Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4656, del 23-12-2003 (2003/13150)

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2003, de la directora general de Relaciones con las Cortes y Secretariado del Gobierno de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Territorio y Vivienda, y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (Decanato de la Comunidad Valenciana).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4656

Fecha DOGV
:   23-12-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - A) CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2003/13180


Fecha del documento
:   12-12-2003

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria Territorio y Vivienda
    * colegio profesional
    * catastro
    * cooperación administrativa
    * gestión del espacio

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2003, de la directora general de Relaciones con las Cortes y Secretariado del Gobierno de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Territorio y Vivienda, y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (Decanato de la Comunidad Valenciana). [2003/X13372]
  
Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Territorio y Vivienda, y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (Decanato de la Comunidad Valenciana), el día 25 de noviembre de 2003, un Convenio Marco de colaboración, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4 del Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, procede la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dicho Convenio que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios con el número 1051/2003, y que figura como anexo de esta resolución.
  
Valencia, 12 de diciembre de 2003.- La directora general de Relaciones con las Cortes y Secretariado del Gobierno: Alida C. Mas Taberner.
  
Convenio marco de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Territorio y Vivienda, y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (Decanato de la Comunidad Valenciana)
  
Valencia, a 25 de noviembre de 2003
  
Reunidos:
  
De una parte el Honorable conseller de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, D. Rafael Blasco Castany, de acuerdo con el Decreto 6/2003, de 21 de junio, del presidente de la Generalitat, en representación de ésta, expresamente autorizado para este acto por Acuerdo del Gobierno Valenciano de fecha 31 de octubre de 2003.
  
De otra parte D. Vicente Carbonell Serrano, actuando en nombre del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España en su calidad de Decano Autonómico de la Comunidad Valenciana, elegido en fecha 25 de febrero de 2002, y debidamente autorizado para la firma del presente convenio según se establece en el artículo 36 de los Estatutos Generales del Colegio de Registradores de España.
  
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para otorgar el presente convenio, y de común acuerdo,
  
Exponen:
  
Primero. Corresponde a la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana la proposición y ejecución de la política ambiental y territorial de la Comunidad Autónoma, y su coordinación con la política ambiental y territorial tanto estatal como comunitaria, de conformidad con la distribución competencial que resulta tanto de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, así como de los Tratados Comunitarios.
  
La actividad desarrollada por la Conselleria tiene una evidente relación con el funcionamiento de los Registros de la Propiedad Mercantiles y de Bienes Muebles, dado que el principal impacto humano sobre el medio ambiente resulta de la ordenación del territorio, es decir, de aquel conjunto de actuaciones de diverso orden que tiene por objeto la fijación de los usos posibles sobre unidades inmobiliarias de suelo o espacios cúbicos de aire sobre o bajo la rasante, la determinación de las referidas unidades, y la transformación de las mismas, con la creación de las infraestructuras precisas para servir adecuadamente al uso al que se destinarán.
  
Tal actividad de ordenación territorial determina el alcance con el que la actuación humana va a alterar el marco natural en que se desarrolla la vida, y ha de sujetarse a las exigencias que recogen los art. 1, 2 y 6 del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Amsterdam), que establece ?un alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente?, y ello sobre la base de los principios de cautela y acción preventiva, a los que se refiere el art. 174 nº. 2 del referido texto, sin olvidar el art. 174 nº. 1 que menciona el objetivo de uso racional y prudente de los recursos naturales del territorio. Se produce por tanto la consideración del territorio como un recurso natural, y se sujeta la actuación sobre el mismo principio de que quien contamina paga.
  
Segundo. Los Registros de la Propiedad, mercantiles y de Bienes Muebles, pueden constituir una herramienta al servicio tanto de los particulares como de las administraciones públicas, a través de la cual armonizar los intereses que a unos y otros correspondan sobre el territorio, para determinar, mediante el contenido del folio registral, la extensión ordinaria y normal de los derechos inmobiliarios, publicar su titularidad, y concretar su régimen de cargas y gravámenes, organizando su constitución, modificación y extinción, de forma que, a través de la publicidad registral, adquieran plena eficacia no sólo el contenido privado de los derechos reales inmobiliarios, sino también las limitaciones que sobre el mismo impone la función social de la propiedad consagrada en el artículo 128 de la Constitución.
  
