Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4715, del 18-03-2004 (2004/2283)

Notificación a Ricardo Romon Honrubia. Expediente número 32/3388 FUC.
---------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4715

Fecha DOGV
:   18-03-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/2283


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Ricardo Romon Honrubia. Expediente número 32/4130 NDP. [2004/M2283]
  
De conformidad con lo acordado por esta Subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente edicto se procede a notificar a Ricardo Romon Honrubia con último domicilio conocido en 46494 Valencia, calle del Músico Espí, número 5, declaración de caducidad de fecha 3 de diciembre de 2003 dictada en el expediente sancionador 032/1089 QVU, que se está tramitando en la Unidad de Inspección del Territorio de esta Conselleria:
  
Visto que en fecha 27 de febrero de 2003 fue objeto de incoación de expediente sancionador número 32/2571 FEJ dirigido contra Ricardo Romon Honrubia por los siguientes hechos:
  
Que en virtud de las facultades inspectoras atribuidas a esta Conselleria, ha podido constatarse mediante informe del Servicio de Gestión de Residuos, de fecha 14 de enero de 2002, que la mercantil Ricardo Romon Honrubia, autorizada por esta Conselleria para la gestión de residuos peligrosos no ha presentado la memoria anual de actividades, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
  
Visto que, en el propio acuerdo de iniciación se hacía constar de conformidad con el artículo 42.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el apartado 6 del artículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del procedimiento fijándose en seis meses.
  
Visto que, hasta la fecha no ha sido notificada la. resolución sancionadora en el presente expediente y a la vista de la jurisprudencia existente sobre la materia entre otras sentencias del Tribunal Supremo de 26 de julio de 1988, «La regla general de la validez de las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido... admite como excepción el supuesto de que por su propia naturaleza la actuación de la potestad administrativa esté esencialmente sometida a plazo, y éste es el caso de la potestad sancionadora, de suerte que transcurrido el plazo de tiempo necesario para producirse la caducidad, la administración ha de limitarse a declararla, sin que pueda legalmente hacer declaraciones que atribuyan a la persona la comisión de una infracción.»
  
Siendo la postura del Supremo clara: la resolución sancionadora dictada una vez caducado el procedimiento es nula, al encontrarse entre los casos de nulidad de pleno derecho contenidos en el artículo 62 de la Ley 30/1992.
  
Visto que, la paralización del expediente no se debe a causas imputables al interesado y que en el presente supuesto no resultan de aplicación los supuestos de excepción previsto en los artículos 5 y 7 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
  
Visto que, transcurrido el plazo de caducidad se procederá a declarar la caducidad del expediente y en consecuencia el archivo de las actuaciones, todo ello sin perjuicio de que se pueda iniciar un nuevo procedimiento para la determinación de posible responsabilidad siempre que la infracción no hubiese prescrito.
  
A la vista de lo anteriormente señalado, resuelvo:
  
Declarar la caducidad del expediente sancionador número 32/1219 ZSQ, incoado contra Ricardo Romon Honrubia por el transcurso del plazo de seis meses para resolver, establecido en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
  
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva, contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 1) en relación con los artículos 109 c) y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 o bien interponer directamente el recurso contencioso administrativo, a elección del demandante, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sede del órgano que ha dictado el acto administrativo a impugnar, o ante el tribunal en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.