Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6206, del 15-02-2010 (2010/1271)

ACUERDO de 27 de noviembre de 2009, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, relativo a la solicitud formulada por la EPSAR relativa al proyecto de construcción de la EDAR de Benicarló y del proyecto de construcción de nuevos colectores generales del sistema de saneamiento de ese municipio. Expediente 2009/0263 Benicarló.
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Número DOGV
:   6206

Fecha DOGV
:   15-02-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2010/1271


Fecha del documento
:   27-11-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Benicarló
    * plan de urbanismo

ACUERDO de 27 de noviembre de 2009, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, relativo a la solicitud formulada por la EPSAR relativa al proyecto de construcción de la EDAR de Benicarló y del proyecto de construcción de nuevos colectores generales del sistema de saneamiento de ese municipio. Expediente 2009/0263 Benicarló. [2010/1271]  
Visto el expediente de referencia y de conformidad con los siguientes  
Antecedentes  
Primero. Mediante escrito de 7 de octubre de 2009, que tiene entrada en el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón el 23 de octubre de 2009, por parte de la Entitat de Sanejament d'Aigües (en adelante EPSAR) se solicita la declaración de compatibilidad con la ordenación en base al artículo 98.3 y 98.4 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana (en adelante LUV), ello en relación con el proyecto de las obras de construcción de la EDAR de Benicarló y con el proyecto de construcción de los nuevos colectores generales del sistema de saneamiento de Benicarló. En el escrito de la EPSAR también se indica que la documentación también se remite «a los efectos de obtener (...) la preceptiva formulación de declaración de impacto ambiental», así como el «informe favorable del estudio de integración paisajística».  
Segundo. Según resulta de la documentación aportada por la EPSAR, los proyectos de obra pública de la EDAR de Benicarló y del proyecto de construcción de nuevos colectores, junto con su documentación anexa, fueron sometidos a información al público mediante anuncios publicados en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 23 de junio de 2009 y en periódico Las Provincias de 3 de julio de 2009, sin que se hayan presentado alegaciones.  
Tercero. Por escrito de 28 de octubre de 2009 el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón ha remitido un ejemplar de toda la documentación al Área de Evaluación Ambiental, ello por si tuviera que realizar ese organismo alguna actuación. Con la misma fecha otro ejemplar completo de la documentación recibida se remitió al órgano paisajístico de la Dirección General de Territorio y Paisaje.  
Por parte de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, con fecha 10 de noviembre de 2009, se ha emitido un informe con fecha 10 de noviembre de 2009 en el que se concluye «que el Plan especial de los nuevos colectores generales del sistema de saneamiento de Benicarló está sometido a declaración de impacto ambiental, siendo en este caso el órgano sustantivo la Comisión Territorial de Urbanismo». Del mismo modo, se concluye que la documentación relativa a la estación depuradora de aguas residuales no requiere nueva evaluación ambiental.  
Cuarto. La Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión de 15 de diciembre de 2008, aprobó definitivamente el Plan especial para la implantación de la estación depuradora de aguas residuales de Benicarló. El acuerdo con las ordenanzas se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 8 de enero de 2009. Este Plan especial contó previamente a su aprobación con una declaración de impacto ambiental favorable.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Hemos de determinar primero cuál es con exactitud el pronunciamiento que la EPSAR solicita del órgano urbanístico de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Según se señala en el escrito de la EPSAR de 7 de octubre de 2009, lo que se solicita es la declaración de compatibilidad con la ordenación urbanística y territorial prevista en el artículo 98 de la LUV, ello en relación con dos proyectos de obra a realizar en el municipio de Benicarló, el proyecto de construcción de la EDAR y el proyecto de los nuevos colectores generales del sistema de saneamiento. En el escrito también se solicita (sin identificar el órgano que ha pronunciarse) que se emita la correspondiente declaración de impacto ambiental y el informe favorable al estudio de integración paisajística.  
En realidad son tres pronunciamientos distintos de la Conselleria los que, a través de un solo escrito, solicita la EPSAR: la declaración de compatibilidad del artículo 98 de la LUV (actuación cuya tramitación correspondería a la Dirección General de Urbanismo), la declaración de impacto ambiental (competencia de la Dirección General de Gestión del Medio Natural), y el informe al estudio de integración paisajística (competencia de la Dirección General de Territorio y Paisaje).  
