Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6256, del 29-04-2010 (2010/4483)

Información pública de la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación de la unidad de ejecución 07-UE-R.
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Número DOGV
:   6256

Fecha DOGV
:   29-04-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2010/4483


Fecha del documento
:   01-04-2010

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Castellón de la Plana
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación de la unidad de ejecución 07-UE-R. [2010/4483]  
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2010, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
Acuerdo:   
Visto el expediente que se está tramitando para con la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución 07-UE-R, delimitada por el paseo de Morella, prolongación de la calle de Villafamés y calle de Borriol, y los siguientes  
Antecedentes:  
1. En fecha 23 de enero de 2004 se aprobó el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 07-UE-R, situada entre el paseo de Morella, prolongación de la calle de Villafamés y calle de Borriol, con su cuenta de liquidación.  
2. Con posterioridad, se presentó reclamación por Enrique Mansilla García, en fecha 2 de julio de 2008 (RE nº 43177).  
3. Por el interesado se presentó escrito en el que ponía de manifiesto que el proyecto de reparcelación aprobado no ha considerado como vial público la porción de terreno a la que tiene fachada el local propiedad de quien suscribe (Autoescuela Palma, SL) alegando la condición de público de ese terreno porque catastralmente consta como vial, porque el Ayuntamiento así lo ha reconocido al concederle un vado, porque el título de propiedad del alegante señala que «tiene su acceso por la puerta que abre a la calle sin nombre» y porque ese hecho ha sido reconocido por sentencia judicial. No presenta prueba alguna de todo lo alegado. Por otra parte manifiesta que el proyecto de reparcelación debe declararse nulo de pleno derecho por no haberse notificado a todos los titulares de derechos afectados por la actuación. No obstante lo anterior, cifra sus derechos en 383.195,77 euros, por la pérdida de valor del local ya que deja de tener dos fachadas y por perder la posibilidad de ser distribuido interiormente y por la pérdida de tres plazas de garaje.  
4. Por los servicios técnicos municipales se han emitido informes en fechas 18 de julio, 22 de julio y 27 de octubre de 2008, de los que se desprende que la cantidad que resulta de las valoraciones realizadas asciende a 68.520,86 euros, habiéndose efectuado el reparto proporcional entre todos los propietarios atendiendo a su porcentaje de participación según tabla que se adjunta al informe.  
5. Mediante Decreto de fecha 30 de octubre de 2008, se expuso al público la modificación de la cuenta de liquidación de la reparcelación por el plazo de un mes, a efectos de alegaciones.  
Teniendo en cuenta que:  
I. Trascurrido el plazo legalmente establecido, se han presentado alegaciones que han sido informadas por los técnicos municipales.  
1. Escrito de alegaciones presentado por Yolanda Aguilella Sábado (RE nº 78561 de 16 de diciembre de 2008) en el que pone de manifiesto que no es titular de ninguna finca situada en la unidad de ejecución 07-UE-R, ya que procedió a su venta mediante escritura de fecha 7 de abril de 2005 formalizada ante el notario Agustín Cerdá Ferrer con nº de protocolo 754. No aporta la citada escritura aunque adjunta fotocopia del impuesto de incremento del valor de terrenos urbanos liquidado ante el Ayuntamiento. A requerimiento de este Ayuntamiento presenta la escritura mencionada, en fecha 16 de febrero de 2010, de la que se desprende que Nuria, Yolanda y Adrian Aguilella Sábado y Juana María Aguilella Lorente venden las participaciones indivisas que los mismos titularizan de la parcela de resultado A de la reparcelación 07-UE-R, que suman el 79,66% del dominio a Miguel y Maria Carmen Sánchez Aguilella, perteneciendo el resto de participación, esto es el 20,34%, a María Carmen Aguilella Sábado. Por lo tanto, procede estimar esta alegación.  
2. Escritos de alegaciones presentados por Enrique Mansilla García (RE 1087 de 9 de enero de 2009 y RE 12132 de 20 de febrero de 2009) en los que reproduce sus reclamaciones expuestas en escrito de 2 de julio de 2008, sin que tampoco aporte en esta ocasión ninguna documentación que avale la veracidad de sus manifestaciones. El Ayuntamiento le requiere la presentación del título de propiedad del local sito en el paseo de Morella, nº 15 y de la sentencia judicial a la que hace referencia en sus escritos que reconoce la condición de vial público al entrador al que da fachada la Autoescuela Palma. Ante este requerimiento el señor Mansilla presenta la escritura de propiedad del citado local y la concesión del vado permanente en el paseo de Morella, nº 15 (callejón) en 28 de mayo de 1985 pero no presenta la sentencia a la que alude en sus escritos por considerar que debe obrar en los archivos municipales. Sin embargo no da ninguna referencia de la citada sentencia, como fecha, número de la resolución, órgano judicial que la dictó, para que pueda ser localizada por este Ayuntamiento.  
