Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9214, del 12-11-2021 (2021/11651)

DECRETO 178/2021, del Consell, de 5 de noviembre, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos para el desarrollo del proyecto «Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de 14 años».
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Número DOGV
:   9214

Fecha DOGV
:   12-11-2021

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2021/11934


Fecha del documento
:   05-11-2021

Organismo emisor
:   Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Tipo de documento
:   Decreto

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
    * administración local
    * protección de la infancia
    * ayuda pública

DECRETO 178/2021, del Consell, de 5 de noviembre, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos para el desarrollo del proyecto «Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de 14 años». [2021/11463]  
El Gobierno de España declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 en todo el territorio nacional mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus sucesivas prórrogas.  
Esta pandemia, por su facilidad de contagio, rápida extensión y graves o fatales consecuencias, ha generado un extraordinario problema de salud pública global que ha tenido como consecuencia la adopción de medidas sanitarias y de limitación de derechos para la ciudadanía sin precedentes, al objeto de responder de manera efectiva y de proteger la salud de la población, sobre todo de los colectivos sociales más vulnerables.  
El impacto que ha tenido y continúa teniendo esta situación excepcional obliga a que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adopten con la máxima celeridad medidas tendentes a paliar los efectos de la crisis económica y social que está sufriendo nuestra sociedad.  
Concretamente, en el ámbito laboral y de cuidados, las restricciones de movilidad y los cierres de centros educativos está incidiendo de forma específica y negativa en la vida laboral, personal y familiar, especialmente de las mujeres, en tanto que son ellas quienes de forma mayoritaria asumen la carga de cuidados familiares y domésticos.  
Según se desprende del estudio publicado por ESADE (2020) «Covid 19 y desigualdad de género en España», más de dos tercios de las madres españolas se han visto obligadas a quedarse en casa mientras se aplicaban las medidas de distanciamiento social, ya sea porque trabajaban en sectores no esenciales o porque no trabajaban, asumiendo la mayoría de las tareas adicionales de cuidado infantil, y reforzando las normas tradicionales de género y viendo potencialmente perjudicadas sus perspectivas laborales a largo plazo. Asimismo, debido al cierre de centros educativos, muchas madres se han visto forzadas a reducir sus jornadas o solicitar bajas para cuidar a los hijos.  
Únicamente en alrededor del 13 % de los hogares españoles con niños o niñas menores de 16 años, el padre se ha convertido en el principal encargado de cuidarlos porque él mismo se ha visto obligado a permanecer en casa, mientras su pareja trabajaba en un empleo esencial.  
Así, tal y como se desprende del «Análisis sociológico desde la perspectiva de género de los efectos de la pandemia sobre la (re)conciliación durante el tiempo de confinamiento» publicado por la Universitat de València (2020), la situación vivida en las unidades familiares durante el confinamiento guarda mucha relación con lo que ya se daba en cada uno de esos hogares con carácter previo, aunque la reclusión en los hogares sirvió por lo general de elemento amplificador de las diferencias y desajustes preexistentes. En aquellas familias donde ya se partía de una situación desigual se reforzó la brecha de género en el trabajo reproductivo a pesar de que los hombres pasaran a desarrollar más tareas que antes.  
Como consecuencia de lo anterior, la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia ha disparado la brecha de género en el empleo hasta máximos que no se veían desde los años previos a la crisis financiera de 2008, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En España, según la EPA del cuarto trimestre de 2020, el desempleo femenino creció en casi tres puntos (del 15,7 % al 18,39 %), situándose cuatro puntos porcentuales por encima de la de los hombres (14,39 %).  
La emergencia del coronavirus ha propiciado que la tasa de paro haya alcanzado este último año cuotas de paro que no se veían desde 2016, afectando especialmente a las mujeres, ya que el desempleo entre las trabajadoras ha crecido más del doble con respecto a los hombres, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
  
