Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7196, del 21-01-2014 (2014/361)

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2014, del director general de Justicia, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y se dispone su publicación.
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Número DOGV
:   7196

Fecha DOGV
:   21-01-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2014/361


Fecha del documento
:   08-01-2014

Organismo emisor
:   Conselleria de Gobernación y Justicia

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Gobernación y Justicia

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2014, del director general de Justicia, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y se dispone su publicación. [2014/361]  
Visto el expediente de modificación estatutaria instruido a instancia del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia, inscrito con el número 1 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunitat Valenciana, en el que se solicita la inscripción de su modificación Estatutaria en dicho Registro, atendiendo a los siguientes  
  
Hechos  
Primero. Los Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia fueron aprobados por Resolución de 18 de septiembre de 2007, del director general de Justicia y Menor, de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas (DOCV 5612, 3.10.2007).  
Segundo. El presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia, presentó en fecha 27 de diciembre de 2012, solicitud de inscripción de la modificación de los Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.  
Tercero. Por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia, en fecha 10 de abril de 2013, se remitió oficio de requerimiento al citado Colegio, al no adjuntarse a la solicitud de inscripción, el certificado del secretario, con el visto bueno del presidente, sobre el correspondiente acuerdo de la modificación de los Estatutos.   
Cuarto. Tras las oportunas subsanaciones, con fecha 29 de octubre de 2013, tuvo entrada en el Registro de la Consellería de Gobernación y Justicia, escrito del presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia, por el que se remitía el texto final de los artículos modificados y el certificado del secretario, con el visto bueno del presidente, sobre el citado acuerdo.  
Quinto. La modificación al texto estatutario fue aprobada por la Junta General Extraordinaria del Colegio en sus sesiones de 22 de junio de 2012 y 28 de junio de 2013, según certificación librada el día 19 de septiembre de 2013, por la secretaria del Colegio, con el visto bueno del presidente.  
Sexto. La modificación estatutaria cuya inscripción se solicita se refiere al cambio de redacción de los artículos 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 24, 50, 53, 54, 60.1, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 80, 81, los cuales quedan redactados del siguiente tenor literal:  
  
«Artículo 4. Fines esenciales  
Son fines esenciales del Colegio la: ordenación del ejercicio de la profesión, la representación institucional exclusiva de la misma mientras por ley no se disponga lo contrario, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, y, en general, la más adecuada prestación de la actividad profesional, coordinando los intereses del Colegio y sus afiliados con el posible servicio a la sociedad, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración pública por razón de la relación funcionarial.  
  
Artículo 5. Funciones del Colegio  
En el cumplimiento de sus fines, corresponden al Colegio las siguientes funciones:  
1) Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, funciones que conlleva el velar por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los consumidores o usuarios, en particular mediante la exigencia de las normas deontológicas en el ejercicio de la profesión y el ejercicio de las facultades disciplinarias.  
2) Ostentar en su ámbito territorial la representación y defensa de la profesión ante las administraciones públicas, corporaciones, tribunales y particulares, con plena legitimación para ser parte en cuantos litigios y cuestiones afecten a los intereses profesionales y colegiales, y ejercitar el derecho de petición, con arreglo a la ley.  
3) Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines.  
4) Facilitar a los tribunales relación de colegiados que puedan ser requeridos para intervenir como peritos, o designarlos por sí mismos, según proceda.  
5) Organizar y promover actividades o servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cooperativo y otros análogos.  
6) Organizar cursos y demás actos encaminados a la formación permanente profesional.  
7) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados el ordenamiento jurídico en cuanto afecte a la profesión, los estatutos, reglamentos y normas adoptados por el Colegio en materia de su competencia.  
8) Adoptar las medidas conducentes a evitar y reprimir el intrusismo profesional mientras por la ley no se disponga lo contrario.  
9) Promover el respeto y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre los mismos, e interviniendo en vía de conciliación o arbitraje en las cuestiones de índole profesional que se susciten entre los colegiados.  
10) Establecer sistemas alternativos de resolución de conflictos, tales como el arbitraje, la mediación, o la conciliación, especialmente en materia inmobiliaria, y tanto para los colegiados como para terceras personas que soliciten el mismo. Y con tal objeto instituir los correspondientes tribunales o centros que los administren, formando o seleccionando a los árbitros y mediadores que los compongan, de conformidad con las leyes vigentes en cada momento. Su creación deberá aprobarse por acuerdo de la Junta General de Colegiados, a propuesta de la Junta de Gobierno, que a tal fin podrá elaborar y aprobar, o modificar, los reglamentos oportunos en materia de arbitraje y mediación, o la adhesión a códigos de conducta.11) En particular, resolver mediante los sistemas alternativos señalados en el número 10, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias surgidas o que puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de su profesión.  
12) Determinar las obligaciones económicas de los colegiados y administrar los recursos del Colegio.  
13) Atender a las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en las leyes.  
14) Atender las quejas y reclamaciones presentadas por los colegiados, o por parte de los consumidores y usuarios, referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados que hubieren contratado sus servicios profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.  
15) Disponer, adoptar e incorporar las tecnologías precisas para que los profesionales y los consumidores y usuarios puedan a través de una ventanilla única realizar los trámites y obtener la información a que se refiere la Ley de Colegios Profesionales.  
16) Todas las demás funciones orientadas a promover y beneficiar los intereses colegiales o profesionales, o las que vengan dispuestas o reconocidas por la legislación aplicable.  
  
