Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6184, del 14-01-2010 (2009/14840)

Bases particulares reguladoras de la adjudicación por gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector Industrial SUS-I.1 Industrial Laguna, del Plan General.
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Número DOGV
:   6184

Fecha DOGV
:   14-01-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/14884


Fecha del documento
:   27-11-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de San Miguel de Salinas

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * San Miguel de Salinas
    * plan de urbanismo
    * contrato administrativo

Bases particulares reguladoras de la adjudicación por gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector Industrial SUS-I.1 Industrial Laguna, del Plan General. [2009/14360]
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero
Iniciar el procedimiento por medio de gestión indirecta para el desarrollo del Programa de Actuación Urbanística Integrada del Sector SUS.I.1 Industrial Laguna, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV).
Segundo
Aprobar las bases particulares para la programación de la actuación urbanística integrada del sector SUSI-1 industrial Laguna.
Tercero
Ordenar la publicación del correspondiente anuncio de concurso para la selección del agente urbanizador, que se insertará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), en primer lugar, y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Fecha de remisión del presente anuncio al DOUE: 26 de noviembre de 2009.
Entidad local adjudicadora del programa: Ayuntamiento de San Miguel de Salinas (Alicante). España; c/ 19 de Abril, nº 36, CP 03177.
Teléfono: +59 512 049 308 / Fax: +40 443 511 007.
Página web: .
Dirección electrónica: .
Bases particulares para la programación del sector industrial SUS-I.1 industrial Laguna, del Plan General de San Miguel de Salinas (art. 131 LUV y 286 y 287 ROGTU)
Memoria
1. Planeamiento vigente (art. 124.1.8.DUL)
El vigente Plan General del término de San Miguel de Salinas ha sido aprobado definitivamente por acuerdo de la CTU de Alicante de fecha 11 de mayo de 2007 (exp. 44/07). Su contenido ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOPA) número 241-1, de fecha 16 de diciembre de 2008. El Plan General vigente contempla el sector SUS-I.1 industrial Laguna como suelo urbanizable, con una superficie de sector de 461.264 m², y usos industrial y terciario. Este sector constituye el ámbito de estas bases particulares cuyo objeto ha de ser su ordenación, programación y gestión. El marco normativo regulador de estas bases particulares se completa con las bases generales de adjudicación de propuesta de actuaciones integradas, con las que se ha dotado el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas y han sido publicadas en el BOPA número 31 de fecha 8 de febrero de 2007 y corrección de errores publicadas en BOPA número 211 de 28 de octubre de 2007.
Se reproduce la ficha de planeamiento del Plan General, relativa al sector SUS-I.12. Necesidades y objetivos propios del programa (art. 124 y 131.2.b LUV)
Se ha formulado iniciativa para el desarrollo del SUS-I.1 del Plan General de San Miguel de conformidad con lo mandado por el artículo 130 LUV. En cualquier caso este desarrollo, de conformidad con los postulados del propio Plan General viene a equilibrar la oferta del suelo en el término municipal saturado quizá de residencial y deficitario de suelo adecuado para la implantación de actividades económicas, siendo este un objetivo propio del programa que se promueve y de la política municipal. De hecho, el término municipal de San Miguel de Salinas únicamente cuenta como reserva de suelo industrial con el sector 3UBL Los Quilez, que se encuentra prácticamente colmatado.
A partir de la aprobación del citado Programa de Actuación Integrada del Sector Industrial 3UBL Los Quilez, se crearon una serie de parcelas industriales de escasa cabida (entre 500 m² y 900 m²), las cuales han dado cobijo a pequeñas industrias, con una limitada entidad, y a través de un procedimiento de subasta de las mismas, a instancia municipal, del cual resultaron escasos adjudicatarios locales. Esto ha hecho, que muy pocas empresas hayan optado por una deslocalización del suelo urbano para aventurarse en su implantación en el polígono Industrial. Polígono este que, por otra parte, ha abarcado un área reducida que ha impedido la implantación de plataformas logísticas y otras empresas foráneas de cierta relevancia que pudiera dar una imagen atractiva al mismo e incitara un incipiente crecimiento de esta área.
Con la aprobación del Plan General, se plantea una ampliación significativa suelo industrial, con una capacidad suficiente para crear parcelas atractivas a la implantación de grandes empresas que puedan ofrecer a este municipio un desarrollo laboral adecuado, sobre todo en las circunstancias socio-económicas en que se encuentra la comarca. Además, se va a reforzar la oferta de suelo industrial y terciario, el cual estará meramente sujeto a la oferta y la demanda empresarial siendo que la localización del mismo pueden hacer interesante y viable un traslado paulatino tanto de empresas del casco urbano, como empresas de otros lugares.
La creación de una actuación Industrial circundada por la actual autovía y por la futura vía rápida de Orihuela a Orihuela Costa, hacen de este enclave un lugar idóneo para la implantación de empresas que operen en la comarca del litoral, con una comunicación extraordinaria con los principales núcleos urbanos de la región, así como con las redes generales de infraestructuras viarias marítimas y ferroviarias.
Como consecuencia de todo lo expuesto, el Plan General ha clasificado un sector de suelo urbanizable industrial con las dimensiones necesarias para satisfacer la demanda de suelo, endógena y exógena.