Esta situación hace que, tras el levantamiento de las medidas de confinamiento, su reincorporación al puesto de trabajo acabe siendo más lenta respecto a los hombres, si no imposible, al cargar con más responsabilidades.  
De todo lo anterior se ha derivado una situación de emergencia, cuyo impacto económico no tiene precedentes en la historia, y que precisa, en aras del interés público, que los poderes públicos adopten urgentemente políticas activas que apoyen, incentiven, promocionen y amparen una efectiva igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad post-pandemia, incentivando políticas de apoyo, especialmente dirigidas a las mujeres, para volver al mercado laboral, tanto en el fomento de la búsqueda activa de empleo como en la formación para la adquisición de las capacidades necesarias, tanto profesionales como digitales.  
Ello justifica la emergencia de la necesidad de favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes menores de 14 años desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres, a la vez que crear empleo de calidad en el sector de los cuidados, y dignificar y certificar la experiencia profesional de cuidado no formal.  
En el marco del contexto descrito, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad ha aprobado el Plan Corresponsables. Una nueva política pública que tiene por objeto iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres, al amparo del artículo 44 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y desde un enfoque de garantía de derechos universales, al margen de la condición laboral de las personas beneficiarias. Dicha política, adquiere una relevancia mayor en el contexto de la crisis sanitaria mundial que está incidiendo de forma específica y negativa en la igualdad de género y en los derechos de las mujeres; entre otras cuestiones, por la mencionada especial incidencia de las restricciones de movilidad y los cierres de centros educativos en la vida laboral, personal y familiar.  
Las medidas de conciliación, en su recorrido histórico, se han centrado principalmente en el nacimiento y los primeros meses de vida, con permisos por nacimiento, acogida o adopción; permisos de lactancia de obligada negociación con la empresa y reducciones de jornada o excedencias no retribuidas. Todos ellos, recursos parciales que se limitan a períodos concretos y que impactan en las carreras profesionales de las mujeres, sin abarcar de forma global y con una perspectiva más amplia los cuidados. Además, en general, las medidas no atienden las necesidades específicas de los diversos modelos de familia (hogares monoparentales, por ejemplo) o de los colectivos más vulnerables; tampoco a la flexibilización de las jornadas y los lugares de trabajo, salvo en determinados ámbitos concretos.  
Por todo ello, el desafío se encuentra en diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, administraciones públicas, empresas, familias y comunidad. Sistemas que incluyan políticas articuladas sobre el tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios públicos universales y de calidad, para satisfacer las distintas necesidades de cuidado de la población, como parte de los sistemas de protección social y desde una concepción que eleve el derecho al cuidado al rango y protección de otros derechos humanos en nuestro país.  
El Ministerio de Igualdad concibe así el Plan Corresponsables como una política semilla que permita articular mecanismos en colaboración con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el apoyo específico de las necesidades de conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes menores de 14 años; así como con otros ejes de actuación relacionados con la creación de empleo, la dignificación y el reconocimiento de la experiencia profesional de cuidados, la sensibilización en materia de corresponsabilidad y la articulación de bases informativas de recursos disponibles en este campo.  
En concreto, para lograr los mencionados objetivos, el Plan Corresponsables propone una serie actuaciones estructuradas en tres tipos de proyectos que denomina «Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de 14 años», «Creación de Empleo de Calidad» y «Acreditación de la experiencia de cuidado no profesional».  
El primero de los proyectos, «Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de 14 años», consiste en la habilitación de servicios de cuidado profesional de calidad -y con garantía de derechos laborales de los profesionales que presten sus servicios en este marco-, de niñas, niños y jóvenes menores de 14 años, que pueden prestarse bien en domicilio por un número determinado de horas semanales, o bien en dependencias públicas convenientemente habilitadas al efecto.  
De entre las dos vías posibles de desarrollar este proyecto, la Generalitat ha considerado más oportuno subvencionar la ejecución de los servicios de cuidado profesional en dependencias públicas, descartando en estas ayudas la opción de prestar dichos servicios en domicilios particulares.  
El segundo de los proyectos, «Creación de Empleo de Calidad», incluye dos tipos de actuaciones: por un lado, el fomento del empleo de personas jóvenes, que ostenten una serie de perfiles profesionales, en las bolsas de cuidados; y por otro lado, el establecimiento de convenios con el SEPE o los organismos de empleo de carácter autonómico al objeto de fomentar la inclusión en las bolsas de cuidado de las personas con experiencia profesional en el sector de los cuidados formales e informales, especialmente mujeres mayores de 45 años.  
En este sentido, el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, LABORA, ofrece servicios públicos gratuitos que facilitan a las personas el acceso, el mantenimiento y la mejora del empleo en condiciones de igualdad; asimismo, satisface a los empleadores sus necesidades de empleo, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, actuando en los ámbitos competenciales de la orientación laboral, la formación profesional para el empleo, el fomento del empleo y la intermediación laboral. A tales efectos, LABORA dispone de una red de centros distribuidos territorialmente en toda la Comunitat Valenciana, con datos centralizados, por lo que las entidades que vayan a realizar las contrataciones pueden utilizar el Espai Labora correspondiente.  