Artículo 7. Relaciones orgánicas  
El Colegio se relacionará con la administración autonómica de la Comunitat Valenciana a través de la consellería que corresponda.  
En su relación con el Consejo General Estatal y, en su caso, con el autonómico, se estará a lo que dispongan sus normas respectivas, siendo prelativas las autonómicas.  
  
Artículo 8. Definición  
Tendrán la consideración de administrador de fincas, a los efectos de los presentes Estatutos, las personas físicas que reuniendo los requisitos exigidos por la normativa de aplicación y en los presentes Estatutos, ejerzan profesionalmente la actividad de administración de fincas, ya sean rústicas o urbanas.   
A dicho efecto, se entenderá que ejercen profesionalmente dicha actividad, las personas físicas que, de forma habitual y constante, con despacho abierto al efecto y con preparación adecuada, destinen la totalidad o parte de su trabajo a administrar fincas rústicas o urbanas, propiedad de terceros, en beneficio de estos, con sujeción a las leyes y a los presentes Estatutos, velando por el interés común y devengando los correspondientes honorarios profesionales.   
  
Artículo 11. Requisitos  
1. Para ejercer la profesión de administrador de fincas se exige estar incorporado al Colegio Profesional mientras por ley no se disponga lo contrario, bastando que esté incorporado a uno de los colegios territoriales de España de conformidad con la Ley de Colegios Profesionales. En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro Estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en aplicación del derecho comunitario relativa al reconocimiento de cualificaciones.  
2. Para incorporarse, deberán cumplirse los siguientes requisitos:  
a) Para ejercer la profesión de administrador de fincas se exige ser de nacionalidad española, de la Unión Europea o de algún Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o de cualquier otro país siempre que cumpla los demás requisitos de titulación exigibles.   
b) Ser mayor de edad.  
c) Estar en posesión del título de Administrador de Fincas.  
d) Carecer de antecedentes penales que inhabiliten para el ejercicio profesional.  
e) Satisfacer la cuota de ingreso, la fianza exigible a los colegiados ejercientes y las demás obligaciones económicas establecidas, con sujeción en su caso, a los límites establecidos en las leyes.  
f) Cumplir cuantas obligaciones fiscales o de cualquier tipo sean exigibles legalmente para el ejercicio profesional.  
  
Artículo 12. Altas  
1. No podrá negarse la incorporación al Colegio a quienes reúnan los requisitos exigibles para ello en estos Estatutos, ni tampoco podrá limitarse el número de los colegiados.  
2. Es competencia de la Junta de Gobierno la decisión sobre las solicitudes de incorporación, que habrá de regirse por los principios de igualdad de trato y no discriminatorio.  
Las resoluciones que denieguen o suspendan la incorporación deberán estar fundamentadas debiéndose notificar a los solicitantes, que podrán interponer el potestativo recurso de reposición ante el Colegio o el recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Consejo Valenciano de Colegios de Administradores de Fincas, resolviéndolo la Junta de Gobierno en igual plazo.  
  
