Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5119, del 21-10-2005 (2005/11140)

ORDEN de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas, y se convocan para el ejercicio presupuestario de 2005.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5119

Fecha DOGV
:   21-10-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/11247


Fecha del documento
:   17-10-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * apoyo económico
    * ergonomía
    * pequeña empresa
    * equipo de protección
    * ayuda a las empresas

ORDEN de 17 de octubre de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases que regulan las ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas, y se convocan para el ejercicio presupuestario de 2005. [2005/F11592]
  
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. Del mismo modo, las administraciones públicas fomentarán aquellas actividades en orden a reducir los riesgos laborales y a la promoción de estructuras eficaces de prevención.
  
La lucha contra la siniestralidad laboral es una responsabilidad compartida de empresarios, trabajadores, administraciones públicas y el conjunto de la sociedad.
  
El tejido productivo de la Comunidad Valenciana constituido mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de un solo trabajador, que a menudo no cuentan con los conocimientos y recursos necesarios para implantar en sus centros de trabajo las necesarias disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por lo que en aras a coadyuvar al cumplimiento de dichas disposiciones mínimas de seguridad y salud, el establecimiento de un régimen de ayudas que incentive el esfuerzo económico de las pequeñas y medianas empresas se considera un instrumento plenamente adecuado con el Plan de Acción contra los riesgos laborales de la Comunidad Valenciana perfectamente compatible con la obligación que tienen todas las empresas de cumplir dichas disposiciones mínimas y que persigue atender precisamente la situación desigual de la pequeña empresa en cuanto a volumen económico respecto de las grandes empresas a la hora de acometer las necesarias inversiones que el establecimiento de los modernos sistemas preventivos demandan.
  
A tal fin se establecieron, por Orden de 22 de abril de 2002, de la Conselleria de Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, las bases que regulaban las ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas empresas. Posteriormente las Ordenes de 5 de marzo de 2003 (DOGV del 11.03.2003) y de 29 de octubre de 2004 (DOGV del 09.11.2004) modificaron determinados apartados de dichas bases en aras a una mayor eficiencia en la gestión de los procedimientos y a especificar las acciones apoyables en ese ejercicio.
  
La promulgación de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter de legislación básica en muchos de sus preceptos, y del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad, inciden directamente tanto en la materia regulada como en el procedimiento para la concesión de las ayudas, por lo que deviene necesario efectuar una adaptación de las bases aprobadas por la Orden de 22 de abril de 2002.
  
Por otra parte el Plan de Acción contra los Accidentes Mortales de la Comunidad Valenciana suscrito entre la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL) y la organización sindical Comisiones Obreras del País Valenciano (CC OO-PV) contempla dentro de sus objetivos estratégicos el de reducir la siniestralidad mortal en los sectores productivos, por lo que la nueva norma recoge entre las acciones apoyables las recomendaciones del Plan.
  
La presente orden tiene por objeto convocar para el ejercicio 2005 y regular las bases del régimen de ayudas hasta el año 2006, coincidiendo con el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana (POCV) presentado a la Comisión Europea, en el Marco de Apoyo Comunitario y el Plan de Desarrollo Regional para las Regiones del Objetivo 1. En este aspecto y respecto de actuaciones precedentes constituye una novedad que persigue dotar al citado régimen de ayudas de la necesaria estabilidad que el propio programa operativo en el que se incardinan exige, ello sin perjuicio de introducir en los años en que esta prevista su vigencia las modificaciones que la evolución de la situación haga necesarias o aquellas otras que la experiencia aconseje.
  
En su virtud y en el ejercicio de las competencias que en materia de seguridad y salud en el trabajo tiene atribuidas la Comunidad Valenciana procede establecer este régimen de ayudas para el desarrollo de acciones de prevención de riesgos laborales y promoción de la mejora de la seguridad y salud en el trabajo con vocación de vigencia hasta el año 2006 coincidiendo con el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana.
  
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, y el artículo 47 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,
  
ORDENO
  
Artículo 1
  
Se aprueban las bases que regirán en lo sucesivo y para el periodo que incluye el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana, la convocatoria de ayudas destinadas a la realización por las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana de las inversiones necesarias para la mejora de sus condiciones de trabajo.
  
