Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8907, del 17-09-2020 (2020/7322)

RESOLUCIÓN de 30 de julio 2020, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la Garrofera, en el tramo comprendido desde la glorieta de la CV25 que enlaza con el camino de la Garrofera, hasta la entrada principal de la base militar General Almirante, entre los términos municipales de Marines y Olocau, provincia de Valencia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8907

Fecha DOGV
:   17-09-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2020/7322


Fecha del documento
:   30-07-2020

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

RESOLUCIÓN de 30 de julio 2020, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la Garrofera, en el tramo comprendido desde la glorieta de la CV25 que enlaza con el camino de la Garrofera, hasta la entrada principal de la base militar General Almirante, entre los términos municipales de Marines y Olocau, provincia de Valencia. [2020/7322]  
Visto el procedimiento del deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la Garrofera, en el tramo comprendido desde la glorieta de la CV-25 que enlaza con el camino de la Garrofera, hasta la entrada principal de la base militar General Almirante, entre los términos municipales de Marines y Olocau.  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. La clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Marines, provincia de Valencia, fue aprobada por Orden de 18 de julio de 1972, publicada en el BOE núm. 206 de 28.08.1972 y en el BOP núm. 223 de 20.09.1972. Asimismo, la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Olocau, provincia de Valencia, fue aprobada por Orden de 29 de noviembre de 1967, publicada en el BOE núm. 29 de 08.12.1967 y en el BOP núm. 308 de 28.12.1967.  
Con relación a ello, el artículo 13.5 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, establece que «Con carácter previo al procedimiento de deslinde se realizará una actualización de la clasificación con cartografía que refleje la revisión del trazado longitudinal y de las anchuras reales». No obstante, de acuerdo con el informe de viabilidad 13 de febrero de 2019 del instructor del expediente, «estudiados los antecedentes obrantes en el fondo documental, no se considera necesario realizar una actualización de la clasificación tal y como viene previsto en el citado artículo».  
Segundo. El motivo del deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la Garrofera, es a la existencia dentro de la misma de una vía asfaltada de aproximadamente 3.500 metros de longitud, con dos carriles de 3,15 metros de ancho cada uno, sin arcenes y doce curvas. Se inicia en la rotonda de la CV-25, en el PK 5+500, y termina en la entrada principal de la Base Militar General Almirante.  
Dicho vial presenta un elevado tráfico de vehículos dada la existencia de diferentes accesos a las fábricas de un polígono industrial, a un albergue y a la propia base militar. Con relación a ello, la Diputación de Valencia ha proyectado la ejecución de una serie de obras a los efectos de incrementar la seguridad vial y la fluidez del tráfico.  
Tercero. Con fecha de 13 de febrero de 2019, se emite informe de viabilidad por parte del técnico de la sección forestal de la Dirección Territorial de Valencia de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Dicho infomre considera viable el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la Garrofera, en el tramo comprendido desde la glorieta de la CV-25 que enlaza con el camino de la Garrofera, hasta la entrada principal de la base militar General Almirante, entre los términos municipales de Marines y Olocau (Valencia), solicitando el acuerdo de inicio.  
Cuarto. Con fecha de 18 de febrero de 2019, se nombra instructor del procedimiento al funcionario adscrito a la Dirección Territorial de Valencia de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural: Gabriel Varea Ilueca.  
Quinto. Con fecha de 20 de febrero de 2019, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valencia solicita el acuerdo de inicio del procedimiento de deslinde parcial del Cordel de la Garrofera a la Dirección General del Medio Natural y Evaluación Ambiental, adjuntando el informe de viabilidad.  
Sexto. Con fecha de 23 de abril de 2019, el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal informa de forma favorable, proponiendo la incoación del procedimiento de deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la Garrofera.  
Séptimo. Con fecha de 26 de abril de 2019, la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, resuelve autorizar el inicio del expediente de deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la Garrofera en el tramo comprendido desde la glorieta de la CV-25 que enlaza con el camino de la Garrofera, hasta la entrada principal de la base militar General Almirante, entre los términos municipales de Marines y Olocau (Valencia), al objeto de definir los límites de la vía pecuaria, de conformidad con lo establecido en el acto de clasificación y con sujeción a la legislación vigente.  
Octavo. Con fecha de 14 de mayo de 2019, la Dirección Territorial de Valencia solicita al Registro de la Propiedad de Llíria, la certificación de dominio y cargas de fincas registrales afectadas en este deslinde, tras la resolución de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental del inicio del expediente de deslinde.  
Noveno. El comienzo de las operaciones del deslinde se establece para los días 30 de julio de 2019, a las 10.30 horas, en el Ayuntamiento de Marines y el 1 de agosto de 2019 a las 10.30 horas en el Ayuntamiento de Olocau, siendo esta circunstancia objeto de la siguiente publicidad:  
- Anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm.8559 de fecha 30 de mayo de 2019.  
- Edicto en los ayuntamientos de Marines y Olocau.  