Artículo 14. Derechos  
Todos los colegiados tendrán los siguientes derechos:  
a) Participar activamente en la vida corporativa, ejercitando los derechos de voto, petición y acceso a los cargos directivos.  
b) Ser defendido por el Colegio en el ejercicio profesional o con motivo del mismo, previo el discrecional acuerdo de la Junta de Gobierno.  
c) Ser representados y asistidos por los servicios jurídicos, si la Junta lo considera conveniente, a fin de presentar acciones relacionadas con el ejercicio profesional ante autoridades, tribunales, entidades o particulares.  
d) Presentar al Colegio cuantas proposiciones juzgue convenientes para la profesión o el Colegio.  
e) Formular quejas contra la actuación de cualquiera de los miembros de los órganos de gobierno del Colegio, en el ejercicio de su cargo, y promover el voto de censura contra los mismos.  
f) Utilizar cuantos servicios se establezcan por el Colegio en beneficio de los colegiados.  
g) Percibir una compensación económica por la prestación de sus servicios profesionales.  
h) Ejercer su actividad en todo el territorio del estado, en los términos establecidos en la Ley de Colegios Profesionales. Cuando el colegiado ejerza la actividad en otro colegio quedará sujeto a este en cuanto a las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que se deriven de su actuación en su ámbito territorial.  
i) Ejercer cuantos derechos se deduzcan de estos Estatutos y demás disposiciones aplicables.  
Artículo 15. Obligaciones  
Todos los miembros del Colegio, sean o no ejercientes, tendrán como obligación:  
a) Cumplir lo dispuesto en estos estatutos, reglamentos y demás acuerdos y normas colegiales.  
b) Asistir a las juntas generales y demás actos corporativos.  
c) Aceptar el desempeño de los cometidos que le fueren encomendados por los órganos de gobierno.  
d) Abonar puntualmente las cuotas que se establezcan, ordinarias o extraordinarias, constituir las fianzas señaladas para los ejercientes, y las derramas para levantar las cargas colegiales, cualquiera que sea su naturaleza, del modo que se determine por la Junta General, por disposición estatutaria o por cualquiera otra legalmente aplicable, con sujeción en su caso, a los límites establecidos en las leyes.  
e) Comunicar al Colegio, de forma clara, directa, individualizada y fehaciente los cambios de residencia y domicilio.  
f) Denunciar al Colegio los actos de intrusismo, competencia desleal y el ejercicio profesional por administradores no ejercientes.  
g) Cumplir su cometido profesional con diligencia, ajustando su actuación a los principios de la confianza y la buena fe con sus clientes, respetando y acatando las demás normas deontológicas y aplicando la técnica profesional adecuada al caso.  
h) Desarrollar con respeto y cortesía sus relaciones con sus compañeros y miembros de los órganos de gobierno del Colegio.  
  
Artículo 17. Asociación de administradores  
El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes.  
  
