Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3444, del 01-03-1999 (1999/1013)

Recurso ordinario número 262/1995. Notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3444

Fecha DOGV
:   01-03-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/1013


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso ordinario número 262/1995. Notificación. [1999/Q1013]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución del recurso ordinario, con número de referencia interna R.262/1995, a don Valeriano Nuevalos Sierra.
  
Resolución
  
Examinado el recurso ordinario formulado por don Raimundo Farina Silva contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia en el expediente de construcción número V-VS-132/72 (DFV-81/94).
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por don Valeriano Nuévalos Sierra se presentó escrito de denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia contra don Raimundo Farina Silva, propietario de la vivienda de protección oficial sita en Quart de Poblet, calle de José Serer Palacios, número 4, puerta 7, por obras indebidas en el citado piso, enviándose a un perito del Servicio Territorial y acordándose la incoación de expediente sancionador contra dicho denunciado, con remisión del pliego de cargos.
  
Segundo
  
El instructor del expediente sancionador dictó propuesta de resolución en la que entendiendo probada la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 153.b, 11 y 12 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, proponía la imposición de una multa de 60.000 pesetas, así como la orden de obras necesarias para volver a dejar la vivienda según el proyecto.
  
Tercero
  
El jefe del Servicio Territorial dictó resolución modificando los fundamentos de derecho de la propuesta, al entender que existía autorización para las obras a tenor del anexo del Decreto 166/1994, de 19 de agosto, del Govern Valencià, acordando la imposición de una multa de 50.000 pesetas.
  
Cuarto
  
Contra dicha resolución interpone recurso ordinario don Raimundo Farina Silva, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalidad Valenciana (DOGV núm. 1.547, de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
Presenta alegaciones el recurrente en las que manifiesta que solicitó aprobación de la Junta de Propietarios para la realización de la obra que fue aprobada por la totalidad de asistentes a la misma, por lo que ruega que sea admitido el recurso.
  
Independientemente de la aprobación de la Junta de Propietarios alegada que por ser cuestión de competencia de los tribunales de lo civil no se puede entrar a valorar en este procedimiento administrativo, consta en la resolución recurrida que el denunciado solicitó autorización o convalidación de las obras efectuadas al Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda, habiéndose producido la misma por el efecto legal del acto presunto transcurrido un mes desde dicha solicitud sin que hubiera resolución expresa, a tenor del anexo del Decreto 166/1994, de 19 de agosto, del Govern Valencià, por lo que acordó el jefe del Servicio Territorial en su resolución que existiendo la autorización no procede mantener la orden de obras de demolición establecida en la propuesta de resolución, manteniendo no obstante una multa de 50.000 pesetas. En base al mismo criterio legal, se entiende que ya no existe el presupuesto necesario para que se configure la infracción imputada, como es la falta de permiso del organismo competente, por lo que la sanción también debe ser revocada.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Estimar el recurso ordinario formulado por don Raimundo Farina Silva, contra la Resolución de fecha 19 de abril de 1995, del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, revocando la sanción impuesta.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f (en relación con la disposición adicional undécima de la LRJAP y PAC) y artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 27 de diciembre de 1956; así como artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.