Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5333, del 28-08-2006 (2006/9948)

Bases particulares que regirán en el concurso para la selección de agente urbanizador por gestión indirecta del programa para el desarrollo del Sector SUZ-2 de suelo urbanizable terciario de Albalat dels Sorells.
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Número DOGV
:   5333

Fecha DOGV
:   28-08-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2006/9948


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Albalat dels Sorells

Tipo de documento
:   Anuncio

Bases particulares que regirán en el concurso para la selección de agente urbanizador por gestión indirecta del programa para el desarrollo del Sector SUZ-2 de suelo urbanizable terciario de Albalat dels Sorells. [2006/9948]  
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 131.2 y siguientes de la Ley Urbanística Valenciana 16/2005, de 30 de diciembre, a continuación se publica el texto íntegro de las bases particulares reguladoras del programa de actuación integrada del Sector SUZ-2 de suelo urbanizable terciario, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 3 de agosto de 2006.   
A) Antecedentes  
En fecha 20 de julio de 2006 (R.E. nº 1499), la mercantil Mercadona, SA, presentó ante el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells escrito en virtud del cual solicita el inicio de un procedimiento de concurso para el desarrollo y ejecución de un Programa de Actuación Integrada en el Sector SUZ-2 de Suelo Urbanizable Terciario de este Municipio, por el sistema de gestión indirecta, acompañado de los documentos previstos en el artículo 130 y concordantes de la Ley 16/2005 de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana (LUV).   
El Pleno del Ayuntamiento acordó en sesión extraordinaria, celebrada el 3 de agosto de 2006, aplicar las Bases Generales de carácter supletorio para la adjudicación de programas de actuación integrada previstas en el Anexo II del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística aprobado por Decreto 67/2006 del Consell.   
B) Habilitación  
Las presentes bases particulares han sido redactadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 131.2 de la ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y su contenido y determinaciones son aplicables al concurso por el que se regirá la selección y adjudicación, en su caso, del programa para el desarrollo de la actuación integrada por gestión indirecta promovida por la mercantil Mercadona, SA. para el ámbito del Sector SUZ-2.  
C) Bases  
Ordenación urbanística vigente en el ámbito de la actuación.  
La ordenación urbanística vigente en el Municipio de Albalat dels Sorells viene establecida en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 24 de junio de 1991, con sus modificaciones correspondientes.  
El Sector cuya programación se propone, con una superficie total de 49.151,77 metros cuadrados, configura un ámbito con los siguientes linderos: Norte, suelo no urbanizable común; Sur, término municipal de Valencia; Este, término municipal de Valencia; y Oeste, en parte con suelo urbanizable industrial (SUZ-3) y, en parte, con término municipal de Museros.   
La identificación física del ámbito objeto de programación se contiene en el plano Anexo a las presentes bases particulares, presentado por la mercantil peticionaria del trámite, que es incorporado a estas bases particulares al exclusivo efecto de delimitar el ámbito de la actuación. Linda el ámbito, al norte y al este con la vía denominada Ronda Este de Albalat dels Sorells, en propio término de Albalat dels Sorells (que ejecuta la Generalitat Valenciana), al sur con suelo no urbanizable del término de Valencia, y al oeste con la carretera CV-300, en propio término de Albalat dels Sorells.  
Conforme a la ordenación urbanística vigente los terrenos que conforman el ámbito que se pretende desarrollar están clasificados como Suelo No Urbanizable.   
No obstante, en la actualidad el Plan General de Ordenación Urbana se encuentra en trámite de revisión, habiéndose presentando el documento de Concierto Previo para su aprobación por la Conselleria de Territorio y Vivienda, previéndose la configuración de dichos terrenos como un nuevo Sector de suelo urbanizable con destino terciario.  
El planificador municipal, sobre la base de la inexistencia de valores o características en el citado ámbito que lo hiciera incompatible con su transformación y desarrollo urbanístico, ha delimitado este nuevo Sector de suelo urbanizable con destino terciario, a fin de dar respuesta a las futuras necesidades del municipio en este campo.  
A tal efecto, como se indica en el Concierto previo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, el Plan delimita este Sector SUZ-2 .sin ordenación pormenorizada, por entenderse que debe ser la propia iniciativa pública o privada la que aborde dicha ordenación en función de la situación del mercado inmobiliario en el momento de su programación.   
Todos los sectores delimitados sobre el suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada lo son para su desarrollo a través de los correspondientes Planes Parciales.  
Los Planes Parciales podrán tener los contenidos propios del Plan Parcial de Mejora, e incluso modificar la ordenación estructural establecida en el Plan General, siempre que se sujeten a las limitaciones establecidas en éste, con carácter de directriz para los citados instrumentos de desarrollo, justifiquen adecuadamente el interés público de las modificaciones propuestas y cumplan las reglas impuestas en los artículos 72 a 74 de la LUV y 172 a 176 del ROGTU.  
Las modificaciones que no se ajusten a los mencionados requisitos, sólo podrán plantearse por la propia Administración municipal en el contexto de la modificación o revisión del Plan General..  
