Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4402, del 19-12-2002 (2002/13954)

ORDEN de 12 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Bienestar Social, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas al mantenimiento del Plan de Medidas de Inserción Social para el ejercicio correspondiente al año 2003 y prestaciones económicas regladas para el 2003 y parte del ejercicio de 2004.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4402

Fecha DOGV
:   19-12-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/13395


Fecha del documento
:   12-12-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Orden

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * apoyo económico
    * ayuda pública
    * reinserción social
    * administración local

ORDEN de 12 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Bienestar Social, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas al mantenimiento del Plan de Medidas de Inserción Social para el ejercicio correspondiente al año 2003 y prestaciones económicas regladas para el 2003 y parte del ejercicio de 2004. [2002/M13943]
  
La Ley de la Generalitat Valenciana 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de servicios sociales incluye, dentro de las responsabilidades de la Generalitat Valenciana, la de dar respuesta a diferentes problemas sociales mediante la aportación de los recursos financieros, técnicos, humanos y organizativos necesarios.
  
En el marco de esta Ley la Generalitat Valenciana tiene entre sus objetivos garantizar la atención integral de la familia, atendiendo a cuantos problemas puedan incidir en su bienestar, previniéndolos o subsanándolos.
  
Para la consecución de estos objetivos, a la Conselleria de Bienestar Social le corresponde fomentar, de modo especializado, las actuaciones tendentes a la protección y promoción de la estructura familiar, como núcleo natural y fundamental que es de la sociedad, con el objetivo social de favorecer el desarrollo armónico de todos sus miembros.
  
Del mismo modo, esta ley establece, en su artículo 37.2), las prestaciones económicas regladas dirigidas a la familia o a un núcleo convivencial dado, contemplándose la posibilidad de que, a los beneficiarios de las mismas, se les pueda exigir la realización de actividades, tendentes a la normalización de sus hábitos y a su plena integración social, a través de la formación o cooperación social que se determine.
  
Posteriormente, la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3.907, de 29 de diciembre de 2000) estableció, en su disposición adicional octava que, en el supuesto de las prestaciones económicas regladas, contempladas en el artículo 37.2 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el sistema de servicios sociales de la Comunidad Valenciana, podrán autorizarse gastos de alcance plurianual para transferencias corrientes, con los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley de Hacienda Pública.
  
Dichas prestaciones económicas regladas están incardinadas en el Plan de Medidas de Inserción Social, cuyo objetivo último es la reinserción socio laboral de los beneficiarios de las mismas. Para conseguir este objetivo se hace necesario favorecer la implantación de diferentes programas destinados a los citados beneficiarios, o a su núcleo convivencial, programas subvencionados a través de esta orden de ayudas.
  
Finalmente, se hace necesario también apoyar la existencia de personal destinado específicamente por las entidades a gestionar las propias prestaciones, mediante la subvención de los gastos que el mismo comporta.
  
Así, la Conselleria de Bienestar Social convoca mediante esta orden, en el marco de las leyes anteriormente citadas, ayudas y subvenciones destinadas al plan de medidas de inserción social, incluyéndose dentro del mismo las prestaciones económicas individuales y regladas destinadas a personas físicas, familias y otras unidades de convivencia, así como las subvenciones tanto de los distintos programas que tengan como finalidad la inserción socio-laboral de los beneficiarios individuales de estas prestaciones, como del personal propio que la entidad colaboradora destina a su gestión, reguladas todas ellas en el título I de esta orden.
  
En su virtud y en uso de las facultades que me confiere el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y el Decreto 138/2000, de 12 de septiembre de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social.
  
ORDENO
  
Título I
  
De las ayudas del plan de medidas de inserción social
  
Artículo 1. Ámbito
  
Las ayudas convocadas mediante esta orden van destinadas al desarrollo y la implantación del plan de medidas de inserción social de la Comunidad Valenciana, establecido por el Decreto 132/1990 de 23 de julio (DOGV núm. 1376 de 7 de septiembre de 1990) y la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de servicios sociales de la Generalitat Valenciana.
  
Artículo 2. Objeto
  
Son objeto de esta orden los siguientes:
  
a) Regular y convocar ayudas y subvenciones en el ámbito familiar, dirigidas a sufragar los siguientes conceptos contemplados dentro del plan de medidas de inserción social:
  
1. El pago de salarios y seguridad social del personal propio de las entidades que tienen derecho a solicitar estas ayudas, siempre que el mismo esté encargado del desarrollo e implantación del plan de medidas de inserción social mediante el trámite y la gestión de la solicitud, elaboración de la propuesta de resolución individual, pago de las prestaciones económicas regladas, y/o la elaboración de los informes de seguimiento individual a que se hace referencia en el artículo 10 de esta orden.
  
2. Los programas de integración, definidos en el capítulo II, sección II del Decreto 132/1990, de 23 de julio, y en la Ley 5/97, por la que se regula el sistema de servicios sociales de la Generalitat Valenciana, como el conjunto de medidas de carácter socio laboral orientadas a facilitar la autonomía personal y la plena incorporación social.
  
b) Regular la entrega y distribución a los beneficiarios individuales, a través de entidades colaboradoras, de las prestaciones económicas regladas, tal y como se establecen en el capítulo II, sección III del Decreto 132/1990 y en la Ley 5/97, por la que se regula el sistema de servicios sociales de la Generalitat Valenciana, con la finalidad de cubrir las necesidades básicas de los perceptores de las mismas. Dichas prestaciones podrán tener la consideración de gastos de carácter plurianual, con los efectos previstos en el artículo 29 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, con las condiciones dispuestas en las disposición adicional octava de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3.907, de 29 de diciembre de 2000).
  