3. Ordenación estructural, ficha de gestión de planeamiento y zona (art. 131.2.c LUV)
El marco normativo de aplicación, la LUV, distingue entre ordenación estructural y pormenorizada. La primera es competencia de la Generalitat y regla decisiones de descuello del PDAI del sector SUS-I.1, de tal manera que el ámbito competencial municipal decide sobre la identidad del urbanizador y sobre el desarrollo de la ordenación. A tal efecto son de tener en cuenta la determinación contenidas en la ficha de planeamiento (art. 64.6 LUV) y en la ficha de gestión (art. 64.b LUV) y ficha de zona (art. 149 NNVV del PG). Fichas que se reproducen a continuación.El sector tiene definida la zona de ordenación, ampliación de polígono industrial, sector SUS-I.1 industrial Laguna, cuyas características vienen definidas en el artículo 149 de las normas urbanísticas del Plan General.
4. Particularidades del desarrollo del SUS-I.1
Se pondrán de manifiesto a lo largo del expediente de programación y durante su despliegue. En cualquier caso la ordenación y la gestión del sector SUS-I.1 debe ser sensible a la necesaria versatilidad de soluciones que imponen en la actualidad las actividades económicas en el sector industrial y terciario.
5. Naturaleza jurídica de estas bases particulares
Del régimen jurídico establecido al efecto por el artículo 131 LUV y artículos 286 y 287 ROGTU, se pone de manifiesto que las bases particulares constituyen la piedra angular del sistema de licitación que impone la LUV para la aprobación del planeamiento y para la atribución de la condición de urbanizador. El contenido y función de las bases particulares les hacen participes de la naturaleza jurídica del contrato, lex contractus. Las bases particulares, al igual que los pliegos de la legislación de contratos, recogen las condiciones jurídicas, económicas y técnicas a las que ha de ejercitarse la licitación, primero; la adjudicación de contrato, después, y la propia ejecución del mismo, prevaleciendo sobre el propio contrato.
Bases particulares
Primera. Objeto y ámbito
Las presentes bases particulares tienen como ámbito propio el desarrollo del sector SUS-I.1, siendo que su ámbito se fija atendiendo a los siguientes datos objetivos establecidos por el Plan General,

El despliegue del sector podría afectar a terrenos exteriores a los incluidos en el sector y AR, para atender a sus necesidades de conexión.
Segunda. Régimen jurídico (art. 286.1.d, e) y f) ROGTU)
El presente contrato tiene naturaleza administrativa especial, y se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley Urbanística Valenciana 16/2005, de 30 de diciembre, por lo dispuesto en el reglamento que la desarrolla, y las cláusulas contenidas en las presentes bases particulares de programación, así como en las bases generales de programación.
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV, del libro II, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las normas de derecho comunitario y demás disposiciones que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución de programa de actuación integrada o aislada.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos para el desarrollo y ejecución de los programas de actuación integrada o aislada, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, efectos y procedimientos establecidos en la normativa aplicable
Tercera. Objetivos imprescindibles y complementarios del Programa.
De conformidad con el artículo 124 de la LUV, el programa de actuación integrada deberá contener las previsiones precisas para conseguir los siguientes objetivos mínimos:
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen para cumplir lo dispuesto en los apartados siguientes, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, dominio público marítimo-terrestre y otros)
- Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).
- Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las obras complementarias que fuesen necesarias.
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existente y exigible reglamentariamente.
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente, así como gestionar la obtención del suelo preciso para urbanizar los terrenos afectados por condiciones de conexión mediante las técnicas que puedan resultar precisas a tal efecto (reservas de aprovechamiento, ocupación directa, redelimitación de la unidad de ejecución, etc.). A estos efectos:
- El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.
- Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantado la correspondiente acta de entrega.
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados.
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público de suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, y libre de cargas.
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de Programa.
Cuarta. Procedimientos y forma de adjudicación del contrato
El presente concurso se regirá por las bases generales del término municipal de San Miguel de Salinas, las reglas y normas que resultan del contenido de las presentes bases particulares, por las contenidas en la LUV, el ROGTU y atendiendo a la legislación de contratos, en concreto a la modalidad establecida en la LCSP de procedimiento abierto y por concurso.
Se regirá el procedimiento por lo establecido en los artículos 130 a 140 LUV y artículos 284 a 325 ROGTU. Es criterio esencial de este procedimiento la celeridad, eficiencia y eficacia, ligada a omisión de trámites innecesarios.
Quinta. Candidatos a agente urbanizador (art. 119 LUV)
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente Programa de Actuación Integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
3. La presencia en el equipo técnico o redactor del aspirante a urbanizador de particulares que hubieran participado en la redacción, tramitación o aprobación, provisional o definitiva, del Plan de Acción Territorial o del Plan General que afecte a la ordenación del ámbito del programa que se licita, determinará la descalificación de esa iniciativa de Programa en los términos establecidos en la normativa reguladora de los contratos de las administraciones públicas.
4. El procedimiento para la exclusión de candidatos a urbanizador será el establecido en el artículo 311 del ROGTU.
El candidato a urbanizador, no podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.
Sexta. Precio de licitación, garantías provisional y definitiva (art. 140 LUV y art. 286.1.h y i) ROGTU)
6.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 132.1.h y 140 LUV y artículo 286.h y i) ROGTU y base 11ª de las generales, los candidatos a agente urbanizador constituirán una garantía provisional equivalente al 2%, 560.000 euros (quinientos sesenta mil euros) del coste estimado de cargas de urbanización que se concretan en la cantidad total de 99.104.339 euros, IVA incluido (veintiocho millones de euros) En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la base 11ª de las generales. La expresada cantidad de 29.898.213 euros opera a los efectos del artículo 140 de la LUV. Constituye una mera estimación. La estimación de cargas del programa de actuación integrada se apunta en estas bases a los solos efectos de calcular el importe de la garantía provisional que deberán prestar todos los concursantes, de acuerdo con lo dispuesto en la base general 11ª, y en la Ley Urbanística Valenciana. La expresada estimación no opera como límite.
