Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6065, del 27-07-2009 (2009/8253)

Bases particulares reguladoras del programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución 37/2 del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera.
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Número DOGV
:   6065

Fecha DOGV
:   27-07-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2009/8253


Fecha del documento
:   30-06-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Cullera

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Cullera
    * plan de urbanismo
    * administración local

Bases particulares reguladoras del programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución 37/2 del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera. [2009/8253]  
El Pleno del Ayuntamiento de Cullera, en sesión celebrada en fecha 30 de junio de 2009, adoptó, entre otros, acuerdo relativo a la apertura de nuevo procedimiento para la gestión indirecta de un nuevo programa para la unidad de ejecución 37/2, aprobación de bases particulares y publicación de anuncios de concurso.  
De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, se transcriben literalmente las bases particulares reguladoras de dicho programa:  
Bases particulares reguladoras del programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución UE-37/2, del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera.  
I. Objeto del contrato  
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada que se especifica en las presentes bases particulares, en las que se regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la selección de una propuesta de programa de actuación integrada y de un agente urbanizador para el desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución UE-37/2 del Plan General de Ordenación Urbana de Cullera.   
II. Régimen jurídico   
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las presentes bases particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat (modificado por Decreto 36/2007), y las Bases Generales de Programación aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Cullera, en sesión de fecha 28 de marzo de 2006 (BOP 22.09.06).   
Serán, asimismo, de aplicación supletoria las disposiciones contenidas la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, así como las normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.  
En caso de contradicción entre los documentos antes citados, el orden de prelación será el siguiente: las presentes bases particulares de programación, bases generales de programación aprobadas por este Ayuntamiento y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
III. Ordenación urbanística vigente   
La ordenación urbanística en el ámbito de actuación está constituida por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Cullera de 1995, que clasifica el suelo objeto de la programación como suelo urbano, y su posterior modificación de 1999, que delimita las unidades de ejecución incluyéndolo dentro de la unidad de ejecución UE-37/2, cuyas determinaciones se prevén en la ficha de planeamiento y que son las siguientes:   
Ficha de caracteristicas de la unidad UE-37/2  
1. Ámbito territorial: industrial margen derecha.  
2. Superficie total: 20.930 m².  
3. Superficie neta: 19.530 m².  
4. Superficie dotaciones públicas  
Espacios libres públicos: 0 m².  
Servicio público y/o servicio urbano: 0 m².  
Educativo cultural: 0m².  
Viales: 7.361 m².  
Total superficie dotaciones públicas: 7.361 m².  
5. Edificabilidad lucrativa y superficie suelo lucrativo:  
CAS (Casco) m²t m²  
EDC (edificación cerrada) m²t m²  
EDA-1 (edificación abierta tipo 1) m²t m²  
UFA (unifamiliar aislada) m²t m²  
UFH (unifamiliar agrupada) m²t m²  
TER-1 (enclave terciario) m²t m²  
TER-2 (área terciaria) m²t m²  
TER-3 (terciario recreativo) m²t m²  
IND (industrias y almacenes) 10.855 m²t 13.569 m²  
Otros (EL\*) m²t m²  
Total edificabilidad lucrativa: 10.855 m²t.  
Total suelo lucrativo: 13.569 m².  
Coeficiente de edificabilidad: 0,80 m²t/m²s.  
6. Aprovechamiento medio   
(m² EDC/m² suelo)\* 0'389 m²t/m²s  
7. Sistema de actuación: actuación integrada.  
IV. Objetivos de la programación  
Los principales objetivos de la programación son:  
a) Regularizar la situación jurídica de las fincas y edificaciones incluidas en la unidad de ejecución.  
b) Urbanizar la unidad de ejecución que constituye el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa y a lo que se establezca en el proyecto de urbanización que apruebe este Ayuntamiento.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, hidráulicas, de comunicaciones y servicios públicos existentes, etc., así como con la colindante unidad de ejecución 37/3, actualmente en ejecución.   
d) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, a favor de la administración gratuitamente.  
e) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público de suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, contemplando la posibilidad de que dicha compensación del excedente de aprovechamiento pueda realizarse mediante compensación económica afecta al patrimonio municipal de suelo a cuenta del urbanizador.   
f) En este sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1.b del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, en relación con el artículo 21.2 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), tras la redacción dada por el Decreto Ley 1/2008, de 27 de junio, del Consell de medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo, deberá cederse al Ayuntamiento libre de cargas parcelas edificables equivalentes a un porcentaje del 5% del aprovechamiento tipo, o su equivalente económico.   
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.  
V. Precio de licitación  
