Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5698, del 07-02-2008 (2008/831)

Información pública de las bases particulares del concurso para la selección de agente urbanizador de la unidad de ejecución residencial nº 8 de la homologación de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Almoradí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5698

Fecha DOGV
:   07-02-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2008/831


Fecha del documento
:   08-01-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Almoradí

Tipo de documento
:   Concurso

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Almoradí
    * administración local
    * licitación
    * contrato de obras
    * plan de urbanismo
    * obras públicas

Información pública de las bases particulares del concurso para la selección de agente urbanizador de la unidad de ejecución residencial nº 8 de la homologación de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Almoradí. [2008/831]
De acuerdo con el artículo 132.1 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, por medio del presente se anuncia la convocatoria de concurso para la selección de agente urbanizador de la unidad de ejecución residencial nº 8 de la homologación de las normas subsidiarias de planeamiento municipal, según Acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 27 de diciembre de 2007. Se publican a continuación las bases particulares a regir en el concurso, habiéndose publicado la aprobación definitiva de las bases generales en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 225 de fecha 29 de septiembre de 2006.
Indicar que el anuncio de concurso se ha remitido al Diario Oficial de la Unión Europea el día 10 de enero de 2008, a los efectos del artículo 133.3 de la LUV y base particular octava.
Indicar que el referido acuerdo plenario puede ser recurrido en reposición ante este mismo Ayuntamiento en el plazo de un mes desde la publicación, o bien puede presentar recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses, no pudiendo simultanear ambos recursos; todo ello sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente.
Memoria (art. 131.2.b. LUV)
Antecedentes
El Ayuntamiento de Almoradí, con la finalidad de adecuar a la legislación urbanística vigente en el ámbito de la Comunidad Valenciana sus normas subsidiarias de planeamiento municipal, aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, emprendió un expediente de homologación global de dichas normas, conforme a lo previsto en el nº 2 de la disposición transitoria primera de la LRAU, y en la Orden de 29 de marzo de 1996 del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat.
El expediente de homologación modificativa global de las normas subsidiarias de Almoradí por Resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 14 de abril de 2003 (DOGV núm. 4840, de fecha 13 de septiembre de 2004, y BOPA núm. 109, de fecha de 14 de mayo de 2004), ha delimitado la unidad de ejecución residencial nº 9, clasificados como suelo urbano afectos a desarrollo mediante actuación integrada.
Posteriormente, ha entrado en vigor la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, lo que ha llevado a este ayuntamiento a la aprobación de unas bases generales, publicadas en el BOPA núm. 225, de fecha 29 de septiembre de 2006.
En fecha reciente, julio pasado, se ha planteado ante el Ayuntamiento de Almoradí, una iniciativa para el desarrollo de la citada unidad de ejecución.
La existencia de iniciativa en apariencia solvente y el interés del municipio en el desarrollo de la citada unidad de ejecución residencial aconsejan el inicio de las actuaciones previstas en el artículo 130 LUV y siguientes. Desde una perspectiva objetiva son de destacar las siguientes circunstancias:
La unidad se encuentra ordenada pormenorizadamente en las normas subsidiarias.
La regulación que contiene la LUV (art. 131 y arts. 286 y 287 ROGTU) establece de forma específica y precisa el contenido mínimo de las bases particulares reguladoras del concurso para la selección del agente urbanizador, en régimen de concurrencia, para la ejecución pública indirecta del planeamiento, por lo que obliga, como no podría ser de otra manera, a articular este concurso asumiendo, en parte, y como norma supletoria, las reglas de la legislación básica de contratos de la administración del estado, en concreto del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) aprobado por RDL 2/2000 de 16 de junio, partiendo de la figura, con matices, del tipo de contrato de ejecución de obra pública. Todo ello es congruente con el carácter de «función pública» que tiene la actividad urbanística de ejecución del planeamiento según los postulados de la LUV. La fijación de criterios de adjudicación y bases reguladoras constituyen una garantía de los principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
Las bases prestan especial importancia al sistema de relaciones entre propietarios y urbanizador, estableciendo los procedimientos de formulación de voluntades, plazos, y sistema de garantías recíprocas, que en cualquier caso, deben ser observadas por todos los licitadores, y desde luego, la forma de retribución al urbanizador y así como la calidad de la ordenación y de las dotaciones públicas.
Bases reguladoras
Primera. Objeto del presente concurso. Ámbito de actuación (art. 286.1.a) ROGTU). Ordenación vigente y directrices (art. 131.2 a) LUV)
1.1. El ámbito físico que constituye el objeto de las presentes bases particulares y por ello, del presente concurso, lo constituyen los suelos que se identifican como unidad de ejecución residencial nº 9, teniendo una superficie de 42.923 m².
1.2. Ordenación urbanística vigente.
Como se ha adelantado, la ordenación urbanística vigente está constituida por el expediente de homologación modificativa global de las normas subsidiarias de Almoradí, aprobado definitivamente por Resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 14 de abril de 2003 (DOGV núm. 4840, de fecha 13 de septiembre de 2004, y BOPA núm. 109, de fecha de 14 de mayo de 2004).
Los parámetros básicos de la UER 9 con arreglo a la homologación global aprobada, son los siguientes:
Título II. La ordenación estructural.
II.9.1 Suelo urbano
MD.5.3.0. Núcleo urbano residencial (NUR)
1. Ámbito: la zona de núcleo urbano residencial está constituida por las áreas siguientes expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de clasificación del suelo del plan. Lo constituye el núcleo urbano de Almoradí, el núcleo urbano de El Saladar y el núcleo urbano de Las Heredades
2. Configuración de la zona: las zonas incluidas en el suelo urbano residencial se configura por la integración del sistema de ordenación por alineación de calle, la tipología edificatoria de manzana densa y el uso global residencial. Clave RMD
3. Usos pormenorizados:
a) Uso dominante:
Residencial
b) Usos compatibles:
Industrial
Terciario
Equipamiento
c) Usos incompatibles:
Los no mencionados.
d) Observaciones:
Con las limitaciones que establece la ordenación pormenorizada.
4. Parámetros urbanísticos
Altura reguladora: el número de plantas máximo para cada zona queda grafiado en los planos de ordenación pormenorizada POP 1 a 5 de estas normas.
5. Otras condiciones:
Estudios de detalle: a los efectos del cumplimiento del requisito establecido en el art. 26 de la LRAU, podrán delimitarse áreas objeto de estudio de detalle cuando tengan por finalidad el aumento de la superficie dotacional incluida en su área.
Incidencia de los planes de acción territorial: al suelo urbano le es de aplicación lo establecido en el artículo 24 del PATRICOVA, es decir, se deberá verificar la incidencia del mismo e imponer condiciones, cuando proceda, de adecuación de las futuras edificaciones. En ese sentido, se permitirá la disminución de la altura mínima de la cota de planta baja, de acuerdo a las posibilidades de exención para el suelo urbano establecidas en el art. 24 del PATRICOVA, debiendo situarse siempre en cualquier caso a cota superior a la rasante de la acera.
