Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5009, del 19-05-2005 (2005/5385)

ORDEN de 11 de mayo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento general para la concesión de ayudas a empresas familiares para la realización de protocolos familiares, y se convocan para el ejercicio 2005.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5009

Fecha DOGV
:   19-05-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/5385


Fecha del documento
:   11-05-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda pública
    * ayuda a las empresas
    * pequeña y mediana empresa
    * herencia
    * empresa familiar
    * verificación de cuentas
    * apoyo económico

ORDEN de 11 de mayo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento general para la concesión de ayudas a empresas familiares para la realización de protocolos familiares, y se convocan para el ejercicio 2005. [2005/F5385]
  
La Comunidad Valenciana se caracteriza por un tejido empresarial constituido en un alto porcentaje por empresas de carácter familiar. Lo anterior pone de manifiesto la gran importancia de este tipo de empresas, tanto por su capacidad de crear riqueza como de contribuir a la creación de puestos de trabajo.
  
No obstante lo expuesto, sólo un pequeño porcentaje de dichas empresas alcanza con éxito el tránsito de la segunda a la tercera generación, por no hablar del reducido número que logra alcanzar la cuarta generación. Y ello es consecuencia de las características específicas de este tipo de empresas en relación con las que no lo son; por un lado se encuentran las ventajas que confiere a la empresa el que los gestores se hallen comprometidos con los fines de la misma ?debido entre otras cosas a los lazos de sangre que unen a sus directivos?, así como la rapidez en la toma de decisiones ?por la confluencia en una sola persona, o en pocas, del poder de decisión?, pero los inconvenientes son también muy importantes y pueden llegar a impedir su desarrollo. Y entre esos inconvenientes, es la sucesión uno de los más importantes. Así, para que la sucesión del actual líder de la empresa por otro de una generación posterior de la misma familia tenga éxito, es necesario planificarla con tiempo. Ya desde la Comisión Europea se han elaborado distintas recomendaciones instando a los estados miembros a que adopten medidas que favorezcan la adopción de planes de sucesión que permitan a los empresarios familiares anticipar con tiempo y de forma sistemática y objetiva las acciones y el calendario en que se llevará a término dicho proceso.
  
Es en este marco global, con el objetivo de facilitar la continuidad y la trasmisibilidad de las pequeñas y medianas empresas familiares, como medio de asegurar su capacidad competitiva y de generación de empleo, donde surge la necesidad de apoyar la implantación de protocolos familiares.
  
En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el art. 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y el artículo 47 del Decreto Legislativo, de 26 de junio 1991, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, y habiéndose tenido en cuenta la normativa básica de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
  
ORDENO
  
Primero
  
Aprobar las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de protocolos familiares de las empresas, que figuran como anexo a la presente orden.
  
Segundo
  
1. Aprobar la convocatoria para el año 2005 de las ayudas para la realización de protocolos familiares de las empresas.
  
Dichas ayudas comprenderán los gastos descritos en la base 2ª del anexo, en los que se haya incurrido desde el uno de enero de 2005.
  
2. El plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses, contados a partir del día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
3. Para el ejercicio de 2005, y de conformidad con lo establecido en la Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio de 2005 (DOGV núm. 4915, de 31.12.2004), las ayudas contempladas en esta orden se financiarán con cargo a la sección 20, programa 612.60, Gastos Diversos, capítulos IV, código de línea T5025000, con un importe global máximo de 300.000 euros, que corresponden a fondos propios no condicionados de la Generalitat Valenciana.
  
Tercero
  
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 11 de mayo de 2005
  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo,
  
GERARDO CAMPS DEVESA
  
ANEXO
  
Bases reguladoras para la concesión de ayudas para la implantación de protocolos familiares de las empresas
  
Base 1ª. Objeto y ámbito
  
1. El objeto de las presentes bases es establecer la regulación de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar el desarrollo de planes de sucesión y la implantación de un protocolo familiar en las pequeñas y medianas empresas familiares de la Comunidad Valenciana, dentro de las consignaciones presupuestarias que a tal efecto establezcan las correspondientes leyes de presupuestos de la Generalitat Valenciana.
  
2. Las ayudas e incentivos que se establecen no se concederán para actuaciones que se lleven a efecto fuera del territorio de la Comunidad Valenciana
  
Base 2ª. Gastos subvencionables
  
1. Se consideran gastos subvencionables los costes externos de asesoría y consultoría destinados a la elaboración de protocolos familiares de sucesión, de acuerdo con la especificación que de los mismos se hace en la base 6ª.
  
