Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5911, del 11-12-2008 (2008/14546)

Notificación a José Luis Riquelme Ruiz.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5911

Fecha DOGV
:   11-12-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/14052


Fecha del documento
:   24-11-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio e Innovación

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a José Luis Riquelme Ruiz. [2008/14612]  
Habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido de los interesados arriba mencionados de manera infructuosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica la resolución de la solicitud que se adjunta, de la Dirección General de Industria e Innovación, de 23 de mayo de 2008, en relación con la solicitud de concesión de explotación interpuesta por Jose Luis Riquelme Ruiz, en nombre y representación de Explotaciones Rocaper, SL.   
«Vista la solicitud realizada en fecha 11.02.2000, por José Luis Riquelme Ruiz, en nombre y representación de la mercantil Explotaciones Rocaper, SL, de concesión de explotación derivada del permiso de investigación para recursos de la Sección C) de la Ley de Minas, La Victoria, número 2795, del registro minero de la provincia de Valencia,   
Vista la resolución del secretario autonómico de Empresa de 06.02.2007 por la que se anulaba la resolución del director general de Industria y Comercio de fecha 19.09.2005 y se ordenaba la retroacción de las actuaciones,   
Antecedentes de hecho  
Primero. En fecha 02.06.1998 se otorgó a la interesada Permiso de Investigación La Victoria, número 2.795 del Registro Minero de Valencia por un período de tres años, en el término municipal de Chiva.  
Segundo. Con fecha 11.02.2000 se solicitó por la interesada concesión para el aprovechamiento derivada del permiso de investigación citado en el expositivo primero.  
Aportó junto con la solicitud tres copias de la memoria resumen de impacto ambiental, tres copias de estudio de impacto ambiental y tres copias del proyecto de explotación.  
Tercero. Con fecha 14.04.2000 se requirió a la interesada para que presentara documentación preceptiva para la tramitación del expediente, relativa a informe detallado de la naturaleza geológica del yacimiento, investigaciones realizadas y resultados obtenidos, con expresión de los recursos y reservas, de acuerdo con el artículo 89 del Reglamento General para el Régimen de la Minería (RGRM).  
Cuarto. El día 18.08.2000 se informa a la interesada que mediante oficio de fecha 25.03.1999 se impusieron una seria de prescripciones para los Planes de Labores durante los tres años de vigencia del permiso de investigación, sin que hasta ese momento se haya justificado que se han realizado las prescripciones citadas, otorgándole un plazo de tres meses para presentar informe de investigación geológico-minera.  
Quinto. Con fecha 25.01.2001 se dicta resolución del jefe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que considerando la clasificación y calificación del suelo afectado por la propuesta de la interesada (suelo no urbanizable de especial protección forestal), no procede la continuación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental por incompatibilidad con la normativa urbanística aplicable.  
Sexto. Con fecha 28.02.2001 se remite a la interesada escrito del Servicio Territorial de Industria y Energía comunicándole una serie de deficiencias en la documentación presentada, otorgándole un plazo de diez días para subsanar.  
Séptimo. El 01.03.2001 se presentó ante la Conselleria de Industria y Comercio escrito adjuntando anexo al proyecto de explotación de la concesión directa del Plan de Investigación.  
Octavo. El día 19.04.2001 se presentó por la interesada solicitud de ampliación del plazo para aportar la documentación requerida, solicitud que fue denegada el 26.04.2001 por haber sido requerida ya en varias ocasiones.  
Noveno. Con fecha 21.06.2001 se presentó la documentación requerida por el interesado.  
Décimo. El 30.08.2001 se recibe escrito de la interesada aclarando que tienen solicitado el pase a concesión derivada de permiso de investigación de las cuadrículas 2, 3, 5, asimismo tienen solicitada la prórroga del PI La Victoria para las cuadrículas 1 y 4; que la cuadrícula 6 ha sido descartada tras la investigación, por lo que solicitan que se adjunten a los expedientes que se tramitan de concesión derivada de PI La Victoria y de prórroga del PI La Victoria número 2.795.  