En general, y salvo lo anteriormente especificado, la edificación debe adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, tal y como se establece en la ordenación pormenorizada.
Título III. La ordenación pormenorizada.
III.3.1. Núcleo urbano residencial (NUR)
1. Ámbito: la zona de núcleo urbano residencial está constituida por las áreas siguientes expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de clasificación del suelo del plan:
Núcleo urbano Almoradí
Núcleo urbano El Saladar
Núcleo urbano Las Heredades
2. Configuración de la zona:
Las zonas incluidas en el suelo urbano residencial se configura por la integración del sistema de ordenación por alineación de calle, la tipología edificatoria de manzana densa y el uso global residencial. Clave RMD
3. Usos pormenorizados:
a) Uso dominante:
Residencial: R
b) Usos compatibles:
Industrial: I1
Terciario: T1, T2 hasta 300 m² construidos
T3, T4, T5, T6, T7
Equipamiento: D
c) Usos incompatibles:
Los no mencionados.
d) Observaciones:
Los usos I1, T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7, en edificios de viviendas, deberán desarrollarse en planta baja o sótano o en edificio exclusivo, y siempre de acuerdo a la normativa específica de aplicación. El uso T1 podrá también ubicarse en primeras plantas de edificios destinados a viviendas.
Dentro del uso T2, los establecimientos incluidos en la agrupación 64 (Comercio al por menor), subgrupos 641 y 648 del nomenclátor de actividades, solo podrán tener un máximo de 300 m² de sala de ventas y zona de almacenamiento aneja de otros 300 m² como máximo.
El uso D, en edificios de viviendas, solo podrá desarrollarse en planta baja o sótano o en edificio exclusivo y siempre de acuerdo a la normativa específica de aplicación. Queda exceptuado el uso AD, que podrá situarse en primeras plantas de edificios destinados a viviendas.
A todos los efectos, las antiguas entreplantas se considerarán de la misma manera que las plantas bajas.
Los usos distintos al residencial deberán mantenerse dentro del índice bajo de molestia de acuerdo a lo establecido por el nomenclátor de actividades
Especificaciones relativas a usos para tipologías asimilables a la ADO:
Para edificaciones del tipo bungalow, que formen conjuntos asimilables a la tipología ADO, viviendas adosadas, en casco urbano, se aplicarán, por analogía las determinaciones relativas a usos de la clave ADO del área SUR-1 (El Bañet).
4. Parámetros urbanísticos
Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de alineaciones.
Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes.
Parcela mínima edificable: la definida por las condiciones de dimensiones (parcela mínima 100 m² y frente mínimo de parcela 7m) y forma (círculo inscrito mínimo de 6 m) que se concretan en la ficha de zona. Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones aquellas parcelas que aún incumpliéndolas, linden con parcelas vinculadas a edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación del plan, que no se encuentren en situación de fuera de ordenación. Quedan igualmente excluidas aquellas que procedan de derribo de edificaciones.
Fondo máximo edificable: sólo en plantas de piso, 20 metros.
Chaflán obligatorio: en edificación en esquina se realizará un chaflán de 3 m de longitud.
Entreplantas: no se permiten.
Sótanos: permitidos hasta un máximo de dos plantas bajo rasante y una profundidad máxima de 6 metros.
Semisótanos: permitidos si la altura máxima, según se define en III.2, es 1,2 metros.
Altura máxima de planta baja: 4,5 metros
Altura reguladora: el número de plantas máximo para cada zona queda grafiado en los planos de ordenación pormenorizada POP 1 a 5 de estas normas. Esta vendrá determinada por la expresión polinómica expresada en metros:
H = 4,5 + (n x 3,25)
Siendo n el número de plantas de piso sobre la planta baja asignadas por las normas a la zona.
Para edificios destinados íntegramente a usos distintos del residencial, será suficiente cumplir la altura reguladora máxima permitida.
Por encima de la altura máxima se podrá realizar la vertiente de la cubierta, con una inclinación máxima del 30%, y en cubiertas de azotea transitable antepechos de 1,50 m.
Las construcciones por encima de la altura máxima sólo se podrán destinar a caja de ascensores, escaleras, depósitos, chimeneas, antenas y otras instalaciones de los servicios necesarios del inmueble, no pudiendo exceder de 4,20 m por encima de la altura máxima, salvo las antenas y los pararrayos. Así mismo, sobre la última planta, se permitirán espacios no habitables, vinculados a viviendas, destinados a trasteros, retranqueados de la alineación de fachada 3 m, y con las siguientes limitaciones:
La superficie máxima por trastero será de 6 m²
No podrán ser anexionados a viviendas, debiendo tener acceso desde zonas comunes.
Podrá realizarse un máximo de 1 trastero por vivienda o local.
Uniformidad de alturas: con el único objeto de mejorar las condiciones estéticas y de composición arquitectónica de las fachadas a vía pública, podrá aplicarse la siguiente norma:
Los edificios que deban levantarse entre otros construidos legalmente y cuya altura reguladora sea mayor que la prevista en estas normas, podrán autorizarse hasta una elevación equivalente a la semisuma del número de plantas totales de los inmuebles colindantes, redondeándose su cálculo por defecto. Cuando estos solo linden con una propiedad privada, podrá autorizarse la elevación del edificio por encima de la permitida por el planeamiento hasta la media entre el número de plantas del edificio colindante y el número de plantas permitidas para la zona en cuestión.
Cuerpos volados: sólo se permiten balcones y miradores, con las limitaciones máximas de vuelo y longitud siguientes y que se concretan en la ficha de zona.
Longitud máxima de vuelo: 10% del ancho de la calle con un máximo de 1 metro. Máximo vuelo cerrado el 50% de la longitud de fachada. No se permitirán vuelos a menos de 3,60 metros de altura sobre la rasante. Estos se separarán por lo menos 1m de las medianeras. En los vuelos en esquina, la línea máxima de vuelo será paralela al chaflán de la alineación. Cuando en la esquina converjan dos calles de ancho distinto, se tomará como valor de vuelo, en el frente del chaflán, el que corresponda a la vía más ancha.
Marquesinas y elementos de señalización: altura mínima 2,40 metros y máximos de vuelo semejantes a cuerpos volados.
Parámetros relativos a manzanas destinadas a equipamiento público: las condiciones serán, sin perjuicio del resto de determinaciones: altura máxima: PB+3P (14,25m); ocupación máxima de parcela 75%; fondo edificable libre.