El artículo 97.1 de la LUV establece que «la realización material de toda obra pública de la Generalitat, sus organismos, entidades y sociedades dependientes, o concesionarios, exige verificar, previamente, su compatibilidad con la ordenación territorial y urbanística». El apartado 2 del artículo 97 indica cómo ha de realizarse esa verificación: como regla general, esa verificación se efectúa mediante la licencia de obras; pero «cuando la obra no esté sometida a licencia» la verificación se hará «sometiendo su proyecto básico a los trámites propios del procedimiento de aprobación de los planes especiales», ello según las reglas que luego se detallan en el artículo 98 de la LUV.  
El artículo 9.1 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana (precepto redactado por el artículo 30 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre) establece lo siguiente:  
«La ejecución de obras e instalaciones de infraestructura para abastecimiento de aguas de carácter general y de tratamiento y depuración a que se refiere esta ley, por constituir infraestructuras de interés comunitario, no estarán sometidas a la obtención de licencia municipal. La adecuación entre las obras y el planeamiento se verificará conforme a lo dispuesto en la legislación urbanística».  
Así, los dos proyectos de obra pública que ahora nos interesan no están sujetos a licencia urbanística municipal.  
Tampoco están sujetos a autorización ambiental integrada o a licencia ambiental. La disposición adicional segunda de la Ley 2/2006, de 5 de mayo de prevención de la contaminación y calidad ambiental, preveía que el Consell pudiera acordar que determinadas categorías de actividades, obras e infraestructuras de titularidad pública legalmente declaradas de interés general quedasen excluidas de la autorización ambiental integrada o de la licencia ambiental. De esa facultad se ha hecho uso a través del artículo 1 del Decreto 201/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula la intervención ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas residuales, que establece lo siguiente:  
«Quedan excluidas de la aplicación del régimen de autorización ambiental integrada o del de licencia ambiental, según corresponda, las actividades, obras e infraestructuras públicas de evacuación, tratamiento, depuración y, en su caso, reutilización de aguas residuales, así como las obras públicas de infraestructuras para el abastecimiento de aguas de carácter general, que hayan sido o sean declaradas legalmente de interés comunitario, y salvo que se trate de actividades o instalaciones referidas en el artículo 2 y el anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes».  
Así, lo que la EPSAR solicita de la Dirección General de Urbanismo es que se dicte la resolución declarando la compatibilidad de estas obras públicas con la ordenación urbanística y territorial a que se refiere el artículo 98 de la LUV, ello puesto que las obras no están sujetas a licencia urbanística municipal. En concreto, el artículo 98 de la LUV lo que dispone es lo siguiente:  
«Artículo 98. Tramitación de los proyectos de obra pública de la Generalitat con incidencia en la ordenación urbanística.  
1. Cuando la obra no esté sujeta a licencia, se procurará que los trámites, incluso el de sometimiento a información pública, coincidan con los exigibles para la aprobación del Proyecto, con simultáneo cumplimiento de lo exigido en este precepto y en la legislación de obras públicas o de expropiación forzosa.  
2. La competencia para someter el proyecto a información pública la ostenta el órgano promotor del proyecto. Si modificase el planeamiento urbanístico, se deberá completar con los documentos característicos del plan especial.  
3. La resolución del órgano promotor dando su conformidad al proyecto básico o la solicitud de declaración de la conselleria competente en urbanismo sobre su compatibilidad con la ordenación, equivale a la aprobación provisional de los planes especiales y legitimará su completa realización.  
4. La competencia para declarar la compatibilidad de la obra pública con la ordenación urbanística y territorial la ostenta la conselleria competente en urbanismo, sin perjuicio de lo que dispone la Ley 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del territorio y protección del paisaje respecto a los proyectos de infraestructura de especial relevancia. En caso de discrepancia entre el órgano promotor y el órgano competente para otorgar la declaración de compatibilidad, resolverá el Consell.  
5. Cuando la obra no revista especial interés para la comunidad local se preverán las oportunas compensaciones para resarcir al municipio del coste de los servicios que éste preste en orden a posibilitar su construcción.  
6. Cuando se trate de proyectos de obra pública para la mera reparación, renovación o introducción de mejoras ordinarias en obras o servicios ya existentes, sin alterar el destino urbanístico del suelo, será innecesario seguir la tramitación prevista en este artículo».  
