Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8933, del 23-10-2020 (2020/8717)

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2020, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, relativa a la declaración de prescripción de determinadas obligaciones económicas incluidas en los presupuestos como obligaciones pendientes de pago procedentes de ejercicios anteriores, derivadas de planes de vivienda anteriores a 2013.
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Número DOGV
:   8933

Fecha DOGV
:   23-10-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2020/8717


Fecha del documento
:   08-10-2020

Organismo emisor
:   Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2020, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, relativa a la declaración de prescripción de determinadas obligaciones económicas incluidas en los presupuestos como obligaciones pendientes de pago procedentes de ejercicios anteriores, derivadas de planes de vivienda anteriores a 2013. [2020/8717]  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. La Generalitat Valenciana, al amparo de las previsiones de los planes estatales de vivienda y suelo para los periodos 2005-2008 i 2009-2012 otorgó determinadas ayudas y subvenciones para el acceso a la vivienda en los diferentes tipos y líneas definidos en los mismos. Las restricciones presupuestarias de las administraciones públicas provocaron que la dotación económica de la línea presupuestaria T0304, denominada «Plan de vivienda», en la cual se imputaban los pagos de las subvenciones a las actuaciones protegidas en materia de vivienda disminuyera gradualmente a partir del ejercicio 2009. Así mismo, se constata que desde el ejercicio 2003 el ritmo de concesión de ayudas aumentó de forma ininterrumpida hasta el ejercicio 2009.  
Segundo. En el contexto referido de insuficiencia presupuestaria generada, la Intervención Delegada de la conselleria con competencias en materia de vivienda (en aquel momento la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente) emitió durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 diversos informes de fiscalización desfavorables a determinadas propuestas de pago promovidas desde la Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda relativas a subvenciones a la rehabilitación de viviendas, a la adquisición y compra de viviendas, al alquiler, a la promoción de viviendas para arrendamiento así como a la ejecución de actuaciones en áreas de rehabilitación integral y urbanización de áreas de suelo. Estos informes desfavorables estaban motivados en el incumplimiento de determinados preceptos legales que no se aplicaron en la concesión y tramitación de las ayudas, como son fundamentalmente la necesaria existencia de procedimientos de pública concurrencia en la concesión de las subvenciones y la indispensable consignación del crédito necesario para otorgarlas de forma previa a su concesión. El incumplimiento de dichos preceptos impidió la fiscalización de las propuestas de pago, lo que interrumpió la contabilización de los importes otorgados y no fiscalizados durante un período que se extendió desde noviembre de 2011 hasta la segunda mitad del ejercicio 2014.  
Tercero. Las anomalías relacionadas eran comunes al conjunto de los expedientes de subvenciones que a esa fecha se encontraban aún pendientes de contabilización y pago. De ese conjunto de expedientes, aquellos que contaban con una resolución de concesión de ayuda suponían un importe global que se estimó a principios del ejercicio 2014 en una cuantía aproximada de 240 millones de euros. La entrada en vigor de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de puertos de la Generalitat, permitió, mediante su disposición adicional segunda, considerar debidamente otorgadas todas las ayudas públicas, subvenciones y financiación, reconocidas tanto en el ámbito de los planes estatales y autonómicos de vivienda, suelo y rehabilitación, como al amparo de acuerdos específicos interadministrativos, que habían sido gestionadas en el periodo 2008-2013 por las anteriores Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, considerándolos, así mismo, compromisos debidamente adquiridos a los efectos previstos en el artículo 31.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, y que constituían la deuda referida. En este sentido la Resolución de fecha 21 de julio de 2014 de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente reconoció como obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto aquellas subvenciones en las que había llegado a recaer resolución de otorgamiento Este primer grupo de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto (grupo OPA1) se cuantificó en un importe global de 490.169.816,77 - instando a la tramitación del pago de las mismas en la medida en la que las disponibilidades presupuestarias lo permitieran.  
Cuarto. El importe global de los pagos de las subvenciones incluidas en el grupo referido en el anterior antecedente (OPA1) realizados hasta el cierre del ejercicio 2019 supera los 230 millones de euros previéndose que no va a ser posible el abono de la totalidad de las obligaciones restantes de este mismo grupo ya que se está comprobando que en una gran parte de los correspondientes beneficiarios concurren circunstancias que impiden realizar la tramitación del correspondiente pago (incumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias, cambio en el domicilio fiscal, declaración de caducidad de los expedientes ante la inactividad de los interesados, concursos de acreedores en el caso de empresas, etc.), sin que los interesados hayan ejercido el cumplimiento de las obligaciones necesarias y el requerimiento a la administración de las cantidades adeudadas.  
Quinto. Durante la anterior legislatura (período 2015-2019) se acometió la tarea de reconocer y tramitar el pago de un segundo grupo de subvenciones que, si bien no obtuvieron en su momento resolución de concesión de ayuda económica, fueron objeto de resolución de reconocimiento de requisitos técnicos para acceder a dichas ayudas. Este segundo grupo de expedientes (grupo OPA6), cuya cuantía global ascendía a un importe aproximado de 40 millones de euros, corresponde a aquellas subvenciones que durante el período 2011-2013 fueron objeto de resolución de reconocimiento de requisitos técnicos, para el acceso a las correspondientes ayudas, no constituyendo en ningún caso, en su momento, una concesión de una ayuda económica aunque tampoco una denegación de la misma.  
