Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5959, del 20-02-2009 (2009/1687)

Bases particulares reguladoras de la adjudicación del programa de actuación integrada, por gestión indirecta, correspondiente al sector PRI Montepinar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5959

Fecha DOGV
:   20-02-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/1687


Fecha del documento
:   04-02-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Orihuela

Tipo de documento
:   Licitación

Descriptores 

:   * Orihuela
    * administración local
    * licitación
    * contrato de obras
    * plan de urbanismo

Bases particulares reguladoras de la adjudicación del programa de actuación integrada, por gestión indirecta, correspondiente al sector PRI Montepinar [2009/1687]  
El Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 27 de enero de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
Primero. Declarar desierto el concurso para la selección de agente urbanizador en el procedimiento de referencia.  
Segundo. Iniciar el procedimiento por medio de gestión indirecta para el desarrollo del programa de actuación urbanística integrada del Plan de Reforma Interior Montepinar del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Orihuela, de acuerdo con las bases generales establecidas en el anexo II del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Tercero. Aprobar las bases particulares para la programación de la actuación urbanística integrada del Plan de Reforma Interior Montepinar del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Orihuela que constan como anexo a la presente propuesta.  
Cuarto. Ordenar la publicación del correspondiente anuncio de concurso para la selección de agente urbanizador en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en Orihuela.  
Bases particulares reguladoras de la adjudicación del programa de actuación integrada, por gestión indirecta, correspondiente al sector PRI Montepinar  
De conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana (LUV) y en el artículo 287 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana y con objeto de regular las cuestiones jurídicas, económicas y administrativas que afectan tanto al procedimiento de adjudicación como al desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada, por gestión indirecta, del Sector PRI Montepinar del plan general de ordenación urbana, se establecen las siguientes bases:  
Primera. Objeto del concurso  
El presente documento tiene por objeto la programación de una actuación integrada comprensiva de la totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito de la memoria de solicitud de programación de la actuación integrada del sector PRI Montepinar del Plan General de Ordenación Urbana, y a la vista de lo establecido en el artículo 130.6 de la Ley Urbanística Valenciana, a los solos efectos de posibilitar la iniciación de la tramitación de un programa de actuación integrada en régimen de gestión indirecta.  
Se trata, pues, de programar un ámbito de suelo ya clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana como urbano, con ordenación pormenorizada aprobada por Acuerdo plenario de fecha 25 de mayo de 2004, contando con una superficie de 490.353,99 metros cuadrados.  
En consecuencia, la finalidad de este documento es definir el marco jurídico y administrativo que debe regir la programación de los referidos terrenos y su sujeción a un régimen de gestión indirecta mediante la selección de agente urbanizador, determinando los objetivos que persigue la programación del sector y las implicaciones territoriales, urbanísticas y dominicales que de ello se derivan, tanto para la propiedad afectada como para la administración actuante.  
Las presentes bases particulares deben interpretarse de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2005, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana (LUV), el artículo 286 del Reglamento de Ordenación Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, y las bases generales contenidas en el anexo II del citado reglamento.  
Segunda. Ámbito de las presentes bases  
Por medio del concurso cuya adjudicación se regula a partir de las presentes bases particulares, se pretende la programación, gestión y ejecución de una actuación urbanizadora en el ámbito acotado mediante los siguientes extremos:  
Por el norte: carretera CV-868 y suelo no urbanizable.  
Por el sur: suelo no urbanizable.  
Por el este: suelo no urbanizable.  
Por el oeste: sector G-2.  
El suelo sobre el que se pretende actuar está clasificado como urbano por el Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en su sesión de 25 de julio de 1990 y por Resolución del conseller de 27 de julio de 1994.  
Tercera. Necesidades y objetivos a satisfacer con el programa de actuación integrada. Criterios y objetivos referentes a la ordenación del ámbito  
El desarrollo de la actuación integrada del ámbito descrito tiene como función su incorporación a la estructura general del territorio de este municipio.  
