Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 10967, del 19-12-2024 (2024/13700)

DECRETO 188/2024, de 17 de diciembre, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones directas a familias monoparentales, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud en 2025.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2024/12/17/188/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   10149

Fecha DOGV
:   19-12-2024

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2024/13907

CVE
:   XZRY-Y-8574-61810

Fecha del documento
:   17-12-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Decreto

Descriptores 

:   * ayuda pública
    * cuidado de la salud
    * familia monoparental
    * salud pública

PREÁMBULO

La [Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad](http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_014_1986.pdf)  (en adelante LGS) tiene como objetivo primordial establecer la estructura y el funcionamiento del sistema sanitario público en el modelo político y territorial que deriva de la Constitución. Según su artículo 1, su objeto consiste en la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución.

La LGS reconoce, en su título preliminar, como «titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional». A tal efecto, en su artículo 12 establece que «los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio español, según lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución».

En la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, cuyo objeto es establecer el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las administraciones públicas sanitarias, en el ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, así como la colaboración activa de éste en la reducción de las desigualdades en salud, regula en su artículo 2 los principios generales para su consecución.

La prestación farmacéutica constituye un elemento principal en la atención a la salud, que las diversas modificaciones operadas en torno a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en la actualidad, Real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (en adelante TRLM) han ido configurando como una prestación universal.

La Organización Mundial de la Salud considera que la adherencia terapéutica deficiente es la principal razón del beneficio clínico inferior al nivel óptimo. Causa complicaciones médicas y psicosociales de la enfermedad, reduce la calidad de vida del colectivo de pacientes y desperdicia los recursos de atención de salud. Estas consecuencias directas menguan la capacidad de los sistemas de asistencia sanitaria de todo el mundo para alcanzar las metas de salud de la población.

El Consell ha desarrollado una recuperación y ampliación de derechos en materia sanitaria. En lo referente a la prestación farmacéutica, ha aprobado decretos que establecen la aprobación de bases para la concesión de subvenciones directas destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud durante los ejercicios presupuestarios de 2016 a 2024.

Los colectivos de personas beneficiarias han sido pensionistas con rentas bajas, personas con diversidad funcional, niños, niñas y adolescentes con renta baja o no registradas ni autorizadas a residir en España, personas en situación de desempleo y familias monoparentales.

Las subvenciones al copago farmacéutico y ortoprotésico han tenido un efecto positivo sobre la adherencia al tratamiento en la población subvencionada, al descender tanto el número de tratamientos abandonados como el número de tratamientos no iniciados.

La prestación farmacéutica de estos colectivos está sujeta a copago. El sistema de aportación de las personas usuarias y beneficiarias en la prestación farmacéutica ambulatoria (Real decreto ley 16/2012, de 20 de abril), se encuentra recogido en el artículo 102 del TRLM.

Por todo lo expuesto, podemos concluir que las personas beneficiarias de la presente subvención se encuentran en una situación real de necesidad, derivado de los medios económicos que las misma poseen, hasta el punto de que dicha situación económica es un criterio que interfiere en el no inicio de tratamientos farmacológicos prescritos por personal facultativo y de abandono de los mismos.

Es por tanto, un riesgo inasumible mantener a colectivos desfavorecidos, merecedores de especial amparo constitucional, lejos del disfrute efectivo del derecho a la prestación farmacéutica, ya que no existe posibilidad del disfrute parcial de dicho derecho a través de su mera enunciación formal. Es decir, sin acceso a los medicamentos y a los productos sanitarios de modo que todo paciente lo reciba y lo utilice de forma adecuada a sus necesidades clínicas y en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo adecuado y con la información necesaria para su correcto uso, no está garantizado el acceso a la prestación farmacéutica y por tanto se compromete el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria recogido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución.

El mecanismo, la subvención, ha permitido mejorar la tasa de abandono de los tratamientos en los colectivos que actualmente son subvencionados y garantizar el tratamiento y restablecimiento de la salud a través de la prestación farmacéutica, eliminando los obstáculos económicos que el sistema de aportación representa para determinados colectivos.

