Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3750, del 16-05-2000 (2000/3172)

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, de la secretaria general de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que inscribe la adaptación a la Ley del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de Valencia.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3750

Fecha DOGV
:   16-05-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/3172


Fecha del documento
:   03-04-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * reglamento interno
    * legislación
    * colegio profesional

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, de la secretaria general de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que inscribe la adaptación a la Ley del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de Valencia. [2000/M3172]
  
Visto el expediente de adaptación estatutaria instruido a instancia de don José Antonio Sancho Sempere, como presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de Valencia, inscrito con el número 31 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, en la que solicita la inscripción y registro de la adaptación de sus Estatutos a la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, en base a los siguientes
  
Hechos
  
Primero. Que por el presidente del mencionado colegio se presentaron el 15 de enero de 1999 los Estatutos aprobados por la Junta General celebrada el día 17 de octubre de 1998, para su adecuación a la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
Segundo. Que se solicitó informe sobre los Estatutos presentados, en lo referente a los contenidos propios de la profesión, a la Dirección General de Interior de la Conselleria de Presidencia, que lo evacuó en sentido favorable el 3 de marzo de 1999.
  
Tercero. Que, en ejercicio del control de legalidad establecido por el artículo 11 de la mencionada ley autonómica se revisó el texto estatutario, indicándose la conveniencia de rectificar determinados puntos de los mismos, y requiriéndose la aportación de la documentación necesaria para la inscripción registral, requerimientos que han sido cumplimentados definitivamente el pasado día 14 de marzo.
  
Cuarto. El texto anexo de los preceptos, objeto de adaptación estatutaria, queda incorporado íntegramente a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Que los Estatutos contienen todas las determinaciones exigidas en el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales.
  
Segundo. Que han sido aprobados con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios Estatutos del colegio.
  
Tercero. El expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Secretaría General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por los decretos 13/1999, y 91/1999, de 30 de julio, sobre asignación de competencias a la presidencia y a las consellerias, y de aprobación del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, respectivamente, y en relación con el Decreto 123/1986, de 20 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se crea el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
Vistos el artículo 36 de la Constitución y el artículo 31.22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; y demás disposiciones complementarias, resuelvo:
  
Inscribir la adaptación de los Estatutos del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de Valencia
  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
Valencia, 3 de abril de 2000.- La secretaria general: Carmen Galipienso Calatayud.
  
Estatutos del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de Valencia:
  
Motivación
  
La existencia de los colegios de secretarios, interventores y tesoreros de administración local, y su colegiación obligatoria, ya fue prescrita por la norma creadora de los colegios, artículo 1 del Real Decreto de 8 de septiembre de 1925; mantenida por el Reglamento General de los Colegios, Real Decreto 14 de noviembre de 1929; y respetado por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1939.
  
Todo ello es recogido por el artículo 203-1 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, aprobado por el Decreto 30 de mayo de 1952; Boletín Oficial del Estado número 180 del 28 de junio de 1952, que establece, y así se cumple, que «En todas las provincias españolas, con sede en su capital, existirá un Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarios, que ostentará la representación de los tres cuerpos y del que serán miembros con carácter obligatorio todos los que estén incluidos en los correspondientes escalafones».
  
Al amparo de lo anterior se creó el Colegio Provincial de Valencia, plenamente vigente y en funcionamiento cuando aparece la Ley estatal 2/74 sobre Normas Reguladoras de los Colegios Profesionales, del 13 de febrero, Jefatura del Estado, Boletín Oficial del Estado de 15 de febrero de 1974; la que confirma su existencia al establecer en su artículo 1º-2-b que «Se entenderán comprendidos en esta ley: los demás colegios profesionales que no teniendo carácter sindical se hallen constituidos válidamente en el momento de la promulgación de esta ley.»
  
Igualmente prescribe en su disposición adicional segunda que :
  
«Los Estatutos y las demás disposiciones que regulan los colegios de funcionarios actualmente existentes se adaptarán en cuanto sea posible a lo establecido en la presente ley, recogiendo las peculiaridades exigidas por la función pública que ejerzan sus miembros.
  
Estos estatutos cualquiera que sea el ámbito de los colegios y de los consejos generales, serán aprobados en todo caso por el gobierno, a través del ministerio correspondiente.»
  
En virtud de lo anterior se publica el Reglamento de los Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, aprobado por la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 2 de febrero de 1978.
  
Los artículos 26, 36 y 52 de la Constitución Española, Jefatura del Estado L.27/12/1978; Boletín Oficial del Estado número 311 del 29 de diciembre de 1978, consagra los colegios profesionales existentes, hace desaparecer los tribunales de honor, los colegios sindicales, y ordena que la estructura y funcionamiento de los colegios sean democráticos.
  
La Ley 74/1978, de 26 de diciembre, Boletín Oficial del Estado de 11.01.1979, sobre Modificación Ley Reguladora de los Colegios Profesionales, adapta la Ley estatal de Colegios Profesionales a la Constitución. El posterior Reglamento de los Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, aprobado por la Resolución de la Dirección General de Administración Local de 26 de octubre de 1982, fue anulado por el Tribunal Supremo por Sentencia del 22 de abril de 1985; quedando aplicable el anterior de 2 de febrero de 1978, el cual por lo dispuesto en los decretos 123/1986, de 20 de octubre, del Gobierno Valenciano, y 17/1987, de 13 de abril, del presidente de la Generalitat Valenciana, fue inscrito como cuerpo estatutario de este colegio provincial en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, adaptándose en su aplicación a las normas postconstitucionales, incluida la Ley 7/1997, de 14 de abril, sobre Suelo y Colegios Profesionales.
  
Nuestra realidad jurídica ha sido pues la de un colegio provincial en activo, postulante permanente de la defensa de la profesión ante los tribunales; en directa relación con las administraciones públicas, incluso en el propio trámite de aprobación de la Ley 6/1997 sobre colegios Profesionales, a la que ahora adaptamos nuestros Estatutos.
  
Nos ha venido avalando la interpretación doctrinal de la vigencia de los artículos 99 y 203 del Decreto de 1952, ya que la Disposición Derogatoria del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, se refiere a todo aquello que afecte específicamente al régimen jurídico de los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional, sin que ninguno de dichos dos artículos contenga norma alguna sobre el estatus funcionarial de los habilitados nacionales, sino un conjunto de reglas y principios organizativos/estructurales de estos colegios profesionales (A. Nieto; Luis Calvo Sánchez).
  
Aunque no hay que olvidar que esta tesis es paralela a la de que la vigencia del propio colegio, fue dada por Ley Estatal de Colegios Profesionales, como antes se ha recogido.
  
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en su artículo 31-22º, confiere a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución y de la reserva para el estado de las bases del régimen jurídico de estas corporaciones. Por ello la Generalitat Valenciana consciente de que «la mayor parte del cuerpo legal que regula el régimen jurídico de los colegios profesionales fue promulgado con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, lo que por si mismo denuncia su antigüedad y falta de adecuación a la realidad económica y a la estructura territorial actuales», en el proceso de asunción plena de las competencias que le corresponden y previo dictamen favorable del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, ha dictado la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, DOGV de 9 de diciembre de 1997.
  
