Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7079, del 31-07-2013 (2013/7660)

Notificación del decreto dictado en el procedimiento de ejecución hipotecaria número 3346/2009.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7079

Fecha DOGV
:   31-07-2013

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2013/7660


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Elche

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del decreto dictado en el procedimiento de ejecución hipotecaria número 3346/2009. [2013/7660]  
Ejecución hipotecaria 3346/2009  
Demandante: Banco Popular.  
Procurador: Miguel Martínez Hurtado.  
Demandado: Habib el Ourzadi y Fatna el Asad.  
Procurador: Pascual Moxica Pruneda.  
Secretario que lo dicta: Francisco Javier García Navarro.   
Lugar: Elche.  
«Primero. Por el procurador Miguel Martínez Hurtado, actuando en nombre y representación del Banco Popular Español, SA, se formuló demanda de ejecución frente a Habib El Ourzadi y Fatna El Asad, en la que se exponía: que por escritura pública otorgada ante el notario de Elche, Luis Olague Ruix, con fecha 28 junio de 2006 y número de protocolo 2083, su representados y los deudores expresados suscribieron un contrato en el que la deuda se garantizaba mediante garantía hipotecaría de la siguiente finca:  
Urbana. Vivienda (VPO: no) en Elche - Sant Joan d'Alacant. Ensanche Algorós, calle de Federico García Lorca, número 131, planta 4.ª, número de propiedad horizontal 0006.  
Superficie útil: cincuenta y seis metros, cuarenta y cinco decímetros cuadrados.  
Linda:   
- Norte: edificio número dos y patio de luces.  
- Sur: vivienda denominada D y rellano escalera.  
- Este: patio de luces y vivienda B.  
- Oeste: calle de Federico García Lorca.   
Referencia catastral: 1167801yh0316E0042XP.  
Cuota elementos comunes cuatro enteros, por cientos.  
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de Elche, al tomo 1485, libro 390, folio 19, finca número 14906, inscripción 20.ª.  
Así mismo, del procedimiento, no consta que la finca se encuentre o no ocupada por personas distintas de los ejecutados.  
Que los deudores habían incumplido lo pactado en la escritura a que se ha hecho mención, puesto que habían dejado impagados los plazos de la obligación, habiéndose convenido de la falta de pago alguno de los plazos diferentes daría lugar al vencimiento total de la obligación.  
Segundo. Acompañaba a la demanda primera copia de la escritura a la que se ha hecho mención en el primer antecedente de hecho, escritura en la que se señalaba como domicilio, a efectos de notificaciones y requerimientos, el de la finca hipotecada, y se fijaba como precio de la finca hipotecadas, a efectos de subasta, el de 48.000,00 euros.  
Tercero. Por auto de fecha 26 de noviembre de 2009, se despacho ejecución contra los demandados expresados por las siguientes cantidades: 45.251,34 euros de principal (cantidad que corresponde, conforme al acta de liquidación de deuda de fecha de 28 de agosto de 2009, por acumulación, de 44.675,66 euros de principal pendiente, 5.661,14 euros de intereses ordinarios y 9,54 euros de intereses de demora), más de 7.200,00 euros presupuestados para intereses y costas notificándose esta resolución a los ejecutados con entrega de la copia de la demanda y requiriéndole en el domicilio fijado en la escritura de hipoteca, para que en el plazo de 10 días hicieran efectivas las responsabilidades reclamadas aportándose la certificación registral a que se refiere el artículo 656 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en la que expresaba que la hipoteca a favor del ejecutante se hallaba subsistente y sin cancelar, constando, asimismo, haberse realizado las notificaciones a que se refiere el número 2 del artículo de la Ley Hipotecaría y 689 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Cuarto. A instancia de la parte ejecutante se sacaron los bienes embargados a pública subasta, anunciándose por medio de edictos que se fijaron en el sitio público de este Juzgado y en la página web del Colegio de Procuradores de Elche, haciéndose constar la situación posesoria de los bienes, así como que la certificación registral estaba de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que todo licitador aceptaba como bastante la titulación existente y que las cargas o gravámenes anteriores, al crédito del actor, continuarían subsistentes, quedando subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos si el remate se adjudicare a su favor.  
Quinto. Con fecha 24 de junio de 2011 se celebró la subasta de los bienes expresados, que tuvo lugar sin efecto por falta de licitadores.  
Sexto. Por el ejecutante, dentro del plazo establecido en el artículo 671 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha solicitado la adjudicación del bien subastado por el 50 por ciento del valor de tasación de los bienes subastados, es decir, por la cantidad 24.000,00 euros.  
Séptimo. Procede la cancelación de la anotación o inscripción del gravamen que haya originado el remate o adjudicación, así como de todas las inscripciones o cargas posteriores, incluso las que se hubieran verificado después de expedida la certificación prevenida en el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Dispone el artículo 681.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, que la acción para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá ejercitarse directamente contra los bienes pignorados o hipotecados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto en el título IV del libro III de la misma, y, a su vez, el número 4 del artículo 691 establece que la subasta de los bienes hipotecados se realizará con arreglo a lo dispuesto en ella para la subasta de bienes inmuebles.   
Segundo. El artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con anterioridad a la reforma de dicho artículo operado por el Real Decreto Ley número 8/2011, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, disponía que, de no existir postores en el acto de la subasta, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al 50 por ciento del valor de la tasación o por la cantidad que se le daba por todos los conceptos. Habiéndose celebrado la subasta de la finca en fecha anterior a la reforma del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la aplicación de dicho artículo conforme a la redacción que tenía con anterioridad a la reforma operada por el Real Decreto Ley 8/2011, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, por lo que, habiéndose observado en la tramitación de la presente ejecución las formalidades y requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente en cuanto se refiere a los requerimientos y notificaciones a que hace mención el artículo 132 de la Ley Hipotecaria y 689 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y aceptada expresamente por el adjudicatario la subsistencia de las cargas o gravámenes anteriores al crédito del ejecutante y subrogarse en la responsabilidad derivada de ellos, es procedente aprobar la adjudicación de los bienes subastados a favor del ejecutante, con los demás pronunciamientos inherentes.  
  
