Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5017, del 31-05-2005 (2005/6114)

Notificación a la SAT número 9.430, Los Valles (OP nº 409). Expediente número 02-045-5883.
------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5017

Fecha DOGV
:   31-05-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/6114


Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a la SAT número 9.430, Los Valles (OP nº 409). Expediente número 29-581-8648. [2005/X6114]
  
No habiendo podido notificar a la SAT número 9.430 Los Valles (OP nº 409), en el domicilio conocido por esta administración, la Resolución de fecha 22 de abril de 2005, del secretario autonómico de Agricultura y Relaciones Agrarias con la Unión Europea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la anterior, se hace público el texto integro de la citada resolución para que el presente anuncio sirva de notificación de la anterior.
  
El 21 de mayo de 2004, el director general de Producción y Comercialización Agraria, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, dictó Resolución en el expediente número 41-963-2781, por la que se declara que la Organización de Productores (OP) número 409, SAT número 9430, Los Valles, incumplió la normativa reguladora del régimen de ayudas a la producción por entrega de cítricos a la transformación, correspondiente a la campaña 2001-2002, con lo que se declara el incumplimiento de las normas de concesión de las citadas ayudas, y en consecuencia la procedencia del reintegro de la cantidad cobrada indebidamente que asciende a 459.836,27 euros, incrementado con los intereses correspondientes.
  
Contra la citada resolución presenta, esta organización de Productores, recurso de alzada sobre la base de considerar que, contrariamente a lo que afirma la administración, la Organización de Productores ha entregado a la administración la suficiente documentación para realizar los controles administrativos a que esta obligada para la constatación del correcto destino de las ayudas, y que no se ha incumplido el artículo 17.2 y 19 del reglamento comunitario por cuanto de la documentación aportada se desprende la existencia de un registro conteniendo la información que la Ley preceptua. Alega fuerza mayor como causa de la no realización de los controles y afirma que se esta prejuzgando un incumplimiento que no ha sido alegado, ni probado por la administración, con la consiguiente vulneración del principio de presunción de inocencia. Respecto de la existencia en el domicilio de la SAT de otra empresa considera que no constituye un incumplimiento y además vulneración del principio de tipicidad por lo que no puede sancionarse con la devolución de las ayudas, solicitando por tanto se estime el recurso y se anule la resolución recurrida.
  
Para la resolución del recurso han de tenerse en cuenta los siguientes antecedentes de hecho
  
Primero. La Organización de Productores número 409 SAT número 9430, Los Valles, está reconocida como tal y homologada como colaboradora para poder acogerse al régimen de ayudas a la transformación de cítricos para la campaña 2001/2002.
  
En la campaña de referencia formalizó contratos de compraventa con industrias transformadoras de cítricos, todos de campaña, por las siguientes cuantías: dos contratos de naranja por 1.650.000 kilogramos, dos contratos de Clementina para zumo por 2.700.000 kilogramos, un contrato de Clementina para gajos por 150.000 kilogramos y tres contratos de Satsuma para gajos por 3.220.000 kilogramos.
  
Segundo. Con el objeto de realizar los controles preceptivos, personal de la Dirección Territorial de la CAPA, en Valencia, requirió a la Organización de Productores número 409, el envío de diversa documentación por medio de escritos certificados con acuse de recibo.
  
Pese a tener la constancia de la recepción de dichos escritos, la Organización de Productores número 409 hizo caso omiso a los mismos. En consecuencia, con fecha 13 de noviembre de 2003, se personaron dos técnicos de dicha Dirección Territorial en el domicilio social de la Organización de Productores, con el fin de realizar los controles obligatorios correspondientes a la campaña de referencia, pudiendo constatar que la Organización de Productores número 409 había cerrado sus instalaciones en ese lugar y que en el mismo se encontraba realizando sus actividades otra entidad comercial.
  
Ante esta situación se les volvió a requerir por escrito con fecha 14 de noviembre de 2003, que se pusiesen en contacto con la Dirección Territorial con el fin de poder realizar los controles pendientes, dándoles un plazo de 10 días hábiles para ello. Se tiene constancia de su recepción por parte de la Organización de Productores sin que la misma haya hecho ninguna acción de comunicarse con la misma.
  
Tercero. Como consecuencia de todo esto, la Dirección Territorial de la CAPA, en Valencia, elevó con fecha 20 de febrero de 2004, acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de las ayudas percibidas por la citada Organización de Productores número 409, en base, fundamentalmente, a los artículos 17 y 19 del Reglamento 1.092/2001 y 47 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana aprobado por Derecho Legislativo de 26 de junio de 1991.
  
