Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6149, del 20-11-2009 (2009/13693)

Información pública del Acuerdo del Pleno de 24 de septiembre de 2009, por el que se aprueba el proyecto de reparcelación de la UE sector 11, Collet II, y se resuelven recursos de reposición.
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Número DOGV
:   6149

Fecha DOGV
:   20-11-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2009/13927


Fecha del documento
:   27-10-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Benicarló

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Benicarló
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública del Acuerdo del Pleno de 24 de septiembre de 2009, por el que se aprueba el proyecto de reparcelación de la UE sector 11, Collet II, y se resuelven recursos de reposición. [2009/13664]  
El Pleno del Ayuntamiento de Benicarló, en sesión ordinaria celebrada en fecha 24 de septiembre de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
Punto 13. Dictamen a la propuesta de resolución de los recursos de reposición interpuestos contra el Acuerdo de Pleno de 28 de diciembre de 2006, de aprobación del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial Sector 11 Collet II, en relación con el proyecto de reparcelación. Se somete a consideración de la corporación el informe-propuesta del TAG de Urbanismo, de fecha 7 de agosto de 2009:  
«Relación de hechos  
I. En febrero de 2005 los servicios técnicos municipales redactan la alternativa técnica del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución Plan Parcial Sector 11-Collet II, consistente en memoria del programa, justificante acreditativo de la solicitud de cédula de urbanización y proyecto de urbanización, y está acompañado de proyecto de reparcelación y plan parcial de mejora, referidos todos ellos al Sector 11-Collet II.  
II. Mediante Decreto del teniente de alcalde delegado del área de Urbanismo de 1 de marzo de 2005, se somete la documentación anterior al preceptivo trámite de información pública, mediante la publicación de un anuncio en el DOGV (número 4.974, de 3 de marzo de 2005), en el periódico El Mediterráneo de fecha 21 de marzo de 2005, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.  
III. En fecha 26 de enero de 2006, el director general de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Territorio y Vivienda expide la correspondiente cédula de urbanización.  
IV. En fecha 6 de noviembre de 2006, el conseller de Territorio y Vivienda resuelve informar favorablemente la modificación de emplazamiento de zonas verdes en el Plan Parcial de Mejora Sector 11-Collet II, en cumplimiento del artículo 55.4 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).  
V. El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2006, acordó estimar y desestimar las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública, según el informe emitido por el arquitecto municipal, señor Pérez Lores, de fecha 1 de junio de 2005, y ordenando su incorporación al proyecto de reparcelación en todo lo que resulte procedente; así mismo, acordó aprobar el Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución del Plan Parcial Sector 11-Collet II, el proyecto de urbanización y el plan parcial de mejora, así como, designar como modalidad de gestión la directa, asumiendo el Ayuntamiento de Benicarló la condición de agente urbanizador.  
VI. Notificado el anterior acuerdo a los interesados, se han interpuesto los siguientes recursos de reposición contra el mismo:  
a) Isabel Sánchez Ballesteros, NIF: 90836599, con domicilio a efectos de notificaciones en el paseo Febrer Soriano número 112, en fecha 16 de febrero de 2007 (registro de entrada número 2.918), en cuanto a los siguientes extremos:  
- Reproducción de las alegaciones presentadas en mayo de 2005, salvo los puntos que han sido estimados.  
- Ilegalidad de la inclusión de la parcela de su propiedad en el ámbito de la unidad de ejecución, porque se trata de una parcela que ya ha adquirido condición de solar y en la que existe una edificación patrimonializada.  
- Error en la superficie de la parcela inicial número 2.  
- Disconformidad con las indemnizaciones propuestas en el proyecto de reparcelación. Debe mantenerse o indemnizarse el derecho de paso y de acueducto existente sobre la finca inicial número 1.f, propiedad de IFF.  
- Inviabilidad económica del desarrollo de la actuación.  
- Desproporción de la actuación urbanística con los objetivos que con la misma se pretenden alcanzar.  
