Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9296, del 11-03-2022 (2022/1723)

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se autoriza a Niordseas, SL, la ampliación del establecimiento de acuicultura registrado con el número 23, frente al término municipal de Calp. Expediente ANIA/03.018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9296

Fecha DOGV
:   11-03-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2022/1723


Fecha del documento
:   24-02-2022

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
    * acuicultura

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se autoriza a Niordseas, SL, la ampliación del establecimiento de acuicultura registrado con el número 23, frente al término municipal de Calp. Expediente ANIA/03.018. [2022/1723]  
Vista la Resolución de la Dirección General de Pesca y Comercialización Agraria, de 7 de junio de 2001, por la que se autoriza a Sociedad Europea de Acuicultura, SL, la instalación de un establecimiento de granja marina en el término municipal de Calp.  
Vista la Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la secretaria autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua por la que se autoriza el cambio de titularidad del establecimiento de acuicultura marina con número de registro 23 a favor de Niordseas, SL.  
Vista la Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Pesca, por la que se autoriza el cambio de cultivo del establecimiento de acuicultura marina con número de registro 23.  
Vista la Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se autoriza el cambio de cultivo de un establecimiento de acuicultura marina.  
Vista la solicitud y documentación presentada por Niordseas, SL, CIF J36329456 de fecha 28 de febrero de 2018 sobre solicitud de autorización de ampliación de las instalaciones de acuicultura.  
Visto el expediente ANIA /03.018 instruido por la Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de Alicante.  
Visto el proyecto técnico de fecha 13.08.2018 y su posterior modificación de fecha 23.12.2020.  
Vista la Resolución de 03.08.2020, de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la declaración de impacto ambiental.  
Vista la Resolución de 30.11.2021, de la Dirección General de la Costa y el Mar y la posterior resolución de 18.01.2022 de rectificación de errores en el que otorga a Niordseas, SLU, la concesión para ocupar 550.000 m² de dominio público marítimo-terrestre frente a la costa del término municipal de Calp (Alicante).  
Visto el informe propuesta de autorización de nuevas instalaciones de acuicultura marina de la directora territorial de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de Alicante de fecha 16.12.2021.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 26 (autorización de actividades), de la Ley 5/2017, de 10 de febrero, de la Generalitat, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Comunitat Valenciana, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar la autorización administrativa para la ampliación del establecimiento granja marina de cría y engorde de dorada, lubina y corvina en jaulas flotantes, en una superficie de 550.000 m² de terrenos de dominio público marítimo terrestre frente a las costas del término municipal de Calp (Alicante)  
Delimitación del polígono de emplazamiento. Coordenadas (Datum WGS84/ETRS89)  
Boya A 38º 36,953- N/ 0º 01,874'W  
Boya B 38º 37,184'N/ 0º 02,573'W  
Boya C 38º 36,935- N/ 0º 02,706- W  
Boya D 38º 36,705- N/ 0º 02,008'W  
Profundidad entre 38 y 46 metros  
  
Segundo  
El establecimiento comprenderá la instalación de 24 jaulas (3 grupos de 2x4 jaulas) para el cultivo de peces, de 32 metros de diámetro cada una.  
  
Tercero  
El diseño de la estructura, asi como el sistema de fondeo, será según el especificado en el proyecto modificado visado con fecha 30 de septiembre de 2020 suscrito por el técnico Guillermo Estalrich Mezquida el 23.12.2020.  
El establecimiento informado favorablemente para su autorización, se condiciona al cumplimiento de las condiciones indicadas en los informes emitidos y se ajustará al proyecto y el resto de documentación presentada por los solicitantes. Cualquier variación al respecto deberá ser comunicada a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y, en su caso, se someterá a la reglamentación aplicable.  
  
Cuarto  
Las especies de cría/engorde y la capacidad máxima de producción anual serán las siguientes:  
  
Especie Producción (toneladas/año)  
Dorada(Sparus aurata), lubina(Dicentrarchus labrax), corvina (Argyrosomus regius) 3.000 Tn/año  
  
  
  
Quinto  
La iniciación de las obras y la finalización de las mismas se comunicará a la Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de Alicante, siendo necesaria para iniciar la explotación la inspección previa de las instalaciones por parte de los servicios técnicos de la Conselleria.  
  
Sexto  
En base al artículo 29, de control administrativo, de la Ley 5/2017, los organismos competentes podrán inspeccionar la marcha de las obras a realizar, así como del funcionamiento del establecimiento, obligándose el titular a franquear la entrada a los inspectores y técnicos correspondientes.  
  
Séptimo  
La paralización de la actividad sin causa justificada a juicio de los Servicios Técnicos de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica así como la extinción de las autorizaciones emitidas por las resoluciones referidas supondrá la pérdida de la autorización.  
  
Octavo  
El presente establecimiento quedará afecto a lo que se establece en el artículo 31 de la Ley 5/2017, por el que se crea y se regula el Registro de establecimientos de acuicultura de la Comunitat Valenciana, debiendo notificar a los servicios Territoriales de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la provincia correspondiente a la ubicación del establecimiento, en un plazo de tres meses, las modificaciones referentes a:  
a) los cambios de titularidad, tanto de las personas físicas o jurídicas, así como de las que forman parte de las mismas.  
b) el cese de la actividad.  
c) las ayudas públicas concedidas al establecimiento indicando su finalidad.  
d) los cambios de domicilio o razón social y del número de identificación fiscal.  
  
