Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5491, del 17-04-2007 (2007/4299)

Notificación de la Resolución de 13 de febrero de 2007 del conseller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, interpuesta por D. Tomasz Pawel Smagiel.
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Número DOGV
:   5491

Fecha DOGV
:   17-04-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/4299


Fecha del documento
:   13-02-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Edicto

Vista la reclamación interpuesta en el expediente 099/2005, así como los antecedentes que constan en el Servicio de Gestión Administrativa y oído el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, resultan los siguientes:  
Antecedentes de Hecho  
Primero. En fecha 14 de junio de 2005, se recibió en ésta Conselleria reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por D. Tomasz Pawel Smagiel, por daños sufridos en el vehículo marca Fiat Palio matrícula GD-00401 por la caída de la línea eléctrica que se encuentra conectada al transformador del Club Náutico de Santa Pola.  
Segundo. Que el 10 de noviembre de 2005 se le acusó recibo de su escrito de interposición de reclamación de responsabilidad patrimonial, requiriéndole la subsanación de su reclamación conforme a lo establecido en el artículo 71.1 y 32 .3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de RJAPAC, y notificándole a su vez, la suspensión establecida en el artículo 42.5 a) y c) de dicho texto legal, hasta la subsanación de la legitimación y la recepción del informe técnico, que se requirió al Instituto Nacional de Meteorología, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial. Informe que fue recibido el 5 de diciembre de 2005.  
Por otro lado, se incorporó al expediente copia del informe del Centro de Desarrollo Marítimo de 10 de octubre de 2005 que se refería al mismo asunto, al ser común a otros expedientes.  
Tercero. Se procedió a admitir a trámite la reclamación en virtud de resolución del conseller de 21 de marzo de 2006, a la vez que, por acuerdo del Instructor, se procedió a abrir periodo probatorio, requiriéndose a la parte para que efectuara actividad probatoria.  
En dicho acuerdo se hizo constar la necesidad de acreditar la legitimación activa del reclamante, informando igualmente que la legitimación corresponde al titular del vehículo siniestrado.  
El reclamante ha remitido una copia simple de una documentación que, - se afirma -, corresponde al hermano del reclamante. D. Piotr Zbigniew Smagiel.  
Cuarto. Finalizado el periodo de prueba, se procedió a efectuar el trámite de audiencia por plazo de 10 días, sin que el reclamante haya formulado alegación alguna.  
Quinto. Formulada la Propuesta de Resolución por el Instructor, se remitió todo al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, para su preceptivo dictamen siendo evacuado el mismo el 1 de febrero de 2007.  
A los anteriores Hechos, le son aplicables los siguientes   
Fundamentos de Derecho  
Primero. Derecho de reclamación de la responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas. La Constitución en su artículo 106.2º y la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 139, párrafo 1, disponen:"Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos"  
Segundo. Resolución. A tenor de lo dispuesto en el artículo 142.2º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común le corresponde dictar la correspondiente resolución sobre reclamación de responsabilidad patrimonial, al conseller de Infraestructuras y Transporte.  
Tercero. Legitimidad del reclamante. La reclamación ha sido presentada por Tomasz Pawel Smagiel, quien no ha acreditado la titularidad del vehículo siniestrado.  
Abierto período probatorio, el reclamante se limita a aportar unas fotocopias no compulsadas de quien- se supone- debe ser el titular del vehículo siniestrado y de quien no consta que haya formulado la correspondiente reclamación ni se ha adherido a la presente.  
No obstante ello y dado que los documentos incorporados al expediente relativos al alcance económico de los daños aparecen a nombre de Tomasz Pawel Smagiel, se entiende que el mismo está legitimado para formular la reclamación de responsabilidad patrimonial.   
Cuarto. Hechos probados. Antes de entrar en el análisis de la legislación vigente aplicable al supuesto que nos ocupa, conviene señalar los hechos que tras la tramitación del expediente ha quedado acreditado:  
- Existencia del accidente.  
- Existencia de nexo causal.  
- Existencia de los daños evaluables.  
Ha quedado plenamente acreditado la existencia del incidente que provocó los daños en el vehículo. Así se desprende del informe efectuado por el Centro de Desarrollo Marítimo en el que se establece:  
"En el vial del contradique del puerto de Santa Pola, se ejecutó unos años un tendido aéreo provisional sobre postes de madera para suministro eléctrico.  
