Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3411, del 13-01-1999 (1999/159)

ACUERDO de 23 de diciembre de 1998, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la instalación de una industria de fabricación de arcilla atomizada en suelo no urbanizable del municipio de L'Alcora.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3411

Fecha DOGV
:   13-01-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/159


Fecha del documento
:   23-12-1998

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Alcora, l'
    * plan de urbanismo
    * industria de la construcción

ACUERDO de 23 de diciembre de 1998, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la instalación de una industria de fabricación de arcilla atomizada en suelo no urbanizable del municipio de L'Alcora. [1999/S159]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 23 de diciembre de 1998, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
El 26 de diciembre de 1997 tiene entrada en el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón la solicitud de declaración de interés comunitario, por el procedimiento extraordinario, formulada por la entidad Arcilla Blanca, SA, para la instalación de una industria de fabricación de arcilla atomizada en suelo no urbanizable del municipio de L'Alcora.
  
La actuación afecta a suelo no urbanizable de protección agrícola, en el término municipal de L'Alcora, de 95.139 m², integrados en un área entre el extremo de la zona calificada industrial 4-C del Plan General de Ordenación Urbana de L'Alcora, ocupada por fábricas azulejeras como son Cabrera, SA, Halcón, SA, y Atomisa y por el otro lado la zona recayente al pantano de María Cristina. Comprende las parcelas catastrales 219, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 231 y 232 del polígono 12, partida Foyes Ferraes, y limita al norte, con la parcela catastral 219; al sur, con la parcela catastral 227; al este, con el pantano de María Cristina, y al oeste, con las parcelas catastrales 223, 224 y 225.
  
La superficie construida en naves de la primera fase será de 5.120 m² con una altura de 14 m = 71.680 m³, 1.280 m² con una altura de 26 m = 33.280 m³ y 1.400 m² de 6 m de altura = 8.400 m³, para recintos auxiliares; con un total de primera fase de 7.800 m² y 113.360 m³.
  
Para la segunda fase, que se llevaría a cabo a continuación, se construirán naves de 14 y 26 m de altura con una superficie de 12.576 m² = 230.476 m³.
  
En total se llegaría a 20.376 m² construidos con un volumen de 343.836 m³, sin considerar otros 1.652 m² para graneros y cobertizos, para la carga de camiones.
  
Segundo
  
Previos informes de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el que se deja entrever la posibilidad de emisión favorable si la documentación aportada es cierta, de la Conselleria de Medio Ambiente y del Ayuntamiento de L'Alcora, en sentido favorable, se admitió a trámite el expediente mediante Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 10 de marzo de 1998.
  
El proyecto, junto con el estudio de impacto ambiental, se sometió a información pública, por el plazo de 20 días, mediante anuncios publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.217, de 3 de abril de 1998, y en el periódico Mediterráneo, de Castellón, de 25 de marzo de 1998, sin que en el plazo concedido para ello se hubiera presentado ninguna alegación en el Registro de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
Durante el plazo de información pública del expediente no se presentó ninguna propuesta alternativa a la desencadenante del procedimiento.
  
Tercero
  
Sin perjuicio de los informes recabados previamente a la admisión a trámite del expediente, una vez acordada ésta, se solicitó el de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, emitido en sentido favorable el 29 de abril de 1998.
  
Asimismo, se concedió audiencia en el expediente a los municipios de la zona (Borriol, Castellón de la Plana, Costur, Fanzara, Figueroles y San Juan de Moró), habiéndose recibido escrito del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en el que se señala que la ubicación de la actuación, junto al embalse de María Cristina, si que implicaría un especial cuidado en las soluciones dadas a los posibles vertidos.
  
El proyecto se ha sometido a declaración de impacto ambiental, emitida por Resolución del director general para el Desarrollo Sostenible, de la Conselleria de Medio Ambiente, el 27 de octubre de 1998, estimando aceptable el proyecto, a los solos efectos ambientales, bajo una serie de condiciones que se enumeran en la citada Resolución.
  
Cuarto
  
La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, con fecha 29 de octubre de 1998, informó favorablemente el expediente de referencia.
  