Las bases que se citan, se contienen en el anexo que sigue a la presente orden, y constituyen el texto normativo y de procedimiento al que podrán acogerse los destinatarios del régimen de ayudas que en las mismas se establece.
  
Artículo 2
  
Se convocan para el ejercicio presupuestario de 2005, las ayudas económicas a que referencia el artículo primero.
  
El plazo de presentación de solicitudes, será de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente orden en el DOGV.
  
Para el ejercicio 2005, el plazo de justificación de gastos al que se refiere la base duodécima, finalizará el 30 de noviembre de 2005. Este plazo podrá ampliarse previa solicitud del beneficiario efectuada antes de la terminación del mismo, sin que en ningún caso la justificación pueda ser posterior a la finalización del ejercicio.
  
Disposición adicional
  
Durante los ejercicios en que la presente orden permanezca en vigor, se publicarán las dotaciones presupuestarias anuales, consignadas en las leyes de presupuestos de la Generalitat Valenciana, y en su caso aquellas dotaciones adicionales que se provean mediante modificaciones presupuestarias autorizadas al efecto.
  
Para el año 2005, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo financiará las ayudas cuyas bases se aprueban en la presente orden, con cargo al programa 315.10, Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales, línea presupuestaria T2231.000, con un importe de 947.828,95 euros. Dicha dotación podrá verse ampliada de conformidad a lo previsto en el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana para el año 2005, siempre y cuando se proceda a la generación del crédito correspondiente.
  
Disposición transitoria
  
Las solicitudes de subvención realizadas en el presente ejercicio con anterioridad a la publicación de esta orden, al amparo de las de 22 de abril de 2002 (DOGV nº 4236, de 25 de abril) y de 5 de marzo de 2003 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen y modifican respectivamente, las bases que regulan las ayudas para la mejora de condiciones de trabajo en pequeñas empresas, serán tramitadas, y las ayudas concedidas, de conformidad con lo dispuesto en las bases ahora aprobadas.
  
Los solicitantes no deberán reproducir su petición pero sí completarán, en su caso, la documentación en su momento presentada aportando aquella que el órgano competente les requiera.
  
Disposición derogatoria
  
Quedan derogadas la Orden de 22 de abril de 2002, la Orden de 5 de marzo de 2003 y la Orden de 29 de octubre de 2004 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por las que se establecen las bases que regulan las ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en pequeñas empresas y se modifican determinados apartados de dichas bases, respectivamente.
  
Disposiciones finales
  
Primera
  
Se faculta al director general de Trabajo y Seguridad Laboral para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
Contra lo dispuesto en la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde su publicación en el DOGV o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  
Tercera
  
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y desarrollará su vigencia hasta el año 2006 inclusive.
  
Valencia, 17 de octubre de 2005
  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo,
  
GERARDO CAMPS DEVESA
  
ANEXO
  
Bases que regulan el régimen de ayudas destinadas a la mejora de las condiciones de trabajo en las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana.
  
Capítulo I
  
Disposiciones generales
  
Primera. Objeto y ámbito.
  
1. Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas económicas para la realización de inversiones destinadas a eliminar o reducir mediante protección colectiva, los riesgos de seguridad y salud derivados de la utilización de maquinaria.
  
2. También se podrán financiar inversiones conducentes a la mejora de las condiciones ergonómicas específicas de los puestos de trabajo de operadores de maquinaria.
  
3. Asimismo, en el marco del Plan de Actuación contra la siniestralidad mortal de la Comunidad Valenciana serán apoyables las siguientes actuaciones:
  
3.1. Adaptación de equipos de trabajo a las normas contenidas en el anexo I ?Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo- del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.
  
3.2. Instalación o adaptación de pórticos o cabinas y cinturones de seguridad para tractores utilizados en labores agrícolas.
  
3.3. Adquisición e instalación de sistemas de protección colectiva en ejecución de cubiertas de edificios.
  
3.4. Instalación de puntos de anclaje seguro para trabajos de mantenimiento de maquinaria y edificios.
  
3.5. Inversiones en equipos de detección de gases para uso en trabajos en espacios confinados.
  
3.6. Instalación de sistemas de protección eléctrica en cuadros de instalación eventual en obras en construcción.
  
4. Solo podrán ser objeto de ayuda las actividades que se desarrollen dentro del ejercicio económico en que se concedan, no admitiéndose actuaciones de carácter plurianual.
  
