Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4054, del 31-07-2001 (2001/7496)

ORDEN de 10 de julio de 2001, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se convoca, para el ejercicio 2001, la concesión de subvenciones a las operaciones de gestión consistentes en la valorización de residuos industriales.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4054

Fecha DOGV
:   31-07-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2001/7496


Fecha del documento
:   10-07-2001

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Orden

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * gestión de residuos
    * reciclaje de residuos
    * pequeña y mediana empresa
    * residuo industrial
    * apoyo económico

ORDEN de 10 de julio de 2001, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se convoca, para el ejercicio 2001, la concesión de subvenciones a las operaciones de gestión consistentes en la valorización de residuos industriales. [2001/M7496]
  
La política comunitaria adoptada en materia de residuos con la Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, contempla la necesidad de adoptar medidas encaminadas a limitar la producción de residuos, en particular promoviendo las tecnologías limpias, así como la deseable reutilización de los residuos como materias primas, al tiempo que establece una norma común para todos los residuos, si bien para los residuos peligrosos la Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciembre, establece un mayor control y vigilancia.
  
Son comúnmente conocidas las tres R que forman la base de la política en materia de gestión de residuos: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Es decir, reducir al máximo la generación de residuos, seleccionando aquellos procesos productivos que tengan un menor impacto ambiental; reutilizar, empleando varias veces o de diversas formas un producto para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente; reciclar, utilizando los residuos como materia prima para la elaboración de un producto que puede ser igual o distinto al inicial. En base a lo expuesto, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, adecúa dicha concepción al derecho interno español, y pretende contribuir también a la protección del medio ambiente coordinando la política de residuos con las políticas económica, industrial y territorial, al objeto de dar prioridad a la reutilización, reciclado y valorización de los residuos sobre otras técnicas de gestión.
  
En el marco del mandato global de protección del medio ambiente del artículo 45 de la Constitución, la Generalitat Valenciana, en uso de su competencia legislativa sobre la materia conforme a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, ha promulgado la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, que ha entrado en vigor el 15 de marzo de 2001, constituyendo el conjunto de sus disposiciones la expresión de la política de residuos de la Generalitat, encaminada a la consecución de los objetivos de prevención en la producción de nuevos residuos, disminución de la cantidad producida y de la peligrosidad de las sustancias que los componen, valorizándolos en la medida de lo posible.
  
A causa del avance en la delimitación de las sustancias u objetos que pueden considerarse como residuos, y las consecuencias del aumento de su producción, se ha creado un nuevo sujeto jurídico cuya labor consiste en realizar cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
  
La actividad de este último, denominado gestor, lleva implícitas las operaciones a las cuales se someten los residuos, que se concretan en las distintas técnicas de gestión final del residuo, avanzando en la posibilidad de su reciclado, reutilización, recuperación y otras formas de valorización. Con la finalidad de colaborar, en la medida de lo posible, con las empresas que realicen dichas operaciones, en el artículo 20 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, se establece expresamente que la gestión de los residuos podrá financiarse mediante una serie de recursos, enunciando, en primer lugar, las tasas obtenidas por la prestación de los servicios de gestión de residuos recaudadas por las administraciones municipal y autonómica, en segundo lugar, los precios privados obtenidos por las empresas legalmente autorizadas para intervenir en la gestión, en tercer lugar, las subvenciones asignadas a gestores públicos o privados y, para finalizar, cualquier otro tributo que pueda establecerse para la financiación de las operaciones de gestión de residuos.
  
Todo ello es consecuencia de la continua intención de fomentar, desde la Conselleria de Medio Ambiente, operaciones de gestión de residuos industriales consistentes en la valorización de los mismos, contribuyendo a una política medioambiental sostenible, basada en el mantenimiento del desarrollo de la Comunidad Valenciana con pleno respeto al medio ambiente y desde una racional utilización de los recursos
  
Por Decreto 7/2000, de 22 de mayo, del presidente de la Generalitat Valenciana, se asignan a la Conselleria de Medio Ambiente las competencias en materia de medio ambiente, correspondiendo a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, conforme al Reglamento Orgánico y Funcional de la mencionada conselleria, aprobado por Decreto 90/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, entre otras funciones, la gestión de subvenciones para la mejora ambiental.
  
