Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3748, del 12-05-2000 (2000/3173)

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2000, de la secretaria general de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se inscribe la adaptación de los Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Valencia.
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Número DOGV
:   3748

Fecha DOGV
:   12-05-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/3173


Fecha del documento
:   07-04-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * trabajador social
    * colegio profesional
    * reglamento interno
    * legislación

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2000, de la secretaria general de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se inscribe la adaptación de los Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Valencia. [2000/A3173]
  
Visto el expediente de adaptación estatutaria instruido a instancia de doña Antonia Inés Rico Perete, como secretaria del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Valencia, inscrito con el número 49 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, en la que solicita la inscripción y registro de la adaptación de sus estatutos a la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, en base a los siguientes
  
Hechos
  
1. Que por la secretaria del mencionado colegio se presentaron el 30 de diciembre de 1999 los estatutos aprobados por la Asamblea General extraordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 1999, para su adecuación a la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
2. Que, en ejercicio del control de legalidad establecido por el artículo 11 de la mencionada ley autonómica se revisó el texto estatutario, indicándose la conveniencia de rectificar determinados puntos de los mismos, requerimiento que ha sido cumplimentado el pasado día 4 de abril.
  
3. El texto anexo de los preceptos, objeto de adaptación estatutaria, queda incorporado íntegramente a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Que los estatutos contienen todas las determinaciones exigidas en el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales.
  
2. Que han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios estatutos del colegio.
  
3. El expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Secretaría General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por los decretos 13/1999, y 91/1999, de 30 de julio, sobre asignación de competencias a la presidencia y a las consellerias, y de aprobación del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, respectivamente, y en relación con el Decreto 123/1986, de 20 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se crea el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
Vistos el artículo 36 de la Constitución y el artículo 31.22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; y demás disposiciones complementarias, resuelvo:
  
Inscribir la adaptación de los Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Valencia.
  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer, potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
Valencia, 7 de abril de 2000.- La secretaria general: Carmen Galipienso Calatayud.
  
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados
  
 en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Valencia
  
Aprobados en la Asamblea General extraordinaria celebrada el 2 de diciembre de 1999
  
TÍTULO I
  
Disposiciones generales
  
Artículo 1
  
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Valencia es una corporación de derecho Público, amparada por la ley y reconocida por el estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimento de sus fines.
  
Artículo 2
  
El ámbito territorial del colegio es el de la provincia de Valencia. No obstante, el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Valencia podrá integrarse, por fusión, en el correspondiente colegio de ámbito autonómico, si tal colegio llegara a constituirse.
  
1. El domicilio del colegio está ubicado en el número 2 puerta 6 de la calle Comte Altea de Valencia
  
Artículo 3
  
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Valencia integra en su ámbito territorial a quienes poseen la titulación de diplomados universitarios en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales, siendo obligatoria la incorporación al colegio para el ejercicio de la profesión.
  
Artículo 4
  
Este colegio oficial se regirá por los presentes estatutos, por el reglamento de régimen interior y por los acuerdos tomados por sus órganos de gobierno de acuerdo con las respectivas competencias atribuidas en las normas estatales y autonómicas.
  
Artículo 5
  
Este colegio oficial se relacionará directamente con la administración autónoma, en el marco establecido por la legislación correspondiente.
  
TÍTULO II
  
Fines y funciones
  
Artículo 6
  
Son fines esenciales del colegio la ordenación del ejercicio de la profesión de diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, la representación de la misma y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, todo ello sin perjuicio de las competencias de la administración pública por razón de la relación funcionarial, ni de las representaciones sindicales, en el ámbito específico de sus funciones.
  
El colegio fomentará la promoción y desarrollo técnico y científico de la profesión, la solidaridad profesional y el servicio de la profesión a la sociedad.
  
Artículo 7
  
Para el cumplimento de sus fines, el colegio ejercerá las siguientes funciones:
  
a) Colaborar con la administración pública mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus funciones, que pueden serles solicitados o acuerden formular por propia iniciativa. Así como estudiar los proyectos de ley y disposiciones de cualquier otro rango que se refieran a las condiciones del ejercicio de la profesión, incluso titulación requerida, incompatibilidades y honorarios, elevando, en su caso, el oportuno informe al organismo que corresponda.
  
b) Ostentar la representación y defensa de la profesión ante la administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuanto litigio afecte a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 artículo 1 de la Ley estatal 2/1974, de Colegios Profesionales.
  
c) Participar, en materia de competencia de la profesión en los consejos u órganos consultivos de la administración de acuerdo con la normativa vigente en cada caso.
  
d) Participar en la elaboración de los planes de estudio, sin menoscabo del principio de autonomía universitaria, informar a los colegiados de las normas de organización de los centros docentes correspondientes a la profesión, manteniendo contacto permanente con los mismos; así como preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la actividad profesional de los nuevos profesionales.
  