Parte dispositiva  
1. Se adjudica al ejecutante, Banco Popular Español, SA, con domicilio en Madrid, calle de Velásquez, número 34, CIF E13154433, la finca 14379 del Registro de la Propiedad número 3 de Elche, cuya descripción registral consta en el primer antecedente de hecho de esta resolución y por el 50 por ciento del valor de tasación del bien subastado, es decir, por la cantidad de 24.000,00 euros, no existiendo sobrante en la presente ejecución.  
2. Facilítese al adjudicatario un testimonio de la presente resolución con expresión de que el valor de lo adjudicado por el ejecutante fue inferior al crédito del mismo para que le sirva de título y liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.  
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 674.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, expídase mandamiento de cancelación de anotación o inscripción del gravamen que haya originado el remate o adjudicación, así como de todas las inscripciones o cargas posteriores, incluso las que se hubieran verificado después de expedida la certificación del artículo 656, haciéndose constar en el mismo que el valor de lo adjudicado fue inferior al crédito total de importe del ejecutante, y no existiendo sobrante al no cubrirse el principal reclamado.  
En concreto, como inscripción o cargas posteriores procede la cancelación de la anotación de embargo letra a, de fecha 7 de mayo de 2007, de a favor de Francisco Javier López Irles, así como la cancelación de las anotaciones que se hubieran verificado después de expida la certificación prevenida en el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
4. Del procedimiento no consta que la finca se encuentre ocupada o no por personas distintas del ejecutado.  
Modo de impugnación: mediante recurso de revisión ante el secretario que dictó, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente al de la notificación en la que la resolución hubiere incurrido, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.  
  
Información sobre el depósito para recurrir.  
De conformidad con la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que sea admitido a trámite el recurso de revisión contra esta resolución deberá constituir un depósito de 25 euros, que le será devuelto solo en el caso que el recurso sea estimado.  
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente en el campo «Concepto» el código 01 «civil-reposición resoluciones secretario judicial- y la fecha de la resolución recurrida con el formato dd/mm/aaaa. En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el código de cuenta corriente (CCC, 20 dígitos), se indicará en el campo «Concepto» el número de cuenta, el código y la fecha que en la forma expuesta en el párrafo anterior. En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.  
Están exceptuados de la obligación de constituir al depósito quienes tengan reconocidos el derecho a litigar gratuitamente, el ministerio fiscal, Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.»  
  
Elche, 24 de febrero de 2013.- El secretario judicial: Francisco Javier García Navarro.