Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2099, del 09-09-1993 (1993/829137)

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1993, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone el registro y publicación del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2099

Fecha DOGV
:   09-09-1993

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1993/829137


Fecha del documento
:   26-07-1993

Organismo emisor
:   Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

Análisis jurídico

Resolución de 26 de julio de 1993, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone el registro y publicación del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos.  
Visto el texto del Acuerdo de fecha 19 de julio de 1993, suscrito por la Confederación Interprovincial de Empresarios de la Región Valenciana (Cierval), la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CC OO-PV), sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83.3 y 90.2 y 3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y lo previsto en el artículo 2.c) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo conforme a las competencias transferidas a la Generalitat Valenciana en virtud del Real Decreto 4105/1982, de 29 de diciembre,  
ACUERDA  
Primero  
Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de esta Dirección General, con notificación a las partes signatarias, y depósito del texto del acuerdo presentado.  
Segundo  
Disponer su publicación en el Diari oficial de la Generalitat Valenciana.  
Valencia, 26 de julio de 1993.- El Director General de Treball: Eduard Montesinos i Chilet.  
Valencia, 19 de julio de 1993  
REUNIDOS  
De una parte, D. José M.ª Jiménez de Laiglesia Santonja, con DNI 10.695.985, y con domicilio a efectos de notificaciones en Valencia, en la calle del Músico Peydró, 36.  
Y de otra, D. Rafael Recuenco Montero y D. Antonio Montalbán Gámez, con DNI número 26.392.658 y 78.314.086 y domicilio a efecto de notificaciones en Valencia, en la calle del Arquitecto Mora, 7 y en la plaza de Nápoles y Sicilia, n.º 5, respectivamente.  
INTERVIENEN  
D. José M.ª Jiménez de Laiglesia Santonja, en su condición de Presidente de la Confederación Interprovincial de Empresarios de la Región Valenciana, en adelante Cierval.  
Y D. Rafael Recuenco Montero y D. Antonio Montalbán Gámez, en su condición de secretarios generales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras del País Valenciano, respectivamente.  
Ambas partes se reconocen, y en la representación acreditada, la capacidad suficiente para la formalización del presente documento, al cual se le otorga expresamente la validez, eficacia, naturaleza y tratamiento propios de los convenios colectivos, de plena conformidad con la normativa vigente en la materia.  
Y puestos de mutuo acuerdo,  
EXPONEN  
La creación en 1992 de un mercado único europeo representa un reto para el conjunto de la industria española y, particularmente, por su relevancia en el contexto nacional, para la industria valenciana. La madurez y la responsabilidad de los agentes sociales les lleva a asumir este reto como propio y a contemplar en esta línea, el aumento de la competitividad, la productividad y de la paz sociales como objetivos comúnmente deseables, así como la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores valencianos y el acercamiento de los niveles de vida y trabajo de estos a los de los trabajadores comunitarios.  
La realidad obliga sin embargo, a constatar que nuestro ordenamiento carece de un sistema articulado de procedimiento de solución pacífica de conflictos capaz de garantizar o propiciar suficientemente dicha paz social. En efecto, si de una parte es constatable una exagerada judicialización del conflicto, de otra, debe lamentarse la ausencia de instrumentos para la solución pacífica de los conflictos de intereses.  
Conscientes del contraste entre los objetivos pretendidos y los instrumentos jurídicos disponibles y con la intención de contribuir a homogeneizar -en la medida en la que la autonomía colectiva puede hacerlo- nuestro sistema de relaciones laborales con los de nuestro entorno europeo, las organizaciones sindicales UGT y CC OO de la Comunidad Valenciana y la Cierval, suscriben el presente Acuerdo sobre procedimientos de solución de Conflictos Colectivos de la Comunidad Valenciana.  
Los presupuestos desde los que se redacta el acuerdo son dos, uno político y otro técnico jurídico. El primero podría describirse como el empeño de potenciar, ante todo, la negociación. Por ello, los mecanismos de mediación y arbitraje previstos se configura como prolongación de la negociación por otras vías, asimismo se rescatan elementos conocidos en la negociación colectiva, como el presidente de la comisión negociadora y las funciones de interpretación de los convenios de las comisiones paritarias. El segundo se concreta en el propósito de que la regulación de dichos mecanismos sea parca, simple y no peque de ambiciosa. Precisamente por ello, las partes han optado por evitar el establecimiento en el acuerdo de arbitrajes obligatorios a la espera de que el tiempo y la virtualidad del presente acuerdo propicien planteamientos más ambiciosos.  
La voluntad política de instrumentar acuerdos para la solución pacífica de los conflictos colectivos ha sido reiterada en los distintos acuerdos de la concertación social, pero hasta ahora no se ha traducido en la articulación de un sistema eficaz y duradero.  
Por lo expuesto, los agentes sociales aquí comparecientes,  
ACUERDAN  
Artículo primero. Partes negociadoras  
Las partes signatarios del presente acuerdo son, de un lado, la Cierval y, de otro, las organizaciones sindicales de CC OO y UGT del País Valenciano, reconociéndose todas ellas legitimación suficiente para la firma del acuerdo según lo dispuesto en los artículo 83 y concordantes del Estatuto de los Trabajadores. Sin perjuicio de la eficacia del acuerdo, los convenios colectivos que se firmen en el ámbito al que se refiere el artículo 2, incluirán en sus textos cláusulas de expreso sometimiento al mismo.  