Noveno  
El incumplimiento de las prescripciones o condiciones aquí establecidas se sancionará administrativamente de conformidad con la Ley 5/2017, de 10 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana.  
  
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el art 121 y 122 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 24 de febrero de 2022.- El director general de Agricultura, Ganadería y Pesca: Antonio Quintana Martínez.  
  
  
ANEXO  
Condicionado de la autorización de acuicultura  
  
1º Informe de Capitanía Marítima  
Se deben cumplir los puntos siguientes:  
1. Comunicar a la Comandancia Naval de Alicante las características del proyecto de instalación por si este afectara a los sistemas de defensa de costas que la Armada tiene desplegados por el litoral.  
2. Durante los trabajos se deberá informar a Salvamento Marítimo para la emisión de radioavisos.  
3. La empresa que desarrolle los trabajos, deberá solicitar autorización a la Capitanía Marítima.  
4. Y una vez finalizados estos, remitir al Instituto Hidrográfico de la Marina, informe final con los planos y las características de la instalación con el objeto de que sea incluida en la cartografía oficial publicada por dicho organismo, así como incluir la información en todas las publicaciones oficiales.  
  
2º Informe de Puertos del Estado  
De acuerdo con el informe elaborado por la Dirección de Explotación, debe informarse lo siguiente:  
- Esta instalación se denominará Niordseas-Calpe y mantendrá el código de balizamiento AC-21.18, de la instalación que se amplía.  
- Sin perjuicio de lo que, en su momento, dictamine la Comisión de Faros, esta instalación deberá de estar balizada de forma perimetral con seis (6) boyas, una en cada vértice de la instalación y otras dos en el punto medio de cada uno de los largos del rectángulo.  
- Las boyas serán marca especial, color amarillo, dotadas de luz de color amarillo y ritmo de destellos aislados, con un alcance nominal de 3 millas náuticas (luminosos de 2,3M) para las señales de los vértices y de 1M (luminoso 1M) para las señales intermedias de los lados largos, todos sincronizados entre si. Todas las señales dispondrán de reflector pasivo de radar y marca de tope, siendo la distancia de reconocimiento de la marca diurna, como mínimo, de 1M para las de los vértices y de 0,5 para las intermedias.  
- Antes de poner en servicio este balizamiento debe suprimirse el balizamiento de la instalación actual (SEA) al quedar integrada en el perímetro de la instalación ampliada-  
- El proyecto de ejecución de balizamiento, ajustado a los requisitos anteriores, deberá remitirse a la Autoridad Portuaria de Alicante, para su informe vinculante (Art. 137,4 c) TRLPEMM)  
- Si durante la ejecución de las obras fuese necesario instalar algún tipo de balizamiento temporal, este será instalado por el interesado, previa solicitud de sus características a Puertos del Estado.  
  
- En cualquier caso, esta instalación, y su balizamiento, deberá ser puesta en conocimiento del Instituto Hidrográfico de la Marina para, si procede, su inclusión en los correspondientes documentos náuticos.  
  
3º Informe de la Dirección General del Agua  
1. Al efecto de controlar los posibles efectos de la nueva instalación en el medio marino, deberá cumplirse:  
1.1. Plan de Vigilancia Ambiental. Se cumplirán los siguientes puntos y con la frecuencia indicada:  
1.1.1. Agua:  
- Se facilitarán las nuevas coordenadas de los puntos de control propuestos; en el caso que sea posible, se mantendrá alguno de los puntos ya establecidos en el anterior PVA, aunque revisada la ubicación de los mismos y la nueva área, algunos no parecen adecuados.  
- El muestreo se realizará como se indica en la documentación presentada, a 3 niveles batimétricos (0,10 y 30 m)  
- Frecuencia mensual  
- Parámetros: clorofila a (g/l), amonio (mol NH4/l), nitritos (mol NO2/l), nitratos (mol NO3/l), fosfatos (mol PO4/l), indice FAN, sólidos en suspensión (mg/l), oxígeno disuelto (% saturacion O2), indice de Magalef, pH, transparencia y turbidez (UNF)  
- Estructura fitoplactónica  
- Microbiología: Escherichia coli y Salmonella  
1.1.2. Sedimento:  
- Los puntos de control serán los mismos que para la columna de agua  
- Frecuencia semestral  
- Parámetros: granulometría, COT (%) Nitrógeno Kjeldahl (mg/Kg), fósforo total (mg/kg), pH, potencial redox, metales, Clostridium sulfito reductores y presencia de manto de Beggiatoa  
1.1.3. Posidonia oceánica y Cymodocea nodosa:  
- Para mantener la información disponible, los puntos de control serán los establecidos en el PVA de la granja existente (E1, E2 y E3)  
- Frecuencia anual  
- Metodología POMI o CARLIT  
1.1.4. Biocenosis de las arenas fangosas:  
- Los puntos de control serán los mismos que para el sedimento  
- Frecuencia anual  
- Metodología MEDDOC o BOPA  
1.1.5. Biocenosis del coralígeno:  
- Inspección de la barra del coralígeno, mediante las técnicas habituales de Oceanografía y Biología Marina  
- Frecuencia anual.  
1.2. Se remitirán a este servicio, en formato digital y con periodicidad semestral copia de los resultados obtenidos en el PVA. La valoración se realizará tal y como se establece en el Real decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.  
También se comunicará inmediatamente cualquier anomalía detectada.  
1.3. Respecto a los productos para los tratamientos sanitarios se indican que se aportaran con la alimentación. La información de los mismos se aportará en los informes semestrales.  
1.4. En la documentación se indica tan solo que la limpieza de las redes se llevara a cabo mediante sistemas mecánicos y que no llevarán productos antifouling. Deberá facilitarse la información del lugar donde se realiza y los productos utilizados.  
  
