Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5879, del 27-10-2008 (2008/11311)

Inicio del procedimiento para la gestión indirecta y aprobación de las bases particulares del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número 22 del Plan General de Ordenación Urbana.
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Número DOGV
:   5879

Fecha DOGV
:   27-10-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2008/11523


Fecha del documento
:   02-10-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Elda

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Elda
    * plan de urbanismo
    * administración local

Inicio del procedimiento para la gestión indirecta y aprobación de las bases particulares del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número 22 del Plan General de Ordenación Urbana. [2008/11459]  
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinario, el día 5 de septiembre de 2008, adoptó acuerdo con la siguiente parte dispositiva:  
«1) Iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada de desarrollo y ejecución de la unidad de actuación número 22 del Plan General de Ordenación Urbana.  
2) Aprobar y publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) las bases particulares por las que se regirá el concurso de selección y adjudicación del citado programa, redactadas por los técnicos municipales, haciendo constar que las bases generales que regularán el procedimiento son las aprobadas por el Ayuntamiento y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 27 de marzo de 2007. La publicación del anuncio de las bases particulares de programación en el DOCV producirá los efectos suspensivos del otorgamiento de licencias a los que se refiere el artículo 101.2 de la Ley urbanística Valenciana, según prevé el artículo 289 del ROGTU.  
3) Ordenar la publicación del anuncio, de concurso de selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo y ejecución de la unidad de actuación 22 del Plan General, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el Diario Oficial de la Unión Europea en primer lugar y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, con los contenidos previstos en el artículo 132 de la Ley Urbanística Valenciana y 291 del ROGTU.  
4) Remitir, en soporte digital, a la Conselleria competente en materia de territorio, copia completa y diligenciada de las bases particulares que regirán el presente concurso de programa, de conformidad con lo previsto en el artículo 328.1.b) del ROGTU.»  
Contra el punto 2) de dicho acuerdo de aprobación de las bases particulares de programación, que es definitivo en vía administrativa; de conformidad con los artículos 286.2, 447 y 448 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística y lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:   
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acuerdo recurrido, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de esta publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entenderse que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de seis meses, desde esta desestimación presunta.  
b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que se estime procedente.  
A continuación se transcribe el texto completo de las bases particulares por las que se regirá el concurso de selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo del ámbito de la unidad de ejecución número 22, del Plan General de Ordenación Urbana de Elda.  
Las presentes bases podrán ser consultadas en la página web del Ayuntamiento: http://www.elda.es/servicios/urbanismo.  
Base I. Objeto del contrato   
Las presentes bases particulares tienen por objeto regular las condiciones básicas de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la aprobación de un programa de actuación integrada y la selección de un urbanizador para el desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación número 22 de suelo urbano del PGOU.   
Las presentes bases complementan a las bases generales aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, de 27 de marzo de 2007.   
Base II. Régimen jurídico (art. 286.I.d. del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
La relación jurídica que une al agente urbanizador que se procede a seleccionar y a la administración local es la de un contrato administrativo especial, y en todo lo no previsto en las presentes bases particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat. Urbanística Valenciana, y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, modificado por Decreto 36/2007 y Decreto 46/2008, y las bases generales de programación aprobadas por el Pleno de este ayuntamiento y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, número 63, de 27 de marzo de 2007.   
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, relativas a los contratos de consultoría y asistencia y de los de servicios, y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de mayo, así como las normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.   
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.   
Base III. Ordenación urbanística vigente (art.131.2.a Ley Urbanística Valenciana)   
La ordenación urbanística vigente para este ámbito es la prevista por el Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 11 de julio de 1985.   
Dicho plan no fue homologado conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.   
Base IV. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada (art. 131.2.b Ley Urbanística Valenciana)   
1. Los objetivos imprescindibles que debe cumplir el programa atendiendo al artículo 124 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana (LUV):   
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:   
- Recabar, de los correspondientes registros (de la Propiedad y Catastro), toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.  
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación con carácter previo a la redacción del Proyecto,   
- En caso de existir, efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semiconsolidadas, con propuesta de solución en los términos previstos en el capítulo III del título I de la Ley Urbanística Valenciana.  
- Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación.   
- Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.   
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.  
- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, ferrocarril, barrancos y otros).  
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el Catastro.   
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.   
