Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6467, del 24-02-2011 (2011/2055)

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2011, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6467

Fecha DOGV
:   24-02-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/2055


Fecha del documento
:   09-02-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * legislación
    * colegio profesional
    * reglamento interno
    * ingeniero

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2011, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. [2011/2055]  
Visto el expediente de inscripción estatutaria instruido a instancia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, inscrito con el número 101 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, en el que se solicita la inscripción de sus Estatutos en dicho Registro, atendiendo a los siguientes  
Hechos  
Primero. Francisco Javier Turégano Gómez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, presentó en fecha 28 de diciembre de 2010, solicitud de inscripción de los Estatutos en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Segundo. Los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana fueron aprobados por la Junta General de 21 de diciembre de 2010, según certificado del secretario del Colegio, con el visto bueno del decano.  
Tercero. No obstante, revisado el texto de los Estatutos se observan los siguientes errores. En el artículo 54, apartado 3, se hace una remisión al artículo 64, cuando en realidad se está refiriendo al artículo 67. Asimismo en el mismo artículo y apartado, párrafo segundo, se efectúa una remisión al artículo 38, cuando en realidad debería efectuarse al artículo 41. Por otra parte en el artículo 65, apartado 2, se establece «Como mínimo, se celebrará una sesión cada mes, a excepción agosto», cuando debiera decir «Como mínimo, se celebrará una sesión cada mes, a excepción de agosto». En el artículo 83 de los Estatutos, apartado 2, se efectúa una remisión al artículo 79, cuando debiera indicarse al artículo 81.  
Cuarto. Los Estatutos, con las modificaciones procedentes en ejercicio del control de legalidad, figuran como anexo a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Los Estatutos respetan todas las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
Segundo. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana ha aprobado la redacción definitiva de sus Estatutos por su órgano competente.  
Tercero. No obstante, en ejercicio del control de legalidad previsto en el artículo 11 de la citada Ley 6/1997, de 4 de diciembre, y en los artículos 21 y 28 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, y atribuido a la Dirección General de Justicia y Menor, ha de procederse a la corrección de los errores observados en el hecho tercero de la presente resolución, modificándose la redacción de los artículos 54, apartado 3; artículo 65, apartado 2 y artículo 83, apartado 2 conforme ha quedado indicado en el mismo.  
Cuarto. El expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la citada Ley 6/1997, teniendo en cuenta lo previsto por la Disposición Final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el Decreto 198/2009, de 6 de noviembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y por el Decreto 206/2009, de 13 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, modificado por el Decreto 22/2010, de 22 de enero.  
Vistos el artículo 36 de la Constitución Española y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de ésta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, se dicta la siguiente resolución:  
1. Inscribir los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, con los cambios de redacción indicados en el fundamento tercero.  
2. Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
Valencia, 9 de febrero de 2011.- El director general de Justicia y Menor: Antonio Gastaldi Mateo.  
Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros   
Industriales de la Comunitat Valenciana  
Preámbulo  
De conformidad con el decreto 118/1949, de 9 de abril, que autorizó la creación de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, y la orden de 6 de septiembre de 1950 se constituyó, entre otros, el de Valencia, que abarcaba las tres provincias valencianas, Albacete, y Baleares. El 10 de noviembre de 1950 se celebró junta de gobierno en dicho Colegio, en la que se dio cuenta de su constitución y de la elección de la primera junta de gobierno.  
Segregada la provincia de Baleares, pasó a denominarse Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete en los estatutos aprobados por la junta general en sesión de 30 de mayo de 1989, y por el pleno del consejo general de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales en reunión celebrada el 7 de septiembre del mismo año.  
Los estatutos cuyo articulado figura a continuación obedecen fundamentalmente a la necesidad de adaptar el contenido de los hasta ahora vigentes a los cambios legislativos previstos en la ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo, y colegios profesionales, la ley valenciana 6/1997, de 4 de diciembre, de colegios profesionales, los estatutos generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y de su consejo general, aprobados por real decreto 1332/2000, de 7 de julio, que contienen la regulación básica aplicable a todo el territorio nacional, la segregación de este Colegio de la provincia de Albacete, aprobada por real decreto 2583/1998 de 27 de noviembre, la ley 17/2009, de 23 de noviembre, y la ley 25/2009, de 22 de diciembre.  
TÍTULO I  
Disposiciones generales  
Artículo 1. Personalidad y estructura  
1. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana es una corporación de derecho público dotada de personalidad jurídica propia y de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.  
2. No obstante la personalidad jurídica única del Colegio, éste, para el mejor cumplimiento de sus fines, se estructura en las provincias que constituyen su ámbito territorial, configurándose éstas en demarcaciones con órganos propios y dotados de la mayor autonomía que permitan las leyes.   
En consecuencia, el cumplimiento de los fines del Colegio se realizará normalmente por los órganos provinciales, correspondiendo a los centrales la gestión de los asuntos de trascendencia supraprovincial, y la supervisión y aprobación, en su caso, de la gestión de los órganos provinciales.  
3. La estructura interna y el funcionamiento del Colegio y de los órganos que lo integran, será democrático de conformidad al artículo 36 de la constitución española.  
Artículo 2. Ámbito territorial  
El ámbito territorial del Colegio es el correspondiente a las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, en cuyas capitales radicarán las respectivas sedes de las demarcaciones provinciales. La sede central del Colegio estará en la ciudad de 46797-Valencia, avenida de Francia nº 55.  
Artículo 3. Ámbito personal  
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana integrará obligatoriamente a todos los ingenieros industriales en el ejercicio de su profesión, con título oficial reconocido por el estado, procedentes de centros docentes creados o reconocidos por el estado o por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, ya fueren públicos o privados y a los ingenieros superiores con título extranjero homologado o reconocido oficialmente, a efectos profesionales, por el estado español al de ingeniero industrial, que residan en su ámbito territorial y se dediquen al ejercicio de la profesión, lo cual solo podrán realizar si están colegiados. Asimismo, podrán integrar a otros ingenieros de segundo ciclo cuyos títulos abarquen campos incluidos en la ingeniería industrial, siempre y cuando no exista un colegio específico que agrupe a un colectivo determinado por su título de especialidad y así se haya aprobado por el consejo general, a propuesta de algún colegio, para cada titulación y para cada centro docente, adoptándose el acuerdo por mayoría de dos tercios de los miembros del pleno del consejo general.  
En el supuesto de los ingenieros industriales con título homologado o reconocido a efectos profesionales por el ministerio competente, les será requerida la colegiación obligatoria en la circunstancia específica de ejercer la profesión de ingeniero industrial en territorio español.  
La obligatoriedad de colegiación queda a salvo en el supuesto que proceda la colegiación en el colegio nacional de ingenieros del ICAI.  
Asimismo, quedan exceptuados del requisito de incorporación al Colegio los ingenieros industriales sometidos a régimen funcionarial que desarrollen sus actividades exclusivamente en el seno de las administraciones públicas.  
Artículo 4. Normativa aplicable  
El Colegio se rige por los presentes estatutos, sin perjuicio de la aplicación preferente de las normas de rango superior que le afecten y, en especial, de la legislación estatal y autonómica sobre colegios profesionales y los estatutos generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y de su consejo general.   
TÍTULO II  
Fines, funciones y facultades del Colegio  
Artículo 5. Fines y funciones del Colegio  
1. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana tendrá los fines propios de estas corporaciones profesionales y como finalidad última la tutela del correcto ejercicio de la profesión como garantía de los derechos de los ciudadanos. En particular, a título enunciativo y no limitativo, tendrá los siguientes fines esenciales:  
a) Ordenar, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los criterios básicos que establezca el consejo general, el ejercicio de la profesión por los colegiados, así como vigilar dicho ejercicio, velando por la ética y dignidad profesional, por el cumplimiento de las normas deontológicas y por el respeto debido a los intereses generales, así como facilitar a los colegiados el conocimiento y cumplimiento de las normas que les sean de aplicación y procurar el adecuado nivel en sus trabajos, para lo cual promoverá su formación y perfeccionamiento.  
b) Ostentar, en su ámbito, la representación exclusiva de la profesión y la defensa de la misma ante las administraciones públicas, instituciones, tribunales, entidades y particulares, de conformidad con lo que disponen el artículo 36 de la constitución española, las leyes de colegios profesionales del estado y de la comunidad autónoma, el derecho comunitario y el resto del ordenamiento jurídico, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales generales.  
c) La defensa de los intereses profesionales de los colegiados.  
d) La protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la administración pública por razón de la relación funcionarial.  
2. Además de los anteriores fines, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana podrá perseguir cualesquiera otros fines, que sean congruentes con la protección de los derechos e intereses profesionales de los colegiados y del desarrollo de la profesión, siempre que no sean contrarios a la ley.  
Asimismo, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valencia procurará, que el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial, se realice en régimen de libre competencia, con sujeción, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de remuneraciones, a la ley sobre defensa de la competencia y a la ley sobre competencia desleal, sin adoptar acuerdo alguno, que exceda de los limites de las citadas leyes.   
3. Para el logro de sus fines el Colegio, ente otras, tendrá las siguientes funciones:  
a) Organizar y desarrollar, en su caso, la previsión social entre los ingenieros industriales colegiados. Si la entidad que con tal fin se cree depende del Colegio, le corresponderá, en este aspecto, administrar los fondos que por el concepto de previsión social se recauden, independizándolos de aquellos otros ingresos que tenga el Colegio para otros fines.  
b) Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por las distintas administraciones públicas y asesorar a órganos del estado, de la comunidad autónoma y de las corporaciones locales valencianas, así como a personas o entidades públicas o privadas y a sus mismos colegiados, emitiendo informes, elaborando estadísticas, resolviendo consultas o actuando en arbitrajes técnicos y económicos a instancia de las partes.  
c) Velar para que ninguna persona realice actos propios de la profesión de ingeniero industrial sin poseer el correspondiente título académico o sin que pueda acreditar su pertenencia a un Colegio Oficial de Ingenieros Industriales o su derecho a no pertenecer.   
d) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre los mismos.  
e) Cooperar con la administración de justicia y demás organismos oficiales o particulares en la designación de ingenieros industriales que hayan de intervenir como peritos en los asuntos judiciales y otros, realizando informes, dictámenes, tasaciones u otras actividades profesionales, a cuyos efectos se facilitarán periódicamente a tales organismos listas de los colegiados, de conformidad con lo que señalen la Ley Órgánica del Poder Judicial y las leyes y reglamentos que la desarrollen y en consonancia con los ámbitos competenciales que hubieren sido transferidos a la Comunitat Valenciana.  
f) Impulsar el desarrollo de actividades científicas, técnicas, económicas, sociales y culturales relacionadas con la profesión.  
g) Informar en las modificaciones de la legislación vigente en su ámbito territorial, en lo que se relaciona con la profesión de ingeniero industrial.  
h) Recoger y encauzar las aspiraciones de la profesión, a cuyos efectos el Colegio elevará al Consejo General y éste a los centros oficiales correspondientes cuantas sugerencias estime oportunas en relación con la perfección y regulación de los servicios que puedan prestar los ingenieros industriales tanto a las corporaciones oficiales como a entidades y particulares.  
i) Impulsar la formación, principalmente técnica, de sus colegiados.  
j) Fomentar y ayudar, por los procedimientos que en cada caso se entiendan más pertinentes, a las instituciones, oficiales o particulares, que traten de incrementar el desarrollo de la industria.  
k) Mantener una colaboración institucional, sin que ello signifique participación vinculante, en la elaboración de los planes de estudio y estar al corriente de la actividad de los centros docentes en la formación de los alumnos de ingeniería industrial.  
l) Aprobar los estatutos del Colegio y el reglamento de régimen interior.  
m) Aprobar los presupuestos, así como regular y fijar las cuotas de los colegiados.  
n) Constituir el registro de sociedades profesionales, establecer su reglamento y ordenar lo conducente a su funcionamiento.  
ñ) Ejercer cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.  
o) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.  
