Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9405, del 16-08-2022 (2022/7587)

DECRETO 104/2022, de 5 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas para facilitar soluciones habitacionales a personas en situación de especial vulnerabilidad a través de las entidades locales correspondiente al Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025.
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Número DOGV
:   9405

Fecha DOGV
:   16-08-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2022/7587


Fecha del documento
:   05-08-2022

Organismo emisor
:   Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

Tipo de documento
:   Decreto

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
    * ayuda pública

DECRETO 104/2022, de 5 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas para facilitar soluciones habitacionales a personas en situación de especial vulnerabilidad a través de las entidades locales correspondiente al Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. [2022/7587]  
La Ley 2/2017, de 3 de diciembre, por la función social de la vivienda, garantiza, artículo 2, a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada que cumpla con todas las condiciones para garantizar su libre desarrollo de la personalidad, su derecho a la intimidad y el resto de los derechos vinculados a la vivienda.  
El Real decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, recoge, entre los diferentes programas que contiene para hacer efectivo ese derecho mediante la concesión de ayudas o subvenciones para hacer frente al pago de la renta de arrendamiento o precio de cesión u ocupación temporal de una vivienda, un programa de ayudas dirigido expresamente a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas que han sufrido desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables con el objeto de facilitarles una solución habitacional inmediata. Las ayudas que contiene el citado programa fueron implementadas, por primera vez, como consecuencia de la emergencia de salud pública derivada de la pandemia por la COVID-19 ocurrida durante el año 2020 en relación con la cual el Gobierno de España y el Consell de la Generalitat adoptaron determinadas medidas para garantizar que la situación económica y social derivada de la pandemia no supusiera una carga adicional para los colectivos vulnerables para ver satisfecho su derecho a una vivienda.  
Así, el artículo 11 del Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19, se ordenó la puesta en marcha del programa de ayuda que nos ocupa, cuya concreta definición se formuló mediante Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 101 de fecha 11 de abril de 2020,que estableció los criterios básicos para la concesión de las ayudas, remitiendo a las comunidades autónomas la efectiva puesta en marcha en sus respectivos ámbitos territoriales del programa de ayudas citado.  
Con tal finalidad se aprobó el Decreto 60/2020, de 15 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras y concesión directa de ayudas en materia de vivienda para paliar situaciones de especial vulnerabilidad por la covid-19, a fin de establecer un régimen de ayudas por concesión directa de carácter excepcional y singularizado a las entidades locales con el fin de que por estas se facilitara una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas que hubieren sufrido desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. Por su parte, el pasado año 2021, la Resolución de 6 de agosto de 2021, del Vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, de concesión de ayudas del Programa de ayudas a las personas víctimas de violencia de género, personas que han sufrido desahucio su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables a través de las entidades locales, correspondiente al Plan estatal 2028-2021, articuló de nuevo estas ayudas a las Entidades Locales para colectivos especialmente vulnerables.  
De nuevo, para el ejercicio 2022 se pretende dar una respuesta urgente y rápida a las necesidades habitacionales de los colectivos más vulnerables, en el marco del programa establecido en el Plan estatal a que se ha hecho referencia, mediante la concesión directa de ayudas de hasta el 100 % del alquiler con la limitación de 600 euros mensuales, y hasta el 100 % de los gastos de comunidad, mantenimiento y suministros de las viviendas con limitación de 200 euros mensuales. Para ello se hace especial hincapié en que la vivienda que se arriende responda a las circunstancias y características personales de la persona vulnerable en términos de localización, seguridad, accesibilidad y cualquier otra variable que deba considerarse.  
De otra parte, la Comunitat Valenciana, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 36, apartado 1, últimos párrafos, del Real decreto 42/2022, ha considerado necesario añadir a estos supuestos genéricos una nueva circunstancia determinante de especial vulnerabilidad para ayudar a personas que han recalado en nuestro territorio huyendo de conflictos armados en sus países de origen y busquen una solución habitacional a medio o largo plazo en la Comunitat Valenciana. Esta previsión expresa se percibe como necesaria en el actual contexto de crisis humanitaria provocada por la guerra de Ucrania, así como dado el gran volumen de personas asilada, refugiada, apátrida, acogida al régimen de protección temporal, o en otros estatutos de protección subsidiaria, que han huido de guerras como la de Siria o Yemen y siguen tratando de reconstruir sus vidas en nuestro ámbito territorial.  