A estos efectos, las principales características y objetivos que debe contemplar el programa de actuación integrada y su propuesta de planeamiento serán las siguientes:  
a) Como condiciones específicas de conexión e integración del sector, se establecen las siguientes:  
Prescripciones a respetar en la redacción del proyecto de urbanización PRI Montepinar  
Además de lo indicado en los artículos 152 y siguientes de la LUV el proyecto de urbanización deberá cumplir con lo siguiente:  
El sector deberá conexionarse con la carretera CV 868 de Orihuela a La Matanza mediante un enlace aprobado por el titular de la carretera. La dimensión del vial será de 12 metros de anchura con doble sentido de circulación y dos aceras de 2 metros cada una.  
En relación al viario, el dimensionamiento de los firmes se ajustará a lo indicado en la Norma 6.7-V.Y de la Orden 3460/2003, del Ministerio de Fomento, y en relación a los materiales a lo señalado en el PG-3/75 y en las normas UNE en lo referente a los ensayos de los mismos. En cualquier caso el espesor mínimo del aglomerado asfáltico de la capa de rodadura será de 5 centímetros.  
El viario de la urbanización cumplirá con lo señalado en la Orden de 9 de junio de 2004, de la Generalitat Valenciana, sobre accesibilidad en el medio urbano.  
Prescripciones técnicas generales (PPTG) de las tuberías de saneamiento de poblaciones. OM de 15 de septiembre de 1986.  
PPTG de las tuberías de abastecimiento de agua potable. OM de 28 de julio de 1974.  
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 e instrucciones complementarias.  
Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968.  
Norma Técnica para las Instalaciones de Media y Baja Tensión. Orden de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana.  
En relación a la electricidad deberá justificar la disponibilidad de suministro por parte de la empresa eléctrica.  
Normas particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica.  
El alumbrado público no producirá contaminación lumínica.  
En relación a las aguas residuales deberá obtener la autorización de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales para el vertido de las mismas a la estación depuradora de Orihuela.  
El entronque de la red municipal de saneamiento se hará en el punto indicado por Aquagest Levante, SA. Deberá justificar la necesidad o no de instalar una estación de bombeo de aguas residuales.  
El colector de alcantarillado será paralelo a la actual vía de enlace entre la ronda de Orihuela y la autovía A-7, que actualmente se encuentra en ejecución.  
La red interior de saneamiento se hará con tubería de PVC. Los pozos serán de 1,20 metros de diámetro como mínimo.  
En relación a la red de agua potable deberá realizar un depósito de agua potable de 500 metros cúbicos de capacidad como mínimo.  
La red existente de 200 milímetros FC de diámetro deberá sustituirse por una de 200 milímetros en fundición dúctil.  
La red interior de agua potable será mallada.  
Deberá sustituir los tramos de red interior de sección insuficiente. El diámetro mínimo será de 100 milímetros.  
Se preverán las canalizaciones necesarias para la evacuación de las aguas pluviales.  
La colocación de contenedores de residuos sólidos urbanos a razón de uno por cada 40-50 viviendas.  
El riego de las zonas verdes estará regulado mediante programador.  
Deberá prever las conexiones entre el sector y la red general de telecomunicaciones existente   
En cualquier caso, el programa deberá contener las previsiones precisas para cumplir con los siguientes objetivos mínimos, establecidos con carácter general por el artículo 124 de la Ley Urbanística:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa.  
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente.  
f) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.  
g) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora.  
Cuarta. Criterios y objetivos urbanísticos y territoriales de las propuestas de planeamiento  
La actuación urbanizadora debe orientarse a desarrollar la ordenación pormenorizada prevista en el planeamiento aprobado.   
Quinta. Prescripciones técnicas que, con carácter mínimo, tendrán que respetarse en la redacción de los documentos de planeamiento y gestión  
La alternativa técnica del programa deberá contemplar, como mínimo, los siguientes documentos de planeamiento y sus complementos:  
a) Proyecto de urbanización  
La proposición jurídico-económica habrá de contener documentación suficiente para definir, con precisión, los requisitos contemplados en el artículo 127 de la Ley Urbanística Valenciana y en los artículos 302 y siguientes del ROGTU. La citada documentación detallará con claridad el conjunto de magnitudes económicas del programa, con especial referencia a las diferentes partidas de gastos y costes a sufragar por los propietarios y al coeficiente de canje que se proponga para los propietarios que retribuyan en suelo la labor del urbanizador. En todo caso, se habrá de garantizar el acceso de los propietarios a toda información que resulte relevante para la defensa de sus intereses, de acuerdo con lo que, al efecto, previene la normativa aplicable.   
