Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4213, del 20-03-2002 (2002/2510)

Notificación a don Juan Carlos Canales Pérez.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4213

Fecha DOGV
:   20-03-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - F) EXPROPIACIONES

Número del documento
:   2002/2510


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a don Juan Carlos Canales Pérez. [2002/A2510]
  
Al no haberse podido practicar la notificación a don Juan Carlos Canales Pérez y conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 20 de diciembre de 2001.
  
Visto el recurso de alzada interpuesto por don Juan Carlos Canales Pérez, en nombre y representación de don Vicente Sarrión Talón y don Manuel Sanchiz Aparicio, contra la Resolución del director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de fecha 4 de mayo de 2001, por la que se aprueba, definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Anna, y de conformidad con los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
1. El proyecto se sometió a información pública mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 19 de mayo de 1999. Tras el pertinente periodo de información pública, en el que se presentaron 12 alegaciones, se aprobó provisionalmente por el citado órgano municipal con fecha 29 de diciembre de 1999. El expediente completo tiene entrada en el Registro General de la Comisión Territorial de Urbanismo con fecha 10 de mayo de 2000.
  
Con fecha 12 de diciembre de 2000 tiene entrada documentación remitida por el Ayuntamiento consistente en anexo de subsanación de deficiencias, aprobado en sesión plenaria municipal celebrada el 5 de diciembre de 2000.
  
2. Con fecha 21 de diciembre de 2001 la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, adoptó el siguiente acuerdo:
  
«Supeditar la eficacia de la aprobación definitiva del Plan General de Anna hasta tanto se subsanen las deficiencias no sustanciales detectadas que, en síntesis, consisten en la necesidad de aportar texto refundido que recoja todas las alteraciones operadas en el proyecto (básicamente que recoja lo dicho en el anexo de subsanación), se aporte justificación de lo establecido en el artículo 16 del anexo al Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana para los suelos interiores de la Ronda, se justifique el aprovechamiento tipo similar o valor urbanístico semejante de las áreas de reparto, además de identificarse la subsanación de errores introducida y recogerse las observaciones realizadas por la Diputación Provincial y la Dirección General Obras Públicas (División de Carreteras) de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
Una vez subsanados dichos aspectos por el Ayuntamiento de Anna procederá que éste dé cuenta de ello al presidente de esta Comisión, quien queda facultado al amparo del Decreto 137/1990, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, para que ordene la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el boletín oficial sin necesidad de nuevo acuerdo de esta comisión a la que deberá informar posteriormente de lo actuado.»
  
3. Con fecha 4 de mayo de 2001, el director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, el día 26 de abril de 2000, adoptó la siguiente resolución:
  
«Considerar cumplimentado el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de fecha 21 de diciembre de 2000, relativo al Plan General de Anna.
  
Declarar definitivamente aprobado el Plan General de Anna y ordenar la publicación en el BOP del mencionado acuerdo.»
  
4. La citada resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el día 3 de julio de 2001, y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en fecha 13 de septiembre de 2001
  
5. Contra la resolución referida, don Juan Carlos Canales Pérez, en nombre y representación de don Vicente Sarrión Talón y don Manuel Sanchiz Aparicio, en fecha 3 de agosto de 2001 interpone recurso de alzada, basándose en los siguientes motivos:
  
- Incorrecta delimitación de la unidad de ejecución UE-1.
  
- Patrimonialización del aprovechamiento urbanístico de su parcela.
  
- Indebida inclusión de terrenos que arrastran usos agrícolas y urbanos en el mismo ámbito de actuación.
  
- Vulneración del principio de confianza.
  
6. El día 22 de agosto de 2001, se da traslado del citado recurso al Ayuntamiento de Anna, para que en el plazo de 15 días, conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiera alegar cuanto estimase conveniente, recibiendo informe de dicha Entidad Local en fecha 15 de octubre de 2001, en el sentido de acordar una rectificación de la delimitación contenida en el Plan General de Ordenación Urbana de Anna, excluyendo de la misma área la parcela de los recurrentes, comprendida entre el eje de calle, de las calles Sellent y proyecto, y el interior de la manzana.
  
7. Los servicios territoriales de Valencia, en fecha 11 de octubre de 2001, en relación con el objeto del presente expediente, emitieron informe desfavorable.
  
8. El Servicio Jurídico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 19 de diciembre de 2001, informó favorablemente la desestimación del presente recurso de alzada.
  
Fundamentos de derecho
  
1. El recurso de alzada deducido es admisible puesto que se interpuso en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el artículo 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en consecuencia procede entrar en el fondo de las cuestiones que en el mismo se plantean.
  
2. El objeto del recurso interpuesto por don Vicente Sarrión Talón y don Manuel Sanchiz Aparicio, se ciñe a la ordenación urbanística de la unidad de ejecución de UE-1 del Plan General de Ordenación Urbana de Anna.
  
