Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9537, del 20-02-2023 (2023/1698)

DECRETO 16/2023, de 17 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de una subvención a «Reciclados de Residuos La Plana, SA, RECIPLASA», para la mejora de las instalaciones de tratamiento de residuos domésticos de Onda, financiada por el Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
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Número DOGV
:   9537

Fecha DOGV
:   20-02-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2023/1698


Fecha del documento
:   17-02-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Tipo de documento
:   Decreto

Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
    * ayuda pública
    * gestión de residuos
    * eliminación de residuos
    * almacenamiento de residuos

DECRETO 16/2023, de 17 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de una subvención a «Reciclados de Residuos La Plana, SA, RECIPLASA», para la mejora de las instalaciones de tratamiento de residuos domésticos de Onda, financiada por el Plan de recuperación, transformación y resiliencia. [2023/1698]  
  
I. El Consejo Europeo acordó el 21 de julio de 2020 un instrumento excepcional de recuperación temporal denominado NextGenerationEU para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, cuyo núcleo está constituido por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los estados miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión Europea. Para alcanzar esos objetivos, cada estado miembro debe diseñar un Plan Nacional que incluya las reformas y los proyectos de inversión necesarios para alcanzar esos objetivos.  
El Gobierno de España aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) cuyo primer eje refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde. Dentro del componente 12 «Política Industrial España 2030» se encuadra la inversión C12.I3, «Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular», del que depende esta ayuda y cuyo objetivo es acelerar las inversiones necesarias para mejorar la gestión de los residuos en España y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos (alineados con los objetivos 187 y 188). A los proyectos realizados en el marco del citado Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos les son de aplicación las especialidades previstas en el artículo 44 del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Régimen de gestión económica financiera de los fondos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al React-EU regulado en la sección segunda del capítulo VI del Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19.  
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de marzo de 2021 se autoriza la propuesta de distribución territorial para la ejecución de créditos presupuestarios para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, correspondientes a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
En la sesión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en fecha 14 de abril de 2021, se adoptó el Acuerdo por el que se aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos relativos al Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA-Residuos. En dicho Acuerdo se asignan a la Comunitat Valenciana los fondos para la ejecución del Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos código 33.227.640A.070. Asimismo, en el mencionado Acuerdo se establece que los proyectos financiados con cargo a dicho Plan podrán haberse iniciado desde el 1 de marzo de 2020.  
En el citado Acuerdo se definen cuatro líneas de actuación objeto de financiación, entre ellas, la línea 4, «Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc.) y mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes».  
II. Mediante la Resolución de 30 de mayo de 2022, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, se establecieron las bases reguladoras y se convocaron ayudas para instalaciones de tratamiento de residuos, financiadas por el Plan de recuperación, transformación y resiliencia (DOGV Núm. 9.355 / 06.06.2022). En las citadas bases se estableció que los beneficiarios de dichas ayudas en régimen de concurrencia competitiva son municipios u otras entidades locales, tales como mancomunidades, diputaciones, entidades metropolitanas y los consorcios constituidos por dichas entidades locales, que tengan asumida la competencia de prestar los servicios de recogida o de tratamiento de residuos en la Comunitat Valenciana y que presentasen proyectos sobre los servicios de su competencia.  
III. En lo que respecta a esta definición de beneficiarios, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los municipios ejercen, en todo caso, como competencia propia, la gestión de los residuos municipales, debiendo prestarse por todos ellos de forma obligatoria los servicios de recogida de residuos y, en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además los servicios de tratamiento de residuos. En los mismos términos se expresa el artículo 34 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. Por su parte, el artículo 86 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, declara la reserva en favor de las entidades locales de la siguientes actividades o servicios esenciales: recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable.  
Desde el punto de vista sectorial, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, contempla en su artículo 12 la competencia de las entidades locales en materia de gestión de residuos, estableciendo como servicio obligatorio la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios.  
