Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4039, del 10-07-2001 (2001/6124)

Notificación de la resolución del director general de Salud Pública de fecha 29 de diciembre de 2000. Expediente número 2.051/2000.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4039

Fecha DOGV
:   10-07-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/6124


Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del director general de Salud Pública de fecha 29 de diciembre de 2000. Expediente número 2.051/2000. [2001/S6124]
  
 Por no haber sido posible notificar de forma personal y directa a la interesada la resolución del director general de Salud Pública, de fecha 29 de diciembre de 2000, recaída en el expediente número 2.051/2000, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 8 de junio de 2001.- El director general para la Salud Pública: Manuel Escolano Puig.
  
«Visto el expediente sancionador número 2.051/2000, instruido por la Dirección Territorial de Sanidad de Castellón a la mercantil González Colom, SL, y el recurso de alzada presentado contra la resolución de dicha dirección territorial, de fecha 26 de mayo de 2000, resultan los siguientes:
  
Hechos
  
Primero
  
El expediente se inició como consecuencia de la inspección practicada el día 6 de abril de 2000 por los inspectores afectos a la Dirección Territorial de Sanidad de Castellón, al establecimiento dedicado a la actividad de comedor colectivo Cafetería La Deliciosa, titularidad de la mercantil Gonzalez Colom, SL, que tiene en explotación en la av. Francisco Tárrega, núm. 34, de la localidad de Villarreal, en la que se comprueba, según consta en el acta número 7.999-F, que:
  
1º. Persiste la presencia de insectos (cucarachas) en el establecimiento. No se presenta certificado de desinsectación. Persiste deficiente estado de higiene del establecimiento, observándose restos orgánicos acumulados, papeles, etc.
  
2º. Hay promiscuidad en las cámaras frigoríficas.
  
3º. Los útiles de trabajo (exprimidor, etc.) presentan suciedad.
  
4º. No presenta carnet de manipulador de alimentos Isabel Guinot.
  
Segundo
  
Tramitado dicho expediente se dicta Resolución de fecha 26 de mayo de 2000, notificada el 31 de mayo de 2000 en la que se estiman infringidos los artículos 35 A) 1º de la Ley 14/1986, General de Sanidad, el artículo 2.1.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las Infracciones y Sanciones en materia de Defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria, en relación con lo establecido en:
  
1º. Para el hecho primero: el artículo 6.1 del Real Decreto 2.817/1983, de 13 de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria de Comedores Colectivos.
  
2º. Para el hecho segundo: el artículo 16.4 del citado Real Decreto 2.817/1983, de 13 de octubre.
  
3º. Para el hecho tercero: el artículo 6.3 del referido Real Decreto 2.817/1983, de 13 de octubre.
  
4º. Para el hecho cuarto: el artículo 3.1 del Real Decreto 2.505/1983, de 4 de agosto, de Reglamento de Manipuladores.
  
Y en consecuencia impone a la mercantil Gonzalez Colom, SL, las sanciones pecuniarias de: veinte mil pesetas (20.000 PTA.), 120,20 euros, por el hecho primero; diez mil pesetas (10.000 PTA.), 60,10 euros, por el hecho segundo; cinco mil pesetas (5.000 PTA.) 30,05 euros, por el hecho tercero; y diez mil pesetas (10.000 PTA.), 60,10 euros, por el hecho cuarto, todo ello de conformidad con el artículo 36 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y el artículo 9º del Decreto 44/1992, de 16 de marzo, del Gobierno Valenciano.
  
Tercero
  
Contra dicha resolución la mercantil expedientada interpone Recurso de Alzada en el que se solicita se proceda al sobreseimiento del expediente, basándose en las siguientes alegaciones:
  
1ª. Se alega que la trabajadora doña Isabel Guinot no tiene carnet de manipulador, lo cual se ha reiterado que es incierto, para lo que se aporta en este acto certificado emitido por la administración competente de que la referida trabajadora dispone del preceptivo carnet de manipulador desde noviembre de 1998, con una vigencia de dos años y por tanto en vigor en el momento en el que se efectuó la inspección, solicitando la retirada de la sanción.
  