e) Facilitar a los tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados o colegiadas que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales o designarlos por sí mismo, cuando proceda.
  
f) Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para las personas colegiadas, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo el sostenimiento económico mediante las medidas necesarias.
  
g) Regular, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, los honorarios mínimos de los profesionales, que tendrán carácter meramente orientativo.
  
h) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios profesionales.
  
i) Encargarse el cobro de las percepciones y remuneraciones de honorarios profesionales con carácter general o a petición de las personas interesadas, en los casos en que el colegio tenga creados los servicios adecuados.
  
j) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.
  
k) Organizar cursos para actualizar la formación profesional de las personas colegiadas.
  
l) Cumplir y hacer cumplir a las personas colegiadas las leyes generales y especiales y los estatutos profesionales y reglamentos de régimen interior, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.
  
m) Mantener regularmente informadas a las personas colegiadas de las actividades desempeñadas, así como de cualquier cuestión que pudiera serles de interés.
  
n) Administrar la economía colegial, repartiendo equitativamente las cargas mediante la fijación de cuotas y aportaciones, con las facultades de recaudación y gestión necesarias.
  
o) Organizar y promover la investigación científica en el terreno profesional.
  
p) Impulsar la publicación y difusión de estudios y publicaciones que traten de temas o investigaciones profesionales.
  
q) Cuantas otras funciones le atribuyen las disposiciones legales o redunden en beneficio de los intereses profesionales de las personas colegiadas
  
r) Procurar la armonía y colaboración entre las personas colegiadas, impidiendo la competencia desleal entre ellas.
  
s) Intervenir en los procedimientos de arbitraje, en aquellos conflictos que por motivos profesionales se susciten entre las personas colegiadas o en los que el colegio sea designado para administrar arbitraje, conforme al articulo 10.a de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre.
  
t) Visar los trabajos profesionales.
  
u) Emitir informes y dictámenes, de carácter no vinculante, en procedimientos judiciales o administrativos en los que se susciten cuestiones relativas a competencias profesionales.
  
v) Evacuar el informe preceptivo sobre los proyectos de normas del Gobierno Valenciano que afecten a la profesión.
  
TÍTULO III
  
Del ejercicio de la profesión y de las personas colegiadas
  
CAPÍTULO I
  
Del ejercicio de la profesión
  
Artículo 8
  
Deberán incorporarse al colegio con carácter obligatorio e igualdad de derechos corporativos quienes se encuentren en posesión del título de diplomado en Trabajo Social o Asistente Social, y estén ejerciendo la profesión.
  
Artículo 9
  
Hallarse incorporada al colegio donde radique el domicilio profesional único o principal de la persona interesada, será requisito suficiente para que la misma pueda ejercer su actividad en todo el territorio del estado siempre que comunique, a través del colegio al que pertenezca, a los colegios distintos al de su adscripción, las actuaciones que vaya a realizar en sus demarcaciones, a fin de quedar sujeta, con las condiciones económicas que en cada supuesto puedan establecerse, a las competencias de ordenación, visado, control deontológico y potestad disciplinaria.
  
Artículo 10
  
Para adquirir la condición de colegiado o colegiada será necesaria la presentación de la solicitud a la Junta de Gobierno del colegio y presentar los documentos siguientes:
  
a) Título profesional, fotocopia compulsada del mismo o, en su caso, certificación académica acreditativa de la terminación de los estudios, con resguardo del pago de los derechos de expedición del título, hasta la entrega de éste, momento en el que deberá presentarlo en el colegio para su registro.
  
Los profesionales cuyo titulo de Trabajador Social haya sido expedido por otros estados miembros de la Unión Europea deberán acompañar, además del respectivo titulo académico, la correspondiente resolución de reconocimiento del mismo para el ejercicio de la profesión en España. En los casos de títulos expedidos por países no miembros de la Unión Europea, acompañaran el correspondiente titulo de convalidación de sus estudios con los de Diplomado en Trabajo Social.
  
b) Recibo acreditativo de haber satisfecho el pago de la cuota de ingreso.
  
En el caso de que el solicitante ya hubiese estado inscrito en otro colegio de diferente ámbito territorial, será suficiente que aporte una certificación de éste último, acreditativa del período de colegiación y del pago de las cuotas que le hubiesen correspondido en tal período. Su expediente se remitirá de un colegio a otro, poniéndolo en conocimiento del Consejo General.
  
La Junta de Gobierno acordará la admisión, siempre que se cumplan los requisitos señalados, en el plazo máximo de 30 días.
  
Artículo 11
  
La Junta de Gobierno podrá denegar la colegiación en los siguientes casos:
  
a) Por carecer de la titulación requerida.
  
b) Por haberse dictado sentencia firme contra la persona interesada que le condene a inhabilitación para el ejercicio profesional.
  
