Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7044, del 12-06-2013 (2013/5638)

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2013, del secretario autonómico de Justicia, por la que se acuerda ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación Generalitat Valenciana - Iberdrola Fundación de la Comunidad Valenciana.
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Número DOGV
:   7044

Fecha DOGV
:   12-06-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/5638


Fecha del documento
:   07-03-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Gobernación y Justicia

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Gobernación y Justicia

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2013, del secretario autonómico de Justicia, por la que se acuerda ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación Generalitat Valenciana - Iberdrola Fundación de la Comunidad Valenciana. [2013/5638]  
Visto el expediente sobre ratificación por el Protectorado del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato de la Fundación Generalitat Valenciana - Iberdrola Fundación de la Comunidad Valenciana, en adelante la Fundación, conforme a los siguientes,  
  
Hechos  
Primero. Con fecha de registro de entrada en el Registro Auxiliar de la Consellería de Gobernación y Justicia 24 de enero de 2013 la Fundación citada presentó solicitud de ratificación del acuerdo de extinción adoptado por su Patronato el 5 de noviembre de 2012, por la imposibilidad material del cumplimiento de los fines fundacionales.  
Dicho acuerdo consta protocolizado en escritura pública de 28 de diciembre de 2012, autorizada por el Notario del Colegio de Valencia, Joaquín Sapena Davó.  
Segundo. La Fundación se clasificó por Resolución de fecha 19 de agosto de 1997, del director general de Interior de la Consellería de Presidencia, clasificándose como cultural.  
Según el artículo 2 de los estatutos, el objeto de la Fundación es destinar los rendimientos que genere el importe de las fianzas depositadas por Iberdrola, SA, para fines sociales de interés común, de carácter cívico, educativo, cultural, científico, deportivo, de defensa del medio ambiente o cualesquiera otros de naturaleza análoga; destinando estos recursos a la financiación de actividades o proyectos tales como becas para estudiantes, cursos de formación, estudios, trabajos e investigaciones, exposiciones culturales o artísticas, adquisición o financiación de obras de arte, celebraciones deportivas, así como cualesquiera otras semejantes. Todo ello mediante la participación directa o indirecta en tales actividades o proyectos, así como fomentando, incentivando o impulsando aquellas actuaciones o proyectos que permitan la consecución de sus fines sociales.  
El último Patronato, inscrito en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, por Resolución de fecha 15 de octubre de 2012, del secretario autonómico de Justicia de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, es el siguiente: Presidente:1. El conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch Torralva; vicepresidente: 2. El delegado de Iberdrola, SA, Julián Bolinches Sánchez; patrono secretario: 3. El director general de Energía de la Consellería de Economía, Industria y Comercio, Antonio Cejalvo Lapeña; vocales de la Generalitat Valenciana: 4. El director general de Proyectos Estratégicos de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, Ignacio Ventura García; tres vocales nombrados por Iberdrola: 5. El responsable de la Asesoría Jurídica en la Región Este de Iberdrola, SA, (vacante), 6. Francisco Raga Candel, y 7. Por designar.  
No obstante, tras la nueva reestructuración del Consell acaecida en diciembre de 2012, se ha aportado al Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana la documentación pertinente a efectos de proceder a la actualización del Patronato.  
La dotación inicial de la Fundación se constituyó por el usufructo de las fianzas que por prestación de servicios o suministros complementarios deposite Iberdrola, SA, en la Tesorería de la Generalitat Valenciana, que se valoran en treinta millones de pesetas (06.625.917 ptas.), de acuerdo con el criterio de los saldos medios ponderados de los últimos ejercicios.  
Tercero. La presente extinción se enmarca dentro del proceso de reestructuración de sector público fundacional iniciado por el Consell, que supuso la adopción del Acuerdo del Consell de fecha 3 de agosto de 2012, en el que se autorizó la extinción de varias fundaciones pertenecientes al sector público de la Generalitat, entre ellas la de la Fundación Generalitat Valenciana - Iberdrola Fundación de la Comunidad Valenciana.  
