Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6821, del 18-07-2012 (2012/6710)

Notificación de resolución sobre declaración de interés comunitario. Expediente número DIC-08/0044 Callosa de Segura.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6821

Fecha DOGV
:   18-07-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/6710


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución sobre declaración de interés comunitario. Expediente número DIC-08/0044 Callosa de Segura. [2012/6710]  
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para efectuar la notificación dirigida a Ana Belén Rocamora Berna, al domicilio que figura en su solicitud de declaración de interés comunitario para generación de energía fotovoltaica en Callosa de Segura, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se lleva a efecto por el presente edicto.  
Acto que se notifica:  
El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, con fecha 23 de noviembre de 2009, adoptó la resolución que a continuación se transcribe:  
«Visto el expediente promovido por Ana Belén Rocamora Berna, de solicitud de declaración de interés comunitario para generación de energía solar fotovoltaica, en suelo no urbanizable, polígono 18, parcela 96, del municipio de Callosa de Segura y de conformidad con los siguientes antecedentes de hecho  
1. En fecha 11 de enero de 2008 se ha presentado declaración de interés comunitario para generación de energía solar fotovoltaica en el polígono 18, partida 96, del municipio de Callosa de Segura.  
2. El suelo donde se pretende implantar la actividad se encuentra clasificado por el planeamiento vigente en el municipio de Callosa de Segura como suelo no urbanizable común.  
3. A la vista de la documentación aportada se desprende que se pretende efectuar una instalación para generación de energía solar fotovoltaica en la parcela 96 del polígono 18 del término municipal de Callosa de Segura. Según escritura aportada, consta en el registro de la propiedad de dicho municipio, que en la finca en cuestión núm. 20186, inscrita al tomo 1632, libro 291, folio 65 (rfa. catastral: 52644Y448303158794NE) de 9.180 m² existe una vivienda unifamiliar de 220,63 m².  
4. Consta en el expediente el siguiente informe:  
Ayuntamiento de Callosa de Segura: informe de fecha 26 de marzo de 2008, en sentido favorable.  
5. En fecha 18 de noviembre de 2008 el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de Alicante emite informe desfavorable respecto a la presente solicitud de declaración de interés comunitario, proponiéndose su inadmisión a trámite.  
6. En fecha 30 de octubre de 2009 el Servicio de Coordinación Territorial de la Dirección General de Urbanismo, en base a los datos aportados en el informe remitido por el Servicio Territorial, emite informe en relación con sus competencias de supervisión y coordinación y en aras a la determinación de los criterios y directrices de política urbanística y de suelo.  
Fundamentos de derecho  
1. Para resolver sobre la presente solicitud tiene atribución el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, según establece el artículo 6.j) del Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 162/2007, de 21 de septiembre.  
2. La solicitud a que se refieren las presentes actuaciones se ha de resolver a la luz de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Suelo No Urbanizable, que señala que la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, previo informe municipal, no admitirá a trámite aquellas iniciativas que no se ajusten a los presupuestos exigidos por esa ley y por el planeamiento aplicable.   
Por otra parte, el artículo 89.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala que la Administración puede resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento.  
3. Según se establece en el artículo 38.2 de la Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable, la actividad objeto de la declaración de interés comunitario deberá quedar vinculada a la parcela inscribiendo dicha vinculación en el Registro de la Propiedad. La existencia de una vivienda en la misma, ya vinculada a la totalidad de la parcela imposibilita este extremo.  
Al respecto, la mencionada Ley establece en su artículo 21 las condiciones a las que debe ajustarse la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en el suelo no urbanizable, que son entre otras:  
«c) La superficie ocupada por la edificación no excederá nunca del dos por ciento de la finca rústica; el resto de ella habrá de estar y mantenerse con sus características naturales propias. No obstante, el plan podrá permitir servicios complementarios de la vivienda familiar, sin obra de fábrica sobre rasante natural, cuya superficie no exceda a la ocupada por la edificación».  
Así mismo, el artículo 30.5 de la misma establece que «las licencias que autoricen actos de edificación en el suelo no urbanizable se otorgarán siempre sometida a la condición de hacer constar en el Registro de la Propiedad, la vinculación de la finca o parcela a la construcción autorizada y la consecuente indivisibilidad de la misma, así como a las demás condiciones impuestas en la licencia».  
En el mismo sentido, la licencia municipal concedida para la vivienda en fecha 12 de mayo de 2005 recoge expresamente, entre otras, las siguientes condiciones:  
«La concesión de la presente licencia municipal está condicionada a la previa inscripción registral de la total superficie real de la parcela a la construcción, con expresión de las concretas limitaciones a su edificabilidad y divisibilidad impuestas por la presente autorización.  
Por otra parte, la superficie de la finca no ocupada habrá de estar y mantenerse en explotación agraria efectiva».  
Se observa, por tanto, la incompatibilidad de la solicitud instada con la Ley 10/2004, del suelo no urbanizable, así como con la licencia urbanística municipal que ampara la construcción existente.  
No obstante, cabe considerar que conforme al artículo 93 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa y de Organización de la Generalitat, se modifica el artículo 24 de la Ley 10/2004, introduciendo un segundo párrafo en el apartado 2.a.1 de dicho artículo, con el siguiente texto:  
«Tampoco estarán sometidas a declaración de interés comunitario ni a declaración o estimación de impacto ambiental, con independencia de la superficie de la parcela, las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica que se ubiquen en las cubiertas de las edificaciones legalmente emplazadas en suelo no urbanizable».  
Por todo ello, se observa la incompatibilidad de lo solicitado con los preceptos y normas citadas de pertinente aplicación en materia de urbanismo, resuelvo:  
  
Único  
Inadmitir a trámite la solicitud formulada por Ana Belén Rocamora Berna, de solicitud de declaración de interés comunitario para generación de energía solar fotovoltaica, en suelo no urbanizable, polígono 18, parcela 96, del municipio de Callosa de Segura.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; o bien recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.»  
  
Valencia, 19 de junio de 2012.- El director general de Evaluación Ambiental y Territorial: Juan Giner Corell.