Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8441, del 11-12-2018 (2018/11597)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 1135/2017.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8441

Fecha DOGV
:   11-12-2018

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2018/11721


Organismo emisor
:   Juzgado de Lo Social Número 14 de Madrid

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 1135/2017. [2018/11069]  
Autos número: procedimiento ordinario 1135/2017.  
Materia: reclamación de cantidad.  
Ejecución número: 193/2018.  
Ejecutante: Eva Zamorano González.  
Ejecutados: Desarrollos Integrales del Mediterráneo HJR, SL, y FOGASA.  
María Angeles Charriel Ardebol, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número 14 de Madrid, hago saber que, en el procedimiento 193/2018 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de Eva Zamorano González frente a Desarrollos Integrales del Mediterráneo HJR, SL, y FOGASA sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución.  
Parte dispositiva del auto de fecha 19 de noviembre de 2018:  
  
  
«Parte dispositiva  
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, Eva Zamorano González, frente a la demandada Desarrollos Integrales del Mediterráneo HJR, SL, parte ejecutada, por un principal de 1.629,60 euros (desglosados de la siguiente forma: 1.481,46 euros de cantidad reclamada más 148,14 euros de interés por mora), más 325,92 euros de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.  
Notifíquese la presente resolución a las partes.  
Modo de impugnación. Mediante recurso de reposición ante este juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en los términos previstos en el artículo 239.4 LJS, debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este juzgado abierta en la entidad Banco de Santander 1417-2660-68-0768-70.»  
Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma, la magistrada jueza, Laura María Guirado Fuertes.  
Parte dispositiva del decreto de fecha 19 de noviembre de 2018:  
«Parte dispositiva   
En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:  
- Requerir a FOGASA y Desarrollos Integrales del Mediterráneo HJR, SL, a fin de que en el plazo de diez días manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que asciende a 1.629,60 euros, en concepto de principal y de 325,92 euros, en concepto provisional de intereses de demora y costas. Deberá manifestar dicha relación con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Esta obligación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores o a las personas que legalmente las representen y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin personalidad, a quienes aparezcan como sus organizadores, directores o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, deberá manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha. En el caso de bienes inmuebles, deberá indicar si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.  
Proceder a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado. A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal, para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudoras del mismo.  
Queda, a disposición de las partes en secretaría, el resultado de la averiguación patrimonial obtenida a través del PNJ.  
Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la AEAT tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la cuenta de consignaciones judiciales.  
Se acuerda el embargo de los saldos de FOGASA y Desarrollos Integrales del Mediterráneo HJR, SL, a favor del ejecutado, en las siguientes entidades: entidades de crédito en las que tenga saldos de su titularidad, en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Líbrense los oficios necesarios en las entidades bancarias y/o de crédito donde se hará constar la orden de retención y de puesta a disposición con los apercibimientos legales que para el caso de incumplimiento de esta orden pudiera incurrir el receptor de la misma, quien deberá expedir recibo acreditativo de la recepción de la orden y quien deberá hacer constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la cuenta de consignaciones judiciales.  
- Hágase saber al ejecutado que, conforme al auto que contiene la orden general de ejecución, a) Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos. b) Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS.  
- Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.  
- La cuenta de consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente: Banco de Santander IBAN ES24 1409 7320 0908 9862 0385, con número 2642-0630-49-2050-16, debiendo indicar en el campo concepto de pago banco cuenta consignaciones.  
Notifíquese la presente resolución a las partes.  
Modo de impugnación: contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado en la entidad Banco de Santander IBAN ES29 2348 4480 0702 8817 4909 número 0976-8636-52-2378-78.  
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. La letrada de la Administración de justicia, María Ángeles Charriel Ardebol.»  
Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 LRJS. Doy fe.  
  
Nota: de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se informa que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.  
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.  
Y para que sirva de notificación en legal forma a Desarrollos Integrales del Mediterráneo HJR, SL, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.  
  
Madrid, 20 de noviembre de 2018.- La letrada de la Administración de justicia: María Ángeles Charriel Ardebol.