Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6477, del 10-03-2011 (2011/2594)

Notificación del acuerdo de homologación y Plan parcial del sector El Replà. Expediente número PL-06/0521 Parcent.
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Número DOGV
:   6477

Fecha DOGV
:   10-03-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/2594


Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del acuerdo de homologación y Plan parcial del sector El Replà. Expediente número PL-06/0521 Parcent. [2011/2594]  
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para efectuar la notificación dirigida a la mercantil Terres de l'Horta, SL, al domicilio designado en el expediente referenciado: avenida de Aragón 29-52, 46231-Valencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, se lleva a efecto por el presente edicto.  
Acto que se notifica: remisión de Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 28 de octubre de 2009, cuyo texto literal es el siguiente:  
«La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2009, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:  
"Exp. 108/09 Parcent. Homologación y Plan parcial sector El Replà, promovido por Terres de l'Horta, SL.  
Visto el expediente de referencia y sobre la base de los siguientes antecedentes y consideraciones,  
Antecedentes  
Primero. El programa de actuación integrada, que incluye homologación y Plan parcial, se sometió a información pública por plazo de veinte días por el procedimiento previsto en el artículo 48 de la Ley 6/1994, reguladora de la actividad urbanística (en adelante, LRAU), protocolizando el programa en notaría, depositando un ejemplar en el Ayuntamiento y publicando anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 28 de octubre de 2004 y en el diario La Verdad de fecha 29 de octubre de 2004. No consta que se remitiera aviso a los titulares catastrales de bienes o derechos afectados por la actuación propuesta.  
A requerimiento de la Alcaldía, en fecha 8 de junio de 2005 el Consejo Jurídico Consultivo emite dictamen no preceptivo que concluye que el procedimiento no ha sido correcto por dos motivos: porque la documentación expuesta al público no estaba completa, y porque no se había remitido aviso a los titulares catastrales.  
En consecuencia, se abre un nuevo periodo de información pública por el mismo procedimiento, ésta vez remitiendo el aviso a los titulares catastrales afectados, y publicando anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 27 de mayo de 2005.  
Durante el periodo de exposición pública se presentaron 60 alegaciones, que consta informadas y resueltas en el expediente administrativo municipal. El Pleno municipal, en sesión celebrada en fecha 30 de enero de 2006, acordó por mayoría absoluta aprobar provisionalmente el documento.  
Segundo. La documentación de la homologación está integrada por memoria informativa y justificativa, ficha de planeamiento y gestión y planos de información y de ordenación. El Plan parcial está integrado por memoria informativa y justificativa, planos de información y de ordenación y normas urbanísticas.  
Tercero. El municipio de Parcent se rige por unas normas subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 10 de abril de 1991.  
El objeto del expediente es la homologación de un ámbito del suelo apto para urbanizar de las normas subsidiarias vigentes, definiendo las determinaciones de ordenación estructural no fijadas en el planeamiento general, que permitan el desarrollo y aprobación del Plan parcial que se propone para el mismo ámbito y se tramita conjuntamente.  
El sector El Replà definido en las normas subsidiarias vigentes está situado al sur del casco urbano.  
Las normas subsidiarias, incluidas en el artículo 67 de las normas urbanísticas, regulan las condiciones para el desarrollo de los planes parciales. En cuanto a los tipos de edificación, prevén la implantación de las tipologías aislada, agrupada y mixta, regulando las condiciones de parcela mínima, ocupación, edificabilidad sobre parcela neta, altura, densidad y retranqueos.  
La superficie del sector es de 1.052.517 m², al deducir del ámbito previsto en las normas subsidiarias la superficie correspondiente al barranco Font de les Cabres, que se clasifica como suelo no urbanizable de especial protección. La superficie computable del sector es de 1.016.391 m², al excluir el suelo de dominio público afecto a su destino (CV-715). La superficie del área de reparto es de 1.732.282 m², al incluir como parque público natural, al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 10/2004, del suelo no urbanizable, una superficie de 685.765 m² situados en la Sierra del Carrascal, al sur de la actuación.  