Se hace referencia en la transcripción a la Ley 16/2005 de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV) y al Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU) aprobado por Decreto 67/2006 del Gobierno Valenciano.  
1. Memoria de necesidades y objetivos a satisfacer con el programa.  
1. El objetivo del Programa de Actuación Integrada consiste en la necesidad, manifestada en el Concierto Previo del Plan General de Ordenación Urbana, de poner en el mercado suelo urbanizable con destino terciario, que permita dar respuesta a las necesidades del municipio en este campo.  
2. En cualquier caso, el Programa de Actuación Integrada que se presente deberá cumplir todos los objetivos generales establecidos en el art. 124 LUV, y por lo tanto, contendrá las previsiones precisas para:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa.  
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, conectando e integrando adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes y, en particular, garantizando la adecuada conexión del sector con la CV-300 y la CV-316.  
c) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.  
d) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente.  
e) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público de suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, sin perjuicio de la obligación legal de soportar las cargas de urbanización correspondientes a la cesión, o, alternativamente, garantizar la obtención de las compensaciones económicas que legalmente correspondan.  
f) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.  
g) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, que en ningún caso superará el plazo de un año desde la recepción de las obras de urbanización.  
3. Al margen de estos objetivos generales que marca la LUV, en el caso concreto que nos ocupa se fijan como objetivos complementarios del Programa los siguientes:  
a) La integración del Proyecto a ejecutar dentro del entorno físico y medioambiental en el que se incardina, en concordancia con los principios y directrices de desarrollo de la ciudad.  
b) Las propuestas deberán asegurar que las obras de urbanización además de ser realizadas con materiales de calidad, contemplen unidades de obra que incorporen a las edificaciones que se construyan en el futuro inmediato dentro del ámbito de la actuación, las más modernas infraestructuras para la implantación de todas las tecnologías existentes en el mercado para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.  
c) Las propuestas deberán implantar las infraestructuras encaminadas a potenciar un uso eficiente de los recursos hídricos.  
4. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad que se brinda a los licitadores de incluir en sus propuestas otros objetivos complementarios cuyo coste será asumido por el urbanizador sin repercutirlo a los propietarios de terrenos afectados, en los términos que contempla el art. 124.2 de la LUV,   
2. Directrices de evolución urbana y ocupación del territorio establecidas por la revisión del PGOU.  
La revisión del Plan General de Ordenación Urbana incorpora las directrices en orden a la reclasificación del suelo no urbanizable, a tenor de las cuales la reclasificación del suelo no urbanizable justificará la aplicación de los siguientes criterios limitativos:  
a) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.2 de la LRAU y 2.2 de la LSNU, el suelo no urbanizable no podrá ser objeto de reclasificación instrumentada mediante simple modificación parcial del Plan General, cuando los objetivos para los que se proponga puedan alcanzarse igualmente a través de la declaración de interés comunitario regulada en la LSNU.  
b) La reclasificación deberá justificar expresamente su mayor interés público en relación con los valores protegidos que justificaron la inclusión en el suelo no urbanizable, y asimismo que el nivel de consolidación de la urbanización y de la edificación, en los suelos urbano y urbanizable calificados para el mismo uso global cuya implantación reclama la reclasificación, ha alcanzado los umbrales del 100 por 100 y del 50 por 1000 respectivamente.  
c) La reclasificación de suelo no urbanizable en el límite de la demarcación administrativa con otros municipios deberá justificar expresamente la coherencia con la ordenación propuesta con la de los municipios colindantes..  
Asimismo, siguiendo lo indicado en la Memoria Justificativa de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, para la redacción del plan parcial se establecen las siguientes directrices específicas:  
.a) Deberá acoger, a los efectos de la ordenación pormenorizada, el esquema correspondiente a alguna de las zonas tipo del RZOU coherentes con el uso global asignado en el Plan revisado al sector que ordena, atendiendo a lo dispuesto en la base cuarta, relativa a los criterios y objetivos urbanísticos y territoriales de las propuestas de planeamiento a formular.  
b) Deberán tomar en consideración las directrices establecidas en el Plan revisado para la reclasificación del suelo y relimitación de unidades de ejecución.  
c) Respetarán las condiciones que para el desarrollo del sector delimitado se establecen en la ficha de planeamiento del Plan General y en las presentes Bases..  
3. Criterios y objetivos urbanísticos y territoriales de las propuestas de planeamiento a formular.   
El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells considera que las propuestas de planeamiento que se presenten en la Alternativa Técnica de los Programas que se formulen deberán cumplir los siguientes parámetros:  
3.1 En relación con la ordenación estructural.  
a) Clasificación del suelo: Urbanizable.   
b) Superficie del Área de Reparto: coincidente con la del Sector.  
c) Aprovechamiento tipo: 0,5 m²t/m²s.  
d) Índice de Edificabilidad Bruta: 0,5 m²t/m²s.  
e) Uso global: Terciario.  
f) Cumplimiento de las reservas de suelo dotacional público que, como mínimo, prevén la LUV y el ROGTU.  