Por último, el tercero de los proyectos, «Acreditación de la experiencia de cuidado no profesional» consiste en el establecimiento de mecanismos de acreditación u homologación para la certificación de las competencias profesionales en materia de cuidado por parte de personas con experiencia en el mercado de trabajo no profesional (o quienes puedan acreditar, familiarmente, una dedicación a los cuidados homologable a la experiencia profesional), de forma sencilla y accesible. Actuaciones tales que se enmarcan en las competencias atribuidas a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por lo que quedan fuera del ámbito de regulación de este decreto.  
Conforme a lo anterior, este decreto tiene por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión directa, con carácter excepcional, de subvenciones para el desarrollo del Plan Corresponsables de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, en lo relativo a la habilitación de servicios de cuidado profesional de calidad, de niñas, niños y jóvenes menores de 14 años, que puedan prestarse en dependencias públicas convenientemente habilitadas al efecto, cumpliendo con las garantías sanitarias; todo ello en el marco de la situación excepcional derivada de la Covid-19.  
El artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, establece la posibilidad de conceder excepcionalmente de forma directa subvenciones cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificultan su convocatoria pública.  
Por su parte, el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, regula el contenido mínimo de las bases reguladoras de estas subvenciones, así como los trámites que tienen que desarrollarse durante el procedimiento de elaboración, señalando que estas bases no tendrán la consideración de disposiciones de carácter general.  
No habrá, por tanto, comparación de las solicitudes presentadas, ni criterios de valoración para establecer una prelación entre las mismas.  
En este caso, queda debidamente justificado tanto el carácter singular de la subvención como las razones que acreditan el interés público y social, así como las que justifican la dificultad de su convocatoria pública, pues las mismas derivan la naturaleza excepcional, única e imprevisible de los acontecimientos que las motivan, como es una pandemia mundial, y de la necesidad de que los poderes públicos pongan todas las medidas a su alcance para superarla o, al menos, minimizar sus efectos en la población. Así, las actuaciones previstas en este decreto constituyen medidas de interés general que, por otra parte, no pueden dejarse a la voluntad o capacidad económica de cada entidad local.  
La Generalitat, mediante la concesión directa de las ayudas, apoya a los municipios con menores de 14 años para que, con independencia de su capacidad económica, puedan poner en marcha medidas de interés general para facilitar la incorporación al trabajo o la formación para el empleo a las personas responsables de 14 años, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. La medida tiene también interés económico y social en cuanto que va dirigida a la contratación de personas jóvenes y, especialmente, mujeres mayores de 45 años, los cuales constituyen colectivos muy afectados en términos de desempleo por la crisis económica y sanitaria.  
Las subvenciones se financian con cargo a la dotación de 17.483.610,08 € procedentes del Ministerio de Igualdad, comprometidos a favor de la Generalitat mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se aprueba la distribución de créditos derivada del Acuerdo de Conferencia Sectorial de 19 de abril de 2021 en el Marco del Plan Corresponsables.  
De acuerdo con la referida Resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, la distribución de los fondos entre las diferentes tipologías de proyectos deberá respetar los siguientes límites: para los proyectos Bolsas de cuidado y Creación de empleo de calidad, un mínimo del 84 % de los fondos asignados a la Comunitat Valenciana; y para el proyecto de Acreditación de la experiencia de cuidado no profesional, un mínimo del 10 %. El 6 % restante podrá destinarse indistintamente a cualquiera de las tres categorías de proyectos hasta completar el 100 % de los fondos recibidos. En atención a tal disposición, la Generalitat ha decidido destinar un 90 % de la dotación, 11.811.313,27 €, al proyecto de Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de 14 años (al tener carácter gratuito la función de LABORA para el desarrollo del segundo de los proyectos que consiste en la creación de empleo de calidad). Y el 10 % restante, 1.642.157,81 €, al proyecto de acreditación de experiencia informal de cuidado, competencia de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de este decreto.  
Para dar cobertura a las obligaciones económicas derivadas de este decreto, se tramitará, de acuerdo con el artículo 168.1, C de la Ley 1/2015, la oportuna modificación de crédito una vez aprobado el mismo.  
Por otra parte, se establece que el órgano competente para la gestión de las subvenciones objeto de este decreto sea la dirección general del Instituto Valenciano de las Mujeres.  
Las subvenciones que se conceden mediante este decreto no necesitan de la notificación a la Comisión Europea, por no cumplir las condiciones del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; en concreto, las entidades a las que van dirigidas las subvenciones son entidades locales que ejercen poderes públicos y tienen carácter de administración pública; habiéndose aplicado lo dispuesto en el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell.  
Las ayudas concedidas son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, teniendo en cuenta que el importe total de las subvenciones recibidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procediendo, en tal caso, el reintegro.  
Por lo expuesto, de acuerdo con el artículo 28.c, de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta de la vicepresidenta i consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, previa deliberación del Consell, en la reunión de 5 de noviembre de 2021,  
  
