Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5028, del 15-06-2005 (2005/6435)

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2005, de la directora general de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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Número DOGV
:   5028

Fecha DOGV
:   15-06-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/6435


Fecha del documento
:   30-05-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Castellón de la Plana
    * colegio profesional
    * reglamento interno
    * profesión jurídica
    * legislación

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2005, de la directora general de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. [2005/F6435]
  
Visto el expediente de modificación estatutaria instruido a instancia del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón, inscrito con el número 66 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, en el que solicita la inscripción y registro de la modificación de sus estatutos, en el mencionado registro, atendiendo a los siguientes
  
Hechos
  
Primero
  
Que el Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón, presentó el 17 de enero de 2005 la modificación de los estatutos de dicho colegio para su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 11.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
Segundo
  
Que la modificación de los estatutos del citado colegio, y según el certificado presentado, librado el 17 de febrero de 2005, por María Angeles D'Amato Martín, secretaria del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón, fue aprobada por su Junta General Extraordinaria en reunión celebrada el 15 de enero de 2005.
  
Tercero
  
Que el nuevo texto de los estatutos figura como anexo a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Que los estatutos contienen todas las determinaciones exigidas en el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
Segundo
  
Que dichos estatutos han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios estatutos del colegio.
  
Tercero
  
Que el expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por los decretos 8/2004, de 3 de septiembre, y 181/2004, de 1 de octubre, sobre asignación de competencias a las consellerias, y de aprobación del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, respectivamente, y en relación con el Decreto 4/2002, de 4 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el reglamento de dicha ley.
  
Vistos el artículo 36 de la Constitución y el artículo 31.22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; y demás disposiciones complementarias, se dicta la siguiente resolución
  
1. Inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón.
  
2. Publíquese la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer, potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
Valencia, 30 de mayo de 2005.- La directora general de Justicia: Patricia Montagud Alario.
  
Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón de la Plana
  
TÍTULO I
  
DEL COLEGIO Y DE LOS COLEGIADOS
  
CAPÍTULO I
  
DEL COLEGIO
  
ARTÍCULO 1. De su naturaleza
  
El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón de la Plana es una corporación de derecho público, de carácter profesional, amparada por la Ley y reconocida por el Estado y por la Comunidad Autónoma, que goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
  
ARTÍCULO 2. De su composición
  
El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón de la Plana está constituido por los actuales colegiados y los que en lo sucesivo sean admitidos, por reunir los requisitos exigidos para ejercer la profesión de Procurador de los Tribunales.
  
ARTÍCULO 3. De su ámbito territorial
  
Su ámbito se extiende a todo el territorio de la provincia de Castellón.
  
La modificación de las demarcaciones judiciales no afectará al ámbito territorial del Colegio, que tendrá competencia en los nuevos partidos judiciales que puedan crearse dentro de su territorio.
  
ARTÍCULO 4. De su domicilio
  
Su domicilio se fija en la actualidad en Castellón de la Plana, Plaza Bisbe Pont i Gol, núm. 2, bajo, sin perjuicio del posible cambio del mismo por acuerdo de la Junta de Gobierno.
  
ARTÍCULO 5. De su competencia
  
El Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón de la Plana ejerce dentro de su ámbito territorial y en el marco de lo que dispone la legislación básica del Estado y la Ley de la Generalitat Valenciana, las funciones que en el ejercicio de su autonomía le atribuyen estos Estatutos.
  
El Colegio puede adquirir, enajenar y administrar toda clase de bienes, y ejercitar ante los juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción y grado las acciones que en su propio interés juzgue conveniente.
  
ARTÍCULO 6. De sus fines
  
Son fines esenciales del Colegio:
  
a) La ordenación, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo previsto en las leyes, del ejercicio de la profesión dentro de su territorio.
  
b) La representación exclusiva de la Procura y la defensa de los derechos e intereses profesionales de sus colegiados.
  
c) La formación profesional permanente de los Procuradores.
  
d) El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad.
  
e) La colaboración activa en el correcto funcionamiento, promoción y mejora de la administración de Justicia.
  
ARTÍCULO 7. De sus funciones
  
Son funciones del Colegio:
  
a) Ejercer la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines y, especialmente, la representación y defensa de la profesión ante cualesquiera Administraciones públicas, instituciones, tribunales, entidades y particulares.
  
b) Informar, en su ámbito de competencia, de aquellos proyectos o iniciativas legislativas que afecten a la Procura, cuando así se le requiera.
  
c) Colaborar con el poder judicial y demás poderes públicos, realizando los estudios, informes, trabajos estadísticos y demás actividades relacionadas con sus fines.
  
d) Organizar y gestionar los servicios de turno de oficio y justicia gratuita.
  
e) Participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de la administración así como en los organismos interprofesionales, de conformidad con los supuestos previstos en la legislación aplicable.
  
f) Asegurar la representación de la Procura en los consejos sociales, en los términos establecidos en las normas que los regulen.
  
g) Organizar cursos de formación y perfeccionamiento profesional, y mantener y proponer al Consejo General o Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores la homologación de escuelas de práctica jurídica y otros medios para facilitar el inicio de la actividad profesional.
  
h) Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la deontología, la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares; ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial; redactar sus propios Estatutos y normas de desarrollo de las deontológicas y reglamentos de funcionamiento, sin perjuicio de su visado y aprobación definitiva por el Consejo General de Procuradores de los Tribunales.
  
i) Organizar y promover actividades y servicios comunes, de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros análogos, incluido el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil profesional.
  
j) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre ellos; otorgar amparo, previa deliberación de la Junta de Gobierno, al colegiado que lo solicite.
  
k) Adoptar la medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional.
  
l) Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbitraje en cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados o entre éstos y sus clientes.
  
m) Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados y la percepción de sus derechos, mediante laudo al que previamente se sometan de modo expreso las partes.
  
n) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las disposiciones legales y estatutarias que afecten a la profesión, así como velar por la observancia de las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.
  
o) Organizar los servicios y funciones que le encomienden las leyes.
  
p) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión y de los colegiados, o vengan dispuestas por la legislación estatal o autonómica.
  
q) Por medio de la Junta General, corresponde la delimitación de la demarcación territorial para el ejercicio profesional.
  
CAPÍTULO II
  
DE LOS COLEGIADOS
  
Sección 1ª
  
De la adquisición de la condición de colegiado
  
ARTÍCULO 8. De las condiciones para la incorporación al Colegio
  
Para ser incorporado a este Ilustre Colegio se requiere solicitarlo mediante instancia dirigida al Decano-Presidente en la que se haga constar expresamente la demarcación territorial en la que se va a ejercer la profesión, acompañada de la siguiente documentación:
  
a) Certificado de nacimiento.
  
b) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
  
c) Título de Licenciado en Derecho.
  
d) Título de Procurador de los Tribunales expedido por el Ministerio de Justicia o Administración que le sustituya en dichas funciones.
  
e) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales previas al alta en el ejercicio de la profesión.
  
f) Alta en la Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales de España o, alternativamente, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
  
g) Resguardo de haber satisfecho al Colegio la cuota de incorporación.
  
h) Resguardo de haber constituido la fianza por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
  
i) Acreditación de haber concertado con alguna entidad aseguradora póliza de responsabilidad civil dimanante del ejercicio profesional, con una cobertura de trescientos mil quinientos euros.
  
j) Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales, establecidas en las leyes o en los presentes Estatutos.
  
k) Manifestación expresa y escrita de no pertenecer, como ejerciente, a ningún otro Colegio de Procuradores.
  
ARTÍCULO 9. De las condiciones para el ejercicio de la Procura
  
Para el ejercicio de la profesión de Procurador se requiere:
  
a) Estar incorporado al Colegio.
  
b) Haber obtenido la aprobación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de la fianza constituida al efecto.
  
c) Prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución así como al resto del ordenamiento jurídico, ante la autoridad judicial de mayor rango del partido judicial en el que se vaya a ejercer o ante la Junta de Gobierno del Colegio.
  