El día 1de junio de 2005, como consecuencia de los fuertes vientos que se soportaron durante dos días seguidos, se cayó el tendido eléctrico que alimenta el astillero Astondoa, y a náutica Antonio.  
Tras dos días de fuerte viento, la instalación no aguantó tanta tensión, y fallaron los elementos de anclaje, produciéndose la caída de los cables de alimentación eléctrica.  
La caída de esos cables, produjo daños a ciertos vehículos que se encontraban estacionados en el recinto del Club Náutico de Santa Pola." Entre dichos coches se encontraba el Fiat Palio matrícula 00105 GD.  
En el mencionado informe se indicaba que "el tendido aéreo forma parte de la red interior de distribución de energía eléctrica del puerto y fue ejecutado con cargo a los presupuestos de este centro."  
Por lo tanto, y como se ha indicado, ha quedado plenamente acreditado que los daños en el vehículo se produjeron por la caída de un tendido aéreo provisional sobre postes de madera para suministro eléctrico. Caída del tendido eléctrico consecuencia de los fuertes vientos que se produjeron durante dos días.  
Quinto. Requisitos de la responsabilidad patrimonial. Respecto al fondo del asunto el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, configura los requisitos que necesariamente deben concurrir para apreciar las responsabilidades que en cada caso se reclamen, "la institución o figura jurídica de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado o Entes Públicos queda configurada mediante el acreditamiento de una serie de requisitos, tales como: a) efectiva realidad del daño evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, b) que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los Servicios Públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención extraña que pudiera influir, alterando, en el nexo causal y c) que no se haya producido fuerza mayor -sentencias de 23 de enero de 1970 (R.212), 9 de junio de 1976 (R. 3553), 4 de octubre de 1978 (R.3319), 11 de abril de 5860 YD 4426)".  
Sexto. Sobre el nexo causal. La primera y fundamental justificación que ha de exigirse a toda reclamación de daños y perjuicios, por imperativo legal, ha de versar precisamente sobre la relación causa-efecto entre el funcionamiento de los servicios públicos y el daño alegado por el reclamante, siendo necesario que el nexo causal sea directo, inmediato y exclusivo, de forma que la existencia de otros factores, exonera de responsabilidad si es determinante del resultado lesivo.  
En orden a determinar la concurrencia o no de dicha relación causal debemos partir de considerar que es requisito necesario e ineludible que concurra una relación de causa a efecto entre el actuar administrativo y el daño invocado pues como señala la STS de 13 de noviembre de 1997 (RJ 1997\7952) "aun cuando la responsabilidad de la administración haya sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la administración en responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple hecho de instalaciones públicas, sino que es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla".   
Por otro lado, la doctrina del Consejo de Estado ha declarado que no todo perjuicio sufrido por los particulares hace que "el instituto de la responsabilidad patrimonial se transforme en una obligación universal de resarcimiento a cargo de la administración Pública. El hecho de que la responsabilidad de los poderes públicos sea objetiva, sólo exime de la prueba de la culpa de éstos, pero no del imprescindible nexo causal entre su conducta y el daño". (Dictamen del Consejo de Estado nº 1504/94, Sección 6ª, de 3-11-94; en el mismo sentido, Dictamen del Consejo de Estado nº 4250/96, Sección 6ª, de 19-12-96 y Dictamen 107/93, de 15 de julio, de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña).  
La carga de la prueba del resultado dañoso y la relación de causa efecto entre el funcionamiento de la administración y el daño corresponde a quien reclama, como así se ha encargado de establecer en numerosas sentencias el Tribunal Supremo. Entre ellas la Sentencia de 11 de abril de 1987 (RA 4426) establece en su fundamentación jurídica la carga de la prueba respecto del "resultado dañoso y relación de causa efecto entre aquélla y éste" incumbiendo la prueba a quien reclama, a la vez que es imputable a la administración la carga referente a la existencia de fuerza mayor cuando se alegue como causa de exoneración (sentencias 14 10 69 (RJ 4415), 28 1 72 (RJ 351), 2 2 80 (RJ 743), 25 6 82 (R 4852), etc., (los artículos citados lo son en razón de la fecha de los hechos enjuiciados en la sentencia citada, pero su contenido es reiterado por los artículos de la Ley 30/1992, que regulan actualmente la materia)".  