Se determina un Índice de edificabilidad bruta de 0'182814 m²/m², y una densidad de 14 viviendas por hectárea, lo que supone un total de 1.423 viviendas. El aprovechamiento tipo es de 0,761797646 m²/m².  
Se establece como uso global el residencial, compatible terciario e incompatible industrial. Define una única unidad de ejecución.  
Como elementos de la red estructural, se define un parque público (PQL) situado en la parte sur del ámbito con una superficie de 30.985 m² (correspondientes a 5 m²/hab previsto), y un parque público natural con una superficie de 685.765 m².  
El Plan parcial ordena pormenorizadamente el ámbito conforme a las determinaciones de la ficha de planeamiento de la homologación, estructurando las manzanas a partir de un vial que conecta al norte del ámbito con la carretera CV-715 y se adapta a la topografía del terreno. Se asignan las diferentes tipologías a las manzanas de uso residencial, de modo que se prevé la implantación de la tipología de edificación abierta al este del sector, y la edificación aislada en el resto.  
Se reservan para suelo dotacional las siguientes superficies:  
- 44.504 m² de zonas verdes de red secundaria, de los cuales son computables 34.216 m², por cumplir las condiciones dimensionales exigibles. Esta superficie se distribuye en tres parcelas, de 33.412 m², 5.462 m² y 5.630 m² respectivamente. Además, se destina una superficie de 16.807 m² de zona verde no computable.  
- 195.012 m² de red viaria.  
- 122.095 m² de equipamientos, de los cuales 108.237 m² son de uso recreativo-deportivo (dividido en tres parcelas), 10.041 m² son de uso educativo y 3.817 m² son de uso de infraestructuras-servicios urbanos.  
Se justifica el cumplimiento de la LRAU y del reglamento de planeamiento de la Comunidad Valenciana en cuanto a las reservas de suelo dotacional de red secundaria, a excepción de las reservas de red viaria secundaria, dado que los elementos de red viaria primaria se computan a los efectos de dar cumplimiento a los estándares de red secundaria. Se justifica igualmente la reserva de aparcamientos.  
Cuarto. Constan en el expediente los siguientes informes sectoriales y dictámenes de organismos cuyas competencias o bienes demaniales pudieran resultar afectados por la actuación que se proyecta:  
- Diputación Provincial de Alicante, de 17 de julio de 2006, indicando que la actuación no afecta a la red de carreteras de ese organismo.  
- Dirección General de Industria y Comercio de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, de fecha 5 de mayo de 2006, que incluye una serie de observaciones sobre la Ley de comercio.  
- Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte, en fecha 5 de febrero de 2008 resuelve autorizar la prospección arqueológica.  
- Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de fecha 9 de enero de 2007, de carácter favorable.  
- Servicio Territorial de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, de fecha 6 de junio de 2006, manifestando no proceder la emisión de informe.  
- División de Recursos Hidráulicos de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, de fecha 12 de junio de 2006, manifestando no proceder la emisión de informe.  
- Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 27 de junio de 2006, de carácter genérico en cuanto a las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas.  
- Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda, de fecha 1 de febrero de 2007, indicando que en materia de residuos deberá solicitarse informe al Consorcio de la zona XV.  
- Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 1 de agosto de 2007, indicando la necesidad de que la propuesta se adecua a los requerimientos legales en materia de reserva de edificabilidad con destino a la promoción de viviendas protegidas.  
- Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, de fecha 19 de septiembre de 2006, de carácter desfavorable por los siguientes motivos:  
"Primero. Debe realizarse un estudio de tráfico para estudiar el tráfico generado por el sector, garantizándose el nivel de servicio del viario y conexiones propuestos, así como su incidencia en el casco urbano. También se realizará un estudio acústico. Se determinarán las actuaciones a realizar por el sector y se contemplarán en la ficha de planeamiento y gestión.  
Segundo. La zona de protección de la carretera CV-715 se calificará como espacio libre de reserva viaria no computable a efectos de estándares urbanísticos, su único uso será el ajardinamiento. El tamaño de las rotondas de acceso al sector será como mínimo por funcionalidad y comodidad de 40 metros de diámetro interior con corona de 8 metros."  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, de fecha 19 de septiembre de 2008, de carácter desfavorable, "por no acreditar la no afección al dominio público hidráulico ni la disponibilidad de recursos hídricos, así como que la correspondiente zona de servidumbre queda expedita. Además no se ha justificado convenientemente la no afección a terceros debido a la posible incidencia en el régimen de corrientes."  
