Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7556, del 25-06-2015 (2015/5991)

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2015, de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del convenio marco entre el Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat en materia de mediación.
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Número DOGV
:   7556

Fecha DOGV
:   25-06-2015

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2015/5991


Fecha del documento
:   24-06-2015

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2015, de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del convenio marco entre el Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat en materia de mediación. [2015/5991]  
El Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 27 de abril de 2015, un Convenio Marco en materia de mediación.  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 20 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, procede la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de dicho convenio, que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 401/2015 y que figura como anexo de esta resolución.  
  
Valencia, 24 de junio de 2015.- La directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts: Marta Martí Arador.  
  
Madrid, 27 de abril de 2015  
  
  
Convenio marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat Valenciana en materia de mediación  
  
Reunidos  
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo (núm. 2.º) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre (BOE 11.12.2013), autorizado para este acto por Acuerdo de la Comisión Permanente celebrada el 22 de abril de 2014.  
El secretario autonómico de Justicia de la Generalitat Valenciana, nombrado por Decreto 180/2012, de 14 de diciembre, del Consell, (DOCV 6924, 17.12.2012), Antonio Gastaldi Mateo, autorizado para la firma del presente convenio marco de colaboración por acuerdo del Consell adoptado el 24 de abril de 2015.  
Ambas partes comparecen en nombre de las instituciones a las que, respectivamente representan y de modo recíproco se reconocen capacidad para formalizar el presente convenio, y por ello  
  
Exponen  
  
Primero. El artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, establece que el gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y lo previsto en la presente Ley y prescribe, además, el artículo 105 que el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo  
  
Segundo. Una de las funciones básicas del Poder Judicial es la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, como se pone de manifiesto en el tercer apartado del artículo 7 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial  
  
Tercero. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, y su posterior modificación por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, en su artículo 49 atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en Administración de Justicia. Asimismo, el Decreto 118/2014, de 18 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Gobernación y Justicia, en su precepto 12.2.c, enmarca, dentro de las atribuciones de la Dirección General de Justicia, la de implantar, desarrollar e impulsar en todos los ámbitos medidas encaminadas a la desjudicialización de conflictos así como mecanismos alternativos de resolución de los mismos y, dentro de este centro directivo, según el artículo 12.3.3.f, corresponde al Servicio de Formación y Justicia Gratuita gestionar y realizar el seguimiento de las medidas encaminadas a la desjudicialización de conflictos así como de los mecanismos alternativos de resolución de los mismos que se acuerde implantar o desarrollar  
Cuarto. Por medio del Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, se hicieron efectivos los traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, ampliado posteriormente por el Real Decreto 1949/1996, de 23 de agosto  
Quinto. La Generalidad creó la Unidad Administrativa de Apoyo al Centro de Mediación de la Comunidad Valenciana por Resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General de Justicia, en virtud de los artículos 439 y 522.4 de la LOPJ, dependiente orgánica y funcionalmente de la Dirección General de Justicia  
  
Sexto. Todo lo anterior hace aconsejable articular el ejercicio de las responsabilidades atribuidas a ambas Instituciones con el fin de lograr una justicia eficaz que garantice tanto el acceso de los ciudadanos a la justicia como la tutela judicial efectiva de sus derechos y libertades  
  
Séptimo. Que el marco jurídico actual de la mediación, en la Comunidad Valenciana, es el siguiente:  
- Directiva 2008/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.  
- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, que la desarrolla.  
- Directiva 2012/29/UE de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas.  
- Ley de Mediación Familiar, Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la Mediación Familiar en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  
- Resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General de Justicia, por la que se crea la Unidad Administrativa de Apoyo al Centro de Mediación de la Comunitat Valenciana.  
  
Octavo. La Ley 5/2012 en su disposición adicional segunda señala que:  
«1. Las administraciones públicas competentes para la provisión de medios materiales al servicio de la administración de justicia proveerán la puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales y del público de información sobre la mediación como alternativa al proceso judicial.  
2. Las Administraciones públicas competentes procurarán incluir la mediación dentro del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previstos en el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la medida que permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes».  
  
