Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8475, del 30-01-2019 (2019/767)

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2019, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de San Juan, tramo comprendido entre el paraje del Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea, en el término municipal de Requena (Valencia).
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Número DOGV
:   8475

Fecha DOGV
:   30-01-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2019/767


Fecha del documento
:   08-01-2019

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2019, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de San Juan, tramo comprendido entre el paraje del Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea, en el término municipal de Requena (Valencia). [2019/767]  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. La Cañada Real de San Juan fue incluida, como la vía pecuaria número 2, en la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Requena que aprobó la Orden Ministerial de fecha del 20 de octubre de 1971, reconociéndosela una anchura legal de 75,22 metros.  
Segundo. En fecha 2 de febrero de 2016, la Dirección General del Medio Natural y Evaluación Ambiental resuelve autorizar el inicio del expediente de deslinde parcial de la vía pecuaria número 2 denominada Cañada Real de San Juan en el término municipal de Requena, provincia de Valencia, en el tramo comprendido entre el paraje del Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea (expediente núm. DES/01/2016)  
Tercero. En fecha 27 de diciembre de 2017, el sr. Jefe de Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, redacta informe propuesta, en el que concluye: «Por cuanto antecede, considerando que el expediente de deslinde parcial de la vía pecuaria núm. 2 denominada Cañada Real de San Juan en el término municipal de Requena, provincia de Valencia, en el tramo comprendido entre el paraje del Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea (expediente núm. DES/01/2016), se inició en fecha 2 de febrero de 2016, no habiendo sido resuelto el mismo y habiendo trascurrido un plazo superior a los 18 meses establecidos en el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, se propone que se declare la caducidad del mismo, y que se inicie un nuevo expediente de deslinde».  
Cuarto. En fecha 27 de diciembre de 2017, el director general de Gestión del Medio Natural resuelve «Declarar la caducidad del expediente del deslinde parcial de la vía pecuaria número 2 denominada Cañada Real de San Juan en el término municipal de Requena, provincia de Valencia, en el tramo comprendido entre el paraje del Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea (expediente núm. DES/01/2016), que se inició en fecha 2 de febrero de 2016, no habiendo sido resuelto el mismo y habiendo trascurrido un plazo superior a los 18 meses establecidos en el artículo núm. 14 de la Ley 3/2014, del 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento de deslinde, incorporándose al mismo todos los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad, tal y como establece el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común».  
Quinto. En fecha 28 de diciembre de 2017, el director general de Gestión del Medio Natural resuelve «Autorizar el inicio de un nuevo expediente de deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de San Juan en el término municipal de Requena, provincia de Valencia, en el tramo comprendido entre el paraje del Rebollar y los prados de la Fuente de la Jedrea, de conformidad con lo establecido en el acto de clasificación y con sujeción a la legislación vigente, incorporándose al mismo los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad del expediente DES/01/2016, tal y como establece el artículo 95 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común».  
Sexto. En el mes de enero de 2018 se notifica de la caducidad e inicio de un nuevo expediente de deslinde, a los titulares de parcelas afectadas con domicilio conocido y también a los organismos y colectivos interesados. Se publican edictos en los ayuntamientos de los titulares que resultaron infructuosos, siendo expuestos los mismos en los tablones de anuncios de los respectivos ayuntamientos durante un periodo de 15 días. También se publica la relación de los infructuosos del anuncio de caducidad e inicio de nuevo expediente de deslinde en el BOE núm. 54 de fecha de 02.03.2018.  
  
Séptimo. En fecha 12 de enero de 2018, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valencia, solicita se mantenga y prorrogue la anotación marginal de la última inscripción de dominio de las parcelas afectadas, así como las certificaciones de aquellas otras parcelas que hayan podido inscribirse con posterioridad en la zona de afección del deslinde.  
Octavo. En fecha 22 de febrero de 2018 se nombra de nuevo al técnico en Gestión Ambiental Gabriel Varea Illueca, funcionario adscrito a la Dirección Territorial de Valencia, como instructor del procedimiento.  
  
Noveno. El trámite de inicio de las operaciones (publicidad previa y acto de apeo) se incorpora al presente expediente procedente del caducado DES/01/2016, dado que por el escaso tiempo transcurrido no se ha producido ninguna modificación de los predios afectados, ni en su estructura ni en la titularidad de los mismos.  
  
El comienzo de operaciones de deslinde se publica en el DOGV núm. 7739 de fecha 11 de marzo de 2016 fijando como fecha de comienzo de las operaciones de apeo el día 5 de mayo de 2016, en el teatro García Berlanga de San Antonio de Requena. A los titulares de parcelas afectadas que tenían domicilio conocido se les notificó personalmente y también a organismos y colectivos interesados.  
Se publica edictos en los ayuntamientos de los titulares que resultaron infructuosos, siendo expuesto los mismos en los tablones de anuncios de los respectivos ayuntamientos durante un periodo de 15 días. Se publica relación de todos los infructuosos del anuncio del comienzo de operaciones en el BOE núm. 97 de fecha de 22.04.2016.  
Décimo. En fecha 5 de abril de 2018, se somete a la información pública la nueva proposición de deslinde, cuya exposición al público se anuncia en el DOGV núm. 13.704, del 5 de abril de 2018, estableciendo el plazo de un mes, desde la publicación, para que los interesados puedan interponer alegaciones a la nueva propuesta de deslinde. Además, la nueva exposición pública fue también objeto de la pertinente publicación edictal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Requena durante un plazo de 15 días.  
Asimismo, se dio cumplimiento al trámite de audiencia establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informando a todos aquellos colindantes, ocupantes e intrusos de la vía pecuaria de la exposición pública del referido expediente, y otorgándoles un plazo de quince días para alegar y presentar todos aquellos documentos y justificantes que estimaran pertinentes. De igual manera, también se expuso mediante edictos, en los respectivos ayuntamientos, aquellas notificaciones que resultaron infructuosas, publicándose las mismas en el BOE número 117 de fecha 14.05.2018.  
Undécimo. Dentro del plazo de la exposición pública y del trámite de audiencia del expediente, se presentaron alegaciones por parte de los siguientes interesados:  
1. M.ª Dolores García Martínez, Francisco y Nicolás Bastidas García  
2. Julián Palomares García  
3. Emilia Rodríguez García  
4. Alfredo Hernández García  
5. Carmen Serrano Gallega  
6. Cesáreo Cárcel Cárcel  
7. Amparo Atienza García  
8. Juan Atienza García  
9. Ismael Domínguez Pérez  
10. ADIF  
11. Rogelio Navarro Carrasco  
12. Josefa Cárcel Montés  
13. Diputación de Valencia  
14. Fundación Hospital de Pobres de Requena  
15. José Montes Platero  
16. Sergio, Daniel y Estiven García Sánchez  
17. Ángel Pérez Pérez y Santiago Gallego Mayordomo  
18. Eva Sánchez Sánchez  
19. Amparo Ruiz González  
20. Dolores Cárcel Pardo  
21. Águeda Hernández Cano  
22. José Antonio Sáez Díaz  
23. José Luis Martí Mathe  
24. Iranzo Activos, SL  
25. Julio Domínguez Hernández  
26. Antonio García Sánchez y M.ª Dolores García Martínez  
27. Antonio César Domínguez Zanón  
28 Alfredo Salinas Serrano  
29. Manuel Gómez Pérez  
30. Rafael Navarro Hernández  
31. Ministerio de Fomento  
32. Ernesto y Carlos Cárcel Pérez  
33. Confederación Hidrográfica del Júcar  
34. COAG  
  
Y fuera del plazo de la exposición pública y trámite de audiencia, se presentaron alegaciones por parte de los siguientes interesados:  
  
1. Pilar Alcocer Monteagudo  
2. José Delfín Alcocer Monteagudo  
3. Amparo Alcocer Monteagudo  
4. Rosa María Alcocer Monteagudo  
5. Antonio Giménez García  
  
