Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5871, del 16-10-2008 (2008/11456)

Juicio medidas hijos extramatrimoniales contencioso 000063/2006. Notificación de la sentencia a Sheiqet Salihaj.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5871

Fecha DOGV
:   16-10-2008

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2008/11002


Fecha del documento
:   16-09-2008

Organismo emisor
:   Juzgado de Instruccion Número 1 de Torrevieja

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * sistema judicial

Juicio medidas hijos extramatrimoniales contencioso 000063/2006. Notificación de la sentencia a Sheiqet Salihaj. [2008/11815]  
Parte demandante: Ana María Marín.  
Parte demandada: Sheiqet Salihat.  
Sobre: medidas personales y patrimoniales en relación con hijos menores.  
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Sentencia  
Torrevieja, 9 de mayo de 2007   
Vistos por Iris Valero Paredes, juez del Juzgado de Instrucción y Violencia sobre la Mujer número 1, antiguo Primera Instancia e Instrucción, número 6 de Torrevieja y su partido, los autos registrados con el número 63/2006, sobre demanda de medidas personales y patrimoniales en relación con hijos menores presentada por Ana María Marín representada por la procuradora de los tribunales María Esther Pozuelo Cartagena bajo la dirección del letrado Nicolás M. Mirete Ruiz, contra Sheiget Salihaj, en situación procesal de rebeldía, con intervención de ministerio fiscal en la persona de José Antonio Ródenas López.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Ana María Marín representada por la procuradora de los tribunales María Esther Pozuelo Cartagena se presentó ante el Juzgado escrito formulando petición de medidas personales y patrimoniales respecto de la hija menor, haciendo exposición de los hechos y de los fundamentos de derecho aplicables.  
Segundo. Mediante auto dictado en fecha 20 de octubre de 2006, se procede a la admisión a trámite de la solicitud reseñada, emplazándose a al parte demandada, y contestándose a la demanda por el ministerio fiscal. Por providencia de 19 de abril de 2007 se declaró en situación procesal de rebeldía a Sheiqet Salihaj.  
Tercero. Señalado el día de hoy para la celebración de vista compareció la parte demandante debidamente asistida de letrado y representada por procurador, así como el ministerio fiscal, no haciéndolo el demandado declarado en situación procesal de rebeldía, admitiéndose como medios de prueba la documental, el interrogatorio de las partes, quedando las actuaciones vistas para sentencia.  
Razonamientos jurídicos  
Primero. Parte la jurisprudencia del reconocimiento de la plena legalidad de toda estable unión de hecho, entre un hombre, una mujer, como manifestación del derecho fundamental al «libre desarrollo de la personalidad» (artículo 10 de la Constitución) y la susceptibilidad de constituir con ella una familia tan protegible como la creada a través de la unión matrimonial (artículo 39 de la Constitución), proclamando que tales uniones matrimoniales y las more uxorio no pueden ser consideradas a tales efectos y consecuencias como realidades equivalentes y en consecuencia no les serán aplicables a tales uniones normas establecidas para el matrimonio, salvo que pudieran utilizarse por la vía de la analogía. El juego de la analogía radica en la similitud («semejanza» según el artículo 4 del Código Civil) entre el supuesto que ante el órgano judicial -o intérprete- se presenta, carente de regulación legal, y a aquel al que se pretende aplicar la norma en cuestión por razón de esa semejanza o «identidad de razón» cual señala el citado precepto, lo que se traduce en que su aplicación lleve implícita la idea del uso razonable del derecho. El problema debe tratarse como una aplicación analógica de la disciplina matrimonial en cuanto algunos aspectos de la misma se hacen extensivos, con moderación y sobre todo investigando la ratio normativa, a la convivencia more uxorio (s. T. S. de 27 de marzo y 6 de julio de 2001, con todas las anteriores allí citadas y, en especial, la de 16 de diciembre de 1996).  
Segundo. Determinada por consecuencia de lo dispuesto en los artículos 748.4 y 770.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la aplicación de las normas de los procesos especiales sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a la determinación de las consecuencias en materia de guarda y custodia y alimentos para los hijos menores en caso de crisis de las uniones extramatrimoniales o more uxorio, nada se opone, desde un punto de vista sustantivo, a la aplicación, en lo que sea de menester, de la regulación que el artículo 103 del Código Civil tiene respecto a las medidas a adoptar respecto de los hijos, además de la directamente aplicable en cuanto genérica regulación de las relaciones paterno-filiales contenida en los 159 y siguientes del mismo cuerpo legal.  
Tercero. Por lo que respecta a las medidas que de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Código Civil deben ser establecidas, del examen de este precepto y sus concordantes con los datos obrantes en autos resulta oportuno comenzar por lo relativo a la guarda y custodia de la hija menor Diana Marin.  
Como ha subrayado una abundantísima jurisprudencia, el principio fundamental que ha de presidir la determinación de la guarda y custodia de los menores de edad es el de la protección de los hijos, o favor filii, de acuerdo con los tratados y resoluciones de las organizaciones internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1959; la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989; la Resolución A 3-01005/1992 del Parlamento Europeo sobre la Carta de los Derechos del Niño, y la Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño, de 19 de abril de 1996, así como el artículo 39.2 de la Constitución española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección integral de los hijos; este principio inspira también numerosos preceptos del Código Civil, y constituye la idea básica de la regulación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor; por lo tanto, a la hora de establecer el régimen de la guarda y custodia de los menores en las situaciones de crisis matrimoniales, sin desconocer que los padres gozan del derecho de relacionarse con sus hijos, ha de procurarse ante todo el interés del hijo menor de edad en cuyo favor se reconoce este derecho-deber de los padres, de acuerdo con el artículo 39.3 de la Constitución, que establece la obligación de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.  
Uno de los principios fundamentales en la determinación de la guarda de los menores es el de la estabilidad, de modo que los cambios de custodia no son por sí solos convenientes, resultando en el presente caso procedente atribuir la guarda y custodia de la hija menor a la madre, a la vista de que es ella la que hasta el momento se ha hecho cargo de la misma, dando solución de continuidad a las medidas acordadas por auto de fecha 22 de diciembre de 2006 dictado en el ámbito del procedimiento de medidas 64/2006 seguido ante este mismo Juzgado, solicitando la ratificación de tal medida tanto la propia parte demandante como el ministerio fiscal.  
Cuarto. Por otro lado no procede establecer a favor del padre un régimen de visitas, pese a la oposición formulada por el ministerio fiscal a la petición de la parte demandante en el sentido expuesto, y ello ya que si bien es cierto que el hijo debe tener la necesaria referencia de los progenitores, padre y madre, mediante el oportuno contacto con los mismos, y que no puede prosperar pues, conforme a la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2004) y que el derecho de los padres que no ejerzan la patria potestad a relacionarse con sus hijos menores está regulado en el artículo 160 del Código Civil (el 92 hace lo propio al contemplar uno de los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio). Establece el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 (ratificado el 30 de noviembre de 1990, BOE de 31 de diciembre de 1990) que los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de los dos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior.  
Como recuerda la sentencia de 17 de septiembre de 1996, el interés del menor constituye principio inspirador de todo lo relacionado con él y vincula al juzgador, a todos los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a su edad y circunstancias, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que pueda ser manipulado y buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social", sin embargo y pese a lo expuesto en el caso de autos nos encontramos con una absoluta dejación por parte del demandado de sus deberes como padre, al no mantener relación alguna con su hija menor ni pasar pensión alimenticia en orden a atender sus necesidades, tal y como resulta de la declaración de la demandante, dejándola desasistida tanto desde un punto de vista económico como emocional, de ahí que no proceda la fijación de régimen de visitas alguno y todo ello sin perjuicio de que las partes puedan instar la modificación de las medidas acordadas en la presente resolución, cuando el cambio de circunstancias que han sido tomadas en consideración así lo justifique.  
Quinto. En el presente caso respecto de la cuantía de la pensión de alimentos a favor de la hija común, en este sentido ha de señalarse que:  
a) La obligación de dar alimentos que resulta de hecho de la generación y es uno de los contenidos ineludibles de la patria potestad es una de las obligaciones de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico alcanzando rango constitucional como taxativamente establece el artículo 39 de la CE.  
b) La prestación de alimentos del artículo 110 del Código Civil es mas amplia que la del artículo 142 del mismo código e incluye también todos los que comporta la protección que necesite el hijo, por ejemplo la defensa de su persona o derechos y todos los destinatarios a su formación y equilibrio espiritual, aunque ello no significa que la totalidad de lo dispuesto en el título VI del libro I del Código Civil sobre alimentos no es aplicable a los debidos a los hijos menores si bien el tratamiento jurídico de los alimentos debidos a los hijos menores presenta una marcada preferencia por lo que no ha de verse afectada por las limitaciones propias del régimen legal de alimentos entre parientes que en lo que se refiere a los hijos constituye una normativa en gran parte solo adecuada al caso de los hijos mayores de edad o emancipados.  
