Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4138, del 29-11-2001 (2001/11802)

Notificación a don Juan Pablo Gallego Villaescusa. Expediente número Z/138/99/3/2.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4138

Fecha DOGV
:   29-11-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/11960


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a don Juan Pablo Gallego Villaescusa. Expediente número Z/138/99/3/2. [2001/A11190]
  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no habiendo sido posible la notificación en su último domicilio conocido por la administración, por la presente se notifica a don Juan Pablo Gallego Villaescusa, en representación de Creaciones de Infraestructuras, la resolución del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 24 de mayo de 2001, recaída en el expediente Z/138/99/3/2.
  
Con fecha 3 de septiembre de 2001, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes ha dictado la siguiente resolución:
  
«Visto el recurso de alzada formulado por la mercantil Creación de Infraestructuras contra la Resolución del director general de Obras Públicas de 24 de mayo de 2001, recaída en el expediente Z/138/99/3/2, por la que se resuelve: 1.º, reiterar a Creación de Epistemes, SL, así como a la recurrente, como constructora de las obras, la orden de proceder a la inmediata paralización de las obras en curso; 2.º, advertir a Creación de Epistemes, SL, así como a la recurrente, como constructora de las obras, que la orden de paralización afecta a los dos bloques de viviendas y por ello a todas y cada una de las 19 viviendas proyectadas; y 3.º, advertir a Creación de Epistemes, SL, así como a la recurrente, como constructora de las obras que esta administración autonómica, de seguir desoyéndose la orden de paralización, procederá a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si pudiera haber responsabilidades de orden penal derivadas de dicha conducta.
  
Visto el informe de la División de Puertos y Costas.
  
Visto el informe del Área Jurídica.
  
Se adopta la presente resolución, que se basa en los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
1. Con fecha 3 de julio de 2001 tiene entrada en esta Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes escrito suscrito por la mercantil Creación de Infraestructuras, por el que interpone recurso de alzada contra la Resolución del director general de Obras Públicas de 24 de mayo de 2001, recaída en el expediente Z/138/99/3/2, por la que se resuelve: 1.º, reiterar a Creación de Epistemes, SL, así como a la recurrente, como constructora de las obras, la orden de proceder a la inmediata paralización de las obras en curso; 2.º, advertir a Creación de Epistemes, SL, así como a la recurrente, como constructora de las obras, que la orden de paralización afecta a los dos bloques de viviendas y por ello a todas y cada una de las 19 viviendas proyectadas; y 3.º, advertir a Creación de Epistemes, SL, así como a la recurrente, como constructora de las obras, que esta administración autonómica, de seguir desoyéndose la orden de paralización, procederá a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si pudiera haber responsabilidades de orden penal derivadas de dicha conducta.
  
2. Argumentando lo que considera más conveniente a su derecho, fundamenta su recurso en los siguientes extremos:
  
- Que la paralización de las obras es una medida que no se ha adoptado en el momento procesal oportuno, por lo que es nula al amparo del artículo 62,1.e de la Ley 30/1992.
  
- Por lo expuesto, solicita se dicte resolución por la que se declara nula o anule la resolución recurrida y, por otrosí, la suspensión del acto impugnado
  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
  
Fundamentos de derecho
  
1. De la competencia para dictar la presente resolución:
  
El artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
El artículo 7 del Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
2. Del fondo del asunto:
  
Entrando en el análisis pormenorizado de las alegaciones sostenidas por el recurrente, cabe hacer las siguientes precisiones:
  
2.1 Alega el recurrente que la medida de paralización de las obras no se ha adoptado en el momento procesal oportuno, pero esta alegación debe igualmente decaer por ser perfectamente ajustada a derecho y por tener un orden práctico inapelable y tendente en todo a la evitación de daños ulteriores, por cuanto que, si no se paralizan las obras y éstas no son legalizables, se produciría sin duda un perjuicio al propio recurrente, que habría invertido unos recursos económicos en una obra que habría de demoler, y a los terceros que, amparados en la apariencia de legalidad de unas viviendas construidas, después de adquirirlas verían cómo, en su caso, se habrían de demoler.
  
Señalado lo anterior resulta, en consecuencia, rechazable la argumentación de nulidad de pleno derecho que el recurrente pretende, por cuanto que no concurren en absoluto los estrictos requisitos que al efecto establece el artículo 62, 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de manera que debe mantenerse la medida de paralización de las obras.
  