El mencionado acuerdo declaraba que la Organización de Productores número 409 había incumplido la normativa comunitaria reguladora de las ayudas por entrega de cítricos a industrialización durante la campaña 2001/2002 y ordenaba iniciar el expediente de reintegro de la totalidad de las ayudas percibidas que ascendían a los importes señalados en el primero de los hechos de esta resolución que junto a los intereses correspondientes suponía el reintegro de 64.629,86, 173.859,94 y 268.095,26 euros en naranja, Clementina y Satsuma, respectivamente.
  
En todo caso, correspondía al interesado proceder al reintegro o presentar alegaciones dentro de un plazo de quince días hábiles.
  
Cuarto. Con fecha 30 de marzo de 2004, la Organización de Productores número 409, presenta alegaciones al indicado acuerdo a las que se adjunta una serie de documentos con unos listados de liquidaciones, certificados de una serie de empleados de banca que han emitido determinadas transferencias y unos justificantes de pago realizados por la Organización de Productores número 409, a algunas personas físicas y jurídicas.
  
La Dirección Territorial de la CAPA, en Valencia, emite informe con fecha 15 de abril de 2004, en el que se rechazan las alegaciones presentadas. El 29 de abril de 2004, el jefe de Area de Producción y Mercados Agrarios, emite un informe sobre las actuaciones practicadas por personal de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, en relación con las ayudas recibidas por la Organización de Productores (OP) número 409, MYM 8108, Los Valles, por la entrega de cítricos para transformación durante la campaña 2001/2002, y solicita dictamen jurídico al respecto, dictamen que se emite con fecha de 4 de mayo de 2004, en el sentido de considerar que las alegaciones planteadas en forma alguna desvirtúan los hechos puestos de manifiesto en el acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro debiendo procederse a su resolución sobre la base de los hechos constatados en el mismo.
  
Quinto. A la vista de la propuesta del jefe de Área de Producción y Mercados Agrarios, de 21 de mayo de 2004, por el director general de Producción y Comercialización Agraria, se dicta la resolución objeto del presente recurso por la que se declara que la Organización de Productores (OP) número 409, SAT número 9430, Los Valles, incumplió la normativa reguladora del régimen de ayudas a la producción por entrega de cítricos a la transformación, correspondiente a la campaña 2001-2002, con lo que se declara el incumplimiento de las normas de concesión de las citadas ayudas, y en consecuencia la procedencia del reintegro de la cantidad cobrada indebidamente que asciende a 459.836,27 euros, incrementado con los intereses correspondientes.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero. La competencia para resolver el presente procedimiento corresponde al secretario autonómico de Agricultura y Relaciones Agrarias con la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero), en relación con el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria aprobado por Decreto 118/2003, del Gobierno Valenciano, y con el Decreto 178/1996 de 2 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se designa al organismo pagador y el organismo de certificación de los gastos correspondientes a la Sección de garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía (FEOGA) en la Comunidad Valenciana, y se establece su organización y funcionamiento.
  
Segundo. El Reglamento (CE) 2202/1996 establece en su artículo 1 un régimen comunitario de ayuda a las organizaciones de productores que entreguen para su transformación determinados cítricos cosechados en la Comunidad Europea. El artículo 2 establece que dicho régimen de ayuda se sustenta en contratos que vinculen, por una parte, a organizaciones de productores, y de otra, a transformadores legalmente constituidos.
  
Tercero. El artículo tercero articula la concesión de una ayuda a las organizaciones de productores por las cantidades entregadas para su transformación, con arreglo a los contratos contemplados.
  
El artículo 17.2 del Reglamento (CE) 1.092/2001 establece que la Organización de Productores quedará sometida a cuantas medidas de inspección ó de control estimen necesaria las autoridades competentes y deberá llevar todos los registros suplementarios prescritos por dichas autoridades para poder efectuar los controles que éstos consideren necesarios.
  
El artículo 19 del Reglamento (CE) 1.092/2001, contiene el régimen y el objeto de los controles físicos y documentales, que deben llevar a cabo las autoridades competentes respecto de todas las organizaciones de productores. Dichos controles se efectuaran para cada producto y cada campaña.
  
Cuarto. Como se ha puesto de manifiesto en la relación de hechos, el personal competente de la Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Valencia, intentó infructuosamente, mediante escritos dirigidos al domicilio designado por la Organización de Productores número 409 SAT, Los Valles, para las notificaciones, y mediante su personación en los locales de la misma, ponerse en contacto con los representantes de la Organización de Productores al objeto de realizar los oportunos controles correspondientes a la campaña 2001/2002.
  