Artículo 6. Facultades del Colegio  
El Colegio ostentará cuantas facultades sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, sin más excepciones que las que le sean negadas por el ordenamiento jurídico. A título meramente enunciativo, tendrá las siguientes facultades:  
a) Ejercitar las acciones procedentes contra quienes ejerzan la profesión de ingeniero industrial sin cumplir los requisitos legales necesarios para tal ejercicio.  
b) Ejercer la potestad disciplinaria por las faltas que cometan los colegiados en el orden colegial y profesional.  
c) Comparecer ante los tribunales de justicia en defensa de los colegiados o a requerimiento de entidades oficiales o particulares, siempre que se diriman cuestiones de interés profesional.  
d) Visar los trabajos profesionales de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.  
e) Establecer baremos de honorarios, que tendrán carácter meramente orientativo, a los exclusivos efectos de la tasación de costas.   
f) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios profesionales.  
g) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el Colegio tenga creados los servicios adecuados y en las condiciones que se determinen.  
h) Participar en los órganos consultivos de la administración en materia de su competencia y en los patronatos universitarios en la forma y medida que establezcan las disposiciones aplicables.  
i) Intervenir como árbitro en las cuestiones que se susciten entre los colegiados por motivos profesionales y en las que surjan entre éstos y sus clientes sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos encargados, siempre y cuando se lo soliciten, todo ello en los términos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y, en especial, de su artículo 14, por lo que el ejercicio de la función arbitral se desarrollará en la forma que establezca el Colegio.  
j) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados de carácter profesional, formativo, cultural y otros análogos, proveyendo a su sostenimiento económico mediante los medios necesarios.  
k) Promover cuantas cuestiones e iniciativas considere oportunas en orden a la fusión, segregación y disolución del Colegio.  
l) Organizar un servicio de información sobre puestos de trabajo apropiados a ingenieros industriales.  
m) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes, los estatutos generales y los presentes estatutos, así como los acuerdos y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.  
n) Cualesquiera otras funciones que acuerden los órganos colegiales dentro de sus atribuciones, guarden relación con la profesión y no se opongan a las disposiciones legales.  
Artículo 7. Ventanilla única  
1. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. Concretamente, el Colegio de Ingenieros Industriales hará lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita:  
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.  
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.  
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.  
d) Convocar a los colegiados a las juntas generales ordinarias y extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio profesional.  
2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio de Ingenieros Industriales ofrecerá la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:  
a) El acceso al registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.  
b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.  
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional.  
d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.  
e) El contenido de los códigos deontológicos.  
3. El Colegio de Ingenieros Industriales deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas, que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad.   
4. El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana facilitará al Consejo General de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España, la información concerniente a las altas, bajas y cualesquiera otras modificaciones que afecten a los registros de colegiados y de sociedades profesionales, para su conocimiento y anotación en los registros centrales de colegiados y de sociedades profesionales de aquéllos.  
Artículo 8. Memoria anual  
1. El Colegio de Ingenieros Industriales está sujeto al principio de transparencia en su gestión. Para ello deberá elaborar una memoria anual que contenga al menos la información siguiente:  
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la junta de gobierno en razón de su cargo.  
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.  
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.  
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.  
e) Los cambios en el contenido de su código deontológico.  
f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de la junta de gobierno y de las juntas provinciales.  
g) Información estadística sobre la actividad de visado.  
2. La memoria anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año.  
3. A los efectos de cumplimentar el deber impuesto al consejo general por la normativa estatal, el Colegio de Ingenieros Industriales le facilitará la información necesaria para elaborar la memoria anual.  
Artículo 9. Servicio de atención a colegiados y a consumidores o usuarios  
1. El Colegio de Ingenieros Industriales deberá atender las quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados.  
2. Asimismo, el Colegio dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.  
3. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios, resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.  
4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.  
TÍTULO III  
Miembros del Colegio  
Artículo 10. Requisitos generales de colegiación  
1. Para pertenecer al Colegio será necesario presentar en las oficinas de la demarcación provincial correspondiente al domicilio del interesado la siguiente documentación:   
a) El impreso de solicitud que facilitará el Colegio, debidamente rellenado y firmado.  
b) Una fotocopia del documento nacional de identidad, que será cotejada con el original.  
c) Dos fotografías tamaño carnet.  
d) Certificación acreditativa de estar en posesión del título de ingeniero industrial, expedido de acuerdo con la legislación española o reconocido oficialmente, con efectos profesionales en el territorio español. Respecto del título de ingeniero industrial, expedido de acuerdo con la legislación española, con efectos profesionales en el territorio español, será suficiente la certificación que con carácter provisional sea equivalente al título, conforme a la normativa en vigor y/o el resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del título.  
2. Los colegiados que residan fuera del ámbito territorial del Colegio presentarán la documentación en las oficinas de la demarcación provincial en la que deseen darse de alta.   
3. La presentación de la documentación podrá efectuarse, mediante presencia física o por vía telemática.  
Artículo 11. Aceptación de solicitudes  
1. Las solicitudes de ingreso deberán ser aprobadas inicialmente por la junta provincial, si el solicitante presenta completa la documentación a que se hace referencia en el artículo anterior y se comprueba la veracidad de los datos consignados en la misma.   
2. La aceptación provisional o denegación de ingreso deberá comunicarse al interesado dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.   
3. Las juntas provinciales trasladarán a la de gobierno las altas aprobadas provisionalmente, a efectos de inclusión definitiva en el censo general de colegiados.   
4. Contra los acuerdos de las juntas provinciales sobre las solicitudes de ingreso cabrá recurso de alzada ante la junta de gobierno, la cual solo podrá revocar los actos impugnados cuando infrinjan el ordenamiento jurídico.   
5. En caso de urgencia justificada, decidirá la comisión delegada de la junta de gobierno, creada al efecto.  
Artículo 12. Ingenieros de industrias textiles  
Los poseedores del título de ingeniero de industrias textiles, cuyas atribuciones son las consignadas en el decreto de 14 de agosto de 1931, podrán colegiarse y gozarán de todos los derechos establecidos en el artículo 14 y tendrán las obligaciones enumeradas en el 15.  
Artículo 13. Efectos generales de la aceptación  
1. La aceptación de la solicitud producirá la incorporación provisional del solicitante al Colegio en la provincia correspondiente por lo que el alta definitiva no alcanzará firmeza hasta en tanto la junta de gobierno no la autorice y con los derechos y obligaciones que se señalan en los artículos siguientes.   
2. El ingreso en el Colegio supone la incorporación, en su caso, del colegiado al sistema de previsión establecido, salvo manifestación en contrario.  
Artículo 14. Derechos de los colegiados  
1. Todos los colegiados gozarán de los siguientes derechos:   
a) Ejercer la profesión en todo el ámbito territorial del Colegio, con independencia de la demarcación provincial en la que tenga su domicilio, así como fuera de dicho ámbito, de acuerdo con las normas de aplicación general.   
b) Participar en el uso y disfrute de los bienes del Colegio y de los servicios que éste tenga establecidos, siempre que no lesione los derechos de los demás colegiados.   
c) Asistir a los actos corporativos y tomar parte en las deliberaciones y votaciones de los órganos de que formen parte.   
d) Llevar a cabo los proyectos, dictámenes, peritaciones, valoraciones y otros trabajos que sean solicitados al Colegio por entidades o particulares y que les correspondan con arreglo al turno establecido.   
e) Recabar el amparo del órgano colegial competente cuando consideren lesionados o menoscabados sus derechos e intereses de profesional, de colegiado, del propio Colegio o de la profesión.   
f) Poner en conocimiento de la junta provincial respectiva y, en su caso, de la de gobierno todos los hechos que puedan afectar a la profesión particular o colectivamente y que puedan determinar su intervención.   
g) Derecho de sufragio activo y pasivo   
h) Derecho a promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas formuladas, de conformidad a los fines colegiales.   
i) Derecho a crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del Colegio, con sometimiento en todo caso a los órganos de gobierno.   
j) Derecho a constituir sociedades profesionales con arreglo al ordenamiento jurídico.  
k) Todos aquellos que se deriven de los estatutos generales, de los presentes estatutos o de otras normas vigentes.   
2. Para ser candidato a los cargos representativos será necesario estar colegiado como ingeniero industrial y, en su caso, ser miembro de la demarcación provincial correspondiente.   
Artículo 15. Obligaciones de los colegiados  
Son obligaciones de los colegiados:  
a) Satisfacer las cuotas ordinarias y extraordinarias del Colegio que les correspondan para su sostenimiento y el desarrollo de los servicios.   
b) Presentar a visado sus trabajos profesionales cuando sea legalmente obligatorio con arreglo a lo establecido en los estatutos generales y en estos.   
c) Cumplir estrictamente cuantas prescripciones contienen los estatutos generales y estos estatutos, así como los acuerdos que se adopten válidamente por los órganos colegiales.   
d) Poner en conocimiento de las juntas provinciales o de la junta de gobierno los casos que conozcan de ejercicio de la profesión de ingeniero industrial por personas que carecen de esa titulación.   
e) Cumplir con respecto a los órganos colegiales y a los colegiados los deberes de disciplina y armonía profesional.   
f) Aceptar el desempeño de los encargos que se les encomienden por los órganos del Colegio, salvo causa en contra que se considere justificada por estos.   
g) Respetar en el ejercicio de sus actividades profesionales la ética y dignidad profesional y las normas deontológicas.  
h) Abstenerse de la realización de actos que entrañen competencia desleal o que intenten restringir la libre competencia.  
Artículo 16. Suspensión de derechos  
1. Los que dejaren de satisfacer las cuotas ordinarias o extraordinarias del Colegio dentro de los plazos señalados y de los concedidos en requerimiento que expresamente se les efectúe y tramitado el oportuno expediente con audiencia del interesado quedarán en suspenso como colegiados y no podrán ejercer los derechos que como tales podrían corresponderles hasta tanto no satisfagan dichas cuotas y las sucesivas que se hayan cobrado a los demás colegiados durante el tiempo de suspensión.   
2. La suspensión de derechos podrá también acordarse como sanción disciplinaria por otras faltas, conforme a lo dispuesto en el título IX -régimen de distinciones y jurisdicción disciplinaria - de estos estatutos.   
Artículo 17. Pérdida de la condición de colegiado  
La pérdida de la condición de colegiado podrá producirse:  
a) Por renuncia mediante escrito dirigido a la junta provincial correspondiente, quien lo elevará a la junta de gobierno, para su aprobación definitiva, una vez haya otorgado la aprobación provisional, siendo requisito para su aceptación que el colegiado no tenga obligaciones profesionales o corporativas pendientes de cumplimiento.  
b) Por fallecimiento o incapacitación declarada judicialmente o administrativamente.  
c) Por sentencia judicial firme de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.  
d) Por sanción disciplinaria impuesta de conformidad con los presentes estatutos.  
e) Por incumplimiento de las obligaciones económicas del colegiado con el Colegio, en los términos fijados en los estatutos y en los acuerdos válidamente adoptados y previo el correspondiente expediente.  
TÍTULO IV  
Organización general del Colegio  
Artículo 18. Órganos colegiales  
1. Los órganos del Colegio se clasifican en centrales, cuya competencia alcanza a todo el territorio del Colegio, y provinciales, que son los propios de cada una de las provincias o demarcaciones provinciales que lo integran.  
2. Los órganos centrales son la asamblea general, la junta de gobierno, el decano, el vicedecano, el secretario, el interventor y el tesorero del Colegio.   
3. Los órganos de cada demarcación son la asamblea provincial, la junta provincial, el presidente, el secretario y el tesorero provinciales.   
4. Los colegiados que ostenten la titularidad o formen parte de los órganos del Colegio no percibirán por ello remuneración alguna. El desempeño de tales cargos se considerará gratuito, aunque no oneroso.  
Artículo 19. Asamblea General  
La asamblea general es el órgano superior de expresión de la voluntad del Colegio.   
Artículo 20. Competencias de la Asamblea General  
1. Constituye competencia esencial de la asamblea general la aprobación o censura de la gestión de la junta de gobierno.   
2. Corresponde a la asamblea general, a propuesta de la junta de gobierno:  
a) La aprobación de los estatutos y del reglamento de régimen interior del Colegio, así como de sus modificaciones.   
b) La adopción de acuerdos referentes a la fusión, absorción, segregación, cambio de denominación y disolución del Colegio, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.   
c) La aprobación de los presupuestos y de las cuentas anuales del Colegio, en los términos establecidos en estos estatutos.   
d) La fijación de las cuotas ordinarias y extraordinarias a satisfacer por los colegiados.   
e) La fijación de las cantidades que cada provincia, en proporción al número de sus colegiados, deberá aportar para el sostenimiento de los órganos centrales del Colegio.   
f) La adscripción del patrimonio del Colegio a las distintas demarcaciones provinciales.   
g) Cuantos asuntos de la competencia del Colegio le someta la junta de gobierno, alguna junta provincial o un grupo de, como mínimo, el cinco por ciento de todos los colegiados.   
Artículo 21. Composición de la asamblea general  
1. Tendrán derecho a participar en la asamblea general con voz y voto todos los miembros del Colegio.   
2. Los colegiados sólo podrán hacerse representar en la asamblea general por medio de otro colegiado, por escrito y para una asamblea general en concreto.   