Sexto. El procedimiento que se adoptó para la convalidación de los expedientes de subvenciones incluidos en el grupo del anterior antecedente (OPA6) es análogo al referido en el antecedente tercero (OPA1), siendo de aplicación en ambos casos la disposición adicional segunda de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de puertos de la Generalitat. Asimismo la Resolución de 9 de julio de 2015, de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio reconoció como obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto aquellas ayudas en las que recayó resolución de reconocimiento de requisitos (OPA6) y cuantificó su importe global en 58.057.393,81 euros, de tal forma que a fecha actual se ha procedido a la tramitación y pago de expedientes de este tipo por un importe superior a los 31 millones de euros. Así mismo, de forma análoga a lo expuesto en el antecedente cuarto, se estima que no resultará posible abonar la totalidad de las subvenciones debido a impedimentos ajenos a la Administración de la Generalitat.  
Séptimo. Del mismo modo que la disposición adicional segunda de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de puertos de la Generalitat, permitió el reconocimiento como obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto de aquellas ayudas a actuaciones en materia de vivienda derivadas de los planes estatales de los períodos 2005-2008 y 2009-2012, en las que había recaído resolución de otorgamiento de subvención (grupo OPA1) o resolución de reconocimiento de requisitos (grupo OPA6), la disposición adicional tercera de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat permite el reconocimiento de aquellas otras ayudas en materia de vivienda en las que no recayó ningún tipo de resolución que pusiera fin al procedimiento administrativo correspondiente de tal modo que actualmente se está procediendo a la reanudación, resolución y, en su caso contabilización y pago de las correspondientes subvenciones amparadas por dicha disposición.  
Octavo. En fecha 1 de agosto de 2019 la Viceintervención General de Control Financiero y Auditorías emitió su informe definitivo del control financiero específico que efectuó al Plan estatal de vivienda 2009-2012, atendiendo al acuerdo adoptado por el Consell en su reunión del día 29 de julio de 2016, a propuesta del conseller de Hacienda y Modelo Económico, que modificaba la Programación de controles específicos para el año 2016, que incluía, entre otros controles a realizar, el correspondiente al Plan estatal de vivienda 2009/2012. En el informe referido se recomendaba dotar de crédito adecuado y suficiente la línea de subvención en el presupuesto de la Generalitat con cargo a la cual se deban contraer las obligaciones económicas que resulten de la declaración de debidamente otorgadas de aquellas ayudas públicas, subvenciones y financiación que, en su caso, pudieran reconocerse por ajustarse a lo establecido en los planes estatales de vivienda 2005-2008 y 2009-2012.  
Noveno. Los servicios territoriales de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de Alicante, Castellón y Valencia, responsables de la instrucción y tramitación de los expedientes, han practicado las actuaciones pertinentes necesarias tendentes al pago de los expedientes incluidos en los dos grupos referidos (OPA1 y OPA 6) con las debidas advertencias, no logrando la culminación del procedimiento por los motivos enumerados para cada caso en los expedientes de su razón, ajenos a la tramitación administrativa de los mismos, a consecuencia de la inactividad de los interesados manifestada en la casuística recogida en dichos expedientes, y que culmina en la prescripción del derecho a exigir el pago de las mismas.  
Décimo. En fecha 20 de julio, se dictó la propuesta de resolución de la Subsecretaría de esta Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática (DOGV 8869, 29.07.2020), sobre declaración de prescripción de determinadas obligaciones económicas incluidas en los presupuestos como obligaciones pendientes de pago procedentes de ejercicios anteriores (OPA 1 y OPA 6) y derivadas de planes de vivienda anteriores a 2013 en la que se disponía: en primer lugar, otorgar un trámite de audiencia a los interesados por plazo de 15 días para que pudieran realizar las alegaciones que a su derecho conviniera a los efectos de justificar que la prescripción de su derecho al cobro de las obligaciones económicas de los planes de vivienda anteriores a 2013 relacionados en los anexos que formaban parte de la referida propuesta de resolución no había tenido lugar; y en segundo lugar, una vez finalizado el plazo de audiencia, proceder a informar aquellas alegaciones que hubieran tenido lugar, con expresión de la estimación o desestimación de las mismas, y a los efectos de efectuar la resolución correspondiente finalizadora del procedimiento, con expresión de los recursos procedentes, así como publicar dicha propuesta de resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el portal web de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, dando traslado del acuerdo a los interesados, y los servicios administrativos correspondientes.  
Undécimo. Una vez finalizado el plazo para presentar alegaciones, en fecha 7 de septiembre de 2020, los servicios territoriales de Vivienda y Arquitectura Bioclimática han certificado que no se han realizado alegaciones en el plazo abierto a los efectos de justificar la prescripción del derecho al cobro de las obligaciones económicas de los Planes de Vivienda anteriores a 2013 correspondientes a los expedientes relacionados en los anexos que formaban parte de la propuesta de resolución referida en el anterior antecedente.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. De acuerdo con lo previsto en el artículo 23.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones de la Generalitat Valenciana, cabe entender que el derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, prescribe a los cuatro años si no fuera reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes, iniciándose el cómputo del plazo desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.  
Segundo. En el mismo sentido del anterior fundamento se expresan los artículos 66 a 70 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en los que se regula la prescripción en el ámbito tributario como forma de extinguirse los derechos y obligaciones tributarias.  
Tercero. El artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, regula el procedimiento del trámite de audiencia y determina los plazos a considerar para la presentación de alegaciones así como documentos y justificaciones que se estimen pertinentes.  
Cuarto. El artículo 19 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat establece el procedimiento de prescripción de las obligaciones reconocidas cuyo pago no se haya realizado y determina que dicho procedimiento será resuelto por la persona titular de la conselleria a la que esté adscrito el servicio gestor que hubiese aprobado dicho reconocimiento.  
Quinto. El artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, indica en su apartado primero que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.  
  