6.2. Cuando participe como licitador una unión temporal de empresas, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas partícipes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado anterior, y se garantice solidariamente por todos los integrantes de la UTE.
6.3. En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en la legislación de contratos. La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el contrato, acordándose su devolución en la adjudicación. Sin embargo, será retenida la del adjudicatario e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. En cualquier caso, será devuelta transcurrida un año desde la publicación de la convocatoria y no sea resuelto el expediente.
6.4. En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y la de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. Para el adjudicatario del presente concurso dicho porcentaje quedará afecto al pago de lo establecido en la cláusula de garantía definitiva.
6.5. La garantía definitiva, se constituirá (según la base general 23.2) en el plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa, previamente al otorgamiento del contrato de adjudicación de agente urbanizador por la cuantía mínima del 10% del coste estimado de la totalidad de cargas de urbanización, conceptos retribuibles al urbanizador, que resulten de los términos de la proposición jurídico económica que apruebe la corporación (art. 140.3 LUV). Su constitución y efectos se regirán por lo dispuesto en el TRLCAP/00 y su reglamento.
6.6. Podrán constituirse garantías adicionales respecto de las ofertas complementarias y se constituirán de igual modo que la garantía definitiva.
Séptima. Alternativa técnica (art. 131.2.f LUV, bbgg. 14ª, 15ª, 16ª y 17ª). Requisitos formales
7.1. Que se integra de los correspondientes instrumentos de planeamiento y ejecución deberá contemplar el mandato expreso que al efecto establecen las bases generales y resto de normas aplicables.
7.2. La alternativa técnica (art. 126 LUV) deberá contemplar la ordenación de todo el ámbito del concurso, instrumentando al efecto el documento de planeamiento, plan parcial con los contenidos de la base 14ª de las generales. Deberá atender la ordenación propuesta a las singularidades del sector SUS-I.1, a su aprovechamiento tipo y situaciones particulares, que resulten del Plan General vigente. La documentación de planeamiento y ejecución que se formule deberá prestar especial atención a la integración de la actuación en el entorno y territorio circundantes (art. 126.b LUV). A su conexión y congruencia con las actuaciones coetáneas y con la ciudad. La alternativa técnica deberá ir acompañada de un proyecto de urbanización de la totalidad del ámbito de la actuación (art. 126.f LUV) en condiciones de ser sometido al trámite que establece el artículo 160 y con los contenidos dispuestos por los artículos 152 y 156 también de la LUV y bases 16ª y 17ª de las generales. El proyecto de urbanización resolverá las cuestiones necesarias en orden a la conexión e infraestructuras. Incorporará también el plan de trabajo y fases de ejecución de las obras de urbanización, sistema de plazos que podrá ser matizado y cumplimentado en la proposición jurídico-económica.
7.3. La alternativa técnica cumplimentará la totalidad de los contenidos exigidos por el artículo 126 LUV (art. 307 a 309 ROGTU) que se reputan como mínimos. No obstante el sistema de plazos de ejecución de las obras de urbanización deberá estar concretado, en el propio proyecto de urbanización (art. 126.e LUV). La propuesta contendrá el sistema de plazos para todo el despliegue y ejecución de la actuación. Todo ello sin perjuicio de su mejor precisión en la proposición jurídico-económica.
7.4. La alternativa técnica tendrá también los siguientes contenidos: a) plazos máximos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el plazo de despliegue, como el correspondiente a las obras de urbanización y que permitan el equilibrio viable de contraprestaciones entre propietario y urbanizador; b) enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la LUV; c) medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso; d) inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización; e) estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.
Octava. Proposición jurídico-económica
Las propuestas estarán integradas también por una proposición jurídico-económica con el contenido que establece el artículo 127 LUV (art. 302.a 306 ROGTU), que deberán contener además de lo expuesto en los citados preceptos, especialmente las siguientes determinaciones:
1. Cuantificación económica del Plan General de Etapas del desarrollo de la obra de urbanización.
2. Gastos de gestión y beneficio del urbanizador que no podrá superar, éste último, el 10% en la forma en la que calcula en el artículo 127.2.d LUV.
3. La proposición jurídico-económica articulará el sistema de relaciones entre urbanizador y propietario, en particular, la modalidad de retribución al urbanizador, y la información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución, así como condiciones y plazo para el ejercicio de la opción de retribución en metálico y demás determinaciones contenidas en el artículo 302 del ROGTU.
4. Contendrá también la propuesta las mayores obligaciones que, especialmente en materia de dotaciones e inversiones, sobre las mínimas establecidas en las presentes bases, se comprometa a asumir el concursante para el caso de que resulte adjudicatario del concurso.
5. Deberá presentar su propuesta de actuación que está dispuesto a desarrollar, con expresión completa de todos los costes, retribuciones o no, sistemas de plazos y garantías adicionales. Propuesta detallada en cuanto a valoración del suelo, valoración de costes de desarrollo, urbanización y gestión, de adquisición de suelo y permuta por obras de urbanización y gestión.
6. Deberá también concretarse el sistema de plazos, más allá, completándola y matizándola, de lo expuesto en la alternativa técnica en orden, incluso a la ponderación de las consecuencias financieras, demanda de suelo y modalidad de retribución. Esta propuesta deberá contenerse en plica cerrada.