Ella es acogida con gran aplauso por el conjunto de colegios profesionales de la Comunidad Valenciana integrados en Unión Profesional, y entre ellos por este Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación Nacional de Valencia, el cual ha procedido en el plazo establecido en la disposición transitoria primera y tercera, a la creación de unos nuevos estatutos, aprobados en Junta General del día 17 de octubre de 1998, y al trámite de constitución y aprobación de los estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación Nacional.
  
Estos, pues, serán en adelante los Estatutos de este colegio, adaptados a la Constitución y a todo el bloque de la legalidad.
  
CAPÍTULO I
  
De la organización colegial y de sus miembros
  
Sección primera. Del colegio
  
Artículo 1. Concepto
  
Con ámbito territorial en la provincia de Valencia se declara existente como corporación de derecho público amparado por el ordenamiento jurídico y reconocido por la Constitución; con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, el Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de Valencia, el cual ostentará dentro de su ámbito territorial o funcional, la representación de los expresados funcionarios de habilitación nacional o de los procedentes de los antiguos cuerpos nacionales de administración local; y del que serán miembros con carácter obligatorio desde el momento de su toma de posesión en su puesto de trabajo, todos los dichos funcionarios que incluidos en el escalafón de habilitados nacionales, desempeñen un puesto de trabajo en la administración pública y provincia de Valencia reservado o previsto para los funcionarios de tal condición.
  
Artículo 2. Denominación, domicilio y ámbito territorial, sede y delegaciones del colegio
  
El colegio se denominará Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de Valencia, abarcando su ámbito territorial la provincia de Valencia. Le corresponde por derecho, uso y tradición el mismo tratamiento, a éste y a sus miembros, que el determinado en el artículo 6 del Real Decreto 2.090/1982.
  
El cambio de denominación del colegio requerirá el acuerdo previo de éste en Junta General, el informe en su caso del Consejo Valenciano de Colegios Profesionales correspondiente y deberá ser aprobado mediante decreto del Gobierno Valenciano.
  
Tendrá su sede en la ciudad de Valencia, capital de la provincia, y su domicilio en la calle de las Avellanas, número 22-6ª.
  
El colegio podrá constituir, dentro de su ámbito, secciones o delegaciones territoriales.
  
Artículo 3. El Consejo Territorial
  
El colegio se agrupará en un Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana conforme a lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, DOGV de 9 de diciembre de 1997.
  
Artículo 4. El Consejo Nacional
  
El colegio se relacionará de conformidad con la normativa vigente con el Consejo General Nacional, sucesor universal del Colegio Nacional, con sede en Madrid.
  
Artículo 5. Estructura
  
Viene determinada por sus Estatutos y al igual que su funcionamiento son democráticos, principio que se respeta y expresa formalmente; conteniendo aquellos todas las determinaciones impuestas por la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, DOGV de 9 de diciembre de 1997.
  
El colegio aprobará y modificará sus Estatutos de forma autónoma mediante acuerdo de la Junta General, sin más limitaciones que las impuestas por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el resto del ordenamiento jurídico.
  
No se puede constituir otro colegio profesional de secretarios, interventores y tesoreros de administración local con habilitación de carácter nacional dentro de la provincia de Valencia.
  
Artículo 6. Del registro del colegio
  
El Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional por su antigua existencia está inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, que tiene carácter público y depende orgánica y funcionalmente de la Conselleria de Presidencia.
  
Inscripciones:
  
En el expresado Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales se hará constar necesariamente las siguientes inscripciones:
  
a) La constitución del Consejo Valenciano de Colegios.
  
b) Las variaciones de los estatutos y denominación de los colegios y Consejo Valenciano.
  
c) Los reglamentos de régimen interior y sus modificaciones.
  
d) La denominación, sede y delegaciones del colegio o consejo valenciano y sus modificaciones.
  
e) La composición de sus órganos de gobierno y sus modificaciones.
  
f) Las fusiones, absorciones, segregaciones y disoluciones.
  
g) Las demás inscripciones y anotaciones que legal o reglamentariamente se establezcan.
  
Denegación de la inscripción:
  
La administración de la Generalitat denegará motivadamente las inscripciones y anotaciones en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales cuando no sean conformes a las disposiciones que sean de aplicación.
  
Recursos:
  
Los actos de inscripción o anotación, así como los de denegación, pondrán fin a la vía administrativa y, contra ellos cabrá interponer recurso contencioso administrativo.
  
Sección segunda. De los fines del colegio
  
Artículo 7. Fines
  
Son fines esenciales del colegio:
  
a) La representación de la profesión y de los intereses generales de los colegiados, especialmente en sus relaciones con las administraciones y poderes públicos, y la defensa de los intereses profesionales de los mismos, todo ello sin perjuicio de la competencia de las administraciones y poderes públicos por razón de la relación funcionarial; y de las funciones de asociaciones profesionales y sindicatos. A tal efecto, colaborarán con las administraciones públicas en la ordenación de la profesión y en el apoyo y mantenimiento de su correcto ejercicio por parte de los colegiados, y con las asociaciones sindicales y sindicatos en las cuestiones coincidentes en interés. La ordenación de la profesión, dentro del marco legal respectivo en el ámbito de su competencia en beneficio tanto de la sociedad a la que sirven como de los intereses generales que les son propios, y sin perjuicio de la competencia de la administración pública por razón de la relación funcionarial.
  
b) Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando el conocimiento y cumplimiento de todo tipo de disposiciones legales que afectan a cada una y haciendo cumplir la ética profesional y las normas deontológicas que le sean específicamente propias, así como velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los/las colegiados/as; para ello se promoverá la formación y perfeccionamiento de éstos.
  
c) La defensa de los intereses profesionales de los/las colegiados/as y la defensa de las funciones encomendadas a los funcionarios de habilitación nacional.
  
d) Cumplir y hacer cumplir a los/las colegiados/as las Leyes generales y las especiales, los estatutos y reglamentos de régimen interior, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiados.
  
e) Velar por el exacto cumplimiento de los deberes profesionales de los/las colegiados/as, por su ética y dignidad profesional.
  
f) Tutelar y defender los derechos e intereses que afecten a la escala y subescalas y los de los funcionarios pertenecientes a las mismas, ostentar la representación y ejercer la defensa de unos y otros ante la administración, instituciones, tribunales y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales.
  
g) Mantener y estrechar la unión, compañerismo y armonía entre todos/das los/las colegiados/as.
  
h) Estimular y facilitar el perfeccionamiento profesional de los/las colegiados/as, bien sea directamente o colaborando con otros centros de investigación y formación; organizar actividades y servicios comunes de interés para los/las colegiados/as, de carácter profesional, formativo cultural, asistencial, de previsión y análogos.
  
i) Divulgar las disposiciones legales y las instrucciones y órdenes de las autoridades para el mejor conocimiento y cumplimiento por los/las colegiados/as e informar a éstos de cuantas cuestiones puedan afectarles en el ámbito profesional.
  