La experiencia derivada de la gestión de las ayudas concedidas en los dos últimos años destinadas a lograr una solución habitacional para los colectivos especialmente vulnerables ha puesto de manifiesto cómo, efectivamente, las Entidades Locales constituyen el mejor sistema para instrumentar la atención y satisfacción inmediata de las necesidades residenciales de las personas pertenecientes a estos colectivos. Son las Entidades Locales las conocedoras de las necesidades de sus vecinos y vecinas y, por tanto, es imprescindible seguir contando con la colaboración de los servicios sociales de atención primaria para desarrollar aquellos programas, propios o sectoriales, que tengan como finalidad satisfacer las necesidades básicas de las personas que viven en el municipio. Como se ha señalado en ocasiones anteriores, por constituir una red organizada con acertada implantación en todos los municipios de la Comunitat Valenciana, constituyen el mejor sistema para detectar, diagnosticar y valorar la atención y satisfacción inmediata de las necesidades habitacionales de las personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables, por lo que, desde el Consell se ha considerado necesario consolidar la colaboración entre ambas administraciones públicas impulsando la actuación de la Administración en la satisfacción de necesidades residenciales de las personas sin medios económicos suficientes para proveerse de una vivienda.  
En consecuencia, dado el carácter singular de la subvención, que se justifica por las razones de interés público y social que concurren, de conformidad con el artículo 22, apartado 2.b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y artículo 168.1.C de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de Subvenciones, se ha decidido continuar con la gestión del programa mediante la concesión directa de subvenciones en favor de las Entidades Locales que se mencionan en el anexo único del presente decreto para que, en nombre de aquellos, faciliten una solución residencial inmediata a las personas en situación de extrema gravedad económica y social. Hay que tener en cuenta que dado que se pretende anticipar el pago de las ayudas hasta el 100 % de su importe, el artículo 171.3.a de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones exige que los pagos anticipados que se prevén realizar a las entidades Locales beneficiarias tendrán que ser autorizados mediante acuerdo del Consell que podrá modificar el porcentaje de anticipo hasta un máximo del 100 por ciento cuando se trate de subvenciones de las previstas en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, esto es, subvenciones en que se acreditan razones de interés público, social, económico o humanitario, u otros debidamente justificadas que dificultan su convocatoria pública, como es el caso. Se da así cumplimiento también al citado Plan estatal regulado por el Real decreto 42/2022, de 18 de enero, que en su artículo 42 determina explícitamente que «Las subvenciones correspondientes a este programa de ayuda podrán concederse de forma directa conforme a lo establecido en del artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, por razones sociales y humanitarias, habida cuenta de la evidente y notoria urgencia y necesidad de dotar de solución habitacional a todos los potenciales beneficiarios de la ayuda regulada en este programa y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias.»  
En los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022 se ha previsto una línea de ayudas en el programa 431.40, Emergencia habitacional y función social, de las previstas en el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, dotada con un importe de 8.000.000 euros provenientes de la aportación de la Administración del Estado y de la Generalidad Valenciana en la proporción correspondiente, para la concesión de ayudas directas a las entidades locales, comprometidas en facilitar una solución habitacional inmediata y por cuenta de los colectivos más vulnerables, destinatarios últimos de las citadas ayudas.  
De acuerdo con el Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el cual establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática las competencias en materia de vivienda y arquitectura bioclimática por lo que corresponde al citado departamento la planificación y desarrollo de las medidas necesarias para llevar a cabo esta actuación, atendido su carácter social y humanitario.  
Las subvenciones que se articulan mediante este decreto no necesitan de la notificación a la Comisión Europea, por no cumplir las condiciones del artículo 107 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea; en concreto, por no suponer ventaja económica, ya que las entidades a quienes van dirigidas las subvenciones, no ejercen actividad económica que pueda ofrecer bienes o servicios en el mercado, y no hay posibilidad de falseamiento de la competencia que afecte los intercambios comerciales entre estados miembros; habiéndose aplicado lo dispuesto en el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell.  
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015 de, 6 de febrero de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y con el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, habiéndose incorporado al expediente el informe de la Abogacía General de la Generalitat y demás exigidos por la normativa vigente, a propuesta del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, previa deliberación del Consell, en la reunión de 5 de agosto de 2022,  
  