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:   
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias puedan resultar afectadas por la actuación.   
- Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).   
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.   
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:   
- El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.   
- Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantado la correspondiente acta de entrega.  
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados.   
f) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.  
g) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de programa.  
h) En su caso, y con carácter complementario, se fijan como objetivos a cargo del urbanizador y sin que sean repercutibles a los propietarios de terrenos afectados, la ejecución de los programas de restauración paisajística, dentro del ámbito del programa de actuación integrada, conforme a las directrices establecidas en la Ley 412004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
2. Resultarán a cargo del sector todos aquellos gastos derivados de publicaciones, tasas, licencias que tengan como objeto la urbanización del sector.   
3. Resultarán a cargo del sector, y por lo tanto se incluirán dentro del proyecto de urbanización las partidas correspondientes de mobiliario urbano, obras de gasificación, telefonía así como cualquier otro servicio existente en el municipio, y la señalización vertical, horizontal así como la rotulación íntegra del sistema viario, en los pasos peatonales se deberán ejecutar con sobreelevación de bordillo a bordillo, y conformes con la legislación vigente. Se deberán ejecutar dos imbornales, para aguas pluviales en el sentido de las aguas. Asimismo serán ejecutadas a su cargo todas aquellas obras, instalaciones o condicionantes impuestos por las empresas concesionarias de todos los servicios urbanos, para lo cual aportará los oportunos informes o convenios suscritos con las diferentes empresas.   
4. El programa que se presente podrá incluir, en su caso, otros objetivos complementarios cuyo coste sea asumido por el urbanizador sin poderlo repercutir a los propietarios de terrenos afectados.   
Base V. Parámetros urbanísticos (art. 131.2.C Ley Urbanística Valenciana)   
Será de aplicación lo dispuesto en el Título III, Capítulo 6, artículo 8, Criterios de medición.  
Los parámetros urbanísticos son los siguientes:   
Base VI. Criterios de ordenación urbanística (art. 131.2.d Ley Urbanística Valenciana)   
1. Los criterios urbanísticos a satisfacer mediante el desarrollo de la unidad de actuación UA-22 consisten en:   
  
\* \* \* \* \*  
  
A. Completar la trama del casco urbano mediante el desarrollo de suelo residencial.  
B. Dotar de calidad a la fachada urbana mediante un tratamiento adecuado de la misma, acorde con el entorno, mejorando la imagen visual desde los espacios de zona verde del Río Vinalopó.   
C. Realizar, si procede, estudio de integración paisajística de la nueva propuesta arquitectónica y espacios públicos en relación con el entorno inmediato, haciendo especial hincapié en el tratamiento de los sistemas constructivos en fachadas, pavimentos y arbolado previsto y existente.   
2. Las directrices de ordenación urbanística aplicables a la unidad de actuación UA-22 son:   
A. Desarrollar urbanísticamente, de una forma simultánea, la totalidad de terrenos incluidos en el ámbito de la unidad de ejecución.  
B. Proponer una edificación integradora, en la medida de lo posible, de las edificaciones existentes en el ámbito de la unidad de ejecución.   
C. Integración de la edificación en el entorno.   
D. Desarrollar los espacios públicos que articulan las edificaciones integrando el arbolado existente que no resulte incompatible con la ordenación. En caso de existir algún ejemplar de especial relevancia, éste será respetado e integrado en la propuesta arquitectónica.  
E. Dar un frente de ciudad a los espacios de zona verde del Río Vinalopó.   
F. Mejorar las conexiones viarias existentes.  
G. Potenciar la oferta de plazas de aparcamientos, tanto públicas como privadas.  
3. Las distintas propuestas que pretendan participar en el concurso deberán observar todos estos criterios, teniendo en cuenta siempre la preferencia de la calidad técnica de la ordenación que se proponga.   
Base VII. Objetivos de edificación privada (art. 131.2.e Ley Urbanística Valenciana)   
1. La edificación privada que se proponga debe actuar como borde del tejido urbano, a la vez que, dada la perspectiva visual que ofrecerá su fachada, de imagen de calidad urbana de frente a los espacios de zona verde colindantes al río Vinalopó. Se cuidarán los elementos formales y estéticos de la edificación ofreciendo una imagen unitaria.  
2. Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los establecidos en los instrumentos de planeamiento que resulten de aplicación.   
