Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5872, del 17-10-2008 (2008/10491)

Ejecución de títulos judiciales 960/2005. Notificación del auto a Marcelo Emilio Villarino Villalón.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5872

Fecha DOGV
:   17-10-2008

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2008/10691


Fecha del documento
:   01-09-2008

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Torrevieja

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * sistema judicial

Ejecución de títulos judiciales 960/2005. Notificación del auto a Marcelo Emilio Villarino Villalón. [2008/10030]  
Sobre: otros contenciosos.  
Demandante: María Teresa López del Olmo.  
Procuradora: María Virtudes Valero Mora.  
Demandado: Marcelo Emilio Villarino Villalón.  
Purificación Guillamón Ayala, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja (Alicante).  
Hago saber:  
Que en el proceso de exequátur seguido en dicho Juzgado con el número 960/2005 a instancia de María Teresa López del Olmo contra Marcelo Emilio Villarino Villalón sobre ejecución de sentencia se ha acordado la publicación de la resolución de fecha 9 de julio de 2008 por un plazo de veinte días, y que a continuación se expresa:  
«Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja (Alicante).  
Procedimiento: reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras número 960/2005.  
Materia: exequátur.  
Solicitante: María Teresa López del Olmo.  
Procuradora: María Virtudes Valero Mora.  
Letrado: Rafael López Prats.  
Parte contraria: Marcelo Emilio Villarino Villalón, en rebeldía.  
Magistrado: Jesús Alemany Eguidazu.  
Auto  
Torrevieja (Alicante), 9 de julio de 2008  
Antecedentes de hecho  
I. Demanda de exequátur: la demanda de exequátur fue presentada con fecha 21 de septiembre de 2005 ante el decanato de los Juzgados de Torrevieja (reparto civil), con solicitud de reconocimiento u homologación y ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Estocolmo, sección 4:4, de 5 de octubre de 1990, por la que se decretaba el divorcio entre la parte solicitante (demandante en el juicio de origen) y Marcelo Emilio.  
II. Antecedentes personales: el matrimonio disuelto había sido celebrado en Osteråker, Suecia, el 26 de marzo de 1983 e inscrito en el Registro Civil español de Estocolmo. Los contrayentes eran española (la mujer) y chileno (el varón) y residentes en Suecia; al tiempo de promover el juicio de divorcio ante la jurisdicción sueca, eran residentes en Suecia; cuando pidió justicia a este tribunal, la solicitante era residente en Suecia y la parte contraria en Torrevieja (Alicante), España.  
III. Documentación: se han aportado los documentos siguientes: certificación de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil español; y copia apostillada de la ejecutoria cuyo reconocimiento se pretende, con expresión de su firmeza y traducción jurada al español.  
IV. Tramitación: la solicitud se admitió a trámite y se dio audiencia, por término de nueve días, a la parte contra quien se dirige la ejecutoria y al fiscal. La parte contraria no evacuó el traslado y sí el Ministerio Fiscal que, por informe de 9 de enero de 2006, no se opone al exequátur.  
V. En la sustanciación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Régimen aplicable: no habiendo tratado internacional con Suecia ni norma internacional en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias que resulte aplicable (artículos 64.1/72 al contrario del Reglamento (CE) número 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1347/2000); debe estarse al régimen general del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (que mantiene su vigencia conforme establece la disposición derogatoria única, apartado primero, excepción tercera, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000), al no estar acreditada la reciprocidad negativa (artículo 953 ABE 6471).  
En consecuencia, resulta aplicable el régimen de producción interna (sentencia del Tribunal Supremo 8 de noviembre de 1990; autos del Tribunal Supremo 05.05.1998 y 09.06.1998), es decir, el «sistema de condiciones» según lo dispuesto en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.  