2. Las ayudas que se concedan al amparo de las presentes bases tendrán la consideración de subvenciones públicas.
  
Base 3ª. Beneficiarios
  
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas en estas bases las pequeñas y medianas empresas de carácter familiar con establecimiento principal en la Comunidad Valenciana, siempre que la dirección efectiva de la empresa se localice en la propia comunidad.
  
2. Se considerará pequeña y mediana empresa, en adelante pyme, aquella que cumpla los requisitos establecidos por la Comisión Europea en su Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.(DOCE Serie L124 de 20 de mayo de 2003).
  
3. A los efectos de estas bases se considerará empresa familiar aquella que cumpla alguno de los requisitos siguientes:
  
- Empresario autónomo que ejerza una actividad empresarial o profesional de la cual provengan más del 50% de sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo.
  
- Sociedad en la cual una persona física tenga de forma individual una participación de al menos el 50% del capital social, siempre y cuando ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por esto una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo.
  
- Sociedad en la cual un grupo familiar formado por una persona física y su cónyuge, ascendentes o adoptantes, descendientes o adoptados y colaterales hasta el cuarto grado incluido, tengan conjuntamente una participación en la sociedad de al menos el 20% del capital social, siempre y cuando al menos un miembro de la familia ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo.
  
4. Podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, aún careciendo de personalidad jurídica siempre que se haga constar expresamente tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención aplicable a cada uno de ellos. En cualquier caso, deberá nombrase un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo legal de prescripción para la exigencia del reintegro, así como para la determinación de infracciones o imposición de sanciones.
  
Base 4ª. Presentación de solicitudes y plazo
  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en las presentes bases se presentarán en cualesquiera de los registros de entrada dependientes de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Como norma general, se presentará la documentación original y copia de la misma, devolviéndose la primera tras su previa compulsa.
  
2. Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que, a continuación, se relacionan:
  
2.1. Documentación relativa a la personalidad del solicitante:
  
2.1.1. Documento nacional de identidad en caso de persona física o tarjeta de identificación fiscal en caso de sociedad.
  
2.1.2. En caso de sociedades mercantiles, escritura de constitución de la sociedad y estatutos vigentes debidamente registrados.
  
Para el caso de sociedades civiles o comunidades de bienes, documento acreditativo de su constitución, estatutos y, en su caso, sus actualizaciones.
  
2.1.3. Número de trabajadores.
  
2.1.4. Declaración responsable de no encontrarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario que se recogen en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
2.2. Documentación relativa a la acreditación de la representación:
  
Para las sociedades mercantiles, escritura pública de poder actual inscrita en el Registro Mercantil a favor del firmante de la solicitud.
  
Para las sociedades civiles y comunidades de bienes, autorización que deje constancia fidedigna del resto de los socios/comuneros, que se podrá acreditar por cualquier medio válido en derecho.
  
En todo caso, se acompañará el documento nacional de identidad del apoderado, o documento que le sustituya reglamentariamente.
  
2.3. Documentación fiscal y de seguridad social:
  
2.3.1. Documento de alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas.
  
2.3.2. Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Hacienda Pública Valenciana, y de sus obligaciones con la Seguridad Social, en el momento de presentar la solicitud.
  
2.3.3. Impuesto de Sociedades, o Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en caso de empresas individuales o sociedades civiles, correspondiente al último ejercicio.
  
2.3.4. TC1 o recibo de autónomos del mes anterior a la fecha en que se formule la solicitud.
  
2.4. Documentación relativa a la actuación subvencionable:
  
2.4.1. Memoria descriptiva de la actuación a desarrollar, firmada, conteniendo información básica de la empresa y descripción de la actividad.
  
2.4.2. Documentación relativa al grupo familiar:
  
0.2.4.0. Declaración de la renta de los miembros accionistas de la familia que ejerzan funciones de dirección en la entidad.
  
6.2.9.8. Declaración jurada del administrador, o en el caso de órgano colegiado, del secretario del Consejo de Administración, que recoja:
  
- Composición del capital social de acuerdo con los datos que consten en el libro registro de socios o de acciones nominativas.
  
- Enumeración del grupo familiar con nombres, apellidos, DNI y grado de parentesco.
  