Todas Las alegaciones formuladas serán objeto de valoración en el apartado de fundamentos de derecho del presente informe.  
Duodécimo. Con fecha 5 de diciembre de 2018 el técnico instructor del expediente informa desfavorablemente todas las alegaciones presentadas y favorablemente a la aprobación del deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de San Juan, tramo comprendido entre el paraje del Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea, en el término municipal de Requena (Valencia), de acuerdo con la proposición del deslinde y los planos de la misma.  
Decimotercero. Con fecha 13 de diciembre de 2018 el director territorial de Valencia de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en relación al expediente de deslinde de la vía pecuaria número 2 Cañada Real de San Juan, en el tramo comprendido entre el paraje del Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea, en el término municipal de Requena (DES/02/2017-VVPP), propone desestimar las alegaciones presentadas y aprobar el deslinde parcial de acuerdo con la proposición del deslinde y los planos de la misma.  
Decimocuarto. Visto el informe favorable del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de fecha 26 de diciembre de 2018 sobre el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de San Juan (expediente (DES/02/2017-VVPP) en el tramo comprendido entre el paraje del Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea, del término municipal de Requena (Valencia), de acuerdo con la proposición del deslinde y los planos de la misma.  
Decimoquinto. Vista la propuesta del director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de fecha 29 de diciembre de 2018 en la que se propone desestimar todas las alegaciones presentadas y aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de San Juan (expediente (DES/02/2017-VVPP) en el tramo comprendido entre el paraje del Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea, del término municipal de Requena (Valencia).  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. La clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Requena se aprobó mediante la Orden Ministerial de fecha de 20 de octubre de 1971, y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado número 275 de fecha 17.11.1971 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 266 de fecha 08.11.1971. Según el citado proyecto de clasificación de 1970, la Cañada Real de San Juan es la vía pecuaria número 2 y está clasificada con una anchura legal de 75,22 metros.  
Segundo. Compete a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana la resolución del expediente para la revisión y la actualización del trazado, en virtud de lo preceptuado en el Decreto núm. 7/2015, del 29 de junio, del Consell (DOGV 7560, 30.06.2015), modificado por el Decreto núm. 12/2015, del 16 de septiembre, del president de la Generalitat (DOGV 7618, 18.09.2015) y en el Decreto núm. 158/2015, del 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico básico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (DOGV 7620, 22..09.2015), modificado por Decreto 181/2018, de 5 de octubre, del Consell (DOGV 8413 / 30.10.2018).  
Tercero. Al presente acto administrativo le es de aplicación todo lo regulado en la Ley 3/1995, del 23 de marzo, de vías pecuarias, el Decreto número 103/2015, del 7 de julio, del Consell por que establece la estructura orgánica básica y funcional de la Presidencia y Conselleriasa de la Generalitat, modificado por Decreto 109/2018, de 3 de agosto, del Consell, (DOGV 8355, 06.08.2018), la Ley 3/2014, del 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y demás legislación aplicable al caso.  
Cuarto. Tras la consideración de las alegaciones formuladas por los interesados en este procedimiento, dentro y fuera de la fase de exposición pública y trámite de audiencia, se han respondido a cada una de las mismas y han sido notificados sus respectivos alegantes, mediante correo certificado con acuse de recibo o consignación telemática para aquellos que han optado por ese procedimiento. En las contestaciones se han tenido en cuenta la argumentación legal que se expone a continuación:  
1. En un gran número de las alegaciones se manifiesta que, según referencias históricas, la denominación que se usa no es la de Cañada Real sino la de «vereda». Siendo los alegantes que manifiestan esto, dentro del plazo del periodo de exposición pública: M.ª Dolores García Martínez, Francisco Bastidas García, Nicolás Bastidas García, Emilia Rodríguez García, Carmen García Gallega, Cesáreo Cárcel Cárcel, Amparo Atienza García, Juan Atienza García, Ismael Domínguez Pérez, Eva Sánchez Sánchez, José Montés Platero, Sergio, Daniel y Estiven García Sánchez, Ángel Pérez Pérez, Santiago Gallego Mayordomo, Amparo Ruiz González, Dolores Cárcel Pardo, Águeda Hernández Cano, José Antonio Sáez Díaz, Iranzo Activos, SL, Antonio García Sánchez y de M.ª Dolores García Martínez, Antonio César Domínguez Zanón, Alfredo Salinas Serrano, Manuel Gómez Pérez, Ernesto y Carlos Cárcel Pérez y por la COAG-CV; y aquellos que lo hacen fuera del plazo del periodo de exposición pública: Pilar Alcocer Monteagudo, José Delfín Alcocer Monteagudo, Amparo Alcocer Monteagudo y Rosa M.ª Alcocer Monteagudo.  
Frente a la alegación relativa a la denominación utilizada, decir que, la falta del uso en la terminología de la vía pecuaria, en este caso el de cañada en el municipio de Requena, ya sirvió de argumento para las alegaciones, e incluso recursos, al deslinde parcial de la Cañada Real de Hórtola entre los años 2005 al 2006, con sentencias favorables a la Generalitat por parte del TSJCV y del TS, que, sencillamente, lo inadmitiría a trámite (sentencias 378/08, 777/08 y 1.585/09), porque, y de acuerdo a la doctrina jurídica, la vía pecuaria quedó definitivamente fijada en el acto clasificatorio, y así, con independencia de que en tiempos de la Mesta se la conociera como Vereda al Reino de Valencia o que se la mencione como «vereda real» en algún otro documento de tipo cartográfico (IGN, catastro, SIGPAC), con su clasificación se estableció su tipología, rango, amplitud y demás características físicas.  
A mayor abundamiento en la documentación histórica relativa a pleitos entre la Villa de Requena y el Concejo de La Mesta (1590-1741); privilegios de uso, goce y aprovechamientos de dehesas y abrevaderos del alcalde mayor de Mestas y Cañadas, Alonso Castro, en la Villa de Requena; sentencia del juez de Mestas y Cañadas del año 1741; e informes de la Superintendencia de Cuenca sobre declaración de dehesas, montes y pastos (1742-45); se acredita y deja constancia de la existencia de la vía pecuaria desde tiempos remotos. De tal manera que, bajo la denominación genérica de «veredas» eran conocidas a todas las vías pecuarias que, ya con posterioridad, serían legalmente clasificadas como cañadas, cordeles, veredas, coladas y/o azagadores.  
Por ello, no debemos confundir el empleo y uso general del lenguaje, cuando de forma coloquial se pueda referir a las vías pecuarias, y de forma confusa atribuidas a cañadas, veredas, cordeles, etc.; coloquialidad en la denominación que dista mucho de la oficialidad de su clasificación y tipificación, según la ley y el código civil.  
Para comprender mejor aún tal confusión, de otra parte, muy generalizada en tierras castellanas, decir que el término municipal de Requena fue incorporado a la provincia de Valencia hacia mediados del siglo XIX (1851), lo que le confiere un especial referente histórico, mucho más próximo a la norma mestera de Castilla que al derecho pecuario aragonés, como reconoce los antecedentes obrantes en el Fondo Histórico y Documental.  
Del análisis de los fotogramas históricos realizados entre los años 1946 (A) a 1956 (B) conocidos como del «vuelo americano>> e incluso del año 1977 realizado por el IRYDA, se constata fielmente el trazado original de esta vía pecuaria, que se encontraba sin laborizar, manteniendo un ancho medio de 35 a 40 metros y máximos superiores a los 50 metros; realidad física que desacredita la posibilidad de tipificarla como vereda de veinticinco varas (2089 metros), pese a ser conocida por los lugareños con ese nombre, pues en todo el trazado de la vía pecuaria siempre sobrepasa ampliamente el ancho de aquellas, cuando no la duplica e incluso triplica, lo que nos indica que siempre fue una vía pecuaria de mucho mayor rango, tal y como fue legalmente clasificada, sin oposición alguna por parte de los prácticos del lugar que la transitaron y reconocieron durante la elaboración del expediente clasificatorio.  
2. En relación a la alegación donde manifiesta que según la Orden Ministerial del 20 de octubre de 1971, por la que se aprueba la clasificación de vías pecuarias de Requena, se trataría a la Cañada Real de San Juan como «vía excesiva», reduciendo su ancho a 35 metros. Siendo los alegantes que manifiestan esto dentro del plazo del periodo de exposición pública: M.ª Dolores García Martínez, Francisco Bastidas García, Nicolás Bastidas García, Emilia Rodríguez García, Carmen García Gallega, Cesáreo Cárcel Cárcel Amparo Atienza García, Juan Atienza García, Ismael Domínguez Pérez, Eva Sánchez Sánchez, la Diputación de Valencia, José Montés Platero, Sergio, Daniel y Estiven García Sánchez, Ángel Pérez Pérez, Santiago Gallego Mayordomo, Amparo Ruiz González, Dolores Cárcel Pardo, Águeda Hernández Cano, José Antonio Sáez Díaz, Iranzo Activos, SL, Antonio García Sánchez, Antonio César Domínguez Zanón, Alfredo Salinas Serrano, Manuel Gómez Pérez, y por la COAG-CV; y fuera del plazo del periodo de exposición pública: Pilar Alcocer Monteagudo, José Delfín Alcocer Monteagudo, Amparo Alcocer Monteagudo y Rosa M.ª Alcocer Monteagudo.  
En cuanto a la consideración como excesiva de esta vía pecuaria, decir que la propia clasificación de Requena determinó que todas las cañadas del término municipal tienen una anchura legal de 75,22 metros y la Cañada Real de San Juan una necesaria de 35 metros. Pero, tal y como determinará el artículo 7 de la Ley 3/1995 de vías pecuarias, y el 14 de la Ley 3/2014 de la Generalitat, la clasificación es el acto administrativo, de carácter declarativo, en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria, así como también su denominación. Además, y aún en el caso de admitir la reducción habría que partir del deslinde de la totalidad de su anchura legal para proponer la necesaria.  
Para este caso, recordar también que tanto el artículo 4 de la Ley 3/1995 de vías pecuarias como el 5 de la Ley 3/2014 de la Generalitat, establecen que las cañadas tienen una anchura máxima de 75.00 metros razón por la cual, la Cañada Real de San Juan se deslinda con ese ancho despreciándose su excedente a mayores.  
La anchura de 75,22 metros establecida por la Orden del Ministerio de Agricultura de 1971, al aprobar el acto administrativo clasificatorio, se reduce a 75 metros por imperativo legal; por lo tanto, esa vía pecuaria tiene la anchura legalmente determinada por la O.M. siendo firme y consentida, y no cuestionable en el presente acto.  
  
