Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3784, del 03-07-2000 (2000/5130)

Notificación de la resolución del recurso ordinario número R-109/1998.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3784

Fecha DOGV
:   03-07-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/5130


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso ordinario número R-109/1998. [2000/A5130]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Adrián Hernández Alemán, calle Mestre Asensi, 4, 53.ª (46519 Valencia), la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-109/1998.
  
Resolución
  
«Examinado el recurso ordinario formulado por don Adrián Hernández Alemán y doña Guiomar Ortiz Pascual contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia en el expediente por solicitud de visado y de ayuda económica directa para adquisición protegida de una vivienda a precio tasado 46/1T/2514/1997/250.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Los interesados, adquirentes de una vivienda libre usada, mediante una escritura de compraventa de fecha 28 de noviembre de 1997, presentaron en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia una solicitud de visado y de ayudas económicas directas el día 29 de dicho mes y año.
  
2. A la vista de la documentación aportada y de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 2.190/1995, de 28 de diciembre, y en el artículo 13 del Decreto 113/1996, de 5 de junio, del Gobierno Valenciano, el jefe del Servicio Territorial dicta una resolución denegatoria del visado y de las ayudas económicas solicitadas por estimar que el precio de la vivienda adquirida, al objeto de acogerse a los beneficios de la mencionada normativa, excede del resultado de multiplicar el módulo de venta por la superficie útil de la misma.
  
3. Contra la citada resolución, la parte interesada, interpone un recurso ordinario en tiempo y forma, con las alegaciones que constan en el mismo y que se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC), como por lo establecido en el Decreto 85/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.551 de 2 de agosto).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117 de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
3. A tenor de lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 2.190/1995, de 28 de diciembre, en relación con el artículo 13 del Decreto 113/1996, de 5 de junio, del Gobierno Valenciano, será requisito imprescindible para acceder a los préstamos cualificados y subvenciones, que el precio máximo de venta no supere el resultado de multiplicar el módulo ponderado correspondiente al área geográfica primera, aplicable en el momento de la calificación provisional, o en el de la fecha en que se lleve a cabo la compraventa en los supuestos de viviendas a precio tasado, por el coeficiente de zona que corresponda.
  
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2 in fine del Decreto 113/1996, de 5 de junio, para la determinación de la superficie útil de las viviendas a precio tasado, se aplicarán las normas que rigen para las viviendas de protección oficial, es decir los criterios establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de vivienda, que textualmente dice: ?Se entiende por superficie útil la del suelo de la vivienda, cerrada por el perímetro definido por la cara interior de sus cerramientos con el exterior o con otras viviendas o locales de cualquier uso. Asimismo incluirá la mitad de la superficie del suelo de los espacios exteriores de uso privativo de la vivienda, tales como terrazas, miradores, tendederos u otros hasta un máximo del 10% de la superficie útil cerrada...-.
  
5. En el caso que nos ocupa, examinada la documentación obrante en el expediente, se comprueba que el precio máximo de venta, al objeto de acogerse a los beneficios de la normativa mencionada, supera el resultado de multiplicar el módulo de venta por la superficie útil de la vivienda adquirida.
  
En efecto:
  
- Módulo de venta para vivienda libre usada en Valencia (zona 0) = 112.092.
  
- Superficie útil de la vivienda según el artículo 4 del mencionado Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre = 52,17 + 5,21 (máximo computable de la terraza) = 57/38.
  
- Precio máximo de la venta objeto de acogerse a las ayudas económicas solicitadas = 112.092 x 57,38 = 6.431.836,96.
  
- Precio de venta de la vivienda según la escritura aportada en su día = 7.000.000.
  
En consecuencia, no desvirtuando lo aducido por los recurrentes el contenido de la resolución impugnada, procede confirmar la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por don Adrián Hernández Alemán y doña Guiomar Ortiz Pascual, contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 20 de enero de 1998, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente.