Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5247, del 27-04-2006 (2006/4056)

Notificación a María Rosa Juliá Vercher de la sentencia recaída en los autos del juicio verbal número 859/2004.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5247

Fecha DOGV
:   27-04-2006

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2006/4056


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Nules

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a María Rosa Juliá Vercher de la sentencia recaída en los autos del juicio verbal número 859/2004. [2006/Q4056]  
Procedimiento: asunto civil 859/2004  
Juicio: juicio verbal (desahucio por falta de pago) 859/2004  
Parte demandante: María Pilar Marzal Giménez  
Parte demandada: María Rosa Juliá Vercher  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Sentencia  
Jueza: Inmaculada Gonell Marín  
Demandante: María Pilar Marzal Giménez  
Procurador: Leopoldo Segarra Peñarroja   
Abogado: Guillermo Aragó Hervás  
Demandada: María Rosa Juliá Vercher. Declarada en rebeldía  
Objeto del juicio: desahucio por expiración del plazo  
Nules, 5 de mayo de 2005  
Antecedentes de hecho  
1. En fecha 16 de diciembre de 2004, María Pilar Marzal Giménez presentó demanda de juicio verbal en ejercicio de la acción de resolución de contrato de arrendamiento de vivienda, por expiración del plazo fijado contractualmente, contra María Rosa Juliá Vercher, en la que, en síntesis, alegaba los siguientes hechos:   
1.1 María Pilar es propietaria, con carácter privativo, de la vivienda situada en La Vall d'Uixó (Castellón) en la carretera de Segorbe, 40, 6.º, 11.ª (edificio Valencia), con una superficie construida aproximada de 90,95 metros cuadrados.  
1.2. María Pilar y María Rosa suscribieron, en fecha 1 de septiembre de 1999, contrato de arrendamiento sobre la referida vivienda.  
1.3 En dicho contrato, cláusula segunda, se acordó que el contrato de arrendamiento se pacta por tiempo inicial de un año, sin perjuicio del derecho del arrendatario a la prórroga del mismo de acuerdo con lo establecido por el artículo 9 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, con efecto a partir del día 1 de septiembre de 1999, finalizando por tanto el día 1 de septiembre de 2000 (...). Para el caso que el contrato se prorrogara hasta un máximo de cinco años, el arrendatario renuncia expresamente a todos los derechos, debiendo dejar libre la vivienda, sin derecho a prórroga alguna.  
1.4 Llegado el día del vencimiento inicial del contrato, la arrendataria lo prorrogó hasta el plazo máximo establecido legalmente, venciendo el plazo el día 1 de septiembre de 2004.  
1.5 Con fecha 1 de junio de 2004, se remitió a la demandada un burofax comunicándole el próximo vencimiento del contrato.  
1.6 Llegado el día 1 de septiembre de 2004 la arrendataria no entregó las llaves, ni dejó la vivienda a disposición de la actora, continuando ocupando la vivienda arrendada sin pagar renta. Aducía los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se dictara sentencia condenando a la demandada con los siguientes pronunciamientos:   
1.6.1 Declarar resuelto por expiración del plazo fijado contractualmente el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en La Vall d'Uixó (Castellón), carretera de Segorbe, 40, 6.º, 11.ª (edificio Valencia), firmado entre la actora y la demandada María Rosa Juliá Vercher, el día 1 de septiembre de 1999.   
1.6.2 Condenar a la demandada María Rosa Juliá Vercher, a que en virtud de la resolución del contrato deje libre, vacua y expedita la vivienda arrendada en el plazo legal dispuesto para ello, apercibiéndole que en caso contrario se procederá a su lanzamiento.   
1.6.3 Condenar a la demandada al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.  
2. Admitida a trámite la demanda por auto de fecha 1 de febrero de 2005, se acordó dar traslado de la demanda a la parte demandada, con entrega de copia de la misma y de los documentos acompañados y, junto con las advertencias legales correspondientes, se emplazó a las partes para la celebración de la vista que tuvo lugar el día 27 de abril de 2005.  
3. Al acto de la vista no compareció la demandada María Rosa Juliá Vercher, pese a estar citada en legal forma (edictos fijados en la sede del juzgado), por lo cual fue declarada en rebeldía procesal. La parte actora se afirmó y ratificó en su demanda. Solicitó el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo: tener por reproducidos los documentos aportados con la demanda y el interrogatorio de la demandada. Se admitió toda la prueba propuesta, obrando en autos la documental y con aplicación de los efectos del artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se declaró el juicio visto para sentencia.  
4. En este procedimiento deben declararse como hechos probados los que se contienen en la demanda y han sido descritos en el antecedente de hecho primero de esta resolución (hechos probados mediante: documentos números del 1 al 3, ambos inclusive, acompañados a la demanda; y admisión tácita de hechos según el artículo 304 LEC).  
Fundamentos de derecho  
1. La actora, María Pilar Marzal Giménez, en su condición de propietaria, ejercita una acción de desahucio o resolución del contrato de arrendamiento concertado con la arrendataria-demandada, para recuperar la posesión de la vivienda arrendada, con fundamento en la expiración del plazo del contrato de arrendamiento.  