2ª. Manifiesta que persiste la existencia de insectos, lo cual se contradice con el certificado de haberse realizado el tratamiento de desinsectación dos días antes de la inspección.
  
El tratamiento realizado evidencia el cumplimiento de la normativa, por lo que no existen motivos para mantener la sanción impuesta
  
3ª. Del resto de motivos expuestos en el expediente sancionador, debemos mantener la oposición a aceptarlos y ello por mantener un servicio de limpieza del establecimiento que impide la acumulación de suciedad más allá de la propia del momento.
  
Negamos la existencia de promiscuidad en las cámaras frigoríficas por cuanto en las mismas se emplean bandejas que son retiradas y limpiadas a diario.
  
A pesar que el informe del inspector es suficiente para mantener la veracidad de lo expuesto en el acta de inspección, debemos manifestar nuestra discrepancia, además de vernos impedidos de formular prueba en contrario ya que es imposible volver al momento de la inspección, lo que convierte en imposible desvirtuar lo manifestado de contrario.
  
Ante estos hechos son de consideración los siguientes
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
La competencia de esta Dirección General tiene su apoyo legal en el artículo 12 en relación artículo 16 del Decreto 87/1999, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad, y el 9º del Decreto 44/1992, de 16 de marzo, del Gobierno Valenciano, de competencia sancionadora en infracciones sanitarias, en concordancia con el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Segundo
  
El artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 44/1992, de 16 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se determina el procedimiento, las sanciones y la competencia sancionadora, en relación con las infracciones sanitarias y de higiene alimentaria; viene a establecer que los hechos constatados por los funcionarios públicos en acta de inspección formalizada en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control, tendrán valor probatorio y se presumirán como ciertos.
  
Así pues, vistas las alegaciones formuladas por la mercantil interesada, hay que señalar que:
  
1º. Respecto a la falta de carnet de manipulador de alimentos, la justificación de que la misma está en posesión del mismo ha sido acreditada en el recurso interpuesto mediante certificado emitido por el Ayuntamiento de Villarreal, por lo que la sanción impuesta por este hecho debe dejarse sin efecto. Independientemente de su acreditación, es necesario advertir en base a las manifestaciones de la interesada, que todo trabajador debe de estar en posesión del carnet de manipulador, el cuál debe ser mostrado cuando sea requerido por la inspección.
  
2º. En relación a las alegaciones referentes al deficiente estado de higiene del establecimiento y que persiste la presencia de insectos, formuladas por la mercantil interesada, las mismas no son de estimar por cuanto, la normativa aplicable dispone claramente que todos los locales deben de mantenerse en estado de limpieza, extremo que no cumple el establecimiento, sino más bien todo lo contrario, por lo que debe de mantenerse lo constatado en el acta de inspección; y en relación a la presencia de insectos, la aportación del certificado de desinsectación y desratización, no es prueba infalible para acreditar la inexistencia de insectos ya que, tal y como establece el artículo 6.1 del citado Real Decreto 2.817/1983, dichos procesos deberán realizarse con la periodicidad necesaria. La realización del mismo el día anterior a la visita de inspección, viene a indicar que ha resultado ineficaz. Así pues, la sanción impuesta debe mantenerse.
  
3º. En cuanto a los hechos descritos en el punto segundo y tercero, la interesada no aporta prueba alguna que desvirtúe lo constatado en el acta de inspección, por lo que debe mantenerse la sanción impuesta.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás generales de pertinente aplicación, resuelvo estimar en parte el Recurso de Alzada presentado por la mercantil González Colom, SL, contra la Resolución de la Dirección Territorial de Sanidad de Castellón, y en consecuencia las sanciones impuestas quedan en la misma cuantía que las expresadas en la Resolución que se recurre, a excepción de la impuesta por el hecho cuarto, por importe de diez mil pesetas (10.000 PTA.), la cuál queda sin efecto por los motivos expresados en el fundamento de derecho segundo, punto primero. Así pues, la sanción queda en un total de treinta y cinco mil pesetas (35.000 PTA.), 210,35 euros.
  
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se puede interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación y, a elección del demandante, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de su domicilio o del domicilio o sede del órgano que dicta el presente acto conforme a los artículos 8, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.