Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2820, del 05-09-1996 (1996/839129)

CIRCULAR 5/96 - SG de 23 de julio de 1996, de la Secretaría General de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que dicta instrucciones para la tramitación de los procedimientos por responsabilidad patrimonial de la administración.
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Número DOGV
:   2820

Fecha DOGV
:   05-09-1996

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1996/839129


Fecha del documento
:   23-07-1996

Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Corrección de errores

CIRCULAR 5/96 - SG de 23 de julio de 1996, de la Secretaría General de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que dicta instrucciones para la tramitación de los procedimientos por responsabilidad patrimonial de la administración.   
El título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.92), regula el sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio. En desarrollo de algunos de sus artículos, el Gobierno dictó el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (BOE de 04.05.93).  
Los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, establecen que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por la administración, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público, salvo en los casos de fuerza mayor.  
Por su parte, la Secretaría General de la extinguida Conselleria de Educación y Ciencia dictó la Circular 5/95-SG, para la aplicación de lo dispuesto en los preceptos antes citados y con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos de las personas afectadas.  
No obstante, debido a la insuficiente delimitación que en dicha circular se realiza de los presupuestos que el ordenamiento jurídico exige para que nazca la obligación de resarcir los daÑos y perjuicios por la administración, así como a una errónea interpretación extensiva que de la misma se ha producido, se han originado disfunciones en su aplicación, que es necesario corregir.   
Por ello, teniendo en cuenta la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la citada circular, y de acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado, así como ante la necesidad de adaptar las normas procedimentales a la nueva estructura orgánica y funcional de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, y de dotar de agilidad y eficacia al procedimiento, se considera oportuno dictar una nueva circular sobre la materia.  
En su virtud y en uso de las facultades conferidas en el Decreto 261/1995 de 25 de agosto del Gobierno Valenciano, por el que se establece el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, esta Secretaría General acuerda:  
Primero. ámbito y normas de aplicación   
La presente circular es de aplicación a los expedientes de responsabilidad patrimonial que se tramiten para determinar la indemnización que eventualmente hayan de recibir los particulares, por las lesiones que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público educativo que prestan los centros docentes y demás servicios educativos de titularidad de la Generalitat Valenciana y dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.  
La tramitación de dichos expedientes se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a lo que establece el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (en lo sucesivo, el Reglamento), así como a lo previsto en la presente circular.  
Los demás expedientes de responsabilidad patrimonial, que tengan relación con la prestación de otros servicios públicos cuya competencia esté atribuida a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, se substanciarán con arreglo a la ley y real Decreto antes citados, pero serán íntegramente tramitados por el Servicio de Gestión Patrimonial de dicha Conselleria. A estos expedientes les será de aplicación la presente circular con carácter supletorio de las instrucciones que, en su caso, dicte esta Secretaría General, excepto en las referencias que en la misma se hacen al servicio educativo, a los centros docentes y la Intervención de la Secretaría Territorial de Cultura y Educación en la instrucción de dichos expedientes.  
Segundo. Obligación de indemnizar  
Para que nazca la obligación de indemnizar por parte de la administración, es necesario que concurran todos y cada uno de los siguientes requisitos:   
1. Que el particular sufra lesión en cualquiera de sus bienes o derechos y no tenga el deber jurídico de soportar el daÑo.  
2. Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público.  
3. Que exista una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto entre el daÑo y el funcionamiento del servicio público, sin intervención de elementos extraÑos que puedan influir alterando el nexo causal.   
4. Que el daÑo no se haya producido como consecuencia de la conducta ilícita, inadecuada o negligente del perjudicado.  
5. Que la lesión no se haya producido a consecuencia de la intervención de terceras personas ajenas al servicio público.  
6. Que el daÑo alegado sea real, efectivo y evaluable económicamente, excluyéndose las meras especulaciones o simples expectativas de derecho.  
7. Que el daÑo sea concreto e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.  
8. Que el daÑo no se haya producido por causa de fuerza mayor.  
Tercero. Clases de procedimiento  
El Reglamento establece dos clases de procedimiento: el general y el abreviado.  
El capítulo II regula el procedimiento general que se ha de seguir para la determinación, en su caso, de la responsabilidad patrimonial de la administración. No obstante, de conformidad con lo previsto en el capítulo III, podrá acordarse de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento abreviado.   
Cuarto. Procedimiento general: formas de iniciación  
El procedimiento general de responsabilidad patrimonial podrá iniciarse por reclamación de los interesados, o bien de oficio, por la propia administración.  
Quinto. Del procedimiento general iniciado por reclamación de los interesados  
