Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3942, del 19-02-2001 (2001/1142)

Notificación de la Resolución de 4 de diciembre de 2000, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3942

Fecha DOGV
:   19-02-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/1142


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución de 4 de diciembre de 2000, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. [2001/X1142]
  
Al no haberse podido practicar la notificación a don Francisco Bisbal Cervelló, conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 4 de diciembre de 2000.
  
Vistos los recursos de alzada interpuestos por don Francisco y don Javier Bisbal Cervelló, contra los acuerdos de 9 de mayo y 20 de junio de 2000, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, referidos a la suspensión y aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior de mejora de la manzana 121 del Plan General de Ordenación Urbana de Alberic, y del que resultan los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Con fecha 9 de mayo de 2000, se acordó por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia la suspensión de la aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior (en adelante PRI) de mejora de la manzana 121 del PGOU de Alberic. Dicho acuerdo fue notificado al interesado en fecha 17 de mayo de 2000, según se desprende del correspondiente expediente.
  
El 16 de junio de 2000, se interpone recurso de alzada por don Javier Bisbal Cervelló. Con fecha 17 de junio de 2000, se interpone recurso por don Francisco Bisbal Cervelló, como presidente de la Comisión de la Asociación Pro defensa del carácter público del solar av. Glorieta núm. 20 de Alberic.
  
Segundo. El 20 de junio de 2000, se adopta Acuerdo por la Comisión Territorial de Urbanismo por el que se aprueba definitivamente el PRI de mejora de la manzana 121 de Alberic. Dicho acuerdo fue notificado a los interesados, hoy recurrentes, en fecha 3 de julio de 2000, según se desprende del correspondiente expediente.
  
El 3 de agosto de 2000, se interponen sendos recursos por don Javier Bisbal Cervelló, y por don Francisco Bisbal Cervelló, en nombre de la Asociación Pro-defensa del carácter público del solar de la av. Glorieta núm. 20 de Alberic.
  
Tercero. En fecha 11 de agosto de 2000, se concede trámite de audiencia al Ayuntamiento de Alberic, de conformidad con el artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de RJAAPP y del PAC, y mediante informe de 1 septiembre de 2000, el referido Ayuntamiento formula las correspondientes alegaciones, oponiéndose a la estimación de los recursos de alzada.
  
Cuarto. El Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia en fecha 22 de septiembre de 2000, informó desfavorablemente los referidos recursos de alzada.
  
Quinto. En fecha 15 de noviembre de 2000, don Francisco Bisbal Cervelló, presenta nuevas alegaciones y solicita su incorporación al procedimiento incoado tras la presentación de los recursos de alzada, reiterando la petición de anulación de los acuerdos recurridos. Dichas alegaciones fueron analizadas mediante informe de fecha 17 de noviembre de 2000, del Servicio de Coordinación Territorial.
  
Sexto. El Servicio Jurídico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en fecha 1 de diciembre de 2000, informó favorablemente la desestimación de los presentes recursos de alzada.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Los recursos de alzada deducidos son admisibles puesto que se interpusieron en tiempo y forma, conforme a lo establecido en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en consecuencia procede entrar en el fondo de las cuestiones que en los mismos se plantean.
  
Los presentes recursos de alzada tienen una íntima conexión e identidad sustancial entre sí, por lo que procede su acumulación, de conformidad con lo establecido en el art. 73 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
No obstante, debe hacerse una precisión de carácter jurídico formal referida a la naturaleza jurídica de acto de trámite del Acuerdo de 9 de mayo de 2000, de mera ?suspensión- de la tramitación de un documento de planeamiento. Sin embargo, lo cierto es que la administración está obligada a admitir a trámite el recurso de alzada interpuesto ya que en la notificación de dicho acuerdo de suspensión se dio el oportuno recurso a los respectivos interesados, debiendo entrar por ello a valorar las razones de fondo que determinen bien su estimación, bien su desestimación y ello sobre la base de los principios generales del derecho relativos al respeto de la confianza legítima, la buena fe y la prohibición de ir en contra de los propios actos (art. 3 y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 enero, de Modificación de la Ley 30/1992, de RJAAPP y del PAC).
  
Segundo. Los recursos de alzada interpuestos se basan, en síntesis, en las siguientes alegaciones:
  
1. Defectuosa notificación del acuerdo de aprobación provisional.
  
2. Se incumple con el trámite de información pública al pasar de un PRI uniparcelario que se transforma en un PRI de manzana completa con nuevos afectados que no son informados.
  
3. La norma escrita prevalece sobre la gráfica , y a este respecto, en el anexo 3 de las normas urbanísticas del PGOU se establece una reserva dotacional (pág.193 y pág.201) y se ha tenido en cuenta dicha superficie dotacional en el cómputo global de dotaciones del Plan General. En el Anexo del Doc. núm. 1 memoria y anejos (páginas 148 y 150), correspondiente al trámite de exposición pública del PGOU no aparecen los escritos remitidos con fecha 31 de marzo de 2000 por el Ayuntamiento de Alberic en los que trata de justificar el carácter no dotacional de referido inmueble. Estos escritos aportados al expediente no los conocía nadie, y por eso la CTU en acuerdo de 23 de marzo de 2.000 emitió informe desfavorable y propuso suspender la aprobación definitiva. Una vez remitidos dichos escritos, la CTU admitió la versión municipal.
  
