Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6168, del 18-12-2009 (2009/13874)

Notificación de la sentencia 1565 dictada en el recurso de casación en interés de ley autonómica 1/000002/2009-S.
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Número DOGV
:   6168

Fecha DOGV
:   18-12-2009

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2009/13463


Fecha del documento
:   28-10-2009

Organismo emisor
:   Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia 1565 dictada en el recurso de casación en interés de ley autonómica 1/000002/2009-S. [2009/13798]  
Sentencia número 1565  
Presidente  
Edilberto José Narbón Lainez   
Magistrados   
José Martínez-Arenas Santos   
Luis Manglano Sada   
Desamparados Iruela Jiménez   
Valencia, 28 de octubre de 2009   
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el recurso de casación en interés de ley número 2/2009, interpuesto por la administración de la Generalitat Valenciana, representada y defendida por el letrado de la Generalitat, contra la sentencia número 48/2008, de fecha 16 de diciembre de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valencia en el recurso contencioso-administrativo número 136/2008. Habiendo sido partes el Ministerio Fiscal y María Esther González Martínez, representada por la procuradora Celia Sin Sánchez.   
Ha sido ponente el magistrado Luis Manglano Sada.  
«Antecedentes de hecho   
Primero. La parte dispositiva de la sentencia recurrida literalmente dice: "Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Mª Esther González Martínez, contra la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, en impugnación de la resolución mencionada en el encabezamiento, declarando la misma no ajustada a derecho, y reconociendo en la interesada la situación jurídica individualizada consistente en el derecho a percibir la diferencia de complemento anual reclamado, para alcanzar el 40% del mismo en el año 2007, con un total de 199,98 euros".   
Segundo. La representación procesal de la administración de la Generalitat Valenciana formuló escrito de interposición del recurso de casación en interés de ley, expresando los motivos en que se ampara, consistentes en la existencia de un grave daño para el interés general y la existencia de un error en la sentencia consistente en la incorrecta interpretación de los artículos 14.3 y disposición transitoria segunda del Decreto 85/2007, del Consell, solicitando a la sala que se dicte sentencia que formule la siguiente doctrina: "Que la disposición transitoria segunda del Decreto 85/2007, del Consell, de fecha 22 de junio, y en cuanto al porcentaje de aplicación para el ejercicio 2007 del complemento de desarrollo profesional, debe de interpretarse correspondiente a un ejercicio completo, por lo que el período establecido en la citada disposición transitoria de 1 de julio a 31 de diciembre de 2007 corresponde al 50% del importe fijado en cómputo anual para dicho complemento, según lo establecido en el artículo 14.3 del citado Decreto 85/2007".   
Tercero. La representación de María Esther González Martínez formuló alegaciones de oposición al recurso, negando la existencia de grave daño para el interés general, alegando la correcta interpretación de la normativa invocada por parte de la sentencia cuestionada, respetándose la progresividad en la implantación del complemento, solicitando la desestimación de la casación y la fijación de doctrina legal sobre el pago del 40% en 2007 del complemento de desarrollo profesional.   
El Ministerio Fiscal, en la audiencia conferida, informó en el sentido de que debía desestimarse el recurso.   
Cuarto. Se remitió lo actuado a la presidencia de la sala a los efectos de señalamiento.   
Quinto. Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 27 de octubre de 2009.   
Sexto. En la sustanciación de este proceso se han observado las prescripciones legales.   
Fundamentos de derecho   
Primero. La sentencia recurrida anula la resolución de 16 de junio de 2008, del gerente del departamento número 7 de Valencia, de la Conselleria de Sanidad, que denegó a María Esther González Martínez el abono de 199,98 euros en concepto de diferencia de la cuantía del complemento de desarrollo profesional, argumentando que ya se le había abonado 200 euros correspondientes al 20% del ejercicio 2007, no procediendo el 40% reclamado. Dicha sentencia, tras mencionar e interpretar el artículo 14.3 y la disposición transitoria segunda del Decreto 85/2007, reconoce a la interesada la situación jurídica individualizada consistente en el derecho a percibir la diferencia de complemento anual reclamado, para alcanzar el 40% del mismo en el año 2007, con un total de 199,98 euros.   