De dicho informe se dio traslado desde el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio al Ayuntamiento de Parcent en fecha 31 de octubre de 2008 a fin de que subsanaran las observaciones efectuadas en el mismo, sin que hasta la fecha conste la que el Ayuntamiento haya presentado documentación a tal efecto.  
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 23 de septiembre de 2008, de carácter desfavorable, indicando en síntesis lo siguiente:  
- De la Sección Forestal, que concluye lo siguiente:  
"Existen terrenos forestales incluidos dentro de este sector que tienen simultáneamente la condición de urbanizables sin programa aprobado y de forestales. Por otra parte, el uso forestal de los mismos es incompatible con cualquier otro uso no forestal.  
Se trata de terrenos forestales que presentan valores ambientales indudables y dignos de protección, cuyas características físicas definen una vocación o aptitud natural inequívocamente forestal que se encuentra amparada por la Ley 3/93 forestal de la Comunidad Valenciana, que posibilita su gestión de acuerdo con los principios del artículo 4.2 de dicha Ley y con los objetivos definidos en el artículo 6 de la misma.  
Como ya ha quedado expuesto, se trata de terrenos forestales con un riesgo de erosión potencial muy alto, por lo que de acuerdo con el artículo 4.1.f de la Ley 10/2004 de suelo no urbanizable, les corresponde la consideración de suelo no urbanizable protegido.  
El proyecto de homologación y Plan parcial del sector El Replà es contrario al mantenimiento de la vocación y uso forestal de los terrenos forestales afectados. La ejecución del Plan supondría la desaparición de funciones y valores amparados por la Ley 3/93 por lo que se informa desfavorablemente."  
- Del técnico de Especies Protegidas, en el que, amén de otras consideraciones de índole urbanística, se hace una relación de especies que se verán amenazadas por el desarrollo previsto.  
De dicho informe se dio traslado desde el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio al Ayuntamiento de Parcent en fecha 10 de octubre de 2008, sin que hasta la fecha conste la que el Ayuntamiento haya presentado documentación a tal efecto.  
- Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 22 de septiembre de 2009, que ratifica el informe emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante de fecha 23 de septiembre de 2008.  
Consta que el promotor de la actuación solicitó informe a la Conselleria de Sanidad en fecha 9 de mayo de 2006, a la Dirección General de Transportes de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes en fecha 26 de mayo de 2006, y al Instituto Valenciano de Vivienda, SA, en fecha 26 de septiembre de 2006. Consta igualmente que en fecha 16 de octubre de 2007 desde el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio se solicitó informe a la Dirección General de Paisaje de esta Conselleria. En todos los casos sin que hasta la fecha conste la emisión de los mismos y habiendo transcurrido los plazos legalmente establecidos para ello.  
Consideraciones técnico-jurídicas  
Primera. La tramitación realizada por el Ayuntamiento se ha efectuado conforme a lo establecido en los artículos 44, 52 y 54, apartado 3 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la actividad urbanística (en adelante, LRAU).  
Segunda. La documentación técnica aportada para la Homologación y el Plan parcial está completa y se ajusta a lo dispuesto en el artículo 27 de la LRAU.  
Tercera. La resolución de este expediente ha de partir del sistema de distribución de competencias entre Comunidad Autónoma y Municipios en materia de aprobación definitiva del planeamiento establecido en la legislación aplicable, en el que la posición del municipio es muy relevante.  