Las fases de iniciación, instrucción y terminación de este procedimiento se desarrollarán del modo que seguidamente se indica:  
1. Instancia.  
Las instancias para solicitar la indemnización de daÑos y perjuicios podrán ser presentadas por los interesados en el propio centro docente en el que haya ocurrido el suceso, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30 /1992, así como en las Oficinas de Información, Iniciativas y Reclamaciones de la Generalitat Valenciana.  
La solicitud ha de suscribirla el interesado o su representante legal, en caso de ser menor de edad o incapacitado; sin perjuicio del apoderamiento, en los términos previstos en la Ley.   
Formulada por el interesado o su legal representante la solicitud de reclamación de daÑos y perjuicios, se remitirá a la Dirección Territorial de Cultura y Educación, adjuntando los documentos y justificantes aportados por el interesado.  
En toda reclamación se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento y circunstancias en que la lesión efectivamente se produjo; ésta podrá acompaÑarse de cuantas alegaciones, documentos e informes estimen oportuno, así como de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.  
Recibida la solicitud de reclamación de daÑos y perjuicios, la Dirección Territorial deberá comprobar que aquélla reúne los requisitos establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, y que a la misma se adjuntan los documentos y justificantes necesarios. Dicha Dirección Territorial recabará un informe del director del centro o responsable del servicio en el que haya ocurrido el siniestro, que lo emitirá en el plazo de 10 días con arreglo al modelo del anexo II.   
En el supuesto de que la solicitud no esté debidamente cumplimentada, o cuando no se acompaÑen los documentos precisos para justificar los daÑos y perjuicios (facturas, certificados facultativos o análogos), la Dirección Territorial solicitará a los interesados la subsanación de las carencias o aclaraciones que proceda, y les concederá un plazo de 10 días para aportar los justificantes o subsanar los defectos, con la advertencia que, en cada caso, proceda legalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992.  
2. Acuerdo de iniciación  
La Dirección Territorial deberá trasladar a la Secretaría General de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (Servicio de Gestión Patrimonial) la solicitud original y demás documentación complementaria, así como copia del informe de la dirección del centro o del responsable del servicio, en el plazo de 10 días desde la recepción de la instancia o, en su caso, desde que se subsanen los defectos o se complete la documentación requerida. Recibida la documentación correspondiente, el secretario general, a propuesta de la Secretaría General Administrativa, adoptará una resolución por la que se acuerde la iniciación del expediente de responsabilidad patrimonial o, en su caso, elevará al titular de la Conselleria la propuesta de resolución de inadmisión de la petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.4 de la Ley 30 /1992. La resolución correspondiente se notificará al interesado.  
3. Instrucción  
La instrucción del expediente se llevará a cabo por la Secretaría Territorial de Cultura y Educación competente por razón del territorio en el que radique el centro docente o servicio educativo causante de la lesión.  
Cuando la lesión haya sido producida como consecuencia del funcionamiento de otro servicio público, cuya competencia tenga atribuida la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, la instrucción del expediente se realizará por el Servicio de Gestión Patrimonial.   
Las actuaciones de los instructores serán motivadas, irán dirigidas especialmente a determinar la posible existencia de una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, así como, en su caso, a fijar la valoración del daÑo causado y la cuantía de la indemnización.   
De conformidad con lo que establece el artículo 9.9 del Decreto 261/1995, de 25 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, la Secretaría General podrá ordenar al instructor que compruebe si concurren todos los requisitos exigidos en el número segundo de la presente circular para que proceda la indemnización de daÑos y perjuicios. El instructor, bajo las directrices que, en su caso, dicte la Secretaría General, efectuará los siguientes actos de instrucción:  
3.1. Trámite de alegaciones. El instructor concederá a los interesados un plazo de 10 días para que puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que convengan a su derecho.  
3.2. Prueba. Acordada por el instructor la práctica de las pruebas declaradas pertinentes, éstas se efectuarán en el plazo de 30 días. Sólo se podrán rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada de la Secretaría General, a propuesta del instructor. Cuando sea necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba.  
3.3. Informes. El instructor podrá recabar cuantos informes estime pertinentes, siendo preceptivo el del director del centro o responsable del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Serán evacuados en el plazo de 10 días, salvo que, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio procedimiento, se solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de un mes.  
3.4. Trámite de audiencia. Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto el expediente al interesado, por plazo de 10 días, a efectos de que pueda formular las alegaciones que considere oportuno y aportar las pruebas o documentos que desee, según lo previsto en el artículo 11 del Reglamento.  
4. Propuesta de resolución  
Concluido el trámite de audiencia, el instructor remitirá el expediente, en su caso, a la Secretaría General (Servicio de Gestión Patrimonial), que redactará la propuesta de resolución. Dicha propuesta deberá ser motivada, de acuerdo con el resultado de la instrucción del procedimiento.   
5. Informe jurídico  