- Notificación a los interesados y comunicación a organizaciones y colectivos interesados.  
- Anuncio en el BOE núm. 172 de fecha 19 de julio de 2019 con las notificaciones infructuosas.  
- Edicto en los ayuntamientos de Marines, Olocau, Bétera, Burjasssot, Gavà, Godella, Llíria, Paterna, Valencia y Vila-nova i la Geltrú de las notificaciones infructuosas correspondientes a cada municipio.  
Décimo. Con fecha de 28 de octubre de 2019, se firma el Protocolo de Colaboración entre la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y los ayuntamientos Marines y Olocau. Este acuerdo tiene como objeto la colaboración entre las distintas administraciones citadas anteriormente, en el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias, para regularizar el vial que se encuentra dentro del dominio público del Cordel de la Garrofera.  
Con relación a ello, una vez aprobado el deslinde, la Generalitat se compromete a realizar la mutación demanial del dominio público afectado por el ancho de la carretera. Asimismo, una vez realizada la mutación demanial, esta carretera pasará a ser de titularidad autonómica y será inscrita en el Catálogo del Sistema Viario de la Comunitat Valenciana.  
Undécimo. Con fecha de 3 de octubre de 2019, se somete a información pública la propuesta de deslinde, cuya exposición al público es anunciada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8.648, de 3 de octubre de 2019, estableciéndose un plazo de un mes desde la publicación en el DOGV para que los interesados puedan interponer las alegaciones o reclamaciones oportunas. Pudiéndose consultar también la proposición de deslinde en la siguiente dirección de internet http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/servei-d-ordenacio-i-gestio-forestal.  
Asimismo, se da cumplimiento al trámite de audiencia conforme el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informando a todos aquellos colindantes y ocupantes de la vía pecuaria, del trámite de audiencia del referido procedimiento, otorgándose un plazo de quince días para alegar y presentar todos los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes.  
Duodécimo. Dentro del plazo de información pública y del trámite de audiencia del procedimiento, se presentan las alegaciones por parte de los siguientes interesados:  
1. Agustín Pérez Castillo administrador de Pinturas ECU.  
2. María Clara López Gonzalo en nombre de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
3. Jaime Ávila Vila en nombre y representación de Pinturas Montó  
4. Elías Campos Coscollar y María Encarnación Ángeles Liébana  
5. Juan Manuel Vivanco Andino en nombre y representación de Aluminios Cortizao, SAU.  
Las alegaciones formuladas serán objeto de valoración en los fundamentos de derecho cuarto de la presente resolución.  
Decimotercero. Con fecha 11 de diciembre de 2019, la Dirección Territorial de Valencia solicita en el Registro de Propiedad de Llíria la anotación preventiva de determinadas fincas registrales por la posible inclusión de estas fincas dentro del dominio público pecuario, conforme el artículo 8.5 de la ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.  
Decimocuarto. Con fecha de 21 de febrero de 2020, el instructor del procedimiento informa:  
- Desfavorablemente a todas las alegaciones presentadas.  
- Favorablemente a la aprobación del deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la Garrofera en el tramo comprendido desde la glorieta de la CV-25 que enlaza con el camino de la Garrofera hasta la entrada principal de la Base Militar General Almirante entre los términos municipales de Marines y Olocau, provincia de Valencia, de acuerdo con la proposición de deslinde y planos que constan en el expediente.  
- Favorablemente a que los límites de la vía pecuaria se remitan a la administración catastral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.c del Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario.  
- Favorablemente para comunicar a la Dirección General de Patrimonio esta resolución.  
Decimoquinto. Con fecha de 26 de febrero de 2020, el director Territorial de Valencia de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en relación con el procedimiento de referencia, propone desestimar las alegaciones presentadas y aprobar el deslinde parcial de acuerdo con la proposición de deslinde y planos, que constan en el expediente.  
Decimosexto. Con fecha de 28 de abril de 2020, se emite informe favorable por parte del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal respecto del deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la Garrofera.  
Decimoséptimo. Con fecha de 29 de abril de 2020, el director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental propone aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la Garrofera, en el tramo comprendido desde la glorieta de la CV-25 que enlaza con el camino de la Garrofera, hasta la entrada principal de la Base Militar General Almirante, entre los términos municipales de Marines y Olocau, provincia de Valencia.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. La clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Marines, provincia de Valencia, fue aprobada por Orden de 18 de julio de 1972, publicada en el BOE núm. 206 de 28.08.1972 y en el BOP núm. 223 de 20.09.1972.  
Asimismo, la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Olocau, provincia de Valencia, fue aprobada por Orden de 29 de noviembre de 1967, publicada en el BOE núm. 29 de 08.12.1967 y en el BOP núm. 308 de 28.12.1967, en ella se clasifica la vía pecuaria Cordel de la Garrofera, con una anchura legal de 37,61 metros y una longitud aproximada de 8,5 kilómetros. En el Proyecto de Clasificación de Olocau no está grafiada la actual línea de términos entre Marines y Olocau puesto que este se redactó antes que la rectificación de la línea de término entre Marines y Olocau que fue aprobada el 30 de noviembre de 1967.  