Segunda. Beneficiarios de las ayudas.
  
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana que ocupen hasta 100 trabajadores, y que reúnan los criterios de independencia recomendados por la Comisión Europea para su consideración como tales.
  
Asimismo, podrán ser beneficiarios de las ayudas destinadas a instalación o adaptación de pórticos o cabinas y cinturones de seguridad en tractores agrícolas, los trabajadores autónomos de la Comunidad Valenciana.
  
Las empresas solicitantes deberán haber realizado la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y la auditoria de su sistema de prevención o, en su defecto, su sustitución por un concierto con una entidad acreditada como Servicio de Prevención ajeno para el desarrollo de las actividades preventivas, o declaración de haber presentado ante la Autoridad Laboral competente la notificación sobre concurrencia de condiciones que no hacen necesario recurrir a la auditoria, en los términos previstos en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
  
No se requerirá la acreditación citada en el párrafo anterior a los trabajadores autónomos.
  
2. No podrán ostentar la condición de beneficiarios los sujetos que incurran en las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
  
3. En las convocatorias que anualmente se realicen, se podrá delimitar el destino de las ayudas a empresas pertenecientes a sectores específicos del tejido productivo y de servicios valenciano.
  
Tercera. Importe de las ayudas y compatibilidad.
  
1. La cuantía de la ayuda podrá alcanzar como máximo el 70% del coste presupuestado por actuación presentada, con un límite cuantitativo de 12.000 euros por beneficiario.
  
En cualquier caso, las ayudas por beneficiario, en conjunto, no podrán superar la cuantía de 100.000 euros en un periodo de tres años a contar desde el año en que se conceda una ayuda por este procedimiento (ayudas de ?minimis?).
  
2. Las ayudas serán compatibles con cualesquiera otras que se obtengan procedentes de entidades públicas o privadas, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste efectivo de ejecución de la actuación subvencionada.
  
Cuarta. Gastos elegibles y subcontratación con terceros.
  
1. Los gastos elegibles que pueden ser objeto de las ayudas, se determinarán de conformidad a los Reglamentos de la Unión Europea de aplicación a los fondos estructurales europeos vigentes en cada momento.
  
2. Con carácter general, no será subvencionable el IVA satisfecho por las empresas para la adquisición de bienes o servicios, y cualquier impuesto pagado por estos beneficiarios.
  
En el supuesto de que el gasto subvencionable por prestaciones de servicios a realizar por terceros supere los 12.000 euros, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes empresas con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la Memoria explicativa del proyecto cuando la elección no recaiga sobre la oferta más económica.
  
Los gastos realizados con anterioridad a la solicitud de subvención podrán ser admitidos sin sujeción a concurrencia de ofertas previas, no obstante, en este caso la entidad beneficiaria acreditará en la memoria que presente las razones objetivas que ha tomado en consideración para la elección de la entidad prestadora del servicio o suministro.
  
3. Podrá subcontratarse total o parcialmente la actividad subvencionada con entidades o empresas no incursas en las prohibiciones del artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones.
  
Quinta. Criterios de evaluación de las solicitudes.
  
Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos:
  
1. Eficacia preventiva de la inversión e incidencia de la actuación en la mejora de las condiciones de trabajo, con el siguiente orden de preferencia:
  
1.1. Inversiones para eliminar o reducir los riesgos de seguridad y salud derivados de la maquinaria utilizada mediante protección colectiva, cuando la maquinaria haya sido verificada y diagnosticada por persona o entidad capacitada.
  
1.2. Inversiones análogas a las del apartado anterior que no hayan sido verificadas y diagnosticadas por persona o entidad capacitada.
  
1.3. Adaptación de otros equipos de trabajo al RD 1215/1997, de 18 de julio, para evitar la siniestralidad mortal.
  
1.4. Mejora de las condiciones ergonómicas específicas de los puestos de trabajo de la maquinaria (operadores).
  
La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 50%.
  