En el ámbito autonómico, la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, contempla en su artículo 7 como competencia municipal la prestación de los servicios públicos de recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos, en el marco de los objetivos marcados por la Generalitat a través de los instrumentos de planificación sectorial contemplados en la citada ley, Plan Integral de Residuos y Planes Zonales de Residuos de la Comunitat Valenciana. Todo ello, sin menoscabo de los mecanismos de colaboración entre las diferentes administraciones públicas intervinientes previstos en la normativa. El mismo precepto prevé que la gestión de dichos servicios se efectúe por los municipios por sí mismos o mediante las agrupaciones previstas en la legislación local, incluidos los consorcios entre las entidades locales y la Generalitat Valenciana.  
Adicionalmente debe indicarse que, como competencias propias autonómicas en materia de residuos, el mencionado artículo 7 de la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, establece que corresponde a la administración de la Generalitat la coordinación mediante los diferentes planes autonómicos de todas las actuaciones que se desarrollen en materia de gestión de residuos en el territorio de la Comunitat Valenciana, así como la colaboración con las administraciones locales para el ejercicio de sus competencias de gestión de residuos urbanos o municipales. Asimismo, de conformidad con el citado artículo corresponde a la Generalitat velar por la adecuada prestación de los servicios municipales obligatorios, respetando las competencias locales en la materia.  
En este marco, la fórmula mayoritaria asociativa de los municipios para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de gestión de residuos ha sido la constitución de consorcios con participación de los municipios incluidos en el ámbito territorial del correspondiente plan zonal, las diputaciones provinciales y la Generalitat.  
En la actualidad, el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, PIRCVA2019 (Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell), prorrogado mediante Acuerdo del Consell hasta el 31 de diciembre de 2023, establece los consorcios de residuos y entidades locales constituidas para el cumplimiento de los fines de la planificación autonómica en materia de valorización, eliminación y gestión de ecoparques, en la Comunitat Valenciana.  
En dicho ámbito de la gestión de residuos domésticos en la Comunitat Valenciana, mayoritariamente desarrollada a través de los consorcios de residuos como se ha indicado, existe una singularidad en el Área de gestión C2, en la que los residuos domésticos son gestionados por la entidad RECIPLASA, Reciclados de Residuos La Plana, SA, con NIF R54231847, única empresa 100 % pública y propiedad de ayuntamientos para la gestión de residuos domésticos en un área de gestión de residuos de la Comunitat Valenciana, reconocida como situación pre-existente del plan zonal de residuos aprobado mediante la Orden de 2 de diciembre de 2004, del conseller de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Plan Zonal de residuos de las Zonas II, IV y V (DOGV Núm. 4.907 / 21.12.2004). En esta orden, entre otras, ya se preveía la posibilidad de que las inversiones de las instalaciones se financiaran total o parcialmente con fondos públicos.  
En concreto, RECIPLASA es propiedad de los ayuntamientos de Almassora, Benicasim, Betxí, Burriana, L'Alcora, Onda, Castelló de la Plana y Vila-real, y es propietaria de las instalaciones de valorización de residuos municipales de Onda, así como de las instalaciones de recepción y transferencia de residuos municipales y de gestión de voluminosos de Almassora. Las instalaciones de Onda prestan el servicio de tratamiento de residuos a la totalidad de los municipios del Plan Zonal de Residuos 2, Área de Gestión C2, que incluye además de los anteriormente mencionados a: Borriol, La Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Vall d'Alba, Vilafamés, así como Alto Mijares (Arañuel, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Lucena del Cid, Ludiente, Montán, Montanejos, Puebla de Arenoso, Villahermosa del Rio y Zucaina), Espadán-Mijares (Aín, Alcudia de Veo, Ribesalbes, Sueras, Tales, Argelita, Ayódar, Fanzara, Fuentes de Ayódar, Espadilla, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat y Villamalur) y L'Alcalatén (Atzeneta del Maestrat, Useras, Figueroles, Costur, Vistabella del Maestrat, Benafigos, Chodos).  
Debe indicarse que, hasta el presente ejercicio, el área de gestión C2 es el área de gestión de residuos de la Comunitat Valenciana que menos se ha beneficiado de los convenios de línea nominativa en los respectivos presupuestos de la Generalitat Valenciana, debido a la situación jurídica singular de su mercantil 100 % pública.  
IV. En la tramitación de las bases reguladoras de las ayudas para instalaciones de tratamiento de residuos establecidas en la mencionada Resolución de 30 de mayo de 2022 en la definición de los beneficiarios se excluyó la posibilidad de que la entidad RECIPLASA pudiera beneficiarse de las mismas. Dicha limitación fue provocada por la precaución de la posibilidad de que se pudiera producir una ventaja competitiva que diera lugar a una ayuda de Estado, pese a su titularidad 100 % pública y a realizar servicios de interés económico general.  
