Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6225, del 12-03-2010 (2010/2833)

ORDEN 4/2010, de 10 de marzo, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se establecen las ayudas para el desarrollo de las acciones de promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad industrial, para el ejercicio presupuestario 2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6225

Fecha DOGV
:   12-03-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2010/2833


Fecha del documento
:   01-03-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio e Innovación

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda pública

ORDEN 4/2010, de 10 de marzo, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se establecen las ayudas para el desarrollo de las acciones de promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad industrial, para el ejercicio presupuestario 2010. [2010/2833]  
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece que la seguridad industrial tiene por objeto, la prevención y limitación de los riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de productos industriales.   
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece como una de las funciones de las Administraciones Públicas, el impulso y la realización de estudios e informes, que permitan a las Administraciones Públicas y sectores interesados el conocimiento de la situación en materia de seguridad industrial.   
La Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, tiene atribuidas competencias en materia de industria. En el ejercicio de tales competencias procede establecer un régimen de ayudas que tienda a conseguir la prevención y limitación de los riesgos y la protección de accidentes y siniestros en las empresas industriales radicadas en la Comunitat Valenciana mediante el análisis y mejora de su seguridad industrial.   
Por último, significar que la presente convocatoria no precisa notificación a la Comisión Europea, conforme lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, puesto que las ayudas que se otorguen de acuerdo con lo previsto en la presente orden, lo serán en el marco del Reglamento (CE) Nº 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE L 379/5 de 28 de diciembre de 2006).   
Por ello, y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el artículo 47 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat,   
ORDENO  
Artículo 1. Objeto y ámbito  
1. El objeto de la presente orden es establecer el régimen de concesión de ayudas para el desarrollo de acciones de promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad industrial, desarrolladas en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que establece la Ley 13/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el Ejercicio 2010.  
2. El régimen de ayudas será de aplicación tal y como se determina en los siguientes artículos.   
Artículo 2. Financiación  
Estas ayudas se financian con cargo al programa presupuestario 722.10, Seguridad Industrial, Línea T4660000, por un importe global máximo de 354.250,00 euros   
Artículo 3. Acciones apoyables  
1. Las ayudas se destinarán a la financiación de alguna de las actuaciones siguientes:   
a) Realización de auditorías técnicas y proyectos que supongan una mejora respecto a las condiciones mínimas exigidas reglamentariamente de seguridad de productos e instalaciones industriales, para la promoción de la seguridad industrial.   
b) Elaboración de estudios, guías técnicas, proyectos de mejora y acciones de formación, información y difusión de carácter horizontal o sectorial en aspectos relativos a la seguridad industrial.   
2. No será subvencionable en ningún caso la inversión que se derive de las actuaciones anteriores, ni aquellas cuyo contenido verse sobre prevención de riesgos laborales. A este último efecto, en el examen de las solicitudes a que se refiere el artículo 7.2 de la presente norma se atenderá a lo dispuesto en el capítulo I de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en relación con lo establecido en el capítulo I del título III de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.  
3. Las ayudas que se establecen en la presente orden tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.   
4. Las subvenciones concedidas podrán alcanzar una cuantía máxima respecto del coste total de las actividades a realizar conforme a los siguientes criterios:   
a) Para las empresas citadas en el apartado a) del artículo 4 (empresas cuya actividad sea la industria transformadora): la subvención máxima posible será de hasta el 50 por ciento del coste total subvencionable con un máximo de 21.000 euros por actuación.   
b) Para las entidades referidas en el apartado b) del artículo 4 (asociaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones profesionales, fundaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro): la subvención máxima posible será de hasta el 100 por ciento del coste total subvencionable, con un máximo de 36.060 euros por actuación.   
5. No será subvencionable en ningún tipo de actuación:   
- El IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servicios, y en general, cualquier impuesto pagado por el beneficiario.   
- Los gastos de personal propio y los ocasionados por los consumos habituales utilizados para el normal funcionamiento y desarrollo de las funciones inherentes a los beneficiarios.   
6. Se podrá subcontratar la actividad objeto de la subvención hasta el 100 por ciento de la misma, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
7. El importe de las presentes ayudas no podrá hacer que el importe total de las ayudas de minimis que reciba la empresa durante un periodo de tres ejercicios fiscales sea superior al límite de 200.000 euros.   
8. Las ayudas reguladas en la presente orden no se acumularán a ninguna ayuda pública correspondiente a los mismos gastos subvencionables si dicha acumulación da lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida para las circunstancias concretas de cada caso en un reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la comisión.  