En este sentido, la previsión contenida en el artículo 2 del ya citado Decreto 201/2008, del 12 de diciembre, según la cual «las actividades, obras e infraestructuras referidas en el artículo 1 del presente Decreto se tramitarán como plan especial», debe considerarse como una remisión a la tramitación prevista en los artículos 97.2.c y 98 de la LUV.  
Con independencia de ese pronunciamiento urbanístico, el escrito de la EPSAR ha solicitado también, como ya hemos dicho, otros dos pronunciamientos de la Conselleria que no son competencia de la Dirección General de Urbanismo. En relación con ello, como consta en los antecedentes, la solicitud ha sido trasladada a la Dirección General de Gestión del Medio Natural y a la Dirección General de Territorio y Paisaje.  
Segundo. Antes de continuar conviene efectuar algunas precisiones sobre la naturaleza de la documentación que se nos somete a consideración y sobre el alcance y naturaleza de la resolución administrativa que declara la compatibilidad del proyecto con la ordenación territorial y urbanística. Resulta oportuno reflexionar brevemente sobre estas cuestiones, pues la remisión que alguno de los preceptos antes citados efectúa al Plan especial puede dar lugar a confusiones que conviene evitar.  
La documentación respecto de la cual se solicita un pronunciamiento del órgano urbanístico de la Conselleria no tiene la naturaleza de plan urbanístico (que, como se sabe tiene naturaleza de reglamento), sino de un simple proyecto de obra pública. Por ello, y salvo en el caso especial al que luego nos referiremos (en el que el proyecto se ha de acompañar de un plan especial), el objeto de este procedimiento no es aprobar un plan urbanístico. La resolución autonómica que ponga fin a este expediente no constituye un acto de aprobación de un plan urbanístico, ni supone tampoco, en sentido propio, un acto de aprobación definitiva del proyecto de obra, sino que su función y contenido es únicamente el de declarar la compatibilidad del proyecto con la ordenación urbanística y territorial.  
Sólo cuando el proyecto de obra pública modifique el planeamiento urbanístico, según lo que señala el artículo 98.2 de la LUV, éste se debe completar «con los documentos característicos del plan especial». Por lo tanto, sólo en ese caso existirá, junto a la resolución que declare la compatibilidad de la obra con la ordenación urbanística, una resolución aprobatoria de un verdadero plan urbanístico: el plan especial que acompañe al proyecto de obra.  
Los planes urbanísticos están sujetos a trámites y a requisitos que no son exigibles cuando nos hallamos ante un simple proyecto de obra. Por ello, únicamente cuando nos encontremos ante el supuesto de un proyecto de obra pública que esté acompañado de un plan especial deberán exigirse los trámites o documentos adicionales que la legislación urbanística exige a esta clase de planes (por ejemplo, la evaluación ambiental de planes o el estudio de integración paisajística del plan especial).  
Así, a la hora de aplicar el artículo 98 de la LUV deberá diferenciarse entre dos supuestos:  
a. Cuando nos hallemos ante proyectos de obra pública que no incorporen un plan especial. En este caso ese proyecto de obra pública, a los efectos de obtener la declaración de compatibilidad urbanística, se tramita según las reglas de procedimiento previstas para los planes especiales, pero no se aprueba ningún instrumento de planeamiento. La resolución que dicte el órgano urbanístico no aprueba ningún plan y se limita a declarar la compatibilidad de proyecto con la ordenación urbanística.  
b. Cuando nos hallemos ante proyectos de obra pública que vayan acompañados de un plan especial. En ese caso sí se va a aprobar un instrumento de planeamiento urbanístico. La resolución que dicte el órgano urbanístico consistirá en una auténtica aprobación de un plan, la cual irá acompañada de la consiguiente declaración de compatibilidad del proyecto de obra pública.  
Se trata, de dos situaciones distintas que dan lugar a actos de la administración de diferente naturaleza y sujetos, entre otras cosas, a un distinto régimen de recursos (contra la aprobación de un plan, que tiene naturaleza reglamentaria, no cabe interponer recurso administrativo, que sí es posible ante el acto administrativo que simplemente declara la compatibilidad urbanística de un proyecto de obra pública).  
