Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6520, del 13-05-2011 (2011/5171)

Notificación de resolución. Expediente número DIC-88/97. Jijona.
----------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6520

Fecha DOGV
:   13-05-2011

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/5171


Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución. Expediente número DIC-88/97. Jijona.  
  
 [2011/5171]  
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para efectuar la notificación dirigida a Verónica Cortés Gómez, al domicilio que figura en su solicitud de interesada en la declaración de interés comunitario para nave industrial en el municipio de Jijona, de acuerdo con lo previsto en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se lleva a efecto por el presente edicto.  
  
Acto que se notifica:  
«El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, con fecha 16 de marzo de 2011, adoptó la resolución que a continuación se transcribe:  
"Vista la declaración de interés comunitario solicitada por Gerardo Colomina López, en representación de Frutas Colomina, SL, y concedida mediante resolución del entonces conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes con fecha 22 de octubre de 1997 para la construcción de una nave industrial para la transformación de productos agrícolas, en el término municipal de Jijona (Alacant), y de conformidad con los siguientes  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. Mediante Resolución de 22 de octubre de 1997 se declara el interés comunitario para la construcción de una nave industrial para la transformación de productos agrícolas en el término municipal de Jijona, en terrenos clasificados como suelo no urbanizable sobre la parcela 109 del polígono 9, partida Espartal. Dicha resolución es notificada al interesado en fecha 11 de noviembre de 1997 y en ella se fijaba un plazo de vigencia de 10 años.   
Segundo. Con fecha 6 de marzo de 2007, el promotor del expediente solicita una prórroga en la declaración de interés comunitario (DIC) por un período igual al inicialmente concedido, es decir, por otros diez años.  
Tercero. Con fecha 22 de marzo de 2007, tiene entrada en el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de Alicante informe en sentido desfavorable emitido por el Ayuntamiento de Jijona en el que a su vez se recoge informe del arquitecto municipal, indicando que 'en el momento en que se tramitó la DIC, no existía disponibilidad de suelo urbanizado industrial en el que ubicar nuevas empresas. Actualmente ya no concurre dicha circunstancia, puesto que además de otros dos sectores de iniciativa privada, se han ultimado las obras de urbanización del polígono industrial L'Espartal III, por parte del SEPIVA, en el que existe amplia disponibilidad de parcelas vacantes'.  
Cuarto. En fecha 6 de julio de 2009, el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante emite informe proponiendo declarar la caducidad de la declaración de interés comunitario.  
Quinto. En fecha 8 de marzo de 2010, el Servicio de Coordinación Territorial de la Dirección General de Urbanismo, con base en los datos aportados en el informe remitido por el Servicio Territorial, emite informe en relación con sus competencias de supervisión y coordinación, y en aras a la determinación de los criterios y directrices de política urbanística y de suelo.  
Sexto. Con fecha 13 de mayo de 2010, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda resuelve no conceder la prórroga en la DIC de referencia y conceder trámite de audiencia por plazo de 15 días a los interesados y al Ayuntamiento, dando traslado de lo actuado al Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante. La resolución es notificada al Ayuntamiento y a la mercantil en fechas 2 y 10 de junio de 2010, respectivamente.  
Séptimo. Con fecha 28 de junio de 2010 tiene entrada en el Registro de la Dirección Territorial de esta Conselleria en Alicante escrito de alegaciones de la mercantil interesada, remitiéndose las mismas a la Dirección General de Urbanismo por el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante en fecha 26 de julio de2010.  
En fecha 23 de agosto de 2010 son remitidas dichas alegaciones al Ayuntamiento de Jijona, para su conocimiento y a fin de que, a su vez, pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimasen pertinentes, no habiéndose recibido respuesta hasta la fecha.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. El artículo 35 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Suelo No uUbanizable (LSNU), normativa que entendemos de aplicación, pues la Ley 4/1992 arreglo a la cual fue tramitado este expediente ya no se encuentra en vigor, establece:  
'2. El transcurso del plazo de vigencia del uso y aprovechamiento atribuido producirá la caducidad de la declaración de interés comunitario, si bien el interesado podrá, antes del vencimiento de dicho plazo, solicitar de la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, prórroga por un período igual o inferior al inicialmente asignado. Transcurridos tres meses desde la solicitud de prórroga formulada por el interesado, sin que la conselleria hubiera resuelto sobre aquélla, se producirán prórrogas tácitas sucesivas y anuales contadas desde el vencimiento del plazo precedente, hasta que se declare la caducidad o la prórroga expresa para cuando termine el periodo anual correspondiente.  
3. Caducada la declaración de interés comunitario, su titular procederá, al cese de la actividad, a desmantelar las instalaciones y a demoler las construcciones realizadas, con reposición del suelo a su estado original. La resolución por la que se acuerda la caducidad deberá fijar, en función de las características propias de cada actividad, el plazo para el cumplimiento de dichas obligaciones'.  
Segundo. El escrito de alegaciones presentado recuerda que en fecha 6 de marzo de 2007 la mercantil presentó su solicitud de concesión de prórroga por un período de otros diez años, habiéndose resuelto la misma más de tres años después y sin habérsele dado traslado previamente del informe municipal con el que se motiva la denegación de la prórroga.  
