Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6292, del 18-06-2010 (2010/6427)

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2010, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado «Línea aéreo-subterránea de media tensión 20 kV 100-A1/S1A (3/c-San Fulgencio)», en los términos municipales de Rojales y San Fulgencio (Alicante). Expediente número ATLINE/2009/13/03.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6292

Fecha DOGV
:   18-06-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/6427


Fecha del documento
:   11-03-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2010, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado «Línea aéreo-subterránea de media tensión 20 kV 100-A1/S1A (3/c-San Fulgencio)», en los términos municipales de Rojales y San Fulgencio (Alicante). Expediente número ATLINE/2009/13/03. [2010/6427]
Por la Resolución de este Servicio Territorial de Energía, de fecha 27 de marzo de 2009, se sometió a información pública conjunta la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, reconocimiento, en concreto, de utilidad pública y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la referida línea eléctrica, previa petición al amparo de lo previsto en el artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, por parte de la entidad beneficiaria, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA., publicándose los anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, con fecha 27 de mayo de 2009, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, con fecha 18 de mayo de 2009, y en el diario La Verdad, con fecha 2 de junio de 2009, así como en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de San Fulgencio y Rojales.
Durante el periodo de información pública, se han remitido separatas del proyecto, al Ayuntamiento de San Fulgencio, Ayuntamiento de Rojales, Confederación Hidrográfica del Segura, Diputación Provincial de Alicante (Servicio de Carreteras), Servicio Territorial de Medio Ambiente, Iberdrola, Juzgado Privativo de Aguas de Rojales y Sindicato General de Aguas de San Fulgencio.
Se presentó la siguiente alegación, que en síntesis manifiesta lo siguiente:
Antonio Andrés García, Vicente Jaén Irles, Carmen García Ortiz, Rosario Quesada Ortiz, Concepción García Alberca, Manuel Hernández Chazarra, Agustín Gómez Conesa, María Rosario Canales Gil, María Teresa Canales Gil, Carmen Canales Gil, Dolores Ferri Martínez, Manuel Canales Gil, Josefa Carbonell Pérez, Teresa Carbonell Pérez y María Antonia Carbonell Pérez manifiestan que son propietarios afectados por el proyecto de referencia, si bien no aportan documentación que lo acredite, y alegan lo siguiente: A) Que existen defectos procedimentales por cuanto se aprecian determinados errores y omisiones en la identificación de las parcelas, pudiendo causar indefensión a los posibles afectados. B) Incumplimiento de la peticionaria de los requisitos mínimos para declarar la utilidad pública, ya que no se acredita la solvencia y la necesidad de nuevas instalaciones eléctricas. C) Entienden que el trazado proyectado no es el idóneo por cuanto la línea eléctrica podría discurrir por la otra parte de la carretera de San Fulgencio, junto al azarbe llamado La Reina, pudiendo realizar un trazado subterráneo por una zona de titularidad pública, más recto y más corto y sin dañar las expectativas y derechos de los propietarios afectados. D) Van a solicitar la suspensión de la licencia de obra municipal.
Trasladada dicha alegación a la beneficiaria, ésta manifestó lo siguiente:
Que los distintos alegantes que firman conjuntamente la alegación arriba reseñada, solo le consta como titulares afectados por el proyecto de referencia a Antonio Andrés García, como propietario de la finca nº A-RO-16, a Manuel Hernández Chazarra, como propietario de la finca nº A-RO-6, a María Rosario Canales Gil, como propietaria de la finca nº A-RO-5, a Manuel Canales Gil, como propietario de la finca nº A-RO-7 y a Teresa Carbonell Pérez, como propietaria de la finca nº A-RO-18. El resto de alegantes deberán acreditar su condición de propietarios de las fincas afectadas por el proyecto para poderles tener por parte en el expediente expropiatorio.
En cuanto a la primera alegación formulada por los alegantes hay que señalar que advierten de la existencia de «determinados errores y omisiones en la identificación de las parcelas de los propietarios afectados» pero, en ningún caso, señalan cuáles son esos supuestos errores.
En la relación de bienes y derechos del proyecto, publicada durante el periodo de información pública, figuran los números de parcelas y polígonos de las fincas afectadas, por lo que no es cierto, como señalan los alegantes, que no se puedan identificar las parcelas.
A mayor abundamiento, la ley contempla que los titulares de derechos afectados por la expropiación puedan durante el transcurso de la información pública aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos en la relación de bienes y derechos (artículo 18.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa). Igualmente, el artículo 39.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común establece que los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados tienen el deber de proporcionárselo a la administración.
En consecuencia, difícilmente pueden justificar los alegantes que se les cause indefensión, cuando han podido realizar las alegaciones que han estimado oportunas y ni señalan ni acreditan ninguno de los supuestos errores a los que aluden y que por otra parte la ley habilita un periodo de información pública para su posible subsanación (artículo 18 REF).
En la segunda de las alegaciones se señala que no se cumplen con los requisitos para la declaración de utilidad pública.
Sobre esta cuestión hay que señalar que las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, están declaradas ex lege, de utilidad pública, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley del Sector Eléctrico. Todo ello, sin perjuicio, de la información pública de los bienes y derechos afectados, para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública (artículo 53.2 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico).
La importancia de la construcción de la línea eléctrica de referencia, es fundamental, ya que en la actualidad no es posible atender nuevos suministros de energía eléctrica en la localidad de San Fulgencio debido a la escasa infraestructura existente.
Otra de las cuestiones que se alega en el escrito de 4 de diciembre de 2009, es que mi representada no ha acreditado suficientemente su solvencia.
Sobre esta cuestión solo señalaremos que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, cumple con todos los requisitos exigidos por la legislación para acometer, entre otras, la actividad de distribución de energía eléctrica.
Sobre la adecuación del trazado a la ordenación del territorio, señalar que antes de presentar el proyecto ante el Servicio Territorial de Energía, la ingeniería ha mantenido contactos con el ayuntamiento para asegurar que la línea no interfiera con futuros desarrollos urbanísticos y, en cualquier caso, la ejecución del proyecto se realizará con la oportuna licencia de obra municipal.
En consecuencia, el proyecto de referencia cuenta con todos los requisitos para el reconocimiento de la utilidad pública en concreto y, su finalidad es fundamental para poder asegurar los futuros suministros de energía eléctrica de la zona de San Fulgencio.
La tercera cuestión planteada por los alegantes es la modificación del trazado al otro lado de la carretera de San Fulgencio, por zona de dominio público y en subterráneo.
Esta variante debe desestimarse al amparo de lo dispuesto en el artículo 161.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el que se establece que «se considerará no admisible la variante cuando el coste de la misma sea superior en un 10 por 100 al presupuesto de la parte de la línea afectada por la variante», porcentaje que se supera con creces ante la petición de enterrar la línea.
Asimismo, el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Real Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre) establece que para la transformación de las líneas aéreas en subterráneas, será necesario que los terrenos estén urbanizados o en curso de urbanización, lo que no sucede en este caso en el que las fincas son rústicas.
La instalación de la línea eléctrica de referencia es compatible con el actual uso agrícola de las parcelas de los alegantes, puesto que una vez finalizadas las obras, la finca sigue siendo apta para su cultivo. Todo ello, sin perjuicio de que todos los bienes y derechos afectados sean indemnizados por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, mediante el justiprecio correspondiente.
En cuanto a la alegación de que los alegantes solicitarán al Ayuntamiento de San Fulgencio que suspenda la licencia de obra, de la línea eléctrica, señalar que las licencias de obra municipales, se otorgan en función de que el proyecto cumpla con la normativa urbanística y solo bajo este requisito legal, se deberá pronunciar el ayuntamiento.
Resultando, que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Considerando que han sido efectuados los trámites establecidos en el Decreto 88/2005 del Consell de la Generalitat de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica siendo estos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente a los mismos, este Servicio Territorial ha resuelto:
Primero
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la autorización administrativa de la instalación eléctrica que se indica:
Lugar donde se va a establecer la instalación: términos municipales de San Fulgencio y Rojales.
Número de expediente: ATLINE/2009/13/03.
Características principales:
Tensión: 20 kV.
Longitud: 1.620 m en su tramo aéreo y 329 m en su tramo subterráneo.
Conductores: tramo aéreo, de aluminio-acero, UNESA 100-A1/S1A, y en el tramo subterráneo, tres conductores del tipo HERP-Z1 de naturaleza y sección A1-3 (1x240).
Origen y final: se inicia en el apoyo número 18C-7000 de una LAMT 3/C, finalizando en el CT de la Unidad de Actuación El Olme.
Presupuesto: 2.664.858,85 euros.
La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso y se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.
Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica estableciéndose en cualquier caso las siguientes prescripciones:
1. En todo momento deberá cumplirse cuanto se establece en el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.
2. El plazo para la ejecución de las obras será de seis meses a partir de la fecha de la ocupación real de las fincas afectadas.
3. Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto y demás documentación técnica presentada con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
4. Los cruzamientos especiales y otras afecciones de bienes de dominio público se realizarán de conformidad con los condicionados impuestos por los organismos competentes en cada caso.
5. Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, dará cuenta de la terminación de las instalaciones a este Servicio Territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
6. La administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.
Tercero
Declarar en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Dirección General de Energía (c/ Colón, nº 1, 4ª planta, 46640, Valencia) en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Alicante, 11 de marzo de 2010.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Miguel García Mengual.