Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5804, del 11-07-2008 (2008/7530)

Concurso para la selección del agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada en el suelo urbano Bordes Urbanos II.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5804

Fecha DOGV
:   11-07-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2008/7530


Fecha del documento
:   11-06-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Montesa

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Montesa
    * plan de urbanismo
    * administración local
    * licitación
    * contrato de obras
    * obras públicas

Concurso para la selección del agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada en el suelo urbano Bordes Urbanos II. [2008/7530]  
Apartado I: poder adjudicador  
I.1) Nombre direcciones y puntos de contacto:  
I) Nombre oficial: Ayuntamiento de Montesa  
II) Dirección postal: plaza de la Vila, número 1  
III) Localidad: Montesa (Valencia)  
IV) Código postal: 46747  
V) País: España  
VI) Unidad administrativa de la entidad local responsable de la tramitación del programa de actuación punto de contacto: Secretaría del Ayuntamiento de Montesa.  
VII) Teléfono de contacto: 365 292 367  
VIII) Fax de contacto: 096 085 674  
IX) Dirección de correo electrónico de contacto: montesa\_alc@iwn.sc  
Puede obtener más información: véanse los puntos de contacto mencionados arriba.  
Las bases generales y las bases particulares reguladoras del programa de actuación integrada pueden obtenerse en: véanse los puntos de contacto mencionados arriba.  
Los diarios donde consta publicado el contenido de las bases generales y particulares:   
- Las bases generales de programación son las publicadas como anexo II, Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (DOGV núm. 5264 bis, 23.05.2006).  
- Las bases particulares reguladoras de la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada en suelo urbano Bordes Urbanos II de las normas subsidiarias de Montesa, aprobadas por Acuerdo plenario de fecha 30 de abril de 2008 se publican como anexo al presente anuncio de licitación.  
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: véanse los puntos de contacto mencionados arriba  
I.2) Tipo de poder adjudicador y principal actividad: institución regional o local.   
Apartado II: objeto del contrato  
II.1) Descripción.   
II.1.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador: concurso para la selección de agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada en suelo urbano Bordes Urbanos II de las normas subsidiarias de Montesa.  
II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución: proyecto y ejecución.  
Emplazamiento principal de las obras: suelo urbano de las normas subsidiarias de Montesa.  
Código NUTS: ES 523.  
II.1.3) El anuncio se refiere a: un contrato público.  
II.1.4) Breve descripción del contrato o adquisición: redacción de los documentos de gestión necesarios para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada del suelo urbano de Montesa Bordes Urbanos y ejecución de las obras de urbanización.  
II.1.5) Clasificación CPV: 29024300.  
II.1.6) Contrato cubierto con el acuerdo sobre contratación pública (ACP): sí.  
II.1.7) División en lotes: no.   
II.1.8) ¿Se aceptarán variantes?: no.  
II.2) Cantidad o extensión del contrato.  
II.2.1) Extensión o cantidad total del contrato: un millón novecientos ocho mil seiscientos ochenta y ocho euros con cinco céntimos de euro, IVA excluido (1.908.688,05 €, IVA excluido).   
II.2.2) Opciones: no.  
II.3) Duración del contrato o plazo de ejecución: plazo estimado en las bases particulares de programación para el desarrollo del programa de actuación integrada: plazo de ejecución obras de urbanización: tres años. Plazo de edificación: cuatro años desde la recepción de las obras de urbanización.  
Apartado III: información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico  
III.1) Condiciones relativas al contrato.  
III.1.1) Depósitos y garantías exigidos: la garantía provisional que deberá depositarse equivale al 2% de la estimación de las cargas de urbanización, sin IVA, es decir, treinta y ocho mil ciento setenta y tres euros con setenta y seis céntimos de euro (38.173,76 €).  
III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: ninguna.  
III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato: las previstas en la legislación urbanística.  
III.1.4) Otras condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del contrato: véanse las bases generales y particulares de programación del programa de actuación integrada.   
III.2) Condiciones de participación  
III.2.1) Situación personal de los operadores económicos, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil: Véanse las bases generales y particulares de programación del programa de actuación integrada, así como el resto de la normativa urbanística (base particular XI Capacidad para ser urbanizador).  
III.2.2) Capacidad económica y financiera: véanse las bases generales y particulares de programación del programa de actuación integrada, así como el resto de la normativa urbanística (base particular XII Solvencia económica y financiera).  
