Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4889, del 23-11-2004 (2004/11939)

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2004, de la directora general de Justicia, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Castellón.
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Número DOGV
:   4889

Fecha DOGV
:   23-11-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/11131


Fecha del documento
:   24-03-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * reglamento interno
    * profesión jurídica
    * colegio profesional
    * legislación

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2004, de la directora general de Justicia, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Castellón. [2004/Q11489]
  
Visto el expediente de modificación estatutaria instruido a instancia de Juan José Pérez Macián, en nombre y representación del Colegio de Abogados de Castellón, inscrito con el número 24 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, en el que solicita la inscripción y registro de la modificación de sus estatutos, en el mencionado Registro, en base a los siguientes:
  
Hechos
  
1. Que Manuel Badenes Franch, en nombre y representación del Colegio de Abogados de Castellón, presentó el 28 de noviembre de 2003 la certificación del acuerdo de modificación de los estatutos de dicho Colegio para su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 11.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
2. Que según el certificado presentado, librado el 5 de noviembre de 2003, por Manuel Badenes Franch, decano del Colegio de Abogados de Castellón, la Junta General extraordinaria, en reunión celebrada el 14 de marzo de 2003, acordó aprobar la modificación de sus estatutos.
  
3. Que el nuevo texto de los estatutos figura como anexo a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Que los estatutos contienen todas las determinaciones exigidas en el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
2. Que dichos estatutos han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios estatutos del Colegio.
  
3. Que el expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por los decretos 3/2003, de 21 de junio, y 113/2003, de 11 de julio, sobre asignación de competencias a las consellerias, y de aprobación del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, respectivamente, y en relación con el Decreto 4/2002, de 4 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el reglamento de dicha ley.
  
Vistos
  
El artículo 36 de la Constitución y el artículo 31.22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; y demás disposiciones complementarias, resuelvo:
  
Primero
  
Inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Castellón.
  
Segundo
  
Publíquese la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
Valencia, 24 de marzo de 2004.- La directora general de Justicia: Patricia Montagud Alario.
  
Estatuto del Colegio de Abogados de Castellón
  
El presente estatuto fue definitivamente aprobado en la Junta General extraordinaria celebrada por este Colegio de Abogados el 14 de marzo de 2003.
  
El Boletín Oficial del Estado de 10 de julio del 2001 publicó el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba un nuevo Estatuto General de la Abogacía.
  
La disposición transitoria primera del estatuto establece que los colegios de abogados aplicarán el nuevo Estatuto General de la Abogacía desde su entrada en vigor, y que en un plazo de un año deberán adaptar sus correspondientes estatutos particulares en vigor.
  
Según la disposición final primera del real decreto de aprobación del Estatuto General, lo dispuesto en el mismo se entenderá sin perjuicio de lo que sobre esta materia, de acuerdo con la Constitución, la legislación estatal y los estatutos de autonomía, disponga la legislación autonómica.
  
La legislación estatal sobre colegios profesionales está recogida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con las modificaciones introducidas por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, y por la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios Profesionales.
  
La legislación de la Comunidad Valenciana sobre colegios profesionales está recogida en la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, y el Decreto 4/2002, de 8 de enero, por el que se aprueba su reglamento, cuya disposición transitoria primera dice que los colegios profesionales adaptarán sus estatutos, si ello fuera necesario, a lo dispuesto en el mismo, en el plazo de un año desde su entrada en vigor.
  
Título I. Disposiciones generales
  
Artículo 1. Denominación y naturaleza jurídica
  
Artículo 2. Ámbito territorial, sede y delegaciones
  
Artículo 3. Integrantes
  
Artículo 4. Tratamiento
  
Título II. Fines y funciones del colegio
  
Artículo 5. Fines del colegio
  
Artículo 6. Funciones del colegio
  
Título III. Colegiación y ejercicio de la profesión
  
Capítulo I. Adquisición y pérdida de la condición de colegiado
  
Artículo 7. Obligatoriedad de colegiación
  
Artículo 8. Requisitos de colegiación
  
Artículo 9. Causas de incapacidad
  
Artículo 10. Abogados pertenecientes a otros colegios de abogados
  
Artículo 11. Competencia de la Junta de Gobierno para tramitar las solicitudes de colegiación
  
Artículo 12. Suspensión de solicitudes
  
Artículo 13. Pago de cuotas
  
Artículo 14. Juramento o promesa
  
Artículo 15. Habilitación para defender asuntos propios o de parientes
  
Artículo 16. Abogados y otros colegiados
  
Artículo 17. Justificación de su condición
  
Artículo 18. Tarjeta de identidad e identificación
  
Artículo 19. Colegiados de honor
  
Artículo 20. Colegiación única
  
Artículo 21. Deber de comunicación
  
Artículo 22. Pérdida de la condición de colegiado
  
Capítulo II. Prohibiciones e incompatibilidades.
  
Artículo 23. Prohibiciones
  
Artículo 24. Incompatibilidades
  
Artículo 25. Efectos
  
Capítulo III. Ejercicio individual, colectivo y multiprofesional
  
Artículo 26. Ejercicio individual
  
Artículo 27. Ejercicio colectivo
  
Artículo 28. Régimen de colaboración multiprofesional
  
Capítulo IV. Derechos y deberes de los colegiados
  
Sección primera. De carácter general
  
Artículo 29. Deber fundamental
  
Artículo 30. Cumplimiento de normas
  
Artículo 31. Despacho profesional
  
Artículo 32. Secreto profesional
  
Artículo 33. Libertad e independencia
  
Artículo 34. Ejercicio de su función
  
Artículo 35. Consideraciones honoríficas
  
Sección segunda. En relación con el Colegio y con los demás colegiados
  
Artículo 36. Derechos
  
Artículo 37. Deberes
  
Artículo 38. Publicidad
  
Artículo 39. La venia
  
Sección tercera. En relación con los tribunales
  
Artículo 40. Normas para actuar ante los tribunales
  
Artículo 41. Independencia y libertad de actuación y derecho a la consideración profesional
  
Artículo 42. Asistencia a juicios y vistas públicas
  
Sección cuarta. En relación con las partes
  
Artículo 43. Respecto a su propio cliente
  
Artículo 44. Respecto a la parte contraria
  
Título IV. Turno de oficio y turno de asistencia a detenidos
  
Artículo 45. Competencia
  
Artículo 46. Funcionamiento
  
Artículo 47. Requisitos generales
  
Título V. Honorarios profesionales
  
Artículo 48. Derecho a su percepción
  
Artículo 49. Facultades de la Junta de Gobierno
  
Artículo 50. Traslado en condenas en costas
  
Título VI. Responsabilidad disciplinaria
  
Artículo 51. Responsabilidad disciplinaria
  
Artículo 52. Competencia
  
Artículo 53. Expedientes referidos a miembros de la Junta de Gobierno
  
Artículo 54. Clases de infracciones
  
Artículo 55. Infracciones muy graves
  
Artículo 56. Infracciones graves
  
Artículo 57. Infracciones leves
  
Artículo 58. Sanciones
  
Artículo 59. Procedimiento sancionador
  
Artículo 60. Efectos
  
Artículo 61. Caducidad del procedimiento sancionador
  
Artículo 62. Extinción de la responsabilidad disciplinaria
  
Artículo 63. Prescripción de las infracciones
  
Artículo 64. Prescripción de las sanciones
  
Artículo 65. Cancelación de las sanciones
  
Título VII. Los órganos de gobierno
  
Capítulo I. Órganos de gobierno
  
Artículo 66. Órganos de gobierno
  
Capítulo II. La Junta de Gobierno
  
Sección primera. Composición, atribuciones y funcionamiento
  
Artículo 67. Composición de la Junta de Gobierno
  
Artículo 68. Capacidad para formar parte de la Junta de Gobierno
  
Artículo 69. El decano
  
Artículo 70. El secretario
  
Artículo 71. El tesorero
  
Artículo 72. El bibliotecario
  
Artículo 73. Los diputados
  
Artículo 74. Atribuciones de la Junta de Gobierno
  
Artículo 75. Reuniones de la Junta de Gobierno
  
Artículo 76. Comisiones, secciones y agrupaciones
  
Sección segunda. Elección de cargos
  
Artículo 77. Forma de proveerse
  
Artículo 78. Requisitos para optar a la elección
  
Artículo 79. Tramitación
  
Artículo 80. Celebración de la elección
  
Artículo 81. Escrutinio y proclamación
  
Artículo 82. Toma de posesión
  
Artículo 83. Comunicación del resultado
  
Artículo 84. Recursos
  
Sección tercera. Cese
  
Artículo 85. Cese
  
Artículo 86. Vacantes
  
Capítulo III. La Junta General
  
Sección primera. Normas generales
  
Artículo 87. La Junta General
  
Artículo 88. Competencia de la Junta General
  
Artículo 89. Convocatoria
  
Artículo 90. Celebración
  
Artículo 91. Acuerdos
  
Sección segunda. Juntas generales ordinarias
  
Artículo 92. Primera Junta General
  
Artículo 93. Segunda Junta General
  
Sección tercera. Juntas generales extraordinarias
  
Artículo 94. Capacidad para solicitarlas
  
Artículo 95. Estatutos
  
Artículo 96. Voto de censura
  
Título VIII. Régimen económico del colegio
  
Artículo 97. Ejercicio económico y presupuesto
  
Artículo 98. Recursos
  
Artículo 99. Administración
  
Título IX. Régimen jurídico
  
Artículo 100. Régimen jurídico
  
Artículo 101. Ley aplicable
  
Artículo 102. Ejecutividad
  
Artículo 103. Plazos
  
Artículo 104. Recursos contra acuerdos de la Junta de Gobierno
  
Artículo 105. Recursos contra acuerdos de la Junta General
  
Artículo 106. Efectos del recurso de alzada
  
Título X. Fusión, absorción, segregación y disolución
  
Artículo 107. Fusión, absorción, segregación y disolución
  
Disposiciones transitorias
  
TÍTULO I
  
Disposiciones generales
  
Artículo 1. Denominación y naturaleza jurídica
  
1. El Colegio de Abogados de Castellón es una corporación de derecho público, amparada por la Constitución, y el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
  
2. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
  
Artículo 2. Ámbito territorial, sede y delegaciones
  
1. Su competencia territorial es la provincia de Castellón, y su sede está en la ciudad de Castellón de la Plana.
  
2. El domicilio del Colegio de Abogados de Castellón está actualmente en la calle de Temprado, número 15, de Castellón de la Plana.
  
3. Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio para el mejor cumplimiento de los fines, y mayor eficacia de las funciones colegiales, se podrán establecer delegaciones con las facultades y competencias que se determinen.
  
Artículo 3. Integrantes
  
El Colegio se integra, sin limitación alguna, por quienes reuniendo las condiciones de aptitud y no estando incursos en ningún tipo de impedimento, y previo cumplimiento de los requisitos de colegiación, han sido o sean admitidos por acuerdo de la Junta de Gobierno.
  
Artículo 4. Tratamiento
  
El Colegio de Abogados de Castellón tiene el tratamiento de ilustre.
  