  
DECRETO  
  
Artículo 1. Objeto  
Este decreto tiene por objeto establecer un régimen de ayudas por concesión directa de carácter excepcional y singularizado, a las entidades locales que figuran en el anexo, con la finalidad de que estas faciliten, por cuenta de ellas, una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar, asiladas, refugiadas, apátridas, acogidas al régimen de protección temporal, u otros estatutos de protección subsidiaria, y a otras personas especialmente vulnerables por concurrir las condiciones establecidas en las presentes bases, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.  
  
Artículo 2. Procedimiento de concesión  
1. Las subvenciones reguladas por este decreto tienen carácter singular en virtud de lo dispuesto por los artículos 22.2.c y 28, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en el artículo 168.1.C de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, por concurrir razones de interés público y social, y en atención al especial interés que supone la implementación de las actuaciones referidas en el artículo anterior. Por ello, serán concedidas de forma directa de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 42 del Real decreto 42/2022.  
2. Corresponderán a la dirección general competente en emergencia habitacional y función social de la vivienda las actuaciones subsiguientes de gestión de subvenciones, la gestión de las fases presupuestarias correspondientes, junto a verificación de la justificación de gastos.  
  
Artículo 3. Financiación  
El importe global máximo de las ayudas a conceder mediante este decreto asciende a 8.000.000,00 de euros, correspondiendo 5.000.000,00 euros a la aportación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y 3.000.000,00 euros a la aportación de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de su posible ampliación, a través de decreto, mediante una generación, ampliación o incorporación de crédito. con cargo a la línea que se habilite a tal efecto en el capítulo IV del programa 431.40, Emergencia habitacional y función social, para el ejercicio 2022, en el marco de lo dispuesto en el artículo 168.1, apartado C de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
  
Artículo 4. Criterios de distribución de las ayudas  
1. Se pretende una distribución de las ayudas que atienda al mayor número de municipios y mancomunidades posible de manera proporcional a dos factores:  
- Porcentaje de la población del municipio respecto al sumatorio de las poblaciones de todos los municipios incluidos en el Catálogo ANHA, considerando los datos de población que constan en el INE para 2022.  
- Necesidad objetiva de vivienda, según índice ANHA ponderado a que hace referencia el apartado tercero del Catálogo de Áreas de Necesidad de Vivienda aprobado por Orden 2/2021, de 20 de abril, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.  
Asimismo, se ha contemplado un índice corrector según el grado de ejecución de las ayudas concedidas en ejercicios anteriores en el que, dentro de la fórmula de cálculo, se multiplicará de la siguiente manera:  
- Por 0,5 en el caso que haya renunciado a la ayuda o haya ejecutado menos de la mitad.  
- Por 0,75, en el caso de que haya ejecutado mas de la mitad de la ayuda, pero menos del 85 % del total asignado.  
- Por 1, se hubiere ejecutado el 85 % o más de la ayuda o el municipio se incorpore de nuevo y no hubiere sido adjudicatario de ayuda en convocatorias anteriores.  
2. Se establece un mínimo de 11.325,29 - para todos los municipios incluidos en el Catálogo ANHA, resultado de distribuir a partes iguales la cuantía que resulta después de realizar la distribución utilizando los criterios anteriores, con el objetivo de garantizar la atención efectiva de las emergencias habitacionales que pudieran darse a lo largo de la anualidad.  
3. En el caso de las mancomunidades, se ha considerado tanto la población atendida en función de la delegación de competencias de los Municipios que la componen, como los índices de vulnerabilidad de su población, de manera que se ha tenido en cuenta la parte proporcional que deberían obtener respecto del total de la ayuda y esta cantidad se reparte según el número de población.  
  
Artículo 5. Entidades locales beneficiarias  
1. Son beneficiarias de las ayudas las Entidades Locales que figuran en el anexo único, que asumen la responsabilidad de facilitar una solución habitacional inmediata a las personas incluidas en alguno de los colectivos de personas beneficiarias de estas ayudas y por cuenta de estas, desglosando la cuantía total de la ayuda en dos conceptos:  
a) Hasta un 30 % del importe total de la ayuda concedida será destinada a la puesta a disposición inmediata de una solución habitacional a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, a las personas que hayan sufrido desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables  
b) Hasta un 70 % del importe total de la subvención concedida será destinada a la concesión de ayudas directas para el pago del alquiler, cesión de uso o cualquier régimen de disfrute temporal admitido en derecho, en viviendas de titularidad pública o privada o en cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de solventar el problema habitacional de las personas beneficiarias citadas en el apartado anterior.  
2. En el caso de que no se destinara directamente toda o parte del importe correspondiente en cada una de las líneas previstas en los apartados anteriores a las finalidades que se citan, y previa justificación motivada, podrá acumularse por la entidad local las cantidades previstas en cada una de las líneas a la misma finalidad.  
  