5. Otras condiciones:
Dotación de aparcamientos:
La reserva mínima de plazas de aparcamiento será de 1 plaza por cada 1,5 viviendas. Ésta podrá hacerse en planta baja o sótano. Para su cálculo se redondeará el número de plazas por exceso, de manera que la reserva será, y así sucesivamente:
Nombre de vivendes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Places d'aparcament 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8
\* \* \* \* \*
Número de viviendas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Plazas de aparcamiento 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8
La exigencia del número de plazas de aparcamiento no excederá de la reserva de una sola planta completa, que deberá en ese caso destinarse íntegramente al uso aparcamiento.
Estarán exentos de reserva de plazas de aparcamiento aquellos solares de superficie inferior a 200 m² o cuyas condiciones geométricas no permitan la inscripción de un círculo de 14 metros de diámetro. No podrán realizarse actos de segregación de parcelas cuyo fin presumible sea la exención de reserva de plazas de aparcamiento.
En edificios de más de tres viviendas, en el caso de que la reserva de aparcamientos se realice en planta baja, no podrán realizarse más que los accesos de vehículos necesarios para cumplir la normativa específica de aparcamientos.
Zonas verdes y espacios libres: este espacio debe ser ajardinado, que permita su utilización pública, y cuyo tratamiento cumpla la normativa de accesibilidad a personas con movilidad disminuida. Se admitirá la instalación de quioscos o casetas para herramientas, complementarias al uso público. Las instalaciones mencionadas se considerarán aprovechamientos marginales, excluidos por tanto, del cómputo de edificabilidad con un máximo del 5% de ocupación y exentos de retranqueo obligatorio respecto a lindes de parcela y alineaciones. Se permitirá así mismo la instalación de espacios lúdico-deportivos al aire libre.
Estudios de detalle: a los efectos del cumplimiento del requisito establecido en el art. 26 de la LRAU, podrán delimitarse áreas objeto de estudio de detalle cuando tengan por finalidad el aumento de la superficie dotacional incluida en su área.
Incidencia de los planes de acción territorial: debe prestarse especial atención a la incidencia del PATRICOVA. En general, la ordenación de la edificación y las infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, a excepción de lo regulado particularmente por el Ayuntamiento de acuerdo al artículo 24. Es decir:
1. En zonas sujetas a riesgo de inundación,
a) Las edificaciones de una planta que se realicen deberán contar con cubierta o azotea accesible desde su interior mediante escalera.
b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las aguas en el entorno.
c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará por encima de la rasante de la calle circundante.
2. Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la parte destinada a almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle.
3. Se permitirán las plantas de sótano o semisótano siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) El acceso sea estanco.
b) El sistema de drenaje no esté conectado a la red de alcantarillado y disponga de un sistema de bombeo independiente alimentado mediante grupo electrógeno.
c) El uso de estos sótanos sea exclusivamente de aparcamiento de vehículos.
d) La rampa de acceso esté sobreelevada diez centímetros (10 cm) sobre la rasante de la acera.
e) Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su interior deberán ser estancas frente a las presiones producidas en caso de inundación.
4. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida.
5. En edificaciones de uso residencial, industrial, comercial y de servicios se realizarán las siguientes adecuaciones:
a) Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle.
b) Los elementos más sensibles de la vivienda o del local, tales como la caja general de protección, se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de planta baja.
6. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en todo su perímetro.
7. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y medio (1,5 m). Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación.
1.3. Fichas de planeamiento y gestión.
Forman parte de estas bases particulares, como Anejo I, las fichas de planeamiento y gestión de la UER 9.
Segunda. Régimen jurídico (art. 286.1, letras d), e) y f) ROGRU)
El presente contrato tiene naturaleza administrativa especial, y se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, por lo dispuesto en el reglamento que la desarrolla, y las cláusulas contenidas en las presentes bases particulares de programación, así como en las bases generales de programación.
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio (Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), y las establecidas en el Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas), así como las normas de derecho comunitario y demás disposiciones que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución de programa de actuación integrada.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos para el desarrollo y ejecución de los programas de actuación integrada o aislada, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, efectos y procedimientos establecidos en la normativa aplicable.
Tercera. Necesidades y objetivos a satisfacer por el programa
El programa deberá cumplir todos los objetivos señalados en el artículo 124 de la LUV y, por lo tanto, contendrá las previsiones precisas para:
· Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas.
· Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya el objeto del programa.
· Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, y en concreto conectar con la red primaria viaria prevista, y en caso de no estar previamente ejecutada la parte externa a la UE objeto del presente programa, ejecutarla completamente.
· Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.
· Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente.
· Obtener gratuitamente el aprovechamiento que legalmente corresponda al Ayuntamiento, con destino al patrimonio municipal de suelo.
· Ordenar el reparto equitativo de beneficios y cargas de la actuación entre los afectados.
Establecer plazos para edificar los solares resultantes, que serán más breves en caso de ser propiedad del urbanizador, siendo esto último un objetivo complementario.
Cuarta. Procedimiento y forma de adjudicación del contrato.
El presente concurso se regirá por las reglas y normas que resultan del contenido de las presentes bases particulares, por las bases generales del término municipal de Almoradí, publicadas en el BOPA núm. 225, de 29 de septiembre de 2006, por las contenidas en la LUV, el ROGTU y atendiendo a la legislación de contratos, en concreto a la modalidad establecida en el TRLCAP, de procedimiento abierto y por concurso.
Se regirá el procedimiento por lo establecido en los arts. 130 a 140 LUV y arts. 284 a 325 ROGTU.
Quinta. Candidatos a agente urbanizador. (art. 119 LUV)
5.1. Se remite a lo establecido por la ordenanza de bases generales del término municipal de Almoradí, en concreto a su base cuarta, con las siguientes especificaciones:
Los candidatos optantes deberán cumplir los requisitos que establecen el art. 121 LUV, art. 310 ROGTU y art. 20 TRLCAP/00 (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
5.2. Cuando en representación de una sociedad concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la proposición bastanteados para este concurso por el secretario de la corporación municipal de Almoradí o funcionario con título de licenciado en Derecho del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almoradí, indistintamente.
El contrato se otorgará con una sola persona o entidad; no obstante, podrá concertarse con dos o más personas, si se obligasen solidariamente respecto a la corporación, cuyos derechos frente a las mismas serán en todo caso indivisibles, comprometiéndose a constituirse en UTE (art. 24 TRLCAP/00). En este caso, deberá acreditarse la solvencia económica y financiera de todas las entidades que concursen.
Sexta. Precio de licitación y garantías, provisional y definitiva. (art. 140 LUV y art. 286.1 h) y l) ROGTU)
6.1. El presupuesto estimado de licitación se determina en la cantidad de 3.103.995,28 euros, IVA incluido. De conformidad a lo dispuesto en los arts. 132.1.h) y 140 LUV y art. 286.h) ROGTU, los candidatos a agente urbanizador constituirán una garantía provisional equivalente al 2% del coste estimado de cargas de urbanización que se concreta en la cantidad de 62.079,90 euros. En cualquier caso se estará a lo dispuesto por la base octava de las generales.