Tampoco puede ser estimada la alegación sobre una reducción tácita de la vía pecuaria, ya que sobre ella nunca se materializó ni hubo transmisión de la Administración titular, ni fue desafectada, ni se tramitó expediente alguno en virtud los artículos 27 al 30 del Reglamento de Vías Pecuarias de 1944 vigente en aquel momento.  
Y a pesar de que las clasificaciones efectuadas al amparo de reglamentos ya superados por la normativa pecuaria vigente distinguiesen entre vías necesarias, innecesarias y sobrantes, su mención en la clasificación no significa la desafección automática sino una mera declaración que posteriormente (previo deslinde, reducción, declaración del sobrante y/o desafección) podría materializarse, o no, a la voluntad de la administración titular.  
La vigente regulación de las vías pecuarias ha dotado a las mismas, y al margen de su destino prioritario, de nuevos usos, más adecuados a la presente realidad, que permiten su compatibilidad para uso cultural, medio-ambiental y patrimonial al declararlas de dominio público; sin que exista la posibilidad de venta por el Estado (cosa que preveían los reglamentos de 1944 y 1978); de ahí que las consideraciones: necesaria, innecesaria o sobrante, no puedan ser mantenidas en la actualidad, y que resulte improcedente hablar de las partes necesarias o sobrantes de una vía pecuaria en cualquier deslinde posterior a la entrada en vigor de la Lev 3/95 VVPP, en cuanto supone la desaparición de estas categorías, dado que el legislador estableció que eran bienes de dominio público y por tanto inalienables, imprescriptibles e inembargables, permaneciendo en el dominio público tanto la parte necesaria como la sobrante o innecesaria al no haberse materializado ninguna transmisión o traslación del dominio público al privado cuando legalmente era posible, por lo que ahora en este deslinde no es posible.  
Las porciones de vías pecuarias, innecesarias o sobrantes, y no enajenadas legalmente, continúan siendo vía pecuaria, bien de dominio público; por lo tanto, el deslinde de la vía pecuaria siempre comprende la totalidad de su ancho y superficie, es decir, los 75,00 metros son dominio público, anchura que obviamente incluye también a las partes declaradas en su día por su clasificación como innecesarias o como sobrantes, puesto que, nunca se realizó ni materializó esa desafección y translación del dominio público al dominio privado.  
A mayor abundamiento, y según los antecedentes históricos que incorpora este expediente, y en concreto el del informe sobre los documentos relativos a las vías pecuarias del Archivo Municipal de Requena requerido por el Ayuntamiento a petición de algunos alegantes, en su apartado de conclusiones, el archivero concluye que:  
«- en 1744 se señalaron y amojonaron las veredas de San Juan y de Hórtola como veredas de hoja con una amplitud que doblaba al de las cañadas reales ya que el ganado debía transitar por la parte de tierra no cultivada. Este documento ha sido varias veces utilizado y transcrito en el siglo XIX y XX en los conflictos entre el Ayuntamiento de Requena, agricultores y ganaderos...»  
Por tanto, la Cañada Real de San Juan hasta el mismo siglo XVIII tenía una amplitud incluso superior a la clasificada, es decir, originariamente hacia el año 1744 su anchura sería de hasta 150,44 metros en vez de los 75,22 clasificados por la Orden Ministerial de 20 de octubre de 1971.  
En este aspecto, debemos reiterar lo señalado ya por la sala en la sentencia del TS del 8 de junio de 2010 en la cual se indica que a lo dictaminado por parte de la sala sentenciadora respecto de esta cuestión, debemos añadir lo que hemos expresado en nuestra citada Sentencia, de fecha 27 de enero de 2010 (recurso de casación número 6406/2005, y fundamento jurídico segundo) en el sentido de que no cabe declarar «la titularidad sobre un suelo que fue ya clasificado como vía pecuaria en una resolución firme, a la que se ajusta el deslinde impugnado, que se ha atenido a definir los límites de esta vía pecuaria, pues tal declaración solo puede ser efectuada por la jurisdicción del orden civil como consecuencia de una acción de esta índole que, en su caso, puedan ejercitar los que se consideren privados de su derecho de propiedad, conforme a lo establecido en los artículos 8.6 de la Ley de vías pecuarias 3/1995, del 23 de marzo, y apdo. a) del 3 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa 29/1998, de 13 de julio, lo que abunda en la desestimación de este último motivo de casación Esto mismo se reitera en una posterior sentencia del TS del 25 de febrero de 2011 (casación 568/2007).  
Finalmente, y respecto de la puntualización que introduce la Diputación de Valencia en este extremo, y a colación de que el Plan general de Requena determina un ancho de 35 metros para esta vía pecuaria, decir que, el Ayuntamiento carece de competencias para establecer los límites de la vía pecuaria (el propio planeamiento las asimila a los sistemas espacios abiertos dentro del suelo urbano de especial protección 2010.0305 OX/pb)  
La competencia exclusiva en materia de vías pecuarias se atribuye a la Generalitat de acuerdo con el Real decreto 2365/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Valenciana, de conformidad con el artículo núm. 49.1.10º del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Y la aprobación del PGOU es un acto reglado que en ningún caso prevalece ni puede modificar, ni alterar, la Orden Ministerial sino más bien acatar su contenido.  
3. También se pone de manifiesto que es imposible, a día de hoy, y aún contando con todos los medios técnicos disponibles, conocer con total exactitud y saber cuál era el trazado real de la «vereda» por lo que el actual proceso de deslinde resultaría, con toda seguridad, inexacto, y se están deslindando parcelas que no eran atravesadas por la mencionada vereda. Siendo los alegantes que así lo manifiestan dentro del plazo y periodo de la exposición pública: Emilia Rodríguez García, Carmen Serrano Gallega, Cesáreo Cárcel Cárcel, Amparo Atienza García, Juan Atienza García, Ismael Domínguez Pérez, Eva Sánchez Sánchez, Amparo Ruiz González, Dolores Cárcel Pardo, Águeda Hernández Cano, José Antonio Sáez Díaz, Antonio César Domínguez Zanón, Alfredo Salinas Serrano, Manuel Gómez Pérez, Rafael Navarro Hernández y por la COAG-CV; y los que lo hacen pero fuera del plazo del periodo de exposición pública: Pilar Alcocer Monteagudo, José Delfín, Amparo y Rosa M.ª Alcocer Monteagudo, y Antonio Giménez García. Con especial mención a la alegación planteada por Rafael Navarro Hernández quien manifiesta que, en su caso, el linde de la vereda coincide con el de su propiedad, siendo el colindante por al sur el que ha invadido la vereda, (cosa que, según él, se puede apreciar en la fotografía de satélite que aporta del SIGPAC de 2006, en la que se ve la línea de demarcación de la vereda).  
Procede desestimar estas manifestaciones porque para realizar los trabajos del deslinde se han llevado a cabo una ardua investigación de numerosos antecedentes, por parte del equipo redactor de la propuesta técnica, recabando y estudiando numerosos documentos, tanto de tipo histórico como administrativos, a través del Fondo Histórico y Documental de las Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana (FDHVP.CV // FDVP.CV); todo lo cual, la documentación histórica y cartográfica, así como también la fotográfica, aparece recopilada en el Informe de Viabilidad de fecha 3 de septiembre de 2015, al objeto de valorar así todos los antecedentes que sirvieron para su clasificación y proponer su deslinde administrativo.  
Además se ha seguido una precisa metodología de trabajo, consistente en analizar todos los documentos que avalaron su clasificación (archivos municipales, Mesta, Asociación General de Ganaderos del Reino, etc.); la superposición de diferentes cartografías e imágenes fotográficas aéreas como las del «vuelo americano», IRYDA, IGN, MAPA, etcétera, etc. para obtener las necesarias conclusiones. Asimismo, también se realizó un preciso levantamiento topográfico previo de aquellos elementos que resultaban característicos o relevantes, a lo largo de todo el recorrido e, in situ, acompañados por los agentes medioambientales, y con posterioridad también durante la fase de apeo, se reconoció el terreno al objeto de validar y/o corregir las conclusiones del estudio.  
En cuanto al apeo, su finalidad es la de recabar todas las manifestaciones de los allí presentes, y así, en algún caso hubo interesados y asistentes al acto que sobre el terreno señalaron elementos relevantes que, una vez analizados y estudiados en el gabinete, y algunos fueron admitidos porque se ajustaban a la clasificación, aunque en ningún caso supuso modificación relevante. Así, y de todo ello se puede concluir que, con los criterios descritos y el análisis de la documentación, se ha podido concretar el trazado definitivo de esta vía pecuaria, tal y como refleja en la proposición de deslinde.  
En el caso concreto del alegante Antonio Giménez García cabe decir:  
Tras el análisis de los antecedentes, entre ellos los fotogramas históricos de los años 1946 (A) al 1956 (B) conocidos como del «vuelo americano» e incluso los del año 1977 realizados por el IRYDA, se constata que el trazado original de esta vía pecuaria, que se encontraba sin laborizar y manteniendo un ancho promedio de 35 a 40 metros en esta zona, existiendo evidencias en el terreno tanto en el margen izquierdo como en el derecho de esta franja de terreno del intrusismo agrario contemporáneo.  
De igual modo, y en pro de esta constatación tan palmaria, la propia Clasificación de Requena determinó que todas las cañadas del término municipal tienen una anchura legal de 75,22 metros y la Cañada Real de San Juan una necesaria de 35 metros. La anchura de 75,22 metros establecida por la Orden Ministerial del año 1971 a través del acto administrativo clasificatorio, se reduce a los 75 metros por imperativo legal, Por lo tanto, esa vía pecuaria tiene la anchura legalmente determinada por esa O.M. siendo firme y consentida, y no cuestionable en el presente procedimiento de deslinde.  
Tal y como se ha puesto de manifiesto en el punto anterior, respecto del informe del archivero municipal de Requena, la «Cañada Real de San Juan» hasta el mismo siglo XVIII tenía una amplitud incluso superior a la clasificada por la Orden Ministerial de 20 de octubre de 1971.  
«- en 1744 se señalaron y amojonaron las veredas de San Juan y de Hórtola como veredas de hoja con una amplitud que doblaba al de las cañadas reales ya que el ganado debía transitar por la parte de tierra no cultivada. Este documento ha sido varias veces utilizado y transcrito en el siglo XIX y XX en los conflictos entre el Ayuntamiento de Requena, agricultores y ganaderos...»  
Finalmente cabe recordar que en este expediente, al cual se alega, tal y como establecen los artículos 82 y 83 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPACAP de ahora en adelante) y el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, se ha procedido a la realización de un periodo de exposición pública, el cual se describe a continuación:  
En fecha 5 de abril de 2018, se procede con la información pública de la proposición de deslinde, cuya exposición al público se anuncia en el DOGV número 13.704, de 5 de abril de 2018, estableciendo el plazo de un mes, desde la publicación, para que los interesados puedan interponer alegaciones a la propuesta del deslinde. Además, esta nueva exposición pública fue también objeto de la pertinente publicación edictal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Requena durante un plazo de 15 días.  
Asimismo, también se dio cumplimiento al trámite de audiencia establecido en el artículo 82 de LPACAP, informando a todos aquellos colindantes, ocupantes e intrusos de la vía pecuaria de la exposición pública del referido expediente, y otorgándoles un plazo de quince días para alegar y presentar todos aquellos documentos y justificantes que estimaran pertinentes. Recibiendo el alegante la notificación de dicho trámite el 18 de abril de 2018. De igual manera, también se expuso mediante edictos, en los respectivos ayuntamientos, aquellas notificaciones que resultaron infructuosas, publicándolas también en el BOE núm. 117 de fecha 14.05.2018.  
Además, la LPACAP en su artículo 29 establece que «los términos y plazos establecidos en esta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos». Precepto que es de aplicación generalizada a todos los procedimientos administrativos y, por ende, nos indica que han de cumplirse los plazos establecidos en la LPACAP y en aquellas otras leyes sectoriales que regulen otros procedimientos administrativos especiales.  
4. Respecto a la alegación donde se manifiesta que no existe trazado claro de la «vereda» y que se ha ido reajustando en varias zonas ante las alegaciones de los afectados durante el apeo. Siendo los alegantes que manifiestan eso en plazo de periodo de exposición pública: M.ª Dolores García Martínez, Francisco Bastidas García, Nicolás Bastidas García, José Montés Platero, Sergio, Daniel y Estiven García Sánchez, Ángel Pérez Pérez, Santiago Gallego Mayordomo, Antonio García Sánchez e Iranzo Activos, SL.  
Reiteramos lo contestado en el punto anterior y añadimos que respecto del apeo, su finalidad es recabar las manifestaciones de los allí presentes; y en algunos casos hubo interesados que señalaron elementos relevantes sobre el terreno, que después se estudiaron en el gabinete, y algunos fueron admitidos, porque se ajustaban al acto de clasificación, aunque en ningún caso eso supuso una modificación relevante. De todo ello se concluye que con la documentación analizada, antecedentes y criterios para su evaluación e incidencias del apeo, nos permite concretar que el trazado definitivo de la vía pecuaria es el que refleja la proposición de deslinde, y que se ajusta al que ha tenido siempre desde sus orígenes, documentados en la carta puebla fundacional de la villa de Requena.  