El argumento esencial de la sentencia impugnada es que el decreto regula un complemento de desarrollo profesional de implantación progresiva, correspondiendo a la recurrente (grupo D, grado 1) una suma final anual de 1.000 euros, afectándole la progresividad para el 2007 en el 40% de dicha suma, tal como se desprende de la normativa invocada, de su sentido literal y lógico, sin que la posible oscuridad de la norma pueda amparar una interpretación restrictiva por quien resulta responsable de su redacción.   
Segundo. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud establece en su artículo 43 las retribuciones complementarias y en su apartado e) incluye el complemento de carrera destinado a retribuir el grado alcanzado en la carrera profesional cuando tal sistema de desarrollo profesional se haya implantado en la correspondiente categoría.   
La Ley de la Generalitat Valenciana 3/2003, de 6 de febrero, de Ordenación Sanitaria, recoge en su artículo 35 la carrera profesional y dispone al respecto lo siguiente:   
"[...] reglamentariamente se promoverán las cauces necesarios tendentes a la motivación profesional, con la finalidad de estimular el desempeño del trabajo realizado y avanzar hacia la mejora continua, para lo cual se implantarán políticas de incentivación y desarrollo de la carrera profesional".   
Por la Generalitat Valenciana se ha aportado al recurso las actas de la mesa sectorial de sanidad correspondientes a las sesiones de 11 de enero de 2005, 16 de diciembre de 2005 y 23 de febrero de 2007, que contemplaban la aprobación del acuerdo sobre la carrera y desarrollo profesional, disponiendo lo relativo a la carrera profesional, la que resulta de aplicación a licenciados y diplomados incluidos en los artículos 6 y 7 de la Ley de Ordenación y que ostentan la consideración de personal sanitario conforme a lo dispuesto en el Decreto 71/1989.   
El citado acuerdo de 16 de diciembre de 2005 recogía los principios del modelo de desarrollo profesional y en cuanto a los plazos de implantación se acordó lo siguiente:   
"La negociación sobre el desarrollo profesional del personal de las categorías no sanitarias y de aquellas sanitarias que no requieren titulación universitaria, en los términos recogidos en el artículo 40 y 2.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de Personal Estatutario de los Servicios de Salud, adscrito a las instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad, que comenzará en el primer trimestre de 2006, deberá estar finalizada antes del último trimestre de 2007 y su implantación efectiva se realizará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43.2.e de la citada Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, a partir de 1 de enero de 2008, con efectos desde la firma del acuerdo. La progresividad en la implantación del acuerdo deberá finalizar coincidiendo con el de la carrera profesional".   
Dicho acuerdo fue previo a la aprobación del Decreto 66/2006, de 12 de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana que aprueba el sistema de carrera profesional, y que en su disposición transitoria segunda estableció:   
"Segunda   
El complemento de carrera profesional se abonará de forma progresiva durante una fase de implantación que durará cuatro años, con los efectos económicos desde el 1 de julio de 2006 y con la siguiente equivalencia:   
- Primer ejercicio: el 20% del complemento   
- Segundo ejercicio: el 40% del complemento   
- Tercer ejercicio: el 60% del complemento   
- Cuarto ejercicio: el 80% del complemento   
- A partir del quinto ejercicio se percibirá el 100% del complemento".   
Merece destacarse también el acta de la mesa sectorial de sanidad celebrada en sesión de 6 de febrero de 2007, relativo al desarrollo profesional y en su disposición transitoria segunda dispone lo siguiente:   
"Segunda   
El complemento de desarrollo profesional se abonará de forma progresiva durante una fase de implantación con la siguiente equivalencia:   
Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2007: 40% del complemento.   
Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2008: 60% del complemento.  
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009: 80% del complemento.  
A partir del 1 de enero de 2010: 100% del complemento".   
La consecuencia de este último acuerdo sectorial fue el Decreto 85/2007, de 22 de junio, del Consell, cuyo artículo 14.3 establecía la cuantía del complemento de desarrollo profesional, en cómputo anual, a tenor del respectivo grupo y grado, fijándose para el supuesto litigioso que nos ocupa (grupo D, grado 1) un importe de 1.000 euros.   
La disposición transitoria segunda del Decreto 85/2007 regula su aplicación progresiva:   
"El complemento de desarrollo profesional se abonará de forma progresiva durante una fase de implantación con la siguiente equivalencia:   
- Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2007: 40% del complemento.   
- Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008: 60% del complemento.   
- Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009: 80% del complemento.   
- A partir del 1 de enero de 2010: 100% del complemento."  
Llama la atención que la regulación de la referida norma transitoria difiere de la que contiene el Decreto 66/2006, de 12 de mayo, siendo la consecuencia lógica del compromiso de que su implantación efectiva se realizase con efectos desde la firma del correspondiente acuerdo, pues habiéndose adoptado el acuerdo relativo al desarrollo profesional a principios del año 2007, pues se aprobó en sesión de 6 de febrero de 2007, la redacción de dichos decretos es diferente en función del compromiso de implantación desde su firma, lo que se desprende de la interpretación literal del Decreto 85/2007 y de los acuerdos sectoriales mencionados, de manera que toda esta interpretación sistemática permite afrontar la cuestión en el mismo sentido que el realizado por la sentencia cuestionada, pues tanto desde los antecedentes como desde el sentido literal de las normas procede entender que correspondía abonarse a la interesada el 40% reclamado para el 2007.   
Tercero. Expuesta la lectura sistemática del marco reglamentario aplicable al supuesto de autos, que abunda en la interpretación realizada por el Juzgado, esta sala no debe apreciar ninguno de los motivos invocados por la letrada de la Generalitat Valenciana, pues:   
a) Cuando el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa permite interponer recurso de casación en interés de la ley contra una sentencia dictada por jueces de lo contencioso-administrativo, lo hace sometiéndolo a una doble condición: que exista un grave daño para el interés general y que resulte errónea la resolución dictada. Pues bien, ni se ha hecho el menor esfuerzo acreditativo del primer requisito, tan solo se ha mencionado que puede afectar a 11.635 personas, sin mayor esfuerzo argumentativo, ni se ha demostrado error alguno de la sentencia impugnada, que resuelve el litigio con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico.   
b) La lectura sistemática y literal de la disposición transitoria segunda del Decreto 85/2007 carece de oscuridad alguna y parece superfluo el debate sobre su interpretación, pues la norma es clara: en el segundo semestre de 2007 se cobrará el 40% del importe del complemento de desarrollo profesional, es decir, la interesada debía percibir por tal concepto la suma de 400 euros.   
c) Sea cual fuere la intención de la administración autonómica cuando redactó dicha norma transitoria, lo cierto es que posteriormente no puede volver sobre sus pasos y pretender una reinterpretación interesada que permita secundar su pretensión de que en el 2007 se perciba sólo el 20%, pues cuando quiso disponer este porcentaje así lo hizo (Decreto 66/2006, de 12 de mayo), siendo plenamente válido el porcentaje del 40% para 2007 previsto en Decreto 85/2007 porque respeta la progresividad convenida, lo hace a partir de la firma del acuerdo sectorial y una vez se publica el Decreto de 22 de junio de 2007, para un ejercicio 2007 reducido a 6 meses por ese motivo.   
d) Si se conviene una implantación progresiva del complemento en cuatro años, desde el 2007 hasta el pleno cobro en 2010, a razón de una progresión del 40% en 2007, del 60% en 2008, del 80% en 2009 y del total en 2010, carece de sentido cuestionar esta progresividad postulando un 20% para el 2007 en contra de la propia literalidad de la norma, generando con ello una impertinente inseguridad jurídica.   
Cuarto. En consecuencia, procederá desestimar el recurso de casación en interés de la ley formulado por la letrada de la Generalitat Valenciana, con imposición de costas a la parte recurrente de conformidad al artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.   
Vistos los preceptos legales citados por las partes, concordantes y demás de general aplicación.   
 Fallamos  
Desestimamos el recurso de casación en interés de la ley interpuesto por la administración de la Generalitat Valenciana contra la Sentencia número 48/2008, de fecha 16 de diciembre de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-Administrativo número 10 de Valencia en el recurso contencioso-administrativo número 136/2008 con expresa imposición de las costas a la parte recurrente.   
Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.  
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»  
Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el magistrado ponente de la misma, estando constituido el tribunal en audiencia pública, de lo que, como secretario de éste, doy fe.  
Valencia, 28 de octubre de 2009.- El secretario: Juan José Montero Chamorro.