Según ha señalado el Tribunal Constitucional en su sentencia 51/2004, de 13 de abril, "la decisión sobre la configuración del asentamiento urbano municipal en que consiste el Plan de urbanismo (marco regulador del espacio físico de la convivencia de los vecinos) es una tarea comprendida prioritariamente en el ámbito de los intereses del municipio, y sobre aquélla decisión se proyecta, por tanto, de forma especialmente intensa las exigencias de la autonomía municipal". Si bien es posible también la intervención de otras administraciones públicas, por la imbricación de intereses diversos que se proyectan sobre el mismo territorio municipal, esta intervención "no ha de oscurecer el principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es tarea que fundamentalmente corresponde al municipio, y que la intervención de otras administraciones se justifica sólo en la medida en que concurran intereses de carácter supramunicipal o controles de legalidad que, de conformidad con el bloque de la constitucionalidad, se atribuyen a las administraciones supraordenadas sobre las inferiores".  
El artículo 40 de la LRAU se inspira en esos conceptos, puesto que, tras explicitar los cometidos autonómicos que permiten formular objeciones a la aprobación definitiva del planeamiento municipal, establece que le está vedado a la resolución autonómica de aprobación cuestionar la interpretación del interés público local formulada por el municipio desde su propia representatividad. Como se indica en el preámbulo de la LRAU, esta Ley atribuye a la política municipal gestora del urbanismo un espacio de decisión propio, en el que los órganos representativos de la colectividad local podrán apreciar la oportunidad de las iniciativas urbanísticas que se le planteen.  
El artículo 40 de la LRAU determina que la aprobación autonómica definitiva de planes municipales podrá formular objeciones a ella en cumplimiento de, entre otros, los siguientes objetivos:  
- Garantizar la clasificación como suelo no urbanizable de los terrenos que estime merecedores de ella, conforme a la Ley del suelo no urbanizable, de la Generalitat.  
- Coordinar la política urbanística municipal con las políticas autonómicas de conservación del patrimonio cultural, de vivienda y de protección del medio ambiente.  
Tal como se indica, asimismo, en el citado artículo, la Generalitat no podrá aprobar definitivamente los planes que incurran en infracción de una disposición legal estatal o autonómica.  
Cuarta. La resolución de la propuesta municipal de planeamiento objeto del presente expediente exige verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.4 del Texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2001, de 1 de julio, precepto redactado por la disposición final primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, (en adelante Ley de aguas) y en el artículo 19.2 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del territorio y de protección del paisaje (en adelante LOTPP), ello en relación con las competencias atribuidas por la legislación vigente a los organismos de cuenca, especialmente en relación con la justificación de la suficiencia de recursos hídricos.  
Ciertamente, una ordenación sostenible del territorio debe estar supeditada a la disponibilidad del agua, de modo que la aprobación de nuevos desarrollos urbanísticos exige la previa verificación de la existencia de recursos hídricos suficientes. De este modo, y de conformidad con lo establecido en los citados preceptos legales, en la tramitación de los planes urbanísticos que supongan incremento de la demanda de agua, ha de solicitarse de la administración hidráulica un informe sobre la suficiencia de los recursos hídricos. Por otro lado, según el artículo 40.2 de la Ley de aguas, "la política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos establezcan las administraciones públicas, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que debe ser aplicada por el Ministerio de Medio Ambiente, o por las administraciones hidráulicas competentes, que condicionará toda autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite". De conformidad con ello, la política del agua ha de estar preferentemente al servicio del abastecimiento de agua a las poblaciones, si bien ello debe hacerse a través de una gestión racional y sostenible del recurso.  
En el presente expediente, consta la existencia de informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar en fecha 19 de septiembre de 2008, de carácter desfavorable, "por no acreditar la no afección al dominio público hidráulico ni la disponibilidad de recursos hídricos, así como que la correspondiente zona de servidumbre queda expedita. Además no se ha justificado convenientemente la no afección a terceros debido a la posible incidencia en el régimen de corrientes.". Sin que conste que el Ayuntamiento de Parcent haya presentado documentación o justificaciones adicionales a fin de justificar las cuestiones señaladas en el indicado informe.  
Quinta. Examinado el vigente Inventario forestal de la Comunitat Valenciana, aprobado por acuerdo del Consell de 15 de junio de 2007 (DOGV de 18 de junio de 2007) se comprueba que parte del suelo incluido en el sector tiene la condición de suelo forestal.  
Ha de determinarse qué consecuencias ha de tener dicha inclusión en el procedimiento de aprobación del citado Plan parcial.  
