Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4629, del 13-11-2003 (2003/11192)

Notificación a José Blas Clemente. Expediente número 243/1260 CVH.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4629

Fecha DOGV
:   13-11-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/11511


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a José Blas Clemente. Expediente número 243/0527 ULW. [2003/M11683]
  
De conformidad con lo acordado por esta Subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente edicto 243/4912 CDI, se procede a notificar a José Blas Clemente, con último domicilio conocido en la calle del Doctor Bartual número 22- 3ª, de Valencia, la propuesta-resolución del expediente sancionador 243/03 SAN, de fecha 3 de octubre de 2003, dictado en el expediente sancionador, que se está tramitando en el Area de Inspección del Territorio:
  
Visto el expediente sancionador instruido contra José Blas Clemente como consecuencia de la visita de inspección realizada por el Grupo de Medio Ambiente de la Policía Local de Chiva, por supuesta infracción tipificada en la vigente Ley 10/2000, de la Generalitat Valenciana, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Habiéndose dictado Acuerdo de iniciación por el conseller de Medio Ambiente, de fecha 30 de mayo de 2003, nombrada la correspondiente instructora y secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del artículo13 párrafo 2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Comunicado dicho acuerdo en el que se imputaban los hechos siguientes:
  
Que, por el Grupo de Medio Ambiente de la Unidad de la Policía Autonómica de la Comunidad Valenciana (Policía Local de Chiva), en visita de inspección efectuada el pasado 28 de agosto de 2002, se pudo constatar que en la granja sita en la partida Blanquizar, polígono 38, parcela 92, del término municipal de Chiva, se efectuó un vertido no autorizado por esta Conselleria de neumáticos usados.
  
Visto que el interesado no ha presentado alegaciones dentro del plazo legalmente establecido.
  
Visto el artículo 73 párrafo 4 b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, en el que se califica la infracción como grave.
  
La instructora formula la siguiente:
  
Propuesta de resolución
  
Que se le imponga a José Blas Clemente, una multa de 12.020 euros (doce mil veinte euros).
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la citada ley, la entidad expedientada está obligada a reparar el daño causado, adoptando las medidas necesarias para restablecer el equilibrio medioambiental, que en este caso consistirá en la retirada de los neumáticos de la referida parcela, acreditando tal extremo a través de la presentación en este centro directivo de los documentos acreditativos de haber sido gestionados correctamente.
  
Con independencia de las sanciones que puedan corresponder en concepto de sanción, si los infractores no procedieran a la reposición o restauración, los órganos competentes podrán acordar la imposición de multas coercitivas, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará el 20% de la sanción establecida.
  
Vista la propuesta de resolución que antecede.
  
Vistos el artículo 75 de la citada ley, que establece las sanciones correspondientes a cada tipo de infracción; tenidas en cuenta las circunstancias contempladas en el párrafo 1 del citado precepto legal, y el artículo 80 que determina la competencia sancionadora.
  
El órgano competente para sancionar resuelve:
  
Imponer a José Blas Clemente una multa de 12.020 euros (doce mil veinte euros), tipificada en el artículo 73 párrafo 4 b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la citada ley, la entidad expedientada está obligada a reparar el daño causado, adoptando las medidas necesarias para restablecer el equilibrio medioambiental, que en este caso consistirá en la retirada de los neumáticos de la referida parcela, acreditando tal extremo a través de la presentación en este centro directivo de los documentos acreditativos de haber sido gestionados correctamente.
  
Con independencia de las sanciones que puedan corresponder en concepto de sanción, si los infractores no procedieran a la reposición o restauración, los órganos competentes podrán acordar la imposición de multas coercitivas, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará el 20% de la sanción establecida.
  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 116, apartado 1, en relación con los artículos 109, apartado c), y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, sede del órgano que ha dictado el acto administrativo a impugnar o ante el juzgado de lo contencioso administrativo de la capital de la provincia en la que el demandante tenga su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva, por lo que deberá hacer efectiva la multa en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras que se indican en el margen izquierdo del impreso que los interesados deberán recoger en el Area de la Inspección del Territorio de la Conselleria de Territorio y Vivienda. El pago deberán efectuarlo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto. Una vez efectuado el ingreso deberá remitirse a la Unidad de la Inspección del Territorio la copia rosa del documento como justificante de haber efectuado el pago.
  
Se le apercibe que de no abonarlo en dicho periodo voluntario, procederá sin más trámite a su exacción por vía ejecutiva
  
Significándole que a los efectos previstos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente:
  
- Informe denuncia de la policía local de fecha 28 de agosto de 2002.
  
- Acuerdo de iniciación de fecha 30 de mayo de 2003.