j) Impulsar, a través de conferencias, publicaciones y los cursos anuales organizados en colaboración con la universidad; Instituto Valenciano de Administración Pública; y otras entidades, el estudio del derecho administrativo; ciencia de la administración; técnicas de la administración; lengua valenciana; informática; y similares para formar mejor cada día tanto a autoridades como funcionarios en el ejercicio de su cargo, a fin de conseguir una mejor modernización y servicio de la administración pública cada vez más cercana y eficaz con el administrado.
  
k) Prestar servicios y asesorar a las autoridades, corporaciones y demás entidades públicas o privadas, a sus miembros y a particulares interesados en las cuestiones relacionadas con una mejora y mayor eficacia y modernización de la gestión pública hacia el ciudadano y administrado, y en particular en todas las materias jurídico, económicas, contables, de personal, bienes, servicios y contratos de la administración, evacuando los informes, dictámenes y consultas pertinentes, y participando en cursos, congresos, jornadas y reuniones que fomenten lo anterior.
  
l) Mantener relaciones permanentes de información y comunicación con el Consejo General, y con el Consejo Territorial.
  
ll) El ejercicio de las funciones que seguidamente se relacionan y que redundan en beneficio de los intereses profesionales de los/las colegiados/as y de los/las ciudadanos/as.
  
m) Administrar su patrimonio realizando cualesquiera operaciones necesarias para ello.
  
n) Mantener y mejorar los lazos de unión, compañerismo y armonía entre todos los/las colegiados/as.
  
Artículo 8. Funciones
  
Para el cumplimiento de los fines anteriores, son entre otras, funciones propias del colegio:
  
a) Relacionarse con los poderes del estado, de las comunidades autónomas y demás entes públicos, a través de los departamentos y organismos correspondientes; ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los/las colegiados/as; velar por la ética, deontología y dignidad profesional, así como por el respeto debido a los derechos de los destinatarios de sus servicios, y ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
  
b) Procurar la armonía y colaboración entre los/las colegiados/as, impidiendo actitudes insolidarias entre ellos.
  
c) Ejercer las acciones que las leyes establezcan para evitar el intrusismo, sin perjuicio de las actuaciones de inspección y/o sanción a las que están obligadas las administraciones públicas.
  
d) Intervenir en los procedimientos de arbitraje en aquellos conflictos que por motivos profesionales se susciten entre colegiados/as o en los que el colegio sea designado para administrar el arbitraje, conforme el artículo l0.a) de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre.
  
e) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones o indemnizaciones profesionales, cuando el/la colegiado/a lo solicite libre y expresamente.
  
f) Apoyar o complementar a través del correspondiente servicio los informes o dictámenes de los/las colegiados/as que así lo soliciten.
  
g) Organizar cursos de formación y perfeccionamiento en todas aquellas materias que afectan a la profesión, autónomamente o en colaboración con otras entidades públicas y privadas, y en particular y como viene siendo tradicional con el Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), así como organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos que sean de interés para los/las colegiados/as, sin perjuicio de las competencias que puedan derivarse de la normativa estatal.
  
h) Ejercer en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales.
  
i) Participar en los órganos consultivos de la administración en la materia de competencia de la profesión cuando aquella lo requiera o resulte de las disposiciones aplicables, y en general apoyar, coadyuvar, asesorar y relacionarse con la administración autonómica o con el Ministerio de Administraciones Públicas en cualesquiera cuestiones afecten a la profesión o a los/las colegiados/as.
  
j) Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por las administraciones valencianas, u otras instituciones o entidades públicas o privadas y colaborar con éstas mediante la realización de estudios, emisión de informes, asesoramiento, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que pueden serles solicitadas o que acuerden formular por propia iniciativa.
  
k) Colaborar con las universidades en la elaboración de los planes de estudio, sin menoscabo del principio de autonomía universitaria, y preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los/las nuevos/as colegiados/as.
  
l) Aprobar sus presupuestos, así como regular y fijar las cuotas de sus colegiados/as.
  
m) Facilitar a las administraciones públicas o a los tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados/as que por su preparación y experiencia profesional pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales o proponerlos a instancia de la autoridad judicial, así como emitir informes y dictámenes cuando sean requeridos para ello por cualquier juzgado o tribunal.
  
n) Asesorar a las administraciones públicas en materia de personal, plantillas, catalogación de puestos de trabajo, adscripción de funcionarios, dotación de retribuciones básicas y complementarias, dietas y desplazamientos, indemnizaciones por razón del servicio y otros derechos económicos.
  
o) Emitir informes y dictámenes, de carácter no vinculante, en procedimientos judiciales o administrativos en los que se susciten cuestiones relativas a las remuneraciones de los funcionarios de administración local.
  
p) Aprobar sus estatutos y reglamentos de régimen interior, y demás actuaciones que señalen estos estatutos.
  
q) Evacuar el informe preceptivo sobre todos los proyectos de normas del Gobierno Valenciano que afecten a su profesión.
  
r) Podrán adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar y enajenar toda clase de bienes y derechos, administrar su patrimonio, celebrar contratos, ejercitar acciones e interponer los recursos que considere pertinentes.
  
s) También podrán comparecer ante los tribunales y las autoridades de diferente orden y grado de jerarquía, para el ejercicio de acciones, excepciones o peticiones que consideren oportunas en defensa de la legalidad vigente, de la profesión, de su patrimonio y, en general, de los derechos que dimanen de estos Estatutos y disposiciones concordantes, y ejercer las demás funciones que sean beneficiosas para los intereses profesionales y que se encaminen al cumplimiento de los objetivos colegiales, y fomenten una administración más eficaz y cercana al ciudadano dentro del marco de la legislación vigente.
  
Sección tercera. De sus miembros
  
Artículo 9. Clases de miembros
  
Serán las siguientes:
  
1) Miembros ejercientes o de pleno derecho. El colegio integrará como miembros de pleno derecho o ejercientes, a los funcionarios/as de la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en sus distintas subescalas de secretaría, intervención-tesorería y secretaría-intervención , que ejerzan sus funciones profesionales en la provincia de Valencia.
  
La colegiación tiene carácter obligatorio, sea cual fuere la situación administrativa en que se hallare el funcionario, salvo la de excedencia voluntaria, y cualquiera que sea la corporación, centro o entidad en que preste sus servicios, siempre que su vinculación de empleo o servicio corresponda o se derive de su condición de secretario, interventor o tesorero, funcionario de habilitación nacional miembro de alguna de las escalas que componen el escalafón editado por el Ministerio de Administraciones Públicas. Cuando dentro del ámbito de la provincia de Valencia se produzca el nombramiento de un funcionario para ocupar un puesto de trabajo de los reservados a los de habilitación con carácter nacional, el presidente/decano del colegio provincial procederá a su colegiación de oficio, sin que en ningún caso pueda denegársele la adquisición de la condición de colegiado/a.
  