Lo primero que se ha de verificar es si, según la legislación forestal, los suelos urbanizables o aptos para urbanizar pueden o no tener la consideración legal de forestales.  
La legislación forestal está formada por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, que tiene la consideración de legislación básica, por la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunidad Valenciana y por su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Decreto 98/1995, de 15 de mayo.  
El artículo 5.2.b de la Ley de montes establece como norma básica que no tienen la consideración de monte "los terrenos urbanos y aquellos otros que excluya la comunidad autónoma en su normativa forestal y urbanística". Por lo tanto, la decisión de determinar si un suelo urbanizable tiene o no la condición de forestal corresponde al legislador autonómico.  
En el caso de la Comunidad Valenciana, hemos de tener en cuenta lo que establece el artículo 3.1 de la Ley forestal. Según esta disposición "no tendrán la consideración legal de terrenos forestales (...) los suelos clasificados legalmente como urbanos o aptos para urbanizar, desde la aprobación definitiva del Programa de actuación urbanística". Este precepto es bastante impreciso y no es suficiente para poder resolver nuestro problema. La Ley forestal es del año 1993, anterior por tanto a la Ley reguladora de la actividad urbanística de 1994 (LRAU). El artículo 3.1 de la Ley forestal no habla de suelo urbanizable y el Programa de actuación urbanística a que se refiere el precepto es una figura de planeamiento existente en el Texto refundido de la Ley de suelo de 1976 que desapareció con la entrada en vigor de la LRAU y que en absoluto es equivalente (pese a tener un nombre muy parecido) a los Programas de actuación integrada de la legislación valenciana.  
Las dudas se resolvieron en el Reglamento de la Ley forestal, aprobado por el Decreto 98/1995, de 15 de mayo, que es ya posterior a la LRAU, y que utiliza un lenguaje mucho más preciso. Según el artículo 2.1 del Reglamento "no tendrán la consideración legal de terrenos forestales":  
"Los suelos clasificados legalmente como urbanos, urbanizables o, en su caso, los suelos aptos para urbanizar, a partir de su programación urbanística o de la aprobación del planeamiento preciso según la clase del suelo de que se trate".  
Este precepto reglamentario acaba con las dudas. El suelo urbanizable o apto para urbanizar sin Plan parcial puede tener la consideración legal de terreno forestal. En cambio, una vez se aprueba el Plan parcial, que es el planeamiento preciso para esta clase de suelo, éste deja de tener la condición legal de suelo forestal.  
Por ello, si un suelo urbanizable sin Plan parcial aprobado definitivamente aparece como forestal en el Inventario forestal de la Comunitat Valenciana (aprobado por acuerdo del Consell de 15 de junio de 2007 DOGV de 18 de junio de 2007), ese suelo sigue teniendo la consideración legal de suelo forestal.  
La condición de suelo forestal de estos terrenos implica que les sea de aplicación lo establecido en la legislación forestal. No obstante, de ello no se deriva automáticamente que, a efectos de la legislación urbanística, este suelo haya dejado de tener la clasificación de suelo urbanizable. La inclusión de suelos urbanizables sin plan parcial en el Inventario forestal no supone por sí misma que queden clasificados como suelo no urbanizable, pues ello no se establece en ningún precepto legal.  
En cambio, la consideración de suelo forestal de los terrenos ha de conllevar que le sean aplicables las reglas que sobre usos y aprovechamientos se establecen en la legislación forestal. De este modo, será de aplicación lo dispuesto en concreto en los artículos 39 y 40 de la Ley de montes (preceptos básicos) y en los artículos 62 y 63 de la Ley forestal.  
El artículo 39 de la Ley de montes dice lo siguiente:  
"Artículo 39. Delimitación del uso forestal en el planeamiento urbanístico.  
Los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a la calificación de terrenos forestales, requerirán el informe de la administración forestal competente. Dicho informe será vinculante si se trata de montes catalogados o protectores".  
El artículo 40 de la Ley de montes dispone lo siguiente:  
"Artículo 40. Cambio del uso forestal y modificación de la cubierta vegetal.  