Tal y como se ha indicado, en el presente supuesto ha quedado demostrado que los daños en el vehículo se produjeron por la caída de un tendido aéreo provisional sobre postes de madera para suministro eléctrico. Caída del tendido eléctrico consecuencia de los fuertes vientos que se produjeron durante dos días.  
Faltaría por determinar si la existencia de los mencionados "fuertes vientos" tuvieron la entidad suficiente como para que ser considerados como un supuesto de fuerza mayor que rompería el nexo de causalidad entre los servicios públicos y el daño alegado.  
Para lo cual habrá que atender al informe presentado por el Instituto Nacional de Meteorología que establece:  
"Se puede decir que el viento en torno a las 12 del día 1 de junio de 2005 debió ser moderado, con rachas fuertes comprendidas entre 40 y 70 km/h.  
Como resumen, en general el viento debió ser moderado con rachas fuertes, salvo puntualmente y durante muy corto espacio de tiempo en la madrugada del 31 de mayo, ene l cual posiblemente se debió producir, asociada probablemente a una tormenta de escasa precipitación, alguna racha muy fuerte en la zona de Santa Pola. Por racha muy fuerte se entiende superior a 70 km/h. No se descarta plenamente que se pudiera haber alcanzado el valor puntual de 100 km/h.  
Es por ello que se estima que debió de tratarse de un episodio de viento no extraordinario, a pesar de que pudo haber alguna racha puntualmente muy fuerte durante al madrugada del día 31 de mayo.  
Anexo: La racha máxima registrada en el aeropuerto del Altet (a unos 10 km en línea recta de Santa Pola) durante los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2005 fue de 74, 54 y 54 km/h respectivamente."  
No tenían, por tanto, los vientos que provocaron la caída del tendido eléctrico, la consideración de extraordinarios siendo, en general, moderados con rachas fuertes, por lo que cabe concluir que el hecho que provocó el incidente y los daños alegados por el reclamante no se puede enmarcar en un supuesto de fuerza mayor en el sentido establecido por el Tribunal Supremo, es decir: "aquellos hechos que, aun siendo previsibles sean, sin embargo, inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motive sea extraña e independiente del sujeto obligado".  
Por lo tanto, en el presente supuesto, ha quedado acreditado el nexo de causalidad entre la actuación de los servicios públicos y la lesión alegada, debido, posiblemente, a una deficiente construcción y/o mantenimiento del tendido eléctrico que se desmoronó ante la existencia de unos vientos no extraordinarios sino moderados con rachas fuertes, sin que concurriera en la producción del hecho ni fuerza mayor ni concurrencia de culpa de la víctima o de un tercero, por lo que procede determinar la responsabilidad patrimonial de la administración Autonómica.  
Séptimo. Sobre la evaluación económica. Conviene realizar alguna consideración a la evaluación económica de la lesión que efectúa la reclamante.  
El reclamante -que no ha acreditado ser el titular del vehículo siniestrado-, aporta una factura expedida a su nombre por importe de 291,33 euros por la reparación del parabrisas del vehículo Fiat Palio, matrícula GD 00940.  
Igualmente aporta un presupuesto por importe de 229,12 euros por los daños relativos al espejo y pintura del precitado automóvil.  
Debe recordarse que el reclamante no ha remitido el documento que se le envió en su día con el objeto de acreditar plenamente la evaluación económica del daño.  
Por ello, no puede indemnizarse al reclamante por la cantidad solicitada relativa a los daños de pintura y espejo, dado que por dichos daños, D. Tomasz Pawel Smagiel, no ha acreditado haber sufrido pérdida patrimonial alguna.  
Por todo lo cual y Oído el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, vengo a dictar la siguiente, resolución  
Estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial, interpuesta ante la Conselleria de Infraestructuras y Transporte por cumplir los requisitos del art. 139 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común debiendo abonarse a D. Tomasz Pawel Smagiel la cantidad de 291,33 euros.  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de Reposición ante el conseller de Infraestructuras y Transporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la recepción de la misma, de acuerdo con lo previsto en el art. 116 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente, recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el caso de que la pretensión no exceda a 30.050 euros, o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 y 8.2 apartado c) de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.   
Valencia, 13 de febrero de 2007.- El jefe del Servicio de Gestión Administrativa: Vicente de Manuel Bernabeu.