Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7055, del 27-06-2013 (2013/6183)

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2013, del secretario autonómico de Justicia, por la que se acuerda ratificar el balance de liquidación aprobado por el Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales, así como la baja registral de la misma en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7055

Fecha DOGV
:   27-06-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/6183


Fecha del documento
:   10-05-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Gobernación y Justicia

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Gobernación y Justicia

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2013, del secretario autonómico de Justicia, por la que se acuerda ratificar el balance de liquidación aprobado por el Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales, así como la baja registral de la misma en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. [2013/6183]  
Visto el expediente sobre ratificación por el Protectorado de la Generalitat del balance de liquidación aprobado por el Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales (en adelante la Fundación), así como la baja de la misma en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, conforme a los siguientes,  
  
Hechos  
Primero. Con fecha 20 de enero de 2012, se presenta por la Fundación el acuerdo de extinción adoptado por el Patronato de la misma en fecha 28 de diciembre de 2011 y protocolizado en escritura pública de 18 de enero de 2012, autorizada por el notario del Colegio de Valencia Manuel Ángel Rueda Pérez.  
Si bien en un principio se incorporó en dicha escritura pública el presupuesto 2012 y plan de actuación 2012, no obstante, el 5 de marzo de 2012 aportan escritura pública de modificación de la anterior de fecha 22 de febrero de 2012, autorizada por el notario del Colegio de Valencia Salvador Alborch Domínguez, en la que se protocoliza el acuerdo del Patronato de 17 de febrero de 2012, por el que se deja sin efecto el acuerdo de aprobación de dicha memoria y plan de actuación, y se clarifica asimismo en el mismo que la causa de extinción es la contemplada en el apartado c del artículo 31 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones: la imposibilidad de cumplimiento del fin fundacional.  
Tras el informe favorable de la Comisión del Protectorado de 19 de junio de 2012, fue dictada la Resolución de fecha 26 de junio de 2012, del secretario autonómico de Justicia de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, por la que se acuerda ratificar el acuerdo de extinción.   
  
Segundo. La Fundación se clasificó por Resolución de fecha 15 de mayo de 2000, de la secretaria general de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, clasificándose de carácter laboral y de previsión social, y siendo sus fundadores: La Generalitat Valenciana, representada por el conseller de Empleo, Rafael Blasco Castany; la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL), representada por su presidente, Rafael Ferrando Giner; la Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), representada por el secretario general de la Comisión Ejecutiva Nacional, Rafael Recuenco Montero; y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano (CS.CCOO-PV), representada por su secretario general, Joan Sifre Martínez.  
Según el artículo 6 de sus estatutos, «la finalidad de la Fundación es la de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas».  
  
Tercero. La presente extinción se enmarca dentro del proceso de reestructuración de sector público fundacional iniciado por el Consell, y que supuso la adopción del Acuerdo del Consell de fecha 2 de diciembre de 2011, en el que se autorizó la extinción de varias fundaciones pertenecientes al sector público de la Generalitat, entre ellas la de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales.  
En dicha sesión, de fecha 28 de diciembre de 2011, se constituyó una comisión liquidadora, integrada por Román Ceballos Santos, Francisco Jesús Bueno Cañigal, Arturo Cerveró Duato, Arturo Jiménez Rodríguez, Carlos Calero Jaén y Juan Martínez Pérez.  
Asimismo se apoderó por el Patronato, en fecha 12 de marzo de 2012 (escritura pública de 30.03.2012, autorizada por el notario del Colegio de Valencia Manuel Ángel Rueda Pérez, número 299 de su protocolo), a dos letrados de J&A y Garrigues, SLP, para que lleven a cabo la ejecución material de los acuerdos relativos al proceso de extinción y liquidación que correspondan, conforme al artículo 40 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.  
En su sesión de 28 diciembre de 2011, el Patronato señaló que, una vez concluidas las operaciones de liquidación, se someterá a su aprobación el proyecto de destino de los bienes y derechos resultantes, y aprobado el oportuno balance, proponiéndose como tal que sea transferido al Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT).  
Posteriormente, con fecha de entrada 4 de junio de 2012, se aporta escritura de fecha 31 de mayo de 2012, otorgada por el notario Salvador Alborch Domínguez (número 691), por la que se eleva a público el acuerdo del Patronato adoptado en sesión de 30 de mayo de 2012, por el que se aprueba una addenda modificativa al proyecto de distribución de bienes y derechos resultantes de la liquidación, que, en síntesis, mantiene la decisión de transferir el remanente existente, una vez efectuadas las oportunas operaciones de liquidación, al INVASSAT. No obstante, de dicho remanente se excluirán, los expresamente destinados a la Consellería de Educación, Formación y Empleo, «contabilizados en el inventario de la Fundación, que por su naturaleza, origen de los fondos, finalidad y utilidad, conviene destinar a la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, de la Generalitat Valenciana, a través de sus entrega formal a la Consellería de Educación, Formación y Empleo, como entidad jurídica de la cual depende.  
Entre dichos bienes, se encuentran las aplicaciones informáticas desarrolladas por la Fundación en cumplimiento de los protocolos de actuación suscritos entre la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de la Generalita Valenciana y la propia Fundación, para la gestión y coordinación documental del desarrollo de los Planes de Formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la base de datos elaborada en el marco del Convenio de Colaboración entre la entonces Consellería de Economía Hacienda y Empleo y la Fundación, para el seguimiento y estudio de los datos estadísticos de la negociación colectiva en la Comunidad Valenciana».  
En tal sentido el artículo 33 de los Estatutos de la Fundación, «Liquidación y adjudicación de haber», señala que:  
«El patrimonio acumulado por la Fundación se aplicará, con carácter previo, al cumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros acreedores y, una vez efectuada esta operación, el remanente que resulte se destinará a entidades públicas o privadas no lucrativas que persigan fines análogos o iguales a los de la Fundación».  
  