TÍTULO II
  
Fines y funciones del Colegio
  
Artículo 5. Fines del Colegio
  
Son fines del Colegio de Abogados de Castellón en su ámbito territorial:
  
a) La ordenación del ejercicio de la profesión y la representación exclusiva de la misma.
  
b) La defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados.
  
c) La formación profesional permanente de los abogados.
  
d) El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad.
  
e) La defensa del estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los derechos humanos.
  
f) La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la administración de justicia.
  
Artículo 6. Funciones del Colegio
  
Corresponden al Colegio de Abogados de Castellón, en su ámbito territorial, las siguientes funciones:
  
a) Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines y, especialmente, la representación y defensa de la profesión ante la administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios y causas afecten a los derechos e intereses profesionales y a los fines de la abogacía, ejercitar las acciones penales, civiles, administrativas o sociales que sean procedentes, así como para utilizar el derecho de petición conforme a la ley.
  
b) Informar los proyectos de leyes y de normas que se refieran o afecten al Colegio y al ejercicio de la abogacía.
  
c) Colaborar con el poder judicial y los demás poderes públicos mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines, que le sean solicitadas o acuerde por propia iniciativa.
  
d) Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros de asistencia y orientación jurídica puedan crearse.
  
e) Participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de la administración, así como en los organismos interprofesionales.
  
f) Asegurar la representación de la abogacía en los consejos sociales y patronatos universitarios, en los términos establecidos en las normas que los regulen.
  
g) Participar en la elaboración de los planes de estudios, informar de las normas de organización de los centros docentes correspondientes a la profesión, mantener permanente contacto con los mismos, crear, mantener y proponer la homologación de escuelas de Práctica Jurídica, y otros medios para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos titulados, y organizar cursos para la formación y perfeccionamiento profesional.
  
h) Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la ética y la dignidad profesionales y por el respeto debido a los derechos de los particulares; ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial; elaborar sus estatutos particulares y las modificaciones de los mismos, redactar y aprobar su propio reglamento de régimen interior, y los demás acuerdos para el desarrollo de sus competencias.
  
i) Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros análogos, incluido el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil profesional cuando legalmente se establezca.
  
j) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados impidiendo la competencia desleal entre los mismos.
  
k) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional.
  
l) Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, o entre éstos y sus clientes.
  
m) Ejercer funciones de arbitraje en los asuntos que les sean sometidos, así como promover o participar en instituciones de arbitraje.
  
n) Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados y la percepción de sus honorarios, mediante laudo al que previamente se sometan de modo expreso las partes interesadas.
  
ñ) Establecer baremos orientadores sobre honorarios profesionales, y, en su caso, el régimen de las notas de encargo o presupuestos para los clientes.
  
o) Informar y dictaminar sobre honorarios profesionales, así como establecer, en su caso, servicios voluntarios para su cobro.
  
p) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados, en cuanto afecte a la profesión, las disposiciones legales y estatutarias, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.
  
q) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión, de los colegiados y demás fines de la abogacía.
  
r) Las demás que vengan dispuestas por la legislación estatal o de la Comunidad Valenciana.
  
TÍTULO III
  
Colegiación y ejercicio de la profesión
  
CAPÍTULO I
  
Adquisición y pérdida de la condición de colegiado
  
Artículo 7. Obligatoriedad de colegiación
  
Para el ejercicio de la abogacía deberán colegiarse en el Colegio de Castellón quienes tengan su domicilio profesional único o principal en el ámbito territorial del mismo, lo que les permitirá ejercer en todo el territorio español conforme con las disposiciones legales.
  
Artículo 8. Requisitos de colegiación
  
1. La incorporación al Colegio de Abogados de Castellón exigirá los siguientes requisitos:
  
a) Tener nacionalidad española o de algún estado miembro de la Unión Europea o del Acuerdo sobre el espacio económico europeo, de 2 de mayo de 1992, salvo lo dispuesto en tratados o convenios internacionales, o dispensa legal.
  
b) Ser mayor de edad y no haber sido expulsado de cualquier colegio de abogados, salvo que se haya extinguido la responsabilidad disciplinaria.
  
c) Poseer el título de licenciado en Derecho o los títulos extranjeros que, conforme a las normas vigentes, sean homologados a aquéllos.
  
d) Satisfacer la cuota de ingreso y las demás que tenga establecidas el Colegio.
  
2. La incorporación como ejerciente exigirá, además, los siguientes requisitos:
  
a) Carecer de antecedentes penales que inhabiliten para el ejercicio de la abogacía.
  
b) No estar incurso en causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la abogacía (artículos 9, 23 y 24 del presente estatuto).
  
c) El cumplimiento de las fórmulas legalmente establecidas que garanticen la preparación en el ejercicio de la profesión.
  
d) El solicitante prestará declaración jurada en la que manifestará si ejerce función o empleo en la administración; en caso afirmativo, expresará la naturaleza y categoría de su función o empleo y aportará certificación expresiva de que no incurre en incompatibilidad con el ejercicio de la profesión.
  
e) Formalizar el ingreso en la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija o, en su caso, en el Régimen de Seguridad Social que corresponda de acuerdo con la legislación vigente.
  
Artículo 9. Causas de incapacidad
  
1. Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la abogacía:
  
a) Los impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, no permitan el cumplimiento de la misión de defensa de los intereses ajenos que a los abogados se encomienda.
  
b) La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la abogacía en virtud de resolución judicial o corporativa firme.
  
c) Las sanciones disciplinarias firmes que lleven consigo la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de cualquier colegio de abogados.
  
2. Las incapacidades desaparecerán cuando cesen las causas que las hubieran motivado o se haya extinguido la responsabilidad disciplinaria conforme al artículo 62 del presente estatuto.
  
Artículo 10. Abogados pertenecientes a otros colegios de abogados
  
Sin perjuicio de que basta la colegiación a un solo colegio, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio del estado, pueden incorporarse al Colegio de Abogados de Castellón quienes perteneciesen con anterioridad a otro colegio.
  
Artículo 11. Competencia de la Junta de Gobierno para tramitar las solicitudes de colegiación
  
Corresponde a la Junta de Gobierno resolver sobre las solicitudes de colegiación que se presenten, pudiendo aprobarlas, suspenderlas o denegarlas, a cuyo fin practicará las diligencias y recabará los informes que, en su caso, considere oportunos, y dictará resolución en el plazo de tres meses desde su presentación, pasado el cual se considerará aprobada. En todo caso, no podrá denegarse el ingreso a quienes reúnan los requisitos del artículo 8.
  
Artículo 12. Suspensión de solicitudes
  
La tramitación de las solicitudes de incorporación será suspendida cuando el interesado no acompañe los documentos necesarios, o existan dudas respecto a su legitimidad o certeza, mientras no se reciban las compulsas oportunas.
  
Artículo 13. Pago de derechos
  
El pago de las cuotas de ingreso y demás gastos de él dimanantes, deberá hacerse en el momento de solicitarlo, con carácter condicional, sujeto a la concesión del ingreso.
  
Artículo 14. Juramento o promesa
  
1. Quienes queden incorporados al Colegio de Abogados de Castellón, antes de iniciar su ejercicio profesional por primera vez, prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y de fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de abogado.
  
2. El juramento o promesa se formalizará inicialmente por escrito, con compromiso de su posterior ratificación pública ante la Junta de Gobierno. En todo caso, se deberá dejar constancia en el expediente personal del colegiado de la prestación de dicho juramento o promesa.
  
3. Quedará suspendido en el ejercicio de la profesión, hasta que efectivamente cumpla este requisito, quien no preste el juramento o promesa el día y hora que al efecto se señale, salvo causa grave justificada.
  
Artículo 15. Habilitación para defender asuntos propios o de parientes
  
No se necesitará la incorporación al Colegio de Abogados para la defensa de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que el interesado reúna los requisitos establecidos por el artículo 8.1.a, b) y c) del presente estatuto y no esté incurso en causa de incapacidad, así como aquellos que puedan establecer las normas vigentes. Los que se hallen en este caso serán habilitados por el decano del Colegio de Abogados para la intervención que se solicite. Tal habilitación supone para quien la recibe, aunque sólo con relación al asunto o asuntos a que alcanza, el disfrute de todos los derechos concedidos en general a los abogados y la asunción de las correlativas obligaciones.
  
Artículo 16. Abogados y otros colegiados
  
1. Tienen la condición de abogados del Colegio de Abogados de Castellón quienes, en calidad de ejercientes, y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados.
  
2. Podrán seguir utilizando la denominación de abogado, añadiendo siempre la expresión «sin ejercicio», los que cesen en el ejercicio de la profesión después de haber ejercido al menos 20 años.
  
3. También podrán pertenecer al Colegio de Abogados de Castellón, con la denominación de colegiados no ejercientes, quienes reúnan los requisitos establecidos en el artículo 8.1 de este estatuto.
  
Artículo 17. Justificación de su condición
  
1. El secretario del Colegio remitirá al principio de cada año a todos los juzgados y tribunales de su territorio, así como a los centros penitenciarios y de detención, una relación comprensiva de los abogados ejercientes incorporados al Colegio. La lista será actualizada semestralmente con las modificaciones por nuevas altas y bajas. A los abogados que en aquella estuviesen incluidos no puede exigírseles otro comprobante para el ejercicio de la profesión.
  
2. El secretario del Colegio o persona en quien delegue podrá comprobar que los abogados que intervengan en las oficinas y actuaciones judiciales figuren incorporados como ejercientes en este Colegio o en otro de España, o que, pese a no estarlo, hubieren sido habilitados conforme al artículo 15 del presente estatuto.
  
Artículo 18. Tarjeta de identidad e identificación
  
1. Los colegiados identificarán su personalidad y su condición de abogado o de no ejercientes, mediante un carnet o tarjeta de identidad, en el que figurará su fotografía, que se ajustará al modelo que en cada caso acuerde la Junta de Gobierno.
  
2. Los abogados deberán consignar en todas sus actuaciones el Colegio en el que estuvieren incorporados, el número de colegiado y, en su caso, la fecha de la habilitación o comunicación previstas en los artículos 15 y 21 del presente estatuto.
  
Artículo 19. Colegiados de honor
  
Podrán ser colegiados de honor del Colegio de Castellón aquellas personas que reciban este nombramiento por acuerdo de la Junta General a propuesta de la de Gobierno y en atención a méritos o servicios relevantes prestados a favor de la abogacía o del propio Colegio.
  
Artículo 20. Colegiación única
  
1. Todo abogado incorporado al Colegio de Abogados de Castellón podrá prestar sus servicios profesionales libremente en todo el territorio del Estado, en el resto de los estados miembros de la Unión Europea y en los demás países, con arreglo a la normativa vigente al respecto. Los abogados de otros países podrán hacerlo en el ámbito territorial de este Colegio conforme a la normativa vigente al efecto.
  
2. Para actuar profesionalmente en el ámbito territorial de cualquier otro colegio, no podrá exigirse a los abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de Castellón habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que se exijan habitualmente a los colegiados del colegio donde vaya a intervenir por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.
  