Este extremo posteriormente ha sido clarificado en el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 20 de junio de 2022 en el que se contempla expresamente la posibilidad de que puedan recibir ayudas las empresas públicas constituidas por entidades locales que tengan asumida la competencia de prestar los servicios de recogida o de tratamiento de residuos y que presenten proyectos sobre los servicios de su competencia para su financiación. Además, debe indicarse que en el mencionado Acuerdo de 14 de abril de 2021 por el que se aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos, ya se indicaba que las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán financiar actuaciones que cumplan con dichas bases mediante subvención directa a las entidades responsables de su ejecución y operación, en el marco de lo previsto en la Ley de subvenciones, o a través del empleo de medios propios. De hecho, en Cataluña, la Agencia de Residuos de Catalunya ha realizado una subvención directa a favor del Área Metropolitana de Barcelona en el marco del Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos por un importe máximo de 9.978.315,32 euros. Asimismo, en Cantabria también se ha concedido a la sociedad mercantil autonómica Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, SA, M.P. (MARE, SA, M.P.), una aportación dineraria por importe de 6.867.132,42 euros para la ejecución de actuaciones referentes al mismo plan.  
De conformidad con los preceptos establecidos en las citadas bases reguladores para instalaciones de tratamiento de residuos financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, de acuerdo con la Resolución del secretario autonómico de Emergencia Climática y Transición Ecológica de dichas ayudas de fecha 20 de enero de 2023 (DOGV Núm. 9.532, 13.02.2023), han resultadas beneficiarias todas las áreas de gestión de residuos de la Comunitat Valenciana, a excepción del área C2.  
V. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 23 de noviembre de 2022, establece que las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía deberán aprobar la resolución de concesión o adjudicación de los fondos a más tardar el 28 de febrero de 2023. En caso de que, a 28 de febrero de 2023, una Comunidad autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía no hubiera adjudicado la totalidad de los fondos que le hayan correspondido, deberá proceder al reintegro del importe transferido no adjudicado. En este sentido, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, en escrito de fecha 19 de diciembre de 2022, exhorta, entre otras, a la Comunitat Valenciana al impulso y agilización administrativa de las actuaciones asociadas a la gestión de los recursos transferidos.  
A fecha de la presente, la Comunitat Valenciana ha resuelto la convocatoria de ayudas mediante procedimiento de concurrencia competitiva de más del 95 % de los fondos del Plan de Apoyo a la Implementación de la normativa de residuos asignados.  
Conforme al Acuerdo de la Comisión de Coordinación en materia de residuos relativo a las solicitudes de las Comunidades Autónomas de adecuación de los porcentajes establecidos para las líneas de financiación recogidas en las bases reguladoras sobre residuos, aprobadas en Conferencia Sectorial de 14 de abril de 2021, adoptado el 17 de enero de 2023, la Comunitat Valenciana ha incrementado el importe destinado a la línea 4 con el fin de apoyar las actuaciones prevista en la misma y referidas en el presente decreto.  
En el marco de dicha línea 4 se encuentra el remanente de crédito para gastos de coste total estimado de 1.782.230,00 euros, cuya incorporación ha sido propuesta por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental en fecha 17.01.2023 en el marco de la Disposición Adicional Cuadragésima de la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023 (DOGV 9502, 31.12.2022). La propuesta de incorporación se motiva por la necesidad de realizar actuaciones en materia de apoyo a la implementación de la normativa de residuos para garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos y de cumplir el mencionado hito del 28 de febrero de 2023. El 90 % de dicho crédito procede del Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, y el resto de financiación propia de la Generalitat Valenciana.  
De acuerdo con el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, si para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de estas subvenciones fuese precisa una previa modificación de créditos, el expediente se tramitará en la forma establecida en la citada ley, una vez aprobado el correspondiente decreto.  
VI. Por todo lo anterior, y de forma adicional a las líneas nominativas en vigor incluidas en el programa 442.50 «Calidad y Educación Ambiental», a la vista de la disponibilidad en el presupuesto 2023 y al objeto de no solo reforzar el esfuerzo en la mejora de las instalaciones de valorización de residuos domésticos de los consorcios, se considera justificada que la beneficiaria de dicha incorporación de crédito sea RECIPLASA, de forma que se contribuya al cumplimiento de los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos y de restricción máxima de vertido en la totalidad del ámbito de la Comunitat Valenciana.  
Adicionalmente, se pretende conseguir el objeto de mejorar la proporcionalidad en el establecimiento de las ayudas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ya que todas las áreas de gestión de residuos de la Comunitat Valenciana han recibido sustanciales ayudas, a excepción del Área de Gestión C2.  