3. Cada colegiado podrá ostentar, como máximo, veinte representaciones.   
Artículo 22. La junta de gobierno  
Es el órgano de representación y gestión de los intereses generales del Colegio, con competencia en todo su ámbito territorial.  
Artículo 23. Atribuciones de la junta de gobierno  
1. Corresponde a la junta de gobierno la dirección y administración del Colegio, con sumisión a los acuerdos de la asamblea general y respeto de las decisiones adoptadas conforme a derecho por los órganos provinciales.  
Pudiendo emitir instrucciones internas de funcionamiento, aprobadas por mayoría en las reuniones de junta de gobierno, que obligarán a las juntas provinciales.  
2. En concreto, son atribuciones de la junta de gobierno las siguientes:  
a) La representación judicial y extrajudicial del Colegio, con facultades de delegar y apoderar, en las materias de interés general para el Colegio.  
b) Resolver definitivamente dentro de la vía colegial sobre las solicitudes de admisión de nuevos colegiados, y colegiar a éstos.  
c) Establecer las directrices formales a las que deberán adaptarse los presupuestos de los órganos centrales y los de las provinciales.  
d) Aprobar inicialmente los presupuestos y las cuentas anuales, que las juntas provinciales hayan de someter al voto de la respectiva asamblea provincial.  
e) Aprobar provisionalmente los presupuestos y las cuentas anuales de los órganos centrales antes de someterlos a la decisión de la asamblea general.  
f) Consolidar los presupuestos y las cuentas anuales de los órganos centrales con los de las provincias en los generales del Colegio y someterlos a la decisión de la asamblea general.  
g) Proponer a la asamblea general la aprobación de transferencias y suplementos de crédito en relación con el Presupuesto de los órganos centrales.  
h) Disponer la realización de auditorias contables y de gestión, dirigidas a comprobar el estado de ejecución de los presupuestos de los órganos centrales y provinciales, y las actuaciones con proyección económica de los citados órganos.  
Una vez aprobadas las conclusiones de las auditorias por la junta de gobierno, abrir las actuaciones sancionatorias que procedieren mediante la instrucción de los oportunos expedientes.  
Las juntas provinciales acusarán recibo de la auditoría y conformarán sus actuaciones a la misma, y si procediere la junta de gobierno iniciará los expedientes sancionatorios que fueren pertinentes.  
i) La preparación de las sesiones de la asamblea general y la ejecución de sus acuerdos.  
j) Coordinar las actuaciones de las juntas provinciales en cuanto trascienda fuera de su ámbito respectivo.  
k) Procurar la unidad de criterios entre los órganos provinciales en la resolución de las cuestiones de tipo general.  
l) Resolver los recursos de alzada contra acuerdos de los órganos provinciales.  
m) La designación de aquellos de sus componentes que, además del decano, hayan de formar parte del pleno del consejo general.  
n) Las relaciones con otros colegios, con el consejo general de colegios o con organismos intercolegiales.  
o) La contratación de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos centrales, conforme a las previsiones presupuestarias.  
p) Ejercitar acciones judiciales y extrajudiciales en los casos de intrusismo profesional o de vulneración de la normativa sobre competencias profesionales.  
q) Asumir la representación de la profesión ante los órganos de la administración estatal o autonómica cuyo ámbito de actuación sea mayor que la provincia.  
r) Mantener las adecuadas relaciones de colaboración con las escuelas de ingenieros industriales que existan en el territorio del Colegio.  
s) Informar los proyectos de leyes y demás disposiciones generales que afecten a la profesión o a los colegios profesionales en su ámbito territorial.  
t) Organizar las instituciones de asistencia y previsión de los colegiados que resulten más adecuadas.  
u) Las establecidas en otros preceptos de estos estatutos.   
Artículo 24. Composición de la junta de gobierno  
1. La junta de gobierno estará compuesta por 42 miembros elegidos, de conformidad a lo dispuesto en el título V.  
2. La junta de gobierno elegirá de entre sus miembros al decano y al vicedecano, así como al secretario, al interventor y al tesorero del Colegio. Los restantes miembros serán vocales.  
3. A las reuniones asistirá el director de gestión, pudiendo convocarse también a los asesores económicos, técnicos y jurídicos del Colegio, en sus respectivos casos, todos ellos con voz, pero sin voto.  
Artículo 25. Atribuciones del decano  
El decano ostentará la representación oficial del Colegio en su conjunto y también, en ejecución de acuerdos de la asamblea general y de la junta de gobierno, la representación en el orden civil y en el administrativo, sin perjuicio de las delegaciones y apoderamientos que pueda conferir, y le corresponderá:   
a) La presidencia de las sesiones de la asamblea general y de la junta de gobierno, dirigiendo sus deliberaciones, así como ocupar un lugar preeminente en las sesiones de todos los órganos y comisiones colegiales a las que asista, en las que tendrá siempre voz y, cuando corresponda, voto.   
b) Ordenar la convocatoria de la asamblea general y junta de gobierno y fijar el orden del día de ambas.   
c) Presidir las reuniones a las que asista de las comisiones de trabajo y ponencias creadas por los órganos centrales.   
d) Procurar la ejecución y cumplimiento de los acuerdos de las mencionadas juntas.   
e) Asistir, cuando lo estime oportuno, a las reuniones de las juntas y asambleas provinciales, con voz y, en su caso, voto.  
f) La ordenación de los pagos que deban efectuarse con cargo al presupuesto de los órganos centrales.   
g) Autorizar con su visto bueno las actas de la asamblea general y de la junta de gobierno, las cuentas que rindan los órganos centrales del Colegio y los documentos, certificaciones e informes que éstos expidan o emitan.   
Artículo 26. Atribuciones del vicedecano  
El vicedecano sustituirá al decano en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida el ejercicio de su cargo.   
Artículo 27. Atribuciones del secretario del Colegio  
1. Compete al secretario del Colegio:   
a) Convocar las sesiones de las asambleas generales y de las juntas de gobierno que ordene el decano.  
b) Redactar las actas de las asambleas y juntas y cuantos documentos se precisen en el ejercicio de las funciones que le son propias.   
c) Llevar el turno de trabajos encargados a la junta de gobierno.   
d) Las demás atribuciones inherentes al cargo.   
2. El secretario podrá delegar atribuciones en el personal del Colegio, si bien será responsable de su eficaz ejercicio. La función de certificación es indelegable por comportar fe pública corporativa, salvo que lo acuerde la junta de gobierno, para un cometido expreso y adjudicándose siempre ad personam, que necesariamente debe formar parte de la junta de gobierno.  
Artículo 28. Atribuciones del interventor del Colegio  
Compete al interventor del Colegio:   
a) Dirigir la confección del balance de situación trimestral de los presupuestos de los órganos centrales y provinciales, estableciendo las desviaciones producidas con respecto a los mismos, con especial mención de las que superen el 30%, y presentar el correspondiente informe a la junta de gobierno.   
b) Intervenir los ingresos y pagos que se efectúen en ejecución del presupuesto de los órganos centrales.   
c) Cuidar que se lleve el pertinente sistema contable.   
d) Ordenar y vigilar la redacción del presupuesto y de las cuentas de los órganos centrales y su consolidación con las de las demarcaciones provinciales en el general del Colegio.   
Artículo 29. Atribuciones del tesorero del Colegio  
Compete al tesorero del Colegio:   
a) Cuidar de la recaudación de las cantidades que deban ingresar los órganos centrales ostentando, en unión del decano, la representación del Colegio para percibir libramientos.   
b) Cuidar de que bajo su inspección se lleve el libro de caja y los libros que la junta de gobierno estime convenientes para el buen orden de la tesorería.   
c) Practicar trimestralmente un arqueo de caja y comprobación de las cuentas bancarias de los órganos centrales.   
d) Pagar las cantidades que correspondan a la junta con el visto bueno del decano.   
Artículo 30. Comisiones de trabajo y ponencias  
1. La junta de gobierno, por iniciativa propia o previo acuerdo de la asamblea general, podrá constituir comisiones de trabajo para el mejor ejercicio de sus funciones. Las comisiones de trabajo quedarán integradas por colegiados de las tres demarcaciones, designados en función del peso de los afiliados de la provincia, en relación a la totalidad de los afiliados del Colegio. Su presidente, que será elegido por los miembros de las comisiones, deberá ser miembro de la junta de gobierno, y será el responsable de su actuación, estableciendo su cometido y el tiempo en que debe realizarlo, en su caso.   
2. La junta de gobierno podrá igualmente constituir ponencias para que elaboren informes sobre asuntos concretos de su competencia, las cuales se disolverán automáticamente cuando la junta haya aceptado el informe emitido o considere inalcanzables los objetivos perseguidos.   
3. Las comisiones de trabajo y las ponencias podrán, previa autorización de la junta de gobierno, utilizar los servicios del personal adscrito a los órganos centrales que se estime necesario o del que se contrate para tal fin, el cual dependerá en cuanto a dicha labor del respectivo presidente.   
Artículo 31. El director de gestión  
1. El director de gestión será nombrado por la junta de gobierno y refrendado por la asamblea general y sus facultades serán las relativas a la gestión y administración de los asuntos del Colegio y a la ejecución de los acuerdos de sus órganos en los términos que se establezcan al designarle.   
2. Salvo que otra cosa se indique al efectuarse el nombramiento, las funciones del director de gestión serán las siguientes:  
a) Ejercer la jefatura, bajo la dirección del secretario del Colegio, del personal adscrito a los órganos centrales del Colegio, ordenando y dirigiendo su trabajo a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios y conseguir su máxima eficacia, así como proponer las modificaciones de la plantilla que estime oportunas.   
b) Asistir a las reuniones de la junta de gobierno y de la asamblea general y, cuando sea convocado, a las de las asambleas provinciales, en todo caso con voz y sin voto, para dar información de cuantos asuntos se traten en las mismas, si es requerido para ello.   
c) Informar a los colegiados sobre cuantas cuestiones estén relacionadas con la profesión, manteniendo un registro al día de las disposiciones que les afecten.   
d) Proporcionar a las comisiones de trabajo y ponencias que existan o se creen dentro del Colegio los medios e información necesarios para el desarrollo de su trabajo, actuando en funciones de secretario por delegación, salvo cuando la junta de gobierno decida en contrario.   
e) Mantener actualizado el anuario de colegiados, con datos exactos de su actividad y puesto de trabajo ocupado.   
f) Proponer, por propia iniciativa, a la junta de gobierno las actuaciones oportunas en orden a un mejor funcionamiento del Colegio.   
g) Cuidar de la ejecución de los acuerdos de la junta de gobierno y cumplimentar los encargos que los órganos del Colegio le encomienden, dando cuenta de sus resultados.   
h) Vigilar el cumplimiento de la colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión.   
i) Establecer contactos con otros colegios y entidades para la realización de intercambios profesionales y culturales.   
j) Llevar, en su caso, el desarrollo de la previsión colegial, bajo la dirección del órgano correspondiente.   
k) Asistir a las reuniones del consejo general, en el supuesto de que el cargo de director de gestión recaiga en un ingeniero industrial colegiado y siempre que concurra la condición de miembro designado por la junta de gobierno, para ocupar un puesto de representación en el pleno.   
Artículo 32. Miembros de las demarcaciones provinciales  
1. Los colegiados estarán adscritos a la demarcación correspondiente a la provincia en que tengan su domicilio.   
2. Los colegiados que tengan su domicilio fuera del territorio del Colegio serán miembros de la demarcación en cuyas oficinas hayan presentado su solicitud de ingreso, si bien podrán modificar dicha adscripción mediante escrito dirigido a tal fin a las juntas provinciales afectadas.   
3. Los cambios de domicilio de los colegiados deberán ser comunicados por éstos a las juntas de las provincias a las que afecten, las cuales los pondrán en conocimiento de la junta de gobierno.   
Artículo 33. Órganos provinciales  
1. En cada una de las provincias que integran el ámbito territorial del Colegio existirán los siguientes órganos: la asamblea, la junta, el presidente, el secretario y el tesorero provinciales.   
2. Las juntas provinciales podrán constituir comisiones de trabajo y ponencias, que se disolverán al darse por concluida su misión.  
Artículo 34. Las asambleas provinciales  
1. Están constituidas por todos los colegiados adscritos a la respectiva demarcación.   
2. Actuarán como presidente y como secretario en sus reuniones los que lo sean de la respectiva junta provincial   
3. Sus atribuciones serán las siguientes:   
a) La aprobación, en su caso, del reglamento de régimen interior de la demarcación, que solo será aplicable una vez haya sido refrendado por la junta de gobierno del Colegio.  
b) La aprobación provisional del presupuesto y de las cuentas anuales para su remisión a la junta de gobierno a efectos de que los consolide con los de las restantes provincias y los de los órganos centrales y los someta a la decisión de la asamblea general.  
c) La aprobación o censura de la gestión de la junta provincial.  
d) Cuantos asuntos que afecten a los intereses del Colegio en la provincia respectiva le someta la junta provincial, por propia iniciativa o a petición de colegiados que representen el diez por ciento de los miembros de la demarcación.   
