Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8535, del 25-04-2019 (2019/4135)

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2019, de la Presidencia de la Generalitat, de delegación al Ayuntamiento de Oliva de las competencias para la ejecución de la obra denominada «Modificado de las dependencias para la formación de la policía local de Oliva», incluida en el Plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana.
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Número DOGV
:   8535

Fecha DOGV
:   25-04-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2019/4135


Fecha del documento
:   31-01-2019

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2019, de la Presidencia de la Generalitat, de delegación al Ayuntamiento de Oliva de las competencias para la ejecución de la obra denominada «Modificado de las dependencias para la formación de la policía local de Oliva», incluida en el Plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana. [2019/4135]  
El Decreto ley 1/2009, de 20 de febrero, del Consell, constituyó y dotó tres planes especiales de apoyo destinados al impulso de los sectores productivos, el empleo y la inversión productiva en municipios, y se aprobaron créditos extraordinarios para atender a su financiación. Concretamente, el Plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana (en adelante, el PIP) se dotó de 1.020 millones de euros, con un horizonte de ejecución hasta el año 2011, finalizado el cual debían estar acabadas y debidamente acreditadas las inversiones realizadas.  
La vigencia de este PIP ha sido prorrogada a través de varias leyes de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. Así, a través del artículo 104 de la Ley 16/2010, de 27 de diciembre, se prorrogó el PIP hasta el 31 de enero de 2012 y se prohibió la autorización de la alteración de las condiciones esenciales de los proyectos aprobados, y cualquier modificación de los mismos, salvo las adecuaciones y ajustes necesarios para su ejecución.  
La Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, prorrogó de nuevo la vigencia del PIP hasta el 30 de diciembre de 2013, y estableció la posibilidad de sustitución de aquellos proyectos aprobados en el marco del PIP que, por causas sobrevenidas con posterioridad a su aprobación, no pudieran ejecutarse.  
De nuevo la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, prorrogó la vigencia del PIP hasta el 31 de diciembre de 2014, y otra vez posibilitó la sustitución de proyectos, con carácter excepcional y por razones de interés público.  
La Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, prorrogó de nuevo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. Por su parte, el Decreto ley 3/2016, de 27 de mayo, volvió a prorrogar su vigencia hasta el 30 de junio de 2019, fecha que ha sido nuevamente modificada por la reciente Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de Generalitat, que ha establecido un nuevo plazo de ejecución y justificación de las obras hasta antes del 15 de diciembre de 2020.  
El artículo 4.2 del Decreto ley 1/2009, estableció que la ejecución de las obras del PIP, cuando se correspondiesen con proyectos autorizados en municipios con población superior a 10.000 habitantes, estaría atribuido a la Generalitat, por lo que dichas actuaciones quedaron determinadas como infraestructuras de la Generalitat, todo ello sin perjuicio de que, una vez concluidas, las mismas fueren cedidas a los ayuntamientos.  
En el desarrollo del plan especial, por Resolución del vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, de fecha 5 de junio de 2009, se aprobó la inversión correspondiente a la construcción de las nuevas dependencias de formación para la policía local de Oliva, con un importe financiable de 900.000 euros, atribuyendo su ejecución a la Generalitat conforme al artículo 4.2 del Decreto ley 1/2009. No obstante, dicha ejecución quedó paralizada, ya que la empresa contratista fue declarada en concurso de acreedores y no pudo concluir las obras, que quedaron paralizadas por Resolución de 12 de abril de 2012, del entonces conseller de Gobernación. Por este motivo, el Ayuntamiento tuvo que presentar una modificación del proyecto, que ha sido informado el 30 de abril de 2018, por la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.  
En la actualidad, y como consecuencia de la reorganización de los servicios de la Generalitat competentes en materia de seguridad y emergencias, operada por la Ley 4/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (en adelante, AVSRE), la ejecución del proyecto citado en Oliva es competencia de dicho organismo autónomo.  