La expresada cantidad de 3.103.995,28 euros, IVA incluido, opera a los efectos del art. 140 LUV.
6.2. Cuando participe como licitador una unión temporal de empresas, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado anterior y se garantice solidariamente por todos los integrantes de la UTE.
6.3. En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el capítulo III del título II del libro I del TRLCAP/00 así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 de su reglamento.
La prestación de la garantía provisional se acreditará de la siguiente forma:
- Mediante resguardo de la tesorería municipal, cuando se haya constituido en dinero, en valores públicos o en valores privados.
- Mediante aval o póliza de seguro de caución, debiendo verificarse fehacientemente la personalidad y/o legitimación de la persona que firma el documento en nombre de la entidad.
6.4. La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el contrato, acordándose su devolución en la adjudicación. Sin embargo, será retenida la del adjudicatario e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP.
Si el adjudicatario optase, en su caso, por aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, deberá ser cancelada la garantía provisional simultáneamente a la constitución de la garantía definitiva.
6.5. En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y la de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. Para el adjudicatario del presente concurso dicho porcentaje quedará afecto al pago de lo establecido en la cláusula de garantía definitiva.
6.6. La garantía definitiva se constituirá previamente al otorgamiento del contrato de adjudicación de agente urbanizador por la cuantía mínima del 10% del coste de la totalidad de cargas de urbanización, conceptos retribuibles al urbanizador, que resulten de los términos de la proposición jurídico-económica que apruebe la corporación. Su constitución y efectos se regirán por lo dispuesto en la TRLCAP/00 y su Reglamento.
6.7. Podrán comprometerse garantías adicionales respecto de las ofertas complementarias y se constituirán de igual modo que la definitiva.
Séptima. Contenido y forma de las propuestas. Alternativa técnica y proposición jurídico-económica. Capacidad y solvencia (art. 131.2.f), k) y m) LUV)
Las propuestas que formulen los distintos optantes deberán atender a lo establecido en la ordenanza municipal de bases generales (bases 5ª y 9ª), a lo dispuesto por los arts. 125, 126 y 127 LUV, y a estas bases particulares.
7.1. La alternativa técnica (art. 126 LUV).
La ordenación pormenorizada está regulada en el documento de homologación de las NNSS por lo que la alternativa técnica deberá limitarse a identificarlo, sin perjuicio de lo que se establece a continuación.
Se podrá realizar modificación de la ordenación pormenorizada que permita la mejora en la materialización del aprovechamiento permitido por las NNSS, con el aumento de zonas libres de edificación.
El proyecto de urbanización que se formule deberá prestar especial atención a la integración de la actuación en el entorno y territorio circundantes (art. 126.c LUV). A su conexión y congruencia con las actuaciones coetáneas y con la ciudad.
Ese proyecto de urbanización deberá abarcar a la totalidad del ámbito de la actuación (art. 126.f LUV) en condiciones de ser sometido en su día al trámite que establece el art. 160 y con los contenidos dispuestos por los arts. 152, 153, 156 y 157 también de la LUV, y arts. 346, 348, 349 y 350 del ROGTU. El proyecto de urbanización resolverá las cuestiones necesarias en orden a la conexión de servicios e infraestructuras.
La alternativa técnica cumplimentará la totalidad de los contenidos exigidos por el art. 126 LUV (arts. 307 a 309 ROGTU) que se reputan como mínimos. No obstante el sistema de plazos de ejecución de las obras de urbanización deberá estar concretado, con sus correspondientes hitos y fases, en el propio proyecto de urbanización (art. 126.e LUV). La propuesta contendrá el sistema de plazos para todo el despliegue y ejecución de la actuación y, en especial, se estará al sistema de plazos de la edificación, tanto libre, como protegida.
La alternativa técnica deberá fijar los plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el plazo de despliegue, el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.
La alternativa técnica tendrá también los restantes contenidos determinados en el artículo 126 de la LUV.
Si la propuesta de programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la documentación establecida para tales supuestos en la LUV.
7.2. Por otra parte, las propuestas estarán integradas también por una proposición jurídico-económica con el contenido que establece el artículo 127 LUV y los artículos 302 a 306 ROGTU, que deberán contener además de lo expuesto en los citados preceptos, específicamente las siguientes determinaciones:
7.3. La proposición jurídico-económica articulará el sistema de relaciones entre urbanizador y propietario, en particular, la modalidad de retribución al urbanizador, y la información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución, así como condiciones y plazo para el ejercicio de la opción de retribución en metálico y demás determinaciones contenidas en el artículo 302 del ROGTU.
7.4. Contendrá también la propuesta las mayores obligaciones que, especialmente en materia de dotaciones e inversiones, sobre las mínimas establecidas en las presentes bases, se comprometa a asumir el concursante para el caso de que resulte adjudicatario del concurso. Deberá presentar su propuesta de actuación que está dispuesto a desarrollar, con expresión completa de todos los costes, retribuciones o no, sistemas de plazos y garantías adicionales. Propuesta detallada en cuanto a valoración del suelo, valoración de costes de desarrollo, urbanización y gestión, de adquisición de suelo y permuta por obras de urbanización y gestión.
Octava. Lugar, plazo y forma de presentación de las propuestas. (art. 131.2.l) LUV)
8.1. Documentación a formular por los candidatos a urbanizador.
8.1.1. Documentación general del programa de actuación integrada determinada por el artículo 133.1 LUV.
8.1.2. Documentación técnica de la alternativa técnica que ha de ser sometida a información pública. Art. 126, letras a), f) y en su caso k) LUV.
8.1.3. Documentación de la alternativa técnica que no ha de ser sometida a información pública. Art. 126 LUV, resto.
8.1.4. Proposición jurídico-económica (art. 127 LUV).
8.1.5. Acta notarial acreditativa del cumplimiento de trámite de información pública de la documentación correspondientes de la alternativa técnica y del trámite de notificaciones a interesados (art. 134 LUV).
8.2. Formalidades y plazo de presentación. Las proposiciones, al amparo de lo establecido en el artículo 133 de la LUV, constarán de tres sobres firmados por el licitador denominados A, B y C y en cada uno de los cuales se hará constar el contenido, en la forma que se indicará, y el nombre del licitador, su CIF o NIF, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico. En su interior, se hará constar en hoja independiente su contenido material de forma pormenorizada y numerada.
A) Sobre A, denominado Documentación general, se presentará cerrado, pudiendo ser lacrado y precintado, y deberá tener la siguiente inscripción: "Documentación general del programa de actuación integrada de la UER 9 de Almoradí. Proposición que presenta (nombre) ... para tomar parte en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Almoradí, para el desarrollo y ejecución de la UER-9 de las NNSS de Almoradí, en régimen de gestión indirecta", y que contendrá la documentación determinada en el artículo 133.1 de la LUV. El sobre A será presentado ante el Ayuntamiento de Almoradí en el plazo de tres meses contados, a partir de la fecha de envío del anuncio de convocatoria del concurso al Diario Oficial de la Unión Europea.