ARTÍCULO 10. De las incapacidades
  
Son circunstancias que incapacitan para el ejercicio de la profesión de Procurador:
  
a) Los impedimentos que, por su naturaleza e intensidad, imposibiliten el cumplimiento de las funciones atribuidas a los Procuradores.
  
b) La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la profesión de Procurador o de cualquier otra profesión del ámbito de las Administración públicas, en virtud de resolución judicial o corporativa firme.
  
c) Las resoluciones disciplinarias firmes que impongan la suspensión en el ejercicio profesional o la expulsión del Colegio de Procuradores.
  
Las incapacidades desaparecerán cuando cesen las causas que las hubieren motivado o se haya extinguido la responsabilidad penal o disciplinaria.
  
ARTÍCULO 11. Decisión sobre las solicitudes de incorporación al Colegio
  
Corresponde a la Junta de Gobierno resolver las solicitudes de incorporación al Colegio.
  
Contra el acuerdo de suspensión o denegación podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores .
  
ARTÍCULO 12. De los Procuradores ejercientes
  
Como Procurador ejerciente sólo se puede pertenecer a un Colegio.
  
ARTÍCULO 13. De los Procuradores no ejercientes
  
Son no ejercientes los Procuradores que perteneciendo al Colegio, cesen en el ejercicio de la profesión, bien sea por incompatibilidad, bien por incapacidad o por cualquier otra circunstancia que no determine la baja en el Colegio.
  
También son no ejercientes los Procuradores que habiendo ejercido con anterioridad y de modo efectivo la profesión, se incorporen al Colegio en dicha situación.
  
Todos los Procuradores no ejercientes están obligados a pagar la cuota establecida por el Colegio para los colegiados de esta clase.
  
Cuando un Procurador cause baja en el ejercicio de la profesión por jubilación, podrá ser habilitado por el Colegio para continuar tramitando los procedimientos de toda índole en que hubiese intervenido, hasta la finalización de la correspondiente instancia, por un plazo máximo de dos años, pero no podrá aceptar la representación de ninguna persona física o jurídica en asunto nuevo con posterioridad a su baja por jubilación.
  
ARTÍCULO 14. De la pérdida de la condición de colegiado
  
La condición de colegiado se perderá:
  
a) Por sentencia firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
  
b) Por sanción firme de expulsión del Colegio, acordada en expediente disciplinario.
  
c) Por alta en otro Colegio de Procuradores, salvo que haya solicitado el paso a la condición de no ejerciente.
  
d) Por falta de pago de más de dos cuotas ordinarias o de una extraordinaria.
  
e) A petición propia formulada ante la Junta de Gobierno.
  
f) Por fallecimiento.
  
Corresponde a la Junta de Gobierno acordar la pérdida de la condición de colegiado. En el supuesto del apartado d) se requerirá al interesado para que proceda al pago o formule cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días, transcurrido el cual sin que lo haya efectuado o justificado su improcedencia, se le comunicará la pérdida de la condición de colegiado, que no tiene carácter de sanción disciplinaria.
  
Sección 2ª
  
De los derechos y deberes de los colegiados
  
ARTÍCULO 15. De los derechos
  
Los colegiados tienen derecho:
  
a) A recabar de los órganos corporativos la protección de su actuación profesional, de su independencia y de su libre criterio de actuación, siempre que se ajuste a lo establecido en el ordenamiento jurídico y, en particular, a las normas éticas y deontológicas.
  
b) A la remuneración justa y adecuada de sus servicios profesionales con arreglo al arancel, que será respetada en relación con sus herederos en caso de fallecimiento. En ningún caso se admitirá la fijación del pago que resulte incompatible con las normas arancelarias.
  
c) A los devengos que procedan por las actuaciones de carácter extrajudicial, todo ello conforme a las reglas del mandato.
  
d) A los honores, preferencias y consideraciones reconocidos por la ley a la profesión. En particular, al uso de la toga cuando asistan a sesiones y actos solemnes judiciales y a ocupar asiento en estrados a la misma altura de los miembros del tribunal, fiscales, secretarios y abogados.
  
e) A participar con voz y voto en las Juntas Generales, a formular peticiones y propuestas, y a acceder en condiciones de igualdad a los cargos colegiales.
  
f) A ser sustituido en cualquier actuación procesal por otro Procurador ejerciente en la misma demarcación territorial.
  
ARTÍCULO 16. De los deberes
  
Son deberes de los colegiados:
  
a) Desempeñar bien y fielmente la representación procesal que se le encomiende y cooperar con los órganos jurisdiccionales en la alta función pública de administrar justicia, actuando con profesionalidad, honradez, lealtad, diligencia y firmeza en la defensa de los intereses de sus representados.
  
b) Conducirse con probidad, lealtad, veracidad y respeto, en sus relaciones con los órganos administrativos y jurisdiccionales, con sus compañeros Procuradores, con los Letrados y con sus mandantes.
  
c) Mantener en todo momento con la parte adversa un trato considerado y correcto.
  
d) Llevar un libro de conocimiento de negocios pendientes y otro de cuentas con los litigantes. La llevanza de estos libros podrá hacerse por medios informáticos.
  
e) Rendir cuentas al cliente, especificando y detallando las cantidades percibidas de éste, aclarando los pagos realizados por su cuenta, y precisando con minuciosidad los diversos conceptos y su importe exacto.
  
f) Satisfacer, dentro de los plazos señalados, las cuotas acordadas por al Colegio, así como las demás cargas obligatorias.
  
g) Denunciar ante el Colegio todo acto que implique ejercicio ilegal de la profesión o que sea contrario a los Estatutos.
  
h) Poner en conocimiento del Colegio cualquier acto que afecte a la independencia, libertad o dignidad de un Procurador en el ejercicio de sus funciones.
  
i) Mantener reserva de las conversaciones y correspondencia con su mandante y con el Letrado de éste, así como con el Procurador y el Letrado de la parte adversa, y con ésta, con prohibición de revelarlos o hacer uso, en juicio o fuera de él, sin su previo consentimiento.
  
j) Cumplir las normas legales, estatutarias, deontológicas y los acuerdos de los diferentes órganos corporativos.
  
k) Mantener despacho profesional abierto en la demarcación judicial en que tengan su sede los órganos jurisdiccionales de la demarcación territorial en la que estén habilitados para el ejercicio de la profesión.
  
l) Comunicar en el momento de su incorporación al Colegio su domicilio y demás datos que permitan su fácil localización. También deberán comunicar al Colegio cualquier cambio de domicilio y del despacho profesional.
  
m) Acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerzan la profesión, a las salas de notificaciones o de servicios comunes, y a los órganos administrativos, para oír y firmar los emplazamientos, citaciones y notificaciones de cualquier clase que se le deban realizar.
  
n) Guardar secreto sobre cuantos hechos, documentos y situaciones relacionados con sus clientes hubiesen conocido por razón del ejercicio de su profesión. Esta obligación de guardar secreto se refiere también a los hechos que el Procurador hubiera conocido en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores o del Consejo General de Procuradores de los Tribunales. También alcanza la obligación de guardar secreto a los hechos de los que haya tenido conocimiento como Procurador asociado o colaborador de otro compañero.
  
Cuando invoque el secreto profesional, el Procurador podrá ampararse en las leyes reguladoras de su ejercicio para recabar el pleno respeto de su derecho conforme a la ley.
  
o) Acreditar haber concertado con alguna entidad aseguradora póliza de responsabilidad civil dimanante del ejercicio profesional con una cobertura de trescientos mil quinientos euros.
  
p) Todos aquéllos que les impongan las leyes en orden a la adecuada defensa de sus poderdantes y a la correcta sustanciación de los procesos, y los demás que resulten de los preceptos orgánicos y procesales vigentes.
  
Sección 3ª
  
De las prohibiciones e incompatibilidades de los colegiados
  
ARTÍCULO 17. De las prohibiciones
  
A los Procuradores de los Tribunales les está prohibido:
  
a) Ejercer la Procura estando incursos en causa de incompatibilidad.
  
b) Prestar su firma a quienes, por cualquier causa, no puedan ejercer como Procuradores.
  
c) Mantener vínculos asociativos o laborales de carácter profesional que impidan el correcto ejercicio de la Procura o que pongan en peligro el secreto profesional.
  
d) Toda actuación en fraude de ley que directa o indirectamente pretenda burlar las anteriores prohibiciones.
  