Asimismo, ha de tenerse en cuenta, según prevé el artículo 2 del Decreto ley 3/2016, que «las inversiones cuya financiación haya sido autorizada en el marco del Plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana deberán quedar debidamente acreditadas, y presentada en la conselleria competente por razón de la materia la correspondiente acta de recepción de la misma, antes del 15 de diciembre de 2020» y que aquellas que «a la fecha señalada [...] no estuvieren justificadas en su totalidad deberán finalizarse con cargo a los créditos propios de la administración responsable de la ejecución, ya lo sea directamente o por delegación», por lo que el plazo temporal citado afecta a la obra que actualmente se ha «recuperado» dentro del citado PIP.  
El Ayuntamiento de Oliva ha solicitado, mediante Acuerdo plenario de 27 de septiembre de 2018, la delegación de competencias a su favor para la contratación de las obras, su dirección y el control de su ejecución hasta la terminación, incluida la aprobación de las certificaciones de las obras y honorarios del proyecto modificado de las nuevas dependencias de la policía local de Oliva, obra incluida en el PIP, proyecto con un presupuesto base de licitación de 1.137.347,03 euros, IVA incluido; así como la solicitud de la cofinanciación del proyecto.  
A la vista de la solicitud formulada por el Ayuntamiento, la AVSRE considera acertado dicho cauce de colaboración que permitirá que sea el Ayuntamiento de Oliva el que continúe con la ejecución de las obras ahora paralizadas y valora positivamente el aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos del Ayuntamiento de Oliva, y, en consecuencia, se estima pertinente proceder a delegar en el mismo la competencia para la ejecución de las obras y actuaciones incluidas en dicho proyecto.  
Dicha delegación es legalmente posible al amparo de lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, que establece lo siguiente:  
«Primera. Delegación de competencias en las entidades locales, en materia de obras, gestión y mantenimiento de instalaciones e infraestructuras de titularidad de la Generalitat  
1. Al amparo de lo establecido en los artículos 64.2 y 66.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y atendiendo a su capacidad de gestión, se autoriza al Consell o a las personas titulares de los departamentos competentes del Consell, según el instrumento de delegación utilizado, para delegar el ejercicio de las funciones que correspondan a la Administración de la Generalitat en materia de construcción, ampliación, adecuación, reforma, gestión y mantenimiento de centros, instalaciones e infraestructuras de titularidad de la Generalitat, en aquellas entidades locales en cuyo territorio estén ubicadas o vayan a ubicarse las mismas.  
2. Dicha delegación requerirá aceptación por parte de la entidad local interesada, y se articulará, previa solicitud de esta, mediante resolución de la persona titular del departamento competente del Consell, o mediante la suscripción de un convenio de colaboración entre la Administración de la Generalitat y la entidad local solicitante, en los cuales se fijarán los términos en que deba efectuarse el ejercicio de la competencia. En dichos instrumentos se concretarán los medios de control, de los previstos en la Ley de régimen local de la Comunitat Valenciana, que ejercerá la Generalitat sobre la delegación.  
3. Esta delegación irá acompañada de los suficientes recursos económicos para que sea efectiva y que garanticen el equilibrio financiero de la entidad receptora».  
Esa previsión legal se compagina con las determinaciones legales establecidas en los artículos 7.3 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y 146 a 149 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana.  
A la vista del marco legal referido, queda acreditado que, atendiendo a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Oliva, es viable la delegación de la competencia para la aprobación del proyecto de obra, la licitación, adjudicación y ejecución del proyecto, así como la dirección y coordinación del mismo, denominado: «Modificado de las nuevas dependencias de formación para la policía local de Oliva», cuyo importe financiable por la Generalitat es de 240.478,77 ?, que deberá ser aceptada por el Ayuntamiento, debiendo fijarse los medios de control que la AVSRE establezca respecto a la delegación atribuida al Ayuntamiento.  
Asimismo, según el artículo 19, apartados 3 y 4, del Decreto ley 1/2009, los créditos del PIP gozan del carácter de créditos de reconocimiento preceptivo y los remanentes de crédito se incorporarán al presupuesto de la Generalitat durante la vigencia del plan, prorrogada hasta antes del 15 de diciembre de 2020, siendo el órgano competente para su incorporación el titular de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.  
Por todo lo expuesto, vista la propuesta del director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias; en virtud de lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat; y en relación con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, resuelvo:  
  
