Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3750, del 16-05-2000 (2000/3056)

Notificación de la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-79/1999 (expediente de construcción núm. 46/1G/335/1992).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3750

Fecha DOGV
:   16-05-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/3056


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-79/1999 (expediente de construcción núm. 46/1G/335/1992). [2000/A3056]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a Boveda, SA, calle Gregori Maians, 3, 4.ª, 46226 Valencia, la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-79/1999.
  
Resolución
  
«Examinado el recurso ordinario formulado por don Julio César Junquera Fernández, en representación de la entidad Obrascon Huarte, SA, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, en el expediente de construcción número 46/1G/335/1992.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Por la comunidad de propietarios del edificio de protección oficial sito en Benimàmet, calle Bernardo Prieto número 28, se presentó escrito de denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia por deficiencias constructivas en el citado inmueble, y se envió a un perito de dicho organismo, quien emitió el correspondiente informe pericial, acordándose la incoación de expediente sancionador contra las mercantiles Boveda, SA, y Obrascon, SL, promotor y constructor de la obra respectivamente, con traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
2. Por el instructor del expediente sancionador se dictó propuesta de resolución en la que, entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, proponía la imposición de una sanción pecuniaria de 600.000 pesetas, a cada uno de los expedientados, así como la orden de obras de reparación de las deficiencias constructivas.
  
3. El jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda dictó resolución en la que, manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, acordó la imposición de una multa de 600.000 pesetas, a Obrascon, SL, y a Boveda, SA, así como la realización de las obras.
  
4. Contra dicha resolución interpone recurso ordinario don Julio César Junquera Fernández, en representación de la entidad Obrascon Huarte, SA, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 32/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.218 de 6 de abril).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
3. Solicita el recurrente que se acuerde declarar nulo el expediente decretando su archivo, por entender que se ha vulnerado el artículo 54 de la LRJAP y del PAC relacionado con el artículo 62.1.e de la misma, originando la nulidad de pleno derecho; asimismo, entiende que se vulnera el artículo 24 de la C.E. por ser necesaria la intervención en el expediente de Iberdrola, SA, como posible afectada al tener que actuar en las reparaciones sobre bienes de su propiedad.
  
El recurso debe ser desestimado en cuanto a la nulidad de pleno derecho solicitada, no procede al ser un procedimiento independiente del presente recurso ordinario, lo cual se regula en el título VI, capítulo I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuyo artículo 102.1 establece para la revisión de actos nulos que la misma procede para aquellos actos enumerados en el artículo 62.1 que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo.
  
En cuanto a la vulneración del artículo 42 de la C.E., tampoco puede tenerse en consideración, por cuanto Iberdrola, SA, no puede ser parte en el expediente sancionador al no haber intervenido en la construcción, limitando el artículo 6.10 de la Ley de Régimen Sancionador en Materia de Vivienda a los intervinientes en la edificación, sin que conste acreditado en las actuaciones la negativa de dicha empresa para que se efectúen las obras de impermeabilización para la evitación de las filtraciones, ello en el supuesto de que realmente no puedan llevarse a cabo sin dicha autorización. Por todo lo cual procede la confirmación de la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por don Julio César Junquera Fernández, en representación de la entidad Obrascon Huarte, SA, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 9 de febrero de 1999, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 18 de junio de 1999.- El director general de Arquitectura y Vivienda: José Mª García Zarco.»