Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6821, del 18-07-2012 (2012/6702)

Notificación de resolución sobre declaración de interés comunitario. Expediente número DIC-07/0644 Orihuela.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6821

Fecha DOGV
:   18-07-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/6702


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución sobre declaración de interés comunitario. Expediente número DIC-07/0644 Orihuela. [2012/6702]  
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para efectuar la notificación dirigida a Manuel Martínez Vicente, al domicilio que figura en su solicitud de declaración de interés comunitario para instalación solar fotovoltaica en Orihuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se lleva a efecto por el presente edicto.  
Acto que se notifica:  
El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, con fecha 8 de octubre de 2010, adoptó la resolución que a continuación se transcribe:  
«Visto el expediente promovido por Manuel Martínez Vicente, de solicitud de declaración de interés comunitario para instalación solar fotovoltaica, en la parcela 82 del polígono 8 del municipio de Orihuela, y de conformidad con los siguientes antecedentes de hecho:  
1. Con fecha 10 de septiembre de 2007 el promotor Manuel Martínez Vicente, solicitó de esta Conselleria declaración de interés comunitario para instalación solar fotovoltaica, en la parcela 82 del polígono 8 del municipio de Orihuela.  
2. Posteriormente, en fechas 13 de agosto de 2007 y 19 de septiembre de 2008, se remite oficios al promotor solicitando que completara la solicitud inicialmente presentada.  
3. Dado que el promotor no aportó la documentación requerida, en fecha 16 de marzo de 2010, se le remite oficio advirtiéndole de la caducidad, concediéndosele un plazo de tres meses para que aportase la subsanación requerida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
La notificación al interesado del requerimiento de caducidad tuvo lugar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/6511 YWRIQ-PMX, no constando hasta la presente fecha que se haya efectuado por el mismo actuación alguna tendente a la presentación de dicha documentación.  
4. El Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante emite informe en fecha 28 de junio de 2010 proponiendo la caducidad de la presente Declaración de interés comunitario y el archivo de las actuaciones.  
5. En fecha 1 de octubre de 2010, el Servicio de Coordinación Territorial de la Dirección General de Urbanismo emite informe respecto al presente expediente.  
Fundamentos jurídicos  
1. Dispone expresamente el artículo 92 de la citada Ley 30/1992 que: "En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes".  
Teniendo en cuenta, además, que, en el caso presente, no concurren razones de interés público que obliguen a esta Administración a resolver, procede declarar caducado el procedimiento instado, acordando el archivo de las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo.  
En efecto, la caducidad del procedimiento constituye un modo de terminación del procedimiento - artículo 87 de la Ley 30/1992 - que tiende a evitar su tendencia indefinida y la inseguridad jurídica que ello implica. Además, la caducidad opera de manera automática y debe ser apreciada de oficio, actuando ope legis, al constituir una institución que garantiza el principio de seguridad jurídica.  
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1 en relación con los artículos 87.1 y 92.1 de la citada Ley 30/1992, debe declararse expresamente la caducidad producida y la subsiguiente notificación al interesado, a fin de que pueda utilizar los recursos pertinentes.  
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 10/2004, de la Generalitat, de 9 de diciembre, de suelo no urbanizable, en relación con el artículo 6.e) del Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, que aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat, la competencia para la aprobación de las Declaraciones de Interés Comunitario, corresponde al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Por todo ello, vistos los antecedentes expuestos así como los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 139/2009, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria con competencias en materia de urbanismo, resuelvo:  
  
Único  
Declarar caducado el procedimiento administrativo relativo al expediente instado por Manuel Martínez Vicente, para instalación solar fotovoltaica, en la parcela 82 del polígono 8 del municipio de Orihuela, ordenando el archivo de las actuaciones, dado que no existen terceros que se hayan personado en el mismo, ni entraña su tramitación cuestiones de interés general, y sin perjuicio de su derecho a reproducir nuevamente su solicitud en el momento que lo estime conveniente.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; o bien recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.»  
  
Valencia, 19 de junio de 2012.- El director general de Evaluación Ambiental y Territorial: Juan Giner Corell.