Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5122, del 26-10-2005 (2005/11255)

Notificación de la desestimación de la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración presentada por Joaquina Salguero Cortes.
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Número DOGV
:   5122

Fecha DOGV
:   26-10-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/11193


Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la desestimación de la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración presentada por Joaquina Salguero Cortes. [2005/X11410]
  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se hace pública la notificación de la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, expediente núm. 373/04, en relación a la reclamación formulada por Joaquina Salguero Cortes, ya que habiéndose intentado la notificación en el domicilio por ella indicado, ésta no se ha podido practicar.
  
Para que la reclamante pueda tener conocimiento del acto y quede constancia de tal conocimiento, se hace público un extracto de dicha resolución, notificada, con su contenido íntegro, en el tablón de edictos del ayuntamiento de su último domicilio conocido:
  
?Visto el expediente instruido en virtud de reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración de la Generalitat Valenciana instada por Joaquina Salguero Cortes, y teniendo en cuenta los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero: Con fecha 26 de enero de 2004 tiene entrada en la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo reclamación de responsabilidad patrimonial de Joaquina Salguero Cortes.
  
Segundo: Con fecha 28 de enero de 2004 tuvo salida en el registro general de los servicios territoriales de Economía y Hacienda de Alicante informe del director territorial de los referidos servicios territoriales sobre la reclamación presentada, así como parte de urgencias relativo a la reclamante de fecha 12.09.2003, así como informe de la Dirección General de Interior, Unidad de la Policía Autonómica de fecha 18 de septiembre de 2003.
  
Tercero: Que con fecha 28 de junio de 2004 la Subsecretaría de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo solicita informe de la reclamación a la jefa del Área Jurídica, de conformidad con el artículo 11.1 del Decreto 179/1994, de 19 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se desarrolla el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, respecto a la función interventora en su modalidad de fiscalización limitada.
  
Cuarto: Que con fecha 14 de septiembre de 2004 se emite informe por el Área Jurídica de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
  
Quinto: Con fecha 8 de octubre de 2004 el jefe del Servicio de Administración y Asuntos Generales remite al director territorial de Economía y Hacienda de Alicante copia del informe del Área Jurídica de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de fecha 14 de septiembre de 2004 y a la vista del mismo, solicita que amplíe su informe de fecha 27 de enero de 2004, a los efectos de que informe sobre si la causa de la presunta lesión podría ser el estado de conservación del elevador u otra circunstancia.
  
Sexto: Que con fecha 15 de octubre de 2004 el director Territorial de Economía y Hacienda de Alicante emite informe por el que amplía el informe de los hechos ocasionados el día 11 de septiembre de 2003, referidos a Joaquina Salguero Cortes.
  
Séptimo: Que con fecha 15 de noviembre de 2004 el secretario territorial, de la Dirección Territorial de Economía y Hacienda de Alicante emitió informe sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada, de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
  
Octavo: Que según acreditan los acuses de recibo de fecha 26 de octubre de 2005 y 23 de noviembre de 2005, se ha concedido a los reclamantes un plazo de 10 días hábiles para la vista del expediente y la posibilidad de formular alegaciones, según lo dispuesto en el art. 11 del citado Real Decreto 429/1993.
  
Practicadas sin éxito las notificaciones anteriores, se procedió, de acuerdo con lo establecido en el art. 58 y 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a hacer pública la notificación del acuerdo de apertura del trámite de audiencia a Joaquina Salguero Cortes en el DOGV núm.4.912 de 28 de diciembre de 2004.
  
Noveno: Que remitido el expediente al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, al objeto de que se emitiera el correspondiente dictamen preceptivo a que se refiere el artículo 12 del Real Decreto antes mencionado, el mismo fue evacuado por el Pleno de dicho órgano en sesión del día 7 de julio de 2004.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero: Que la solicitud formulada en el presente expediente, procede calificarla como de reclamación de responsabilidad patrimonial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo por el que se regula el procedimiento de la indicada reclamación, correspondiendo la competencia para resolver las mismas al conseller de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 142.2 de la citada Ley 30/92, en relación con el artículo 35, apartado k) de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano. No obstante hay que tener en cuenta que el art. 7 de la Orden de 23 de febrero de 2004 del conseller de Economía, Hacienda y Empleo (DOGV nº 4721, de 29.03.04) establece que resuelve: ?Delegar en el subsecretario de la conselleria la competencia para dictar resoluciones de los expedientes de responsabilidad patrimonial de la administración exigible a esta conselleria, así como ?en su caso- la aprobación del gasto y la firma de los correspondientes documentos de gestión contable?.
  