- Enumeración de los miembros del grupo familiar que ejercen funciones de dirección en la empresa (cargos con efectiva intervención en las decisiones de la empresa).
  
- Que la empresa cumple las condiciones de empresa familiar definidas en el punto 3, de la base 3ª de estas bases reguladoras.
  
2.4.3. Documentación relativa a la empresa consultora:
  
- Coste ofertado por la realización del diagnóstico y protocolo familiar, así como plazo de ejecución del mismo.
  
- Acreditación de que cuenta con profesionales con titulación superior en cualquiera de las ramas de gestión empresarial o economía y con licenciados en derecho y en psicología.
  
2.4.4. Cuando el coste de la actuación subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de subvención. En el primer caso, deberá justificarse expresamente la elección cuando no ésta no recaiga en la propuesta económicamente más ventajosa.
  
2.5. Otra documentación:
  
2.5.1. Ficha de alta de terceros según modelo normalizado.
  
2.5.2. Declaración responsable relativa a las ayudas solicitadas u obtenidas para la misma actuación, su cuantía y si están o no pagadas.
  
2.5.3. Inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales, en su caso.
  
3. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con estas bases resulte exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada ley.
  
4. El plazo de presentación de solicitudes será el que se determine en la correspondiente convocatoria anual de ayudas.
  
Base 5ª. Importe de las ayudas
  
1. La ayuda que podrá concederse, con la consideración de transferencia corriente, será una subvención del 50% del gasto subvencionable, con un máximo de 8.000 euros.
  
2. La concesión y cuantía de las ayudas reguladas en las presentes bases estará condicionada al cumplimiento de los requisitos que se establecen y a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente a tal fin, de conformidad con los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el correspondiente ejercicio.
  
Base 6ª. Actuaciones subvencionables
  
1. Serán subvencionables los gastos de asesoramiento externo derivados de la elaboración de un protocolo familiar de sucesión, que deberá necesariamente estar compuesto por.
  
A) El diagnóstico previo que deberá constar de varias fases:
  
a) Necesariamente deberá iniciarse con una entrevista con el empresario, tras la que deberán quedar claras la identificación del empresario y sus motivaciones relativas al planteamiento de la sucesión y su visión de la empresa y la familia hacia la sucesión. Para ello deberá tenerse en cuenta aspectos tales como la edad, circunstancias familiares, estado de salud, estado civil, unidad familiar actual e hijos (número, edad, ocupación y sexo), identificando también a los familiares que puedan tener incidencia en el plan.
  
b) Posteriormente, deberá producirse una recogida y análisis de la información básica sobre la empresa, la propiedad y la familia. En concreto:
  
Sobre la empresa:
  
Deberá determinarse cuál es su misión y su cultura empresarial, la memoria-historia, la plantilla actual, el organigrama, la dirección (miembros, estilo de dirección, directivos no familiares), los órganos de gobierno (consejo de administración, consejo de dirección), la empresa en el marco del sector en el que opera, la fase en el ciclo de vida de la empresa, los puntos fuertes y débiles de la empresa, las amenazas y oportunidades, y las expectativas del sector y de la empresa.
  
Sobre la propiedad:
  
El valor de la empresa (datos reales y actuales) y la distribución de la propiedad (porcentaje de familiares y no familiares, socios no directivos, relaciones de interés económico, previsiones de distribución de la propiedad después de la sucesión antes del plan de sucesión, patrimonio empresarial no familiar).
  
Sobre la familia:
  
Generación familiar al frente de la empresa, miembros familiares que componen la empresa y sus respectivos puestos laborales, interés en la empresa y perfiles competenciales existentes, relaciones entre los miembros, influencias relevantes entre los miembros de la familia, política en la contratación de familiares, existencia de acuerdos.
  
c) Una vez obtenida la información y analizada en las fases anteriores tiene que ser contrastada con la realidad de la empresa. En concreto habrá que hacer un análisis del perfil óptimo de los sucesores: cuáles son sus conocimientos (técnicos, del sector, de funcionamiento interno de la empresa), sus habilidades de dirección (capacidad de gestión que se requiere) y sus actitudes (perfil competencial de las actitudes no sólo por lo que respecta a la empresa sino también a la familia).
  
Se debe identificar a los sucesores, comparando la situación actual de los candidatos con la situación óptima descrita anteriormente.
  
