Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5976, del 17-03-2009 (2009/2785)

Notificación de la resolución del recurso de alzada, referencia interna R-430/2008, a Larissa Mª Brotons Belda.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5976

Fecha DOGV
:   17-03-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/2785


Fecha del documento
:   24-09-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la resolución del recurso de alzada, referencia interna R-430/2008, a Larissa Mª Brotons Belda. [2009/2785]  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se procede a notificar a Larissa Mª Brotons Belda, C/ Olmos, nº 1-3ºD, (03686 Onil) la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-430/08  
Resolución de la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del recurso de alzada presentado contra la resolución de exclusión de solicitud de vivienda relativa al expediente A-SOLV-00213/07.  
Datos del reclamante.  
Nº Exp. Apellidos y nombre.  
A-SOLV-00854/07 Brotons Belda, Larissa María  
Dirección: c/ Olmos nº 1, 3º D.   
Población: 03612-Onil (Alicante)  
I. Antecedentes  
Cronológicamente expuestos, los hechos esenciales relativos a dicho expediente, son los siguientes:  
Primero. En fecha 12 de abril de 2007 por Larissa María Brotons Belda se presentó solicitud de vivienda de promoción pública de la Generalitat Valenciana, a la que acompañó la documentación que consideró oportuna, que dio lugar a la incoación del expediente A-SOLV-00341/07, en el que, a la vista de la solicitud y documentación aportada, por resolución de la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos de 5 de septiembre de 2007, de acuerdo con el Decreto 26/1989, de 27 de febrero, la misma fue excluida por no residir la solicitante ni estar empadronada un mínimo de dos años en el municipio donde solicitaba la vivienda, ni acreditar puesto de trabajo que motivara el cambio de residencia.  
Segundo. Por carta de fecha 27 de noviembre de 2007 (registro de salida de 27 de noviembre de 2007) fue notificada a la interesada dicha exclusión, con indicación de los motivos y de los recursos que podía interponer contra la misma así como el plazo y el órgano competente para resolverlos.  
Tercero. El 27 de diciembre de 2007 se presentó escrito por Larissa María Brotons Belda, aportando documentación complementaria, e interponiendo recurso de alzada contra la citada resolución.  
II. Fundamentos de derecho  
El artículo 4.3 del Decreto 26/1989, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre adjudicación de viviendas de promoción pública de la Generalitat, en cuanto a los beneficiarios y sujetos excluidos establece que pueden solicitar viviendas de promoción pública aquéllas personas que estén incluidas en alguno de los dos supuestos siguientes: a) Residir y estar empadronado un mínimo de dos años en cualquiera de los términos municipales de los ayuntamientos interesados, salvo si se trata de emigrantes o de antiguos residentes que se trasladaron de municipio por razones laborales y desean retornar al mismo, siempre que, en este último caso, acrediten una residencia anterior no inferior a cinco años en dicho municipio. En el supuesto de que la inscripción en el padrón sea inferior a dos años, y con carácter excepcional, el Instituto Valenciano de Vivienda, SA podrá admitir otros documentos que acrediten fehacientemente el tiempo mínimo de residencia de dos años, e incluso un periodo menor cuando obedezca a traslado a la localidad por motivos de trabajo. No obstante el Instituto Valenciano de Vivienda, SA podrá elevar el periodo mínimo de residencia de dos a cinco años en la convocatoria de adjudicación; b) Acreditar la existencia de puesto de trabajo en la localidad que motive el cambio de residencia.  
La disposición transitoria primera, 3, a), del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, de Reglamento de protección pública a la vivienda, establece que los procedimientos de adjudicación de viviendas de promoción pública iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento, continuarán rigiéndose por la normativa vigente aplicable en el momento de la iniciación.   
Los acuerdos adoptados por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, en el ejercicio de las facultades de administración y disposición, se entienden sin perjuicio de que la administración titular pueda adoptar las resoluciones administrativas que estime pertinentes conforme a derecho.  
Los artículos 11-1 y 2 a), g) e i) del Decreto 137/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda y artículo 57.3 de la Ley 8/2004 de vivienda de la Comunidad Valenciana; Decreto 61/1987, de 11 de mayo del Consell por el que se acuerda la constitución del Instituto Valenciano de Vivienda, SA; Decreto 118/1988, de 29 de julio del Consell por el que se determina el alcance concreto de la transmisión de patrimonio de promoción pública de la vivienda al Instituto Valenciano de Vivienda, SA; Decreto 3140/71, de 23 de diciembre, sobre protección de familias numerosas y Orden de 25 de noviembre de 2002 de legalizaciones.  
Los artículos 55.3, 59 y siguientes, 73 y 75 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
III. Contestación a las alegaciones  
El Instituto Valenciano de Vivienda SA, en el ejercicio de las facultades y en cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas y con el fin de realizar una correcta tramitación de los correspondientes expedientes sobre adjudicación de viviendas de promoción pública debe realizar una aplicación estricta de las disposiciones contenidas en el Decreto 26/1989, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre adjudicación de viviendas de promoción pública de la Generalitat Valenciana, con el fin de respetar fundamentalmente los derechos de todos los solicitantes a que sus solicitudes sean examinadas, baremadas e incluidas, según puntuación, en la lista previa a la adjudicación, dadas además las dificultades existentes para satisfacer la numerosa demanda de vivienda protegida.  
Por lo anteriormente expresado, y por los datos consignados por la Sra. Brotons Belda en su solicitud, y por los documentos acompañados a la misma y a su escrito de recurso (certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de Castalla), resulta evidente que no ha acreditado residir y estar empadronado un mínimo de dos años en Castalla (población donde solicita la vivienda), es más, según el padrón municipal se trasladó a Alicante el 20.07.2004, y aunque existe nueva alta el 19.02.2007 lo es únicamente por 6 meses, ya que luego se traslada a San Vicente del Raspeig, ni tampoco que las causas de sus traslados hayan sido laborales (afirma en su último escrito que los motivos fueron sentimentales y que no tiene trabajo estable), por lo que, conforme al Decreto 26/1989, su petición, por no darse en su persona los requisitos exigidos y por falta de justificación, sólo podía ser excluida, y en consecuencia debe ser desestimado el presente recurso de alzada y confirmada la resolución recurrida, fundamentalmente para no perjudicarse así los derechos de otros solicitantes que cumplieran con todos los requisitos.  
Resolución  
Visto el expediente, se deduce que ha quedado acreditado que la solicitud de vivienda de promoción pública que ha dado lugar a la incoación del presente expediente sólo puede ser excluida ya que no reúne los requisitos exigidos por el Decreto 26/1989, de 27 de febrero, sobre adjudicación de viviendas de promoción pública de la Generalitat Valenciana.  
Vistos los hechos, las disposiciones legales citadas y las de general aplicación, así como la propuesta de la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda resuelve la desestimación del recurso de alzada.  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de recibo de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.  
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 24 de septiembre de 2008.- La secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: María Ángeles Ureña Guillém.