Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5231, del 31-03-2006 (2006/3087)

Notificación a Lar Asesoría Técnica de Seguros, SL, y otro de la sentencia recaída en los autos de juicio ordinario número 160/2005.
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Número DOGV
:   5231

Fecha DOGV
:   31-03-2006

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2006/3087


Organismo emisor
:   Juzgado de Lo Mercantil Número 1 de València

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a Lar Asesoría Técnica de Seguros, SL, y otro de la sentencia recaída en los autos de juicio ordinario número 160/2005. [2006/Q3087]  
Procedimiento: juicio ordinario 160/2005  
Demandante: Helvetia Previsión. SA  
Procurador: Julio Just Vilaplana  
Demandados: Lar Asesoría Técnica de Seguros, SL, y Eduardo Luna Alonso  
Que en este juzgado en autos de juicio ordinario 160/2005 se ha dictado en fecha de hoy por el magistrado juez sentencia cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:  
«Sentencia número 42  
Valencia, 23 de febrero de 2006  
Vistos por Salvador Vilata Menadas, magistrado juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, los presentes autos de juicio ordinario, registrados con el número 160/2005 de los asuntos civiles de este juzgado, siendo partes la entidad Helvetia Previsión, SA, representado por el procurador señor Just Vilaplana y asistido del letrado señor Ribes Garín, como parte demandante, y la mercantil Lar Asesoría Técnica de Seguros, SL, y Eduardo Luna Alonso, como parte demandada, declarada en rebeldía, se procede, en nombre del rey, a dictar la presente resolución.  
Antecedentes de hecho  
1. La parte actora antes mencionada promovió demanda, que por reparto fue turnada a este juzgado, frente a la ya indicada demandada, en reclamación de la cantidad de 31.674,93 euros de principal, con más los intereses correspondientes de la misma y las costas del procedimiento, pretensión que trae causa de las relaciones comerciales que se dicen habidas entre la actora y la mercantil codemandada, SL, y el saldo deudor no atendido por esta última consecuencia de ellas, impetrándose la condena solidaria del administrador de la referida entidad mercantil deudora.  
2. Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en 20 días compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldía, lo que vino verificado en legal forma. Seguidamente se proveyó la convocatoria de audiencia previa, que se ha celebrado en 22 de febrero de 2006 con la asistencia de solo la parte actora que ha ratificado su demanda y ha interesado el recibimiento del pleito a prueba, y como quiera que todos los medios probatorios propuestos y admitidos ya obraban rendidos en la causa, sin más trámite quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.  
3. Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.  
Fundamentos de derecho  
1. La situación procesal de rebeldía que ha venido declarada respecto de la parte demandada no implica, per se, su allanamiento a la demanda deducida de contrario, sino que antes bien y por mor del efecto de la ficta contestatio, debe entenderse que existe contienda no quedando la actora liberada de la carga probatoria de los hechos constitutivos de su pretensión ex artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Es pacífico que conforme al principio dispositivo dominante en nuestro proceso civil, el resultado de éste recae sobre la actividad de las partes, de suerte que cada una de ellas tiene la carga de afirmar y, en caso necesario, la de probar los hechos que constituyen el supuesto de la norma jurídica en que respectivamente se amparan, de forma que si los no afirmados no pueden ser objeto de discusión y examen, los no probados no pueden constituir base de la sentencia. La jurisprudencia no sólo había interpretado el antiguo artículo 1.214 del Código Civil señalando que cada parte debe probar los hechos integrantes del supuesto de hecho de la norma favorable, es decir, el demandante debe probar los hechos constitutivos de la acción que ejercita, y el demandado los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes de la consecuencia jurídica concretamente solicitada en la demanda, sino que también lo ha completado con la doctrina que ha conformado la regla de juicio del onus probandi, en el recto sentido de que las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba han de parar en quien tenía la carga de la misma. Todo ello es de aplicación en la actualidad al amparo del vigente artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Pues bien, la parte actora ha cumplido adecuadamente con tal carga, habiéndose acreditado por la documental aportada con el escrito de demanda inicial .que se ha tenido oportunamente por reproducida. la existencia y certeza del crédito que se pretende respecto de la mercantil Lar Asesoría Técnica de Seguros, SL, tratándose de documentos ordinarios de comercio, para el ramo de actividad de que se trata atendido el objeto social de la actora, que responde a prácticas mercantiles preordenadas y en que constan las circunstancias del negocio y las personales del deudor, quien en modo alguno ha comparecido en esta sede a fin de impugnar su legitimidad.  