Se estima que la presente ayuda no falsea o amenaza falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. La recepción de la ayuda por parte de la entidad beneficiaria, que realiza la actividad específica de tratamiento de residuos, tiene un impacto en una zona limitada dentro de un Estado miembro, en concreto, tiene un carácter puramente local. A este respecto debe tenerse en cuenta que RECIPLASA está constituida al 100 % por administraciones locales, que tienen asumida la competencia de prestar los servicios de tratamiento de residuos municipales, no pudiendo existir otros operadores que puedan prestar el servicio. Por tanto, la ayuda no va a afectar a la competencia ni a los intercambios comerciales.  
Asimismo, debe indicarse que las infraestructuras de RECIPLASA se utilizan para el tratamiento de residuos municipales y asimilables, no realizándose en las mismas otras actividades.  
Por ello se considera que la presente ayuda no está sujeta al artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
Además, en el presente instrumento jurídico, se incorporan las cautelas necesarias para impedir que mediante la presente medida de ayuda indirectamente se produzca una ventaja competitiva a determinadas empresas que dé lugar a una ayuda de Estado. En concreto la entidad beneficiaria debe asumir que, según la Comisión Europea, la venta y adquisición de activos, bienes y servicios (u otras transacciones comparables) se han de realizar mediante licitaciones competitivas, transparentes, no discriminatorias e incondicionales.  
El presente Decreto se acoge al Plan de Medidas Antifraude de la conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, publicado en diciembre de 2022 o la última actualización publicada, disponible en   
https://agroambient.gva.es/es/mesures-antifrau.  
VII. En síntesis, las razones de interés público, social y económico que justifican el otorgamiento directo de la presente subvención radican no solo en la prestación del servicio público de tratamiento de residuos, sino también en la urgencia de atender las necesidades y combatir los efectos sociales, económicos y productivos que ha tenido la Covid-19 en la Comunitat Valenciana, así como la garantía de no pérdida de los créditos inicialmente concedidos a la Comunitat Valenciana, garantizándose de este modo el máximo nivel de economicidad para las administraciones locales, de entre los recursos disponibles.  
Asimismo, la concesión de esta subvención también repercute en la reducción de la parte proporcional de amortizaciones e intereses que los vecinos del área de gestión C2 deberán abonar a futuro por el coste de gestión de tonelada de residuos domésticos por las mejoras realizadas en las instalaciones de tratamiento, de igual modo que se beneficia a los vecinos del resto de áreas de gestión de la Comunitat Valenciana.  
De forma adicional, la presente ayuda también contribuye a paliar el impacto de la inflación derivada de la crisis originada por la guerra de Ucrania.  
Por último, respecto al etiquetado verde y digital, las inversiones recogidas en este Decreto están incardinadas en el anexo VI del Reglamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con campo de intervención «042 Gestión de residuos domésticos, que recoge las medidas de prevención, minimización, separación, reutilización y reciclado», por lo que este Decreto contribuye en un 100 % y un 40 % a los coeficientes medioambientales y climáticos, respectivamente, y no tiene contribución al etiquetado digital.  
VIII. Las bases reguladoras de la presente subvención no tienen el carácter de disposición general, conforme establece el art. 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, teniendo, por consiguiente, la naturaleza de acto administrativo.  
IX. Las presentes bases por su carácter excepcional no están previstas en el Plan estratégico de subvenciones de la conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y sus organismos públicos, para el periodo 2021-2023, pero contribuyen al objetivo de la línea de subvención «S1043 Inversiones relativas a ecoparques, triaje, clasificación, y mejora de plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes», del Programa Presupuestario 442.99 (MRR. Emergencia Climática y Transición Ecológica), que se enmarca en la mencionada línea 4 del Acuerdo de 14 de abril de 2021.  
En concreto, las presentes bases contribuyen al objetivo de garantizar la correcta gestión de los residuos mediante las infraestructuras previstas en los planes zonales. Según los datos de gestión de residuos de año 2021 y los datos adelantados del año 2022, las instalaciones de valorización de residuos domésticos en Onda de RECIPLASA son las más necesitadas de inversiones de mejora en toda la Comunitat Valenciana.  
Debe resaltarse asimismo que entre los beneficiarios previstos en la línea de subvención S1043 se incluyen «entidades competentes en la ejecución de los Planes Zonales de Residuos, y empresas 100 % públicas titulares de instalaciones que den servicio a las anteriores».  
X. Por todo lo expuesto, habiéndose seguido los trámites que se recogen en el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, teniendo en cuenta los informes previos de la Abogacía General de la Generalitat, de la conselleria con competencias en materia de hacienda y de la Intervención General de la Generalitat, y en virtud de lo que dispone el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, previa deliberación del Consell, en la reunión de 17 de febrero de 2023,  
  
