Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8050, del 29-05-2017 (2017/4048)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de medidas hijos extramatrimoniales número 17/2016.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8050

Fecha DOGV
:   29-05-2017

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2017/4048


Organismo emisor
:   Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Número 1 de Gandia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de medidas hijos extramatrimoniales número 17/2016. [2017/4048]  
Medidas hijos extramatrimoniales número 017/2016  
  
«Sentencia número 3/2017  
Gandia, 13 de febrero de 2017  
Vistos por el magistrado juez del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Gandia, Antonio Rafael Hernández Olivencia, los presentes autos de juicio verbal número 017/2016, entre partes; de una, como demandante, María Gallardo Borja, representada por la procuradora María Isabel Gomar Santapau y asistida de la letrada Mònica Berbegall Cotaina, y de otra, como demandado, Raúl Romero Lucas, en rebeldía, sobre solicitud de efectos de regulación de relaciones paternofiliales, con intervención del Ministerio Fiscal.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por la representación antes indicada se presentó demanda contra el expresado demandado, en la que, después de exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimaba pertinentes y que aquí se dan por reproducidos, terminaba solicitando se dictase sentencia sobre solicitud de efectos de regulación de relaciones paternofiliales.  
Segundo. Por turno de reparto correspondió a este juzgado la anterior demanda, que fue admitida a trámite y, emplazado el demandado y el Ministerio Fiscal, el demandado no contestó, siendo declarado en rebeldía.  
Tercero. Teniéndose por contestada la demanda, se convocó a las partes a juicio verbal, en el que la parte actora se ratificó en sus pretensiones, si bien las modificó en el acto del juicio interesando la suspensión de las visitas, dada la nula relación del padre con el hijo durante un extendido período de tiempo, y en la que el ministerio público reiteró lo interesado por la parte actora. El demandado, citado personalmente, no compareció al acto del juicio. Practicada toda la prueba propuesta, quedaron los autos vistos para sentencia.  
Cuarto. Hechos probados: María Gallardo Borja y Raúl Romero Lucas mantuvieron una relación sentimental de la que nació y vive una hija, menor de edad, A. R. G., nacida en Guadalajara el día 18 de agosto de 2012.  
Quinto. En la tramitación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Ante la situación de crisis de una unión de hecho (o, como en el presente caso, de la falta de regulación judicial de los efectos del divorcio de los padres sobre los hijos comunes, que crea una situación de desregulación que merece ser paliada), es obligación de los tribunales pronunciarse sobre las consecuencias personales y patrimoniales derivadas de la ruptura de la convivencia y ello, en atención a la protección social, económica y jurídica de la familia que proclama nuestro texto constitucional en el artículo 39.1, habiendo reconocido el Tribunal Supremo la plena legalidad de la estable unión de hecho entre un hombre y una mujer como manifestación del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (art. 10 Constitución) y la susceptibilidad de constituir con ello una familia tan protegible como la creada a través de la unión matrimonial y, si bien la normativa prevista para las crisis matrimoniales no resulta aplicable de manera general a la ruptura de la unión de hecho, sin embargo, los hijos son iguales ante la ley, como proclama el citado artículo 39, en el punto 2, de la Constitución, que asegura la protección integral de los hijos ante la ley con independencia de la filiación. Tal equiparación entre los hijos por naturaleza, sean matrimoniales o no, provoca que las normas sustantivas reguladoras de las crisis matrimoniales (art. 92 a 96 CC) sean aplicables a las relaciones paternofiliales que se crean en las parejas de hecho, cuando se produce la ruptura de la convivencia more uxorio. Así, la patria potestad de la prole actúa como derecho inherente de la paternidad y maternidad y, en nuestro ámbito, tiene indudable carácter de función tutelar que la configura como institución a favor de los hijos, como establece el artículo 154 y lo tiene declarado la jurisprudencia desde antiguo, como declara el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y refiere el artículo 39.3 de la Constitución, en su vertiente obligatoria de derecho-función. Por ello, el cese de la convivencia de la pareja exige el tener que regular la forma de desarrollo del derecho-deber de los padres de velar por ellos, tenerlos en su compañía, educarles y procurarles una formación integral (art. 154 CC).  
Segundo. No se observa ningún impedimento para aprobar las pretensiones de la parte actora al no considerarse perjudiciales para el menor ni contrarios a las normas, pretensiones que han sido aceptadas por la parte demandada e informadas favorablemente por el ministerio público.  
Téngase en cuenta la corta edad de la menor, la falta de relación del padre con la hija, la falta de interés del padre en el presente asunto (en el que su inactividad ha sido total y absoluta) y que en tales condiciones no puede acordarse régimen alguno ya que ni se han relacionado ni puede determinarse qué sistema sería el mejor tanto para la relación como para restablecer con normalidad unas relaciones padre-hija, que precisarían, por una parte, de la voluntad del padre de relacionarse con ella (voluntad que no consta) y de unos informes emitidos por peritos que las determinase de un modo cabal, lo cual no se ha interesado ni se considera adecuado en el presente orden de cosas, al faltar dicho interés paterno.  
Por idénticas razones, se atribuye a la madre la patria potestad y la guarda y custodia en exclusiva, teniendo capacidad suficiente para con su sola firma atender a la generalidad de trámites burocráticos y de cualquier índole para los que se requiriera la firma de ambos progenitores.  
Por otra parte, dada la total carencia de medios del demandado, según resulta de la indagación patrimonial realizada, se establece la cantidad de 150 euros mensuales en concepto de alimentos. Dicha cantidad se abonará por el padre mediante su ingreso en la cuenta bancaria que la madre designe, por meses anticipados, dentro de los cinco primeros días de cada mes, doce mensualidades al año, actualizables anualmente conforme al índice de precios al consumo según certificación del Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya.  
Los gastos extraordinarios serán por mitad.  
No reclamándose la vivienda ni existiendo domicilio común, nada que acordar al respecto.  
Tercero. No se aprecian motivos que puedan determinar una especial condena en costas procesales.  
  
Fallo  
Que estimando en parte la demanda formulada por la procuradora señora Gomar Santapau, en nombre y representación de María Gallardo Borja contra Raúl Romero Lucas, en rebeldía, debo acordar las medidas en beneficio del hijo, A. R. G., contempladas en el fundamento jurídico segundo. Sin costas.  
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma, podrán recurrirse en apelación ante este juzgado para ante la Audiencia Provincial de Valencia, dentro del plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la Ley de enjuiciamiento civil (según redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre).  
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.  
  
Publicación. Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el juez que la dictó estando celebrando audiencia pública. Doy fe.»  
  
Gandia, 13 de febrero de 2017.- La letrada de la Administración de justicia: María del Carmen Pellicer Verdú.