Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6728, del 06-03-2012 (2012/2189)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 109/2004.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6728

Fecha DOGV
:   06-03-2012

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2012/2189


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 14 de València

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 109/2004. [2012/2189]  
Procedimiento ordinario 000109/2004  
De: Marisa Rubert Mataix.  
Procurador: José Sapiña Baviera.  
Contra: Editora Informática de Noticias, SL, y Francisco Albert Matea.  
Procuradora: Elvira Canet Castellá.  
En el presente procedimiento ordinario número 109/2004, seguido a instancia de Marisa Rubert Mataix, representado por el procurador José Sapina Baviera, frente a Editora Informática de Noticias, SL, y Francisco Albert Matea, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Juzgado de Primera Instancia número 14 de Valencia  
Procedimiento: asunto civil 109/2004.  
Sentencia  
Jueza que la dicta: Isabel Giner Moreno.  
Lugar: Valencia.  
Fecha: 7 de marzo de 2007.  
Parte demandante: Marisa Rubert Mataix.  
Procurador: José Sapiña Baviera.  
Parte demandada: Editora Informática de Noticias, SL, y Francisco Albert Matea.  
Procuradora: Elvira Canet Castellá.  
Objeto del juicio: ordinarios.  
  
Antecedentes de hecho  
  
Primero. Por turno de reparto correspondió a este Juzgado la demanda de juicio ordinario, seguido bajo el número 109/2004, interpuesta por el citado procurador, en nombre y representación de Marisa Rubert Mataix, en base a los hechos que constan en la misma y se dan por reproducidos, y previa alegación de los fundamentos de derecho que estima aplicables, termina suplicando que previos los trámites legales se dicte sentencia por la que se condene a los demandados de forma solidaria e indistinta al pago a la actora de la suma de cincuenta mil ciento veinticuatro euros con veinticuatro céntimos (50.124,24 €), más los intereses legales y costas.  
  
Segundo. Admitida a trámite la demanda, por auto de fecha 19 de febrero de 2004, en el que se realizaron las prevenciones oportunas a las partes, acordándose emplazar a los demandados para que en el plazo de 20 días hábiles contestaran aquélla, lo que realizó la representación procesal del codemandado Francisco Albert Matea, compareciendo en su propio nombre como administrador social codemandado, y no habiendo comparecido la mercantil codemandada, se declaró a esta en situación de rebeldía. Señalándose a continuación, por providencia de fecha 19 de julio de 2006, día y hora para la celebración de la audiencia previa, que tuvo lugar el día 8 de noviembre de 2006, con la asistencia de las partes comparecidas que se ratificaron en sus pretensiones, solicitándose el recibimiento del pleito a prueba.  
  
  
Tercero. El día 14 de febrero de 2006, señalado para el juicio oral, comparecieron las mismas partes, practicándose las pruebas admitidas con el resultado que consta en autos y que, en aras de la brevedad, se da por reproducido.  
  
Cuarto. En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. Ejercita la parte actora dos acciones acumuladas, una de reclamación de la cantidad de cincuenta mil ciento veinticuatro euros con veinticuatro céntimos (50.124,24 €), contra la mercantil Editora Informática de Noticias, SL, y la segunda, acción de responsabilidad del administrador de la mercantil codemandada, Francisco Albert Matea, solicitando su condena solidaria e indistinta en el importe antes referido, al haber cesado de hecho la entidad demandada, en su actividad mercantil, no hallándose en su domicilio social, y desapareciendo del tráfico mercantil, sin que consten cumplidas por el codemandado señor Albert, como administrador de la misma, como le incumbía, las previsiones de disolución y liquidación que preceptúa la normativa societaria.  
Frente a las pretensiones de la actora, el codemandado se opuso a la acción de responsabilidad del administrador, con las alegaciones que en su escrito de contestación son de ver.  
  