1. El cambio del uso forestal de un monte cuando no venga motivado por razones de interés general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.4 y de la normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional y requerirá informe favorable del órgano forestal competente y, en su caso, del titular del monte.  
2. La administración forestal competente podrá regular un procedimiento más simplificado para la autorización del cambio de uso en aquellas plantaciones forestales temporales para las que se solicite una reversión a usos anteriores no forestales.  
3. La administración forestal competente regulará los casos en los que, sin producirse cambio de uso forestal, se requiera autorización para la modificación sustancial de la cubierta vegetal del monte".  
El artículo 62 de la Ley forestal establece lo siguiente:  
"La administración forestal emitirá informe preceptivo previo a la aprobación de cualquier instrumento de planificación que afecte a montes o terrenos forestales, y a la autorización administrativa que corresponda sobre cualquier proyecto o actuación, pública o privada que tenga por objeto la ejecución de proyectos o la realización de obras o instalaciones que afecten a montes o terrenos forestales, salvo que los instrumentos de planificación o la obra, proyecto o actuación se encuentren sometidos, según la normativa vigente en cada momento al procedimiento de estimación o evaluación de impacto ambiental, en cuyo caso bastará este último".  
A su vez, el artículo 63 de la Ley forestal señala lo siguiente:  
"Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, se someterán al procedimiento de estimación de impacto ambiental los proyectos que, afectando a terrenos forestales, se relacionan a continuación:  
a. Redes e infraestructuras de comunicaciones telefónicas y telegráficas.  
b. Redes de abastecimiento de aguas y saneamiento.   
c. Agrupación de fincas forestales y parcelarias.  
d. Carreteras, caminos y pistas forestales y su ampliación, cuando no estén sometidos a declaración de impacto, exceptuándose las necesarias para la defensa contra incendios.  
e. Introducción de nuevas especies vegetales o animales.  
f. Las roturaciones de terrenos forestales cualquiera que sea su extensión, cuando no haya de someterse a evaluación.  
g. Redes e infraestructuras de transporte de energía eléctrica, cuando no estén sometidas a declaración de impacto.  
h. Encauzamiento de barrancos y cauces fluviales y regeneración de riberas".  
De los artículos 39 y 40 de la Ley de montes y del artículo 62 de la Ley forestal se extrae que cualquier instrumento de planificación que afecte a terreno forestal debe ser informado previamente por la administración forestal, salvo que se considere que tal instrumento está sujeto al procedimiento de impacto ambiental, en cuyo caso ese informe se integra en el procedimiento de impacto.  
En el expediente que nos ocupa, en la tramitación del expediente se ha emitido el informe de la Sección Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante al que se ha hecho referencia en el antecedente cuarto, de carácter desfavorable. Dicho informe ha sido ratificado por la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, como también se ha indicado en el antecedente cuarto.  
Sexta. La documentación presentada por el Ayuntamiento de Parcent presenta las siguientes deficiencias técnicas:  
- Respecto al cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 2 del anexo del Reglamento de planeamiento de la Comunidad Valenciana a los efectos de computar como red secundaria el espacio destinado a red primaria, no consta que, como reclama el último párrafo del artículo 2 citado, el planeamiento general vigente se haya redactado conforme a las determinaciones de la LRAU ni haya sido homologado de acuerdo con lo establecido en la Instrucción de planeamiento 1/1996. En consecuencia, no resulta admisible que se computen elementos de la red primaria a efectos de verificar el cumplimiento de los estándares de reserva de suelo dotacional de red secundaria exigibles.  
- Se refiere en el documento que se incorpora como parque público natural, de conformidad con el contenido del artículo 15.3 de la Ley 10/2004, del suelo no urbanizable, una superficie de 685.765 m² sitos en la Sierra del Carrascal, para su cesión al municipio. No obstante ello en la documentación presentada el suelo se califica como parque público de red primaria (PQL), por lo que deberá rectificarse la referida nomenclatura. Al respecto se debe señalar que los parques públicos de red primaria deben corresponder a suelos clasificados como urbanos o urbanizables.  