Artículo 20  
El Colegio estará regido por una Junta de Gobierno, constituida por el presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un contador-censor y un número de vocales no inferior a cinco ni superior a ocho.  
Corresponde a la Junta de Gobierno, en general, asumir, promover y realizar todas las funciones atribuidas al Colegio, excepto las que son competencia de la Junta General, así como ejecutar los acuerdos de esta, y en particular, podrá:  
1) Aprobar, denegar o suspender la incorporación de nuevos colegiados y acordar las bajas en los casos que proceda.  
2) Sancionar las actuaciones irregulares de los colegiados por el incumplimiento de sus obligaciones profesionales, bien se deduzcan de estos Estatutos o de cualquier otra norma exigible, ejercitando las acciones disciplinarias que correspondan.  
3) Defender a los colegiados en cuantos casos se considere justo, ante autoridades o tribunales, como consecuencia de su actuación profesional.  
4) Mediar en los conflictos que puedan surgir entre colegiados por cuestiones profesionales, cuando así se solicitara por alguno de ellos.  
5) Premiar y distinguir a los administradores que sobresalgan en el ejercicio de la profesión y en la prestación de servicios al Colegio.  
6) Facilitar información a los colegiados sobre cuestiones de interés profesional, corporativo o colegial.  
7) Procurar que en el ejercicio profesional sean respetadas las normas y condiciones adecuadas para no menoscabar el prestigio de la profesión, ejercitando las acciones que fueren menester para ello.  
8) Impedir el ejercicio de la profesión a quienes la ejercieren careciendo de los requisitos legales necesarios.  
9) Perseguir, en su caso, el intrusismo, así como a las personas que colaboren o faciliten el irregular ejercicio de la profesión.   
10) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Junta General.  
11) Determinar el importe de la cuota de incorporación de los colegiados, la cuota ordinaria y las extraordinarias, así como las derramas que se consideren necesarias, y la cuantía de las fianzas exigibles a los colegiados ejercientes. Tales obligaciones económicas requerirán la aprobación de la Junta General de colegiados.  
12) Recaudar y administrar los fondos del Colegio.  
13) Elaborar los presupuestos y rendir la cuenta anual.  
14) Nombrar, separar y destinar los empleados del Colegio.  
15) Convocar elecciones para la provisión y renovación de cargos de la Junta de Gobierno.  
16) Proveer provisionalmente las vacantes que se produzcan en los cargos de la Junta de Gobierno, hasta la definitiva elección.  
17) Convocar juntas generales ordinarias o extraordinarias, incluyendo en el orden del día las cuestiones que estime oportunas.  
18) Nombrar las comisiones que considere necesarias para responsabilizar los cometidos y trabajos que estime convenientes.  
19) Establecer los servicios colegiales, tanto de asesoramiento al Colegio y a los colegiados, como de atención a estos y a los consumidores y usuarios. El servicio de atención a los colegiados y a los consumidores y usuarios resolverá sobre las quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados, o por cualquier consumidor o usuario, bien por escrito, o por vía electrónica y a distancia, y según proceda de conformidad con la Ley de Colegios Profesionales, bien informando sobre los sistemas de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a la Comisión Deontológica o Disciplinaria, bien archivando caso de queja o reclamación no razonada, o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a Derecho. Por denuncia razonada habrá de entenderse la queja o reclamación que describe comportamientos o conductas susceptibles de integrar una infracción de carácter disciplinario.  
20) Proponer a las administraciones públicas y autoridades sugerencias y estudios que se consideren beneficiosos para el sector inmobiliario, colaborando con aquellas en las cuestiones técnicas y en las demás relacionadas con los fines propios del Colegio, en cuanto redunden en beneficio del bien común.  
21) Llevar a término todas las demás funciones atribuidas al Colegio no reseñadas en los apartados anteriores y que no estén expresamente reservadas a la Junta General, bien se contengan en estos Estatutos o en cualquier disposición legalmente aplicable.  
  
Artículo 24. El secretario  
Corresponde al secretario:  
a) Redactar y firmar los escritos de citación para todos los actos del Colegio, siguiendo las instrucciones del presidente.  
b) Instrumentar la organización administrativa del Colegio, comprobando su funcionamiento de modo permanente, con especial atención a la puesta al día del registro y expedientes de colegiados, con su historial, distinciones y sanciones disciplinarias.  
c) Confeccionar el censo anual de colegiados.  
d) Ostentar la jefatura del personal del Colegio, comprobando el cumplimiento de las tareas que corresponde al mismo.  
e) Recibir todas las comunicaciones y correspondencia, dando cuenta a quien proceda, y firmar los escritos cuya firma no corresponda al presidente.  
f) Intervenir y firmar, conjuntamente con el presidente, en la realización de todas las operaciones bancarias.  
g) Autorizar con su firma, con el visto bueno del presidente, las certificaciones y demás documentos colegiales.  
h) Tener a su cargo el sello y documentación del Colegio.  
i) Informar a la Junta de Gobierno de todas las cuestiones de interés y proponer cuantas medidas estime convenientes.  
j) Elaborar la memoria anual con sujeción al principio de transparencia en la gestión del Colegio, cuyo contenido deberá estar integrado, al menos, por la información a que se refiere la Ley de Colegios Profesionales.  
k) Dar fe y levantar las correspondientes actas de recepciones y entregas de documentación que el Colegio acepte en depósito, previa justificación de su necesidad, abonándose los gastos de depósito por el depositante, a salvo haya sido objeto de pacto por los interesados, en cuyo caso el Colegio podrá exigir directamente tales gastos directamente de quien resulte obligado. Excepcionalmente podrá delegar el secretario dicha función en algún miembro de la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 50  
1. Las juntas generales extraordinarias serán competentes para proponer la aprobación o modificación de los Estatutos y aprobar los reglamentos de régimen interior, votos de censura a la junta de gobierno o a alguno de sus miembros; adquisición, venta y gravamen de bienes inmuebles; presupuestos y derramas extraordinarias; cuantía de las fianzas colegiales; peticiones a los poderes públicos y cualquier otra cuestión que por su importancia y urgencia así lo requiera.  
2. Cuando los asuntos enunciados en el número anterior coincidan al tiempo de celebrarse la Junta General Ordinaria, podrán incluirse en el orden del día de la misma, excepto la propuesta de aprobación o modificación de Estatutos, que precisarán acuerdo en la Junta General Extraordinaria convocada a este solo efecto, y que precisará un quórum de asistencia del 25 % de colegiados que, si no se reuniera, hará necesaria una segunda Junta General, también Extraordinaria, que podrá adoptar acuerdos por mayoría simple de asistentes, sin quórum especial.  
  