Segundo. Cumplimiento de condiciones: en el presente supuesto, concurren las condiciones legales para el reconocimiento y ejecución, por cuanto:  
(i) La circunstancia 1.ª del artículo 954 LEC ha de entenderse cumplida habida cuenta la naturaleza personal de la acción de divorcio.  
(ii) La circunstancia 2.ª de que la ejecutoria no haya sido dictada en rebeldía está acreditada en cuanto el demandado compareció aceptando la petición de divorcio.  
(iii) Por lo que interesa a la circunstancia 3.ª, la conformidad con el orden público español -en sentido internacional- es plena: el artículo 85 del Código Civil establece la posibilidad del divorcio cualesquiera que sean la forma y el tiempo de celebración del matrimonio.  
(iv) La carta ejecutoria extranjera cuyo exequátur se persigue se presenta en el documento original, como requiere la jurisprudencia del alto tribunal y el artículo 956 LEC (autos del Tribunal Supremo 25.04.1983, 10.01.1990 y 26.10.1982). Reúne los requisitos de autenticidad exigidos por las leyes de Suecia pues aparece debidamente firmada y rubricada, con los sellos correspondientes. Además, cumple con los requisitos de autenticidad exigidos por las leyes españolas a los documentos públicos extranjeros. En efecto, la sentencia extranjera y su traducción jurada se presentan debidamente diligenciadas con la apostilla que establece el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, que elimina la legalización de los documentos públicos extranjeros, admitida por el Tribunal Supremo para acreditar la autenticidad de la carta ejecutoria extranjera presentada a exequátur en España (auto del Tribunal Supremo 10.09.1996) y con expresión de su firmeza.  
(v) No hay razón para considerar que la competencia judicial internacional de los Tribunales de Suecia haya nacido de las partes en busca fraudulenta de un foro de conveniencia (artículos 6.4 CC y 11.2 LOPJ); el artículo 22.2 y 3 LOPJ no establece foros de competencia exclusiva, lo que sí hace el artículo 22.1 de la misma ley orgánica, pero sin que en el presente caso concurran ninguno de los foros determinantes de ella en favor de los tribunales españoles. Por el contrario, hay conexiones que no pueden desconocerse, como es el domicilio de los cónyuges y de sus hijos en Suecia al tiempo de promoverse el juicio de divorcio ante la jurisdicción sueca, razones éstas que permiten considerar fundada la competencia de los tribunales de origen, y, por ende, excluir el fraude en cuanto a la ley aplicada al fondo del asunto, cuestión vinculada a la anterior.  
(vi) No consta contradicción o incompatibilidad material con decisión judicial recaída o proceso pendiente en España.  
En atención a todo lo anterior expuesto es por lo que procede estimar la solicitud.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.  
Parte dispositiva  
Que debo otorgar y otorgo exequátur, debiendo darse cumplimiento a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Estocolmo, sección 4:4, de 5 de octubre de 1990, por la que se decreta el divorcio entre María Teresa López del Olmo y Marcelo Emilio Villarino Villalón.  
Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, indicándoles que, no obstante lo dispuesto en el artículo 956 PUK 4108, este precepto tenía sentido cuando la competencia correspondía al Tribunal Supremo, pero siendo nuestra la competencia, para evitar una discriminación inversa con las sentencias procedentes de otros estados miembros, cabe interponer recurso de apelación del que conocería la ilustrísima Audiencia Provincial de Alicante, sección 9, con sede en Elche (cf. auto Audiencia Provincial de Madrid 21 de marzo de 2006). En su caso, el recurso de apelación se preparará ante este tribunal dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la notificación.  
Una vez firme esta resolución, líbrese exhorto al Registro Civil donde consta inscrito el matrimonio, acompañando testimonio de esta resolución, para la práctica de los asientos que correspondan.  
Así lo acuerda, manda y firma su señoría. Doy fe».  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 1 de septiembre de 2008, el señor juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de notificación del auto.  
Torrevieja (Alicante), 1 de septiembre de 2008.- La secretaria judicial: Purificación Guillamón Ayala.