Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6391, del 05-11-2010 (2010/11710)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 544/2008.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6391

Fecha DOGV
:   05-11-2010

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2010/11372


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia e Instruccion Número 2 de Nules

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 544/2008. [2010/11923]  
Procedimiento ordinario 000544/2008  
De: Construcciones y Promociones Ximo-Xima, SL.  
Procuradora: María Ángeles D'Amato Martín.  
Contra: Font Pipa, SL.   
Procurador/a: -  
En el presente procedimiento ordinario seguido a instancia de Construcciones y Promociones Ximo-Xima, SL, frente a Font Pipa, SL. se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia número 000121/2010  
Nules, 13 de septiembre de 2010.  
Vistos por Tomasa Olivas Rubio, jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules, los presentes autos de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos ante este juzgado con el número 544 del año 2008, a instancia de la mercantil Construcciones y Promociones Ximo-Xima, SL, representada por la procuradora María Ángeles D'Amato Martín y asistida por el letrado Severino Falcó, contra la mercantil Font Pipa, SL, en situación procesal de rebeldía.  
Antecedentes de hecho:  
Primero. Por la procuradora María Ángeles D'Amato Martín, en la representación indicada y mediante escrito que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, se presentó demanda de juicio ordinario, en la que tras aducir los hechos y fundamentos de derecho que estimaba pertinentes a su reclamación, terminaba suplicando que se dictara sentencia "por la que dando lugar a la demanda, condene a la mercantil Font Pipa, SL, a pagar a mi mandante la suma de treinta y dos mil seiscientos veinte euros con cincuenta y ocho céntimos (32.620,58 euros), intereses y costas".  
Segundo. Admitida a trámite la demanda por auto de fecha 14 de julio de 2008, se emplazó a la mercantil demandada, para que, en el plazo de 20 días a contar desde la fecha de notificación del referido auto, se personaran en las actuaciones y, en su caso, presentaran escrito de contestación a la demanda. Transcurrido el plazo concedido al efecto sin haber verificado su personación, a pesar de haber sido citadas en legal forma, según resulta de las actuaciones, las mercantiles demandadas fueron declaradas en situación procesal de rebeldía mediante providencia de fecha 19 de diciembre de 2008.  
Tercero. En fecha 7de junio de 2010, se celebró el acto de la audiencia previa, en el que la parte actora, tras ratificarse en su escrito de demanda, interesó el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo, como único medio de prueba de que intentaba valerse en defensa de sus pretensiones, documental, consistente en que se tuvieran por reproducidos los documentos acompañados al referido escrito de demanda. Al respecto, se ha de indicar que si bien consta en el acta de audiencia previa que la parte actora solicitó el interrogatorio del legal representante de la mercantil demandada, se informó que si solicitaba el interrogatorio del demandado la vista tenía que continuar, pero que si por el contrario solicita como única prueba la documental, los autos quedan vistos para sentencia en virtud del artículo 429.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dando su conformidad. A continuación, evacuado el trámite de conclusiones, se declaró concluido el acto y visto para sentencia, en atención a lo dispuesto en el artículo 429.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).  
Cuarto. Las presentes actuaciones han sido tramitadas conforme a las normas procesales que le son de aplicación, habiéndose observado el cumplimiento de las prescripciones legales, a excepción de la del plazo para dictar sentencia.  
Fundamentos de derecho:  
Primero. Como ha quedado anteriormente expuesto, la parte actora, en su demanda instauradora del presente procedimiento, ejercitaba una acción de reclamación de cantidad por la que pretendía la condena de la mercantil demandada a abonar a la entidad demandante la suma de treinta y dos mil seiscientos veinte euros con cincuenta y ocho céntimos (32.620,58 euros), más intereses y costas, en cuanto cantidad a que ascendía el valor de los daños y perjuicios por la resolución del contrato de compraventa suscrito entre ambos en fecha 18 de febrero de 2008 (acompañado a la demanda como documento número 1), cantidad que se desglosa de la siguiente forma; 32.000 euros entregados a cuenta del precio de la compraventa, de acuerdo con la cláusula segunda del referido contrato en la que se hace constar "La suma de treinta y dos mil euros como cantidad a cuenta, es satisfecha en este acto por la parte compradora mediante la entrega de un talón bancario, fotocopia del cual se adjunta al presente documento, de lo que la parte vendedora otorga la más firme eficaz carta de pago", más el importe de 591,60 euros, en concepto de honorarios devengados por la tasación del inmueble objeto del contrato de compraventa (documentos números 8 y 9) y, la cantidad de 29,98 euros, por la remisión de telegramas (documentos números 2 y 3).  
Como fundamento de la pretensión descrita, por la parte actora se alegaba la aplicación de los artículos 1.124, 1.254, 1.256 y 1.506 del Código Civil.  
Segundo. Con carácter previo al examen de la acción ejercitada, cabe señalar que, en los juicios declarativos, la rebeldía, en cuanto situación procesal en la que se encuentran las mercantiles codemandadas, determina la ausencia del litigio del litigante concernido, lo que produce una situación de incertidumbre acerca de su posición jurídica respecto de la pretensión actuada de adverso, la cual, por su propia naturaleza, no autoriza a dictar automáticamente sentencia de conformidad con las peticiones del actor, sino que resulta necesario que por parte del demandante se acredite la realidad de los hechos que constituyen el fundamento de su pretensión. En consecuencia, la situación de rebeldía procesal en que se encuentran la demandada nos obliga a examinar si de los diferentes medios de prueba practicados en el curso de los presentes autos ha resultado acreditada la concurrencia de todas las condiciones legal y jurisprudencialmente exigidas para que la acción de reclamación de cantidad ejercitada pueda ser estimada.  