La falta de adherencia a los tratamientos prescritos, y la consecuente conveniencia de asegurar la disminución de los porcentajes de abandono o de falta de inicio de los tratamientos prescritos, sin hacerlo depender de un lento proceso de pública concurrencia, que en muchos casos se puede frustrar, además, por la falta de iniciativa en pacientes que solicitan la subvención, hacen dificultoso un proceso de convocatoria pública, lo que justifica, junto con las razones de interés público sanitario antes aludidas, el acudir al procedimiento de concesión directa mediante el decreto, de acuerdo con las previsiones legales ya referidas.

Especial atención merecen las personas beneficiarias del título de familia monoparental. Todas ellas pertenecientes a hogares en riesgo de pobreza y exclusión social, con escasez de medios económicos, que se encuentran en una situación real de necesidad para la cobertura de sus necesidades básicas y más para el acceso a la prestación farmacéutica. Hasta el punto de que esa situación económica es un criterio que puede interferir en el no inicio de tratamientos farmacológicos prescritos por personal facultativo y de abandono de los mismos. Es un riesgo inasumible mantener a colectivos desfavorecidos, merecedores de especial amparo constitucional, lejos del disfrute efectivo del derecho a la prestación farmacéutica, ya que no existe posibilidad del disfrute parcial de dicho derecho a través de su mera enunciación formal. Es decir, sin acceso a los medicamentos y a los productos sanitarios de modo que todo paciente los reciban y los utilicen de forma adecuada a sus necesidades clínicas y en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo adecuado y con la información necesaria para su correcto uso, no está garantizado el acceso a la prestación farmacéutica y por tanto se compromete el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria recogido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. Y es a estos colectivos a quien va dirigido el presente decreto.

La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector instrumental y subvenciones, prevé en su artículo 168.1.C) la concesión directa de «con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».

Las subvenciones que se concedan conforme a las bases generales de este decreto no precisan de su notificación a la Comisión Europea, por no reunir todos los requisitos del apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, puesto que van dirigidas a personas que no ejercen actividad económica.

Por ello, y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 28.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell de la Generalitat, de conformidad con el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y subvenciones, previo informe de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública e informe de la Abogacía General de la Generalitat, y previa deliberación del Consell, en su reunión del día 17 de diciembre de 2024,

DECRETO

*Artículo 1. Objeto de la convocatoria, ámbito de aplicación y régimen jurídico*

1. El presente decreto tiene como objeto aprobar las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de las subvenciones directas de interés socio-sanitario destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario Público, que estén sujetos a financiación pública, correspondientes al periodo del ejercicio 2025.

2. Las subvenciones se aplicarán en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana a quienes tengan la condición de personas beneficiarias, según el presente decreto.

3. En todo lo no previsto en el presente decreto será de aplicación lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, y en los preceptos declarados básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones.

4. Respecto al procedimiento administrativo, será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

*Artículo 2. Financiación*

1. Las subvenciones se concederán con cargo a los presupuestos de la Generalitat para el 2025, sección G0110, servicio G011002, centro gestor U24370609, subprograma 412B25, capítulo IV, línea presupuestaria S1070, «Ayudas pobreza farmacéutica; familia monoparental» con un importe total máximo de 15.000 euros.

2. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, por las razones de interés público, social, económico o humanitario, acreditadas en el expediente del presente decreto, las subvenciones objeto del mismo, tienen carácter excepcional, por lo que se concederán de forma directa a las personas beneficiarias.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 en sus apartados 1, 3 y 4  de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, el presente decreto de tramitación anticipada se financiará con cargo a los presupuestos de la Generalitat para 2025, quedando condicionada su resolución a la efectiva existencia de crédito adecuado y suficiente una vez aprobado el presupuesto de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2025.

*Artículo 3. Colectivo de personas beneficiarias*

1. Serán beneficiarias de las subvenciones objeto de regulación de este decreto, las personas que cumplan los requisitos expresados a continuación.

a) Ostentar la condición de persona asegurada del Sistema Nacional de Salud (SNS) y disponer tarjeta sanitaria individual expedida por la Conselleria de Sanidad.

b) Ostentar el título de familia monoparental expedido por la conselleria competente en diversidad familiar según lo establecido en la normativa vigente en materia de reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana.

c) Tener un nivel de ingresos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuales.

d) Ser residente en la Comunitat Valenciana.

2. No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, las personas en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, a excepción del requisito previsto en la letra e), dada la naturaleza de estas subvenciones.

