Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3127, del 21-11-1997 (1997/11334)

Notificación de la Resolución de 31 de julio de 1997, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3127

Fecha DOGV
:   21-11-1997

Sección del DOGV
:   OTROS ANUNCIOS - OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1997/11043


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución de 31 de julio de 1997, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. [97/C11471]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se procede a la notificación a don Arturo Navarro Benítez de la Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 31 de julio de 1997.
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con fecha 31 de julio de 1997, adoptó la resolución que a continuación se transcribe:
  
«Visto el expediente sancionador y para el restablecimiento de la legalidad urbanística, incoado a don Arturo Navarro Benítez, por la realización de obras no legalizables consistentes en la construcción de una caseta de aperos de labranza sin cubierta, en el municipio de Eslida (Castellón).
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, mediante resolución de 9 de junio de 1995, dispuso:
  
?1. Imponer a don Arturo Navarro Benítez (DNI 87.676.475) y a don Víctor Masip Miravet (DNI 26.231.688), una sanción de multa, a cada uno de ellos, de sesenta y seis mil cuatrocientas cincuenta pesetas (66.450 PTA) como autores responsables de la infracción urbanística objeto del expediente, el primero como promotor de las obras y el segundo como empresario de las mismas.
  
2. Ordenar la demolición de las obras ejecutadas, a costa del interesado y en el plazo de tres meses, con apercibimiento de imposición de multas coercitivas y ejecución subsidiaria, para el caso de incumplimiento.-
  
No consta que la expresada resolución fuese objeto de recurso contencioso administrativo, único procedente contra ella, ni, por tanto, que se haya suspendido la ejecución de tal resolución.
  
Las obras a que se refiere la resolución son las ejecutadas en parcela 70 del polígono 7 de la partida El Cerro de Eslida, consistentes en una caseta de 3,40 por 6,40 metros y altura media de 2,90 metros, realizada con fábrica de bloque de hormigón, sin cubierta, sobre las ruinas de un pajar.
  
Tales obras, llevadas a cabo sin autorización previa ni licencia municipal, se han construido en terrenos que las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Eslida clasifican como suelo no urbanizable protegido, zona de especial protección agrícola y paisajística.
  
A este respecto, el 10 de abril de 1995 el director general de Urbanismo denegó la autorización previa para la construcción de la citada caseta de aperos de labranza, en base al informe desfavorable de la Dirección General de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricultura y contar con una supeficie de parcela inferior a 10.000 metros cuadrados. De donde resulta que dichas obras no son legalizables.
  
Segundo
  
La citada resolución se notificó a don Arturo Navarro Benítez, promotor de las obras, el día 20 de junio de 1995.
  
Con fecha 10 de marzo de 1997, don Emilio Molina Manzana ?denunciante en el expediente sancionador que acabó con la expresada resolución- presentó un escrito en esta Conselleria en que indica que no se ha dado cumplimiento a la resolución y solicita se haga cumplir la ejecución del derribo y el pago de las sanciones impuestas.
  
Solicitado un informe al Ayuntamiento de Eslida relativo a la ejecución de la demolición ordenada, dicha entidad local informa, a través de su arquitecto municipal, que ?en la fecha abajo indicada no se ha procedido a la demolición?. La expresada fecha es la de 7 de mayo de 1997.
  
Por otra parte, de la información facilitada por el Servicio de Coordinación Territorial, de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial, de esta Conselleria, resulta que ha hecho efectivo el importe de la sanción el imputado como empresario de las obras, no habiéndolo hecho el promotor de las mismas, respecto del cual se sigue expediente de apremio.
  
Por tanto, la presente se constriñe a la ejecución subsidiaria de la orden de demolición contenida en la resolución que se ha mencionado.
  
Antes de resolver sobre ello, se ha concedido audiencia en el expediente a don Arturo Navarro Benítez, promotor de las obras, mediante escrito del Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón, de 5 de junio de 1997, recibido por aquél el día 13 siguiente, sin que en el plazo de 15 días concedido al efecto haya presentado ninguna alegación.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Los actos de las administraciones públicas son inmediatamente ejecutivos, pudiendo éstas proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, a través de los órganos competentes, salvo en los casos de suspensión (art. 94 y 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
  
Sin perjuicio de que mas adelante se hagan las oportunas consideraciones acerca de la competencia para adoptar las medidas de ejecución subsidiaria procedentes, es necesario ahora reparar en que se cumplen, en el presente caso, las exigencias procesales de tales preceptos, a saber:
  
1) La Resolución del conseller de 9 de junio de 1995, es un acto administrativo, dictado por un órgano de la administración en ejercicio de potestades administrativas, por lo que goza de la ejecutividad que la ley le confiere.
  