4º Declaración de impacto ambiental  
Condicionantes y modificaciones:  
1. Especies a criar: dorada (Sparus aurata, L.), lubina (Dicentrarchus labrax, L.) y corvina (Argyrosomus regius).  
Capacidad de producción 3.000 t/año en suma total de las tres especies citadas, en régimen de producción ecológico. No obstante lo cual, será admisible el cultivo de nuevas especies en las instalaciones siempre que concurran las cuatro condiciones siguientes:  
- La nueva especie a cultivar sea propia de la zona.  
- Se mantenga para todas las especies el régimen de producción ecológico.  
- La capacidad de producción total de la granja se mantenga en 3.000 t/año.  
- No suponga alteración en la concesión de ocupación de dominio público.  
2. El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) establecido por la Dirección General del Agua es de obligado cumplimiento. Dicho programa se adjunta como Anexo I a la presente DIA. Como medidas adicionales de prevención, el Programa de Vigilancia Ambiental:  
- Establecerá un protocolo de actuación que se aplicara cuando en los controles se detecten efectos ambientales significativos de acuerdo con el programa establecido.  
Análisis posteriores, que se remitirán al órgano competente en materia de vigilancia de las aguas, deberán acreditar la efectividad de las medidas adoptadas en dicho protocolo.  
- En el caso de que las medidas adoptadas no resulten efectivas se procederá de manera obligatoria a la reducción de la capacidad productiva anual y en el caso de que los efectos ambientales negativos persistan, al desmantelamiento total o parcial de las instalaciones. En particular:  
- Si se detecta un impacto sobre la zona de coralígeno de concrecionamiento ubicado al nordeste (Punto de control C5) que no se reduzca con las medidas adoptadas, se desmantelarán al menos las 3 jaulas flotantes ubicadas en la fila norte del grupo C3 más próximas.  
- Asimismo, si se detecta impacto en el LIC «Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa» (Punto de control C1) que no se reduzca con las medidas adoptadas, se desmantelarán las 5 jaulas flotantes ubicadas al oeste del grupo C1.  
- Incluirá un protocolo de actuación a aplicar en el caso de detectar interacciones con cetáceos o tortugas, de forma que se eviten nuevas interacciones.  
3. Se establecerá un plan de mantenimiento de las instalaciones que incluirá:  
- Revisión mensual de las instalaciones de fondeo y señalización, así como de las redes reparándose, en caso de daños, a la mayor brevedad.  
- Información sobre el lugar donde se realiza la limpieza de las redes y los sistemas mecánicos y, en su caso, productos utilizados.  
- Mantenimiento semanal del balizamiento, que incluirá los elementos susceptibles de salir a la deriva y un sistema de alerta en caso de fallo del sistema de anclaje.  
- Mantenimiento semanal de los cabos para garantizar que permanecen tensos, no solo después de temporales, con el fin de evitar capturas accidentales de ejemplares de especies de fauna marina incluidas en el RD 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies  
Amenazadas. Se comunicará a la autoridad competente cualquier captura accidental de estas especies en la estructura de los cabos.  
- Mantenimiento de embarcaciones y equipos a bordo, con el fin de evitar el vertido accidental de hidrocarburos o aceites al medio.  
- En los trayectos de embarcaciones que se produzcan en cualquiera de las fases de la instalación, construcción y funcionamiento, se vigilará los derrames fortuitos para lo cual se elaborara un protocolo de despliegue inmediato de barreras para su contención y adecuada gestión posterior.  
4. En el caso de temporales u otros sucesos que puedan generar incidentes de seguridad por elementos a la deriva, daños en el balizamiento u otros, se comunicará de manera inmediata a los órganos competentes y se procederá a la retirada de los elementos dañados.  
5. Los residuos generados en la explotación derivados del proceso productivo y de las labores de mantenimiento se retirarán diariamente. Los residuos se almacenarán en las instalaciones de la empresa ubicadas en el puerto de Calp por separado y de acuerdo con su naturaleza hasta su retirada por gestor autorizado.  
- El promotor deberá justificar ante el órgano sustantivo el gestor SANDAH que retirara los peces muertos.  
- En particular, las redes, cabos y demás artes de pesca residuales generados en la instalación que contienen plásticos, deberán ser gestionados de acuerdo con el régimen de responsabilidad ampliada del productor, régimen que actualmente viene regulado en los artículos 31 y 32 del título IV de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados o norma que la sustituya.  
- Se mantendrá a disposición de las autoridades competentes la documentación relativa al destino de los diferentes residuos.  
- Se prohíbe terminantemente el vertido al medio marino de residuos y sustancias impropias del proceso productivo.  
6. Se comunicará con antelación suficiente a Salvamento Marítimo el comienzo y la finalización de los trabajos de instalación de la granja para la autorización de los trabajos y la emisión de radioavisos, proporcionando los datos de balizamiento asociados al proyecto.  
- También se comunicará al Ministerio de Defensa el comienzo y finalización de los trabajos de instalación de la granja.  
- Una vez finalizados los trabajos, se remitirá al Instituto Hidrográfico de la Marina un informe final con los planos y características de la instalación para su inclusión en la cartografía oficial.  
7. El desmantelamiento de la granja existente (granja n.o 23) incluirá la retirada de los elementos que componen las instalaciones para su adecuada gestión por parte de gestor autorizado.  
- Se comunicará al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental el cierre definitivo de las instalaciones, remitiendo un informe al finalizar el desmantelamiento incluyendo el destino de los elementos retirados.  
8. Deja de tener efectos la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente al expediente 98/5823-QSF, relativa a la granja n.o 21 en aguas de Altea, desmantelada con fecha 4 de septiembre de 2018.  
- Asimismo, una vez cese la producción en la granja n.o 23 a ampliar, dejará de tener efectos la Declaracion de Impacto Ambiental correspondiente al expediente 119/8059-PJC  
  