En cualquier caso, por Resolución de 24 de mayo de 2001, del director general de Obras Públicas, se resolvió, entre otros extremos, advertir a Creación de Epistemes, SL, así como a la Creación de Infraestructuras, como constructora de las obras, que esta administración autonómica, de seguir desoyéndose la orden de paralización, procederá a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si pudiera haber responsabilidades de orden penal derivadas de dicha conducta.
  
De resultas de lo anterior, por Auto de fecha 17 de julio de 2001, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de los de Alicante, se ordenó precisamente el precinto de las obras al objeto de su paralización.
  
Sentado lo anterior, resulta rechazable la alegación del recurrente relativa a que no se puede reiterar lo que no se ha dicho con anterioridad, puesto que se ha notificado la paralización de las obras, no sólo a la recurrente, en su calidad de empresa constructora de las obras, sino también como a la promotora de las mismas, Creación de Epistemes, SL.
  
Y respecto de la alegación relativa a que no se pueden paralizar las obras sin incoar expediente sancionador, sin entrar en el fondo del asunto, se recuerda que tal expediente sancionador fue incoado en su día contra la mercantil promotora.
  
2.2 Respecto de la alegación relativa a que la promotora cumple con los requisitos legales necesarios para la ejecución de la obra, hay que recordar al recurrente que las autorizaciones que la Comunidad Valenciana han de otorgar en cumplimiento de sus atribuciones son dos, una de la Conselleria de Cultura, que el recurrente ha obtenido, y otra de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, objeto de la polémica sobre la que versa el presente recurso de alzada, de la que carece el recurrente.
  
Al respecto, debe señalarse que, siendo las costas una porción del territorio especialmente delicada y compleja, el legislador de antiguo ha venido estableciendo los mecanismos que en cada caso ha considerado más oportunos para su protección, y siendo tan numerosos los intereses en juego son diversas las administraciones que entran en juego para que tal protección se lleve a efecto en beneficio de la comunidad y con plena sujeción al ordenamiento.
  
En efecto, se han otorgado, por un lado, la licencia de obras del Ayuntamiento, que la concede amparada en lo que a sus competencias se refiere y, como es fácilmente comprensible, sin exceder de ellas, y, por otro lado, la autorización de la Conselleria de Cultura, que igualmente la ha otorgado en uso de sus atribuciones, pero sin exceder de ellas.
  
El cuadro se completa con una tercera autorización, tan necesaria como las otras dos, que es la de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, que tiene entre sus atribuciones la ordenación del litoral.
  
Y es esta autorización, este tercer documento necesario para que las obras se lleven a efecto, el que el recurrente no ha obtenido, por lo que las obras que pretende no pueden llevarse a cabo, porque si es necesario el cumplimiento de tres requisitos, mal puede llevarse a efecto lo que sólo cuenta con dos de ellos.
  
2.3 Respecto de la alegación del recurrente relativa al hecho de que por haberse levantado acta de replanteo de las poligonales de deslinde y sus zonas de servidumbre debe anularse el expediente, debe manifestarse que la operación de deslinde consiste simplemente en marcar sobre el terreno la línea que se aprobó por Orden ministerial de 1 de agosto de 1974, por lo que carece de los efectos anulatorios que pretende el recurrente.
  
2.4 Respecto de la solicitud de suspensión del acto impugnado, debe decaer la pretensión de suspensión del recurrente por cuanto que ni se alegan, ni se acreditan ni se reúnen las circunstancias que para acordarla exige el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos anteriores, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes resuelve:
  
Desestimar el recurso de alzada formulado por la mercantil Creación de Infraestructuras contra la Resolución del director general de Obras Públicas de 24 de mayo de 2001, recaída en el expediente Z/138/99/3/2, por la que se resuelve: 1.º, reiterar a Creación de Epistemes, SL, así como a la recurrente, como constructora de las obras, la orden de proceder a la inmediata paralización de las obras en curso; 2.º, advertir a Creación de Epistemes, SL, así como a la recurrente, como constructora de las obras, que la orden de paralización afecta a los dos bloques de viviendas y por ello a todas y cada una de las 19 viviendas proyectadas; y 3.º, advertir a Creación de Epistemes, SL, así como a la recurrente, como constructora de las obras, que esta administración autonómica, de seguir desoyéndose la orden de paralización, procederá a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si pudiera haber responsabilidades de orden penal derivadas de dicha conducta.
  
Esta resolución pone fin la vía administrativa y contra ella puede interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la fecha de notificación o publicación de la presente, sin perjuicio de la utilización de cualquier otro recurso que estime oportuno.»