La causa legal de extinción alegada es la imposibilidad del cumplimiento de fin fundacional: La memoria justificativa señala al respecto que la extinción se enmarca dentro del proceso de reestructuración del sector público fundacional iniciado por el Consell de la Generalitat, que acordó autorizar la extinción de la Fundación el 2 de agosto de 2012. de tal forma, «resulta imposible el desarrollo y la consecución del fin fundacional ante el déficit de tesorería, que en un futuro inmediato supone que la situación económico-financiera de la Fundación provoque la imposibilidad de cumplimiento de sus fines por insuficiencia de medios. Por lo que concurre la causa de extinción prevista en el marco de la legislación vigente en materia de fundaciones y conforme a los Estatutos, es decir, la imposibilidad de cumplimiento del fin fundacional».  
Cuarto. En dicha sesión de 5 de noviembre de 2012, se nombró liquidador a José Miguel Cortés López, en calidad de jefe del Servicio de Energía de la Dirección General de Energía de la Consellería de Economía, Industria y Comercio, aportándose el plan de actuación de la misma.  
Se ha aportado al expediente el informe favorable a dicho nombramiento de la Secretaria Autonómica del Sector Público Empresarial de fecha 12 de noviembre de 2012.  
En cuanto a la atribución del remanente, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2 los Estatutos, «la liquidación de la Fundación se hará por el Patronato bajo la supervisión del Protectorado y, en su caso, el patrimonio remanente de la liquidación se destinará a las fundaciones, instituciones o cualesquiera otras entidades sin ánimo de lucro que designe el Patronato, para la realización de fines de interés general análogos».  
En tal sentido, el proyecto de liquidación, aprobado por el Patronato, señala que se destinará «el remanente de la Fundación junto al mobiliario a la entidad perteneciente a la Generalitat, a la Agencia Valenciana de la Energía, dado que persigue fines análogos a los de la fundación, dando así cumplimiento a los dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto 83/2012, de 1 de junio, Reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y el apartado 2 del artículo 12 (en realidad 11) de los estatutos de la Fundación».  
No obstante, que de conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat:  
«Artículo 24. Agencia Valenciana de la Energía (AVEN)  
1. Se suprime la Agencia Valenciana de la Energía, entidad de derecho público creada por la Ley 8/2001, de 26 de noviembre, de la Generalitat, de Creación de la Agencia Valenciana de la Energía, en los términos y plazos previstos en la disposición transitoria primera de esta norma.  
2. Las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la Agencia Valenciana de la Energía serán asumidas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, quien se subrogará en la posición de la Agencia en todos los derechos y obligaciones que les correspondan y en todos sus procedimientos y relaciones jurídicas.  
3. El cambio en la titularidad de los derechos y obligaciones a que se refiere el apartado anterior no podrá ser entendido como causa de modificación o de resolución de las relaciones jurídicas que mantenga la entidad.  
4. Toda mención a la Agencia Valenciana de la Energía, que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.  
5. Los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la Agencia Valenciana de la Energía, así como los de la Generalitat que tuviesen adscritos, se incorporarán, con la misma condición que tenían, al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, sin necesidad de declaración expresa.»  
A su vez, en cuanto a dicho Instituto, el artículo el artículo 23 del citado Decreto-ley 7/2012, bajo la rúbrica «Modificación de la denominación y de los fines del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA)», dispone:  
«1. Se modifica el título y el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 12/1988, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 1989, que creó como entidad de derecho público el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana modificando la Ley 2/1984, de 10 de mayo, del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana, con la siguiente redacción:  
«Disposición adicional séptima. Modificación de la denominación y de los fines del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA).  
1. El Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), pasa a denominarse Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, conservando su naturaleza de entidad de derecho público, y consiguientemente su personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines de gestión de la política industrial de la Generalitat y apoyo a las empresas, en materia de innovación, emprendimiento, internacionalización y captación de inversión, así como la promoción de enclaves tecnológicos, la seguridad industrial de productos e instalaciones industriales, la metrología, vehículos y empresas y el fomento del ahorro, la eficiencia energética y las fuentes de energías renovables, así como la gestión de la política energética de la Generalitat.  
2. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial tiene entre sus objetivos:  
a. Promover y estimular la competitividad empresarial, el desarrollo sostenible y la adaptación de las empresas de la Comunitat Valenciana a las exigencias del mercado, facilitando la realización de actuaciones de I+D+I empresarial.  