En el caso objeto de la solicitud de EPSAR de 7 de octubre de 2009 los dos proyectos de obra pública para los que se pide el pronunciamiento del artículo 98 de la LUV están en cada una de esas dos situaciones. En el supuesto del proyecto de construcción de la EDAR, se trata de una obra ya amparada en el planeamiento urbanístico previamente aprobado, por lo que no se acompaña de un plan especial (de hecho, existe ya un previo plan especial aprobado que le da plena cobertura urbanística). En cambio, en el caso del proyecto de construcción de los nuevos colectores, la documentación adjunta incorpora un plan especial específico.  
Tercero. Existe en el escrito de solicitud formulado por la EPSAR una cierta confusión entre procedimientos (aprobación del proyecto de obra pública, declaración de compatibilidad urbanística, declaración de impacto ambiental, informe al estudio de integración paisajística) que conviene también aclarar.  
El anexo I.6.a.4.b del Decreto 162/1990, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, sujeta a declaración de impacto ambiental la siguiente actuación:  
«Plantas depuradoras de aguas, de nueva construcción y sus modificaciones, situadas en terrenos seminaturales, naturales o incultos clasificados como suelo no urbanizable, cuando se proyecten para más de 100.000 habitantes equivalentes, así como el sistema de colectores correspondiente, salvo en los casos que desarrollen características y trazado recogidos en instrumentos de ordenación del territorio con declaración de impacto ambiental positiva».  
Por otra parte, el artículo 48.4.e del Reglamento de paisaje de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, establece que deberán ir acompañados de estudio de integración paisajística «los proyecto sometidos a evaluación de impacto ambiental al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1989, de 3 de marzo y de su Reglamento de desarrollo aprobado por Decerto 162/1990, de 15 de octubre».  
Finalmente, el artículo 2 del Decreto 201/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula la intervención ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas residuales, dispone que «las actividades, obras e infraestructuras referidas en el artículo 1 del presente Decreto se tramitarán como un plan especial, incluyendo la correspondiente evaluación ambiental».  
A la vista de todas estas previsiones legales no es fácil determinar con precisión cómo se integra en el procedimiento de aprobación del proyecto de obra pública la declaración de compatibilidad urbanística del artículo 98 de la LUV con la declaración de impacto ambiental y con el informe al estudio de integración paisajística. El tema se complica todavía más si tenemos en cuenta que, a partir de la aprobación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, de efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, ha surgido la nueva figura de la evaluación ambiental de planes que es sustancialmente distinta de la declaración de impacto ambiental de proyectos. La dificultad de armonizar estas dos modalidades de evaluación ambiental se va a hacer más patente en aquellos casos en los que el proyecto de obra pública deba acompañarse de un plan especial, pues en tal caso surge la duda de decidir qué tipo de evaluación ambiental debe elaborarse: sólo la evaluación ambiental estratégica del plan, sólo la declaración de impacto ambiental del proyecto de obra, o ambos documentos. El inciso final del anexo I.6.a.4.b del Decreto 162/1990 nos podría dar una solución, al entender suficiente la declaración de impacto ambiental del instrumento de ordenación urbanística si éste ya ha previsto la ubicación, trazado y características de las correspondientes instalaciones.  
Resulta relevante en este tema determinar cuál es en realidad el acto administrativo de aprobación del proyecto de obra pública, puesto que, resuelto esto, sabremos ya cuál es el órgano sustantivo, que sería el encargado de solicitar el impacto ambiental y, en su caso, el informe de paisaje. La legislación aplicable no es clara al respecto, pero una posible solución se extrae de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 98 de la LUV. Este precepto habla de una «resolución del órgano promotor dando la conformidad al proyecto básico», la cual «legitimará su completa realización». Dentro del procedimiento para la obtención de la declaración de compatibilidad urbanística (y puesto que se aplica el procedimiento de aprobación de un plan especial) esa resolución equivale a la aprobación provisional. Sin embargo, a los demás efectos, esa resolución implica la aprobación del proyecto de obra pública, ello hasta el extremo de que la misma es suficiente para legitimar su completa realización.  
Por ello, como regla general, la declaración de impacto ambiental, de ser necesaria, y cuando el proyecto de obra no se acompañe de un plan especial, deberá ser emitida dentro del procedimiento por el que el órgano promotor aprueba el proyecto de obra pública. En ese caso, será también dentro de ese procedimiento en el que se tenga que emitir el informe relativo al estudio de integración paisajística.  
Cuarto. Dicho todo lo anterior, vamos ahora a examinar qué decisión debe adoptarse en relación con la solicitud efectuada por la EPSAR respecto del proyecto de construcción de la EDAR de Benicarló.  
