Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8021, del 18-04-2017 (2017/3205)

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2017, de la secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio, por la que se resuelve estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) y dejar sin efecto la Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección General de Comercio y Consumo.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8021

Fecha DOGV
:   18-04-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2017/3205


Fecha del documento
:   05-04-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2017, de la secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio, por la que se resuelve estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) y dejar sin efecto la Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección General de Comercio y Consumo. [2017/3205]  
Visto el recurso de alzada interpuesto por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) y en su nombre y representación Manuel Jiménez Perona, contra la Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se establece el horario diurno en que los establecimientos de suministro al por menor y venta al público de carburantes y combustibles, deberán disponer de una persona responsable de los servicios que se prestan mientras estén abiertos (DOCV 7801, 09.06.2016).  
  
Antecedentes de hecho  
  
Primero. Con fecha 9 de junio de 2016, se publica en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se establece el horario diurno en que los establecimientos de suministro al por menor y venta al público de carburantes y combustibles, deberán disponer de una persona responsable de los servicios que se prestan mientras estén abiertos.  
  
Segundo. Con fecha 21 de junio de 2016, se interpone recurso de alzada por AESAE, por la que solicita, de una parte, la anulación de la resolución impugnada, y de otra, la adopción como medida cautelar de la suspensión de la mencionada resolución. En resumen las alegaciones efectuadas por la recurrente es concretan en:  
a) Nulidad de pleno derecho de la resolución objeto de recurso, por tratarse de un acto de naturaleza reglamentaria. La entidad recurrente desarrolla los criterios jurisprudenciales y doctrinales que diferencian reglamento de acto administrativo, concluyendo que la resolución recurrida es, por su contenido, un reglamento.  
b) Vulneración de la legislación básica estatal, respecto de la normativa técnica que regula las instalaciones petrolíferas para el suministro al por menor de combustibles y carburantes de automoción denominadas «desatendidas»: en las que no hay personal afecto a la instalación y el suministro del vehículo lo realiza la persona consumidora al estar automatizado todo el proceso.  
c) Vulneración de la legislación básica que regula la venta automática en los artículos 49 a 51 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio detallista (LOCM).  
d) Vulneración de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado (LGUM).  
e) Infracción de lo previsto en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04.  
f) Infracción del derecho comunitario, en concreto de los artículos 49 a 62 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)  
g) Incumplimiento del requisito de comunicación a la Comisión Europea de las restricciones impuestas a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios recogidos en la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
  
Tercero. La Dirección General de Comercio y Consumo emite un informe con fecha 27 de junio de 2016.  
  
Cuarto. Con fecha 7 de julio de 2016, se solicita por la Subsecretaría a la Abogacía General que emita un informe respecto de la alegación formulada por la recurrente en relación con la naturaleza reglamentaria de la resolución impugnada.  
  
Quinto. La Abogacía General emite un informe con fecha 1 de agosto de 2016.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. Esta Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio es competente para resolver el recurso de alzada interpuesto, en virtud de lo que dispone el Decreto 100/2016, de 4 de agosto, del Consell, por el que se modifica el Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura básica de la Presidencia y de las conselleries de la Generalitat y el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (en lo sucesivo, LRJPAC).  
  
Segundo. El recurso de alzada se ha interpuesto dentro del plazo legal contenido en el artículo 115.1 de la LRJPAC.  
  
Tercero. La Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (DOCV 7689, 31.12.2015), dispone en el artículo 81:  
«Se añade una disposición adicional segunda a la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana, del siguiente tenor:  
Disposición adicional segunda. Personal en los establecimientos de distribución al por menor y venta al público de carburantes y combustibles  
Con la finalidad de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios de los colectivos del artículo 6, en todos los establecimientos de suministro al por menor y venta al público de carburantes y combustibles, mientras permanezcan abiertos y en servicio en horario diurno, deberán disponer de una persona responsable de los servicios que se prestan, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley.  
En el caso de personas con discapacidad, cuando no puedan acceder al suministro en régimen de autoservicio, serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones.  
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta disposición adicional es considerará una infracción grave.  
La concreción del horario diurno se hará por resolución de la dirección general competente en la materia.»  
En consecuencia, la Ley 10/2015 habilita el director general de Comercio y Consumo para el desarrollo reglamentario del horario diurno. Esta habilitación legal se materializó en la resolución que es objeto de recurso.  
En atención a su contenido, las alegaciones efectuadas por la recurrente deben agruparse en: alegaciones contra la Resolución de 28 de abril de 2016 y alegaciones contra la Ley 10/2015, que establece la obligatoriedad de disponer en los establecimientos de distribución al por menor y venta al público de carburantes y combustible de una persona responsable del servicio en horario diurno.  
En relación con este segundo grupo de alegaciones, detalladas en les apartados b) a g) del antecedente segundo de esta resolución, todas ellas tienen como denominador la disconformidad con el contenido de la disposición adicional segunda de la Ley 1/2011. En contestación a este conjunto de alegaciones hay que decir, en primer lugar, que contra una ley de la Generalitat no cabe recurso administrativo. En consecuencia, no es puede admitir con ocasión de la interposición de recurso de alzada que se formulen alegaciones contra las obligaciones establecidas en una ley. En este sentido, contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, solo cabe plantear el recurso de inconstitucionalidad regulado en los artículos 161 y siguientes de la Constitución Española. En conclusión, deben inadmitirse todas las cuestiones que plantea la recurrente sobre el contenido de la disposición adicional segunda de la Ley 1/2011.  
En relación con la alegación contra la Resolución de 28 de abril de 2016, que se concreta en que se ha vulnerado el principio de legalidad, a ser la resolución impugnada una disposición de naturaleza reglamentaria por su contenido, el informe de la Abogacía General de 1 de agosto de 2016 concluye, en su apartado quinto, que:  
«El propio informe del órgano directivo autor de la Resolución ya predetermina en parte la conclusión. La resolución, de acuerdo con dicho informe, lleva a cabo el desarrollo del Estatuto de los Consumidores y el órgano autor de la misma lo hace en virtud de un mandato del legislador que determina la competencia y «el tipo de norma exigida» para llevarlo a término. Y si se analiza el contenido de este desarrollo a través de la Resolución de 28 de abril de 2016, se pone de manifiesto que esta se integra en el ordenamiento jurídico, innovándolo con carácter general, y es susceptible de sucesivas aplicaciones sin que se agote en ellas su eficacia. Incluso establece excepciones al régimen general que deberán ser reconocidas por resolución motivada siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos que la propia resolución establece. Constituyendo además la concreción del horario diurno un elemento que integrará la infracción administrativa grave que se tipifica en la disposición adicional segunda del Estatuto de los Consumidores».  
En conclusión a las consideraciones efectuadas por la Abogacía General, al tratarse por su contenido de un reglamento, debe considerarse en este punto que la tramitación de la Resolución objeto de recurso no es ajustada a derecho. En este sentido, el desarrollo reglamentario de la disposición adicional segunda de la Ley 1/2011, debe adecuarse a lo que prevé el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat.  
Por todo ello, resuelvo:  
Estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) y dejar sin efecto la Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección General de Comercio y Consumo (DOCV 7801, 09.06.2016), a los efectos de que se tramite conforme a lo previsto en el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat.  
Desestimar el resto de alegaciones formuladas, por entender que no se pueden admitir cuando van dirigidas contra las obligaciones establecidas en una ley.  
Publíquese esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo que establecen los artículos 10.1.a, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
València, 5 de abril de 2017.- La secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio: Blanca Marín Ferreiro.