Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3191, del 25-02-1998 (1998/790)

Notificación de la Resolución de 2 de septiembre de 1997, adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, dictada en expediente sancionador.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3191

Fecha DOGV
:   25-02-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/790


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución de 2 de septiembre de 1997, adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, dictada en expediente sancionador. [1998/X790]
  
De acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a Covespan, SL, representada por doña Diamantina Galiatsatos Baillo y don José Luis Valero Nuevo, plaza de Don Carlos, s/n, 03230 El Campello (Alicante), la Resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 2 de septiembre de 1997, que a continuación se transcribe:
  
«Visto el expediente sancionador incoado a la mercantil Covespan, SL, y remitido por el Ayuntamiento de Campello al objeto de su resolución definitiva y de conformidad con los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Con fecha 11 de abril de de 1997, el Ayuntamiento de El Campello remite a estos servicios territoriales el expediente sancionador instruido por ese Ayuntamiento contra la empresa Covespan, SL, a los efectos de adopción de la oportuna resolución dada la cuantía de la sanción propuesta, la cual excede de la competencia sancionatoria que en esta materia la legislación vigente atribuye a los alcaldes en los municipios que no exceden de 25.000 habitantes.
  
Segundo
  
El expediente sancionador precitado tuvo por objeto la determinación de las posibles responsabilidades administrativas en que se hubiere incurrido por cambio del uso de un edificio ubicado en el sector E3, Coveta Fumà, plaza de Don Carlos, s/n, que según licencia otorgada y el Plan General de Ordenación Urbana de El Campello (zona E3, dotaciones turísticas privadas, artículos 177 y 42.a.b. de la normativa urbanística), debía ser destinado a apartamentos turísticos, dándole un uso real de viviendas de renta libre.
  
Tercero
  
Por los motivos expuestos, en fecha 7 de febrero de 1997 y por providencia de la Alcaldía, se acuerda:
  
1. Declarar la caducidad del expediente sancionador número 61-70/93, iniciado por las mismas causas que el que ahora nos ocupa, al haber transcurrido más de seis meses desde su incoación sin que se hubiese dictado la oportuna resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
  
2. Incoar un nuevo expediente sancionador contra la entidad Covespan, SL, mancomunadamente representada por doña Diamantina Galiatsatos Baillo y don José Luis Valero Nuevo, en concepto de promotora de las obras cuyo uso inadecuado se constituye en objeto del presente procedimiento, uso constitutivo presuntamente de una infracción del artículo 79 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2.187/1978, de 23 de junio, proponiéndose una sanción de 34.167.562 PTA., equivalentes al 10% del valor del edificio.(379.439.358 PTA.).
  
Cuarto
  
Contra la incoación de expediente sancionador se formulan alegaciones por la parte denunciada, dando por reproducidas la totalidad de las vertidas durante la tramitación del expediente sancionador caducado antes citado y basando las que se ahora se formulan en la supuesta prescripción de la infracción denunciada al haber transcurrido, según la parte alegante, más de cuatro años desde su comisión, plazo que dispone el artículo 263 de la entonces vigente ley del suelo para la prescripción de las infracciones urbanísticas graves.
  
Se fundamenta tal afirmación, y se cita textualmente, en que «en el propio Decreto de la Alcaldía que se alega, se hace alusión a que el supuesto cambio de uso de los apartamentos turísticos, como acto contrario al Plan General, se constató en la resolución de la Dirección General de Turismo, de 1 de febrero de 1993. Si el Decreto de incoación de nuevo expediente de infracción urbanística, por los mismos hechos, es de 7 de febrero de 1997, es obvio por sus propios fundamentos que la infracción ha de considerarse prescrita».
  
Asimismo, se ratifica en las alegaciones realizadas en fechas 24 de noviembre de 1993, 21 de febrero y 20 de julio de 1994 sobre improcedencia de la imputación de la infracción urbanística, y se aporta como documentación el escrito de fecha 24 de noviembre de 1992, del Servicio Territorial de Turismo a Covespan, SL, dándole audiencia previa a la propuesta de revocación de la utilización de explotación de apartamentos turísticos dada el 18 de febrero de 1991 a la citada mercantil y resolución del director general de Turismo de 1 de febrero de 1993, dando de baja al establecimiento «Apartamentos Covespan, SL».
  