En este caso existe, como se ha señalado en los antecedentes, un plan especial aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón el 15 de diciembre de 2008 que da plena cobertura urbanística a la obra.  
En cuanto a si el proyecto de obra necesita o no una declaración de impacto ambiental, ello deberá ser decidido por el órgano correspondiente de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, ello a la vista de lo que señala el anexo I.6.a.4.b del Decreto 162/1990 y teniendo en cuenta que el lan especial ya contó con una declaración de impacto ambiental favorable. Del mismo modo, el informe al estudio de integración paisajística no es un trámite previo para que pueda dictarse la resolución declarando la compatibilidad urbanística del proyecto.  
En suma, en este primer supuesto no existe obstáculo en que se dicte por el órgano urbanístico competente una resolución declarando la compatibilidad urbanística del proyecto de obra de la estación depuradora, plenamente amparado por el citado Plan especial.  
En este sentido, la Dirección General de Gestión del Medio Natural, en su informe de 10 de noviembre de 2009, ha concluido también que, en relación con la construcción de la estación depuradora, no es necesario un nuevo pronunciamiento ambiental.  
Quinto. Por lo que respecta al proyecto de obra pública de los colectores, la documentación que se acompaña incluye un Plan especial, ello según lo que prevé el artículo 98.2 de la LUV para los casos en los que el proyecto de obra pública modifique el planeamiento urbanístico.  
En este caso la resolución autonómica no va a limitarse a declarar compatible el proyecto de obra pública con la ordenación territorial y urbanística, sino que deberá aprobarse definitivamente el Plan especial que se acompaña.  
Para que pueda aprobarse el Plan especial deberá emitirse antes la evaluación ambiental que corresponda. Del mismo modo, habrá que esperar al informe que deberá emitir la Dirección General de Territorio y Paisaje al estudio de integración paisajística.  
En relación con esta actuación, no es posible todavía que exista un pronunciamiento.  
Esa es también la opinión de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, la cual, en su informe de 10 de noviembre de 2009, ha señalado que la aprobación del citado Plan está sujeta a declaración de impacto ambiental y que como consecuencia de la documentación remitida por el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón se ha iniciado el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental.  
Sexto. Finalmente hemos de determinar cuál es el órgano urbanístico de la Conselleria competente para adoptar la declaración de compatibilidad prevista en el artículo 98 de la LUV.  
De forma expresa el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, no establece regla alguna sobre el órgano competente para adoptar la resolución prevista en el artículo 98 de la LUV.  
Según resulta del artículo 97.2.b de la LUV, la verificación de al compatibilidad de estos proyectos se efectúa siguiendo los trámites propios del procedimiento de aprobación de un plan especial. De ello es posible extraer que la competencia para adoptar la declaración de compatibilidad la ha de tener el mismo órgano que sería competente para aprobar definitivamente un plan.  
Según lo establecido en el artículo 10.a del Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat, la Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta del director general de Urbanismo, es el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico (incluidos los planes especiales) de municipios de menos de 50.000 habitantes. Por ello ha de concluirse también que en este caso la declaración de compatibilidad, al afectar a un municipio de menos de 50.000 habitantes, corresponde, en los mismos términos, a la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón.  
En virtud de todo lo que antecede, la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón acuerda:  
1. Declarar la compatibilidad con la ordenación urbanística y territorial del proyecto de obra pública relativo a la estación depuradora de aguas residuales de Benicarló presentado por la EPSAR.  
2. Comunicar a la EPSAR que, en relación con la solicitud efectuada relativa al proyecto de obra pública de construcción de nuevos colectores en Benicarló y Plan especial anexo, se ha iniciado la tramitación del expediente para la aprobación definitiva del Plan especial.  
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo establecido de en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 13.2 del Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Consell, se puede interponer recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación.  
En el caso de las Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 44. 1 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, no cabrá interponer recurso en vía administrativa. Las mismas podrán interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 de la citada ley. También podrán formular requerimiento de anulación o revocación al amparo de lo previsto en el artículo 44 de dicha norma. Dicho requerimiento deberá dirigirse a esta administración mediante escrito razonado y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la notificación del presente o desde que la administración requiriente hubiera conocido o podido conocer el mismo.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.  
Castellón de la Plana, 27 de noviembre de 2009.- El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: Fernando Renau Faubell.