.
  
4. La concesión de la ayuda requerirá la presentación de un plan de explotación que refleje el grado de viabilidad económica y la situación de la explotación en la que queda instalado el joven y prevea para el mismo una renta procedente de aquella igual o superior al 35 por cien de la renta de referencia.
  
Dicho plan de explotación deberá permitir que esta pueda cumplir desde el momento de la certificación de las ayudas concedidas su condición de prioritaria a excepción de la exigencia de la capacitación agraria para la que se dispone de dos años, y que permita por tanto la consideración del titular como agricultor profesional tanto en materia de rentas como de dedicación, tal como determina el punto 5 del anexo 1 del Real Decreto 204/1996.
  
5. Serán auxiliables los gastos e inversiones de primera instalación de los cónyuges de titulares de explotación que se instalen en una explotación en la que una dimensión equivalente, como mínimo, a una UTA no proceda del patrimonio de cualquiera de los dos miembros de la sociedad matrimonial que esté o haya estado en cualquier momento bajo el régimen económico de gananciales.
  
6. A los efectos de lo dispuesto en el punto 3 del anexo 8 del Real Decreto 204/1996, no se podrá percibir subvenciones por una instalación efectuada en la misma explotación en la que en los últimos cinco años anteriores a la solicitud ya se hubiera pagado alguna subvención para la primera instalación de un joven.
  
7. El volumen de inversión objeto de ayuda tendrá un límite máximo de 24.354.086 PTA (178.620,79 euros).
  
8. A los efectos de la aplicación de las ayudas del Real Decreto 204/1996 se considera como fecha de instalación de un agricultor joven con derecho a las ayudas que para ello se establecen, por el orden que a continuación se relaciona, la siguiente:
  
a) La del alta en la Seguridad Social o la del cambio a nueva sección o régimen de la Seguridad Social por motivo de la incorporación del joven a la agricultura.
  
b) La del alta en Hacienda del censo agrario por el mismo motivo, cuando no se produzca el supuesto anterior.
  
c) Si no se produjera ninguno de los anteriores supuestos, la de la comunicación a la administración de la finalización de las inversiones, o en su defecto la de la certificación.
  
9. El peticionario de una ayuda a la primera instalación de agricultores jóvenes, si no posee la suficiente capacitación profesional en el momento de la solicitud, deberá acreditar:
  
a) Su condición de obrero agrícola mediante la cartilla de la Seguridad Social del Régimen Especial Agrario como trabajador por cuenta ajena, que será admisible con los criterios que se especifican en el artículo 7.5.
  
b) Su condición de agricultor, mediante la cartilla de la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario o autónomo por la actividad agraria en la que figure como titular o beneficiario de la misma, siempre y cuando el titular de dicha cartilla acredite tener ingresos fiscalmente declarados de su explotación agraria.
  
10. En la Comunidad Valenciana no serán auxiliables las inversiones que para la primera instalación de jóvenes contempla el apartado 5.i del anexo 8 del Real Decreto 204/1996, para la adquisición o acondicionamiento de viviendas.
  
11. Las inversiones para adecuación de capital territorial y de explotación que se contempla en el apartado 5.j del anexo 8 del mencionado Real Decreto, serán auxiliables cuando la explotación inicial del solicitante tenga una dimensión equivalente inferior a una UTA y sean necesarias para llevar a efecto la instalación.
  
12. La incorporación de agricultores jóvenes en base a la definición 14.b del anexo 1 del Real Decreto 204/1996 podrá realizarse cuando el solicitante o su explotación se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:
  
a) Que la renta unitaria del trabajo de la explotación sea inferior al 35 por ciento de la renta de referencia.
  
b) Que justifique documentalmente el solicitante tener algún tipo de actividad remunerada al margen de la desarrollada en su explotación que le ocupe más de 960 horas al año.
  
c) Que si antes de la solicitud de las ayudas no tiene el beneficiario ninguna otra ocupación laboral externa a la explotación de la cual es titular o esa ocupación acredita ser inferior a 960 horas al año, dicha explotación inicial sea inferior a la dimensión equivalente a 0'5 UTA.
  
Artículo 5. Cualificación profesional
  
1. Para la concesión de ayudas para mejorar la cualificación profesional agraria, se estará a lo dispuesto en la sección sexta del capítulo II del Real Decreto 204/1996.
  
2. Podrán concederse ayudas consistentes en:
  
a) Becas a los jóvenes que asistan a cursos reglados de capacitación profesional agraria, con edad superior a la correspondiente a la escolaridad obligatoria.
  
b) Becas para la asistencia a cursos y subvenciones para la realización de estancias de formación por dirigentes, trabajadores y socios de asociaciones de agricultores y cooperativas, con objeto de mejorar la organización y eficacia societaria y empresarial de dichas entidades.
  
c) Becas a titulares y colaboradores familiares de explotaciones agrarias prioritarias y a trabajadores agrícolas por cuenta ajena, para su asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento profesional agrario.
  
d) Becas a jóvenes para la asistencia a cursos de formación profesional agraria necesarios para adquirir el nivel de capacitación exigido, en cada caso, en el Real Decreto 204/1996.
  