Noveno. Las partes comparten y apuestan por un modelo de administración de justicia que incorpore plenamente la mediación y cualesquiera otros sistemas de resolución pacífica de conflictos, como alternativa o como complemento al proceso judicial, con el fin de procurar una gestión más eficaz, rápida y satisfactoria del mismo y de garantizar el acceso a la justicia, entendido como un derecho fundamental  
Por ello acuerdan suscribir el presente convenio marco de colaboración que se regirá por las siguientes:  
  
Cláusulas  
  
Primera. Objeto del convenio marco  
El objeto del presente convenio marco es establecer las condiciones por las que se regirá la colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Generalidad, a través de la Consellería de Gobernación y Justicia, para el impulso de la mediación y de otras formas pacíficas de resolución de conflictos como fórmula alternativa y/o complementaria al proceso judicial.  
  
Segunda. Información y comunicación  
Para ello, se considera imprescindible la creación de mecanismos de comunicación entre ambas instituciones que permitan un intercambio fluido de información y faciliten un adecuado conocimiento de los recursos de los que dispone cada parte y de su funcionamiento, agilizando además su gestión. Todo ello redundará en un mejor aprovechamiento tanto de los servicios judiciales como de los de mediación y de los restantes instrumentos de resolución pacífica de conflictos, contribuyendo a una mayor difusión y sensibilización social.  
  
Tercera. Compromisos asumidos por las partes  
1. La Generalidad, a través de la Consellería de Gobernación y Justicia, asumirá los siguientes compromisos:  
Poner a disposición de los órganos judiciales y del público información sobre la mediación y/u otros servicios de resolución pacífica de conflictos como alternativa al proceso judicial (ex disposición adicional segunda de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles).  
Procurar incluir la mediación dentro del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previstos en el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la medida que permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes (ex disposición adicional segunda de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles).  
Aportar, en la medida de lo posible, espacios adecuados y medios materiales suficientes para el desarrollo de las sesiones de mediación, particularmente de la primera sesión informativa. Otro tanto se dispondrá para permitir el desenvolvimiento de otros sistemas de resolución de conflictos cuando ambas partes lo consideren adecuado.  
Facilitar al CGPJ semestralmente los datos relativos al resultado de la mediación intrajudicial llevada a cabo en los distintos órganos, cumplimentando para ello la ficha que se adjunta como anexo I.  
Incluir en los planes formativos diseñados para los empleados públicos al servicio de la administración de justicia actividades de formación en mediación y en otras forma alternativas de resolución de conflictos.  
Adoptar las medidas necesarias para la difusión de este convenio marco de colaboración.  
La Generalidad se compromete, a través de la Unidad Administrativa de Apoyo a la Mediación dependiente de la Dirección General de Justicia, a:  
- Dar soporte a los juzgados que hagan derivaciones judiciales.  
- Control de cifras y otros datos de las mediaciones intrajudiciales, así como el seguimiento de los ítems que se estimen oportunos en relación a la incidencia de la mediación en la resolución del conflicto.  
- Control de la calidad de la mediación.  
- Facilitar las comunicaciones y reuniones entre órganos judiciales y los equipos de mediación.  
2. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial asumirá en el ámbito del presente convenio marco los siguientes compromisos:  
Dar a conocer la mediación y otras formas de resolución pacífica de conflictos entre los jueces y magistrados destinados en los juzgados y tribunales de la Comunidad Valenciana, contribuyendo a crear una «cultura de la paz».  
Facilitar la información necesaria a los jueces y magistrados de los recursos disponibles en la Comunidad Autónoma.  
Establecer reuniones periódicas en el territorio, entre los miembros del Gabinete Técnico del Consejo encargados de la Mediación y otras formas de resolución pacífica de conflictos con los jueces y magistrados destinados en los órganos judiciales como con su personal, a los efectos de dar a conocer las posibilidades de la mediación y de otros sistemas de resolución de conflictos que puedan complementar la respuesta jurisdiccional, aclarar dudas, y en general impulsar nuevos proyectos de este tipo y mejorar los que ya estén en marcha.  
El Servicio de Inspección del Consejo controlará como se lleva a cabo la mediación que se desarrolla en los juzgados -o los diversos sistemas de resolución pacífica de conflictos-, proponiendo las medidas de mejora que considere necesarias y la extensión entre los restantes órganos las buenas prácticas observadas, generando y garantizando una justicia de calidad.  
Recabar información sobre el desarrollo de la mediación, tanto de la Unidad Administrativa de Apoyo a la Mediación y los órganos judiciales en que se hace mediación, como de los servicios que la desarrollan en la Comunidad Valenciana, y difundir los datos obtenidos. En la medida que se implanten otros sistemas de resolución pacífica de conflictos, se procederá a la recogida de información del funcionamiento de los mismos.  
  