Artículo 35. Las juntas provinciales  
Constituyen los órganos rectores de cada demarcación provincial del Colegio y estarán dotadas de la máxima autonomía que permitan las leyes y este estatuto para la gestión de los intereses colegiales en los asuntos cuya trascendencia no exceda de su territorio.   
Artículo 36. Composición de las juntas provinciales  
1. Cada junta provincial estará compuesta por un número de miembros, idéntico al número de miembros, que a la provincia le corresponda en la junta de gobierno, salvo que la asamblea provincial respectiva establezca un número superior.  
2. La junta elegirá de entre sus componentes al presidente, al secretario y al tesorero provinciales, ostentando los restantes la condición de vocales.  
Artículo 37. Competencia de las juntas provinciales  
Para el cumplimiento de su función de órganos de gestión y administración de los intereses del Colegio en el ámbito de cada provincia, compete a las juntas provinciales:   
a) La representación judicial y extrajudicial del Colegio, con facultades de delegar y apoderar, en las materias de interés de la provincia respectiva.  
b) Resolver provisionalmente sobre las solicitudes de ingreso de nuevos colegiados.   
c) Formular los presupuestos y las cuentas anuales de la demarcación para someterlos a la aprobación provisional de la asamblea provincial, previa aprobación inicial de la junta de gobierno.   
d) La preparación de las asambleas provinciales, el establecimiento de su orden del día y la ejecución de sus acuerdos.  
e) El establecimiento de turnos de colegiados para la realización de forensías u otros trabajos.   
f) La contratación de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de las oficinas de la demarcación y la prestación de sus servicios, dentro de las previsiones presupuestarias.   
g) Velar por el cumplimiento de las normas de ética profesional, informando a la junta de gobierno de las transgresiones a las mismas.  
h) Poner en conocimiento de la junta de gobierno los casos de intrusismo profesional.   
i) La designación de peritos a requerimiento de las autoridades judiciales o administrativas.   
j) El cobro de las cuotas y demás derechos colegiales.   
k) El visado de los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de su profesión, de conformidad con el protocolo e instrucciones reglamentarias acordadas por la junta de gobierno.   
l) La percepción de los honorarios correspondientes a los trabajos profesionales que se visen, cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente y la demarcación tenga establecido este servicio, por haberlo así acordado expresamente la junta de gobierno.   
m) Promover la formación permanente de los colegiados mediante el desarrollo de actividades científicas, técnicas, económicas y culturales relacionadas con la profesión, dentro de su dotación presupuestaria.   
n) La organización de servicios y la creación y mantenimiento de instalaciones que sean de interés para el desarrollo industrial de la provincia respectiva.   
o) La relación con otros colegios u órganos colegiales cuyo ámbito territorial coincida o sea inferior al suyo propio.   
p) Las atribuciones que resulten de otros artículos de los presentes estatutos.   
q) Las que les deleguen otros órganos centrales o provinciales.   
r) Cumplir y hacer cumplir cuantas instrucciones se remitan por la junta de gobierno.  
s) Facilitar la información requerida por la junta de gobierno, para facilitar el adecuado control.  
Artículo 38. Atribuciones de los presidentes provinciales  
1. Los presidentes provinciales ostentarán en la provincia respectiva la representación oficial del Colegio por delegación del decano y, en ejecución de los acuerdos de la asamblea o de la junta provincial, la representación en el orden civil y en el administrativo, pudiendo conferir apoderamientos y delegaciones.  
2. Les corresponderá:  
a) Ordenar las convocatorias de la asamblea y de la junta provincial.  
b) La presidencia de las mismas, dirigiendo las deliberaciones.   
c) La fijación del orden del día de las reuniones de la junta provincial.   
d) Presidir las reuniones a las que asista de las comisiones de trabajo y ponencias creadas por la junta provincial.   
e) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la asamblea y de la junta provincial, y los acuerdos de la asamblea general y de la junta de gobierno, en su provincia.   
f) La ordenación de los pagos que deban efectuarse con cargo al presupuesto de la demarcación.   
g) Autorizar con su visto bueno las actas de las sesiones de la asamblea y de la junta provincial, así como las cuentas que rindan los órganos de la demarcación y los documentos, certificaciones e informes que expidan o emitan.   
Artículo 39. Atribuciones de los secretarios provinciales  
Corresponde a los secretarios provinciales:   
a) Convocar las reuniones de los órganos colegiados provinciales que ordene el presidente.   
b) Cuidar de la redacción de las actas de las sesiones de dichos órganos y de cuantos documentos se precisen en el ejercicio de las funciones que les son propias.   
c) Llevar el turno de trabajos encargados a la junta provincial conforme a las normas que ésta dicte al respecto.   
d) Verificar el cumplimiento de los requisitos de colegiación antes de proponer a la junta provincial la admisión provisional de nuevos colegiados.   
e) Llevar debidamente actualizado el censo de colegiados miembros de la demarcación.   
f) Llevar el registro de los trabajos que hayan presentado los colegiados.   
g) Llevar el libro registro de bienes del colegio afectos a la demarcación.   
h) Sustituir al presidente provincial en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que le impida el ejercicio de sus funciones.   
i) Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones.  
j) Las demás atribuciones inherentes al cargo.   
Artículo 40. Atribuciones de los tesoreros provinciales  
Les compete:   
a) Dirigir el balance de situación trimestral, estableciendo las desviaciones experimentadas con respecto al presupuesto y presentar el correspondiente informe a la junta provincial.   
b) Intervenir los ingresos y los pagos de los órganos de la demarcación.   
c) Cuidar de que se lleve el adecuado sistema contable.   
d) Ordenar y vigilar la redacción del presupuesto y de las cuentas de la demarcación.   
e) Controlar la recaudación de las cuotas y demás derechos que deban satisfacer los colegiados y los restantes ingresos de la demarcación.   
f) Practicar trimestralmente un arqueo de caja y una comprobación de las cuentas bancarias existentes en la provincia a nombre del Colegio o de sus órganos.   
g) Pagar las cantidades a cargo de la demarcación, con el visto bueno del presidente.  
TÍTULO V  
Normas electorales  
Artículo 41. Cargos elegibles  
1. Los miembros de las juntas provinciales serán designados mediante elección directa, libre y secreta de los colegiados de pleno derecho miembros de la demarcación correspondiente, por un periodo de cuatro años.  
2. Los presidentes, los secretarios y los tesoreros provinciales serán elegidos mediante elección directa, libre y secreta de entre sus miembros por las respectivas juntas, cesando cuando lo hagan en las mismas.   
3. Los miembros de la junta de gobierno, que son cuarenta y dos, son elegidos por sus respectivas juntas provinciales, de entre sus miembros, en función del número de los afiliados de la Provincia, en relación a la totalidad de los afiliados del Colegio según el censo electoral.   
4. La junta de gobierno elegirá de entre sus componentes a los que hayan de ocupar los cargos de decano, vicedecano, secretario, interventor y tesorero del Colegio, produciéndose su cese cuando expire su mandato como miembros de la junta.   
5. En el caso que un presidente provincial cese antes de cumplirse el tiempo por el que fue elegido, le sustituirá interinamente el secretario provincial y se procederá a convocar junta provincial extraordinaria, para cubrir la vacante por el tiempo que restase de mandato al que haya cesado.  
6. Si el cesado es el decano, le sustituirá interinamente el vicedecano y se procederá a convocar junta de gobierno extraordinaria para elegir nuevo decano, para cubrir la vacante por el tiempo que restase de mandato al que haya cesado.  
7. Las vacantes anticipadas de vicedecano, secretario, interventor y tesorero del Colegio se cubrirán por elección en la siguiente reunión de la junta de gobierno.  
8. Las vacantes anticipadas de secretarios y tesoreros provinciales se cubrirán por elección en la siguiente reunión de la correspondiente junta provincial.  
9. Las vacantes de los restantes miembros de las juntas de gobierno y provinciales no se cubrirán hasta que se celebren las siguientes elecciones ordinarias, en cuyo momento, si al que ha cesado le quedaren dos años de mandato, se elegirá al que deba sustituirle por el tiempo que le quedara y, si ya hubiese completado el mandato, el puesto saldrá a elección como si no se hubiese anticipado la vacante.  
10. Serán puestos a elegir en cada período electoral los que deban renovarse y los vacantes en la forma que resulta de los apartados anteriores.   
Artículo 42. Elecciones ordinarias y extraordinarias  
1. Cada dos años se celebrarán elecciones ordinarias para los cargos que procedan. A tal efecto, la junta de gobierno antes del día diez de octubre de los años electorales, que son los años impares, comunicará a todos los colegiados con derecho a voto los siguientes extremos:  
- La fecha y la hora a partir de la cual pueden presentarse las candidaturas individuales o colectivas.  
- La fecha y la hora en que finalice el plazo de presentación de las candidaturas individuales o colectivas.  
- Número de los miembros de la junta provincial a elegir en la provincia respectiva.  
- Requisitos para ser candidato.  
- Fecha de proclamación oficial de las candidaturas.  
2. Serán elecciones extraordinarias las que se convoquen en periodos distintos de los de las ordinarias para cubrir las vacantes que, conforme al artículo anterior, así lo exijan.  
Las elecciones extraordinarias se regirán por las mismas normas que establecen para las ordinarias los artículos siguientes, incluso en lo referente a los plazos, pero no, como es obvio, en cuanto a las fechas.  
Artículo 43. Electores y lista electoral  
1. En el período electoral, todos los colegiados que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos, en la junta de gobierno inmediatamente anterior a la convocante de las elecciones, constituyen la lista electoral, y tendrán la facultad de elegir por votación a los candidatos que estimen más idóneos.   
2. Para ejercer la citada facultad será indispensable figurar en la lista electoral de la provincia correspondiente, la cual se pondrá a disposición de los colegiados en las oficinas de la demarcación desde el día en que se inicie el período electoral.  
3. Las reclamaciones contra la indicada lista deberán formularse dentro del plazo señalado para la presentación de candidatos y resolver en el plazo de diez días naturales por la junta provincial.   
Artículo 44. Presentación y proclamación de candidaturas  
1. Podrán ser candidatos todos los ingenieros industriales miembros de la respectiva demarcación que, además de ser españoles, reúnan los requisitos legales y estatutarios siguientes:  
- Figurar en el censo electoral aprobado en junta de gobierno del mes de septiembre del año electoral, o tratándose de elecciones extraordinarias, en el censo lectoral aprobado dentro de los dos meses anteriores al inicio del periodo electoral.  
- Estar en el pleno ejercicio de los derechos colegiales.  
2. Las candidaturas habrán de ser a miembro de la junta provincial.   
3. Las candidaturas habrán de presentarse en la sede de la demarcación correspondiente dentro del plazo que se inicia con la apertura del período electoral y termina a las diecinueve horas del 25 de octubre o, de ser festivo, del anterior día laborable, considerándose los sábados festivos a efectos electorales.   
4. Las candidaturas podrán ser individuales o colectivas y tanto unas como otras deberán ser avaladas por un mínimo de veinte colegiados de la provincia en cuestión, pudiendo cada colegiado avalar varias candidaturas.   
5. Las juntas provinciales, en el primer día hábil siguiente al en que finalice el plazo de presentación de candidaturas, proclamarán candidatos a quienes cumplan las condiciones legales y estatutarias, siendo sus acuerdos al respecto recurribles ante la junta de gobierno mediante escrito presentado no más tarde del siguiente día. La decisión del recurso solo podrá versar sobre la adecuación del acuerdo impugnado al ordenamiento jurídico y deberá dictarse antes del 30 de octubre. En el caso de que algún componente de candidatura no pueda ser proclamado candidato, ello no impedirá la proclamación de los restantes.   
Artículo 45. Convocatoria a las votaciones  
1. Antes del día 1 de noviembre cada junta provincial notificará a todos los electores de su demarcación las candidaturas proclamadas, convocándoles a la votación para una fecha comprendida entre el 16 y el 25 de noviembre, con indicación del lugar y del horario en que permanecerá constituida la mesa (o mesas) electoral correspondiente.   
Con la comunicación se remitirán las papeletas de votación y dos sobres a utilizar. Uno grande y otro pequeño, que fácilmente podrá introducirse en el grande, ambos dirigidos al presidente de la mesa electoral de la respectiva demarcación.  