7. El estudio de costes (art. 168 LUV) atenderá, como mínimo, a los siguientes:
a) Gastos de gestión;
b) Beneficio urbanizador;
c) Costes de urbanización y conexiones.
d) Coste de redacción de proyectos y honorarios profesionales de asesoramiento y dirección de obras;
e) Honorarios profesionales que puedan generar en el Ayuntamiento la tramitación de estos expedientes, su desarrollo y ejecución;
f) Estimación de indemnizaciones, si las hubiere, por causa de incompatibilidad con el planeamiento. Derechos de realojo;
g) Gastos de gestión de cobro por vía ejecutiva;
h) Tasas de trámite y gastos;
i) Costes financieros;
j) Coeficiente de canje, con información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución (art. 126.f LUV y art. 302.1.b y 306 ROGTU);
k) Precio de suelo (art. 127.2.g LUV);
l) Propuesta de financiación (art. 127.2.h) LUV;
m) Mejoras, medidas complementarias y las contenidas que proponga, a su criterio, el optante.
Asimismo, la proposición contendrá además del acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública de los documentos señalados en las letras a), f), y, si procede, k) del artículo 126 LUV, esto es, documento de planeamiento y proyecto de urbanización, con lo requisitos establecidos en las bases generales y en los artículos concordantes de la LUV. Deberá presentar su propuesta de actuación que está dispuesto a desarrollar, con expresión completa de todos los costes, retribuciones o no, sistemas de plazos y garantías adicionales. Propuesta detallada en cuanto a valoración del suelo, valoración de costes de desarrollo, urbanización y gestión, de suelo y permuta por obras de urbanización y gestión.
Novena. Plazos y formalidades de presentación (art. 131.2.l LUV y bbgg 13ª). Documentos a formular por los candidatos a urbanizador
Los candidatos a urbanizador vienen obligados a formular los siguientes documentos que se identifican y numeran:
1. Acreditación de la solvencia del optante y suficiente para su identificación (art. 133.1 LUV).
2. Documentación técnica de la alternativa técnica que ha de ser sometida a información pública. Art. 126, letras a), f) y en su caso k) LUV.
3. Documentación de la alternativa técnica que no ha de ser sometida a información pública. Art. 126 LUV, resto.
4. Proposición jurídico-económica (art. 127 LUV).
5. Acta notarial acreditativa del cumplimiento de trámite de información pública de la documentación correspondientes de la alternativa técnica y del trámite de notificaciones a interesados (art. 134 LUV).
Las proposiciones de los aspirantes a urbanizador, al amparo de lo establecido en el artículo 133 de la LUV, constarán de tres sobres cerrados, denominados A, B y C, cada uno deberá incorporar la siguiente documentación:
1. Sobre A, relativo a la documentación personal, deberá tener la siguiente inscripción «Documentación general del Programa de Actuación Integrada del Ámbito de Actuación SUS I-1 Industrial Laguna, del PGMOU de San Miguel de Salinas», que se presentará cerrado.
Contendrá la documentación determinada en el artículo 133.1 de la LUV. Los documentos deberán ser originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente:
a) Aquéllos que acrediten la personalidad jurídica del concursante y, si procede, su representación.
b) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera, conforme a lo exigido en las presentes bases y en las particulares reguladoras del concurso.
c) Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
d) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
e) Acreditación de haber satisfecho la tasa por la tramitación de programas y documentos que los integren, de conformidad con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora correspondiente.
f) Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
g) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV.
2. Sobre B relativo a la alternativa técnica y acta notarial de protocolización, expresará la inscripción «Alternativa técnica y acta notarial de protocolización del Programa de Actuación Integrada del Ámbito de Actuación SUS I-1, Industrial Laguna, del PGMOU de San Miguel de Salinas», que se presentará abierto.
Contendrá la documentación exigida en el artículo 126 de la LUV, que será la siguiente, presentándose tres copias en papel y una en soporte informático:
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación detallada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al concurso para la selección del urbanizador. En cualquier otro caso, la alternativa técnica deberá ir acompañada necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación detallada para el ámbito del programa, de conformidad con las prescripciones contenidas en la base 14.
b) Ámbito de la actuación integrada: consistirá en un plano de la ordenación sobre la base del levantamiento topográfico que incluirá todos los suelos colindantes del entorno, aun pertenecientes a otro sector, área de reparto, o clase de suelo, cuya inclusión es necesaria en la ejecución de la urbanización para hacer viable la actuación. Este plano estará incluido en el CD del documento de planeamiento y servirá para el replanteo de las alineaciones, a los efectos de lo dispuesto en la LCAP y su reglamento.
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno. Se describirá la calificación según el Plan General de los suelos externos incorporados en el plano del ámbito de la Actuación Integrada y su modo de gestión.
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.
f) Proyecto de urbanización, con el contenido y forma detallados en estas bases. Además, deberá aportase proyecto de edificación cuando el urbanizador ofrezca como compromiso voluntario la edificación simultánea a la urbanización o cuando se trate de programas de actuación aislada que tengan por objeto la edificación o rehabilitación de inmuebles.