3.2 En relación con la ordenación pormenorizada.  
d) Todo el ámbito constituirá una única Unidad de Ejecución.  
e) Se deberán cumplir los estándares previstos en la LUV y el ROGTU para las actuaciones de uso dominante terciario.  
f) Resolver satisfactoriamente la conexión y acceso rodado al ámbito de actuación propuesto a través de la CV-300 y CV-316.  
g) Favorecer, más allá de la mera conexión viaria, la relación entre el actual casco urbano y el nuevo desarrollo, fomentando la unión de la trama urbana.  
h) Generar un espacio de suelo urbanizado terciario que permita la implantación de oficinas, y que favorezca la implantación en el municipio de centros directivos y de negocios.  
i) Proceder a la urbanización de la totalidad de las zonas verdes vinculadas a la actuación.  
j) Garantizar el tratamiento adecuado en las zonas de protección de los ejes viarios perimetrales a la actuación.  
El cumplimiento de todos estos parámetros se considera condición necesaria para la admisión y valoración de la Alternativa Técnica que se presente.  
El resto de parámetros urbanísticos no definidos previstos en la normativa urbanística que resulta de aplicación, se considera quedan a libre criterio de los licitadores, siempre y cuando las propuestas que se presenten cumplan el ordenamiento jurídico vigente.  
4. Descripción de los objetivos de edificación privada que han de cumplirse en el ámbito de la actuación.  
a) Implantación del uso terciario de oficinas destinado a centros directivos y de negocios.  
b) Facilitar la implantación de los usos terciarios directamente vinculados al uso dominante de oficinas.  
c) Propiciar la edificación simultánea a la urbanización, dado el interés del municipio en agilizar al máximo la puesta en el mercado de suelo con destino terciario con el que atender la demanda del municipio en este ámbito.  
5. Prescripciones técnicas mínimas que deben respetarse en la redacción de los documentos de ordenación y gestión.  
Los documentos de ordenación y gestión deberán redactarse con estricta observancia de las prescripciones técnicas impuestas por la LUV y el ROGTU en aquellos aspectos que la desarrolle.  
En particular, dada la superficie del ámbito de ordenación, y a fin de permitir la futura implantación de un complejo de oficinas con dimensiones suficientes para permitir la implantación de centros directivos y de negocios, la ordenación deberá delimitar una manzana con una superficie mínima de 20.000 m², que permita materializar un mínimo de 20.000 m²t.  
6. Admisibilidad de variantes.  
1. Se considerarán variantes a los efectos del artículo 133.2 de la LUV las modificaciones de carácter técnico y nunca las de carácter económico.   
2. Las variantes no podrán alterar sustancialmente la ordenación urbanística propuesta.  
3. Cada aspirante a Urbanizador podrá presentar una única variante respecto de su Alternativa Técnica inicial.  
4. La presentación de una variante respecto de la Alternativa Técnica inicial no legitimará la presentación de una nueva Proposición Jurídico-Económica ni la alteración de las Bases de programación por quien la formule. No obstante, la administración podrá elegir, de entre la Alternativa original y la variada, aquélla que mejor satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la Proposición Jurídico-Económica formulada.  
5. No se entenderá como Alternativa Técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de Programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar Alternativa Técnica, que no se considerará variante de su avance de programación, todo ello con respeto a lo dispuesto en las Bases Generales y Particulares que regulen el procedimiento.  
6. A los efectos señalados en esta cláusula, no se considerarán variantes, por lo que serán admisibles, en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.   
7. De acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores las presentes Bases Particulares no admiten la formulación de variantes sobre los siguientes aspectos:  
a) La delimitación sectorial, debiendo mantenerse la del plano Anexo.  
b) Los usos admisibles, salvo en lo relativo a los usos terciarios compatibles que podrán ampliarse a otros distintos de los previstos en la ficha de gestión, siempre que se trate de usos directamente vinculados al uso dominante (terciario oficinas).  
c) La delimitación de una manzana edificable de destino privado con una superficie mínima de 20.000 m², que permita materializar una edificabilidad mínima de 20.000 m²t.  
7. Prescripciones técnicas mínimas a observar en la elaboración del proyecto de urbanización.  
En la elaboración del Proyecto de Urbanización deberá cumplirse lo previsto en los artículos 156 y 157 de la LUV, en relación con lo dispuesto en los artículos 349 y 350 del ROGTU.  
Las prescripciones técnicas del Proyecto de Urbanización respetarán, asimismo, lo dispuesto en los artículos 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 68 del Reglamento de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 69 de dicho Reglamento.  
8. Presupuesto base de licitación formulado por la administración.   
A todos los efectos previstos en la LUV, y en particular a fin de fijar la cuantía de la garantía provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación aproximada de las cargas del Programa, este se fija en la suma máxima de cuatro millones quinientos mil (4.500.000) euros.  