4. Consideran que carece de consistencia la teoría del error material puesto que se confirma su presencia (uso dotacional) tanto en la pág. 193 como en la 201 del anexo 3 del PGOU. En el caso de entender que fuera un error material éste exigiría per se una Modificación del G.A.B.K y retrotraerse las acciones a las fechas anteriores a la subasta del bien demanial, dado que el expediente a disposición del público ha estado incompleto.
  
5. Debería hacerse un recálculo justificativo de que, pese a todo, se cumplen las condiciones de dotación después de haber reducido la cantidad de 2.508 m2.
  
6. Se ha incrementado el aprovechamiento lucrativo privado y que la modificación singular del PGOU es improcedente acometerla mediante un PRI.
  
En relación con las citadas alegaciones formuladas por los recurrentes, el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Alberic, en el informe de fecha 31 de marzo de 2000, señala: ?el solar ubicado en la av. Glorieta núm. 20, enclavado en la manzana núm. 121 del Plan General de Ordenación Urbana (aprobado definitivamente por la CTU en fecha 27.9.1990) vigente, está clasificado y calificado en su totalidad como solar edificable, con un número de plantas de VI recayente a la av. Glorieta, y de IV para el resto de calles con fachada al solar.
  
Es decir, resulta incuestionable que el solar en cuestión no sólo no constituye una reserva dotacional, sino que tiene la condición de edificable de uso residencial en manzana densa, según plano de alineaciones y rasantes y usos pormenorizados del suelo.
  
Si bien al iniciarse los trabajos de redacción del Plan General, la idea de la Corporación era la de destinar dicha manzana a una edificación de uso público en un entorno ajardinado, con posterioridad se estimó más conveniente calificar la totalidad de la manzana como edificable en altura en toda su extensión. A tal efecto se adjunta copia del escrito de alegaciones de la Corporación suscrito por el propio alcalde del Ayuntamiento, en fecha 17 de enero de 1989, e informe del equipo redactor del Plan aceptando de plano dicha alegación, aprobada en sesión plenaria de fecha 6 de julio de 1989, así como autorización de la Conselleria de Presidencia para la venta del solar.
  
Por consiguiente, el dato de que figure en el Anexo 3 al PGOU la manzana 121 como Centro cultural, es un simple error del redactor del Plan que omitió, por olvido, eliminar el susodicho dato?.
  
Respecto a la cuestión del aumento del aprovechamiento lucrativo privado, el Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Alberic, en su informe de 22 de diciembre de 1999: ?se comprueba que la edificabilidad potencial del solar de propiedad municipal establecida en el PGOU, se respeta totalmente en el PRI al igual que la edificabilidad asignada al solar de la promotora de actuación de 12.280 m² es inferior a la potencial del PGOU para dicha parcela, fijada en 12.712 m². Así pues, de lo expuesto, cabe resaltar que si bien la ordenación propuesta modifica el régimen de plantas establecidas en el PGOU, pero si ordena la volumetría creando una línea de cornisa uniforme en todo el frente de la av. Glorieta, así como en el resto de viarios de menor anchura, crea una altura de fachada de acuerdo al PGOU y retranqueándose para fijar la nueva volumetría, con lo que se facilita el asoleamiento de dichos viarios?. Y a la misma conclusión se obtiene del informe de fecha 22 de diciembre de 1999, del secretario del Ayuntamiento de Alberic.
  
Por último, conviene citar el informe de 1 de septiembre de 2000, del Secretario del Ayuntamiento de Alberic que señala: ?se debe hacer hincapié en la afirmación del carácter edificable residencial de la totalidad de la manzana 121 del PGOU de Alberic y por consiguiente, también del solar afectado por el PRI, tal y como reconoce la propia CTU en el acuerdo recurrido.
  
Debe tenerse presente, además de los documentos gráficos que de forma inequívoca subrayan el carácter residencial de la manzana, que el informe de alegaciones municipales de 17 de enero de 1989 se refiere a la calificación de toda la manzana como edificable en alturas ?tal y como estaba en el PGOU vigente- (esto es, el Plan General vigente en 1989), y en este Plan General la manzana 121 estaba calificada como residencial en su totalidad.
  
Ha quedado acreditado que el PRI no supone un incremento del aprovechamiento lucrativo establecido expresamente en el anexo 3 de las normas urbanísticas del PGOU, y aparte de la consideración subjetiva de los recurrentes, de que el espacio público que se crea tiene ?escasa funcionalidad?, pese a que no se aducen argumentos para basar dicha afirmación, no es menos cierto que la creación de ese espacio público produce un esponjamiento de la trama urbana, diferente al diseño macizado anterior al PRI.
  
