Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6199, del 04-02-2010 (2009/14230)

Notificación del auto dictado en el juicio de medidas cautelares 000435/2009
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6199

Fecha DOGV
:   04-02-2010

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2009/14111


Fecha del documento
:   15-12-2009

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Alcoy

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del auto dictado en el juicio de medidas cautelares 000435/2009 [2009/14839]  
Medidas cautelares coetáneas 000435/5189-XH.   
Demandantes: José Fernando Vercher Ferrándiz y María Dolores Segura Ramos.  
Procurador: José Blasco Pla.  
Demandados: Joaquín Emeraro Gil Pérez y Gran Invest Continental, SL.   
Nieves Martín Rincón, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcoy (Alicante), hace saber:  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de los demandados Joaquín Emeraro Gil Pérez, con DNI 94304142J, y Gran Invest Continental, SL, con CIF I15193104, por providencia del día de la fecha, la jueza, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificar auto de fecha 3 de diciembre de 2009, siendo la resolución a notificar la que seguidamente se transcribe:   
«Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcoy.   
Medidas cautelares previas a la interposición de la demanda número 435/2009  
Demandantes: José Fernando Vercher Ferrándiz y Mª Dolores Segura Ramos.  
Procurador: señor Blasco Pla.  
Demandados: Joaquín Emeraro Gil Pérez y Gran Invest Continental, SL.   
Auto  
Alcoy, 3 de diciembre de 2009.  
Antecedentes de hecho  
Único. Por el procurador señor Blasco Pla, en nombre y representación de José Fernando Vercher Ferrándiz, y Mª Dolores Segura Ramos se presentó escrito de fecha 7 de mayo de 2009 por el que solicitaba la adopción de medidas cautelares previas a la demanda consistente en el embargo preventivo de la cantidad de 39.798,87 euros que fueron consignadas por los solicitantes, José Fernando Vercher Ferrándiz y Mª Dolores Segura Ramos, en la cuenta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcoy y que era la cantidad por la que se despachaba ejecución provisional, por Auto de fecha 4 de diciembre de 2008, que habiéndose celebrado la vista señalada, quedan los autos en la mesa de la proveyente para resolver.   
Fundamentos de derecho  
Único. El fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, el peligro de la mora procesal y la prestación de caución son, desde luego, factores fundamentales imprescindibles para la adopción de medidas cautelares. Dos son los requisitos, que se exigen: 1. Justificación del derecho que se reclama (bonus fumus iuris o título), por cuanto carecería de sentido el aseguramiento de la efectividad de una sentencia si desde el principio no se ofreciese justificación alguna del derecho que se pretende se reconozca en la resolución definitiva; y 2. periculum in mora, esto es, que exista peligro tangible de que el retraso en la obtención de la sentencia pueda dar lugar a su ineficacia real. Sin la concurrencia de tal peligro no podría procederse al aseguramiento que se solicite; todo ello sin olvidar que la existencia de peligro y la justificación del derecho no impedirán que el proceso pueda finalizar en una sentencia absolutoria, de manera que, para obviar este extremo, se exige de ordinario por la ley una contracautela.   
El artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece los momentos para solicitar las medidas cautelares, esto es, de ordinario, junto con la demanda principal, pudiendo también solicitarse antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad y con posterioridad a la presentación de la demanda o pendiente recurso sólo podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos.   
Pues bien, entiende esta juzgadora que la medida interesada pertenece a este tercer momento, por cuanto el letrado, a instancia de la juzgadora, aclara en el acto de la vista que la sentencia dictada en el juicio ordinario 3/2008, que se tramita en este Juzgado y en cuyo fallo se condena a José Fernando Vercher Ferrándiz y a Mª Dolores Segura Ramosa a abonar a Joaquín Emerano Gil Pérez y a Gran Invest Continental, SL la cantidad de 2.250 euros, ha sido recurrida en apelación por éstos y ante una posible estimación del recurso y para garantizar el abono de las costas que se les imponga a la parte contraria, se solicita el embargo de la cantidad consignada por José Fernando Vercher Ferrándiz y a Mª Dolores Segura Ramosa, en los autos de ejecución título judicial que se tramita en el Jugado de Primera Instancia número 1 de Alcoy, cuyo título ejecutivo corresponde a la sentencia firme dictada en ese juzgado por el que se condenaba a José Fernando Vercher Ferrándiz y a Mª Dolores Segura Ramosa al pago de 30.798,87 euros y que la cantidad restante, que asciende a 9.000,00 euros, corresponde a la cantidad presupuestada para intereses y costas.   
Que habiendo considerado los argumentos expuestos por la parte actora a los efectos de la procedencia de la medida solicitada, ciertamente no se cumplen los requisitos referidos, al pretender el embargo para garantizar un hipotético devengo de costas ante la posible estimación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en este Juzgado en el juicio ordinario 3/2008 y en la que sus representados han sido condenados a abonar la cantidad antes referida, es decir, la medida instada no asegura la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictase en resolución del recurso, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del recurso (peligro por la mora procesal), y no alega ni acredita un riesgo evidente que ante una sentencia estimatoria del recurso interpuesto no vea satisfecha la deuda reclamada, no satisfaciendo así el interés de la justicia.   
Asimismo, falta la justificación del derecho que se reclama (bonus fumus iuris o título), por cuanto carecería de sentido el aseguramiento de la efectividad de unas costas cuya condena se deriva del pronunciamiento de un fallo que no se ha dictado ni de unas costas que no han sido tasadas por el secretario judicial del órgano judicial, máxime cuando el embargo se interesa sobre la cantidad consignada y presupuestada para intereses y costas en una ejecución de sentencia firme y, por lo tanto, cantidad que es debida.   
Parte dispositiva   
Que se deniega la medida cautelar interesada. Contra el presente auto sólo cabe recurso de apelación.  
La parte que prepare un recurso frente a la presente resolución deberá, como requisito indispensable para su tramitación, constituir un depósito previo que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto, especificando en el resguardo de ingreso en el campo "Concepto" que se trata de un recurso, seguido del código 02 y la palabra "apelación", sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (los artículos 455 y siguientes de la Ley 1/0561 NPK y disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre).   
El ingreso del depósito ha de acreditarse con copia del resguardo de ingreso junto con la presentación del escrito de preparación del recurso.   
La obligatoriedad del depósito incluye a las resoluciones notificadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2009. Quedan excluidos los litigantes que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita (Instrucción del secretario general de la Administración de Justicia de 4 de enero de 2009).   
Si el recurso fuera estimado total o parcialmente, la parte deberá interesar la devolución del depósito mediante escrito presentado ante este Juzgado, una vez que los autos hayan sido devueltos al mismo, lo pronuncio, mando y firmo».  
Seguidamente, se cumple lo acordado. Doy fe.  
Alcoy, 15 de diciembre de 2009.- La secretaria judicial: Nieves Martín Rincón.