3. Se establece la obligación de simultanear la urbanización y la edificación de los solares resultantes pertenecientes al agente urbanizador en el porcentaje mínimo del 30% de los mismos, es decir, en un plazo máximo de 15 meses, o el que resulte de la adjudicación del programa, en el caso que se proponga uno inferior.   
4. Dadas las características ordinarias del sector, los plazos para la edificación de los solares resultantes de la reparcelación se regirán por lo dispuesto en el artículo 495 del ROGTU.   
Base VIII. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión (art. 131.2-f Ley Urbanística Valenciana)   
Habrá que ajustarse a lo dispuesto en la LUV y en el ROGTU, y se tendrá en cuenta la naturaleza y características de la presente actuación descritas en las bases.  
Los documentos de ordenación que se integren en la alternativa técnica deberán, además de cumplir con las necesidades y objetivos establecidos en las presentes bases particulares, contener todas las prescripciones técnicas necesarias previstas en la legislación urbanística valenciana.  
Base IX. Prescripciones técnicas del proyecto urbanización (art. 131.2.h Ley Urbanística Valenciana)   
1. Las prescripciones técnicas particulares aplicables para la urbanización de la Unidad de Actuación 22 se desarrollarán en los proyectos de urbanización que se acompañen a las propuestas de programación.   
El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el articulo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público. No podrá modificar las previsiones del plan que desarrolla. En ningún caso, podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación.   
Sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 101, regirán las prescripciones contenidas en los articulas 152 a 157 de la LUV, 349 y 350 del ROGTU, en las normas técnicas y en las ordenanzas municipales de aplicación.  
2. Se establecen las siguientes prescripciones técnicas básicas:   
2.1. Condiciones generales:   
- Todas las infraestructuras, a excepción de la red de alcantarillado y de evacuación de pluviales, deberán discurrir bajo acera, y solo en caso de imposibilidad material por dimensionado, se ubicaran en la franja de aparcamientos.  
2.2. Red viaria:   
- Las dimensiones de los elementos de la red viaria unidad de ejecución nº 22 se ajustaran a lo establecido en planeamiento vigente, el viario que divide las dos manzanas edificables previstas deberá tener una sección constante de 10 m, debiendo justificar dicha sección.   
2.3. Acondicionamiento del terreno. Explanaciones:  
- Una vez realizado el desbroce de la capa de tierra vegetal, se procederá a la excavación de la caja en la que se deberá asegurar una capa mínima de 0,5 metros de terraplén con material seleccionado (E2,CBR>10) por debajo de la cota inferior del paquete de firme.   
- El suelo seleccionado empleado deberá cumplir las exigencias impuestas en el artículo 330. Terraplenes del pliego de prescripciones técnicas generales para las obras en carreteras y puentes.   
- En la coronación del terraplén, la densidad que se alcance no será inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal.   
2.4. Aceras:   
- La sección de las aceras se compone de zahorra artificial de 15 cm de espesor mínimo, con los mismos requerimientos que la colocada en la calzada, una capa de hormigón del tipo HM-15 de 15 cm de espesor y un acabado de pavimento de hormigón vibrocomprimido, bicapa y texturizado de 40x40 cm, sobre capa de mortero de agarre y rejuntado y limpio.   
- La pendiente transversal de la acera deberá ser del 2% en dirección a la calzada.   
- El encintado de las aceras se realizara con la colocación de un bordillo de piezas prefabricadas de hormigón bicapa, de dimensiones 15x25x50 cm., sobre lecho de hormigón en masa HM en prisma de 25x25 cm. Las piezas irán rejuntadas con mortero de cemento de dosificación 1:6 con arena de río. El pinto del bordillo se establece entre 13 cm y 17 cm. Las curvas se ingletarán, despiezándose en longitudes de 25 cm.  
- Las rigolas serán de hormigón prefabricado y de dimensiones 8x20x50 cm. y se colocarán sobre un lecho de hormigón HM-15 de 15 cm. de espesor y se tomarán como mortero de cemento de dosificación 1:6 rejuntándose con lechada de cemento.   
- La entrada de vehículos a garaje con ocupación de aceras se hará mediante bordillos rebajados. Sólo se permitirá alterar la rasante de la acera en pasos peatonales.  
- La sección mínima de la acera será de 1,20 metros.   
2.5. Agua potable:   
- Debe establecerse la forma en que se garantiza la cantidad y calidad del agua potable para consumo humano.   