Con respecto a la condición de vial público del entrador que tiene acceso por el paseo de Morella, cabe decir que la concesión de un vado permanente por el Ayuntamiento, no le confiere al terreno la condición de vial público. Además, ni el Plan General de Ordenación Urbana de 1984 ni el de 2000, ratificado recientemente por Resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 28 de enero de 2010, han reconocido la condición de vial público a este terreno. De haber sido así, el Ayuntamiento, como propietario de este vial, hubiera participado en la reparcelación de la 07-UE-R pero no ha sido así, sino que este terreno forma parte de la finca aportada nº 6, tal y como se desprende de su título de propiedad en el que se describe la finca como «edificio que se compone de varios cuerpos de planta baja, y uno de ellos en parte de piso alto, destinados a cuadra para ganados y almacén de piensos y otros servicios, con un gran patio descubierto; situado en los ensanches de esta capital, con tres puertas a la calle de Gandia, números 6, 6D y 8, más otra puerta recayente a terreno de esta finca que se destinó a entrada desde el paseo de Morella».  
De todo ello se desprende que existe una servidumbre de luces y vistas de hecho, no constituida legalmente ya que no figura inscrita en el Registro de la Propiedad, regulada en el título VII del Código Civil, pero igualmente indemnizable por su desaparición al ser incompatible con la ordenación urbanística.  
Respecto a la indemnización solicitada por el alegante, que asciende a 383.195,77 euros, obran en el expediente informes del arquitecto municipal y del ingeniero técnico municipal en los que se estudia la valoración presentada y se llega a la conclusión de que la cantidad indemnizable por la pérdida de valor inmobiliario del local tras la ejecución de la obra prevista por el PGOU asciende a 38.520,86 euros, y los daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del PAI 07-UE-R sobre la actividad de Autoescuela Palma, SL, ascienden a 30.000 euros, cantidad a la que asciende la indemnización por la pérdida de una plaza de garaje según valor de mercado en la zona.   
A la vista de lo anteriormente expuesto, procede estimar parcialmente las alegaciones presentadas por Enrique Mansilla García.  
3. Escrito de alegaciones presentado por Juan Alberto Oller Sanz, en nombre y representación de Lubasa Desarrollos Inmobiliarios, SL, Sociedad Unipersonal, anteriormente denominada Construcciones Lidón, SA (RE 77871 de 11 de diciembre de 2008). Exponen que la citada mercantil es titular de una de las parcelas resultantes de la unidad de ejecución 07-UE-R; que en la notificación recibida no se especifica si la cuenta de liquidación sometida a información pública es la definitiva o una modificación de la provisional; muestran su disconformidad con la indemnización propuesta por la pérdida de valor del local de Autoescuela Palma, SL por varios motivos: 1. la superficie de terreno que el peticionario de la indemnización considera vial público, se consideró comprendida dentro de la finca aportada nº 6, en congruencia con el título de propiedad aportado 2. ni el Plan General vigente ni el anterior han considerado como vial público ese terreno 3. en cuanto al vado, la administración tiene facultades para revocar esa licencia ya que se otorgó sobre suelo no calificado urbanísticamente como público 4. el peticionario no aporta la sentencia judicial a la que alega y que le confiere al terreno la condición de público y 5. no se sabe a qué obedece la indemnización a Autoescuela Palma, SL porque si es porque se considera como vial público el suelo al que da frente se deben modificar los derechos aportados por la finca nº 6, exigirle el importe por el exceso de cabida y repartirlo entre todos los propietarios; si es porque existía un derecho-servidumbre sobre la finca nº 6 este derecho puede trasladarse a la finca de resultado.  
A requerimiento de este Ayuntamiento presentan la escritura de propiedad ya que no se había identificado la finca de la que era titular Lubasa Desarrollos Inmobiliarios, SL, Sociedad Unipersonal, y a la vista de la misma queda acreditada la titularidad de la finca de resultado A del proyecto de reparcelación de la 07-UE-R.  