- Anuncio de solicitud de dictamen arbitral de peritos sobre los costes de urbanización.  
b) José Fuentes Fuster, NIF: 32373287T, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Los Olivos número 2, 2º, y Javier Fuentes Fuster, NIF: 68982358J, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Mossen Lajunta número 22, de Benicarló, en fecha 19 de febrero de 2007 (registro de entrada número 2.959), en cuanto a los siguientes extremos:  
- Tras la propuesta de modificación del plan parcial de mejora, en el sentido de establecer como usos prohibidos, entre otros, el residencial en todas sus categorías, a excepción de la zona 6.11.d, por lo que sigue permitiéndose compatibilidad de usos en dicha zona, sin establecerse coeficientes de ponderación. El uso residencial tiene mayores rendimientos económicos que el uso industrial y, por ende, mayor aprovechamiento.  
- La ubicación de la EDAR en el sector, por tratarse de una infraestructura de interés general prioritario, debe quedar claramente establecida o excluida de los instrumentos de planeamiento, al objeto de que se cumpla con el principio de seguridad jurídica. Se vulnera el principio de equidad, ya que los propietarios del sector deben soportar el coste de una instalación que aprovecha a la generalidad de la población del municipio.  
c) Juan Francisco Esteller Arín, DNI: 29893588, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Magallanes, núm. 1, de Benicarló, y Santiago Esteller Arín, DNI: 86361871, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Magallanes, núm. 1, de Benicarló, en fecha 19 de febrero de 2007 (registro de entrada núm. 2.968), en cuanto a los siguientes extremos:  
- Solicitud de suspensión cautelar de la programación del sector hasta que se haya aprobado la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló.  
- Inviabilidad económica del desarrollo de la actuación.  
- Desproporción de la actuación urbanística con los objetivos que con la misma se pretenden alcanzar.  
- Anuncio de solicitud de dictamen arbitral de peritos sobre los costes de urbanización.  
VII. En fecha 16 de marzo de 2007, el arquitecto municipal, señor Pérez Lores, emite informe del siguiente tenor:  
«Asunto: contestación de recursos de aprobación del Programa de Actuación Integrada sector 11 Collet II y propuesta aprobación proyecto de reparcelación.  
Habiéndose finalizado el plazo para la presentación de recursos en relación con la aprobación del Plan Parcial sector 11 Collet II y la adjudicación por gestión directa del PAI correspondiente, se han presentado tres recursos al mismo por los siguientes titulares:  
- Mª Isabel Sánchez Ballesteros.  
- Juan Francisco Esteller Arín y Santiago Esteller Arín, en representación de Esteller Import, SL.  
- José Fuentes Fuster y Javier Fuentes Fuster.  
Recurso de Mª Isabel Sànchez Ballesteros  
El recurso reproduce las alegaciones presentadas en el período de exposición al público del planeamiento y del procedimiento de gestión, sin aportación de argumentos nuevos sobre los procedimientos en curso.  
No habiéndose aportado nuevos argumentos a los contestados en el informe de este técnico municipal de fecha 1 de junio de 2005, se reproducen las contestaciones a la alegación entonces presentada, que se dictaminó por la Comisión de Urbanismo y se incorporó al acuerdo de aprobación de Pleno de 28 de diciembre de 2006.   
Recurso de Juan Francisco Esteller Arín y Santiago Esteller Arín, en representación de Esteller Import, SL.  
El recurso reproduce las alegaciones presentadas en el período de exposición al público del planeamiento y del procedimiento de gestión, sin aportación de argumentos nuevos sobre los procedimientos en curso, salvo la referencia que se realiza sobre la contradicción que considera el recurrente acerca de la aprobación de un proceso urbanístico cuando, en la actualidad, se está procediendo a la revisión del Plan General, no considerando procedente el mantenimiento de Uso Industrial del Sector.  
La contestación que se realizó en el informe de alegaciones se mantiene para este informe en lo que hace referencia a las alegaciones que el recurrente ha reiterado, con las siguientes matizaciones en referencia a la existencia de una industria química y la posible implantación de la EDAR municipal en el sector, lo cual se considera que son elementos disuasorios para la futura implantación de nuevas industrias. Los usos industriales y terciarios de posible implantación en el sector están limitados a aquellos que no puedan producir efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente. Por otra parte, es intención de la corporación, en la actualidad, no implantar la EDAR en el ámbito del sector, trasladando su ubicación al nivel 4 del Suelo No Urbanizable, para lo cual se está redactando el correspondiente planeamiento especial que permita dicha implantación. Por lo tanto, quedan así desvirtuados los argumentos referentes a la dificultad que suponía para la implantación de nuevas actividades el hecho de que existieran en el sector actividades que, por sus características molestas o peligrosas, pudieran ser un obstáculo para las nuevas iniciativas empresariales.  