Ordenado el expediente con todo lo actuado hasta la propuesta de resolución, el Servicio de Gestión Patrimonial lo remitirá a informe del Servicio Jurídico, que lo emitirá en el plazo de 10 días. Si en el informe se advirtieran defectos en el procedimiento, por la unidad instructora se subsanarán, con arreglo a lo que, en cada caso, establezca el ordenamiento jurídico.  
6. Dictamen del órgano consultivo  
Finalizados los trámites anteriores, se someterá el expediente, con la propuesta de resolución, al dictamen del órgano consultivo a que se refiere el artículo 12 del Reglamento.  
7. Informe económico y fiscalización del gasto  
Cuando la propuesta de resolución del expediente implique el pago de una indemnización, antes de que dicha resolución se dicte, el Servicio de Gestión Patrimonial dará traslado del expediente a la unidad administrativa que corresponda, para que emita el informe económico y se efectúe su posterior fiscalización, en el plazo de 10 días.  
8. Resolución  
En el plazo de 20 días desde la recepción del dictamen del órgano consultivo, el titular de la Conselleria dictará la correspondiente resolución, que se notificará al interesado en el plazo de 10 días.  
Sexto. Del procedimiento general incoado de oficio  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento, la iniciación de oficio del procedimiento se efectuará siempre por acuerdo del secretario general, adoptado bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o por denuncia.   
La petición razonada de otros órganos para la iniciación del procedimiento deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupos de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica, si fuera posible, y el momento y circunstancias en que la lesión efectivamente se produjo, con indicación, en su caso, de los testigos y otros medios probatorios.  
En esta modalidad de procedimiento se llevarán a cabo los mismos trámites previstos en el procedimiento iniciado a instancia de los interesados, a partir de la resolución del secretario general por la que se acuerda la incoación del procedimiento.  
El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos e información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.  
El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.  
No obstante lo anterior, cuando el interesado no se persone en trámite alguno del procedimiento y tampoco lo hiciese en el de audiencia, el instructor propondrá que se dicte resolución declarando el archivo provisional de las actuaciones, sin entrar en el fondo del asunto. Tal archivo se convertirá en definitivo cuando haya transcurrido el plazo de prescripción de la reclamación, salvo que el interesado se persone en el procedimiento dentro de dicho plazo.  
Séptimo. Procedimiento abreviado  
Cuando el instructor estime que, a la vista de las actuaciones, documentos e informaciones del procedimiento general y antes del trámite de audiencia, son inequívocas la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del servicio público, la valoración del daÑo, así como el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá proponer al secretario general que acuerde de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación del procedimiento abreviado, que se tramitará de acuerdo con lo previsto en el capítulo III del Reglamento.  
Octavo. Acuerdo indemnizatorio  
Si bien la forma de terminación normal del procedimiento de responsabilidad patrimonial es la resolución expresa, el artículo 8 del Reglamento permite que se convenga con el interesado la terminación convencional del procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio.  
A tal fin, el secretario general, por propia iniciativa o a propuesta razonada del instructor, podrá disponer, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que se ofrezca al interesado el acuerdo indemnizatorio, en los términos que aquél determine.  
 Si el interesado manifiesta su conformidad con los términos de la propuesta de acuerdo, éste se someterá a informe del Servicio Jurídico y al dictamen del órgano consultivo a que se refiere el artículo 12 del Reglamento. En el plazo de 20 días desde la recepción de dicho dictamen se formalizará por el interesado y por el titular de la Conselleria el correspondiente acuerdo, previo informe económico y fiscalización del gasto, que se efectuará en el término de 10 días.  
Noveno. Desestimación por silencio administrativo  
Según lo establecido en el artículo 13 del Reglamento, transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento, o el plazo que resulte de aÑadir el período extraordinario de prueba, sin que se haya dictado resolución o suscrito el acuerdo de finalización convencional, se entenderá que la resolución es denegatoria de la solicitud de indemnización.   
Diez. Diligencias judiciales  
En todo caso y tan pronto como algún órgano, unidad administrativa o personal de la administración tenga conocimiento de que el interesado afectado o su representante legal ha presentado denuncia o interpuesto demanda ante los juzgados o tribunales, o bien que la autoridad judicial ha iniciado diligencias en relación con los hechos que motivaron la incoación de expediente de responsabilidad patrimonial, lo comunicará inmediatamente a la Secretaría General, a los efectos que en derecho procedan.  
En el caso de que el interesado afectado reclame judicialmente la indemnización, sin que sea posible llegar convencionalmente a un acuerdo, la Secretaría General acordará el sobreseimiento y archivo del expediente administrativo.   
Once. Aprobación de modelos  
Se aprueban los modelos de instancia para la solicitud de la indemnización (nexo I), y de informe del director del centro o responsable del servicio, sobre los hechos ocurridos (anexo II).   
El modelo de instancia será de utilización facultativa por los interesados.  
Doce. Derogación de normas anteriores  
Queda sin efecto la Circular 5/95, de 22 de mayo, de la Secretaría General de la Conselleria de Educación y Ciencia., así como cualesquiera otras instrucciones anteriores de esta Secretaría General que se opongan a la presente circular.  
Valencia, 23 de julio de 1996.- El secretario general: Carlos Alcalde Agesta.