c) Dicha obligación compete al padre y/o madre íntegramente o en la proporción a que haya lugar según el régimen económico matrimonial (art. 1318, 1362 y 1438 del CC) o en que haya acordado el juez (arts.103,3, 90, 93 del CC) debiendo tenerse en cuenta cuando proceda la contribución equitativa del hijo según sus posibilidades al levantamiento de las cargas familiares.  
La petición de alimentos con base en los precitados preceptos instada en el presente caso por los trámites del juicio de alimentos goza del principio del favor filii que se predica para los hijos menores de edad, y que la prestación alimenticia será cubierta en atención a los bienes de quien los da, y a las necesidades de quien los recibe, apreciación que el órgano judicial ha de realizar atendiendo a las alegaciones de las partes y las pruebas aportadas en función del principio general de distribución de la carga probatoria contenido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que obliga a quien reclama a probar los hechos alegados, cuidando de no dejar desatendidas las exigencias impuestas por la solidaridad familiar que el legislador tutela, pero, al propio tiempo, evitando una protección desmedida, con olvido de las propias necesidades del alimentante, determinadas por su personal situación (s. T. S. de 9 de octubre de 1981 y 12 de febrero de 1982), correspondiendo la determinación de la cuantía al juez o tribunal sentenciador.   
Existiendo una hija menor, ha de fijarse en favor de la misma la correspondiente pensión de alimentos teniendo en cuenta la prueba documental obrante y la aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto al interrogatorio del demandado, por lo que en atención a lo expuesto procede fijar la cuantía de la pensión de alimentos en forma que asegure el denominado mínimo vital de subsistencia, fijando una pensión de 150 euros para la hija menor, al ser el criterio que mantiene este Juzgado respecto de la fijación del denominado mínimo vital y sin que resulte excesivo atendiendo a la documental obrante en las actuaciones y a al declaración de la parte prestada en sede de medidas, y en el acto del juicio, no oponiéndose el ministerio fiscal a la cuantía solicitada.  
Dicha cantidad se actualizará anualmente, con efectos de primero de enero de cada año, en proporción a las variaciones que experimenten los índices de precios al consumo, según el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya.  
Todos aquellos gastos de carácter extraordinario o excepcional que pudieran derivarse del cuidado y atención de la hija por motivo de estudios o enfermedad, habrán de ser satisfechos por mitad entre ambos progenitores.   
Sexto. No ha lugar a efectuar expresa condena en costas, habida cuenta la naturaleza pública de los intereses en litigio y la ausencia de mala fe en los litigantes, por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.  
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.  
Fallo  
Que estimando la demanda interpuesta por Ana María Marín representada por la procuradora de los tribunales María Esther Pozuelo Cartagena, contra Sheiqet Salihaj debo acordar y acuerdo que:  
I. Se atribuye a la madre, la guarda y custodia de la hija menor Diana Marín, compartiéndose la patria potestad entre ambos progenitores.  
II. No procede fijar a favor del padre régimen de visitas alguno en relación con la hija menor que no tiene en su compañía.  
III. El padre habrá de contribuir al levantamiento de las cargas familiares con la cantidad de 150 euros mensuales para la hija menor, pagaderos por anticipado, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta corriente o libreta de ahorro, que al efecto designe el receptor. Todos aquellos gastos de carácter extraordinario o excepcional que pudieran derivarse del cuidado y atención de la hija por motivo de estudios o enfermedad, habrán de ser satisfechos por mitad entre ambos progenitores.  
Dicha cantidad se actualizará anualmente, con efectos de primero de enero de cada año, en proporción a las variaciones que experimenten los índices de precios al consumo, según el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya.   
Notifíquese la presente resolución a las partes y al ministerio fiscal.  
Contra esta resolución cabe recurso de apelación en ambos efectos por término de cinco días, ante la Audiencia Provincial de Alicante.  
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo».  
Publicación. La anterior sentencia fue objeto de publicación conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de lo que yo, la secretaria judicial, doy fe.  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de fecha 10 de septiembre de 2008 el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia de fecha 9 de mayo de 2007 a Sheiqet Salihaj.  
Torrevieja, 16 de septiembre de 2008.- La secretaria judicial: Olga Lidón Rubio.