El precio de licitación máximo que servirá de base para el cálculo de la garantía provisional (artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana, que determina que quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada, PDAI, tendrán que constituir una garantía provisional equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas del Programa), se establece en un total de 1.250.000 euros, incluyendo dicha cantidad el presupuesto de ejecución material, los gastos generales (13%), el beneficio industrial (6%) y el IVA (16%), no incluyendo por tanto dicha cantidad las restantes cargas que habrán de concretarse en las respectivas ofertas (beneficio del urbanizador, gastos de gestión, indemnizaciones si las hubiera, etc.)   
VI. Plazos de desarrollo y ejecución del programa  
Se establecen los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por parte del urbanizador:  
Presentación del proyecto de urbanización: deberá formar parte de la alternativa técnica (artículo 126.f de la LUV).  
A) Plazo máximo para presentar proyecto de reparcelación ajustado al programa a contar desde la firma del convenio tras la aprobación de la adjudicación del programa: 2 meses.  
B) Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización contado desde la firma del acta de replanteo de inicio de obras, que deberá suscribirse a su vez en un plazo de 15 días a contar desde la firmeza en vía administrativa del proyecto de reparcelación: 6 meses.  
VII. Capacidad para ser urbanizador  
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en los artículos 49 y 50 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.   
VIII. Solvencia económica y financiera  
La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
d) Acreditación de propiedades ubicadas en la unidad de ejecución en cantidad suficiente para que estos garanticen al menos en parte la ejecución de las obras.  
IX. Solvencia técnica y profesional  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
e) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
f) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
X. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, una garantía provisional equivalente al 2% de la estimación aproximada del precio de licitación del programa, es decir, de veinticinco mil euros (25.000 euros).  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se establece para esta programación en un mínimo del 10% del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
XI. Presentación de proposiciones  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Cullera, sito en la plaza de la Virgen, número 5, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha del envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea y en horario de 09.00 a 14.00 horas, sus proposiciones, integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
Sobre A. Alternativa técnica, que se presentará en sobre abierto y soporte informático.   
Sobre B. Proposición jurídico-económica, se presentará en sobre cerrado.  
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.  
Sobre C. Se presentará en sobre cerrado con el título de Documentación, y contendrá la siguiente:  
a) Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la Conselleria competente en urbanismo.  
b) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.  
c) Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base X.  
e) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
f) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.  
g) Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.  
h) En su caso, declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV.  
En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
1. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.  
XII. Alternativa técnica  
La documentación que forme parte de la alternativa técnica tendrá el contenido mínimo exigido en la normativa urbanística.  
Deberán presentarse tres copias en soporte papel, acompañadas de dos copias en soporte informático de la siguiente documentación:  
· Memoria de programa.  
· Proyecto de urbanización.  
· Estudio de impacto acústico.  
El proyecto de urbanización deberá reunir el contenido establecido en el artículo 156 y 157 de la LUV y 349 y 350 del ROGTU, debiendo prever especialmente una solución técnica de conexión a las infraestructuras de urbanización previamente ejecutadas sobre la parcela en que se encuentra la sala Santi, que habrá de considerarse en el proyecto y en la posterior distribución de costes como suelo urbanizado, conforme a lo establecido en el artículo 12.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.   
XIII. Proposición jurídico-económica  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
A) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.   
Dado que se trata de una zona consolidada por al edificación, no cabe la retribución en terrenos, por lo que únicamente será viable la retribución en metálico.   
B) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.  
C) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
D) Hoja resumen de los datos económicos relevantes.  
E) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b de la Ley Urbanística Valenciana.  
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1. de la Ley Urbanística Valenciana.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
f) Precio del suelo a efectos de valorar las diferencias de adjudicación.   
g) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
h)) Información sobre la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
i) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones, plantaciones y demás conceptos que deban desaparecer.  
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.  
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.  
XIV. Admisibilidad de variantes  
1. Únicamente se admitirán aquellas variantes que supongan una mejor adaptación al Plan General de Ordenación Urbana o una mejor coordinación con el proyecto de urbanización que viene ejecutándose en la colindante UE-37/3.  
2. No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las modificaciones que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
3. La presentación de una variante en ningún caso legitimará la presentación de una nueva proposición jurídico-económica.  
XV. Criterios de adjudicación  
