Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4505, del 22-05-2003 (2003/5404)

Notificación de la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 25-04-02 (PL-80/2002), a Rafael Rel Pla (en representación de Hisactin, SL).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4505

Fecha DOGV
:   22-05-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/5404


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 25-04-02 (PL-80/2002), a Rafael Rel Pla (en representación de Hisactin, SL). [2003/5404]
  
Al no haberse podido practica la notificación a D. Rafael Rel Pla (en rep. de Hisactin, SL.) y conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 25 de octubre de 2002 (PL-80/2002)
  
Visto el expediente remitido por Hisactin, SL. referido a la resolución de la adjudicación del Programa para el Desarrollo de Actuaciones Integradas ?El Respirall- del municipio de Alzira, y de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Con fecha 5 de julio de 2002 tiene entrada, en el registro de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y transportes, expediente remitido por Hisactin, SL. por el que se insta dictamen del Consejo Superior de Urbanismo para proceder a la resolución de la adjudicación del Programa para el Desarrollo de Actuaciones Integradas ?El Respirall- de Alzira, y su designación como agente urbanizador.
  
Segundo
  
Dicho expediente consta de los siguientes documentos: copia de acuerdos municipales tendentes a formalizar la adjudicación; copia de aval suscrito por el agente urbanizador; inscripción en el Registro de Programas; publicación en el BOP; Acta de replanteo; Convenio entre Ayuntamiento, Urbanizadora y Asociación de Propietarios ?El Respirall- suscrito con fecha 5 de diciembre de 2.000; informes técnicos; denuncias de la urbanizadora al Ayuntamiento por incumplimientos; informes técnicos municipales favorables a determinadas modificaciones al proyecto de urbanización; Acuerdo del Ayuntamiento de Alzira rechazando los modificados de obra; certificaciones de obra expedidas y lista de morosos; Acuerdos de la Comisión de Gobierno aprobando las certificaciones de obra; informes jurídicos; notificaciones de Acuerdos solicitando valoración de la obra ejecutada y suspensión de la vía ejecutiva para el cobro; escritos de Hisactin, SL. oponiéndose a la concesión de licencias de obra sin exigir aval; escritos de la urbanizadora denunciando obras llevadas a cabo en la urbanización por otras empresas; y demás documentos relativos a la actuación.
  
Tercero
  
El presente expediente tiene causa en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Alzira, a decir del peticionario, de los deberes que le son inherentes y que imposibilitan la finalización completa de la gestión urbanística del ámbito. Los incumplimientos en los que fundamenta su petición se refieren a:
  
Falta de aprobación de los Modificados de obra necesarios para la correcta terminación de la obra urbanizadora. Una parte de los mismos han sido informados favorablemente por la Dirección facultativa de obra, los técnicos municipales y por la Comisión de Gobierno. Se encuentran pendientes de valorar la modificación de obras por valor de 914.981.951 ptas, de las cuales ya han sido ejecutadas por 071.368.784 ptas.
  
Incumplimiento del Convenio de fecha 5 de diciembre de 2.000, ratificado por el Pleno de 20 de diciembre de 2.000, suscrito entre Ayuntamiento de Alzira, Asociación de Propietarios El Respirall y agente urbanizador, a consecuencia de los conflictos derivados de la ejecución del proyecto de urbanización, y por el que se convino que los modificados ya ejecutados serían pagados previa su valoración.
  
Incumplimiento de la obligación de ejecutar por vía de apremio las cuotas impagadas de la urbanización correspondientes a la 1ª y 6ª Certificación aprobada.
  
Incumplimiento de la obligación de ejecutar por vía de apremio las cuotas impagadas de las certificaciones 7ª y 8ª.
  
Incumplimiento del art.66.2 LRAU por concesión de licencias dentro del ámbito de la urbanización.
  
Violación de la pacífica posesión por el agente urbanizador de las obras de urbanización hasta su entrega a la administración, impidiendo e imposibilitando el ejercicio de la obligación de conservación.
  
Modificación del planeamiento sin aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento.
  
Impago de la cantidad pactada en el Convenio de 5 de diciembre de 2.000 que debía haberse hecho efectiva con la certificación 7ª.
  
Cuarto
  
Con fecha 22 de julio de 2.002 se concede audiencia al Ayuntamiento acerca de la cuestión que nos ocupa, no existiendo constancia de su contestación.
  