5. Respecto a la alegación en la se manifiesta que: «poseer escrituras de propiedad de los terrenos, además de tenerlos inscritos en el Registro de la Propiedad, y aparecer catastrados a su nombre, son suficientes pruebas de legitimidad, además de la buena fe, y que en algún caso los están cultivando durante más de 30 años como propietarios». Siendo los alegantes que lo manifiestan dentro del plazo del periodo de exposición pública: M.ª Dolores García Martínez, Francisco Bastidas García, Nicolás Bastidas García, Julián Palomares García, Emilia Rodríguez García, Carmen Serrano Gallega, Cesáreo Cárcel Cárcel, Amparo Atienza García, Juan Atienza García, Ismael Domínguez Pérez, Eva Sánchez Sánchez, Josefa Cárcel Montés, la Diputación de Valencia, José Montés Platero, Sergio, Daniel y Estiven García Sánchez, Ángel Pérez Pérez, Santiago Gallego Mayordomo, Amparo Ruiz González, Dolores Cárcel Pardo, Águeda Hernández Cano, José Antonio Sáez Díaz, Antonio García Sánchez, Antonio César Domínguez Zanón, Alfredo Salinas Serrano, Manuel Gómez Pérez, Rafael Navarro Hernández, Iranzo Activos, SL y por la COAG-CV; y los alegantes que también lo manifiestan pero fuera de plazo del periodo de la exposición pública: Amparo, Pilar y Rosa M.ª Alcocer Monteagudo, y José Delfín Alcocer Monteagudo.  
Procede también su desestimación porque el deslinde de una vía pecuaria no es, en sí mismo, un acto de adquisición del dominio, sino de la determinación de los límites del mismo; y su fundamento se encuentra en un derecho de la propiedad preexistente, al que lo dota de virtualidad práctica, pero que en ningún caso lo crea ex novo, ni tampoco puede considerarse como una potestad de la Administración para la adquisición gratuita de los bienes dado que se trata de bienes de dominio público desde tiempos inmemoriales y ahora se deslindan conforme a su clasificación.  
Por lo tanto, el principio de legitimación por el que presume la existencia de aquellos derechos inscritos, tal y como constan en los asientos, no puede ser aplicable cuando intenta oponerse a la titularidad del dominio público pues esta resulta inatacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad dado que no nace del tráfico jurídico contractual ni registral, sino de la propia Ley que le protege frente al asiento registral e incluso frente a la posesión; en este sentido, y de conformidad con los artículos 2 de la Ley 3/1995, y 3 de la Ley 3/2014 de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, la «cañada» clasificada ostenta la naturaleza de un bien de dominio público de la Comunidad Autónoma (de la Generalitat, en nuestro caso) y en su consecuencia, inalienable, imprescriptible e inembargable.  
Además, los artículos 8.3 de la citada Ley 3/1995, y 14.5 de la Ley 3/2014 de la Generalitat, establecen que el deslinde aprobado declara la posesión y titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento, y sin que las inscripciones en el Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. De este precepto se desprende pues que el Registro no opera frente al deslinde, y por tanto, tampoco lo hacen los principios de legitimación y de fe pública registral. Y por ello, el que la usucapión haya tenido acceso al Registro como parte de una finca registral, no puede constituir en modo alguno un título para la prescripción adquisitiva respecto de esa porción de terreno.  
También se debe tener en consideración que el Derecho Hipotecario asume la existencia de discordancias entre la realidad registral y la extra-registral, centrando sus esfuerzos en proteger esa titularidad en un sentido más global; y la legitimación registral que el artículo 38 de la Ley Hipotecaria otorga a favor del titular inscrito, por si sola, nada significa al ser una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario, ya que el Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, al basarse en simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los datos sobre la existencia, titularidad, extensión, linderos, etcétera, etc., relativos a la finca, que consecuentemente recaen fuera de la garantía de la fe pública; y en relación con la fe pública registral, manifestar que no alcanza a las cualidades físicas de la finca que conste inscrita, pues la ficción jurídica del artículo 34 de la Ley hipotecaria solo cabe en cuanto a aquellos aspectos jurídicos del derecho, y de la titularidad, y no sobre datos descriptivos.  
Por otra parte mantener que los deslindes, obviamente no pueden realizarse teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral, dado que las vías pecuarias, como bienes de dominio público, gozan de las características definidoras del artículo 132 de la Constitución Española, y dada su adscripción a los fines de carácter público, se sitúan fuera del comercio de los hombres; siendo, como se ha citado repetidamente, inalienables, imprescriptibles e inembargables, y llevando en su destino la propia garantía de intocabilidad e inmunidad, de tal forma que, ante ellas, cualquier inscripción del Registro resultaría superflua.  
En este mismo sentido, y de conformidad con la jurisprudencia interpretativa del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, la fe pública registral no garantiza la exactitud de los datos del nuevo hecho relativos a la descripción de una finca, tales como la naturaleza, situación, linderos y superficie (sentencias del TS de 28 de marzo de 1979 y 24.07.1983); lo que ha de complementarse con lo que también es doctrina del Tribunal Supremo, por ejemplo, en la sentencia del 5 de febrero de 1999 €«el principio de legitimación que presume la existencia de los derechos inscritos, tal y como constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando se intenta oponer a una titularidad de dominio público, pues esta es inatacable, aunque no figure en el Registro de la Propiedad, ya que no nace del tráfico jurídico, base del Registro actual, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada»?.  
6. Con respecto a la solicitud de la paralización del expediente. Siendo los alegantes que manifiestan esto dentro del plazo del periodo de exposición pública: M.ª Dolores García Martínez, Francisco Bastidas García, Nicolás Bastidas García, Emilia Rodríguez García, Carmen Serrano Gallega, Cesáreo Cárcel Cárcel, Amparo Atienza García, Juan Atienza García, Ismael Domínguez Pérez, Eva Sánchez Sánchez, José Montés Platero, Sergio, Daniel y Estiven García Sánchez, Ángel Pérez Pérez, Santiago Gallego Mayordomo, Amparo Ruiz González, Dolores Cárcel Pardo, Águeda Hernández Cano, José Antonio Sáez Díaz, José Antonio Sáez Díaz, Iranzo Activos, SL, Antonio García Sánchez, Antonio César Domínguez Zanón, Alfredo Salinas Serrano, Manuel Gómez Pérez; y los alegantes que manifiestan esto fuera del plazo del periodo de exposición pública: José Delfín Alcocer Monteagudo, Amparo, Pilar y Rosa M.ª Alcocer Monteagudo.  
No puede atenderse esta petición debido a que, por imperativo legal, la Administración está obligada a impulsar el expediente administrativo, en aras a la defensa de lo público, y porque el procedimiento está sometido al principio de celeridad, debiéndose cumplir los plazos establecidos que obligan a las autoridades y al personal al servicio de la Administración (art. 29 y 71 Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC); de igual forma, al tiempo que ni se alega ni existe causa legal para proceder a la paralización del expediente administrativo del deslinde, debe ser desestimada esta pretensión tan extemporánea.  
7. Respecto a la alegación en donde se manifiesta que por parte de lo Administración se pretende realizar un proyecto que consistiría en la construcción de un carril ciclo-peatonal que consideran que no corresponde en absoluto al uso prioritario de la vía; y que además este carril ciclopeatonal debe tener una anchura de 4 metros, de modo que para la construcción del mismo en ningún caso sería necesaria la anchura de 75, ni de 20 metros. Y en la que también se manifiesta que la justificación del deslinde para el uso de esta vereda por ganados, no es actual ni está justificada puesto que los ganados están prácticamente desaparecidos. Siendo los alegantes que manifiestan esto dentro del plazo del periodo de la exposición pública: M.ª Dolores García Martínez, Francisco Bastidas García, Nicolás Bastidas García, Emilia Rodríguez García, Carmen Serrano Gallega, Cesáreo Cárcel Cárcel Amparo Atienza García, Juan Atienza García, Ismael Domínguez Pérez, Eva Sánchez Sánchez, José Montés Platero, Sergio, Daniel y Estiven García Sánchez, Ángel Pérez Pérez, Santiago Gallego Mayordomo, Amparo Ruiz González, Dolores Cárcel Pardo, Águeda Hernández Cano, José Antonio Sáez Díaz, Iranzo Activos, SL, Antonio García Sánchez, Antonio César Domínguez Zanón, Alfredo Salinas Serrano, Manuel Gómez Pérez y por la COAG-CV; y los que manifiestan esto fuera del plazo del periodo de la exposición pública: Amparo, Pilar y Rosa M.ª Alcocer Monteagudo, y José Delfín Alcocer Monteagudo.  
Esta alegación no puede estimarse puesto que, una vez aprobado este deslinde, la Administración actuará con total respeto a la legalidad de los usos compatibles y complementario establecidos en los artículos 16 y 17 de la Ley 3/1995 de vías pecuarias, y del 26 al 28 de la Ley 3/2014 de la Generalitat, de VV.PP, de la Comunitat Valenciana; así como lo dispuesto al respecto en la Ley 14/2003 del patrimonio de la Generalitat, modificada por la Ley 10/2015 respecto a la necesidad de concretar el espacio público para su inclusión en el inventario de los bienes de la Generalitat, y su disponibilidad para la ejecución de cualquier obra pública, mediante su conversión en bienes patrimoniales llegado el caso.  
De igual modo, en relación a la manifestación vertida sobre la inexistencia del tránsito ganadero, decir que no es requisito indispensable, ni tan siquiera necesario, para la recuperación de oficio del patrimonio público de la Generalitat, siendo necesario deslindar para definir sus límites, con independencia del uso actual o futuro y así poder registrar e invetariar el bien deslindado.  
Se trata de interferir en el catastro público para inscribir en el Registro de la Propiedad, a lo que obliga la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas en los artículos 28, 36.1, 41.1.c) y concordantes respecto del inventario. Además, la existencia de movimientos ganaderos trashumante-trasterminantes no deben dificultar la delimitación del dominio público, ni los posibles usos y aprovechamientos actuales o futuros, por no guardar relación directa con el acto administrativo del deslinde, desestimando toda argumentación tendente a demostrar la inexistente funcionalidad pecuaria, al encontrarnos ante un procedimiento administrativo para la recuperación de oficio del dominio público pecuario, de titularidad pública.  
8. Respecto a la alegación en donde se pone de manifiesto que la Administración incumple la «doctrina de los actos propios» con el presente expediente de deslinde, dado que previamente se han concedido ayudas públicas, reconociéndose la propiedad privada de lo que ahora se pretende apropiar. Siendo los alegantes que manifiestan esto durante el periodo de exposición pública: M.ª Dolores García Martínez, Francisco Bastidas García, Nicolás Bastidas García, Emilia Rodríguez García, Carmen Serrano Gallega, Cesareo Cárcel Cárcel Amparo Atienza García, Juan Atienza García, Ismael Domínguez Pérez, Eva Sánchez Sánchez, José Montés Platero, Sergio, Daniel y Estiven García Sánchez, Ángel Pérez Pérez, Santiaga Gallego Mayordomo, Amparo Ruiz González, Dolores Cárcel Pardo, Águeda Hernández Cano, José Antonio Sáez, Iranzo Activos, SL, Antonio García Sánchez, Antonio César Domínguez Zanón, Alfredo Salinas Serrano, Manuel Gómez Pérez y por la COAG-CV; y los alegantes que lo manifiestan fuera del periodo y del plazo de la exposición pública: Amparo, Pilar y Rosa M.ª Alcocer Monteagudo, y José Delfín Alcocer Monteagudo.  
Señalar que la base catastral, registral y de cualquier otra índole que haya podido servir para promover ayudas, y/o subvenciones, al sector agrario requiere del deslinde previo de aquella vía pecuaria que pudiera verse afectada en esas concesiones, como así se recoge en los informes evacuados por la Abogacía de Generalitat al respecto; porque la titularidad dominical de la Generalitat resulta irrenunciable. Y además, tanto las normativas pecuarias, estatal y autonómica, la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, la del patrimonio de las administraciones públicas, y la Ley 14/2003 del 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat, comprometen y le obligan a ello.  
Para mayor abundamiento, decir que el artículo 16.1 de la Ley 3/1995 de VV.PP. no considera compatible con la actividad pecuaria los usos agrícolas que puedan tener naturaleza jurídica de ocupación, por lo que esta formula queda totalmente descartada para la compatibilización de las ayudas y/o subvenciones al sector agrario.  
Además, el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC, Reglamento CE núm. 1.593 del Consejo, de 17.07.2000) del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como los organismos autonómicos homólogos, identifica geográficamente las parcelas declaradas por los agricultores y los ganaderos, relacionándolas con la superficie cultivada para gestionar las ayudas y/o subvenciones: la cartografía base del sistema de información geográfico es la del catastro de rústica, concebido con fines fiscales, y no siendo su función reflejar el dominio público en general, ni en particular el pecuario.  
Asimismo y de manera reiterada, de conformidad con los artículos 2 de la Ley 3/1995 de vías pecuarias y 3 de la Ley 3/2014 de la Generalitat de VVPP de la Comunitat Valenciana, tienen la naturaleza de bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas (en nuestro caso, la Generalitat Valenciana) y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, por tanto, la concesión de las ayudas y/o subvenciones no es en modo alguno una adquisición de la propiedad, ni puede en modo alguno legitimar una ocupación del dominio público. Aunque por la Generalitat se hayan concedido ayudas y subvenciones a agricultores, estos no han tenido que acreditar titularidad y/o propiedad de los terrenos para percibir esas ayudas, por lo tanto no existe un acto propio de la Administración en relación a la renuncia de sus derechos de propiedad o titularidad de la vía pecuaria, y en ningún momento por la Generalitat se les ha declarado como propietarios, sino como beneficiarios de una subvención, sin que ello conlleve la transmisión de derechos de propiedad, pues resultaría a todas luces una ilegalidad fragante que podría socavar el principio de inalienabilidad que ostenta este dominio público.  