Cuarta. Formación  
Se considera esencial para el desarrollo de este convenio marco la puesta en marcha de acciones de formación conjunta de los profesionales dependientes de ambas instituciones para facilitar y compartir el desarrollo de los programas de mediación y de otros sistemas de resolución pacífica de conflictos y para la consolidación de los mismos.  
  
Quinta. Gastos de ejecución  
La aplicación y ejecución de este convenio marco de colaboración, incluyéndose al efecto todos los actos jurídicos que pudieran dictarse en su ejecución y desarrollo, no podrá suponer obligaciones económicas para la Generalidad y, en todo caso, deberá ser atendida con sus medios personales y materiales.  
  
Sexta. Comisión de Seguimiento  
Para el seguimiento de la ejecución y desarrollo del presente convenio marco se crea una comisión de seguimiento, compuesta de dos miembros e integrada por un representante de cada una de las instituciones firmantes, y designará quién ostentará la presidencia y la secretaría.  
Corresponde a esta comisión velar por el cumplimiento de lo pactado y de la buena marcha del convenio marco, sin perjuicio de que en su seno puedan tratarse de cualquier otro asunto relacionado con la mediación y la Administración de Justicia, vinculado con su objeto. (ex disposición adicional segunda de la Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles).  
La comisión se reunirá, al menos, una vez al año y cuantas veces lo precise la buena marcha de la ejecución del convenio Marco, a petición de cualquiera de las partes, rigiendo su actuación lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Séptima. Vigencia  
El presente convenio marco de colaboración tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de su firma, y será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual período, salvo que cualquiera de las partes firmantes proceda a su denuncia expresa con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración. Dicho acuerdo se materializará mediante documento conjunto suscrito por ambas partes o por comunicación escrita recíproca que exprese dicha decisión.  
  
Octava. Extinción  
El presente convenio marco se considerará extinguido por expiración del tiempo convenido sin ser prorrogado. Además, será causa de resolución del presente convenio marco de colaboración el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de las obligaciones contraídas y/o cláusulas establecidas en él, así como el incumplimiento de la normativa vigente en la materia, lo que facultará a la otra parte para la resolución del mismo, quedando automáticamente anulados todos los derechos derivados, pero no así las obligaciones inherentes. También serán causas de extinción el mutuo acuerdo de las partes - a instancia de una de ellas previo aviso de tres meses?, o la concurrencia de causa de fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de la mediación o de los restantes sistemas de resolución pacífica de conflictos.  
  
Novena. Obligación de cumplimiento de los compromisos  
En caso de finalización del presente convenio marco, cualquiera que sea la causa, las partes se comprometen a concluir las obligaciones y compromisos pendientes asumidos con anterioridad a la fecha de finalización del mismo.  
  
Décima. Naturaleza jurídica y cuestiones litigiosas  
El presente convenio marco tiene naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas establecidas en el mismo, y en su defecto, por lo regulado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, conforme a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.  
  
Undécima. Relaciones con otras instituciones  
La firma del presente convenio marco no es óbice para el establecimiento o ampliación de relaciones de colaboración en el ámbito de la mediación y otros sistemas de resolución de conflictos con otras entidades o instituciones, ni excluye la firma de cualquier otro convenio marco de colaboración de similar naturaleza.  
  
Duodécima. Protección de datos  
En la aplicación de este convenio marco se respetarán cuantas exigencias establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aplicando cuantas medidas resulten necesarias para cumplir sus previsiones y, en particular, para garantizar la seguridad e integridad de los datos y su protección frente a alteraciones, pérdidas, tratamientos o accesos no autorizados.  
  
De conformidad con lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben este convenio marco de colaboración en el lugar y fecha arriba indicados.  
  
Por el Consejo General del Poder Judicial: Carlos Lesmes Serrano.  
Por la Generalitat Valenciana: Antonio Gastaldi Mateo.