Artículo 53. Principios generales  
a) Las presentes normas se encaminan a conformar la actitud de los administradores de fincas, en el desempeño de su actividad como tales y constituyen su código moral profesional en sus relaciones con sus clientes, compañeros y Colegio.  
b) Con independencia de la técnica profesional, el administrador de fincas tiene que ejercer su actividad, de esencial carácter humanista, con una conducta moral profesional intachable, sujeto a los imperativos de la buena fe, la confianza, el respeto y la responsabilidad, anteponiendo los legítimos intereses que tiene encomendados a cualquier otro, conjugando, en el ejercicio profesional, la ciencia con la conciencia.  
c) En el desarrollo de su actividad profesional, el administrador de fincas viene obligado a actuar aplicando la técnica profesional y relativa al caso, para lo que atenderá a su permanente y adecuada formación, mediante el estudio y conocimiento de las materias, doctrinas y experiencias imprescindibles para el correcto ejercicio profesional.  
d) Independientemente de la actuación técnica, el administrador de fincas acomodará su actitud profesional a las normas éticas y morales, y a la realidad social; y, en cualquier caso, tendrá presente la actuación en conciencia aplicando libre y razonablemente las soluciones más adecuadas a la moral usual, y más respetuosas para los intereses individuales y sociales, y cualesquiera otros que tuviese encomendados.  
e) El administrador de fincas debe respetar el principio de la probidad profesional, y sus actuaciones estarán basadas en la rectitud, la integridad y la honestidad, conformando una actitud y conducta ordenada y sin tacha que no mermen el honor y dignidad profesionales.  
f) En su actuación, el administrador de fincas, debe rechazar cualquier presión o injerencia ajenas que puedan limitar su libertad profesional y procurar beneficios injustos a unos clientes, en perjuicio de otros.  
g) El ejercicio de la profesión debe ser prestado personalmente por el titular, sin perjuicio de las colaboraciones y ayudas administrativas o de otra clase precisas para el buen funcionamiento de su despacho. Ningún administrador de fincas debe permitir que se use su nombre o servicios profesionales de cualquier modo que haga posible la practica profesional a personas que no estén legalmente autorizadas.  
h) Los profesionales colegiados deberán ajustar su conducta en materia de comunicaciones comerciales a lo dispuesto en la ley, con la finalidad de salvaguardar la independencia e integridad de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional.  
  