Artículo 3. Obligaciones de las entidades
  
Sin perjuicio de que deban cumplirse los requisitos y obligaciones establecidas en el artículo 47.4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, las obligaciones que deben cumplir las entidades locales y las entidades colaboradoras serán las siguientes:
  
1. Con carácter general serán las definidas en el artículo 27 de esta orden.
  
2. En referencia al trámite y el pago de la prestación a los beneficiarios individuales cumplir las obligaciones y seguir el procedimiento establecidos en el capítulo II del título I de esta orden.
  
Artículo 4. Prioridades
  
Las prioridades se atendrán a los siguientes criterios:
  
1. Tendrán prioridad absoluta en el reconocimiento de la condición como entidad colaboradora de la Conselleria de Bienestar Social y en la concesión de las ayudas para el ejercicio del año 2003, las entidades contempladas en el artículo 5 de esta orden que hayan sido reconocidas como entidades colaboradoras en el ejercicio 2002 y hubieran tenido beneficiarios acogidos al plan de medidas de inserción social.
  
Las nuevas incorporaciones se atenderán en función de la dotación de recursos y atendiendo a los criterios de necesidad social y población.
  
2. Tendrán prioridad las prestaciones sobre los programas y ambos sobre el personal. En todo caso, no procederá la subvención de personal y/o programas, si juntamente no se subvencionan también prestaciones económicas regladas.
  
Capítulo I
  
De las ayudas destinadas a las entidades colaboradoras
  
Artículo 5. Entidades solicitantes
  
Podrán solicitar estas ayudas las corporaciones locales, las mancomunidades constituidas conforme a la legislación de régimen local y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes de las mismas siempre que hayan sido creadas para intervenir en el campo de la acción social y no tengan carácter industrial o mercantil.
  
Artículo 6. Documentación a presentar por las entidades
  
La documentación a presentar para solicitar estas ayudas será la siguiente:
  
1. Solicitud, en el modelo contemplado en esta orden, debidamente cumplimentada, firmada por el alcalde del ayuntamiento o representante de la entidad. Dicho modelo incluye la Ficha de mantenimiento de terceros, que servirá para acreditar la titularidad de la cuenta a través de la cual el beneficiario desea percibir la ayuda.
  
2. Copia del CIF de la entidad.
  
3. Para cumplimentar la solicitud se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
  
a) Cada entidad solicitará en una única instancia, la subvención para todos los programas que correspondan al plan de medidas de inserción social.
  
b) Las cuantías solicitadas se diferenciarán en tres conceptos:
  
Personal, que contemplará aquellos gastos derivados de las actuaciones contempladas en el artículo 2.a.1) de esta orden.
  
Programas, que englobará tanto aquellos gastos propios de su mantenimiento como los derivados del personal que los realice. Dichos programas serán aquellos contemplados en el artículo 2.a.2) de esta orden.
  
Prestaciones económicas regladas contempladas en el artículo 2.b) de esta orden.
  
c) La memoria de las actuaciones desarrolladas en el ejercicio anterior, si la entidad ya tuvo subvencionado el programa solicitado en dicho ejercicio, al amparo de la Orden de 11 de diciembre de 2001 publicada en el DOGV número 4.152 de 20 de diciembre de 2001, será la contemplada en dicha orden, y el plazo para presentarla finalizará el 31 de enero de 2003. De no ser así, la entidad presentará un oficio indicando que no se realizó ningún programa de la tipología solicitada, o bien la memoria contemplada en la solicitud, si la entidad desarrolló el programa.
  
4. Todos los documentos presentados serán originales, o copias legalizadas por notario o compulsadas por la administración.
  
Artículo 7. Importe de las ayudas destinadas a las entidades
  
La cuantía que se asignará a subvenciones de los programas y personal contemplados en este capítulo, se atendrá a las siguientes consideraciones:
  
1. Criterios generales que deben utilizarse para el cálculo de la subvención a conceder:
  
a) Con carácter general:
  
- El nivel de ejecución y la evaluación favorable del programa para el que se solicita la subvención, en el ejercicio de 2002 y en otros ejercicios anteriores.
  
- La colaboración de la entidad con la Generalitat Valenciana en el campo de la promoción e inserción social, con especial referencia a la acción social especializada orientada a la familia, menor y adopción.
  
- Las necesidades objetivas del municipio, originadas por su problemática social. Se considerarán como factores correctores el índice de pobreza, la dispersión de los núcleos urbanos y los factores geográficos que dificulten las comunicaciones.
  
b) Los módulos establecidos deben entenderse como máximos, no obstante sólo se propondrá la subvención por los gastos realmente previstos y adecuados al Plan de Medidas de Inserción Social. En la propuesta técnica de la dirección territorial podrá determinarse, en su caso, qué gastos de los cuales se solicita subvención no son adecuados al objeto de ésta.
  
En el supuesto de que se solicite la subvención de programas o personal que incluyan gastos por conceptos que no se dediquen de modo exclusivo a la actividad para la cual se solicita la ayuda, la entidad indicará, en la solicitud, qué porcentaje dedica del personal o del programa al objeto respecto al cual se solicita la subvención. Dicho porcentaje podrá ser utilizado en la justificación que se efectuará respecto a la subvención concedida, en su caso.
  