Respecto de la improcedencia de la programación del sector en el momento en que se está llevando a cabo la revisión del Plan General, tan sólo matizar que en los documentos provisionales del concierto previo no se ha alterado la clasificación, ni calificación del sector que se está programando, por lo que el desarrollo del Plan General vigente no entra en contradicción con los trabajos de revisión del Plan.  
No habiéndose aportado nuevos argumentos, por lo tanto, y en base a lo explicado anteriormente en lo relativo a la sí procedencia de gestionar el PAI paralelamente a la revisión del plan y la imposibilidad de implantar actividades molestas o peligrosas y el hecho de que la EDAR ya no es previsible que se implante en el sector, se informa desfavorablemente el recurso presentado.   
Recurso de José Fuentes Fuster y Javier Fuentes Fuster.  
El recurso reproduce las alegaciones presentadas en el período de exposición al público del planeamiento y del procedimiento de gestión en lo referente a la necesidad de aplicar coeficientes correctores por diferentes usos previstos en el sector y sobre la improcedencia de implantar una EDAR Municipal en el ámbito del mismo.  
En lo referente a la necesidad de aplicar coeficientes correctores por diferentes usos en el sector, se informa de forma similar a la contestación realizada en el informe anterior de fecha 1 de junio de 2005, sobre la alegación de que existen aprovechamientos que puedan dar lugar a rendimientos económicos muy diferentes, tal como establece el artículo 65 de la Ley reguladora de la Actividad Urbanística. El mantenimiento del carácter global del uso industrial en el sector limita considerablemente los rendimientos económicos que pudieran derivarse de la posible implantación de usos residenciales en una pequeña parte del mismo. Las implantaciones industriales, si bien no deben ser incompatibles con la vecindad de residencia, sí limitan su atractivo en el mercado inmobiliario, eliminando el criterio establecido en la ley de rendimientos muy diferenciados, al reducir los rendimientos económicos posibles de forma clara. Ello, aún más, es así cuando en el resto del sector no están prohibidos el resto de usos que establece el artículo 37 del Plan General de Ordenación Urbana, salvo el residencial (viviendas unifamiliares y plurifamiliares) y el docente, así como todos aquellos que puedan resultar nocivos para la salud y el medio ambiente. En este sentido, sí son admisibles los usos que el recurrente menciona como de imposible implantación y que alega que su prohibición reduce el aprovechamiento económico del sector. Sí son admisibles en todo el sector los usos terciarios. Es admisible el hotelero, que el recurrente menciona que no es posible implantar; el comercial; el de oficina; el sanitario; el socio-cultural; recreativo; etc; es decir, usos que también producen rendimientos económicos diferenciados, aunque no lo suficiente como para poder considerarse, a los efectos de la posibilidad que ofrece el artículo 65 de la Ley reguladora de la Actividad Urbanística, rendimientos muy diferentes que aconseje aplicar coeficientes diferenciadores de usos.  
Por otra parte, se recurre el hecho de que el ayuntamiento pretenda implantar una EDAR en el sector, y ello por tratarse de una infraestructura que da servicio al conjunto de la población. Por una parte, ello no es contradictorio con las determinaciones que la legislación establece sobre elementos de la red primaria. Su obtención con cargo a un determinado sector se encuentra recogida en la legislación urbanística, artículo 201.2 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística actualmente vigente. Pero, por otro lado, el ayuntamiento ha desestimado la opción de la implantación de la EDAR en el sector, tal como ya se ha comentado en la contestación de la alegación anterior. Por lo tanto, la alegación presentada en su día queda vacía en su argumentación.   
En la actualidad, el recurrente solicita que en el planeamiento quede claramente establecida o excluida la implantación de la EDAR, al objeto de que los propietarios no vean vulnerado el principio de equidad que supone la implantación de un equipamiento, que se integraría en la red primaria, sin las debidas compensaciones municipales.  
No exige la legislación urbanística que el planeamiento establezca el uso al que debe destinarse el equipamiento previsto en el sector, en este caso una ID, infraestructura-servicio urbano. La definición de tal equipamiento o, en su caso, su modificación por un nuevo equipamiento público, se establecerá en función de las necesidades que la administración titular considere en cada momento.  