Quinto
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes informó favorablemente la presente declaración de interés comunitario mediante Resolución de fecha 18 de noviembre de 1998.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
A la vista del primero de los antecedentes que preceden, del que resulta que la actuación pretende la ocupación de una superficie de terrenos superior a 4 hectáreas y cuenta con más de 8.000 m² de construcción, en suelo no urbanizable, la solicitud de declaración de interés comunitario se ha tramitado, según resulta de los antecedentes anteriores, y se debe resolver, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo no Urbanizable.
  
Así las cosas, en orden a constatar el cumplimiento de las condiciones a que se refiere el número 1 de tal precepto, se advierte lo siguiente:
  
a) Por sus características y su impacto territorial la actividad no puede emplazarse en los suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización previstos por los planeamientos vigentes en los municipios de la zona. El emplazamiento propuesto es territorialmente adecuado, como aprecia el Ayuntamiento de L'Alcora en su informe favorable adoptado por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 19 de enero de 1998.
  
b) La actuación resuelve adecuadamente y a su cargo los siguientes servicios que precisa para su establecimiento y funcionamiento, como en la Memoria del proyecto se especifica:
  
- Suministro de energía eléctrica: la zona de la parcela será alimentada por la compañía suministradora Iberdrola, SA, por medio de una red de media tensión de 65 KV, cuya petición se ha realizado a la citada compañía.
  
- Suministro de agua: se efectuarán los trabajos de perforación de un pozo para la obtención de agua (ya se han realizado estudios previos, dando como resultado la existencia de bolsas de agua a una profundidad de aproximadamente 40 m), y en caso de que hiciera falta más agua se procederá a llevarla canalizada desde las instalaciones de la empresa suministradora La Esperanza.
  
- Eliminación de residuos: instalación de una depuradora de oxidación total que tratará las aguas residuales procedentes de los aseos y duchas en los vestuarios, para su posterior vertido al atomizador, donde se producirá su evaporación, de modo que no afecte a la sanidad ambiental del entorno, no existiendo aguas residuales industriales por ser recicladas y atomizadas.
  
- Acceso rodado: por lo que se refiere a la incidencia de la actuación en las redes viarias, es de destacar el tercer informe de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 28 de septiembre de 1998, en el que se manifiesta que para el correcto funcionamiento del viario, así como para proporcionar una conexión al mismo de las actuales actividades ubicadas en el entorno, es absolutamente necesaria la construcción del ramal situado al este de Supercerámica. Asimismo señala que dado que de producirse la ubicación de la actividad solicitada sin acondicionar al mismo tiempo los viales del entorno, así como la conexión de éstos con las carreteras circundantes, llevará al colapso de la circulación de la red de carreteras en ese entorno, las cuales actualmente ya presentan un elevado nivel de servicio.
  
Finaliza el informe considerando absolutamente necesaria la construcción del vial actualmente en proyecto, por parte del Ayuntamiento.
  
En relación con la ejecución del viario en las inmediaciones del pantano de María Cristina y dentro del suelo urbano industrial, se indica por parte del Ayuntamiento de L'Alcora, en su escrito de 22 de octubre de 1998, que la ejecución de su trazado está prevista en dos fases:
  
- La primera fase, denominada Urbanización de vial entre Ceracasa y Supercerámica, para la que existe una consignación presupuestaria para el año 1998 con destino a la Unidad de Actuación vial entre Ceracasa y Supercerámica, está el proyecto pendiente de licitación.
  
- La segunda fase, que corresponde a la traza determinada en el Plan General de Ordenación Urbana de L'Alcora sobre una de la colas del pantano de María Cristina, se encuentra actualmente en fase de redacción del proyecto y pendiente de licitación del mismo, cuya ejecución beneficiará enormemente al transporte de la zona industrial adyacente.
  
c) La mercantil promotora del expediente asume el cumplimiento de las obligaciones, deberes y cesiones exigidas conforme al artículo 20.1.c de la Ley del Suelo no Urbanizable. Así el deber de cesión se ha sustituido por el pago del coste de ejecución de infraestructuras públicas adicionales, proponiéndose, a tal fin, el importe de 4.893.600 pesetas, según consta en el certificado emitido por el Secretario del Ayuntamiento de L'Alcora, con el visto bueno de la Alcaldía-Presidencia, de 22 de junio de 1998, sobre el informe emitido en la misma fecha por la arquitecta municipal.
  