Por otra parte, la tramitación administrativa ha sido correcta, pues ha ido más allá incluso de las exigencias legales. En efecto, el artículo 38.2.A, de la LRAU, sólo exige la notificación personal de la aprobación provisional cuando esta represente una modificación sustancial respecto de la ordenación inicial a los interesados personados en el expediente. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió extender la notificación incluso a los no personados, entendiendo por tales a cuantos figuran como titulares catastrales de la manzana 121 en el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
  
Es evidente que el acto de aprobación provisional es un acto de trámite, y según el art.107, a sensu contrario, de la Ley 30/1992, tales actos no son susceptibles de impugnación, salvo si deciden el fondo del asunto, producen indefensión circunstancias que no concurren en el presente caso, en donde el único efecto que ha producido la inclusión de la totalidad de la manzana en el ámbito del PRI ha sido el de legalizar una situación de fuera de ordenación de uno de los edificios, dejando prácticamente incólume el resto de la ordenación de la manzana, a excepción naturalmente del solar de la mercantil promotora?.
  
Tercero. Respecto a los citados recursos de alzada, cabe argumentar:
  
a) En cuanto a la defectuosa notificación del acuerdo de aprobación provisional por el Ayuntamiento de Alberic de fecha 24 de enero de 2000, ha sido cumplimentado el requisito exigido por el art.58 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y su modificación por Ley 4/1999, si bien la práctica de la misma puede considerarse insuficiente a tenor de las copias obrantes en el expediente, y ello por los siguientes motivos: no consta la identidad de los receptores de la misma, en algunas tampoco consta la fecha de recepción, en cuanto a las notificaciones intentadas y no efectuadas deben practicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOP, no constando que se haya practicado en el expediente.
  
No obstante lo anterior, la exposición al público de los planes de reforma interior se efectúa exhibiendo su documentación completa, y le son aplicables las reglas de tramitación de los programas cuando se tramiten junto a ellos, de acuerdo con el art.158 del Reglamento de Planeamiento. A pesar de ello, el Ayuntamiento ha aplicado el art. 38.2.A de la LRAU notificando a los interesados personados en el expediente, aunque en algunos casos lo haya hecho de forma defectuosa, lo que no puede ser causa invalidante del procedimiento sino mera irregularidad.
  
En definitiva, no se ha producido indefensión, puesto que los interesados, hoy recurrentes formularon alegaciones en la fase de exposición al público y posteriormente interpusieron los correspondientes recursos.
  
b) En la aprobación del expediente concurren las siguientes circunstancias: consta en las Ordenanzas la mención a una dotación pública en la manzana 121 afectada y que se corresponde con la parcela que dio origen a este PRI, no obstante, en el plano de usos pormenorizados correspondiente no resulta grafiada dicha dotación pública sino que por el contrario aparece como uso residencial con adjudicación de aprovechamiento. Para la resolución de esta discrepancia entre el texto de la norma y la documentación gráfica debe acudirse al art.3 del Código Civil, en el que como criterio de interpretación de las normas se regula el de los antecedentes históricos y legislativos de las mismas. Pues bien, de dicho precepto se extrae la necesidad de acudir al expediente administrativo de tramitación de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Alberic que constituye el antecedente legislativo que dio origen a la norma cuestionada. En dicho expediente aparecen unas alegaciones del Ayuntamiento de Alberic en las que se solicita al equipo redactor la eliminación del uso dotacional de dicha manzana, sobre la base de una serie de consideraciones, y que es debidamente contestada por el equipo redactor, acogiéndola y estimándola. En consecuencia es de apreciar que, efectivamente, el mantenimiento de dicha condición en el texto del Plan General debió deberse a un error del redactor, y en aras a la concisión de la presente resolución y a fin de evitar reiteraciones nos remitimos a los informes del Ayuntamiento citados en el fundamento jurídico anterior. Además, importa destacar que con la aprobación del PRI de mejora de la manzana 121 del PGOU de Alberic, se han subsanado todos los posibles errores materiales producidos al respecto en esta área. Puesto que dichos Planes de mejora pueden conforme a la legislación urbanística valenciana completar o, incluso, modificar la ordenación urbanística establecida en el Plan General.
  
c) Se confunde en los recurrentes la tramitación administrativa que dio origen a la norma reglamentaria, y que puede servir para interpretar las deficiencias existentes en el texto, con la propia norma que es la que debe encontrarse a disposición del público, y de ello deriva su solicitud de anulación de los actos anteriores a la aprobación misma del PRI, (procedimiento de subasta pública del bien) por entender que falta publicidad de un documento del expediente, resultando improcedente, puesto que la exigencia de publicidad afecta a la norma en si misma, es decir el Plan General.
  
d) Respecto a la procedencia de que mediante un PRI se modifique el Plan General respectivo, dicha posibilidad está prevista expresamente en el artículo 80.2 en relación con el artículo 82 y concordantes del Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.
  
Cuarto. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es competente para resolver los recursos de alzada interpuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico y Territorial de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Decreto 110/2000, de 18 de julio y el artículo 14.2 del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Desestimar los recursos de alzada interpuestos por don Francisco y don Javier Bisbal Cervelló, contra los Acuerdos de 9 de mayo y 20 de junio de 2000, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, referidos a la suspensión y aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior de mejora de la manzana 121 del Plan General de Ordenación Urbana de Alberic.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso'administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.