Cuarto. Con fecha 27 de febrero de 2013 tiene entrada la solicitud de ratificación por el Protectorado de la Generalitat del balance de liquidación aprobado en la reunión del Patronato de 26 de diciembre de 2012.  
Examinada dicha documentación por la Sección de Fundaciones y la Sección de Contabilidad del Servicio de Entidades Jurídicas se procedió a requerir verbalmente a la Fundación para que aportara el informe de liquidación efectuado por los apoderados para los actos de ejecución material, el cual fue remitido el 17 de febrero de 2013.   
  
Quinto. Consta asimismo la solicitud de baja registral de la Fundación aportándose a tales efectos la documentación acreditativa de la transferencia del remanente.  
En tal sentido se aporta escritura pública de entrega de bienes y derechos resultantes de la liquidación, de fecha 13 de febrero de 2013, autorizada por el notario del Colegio de Valencia Fernando Senent Ana, ante el cual quedaron representadas la Fundación, la Consellería de Economía, Industria y Empleo, y el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT).  
Queda así acreditada la transferencia de:   
A la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por medio de la citada consellería, los bienes por importe global de 6.035,83 € correspondientes a las aplicaciones informáticas de PAVACE y la base de datos «Convenios colectivos».   
Al Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), los restantes bienes del inmovilizado, que ascienden a 27.514,79 €; los créditos por importe de 20.259,72 €, y le efectivo por importe de 11.479,58 €, correspondiente a Tesorería, mediante cheque bancario nominativo.  
En relación a los derechos de crédito que se transfieren a dicho instituto, los mismos se corresponden con la devolución pendiente de 80- por parte de la Agencia Tributaria, así como las subvenciones concedidas por la entonces Consellería de Educación, Formación y Empleo por importe de 13.987,14 € (capítulo IV, programa 315.10, línea nominativa T3097.000), y de 6.452,58 € (capítulo VII, programa 315.10, línea nominativa T3116.000).  
Se transmite igualmente la titularidad de los simuladores de riesgos in itinere al INVASSAT, actualmente depositados en el Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia.  
Atendiendo a dichos antecedentes fue emitido informe de fecha 5 de abril de 2013 por la Sección de Contabilidad del Servicio de Entidades Jurídicas favorable a la aprobación de dicho balance de liquidación y la baja registral de la misma una vez acreditada la transferencia del remanente a los beneficiarios.  
  
Sexto. La comisión del Protectorado, en su sesión de 12 de marzo de 2013, estableció, respecto de las fundaciones inmersas en el proceso de reestructuración del sector público de la Generalitat, el criterio conforme al cual, habiendo sido informada favorablemente por dicha Comisión la ratificación del correspondiente acuerdo de extinción, y una vez realizadas todas y cada una de las pertinentes tareas de liquidación, no será necesaria la ratificación de la misma, por parte de la comisión del Protectorado, siempre que se acredite el cobro de créditos, la satisfacción de deudas y el cierre de todos los actos pendientes de ejecución, conforme a la normativa vigente. No obstante, de la ratificación oportuna se dará cuenta a la comisión del Protectorado, así como de cualquier problema que respecto de las tareas de liquidación pueda surgir para su decisión por esta comisión.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. El artículo 10 del Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se determina las consellerías en que se organiza la administración de la Generalitat, dispone la asignación a la Consellería de Gobernación y Justicia de las competencias, entre otras, en materia de fundaciones.  
A su vez, el artículo 28 del Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, así como el artículo 11 del Decreto 194/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Gobernación y Justicia, establecen que la Secretaría Autonómica de Justicia asume las competencias entre otras, en materia de fundaciones.  
  