3. Podrá auxiliarse la cualificación profesional de los solicitantes que residan en la Comunidad Valenciana o aquellos que residiendo en provincias limítrofes sean titulares de una explotación agraria ubicada en la Comunidad Valenciana.
  
4. No serán subvencionables los gastos ocasionados en cursos de duración inferior a 50 horas lectivas ni los cursos que den lugar a gastos por un importe inferior a 25.000 PTA.
  
5. Los gastos se subvencionarán con los siguientes criterios:
  
- Matrícula, si no fuera gratuita, con un límite de diez mil pesetas por su totalidad.
  
- Desplazamientos y viajes continuos, con un límite de 25 pesetas por kilómetro en vehículo propio, o el coste real del transporte público que preste el servicio, no considerándose entre ellos los vehículos de alquiler.
  
- Material didáctico, si no lo facilita la organización del curso, hasta un máximo de 1.500 PTA.
  
- Manutención, hasta 1.500 pesetas por comida principal, cuando la asistencia al curso suponga desplazamiento fuera de su municipio de residencia en horas que coincidan con las habituales de la comida. En todo caso, únicamente se computará como gasto subvencionable el de una comida principal al día cuando no se justifique que se pernocta en el lugar de celebración del curso por tal motivo.
  
6. Las acciones objeto del presente artículo no incluirán los cursos que formen parte de programas o regímenes normales de enseñanza agraria superior o media, incluida la formación profesional o módulos equivalentes de los planes de enseñanza establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia y los cursos post-grado dirigidos a personas que estuvieran incluidas en los anteriores supuestos, ni a aquellas personas que ya se consideren suficientemente capacitadas según lo dispuesto en los apartados a), b) y c) del punto 3 del artículo 7 de la presente orden.
  
7. Las reiteradas faltas de asistencia, o la no acreditación del aprovechamiento del curso, será motivo suficiente para la revocación de la ayuda.
  
8. Para acceder a las subvenciones para la capacitación profesional en base a lo que establece el punto 2.b de este artículo, deberá acreditarse mediante escrito del secretario de la cooperativa o asociación de agricultores correspondiente el objeto de la realización del curso cuya subvención se solicita admitiéndose exclusivamente la mejora de organización, eficacia societaria o empresarial de la actividad, y certificación de que el solicitante es dirigente, trabajador o socio de dicha entidad.
  
9. Se considerará trabajador por cuenta ajena para optar a las subvenciones a las que hace referencia el punto 2.c de este artículo aquellos trabajadores cuya afiliación a dicha sección del Régimen Especial Agrario se ajuste a los criterios que se establecen en el artículo 7.5 de la presente orden.
  
Se considerará titular o colaborador familiar de explotaciones agrarias prioritarias para optar, a las subvenciones a las que hace referencia este mismo punto, a las personas que acrediten mediante la certificación de explotación prioritaria ser titulares de la misma o colaboradores, además, con la cartilla de la Seguridad Social del titular en la que figure como beneficiario.
  
10. Las subvenciones solicitadas en base al punto 2.d del presente artículo, se concederán cuando el solicitante no haya realizado ningún curso de formación o los haya realizado con una duración total de los mismos inferior a 120 horas.
  
11. Únicamente serán subvencionables los gastos ocasionados en cursos de carácter agrario impartidos por instituciones públicas.
  
Artículo 6. Limitaciones a las inversiones e inversiones exceptuadas
  
1. La concesión de ayudas quedará condicionada a las limitaciones derivadas de cualquier disposición de rango comunitario, nacional o autonómico así como a las limitaciones sectoriales que establece el anexo 3 del Real Decreto 204/1996, en todas las inversiones auxiliables que se contemplan en la presente orden.
  
Queda excluida la concesión de ayudas a las inversiones en explotaciones intensivas de ganado porcino y aviar que produzcan una aumento del número de plazas.
  
2. En cumplimiento de lo que establece el punto 4 del mencionado anexo 3, los beneficiarios que pretendan acceder a las ayudas contempladas en esta disposición mediante inversiones destinadas al sector de frutas y hortalizas o para la reestructuración del viñedo deberán acreditar:
  
a) En el sector de frutas y hortalizas, mediante certificación de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas en la que esté integrado de no haber solicitado ni percibido ayuda en el marco del programa presentado, en su caso, por su Organización de Productores para dichas inversiones. En el caso de que el solicitante no pertenezca a ninguna Organización, deberá presentar declaración al respecto.
  
b) En el caso de ayudas para la reestructuración del viñedo, deberá presentar certificación, expedida por el organismo concedente de las mismas de no haber percibido ayudas para estas inversiones en el momento de la certificación de su realización. En este caso podrá el órgano gestor de las ayudas acogidas al Real Decreto 204/1996, previo al pago, solicitar dicha certificación al organismo concedente de las ayudas para la reestructuración del viñedo.
  