Tercero. En base a lo que antecede, el Registro de la Propiedad es un instrumento básico a través del cual lograr los siguientes objetivos de protección ambiental:
  
Dar a conocer a todos aquellos agentes que intervienen en la ordenación del territorio y en el tráfico jurídico sobre el mismo, el conjunto de circunstancias de carácter ambiental y territorial que afectan a una finca determinada, y que hayan de ser tenidas en cuenta tanto por la administración al fijar los usos a que tal finca ha de ser destinada, como por los particulares, al desarrollar los referidos usos.
  
Garantizar la plena eficacia de todas aquellas limitaciones que sobre el contenido de la propiedad inmobiliaria y demás derechos reales sobre bienes inmuebles impone la protección del medio ambiente y del territorio, y que hayan sido impuestas sobre fincas determinadas y en ejecución de la legislación ambiental y territorial, por decisión administrativa.
  
Garantizar la plena eficacia de los actos administrativos firmes dimanantes de los expedientes administrativos seguidos contra titulares de fincas determinadas por razón del incumplimiento de obligaciones ambientales y territoriales, así como de las sanciones que de los referidos expedientes puedan resultar.
  
Garantizar el cumplimiento de deberes de carácter ambiental y territorial impuestos sobre fincas determinadas como consecuencia de la autorización sobre las mismas de determinados usos, o como contenido de una determinada actividad para cuya realización se haya producido la concesión de subvenciones o ayudas por la administración.
  
Coordinar, mediante su constancia ordenada en el folio de una misma finca, todas las limitaciones de carácter ambiental y territorial que puedan afectar a una finca registral concreta y que hayan sido impuestas por diferentes disposiciones legislativas, como las leyes de montes, costas, aguas, ruidos, residuos (en relación a la declaración de suelos contaminados y de las actividades potencialmente contaminantes del suelo), ordenación del territorio, etc.
  
Cuarto. En el ámbito del Registro Mercantil y de Bienes Muebles, la publicidad registral se conforma como un instrumento de protección ambiental y de garantía de desarrollo sostenible en los siguientes puntos:
  
Dar publicidad a la ?calidad ambiental- y ?territorial- de las sociedades y demás personas jurídicas inscritas, a través de la exigencia de incorporación a la memoria de las cuentas anuales de sociedades inscritas, de información sobre costes, inversiones, provisiones o contingencias de carácter ambiental y territorial al contenido de las cuentas anuales de las sociedades. Cabe asimismo incorporar al contenido de la hoja de la sociedad, el resultado de auditorías ambientales y etiqueta ecológica.
  
Dar publicidad a la situación jurídica que a la entidad inscrita corresponda en relación con las emisiones de contaminantes, mediante su coordinación con el Registro Europeo de Emisiones Contaminantes (Registro EPER) y a la futura Directiva relativa al comercio de las emisiones de gases de efecto invernadero que enmienda la Directiva 96/61/EC (IPPC), Posición Común del Consejo de 13 de marzo de 2003 y la Adopción por el Parlamento Europeo publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Europea el 23 de julio de 2003.
  
Garantizar la mejor utilización de los derechos de emisión, maximizando su aprovechamiento sin aumento de su volumen total, mediante la coordinación del registro administrativo de emisiones contaminantes, con el Registro de Bienes Muebles. De este modo, pueden quedar organizadas, con plena protección jurídica, las transferencias entre entidades de excedentes no utilizados de derechos de emisión.
  
Quinto. En orden a la consecución de las referidas finalidades el sistema registral dispone de las siguientes herramientas:
  
Una organización descentralizada, integrada por las oficinas de registro desperdigadas por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, con presencia tanto en zonas urbanas, como, muy especialmente, en las zonas rústicas.
  