En virtud de cuanto antecede, a propuesta de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, conforme a las atribuciones que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, así como el artículo 47 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana aprobada por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana,
  
ORDENO
  
Primero
  
Convocar para el ejercicio 2001 la concesión de subvenciones a las operaciones de gestión consistentes en la valorización de residuos industriales, por las pequeñas y medianas empresas del sector industrial y de servicios de la Comunidad Valenciana.
  
Segundo
  
Aprobar las bases por las que se regirá la presente convocatoria y que figuran como anexo a esta orden.
  
Tercero
  
El importe global máximo de las ayudas reguladas por la presente orden asciende a 23.594.820 de pesetas (414.698,35 euros), las cuales se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria 68.38.114.60.2, línea código contable T2640000, de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2001.
  
En caso de incremento del importe máximo destinado a estas ayudas, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la cuantía del incremento y el total final disponible para el presente ejercicio presupuestario.
  
Cuarto
  
El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria será de un mes a partir de la entrada en vigor de esta orden.
  
Quinto
  
En todo lo no regulado en esta orden, se estará a lo dispuesto en el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.
  
Disposiciones finales
  
Primera
  
Se faculta a la directora general de Educación y Calidad Ambiental para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Tercera
  
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de la interposición de recurso potestativo de reposición ante la autoridad que dicta el acto, en el plazo de un mes desde el siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
Valencia, 10 de julio de 2001
  
El conseller de Medio Ambiente,
  
FERNANDO MODREGO CABALLERO
  
ANEXO
  
Bases de las subvenciones a las operaciones de gestión consistentes en la valorización de residuos industriales
  
Base 1. Beneficiarios
  
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las pequeñas y medianas empresas, del sector industrial o de servicios, autorizadas para la realización de operaciones de gestión de residuos industriales consistentes en la valorización de los mismos.
  
A los efectos de la presente orden, se considerarán pequeñas y medianas empresas (PYME), según la Recomendación de la Comisión Europea (DOCE nº L107/4, de 30 de abril de 1996), las unidades económicas con personalidad física o jurídica que reúnan los siguientes requisitos:
  
a) que empleen a menos de 250 trabajadores,
  
b) que tengan un volumen de negocios anual no superior a 40 millones de euros (4.142.555.368 PTA), o bien un balance general no superior a 27 millones de Euros (1.818.311.260 PTA).
  
c) que cumplan el criterio de independencia, entendiendo por empresas independientes aquellas en las que el 25% o más de su capital o de sus derechos de voto no pertenezca a otra empresa, o conjuntamente a varias empresas que no respondan a la definición de PYME. Este umbral podrá superarse en los casos siguientes:
  
- Si la empresa pertenece a sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo o a inversores institucionales, siempre que éstos no ejerzan, individual o conjuntamente, ningún control sobre la empresa.
  
- Si el capital está distribuido de tal forma que no es posible determinar quien lo posee y si la empresa declara que puede legítimamente presumir que el 25% o más de su capital no pertenece a otra empresa o conjuntamente a varias empresas que no responden a la definición de PYME.
  
Se entenderá por actividad industrial la recogida en las secciones C y D de la clasificación de actividades económicas en la Unión Europea (códigos NACE, Reglamento (CEE) número 3037/1990 del Consejo, de 9 de octubre de 1990, relativo a la nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea - DOCE nº L 293, de 24.10.1993).
  
Base 2. Objeto y ámbito
  
Únicamente podrán ser objeto de subvención las inversiones contempladas en la base cuarta en materia de valorización de residuos industriales por las pequeñas y medianas empresas en el centro o centros radicados en la Comunidad Valenciana.
  
A los efectos de esta orden se entenderá por:
  
- Valorización: el aprovechamiento de residuos o de los recursos contenidos en los mismos mediante la recuperación, la regeneración, la reutilización y el reciclado, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicio al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidas en este concepto las operaciones enumeradas en la parte B de la tabla 2 del anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
  
Base 3. Exclusiones
  
No serán objeto de subvención:
  
- Las operaciones de gestión de residuos urbanos procedentes de domicilios particulares, oficinas, comercios y servicios, así como de residuos inertes, conforme a lo establecido en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
- Las operaciones de gestión de residuos industriales consistentes en recogida, transporte, almacenamiento y eliminación.
  
- Las actuaciones destinadas a corregir las emisiones atmosféricas, ni las de mejora del medio ambiente industrial, ni de prevención de riesgos laborales de los trabajadores de la empresa.
  
- Las actuaciones y/o inversiones en materia de minimización y valorización in situ de residuos generados en el propio proceso productivo.
  
Base 4. Actuaciones subvencionables
  
Podrán ser objeto de subvención las inversiones consistentes en la introducción de nuevos equipos e instalaciones cuyo objeto específico sea la valorización de residuos industriales, tanto en primera implantación como en ampliación o modificación de la actividad.
  
Las actuaciones para las que se solicita subvención deberán haberse iniciado a partir del 1 de enero de 2001 y estar finalizadas el 1 de octubre de 2001.
  
Base 5. Cuantía máxima de las subvenciones
  
5.1. El porcentaje máximo de subvención para las inversiones proyectadas será de hasta el 30% de los costes subvencionables.
  
5.2. Los porcentajes de ayuda previstos podrán incrementarse cuando el importe total correspondiente a las solicitudes estimadas resultante de la aplicación de aquéllos resulte inferior al crédito presupuestario disponible en el ejercicio, respetando en cualquier caso tanto el límite de la consignación presupuestaria como los máximos autorizados por la Comisión Europea indicados en el apartado siguiente.
  
5.3. En el caso que los solicitantes hubiesen percibido, o tuviesen reconocidas, de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos, alguna otra subvención por el mismo concepto, el importe total de dichas ayudas, acumuladas a las que, en su caso, les correspondería en virtud de las presentes bases, no podrá superar los límites máximos autorizados por la Comisión Europea en el régimen de ayudas regionales para la protección del medio ambiente. Dichos límites, considerando que las beneficiarias únicamente pueden ser PYME, son de un 52% para la provincia de Valencia, 50% para Castellón y 55% para Alicante.
  
5.4. El importe de la subvención regulada en la presente orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
  
Base 6. Costes subvencionables
  
- Ejecución de inversiones en equipos e instalaciones para la valorización de residuos industriales: importe de adquisición de maquinaria y equipos, accesorios e instalación necesaria para su puesta en funcionamiento (las acometidas de energía eléctrica, así como las de gas, agua y otros fluidos, en su caso).
  
Base 7. Costes e inversiones no subvencionables
  
1. El IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servicios facturados y en general cualquier impuesto pagado por el beneficiario.
  
2. Gastos financieros.
  
3. Adquisición de terrenos, construcción de edificios y naves industriales y obra civil, salvo los que contengan a los equipos destinados a la valorización.
  
4. Gastos en estudios y análisis previos para llevar a cabo las inversiones o comprobar su funcionamiento una vez realizadas.
  
5. Adquisición de equipos de transporte.
  
6. Gastos en concepto de material fungible, material consumible de informática, y los derivados del consumo de teléfono, fax, agua y luz.
  
7. Gastos de mano de obra, reactivos, energía, mantenimiento y reparaciones, y, en general, cualesquiera gastos de explotación de la actividad objeto de subvención.
  
8. Gastos que no estén definidos o que no tengan como finalidad el objeto de la subvención, así como los no imputables directamente a los proyectos.
  
Base 8. Solicitudes y documentación
  
8.1. Los interesados podrán presentar las solicitudes en el Registro General de la Conselleria de Medio Ambiente en la calle de Francisco Cubells, número 7, de Valencia, así como en los servicios territoriales de la misma sitos en Alicante (calle Churruca, 29), Castellón de la Plana (avenida Germans Bou, 47), y Valencia (calle Gregorio Gea, 27), o en cualquier otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
8.2. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, se formalizarán en instancia debidamente cumplimentada y suscrita por el representante legal de la empresa, según modelo que se adjunta al presente anexo.
  