Artículo 21. Deber de comunicación
  
1. El abogado que vaya a realizar una actuación profesional en territorio diferente al de su colegiación, deberá comunicarlo al colegio en cuyo ámbito haya de intervenir a través de su colegio.
  
2. La comunicación de los abogados que, perteneciendo a otro colegio, vayan a realizar una actuación profesional en el ámbito territorial de Castellón, surtirá efectos desde su presentación, registro y sello de la copia, sin perjuicio de que se recabe del Colegio de origen la documentación que sea necesaria .
  
3. En las actuaciones profesionales que lleve a cabo en el ámbito territorial de otro colegio, el abogado está sujeto a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del mismo. Dicho colegio protegerá su libertad e independencia en la defensa y será competente para la tramitación y resolución de los expedientes disciplinarios a que hubiere lugar, sin perjuicio de que la eventual sanción surta efectos en todos los colegios de España, para lo cual se comunicará al Consejo General.
  
Artículo 22. Pérdida de la condición de colegiado
  
1. La condición de colegiado se perderá:
  
a) Por falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias y de las demás cargas colegiales a que viniere obligado. El impago de las cuotas de la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, no dará lugar a la inmediata pérdida de la condición de colegiado, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que corresponda.
  
b) Por sanción firme de expulsión del Colegio, acordada en expediente disciplinario.
  
c) Por baja voluntaria.
  
d) Por fallecimiento.
  
2. La pérdida de la condición de colegiado será acordada por la Junta de Gobierno del Colegio en resolución motivada, y, una vez firme, será comunicada al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y al Consejo General.
  
3. En el caso del apartado a) del párrafo 1, los colegiados podrán rehabilitar sus derechos pagando lo adeudado, más sus intereses al tipo del interés legal del dinero, y la cantidad que correspondiere como nueva incorporación.
  
4. Cuando no proceda la pérdida de la condición de colegiado, la Junta de Gobierno acordará el pase a situación de no ejerciente de aquellos colegiados en quienes concurra alguna de las circunstancias determinantes de incapacidad o incompatibilidad total para el ejercicio, mientras aquella subsista, sin perjuicio de que si a ello hubiere lugar, resuelva lo que proceda en vía disciplinaria.
  
CAPÍTULO II
  
Prohibiciones e incompatibilidades
  
Artículo 23. Prohibiciones
  
Los abogados tienen las siguientes prohibiciones, cuya infracción se sancionará disciplinariamente:
  
a) Ejercer la abogacía estando inhabilitado, suspendido, o incursos en causa de incompatibilidad, así como prestar su firma a quienes, por cualquier causa, no puedan ejercer como abogados.
  
b) Compartir locales o servicios con profesionales incompatibles, cuando pueda afectar a la salvaguarda del secreto profesional.
  
c) Mantener vínculos asociativos de carácter profesional que impidan el correcto ejercicio de la abogacía, atendiendo a este respecto a lo previsto en el presente estatuto y, singularmente, en el artículo 24.3.
  
Artículo 24. Incompatibilidades
  
1. El ejercicio de la abogacía es incompatible con cualquier actividad que pueda suponer menosprecio de la libertad, la independencia o la dignidad que le son inherentes. El abogado perteneciente a este Colegio que realice al mismo tiempo cualquier otra actividad, deberá abstenerse de realizar aquella que resulte incompatible con el correcto ejercicio de la abogacía, por suponer un conflicto de intereses que impida respetar los principios del correcto ejercicio contenidos en el presente estatuto.
  
2. Asimismo, el ejercicio de la abogacía será absolutamente incompatible con:
  
a) El desempeño, en cualquier concepto, de cargos, funciones o empleos públicos en el estado y en cualquiera de las administraciones públicas, sean estatales, autonómicas, locales o institucionales, cuya propia normativa reguladora así lo especifique.
  
b) El ejercicio de la profesión de procurador, graduado social, agente de negocios, gestor administrativo y cualquiera otra cuya propia normativa reguladora así lo especifique.
  
c) El mantenimiento de vínculos profesionales con cargos o profesionales incompatibles con la abogacía que puedan afectar al correcto ejercicio de la misma.
  
3. En todo caso, el abogado no podrá realizar actividad de auditoria de cuentas u otras que sean incompatibles con el correcto ejercicio de la abogacía, simultáneamente para el mismo cliente o para quienes lo hubiesen sido en los tres años precedentes. En principio, no se entenderá incompatible esta prestación si se realiza por personas jurídicas distintas y con consejos de administración diferentes.
  
4. El ejercicio de la abogacía es también incompatible con la intervención ante aquellos organismos jurisdiccionales en que figuren como funcionarios o contratados el cónyuge, el conviviente permanente con análoga relación de afectividad o los parientes del abogado, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. El abogado a quien afecte tal incompatibilidad deberá abstenerse de la defensa que en tales asuntos le haya podido ser encomendada. Dicha obligación de abstención se entiende sin perjuicio del derecho de recusación que pueda asistir al litigante contrario.
  
Artículo 25. Efectos
  
1. El Abogado a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad establecidas en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo anterior, deberá comunicarlo sin excusa a la Junta de Gobierno del Colegio, y cesar inmediatamente en la situación de incompatibilidad, entendiéndose que renuncia al ejercicio profesional si no lo manifiesta por escrito en el plazo de treinta días, con lo que automáticamente será dado de baja en el mismo.
  
2. La infracción del deber de cesar en la situación de incompatibilidad, así como su ejercicio con infracción de las incompatibilidades establecidas en el artículo anterior, directamente o por persona interpuesta, constituirá infracción muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.
  
CAPÍTULO III
  
Ejercicio individual, colectivo y multiprofesional
  
Artículo 26. Ejercicio individual
  
1. El ejercicio individual de la abogacía podrá desarrollarse por cuenta propia, como titular de un despacho, o por cuenta ajena, como colaborador de un despacho individual o colectivo. No se perderá la condición de abogado que ejerce como titular de su propio despacho individual cuando:
  
a) El abogado tenga en su bufete pasantes o colaboradores, con o sin relación laboral con los mismos.
  
b) El abogado comparta los locales, instalaciones, servicios u otros medios con otros abogados, pero manteniendo la independencia de sus bufetes, sin identificación conjunta de los mismos ante la clientela.
  
c) El abogado concierte acuerdos de colaboración para determinados asuntos o clases de asuntos con otros abogados o despachos colectivos, nacionales o extranjeros, cualquiera que sea su forma.
  
d) El abogado constituya una sociedad unipersonal para dicho ejercicio de la abogacía, que habrá de observar, en cuanto pueda aplicársele, lo dispuesto en el artículo siguiente para el ejercicio colectivo.
  
2. El abogado titular de un despacho profesional individual responderá profesionalmente frente a su cliente de las gestiones o actuaciones que efectúen sus pasantes o colaboradores, sin perjuicio de la facultad de repetir frente a los mismos si procediera. No obstante, los pasantes y colaboradores quedan sometidos a las obligaciones deontológicas y asumirán su propia responsabilidad disciplinaria. Los honorarios a cargo del cliente se devengarán a favor del titular del despacho, aun en el caso de que las actuaciones fueren realizadas por otros Letrados por delegación o sustitución del mismo; y a su vez, dicho titular del despacho responderá personalmente de los honorarios debidos a los Letrados a los que encargue o delegue actuaciones aun en el caso de que el cliente dejase de abonárselos, salvo pacto escrito en contrario.
  
3. El ejercicio de la abogacía por cuenta ajena en régimen de especial colaboración habrá de pactarse expresamente por escrito, fijando las condiciones, duración, alcance y régimen económico de la colaboración.
  
4. La abogacía también podrá ejercerse por cuenta ajena bajo régimen de derecho laboral, mediante contrato de trabajo formalizado por escrito y en el que habrá de respetarse la libertad e independencia básicas para el ejercicio de la profesión y expresarse si dicho ejercicio fuese en régimen de exclusividad.
  
5. El Colegio de Abogados de Castellón podrá exigir la presentación de los contratos de colaboración y de trabajo a fin de verificar que se ajustan a lo establecido en este estatuto.
  
6. En las actuaciones que realice el colaborador en régimen especial o en régimen de derecho laboral, u otro letrado por sustitución o por delegación, deberá hacer constar en nombre y por cuenta de quien actúa.
  
Artículo 27. Ejercicio colectivo
  
1. Los abogados podrán ejercer la abogacía colectivamente, mediante su agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho, incluidas las sociedades mercantiles.
  
2. La agrupación habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía y estar integrada exclusivamente por abogados en ejercicio, sin limitación de número. No podrá compartir locales o servicios con profesionales incompatibles, si ello pudiera afectar a la salvaguarda del secreto profesional. Tanto el capital como los derechos políticos y económicos habrán de estar atribuidos únicamente a los abogados que integren el despacho colectivo.
  
3. La forma de agrupación deberá permitir en todo momento la identificación de sus integrantes, habrá de constituirse por escrito e inscribirse en el Registro Especial correspondiente al colegio donde tuviese su domicilio. En dicho Registro se inscribirán su composición y las altas y bajas que se produzcan. Los abogados que formen parte de un despacho colectivo estarán obligados personalmente a solicitar las inscripciones correspondientes.
  
4. Los abogados agrupados en un despacho colectivo no podrán tener despacho independiente del colectivo y en las intervenciones profesionales que realicen y en las minutas que emitan deberán dejar constancia de su condición de miembros del referido colectivo. No obstante, las actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita tendrán carácter personal, aunque podrá solicitarse del Colegio su facturación a nombre del despacho colectivo.
  
5. Los abogados miembros de un despacho colectivo tendrán plena libertad para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como plena independencia para dirigir la defensa de los intereses que tengan encomendados. Las sustituciones que se produzcan se atendrán a las normas de funcionamiento del respectivo despacho, sin precisar la solicitud de venia interna. Los honorarios corresponderán al colectivo, sin perjuicio del régimen interno de distribución que establezcan las referidas normas.
  
6. La actuación profesional de los integrantes del despacho colectivo estará sometida a la disciplina colegial del Colegio en cuyo ámbito se efectúa, respondiendo personalmente el abogado que la haya efectuado. No obstante, se extenderán a todos los miembros del despacho colectivo el deber de secreto profesional, las incompatibilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes y las situaciones de prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con los patrocinados por cualquiera de ellos.
  
7. La responsabilidad civil que pudiese tener el despacho colectivo será conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de agrupación utilizada. Además, todos los abogados que hayan intervenido en un asunto responderán civilmente frente al cliente con carácter personal, solidario e ilimitado.
  
8. Para la mejor salvaguarda del secreto profesional y de las relaciones de compañerismo, las normas reguladoras del despacho colectivo podrán someter a arbitraje colegial las discrepancias que pudieran surgir entre sus miembros a causa del funcionamiento, separación o liquidación de dicho despacho.
  