2. Respecto a las cuantías que se asignen a las distintas entidades en concepto de personal y programas para los que se solicite la ayuda, se estará, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 7 de esta orden y a lo siguiente:
  
a) Gastos en concepto de personal:
  
a.1. La retribución salarial del personal que debe desarrollar el Plan de Medidas de Inserción Social, y que esté en situación regular de contratación, incluidos los gastos de seguridad social, en sus diferentes regímenes y cualquier otro concepto que se incluya en la nómina por la entidad. A tal efecto se establece en el anexo I, los importes salariales máximos que pueden subvencionarse.
  
En ningún caso procederá la subvención por un importe mayor que aquel que la entidad paga al trabajador.
  
La subvención que se otorgue por este concepto, no dependerá de la titulación de quien ocupa el puesto, sino de la que fuere necesaria para ocupar este.
  
a.2. Para el calculo de las cuantías a conceder se estará a lo siguiente:
  
Por cada 25 prestaciones concedidas para el conjunto del ejercicio, calculadas según el modulo medio dispuesto en el artículo 9 de esta orden, podrá subvencionarse hasta un máximo de un titulado de grado medio.
  
Por cada 75 prestaciones concedidas para el conjunto del ejercicio, calculadas según el modulo medio dispuesto en el en el artículo 9 de esta orden, podrá subvencionarse hasta un máximo de un trabajador destinado a tareas administrativas.
  
Por cada 100 prestaciones concedidas para el conjunto del ejercicio, calculadas según el módulo medio dispuesto en el en el artículo 9 de esta orden, podrá subvencionarse hasta un máximo de un titulado de grado superior. No obstante, sólo procederá la subvención del primer titulado de este grupo si se subvenciona un mínimo de 100 prestaciones.
  
b) Gastos en concepto de programas.
  
Podrán subvencionarse aquellos gastos que sean necesarios para la realización del programa respecto al cual se solicita la subvención. Dichos gastos incluirán tanto los propios de su mantenimiento, como los del personal específicamente dedicado al mismo. No obstante, no podrá concederse en concepto de programas un importe superior al 33% de lo concedido en concepto de prestaciones económicas regladas para el conjunto del ejercicio.
  
c) Coste de los programas
  
Para gastos en concepto de personal que gestiona el plan de medidas de inserción social, se financiará, como máximo, el 65% de las retribuciones salariales en el caso de ayuntamientos y el 75% en el caso de mancomunidades, que en el Anexo I se establecen, estando la corporación local obligada a atender el resto hasta completar el 100%.
  
Para gastos de programas se financiará como máximo, el 65% de dicho concepto en el caso de ayuntamientos, y el 75% en el caso de mancomunidades, estando la corporación local obligada a atender el resto hasta completar el 100%.
  
3. Quedan expresamente excluidos de las ayudas contempladas en esta orden los conceptos siguientes:
  
a) Los programas que no respondan específicamente a las características expresadas en esta orden.
  
b) Los programas que, por su naturaleza, sean propios de otros organismos, sin perjuicio de la necesaria colaboración para el caso de materias concurrentes.
  
c) Los programas para los que exista otra orden de ayudas específica destinada a los mismos, o bien que ya sean subvencionados, en todo o en parte y para el mismo objeto, por la Conselleria de Bienestar Social.
  
d) Los de programas y personal correspondientes a otros ejercicios económicos.
  
Capítulo II
  
De las prestaciones económicas regladas
  
destinadas a los beneficiarios individuales
  
Artículo 8. Entidades colaboradoras
  
Los solicitantes a los que se hace referencia el artículo 5 de esta orden podrán ser reconocidos por la Conselleria de Bienestar Social como entidades colaboradoras, para la entrega y distribución a los beneficiarios individuales de las prestaciones económicas regladas a que hace referencia el artículo 2.b) de esta orden, con arreglo a los requisitos y condiciones fijados para tal distribución.
  
En cualquier caso, para que las personas físicas o unidades de convivencia que carezcan de medios suficientes de subsistencia puedan acceder a las prestaciones económicas regladas, será requisito imprescindible el previo reconocimiento de una entidad colaboradora para actuar donde tengan los primeros su lugar de residencia.
  
Artículo 9. Importe de las prestaciones económicas regladas
  
La cuantía que se asignará dirigida al pago de prestaciones económicas regladas se atendrá a las siguientes consideraciones:
  
a) El importe máximo de la prestación será el establecido para las pensiones no contributivas en su cómputo anual, para el ejercicio del año 2003. El importe mensual resultante, será incrementado cuando, con el beneficiario, convivan familiares a su cargo según la escala siguiente:
  
Por el primer familiar 21,00 Euros mensuales.
  
Por el segundo familiar 15,00 Euros mensuales.
  
Por el tercer familiar 14,00 Euros mensuales.
  
Por el cuarto familiar 14,00 Euros mensuales.
  