Segundo. El artículo 2 del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, establece que el Protectorado de las Fundaciones de la Comunidad Valenciana se ejerce por la consellería competente en materia de fundaciones, correspondiéndole al conseller la titularidad del Protectorado, sin perjuicio de la posibilidad de su delegación o desconcentración.  
  
Tercero. Esta Secretaría Autonómica de Justicia es competente para conocer y resolver el presente expediente por delegación del ejercicio de competencias en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 19 de abril de 2013, de la Consellería de Gobernación y Justicia, sobre delegación en la Secretaría Autonómica de Justicia del ejercicio de determinadas competencias en materia de fundaciones.   
En todo caso, de conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas por el órgano delegante.  
  
Cuarto. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana,  
«1. La extinción de las fundaciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.   
2. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana».  
Dicho artículo 31 de la Ley 50/2002 señala que «la fundación se extinguirá:  
c) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la presente ley».  
Conforme a lo señalado en el artículo 32 del mismo texto legal, relativo a las formas de extinción:   
«2. En los supuestos contemplados en los párrafos b, c y e del artículo anterior, la extinción de la fundación requerirá acuerdo del patronato ratificado por el protectorado.  
Si no hubiese acuerdo del patronato, o este no fuese ratificado por el protectorado, la extinción de la fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá ser instada por el protectorado o por el patronato, según los casos».  
  
Quinto. De conformidad con el artículo 26 de la citada Ley 8/1998,   
  
«Artículo 26. Liquidación  
1. La extinción de la fundación, salvo en los supuestos en que tiene lugar como consecuencia de una fusión, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el patronato de la fundación bajo el control del protectorado. El patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas y formalizar los actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la liquidación. Terminadas las operaciones, formará el oportuno balance de liquidación, que deberá ser aprobado por el patronato y sometido a la ratificación por el protectorado. Recaída la misma, se procederá a cumplir lo dispuesto en el apartado siguiente, para finalizar la liquidación. Concluida esta, se hará constar en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana su baja, a solicitud del patronato, por un escrito dirigido al registro al que se acompañará la certificación del acuerdo aprobatorio del balance de liquidación, la ratificación del mismo por el protectorado y una copia de los documentos en que se hayan formalizado las operaciones a que se refiere el apartado siguiente. No obstante, la baja de la fundación en el registro, si resultan operaciones pendientes de ejecución o formalización, deberán ser llevadas a cabo por el protectorado.  
2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas públicas o privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su extinción, a la consecución de aquellos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o en los Estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el patronato, cuando tenga reconocida esta facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al protectorado cumplir ese cometido.  
3. Las fundaciones constituidas por personas jurídico-públicas podrán prever en sus Estatutos que los bienes y derechos resultantes de la liquidación reviertan a su fundador».  
Por su parte, los Estatutos de la Fundación disponen en su artículo 33 que «El patrimonio acumulado por la Fundación se aplicará, con carácter previo, al cumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros acreedores y, una vez efectuada esta operación, el remanente que resulte se destinará a entidades públicas o privadas no lucrativas que persigan fines análogos o iguales a los de la Fundación».  
A su vez el artículo 1 de la Ley 2/2004, de 28 de mayo, de la Generalitat, de creación del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo define como «un organismo autónomo de carácter administrativo, que se configura como órgano científico en la materia de prevención de riesgos laborales de la administración de la Generalitat.  
El instituto que se crea mediante la presente ley, tiene personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, queda adscrito a la consellería competente en materia de trabajo, y bajo la superior autoridad del conseller dependerá funcionalmente de la secretaría autonómica competente en dicha materia».  
  
Sexto. De conformidad con el artículo 1526 del código y concordantes, la eficacia de la cesión de los derechos de crédito no requiere la participación del deudor cedido, no obstante es necesario la comunicación de dicha cesión al mismo para que despliegue sus efectos, y quede garantizado el pago a la entidad sucesora.  
Por su parte, el artículo 40 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone que en caso de «disolución» de fundaciones las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las mismas. Junto a ello, el artículo 107 del Real Decreto 1065/2007, señala que en el caso de actuaciones o procedimientos relativos a personas jurídicas disueltas o extinguidas actuarán ante la Administración las personas a las que se transmitan los derechos y obligaciones citados. Expresamente el apartado 6 de dicho artículo contempla la posibilidad de que en el seno tales procedimientos pueda practicarse una devolución, debiendo «acreditarse la proporción que a cada uno corresponda (se refiere a los sucesores del obligado tributario) de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica, a efectos de proceder al reconocimiento del derecho y al pago de la devolución».  
  