Artículo 28. Régimen de colaboración multiprofesional
  
1. Los abogados podrán asociarse en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles, sin limitación de número y sin que ello afecte a su plena capacidad para el ejercicio de la profesión ante cualquier jurisdicción y tribunal, utilizando cualquier forma lícita en derecho, incluidas las sociedades mercantiles, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
  
a) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos determinados, incluyendo servicios jurídicos específicos que se complementen con los de las otras profesiones.
  
b) Que la actividad a desempeñar no afecte al correcto ejercicio de la abogacía por los miembros abogados.
  
c) Que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior en lo que afecte al ejercicio de la abogacía, salvo lo expresado bajo el párrafo 2 del mismo, que no resultará aplicable, o en el párrafo 4, del que solamente será aplicable la obligación de dejar constancia de la condición de miembro del colectivo multiprofesional en las actuaciones que se realicen y minutas que se emitan en su ámbito.
  
2. Las agrupaciones en régimen de colaboración multiprofesional que actúen en el ámbito territorial del Colegio de Castellón deben inscribirse en el Registro Especial del Colegio de Abogados.
  
3. Los miembros abogados deberán separarse cuando cualquiera de sus integrantes incumpla las normas sobre prohibiciones, incompatibilidades o deontología propias de la abogacía.
  
CAPÍTULO IV
  
Derechos y deberes de los colegiados
  
Sección Primera
  
De carácter general
  
Artículo 29. Deber fundamental
  
El deber fundamental del abogado, como partícipe en la función pública de la administración de justicia, es cooperar a ella asesorando, conciliando y defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de justicia a que la abogacía se halla vinculada.
  
Artículo 30. Cumplimiento de normas
  
Los colegiados deben cumplir las normas legales, estatutarias, deontológicas, así como los acuerdos de los diferentes órganos corporativos.
  
Artículo 31. Despacho profesional
  
1. Los abogados de este Colegio deberán mantener despacho profesional, o estar adscritos a un despacho profesional, abierto en el lugar donde habitualmente ejerzan la profesión, dentro del ámbito territorial de este Colegio.
  
2. Se exceptúa de este deber de mantener despacho abierto, a los abogados procedentes de otros colegios, respecto de los cuales se entenderá cumplido este requisito por el hecho de mantener su despacho profesional en el colegio de origen en el que más habitualmente ejerzan la profesión.
  
3. Todos los colegiados tienen la obligación de comunicar al Colegio su domicilio, los cambios del mismo, y las ausencias que hayan de prolongarse por más de dos meses consecutivos. Las notificaciones efectuadas en el domicilio profesional que conste en el Colegio tendrán plena validez, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda derivarse de no haber comunicado su eventual traslado.
  
Artículo 32. Secreto profesional
  
1. Los abogados deben guardar secreto profesional de conformidad con el artículo 437.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con las normas deontológicas, de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.
  
2. En el caso de que el decano del Colegio de Abogados, o quien estatutariamente le sustituya, fuere requerido en virtud de norma legal o avisado por la autoridad judicial, o en su caso gubernativa, competente para la práctica de un registro en el despacho profesional de un abogado del Colegio de Castellón, deberá personarse en dicho despacho y asistir a las diligencias que en el mismo se practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional.
  
3. Si un abogado tuviera que reclamar judicialmente contra su propio cliente como consecuencia del ejercicio profesional, no tendrá obligación de guardar silencio respecto al caso concreto al que se refiere la reclamación.
  
Artículo 33. Libertad e independencia
  
El abogado en cumplimiento de su misión, actuará con toda libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la ley o por las normas éticas y la deontología profesional.
  
Artículo 34. Ejercicio de su función
  
El deber de defensa jurídica que a los abogados se les confía es también un derecho para los mismos, y podrán reclamar tanto de las autoridades como del Colegio y de los particulares, todas las medidas de ayuda en el ejercicio de su función que les sean legalmente debidas.
  
Artículo 35. Consideraciones honoríficas
  
El abogado del Colegio de Castellón tiene derecho a todas las consideraciones honoríficas debidas a su profesión y tradicionalmente reconocidas.
  
Sección segunda
  
En relación con el Colegio y con los demás colegiados
  
Artículo 36. Derechos.
  
Son derechos de los colegiados:
  
a) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer los derechos de petición, de voto y de acceso a los cargos directivos, en la forma que establezcan las normas legales o estatutarias. El voto de los abogados tendrá, en todo caso, doble valor que el de los colegiados no ejercientes y que el de los abogados sin ejercicio.
  
b) Recabar y obtener del Colegio y de todos los órganos corporativos la protección de su independencia y lícita libertad de actuación profesional.
  
c) Formular moción de censura contra los miembros de la Junta de Gobierno, en los términos regulados en el presente estatuto.
  
d) Promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas.
  
e) Conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los expedientes en los que tengan la condición de interesado.
  
f) Aquellos otros que les confieren el presente estatuto y cualesquiera otras disposiciones de carácter general.
  
Artículo 37. Deberes
  
Son deberes de los colegiados :
  
a) Estar al corriente en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, y levantar las demás cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma y plazos al efecto establecidos. A tales efectos se consideran cargas corporativas todas las impuestas por el Colegio, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía, en el marco de sus competencias respectivas, así como las correspondientes a la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija.
  
b) Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal, sea por falta de colegiación, sea por suspensión o inhabilitación del denunciado, o por estar incurso en supuestos de incompatibilidad o prohibición. Así como aquellos supuestos de falta de comunicación de la actuación profesional de los abogados pertenecientes a otros colegios.
  
c) Denunciar al Colegio cualquier atentado a la libertad, independencia o dignidad de un abogado en el ejercicio de sus funciones.
  
d) No intentar la implicación del abogado contrario en el litigio o intereses debatidos, ni directa ni indirectamente, evitando incluso cualquier alusión personal al compañero y tratándole siempre con la mayor corrección.
  
e) Mantener como materia reservada las conversaciones y correspondencia habidas con el abogado o abogados contrarios, con prohibición de revelarlos o presentarlos en juicio sin su previo consentimiento. No obstante, por causa grave, la Junta de Gobierno del Colegio podrá discrecionalmente autorizar su revelación o presentación en juicio sin dicho consentimiento previo.
  
f) Abstenerse de la realización de actos de competencia desleal o que intenten restringir la libre competencia.
  
g) Informar al decano, para que pueda realizar una labor de mediación, del encargo de promover actuaciones de cualquier clase contra otro abogado sobre responsabilidades relacionadas con el ejercicio profesional.
  
Artículo 38. Publicidad
  
1. Los abogados podrán realizar publicidad de sus servicios, siempre que sea digna, leal y veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose, en cualquier caso, a las normas deontológicas.
  
2. Se considerará contraria a las normas deontológicas de la abogacía la publicidad que suponga:
  
a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional.
  
b) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto.
  
c) Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva.
  
d) Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado.
  
e) Hacer referencia directa o indirecta a clientes del propio abogado.
  
f) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, al reservarse su uso para la publicidad institucional que pueda realizarse en beneficio de la profesión en general.
  
3. Los abogados que presten sus servicios en forma permanente u ocasional a empresas individuales o colectivas deberán exigir que las mismas se abstengan de efectuar publicidad respecto de tales servicios que no se ajuste a lo establecido en este estatuto, siendo responsables a nivel disciplinario de tal publicidad.
  
Artículo 39. La venia
  
1. Los abogados que hayan de encargarse de la dirección profesional de un asunto encomendado a otro compañero en la misma instancia deberán solicitar su venia, salvo que exista renuncia escrita e incondicionada a proseguir su intervención por parte del anterior letrado, y en todo caso, recabar del mismo la información necesaria para continuar el asunto.
  
2. La venia, excepto caso de urgencia a justificar, deberá ser solicitada con carácter previo y por escrito, sin que el letrado requerido pueda denegarla y con la obligación por su parte de devolver la documentación en su poder y facilitar al nuevo letrado la información necesaria para continuar la defensa.
  
3. El letrado sustituido tendrá derecho a reclamar los honorarios que correspondan a su intervención profesional.
  
Sección tercera
  
En relación con los tribunales
  
Artículo 40. Normas para actuar ante los tribunales
  
1. Son obligaciones del abogado para con los órganos jurisdiccionales la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones, y el respeto en cuanto a la forma de su intervención.
  
2. Los abogados comparecerán ante los tribunales vistiendo toga, sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial, y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la justicia.
  
3. Los abogados tendrán derecho a intervenir ante los tribunales de cualquier jurisdicción sentados dentro del estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el tribunal ante quien actúen, teniendo delante de sí una mesa y situándose a los lados del tribunal de modo que no den la espalda al público, siempre con igualdad de trato que el ministerio fiscal o la abogacía del estado.
  
4. El letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio. Para la sustitución bastará la declaración del abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad.
  
5. Los abogados que se hallen procesados o encartados y se defiendan a sí mismos o colaboren con su defensor, usarán toga y ocuparán el sitio establecido para los letrados.
  
6. Los abogados esperarán un tiempo prudencial sobre la hora señalada por los órganos judiciales para las actuaciones en que vayan a intervenir, transcurrido el cual podrán formular la pertinente queja ante el mismo órgano e informar del retraso a la Junta de Gobierno del Colegio para que pueda adoptar las iniciativas pertinentes.
  
Artículo 41. Independencia y libertad de actuación y derecho a la consideración profesional.
  
Si el abogado actuante considerase que la autoridad, tribunal o juzgado coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guardase la consideración debida a su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio juzgado o tribunal bajo la fe del secretario y dar cuenta a la Junta de Gobierno. La Junta, si estimare fundada la queja, adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad, independencia y prestigio profesionales.
  
Artículo 42. Asistencia a juicios y vistas públicas
  
En los tribunales se designará un sitio, separado del público, con las mismas condiciones del señalado para los abogados actuantes, a fin de que puedan ocuparlo los demás letrados que, vistiendo toga, quieran presenciar los juicios y vistas públicas.
  
Sección cuarta
  
En relación con las partes
  
Artículo 43. Respecto a su propio cliente
  
1. Los abogados tienen plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del asunto, así como de renunciar al mismo en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca indefensión al cliente.
  
2. Si al abogado no le interesase continuar defendiendo al cliente que le hubiere nombrado, vendrá obligado a hacerle saber su desistimiento con la antelación necesaria para que no queden indefensos los intereses puestos bajo su amparo, especialmente cuando estuvieren en curso plazos para evacuar cualquier traslado, o próxima la prescripción de la acción, la caducidad de la instancia, la celebración de vista o la interposición del recurso ante el Tribunal Superior, con especial atención a lo dispueto en el artículo 449.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  
3. Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional.
  
4. El abogado realizará diligentemente las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica de dicho asunto y pudiendo auxiliarse de sus colaboradores y otros compañeros, quienes actuarán bajo su responsabilidad.
  
5. En todo caso, el abogado deberá identificarse ante la persona a la que asesore o defienda, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero, a fin de asumir las responsabilidades civiles, penales y deontológicas que, en su caso, correspondan.
  
6. El abogado está obligado a devolver puntualmente a su cliente la documentación que le hubiera confiado, a la terminación de la relación contractual. No será causa para eximirse de esta obligación que se le adeude cualquier cantidad. También deberá entregar a su cliente, a su petición, los escritos y resoluciones relacionadas con el asunto que le tenga encomendado, con gastos a cargo del cliente.
  
Artículo 44. Respecto a la parte contraria
  
Son obligaciones del abogado para con la parte contraria la abstención u omisión de cualquier acto que determine una lesión injusta para la misma, y el trato considerado y cortés.
  
TÍTULO IV
  
Turno de oficio y turno de asistencia a detenidos.
  
Artículo 45. Competencia
  
1. Corresponde al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y a la Junta de Gobierno de este Colegio la regulación y organización de los servicios de asistencia letrada y de defensa gratuita, garantizando en todo caso su continuidad, atendiendo a los principios de eficiencia y funcionalidad, de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios y, cuando el censo de los profesionales lo permita, de especialización por órganos jurisdiccionales y materias.
  
2. La Junta de Gobierno es competente para establecer las normas para su reparto entre los abogados, así como qué requisitos complementarios deben cumplir aquellos que deban o quieran prestarlo, sin perjuicio de los legalmente exigidos.
  
3. Corresponde a los abogados el asesoramiento jurídico y defensa de oficio de las personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, conforme a la legislación vigente.
  
4. Asimismo, corresponde a los abogados la asistencia y defensa de quienes soliciten abogado de oficio o no designen abogado en la jurisdicción penal, sin perjuicio del abono de honorarios por el cliente si no le fuere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
  
5. Igualmente corresponde a los abogados la asistencia a los detenidos y presos en los términos que exprese la legislación vigente.
  
6. Los abogados desempeñarán las funciones a que se refiere este artículo con la libertad e independencia profesionales que les son propias y conforme a las normas éticas y deontológicas que rigen la profesión.
  
Artículo 46. Funcionamiento
  
El desarrollo de las funciones reseñadas en el artículo anterior será organizado por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Castellón, estableciendo las normas y requisitos a que haya de atenerse la prestación de los servicios correspondientes, procediendo la Junta de Gobierno a la designación del abogado que haya de asumir cada asunto, al control de su desempeño, y a la exigencia de las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar.
  
Artículo 47. Requisitos generales
  
1. Con carácter general, los abogados adscritos a los turnos de oficio o de asistencia al detenido deberán reunir en todo momento, además de los requisitos exigidos por la legislación, las siguientes condiciones:
  
a) Estar incorporados como ejercientes en este Colegio durante el ejercicio de sus actuaciones.
  
b) Tener despacho profesional principal o único dentro del ámbito territorial del Colegio de Abogados de Castellón.
  
2. El interesado deberá solicitar su incorporación por escrito en los plazos y forma que señale la Junta de Gobierno. Estas solicitudes se efectuarán para cada clase de turno.
  
3. La Junta de Gobierno podrá excluir de los turnos a quienes por su prestación de servicios a la función pública o trabajo por cuenta ajena, estén sujetos al cumplimiento de un horario que les imposibilite u obstaculice el buen cumplimiento de las obligaciones inherentes al funcionamiento del turno de oficio o del turno de asistencia al detenido.
  
TÍTULO V
  
Honorarios profesionales
  
Artículo 48. Derecho a su percepción
  
1. El abogado tiene derecho a una compensación económica adecuada por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado. La cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el abogado, con respeto a las normas deontológicas y sobre competencia desleal. A falta de pacto expreso en contrario, para la fijación de los honorarios se tendrán en cuenta las normas orientadoras vigentes en el Colegio de Abogados de Castellón. Dichas normas se aplicarán, en todo caso, a la parte contraria en los supuestos de condena en costas
  
2. Dicha compensación económica podrá asumir la forma de retribución fija, periódica o por horas.
  
3. Respecto a las costas recobradas de terceros se estará a lo que libremente acuerden las partes, y, a falta de pacto expreso, habrán de ser satisfechas efectivamente al abogado.
  
4. Se prohíbe en todo caso la cuota litis en sentido estricto, entendiéndose por tal el acuerdo entre el abogado y su cliente, previo a la terminación del asunto, en virtud del cual éste se compromete a pagarle únicamente un porcentaje de lo que se obtenga, independientemente de que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por ese asunto.
  
5. La Junta de Gobierno del Colegio podrá adoptar medidas disciplinarias contra los letrados que habitual y temerariamente impugnen las minutas de sus compañeros, así como contra los letrados cuyos honorarios sean declarados reiteradamente excesivos.
  
Artículo 49. Facultades de la Junta de Gobierno
  
1. Corresponde a la Junta de Gobierno aprobar y revisar periódicamente baremos orientadores para la percepción de honorarios profesionales.
  
2. La Junta de Gobierno resolverá toda cuestión de honorarios que le sometan extrajudicialmente las partes o el abogado y su cliente, previo pago de los honorarios correspondientes por el informe, y depósito o aval de la cantidad a la que ascienda la minuta, que se aplicará según el resultado del informe.
  
Artículo 50. Traslado en condenas en costas
  
1. Cuando haya condena en costas en un procedimiento ante los juzgados y tribunales de la provincia de Castellón, excepto en los juicios en rebeldía, con carácter previo a su tasación, el letrado a favor de cuya parte se haya obtenido el pronunciamiento, trasladará directamente al Abogado de la obligada al pago la minuta detallada de los honorarios que estime exigibles.
  
2. El letrado de la parte obligada al pago procederá, en el plazo de cinco días, contados desde el siguiente en que reciba la minuta, a comunicar su conformidad con la misma u oponer los reparos que estime procedentes, comunicándolo en este último caso al Colegio de Abogados. El silencio por parte del letrado equivaldrá a la conformidad con la minuta.
  
3. En caso de disconformidad, los letrados intervinientes facilitarán al Colegio, además de la minuta objeto de discrepancia, los reparos opuestos y cuantos antecedentes estimen oportunos. A la vista de todo ello y de cuantos demás datos pudiera solicitar la Junta de Gobierno, ésta dictará resolución sobre la cuantía de la minuta que sea exigible, con expresión de las razones que fundamenten tal pronunciamiento.
  
4. El incumplimiento por el abogado minutante del deber de traslado y el silencio del contrario, con posterior impugnación judicial de la minuta por el mismo, serán sancionados disciplinariamente.
  
TÍTUL VI
  
Responsabilidad disciplinaria
  
Artículo 51. Responsabilidad disciplinaria
  
1. Los abogados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes profesionales o deontológicos.
  
2. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente personal del colegiado.
  
Artículo 52. Competencia
  
1. La Junta de Gobierno es competente para el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria se declarará previa la formación de expediente seguido por los trámites que se especifiquen en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario.
  
2. Las correcciones que podrán aplicarse son las siguientes:
  
a) Amonestación privada.
  
b) Apercibimiento por escrito.
  
c) Suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a dos años.
  
d) Expulsión del Colegio.
  
Artículo 53. Expedientes referidos a miembros de la Junta de Gobierno
  
Si el expediente se refiere a alguno de los miembros de la Junta de Gobierno, conocerá del mismo el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.
  
Artículo 54. Clases de infracciones
  
Las infracciones que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y leves.
  
Artículo 55. Infracciones muy graves
  
Son infracciones muy graves:
  
a) La infracción de las prohibiciones establecidas en el artículo 23 o del régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 24 de los presentes estatutos.
  
b) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de las normas especificadas en el artículo 38.
  
c) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión, así como los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las reglas deontológicas que la gobiernan.
  
d) El atentado contra la dignidad u honor de las personas que constituyen la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, y contra los compañeros con ocasión del ejercicio profesional.
  
e) La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten gravemente al ejercicio de la profesión.
  
f) La realización de actividades, constitución de asociaciones o pertenencia a éstas, cuando tengan como fines o realicen funciones que sean propias y exclusivas de los colegios.
  
g) La comisión de una infracción grave, habiendo sido sancionado por la comisión de otras dos del mismo carácter y cuya sanción no se haya cancelado.
  
h) El favorecimiento del intrusismo profesional y su encubrimiento.
  
i) La condena de un colegiado en sentencia firme a penas graves conforme al artículo 33.2 del Código Penal.
  
j) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la abogacía.
  
k) Cualquier otra infracción que en el presente estatuto tuviere la calificación de infracción muy grave.
  
Artículo 56. Infracciones graves
  
Son infracciones graves:
  
a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en el ámbito de su competencia.
  
b) El ejercicio profesional en el ámbito territorial del Colegio omitiendo deliberadamente la comunicación conforme al artículo 21 del presente estatuto.
  
c) La falta de respeto, por acción u omisión, a los componentes de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.
  
d) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de la actividad profesional, y la infracción de lo dispuesto en el artículo 39 sobre venia.
  
e) La competencia desleal, cuando así haya sido declarada por el órgano competente, y la infracción de las normas de publicidad, cuando no constituya infracción muy grave.
  
f) La habitual y temeraria impugnación de las minutas de los compañeros, así como la reiterada formulación de minutas de honorarios excesivos.
  
g) Los actos y omisiones descritos en los párrafos a) y c) del artículo anterior, cuando no tuvieren entidad suficiente para ser considerados como muy graves.
  
h) El ejercicio profesional en situación de embriaguez, o bajo el influjo de drogas tóxicas.
  
i) El ejercicio de la actividad profesional por los abogados inscritos con título obtenido en otro estado miembro de la Unión Europea, omitiendo expresa mención al título profesional de origen.
  
j) Cualquier otra infracción que en el presente estatuto tuviere la calificación de infracción grave.
  
Artículo 57. Infracciones leves
  
Son infracciones leves:
  
a) La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya infracción muy grave o grave.
  
b) La negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias.
  
c) El incumplimiento leve de los deberes que la profesión impone.
  
d) Los actos u omisiones enumerados en el artículo anterior cuando no tuviesen entidad suficiente para ser considerados como graves.
  
Artículo 58. Sanciones
  
1. Las sanciones que pueden imponerse por infracciones muy graves serán las siguientes:
  
a) Para las de los apartados b), c), d), e), f), g), h) y k) del artículo 55, suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo superior a tres meses sin exceder de dos años.
  
b) Para las de los apartados a), i) y j) del mismo artículo, expulsión del Colegio.
  
2. Por infracciones graves podrá imponerse la sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a tres meses.
  
3. Por infracciones leves podrán imponerse las sanciones de amonestación privada o la de apercibimiento por escrito.
  
4. Las sanciones que se impongan habrán de guardar proporcionalidad con las infracciones cometidas.
  
Artículo 59. Procedimiento sancionador
  
1. Las infracciones se sancionarán por la Junta de Gobierno, tras la apertura del expediente disciplinario, tramitado conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario.
  
2. La Junta de Gobierno será en todo caso el órgano competente para resolver. Las facultades de instrucción de los expedientes disciplinarios se encomiendan a los miembros de la Junta de Gobierno, haciéndolo como instructor uno de sus miembros y como secretario el que lo sea de la propia Junta de Gobierno, quienes actuarán con absoluta separación e independencia respecto al órgano de decisión, constituido por la propia Junta de Gobierno sin su participación.
  
3. No obstante lo anterior, podrán también instruir expedientes disciplinarios quienes, habiendo sido miembros de la Junta de Gobierno, formen parte de la Comisión Disciplinaria que la Junta de Gobierno pueda constituir y designar a tal efecto.
  