Undécimo. El 17.09.2001 se procede a dar trámite de información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, así como a recabar informe del Instituto Tecnológico Geominero de España y Declaración de Impacto Ambiental a la Conselleria con competencia en medio ambiente.   
Con fecha 18.10.2001 tiene entrada en la Conselleria de Industria y Comercio escrito sobre designación de cuadrículas sobre las que se solicita el pase a Concesión Derivada de Permiso de Investigación, siendo las cuadrículas solicitadas para la concesión las 1, 3 y 4 solicitando que se continúen los trámites iniciados y se otorgue la concesión.  
Duodécimo. El día 22.02.2003 se recibe escrito del Servicio de Evaluación del Impacto Ambiental por el que se recuerda que existe una Resolución de la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio por la que se estimaba no continuar con el procedimiento de evaluación medioambiental por ser incompatible con la normativa urbanística, por lo que se devuelve la documentación remitida.  
Decimotercero. Con fecha de registro de salida 03.02.2004 se notificó a la interesada copia de la resolución anterior, concediéndole diez días para que subsane la falta.  
Decimocuarto. El 17.09.2004 se presenta escrito de la interesada exponiendo que el terreno afectado por el expediente se encuentra ubicado en el término municipal de Chiva, que se encuentra en una modificación de su Plan General, estando previsto en principio la compatibilidad del uso del suelo con la actividad extractiva solicitada, por lo que se solicita que se le otorgue una prórroga de un mes para poder terminar los trámites con el Ayuntamiento de Chiva.  
Aporta copia de escrito presentado ante el Ayuntamiento de Chiva solicitando que se certifique que el suelo donde se pretende ubicar la concesión está en trámite de modificación en el Plan General y se prevé que sea compatible con la actividad extractiva de recursos minerales.   
Decimoquinto. Con fecha 06.10.2004 se presenta por la interesada escrito solicitando que quede en suspenso el expediente en tanto en cuanto no se resuelva la modificación del Plan General en trámite.  
Aporta copia del certificado emitido por el Ayuntamiento de Chiva, según el cual la Comisión Informativa de Planeamiento ha acordado modificar la aprobación provisional del PGOU de 10.12.2002 y la Comisión Informativa de Urbanismo de 25.02.2003, y comunicar dichas modificaciones a la Comisión Territorial de Urbanismo y al Equipo Redactor del PGOU.  
Decimosexto. El día 12.11.2004 se solicita al Ayuntamiento de Chiva informe sobre si las modificaciones del PGOU afectan a la solicitud de la interesada, identificando para ello dicha superficie.  
Decimoséptimo. Con fecha 09.12.2004 el Ayuntamiento de Chiva comunica a la Conselleria con competencias en materia de Industria que las modificaciones que el Ayuntamiento de Chiva había previsto realizar sobre el documento de aprobación provisional de fecha 10.12.2002 del nuevo PGOU en tramitación, y que se recogieron en once puntos en el acuerdo plenario de 19.09.2003, no recoge en ninguno de ellos indicación alguna sobre posibles autorizaciones o concesiones mineras en la zona indicada en su escrito.  
Decimoctavo. El 30.03.2005 se emite informe del Ingeniero Técnico de Minas proponiendo la denegación de la solicitud de concesión derivada de PI La Victoria, nº 2.795, al no disponerse de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental favorable de acuerdo con la normativa aplicable.  
Decimonoveno. Con fecha 17.06.2005 en base al informe citado en el expositivo anterior se le concede audiencia a la interesada con carácter previo a dictar la propuesta de resolución.  
Vigésimo. Con fecha 19.09.2005 se dicta Resolución del director general de Industria y Comercio por la que se deniega la concesión de explotación derivada del permiso de investigación para recursos de la sección C) de la Ley de Minas La Victoria, nº 2795, del registro minero de la provincia de Valencia.   