Artículo 6. Gestión de la actuación por las entidades locales  
1. Órgano concedente.  
1. La entidad local, como ente gestor de las ayudas que se le conceden por cuenta de las personas en situación de vulnerabilidad finalmente beneficiarias, distribuirá la subvención a través del órgano que determine su organización interna y quedará sujeto a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en la aplicación de las mismas, a la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, al Real decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Plan de Acceso a la Vivienda 2022-2025, a este decreto y demás obligaciones concordantes, a efectos de distribuir las ayudas entre las actuaciones a realizar.  
En este sentido, la entidad local deberá establecer con carácter previo:  
- la adjudicación de la ayuda y su cuantía atendiendo a los informes que emitan los servicios sociales donde se concrete y se valore la situación de vulnerabilidad justificativa de la obtención de las ayudas  
- plazos y modos de pago de la subvención  
- posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta  
  
- plazo y forma de justificación por parte de la persona beneficiaria de la finalidad para la que se concedió la subvención.  
  
2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21.3.f, inciso final, del RD.42/2022, las resoluciones de concesión de las ayudas deberán expresar igualmente que estas están financiadas con cargo a fondos del Estado y de la Generalitat.  
2. Requisitos de las personas beneficiarias.  
La entidad local destinará las ayudas concedidas para dotar de un alojamiento habitacional inmediato, en cualquiera de las modalidades previstas en el apartado 3 que se expone a continuación, a las personas físicas que, como beneficiarias finales, cumplan los siguientes requisitos:  
a) Ser especialmente vulnerables como personas:  
- Víctimas de violencia de género  
- Víctimas de trata con fines de explotación sexual  
- Víctimas de violencia sexual  
- Desahuciadas de su vivienda habitual  
- Sin hogar  
- Asiladas, refugiadas, apátridas, acogidas al régimen de protección temporal u otros estatutos de protección subsidiaria.  
- Otras personas especialmente vulnerables, que ostenten dicha consideración según valoración individual emitida por los servicios sociales de la entidad local del lugar de residencia de la persona solicitante o unidad de convivencia beneficiaria en la que se atiendan y valoren las circunstancias personales que aconsejen la concesión de la ayuda, tales como personas con problemas de salud mental, diversidad funcional, personas jóvenes extuteladas por la Generalitat, personas de avanzada edad, personas exreclusas, solicitantes de asilo, personas migrantes vulnerables, independientemente de su situación administrativa, personas que hayan devenido vulnerables por haber sido reducidos, dentro de los dos años anteriores a la solicitud de la ayuda, los ingresos netos del conjunto de la unidad de convivencia de forma sustancial de forma que no superen 3 veces el IPREM y que el esfuerzo para el pago de la renta arrendaticia, inlcuidas las repercusiones autorizadas por la legislación aplicable supere el 30 por cien de los ingresos netos de la mismas, y otras situaciones similares.  
b) La renta arrendaticia o precio de cesión de la vivienda, alojamiento o solución habitacional objeto del contrato de arrendamiento o cesión deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales.  
En el caso de que, con carácter previo a la aprobación de las presentes bases haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 38 del Real decreto 42/2022, se hubiera suscrito Acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad o Agenda Urbana en el seno de la Comisión de Seguimiento referida en el artículo 133.3 incrementando el límite máximo de la renta arrendaticia o precio de cesión establecido en el apartado anterior, las rentas o precio de cesión a considerar como máximos serán los que se establecen en el cuadro que se inserta a continuación:  
  
  
Alquiler o cesión de vivienda  
  
Zona Importe anual Importe mensual  
ATPMS A-1:València 9.240 - 770 -  
ATPMS A2: Alicante   
y Castelló de la Plana 8.160 - 680 -  
ATPMS Resto 7.200 - 600 -  
  
En esta renta o precio no se incluye el importe que pudiera corresponder a anejos tales como plazas de garaje, trasteros o similares. Si en el contrato de arrendamiento o cesión de uso se incluyeran anejos como garaje o trastero y el precio de cada uno de ellos no estuviera desglosado figurando en el contrato únicamente el importe global, a los efectos de la comprobación del importe máximo del precio anterior, se valorará el importe de la renta o precio de cesión de la vivienda como el 80 por 100 del precio total del contrato cuando este incluya vivienda y garaje, 95 por 100 cuando el contrato incluya vivienda y trastero, y 75 por 100 cuando el contrato incluya vivienda, garaje y trastero.  
Si en el contrato de arrendamiento o cesión de uso se incluyeran los gastos de comunidad y su precio no estuviera desglosado figurando en el contrato únicamente el importe global, a los efectos de la comprobación del importe máximo del precio anterior, se valorará el importe de los gastos de comunidad como el 5 por 100 del importe del precio de alquiler o cesión de la vivienda.  
La vivienda arrendada, cedida en uso u otra ocupación deberá constituir residencia habitual de la persona o unidad de convivencia perceptora de la ayuda.  
c) La persona arrendataria, cesionaria o titular del derecho de ocupación de la vivienda, o cualquiera de las que en ella tengan su domicilio habitual, no debe tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona que tenga la condición de arrendadora o cesionaria de la vivienda, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas por los servicios sociales. Tampoco podrá ser ser socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora o cesionaria.  
d) No podrán ser beneficiarias aquellas personas o unidades de convivencia que dispongan de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo, que puedan ocupar tras la acreditación de la condición de víctima de violencia de género, o el desahucio de su vivienda habitual o la consideración de especialmente vulnerable y cuya ocupación sea compatible con dichas situaciones.  
  