4. En todo caso los acuerdos de suspensión por más de seis meses o expulsión deberán ser tomados por la Junta de Gobierno mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de sus componentes. A esta sesión estarán obligados a asistir todos los componentes de la Junta, excepto el instructor y el secretario del expediente, de modo que el que sin causa justificada no concurriese, cesará como miembro de la Junta de Gobierno y no podrá presentarse como candidato en la elección mediante la que se cubra su vacante.
  
Artículo 60. Efectos
  
1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes. Podrán ser hechas públicas cuando adquieran firmeza.
  
2. Todas las sanciones tendrán efectos en el ámbito de todos los Colegios de Abogados de España, a cuyo fin el Colegio lo comunicará al Consejo General de la Abogacía y al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.
  
Artículo 61. Caducidad del procedimiento sancionador
  
1. Si no se hubiese notificado la resolución transcurridos seis meses desde la iniciación del expediente disciplinario, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables al interesado, se producirá la caducidad del procedimiento.
  
2. La declaración de caducidad de oficio o a instancia del propio interesado no impedirá la incoación de un nuevo expediente disciplinario en el supuesto de que la infracción cometida no hubiera prescrito.
  
Artículo 62. Extinción de la responsabilidad disciplinaria
  
1. La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento del colegiado, la prescripción de la infracción y la prescripción de la sanción.
  
2. La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y la sanción quedará en suspenso para ser cumplida si el colegiado causase nuevamente alta en cualquier colegio de abogados.
  
Artículo 63. Prescripción de las infracciones
  
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
  
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la infracción se hubiere cometido.
  
3. La prescripción se interrumpirá por la notificación al colegiado afectado del acuerdo de incoación de información previa a la apertura de expediente disciplinario, reanudándose el cómputo del plazo de prescripción si en los 30 días hábiles siguientes no se incoa expediente disciplinario, o éste permanece paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al colegiado.
  
Artículo 64. Prescripción de las sanciones
  
1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por infracciones graves, a los dos años; y las impuestas por infracciones leves, a los seis meses.
  
2. El plazo de prescripción de la sanción por falta de ejecución de la misma comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que haya quedado firme la resolución sancionadora.
  
3. El plazo de prescripción de la sanción, cuando el sancionado quebrante su cumplimiento, comenzará a contar desde la fecha del quebrantamiento.
  
Artículo 65. Cancelación de las sanciones
  
1. La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelará cuando hayan transcurrido los siguientes plazos, sin que el colegiado hubiere incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria: seis meses en caso de sanciones de amonestación privada o apercibimiento escrito; un año en caso de sanción de suspensión no superior a tres meses; tres años en caso de sanción de suspensión superior a tres meses; y cinco años en caso de sanción de expulsión. Estos plazos se contarán a partir del día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la sanción o prescrita.
  
2. La cancelación de la anotación, una vez cumplidos dichos plazos, podrá hacerse de oficio o a petición de los interesados.
  
TÍTULO VII
  
Los órganos de gobierno
  
CAPÍTULO I
  
Los órganos de gobierno
  
Artículo 66. Órganos de gobierno
  
1. El Colegio de Abogados de Castellón está regido por el decano, la Junta de Gobierno y la Junta General.
  
2. El gobierno del Colegio se regirá por los principios de democracia y autonomía.
  
CAPÍTULO II
  
La Junta de Gobierno
  
Sección primera
  
Composición, atribuciones, y funcionamiento
  
Artículo 67. Composición de la Junta de Gobierno
  
1. Componen la Junta de Gobierno el decano, el secretario, el tesorero, el bibliotecario y nueve diputados.
  
2. Los cargos de diputado están numerados, a fin de sustituir por su orden al decano en caso de enfermedad, ausencia o vacante. El diputado primero se denominará vicedecano.
  
3. Los diputados por los mismos motivos sustituirán por orden inverso, empezando por el noveno, al secretario, tesorero o bibliotecario.
  
4. Los cargos de la Junta de Gobierno se desempeñarán gratuitamente.
  
Artículo 68. Capacidad para formar parte de la Junta de Gobierno
  
1. No podrán formar parte de la Junta de Gobierno los colegiados que:
  
a) Hayan sido condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto éstas subsistan.
  
b) Se les haya impuesto sanción disciplinaria por infracción grave o muy grave en cualquier colegio de abogados, mientras no haya sido cancelada.
  
c) Sean miembros de órganos rectores de otro colegio profesional
  
2. Quienes se hallaren en alguna de las situaciones relacionadas en los apartados anteriores, deberán ponerlo en conocimiento del decano, cesando de inmediato como miembros de la Junta.
  
Artículo 69. El decano
  
1. Corresponde al decano la representación institucional y legal del Colegio; ejercer las funciones de consejo, vigilancia y corrección que los estatutos reservan a su autoridad; presidir las juntas de gobierno y la Junta General y todas las comisiones, secciones y comités a que asista, dirigiendo los debates y votaciones, con voto de calidad en caso de empate; expedir las órdenes de pago y libramientos para atender los gastos e inversiones colegiales; y proponer los abogados que deban formar parte de los tribunales de oposiciones o concursos, entre los que reúnan las circunstancias necesarias al efecto.
  
2. El decano mantendrá con todos los compañeros una relación de protección y consejo, fomentando la cooperación y la competencia leal entre los mismos, y tutelará el derecho de defensa frente a cualquier injerencia, limitación o restricción ilegítima.
  
3. El decano podrá delegar la representación del Colegio y la suya propia en cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno.
  
4. La denominación honorífica de decano se ostentará con carácter vitalicio.
  
Artículo 70. El secretario
  
Corresponden al secretario las funciones siguientes:
  
a) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las instrucciones que reciba del decano.
  
b) Redactar las actas de la Junta General y de la Junta de Gobierno.
  
c) Llevar los registros y libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio, debiendo existir obligatoriamente aquél en el que se anoten las sanciones que se impongan a los colegiados, así como el de títulos.
  
d) Recibir y dar cuenta al decano de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio y trasladar las comunicaciones que emanan del Colegio.
  
e) Expedir, con el visto bueno del decano, las certificaciones que se soliciten.
  
f) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la jefatura de personal.
  
g) Llevar un registro en el que, por orden alfabético de los apellidos de los colegiados, se consigne el historial de los mismos dentro del Colegio.
  
h) Revisar semestralmente las listas de los abogados del Colegio, expresando su antigüedad y domicilio.
  
i) Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.
  
Artículo 71. El tesorero
  
Corresponde al tesorero:
  
a) Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.
  
b) Pagar los libramientos que expida el decano.
  
c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y marcha del presupuesto, y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido.
  
d) Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar a la aprobación de la Junta General.
  
e) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias, conjuntamente con el decano.
  
f) Llevar inventario minucioso de los bienes del Colegio, de los que será administrador.
  
g) Controlar la contabilidad y verificar la caja.
  
h) Realizar los cobros que correspondan al Colegio.
  
Artículo 72. El bibliotecario
  
Corresponde al bibliotecario:
  
a) Cuidar de la biblioteca.
  
b) Catalogar las obras.
  
c) Proponer la adquisición de las obras que considere procedentes a los fines corporativos.
  
Artículo 73. Los diputados
  
Los diputados desempeñarán las funciones que el decano o la Junta de Gobierno les encomienden dentro de sus competencias.
  
Artículo 74. Atribuciones de la Junta de Gobierno
  
1. Le corresponde a la Junta de Gobierno la dirección, la administración y la gestión ordinaria del Colegio, con respeto a la voluntad expresada por la Junta General.
  
2. Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
  
a) Someter a referéndum, por sufragio secreto, asuntos concretos de interés colegial.
  
b) Resolver sobre la admisión de licenciados que soliciten incorporarse al Colegio, pudiendo ejercer esta facultad el decano en casos de urgencia, que serán sometidos a la ratificación de la Junta de Gobierno.
  
c) Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a los tribunales, a sus compañeros, a sus clientes, y en el desempeño de su función desplieguen la necesaria diligencia y competencia profesional.
  
d) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el intrusismo, así como el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin excluir a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional irregular.
  
e) Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la designación para prestar los servicios de asistencia jurídica.
  
f) Determinar las cuotas de incorporación y las ordinarias que deban satisfacer los colegiados para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.
  
g) Proponer a la Junta General la imposición de cuotas extraordinarias a sus colegiados.
  
h) Recaudar el importe de las cuotas y de los otros recursos establecidos para el sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, del Consejo General de la Abogacía Española y de la Mutualidad General de la Abogacía.
  
i) Regular los honorarios de los abogados, que tendrán carácter meramente orientativo, e informar cuando los tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las leyes. Los baremos orientadores se aplicarán en los casos de condena en costas a la parte contraria.
  
j) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, y acordar los ceses de miembros de la Junta por la causa prevista en el artículo 86.e de este estatuto.
  
k) Convocar juntas generales ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día para cada una.
  
l) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados.
  
m) Proponer a la Junta General los reglamentos de orden interior que estime convenientes.
  
n) Establecer, crear o aprobar las delegaciones, agrupaciones, comisiones o secciones de colegiados que puedan interesar a los fines de la corporación, regulando su funcionamiento y fijando sus facultades.
  
ñ) Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y prestigio que corresponden al abogado, así como propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal conforme a la legalidad vigente.
  
o) Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones conozca que puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural.
  
p) Defender, a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas cuando lo estime procedente y justo.
  
q) Promover cerca del gobierno y de las autoridades cuanto se considere beneficioso para el interés común y para la recta y pronta administración de justicia.
  
r) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y, en particular, contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la administración de justicia o la libertad e independencia del ejercicio profesional.
  
s) Recaudar, administrar y aplicar los fondos del Colegio y de la obra social, pudiendo aplicar los remanentes a distintas partidas presupuestarias; redactar los presupuestos, rendir las cuentas anuales y proponer a la Junta General la inversión o disposición del patrimonio colegial si se tratare de inmuebles. La adquisición, el gravamen y la enajenación de bienes inmuebles requerirá en todo caso acuerdo de la Junta General.
  
t) Emitir consultas y dictámenes, administrar arbitrajes y dictar laudos arbitrales, así como crear y mantener tribunales de arbitraje.
  
u) Proceder a la contratación de los empleados necesarios para la buena marcha de la corporación, así como adoptar las decisiones que afecten a los mismos, salvo las ordinarias que le corresponden al secretario.
  
v) Dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad de los departamentos y servicios colegiales.
  
w) Ejercer cuantas acciones le correspondan al Colegio en toda clase de administraciones, organismos y tribunales nacionales o internacionales.
  
x) Designar representantes entre los miembros de la Junta de Gobierno ante cualquier entidad u organismo.
  
y) Prorrogar los presupuestos cuando no se aprueben por la Junta General.
  
z) Todas las demás que no estén expresamente atribuidas a la Junta General.
  
Artículo 75. Reuniones de Junta de Gobierno
  
1. La Junta de Gobierno se reunirá ordinariamente una vez al mes, sin perjuicio de poderlo hacer en cualquier momento cuando los asuntos lo requieran, por decisión del decano o cuando lo soliciten dos miembros de la Junta de Gobierno.
  