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme al artículo 124.2, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.
k) Si la propuesta de programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la documentación establecida en los artículos 72 a 74 de la LUV.
l) Si se incorporan instrumentos de planeamiento que pretendan modificar la ordenación estructural, o se propone incorporar nuevos suelos urbanizables a la estructura territorial, deberán incorporar, al menos, la solicitud de Cédula Territorial de Urbanización regulada en los artículos 112 y siguientes de la LUV. La solicitud deberá ser objeto de exposición al público junto con la alternativa técnica.
m) En el supuesto de que conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, proceda obtener informes sectoriales para la actuación propuesta, se deberá exponer al público junto con la alternativa técnica, la copia sellada del documento por el que se solicitaron.
3. Sobre C, relativo a la proposición jurídico-económica, expresará la inscripción «Proposición jurídico-económica del Programa de Actuación Integrada del Ámbito de Actuación SUS I-1 Industrial Laguna, del PGMOU de San Miguel de Salinas», que se presentará cerrado. Contendrá la documentación exigida en el artículo 127 de la LUV:
A) Regulación de las relaciones del urbanizador con los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor, así como la información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución, y en concreto:
a) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación, tales como dimensiones de parcela mínima de resultado, aprovechamiento subjetivo y superficie mínima de terreno de origen necesarios para resultar adjudicatario de parcela resultante o de cuota indivisa.
b) Importe global de las cargas de urbanización y del coeficiente de canje.
c) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.
d) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.
B) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa, debiendo incluir la siguiente documentación referida a esos terrenos:
a) Certificación registral de dominio y cargas de fecha no anterior a quince días a la fecha de presentación de la proposición jurídico-económica.
b) En caso de que los terrenos no estén inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del aspirante a urbanizador, deberá aportar los títulos que acrediten su derecho de propiedad o las escrituras públicas otorgadas con terceros que le legitimen o le otorguen poder bastante para afectar las fincas con carácter real e inscribir esa afección en el Registro de la Propiedad.
c) Identificación gráfica de las fincas a afectar mediante plano catastral.
C) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe reglamentariamente.
D) Documentación necesaria para determinar con claridad las magnitudes económicas del programa, diferenciando los siguientes aspectos:
a) Presupuesto de ejecución material y de licitación de la obra de urbanización, con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b) de la LUV, que deberá desglosarse en las siguientes partidas, en las que se indicará las mediciones y los precios unitarios:
1. Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras y red peatonal.
2. Tratamiento de los espacios libres, incluyendo jardinería, arbolado y ornamentación.
3. Mobiliario urbano.
4. Señalización.
5. Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.
6. Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de depuración.
7. Sistema de evacuación de aguas pluviales.
8. Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones.
9. Red de alumbrado público.
10. Obras de enlace de los servicios urbanísticos con los de la red primaria de dotaciones públicas y el resto de obras de conexión e integración de la actuación en su entorno territorial o urbano.
11. Seguridad y salud.
12. Gastos generales.
13. Beneficio industrial.
14. Impuesto sobre el valor añadido.
b) Cuadro de precios descompuestos.
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que en ningún caso podrá superar el 10%.
e) Otras cargas de urbanización: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la LUV. No se incluirán las indemnizaciones que procedan ni los gastos variables a los que se refiere el artículo 126.j de la citada ley, cuya estimación preliminar debe constar en la alternativa técnica y fijarse con carácter definitivo en el proyecto de reparcelación. Se habrá de incluir dentro de este concepto la valoración de los suelos colindantes externos afectados por el desarrollo del programa. En las bases particulares se establecerá, en su caso, una partida específica para el control y vigilancia de obra.
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución. Debiendo expresarse el cálculo del coeficiente conforme a las fórmulas contenidas en el artículo 306 del RLUV.
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización a aquellos propietarios que decidan acogerse a ellas, apoyadas, en su caso, por una entidad financiera debidamente registrada.
En cuanto al lugar y plazos de presentación, se establece que los documentos serán aportados al Registro Municipal en horas hábiles; no cabe la remisión por correo.
En cuanto al plazo, se establece el de cuatro meses constados a partir de la fecha de envío del anuncio del concurso al Diario Oficial de la Unión Europea (art. 133.3 LUV). Dentro de dicho plazo máximo, los concursantes deberán acreditar el efectivo cumplimiento del trámite de información pública que dispone el artículo 134 LUV. La publicidad de las propuestas reunirá los requisitos que mandan los artículos 292 a 298 ROGTU.
Diez. Presentación de proposiciones (bbgg 12ª)
1. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por parte del proponente de las presentes bases particulares, así como la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la administración. Cualquier salvedad se entenderá en todo caso como no puesta.
2. Las proposiciones de programa de actuación integrada se presentarán en sobre cerrado en el registro de Entrada del Ayuntamiento, en el plazo de cuatro meses siguientes a la remisión del anuncio del inicio del procedimiento al DOUE. Si el último día coincidiera en sábado, se entenderá inhábil a estos efectos computándose el día siguiente hábil.
3. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de Unión Temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal.
4. Con anterioridad al transcurso del anterior plazo, deberá haber finalizado la información pública de los documentos señalados en las letras a), f), y si procede k) del artículo 126 de la LUV. Asimismo, se deberá haber presentado en el Ayuntamiento el acta notarial que acredite dicha información.
5. Los licitadores podrán examinar las bases generales y particulares del programa en el lugar designado en el anuncio del concurso, donde podrán igualmente obtener las copias de la documentación. Las dudas respecto a la documentación y demás requisitos del concurso serán resueltas por la unidad administrativa designada en el citado anuncio.
6. Las proposiciones se presentarán en idioma español, y toda la información debe facilitarse tanto en papel impreso como en soporte informático (aplicaciones PDF, Excel y compatibles). En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la contenida en la documentación presentada en papel impreso.
