Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7318, del 16-07-2014 (2014/6388)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 199/2012.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7318

Fecha DOGV
:   16-07-2014

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2014/6388


Organismo emisor
:   Juzgado de Lo Mercantil Número 1 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 199/2012. [2014/6388]  
En el presente procedimiento juicio verbal 199/2012, seguido a instancia de Comunidad de Propietarios Boqueras, número 79, de Almazora, frente a Constantino Menero Ramos, se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Sentencia 263/2012  
Castellón de la Plana, 30 de noviembre de 2012  
Vistos por Carmen Peiró Albiol, jueza sustituta del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón de la Plana, los presentes autos de juicio verbal número 199/2012, seguidos a instancia de Carmen Valverde Martín, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de Comunidad de Propietarios Boqueras, número 79, de Almazora, asistido por la letrada Laura Torres Bonafé, en sustitución de su compañero, contra Constantino Menero Ramos, en situación de rebeldía procesal, en acción de responsabilidad de los administradores por las deudas sociales.  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por Carmen Valverde Martín, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de Comunidad de Propietarios Boqueras, número 79, de Almazora, se formuló demanda contra Constantino Menero Ramos, en reclamación de cantidad por importe de 3.080 euros, más intereses legales y las costas en este juicio.  
Segundo. La pretensión ejercitada en el presente procedimiento por la parte actora se basa en la actuación del demandado como administrador de la mercantil Riscarglobal Invest 2005, SL, que, al incumplir con sus obligaciones sociales de convocar junta y disolver la sociedad, ha ocasionado un perjuicio a la actora por un importe igual a la cuantía reclamada.  
Tercero. Admitida a trámite la demanda, se convocó a las partes para la celebración del juicio verbal en la sala de audiencias de este juzgado, con la advertencia que debían concurrir al juicio con los medios de prueba con que contasen.  
Cuarto. Abierta la vista oral a la que no compareció la demandada, a pesar de estar legalmente citada por medio de edictos y que supuso su declaración de rebeldía, la actora se ratificó en su demanda y solicitó el recibimiento del pleito a prueba. Recibido el pleito a prueba, se practicaron los pertinentes con el resultado que en aras a la brevedad se da aquí por reproducido.  
Quinto. En la tramitación de las presentes se han observado las prescripciones legales.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. La parte actora ejercita contra el administrador de la mercantil Riscarglobal Invest 2005, SL, la acción de responsabilidad individual prevista en el artículo 236 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), así como la acción de responsabilidad por deudas sociales prevista en el artículo 365.1 y 367 del mismo texto legal, reclamando la suma de 3.080 euros a que asciende el importe de los gastos de comunidad devengados en el periodo comprendido entre el 4.º trimestre de 2009 y el 4.º cuatrimestre de 2011, más derramas, por las dos viviendas de las que la sociedad Riscarglobal Invest 2005, SL, es propietaria en el edificio que conforma la comunidad de propietarios demandante.  
La comunidad de propietarios demandante fundamenta sus acciones en que la empresa Riscarglobal Invest 2005, SL, se encuentra incursa en causa de disolución desde el ejercicio 2008, pues según resulta de las cuentas anuales presentadas en el registro en dicho ejercicio presentaba unos fondos propios negativos de -34.174,65 euros, sin que su administrador haya iniciado el proceso de disolución, asimismo la hoja registral se encuentra provisionalmente cerrada por falta de depósito de cuentas del ejercicio 2009.  
Segundo. La declaración de rebeldía en la que se encuentra el demandado implica un doble orden de efectos. De un lado, mientras se permanezca en situación de rebelde, no se podrán realizar actos procesales, y de otro se producen modificaciones en orden a la notificación de los actos procesales al rebelde, pero ello no implica que se modifique la carga del actor de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en la sentencia de 3 de abril de 1987: ?la rebeldía no implica el allanamiento, ni libera al litigante de probar los hechos constitutivos de su pretensión, debiendo los tribunales resolver lo que sea más justo según el resultado de los autos, lo que hace que en estos casos haya de desarrollarse una actividad procesal, con los consiguientes gastos a los rebeldes, imputables al no poder atribuirse a la situación de rebeldía que mantienen otro significado que el de una oposición, aunque sea tácita, de las pretensiones de la parte demandante?. En la misma línea, SSTS 17.528899, 03.02.1973, 29.03.1980.  
Así, corresponde en primer lugar el actor acreditar la existencia de las dudas sociales, pues es en ella en la que se fundamentan las acciones de responsabilidad ejercitadas por la parte actora, dado que la responsabilidad del administrador tiene naturaleza solidaria junto con la de la propia sociedad. En el presente caso, la parte actora acredita con la documentación aportada, que la mercantil Riscarglobal Invest 2005, SL, es propietaria de sendas viviendas sitas en la planta 2.ª y 4.ª del número 46 de la calle de Boqueras y que adeuda los gastos de comunidad que se reclaman (consta la certificación de impago emitida por el administrador de la comunidad).  
Tercero. El artículo 363 TRLSC (anteriormente el artículo 104.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada) establece que «la sociedad de capital deberá disolverse:  
a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.  
b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.  
c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.  
d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.  
e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que este se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.  
f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.  
El artículo 364 de la TRLSC añade ?en los casos previstos en el artículo anterior, la disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la junta general adoptado con la mayoría ordinaria establecida para las sociedades de responsabilidad limitada en el artículo 198, y con el quórum de constitución y las mayorías establecidas para las sociedades anónimas en los artículos 193 y 201?.  
Finalmente el artículo 367 establece que:  
?1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediese, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando esta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.  
2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior?.  
Así pues, desde el momento en el que existen perdidas que dejen reducido a el patrimonio contable a la mitad del capital social, o, más aún, cuando la empresa no tenga a su disposición medios económicos para realizar los fines sociales, los administradores tienen la obligación de convocar la junta para proceder a la disolución de la sociedad y si no lo hacen, se convierten en responsables solidarios de las deudas que contrajera a partir de eso momento, si bien se presume, salvo prueba en contrario, que las deudas son siempre posteriores a la causa de disolución.  
Con la documental consistente en la certificación del Registro de lo Mercantil obrante en autos como documento número 5, cabe apreciar la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL), y es que las últimas cuentas anuales depositadas en el registro, que se corresponden con el ejercicio 2008, la mercantil demandada presentaba unos fondos propios negativos de -34.174,65 euros, y dado que el capital social de la misma ascendía a 3.100 euros, supone unas pérdidas que cumplen la previsión legal de causa de disolución.  
Dado que no consta acreditado en el Registro Mercantil la disolución ni liquidación de la sociedad, deben operar las consecuencias previstas en el artículo 367 del TRLSC, resultando condenado el demandado a abonar a la actora la cantidad reclamada en concepto de deudas sociales que ascienden a 3.080 euros.  
Habiéndose estimado la acción de responsabilidad por deudas sociales, resulta innecesario entrar a valorar los presupuestos de la acción individual de responsabilidad, derivada del artículo 236 y siguientes del TRLSC.  
Cuarto. Establece el artículo 1108 del Código Civil que la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consiste en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal.  
Quinto. En el artículo 394.1 de la LECn se señala que, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, mientras que si la estimación fuera parcial cada parte abonará las costas causadas a su instancia.  
Vistos los preceptos legales citados y cualesquiera otros de general y pertinente aplicación.  
  