5º Concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre (Dirección General de la Costa y el Mar)  
1ª. La presente concesión, que no implica cesión del dominio público ni de las facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Costas, dejando a salvo los derechos particulares y sin perjuicio de tercero.  
2ª. Esta concesión se otorga por el plazo que se establece en el pliego de condiciones particulares y prescripciones (en adelante PCPP). Dicho plazo será improrrogable, a menos que en el PCPP se admita explícitamente la posibilidad de una prórroga. Su cómputo se iniciará el día siguiente de la fecha de notificación del otorgamiento al concesionario.  
3ª. Las obras se realizarán con arreglo al proyecto suscrito por facultativo competente, según nombre y fecha que se indican en el PCPP, con las determinaciones y modificaciones que en este se impongan. Su ejecución se llevará a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del concesionario, que deberá designar como director de las obras un facultativo competente, según se acreditará ante el Servicio Periférico de Costas.  
4ª. Esta concesión no implica la asunción de responsabilidades por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con el proyecto y la ejecución y explotación de las obras e instalaciones, tanto respecto a terceros como al concesionario.  
5ª. El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias y otras autorizaciones legalmente procedentes y, en particular, la de vertido al mar de aguas residuales o conexión, en su caso, a la red de saneamiento general.  
6ª. Esta concesión no implica la autorización para llevar a cabo actividades auxiliares fuera de los límites de la misma, tales como acopios, almacenamientos o depósito de los residuos de la explotación, ni para hacer publicidad audiovisual, salvo aquella que sirva para indicar el título y uso de la concesión, previa conformidad del Servicio Periférico de Costas.  
7ª. El concesionario queda obligado a instalar y conservar a sus expensas, en la forma y plazo que se indiquen el PCPP o por el Servicio Periférico de Costas, la señalización terrestre provisional durante las obras, así como la definitiva, que deberá incluir la de los accesos y zonas de uso público.  
En el caso de que la naturaleza marítima de la concesión así lo exija, el concesionario queda obligado a instalar y mantener a su costa las señales de balizamiento que se ordenen por el Ente Público Puertos del Estado, quien, asimismo, ejercerá la inspección sobre dicha señalización, así como establecerá el balizamiento provisional a colocar durante la ejecución de las obras. A estos efectos, con anterioridad al replanteo de las obras, deberá presentar los planos de situación y planta de las mismas. Con posterioridad, en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que se le notifiquen las señales que han de constituir el balizamiento y sus apariencias y alcances, deberá presentar el proyecto correspondiente para su aprobación por el Ente Público Puertos del Estado.  
8ª. En el caso de que existan terrenos de propiedad particular incorporados a la concesión por formar una unidad imprescindible para la explotación de la misma, antes del replanteo de las obras o simultáneamente con el mismo, se levantará preceptivamente el acta de entrega de dichos terrenos al dominio público, con asistencia de los representantes de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como del concesionario, el cual deberá aportar la certificación registral que corresponda. Durante la vigencia de la concesión, dichos terrenos tendrán el uso previsto en la misma y a su extinción mantendrán su calificación jurídica de dominio público.  
9ª. El concesionario queda obligado a presentar el título de esta concesión dentro del plazo de treinta (30) días, contados desde el siguiente a la notificación del otorgamiento, en la Oficina liquidadora que corresponda, a efectos de satisfacer, si procede, el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, conforme al texto refundido de dicho Impuesto, actualmente vigente, y a entregar justificante de ello en el Servicio Periférico de Costas. Asimismo, en el mismo plazo, deberá entregarse en el Servicio Periférico de Costas el resguardo original que acredite haber constituido, si procede, en la Caja General de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales, la fianza definitiva equivalente al 5 por 100 del presupuesto total de las obras e instalaciones a realizar en el dominio público.  
10ª. El concesionario queda obligado a reponer y conservar los hitos del deslinde a los que esté referida la concesión, en la forma que se le indique por el Servicio Periférico de Costas.  
11ª. El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que puedan causar las obras autorizadas, directa o indirectamente, en las playas y costas inmediatas o próximas, a juicio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debiendo presentar a estos efectos en el plazo que se le señale, el proyecto que comprenda las obras necesarias, que deberá realizar a sus expensas a fin de reparar los daños causados por las mismas.  
Aceptado dicho proyecto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el concesionario realizará las obras en el plazo que se le indique.  
  