2) Miembros no ejercientes. El colegio podrá admitir o denegar motivadamente, como miembros no ejercientes a los funcionarios del escalafón de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional en sus distintas subescalas, en situación de jubilados, excedentes, o con destinos no relacionados o derivados de la habilitación nacional, que así lo soliciten. Tendrán en general los derechos y obligaciones de los miembros de pleno derecho con las siguientes excepciones: No podrán pertenecer a la Junta de Gobierno, salvo como miembros asesores, su voto será proporcional a las cuota que se les establezca anualmente, y nunca podrá ser superior a la de los ejercientes.
  
3) Miembros de honor. Podrán ser nombrados miembros o cargos de honor las autoridades, corporaciones, entidades, colegiados o particulares que hubieren contraído méritos respecto del colegio, la profesión, u otros de carácter político, social o económico. La designación de cargo o miembro de honor compete a la Junta General o plenario del colegio. No tendrán ni los derechos ni las obligaciones de los demás miembros, viniendo estos determinados en el acuerdo de nombramiento.
  
4) Miembros colaboradores. Podrán ser admitidos temporal o definitivamente como miembros colaboradores aquellas personas físicas o jurídicas, entidades públicas y privadas que deseen participar en el fomento de los fines, funciones y actividades del colegio. Tendrán en general los derechos y obligaciones de los miembros de pleno derecho con las siguientes excepciones: No podrán pertenecer a la Junta de Gobierno, ser elegidos ni elegibles; tendrán voz pero no voto en las juntas generales, y sus cuotas tendrán carácter especial voluntario.
  
Artículo 10. Derechos y deberes de los colegiados ejercientes o de pleno derecho
  
A) Derechos:
  
1.La pertenencia al colegio no afecta a los derechos de sindicación y asociación, que independientemente pueden ejercer los/las colegiados/as.
  
2. La participación de los/las colegiados/as en la organización y funcionamiento del colegio se desarrollará, como mínimo, a través de las siguientes vías:
  
a) El derecho de sufragio activo y pasivo para la elección de los miembros a los órganos de gobierno, de acuerdo con los estatutos.
  
b) El derecho a promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas formuladas en los términos estatutarios.
  
c) El derecho a crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno de los colegios, con sometimiento en todo caso a los órganos de gobierno de éstos.
  
d) El derecho a remover a los titulares de los órganos de gobierno mediante voto de censura que se regirá por estos estatutos y por la normativa de régimen local.
  
3. Concurrir, con voz y voto, a las juntas generales y a las elecciones para miembros de la Junta de Gobierno, suspendiéndose automáticamente su derecho al voto cuando no esté al corriente del pago de sus cuotas.
  
4. Fiscalizar la actuación de los órganos de gobierno.
  
5. Elegir o ser elegido para los cargos directivos en las condiciones que previenen estos Estatutos.
  
6. Requerir la intervención del colegio, o su informe, cuando proceda.
  
7. Ser amparado por el colegio en cuanto afecta a su condición de funcionario.
  
8. Disfrutar de las concesiones, beneficios, servicios, derechos y ventajas que se otorguen a los/las colegiados/as en general, para sí o para sus familias.
  
B) Deberes:
  
1.Todos los funcionarios incluidos en el escalafón de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, secretarios, interventores o tesoreros, que desempeñen un puesto de trabajo en cualesquiera administraciones de la provincia de Valencia por razón de su condición de funcionario con habilitación nacional, serán miembros del colegio desde el momento de su toma de posesión en dicho puesto de trabajo; en los términos que dispone el artículo 3, apartado 2, de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, debiendo informar al mismo de su incorporación al puesto de trabajo.
  
2. Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias.
  
3. Declarar en debida forma su situación administrativa, y los demás datos que le sean requeridos en su condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, relativos a sus derechos y obligaciones colegiales.
  
4. Acatar y cumplir los acuerdos que adopten los órganos corporativos en la esfera de su competencia.
  
5. Comunicar al colegio respectivo su toma de posesión y cese.
  
6. Observar una conducta digna de su condición y del cargo que ejerza y desempeñar éste con honradez, celo y competencia.
  
7. Establecer, mantener y estrechar las relaciones de unión y compañerismo que deben existir entre todos los funcionarios que forman la escala, y coadyuvar en el cumplimiento de los fines colegiales.
  
8. Facilitar al colegio la verificación de la fecha de toma de posesión como fecha de inicio de la colegiación.
  
CAPÍTULO II
  
Organización del colegio
  
Sección primera. Órganos de gobierno y administración
  
Artículo 11. Órganos de gobierno y administración
  
La Junta General, la Junta de Gobierno y el presidente/decano, son los órganos de gobierno y administración de este Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de Valencia.
  
La Junta General o plenario del colegio estará formada por todos los colegiados de la provincia, y elegirá a través del voto de cada uno de ellos a la Junta de Gobierno de entre los miembros ejercientes.
  
La Junta de Gobierno estará formada por trece miembros ejercientes elegidos por el plenario en la siguiente proporción:
  
a) Dos de la subescala de secretaría.
  
b) Dos de la subescala de intervención-tesorería.
  
c) Dos de la subescala de secretaría-intervención.
  
d) Y siete miembros más sin consideración especial a cualquiera de las subescalas anteriores, o turno no vinculado.
  
El presidente/decano será elegido por la Junta de Gobierno de entre sus miembros, y éste designará a los vicepresidentes, secretario, vicesecretario, interventor, viceinterventor, tesorero, vicetesorero y vocales.
  
Sección segunda. Atribuciones de dichos órganos
  
Artículo 12. Competencias de la Junta General
  
Representa y expresa la máxima voluntad de la corporación, y como órgano supremo integrado por todos/as los/las colegiados/as, es la encargada de decidir sobre los asuntos de mayor relevancia en la vida colegial, que les confieran estos estatutos, con carácter deliberante y decisorio. En la Junta General se aprobarán los presupuestos anuales y las cuentas del ejercicio anterior; la modificación de sus Estatutos; la fusión, absorción, segregación y disolución de la corporación; la integración en otras entidades asociativas o colegiales; la resolución de los expedientes para el nombramiento de los miembros o cargos de honor. Igualmente las mociones y propuestas que se presenten en la forma establecida siempre que no sean competencia de otros órganos de gobierno.
  
