Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8465, del 16-01-2019 (2018/12673)

Información pública de la Sentencia número 650/2010 dictada en el recurso contencioso-administrativo formulado contra el Acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2008 en relación con el Proyecto de reparcelación económica del sector E, el Proyecto de urbanización III fase y accesos y el Programa de actuación integrada del plan parcial sector E de suelo industrial.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8465

Fecha DOGV
:   16-01-2019

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2018/12881


Fecha del documento
:   21-12-2018

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de El Verge

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Verger, el
    * plan de urbanismo
    * administración local

Información pública de la Sentencia número 650/2010 dictada en el recurso contencioso-administrativo formulado contra el Acuerdo del Pleno de fecha 30 de octubre de 2008 en relación con el Proyecto de reparcelación económica del sector E, el Proyecto de urbanización III fase y accesos y el Programa de actuación integrada del plan parcial sector E de suelo industrial. [2018/12907]  
En cumplimiento de lo ordenado en el Auto de fecha 27 de junio de 2016, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, se hace público el texto íntegro de la Sentencia número 650/2010, de 9 de diciembre, del siguiente tenor literal:  
  
«Sentencia número 650/2010  
Alicante, 9 de diciembre de 2010  
Vistos por María Begoña Calvet Miró, magistrada jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, los presentes autos de procedimiento ordinario número 209/2009-B, seguidos a instancia de José Luis Doménech Seguí y María Consuelo Pino Gascó, representados por el procurador de los tribunales Daniel Dabrowski Pernas y asistidos de la letrada Carmen de Juan, contra el Ayuntamiento de El Verger, representado por el procurador Luis Beltrán Gamir y asistido en autos por el letrado José Luis Lorente Tallada, en impugnación del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Verger, de fecha 30 de octubre de 2008, en los que concurren los siguientes:  
Antecedentes de hecho  
Primero. En fecha 13 de febrero de 2009 fue turnado a este juzgado escrito anunciando la interposición de recurso contencioso-administrativo formulado por el procurador Daniel Dabrowski Pernas en la representación que ostenta en las presentes actuaciones, en impugnación del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Verger de fecha 30 de octubre de 2008. En fecha 30 de septiembre de 2009, fue formalizado recurso contencioso-administrativo. Tras exponer los hechos y fundamentos legales que estimó oportunos en apoyo de su pretensión, terminó suplicando se dictara sentencia estimatoria del recurso, en la que se declare:  
a) La nulidad del acto recurrido, el Acuerdo dictado por el Pleno del Ayuntamiento de El Verger de fecha 30 de octubre de 2008, por el que se aprueba el Proyecto de reparcelación económica del sector E, el Proyecto de urbanización III fase y accesos y se conserva el Programa de actuación integrada del plan parcial sector E de suelo industrial de El Verger, en aplicación del artículo 103.4 y 5 de la Ley jurisdiccional;  
b) La nulidad del Acuerdo dictado por el Pleno del Ayuntamiento de El Verger, de fecha 30 de octubre de 2008, por el que se aprueba el Proyecto de reparcelación económica del sector E, por incurrir en fraude de ley al suponer la derogación tácita de determinaciones firmes del proyecto de reparcelación anterior que no resultaron anuladas por las sentencias judiciales;  
c) Anulación del Proyecto de urbanización 3a fase y accesos, por incluir en el mismo suelos que exceden con mucho del ámbito de urbanización del sector E objeto del PAI convalidado;  
d) La anulación de los proyectos de reparcelación económica y urbanización por suponer ambos incrementos de las cargas aprobadas de más de 100 % ocasionado por la actuación administrativa, teniendo en cuenta la gestión urbanística como la redacción del documento y ejecución, y también en el seguimiento de la obra urbanizadora;  
e) El reconocimiento de la situación jurídica individualizada que tienen mis representados de que se mantenga el mismo módulo de reparto de costes de urbanización que fue aprobado en el proyecto de reparcelación de 1998 sin que quepa ni la aplicación de coeficientes correctores de las cargas de urbanización, ni el aumento del valor de las diferencias de adjudicación;  
f) El reconocimiento de la situación jurídica individualizada que tienen mis representados a que únicamente se les impute la urbanización correspondiente al estricto ámbito del sector E en proporción al aprovechamiento adjudicado, sin que pueda imputarse ni la actualización de costes, ni la reurbanización de obra ya ejecutada, ni los accesos u otras obras que excedan de dicho ámbito.  