9. Garantías.  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación del Programa de Actuación Integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía provisional de 90.000 euros, equivalente al 2 por 100 del precio máximo de licitación.  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones de Programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del correspondiente Programa.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en cualquiera de las formas y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece en un 15 por ciento del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del Programa de Actuación Integrada. Esta garantía deberá prestarse en el plazo máximo de quince días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa.  
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20 por ciento en los supuestos de aprobación del Programa cuando las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.  
6. La garantía definitiva que debe prestar el Urbanizador no responde, en ningún caso, del abono de las cargas urbanísticas por parte de los propietarios del suelo, y no podrá computarse a los efectos previstos en el artículo 182.2.b) de la LUV. En la Proposición Jurídico Económica que se presente, deberá establecerse que si los propietarios de suelo pretendieran hacer valer el pago o garantía de las cargas urbanísticas realizados privadamente a favor del Agente Urbanizador, o acuerdos privados alcanzados con éste, para solicitar la dispensa de garantía prevista en el citado 182.2.b) de la LUV, deberán renunciar al ejercicio de acciones judiciales o administrativas para exigir a la administración municipal el cumplimiento del Agente Urbanizador respecto a las obligaciones que habrían quedado cubiertas por la garantía o responsabilidad por dicho incumplimiento, y obligarse a declarar tal renuncia en las sucesivas transmisiones de la propiedad o uso del inmueble.  
10. Plazos de despliegue y ejecución del programa de actuación integrada.  
1. Plazo de adjudicación del Programa: el plazo máximo de adjudicación de este Programa será de seis (6) meses a contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones.  
2. Proyecto de Reparcelación: el proyecto de reparcelación deberá presentarse, en su caso, dentro del mes siguiente al transcurso del plazo previsto en el artículo 167.3 de la LUV y antes de cuatro meses desde la formalización del contrato para el despliegue y ejecución del Programa.   
3. Selección del empresario constructor de las obras de urbanización, si procediera: seis (6) meses a contar desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.  
4. Ejecución material de las obras de urbanización:   
a. Inicio: un mes desde la inscripción del proyecto de reparcelación.  
b. Terminación: en todo caso, dentro del plazo de dieciocho (18) meses desde la inscripción del proyecto de reparcelación.  
c. Recepción por el Ayuntamiento: a los tres (3) meses del ofrecimiento formal para esa recepción conforme a lo dispuesto en los artículos 188.2 de la LUV y 147 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
d. Plazo de garantía: doce (12) meses desde el acta de recepción definitiva.  
5. Las obras de edificación se podrán ejecutar simultáneamente a las de urbanización. En ningún caso el plazo para edificar los solares resultantes de la actuación superará el plazo de un año desde la recepción de las obras de urbanización.  
En caso de incumplimiento de los referidos plazos, se estará a lo dispuesto en la base vigésimo primera, pudiendo dar lugar a la resolución del contrato, con incautación de la garantía definitiva.  
11. Modelo de proposición a presentar por los interesados.  
Se incluye como Anexo a las presentes bases particulares.  
12. Documentación a presentar por los licitadores junto con la proposición.  
De conformidad con lo que establecen la LUV y el ROGTU se distinguen a continuación los diferentes tipos de documentación que han de presentar los licitadores:  
12.1 Alternativa Técnica:  
1.1. La Alternativa Técnica contendrá la documentación siguiente:  
a) La Alternativa Técnica deberá ir acompañada necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación detallada para el ámbito del Programa.  
b) Ámbito de la actuación integrada.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
f) Proyecto de urbanización determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme al artículo 124.2 de la LUV, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
j) Estimación preliminar de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas, incluyendo, al menos, si procediera, la de las obras de urbanización que deban ser ejecutadas por cuenta de una actuación distinta y posterior pero que, beneficiando a la actuación que es objeto de la Alternativa Técnica, deba ser en parte sufragada con cargo a ésta a través del correspondiente canon de urbanización. En todo caso, tendrán la consideración de gastos variables los enunciados en el artículo 308.2 del ROGTU.  
k) Estimación aproximada, no vinculante, de las indemnizaciones y compensaciones que correspondan por todos los conceptos con cargo a la actuación, sin perjuicio de la valoración definitiva que proceda en el momento de exponer al público el Proyecto de Reparcelación.  
l) Dado que la propuesta de Programa modifica la ordenación estructural, deberá incorporar la documentación establecida en los artículos 72 a 74 de la LUV, y, en particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.3.a) y 47.3 de la LUV, deberá fijar los programas y proyectos para la sostenibilidad y la calidad de vida a los que deba destinarse la aportación monetaria sustitutoria de la cesión de suelo prevista en el artículo 13.6 de la Ley 4/2004, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOT), previa justificación en el Plan de la imposibilidad de que pueda hacerse efectiva dicha cesión. A los efectos de determinar el .valor equivalente de la cesión'aludido en el artículo 47.3 de la LUV, nunca se considerará la patrimonialización a favor del suelo no urbanizable de especial protección, de un aprovechamiento urbanístico unitario inferior a una tercera parte del que corresponda, en promedio, al suelo urbanizable de la Revisión del Plan General cuya ordenación pormenorizada no estuviese aprobada definitivamente a la fecha de aprobación de las presentes bases.  