Los representantes de la Organización de Productores tan sólo contestaron a los requerimientos de la administración, cuando, tras la adopción del acuerdo de inicio del presente expediente de reintegro, fueron emplazados para la formulación de alegaciones. En dichas alegaciones el núcleo central de su contenido consistía en afirmar que, aunque no se habían realizado los controles, la administración ya poseía, en opinión de los representantes de la Organización de Productores, la documentación necesaria para «determinar suficientemente por la autoridad, en relación con cada producto base y con cada productor amparado por los contratos, la coherencia entre superficies, la cosecha total, las cantidades entregadas para la transformación y los pagos de las ayudas». Estas alegaciones son rechazadas por el informe de la Dirección Territorial de la CAPA, en Valencia, sobre la base de los siguientes argumentos:
  
?Aunque en el escrito de Alegaciones sigue figurando el mismo domicilio social que el comunicado por la Organización de Productores número 409, en su momento para toda la documentación generada a lo largo del expediente, cuando los inspectores se presentaron para la realización de los preceptivos controles (03.11.2003), dicho domicilio social se encontraba ocupado por otra entidad comercial. Es obvio que tales controles no se pudieron realizar. No obstante lo anterior, con fecha 21 de noviembre de 2003, es decir, después del frustrado intento de llevar a cabo los preceptivos controles, se remite escrito a la Organización de Productores número 409 (con constancia de su recepción con fecha 03.12.2003), para que se pongan en contacto con el organismo gestor de la ayuda. Dicho escrito no ha tenido respuesta?.
  
Por ello la documentación obrante en el expediente incluida la aportada con motivo de las alegaciones, es insuficiente para llevar a cabo los controles contemplados en el artículo 19 del Reglamento (CE)1.092/1991.
  
Quinto. A la Organización de Productores número 409, se le abonaron las ayudas en virtud de la aplicación del artículo 13.2 de este Reglamento. Esto es, tras comprobar la concordancia de la solicitud de ayuda con los certificados de entrega y la realización de los controles físicos de al menos el 5% de las superficies presentadas en el LEP, preceptivos controles ex ante al pago de la ayuda exigidos por la normativa comunitaria indicada.
  
Sin embargo ello no obsta, para que de acuerdo con los artículos 16, 17 y 19 del Reglamento (CE) 092/1991, deba procederse a verificar y contrastar aquella documentación generada en el transcurso de la campaña (certificados, LEP, entregas de socios, etc.) y que obra ya en el expediente para realizar los preceptivos controles ex post. Para ello es imprescindible el acceso y correspondiente análisis de la contabilidad general y específica de la ayuda de la Organización de Productores número 409, en orden al cumplimiento de la legislación señalada. Ello no ha sido posible, como ya se ha dicho, de lo cual ha sido responsable la propia Organización de Productores número 409, puesto que, incluso, no ha podido accederse materialmente a los libros contables de dicha Organización de Productores.
  
La imposibilidad de proceder a la realización de los controles ex post, a los que la Organización de Productores está obligada someterse en virtud de lo dispuesto en el Reglamento CE 1.092/2001, no prejuzga ni vulnera el principio de Presunción de Inocencia que esgrime el alegante ya que dicha imposibilidad se debe, única y exclusivamente, a la actitud obstruccionista de la Organización de Productores que no ha contestado a diversos requerimientos que se le han realizado por parte de los órganos gestores de las ayudas.
  
Dicha actitud obstruccionista que se observa en los representantes de la SAT, que ha tenido como consecuencia la imposibilidad de efectuar los controles previstos en la normativa comunitaria reguladora de las ayudas, implica una vulneración de la obligación, que le incumbe a la Organización de Productores, en tanto que entidad colaboradora de la administración en la entrega y distribución de los fondos, prevista en el artículo 47.4.a) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública Valenciana, de someterse a las actuaciones de comprobación que respecto a la gestión de los fondos pueda efectuar la entidad concedente.
  
Por lo tanto en aplicación del artículo 47.9 del TRLHPV procede el reintegro de las ayudas percibidas indebidamente. La carga probatoria, en contra de lo que manifiesta el alegante, sobre la procedencia del pago de la ayuda corresponde al beneficiario y no a la administración. Los frustrados controles ex post deben revelar la procedencia del pago de la ayuda tras la aportación por parte del beneficiario de la preceptiva documentación que verifique y contraste la que ha ido aportando la Organización de Productores número 409 en el transcurso de las entregas de una mercancía a lo largo de una campaña por las que ha solicitado y percibido la ayuda comunitaria, tal como exige la normativa comunitaria reguladora de la ayuda de acuerdo con los artículos y Reglamento citado anteriormente.
  
