Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3781, del 28-06-2000 (2000/5068)

Notificación de la resolución del recurso ordinario número R-527/1998.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3781

Fecha DOGV
:   28-06-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/5068


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso ordinario número R-527/1998. [2000/A5068]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a doña Pilar M. Silvestre Belda, avenida de Almaig, 51-5.ª (46188 Ontinyent) la resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-527/1998.
  
Resolución
  
«Examinado el recurso ordinario formulado por doña Pilar Mercedes Silvestre Belda contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante, en el expediente por reintegro de ayudas públicas y subvenciones para la adquisición de una vivienda a precio tasado número 03/1T/0874/1992/021.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Con fecha 28 de octubre de 1992, la interesada, adquiriste de la vivienda a precio tasado, sita en Banyeres de Mariola, calle Laporta número 69-1º, presentó en el Servicio Territorial de Arquitectura y vivienda de Alicante, una solicitud de visado y de ayudas económicas directas para la adquisición protegida de la misma. Recayó la resolución de visado de contrato y ayuda económica directa, con fecha 16 de diciembre de 1992, y percibió, en 8 de septiembre de 1994, la cantidad de 720.000 pesetas en concepto de subvención de la Generalitat Valenciana.
  
2. Con fecha 12 de mayo de 1997, y una vez transmitida la vivienda objeto de las ayudas, la solicitante formalizó un escrito por el que interesaba la devolución de las cantidades percibidas, indicando que en el año 1994, había solicitado realizar dicha devolución. Requerida, con fecha 15 de mayo de 1997, por parte del Servicio Territorial, a fin de que presentara una copia del documento acreditativo de dicha solicitud, la interesada, con fecha 17 de junio de 1997, presenta un escrito en el que aduce lo que estimó pertinente en defensa de sus intereses, aportando unas fotocopias relativas a certificados de entidad bancaria, sin valor probatorio al efecto requerido.
  
3. Con fecha 8 de mayo de 1998, se requirió a la solicitante para que aportase un certificado de la entidad bancaria donde tuviera el préstamo hipotecario subsidiado, para que se certificaran, por semestres, las cantidades subsidiadas percibidas, a fin de practicar la liquidación que procediese.
  
4. No habiéndose cumplimentado el requerimiento precitado, con fecha 31 de julio de 1998, por el Servicio Territorial se remite un oficio al registrador de la propiedad de Alcoy, en el que interesa una certificación registral de la vivienda de referencia, por si constara la transmisión de la misma por parte de la indicada a terceros. Con fecha 6 de agosto de 1998 y por parte del registrador mencionado, se certifica que la vivienda sita en la calle Laporta número 69, 1.ª de Banyeres de Mariola, se encuentra inscrita a nombre de doña María Milagros Silvestre Belda, la cual, adquirió dicha vivienda por compra a su hermana doña Pilar Mercedes Silvestre Belda, el día 16 de noviembre de 1994.
  
5. En fecha 8 de septiembre de 1998, por el Servicio Territorial se remite a la interesada un escrito del siguiente tenor literal: ?Constando de la documentación obrante en el expediente número 03-iT-0874/1992/021 tramitado a instancias de usted, que en fecha 16 de noviembre de 1994, transmitió el inmueble objeto de las ayudas a doña María Milagros Silvestre Belda, por medio de la presente y antes de iniciar expediente sancionador, se le requiere para que aporte un certificado de la entidad bancaria donde tenía el préstamo hipotecario subsidiado, sobre subsidiación percibida por semestres, durante la vigencia del préstamo cualificado a fin de practicar la liquidación que proceda. Debiéndose indicar que, en las liquidaciones aportadas por usted, no constan las cuantías subsidiadas?.
  
En fecha 1 de octubre, por la interesada, se presentó la documentación que estimó pertinente en defensa de sus intereses.
  
6. Mediante un escrito de fecha 6 de octubre de 1998, el Servicio Territorial comunica a la interesada que, de conformidad con la documentación obrante en el expediente, consta que en fecha 16 de noviembre de 1994, transmitió a doña María Milagros Silvestre Belda el inmueble sito en Banyeres de Mariola, calle Laporta número 69, 1.ª, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, y el artículo 5 del Decreto 55/1992, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, por lo que al no haber solicitado previamente autorización de venta y no haber devuelto las cantidades recibidas, se le daba traslado del expediente, para formular alegaciones, por si los hecho indicados no fueran ciertos o al objeto de alegar lo que considerase en defensa de sus derechos. En 21 de octubre de 1998, la interesada presenta un escrito de alegaciones.
  
7. A la vista del expediente, en fecha 27 de octubre de 1998, el Servicio Territorial dicta un resolución por la que se acuerda:
  
7.1 El reintegro por parte de doña Pilar Mercedes Silvestre Belda de la cantidad de setecientas veinte mil pesetas (720.000), recibidas como ayuda a fondo perdido de la Generalitat Valenciana, así como los intereses generales desde la fecha de cobro de dicha cantidad hasta la presente resolución que asciende a la cantidad de doscientas treinta y dos mil ochocientas pesetas (232.800), realizándose mediante un ingreso en la cuenta número 29534770 de la CAM, urbana plaza del Cedre, clave bancaria 2090-3202 a nombre de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Economía y Hacienda).
  
7.2 Remitir la mencionada resolución al Ministerio de Fomento al objeto de que, por parte de dicho organismo, se practique la liquidación de oficio de los intereses subsidiados.
  
8. Contra la citada resolución, doña Pilar Mercedes Silvestre Belda interpone un recurso ordinario en tiempo y forma, con las alegaciones que constan en el mismo y que se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 225/1999, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 3.648 de 20 de diciembre).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
3. A tenor de lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, será requisito imprescindible, entre otros, para acceder a la financiación cualificada, que las viviendas promovidas para uso propio y las adquiridas o rehabilitadas se destinen a residencia habitual y permanente y que sean ocupadas dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente, y en todo caso, en los tres meses siguientes a su entrega, salvo prórroga justificada por razones de tipo laboral o familiar, que deberá ser autorizado por la administración competente. Asimismo, el artículo 27 dispone que las viviendas a precio tasado, financiadas al amparo de dicho real decreto, no podrán ser objeto de transmisión inter vivos, por ningún título, durante el plazo de cinco años desde la formalización del préstamo cualificado, sin cancelar el préstamo y recabar autorización de venta de la administración o administraciones concedentes en cada caso, previo reintegro de los subsidios y subvenciones recibidos, con los intereses legales desde el momento de su percepción.
  
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria aprobada por el Real Decreto Legislativo 1091/1988: ?constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas las siguientes conductas, cuando en ellas intervenga dolo, culpa o simple negligencia ... c) el incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaciones asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención ... Asimismo el apartado 6 de dicho artículo señala que la acción para imponer las sanciones administrativas establecidas en el mismo prescribirá a los cinco años a contar desde el momento en que se cometió la respectiva infracción?.
  
5. En el caso que nos ocupa, examinada la documentación obrante en el expediente, se comprueba:
  
5.1 Que el interesado ha tenido oportunidad de defenderse y de hacer vales sus puntos de vista a través del traslado del expediente y de sus consecuentes escritos de alegaciones y presentación de documentos, y del presente recurso, por lo que no puede aducirse que ha existido indefensión.
  
5.2 Que la vivienda de referencia fue vendida por doña Pilar Mercedes Silvestre Belda a su hermana doña María Milagros Silvestre Belda, en fecha 16 de noviembre de 1994, y el expediente para el reintegro de la subvención se inició por el Servicio Territorial, una vez conocido el incumplimiento de la interesada de las obligaciones asumidas como consecuencia de la subvención mencionada, y dentro del plazo de cinco años, a contar desde el momento en que se cometió la citada infracción, por lo que no puede aducirse la prescripción de ésta.
  
En consecuencia, a la vista de lo actuado, no desvirtuando lo aducido por la recurrente, el contenido de la resolución impugnada, procede confirmar la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso ordinario formulado por doña Pilar Mercedes Silvestre Belda contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante, de fecha 27 de octubre de 1998, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.