  
DECRETO  
  
Artículo 1. Objeto  
Este Decreto tiene por objeto la concesión directa, en favor de la empresa pública Reciclados de Residuos La Plana, SA, RECIPLASA, de una subvención, por importe máximo de 1.782.230,00 euros, con base en el supuesto previsto en el art. 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, para financiar la mejora de las instalaciones de tratamiento de residuos domésticos de la citada entidad situadas en el municipio de Onda, así como la determinación de las bases reguladoras aplicables a dicha subvención.  
  
Artículo 2. Carácter singular de la subvención y razones de interés público que concurren en su concesión e imposibilidad de su convocatoria pública  
La singularidad de la subvención y las razones de interés público que justifican el otorgamiento directo de la subvención radican en que, a la vista de la necesidad de modernización urgente de las instalaciones de tratamiento de residuos domésticos de Onda de RECIPLASA, única empresa 100 % pública y propiedad de ayuntamientos para la gestión de residuos domésticos en un área de gestión de residuos de la Comunitat Valenciana, se hace necesaria la ayuda planteada para poder prestar el servicio público de carácter básico de tratamiento de residuos.  
  
Artículo 3. Finalidad  
La finalidad de esta subvención es la financiación de los conceptos incluidos en la línea 4.3 de las bases estatales de ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aprobadas por Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 14 de abril de 2021 para la mejora de las instalaciones de tratamiento de residuos domésticos del Área de Gestión C2 ubicadas en Partida Regall de L'Abellar, s/n, Onda, para maximizar el aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos municipales que se recojan de forma mezclada, de manera que puedan contribuir a la consecución de los objetivos comunitarios de preparación para la reutilización y reciclado, así como al de reducción de los residuos municipales destinados a su depósito en vertedero. En concreto se deberá reducir al menos en un 5 % la cantidad de residuos destinados a su depósito en vertedero. También serán financiables las actuaciones para dejar instalados y en funcionamientos los conceptos financiables.  
En las actuaciones que se realicen se debe cumplir el principio DNSH (do not significant harm), al objeto que ninguna de las medidas del Plan pueda causar daño al medio ambiente, para ninguno de los 6 objetivos medioambientales considerados en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento de Taxonomía), desarrollado en el documento 2021/C 58/01, Guía técnica sobre aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
  
Artículo 4. Beneficiario y plazo de ejecución de las actuaciones  
Tiene la condición de beneficiaria la empresa pública Reciclados de Residuos La Plana, SA, RECIPLASA, con NIF U20117225, en relación con la mejora de las instalaciones de tratamiento de residuos domésticos situadas en el municipio de Onda realizadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2025.  
  
Artículo 5. Financiación  
1. Para atender las obligaciones económicas derivadas de este decreto, de acuerdo con el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, se tramitará, si fuera necesaria, una modificación de créditos en la forma establecida en esta ley, una vez aprobado este decreto, con cargo al programa presupuestario 442.99, MRR Emergencia Climática y Transición Ecológica, capítulo VII, gastos de capital, por un importe máximo de 1.782.230,00 euros.  
2. La subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, siempre que su importe, aisladamente considerado o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de la actuación subvencionada. Todo ello sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.  
3. El importe de la subvención podrá cubrir hasta el 90 % de los gastos subvencionables asumidos por la entidad beneficiaria.  
4. La subvención no es compatible con los Proyectos Clima, promovidos a través del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2).  
  
Artículo 6. Justificación  
1. RECIPLASA, Reciclados de Residuos La Plana, SA, deberá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.b de la Ley 38/2003, acreditar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión y disfrute de la subvención, así como cumplir con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 1/2015.  
2. El plazo de presentación de los documentos justificativos de la subvención finalizará el 30 de julio de 2025.  
3. Sin perjuicio de las instrucciones que pueda dictar el órgano gestor, la entidad beneficiaria estará obligadas a presentar, en el plazo que dispone el punto anterior de este artículo, la siguiente documentación como justificación económica del pago de la subvención recibida:  
a) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:  
1º. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.  
En la memoria justificativa de la actividad se expresará que las inversiones realizadas lo son en el ejercicio de una competencia propia de RECIPLASA, así como el destino de las mismas.  
2º. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico/mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago.  
b) Certificación de que la subvención concedida ha sido debidamente registrada en la contabilidad de la entidad y que la documentación original acreditativa del gasto realizado se encuentra en las dependencias de esta, a disposición del órgano instructor, de la Intervención General de la Generalitat y de la Sindicatura de Cuentas.  
c) Certificación de gasto, emitida por el/la directora/a técnico/a de RECIPLASA.  
d) Justificación de los contratos que se han adjudicado y se han sometido a la normativa general sobre contratación pública.  
Esta documentación en todo caso se ajustará a lo dictado en el artículo 72 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
4. La entidad beneficiaria deberá aportar una declaración responsable acreditativa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
5. La entidad beneficiaria deberán acreditar la reducción del canon de tratamiento de residuos domésticos a consecuencia de la subvención recibida, en la documentación de justificación del expediente de la subvención concedida.  
Se deberá acreditar la reducción, antes de impuestos, del canon de gestión relativo a las actuaciones realizadas. A tal objeto, se deberá entregar entre la documentación justificativa, certificación emitida por el Secretario del Consejo de Administración de RECIPLASA, del acuerdo de aprobación del nuevo canon reducido, así como el estudio de costes suscrito por los técnicos de la entidad beneficiaria y aprobado por el Consejo de Administración que acrediten la reducción del canon desde el inicial anterior a la subvención, hasta el nuevo canon con la subvención justificada.  
Se justificará adicionalmente durante cuánto tiempo aplicará la reducción del canon. Asimismo, en caso de incumplimiento de la reducción del canon, se incurrirá en causa de reintegro de la subvención recibida.  
  