2. El polo pasivo de la presente relación procesal tiene una conformación personal plural. En este orden de cosas y por lo que a la llamada del administrador societario se refiere, la acción ejercitada en esta sede por la parte actora inicial es la de responsabilidad individual de administradores sociales ex artículos 133 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas.  
No obstante ello, siquiera sea con carácter de obiter dicta, debe decirse que resulta evidente la posibilidad de subsumir el supuesto fáctico que ahora nos ocupa en la ratio que inspira la norma del artículo 262 de la Ley de Sociedades Anónimas. Esto es, el fundamento de la responsabilidad del señor Luna Alonso como administrador de la sociedad codemandada, y si bien tal puede impetrarse ciertamente al amparo del artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas .supuesto de responsabilidad individual por daño., es lo cierto que resulta encuadrable en el supuesto previsto en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, al que se remitía el artículo 30 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 25 de julio de 1989, y que actualmente reproduce el artículo 105.5 de la Ley 2/1995, en virtud del cual responderán solidariamente de las deudas sociales los administradores que incumplan la obligación de convocar la Junta General para que adopte en su caso el acuerdo tendente a la pertinente modificación del capital social, o el acuerdo de disolución cuando exista causa legal para ello, responsabilidad esta que tiene una naturaleza distinta a la establecida en los artículos 134 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, pues ni se trata de una responsabilidad por daños, ni, a diferencia de aquélla, exige por ello la concurrencia de culpa o negligencia en la actuación del administrador, ni siquiera requiere que la sociedad se encuentre en una situación de insolvencia patrimonial, sino que constituye una pena civil al incumplimiento de un deber del cargo, que tiene por fundamento el evitar la costumbre tan generalizada como dañina para los intereses sociales y de terceros, de que en aquellos supuestos en que por las pérdidas acumuladas o la concurrencia de otra causa legal, se disuelve de facto la sociedad, cesando los administradores sin proceder a la liquidación de la misma ni adoptar ninguna medida tendente a evitar perjuicios a terceros (en este sentido, sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de mayo de 1997 y sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 22 de diciembre de 1998).  
Y es que la responsabilidad establecida en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 105.5 de la Ley 2/1995, no exige como fundamento una actuación negligente del administrador, sino que tal viene objetivada y se apoya únicamente en el incumplimiento del deber legal de promover la disolución de la sociedad cuando exista causa legal para ello; deber que la codemandada incumplió, bien entendido que en todo caso al tiempo de la perfección del negocio jurídico inter partes el señor Luna Alonso ostenta a todos los efectos el cargo de administrador de la mercantil Lar Asesoría Técnica de Seguros, SL, que ahora se encuentra inactiva, amén de que se ha producido supuesto de hecho que ha propiciado ministerio legis el desenvolvimiento del cierre registral.  
3. Pero es que incluso aparece claro que la conducta podría resultar asimismo incardinable al amparo de los artículos 133 y 135 de la LSA, impetrados por la actora, por cuanto no obstante resulta difícil resumir de una manera clara cual es la posición de la doctrina española acerca del sentido y significado del artículo 135 LSA, la opinión que podría considerarse mayoritaria entiende que el artículo 135 LSA otorga una singular .acción. de responsabilidad contra los administradores en beneficio de aquellos que hayan sufrido un daño directo en su patrimonio como consecuencia del actuar culposo o doloso del administrador, responsabilidad que se añade o acumula a la de la sociedad.  
Así concebido el precepto, contiene una regla exorbitante, al menos en lo que se refiere a los daños causados por el administrador en el patrimonio de los acreedores contractuales de la sociedad. Si alguien contrata con una sociedad, del cumplimiento de ese contrato responde la sociedad y no el administrador que haya actuado en su nombre, incluso aunque el incumplimiento por parte de la sociedad sea el efecto de una conducta personal del administrador social. Por tanto, la doctrina que hace derivar la responsabilidad del administrador por tales incumplimientos como una consecuencia del artículo 135 LSA está imponiendo un deber de indemnizar daños a una persona que, conforme a las normas generales, no debe indemnizar.  