Contra el acuerdo denegatorio de colegiación, que habrá de comunicarse al interesado o interesada debidamente razonado, cabe recurso de reposición ante la Junta de Gobierno, en el plazo de 30 días. La Junta de Gobierno resolverá el recurso en el plazo no superior a 30 días.
  
Contra el acuerdo denegatorio definitivo podrá recurrir la persona interesada ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
  
Artículo 12
  
La condición de persona colegiada se perderá:
  
a) Por sentencia firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
  
b) Por expediente disciplinario, según se regula en estos estatutos.
  
c) Por causar baja voluntaria por cese o baja en el ejercicio de la profesión, o por su incorporación a otro colegio oficial de Diplomados en Trabajo Social.
  
La pérdida de la condición de colegiado o colegiada por las causas expresadas en los apartados a), b) y c) deberá ser comunicada por escrito a la persona interesada, con acuse de recibo, momento en el que surtirá efecto.
  
Artículo 13
  
La reincorporación al colegio se regirá por las mismas normas que la incorporación, debiendo acreditar el solicitante, en su caso, el cumplimiento de la sanción, cuanto éste haya sido el motivo de su baja.
  
Artículo 14
  
La Junta de Gobierno podrá proponer a la Asamblea el nombramiento de miembro de honor del colegio a las personas que, por sus merecimientos científicos, técnicos o profesionales y sea cual fuere su titulación, hayan contribuido al desarrollo de la profesión o del Trabajo Social en general.
  
CAPÍTULO II
  
De los derechos y deberes de las personas colegiadas
  
Artículo 15
  
Son derechos de las personas colegiadas:
  
a) Ejercer la profesión de diplomado en Trabajo Social o Asistente Social en el ámbito del colegio.
  
b) Participar como elector o electora y como elegible, en cuantas elecciones se convoquen en el colegio, intervenir de modo activo en la vida del colegio, ser informado y participar con voz y voto en las asambleas.
  
c) Ser asistido, asesorado y defendido por el colegio, de acuerdo con los medios de que éste disponga y en las condiciones que reglamentariamente se fijen, en cuantas cuestiones se susciten con motivo del ejercicio profesional.
  
d) Utilizar los servicios y medios del colegio, en las condiciones que reglamentariamente se fijen.
  
e) Formar parte de las comisiones o secciones que se establezcan.
  
f) Pertenecer a las entidades de previsión que se establezcan.
  
g) Ser representado por la Junta de Gobierno del colegio, cuando necesiten presentar reclamaciones fundadas a las autoridades, tribunales y entidades oficiales o particulares, siempre que sean consecuencia del ejercicio profesional.
  
h) Formular ante la Junta de Gobierno las quejas, peticiones y sugerencias que considere oportuno.
  
i) Recibir información regular sobre la actividad colegial y de interés profesional.
  
j) Examinar los libros de contabilidad y de actas del colegio, previa solicitud, así como de recabar la expedición de certificaciones de aquellos acuerdos que le afecten personalmente.
  
k) Exigir del colegio el visado de los trabajos profesionales.
  
l) Guardar secreto profesional.
  
m) Promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas formuladas en los términos estatutarios.
  
n) Crear grupos de trabajo de intereses específicos, con sometimiento en todo caso a los órganos de gobierno.
  
o) Remover a los titulares de los órganos de gobierno mediante votos de censura.
  
Artículo 16
  
Son deberes de las personas colegiadas:
  
a) Ejercer su profesión con arreglo a la legislación vigente.
  
b) Guardar secreto profesional.
  
c) Cumplir las normas corporativas, así como los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del colegio.
  
d) Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales y contributivas.
  
e) Comunicar al colegio los cambios de residencia o domicilio, en el plazo de 30 días.
  
f) Desempeñar diligentemente los cargos para los que fuera elegido, y cumplir los encargos que los órganos de gobierno del colegio puedan encomendarles.
  
g) Participar activamente en la vida colegial, asistiendo a las asambleas y a las comisiones a las que sea convocado.
  
h) Cooperar con la Junta de Gobierno y facilitar información en los asuntos de interés profesional en que sea requerido, así como en aquellos que considere oportuno hacerlo.
  
i) No perjudicar los derechos profesionales o corporativos de otras personas colegiadas.
  
j) Notificar al colegio cualquier acto de intrusismo profesional o ejercicio ilegal de la profesión de que tuvieran conocimiento.
  
k) Llevar con la máxima lealtad las relaciones con el colegio y con las demás personas colegiadas.
  
TÍTULO IV
  
De los órganos de gobierno de los colegios
  
CAPÍTULO PRELIMINAR
  
Artículo 17
  
Los órganos de representación, gobierno y administración del colegio serán los siguientes:
  
- Asamblea General.
  
- Junta de Gobierno.
  
CAPÍTULO I
  
Asamblea General
  
Artículo 18
  
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del colegio y está constituida por la totalidad de las personas colegiadas.
  