Cánones, tasas y gastos.  
12ª. El concesionario abonará por semestres adelantados al Tesoro Público a partir de la fecha de notificación de la concesión en la forma y cantidad que se fija en el PCPP, el importe correspondiente al canon de ocupación o aprovechamiento.  
Este canon podrá ser revisado por la Administración en el plazo que se fije en el PCPP, proporcionalmente al aumento que experimente el valor de la base utilizada para fijarlo.  
Asimismo presentará, en su caso, en el plazo de quince días, los correspondientes justificantes de dichos abonos para conocimiento del Servicio Periférico de Costas.  
13ª. Los gastos que se originen por el replanteo y el reconocimiento final de las obras, así como la inspección y vigilancia de las mismas, serán de cuenta del concesionario.  
Replanteo de las obras.  
14ª. Una vez cumplimentados los trámites establecidos en las condiciones quinta, octava y novena, el concesionario solicitará por escrito del Servicio Periférico de Costas, con la suficiente antelación para que las obras puedan comenzarse dentro del plazo, el replanteo de las mismas, que se practicará por el Ingeniero representante del Servicio Periférico de Costas, con asistencia del concesionario y de su director de obra, levantándose acta y planos general y de detalle, correspondiendo a la autoridad competente su aprobación, si procede.  
En dichos planos deberán representarse, al menos, con las suficientes referencias fijas:  
a) El deslinde del dominio público (líneas interior y exterior de la zona marítimoterrestre y, en su caso, línea de playa o de otras pertenencias del dominio público marítimo-terrestre).  
b) En su caso, los accesos públicos al dominio público marítimo hasta su conexión con viales públicos.  
c) El dominio público en concesión y su ocupación con las obras del proyecto, así como todas aquellas secciones que sean necesarias para su definición.  
d) En su caso, los terrenos de propiedad particular que se incorporan al dominio público marítimo estatal.  
e) Las zonas de distinto uso, público y privado.  
f) Las zonas que, por sus diferentes valoraciones deban satisfacer distintos cánones.  
Tanto en el acta como en los planos, se consignarán las mediciones de las superficies mencionadas y su carácter.  
  
Ejecución de las obras.  
15ª. El concesionario dará comienzo a las obras y las terminará totalmente dentro de los respectivos plazos que se señale el PCPP, ambos contados desde el día siguiente a la fecha de notificación de la concesión.  
16ª. El concesionario no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, espacio alguno del dominio público fuera del autorizado especialmente para ello por el Servicio Periférico de Costas.  
17ª. Si transcurrido el plazo señalado para el comienzo de las obras, estas no se hubieran iniciado y el concesionario no hubiera solicitado la prórroga de aquel, la Administración declarará, sin más trámite, resuelta o anulada la concesión, quedando a favor del Estado la fianza constituida.  
18ª. El Servicio Periférico de Costas podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras, para comprobar si las mismas se ajustan al proyecto en base al cual se ha otorgado la concesión. Si apreciara la existencia de desviaciones en relación con el mismo, ordenará la paralización de las obras en la forma establecida por el artículo 103 de la Ley de Costas, incoando, en su caso, los expedientes que correspondan y, en particular, el de caducidad cuando las modificaciones sean de sensible importancia.  
19ª. Si el concesionario incumpliera el plazo de terminación de las obras sin haber solicitado prórroga del mismo, será potestativo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el concederle una prórroga de dicho plazo, con posibilidad de una sanción de hasta el diez por 100 del presupuesto total de las obras, o incoar el expediente de caducidad de la concesión. Si se concediera dicha prórroga, la misma será la última que podrá otorgarse en estas condiciones, por lo que un nuevo incumplimiento llevará necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión.  
20ª. Si el concesionario, antes de terminar las obras e instalaciones, renunciara total o parcialmente a la concesión, perderá la fianza constituida, a menos que demostrara que la renuncia fue motivada por la denegación, por parte de otros organismos oficiales, de las licencias, permisos u otras autorizaciones necesarias. Además, salvo decisión contraria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quedará obligado a levantar las obras e instalaciones a su costa, dejando el terreno de la concesión libre de toda ocupación, en el plazo de que se le señale.  
  
Reconocimiento de las obras.  
21ª. Terminadas las obras, el concesionario presentará el certificado final de la obra, suscrito por su director y visado por su colegio profesional, en el que deberán estar incluidas todas las obras, incluso, en su caso, las correspondientes al vertido de aguas residuales al mar, y solicitará por escrito del Servicio Periférico de Costas el reconocimiento final de las mismas, que se practicará con asistencia del Ingeniero representante de aquella, del concesionario y de su director de obra, levantándose acta y planos con los mismos requisitos que los de replanteo. El incumplimiento de esta condición llevará necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión.  
22ª. La fianza definitiva se devolverá al concesionario al año de haber sido aprobados por la autoridad competente el acta y planos de reconocimiento final de las obras. Dichas obras sustituirán entonces a la fianza y responderán del cumplimiento de las cláusulas de esta concesión, cuando fuera procedente.  
  
Conservación de las obras.  
23ª. El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos concedidos en perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, de higiene y de estética, realizando a su cargo los trabajos de conservación y mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello. Cuando estas tengan el carácter de gran reparación, el concesionario deberá presentar previamente, para su aceptación, en su caso, por la Administración, el proyecto correspondiente.  
24ª. El Servicio Periférico de Costas podrá inspeccionar en todo momento el estado de conservación y mantenimiento de las obras y terrenos concedidos y señalar las reparaciones y otras acciones que deban realizarse para el cumplimiento de los términos de la concesión, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas en el plazo que se le indique y en la forma establecida en la anterior condición 23. Si el concesionario no realizara estas actuaciones en el plazo establecido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podrá imponerle una sanción económica que no exceda del 10 por 100 del presupuesto total de las obras autorizadas, concediéndole un nuevo plazo de ejecución. Si el concesionario no ejecutara las reparaciones en este nuevo plazo, se procederá a la incoación del expediente de caducidad de la concesión.  
25ª. La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la presente concesión, siempre que se deba a causas de fuerza mayor, dará derecho al concesionario a optar entre la renuncia a la concesión sin derecho a indemnización alguna y con la obligación de demoler y retirar los restos de las obras, o la reconstrucción a sus expensas de las mismas en el plazo que se le señale por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario o personas que de él dependan, la opción anterior corresponderá a dicha Dirección General, si bien en el caso de que el concesionario no presente la renuncia a la concesión, se instruirá el expediente de caducidad de la misma.  
26ª. Si el concesionario, una vez terminadas las obras y aprobada el acta de reconocimiento final de las mismas, renunciara total o parcialmente a la concesión, quedará obligado, de acuerdo con lo que se determine por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a entregar las obras e instalaciones al dominio público estatal o levantarlas a su costa, dejando en este último caso el terreno total o parcialmente libre de ocupación.  
  
Uso y explotación.  
27ª. El concesionario no podrá destinar los terrenos de dominio público concedidos, ni las obras en ellos ejecutadas, a usos distintos de los expresados en la concesión.  
28ª. Salvo que el PCPP señalara otro plazo distinto, la falta de utilización durante el período de un año de las obras y bienes de dominio público concedidos, llevará necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión, a no ser que obedezca a justa causa.  
29ª. Cuando por la importancia y naturaleza de la concesión, así se exija en el PCPP, el concesionario quedará obligado a designar un director de explotación, que deberá ser un facultativo competente por razón de la materia, cuyo nombramiento se acreditará ante el Servicio Periférico de Costas.  
Asimismo, en aquellos casos que así se exija en el PCPP, el concesionario deberá presentar, para su aceptación por la Administración, las tarifas máximas a abonar por el público como consecuencia de la explotación de las obras e instalaciones.  
30ª. Si durante la vigencia de la concesión se advirtiera la realización de obras o usos no amparados por la misma, el Servicio Periférico de Costas ordenará, respectivamente, su paralización o suspensión, en la forma y con los efectos previstos en el artículo 103 de la Ley de costas. Si las infracciones cometidas fuesen de importancia notoria, se incoará, asimismo, expediente de caducidad de la concesión.  
  
Transferencia.  
31ª. La condición 31ª del pliego de Condiciones Generales relativa a la transferencia de las concesiones, queda anulada, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley de Costas.  
  
Otras disposiciones.  
32ª. El concesionario vendrá obligado a cumplir las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten, que afecten al dominio público concedido y a las obras y actividades que en el mismo se desarrollen, especialmente las correspondientes a la ordenación del dominio marítimo, y a la Ley de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, sin que las que se ejecuten ni su uso pueda ser obstáculo para el ejercicio de las servidumbres de tránsito, protección y acceso al mar.  
  
Rescate de la concesión.  
33ª. Si los terrenos de dominio público objeto de la concesión fuesen necesarios, total o parcialmente, para la realización de actividades o ejecución de obras declaradas de utilidad pública y para llevarlas a cabo fuera necesario utilizar o demoler, en todo o en parte, los terrenos u obras de la concesión, la Administración podrá proceder al rescate de la misma antes de su vencimiento.  
A tal efecto se incoará el expediente de rescate de la concesión, en el que se dará audiencia al concesionario, cumpliéndose, además, todos los trámites que establece la Ley de procedimiento administrativo y demás disposiciones que sean de aplicación.  
La valoración del rescate se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Costas. El concesionario podrá además, retirar libremente aquellos elementos existentes en la concesión que no hubieran sido relacionados en el acta de reconocimiento final y no estén unidos de manera fija al inmueble, siempre que con ello no se produzcan quebrantamiento ni deterioro del mismo, salvo que la Administración decida también su rescate.  
Si las obras se encontrasen deterioradas, se determinará por la Administración el presupuesto de los gastos necesarios para dejarlas en buen estado, el cual se notificará al concesionario antes de ser aprobado. Su importe se rebajará de la tasación, y la diferencia que resulte será la cantidad que se abone al concesionario.  
  