Sexta. Sobre la posibilidad de presentar variantes  
No se contempla la posibilidad de presentar variantes a la alternativa técnica formulada sobre el ámbito proyectado.   
Séptima. Prescripciones técnicas particulares del proyecto de urbanización  
El proyecto de urbanización deberá ajustarse a las previsiones de las ordenanzas del plan general de ordenación urbana y al contenido de las normas municipales para la ejecución de obras de urbanización y demás normativas técnicas sectoriales aprobadas con posterioridad a las citadas normas. Se adjunta, como anexo, el pliego de prescripciones técnicas que, en cualquier caso, deberá respetar el proyecto de urbanización.  
Octava. Estimación de los plazos de desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada  
Los plazos para el desarrollo y ejecución de programa de actuación integrada se ajustarán a lo establecido en el artículo 332 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. Las prórrogas y suspensiones se atendrán a lo dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
Respecto de las consecuencias del incumplimiento de los plazos establecidos para el desarrollo y ejecución del programa, se estará a lo prevenido en el artículo 143 de la LUV, en los artículos 336 y siguientes del ROGTU y en la legislación aplicable en materia de contratos de las administraciones públicas.  
Novena. Informe del Consejo del Territorio y el Paisaje  
Dado que el ámbito de la actuación no supera las 50 hectáreas, no resulta preceptivo solicitar informe, no vinculante, al Consejo del Territorio y el Paisaje, de conformidad con lo que dispone el inciso final del artículo 136.4 de la LUV.  
Décima. Previsión relativa al precio de licitación y a las garantías a prestar por los licitadores y el adjudicatario  
De acuerdo con la documentación obrante en el expediente y con los informes técnicos realizados, de los que se deduce la necesidad de precisar las condiciones de conexión del sector, se estima en siete millones, setecientos sesenta y tres mil, ochocientos ochenta euros (7.763.880 €) el presupuesto de licitación de la obra de urbanización.  
A efectos de dar cumplimiento a lo que establece en el artículo 140.1 de la LUV se considera, con carácter de aproximación, que las cargas del programa podrán ascender a la cantidad de diez millones quinientos sesenta y dos mil, doscientos sesenta y cinco euros, con dieciséis céntimos (95.304.803,16 €), por lo que la garantía provisional a constituir por los participantes en el proceso de licitación se fija en la cantidad de ciento cincuenta y cinco mil, doscientos setenta y siete euros con sesenta céntimos (155.277,60 €), cantidad que supone el 2% de la estimada como importe de las cargas de urbanización.  
Del mismo modo y en relación con lo que dispone el artículo 140.3 de la LUV, se fija en un millón, cincuenta y seis mil, doscientos sesenta y dos euros, con cincuenta y dos céntimos (1.056.262,52 €) el importe de la garantía definitiva a prestar, en su momento, por el adjudicatario del concurso, equivalente al 10% de las cargas de urbanización, sin perjuicio de su adaptación en función del presupuesto definitivo de cargas de urbanización, que no podrá superar el máximo establecido en estas bases.  
Todas las cantidades anteriores llevan el IVA incluido.  
Once. Modelo de proposición a presentar por los interesados  
En su momento, las proposiciones para tomar parte en los concursos deberán ser redactadas en idioma español y se presentarán en tres sobres cerrados, acompañando instancia que podrá ajustarse al modelo establecido en estas bases.  
Doce. Contenido de la proposición a presentar por los interesados  
La proposición a presentar por los interesados en la licitación del programa de actuación integrada estará compuesta por tres tipos de documentos, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente:  
- Sobre A, de documentación administrativa. Acreditación de condiciones para participar en el concurso.  