A fin de que el Ayuntamiento subsanara las indicadas deficiencias, desde el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio se remitieron sucesivos requerimientos al Ayuntamiento de Parcent en fechas 17 de octubre de 2008, 4 de febrero de 2009, 23 de febrero de 2009 y 18 de marzo de 2009, sin que hasta la fecha conste que el Ayuntamiento haya presentado documentación a tal efecto.  
Séptima. Tal como se indica en el informe del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Alicante a que se ha hecho referencia en el antecedente cuarto, en cumplimiento de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2005, de fecha 30 de diciembre, urbanística Valenciana, y atendiendo a lo previsto en la disposición transitoria octava del Decreto por el que se aprueba el reglamento de gestión y ordenación territorial y urbanística, deberá establecerse una previsión de reserva un 10% de la edificabilidad residencial del ámbito con destino a vivienda de protección pública. Deberá igualmente determinarse las parcelas o manzanas en las que deba materializarse dicha reserva. No consta hasta la fecha que el Ayuntamiento haya presentado documentación a fin de atender lo requerido.  
Octava. Tal como se indica en el informe de la oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a que se ha hecho referencia en el antecedente cuarto, debía completarse y corregirse la documentación aportada en los términos indicados en el citado informe. No consta hasta la fecha que el Ayuntamiento haya presentado documentación a fin de atender lo requerido.  
Novena. La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2009 y en relación con el presente expediente acordó informar desfavorablemente la aprobación definitiva de la homologación y Plan parcial del sector El Replà poniendo de manifiesto al Ayuntamiento de Parcent los antecedentes y consideraciones anteriores con carácter previo a la resolución del expediente a fin de que, en un plazo de quince días pueda presentar los documentos o justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
Durante el plazo concedido al efecto, en fecha 26 de octubre de 2009 el Ayuntamiento de Parcent ha presentado en el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de Alicante escrito acerca del expediente de referencia, con registro de salida del Ayuntamiento número 538, en el que realiza una serie de salvedades, matizaciones y correcciones respecto a determinados aspectos del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 29 de septiembre de 2009.  
Décima. En relación con el contenido del escrito antes citado se debe señalar lo siguiente:  
a. En relación con el punto 3 del escrito de alegaciones:  
- Respecto de los apartados A, B y C del punto 3 del escrito de alegaciones, en los que el Ayuntamiento plantea la existencia de determinadas infracciones durante la tramitación municipal del programa de actuación integrada, las precisiones que se realizan se refieren a actos de la corporación local en el ejercicio de competencias propias en materia de programación urbanística. Si la corporación entendía que dichos actos no habían sido correctamente adoptados podía haber desistido de la tramitación del expediente o, en su caso, proceder si así lo estimaba oportuno a la revisión de oficio, en los términos establecidos en el título VII de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común respecto de los actos por estimarlos contrarios al ordenamiento o al interés público.  
- Respecto al apartado D del escrito, relativo al informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, debe significarse a la Corporación que, emitido informe desfavorable por la Confederación Hidrográfica del Júcar y conferido traslado del mismo al Ayuntamiento, carece de sentido que la Generalitat recabe un nuevo informe si el Ayuntamiento no presenta a nueva documentación que subsane las observaciones efectuadas por dicha Confederación.  
- Respecto a los apartados E, H e I del mismo, relativos a los informes emitidos por la Dirección General de Calidad Ambiental, el Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Alicante y la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, las alegaciones que contienen no afectan a la resolución que deba dictarse, si bien, parece oportuno señalar al ayuntamiento que la expresión recabará del artículo 39.1.a) de la LRAU se entiende en el sentido de que la Conselleria recabará del Ayuntamiento que aporte los informes oportunos; en cualquier caso lo importante es que consten en el expediente los informes necesarios o, al menos, su solicitud. Respecto a la falta de comunicación entre la Corporación municipal y la entidad promotora que parece desprenderse en relación con algunos de los informes a que se refieren los puntos expresados, no puede valorarse en el presente acuerdo, si bien debe manifestarse que el expediente ha estado a disposición del Ayuntamiento para consulta durante toda la tramitación del mismo.  
