Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4145, del 11-12-2001 (2001/11341)

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual del Plan General de Villarreal relativa al cambio de calificación de una parcela de sistema general de espacios libres a red primaria de aparcamiento.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4145

Fecha DOGV
:   11-12-2001

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/11151


Fecha del documento
:   26-09-2001

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Vila-real
    * plan de urbanismo

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente la modificación puntual del Plan General de Villarreal relativa al cambio de calificación de una parcela de sistema general de espacios libres a red primaria de aparcamiento. [2001/A11487]
  
Visto el expediente relativo a la modificación puntual del Plan General de Villarreal (Castellón), sobre cambio de calificación de una parcela dotacional, y de conformidad con los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
1. El Pleno del Ayuntamiento de Villarreal acordó exponer al público la modificación por acuerdo de 7 de noviembre de 2000, lo que se llevó a cabo mediante anuncios insertados en el periódico Levante de 14 de diciembre de 2000 y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 26 de diciembre de 2000. Transcurrido el período de información al público, durante el que se presentaron tres alegaciones, el Pleno aprobó provisionalmente la modificación en sesión de 26 de febrero de 2001, tras lo que se remite para aprobación definitiva el 7 de marzo de 2001.
  
2. El proyecto consta de memoria y planos.
  
3. No se han emitido informes sectoriales.
  
4. En sesión de 5 de abril de 2001, la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón acordó informar favorablemente la modificación puntual del Plan General de Villarreal relativa al cambio de calificación de una parcela de sistema general de espacios libres a sistema general de aparcamiento, elevando propuesta de aprobación definitiva de la modificación al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, previo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.
  
5. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 2 de mayo de 2001, informó favorablemente el presente expediente.
  
6. En sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2001, el Pleno del Consejo Jurídico Consultivo emitió el preceptivo dictamen según el cual «la modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villarreal, relativa a cambio de calificación de una manzana dotacional integrante del sistema general de espacios libres (GEL), por sistema general aparcamiento (GEC-11) es conforme al ordenamiento jurídico».
  
Fundamentos de derecho
  
1. La tramitación de la modificación ha sido correcta, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y siguientes de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU).
  
2. La documentación está completa, a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la LRAU.
  
3. La modificación que se examina supone la introducción de una alteración en la calificación urbanística de una parcela. Tal y como reiteradamente ha establecido la jurisprudencia, la determinación concreta de la calificación de unos terrenos se enmarca claramente dentro de la discrecionalidad del planeamiento urbanístico, gozando en tales casos la administración de amplia libertad para elegir, entre las alternativas posibles, la forma en la que el territorio ha de quedar ordenado. Asimismo, las citadas determinaciones urbanísticas trazan, junto con otras, el modelo físico de una convivencia puramente local, sin incidencia en intereses supralocales, por lo que, cuando de tales determinaciones se trate, aquella discrecionalidad debe ser actuada por el Ayuntamiento, desde la representación que le confiere su legitimación democrática.
  
La LRAU recoge claramente esta línea jurisprudencial. Así, el artículo 40 de esta ley autonómica, tras explicitar los cometidos autonómicos que permiten formular objeciones a la aprobación definitiva del planeamiento municipal, establece que le está vedado a la resolución autonómica de aprobación cuestionar la interpretación de tal interés formulada por el municipio desde su propia representatividad. Como se indica en el preámbulo de la LRAU, esta ley atribuye a la política municipal gestora del urbanismo un espacio de decisión propio, en el que los órganos representativos de la colectividad local podrán apreciar la oportunidad de las iniciativas urbanísticas que se le planteen.
  
De este modo, la resolución autonómica de aprobación se ha de limitar en este caso a llevar a cabo un control de mera legalidad del contenido de la modificación.
  
4. El objeto de la modificación es cambiar la calificación urbanística de una parcela de aproximadamente 14.000 metros cuadrados situada al sur-este del municipio, en el ámbito del suelo urbanizable programado de uso terciario, que pasa de sistema general de espacios libres a sistema general aparcamiento en superficie (hoy red primaria de dotaciones públicas). La manzana que se modifica se sitúa concretamente entre el vial de acceso sur, el vial borde este Carrefour SA, el vial borde norte de Carrefour, SA, y el vial prolongación avenida Europa.
  
El proyecto de modificación justifica la oportunidad del cambio de calificación en los siguientes términos:
  
«En el sector SUPT desarrollado se localizan Carrefour SA, el Hotel Vila-Real Palace, con salones de bodas y banquetes, unos multicines (9 en total pendientes de próxima apertura) y una parcela municipal donde se pretende una construcción comercial por los comerciantes de la localidad.
  