III.2.3) Capacidad técnica: véanse las bases generales y particulares de programación del programa de actuación integrada, así como el resto de la normativa urbanística (base particular XIII Solvencia técnica y profesional).  
Apartado IV: procedimiento  
IV.1) Tipo de procedimiento  
IV.1.1) Tipo de procedimiento: abierto.  
IV.2) Criterios de adjudicación  
IV2.1) Criterios de adjudicación:   
Criterios de adjudicación correspondientes a la alternativa técnica:  
a. La calidad técnica de las soluciones y de los materiales propuestos para la urbanización. Este criterio representará un 40% de la valoración de la alternativa técnica.   
b. La conexión adecuada de las obras de urbanización de la actuación en su entorno. Este criterio representará un 30% de la valoración de la alternativa técnica.  
c. Plazo de ejecución del programa de actuación integrada.  
d. Compromisos de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente exigible.  
e. Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador.  
f. Medios para el control de la calidad de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa.  
Los criterios establecidos en las letras c), d), e) y f) representarán en su conjunto un 20% de la puntuación total de la alternativa técnica. Estos porcentajes se distribuirán de la siguiente manera: Plazo de ejecución: puntuará un 1%; compromisos de edificación simultánea, puntuará un 1%; los compromisos adicionales del urbanizador puntuarán un 17%; los medios para el control de calidad puntuarán un 1%.   
g. Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. Este criterio representará un 5% de la valoración de la alternativa técnica.   
h. Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de conformidad con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Este criterio representará un 5% de la valoración de la alternativa técnica.   
La puntuación mínima que deberán superar las alternativas técnicas para poder ser valoradas las proposiciones jurídico-económicas que las desarrollen será de 80 puntos (equivalente a 40 puntos sobre los 50 que, como máximo, representa dicha alternativa técnica dentro del conjunto de la valoración).  
Criterios de adjudicación correspondientes a la proposición jurídico-económica.  
a. Menor importe respecto de referencias de cuadros de precios de práctica usual de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. Este criterio representará un 35% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
b. Mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa. Este criterio representará un 35% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
c. La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente. Este criterio representará un 25% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
d. Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. Este criterio representará un 5% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
IV.2.2) ¿Se realizará una subasta electrónica?: no.   
IV.3) Información administrativa  
IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente: Bordes Urbanos II/2008.  
IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato: no.  
IV.3.3) Condiciones para la obtención de las bases generales y particulares de programación: Plazo de recepción de solicitudes de documentos y de acceso a los mismos, desde el 10.06.2008 hasta el 08.09.2008, hasta las 14.00 horas.  
IV.3.4) Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación: las proposiciones de los interesados podrán presentarse hasta el 09.09.2008 a las 14.00 horas.  
IV.3.5) Lenguas en que puede redactarse la oferta o solicitud de participación: ES, español y valenciano.  
IV.3.6) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: el anuncio del concurso de programa de actuación integrada fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el 09.06.2008.  
IV.3.7) Condiciones para la apertura de las ofertas: fecha, hora y lugar en los que se procederá a la apertura de la documentación que integre las propuestas presentadas por cada licitador, el 12.09.2008, a las 11.00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Montesa, la presencia de personas autorizadas a estar presentes en el acto de apertura de ofertas, se realizará según lo establecido en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y su normativa de desarrollo.  
Apartado V. Información complementaria  
V.1) ¿Se trata de contratos periódicos?: no.  
V.2) Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado mediante fondos comunitarios: no.  
V.3) Información adicional:   
Documentación a presentar por cada concursante: ver las bases particulares.  
V.4.) Procedimientos de recursos.  
V.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:   
I) Nombre oficial: Ayuntamiento de Montesa  
II) Dirección postal: plaza de la Vila, número 1  
III) Localidad: Montesa (Valencia)  
IV) Código postal: 46425  
V) País: España  
VI) Unidad administrativa de la entidad local responsable de la tramitación del programa de actuación punto de contacto: Secretaría del Ayuntamiento de Montesa.  
VII) Teléfono de contacto: 259 204 319  
VIII) Fax de contacto: 960 477 135  
IX) Dirección de correo electrónico de contacto: montesa\_foz@sce.on  
V.5) Fecha de envío del presente anuncio: el anuncio de concurso del programa de actuación integrada fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea en fecha 9 de junio de 2008.  
ANEXO  
Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada en suelo urbano residencial Bordes Urbanos II de Montesa.   