Por último, no es cierto que no se indemnicen los suelos de cesión, pues sí se ha previsto la compensación a los propietarios del sector por aplicación del aprovechamiento subjetivo que les corresponde sobre sus parcelas iniciales en el momento de gestionar el sector, lo que les proporciona una participación en los aprovechamientos del sector, para cuyo cálculo total sí se ha computado el suelo destinado a dotaciones.   
Por todo ello, se informa desfavorablemente el recurso presentado al no considerarse la existencia de usos que den lugar a rendimientos económicos muy diferentes, tal como exige la legislación urbanística, ni ser objeto de compensación ajena al propio proceso de reparcelación la obtención por parte de la administración de un suelo con destino dotacional público adscrito al sector.  
Se propone, por lo tanto, la desestimación de los recursos presentados, así como la aprobación del proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución del sector 11, Collet II, con la consideración de los informes favorables emitidos en fecha 1 de junio de 2005, cuya incorporación al proyecto se acordó por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 28 de diciembre de 2006.  
Se adjunta cuadro de liquidación provisional en el que se incorporan las cantidades que fueron aprobadas en dicho acuerdo como indemnizaciones por destrucción de elementos no compatibles con la ordenación, para su consideración en el momento de proceder a su liquidación definitiva.»  
Fundamentos de derecho  
Primero. Considerando que la normativa de aplicación es la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV), y de acuerdo con lo previsto en los artículo 68 y siguientes de la LRAU.  
Segundo. En cuanto al recurso de reposición presentado por Mª Isabel Sànchez Ballesteros.  
El recurso reproduce las alegaciones presentadas en el período de exposición al público del planeamiento y del procedimiento de gestión, sin aportación de argumentos nuevos sobre los procedimientos en curso.  
No habiéndose aportado nuevos argumentos a los contestados en el informe del arquitecto municipal, señor Pérez Lores, de fecha 1 de junio de 2005, se reproducen las contestaciones a la alegación entonces presentada, que se dictaminó por la Comisión de Urbanismo y se incorporó al acuerdo de aprobación de Pleno de 28 de diciembre de 2006.   
Tercero. En cuanto al recurso de reposición presentado por Juan Francisco Esteller Arín y Santiago Esteller Arín.  
El recurso reproduce las alegaciones presentadas en el período de exposición al público del planeamiento y del procedimiento de gestión, sin aportación de argumentos nuevos sobre los procedimientos en curso, salvo la referencia que se realiza sobre la contradicción que considera el recurrente acerca de la aprobación de un proceso urbanístico cuando, en la actualidad, se está procediendo a la revisión del Plan General, no considerando procedente el mantenimiento de uso industrial del sector.  
La contestación que se realizó en el informe de alegaciones se mantiene para este informe en lo que hace referencia a las alegaciones que el recurrente ha reiterado, con la siguientes matizaciones en referencia a la existencia de una industria química y la posible implantación de la EDAR municipal en el sector, lo cual se considera que son elementos disuasorios para la futura implantación de nuevas industrias. Los usos industriales y terciarios de posible implantación en el sector están limitados a aquellos que no puedan producir efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente. Por otra parte, es intención de la Corporación, en la actualidad, no implantar la EDAR en el ámbito del sector, trasladando su ubicación al nivel 4 del Suelo No Urbanizable, para lo cual se está redactando el correspondiente planeamiento especial que permita dicha implantación. Por lo tanto, quedan así desvirtuados los argumentos referentes a la dificultad que suponía para la implantación de nuevas actividades el hecho de que existieran en el sector actividades que, por sus características molestas o peligrosas, pudieran ser un obstáculo para las nuevas iniciativas empresariales.  
Respecto de la improcedencia de la programación del sector en el momento en que se está llevando a cabo la revisión del Plan General, tan sólo matizar que en los documentos provisionales del concierto previo no se ha alterado la clasificación, ni calificación del sector que se está programando, por lo que el desarrollo del Plan General vigente no entra en contradicción con los trabajos de revisión del plan.  