Quinto
  
Así, en fecha 7 de marzo de 1997, se dicta propuesta de resolución de expediente sancionador desestimando las alegaciones realizadas en base a los siguientes fundamentos que pasamos a reproducir en extracto:
  
1º En cuanto a la reiteración de las alegaciones realizadas en el expediente sancionador caducado ?fundamentalmente, la negación de la autoría de los hechos imputados- se desestiman en base a que las notas que deben caracterizar jurídicamente a un bloque de apartamentos turísticos consistentes en la efectividad de su total destino al tráfico turístico no se llegaron a instrumentar ni en los Estatutos del edificio promovido por Covespan, SL, ni en la realidad de tal promoción, incumpliéndose con ello la normativa establecida por el Decreto 30/1993, de 8 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de apartamentos turísticos, villas, chalets, bungalows y similares.
  
Y así, se destaca que los Estatutos de Comunidad de propietarios de apartamentos turísticos fueron redactados por Covespan, SL, de forma tal que los distintos propietarios de apartamentos turísticos quedaban liberados de las obligaciones propias del régimen legal de los bloques de apartamentos turísticos, condición de uso recogida en la propia licencia de obras del edificio conforme al Plan General.
  
2º En cuanto a la posible prescripción de la infracción cometida se señala que el Ayuntamiento sólo pudo iniciar eficazmente el expediente sancionador contra la mercantil por la presunta infracción urbanística de cambio de uso a partir del momento en que la administración sectorial competente ?la Dirección General de Turismo- comunica al Ayuntamiento la baja de Covespan, SL, como empresa explotadora de apartamentos turísticos, comunicación que se remitió por aquella administración al Ayuntamiento el 8 de febrero de 1.993 y tuvo entrada formalmente en el mismo el 5 de marzo de 1.993, fecha donde, según el ente municipal, debe situarse el inicio del cómputo del plazo de prescripción.
  
En virtud de lo expuesto, se dicta propuesta de resolución que sigue calificando los hechos como una infracción grave del artículo 79 del Reglamento de Disciplina Urbanística, por alteración del uso a que estaba destinado el edificio por el Plan, sin que se considere de aplicación el artículo 60.1 del citado texto legal, apreciando, asimismo, las agravantes de reincidencia y mayor beneficio obtenido en la comisión de la infracción, fundamentando la aplicación de la primera de ellas en el hecho de que en fecha 30 de abril de 1990 ya fue dictada resolución por el Hble. conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en el expediente administrativo SA-233/89, y justificando la apreciación de la agravante de obtención de mayor beneficio económico con la infracción cometida mediante la aportación de las notas simples registrales de varias ventas de apartamentos correspondientes al edificio elegidas a modo de muestreo del total de las ventas de apartamentos (pág. 84 del expediente administrativo).
  
En consecuencia de todo lo expuesto, se propone una sanción de 13.112.202 PTA, equivalente al 10% de la valoración del edificio cifrada en 298.425.717 PTA.
  
Es de destacar que la sanción propuesta es inferior a la fijada en el acuerdo de incoación de expediente sancionador, estando fundamentada la que ahora se propone en la valoración de las obras que realiza en fecha 8 de mayo de 1991 el arquitecto autor del proyecto y director de la obra (páginas 140 a 144 del expediente administrativo), que cifra el coste de los 50 apartamentos realizados en 455.247.008 PTA. mientras que la sanción fijada en el acuerdo de incoación se realizó sobre el proyecto original de construcción de 57 apartamentos valorados en 708.294.258 PTA, por el mismo técnico.
  
Sexto
  
Contra la citada propuesta la mercantil interesada presenta alegaciones dentro del plazo concedido para ello aduciendo una vez más la prescripción de la supuesta infracción cometida por transcurso de más de cuatro años desde su comisión, sosteniendo tal alegación sobre una serie de razones que se dan por reproducidas en aras a la economía procesal (páginas 308 a 313 del expediente administrativo) y que rebate el informe jurídico suscrito por el Técnico de Administración General y el secretario general de la Corporación Municipal negando una vez más la supuesta prescripción de la infracción y recalcando la circunstancia de que en ningún momento la parte interesada ha rebatido el hecho de que los estatutos de la Comunidad de Propietarios de apartamentos turísticos fueron redactados por la mercantil imputada de forma tal que los distintos propietarios quedaban liberados de las obligaciones propias del régimen legal de los bloques turísticos, así como que según los indicados estatutos correspondía a la misma mercantil la gerencia y dirección de la empresa turística, además de concurrir la efectiva alteración del uso al que estaba destinado el edificio según ha quedado explicitado.
  