Artículo 13. Competencias de la Junta de Gobierno
  
Elegida por los colegiados con derecho a voto, en elección libre directa y secreta, sujeta a la periodicidad y condiciones que determinan estos estatutos, tiene como funciones la gestión de la voluntad expresada por la Junta General, y la dirección, administración y la gestión ordinaria del colegio, encargada de velar por sus intereses y fines durante todo el ejercicio social: perseguirá los fines del colegio, hará cumplir sus Estatutos y su gestión alcanzará los aspectos culturales, económicos, publicitarios y demás, y entre ellas:
  
a) Procurar al máximo la convivencia entre los/las asociados/as y el recíproco respeto.
  
b) Preparar los cursos y actividades anuales, nombrar comisiones o delegados a tal fin.
  
c) Acordar sobre admisión o inadmisión de los que solicitaran ingresar como miembros no ejercientes o colaboradores; instruir los expedientes para el nombramiento de los miembros o cargos de honor; instruir y resolver los expedientes disciplinarios; resolver sobre el régimen del personal, su nombramiento, retribuciones, sanción y despido.
  
d) Elaborar los informes correspondientes para conseguir los fines de la asociación.
  
e) Dar publicidad a las actividades del colegio mediante la redacción del correspondiente boletín o circulares informativas.
  
f) Decidir sobre las cuotas de los miembros con arreglo a los estatutos.
  
g) Ejercer todo tipo de acciones judiciales, administrativas y de cualesquiera índole, iniciando, compareciendo y actuando en nombre del colegio en todo tipo de procedimientos. Para ello podrá otorgar poderes a abogados y procuradores con las más amplias facultades procesales inclusive la de confesar en juicio.
  
h) Resolver los recursos contra las resoluciones del poesidente de la Mesa Electoral o acuerdos de la misma, y así también y respecto al colegio, las competencias de la Comisión de Gobierno respecto al ayuntamiento.
  
Artículo 14. De las competencias del presidente/decano
  
Será el presidente de la Junta de Gobierno, y el presidente de la Junta General. Entre sus funciones está:
  
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la asociación y firmar los documentos que emanen de la misma.
  
b) Nombrar o remover de entre los miembros de la Junta de Gobierno los puestos de vicepresidentes, secretario, vicesecretario, interventor, viceinterventor, tesorero, vicetesorero o vocales.
  
c) Convocar la Junta General y la Junta de Gobierno; en sesión ordinaria o extraordinaria, cuando lo crea conveniente o lo establezcan los Estatutos; presidir las juntas y dirigir las discusiones con arreglo a estos Estatutos, y tener voto de calidad en todos los empates.
  
d) Suspender las discusiones y poder abrir y levantar las sesiones cuando lo considere oportuno.
  
e) Autorizar como ordenador con su firma los libramientos de pago expedidos, y librar las certificaciones, títulos y providencias necesarias para llevar los procedimientos de apremio por impago de cuotas a buen fin.
  
f) Aprobar la liquidación del presupuesto, realizar todo tipo de operaciones bancarias y financieras; manejar las cuentas bancarias con su firma mancomunada a la del interventor y a la del tesorero.
  
g) Comprar, vender, adquirir, enajenar, gravar, liberar, administrar en general, disponer, arrendar, constituir y gestionar toda clase de derechos reales respecto a todo tipo de bienes, muebles, inmuebles y demás, con arreglo al presupuesto.
  
h) Ejercer dando cuenta a la Junta de Gobierno todo tipo de acciones judiciales, administrativas y de cualesquiera índole, iniciando, compareciendo y actuando en nombre del colegio en todo tipo de procedimientos. Para ello podrá otorgar poderes a abogados y procuradores con las más amplias facultades procesales inclusive la de confesar en juicio.
  
i) Realizar con arreglo al presupuesto todo tipo de contratos civiles, mercantiles, administrativos y laborales, contratar y despedir personal, integrarse en entidades que considere conveniente para el cumplimiento de sus fines, y en general cualesquier acto de administración, gobierno y gestión no encomendado expresamente a otro órgano.
  
j) Resolver, provisionalmente todos los asuntos que estime necesarios, debiendo dar cuenta en la siguiente reunión ordinaria a la Junta de Gobierno.
  
h) Ejercer respecto al colegio las competencias o facultades del alcalde respecto al ayuntamiento.
  
Artículo 15. De las competencias de los demás cargos
  
De los vicepresidentes/vicedecanos:
  
Previa autorización del presidente/decano, lo sustituirán por su orden de nombramiento por éste, en sus ausencias, vacantes y enfermedades, invistiéndose de todos los derechos y deberes de aquel.
  
Del secretario:
  
Será secretario del colegio y de la Junta General el que lo sea de la Junta de Gobierno, correspondiéndole respecto al colegio las funciones del secretario respecto al ayuntamiento y en particular:
  
a) Levantar las actas de los órganos deliberantes y cuidar de su transcripción a los libros correspondientes.
  
b) Recibir y tramitar cuantos documentos se presenten a registro, dando cuenta al presidente/decano.
  
c) Autorizar, con el visto bueno del presidente/decano, las credenciales de los cargos directivos y del personal empleado del colegio, con referencia a los correspondientes acuerdos de designación.
  
d) Expedir, con el visto bueno del presidente/decano, certificaciones de resoluciones o acuerdos de los órganos de gobierno y extremos que obren en documentos confiados a su custodia.
  
e) Formular la memoria anual sobre el desenvolvimiento del colegio, para conocimiento de los distintos órganos del mismo.
  
f) Dirigir y vigilar los registros y ficheros de colegiados, procurando que se hallen siempre al día.
  
Del interventor:
  
Será interventor del colegio y de la Junta General el que lo sea de la Junta de Gobierno, correspondiéndole respecto al colegio las funciones del interventor respecto al ayuntamiento y en particular:
  
a) Redactar el proyecto de presupuesto del colegio.
  
b) Intervenir los mandamientos de pagos, con arreglo al presupuesto, acuerdos adoptados y órden del presidente/decano, que procedan; y librar las certificaciones, títulos y providencias necesarias para llevar los procedimientos de apremio por impago de cuotas a buen fin.
  
c) Proponer y preparar los expedientes de créditos extraordinarios y/o suplementos de créditos, cuando sean necesarios.
  
d) Llevar los libros de contabilidad y preparar las cuentas preceptivas.
  
e) Formular la memoria anual sobre la situación económica del colegio.
  
f) Expedir certificaciones con referencia a los documentos cuya custodia le compete.
  
g) Firmar los documentos de disposición de fondos, junto con el presidente/decano y el tesorero.
  
Del tesorero:
  
Será tesorero del colegio y de la Junta General el que lo sea de la Junta de Gobierno, correspondiéndole respecto al colegio las funciones del tesorero respecto al ayuntamiento y en particular:
  
a) Custodiar los fondos del colegio.
  
b) Controlar e ingresar los cobros con los requisitos debidos.
  
c) Realizar los arqueos mensuales y los que el presidente/decano estime necesarios.
  
d) Llevar cuantos libros permitan el mejor desempeño de su función.
  
e) Formular la cuenta anual de recaudación de cuotas sobre la situación económica del colegio.
  
f) Expedir certificaciones con referencia a los documentos cuya custodia le compete; y librar las certificaciones, títulos y providencias necesarias para llevar los procedimientos de apremio por impago de cuotas a buen fin.
  
g) Firmar los cheques y pagarés bancarios para la disposición de fondos, junto con el presidente/decano y el interventor.
  
De los vicesecretarios, viceinterventores y vicetesoreros:
  
Les corresponde previa autorización del presidente/decano o del titular, sustituir a este en sus ausencias, vacantes y enfermedades, invistiéndose de todos los derechos y deberes de éste.
  