- El diseño de la red, además de obedecer a cálculos hidráulicos, se adecuará en la topología de los diversos componentes a las normas que establezca la empresa concesionaria del servicio, Aquagest Levante, SA. El proyecto y obra será supervisado, en todo caso, por el concesionario.  
- Las tuberías de agua potable serán de fundición dúctil, debidamente homologadas, a excepción de las acometidas.   
- Se dispondrá como mínimo de una acometida por parcela mínima.   
2.6. Red de saneamiento:   
- La red de saneamiento deberá ser separativa, acometiendo a la red de albañales separativa existente, o a cauce público en el caso de pluviales, con la preceptiva autorización del órgano competente.   
- Los albañales o conducciones de las aguas residuales serán de material flexible de alta resistencia, preferentemente PE o PVC.   
- Los pozos de registro de saneamiento se instalarán con tapa de fundición con junta elástica de neopreno. Además, estarán capacitados para resistir cargas de tráfico pesado.   
- Los imbornales serán prefabricados del tipo sifónico, con cerco, tapa y rejilla de fundición, junta elástica de neopreno, con las inscripciones y detalles característicos.   
- Se dispondrán arquetas de acometida de saneamiento, en función del número de parcelas mínimas posibles. Estas arquetas serán de 40x40 cm., prefabricadas en hormigón o polietileno, con marco y tapa de fundición de 40x40 cm. No se admitirán hechas in situ.   
- Las aguas pluviales de los edificios deberán dirigirse al alcantarillado de pluviales de la red de saneamiento pública por el interior del edificio.   
2.7. Suministro de energía eléctrica:   
- Se deberá obtener el informe de la compañía suministradora, que garantice las condiciones de conexión y suministro de la energía eléctrica.   
- La red de baja tensión estará anillada.  
- Los CT's no se situarán en parcelas o espacios libres de dominio público.  
- La red MT interconectará los centros de forma anillada.   
- Tras el cálculo de la carga correspondiente a edificios de viviendas, para todos los elementos se considerara un coeficiente de simultaneidad de 1.   
- Se dispondrá como mínimo de una acometida por parcela mínima.  
2.8. Alumbrado público:   
- Minimizar el número de cuadros eligiendo una situación centrada y para secciones máximas de conductores de 35 mm².   
- El cuadro o cuadros se ubicarán en hornacinas con protección de obra civil en tres de sus lados y peana entre 0,3 y 0,5 m, y los componentes de cada cuadro se ubicarán en armarios de poliéster para intemperie IP55KIK10 con cierre preparado para candado.   
- El funcionamiento automático del alumbrado se realizara a partir de relojes con programación astronómica, y para ahorro de energía a partir de determinada hora de la noche, se dispondrá en cada punto de luz equipos de doble nivel.   
- De cada cuadro partirán al menos dos circuitos independientes 3F+N de alimentación a los puntos de luz, (+tt), acompañados de los correspondientes para telemando F+N.   
- El esquema del cuadro o cuadros incluirá interruptor automático general, relé de reconexión automática con salidas en función del número de circuitos independientes, limitador de sobretensión con protección magnetotécnica independiente, y, por cada mando motorizado y contacto de señalización de defecto.   
- Los circuitos discurrirán hasta los puntos de luz bajo tubo, con diámetro mínimo 100 mm. incluso la comunicación entre arquetas e interior de columnas.   
- Las arquetas de registro tendrán unas dimensiones de 0,4x0,4x0,7 m, con fondo de gravilla y marco y tapa PRFV autoextinguible, con fijación de tapa mediante 4 tornillos DIN 912 M8xl6 y junta de neopreno IPXX9 y carga de rotura de 60KN con anagrama de servicio (alumbrado publico)   
- Se contemplara la instalación de alumbrado de zonas verdes.   
- Si existiera imposibilidad de que las luminarias se instalaran en columna sobre la acera y fuera necesario una instalación mural; la acometida a estas luminarias murales se realizarán desde una arqueta instalada, próxima a dicha luminaria, mediante la transformación de un paso aéreo/subterráneo, el cual estará preferentemente integrado en la fachada ó bien bajo tubo metálico.   
- Se exigirá que las luminarias no produzcan contaminación lumínica.  