2. La convocatoria para las reuniones se hará por el secretario, previo mandato del decano, con dos días de antelación por lo menos salvo casos de urgencia. Se formulará por escrito e irá acompañada del orden del día correspondiente. Fuera de éste no podrán adoptarse decisiones sobre otros asuntos.
  
3. Con carácter general, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los asistentes, teniendo el decano voto de calidad.
  
4. No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno quedará válidamente constituida, aún sin convocatoria previa, cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así se acuerde por unanimidad.
  
5. La Junta de Gobierno podrá convocar a sus reuniones a los presidentes de comisiones, secciones y agrupaciones u otras personas, quienes asistirán con voz y sin voto.
  
Artículo 76. Comisiones, secciones y agrupaciones
  
1. La Junta de Gobierno podrá crear cuantas comisiones estime oportunas, a las que podrán pertenecer aquellos colegiados que sean designados por la propia Junta.
  
2. Corresponde a la Junta de Gobierno aprobar la constitución, suspensión o disolución de las secciones o agrupaciones de colegiados, así como sus estatutos y la modificación de los mismos.
  
3. Las actuaciones y comunicaciones de las comisiones, secciones y agrupaciones existentes en el seno del Colegio habrán de ser identificadas como de tal procedencia, sin atribuirse a la corporación.
  
Sección segunda
  
Elección de cargos
  
Artículo 77. Forma de proveerse
  
1. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección mediante votación directa y secreta de todos los colegiados, ejercientes, no ejercientes y sin ejercicio, que se hallen incorporados con más de tres meses de antelación a la fecha de la convocatoria, computándose el valor de los votos de los colegiados ejercientes como doble del de los no ejercientes y sin ejercicio.
  
2. Serán elegidos por tiempo de cuatro años.
  
3. No se podrá desempeñar el cargo de decano durante más de dos mandatos consecutivos, sin perjuicio de poder optar a cargo distinto en la Junta.
  
4. No se podrá pertenecer a la Junta de Gobierno en cargos distintos al de decano durante más de tres mandatos consecutivos, sin perjuicio de poder optar al cargo de decano.
  
5. La renovación de la Junta de Gobierno se verificará por mitades con sujeción al siguiente turno de rotación:
  
Primero: el decano, diputados 4.º, 6.º, 7.º, 8.º y 9.º y secretario.
  
Segundo: los diputados 1.º, 2.º, 3.º y 5.º, el tesorero y el bibliotecario.
  
6. Si se produjera alguna vacante en la Junta de Gobierno, se proveerá en la Junta General ordinaria de más próxima celebración, y el elegido desempañará su cargo por el tiempo que reste hasta el momento de su renovación, según el turno establecido anteriormente. Si falta menos de un año para la renovación ordinaria de la Junta, la vacante se proveerá en la Junta General ordinaria en la que se efectúe dicha renovación.
  
Artículo 78. Requisitos para optar a la elección
  
1. Para optar a la elección los candidatos deberán reunir los requisitos del artículo 68 del presente estatuto y además ser colegiado ejerciente con despacho único o principal en el ámbito del Colegio.
  
2. Para ser elegido diputado 1.º, 2.º y 3.º y tesorero se requerirán siete años de ejercicio profesional. Los restantes cargos, salvo el de decano, se proveerán entre colegiados con más de dos años de ejercicio profesional.
  
3. Ningún colegiado podrá presentarse como candidato a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos.
  
Artículo 79. Tramitación
  
1. La elección para la renovación de la Junta de Gobierno tendrá lugar en la primera Junta General ordinaria del año, que se celebrará en el primer trimestre del año.
  
2. Quien ostentando cargo que no vaya a ser objeto de la elección, pretendiera ser elegido en distinto o incluso en el mismo cargo deberá ponerlo en conocimiento de la Junta de Gobierno antes de que se acuerde la convocatoria de elecciones, y ese cargo se proveerá por elección en la misma Junta General para la que se convoquen elecciones, desempeñando el cargo, quien resultare elegido, por el tiempo que le faltare cumplir al anterior.
  
3. Con 40 días de antelación, se colocará en los tablones de anuncios de las dependencias colegiales, la convocatoria electoral en la que deberán constar los siguientes extremos:
  
a) Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos tanto de antigüedad como de situación colegial exigidos para poder optar a cada uno de ellos.
  
b) Día y hora de celebración de la Junta, sede de las mesas electorales, y hora de apertura y cierre de cada una de ellas.
  
4. Asimismo, se colocarán en el tablón de anuncios del Colegio las listas separadas de colegiados ejercientes, no ejercientes y sin ejercicio, con derecho a voto.
  
5. Los colegiados que quisieren formular reclamación contra las listas electorales habrán de verificarla dentro del plazo de los cinco días siguientes a la exposición de las mismas.
  
6. La Junta de Gobierno, caso de haber reclamaciones contra las listas, resolverá sobre ellas dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para formularlas, notificándose su resolución a cada reclamante y al afectado.
  
7. Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio antes de las 18.00 horas del vigésimo primer día anterior a la fecha señalada para el acto electoral.
  
8. Dichas candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.
  
9. La Junta de Gobierno, al día siguiente de la finalización del plazo de presentación de candidaturas, proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos exigibles, considerando electos a los que no tengan oponentes. Seguidamente lo publicará en el tablón de anuncios y lo comunicará a todos los interesados, sin perjuicio de que pueda remitir también comunicaciones individuales a los colegiados.
  
10. Todos los plazos señalados en este artículo se computarán por días naturales.
  
Artículo 80. Celebración de la elección
  
1. Para la celebración de la elección, se constituirá la mesa electoral integrada por dos miembros de la Junta de Gobierno, cuyos cargos no sean objeto de elección, designados por la Junta, uno como presidente y otro como secretario. Caso de no haber miembros suficientes, la Junta de Gobierno designará los miembros de la mesa electoral entre los colegiados que no se presenten a elección.
  
2. Cada candidato podrá, por su parte, designar entre los colegiados un interventor que lo represente en la mesa electoral.
  
3. En la mesa electoral deberá haber urnas separadas, una para el depósito de los votos de los colegiados ejercientes, y otra para los no ejercientes y sin ejercicio. Las urnas deberán estar cerradas, dejando únicamente una ranura para depositar los votos.
  
4. Constituida la mesa electoral, el presidente indicará el comienzo de la votación; a la hora prevista para su finalización, se cerrarán las puertas y sólo podrán votar los colegiados que ya estuvieren en la sala. La mesa votará en último lugar.
  
5. La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de cuatro horas y máximo de seis, salvo que la Junta, al convocar la elección, señale un plazo mayor.
  
6. Las papeletas de voto, que serán editadas por el Colegio, deberán ser blancas y del mismo tamaño, debiendo llevar impresos, por una sola cara y correlativamente, los cargos a cuya elección se procede y los candidatos para cada uno de ellos, colocados por orden alfabético. La Junta deberá proveer de papeletas a los candidatos que lo soliciten.
  
7. En la sede en que se celebre la elección deberá disponer la Junta de Gobierno de suficiente número de papeletas de voto.
  
8. Los votantes deberán acreditar a la mesa electoral su personalidad. La mesa comprobará su inclusión en el censo elaborado para las elecciones, su presidente pronunciará en alta voz el nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras lo cual el propio presidente introducirá la papeleta doblada en la urna correspondiente.
  
9. La Junta de Gobierno podrá establecer varias sedes para la votación, constituyendo en cada una de ellas la correspondiente mesa electoral, en cuyo caso las listas de colegiados electores serán por cada sede, según el domicilio del despacho, pudiendo votar los colegiados exclusivamente en la sede en cuya lista estén incluidos, salvo los miembros de la mesa electoral, que votarán en la sede cuya mesa integren.
  
Artículo 81. Escrutinio y proclamación
  
1. Finalizada la votación, se procederá al escrutinio en la mesa constituida en el domicilio del Colegio, leyéndose en voz alta todas las papeletas.
  
2. Deberán ser declarados nulos totalmente aquellos votos emitidos en papeletas distintas o que contengan expresiones ajenas al estricto contenido de la votación, o que contengan tachaduras o raspaduras, y nulos parcialmente, en cuanto al cargo a que afectare, las que indiquen más de un candidato para un mismo cargo, o nombre de personas que no concurran a la elección.
  
3. Aquellas papeletas que se hallen sólo parcialmente rellenadas en cuanto al número de candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, lo serán para los cargos y personas correctamente expresados.
  
4. Finalizado el escrutinio, el presidente anunciará su resultado, proclamándose seguidamente electos los candidatos que hubieren obtenido para cada cargo el mayor número de votos. En caso de empate, se entenderá elegido el que más votos hubiere obtenido entre los ejercientes; si se mantiene el empate, se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en este Colegio. Si aún así se mantiene el empate, se entenderá elegido el de mayor edad.
  
Artículo 82. Toma de posesión
  
Los candidatos proclamados electos tomarán posesión en la primera Junta de Gobierno que se celebre tras las elecciones, previo juramento o promesa de cumplir lealmente el cargo respectivo y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno, en cuyo momento cesarán los sustituidos.
  
Artículo 83. Comunicación del resultado
  
En el plazo de cinco días desde la constitución de los órganos de gobierno, deberá comunicarse ésta al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, al Consejo General de la Abogacía Española, e inscribirse en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
Artículo 84. Recursos
  
Los recursos que se interpongan en el proceso electoral o contra su resultado, ante la Junta de Gobierno del Colegio o ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, no suspenderán la votación, proclamación y posesión de los elegidos, salvo cuando así se acuerde por causas excepcionales mediante resolución expresa motivada.
  
Sección tercera
  
Cese
  
Artículo 85. Cese
  
Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados cesarán por las causas siguientes:
  
a) Fallecimiento.
  
b) Renuncia del interesado.
  
c) Falta de concurrencia o pérdida de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.
  
d) Expiración del término o plazo para el que fueron elegidos o designados.
  
e) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o seis no consecutivas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta, o a alguna de las previstas en el artículo 59.4 del presente estatuto.
  
f) Aprobación de moción de censura.
  
Artículo 86. Vacantes
  
1. Cuando por cualquier causa la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno queden vacantes, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados designará una Junta Provisional que convocará en el plazo de 30 días naturales elecciones para la provisión de los cargos vacantes por el resto del mandato que quedase. Estas elecciones deberán celebrarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes, contados a partir de la convocatoria.
  
2. Si quedasen vacantes la mitad o más de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados las completará en forma también provisional, actuándose para su provisión definitiva en la forma antes consignada.
  
CAPÍTULO III
  
La Junta General
  
Sección primera
  
Normas generales
  
Artículo 87. La Junta General
  
1. La Junta General es el órgano supremo de la voluntad colegial en los asuntos propios de su competencia.
  
2. Todos los colegiados, incorporados con anterioridad a la fecha de la convocatoria de la Junta General, podrán asistir con voz y voto a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias que se celebren.
  
Artículo 88. Competencia de la Junta General.
  