Segundo. Admitido a trámite el recurso, previa reclamación del expediente administrativo, y conferido el oportuno traslado a la administración demandada, por la misma se procedió a contestar a la demanda en la forma que consta en las actuaciones. Recibido el pleito a prueba, fueron citadas las partes para que emitieran las correspondientes conclusiones, y una vez evacuadas, declararon los autos conclusos para sentencia, quedando sobre la mesa de su señoría para resolver.  
Tercero. En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Constituye el objeto del presente procedimiento, el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Verger de fecha 30 de octubre de 2008, por el que se acuerda dar cumplimiento al contenido de la Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 10 de julio de 2001, confirmada en casación por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de marzo de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución Española en relación con el artículo 66 de la Ley 30/1992. A tal efecto, mediante el referido acuerdo, se acordaba conservar todos y cada uno de los trámites y actos anteriores a la aprobación de los instrumentos a los que se refiere el Acuerdo plenario del Ayuntamiento de El Verger de 21 de mayo de 1998, que no resultasen afectados por los motivos de nulidad declarados en la sentencia, ?relacionados en la resolución?, así como conservar el Programa de actuación integrada del plan parcial sector E de suelo industrial de El Verger, y aprobar el Proyecto de reparcelación económica del sector E y el proyecto de urbanización pendiente de ejecución (fase III y accesos).  
Se alza el recurrente frente a dicho acuerdo, alegando que la Administración ha incurrido en desviación de poder, por considerar que, amparándose en una presunta ejecución de sentencia, ha procedido a confirmar y convalidar determinaciones expresamente anuladas por las sentencias citadas, procediendo además a alterar y revocar aspectos que fueron confirmados y aprobados por las resoluciones judiciales de referencia, por tratarse de aspectos consentidos y asumidos pacíficamente por los propietarios, que están viendo agravada su situación. La administración demandada se ha opuesto.  
La cuantía del presente procedimiento es indeterminada.  
Segundo. Para una adecuada resolución de la cuestión sometida a debate de la que suscribe, debemos partir de las siguientes premisas:  
- Que en fecha 10 de julio de 2001, fue dictada sentencia por el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ?posteriormente confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de marzo de 2004?, por la que expresamente se declaraba la nulidad del proyecto de reparcelación del año 1998 €y consiguientemente del programa de actuación integrada (PAI)?, por haber sido adjudicadas parcelas inferiores a la parcela mínima edificable, y haberse atribuido a varios propietarios excesos de adjudicación superiores al 15 %.  
- Que en fecha 30 de octubre de 2008, por el Pleno del Ayuntamiento de El Verger, fue adoptado acuerdo, ?con objeto de dar cumplimiento al tenor literal de las sentencias firmes dictadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución Española?, por el cual en síntesis se procedía a convalidar el PAI anulado, manteniéndolo íntegramente; se procedía a aprobar y confirmar las mismas adjudicaciones materiales de las parcelas contenidas en el proyecto de 1998 expresamente anulado, ?alegando la imposibilidad material de su rectificación física al estar el sector consolidado edificatoriamente?; se aprobaba un tercer proyecto de urbanización con objeto de finalizar la actuación urbanizadora, por un importe que superaba el 100 % de los costes aprobados y ejecutados originariamente, incluyendo mayores costes de gestión de los inicialmente aprobados y abonados por los afectados; se incrementaban además los honorarios profesionales sin existencia de expediente de licitación y concurso para su adjudicación, así como las diferencias de adjudicación entre los propietarios; y por último se alteraban sustancialmente los criterios de reparto entre los propietarios para asumir las cargas de urbanización mediante la imposición de coeficientes correctores que imponían una mayor participación de los propietarios en los costes urbanísticos, en función del tamaño de los espacios libres privados adjudicados.  
De lo expuesto se colige que el acuerdo que hoy es objeto de impugnación contiene dos conjuntos o grupos de pronunciamientos, en primer lugar, los relativos a la conservación y/o convalidación de determinados actos administrativos que traen causa del proyecto de 1998, y en segundo lugar, aquellos pronunciamientos que vienen a introducir variaciones sustanciales a extremos del proyecto del 1998 que nunca fueron impugnados ni anulados, y que fueron pacíficamente aceptados por los propietarios afectados, que han visto ahora agravada su situación.  