3. Actuaciones subvencionadas.  
Las actuaciones subvencionadas se estructuran, en función de su financiación, de la siguiente forma:  
a) Actuaciones destinadas a poner a disposición de las personas especialmente vulnerables enumeradas en el apartado anterior un alojamiento o solución habitacional inmediata.  
La entidad local podrá destinar las cantidades percibidas por este concepto para abonar cualquier gasto derivado del arrendamiento, derecho de uso o cualquier régimen de ocupación temporal del inmueble necesario para su puesta a disposición de los colectivos vulnerables mencionados.  
A estos efectos se considera solución habitacional la puesta a disposición de las beneficiarias de una vivienda de titularidad pública o privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios, accesibilidad y localización, para su disfrute, de forma individual o compartida, en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de disfrute temporal admitido en derecho, respetando, en todo caso, los procedimientos de adjudicación de vivienda que tengan establecidos para los parques de vivienda de titularidad pública.  
Esta solución habitacional se hace extensible excepcional y provisionalmente, si se acredita que no es posible la puesta en disposición de una vivienda conforme a lo señalado en el apartado anterior, para cualquier alojamiento o dotación residencial, susceptible de solventar el problema habitacional de las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, objeto de desahucio de su vivienda habitual, sin hogar o especialmente vulnerables. En todo caso se deberán salvaguardar los derechos constitucionales a la intimidad y a la libertad de tránsito de las personas alojadas.  
Se procurará que nadie viva en viviendas o soluciones habitacionales de emergencia o de transición más tiempo del necesario para su traslado exitoso a una vivienda o solución habitacional permanente.  
b) Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la concesión de una ayuda que podrá aplicarse para el pago del alquiler o del precio de cesión u ocupación de la vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias citadas, en los mismos regímenes.  
  
4. Procedimiento de concesión.  
Las ayudas se concederán en régimen de concesión directa, con la sola acreditación de la condición de persona víctima de violencia de género, de trata con fines de explotación sexual, de violencia sexual, del desahucio o lanzamiento - inminente o ya realizado - de la vivienda habitual, de persona sin hogar, asilada, refugiada, apátrida, acogida al régimen de protección temporal, u otros estatutos de protección subsidiaria, o de la condición de persona especialmente vulnerable acreditada por los servicios sociales.  
No será necesario establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas, siempre que exista consignación presupuestaria.  
  
5. Cuantía de la ayuda.  
1. La cuantía de la ayuda que se conceda por el ayuntamiento o entidad local se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, atendiendo a las circunstancias personales de la persona beneficiaria y de conformidad con el informe que, a estos efectos, se emita por los servicios sociales, dentro de los límites que se señalan a continuación:  
a) Podrá concederse una ayuda de hasta el 100 % de la renta o precio de la vivienda o solución habitacional a disfrutar en régimen de arrendamiento, cesión en uso o en cualquier régimen de disfrute temporal admitido en derecho con un máximo, en todo caso, de 600 euros al mes, o de la renta o precio de cesión incrementada a que hace referencia el artículo 6, apartado 2, párrafo b).  
b) Podrá concederse otra ayuda de hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, seguros, comunidad, y suministros básicos de la vivienda o solución habitacional, incluidos los gastos de acceso a internet, con el límite del 100 % de dichos gastos. Esta ayuda será compatible con cualquier otra ayuda para el mismo objeto con la limitación de no sumar mayor importe que el coste y con las limitaciones reguladas en las disposiciones que regulen las otras ayudas, especialmente para el caso de los gastos de acceso a internet con las reguladas en el Real decreto 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
2. Los servicios sociales de la administración local correspondiente habrán de informar, de forma preceptiva y vinculante, sobre la situación económica y social de la unidad de convivencia, su situación de vulnerabilidad o exclusión social y del seguimiento social que proceda y la entidad local determinará la cuantía de estas ayudas dentro de los límites de este artículo, atendiendo al informe de los servicios sociales y a las circunstancias personales de la de la persona beneficiaria. Esta determinación se podrá hacer de forma individualizada o generalizada para supuestos similares.  
  