A colación conviene traer la sentencia del TS de 30.03.1999 «no es lícito accionar contra los actos propios, cuando se llevan a cabo actuaciones que por su trascendencia integran convención y causan estado, o cuando son encaminadas a modificar o extinguir algún derecho»  
El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solamente tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieran creado una situación o relación de derecho que no puede alterarse unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla; y en ningún caso ha existido relación de derecho entre el intruso del dominio y el titular del bien deslindado a través de una ocupación reglada.  
9. Respecto de la alegación que manifiesta que la Administración, sobre la base de la "imprescriptibilidad" pretende adueñarse sin título alguno desplazando la carga de la prueba a los afectados, a los cuales sé pretende expoliar. Siendo los alegantes que lo manifiestan dentro del plazo del periodo de exposición pública: M.ª Dolores García Martínez, Francisco Bastidas García, Nicolás Bastidas García, José Montés Platero, Sergio, Daniel y Estiven García Sánchez, Ángel Pérez Pérez, Santiago Gallego Mayordomo, Antonio García Sánchez e Iranzo Activos, SL.  
Decir que nos remitimos a lo ya contestado en el punto 5.  
10. Respecto de la alegación donde se manifiesta que el deslinde se realiza tomando las distancias respecto de un eje teórico que puede diferir del camino actual. A este respecto se opone a dicha mecánica porque no tiene fundamento histórico, siendo una delimitación arbitraria. Siendo los alegantes Ernesto y Carlos Pérez Pérez y Julio Domínguez Hernández.  
Decir que nos remitimos a lo ya contestado en el punto 3  
11. Respecto a la alegación que presenta Julio Domínguez Hernández donde manifiesta que la finca con la referencia catastral núm. 13799A7251269562231TN es propiedad del alegante porque así consta en el Registro de la Propiedad de Requena, registrada unos 20 años antes del acto de clasificación.  
Decir que nos remitimos a lo contestado en el punto 5.  
12. Respecto de la alegación presentada por Julio Domínguez Hernández donde manifiesta que el deslinde propuesto no se acomoda al acto previo de clasificación, dado que la vía pecuaria, significativamente reducida la anchura a 35 metros, conforme a la Orden Ministerial del 20 de octubre de 1971, que aprobó la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Requena, en concordancia con la normativa aplicable en aquella época: Reglamento de vías pecuarias de 1944. Y que en dicha orden de clasificación se determinó un «sobrante enajenable» de 40,22 metros, por lo que el deslinde debe ajustarse a la clasificación de la vía pecuaria, con una anchura de 35 metros, de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 35 de marzo de 2011 (recurso de casación núm. 6039/06) respecto a la vigencia del ancho necesario.  
Conviene clarificar que el término «anchura» de una vía pecuaria es la determinada por el propio acto de clasificación, y es por regla general la anchura legal. La anchura necesaria, coincidente en ocasiones con la legal, es la anchura que se estimaba como la que realmente era utilizable por el tránsito ganadero en aquella época en el municipio donde se la clasificaba. A la diferencia entre el ancho legal y el necesario se la denominaba sobrante, excesiva o innecesaria. Esta anchura era considerada enajenable conforme a la normativa anterior a la vigente en la actualidad, sin embargo, sobre la Cañada Real de San Juan nunca se materializó ni hubo transmisión de la administración titular ni fue desafectada, ni se tramitó expediente alguno en virtud los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento de Vías Pecuarias de 1944 vigente en aquel momento.  
En la actualidad, y de conformidad con la normativa sectorial vigente, Ley 3/1995, del 23 de marzo, de vías pecuarias, ya no se distingue entre anchura legal y necesaria. Por lo tanto, la anchura legal es la defendible por la administración titular de las vías pecuarias (la Generalitat), y no pueden reducirse automáticamente por el paso del tiempo, como así equívocamente algunos deducen al leer ciertas ordenes clasificatorias poco explícitas. Por consiguiente, cualquier anchura,excesiva, innecesaria o sobrante es un bien de dominio público, mientras no se proceda a su desafectación (art. 22 de la Ley 14/2003 del patrimonio de la Generalitat Valenciana y la disposición transitoria 3.ª de la Ley 3/2014, de vías pecuarias, de la Comunitat Valenciana)  
Por todo ello, el actual deslinde se realiza de conformidad con lo establecido en el acto clasificatorio, y para el caso que nos ocupa, la Orden del Ministerio de Agricultura que lo aprobó, el 20 de octubre de 1971, es la que estableció para la vía pecuaria número 2 Cañada Real de San Juan la anchura legal de 75,22 metros. O.M. firme y consentida, y no cuestionable en el presente procedimiento de deslinde, ni recurrida en tiempo y forma.  
En este caso, recordar también que tanto el artículo 4 de la Ley 3/1995 de vías pecuarias como el 5 de la Ley 3/2014 de la Generalitat, establecen que las cañadas tienen una anchura máxima de 75,00 metros razón por la cual, la Cañada Real de San Juan se deslinda con ese ancho, despreciándose el excedente clasificado a mayores. Y reiterar que las porciones de las vías pecuarias, innecesarias o sobrantes, no enajenadas legalmente, continúan siendo vía pecuaria, un bien de dominio público; por lo tanto el deslinde de la vía pecuaria siempre comprende la totalidad de la anchura legal y superficie, es decir, sus 75,00 metros son dominio público, anchura que obviamente incluye también a las partes declaradas en su día como innecesarias o como sobrantes, puesto que, nunca se realizó ni materializó esa desafección y translación del dominio público al dominio privado.  
A mayor abundamiento, volvemos a traer a colación el informe sobre los documentos relativos a las vías pecuarias del Archivo Municipal de Requena que, tras indagar en los antecedentes históricos concluye que la Cañada Real de San Juan hasta el mismo siglo XVIII tenía una amplitud incluso superior a la clasificada, es decir, originariamente hacia el año 1744 su anchura era de hasta 150,44 metros en vez de los 75,22 clasificados.  
En este aspecto, la Generalitat sigue la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo del 8 de junio de 2010 y en la cual se indica que a lo dictaminado por parte de la sala sentenciadora respecto de esta cuestión, debemos añadir lo que hemos expresado en nuestra citada sentencia, de fecha 27 de enero de 2.010 (recurso de casación número 6406/2005, y fundamento jurídico segundo) en el sentido de que no cabe declarar «la titularidad dominical sobre un suelo que fue clasificado como vía pecuaria en una resolución firme, a la que se ajusta el deslinde impugnado, que se ha atenido a definir los límites de esta vía pecuaria pues tal declaración solo puede ser efectuada por la jurisdicción del orden civil como consecuencia de la acción civil que, en su caso, puedan ejercitar los que se consideren privados de su derecho de propiedad», lo que abunda en la desestimación de este último motivo de casación Esto mismo se reitera en una posterior sentencia del TS del 25 de febrero de 2.011 (casación 568/2007).  
13. Respecto a la alegación que presenta la Diputación de Valencia en la que manifiesta que la finca registral núm. 26.490 del Registro de la Propiedad de Requena consta en alta del Inventario de Bienes de la Diputación de Valencia desde 1966 con la naturaleza de bien de dominio público ?adscrita al servicio publico- y por lo tanto también inembargable, inalienable e imprescriptible.  
De la inscripción en el Registro de la Propiedad, cabe decir que la inscripción registral de una finca en el Registro de la Propiedad da fe de la titularidad jurídico real sobre la misma y su función no es otra que la de dar seguridad al tráfico jurídico inmobiliario, no pudiendo existir una representación gráfica del dominio diferente al del objeto de dominio en sí. Es decir, el objeto del registro de la propiedad no es otro que el de los derechos reales constituidos sobre ella, teniendo por objeto la inscripción o anotación de actas y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles (v.g. art. 1 Ley hipotecaria).  
Respecto a esto último, la descripción que de las fincas registrales se hace en el folio registral procede de la declaración del titular registral, en consecuencia, la determinación gráfica del dominio depende, y en última instancia, de la voluntad del dueño de la finca. De hecho, esta grafía es una operación jurídica de calificación por parte del registrador y no una operación técnico-topográfica.  
La determinación gráfica del dominio registral no ofrece, en ningún caso, el detalle sobre la localización geográfica exacta en la que se encuentra la finca en cuestión, sino que pretende identificar la finca registral sobre la porción del terreno delimitada por un dominio; y tampoco se plantea una descripción exhaustiva de la misma. No obstante, los registradores de la propiedad, en cuyo término municipal haya terrenos de propiedad pública, están obligados a notificar directamente a la administración todas las inmatriculaciones que se soliciten de fincas que estén inscritas a favor de cualquier persona, y que previsiblemente afecten a terrenos rústicos, al amparo del artículo 205 y concordantes de la Ley hipotecaria.  
Conforme a la jurisprudencia interpretativa del artículo 34 de la Ley hipotecaria, la fe pública registral nunca garantizará la exactitud de los datos del nuevo hecho, relativos a la descripción de la finca, tales como la naturaleza, situación, linderos y superficie (sentencias del TS de 28 de marzo de 1979 y de 24.07.1983). La ley contempla el principio de legitimación registral y de fe pública registral, ambas dentro del amplio concepto de presunción de exactitud.  
Todo esto también debería complementarse con lo que igualmente es doctrina del Tribunal Supremo; por ejemplo, en la sentencia del 5 de febrero de 1999 «el principio de legitimación que presume la existencia de los derechos inscritos, tal y como constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando intenta oponerse a uno titularidad de dominio público, pues esto es inatacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad, dado que no nace del tráfico jurídico base del Registro, sino de la ley y es protegible frente o los asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada». Invoca el artículo 3.1 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Castilla-La Mancha, sobre naturaleza demanial de las vías pecuarias que discurren por el territorio de la Comunidad en relación con el art. 132.1 de la Constitución Española.  
14. En relación a la alegación en la que la Fundación Hospital de Pobres de Requena solicita verificar la documentación que la administración ha empleado para demostrar la autenticidad del mojón, así como la documentación en la que basa la georreferenciación con fotogramas de la caseta para demostrar con los fotogramas que dicha caseta estaba a la distancia de la vereda o, como indica el alegante, se encontraba junto a la misma. Dicha alegación se fundamenta en la propia exposición de hechos del escrito de la entidad y anexo al informe técnico que acompaña, en el que se concluye que el trazado de la «Cañada Real» en ningún caso puede afectar a los lindes de la parcela 275, de titularidad del alegante,que ha respetado la distancia al eje de la «cañada» de 35 metros, siendo los propietarios de las parcelas 234, 233, 238, 277, 239, 20,232, 231, 230, 228, 246, 226, 224, 223 y 220 del polígono 33, tal y como especifica en el punto 3.2 del informe técnico de fecha septiembre de 2016.  
Verificada la documentación escrita y gráfica del trazado de la Cañada Real, reiterar la conclusión a la que se llegó en el expediente DES/01/2016:  
- En primer lugar, el hito o mojón al que se hace referencia y que delimitaría el linde con la Cañada Real por su parte norte, según manifiesta la entidad, decir que, ese hito tal y como se recoge en su escrito delimita propiedades y lindes no considerando esta Administración, según los antecedentes históricos, que sea un auténtico mojón de la vía pecuaria proveniente de anteriores deslindes y/o delimitaciones documentadas.  
- En segundo lugar, y respecto de la existencia de una antigua caseta, de más de 80 años, que consideran como límite de la vía pecuaria y por tanto el trazado no debería afectar a su parcela, no siendo el mismo que tenía la vía pecuaria de acuerdo con el fotograma del año 1956; decir que, se ha realizado un exhaustivo estudio de la documentación histórica, se han georreferenciado los fotogramas de la serie histórica (1956 y 1977), sobre la cartografía catastral actual y el trazado propuesto en el presente expediente de deslinde por la Administración. Trabajos que han permitido por concluir que el ancho de la vía pecuaria sin roturar en la vía pecuaria en 1956 se encuentra dentro del dominio público propuesto por la Administración, quedando la caseta alejada de la vía pecuaria; además, en ningún momento el perito-clasificador del estado, durante la instrucción del Proyecto de clasificación de las vías pecuarias de Requena, hizo mención alguna a la existencia de esa caseta como límite de la vía pecuaria.  
Por las razones expuestas, se considera que la nueva documentación aportada por parte del alegante no acredita que la caseta y el mojón sean puntos de referencia que definan el trazado de la vía pecuaria, y por ello no se desvirtúa el trabajo de investigación realizado por los técnicos encargados de realizar el deslinde, por lo que no cabe replantear nuevamente el trazado de la Cañada Real, tal y como se observa en la imagen que acompaña.  
La documentación analizada se encuentra disponible en el Fondo Documental Histórico y Administrativo de la Comunitat Valenciana, así como en el informe de viabilidad del presente expediente de deslinde, pudiendo consultarse el mismo en la Dirección Territorial de Valencia, previa cita con el instructor del expediente.  
Y en relación a los fotogramas geo-referenciados del vuelo americano del año 1956, estos se encuentran disponibles en el visor cartográfico de la Generalitat (http://visor.gva.es/visor/).  
  