Bases gráficas digitalizadas, elaboradas dentro del proyecto llamado ?Geobase- y que permiten concretar en una reproducción gráfica, geo-referenciadas sobre el territorio, toda la información registral. Dichas bases gráficas se forman sobre la base de la cartografía que en virtud de convenios al efecto celebrados, y sobre la base de un principio general de colaboración entre administraciones, suministra el Catastro, los ayuntamientos, consellerias y los Institutos Geográficos.
  
Un conjunto de principios organizadores de su contenido y funcionamiento que garantizan la veracidad y exactitud de la información registral y protegen de modo absoluto a quien confía en ella, conformando tanto al Registro de la Propiedad, como Mercantil, como de Bienes Muebles, en instrumento fundamental sobre el que descansa la seguridad del tráfico.
  
Sexto. Que con el objeto de hacer posible la colaboración entre la Conselleria, en cuanto Conselleria encargada de crear y desarrollar la política ambiental en el marco de sus competencias, y los Registros de la Propiedad y Mercantiles, en cuanto instituciones a través de las cuales ordenar tanto el tráfico mercantil como inmobiliario de modo que queden armonizados los intereses privados con las limitaciones y deberes que imponen el desarrollo sostenible, incorporándose así de modo efectivo el sistema registral, al conjunto de instituciones cuyo funcionamiento garantiza la sostenibilidad ambiental en el aprovechamiento de los recursos, ambas partes proceden a firmar el presente Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes
  
Cláusulas:
  
Primera
  
La Comunidad Valenciana, a través de la Conselleria de Territorio y Vivienda y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, representado por el Decanato de la Comunidad Valenciana establecen un convenio marco de colaboración para el estudio y la aplicación práctica de la normativa ambiental y territorial, así como de su trascendencia registral, estableciendo para ello los siguientes medios:
  
1. La creación de una Comisión Técnica formada por seis representantes de una y otra parte para la realización de estudios, trabajos de investigación y solución de cuestiones prácticas que puedan suscitarse en la aplicación de este convenio.
  
2. El intercambio de publicaciones y trabajos de investigación propios de cada una de ellas que puedan incidir sobre la materia objeto de común interés.
  
3. La colaboración de miembros de una y otra parte para la celebración de encuentros, cursos, jornadas o seminarios sobre materias urbanísticas, registrales, ambientales, o cualesquiera otras de común interés, ya conjuntamente organizados, ya por cualquiera de ambas instituciones.
  
4. Asistencia de miembros de una y otra institución a dichos encuentros, cursos, jornadas o seminarios, para lo que se intercambiarán la información y programación de los mismos con suficiente antelación.
  
5. La colaboración de ambas en el asesoramiento de las distintas cuestiones o problemas ambientales, territoriales, registrales, o inmobiliarios que se puedan suscitar.
  
6. La realización de proyectos conjuntos dirigidos a incrementar la difusión nacional e internacional de las actividades de ambas partes.
  
Segunda
  
La determinación de las distintas materias objeto de las actividades anteriormente reseñadas se establecerá por la comisión referida en la cláusula Primera, la cual se organizará en dos grupos de trabajo para la relación del medio ambiente, con el Registro de la Propiedad y con el Registro Mercantil y de Bienes Muebles, respectivamente con los siguientes cometidos.
  
1. Estudiar la posibilidad de configuración de las oficinas de Registro de la Propiedad como ?Oficinas de Información Ambiental y Territorial?. Como tales oficinas, los Registros de la Propiedad podrían suministrar información de carácter ambiental y territorial referida a un ámbito espacial incluido en sus respectivos distritos, con un alcance meramente divulgador, y sin que dicha información quede incorporada al folio registral, ni por tanto sujeta a los principios hipotecarios. Así, la oficina registral se convierte en un ?excipiente- a través del cual hacer llegar la información ambiental al ciudadano y, con ello, dar cumplimiento a la Directiva 90/313 de la CEE, trasladada al ordenamiento positivo estatal por Ley 38/95, así como la nueva Directiva de información ambiental que integra las obligaciones del Convenio de Aarhus y que está en proceso de transposición al Derecho Español. A tal fin, la comisión estudiará el modo en que se producirá el suministro de información ambiental a los Registros de la Propiedad y su posterior difusión por éstos, fijando los procedimientos técnicos que resulten al efecto más convenientes.
  