No habiéndose aportado nuevos argumentos, por lo tanto, y en base a lo explicado anteriormente en lo relativo a la sí procedencia de gestionar el PAI paralelamente a la revisión del plan y la imposibilidad de implantar actividades molestas o peligrosas y el hecho de que la EDAR ya no es previsible que se implante en el sector, se informa desfavorablemente el recurso presentado.   
Cuarto. En cuanto al recurso presentado por José Fuentes Fuster y Javier Fuentes Fuster.  
El recurso reproduce las alegaciones presentadas en el período de exposición al público del planeamiento y del procedimiento de gestión en lo referente a la necesidad de aplicar coeficientes correctores por diferentes usos previstos en el sector y sobre la improcedencia de implantar una EDAR municipal en el ámbito del mismo.  
En lo referente a la necesidad de aplicar coeficientes correctores por diferentes usos en el sector, se informa de forma similar a la contestación realizada en el informe anterior de fecha 1 de junio de 2005, sobre la alegación de que existen aprovechamientos que puedan dar lugar a rendimientos económicos muy diferentes, tal como establece el artículo 65 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. El mantenimiento del carácter global del uso industrial en el sector limita considerablemente los rendimientos económicos que pudieran derivarse de la posible implantación de usos residenciales en una pequeña parte del mismo. Las implantaciones industriales, si bien no deben ser incompatibles con la vecindad de residencia, sí limitan su atractivo en el mercado inmobiliario, eliminando el criterio establecido en la ley de rendimientos muy diferenciados, al reducir los rendimientos económicos posibles de forma clara. Ello, aún más, es así cuando en el resto del sector no están prohibidos el resto de usos que establece el artículo 37 del Plan General de Ordenación Urbana, salvo el residencial (viviendas unifamiliares y plurifamiliares) y el docente, así como todos aquellos que puedan resultar nocivos para la salud y el medio ambiente. En este sentido, sí son admisibles los usos que el recurrente menciona como de imposible implantación y que alega que su prohibición reduce el aprovechamiento económico del sector. Sí son admisibles en todo el sector los usos terciarios. Es admisible el hotelero, que el recurrente menciona que no es posible implantar; el comercial; el de oficina; el sanitario; el socio-cultural; recreativo; etc; es decir, usos que también producen rendimientos económicos diferenciados, aunque no lo suficiente como para poder considerarse, a los efectos de la posibilidad que ofrece el artículo 65 de la LRAU, rendimientos muy diferentes que aconseje aplicar coeficientes diferenciadores de usos.  
Por otra parte, se recurre el hecho de que el ayuntamiento pretenda implantar una EDAR en el sector, y ello por tratarse de una infraestructura que da servicio al conjunto de la población. Por una parte, ello no es contradictorio con las determinaciones que la legislación establece sobre elementos de la red primaria. Su obtención con cargo a un determinado sector se encuentra recogida en la legislación urbanística, artículo 201.2 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística actualmente vigente. Pero, por otro lado, el ayuntamiento ha desestimado la opción de la implantación de la EDAR en el sector, tal como ya se ha comentado en la contestación de la alegación anterior. Por lo tanto, la alegación presentada en su día queda vacía en su argumentación.   
En la actualidad, el recurrente solicita que en el planeamiento quede claramente establecida o excluida la implantación de la EDAR, al objeto de que los propietarios no vean vulnerado el principio de equidad que supone la implantación de un equipamiento, que se integraría en la red primaria, sin las debidas compensaciones municipales.  
No exige la legislación urbanística que el planeamiento establezca el uso al que debe destinarse el equipamiento previsto en el sector, en este caso una ID, infraestructura-servicio urbano. La definición de tal equipamiento o, en su caso, su modificación por un nuevo equipamiento público, se establecerá en función de las necesidades que la administración titular considere en cada momento.  
Por último, no es cierto que no se indemnicen los suelos de cesión, pues sí se ha previsto la compensación a los propietarios del sector por aplicación del aprovechamiento subjetivo que les corresponde sobre sus parcelas iniciales en el momento de gestionar el sector, lo que les proporciona una participación en los aprovechamientos del sector, para cuyo cálculo total sí se ha computado el suelo destinado a dotaciones.   
Por todo ello, se informa desfavorablemente el recurso presentado al no considerarse la existencia de usos que den lugar a rendimientos económicos muy diferentes, tal como exige la legislación urbanística, ni ser objeto de compensación ajena al propio proceso de reparcelación la obtención por parte de la administración de un suelo con destino dotacional público adscrito al sector.  