6. Periodo subvencionable.  
Las ayudas que concedan las entidades locales para sufragar tanto la renta o precio de cesión u ocupación del inmueble como los gastos mencionados en el apartado anterior, lo serán por un plazo de 1 año, y podrán ser aplicados a los gastos devengados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2023.  
  
7. Pago de las ayudas.  
El pago de las ayudas por las entidades locales a las personas beneficiarias se sujetará a las normas comunes que se establezcan por la entidad local de acuerdo con los siguientes criterios:  
1º. El pago correspondiente a la ayuda concedida se realizará previa justificación del gasto, si bien podrá anticiparse el pago de hasta un 100 % del importe total de la ayuda en el momento de su concesión sin que sea necesaria la prestación de garantía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44. 12 b) de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022  
2º. Será justificación tanto del pago como del destino de los fondos, la transferencia realizada, recibo bancario domiciliado o ingreso en efectivo en la cuenta de la persona física o jurídica titular de la actividad económica o del inmueble sobre la que recaiga el contrato de arrendamiento, de cesión temporal o de ocupación suscrito.  
En el documento acreditativo de pago deberá constar expresamente:  
  
a) La identificación completa de la persona que realiza y recibe el pago, debiendo coincidir, en todo caso, quien lo recibe con la persona titular del contrato de arrendamiento, cesión de uso u ocupación del inmueble y quien lo realiza con la persona beneficiaria o perceptora de la ayuda, salvo casos objeto de órdenes de protección que incluyan la anonimización de la víctima del delito.  
b) El importe de la renta de alquiler de la vivienda, precio de cesión o del precio de ocupación del inmueble.  
c) El concepto por el que se realiza, con indicación del mes o periodo al que corresponde.  
3º. Si la persona beneficiaria de la ayuda no justifica que las ayudas percibidas han sido destinadas al pago de las rentas de alquiler de vivienda o del precio de cesión u ocupación del inmueble, no se realizará ningún pago más, procediéndose a la revocación de la ayuda y consiguiente pérdida de derecho al cobro de la cuantía que reste, así como al inicio de expediente de reintegro por el importe de las ayudas concedidas y cuyo destino no ha sido justificado con los intereses legales correspondientes.  
4º. La ayuda podrá ser abonada:  
a) Directamente a las propias personas beneficiarias de las ayudas.  
b) A las personas física o jurídica arrendadora de la vivienda para su directa aplicación al pago del alquiler mediante el correspondiente descuento y por cuenta de la persona arrendataria, cesionaria o titular del derecho de ocupación.  
  
8. Publicación de la resolución de concesión.  
De acuerdo con el artículo 18.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, no será necesaria la publicación de la resolución de concesión de subvenciones, por entender que dicha publicación puede ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas, en virtud de lo establecido en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
  
9. Compatibilidad de las ayudas.  
Esta ayuda será compatible con cualquier otra ayuda para el mismo objeto con la limitación de no sumar mayor importe que la renta de arrendamiento o precio de cesión de uso u ocupación y con las limitaciones reguladas en las disposiciones que regulen las otras ayudas, especialmente para el caso de los gastos de acceso a internet con las reguladas en el Real decreto 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
En este sentido, estas ayudas serán compatibles con el resto de ayudas al alquiler del programa de alquiler de vivienda establecidas en el Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025, regulado en el Real decreto 42/2022, de 18 de enero que pudiera percibir la persona arrendataria por tratarse de beneficiarios en situaciones de especial vulnerabilidad, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100 % del importe del alquiler del mismo período. En caso de superarlo, si la ayuda correspondiente a este programa fuese concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite  
  
10. Exención de requisitos  
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición transitoria novena de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, en la redacción dada por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, podrán conceder y pagarse por las administraciones públicas ayudas para el pago de alquileres de vivienda cuando concurran razones de carácter público, social o humanitario, acreditadas mediante informe favorable de los servicios sociales municipales, a personas o unidades de convivencia en situación de emergencia habitacional, aun cuando el titular del contrato o miembros de la unidad de convivencia no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la seguridad social o tengan la condición de sujeto deudor por resolución de procedencia de reintegro.  
  
Igualmente, y en tales supuestos, las personas beneficiarias de las subvenciones podrán ser perceptoras de cantidades a cuenta aun cuando no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la seguridad social, tengan la condición de sujeto deudor por resolución de procedencia de reintegro o se encuentren incursas en alguna de las situaciones establecidas en el apartado 6 del artículo 171 de la Ley 1/2015.  
  