B) Sobre B, denominado de alternativa técnica, expresará la inscripción: "Alternativa técnica del Programa de Actuación Integrada de la UER-9 de Almoradi» y contendrá la documentación exigida en el artículo 126 de la LUV. El sobre B será presentado en el mismo plazo y junto al sobre A. La alternativa técnica será presentada además en soporte informático.
C) Sobre C, denominado de proposición jurídico-económica, expresará la inscripción: "Proposición jurídico-económica del Programa de Actuación Integrada de la UER-9 de Almoradí» y contendrá la documentación exigida en el artículo 127 de la LUV. El sobre C será presentado ante el Ayuntamiento de Almoradí, conjuntamente y en el mismo plazo que los sobres A y B. Todo ello de conformidad con el art. 300 ROGTU.
D) Las actas notariales que acrediten el sometimiento a información pública de la alternativa técnica, a que se refieren los arts. 133.l.f. y 134 LUV deberán depositarse en el Ayuntamiento de Almoradí, en el plazo de 10 días desde la terminación de la información pública de su alternativa técnica.
8.3. Información pública. La documentación que se identifica con el número 7.1.2., esto es, la documentación de la alternativa técnica que se somete a información pública (documento de planeamiento que determine mejora de la ordenación pormenorizada en su caso, y proyecto de urbanización) será sometida al trámite que regula el art. 134 LUV. Trámite que debe ser completado dentro del plazo máximo de dos meses contados a partir de la expiración del plazo de tres meses previsto para la presentación de los sobres A, B y C. En todo caso, con anterioridad a la expiración del plazo de los tres meses previsto para la presentación de los citados sobres, deberá haberse remitido todas las publicaciones y todos los avisos, debiendo justificarse ante el Ayuntamiento en ese mismo plazo.
8.4. Precisar que el sobre A contendrá, aparte de los documentos que indica el artículo 133.1 de la LUV, los siguientes:
1. Escrito de aceptación de las presentes bases particulares conforme al siguiente modelo:
(Nombre) ... vecino de ..., con domicilio en la calle ... nº - de la ciudad de ... y provisto de DNI nº ... expedido en ..., .... de ... de 19 ... en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de ... como ... conforme acredita con documento público declarado bastante), enterado del anuncio publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº ... del día ... de ... de ... y de las bases particulares que han de regir en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Almoradí, para el desarrollo y ejecución de la UER 9 de la homologación de las NNSS de Almoradi, cuyas bases y condiciones conoce y acepta íntegramente, toma parte en el presente concurso, y, caso de resultar adjudicatario, se compromete a ejecutar en forma reglamentaria la propuesta de actuación seleccionada, en el plazo y condiciones fijadas en las bases y en la vigente legislación del suelo.
2. Memoria firmada por el ofertante, comprensiva de sus referencias técnicas, profesionales y especiales, relacionadas con la materia del concurso, adjuntando los pertinentes documentos acreditativos que justifiquen con suficientes garantías el cumplimiento de las obligaciones de urbanizador, tanto en los aspectos técnicos como en los económicos.
3. Instrumentos personales técnicos y económicos que piensa adscribir a la actuación, detallados al máximo para que el Ayuntamiento, sin indagaciones ni pesquisas de ningún tipo, pueda formarse una idea cabal de la solvencia orgánica y funcional del proponente. Y cuantos documentos se estimen convenientes para definir la solvencia técnica y financiera de las personas o entidades que se presenten al concurso.
4. Certificación de que el proponente no es deudor a la hacienda municipal por ningún concepto.
5. Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
8.5 Requisitos de la documentación.
8.5.1. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por parte del proponente de las presentes bases particulares, así como la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la administración. Cualquier salvedad se entenderá en todo caso como no puesta.
8.5.2. Las proposiciones se presentarán en idioma español, y toda la información debe facilitarse tanto en papel impreso como en soporte informático (aplicaciones Word, Excel, Autocad y compatibles). En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la contenida en la documentación presentada en papel impreso.
8.5.3. La totalidad del coste de la elaboración de la documentación para la confección de las ofertas que se presentan al concurso será por cuenta de los licitadores, que no podrán reclamar compensación económica alguna en caso de no resultar adjudicatarios.
8.5.4. Las ofertas tendrán una validez de seis meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
8.5.5. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la base sexta relativa a las especializaciones de la documentación técnica a presentar.
8.6. En cuanto al lugar y plazo, se establece lo siguiente:
Los documentos serán aportados al registro municipal en días y horas hábiles.
Si el último día de plazo coincidiera en sábado, se entenderá inhábil a estos efectos computándose el día siguiente hábil.
Novena. Recepción de la documentación
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del registro correspondiente expedirá una certificación relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que conjuntamente con aquélla remitirán al secretario de la mesa de estudio de las propuestas.
Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos establecidos en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de 10 días indicado en el mismo, el jefe de la oficina receptora expedirá certificación de la documentación recibida para remitirla, igualmente, al secretario de la mesa de estudio de las propuestas.
Acatando lo establecido en las ordenanzas municipales de bases generales (base 12ª) una vez cumplido el trámite de información pública a que alude el art. 134 LUV de las distintas alternativas técnicas y una vez abiertos los sobres A, B y C, se promoverá un trámite de audiencia de 15 días a los interesados que consten en el expediente y a los titulares catastrales, que no tendrá carácter de licitación, bastando para ello, publicación en el tablón de anuncios de este ayuntamiento.
En este trámite los interesados que lo deseen podrán formular cuantas alegaciones estimen pertinentes y examinar toda la documentación de las propuestas así como las alegaciones incorporadas al expediente.
Diez. Mesa de estudio de las propuestas
Aplicando los criterios del TRLCAP/00, para el examen y valoración de las proposiciones de los licitadores, el órgano de contratación estará asistido por una mesa de estudio de las propuestas. Esta mesa estará compuesta por:
El alcalde-presidente de la corporación municipal, o miembro en quien delegue.
Vocales:
· El secretario de la corporación o persona que legalmente le sustituya.
· El arquitecto municipal.
· La interventora municipal.
· El concejal de Obras, o persona en quien delegue.
Secretario: el técnico de administración general.
Esta mesa podrá recabar en cualquier tiempo los asesoramientos de terceros expertos miembros o no de los servicios de la corporación, cuando lo estime oportuno.
Once. Calificación de documentos y estudio de las ofertas
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de estudio de las propuestas, al día siguiente hábil a la finalización del plazo para presentar las propuestas procederá a la apertura del sobre A y calificará las proposiciones formuladas, a tenor de lo establecido en el articulo 136 y concordantes de la LUV. Si la mesa de estudio de propuestas observara defectos formales en la documentación presentada, se requerirá a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador lo subsane o corrija ante la propia mesa de estudio de propuestas, dejando constancia de lo actuado en el acta que se levante al efecto. Tales circunstancias se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el mismo día del acto de apertura, que servirá de notificación a los interesados.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, la mesa procederá a determinar las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo.