No obstante las distintas instalaciones disponer en el interior de sus parcelas de la reserva de aparcamientos exigible (algunos como Carrefour, SA, con un importante exceso sobre la reserva exigible), existe en el momento actual un problema de aparcamiento en la zona, fundamentalmente los viernes y sábados se agrava afectando al tráfico de acceso y salida de la población, al ocupar los vehículos todos los espacios disponibles, incluido parte del vial de acceso sur a la población».
  
De este modo, con el cambio de calificación se pretende «paliar la problemática existente en la zona». En concreto, según la memoria, con el cambio de zona verde GEL a zona de aparcamiento público GEC-11 se mejora la capacidad funcional de la zona y se resuelve una problemática de tráfico que puntualmente puede convertirse en un problema de seguridad ciudadana, en razón de la concentración que se produce.
  
En cuanto a la disminución de la superficie de los sistemas generales de espacios libres, se señala en la memoria que esta incidencia sobre la magnitud de las zonas verdes de sistema general es escasa, ya que con la reducción pasan de 355.780 metros cuadrados a 341.780 metros cuadrados, lo que supone una ratio de 7,48 metros cuadrados/habitante, muy superior al mínimo exigible. De otro lado, se señala que este sistema general no computó como estándar del plan Parcial. Por último, mediante escrito de 15 de marzo de 2001, el alcalde del Ayuntamiento de Villarreal comunicó que el Ayuntamiento había aprobado provisionalmente otra modificación puntual por la que se incrementaba la zona verde de red primaria en más de 20.000 metros cuadrados; esta otra modificación, que ha sido informada favorablemente por la Comisión Territorial de Urbanismo en su sesión de 5 de abril de 2001, crea un nuevo parque público de red primaria superior al que desaparece en esta modificación.
  
5. La presente modificación, como se ha dicho, supone el que una parcela de unos 14.000 metros cuadrados de superficie pase de estar clasificada como sistema general de espacios libres a estarlo de sistema general aparcamientos. De este modo, se mantiene el destino dotacional de los terrenos, por lo que no se incumple lo dispuesto en el artículo 55.3 de la LRAU y en el apartado tercero del artículo 17 del Anexo del RPCV. La propuesta presentada justifica expresamente que la nueva solución mejora la capacidad de la red primaria y no desvirtúa las opciones básicas de la ordenación originaria, con lo que se estaría cumpliendo igualmente lo prevenido en el artículo 54.2 de la LRAU.
  
De otro lado, tras la disminución de la superficie de zona verde se sigue cumpliendo el estándar establecido en el artículo 17.2.A de la LRAU, por cuanto el estándar resultante para el sistema general de espacios libres pasa a ser de 7,48 metros cuadrados por habitante.
  
6. Durante la información al público de la modificación se han presentado tres alegaciones, cuyo contenido es idéntico, las cuales reputan de ilegal la modificación por entender que la supresión de la zona verde y su sustitución por un aparcamiento resulta contrario a los intereses generales, por considerar que con la recalificación el Ayuntamiento incurre en desviación de poder y que se ha actuado en fraude de ley.
  
Estas alegaciones han sido debidamente informadas por los técnicos municipales, cuyas conclusiones es preciso asumir. Así, cabe indicar lo siguiente:
  
a) No existen razones que permitan concluir que la modificación sea contraria a los intereses generales. De conformidad con lo establecido en el artículo 40.2 de la LRAU, corresponde al Ayuntamiento apreciar la existencia de interés colectivo o interés público en la modificación que se propone. Así, el proyecto de modificación se refiere a la existencia de interés general que, afirma, experimenta una «evidente mejora» (apartado 1.4 de la memoria), al tiempo que alude a la mejora «de la capacidad funcional de la zona, resolviendo una problemática de tráfico, que puntualmente se puede convertir en problema de seguridad ciudadana (en razón a la concentración ciudadana que se produce para uso de los servicios existentes y futuros en períodos determinados, en la zona), sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación originaria» (apartado 2 de la memoria).
  
La apreciación que del interés colectivo (general o público) haga el Ayuntamiento, en el ejercicio de la potestad de planeamiento esencialmente discrecional, y su adecuación a los límites del ejercicio de la función pública urbanística, está sujeta a revisión jurisdiccional. En palabras del Tribunal Supremo, en su sentencia de 8 de junio de 3603 PW 5516, «naturalmente que tal potestad normativa de crear los diversos usos del suelo y de modificarlo a tenor de las exigencias cambiantes de la realidad, integra y supone el ejercicio de una facultad discrecional, no arbitraria, susceptible de control jurisdiccional, a través de la propia realidad de los hechos y de la aplicación de los principios generales del derecho».
  