La cuestión a determinar es si la Administración ha procedido correctamente a dar cumplimiento del tenor literal de las sentencias dictadas, a través del Acuerdo que hoy es objeto de impugnación, o si por el contrario, como alega la parte actora, el acto administrativo impugnado es nulo de pleno derecho, por apartarse abiertamente de la causa que lo motiva y fundamenta, que no es otra que la ejecución de sentencias judiciales firmes.  
Al efecto, debemos partir del siguiente marco normativo: en primer término el artículo 118 de la Constitución Española dispone, como un deber constitucional, que "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto", mandato que es desarrollado en el artículo 17.2 de la Ley orgánica del poder judicial que señala que: "las administraciones públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes". Por su parte, dispone el artículo 103.2 de la LJCA, que "las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en estas se consignen".  
Preceptos de los que se infiere que todas las sentencias son imperativas, con independencia de su acierto o calidad, o su mayor o menor conformidad con las mismas, ya que una vez alcanzada firmeza quedan protegidas por el efecto de la cosa juzgada y están investidas de plena eficacia.  
En consecuencia, alcanzada la firmeza, la Administración está obligada a dar cumplimiento y ejecución de lo contenido en las mismas. En la LJCA se regulan cuatro modalidades de ejecución de aquellas sentencias que han devenido firmes, a saber, la ejecución voluntaria, la ejecución forzosa, la ejecución provisional; y la ejecución fraudulenta, siendo esta última definida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas SSTS de 24 de julio y 10.05.2007) como:  
"aquellos supuestos en los que la Administración procede formalmente a la ejecución de la sentencia dictada, mediante los pronunciamientos, actos o actuaciones para ello necesarios, pero, sin embargo, el resultado obtenido no conduce justamente a la finalidad establecida por la propia ley; como consecuencia, lo que ocurre es que con la actuación administrativa, en realidad, no se alcanza a cumplir la sentencia en la forma y términos que en esta se consignan, para conseguir llevarla a puro y debido efecto".  
De ahí que para que el órgano jurisdiccional pueda determinar la existencia de la referida nulidad de pleno derecho de los actos y disposiciones de la Administración ex artículo 103.4 de la LJCA, es necesario que dichas actuaciones administrativas cumplan, cumulativamente, dos requisitos, uno objetivo ?consiste en que se dé una oposición objetiva entre la actuación de la Administración y la decisión del órgano jurisdiccional- y otro subjetivo, esto es, que de la actuación desplegada se pueda deducir que los actos o disposiciones han sido dictados por la Administración con la finalidad de evitar el cumplimiento de los pronunciamientos de una sentencia firme.  
En el más concreto ámbito del urbanismo el Tribunal Supremo (STS 1 de marzo de 2005, 27 de octubre y 4 de mayo de 2004 €en un caso similar al que nos ocupa?, ha manifestado que la aprobación de un nuevo instrumento del planeamiento no puede provocar la automática legalización de las situaciones contrarias a un planeamiento anterior judicialmente anulado, sino que, si el nuevo planeamiento se dicta con la finalidad de evitar el cumplimiento de la sentencia que se pretende ejecutar, el órgano jurisdiccional correspondiente podrá declarar la nulidad de pleno derecho de esas nuevas disposiciones administrativas.  
Y en aplicación de la anterior doctrina, analizadas las alegaciones vertidas por ambas partes ?circunscribiéndose el presente procedimiento a una cuestión puramente jurídica,- cabe concluir que, a juicio de la que suscribe, la Administración claramente ha incurrido en desviación de poder, circunstancia que necesariamente debe conducir a la declaración de nulidad del acto recurrido.  