La existencia de más de cuatro miembros familiares a su cargo no podrá suponer mayores incrementos, por lo que el importe máximo mensual que se puede aumentar por familiares a cargo no podrá exceder los 64,00 euros mensuales.
  
b) Modulo medio:
  
Al no ser fija para todos los beneficiarios individuales, por depender la cuantía final de la prestación tanto de sus ingresos, como de los familiares convivientes a su cargo; para el calculo de la cuantía a asignar a las entidades en concepto de prestaciones económicas regladas se tendrá en cuenta un módulo medio calculado del siguiente modo:
  
Pensión no contributiva del ejercicio para el que se concede la ayuda en computo anual dividido por 12 más un 50% de la cuantía máxima en concepto de incremento por familiares que convivan con el beneficiario.
  
Dicho módulo medio se multiplicará por el número de prestaciones previsto, sea éste entero o fracción, y dará lugar a la cuantía máxima a conceder en concepto de prestaciones económicas regladas para la totalidad del ejercicio de 2003.
  
Artículo 10. Procedimiento a seguir para la concesión de la prestación económica reglada a los beneficiarios individuales
  
Las ayudas asignadas en concepto de prestación económica reglada a las entidades solicitantes, serán tramitadas y pagadas definitivamente a los beneficiarios individuales, en su caso, según el procedimiento determinado en este capítulo.
  
Las entidades beneficiarias, si actúan como entidades colaboradoras para el pago de las prestaciones económicas regladas a que hace referencia el artículo 2.b) de esta orden, tendrán las siguientes obligaciones:
  
1. Con carácter general, seguir las condiciones, requisitos y los procedimientos administrativos regulados por el Decreto 132/1990, de 23 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana y por la Orden, de 11 de septiembre de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social.
  
2. Efectuar propuesta de concesión de la prestación a beneficiarios individuales y notificar la resolución de la misma, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
  
a) Recepción de la solicitud individual de percepción de la prestación económica reglada.
  
b) Verificar, antes de efectuar la propuesta de concesión de la prestación económica reglada ante la Conselleria de Bienestar Social, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las prestaciones económicas regladas a los beneficiarios, mediante la documentación establecida en el artículo 11 de esta orden.
  
c) Elaboración, por el equipo social de base de la entidad colaboradora, del informe propuesta individual al que se refiere el artículo 12 de la Orden de 11 de septiembre de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, que será elevado a la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente.
  
d) Existencia de acuerdo de propuesta y aceptación por el beneficiario de las medidas de inserción social, según el modelo de esta orden, en el que constarán, como mínimo, los siguientes extremos:
  
- Informe socio económico del solicitante de la prestación.
  
- Propuesta de resolución que se efectúa respecto a la prestación solicitada.
  
- Cuantía y duración propuesta para la prestación, en su caso.
  
- Medidas de inserción que se propone establecer. Debiendo indicarse claramente que medidas son las que van a desarrollarse, las fechas de inicio y de finalización, el horario en que han de desarrollarse y los medios necesarios para que el beneficiario lleve a cabo las medidas propuestas.
  
e) A la vista de dicho informe propuesta, el director o directora territorial de Bienestar Social competente resolverá, por delegación del conseller de Bienestar Social, sobre la solicitud individual de prestación económica reglada y lo comunicará a la entidad, para su notificación al interesado. Dicha notificación se efectuará según lo indicado en el artículo 59 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Caso de que ninguna de las dos notificaciones indicadas en dicha ley pudiera ser entregada, se comunicará este extremo a la Dirección Territorial de Bienestar Social, especificando los motivos, con la finalidad de que se suspendiera la eficacia de la resolución individual, en su caso.
  
La resolución de concesión de la prestación estará condicionada al efectivo cumplimiento de las medidas de inserción socio laboral que debe desarrollar el beneficiario, pudiendo suspenderse la prestación si no se cumplen las mismas.
  
El plazo máximo para resolver y notificar sobre la solicitud de ayuda individual será de tres meses contados a partir de la fecha en que hubiera tenido entrada la propuesta individual efectuada por la entidad local en la Dirección Territorial de Bienestar Social. Transcurrido el plazo antes mencionado sin que hubiese notificado resolución expresa, los interesados, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo. Todo ello, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de la administración de resolver expresamente sobre la petición formulada.
  
f) El director o directora territorial no podrá dictar resoluciones a favor de los beneficiarios individuales por importe superior al máximo que se refleja en el artículo 9 de esta orden.
  
Una vez agotados los fondos globales otorgados a la entidad colaboradora en concepto de prestación económica reglada, no podrán resolverse, por la dirección territorial correspondiente, nuevas ayudas individuales.
  
Artículo 11. Requisitos y documentación a presentar ante la entidad colaboradora por los solicitantes individuales de las prestaciones económicas regladas
  
Los solicitantes individuales de la prestación económica reglada, tendrán que cumplir los siguientes requisitos establecidos en el artículo 13 del Decreto 132/1990, de 23 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana y el Decreto 171/1999, de 5 de octubre, del Gobierno Valenciano y aportar, ante la entidad colaboradora, la siguiente documentación:
  
1. Estar empadronados, como residentes, en cualquier municipio de la comunidad Valenciana, durante un año, al menos, al momento de presentar la solicitud. Dicha condición se acreditará mediante certificado de empadronamiento o informe del equipo social de base en que se haga constar tal extremo.
  
2. Ser mayor de 25 años y menor de 65 o, en su caso, menor de 25 años siempre que tenga hijos o familiares a su cargo o hayan sido víctimas de malos tratos en el seno de la unidad familiar. Dicha condición se acreditará mediante documentación acreditativa de la edad, así como declaración responsable, en su caso, respecto a que se tienen hijos o familiares a su cargo.
  
3. No disponer, el solicitante o la unidad familiar de la que forme parte, de unos ingresos anuales que, por cualquier concepto, superen la cuantía de la prestación económica reglada computada anualmente que le pudiera corresponder. Dicha condición se acreditará mediante:
  
- Fotocopia compulsada o cotejada de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de todos los convivientes en el domicilio, o bien certificado de la agencia tributaria acreditativo de no haberla presentado. En ambos casos irá referida al último ejercicio presupuestario.
  
- Declaración jurada de ingresos.
  
4. No ser beneficiarios de cualquier otro tipo de pensión o de ayuda concedida por organismo público cuya finalidad sea atender las necesidades de subsistencia del beneficiario. Dicha condición se acreditará mediante certificado de pensiones expedido por la administración.
  
5. En el caso de los beneficiarios víctimas de violencia doméstica, acreditar ante la administración la denuncia o querella por malos tratos formulada por la persona agraviada, su representante legal o el ministerio fiscal.
  
Artículo 12. Procedimiento a seguir para el pago de la prestación económica reglada a los beneficiarios individuales
  
Referente a los pagos a los beneficiarios de las prestaciones económicas regladas las entidades colaboradoras tendrán las siguientes obligaciones:
  
1. Efectuar el pago de la prestación desde el primer día del mes siguiente al de la fecha de efectos de concesión de la ayuda por la Dirección Territorial de Bienestar Social competente. Los pagos posteriores se efectuarán por mensualidades vencidas desde la fecha del devengo de la misma.
  
2. Tener documentación acreditativa de que se ha efectuado el pago a favor del beneficiario.
  
3. En ningún caso, la Conselleria de Bienestar Social estará obligada a abonar las cuantías que las entidades colaboradoras libren a los beneficiarios, en concepto de la prestación económica reglada, si no existe previa resolución del director territorial de Bienestar Social. Caso de que se produzcan pagos indebidos por la entidad colaboradora dentro de las cuantías concedidas por la Resolución individual, ésta estará obligada a reintegrarlas o compensarlas a la Conselleria de Bienestar Social. Dicho reintegro o compensación se realizará tras el cierre del ejercicio presupuestario y tras la justificación a que hace referencia el artículo 26.1) de esta orden.
  
Artículo 13. Recursos
  
Contra las resoluciones del director o directora territorial de Bienestar Social, los beneficiarios individuales podrán, interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación, o desde que haya vencido el plazo máximo para resolver sin haber recibido la notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Conselleria de Bienestar Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.
  
Título II
  
Procedimiento de las ayudas destinadas
  
a las entidades colaboradoras
  
Capítulo I
  
Iniciación del procedimiento
  
Artículo 14. Iniciación
  
El procedimiento se iniciará por solicitud de la entidad y se ajustará a lo establecido en la presente orden y, con carácter general, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
Artículo 15. Solicitud
  
Las solicitudes de ayuda de la presente convocatoria se presentarán por triplicado en el modelo que se acompaña y que lleva adjunta la Ficha de mantenimiento de terceros.
  
Los modelos de solicitud se encontrarán a disposición de los solicitantes en las direcciones territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, en las oficinas PROP y en las páginas web de la Generalitat Valenciana.
  
Artículo 16. Lugar de presentación
  
Las solicitudes de ayuda se presentarán, junto con la documentación requerida, en el Registro de la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social de la provincia donde se desarrolle la actuación para la que se solicita la subvención. Todo ello sin perjuicio de poder presentarla en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
Artículo 17. Plazos de presentación
  
El plazo para solicitar estas ayudas por la entidad será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Cuando el último día del plazo de presentación sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
Artículo 18. Subsanación y mejora de la solicitud
  
Recibidas las solicitudes, e incoado el expediente, las direcciones territoriales de Bienestar Social las verificarán y podrán realizar de oficio las actuaciones que consideren necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.
  
Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se notificará a la entidad interesada la causa que impide la continuación del procedimiento y se le requerirá para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de archivo, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo ello de conformidad con lo que previene el artículo 71 de la referida norma.
  
Esta resolución será dictada por delegación, por el director o la directora territorial de la Conselleria de Bienestar Social. Al adoptarse por delegación indicará expresamente esta circunstancia y se considerará dictada por el órgano delegante, agotando la vía administrativa.
  
Contra la misma se podrá interponer directamente recurso ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en la forma, plazo y condiciones que determina la ley reguladora de dicha jurisdicción.
  
No obstante previamente se podrá interponer, potestativamente, y según proceda, recurso de reposición conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Capítulo II
  
Ordenación e instrucción del procedimiento
  
Artículo 19. Tramitación
  
En esta fase, a la vista de la documentación obrante en el expediente, y de las obligaciones que se adquieran por la concesión de la ayuda, se podrán recabar los informes de los organismos y entidades que se estimen oportunos y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello.
  
Artículo 20. Estudio.
  
Completo el expediente, se procederá por la correspondiente Sección a elaborar las plantillas técnicas de estudio que serán firmadas por el director o la directora territorial, según modelo que se elabore por instrucción interna de la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones, y que se remitirán junto a copia del expediente a esta dirección general.
  
Capítulo III
  
Finalización del procedimiento
  
Artículo 21. Propuesta
  
Recibido el expediente en la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones junto a la plantilla técnica, se valorará por una comisión de valoración que se constituirá al efecto y que elevará propuesta de resolución al director general de la Familia, Menor y Adopciones.
  
Artículo 22. Comisión de valoración
  
1. La comisión de valoración estará compuesta por la jefa de área de la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones, que actuará como presidenta, y los jefes de servicio de la dirección general, uno de los cuales actuará como secretario.
  
2. Dicha Comisión elaborará las propuestas de concesión o denegación de las ayudas que serán elevadas al director general para que resuelva como estime procedente.
  
3. A la citada Comisión de valoración podrán convocarse como asesores a los técnicos de las direcciones territoriales y/o de la dirección general que se estimen procedentes.
  
Artículo 23. Resolución
  
1. De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de 30 de enero de 2001, del conseller de Bienestar Social, sobre delegación del ejercicio de competencias en determinados órganos de la Conselleria (DOGV núm. 3.936, de 9 de febrero de 2001), modificada por Resolución de 16 de febrero de 2001 (DOGV núm. 3.944, de 21 de febrero de 2001) y por Resolución de 14 de mayo de 2002 (DOGV núm. 4.252, de 20 de mayo de 2002), la resolución de las solicitudes de ayudas solicitadas al amparo de lo previsto en la presente orden, está delegada en el director general de la Familia, Menor y Adopciones.
  
2. El plazo máximo para tramitar, resolver y notificar la resolución procedente será de dos meses contados a partir de la fecha en que se hubieran hecho públicos los créditos para la financiación de las ayudas. No obstante, si se desestimaran total o parcialmente solicitudes por falta de consignación presupuestaria, y con posterioridad a la finalización del plazo de resolución se incrementaran los créditos destinados a financiar estas ayudas, estas solicitudes exclusivamente podrán valorarse, resolverse y notificarse en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación en el DOGV de la Resolución del conseller de Bienestar Social que dé publicidad a este incremento.
  
3. Transcurrido el plazo mencionado sin que se hubiese notificado resolución expresa, las entidades interesadas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo. Todo ello, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de la administración de resolver expresamente sobre la petición formulada.
  
4. El importe de las subvenciones concedidas no podrá, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar el coste de la actividad que han de desarrollar las entidades beneficiarias.
  
5. Podrá ser motivo de denegación de las ayudas contempladas en la presente orden no reintegrar las cantidades indebidamente percibidas correspondientes a ejercicios anteriores. En todo caso, para que proceda la denegación será necesario que, previamente dicha circunstancia haya sido constatada y declarada por la administración mediante resolución expresa motivada, que ya sea firme, dictada en un procedimiento con audiencia y notificación a la entidad interesada.
  
6. La cuantía asignada a las entidades colaboradoras en concepto de prestaciones económicas regladas para el ejercicio de 2004, en su caso, no presupondrá la cuantía que se concederá finalmente para la totalidad de dicho ejercicio.
  
Artículo 24. Recursos
  
Las resoluciones dictadas por el director general de la Familia, Menor y Adopciones, al adoptarse por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante, agotando la vía administrativa.
  
Contra las mismas se podrá interponer directamente recurso ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en la forma, plazo y condiciones que determina la ley reguladora de dicha jurisdicción.
  
No obstante previamente se podrá interponer, potestativamente, y según proceda, recurso de reposición conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.
  
Título III
  
Del pago y de la justificación de las
  
subvenciones destinadas a las entidades
  
Artículo 25. Sistema de pagos de las ayudas y subvenciones
  
Salvo que la legislación de la Generalitat Valenciana permita un régimen de libramiento de transferencias corrientes distinto, el pago de las ayudas contempladas en esta orden se ajustará a los siguientes plazos y porcentajes:
  
1. Para el pago de las prestaciones económicas regladas gestionadas por las entidades colaboradoras:
  
Se podrá anticipar a la entidad colaboradora el 100% de la cuantía concedida en este concepto para el ejercicio 2003. No obstante, para proceder a dicho pago anticipado deberá haberse justificado, con carácter previo, la cuantía concedida en dicho concepto durante el ejercicio de 2002 si la hubiera, o bien, caso de no haberse justificado la misma en su totalidad, haber efectuado el reintegro de la cantidad que correspondiera o haberse iniciado el expediente de compensación de deuda que proceda.
  
2. Para el régimen de libramientos de transferencias corrientes correspondientes a los programas de integración, así como los gastos de salarios y seguridad social contemplados en ésta orden se aplicará el régimen general previsto en el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública por los porcentajes máximos dispuestos en la misma.
  
Artículo 26. Sistema de justificación de las ayudas
  
Los plazos y el sistema de justificación estarán en función de la forma de pago que se establezca para los diferentes tipos de subvenciones.
  
1. Las entidades colaboradoras justificarán el gasto efectuado, correspondiente a las prestaciones económicas regladas anticipadas, del siguiente modo:
  
a) Un certificado de obligación contraída o reconocida o de pagos ordenados (100%) según el modelo contemplado en esta orden, para la regularización, en su caso, de las sumas anticipadas.
  
b) Visto bueno al listado de beneficiarios respecto de los cuales exista obligación contraída o reconocida o de pagos ordenados de la prestación, con indicación del nombre, apellidos, periodo, cuantía individual y total, que será remitido por la Dirección Territorial de Bienestar Social a la entidad antes del 31de enero de 2004. Caso de existir discrepancia en alguno de los datos, se indicará dicha circunstancia a la dirección territorial para su subsanación.
  
Sólo podrán ser objeto de justificación los importes efectivamente contraidos por la entidad colaboradora para el ejercicio del año 2003.
  
c) En cumplimiento del artículo 47.11.e. del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, a la memoria final se acompañará un certificado firmado por el alcalde, presidente o representante de la correspondiente entidad pública, en su caso, donde se especifique que todos los beneficiarios individuales de la prestación han cumplido los requisitos de concesión, mientras ha durado ésta, según modelo contemplado en esta orden.
  
d) Memoria final referente a los beneficiarios de prestaciones económicas regladas, mediante la ficha de seguimiento municipal según modelo contemplado en esta orden. No obstante, la dirección territorial podrá solicitar memorias más extensas que incluyan peticiones concretas de datos generales de los beneficiarios, con la finalidad de mejorar la prestación y obtener datos globales de la Comunidad Valenciana.
  
2. Los gastos de personal y el mantenimiento de los programas se justificarán a través de certificado de obligación contraída o reconocida o de pagos ordenados, mediante el modelo recogido en esta orden.
  
Los gastos a justificar en estos conceptos serán, como mínimo, igual al coste que se ha determinado en la resolución de concesión de la ayuda. Dicha justificación se corresponderá siempre con los contenidos de los programas subvencionados, no siendo admisibles gastos de actuaciones que no estén específicamente contempladas en la descripción de los mismos. La justificación por un importe menor a dicho coste hará que se minore proporcionalmente la ayuda concedida. En todo caso, la subvención concedida que incluya el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre deberá haberse justificado, como máximo a 31 de octubre del 2003, no pudiendo presentarse justificaciones de gasto efectuado en el ejercicio del año 2003, con posterioridad al 31 de enero del año 2004.
  
En las justificaciones parciales presentadas respecto a la ayuda concedida se podrán unir, acumulándose, las cuantías correspondientes a personal y programas, ajustándose en la última justificación que se presente la cuantía concedida por conceptos y a justificar total, según lo dispuesto en la resolución de concesión.
  
3. Los beneficiarios de las prestaciones económicas regladas tendrán el plazo de un mes a contar desde la finalización de cada periodo completo de ayuda concedida y, en todo caso, hasta el 31 de enero del año 2004, para acreditar ante la entidad local que han cumplido los requisitos de la ayuda concedida durante todo el periodo de duración de la misma.
  
4. La Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones y la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente, podrán requerir de los beneficiarios de la subvención, cuantos documentos, facturas, mandamientos de pago, etc., sean necesarios para justificar la cuantía del gasto efectuado de la ayuda concedida.
  
5. Excepcionalmente, la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones, podrá admitir documentación presentada fuera del plazo establecido en la presente convocatoria, acreditativa de la correcta realización de la actividad objeto de la subvención, siempre que el retraso obedeciera a causas debidamente justificadas en el expediente y no imputables al beneficiario de la subvención.
  
Artículo 27. Obligaciones
  
1. Las entidades subvencionadas deberán cumplir las siguientes:
  
a) La sumisión a las actuaciones de control financiero que corresponde a la Intervención General en relación con la subvención y ayudas concedidas.
  
b) Comunicar fehacientemente, al órgano que concede la subvención, la concesión de toda ayuda, con la misma finalidad, por parte de otros organismos públicos o privados, nacionales o internacionales. La obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
  
c) No alterar la finalidad de las subvenciones y cumplir las obligaciones que establece la legislación vigente para los perceptores de fondos públicos.
  
d) No minorar ni anular la consignación que hubiesen previsto inicialmente en su presupuesto, para este fin.
  
e) Facilitar la inspección, el control y el seguimiento de la Conselleria de Bienestar Social y en particular de la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones o de sus unidades administrativas dependientes, con el fin de conocer cualquier aspecto de la actividad objeto de la subvención, especialmente, y a requerimiento de éstos, toda la información económica, fiscal, laboral, técnica y de cualquier tipo, que les sea solicitada y tenga por objeto justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para la concesión de la subvención, la realización de las actividades o adopción del comportamiento que justifica el libramiento de ésta o bien la correcta aplicación de la suma librada a la finalidad prevista, sin perjuicio de la confidencialidad exigible.
  
f) Atender los pagos de las obligaciones que se contraen.
  
g) Formalizar adecuadamente los documentos de seguimiento técnico y financiero contemplados en esta orden, o en la resolución que dé publicidad a la forma de pago, justificación y disponibilidades presupuestarias para la subvención de las distintas ayudas contempladas en esta orden.
  
h) Justificar las ayudas concedidas en el plazo máximo establecido en la presente orden o las normas que sean de aplicación.
  
i) Presentar en la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente, antes del 31 de enero del 2004, una memoria de desarrollo de los programas subvencionados.
  
j) Efectuar el seguimiento individual a los beneficiarios de las prestaciones económicas regladas y verificar que siguen manteniendo los requisitos para ser beneficiarios de estas ayudas, cumplimentando, además, las hojas de seguimiento individuales según el modelo de esta orden.
  
2. El incumplimiento de alguna de estas obligaciones podrá dar lugar a la dejación sin efecto o minoración de la resolución de concesión de la ayuda y, en su caso, a la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención.
  
Artículo 28. Dejación sin efectos y minoración de las ayudas económicas
  
1. Podrán dictarse resoluciones de dejación sin efectos o minoración, de las ayudas concedidas y, en su caso, reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, en los siguientes supuestos:
  
a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.8, del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En el supuesto de que la cantidad total percibida por la Entidad sea superior al coste de la actividad subvencionada, podrá solicitarse el reintegro de la cuantía abonada que supere dicho coste.
  
b) Se podrá dictar una resolución de dejación sin efecto o minoración y, en todo caso, de reintegro de las cantidades recibidas en los supuestos del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana.
  
2. Las cantidades que se deberán reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público a los efectos del procedimiento aplicable a su cobranza.
  
3. En los casos de nulidad, anulabilidad y rectificación de errores de los actos administrativos que sirvieron de base a la concesión de estas ayudas se estará a lo dispuesto en el capítulo I, del título VII, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
4. Para la dejación sin efectos o minoración de las ayudas económicas se garantizará, en todo caso, por la Dirección Territorial de Bienestar Social, el derecho del interesado al trámite de audiencia.
  
5. El plazo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses contados a partir de que se inicie el procedimiento.
  
Disposiciones adicionales
  
Primera
  
La eficacia de la presente convocatoria queda condicionada a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico del año 2003, de crédito adecuado y suficiente para atender las ayudas previstas en la misma. A tal fin, la Conselleria de Bienestar Social, una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el año 2003, publicará mediante resolución, las modificaciones, en su caso, respecto al modo de pago y de justificación, así como las dotaciones presupuestarias máximas para las ayudas convocadas y las líneas de subvención destinadas a financiarlas. No obstante, no se dictará ninguna Resolución sobre las solicitudes de ayuda, al amparo de la misma, hasta que no se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Resolución del conseller de Bienestar Social por la que se da publicidad a las líneas presupuestarias que sufragarán estas ayudas, así como sus importes, en el ejercicio de 2003.
  
Dichos créditos tienen carácter limitativo y no podrán concederse subvenciones una vez que los mismos se hayan agotado, publicándose dicha circunstancia en el DOGV.
  
Las ayudas que se concedan para el ejercicio de 2004 en concepto de prestaciones económicas regladas quedarán condicionadas a la existencia, en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para dicho ejercicio, de crédito adecuado y suficiente destinado a las mismas.
  
El modo de justificar las ayudas concedidas en virtud de esta orden, en concepto de prestaciones económicas regladas para el ejercicio de 2004, tanto por las entidades colaboradoras, como por los beneficiarios individuales de las mismas, será idéntico al establecido para el ejercicio de 2003.
  
Los aspectos regulados en la presente orden se aplicarán sin perjuicio de cuantas normas rijan el régimen jurídico presupuestario de la administración de la Generalitat Valenciana. Si la correspondiente Ley de Presupuestos o la normativa aplicable establecieran condiciones distintas se aplicarán las que procedan.
  
Segunda
  
Excepcionalmente, por razones de necesidad o de interés público, la comisión de valoración podrá realizar propuestas que excedan de los criterios y tablas económicas establecidas, cuando concurran circunstancias extraordinarias, debidamente acreditadas en el expediente.
  
Tercera
  
La Conselleria de Bienestar Social no asumirá obligaciones que se deriven de la relación laboral del personal de los programas o servicios subvencionados, sino que serán los titulares de los mismos quien responderán con carácter exclusivo.
  
Cuarta
  
La concesión de una subvención al amparo de esta orden, no conllevará obligación alguna por parte de esta conselleria, para próximos ejercicios.
  
Quinta
  
Se adjuntan a esta orden los siguientes anexo y modelos:
  
ANEXO I
  
Módulos para personal.
  
Modelos:
  
a) Solicitud correspondiente al plan de medidas de inserción social y ficha de mantenimiento de terceros.
  
b) Acuerdo propuesta y aceptación por el beneficiario, del plan de medidas de Inserción social.
  
c) Hoja de seguimiento individual de los beneficiarios de la prestación económica reglada.
  
d) Memoria final, ficha de seguimiento municipal conjunta de los beneficiarios de la prestación económica reglada.
  
e) Certificado final del ejercicio referente a que todos los perceptores de la prestación económica reglada han cumplido los requisitos de concesión.
  
f) Listado de beneficiarios de la prestación económica reglada.
  
g) Certificado de justificación de obligación contraída o reconocida, o de pago ordenado relativo a las prestaciones económicas regladas.
  
h) Certificación de justificación de obligación contraída o reconocida, o de pago ordenado relativo a programas y/o personal.
  
Disposiciones finales
  
Primera
  
Cuando, por parte de las entidades solicitantes, se haga publicidad a través de cualquier medio de comunicación de los programas subvencionados, total o parcialmente, mediante las ayudas a que se refiere esta orden, será obligatorio hacer constar explícitamente que se trata de un programa «Subvencionado por la Generalitat Valenciana Conselleria de Bienestar Social». Del mismo modo, se informará de dicha circunstancia a los usuarios de los programas.
  
Segunda
  
Se autoriza a la Secretaría General y a la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones a elaborar las instrucciones de desarrollo de esta orden.
  
Tercera
  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Cuarta
  
Contra las bases de la presente convocatoria, se podrá interponer de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación, el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, o bien puede interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente.
  
Valencia 12 de diciembre de 2002
  
El conseller de Bienestar Social,