La Asamblea General podrá reunirse con carácter ordinario y extraordinario.
  
Artículo 19
  
La asamblea General ordinaria tendrá lugar, por lo menos, una vez al año, debiendo reunirse durante el primer trimestre del mismo.
  
Artículo 20
  
La Asamblea General extraordinaria tendrá lugar cuando lo acuerde la Junta de gobierno, o cuando lo soliciten un numero de personas colegiadas que representen un 10% del total como mínimo. La petición se hará mediante escrito en el que consten los asuntos que han de tratarse.
  
Artículo 21
  
La convocatoria de las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, se verificará por acuerdo de la Junta de Gobierno, indicando lugar, fecha y hora de reunión, tanto en primera como en segunda convocatoria, y el orden de los asuntos a tratar, con 15 días de antelación y mediante un escrito dirigido a todas las personas colegiadas.
  
Artículo 22
  
La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria quedará validamente constituida con la asistencia de la mitad más uno de las personas colegiadas, en primera convocatoria, y cualquiera que sea su número en la segunda, que tendrá lugar 30 minutos después de la hora en que hubiese sido convocada la primera.
  
Artículo 23
  
La Asamblea General estará presidida por el presidente o presidenta del colegio o miembro de la Junta de Gobierno en quien delegue.
  
El presidente o presidenta asumirá las funciones de moderador o moderadora de la Asamblea.
  
El secretario o secretaria de la Junta de Gobierno lo será también de la Asamblea.
  
Artículo 24
  
Los acuerdo se tomarán por mayoría simple, las votaciones serán secretas cuando así lo solicite una de las personas colegiadas asistentes a la Asamblea y lo apruebe la mayoría simple de las concurrentes. En ningún caso se podrá adoptar acuerdo respecto a cuestiones que no figuren en el orden del día de la reunión.
  
Artículo 25
  
Las personas colegiadas podrán participar en las asambleas generales mediante representación. Ésta se otorgará a favor de otra persona colegiada, por escrito, en el que exprese el nombre del representante. Sólo serán válidas las representaciones entregadas al secretario o secretaria antes de dar comienzo la Asamblea.
  
Artículo 26
  
Son funciones de la Asamblea General:
  
a) La aprobación de los estatutos y del reglamento de régimen interior, así como de las propuestas de modificación de los mismos.
  
b) La aprobación de la memoria anual, presentada por la Junta de Gobierno.
  
c) La aprobación del balance y los presupuestos del colegio.
  
d) La aprobación de la cuantía de la cuota de colegiación, así como de las prestaciones extraordinarias que proponga la Junta de Gobierno.
  
e) Decidir sobre la inversión de los bienes colegiales.
  
f) Deliberar y acordar sobre todas las demás cuestiones que someta a su competencia la Junta de Gobierno o le atribuyan estos estatutos.
  
g) Acordar la disolución del colegio y, en tal caso, el destino a dar a sus bienes. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por una ley de la Generalitat, previo informe del Consejo Autonómico si lo hubiera.
  
h) Asimismo, podrá acordar la fusión u otra forma de integración del colegio en el de ámbito autonómico. Deberá obtener la aprobación mediante un decreto del Gobierno Valenciano, previo informe del Consejo Autonómico si lo hubiera.
  
Artículo 27
  
Los apartados b) y c) serán tratados necesariamente en asamblea ordinaria.
  
CAPÍTULO II
  
Junta de Gobierno
  
Artículo 28
  
La Junta de Gobierno estará constituida por:
  
- Un presidente o presidenta.
  
- Un vicepresidente o vicepresidenta.
  
- Un secretario o secretaria.
  
- Un tesorero o tesorera.
  
- Tres vocales, como mínimo y un máximo de cinco.
  
Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos por el procedimiento establecido en estos estatutos, por un período de tres años.
  
Artículo 29
  
Si, por cualquier causa, cesan en su cargo más de un tercio de los miembros de la Junta de Gobierno, ésta convocará Asamblea General extraordinaria, proponiendo nombres entre las personas colegiadas, para cubrir las vacantes.
  
Artículo 30
  
Serán funciones de la Junta de Gobierno:
  
a) Ostentar la representación del colegio.
  