Serán rechazadas, en principio y en todo caso, las proposiciones cuando, sobre A, no se acredite fehacientemente la posesión de los requisitos para contratar con las administraciones públicas, la posesión de los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigidos en estas bases o cuya garantía provisional sea inferior a la señalada en estas bases así como aquellas en las que se observare en los documentos que la integran defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables.
Una vez calificados los documentos incluidos en el sobre A, se procederá a emitir los informes correspondientes sobre las alternativas técnicas formuladas por los aspirantes cuyos requisitos de participación hayan sido calificados favorablemente. El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a urbanizador para que en el plazo máximo de 20 días, aclaren la documentación presentada, subsanen la omitida, o completen la que sea insuficiente.
En el plazo de cinco días desde la emisión de los informes correspondientes, el alcalde-presidente dictará resolución en la que se determinará las alternativas técnicas que hayan recibido una puntuación superior a la mínima fijada por estas bases.
La apertura del sobre C de las proposiciones admitidas tendrá lugar, en acto público, dentro de los 10 días siguientes a la resolución del alcalde sobre las alternativas técnicas, día que será anunciado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sirviendo este acto de notificación a todos los interesados. A este exclusivo efecto se considerará inhábil el sábado, de tal manera que si la apertura de plicas coincide en sábado se trasladará al lunes siguiente.
El acto de apertura de proposiciones, a tenor de lo establecido en el articulo 136.3 y concordantes de la LUV, comenzará dándose lectura al anuncio del concurso, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se hará público el número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.
En ese mismo acto, o en cualquier momento del procedimiento, los concursantes podrán manifestar el desistimiento de su propuesta, asumiendo la pérdida de la garantía provisional del 2% prestada.
Tras el acto de apertura de las proposiciones formuladas, se otorgará un plazo de audiencia de 15 días hábiles a los interesados que consten en el expediente y a los titulares catastrales, durante el cual podrán examinar el expediente y formular cuantas alegaciones interesen a sus derechos, para lo cual únicamente será necesario la publicación en el tablón de anuncios de este ayuntamiento. Este nuevo trámite no tiene carácter de licitación.
Posteriormente a este trámite, se remitirá toda la documentación a los servicios técnicos municipales para su informe.
El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a urbanizador para que en el plazo máximo de 20 días, aclaren la documentación presentada, subsanen la omitida, o completen la que sea insuficiente.
Informadas las alegaciones formuladas y emitidos los informes preceptivos de los servicios técnicos municipales, se elaborará por la mesa de estudio una propuesta de adjudicación, debiendo ser resuelta en un plazo máximo de 2 meses desde la apertura de las proposiciones jurídico-económicas.
Una vez acordada, la adjudicación será notificada a los participantes en la licitación y a los interesados en el expediente. En el mismo plazo deberá aportar la escritura pública de constitución de la unión temporal de empresas cuando el licitador adjudicatario tuviera tal condición.
De acuerdo con el art. 84 RGCAP, si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación requerida, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase omisiones, errores manifiestos o tachaduras que impidan conocer el contenido esencial de la oferta, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.
El rechazo de proposiciones podrá acordarse por la mesa en cualquier momento antes de realizar su propuesta de adjudicación del contrato.
La mesa formulará propuesta razonada y motivada, atendiendo a los criterios del pliego de condiciones particulares, al órgano de contratación que resolverá. Podrá proponer modificaciones respecto de la propuesta seleccionada.
Doce. Criterios y objetivos de la actuación en materia de urbanización y edificación (art. 131.2.d y e) LUV)
11.1. Cubrir con la UER 9 junto con otros sectores y UER's, la demanda a corto plazo de suelo terciario en el término municipal de Almoradí.
11.2. Cumplimentar los requerimientos del PATRICOVA.
Trece. Criterios y requisitos a observar en la documentación técnica (art. 131.2.f) LUV)
En relación al proyecto de urbanización y demás documentos que necesiten el apoyo de un soporte gráfico, se presentarán en soporte papel y en soporte informático con los siguientes detalles, siempre que fuera posible en relación a la naturaleza del documento:
- Memorias: documento en formato de Microsoft Word.
- Planos información: la necesaria según la información solicitada o en su defecto a escala 1/2000.
- Planos de ordenación: escala 1/1000
- Soporte informático, en ficheros de formato DWG.
En relación a la documentación que acredita la solvencia técnica, económica y financiera, se atenderá a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para la legislación del contrato de concesión de obra pública, en concreto, en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas.
Catorce. Plazos de despliegue y ejecución (art. 131.2.i) LUV)
El plazo estimado para el despliegue, desarrollo y ejecución del Programa de Actuación será como máximo el de cinco años, y comenzará a partir del día siguiente al de la firma del contrato de adjudicación.
Deberán cumplirse los plazos establecidos en el artículo 332 del ROGTU para la presentación de documentos y sometimiento a información pública de estos.
Quince. Ejecución de la obra de urbanización
16.1. En relación con las obras de urbanización, el urbanizador atenderá al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
Deberá ejecutar la totalidad de las obras de urbanización en los plazos contenidos en la propuesta que presente el urbanizador seleccionado.
El inicio de las obras de urbanización se realizará en el plazo máximo de un mes desde la aprobación del proyecto de reparcelación. En ningún caso el plazo de ejecución será superior a 36 meses desde su inicio.
El inicio de las obras se acreditará mediante acta de replanteo y la finalización mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director de las mismas.
El acta de replanteo será suscrita, por el urbanizador, el empresario constructor, un técnico del Ayuntamiento y la dirección facultativa, y en ella se harán constar los siguientes extremos:
a) La comprobación de la adecuación del proyecto de ejecución a la realidad geométrica del terreno o de la edificación sobre la que se actúa;
b) La verificación de la disponibilidad del terreno o de la edificación, necesaria para el comienzo de las obras.
c) La viabilidad del proyecto de ejecución, a la vista de las características físicas del terreno y otras contingencias no previstas que pudieran presentarse.
El urbanizador convocará a quienes deban suscribir el acta de replanteo, con una antelación mínima de cinco días, computados desde la recepción de la misma por las partes convocadas. En el acta de replanteo se recogerá la fecha de comienzo de las obras, así como cualquier reserva o discrepancia que se pudiera observar por quienes estén llamados a suscribirla.
En caso de aceptarse prórrogas sobre las fases del calendario propuesto, éstas deberán ser acordadas de forma expresa por el Ayuntamiento, previa solicitud del adjudicatario. En ningún caso se prorrogarán los plazos fijados por muto consentimiento tácito.
Los plazos previstos podrán ser prorrogados y suspendidos de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCAP/00 y en su reglamento, y demás normativa que resulte de aplicación. En particular:
(i) En lo relativo a la redacción de textos refundidos y proyecto de reparcelación resultarán aplicables las reglas propias del contrato administrativo de consultoría y asistencia técnica.