2. Siniestralidad del sector de actividad (índice de incidencia) al que pertenece la empresa solicitante, con la siguiente prelación para las actividades económicas, según CNAE-93:
  
2.1. Códigos 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 27, 28, 29, 35, 45, 61 y 90.
  
2.2. Códigos 21, 22, 24, 26, 36, 37, 50, 60, 62, 63, 64 y 93.
  
2.3. Códigos restantes.
  
La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 15%.
  
3. Localización geográfica del centro de trabajo en el que se realizará la inversión, con la siguiente prelación por comarcas:
  
3.1. Valencia.
  
3.2. La Plana Baixa, L'Horta Oest, La Ribera Alta, L'Alacantí, El Baix Segura.
  
3.3. La Plana Alta, El Camp de Turia, L'Horta Nord, L'Horta Sud, La Safor, El Vinalopó Mitjà, La Marina Baixa, El Baix Vinalopó.
  
3.4. Restantes comarcas de la Comunidad Valenciana.
  
La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 10%.
  
4. Inclusión de la empresa solicitante en el Plan 2004 de Empresas de la Comunidad Valenciana de mayor siniestralidad, con la siguiente prelación:
  
4.1. Empresas del Grupo B.
  
4.2. Empresas del Grupo A.
  
4.3. Empresas del Grupo C.
  
4.4. Empresas del Grupo D.
  
4.5. Empresas del Grupo A0.
  
4.6. Empresas no incluidas en el Plan 2004.
  
La puntuación máxima que podrá adjudicarse conforme a este criterio será del 25%.
  
En el caso de empate, se otorgará preferencia para la concesión de la ayuda a aquellos solicitantes que acrediten ocupar, con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes bases, mayor porcentaje de trabajadores discapacitados en relación con sus plantillas respectivas. La preferencia será aplicable en la forma prevista en el artículo 6 del Decreto 279/2004, del Consell de la Generalitat Valenciana.
  
Capítulo II
  
Procedimiento de concesión. Instrucción y Resolución.
  
Sexta. Presentación de solicitudes y plazo.
  
1. Las solicitudes se realizarán mediante instancia dirigida al conseller de Economía, Hacienda y Empleo según modelo normalizado, y se presentarán en las correspondientes Direcciones Territoriales de Empleo y Trabajo, o en cualesquiera otra de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. El plazo de presentación de solicitudes se fijará anualmente en la respectiva convocatoria.
  
Séptima. Documentación.
  
Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan:
  
1. Documentos de carácter general:
  
a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y, en su caso, de su representante.
  
b) Certificación de hallarse al corriente de las obligaciones de Seguridad Social y de carácter tributario ante la hacienda pública estatal, autonómica, y en su caso, del impuesto de actividades económicas, en la forma regulada en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, cuya validez deberá extenderse hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
  
c) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se ha presentado con anterioridad y no ha experimentado variación, en cuyo caso bastará declaración en tal sentido.
  
d) Declaración responsable sobre las ayudas de ?minimis- obtenidas anteriormente.
  
e) Acreditación de no superar la plantilla de la empresa el número de 100 trabajadores (último documento de cotización a la Seguridad Social).
  
A estos efectos en las empresas que cuenten con trabajadores fijos discontinuos y/o sujetos a contratos de duración determinada se estará a lo dispuesto en los artículos 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y 72 del Estatuto de los Trabajadores.
  
f) Documentación correspondiente a la Evaluación de Riesgos, a la planificación de la actividad preventiva y a la auditoria del sistema de prevención de riesgos, actualizadas. Esta ultima, en su caso, puede ser sustituida por el concierto con entidad acreditada como Servicio de Prevención Ajeno para el desarrollo de sus actividades preventivas.
  
g) En su caso, declaración de haber presentado ante la Autoridad Laboral competente la notificación (anexo II del Reglamento de los Servicios de Prevención) sobre concurrencia de condiciones que no hacen necesario recurrir a la auditoria.
  
h) Declaración responsable sobre las ayudas que pudieran haberse percibido con la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos, nacionales e internacionales.
  
i) Declaración responsable de no incurrir en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
j) Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, acreditación de estar exento.
  