Artículo 7. Tramitación, gestión y pago de la subvención  
1. La tramitación y la gestión de la subvención corresponde a la dirección general de Calidad y Educación Ambiental.  
2. La entidad beneficiaria deberá manifestar, en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la publicación de este decreto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, su conformidad con la concesión de la subvención según se especifica en el presente decreto.  
El documento de conformidad, debidamente firmado, deberá presentarse a través del trámite telemático de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, indicando en el asunto «Decreto RECIPLASA 2023». Se puede acceder a este trámite mediante el enlace: sede.gva.es/es/proc18170.  
3. La entidad beneficiaria deberá presentar en el plazo de un mes desde la manifestación de su conformidad, un Plan de Inversiones o Programa de Trabajo en el que se incluyan las inversiones que pretende acometer en relación con la subvención, que será aprobado en todo o en parte mediante informe de la persona titular del servicio competente en materia de residuos de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental. En concreto, serán financiables aquellos conceptos incluidos en la línea 4.3 del mencionado Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 14 de abril de 2021. Dicho Plan también deberá incorporar el resto de contenido de la memoria técnica de la línea B del anexo de la Resolución de 30 de mayo de 2022, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para instalaciones de tratamiento de residuos, financiadas por el Plan de recuperación, transformación y resiliencia (DOGV Núm. 9.355 / 06.06.2022), modificada por Resolución de 14 de julio de 2022 (DOGV Núm. 9388 / 21.07.2022).  
4. Asimismo, la entidad beneficiaria adjuntará una declaración responsable de no estar incursa en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, cuyo cumplimiento podrá ser comprobado por el órgano gestor de la subvención, salvo que se manifieste oposición expresa por parte de la beneficiaria, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa.  
5. También deberá aportar declaración responsable de que ninguna de las medidas del proyecto puede causar daño al medio ambiente, para ninguno de los 6 objetivos medioambientales considerados en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento de Taxonomía), denominado principio DNSH (do no significant harm). A este respecto deberá tenerse en cuenta que los equipos adquiridos deberán ser energéticamente eficientes y contar con el marcado CE correspondiente, y se adjuntará declaración responsable del beneficiario en la que se comprometa a entregar los residuos de estos aparatos para su adecuada gestión, priorizando la preparación para la reutilización de acuerdo con la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana.  
Asimismo, en lo que respecta a las actuaciones para dejar instalados y en funcionamiento los conceptos financiables, deberá tenerse en cuenta que durante la ejecución de las posibles obras se debe garantizar que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos generados en el sitio de construcción, está preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para substituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. Los operadores limitarán la generación de residuos en procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE; teniendo en cuenta las mejores prácticas disponibles, y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y el reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando la clasificación disponible sistemas para residuos de construcción y demolición.  
6. La entidad beneficiaria debe asumir que, en todo caso, la venta y adquisición de activos, bienes y servicios (u otras transacciones comparables) se han de realizar mediante licitaciones competitivas, transparentes, no discriminatorias e incondicionales. Si la venta y adquisición de activos, bienes y servicios (u otras transacciones comparables) se realiza siguiendo un procedimiento de licitación competitivo, transparente, no discriminatorio e incondicional que se ajuste a los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a la legislación vigente sobre contratación pública, se puede suponer que dichas transacciones se ajustan a las condiciones de mercado, siempre y cuando se hayan utilizado los criterios adecuados para seleccionar al comprador o al vendedor.  
La entidad beneficiaria deberá suministrar información sobre la perceptora final de los fondos si no es la misma, así como también la información correspondiente a contratistas y subcontratistas, conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.  
7. Adicionalmente:  
a) Todas las personas participantes en el procedimiento cumplimentarán la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), cumplimentarán un formulario adaptado al modelo A del anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, teniendo en cuenta el contenido mínimo indicado en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés, en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
b) Todas las personas primeras beneficiarias, (las contratistas o subcontratistas también lo cumplimentarán), que participen en el desarrollo de actividades para conseguir el objetivo de la ayuda, aportarán sus datos y aceptarán la cesión según las condiciones recogidas en un formulario adecuado al modelo B del anexo IV de la mencionada Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.  
c) Todas las personas participantes como órgano responsable/órgano gestor/ beneficiaria, (las contratistas o subcontratistas también lo cumplimentarán), que participen en el desarrollo de actividades para conseguir el objetivo de la ayuda, manifestarán el compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión recogido en un formulario adecuado al modelo C del anexo IV de la citada Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.  
Asimismo, los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.  
En caso de no presentar inicialmente los documentos relacionados con la aportación de datos de terceras personas por no estar adjudicado el contrato o determinada la subcontratación, así como los formularios de ausencia de conflicto de interés y de compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión para el personal participante en la gestión que inicialmente no estaba determinado, se presentarán inexcusablemente con la justificación.  
8. Las aportaciones documentales que la entidad beneficiaria deba efectuar a la Administración se realizarán telemáticamente en la sede electrónica de la Generalitat a través de la dirección de internet   
sede.gva.es/es/proc18170.  
Para acceder de forma telemática al procedimiento, la entidad beneficiaria deberá disponer de firma electrónica avanzada, con el certificado cualificado de representante de entidad, emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Asimismo, se podrá utilizar cualquier otro sistema de firma electrónica admitido por la sede electrónica de la Generalitat  
 (https://sede.gva.es/es/sede\_certificados).  
Cuando se quiera actuar en el procedimiento en representación de la entidad beneficiaria, se podrá otorgar dicha representación a través del Registro de Representantes de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). El acceso a dicho registro por parte de la entidad representada puede realizarse utilizando un certificado cualificado de representante de entidad.  
Se firmarán electrónicamente por quienes sean competentes para ello, aquellos documentos que se adjunten y requieran ser firmados.  
Cuando la Administración actuante consulte o recabe datos o documentos en el ámbito de la gestión de la presente ayuda, que estén en su poder o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, el régimen aplicable será el siguiente:  
a) El órgano gestor del procedimiento deberá estar autorizado por la entidad beneficiaria interesada para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, y los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En caso contrario, la persona interesada deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.  
b) El órgano gestor del procedimiento tiene potestad para consultar los datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social. No obstante, si la entidad beneficiaria desea oponerse a ello, es imprescindible que indique la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone queda obligada a aportar los documentos acreditativos correspondientes.  
c) El órgano gestor podrá verificar la exactitud de los datos declarados por la entidad beneficiaria, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
9. Conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si la documentación incluida en este artículo se hubiera cumplimentado de forma incompleta o no se hubieran aportado los requisitos y documentos que se señalan en este artículo, la entidad interesada será requerida para que, en un plazo máximo de diez días hábiles, enmiende la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, previa resolución de archivo del expediente, que deberá ser dictada en los términos que prevé el artículo 21 de la norma mencionada, quedando sin efecto la concesión de la subvención, y perdiendo, por tanto, el derecho a la percepción.  
10. La entidad beneficiaria deberá someterse a la normativa sobre supervisión, seguimiento y control de subvenciones, así como a facilitar toda la información requerida por el órgano gestor de la subvención. Igualmente quedarán, en todo caso, sujetas a las obligaciones impuestas por el artículo 14 y concordantes de la mencionada Ley 38/2003.  
En concreto, el seguimiento se llevará a cabo tanto durante el transcurso de las inversiones (con visitas periódicas, asesoramiento por teléfono o correo electrónico, etc.), con objeto de controlar su buen funcionamiento como, una vez finalizadas las mismas, para la valoración de los resultados obtenidos. Este seguimiento se llevará a cabo por la persona titular del servicio competente en materia de residuos de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental. Será necesario que la entidad acredite que dispone una persona coordinadora técnica con la formación adecuada que se comprometa a realizar el seguimiento de los proyectos de inversión durante todo el plazo de ejecución de las actuaciones.  
11. El importe subvencionado se abonará mediante abonos a cuenta en función de la actuación realizada y tras la presentación de la documentación justificativa de la citada actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y en lo establecido en la normativa específica que regula el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).  
A la vista de la documentación presentada en el informe justificativo y realizada la correspondiente comprobación, la persona titular del servicio competente en materia de residuos de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, certificará la parte de la actuación realmente llevada a cabo, especificando el montante de la subvención abonable de acuerdo con el porcentaje de ayuda otorgado.  
No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración y con la Seguridad Social o mantenga deudas por resolución de procedencia de reintegro.  
  
Artículo 8. Normativa aplicable  
1. La presente ayuda tiene la consideración de subvención pública y en todo lo no previsto en las presentes bases se estará de manera supletoria a lo que corresponda de los requisitos y condiciones indicadas en la Resolución de 30 de mayo de 2022, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para instalaciones de tratamiento de residuos, financiadas por el Plan de recuperación, transformación y resiliencia (DOGV Núm. 9.355 / 06.06.2022), modificada por Resolución de 14 de julio de 2022 (DOGV Núm. 9.388 / 21.07.2022). Asimismo, se estará a lo dispuesto en:  
a) Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
b) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y Reglamento de desarrollo de la Ley mencionada, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.  
c) Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
d) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
e) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.  
f) Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
g) Decreto ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19.  
h) Acuerdo de 14 de abril de 2021, de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente por el que se aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos relativos al Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al Medio Ambiente-PIMA Residuos.  
i) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
j) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.  
k) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además del resto de normativa aplicable.  
2. Asimismo, para su tramitación se ha aplicado el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el cual se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat, dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.  
En relación con el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea, la subvención establecida en el presente decreto queda excluida del ámbito del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los efectos previstos en el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.  
La causa de la no sujeción a la prohibición del artículo 107 del TFUE es que las actividades subvencionadas no tienen la condición de actividad económica ni repercuten en las actividades económicas que puedan realizarse en su caso por la beneficiaria de la ayuda.  
En atención a lo expuesto se considera que a la presente ayuda nominativa le es de aplicación la dispensa de la obligación de notificación prevista en el artículo 108 del TFUE.  
3. En lo que respecta a la información relativa al tratamiento de datos de carácter personal:  
a) La gestión de las ayudas conlleva el tratamiento de datos de carácter personal, debiendo cumplirse con las medidas y garantías reguladas en la normativa en materia de protección de datos, en especial el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
b) De conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 11 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, respecto al tratamiento de datos de carácter personal se indica lo siguiente:  
1º. Nombre del tratamiento: Ayudas en materia de calidad ambiental.  
2º. Responsable del tratamiento: persona titular de la subsecretaría de la conselleria competente en materia de medio ambiente.  
3º. Finalidad del tratamiento: tramitación de ayudas en materia de calidad ambiental y cambio climático.  
4º. Ejercicio de derechos: las personas interesadas tienen derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, así como solicitar la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de forma presencial o telemática, de conformidad con lo previsto en la siguiente dirección de internet: sede.gva.es/es/proc19970  
5º. Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la protección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en la siguiente dirección de internet: sede.gva.es/es/proc22094, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
6º. Se puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: https://agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments  
c) Cuando la entidad beneficiaria o quien la represente legalmente aporten datos de carácter personal de terceras personas en el procedimiento administrativo, sin perjuicio de que tenga la obligación de cumplimentar el anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, tendrá la obligación de informarles de los siguientes extremos:  
1º. La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.  
2º. La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad. Si esta consulta requiere autorización por ley por parte de las personas cuyos datos se van a consultar, la entidad beneficiaria o quien la represente legalmente deberá haber recabado dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.  
3º. La posibilidad y forma de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición que le asisten en relación con el tratamiento de sus datos personales.  
4. En lo que respecta a la transparencia, suministro de información y datos abiertos, sin perjuicio de las obligaciones de transparencia que tiene como entidad pública, en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, la entidad beneficiaria tiene las siguientes obligaciones:  
a) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, incluyendo el logotipo de la Generalitat Valenciana en medios de difusión tales como carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales y en cualquier otro medio de publicidad que se realice de la actividad subvencionada.  
b) Suministrar a la entidad concedente, previo requerimiento, toda la información que sea necesaria para el cumplimiento por esta de las obligaciones previstas en la Ley 1/2022, de 13 de abril, en el plazo de 15 días hábiles desde el requerimiento.  
c) La disposición de los nuevos conjuntos de datos que se generen por la formalización y el desarrollo de la subvención otorgada por la Administración de la Generalitat, siempre que sea posible, como conjunto de datos abiertos.  
Asimismo, en los proyectos ejecutados bajo el PRTR, se debe observar que en las actividades de comunicación relacionadas con la acción (incluidas las relaciones con los medios de comunicación, conferencias, seminarios y material informativo — como folletos, carteles, presentaciones, etc.—, en formato electrónico a través de los medios de comunicación tradicionales o de las redes sociales), así como cualquier infraestructura, vehículo, suministro o resultado importante financiado, debe mostrar el logotipo oficial del plan, además del emblema de la Unión Europea acompañado del texto «Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», detallado en la web: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. Desde la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental se suministrarán plantillas con los logos correspondientes.  
  
Artículo 9. Facultades para la ejecución del Decreto  
Se faculta a la persona titular de la dirección general de Calidad y Educación Ambiental para que dicte las instrucciones y adopte las medidas oportunas que resulten necesarias para la aplicación y ejecución de este decreto.  
  
Artículo 10. Efectos  
Este decreto producirá efectos a partir de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Todo esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sin perjuicio que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
Orihuela, 17 de febrero de 2023  
  
El presidente de la Generalitat,  
XIMO PUIG I FERRER  
  
La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural,  
Emergencia Climática y Transición Ecológica,  
ISAURA NAVARRO CASILLAS