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
  
c) Dirigir la gestión y administración del colegio, para el cumplimiento de sus fines.
  
d) Representar los intereses profesionales cerca de los poderes públicos, así como velar por el prestigio de la profesión y la defensa de sus derechos.
  
e) Establecer y organizar los servicios necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones colegiales.
  
f) Resolver las solicitudes de colegiación.
  
g) Administrar los fondos y bienes del colegio, así como recaudar las cuotas de toda clase que deban satisfacer las personas colegiadas.
  
h) Confeccionar los presupuestos económicos anuales y rendir cuentas de su ejecución.
  
i) Informar a las personas colegiadas de las actividades y acuerdos del colegio, y preparar la memoria anual de su gestión.
  
j) Imponer sanciones, de acuerdo con lo preceptuado en estos estatutos.
  
k) Convocar elecciones para los cargos de la Junta de Gobierno, cuando proceda, y en la forma de disponen estos estatutos.
  
l) Convocar Asamblea General, según lo preceptuado en estos estatutos.
  
m) Cambiar el domicilio social del colegio, dando cuenta de ello en la primera asamblea general que se celebre.
  
n) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre las personas colegiadas en el ejercicio de la profesión.
  
o) Elaborar y proponer para su posterior aprobación por la Asamblea General la modificación del reglamento de régimen interior y de los estatutos.
  
p) Informar a la Conselleria de Presidencia de la Generalitat de las modificaciones realizadas en los estatutos y en el reglamento de régimen interior, dentro del plazo de un mes desde su aprobación por la Asamblea General, para su control de legalidad y posterior publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Artículo 31
  
La Junta de Gobierno podrá actuar en Comisión Permanente, que estará constituida, al menos, por el presidente o presidenta, el tesorero o tesorera, el secretario o secretaria y dos vocales. La Comisión Permanente asumirá las funciones que en ella delegue la Junta de Gobierno y que se regularán en el reglamento de régimen interior.
  
Artículo 32
  
La Junta de Gobierno podrá constituir comisiones asesoras y comisiones de trabajo no permanentes, que serán reguladas por el reglamento de régimen interior.
  
Artículo 33
  
Serán funciones del presidente o presidenta:
  
a) Presidir las juntas de gobierno y asambleas generales ordinarias y extraordinarias.
  
b) Representar al colegio en sus relaciones con los poderes públicos, entidades y corporaciones de cualquier tipo, así como personas físicas y jurídicas.
  
c) Autorizar los informes y comunicaciones oficiales del colegio que se dirijan a autoridades, corporaciones y particulares.
  
d) Autorizar la apertura de cuentas corrientes bancarias, imposiciones que se hagan y los talones o cheques para retirar cantidades, juntamente con el tesorero o tesorera.
  
e) Aprobar los libramientos y órdenes de pago y libros de contabilidad, juntamente con el tesorero o tesorera.
  
Artículo 34
  
Serán funciones del vicepresidente o vicepresidenta:
  
Llevar a cabo todas aquellas funciones que le confiera el presidente o presidenta, asumiendo las de éste, en caso de ausencia, enfermedad, dimisión o vacante.
  
Artículo 35
  
Serán funciones del secretario o secretaria:
  
a) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del colegio.
  
b) Redactar las actas de las Juntas de Gobierno y de las asambleas generales.
  
c) Recibir y dar cuenta a la Junta de Gobierno de las comunicaciones que se remitan al colegio.
  
d) Expedir las certificaciones que se soliciten por los interesados o interesadas, respecto a temas relacionados con su vinculación al colegio.
  
e) Redactar la memoria anual al cierre del ejercicio.
  
f) Ostentar la jefatura de personal y organizar los servicios administrativos.
  
Artículo 36
  
Serán funciones del tesorero o tesorera:
  
a) Recaudar y custodiar los fondos del colegio.
  
b) Pagar los libramientos que expida el presidente o presidenta.
  
c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y marcha del presupuesto, y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido.
  
d) Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno tenga que presentar a la Asamblea General.
  
e) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias, conjuntamente con el presidente o presidenta.
  
f) Llevar inventario minucioso de los bienes del colegio de los que será administrador o administradora.
  
g) Controlar la contabilidad y llevar la caja.
  
Artículo 37
  
Serán funciones de los vocales:
  
a) Llevar a cabo las funciones de la Junta de Gobierno, en la forma en que se regule en el reglamento de régimen interior.
  
b) Participar en las reuniones de la Junta de Gobierno con voz y voto.
  
CAPÍTULO III
  
Elección de la Junta de Gobierno
  
Artículo 38
  
La elección de los miembros de la Junta de Gobierno será por un período de tres años, pudiendo ser reelegidos por un máximo de dos periodos consecutivos.
  
Artículo 39
  
Cada tres años, la Junta de Gobierno convocará elecciones para cubrir todos los puestos de la Junta de Gobierno.
  
Artículo 40
  
La convocatoria de elecciones se hará con un mínimo de dos meses de antelación a la fecha de su celebración, con especificación del calendario electoral y el procedimiento de votación, escrutinio y proclamación, así como los recursos procedentes. Todo ello según lo dispuesto en los artículos siguientes.
  
Artículo 41
  
Podrán participar en las elecciones, como electores o electoras y elegibles, todas las personas colegiadas incorporadas reglamentariamente al colegio, al menos un mes antes de la celebración de elecciones y que estén al corriente en el pago de las cuotas y figuren en la relación de colegiados o colegiadas a que se refiere el artículo siguiente
  
Artículo 42
  
A los efectos indicados en el artículo anterior, la Junta de Gobierno procederá 25 días antes de la fecha fijada para la celebración de elecciones, a hacer pública la lista definitiva de colegiados/as, fijándola en el tablón de anuncios de la Secretaría del Colegio. Dicha lista permanecerá en el mencionado tablón de anuncios hasta la finalización del proceso electoral.
  