Artículo 4. Beneficiarios de las ayudas  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas:   
a) Para las ayudas previstas en el apartado a) del punto 1 del artículo 3, las empresas cuya actividad sea la industria transformadora. Se exceptúan las empresas de los sectores enumerados en el artículo 1 del Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006.  
b) Para las ayudas previstas en el apartado b) del punto 1 del artículo 3, las asociaciones empresariales, los colegios profesionales, asociaciones profesionales, fundaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro.  
Constituye un requisito previo indispensable para acogerse a los beneficios de esta orden el cumplimiento del deber de comunicación de los datos al Registro Industrial para aquellas actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de ámbito estatal o norma que lo sustituya en desarrollo del Registro Integrado Industrial.  
Artículo 5. Presentación de solicitudes y plazo  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas por la presente orden deberán dirigirse a la Dirección General de Industria e Innovación y se presentarán en impreso normalizado en los correspondientes servicios territoriales de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación o en cualquiera otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   
Asimismo podrá realizarse la presentación telemática de las solicitudes y para ello se accederá al catálogo de Servicios Públicos interactivos de la Generalitat accesibles a través de: y se seleccionará el servicio correspondiente. Para poder acceder a este sistema telemático, el solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada, bien con el certificado reconocido de entidad (personas jurídicas), o bien con el certificado reconocido para ciudadanos (persona física), ambos emitidos por la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. En el caso de presentar un certificado digital de persona física y que se actúe en representación de una persona jurídica, se deberá inscribir previamente en el Registro de representaciones de carácter voluntario ante la Generalitat para la realización de trámites por vía telemática.  
Si algunos de los documentos a aportar junto con la solicitud no pueden ser presentados de forma telemática, se realizará la entrega de los mismos por registro de entrada, en el plazo más breve posible dentro del establecido en el apartado 5 de este artículo.  
2. Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan:   
a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y, en su caso, de su representante legal.   
b) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros según modelo publicado en la Orden de 31 de agosto de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo), salvo si se han presentado con anterioridad ante la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y no han experimentado variación, acompañándose del certificado de titularidad de la cuenta bancaria.   
c) Acreditación de que el solicitante de la subvención se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  
La presentación de la solicitud por parte del beneficiario de la subvención conllevará la autorización a la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación para que ésta obtenga de forma directa a través de certificados telemáticos, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.   
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones siguientes:  
- De la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el certificado que acredite que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.   
- De la Tesorería General de la Seguridad Social el certificado acreditativo de que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  
- De las direcciones territoriales de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, el certificado acreditativo de que el solicitante no tiene deudas de naturaleza tributaria con la Generalitat.   
En este sentido, las certificaciones expedidas por las administraciones tributarias y por la Seguridad Social tendrán validez durante un plazo de seis meses desde la fecha de su expedición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.  
d) Memoria descriptiva de la actuación para la que solicita la ayuda fechada y firmada, con presupuesto detallado por partidas y precios unitarios o factura proforma. En la memoria se especificarán los objetivos perseguidos, la descripción del proyecto y su repercusión en relación con la mejora de la seguridad industrial con indicación de su ámbito territorial y expresión de las fases y plazos de realización y finalización que necesariamente será dentro del ejercicio 2010.  
Asimismo, se deberá incluir la documentación que se consideren necesarios y convenientes para acreditar la concurrencia de los criterios de evaluación previstos en el artículo 6.  
e) Declaración responsable de las ayudas de minimis concedidas por cualquier proyecto a la empresa/entidad durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara; o en su caso, declaración de no haber recibido ninguna.   
f) Declaración responsable que acredite que el solicitante no es deudor de la Generalitat por reintegro de subvenciones.  
g) Declaración responsable de no estar incurso en las demás prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
h) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá aportar también justificación de haber solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la publicación de la presente orden o que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, y justificación de la elegida cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.  
i) En el caso de que el solicitante sea una empresa, declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, de estar exento.  
j) Declaración responsable, sobre las ayudas recibidas para los mismos costes subvencionables, a fin de comprobar que no se superan los límites del artículo 2.5 del Reglamento de minimis antes citado.  
k) Número de Registro Industrial de la actividad empresarial.  
3. Los solicitantes podrán ejecutar sus actuaciones desde el 1 de enero de 2010, sin esperar a que la concesión de la ayuda se produzca y sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente se adopte.   
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.   
5. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Artículo 6. Criterios de evaluación de las solicitudes  
1. Para la concesión y valoración de las ayudas se tendrá en consideración:   
a) La incidencia, repercusión y alcance sectorial y/o territorial de la auditoría técnica, proyecto de mejora, estudio, guía técnica, acción de formación, de información o de difusión en materia de seguridad industrial:  
Hasta un máximo de 35 puntos que podrán otorgarse a la solicitud que acredite los parámetros objetivos de mayor incidencia en la seguridad industrial, tanto por su nivel de aplicación inmediata (bien de naturaleza constructiva o necesidad reguladora, entre otras), como por la amplitud o alcance en cuanto al número de empresas o actividades susceptibles de su aplicación. El resto de solicitudes se baremarán de forma proporcional, siguiendo este mismo criterio.  
b) La eficacia de la acción propuesta:  
Hasta un máximo de 20 puntos que podrán otorgarse a la solicitud que acredite justificadamente la eficacia individual de la auditoría técnica, proyecto de mejora, estudio, guía técnica, acción de formación, de información o de difusión con relación a la seguridad industrial; especialmente cuando pueda acreditarse de manera cuantitativa, directa o indirectamente, con base a ciertos parámetros como la siniestralidad estadística, entre otros. El resto de solicitudes se baremarán proporcionalmente.  
c) La formulación de propuestas fácilmente aplicables por las empresas para la mejora de la seguridad de productos, procesos e instalaciones:   
Hasta un máximo de 20 puntos que podrán otorgarse a la solicitud que justifique técnicamente que los equipos, procedimientos, métodos, etc. de su propuesta son de fácil aplicación, teniendo en cuenta su coste, su dimensión, su facilidad de instalación y/o implantación, etc., para mejorar la seguridad de los productos, procesos o instalaciones. El resto de solicitudes se baremarán de forma proporcional, siguiendo este mismo criterio.  
d) Su carácter innovador:   
Hasta un máximo de 25 puntos que podrán otorgarse a la solicitud que justifique que la actuación a desarrollar es innovadora, bien en sí misma o bien en cuanto a su aplicación en el ámbito de la seguridad industrial; baremando de forma proporcional el resto de solicitudes, si contienen aspectos parcialmente innovadores en cuanto a la seguridad industrial.  
2. En el caso de ayudas a empresas y si se produjera empate, se dirimirá a favor de aquellas empresas que acrediten ocupar mayor porcentaje de trabajadores discapacitados en relación con su plantilla, o bien se comprometan a contratar un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados durante el desarrollo de la acción subvencionada. La preferencia será aplicable en la forma prevista en el artículo 6 del Decreto 279/2004, del Consell de la Generalitat   
Artículo 7. Estudio y evaluación de las solicitudes  
1. La Dirección General de Industria e Innovación podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.   
2. Examinadas las solicitudes por el Servicio de Ordenación y Seguridad Industrial, aquellas que cumplan y acrediten los requisitos de esta orden serán objeto de estudio y evaluación a través de una comisión de evaluación, integrada por el Jefe del Área de Industria e Innovación, que actuará como presidente, los jefes de los servicios territoriales de Industria e Innovación de cada provincia de la Comunitat Valenciana y el jefe del Servicio de Ordenación y Seguridad Industrial de la Dirección General de Industria e Innovación, que actuará como secretario de esta comisión. La comisión de evaluación elaborará la correspondiente propuesta de concesiones o denegaciones de las subvenciones y de determinación, en su caso, de sus cuantías.  
3. La evaluación se efectuará atendiendo a los criterios definidos en el artículo 6.   
4. El régimen jurídico de la comisión es el establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   
Artículo 8. Resolución de la concesión de las ayudas  
1. La Dirección General de Industria e Innovación elevará la propuesta de la comisión de evaluación a el conseller de Industria, Comercio e Innovación, que dictará las correspondientes resoluciones fijando expresamente, en las concesiones, la cuantía e incorporando, si procede, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el desarrollo de la actuación.   
2. El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen para la concesión de las ayudas que se establecen en la presente orden será de cinco meses contados desde la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el expresado plazo sin que haya recaído resolución, se entenderá desestimada la solicitud de concesión de la ayuda en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   
3. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
4. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, con expresión de la convocatoria, del programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.  
5. Las resoluciones a que se refieren los párrafos anteriores agotan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución correspondiente o recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución correspondiente.  
Artículo 9. Resolución de incidencias  
El órgano competente para la concesión de las ayudas contempladas en la presente orden resolverá las incidencias que se produzcan, y en especial los supuestos de solicitud de:   
- Cambios de titularidad.   