Las papeletas contendrán las listas completas de candidatos a miembros de las juntas provinciales, confeccionándolas por orden alfabético de apellidos. Al pie de cada papeleta habrá una nota explicativa del procedimiento de la votación.  
2. De no presentarse más de un candidato admisible para alguno de los puestos a cubrir, se hará constar así en la comunicación que se dirija a los electores, quedando proclamado electo el candidato en cuestión.   
3. Si la elección para algún puesto resulta desierta, la junta provincial convocará elecciones extraordinarias en el plazo más breve posible.   
Artículo 46. Mesas electorales  
1. Para la votación se constituirá una o varias mesas electorales en cada provincia, compuesta por un presidente y dos vocales ninguno de los cuales podrá ser candidato. Los miembros de las mesas serán designados por las respectivas juntas provinciales.   
2. Cada candidatura tendrá derecho por medio de escrito de todos sus miembros, dirigido al presidente de la respectiva mesa electoral, a designar un Interventor, que deberá ser colegiado en dicha demarcación, y que podrá presenciar en su totalidad el transcurso de la votación y el escrutinio, y hacer las observaciones pertinentes al presidente, exigir constancia de las mismas en el acta y, si fuere el caso anunciar impugnación.  
3. La designación para formar parte de las mesas electorales habrá de ser notificada a los interesados con quince días naturales de antelación a la fecha de la votación.   
4. Es obligatorio el ejercicio del cargo de miembro de mesa electoral, salvo que medie causa justificada que lo impida a juicio de la correspondiente junta provincial.  
5. Las mesas electorales deberán estar constituidas desde media hora antes del inicio de la votación personal hasta que terminen la votación personal y el escrutinio, considerándose constituidas siempre que estén presentes, al menos, dos de sus miembros, actuando uno de ellos como presidente. En caso de ausencia temporal del presidente, éste designará al que de los restantes miembros deba sustituirle provisionalmente.   
Desde la constitución de la mesa electoral hasta el inicio de la votación personal los interventores de las diferentes candidaturas, si los hubiere, habrán de presentar al presidente de la mesa su correspondiente acreditación.  
6. Las mesas electorales podrán estar asistidas por los empleados de la demarcación que se considere necesarios para el adecuado desarrollo de la votación y el escrutinio.  
Artículo 47. Forma de la votación  
Para la elección de los miembros de las juntas provinciales, se señalará con un aspa en la papeleta de votación los nombres de los candidatos por los que se vote, pudiendo cada elector señalar, como máximo, tantos nombres como puestos a elegir existan.  
Artículo 48. Lugar y desarrollo de la votación  
1. La votación podrá realizarse de cualquiera de las siguientes formas:   
a) Personalmente, emitiendo el voto en la mesa electoral.   
b) Enviando a la sede de la demarcación respectiva, en el sobre grande cerrado, la papeleta o papeletas de votación, dentro, a su vez, del correspondiente sobre pequeño cerrado. En el sobre grande, que es el exterior, figurará el nombre y apellidos del votante, que firmará en el reverso cruzando las líneas de cierre. Dentro del sobre grande deberá figurar copia del D.N.I. o documento sustitutivo que acredite la personalidad del votante. Los votos así enviados deberán estar en poder de la mesa electoral con anterioridad a la hora señalada para el inicio de la votación.   
2. Los colegiados que voten personalmente entregarán el sobre pequeño cerrado destinado a contener la papeleta o papeletas al presidente de la mesa, que lo depositará inmediatamente en la urna, previa identificación del votante y comprobación de que su nombre figura en la lista de electores de la demarcación y de que no ha emitido con anterioridad su voto.   
3. Los sobres grandes recibidos en la sede provincial, una vez comprobado que el remitente figura en la lista de votantes y todavía no ha votado, se abrirán al finalizar la votación y los sobres pequeños destinados a contener las papeletas se introducirán en la urna antes de que se inicie el escrutinio.   
Artículo 49. Escrutinio y acta de la votación  
1. Terminada la votación, la mesa procederá al escrutinio de los votos emitidos en acto público que deberá celebrarse inmediatamente y sin interrupción.  
El escrutinio se realizará extrayendo de la urna, el presidente o el miembro de la mesa que éste designe, uno a uno los sobres y leyendo en voz alta los nombres de los candidatos votados. El miembro de la mesa que haya extraído la papeleta, mostrará el contenido de la misma, una vez leída a los asistentes, incluidos los Interventores, en su caso, para que puedan comprobar su coincidencia con lo que se ha leído.  
2. Se declararán nulos los votos emitidos en papeletas o sobres que no se ajusten a los modelos oficiales establecidos, que tengan enmienda o raspaduras o no cumplan lo dispuesto en estas normas electorales. Las dudas sobre la validez o nulidad de los votos o su interpretación serán resueltas por la mesa en el acto.   
3. Concluido el escrutinio, se levantará acta del mismo, se destruirán las papeletas y los sobres y se harán públicos los resultados. El acta será firmada por el presidente y demás miembros de la mesa, pudiendo también hacerlo los interventores de las distintas candidaturas, a quienes, si lo solicitan, se les entregará copia del acta. Si hubiese habido impugnación, las papeletas objeto de la misma deberán unirse al acta del escrutinio.  
4. El original del acta se remitirá por el presidente de la mesa electoral a la junta provincial para que proceda a la proclamación de los candidatos elegidos.   
Artículo 50. Proclamación de candidatos electos  
La correspondiente junta provincial proclamará elegidos a los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos. En caso de empate resultará elegido el de mayor antigüedad en el Colegio y, si fuera la misma, el de más edad.   
De los resultados de cada elección se dará cuenta inmediata a la junta de gobierno.  
Artículo 51. Toma de posesión  
1. La toma de posesión de los elegidos, en cada provincia, en las elecciones ordinarias, en su condición de miembros de la junta provincial, se efectuará en la siguiente sesión ordinaria de la asamblea provincial, la cual habrá de celebrarse después de la proclamación y antes del 1 de diciembre.   
2. Los elegidos en elecciones extraordinarias tomarán posesión de sus cargos en la primera reunión de la junta provincial siguiente a su proclamación.   
3. La toma de posesión en la junta de gobierno se realizará en la primera reunión, que ésta celebre, después de que le hayan comunicado los miembros designados por las respectivas juntas provinciales.  
Artículo 52. Designación de cargos  
1. En la primera junta provincial, que se celebre después de la toma de posesión de los elegidos en las elecciones ordinarias, se designará, caso de haber quedado vacante el cargo, al presidente, al secretario y/o al tesorero provinciales, de entre los miembros de la junta.   
2. La junta de gobierno, en la primera reunión que celebre después que le hayan comunicado la designación de sus miembros por las respectivas juntas provinciales, cubrirá los cargos, que se hallen vacantes, eligiendo al decano, al vicedecano, al secretario, al interventor y/o al tesorero del Colegio, de entre los miembros de la junta.  
Artículo 53. Permanencia en los cargos y atribuciones durante el período electoral  
1. Cuando se retrasen, por cualquier causa, las elecciones o la toma de posesión de los elegidos, los que deban cesar por haber transcurrido el plazo de su mandato permanecerán en sus cargos hasta que tomen posesión los que deban sustituirles.  
2. Durante el período electoral todos los órganos del Colegio conservarán las mismas atribuciones que durante el resto del mandato de sus titulares o componentes.   
Artículo 54. Cese en los cargos  
1. El cese normal del titular de cada cargo se producirá al tomar posesión quien haya sido elegido para sustituirle.   
2. El cese anticipado solo podrá producirse por destitución, dimisión o pérdida de la condición de colegiado o de miembro de la demarcación por la que se ostenta el cargo.   
3. Sólo podrá acordarse la destitución de los miembros de la junta de gobierno, en concepto de miembros de junta de gobierno, en caso de sanción disciplinaria por falta grave o muy grave o de falta de asistencia a las sesiones de la junta, de conformidad con lo establecido en el título IX y en el artículo 67, mediante expediente instruido por la junta provincial, que los haya designado y resuelto por la junta de gobierno, siempre con audiencia del interesado.   
La junta de gobierno, en sesión especialmente convocada al efecto y por mayoría absoluta de sus miembros, podrá destituir de sus cargos respectivos al decano, al vicedecano, al secretario, al interventor y al tesorero del Colegio o a cualquiera de ellos, revocando el nombramiento y procediendo a su sustitución en la forma establecida en el artículo 41. La destitución sólo podrá ser puesta a votación una vez se haya instruido el oportuno expediente con audiencia expresa del propio interesado.  
Las juntas provinciales podrán acordar la destitución de sus miembros, en concepto de miembros de junta provincial, en caso de sanción disciplinaria por falta grave o muy grave o de falta de asistencia a las sesiones de la junta, de conformidad con lo establecido en el título VI y en el artículo 67, mediante expediente instruido por la junta de gobierno y resuelto por la respectiva junta provincial.  
Las juntas provinciales, en sesión especialmente convocada al efecto y por mayoría absoluta de sus miembros, podrán destituir de sus cargos respectivos al presidente, al secretario y al tesorero o a cualquiera de ellos, revocando el nombramiento y procediendo a su sustitución en la forma establecida en el artículo 41.  
La función de ordenar la convocatoria de las sesiones de destitución incumbirá al decano o a los presidentes provinciales, y caso que fueren objeto de la proyectada destitución, la función de ordenar la convocatoria corresponderá al vicedecano o a los secretarios provinciales. En el supuesto que el vicedecano y los secretarios provinciales también fuesen objeto de la proyectada destitución, la función de ordenar la convocatoria incumbirá a quienes les sustituyan, en caso de ausencia o enfermedad, y así sucesivamente.  
4. La dimisión, tanto en concepto de miembro de la junta de gobierno, como en concepto de miembro de la junta provincial, habrá de formalizarse por escrito en el que se alegue causa y para que sea eficaz deberá ser aceptada por la junta respectiva.  
5. La pérdida de la condición de colegiado conforme a lo dispuesto en el artículo 17 y el cambio de demarcación producirán, en todo caso, el cese automático en el cargo.   
Artículo 55. Normas electorales complementarias  
Las respectivas juntas provinciales y -en cuanto a ella afecte o suponga el ejercicio de la facultad de armonización de criterios que le compete- la junta de gobierno podrán completar y desarrollar en cada periodo electoral las normas de procedimiento necesarias, las cuales se ajustarán en todo caso a lo preceptuado y al espíritu que informa los artículos anteriores y se remitirán oportunamente a todos los electores a los que afecten.   
Artículo 56. Recursos  
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44, contra los acuerdos de las juntas provinciales y, en su caso, de la de gobierno en materia electoral cabrán los recursos establecidos en los presentes estatutos.   
TÍTULO VI  
Normas sobre funcionamiento y adopción de acuerdos  
Artículo 57. Asamblea general: sesiones  
1. La asamblea general celebrara dos sesiones ordinarias al año: una en el mes de diciembre para la aprobación de los presupuestos y otra en el mes de mayo para la aprobación de las cuentas y el examen del informe general sobre la situación del Colegio.  
2. Se celebrará sesión extraordinaria cuando lo acuerde la junta de gobierno, a iniciativa propia o a petición escrita de una junta provincial o de colegiados que representen el cinco por ciento del total, en cuyos casos la sesión habrá de celebrarse antes de finalizar el mes siguiente al de recepción de la solicitud.  
Artículo 58. Convocatoria de la asamblea general  
1. La asamblea general será convocada por el secretario del Colegio, de orden del decano, mediante escrito dirigido personalmente a cada colegiado y remitido, como mínimo con quince días naturales de antelación a la fecha fijada para la sesión.  
En caso de urgencia, que se justificará en la propia sesión, el decano podrá ordenar que se convoque la asamblea general con una antelación menor que la indicada, pero nunca inferior a cinco días naturales de antelación.  
En todo caso, con la convocatoria se remitirá el orden del día de los asuntos a tratar.  
2. El orden del día incluirá todos los asuntos sobre los que haya de tomar decisiones, proporcionando una idea clara del contenido y alcance de los puntos a deliberar.  
3. Compete a la junta de gobierno fijar el orden del día de las sesiones de asamblea general.  
4. El orden del día de la sesión ordinaria de diciembre deberá incluir los siguientes asuntos:  
- Presentación, debate y aprobación de los presupuestos anuales.  
- Informe sobre renovación de cargos colegiales, en su caso.  
- Ruegos y preguntas.  
5. El orden del día de la sesión ordinaria de mayo habrá de incluir los siguientes extremos:  
- Presentación, debate y aprobación de las cuentas del año anterior.  