Vigésimo primero. Notificada la resolución el día 02.11.2005, se interpone recurso de alzada el día 01.12.2005, basándose en que mediante acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Chiva de 10.12.2002 se aprueba provisionalmente el PGOU y se remite al órgano competente de la Comunidad Autónoma para su aprobación definitiva, que la Comisión Informativa de Urbanismo de 25.02.2003, en su orden del día preveía una propuesta del concejal delegado de urbanismo sobre rectificación de errores del Plan General que incluía añadir en el apartado 2 del artículo I.1.35 relativo a suelo no urbanizable de protección forestal una salvedad referente a yacimientos arqueológicos y/o otros recursos naturales que cuenten con singular autorización de la Generalitat Valenciana; que en el acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 19.09.2003, se acordó excluir del apartado 2 del artículo I.1.35 suelo urbanizable de explotación, por último se aporta acta de la sesión del Pleno del Ayuntamiento de anulación del acuerdo del Pleno de 19.09.2003, sobre modificaciones del PGOU. Por todo ello, considera que las razones que se aportan desvirtúan el informe del Servicio Territorial de Industria y Seguridad Industrial de Valencia, que estando inmerso el Ayuntamiento de Chiva en la tramitación del PGOU no se puede efectuar una modificación puntual de las normas subsidiarias en vigor; que el PGOU de Chiva contempla la actividad extractiva de especiales recursos naturales en suelo no urbanizable de protección forestal; que solicita que no solamente no se declare caducado el procedimiento, sino que al amparo de la documentación presentada se tramite el estudio de impacto ambiental, puesto que los recurso de la sección C) son recursos naturales especiales o, se suspendan los plazos en tanto no se apruebe el PGOU de Chiva.  
Vigésimo segundo. El 17.02.2006 se informa por el Área de Industria y Minas que las alegaciones de la interesada en lo concerniente a la planificación minera no aportan ninguna información que pudiera suponer una modificación de la mencionada resolución.  
Vigésimo tercero. Con fecha 06.02.2007 se resuelve por el secretario autonómico de Empresa anular la resolución mencionada en el expositivo vigésimo, no entrar a resolver sobre el fondo del asunto y ordenar la retroacción de las actuaciones, con el fin de dar traslado a la Dirección General de Gestión del Medio Natural de los motivos de discrepancia expresados, para que se reconsidere, así como para que se subsane la falta de informe técnico sobre la suficiencia de la investigación realizada y la racionalidad de la explotación, así como el criterio acerca de la documentación presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 90.1 y 4 del Reglamento General para el Régimen de la Minería.  
Vigésimo cuarto. El día 12.11.2007 se produce reiteración de la solicitud de revisión de la declaración de impacto ambiental por el Secretario Autonómico de Industria, Comercio e Innovación.   
Vigésimo quinto. Con fecha 07.01.2008 se recibe escrito de la directora general de Gestión del Medio Natural estimando que si lo que se pretende es que en la evaluación de impacto ambiental se tenga en cuenta el Decreto 82/2005, de 22 de abril de Ordenación Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana, se debería presentar de nuevo la solicitud de evaluación, ya que aunque se retrotraigan las actuaciones a fecha 19-01-01 no estaba en vigor dicho Decreto, todo ello previa modificación del planeamiento para variar la calificación del suelo.   
Fundamentos de derecho  
Primero. La ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, establece (artículo 68) los requisitos necesarios para la concesión de explotaciones mineras, señalando que se solicitarán presentando, además de otros documentos que especifique el Reglamento, el proyecto de aprovechamiento del recurso o recursos de que se trate, proyecto que comprenderá el programa de trabajos, el presupuesto de las inversiones a realizar y el estudio económico de su financiación, con las garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad.  
Entre esos otros documentos que especifica el artículo 89 del Reglamento General para el Régimen de la Minería (aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto) se encuentran el informe detallado de la naturaleza geológica del yacimiento, investigaciones realizadas y resultados obtenidos, así como estudio de factibilidad y proyecto de aprovechamiento del recurso que se trate.  
Segundo. Asimismo, es de aplicación al presente caso la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, así como el reglamento que la desarrolla (Decreto 162/1990, del Consell de la Generalitat, de 15 de octubre) aplicable a los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualesquiera otras actividades enumeradas en el anexo (incluida la extracción de materiales de construcción como sustancias arcillosas, rocas y pizarras, elaboración de áridos para machaqueo, yesos, y rocas ornamentales) que se pretendan realizar en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Dicha ley exige con carácter previo a la resolución administrativa, formulación de una declaración de impacto por el órgano ambiental, para exigir que se modifique el mismo, o se utilicen tecnologías alternativas o proponer una nueva localización o informar desfavorablemente el proyecto si las alteraciones previsibles no se consideran admisibles (artículo 5.1 de la mencionada Ley).  