Segundo. Compete a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, la resolución del procedimiento de deslinde, en virtud de lo preceptuado en el artículo 14.3 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, el Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat (DOGV 8572, 17.06.2019) y en el Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat (DOGV 8590, 12.07.2019).  
Tercero. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de vías pecuarias, de 23 de marzo, la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana (DOGV 7319, 17.07.2014), la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat y demás legislación aplicable al caso.  
Cuarto. Con fecha de 21 de febrero de 2020, el instructor del procedimiento informa las alegaciones formuladas por los alegantes en la fase de información pública y trámite de audiencia, respondiéndose y notificándose mediante correo certificado con acuse de recibo. A continuación, se transcriben las alegaciones y respuestas dadas en el referido informe.  
Agustín Pérez Castillo, administrador de Pinturas ECU, SL, y en representación de esa mercantil, presenta escrito, en el que formulan las siguientes alegaciones:  
En la primera alegación manifiesta que la vía pecuaria invade la parcela de Pinturas ECU, SL, e incluso la esquina este de la nave industrial. Por lo tanto, el deslinde de la vía pecuaria se contradice con el uso industrial del terreno (aporta escrituras).  
En la segunda alegación manifiesta que ni en la escritura de compraventa ni en el Registro de la Propiedad, consta no solo la condición demanial de parte del solar, sino tampoco afección alguna o servidumbre que permitiera al comprador conocer la existencia de la vía pecuaria.  
En la tercera alegación manifiesta que no consta oposición ni restricción alguna por parte de la Generalitat Valenciana a la edificación ni a la actividad industrial autorizadas a mi mandante.  
En la Cuarta alegación manifiesta que la declaración de obra nueva de la nave es de 22 de marzo de 1991 anterior a la ley estatal sobre vías pecuarias del 23 de marzo de 1995 y la Ley autonómica de 2014, y tanto la Constitución (art.9.3) como el Código Civil (art.2.3.) prohíben la aplicación retroactiva de las normas restrictivas de derechos. Por consiguiente, no es aplicable a la parcela de mi mandante el régimen jurídico de las normas sobre vías pecuarias.  
En la quinta alegación manifiesta que de acuerdo con el artículo 13 y 34 de la Ley hipotecaria la supuesta existencia de la vía pecuaria no puede afectar a los derechos de mi mandante (ni a quien transmitió a mi mandante ni siquiera a quien compró al Ayuntamiento de Marines) que adquirió el inmueble sin que en el Registro de la Propiedad constase la existencia de la vía pecuaria.  
En la sexta alegación manifiesta que por la carretera de Marines a Olocau no pasa ganadería, y si lo que se pretende con este deslinde es hacer después una mutación demanial para ampliar la carretera, se está utilizando fraudulentamente la Ley 3/2014 puesto que lo correcto sería expropiar los terrenos necesarios para la ampliación de la carretera.  
En la séptima alegación manifiesta que teniendo en cuenta el valor del inmueble industrial, en comparación al terreno rústico, además de que hay edificaciones, lo menos gravoso tanto para la Generalitat como para los titulares de inmuebles lindantes con la carretera y la supuesta vía pecuaria, es que el trazado de esta y el consiguiente deslinde se desviasen hacia el Este-noreste.  
Con respecto a la primera, segunda y quinta alegación; «?decir que el deslinde de las vías pecuarias no es, en sí mismo, un acto de adquisición de dominio, sino de determinación de los límites del mismo. Su fundamento se encuentra en un derecho de propiedad preexistente y al que da virtualidad práctica, pero en ningún caso lo crea ex novo, ni puede ser considerado como una potestad de la Administración para la adquisición gratuita de los bienes, dado que se trata de bienes de dominio público desde tiempos inmemoriales y ahora se deslindan conforme a su existencia inmemorial y su clasificación.  
Por tanto, el principio de legitimación, que presume la existencia de los derechos inscritos tal y como constan en el asiento, no es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues esta es inatacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad, dado que no nace del tráfico jurídico contractual ni registral, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales e incluso frente a la posesión. En este sentido y de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/1995, la vía pecuaria deslindada, tiene la naturaleza de bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
Además, según el art 8.3 de la Ley 3/1995, de vías pecuarias, y el artículo 14.5 de la Ley 3/2014, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, establecen que el deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones puedan prevalecer en el Registro de la Propiedad frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.  
Por ello la fe pública registral no opera frente al deslinde, y por tanto, el que la usucapión haya tenido acceso al Registro como parte de una finca registral no constituye título para la prescripción adquisitiva respecto de esa porción de terreno.  
También es de reseñar que el Derecho Hipotecario asume que puede haber discordancias entre la realidad registral y la extra-registral centrando sus esfuerzos en proteger la titularidad en un sentido global.  
