Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7066, del 12-07-2013 (2013/7367)

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2013, de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.
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Número DOGV
:   7066

Fecha DOGV
:   12-07-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/7367


Fecha del documento
:   10-07-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2013, de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social. [2013/7367]  
El Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 8 de julio de 2013, el convenio de colaboración sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de dicho convenio, que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 860/2013 y que figura como anexo de esta resolución.  
  
Valencia, 10 de julio de 2013.- La directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts: Marta Martí Arador.  
  
  
Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social  
  
Valencia, 8 de julio de 2013  
  
Reunidos  
De un lado, Fernando de Rosa Torner, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en representación del mismo, en virtud de las facultades atribuidas por Acuerdo del presidente del CGPJ de delegación de firma de fecha 13 de junio de 2013, de acuerdo con lo aprobado en el Pleno celebrado el 12 de junio de 2013.   
De otro lado, Serafín Castellano Gómez, conseller de Gobernación y Justicia, nombrado por Decreto 20/2012, de 7 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que cesan y se nombran consellers, secretario y portavoz del Consell.   
Y de otro, Elena María Bastidas Bono, presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en su nombre y representación, de acuerdo con el artículo 35 de sus estatutos.  
Las partes, en la representación que respectivamente ostentan, han decidido suscribir el convenio sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento o desahucio de vivienda en la que el deudor o el inquilino tengan su residencia familiar habitual, para posibilitar la adopción de medidas de carácter social, en los términos que seguidamente  
Exponen  
Primero. Que el Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 104 y siguientes de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, es el órgano de gobierno del poder judicial, ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, y su presidente ostenta la representación del poder judicial y del mismo Consejo.  
Segundo. Que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, reformado por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, establece en su artículo 36 que en relación con la Administración de justicia le corresponde a la comunidad autónoma ejercer todas las facultades que las leyes orgánicas del poder judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado. En esta cláusula estatutaria se encuentra el origen del traspaso a la Comunitat Valenciana de las funciones que, desempeñaba la Administración del Estado en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de justicia.  
Tercero. Que las consellerías de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de Bienestar Social, y de Gobernación y Justicia de la Generalitat, tienen competencias, respectivamente, en materia de vivienda, servicios sociales y justicia, de acuerdo con lo dispuesto en los decretos del Consell 192/2012, de 21 de diciembre, 193/2012, de 21 de diciembre, y 194/2012, de 21 de diciembre, por los que se establece la estructura orgánica y funcional de dichas consellerías.  
Cuarto. Que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias es una asociación constituida por los entes locales que voluntariamente lo decidan, gozando de personalidad jurídica plena y pública para el desarrollo de las funciones que le son inherentes, gozando de plena capacidad para suscribir convenios y contraer compromisos u obligaciones, figurando entre sus fines la representación y defensa de las entidades locales, la promoción de las competencias locales y cualquier otro fin que afecte o incida directa o indirectamente en sus asociados.  
Quinto. Que los artículos 6 y 11 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de servicios sociales en la Comunitat Valenciana, establece como competencias de los ayuntamientos los servicios sociales generales.  
Sexto. Que las administraciones públicas pueden celebrar convenios de colaboración con otras entidades públicas y con personas jurídicas sujetas al derecho privado, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.  
Séptimo. Que la situación de crisis económica de los últimos años motiva que muchos ciudadanos se encuentren inmersos en procedimientos de ejecución que terminan en la subasta y adjudicación de sus viviendas, con el consiguiente riesgo de exclusión social de miles de familias. Esto ha provocado la adopción de sucesivas medidas de política económica que, no obstante, deben completarse con otras que permitan su extensión a los particulares con la finalidad de mitigar esta situación.  
Octavo. En este sentido, el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, elevó e! nivel de inembargabilidad en el caso de deudores que hubieran perdido su vivienda habitual hasta el 150 por ciento del salario mínimo interprofesional, aumentó del 50 por ciento al 60 por ciento del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación del inmueble y redujo al 20 por ciento el depósito exigido para tomar parte en la subasta.  
Por otra parte, el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios, aprobó el denominado Código de Buenas Prácticas, y el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, estableció además la suspensión inmediata y por plazo de dos años de los desahucios de los deudores que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad en los términos previstos en la propia norma.  
Noveno. Que la situación actual de crisis económica no afecta exclusivamente al mercado hipotecario, sino que extiende sus efectos al arrendamiento de vivienda. A pesar de las sucesivas reformas que han intentado flexibilizar el sector y garantizar la posición de ambas partes, arrendador y arrendatario, la disminución o pérdida de la capacidad económica aboca en muchos casos al desahucio por falta de pago de la renta.  
El Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias coinciden en el diagnóstico expuesto y en la necesidad de abordar conjunta y coordinadamente medidas que den respuesta a las situaciones de vulnerabilidad que pudieran detectarse en el curso de los procedimientos judiciales o por la Administración de justicia en el desempeño de su labor.  
En definitiva, se trata de que las personas en situación de especial riesgo de exclusión y vulnerabilidad se encuentren con una respuesta de las administraciones sensible y adecuada, en el marco de la normativa vigente.  
Por lo expuesto, las partes acuerdan firmar el presente convenio de colaboración con base en las siguientes  
  