- Informe general sobre la situación del Colegio.  
- Ruegos y preguntas.  
6. Figurarán, además, en el orden del día de cada sesión ordinaria o extraordinaria:  
- Los asuntos que decida incluir la junta de gobierno.  
- Los temas cuya inclusión solicite alguna junta provincial.  
- Los extremos pedidos por colegiados en número no inferior al cinco por ciento del total.  
Artículo 59. Celebración de las sesiones de la asamblea general  
1. Las sesiones se celebrarán en primera o en segunda convocatoria. Para celebrarse en primera convocatoria será precisa la presencia de la mayoría de los miembros del Colegio. Las sesiones se celebrarán en segunda convocatoria, media hora más tarde de la señalada para la primera, cualquiera que sea el número de los concurrentes.  
2. La asamblea general será presidida por el decano o, en su defecto, por el vicedecano, actuando como secretario el del Colegio, que levantará acta de lo tratado en la reunión.  
El presidente declarará abierta la sesión y la levantará, dirigirá las deliberaciones de forma que se desarrollen con el mayor orden y eficacia y regulará las votaciones conforme a lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 71.  
Artículo 60. Sesiones de la junta de gobierno  
1. La junta de gobierno celebrará sesión cuando lo acuerde el decano a iniciativa propia o a solicitud escrita de la tercera parte de sus miembros.  
2. Como mínimo, se celebrarán once sesiones ordinarias al año.  
Artículo 61. Convocatoria de la junta de gobierno  
1. El secretario del Colegio convocará por escrito a los miembros de la junta de gobierno, de orden del decano, con una antelación de, por lo menos, siete días naturales, remitiéndoles el correspondiente orden del día.  
Dicho plazo podrá reducirse cuando el decano determine que la sesión tiene carácter de urgencia, pudiendo en este caso realizarse la convocatoria por cualquier medio de los admitidos en derecho. En la sesión siguiente el decano deberá justificar los motivos de la urgencia ante la junta de gobierno y, si esta considerase injustificada la decisión, podrá revocar los acuerdos adoptados en aquella.  
2. El orden del día de las sesiones de la junta de gobierno incluirá todos los asuntos sobre los que vayan a tomarse decisiones, facilitando una clara idea del contenido y alcance de los puntos a tratar.  
Será facultad del decano fijar el orden del día, en el que, además de los asuntos que él desee tratar, habrán de figurar aquellos cuya inclusión pida cualquier miembro de la junta de gobierno o un número de colegiados no inferior a cincuenta.  
Artículo 62. Celebración de las sesiones de la junta de gobierno  
1. Las sesiones se celebrarán en primera o en segunda convocatoria. Para celebrarse en primera convocatoria será precisa la asistencia de la mayoría de los miembros de la junta. Las sesiones se celebrarán en segunda convocatoria, media hora más tarde de la señalada para la primera, cualquiera que sea el número de concurrentes.  
2. La junta será presidida por el decano o, en su defecto, por el vicedecano, actuando como secretario el que lo sea del Colegio, el cual levantará acta de lo tratado en la reunión.  
El presidente declarará abierta la sesión y la levantará, dirigirá las deliberaciones de forma que se desarrollen con el máximo orden y eficacia y regulará las votaciones conforme a lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 71.  
Artículo 63. Sesiones de las asambleas provinciales  
1. Las asambleas provinciales celebrarán cada año dos sesiones ordinarias: una en el mes de noviembre para la aprobación de los presupuestos de la demarcación antes de su remisión a la junta de gobierno y otra en el mes de abril para la aprobación de las cuentas anuales y el debate sobre el estado general de la demarcación.  
2. Se celebrará sesión extraordinaria cuando así lo acuerde la respectiva junta provincial por propia iniciativa o a solicitud escrita de colegiados que sumen el cinco por ciento de los miembros de la demarcación.  
Artículo 64. Convocatoria y celebración de las asambleas provinciales  
1. Las sesiones serán convocadas por el secretario provincial cumpliendo orden del presidente, mediante escrito dirigido personalmente a cada miembro de la demarcación y remitido con quince días naturales de antelación, como mínimo, a la fecha prevista para celebrarlas. En caso de urgencia, que se justificará ante la propia asamblea, podrá convocarse con una antelación menor, pero nunca inferior a tres días.  
2. Con la convocatoria se remitirá, en todo caso, el orden del día de la sesión, que será establecido por la junta provincial incluyendo, además de los asuntos que procedan conforme a estos estatutos y los que desee tratar la propia junta, aquellos cuya discusión solicite un número de colegiados no inferior al cinco por ciento de los que integran la demarcación.  
3. Las sesiones serán presididas por el respectivo presidente provincial y actuará de secretario el de la demarcación, que levantará acta de lo tratado.  
4. La celebración de las sesiones en primera convocatoria exigirá la asistencia de la mayoría de los miembros de la demarcación. De no alcanzarse dicha cifra a la hora prevista, la sesión se celebrará en segunda convocatoria, media hora después de la establecida para la primera, cualquiera que sea el número de concurrentes.  
Artículo 65. Sesiones de las juntas provinciales  
1. Las juntas provinciales celebraran sesión cuando lo acuerde el presidente provincial a iniciativa propia o a solicitud escrita de la tercera parte de sus componentes.  
2. Como mínimo, se celebrará una sesión cada mes, a excepción de agosto.  
Artículo 66. Convocatoria y celebración de las juntas provinciales  
1. El secretario provincial, de orden del presidente, convocará por escrito a los miembros de la respectiva junta provincial, con una antelación mínima de cinco días naturales, plazo que podrá reducirse en términos equivalentes a los establecidos para la junta de gobierno en el artículo 61.  
2. Con la convocatoria se remitirá el orden del día de la sesión, que incluirá, además de los asuntos que el presidente desee tratar, aquellos cuya inclusión solicite cualquier miembro de la junta provincial o un cinco por ciento de los colegiados de la demarcación.  
3. Las sesiones serán presididas por el respectivo presidente provincial, actuando de secretario el de la demarcación, que levantará acta de lo tratado.  
4. Las sesiones se celebrarán en primera convocatoria cuando asista la mayoría de los miembros de hecho de la junta, o en segunda, que tendrá lugar media hora después de la prevista para la primera y será válida cualquiera que sea el número de asistentes.  
Artículo 67. Obligación de asistencia  
1. La asistencia a las sesiones de la junta de gobierno y de las provinciales es obligatoria para sus miembros, los cuales solo podrán excusarse de hacerlo por escrito en el que aleguen motivos que la respectiva junta estime suficientes. Ningún miembro podrá hacerse representar en junta de gobierno, ni en junta provincial.  
2. La falta de asistencia injustificada al cuarenta por ciento de las sesiones a lo largo de un año natural o a tres consecutivas de la junta de gobierno o cuatro de las provinciales podrá determinar el cese en el cargo y previa instrucción de expediente, si así lo acuerda la junta provincial de la demarcación a la que pertenezca el no asistente o la junta de gobierno, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que procedan. No se tendrán en cuenta a estos efectos las sesiones convocadas con carácter de urgencia.  
Artículo 68. Funcionamiento general de los órganos colegiados  
1. No podrá adoptarse acuerdo sobre asuntos que no figuren en el orden del día, salvo que, estando presentes todos los miembros del órgano, acuerden por unanimidad la inclusión del asunto.  
2. Para cada punto que figure en el orden del día se consumirán los trámites de exposición, debate y adopción de acuerdo que se regulan en los apartados siguientes.  
3. La exposición del asunto correrá a cargo de la persona que, formando parte del órgano, sea designada por los autores de la propuesta.  
4. El debate será moderado por el presidente de la reunión, concediendo el uso de la palabra a quien lo solicita y ampliando y/o y limitando el número y/o el tiempo de las intervenciones a tenor de la importancia del orden del día.  
5. La adopción de acuerdos podrá realizarse previa votación o sin ella. Para prescindir de la votación será necesario que, tras la exposición del asunto, resulte evidente la unanimidad de los asistentes y que nadie solicite que se realice la votación, en este caso el acuerdo se adoptará por consenso.  
Caso de procederse a la votación, el presidente fijará clara y concisamente los términos de la propuesta y la forma de emitir el voto.  
Artículo 69. Votaciones  
1. Las votaciones serán.  
a) Colectivas, que se llevarán a cabo por signos convencionales de asentimiento, como alzar una mano o ponerse de pie.  
b) Nominales, que se realizarán leyendo el secretario la lista de miembros del órgano para que cada uno, al ser nombrado, exprese su voto o se abstenga.  
c) Secretas, que tendrán lugar mediante papeletas que se depositarán en una urna o bolsa.  
2. Como regla general las votaciones serán secretas. Se efectuarán en forma nominal o colectiva cuando así lo acepte la totalidad de los asistentes con derecho a voto, a propuesta de la presidencia.  
3. Una vez iniciada una votación no podrá interrumpirse por ningún motivo.  
Artículo 70. Mayorías  
1. Ya se celebre la reunión en primera o en segunda convocatoria, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, excepto en los casos en que la ley o los presentes estatutos exijan un mayor número de votos.  
2. En caso de empate, el presidente podrá ordenar que se repita por una vez la votación, decidir con su voto de calidad o dejar el asunto sobre la mesa para tratarlo en otra reunión.  
Artículo 71. Adopción de acuerdos  
Terminada la votación, el secretario contará los votos emitidos y anunciará el resultado, en vista de lo cual el presidente proclamará el acuerdo adoptado.  
Artículo 72. Actas y certificaciones  
1. De cada sesión de los órganos colegiados el secretario extenderá, con el visto bueno del presidente, un acta en la que se hará resumen de lo ocurrido y se transcribirán literalmente los acuerdos adoptados. El acta será el medio ordinario de prueba de la existencia y contenido de los acuerdos.  
El secretario del Colegio remitirá copia de las actas de las sesiones de la asamblea general y de la junta de gobierno a las juntas provinciales y los secretarlos de éstas remitirán a la de gobierno y, a través del director de gestión, a las de las restantes provincias copia de las actas de las sesiones de las respectivas asambleas y juntas provinciales.  
2. Las certificaciones de los acuerdos serán expedidas por el secretario del órgano, con el visto bueno del presidente del mismo.  
TÍTULO VII  
Régimen jurídico de los actos corporativos  
Artículo 73. Ejecutividad. Suspensión  
1. Los actos y acuerdos de los órganos colegiales serán inmediatamente ejecutivos, salvo aquellos que requieran aprobación o autorización superior o en que una disposición establezca lo contrario y ello sin perjuicio de interponer los recursos que contra aquellos cupieren en derecho.   
2. La interposición de cualquier recurso, salvo que una disposición establezca otra cosa, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero el órgano a quien competa resolverlo podrá suspender, de oficio o a instancia de parte, la ejecución del acuerdo recurrido, en el caso de que dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. El acuerdo de suspensión será siempre motivado.   
Artículo 74. Nulidad y anulabilidad  
1. Son nulos de pleno derecho los actos colegiales que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, los adoptados con notoria incompetencia, los de contenido imposible o constitutivo de delito, los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido o de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.   
2. Son anulables los actos que incurran en cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.   
Artículo 75. Revisión de oficio. Recursos  
1. Sólo podrán revisarse de oficio los acuerdos de los órganos colegiales que no creen, reconozcan ni declaren derechos subjetivos.   
En otro caso la pretensión de anulación se deducirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previa declaración de lesividad conforme a la ley de dicha jurisdicción y a la legislación estatal sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En cualquier momento podrán rectificarse los errores de hecho, los aritméticos y los materiales.  
2. Los actos colegiales, en cuanto estén sujetos al derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.   
3. Los recursos corporativos son el de reposición y el de alzada.   
Artículo 76. Recursos en vía corporativa  
1. Podrán interponer recursos contra los actos de los órganos colegiales los titulares de derechos subjetivos o de intereses legítimos que resulten afectados por aquellos.   
2. Los recursos habrán de fundarse en la infracción de lo establecido en estos estatutos o en el resto del ordenamiento jurídico.   
3. El órgano que resuelva un recurso deberá decidir cuantas cuestiones plantee el expediente, hayan sido alegadas o no por el recurrente, en cuyo caso se le oirá previamente al respecto.   
4. No serán recurribles los actos de mero trámite, sin perjuicio del derecho de los colegiados a hacer sugerencias a los diferentes órganos del Colegio.   
Artículo 77. Recurso de reposición  
1. Los actos y acuerdos de los órganos colegiales, que agoten la vía administrativa, podrán ser recurridos potestativamente en reposición, ante el propio órgano que los dictó.   
2. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación del acto.   