La legitimación registral que el art. 38 de la Ley hipotecaria otorga a favor del titular inscrito, por sí sola nada significa, al ser una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario, ya que el Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, al basarse en simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, extensión, linderos, etc. relativos a la finca, que consecuentemente caen fuera de la garantía de fe pública. Y en relación con la fe pública registral, manifestar que no alcanza a las cualidades físicas de la finca que conste inscrita, pues la ficción jurídica del art. 34 de la Ley Hipotecaria solo cabe en cuanto a los aspectos jurídicos del derecho y de la titularidad y no sobre datos descriptivos.  
Por otra parte, manifestar que el acto del deslinde no se realiza teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral ya que las vías pecuarias son bienes de dominio público y por tanto gozan de las características definidoras del artículo 132 de la Constitución Española y que dada su adscripción a fines de carácter público, se sitúan fuera del comercio de los hombres, siendo, como ya hemos comentado en párrafos anteriores, inalienables, imprescriptibles e inembargables, llevando en su destino la propia garantía de intocabilidad o inmunidad, de manera que en ellos la inscripción en el Registro resulta superflua.  
En este sentido conforme a la jurisprudencia interpretativa del artículo 34 de la Ley hipotecaria, la fe pública registral no garantiza la exactitud de los datos de nuevo hecho, relativos a la descripción de la finca, tales como la naturaleza, situación, linderos y superficie (STS de 28 de marzo de 1979, 24.07.1983), lo que ha de complementarse con lo que igualmente es doctrina del Tribunal Supremo; por ejemplo, sentencia de 5 de febrero de 1999 «el principio de legitimación que presume la existencia de los derechos inscritos tal y como constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues esta es inatacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad, puesto que no hace del tráfico jurídico base del Registro, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada».  
En cuanto al comentario que no consta en escrituras y registro afección alguna o servidumbre que permitiera al comprador conocer la existencia de la vía pecuaria, indicar que, las vías pecuarias NO tienen naturaleza de servidumbres de paso, sino de dominio público, tal y como se recoge en toda la legislación administrativa anteriormente vigente (la materia de vías pecuarias estaba regulada por la ley 22/1974, de 27 de junio, sobre las mismas, y el Reglamento de aplicación de la ley aprobado por Real decreto 2.876/1978, de 3 de noviembre. Con arreglo a dicha regulación las vías pecuarias son bienes de dominio público destinados principalmente al tránsito de ganados (arts. 1 Ley y 1 reg.), quedando excluidas de la normativa las servidumbres constituidas o que se constituyan sobre predios privados (arts. 1, párrafo segundo, ley y 3 reg.), como la normativa actual donde las vías pecuarias siguen siendo dominio público imprescriptible, inembargables e inalienable, por lo que no hay que confundirlas con servidumbres de paso como reconoce la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 00972/2011, de 17 de enero, de 2011. (Sala de lo Contencioso, Sede de Albacete; Sección 1ª. Ponente José Borrego López) así como dice el fundamento jurídico 4º de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1998 (?) la falta de constancia en el Registro o en los títulos de propiedad no implica inexistencia de la vía pecuaria, ya que las vías pecuarias, no representan servidumbre de paso o carga alguna, ni derecho limitado del dominio, y, si son, (?) una faja de terreno de dominio nacional, o una faja o zona participe de la naturaleza propia del dominio público.»  
Respecto a la tercera alegación; «- decir que tal y como se recoge en el artículo segundo de la Ley 3/1995 las vías pecuarias tienen la naturaleza de bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia, resultan inalienables, imprescriptibles e inembargables, por tanto, la autorización o no de esa actividad industrial no es un modo de adquisición de la propiedad, ni legitima una ocupación del dominio público.»  
Respecto a la cuarta alegación; «decir que, aunque la declaración de obra nueva se realizó en el año 1991, por tanto, anterior a la ley estatal sobre vías pecuarias del 23 de marzo de 1995 y la Ley autonómica de 2014, indicar que anterior a la Ley estatal y la Ley Autonómica existía una legislación en materia de vías pecuarias como era la Ley 22/1974, de 27 de junio y el Reglamento de aplicación de la ley aprobado por Real decreto 2.876/1978, de 3 de noviembre. Con arreglo a dicha regulación las vías pecuarias eran bienes de dominio público destinados principalmente al tránsito de ganados (arts. 1 Ley y 1 reg.) igualmente la normativa actual considera las vías pecuarias como viene de dominio público imprescriptible, inembargables e inalienable.»  
Respecto a la sexta alegación; «- decir que, que según el art. 5.a de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, corresponde a las comunidades autónomas, respecto de aquellas, el derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias, en su consecuencia es obligación de esta Administración el proceder al deslinde de las vías pecuarias previamente clasificadas, para con ello fijar con exactitud los límites de la misma y destinarlas a los usos públicos que las leyes estatal y autonómica les confiere. Razón por la que, bajo ningún concepto, se puede estar utilizando fraudulentamente la ley, afirmación esta tan gratuita como inoportuna, dado que el único fraude, por menoscabo al patrimonio público, seria expropiar terrenos pertenecientes a la propia administración.  