Teniendo en cuenta que el ámbito a programar cuenta ya con ordenación pormenorizada, y es de uso característico industrial, la puntuación de la alternativa técnica representará en el presente programa de actuación integrada un 45% de la valoración (45 puntos sobre los 100 posibles), mientras que la proposición jurídico económica representará el restante 55% de la misma (55 puntos sobre 100 posibles). En el caso de la proposición jurídico económica se han tenido en cuenta las especiales características de la unidad de ejecución a la hora de determinar los criterios de puntuación.   
1. Criterios de puntuación de la alternativa técnica  
A) La conexión adecuada de las obras de urbanización en su entorno y las soluciones técnicas previstas para que su ejecución pueda llevarse a cabo de forma simultánea a las de la colindante UE-37/3.  
Puntuación: de 0 a 15,75 puntos.  
B)La calidad técnica de las soluciones y de los materiales propuestos para la urbanización.   
Los materiales a emplear y características de las distintas infraestructuras serán similares a los utilizados en la urbanización colindante de la UE-37/3, ello con el objeto de dar coherencia al conjunto de la zona industrial de la margen derecha de río Júcar.   
Puntuación: de 0 a 18 puntos.  
C) Inversión en programas de restauración paisajística, incluyendo el tratamiento previsto para la margen derecha del río Júcar en el ámbito de la unidad de ejecución.  
Puntuación: De 0 a 2,25 puntos  
D) Plazo de ejecución del programa de actuación integrada, compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador, y medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa, incluyendo la posibilidad de prever, a cuenta del agente urbanizador, la contratación de un técnico competente que represente y sea designado por esta administración para supervisar las obras.  
Puntuación: De 0 a 9 puntos.  
La puntuación mínima que deberá superar en su conjunto la alternativa técnica para que pueda ser valorada la correspondiente proposición jurídico económica que la desarrolle es de 25 puntos.   
2. Criterios de puntuación de la proposición jurídico-económica  
A) El menor importe de las cargas de urbanización expresados en euros por metro cuadrado de edificabilidad.  
Puntuación: de 0 a 19,25 puntos.  
No se admitirán proposiciones respecto a las que se presuma fundadamente que no pueden ser cumplidas como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias. Se considerará que una proposición está incursa inicialmente en presunción de temeridad cuando ofrezca una baja superior a los límites establecidos para al subasta en la normativa sobre contratos de las administraciones públicas, incluido a tal efecto el importe económico de los compromisos complementarios que el licitador asuma a su costa, debiendo procederse en tal caso en la forma prevista en dicha normativa en cuanto a tramitación de las proposiciones y garantía a constituir.  
B) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente.  
Puntuación: de 0 a 5,5 puntos.  
C) El incremento de la garantía real o financiera ofrecida por el aspirante a agente urbanizador sobre el mínimo previsto en estas bases, hasta el máximo porcentaje legalmente admitido del 20%.  
Puntuación: de 0 a 11 puntos.  
D) Aportación de un plan de ordenación de tráfico durante las obras tendente a minorar el perjuicio económico para las actividades en funcionamiento en la zona.  
Puntuación: de 0 a 5,5 puntos.  
E) Estudio de la estructura de canalización y cobertura de la acequia a efectos de determinar los costes destinados a garantizar su estabilidad estructural de dichas obras como soporte de vías de tráfico rodado.  
Puntuación: de 0 a 8,25 puntos.  
F) Aportación de garantía complementaria para la ejecución del vial que discurre entre la UE-37/2 y la UE-37/3 .  
Puntuación: De 0 a 5,5 puntos.  
XVI. Adjudicación del programa  
La adjudicación del programa y la formalización del contrato se realizará en los términos establecidos en las bases generales aprobadas por el Ayuntamiento de Cullera (artículoS 16 y 17).  
XVII. Cumplimiento  
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las citadas obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador del certificado final de obra y de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.  
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y recabar informe del técnico supervisor, y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.  
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.  
6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se haya llevado a cabo la recepción por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten.  
Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario, previa subsanación de las posibles deficiencias.  
XVIII. Resolución  
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.  
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La no formalización del contrato en plazo.  
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.  
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de 5 días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
g) La imposición de alguna sanción al Urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
h) La obstaculización por el Urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación.  
Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.  
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia, la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.  
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por la normativa urbanística y contractual.   
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.  
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el Urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje o cualquier otro organismo al que competa emitir el mismo.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje (u organismo competente), que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación.  
XIX. Prerrogativas de la administración  
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  
XX. Jurisdicción competente  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador.  
Cullera, 30 de junio de 2009.- El alcalde presidente: Ernesto Sanjuán Martínez. El secretario general: Javier A. Gieure Le Caressant.