3. A la vista de las cuestiones formuladas por el recurrente hay que considerar que son de competencia estrictamente municipal, no cabiendo entrar en su contenido y no debiendo el órgano autonómico cuestionar la interpretación del interés público local formulada por el municipio desde la representatividad que le confiere su legitimación democrática, tal y como prescribe el artículo 40.2 de la LRAU (SSTS de 2 de enero de 1992 y de 17 de julio de 1991).
  
4. Que en cuanto al cambio de diseño municipal, entre una modificación aprobada provisionalmente con anterioridad y la aprobación definitiva del Plan General, consistente en la inclusión de una parcela en una unidad de ejecución, nos lleva a entender que ha sido debido al ejercicio del propio ius variandi tantas veces reconocido por la jurisprudencia.
  
El fundamento de ius variandi se encuentra en la necesidad de adoptar las previsiones urbanísticas y de dar respuestas que demandan los nuevos requerimientos del espacio físico urbano (sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1992, Aranzadi 4145)
  
Los planes ?dice el Tribunal Supremo en su Sentencia de 19 de febrero de 1987- no se trazan en función de los propietarios del suelo, sino de los ciudadanos y de las necesidades colectivas. Proyección de aquel principio resulta el de la presunción de legalidad de la actuación administrativa que tienda o pretenda cubrir déficit, estableciendo nuevas dotaciones urbanísticas. De esta manera, las coordenadas del interés general se cierran con la exigencia de racionalidad de las nuevas decisiones urbanísticas, que las situaciones fácticas estén valoradas correctamente, que la utilización del suelo sea coherente con las necesidades objetivas de la comunidad y se formule una adecuada ordenación territorial y un correcto ajuste a las finalidades perseguidas, que la decisión planificadora guarde coherencia con la realidad de los hechos (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección Primera, de 19 de mayo de 2001, Aranzadi 1984.
  
La potestad planificadora de la administración afecta indudablemente, en ocasiones, al derecho de los propietarios del suelo afectado. Debe decirse que la facultad de alterar la planificación tiene perfecta cobertura constitucional y está anclada en el artículo 33 (que habla de la función social de la propiedad) y en el artículo 45 (referido al medio ambiente, la calidad de vida y la utilización racional de los recursos) de la Constitución española. De esta manera, la concepción dinámica de la estructura jurídica urbana impide hablar de derechos adquiridos en el sentido clásico del término, a tenor de reiterada jurisprudencia, al decir que: «Frente al plan no existen derechos adquiridos» o que «frente a la actuación del ius variandi los derechos de los propietarios no son un obstáculo impediente, ya que el plan puede afectar a terrenos ya ordenados, bien para conservar su situación urbanística, bien para modificarla», por lo que prescindiendo del grado de desarrollo de la planificación, su sola existencia no impide la posterior modificación.
  
5. Que el artículo 10.3 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, establece la posibilidad de clasificar suelo urbano terrenos cuyo desarrollo prevea realizar mediante actuaciones integradas, en vez de actuaciones aisladas, por ser más favorable desarrollarlos por este sistema.
  
Que la inclusión de la finca de los recurrentes en la unidad de ejecución UE-1 de Anna, entra dentro de la actividad reglada, por cuanto el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana lo permite, consecuentemente y dado que en el presente procedimiento se respetan dichos criterios delimitando una unidad con el objeto de someterla al régimen de ejecución de actuaciones integradas, no se ha producido infracción legal que conlleve la estimación del recurso y la exclusión de los recurrentes de la unidad de ejecución UE-1.
  
6. La cuestión referida a la patrimonialización del aprovechamiento por los recurrentes y de la satisfacción, por éstos, de contribuciones especiales para completar la urbanización debe ser suscitada en el ámbito estrictamente de gestión del planeamiento, no pudiendo esta administración apreciar la solicitud propuesta, puesto que desconoce el grado de consolidación de las obras de urbanización prevista, y todo ello sin perjuicio de que en el momento procesal oportuno pueda el recurrente plantear el reconocimiento de los derechos que le amparan relativos a la compensación de costes de urbanización ya sufragados y compatibles con el proyecto de urbanización, así como el respeto al aprovechamiento que ha adquirido legalmente.
  
7. Parece ser la voluntad evidente del Ayuntamiento de Anna enmendar una propuesta urbanística relativa a la ubicación de una parcela de los recurrentes fuera de la unidad de ejecución UE-1, tal y como se desprende del informe por los técnicos municipales remitido, lo cual parece ilógico atendiendo al poco tiempo transcurrido desde su redacción. Para ello deberá seguir el correspondiente procedimiento legal para la modificación y revisión de los planes establecido en la legislación urbanística, artículo 55.1 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con artículo 38 del mismo texto legal, no siendo el recurso de alzada el camino legal para llevarlo a cabo.
  
8. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es competente para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Decreto 110/2000, de 18 de julio, y el Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Juan Carlos Canales Pérez, en nombre y representación de don Vicente Sarrión Talón Y don Manuel Sanchiz Aparicio, contra la Resolución del director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de fecha 4 de mayo de 2001, por la que se aprueba, definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Anna.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime oportuno.
  
Valencia, 20 de diciembre de 2001.- El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: José Ramón García Antón.