Además, y respecto de la expropiación de terrenos, si bien es cierto que según lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Española, efectivamente parte de la existencia de una previa propiedad privada, cuya privación ha de ser resarcida mediante el justiprecio, el acto que nos ocupa es el de un deslinde que tiene por objeto delimitar el dominio público pecuario y determinar las intrusiones y colindancias, no procediendo por ello ninguna expropiación con indemnización, pues los terrenos eran ya de dominio público y lo que se lleva a cabo con el deslinde es la determinación de su trazado de acuerdo con su clasificación, sin que exista cambio de propietario, sino por el contrario, intrusiones de los particulares en la propiedad pública.  
Respecto a la mutación demanial decir que, según lo establecido el art. 37.1 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat Valenciana:  
«Las administraciones territoriales de la Comunitat Valenciana podrán afectar bienes y derechos demaniales a un uso o servicio público competencia de la Generalitat y transmitirle la titularidad de los mismos cuando resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines. La administración adquiriente mantendrá la titularidad del bien mientras continúe afectado al uso o servicio público que motivó la mutación y por tanto, conserve su carácter demanial. Si el bien o derecho no fuera destinado al uso o servicio público o dejará de destinarse posteriormente, revertirá a la administración transmitente, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones.»  
Por tanto, solo la franja de terreno que ocupe la carretera y su ampliación serán objeto de esta mutación demanial el resto de terreno seguirá siendo dominio público pecuario y si este bien dejase de tener el uso o servicio público al que fue destinado este revertirá a la administración transmitente.»  
Respecto a la séptima alegación; «- decir que, según el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana el deslinde es el acto administrativo que define los límites debidamente georreferenciados de las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el acto de clasificación; siendo el acto de clasificación el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura y trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria, por tanto, el trazado de la vía pecuaria debe ser un fiel reflejo de la clasificación sin que tengan que intervenir otras consideraciones que vayan a ser más o menos gravosas a la Generalitat o a los titulares de los inmuebles afectados por el deslinde.»  
Maria Clara López Gonzalo, en nombre de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. (anteriormente Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU), presenta escrito solicitando que se contemple el mantenimiento de las instalaciones afectadas por el deslinde para conservar el servicio de las mismas.  
«Cabe decir que, aprobado el deslinde mediante resolución de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, la cual les será notificada, deberán regularizar su situación solicitando el uso demanial del dominio por ocupación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33-34 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana.»  
Jaime Ávila Vila, en condición de apoderado de la mercantil Pinturas Montó, SAU, presenta escrito en el que formula las siguientes alegaciones:  
«En la primera alegación manifiesta que la vía pecuaria no discurre por los terrenos de su representado, ya que las instalaciones se emplazan en un polígono industrial que se aprobó mediante un Plan parcial durante la tramitación del cual ya se dio una solución satisfactoria a la cuestión de la vía pecuaria, por lo que no procede poner ahora de manifiesto que las instalaciones están afectadas por la misma.  
Con respecto a esta alegación, decir que, nos encontramos en un expediente de deslinde, que según el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana el deslinde es el acto administrativo que debe definir los límites, debidamente georreferenciados, de las vías pecuarias, de acuerdo con lo establecido en el acto de su clasificación; siendo este el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura y trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria, por tanto, el trazado de la vía pecuaria debe ser un fiel reflejo de la Clasificación, tal y como se describe y grafía en la proposición de deslinde.  
Por tanto, queda claro que el sector industrial SI-2 de Marines y en consecuencia la parcela del alegante SI está afectada por el Cordel de la Garrofera y por ello, tal y como se recoge en el artículo 2 de la Ley 3/1995 las vías pecuarias tienen la naturaleza de bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
En cuanto al Plan parcial del sector industrial SI-2 de Marines tal y como establece el artículo 20 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, debería tener grafiado el nuevo trazado dentro de ese Plan parcial produciéndose las afectaciones y desafectaciones necesarias al dominio público, puesto que sí se haya afectado por una vía pecuaria, aunque exista un informe de febrero de 2007 donde considera que la propuesta del sector industrial no afecta a ninguna vía pecuaria clasificada.  
Además, cuando la División de Carreteras de la CIT plantea una conexión mediante rotonda entre este mismo sector industrial y la carretera CV-25, se emitió informe desfavorable (en fecha 14.10.2008) al considerar la afección de la rotonda sobre la vía pecuaria Cordel de la Garrofera y por ende al sector industrial anteriormente citado. De hecho, en fecha 20 de enero de 2009 se emitió un informe desde la Unidad de Vías Pecuarias con unos condicionantes de obligado cumplimiento para que fuese aprobado el Plan parcial de este sector industrial SI-2 de Marines. Además, el nuevo Plan general de ordenación urbana de Marines, ahora en fase de tramitación de su declaración ambiental estratégica, contará con un informe vinculante de la situación para su aprobación definitiva, conforme al tratamiento urbanístico pormenorizado de las vías pecuarias del artículo 21 de la citada Ley 3/2014 de la Generalitat.  