2.9. Residuos sólidos:   
- Se contendrá en el proyecto de urbanización tanto la obra civil correspondiente al soterramiento de contenedores de residuos en vía pública siguiendo las especificaciones del Servicio de Medio Ambiente y el modelo adoptado en el resto del casco urbano.   
2.10. Vegetación:   
- Los viales deberán tener el máximo número de árboles con un sistema de riego por goteo.   
2.11. Otras instalaciones:  
- En el proyecto de urbanización deberá existir un anexo dedicado a instalaciones tales como: suministro de gas natural y de instalaciones de fibra óptica. En su defecto se requerirán proyectos independientes que reflejen dichas instalaciones.   
Base X. Precio de licitación (art. 286.I.h del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
El precio de licitación, que sirve exclusivamente de base para el cálculo de la garantía provisional, es el establecido en el siguiente cuadro, de acuerdo con lo previsto en el articulo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana,   
En cifra: 790.000 €, IVA no incluido  
En letra: Setecientos noventa mil euros, IVA no incluido.  
Base XI. Plazos de desarrollo y ejecución del programa (art. 131.2.i Ley Urbanística Valenciana y art. 286.1.i del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
Se prevén los siguientes plazos, con carácter de máximos, pudiendo reducirse en las ofertas que se presenten por los aspirantes a agente urbanizador:   
1. La presentación de los textos refundidos correspondientes deberá efectuarse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de la aprobación, provisional o definitiva, que imponga modificaciones a la alternativa técnica.   
2. El proyecto de reparcelación deberá someterse a información al público por el urbanizador en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo para la opción por modalidad de retribución previsto en los artículos 166 de la Ley Urbanística Valenciana y en el ROGTU. A tal efecto, el urbanizador deberá presentar ante la administración actuante acreditación justificativa de la práctica de las comunicaciones reguladas exigibles.   
3. El inicio de las obras de urbanización deberá producirse, como máximo, en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, previa su inscripción en el Registro de la Propiedad. El inicio de las obras se acreditará mediante acta de replanteo suscrita por la dirección de obras, y, al menos, un técnico municipal.   
4. Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo máximo de 15 meses desde su inicio. La finalización de las obras se acreditará mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director facultativo.   
El incumplimiento de los plazos anteriormente previstos, dará lugar a la imposición de las penalidades previstas en la LUV en su artículo 143, y demás previstos en la legislación general de contratación administrativa.   
Base XII. Capacidad para ser urbanizador   
Habrá que ajustarse a lo que dispone la base cuarta de las generales y los artículos 121 de la LUV y 310 y 311 del ROGTU.   
Base XIII. Solvencia económica y financiera (art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana)   
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:   
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.   
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.   
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede. sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.   
2. Si por razones justificadas el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante cualquier otro documento que la administración considere suficiente, pudiendo basarse en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos. A estos efectos, las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.  
3. La justificación de la solvencia económica y financiera de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas o otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrán basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus miembros.  
Base XIV. Solvencia técnica y profesional (art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana)  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:   
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.   
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.   
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.   
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.   
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.   
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.   
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.   
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.   
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.   
Base XV. Garantías   
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma ya los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, una garantía provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad de 11.200 euros.   
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.   
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, se establece en un 10 por ciento del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.   
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 30 por ciento en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.   
6. El periodo de garantía se fija en un año.   
Base XVI. Presentación de proposiciones   
1. Conforme a los articulas 133 LUV y 300 ROGTU, las proposiciones para participar en el concurso irán acompañadas de la documentación que se relaciona, en sobres independientes, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente:   
Sobre A. Cerrado y sellado, contendrá la acreditación de la personalidad jurídica, la capacidad y la solvencia técnica y económica del aspirante, en términos de los articulos 122 y 123 de la LUV y 301 del ROGTU, y demás condiciones establecidas en el artículo 133.1 de la LUV.   
Se presentará con el título de Documentación, y contendrá la siguiente:   
1. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en urbanismo.   
2. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.   
3. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.   
4. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base XV.   
5. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.   
6. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera, se incluirán expresamente certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuesta por las disposiciones vigentes,   
7. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.   
8. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental integra de tales extremos.  
Sobre B. Contendrá la alternativa técnica con las determinaciones relacionadas en los articulas 126 de la LUV y 307, y en su caso, 308 del ROGTU.   
La alternativa técnica se presentará, adicionalmente, en soporte informático.   