8.3. Las solicitudes deberán indicar las actuaciones a desarrollar en el período objeto de subvención (hasta el 1 de octubre de 2001), así como el presupuesto de las mismas, y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
  
1. La que acredite la personalidad del solicitante:
  
a) Empresas individuales: fotocopia del número de identificación fiscal, NIF, o documento nacional de identidad.
  
b) Sociedades civiles o comunidades de bienes:
  
- Fotocopia del NIF de todos los socios/comuneros.
  
- Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, CIF.
  
- Copia compulsada de la escritura de constitución y modificación, en su caso.
  
- Autorización original del resto de los socios/comuneros distintos al que presenta la solicitud.
  
c) Sociedades mercantiles:
  
- Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, CIF.
  
- Fotocopia del NIF del representante que firma la solicitud.
  
- Copia compulsada de la escritura de constitución o modificación, en su caso, y de los Estatutos vigentes registrados.
  
- Copia compulsada del poder actual e inscrito en el registro mercantil del representante legal que presenta la solicitud.
  
- En caso de que la sociedad no esté inscrita, certificación original o copia compulsada de la solicitud de inscripción ante el registro mercantil.
  
2. Memoria descriptiva de la actuación para la cual se solicita la subvención, acompañada de su correspondiente presupuesto, convenientemente desglosado por partidas de gastos subvencionables conforme se definen en la base 6 de este anexo; y contemplando como mínimo los siguientes aspectos:
  
- Resultados que se esperan alcanzar, indicando los porcentajes y cantidades previstas de valorización de residuos, en comparación con la situación inicial, antes de la inversión, debidamente cuantificada.
  
- Descripción exhaustiva de las características técnicas de los equipos e instalaciones necesarios.
  
- Presupuesto detallado, diferenciando los costes de adquisición de maquinaria y equipos de los costes de instalación de los mismos.
  
- Calendario de suministro y montaje de la maquinaria, equipos e instalaciones a realizar.
  
3. Declaración suscrita por el representante legal de la voluntad de contemplar el cumplimiento de todos los requisitos normativos sobre medio ambiente y el compromiso destinado a la mejora continua y razonable de su actuación medioambiental.
  
4. Declaración, en su caso, de las subvenciones percibidas o reconocidas de otras administraciones públicas, o de cualquier entidad pública o privada, por el mismo concepto (modelo 27339).
  
5. Impreso de alta de terceros para pagos de la Generalitat Valenciana debidamente rellenado y sellado por la entidad bancaria correspondiente (modelo 27446).
  
6. Declaración jurada o certificado del representante legal de la empresa acreditativo de ser una PYME.
  
7. Copia compulsada de la licencia de actividad o IAE, o, en su caso, de la solicitud de expedición de dicha licencia municipal de actividad.
  
8. Copia compulsada de la autorización administrativa como gestor de residuos.
  
9. Copia compulsada de la última declaración del Impuesto de Sociedades o de la declaración resumen anual del IVA.
  
10. Copia compulsada del último TC2.
  
Con carácter general, no será necesario aportar la documentación administrativa relacionada en el apartado 1 que ya obre en poder de la Conselleria de Medio Ambiente, debiendo indicarse expresamente en la solicitud - apartado observaciones - la convocatoria o la línea de subvención en la que ya haya sido presentada.
  
8.4. La Conselleria de Medio Ambiente podrá recabar del solicitante la aportación de todos aquellos documentos o datos complementarios que estime necesarios para la resolución del expediente, en particular la ampliación de la documentación técnica presentada en caso de considerarse insuficiente para su adecuada valoración.
  
8.5. La admisión a trámite de una solicitud de subvención no generará compromiso alguno de concesión de aquélla.
  
Base 9. Subsanación de las solicitudes
  
Cuando la solicitud no reúna los requisitos o no se acompañe la documentación que de acuerdo con la base octava resulte exigible, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada ley.
  
Dicha resolución será dictada por la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, a propuesta del jefe de Área de Calidad Ambiental previo informe del Servicio al que corresponda la tramitación de la subvención contemplada en la presente orden.
  