b. Potenciar la reorganización, reconversión y modernización de las pequeñas y medianas empresas, así como impulsar su creación e implantación, prestando particular atención al desarrollo tecnológico, la innovación, la internacionalización y comercialización.  
c. Fomentar y apoyar las actuaciones conjuntas de cooperación, concentración o fusión, entre las pequeñas y medianas empresas que propicien una mejora en la competitividad empresarial de la Comunitat Valenciana.  
d. Promover, fomentar y prestar los servicios que contribuyan a la competitividad de la pequeña y mediana empresa de la Comunitat Valenciana, así como su internacionalización.  
e. Promocionar y velar por la seguridad industrial de productos e instalaciones industriales y la metrología, promoviendo la colaboración administrativa.  
f. Ejecutar la ordenación y planificación energética en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con las directrices generales del Consell, en coordinación con las distintas administraciones y en el marco de la política energética común de la Unión Europea.  
g. Atraer, promocionar y mantener la inversión, tanto nacional como extranjera, en la Comunitat Valenciana.  
3. El Instituto se regirá por lo previsto en la presente disposición adicional y en las disposiciones que la desarrollen, en especial, en el reglamento de funcionamiento de la entidad que establecerá sus funciones, su estructura organizativa y la composición y atribuciones de sus órganos, por el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, las normas de derecho privado que le sean de aplicación y por el resto del ordenamiento jurídico. El Instituto podrá contar con personal funcionario y laboral en los términos previstos en la legislación de función pública».  
2 La modificación de la denominación y fines se realiza en los términos y plazos previstos en la disposición transitoria primera de este decreto-ley.  
3. Toda mención al Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.»  
La citada disposición transitoria primera del Decreto Ley 7/2012 señala:  
«Primera. Régimen y eficacia de las operaciones de reestructuración  
1. Los cambios de denominación, así como las modificaciones de los fines y del objeto de las entidades de derecho público, tendrán efectos desde la entrada en vigor del presente decreto-ley.  
2. Con carácter general, y salvo que en el articulado del presente Decreto-ley se haya previsto otro régimen o que en la normativa reglamentaria de desarrollo se establezca una fecha anterior, la asunción de funciones, así como las integraciones y supresiones previstas en esta norma, desplegarán plenos efectos, como máximo, el 1 de enero de 2013, fecha en la que deberá estar culminado el proceso de integración, aprobadas las modificaciones normativas necesarias, las normas reglamentarias de desarrollo y los acuerdos de autorización oportunos, así como realizadas las adecuaciones de las estructuras organizativas y presupuestarias vigentes a la nueva configuración y dimensión del Sector Público Empresarial y Fundacional resultante de la presente norma.  
3. Todo ello sin perjuicio de que en relación con las operaciones relacionadas con las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público se inicien las actuaciones desde la entrada en vigor de la presente norma y se continúen con sus procedimientos y trámites legalmente establecidos hasta su finalización en el menor plazo posible.  
4. Hasta el 31 de diciembre de 2012, como máximo y de forma transitoria, las funciones se seguirán desarrollando por quienes las tenían atribuidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente norma, salvo lo previsto en la disposición siguiente.  
5. En caso de que la correspondiente normativa de desarrollo prevea que los plenos efectos de alguna de las operaciones previstas en e/presente decreto ley sea anterior al 1 de enero de 2013, el abono de las retribuciones del personal afectado se efectuará, en el ejercicio 2012, con cargo a los créditos del programa presupuestario al que estuvieran adscritos previamente a su integración.»  
Quinto. Se ha aportado el proyecto de liquidación citado, así corno el balance de situación de adopción del acuerdo de extinción, a fecha 5 de noviembre de 2012.  
Consta en el expediente informe de la Sección de Contabilidad, de 4 de febrero de 2013, en el que se pone de relieve que, si bien la Fundación ha presentado las cuentas regularmente, no obstante había de subsanar los requerimientos que en relación a determinados ejercicios quedaban pendientes, lo que ha fecha actual, ya ha sido subsanado, estando ya depositadas las cuentas a las que hacían referencia tales requerimientos.  
En cuanto a la documentación contable aportada en el marco del proceso de extinción, dicho informe señala:  
«Según el balance de situación, presentado a fecha del acuerdo de extinción, la Fundación tiene un activo total de 183.616,58 euros, y carece de pasivo exigible, de lo cual resulta que su patrimonio neto coincide con sus fondos propios en la misma cantidad de 183.616,58 euros, materializados en las siguientes partidas de su activo:  