2. Además del contenido enumerado, y en la medida en que se propone incorporar nuevos suelos urbanizables a la estructura territorial, la Alternativa Técnica deberá incorporar, al menos, la solicitud de Cédula Territorial de Urbanización regulada en los artículos 112 y siguientes de la LUV, solicitud que deberá ser objeto de exposición al público junto con la Alternativa Técnica.  
3. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 307 del ROGTU, será exigible un proyecto de edificación cuando el aspirante a Urbanizador ofrezca como compromiso voluntario la edificación simultánea a la urbanización.  
12.2 Proposición Jurídico-Económica:  
2. 1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
a) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
A estos efectos, la Proposición Jurídico-Económica deberá incluir la siguiente información:  
i. Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación, tales como dimensiones de parcela mínima de resultado, aprovechamiento subjetivo, valor unitario de repercusión del suelo urbanizado y anterior a la urbanización (m²t), equivalente valor unitario de suelo bruto (m²s bruto) y superficie mínima de terrenos de origen necesarios para resultar adjudicatario de parcela resultante.  
ii. Información, en su caso, sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en metálico, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esta opción de retribución.  
iii. Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
iv. Hoja resumen de los datos económicos relevantes.  
b) Acreditación de la titularizad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa.   
En tal supuesto, la Proposición Jurídico-Económico deberá incluir la siguiente documentación referida a esos terrenos:  
i. Certificación registral de dominio y cargas de fecha no anterior a quince días a la fecha de presentación de la Proposición Jurídico-Económica.  
ii. En caso de que los terrenos no estén inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del aspirante a urbanizador, deberá aportar los títulos que acrediten su derecho de propiedad o las escrituras públicas otorgadas con terceros que le legitimen o le otorguen poder bastante para afectar las fincas con carácter real e inscribir esa afección en el Registro de la Propiedad.  
c) Plan o Programa Económico de la total inversión, con desglose de los distintos capítulos de cargas. La inversión vendrá distribuida en mensualidades referenciadas a la fecha de suscripción del convenio de adjudicación del Programa de Actuación Integrada, salvo en el caso de las obras de urbanización, en que lo estarán a la fecha de inicio de las propias obras.  
2. En todo caso, la proposición jurídico-económica incluirá la documentación necesaria para determinar con claridad las magnitudes económicas del programa, diferenciando los siguientes aspectos:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance fijado en el artículo 168.1.a y b de la LUV, y con el desglose por partidas previsto en el artículo 303 del ROGTU.   
El presupuesto de licitación indicará si el impuesto sobre el valor añadido se entiende incluido o excluido de los importes que se consignen. En caso de que no se haga referencia expresa al impuesto sobre el valor añadido, se entenderá incluido.  
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la LUV.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a los conceptos anteriores.  
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectos por los conceptos anteriormente expresados. En las cargas de urbanización no se incluirán las indemnizaciones que procedan ni los gastos variables mencionados en el artículo 126.j) de la LUV, cuya estimación preliminar debe constar en la Alternativa Técnica y fijarse con carácter definitivo en el Proyecto de Reparcelación. Para determinación de la aportación monetaria sustitutoria de la cesión de suelo prevista en el artículo 13.6 de la LOT, deberá aportarse Informe de Tasación suscrito por Arquitecto Superior que, aplicando la metodología establecida en la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, determine el valor unitario residual del suelo anterior a la urbanización, en función del aprovechamiento subjetivo que corresponda a los propietarios del suelo no urbanizable de especial protección.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución. La proposición jurídico-económica deberá expresar el coeficiente de canje conforme a alguna de las dos fórmulas matemáticas prevista en el artículo 306 del ROGTU.  
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador. Deberá aportarse, a los efectos de su determinación, Informe de Tasación suscrito por Arquitecto Superior que aplicando la metodología establecida en la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, determine el valor unitario residual del suelo en situación anterior a la urbanización, en función del aprovechamiento subjetivo que corresponda a los propietarios del suelo.  
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización a aquellos propietarios acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
Todas las anteriores magnitudes económicas se expresarán por metro cuadrado de suelo y de techo, debiendo hacerse indicación de que los importes serán revisados cuando se determinen las cuantías definitivas correspondientes a los gastos variables a que se refiere el artículo 126.j) de la LUV.  