- Prórrogas, debidamente motivadas, tanto para la ejecución del proyecto o actuación y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión como para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución de la acción a los efectos de la liquidación de la ayuda. Los acuerdos sobre concesión prórrogas o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso.  
- Modificaciones justificadas del proyecto inicial.   
Artículo 10. Control de las acciones  
1. La Dirección General de Industria e Innovación realizará el control y seguimiento de las acciones a través de las comprobaciones que considere necesarias.   
2. La Dirección General de Industria e Innovación, en los supuestos en que lo estime procedente, y en especial cuando las actuaciones para las que se conceda la ayuda consistan en la realización de estudios e investigaciones que tengan un marcado carácter técnico, podrá designar personal técnico propio o de sus servicios territoriales para que colabore en su redacción o ejecución o asuma la dirección técnica de la realización, a cuyo objeto el beneficiario vendrá obligado, cuando así lo determine la correspondiente resolución de concesión de la ayuda, a poner en conocimiento de ese centro directivo el inicio de las actuaciones.   
3. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General de la Generalitat, en relación con las subvenciones o ayudas concedidas.  
Artículo 11. Liquidación de las ayudas  
1. La liquidación de las ayudas se efectuará una vez ejecutada la acción en su totalidad, de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados en la resolución.   
2. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los beneficiarios, en el plazo de un mes desde la ejecución del proyecto en su totalidad, y en todo caso hasta el 15 de octubre de 2010, y salvo que por circunstancias concurrentes se determine un plazo distinto en la resolución de concesión, deberán presentar:   
a) Memoria de las actuaciones realizadas (justificativa del cumplimiento de las condiciones y obligaciones impuestas en la concesión de la subvención) con indicación de los resultados obtenidos.   
b) Relación de detallada de las actuaciones realizadas, apoyadas por esta subvención, con indicación de cada uno de los gastos incurridos (con identificación del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión).  
c) Acreditación de los fondos propios y de otras subvenciones e ingresos que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe, procedencia y aplicación. A tal fin el beneficiario presentará una declaración responsable detallada.  
d) Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez, en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, justificativos del gasto efectuado, expedidos de acuerdo con la normativa vigente. Las facturas deberán contar con todos los datos formales que exige para su expedición el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto del Valor Añadido.  
e) Copia de la auditoría técnica, proyecto de mejora, estudio, guía técnica o documentación asociada a la acción de formación, de información o de difusión realizada.  
f) Declaración responsable que acredite que el beneficiario no es deudor de la Generalitat por reintegro de subvenciones.  
g) En el caso de que el beneficiario haya denegado expresamente su consentimiento para que la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación obtenga directamente los correspondientes certificados telemáticos, acreditación de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
3. A efectos de justificación se considerará que el gasto subvencionado se ha realizado aunque las facturas no hayan sido efectivamente pagadas con anterioridad a la finalización del período de justificación.  
Artículo 12. Obligaciones del beneficiario  
Son obligaciones del beneficiario:   
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.   
b) Acreditar la realización de la actividad y el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determine la resolución de concesión de la ayuda, así como las que deriven de la ley, su naturaleza u objeto.   
c) El sometimiento a actuaciones de control financiero que correspondan a la Intervención General en relación con las ayudas concedidas.   
d) Hacer constar de manera explícita en la difusión de las acciones subvencionables, el apoyo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación.   
e) Comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la actuación subvencionada, otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.   
Artículo 13. Minoración y resolución de la ayuda concedida  
1. La alteración de alguna de las características no sustanciales de la acción aprobada, el incumplimiento de alguna de las condiciones y plazos establecidos en la resolución, la no ejecución o ejecución inadecuada de parte del gasto aprobado, la insuficiente justificación de alguno de los gastos efectivamente realizados y la concesión de otras ayudas públicas o privadas, con posterioridad a la presentación de la solicitud, si en su conjunto exceden de los límites establecidos podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.   
2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario, la variación de la finalidad de la actuación o la falta de justificación de la realización de la misma, dará lugar a la incoación por el órgano competente para la concesión de las ayudas, del correspondiente expediente que podrá finalizar en su caso, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.   
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA  
1. En el supuesto de que los documentos exigidos que deban acompañar a la solicitud de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en la que fueron presentados o en su caso emitidos y cuando no haya transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.  
2. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o en su defecto la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.  
DISPOSICIONES FINALES  
Primera   
Se faculta al secretario autonómico de Industria, Comercio e Innovación para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.  
Segunda   
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Valencia, 10 de marzo de 2010  
El conseller de Industria Comercio e Innovación y vicepresidente primero del Consell,  
VICENTE RAMBLA MOMPLET