Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4448, del 26-02-2003 (2003/1949)

Notificación a Juana Granados Díaz. Expediente número R-289/2002.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4448

Fecha DOGV
:   26-02-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/1949


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Juana Granados Díaz. Expediente número R-289/2002. [2003/M1949]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a Juana Granados Díaz, calle de Benicadell, 30-12ª, 46017 Benicalap-Valencia, la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-289/2002.
  
«Resolución
  
Examinado el recurso de alzada presentado por Juana Granados Díaz, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, en el expediente por solicitud de reconocimiento de requisitos para la percepción de las subvenciones 46/V05/1R/0180/1999/250.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Juana Granados Díaz presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia el día 17 de mayo de 1999 solicitud de ayudas económicas directas para la rehabilitación de los elementos comunes del inmueble sito en Valencia, calle de Benicadell, número 30, en su calidad de propietaria de la vivienda 12.
  
2. En fecha 9 de mayo de 2001 la interesada formaliza solicitud de reconocimiento de los requisitos para la percepción de la subvención de la Generalitat Valenciana.
  
3. A la vista del expediente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el jefe del Servicio Territorial en fecha 3 de septiembre de 2002 dicta resolución de caducidad del procedimiento, con archivo de todas las actuaciones practicadas en el mismo, al no haberse aportado al expediente la documentación solicitada mediante requerimiento de fecha 30 de marzo de 2000, y ser dicha documentación necesaria para dictar la resolución del expediente.
  
4. Contra la citada resolución interpone recurso de alzada en tiempo y forma Juana Granados Díaz, con los documentos y las alegaciones que constan en el mismo, y que se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 4.165 de 10 de enero).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115 de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso.
  
3. Según establece el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuando se produzca su paralización por causa imputable al interesado, la administración le advertirá que transcurridos tres meses se producirá la caducidad del procedimiento.
  
Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.
  
4. En el caso que nos ocupa, revisada la documentación obrante en el expediente, se comprueba que el Servicio Territorial mediante escrito de fecha 30 de marzo de 2000, que fue recibido por la interesada en fecha 5 de mayo de 2000, le requirió para que aportase al expediente original y fotocopia para su compulsa de las declaraciones de C.D.W.X. de la unidad familiar del ejercicio 1997, documento necesario para dictar la resolución del expediente.
  
Ante la inactividad de la interesada, en fecha 15 de febrero de 2001, se le remitió escrito de advertencia de caducidad, que fue recibido en fecha 27 de febrero de 2001, concediéndole tres meses para aportar la documentación que se les requirió en su día, y, siendo lo cierto que la documentación solicitada no fue aportada al expediente, el Servicio Territorial procedió a dictar en fecha 3 de septiembre de 2002, la resolución de caducidad que se recurre.
  
5. En vía de recurso alega la parte interesada que en el procedimiento no se aportó la declaración de IRPF del ejercicio 1997 puesto que no la realizó ni presentó al no tener los ingresos requeridos para ello, a la vez que aporta certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria acreditativo de la no presentación de la mencionada declaración de IRPF de 1997.
  
No obstante, la citada alegación no desvirtúa el hecho consistente en que desde el 30 de marzo de 2000 hasta el 3 de septiembre de 2002 la recurrente no ha aportado al expediente la declaración de IRPF de 1997, sino únicamente certificados de no haber presentado dicha declaración, no constándole a este órgano los ingresos de la recurrente por ninguna otra documentación acreditativa de los mismos, y por lo tanto no constándole tampoco si la interesada estaba obligada o no a presentar la declaración de IRPF del año 1997.
  
Sentado lo anterior, y no habiéndose aportado por la recurrente prueba suficiente y adecuada que acredite sus alegaciones y/o desvirtúe el contenido de la resolución impugnada, procede confirmar la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación, de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada formulado por Juana Granados Díaz contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, de fecha 3 de septiembre de 2002, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 11 de noviembre de 2002.- El director general de Arquitectura y Vivienda: José Mª. García Zarco. »