Artículo segundo. Ambito de aplicación  
El presente acuerdo será de aplicación en todas las empresas de cualquier sector de actividad ubicadas en el territorio de la Comunidad Valenciana que no estén sometidas a un convenio colectivo de ámbito supracomunitario.  
Artículo tercero. Duración  
1. El presente acuerdo estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
2. Su vigencia alcanzará hasta el 31 de diciembre de 1995, pudiendo denunciarse por escrito por alguna de las partes con el preaviso mínimo de seis meses. La falta de denuncia en tiempo y forma ampliará su prórroga bianual.  
Artículo cuarto. Ambito subjetivo  
En virtud de lo pactado en el presente acuerdo será obligatorio acudir a los procedimientos de solución de los conflictos colectivos en él previstos.  
Artículo quinto. Ambito objetivo  
El presente acuerdo se refiere tan sólo a los conflictos colectivos de interpretación y aplicación de los convenios negociados en el ámbito de la Comunidad Valenciana y a los conflictos de intereses derivados de la ruptura de una negociación colectiva a ese mismo nivel.  
Artículo sexto. Conflictos de intereses  
1. Las comisiones negociadoras de los convenios colectivos afectados por el presente acuerdo podrán designar un presidente de entre los que figuren en la lista de mediadores consensuada por las partes del presente acuerdo y anexa al mismo.  
2. El Presidente de la Comisión Negociadora llevará a cabo funciones de mediación a lo largo de la negociación del convenio.  
3. En el caso de ruptura parcial o total de las negociaciones, la comisión negociadora, por acuerdo favorable del sesenta por cien de cada de las dos representaciones, podrá someter el conflicto a arbitraje. Será obligatorio someterse al trámite de arbitraje cuando transcurran sesenta días desde la ruptura total de las negociaciones si en el término de siete días contados a partir de la finalización de los sesenta anteriores ninguna de las partes se opusiera expresamente a ello. Se entenderá que existe ruptura a partir del momento en que una de las partes la comunique formalmente a otra.  
4. El laudo arbitral será dictado por un colegio compuesto por dos árbitros designados por cada una de las dos representaciones en la comisión negociadora, de entre los dos que figuran en la lista de árbitros consensuada por las partes del presente acuerdo anexa al mismo, y por el Presidente de la comisión negociadora o, en su defecto, un tercero designado por los árbitros anteriores, de entre los que figuran en esta lista, que actuará como presidente del colegio arbitral. Los acuerdos se tomarán por mayoría.  
5. Los trabajadores no podrán ejercer el derecho de huelga del sometimiento del conflicto a arbitraje.  
Artículo séptimo. Conflictos de interpretación y aplicación  
1. En caso de conflicto colectivo, corresponderá a las comisiones paritarias de los convenios colectivos afectados por el presente acuerdo las funciones de interpretación y aplicación de los mismos.  
2. A estos efectos, presidirá la comisión paritaria el Presidente de la comisión negociadora del convenio o quien las partes acuerden de entre los miembros que integran la lista de mediadores anexa al presente acuerdo.  
3. El Presidente de la comisión paritaria llevará a cabo funciones de mediación en los conflictos de interpretación y aplicación que se planteen a ésta.  
4. Si la comisión paritaria no llegara a un acuerdo, podrá someterse el conflicto a arbitraje, por acuerdo de 60% de cada una de las dos partes. Será obligatorio someterse al trámite de arbitraje salvo que, en el plazo de siete días a partir de la fecha del desacuerdo, alguna de las partes se opusiera expresamente a ello.  
5. El laudo arbitral será dictado por un colegio compuesto por dos árbitros designados por cada una de las dos representaciones en la comisión paritaria, de entre los que figuran en la lista de árbitros anexa, y el Presidente de la comisión paritaria que actuará de Presidente del colegio arbitral. Los acuerdos se tomarán por mayoría.  
6. A partir del sometimiento del conflicto de interpretación o aplicación al arbitraje, los trabajadores no podrán ejercer el derecho de huelga por estos motivos.  
7. Estarán legitimados para plantear un conflicto de interpretación o aplicación del convenio colectivo ante la comisión paritaria, las empresas, asociaciones empresariales legalizadas, los sindicatos y secciones sindicales legalizadas, los comités de empresa y delegados de personal y las asambleas de trabajadores celebradas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, que deberán hacerlo a través de las organizaciones firmantes del presente acuerdo.  
Artículo octavo. Régimen jurídico de los acuerdos y laudos arbitrales  
1. Los acuerdos interpretativos o aplicativos de las comisiones paritarias y los laudos arbitrales dictados en conflictos de interpretación, de aplicación o de intereses tendrán la misma eficacia jurídica que lo pactado en un convenio colectivo.  
2. Unos y otros podrán ser impugnados por razones de legalidad o lesividad ante la jurisdicción laboral, por el procedimiento de impugnación de convenios colectivos.  
Artículo noveno. Los costes del procedimiento  
Los costes derivados de las actuaciones mediadoras y arbitrales serán objeto de un acuerdo entre los firmantes del presente acuerdo y la administración.  
Artículo diez. La comisión de seguimiento  
La comisión de seguimiento del presente acuerdo estará compuesta, por las personas que en documento aparte se determinarán con posterioridad a la firma del presente acuerdo.  
Se faculta expresamente a D. Rafael Segarra Rausell, con DNI n.º 88.738.620, a fin de que proceda al trámite de registro y demás formalidades legales inherentes al presente acuerdo.  
Y, en prueba de conformidad, firman el presente acuerdo, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.