Quinto. En mérito de lo expuesto, de conformidad con las disposiciones citadas y demás normativa de aplicación, procede elevar al Pleno del Ayuntamiento, como órgano competente para la resolución del citado expediente, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 22.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  
La corporación, de conformidad con el informe-propuesta del TAG de Urbanismo y el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, con el voto favorable de once de los miembros asistentes y nuevo abstenciones (representantes del grupo municipal socialista y del grupo municipal del Bloc), acuerda:   
«Primero. En relación con el recurso de reposición presentado por Mª Isabel Sánchez Ballesteros, en fecha 16 de febrero de 2007 (registro de entrada número 2.918), el recurso reproduce las alegaciones presentadas en el período de exposición al público del planeamiento y del procedimiento de gestión, sin aportación de argumentos nuevos sobre los procedimientos en curso.  
No habiéndose aportado nuevos argumentos a los contestados en el informe del arquitecto municipal, señor Pérez Lores, de fecha 1 de junio de 2005, se dan por reproducidas las contestaciones a la alegación entonces presentada, que se dictaminó por la Comisión de Urbanismo y se incorporó al acuerdo de Pleno de 28 de diciembre de 2006.   
Segundo. Desestimar el recurso de reposición presentado por Juan Francisco Esteller Arín y Santiago Esteller Arín, en fecha 19 de febrero de 2007 (registro de entrada número 2.968), dado que el recurso reproduce las alegaciones presentadas en el período de exposición al público del planeamiento y del procedimiento de gestión, sin aportación de argumentos nuevos sobre los procedimientos en curso, salvo la referencia que se realiza sobre la contradicción que considera el recurrente acerca de la aprobación de un proceso urbanístico cuando, en la actualidad, se está procediendo a la revisión del Plan General, no considerando procedente el mantenimiento de uso industrial del sector.  
La contestación que se realizó en el informe de alegaciones se mantiene en lo que hace referencia a las alegaciones que el recurrente ha reiterado, con la siguientes matizaciones en referencia a la existencia de una industria química y la posible implantación de la EDAR municipal en el sector, lo cual se considera que son elementos disuasorios para la futura implantación de nuevas industrias. Los usos industriales y terciarios de posible implantación en el sector están limitados a aquellos que no puedan producir efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente. Por otra parte, es intención de la corporación, en la actualidad, no implantar la EDAR en el ámbito del sector, trasladando su ubicación al nivel 4 del suelo no urbanizable, para lo cual se está redactando el correspondiente planeamiento especial que permita dicha implantación. Por lo tanto, quedan así desvirtuados los argumentos referentes a la dificultad que suponía para la implantación de nuevas actividades el hecho de que existieran en el sector actividades que, por sus características molestas o peligrosas, pudieran ser un obstáculo para las nuevas iniciativas empresariales.  
Respecto de la improcedencia de la programación del sector en el momento en que se está llevando a cabo la revisión del Plan General, tan sólo matizar que en los documentos provisionales del concierto previo no se ha alterado la clasificación, ni calificación del sector que se está programando, por lo que el desarrollo del plan general vigente no entra en contradicción con los trabajos de revisión del plan.  
No habiéndose aportado nuevos argumentos, por lo tanto, y en base a lo explicado anteriormente en lo relativo a la sí procedencia de gestionar el PAI paralelamente a la revisión del plan y la imposibilidad de implantar actividades molestas o peligrosas y el hecho de que la EDAR ya no es previsible que se implante en el sector, se desestima el recurso presentado.   
Tercero. Desestimar el recurso presentado por José Fuentes Fuster y Javier Fuentes Fuster, en fecha 19 de febrero de 2007 (registro de entrada número 2.959). El recurso reproduce las alegaciones presentadas en el período de exposición al público del planeamiento y del procedimiento de gestión en lo referente a la necesidad de aplicar coeficientes correctores por diferentes usos previstos en el sector y sobre la improcedencia de implantar una EDAR municipal en el ámbito del mismo.  