El artículo 135 LSA (reproduciendo el artículo 81 LSA de 1951) se limita a afirmar que los socios y los terceros pueden ejercitar las acciones de indemnización que les correspondan contra los administradores, cuando la conducta de éstos lesione directamente los intereses de aquéllos. Obviamente, para que pueda prosperar esta acción individual de responsabilidad, los demandantes deben acreditar que han sufrido un daño directo en su patrimonio (que no en el de la sociedad) por la conducta de los administradores. Sin duda, la acción individual de responsabilidad ejercitada por los acreedores constituye el principal banco de pruebas en que los tribunales han aplicado el sistema de responsabilidad de los administradores. Los casos típicos analizados por nuestra jurisprudencia pueden reconducirse a dos hipótesis:  
a) Una conducta de la que tópicamente se afirma la responsabilidad de los administradores por causar un daño directo a los terceros consiste en el endeudamiento progresivo de la sociedad a sabiendas de la insolvencia de ésta. El administrador que, conociendo la situación de insolvencia en que se encuentra la sociedad y a despecho del estado de insolvencia societaria, le hace incurrir en nuevas deudas a raíz de contratos con terceros, contraviene el canon de diligencia con que debe desempeñar el cargo. Esta negligente conducta se traduce en que el administrador haya de responder personalmente, contribuyendo en el pago de las deudas sociales ante los terceros, cuando finalmente se constata la insolvencia societaria. Así se declaró, aplicando el régimen societario anterior, en las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de junio de 1995, 21 de julio de 1995 y 14 de mayo de 1996 y bajo la vigencia del artículo 135 L.SA. actual en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1998. En este sentido, pensemos en la renegociación de efectos cambiarios que se verifica en orden a la falta de liquidez de la mercantil, así como el progresivo endeudamiento en que se le hacía incurrir, no obstante la situación precaria que le acuciaba.  
b) En segundo lugar, y con mucho, la conducta de los administradores lesiva de los intereses de los acreedores sociales que en más ocasiones ha merecido el reproche de nuestros tribunales consiste en el cese de la actividad social con la desaparición fáctica de la sociedad, sin que los administradores hayan adoptado las medidas pertinentes para garantizar el pago de las obligaciones sociales. En otras palabras: la inactividad del administrador ante la grave situación económica de la sociedad y la progresiva desaparición de ésta, inoperancia que se traduce en el incumplimiento del deber de liquidar regularmente la sociedad.  
Por ello debe estimarse la pretensión que se deduce por la actora en punto a la declaración de la responsabilidad solidaria del aquí demandado en su cualidad de administrador de la mercantil codemandada.  
4. De conformidad con lo establecido en los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil, los artículos 339 y 341 del Código de Comercio, y el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe condenarse además a la parte demandada al pago de los intereses legales devengados por la cantidad debida desde la fecha de interposición de la demanda inicial rectora de las actuaciones, a saber, 12 de abril de 2005, y hasta el completo pago de la deuda, incrementados en la forma determinada por el citado artículo 576 de la Ley Procesal.  
5. Que las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte demandada que resulta vencida ex artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.  
Fallo  
Que estimando como estimo la demanda promovida por el procurador señor Just Vilaplana en la representación que ostenta de su mandante Helvetia Previsión, SA, debo condenar y condeno a la demandada Lar Asesoría Técnica de Seguros, SL, a que abone a la actora la suma de treinta y uno mil seiscientos setenta y cuatro euros con noventa y tres céntimos (31.674,93 €) de principal, con más los intereses legales de la misma desde el 12 de abril de 2005 y hasta el completo pago de la deuda, declarando a todos los efectos legales pertinentes la responsabilidad solidaria del administrador societario Eduardo Luna Alonso, a quien se condena a estar y pasar por esta declaración, condenando asimismo a la parte demandada al pago de las costas procesales causadas.  
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que frente a la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Valencia, que deberá prepararse en el plazo de cinco días.  
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».   
Y para que sirva de notificación de sentencia al demandado, Lar Asesoría Técnica de Seguros, SL, y Eduardo Luna Alonso, se publica este edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, conforme al artículo 497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dado su paradero desconocido.  
Valencia, 22 de febrero de 2006.. El secretario judicial: José Miguel Guillén Soria.