Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7024, del 15-05-2013 (2013/4470)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 822/2011
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7024

Fecha DOGV
:   15-05-2013

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2013/4470


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Alcoy

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 822/2011 [2013/4470]  
Juicio verbal 000822/2011   
Parte demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.   
Parte demandada: Guido Alonso Apolo Macas.   
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Sentencia número 120/2012  
Alcoy, 17 de octubre de 2012  
Vistos por mí, Laura Cristina Morell Aldana, jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alcoy, los presentes autos de juicio verbal número 822/2011, promovidos por la procuradora Trinidad Llopis Gomis, en nombre y representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, contra Guido Alonso Apolo Macas, declarado en situación de rebeldía procesal civil, en reclamación de 5.108,91 euros.   
Antecedentes de hecho  
Primero. Con fecha de 4 de octubre de 2011, tuvo entrada en este Juzgado demanda de juicio verbal, interpuesta por la procuradora Trinidad Llopis Gomis, en nombre y representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, contra Guido Alonso Apolo Macas, en reclamación de 5.108,91 euros, más intereses convenidos del 20 por ciento y costas.  
En su demanda exponía que el demandado aceptó el contrato Marco de Operaciones de Préstamo Inmediato PIDE, por el cual se le permitía la disposición, en una o varias operaciones financieras, de hasta 6.000 euros. De conformidad con lo pactado, el demandado ordenó la disposición del préstamo a través del cajero automático, por importe de 6.000 euros, que fue abonado en su cuenta corriente, devengando un interés anual del 15,80 por ciento, a un plazo de 60 meses, desde el 9 de junio de 2007 hasta el 30 de junio de 2012, siendo el interés de demora pactado del 20 por ciento anual. Añadía la actora que el demandado no habría cumplido con sus obligaciones, por lo que la actora, al amparo de la cláusula tercera, ha cargado en la cuenta especial de operaciones amparadas por el contrato marco el saldo deudor de esta operación, cerrando la misma, y arrojando ésta, al 11 de febrero de 2010, un saldo deudor de 5.108,91 euros. En el petitum de su demanda solicitaba la condena del demandado al abono de 5.108,91 euros, más los intereses pactados del 20 por ciento desde la fecha de interposición y costas.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda de juicio verbal, por medio de decreto de 27 de octubre de 2011, se procedió a la citación a las partes a la celebración de la vista, que tuvo lugar el 17 de octubre de 2012. Declarado abierto el acto del juicio, la actora se ratificó en su demanda. Por su parte, el demandado no compareció al acto de juicio. Tras la práctica de la prueba, consistente en documental y el interrogatorio del demandado, en el sentido de tenerle por confeso en los hechos que le perjudiquen de la demanda, quedaron los autos vistos para sentencia.  
Fundamentos de derecho  
Primero. En el presente caso la actora, la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, ejercita la acción de reclamación de cantidad contra Guido Alonso Apolo Macas en reclamación de 5.108,91 euros, más intereses convenidos del 20 por ciento y costas.  
En su demanda exponía que el demandado aceptó el contrato Marco de Operaciones de Préstamo Inmediato PIDE, por el cual se le permitía la disposición, en una o varias operaciones financieras, de hasta 6.000 euros. De conformidad con lo pactado, el demandado ordenó la disposición del préstamo a través del cajero automático, por importe de 6.000 euros, que fue abonado en su cuenta corriente, devengando un interés anual del 15,80 por ciento, a un plazo de 60 meses, desde el 9 de junio de 2007 hasta el 30 de junio de 2012, siendo el interés de demora pactado del 20 por ciento anual. Añadía la actora que el demandado no habría cumplido con sus obligaciones, por lo que la actora, al amparo de la cláusula tercera, ha cargado en la cuenta especial de operaciones amparadas por el contrato marco, el saldo deudor de esta operación, cerrando la misma, y arrojando ésta, al 11 de febrero de 2010, un saldo deudor de 5.108,91 euros. En el petitum de su demanda solicitaba la condena del demandado al abono de 5.108,91 euros, más los intereses pactados del 20 por ciento desde la fecha de interposición y costas.  
Señalar en este punto que el demandado no ha comparecido ni en los autos ni al acto de juicio, habiendo sido declarado en situación de rebeldía procesal civil.  