Segundo: La reclamación ha sido interpuesta por quien es interesado, a tenor de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 30/1992. De conformidad con lo establecido en el art. 3.1.1 de la Orden de 11 de septiembre de 2001, por la que se desarrolla el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, el órgano competente para la tramitación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se formulen contra este departamento, es el Servicio de Administración y Asuntos Generales dependiente de la Subsecretaría.
  
Tercero: Conforme a la normativa vigente ?artículo 106 de la Constitución española, artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 y Real Decreto 429/1993- la administración responde de toda lesión sufrida por el particular, en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que aquélla sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, sin aludir al carácter normal o anormal del mismo.
  
Los requisitos que necesariamente han de concurrir para que proceda la indemnización son los siguientes:
  
Existencia de una lesión o daño en cualquiera de los bienes o derechos, del particular afectado.
  
Imputación a la administración de los actos necesariamente productores de la lesión o daño.
  
Relación de causalidad entre el hecho imputable a la administración y la lesión, daño o perjuicio producido.
  
Que el daño alegado por los particulares sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
  
Que la acción de la responsabilidad indemnizatoria será ejercitada dentro del plazo de un año, contado a partir del hecho que motive la indemnización.
  
Cuarto: En cuanto a la reclamación de 5.278,63 euros en concepto de indemnización por lesiones y secuelas sufridas por la reclamante el 11 de septiembre de 2003 al subir las escaleras de acceso de los servicios territoriales de Economía y Hacienda de Alicante, no se aprecia la relación de causalidad entre los daños alegados por el reclamante y la actuación de la administración, ya que entre la actuación administrativa y el daño ocasionado debe existir una conexión de causa y efecto. Esta conexión no existió en el presente caso, ya que de acuerdo con el informe emitido por el servicio cuyo funcionamiento ocasionó presuntamente la lesión la instalación donde se produjo la caída de la reclamante era, según los técnicos, la adecuada, está al hilo de la pared derecha en la subida, y de izquierda en la bajada, de una escalinata de 3 metros de ancha, y sin que se haya retirado ningún hierro sobresaliente, siendo la plataforma elevadora instalada semejante a la que se encuentra en otros organismos públicos.
  
No existe, por tanto, relación de causalidad entre la actuación administrativa (estado de conservación e instalación de las escaleras de acceso y mecanismo de acceso para personas minusválidas de los servicios territoriales de Economía y Hacienda de Alicante) y el daño sufrido por la reclamante, ya que la administración sólo responde de los daños verdaderamente causados por su propia actividad o por sus servicios, no de los daños imputables a conductas o hechos ajenos a la organización o actividad administrativa.
  
Por todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 141.1 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial; en el artículo 35 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983 de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, y en el artículo 3.1.1. de la Orden de 11-09-01 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y en el artículo 9 del Decreto 112/2003 de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y en virtud de delegación efectuada mediante Orden de 23.02.2004, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo (DOGV nº 4721 de 29.03.04), y de conformidad con el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, cuya Comisión Permanente, en sesión del día 7 de julio de 2005 ha emitido el Dictamen 322/2005 este Servicio formula la siguiente resolución:
  
Desestimar la reclamación por responsabilidad patrimonial de la administración presentada por Joaquina Salguero Cortes, por las consideraciones anteriores?.
  
La presente resolución pone fin a la vía administrativa, por lo que contra ella podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación, con arreglo a lo que disponen los artículos 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Además, antes de acudir a la vía judicial, los interesados podrán recurrir potestativamente en reposición la resolución, ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado también desde el día siguiente de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
Siendo su último domicilio conocido a efectos de notificaciones en Alicante, c/ Orcheta, núm. 8, bajo derecha