En los dos supuestos anteriores, el órgano de gestión deberá sellar los originales de las facturas justificativas para evitar su doble utilización.
  
3. Las inversiones que figuran en el anexo 4 del Real Decreto 204/1996 quedan exceptuadas del régimen de ayudas a los planes de mejora.
  
4. Los costes de compra de equipo de segunda mano serán auxiliables cuando el vendedor del equipo facilite una declaración sobre su origen y confirme que durante los últimos siete años no se ha comprado con financiación pública. El precio de compra no será superior al valor de mercado e inferior al coste de un equipo nuevo similar.
  
No serán auxiliables en ningún caso las compras de maquinaria agraria ni vehículos de segunda mano.
  
5. La adquisición, construcción o acondicionamiento de edificios y construcciones agrarias permanentes, a excepción de casetas de riego y obras menores, únicamente podrán ser auxiliadas cuando estén ubicadas en terreno propiedad del beneficiario.
  
6. En explotaciones cuya dimensión prevista sea inferior a la equivalente a 2 unidades de trabajo agrario la inversión en maquinaria agraria y vehículos, en su conjunto, no podrá ser superior a tres millones de pesetas (18.030,36 ecus).
  
Todo ello sin perjuicio de que las inversiones realmente ejecutadas en un plan de mejora no disminuyan la renta unitaria de trabajo de la explotación tras su realización.
  
7. No serán auxiliables en las ayudas establecidas para los planes de mejora los gastos originados por la redacción de proyectos técnicos ni, en ningún caso, las cantidades pagadas en concepto del Impuesto del Valor Añadido.
  
8. Las inversiones solicitadas para la transformación de secano en regadío o cualquier inversión que dependiera de tal transformación no serán auxiliables si no se acredita el derecho o concesión de agua a las parcelas objeto de transformación.
  
9. Las ayudas a cualquier inversión sobre un proindiviso se limitarán a la parte o porcentaje en el que el beneficiario participa sobre la titularidad del proindiviso, debiendo en ese caso identificar sobre un plano o croquis firmado por el interesado la parte de la explotación afectada por las inversiones que solicita y justificar el gasto mediante documentos emitidos a su nombre. Será necesario en este caso que exista autorización por parte de la totalidad del resto de proindivisarios para la realización de las inversiones propuestas.
  
10. Las inversiones solicitadas deberán ajustarse a las necesidades de la explotación y al objeto para el que se conceden las ayudas, pudiéndose desestimar si a solicitud del instructor no se justificara suficientemente su oportunidad, mediante memoria elaborada por técnico competente y visada por el colegio profesional correspondiente.
  
Capítulo III
  
Acreditaciones
  
Artículo 7. Documentos acreditativos
  
1. La titularidad de una explotación se acreditará mediante escritura pública inscrita en el registro de la propiedad, nota simple de registro, certificado de la Gerencia Territorial de Catastro a nombre del titular o cónyuge cuando el régimen económico de la sociedad matrimonial sea de gananciales o contrato escrito y liquidado de arrendamiento o aparcería.
  
La titularidad del ganado se acreditará mediante el Libro de explotación ganadera actualizado.
  
Por lo dispuesto en el Código Civil, la fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio.
  
2. Las rentas totales y de la actividad agraria se acreditarán con los rendimientos netos correspondientes que se hayan declarado fiscalmente en el último ejercicio, pudiéndose computar la media aritmética de los rendimientos netos de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los de dos de los tres últimos ejercicios anteriores al referenciado.
  
La renta total del titular de la explotación, o de las personas que deban acreditarlas, se considerará excluyendo las ganancias y perdidas patrimoniales. A estos efectos se imputará al titular de la explotación:
  
a) La renta de la actividad agraria de la explotación.
  
b) Las rentas procedentes de otras actividades empresariales o profesionales, así como las rentas procedentes del trabajo desarrollado fuera de la explotación, incluidas las pensiones y haberes pasivos que fiscalmente haya obligación de declarar.
  
c) El 50 por 100 de las rentas del capital mobiliario e inmobiliario, en el caso de régimen de gananciales, y el 100 por 100 de sus rentas privativas.
  
Cuando el interesado tenga rendimientos agrarios contemplados en los que en concepto de rendimiento del trabajo personal se incluyan en la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas, deberá acreditar suficientemente la procedencia y cuantía de los mismos, no pudiéndose tener en consideración como tales si no aportara dicha acreditación.
  