2. Estudiar la coordinación entre las bases gráficas registrales y la cartografía ambiental y territorial, de modo que ésta pueda ser incorporada como una capa más de información a aquélla, lo que permitirá concretar sobre fincas registrales determinadas circunstancias ambientales que afectan a unidades territoriales de extensión superior (parques nacionales, suelos contaminados, vías pecuarias, superficies a reforestar, afecciones territoriales, etc.). Se trata de dar cumplimiento al mandato establecido por la disposición Adicional 28ª. de la Ley 24/2001 de 28 de diciembre, que impone a los Registradores la obligación de disponer de aplicaciones informáticas para el tratamiento de bases gráficas que permitan su coordinación con las fincas registrales y la incorporación a éstas de su calificación urbanística, territorial, ambiental o administrativa correspondiente.
  
3. Estudiar el desarrollo de normas que permitan sujetar las limitaciones que impone la protección del medio ambiente y del territorio a los principios registrales, de modo que el Registrador, a través de su labor calificadora, controle el cumplimiento de la legislación ambiental y territorial, y el Registro publique, como parte del contenido del folio registral y, por tanto, con los efectos que le son propios, las limitaciones ambientales y territoriales que afectan a un derecho real determinado, los expedientes iniciados contra su titular, o los especiales deberes a que está sujeto, también con inclusión de las vías pecuarias, afecciones territoriales, sistema de información geográfica, legislación forestal y de prevención de incendios, suelos contaminados y ejercicio por parte de la administración de los derechos de tanteo y retracto en relación con los espacios de interés natural, organización de jornadas de formación teórico práctica sobre los mencionados temas en colaboración con los Servicios Jurídicos y en general apoyo a la Conselleria. La integración de los aspectos ambientales y territoriales en el Registro se efectuará de forma análoga a aquélla en que se lleva a cabo, a través del Registro de la Propiedad, el control de la legalidad urbanística.
  
4. Estudiar la coordinación entre el Registro de la Propiedad, el Registro Mercantil, el Registro de Bienes Muebles y el Registro de emisiones contaminantes (EPER), así como con la futura Directiva relativa al comercio de las emisiones de gases de efecto invernadero que enmienda la Directiva 96/61/EC (IPPC), Posición Común del Consejo de 13 de marzo de 2003 y la Adopción por el Parlamento Europeo publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Europea el 23 de julio de 2003, a fin de reforzar la eficacia de unos y otro, y el respecto a su contenido en el tráfico.
  
Tercera
  
La Comisión Técnica tendrá como Secretario Permanente al director-Gerente del Secretariado de Medio Ambiente del Colegio de Registradores de España, quien será el encargado de la ejecución de los acuerdos tomados por ella, en colaboración con la Conselleria. La Comisión Técnica celebrará reuniones con periodicidad, al menos, trimestral, y remitirá informes periódicos de su gestión cada trimestre natural. No obstante, a requerimiento de cualquiera de las partes, podrán convocarse reuniones de carácter extraordinario.
  
Para cualquier duda o interpretación del régimen del funcionamiento de la Comisión se remitirá a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Cuarta
  
Publicidad de este acuerdo. El presente acuerdo podrá ser hecho público por cualquiera de las partes sin necesidad de requerir para ello autorización de ningún tipo, sin perjuicio de su publicación obligatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, según lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto 20/1993, de 8 de febrero, por el que se regula el Registro de Convenios.
  
Quinta
  
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
  
Sexta
  
Este Convenio tiene una vigencia de dos años, a partir de la fecha de su firma, pudiéndose prorrogar, expresamente, mediante notificación entre las partes, por anualidades sucesivas. No obstante ello, podrá ser rescindido con anterioridad, por denuncia de cualquiera de las partes, notificando a la otra con un mes de antelación a la efectividad de la rescisión.
  
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman en triplicado ejemplar el presente convenio en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.
  
El conseller de Territorin y Vivienda,
  
RAFAEL BLASCO CASTANY
  
El decano de la Comunidad Valenciana