Segundo. La actora interpone, de un lado, acción de cumplimiento contractual contra la mercantil demandada, manifestando que, en fecha de 6 de septiembre de 1999, se formalizó póliza de crédito mercantil, por un importe de doce mil veinte euros con veinticuatro céntimos (12.020,24 €), con un vencimiento al 6 de septiembre de 2000, suscrita de una parte, por el Banco Sabadell, SA, y, de otra, por Francisco Albert Matea, como administrador de la mercantil Editora Informática de Noticias, SL, afianzando solidariamente las obligaciones contraídas la demandante, María Luisa Rubert Mataix (doc. n.º 1 de la demanda). Llegado el vencimiento pactado de la póliza de crédito anteriormente referenciada no fue satisfecha por la mercantil codemandada generándose un saldo deudor en la cuenta a favor de la entidad acreedora por importe de 12.766,22 euros y que, a pesar de los requerimientos efectuados por el Banco Santander, no fue atendida, lo que provocó que la actora, como fiadora solidaria, fuera objeto de un procedimiento judicial de ejecución en el que, por la parte acreedora (Banco Sabadell, SA) se designaron como bienes suficientes para cubrir el embargo, el piso de propiedad de la misma, sito en Valencia, calle del Maestro Valls, número 14, 1, 4, la parte proporcional de su sueldo, así como todo el saldo de que dispusiera en los bancos y cajas de ahorros que en aquel momento fueron designadas por la ejecutante. Como documento número 2 se acompaña el auto de fecha de 29 de marzo de 2001, por el que se despacha ejecución del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valencia, procedimiento de ejecución número 106/2001.  
También por parte de los ahora codemandados se suscribió un préstamo, actuando como administrador único de la citada mercantil Francisco Albert Matea y, como avalista hipotecaria, la actora, designando como garantía del préstamo avalado, el piso de propiedad de esta última, sito en la calle del Maestro Valls, número 14, puerta 4, de Valencia, por un importe de treinta tres mil cincuenta y cinco euros con sesenta y seis céntimos (33.055,66 €), y que tampoco se atendió por los demandados, impago que dio lugar a la subasta del citado piso propiedad de la actora (doc. n.º 3 de la demanda, consistente en la providencia de fecha de 14 de enero de 2002, y edicto de la misma fecha del Juzgado de Primera Instancia de Valencia n.º 12 en el procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados n.º 687/2001). Ante esta situación, la actora sufragó, a su cargo, todos los intereses legales, moratorios y costas del procedimiento de ejecución (doc. n.º 4 a 9 de la demanda).  
Con fecha 6 de septiembre de 1999, se formalizó póliza de contrato de arrendamiento financiero con cuotas fijas por importe de 5.189,08 euros a devolver en 36 amortizaciones mensuales, a partir del día 6 de octubre de 1999, entre Bansabadell Leasing EFC, SA, y, de otra, la mercantil codemandada y, en su nombre y representación, la persona de su administrador señor Albert Matea, afianzando solidariamente la actora (doc. n.º 10) y, siendo incumplido de nuevo el pago de las cuotas correspondientes, la actora fue objeto de otro procedimiento de ejecución de título no judicial, seguido con el número 274/2003, del Juzgado de Primera Instancia de Valencia número 12, designando la parte acreedora (Bansabadell EFC, SA) como bienes objeto de embargo, el piso de la actora ya citado, Valls, número 14, y la parte proporcional del sueldo que percibe de la Conselleria de Cultura y Educación de Valencia (doc. n.º 11 y 12).  
Con fecha de 1 de julio de 2003, la actora instó acto de conciliación, autos número 704/2003, del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valencia (doc. n.º 13), no compareciendo los codemandados el día de su celebración a pesar de su citación el legal forma (doc. 13 y 14).  
  
