Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4771, del 09-06-2004 (2004/5748)

Notificación a Bienvenida Moreno Martín.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4771

Fecha DOGV
:   09-06-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/5748


Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Bienvenida Moreno Martín. [2004/E5748]
  
Intentada la notificación expresa a Bienvenida Moreno Martín, en representación de la mercantil Churrería La Mallorquina, SL, en el último domicilio conocido de la calle de Primavera, 10, bajo A, de Alicante, no habiendo podido practicarse ésta, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se procede a notificar a la interesada la resolución dictada por el subsecretario de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, dictada el 5 de diciembre de 2003, cuyo texto íntegro es el siguiente:
  
«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Ramón Torregrosa Pastor, con domicilio en la calle de Agost, 47, 1°, de San Vicente del Raspeig, contra la Resolución dictada por el director territorial de Economía y Hacienda de Alicante, en fecha 5 de septiembre de 2003, dictada en expediente de solicitud de cancelación de la inscripción número P033611463 en el Registro de Establecimientos Autorizados para la Instalación de Máquinas Recreativas y de Azar; y concurriendo los siguientes antecedentes de hecho:
  
Primero
  
Por Resolución de 5 de septiembre de 2003, del director territorial de Economía y Hacienda de Alicante, se acuerda desestimar la solicitud formulada por Ramón Torregrosa Pastor en su calidad de propietario del local situado en la calle de Agost, 54-56, de San Vicente del Raspeig, inscrito en el Registro de Establecimientos Autorizados para la Instalación de Máquinas Recreativas y de Azar, con número de inscripción C413374581, bajo la denominación de Cafetería La Mallorquina II y de la que es titular la empresa Churrería La Mallorquina, SL.
  
Segundo
  
Mediante escrito de fecha 2 de octubre de 2003, con sello de entrada en el registro de los servicios territoriales de Alicante de esta conselleria, de fecha l0 de octubre de 2003, Ramón Torregrosa Pastor interpone recurso de alzada, contra la citada resolución dictada por el director territorial de Economía y Hacienda de Alicante, solicitando se declare la nulidad de la misma o en su caso, «se dicte nueva resolución revocando la anterior y dejándola sin efecto y se proceda a la cancelación de la autorización y registro de máquinas recreativas y de azar vinculada a su local», y alegando en síntesis:
  
1. Que la solicitud se sustentaba en artículo 35 del Decreto 155/1998, de 29 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, en su redacción dada por el Decreto 192/2001, de 18 de diciembre, por la falta de mantenimiento de los requisitos que sirvieron de base para efectuarse la inscripción, ya que con fecha 31.12.2002 se resolvió el contrato de arrendamiento del local.
  
2. Que la resolución es nula por haberse incumplido el trámite de audiencia previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
  
3. Que el requisito de acreditar la disponibilidad sobre el local para efectuar la inscripción, sólo puede tener como fin que su pérdida suponga la cancelación de la misma.
  
4. Que al propietario se le ha causado un perjuicio real al retornarle su propiedad gravada, cuando la entregó libre y ningún daño se produce a terceros y en concreto a la mercantil Glabar, SL, que conoce el contenido del contrato de arrendamiento.
  
5. Que dado que el local no ejerce actividad y tal hecho se pone en conocimiento de la administración el 13 de marzo de 2003, «...ha de quedar desvinculado en todo caso el propietario de esa subrogación sin que nada se le pueda reclamar, quedando extinta la autorización para instalación de máquinas recreativas».
  
Tercero
  
Cumplido el trámite de audiencia a que se refiere el artículo 112, apartado 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, comparece la EO Glabar, SL, actuando en su representación Ángel Alamo Martínez, alegando en síntesis:
  
1. Que la inscripción transmite al local la condición de establecimiento autorizado para la instalación de máquinas recreativas, condición que se independiza total y absolutamente de quien eventualmente sea su titular, y que se mantiene en tanto en cuanto el local se destine a la actividad de hostelería.
  
2. Que disiente de la interpretación que hace la propiedad del local en cuanto a que es causa de cancelación de la inscripción el que finalice la disponibilidad sobre el local y que únicamente cobraría sentido tal argumentación si el arrendador, a priori, hubiese establecido por cláusula en el contrato, la prohibición de inscribir el local en el Registro de Establecimientos Autorizados para la Instalación de Máquinas Recreativas.
  
3. Que, en cuanto a la invocación que hace Torregrosa del párrafo 3° del artículo 31.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, sobre la no subrogación de un nuevo titular del establecimiento, con motivo de estar el local cerrado de forma continuada durante un año, es improcedente por cuanto que la administración ha tenido conocimiento del cierre con fecha 2 de octubre de 2003, «...debiendo entender esta parte que el cómputo y la consecuencia que dispone el artículo 31.3 del Reglamento se debió iniciar el pasado 2 de octubre de 2003, hasta el próximo 2 de octubre de 2004».
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero
  
La Subsecretaría de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, es competente para conocer del recurso en virtud del artículo 34.4 del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía y Hacienda, aprobado por el Decreto 112/2003, de 11 de julio, del Gobierno Valenciano, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 4.543, de fecha 14.07.2003.
  