*Artículo 4. Gastos subvencionables*

Se consideran gastos subvencionables las cantidades abonadas por tratamientos farmacológicos sujetos a financiación pública, prescritos por el personal médico del Sistema Sanitario Público a las personas beneficiarias del presente decreto y adquiridos en establecimientos autorizados de la Comunitat Valenciana, en el ejercicio 2025.

*Artículo 5. Procedimiento*

1. La tramitación del expediente se realizará mediante la solicitud de la persona interesada, su reconocimiento como beneficiaria y de concesión de la subvención.

En estos casos, se realizará, mediante el modelo de solicitud normalizado que se encuentra disponible en la sede electrónica o portal institucional de la Generalitat en internet, <https://sede.gva.es>, en la página web de la conselleria con competencias en materia de sanidad, [www.san.gva.es](http://www.san.gva.es), y en la guía PROP de la Generalitat www.prop.gva.es, por sí mismas o a través de quien les represente legalmente, acompañado de la siguiente documentación:

a) El documento de identificación de la persona solicitante. En caso de personas menores de edad emancipadas, la certificación de la inscripción en el registro civil.

b) La Tarjeta Sanitaria Individual expedida por la Conselleria de Sanidad.

c) El título colectivo de reconocimiento de familia monoparental de conformidad con la normativa vigente en materia de reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana.

d) Acreditación de nivel de ingresos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuales, acreditado por la base imponible general de la declaración de la Renta del ejercicio 2023 o bien la cantidad de ingresos que indique el certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria que reconoce la no obligación de presentar la declaración referido al ejercicio 2023

e) En el caso de que la solicitud incluya reintegro de gastos, documentación de los gastos correspondientes a los tratamientos farmacológicos sujetos a financiación pública, prescritos por el personal médico del Sistema Sanitario Público a las personas beneficiarias del presente decreto y modelo de domiciliación bancaria, según modelo normalizado que se encuentra disponible en la sede electrónica o portal institucional de la Generalitat en internet, <https://sede.gva.es>, en la página web de la conselleria con competencias en materia de sanidad, [www.san.gva.es](http://www.san.gva.es), y en la guía PROP de la Generalitat www.prop.gva.es, salvo que la cuenta bancaria estuviere de alta en la Generalitat.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada en el correspondiente modelo normalizado de solicitud, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos anteriormente indicados. En caso de no autorizarlo, deberá aportarlos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento (artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.).

3. La solicitud contendrá declaración responsable de quien lo solicita de que no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, señaladas en el artículo 13 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

4. Las solicitudes se presentarán en el centro de salud donde esté adscrita la persona interesada, y en el caso de no existir dicha adscripción, se presentará en los servicios territoriales de la Conselleria de Sanidad, sitos en Alicante (c/ Gerona, 26. 03202), Castelló de la Plana (c/ Huerto Sogueros, 12. 12917) y València (Gran Vía Fernando el Católico, 74. 46604). Sin perjuicio de cualquier otra de las formas previstas en la legislación básica de procedimiento administrativo común.

5. En caso de envío por correo certificado, la presentación de la solicitud en la oficina de correos correspondiente deberá hacerse en sobre abierto, a fin de que el ejemplar destinado a la Conselleria de Sanidad sea fechado y sellado antes de ser certificado. En caso de que la solicitud no esté fechada y sellada por la oficina de Correos correspondiente, se entenderá como fecha válida de presentación aquella que aparezca en la entrada de registro de la Conselleria de Sanidad.

6. El plazo de presentación de las solicitudes será desde la fecha de producción de efectos del presente decreto hasta el 31 de diciembre de 2025.

*Artículo 6. Resolución y notificación del procedimiento*

1. En el caso de solicitud para la inclusión como persona beneficiaria en el procedimiento de concesión de las subvenciones, la instrucción y resolución y, en su caso, la denegación de dicha condición, se atribuye según lo previsto en el artículo 168.1.C, subapartado e) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, a la persona titular de la Dirección Territorial de Sanidad al que está adscrita la persona beneficiaria, previa la tramitación procedente por la respectiva Dirección Territorial.

2. El plazo máximo para tramitar, resolver y notificar tales expedientes será de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

3. Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución, se entenderá desestimada la solicitud de concesión de la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

4. La concesión y, en su caso, la denegación de la condición de persona beneficiaria y perceptora de la subvención, en el caso de identificación de oficio de ser beneficiaria, se atribuye según lo previsto en el artículo 168.1.C, subapartado e) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, a la Dirección Territorial de Sanidad al que está adscrita la persona beneficiaria.