ARTÍCULO 18. De las incompatibilidades
  
La profesión de Procurador es incompatible con:
  
a) El ejercicio de la función judicial o fiscal cualquiera que sea su denominación y grado, con el desempeño del secretariado de los juzgados o tribunales, y con todo empleo o función auxiliar o subalterna en órgano jurisdiccional.
  
b) Con el ejercicio de la Abogacía.
  
c) Con el ejercicio de la profesión de Agente de Negocios, Graduado Social, Gestor Administrativo, y cualesquiera otras cuya propia normativa reguladora así lo especifique.
  
d) Con el desempeño de cargos, funciones o empleos públicos en los órganos institucionales del Estado, Administración de Justicia, Administraciones públicas y organismos públicos dependientes de ellas.
  
e) Con cualquier empleo remunerado en los Colegios de Procuradores y Abogados.
  
ARTÍCULO 19. Comunicación de la incompatibilidad
  
El Procurador que incurra en alguna de las causas de incompatibilidad establecidas en el artículo anterior, estará obligado a comunicarlo sin dilación a la Junta de Gobierno y cesar inmediatamente en la situación de incompatibilidad.
  
ARTÍCULO 20. Requerimiento de cesación en la incompatibilidad
  
En cuanto la Junta de Gobierno advierta que algún colegiado ejerce la profesión contraviniendo alguna de las prohibiciones a que se refiere el artículo 17 o que se halla incurso en alguna de las incompatibilidades contempladas en el artículo 18, le requerirá para que en el plazo de quince días regularice su situación. Transcurrido el plazo sin haber sido atendido el requerimiento, la Junta de Gobierno acordará mediante resolución motivada la suspensión del Procurador en el ejercicio activo, y lo comunicará a los juzgados y tribunales que corresponda.
  
La suspensión se alzará por la Junta de Gobierno en el momento en que el interesado acredite que ha desaparecido la causa de incompatibilidad o las circunstancias que fundaban la prohibición.
  
ARTÍCULO 21. Causas de abstención
  
El Procurador se abstendrá de ejercer su profesión ante:
  
a) Los órganos jurisdiccionales donde desempeñe la función de magistrado, juez, secretario, oficial, auxiliar o agente judicial, el cónyuge o persona vinculada a él por análoga relación de afectividad, o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad.
  
b) Los órganos administrativos a cargo de persona que se encuentre con el Procurador en la misma relación descrita en el apartado anterior.
  
ARTÍCULO 22. Procedimiento y efectos de la abstención
  
El Procurador que se encuentre en alguna de las causas de abstención previstas en el artículo anterior, estará obligado a comunicarlo sin dilación a la Junta de Gobierno y al órgano ante el que se produzca, cesando inmediatamente en la representación que ostente.
  
Sección 4ª
  
Del ejercicio individual, colectivo y colaboración profesional
  
ARTÍCULO 23. Sustitución del Procurador en determinadas actuaciones
  
Los Procuradores podrán ser sustituidos en el ejercicio de su profesión por otro Procurador de la misma demarcación territorial, con la simple aceptación del sustituto manifestada con la asistencia a las diligencias y actuaciones, firma de escritos o formalización del acto profesional de que se trate. Para que opere la sustitución entre Procuradores no es necesario que el Procurador sustituto se encuentre facultado en el apoderamiento del Procurador sustituido, ni que éste último acredite la necesidad de la sustitución. En todo caso, las sustituciones de Procuradores se regirán por las normas del contrato de mandato contempladas en el Código Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  
También podrán los Procuradores ser sustituidos por su oficial habilitado en las asistencias, diligencias y actuaciones, en la forma que reglamentariamente se establezca de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ningún caso podrá el oficial habilitado de un Procurador sustituir a otro Procurador.
  
ARTÍCULO 24. Sustitución en la representación
  
El Procurador que acepte la representación en asunto que esté interviniendo o haya intervenido otro compañero en la misma instancia, viene obligado a satisfacer los suplidos y derechos devengados al tiempo de la sustitución, sin que ello limite el derecho del cliente a efectuar la sustitución entre Procuradores. Si no hubiese acuerdo entre los Procuradores, el importe de las cantidades será fijado por la Junta de Gobierno.
  
El Procurador que cese en la representación está obligado a devolver la documentación que obre en su poder y a facilitar al nuevo Procurador la información que sea necesaria para continuar en el eficaz ejercicio de la representación procesal del poderdante.
  
ARTÍCULO 25. De la asociación de Procuradores de una misma demarcación territorial
  
Los Procuradores de una misma demarcación territorial podrán asociarse para el ejercicio de la profesión en la forma y condiciones que tengan por conveniente, dando cuenta de ello por escrito al Colegio. El hecho de la asociación se hará público por medio de letreros, placas o membretes en los que figurará el nombre y apellidos de los asociados.
  
La forma de asociación deberá permitir la identificación de sus integrantes y habrá de constituirse por escrito e inscribirse, a los efectos de publicidad y del ejercicio de las competencias colegiales, en el registro especial correspondiente al Colegio, donde constará su composición así como las variaciones que se produzcan.
  
Los Procuradores asociados no podrán asumir, en ningún caso, la representación de aquellos litigantes que tengan posiciones procesales contrapuestas o cuando adviertan que existe o puede producirse conflicto de intereses entre sus representados. No se presumirá la asociación de Procuradores que compartan el mismo despacho.
  
ARTÍCULO 26. De la representación procesal en determinados supuestos
  
El Procurador, ejerciente o no, que quisiera asumir la representación procesal de sí mismo o de su cónyuge o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad deberá obtener la previa autorización de la Junta de Gobierno del Colegio, siendo además necesario que el pleito se sustancie en su lugar de residencia. Provisionalmente y hasta que recaiga la resolución definitiva de la Junta, el Decano podrá habilitar al solicitante.
  
Sección 5ª
  
De las ausencias, sustituciones y ceses
  
ARTÍCULO 27. De las ausencias
  
El Procurador no podrá ausentarse de su demarcación territorial por tiempo superior a quince días sin comunicarlo al Decano. En la comunicación deberá indicar el Procurador o Procuradores que le sustituirán y dejar constancia de la conformidad de los sustitutos.
  
Cuando la ausencia fuese superior a treinta días, será necesaria autorización previa del Decano, quien sustanciará, conjuntamente, la petición del Procurador que pretende ausentarse y la aceptación de sus sustitutos. Concedida la autorización, el Decano lo comunicará a la autoridad judicial correspondiente.
  
La autorización para ausentarse se concederá por un plazo máximo de seis meses, pero podrá prorrogarse por otros seis meses en casos justificados.
  
Concluido el plazo por el que se concedió la autorización para ausentarse y, en su caso su prórroga, el Procurador deberá reintegrarse al ejercicio de su actividad profesional, comunicándolo inmediatamente al Decano y éste a las autoridades judiciales.
  
Si la incorporación no se produjera en tiempo, se entenderá que el Procurador abandona el ejercicio de la profesión y la Junta de Gobierno, previo expediente, procederá a darle de baja en el Colegio y lo comunicará a las autoridades judiciales.
  
Contra este acuerdo podrá interponer recurso el interesado en los términos previstos en estos Estatutos.
  
El Procurador que haya causado baja por este motivo podrá reintegrarse en cualquier momento al Colegio, pero deberá acreditar que reúne todos los requisitos que en ese momento se exijan a los colegiados de nueva incorporación.
  
ARTÍCULO 28. De la enfermedad y fallecimiento
  
Si el Procurador enfermase de forma repentina y sin previa designación de sustituto, el Decano, tan pronto como tenga conocimiento del hecho, designará, de entre los Procuradores de la misma demarcación territorial, a aquél o aquéllos que interinamente sustituyan al enfermo hasta que el poderdante resuelva lo que estime oportuno, y comunicará la designación realizada a los tribunales y juzgados correspondientes.
  