  
Fotograma perteneciente al vuelo realizado en el año 1956  
  
  
15. Respecto a la manifestación donde se indica que hay zonas donde la anchura de la Cañada estaría entre los 30-40 metros que se corresponderían con los 35 metros propuestos como «necesarios» en la clasificación. Siendo el alegante, Rogelio Navarro Carrasco.  
Decir que nos remitimos a lo contestado en el punto 2.  
16. Respecto a la manifestación donde se indica que el eje de la vía pecuaria esta desplazado y que no se desconoce documentación que acredite fehacientemente el recorrido conforme a la anchura legal. Siendo el alegante, Rogelio Navarro Carrasco.  
Decir que nos remitimos a lo contestado en el punto 3.  
17. Respecto de la manifestación en la que se afirma que el trazado de la Cañada Real de San Juan a la altura de las parcelas de su propiedad, es un trazado arbitrario. Siendo quien la realiza, Alfredo Hernández García.  
Decir que nos remitimos a lo contestado en el punto 3.   
18. En relación a la manifestación en la que se dice que algunas vides llevan más de 40 años y algunas más de 100. ¿Por qué no se tomó como referencia hormas, montículos, etcétera, etc.- Siendo el alegante, Alfredo Hernández García.  
En cuanto a la existencia de vides de más de 40 años, e incluso algunas de hasta 100 años, reseñar que el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable, con la legislación vigente dota del dominio público de las vías pecuarias supone que la existencia de elementos de gran antigüedad en el interior de la vía pecuaria no reduce su entidad, características ni anchura ni tampoco presupone su titularidad privada, sino que supone la existencia del cultivo intruso dentro de los límites de la vía pecuaria. Intrusión perdurable a lo largo de estos años en los que el agricultor ha aprovechado privativamente los terrenos del dominio público.  
19. Con respecto a la alegación realizada por Ernesto y Carlos Cárcel Pérez, donde plantean el porqué de un deslinde parcial y hasta la estación de servicio ubicada en Rebollar.  
Comentar que la respuesta a la alegación viene dada en el informe de viabilidad de fecha 3 de septiembre de 2015, recaído en el expediente de deslinde de la Cañada Real de San Juan en el término municipal de Requena caducado, pero vigente y, por tanto, de aplicación en el presente expediente 01.2018 de deslinde de la citada vía pecuaria de Requena, de conformidad con lo establecido por el artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
Dicho informe determina, en su punto 1.1., lo siguiente «en el tramo de la Cañada Real núm. 9 de la Mesta, Vereda al Reino de Valencia que se pretende deslindar, discurre por tres municipios, en la que se clasifica de la siguiente manera:  
- Cañada Real de la Mancha o de San Juan, en término municipal de Venta del Moro, cuya clasificación fue aprobada según la Orden Ministerial de 05.12.1956 y publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 11 del 11.01.1957.  
- Cañada Real Manchega, o de Cuenca, en el término municipal de Caudete de Las Fuentes, cuya clasificación fue aprobada por la Orden Ministerial de 20.10.1976 y publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 276 del 17.11.1976.  
- Cañada Real de San Juan, en término municipal de Requena, cuya clasificación fue aprobada según la Orden Ministerial 20.10.1971 y publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 275 del 17.11.1971»  
En el punto 1.3. del citado informe de viabilidad se señala, y muy oportunamente, que «si bien a primera vista parece que se están analizando diferentes vías pecuarias, las tres vías pecuarias corresponden a una misma Cañada Real; la cual presenta un nombre diferente según el municipio que atraviesa (Cañada Real de la Mancha o de San Juan, Manchega o de Cuenca, o de San Juan) y corresponde a la Cañada Real que proviene de Castilla la Mancha, entra a la Comunitat Valenciana por Venta del Moro, y cruza la Comunitat dirección Este hacia la llanura central valenciana. Así el presente informe se centra en la Cañada Real (núm. 9 de la Mesta), pendiente de deslindar que discurre en los municipios de Venta del Moro, Caudete de las Fuentes y Requena [?]»  
En el punto 1.3.3., denominado tramitación del expediente administrativo, se especifican todos los tramos propuestos para cada uno, dividido según los municipios citados dado que cada unos de ellos está referido a una Orden Ministerial concreta, y en aras de una mayor agilidad procedimental el municipio de Requena, a su vez ha sido subdividido en dos tramos, a saber:  
«4. Requena - Denominación: deslinde parcial de la Cañada Real de San Juan en el término de Requena, en su tramo comprendido desde la estación de servicio situada en los prados de la Ajedrea, hasta la estación de servicio ubicada en el Rebollar hasta los prados de la fuente de la Ajedrea (al norte de la aldea de San Juan)  
«5. Requena - Denominación: deslinde parcial de la Cañada Real de San Juan en el término de Requena, en su tramo comprendido desde la estación de servicio situada en los prados de la Ajedrea, hasta la estación de servicio ubicada en el Rebollar, hasta el término municipal de Siete Aguas, en el Collado las Avenas, incluido el descansadero de la Venta del Rebollar.  
Dicho informe de viabilidad, suscrito por el instructor del expediente del Servicio Territorial de Valencia, fue ratificado posteriormente por el Servicio de Gestión y Ordenación Forestal (SGyOF) en posteriores informes: del 1 de febrero de 2016, por parte de la técnico del SGyOF, y del 2 de febrero de 2016 del Jefe de SGyOF. Ante la imposibilidad material para llevar a cabo, y al mismo tiempo, todos los deslindes incluidos en dicho informe de viabilidad, se propone «que se inicie el expediente de deslinde parcial de la Cañada Real de San Juan en el término de Requena, en su tramo comprendido desde la estación de servicio ubicada en los prados de la Jedrea hasta la estación de servicio ubicada en el Rebollar, porque el elevado número de explotaciones vitivinícolas, lindantes con la vía pecuaria en ese tramo, que presumiblemente pueden estar ocupando una parte del dominio público. Además, por su trazado y recorrido, existe la posibilidad de articular itinerarios turístico-recreativos a medio plazo, para uso y disfrute ciudadano»  
Ésta es la justificación de por qué se realiza un deslinde parcial de la Cañada Real de San Juan en el término municipal de Requena, en el tramo comprendido entre la estación de servicio ubicada en los prados de Jedrea y la estación de servicio ubicada en el Rebollar, tal y como se recoge en la Resolución del director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental de fecha 2 de febrero de 2016, por la que se autoriza el inicio del expediente de deslinde parcial citado, de conformidad con lo establecido en el acto de clasificación y con sujeción a la legislación vigente.  
20. En relación a la manifestación de que porqué le fueron arrebatadas las parcelas 414 y 415 sin haberle comunicado nada. Siendo quien lo manifiesta, Carmen Serrano Gallega.  
Decir que, este acto administrativo de deslinde parcial tiene como finalidad la delimitación del tramo en cuestión de la cañada Real de San Juan y no ha lugar el explicar o motivar otros actos administrativos.  
21. Respecto a la solicitud de acceso a la documentación del expediente en formato digital, realizadas por Iberdrola y ADIF.  
A ambas entidades se les remitió copia de la proposición de deslinde en formato electrónico, así como la cartografía digital del tramo a deslindar en formato SHP y DWG, para poder analizar los servicios afectados por el deslinde. Información en soporte digital que fue enviada a ADIF por correo certificado el 8 de junio de 2108, siendo entregada en ADIF en fecha 12 de junio de 2018, mientras que con Iberdrola el correo certificado del 22 de junio de 2108, fue entregado en fecha 26 de junio de 2018.  
22. Con relación a lo manifestado por ADIF respecto de que los suelos por donde transcurren las líneas ferroviarias de Alta-Velocidad Madrid-Valencia y de la Red Convencional Utiel-Valencia, son de dominio público de ADIF y que afectadas por el deslinde de la vía pecuaria citada, no pueden cambiar de titularidad, y además solicitan que, aunque formen parte del trazado de la Cañada Real el proyecto de deslinde debe señalar gráficamente el suelo demanial de ADIF afectado por el dominio público ferroviario y se reconozca así su inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.  
Debemos significar que la doble demanialidad de un terreno no implica cambio de titularidad sobre cada uno de los demanios; si bien, los suelos de ADIF que formen parte de la Cañada Real son y serán dominio público pecuario, con carácter preferente al dominio público ferroviario, dado que obviamente este último se constituye de una manera sobrevenida, puesto que las vías pecuarias son consideradas dominio público en España desde el Real Decreto del 13 de agosto de 1892, y en consecuencia de fecha muy anterior a la construcción de las líneas afectadas. Por ello el trazado de esta Cañada Real mantiene, como tal dominio público pecuario originario, y por ello, el reconocimiento de las notas de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.  
A mayor abundamiento, reiteramos los antecedentes históricos que incorpora el expediente, y en concreto el demoledor informe del Archivo Municipal de Requena, a requerimiento del Ayuntamiento, y que en su apartado de conclusiones, establece la existencia documental de la Cañada Real de San Juan como «vereda de hoja» y el doble de anchura que la clasificada, desde los mismos orígenes fundacionales de la villa de Requena (1257)  
Por lo tanto nos reiteramos en la prevalencia histórica del dominio público pecuario para el caso que nos ocupa, y en la constatación de que, durante la fase de construcción de las infraestructuras de alta velocidad, y en vigor la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias se debió cumplir con lo dispuesto en su artículo 13:  
«13.1 cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía pecuaria, la administración actuante deberá asegurar que el trazado alternativo garantice el mantenimiento de sus características y continuidad del tránsito ganadero e itinerario, así como los demás usos compatibles y complementarios de aquel.  
13.2 en los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas o carreteras deberán habilitarse suficientes pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito en condiciones de rapidez y comodidad para los ganados»  
En este caso, y como intrusos en el dominio público pecuario que se deslinda cabría la posibilidad de solicitar una mutación demanial externa, motivada por la superposición de dominios públicos; dicha mutación, consistiría en que los terrenos de la vía pecuaria cambiarían de afección a otros usos también públicos, con su propia regulación jurídica, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2003 de patrimonio de la Generalitat Valenciana.  
Asimismo, y de conformidad con la proposición del deslinde que se tramita, la construcción de la base de montaje, interrumpe totalmente la vía pecuaria, lo cual constituye una situación de ilegalidad flagrante tipificada en la Ley estatal 3/1995 de vías pecuarias como infracción muy grave, por lo que deberá ser sustanciada.  
Por otra parte, los pasos a distinto nivel que se han establecido para dar la lógica continuidad al tránsito ganadero y demás usos compatibles y complementarios con aquel, deberán disponer de un regular mantenimiento para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades permitidas por la norma estatal y autonómica.  
23. Por su parte, donde ADIF solicita la inclusión en el proyecto de deslinde, y en su caso, en la posterior ejecución, la garantía de que ADIF tendrá pleno acceso en todo momento a sus instalaciones y/o servicios (servidumbre de paso), independientemente de quien sea en el futuro titular de dichos suelos.  
Señalar también que la superposición de la vía pecuaria con otros dominios públicos como el ferroviario puede ser objeto de mutación demanial; mientras tanto, los órganos administrativos competentes podrán realizar sus actividades de servicio en el trazado de la Cañada Real mediante la correspondiente declaración responsable en el supuesto de que sea necesario la circulación de los vehículos a motor no agrícolas, y de conformidad con lo establecido por el artículo 30.2 de la Ley 3/2014, del 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana.  
24. Respecto a la alegación formulada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, en la que manifiesta que la propuesta de deslinde parcial afecta a la parcela 9001 del polígono 33, que es un bien de dominio público cuya titularidad corresponde al Ministerio de Fomento, por ello, ante la necesidad de compatibilizarse el uso de dicha parcela e indicando que la resolución del deslinde tramitado deberá recoger expresamente, que es una zona de protección viaria (dominio público, servidumbre, afección y limitación de la edificabilidad) por lo que la realización de cualquier actividad que pueda afectar al régimen de estas zonas de protección de la carretera estatal, requerirá autorización previa del Ministerio de Fomento.  
Señalar al respecto, tal y como se ha hecho con el otro organismo público, que nos encontramos ante una situación de doble demanialidad de un terreno, pecuario y viario, si bien el primero de ellos deberá tener carácter preferente al viario por ser este último dominio público sobrevenido, ya que las vías pecuarias son consideradas dominio público en España desde el Real decreto de 13 de agosto de 1892, y en consecuencia de fecha anterior a la construcción de la autovía y la constitución de dominio público viario, y además tiene reconocidas las notas de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.  
A mayor abundamiento, reiteramos los antecedentes históricos que incorpora el expediente, y en concreto el demoledor informe del Archivo Municipal de Requena, a requerimiento del Ayuntamiento, y que en su apartado de conclusiones, establece la existencia documental de la Cañada Real de San Juan como «vereda de hoja» y el doble de anchura que la clasificada, desde los mismos orígenes fundacionales de la villa de Requena (1257)  
Y reiterada aquí también la prevalencia histórica del dominio público pecuario, para el caso que nos ocupa, y la constatación de que durante la fase de construcción de la autovía, ya en vigor la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias se obvió al parecer lo preceptuado en su artículo 13 respecto de la construcción de los pasos a distinto nivel para sortear, en condiciones de rapidez y comodidad, la infraestructura pública.  
En este caso, también podría solicitarse una mutación demanial externa, motivada por la superposición de dominios públicos. Dicha mutación, consiste en que los terrenos de vías pecuarias cambian de afección a otros usos también públicos, con su propia regulación jurídica, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat Valenciana.  
Reseñar que la superposición de la vía pecuaria con otros dominios públicos como los viarios pueden ser objeto de mutación demanial; mientras tanto, los órganos administrativos competentes en materia de carreteras estatales podrán realizar sus actividades de servicio en el trazado de la Cañada Real mediante la correspondiente declaración responsable en el supuesto de que sea necesario para dicha actividad la circulación de vehículos a motor no agrícolas, de conformidad con lo establecido con el artículo 30.2 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana.  
Asimismo, y de acuerdo con la proposición de deslinde que se tramita, la carretera cruza e interrumpe totalmente la vía pecuaria, lo cual constituye una flagrante situación de ilegalidad,tipificada en la Ley estatal 3/1995 de vías pecuarias, por lo que debería ser sustanciada.  
25. Con respecto a la alegación formulada por la Confederación Hidrográfica del Júcar y en la que pone de manifiesto que en los cauces que se encuentren en la zona a deslindar tiene la condición de dominio público hidráulico cuya titularidad corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, por ello, se indica que el deslinde tramitado afecta a zona de servidumbre (5 metros de anchura) y policía (100 metros de anchura) del dominio público hidráulico, por lo que la zona de servidumbre deberá quedar expedita y la realización de cualquier actividad que pueda afectar al régimen de las zonas de policía requerirá autorización del Ministerio para la Transición Ecológica, de conformidad con su normativa sectorial aplicable. Por lo que la realización de los deslindes está sujeta a los artículos 240 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por RD 849/1986 y modificado por RD 606/2003, de 23 de mayo.  
Señalar también que la superposición de la vía pecuaria con otros dominios públicos como el ferroviario puede ser objeto de mutación demanial; mientras tanto, los órganos administrativos competentes podrán realizar sus actividades de servicio en el trazado de la Cañada Real mediante la correspondiente declaración responsable en el supuesto de que sea necesario la circulación de los vehículos a motor que no tegan carácter agrícola, y de conformidad con lo establecido por el artículo 30.2 de la Ley 3/2014, del 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana.  
Al respecto significar que estamos ante una situación de doble demanialidad de un terreno, pecuario e hidráulico, perfectamente compatible, que no da lugar a discrepancia en las zonas de dominio público hidráulico, por lo que es admisible que cualquier actuación en cada dominio público se deba regir por su propia normativa de aplicación, sin perjuicio de otras competencias concurrentes. En este sentido, la tramitación del expediente de deslinde de la vía pecuaria en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana se instruye de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 3/1995, del 23 de marzo, de vías pecuarias y del artículo 14 de la Ley 3/2014, del 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana. Mientras que el Reglamento al que se hace mención será de aplicación en los deslindes promovidos por sus comisarías de aguas.  
Ante el caso de la superposición de una vía pecuaria con otros dominios públicos, se podría solicitar una mutación demanial externa, motivada por la superposición de dominios públicos. Dicha mutación, consiste en que terrenos de vías pecuarias cambian de afección a otros usos también públicos, con su propia regulación jurídica, todo ello de conformidad con lo preceptuado en la Ley 14/2003, del 10 de abril, del patrimonio de la Generalitat.  
Mientras tanto, los órganos administrativos competentes en materia hidráulica podrán realizar todas sus actividades de servicio en el trazado de la Cañada Real mediante la correspondiente declaración responsable en el supuesto de que sea necesario para dicha actividad la circulación de vehículos a motor que no tegan carácter agrícola, de acuerdo con lo establecido con el artículo 30.2 de la Ley 3/2014, del 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.  
Además, debemos insistir que la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas, obliga por igual a todas las administraciones públicas en la necesidad de deslindar sus dominios.  
26. Con respecto a lo manifestado por Josefa Cárcel Montés. sobre dificultad al no facilitarse en Requena una oficina comarcal donde consultar y tramitar, dado que no existe en la dirección que se indica en la carta: av. Lamo de Espinosa, 20.  
Cabe mencionar que, tal y como se le indicaba en la notificación del trámite de audiencia:  
«La proposición de deslinde se encuentra en la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Requena, ubicada en el número 20 de la avenida de Lamo de Espinosa, pudiéndose consultar el expediente completo en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, ubicado en la calle Gregorio Gea, 27 (edificio PROP), durante el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de la información pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8267, 05.04.2018).  
A los efectos de dar cumplimiento al trámite de audiencia previsto en el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se le concede dicho trámite, en calidad de interesado, para que, en el plazo no superior a 15 días, desde la presente notificación, se puedan alegar y presentar todos los documentos y las justificaciones que estime pertinentes.  
Durante dicho plazo, todos los interesados podrán presentar las alegaciones o reclamaciones a que pueda haber lugar, junto con los documentos originales o fotocopias compulsadas que se estime pertinente, en las citadas oficinas o en cualquiera de los organismos que recoge el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015.»  
27. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, en la cual manifiesta la consolidación del derecho de propiedad por una prescripción adquisitiva en virtud de lo establecido por la legislación pecuaria vigente y anterior a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vía pecuarias.  
Decir que nos remitimos a lo contestado ya en el punto 5.  
28. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, en la cual manifiesta que la normativa de la Comunitat Valenciana sobre vías pecuarias ?posterior a la Ley 3/1995- también reconoce los derechos que se hubieran podido consolidar los particulares en virtud de lo establecido en la legislación de vías pecuarias vigente con anterioridad a la citada Ley 3/1995.  