Séptimo
  
La Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión celebrada el 28 de julio de 1997, adoptó el acuerdo de emitir el informe preceptivo, en los términos que se derivan en la presente resolución.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero
  
La tramitación seguida es correcta y se ajusta a lo previsto en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por remisión del artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
  
Segundo
  
El artículo 275, apartado a) del citado Texto Refundido atribuye a los Alcaldes de municipios que no excedan de 25.000 habitantes la facultad de imponer sanciones de hasta 26.024.283 de PTA, por lo cual y dado que en el caso que nos ocupa se propone la imposición de una sanción de 37.404.734 PTA resulta de aplicación el artículo 273.3 del citado Texto Legal, el cual dispone que «cuando la propuesta de resolución incluya una multa en cuantía superior a la que sea de la competencia de los órganos correspondientes a la administración que tramitó el expediente de sanción, dicha propuesta se elevará a la autoridad que sea competente por razón de la cuantía», artículo que resulta de aplicación en el ámbito de la Comunidad Valenciana en virtud del Decreto 78/1996, de 16 de abril, por el que se deroga el Decreto 36/1992, mediante el cual se adoptaron las cuantías de las multas previstas en el artículo 228.6 de la Ley del Suelo.
  
Tercero
  
De lo expuesto en los antecedentes fácticos antes relacionados cabe extraer las siguientes conclusiones:
  
1ª Que la actuación sancionadora iniciada trajo por causa el uso de un inmueble como viviendas de renta libre, uso no ajustado a la licencia de obras concedida y Plan General de Ordenación Urbana vigente en el municipio por cuanto el mismo debía ser el de un edificio destinado a apartamentos turísticos en aplicación de la normativa municipal contenida en los artículos 177 ter y 42.a.b del citado Plan.
  
2ª Que tanto las alegaciones realizadas por la parte imputada como los informes jurídicos municipales elaborados en torno a las mismas se centran en el debate de si la infracción cometida debe estimarse prescrita o no de acuerdo con la legislación vigente.
  
Por ello, parece necesario dejar sentadas una serie de premisas en torno a este tema, a saber:
  
A. Como quiera que la infracción viene constituida por un USO de un inmueble no ajustado a la licencia y normativa aplicable debe estimarse, tal y como dejó sentado la sentencia de 15 de septiembre de 1989 por la Sala Tercera, Sección 1ª de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que «el uso del suelo constituye ordinariamente una actividad continuada y por tanto el plazo de prescripción no empieza a correr hasta que tal actividad finaliza. Que haya prescrito con anterioridad la infracción integrada por las obras que dieron lugar a la edificación en la que se desarrolla el uso no es obstáculo para que subsista la posibilidad de sancionar dicho uso: mientras que las obras integran una actuación pasajera, el uso normalmente está destinado a desarrollarse activamente a lo largo del tiempo... Si la administración puede impedir el uso ilegal en tanto que éste dure, será razonable que el plazo de prescripción, en cuanto a la potestad sancionadora, no empiece a correr mientras se mantenga dicho uso ...».
  
En un sentido similar se pronuncia la sentencia de 2 de junio de 1987 de acuerdo con la cual «mientras subsista un acto del uso del suelo y éste sea contrario al ordenamiento urbanístico no puede hablarse de caducidad de la potestad municipal dirigida a la restauración del mismo, de igual manera que tampoco podría iniciarse el cómputo del plazo de prescripción para perseguir la infracción urbanística, hasta que no hubiere finalizado el uso ilegal»; así como la sentencia de 23 de enero de 1991 dictada por la Sala 3ª, Sección 6ª, la cual señala que «... no cabe hablar de prescripción porque tratándose de una falta relacionada con el uso del suelo, de carácter permanente, no puede iniciarse el cómputo del lapso prescriptivo hasta que no cese la actividad», lo cual obviamente no ha ocurrido pues aún persiste.
  