(ii) Por lo que se refiere a la ejecución de las obras, serán aplicables los preceptos relativos al contrato administrativo de obras.
El incumplimiento de los plazos resultantes de la propuesta ganadora, así como de las posibles prórrogas que pudieran acordarse conllevará la imposición al adjudicatario de las penalidades por demora que resulten de aplicación o, en su caso; la resolución del contrato, de acuerdo a los términos y condiciones que se prevean en el contrato de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, tal y como se determinan en la base 18ª.
El urbanizador deberá ejecutar, en consecuencia, la totalidad de las obras de urbanización correspondientes a ejecución de la red viaria pública; redes de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica, incluyendo instalaciones de conducción, transformación, distribución y alumbrado público, canalización e instalación de gas y cualquier otro servicio previsto en el proyecto de urbanización; así como ejecución de los espacios libres públicos, incluyendo mobiliario urbano, jardinería y plantación de arbolado.
Ejecutar las obras de conexión a red primaria y redes de servicio que sean precisos en el exterior de la unidad de actuación.
16.2. Ejecución de las obras por empresario constructor (arts. 357 y ss ROGTU)
16.2.1. La ejecución del proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento será a cargo del empresario-constructor, quién será seleccionado por el urbanizador de conformidad con las previsiones establecidas por la legislación básica de carácter estatal de contratación pública, la LUV y el ROGTU, en concreto en sus artículos 357 a 370.
No será preceptivo seleccionar al empresario constructor mediante licitación pública en los supuestos contenidos en el art. 120.6 y 7 LUV.
Diecisiete. Relaciones con los propietarios. Equidistribución
La iniciativa que formulen los candidatos a urbanizador deberá prestar especial atención al sistema de relaciones que la gestión y desarrollo del sector requieran con los propietarios de suelo y especial respeto por sus derechos patrimoniales que han de ser compatibles según el nuevo espíritu protector de la LUV, y a favor del interés público.
En este sentido la propuesta del urbanizador atenderá a los siguientes contenidos según la situación en la que se encuentre la propiedad:
17.1. Propietarios que hubieren patrimonializado su aprovechamiento, pero deban soportar las cargas de urbanización.
17.2. Propietarios que no han patrimonializado su aprovechamiento. Serán tributarios del correspondiente excedente de aprovechamiento.
Se identificará en cada oferta el momento y forma para que el propietario pueda ejercitar ante el urbanizador la opción de pago en metálico por todos los conceptos asumidos como retribuibles. Esta propuesta de pago en dinero deberá contener los siguientes elementos mínimos:
a) Valoración de todos los conceptos retribuibles.
Criteris d'adjudicació (art. 312.2.c) ROGTU
Alternativa tècnica 50 punts (50%)
Prop. juridicoeconòmica 50 punts (50%)
Alternativa tècnica 50%
Precepte
ROGTU Puntuació
312.6 Resolució adequada de la integració de l'actuació en el seu entorn (40%) Millora de l'ordenació. 20
312.6 Qualitat tècnica de les solucions i dels materials proposats per a la urbanització (30%) 15
312.6 Objectius complementaris. Inversió en programes de restauració paisatgística o d'imatge urbana (10%) 5
312.6 Terminis d'execució, compromís d'edificació simultània, compromisos addicionals voluntaris (20%) 10
50 punts
Proposició juridicoeconòmica 50%
Precepte
ROGTU Puntuació
313.1 a) Cost d'urbanització (34%) 17
313.1 b) Valoració de terrenys a l'efecte de coeficient de canvi per al pagament en espècie. Menor proporció
de solars o aprofitament que haja de ser posat a disposició de l'urbanitzador per la reparcel·lació
per a pagament de costos.
Modalitat de pagament dels costos d'urbanització. Acord amb els propietaris per a la forma de pagament (30%) 15
313.1 c) Major proporció de terrenys propis o d'associats que estiguen afectats en el registre de la propietat
al compliment de les obligacions del programa (31%) 15,5
313.1 d) Compromisos financers per a l'execució d'obligacions complementàries a costa de l'urbanitzador (5%) 2,5
b) Asignación de cuotas en proporción a la propiedad inicial de cada propietario.
c) Plazos de pago.
d) Garantías adicionales exigibles a los propietarios distintos de la mera carga real.
Modalidad mixta de retribución que resulten de las anteriores dichas, o, incluso de la iniciativa del candidato a urbanizador dentro del marco de la LUV y de la Ley 6/1998.
Fijación de los conceptos y derechos indemnizables que sean necesarios asumir por la actuación al objeto de hacerla posible, con estimación de cantidades.
Dieciocho. Mejoras y medidas complementarias y variantes (art. 131.2.g) LUV)
La propuesta de programa deberá atender inexcusablemente a los objetivos imprescindibles establecidos por el art. 124.1 LUV. En este sentido prestará también puntual atención al mandato de la letra d) del precepto citado, en el sentido de suplementar, de forma justificada y para compensar desequilibrios, infraestructuras, espacios públicos y dotaciones que sean del caso.
Mejoras. Por otro lado, podrán plantearse objetivos complementarios asumiendo el régimen que al objeto establece el art. 124.2 LUV.
Se podrá realizar modificación de la ordenación pormenorizada que permita la mejora en la materialización del aprovechamiento permitido por las NNSS, con el aumento de zonas libres de edificación.
Variantes. Podrán formularse dentro de una misma alternativa técnica y referidas exclusivamente a su contenido.
Diecinueve. Criterios de adjudicación (arts. 131.2.n) y 4 LUV, y arts. 286.1.j) y k), 312 y 313 ROGTU)
La administración actuante adjudicará la condición de urbanizador a aquél que formule una propuesta que atienda a los siguientes objetivos que se ordenan por orden de importancia decreciente, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 312.6 del ROGTU, al contar la unidad de ejecución con ordenación pormenorizada.
Se establece puntuación mínima de 23 puntos para las alternativas técnicas, a los efectos de ponderar posteriormente las proposiciones jurídico-económicas (art. 286.1.k) ROGTU). Las propuestas de programas cuya alternativa técnica no sobrepase la puntuación mínima, serán descartadas.
Criterios de adjudicación (art. 312.2.c) ROGTU
Alternativa técnica 50 puntos (50%)
Prop. jurídico-económica 50 puntos (50%)
Alternativa técnica 50%
Precepto
ROGTU Puntuación
312.6 Resolución adecuada de la integración de la actuación en su entorno (40%) Mejora de la ordenación. 20
312.6 Calidad técnica de las soluciones y de los materiales propuestos para la urbanización (30%) 15
312.6 Objetivos complementarios. Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana (10%) 5
312.6 Plazos de ejecución, compromiso de edificación simultánea, compromisos adicionales voluntarios (20%) 10
50 puntos
Proposición jurídico-económica 50%
Precepto
ROGTU Puntuación
313.1 a) Coste de urbanización (34%) 17
313.1 b) Valoración de terrenos a efectos de coeficiente de canje para el pago en especie. Menor proporción
de solares o aprovechamiento que deba ser puesto a disposición del urbanizador por la reparcelación para pago de costes.