En la segunda alegación solicitan la modificación del trazado de la vía pecuaria, la reducción, desafectación y enajenación de los terrenos que les afectan a su parcela.  
Cabe matizar que un expediente de desafectación y posterior enajenación de terrenos solo se pueden realizar, tal y como se establece en el artículo 17.4 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de vías pecuaria,s previo deslinde, ya que para realizar la valoración de los terrenos desafectados debemos saber la superficie de vía pecuaria que afecta a la parcela en cuestión y esto solo se resuelve a través de un deslinde. Además, tal y como especifican en su alegación los terrenos que pudieran ser desafectados ostentarían la consideración de bienes patrimoniales de las comunidades autónomas.  
En cuanto a la solicitud de una modificación de trazado motivada por un interesado, señalar que dicha alegación no es objeto del presente procedimiento de deslinde. No obstante, si se iniciase un expediente tendente a modificación del trazado, este debería ir acompañado del proyecto donde aparezca grafiada el nuevo trazado de la vía pecuaria que propone, cumpliendo los requisitos del artículo 19.1 de la Ley 3/2014, donde se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados y la continuidad del tránsito ganadero, si la hubiere, junto con su utilización para los destinos recogidos por el artículo 2 de esta ley.  
Además, junto a este proyecto realizado por el interesado y/o promotor que solicita la modificación de la vía pecuaria, se deberá acompañar la siguiente documentación:  
- Escrituras de propiedad de los terrenos por los que deberá discurrir el nuevo trazado de la vía pecuaria, que acrediten la titularidad y plena disponibilidad del peticionario respecto de los terrenos que se ofertan para el nuevo itinerario, y que obviamente no podrán tener servidumbre ni carga de ninguna clase.  
- Nota simple informativa del registro de la propiedad en donde conste que los terrenos se encuentran libres de carga u otro gravamen.  
- Segregación parcelaria a nivel catastral y registral de los terrenos por los que discurra el nuevo trazado con la anchura legal de su clasificación.  
- Valoración de los terrenos objeto de modificación por un técnico competente.»  
Elias Campos Coscollar y María Encarnación Ángeles Liébana, presentan escrito en el que formulan las siguientes alegaciones:  
«En la primera alegación manifiesta que se le concedió la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de la Vila d'Olocau para la construcción de un muro de hormigón.  
En la segunda alegación manifiesta que la concesión de dicha licencia de obras por parte de la Administración supuso un reconocimiento tácito de la titularidad privativa de dicha parcela. La responsabilidad patrimonial de la Administración forma parte del sistema de garantia patrimonial de los particulares permitiendo que estos sean indemnizados conforme a lo previsto en el art. 106.2CE. Y por tanto reclama la correspondiente indemnización por los evidentes daños y perjuicios que le causaría la demolición del margen de hormigón. De no resarcir a los alegantes la Administración estará actuando contra sus propios actos y causando un perjuicio irreparable a los mismos.  
Con respecto a estas alegaciones cabe decir que, si bien es cierto que por parte del Ayuntamiento de Olocau se le concedió la licencia de obra para la construcción del muro de hormigón, no lo es menos reseñar que el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable, con que la legislación vigente dota el dominio público de las vías pecuarias supone que la mera existencia de elementos en el interior de la vía pecuaria son elementos intrusos dentro de los límites de la misma. Intrusión que ha perdurado durante todos esos años en los que el titular- afectado ha aprovechado privativamente los terrenos de dominio público y que por tanto no cabe ni indemnización por daños y perjuicios ni reposición de dicho muro. Por tanto, la concesión de una licencia de obra NO supone un reconocimiento de la titularidad privativa de dicha parcela.  
Además, hay que matizar que de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, la conselleria competente en materia de vías pecuarias es la que tiene las competencias sobre administración y gestión de las vías pecuarias, es decir, la Administración local en este caso un ayuntamiento no tiene la potestad sobre la gestión de las vías pecuarias.  
Por ello, como ya hemos comentado anteriormente de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/1995 las vías pecuarias tienen la naturaleza de bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia, revestidas de los principios de inalienables, imprescriptibles e inembargables, por tanto, la concesión licencias de obra por parte de una entidad local no es un modo de adquisición de la propiedad, ni legitima una ocupación del dominio público.»  
Juan Manuel Vivanco Andino, gerente y apoderado de la compañía Aluminios Cortizo, SAU, presenta escrito en el que solicita la siguiente información:  
En la primera alegación; manifiesta entre otros extremos, que es propietario de algunas parcelas afectadas parcialmente por el procedimiento de deslinde.  
En la segunda alegación; indica que dichas parcelas fueron adquiridas mediante escrituras otorgadas ante notario público.  