Inmovilizado material 104,56  
Otros deudores 3.969,15  
Inversiones financieras a corto plazo 170.659,61  
Efectivo y otros activos líquidos 8.883,26  
En párrafo anterior, ya se indicó que el balance de situación cerrado en noviembre de 2012, no incluye cuentas de pasivo exigible, es decir que la fundación a esa fecha no tiene deudas con terceros, pero si mantiene en su activo la cuenta de «otros deudores» con un saldo de 3.969,15 euros, que se arrastra desde el ejercicio de 2009 y que seria conveniente saldar, pues, a los efectos de calcular el remanente, el balance de liquidación no debería incluir cuentas pendientes de cobro.  
En relación a las operaciones descritas en el proyecto de liquidación, es necesario que se comenten y se refundan en la cuenta de resultados, de la cual surge el balance de situación del mes de noviembre comentado anteriormente.  
La Fundación ha presentado el proyecto de distribución de los bienes resultantes de la liquidación, proponiendo destinar su remanente, que incluye el ya citado derecho de cobro, junto al mobiliario, a la entidad perteneciente a la Generalitat, Agencia Valenciana de la Energía.»  
En la sesión de 5 de noviembre de 2012, el Patronato acordó, expresamente, junto a la aprobación de cuentas, correspondientes al ejercicio 2012 hasta la fecha del acuerdo de extinción, «aprobar la renuncia de las cantidades adeudadas a la Fundación por la Generalitat en aquella cantidad que exceda a la necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones legales vigentes de la Fundación».  
Sexto. Atendiendo a dichos antecedentes, la Comisión de Protectorado, en su sesión de 12 de marzo de 2013, informó favorablemente, entre otros, el punto del día correspondiente a la ratificación del acuerdo de extinción aprobado por el Patronato de la Fundación Generalitat Valenciana Iberdrola - Fundación de la Comunidad Valenciana, en los términos expresados en los apartados precedentes, si bien con la siguiente matización: que, atendiendo a la normativa citada en el Antecedente de Hecho Cuarto respecto a la Agencia Valenciana de la Energía, que es designada como entidad beneficiaria de la liquidación, en la reunión del Patronato en la que se proceda a aprobar el balance de liquidación se señale expresamente la entidad a la que dicho remanente ha de transferirse finalmente, en el caso de que se hubiese extinguido la personalidad jurídica de dicha Agencia y otra entidad se hubiera subrogado en sus derechos y obligaciones de acuerdo con la normativa vigente.  
Fundamentos de derecho  
Primero. El artículo 9 del Decreto 05/2011, de 21 de junio, del President de la Generalitat, por el que se determinan las consellerías en que se organiza la administración de la Generalitat, así como el artículo 1 del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, aprobado por Decreto 99/2011, de 26 de agosto del Consell, determina que a esta Consellería le corresponde ejercer, entre otras, las competencias en materia de fundaciones.   
Segundo. El artículo 2 del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, establece que el Protectorado de las Fundaciones de la Comunidad Valenciana se ejerce por la Conselleria competente en materia de fundaciones, correspondiéndole al conseller la titularidad del Protectorado, sin perjuicio de la posibilidad de su delegación o desconcentración.  
Tercero. Esta Secretaría Autonómica de Justicia es competente para conocer y resolver el presente expediente por delegación del ejercicio de competencias en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 15 de octubre de 2011, de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, sobre delegación en la Secretaría Autonómica de Justicia del ejercicio de determinadas competencias en materia de fundaciones.   
En todo caso, de conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas por el órgano delegante.  
Cuarto. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana  
«1. La extinción de las fundaciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.   
2. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana».  
Dicho artículo 31 de la Ley 50/2002, señala «la fundación se extinguirá:  
c) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la presente Ley.»  
Conforme a lo señalado en el artículo 32 del mismo texto legal, relativo a las formas de extinción:  
«2. En los supuestos contemplados en los párrafos b), c) y e) del artículo anterior, la extinción de la fundación requerirá acuerdo del Patronato ratificado por el Protectorado.  
Si no hubiese acuerdo del Patronato, o este no fuese ratificado por el Protectorado, la extinción de la fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá ser instada por el Protectorado o por el Patronato, según los casos.»  
Quinto. De conformidad con el artículo 26 de la citada Ley 8/1998, la extinción supone la apertura del procedimiento de liquidación, reflejándose las oportunas operaciones en el balance de liquidación, requiriendo, igualmente, la aprobación del Patronato y la correspondiente ratificación del Protectorado.  