Sentado lo anterior, así como examinadas las actuaciones, a juicio de este órgano judicial, procede la íntegra estimación de la demanda, por cuanto de la prueba documental practicada resulta la concurrencia de todas las condiciones antedichas. De esta forma, tratándose, según ha quedado expuesto en el último inciso del párrafo anterior, de una acción de reclamación de cantidad, de lo actuado debe resultar suficientemente acreditada la concurrencia de los siguientes extremos: la existencia de la deuda, cuyo pago se reclama, y, en su caso, su pendencia.  
Por lo que respecta al primero de los elementos expuestos, este órgano judicial considera probada la existencia de la relación jurídica entre las partes, así como la obligación de pago por parte de las mercantiles codemandadas de la cantidad reclamada de treinta y dos mil seiscientos veinte euros con cincuenta y ocho euros (32.620,58 euros), en virtud de los documentos números 1, 2, 3, 8 y 9 de los acompañados al escrito de demanda,, consistentes en el contrato de compraventa de fecha 18 de febrero de 2008, factura emitida por la empresa de tasación y el informe correspondiente, así como la remisión de telegramas al demandado, que hacen prueba plena de la existencia de la indicada obligación de pago, por cuanto a los mismos les resulta de aplicación la eficacia probatoria que a los documentos privados atribuye el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 319 del mismo cuerpo legal, atendida la falta de impugnación de su autenticidad por la parte a quien perjudican, esto es, por la mercantil demandada.  
En cuanto a la segunda de las condiciones expresadas en el párrafo primero del presente fundamento jurídico, su acreditación es consecuencia de la circunstancia de que por parte de la mercantil demandada no se ha acreditado el cumplimiento de la obligación de pago o su extinción por cualquier otra causa, carga con la que estaban gravadas ex artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto precepto regulador de la denominada teoría de la carga de la prueba, que implica que, cuando el Tribunal considere dudosos hechos de los que dependa la resolución de la causa, desestimará las pretensiones del actor o del demandado, dependiendo de a quien corresponda la carga de probar los mismos. Así, debido a que la prueba de la falta de exigibilidad o pendencia de la deuda reclamada correspondería a las mercantiles codemandadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al disponer que corresponde al demandado la carga de probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos en los que el actor funde sus pretensiones, procede entenderse suficientemente probada la falta de cumplimiento por parte de la mercantil demandada de la obligación de pago de las cantidades adeudadas.  
Sentado lo anterior y resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.091 del Código Civil, según el cual "las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos", en relación con lo previsto en los artículos 1.088 y 1.089 del mismo texto legal.  
Tercero. En cuanto a las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento, resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado primero del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por tanto, correrán a cargo de la mercantil demandada, por haber sido desestimadas todas sus pretensiones, en atención a que la rebeldía es considerada una oposición, aunque tácita, a las pretensiones del actor.  
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.  
Fallo  
Que estimando íntegramente como estimo la demanda interpuesta por la procuradora María Angeles D'Amato Martín, en nombre y representación de la mercantil Construcciones y Promociones Ximo Xima, SL, contra la mercantil Font Pipa, SL, en situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno a esta última a abonar a la mercantil demandante la cantidad de treinta y dos mil seiscientos veinte euros con cincuenta y ocho céntimos (32.620,58 euros), más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda. Las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento correrán a cargo de la parte demandada.  
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe la interposición de recurso de apelación, que, en su caso, deberá prepararse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la presente sea notificada.  
Llévese el original al libro de sentencias.  
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo; Tomasa Olivas Rubio, jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules».  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón (artículo 455 LECn).  
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457,2 LECn).  
Forma de constituir el depósito: mediante ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado y con destino a este concreto expediente, de la cantidad objeto de depósito, debiendo especificar en el apartado «Concepto» del documento de ingreso que se trata de un «Recurso» seguido del código y tipo concreto del recurso del que se trate, según se detalla en tabla anexa.  
00 Civil-reposición (25 euros)   
01 Civil-revisión resoluc. secretario judicial (25 euros)  
02 Civil-apelación (50 euros)   
03 Civil-queja (30 euros)  
04 Civil-extraordinario por infracción procesal (50 euros)  
05 Civil-rescis. Sentencia firme a instancia rebelde (50 euros)  
06 Civil-casación (50 euros)  
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».  
Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la jueza que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el secretario judicial doy fe en Nules, 13 de septiembre de 2010.  
Y encontrándose dicho demandado, Font Pipa, SL, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
Nules, 8 de octubre de 2010.- El secretario judicial: Eugenio Martín Sánchez.