Cierto es que el acuerdo que hoy es objeto de impugnación no constituye propiamente un acto administrativo dictado en el seno de un incidente de ejecución de sentencia, sino que el mismo, como bien indica la administración demandada, posee sustantividad propia. Pero no obstante ello, en cualquier caso, este nuevo acto administrativo ?que trae causa de la nulidad judicialmente declarada del proyecto de reparcelación anterior, de 1996?, necesariamente debe respetar los parámetros fijados por las sentencias judiciales firmes, que no pueden ser contravenidos ni burlados. Esta circunstancia necesariamente implica que, de un lado, no puedan ser convalidados o ratificados aspectos que fueron ya analizados por los tribunales y cuya nulidad fue expresamente declarada (en concreto el PAI, las adjudicaciones y reparto de aprovechamientos, etc.), y de otro lado, que mediante este nuevo instrumento urbanístico, no puedan ser introducidas variaciones sustanciales a extremos del proyecto del 98 que nunca fueron impugnados ni anulados, y que fueron pacíficamente aceptados por los propietarios afectados, que han visto ahora agravada su situación (léase, incrementos en las cuotas de urbanización, incrementos en el valor de las compensaciones monetarias entre los afectados por las diferencias de adjudicación, alteración de criterios de reparto de cargas, incrementos en el ámbito de urbanización aprobado en el PAI que en su día no fue recurrido, o la introducción de accesos viarios no asumidos ni amparados en el PAI que exceden de su ámbito).  
Y precisamente, esto es lo que hace el Acuerdo de 30 de octubre de 2008, dictado por el Ayuntamiento de El Verger, al pretender, sin motivación alguna, enmendar o corregir, fuera de los cauces legal y judicialmente previstos, el contenido del proyecto de reparcelación de 1998, que expresamente fue declarado nulo, utilizando argumentos tales como el "grado de consolidación edificatoria existente en el sector", que en su día ya fueron invocados y que fueron expresamente rechazados por las sentencias dictadas, pretendiendo así reabrir un debate que ya en su día, por sentencia firme, quedó zanjado. Y esta finalidad desviada que persigue la Administración, que no es otra que la de convalidar, pese a todo, un proyecto declarado nulo, debe conducir, necesariamente, a la estimación del recurso presentado con la consiguiente declaración de nulidad de la actividad administrativa impugnada.  
Tercero. Conforme al artículo 139 de la UCA, y no apreciándose circunstancias en los hechos que justifiquen la imposición de costas a ninguna de las partes, no procede hacer pronunciamiento especial acerca de las mismas.  
Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,  
Fallo  
Que debo estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador Daniel Dabrowski Pernas, en nombre y representación de José Luis Doménech Seguí y María Consuelo Pino Gascó, declarando:  
A) La nulidad del Acuerdo dictado por el Pleno del Ayuntamiento de El Verger de fecha 30 de octubre de 2008, por el que se aprueba el Proyecto de reparcelación económica del sector E, el Proyecto de urbanización III fase y accesos y se conserva el Programa de actuación integrada del plan parcial sector E de suelo industrial de El Verger, en aplicación del artículo 103.4 y 5 de la Ley jurisdiccional y por incurrir en fraude de ley al suponer la derogación tácita de determinaciones firmes del proyecto de reparcelación anterior que no resultaron anuladas por las sentencias judiciales;  
B) La anulación del Proyecto de urbanización 3a fase y accesos por incluir en el mismo suelos que exceden con mucho del ámbito de urbanización del sector E objeto del PAI convalidado;  
C) La anulación de los proyectos de reparcelación económica y urbanización por suponer ambos incrementos de las cargas aprobadas de más de 100 % ocasionado por la actuación administrativa, teniendo en cuenta la gestión urbanística, como la redacción del documento y ejecución, y también en el seguimiento de la obra urbanizadora.  
Asimismo, se reconoce, como situación jurídica individualizada a José Luis Doménech Seguí y a María Consuelo Pino Gascó:  
1. A que se mantenga el mismo módulo de reparto de costes de urbanización que fue aprobado en el proyecto de reparcelación de 1998 sin que quepa ni la aplicación de coeficientes correctores de las cargas de urbanización ni el aumento del valor de las diferencias de adjudicación;  
2. A que únicamente se les impute la urbanización correspondiente al estricto ámbito del sector E en proporción al aprovechamiento adjudicado, sin que pueda imputarse ni la actualización de costes, ni la reurbanización de obra ya ejecutada, ni los accesos u otras obras que excedan de dicho ámbito.  
Y todo ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes.  
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días en este juzgado, para su conocimiento por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.  
Hágase saber a las partes que en caso de interponer recurso contra la presente resolución, deberá constituir depósito en la forma establecida en la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado, con número 4611.  
Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos de que dimana, la pronuncio, mando y firmo».  
  
  
Lo que se hace público para general conocimiento.  
  
El Verger, 21 de diciembre de 2018.- El alcalde: J. Basili Salort Bertomeu.