Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9094, del 27-05-2021 (2021/4604)

Emplazamiento a los interesados en el procedimiento ordinario número 339/2019.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9094

Fecha DOGV
:   27-05-2021

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2021/4604


Organismo emisor
:   Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Emplazamiento a los interesados en el procedimiento ordinario número 339/2019. [2021/4604]  
Procedimiento ordinario [ORD] - 000339/2019  
Manuel Dolz Peris, letrado de la Administración de justicia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de València, hago saber por tenerlo así acordado, se hace saber por medio del presente que en este juzgado se sigue el recurso procedimiento ordinario [ORD] - 000339/2019, interpuesto por Arturo Casañ Ferrer y Mónica Catalán Triguero, contra secretario autonómico de salud pública y del sistema sanitario público de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, en el cual se ha planteado cuestión de ilegalidad mediante auto de fecha 22 de abril de 2021, que se reproduce a continuación:  
Auto  
En Valencia, a 22 de abril de 2021.  
Habiéndose dictado sentencia en las presentes actuaciones y no habiéndose interpuesto recurso alguno contra la misma, a tenor de los siguientes:  
Hechos  
Único. La parte actora presentó escrito manifestando que procedía a interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución del secretario autonómico de salud pública y del sistema sanitario público de 23 de enero de 2019, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del director general de farmacia y productos sanitarios de 16.11.2018, que le impuso una sanción de 30.001,00 euros.  
Con fecha de 16 de diciembre de 2020 se dictó sentencia por la que se estimaba el recurso interpuesto por la parte recurrente. Contra la citada sentencia nadie ha interpuesto recurso alguno habiendo transcurrido ya veinte días desde la notificación a las partes.  
Razonamientos jurídicos  
Único. Una de las obligaciones que la LJCA., impone a los jueces y tribunales es la de instar del órgano judicial competente la declaración de ilegalidad de una norma que él mismo ha aplicado y que, sin embargo, considera que la disposición general aplicada es contraria a derecho. En concreto el artículo 27.1 del citado texto legal establece que, a pesar de haber tenido que estimar un recurso como consecuencia del contenido de una norma general, si la considera ilegal o cree que puede serlo, debe promover de oficio la declaración de ilegalidad por parte del Tribunal competente para hacerlo.  
En el caso concreto del recurso número de procedimiento ordinario 339/2019 que se ha seguido en este juzgado, este juzgador ha considerado el expediente sancionador caducado, al entender que la previsión del artículo 8.4 de la orden de 6-6-2002, del conseller de sanidad, por el que se actualiza la tramitación de expedientes sancionadores a farmacéuticos titulares de oficinas de farmacia, según el procedimiento establecido en el Real decreto 1.410/1977, de 17 de junio, de acuerdo con las competencias de los actuales órganos de esta Consellería de Sanidad, que establece que el plazo se computa desde la fecha de notificación del acuerdo de incoación al interesado, así como la del artículo 4.3 de la misma orden- vulneran lo establecido en el artículo 21.3.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que establece: «3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:  
En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.»  
La sentencia dictada se ampara en la referida ilegalidad para estimar la pretensión, consistente en anular el acto administrativo recurrido, consistente en la resolución del secretario autonómico de salud pública y del sistema sanitario público de 23 de enero de 2019, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del director general de farmacia y productos sanitarios de 16.11.2018, que le impuso una sanción de 30.001,00 euros.  
Por todo ello, en aplicación del principio de jerarquía normativa que rige en nuestro sistema jurídico y se recoge en el artículo 9.3 de la Constitución española, los citados preceptos pueden ser ilegales, por lo que al amparo del artículo 123 y sucesivos de la LJCA, debe plantearse ante el Tribunal Superior de Justicia de València la correspondiente cuestión de ilegalidad.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación a este supuesto, el magistrado Pablo de la Rubia Comos, por ante mí el secretario, dijo:  
  
«Parte dispositiva  
Que debía plantear como planteaba cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de València contra el artículo 8.4 de la orden de 6-6-2002, del conseller de sanidad, por el que se actualiza la tramitación de expedientes sancionadores a farmacéuticos titulares de oficinas de farmacia, según el procedimiento establecido en el Real decreto 1.410/1977, de 17 de junio, de acuerdo con las competencias de los actuales órganos de esta Consellería de Sanidad, que establece que el plazo se computa desde la fecha de notificación del acuerdo de incoación al interesado, así como la del artículo 4.3 de la misma orden.  
En consecuencia emplácese a quienes han sido parte en el recurso contencioso administrativo número de procedimiento ordinario 339/2019, con el fin de que puedan personarse ante el citado tribunal en el improrrogable plazo de quince días y formular alegaciones, si a su derecho conviniera, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo en ese plazo, no se les admitirá la personación.  
Publíquese esta resolución en el diario oficial en el que fue publicado, cuya ilegalidad se insta.  
Una vez cumplimentados todos los trámites, expídase y remítase al Tribunal Superior de Justicia, certificación de este auto, de los autos principales y del expediente administrativo para la sustanciación del recurso.  
Así lo acuerdo, mando y firmo, Pablo de la Rubia Comos, magistrado en funciones de sustitución del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de València. »  
  
Y se ha remitido certificación de los autos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 124 de la Ley reguladora de esta jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos de la disposición administrativa, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional o económico en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones en el plazo de 15 días ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  
  
València, 29 de abril de 2021.- El letrado de la Administración de justicia: Manuel Dolz Peris.