3. Se considera que el titular de una explotación posee un nivel de capacitación agraria suficiente mediante la acreditación de:
  
a) Titulo académico de rama agraria como mínimo de Formación Profesional de primer ciclo.
  
b) Diplomado de Capataz Agrícola emitido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
  
c) Diploma o certificado de curso o cursos en materia agraria impartidos por instituciones públicas y privadas en los que se acredite el temario impartido, horas lectivas y fechas de su realización, por un mínimo de 120 horas.
  
d) Experiencia profesional en la actividad agraria por un mínimo de tres años que, a su vez se demostrará por alguno de los siguiente documentos
  
\* Cartilla de afiliación a la Seguridad Social por su actividad agraria con más de tres años de antigüedad.
  
\* Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de haber cotizado durante tres años en cualquier régimen por actividades agrarias.
  
\* Declaraciones del IRPF de tres años distintos en las que el peticionario conste como declarante de rentas agrarias.
  
En caso de no poseer los tres años de experiencia profesional será válida la acreditación de 40 horas lectivas en cursos de formación profesional agraria por cada año de carencia.
  
4. La edad y residencia del titular se acreditarán mediante fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. En caso de no coincidencia se admitirá certificados de nacimiento, para la edad, o de empadronamiento para la residencia.
  
5. La afiliación a la Seguridad Social se acreditará mediante fotocopia compulsada de la cartilla en el régimen que le corresponda con los criterios que a continuación se establecen y la justificación del pago de los últimos tres meses a la Seguridad Social. En cualquier caso se deberá acreditar, si con la cartilla no fuera suficiente, el régimen, sección o actividad por la que se cotiza mediante certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o cualquier documento fehaciente.
  
Los criterios de afiliación a los que se hace referencia son:
  
a) Afiliación al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social por cuenta propia o en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos en función de su actividad agraria.
  
b) Será admisible la afiliación en el Régimen Especial Agrario por cuenta ajena de los agricultores profesionales cuyo ingresos por trabajos agrarios de fuera de su explotación sean superiores a los obtenidos en la explotación de la que es titular o que en el momento de la solicitud acredite estar asalariado por una empresa agraria mediante documento de cotización de la empresa a la Seguridad Social por el solicitante o certificado de la Seguridad Social que lo acredite.
  
c) Los agricultores que considerándose profesionales no estuvieran encuadrados en los regímenes anteriores de la Seguridad Social, podrán estarlo en el que corresponda a alguna de las actividades ejercidas en su explotación, incluidas las complementarias.
  
6. El estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social se acreditará mediante certificados de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, respectivamente.
  
7. La mano de obra propia y familiar se acreditará, en su caso, mediante fotocopia compulsada de la cartilla de la Seguridad Social del titular.
  
8. La mano de obra asalariada se acreditará mediante fotocopia compulsada de los TC-1 y TC-2, o documento de cotización requerido por la Seguridad Social, de los últimos doce meses anteriores disponibles a la fecha de la solicitud.
  
9. El cumplimiento de las normas mínimas en materia de medio ambiente se acreditará mediante informe del técnico instructor y el cumplimiento de las normas mínimas de higiene y bienestar de los animales mediante informe de los servicios veterinarios de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
  
Capítulo IV
  
Cálculos e índices
  
Artículo 8. Cálculo de las unidades de trabajo agrario (UTA)
  
1. De las explotaciones familiares
  
1.1 Cuando el titular sea persona física, para cuantificar las unidades de trabajo agrario totales aportadas a la explotación se computará la que corresponda en función de los módulos que se establecen en el anexo 1 de la presente orden.
  
De las unidades de trabajo totales computadas se considerarán como aportación de la mano de obra propia y familiar de la explotación la del titular y la de hasta el segundo grado inclusive, que convivan en su hogar y estén a su cargo y que estando ocupados en su explotación, no tengan obligación de afiliarse al correspondiente régimen de la Seguridad Social.
  
La diferencia entre las unidades de trabajo agrario totales y las de aportación propia y familiar, se considerarán procedentes de la mano de obra asalariada.
  
1.2 No obstante, cuando la dimensión de la explotación sea superior a la equivalente a seis veces la dimensión de una unidad de trabajo agrario, según los módulos del anexo 1, éstos no serán de aplicación y en ese caso se computará el número de unidades de trabajo asalariado acreditado mediante la correspondiente cotización a la Seguridad Social y el de la mano de obra familiar del titular de la explotación hasta el segundo grado inclusive, por consanguinidad o afinidad y, en su caso, por adopción que convivan en su hogar y estén a su cargo y que, estando ocupados en su explotación, no tengan la obligación de afiliarse al correspondiente régimen de la Seguridad Social, podrá estimarse con criterios técnico-económicos hasta un máximo de 0,5 unidades de trabajo agrario por el primer trabajador, y hasta 0,25 unidades de trabajo agrario por cada uno de los restantes miembros.
  