Por todo ello, vista la propuesta de la Subsecretaría de esta conselleria de fecha 20 de julio de 2020, considerando que las obligaciones relacionadas datan de 2014 y 2015, habiendo transcurrido un plazo superior a 4 años desde su reconocimiento como obligaciones pendientes de pago, y que se han llevado a cabo las actuaciones necesarias para comunicar a sus titulares la posibilidad de ejercitar su derecho al cobro, sin constar que haya habido requerimientos o actuaciones al respecto por parte de estos, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, resuelvo:  
  
Primero  
Declarar prescritas las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, correspondientes a los expedientes relacionados en los anexos I y II de la presente resolución y que ascienden a un importe global de 5.725.202,22 euros, de los cuales 3.247.189,08 euros, pertenecen al grupo OPA 1, y 2.478.013,14 euros pertenecen al grupo OPA 6.  
  
Segundo  
Minorar las cuantías globales de las obligaciones reconocidas mediante las resoluciones de fechas 21 de julio de 2014 de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente; y 9 de julio de 2015 de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en los importes de 3.247.189,08 euros y de 2.478.013,14 euros, que corresponden a las obligaciones prescritas de los grupos OPA1 y OPA6, respectivamente, según el resuelvo primero.  
  
Tercero  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y en el portal web de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a efectos de notificación a todas las personas interesadas.  
  
Cuarto  
Dar traslado del presente acuerdo a los servicios económicos a los efectos oportunos.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
València, 8 de octubre de 2020.- El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática: Rubén Martínez Dalmau.