Cabe decir que la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2014, del 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias, establece que se tendrán en cuenta los derechos consolidados de los particulares con arreglo a la legislación de vías pecuarias vigente con anterioridad a la Ley 3/1995 y la instrucción del 13 de enero de 2012 de la Dirección General del Medio Natural indica que en el supuesto de existir titularidad Registral o prescripción adquisitiva del terreno, anterior al acto de clasificación de dicho terreno como vía pecuaria, frente al deslinde posterior efectuado en base a dicha clasificación, se debería estimar la alegación del propietario y respetar su finca, de manera que no le afecte el deslinde que se quiera practicar sobre su propiedad.  
No obstante, y sin entrar en la oportunidad de tal disposición respecto a la normativa básica, en cuanto a su subordinación jerárquica ?Ley 3/1995, del 23 marzo, de vías pecuarias- se podría entender que cuando existe acreditación fehaciente del título registral y/o prescripción adquisitiva (usucapio) anterior al primer antecedente histórico que constate la existencia de la vía pecuaria. Y en este sentido, según los antecedentes que incorpora el expediente, y concretamente el informe del archivo municipal de Requena, realizado a petición del Ayuntamiento, sobre los documentos relativos a las vías pecuarias es concluyente en este aspecto, al demostrar feacientemente la existencia documental de esta vía pecuaria desde, por lo menos, la emancipación de Requena del Marquesado de Moya (siglo XIII).  
Y además, en toda España a las vías pecuarias se consideran bienes de dominio público desde la entrada en vigor del Real Decreto del 13 de agosto de 1892; por consiguiente, ese quebranto del principio de seguridad jurídica al que alude el alegante, habida cuenta de que el derecho de propiedad según la documentación aportada es posterior al primer antecedente histórico de la vía pecuaria, sería totalmente ficticio.  
29. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, en donde manifiesta que la Constitución Española no otorga a las vías pecuarias el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables y sí el derecho a la propiedad privada y a la irretroactividad de disposiciones retroactivas de derechos individuales.  
Cabe decir que el artículo 132 de la Constitución Española de 1978, determina que la Ley regulará el régimen jurídico de aquellos bienes de dominio público, mientras que la normativa sectorial aplicable a las vías pecuarias establece su carácter demanial, esto es, su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.  
El artículo 2 de la Ley estatal 3/1995 del 23 de marzo, de vías pecuarias, regula su naturaleza jurídica de la siguiente forma y manera las vías pecuarias son bienes de dominio público de las comunidades autónomas y en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y en el mismo sentido, el artículo 3 de la Ley 3/2014, del 11 de julio, de la Generalitat dice que las vías pecuarias cuyo itinerario transcurre por territorio valenciano son bienes de dominio público de la Generalitat y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables?.  
Por todo ello, y sin perjuicio de que la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada en su artículo 33 y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales en su artículo 9.3, no es menos cierto que la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico protege el dominio público en su artículo 132.  
En consecuencia, y de conformidad con la norma aplicable al presente deslinde, el derecho de propiedad de la parte alegante, aunque figure inscrito, no vence frente a una titularidad de dominio público como es la vía pecuaria, pues esta es inatacable, aunque no figure en el registro de la propiedad. Y ello es así, por cuanto una de las características de la que gozan los bienes de dominio público es la del privilegio de la publicidad posesoria, que implica que el titular del bien demanial no necesita utilizar el sistema de garantías inherentes al Registro de la Propiedad, al hallarse protegido, por ser un bien de dominio público. Situación esta contra la que no pueden operar las protecciones registrales del resto de los bienes inmuebles que se encuentren inscritos por si solos.  
30. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, donde manifiesta que la jurisprudencia del tribunal supremo reconoce la posibilidad de adquirir por prescripción adquisitiva una vía pecuaria.  
Decir que nos remitimos a lo contestado en el punto 5.  
31. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, donde manifiesta que el acto de deslinde deja en indefensión a los titulares de derechos inscritos y registrados.  
Decir que nos remitimos a lo contestado en los puntos anteriores (del 28 al 30).  
32. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, donde manifiesta que son propietarios por prescripción adquisitiva de la parte de la parcela catastral núm. 75214S44071663, situada en el polígono 12, parcela 332, Hoya Marina, Requena (Valencia) afectada por la proposición de deslinde.  
Decir que, nos remitimos a lo contestado en el punto 5.  
33. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, donde manifiesta que la franja de terreno de la parcela 332 del polígono 12, en Hoya Marina, afectada por el deslinde considerada vía pecuaria, ha formado parte de la parcela desde el año 1910.  
Decir que, nos remitimos a lo contestado en los puntos anteriores (del 28 a 30).  
34. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, donde manifiesta que la capacidad de la totalidad de la parcela es inclusive inferior a las 2000 viñas, lo que acredita la ocupación de la parcela desde 1910.  
Cabe decir que la alegación se fundamenta en la descripción registral, utilizando la cartografía catastral correspondiente a la parcela de su propiedad.  
Al respecto, señalar que la inscripción de una finca da fe de la titularidad jurídica real sobre la misma y que su función es dar seguridad al tráfico jurídico-inmobiliario; y que la descripción de las fincas que se hace en el folio registral procede de la declaración del titular registral, que es una operación jurídica de calificación por parte del registrador y no una operación técnico-topográfica. Asimismo, según lo dispuesto en los artículos 144, 147 y 174 del reglamento notarial, aprobado por el Decreto del 2 de junio de 1944, una finca que sea objeto de transmisión y esté intervenida por notario, no garantiza la cabida de la finca ni los lindes, ya que ello resulta de los títulos presentados o de la afirmación del interesado.  
En cuanto a la cartografía catastral se debe constatar de nuevo que el catastro inmobiliario es un registro administrativo, dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que se describen los inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales, tal y como se define en el Real decreto legislativo 1/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (BOE 08.03.2004); esto es, se trata de un inventario de la riqueza territorial pero no da fe del dominio y demás derechos reales inmobiliarios.  
35. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, donde manifiesta que la Orden Ministerial del 20 de octubre de 1971 remite, para fijar definitivamente la anchura de la vía pecuaria al momento en que se practique al deslinde, admitiéndose anchuras inferiores a los 75 metros.  
Decir que nos remitimos a lo contestado en el punto 2.  
36. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, donde manifiesta que la Orden Ministerial del 20 de octubre de 1971 remite, para fijar definitivamente la anchura de la vía pecuaria, en los casos en que la ocupación se haya legitimado y sea irreivindicable, al momento en que se practique el deslinde.  
Decir que nos remitimos a lo contestado en los puntos anteriores (del 28 al 30).  
37. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, donde manifiesta que la Ley 3/2014, del 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias, permita la revisión y actualización de las vías pecuarias. Y la necesidad de proceder a la revisión y actualización de la clasificación de las vías pecuarias, previamente al deslinde.  
Cabe decir que no procede la revisión ni la actualización de la clasificación al encontrarnos actualmente ante un expediente de deslinde, cuyo objeto no es otro que fijar los límites de esta vía pecuaria; límites que deben ser reflejo del acto de clasificación, para garantizar la correcta conservación y gestión del dominio público. Aquel acto clasificatorio es declarativo y firme, completamente válido y eficaz, resultado de sus antecedentes históricos, sin que ahora en el expediente de deslinde proceda su revisión, en tanto en cuanto el alegante considera, de forma errónea e infundada, contradictorio su trazado o anchura, resultando extemporáneo ahora y en el expediente del deslinde cuestionar otro expediente, máxime cuando el deslinde se sujeta fielmente a su clasificación, aprobada y sin sin ningún tipo de alegación en contra cuando se pudo hacer.  
En materia de vías pecuarias son distintas las actuaciones de clasificación y deslinde; así se ha señalado en la sentencia del 23 de noviembre de 2011 (casación 5524/2008), en la que se indica que «..., partiendo de la base de que el resultado de la clasificación condiciona el deslinde, lo que no cabe aceptar es que con motivo del posterior deslinde pretenda discutirse la efectiva existencia y contenido de aquella clasificación. Por eso, resulta carente de fundamento el reproche que dirige la parte recurrente a la Administración por utilizar como base para efectuar el deslinde impugnado los datos del expediente de clasificación aprobado por Orden Ministerial de 20 de febrero de 1.968, pues la vigencia y operatividad de esa clasificación en relación con la vía pecuaria aquí concebida obligaba a la Administración a efectuar el deslinde de conformidad con sus determinaciones, ya que tanto en la normativa que estaba vigente cuando se aprobó la mencionada clasificación (Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1944)  
Como en los diferentes regímenes legales y/o reglamentarios que luego se han sucedido hasta llegar a la actual Ley 3/1995 del 23 de marzo, de vías pecuarias, que es la norma legal vigente al tiempo de aprobarse el deslinde, ha sido una constante la exigencia de que los deslindes queden subordinados, y se acomoden a las determinaciones del acto clasificatorio (art. 15 del Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1944; artículo 21 del Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por el Real decreto 2876/1978, del 3 de noviembre, y artículo 8.1 de la Ley 3/1995, del 23 de marzo, de vías pecuarias). Por lo tanto, no cabe reprochar al deslinde el haberse "escudado" en la previa clasificación, pues el respeto a esta era y debe ser una exigencia ineludible».  
En idéntico sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio de 2011, al indicar (f. j. tercero): «como ha señalado esta Sala en la sentencia del 25 de marzo de 2011 (casación 2594/2007), que reitera lo dictaminado en las sentencias del 18 de mayo de 2009 (casación 1323/06), del 15 de junio de 2009 (casación 3067/06), del 30 de septiembre de 2009 (casación 3231/06) y 19 de mayo de 2.010 (casación 2993/06), entre otras ..., en materia de vías pecuarias, son distintas las actuaciones de clasificación y deslinde; el artículo 7 de la Ley 3/1995, del 23 de marzo, de vías pecuarias, dispone que "la clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria, mientras que el deslinde es descrito en el artículo 8 como el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación". Así pues, partiendo de la base de que el resultado de la clasificación condiciona el deslinde, lo que no cabe aceptar es que con motivo del posterior deslinde se pretenda discutir la efectiva existencia y el contenido de aquella clasificación».  
Por todo lo expuesto, no existe la necesidad de la revisión de clasificación dado que el deslinde se está realizando sobre datos y actos aprobados.  
38. Respecto de la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, donde se manifiesto un reconocimiento tácito por parte de la Generalitat Valenciana de la titularidad privada de la superficie de la parcela 332 del polígono 12 en la Hoya Marina, afectada por la propuesta de deslinde.  
Alegación que fundamenta erróneamente en que la Generalitat Valenciana, a través de áreas competentes en materia de agricultura, por haber gestionado, tramitado, autorizado y pagado actuaciones y ayudas solicitadas desde que ostenta la propiedad de la parcela 332 del polígono 12 en la totalidad de la superficie catastrada de la misma, ha reconocido con ello su titularidad. Y nada más lejos de la realidad, porque las subvenciones se otorgan a los cultivos, con independencia del titular de la parcela, que rara vez debe acreditarse.  
Decir que nos remitimos a lo contestado en el punto 8.  
39. Respecto de la manifestación realizada por José Luis Martí Mathe, en el sentido de que si la concesión de ayudas y subvenciones al sector agrario requiere del deslinde previo de la vía pecuaria, la administración autonómica ha incurrido en una ilegalidad.  
Decir que, siendo la Administración, y en este caso concreto la Generalitat Valenciana, la encargada de la conservación, mejora, recuperación, tutela y defensa de las vías pecuarias cuyo itinerario discurra por la Comunitat Valenciana; es el deslinde el acto administrativo que define los límites debidamente georreferenciados de las vías pecuarias, de conformidad con lo clasificado, por tanto, la clasificación de las vías pecuarias debe preceder al deslinde y limita el ámbito de eficacia de este. Por consiguiente, en el procedimiento administrativo de deslinde se parte de lo establecido por la orden clasificatoria de la vía pecuaria, que declara existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales, así como su denominación.  
Por todo ello, la existencia de licencias, permisos, subvenciones?, y/o ayudas concedidas, en este caso, por órganos administrativos en materia de agricultura no demuestran, en ningún caso, la inexistencia de la vía pecuaria o la alteración de sus características físicas, siendo uno de los objetos del deslinde, la regularización a posteriori de esas ayudas percibidas y que en un futuro se puedan, o no, adjudicar, dado que la base del SIGPAC es el catastro de rústica y una forma de actualizarlo es a través de los deslindes administrativos.  
40. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, en donde manifiesta que la Administración no puede poner excusas por la utilización de un sistema de información geográfico que no refleja el dominio público pecuario.  
Reiterar nuevamente que a través del SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y organismos autonómicos homólogos se identifican geográficamente las parcelas declaradas por los agricultores y ganaderos en relación a las superficies cultivadas para gestionar las ayudas y/o subvenciones que, con independencia de su titularidad, se han venido concediendo. La cartografía base del sistema de información geográfico es el catastro de rústica, instrumento concebido para la fiscalidad y que obviamente no refleja el dominio público pecuario, al estar exento de impuestos. Dicho sistema es el utilizado por los órganos administrativos competentes en materia de agricultura.  
Sin embargo, los órganos administrativos competentes en materia de medio ambiente, emplean un visor cartográfico de la Conselleria donde están identificadas y grafiada la red pecuaria, mediante la georefeneciación de los itinerarios según su clasificación.  
Pero en ningún caso, esta situación exonera del cumplimiento de la ley y de haberse infringido la misma deberá corregirse adecuadamente. Por ello, para poder constatar la veracidad de lo declarado por agricultores y ganaderos, y evitar situaciones fraudulentas, el SIGPAC ya refleja las vías pecuarias de los términos municipales de la Comunitat Valenciana.  
41. Respecto de la manifestación realizada por José Luis Martí Mathe, donde manifiesta que la Generalitat Valenciana ha autorizado en terrenos afectados por el deslinde actuaciones expresamente prohibidas por la ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.  
De conformidad con el apartado a del artículo 5 de la Ley 3/1995 del 23 de marzo de Vías pecuarias, corresponde a las Comunidades Autónomas, respecto de las vías pecuarias, el derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias, en su consecuencia es la obligación de esta Administración el proceder al deslinde de las vías pecuarias previamente clasificadas para con ello fijar con exactitud los límites de la misma.  
De nuevo, se reitera lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 3/1995 de VV.PP. las vías pecuarias ostentan la naturaleza de bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo tanto, la concesión de las ayudas y/o subvenciones no es un modo de adquisición de la propiedad, ni legitima una ocupación del dominio público. Aunque por la Generalitat se hayan concedido ayudas y/o subvenciones a los agricultores, estos agricultores no han tenido que acreditar la titularidad o propiedad de los terrenos para percibirlas, por tanto no existe un acto propio de la Administración en relación a la renuncia de sus derechos de propiedad o titularidad de la vía pecuaria, y en ningún momento la Generalitat se les ha declarado propietarios sino como beneficiarios de una subvención sin que ello conlleve la transmisión de derechos de propiedad.  
Finalmente decir respecto de la manifestación que una vez aprobado el deslinde se estará en condiciones de regularizar la situación catastral, registral y otras situaciones jurídicas que se deriven, de acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 3/2014, del 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias.  
42. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, donde pone de manifiesto la exclusión del tramo comprendido entre la vía del AVE Madrid-Valencia y la zona de servicios logísticos ADIF de la propuesta de deslinde al haber sido destrozada la Vereda de San Juan en ese punto por la Administración.  
Decir nuevamente que nos encontramos en un expediente de deslinde cuyo objetivo no es otro que definir los límites de la vía pecuaria de conformidad con el acto de clasificación, al objeto de garantizar una correcta conservación y gestión del dominio público. Y no procede en este expediente de deslinde solicitar una exclusión o desafectación de un tramo de la vía pecuaria, sino que, en todo caso, deberá ser a posteriori, una vez aprobado y firme el deslinde, cuando pueda formular su petición de desafectación del tramo.  
43. Respecto de la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, en donde manifiesta que la Generalitat Valenciana, ante la desaparición de la vía pecuaria en tramos completos, no ha aprobado la modificación del trazado de la vía pecuaria dispuesta en la Ley 3/2014.  
Decir que una vez definidos los límites de la vía pecuaria Cañada Real de San Juan por la probación del deslinde, se procederá a exigir al titular de las infraestructuras ferroviarias las oportunas modificaciones de trazado, a los efectos de regular su situación, y todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 de la Ley 3/1995 de vías pecuarias, y 19 de la Ley 3/2014 de la Generalitat, al tratarse de obras de interés publico.  
44. Respecto a la alegación realizada por José Luis Martí Mathe, en donde manifiesta la innecesariedad del deslinde del tramo comprendido entre la vía del AVE Madrid-Valencia y la zona de servicios logísticos de ADIF para acometer el proyecto de obras de vía ciclopeatonal.  
En primer lugar cabe decir que, en ningún caso, el carril ciclopeatonal es la justificación del deslinde, sino que la justificación del proyecto es la necesidad de ordenar y reorientar las explotaciones vitivinícolas, cuyas ocupaciones no se pueden autorizar en el dominio público al tratarse, entre otras razones, de unos cultivos contingentado por la Unión Europea y cuya regularización necesita de la adecuada actualización del SIGPAC.  
Por otra parte, la iniciativa del carril ciclopeatonal propuesta por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes resulta complementaria con los usos propios y los compatibles de las vías pecuarias, de acuerdo con normativa estatal y autonómica, cosa que no lo es la ocupación agrícola del dominio público.  
En relación al proyecto de obras de vía ciclopeatonal, una vez aprobado el deslinde, la Administración actuará con total respecto a la legalidad de los usos compatibles y complementarios establecidos en los artículos 16 y 17 de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 3/2014 de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana; así como lo dictaminado por la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat, modificada por la Ley 10/2015 respecto de la necesidad de concretar el espacio público, para su posterior inclusión en el inventario de bienes de la Generalitat y su disponibilidad para la ejecución de las obras públicas.  
Vista la Ley 3/1995 de vías pecuarias, de 23 de marzo, la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat y demás normativa aplicable al caso, resuelvo:  
  