7. La totalidad del coste de la elaboración de la documentación para la confección de las ofertas que se presentan al concurso será por cuenta de los licitadores, que no podrán reclamar compensación económica alguna en caso de no resultar adjudicatarios.
8. Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del registro correspondiente expedirá una certificación relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que conjuntamente con aquella remitirán al secretario de la mesa de estudio de las propuestas. No cabe la recepción por correo.
Once. Mesa de estudio de las propuestas
Aplicando los criterios de la LCSP para el examen y valoración de las proposiciones de los licitadores, el órgano de contratación estará asistido por una mesa de estudio de las propuestas. Esta mesa estará compuesta por:
- Presidente: el alcalde de la corporación o concejal en quien delegue.
- Vocales:
· Concejal delegado de Urbanismo.
· Técnica del Servicio Jurídico de Urbanismo.
· Arquitecto municipal.
- Secretario: actuará como secretario de la mesa la secretaria general de la corporación o funcionario en quien delegue.
Los suplentes serán designados por el presidente.
Esta mesa podrá recabar en cualquier tiempo los asesoramientos de terceros expertos miembros o no de los servicios de la corporación, cuando lo estime oportuno (art. 137.1 LUV).
Doce. Calificación de documentos y estudio de las ofertas
Se estará a lo dispuesto en la ordenanza municipal de bases generales (20ª y 21ª).
1. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de estudio de propuestas se reunirá el siguiente día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de propuestas, previa convocatoria realizada por el presidente, para la apertura del sobre A, relativo a la documentación personal, y calificará las proposiciones formuladas a tenor de los establecido en el artículo 136 y concordantes de la LUV.
Si la mesa de estudio de propuestas observara defectos formales en la documentación presentada, se requerirá a los interesados, concediendo un plazo no superior a tres días hábiles, para que el licitador los subsane o corrija ante la propia mesa de estudio de propuestas, dejando constancia de lo actuado en el acta que se levante al efecto. Tales circunstancias se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el mismo día del acto de apertura, que servirá de notificación a los interesados.
2. Una vez calificada la documentación y corregidos, si procede, los errores detectados, se procederá a constatar para cada licitador la concurrencia de los criterios de selección por medio del examen de la documentación acreditativa en las bases reguladoras, teniendo que pronunciarse motivadamente acerca de la admisión o inadmisión de cada uno de los concursantes.
3. Serán rechazadas, en principio y en todo caso, las proposiciones cuando, sobre A, no se acredite fehacientemente la posesión de los requisitos para contratar con las administraciones públicas, la posesión de los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigidos en estas bases o cuya garantía provisional sea inferior a la señalada en estas bases así como aquellas en las que se observara en los documentos que la integran defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables.
4. La mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el apartado anterior y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.
5. La apertura de los sobres B y C de las proposiciones admitidas, tendrá lugar, en acto público, a los siete días contados a partir del día siguiente al de apertura del sobre A.
El acto de apertura de proposiciones, a tenor de los establecido en el artículo 136.3 y concordantes de la LUV, comenzará dándose lectura al anuncio del concurso, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se hará público el número de proposiciones recibidas y nombres de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.
6. Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa, en resolución motivada.
7. En este mismo acto, o en cualquier momento del procedimiento, los concursantes podrán manifestar el desistimiento de su propuesta, asumiendo la pérdida de la garantía provisional prestada.
8. El secretario de la mesa, dará lectura a las proposiciones jurídico-económicas formuladas y las remitirá a los servicios técnicos municipales para que informen lo que proceda.
9. El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a urbanizador para que, en el plazo máximo de veinte días, aclaren la documentación presentada, subsane la omitida o completen la que sea insuficiente, suspendiéndose en tal caso, los plazos de emisión de informes.
10 Si la complejidad del programa de actuación integrada lo exigiera, y siempre que se hubiera indicado en las bases particulares, podrá pedirse dictamen, no vinculante, del Consejo del Territorio y el Paisaje. Tal dictamen será preceptivo cuando se trate de programas que comprendan un ámbito superior a 50 hectáreas. Se recabarán los informes que dispone el artículo 299 del ROGTU.
En el supuesto que alguna proposición no guardase concordancia con la documentación requerida, variara sustancialmente el modelo
Alternativa tècnica (70%, art. 312.2.B ROGTU, modif. D 36/07) 70 punts

Proposició juridicoeconòmica (30%, art. 312.2.b ROGTU, modif. D 36/07) 30 punts

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*
Alternativa técnica (70%, art. 312.2.b ROGTU, modif. D 36/07) 70 puntos

Proposición Jurídico económica (30%, art. 312.2.b ROGTU, modif. D 36/07) 30 puntos
establecido, o comportarse omisiones, errores manifiestos o tachaduras que impidan conocer el contenido esencial de la oferta, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.
El rechazo de proposiciones podrá acordarse por la mesa en cualquier momento antes de realizar su propuesta de adjudicación del contrato.
La mesa formulará propuesta razonada y motivada, atendiendo a los criterios del pliego de condiciones particulares, al órgano de contratación que resolverá. podrá proponer modificaciones respecto de la propuesta seleccionada.
Trece. Criterios de adjudicación (art. 131.2.n LUV y art. 286.1.j ROGTU)
El señalado artículo 131.2.n establece que las bases particulares contendrán los criterios de adjudicación especificada por orden descendiente de importancia, incluyendo su ponderación. Por otro lado, el artículo 131.4 LUV señala que elementos o contenidos del programa no pueden tenerse como determinantes y ponderables para la selección. El artículo 135 LUV separa la valoración de la alternativa técnica y de la proposición jurídico-económica. Se cumplimenta también la base general 18ª.