Artículo 54. Relación con los clientes  
a) La relación de los administradores de fincas con sus clientes debe desarrollarse bajo los principios básicos de la confianza y la buena fe, protegiendo y promoviendo sus legítimos intereses, pero también teniendo en cuenta los derechos de todas las partes intervinientes.  
b) En el desempeño de su cometido profesional, el administrador de fincas será diligente, ejecutando puntualmente los trabajos adecuados en cada momento, del mejor modo posible, según la naturaleza del caso y las instrucciones que pudiera haber recibido; debe guardar secreto de las informaciones que de cualquier forma lleguen a su conocimiento con motivo del encargo profesional, aún después de terminado este; viene obligado a dar cuenta de sus operaciones en los bienes que le han sido encomendados profesionalmente y a practicar las liquidaciones y abonar los saldos puntualmente en los períodos convenidos.  
c) En la administración de comunidades, el administrador procurará mantener la mejor relación y convivencia entre los propietarios, apurando para ello las gestiones y soluciones amistosas, evitando en cuanto sea posible la aplicación de otras medidas coactivas.  
d) Cuando el administrador de fincas cese en la prestación de sus servicios profesionales, por revocación o renuncia, como regla general deberá hacer entrega al cliente de la documentación, practicar liquidación finiquito, y abonar los saldos que procedieran en su caso, en un plazo máximo de treinta días desde la comunicación del cese o renuncia.  
  
  
Artículo 60  
1. Incoado procedimiento disciplinario por órgano competente conforme a lo establecido en el artículo 68 el mismo órgano, y en resolución motivada y previa audiencia del interesado, podrá acordar como medida cautelar la suspensión provisional del colegiado afectado en el ejercicio de su profesión, siempre y cuando dichos colegiados fueren objeto de inculpación en un proceso penal, y con independencia de que además se disponga la suspensión del procedimiento conforme se establece en el artículo 59.  
2. La resolución que acuerde dicha suspensión provisional deberá ser notificada al colegiado afectado conforme a lo señalado en el artículo siguiente.  
  
Artículo 61  
1. El procedimiento disciplinario se regulará por lo establecido en la presente sección y, subsidiariamente, en lo no contemplado en ella, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo en todo caso de obligado cumplimiento los principios contenidos en su título IX.  
2. Las notificaciones podrán serán hechas en el domicilio profesional que el colegiado tenga comunicado al colegio, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera existir por el hecho de no haber comunicado al Colegio en la forma establecida en el artículo 15.e el cambio o traslado del domicilio profesional. En todo caso deberá tenerse presente lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3. del artículo 59 de la Ley 30/1992.  
También podrá realizarse la notificación o comunicación directamente por medios telemáticos, tales como correo electrónico o fax, caso de que el colegiado hubiera facilitado al Colegio tales datos sin expresa manifestación previa, o durante el procedimiento, contraria a la utilización de tales medios de comunicación, cumpliéndose en cualquier caso los requisitos establecidos por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, o norma que la sustituya, complemente o desarrolle.  
En el caso de que de ninguna de las formas anteriores, intentada al menos en dos ocasiones, pudiera efectuarse la notificación, se entenderá efectuada a los quince días de la inserción de la notificación en la ventanilla única del Colegio al no ser posible su notificación por otros medios conforme el artículo 10, letra c, de la Ley de Colegios Profesionales, y a efectos de que el colegiado afectado pueda conocer y recibir la notificación de los expedientes disciplinarios.  
3. Los plazos contenidos en esta sección podrán ser prorrogables por acuerdo de la Comisión Disciplinaria, antes de su vencimiento y de forma motivada, sin que quepa recurso contra el mismo.  
Dicho acuerdo deberá ser notificado al colegiado afectado quien podrá alegar lo que le conviniere a efectos de incorporación al procedimiento y su resolución.  
  
Artículo 62  
Los colegiados inmersos en un procedimiento disciplinario tendrán los siguientes derechos:  
a) A la presunción de inocencia.  
b) A ser debidamente notificados con arreglo a lo establecido en la presente Sección, y a lo establecido en el artículo 135 y concordantes de la LRJAP y PAC. A través de la ventanilla única del Colegio los colegiados, ya sea estos denunciantes o denunciados, podrán conocer el estado de tramitación de los procedimientos y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los expedientes disciplinarios.  
c) A no declarar en procedimientos abiertos en su contra, y a formular alegaciones y utilizar los medios de defensa en la forma y con el alcance que les viene reconocida en los presentes Estatutos.  
d) A los demás derechos reconocidos por la Ley 30/1992.  
  