Segundo. Examinando la documental obrante en autos, y especialmente la documental aportada a las actuaciones por la actora (consistente en el contrato marco de operaciones préstamo PIDE y la certificación de saldo deudor a fecha de 11 de febrero de 2010, según documentos número 1 y número 2 de la demanda), esta juzgadora entiende acreditados todo los extremos que pudieran haber sido discutidos por el demandado, como son la certeza de la deuda y la cuantía de la misma.  
Hemos de tener en cuenta que el contrato de préstamo PIDE que aparece unido a autos como documento número 1 acredita la celebración del contrato entre actora y demandado; en dicho contrato aparecen claramente establecidas la forma de pago, vencimiento anticipado, interés pactado entre las partes y demás extremos discutidos que pudieran haber sido discutidos por el demandado, por lo que no puede alegar desconocimiento respecto de los mismos, ya que el documento aparece suscrito por ambas partes. Asimismo, acredita la certeza de la deuda el denominado documento número 2, certificado de la deuda que el demandado mantiene con la actora a fecha de 11 de febrero de 2010. La deuda resulta ser vencida, líquida y exigible, según acredita el certificado emitido por BBVA y obrante junto con la demanda; sin que el demandado haya desarrollado actividad alguna para demostrar lo contrario. Señalar en este punto que se ha admitido el interrogatorio del demandado, en el sentido de tenerle por confeso en los hechos que le perjudiquen en la demanda, de modo y manera que han de hacer prueba en su contra los hechos primero a cuarto de la demanda.   
Por ello, y a la vista del clausulado pactado entre las partes, del que tenía conocimiento el demandado, y ante su incomparecencia a la vista (a pesar de estar debidamente citado) para ofrecer explicación alguna sobre su oposición a la deuda reclamada de contrario, entendemos que la actora ha colmado con la carga de la prueba que le exigía el artículo 217 Ley de Enjuiciamiento Civil. Procediendo, por ende, la condena del demandado al abono de 5.108,91 euros en concepto de principal, más los intereses pactados del 20 por ciento desde la fecha de interposición de la demanda, de conformidad con lo pactado en el documento número 1 de la demanda.  
Tercero. El artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. Habiéndose rechazado totalmente las pretensiones de la demandada, procede acordar su condena en costas.  
Fallo  
Estimo íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales Trinidad Llopis Gomis, en nombre y representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, y en consecuencia condeno a Guido Alonso Apolo Macas a abonar a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, la cantidad de 5.108,91 euros, más los intereses pactados del 20 por ciento desde la fecha de interposición de la demanda, así como a abonar las costas causadas en la presente instancia.   
Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante (art. 455 LECn).  
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, debiendo exponer, el apelante, las alegaciones en que basa la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (art. 458 LECn). De acuerdo con la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO1/2009, que modifica la LO 6/1985), la parte que interponga un recurso frente a la presente resolución deberá, como requisito indispensable para su tramitación, constituir un depósito de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. Para materializar el mencionado depósito, deberá especificar en el resguardo de ingreso, en el campo "Concepto de apelación", que se trata de un recurso, seguido del código 02 y la palabra "apelación". El ingreso del depósito ha de acreditarse con copia del resguardo de ingreso, junto con la presentación del escrito de interposición del recurso. La obligatoriedad del depósito incluye a las resoluciones notificadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2009. Quedan excluidos los litigantes que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita (instrucción del secretario general de la Administración de justicia de 04.11.2009). Si el recurso fuese estimado total o parcialmente, la parte deberá interesar la devolución del depósito, mediante escrito presentado ante este Juzgado, una vez que los autos hayan sido devueltos al mismo.  
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la jueza que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la secretaria judicial, doy fe.  
Alcoy, 14 de junio de 2011  
Diligencia. La extiendo yo, la secretaria judicial, para hacer constar que el presente edicto ha quedado fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios. Doy fe.  
Alcoy, 18 de octubre de 2012.»   
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por resolución del día de la fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, he acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado, para llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia dictada a la parte demandada, Guido Alonso Apolo Macas.  
  
Alcoy, 21 de enero de 2013.- La secretaria judicial: Cristina Modesto Cortés.