En caso de fallecimiento del colegiado y a petición de los herederos o subsidiariamente del Decano, la Junta de Gobierno hará el nombramiento de quienes se encarguen de la liquidación de su despacho.
  
ARTÍCULO 29. Del cese en el ejercicio de la profesión
  
El Procurador cesará en el ejercicio de la profesión:
  
a) Por pérdida de la condición de colegiado en los supuestos recogidos en el artículo 14 de estos Estatutos.
  
b) Por jubilación o imposibilidad física o psíquica, acreditada debidamente por expediente en el que será oído el interesado.
  
c) Por excedencia forzosa o por incompatibilidad con el ejercicio de la profesión.
  
TÍTULO II
  
DE LA TERRITORIALIDAD DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
  
ARTÍCULO 30. De las demarcaciones territoriales
  
El ejercicio de la Procura es territorial. El territorio del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Castellón de la Plana coincide con el de la provincia de su mismo nombre, y se encuentra dividido actualmente en tres demarcaciones territoriales:
  
a) Demarcación territorial de Castellón: comprende los partidos judiciales de Castellón, Villarreal y Nules.
  
b) Demarcación territorial de Vinaròs: comprende el partido judicial de Vinaròs.
  
c) Demarcación territorial de Segorbe: comprende el partido judicial de Segorbe.
  
Los Procuradores de este Ilustre Colegio sólo podrán estar habilitados para ejercer su profesión en una de las demarcaciones territoriales correspondientes el mismo.
  
La habilitación en la demarcación territorial en la que va a ejercer la profesión, faculta al Procurador para actuar ante todos los órganos jurisdiccionales que radiquen en la misma.
  
Cuando una norma cree o modifique el ámbito territorial de uno o varios partidos judiciales o demarcaciones territoriales, corresponderá a la Junta General del Colegio, a propuesta de la Junta de Gobierno, acordar los límites y características de la nueva demarcación, elevándose el acuerdo al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores y, por éste, al Consejo General.
  
TÍTULO III
  
DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y DEL TURNO DE OFICIO
  
ARTÍCULO 31. De la asistencia jurídica gratuita
  
El Colegio organizará un servicio de representación gratuita, con la finalidad de atender las peticiones de representación procesal que se deriven del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
  
ARTÍCULO 32. Del turno de oficio
  
El turno de oficio garantiza la representación procesal del justiciable al amparo de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución. El Colegio designará Procurador por turno de oficio, cuando, sea o no preceptiva su intervención, el órgano jurisdiccional ordene que la parte sea representada por Procurador. Asimismo, se efectuará la designación a instancia del interesado.
  
TÍTULO IV
  
DE LA ORGANIZACION COLEGIAL
  
CAPÍTULO I
  
DE LA JUNTA GENERAL
  
ARTÍCULO 33. De su convocatoria
  
La Junta General, supremo órgano de gobierno del Colegio, se convocará por acuerdo de la Junta de Gobierno, mediante comunicación escrita dirigida a cada colegiado y publicada en el tablón de anuncios, expresándose en ella el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse la sesión en primera y en segunda convocatoria, y el orden del día. La convocatoria se anunciará con una antelación mínima de treinta días a la fecha de celebración de la Junta.
  
ARTÍCULO 34. De la asistencia
  
Tienen derecho a asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, todos los colegiados incorporados con anterioridad a la fecha en que se convoque la correspondiente Junta General.
  
ARTÍCULO 35. Del quórum
  
Para que la Junta General pueda adoptar acuerdos válidamente será necesaria, en primera convocatoria, la presencia del cincuenta por cien de los colegiados. En segunda convocatoria, la Junta se celebrará con los que concurran, cualquiera que sea su número.
  
ARTÍCULO 36. De las clases de Junta General
  
La Junta General podrá ser ordinaria o extraordinaria:
  
a) Anualmente habrá dos Juntas Generales ordinarias. La primera se celebrará en el primer trimestre de cada año, y en el orden del día de su convocatoria constará, necesariamente, el examen y votación del balance o cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio anterior, así como cuantas cuestiones considere de interés la Junta de Gobierno. La segunda Junta General ordinaria se celebrará en el último trimestre de cada año y, en el orden del día de su convocatoria constará, necesariamente, la presentación del presupuesto de ingresos y gastos para el año siguiente, así como cuantas cuestiones considere de interés la Junta de Gobierno.
  
b) Las Juntas Generales extraordinarias se celebrarán en cualquier tiempo para tratar de asuntos que las motiven, a iniciativa del Decano, de la Junta de Gobierno o a instancia de un tercio de los colegiados.
  
ARTÍCULO 37. De la moción de censura
  
La moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros, deberá sustanciarse siempre en Junta General extraordinaria convocada a ese sólo efecto.
  
La solicitud de convocatoria deberá ser suscrita, como mínimo, por un tercio de los colegiados ejercientes, y expresará con claridad las razones en que se funde.
  
La celebración deberá tener lugar dentro de los treinta días hábiles siguientes a su solicitud, y no podrán debatirse en la misma otros asuntos que los expresados en la convocatoria.
  
Hasta transcurrido un año no podrá volver a plantearse otra moción de censura.
  
La válida constitución de esta Junta requerirá la concurrencia personal de más de la mitad del censo colegial con derecho a voto, y el voto será siempre personal, directo y secreto.
  
Para que prospere la moción de censura será necesario el voto positivo de dos tercios de los concurrentes.
  
ARTÍCULO 38. De la presidencia de las Juntas Generales
  
La mesa de presidencia de las Juntas Generales la formarán la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno.
  
ARTÍCULO 39. De los debates
  
Abierta la sesión por el presidente, se dará lectura por el secretario, o quien le sustituya, del acta de la Junta anterior. Si algún colegiado pretendiera hacer alguna observación sobre el contenido y exactitud del acta, se le concederá la palabra para ese sólo objeto.
  
Seguidamente, se someterá a la discusión de la Junta los asuntos incluidos en el orden del día, sin que ningún asistente pueda hablar sin haber pedido y obtenido del presidente la palabra.
  
En todo debate, el que fuera contradicho en sus argumentaciones por otro u otros intervinientes tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez.
  
El cierre de una discusión o debate podrá acordarlo la presidencia cuando estime que un asunto está suficientemente debatido.
  
ARTÍCULO 40. De las votaciones
  
Cada colegiado tendrá derecho a un voto, que será personal e indelegable. Como excepción, se admite el voto por correo para la elección de miembros de la Junta de Gobierno, según los siguientes requisitos:
  
a) Con una antelación mínima de diez días se remitirá el voto en la papeleta oficial, que se introducirá en un sobre, que será cerrado y, a su vez, introducido en otro mayor, en el que también se incluirá una fotocopia del documento nacional de identidad del elector, quien firmará sobre la misma.
  
b) El voto se presentará en cualquiera de los registros y oficinas públicas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo constar la fecha de la presentación. El envío se hará al Colegio, haciendo constar junto a las señas: ?PARA LA MESA ELECTORAL?. El Colegio registrará la entrada de estos envíos y sin abrir el sobre se entregará a la mesa electoral el día de la votación.
  
No serán válidos los votos presentados fuera del plazo previsto.
  
Las votaciones podrán ser ordinarias o secretas:
  
a) La votación ordinaria se llevará a cabo solicitando la presidencia en primer lugar el voto de quienes aprueben, después el de quienes desaprueben, y finalmente el de quienes se abstengan. El presidente ordenará el recuento por el secretario si tuviera dudas del resultado o si, incluso después de publicado éste, el diez por cien de los asistentes lo reclamaran.
  
b) La votación secreta, que tendrá lugar cuando cinco o más colegiados la soliciten y, en todo caso, en la elección de miembros de la Junta de Gobierno y en la moción de censura, se realizará por medio de papeletas, realizándose el recuento de votos por el presidente y por dos escrutadores que podrán ser designados por los colegiados.
  