Catorce. Plazos de desarrollo y ejecución del Programa (art. 131.2.i LUV y bbgg 25ª)
El plazo establecido para el despliegue, desarrollo y ejecución del programa de actuación será de cinco años. Ello sin perjuicio de las suspensiones de cómputo de plazo por causa imputable a la administración, y comenzará a partir del día siguiente al de la firma del contrato de adjudicación. El inicio de las obras se acreditará mediante acta de replanteo y la finalización mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director de las mismas.
Deberán cumplirse los plazos establecidos en el artículo 332 del ROGTU para la presentación de documentos y sometimiento a información pública de éstos.
Una vez aprobada e inscrita la reparcelación se procederá a licitar, en su caso, la obra de urbanización.
El acta de replanteo será suscrita, por el urbanizador, el empresario constructor, el arquitecto del Ayuntamiento y la dirección facultativa, y en ella se harán constar los siguientes extremos (art. 14.2 TRLS/78): a) la comprobación de la adecuación del proyecto de ejecución a la realidad geométrica del terreno o de la edificación sobre la que se actúa; b) la verificación de la disponibilidad del terreno necesario para el comienzo de las obras; c) la viabilidad del proyecto de ejecución, a la vista de las características físicas del terreno y otras contingencias no previstas que pudieran presentarse.
El urbanizador convocará a quienes deban suscribir el acta de replanteo, con una antelación mínima de cinco días, computados desde la recepción de la misma por las partes convocadas. En el acta de replanteo se recogerá la fecha de comienzo de las obras, así como cualquier reserva o discrepancia que se pudiera observar por quienes estén llamados a suscribirla.
En caso de aceptarse prórrogas sobre las fases de calendario propuesta, éstas deberán ser acordadas de forma expresa por el Ayuntamiento, previa solicitud del adjudicatario. En ningún caso se prorrogarán los plazos fijados por mutuo consentimiento tácito. Los plazos previstos podrán ser prorrogados y suspendidos atendiendo a las incidencias de la ejecución y al espíritu de la LCSP, y demás normativa que resulte de aplicación. En particular: a) en lo relativo a la redacción de textos refundidos y proyecto de Reparcelación resultarán aplicables las reglas propias del contrato administrativo de consultoría y asistencia técnica; b) por lo que se refiere a la ejecución de las obras, serán aplicables los preceptos relativos al contrato administrativo de obras.
El incumplimiento de los plazos resultantes de la propuesta ganadora, así como de las posibles prórrogas que pudieran acordarse conllevará la imposición al adjudicatario de las penalizaciones por demora que resulten de aplicación o, en su caso; la resolución del contrato, de acuerdo a los términos y condiciones que se prevean en el contrato de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana.
Quince. Ejecución de la obra de urbanización
1. El urbanizador deberá ejecutar la totalidad de las obras de urbanización previstas en la alternativa técnica en los plazos contenidos en la propuesta que presente el urbanizador seleccionado. En ningún caso el plazo de ejecución será superior a treinta y seis meses desde su inicio (art. 332.1.f ROGTU), salvo los supuestos de suspensión imputable a la administración o compañías suministradoras, desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, acreditándose mediante acta de replanteo suscrita por la dirección de las obras y, al menos por un técnico municipal. A estos efectos, el urbanizador deberá acreditar, en el acta de replanteo, el pago a los acreedores netos de la cuenta de liquidación o bien la consignación de dicha cantidad en la Tesorería Municipal.
2. La ejecución del proyecto de urbanización aprobada por el Ayuntamiento corresponde al empresario constructor, quién será seleccionado por el urbanizador de conformidad con las previsiones establecidas por la legislación básica de carácter estatal de contratación pública, la LUV y el ROGTU, en concreto en sus artículos 357 a 370. Todo ello sin perjuicio de los supuestos de excepción que contiene el artículo 120 LUV.
3. El empresario constructor será seleccionado mediante concurso.
Dieciséis. Relaciones con los propietarios y retribución al urbanizador
La iniciativa que formulen los candidatos a urbanizador deberá prestar especial atención al sistema de relaciones que la gestión y desarrollo del sector requieran con los propietarios de suelo y especial respeto por sus derechos patrimoniales que han de ser compatibles según el nuevo espíritu tutelante de la LUV, y a favor del interés público. Siempre garantizando el equilibrio de las prestaciones y la efectiva retribución al urbanizador.
Los propietarios podrían determinar la forma de pago al urbanizador en metálico o en suelo dentro del plazo de dos meses desde la recepción de la información establecida por el artículo 166 LUV y en la forma que dispone el artículo 167 LUV.
1. El propietario que opte por el pago en metálico deberá notificar su opción al urbanizador y al Ayuntamiento mediante solicitud formalizada en documento público o mediante comparecencia administrativa. Dispondrá para ello de un plazo de dos meses desde que reciba la comunicación regulada en el artículo anterior o desde la aprobación del proyecto de urbanización, cuando éste no forme parte de la alternativa técnica, y deberá cumplir las siguientes reglas:
a) La solicitud se acompañará de garantía, real o financiera, bastante, que asegure el desembolso de la retribución.
b) La garantía se prestará mediante los medios que libremente pacten los interesados y el urbanizador.
c) Si el solicitante adquiere, en escritura pública y en beneficio del urbanizador, la obligación de pagarle con desembolso previo al ejercicio de cualesquiera acciones contra la liquidación de cuotas de urbanización, será bastante garantía la prestada hasta un importe equivalente al valor de los terrenos, sin urbanizar, que se dejan así de retribuir en especie. Las parcelas que se le adjudiquen quedarán afectas al pago de cuota de urbanización en proporción al importe no garantizado ante el urbanizador. El importe garantizado ante éste podrá reducirse en el momento y medida en que sea suficiente para garantizar los pagos pendientes.