Frente a esta pretensión, la parte demandada ha optado por no comparecer a juicio, pese a estar citada en forma legal y con todos los apercibimientos legales. Por tanto, sólo habrá que pronunciarse respecto a si la actora ha acreditado o no los hechos constitutivos de su pretensión, para que haya lugar a declarar la resolución del contrato con todas sus consecuencias.  
2. El contrato de arrendamiento de vivienda, objeto de este pleito, está sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos, de 24 de noviembre de 1994 (LAU 29/1994), la cual establece, en su artículo 4 que .1. Los arrendamientos regulados en la presente ley se someterán de forma imperativa a lo dispuesto en los títulos I, IV y V de la misma y a lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo 2. Respetando lo establecido en el apartado anterior, los arrendamientos de vivienda se rigen por lo dispuesto en el título II de la presente ley, en su defecto, por la voluntad de las partes y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.. El título II, capítulo II, regula la duración del contrato en los arrendamientos de vivienda, estableciendo en su artículo 9 el plazo mínimo en los siguientes términos: .1. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si ésta fuera inferior a cinco años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con 30 días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.. Y el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos regula la posible prórroga del contrato disponiendo que: .Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquél, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con un mes de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato..  
En el presente caso, en el contrato de arrendamiento objeto de autos (doc. 2 de la demanda), ambas partes acordaron, en su cláusula segunda, que el arrendamiento se pactaba por tiempo inicial de un año, sin perjuicio del derecho del arrendatario a la prórroga del mismo de acuerdo con lo establecido por el artículo 9 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, con efecto a partir del día 1 de septiembre de 1999, finalizando, por tanto, el día 1 de septiembre de 2000; y que para el caso que el contrato se prorrogara hasta el máximo legal de cinco años, el arrendatario renunciaba expresamente a todos los derechos, debiendo dejar libre la vivienda, sin derecho a prórroga alguna. La arrendataria hizo uso del plazo mínimo legalmente establecido de cinco años (artículo 304 LEC), pero, de conformidad con lo pactado, y en virtud del principio de autonomía de la voluntad (artículo 1.255 del Código Civil), renunció a cualquier tipo de prórroga más allá de los cinco años (doc. número 2 de la demanda). Por tanto, el plazo de los cinco años venció el día 1 de septiembre de 2004 (dado que el día inicial fue el 1 de septiembre de 1999); y la arrendadora notificó mediante burofax entregado a la arrendataria el día 2 de junio de 2004, es decir, con dos meses de antelación a la expiración del contrato (doc. número 3 de la demanda), su voluntad de dar por extinguida la relación contractual. Por consiguiente, producida la notificación exigida por la ley especial en su artículo 10 por parte de la arrendadora, y continuando a fecha de demanda la arrendataria en el uso, ya indebido, de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento cuya extinción ahora se solicita (artículo 304 LEC), concurre la causa de extinción del contrato por expiración del plazo, debiendo acordarse la estimación íntegra de la pretensión ejercitada por la parte actora.  
3. En aplicación del criterio del vencimiento establecido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales se imponen a la demandada, por haberse estimado íntegramente la demanda.  
Fallo  
Estimo íntegramente la demanda interpuesta por María Pilar Marzal Giménez contra María Rosa Juliá Vercher, con los siguientes pronunciamientos:  
1. Declaro resuelto, por expiración del plazo fijado contractualmente, el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en La Vall d'Uixó (Castellón), carretera de Segorbe, 40, 6.º, 11.ª (edificio Valencia), firmado entre María Pilar Marzal Giménez y María Rosa Juliá Vercher, el día 1 de septiembre de 1999.  
2. Condeno a María Rosa Juliá Vercher, a que en virtud de la resolución del contrato deje libre, vacua y expedita la vivienda arrendada en el plazo legal dispuesto para ello, apercibiéndole que en caso contrario se procederá a su lanzamiento.  
Y todo ello con la expresa condena a la demandada al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.  
Notifíquese esta sentencia a la parte actora a través de su representación procesal y a la demandada mediante edicto a publicar en el boletín oficial de la comunidad autónoma, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su caso, deberá prepararse ante este mismo juzgado en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación, que no se admitirá a la parte demandada si al prepararlo no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas.  
Así lo pronuncio y firmo.  
Publicación: leída y publicada fue la anterior sentencia por la jueza que la suscribe, constituida en audiencia pública, el mismo día de su fecha. Doy fe».  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia de fecha 5 de mayo de 2005.  
Nules, 6 de mayo de 2005.. El secretario judicial: Ignacio Ramiro Albaleig.