ARTÍCULO 41. De la adopción de acuerdos en Junta General
  
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de asistentes, salvo cuando se trate de acuerdos sobre adquisición o enajenación de inmuebles o constitución de cualquier gravamen sobre los mismos, así como de acuerdos de fusión, segregación o disolución del Colegio, en cuyo caso se requerirá mayoría absoluta. En caso de empate, decidirá el voto del presidente.
  
Los acuerdos de la Junta General se harán constar en acta que redactará el secretario y que será autorizada por él mismo y por el Decano. Las actas se transcribirán a un libro, previa su aprobación por la Junta General inmediata posterior.
  
Los acuerdos válidamente adoptados serán inmediatamente ejecutivos, excepto las modificaciones estatutarias, que deberán seguir el trámite legalmente establecido.
  
Los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos, incluso a aquellos colegiados que hubieran votado en contra o estuvieran ausentes, sin perjuicio del derecho de impugnación que pudiera corresponderles.
  
En ningún caso se podrán adoptar acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día.
  
Si reunida la Junta General no pudiera en una sesión tratar todos los asuntos para los que hubiera sido convocada por falta de tiempo o por cualquier otro motivo, se suspenderá y continuará el día o días que en la misma se señalen, o en su defecto, cuando designe la Junta de Gobierno, sin que puedan mediar más de diez días.
  
ARTÍCULO 42. De las competencias de la Junta General
  
Son competencias de la Junta General:
  
a) La lectura y aprobación del acta anterior.
  
b) La aprobación del informe que haga el Decano de las cuestiones importantes acaecidas durante el año anterior en el Colegio, en relación con el mismo y con la profesión.
  
c) El examen y votación del balance o cuenta general de ingresos y gastos del ejercicio anterior.
  
d) La aprobación del presupuesto de ingresos y gastos.
  
e) La convalidación de creación, modificación o extinción de las demarcaciones territoriales.
  
f) La elección de los miembros de la Junta de Gobierno.
  
g) La moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros.
  
h) El acuerdo de adquisición, enajenación o gravamen sobre inmuebles del Colegio.
  
i) El acuerdo de fusión, segregación o disolución del Colegio.
  
j) El acuerdo sobre cambio de domicilio de la sede del Colegio.
  
k) La modificación total o parcial de los Estatutos del Colegio.
  
l) El acuerdo y/o ratificación del ejercicio de actuaciones judiciales.
  
m) La votación de cualquier propuesta que formule la Junta de Gobierno.
  
n) Los ruegos y preguntas.
  
CAPÍTULO II
  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
  
ARTÍCULO 43. De su composición
  
La Junta de Gobierno, órgano de administración y dirección del Colegio, estará compuesta por los siguientes miembros:
  
a) Un Decano-Presidente.
  
b) Un Vicedecano.
  
c) Un Secretario.
  
d) Un Vicesecretario.
  
e) Un Tesorero.
  
f) Un Contador.
  
g) Dos Vocales.
  
Los cargos de los miembros de la Junta de Gobierno son gratuitos y honoríficos. No obstante, en cada caso concreto se fijará el importe de las dietas a abonar para compensar los gastos ocasionados en el desempeño del cargo.
  
La duración de cada mandato es de cuatro años, siendo posible la reelección para el mismo o distinto cargo. La elección parcial de la Junta de Gobierno se hará cada dos años, en el mes de enero, por la Junta General. Cesarán en los cargos, la primera vez, el Vicedecano, el Vicesecretario, el Tesorero y el Vocal primero, y la segunda, el Decano-Presidente, el Secretario, el Contador y el Vocal segundo, y así sucesivamente.
  
ARTÍCULO 44. De las elecciones
  
Para ser candidato a cualquiera de los cargos de la Junta de Gobierno, serán requisitos indispensables ser ejerciente y llevar cinco años de ejercicio ininterumpido en el Colegio o diez para el cargo del Decano, y no estar incurso en ninguna de las siguientes situaciones:
  
a) Estar condenado por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto éstas subsistan.
  
b) Haber sido sancionado disciplinariamente, mientras no exista rehabilitación.
  
Ningún colegiado podrá presentarse, como candidato, a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en la misma convocatoria.
  
Para ocupar los cargos de Secretario y Tesorero, será preciso estar adscrito a la demarcación territorial en la que radique la sede del Colegio.
  
Podrán presentarse candidaturas conjuntas para varios cargos, o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.
  
En el supuesto de no presentarse ninguna candidatura para algún cargo, los electores gozarán de libertad para votar a cualquier colegiado que reúna los requisitos exigidos, y el que resulte elegido por este método no podrá excusarse.
  
La votación será secreta, siendo nulas las papeletas que contengan tachaduras, raspaduras o expresiones ajenas al contenido de la votación. Serán nulas parcialmente las que indiquen más de un candidato para el mismo cargo, siendo válidas para los demás cargos. Las papeletas rellenadas parcialmente pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, serán válidas para los cargos y personas correctamente expresados. Si se suscitase cuestión sobre nulidad o validez de algún voto, se decidirá en el acto por los miembros de la mesa, formando acuerdo el de la mayoría y decidiendo en caso de empate el presidente.
  
Terminada la votación, se procederá seguidamente al escrutinio por el presidente y por dos escrutadores que podrán ser designados por los colegiados.
  
Los Colegiados que hayan votado podrán examinar las papeletas una vez anunciado el resultado de la votación.
  
Se proclamarán electos para cada cargo los candidatos que obtengan la mayoría. En caso de empate, se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el Colegio y si se mantiene el empate, el de mayor edad.
  
Los recursos que se interpongan, respecto del proceso electoral o su resultado, ante la Junta de Gobierno, el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, o ante el Consejo General de Procuradores, no suspenderán la votación, proclamación y toma de posesión de los elegidos, salvo cuando así se acuerde por causas excepcionales mediante resolución expresa y motivada.
  
Los candidatos proclamados electos tomarán posesión, previo juramento o promesa de cumplir lealmente el cargo y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno.
  
En el plazo de cinco días desde la constitución de la Junta de Gobierno, deberá comunicarse su composición al Consejo General de Procuradores y al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.
  
ARTÍCULO 45. De las vacantes extraordinarias
  
Cuando por fallecimiento, dimisión o cualquier otra causa que no sea la expiración del plazo para el que fueron elegidos, se produjeran vacantes en la Junta de Gobierno que no sobrepasasen el veinticinco por cien del total de sus miembros, sus puestos serán cubiertos por el resto de componentes en el orden establecido en el artículo 43 de estos Estatutos, sin perjuicio de convocar elecciones para cubrir las vacantes.
  
Si, por cualquier causa, quedaran vacantes más de la mitad de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores designará una Junta Provisional, de entre los colegiados ejercientes con mayor antigüedad, la que convocará elecciones dentro de los treinta días siguientes al de su constitución. Esta Junta Provisional cesará cuando tomen posesión los candidatos que resulten elegidos, y sólo podrá tomar acuerdos que sean de carácter urgente e inaplazable.
  
ARTÍCULO 46. De la convocatoria de la Junta de Gobierno
  
La Junta de Gobierno se reunirá, cuando menos, una vez al mes, previa convocatoria del Decano cursada con la antelación necesaria para que se halle en poder de sus componentes cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada para la sesión, salvo que razones de urgencia justifiquen la convocatoria con menor antelación.
  
En la convocatoria habrá de expresarse el lugar, día y hora en que deba celebrarse la sesión y el orden del día.
  
Serán válidas las sesiones de la Junta de Gobierno a las que asistan la totalidad de sus miembros, aunque no hayan sido convocadas en forma.
  
Si por el Decano no se convocara Junta de Gobierno con arreglo a lo establecido en este artículo, ésta podrá ser convocada por iniciativa de la mitad de los miembros que la compongan, con establecimiento del orden del día y asuntos a tratar.
  
ARTÍCULO 47. Quórum y adopción de acuerdos
  
La Junta de Gobierno quedará válidamente constituida si concurren a la reunión más de la mitad de sus miembros, entre ellos el Decano o quien estatutariamente le sustituya.
  
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, decidiendo el del presidente en caso de empate.
  