Base I. Objeto del contrato  
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada que se especifica en las presentes bases particulares, en las que se regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la selección de una propuesta de programa de actuación integrada y de un urbanizador para el desarrollo urbanístico del suelo urbano residencial Bordes Urbanos II de las normas subsidiarias de Montesa.   
Base II. Régimen jurídico  
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las presentes bases particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 18 de mayo, del Consell de la Generalitat (modificado por Decreto 36/2007), y las bases generales de programación prevista en el Anexo de dicho Decreto que el Ayuntamiento de Montesa asume como propias.   
Serán, asimismo, de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y las establecidas en el Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, así como las normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: Bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada.   
Base III. Ordenación urbanística vigente   
El planeamiento vigente en el término municipal de Montesa está constituido por las normas subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 27 de septiembre de 1988 (BOP de 09.11.1988).   
El ámbito del programa de actuación integrada que se pretende desarrollar se encuentra ordenado pormenorizadamente en las normas subsidiarias.  
Base IV. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada  
1. Memoria de necesidades: integración de la actuación con el entorno urbano mediante la prolongación de viales ya existentes así como la creación de otros nuevos, lo que dará lugar a la creación de manzanas edificables; conexión con los servicios urbanísticos del casco urbano consolidado y ejecución de obras de urbanización de calidad.   
2. Objetivos de la programación:   
a. Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:  
- Recabar del Registro de la Propiedad y del Catastro toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.  
- Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación.  
- Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.  
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.   
- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, ferrocarril, barrancos y otros).  
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el Catastro.  
b. Urbanizar completamente el ámbito del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.  
c. Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello presentar estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).   
d. Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.   
e. Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:  
- El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.   
- Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantando la correspondiente acta de entrega.   
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados.   
f. Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.   
g. Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de programa.   
Base V. Parámetros urbanísticos   
Superficie total 24.583,79 m²   
Viales 9.624,04 m²   
Zona verde 903,49 m²   
Total superficie edificable 14.056,26 m²   
Total edificabilidad máxima  
(Aprovechamiento objetivo total) 35.978,30 m² t  
Base VI. Objetivos de edificación privada  
1. No hay edificaciones catalogadas por las normas subsidiarias en el ámbito de la unidad de ejecución que se pretende desarrollar.   
2. En las normas subsidiarias no se prevé para esta unidad de ejecución ninguna reserva de suelo para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.   
3. Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y la forma de los edificios, las condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los establecidos en los instrumentos de planeamiento de aplicación.  
Base VII. Prescripciones técnicas de los documentos de gestión  
Prescripciones de los documentos de gestión:  
a. Proyecto de urbanización: deberá de contemplarse las prescripciones técnicas establecidas en la base VIII.  
b. Proyecto de reparcelación: deberá tener el contenido y las determinaciones establecidas en los artículos 160 a 181 de la LUV y en los artículos 394 a 428 del ROGTU. Se redactará siguiendo el mismo orden, estructura y denominación de cada apartado previsto en los artículos 175, 176 y concordantes de la LUV. Se habrá de incluir en el proyecto un plano de medición real de cada una de las parcelas afectadas, debidamente acotado. Además el proyecto incluirá como anexo el calendario de liquidación de cuotas de urbanización, indicando los plazos de liquidación y el importe correspondiente a cada parcela adjudicada.   
Base VIII. Prescripciones técnicas del proyecto de urbanización  
Con carácter general y de acuerdo con el artículo 52 del TRLCAP 2/2000, según remisión efectuada por el artículo 131.2 f LUV, las prescripciones técnicas serán definidas por referencia a normas nacionales que transpongan normas europeas a documentos de idoneidad técnica europeos o especificaciones técnicas comunes, y en cualquier caso podrán definirse por referencia a normas nacionales que transpongan normas internacionales a normas nacionales o a otras normas.   
Según los artículos 152 a 155 de la LUV, los proyectos de urbanización definen los detalles técnicos de las obras previstas por los planes Se redactarán con precisión suficiente para poder, eventualmente, ejecutarlos bajo dirección de técnico distinto a su redactor.  
El proyecto de urbanización no podrá modificar las previsiones del plan que desarrolla, sin perjuicio de que pueda efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las obras.  
La documentación del proyecto de urbanización será la establecida en el artículo 156 LUV y 350 del ROGTU.   
Las prescripciones técnicas particulares que necesariamente deberán observarse en el proyecto de urbanización son las siguientes:   
- Luminarias para el alumbrado público a elegir por el Ayuntamiento en coherencia con el resto del casco y en todo caso antipolución lumínica. El nivel de iluminación del viario principal será de 25 luxes con Uo=0,4-0,6.   