Igualmente deber producirse un análisis de las posibilidades de adquirir las competencias, estudiando cuál es la predisposición del candidato a adquirirlas y el tiempo que hará falta para alcanzar los niveles mínimos exigibles.
  
d) Posteriormente se deberá realizar una presentación personal de la primera aproximación al protocolo familiar, que supondrá un análisis y discusión conjunta de los pros y los contras de la propuesta presentada, así como un análisis conjunto de posibles alternativas a la presentada.
  
B) Presentación personal del protocolo definitivo, con discusión de los pros y los contras.
  
El protocolo familiar deberá concretar las acciones a realizar para que la sucesión de la empresa familiar se realice con éxito: la gerencia: los traspasos progresivos en las funciones de dirección entre el sucedido y el sucesor, la planificación de todas las personas implicadas en la sucesión, la rotación profesional del sucesor y la presencia creciente del mismo en los órganos de decisión acompañada de una presencia decreciente del empresario.
  
Cómo será la formación del sucesor: actividades formativas que tiene que realizar el sucesor, sea ésta de formación académica, técnica, experiencia en otras empresas, en la propia empresa, etc.
  
La propiedad: acciones a realizar respecto a la propiedad de la empresa y distribución más óptima de la misma, su blindaje ante terceros ajenos, fases de venta de acciones, la obligación o no de realizar capitulaciones matrimoniales, etc.
  
Los órganos de gobierno: análisis de la existencia y operatividad de los órganos de gobierno y las acciones que hay que implementar para asegurar su funcionalidad.
  
Comunicación: acciones de comunicación del plan a los diversos ámbitos, tanto a los trabajadores como a proveedores, clientes, entidades bancarias, etc.
  
Recursos necesarios: análisis de los recursos que será preciso asignar para implementar las acciones específicas en el plan. Será necesario tener en cuenta los recursos destinados a formación del sucesor, la implicación de los familiares en el proceso, la participación de agentes externos, etc.
  
Cronograma: calendario a 10 años de las principales actuaciones a realizar para que el traspaso se produzca con éxito.
  
Órganos de ayuda: es necesario mencionar si es aconsejable la creación de un consejo de familia, o un consejo mentor, expresando si es necesario la composición del mismo, sus fechas de reunión, objetivos, etc.
  
2. En las convocatorias anuales se podrá exigir el cumplimiento de requisitos adicionales a los previstos con carácter general.
  
Base 7ª. Valoración de las solicitudes y resolución del procedimiento
  
1. A los efectos previstos en estas bases, se constituirá en la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, una comisión técnica de evaluación formada por el subsecretario de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo que actuará como presidente, la jefa de Área de Patrimonio, un representante de la Dirección General de Economía y un representante de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral como vocales y la jefa del Gabinete Técnico como secretaria. Dicha comisión podrá recabar de la entidad solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para mejor resolver sobre la solicitud presentada.
  
2. La valoración de las solicitudes se efectuará atendiendo a los siguientes criterios:
  
a) Complejidad del proceso: valoración 45%.
  
b) Disponibilidad y capacidad del asesor externo: valoración 30%
  
c) Número de trabajadores de la empresa: valoración 25%.
  
3. La comisión técnica de evaluación establecerá una prelación entre las solicitudes presentadas que hayan obtenido al menos un 60% del total de la valoración, adjudicando las ayudas siguiendo dicho orden de prelación hasta el agotamiento del crédito presupuestario consignado a tal efecto. La comisión técnica de evaluación, en el supuesto de empate al establecer la prelación, tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.
  
4. Una vez formalizados los actos de instrucción correspondientes, la comisión técnica de evaluación elevará la propuesta de concesión o denegación de la subvención, así como la cuantía de la misma, al conseller de Economía, Hacienda y Empleo, que resolverá.
  
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de instancias de la correspondiente convocatoria. Las resoluciones que dicte el conseller de Economía, Hacienda y Empleo al amparo de las correspondientes convocatorias agotarán la vía administrativa.
  
6. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, y ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.
  
7. La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse el beneficiario de las mismas, notificándose a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y publicándose en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
8. Los impuestos, de cualquier tipo, que graven directamente los gastos en que incurra la beneficiaria por razón de la actuación, sólo serán subvencionables en la medida o porcentaje en que deba soportarlos, sin posibilidad de repercutirlos o recuperarlos, la entidad beneficiaria de las ayudas.
  