Base 10. Valoración y trámite
  
10.1. La valoración de los expedientes se realizará por una comisión evaluadora, presidida por la directora general de Educación y Calidad Ambiental y compuesta por la secretaria general administrativa, o persona a quien designe, el jefe del Área de Calidad Ambiental, el jefe del Servicio de Gestión de Residuos, y al menos un técnico de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, todos ellos de la Conselleria de Medio Ambiente.
  
10.2. Para la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios conforme al siguiente orden de prioridad:
  
1º) Inversiones para valorización de residuos peligrosos, de mayor a menor cantidad valorizada.
  
2º) Inversiones para valorización de residuos no peligrosos, de mayor a menor cantidad valorizada.
  
10.3. De acuerdo con los mencionados criterios, la comisión propondrá las solicitudes estimadas y el importe a conceder a cada beneficiario por aplicación del porcentaje máximo previsto en la base 5.1.
  
En el supuesto que, por aplicación de dicho porcentaje máximo, el total de las subvenciones supere el límite de la consignación presupuestaria disponible en el ejercicio, la comisión evaluadora propondrá el porcentaje a aplicar para respetar dicho límite.
  
En el caso que, aplicando el porcentaje máximo previsto, el importe total de las solicitudes estimadas resulte inferior al crédito presupuestario disponible en el ejercicio, la comisión podrá proponer el incremento de aquél respetando los topes máximos autorizados por la Comisión Europea, así como el límite de la consignación presupuestaria.
  
En caso de acumulación de estas ayudas con otras ayudas públicas percibidas o concedidas para la misma actuación para la que se solicita subvención, el importe total acumulado no podrá superar los máximos autorizados por la Comisión Europea, en cuyo caso, la comisión evaluadora propondrá, respecto al solicitante en que concurra dicha circunstancia, el reconocimiento de la subvención en el porcentaje correspondiente para respetar dichos máximos.
  
10.4. Una vez formalizados los actos de instrucción correspondientes, la comisión elevará al conseller de Medio Ambiente la propuesta de concesión de subvenciones, la cual contendrá las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las solicitudes estimadas, la cuantía subvencionable y el importe de la ayuda a conceder a cada beneficiario, indicando los porcentajes finalmente aplicables para su determinación.
  
10.5. La relación de beneficiarios será objeto de publicación, mediante resolución del conseller de Medio Ambiente, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Dicha resolución incluirá también la cuantía subvencionable a justificar, el importe de la ayuda concedida a cada beneficiario, indicando los porcentajes aplicados para su determinación, así como el plazo o fecha límite para la presentación de las solicitudes de cobro y documentación justificativa de las subvenciones concedidas.
  
10.6. El plazo máximo para resolver las solicitudes de ayuda convocadas por la presente orden, será de tres meses contados desde la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución, se entenderá desestimada la solicitud en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
  
Base 11. Cobro de la subvención
  
11.1. Para el cobro de la subvención, el beneficiario deberá presentar, en el plazo límite establecido en la resolución de concesión, la correspondiente solicitud de cobro dirigida a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental según modelo de instancia que se adjunta a la presente orden, acompañada de la siguiente documentación:
  
a) Síntesis o informe final de las actuaciones realizadas y resultados obtenidos.
  
b) Documentación acreditativa de la ejecución del proyecto subvencionado:
  
- Certificado de una entidad de inspección acreditada por ENAC en calidad ambiental, en la que se haga constar la puesta en marcha de la inversión subvencionada, así como las cantidades de residuos efectivamente valorizados. Además, se certificará el cumplimiento por la empresa de la normativa sectorial de residuos que resulte de aplicación.
  
c) Justificación de los gastos efectuados. Todos los gastos deberán justificarse mediante la aportación de originales o copias compulsadas. En cualquier caso, las facturas deberán presentarse en original para proceder a su sellado en la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental - Servicio de Gestión de Residuos ?.
  