Cabe aclarar que en ningún momento se ha considerado ese informe municipal referido a la solicitud de prórroga como 'preceptivo y determinante' de la resolución adoptada. Resulta discutible considerar tal informe como preceptivo, por no exigirlo así la LSNU. Cuestión distinta es que se considere la conveniencia de reclamarlo a los ayuntamientos, por ser la administración local interesada en el asunto. También resulta discutible considerarlo vinculante o, en su caso, determinante del contenido de la resolución.  
La LSNU sólo considera como preceptiva la solicitud del informe municipal para la tramitación de la DIC (artículo 37), pronunciándose dicho informe sobre el canon, el plazo de vigencia u otras cuestiones de oportunidad (artículos 34, 35 y 37), pero, a diferencia de lo que ocurría con la anterior Ley 4/1992, dicho informe no resulta vinculante. El informe municipal no es exigido por la LSNU para la prórroga de la DIC (artículo 35.2), aunque sí para la caducidad (artículo 39). Es por ello, que no puede estimarse lo alegado en este punto, pues las circunstancias puestas de manifiesto por el Ayuntamiento (existencia de suelo apto) también puede indicarlas perfectamente la administración autonómica. No ha habido por ello vulneración de lo dispuesto en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
En todo caso, se ha procedido a dar el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la citada Ley 30/1992.  
Tercero. Hemos de referirnos a continuación a la pretensión de obtener la prórroga solicitada por silencio administrativo. El escrito de alegaciones señala la nueva redacción del artículo 43.1 de la Ley 30/1992, dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. No cita, sin embargo, ni la disposición final quinta de la Ley 25/2009 (referida a la entrada en vigor de esa ley, el 27 de diciembre de 2009) ni la disposición adicional cuarta de ese mismo texto legal, referida a la aplicación de los requisitos previstos para el silencio administrativo desestimatorio regulado en normas preexistentes. Esta última disposición señala que se entenderá que concurren razones imperiosas de interés general (a los efectos de lo dispuesto en la nueva redacción del primer párrafo del artículo 43.1 de la Ley 30/1992) en aquellos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de esa Ley 25/2009 por normas con rango de ley (como la LSNU) o de derecho comunitario, prevean efectos desestimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto.  
Es por ello que debemos estar pues a lo dispuesto en el artículo 35.2 de la LSNU, que prevé expresamente que se producirán prórrogas tácitas sucesivas y anuales en el caso de que no se resuelva expresamente la solicitud en el plazo de tres meses. Estas prórrogas se irán sucediendo hasta que se resuelva la caducidad o la prórroga expresa.  
Cuarto. A continuación hemos de pronunciarnos sobre el fondo de la cuestión, que es la de la resolución expresa de la caducidad o de la prórroga.  
Antes cabe aclarar que, tal como se indicaba en la Resolución de fecha 13 de mayo de 2010, la última prórroga tácita, anual y sucesiva, habría vencido el pasado 22 de octubre de 2010, por lo que habría comenzado una nueva prórroga anual hasta el próximo 22 de octubre de 2011.  
Sin perjuicio de lo anterior, cabe plantearse si procede resolver expresamente la caducidad o la prórroga solicitada, debiendo atenderse las circunstancias que se han podido poner de manifiesto por la mercantil y por el Ayuntamiento de Jijona durante el preceptivo trámite de audiencia previo a la resolución definitiva.  
La Resolución de fecha 13 de mayo de 2010 consideró que no resultaba pertinente conceder la prórroga en la DIC ya que, según se indicaba en el informe municipal, y a falta de justificación en contrario, conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de suelo no urbanizable (artículos 26 y 33 de la LSNU) actualmente el municipio cuenta con suelo con calificación urbanística apta para albergar la industria en cuestión.  
La mercantil ha señalado durante el trámite de audiencia que la inactividad de la administración manifestada en la demora de la resolución 'puede haber derivado en la generación de unas circunstancias que no habrían existido en el supuesto de haber sido adoptada en plazo'.   
Por su parte, la administración municipal, habiéndole sido notificada la alegación de la mercantil con fecha 25 de agosto de 2010, no ha mostrado interés alguno en ratificarse o en responder en forma al trámite de audiencia otorgado, por lo que, dado que no se trata de un nuevo uso o aprovechamiento, sino de la continuidad de lo ya otorgado, y a la vista de la grave situación de crisis que atraviesa la economía valenciana y española, que aconseja adoptar cuantas medidas contribuyan directa o indirectamente al apoyo de los sectores empresariales, por parte de esta administración autonómica no se encuentra obstáculo en acceder a lo solicitado por la mercantil alegante.  
Por todo lo anteriormente expuesto, no hay inconveniente en prorrogar en diez años, hasta el año 2027, sin perjuicio de que el interesado inste lo indicado en el artículo 26 y en la disposición transitoria sexta de la LSNU, en relación a la exención de plazo de vigencia, si así interesa a su derecho.  
Quinto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 10/2004, en relación con el artículo 6.e del Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Territoriales y Urbanísticos de la Generalitat, la competencia para resolver la caducidad corresponde al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:  
Conceder prórroga del plazo de vigencia en la DIC para la nave industrial para la transformación de productos agrícolas en el término municipal de Jijona, en terrenos clasificados como suelo no urbanizable sobre la parcela 109 del polígono 9, partida Espartal, por el periodo solicitado de 10 años, hasta el año 2027.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno".  
La presente notificación es transcripción exacta de la resolución original que consta en el expediente».  
  
Valencia, 18 de abril de 2011.- El director general de Urbanismo: Juan Giner Corell.