Segundo
  
El recurso es admisible por haber sido presentado en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
Tercero
  
Ramón Torregrosa Pastor alega nulidad del procedimiento al haberse omitido el trámite de audiencia establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, pretensión que debe ser desestimada ya que el propio artículo 84.40 de la citada ley prevé que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, es decir, de lo que se trata es que su omisión no provoque indefensión a los interesados al privarles de alegar sobre datos obrantes en el expediente distintos a los por él invocados, de tal modo que si son los mismos, como ocurre en el presente caso, deviene innecesario darle audiencia. Recuérdese que el Tribunal Supremo tradicionalmente ha interpretado de un modo espiritualista el trámite de audiencia, de modo que sólo cabe apreciar la anulabilidad del procedimiento cuando su supresión sea causante de indefensión.
  
Cuarto
  
En cuanto al fondo del asunto, debe desestimarse el recurso interpuesto por Ramón Torregrosa Pastor por los siguientes motivos:
  
La cuestión objeto del presente expediente, de naturaleza estrictamente jurídica, consiste en determinar si la pérdida por el titular inicial de la disponibilidad del local de un establecimiento inscrito en el Registro de Establecimiento Autorizados para la Instalación de Máquinas Recreativas y de Azar, constituye motivo suficiente para cancelar dicha inscripción de conformidad con lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, que establece que «La autorización e inscripción tendrá una validez de cinco años, quedando renovada de forma automática, por período de la misma duración, sino media resolución en contra. No obstante, podrá ser cancelada por faltas de mantenimiento de los requisitos o presupuestos que le sirvieron de base o como consecuencia de expediente sancionador».
  
El artículo 3.1 del Código Civil establece que «Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto...», y del análisis sistemático del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, debe concluirse que la pérdida por el titular inicial sobre la disponibilidad del local no conlleva la cancelación de la inscripción del establecimiento, como resulta del propio artículo 35 del citado reglamento en su apartado 3, que establece: «El cambio de titularidad de los establecimientos se comunicará a los servicios territoriales en el plazo máximo de dos meses desde que se produjo, adjuntando los documentos a los que se hace referencia en el punto primero del presente artículo y previa su comprobación se hará constar en el registro». Es decir, cuando cesa el titular inicial en su actividad, y es sustituido por otro, la normativa no prevé la cancelación de la inscripción en el Registro de Establecimientos Autorizados para la Instalación de Máquinas Recreativas y de Azar, y la tramitación de una nueva, sino un mero cambio en la titularidad de la inscripción inicial.
  
La alegación de que el propietario «sin su consentimiento y no continuando ni iniciando actividad alguna de bar, cafetería o restaurante se encuentra con su local gravado por la administración» debe situarse en su justo contexto. Es decir, en primer lugar tal carga se circunscribe al supuesto de que en el local de su propiedad se inicie o se vaya a iniciar una actividad de bar, cafetería o restaurante en la que se vayan a explotar máquinas recreativas y de azar, pues en ningún otro supuesto tiene repercusión alguna sobre su propiedad el hecho de que su establecimiento conste inscrito como local autorizado para la explotación de tales máquinas; en segundo lugar, que tal carga en todo caso es una carga impuesta por la actual normativa sobre el juego y que, como se acaba de exponer, circunscribe sus efectos a aquellos locales en los que se vayan a explotar máquinas recreativas y de azar.
  
Respecto a la alegación de que el propietario entregó libre de cargas su local y que en el contrato de arrendamiento obligaba al arrendatario a devolver la plena posesión del bien arrendado, es cuestión que excede el ámbito de actuación administrativa. En el caso de que el recurrente considere que se ha vulnerado una cláusula de un contrato privado, tal cuestión debe plantearla ante la jurisdicción ordinaria.
  
Respecto a la petición de que se extinga la autorización de instalación conforme a lo establecido en el artículo 31.3 del Reglamento de Maquinas Recreativas y de Azar por haber permanecido el establecimiento cerrado y sin ejercer la actividad fijada en el artículo 33.1 del citado reglamento, debe significarse que se trata de una solicitud que no fue objeto del expediente administrativo inicial, ni fue dilucidada en la resolución recurrida, por lo que no puede resolverse en vía de recurso, debiéndose significar en todo caso, que el artículo 31.3 exige que el periodo de un año de cierre sin ejercicio de actividad se compute desde el día que por escrito, debidamente registrado, por parte interesada se ponga en conocimiento de la administración.
  
Vistos la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunidad Valenciana, el Decreto 155/1998, de 29 de septiembre, del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, en su redacción dada por el Decreto 192/2001, de 18 de diciembre, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes y de general aplicación, he resuelto:
  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Ramón Torregrosa Pastor contra la Resolución de fecha 5 de septiembre de 2003, del director territorial de Economía y Hacienda de Alicante, dictada en expediente de solicitud de cancelación de la inscripción número V623926005, en el Registro de Establecimientos Autorizados para la Instalación de Máquinas Recreativas y de Azar, correspondiente al establecimiento denominado Cafetería Mallorquina II, situado en calle de Agost, 54-56, de San Vicente del Raspeig, y de la que es titular la mercantil Churrería La Mallorquina, SL.
  
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma los interesados podrán interponer, directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, de conformidad con los artículos 8.3, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
Remítase la presente a la Dirección Territorial de Economía y Hacienda de Alicante, para su notificación la cual se practicará en la forma prevista en el artículo 58 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.»