ARTÍCULO 48. Atribuciones de la Junta de Gobierno
  
Corresponde a la Junta de Gobierno:
  
a) Someter a la Junta General asuntos concretos de interés del Colegio o de la profesión.
  
b) Resolver sobre las solicitudes de incorporación, baja y jubilación de los colegiados. En caso de urgencia el Decano podrá resolver sobre la solicitud, que quedará sometida a la ratificación de la Junta de Gobierno.
  
c) Vigilar, con el mayor celo, que los colegiados se conduzcan de forma adecuada en su relación con los tribunales, con sus compañeros Procuradores y con sus clientes, asegurándose de que en el desempeño de su función desplieguen la necesaria diligencia y competencia profesional.
  
d) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el intrusismo, no permitiendo el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la ejerzan en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin excluir a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional irregular.
  
e) Aplicar las condiciones y requisitos de acceso, el funcionamiento y la designación de los turnos de oficio y justicia gratuita, con arreglo a la normativa legal vigente.
  
f) Proponer a la Junta General el importe de las cuotas de incorporación y de las ordinarias que deban satisfacer los colegiados, para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.
  
g) Proponer a la Junta General el establecimiento de cuotas extraordinarias a sus colegiados.
  
h) Recaudar el importe de las cuotas y de las pólizas establecidas para el sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, del Consejo General de Procuradores de los Tribunales y de la Mutualidad de Previsión Social de los Procuradores de los Tribunales de España, disponer la cobranza de las cantidades que correspondan al Colegio por cualquier concepto, y ordenar el pago de los gastos de la corporación.
  
i) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, disponiendo lo necesario para su elección conforme a las normas legales y estatutarias.
  
j) Convocar las Juntas Generales, ordinarias y extraordinarias, por propia iniciativa o a instancia de los colegiados.
  
k) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados y a los particulares del Colegio, instruyendo al efecto el oportuno expediente.
  
l) Redactar o modificar los Estatutos y reglamentos de Régimen Interior del Colegio, y someterlos a la aprobación de la Junta General antes de remitirlos al Consejo General de Procuradores de los Tribunales para su aprobación definitiva.
  
m) Crear o aprobar las delegaciones o comisiones de colegiados que sean necesarias para el buen régimen o que interesen a los fines de la corporación, regulando su funcionamiento, fijando las facultades, en su caso delegadas, y designando a sus integrantes.
  
n) Vigilar para que en el ejercicio profesional los colegiados desempeñen sus funciones con el decoro, diligencia, probidad y demás circunstancias exigibles al Procurador, así como propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal, conforme a la legalidad vigente.
  
o) Informar a los colegiados, con prontitud, de cuantas cuestiones conozca que puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural.
  
p) Defender a los colegiados en el desempeño de la profesión, velando para que les sean guardadas las consideraciones debidas.
  
q) Promover, ante el Gobierno central, los Gobiernos autonómicos y locales, los órganos de Gobierno del Poder Judicial, las autoridades, el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores o ante el Consejo General de Procuradores de los Tribunales, cuanto se considere beneficioso para el interés común y para la recta y pronta Administración de Justicia, o conveniente para la corporación.
  
r) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y en particular, contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la administración de Justicia o la libertad e independencia del ejercicio profesional.
  
s) Distribuir y administrar los fondos del Colegio, disponiendo lo más conveniente a sus intereses respecto a la situación o inversión de éstos, a propuesta del Tesorero y dando cuenta de lo acordado a la Junta General. Para adquirir, enajenar o gravar bienes inmuebles, precisará la aprobación de la Junta General.
  
t) Convocar, para mayor información, a cualesquiera de los colegiados, quienes deberán comparecer a la convocatoria salvo excusa justificada.
  
u) Redactar las bases por las que han de regirse los concursos que se convoquen para cubrir las plazas de empleados del Colegio, y proceder a la contratación de los mismos, ya sea con ocasión de vacante o de plazas de nueva creación, en función de las necesidades de la corporación.
  
v) Vigilar, programar y controlar la actividad de los departamentos y servicios colegiales.
  
w) Resolver, según corresponda, las reclamaciones que se hicieren al Colegio respecto de alguno de sus colegiados.
  
x) Mantener con las autoridades, corporaciones y entidades oficiales, la comunicación y relaciones que al Colegio corresponde y, en particular:
  
1.º Emitir los informes, dictámenes, consultas y demás documentos que se interesen al Colegio.
  
2.º Organizar el servicio de notificaciones al que se refiere el artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como cualquier otro servicio que por Ley pudiera ser atribuido al Colegio.
  
3.º Desempeñar las funciones que atribuye al Colegio la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
  
4.º Hacer las designaciones que al Colegio correspondan de los miembros de comisiones u órganos regulados por dicha Ley.
  
y) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.
  
z) Crear y organizar el servicio de subastas por entidad especializada, incluida la venta directa, el servicio de depósito de bienes muebles embargados y el servicio de valoraciones, así como cuantos otros estén previstos o prevean las leyes, pudiendo concertar los convenios de colaboración oportunos.
  
aa) Y cuantas otras establezcan las leyes, los presentes Estatutos, los Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, así como los correspondientes reglamentos.
  
ARTÍCULO 49. Del cese en el cargo
  
Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:
  
a) Fallecimiento.
  
b) Renuncia del interesado.
  
c) Ausencia inicial o pérdida sobrevenida de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.
  
d) Expiración del plazo para el que fueron elegidos o designados.
  
e) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta o a cinco alternas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta.
  
f) Aprobación de moción de censura.
  
g) No aceptación de la cuestión de confianza que se plantee.
  
ARTÍCULO 50. Del Decano-Presidente
  
Corresponde al Decano-Presidente:
  
a) La representación legal del Colegio en todas sus relaciones, incluidas las que mantenga con los poderes públicos, entidades, corporaciones y personalidades de cualquier orden.
  
b) Las funciones de consejo, vigilancia y corrección reservados a su autoridad.
  
c) La presidencia de todos los órganos colegiales, así como la de cuantas comisiones y comités especiales a los que asista.
  
d) Dirigir los debates y votaciones de dichos órganos, comisiones y comités, con voto de calidad en caso de empate.
  
e) La expedición de las órdenes de pago y libramientos para atender los gastos e inversiones colegiales.
  
f) La propuesta de los Procuradores que deban formar parte de tribunales de oposiciones o concursos.
  
ARTÍCULO 51. Del Vicedecano
  
Corresponde al Vicedecano sustituir al Decano en todas sus funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o fallecimiento.
  
ARTÍCULO 52. Del Secretario
  
Corresponde al Secretario asumir la jefatura del personal administrativo y de las dependencias del Colegio, llevando y custodiando sus libros, expidiendo certificaciones y extendiendo las actas de las Juntas de Gobierno y Generales.
  
ARTÍCULO 53. Del Tesorero
  
Corresponde al Tesorero controlar todos los documentos de carácter económico cuya utilización sea obligatoria para los colegiados, gestionando los fondos y demás recursos del Colegio.
  
ARTÍCULO 54. Del Contador
  
Al Contador le está confiada la vigilancia de la buena marcha administrativa de la Corporación así como de las inversiones de los fondos de la misma.
  
ARTÍCULO 55. Del Vicesecretario
  
Corresponde al Vicesecretario sustituir al Secretario en todas sus funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o fallecimiento.
  
ARTÍCULO 56. De los Vocales
  
Los vocales colaborarán en la dirección de la Corporación mediante su participación en la Junta de Gobierno, desempeñando las funciones que les sean encomendadas por la propia Junta o por el Decano.
  
CAPÍTULO III
  
Del régimen jurídico de los acuerdos de
  
los órganos colegiales y de su impugnación
  
ARTÍCULO 57. De la nulidad y anulabilidad de los actos colegiales
  
Las causas de nulidad y de anulabilidad de los actos colegiales serán las previstas en las normas administrativas vigentes. Así, serán nulos de pleno derecho siguientes actos de los órganos colegiales:
  
a) Los manifiestamente contrarios a la Ley.
  
b) Los adoptados con notoria incompetencia.
  
c) Aquellos cuyo contenido sea imposible o sea constitutivo de delito.
  
d) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
  
e) Aquellos previstos con tal carácter en la legislación básica estatal de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
  
La Junta de Gobierno deberá, en todo caso, suspender y revisar de oficio o formular recurso contra los actos nulos de pleno derecho.
  
