Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8360, del 13-08-2018 (2018/7916)

DECRETO 110/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas para realizar actuaciones de emergencia en la República de Guatemala, con el fin de atender las necesidades básicas de las personas afectadas por la erupción del volcán de Fuego.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8360

Fecha DOGV
:   13-08-2018

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2018/7916


Fecha del documento
:   03-08-2018

Organismo emisor
:   Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

Tipo de documento
:   Decreto

Descriptores 

:   * Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
    * ayuda pública

DECRETO 110/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas para realizar actuaciones de emergencia en la República de Guatemala, con el fin de atender las necesidades básicas de las personas afectadas por la erupción del volcán de Fuego. [2018/7916]  
La Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible, incluye, como acción humanitaria, el conjunto de actuaciones de ayuda a las víctimas de desastres naturales y conflictos armados, o a poblaciones en situación de vulnerabilidad extrema, orientadas a garantizar su subsistencia, proteger sus derechos, defender su dignidad y sentar las bases de su posterior desarrollo. Igualmente, comprende las actuaciones de postemergencia encaminadas a la rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras físicas, económicas y sociales, y la prevención y reducción de la situación de vulnerabilidad de comunidades y poblaciones víctimas de desastres del tipo que fuere.  
Las ayudas alimentaria y sanitaria de emergencia, la asistencia a personas refugiadas y desplazadas internas por motivo de conflictos armados o de guerras, y también de catástrofes naturales cuando su situación se prolonga en el tiempo, la prevención de desastres, la denuncia de violaciones de los derechos humanos asociada habitualmente a estos colectivos y los proyectos de defensa de los mismos, constituyen así mismo acción humanitaria.  
La República de Guatemala se encuentra en la segunda región del mundo (Latinoamérica) más afectada por desastres de origen natural y es uno de los países de Centroamérica con mayores desigualdades en términos de distribución de la tierra. En los últimos cuatro años se ha enfrentado a una crisis humanitaria provocada por la peor sequía del país en décadas con un aumento de desalojos forzosos sin planes de reasentamiento y de desplazamientos internos.  
Por otro lado, Guatemala es la mayor economía de América Central, su actividad productiva prioriza el primer sector (cardamomo, azúcar y café) y el sector servicios que año tras año cobra mayor importancia. Sin embargo, según el último informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Guatemala, alrededor del 60 por 100 de su población sigue viviendo en la pobreza. La agravación de las crisis sociales y económicas se manifiesta en sus altas tasas de desigualdad y discriminación estructurales, siendo su coeficiente de Gini de 0,63, uno de los peores del mundo. Estos promedios nacionales ocultan una situación aún más crítica en el interior del país y particularmente entre la población indígena, ya que mantienen los mayores riesgos de salud y acceso limitado a los servicios públicos.  
En 2017 la OCHA ROLAC (Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en América Latina y el Caribe), en su informe anual para Guatemala, identificó los principales ámbitos de actuación para paliar las necesidades básicas de la población. Entre los ámbitos de mayor urgencia se destacaban: la educación, la salud, el acceso al agua, la seguridad alimentaria, el acceso a la tierra y los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio y recursos naturales. La falta de estos factores socava los derechos humanos de la población.  
El 3 de junio de 2018, el volcán de Fuego inició la erupción con fuertes explosiones, levantando columnas de ceniza a 10.000 metros sobre el nivel del mar, desplazándose hacia el oeste y el suroeste. Con una altura de 3.763 metros, el volcán está ubicado en una zona donde se unen 3 de los 22 departamentos de Guatemala: Escuintla (sur), Sacatepéquez (centro-sur) y Chimaltenango (oeste) a 35 kilómetros al suroeste de la capital del país. Después de la erupción muchas personas fueron evacuadas de sus casas y ahora se encuentran en refugios. La presencia de nubes y lluvia de cenizas son una amenaza con alto potencial de ocurrencia debido a que pueden provocar avalancha de lodo y tapar los drenajes. Además, se alerta sobre la posibilidad de que se hayan podido contaminar fuentes de agua por la caída de ceniza.  