Sobre C. Cerrado y sellado, contendrá la proposición jurídico-económica con las determinaciones relacionadas en los artículos 127 de la LUV y 302, 303, 305 y 306 del ROGTU y, en su caso, las establecidas en el 304 si hay afección real de fincas al cumplimiento de los objetivos del programa.   
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del Programa y adjudicación de la condición de urbanizador.   
2. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.   
3. Los interesados en la licitación deberán presentar sus proposiciones, en castellano, en el Registro General del Ayuntamiento de Elda, en el plazo de 3 meses contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea y en horario de 08.00 horas a 14.00 horas de lunes a viernes.   
4. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes, Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.   
  
\* \* \* \* \*  
5. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.   
6. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes de los documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones.  
7. Modelo de instancia:   
«(Nombre y apellidos)..., con DNI número..., natural de..., provincia de..., mayor de edad y con domicilio en ..., calle ..., teléfono ..., actuando en nombre (propio o de la empresa a la que representa), manifiesta que, enterado del anuncio remitido en fecha... y publicado en el Diari Ofícial de la Unión Europea y Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de fechas..., ..., respectivamente, y estando conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar por medio de concurso, en libre y pública concurrencia, el contrato para obtener la condición de agente público urbanizador de la unidad de actuación UA-22 del suelo urbano del municipio de Elda, en los términos expresados en el artículo 119 de la LUV 16/2005 y demás preceptos concordantes de la LCSP 30/2007, así como de las bases generales y bases particulares aprobadas por el Ayuntamiento, presenta la documentación exigida para la licitación, y, en la representación que ostenta, se compromete a asumir el contrato administrativo especial y a formalizarlo de acuerdo con el artículo 138 de la LUV.»  
Base XVII. Contenido mínimo de la alternativa técnica   
Habrá que ajustarse a lo dispuesto en la LUV, y ROGTU, se tendrá en cuenta la naturaleza y características de la presente actuación descritas en las bases,   
De conformidad con el artículo 267.2 del ROGTU, el programa deberá justificar expresa y razonadamente la necesidad de actuar mediante actuación integrada y describir con precisión los hechos y circunstancias en que se base la alternativa técnica del programa de actuación integrada tendrá el contenido mínimo siguiente:   
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación pormenorizada a desarrollar.  
b) Ámbito de la actuación.   
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno,   
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.   
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes. Deberá contenerse el compromiso del licitador de edificar de forma simultánea a la ejecución de la urbanización un porcentaje mínimo establecido en la base VII.  
f) Proyecto de urbanización.  
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.   
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.   
i) lnventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.   
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.   
Deberá contenerse el compromiso del licitador de edificar de forma simultánea a la ejecución de la urbanización en un porcentaje mínimo del 30%, de conformidad con lo señalado en la base VII.   
Base XVIII. Proposición jurídico-económica   
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:   
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.   
De conformidad con lo señalado en el artículo 6.1.c de las bases generales, salvo en aquellos casos en los que sea obligatoria la retribución en metálico por establecerlo así la ley, la modalidad de retribución del pago de las prestaciones del agente urbanizador será libremente elegida por los propietarios. El programa que presente el aspirante fijará una modalidad de retribución de carácter supletorio, para que opere en defecto del pronunciamiento expreso del propietario en plazo.   
B) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.   
C) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y á disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.   
D) Hoja resumen de los datos económicos relevantes.   
E) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a la carga urbanística:   
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el enlace previsto en el artículo 168.1.a y b) de la LUV.   
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la LUV.  
De conformidad con lo señalado en el artículo 6.I.d de las bases generales, no se admitirá el cobro con cargo a la propiedad por parte del agente urbanizador de honorarios profesionales técnicos en importes superiores a los establecidos como indicativos en las tarifas de los correspondientes colegios profesionales. El aspirante a agente urbanizador deberá justificar expresamente este extremo en sus proposiciones jurídico-económicas.   
c) Gastos de gestión del urbanizador.   
d) Beneficio empresarial del urbanizador.   
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.   
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.   
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.   
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.   
F) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.   
G) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.   
2. Se fijan como gastos generales un porcentaje máximo del 5% de la suma de los conceptos de los apartados a) y b) del articulo 127.2 de la LUV. Con dicho porcentaje se entienden cubiertos, entre otros, los honorarios jurídicos, gastos de publicaciones, notificaciones, actuaciones en notaría, Registro de la Propiedad y gastos financieros.   