5. En tales supuestos la notificación se efectuará mediante publicación en la página web de la Conselleria de Sanidad (www.san.gva.es) y en los distintos Centros de Salud. Asimismo, dicha notificación será puesta en su conocimiento a través de su hoja de tratamientos vigentes.

6. La resolución de concesión producirá efectos desde el día siguiente al de la publicación del presente Decreto en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, siempre y cuando, la persona solicitante reúna en dicha fecha los requisitos establecidos en el artículo 3 del presente. En otro caso, los efectos se producirán desde la fecha en que reúna dichos requisitos.

*Artículo 7. Recursos*

Contra la resolución que se dicte, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Sanidad, en la forma y plazos establecida en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

*Artículo 8. Forma de pago y justificación*

1. Se establecen dos procedimientos de pago de las subvenciones: el abono directo a la entidad colaboradora titular del establecimiento autorizado o el reembolso a la persona beneficiaria.

2. La Conselleria de Sanidad acordará con las entidades colaboradoras el procedimiento para efectuar el abono directo, que se instrumentará a través de un convenio de colaboración.

3. El pago de la subvención a la persona beneficiaria en los procedimientos de reembolso se efectuará mediante justificación del importe satisfecho en concepto de tratamientos farmacológicos, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.

4. Respecto a la justificación del gasto, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, se efectuará mediante la aportación por la misma de las correspondientes hojas de tratamiento y de las facturas del gasto efectuado.

*Artículo 9. Tratamiento de datos de carácter personal*

1. La conselleria competente en materia de Sanidad es responsable del tratamiento de datos de carácter personal que comporta la gestión, tramitación y concesión de esta subvención, y como tal, actuará conforme a los principios, las medidas y garantías reguladas en la normativa vigente en materia de protección de datos. En consecuencia, se garantizará una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o mal accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas, garantizando así la integridad y confidencialidad de los datos.

2. Se incluirá la información que tiene que facilitarse a las personas interesadas o a sus representantes legales, en relación con sus datos de carácter personal, de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Reglamento general de protección de datos y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Así mismo, en el diseño de los formularios de solicitud de ayudas/subvenciones, en la exigencia de aportación documental y en las publicaciones y otros actos administrativos, los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

3. Cuando los beneficiarios aporten datos de carácter personal de terceras personas a fin de cumplir las obligaciones y las justificaciones derivadas del otorgamiento de las subvenciones, deberán informarlas de los siguientes extremos:

a) La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.

b) La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad. Si esta consulta requiere autorización por ley por parte de las personas cuyos datos se van a consultar, la persona solicitante o quien le represente legalmente deberá haber recabado dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.

c) La posibilidad y forma de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición que le asisten en relación con el tratamiento de sus datos personales.

*Artículo 10. Consulta de datos*

El régimen aplicable para que la administración obtenga datos o documentos de las administraciones públicas es el siguiente:

a) En el caso de consulta de datos que requiera autorización de la persona interesada. El órgano gestor del procedimiento deberá ser autorizado, de forma inequívoca, por esta persona para poder consultar datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Estatal, de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Autonómica, la consulta de validación del NIF de un contribuyente (VALNIF). En caso contrario, la persona interesada deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.

b) En el caso de consulta de datos que esté amparada por el artículo 28.2 de la Ley 39/2015. El órgano gestor de este procedimiento tiene la potestad para consultar información relativa a identidad de la persona solicitante o, en su caso, de quien le represente legalmente (si es verificación de datos de identidad no habría que ponerlo), así como datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social. No obstante, si la persona interesada desea oponerse a ello, es imprescindible que indique la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone queda obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes.

c) En el caso de que la persona interesada declare datos personales. El órgano gestor podrá verificar la veracidad de estos de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones.

DISPOSICIONES FINALES

*Primera. Producción de efectos*

Este decreto se publicará en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, y producirá efectos a partir del 1 de enero de 2025.

*Segunda. Recursos*

De acuerdo con el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, el presente decreto no tiene consideración de disposición de carácter general.

Contra las bases reguladas por el presente decreto, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

  

València, 17 de diciembre de 2024

Carlos Mazón Guixot

President de la Generalitat

Marciano Gómez Gómez

Conseller de Sanidad


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