El presidente de Guatemala declaró a los pocos días la alerta nacional naranja y el estado de calamidad para los tres departamentos afectados: Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango. El Ministerio de Educación suspendió las clases, y el 7 de junio el ministro de Relaciones Exteriores emitió una solicitud internacional de asistencia para hacer frente a la emergencia. El día 23 de junio, el volcán incrementó su actividad, generando explosiones y descenso de lahares de 30 a 40 metros de ancho por 4-5 metros de altura. Las autoridades evacuaron a las comunidades cercanas al volcán y los albergues van en aumento, la mayoría en el departamento de Escuintla, y se sabe de albergues espontáneos no oficiales. El 2 de julio se decidió prorrogar por 30 días más el estado de calamidad pública en los citados departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez.  
El EHP (Equipo Humanitario de País) de la OCHA junto al CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) y el INSIVUMEH (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología) están monitorizando la situación. Según los últimos datos, existen 12.823 personas evacuadas; 113 personas fallecidas; 197 personas desaparecidas; 3.646 personas albergadas (datos de albergues oficiales); 57 personas heridas; 1.714.387 personas afectadas; 19 albergues no oficiales aproximadamente con 1.200 personas albergadas; y afectadas 3.000 hectáreas de café; 3.187 hectáreas de hortalizas; y 2.358 hectáreas de granos básicos.  
Por todas estas razones, esta situación crítica requiere actuaciones de emergencia en la República de Guatemala.  
Se ha reunido el 27 de junio con carácter urgente el Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana (CAHE), que es el órgano de coordinación de las instituciones públicas y entidades privadas de la Comunitat Valenciana que destinen fondos a la acción humanitaria planteada, regulado por Decreto 24/2013, de 25 enero, del Consell, exponiendo la necesidad de conocer los proyectos de las organizaciones no gubernamentales que cuentan con estructura suficiente sobre el terreno para atender esta situación urgente y excepcional.  
La Generalitat ha establecido como objetivo estratégico y como prioridades que deben cumplir dichos proyectos, las siguientes: seguridad alimentaria, nutrición, salud y agua, saneamiento e higiene; así como la zona de ejecución, que dentro de la República de Guatemala debe circunscribirse a los siguientes Departamentos: Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango. Asimismo, los proyectos deben ejecutarse en un plazo máximo de nueve meses desde la recepción de los fondos.  
La selección de los proyectos a subvencionar se ha hecho conforme a la Carta humanitaria y las normas mínimas para la respuesta humanitaria del Proyecto Esfera. Este proyecto fue iniciado en 1997 por un grupo de organizaciones no gubernamentales a fin de elaborar un conjunto de normas mínimas universales en ámbitos esenciales de las respuestas humanitarias. La Carta humanitaria y las normas mínimas para la respuesta humanitaria son el resultado de la experiencia colectiva de muchas personas y organizaciones, y, por lo tanto, no representan las opiniones de ninguna entidad en particular, y es el instrumento idóneo para realizar la valoración y selección de los proyectos de acción humanitaria.  
En este contexto, el procedimiento más adecuado para articular la respuesta humanitaria que ofrece la Generalitat ante esta catástrofe natural es la concesión directa de subvenciones, según lo señalado en el artículo 168.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, que establece que, con carácter excepcional, podrán otorgarse subvenciones mediante concesión directa en aquellos casos en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.  
Para financiar dichas actuaciones es preciso realizar una previa modificación presupuestaria, dotando una nueva línea de subvención del programa presupuestario 50.48.85.345.24, Cooperación internacional al desarrollo, del presupuesto de la Generalitat para 2018, por un importe de 195.599,81 euros.  
  