En la tercera alegación manifiesta que en las descripciones notariales y las subsiguientes notas simples registrales no aparece mencionado que alguna vía pecuaria afecte a las fincas registrales.  
En la cuarta alegación manifiesta que esta conselleria utiliza la documentación que le viene en gana a la hora de justificar la ocupación ilegítima de una supuesta vía pecuaria que ni si quiera se quiere mostrar en planos mínimamente legibles. Por otra parte, utiliza el Proyecto de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Olocau (cuando todas las parcelas afectadas de Aluminios Cortizo, SAU, se encuentran ubicadas en el término municipal de Marines). Consideran que no se puede alegar o contestar sobre algo que se desconoce o que no se puede conocer en detalle y con un mínimo de profundidad. Ello produce una clara indefensión a esta parte que hace que el presente expediente devenga nulo de pleno derecho.  
En la quinta alegación manifiesta que las parcelas afectadas fueron adquiridas por Aluminios Cortizo, SAU, libre de cargas y gravámenes, sin que se hiciese mención alguna a vía pecuaria que las afectasen. Y ahora la Administración autonómica valenciana pretende «recuperar» no pagándolos a su legítimo propietario, ni compensando a la parte afectada, sino ocupándolo gratuitamente basándose en documentación que poco o nada puede acreditar tal derecho y que deja en una situación de indefensión total a los perjudicados en este proceso.   
Solicita por tanto un expediente de expropiación forzosa, ya que parece ser que la administración intenta evitar esta expropiación al justificar la necesidad de una ampliación de la carretera que se asienta presuntamente sobre una vía pecuaria para intentar evitar el trámite expropiatorio.  
Con relación con lo anterior, el ingeniero instructor informó:  
«Con respecto a la tercera y quinta alegación, decir que el deslinde de las vías pecuarias no es, en sí mismo, un acto de adquisición de dominio, sino de determinación de los límites del mismo. Y que su fundamento se encuentra en un derecho de propiedad preexistente y al que da virtualidad práctica, pero en ningún caso lo crea ex novo, ni puede ser considerado como una potestad de la Administración para la adquisición gratuita de los bienes, dado que se trata de bienes de dominio público desde tiempos inmemoriales y ahora se deslindan conforme a su existencia y clasificación.  
Por tanto, el principio de legitimación, que presume la existencia de los derechos inscritos tal y como constan en el asiento, no es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues esta es inatacable, aunque no figure en el Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico contractual ni registral, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales e incluso frente a la posesión. En este sentido de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/1995, la vía pecuaria deslindada, tiene la naturaleza de bienes de dominio público de las comunidades autónomas inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
Además, según el art 8.3 de la Ley 3/1995, de vías pecuarias, y el artículo 14.5 de la Ley 3/2014 de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana establecen que el deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones en el Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. Por ello la fe pública registral no opera frente al deslinde, y por tanto, el que la usucapión haya tenido acceso al Registro como parte de una finca registral no constituye título para la prescripción adquisitiva respecto de esa porción de terreno.  
También cabe reseñar que el Derecho Hipotecario asume que puede haber discordancias entre la realidad registral y la extra-registral centrando sus esfuerzos en proteger la titularidad en un sentido global. La legitimación registral que el artículo 38 de la Ley hipotecaria otorga a favor del titular inscrito, por sí sola nada significa, al ser una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario, ya que el Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, al basarse en simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, extensión, linderos, etc. relativos a la finca, que consecuentemente caen fuera de la garantía de fe pública. En relación con la fe pública registral, manifestar que no alcanza a las cualidades físicas de la finca que conste inscrita, pues la ficción jurídica del artículo 34 de la Ley hipotecaria solo cabe en cuanto a los aspectos jurídicos del derecho y de la titularidad y no sobre datos descriptivos.  
Por otra parte, mantener que el deslinde no se realiza teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral ya que las vías pecuarias son bienes de dominio público y por tanto gozan de las características definidoras del artículo 132 de la Constitución Española y que dada su adscripción a fines de carácter público, se sitúan fuera del comercio de los hombres, siendo, como ya hemos comentado en párrafos anteriores, inalienables, imprescriptibles e inembargables, llevando en su destino la propia garantía de intocabilidad o inmunidad, de manera que en ellos la inscripción en el Registro resulta superflua.  
En este sentido conforme a la jurisprudencia interpretativa del artículo 34 de la Ley hipotecaria, la fe pública registral no garantiza la exactitud de los datos de nuevo hecho, relativos a la descripción de la finca, tales como la naturaleza, situación, linderos y superficie (STS de 28 de marzo de 1979, 24.07.1983), lo que ha de complementarse con lo que igualmente es doctrina del Tribunal Supremo; por ejemplo, sentencia de 5 de febrero de 1999 «el principio de legitimación que presume la existencia de los derechos inscritos tal y como constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues esta es inatacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad, puesto que no hace del tráfico jurídico base del Registro, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada».  
