Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4223, del 08-04-2002 (2002/2798)

Notificación de la Resolución de 26 de diciembre de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, relativa al recurso de alzada interpuesto por don Pedro Martínez Muñoz contra la Resolución del director general de Transportes de 17 de septiembre de 2001.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4223

Fecha DOGV
:   08-04-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/2798


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución de 26 de diciembre de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, relativa al recurso de alzada interpuesto por don Pedro Martínez Muñoz contra la Resolución del director general de Transportes de 17 de septiembre de 2001. [2002/F2798]
  
No habiéndose podido practicar la notificación a don Pedro Martínez Muñoz, conforme lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y en aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, se publica el texto íntegro de la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 26 de diciembre de 2001.
  
«Visto el recurso de alzada interpuesto por don Pedro Martínez Muñoz, contra la Resolución del director general de Transportes de fecha 17 de septiembre de 2001, y teniendo en cuenta los siguientes
  
Hechos
  
1. Que con fecha 1 de junio de 2001, don Pedro Martínez Muñoz, a través de la Asociación Gremial de Taxi, presenta solicitud de visado de la autorización de taxi de Área de Prestación Conjunta de Valencia número 2.293.
  
2. Con fecha 17 de septiembre de 2001, el director general de Transportes resuelve la desestimación de lo solicitado, debido a que la citada autorización se encontraba de baja por no haber sido visada ni rehabilitada en los plazos correspondientes. Dicha resolución fue notificada con fecha 3 de octubre de 2001.
  
3. Con fecha 30 de octubre de 2001, el interesado interpone recurso de alzada realizando, en síntesis, las siguientes alegaciones:
  
- Que hubo desproporción entre la actuación recurrida y la infracción cometida.
  
- Que se puede atemperar la actuación administrativa en función de las circunstancias concurrentes y que la normativa de transportes prevé otras consecuencias (más ajustadas a los hechos producidos) alternativas a las producidas.
  
- Que el artículo 197.a).2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, establece el incumplimiento de la obligación de visado como infracción muy grave, pero que tal reglamento no contempla de forma necesaria que tal infracción conlleve la revocación de la autorización de forma necesaria. El interesado apela a que también cabe una sanción económica, en base al artículo 201.1, que, a su juicio, hubiera sido lo procedente. También alega la aplicación de criterios como los establecidos en el artículo 201, segundo párrafo, para graduar las sanciones.
  
En recurso de alzada se solicita la rehabilitación de la autorización y la sustitución de la caducidad de la misma por una sanción económica.
  
A tales hechos le son de aplicación los siguientes
  
Fundamentos de derecho
  
1. El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo contemplado en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
2. Se considera que el contenido del recurso no desvirtúa los fundamentos jurídicos expuestos en la resolución recurrida.
  
No cabe pensar que ha existido desproporción en la actuación de la administración ni en el contenido de la resolución recurrida. La actuación de la administración, en relación con la actividad de servicio público de transportes discrecional en vehículos de turismo (auto-taxi), sometida a previa autorización administrativa (la autorización de Área de Prestación Conjunta, en el presente caso), es una actividad reglada y no discrecional, por parte de la administración. En este sentido, se estima que la actuación administrativa recurrida, es decir, haber dado de baja a la autorización número 2293 del Área de Valencia, por haber transcurrido ampliamente los plazos reglamentarios de visado y, posteriormente, los establecidos para la posible rehabilitación de la autorización, se realizó atendiendo al cumplimiento de las normas vigentes en la materia. Efectivamente, el último visado de la autorización se produjo en abril de 1999. No habiéndose presentado solicitud de visado en abril de 2000, ni tampoco solicitud de rehabilitación durante todo el año 2000 ni en año 2001 (el mes de abril de ese año era la fecha límite reglamentaria para cumplimentar la obligación), la administración, en uso de sus potestades regladas, dio de baja definitiva a esa autorización. Tal actuación era exigida por la normativa descrita en la fundamentación de la resolución recurrida y sobre la cual no se dice nada en el recurso interpuesto.
  
De esta forma, la caducidad automática de la autorización número 1.666, en aplicación de los artículos 2 y 3 de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1995, que modifica los regímenes de suspensión y rehabilitación de las autorizaciones de transporte por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias, en relación con los artículos 49 y 50 de la Orden Ministerial de 4 de febrero de 1993, que desarrolla el reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte discrecional de viajeros por carretera, y con la Orden de 22 de diciembre de 1995, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre realización de visados de autorizaciones de transporte, debe considerarse una actuación ajustada a derecho, reglada y que no admite márgenes de discrecionalidad que permitan apreciar grados de proporcionalidad.
  
Cualquier actuación en otro sentido por parte de la administración pública hubiera supuesto no solo un quebranto del principio de legalidad, sino también del de igualdad ya que perjudicaría a todas las personas que han incurrido en el mismo supuesto que el presente y que se han resuelto con fundamento en las mismas normas y con idénticas consecuencias.
  
A mayor abundamiento, y dado que la titularidad de la autorización databa del año 1997, habiéndose cumplimentado regularmente el requisito de visado hasta el año 1999, causa extrañeza la existencia del «descuido» al que alude el interesado en su escrito de interposición de recurso, el cual se prolongó hasta junio de 2001, fecha de la solicitud extemporánea de rehabilitación.
  
2. El interesado, en el recurso interpuesto, menciona la posibilidad de aplicación alternativa de determinados aspectos de los artículos 197 y 201 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículo residenciado en el título correspondiente al régimen sancionador del citado reglamento. No obstante, al margen de que la actuación administrativa realizada (dar de baja la autorización por no cumplir la obligación de visado o la posible rehabilitación) es una consecuencia reglamentaria y expresamente prevista en la normativa aplicada, debe tenerse en cuenta que, en la medida en que la prestación del servicio de auto-taxi es la prestación de un servicio público, la administración debe velar por el mantenimiento de los requisitos y condiciones exigidos para poder realizar dicho servicio. Esa es la finalidad básica de los actos regulares de visado, como las propias normas aplicadas indican. En ese sentido, la actuación de la administración responde a una función disuasoria de cualquier conducta (activa u omisiva) que implique incumplimiento de obligaciones inherentes a la prestación de servicio público y de estimulación del mantenimiento de las condiciones optimas para dicha prestación y satisfacción adecuada de las necesidades públicas de desplazamiento en los distintos tipos de transporte público (en este caso, de auto-taxi) y no una simple actuación sancionadora o de castigo.
  
3. La competencia para la resolución del recurso de alzada corresponde al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 7 del Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
En base a todo ello, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Pedro Martínez Muñoz contra la Resolución del director general de Transportes de 17 de septiembre de 2001.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, cabrá la interposición, en el plazo de dos meses desde su notificación, de recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquiera acción que se estime oportuno.»
  
Lo que se notifica a los efectos de los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.