Artículo 7. Pago de la subvención a las entidades locales beneficiarias  
1. Pago anticipado  
El pago de las subvenciones que se otorgan por concesión directa en virtud del presente decreto a las entidades locales beneficiarias podrá librarse, una vez concedidas, de forma anticipada, hasta el 100 por cien de su importe, sin que sea necesario prestar garantía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.12.b de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022. A estos efectos, se autoriza el pago anticipado a les Entidades Locales beneficiarias de las ayudas correspondientes con la finalidad de que por tales entidades, y por cuenta de aquellas, faciliten una solución habitacional inmediata a las personas integrantes de los colectivos a los que van dirigidos estas ayudas.  
  
2. Procedimiento  
Para el cobro de las ayudas, la entidad local beneficiaria deberá presentar formulario normalizado de aceptación de la ayuda concedida debidamente cumplimentado y firmado utilizando el trámite telemático disponible en la página Web de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática al que se accederá a través del siguiente enlace:  
https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-convocatories-2022/  
  
La aceptación y tramitación de las ayudas será únicamente telemática en el trámite establecido al efecto; cualquier presentación realizada siguiendo un procedimiento diferente al aquí establecido o fuera del plazo, será inadmitida.  
La tramitación telemática requerirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante el Registro electrónico, que estén firmados electrónicamente mediante una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunidad Valenciana, y expedido por la Generalitat o por cualquier otro prestador de servicios de certificación con el que la Generalitat haya firmado el oportuno convenio.  
  
3. Documentación  
Al trámite telemático se acompañará la documentación que se indica a continuación:  
a) Formulario normalizado de aceptación de la ayuda debidamente cumplimentado y firmado  
b) Certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente de la Entidad Local en el cual se expresa la voluntad de aceptación de la ayuda concedida y su cuantía.  
Si la cuantía que se acepta fuera inferior a la ayuda concedida deberá hacerse así constar en el formulario de aceptación de la ayuda en cuyo caso por la Dirección General de Emergencia habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana resolverá lo procedente minorando la cuantía de la ayuda concedida.  
c) Impreso de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado, designando la cuenta en la que se hará el ingreso de las ayudas, que se tramitará previamente de conformidad con lo dispuesto en la Orden 2/2022 de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se regulan las actuaciones o trámites de alta, modificación y baja de los datos personales identificativos y bancarios de las personas físicas y jurídicas que se relacionen económicamente con la Generalitat, a través de la sede electrónica de la Generalitat (sede.gva.es).  
  
4. Plazo  
El plazo para presentar la documentación indicada en el apartado anterior para el cobro de la ayuda será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el DOGV del presente decreto. Transcurrido el citado plazo sin que por la entidad local se hubiere presentado acuerdo de aceptación de la ayuda concedida, se entenderá que renuncia a la misma, quedando la cuantía correspondiente a disposición del órgano concedente.  
Si como consecuencia de la aceptación de la ayuda por importe inferior al concedido en virtud de este Decreto o por renuncia de alguna entidad local beneficiaria de la ayuda concedida se produjere un sobrante del importe con que está dotada la presente convocatoria, dicha cantidad será repartida entre las demás entidades locales beneficiarias mediante la aplicación de los mismos criterios utilizados para su concesión.  
  
Artículo 8. Obligaciones de las Entidades Locales beneficiarias  
1. Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones quedarán sujetos a las obligaciones establecidas en los artículos 14 y concordantes de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y particularmente a:  
a) Facilitar cualquier documento, información o inspección que la dirección general competente en materia de emergencia habitacional y función social considere necesario para el control del cumplimiento de los fines previstos.  
A estos efectos, por la Entidad Local se conservará y custodiará los documentos originales justificativos de la actuación realizada y la aplicación de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control y particularmente los informes emitidos por los servicios sociales municipales acreditativos de la situación de vulnerabilidad de las personas beneficiarias de las ayudas que podrá serle requerida en cualquier momento al objeto de comprobar el destino de la ayuda.  
b) Someterse a cualquier actuación de control financiero que corresponda a la Intervención de la Generalitat, en relación con las ayudas y subvenciones concedidas.  
c) Comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados, nacionales o internacionales; así como cualquier incidencia o variación que se produzca en relación con la subvención concedida.  
d) Cumplir las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, debiendo dar la adecuada publicidad a la ayuda, en especial a quienes son potenciales beneficiarios, y a la red de instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro de apoyo, como la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito.  
2. En los procedimientos de concesión de las ayudas se observarán, en todo caso, las prescripciones derivadas de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, de manera que los datos personales derivados de situaciones de violencia de género o los datos de salud tendrán el máximo nivel de protección.  
  