  
DECRETO  
  
Artículo 1. Objeto  
Este decreto tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a las entidades locales que reúnan los requisitos del artículo 4, para la realización de programas y actuaciones de habilitación de servicios de cuidado profesional de calidad -y con garantía de derechos laborales de los profesionales que presten sus servicios en este marco-, de niñas, niños y jóvenes menores de 14 años, que puedan prestarse en dependencias públicas convenientemente habilitadas al efecto, cumpliendo con las garantías sanitarias; todo ello dentro del Plan Corresponsables promovido por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.  
  
Artículo 2. Procedimiento de concesión  
1. Las subvenciones reguladas por este decreto tienen carácter singular en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, por concurrir razones de interés público y social, y en atención al especial interés que supone la implementación de las actuaciones referidas en el artículo anterior.  
Dado el objeto específico de las subvenciones se requiere concesión directa y no procede convocatoria pública. La dificultad de convocar deriva de la urgencia de atender las necesidades de las personas en relación con la conciliación laboral y de formación.  
2. La dirección general del Instituto Valenciano de las Mujeres realizará todas las actuaciones de gestión de las subvenciones objeto de este decreto.  
  
Artículo 3. Financiación  
1. Las subvenciones que se otorgan por concesión directa en el año 2021 ascienden a un importe global de 07.954.549,27 €, con cargo a la línea de subvención habilitada al efecto dentro del programa presupuestario 323.10, «Igualdad de género» de la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres.  
2. Para dar cobertura a las obligaciones económicas derivadas de este decreto, se tramitará, de acuerdo con el artículo 168.1 C de la Ley 1/2015, la oportuna modificación de crédito.  
3. Las ayudas reguladas en este decreto serán financiadas con cargo a los Fondos del Ministerio de Igualdad para el desarrollo del Plan Corresponsables 2021.  
  
Artículo 4. Entidades beneficiarias  
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas por este decreto los Ayuntamientos de municipios del territorio de la Comunitat Valenciana que:  
a) Tengan empadronados en el municipio a menores de 14 años.  
b) Se encuentren al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.  
c) Se hallen al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  
d) No concurra en los mismos ninguna de las restantes circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
e) Reúnan cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa que les resulte aplicable para ser beneficiarios de subvenciones.  
Los requisitos establecidos en los puntos b), d) y e) se acreditarán mediante declaración responsable de la entidad. El requisito exigido en el punto c) se apreciará de oficio en caso de obligaciones frente a la Seguridad Social, y mediante la aportación del correspondiente certificado o la autorización prevista en el artículo 9.2 c) de este decreto, para el caso de las obligaciones tributarias. Se comprobará de oficio el requisito exigido en el punto a), conforme a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de enero de 2020.  
  
Artículo 5. Criterios de distribución de las ayudas  
La distribución de las ayudas se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:  
a) Población del municipio. Se atribuirá una cantidad fija de dinero en función de la población censada en la entidad local solicitante de la ayuda, que oscilará entre los 2.000 y los 25.000 €, de acuerdo con la siguiente tabla:  
  
- De 1 a 1.000 habitantes 2.000,00 €  
- De 1.001 a 2.000 habitantes 2.500,00 €  
- De 2.001 a 3.000 habitantes 3.000,00 €  
- De 3.001 a 4.000 habitantes 3.500,00 €  
- De 4.001 a 5.000 habitantes 4.000,00 €  
- De 5.001 a 10.000 habitantes 5.000,00 €  
- De 10.001 a 15.000 habitantes 6.000,00 €  
- De 15.001 a 20.000 habitantes 7.000,00 €  
- De 20.001 a 30.000 habitantes 8.000,00 €  
- De 30.001 a 40.000 habitantes 9.000,00 €  
- De 40.001 a 50.000 habitantes 10.000,00 €  
- De 50.001 a 60.000 habitantes 11.000,00 €  
- De 60.001 a 70.000 habitantes 12.000,00 €  
- De 70.001 a 80.000 habitantes 13.000,00 €  
- De 80.001 a 90.000 habitantes 14.000,00 €  
- De 90.001 a 100.000 habitantes 15.000,00 €  
- De 100.001 a 125.000 habitantes 16.000,00 €  
- De 125.001 a 150.000 habitantes 17.000,00 €  
- De 150.001 a 175.000 habitantes 18.000,00 €  
- De 175.001 a 200.000 habitantes 19.000,00 €  
- De 200.001 a 225.000 habitantes 20.000,00 €  
- De 225.001 a 250.000 habitantes 21.000,00 €  
- De 250.001 a 300.000 habitantes 22.000,00 €  
- De 300.001 a 400.000 habitantes 23.000,00 €  
- De 400.001 a 500.000 habitantes 24.000,00 €  
- Más de 500.000 habitantes 25.000,00 €  
  
b) Número de menores de 14 años empadronados en el municipio. Para obtener la cuantía correspondiente a cada entidad beneficiaria por este segundo criterio se multiplicará el número de niñas, niños y jóvenes menores de 14 años del municipio por un factor de corrección determinado en función de la población de la localidad, de acuerdo con la siguiente tabla:  
  
