Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5199, del 15-02-2006 (2006/1361)

Notificación a María José Jiménez. Expediente número A-DANU-0065/2004.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5199

Fecha DOGV
:   15-02-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/1361


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a María José Jiménez. Expediente número A-DANU-0065/2004. [2006/F1361]  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a María José Jiménez Calleja, calle del Senador Alberto Pérez Ferré, número 8-esc.1-2B (03994 Alicante), la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-335/2005.  
Resolución de la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente del recurso de alzada relativo al expediente de desahucio administrativo por no uso (A-DANU-0065/2004) de la vivienda sita en Alicante, calle del Senador Alberto Pérez Ferré, número 8, esc. 1, 2º pta. B (Cod. vvda. 03/7069/0525).  
Datos del reclamante   
Apellidos y nombre: Jiménez Calleja, María José.  
Nº expte.: A-DANU-0065/2004.  
Datos de la vivienda   
Código de la vivienda: 03/7069/0525.  
Domicilio: c/ Senador Alberto Pérez Ferre, nº 8, esc. 1, 2º pta. B.  
Régimen: arrendamiento.  
Adjudicatario: María José Jiménez Calleja.  
I. Antecedentes  
Cronológicamente expuestos, los hechos esenciales relativos a dicho expediente, son los siguientes:  
Primero. El 17 de mayo de 2004, con motivo de las visitas periódicas realizadas por personal adscrito a la Inspección de Patrimonio del IVVSA, se detectó la falta de ocupación de manera habitual y permanente de la vivienda de referencia por su adjudicataria. (Documento 1)  
Segundo. Solicitada al Ayuntamiento de Alicante la correspondiente información sobre empadronamiento y convivencia (Documento 2), por el mismo se emitió informe constatando que la interesada figuraba empadronada en dicho domicilio desde el 3 de marzo de 1999 (Documento 3). Además, solicitado a Aguas de Alicante certificado de consumo de la misma se desprendía que prácticamente no existía consumo de agua en los últimos cuatro años (Documento 4). Incoado el expediente, el 9 de julio de 2004 se formuló el correspondiente pliego de cargos (Documento 5).  
Tercero. Los días 12 y 13 de julio de 2004 se realizaron los dos intentos de notificación del citado pliego de cargos, tras lo cual y al ser infructuosos se realizaron las publicaciones del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alicante y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.810, del 2 de agosto de 2004 (Documento 6).  
Cuarto. El 28 de julio de 2004 se presentó por la interesada escrito de alegaciones que fueron desestimadas en virtud de carta del IVVSA de fecha 18 de agosto de 2004 (Documento 7).  
Quinto. El 24 de noviembre de 2004 se formuló la correspondiente propuesta de resolución (Documento 8), que tras dos intentos de notificación infructuosos, fue publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alicante y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.972, de 23 de marzo de 2005 (Documento 9)  
Sexto. El 30 de junio de 2005 se dictó la correspondiente resolución del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos (Documento 10), cuya notificación se intentó sin resultado los días 30 de junio de 2005 y 1 de julio de 2005, pero que llegó posteriormente a ser recogida por la interesada como se desprende del escrito presentado por la misma el 5 de agosto de 2005 (Documento 11) por el que interponía recurso de alzada contra dicha resolución.   
II. Fundamentos de derecho  
El artículo 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, sobre Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, en relación también con el artículo 30 del Real Decreto 2960/1976, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial, que incluyen entre las causas legales de desahucio administrativo de viviendas de promoción pública «No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente del beneficiario...». Se entiende que existe habitualidad en la ocupación de la vivienda cuando no permanezca desocupada más de tres meses seguidos al año y que el domicilio es permanente cuando constituye la residencia de su titular bien como propietario bien como arrendatario.  
El artículo 12 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Sancionador en Materia de Vivienda, que resulta de aplicación según la disposición transitoria tercera de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, y que establece que la comisión de infracciones graves o muy graves tipificadas en esta ley efectuadas por arrendatarios u ocupantes por cualquier título de viviendas de propiedad pública, podrá dar lugar al desahucio o a la pérdida del derecho de uso.  
El artículo 20 y 24 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.  
Los artículos 5, 7 y 8 en relación con los artículos 112 y 113 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, que califica de administrativos especiales aquellos que tengan carácter administrativo por satisfacer de forma directa e inmediata una finalidad pública y en general por suponer una especial tutela del interés público.  
El artículo 143 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, que reputa en todo caso el domicilio del interesado como la vivienda objeto del desahucio en relación con el artículo 59 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
En la tramitación del expediente se ha cumplido el procedimiento señalado en el artículo 142 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968.  
III. Contestación a las alegaciones  
Tanto de las visitas periódicas realizadas por personal adscrito a la Inspección de Patrimonio del IVVSA, que detectaron la falta de ocupación de manera habitual y permanente de la vivienda de referencia por su adjudicataria (Documento 1), como de los bajísimos o inexistentes consumos de agua durante los últimos cuatro años (Documento 4), se desprende claramente que las circunstancias que se dan en el presente caso se corresponden con las que tiene en cuenta la normativa aplicable para dar lugar al desahucio administrativo por no utilizar la vivienda como domicilio habitual y permanente, sin que las diferentes alegaciones formuladas por la interesada, que no han sido probadas ni se ha aportado documento alguno que las justificase o demostrase el uso real de la vivienda como domicilio habitual y permanente, puedan afectar a dicha conclusión.   
Por ello, María José Jiménez Calleja no ha probado causa que justifique la no ocupación de la vivienda sita en la calle del Senador Alberto Pérez Ferré, 8, esc.1, 2º pta. B, de Alicante, como domicilio habitual y permanente, por lo que la resolución del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos de fecha 30 de junio de 2005, suficientemente motivada y dictada en expediente tramitado de conformidad con el artículo 142 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial y con la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha de ser íntegramente confirmada.  
Resolución  
Visto el expediente, se deduce que ha quedado acreditado que el adjudicatario de la vivienda sita en la calle del Senador Alberto Pérez Ferre, 8, esc. 1, 2º pta. B, de Alicante, incurre en causa de desahucio administrativo por no uso al no destinar dicha vivienda a domicilio habitual y permanente.  
Vistos los hechos, las disposiciones legales citadas y las de general aplicación, así como la propuesta del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos, la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente resuelve la desestimación del recurso de alzada.  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de recibo de la presente notificación, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime oportuno.  
Valencia, 11 de octubre de 2005.. La secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente: Cristina Serrano Mateo.