Modalidad de pago de los costes de urbanización. Acuerdo con los propietarios para la forma de pago (30%) 15
313.1 c) Mayor proporción de terrenos propios o de asociados que estén afectados en el registro de la propiedad
al cumplimiento de las obligaciones del programa. (31%) 15,5
313.1 d) Compromisos financieros para la ejecución de obligaciones complementarias a costa del urbanizador (5%) 2,5
Veinte. Obligaciones y prerrogativas de la administración actuante (art. 286.1.e) ROGTU)
El Ayuntamiento de Almoradí viene obligado a prestar la más diligente colaboración al urbanizador que resulte seleccionado, conforme a los principios de lealtad y eficiencia. Prestará su ayuda y tutela en las relaciones que el urbanizador tenga con empresas concesionarias de servicios públicos suministradores de energía o agua y también con otras administraciones.
El Ayuntamiento de Almoradí contará con las prerrogativas que le reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas y como mínimo, las de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidas en la LUV y su desarrollo reglamentario.
Veintiuna. Otorgamiento y ejecución del contrato
En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.
El documento de formalización será firmado por el alcalde y el urbanizador, dando fe de ello el secretario general, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación y de su proposición jurídico-económica.
Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el TRLCAP/00.
Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, que será del 10% sobre las cargas de urbanización, así como las complementarias en su caso.
La ejecución del programa de actuación integrada se realizará a riesgo y ventura del urbanizador, sin perjuicio de lo dispuesto de forma legal y reglamentariamente para la retasación de cargas, con estricta sujeción a las presentes bases particulares de programación, y a las órdenes e instrucciones que en interpretación de éstas diera el Ayuntamiento.
El urbanizador podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las siguientes prestaciones correspondientes al programa de actuación, de acuerdo con el artículo 355 del ROGTU.
Veintidós. Cumplimiento, modificaciones, incumplimiento, resolución y extinción del contrato (art. 286.1.i) ROGTU)
22.1. El urbanizador está obligado a cumplir el plazo total de ejecución del contrato, así como los plazos parciales propuestos, y en concreto, deberá iniciar las obras de urbanización en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. Por su parte, las obras de urbanización deberán estar finalizadas en el plazo máximo de 36 meses desde su inicio.
Además de ello, deberá cumplir los demás plazos que determina el artículo 332 del ROGTU.
22.2. La constitución en mora del urbanizador no precisará de previa intimación por parte del Ayuntamiento. Cuando exista demora del plazo total imputable al urbanizador, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,12 euros por cada 601,01 euros sobre las cargas de urbanización del programa de actuación, acordando en este último caso la oportuna ampliación del plazo de ejecución. Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5% de las cargas de urbanización aprobadas, el Ayuntamiento podrá resolver el contrato o acordar la continuidad con la imposición de nuevas penalidades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Al incumplimiento de los plazos parciales fijados también se les aplicará el régimen de penalidades previstas legalmente para el incumplimiento del plazo total.
Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al urbanizador y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole ampliación del plazo que se había señalado, se concederá por el Ayuntamiento un plazo que será por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
22.3. El Ayuntamiento exigirá al urbanizador la subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentados que le sean imputables, otorgándote al efecto un plazo prudencial que no podrá exceder de un mes.
De persistir el incumplimiento en cuanto a la ejecución parcial de las prestaciones objeto del contrato, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente, por su resolución o por computar el tiempo requerido para las correcciones de los trabajos defectuosos o mal ejecutados a efectos de sanción por retrasos.
22.4. Prórroga del contrato.
La posibilidad de prorrogar el contrato y el alcance de la prórroga se establece como una posibilidad y tras el correspondiente expediente en el que se justifique su necesidad.
22.5. En el supuesto de modificación del contrato se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
22.6. Son causas de resolución del contrato por causas imputables al urbanizador, además de las determinadas en el artículo 143.2 de la LUV, las siguientes:
(i) Las previstas en el TRLCAP/00, con los efectos que se establecen en la normativa de aplicación, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador para el desempeño de su tarea y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.
(ii) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las presentes bases generales de programación, en las bases particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.
(iii) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.
(xv) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
(xvi) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
(xvii) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.
(xviii) El incumplimiento de los plazos determinados por el artículo 332 del ROGTU.
22.7. Serán causas de resolución del contrato por causas imputables al Ayuntamiento:
(i) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.
(ii) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.
22.8. El contrato se extinguirá una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.
Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario-constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras, en su defecto, su aseguramiento.
Para que pueda operar la recepción de obras definitiva, deberá haberse acreditado por el Urbanizador el cumplimiento de todas las obligaciones que le fueran exigibles conforme al contrato suscrito con la administración actuante.
El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento.
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento en Pleno acordará la recepción de las obras de urbanización, comenzando entonces el plazo de garantía.
La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.
El plazo de garantía será de 12 meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.
Veintitrés. Recursos administrativos (art. 447 y 448 ROGTU)
Serán de aplicación los artículos 447 y 448 del ROGTU, y en concreto, antes de la interposición del recurso contencioso-administrativo, las decisiones que se adopten por el Ayuntamiento en los procedimientos de adjudicación de programas de actuación deberán ser objeto de los recursos regulados en la Ley 30/1992.
Podrán impugnarse:
a) El acto de aprobación de las bases particulares reguladoras del programa.
b) La calificación de la capacidad y solvencia para participar en el proceso de selección.
c) El acto de adjudicación del contrato al urbanizador, y de aprobación del programa de actuación integrada.
d) El acto de adjudicación del contrato al empresario constructor.
e) El acto de aprobación del proyecto de reparcelación.
El recurso debe interponerse en el plazo máximo de un mes contado a partir del siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto objeto de impugnación, sin perjuicio de la posibilidad de interponerlo desde la fecha en que se tenga noticia de la existencia y contenido completo del acto. El escrito de interposición se presentaráen el Registro del Ayuntamiento, con el contenido exigido en la Ley 30/1992.
Veinticuatro. Pago de costes y tasas por el adjudicatario
El pago del coste de todas las publicaciones, anuncios, etc. que sean necesarios para la adjudicación de la condición de urbanizador será repercutido al adjudicatario del contrato, esto es, a quien sea adjudicada la condición de urbanizador, una vez se acuerde la adjudicación condicionada por el Pleno.
El adjudicatario deberá abonar las tasas e impuestos que determinan las ordenanzas fiscales de este ayuntamiento antes de la formalización del contrato.Almoradí, 10 de enero de 2008.- El concejal delegado de Urbanismo: Alvaro Ferri Martínez.