Por su parte el Decreto 162/1991, de 15 de octubre, que aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de Impacto Ambiental, define en su artículo segundo la Declaración de Impacto Ambiental como "el pronunciamiento del órgano ambiental competente que en base al Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental, determina respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales".   
Asimismo, el artículo 24 de dicha norma establece que "la declaración de impacto ambiental determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto y, en caso afirmativo, fijará las condiciones en que deba realizarse".  
Tercero. En este sentido la Resolución de 25.01.2001 del jefe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, resolución que consideraba que no procedía la continuación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental por incompatibilidad de la actuación con la normativa urbanística, y en base a la cual se denegó la solicitud del interesado, ponía de manifiesto, sin lugar a dudas, el criterio desfavorable del órgano ambiental respecto a la explotación pretendida por el interesado, otorgando prevalencia a la protección forestal sobre la actuación minera.  
Si bien es cierto que la declaración de impacto ambiental, como técnica singular que introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio ambiente, que supone y garantiza una visión más completa e integrada de las actuaciones sobre el medio y, en definitiva, una mayor reflexión en los procesos de planificación y de toma de decisiones, se caracteriza por que la Autoridad competente sustantiva, lejos de quedar absolutamente vinculada por dicha declaración de impacto ambiental, puede discrepar en cualquiera de los aspectos que la integran, esto es, tanto en el aspecto referido a la conveniencia de ejecutar el proyecto, como en el del contenido del condicionado al que haya de sujetarse; discrepancia que, de producirse, sería resuelta por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente; en el presente caso, la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia solicitó (Resolución del secretario autonómico de Empresa 06.02.2007) la reconsideración de su criterio a la Conselleria con competencias en materia de medio ambiente, ordenando para ello la retroacción de las actuaciones; reconsideración que, sin embargo, fue rechazada de acuerdo con el escrito de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de 07.01.2008.   
Cuarto. También hay que tener en cuenta que, a pesar de que el interesado basa su disconformidad en una posible modificación del Plan General de Ordenación Urbana por el Ayuntamiento de Chiva, tal modificación urbanística no ha podido acreditarse; es más con fecha 09.12.2004 se presentó escrito del Ayuntamiento de Chiva comunicando a la Conselleria que las modificaciones previstas sobre el documento de aprobación provisional de fecha 10.12.2002 del nuevo PGOU en tramitación, y que se recogieron en once puntos en el acuerdo plenario de 19.09.2003, no recogían indicación alguna sobre posibles autorizaciones o concesiones mineras en la zona indicada.  
Quinto. Siendo la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental un trámite de cumplimiento obligado en todos los proyectos comprendidos en el anexo de la Ley 2/1989 (artículo 5), así como en su reglamento de desarrollo, cabe concluir que la Dirección General de Industria e Innovación, órgano competente para la concesión de la explotación minera, no puede otorgar dicha concesión sin dicha declaración o en su caso, la resolución de la correspondiente tramitación de una discrepancia en medio ambiente. Por todo ello procede denegar la solicitud presentada por el interesado de fecha 11.02.2000.  
Resolución  
En su virtud, esta Dirección General de Industria e Innovación, resuelve denegar la solicitud realizada por José Luis Riquelme Ruiz, en nombre y representación de la mercantil Explotaciones Rocaper, SL en fecha 11.02.2000, de concesión de explotación derivada del permiso de investigación para recursos de la Sección C) de la Ley de Minas La Victoria, número 2795, del registro minero de la provincia de Valencia.   
La presente resolución no es definitiva en la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso administrativo de alzada ante el secretario autonómico de Industria, Comercio e Innovación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, en cualquiera de los registros señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la mencionada ley.  
Valencia, 23 de mayo de 2008.- El director general de Industria e Innovación: Bruno Broseta Dupré»  
Valencia, 24 de noviembre de 2008.- El subsecretario: Ricardo Bayona Giménez.