De los vocales:
  
Los miembros de la Junta Directiva que no tengan asignado ninguno de los cargos anteriores, serán vocales y tendrán como funciones dentro de la definición de su cargo, aquellas relacionadas con el mismo que les sean encomendadas o delegadas por el presidente/decano o la Junta de Gobierno.
  
Sección tercera
  
Elección de la Junta de Gobierno y del presidente/decano
  
Artículo 16. Convocatoria de las elecciones
  
La convocatoria de las elecciones de miembros de la Junta de Gobierno, se acordará por ésta, bien de forma total, cuando tengan que renovar todos los miembros de la misma o para la renovación parcial de alguno o algunos de ellos. En el caso de producirse vacantes de más de la mitad de los miembros de la Junta de Gobierno, se convocarán en un plazo no superior a un mes, siguiéndose el procedimiento general.
  
Se efectuará por el presidente/decano del colegio y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la respectiva comunidad autónoma, permaneciendo expuesta, junto con los censos electorales en la sede del colegio, en los cuales tan sólo se incluirán los que por estar al corriente del pago de sus cuotas tienen derecho al voto.
  
En la convocatoria se establecerá el calendario electoral precisando los periodos y fechas correspondientes a la presentación de candidaturas, su proclamación y votación, de tal manera que el proceso coincida con la expiración del mandato anterior, y con la liquidación del último ejercicio del mismo.
  
Artículo 17. Candidaturas
  
Dentro de los 15 primeros días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria, y durante las horas de oficina indicadas en ella, podrán presentarse en la sede colegial candidaturas para la elección.
  
Cada candidato individual tendrá que ser propuesto por un mínimo de cinco electores de su subescala, categoría y puesto de trabajo. Las candidaturas para puestos correspondientes al turno no vinculado podrán ser propuestas por igual número de colegiados pertenecientes a cualquier subescala.
  
También podrán presentarse candidaturas colectivas de una o varias subescalas y de las vocalías correspondientes al turno no vinculado, avaladas por igual número de colegiados.
  
Artículo 18. Proclamación de candidatos
  
El quinto día laborable siguiente al de finalización del plazo de presentación de candidaturas, la Junta de Gobierno examinará y comprobará las presentadas, la cualidad de los electores elegibles, de los proponentes y candidatos, y hará la proclamación de éstos, que se comunicará individualmente a todos los interesados y se hará pública en el tablón de anuncios del colegio.
  
Si no se hubieren presentado candidaturas para todas las vocalías, podrán presentarse otras, sin límite de firmas, hasta la víspera del día de la votación.
  
Artículo 19. Votación, escrutinio y proclamación de electos
  
La votación se celebrará el día que determine la Junta, entre un máximo de 40 y un mínimo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria.
  
La votación se celebrará en la sede del colegio o local habilitado al efecto, y tendrá una duración mínima de tres horas a partir del momento de comienzo que haya indicado la Junta de Gobierno en la convocatoria.
  
La Mesa Electoral está formada por un representante de cada subescala, designado por sorteo, de entre los electores con derecho a voto, el mismo día en que se haga la proclamación de candidatos. Juntamente con los titulares se designarán los suplentes necesarios.
  
Será presidente de la mesa el de más edad y secretario el de menos edad.
  
Los candidatos proclamados tendrán derecho a presenciar todas las operaciones electorales.
  
Con todos los candidatos proclamados se formará una lista ordenada por subescalas, categorías y puestos de trabajo.
  
La votación será libre, directa y secreta, en ningún caso podrá ser ejercida por los que no aparezcan en la lista del censo electoral con derecho a voto, velando la mesa que en ningún caso lo hagan los que por motivo de no estar al corriente del pago de sus cuotas tengan suspendido dicho derecho. Cada elector podrá elegir por cada grupo a tantos candidatos como puedan integrarse en la Junta de Gobierno en su subescala, categoría y puesto de trabajo, más los que correspondan al turno no vinculado, pudiendo utilizarse urnas independientes.
  
Es admisible el voto por correo o por entrega personal de mandatario verbal, con tal de que se reciba antes de cerrarse el horario de votaciones. Este voto se consignará en sobre cerrado depositado en otro en el que conste el nombre del votante y su firma, así como documento acreditativo de la condición de colegiado/a.
  
El presidente de la mesa tendrá plenas atribuciones para mantener el orden durante las elecciones y para resolver de inmediato las reclamaciones, dudas e incidentes que puedan presentarse.
  
El escrutinio será realizado por la Mesa Electoral, resolviendo de inmediato las dudas que durante su realización puedan presentarse. La mesa hará también la proclamación de los elegidos entre los que hayan obtenido el mayor número de votos válidos de cada turno. Los casos de empate se resolverán por sorteo.
  
En el supuesto de presentación de una sola candidatura, a los candidatos se les proclamará elegidos sin necesidad de proceder a votación y escrutinio.
  
Todas las resoluciones que adopte la mesa y su presidente podrán ser objeto de recurso en el plazo de tres días hábiles ante la Junta de Gobierno y contra las resoluciones de ésta procederá la vía contencioso administrativa.
  
Artículo 20. Toma de posesión
  
La toma de posesión de los nuevos vocales de la junta tendrá lugar, en el plazo máximo de 15 días a partir de la proclamación de los elegidos por la Mesa Electoral, y se formalizará ante la Junta de Gobierno saliente.
  
Una vez posesionados los miembros de la Junta, procederán, bajo la presidencia del vocal de mayor edad, a elegir de entre ellos al presidente/decano, actuando como fedatario el vocal de menor edad.
  
Sección cuarta. Las causas y procedimientos para la extinción o remoción de los órganos de gobierno
  
Artículo 21. Duración de los cargos
  
Los miembros de la Junta de Gobierno cumplirán un mandato de cuatro años, sin perjuicio de su renuncia al cargo. El presidente/decano podrá ser removido de su cargo mediante moción de censura, que se regulará en todas sus bases, fundamentos y trámites por las normas de la legislación local con referencia a los alcaldes.
  
El presidente podrá nombrar o remover de entre los miembros de la Junta de Gobierno los puestos de vicepresidentes, secretario, vicesecretario, interventor, viceinterventor, tesorero, vicetesorero o vocales.
  
Los titulares miembros de la Junta de Gobierno ,con independencia de ser removidos en sus distintos puestos en la forma anteriormente determinada, continuarán perteneciendo a la junta y ejercerán su cargo hasta la toma de posesión de sus sucesores, no pudiendo ser removidos del mismo ,al igual que los concejales, más que por imposición expresa en procedimiento judicial o que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio de cargo u oficio público.
  
CAPÍTULO III
  
Funcionamiento y régimen jurídico
  
Sección primera. Periodicidad de las sesiones
  
Artículo 22. Sesiones de la Junta General
  
La Junta General se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año, previa convocatoria al efecto con quince días de antelación y procurando coincidir con el día señalado para la fiesta anual de la patrona del colegio la Virgen del Pilar. En sesión extraordinaria se podrá reunir con igual antelación a voluntad del presidente/decano o a petición del cinco por ciento de sus miembros.
  