3. El Agente Urbanizador vendrá obligado a informar por escrito al Ayuntamiento de Albalat dels Sorells con periodicidad trimestral de todas las actuaciones que desarrolle en ejecución del Programa de Actuación Integrada adjudicado, dando traslado a la administración de los siguientes documentos:  
a) Comunicación escrita a los propietarios de suelo realizada al amparo del artículo 166 de la LUV, y acreditación del medio de su notificación fehaciente.  
b) Opciones de retribución ejercitadas por los propietarios de suelo y garantía constituida al fin de la opción ejercitada.  
c) Liquidaciones individuales giradas a los propietarios de suelo, y acreditación del medio de su notificación fehaciente.  
d) Otras comunicaciones dirigidas a los propietarios de suelo u otros titulares de derechos afectados por la actuación, que incidan en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Programa de Actuación Integrada aprobado.  
e) Contratos suscritos con terceros para la ejecución de la actuación programada.  
f) Certificaciones mensuales de obra y liquidaciones en referencia a la totalidad de las obras de urbanización del Programa. Dichas certificaciones y liquidaciones deberán tener estructura idéntica a las que, con arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, deben presentar los contratistas de obra pública de la administración, a cuyo efecto deberá imponerse por el Agente Urbanizador la obligación correspondiente del contratista en el contrato de obra que se suscriba.  
12.3 Documentación administrativa:  
3. Las propuestas de programa tendrán que ir acompañadas, asimismo, de los siguientes documentos:  
a) Aquellos que acrediten la personalidad jurídica del concursante y, si procede, su representación, de forma que:  
i. Si concurriese una sociedad o empresa, deberá presentar escritura de constitución de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una Agrupación de Interés Urbanístico, se presentará escritura de constitución, así como de inscripción en el Registro de Agrupación de Interés Urbanístico dependiente de la Conselleria competente en urbanismo.  
ii. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán documento acreditativo de la citada representación y su DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
iii. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
iv. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
b) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera, conforme a lo previsto en la cláusula décimo quinta de las bases particulares del concurso.  
c) Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.  
d) Resguardo acreditativo del ingreso de la garantía provisional.  
e) Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.  
f) Acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública de los documentos integrantes de la Alternativa Técnica, en los términos previstos en el artículo 134.1 de la LUV.   
A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio de Albalat dels Sorells, y depositarán una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de presentación de alegaciones.  
g) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar, con anterioridad a la publicación del anuncio de información pública a que se refiere al apartado anterior, los avisos regulados en el artículo 134.4 de la LUV.   
12.4 Documentación susceptible de valoración para la adjudicación del Programa.  
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.4 de la LUV, serán objeto de valoración como criterios de adjudicación del Programa de Actuación Integrada:  
1. La Alternativa Técnica, salvo los siguientes documentos:   
i. Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286.j) del ROGTU, podrán ser tenidas en cuenta aquellas mejoras que plantee una Alternativa Técnica respecto de la integración de la actuación en su entorno.  
ii. Constitución, en su caso, de la Agrupación de Interés Urbanístico y Estatutos y Acuerdos sociales de la misma.  
iii. Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
iv. Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aún siendo repercutible a los propietarios no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
v. El Documento de Justificación de la Integración territorial (art.74 LUV).  
vi. La solicitud de Cédula Territorial de Urbanización (arts. 112 y ss. LUV)  
2. La Proposición Jurídico-Económica, en aquellos aspectos susceptibles de puntuación, según lo dispuesto en la base decimosexta.  
13. Lugar, plazo y forma de presentación de las solicitudes.  
1 Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar sus solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento de Albalat del Sorells, sito en Plaza del Castell n.º 2, en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea, y en horario de 9.00 horas a 14.00 horas, de lunes a viernes.  
2 Si el último día de plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.  
3 Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, salvo la posibilidad de formular variantes en los términos previstos en la base séptima. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
4 Las proposiciones para tomar parte en el concurso se presentarán en tres sobres separados, identificados en su exterior con la indicación de la presente licitación y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
. Sobre A: Se presentará en sobre cerrado y sellado, y contendrá la documentación administrativa relacionada en la cláusula 13.3 de estas bases particulares.  
. Sobre B: contendrá la Alternativa Técnica, que se presentará en sobre abierto, en soporte papel, y, adicionalmente, en soporte informático susceptible de lectura y copia para tratamiento de la documentación gráfica con aplicación AUTOCAD (versión actual) y de la documentación numérica y alfanúmerica con aplicaciones WORD y EXCEL.  
. Sobre C: contendrá la Proposición Jurídico-Económica, que se presentará en plica cerrada, en soporte papel, y, adicionalmente, en soporte informático susceptible de lectura y copia para su tratamiento con aplicación WORD.  
14. Capacidad para ser urbanizador y acreditación del cumplimiento de los criterios de solvencia económica y financiera, técnica y profesional.  
1. Podrán ser urbanizadores y promover el Programas de Actuación Integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles que se describen en los apartados siguientes.  
En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover el Programa de Actuación Integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 6 de junio, así como los que hayan participado en la investigación, la experimentación, el estudio o el desarrollo del plan general al que afecte la ordenación del ámbito del programa que se licita.   
Cuando por aplicación de lo que dispone el párrafo anterior se inicie un procedimiento para la exclusión de un licitador, el Ayuntamiento dará audiencia al interesado en los plazos y forma que se establecen en el ROGTU, concediéndole la posibilidad de demostrar que, en las circunstancias del caso concreto, la experiencia adquirida por tal licitador no ha podido falsear la competencia o infringir de otra manera los principios que informen la normativa europea y estatal en materia de contratación pública.  