Primero  
Desestimar todas las alegaciones presentadas sobre la base a los fundamentos de derecho expuestos con anterioridad.  
Segundo  
Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de San Juan, tramo comprendido entre el paraje del Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea, en el término municipal de Requena (Valencia) y de acuerdo con la proposición del deslinde y los planos de la misma (epígrafe número 8.1), y cuyas características son las siguientes:  
Denominación: Cañada Real de San Juan  
Longitud deslindada: 16.000 m  
Anchura legal: 75 m  
Superficie deslindada: 120 ha  
Número de intrusiones: 372  
Superficie total de intrusiones: 83,46 ha  
  
Tercero  
Iniciar la práctica del amojonamiento parcial de la vía pecuaria Cañada Real de San Juan, tramo comprendido entre el paraje del Rebollar y los prados de la Fuente de la Ajedrea, en el término municipal de Requena (Valencia).  
  
Cuarto  
Trasladar los límites del tramo de la vía pecuaria deslindada a la administración catastral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.c del Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario.  
  
Quinto  
Comunicar a la Dirección General de Patrimonio la resolución que se evacue, a los efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad de Requena del dominio púbico correspondiente al ámbito deslindado, debiendo proceder a la cancelación total o parcial de cuantas inscripciones registrales resulte contradictorias con el deslinde. Asimismo, dar el debido traslado a la Dirección General de Patrimonio, de toda la documentación necesaria para la constancia del ámbito deslindado en el Inventario de General de Bienes y Derechos de la Generalitat.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. O bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en los artículos 46 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.  
  
València, 8 de enero de 2019.- La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural: Elena Cebrián Calvo.