Cláusulas  
  
Primera. Objeto del convenio  
El presente convenio de colaboración tiene por objeto establecer un protocolo de actuación que desarrolle la forma a través de la cual cuando, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de un juicio por falta de pago de la renta, se observe una situación de especial vulnerabilidad.  
Cuando por razones de edad, imposibilidad de valerse por uno mismo o cualesquiera otras que, a juicio de la autoridad judicial, determinen la conveniencia o necesidad de intervención de los servicios sociales de la Generalitat, dependientes de la Consellería de Bienestar Social o de un determinado ayuntamiento, deberán comunicarse por el medio más rápido posible.  
Una vez hechas las comprobaciones que se consideren oportunas por la Administración autonómica o local, a los efectos de que puedan adoptar la decisión que corresponda y en caso de las ejecuciones hipotecarias, incluirlas si cumplen los requisitos, en el programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias gestionado por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
  
Segunda. Protocolo de actuación  
A los efectos del presente convenio, es preciso distinguir entre las dos situaciones que pueden provocar el desahucio:  
1. Procedimientos de ejecución hipotecaria que versen sobre vivienda habitual.  
- Cuando el juez que conozca de un asunto observe que, al efectuarse el requerimiento de pago bien antes de interponerse la demanda bien al despacharse ejecución, no se ha informado al deudor hipotecario de manera clara y veraz del contenido y posibilidades previstas en el Código de Buenas Prácticas Bancarias aprobado por Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, y en el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, adoptará las medidas oportunas para que se remita al deudor una nota comprensiva de los elementos esenciales introducidos por tales normas o cualesquiera otras que pudieran aprobarse en el futuro con relación a la materia de que se trata, a fin de que el destinatario pueda, en su caso, hacer las alegaciones que considere pertinentes, sin suspender el curso del procedimiento.  
- Cuando durante la sustanciación de un procedimiento de ejecución hipotecaria se detecte la existencia de una eventual situación de vulnerabilidad que pudiera incardinarse en el ámbito del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin Recursos, o del Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, o, en general, de una situación de desvalimiento o de riesgo de exclusión social, se dará traslado a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat o a los servicios sociales del correspondiente ayuntamiento para que, con estricto respeto a la protección de datos de carácter personal, la Administración pueda realizar las gestiones necesarias para analizar la problemática y, en caso de que sea procedente, adoptar las medidas encaminadas para asegurar la actuación de los servicios sociales.  
- Cuando en el desarrollo de un lanzamiento se constate una eventual situación de especial vulnerabilidad o desvalimiento, se dará inmediata cuenta al juez que conozca del asunto y que resolverá si procede decretar la suspensión por el plazo imprescindible, y nunca superior a 10 días, para que los servicios sociales, advertidos al efecto, puedan hacer una valoración provisional de las circunstancias concurrentes y acometer la actuación que proceda.  
- En todo caso, verificada la comunicación y examinada la situación, el departamento administrativo correspondiente adoptará la decisión que proceda y que podrá consistir en formular una propuesta de intervención, pudiendo dar traslado al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) si concurren los requisitos para su inclusión en el programa de realojos o declinar la misma por considerar que las circunstancias no permiten concluir que se trate de una situación que entre en el marco o esfera de actuación de los servicios sociales. Una u otra decisión se comunicará al órgano judicial, el cual, si la propuesta fuere positiva, procurará adecuar la tramitación para garantizar la tutela y efectividad de los intereses legítimos de ambas partes, siempre con estricto cumplimiento de las leyes procesales.  
2. Procedimientos de desahucio de vivienda habitual por falta de pago de la renta.  
- Con la cédula de citación a juicio y la copia de la demanda se acompañará un folleto informativo de los servicios y programas de asistencia social, sean de la Administración autonómica o de la Administración local, a través de diputaciones o ayuntamientos.  
- Cuando durante la tramitación de un procedimiento de desahucio por falta de pago de la renta se detecte una situación de especial vulnerabilidad o desvalimiento, se dará traslado a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat o a los servicios sociales del correspondiente ayuntamiento para que, con estricto respeto a la protección de datos de carácter personal, la Administración pueda realizar las gestiones necesarias para analizar la problemática y, en caso de que sea procedente, adoptar las medidas encaminadas para asegurar la actuación de los servicios sociales.  
Cuando en el desarrollo de un lanzamiento por falta de pago de la renta se constate una eventual situación de especial vulnerabilidad o desvalimiento, se dará inmediata cuenta al juez que conozca del asunto y que resolverá si procede que se dé inmediata cuenta a los servicios sociales para que puedan hacer una valoración provisional de las circunstancias concurrentes y acometer la actuación que proceda en el ámbito de los servicios sociales.  
  