Fallo  
Que estimando la demanda presentada por Carmen Valverde Martín, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de Comunidad de Propietarios Boqueras, número 79, de Almazora, contra Constantino Menero, debo declarar y declaro que existe la obligación de la parte demandada de abonar a la actora la cantidad de 3.080 euros, más los intereses legales desde la interpelación judicial, así como las costas del procedimiento.  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón (art. 455 LECn).»  
  
«Auto  
Jueza magistrada: Carmen Peiró Albiol.  
Castellón de la Plana, 17 de diciembre de 2012  
Antecedentes de hecho  
Primero. En el presente procedimiento se ha dictado sentencia, en fecha 30 de noviembre de 2012, que ha sido notificada a las partes litigantes.  
Segundo. En la referida resolución figura en la parte dispositiva:  
?Que estimando la demanda presentada por Carmen Valverde Martín, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de Comunidad de Propietarios Boqueras, número 79, de Almazora, contra Constantino Menero, debo declarar y declaro que existe la obligación de la parte demandada de abonar a la actora la cantidad de 3.080 euros, más los intereses legales desde la interpelación judicial, así como las costas del procedimiento.-  
Tercero. Por la parte actora se ha interesado la aclaración de la parte dispositiva para que contenga un pronunciamiento condenatorio.  
Fundamentos de derecho  
Primero. El artículo 214.1 de la Ley de Enjuciamiento Civil establece que los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. Las aclaraciones podrán, según establece el apartado 2 del mismo precepto, de oficio, por el tribunal o secretario judicial, según corresponda, dentro de los dos días siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del ministerio fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por quien hubiera dictado la resolución de que se trate dentro del los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración.  
Segundo. En el presente caso la petición ha sido formulada dentro del plazo y se estima procedente acceder a la misma.  
Parte dispositiva  
Acuerdo estimar la petición formulada por la parte actora de aclarar sentencia, en fecha 30 de noviembre de 2012, dictada en el presente procedimiento en el sentido que se indica:  
?Que estimando la demanda presentada por Carmen Valverde Martín, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de Comunidad de Propietarios Boqueras, número 79, de Almazora, contra Constantino Menero, debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad de 3.080 euros, más los intereses legales desde la interpelación judicial, así como las costas del procedimiento.-  
Líbrese certificado de esta resolución, que quedará unida a estas actuaciones, y llévese su original al libro de resoluciones definitivas.  
Modo de impugnación: contra esta resolución no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiere la solicitud de aclaración.»  
Y encontrándose dicho demandado, Constantino Menero Ramos, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Castellón de la Plana, 21 de febrero de 2013.- El secretario judicial: Jorge González Rodríguez.