Quinto
  
El Programa para el Desarrollo de Actuaciones Integradas del Sector ?El Respirall- de Alzira fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de mayo de 1.997.
  
Sexto
  
La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 2 de octubre de 2002, acordó informar desfavorablemente la resolución de la adjudicación del Programa para el Desarrollo de la Actuación Integrada ?El Respirall- de Alzira proponiendo al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes la emisión de informe en dicho sentido.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
El presente dictamen se solicita al amparo de lo dispuesto en el art. 29.13 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, que expresamente reconoce la posibilidad de que el urbanizador inste la emisión del mismo, de forma previa a la resolución del Programa.
  
Segundo
  
El art. 29.10 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), en su párrafo cuarto, reconoce la posibilidad de resolver la adjudicación del Programa cuando, mediante decisiones públicas, se alteren las previsiones del mismo y estas alteraciones afecten en más de un 20% el coste de los compromisos y obligaciones asumidos por el adjudicatario. Dicho artículo viene a coincidir con lo dispuesto en el art.149.e) del RD 2/2000 Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
La norma analizada exige la existencia de decisiones públicas, debiendo entenderse dicho término en el sentido de emitidas por órgano competente, es decir, con capacidad para resolver y que tenga atribuida la competencia, según lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su Modificación por Ley 4/1999, de 13 de enero. De acuerdo con el art.22 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, le corresponde al Pleno aprobar las modificaciones del contrato de obra en tanto que conllevan modificación presupuestaria, por lo que, no habiéndose pronunciado éste, no puede entenderse que se hayan dado las decisiones públicas que exige el art. 29.10 LRAU.
  
Sin perjuicio de lo expuesto y aún en el supuesto de que la Comisión de Gobierno hubiera sido objeto de delegación para el ejercicio de dicha competencia, lo cierto es que las cantidades así autorizadas no ascienden al 20% requerido por la Ley, por cuanto los modificados autorizados por los técnicos municipales y la Comisión de Gobierno ascienden a 085.517.639 ptas, siendo las cargas de urbanización de 368.916.399 pesetas.
  
El mismo art. 29.10 de LRAU reconoce en su párrafo tercero que los adjudicatarios tendrán derecho a que se les compense, en los términos previstos por la legislación general de contratación administrativa, cuando el inadecuado ejercicio de sus potestades públicas por la administración actuante impida el normal desarrollo de la Actuación. La compensación a que se refiere la norma debe entenderse en el sentido de compensación económica, pues no parece que el legislador haya querido incluirlo como causa de resolución, en tanto que no lo reconoce expresamente, y como tal pudiera más perjudicar que favorecer los intereses del urbanizador afectado, dado que su beneficio deriva de la total ejecución del Programa.
  
El requisito necesario para poder exigir la compensación referida es el inadecuado ejercicio de las potestades públicas por parte de la administración. Dichas potestades en el campo del urbanismo se traducen, de acuerdo con la STC 61/1997, en las referidas al planeamiento, gestión o ejecución de instrumentos planificadores y la intervención administrativa en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y la edificación, la determinación del régimen del suelo en tanto que soporte de la actividad transformadora que implica la urbanización y edificación. Confluyen en este campo por tanto la potestad planificadora, sancionadora y expropiatoria, reconociendo el mismo art.29.10 en su párrafo primero que la administración ejercerá sus potestades públicas, como la expropiación o la reparcelación forzosa cuando resulte necesario para desarrollar la actuación. De lo manifestado por el peticionario no parece extraerse que se haya producido un inadecuado ejercicio de las potestades públicas antes mencionadas, y aún en el supuesto caso, pudiera ser exigible la compensación económica de la que fuera acreedor, pero no la resolución del Programa.
  
Tercero
  
Establece el art. 29.13 Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística que las relaciones derivadas de la adjudicación del Programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que éstas no contradigan lo dispuesto por ésta Ley ni sean incompatibles con los principios de la misma.
  
En atención a dicha remisión legal, y considerando que los incumplimientos denunciados por la parte no se encuentran dentro del supuesto antedicho del art. 29.10, párrafo tercero, ?inadecuado ejercicio de las potestades públicas-, pudiera ser de aplicación el art.111 del RD 2/2000 Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que enumera las causas de resolución de los contratos administrativos, en cuyo apartado g) se incluye el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.
  