En este caso, no se han podido verificar el cumplimiento de las condiciones intrínsecas para acceder a la ayuda que determina la legislación comunitaria. Ni siquiera el origen de la mercancía que se entregó a industria y por la que la Organización de Productores número 409 solicitó y percibió unas ayudas.
  
Para la realización de dichos controles es imprescindible el acceso y correspondiente análisis de la contabilidad general y específica de la ayuda en orden al cumplimiento de la legislación comunitaria y española. Como se ha dicho, tal acceso ha sido vedado por la Organización de Productores número 409 y esto constituye suficiente motivo para el reintegro de las ayudas.
  
Por esto se considera que en el contenido del recurso no hay un sólo argumento en contra del núcleo esencial de la resolución que no es otro que el reintegro de las ayudas por entrega de cítricos a industrialización durante la campaña 2001/2002 percibidas por la Organización de Productores número 409, y sus intereses correspondientes, se debe a que no han podido realizarse los preceptivos controles contemplados en el artículo 19 del Reglamento (CE) 1.092/2001, a causas imputables a la propia Organización de Productores.
  
Sexto. Ni a la presencia física en la sede de dicha Organización de Productores de inspectores que con tal objeto se trasladaron al efecto con fecha 13.11.2003 (en dicha sede se encontraba ubicada otra empresa), ni los posteriores requerimientos mediante los oportunos acuses de recibo debidamente constatados dieron fruto alguno al respecto.
  
Es inaceptable, por tanto, pretender como hace el alegante que, ante tal hecho, la Resolución prejuzga un incumplimiento «que no ha sido demostrado ni acreditado por la administración y consecuentemente se vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado en nuestra Constitución». La Organización de Productores número 409 tiene obligación de someterse a unos controles procurando toda la documentación necesaria para realizarlos, tal como queda perfectamente establecido, entre otros, en los artículos 17 y 19 del Reglamento (CE) 1.092/2001 y los artículos. 47.4 a) y 47.9 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública Valenciana.
  
No puede haber Presunción de Inocencia cuando ha quedado documentado que no han podido llevarse a cabo los preceptivos controles a causas imputables a la propia Organización de Productores número 409. Esto sin perjuicio de la alusión por parte del alegante a una no explicada fuerza mayor como causa de no haber podido ser llevados a cabo los preceptivos controles. Adicionalmente, el mismo reitera en el contenido del Recurso, el argumento ya expuesto en las alegaciones al acuerdo de inicio del expediente, de que a lo largo del mismo ya ha presentado una documentación (la imprescindible para solicitar y cobrar las ayudas) así como otra posterior adjuntada a las indicadas alegaciones.
  
En la resolución, debidamente razonado, ya se expuso las insuficiencias de esta última documentación a los efectos del control que no ha podido ser realizado. Por lo que se refiere a la presentada en el transcurso de la campaña (notificaciones, certificados de recepción etc.), también en la resolución, se señala que era la imprescindible para solicitar y cobrar las ayudas. El control ex post que no ha podido realizarse debido a la actitud obstruccionista de la Organización de Productores número 409, tiene la obligada virtualidad, precisamente, de verificar toda esta última documentación en los registros que deben figurar en la contabilidad de esta organización de Productores requisito que, como se ha dicho, no se ha cumplido.
  
Por esto, visto el Reglamento (CE) 2202/1996, del Consejo, por el que se establece el régimen de ayuda a los productores de determinados cítricos, el Reglamento (CE) 1.092/2001, de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del anterior, la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Texto Refundido de la Ley de la Hacienda Pública Valenciana (Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991), el Decreto 178/1996 de 2 de octubre, por el que se designa el Organismo Pagador y el Organismo de Certificación de los gastos correspondientes a la Sección de Garantía del FEOGA, el Decreto 118/2003 de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y demás legislación de general y pertinente y visto el informe del Servicio Jurídico, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por la Organización de Productores número 409 ZFN 1580, Los Valles, contra la resolución por la que se declara que la Organización de Productores, OP, número 409, SAT número 9430, Los Valles, incumplió la normativa reguladora del régimen de ayudas a la producción por entrega de cítricos a la transformación, correspondiente a la campaña 2001-2002, con lo que se declara el incumplimiento de las normas de concesión de las citadas ayudas, y en consecuencia la procedencia del reintegro de la cantidad cobrada indebidamente que asciende a 459.836,27 euros, incrementado con los intereses correspondientes, resolución que debe ser expresamente confirmada por ser conforme a derecho.
  
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y frente a esta puede interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente.