Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4119, del 02-11-2001 (2001/10205)

Notificación a doña Rocío Dual Grávalos. Expediente número V-DAFT-92/198.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4119

Fecha DOGV
:   02-11-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/10278


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a doña Rocío Dual Grávalos. Expediente número V-DAFT-92/198. [2001/M10161]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a doña Rocío Dual Grávalos, calle del General Palafox, 14-10ª, 46352 Manises, la resolución del recurso ordinario con el número de expediente V-DAFT-92/198.
  
Resolución:
  
Visto el escrito de recurso ordinario interpuesto en el expediente de referencia, y en consideración a los siguientes,
  
Hechos
  
1. En fecha 1 de julio de 1960 se adjudica a don José Márquez Boza la vivienda que ocasiona las actuaciones, en régimen de acceso diferido a la propiedad. En mayo de 1989 se acepta el cambio, a favor de don José Márquez Boza, de la vivienda referida, por la de la calle de Francisco Validecabres, 24-4ª, con lo que se recupera por la administración la titularidad de la vivienda sita en General Palafox, número 14 10ª, objeto del expediente.
  
2. Sin traer causa de la administración ni otra legítima, doña Rocío Dual Grávalos ocupa ilegalmente la vivienda situada en calle del General Palafox, 14, l0ª, según los datos de que dispone el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, desde el año 1990; es decir, que, simplemente, ha ocupado ilegalmente la citada vivienda de promoción pública.
  
3. En julio de 1998 se tiene constancia, por informes de los vecinos, de los problemas de convivencia que plantea la recurrente. Se inicia procedimiento de desahucio administrativo por falta de título, en el que la recurrente presenta firmas, que según ella afirma son de los vecinos «para que no la tiren». Asimismo presenta informe favorable a su legalización de la abogada del Departamento de la Mujer de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manises, de fecha 18 de noviembre de 1998, informe totalmente contradictorio con el emitido por el sargento de la Policía Local de Manises, en el que se afirma textualmente «la vivienda es frecuentada por gran cantidad de gente conocida como consumidores de estupefacientes por lo que se supone que se dedican al tráfico de este tipo de sustancias al menudeo». En este último sentido se indica la mala convivencia en informes de Inspección de Patrimonio, comunidad de vecinos afectada y Asociación de Vecinos del Barrio Santa Félix de Manises. Todo ello aparece documentado en el expediente.
  
4. En el escrito de recurso se alega lo siguiente, en síntesis: 1) Vulneración del artículo 47 de la Constitución Española; 2) Vulneración del artículo 29 de la Carta Magna y artículos 43.3 a) y 89.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre el derecho de petición; y 3) Vulneración del artículo 35 g) e i) de dicha ley.
  
Fundamentos de derecho
  
1. El artículo 138.2º del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, sobre Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, en relación con el artículo 30, segunda del Real Decreto 2.960/1976, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial, incluye entre las causas legales de desahucio administrativo de este tipo de viviendas: «La ocupación de una vivienda de protección oficial sin título legal para ello». Asimismo, se invoca a estos efectos, la Orden de 3 de julio de 1997, del conseller de Obras Públicas Urbanismo y Transportes y Resolución de desarrollo, de 20 de mayo de 1998, del director general de Arquitectura y Vivienda.
  
2. La interesada no ha respetado el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública del Decreto 26/1989, de 27 de febrero. El propio hecho de la ocupación ¡legal puede ser causa legal de exclusión para ser adjudicataria de estas viviendas; en efecto, también existen muchas personas que no pueden acceder a viviendas de promoción pública, por su escasez, y no por ello las ocupan ilegalmente.
  
Tampoco puede acogerse a la Orden de 3 de julio de 1997 del conseller de Obras Públicas Urbanismo y Transportes, y la Resolución de 20 de mayo de 1998, del director general de Arquitectura y Vivienda, para su legalización, porque al establecer los criterios subjetivos indica: «El ocupante ilegal debe tener acreditada buena convivencia con sus vecinos e integración social en el, grupo correspondiente, según informes recabados al efecto de vecinos, y o asociación de vecinos, policía local, ayuntamiento y la propia Inspección del Instituto Valenciano de Vivienda, SA o cualquier otro medio». Pues bien, de la información policial y de vecinos se desprende de forma clara una falta de integración y una conducta perturbadora de la convivencia vecinal, que impiden que se resuelva favorablemente la resolución de su petición de adjudicación de la vivienda; sin perjuicio de que, en atención a las circunstancias familiares y socioeconómicas, por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA se pueda tener en consideración su petición, genéricamente considerada de una vivienda, si se acreditan los requisitos legalmente exigibles.
  
3. Es competente para resolver el recurso el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido; contra su decisión no cabe otro recurso administrativo que el extraordinario de revisión a que se refiere el artículo 115.3 de la Ley 30/1992, según nueva redacción de la Ley 4/1999, de 13 de enero; sin perjuicio del recurso contencioso administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia, que podrá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución de la alzada. En cualquier caso, la recurrente podrá ejercitar aquellos otros recursos que estime pertinentes
  
En virtud de lo expuesto, visto el informe del Servicio Jurídico y de conformidad con la propuesta del director general de Arquitectura y Vivienda, he resuelto:
  
Primero
  
Desestimar el recurso de alzada de referencia; sin perjuicio de que el Instituto Valenciano de Vivienda, SA deba comunicar el desalojo con la conveniente antelación a los servicios sociales competentes en consideración a la existencia, en su caso, de menores afectados por dicha desestimación, además que pueda tomar en consideración, oportunamente y previa acreditación por la recurrente de que se cumplen los requisitos preceptivos, la petición de adjudicación de una vivienda de promoción pública.
  
Segundo
  
Contra esta resolución no cabe otro recurso administrativo que el extraordinario de revisión a que se refiere el artículo 115.3 de la Ley 30/1992, según nueva redacción de la Ley 4/1999, de 13 de enero; sin perjuicio del recurso contencioso administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia, que podrá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución de la alzada. En cualquier caso, la recurrente podrá ejercitar aquellos otros recursos que estime pertinentes.