Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2941, del 28-02-1997 (1997/876342)

ACUERDO de 19 de diciembre de 1996, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, por el que se aprueba definitivamente la modificación n' 4, Port Saplaya, del Plan General de Ordenación Urbana de Alboraya.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   2941

Fecha DOGV
:   28-02-1997

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1997/876342


Fecha del documento
:   19-12-1996

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 19 de diciembre de 1996, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, por el que se aprueba definitivamente la modificación nº 4, Port Saplaya, del Plan General de Ordenación Urbana de Alboraya.   
La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 19 de diciembre de 1996, adoptó el siguiente acuerdo:  
«Visto el expediente remitido por el Ayuntamiento de Alboraya, relativo a la modificación nº 4, Port Saplaya, del Plan General de Ordenación Urbana, y de conformidad con los siguientes:  
Antecedentes de hecho  
Primero  
La modificación nº 4 del Plan General de Alboraya se sometió a información pública mediante acuerdo del pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el 2 de febrero de 1995 y, tras el pertinente periodo de información pública, durante el cual se presentaron diversas alegaciones, se aprobó provisionalmente el 22 de mayo de 1995.  
Segundo  
La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesiones celebradas el 31 de enero y 12 de junio de 1996, adoptó sendos acuerdos suspendiendo la aprobación definitiva de la citada modificación, debido a la existencia de deficiencias cuya concreción consta de manera fehaciente en el expediente.  
Tercero  
Con fecha 19 de septiembre de 1996, la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia adoptó el acuerdo de dejar sobre la mesa el presente expediente por así haberlo solicitado el alcalde de Alboraya en la citada sesión. Como consecuencia de dicho acuerdo se procedió a solicitar informe a la Dirección General de Interior de la Conselleria de Presidencia acerca de la validez o no de ciertos acuerdos municipales, así como a un mejor estudio de las cuestiones afectadas por la legislación aplicable de costas.  
Cuarto  
Con fecha 25 de noviembre de 1996 se recibió el informe emitido por la Dirección General de Interior de la Conselleria de Presidencia, en el cual se hace constar la suficiencia de los acuerdos adoptados por el pleno del ayuntamiento en orden a la aprobación de la documentación subsanatoria de deficiencias remitida por dicho organismo.  
Fundamentos de derecho  
Primero  
La tramitación del expediente se ha realizado conforme con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística. Es de destacar que la documentación subsanatoria remitida por el ayuntamiento se considera que fue aprobada por el pleno, por lo cual se entiende subsanada dicha deficiencia.  
Segundo  
Respecto del informe emitido por la División de Puertos y Costas de la Dirección General de Obras Públicas de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 20 de diciembre de 1995, es necesario destacar diversas cuestiones:  
1ª. En el expediente constan dos informes sobre el mismo objeto. En concreto uno de la Dirección General de Costas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de fecha 15 de diciembre de 1995, y otro de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes que ya hemos indicado. Ambos informes son contradictorios entre sí, ya que el del ministerio es claramente favorable a la presente modificación, siendo el de la conselleria desfavorable, aduciéndose como principal motivo -literalmente- el siguiente:  
«... lo que aquí se cuestiona es que la densidad de la edificación no se mantenga por debajo de la media del suelo urbanizable programado y que, además, se pretenda potenciar la formación de una pantalla arquitectónica, acumulando nuevos volúmenes, en clara contradicción con el espíritu de la Ley de Costas».  
Por lo anterior es necesario proceder a la determinación del organismo competente sobre la cuestión, para la cual debemos acudir a la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio, que resuelve diversos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 22/1988, de Costas, a la vista de la cual se debe concluir la prevalencia en la materia de la competencia autonómica.  
2ª. Es importante destacar el carácter y objeto del citado informe de la Conselleria, para ello debemos centrarnos en el artículo 117 de la Ley de Costas, obviando el artículo 112 dado que este -según la Sentencia citada- se refiere a la posibilidad de informes a emitir por la administración estatal, excluyéndose el carácter vinculante de aquel excepto en determinados supuestos que no afectan al caso que nos ocupa, por lo cual este precepto no es aplicable al caso concreto dado que el informe estatal es en todo caso favorable.  
El artículo 117 estable un plazo de dos meses para que la administración del Estado emita informe acerca del planeamiento urbanístico que ordene el litoral, no existiendo normativa autonómica específica sobre la materia. Aplicando analógicamente el citado precepto resulta que la Dirección General de Obras Públicas tiene el plazo de dos meses para emitir el citado informe, él cual fue solicitado con fecha 10 de noviembre de 1995, si bien no se recibió hasta el 5 de marzo el citado informe, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cabe entenderlo emitido fuera de plazo y por lo tanto puede no ser tenido en cuenta.  
3ª. No obstante lo anterior parece necesario proceder a la valoración de los aspectos más relevantes citados en el informe. En lo relativo a la cuestión de si se forma o no una pantalla arquitectónica, cabe decir que nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado, si bien para establecer su alcance debe tenerse en cuenta la realidad actual de la zona, así como la existencia de diversas licencias ya concedidas -sobre todo en la zona que da frente al mar- que una vez ejecutadas aumentarán considerablemente el denominado efecto pantalla, por lo que es necesario concluir que la citada pantalla a fecha de hoy ya existe. Con la presente modificación se produciría un cierre al norte del polígono Saplaya en dos lados: un paralelo a la autopista al ampliar un edificio ya existente en estructura, y otro como consecuencia de un cierre perpendicular a dicho elemento viario, elementos estos que en lo físico no incrementan considerablemente el efecto pantalla.  
En lo relativo a la aplicación del artículo 30 de la Ley de Costas al presente supuesto cabe hacer, con carácter previo, una precisión, que es la relativa a que nos encontramos ante un suelo clasificado como urbanizable con plan parcial aprobado y ejecutado a la entrada en vigor de la citada ley (según el PGOU vigente es suelo urbano), por lo que le será de aplicación el régimen establecido en la disposición transitoria tercera, más en concreto el establecido para el suelo urbano en el punto 3 de la citada norma, por lo que el suelo en cuestión se sujetará a las servidumbres establecidas en la ley (si bien con la salvedad que la anchura de la servidumbre de protección será de 20 metros), pero no a la denominada zona de influencia, por así deducirse de la lectura de la citada disposición, por lo que no sería de aplicación lo relativo a la densidad de edificación establecido en el artículo 30 de la Ley de Costas al supuesto que nos ocupa, todo ello sin perjuicio de en su caso proceder a evaluar la forma de calcular la densidad de la que tratamos en el informe en cuestión.  
A la vista de todo lo anterior se aprecia que la citada modificación se adecua a lo exigido por la legislación aplicable en materia de costas.  
Tercero  
La Comisión Territorial de Urbanismo es el órgano competente para emitir dictamen resolutorio sobre la aprobación definitiva de los planes generales, y de sus modificaciones, de municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con el artículo 10.A por remisión del artículo 9.1 ambos del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana».  
A la vista de cuanto antecede la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 19 de diciembre de 1996 acuerda:   
1. Aprobar definitivamente la modificación nº 4, Port Saplaya, del Plan General de Ordenación Urbana de Alboraya.  
2. De conformidad con el artículo 28.2 de la LRAU debe aportarse un documento de refundición que refleje tanto las nuevas determinaciones como las que queden en vigor.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recibo de la presente notificación.  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.  
Valencia, 19 de diciembre de 1996.- El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: José Manuel Palau Navarro.