Se hace necesario recordar en este punto que el Programa goza de la condición jurídica de instrumento de planeamiento y como tal participa de su naturaleza normativa reglamentaria, por lo que no puede darse incumplimiento contractual de las partes en tanto que norma jurídica de obligado acatamiento.
  
Ahora bien, el Convenio urbanístico, que forma parte del Programa pero que reúne la condición de documento contractual suscrito por ambas partes, Administración actuante y Agente urbanizador, y que determina las consecuencias jurídicas y económicas para el Urbanizador, Administración y los propietarios, si que tiene la naturaleza jurídica del contrato, reflejándose en el mismo los compromisos y las penalizaciones por su incumplimiento.
  
En el presente caso el Convenio urbanístico fue firmado el 16 de julio de 1.997 entre la mercantil Hisactin, SL. y el Ayuntamiento de Alzira. De la lectura de sus cláusulas no puede apreciarse que las actuaciones administrativas denunciadas por el peticionario supongan un incumplimiento del mismo en tanto que nada regulan acerca de la actuación de la administración ni de las obligaciones de la misma. En cuanto al coste material de ejecución de obras que en él se determina, se recoge expresamente la previsión de alteración al alza únicamente en los supuestos establecidos en el art.67 LRAU y previa aprobación del Ayuntamiento. Resulta difícil considerar que la administración incumple con sus obligaciones contractuales en tanto que no aprueba los proyectos modificados de obra propuestos por el urbanizador y ejecutados sin dicha aprobación, siendo así que estamos ante una facultad discrecional de la administración actuante, tal y como se contempla en el art. 101 del RD 2/2000 Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Cuarto
  
Se alega como otra de las causas de resolución del Programa el incumplimiento de un Convenio administrativo suscrito entre el Ayuntamiento, la Asociación de Propietarios El Respirall y el agente urbanizador, con fecha 5 de diciembre de 2.000, y que tenía por objeto mejorar el proceso de urbanización de El Respirall y solucionar las discrepancias existentes entre propietarios y urbanizador. A tal efecto debe entenderse que dicho Convenio vincula a las partes contratantes, pero en ningún caso debe hacerse pender la eficacia del Programa al cumplimiento del mismo. Los compromisos adquiridos en éste son exigibles por las partes ante la jurisdicción contencioso administrativa.
  
En cuanto a la utilización de la vía de apremio para el cobro de las cuotas de urbanización impagadas, posibilidad ésta regulada en la LRAU y en el Convenio Urbanístico suscrito, pudiera ser objeto de responsabilidad por retraso en la tramitación municipal, exigible igualmente ante la jurisdicción contenciosa, pero no puede estimarse que la misma constituya una causa de resolución del Programa, en tanto que la Comisión de Gobierno ha acordado el inicio de la vía ejecutiva para el cobro de las certificaciones aprobadas, únicas legalmente exigibles.
  
En el mismo sentido deben considerarse las concesiones de licencia que incurren en infracción legal o la intromisión en las obras de urbanización de otras empresas suministradoras y los posibles desperfectos derivados de dicha actuación, en tanto que el control de legalidad de los actos administrativos corresponde a los Tribunales, y no constituye causa de resolución del programa.
  
Quinto
  
No obstante lo anterior, hay que hacer constar que el principio de contradicción es de necesaria aplicación en el presente supuesto, en tanto que la administración actuante es, no sólo la que ostenta la competencia para iniciar el procedimiento de resolución del Programa de Actuación Integrada, sino que a ella se le imputan los incumplimientos por los que se pretende la misma. En atención a ello se dio audiencia al Ayuntamiento de Alzira, sin que hasta la fecha haya emitido informe en sentido alguno, por lo que el presente dictamen no ha podido considerar las posibles alegaciones que dicha Administración pudiera haber efectuado en defensa de su actuación.
  
Sexto
  
De conformidad con lo establecido en el art. 29.13 y en la Disposición Transitoria Novena de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, corresponde al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes la emisión de dictamen con anterioridad a la resolución de la adjudicación de un Programa para el Desarrollo de Actuaciones Integradas previo informe de la Comisión Territorial de Urbanismo.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, y de conformidad con la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, resuelvo:
  
Informar desfavorablemente la resolución de la adjudicación del Programa para el Desarrollo de Actuaciones Integradas El Respirall de Alzira, solicitada por el agente urbanizador Hisactin, SL.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.