POBLACIÓN FACTOR DE  
 CORRECCIÓN  
- De 1 a 500 habitantes 4,5  
- De 501 a 1.000 habitantes 4  
- De 1.001 a 2.000 habitantes 3,5  
- De 2.001 a 5.000 habitantes 3  
- De 5.001 a 10.000 habitantes 2,5  
- De 10.001 a 20.000 habitantes 2  
- De 20.001 a 50.000 habitantes 1,5  
- De 50.001 a 100.000 habitantes 1  
- Más de 100.000 habitantes 0,5  
  
A continuación, se sumará la cuantía resultante de dicha operación de todas las entidades solicitantes. El importe que reste tras aplicar el primer criterio y hasta alcanzar el límite máximo de 41.761.245,27 euros se dividirá entre la suma anterior, obteniéndose así una cuantía fija por menor. La cantidad correspondiente a cada entidad beneficiaria se obtendrá multiplicando el valor fijo por menor por el valor resultante de aplicar el factor de corrección al número de menores de 14 años de cada entidad local solicitante.  
El importe de las ayudas concedidas a las entidades beneficiarias en ningún caso podrá superar ni ser inferior al montante total de la línea de subvención afectada.  
  
Artículo 6. Actuaciones subvencionables  
1. Las entidades beneficiarias deberán realizar las siguientes actuaciones subvencionables: Habilitación de servicios de cuidado profesional de calidad -y con garantía de derechos laborales de los profesionales que presten sus servicios en este marco-, de niñas, niños y jóvenes menores de 14 años, que puedan prestarse en dependencias públicas convenientemente habilitadas al efecto, cumpliendo con las garantías sanitarias, tales como escuelas, centros municipales o polideportivos, entre otros.  
Tales servicios podrán prestarse de la siguiente forma:  
a) Períodos no lectivos: Podrán realizarse proyectos de ocio educativo en períodos no lectivos, dirigidos a menores de 14 años que figuren en el padrón municipal de habitantes. Dichos proyectos deberán estar adaptados a las necesidades laborales de la zona en la que se desarrollen, pudiendo incluir actividades lúdico-educativas, con monitores o monitoras de ocio y tiempo libre. Se realizarán actividades como campamentos, escuelas de invierno, verano, y similares. Asimismo, se podrá realizar servicios de «canguro», considerando como tales los servicios de cuidado puntual prestados en una instalación adecuada al objeto del servicio, con actividades de ocio educativo, dentro del horario establecido por el centro, para cubrir necesidades de personas progenitoras, curadoras o tutoras legales, empleadas con carácter temporal o que están recibiendo formación para el empleo.  
b) Días lectivos: Ampliación de horarios matinal y vespertino en los centros escolares y otras instalaciones municipales, haciéndose cargo del alumnado que, por necesidades laborales de sus progenitores, curadores o tutores legales, han de dejarlos o recogerlos fuera del horario educativo oficialmente establecido, ya sea con carácter puntual (servicios de canguro) o de manera habitual. Este tiempo se dedicará a realizar en los centros las tareas escolares y actividades extraescolares, fuera del horario escolar.  
En ambos casos se fomentará la cultura, la coeducación, la participación, la educación ambiental, la educación emocional y la interculturalidad.  
Las circunstancias de empleabilidad, formación o búsqueda de empleo deberán quedar debidamente acreditadas en el momento de la justificación de las subvenciones concedidas para esta finalidad.  
2. Con respecto al contenido de las actividades, en ningún caso podrán:  
a) Contener actividades que supongan avances curriculares de ámbito educativo.  
b) Emplearse, en este primer año, en actividades específicas para niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.  
c) Producirse una financiación de políticas educativas referidas a la Educación Infantil, de 0 a 6 años.  
d) Destinarse a la cobertura de «matrículas» de otro tipo de servicios como servicios preexistentes deportivos, musicales o «extraescolares».  
3. De acuerdo con lo establecido en el Plan Corresponsables, se deberá favorecer la gratuidad y la universalidad de las actuaciones. En caso de que la entidad beneficiaria estableciese tasas o precios públicos para realizar la prestación del servicio, los ingresos generados deberán revertir en las propias actuaciones desarrolladas en el marco del Plan Corresponsables.  
4. En el desarrollo de las actuaciones subvencionadas referidas en el apartado primero de este artículo, las entidades beneficiarias deberán establecer sistemas de adjudicación que otorguen carácter prioritario a la atención de familias monoparentales, víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años o a unidades familiares en las que existan otras responsabilidades relacionadas con los cuidados.  
5. Asimismo, en los procesos de valoración de acceso a los programas y servicios puestos en marcha con cargo a los fondos recibidos, las entidades beneficiarias deberán considerar como criterios de valoración el nivel de renta y las cargas familiares de las personas que soliciten la participación en los mismos.  
6. A los efectos previstos en el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, se autoriza la subcontratación de todas las actividades subvencionadas.  
7. El conjunto de actuaciones financiadas con arreglo a lo dispuesto en este decreto podrán ejecutarse hasta el 31 de agosto de 2022.  
  