- La red de saneamiento general utiliza tuberías de hormigón centrifugado con junta elástica, por motivos de mantenimiento y coherencia de materiales este sistema será el de las nuevas redes.  
- El firme a dimensionar corresponderá a un tipo T4121, se formará una explanada base E2 y como firme 20 cm de zahorras compactadas al 90% del proctor como mínimo y 8 cm de mezcla bituminosa.  
- Las tuberías de abastecimiento de agua serán de polietileno liso con un diámetro equivalente mínimo de 1 œ.  
- Los bordillos deberán ser de resistencia y tamaño adecuado para circulación rodada urbana (min. 15x40 cm) de hormigón vibrado y acabado afinado.   
- Las aceras irán pavimentadas con baldosa hidráulica de 4 pastillas sobre solera de mortero rico de cemento a su vez sobre lecho de arena.   
- Se atenderá a las prescripciones del RITE vigente en el momento de otorgar licencia de obras.  
Base IX. Precio de licitación  
Conforme a lo establecido en el artículo 140.1 de la LUV y 286.h) del ROGTU se establece como precio cierto de licitación (excluido el impuesto sobre el valor añadido), que tendrá carácter de máximo y que servirá de base para el cálculo de las garantías reguladas en estas bases, la cantidad de un millón novecientos ocho mil seiscientos ochenta y ocho euros con seis céntimos de euro (1.908.688,06 €) según el siguiente desglose:  
a) Coste de las obras de urbanización   
Total PEM 1.206.080,74 €   
13% gastos generales 156.822,45 €  
6% beneficio industrial 72.364,84 €  
Total PEC 1.435.513,87 €  
Gastos variables a justificar 15% del PEC 215.327,10 €  
Total obras 1.650.840,97 €  
b) Costes de redacción y dirección de los proyectos técnicos, gastos de notaría y registro.  
(8,8% del PEM) 107.087,00 €  
c) Beneficio empresarial del urbanizador.  
(10% s/PEM) 120.608,07 €  
d) Gastos de gestión del urbanizador.  
(2,5% s/PEM) 30.152,01 €  
(A todos los costes se les añadirá y adicionará el porcentaje que corresponda en concepto de IVA).  
Se incluirán dentro del concepto de cargas de urbanización los costes necesarios para la tramitación del procedimiento de adjudicación del programa de actuación integrada por gestión indirecta.   
Serán a cargo del adjudicatario los honorarios profesionales que se generen en el Ayuntamiento, que no podrá repercutirlos a los propietarios, por importe máximo de 12.060,81 €.  
Base X. Plazos de desarrollo y ejecución del programa  
10.1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada.  
10.2. Con anterioridad a la formalización del contrato, el urbanizador tendrá que acreditar ante la administración la constitución de la garantía definitiva, en la forma y cuantía que se establecen en las bases generales.  
10.3. En el plazo de seis meses desde la firma del contrato se presentará el proyecto de reparcelación forzosa correspondiente a la totalidad de la actuación integrada.  
10.4. Las obras de urbanización se iniciarán en el plazo de seis meses desde que sea firme el acuerdo de aprobación definitiva de la reparcelación, y previa inscripción de éste en el Registro de la Propiedad.  
10.5. Las obras de urbanización se ejecutarán en el plazo máximo de tres años desde su inicio.  
10.6. El plazo máximo de edificación de los solares desde la recepción de las obras de urbanización será de cuatro años. Las obras de edificación se podrán ejecutar simultáneamente a las de urbanización.  
Base XI. Capacidad para ser urbanizador  
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes Bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.   
Base XII. Solvencia económica y financiera  
La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:   
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.   
Base XIII. Solvencia técnica y profesional  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:   
a. Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.  
b. Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c. Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d. Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.   
e. Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.   
f. Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g. Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.   
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos y documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.   
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresa u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.   
Base XIV. Garantías  
1. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, se establece en un 10% del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, que se aprueben en el programa de actuación integrada. Se ingresará en el plazo máximo de 15 días, contados desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.   
2. Procederá elevar la garantía hasta el 20% del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del programa de actuación integrada aprobado, cuando las cargas de urbanización se encuentren sometidas a presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.   