1.3 En cualquier caso, en ausencia de trabajadores asalariados fijos, el trabajo del titular se podrá computar por una unidad de trabajo agrario, cuando no se tenga otra dedicación retribuida
  
2. De las explotaciones asociativas
  
Cuando el titular sea persona jurídica, únicamente se computará el número de unidades de trabajo agrario aportadas por los socios y asalariados no socios acreditados todos ellos mediante la correspondiente cotización a la Seguridad Social.
  
3. Cuando la actividad de la empresa agraria sea inferior a un año se podrá, en todo caso, estimar la mano de obra en base a la equivalente, por su dimensión, que se establece en el anexo 1 de la presente orden.
  
Artículo 9. Cálculo del margen neto de la explotación
  
Tanto en las explotaciones de titulares personas físicas como jurídicas, el margen neto de la explotación se calculará como resultado de restar los gastos fijos de la explotación, excepto los atribuidos a la retribución de los capitales propios y del trabajo familiar, de la suma de los márgenes brutos de las actividades productivas de la explotación.
  
A estos efectos, serán de aplicación los márgenes brutos de cada actividad productiva que se modulan en el anexo 1, que no podrán variar más del 15 por cien, y se considerarán como gastos fijos los que se indican en el anexo 2, ambos de la presente orden.
  
Los módulos de las actividades productivas que no estén relacionadas en el anexo 1 deberán figurar en el plan de mejora o de explotación del solicitante y ser aprobados por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
  
Artículo 10. Cálculo de la renta unitaria de trabajo
  
1. La renta unitaria de trabajo, entendida como el rendimiento económico generado en la explotación agraria que se atribuye a la unidad de trabajo, se obtiene dividiendo entre el número total de unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, calculadas con los criterios que se especifican en el artículo 8 de la presente orden, la cifra de sumar el margen neto de la explotación, calculada con los criterios que se especifican en el artículo 9, y el importe de los salarios pagados.
  
2. La mano de obra asalariada y propia se valora en 5.000 PTA/jornal.
  
3. Los módulos y cuantías establecidas en el presente artículo podrán actualizarse anualmente con los índices que establezca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su actualización deberá ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
4. En cualquier caso, los titulares de las explotaciones podrán solicitar la determinación de la renta unitaria de trabajo con base en los datos de su contabilidad documentalmente acreditados y, en su caso, de la documentación relativa a la Seguridad Social.
  
Artículo 11. Renta de referencia y unidad de trabajo agrario
  
1. La renta de referencia para el año 2.000 queda establecida en 3.058.920 PTA, cifra que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación actualizará cada año.
  
2. La unidad de trabajo agrario es el trabajo efectuado por una persona durante 1.920 horas al año en la actividad agraria.
  
Capítulo V
  
Tramitación y financiación
  
Artículo 12. Solicitud y plazos
  
1. Las solicitudes de ayuda previstas en esta orden se presentarán en las oficinas comarcales y en los servicios territoriales de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en cualquier otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. Se presentará una solicitud por cada línea de la que se pretenda obtener ayudas, a la cual se acompañará la documentación y acreditación de los requisitos exigidos para cada una de ellas cuando no haya sido aportada en otra solicitud presentada en el mismo ejercicio económico.
  
Junto a la solicitud se presentará asimismo:
  
a) Persona física: Fotocopia del DNI y NIF del titular y del cónyuge y cotitulares en caso de que existan.
  
b) Agrupación de personas físicas: fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, compromiso de indivisión por periodo de seis años, acta o escritura de constitución y reglamento de funcionamiento, acuerdo para solicitar las ayudas, nombramiento de representante, y el DNI y NIF de cada uno de los miembros.
  
c) Persona jurídica: fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, escritura de constitución y copia de estatutos, copia de los poderes que acreditan al representante para firmar la solicitud y demás documentos relacionados con el expediente.
  
Certificación de componentes de la sociedad, en la que con carácter general deberá contener la identificación de socios y su NIF.
  
d) Mantenimiento de terceros donde figurarán los datos bancarios donde quiere que la Generalitat Valenciana realice la transferencia de la subvención de capital.
  
e) Plano catastral o croquis de la explotación. En este segundo caso se adjuntará certificado catastral donde figure el polígono y parcela de la explotación.
  
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación facilitará modelos normalizados de solicitud.
  
3. La presentación de solicitudes para las ayudas a inversiones en planes de mejora y de primera instalación de jóvenes agricultores para cada anualidad deberá efectuarse entre el día 1 de noviembre del año anterior y el día 31 de enero de ese año, quedando por tanto condicionada su concesión a que los presupuestos de la Generalitat Valenciana de cada año y, en su caso, modificaciones posteriores, habiliten los créditos contraídos en los ejercicios anteriores que no se hubieran satisfecho.
  