- Respecto al apartado F, relativo al informe emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante, debe significarse que el traslado de un informe de carácter desfavorable a los efectos oportunos debe entenderse en el marco general establecido en el artículo 162 del Reglamento de planeamiento, periodo en el que la Conselleria requiere, si es preciso, a la administración promotora del plan para que complete el expediente, subsane los trámites que se echen en falta o motive o aclare formalmente sus propuestas, pues los efectos legales son los que resultan de dicho artículo.  
- Respecto a los apartados K e I, relativos a los informes emitidos por la Dirección General de Régimen Económico y por la Dirección General de Industria, debe significarse que los parámetros urbanísticos a que se refiere el informe de educación y las recomendaciones del informe de la Dirección General de Industria deberán respetarse en la ordenación urbanística del plan parcial en tramitación, en el caso que se llegara a aprobar el mismo, y es competencia municipal en primera instancia introducir en la propuesta los ajustes y modificaciones necesarios a fin de atender las condiciones impuestas, o bien alegar acerca del contenido de las mismas, sin que conste que el Ayuntamiento haya realizado ninguna de las dos actuaciones.  
b. En relación con el apartado 4 del escrito de alegaciones, en el que el Ayuntamiento manifiesta determinadas circunstancias en relación con la tramitación del expediente, si bien la LRAU establecía la posibilidad de tramitación de los programas de actuación urbanística a solicitud de un particular, como en el presente caso, lo cierto es que la homologación y plan parcial, desde que son aprobados provisionalmente por el municipio constituyen una propuesta de la propia administración local, propuesta que el municipio hace suya y remite a la administración autonómica para su aprobación definitiva. Efectuada dicha remisión se inicia el periodo consultivo establecido en el artículo 162 del Reglamento de planeamiento, periodo en el que la Conselleria recaba los informes que considera oportunos y requiere, si es preciso, a la administración promotora del plan para que complete el expediente, subsane los trámites que se echen en falta o motive o aclare formalmente sus propuestas. Durante tales trámites se trata de coordinar el ejercicio de las potestades y competencias públicas de cada una de las dos administraciones sin perjuicio de que la corporación local podía haber desistido de la aprobación del programa en cualquier momento que hubiera considerado oportuno. Por ello, solo se pueden entender los traslados al promotor que ha verificado la corporación como acuerdos del propio ayuntamiento a fin de recabar el auxilio o la colaboración de un particular. A este respecto, se significa que solo se ha incorporado al presente expediente documentación remitida por una administración pública, bien por el Ayuntamiento, bien por otra Administración con competencias sectoriales o bienes demaniales afectados por la propuesta.  
A la vista de lo anteriormente expuesto, se debe concluir que las alegaciones presentadas no desvirtúan la existencia de las deficiencias señaladas en el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 29 de septiembre de 2009 recaído en el expediente de referencia.  
Novena. La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta del director general de Urbanismo, es el órgano competente para la resolución de los expedientes relativos a homologaciones y Planes parciales de municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera, punto 3, y el artículo 54.2.B de la Ley reguladora de la actividad urbanística, en relación con los artículos 6.e) y 10.a) del Reglamento de los órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Consell de la Generalitat.  
Vistos los preceptos legales citados, la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común en su redacción dada por la Ley 4/1999 y demás disposiciones de general y pertinente aplicación, la Comisión Territorial de Urbanismo, acuerda:  
Denegar la aprobación definitiva de la homologación y Plan parcial del sector El Replà del municipio de Parcent, en base a los antecedentes y consideraciones anteriores que sirven de fundamento al presente acuerdo.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo establecido de en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 13.2 del Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Consell, se puede interponer recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación.  
En el caso de las administraciones públicas, de conformidad con el artículo 44. 1 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no cabrá interponer recurso en vía administrativa. Las mismas podrán interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 de la citada ley. También podrán formular requerimiento de anulación o revocación al amparo de lo previsto en el artículo 44 de dicha norma. Dicho requerimiento deberá dirigirse a esta administración mediante escrito razonado y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la notificación del presente o desde que la administración requirente hubiera conocido o podido conocer el mismo.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.»  
Alicante, 3 de febrero de 2011.- El director territorial de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: Ramón Rizo Aldeguer.