Revocación.  
34ª. Cuando sin intervención de la Administración, varíen los supuestos físicos sobre los que se otorgó la concesión, la Administración podrá modificar o declarar resuelta la misma en función de las variaciones ocurridas y normativa aplicable, sin que el concesionario tenga derecho a indemnización.  
  
Vencimiento del plazo concesional.  
35ª. Cuando por vencimiento del plazo concesional se produzca la reversión, quedarán extinguidos automáticamente, sin necesidad de declaración expresa, los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre el dominio público concedido y las obras e instalaciones objeto de la concesión.  
Tampoco asumirá la Administración los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por lo tanto, pueda en forma alguna entenderse que la reversión implica la sustitución de empresa prevista en la legislación laboral vigente.  
36ª. Terminado el plazo concesional, revertirán al dominio público estatal los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, estando obligado el concesionario, a sus expensas, a la demolición y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna, excepto en el caso de que la Administración durante el plazo de tantos meses, antes del vencimiento del plazo concesional, como años tenga el mismo, de propia iniciativa o a petición del concesionario, declare que, dado que se mantiene el interés público de las obras e instalaciones, procede su mantenimiento para continuar su explotación en la forma que se determine.  
El concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de reconocimiento final levantada conforme establece la anterior condición 21, siempre que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, si la Administración no decide también su adquisición.  
De la recepción por la Administración de los bienes revertidos, se levantará la correspondiente acta en presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se reseñará el cumplimiento por el concesionario de la obligación de reponer el terreno a su anterior estado o, en el caso de que la Administración hubiera optado por el mantenimiento de las obras e instalaciones, el estado de conservación de las mismas, especificándose los deterioros que presenten. En este último caso, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se indicará al concesionario el conjunto de las reparaciones necesarias a ejecutar a su cargo en el plazo que se le señale.  
  
Procedimiento sancionador, caducidad y apremio.  
37ª. El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas en la concesión dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador por infracción contemplada en el artículo 90.d de la Ley de Costas, sin perjuicio de que, cuando a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, esta pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente.  
38ª. Sin perjuicio de lo dispuesto en la condición 17 y de las causas que obligarán necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión, señaladas en las condiciones anteriores y en el artículo 79 de la Ley de Costas, el incumplimiento por el concesionario de aquellas otras condiciones particulares y prescripciones, que se determinen específicamente en el PCPP, también será causa obligada de incoación del correspondiente expediente de caducidad.  
Los demás supuestos de incumplimiento podrán, asimismo, ser causa de caducidad de la concesión, especialmente cuando existan reiteradas infracciones de una o varias de las restantes condiciones.  
La declaración de caducidad supondrá la pérdida de la fianza o fianzas constituidas, en el supuesto de que todavía no se hubieran devuelto, pudiendo llevar aparejada, a criterio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la demolición y retirada de las obras e instalaciones, parcial o total, a cargo del concesionario, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna.  
La tramitación del expediente de caducidad se realizará con independencia de la incoación del procedimiento sancionador que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en la anterior condición 37.  
39ª. Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se le ordenen por la Administración, en aplicación de las condiciones correspondientes, esta, de conformidad con el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de los gastos, así como de los daños y perjuicios a cargo del concesionario.  
40ª. Si en virtud de las actuaciones practicadas el concesionario hubiere de satisfacer a la Administración cantidad líquida, en caso de impago se seguirá el procedimiento de apremio conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.  
  
Condiciones particulares:  
1º. Esta concesión se otorga por un plazo de diez 10 años, prorrogables por iguales periodos hasta un máximo de 50 años, previa solicitud del concesionario y autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  
El cómputo de este plazo se iniciará el día siguiente de la fecha de notificación al interesado de la presente orden.  
Las prórrogas se otorgarán o denegarán en función de los estudios e informes sobre seguimiento de la actividad y sus efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre.  
Para dicho seguimiento, el concesionario deberá presentar ante el Servicio Provincial de Costas de Alicante los oportunos informes sobre los efectos de la actividad en el dominio público marítimo-terrestre, realizados con solvencia científica, con una periodicidad de cinco años, partiendo de la situación actual.  
2ª. Las obras autorizadas son las definidas en el «Proyecto de ampliación de instalación de acuicultura en jaulas flotantes para producción ecológica en aguas del Mediterráneo, Calp (Alicante)», suscrito en febrero de 2018 por el ingeniero técnico naval Guillermo Estalrich Mezquida.  
3ª. El concesionario abonará en el Tesoro Público, por semestres adelantados, el importe correspondiente al canon, calculado por la ocupación de la superficie de dominio público marítimo-terrestre, otorgada en esta concesión, en una cuantía de 0,03210 ?/m² y año, debiendo presentar los correspondientes justificantes de pago en el Servicio Provincial de Costas de Alicante. Una vez aprobada el acta de reconocimiento final de obras el canon se aplicará a la superficie definitivamente ocupada determinada por las cuatro boyas de señalización.  
Caso de aportar certificación del sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14739, se aplicaría una reducción del 25 % del canon con lo cual sería de 0,02842 ?/m² y año. La reducción tendría validez durante el periodo de vigencia de la certificación medioambiental presentada y se renovaría automáticamente con la presentación de una nueva certificación para el siguiente periodo. No obstante, en caso de que una vez finalizado el periodo de validez de la certificación medioambiental presentada esta no fuese renovada, se abonaría el canon sin reducción alguna.  
Este canon, podrá ser revisado por la Administración cuando varíe el valor de la base imponible utilizada para su cálculo.  
El pago de esta tasa se acomodará a lo previsto en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público y disposiciones que la desarrollen.  
4º. El concesionario dará comienzo a las obras dentro del plazo de seis (6) meses, debiendo quedar totalmente terminadas en el plazo de doce (12) meses.  
5ª. El concesionario está obligado a la presentación de fianza definitiva a la que se refiere el artículo 88 de la Ley 22/1988.  
  