2. Documentos de carácter específico según la actuación que se presente a la convocatoria anual:
  
a) Proyecto técnico, visado por colegio profesional, si fuese requerido por la normativa vigente.
  
b) Memoria explicativa de la actuación a desarrollar, con referencia a la evaluación de riesgos y a la planificación de la prevención, detallando las posiciones en ambos documentos que aludan a los riesgos a corregir con el proyecto presentado. En su caso, se adjuntará el informe, realizado por persona capacitada, de verificación y diagnóstico de la maquinaria.
  
c) Calendario o cronograma de la actuación a desarrollar.
  
d) Presupuesto desglosado por acciones y facturas pro-forma, según gastos elegibles y detalle de actuaciones de realización directa y/o realización mediante contratación con terceros.
  
e) Fuentes de financiación de la actividad y su procedencia, incluyendo la ayuda que se solicita.
  
f) Cualquier otra información adicional que se estime conveniente aportar.
  
Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la mencionada ley, para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se dictará resolución en la que se le tenga por desistido de su petición.
  
Octava. Procedimiento de concesión. Instrucción del procedimiento.
  
1. El procedimiento para la concesión de las ayudas, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
  
2. Las direcciones territoriales de Empleo y Trabajo, una vez completos los expedientes, los remitirá al Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, órgano que realizará la instrucción del procedimiento de concesión, en los términos previstos en el art. 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
3. El órgano instructor, realizadas las actividades de instrucción pertinentes, dará traslado de los expedientes a la Comisión indicada en el apartado siguiente.
  
4. Para la evaluación de las solicitudes, conforme previene el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, se constituirá una Comisión que adaptará su funcionamiento a las reglas generales que son de aplicación a los órganos colegiados, y que estará integrada por:
  
- El jefe del Área de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral, que será su presidente.
  
- Los directores territoriales de Empleo y Trabajo.
  
- Los directores de los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
  
- El jefe del Servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales, que actuará como secretario.
  
5. La Comisión de Evaluación emitirá, en un plazo no superior a un mes, informe de evaluación de las solicitudes conforme a los criterios de la base quinta. En dicho informe, con expresión sucinta de los motivos por los que ha procedido a la valoración y ponderación de las solicitudes, se establecerá una prelación por orden de mayor a menor puntuación.
  
6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión, formulará propuesta de resolución, que elevará al órgano competente para resolver, dentro de los límites máximos que se fijan en la base tercera, y que podrá ser individualizada o inclusiva de todos o algunos de los solicitantes que estime deben obtener las ayudas.
  
7. El plazo máximo para la tramitación del procedimiento y notificar su resolución será de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución, se entenderá desestimada la solicitud en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la misma.
  
Novena. Resolución.
  
1. Vista la propuesta formulada por el órgano instructor, el director general de Trabajo y Seguridad Laboral, por delegación del conseller de Economía, Hacienda y Empleo, dictará resolución concediendo o denegando la ayuda, que será notificada a los interesados. Antes de resolver, podrá recabarse del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que se estimen necesarios para decidir sobre la solicitud presentada.
  
2. Cuando la resolución de concesión se aparte de la propuesta definitiva emitida por el órgano instructor, se hará constar en la misma con expresión de la motivación que la sustente.
  
3. Si se concediere la ayuda, la resolución fijará expresamente la cuantía de la subvención e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse el cumplimiento de la subvención. Las cargas, modos y condiciones de la subvención se imputarán al beneficiario de la misma, sin que éste pueda oponer las excepciones que, en su caso, deriven de sus relaciones jurídicas con terceros.
  
4. Las resoluciones de concesión podrán retrotraer sus efectos a la actividad desarrollada con anterioridad a la fecha de aquellas, siempre que ésta se incluya en el ejercicio en que se conceda la ayuda.
  
5. Las resoluciones agotarán la vía administrativa y podrán ser impugnadas directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los legitimados para ello estimen procedente.
  
Décima. Publicidad de las subvenciones concedidas.
  
A los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, se publicará en el DOGV la relación de las subvenciones concedidas con arreglo a las presentes bases.
  
Dicha relación contendrá, además de las prescripciones contenidas en el número 1 del citado articulo 18, relativas a la convocatoria, programa y crédito presupuestario, los siguientes datos:
  
1. Nº de orden de los procedimientos.
  
2. Entidad beneficiaria.
  
3. Fecha de la Resolución de concesión.
  
4. Importe de la subvención.
  
5. Breve descripción de la actividad subvencionada.
  
La publicación de las ayudas concedidas, en ningún caso suplirá la notificación de las mismas a los beneficiarios, ni surtirá otros efectos que los perseguidos por la Ley General de Subvenciones.
  