Artículo 7. Gastos subvencionables  
1. Se consideran subvencionables los siguientes gastos, debidamente justificados:  
a) Diagnóstico de la necesidad. El procedimiento a partir del cual se obtiene la información necesaria para elaborar un programa de servicio de cuidado y atención de menores aplicando la metodología más apropiada para ello, en función de las características del municipio y el número de menores a atender.  
b) Derivación de las solicitudes hacia el recurso más adecuado a las necesidades del menor y personas progenitoras, tutoras o tutores, etc.  
c) Prestación de servicios. El cuidado y atención de niñas, niños y jóvenes menores de 14 años durante la actividad laboral o de formación para el empleo de los padres, madres, tutores legales o personas responsables puede realizarse en cualquiera de los servicios, sin que sean excluyentes. Asimismo, serán subvencionables los gastos de adecuación de las instalaciones en las que se realizará la actividad (aulas, mobiliario, recursos didácticos, informáticos, tecnológicos, etc.) y la contratación de profesionales para la realización de los servicios, en los términos previstos en este decreto.  
2. En caso de acudir a la contratación de servicios, los contratos ejecutados en aplicación de los fondos recibidos deberán sujetarse a las prescripciones establecidas en la normativa de contratación del sector público, incorporando cláusulas sociales que promuevan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  
3. Queda excluida la financiación de gastos que por su naturaleza económica se encuadren en el capítulo 1, Gastos de Personal o en los capítulos 8 o 9 de activos y pasivos financieros, respectivamente, así como gastos realizados que se materialicen en prestaciones económicas directas a personas o familias.  
Excepcionalmente se podrá financiar la realización de gastos del capítulo 1 cuando estos correspondan a la ejecución derivada de un programa de carácter temporal establecido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.1.c del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  
  
Artículo 8. Obligaciones de las entidades beneficiarias  
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003.  
2. Para la ejecución del programa, las entidades beneficiarias deberán contratar profesionales para la realización de los servicios. Estos profesionales deberán tener alguna de las siguientes titulaciones: Técnica/o Superior en Educación Infantil, Técnica/o Superior en Animación Sociocultural y Turística, Técnica/o Superior en Enseñanza y Animación Socio Deportiva, Técnica/o Superior en Integración Social, Monitoras/es de ocio y tiempo libre y Auxiliar de Educación Infantil o de Jardín de Infancia. La contratación de personal por parte de las entidades subvencionadas en ningún caso supondrá relación jurídica alguna con la Generalitat.  
3. Las instalaciones utilizadas para la prestación de los servicios (aulas, mobiliario, recursos didácticos, informáticos, tecnológicos, etc.) deberán ser suficientes e idóneas para la realización de la actividad. Las aulas serán adecuadas al número y características de las personas menores.  
4. Las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres, la concesión de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados y concedidos para la misma finalidad prevista en este decreto. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  
5. Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán someterse a la normativa sobre supervisión, seguimiento y control de subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por el órgano gestor de la subvención.  
6. Todas las actuaciones llevadas a cabo con cargo a los fondos recibidos deberán identificarse con la imagen gráfica del Plan Corresponsables, así como con los logotipos institucionales del Ministerio de Igualdad y de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, que se facilitarán por parte de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a las entidades locales beneficiarias.  
Toda la documentación necesaria para la realización de proyectos o programas que se financien con cargo a los fondos recibidos, en la señalización exterior de los lugares donde se ejecuten los proyectos y, en todo caso, en las actividades de difusión que las entidades destinatarias de los fondos puedan desarrollar en relación con los mismos, deberá constar expresamente, en lugar visible, que se han financiado con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables.  
El incumplimiento de esta obligación dará lugar, en el caso de que aún fuera posible su cumplimiento en los términos establecidos, a que se requiera a la entidad beneficiaria para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse. En el caso de que se hubieran desarrollado ya las actuaciones correspondientes y no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, se podrán establecer medidas alternativas, siempre que estas permitieran dar la difusión de los fondos recibidos con el mismo alcance previsto en este decreto, para las que se fijará un plazo no superior a 15 días para su adopción, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse. El incumplimiento de estas obligaciones podrá determinar la exigencia del reintegro de los fondos percibidos.  
7. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, la beneficiaria deberá dar la adecuada publicidad a la ayuda, indicando como entidad concedente la Generalitat, el importe recibido y el programa de actividad subvencionado. La difusión de esta información se realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas web, sin perjuicio de que se deba hacer constar en escritos, anuncios, publicaciones, rótulos y en cualquier soporte. En caso de que no dispongan de página web donde realizar dicha publicidad, podrán cumplir con dicha obligación a través del portal que ponga a su disposición la Generalitat.  
8. Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán presentar dos memorias: una memoria técnica antes del 15 de febrero de 2022 y otra antes del 30 de septiembre de 2022, con el contenido señalado en el artículo 14.2 de este decreto.  
  