Artículo 23. Sesiones de la Junta de Gobierno
  
Las juntas de Gobierno se reunirán en sesión ordinaria, como mínimo, una vez al trimestre y serán convocadas con un mínimo de tres días hábiles, indicando el orden del día de los asuntos a tratar. Se reunirán en sesión extraordinaria cuando así lo haga el presidente/decano por si o bien a petición o iniciativa de la tercera parte de los vocales. En este caso por razones de urgencia el plazo se reducirá a dos días. Los requisitos de la convocatoria serán los mismos del apartado anterior y, en ningún caso, podrán tratarse más asuntos que los que figuren en el orden del día.
  
Sección segunda
  
Convocatoria, orden del día, desarrollo de las sesiones,
  
votaciones y actas
  
Artículo 24. Convocatoria y quorum
  
La Junta General ordinaria o extraordinaria requiere convocatoria al efecto con 15 días de antelación, que se notificará a todos los miembros al menos con cinco días de antelación.
  
Las juntas de Gobierno ordinarias o extraordinarias serán convocadas con un mínimo de tres días hábiles, notificándose a todos los miembros, con tres días de antelación. Las extraordinarias urgentes con dos días.
  
Las sesiones de todos los órganos colegiados requieren en primera convocatoria la asistencia de la mitad más uno del número legal de sus componentes, que nunca podrá ser inferior a tres, y en todo caso con la asistencia del presidente/decano y del secretario, o quienes legalmente los sustituyan.
  
Podrán convocarse separada o simultáneamente para celebrarse en segunda convocatoria, al menos 15 minutos más tarde de la fijada para la primera. Será válida sea cual fuere el número de asistentes, aunque, en todo caso, con la presencia del presidente/decano y del secretario, o quienes legalmente los sustituyan.
  
Para adoptar acuerdos de fusión, absorción y disolución del colegio se requerirá convocatoria expresa como único punto a tal efecto y adopción del acuerdo con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de pleno derecho en todo caso.
  
Artículo 25. Orden del día
  
El orden del día de las sesiones de todos los órganos colegiados será fijado por su presidente/decano, quien está obligado a incluir los asuntos que se soliciten en tiempo y forma.
  
Artículo 26. Debates
  
El presidente/decano abrirá y cerrará las sesiones en la forma que estime conveniente, dirigirá los debates, concederá, denegará o retirará el uso de la palabra, llamará al orden a los intervinientes y adoptará, según su prudente criterio, cuantas medidas considere necesarias para el orden y eficacia de las mismas, suspendiéndolas en caso de grave alteración del orden o peligro inminente.
  
Artículo 27. Votaciones
  
Las votaciones de la Junta General o de la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias, nominales o secretas. Serán ordinarias en caso de que no existan votos en contra, y haya general asentimiento. Nominales o secretas cuando lo ordene el presidente/decano o lo solicite la mayoría simple.
  
Artículo 28. Actas
  
De todas las sesiones de la Junta General o Junta de Gobierno se extenderá por el secretario el correspondiente acta, autorizada con su firma y la del presidente/decano, pasándose posteriormente al preceptivo libro de actas. Todos los/las colegiados/as tienen derecho a obtener certificaciones de las actas que les interesen.
  
Sección tercera. Régimen jurídico
  
Artículo 29. Capacidad jurídico-pública y jurídico-privada del colegio
  
El colegio como corporación de derecho público, está sujeto al derecho administrativo, en cuanto ejerce potestades públicas que las leyes le encomiendan. El resto de su actividad se rige por el derecho privado.
  
Artículo 30. Acciones y recursos
  
1. Todos los actos y resoluciones de los organos de gobierno del colegio que están sujetos al derecho administrativo son susceptibles de los recursos establecidos legalmente en la vía administrativa.
  
2. Contra las resoluciones de estos recursos que agoten la vía administrativa, se podrá recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
  
3.Contra las actuaciones en la esfera de su capacidad jurídico privada, cabrán las acciones propias de la misma.
  
Artículo 31. Reclamación previa
  
Será preceptiva la reclamación previa en materia civil, mercantil o laboral.
  
Sección cuarta. Régimen disciplinario
  
Artículo 32. Infracciones y sanciones de los colegiados en el ejercicio de sus cargos funcionariales
  
Las infracciones y sanciones en que puedan incurrir los/las colegiados/as en el ejercicio de sus cargos, son las que vienen previstas en la legislación vigente de régimen local o estatal para los habilitados nacionales; así como su procedimiento disciplinario y los órganos competentes para su aplicación. El colegio tan solo aplicará la baja en el mismo cuando por sentencia o acto administrativo firme, se produzca la separación del servicio del funcionario colegiado de habilitación nacional.
  
Artículo 33. Infracciones y sanciones con respecto al colegio
  
Las otras infracciones y sanciones en que puedan incurrir los/las colegiados/as con respecto al colegio son las siguientes:
  
Infracciones:
  
Faltas leves: incumplimiento por primera vez de alguna de las obligaciones colegiales determinadas en el artículo 7.
  
Faltas graves: incumplimiento reiterado de alguna de las obligaciones colegiales determinadas en el artículo 7.
  
Faltas muy graves: incumplimiento reiterado de tres o más de las obligaciones colegiales determinadas en el artículo 7.
  
Sanciones:
  
Para las faltas leves suspensión de algunos de los derechos del artículo 7 durante el plazo de un mes.
  
Para las faltas graves suspensión de algunos de los derechos del artículo 7 durante el plazo de uno a tres meses.
  
Para las faltas muy graves suspensión de algunos de los derechos del artículo 7 durante el plazo de tres meses a un año.
  
En todo caso llevará como sanción pareja la inhabilitación para presentarse como miembro de los órganos de gobierno durante el tiempo de la suspensión.
  
Artículo 34. Procedimiento disciplinario
  
No se puede imponer ninguna sanción colegial sin la instrucción previa de un procedimiento disciplinario de naturaleza contradictoria que garantice la adecuada defensa del interesado, y cuya tramitación se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992 para este tipo de procedimientos. Será órgano competente para su resolución la Junta de Gobierno.
  
CAPÍTULO IV
  
Régimen económico y del personal
  
Sección primera. Régimen económico
  
Artículo 35. Ingresos en general
  
El colegio provincial se nutrirá con los siguientes recursos:
  
a) Las rentas, productos o intereses consecuentes de la administración de su patrimonio.
  
b) Las donaciones, legados y subvenciones.
  
c) Las aportaciones de entidades públicas y privadas.
  
d) El rendimiento de los servicios que presten y los beneficios de sus contratos y conciertos con entidades públicas o particulares, incluidos los resultados líquidos de los cursos de formación.
  
e) El importe de las cuotas de sus miembros.
  
f) Cualquier otro que legalmente procediere.
  
Artículo 36. De las cuotas
  
1) Clases. Serán ordinarias, extraordinarias o especiales:
  
Las cuotas ordinarias serán las que anualmente establezca la Junta de Gobierno, y tendrán como referencia las retribuciones de los colegiados no pudiendo ser superiores al 1% de las mismas.
  