Además, matizar que según el artículo 5.a de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, corresponde a las comunidades autónomas, respecto de las vías pecuarias, el derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias, en su consecuencia es la obligación de esta Administración el proceder al deslinde de las vías pecuarias previamente clasificadas para con ello fijar con exactitud los límites de la misma, por tanto, y en ningún caso es una estrategia urdida por esta Administración para evitarse el trámite expropiatorio, si no más bien, la obligación de recuperar este patrimonio en interés público y a través de obras de interés social como la que se plantea. Asimismo, resaltar que en las descripciones de las fincas registrales que aparecen en las escrituras todas ellas lindan por alguno de sus puntos cardinales con vereda, luego sí son conocedores de la existencia de la vía pecuaria.  
En cuanto a la expropiación de los terrenos, si bien es cierto que según lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Española, efectivamente la expropiación de los terrenos parte de la existencia de una previa propiedad privada, cuya privación ha de ser resarcida mediante el justiprecio, el acto que nos ocupa es el de un deslinde que tiene por objeto delimitar el dominio público pecuario y determinar las intrusiones y colindancias que afecten, no procediendo por ello ninguna expropiación indemnizatoria, dado que los terrenos han sido siempre dominio público y lo que determina el deslinde con sus límites de conformidad con la clasificación, sin que exista cambio de titular, sino más bien al contrario, lo que evidencia es la intrusión particular en el dominio público.  
Respecto a la CUARTA alegación, procede desestimarla puesto que para llevar a cabo el deslinde se ha realizado una ardua investigación y estudio por parte de los técnicos, quienes han recabado toda la documentación cartográfica, histórica y administrativa existente, al objeto de disponer de todos los antecedentes posibles. Para ello se consultaron tanto el Fondo Documental de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana (FDVP.CV) (formado por documentos de tipo administrativo) como el Fondo Documental Histórico de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana (FDHVP.CV) formado por documentos de tipo histórico. Toda esta documentación, tanto histórica como cartográfica, aparece recopilada en el informe de viabilidad de fecha 13 de febrero de 2019. Todos ellos documentos públicos al alcance de cualquier ciudadano.  
Además, el día del apeo (30.07.2019) Aluminios Cortizo solicitó que se le remitiera a través de un correo electrónico la documentación que allí se expuso. Documentación que se les envió el día 5 de agosto, consistente en las imágenes donde se aprecian las parcelas afectadas (con superficie de afección) y archivos en formato pdf con el acuerdo de inicio, la memoria del informe de viabilidad, el proyecto de clasificación de Olocau y el plano del proyecto de clasificación en pdf (escaneado con la máxima calidad que permite el plano original en papel que dispone la Administración); y todo ello se tiene la debida constancia electrónica. Por lo que resulta del todo impertinente la alegación y fuera de lugar las apreciaciones jurídico-administrativas del expediente.»  
Vistos los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, resuelvo:  
  
Primero  
Desestimar las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública y trámite de audiencia, sobre la base de los fundamentos de derecho cuarto de esta resolución.  
  
Segundo  
Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la Garrofera, en el tramo comprendido desde la glorieta de la CV-25 que enlaza con el camino de la Garrofera, hasta la entrada principal de la Base Militar General Almirante, entre los términos municipales de Marines y Olocau, provincia de Valencia, de acuerdo con la proposición de deslinde y 6 planos denominados «Proposición de deslinde», que constan en el expediente y cuyas características son las siguientes:  
Denominación: Cordel de la Garrofera  
Tipo de vía: cordel  
Anchura legal: 37,61 m  
Longitud deslindada: 991,692 m  
Superficie deslindada: 132.020,46 m²  
Número de intrusiones: 112  
Superficie total de las intrusiones: 132.020,46 m²  
Sobre la base de lo anterior, en el expediente de deslinde consta la relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias bajo el título «Listado de Colindancias e intrusiones».  
  
Tercero  
Dar traslado a la administración catastral de los límites de la vía pecuaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.c del Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario.  
  
Cuarto  
Comunicar a la Dirección General de Patrimonio la resolución, a los efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad del dominio público correspondiente al ámbito deslindado, debiendo proceder a la cancelación total o parcial de cuantas inscripciones registrales resulten contradictorias con el deslinde. Asimismo, se trasladará a la Dirección General de Patrimonio la documentación necesaria para la constancia del ámbito deslindado, en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat.  
  
Quinto  
Iniciar la práctica del amojonamiento parcial de la vía pecuaria Cordel de la Garrofera, en el tramo comprendido desde la glorieta de la CV-25 que enlaza con el camino de la Garrofera, hasta la entrada principal de la Base Militar General Almirante, entre los términos municipales de Marines y Olocau, provincia de Valencia, de acuerdo con la proposición de deslinde y planos que constan en el expediente.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.   
Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en los artículos 46 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.  
  
València, 30 de julio de 2020.- La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica: Mireia Mollá Herrera.