La presentación de solicitudes para las ayudas a la cualificación profesional para cada anualidad deberá efectuarse entre el día 1 de noviembre del año anterior y el día 30 de junio de cada año. No obstante, se podrá solicitar en dicho período los auxilios que pudieran corresponder a cursos iniciados en el tiempo que hubiera estado cerrado el plazo de solicitud del año anterior.
  
4. La documentación que se presente deberá acreditar que se cumplen los requisitos exigibles en la fecha de la solicitud siendo motivo de desestimación cuando así no ocurriera.
  
5. Los expedientes de las ayudas previstas en la presente orden se tramitarán a través de la Dirección General de Modernización de Estructuras Agrarias, siendo competentes en su instrucción los servicios territoriales y el personal técnico adscrito a las oficinas comarcales de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
  
6. Sobre los expedientes de ayuda recaerá resolución en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En caso de no producirse resolución en dicho plazo, se entenderá el silencio administrativo como denegatorio.
  
7. Con anterioridad a que transcurra un mes a partir del último día del plazo de presentación de solicitudes, vistas las ayudas que corresponden a las solicitudes presentadas, si éstas fueran superiores a las posibilidades presupuestarias de cada año para la concesión de ayudas que regula la presente orden, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación dictará resolución desestimatoria por ese motivo, en base a lo que se establece en el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública, de 26 de junio de 1991.
  
En este supuesto se desestimarán las solicitudes presentadas con fecha de registro de entrada en la administración posterior a la fecha hasta la cual exista suficiente dotación presupuestaria, comenzando para ello en el cómputo de ayudas las presentadas cronológicamente desde el primer día del plazo de solicitud.
  
No obstante lo dispuesto en este punto, las solicitudes que se presenten bajo los supuestos que establece el artículo 33.2 y el artículo 15.2 del Real Decreto 204/1996, tendrán en todo caso un trato preferente en la concesión de ayudas, para lo cual será necesario presentar en el momento de la solicitud la certificación definitiva de explotación prioritaria.
  
La desestimación de solicitudes por falta de presupuesto no concede prioridad ni derecho alguno a las solicitudes presentadas en años posteriores por el interesado, ni le exime en ese caso de la obligación de comenzar el procedimiento con una nueva solicitud a la que deberá acompañar la acreditación y documentos exigibles en ese momento.
  
8. El solicitante deberá programar la realización de las inversiones subvencionadas que podrán ejecutarse dentro del ejercicio presupuestario en que se solicita la subvención o en ejercicio siguiente. En el primer caso las inversiones deberán estar finalizadas y justificadas antes del día 1 de noviembre del ejercicio correspondiente.
  
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el plazo máximo de ejecución de las inversiones será de un año a partir del día siguiente a la fecha de comunicación de la resolución aprobatoria, pudiéndose solicitar motivadamente con anterioridad a la conclusión de dicho plazo una prórroga no superior a tres meses, solicitud que deberá ser estimada por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
  
Artículo 13. Inversión auxiliable
  
Para las ayudas reguladas por la presente orden, la inversión auxiliable deberá ser aprobada mediante resolución por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación con los siguientes criterios:
  
1. La inversión auxiliable se aprobará en base a un presupuesto o factura proforma en las que figure la medición de las unidades auxiliadas y su precio unitario correspondiente.
  
2. Las inversiones en bienes inmuebles de naturaleza rústica, se aprobarán en base a las cantidades estipuladas en los correspondientes compromisos de compra-venta, arrendamiento, u otros.
  
3. En el presupuesto deberá figurar la mano de obra propia y familiar a utilizar en la ejecución de las inversiones, que no deberá superar el 25 por cien del total de las inversiones derivadas de obras, construcciones o instalaciones. En dicho porcentaje queda incluido, asimismo la posible utilización de la maquinaria propia. Unicamente se aprobará como inversión auxiliable la mano de obra propia y familiar de las explotaciones cuyo titular sea persona física y la de los socios asalariados de las explotaciones cuyo titular sea persona jurídica.
  
4. La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá exigir la presentación de proyecto redactado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente en aquellos casos que otras instancias lo requieran para la ejecución de las inversiones previstas, o cuando a su juicio comporten especial complejidad o riesgo.
  
5. En cualquier caso la inversión auxiliable no superará a la que, en cada caso, establece el Real Decreto 204/1996.
  
6. Cuando se produzcan modificaciones del programa de inversiones aprobado, salvo en el caso de los de menor entidad que el órgano competente reconoce implícitamente su validez técnica y económica mediante la certificación de la realización de inversiones para el objeto y por la cuantía global de ayudas para el que fue aprobado dicho plan, aquellos no serán subvencionables o se subvencionarán a través de un plan de mejora complementario o alternativo que se solicite en plazo.
  
Se considerarán modificaciones de menor entidad las que pretendiendo el mismo fin para el que fue aprobada la ayuda, la inversión justificada por cada concepto auxiliado no varíe en más del 10 por cien de la inversión aprobada. Todo ello sin que la modificación de lugar a incremento alguno de la ayuda concedida en cada una de las modalidades de ayuda otorgadas.
  