ARTÍCULO 58. De los recursos administrativos
  
Todos los acuerdos de los órganos colegiales serán inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo establezca otra cosa.
  
Cualquier acto del Colegio que sea consecuencia del ejercicio de potestades administrativas se regirá, con carácter supletorio, por la legislación administrativa común, tal como dispone la disposición transitoria primera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Los acuerdos emanados de los órganos colegiales podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores. La resolución del recurso de alzada agotará la vía administrativa.
  
Los acuerdos de las Juntas Generales serán recurribles por la Junta de Gobierno o por cualquier colegiado con interés legítimo.
  
En el supuesto de acuerdos emanados de la Junta de Gobierno, el recurso de alzada será presentado ante la propia Junta que los dictó que, en el plazo de quince días, deberá remitirlo con su informe y una copia completa y ordenada del expediente al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.
  
El recurso de alzada deberá interponerse en el plazo de un mes si el acto fuera expreso, o en el de tres meses contados a partir del día siguiente a aquel en que, conforme a la legislación de procedimiento administrativo, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
  
Recibido en el Consejo Valenciano el expediente, la secretaria procederá por riguroso orden de entrada al nombramiento de ponente y al reparto entre los consejeros que no pertenezcan al Colegio. Con suspensión del plazo para resolver, el ponente podrá solicitar del Pleno, si lo estima conveniente, autorización para recabar un dictamen jurídico. El Consejo Valenciano resolverá y notificará la resolución en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución se podrá entender desestimado el recurso, salvo que éste se hubiera interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, en que se entenderá estimado el mismo.
  
Las resoluciones que afecten a situaciones personales deberán ser notificadas a los interesados.
  
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá interponer recurso de reposición.
  
La interposición de recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores no suspende la eficacia de los acuerdos, salvo en los siguientes casos:
  
a) Cuando la Junta de Gobierno interponga recurso contra un acuerdo de la Junta General fundado en la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho, salvo que se trate de la elección de cargos colegiales.
  
b) Cuando se recurra una sanción disciplinaria.
  
c) Cuando así lo acuerde el Consejo Valenciano por concurrir circunstancias que puedan causar daños de imposible o difícil reparación.
  
En los dos primeros casos, la simple interposición del recurso suspenderá automáticamente la ejecutividad del acto. La suspensión se levantará una vez se resuelva el recurso.
  
ARTÍCULO 59. De la revisión jurisdiccional
  
Los actos emanados de la Junta General y los emanados de la Junta de Gobierno del Colegio, en cuanto estén sujetos al derecho administrativo y una vez agotada la vía administrativa, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa.
  
TÍTULO V
  
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL COLEGIO
  
ARTÍCULO 60. Del ejercicio económico, presupuesto y examen de las cuentas
  
El ejercicio económico del Colegio coincidirá con el año natural.
  
El Colegio tendrá un presupuesto anual al que deberá ajustarse y llevará una contabilidad ordenada y detallada de sus ingresos y gastos.
  
Todos los colegiados podrán examinar las cuentas del Colegio, durante los cinco días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Junta General que haya de resolver sobre ellas.
  
ARTÍCULO 61. De los ingresos del Colegio
  
Son ingresos ordinarios del Colegio:
  
a) Las cuotas de incorporación al Colegio.
  
b) Las cuotas ordinarias, fijas o variables, así como las derramas colegiales establecidas por la Junta de Gobierno y las cuotas extraordinarias que apruebe la Junta General.
  
c) Las cantidades fijadas para el nombramiento de Oficiales Habilitados.
  
d) El importe de las multas por sanción.
  
e) Los derechos que fije la Junta de Gobierno por expedición de certificaciones.
  
f) Los derechos que fije la Junta de Gobierno por emisión de dictámenes, resoluciones, informes o consultas sobre cualquier materia, incluidas las referidas a derechos, a petición judicial o extrajudicial, así como los fijados por la prestación de otros servicios colegiales.
  
g) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades, bienes o derechos que integren el patrimonio del Colegio, así como los rendimientos de los fondos depositados en sus cuentas.
  
h) Cualquier otro concepto que legalmente corresponda.
  
Son ingresos extraordinarios del Colegio:
  
a) Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el Estado o corporaciones oficiales, entidades o particulares.
  
b) Los bienes y derechos de toda clase que, por herencia, legado u otro título, pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.
  
c) Las cantidades que, por cualquier concepto, corresponda percibir al Colegio de conformidad con la legislación vigente.
  
ARTÍCULO 62. De los gastos del Colegio
  
Los gastos del Colegio serán:
  
a) Ordinarios: los legalmente previstos en los presupuestos.
  
b) Extraordinarios: los que siendo imprevisibles en el momento de formular los presupuestos, resulten inaplazables para salvaguardar los intereses de la buena administración del Colegio.
  
ARTÍCULO 63. De la administración del patrimonio colegial
  
El Patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno, facultad que ejercerá a través del Tesorero y con la colaboración técnica que se precise.
  
TÍTULO VI
  
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS COLEGIADOS
  
CAPÍTULO I
  
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL
  
ARTÍCULO 64. De la responsabilidad civil
  
Los Procuradores, en su ejercicio profesional, estarán sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya representación les hubiere sido confiada.
  
ARTÍCULO 65. De la responsabilidad penal
  
Los Procuradores estarán sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.
  
CAPÍTULO II
  
DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
  
ARTÍCULO 66. De la potestad disciplinaria del Colegio
  
Los Procuradores estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria cuando infrinjan los deberes profesionales que les son específicos.
  
Las sanciones disciplinarias de cualquier clase, una vez firmes, se anotarán en el expediente personal del colegiado.
  
Corresponde a la Junta de Gobierno del Colegio el ejercicio de la potestad disciplinaria corporativa sobre los colegiados.
  
El órgano competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, será el Pleno del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.
  
No se podrá imponer ninguna sanción sin la previa instrucción de un procedimiento disciplinario de naturaleza contradictoria, cuya tramitación se regirá por lo dispuesto en estos Estatutos.
  
Para lo no previsto en estos Estatutos, resultará de aplicación supletoria la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y su desarrollo reglamentario.
  
ARTÍCULO 67. De las infracciones
  
Son infracciones muy graves:
  
a) La infracción de las prohibiciones y de las incompatibilidades contempladas en estos Estatutos.
  
b) La publicidad de servicios profesionales que incumpla los requisitos que resulten de aplicación, y siempre que la conducta en que consista revista especial gravedad.
  
c) La condena de un colegiado en sentencia firme por la comisión en el ejercicio de su profesión de un delito doloso.
  
d) Los actos, expresiones o acciones que atenten contra la dignidad u honor de las personas que integran la Junta de Gobierno del Colegio o los Consejos General y de Comunidad Autónoma cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, y contra los compañeros con ocasión del ejercicio profesional.
  
e) La reiteración en infracción grave.
  
f) El encubrimiento del intrusismo profesional y el ejercicio de profesiones o actividades declaradas incompatibles con la Procura.
  
g) La cooperación o consentimiento a que el mandante se apropie de derechos correspondientes al Procurador y abonados por terceros.
  
h) La comisión de actos que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las reglas deontológicas que la gobiernan.
  
i) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la Procura.
  
j) El incumplimiento de la obligación de tener despacho abierto y efectivo en la demarcación territorial donde el Procurador esté habilitado, si no hubiere atendido al requerimiento previo hecho al efecto por su Colegio.
  
k) No acudir a los órganos jurisdiccionales ni a los servicios comunes de notificaciones, reiteradamente y sin causa justificada.
  
l) La no aplicación de las disposiciones arancelarias sobre devengo de derechos en cualquier actuación profesional por cuenta ajena.
  
m) La vulneración del deber de secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno por sus miembros y la vulneración del deber de secreto profesional de todos los colegiados.
  