3. La desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición tendrá lugar por el transcurso de un mes, desde la interposición, sin que recaiga resolución expresa.  
4. La resolución expresa o tácita del recurso potestativo de reposición pone fin a la vía corporativa.   
Artículo 78. Recurso de alzada ante órganos del Colegio  
1. Los actos y acuerdos de los órganos provinciales serán recurribles en alzada ante la junta de gobierno, excepto los de las asambleas provinciales, en que la alzada procederá ante la asamblea general del Colegio. En cualquier caso, el recurso habrá de interponerse dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al en que el acto sea notificado en forma al interesado.   
2. El recurso podrá presentarse indistintamente en las oficinas provinciales o en las centrales del Colegio. En el primer caso, la junta provincial lo elevará a la de gobierno, con su informe, dentro de los quince días hábiles siguientes a la interposición. En el segundo, el secretario del Colegio enviará copia del recurso a la junta provincial correspondiente para que ésta emita el informe dentro de los quince días hábiles siguientes.   
3. El recurso se entenderá desestimado, si transcurridos tres meses desde su interposición, no ha sido dictada y notificada resolución expresa.  
4. El recurso sólo podrá ser estimado si el acto impugnado infringe el ordenamiento jurídico y así lo considera la mayoría absoluta de los miembros de la junta de gobierno. En caso de recurso ante la asamblea general bastará para la estimación la mayoría simple.   
5. La resolución expresa o por silencio del recurso de alzada pone fin a la vía corporativa.   
TÍTULO VIII   
Administración económica  
Artículo 79. Patrimonio del Colegio  
1. El patrimonio del Colegio está constituido por la totalidad de los bienes y derechos que le pertenezcan por cualquier título.  
2. Los bienes y derechos constitutivos del patrimonio del Colegio, se adscribirán por la asamblea general a las diversas demarcaciones provinciales. Una vez adscritos, la administración de los mismos corresponderá a las juntas provinciales, que los destinarán a la satisfacción de sus fines, con sujeción a una contabilidad propia.  
3. Las juntas provinciales estarán facultadas para llevar a cabo actos de disposición sobre los bienes adscritos a la respectiva provincia, con excepción de los inmuebles, para cuya enajenación y gravamen deberá mediar acuerdo expreso con previa formación de expediente de la asamblea general.  
Artículo 80. Recursos económicos del Colegio  
1. Son recursos económicos ordinarios del Colegio:  
a) Los productos de bienes y derechos que correspondan en propiedad al Colegio.  
b) Las cuotas de inscripción, en su caso, y las periódicas ordinarias, cuyas cuantías se fijarán por la asamblea general, de acuerdo con las propuestas razonadas que, ponderando la situación económica, le sean presentadas por la junta de gobierno.  
c) Las cuotas derivadas del visado de los trabajos realizados por los colegiados, que serán fijadas por la asamblea general de cada Colegio en función del contenido del visado, de acuerdo con los criterios básicos que establezca el consejo general.  
d) Los derechos que corresponda percibir al Colegio por los servicios, certificaciones sobre documentos y firmas relativas a trabajos profesionales de cualquier naturaleza distintos a los que requieran visado.  
e) Los beneficios que obtuviera por publicaciones y otras actividades.  
2. Constituyen recursos extraordinarios:  
a) Las subvenciones, donaciones, etc., que se le conceda por el estado, comunidades autónomas, corporaciones oficiales, organismos internacionales, particulares y entidades comerciales o industriales. Los citados recursos serán admitidos, previa aprobación de la asamblea general y a beneficio de inventario.  
b) Los bienes, muebles e inmuebles, y derechos que por herencia, donación o cualquier otro título lucrativo u oneroso entren a formar parte del patrimonio del Colegio. Los citados recursos serán admitidos, previa aprobación de la asamblea general y a beneficio de inventario.  
c) Las cantidades que por cualquier otro concepto no especificado pueda percibir el Colegio. Los citados recursos serán admitidos, previa aprobación de la asamblea general y a beneficio de inventario.  
d) Las cuotas extraordinarias que, con tal carácter, puedan acordarse en asamblea general.  
e) Los beneficios que se obtengan por la enajenación de elementos patrimoniales.  
Artículo 81. Los presupuestos de las demarcaciones provinciales  
1. Cada una de las demarcaciones provinciales en que se estructura el Colegio redactará un presupuesto anual en el que se consignará la previsión de sus ingresos y gastos.  
Figurarán como ingresos todos los que se prevea que vaya a tener el Colegio en la respectiva provincia, ya se trate de recursos ordinarios o extraordinarios.  
Como gastos se incluirán, además de los necesarios para la gestión de los servicios y cumplimiento de los fines del Colegio en la provincia, las cantidades que la demarcación deba aportar para el sostenimiento de los órganos centrales.  
2. En los presupuestos podrá incluirse una previsión de endeudamiento siempre que, añadido al que se arrastrase de ejercicios anteriores, no represente una cifra superior al diez por ciento del valor de los bienes y derechos del Colegio adscritos a la respectiva provincia según la valoración contenida en el último inventario aprobado. Si el presupuesto prevé un endeudamiento mayor que el indicado, la asamblea general podrá rechazar su aprobación y devolverlo para que se redacte de nuevo sin exceder del límite señalado o del superior que fije, en cuyo caso se entenderá prorrogado el presupuesto del año anterior hasta que el nuevo -junto con el general del Colegio- sea aprobado por la junta de gobierno, que a tal efecto actuará por delegación de la asamblea general.  
3. Con carácter previo a la convocatoria de la junta provincial, y con una antelación de cinco días, se dará traslado a los miembros de la misma, para su estudio y valoración, una copia de los presupuestos formulados por los servicios técnicos del Colegio, junto con los presupuestos de los dos ejercicios anteriores, desglosados en partidas y sub-partidas.  
4. Los presupuestos de las demarcaciones, una vez formulados por la respectiva junta provincial, se remitirán, antes del 10 de octubre del año anterior a su vigencia, a la junta de gobierno para que los pueda aprobar inicialmente. Esta aprobación inicial habrá de emitirse antes del siguiente día 31. Recibida la aprobación inicial o transcurrido el plazo sin que se haya recibido, los presupuestos se someterán a la aprobación provisional de la respectiva asamblea provincial en su sesión ordinaria del mes de noviembre, debiendo remitirse a la junta de gobierno antes del 1 de diciembre para la consolidación con los de las restantes provincias y con el de los órganos centrales y los presente a la decisión que ha de adoptar la asamblea general en su reunión de dicho mes.  
5. Las inversiones de las demarcaciones provinciales no contempladas en los presupuestos anuales y de cuantía superior a 200.000 euros deberán someterse a la previa aprobación de la junta de gobierno. Las inferiores a esa cifra podrán aprobarse por la respectiva junta provincial, pero habrán de someterse a ratificación de la asamblea provincial en la siguiente sesión ordinaria que celebre.  
Artículo 82. Presupuestos de los órganos centrales  
1. La junta de gobierno confeccionará el presupuesto de los órganos centrales del Colegio, en el cual figurarán como ingresos las aportaciones que las demarcaciones provinciales deben realizar anualmente. Este presupuesto se redactará de forma que no contenga déficit ni superávit, pues las aportaciones deben calcularse de forma que coincidan con los gastos a realizar durante el ejercicio.  
2. Con carácter previo a la convocatoria de la junta de gobierno, y con una antelación de cinco días, se dará traslado a los miembros de la misma, para su estudio y valoración, una copia de los presupuestos formulados por los servicios técnicos del Colegio, junto con los presupuestos de los dos ejercicios anteriores, desglosados en partidas y sub-partidas.  
3. Una vez aprobado el indicado presupuesto, la junta de gobierno lo refundirá con los de las demarcaciones en el general del Colegio y los someterá a la decisión de la asamblea general.   
Artículo 83. Aprobación de los presupuestos  
1. El ejercicio económico presupuestario coincidirá con el año natural.  
2. La asamblea general en la sesión ordinaria del mes de diciembre decidirá sobre la aprobación de los presupuestos de cada provincia, el de los órganos centrales y el general del Colegio, no pudiendo rechazar los primeros salvo que prevean un endeudamiento superior al indicado en el artículo 81 o infrinjan los presentes estatutos o el resto del ordenamiento jurídico.  
3. Si, por cualquier, causa al comenzar un año no estuvieran aprobados los presupuestos o alguno de ellos, regirán interinamente los o el del año anterior.  
Artículo 84. Recaudación  
Las demarcaciones provinciales recaudarán la totalidad de las cantidades que los colegiados miembros de las mismas hayan de satisfacer al Colegio, así como las correspondientes a derechos por servicios prestados por sus centros en la provincia, los productos de los bienes adscritos a la misma y las cantidades obtenidas por su enajenación, los rendimientos de las actividades gestionadas por los órganos provinciales y, en general, todos los ingresos del Colegio en su territorio.  
Artículo 85. Aportaciones de las demarcaciones  
Las juntas provinciales cuidarán de que trimestralmente se remita a la sede central la parte que proceda de las cantidades establecidas en el presupuesto como aportación para el sostenimiento de los órganos centrales.  
Artículo 86. Información económica y rendición de cuentas  
1. La junta de gobierno y las provinciales cuidarán de que se lleve la contabilidad en la forma más adecuada para que en todo momento pueda darse razón del cumplimiento de las previsiones presupuestarias y puedan deducirse las cuentas generales que hayan de rendirse. En especial, cada junta provincial redactará anualmente el inventario correspondiente a su demarcación a 31 de diciembre anterior y lo someterá, con las restantes cuentas anuales, previa aprobación inicial por la junta de gobierno, a la aprobación provisional de la asamblea provincial en su sesión del mes de abril.  
2. Los colegiados tendrán derecho a pedir y obtener, en cualquier momento, información sobre la marcha del Colegio y de su respectiva demarcación, siempre que la solicitud de información sea concreta, pero sólo podrán examinar la contabilidad en el período que medie entre la convocatoria y la celebración de las sesiones ordinarias de la asamblea general o, en su caso, de la asamblea provincial.  
3. La rendición de cuentas se efectuará anualmente en la sesión de abril de las asambleas provinciales y en la de mayo de la asamblea general, a cuyo efecto los tesoreros provinciales y el interventor y el tesorero del Colegio, en sus respectivos casos, redactarán durante el primer trimestre de cada año la relación de ingresos y gastos del ejercicio anterior y el balance y el inventario a 31 de diciembre.  
TÍTULO IX  
Régimen de distinciones y jurisdicción disciplinaria  
Artículo 87. Distinciones  
La junta de gobierno podrá regular y también otorgar los premios y distinciones que estime convenientes.  
Artículo 88. Expedientes disciplinarios  
1. Las juntas provinciales -a iniciativa propia o a requerimiento de la asamblea general, de la junta de gobierno o de la correspondiente asamblea provincial- instruirán expedientes para enjuiciar los actos de los colegiados de la respectiva demarcación que puedan constituir una infracción culpable de sus deberes profesionales o colegiales, sean contrarios al prestigio de la profesión o al respeto debido a sus compañeros o supongan desobediencia a las órdenes legítimas dadas por los órganos del Colegio.   
2. Los expedientes se iniciarán por acuerdo tomado por mayoría absoluta de los componentes de la junta provincial correspondiente, la cual designará de entre sus miembros al que vaya a actuar de instructor.   
3. Cuando se trate de faltas cometidas por ingenieros industriales en el ejercicio de las funciones de su puesto de trabajo en alguna administración pública, la junta provincial se limitará a dar cuenta a sus superiores, a fin de que puedan instruir el expediente disciplinario que proceda.   
Artículo 89. Clases de faltas y su prescripción  
1. Las faltas podrán ser leves, graves o muy graves.   
2. Serán faltas leves: la negligencia excusable en el cumplimiento de preceptos estatutarios o de acuerdos colegiales o del consejo general; las incorrecciones de escasa trascendencia en la realización de trabajos profesionales; las faltas reiteradas de asistencia no justificadas a las reuniones de la junta de gobierno o de las provinciales; la negativa a aceptar encargos colegiales sin que medie justa causa; las desconsideraciones de poca entidad hacia los compañeros; los actos leves de indisciplina colegial.   
3. Se considerarán faltas graves: el incumplimiento doloso de preceptos estatutarios o de acuerdos colegiales; el incumplimiento de sus obligaciones económicas con el Colegio; la desconsideración gravemente ofensiva hacia los compañeros; la complicidad en el intrusismo profesional realizado por un ingeniero industrial no colegiado o el encubrimiento del mismo; la realización de trabajos que por su índole atenten contra el prestigio profesional; los actos graves de indisciplina colegial; el incumplimiento del deber de aseguramiento exigido por las leyes o acuerdos colegiales estatutariamente adoptados; incumplimiento grave del código deontológico.  