En consecuencia, se aprecia el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 20.1 de la Ley citada.
  
Segundo
  
La tramitación del expediente ha sido formalmente correcta, habiéndose cumplido las exigencias procesales establecidas en el artículo 20.2 de la misma Ley, en relación con las derivadas de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Tercero
  
La actuación solicitada es de implantación adecuada desde el punto de vista territorial, puesto que no existe dentro del suelo urbano industrial suficiente espacio libre para poder situar la industria de pasta blanca, tal como se informa en el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de L'Alcora, de 19 de enero de 1998.
  
Así las cosas, se entiende que la declaración de interés comunitario, considerada en el preámbulo de la Ley sobre Suelo no Urbanizable como una especie de planeamiento puntual, es instrumento adecuado para la atribución del uso solicitado, máxime cuando al haber seguido el procedimiento extraordinario del artículo 20 de tal Ley, está rodeada de garantías procesales y sustantivas, señaladamente las de carácter medioambiental y las relativas a la participación pública en las plusvalías que genera la declaración, equivalentes a una modificación puntual de planeamiento encaminada a la concreta localización de un uso y aprovechamiento.
  
Y desde un punto de vista económico y social, la actuación tampoco es irrelevante. El Ayuntamiento, en su repetidamente citado acuerdo de la Comisión de Gobierno de 19 de enero de 1998, la considera muy positiva, pues conllevará una gran inversión, con el consiguiente aumento de puestos de trabajo (70 puestos aproximadamente en una primera fase y hasta 1.740 puestos en total, a lo largo de su desarrollo), y generación de otras inversiones con intereses vinculados con la actividad objeto de estudio que potenciarían y afianzarían el desarrollo económico y social de la zona, según consta en el proyecto presentado por la mercantil peticionaria.
  
De todo ello se sigue que procede la declaración de interés comunitario solicitada, con las condiciones que se dirán en la parte dispositiva del presente Acuerdo.
  
Cuarto
  
El Gobierno Valenciano es el órgano competente para la resolución del expediente, con la consiguiente aprobación y definición del correspondiente uso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo no Urbanizable, previo informe del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de la Comisión Informativa de Urbanismo (artículos 5 y 11 del Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano).
  
De conformidad con los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano
  
ACUERDA
  
Primero
  
Aprobar definitivamente, como actuación integral a desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 junio, sobre Suelo no Urbanizable, la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso para la instalación de industria de fabricación de arcilla atomizada, en suelo no urbanizable del término municipal de L'Alcora, que afecta a una superficie de 95.139 m², delimitada en los antecedentes del presente Acuerdo y en el proyecto.
  
Segundo
  
Adjudicar la referida actuación integral de interés comunitario a Arcilla Blanca, SA, que deberá ejecutarla conforme a las determinaciones del proyecto presentado y observando las siguientes condiciones:
  
1) Satisfacer al Ayuntamiento de L'Alcora las compensaciones económicas substitutivas de los deberes de cesión de terrenos, que se fijan en 4.893.600 pesetas, con anterioridad al comienzo de tal ejecución.
  
2) Obtener del Ayuntamiento de L'Alcora la licencia municipal previa a la ejecución de la actuación, la cual deberá interesar de tal entidad local, en condiciones de obtenerla, en el plazo máximo de seis meses siguientes al de publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La no solicitud de licencia en tal plazo comportará la caducidad de la adjudicación contenida en este acuerdo.
  
3) Ejecutar la actuación observando las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental de 27 de octubre de 1998.
  
4) Obtener autorización del Gobierno Valenciano para cualquier cambio que afecte a la titularidad de la promoción objeto de la presente actuación integral.
  
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del mismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley de 13 de julio de 1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 23 de diciembre de 1998.
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,