B. Resulta también de trascendental importancia para el completo y correcto desarrollo del procedimiento que nos ocupa el contenido de la Sentencia de 15 de febrero de 1997, nº133/97, pronunciada en el recurso contencioso administrativo 1/1751/94 interpuesto contra la resolución del expediente sancionador SA-233/89 €antes citado- en cuyo fundamento jurídico sexto se señala textualmente que «el hecho de que el edificio hubiera sido destinado a un uso distinto del previsto por la norma, no afecta a la edificación, sino al uso que se hace de ella. Si esto es así, podría sancionarse a los actores por esta circunstancia, pero para ello sería preciso la incoación de nuevo procedimiento sancionador, con todas las garantías».
  
Y el procedimiento que nos ocupa no es sino la cumplida respuesta al contenido jurídico de la referida sentencia al sancionar, precisamente, ese uso indebido.
  
3ª Que la infracción, cuya comisión se considera probada por la mercantil imputada, adquiere la calificación de grave en aplicación de lo dispuesto en el artículo 262.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. No obstante, en cuanto a la apreciación de ambas agravantes, se debe reseñar lo siguiente:
  
a) La circunstancia que sirvió de fundamento para la apreciación de la agravante de reincidencia fue la resolución dictada por el director general de Urbanismo y Ordenación Territorial en fecha 30 de abril de 1990 en el expediente sancionador número SA-233/89 (páginas 87 a 92 del expediente administrativo), resolución que impuso a la mercantil promotora una sanción de 03.096.208 PTA, por la comisión de diversas infracciones, entre ellas la de construcción de un edificio para vivienda sin ajustarse a la licencia concedida.
  
Como quiera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.3.c) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, existe reincidencia cuando se produce la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza y así haya sido declarado por resolución firme, no cabe en aplicación del citado artículo apreciar en el caso que nos ocupa dicha circunstancia agravante.
  
b) En cuanto a la agravante de obtención de mayor beneficio económico en la comisión de la infracción debe entenderse que su aplicación no ha quedado debidamente justificada al no existir en el expediente administrativo tramitado el pertinente estudio económico justificativo de su apreciación.
  
Es por ello que al no quedar justificada la aplicación de circunstancia agravante alguna en la comisión de la infracción, se propone la imposición a la mercantil imputada de una sanción equivalente al 8% del valor del edificio en aplicación de lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística en relación con su artículo 79, ascendiendo la misma a una cuantía cifrada en 09.676.436 PTA.
  
4º Que se considera responsable de las infracción denunciada en concepto de promotora de las misma a la mercantil Covespan, SL, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 57.1 y 58 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
  
Cuarto
  
De acuerdo con el artículo 6 h) del Decreto 77/1996, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los Organos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, para la imposición de la sanción propuesta es competente el Hble. Sr. conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, previo informe de la Comisión Territorial de Urbanismo, de conformidad con el artículo 10.c) del citado Reglamento.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Imponer a la mercantil Covespan, SL, representada mancomunadamente por Dª Diamantina Galiatsatos Baillo y D. José luis Valero Nuevo la cantidad de 07.584.342 pesetas, en concepto de sanción por infracción urbanística.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día de la notificación o publicación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo, de conformidad con lo previsto en los arts. 57.2.f) y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.-
  
La presente notificación es transcripción exacta de la Resolución original que consta en el expediente.
  
De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento General de Recaudación, la sanción impuesta deberá ser abonada en los plazos siguientes:
  
a) Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o del inmediato hábil posterior.
  
b) Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
  
Dicha cantidad deberá ser ingresada en la Tesorería del Ayuntamiento de El Campello conforme establece la Disposición Adicional Primera de la Ley de la Generalitat Valenciana 12/1994, de 28 de diciembre de 1994, de Medidas Administrativas y de modificación del Texto Articulado de la Ley de Bases de Tasas de la Generalitat Valenciana, a cuyo fin por el citado Ayuntamiento se le indicará en el momento oportuno lugar, forma y plazo para el pago de la misma.