Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6719, del 22-02-2012 (2012/1569)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia. Expediente número V-147/2011.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6719

Fecha DOGV
:   22-02-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/1569


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia. Expediente número V-147/2011. [2012/1569]  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Viloria & Barros Forwarding, SLU (antes FR Almacén y Logesta, SL), que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal: Presidente: Ramón Escrig Moreno. Vocales: Aurora Costa Vicente. Carlos Virosque Verdú, que excusa su asistencia. Secretaria-Vocal: Amparo Peris Catalá. Partes: Reclamante: Transportes Mariano López Montoya, SL, representada por Ana Isabel Cívico Vega. Reclamado: Viloria & barros Forwarding, SLU (antes FR Almacén y Logesta, SL), que no comparece al acto de vista.  
En Valencia, a 19 de diciembre de 2011 y siendo las 18.10 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver el expediente V-147/2011, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes. Incomparecencia de la reclamada.  
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.  
A la parte reclamada le fue notificada la demanda y la citación a vista para el día 19.12.2011 mediante edicto publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 6657, de 23.11.2011, por no haber sido posible la citación a través del servicio de Correos, según queda acreditado con la documentación que consta en el expediente.  
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes antecedentes de hecho  
1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda manifiesta que como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante realizó, por cuenta de la reclamada, unos servicios de transporte internacional tal y como quedan reflejados en la factura nº F 2009/000231, de fecha 31.07.2009, por un importe de 3.132,00 euros.  
2. Realizadas diversas gestiones de cobro sin conseguirlo es por lo que se interpone la presente demanda, solicitando que una vez que sea reconocido su derecho se condene a la reclamada al pago de la cantidad total de 3.132,00 euros.  
Ante la incomparecencia de la demandada se dio por concluida la vista.  
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos  
1. La competencia territorial de la Junta, de la que nada se alega, viene determinada en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/90).  
2. La sumisión, además de constar expresamente pactada en la Orden de Carga, la determina el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres que dice: "se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado".  
3. Por tratarse de un transporte internacional la normativa aplicable es el Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974 nº 109). Contrato de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 5.07.1978 al que se adhirió España por Instrumento de 23.09.1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE de 18.12.1982 nº 203, que establece para cuestiones de competencia lo regulado en el artículo 31.1 a). No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas del los Estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación el Código de Comercio, LOTT y su Reglamento y demás Normas de general aplicación.  
4. No hay motivo fundado en Derecho que mantenga que la actuación de las Juntas Arbitrales de Transportes deban circunscribirse solamente a las controversias nacidas como consecuencia del transporte de carácter interno. En este sentido no hay mas que considerar de aplicación lo establecido en el artículo 33 del CMR que dice "El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un Tribunal arbitral, a condición de que esta cláusula prevea que dicho Tribunal arbitral aplicará el presente convenio".   
Abundando en esta línea, el artículo 31 del CMR hace una remisión a la jurisdicción de los Estados para la resolución de los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado en él, lo que en este caso hace plenamente aplicable el sometimiento a la Junta Arbitral de Transportes de Valencia que expresamente se consigna en las respectivas órdenes de carga.  
Considerando que por todo lo expuesto puede ser determinada la competencia territorial y la sumisión al arbitraje con las disposiciones legislativas que señala el Ordenamiento Español, por lo que en todo caso esta Junta Arbitral de Valencia se declara competente para resolver esta controversia.  
5. Dada la ausencia del vocal representante de la Cámara de Comercio (cargadores), el presente laudo se dicta de conformidad con la previsión contenida en el apartado 7 del artículo 9 del ya mencionado RD 1211/1990, de 28 de septiembre, que aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que literalmente dispone que "la inasistencia de cualquiera de los miembros de la Junta, con excepción del presidente, no impedirá que se dicte el laudo".  
6. De las manifestaciones realizadas en vista se deduce que, efectivamente, los portes que son reclamados en esta demanda y cuya factura consta adjunta a la misma fueron realizados, lo que determina el derecho a su cobro por parte de la reclamante.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Transportes Mariano López Montoya, SL, representado por Ana Isabel Cívico Vega contra Viloria & Barros Forwarding, SLU (antes FR Almacán y Logesta, SL) ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece, que habiéndose realizado los transportes reclamados dentro de las condiciones contractuales convenidas ha de ser abonado su importe.  
Por todo ello, Viloria & Barros Forwarding, SLU (antes FR Almacén y Logesta, SL) deberá abonar a Transportes Mariano López Montoya, SL, la cantidad de tres mil ciento treinta y dos euros (3.132,00 €).  
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante la Audiencia Provincial de Valencia en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de 1ª Instancia de Valencia que corresponda, a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de modificación de la Ley de Arbitraje, que deroga expresamente la letra g del apartado 2 del artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.»  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 7 de febrero de 2012.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia: Ramón Escrig Moreno.