2. La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe de Instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
Si por razones justificadas el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia económica y financiera basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos. A estos efectos, las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.  
La justificación de la solvencia económica y financiera de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrán basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus miembros.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación y documentación acreditativa de la titulación del equipo técnico redactor y asesor, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad. En todo caso, el referido equipo deberá esta integrado, como mínimo, por un Arquitecto o Ingenieros Superiores y un Licenciado en Derecho.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
Sea cual sea el medio de acreditación empleado, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 301 del ROGTU.  
Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, habiendo de demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del Programa de Actuación Integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
5. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
15. Criterios objetivos que rigen la adjudicación del programa de actuación integrada, especificados por orden decreciente de importancia, incluyendo su poderación.  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 135 de la LUV y 312 y 313 del ROGTU, se valorarán de forma independiente la Alternativa Técnica y la Proposición Jurídico-Económica, con arreglo a los siguientes criterios ordenados de manera decreciente:  
. Valoración de la alternativa técnica: implicará un 65 por ciento del total de la valoración. Ponderación 0-100 puntos.  
Calidad técnica de la ordenación propuesta a través del Plan Parcial Modificativo: 0-50 puntos  
Resolución adecuada de la integración de la actuación en su entorno: 0-10 puntos  
Mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios libres: 0-10 puntos  
Calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización: 0-10 puntos   
Medios para el control de la calidad de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa: 0-5 puntos  
Inversión en Programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del Programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje: 0-5 puntos  
Plazo de ejecución del Programa: 0-5 puntos  
Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima del 50 por 100: 0-4 puntos   
Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el Urbanizador: 0-1 punto  
Las Alternativas Técnicas deberán superar una puntuación mínima de 50 puntos para poder ser valorados las Proposiciones Jurídico-Económicas que las desarrollan.   
. Valoración de la proposición jurídico económica: Implicará un 35 por ciento sobre el total de la valoración. Ponderación 0-100 puntos.  
La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie, la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente, y mayor proporción de terrenos propios o asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del Programa: 65 puntos  
Importe de las cargas de urbanización expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad: 30 puntos  
Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador: 5 puntos  
A los efectos previstos en el artículo 135.5 de la LUV, el umbral mínimo para la admisión de la Proposición Jurídico-Económica se fija en 50 puntos.  
Para que pueda ser valorado el precio del suelo de la oferta, para pago en especie, dicho precio deberá estar basado en Informe de Tasación suscrito por Arquitecto Superior presentado con la Proposición Jurídico Económica, y ser igual o superior al valor que derive de dicho informe. Si por la Corporación se determina, con base en lo informado por los técnicos municipales que la tasación del citado informe es infundada o irreal, y que puede perjudicar gravemente el derecho de los propietarios del suelo o el propio interés público, podrá denegar la puntuación de la oferta del precio que estuviese basado en dicho informe (artículo 131.4 de la LUV).  
16. Adjudicación del programa y formalización del contrato.  
1. La adjudicación del Programa de Actuación Integrada y la formalización del contrato que suscriban el Ayuntamiento y el urbanizador seleccionado como consecuencia de la adjudicación del Programa, contrato que en cumplimiento de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas tendrá el carácter de contrato administrativo especial, se llevarán a cabo en los términos previstos en la LUV y el ROGTU.  
2. Si procediera la adjudicación conexa o condicionada del Programa, se estará a lo dispuesto en el artículo 139 de la LUV.  
17. Subcontratación.  
En este supuesto concreto, podrá el adjudicatario del concurso subcontratar la realización parcial de las prestaciones del Programa, en los términos previstos en el artículo 142 de la LUV,  
No obstante, deberá dar cuenta de ello al Ayuntamiento de Albalat dels Sorells con carácter previo a la formalización de las mismas, acompañando al efecto la documentación acreditativa de la solvencia técnica del subcontratista, y la demás que acredite el cumplimiento por el Urbanizador de las obligaciones impuestas para la subcontratación en la legislación de contratros de las Administraciones Públicas.  
El Ayuntamiento dispondrá del plazo máximo de tres meses para resolver, transcurrido el cual sin resolución expresa se entenderá consentida la subcontrata.  
En cualquier caso, será de preceptivo cumplimiento lo dispuesto en el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
18. Dictamen del consejo del territorio y paisaje.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 136.4 de la LUV, y por tratarse de un Programa de Actuación Integrada que comprende un ámbito inferior a 50 hectáreas, no será necesario el informe del Consejo del Territorio y del Paisaje previsto en el citado precepto legal.  
19. Penalizaciones.  
1. El urbanizador estará sujeto al cumplimiento de las distintas obligaciones establecidas en las presentes Bases y aquellas otras que sean de aplicación en materia de urbanismo y contratación pública.  
2. El incumplimiento de dichas obligaciones es constitutivo de infracción administrativa, las cuales se califican en leves, graves y muy graves.  