Asimismo, los artículos 39 y 40 del Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, regulan los requisitos y procedimientos de extinción y liquidación de las Fundaciones.  
De tal forma, el artículo 39 del citado reglamento establece que:  
«1. Cuando el Patronato acuerde extinguir la fundación por haberse realizado íntegramente el fin fundacional, por resultar imposible su realización o por concurrir cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los Estatutos, deberá solicitar la ratificación del Protectorado, para lo que acompañará la siguiente documentación:  
a) Certificación del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato, emitida por el Secretario o la Secretaria con el visto bueno del presidente o la presidenta.  
b) Memoria justificativa de la concurrencia de una causa de extinción específica de las previstas en el primer párrafo de este apartado. En el supuesto de que la causa de extinción sea la imposibilidad de realizar el fin fundacional, habrá que justificar, además, la improcedencia o la imposibilidad de modificar los Estatutos o de llevar a cabo un proceso de fusión.  
c) Las cuentas de la entidad a la fecha en que se adoptó el acuerdo de extinción.  
d) El proyecto de distribución de los bienes y derechos resultantes de la liquidación y, en el caso de no llevarse a cabo por el propio Patronato, propuesta de designación de liquidadores y plan de actuación de los mismos».  
Por su parte el artículo 40.2 de dicho reglamento señala que:  
«Durante el proceso de liquidación, el Patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas y formalizar os actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la liquidación. Sin perjuicio de lo anterior, el Patronato podrá apoderar o delegar la ejecución material de sus acuerdos relativos al proceso de liquidación».  
Sexto. En cuanto a la extinción de fundaciones integrantes del sector público de la Generalitat se exige, además de los requisitos generales, los siguientes:  
a) El acuerdo del Consell (artículo 34 dicha de la Ley 8/1998), al igual que lo requirió su constitución.  
b) Respecto a la obligación de estar al día en sus obligaciones contables, debe tenerse presente el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, que dispone:  
En su artículo 5: «Tendrán la consideración de Fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana, a los efectos de esta ley, las Fundaciones en cuya dotación participen mayoritariamente, directa o indirectamente, la Generalitat Valenciana, sus entidades autónomas, o demás entidades que conforman su sector público. Su creación requerirá en todo caso autorización previa del Gobierno Valenciano».  
Y en su artículo 63 bis: «La Intervención General de la Generalitat Valenciana realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de las entidades autónomas, empresas y fundaciones a que se refiere el artículo 5 de esta ley».  
Por su parte la disposición adicional primera, punto 2, del Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana, dispone: «En los procesos de extinción de una fundación del sector público de la Generalitat, el acuerdo del Patronato por el que se proponga la designación de liquidadores o de una comisión de liquidación deberá remitirse con carácter previo a su adopción a la consellería competente en materia de economía para informe preceptivo y vinculante de esta sobre la idoneidad del número y composición».  
Séptimo. El citado artículo 26 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana dispone,  
«2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas públicas o privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su extinción, a la consecución de aquellos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el Patronato, cuando tenga reconocida esta facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al Protectorado cumplir ese cometido.  
3. Las fundaciones constituidas por personas jurídico-públicas podrán prever en sus Estatutos que los bienes y derechos resultantes de la liquidación reviertan a su fundador.»  
Por su parte, los Estatutos de la Fundación disponen en su artículo 36 que, «los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a una entidad que persiga fines de interés general o a la Generalitat».  
Octavo. Resultan de aplicación las normas citadas en el Hecho Cuarto de la presente resolución.  
Noveno. Atendiendo al artículo 47.14 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, son actos objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, entre otros: «La extinción de la fundación, liquidación de la misma, y destino dado a los bienes fundacionales».  
Décimo. Se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 41.2 g) del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell que establece:   
«2. En el ejercicio de las funciones que le corresponden, el Protectorado podrá solicitar informe de la Comisión y, en particular, en los siguientes supuestos:  
g) En el ejercicio de las potestades que tiene atribuidas en materia de modificación, fusión y extinción de fundaciones».  
  