Tercera. Compromisos del Consejo General del Poder Judicial  
- Elaborará y pondrá a disposición de los juzgados los folletos informativos y formularios normalizados, en papel y en soporte electrónico, así como la información existente sobre la organización, funcionamiento y competencias de los servicios sociales.  
- Proporcionará a la Generalitat los formularios e impresos normalizados para su inserción en las aplicaciones informáticas de gestión procesal.  
- Elaborará un registro informático que permita el estudio estadístico de las actuaciones realizadas al amparo del convenio.  
  
Cuarta. Compromisos de la Generalitat  
- Facilitará, a través de la Consellería de Bienestar Social, al Consejo General del Poder Judicial y a los juzgados del territorio de la Comunitat Valenciana, toda la información disponible sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de asistencia social.  
- Facilitará, a través de la Consellería Bienestar Social, la identificación del departamento y personal responsable a los efectos de las comunicaciones previstas en el presente convenio.  
- Se compromete, a través de las consellerías de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y de Bienestar Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente a las solicitudes remitidas por los juzgados y a comunicar la resolución que ponga fin al expediente.  
  
Quinta. Compromisos de la FVMP  
- Promoverá entre sus asociados el conocimiento de este convenio, buscando su colaboración para la ejecución de los compromisos en él recogidos.  
- Facilitará al Consejo General del Poder Judicial y a los juzgados del territorio de la Comunitat Valenciana toda la información de la que se disponga sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de asistencia social de los ayuntamientos.  
- Facilitará la identificación del departamento y personal responsable una vez facilitada por sus asociados, a los efectos de las comunicaciones previstas en el presente convenio.  
- Procurará que sus asociados den una respuesta inmediata y una tramitación urgente a las solicitudes remitidas por los juzgados y comuniquen la resolución que ponga fin al expediente.  
  
Sexta. Comunicaciones entre la Generalitat, los entes locales y la Administración de justicia  
Las comunicaciones entre la Administración de justicia y la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat, o el correspondiente ente local, se efectuarán preferentemente por conducto telefónico y electrónico.  
  
Séptima. Confidencialidad de la información y de los resultados  
La Generalitat y la FVMP se comprometen a garantizar la total confidencialidad de los datos personales y familiares a los que tengan acceso como consecuencia de las actividades realizadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
Igualmente se comprometen a observar lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que se refiere al acceso limitado a los propios interesados en relación con los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas.  
  
Octava. Gastos de ejecución del convenio  
El presente convenio no comporta gasto alguno para las partes firmantes, al centrarse en la elaboración de fórmulas de coordinación entre la Administración de justicia y la Administración autonómica y local, insertándose las obligaciones de las partes en el desarrollo ordinario de las competencias propias. Cada una de las partes firmantes del presente convenio asumirá el coste de las actuaciones que deba realizar de conformidad con el clausulado del mismo y con arreglo a sus respectivas normas de gestión económica.  
  
Novena. Comisión de seguimiento del convenio  
Según lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se creará un órgano mixto de vigilancia y control de la ejecución y aplicación de este convenio y de resolución de controversias administrativas.  
Esta comisión estará integrada por:  
- Dos representantes del Consejo General del Poder Judicial.  
- Dos representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.  
- Cuatro representantes de la Generalitat, uno por la Consellería de Presidencia y uno por cada una de las consellerías competentes en materia de vivienda, servicios sociales y justicia.  
La comisión se reunirá de forma ordinaria cada tres meses con el objeto de garantizar la calidad del servicio, corregir disfuncionalidades y analizar la experiencia; y con carácter extraordinario cuando fuera necesario a petición de cualquiera de las partes.  
Actuará como secretario, con voz pero sin voto, la persona que ejerza la Subdirección General de Justicia de la Generalitat.  
  
Diez. Vigencia del convenio  
La vigencia del presente convenio será indefinida, si bien cualquiera de las partes podrá denunciarlo, poniéndolo en conocimiento de la otra, al menos con tres meses de antelación a la fecha en que se deseara dejarlo sin efecto.  
  
Once. Naturaleza jurídica  
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas establecidas en el mismo, y, en su defecto, por lo regulado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
  
Doce. Resolución del convenio  
Será causa de resolución del presente convenio el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de las obligaciones contraídas y/o cláusulas establecidas en él, así como el incumplimiento de la normativa vigente en la materia, lo que facultará a las otras partes para la resolución del mismo, quedando automáticamente sin efecto todos los derechos derivados, pero no así las obligaciones inherentes.  
  
Trece. Cuestiones litigiosas  
Sobre las cuestiones litigiosas que no hayan sido resueltas en el seno de la comisión de seguimiento (controversias administrativas), se podrá interponer recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo, según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, y para la debida constancia, se firma el presente convenio de colaboración en el lugar y fecha arriba indicados.  
  
Por el Consejo General del Poder Judicial: Fernando de Rosa Torner.  
Por la Generalitat: Serafín Castellano Gómez.  
Por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias: Elena María Bastidas Bono.