Artículo 63  
Las faltas disciplinarias, se calificarán en muy graves, graves y leves.  
1. Son faltas muy graves:  
a) La falta de probidad material.  
b) La condena por conducta constitutiva de delito doloso, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión, así como los actos u omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión, a las reglas éticas que las gobiernan y a los deberes establecidos en los presentes Estatutos.   
c) Encubrir el intrusismo, prestando sus nombres para el ejercicio profesional a personas que no reúnan los requisitos legales para ello.  
d) En el caso del ejercicio profesional en forma societaria, la infracción grave de las normas aplicables a tales formas societarias.  
e) La reiteración en la comisión de una falta grave.  
2. Son faltas graves:  
a) La competencia desleal  
b) Faltar al respeto debido o formular imputaciones injustificadas a sus compañeros o a los miembros de los órganos de gobierno del Colegio.  
c) Hacerse cargo de la administración de una finca sin obtener la venia del anterior administrador.  
d) La infracción de las normas profesionales y deontológicas de la profesión, cuando estas reunieran los requisitos de certeza y publicidad.  
e) Ocultar al Colegio su situación de ejerciente.  
f) La incomparecencia ante los órganos colegiales, cuando fuere requerido para ello, o el no contestar por escrito a los requerimientos que, al menos en dos ocasiones, le sean formulados por el Colegio.  
g) En el caso del ejercicio profesional en forma societaria, la infracción leve de las normas legales aplicables a tales formas societarias.  
h) La utilización de cualquier tipo de publicidad que no respete la norma establecida sobre la misma en el artículo 16 de los presentes Estatutos.  
i) El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del contenido de los estatutos, reglamentos y demás disposiciones profesionales; salvo que expresamente tuviera otra calificación disciplinaria distinta.  
j) El incumplimiento de los deberes profesionales, especialmente cuando se deriven perjuicios de cualquier clase a los clientes, o menoscaben el prestigio y dignidad profesionales.  
k) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves.  
3. Son faltas leves:  
a) El retraso en el cumplimiento de sus deberes profesionales o colegiales.  
b) La ligera incorrección con sus compañeros o componentes de los órganos de gobierno del Colegio.  
c) Rechazar el cometido que se le encargue por los órganos del Colegio.  
d) El incumplimiento reiterado de las instrucciones corporativas de carácter general sobre encuestas, estadísticas e informes o cualquier otra actitud demostrativa de persistente falta de colaboración colegial.  
e) No dar cuenta de los cambios de domicilio o de cualquier otra circunstancia que pueda tener legítimo interés para el Colegio, en la forma establecida en el artículo 15.e de los presentes Estatutos.  
f) La no devolución de la tarjeta profesional por parte del colegiado al cesar en su calidad de ejerciente.  
g) En general, el incumplimiento por descuido o negligencia excusable de los deberes que no tengan señalada otra calificación disciplinaria más grave.  
  
Artículo 64  
1. Sanciones: por razón de las faltas señaladas, podrán imponerse las siguientes sanciones:  
a) Inhabilitación permanente para el ejercicio de la profesión o pérdida de la condición de colegiado.  
b) Suspensión profesional de la profesión por plazo superior a tres meses y menos de dos años.  
c) Multa, en cuantía máxima de 600 ?, y mínima de 60 ?.  
d) Amonestación pública.  
e) Amonestación privada o por escrito.  
2. La imposición de alguna de las sanciones señaladas en las letras a, b, c y d a un colegiado que fuera miembro de la Junta de Gobierno llevará automáticamente impuesto el cese en dicho cargo.  
3. La inhabilitación permanente y la suspensión profesional únicamente se impondrán por faltas muy graves.  
La sanción señalada en el apartado c podrá imponerse tanto por las faltas muy graves como por las graves, pudiendo sancionarse estas últimas también con la fijada en el apartado d.  
Las faltas leves solo podrán corregirse con la sanción prevista del apartado e.  
  
Artículo 67  
El procedimiento se iniciará por queja o reclamación razonada, presentada en el servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios, del Colegio. También podrá iniciarse de oficio por los órganos competentes del Colegio.  
  
Artículo 69  
En el supuesto de iniciarse por denuncia razonada, la Comisión Disciplinaria podrá acordar su archivo directo, si a su juicio, no hubiera indicios racionales en cuanto a la posible existencia de infracción disciplinaria. En otro caso se acordará la apertura de diligencias previas. El acuerdo relativo a su archivo directo será notificado al colegiado denunciado y al denunciante, con mención de los recursos que procedan.  
  