Artículo 43
  
Las personas colegiadas que deseen reclamar sobre el citado listado podrán hacerlo durante el plazo de tres días hábiles, desde el momento de su exposición en el tablón de anuncios. Las reclamaciones deberán realizarse por escrito, dentro del plazo citado. La Junta de Gobierno deberá resolver las reclamaciones en el plazo de tres días hábiles, una vez finalizado el plazo de formulación de reclamaciones.
  
Artículo 44
  
Las candidaturas podrán presentarse completas o individuales. En el caso de candidaturas completas, deberán presentar un plan de trabajo y currículo, y en el caso de individuales currículo, especificando para el cargo al que se presentan. Ninguna persona candidata podrá presentarse a dos o más cargos simultáneamente.
  
Artículo 45
  
Al día siguiente del término de los plazos referidos en al artículo 40, la Junta de Gobierno publicará el listado definitivo de las personas colegiadas con derecho a ser elegibles y electores. El mismo día efectuará la proclamación de candidaturas.
  
Artículo 46
  
El día fijado para las elecciones se constituirá en los locales y hora que en la convocatoria se fije le mesa electoral, que estará formada por un presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, dos vocales y un secretario o secretaria, todos ellos nombrados por la Junta de Gobierno, siempre que ninguno de ellos se presente como persona candidata.
  
Artículo 47
  
24 horas antes de empezar la votación, las personas candidatas podrán comunicar a la Junta de Gobierno la designación de los interventores o interventoras de mesa, en número no superior a dos por candidatura completa y uno por cada candidatura individual. Los interventores o interventoras podrán asistir a todo el proceso de votación y escrutinio, formulando las reclamaciones que estimen convenientes y que serán resueltas por el presidente o presidenta de la Mesa electoral y recogidas en el acta por el secretario o secretaria.
  
Artículo 48
  
Las personas colegiadas votarán utilizando exclusivamente las papeletas oficiales autorizadas por el colegio, designando expresamente cada cargo y la persona elegida para el mismo.
  
Previa identificación de la persona colegiada, se entregará la papeleta al presidente o presidenta para que, en su presencia, la deposite en la urna. El secretario o secretaria de mesa indicará en la lista de personas colegiadas aquellas que vayan depositando su voto.
  
Artículo 49
  
Las personas colegiadas podrán votar por correo, de la siguiente forma: enviando la papeleta, en sobre, al presidente o presidenta de la Mesa. Este sobre irá incluido dentro de otro en el cual figurará fotocopia del documento nacional de identidad, también cerrado, en el que conste claramente el remitente. Los votos por correo sólo se enviarán a la Secretaría de la Junta de Gobierno, dirigidos al presidente o presidenta de la Mesa y deberán ser recogidos por ésta con anterioridad a la hora fijada para el cierre de la votación.
  
Artículo 50
  
Terminada la votación, se realizará el escrutinio, que será público, y se levantará un acta en que figuren los votos obtenidos por cada persona candidata.
  
El sistema de escrutinio será el siguiente:
  
a) Se contabilizarán los votos obtenidos por las candidaturas completas, asignándose un voto a cada una de las personas candidatas que figuren en los mismos.
  
b) Los votos de las candidaturas no completas o modificadas se sumarán a los anteriores.
  
c) La persona candidata elegida será aquella que obtenga más votos dentro del cargo al que se presente, considerándose nula la papeleta que asigne un cargo determinado a una persona candidata que no se presente al mismo.
  
Artículo 51
  
El secretario o secretaria de la Mesa electoral levantará un acta de la votación y de sus incidencias, que deberá ser firmada por todos los miembros de la Mesa y por los interventores o interventoras, si los hubiere, que tendrán derecho a hacer constar sus quejas y reclamaciones.
  
Artículo 52
  
En el plazo de 24 horas el secretario remitirá a la Junta de Gobierno las actas de la votación y las listas de votantes. La Junta de Gobierno resolverá sobre las reclamaciones de los interventores y demás incidencias, en el plazo de 24 horas.
  
Artículo 53
  
En el supuesto de que no se aprecien defectos que invaliden la votación, la Junta de Gobierno proclamará los resultados de la votación, comunicándola a las personas colegiadas y a la Junta de Gobierno del Consejo General.
  
Artículo 54
  
En el supuesto de que la Junta de Gobierno resolviese, a la vista de las impugnaciones presentadas, anular la elección, lo comunicará a la Junta de Gobierno del Consejo General y procederá a convocar por el mismo procedimiento aquí establecido, nuevas elecciones en el plazo de un mes.
  