3. El precio de los programas que se establezca con el agente urbanizador tendrá el carácter de precio cierto, total y cerrado, de forma que no se admitirán revisiones al alza salvo que concurran las circunstancias de retasación previstas en la normativa vigente. Se exceptúa de lo indicado en este punto la baja generada por la propuesta del empresario constructor seleccionado. No se admitirán en la propuesta cláusulas de revisión de precios distintas a éstas.   
4. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.   
5. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.   
Base XIX. Admisibilidad de variantes (art. 131.2.g de la Ley Urbanística Valenciana)   
1. A los efectos previstos en los artículos 131.2.g de la LUV y 286.1.a del ROGTU, no se admiten variantes ni ampliaciones del ámbito territorial del sector, sin perjuicio de las modificaciones del ámbito territorial que supongan simples retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.   
2. No se entenderá como alternativa técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar alternativa técnica, que no se considerará variante de su avance de programación, todo ello con respeto a lo dispuesto en las Bases Generales y Particulares que regulen el procedimiento.   
Base XX. Criterios de adjudicación (art. 286.I.j del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
Conforme a los artículos 135 de la LUV y 312 y 313 del ROGTU, se establecen los siguientes criterios que deben servir de base para la adjudicación del programa:   
Para estos criterios se ha considerado no sólo la existencia de una ordenación sino también la inexistencia de forma inicial de obras de urbanización, y la aprobación del proyecto de urbanización que forma parte de la alternativa técnica, lo que provoca a la hora de evaluar la alternativa técnica se tenga en cuenta solo aspectos de temporalidad, de calidad urbana y de creación de viviendas sometidas algún régimen de protección pública.   
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La puntuación anteriormente expresada tiene el carácter de máximo, pudiendo baremarse cada una de los criterios desde 0 hasta la puntuación prevista en cada uno de ellos.   
La puntuación mínima que deberán superar las alternativas técnicas para posibilitar la valoración de sus proposiciones jurídico-económicas correspondientes será de 60% puntos de la puntuación máxima prevista.  
Base XXI. Adjudicación del programa   
1. Habrá que ajustarse a lo dispuesto en el artículo 137 de la LUV y los artículos 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 y 326 del ROGTU.   
2. Por las características y dimensiones del sector, no se considera exigíble la petición de dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje al que alude el artículo 136.4 de la LUV.  
3. El agente urbanizador establecerá un lugar de recepción del correo que le remitan los propietarios del suelo y el Ayuntamiento durante toda la vigencia del programa, así mismo establecerá un lugar abierto al público, en Elda, con un mínimo de horas, hasta el momento de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación.   
Base XXII. Formalización del contrato   
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.   
2. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la XV de las presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.   
3. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.   
4. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.   
Base XXIII. Cumplimiento   
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.   
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.   
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa,   
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.   
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.   
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.   
6. El plazo de garantía será de 12 meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este periodo, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.   
Base XXIV. Resolución   
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.   
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:   
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.   
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.   
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La no formalización del contrato en plazo.   
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.   
f) La inactividad injustificada de urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación, Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.   
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.   
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.   
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.   
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.   
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20 por 100.   
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.   
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.   
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.   
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta Ley.  
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.   
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.   
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.   
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.   
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.   
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.   
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.   
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.   
Base XXV. Penalidades por incumplimiento y resolución del contrato   
Regirá lo dispuesto en los artículos 143 de la LUV, y 336 a 344 del ROGTU .  
Base XXVI. Cesión del contrato y subcontratación   
Habrá que ajustarse a lo dispuesto en los artículos 141 y 142 de la LUV y 333, 334 y 335 del ROGTU.   
Base XXVII. Suspensión de licencias y de nuevos programas en la zona afectada   
La suspensión del otorgamiento de licencias y de aprobación de nuevos programas operará conforme con lo dispuesto en los artículos 101 y 103 de la LUV y 289 y 290 del ROGTU.   
Base XXVIII. Prerrogativas de la administración (art. 286.e del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes Bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta,   
Base XXIX. Jurisdicción competente (art. 286.I.f del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)   
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.   
Elda, 2 de octubre de 2008.- La alcaldesa: Mª Adelaida Pedrosa Roldán.