En lo referente a la necesidad de aplicar coeficientes correctores por diferentes usos en el sector, se considera de forma similar a la contestación realizada en el informe anterior de fecha 1 de junio de 2005, sobre la alegación de que existen aprovechamientos que puedan dar lugar a rendimientos económicos muy diferentes, tal como establece el artículo 65 de la LRAU. El mantenimiento del carácter global del uso industrial en el sector limita considerablemente los rendimientos económicos que pudieran derivarse de la posible implantación de usos residenciales en una pequeña parte del mismo. Las implantaciones industriales, si bien no deben ser incompatibles con la vecindad de residencia, sí limitan su atractivo en el mercado inmobiliario, eliminando el criterio establecido en la ley de rendimientos muy diferenciados, al reducir los rendimientos económicos posibles de forma clara. Ello, aún más, es así cuando en el resto del sector no están prohibidos el resto de usos que establece el artículo 37 del PGOU, salvo el residencial (viviendas unifamiliares y plurifamiliares) y el docente, así como todos aquellos que puedan resultar nocivos para la salud y el medio ambiente. En este sentido, sí son admisibles los usos que el recurrente menciona como de imposible implantación y que alega que su prohibición reduce el aprovechamiento económico del sector. Sí son admisibles en todo el sector los usos terciarios. Es admisible el hotelero, que el recurrente menciona que no es posible implantar; el comercial; el de oficina; el sanitario; el socio-cultural; recreativo; etc; es decir, usos que también producen rendimientos económicos diferenciados, aunque no lo suficiente como para poder considerarse, a los efectos de la posibilidad que ofrece el artículo 65 de la LRAU, rendimientos muy diferentes que aconseje aplicar coeficientes diferenciadores de usos.  
Por otra parte, se recurre el hecho de que el Ayuntamiento pretenda implantar una EDAR en el sector, y ello por tratarse de una infraestructura que da servicio al conjunto de la población. Por una parte, ello no es contradictorio con las determinaciones que la legislación establece sobre elementos de la red primaria. Su obtención con cargo a un determinado sector se encuentra recogida en la legislación urbanística, artículo 201.2 del ROGTU actualmente vigente. Pero, por otro lado, el Ayuntamiento ha desestimado la opción de la implantación de la EDAR en el sector, tal como ya se ha comentado en la contestación de la alegación anterior. Por lo tanto, la alegación presentada en su día queda vacía en su argumentación.   
En la actualidad, el recurrente solicita que en el planeamiento quede claramente establecida o excluida la implantación de la EDAR, al objeto de que los propietarios no vean vulnerado el principio de equidad que supone la implantación de un equipamiento, que se integraría en la red primaria, sin las debidas compensaciones municipales.  
No exige la legislación urbanística que el planeamiento establezca el uso al que debe destinarse el equipamiento previsto en el sector, en este caso una ID, infraestructura-servicio urbano. La definición de tal equipamiento o, en su caso, su modificación por un nuevo equipamiento público, se establecerá en función de las necesidades que la administración titular considere en cada momento.  
Por último, no es cierto que no se indemnicen los suelos de cesión, pues sí se ha previsto la compensación a los propietarios del sector por aplicación del aprovechamiento subjetivo que les corresponde sobre sus parcelas iniciales en el momento de gestionar el sector, lo que les proporciona una participación en los aprovechamientos del sector, para cuyo cálculo total sí se ha computado el suelo destinado a dotaciones.   
Por todo ello, se desestima el recurso presentado al no considerarse la existencia de usos que den lugar a rendimientos económicos muy diferentes, tal como exige la legislación urbanística, ni ser objeto de compensación ajena al propio proceso de reparcelación la obtención por parte de la administración de un suelo con destino dotacional público adscrito al sector.  
Cuarto. Aprobar el proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución del Sector 11, Collet II, con la consideración de los informes favorables emitidos en fecha 1 de junio de 2005, cuya incorporación al proyecto se acordó por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 28 de diciembre de 2006.  
Quinto. Notificar esta resolución a los interesados y ordenar su publicación mediante edicto en un diario de información general editado en la Comunidad Valenciana y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, según dispone el artículo 69.1 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la Actividad Urbanística, indicando que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes (artículos 52 de la Ley /1985, de Bases del Régimen Local y 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), o bien, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Castellón en el plazo de dos meses (artículos 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Los citados plazos se computarán desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.»  
Benicarló, 27 de octubre de 2009.- El teniente de alcalde delegado de Urbanismo: Antonio Cuenca Caballero.