En el presente caso, el ejercicio del ius variandi efectuado por el Ayuntamiento no es arbitrario, pues se justifica en criterios de racionalidad que convierten la decisión discrecional en jurídicamente irreprochable. En este sentido, el propio Consejo Jurídico Consultivo, en su dictamen 83/1998, de 19 de febrero de 1998, apreció la legalidad de una modificación de planeamiento que reducía una zona verde para aumentar el sistema viario, señalando la mayor racionalidad de la modificación al solucionar los problemas existentes en dicho sistema viario.
  
b) Tampoco se aprecia que la modificación incurra en desviación de poder. La desviación de poder supone el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Según ha establecido la jurisprudencia (por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 9661 DF 6140) «el vicio de desviación de poder (...) precisa para poder apreciarlo que quien lo invoque alegue los supuestos de hecho en que se funde, los pruebe cumplidamente, no se funde en meras opiniones subjetivas ni suspicacias interpretativas, ni tampoco se base en una oculta intención que lo determine». Los alegantes no han acreditado en modo alguno la existencia de desviación de poder. No existe, en definitiva, motivo serio para dudar que esta potestad de modificar la calificación no se haya ejercitado con el fin declarado de solucionar un problema de falta de aparcamientos que el Ayuntamiento ha detectado.
  
En el mismo sentido cabe mencionar la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1995 (RJ1995\9538), que señala como elementos necesarios de la desviación de poder: a) la existencia de un acto aparentemente ajustado a la legalidad pero que en el fondo persigue un fin distinto al interés público concreto querido por el legislador; b)la presunción de que la administración ejerce su potestad conforme a derecho; c) que si bien no es exigida una prueba acabada y completa, por la dificultad que ello comporta, tampoco es suficiente la mera alegación, por presunciones o conjeturas y sí que es necesario acreditar hechos o elementos suficientes para formar en el tribunal la convicción de que la administración acomodó su actuación a la legalidad, pero con finalidad distinta a la pretendida. En el presente caso, como ya se ha afirmado, no se ha probado por los alegantes en la forma señalada la existencia de la desviación de poder.
  
c) No se aprecia tampoco la existencia de fraude de ley. Según señala el Tribunal Supremo en su sentencia de 31 de marzo de 0291 AB 1787, «son requisitos esenciales del fraude de ley y del fraude procesal: a) que el acto o actos cuestionados sean contrarios al fin práctico que la norma defraudada persigue y supongan, en consecuencia, su violación efectiva; b) que la norma en la que el acto presente apoyarse (de cobertura) no vaya dirigida, expresa y directamente, a protegerlo, bien por no constituir el supuesto normal, bien por ser el referido un medio de vulneración de otras normas, bien por ir dirigido a perjudicar a otros, y c) manifestación notoria e inequívoca de la producción de un resultado contrario o prohibido por otra norma tenida como fundamental en la regulación de la materia, exigiendo una clara prueba de haberse obtenido un resultado contrario al querido por el ordenamiento jurídico, utilizando deliberadamente una norma para llegar a tal resultado».
  
En el presente caso, la memoria del documento, en la que se reitera que el destino del suelo tras la nueva calificación seguirá siendo de dotacional público, relata la existencia de nuevas necesidades sociales («existe en el momento actual un problema de aparcamiento en la zona, fundamentalmente los viernes y los sábados se agrava afectando al tráfico de acceso y salida de la población al ocupar los vehículos todos los espacios disponibles, incluido parte del vial de acceso al sur de la población», apartado 1.1 de la memoria) que la administración urbanística debe atender en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.1.a de la LRAU. Sobre este asunto es de citar el reiterado criterio del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (por ejemplo, en su dictamen 341/1999) que sigue el del Tribunal Supremo, según el cual «la potestad administrativa de planeamiento se extiende a la reforma de éste: la naturaleza normativa de los planes, en un sentido, y la necesidad de adaptarlos a las exigencias cambiantes de la realidad, en otro, justifican plenamente el ius variandi que en este ámbito se reconoce a la administración» (sentencia de 11 de febrero de 0754 XK 784 y de 8 de junio de 3112 EV 5516). No existe, en definitiva, motivo alguno para mantener que se produce un fraude de ley.
  
En conclusión, la modificación se ajusta a criterios de racionalidad y de mejora del interés público y no vulnera precepto legal alguno, por lo que no cabe efectuar reparo alguno a su aprobación.
  
7. La presente modificación conlleva la alteración de la calificación de una zona verde, por lo que se han recabado los informes exigidos en la normativa aplicable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55.4 de la LRAU, en relación con el artículo 10.8.e de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de creación del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.
  
8. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.d del Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto 77/1996, de 16 de abril, y en el artículo 39 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, la aprobación definitiva corresponde al conseller previo informe de la Comisión Territorial de Urbanismo y previo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, conforme con el Consejo Jurídico Consultivo, resuelvo:
  
Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General de Villarreal relativa al cambio de calificación de una parcela de sistema general de espacios libres a red primaria de aparcamiento.
  
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 26 de septiembre de 2001.- El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: José Ramón García Antón.