Artículo 55
  
Contra las resoluciones definitivas de la Junta de Gobierno en materia electoral, cualquier persona colegiada podrá interponer un recurso de alzada ante la Junta de Gobierno del Consejo General, cuya resolución agotará la vía administrativa.
  
Artículo 56
  
Elegidos los miembros de la Junta de Gobierno, éstos tomarán posesión de sus cargos en el plazo máximo de un mes desde su proclamación. La constitución de la Junta se comunicará a la Conselleria de Presidencia y las consellerias correspondientes por razón de la profesión.
  
CAPÍTULO IV
  
Moción de censura
  
Artículo 57
  
1. La Asamblea General podrá exigir la responsabilidad del presidente o presidenta y demás miembros de la Junta de Gobierno de forma individual o conjuntamente la de varios, mediante la adopción, por mayoría absoluta, de un voto de censura.
  
2. La moción de censura deberá ser propuesta por escrito y, al menos, por el 25% de los miembros que componen la Asamblea General, expresando claramente las razones en las que se funda.
  
3. Si la moción de censura resultase aprobada por la Asamblea General, ésta designará nuevos miembros de la Junta de Gobierno en sustitución de los que hubieren sido objeto de moción de censura, debiéndose convocar elecciones en el plazo de un mes para la cobertura de los cargos cesados. Si la moción de censura no fuese aprobada, sus personas signatarias no podrán presentar otra hasta transcurridos seis meses desde la misma.
  
TÍTULO V
  
Régimen disciplinario
  
Artículo 58
  
a) Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años, a contar desde el día en que se produjeron los hechos que las motivaron.
  
b) Corresponde a la Junta de Gobierno del Consejo General el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los/las miembros de la Junta de Gobierno.
  
Artículo 59
  
Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
  
Son faltas leves:
  
a) La negligencia en el cumplimiento de los deberes, o la obstrucción de los derechos de las personas colegiadas contemplados en los presentes estatutos y las normas complementarias que los desarrollen, cuando tal acción u omisión constituya de por si falta grave.
  
Son faltas graves:
  
a) El incumplimiento en el pago de las cuotas colegiales por el plazo superior a seis meses y después de haber sido requerido para su pago.
  
b) El incumplimiento en el pago del porcentaje que, sobre los honorarios profesionales que perciben las personas colegiadas, en aquellos trabajos que se les encomienden a través del colegio, se haya acordado ingresar en este último para su sostenimiento y atención a los fines propios del mismo.
  
c) La infracción grave del secreto profesional, con perjuicio para tercero.
  
d) La reiteración de faltas leves.
  
e) La emisión de informes faltando a la verdad.
  
f) La negligencia en el cumplimiento de los deberes u obstrucción de los derechos de las personas colegiadas contemplados en los presentes estatutos y las normas complementarias recogidas en el reglamento de régimen interior, cuando tal acción u omisión conculque gravemente a esos derechos.
  
Son faltas muy graves:
  
a) La reiteración de faltas graves.
  
b) Ser condenado/a por delito doloso o penas de inhabilitación.
  
Artículo 60
  
Las sanciones que podrán imponerse son:
  
a) Para faltas leves, apercibimiento por escrito, sin que conste en expediente.
  
b) Para faltas graves, apertura de expediente disciplinario o expulsión del colegio por plazo no superior a un año.
  
c) Para faltas muy graves, expulsión del colegio por el plazo superior a un año.
  
Artículo 61
  
a) Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años, a contar desde el día en que se produjeron los hechos que las motivaron.
  
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento sancionador, y se reanudará el computo del plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante un mes por causa no imputable a la presunta persona responsable.
  
b) Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por faltas muy graves a los tres años, a contar desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
  
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, y volverá a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.
  
Artículo 62
  
Para la imposición de sanciones en los casos de faltas graves y muy graves, habrá que incoarse previamente el oportuno expediente, acuerdo éste que compete a la Junta de Gobierno, que a tal fin designará una comisión de disciplina, constituida por cinco personas colegiadas, de las cuales una será miembro de la Junta de Gobierno y las cuatro restantes se designarán entre las personas colegiadas más antiguas.
  
En el expediente que se instruya, será oída la persona afectada, quien podrá aportar el mismo cuantas pruebas estime convenientes en su defensa.
  
Ultimado el expediente, la comisión lo elevará a la Junta de Gobierno, quien tomará la resolución de la sanción a aplicar.
  
Contra las sanciones disciplinarias cabrá interponer un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno, en el plazo de 15 días desde su comunicación a las personas interesadas, y un recurso de alzada ante la Asamblea General, en el plazo de 20 días desde la comunicación a la persona interesada del fallo del recurso de reposición. Todo ello sin perjuicio de lo que proceda ante la jurisdicción contencioso administrativa.
  
Artículo 63
  
No requerirá la instrucción de expediente la baja de la persona colegiada por los motivos a) y b) del artículo 11.
  