Séptimo. Los artículos 39 y 40 del Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, regulan los requisitos y procedimientos de extinción y liquidación de las fundaciones.  
De tal forma, el artículo 39 del citado reglamento establece que:  
«1. Cuando el patronato acuerde extinguir la fundación por haberse realizado íntegramente el fin fundacional, por resultar imposible su realización o por concurrir cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos, deberá solicitar la ratificación del protectorado, para lo que acompañará la siguiente documentación:  
a) Certificación del acuerdo de extinción adoptado por el patronato, emitida por el secretario o la secretaria con el visto bueno del presidente o la presidenta.  
b) Memoria justificativa de la concurrencia de una causa de extinción específica de las previstas en el primer párrafo de este apartado. En el supuesto de que la causa de extinción sea la imposibilidad de realizar el fin fundacional, habrá que justificar, además, la improcedencia o la imposibilidad de modificar los estatutos o de llevar a cabo un proceso de fusión.  
c) Las cuentas de la entidad a la fecha en que se adoptó el acuerdo de extinción.  
d) El proyecto de distribución de los bienes y derechos resultantes de la liquidación y, en el caso de no llevarse a cabo por el propio patronato, propuesta de designación de liquidadores y plan de actuación de los mismos».  
Por su parte el artículo 40.2 de dicho reglamento señala que:  
«Durante el proceso de liquidación, el patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas y formalizar os actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la liquidación. Sin perjuicio de lo anterior, el patronato podrá apoderar o delegar la ejecución material de sus acuerdos relativos al proceso de liquidación».  
  
Octavo. En cuanto a la extinción de fundaciones integrantes del sector público de la Generalitat se exige, además de los requisitos generales, los siguientes:  
a) El acuerdo del Consell (artículo 34 dicha de la Ley 8/1998), al igual que lo requirió su constitución.  
b) Respecto a la obligación de estar al día en sus obligaciones contables, debe tenerse presente el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, que dispone, en su artículo 5: «Tendrán la consideración de fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana, a los efectos de esta ley, las fundaciones en cuya dotación participen mayoritariamente, directa o indirectamente, la Generalitat Valenciana, sus entidades autónomas, o demás entidades que conforman su sector público. Su creación requerirá en todo caso autorización previa del Gobierno Valenciano».  
Y en su artículo 63 bis: «La Intervención General de la Generalitat Valenciana realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de las entidades autónomas, empresas y fundaciones a que se refiere el artículo 5 de esta ley».   
  
Noveno. Atendiendo al artículo 47.14 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, son actos objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, entre otros:   
«La extinción de la fundación, liquidación de la misma, y destino dado a los bienes fundacionales».  
  
Diez. Se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 41.2.g del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell que establece:   
«2. En el ejercicio de las funciones que le corresponden, el protectorado podrá solicitar informe de la comisión y, en particular, en los siguientes supuestos:  
g) En el ejercicio de las potestades que tiene atribuidas en materia de modificación, fusión y extinción de fundaciones».  
Vistos los preceptos legales citados, los artículos 39 y 40 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana (aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell) y demás generales de pertinente aplicación, así como lo informado por la Comisión del Protectorado de 12 de marzo de 2013 respecto de los procesos de liquidación de las fundaciones integrantes del sector público de la Generalitat, y lo informado por la Sección de Contabilidad del Servicio de Entidades Jurídicas el 5 de abril de 2013, resuelvo:  
  
Primero  
Ratificar el balance de liquidación aprobado por el Patronato de Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales, en los términos descritos en la presente resolución.  
  
Segundo  
Inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana la ratificación del citado balance de liquidación.  
  
Tercero  
Acordar la baja registral de la citada Fundación en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, una vez acreditada por la misma la transferencia del remanente de la liquidación a la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, y al Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT).  
  
Cuarto  
Recordar al citado Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), la obligación que pesa sobre el mismo de dar comunicación a la Agencia Tributaria respecto de la cesión del crédito que la Fundación tenía con la misma por valor de 80 €, a efectos de que dicha agencia proceda al pago, en los términos de la normativa tributaria citada en el fundamento jurídico sexto de la presente resolución.  
Notifíquese la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de poder interponer, en su caso, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el conseller de Gobernación y Justicia, o cualquier otro recurso que estime procedente.   
  
Valencia, 10 de mayo de 2013.- El secretario autonómico de Justicia: Antonio Gastaldi Mateo.