Los hechos relatados quedan acreditados con la documental aportada, significando su constancia además con el documento número 15 de la demanda consistente en reconocimiento de deuda que firma el codemandado señor Matea como apoderado de la mercantil codemandada y como es de resaltar tampoco cumple expectativas de pago alguno (doc. n.º 15).  
Respecto del ejercicio de la acción acumulada, contra el administrador social, la misma se fundamenta en el nombramiento del administrador por plazo indefinido de la mercantil codemandada que consta en el Registro Mercantil de Valencia (doc. n.º 16), tal y como se acredita mediante la nota informativa de fecha de 27 de enero de 2004 que se aporta como documento número 16, sin que conste inscrito su cese o revocación del cargo, y no consta inscripción de la disolución y liquidación de la sociedad codemandada, como correspondería de la situación social que por el propio administrador se hace constar en su despliegue probatorio, y en consecuencia se limita a la desaparición de hecho (aunque el administrador pudiere ser localizado por medio de conocidos de ambos, no es óbice de mantener la situación de cese de hecho que se acoge) y claro es que la reclamación judicial únicamente contra la misma, resultaría claramente insatisfecha, al carecer de patrimonio.  
Del conjunto de la prueba practicada, ha quedado acreditada, en el caso de autos, la responsabilidad del administrador social, al faltar al cumplimiento de sus obligaciones, por cuanto no ha emprendido las medidas oportunas para promover, en su caso, la liquidación de la mercantil, con el objeto de no evadir el pago a los acreedores sociales.  
Dicha falta de diligencia, sin que haya acreditado hecho que pudieran enervar dicha obligación y, en consecuencia, en aplicación de los artículos 104 y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada procede determinar la responsabilidad solidaria del administrador codemandado por las deudas sociales.  
La doctrina de la carga de la prueba no dice quien viene obligado a probar algo, sino quien sufre las consecuencias de la falta de prueba, pues el problema de la carga de la prueba es el problema de la falta de prueba. La carga de la prueba que se recoge en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como regla de juicio, se dirige al juzgador y es de ius cogens tanto para el juez como para las partes, en tanto que es norma de naturaleza procesal. Corresponde al actor, la prueba de los hechos constitutivos, que son aquellos que contemplados por una norma jurídica constituyen el supuesto de hecho al que se vincula una consecuencia jurídica y al demandado, por su parte, se le grava con la prueba de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes de la pretensión del actor.  
En el caso de autos, por la parte demandante, como ya se ha expuesto, con la documental aportada, que no ha sido impugnada, ha acreditado su pretensión, sin que por los demandados se haya alegado hecho extintivo alguno de aquéllas, limitándose a exponer meras excusas faltas de fundamentación jurídica, con práctica de prueba que no exime de responsabilidades, ni es objeto de esta litis.  
Por cuanto antecede, procede estimar íntegramente la demanda, condenando a los demandados de forma conjunta y solidaria a hacer cumplido pago a la actora, de la cantidad de cincuenta mil ciento veinticuatro euros con veinticuatro céntimos (50.124,24 €).  
Es de significar, que por parte del administrador codemandado, quien ni siquiera ha aportado documentación contable con la excusa de su extravío, sin apreciar la trascendencia jurídica de sus alegaciones, exigible a mayor abundamiento por su condición de jurista, se concluye, corroborado por el principio de inmediación ante las evasivas respuestas respecto de sus obligaciones, que revelan su total actuar negligente que así se califica en el orden que nos encontramos, al no haber actuado con la diligencia de un ordenado empresario y no haber cumplido con las obligaciones impuestas por el artículo 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, habiendo desplegado una actividad probatoria inútil en el presente procedimiento para que se decline la responsabilidad que le es exigible y que no ha hecho más que reafirmar su actuar que refleja el resultado que se desprende de los hechos referidos en la demanda que han quedado íntegramente acreditados.  
El artículo 69 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, dispone que "la responsabilidad de los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada se regirá por lo establecido para los administradores de la sociedad anónima". El Real Decreto Ley 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, declara en su artículo 133 que los administradores responden frente a la sociedad, los accionistas y acreedores sociales, el daño que causen por actos contrarios a la ley o los estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar sus cargos, y el artículo 127 de la misma ley, dispone que los administradores actuarán en el ejercicio de su función con la diligencia de un "ordenado empresario y un representante leal".  
No obstante, en el caso del artículo 133.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se supedita el incumplimiento a un elemento subjetivo en la persona del administrador, que es su negligencia. Esa negligencia la imputa el actor a la falta de actividad de la sociedad, que ya no opera en el ámbito comercial ni, en consecuencia, el económico, y, en definitiva, a un "cierre de hecho", que vulnerando las previsiones de disolución y liquidación de la normativa societaria, supone el cese de hecho sin cumplir las exigencias de las leyes.  
El artículo 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada dispone que los administradores, en el plazo de dos meses a contar desde aquél en que se detecte la concurrencia de la causa de disolución, deberán convocar junta general, que podrá adoptar el acuerdo de disolución o aquel o aquellos que sean necesarios para la remoción de la causa, y que el incumplimiento de la obligación de convocar junta general o de solicitar la disolución judicial determinará la responsabilidad solidaria de los administradores.  
Por cuanto antecede, procede estimar la demanda formulada por la representación procesal de Marisa Rubert Mataix y condenar a la mercantil Editora Informática de Noticias, SL, y a Francisco Albert Matea al pago a la actora, de forma conjunta y solidaria, a la cantidad de cincuenta mil ciento veinticuatro euros con veinticuatro céntimos (50.124,24 €), más el interés legal de la citada suma como ya se ha expuesto y todo ello con imposición a la parte demandada de las costas del procedimiento.  
  
Segundo. En cuanto a los intereses, resultan de aplicación los artículos 1100, 1101, y 1108 del Código Civil.  
  
Tercero. De conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el principio del vencimiento, las costas se impondrán a la parte demandada.  
  
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.  
  
Fallo  
  
Que estimando la demanda formulada por la representación procesal de Marisa Rubert Mataix, debo condenar y condeno a la mercantil Editora Informática de Noticias, SL, y a Francisco Albert Matea, al pago a la actora, de forma conjunta y solidaria, de la cantidad de cincuenta mil ciento veinticuatro euros con veinticuatro céntimos (50.124,24 €), más el interés legal, con imposición a la parte demandada de las costas del procedimiento.  
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días para ante la Audiencia Provincial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.  
Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo».  
  
Y encontrándose dicho demandado, Editora Informática de Noticias, SL, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.   
  
Valencia, 22 de febrero de 2012.- La secretaria judicial: Asunción Solis García del Pozo.