TÍTULO VI
  
Régimen económico y financiero
  
Artículo 64
  
El colegio deberá contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines, estando obligadas las personas colegiadas a contribuir a su sostenimiento en la forma reglamentaria.
  
Artículo 65
  
Son recursos económicos del colegio:
  
a) Las cuotas de inscripción de las personas colegiadas y, en su caso, las cuotas de habilitación que estén obligadas a satisfacer al colegio en cuya demarcación vayan ocasionalmente a ejercer las personas colegiadas incorporadas a colegios situados en territorios diferentes.
  
b) Las cuotas ordinarias de las personas colegiadas.
  
c) Las cuotas extraordinarias que apruebe la Asamblea General.
  
d) El porcentaje que sobre honorarios corresponde devengar a las personas colegiadas por los trabajos profesionales que le encargue el colegio.
  
e) Las subvenciones, legales y donaciones que pueda recibir de la administración, entidades, personas colegiadas y otros particulares.
  
f) Los rendimientos de sus propios bienes y derechos.
  
g) Los ingresos que el colegio pueda obtener por venta de publicaciones, impresos, suscripciones y expedición de certificaciones, así como por realización de dictámenes, funciones de asesoramiento y similares que le sean solicitados.
  
Artículo 66
  
La Asamblea General del colegio, sobre propuesta de la Junta de Gobierno, fijará periódicamente la cuantía de la cuota de colegiación y de las extraordinarias que eventualmente pueden aconsejar las necesidades del colegio.
  
Artículo 67
  
Asimismo, la Junta de Gobierno fijará periódicamente la cuantía del porcentaje que sobre honorarios percibidos con arreglo al artículo 65.d deban abonar las personas colegiadas.
  
Artículo 68
  
Con independencia de la competencia del tesorero o tesorera estarán a disposición de las personas colegiadas que lo soliciten, así como de los miembros de la Junta de Gobierno, los estados de cuentas, comprobación de saldos y libro de inventarios de recursos extraordinarios.
  
Artículo 69
  
En caso de disolución del colegio, la Junta de Gobierno, actuará como comisión liquidadora y ejecutará el acuerdo de la Asamblea General sobre el destino de los bienes sobrantes.
  
TÍTULO VII
  
Régimen jurídico de los actos colegiales
  
Artículo 70
  
1. Los actos y acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno son inmediatamente ejecutivos, salvo que en los mismos se establezca lo contrario y deberán ser publicados en la forma que se determine en el reglamento de régimen interior, con la finalidad de que sean conocidos por todos/as las personas colegiadas.
  
2. No obstante, la eficacia de dichos actos y acuerdos quedará demorada cuando así lo exija el contenido de los mismos o se halle supeditada a su notificación.
  
Artículo 71
  
El archivo y conservación de actas de los diversos órganos colegiales, así como la documentación contable, se llevarán por los sistemas técnicos adecuados, siempre que garanticen suficientemente la autenticidad.
  
Artículo 72
  
Todos los actos del colegio estarán sometidos en sus requisitos y efectos a la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.
  
Artículo 73
  
Son nulos de pleno derecho los siguientes actos de los órganos colegiales:
  
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  
b) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio.
  
c) Aquellos cuyo contenido sea imposible.
  
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
  
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiales.
  
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
  
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
  
Artículo 74
  
1. Serán anulables aquellos actos colegiales que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
  
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de las personas interesadas.
  
3. La realización de actos fuera de tiempo establecido para ellos, sólo implicará su anulabilidad cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo.
  
Artículo 75
  
En el plazo de cinco días desde que tuviese conocimiento de un acto que considere nulo, la Junta de Gobierno deberá suspender el acto.
  
Artículo 76
  
Los actos y acuerdos propios de la Junta de Gobierno son recurribles en reposición ante la misma, en su caso, en alzada ante la Asamblea General.
  
Artículo 77
  
1. Contra las resoluciones expresas o tácitas del colegio podrá interponerse un recurso de alzada en los términos y plazos previstos en la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el Consejo General.
  
2. Las resoluciones del Consejo General que resuelvan los recursos de alzada, ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa, salvo la interposición potestativa del recurso de reposición ante el mismo Consejo General en la forma y plazos que prevé el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 1.31 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992.
  
Artículo 78
  
Están legitimados para recurrir los actos colegiales:
  
a) Cuando se trate de actos o acuerdos con efectos jurídicos individualizados, los titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.
  
b) Cuando se trate de actos o acuerdos que afecten a una pluralidad indeterminada de personas colegiadas o al colegio en sí mismo, cualquier persona colegiada.
  
Los presentes estatutos son modificación de los que fueron visados por la Resolución dictada por el director de Interior con fecha 14 de enero de 1988 y con registro de salida número 02519 de 21 de enero de 1988, de la Conselleria de Administración Publica.