Son funciones de la Junta:
  
a) La aprobación y modificación de los estatutos de este Colegio y de los reglamentos de régimen interior para el desarrollo de los mismos.
  
b) La aprobación del balance y de la liquidación presupuestaria de cada ejercicio, así como de los presupuestos anuales de ingresos y gastos.
  
c) La censura de la gestión de la Junta de Gobierno o de cualquiera de sus miembros.
  
d) La adquisición, enajenación, gravamen y demás actos jurídicos de disposición sobre bienes inmuebles de la corporación, así como la inversión en fondos de inversión y renta variable de los fondos del Colegio.
  
e) La constitución o participación en asociaciones, fundaciones u otras entidades con personalidad jurídica sin ánimo de lucro, a propuesta de la Junta de Gobierno, que tengan por objeto la promoción cultural, la asistencia social, la formación profesional de los abogados o contribuyan mejor a la consecución de los fines colegiales.
  
f) Aquellos asuntos que le someta la Junta de Gobierno que, a su criterio, merezcan esta atención en razón de su específica transcendencia colegial.
  
g) La fusión, segregación y disolución del Colegio, salvo en aquellos supuestos en que lo imponga directamente la ley.
  
Artículo 89. Convocatoria
  
1. La Junta General deberá convocarse con una antelación mínima de 15 días, salvo los casos de urgencia en los que a juicio de la Junta de Gobierno deba reducirse el plazo. Dicha convocatoria con el orden del día, se colocará en el tablón de anuncios del Colegio, sin perjuicio de su posible comunicación además por otros medios a los colegiados .
  
2. En la Secretaría del Colegio, durante las horas de despacho, estarán a disposición de los colegiados desde la convocatoria los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Junta convocada.
  
Artículo 90. Celebración
  
La Junta General se celebrará el día y hora señalados, cualquiera que sea el número de colegiados concurrentes, salvo en los casos en que se exija un quórum de asistentes determinado. Presidirá la Junta el decano o quien le sustituya, dirigiendo el debate con facultades para limitar el número y la duración de las intervenciones para el buen orden del mismo. Terminada la discusión, el asunto será sometido a votación. No se podrán tomar acuerdos sobre asuntos no comprendidos en el orden del día.
  
Artículo 91. Acuerdos
  
1. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos emitidos. El voto de los colegiados ejercientes computará con doble valor que el de los demás colegiados.
  
2. Cada colegiado podrá tener la delegación de voto de un máximo de otros dos colegiados, salvo para elecciones y votaciones de censura ; delegación específica para esa Junta, que deberá acreditar por escrito, y que entregará al secretario. Asimismo, se podrá votar por comparecencia en la Secretaría del Colegio hasta el día anterior al de la Junta.
  
3. Las votaciones serán a mano alzada. Sólo serán nominales cuando lo solicite el 10% de los colegiados presentes o así lo determine la presidencia para el buen recuento de los votos. También podrán adoptarse los acuerdos por votación secreta cuando lo solicite un 10% de los colegiados presentes.
  
4. Los acuerdos son obligatorios para todos los colegiados e inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de los recursos que correspondan.
  
Sección segunda
  
Juntas Generales ordinarias
  
Artículo 92. Primera Junta General
  
1. Durante el primer trimestre del año se celebrará la primera Junta General ordinaria de cada año, con arreglo al siguiente orden del día:
  
a) Informe por el decano de su gestión y de la gestión de la Junta de Gobierno, con reseña de los acontecimientos más importantes que durante el año hayan tenido lugar con relación al Colegio.
  
b) Lectura, deliberación y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio anterior.
  
c) Lectura, deliberación y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.
  
d) Proposiciones.
  
e) Ruegos y preguntas.
  
2. Hasta tres días antes de la celebración de la Junta General ordinaria del primer trimestre, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a la deliberación y acuerdo de la Junta General, que serán tratadas en el punto «Proposiciones» del orden del día. Estas proposiciones deberán aparecer suscritas por 10 colegiados .
  
3. Al darse lectura en la Junta General de las proposiciones incluidas en el orden del día, la propia Junta General acordará si procede o no abrir discusión sobre ellas.
  
4. Las cuentas del Colegio podrán ser examinadas en la sede del Colegio desde la fecha de la convocatoria.
  
Artículo 93. Segunda Junta General
  
1. La segunda Junta General ordinaria se celebrará en el último trimestre del año, con arreglo al siguiente orden del día:
  
a) Lectura, deliberación y votación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el ejercicio siguiente.
  
b) Lectura, deliberación y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.
  
c) Ruegos y preguntas.
  
2. El presupuesto del Colegio podrá ser examinado en la sede colegial desde la fecha de la convocatoria.
  
Sección tercera
  
Juntas generales extraordinarias
  
Artículo 94. Capacidad para solicitarlas
  
1. Las juntas generales extraordinarias se celebrarán a iniciativa del decano, de la Junta de Gobierno, o a solicitud del 10% de los colegiados, con expresión de los asuntos concretos que hayan de tratarse en ellas.
  
2. La Junta habrá de celebrarse en el plazo de 40 días.
  
3. Sólo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea ajena a los fines atribuidos a la corporación, podrá denegarse la celebración de la Junta extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los peticionarios.
  
Artículo 95. Estatutos
  
Para la aprobación y modificación de estatutos se exigirá un quórum de asistencia de la mitad más uno de colegiados. Si no se reúne este quórum, se celebrará nueva Junta extraordinaria sin exigencia de quórum especial de asistencia. En la convocatoria de Junta se anunciará ya la hora y fecha de la nueva, para el supuesto de que no se reuniese quórum en la primera, debiendo mediar entre ambas 15 días como mínimo.
  
Artículo 96. Voto de censura
  
1. El voto de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros competerá siempre a la Junta General extraordinaria convocada a ese solo efecto.
  
2. La solicitud de esa convocatoria de Junta General extraordinaria requerirá la firma de un mínimo del 20% de los colegiados ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación, y expresará con claridad las razones en que se funde.
  
3. La válida constitución de dicha Junta General extraordinaria requerirá la concurrencia personal de la mitad más uno del censo colegial con derecho a voto y el voto habrá de ser expresado necesariamente de forma secreta, directa y personal.
  
TÍTULO VIII
  
Régimen económico del colegio
  
Artículo 97. Ejercicio económico y presupuesto
  
1. El ejercicio económico del Colegio coincidirá con el año natural.
  
2. El funcionamiento económico del Colegio de Abogados de Castellón se ajustará al régimen de presupuesto anual y será objeto de una ordenada contabilidad.
  
3. Todos los colegiados podrán examinar las cuentas del Colegio a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General que haya de aprobarlas.
  
Artículo 98. Recursos
  
1. Constituyen recursos ordinarios del Colegio de Abogados de Castellón:
  
a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades, bienes o derechos que integren el patrimonio del Colegio, así como los rendimientos de los fondos depositados en sus cuentas.
  
b) Las cuotas de incorporación al Colegio.
  
c) Los derechos que fije la Junta de Gobierno por expedición de certificaciones.
  
d) Los derechos que fije la Junta de Gobierno por emisión de dictámenes, resoluciones, informes o consultas que evacúe la misma sobre cualquier materia, incluidas las referidas a honorarios previstas en el artículo 49.2 del presente estatuto, así como por la prestación de otros servicios colegiales.
  
e) El importe de las cuotas ordinarias, fijas o variables, y las derramas establecidas por la Junta de Gobierno, así como el de las cuotas extraordinarias que apruebe la Junta General.
  
f) Cualquier otro concepto que legalmente procediere.
  
2. Constituirán recursos extraordinarios del Colegio de Abogados de Castellón:
  
a) Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el estado o corporaciones oficiales, entidades o particulares.
  
b) Los bienes y derechos de toda clase que por herencia, legado u otro título pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.
  
c) Las cantidades que por cualquier concepto correspondan percibir al Colegio cuando administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, incluso cultural o benéfico, determinados bienes o rentas.
  
d) Cualquier otro que legalmente procediere.
  
Artículo 99. Administración
  
El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno, facultad que ejercerá a través del tesorero, y con la colaboración técnica que se precise. El decano ejercerá las funciones de ordenador de pagos, cuyas órdenes serán ejecutadas por el tesorero, quien cuidará de su contabilización.
  
TÍTULO IX
  
Régimen jurídico
  
Artículo 100. Régimen jurídico
  
El Colegio de Abogados de Castellón, como corporación de derecho público, está sujeto al derecho administrativo en cuanto ejerza potestades públicas. El resto de su actividad se rige por el derecho privado, sin perjuicio de la observancia de las normas sobre la formación de la voluntad de los órganos colegiales previstas en este estatuto.
  
Artículo 101. Ley aplicable
  
La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se aplicará a cuantos actos de los órganos colegiales supongan ejercicio de potestades administrativas. Dicha Ley tendrá carácter supletorio para lo no previsto en este estatuto.
  
Artículo 102. Ejecutividad
  
Los acuerdos de los órganos colegiales serán inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo disponga otra cosa, o se trate de materia disciplinaria.
  
Artículo 103. Plazos
  
Los plazos de este estatuto expresados en días se entenderán referidos a días hábiles, salvo que expresamente se diga otra cosa.
  
Artículo 104. Recursos contra acuerdos de la Junta de Gobierno.
  
1. Los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno que estén sujetos al derecho administrativo, podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados dentro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente a aquél en que se hubieran adoptado o, en su caso, notificado a los colegiados o personas a quienes afecte.
  
2. El recurso podrá interponerse ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados o ante la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Castellón, que lo elevará con sus antecedentes e informe que proceda al Consejo Valenciano dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación.
  
Artículo 105. Recursos contra acuerdos de la Junta General
  
Los acuerdos de la Junta General serán recurribles en alzada por la Junta de Gobierno o por cualquier colegiado a quien afecten personalmente, ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados en el plazo de un mes desde su adopción.
  
Artículo 106. Efectos del recurso de alzada
  
La interposición del recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados no suspende la ejecutividad de los acuerdos, salvo en los siguientes casos:
  
a) Cuando la Junta de Gobierno acuerde la suspensión de su propio acuerdo.
  
b) Cuando se recurra una sanción disciplinaria.
  
c) Cuando a instancia de parte así lo acuerde el Consejo Valenciano.
  
TÍTULO X
  
Fusión, absorción, segregación y disolución del Colegio
  
Artículo 107. Fusión, absorción, segregación y disolución
  
La fusión, absorción, segregación y disolución requerirán el cumplimiento previo de lo dispuesto en el artículo 2 del Estatuto General de la Abogacía Española y la aprobación del Gobierno Valenciano previo informe del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. Para la disolución es necesario el acuerdo de la Junta General extraordinaria con un quórum de la mitad mas uno de los colegiados, y con un voto a favor de la mayoría de los presentes, y una ley de la Generalitat Valenciana, previo informe del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.
  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  
Primera
  
Para facilitar la renovación de la Junta de Gobierno en la forma prevista en el artículo 77 de este Estatuto, el turno primero de cargos de la Junta de Gobierno se someterá a elección en la primera Junta General del año 2003, y el turno segundo en la primera Junta General del año 2005.
  
Segunda