Artículo 14. Iniciación de las inversiones y gastos auxiliados
  
1. Serán auxiliables las inversiones realizadas con posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda solicitada, y en su caso, aquellas que se realicen con posterioridad a la fecha de formalización de la solicitud y sobre las que exista certificado de técnico competente para la instrucción de las ayudas en el que se haga constar la no iniciación de las inversiones en dicha fecha, siempre y cuando recaiga resolución aprobatoria de ayuda a dichas inversiones. Todo ello sin perjuicio de los casos previstos en el artículo 13, punto 2 del Real Decreto 204/1996 sobre primera instalación de agricultores jóvenes.
  
Serán auxiliables los gastos para la cualificación profesional que se soliciten en plazo y con anterioridad a la finalización del curso para el que se soliciten las ayudas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.3 de la presente orden.
  
Artículo 15. Justificación de las inversiones
  
Para las distintas ayudas reguladas por la presente orden, la justificación de las inversiones se realizará con los siguientes criterios:
  
1. Por regla general, los pagos realizados por el beneficiario deberá justificarse mediante facturas originales pagadas. En los casos en que esto no sea posible los pagos serán justificados por documentos contables de valor probatorio equivalente.
  
2. Cuando la inversión auxiliada se la de compra o arrendamiento de tierras se aportará, además, escritura pública inscrita en el registro de la propiedad, en caso de compra, y la liquidación del Impuesto de Transmisión Patrimonial en el caso de arrendamiento, debiendo figurar en ambos casos en importe de la transmisión.
  
3. La mano de obra propia y familiar de la explotación podrá justificarse hasta el menor valor de lo indicado en el punto 3 del artículo 13 de la presente disposición o el valor correspondiente, como máximo, al de la mano de obra propia y familiar calculada según lo establecido en el artículo 8.1 de la presente orden, empleada en el número de días transcurridos desde que el beneficiario puede iniciar las inversiones hasta la fecha de comunicación de la finalización de las mismas, minorado dicho número de días por el factor 0,65 y valorando el jornal en 5.000 PTA, incluida la posible utilización de maquinaria propia.
  
Artículo 16 Certificaciones
  
1. Concluida la inversión o acción objeto de ayuda, todo beneficiario está obligado a comunicarlo por escrito al órgano instructor del expediente, con anterioridad a la conclusión del plazo concedido para su realización.
  
2. Los beneficiarios de ayudas sujetas a cualquier tipo de inversiones presentarán la justificación de las inversiones con arreglo a lo estipulado en el artículo 15 de la presente orden.
  
3. Las inversiones sujetas a declaración o estimación de Impacto Ambiental deberán presentar para la certificación de las inversiones la resolución correspondiente de la administración competente, siendo su incumplimiento motivo de la revocación de las ayudas concedidas para las inversiones afectadas por tal trámite.
  
4. Las inversiones sujetas a licencia de obras, deberán presentar para la certificación de las inversiones tal licencia, siendo su incumplimiento motivo de la revocación de las ayudas concedidas para las inversiones afectadas por tal trámite.
  
5. Los beneficiarios que hubieran obtenido ayudas en forma de bonificación de intereses, deberán presentar en el momento de la certificación una fotocopia de la póliza del préstamo formalizado o renuncia de las ayudas derivadas del mismo sin que éstas puedan abonarse en cualquier otra forma de subvención.
  
6. Los beneficiarios de una ayuda para la primera instalación de jóvenes que no hubieran acreditado estar dados de alta en la Seguridad Social según lo estipulado en el artículo 7.5 de la presente orden, deberán acreditarlo en el momento de la certificación.
  
7. Para proceder al pago de las ayudas, será necesario que funcionario competente en la instrucción del expediente certifique la realización de las inversiones para las que se hubiera concedido la ayuda o del cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas. Dicha certificación expresará las inversiones o acciones realizadas y la cuantía de la ayuda que le corresponda, debiendo deducir, en su caso, la parte proporcional a la inversión no realizada, o a la inversión no justificada, sin perjuicio de que, por incumplimiento del objeto de la ayuda concedida pudiera emitir informe pertinente para la propuesta de anulación de las ayudas aprobadas.
  
Artículo 17. Financiación
  
1. Se concederán en el ejercicio 2000 con cargo a las líneas de subvención y por los importes globales máximos que se señalan, de acuerdo con la Ley de la Generalitat Valenciana 10/1999, de 30 de diciembre, de presupuestos para el año 2000:
  
Programa 531.10 Estructuras agrarias.
  
Línea 608. Mejora de la estructura de explotaciones agrarias. capítulo IV
  
Importe Global máximo: 46.671.662. pesetas (183.308,69 euros)
  
Esta línea está financiada con fondos finalistas procedentes del Feoga-Orientación en el porcentaje que la Comunidad Europea determine para la financiación de sus fondos.
  