Base 8ª. Resolución de incidencias
  
1. El órgano competente para la concesión de las ayudas contempladas en las presentes bases resolverá las incidencias que se produzcan con posterioridad a su concesión, tales como prórrogas de plazos, modificaciones justificadas o cualquier variación de las condiciones particulares de la concesión.
  
2. La persona o entidad beneficiaria deberá comunicar la solicitud o concesión de otras ayudas públicas o privadas que hubiera solicitado u obtenido para el mismo proyecto o actuación que se subvenciona mediante las presentes bases.
  
3. Salvo que otra cosa expresamente se determine en los preceptos correspondientes, las ayudas y subvenciones establecidas en las presentes bases serán compatibles entre sí y con cualesquiera otras por el mismo concepto; pero el importe de las subvenciones y ayudas reguladas en las presentes bases no podrá ser en ningún caso de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras administraciones públicas o de otros entres públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
  
Base 9ª. Justificación de la subvención y pago de las ayudas
  
1. La justificación de la subvención se realizará en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley General de subvenciones, estando obligados a cumplir los requisitos establecidos y la justificación documental de la realización de la actuación y de su coste, lo que se llevará a efecto mediante la presentación de del protocolo final elaborado junto a una memoria explicativa o cuenta justificativa que contendrá el desglose detallado de los gastos realizados en cada una de las fases exigidas en la Base 6ª, y las facturas originales definitivas o documentos contables de valor probatorio equivalentes, que acrediten la realización del gasto correspondiente a cada una de las fases exigidas en la base 6ª.
  
La presentación de justificaciones deberá tener lugar en el plazo que, eventualmente, se determine en la resolución de concesión de la ayuda y, en todo caso, como fecha límite el 20 de noviembre del año correspondiente.
  
2. El pago de las ayudas se efectuará de una sola vez, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo anterior.
  
Base 10ª. Obligaciones de los beneficiarios
  
Son obligaciones del beneficiario:
  
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
  
b) Acreditar ante la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos o condiciones que determinen la concesión o disfrute de la subvención..
  
c) Incorporar en todas las manifestaciones de promoción y difusión de las actuaciones que éstas están subvencionadas por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
  
d) Sometimiento a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General en relación con las subvenciones o ayudas concedidas y a las previstas en la legislación de la Sindicatura de Cuentas, así como a las que puedan efectuar, en su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea o cualquier otro órgano de ámbito nacional o comunitario dentro de sus respectivas competencias.
  
e) Comunicar a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, la solicitud u obtención de otras ayudas para la misma finalidad.
  
f)) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la subvención, que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
  
g) Registrar en su contabilidad o libros-registro el cobro de la subvención percibida, en el supuesto de que esté obligado a su llevanza según la normativa vigente.
  
h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
  
i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
  
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
Base 11ª. Control de las ayudas
  
Corresponderá a la Subsecretaría de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, llevar a cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como la evaluación y seguimiento del presente programa.
  
Base 12ª. Minoración y resolución de las ayudas concedidas
  
1. La modificación, no sustancial, de las condiciones y plazos establecidos en las presentes bases y en la resolución de concesión, así como la obtención con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas o privadas que en su conjunto excedan de los límites establecidos, podrán dar lugar a la minoración de la subvención concedida.
  
2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieran lugar al otorgamiento de la subvención, la variación de la finalidad de la actuación o la falta de justificación de la misma, o el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la base 10ª, dará lugar a la incoación por el órgano competente para la concesión de las ayudas del correspondiente procedimiento, que podrá finalizar, en su caso, con la resolución, total o parcial, de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
  
3. En todo caso, procederá el reintegro de las cantidades recibidas, así como la exigencia de intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los siguientes casos:
  
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello y ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
  
b) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstos en los artículos 14, 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, y el incumplimiento del objeto y finalidad que fundamentaron la concesión de la subvención
  
4. El procedimiento de reintegro se regulará por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
Base 13ª. Régimen sancionador
  
Los beneficiarios de la subvención quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas, en materia de subvenciones establecen los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  
Base 14ª. Imposición de recursos
  
Contra la resolución que eventualmente se adopte, y que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. Potestativamente podrá interponer contra dicha resolución, en el plazo de un mes, recurso de reposición, previo al recurso contencioso administrativo, ante el Órgano que dicta la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Todo ello, sin perjuicio de que se utilice cualquier vía que se considere oportuna.
  
Base 15ª. Restricciones al derecho de acceso a los archivos y registros