En el sobre, que se presentará cerrado y sellado de conformidad con lo que dispone el artículo 300.1 del ROGTU, figurará:  
«Acreditación de condiciones para participar en el concurso para el desarrollo de la actuación integrada del sector PRI Montepinar del PGOU»  
1. En él se incorporarán los documentos siguientes:  
a) Aquellos que acrediten la personalidad jurídica del aspirante y, si procede, su representación.  
b) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera, conforme a los exigidos por las bases particulares reguladoras del concurso.  
c) Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, y de no haber participado en la redacción, investigación o desarrollo de la ordenación sobre la que se sustenta la actuación.  
d) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.  
e) Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.  
f) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV. A estos efectos, el listado de titulares y domicilios fiscales será facilitado por esta corporación a todo aquel que, iniciado el período de licitación, manifieste por escrito ante este Ayuntamiento su intención de formular proposición para obtener la adjudicación de la condición de agente urbanizador.  
En todo caso, con carácter previo a la formalización del contrato administrativo, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
2. En referencia al artículo 133.2 de la LUV, cada concursante no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
En él se incorporarán los documentos siguientes:  
- Sobre B de alternativa técnica.  
Se presentará de acuerdo con lo previsto en el artículo 300.3 del ROGTU, y se acompañará de su contenido en soporte informático. Contendrá tres copias de la documentación integrante de la misma. La alternativa técnica estará conformada, como mínimo, por los proyectos descritos en la base quinta.  
- Sobre C, de proposición jurídico-económica.  
En el sobre figurará:  
«Acreditación de condiciones para participar en el concurso para el desarrollo de la actuación integrada del sector PRI Montepinar del PGOU».  
La proposición jurídico-económica, que se presentará en plica cerrada, en virtud de lo previsto en el artículo 300.2 del ROGTU, deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
a) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución, que se concretarán según el artículo 302.1 del ROGTU, en los contenidos siguientes:  
1. Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación, tales como dimensiones de parcela mínima de resultado, aprovechamiento subjetivo y superficie mínima de terreno de origen necesarios para resultar adjudicatario de parcela resultante o de cuota indivisa.  
2. Importe global de las cargas de urbanización y del coeficiente de canje.  
3. Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
4. Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
b) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
c) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se acompaña.  
d) La documentación necesaria para determinar con claridad las magnitudes económicas del programa, diferenciando los siguientes aspectos:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b, de la LUV.  
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la LUV.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
Trece. Plazo y lugar para la presentación de las proposiciones  
El plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses desde la remisión del anuncio de concurso al Diario Oficial de la Unión Europea, cuya fecha exacta se indicará en el citado anuncio del concurso que habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con lo que disponen los artículos 132 y 133.3 de la LUV y 291 del ROGTU.  
Los documentos comprensivos de las solicitudes habrán de presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Orihuela, sito en la plaza Marqués de Arneva, número 1, 03542 Orihuela (Alicante).  
Catorce. Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles a los concursantes  
1. Criterios para la evaluación de la solvencia económica y financiera:  
La solvencia económica y financiera de los aspirantes a agente urbanizador podrá ser justificada por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de éstas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
Si por razones justificadas el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias mencionadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante cualquier otro documento que la administración considere suficiente, pudiendo basarse en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos. A estos efectos, las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.  
La justificación de la solvencia económica y financiera de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas o otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus miembros.  
2. Criterios para la evaluación de la solvencia técnica y profesional:  
La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, habiendo de demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
Quince. Criterios objetivos de adjudicación del programa de actuación integrada  
El programa objeto del concurso que se regula mediante estas bases debe comprender una alternativa técnica dirigida al desarrollo de la ordenación pormenorizada aprobada u otra variación que se formule en virtud de lo dispuesto en estas bases.   
Por todo ello y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 312.2.c del ROGTU, en relación con lo que establece el número 3 del mismo artículo, se decide que la puntuación de la alternativa técnica representará el 50% del total de la valoración del concurso, alcanzando la puntuación de la proposición jurídico-económica el 50% restante.  
De acuerdo con lo expuesto y con lo que establece el artículo 312.5 del ROGTU, los elementos susceptibles de valoración de la alternativa técnica, que podrán alcanzar en conjunto un máximo de 50 puntos, se evaluarán de acuerdo con los criterios siguientes:  
1. La calidad técnica de la solución propuesta para la urbanización representará el 50% del total, por lo que podrá alcanzar un máximo de 25 puntos.  
2. La resolución de la integración de la actuación en su entorno y mejor estructuración de dotaciones públicas y espacios libres representará un 20% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 10 puntos.  