Artículo 9. Justificación por las entidades locales de la aplicación dada a las subvenciones  
1. La entidad local deberá justificar antes del 15 de abril de 2023 el gasto subvencionado mediante la presentación ante la Dirección General de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, de una Memoria, en modelo normalizado que podrá descargarse de la página web de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, aprobada por el órgano municipal competente de la entidad local, que recoja todos las actuaciones subvencionables realizadas. El contenido mínimo de la memoria será el siguiente:  
a) Breve descripción de las actuaciones realizadas en cada uno de los programas objeto de la subvención a favor de las personas beneficiarias de este programa con indicación de los fundamentos adoptados para la concesión de las ayudas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de este decreto, relativo a la «Gestión de la actuación por las entidades locales», en su apartado 1.  
b) Relación de personas usuarias del programa a las que se les ha dotado de una solución habitacional o a las que se les ha concedido una ayuda económica para el pago de alquiler o del precio de ocupación del inmueble, con indicación de su DNI, NIE o número de pasaporte y cuantía de la ayuda y periodo subvencionado con indicación de las fechas que comprende.  
c) Memoria económica completa del programa según las distintas actuaciones realizadas.  
d) Objetivos alcanzados, cuantificados y valorados.  
e) Indicación del impacto de género que ha tenido las ayudas concedidas.  
La citada Memoria se acompañará de un certificado de obligaciones reconocidas por la corporación durante el período subvencionable, suscrito por la persona titular de la intervención o secretaria y con el visto bueno de la persona titular de la alcaldía-presidencia de la entidad local donde se hará constar que las personas beneficiarias cumplen los requisitos exigidos en estas bases y demás normativa de general aplicación para resultar adjudicatarias de las ayudas.  
2. Si de la presentación de las memorias de ejecución del gasto, se derivasen incumplimientos en la realización de los mismos por parte de la entidad local, se procederá a la minoración correspondiente y a la exigencia, en su caso, de devolución de importes indebidamente percibidos.  
3. El incumplimiento del plazo máximo de justificación de las subvenciones podrá dar lugar a la dejación sin efectos de la ayuda, con exigencia, en su caso, del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención  
  
Artículo 10. Minoración y reintegro  
1. Darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas - así como la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención, hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de esta - los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003.  
2. De conformidad con el apartado d del artículo 35 de la Ley 2/2015, el incumplimiento de lo dispuesto en la letra d del artículo 13 podrá comportar el reintegro total o parcial de la subvención concedida, previa tramitación del procedimiento sancionador según lo dispuesto en el título III de la Ley 2/2015.  
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable sin perjuicio de la posible calificación de los hechos como infracción administrativa e incoación del procedimiento sancionador, de acuerdo con los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, y los artículos 173 y siguientes de la Ley 1/2015.  
4. Comportará la pérdida del derecho de cobro de la subvención y reintegro de esta, la comprobación de que la subvención ha sido destinada a la realización de una actividad o al cumplimiento de una finalidad prohibida en el título VI de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.  
  
Artículo 11. Notificación a la Comisión Europea  
Se remitirá a la dirección general con competencias en materia de financiación y fondos europeos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico la ficha informativa de ayudas no sujetas al artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la lista de comprobación para proyectos aplicada al caso concreto de la transferencia objeto de la resolución que se propone, dado que se considera que no se precisa de su notificación a la Comisión Europea por no ser incompatible con el mercado interior, al tratarse de una contribución pública cuyo efecto se limita a compensar la gestión de los servicios y de las infraestructuras en el ámbito de la Comunidad Valenciana sin que afecte a los intercambios comerciales entre Estados Miembros.  
  
Artículo 12. Régimen jurídico  
Estas ayudas tienen la consideración de subvenciones públicas y se regirán, además de por lo dispuesto en este decreto, por la Ley 38/2003, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba su reglamento de desarrollo, por lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y el Real decreto 42//2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, y resto de normativa vigente que sea aplicable.  
  
  
  
DISPOSICIONES FINALES  
  
Primera. Delegación de facultades de ejecución  
Se faculta a las personas titulares de las direcciones generales competentes en emergencia habitacional y función social de la vivienda, y en atención primaria de servicios sociales, en el ámbito de sus respectivas competencias, a desarrollar y ejecutar este decreto.  
  
Segunda. Entrada en vigor  
Este decreto producirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana  
  
Tercera. Recursos  
Contra las bases reguladas por este decreto, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el Consell, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de JustIcia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, de acuerdo con el artículo 44.1 del texto legal citado, si bien en los litigios entre Administraciones públicas no cabe recurso en vía administrativa, cuando alguna Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material o inicie la actividad a que esté obligada.  
  
València, 5 de agosto de 2022  
  
El president de la Generalitat,  
XIMO PUIG i FERRER  
  
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda  
y Arquitectura Bioclimática,  
HÉCTOR ILLUECA BALLESTER