Prescripciones:  
A. El concesionario deberá cumplir todo lo señalado por los organismos oficiales que han informado el proyecto y en particular con las condiciones contenidas en la Resolución de Declaración de Impacto Ambiental de 3 de agosto de 2020 de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.  
B. De conformidad con la disposición adicional quinta de la Ley 22/1988, esta concesión autoriza exclusivamente la ocupación del dominio público marítimoterrestre afectado por el proyecto y no prejuzga el resultado de la concesión de funcionamiento o servicio, cuyo otorgamiento corresponde a la Comunidad Autónoma, con arreglo a la legislación sectorial aplicable, en la que se deberán valorar los efectos medioambientales de la actividad propuesta. El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones legalmente procedentes.  
C. El concesionario será responsable de todos los daños y perjuicios para las personas, las cosas y el medio ambiente que se puedan derivar de la actividad, directa o indirectamente, en la mar, en su lecho y subsuelo, y en general, en los bienes de dominio público marítimo-terrestre, debiendo presentar a estos efectos, en el plazo que se le señale, el proyecto que comprenda las obras necesarias, que deberá realizar a sus expensas, a fin de reparar los daños causados.  
D. Si la instalación autorizada produjera daños en las costas o en el medio marino circundante y sus recursos naturales, o constituyera un obstáculo o dificultara la eventual extracción de arenas para futuras obras de regeneración de playas, esta Dirección General podrá proceder la retirada de las instalaciones a costa del concesionario y su posterior traslado al lugar que se le indique a este.  
E. A la terminación del plazo concesional, el concesionario deberá retirar a su costa todos los elementos fondeados, salvo que esta Dirección General manifieste otro criterio.  
F. En el caso de que fuese necesario a juicio de la Administración del Estado, realizar obras de mayor interés público, la modificación de las instalaciones autorizadas o el cambio de su ubicación, o incluso su desmontaje el concesionario estará a lo que la Administración del Estado disponga, debiendo modificar o desmontar las mismas en el plazo que se le indique y a su costa.  
G. En las actas y planos de replanteo y de reconocimiento final se determinará la superficie exacta del dominio público marítimo-terrestre ocupado, quedando así fijado el canon definitivo a abonar.  
H. No se permitirá ningún tipo de vertido al mar, al dominio público marítimo-terrestre ni a la zona de servidumbre de protección, incluso de tierras, escombros, materiales o productos generados por la obra, que no cuente con la debida autorización, debiendo establecer las medidas oportunas para corregir los impactos generados durante la fase de ejecución de la obra o instalación de la ocupación.  
I. El concesionario deberá comunicar a la Capitanía Marítima correspondiente de la Dirección General de la Marina Mercante y al Instituto Hidrográfico de la Marina las fechas de comienzo y terminación de las obras, a los efectos de incluir la correspondiente información en las Cartas de Navegación y Avisos a los Navegantes. Dichas fechas de comienzo y terminación de las obras deberán ser comunicadas también a la Autoridad Portuaria correspondiente con objeto de realizar el seguimiento y comprobación del balizamiento.  
J. Se advierte expresamente que la zona sobre la que está previsto ubicar las instalaciones puede ser inundable por su propia naturaleza, por lo que el concesionario asume todos los riesgos y daños derivados, tanto para las instalaciones como para sus usuarios, de dicho emplazamiento y de su proximidad al mar, debiendo establecer las medidas de seguridad y vigilancia oportunas.  
K. Todas las consideraciones anteriores, así como cualquier incidencia en el medio ambiente que pueda surgir en el proceso de ejecución de las obras, serán observadas en el reconocimiento final de las mismas por el Servicio Provincial de Costas de Alicante, exigiéndose un proyecto de acondicionamiento y mejora del entorno ambiental, si se considera necesario, a tenor del impacto producido por el establecimiento e implantación de las instalaciones.  
L. El incumplimiento de cualquiera de las anteriores prescripciones dará lugar a la caducidad de la concesión con independencia de la tramitación del expediente sancionador que corresponda.