3. La calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización representará un 10% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 5 puntos.  
4. El número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador representará un 5% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 2,5 puntos.  
5. La inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa representará un 5% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 2,5 puntos.  
6. El plazo, los compromisos de edificación simultánea a la urbanización, los compromisos adicionales asumidos por el urbanizador y los medios para el control de las diferentes prestaciones representarán, en conjunto, un 10% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 5 puntos.  
Dejando al margen los criterios cuya valoración viene definida, de manera precisa, por el ROGTU y que, por tanto, no precisan motivación, las opciones seleccionadas para concretar la puntuación asignada a los restantes criterios están motivadas por la importancia que se otorga a la integración en el entorno, por las dimensiones del ámbito, que aconseja prestar un especial cuidado a la estructuración de las dotaciones públicas y a la calidad de las soluciones propuestas para la urbanización y por las características del futuro asentamiento, dirigido a un uso residencial. Al mismo tiempo, se considera que la obligación de respetar los hitos orográficos y arbóreos existentes limita la necesidad de inversiones en programas de restauración paisajística, mientras que resultan de mayor relevancia para el municipio los criterios relativos a plazos, a compromisos adicionales y a medios de control.  
Los elementos susceptibles de valoración de la proposición jurídico-económica que, tal como se ha señalado, podrán alcanzar en conjunto un máximo de 50 puntos, se evaluarán de acuerdo con los criterios siguientes:  
1. El importe de las cargas de urbanización por metro cuadrado de edificabilidad representará un 30% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 15 puntos.  
2. La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de canje y de determinar la proporción de aprovechamientos que deben constituir la retribución del urbanizador cuando proceda y la mayor proporción de terrenos afectos con garantía real al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación representará un 60% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 30 puntos.  
3. Los compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas por el urbanizador representarán un 10% del total, lo que le permitirá alcanzar un máximo de 5 puntos.  
Para la precisión de estos criterios se ha considerado la necesidad de dotar al sector de una urbanización de calidad, lo que no aconseja primar excesivamente la variable relativa a las cargas de urbanización. Paralelamente, se ha optado por un tratamiento neutro de la variable relativa a la valoración de los terrenos, para no incentivar claramente la opción de dedicar un exceso de recursos a este extremo, en detrimento de su dedicación a la calidad de la urbanización. En todo caso, tampoco parece aconsejable primar la asunción de obligaciones especiales de edificación.  
Finalmente, se ha otorgado la máxima puntuación que permite el reglamento al capítulo relativo a los compromisos financieros para la ejecución de obligaciones complementarias, como un modo de primar la participación pública en las plusvalías que genere la operación urbanística.   
Diecisiete. Puntuación mínima que deberán superar las alternativas técnicas  
En cumplimiento de lo que dispone el apartado k del número 1 del artículo 286 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, se fija en 50 puntos el mínimo que deben superar las alternativas técnicas para que puedan ser sometidas a valoración las proposiciones jurídico-económicas que las desarrollan.   
Dieciocho. Adjudicación conexa o condicionada   
En principio no se prevé la necesidad de producirse una eventual adjudicación condicionada a la efectiva realización de determinaciones propias de otras actuaciones urbanísticas. De entenderse necesario en la elaboración de las alternativas, se procederá conforme a lo dispuesto en el 139 de la LUV.  
Diecinueve. Naturaleza del contrato y prerrogativas de la administración y carácter jurisdiccional  
El contrato a suscribir entre el adjudicatario del concurso y el Ayuntamiento tendrá carácter de administrativo especial, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
En todo caso, el Ayuntamiento ostentará las prerrogativas que le reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas y, como mínimo, las de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos y establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y en el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador.  
El expediente queda a disposición de quien quiera examinarlo en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela, sito en la plaza del Carmen, número 4, teléfono 505 762 784, de 09.00 a 14.00 horas. Indicar también que, con fecha 11 de febrero de 2009, ha sido remitido al Diario Oficial de la Unión Europea, finalizando el plazo de presentación de proposiciones el día 11 de mayo de 2009, a las 14.00 horas.  
Orihuela, 11 de febrero de 2009.- La alcaldesa presidenta: Mónica Lorente Ramón.