2. La retribución en suelo se concretará conforme al artículo 167 LUV
Diecisiete. Mejoras y medidas complementarias y variantes (art. 131.2.g LUV)
La propuesta de programa deberá atender inexcusablemente a los objetivos imprescindibles establecidos por el art. 124.1 LUV. Por otro lado, podrán plantearse objetivos complementarios asumiendo el régimen que al objeto establece el artículo 124.2 LUV.
Variantes:
1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca las de carácter económico, siempre y cuando, estas últimas no alteren sustancialmente la ordenación urbanística propuesta.
2. Se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.
Mejora y medidas complementarias:
El Programa podrá incluir como objetivos complementarios, cuyo coste será asumido por el urbanizador, en virtud de lo establecido en el artículo 124.2 de la Ley Urbanística Valenciana, la ejecución de obra por importe de 512.925,57 euros, IVA incluido (quinientos doce mil novecientos veinticinco euros y cincuenta y siete céntimos de euro). Dicha obra será definida por el Ayuntamiento, siendo obras que revistan especial interés público y social de las definidas en el artículo 53 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de San Miguel de Salinas.
Dichas obras deberán iniciarse en el mismo plazo en que comience la ejecución de las obras de urbanización del sector SUS I-1 industrial Laguna.
A efectos de garantizar el cumplimiento de las mismas, el urbanizador aportará previamente al otorgamiento del contrato de adjudicación de la condición de urbanizador, aval por el importe de la totalidad del coste de las obras.
Dieciocho. Obligaciones y prerrogativas de la administración actuante (art. 286.1.e ROGTU)
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
Diecinueve. Formalización del contrato
Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, que será del 10% sobre las cargas de urbanización.
En el plazo de un mes a partir de la notificación eficiente del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.
El documento de formalización será firmado por el alcalde y el urbanizador, dando fe de ello el secretario general, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación y de su proposición jurídico-económica.
El documento podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.
Si por causas imputables al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el TRLCAP/00.
La ejecución del programa de actuación integrada se realizará a riesgo y ventura del urbanizador, sin perjuicio de lo dispuesto de forma legal y reglamentariamente para actualización de costes y retasación de cargas, con estricta sujeción a las presentes bases particulares de programación, y a las órdenes e instrucciones que en interpretación de éstas diera el Ayuntamiento.
El urbanizador podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las prestaciones correspondientes al programa de actuación integrada que tenga por conveniente, en los términos establecidos en la LCAP, en la LUV y en sus reglamentos. En concreto, la celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que se dé conocimiento por escrito al Ayuntamiento del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes a realizar por el subcontratista
b) El límite cuantitativo de las prestaciones que pueden subcontratarse será el establecido en la legislación reguladora de los contratos, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 335.1.a del RLUV.
c) Los subcontratistas quedarán obligados ante el urbanizador, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del programa ante la administración.
Veinte. Cumplimiento, modificaciones, incumplimiento, resolución y extinción del contrato
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.
6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.
Prórroga del contrato
La posibilidad de prorrogar el contrato y el alcance de la prórroga se establece como una posibilidad y tras el correspondiente expediente en el que se justifique su necesidad. Esto es, con independencia de la suspensión puntual del cómputo de plan imputable a la administración.
En el supuesto de modificación del contrato se estará a lo dispuesto en la LCSP.
Resolución del contrato
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.
d) La no formalización del contrato en plazo.
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20 por 100.
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta Ley.
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del Programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.
Veintiuna. Recursos administrativos (art. 447 y 448 ROGTU)
Serán de aplicación los artículos 447 y 448 del ROGTU, y en concreto, antes de la interposición del recurso contencioso-administrativo, las decisiones que se adopten por el Ayuntamiento en los procedimientos de adjudicación de programas de actuación deberán ser objeto de los recursos regulados en la Ley 30/1992.
Podrán impugnarse:
a) El acto de aprobación de las bases particulares reguladoras del programa.
b) La calificación de la capacidad y solvencia para participar en el proceso de selección.
c) El acto de adjudicación del contrato al urbanizador, y de aprobación del programa de actuación integrada.
d) El acto de adjudicación del contrato al empresario constructor.
e) El acto de aprobación del proyecto de reparcelación.
El recurso debe interponerse en el plazo máximo de 1 mes contado a partir del siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto objeto de impugnación, sin perjuicio de la posibilidad de interponerlo desde la fecha en que se tenga noticia de la existencia y contenido completo del acto. El escrito de interposición se presentará en el Registro del Ayuntamiento, con el contenido exigido en la Ley 30/1992.
Veintidós. Jurisdicción competente
El orden jurisdiccional competente para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del citado contrato administrativo especial entre la administración municipal y el agente urbanizador será el contencioso-administrativo, tal como establece el artículo 2.b de la LRJCA 29/1998.
Veintitrés. Entrada en vigor
Las presentes bases particulares adquieren validez con la aprobación municipal y su eficacia quedará demorada hasta la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
San Miguel de Salinas, 27 de noviembre de 2009.- El alcalde: Ángel Sáez Huertas.