3. Son faltas muy graves:  
a) No cumplir los plazos totales de desarrollo de la actuación urbanística, salvo concurrencia de causas excepcionales y no imputables al adjudicatario que retrasen dicha actuación.  
b) No ingresar la garantía definitiva en plazo.  
c) No suscribir en plazo el contrato administrativo.  
d) La inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos. Será considerada, a estos efectos, equivalente a inactividad, la actividad desarrollada durante el mismo periodo, que ejecute en proporción menor de un 10 por 100 la inversión del programa económico de la actuación aprobado por la administración al adjudicar el Programa de Actuación Integrada.  
e) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación o la realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el Programa.  
f) La existencia de deficiencias graves en el cumplimiento de los compromisos asumidos.  
4. Son faltas graves:  
a) Dificultar las labores de inspección de la actuación por parte de la administración.  
b) El incumplimiento de plazos parciales superior a un tercio de los mismos.  
5. Son faltas leves:  
a) El incumplimiento de otras obligaciones del contrato.  
6. Las faltas leves se sancionarán con multa de 300 a 3.000 euros; las faltas graves con multa de 3.001 a 30.000 euros; y las faltas muy graves con multa de 30.001 a 60.000 euros y/o resolución de la adjudicación. No obstante, la demora en el inicio de la ejecución material de las obras por negligencia del urbanizador en la realización de las actuaciones preparatorias de gestión urbanística será penalizada con un 1 por mil por día natural de demora respecto al importe previsto en concepto de beneficio y gastos de gestión.  
20. Cumplimiento y resolución.  
1. La relación jurídica entre el Ayuntamiento y el urbanizador se extingue por cumplimiento o por resolución.  
2. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo.  
3. Son causas de resolución del contrato las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de la personalidad jurídica de la empresa urbanizador.  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
d) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva y la no formalización del contrato de despliegue en plazo.  
e) La demora en el cumplimiento del plazo global de ejecución de la programación y urbanización propuesta, por causa imputable al Urbanizador.  
f) La comisión por el urbanizador de infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado.  
g) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación o la realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el Programa.  
h) La caducidad del Programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.   
i) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar la programación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que, en su caso, procedan o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
j) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello de lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
k) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del Programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
l) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20 por ciento.  
m) La inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos.  
n) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por la Ley Urbanística Valenciana.  
o) Cualesquiera otras que pudieran determinarse en la legislación urbanística y de contratación administrativa.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del Programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo Dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la Actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.  
21. Prerrogativas de la administración.  
El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, y en particular, las de interpretar el contrato administrativo especial entre el Ayuntamiento y el Urbanizador seleccionado en pública concurrencia, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las Bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidos en la LUV y el ROGTU.  
Las hipotéticas contradicciones que puedan existir entre estas bases y los documentos formalizados en cumplimiento de las mismas, habrán de ser resueltas a favor de las bases.   
22. Gastos.  
El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del procedimiento de adjudicación del Programa. Estos gastos se incluirán dentro de los gastos de gestión como cargas del Programa.  
23. Otras cláusulas.  
El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, para garantía de los propietarios afectados por la actuación, contratará la asistencia técnica necesaria para la dirección de las obras de urbanización a cargo de aquellos propietarios titulares del Programa que obtengan parcelas edificables en el seno del mismo.   
La previsión de estos gastos constituirá carga del Programa.  
24. Normativa aplicable.  
Las presentes bases particulares constituyen la regulación específica del concurso de programación de la presente actuación urbanística, y desarrollan las bases generales del Anexo II del ROGTU, que el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells hace propias a los efectos de regular la programación objeto del presente pliego.  
De forma supletoria y en lo no regulado de forma expresa, se estará a lo dispuesto en la LUV y el ROGTU, en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en la normativa reguladora del Régimen Local.  
25. Jurisdicción competente.  
Será competente el orden jurisdiccional contencioso administrativo para el conocimiento de las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del contrato administrativo especial entre el Ayuntamiento y el Urbanizador seleccionado en pública concurrencia.  
Contra el acuerdo aprobatorio de las Bases Particulares, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de publicación del presente Anuncio. Asimismo podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la presente publicación.  
Albalat dels Sorells, 7 de agosto de 2006.. El alcalde: Vicente J. Almenar Climent.  
ANEXO  
MODELO DE PROPOSICIÓN A PRESENTAR   
POR LOS INTERESADOS  
D. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, con DNI/NIF n.º \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, actuando en (nombre propio o representación), y con domicilio a estos efectos en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, EXPONE:  
Que enterado de las bases particulares que rigen para la adjudicación de la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector SUZ-2 de suelo urbanizable terciario en Albalat dels Sorells, adjunto a la presente acompaña la documentación requerida en las citadas bases particulares para participar en el concurso público para la adjudicación del referido Programa de Actuación Integrada   
Por lo expuesto,  
SOLICITA: sea admitida a trámite la documentación que se adjunta, a los efectos legales oportunos.  
Lugar y fecha  
Nombre y firma.