Vistos los preceptos legales citados, los artículos 39 y 40 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana (aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell) y demás generales de pertinente aplicación, así como lo informado por la Comisión del Protectorado de 12 de marzo de 2013, resuelvo:  
  
Primero  
Ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación Generalitat Valenciana Iberdrola - Fundación de la Comunidad Valenciana, adoptado por su Patronato en fecha 5 de noviembre de 2012, en los términos descritos en la presente resolución.  
  
Segundo  
Inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana la ratificación del citado acuerdo de extinción.  
  
Tercero  
Establecer como destinatario de los bienes y derechos resultantes de la liquidación a la entidad a la entidad Agencia Valenciana de la Energía o entidad que la sustituya según la normativa citada en el hecho cuarto y la mención expresa que al efecto deberá recogerse en la aprobación del balance de liquidación que debe aportar el Patronato de la Fundación.  
Se recuerda que la liquidación de la Fundación se deberá realizar en los términos expresados en el artículo 26.1 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, según el cual:  
«La extinción de la fundación, salvo en los supuestos en que tiene lugar como consecuencia de una fusión, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de la fundación bajo el control del Protectorado. El Patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas y formalizar los actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la liquidación. Terminadas las operaciones, formará el oportuno balance de liquidación, que deberá ser aprobado por el Patronato y sometido a la ratificación por el Protectorado.  
Recaída la misma, se procederá a cumplir lo dispuesto en el apartado siguiente, para finalizar la liquidación. Concluida esta, se hará constar en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana su baja, a solicitud del Patronato, por un escrito dirigido al Registro al que se acompañará la certificación del acuerdo aprobatorio del balance de liquidación, la ratificación del mismo por el Protectorado y una copia de los documentos en que se hayan formalizado las operaciones a que se refiere el apartado siguiente. No obstante, la baja de la fundación en el Registro, si resultan operaciones pendientes de ejecución o formalización, deberán ser llevadas a cabo por el Protectorado.»  
Todo ello sin perjuicio de la obligación legal de la Fundación respecto de la presentación de las cuentas aprobadas por el Patronato relativas al ejercicio 2012, así como la correspondiente auditoria en los casos y plazos legalmente exigibles.  
  
Notifíquese la presente resolución que es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de poder interponer, en su caso, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el conseller de Justicia y Bienestar Social, o cualquier otro recurso que estime procedente.   
  
Valencia, 27 de marzo de 2013.- El secretario autonómico de Justicia: Antonio Gastaldi Mateo.