Línea 193. Mejora de la estructura de explotaciones agrarias. capítulo VII
  
Importe global máximo: 090.680.920 de pesetas (4.146.983,52 euros)
  
Esta línea está financiada con fondos finalistas procedentes del Feoga-Orientación en el porcentaje que la Comunidad Europea determine para la financiación de sus fondos.
  
2. Las cuantías totales máximas de las ayudas contempladas en la presente orden, así como la línea o líneas de subvención que las financien, se harán públicas anualmente, de acuerdo con los presupuestos de la Generalitat Valenciana correspondientes al ejercicio, mediante orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
  
3. La Generalitat Valenciana podrá suscribir Convenio de colaboración para la instrumentación de la financiación de las ayudas que se concedan, recogiendo los aspectos que contempla el artículo 29, punto 2 del Real Decreto 204/1996.
  
Artículo 18. Régimen supletorio
  
En todo lo no regulado expresamente en esta orden, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 204/1996, a excepción de la sección octava del mismo, que no es de aplicación en la Comunidad Valenciana hasta que de forma expresa se determine.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
Periódicamente, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación facilitará información a las organizaciones profesionales agrarias, a través de la comisión que se constituya al efecto, sobre la aplicación y evolución de las ayudas que regula esta orden.
  
Segunda
  
Se delega en el director general de Modernización de Estructuras Agrarias el ejercicio de la competencia para resolver las solicitudes presentadas al amparo de esta orden, liquidar las obligaciones y proponer el pago.
  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  
Primera
  
Las solicitudes de ayudas para Planes de Mejora, Primera Instalación de jóvenes agricultores y Cualificación Profesional que presentadas en plazo en el ejercicio 1999 al amparo del Real Decreto 204/1996 fueron desestimadas por falta de dotación presupuestaria podrán en el período de solicitud de la actual convocatoria solicitar las ayudas admitiéndose las condiciones que en su día lo hicieron siempre que éstas cumplan lo establecido en el Reglamento (CE) 1.257/1999 de Consejo, de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural y en el Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, modificado por el Real Decreto 2.067/1999, de 30 de diciembre, sobre mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias.
  
Las resoluciones aprobatorias que pudieran recaer sobre dichas solicitudes deberán ajustarse asimismo a lo establecido en dicha normativa.
  
Segunda
  
Para el ejercicio 2000, el plazo de solicitud será de treinta días naturales desde la entrada en vigor de la presente orden.
  
DISPOSIÓN DEROGATORIA
  
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta orden, y de forma particular, la Orden de 18 de abril de 1996, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la aplicación en la Comunidad Valenciana del Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias (DOGV de 2.5.1996)
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta al director general de Modernización de Estructuras Agrarias para que dicte las disposiciones necesarias para la aplicación de la presente orden.
  
Segunda
  
Esta orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 2 de junio de 2000
  
La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación,
  
MARIA ÀNGELS RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ
  
Anexo III
  
Normas mínimas medioambientales
  
Para los sectores de producción vegetal se deberán mantener las siguientes prácticas:
  
- Prohibición de la quema de rastrojos o pastos de cosecha, excepto los rastrojos de arroz por los problemas fitopatológicos que se derivarían en el control del Chilo suppressalis y Pyricularia orizae, principalmente.
  
- Prohibición de laboreo convencional a favor de pendiente.
  
- La aplicación del abonado mineral deberá tener en cuenta las recomendaciones comarcales y locales emitidas por los servicios técnicos de la Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación.
  
- Los restos de podas, plásticos usados y otros materiales residuales deberán retirarse de las parcelas y depositarse en lugares apropiados.
  
- En la zona de pastos, deberá labrarse una franja perimetral de 3 metros, al menos, con el fin de prevenir incendios.
  
- En el uso de pesticidas y herbicidas deberán respetarse las indicaciones de los fabricantes, reitrando los residuos una vez efectuada la aplicación correspondiente.
  
Para las producciones ganaderas:
  
- Se deberá exigir que los estercoleros sean estancos, evitando lixiviados. Dichos estercoleros tendrán capacidad suficiente de almacenamiento, teniendo en cuenta los períodos de salida y distribución.
  
Normas mínimas de higiene y bienestar de los animales:
  
Deberá cumplirse lo dispuesto en:
  
- Orden de 21 de octubre de 1987, por la que se establecen normas mínimas para la protección de gallinas ponedoras en batería (BOE núm. 269, de 10.11.1987).
  
- Real Decreto 1.047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros (BOE núm. 161, de 7.7.1994), modificado por el Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero (BOE núm. 41, de 17.2.1998)
  
- Real Decreto 1.048/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos (BOE núm. 161, de 7.7.1994).


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