Respecto a las alegaciones formuladas, indicar que, efectivamente, ni el Plan General de Ordenación Urbana de 1984 ni el de 2000, ratificado recientemente por Resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de 28 de enero de 2010, han reconocido la condición de vial público al entrador que tiene acceso por el paseo de Morella. Este terreno forma parte de la finca aportada nº 6, tal y como se desprende de su título de propiedad en el que se describe la finca como «edificio que se compone de varios cuerpos de planta baja, y uno de ellos en parte de piso alto, destinados a cuadra para ganados y almacén de piensos y otros servicios, con un gran patio descubierto; situado en los ensanches de esta capital, con tres puertas a la calle de Gandia, números 6, 6D y 8, más otra puerta recayente a terreno de esta finca que se destinó a entrada desde el paseo de Morella».   
De esta descripción se desprende que existe una servidumbre de luces y vistas de hecho, no constituida legalmente ya que no figura inscrita en el Registro de la Propiedad, regulada en el título VII del Código Civil, pero igualmente indemnizable por su desaparición al ser incompatible con la ordenación urbanística a tenor de lo dispuesto en el artículo 18.5 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y en el artículo 168.2 de la Ley Urbanística Valenciana en cuanto a su distribución proporcional entre todos los propietarios.  
Por todo ello, procede desestimar las alegaciones presentadas.  
II. El artículo 67.1 del la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, dispone que son cargas de la urbanización que todos los propietarios deben retribuir en común al urbanizador: A) El coste de las obras, proyectos e indemnizaciones respecto a las inversiones necesarias para cubrir los objetivos imprescindibles del programa.  
III. El artículo 168.2 a) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, establece que son gastos que afectan de forma individualizada a cada uno de los propietarios, sin que constituya remuneración al urbanizador: a) La parte proporcional que le corresponda de las indemnizaciones que procedan por las obras de urbanización preexistentes y que sean útiles a la actuación, así como para la extinción de derechos y destrucción de bienes a consecuencia de la ejecución del planeamiento.  
IV. El artículo 18.5 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, determina que las indemnizaciones por la extinción de servidumbres prediales o derechos de arrendamiento incompatibles con el instrumento de ordenación urbanística o su ejecución, se considerarán gastos de urbanización en el instrumento de distribución de beneficios y cargas correspondiente.  
V. El artículo 181.1 de la Ley 16/2005, dispone que las cuotas de urbanización y su imposición tendrán que ser aprobadas por la administración actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a una audiencia previa de los afectados o se tramitará junto con el proyecto de reparcelación.  
VI. El artículo 127.1.d) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que corresponde a la Junta de Gobierno Local las aprobaciones de, entre otros, los instrumentos de gestión, por lo que procede a dicho órgano adoptar el presente acuerdo.  
En relación con todo ello, vistos los preceptos citados y los informes del arquitecto municipal, del ingeniero técnico industrial municipal y de la técnica de administración general del Negociado Administrativo de Planeamiento y Gestión Urbanística, conformado por la asesora jurídica de Planeamiento y Gestión Urbanística que figuran en el expediente, a propuesta de la Comisión de Estudio del Área de Desarrollo de la Ciudad, Sostenibilidad, Medio Ambiente, Vivienda y Servicios Urbanos se acuerda:  
Estimar la alegación presentada por Yolanda Aguilella Sábado; estimar parcialmente la alegación presentada por Enrique Mansilla García y desestimar la alegación presentada por Lubasa Desarrollos Inmobiliarios, SL Sociedad Unipersonal, por los motivos anteriormente expuestos.  
2º. Aprobar la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución 07-UE-R, en la que se incrementa la cantidad de 68.520,86 euros a pagar proporcionalmente entre los propietarios de la unidad.  
3º. Dar traslado a los particulares interesados y publicar este acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en prensa.  
4º. Dar cuenta al Registro de la Propiedad a los efectos oportunos.»  
Contra el acto que se publica, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que lo ha dictado (art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por las leyes 11/1999 y 57/2003 y 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificados por Ley 4/1999) o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón dentro del plazo de dos meses (art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por las leyes 11/1999 y 57/2003 y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre). En ambos casos, el plazo se computará desde el día siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio.  
Castellón de la Plana, 1 de abril de 2010.- El alcalde: Alberto Fabra Part.