Primero  
Delegar en el Ayuntamiento de Oliva la actuación, incluyendo las competencias para aprobar, licitar, adjudicar y ejecutar el proyecto de modificado de las nuevas dependencias de formación para la policía local de Oliva, cuyo presupuesto base de licitación asciende a un total de 1.137.347,03 euros, IVA incluido, de acuerdo con los siguientes condicionantes y requisitos, que deberán ser aceptados expresamente por el Ayuntamiento, siendo causa de resolución de la delegación el incumplimiento de cualesquiera de ellos:  
1.º. El Ayuntamiento se compromete a licitar, adjudicar y ejecutar las obras, incluida la aprobación de las certificaciones de las obras y honorarios, sometiéndose a las previsiones contenidas en la normativa que rige la contratación del sector público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y normativa complementaria y de desarrollo) y la normativa que regula las actuaciones incluidas en los PIP.  
El Ayuntamiento renuncia expresa e incondicionadamente, con la aceptación de esta delegación, al derecho a la reclamación o exigencia de percepción de cualquier cantidad a cargo de la Generalitat que supere la aportación económica antes descrita que pueda desprenderse (directa o indirectamente) de la ejecución de la presente competencia delegada.  
  
Según lo previsto en el artículo 148 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, la Generalitat podrá recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal de la competencia delegada, así como enviar comisionados, establecer criterios y formular los requerimientos necesarios para la correcta ejecución de la actuación.  
2.º. En cuanto al plazo de finalización de la ejecución del proyecto delegado:  
Conforme al artículo 2 del Decreto ley 3/2016, de 27 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de liquidación del Plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana, según la redacción dada por la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, las inversiones cuya financiación haya sido autorizada en el marco del Plan especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunidad Valenciana, deberán quedar debidamente acreditadas, y presentada en la conselleria competente por razón de la materia la correspondiente acta de recepción de la misma, antes del 15 de diciembre de 2020.  
3.º. Los documentos que deberá aportar el Ayuntamiento a lo largo de la ejecución de la delegación, secuencialmente al momento en que dichos hitos vayan cumpliéndose, dirigidos al director de la AVSRE a través de la sede electrónica de la Generalitat, son los siguientes:  
A. En las actuaciones preparatorias, la certificación de la aprobación del proyecto de obra por el órgano competente y su replanteo.  
B. En el expediente de contratación y adjudicación de las obras y de los servicios de dirección y coordinación de la seguridad y salud:  
- Certificación de aprobación por el órgano competente de los expedientes de contratación de las obras y de los servicios de dirección de obra y la coordinación de la seguridad y salud  
- Certificados de las resoluciones o acuerdos municipales de adjudicación de dichos contratos.  
C. En la fase de ejecución:  
- Acta de comprobación de replanteo. Dicha acta quedará supeditada a la conformidad de la misma por parte del técnico responsable, representante de la Generalitat para esta actuación, el cual será citado previamente para su comparecencia al acto.  
- Certificación de aprobación por el órgano competente de las certificaciones de obra y de los honorarios por la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, así como la conformidad de las facturas.  
D. A la finalización de las obras  
- Acta de recepción de las obras. Dicha acta quedará supeditada a la conformidad de la misma por parte del técnico responsable, representante de la Generalitat, el cual será citado previamente para su comparecencia al acto.  
4.º. Con carácter bimensual se facilitará a la AVSRE por escrito, mediante remisión por correo electrónico secretariatecnica\_oqzhj@kih.gm, información sucinta de los actos realizados en el ejercicio de la competencia delegada.  
5.º. La declaración de resolución de la delegación por incumplimiento municipal llevará aparejada la pérdida, total o parcial, del derecho al pago de las cantidades comprometidas como inversión destinada a la financiación del proyecto. En este caso, el Ayuntamiento deberá hacerse cargo de las obligaciones económicas y jurídicas que haya comportado esta situación respecto a terceros, y se exime a la AVSRE de cualquier responsabilidad sobre este tema.  
  
Segundo  
El importe máximo que destinará la Generalitat a la financiación de la citada inversión asciende a 240.478,77 euros, IVA incluido, cuyo desglose se enumera a continuación:  
Parte destinada a obra civil: 233.375,69 euros.  
Parte para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud: 7.103,08 euros.  
Importe máximo financiable: 240.478,77 euros.  
El resto de aportación hasta completar el importe total que suponga la obra civil, la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud (cuantía de estos últimos que se determinará con su adjudicación), será financiado por el Ayuntamiento de Oliva.  
  
Tercero  
La presente delegación queda condicionada a su posterior y expresa aceptación, que deberá ser acordada por el órgano competente del Ayuntamiento.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
València, 31 de enero de 2019.- El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer.