Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5994, del 16-04-2009 (2009/3266)

Asunto civil 000054/2006. Notificación de la sentencia a Juan Antonio Fernández González.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5994

Fecha DOGV
:   16-04-2009

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2009/3266


Fecha del documento
:   13-03-2009

Organismo emisor
:   Juzgado de Instruccion Número 1 de Torrevieja

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * sistema judicial

Asunto civil 000054/2006. Notificación de la sentencia a Juan Antonio Fernández González. [2009/3266]  
Juicio: divorcio contencioso 000054/2006.  
Parte demandante: Sandra Patricia Quintero Naranjo.  
Parte demandada: Juan Ignacio Fernández González.  
Sobre: divorcios no consensuados.  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja (ant. mixto 6) Torrevieja (Alicante).  
Procedimiento: asunto civil 54/2006.  
Sentencia  
Torrevieja, 16 de diciembre de 2008  
Vistos por Iris Valero Paredes, magistrada jueza del Juzgado de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer número 1, antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Torrevieja y su partido, los autos registrados con el número 54/06, sobre divorcio, promovidos por Sandra Patricia Quintero Naranjo, representada por el procurador señor Penalva Riquelme, y dirigida por el letrado Albuquerque Fernández contra Juan Ignacio Fernández González, en situación procesal de rebeldía y con intervención del Ministerio Fiscal.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por Sandra Patricia Quintero Naranjo, representada por el procurador señor Penalva Riquelme, se presentó demanda de divorcio contra Juan Ignacio Fernández González, admitiéndose a trámite y emplazando a la parte demandada para personarse y contestarla en el plazo de 20 días, contestándose a la demanda por el Ministerio Fiscal, y declarando a Juan Ignacio Fernández González en situación procesal de rebeldía por providencia de 30 de octubre de 2008.  
Segundo. Se señaló vista según lo establecido en la Ley que se celebró en el día de hoy, admitiéndose como prueba la documental y el interrogatorio del demandado y cuyo contenido consta en el acta levantada al efecto.  
Tercero. En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.  
Razonamientos jurídicos  
Primero. Se ejercita en el presente procedimiento por Sandra Patricia Quintero Naranjo, representada por el procurador señor Penalva Riquelme, acción de disolución por divorcio del matrimonio contraído con Juan Ignacio Fernández González, el día 22 de octubre de 2001, con base en el artículo 86 del Código Civil en relación con el artículo 81 del mismo cuerpo legal en la redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, esto es, el transcurso del periodo de tres meses desde la celebración del matrimonio.  
Segundo. Ha de estimarse acreditada la concurrencia de la descrita causa de la disolución del matrimonio con base en la prueba documental aportada junto con la demanda, de la que se desprende que con fecha 30 de junio de 2006 se interpuso demanda de divorcio, habiéndose celebrado el matrimonio con fecha 22 de octubre de 2001.  
Una vez realizado el anterior preámbulo expositivo, es de señalar que la correcta solución de la problemática planteada por las partes en litigio, pasa por la fijación de una serie de hechos básicos y trascendentes, así como por el análisis del material probatorio obrante en las actuaciones, que guarda relación con aquellos, pues no puede obviarse que las situaciones que se producen en materia de derecho de familia son realmente dinámicas y tienen una variabilidad constante, lo que comporta que deban resolverse, atendiendo, además, a la realidad del momento y siempre, en función del interés del hijo o la hija o de los hijos o hijas menores de edad.  
Tercero. Por lo que respecta a las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 y siguientes del Código Civil deben ser establecidas en este tipo de procedimientos, de la actividad probatoria desarrollada se entiende que no se ha producido una variación sustancial de las circunstancias que debieron conducir a la adopción de las medidas civiles en el auto de fecha 19 de mayo de 2006, dictado en el ámbito de las diligencias urgentes 204/06 de este mismo Juzgado, debiendo ser sustancialmente confirmadas, en lo relativo a la guarda y custodia de la hija menor, debiendo así mismo ser confirmadas las medidas adoptadas respecto de la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.  
Viene a señalar la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2002, de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, que la atribución de la guarda y custodia de los hijos comunes es una de las cuestiones más delicadas y difíciles de esta clase de procedimientos en el que han de valorarse factores tan diversos como la capacidad de atención y cuidado de los progenitores respecto a los hijos, el entorno familiar, la voluntad de los afectados valorando su capacidad de comprensión, su arraigo al lugar [...], en definitiva, la resolución que se adopte debe pretender que los hijos resulten afectados de la menor manera posible por la separación como reiteradamente se ha pronunciado esta Audiencia Provincial, es principio elemental, necesario e indeclinablemente inspirador del dictado de cualquier medida referida a los hijos, el de que su interés ha de prevalecer por encima de cualquier otro, incluido el de sus padres o progenitores, hasta el punto de que el principio favor filii ha sido elevado a principio universal del derecho.  
Como ha subrayado una abundantísima jurisprudencia, el principio fundamental que ha de presidir la determinación de la guarda y custodia de los menores de edad es el de la protección de los hijos, o favor filii, de acuerdo con los tratados y resoluciones de las organizaciones internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959, la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 la Resolución A 3-01260/1992 del Parlamento Europeo sobre la Carta de los Derechos del Niño, y la Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño de 19 de abril de 1996, así como el artículo 39.2 de la Constitución española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección integral de los hijos; este principio inspira también numerosos preceptos del Código Civil, y constituye la idea básica de la regulación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor; por lo tanto, a la hora de establecer el régimen de la guarda y custodia de los menores en las situaciones de crisis matrimoniales, sin desconocer que los padres gozan del derecho de relacionarse con sus hijos, ha de procurarse ante todo el interés del hijo menor de edad en cuyo favor se reconoce este derecho-deber de los padres, de acuerdo con el artículo 39.3 de la Constitución, que establece la obligación de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.  
Uno de los principios fundamentales en la determinación de la guarda de los menores es el de la estabilidad, de modo que los cambios de custodia no son por sí solos convenientes, sin que en el caso de autos se hayan acreditado circunstancias que justifiquen el cambio.  
Por todo lo expuesto, el interés de la menor consiste en que se atribuya la guarda y custodia a su madre. En consecuencia que se atribuya a la misma el uso del domicilio familiar.  
Cuarto. El régimen de visitas del progenitor no custodio ha de establecerse ponderando las circunstancias del caso, y en orden a mantener y fortalecer el vínculo de la menor para con su padre, por lo que se considera adecuado autorizar al padre, un derecho de visitas y comunicación con la hija que no tiene bajo su custodia, consistente en la posibilidad de tenerla en su compañía la tarde de los lunes de 16.00 a 20.00 horas así como los miércoles y viernes de 17.00 a 19.00 horas, siempre en presencia de una tercera persona y respetando la medida de alejamiento que pudiera estar en vigor.  
En materia tan delicada y en beneficio de la menor por el Juzgado cabe exhortar a los progenitores a llegar a un acuerdo sobre los extremos debatidos, animándoles a evitar judicializar estos temas, al tiempo que ha de apercibírseles de que el incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación del régimen de guarda y visitas.  
Quinto. Por lo que se refiere a la pensión alimenticia no puede olvidarse que:  
a) La obligación de dar alimentos que resulta del hecho de la generación y es uno de los contenidos ineludibles de la patria potestad es una de las obligaciones de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico alcanzando rango constitucional como taxativamente establece el artículo 39 de la CE.  
b) La prestación de alimentos del artículo 110 del CC es más amplia que la del artículo 142 del mismo código e incluye también todo lo que comporta la protección que necesite el hijo; por ejemplo, la defensa de su persona o derechos y todos los destinados a su formación y equilibrio espiritual; aunque ello no significa que la totalidad de lo dispuesto en el título VI del libro I del CC sobre alimentos no es aplicable a los debidos a los hijos menores si bien el tratamiento jurídico de los alimentos debidos a los hijos menores presenta una marcada preferencia por lo que no ha de verse afectada por las limitaciones propias del régimen legal de alimentos entre parientes que en lo que se refiere a los hijos constituye una normativa en gran parte solo adecuada al caso de los hijos mayores de edad o emancipados.  
c) Dicha obligación compete al padre y/o madre íntegramente o en el proporción a que haya lugar según el régimen económico matrimonial (art. 1318, 1362 y 1438 del CC) o en que haya acordado el juez (art. 103,3 90, 93 del CC) debiendo tenerse en cuenta cuando proceda la contribución equitativa del hijo según sus posibilidades al levantamiento de las cargas familiares.  
La petición de alimentos en base a los precitados preceptos instada en el presente caso por los trámites del juicio de alimentos goza del principio del favor filii que se predica para los hijos menores de edad, y que la prestación alimenticia será cubierta en atención a los bienes de quien los da, y a las necesidades de quien los recibe, apreciación que el órgano judicial ha de realizar atendiendo a las alegaciones de las partes y las pruebas aportadas en función del principio general de distribución de la carga probatoria contenido en el artículo 217 de la LEC que obliga a quien reclama a probar los hechos alegados, cuidando de no dejar desatendidas las exigencias impuestas por la solidaridad familiar que el legislador tutela, pero, al propio tiempo, evitando una protección desmedida, con olvido de las propias necesidades del alimentante, determinadas por su personal situación (STS de 9 de octubre de 1981 y 12 de febrero de 1982), correspondiendo la determinación de la cuantía al juez o tribunal sentenciador, ascendiendo la misma en el presente caso a la cantidad de 200 euros mensuales para la hija, debiendo declarar confeso a estos efectos al demandado en los términos del artículo 304 y 770.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Sexto. De conformidad con lo prevenido en los artículos 521.2 y 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 76 de la Ley del Registro Civil, la presente sentencia se comunicará de oficio al Registro Civil donde consta inscrito el matrimonio.  
Séptimo. No procede efectuar especial pronunciamiento en materia de costas causadas, atendida la naturaleza pública del objeto del procedimiento y la inexistencia de temeridad o mala fe en ninguna de las partes.  
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.  
Fallo  
Que estimando la demanda interpuesta por Sandra Patricia Quintero Naranjo, representada por el procurador señor Penalva Riquelme contra Juan Ignacio Fernández González debo declarar y declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído por ambos en fecha 22 de octubre de 2001, con los efectos que le son pertinentes por ministerio de la ley, no imposición a ninguna de las partes de las costas causadas, y adopción de las siguientes medidas:  
I. Se atribuye a la madre la guarda y custodia de la hija menor, compartiéndose la patria potestad entre ambos progenitores. En consecuencia que se atribuya a la misma el uso del domicilio familiar.  
II. Se autoriza a Juan Ignacio Fernández González un derecho de visitas y comunicación con la hija que no tiene bajo su custodia, consistente en la posibilidad de tenerla en su compañía la tarde de los lunes de 16.00 a 20.00 horas así como los miércoles y viernes de 17.00 a 19.00 horas, siempre en presencia de una tercera persona y respetando la medida de alejamiento que pudiera estar en vigor.  
III. Como pensión alimenticia a cargo de Juan Ignacio Fernández González se fija la cantidad de 200 euros para la hija menor, pagaderos mensualmente en la cuenta bancaria que a tal efecto se designe, dentro de los primeros cinco días de cada mes, y con actualización anual conforme al IPC.  
También sufragará el padre el 50% de todos los gastos extraordinarios que se produzcan a los hijos y se reputen necesarios para su adecuada educación o salud.  
Firme que sea esta resolución, comuníquese de oficio al encargado del Registro Civil donde figura inscrito el matrimonio, Registro Civil de Guardamar del Segura, al tomo 23, página 19, al objeto de que se extienda la oportuna nota marginal.  
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación por término de cinco días, para ante la Audiencia Provincial.  
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».  
Publicación. La anterior sentencia ha sido publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de lo que doy fe.  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de fecha 13 de marzo de 2009, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia de fecha 16 de noviembre de 2009 a la parte demandada, Juan Antonio Fernández González.  
Torrevieja, 13 de marzo de 2009.- La secretaria judicial: Olga Lidón Rubio.