Por todo lo anterior, previo informe favorable de la conselleria competente en materia de hacienda, y a propuesta del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, y previa deliberación del Consell, en su reunión de 3 de agosto de 2018,  
  
  
  
  
DECRETO  
  
Primero. Objeto  
1. Este decreto tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para la concesión directa, con carácter excepcional, y por razones humanitarias, de ayudas para la realización de proyectos de acción humanitaria consistentes en actuaciones de emergencia en la República de Guatemala, con el fin de atender las necesidades básicas de las personas afectadas por la erupción del volcán de Fuego.  
2. Los proyectos deberán ejecutarse en la República de Guatemala, concretamente en alguno de los departamentos siguientes del país: Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla; y estarán centrados en las prioridades de seguridad alimentaria, nutrición, salud y agua, saneamiento e higiene.  
3. El periodo de ejecución de los proyectos subvencionados se extenderá a un período de nueve meses a contar desde el pago de las subvenciones.  
  
Segundo. Régimen jurídico aplicable  
Estas ayudas se regirán, además de por lo establecido en este decreto, por lo previsto en la Ley 1/2015, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio; y, con carácter más general, por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en cualquier otra disposición normativa que, por su naturaleza, pudiera resultar de aplicación.  
  
Tercero. Modalidades de ayuda  
Las ayudas destinadas a financiar los proyectos amparados por las bases reguladoras objeto de este decreto adoptarán la modalidad de subvenciones.  
  
Cuarto. Entidades beneficiarias y criterios de selección  
1. Con beneficiarias de subvención las entidades, con los proyectos e importes que se detallan:  
2. Para seleccionar los proyectos de las entidades beneficiarias se han utilizado la Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria del Proyecto Esfera.  
  
Quinto. Procedimiento de concesión  
1. Las subvenciones serán concedidas de forma directa según dispone el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, y el artículo 168.1.c de la Ley 1/2015, por concurrir razones humanitarias.  
  
2. Las bases reguladoras de las subvenciones se determinan en este decreto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, y en el artículo 67 de su reglamento de desarrollo, así como en el artículo 168.1.c de la Ley 1/2015.  
Sexto. Órgano competente para la concesión de las subvenciones  
Las subvenciones será concedidas mediante resolución de la persona titular de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por delegación del Consell, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1.a, 4 y 5 del artículo 160 de la Ley 1/2015.  
  
Séptimo. Financiación  
1. Para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de estas subvenciones, de acuerdo con la previsión legal del último párrafo del artículo 168 de la Ley 1/2015, mediante modificación presupuestaria y una vez aprobado este decreto, se creará una línea de subvención, dentro del programa presupuestario 50.80.04.258.35, cooperación internacional al desarrollo, del presupuesto de la Generalitat para 2018, por un importe de 195.599,81 euros, para la financiación de gastos corrientes.  
2. La nueva línea se dotará mediante una transferencia de crédito por importe de 195.599,81 euros procedentes de la línea de subvención S8054000, «Subvenciones para atención de emergencia ante fenómenos naturales o catástrofes humanitarias (CAHE)».  
  
Octavo. Forma de pago  
1. El pago de la subvención se efectuará, con carácter inmediato, tras la resolución de concesión, hasta el 100 por 100 de su importe, de acuerdo con lo que establece el artículo 112 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, en relación con el artículo 19.5 de la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible. Se procederá a la entrega del 100 por 100 del importe de la subvención después de la notificación de la resolución de concesión.  
2. La fecha de recepción de los fondos deberá ser comunicada a la Dirección General de Cooperación y Solidaridad.  
  
Noveno. Régimen de justificación  
1. La modalidad de justificación de estas subvenciones será la de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor en los términos previstos en el artículo 74 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.  
En la realización, por parte de las entidades auditoras, de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones será de aplicación la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, con las especialidades previstas en la resolución de concesión.  
2. La justificación de las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, y siempre que sean ejecutadas en terceros países por las agencias que pertenezcan al sistema de las Naciones Unidas y entidades que tengan un acuerdo suscrito con estas que les reconozca como su comité en España, podrá realizarse a través del sistema previsto en los reglamentos financieros de Naciones Unidas que sean de aplicación, de acuerdo con la Convención sobre Privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas.  
  
Décimo. Incumplimientos y reintegros  
1. En los supuestos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, la entidad beneficiaria de la subvención deberá reintegrar a la Generalitat las cantidades correspondientes.  
2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003.  
  
Undécimo. Facultad de ejecución y desarrollo  
Se faculta a la persona titular de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la efectividad de este decreto.  
  
Duodécimo. Recursos  
Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015; o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
València, 3 de agosto de 2018  
  
El president de la Generalitat,  
XIMO PUIG I FERRER  
  
El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social,   
Participación y Cooperación,  
MANUEL ALCARAZ RAMOS