Undécima. Resolución de incidencias.
  
El órgano competente para la concesión de las ayudas resolverá las incidencias que se produzcan, y en especial los supuestos de:
  
1. Modificaciones justificadas del proyecto inicial.
  
2. Cambios de titularidad.
  
3. Cambios de ubicación de las inversiones.
  
4. Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión, con carácter excepcional y siempre que se soliciten antes de la expiración del plazo o término cuya prórroga se pretende.
  
5. Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto a los efectos de liquidación de la ayuda.
  
6. Expedientes de revalorización de la ayuda o de resolución total o parcial de la misma.
  
Duodécima. Justificación de gastos. Pago de las ayudas.
  
1. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los beneficiarios, en el plazo de un mes desde la realización de las inversiones proyectadas, y en todo caso con anterioridad al 31 de octubre de cada año de vigencia de estas bases, y salvo que se determine un plazo distinto en la orden de convocatoria anual, deberán presentar:
  
1.1. Acreditación de haber ejecutado las inversiones proyectadas objeto de ayuda, de conformidad a las presentes bases y resolución de concesión.
  
1.2. Facturas y demás documentos justificativos del gasto efectuado, de acuerdo con la normativa vigente.
  
1.3. Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se hubieran establecido en la resolución.
  
2. El pago se librará una vez ejecutado el proyecto, de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados por la resolución de concesión.
  
Decimotercera. Obligaciones del beneficiario.
  
Son obligaciones del beneficiario:
  
1. Realizar la totalidad de las inversiones que fundamentan la concesión de la subvención.
  
2. Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determine la resolución de concesión de la ayuda.
  
3. Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos previstos en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, o norma que la sustituya.
  
4. El sometimiento a actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Generalitat Valenciana, en relación con las ayudas concedidas, así como a las determinadas por los órganos de control de la Unión Europea.
  
5. Hacer constar de manera explícita en la difusión de las acciones subvencionables, el apoyo de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y el apoyo de la Unión Europea, a los efectos de publicidad relativa a la cofinanciación por fondos FEDER, previstos por el Reglamento C.E. número 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000 (DOCE de 31.02.2000).
  
6. Comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas y privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, lo que dará lugar al correspondiente expediente de adecuación de la ayuda y adaptación a las nuevas circunstancias financieras del beneficiario.
  
7. El beneficiario deberá destinar las inversiones realizadas en bienes de equipo, al fin concreto para el que se concedió la subvención por un periodo mínimo de dos años. En caso de que los bienes sean inscribibles en un registro público, dicho periodo no podrá ser inferior a cinco años, debiendo hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida.
  
Decimocuarta. Control de las acciones. Reintegro de subvenciones.
  
1. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral realizará el control y seguimiento de las acciones a través de las comprobaciones que considere necesarias en orden al cumplimiento por el beneficiario de sus obligaciones y de las condiciones y términos por los que haya obtenido subvención.
  
Serán de aplicación en dichas comprobaciones, las normas y criterios de valoración generalmente aceptadas en función de las características técnicas de cada tipo de inversión. La Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral podrá solicitar que se practiquen aquellas por técnicos al servicio de la administración de la Generalitat Valenciana o por expertos independientes de acreditada solvencia.
  
2. Para determinar los efectos, en su caso, del incumplimiento, se atenderá al carácter esencial o no del requisito, condición u obligación incumplido. Se consideran esenciales los requisitos, condiciones u obligaciones que determinarían que el beneficiario no hubiera podido adquirir el derecho a la subvención o que desvirtúen la finalidad principal de ésta.
  
3. Toda alteración de las condiciones no esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, la falta de acreditación de la totalidad del gasto del proyecto aprobado, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
  
4. Quedará sin efecto la resolución de concesión, con obligación en su caso de reintegro de las cantidades que se hubieran librado, cuando concurran las causas de los artículos 37 de la Ley General de Subvenciones y 47.9 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, y particularmente las siguientes:
  
a) La alteración esencial de alguna de las características del proyecto aprobado.
  
b) La falta de justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas que en su conjunto excedan de los límites establecidos.