Artículo 9. Plazo y forma de presentación de la solicitud  
1. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este decreto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
2. En la solicitud se hará constar o se acompañará, en su caso, la siguiente información y documentación, para acreditar el derecho a obtener la ayuda:  
a) NIF y domicilio fiscal.  
b) Modelo normalizado de domiciliación bancaria, debidamente cumplimentado, designando la cuenta en la que se realizará el ingreso de la ayuda.  
c) Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Respecto de las obligaciones tributarias, la solicitante podrá autorizar al órgano instructor para que obtenga directamente la acreditación de su cumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 95.2 de la Ley 58/2003, de 17 de noviembre, general tributaria y en el artículo 2 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 18 de noviembre de 1999, relativo al suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones. Quienes no otorguen dicha autorización deberán aportar la documentación acreditativa de que se hallan al corriente de las citadas obligaciones. Por lo que se refiere a las obligaciones frente a la Seguridad Social, serán obtenidas directamente por el órgano instructor de acuerdo con el artículo 77.1 del Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social.  
d) Declaración responsable de no concurrir en la entidad solicitante ninguna otra de las circunstancias señaladas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003.  
e) Declaración responsable de concurrir en la entidad solicitante cualesquiera otros requisitos para ostentar la condición de beneficiario de subvenciones exigidos por la normativa que les resulte aplicable en materia de subvenciones.  
3. La solicitud con la documentación adjunta se presentará, exclusivamente, de forma telemática, mediante el acceso al apartado de servicios en línea, de la sede electrónica de la Generalitat, accesible a través de la siguiente dirección:  
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos'id\_proc=22854&version=amp, en donde podrán localizarse los modelos normalizados asociados al procedimiento.  
Para ello, será necesario disponer de cualquiera de los sistemas de firma electrónica admitidos y que figuran en la sede electrónica de la Generalitat, https://sede.gva.es.  
4. Únicamente se podrá presentar una solicitud de ayuda por persona jurídica solicitante que reúna los requisitos del artículo 4 de este decreto.  
5. Todos los modelos normalizados indicados en este decreto podrán descargarse desde la web de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  
  
Artículo 10. Subsanación de solicitudes  
1. Recibidas las solicitudes, el órgano instructor las verificará y podrá realizar de oficio las actuaciones que considere necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.  
2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, o no se acompañe la documentación que, de acuerdo con este decreto, resulte exigible, a tenor del artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se requerirá, por medios telemáticos, a la persona interesada, para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicando que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley 39/2015. La mencionada documentación se aportará exclusivamente por medios telemáticos en la sede electrónica de la Generalitat, en el enlace establecido para ello, en la dirección electrónica anteriormente citada.  
  
Artículo 11. Ordenación e instrucción  
1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderán a la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres, que recibirá las solicitudes presentadas y verificará que las mismas reúnen los requisitos para poder ser tramitadas.  
2. Examinadas las solicitudes, el órgano instructor emitirá un informe en el que hará constar que se cumplen los requisitos necesarios para la concesión de las ayudas, y propondrá la relación de solicitantes perceptoras de la subvención, así como la cuantía correspondiente a cada una resultante de la aplicación de los criterios de distribución previstos en el artículo 5 de este decreto.  
  
Artículo 12. Resolución y recursos  
1. La resolución de concesión determinará la cuantía concedida.  
2. El plazo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses desde la fecha de finalización del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.  
3. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde la publicación de este acto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, o bien se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 44 y 46 de la mencionada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime oportuno.  
  
Artículo 13. Pago de la subvención  
1. El 100 % de la cuantía de la subvención concedida se librará anticipadamente.  
2. El pago se efectuará de una sola vez, por medio de transferencia bancaria, después de que se dicte la resolución de concesión, siempre que la entidad beneficiaria cumpla los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, y por el artículo 4 de este decreto.  
  