La justificación del coste subvencionable del proyecto, indicado en la correspondiente comunicación, se hará por los siguientes medios:
  
- Si se paga al contado se presentará factura definitiva y recibo del pago de la misma. En caso de emitirse ambos en el mismo documento, deberá aparecer en la factura el recibí con firma legible o indicando la persona que firma, y, en su caso, sello de la entidad emisora de la factura.
  
- Si se paga mediante contrato de leasing (en cuyo caso deberá ser con opción de compra), el beneficiario deberá presentar el contrato de leasing o copia del mismo certificada por la entidad financiera, y copia legitimada de las facturas que obren en poder de aquélla, correspondientes a los bienes adquiridos, para que pueda verificarse que la financiación corresponde precisamente a dichos bienes.
  
- Si se paga mediante efectos aplazados (letras o pagarés), se aportará factura definitiva y efectos vencidos y pagados, pudiendo aceptarse los aplazamientos todavía no vencidos cuando se aporte la factura junto a un escrito del proveedor indicando que dispone de efectos (y su importe) para hacer efectivo el pago de dicha factura. En el momento se haga efectivo el pago deberá aportarse extracto de cuenta bancaria, justificante de transferencia, o cualquier documento que lo acredite, en los que conste claramente el destinatario del pago, que deberá ser la persona o empresa que emitió la factura.
  
- En caso de pagos en moneda extranjera se presentará documento bancario acreditando el contravalor en pesetas en la fecha de la operación.
  
- Cualquier otro caso deberá ser analizado singularmente.
  
En cualquier caso, únicamente se abonará la totalidad de la subvención si el coste subvencionable del proyecto ha sido justificado íntegramente; en otro caso, sólo se abonará la parte de la subvención proporcional a los justificantes de gasto o inversión aportados, dictándose por el conseller de Medio Ambiente, a propuesta de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, resolución de decaimiento en el derecho al cobro de la subvención en la cuantía no justificada.
  
d) Declaración, en su caso, de las subvenciones percibidas o reconocidas de otras administraciones públicas, o de cualquier entidad pública o privada, por el mismo concepto (modelo 27966).
  
e) Acreditación de que encuentra al corriente o exento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos que dispone la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, sobre forma de acreditar por los beneficiarios de subvenciones la exigencia prevista en el artículo 47.7 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 2.775, de 21 de junio de 1996): certificados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana en cuanto a las obligaciones tributarias y certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social en cuanto a las obligaciones con la Seguridad Social.
  
11.2. Si se considera que alguna de las solicitudes no reúne los requisitos necesarios o no se acompaña toda la documentación exigible o, en su caso, se estime necesario la aportación de cualquier documentación encaminada a verificar la realización de las actuaciones subvencionables o los costes imputados a las mismas, se concederá al beneficiario un plazo de diez días para su presentación, transcurrido el cual se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
La resolución en que se tenga por transcurrido el plazo, decayendo el beneficiario en su derecho al trámite, y el consiguiente decaimiento en el derecho al cobro, total o parcial, de la subvención concedida, será dictada por el conseller de Medio Ambiente, a propuesta de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental.
  
11.3. En el caso de concurrencia de ayudas reconocidas o concedidas por otras administraciones o entes públicos cuya acumulación supere los límites máximos autorizados por la Comisión Europea en el régimen de ayudas para la protección del medio ambiente, indicados en la base 5.3, a propuesta de la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, el conseller de Medio Ambiente, respecto al beneficiario en el que concurran las ayudas, dictará resolución de decaimiento en el derecho al cobro de la subvención concedida en virtud de la presente orden, en su totalidad o en la cuantía correspondiente para respetar los mencionados límites máximos, siendo objeto de notificación al mismo.
  
Base 12. Obligaciones de los beneficiarios
  
Los beneficiarios de las subvenciones deberán:
  
1. Encontrarse en situación que legitima su concesión.
  
2. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
  
3. Acreditar la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.
  
4. Someterse a las actuaciones de control financiero que corresponden a la Intervención General en relación con las subvenciones y ayudas concedidas.
  
5. Comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad por otras administraciones o entes públicos.
  
6. Hacer constar en toda información o documentación propia de la actividad que la misma está subvencionada por la Conselleria de Medio Ambiente.