Artículo 70  
La apertura de diligencias previas supondrá la práctica de todas aquellas que la Comisión Disciplinaria considere como necesarias en orden a la averiguación y comprobación de los hechos y personas responsables, y no podrá tener una duración superior a treinta días. Durante la tramitación de dichas diligencias podrá la Comisión dar traslado de los escritos de alegaciones o de cualquier otro documento a los denunciantes o denunciados, con el fin de obtener la mayor información posible en orden a una correcta resolución de las mismas. En cualquier momento de su tramitación, y siempre antes del acuerdo de la Junta respecto a la apertura del expediente, podrá el presidente de la Comisión cuando considere que no existe responsabilidad disciplinaria, de forma motivada y dando cuenta posteriormente a la Junta, ordenar su sobreseimiento y archivo. Dicho acuerdo será notificado al colegiado denunciado y al denunciante, con mención de los recursos que procedan.  
  
Artículo 71  
1. Caso de que la Comisión entendiera que existe una posible responsabilidad disciplinaria elevará las diligencias a la Junta de Gobierno del Colegio con el fin de que acuerden lo que proceda sobre la apertura de expediente y designación de instructor y secretario, o, en su caso, para imponer las sanciones por falta leve de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.  
El acuerdo de la Junta relativo a la apertura de expediente y las anteriores designaciones serán notificadas a denunciante y denunciado, así como al instructor y secretario.  
2. Aceptado el cargo por instructor y secretario solo podrán ser sustituidos por la Junta de Gobierno en los supuestos de fallecimiento, enfermedad, renuncia y resolución favorable a la abstención o recusación, cuya competencia y examen corresponderá a la Junta de Gobierno. No obstante podrá continuar el procedimiento ejerciendo al mismo tiempo como instructor y secretario quien de estos no haya sido recusado y hasta que se produzca el nuevo nombramiento.  
3. Desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de la identidad de instructor y secretario designados, y en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, podrá ejercitar el derecho de recusación.  
  
Artículo 80  
Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento disciplinario, o que en relación a denuncia razonada resuelvan el archivo directo por la Comisión Disciplinaria, o su sobreseimiento y archivo por su Presidente, conforme a lo establecido respectivamente en los artículos 69 y 70 de estos Estatutos, las partes interesadas podrán interponer el recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Administradores de Fincas en el plazo de un mes desde que se hubieren adoptado o notificado y que agotará la vía administrativa. El recurso se presentará ante el Colegio Territorial que lo remitirá al Consejo Autonómico en el plazo de diez días. Por parte interesada, a los solos efectos de recurso, habrá de entenderse tanto a la parte en su caso denunciante, colegiado, consumidor o usuario, como al colegiado denunciado.  
  
Artículo 81  
Las sanciones disciplinarias que se impongan serán anotadas en el expediente personal de los colegiados afectados, y surtirán efectos en todo el territorio español. El Colegio deberá utilizar los oportunos mecanismos de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en las leyes, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al colegio y para el control efectivo de los colegiados, como prestadores de servicios conforme a las leyes vigentes en cada momento.   
  
Artículo 86  
1. Los acuerdos de la Junta General de colegiados podrán recurrirse por la Junta de Gobierno o por cualquier colegiado ante el Consejo Valenciano de Colegios de Administradores de Fincas en igual plazo de un mes desde que fue adoptado.  
2. La Junta de Gobierno podrá suspender inmediatamente la ejecución de los acuerdos recurridos cuando entendiese que son gravemente perjudiciales para el Colegio o contrarios al ordenamiento jurídico.»  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. La modificación estatutaria respeta todas las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana y en los propios Estatutos del Colegio.  
Segundo. El expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia de la Consellería de Gobernación y Justicia, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la citada Ley 6/1997, teniendo en cuenta lo previsto por la disposición final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, y por el Decreto 194/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Gobernación y Justicia.  
Vistos el artículo 36 de la Constitución y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de esta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, se dicta la siguiente resolución:  
  
Primero  
Inscribir la modificación estatutaria del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
  
Segundo  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10, 14, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
Valencia, 8 de enero de 2014.- El director general de Justicia: Julián Ángel González Sánchez.