2) La citada resolución contenía en su parte dispositiva el apercibimiento de ejecución subsidiaria, como resulta del texto de la misma que se ha transcrito en el primero de los antecedentes de la presente resolución. Aquella resolución fue notificada al interesado y, por tanto, conocido por éste el apercibimiento que ella contenía.
  
3) No consta que se haya solicitado ?ni, en consecuencia, otorgado- la suspensión de la ejecución del acto que ahora se pretende ejecutar.
  
4) Consta, en cambio, que el obligado por el acto administrativo no ha dado cumplimiento a la orden de demolición que en él se contenía.
  
Segundo
  
Examinada la procedencia formal de la ejecución forzosa de la Resolución de 9 de junio de 1995, procede determinar el medio a emplear para ello.
  
El artículo 96 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece cuatro medios de ejecución forzosa, cuya elección, fundada en el respecto al principio de proporcionalidad, se ha de efectuar conforme a las reglas que derivan de los artículos 97 a 100 de la misma ley. Ahora bien, estas reglas se han de entender moduladas, en lo que aquí interesa, por lo establecido en la Disposición Adicional Novena de la Ley 6/1.994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), según la cual ?en el supuesto de incumplimiento de los acuerdos y las resoluciones ordenando la realización de las obras y los trabajos precisos para la restauración de la realidad alterada o transformada la administración actuante podrá proceder, sin perjuicio del recurso en último término a la ejecución subsidiaria a costa del infractor, a la imposición al mismo de multas coercitivas, hasta un máximo de 10 sucesivas, con periodicidad mínima mensual y por un importe, cada vez, del 10% del coste previsto de las obras o de los trabajos ordenados cuando éstos consistan en la reposición de la realidad a su estado originario o del 5% del valor de la obra cuya demolición se haya ordenado con un mínimo de 100.000 pesetas?.
  
De la disposición citada resulta que, ante el incumplimiento de la orden de demolición:
  
a) Se eligen dos medios de ejecución forzosa: la ejecución subsidiaria y la multa coercitiva.
  
b) Se establece un régimen de prioridades entre ellas, de modo que la multa coercitiva se prefiere a la ejecución subsidiaria, que se configura como ?último recurso?.
  
Por tanto, ante el acreditado incumplimiento de la orden de demolición, en los términos y en el plazo fijado en la resolución, procede la imposición de multas coercitivas, que habrán de tener como sujeto pasivo al promotor de las obras, don Arturo Navarro Benítez, pues él es el obligado a la demolición, según resulta de la mencionada resolución.
  
El cálculo del importe de las multas coercitivas, se ha de efectuar conforme a las reglas que resultan de la expresada disposición adicional novena, en la que se establece un sistema alternativo de cálculo que tiene como base el coste de los trabajos de reposición de la realidad a su estado originario o el del valor de la obra cuya demolición se ha ordenado. Como quiera que, en el presente caso, lo ordenado es una demolición (y no una genérica reposición de la realidad a su estado originario), el cálculo de la multa coercitiva se habrá de efectuar tomando como base el valor de la obra a demoler que, según la resolución que esto ordenó, es de 443.000 pesetas, de modo que el importe de cada multa coercitiva sería de 22.150 pesetas (5% de 443.000 pesetas). Pero como quiera que la propia disposición adicional establece que el importe mínimo será de 100.000 pesetas, cada vez, a éste se habrá de estar.
  
Tercero
  
La de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común reserva la ejecución forzosa de los actos administrativos a los órganos competentes, en cada caso, de las administraciones públicas (art. 95).
  
El Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto 77/1996, de 16 de abril, asigna al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, las siguientes atribuciones, entre otras:
  
- Ejercer las potestades autonómicas de protección y restauración de la legalidad urbanística, por cualquier título de legitimación aplicable.
  
- Cuantas competencias urbanísticas de la Generalitat Valenciana no estén expresamente atribuidas a otros órganos por dicho reglamento.
  
La adecuada realización de tales atribuciones exige que a la facultad sustantiva siga la ejecutiva, para que el órgano o autoridad que dicta un acto administrativo pueda asegurar la ejecutividad que la ley le confiere.
  
Por ello, habiendo sido el conseller quien dictó el acto cuya ejecución forzosa se impone, corresponde también a él la adopción de los medios encaminados a ello.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Imponer a don Arturo Navarro Benítez una multa coercitiva por importe de cien mil pesetas (100.000 PTA), sin perjuicio de imponer otras tantas sucesivas hasta 10, con periodicidad mínima mensual, como medio de ejecución forzosa, ante el incumplimiento de la resolución de 9 de junio de 1995, por la que se le ordenó el derribo de las citadas obras no legalizables, hasta que cumpla con su obligación de demolerlas y sin perjuicio, además, de la posterior ejecución subsidiaria a su costa. En virtud de lo establecido en la disposición transitoria novena de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá Interponer un recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día de la notificación o publicación de la misma. Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.»
  
La presente notificación es transcripción exacta de la resolución original que consta en el expediente.