4. Se reputarán faltas muy graves: los hechos constitutivos de delito que afecten al decoro o a la ética profesional; la complicidad en el intrusismo realizado por quien no sea Ingeniero Industrial o el encubrimiento del mismo.   
5. Las faltas leves prescriben a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años desde su comisión.  
Artículo 90. Sanciones  
Las sanciones que podrán imponerse a los colegiados serán las siguientes:   
a) Por faltas leves: apercibimiento privado o apercibimiento por oficio con anotación en el expediente personal.   
b) Por faltas graves: apercibimiento público con anotación en el expediente personal, suspensión en el ejercicio profesional por tiempo que no exceda de seis meses o inhabilitación para el desempeño de cargos colegiales con la misma duración máxima.   
c) Por faltas muy graves: suspensión en el ejercicio de la profesión por tiempo superior a seis meses y que no exceda de dos años, inhabilitación para desempeño de cargos colegiales con el mismo límite temporal o expulsión del Colegio.   
Artículo 91. Procedimiento  
1. Todas las sanciones requieren la previa instrucción de un expediente en el que se dé audiencia al interesado o interesados.  
2. El instructor del expediente, una vez practicadas las pruebas y demás actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, formulará, si procede, el correspondiente pliego de cargos, en el que se indicarán los actos susceptibles de constituir faltas sancionables, la falta o faltas supuestamente cometidas y las sanciones que pudieran imponerse, así como la identidad del Instructor y del órgano competente para imponer la sanción y la norma que atribuye la competencia.   
3. El pliego de cargos se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de quince días para que puedan formular pliego de descargos y aportar o proponer las pruebas que estimen convenientes.   
4. Realizado el referido trámite y practicadas, en su caso, las pruebas propuestas o transcurrido el plazo concedido a tales efectos, el instructor redactará propuesta de resolución de la que se dará traslado a los presuntos infractores para que, en el plazo de quince días, puedan alegar cuanto consideren oportuno para su defensa.   
5. La propuesta de resolución se remitirá, en unión de las alegaciones formuladas y del resto del expediente, a la junta provincial para su conocimiento quien la trasladará con emisión de informe a la junta de gobierno para que adopte la resolución motivada que proceda.   
6. Contra los acuerdos adoptados por la junta de gobierno al resolver los expedientes disciplinarios de los colegiados podrá formularse recurso de reposición ante la propia junta de gobierno, que los hubiere adoptado.   
7. Los acuerdos de la junta de gobierno que resuelvan recursos de reposición en materia disciplinaria podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso administrativa.  
8. A las sesiones de las juntas provinciales y de la junta de gobierno en que hayan de adoptarse decisiones en materia disciplinaria deberán asistir todos sus miembros, salvo que aleguen impedimento aceptado por el órgano o se dé causa de abstención o recusación, constituyendo la ausencia falta grave.   
9. Los acuerdos de las juntas provinciales de iniciación de expediente disciplinario o de propuesta de sanciones habrán de adoptarse por mayoría absoluta de sus miembros. La misma mayoría requerirán los acuerdos de la junta de gobierno que estimen recursos de reposición en esta materia.  
TÍTULO X  
Visado de trabajos profesionales  
Artículo 92. Visado: obligatoriedad y concepto  
1. El Colegio de Ingenieros Industriales únicamente visará los trabajos profesionales, en su ámbito de competencia, cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las administraciones públicas cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca el gobierno mediante real decreto previa consulta a los colegiados afectados, de acuerdo con los siguientes criterios:  
a) Que sea necesario por existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas.  
b) Que se acredite que el visado es el medio de control más proporcionado.  
En ningún caso, el Colegio, por sí mismo o a través de sus previsiones estatutarias, podrá imponer la obligación de visar los trabajos profesionales.  
2. El objeto del visado es comprobar, al menos:  
a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el artículo 10.2, de la ley 2/1974.  
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate.  
En todo caso, el visado expresará claramente cuál es su objeto, detallando qué extremos son sometidos a control e informará sobre la responsabilidad que, de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, asume el Colegio. En ningún caso comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.  
3. En caso de daños derivados de un trabajo profesional que haya visado el Colegio, en el que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo concreto.  
4. Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los colegios harán públicos los precios de los visados de los trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática.  
5. Cuando los ingenieros industriales pertenecientes al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales no hagan uso de la facultad prevista en el real decreto 1000/2010, de 5 agosto, artículo 5, presentarán los trabajos o documentaciones a visar en las oficinas de la demarcación a la que pertenezcan y el visado surtirá efectos cualquiera que sea el lugar donde radique el objeto de la documentación o trabajo, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.  
6. Cuando los ingenieros industriales pertenecientes al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales no hagan uso de la facultad prevista en el Real Decreto 1000/2010, de 5 agosto, artículo 5, cualquiera que sea el lugar en que se encuentre o vaya a establecerse el objeto de la documentación o trabajo fuera de la Comunitat Valenciana, lo presentarán en su demarcación respectiva, la cual, tras comprobar la identidad del firmante, su colegiación y el cumplimiento de los demás requisitos exigibles, otorgará el reconocimiento de firma relativo a tales extremos, con carácter previo a su presentación a visado en el Colegio en que radique el objeto de dicha documentación o trabajo, todo ello de acuerdo con el procedimiento establecido por el consejo general de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales para el visado de aquellos trabajos que vayan a surtir efectos en un ámbito distinto al del Colegio al que pertenece el autor del trabajo.  
Artículo 93. Competencia  
1. Corresponde otorgar o denegar el visado por delegación de la junta de gobierno a la junta provincial de la demarcación en la que se realice, si bien ésta podrá trasladar los supuestos que le susciten dudas razonables a la decisión de la junta de gobierno.  
2. El Colegio realizará el visado por sus propios medios y personal, adecuadamente capacitado para dicha función. En cualquier caso, se llevará a cabo bajo la supervisión de un ingeniero industrial u órgano formado por ingenieros industriales, cuyas decisiones tendrán la misma eficacia que si las hubiese adoptado la junta provincial. Sin embargo, la denegación de visado no podrá acordarse sino por la junta de gobierno a propuesta de la junta provincial.  
Artículo 94. Procedimiento  
El procedimiento de visado se ajustará a lo establecido al respecto por el consejo general de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, que en líneas generales determina:  
1. La concesión y la denegación del visado constituyen actos reglados.  
2. Las decisiones sobre visado exigirán la comprobación de los siguientes extremos:  
a) Autenticidad de la firma  
b) Colegiación  
c) Habilitación  
d) Compatibilidad.  
e) Cumplimiento de las obligaciones colegiales.  
f) Inexistencia de sanciones o causas de inhabilitación.  
g) Corrección formal de la documentación.  
h) Cumplimiento formal de las exigencias administrativas.  
3. La Junta de Gobierno podrá dictar normas de carácter general que establezcan los requisitos formales mínimos de los distintos tipos de documentaciones que se presenten a visado. Las juntas provinciales podrán aprobar normas generales desarrollando lo dispuesto por la junta de gobierno o para completar las determinaciones de ésta, en ambos casos en concordancia con las normas que emanen de las distintas administraciones y del consejo general.  
4. Sólo podrá denegarse el visado por motivo que se base en alguno de los extremos del apartado 2. La existencia de infracción legal podrá hacerse constar al otorgar el visado, pero no constituirá causa de su denegación, salvo que la propia Ley así lo estableciese.  
Artículo 95. Cuotas colegiales de visado: cuantía y cobro  
1. Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. El Colegio hará público los precios de los visados de los trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática.  
2. La demarcación provincial en que se efectúe el visado liquidará la cuota derivada del visado que corresponde al Colegio con arreglo a las disposiciones administrativas y de cooperación que se establezcan entre colegios.  
TÍTULO XI  
Personal del Colegio  
Artículo 96. Regulación  
1. Para asegurar el correcto funcionamiento del Colegio y el cumplimiento de las obligaciones de tipo administrativo a desarrollar por el mismo la junta de gobierno y las provinciales, en el ámbito de su respectiva competencia y de acuerdo con las previsiones presupuestarias, podrán acordar la contratación del personal necesario, fijando su retribución de acuerdo con las disposiciones vigentes y las normas de régimen interior que, en su caso, se establezcan.   
2. La dirección y el control sobre el trabajo y el comportamiento del personal del Colegio de cada demarcación compete a las respectivas juntas provinciales, por medio del secretario provincial en cuyas oficinas preste sus servicios, las cuales podrán recabar la colaboración del director de gestión para la resolución de los problemas que se planteen. En cuanto al personal adscrito a los órganos centrales, aquella competencia corresponderá a la junta de gobierno, la cual la ejercerá a través del director de gestión, bajo la superior dirección del secretario del Colegio.   
TÍTULO XII  
Normas deontológicas  
Artículo 97. Normas deontológicas  
Los colegiados en el ejercicio de su profesión de ingeniero industrial se regirán por el correspondiente código deontológico, que velará por la ética en el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial.  
TÍTULO XIII  
Disolución, fusión o absorción del Colegio  
Artículo 98. Procedimiento  
1. El Colegio se disolverá, se fusionará, cambiará de denominación o se someterá a absorción, cuando lo acuerden las tres cuartas partes de los colegiados en votación efectuada en sesión extraordinaria de la asamblea general expresamente convocada al efecto y se cumplan las demás exigencias de orden material y formal que prevea la legislación aplicable.  
En el caso de segregación el procedimiento puede ser iniciado a petición de una junta de demarcación provincial.  
2. En caso de disolución, la junta de gobierno, acordará el nombramiento de liquidadores, con indicación de su número y facultades, para que, una vez satisfechas todas las obligaciones, den al sobrante el destino que proceda y en cualquier caso en el ámbito de las instituciones de la ingeniería industrial y adoptará las medidas necesarias para la prestación del servicio de visado y los demás que, con arreglo a las leyes, incumban a los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales hasta en tanto no se inmatricule la disolución en los registros correspondientes.  
3. En caso de fusión, segregación o absorción, la junta de gobierno acordará el nombramiento de liquidadores, con indicación de su número y facultades, para que, una vez satisfechas todas las obligaciones, den al patrimonio definido el destino que proceda.  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
Primera  
Hasta la toma de posesión de los que resulten elegidos en las primeras elecciones ordinarias que se celebren después de la entrada en vigor de los presentes estatutos, la junta de gobierno y las juntas provinciales conservarán la composición que les corresponde con arreglo a los anteriores.  
Segunda  
1. Cuanto se celebren las citadas elecciones ordinarias, las juntas provinciales quedarán integradas por los miembros elegidos y por los miembros que deban permanecer por no haberse agotado el periodo para el cual fueron elegidos. En cuanto a los cargos de presidente, secretario y/o tesorero provinciales, si no han sido objeto de elección los miembros que desempeñen los cargos citados, permanecerán hasta la próxima elección, salvo destitución, dimisión o pérdida de la condición de colegiado o de la demarcación.  
2. La junta de gobierno, cuando se celebren las citadas elecciones ordinarias, quedará integrada por los miembros propuestos por las juntas provinciales y por los miembros que deban de permanecer por no haberse agotado el periodo para el cual fueron propuestos. En cuanto a los cargos de decano, vicedecano, secretario, interventor y/o tesorero del Colegio, si no han sido objeto de proposición los miembros que los desempeñan, permanecerán hasta la próxima elección, salvo destitución, dimisión o pérdida de la condición de colegiado o de la demarcación.  
Tercera  
En el período electoral siguiente a las primeras elecciones ordinarias saldrán a elección, además de los puestos vacantes por cese anticipado, los restantes miembros de las juntas provinciales.  
Cuarta  
En las demás elecciones ordinarias se elegirán a los miembros de las juntas provinciales y de la junta de gobierno, que deban renovarse y las vacantes, en la forma prevista en el artículo 41.  
Quinta  
Las juntas provinciales tendrán la composición que indica el artículo 36 y, por tanto, serán representantes de la provincia en la junta de gobierno aquellos que fueren designados por la propia junta.  
DISPOSICIONES FINALES  
Primera  
Los presentes estatutos entraran en vigor al día siguiente de su aprobación por la junta general de este Colegio, sin perjuicio de la comunicación al órgano competente de la generalitat, su inscripción en el registro de colegios y consejos valencianos de colegios profesionales y demás trámites pertinentes.  
Segunda  
A la entrada en vigor de estos estatutos quedarán derogados los estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete aprobados por su junta general en sesión celebrada el 30 de mayo de 1989 y validados por el pleno del consejo general de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales en su reunión celebrada el 7 de septiembre de 1989.