Son infracciones graves:
  
a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en el ámbito de su competencia, así como el reiterado incumplimiento de la obligación de atender a las cargas colegiales, salvo que constituya infracción de mayor gravedad.
  
b) La falta de respeto, por acción u omisión, a los componentes de la Junta de Gobierno o de los Consejos General y de Comunidad Autónoma.
  
c) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de la actividad profesional.
  
d) La competencia desleal cuando así haya sido declarada por el órgano competente, y la infracción de lo dispuesto en el normativa aplicable sobre publicidad, cuando no constituya infracción muy grave.
  
e) Los actos y omisiones descritos en las letras a), b), c), d) e i) del artículo anterior, cuando no tuvieren entidad suficiente para ser considerados como muy graves.
  
Son infracciones leves:
  
a) La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno o de los Consejos General y de Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya infracción muy grave o grave.
  
b) La negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias.
  
c) Las infracciones leves de los deberes que la profesión impone.
  
ARTÍCULO 68. De las sanciones
  
Las sanciones que pueden imponerse por infracciones muy graves, serán las siguientes:
  
a) Para las previstas en las letras b), c), d), e), f), g) y m), suspensión en el ejercicio de la Procura por un plazo superior a seis meses, sin exceder de dos años.
  
b) Para las previstas en las letras a), h), i), j), k) y l), expulsión del Colegio.
  
Por infracciones graves, podrá imponerse la sanción de suspensión del ejercicio de la Procura por un plazo de uno a seis meses.
  
Por infracciones leves, podrán imponerse las siguientes sanciones:
  
a) Amonestación verbal
  
b) Apercibimiento por escrito
  
c) Multa de un máximo de 1.500 euros.
  
ARTÍCULO 69. De la proporcionalidad y graduación de las sanciones
  
Las sanciones que se impongan habrán de guardar proporción con las infracciones cometidas.
  
Para la graduación de las sanciones se ponderarán las circunstancias objetivas del hecho y las subjetivas de su autor, moderándose o agravándose la responsabilidad de éste según la concurrencia de dichas circunstancias.
  
ARTÍCULO 70. Del procedimiento sancionador
  
Se incoarán diligencias informativas con carácter previo al inicio del expediente.
  
Las faltas leves se sancionarán por la Junta de Gobierno, mediante un procedimiento abreviado que se limitará a poner de manifiesto al interesado los hechos que lo motivan y la propuesta de sanción. Una vez oído el interesado y, en su caso, practicadas las pruebas, se dictará la resolución que proceda.
  
Las faltas graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno tras la tramitación del correspondiente expediente disciplinario.
  
En el mismo acuerdo de incoación del expediente, la Junta designará de entre sus miembros instructor y secretario, notificándolo al interesado para que en el plazo de quince días formule cuantas alegaciones estime oportunas y proponga las pruebas pertinentes.
  
El instructor practicará todas las actuaciones que exija el esclarecimiento de los hechos, hayan sido o no propuestas por el interesado. Sólo podrán declarar inadmisibles aquellas pruebas que sean manifiestamente irrelevantes para determinar la inocencia o culpabilidad del interesado.
  
Contra la resolución del instructor denegando la admisión de pruebas no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado haga valer su impugnación para ser tenida en cuenta en la resolución final.
  
Una vez instruido el expediente, el instructor formulará propuesta de resolución que podrá ser de sobreseimiento o sancionadora. Dicha propuesta se notificará al interesado para audiencia en el plazo de quince días, poniéndole de manifiesto el expediente completo.
  
La Junta de Gobierno, a la vista de la propuesta y de las alegaciones del interesado, resolverá lo procedente. No será admisible, sin embargo, la reforma de la propuesta de resolución que implique agravamiento de la sanción, salvo que previamente se ponga en conocimiento del interesado para que alegue por plazo de quince días.
  
Cuando la Junta considere que existe un defecto de procedimiento que pueda determinar la anulabilidad de la resolución, ordenará al instructor que se retrotraigan las actuaciones al momento inmediatamente anterior al que se hubieran producido, sin perjuicio de conservar todos aquellos trámites cuyo contenido no quede afectado por la anulación.
  
Del resultado de toda denuncia de un colegiado, se dará conocimiento al denunciante, mediante acuerdo motivado.
  
La Junta de Gobierno remitirá al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores testimonio de los acuerdos de sanción en los expedientes sobre responsabilidad disciplinaria del Procurador por faltas graves y muy graves.
  
Las sanciones de suspensión de más de seis meses y de expulsión, se acordarán por la Junta de Gobierno en votación secreta y por mayoría de dos tercios de la misma.
  
ARTÍCULO 71. Del recurso de alzada
  
Contra las sanciones impuestas por la Junta de Gobierno podrá el interesado interponer recurso de alzada en los términos previstos en estos Estatutos, agotando la resolución de dicho recurso la vía administrativa.
  
ARTÍCULO 72. De la ejecución de las sanciones
  
Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez sean firmes, pudiéndose entonces darles publicidad.
  
Las sanciones que consistan en la suspensión del ejercicio de la profesión o en la expulsión del Colegio, tendrán efectos en el ámbito de todos los Colegios de Procuradores de España, a cuyo fin habrán de ser comunicadas al Consejo General de Procuradores para que éste las traslade a los Consejos de Colegios de Comunidad Autónoma y a los demás Colegios, que se abstendrán de incorporar al sancionado en tanto no desaparezca la sanción.
  
ARTÍCULO 73. De la extinción de la responsabilidad
  
La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento del colegiados, la prescripción de la infracción y la prescripción de la sanción.
  
La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y la sanción quedará en suspenso para ser cumplida si el colegiado causase nuevamente alta en un Colegio.
  
ARTÍCULO 74. De la prescripción de las infracciones
  
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
  
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la infracción se hubiere cometido.
  
La prescripción se interrumpirá por la notificación al colegiado afectado del acuerdo de incoación de diligencias informativas previas a la apertura del expediente disciplinario, reanudándose el cómputo del plazo de prescripción si en los tres meses siguientes no se incoa expediente disciplinario, o el mismo permanece paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al interesado.
  
ARTÍCULO 75. De la prescripción de las sanciones
  
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves prescribirán a los dos años, y las impuestas por infracciones leves prescribirán al año.
  
El plazo de prescripción de la sanción por falta de ejecución de la misma, comenzará a contar desde el día siguiente a aquél en que haya quedado firme la resolución sancionadora.
  
El plazo de prescripción de la sanción cuando el sancionado quebrante su cumplimiento, comenzará a contar desde la fecha del quebrantamiento.
  
ARTÍCULO 76. De la anotación de las sanciones y de su caducidad
  
La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelará, siempre que no hubiera incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria, cuando hayan transcurrido los siguientes plazos: seis meses en caso de sanciones de amonestación verbal, apercibimiento por escrito o multa; un año en caso de sanción de suspensión no superior a seis meses; tres años en caso de sanción de suspensión superior a seis meses; y cinco años en caso de sanción de expulsión.
  
ARTÍCULO 77. De la rehabilitación
  
El plazo de caducidad se contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la sanción. La cancelación de la anotación, una vez cumplidos los plazos, podrá hacerse de oficio o a petición de los sancionados.
  
ARTÍCULO 78. De la comunicación al Consejo
  
La Junta de Gobierno remitirá al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores certificación de los expedientes de anotación y rehabilitación de los que conozca.
  
DISPOSICIÓN ADICIONAL
  
La Junta de Gobierno dictará los Reglamentos o Normas de Régimen interior para el desarrollo y aplicación de estos Estatutos.
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
  
Quedan derogados los Estatutos de este Ilustre Colegio Provincial de Procuradores de los Tribunales de Castellón de la Plana que fueron aprobados en Junta General Extraordinaria celebrada el día 24 de julio de 1999.
  
DISPOSICIÓN FINAL
  
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, una vez efectuado el control de legalidad por el órgano competente de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana.