Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3538, del 14-07-1999 (1999/6071)

Notificación de resolución de solicitud de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad patrimonial de la administración.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3538

Fecha DOGV
:   14-07-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/6071


Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución de solicitud de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad patrimonial de la administración. [1999/F6071]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución de indemnización de daños y perjuicios formulada por doña Isabel Padial Romero en materia de responsabilidad patrimonial de la administración.
  
«Vista la solicitud de indemnización de daños y perjuicios formulada por doña Isabel Padial Romero, en nombre y representación de la alumna Verónica Ruiz Padial, y vistos los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Mediante escrito de 1 de abril de 1996, doña Isabel Padial Romero solicita indemnización en la cantidad de 163.000 pesetas, por los daños sufridos por su hija Verónica Ruiz Padial el día 15 de marzo de 1996 en el CP Rafael Altamira de El Campello (Alicante).
  
Segundo
  
Mediante Resolución de 18 de julio de 1996, de la Dirección General de Régimen Económico, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, se acuerda la incoación del expediente indemnizatorio para determinar la responsabilidad patrimonial de la administración.
  
Tercero
  
Concluida la instrucción del procedimiento, y tras haberse intentado la notificación de las actuaciones concernientes al expediente en cuestión, sin que se haya podido practicar, se procedió a la notificación mediante anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en fecha 14 de septiembre de 1998, sin que el interesado compareciera en el expediente, recayendo posteriormente informe del Servicio Jurídico y dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de fecha 11 de marzo de 1999.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
El artículo 106 de la Constitución española establece el principio de la responsabilidad patrimonial de la administración pública por las lesiones que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, precepto constitucional que desarrolla el título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
En consecuencia, el procedimiento que se ha seguido para tramitar la solicitud formulada por doña Isabel Padial Romero es el previsto en el artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial.
  
Segundo
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es competente para la resolución de la reclamación de indemnización el titular de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. Dicha competencia ha sido delegada en el director general de Régimen Económico de esta Conselleria mediante Orden de 22 de noviembre de 1996 (DOGV número 2881, de 02.12.1996).
  
Tercero
  
El artículo 139 de la Ley 30/1992 establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
  
Según doctrina científica y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo ?sentencias de 20 de diciembre de 1994, 25 de mayo de 1995 y 20 de junio de 1995?, para que proceda la acción de responsabilidad patrimonial de la administración es necesario que el daño o la lesión patrimonial sufridos por el reclamante sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin admitir las intromisiones o interferencias extrañas en las que pudieran cooperar terceros o el propio lesionado, alterando el nexo causal. En sentencia de 10 de diciembre de 1992, se establece que para que dicho nexo exista el perjuicio o lesión debe derivarse necesariamente de la actuación administrativa, de tal manera que esta sea la causa única y auténticamente determinante del daño.
  
De los documentos obrantes en el expediente se desprende que el día 15 de marzo de 1996, a las 14.50 horas, en el CP Rafael Altamira de El Campello, Alicante, durante el tiempo de recreo, la alumna Verónica Ruiz Padial recibió un balonazo, lo que le ocasionó la pérdida de un diente.
  
El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, en un supuesto muy similar, en su dictamen 192/1997, de fecha 16 de octubre, establece lo siguiente:
  
?En el presente expediente, no queda justificado el nexo de causalidad entre el daño producido y la prestación del servicio. El daño fue producido como consecuencia de un golpe accidental de otro alumno, con lo que no cabe imputar a la administración reclamada responsabilidad por no evitar el aludido golpe, que en cualquier momento se puede producir de forma repentina e impensable, por lo que no existe el nexo causal necesario entre el daño producido y la actuación de la administración y, por tanto, tampoco responsabilidad patrimonial de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.-
  
En esa misma línea, en el dictamen 64/1997, el Consejo Jurídico Consultivo aduce lo siguiente:
  
?Como muy acertadamente expresa la propuesta de resolución del expediente objeto de este dictamen, en este caso el daño sufrido por el alumno ?no es consecuencia directa, inmediata ni exclusiva del funcionamiento del servicio público educativo. Ello es así porque la responsabilidad patrimonial de la administración no se debe configurar como una especie de seguro de cobertura omnicomprensiva, que opere simplemente por el hecho de que el daño se produzca sin más en el propio recinto escolar, no debiéndose admitir los supuestos en los que no tenga una conexión directa, real, inmediata y exclusiva con la prestación del servicio educativo- (dictamen del C.E. de 8 de noviembre de 1995).
  
En el presente caso no ha quedado acreditado la existencia de nexo causal entre el daño sufrido por la alumna y la prestación del servicio. El perjuicio que se concreta en la rotura de gafas se produce a consecuencia de un golpe fortuito que sufrió durante el recreo en el patio del colegio, sin que a los profesores, atendidas las circunstancias, les fuera razonablemente exigible una conducta positiva que evitase el perjuicio finalmente sufrido por el reclamante.
  
Por ello, ante la ausencia de prueba o de relación de causalidad entre el daño causado y el funcionamiento del servicio público (normal o anormal), debe concluirse que no existe responsabilidad patrimonial de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana.-
  
Por otra parte, en lo que respecta a la actuación del centro docente, se recuerda el contenido del dictamen del Consejo de Estado 301/1992, de 12 de junio, en cuanto sostuvo que es doctrina reiterada que el deber de vigilancia ?no puede exceder de lo que sea razonablemente exigible?. Asimismo, según dictámenes del Consejo Jurídico Consultivo 90/1997, 85/1997, 44/1997, 34/1997, entre otros, los daños producidos durante la práctica deportiva, educación física o el juego, deben ser soportados jurídicamente por el interesado, teniendo en cuenta que, en el presente caso, no concurren, ni se ha probado en el expediente examinado, la existencia de elementos de riesgo o peligrosidad en la actividad realizada por los alumnos. Tampoco puede exigirse al profesorado que se encontraba vigilando el patio, en el momento en el que se produjo el accidente, un cuidado hasta extremos imposibles o inimaginables como pudiera ser en este caso evitar un golpe casual, que dada la rapidez con que se produce es inevitable.
  
Por consiguiente, no concurren los requisitos exigidos por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, porque en el presente caso no ha quedado acreditada la existencia de nexo causal entre el daño sufrido por la alumna y el funcionamiento del servicio público educativo. El daño en cuestión se produce a consecuencia de un golpe fortuito que sufrió la alumna Verónica Ruiz Padial durante el recreo en el patio del colegio, sin que a los profesores, atendidas las circunstancias, les fuera razonablemente exigible una conducta positiva que evitase el perjuicio finalmente sufrido por el reclamante.
  
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y conforme con el Consejo Jurídico Consultivo, según dictamen indicado en los antecedentes de hecho de la presente resolución, resuelvo:
  
Desestimar la reclamación de indemnización presentada por doña Isabel Padial Romero, en nombre y representación de su hija Verónica Ruiz Padial, en la cantidad de 163.000 pesetas, por no concurrir, en el supuesto en cuestión, los requisitos legalmente previstos para que proceda la responsabilidad patrimonial de la administración, al no existir nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y la lesión sufrida.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14 y 16 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.»
  
Lo que le comunico para su conocimiento y notificación.