Las cuotas extraordinarias serán las que imponga la Junta de Gobierno para hacer frente a gastos de inversión contenidos y aprobados en el presupuesto anual aprobado.
  
Las cuotas especiales son las que se aprobarán por la Junta de Gobierno para los colegiados no ejercientes, colaboradores o de honor, teniendo un carácter voluntario, y no estando sujetas a la vía de apremio.
  
2) El cobro de las cuotas de los colegiados obligados, agotada en su caso la vía amistosa, se realizará mediante demanda ante los tribunales de orden civil competentes para decidir sobre las reclamaciones judiciales referentes a las cantidades adeudadas por este concepto.
  
3) Suspension de derechos. El colegiado ejerciente moroso, una vez requerido por el Presidente, quedará automáticamente suspendido de los derechos que le reconoce el artículo 7-3º, suspensión que perdurará hasta que dé cumplimiento a sus deberes económicos para con el colegio.
  
Artículo 37. De los presupuestos
  
Durante el tercer trimestre de cada año, el interventor formará, presentará y pasará a la Junta de Gobierno el presupuesto anual del ejercicio siguiente, y esta previa su conformidad o rectificación, lo elevará a la Junta General para su aprobación, el cual se ajustará a las normas habituales en esta materia y responderá a principios de buena administración y economía. La liquidación del presupuesto del ejercicio anterior corresponderá al presidente/decano.
  
Artículo 38. De las cuentas
  
Las cuentas se llevarán con arreglo a las normas de contabilidad de la administración local, con la máxima claridad y los debidos justificantes para su mejor y más rápida fiscalización. Todas las cuentas irán informadas por el interventor y acompañadas de una memoria explicativa de la presidencia. Serán aprobadas por la Junta General.
  
Sección segunda. Del personal
  
Artículo 39
  
El colegio podrán adscribir, a su servicio, personal retribuido en cualquiera de las modalidades establecidas para las entidades locales.
  
El régimen del personal, su nombramiento, retribuciones, sanción y despido será competencia de la Junta de Gobierno y del presidente/decano.
  
CAPÍTULO V
  
De las relaciones con otros entes públicos y privados
  
Artículo 40
  
El procedimiento a seguir en procesos de fusión, absorción, segregación y disolución, será el derivado de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, DOGV de 9 de diciembre de 1997; la fusión, absorción, segregación o disolución del colegio salvo en los casos en que lo imponga directamente la ley, se llevará a cabo por acuerdo de éste en la forma establecida en el artículo 24 de estos estatutos, y deberá ser aprobada por ley de la Generalitat, previo informe, en su caso, del Consejo Valenciano de Colegios Profesionales competente.
  
Artículo 41. Con la Generalitat Valenciana y con el Ministerio de Administraciones Publicas
  
El colegio en todo lo que se refiere a los aspectos institucionales y corporativos considerados en esta ley, se relacionará con la Generalitat Valenciana, Conselleria de Presidencia del Gobierno Valenciano, y en particular:
  
1) El colegio comunicará a la Conselleria de Presidencia de la Generalitat los estatutos, reglamentos de régimen interior y sus modificaciones, para su control de legalidad dentro del plazo de un mes. Posteriormente serán inscritos en el Registro de Colegios y publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en los términos establecidos en el título IV de la presente ley.
  
2) Elegidos los miembros de los órganos de gobierno, se comunicará su composición a la Conselleria de Presidencia y a la conselleria correspondiente por razón de la profesión.
  
3) El colegio comunicará, en su caso, al Consejo Valenciano de Colegios Profesionales respectivo tanto sus modificaciones estatutarias y reglamentarias como la composición de sus órganos de gobierno.
  
En todo lo que atañe a los contenidos de la profesión, se relacionará con las consellerias de la Generalitat cuya competencia tenga relación con la función pública local.
  
Igualmente se relacionará con el Ministerio de Administraciones Públicas, en todo lo referente a la función pública local y a la habilitación nacional en el ámbito de su competencia.
  
Artículo 42. Relaciones entre el colegio y el Consejo Valenciano de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación Nacional
  
El colegio se relacionará con el Consejo Autonómico de Colegios en base a lo establecido en la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, DOGV de 9 de diciembre de 1997; en sus estatutos; y en el resto de la normativa aplicable.
  
La aportación del Colegio al Consejo Valenciano será equitativa de tal forma que no impedirá el cumplimiento de los fines del colegio provincial, irá recogida en los Estatutos de ambos, y en el presupuesto anual del colegio provincial para ser aprobada por la Junta General.
  
Artículo 43. Relaciones entre el colegio y el Consejo General Nacional de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación Nacional
  
El colegio se relacionará con el Consejo General de Colegios en base a lo establecido en la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, DOGV de 9 de diciembre de 1997; en sus estatutos; y en el resto de la normativa aplicable.
  
La aportación del Colegio al Consejo General Nacional será equitativa de tal forma que no impedirá el cumplimiento de los fines del colegio provincial, irá recogida en los Estatutos de ambos, y en el presupuesto anual del colegio provincial para ser aprobada por la Junta General. Tendrá como base referencial máxima el 20% de las cuotas ordinarias que satisfagan los colegiados ejercientes.
  
Artículo 44. Otras relaciones
  
El colegio para el mejor cumplimiento de sus fines, además de con sus miembros y organismos precitados, se relacionará también con las autoridades y funcionarios en general y de la administración local, administraciones publicas de la provincia de Valencia, mancomunidades, asociaciones y federaciones de municipios, federaciones deportivas, asociaciones profesionales, socioculturales, sindicatos de funcionarios, O.N.G., y otras personas jurídico públicas, privadas o particulares, tanto nacionales como extranjeras, a los que ofrecerá los servicios de asesoramiento y gestión en materia jurídica, económica, contable, y recaudatoria, pudiendo establecer para ello los convenios que considere pertinentes, buscando la consecución de una administración pública más moderna, eficaz y cercana a los ciudadanos y administrados.
  
Disposición adicional
  
En materia de organización, funcionamiento, régimen jurídico y económico y del personal, será de aplicación supletoria, en cuanto no se oponga a los presentes Estatutos, la normativa de régimen local aplicable a las entidades locales.
  
Disposición transitoria
  
El Colegio Provincial de Valencia, siendo consciente de que la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, DOGV de 9 de diciembre de 1997, establece en su artículo 14 y disposición transitoria tercera, la preceptiva integración del mismo en el consejo autonómico correspondiente, manifiesta a ello su conformidad y habiendo aprobado paralelamente a los presentes los estatutos del mismo, a falta de su aprobación en su caso por los colegios provinciales de Alicante y Castellón, exhortará a los mismos para cumplimentar tal imperativo legal.
  
Disposición final
  
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta General de este colegio, sin perjuicio de su comunicación a la Conselleria de Presidencia de la Generalitat, su inscripción en el Registro de Colegios y Consejos Profesionales y demás trámites pertinentes.