Artículo 14. Justificación de la subvención  
1. La entidad local deberá justificar antes del 30 de septiembre de 2022 la cantidad subvencionada mediante la presentación ante la dirección territorial de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la provincia correspondiente de un certificado de obligaciones reconocidas por la corporación en ese período, suscrito por la persona titular de la intervención, y con el visto bueno de la persona titular de la alcaldía-presidencia de la entidad local, en el que se haga constar que el importe de la subvención se ha ejecutado en los términos previstos, cumpliendo todos los requisitos establecidos.  
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la entidad local deberá presentar, antes del 30 de septiembre de 2022, en modelo normalizado, una memoria justificativa de las actividades realizadas que son objeto de la subvención que deberá detallar:  
a) Actuaciones realizadas con su descripción, fecha y lugar de ejecución.  
b) Personas contratadas, especificando la titulación.  
c) Número de destinatarios de cada una de las actuaciones llevadas a cabo, con especificación de edad y sexo.  
d) Grado de cumplimiento del objetivo propuesto con indicadores.  
e) Valoración y propuesta de mejora.  
f) Anexos.  
3. En caso de no presentar el certificado mencionado en el apartado 1 de este artículo, la entidad beneficiaria deberá presentar una cuenta justificativa del gasto total efectuado por la entidad en el programa subvencionado que deberá contener la siguiente información: Una relación de documentos de gasto o facturas con la firma de las personas que ostenten la representación legal de la entidad y de la tesorería, las cuales certificarán tanto su veracidad como que toda esta documentación no ha sido utilizada para justificar ninguna otra subvención. Esta relación debe contener: número de orden; fecha de emisión; proveedor; CIF; concepto; actuación de la memoria justificativa a la que se imputa; e importe.  
4. Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en este decreto deberán justificar, antes del 30 de septiembre de 2022, la totalidad de los gastos objeto de la subvención que hayan sido financiados con la misma durante el presente ejercicio y, como máximo, hasta el 31 de agosto de 2022.  
  
Artículo 15. Plan de control  
1. Se llevará a cabo el control de la realización de las actividades subvencionadas mediante la comprobación y el control material de la documentación administrativa y del resto de la documentación aportada.  
2. La comprobación administrativa de la justificación documental de la subvención concedida se realizará mediante la revisión de la documentación acreditativa de los requisitos establecidos en el artículo 4 de las presentes bases para ser beneficiario de la ayuda.  
3. La comprobación material de la efectiva realización del programa, se llevará a cabo en los términos establecidos en el correspondiente Plan de Control que se elaborará a tal efecto por la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres, en los términos establecidos en el artículo 169.3 de la Ley 1/2015.  
  
Artículo 16. Minoración, anulación y reintegro de las subvenciones  
1. Se reducirá proporcionalmente la subvención en caso de que la justificación de los gastos realizados no alcance la cuantía otorgada, así como cuando habiéndose subvencionado una parte del coste total de la actividad, no se justifique el importe total del gasto que supone el desarrollo de la actividad mencionada.  
2. La presentación extemporánea de la justificación dará lugar a la incoación de un procedimiento para dejar sin efecto el acto de concesión de la subvención. En todo caso se garantizará la audiencia al interesado.  
3. En los casos previstos en el artículo 37 de la Ley general de subvenciones, las entidades beneficiarias deberán reintegrar la totalidad o una parte de la cantidad percibida más los correspondientes intereses de demora. En estos casos se procederá a la incoación del oportuno expediente que, con audiencia previa de la interesada, será resuelto por la persona titular de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  
4. El falseamiento o la ocultación de datos y documentos, puesto que afectan sustancialmente la concesión y entrega de fondos públicos, dará lugar a la exigencia de responsabilidades tanto en el orden administrativo como en el orden jurisdiccional competente.  
5. La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas realizará cuantas inspecciones técnicas y administrativas considere necesarias con objeto de conformar la correcta ejecución de la actividad subvencionada.  
  
Artículo 17. Régimen jurídico  
Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este decreto, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y por su reglamento de desarrollo, excepto en aquello que afecte a los principios de publicidad y concurrencia; así como por lo dispuesto en la Ley 1/2015; y resto de normativa vigente que sea aplicable.  
  
Artículo 18. Protección de datos de carácter personal  
La gestión de estas ayudas conlleva el tratamiento de datos de carácter personal en el marco de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
  
Artículo 19. Facultades de ejecución  
Se faculta a la persona titular de la dirección general del Instituto Valenciano de las Mujeres para dictar las instrucciones y adoptar las medidas oportunas para el desarrollo y ejecución de este decreto.  
  
Artículo 20. Eficacia  
Este decreto producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Artículo 21. Recursos  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.1.C, de la Ley 1/2015, las bases reguladas por este decreto no tienen carácter de disposición general.  
  
Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde la publicación de este acto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 44 y 46 de la mencionada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime oportuno  
  
Alicante, 5 de noviembre de 2021  
  
El president de la Generalitat,  
XIMO PUIG I FERRER  
  
La vicepresidenta i consellera  
de Igualdad y Políticas Inclusivas,  
MÓNICA OLTRA JARQUE