3. Se considerarán en principio desproporcionadas o temerarias las proposiciones que se encuentren en los siguientes supuestos:   
a. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al precio cierto de licitación en más de 25 unidades porcentuales.   
b. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra proposición.   
c. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las proposiciones presentadas. No obstante se excluirá para el cómputo de dicha media la proposición de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.   
d. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las proposiciones presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la proposición de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.   
4. Para los supuestos señalados en el apartado anterior se establecen las siguientes garantías complementarias:  
- Si la proposición seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como proposición media entre 5 y 10 puntos del umbral a partir del cual las proposiciones se consideren como bajas temerarias se prestará una garantía complementaria del 5%.  
- Si la proposición seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como proposición media entre 11 y 15 puntos del umbral a partir del cual las proposiciones se consideren como bajas temerarias se prestará una garantía complementaria del 8%.  
- Si la proposición seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como proposición media entre 16 o más puntos del umbral a partir del cual las proposiciones se consideren como bajas temerarias se prestará una garantía complementaria del 10%.  
5. Las garantías complementarias se constituirán en la forma y a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, al igual que la garantía definitiva, y acreditarse junto a ésta. El incumplimiento de este requisito por causa imputable al adjudicatario dará lugar a la resolución del contrato.   
6. La garantía provisional será de treinta y ocho mil ciento setenta y tres euros con setenta y seis céntimos de euro (38.173,76 €) equivalente al 2% de la estimación de las cargas de urbanización, sin IVA, y se podrá constituir en la forma y a los efectos previstos en la legislación sobre contratos de las administraciones públicas.   
7. La garantía provisional podrá ser incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.   
Base XV. Presentación de proposiciones  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Montesa, sito en la plaza de la Vila, nº 1, en el plazo de tres meses desde la fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea y en horario de 09.00 a 14.00 horas, sus proposiciones integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
Sobre A. Alternativa técnica, abierto.  
Sobre B. Proposición jurídico-económica, cerrado.  
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.   
Sobre C. Se presentará con el título de Documentación y contendrá la siguiente:   
A. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en Urbanismo.   
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.  
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
D. Resguardo acreditativo de haber constituido garantía provisional en los términos exigidos en la base XIV.  
E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.   
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.   
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.   
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.   
I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.   
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentados por éste.   
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.   
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes de los documentos establecidos en los artículos 293.1 y 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones.   
Base XVI. Contenido de la alternativa técnica  
La alternativa técnica del programa de actuación integrada tendrá el siguiente contenido:   
1. Identificación del documento que regule la ordenación pormenorizada a desarrollar.  
2. Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
3. Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.   
4. Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
5. Proyecto de urbanización.  
6. Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.   
7. Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
8. Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.   
9. Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
Base XVII. Proposición jurídico-económica  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:   
a. Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporta para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.   
b. Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.   
c. Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.   
d. Resumen de los datos económicos relevantes   
e. Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanística:   
i. Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1 a y b de la Ley Urbanística Valenciana.   
ii. Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1 c de la Ley Urbanística Valenciana.  
iii. Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.   
iv. Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
v. Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
vi. Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
vii. Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.   
viii. Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios acogidas a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.   
f. Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.   
g. Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro de los gastos variables y de la indemnización que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.   
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.  
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.   
Base XVIII. Admisibilidad de variantes   
1. No se admiten alternativas técnicas que supongan una ampliación o reducción del ámbito territorial a programar.  
2. A los efectos de esta base no se considerarán variantes, por lo que serán admisibles, en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.   
Base XIX. Criterios de adjudicación  
1. Por tratarse de alternativas técnicas sin planeamiento y con proyecto de urbanización para el desarrollo de la ordenación pormenorizada establecida en las normas subsidiarias de Montesa, la puntuación total de la alternativa técnica representará un 50% del total de la valoración en el concurso, mientras que la puntuación total de la proposición jurídico-económica representará el otro 50%.  
2. Los criterios de puntuación y su importancia relativa de las alternativas técnicas, por no ir acompañadas de planeamiento urbanístico, serán los siguientes establecidos por orden decreciente de importancia y concretando motivadamente los porcentajes de cómputo de cada uno de ellos dentro de los rangos establecidos en el ROGTU:   
a) La calidad técnica de las soluciones y de los materiales propuestos para la urbanización. Este criterio representará un 40% de la valoración de la alternativa técnica.   
Se aplica el rango mínimo previsto en el ROGTU, dado el objetivo municipal de conseguir la mayor calidad de las obras de urbanización.  
b) La conexión adecuada de las obras de urbanización de la actuación en su entorno. Este criterio representará un 30% de la valoración de la alternativa técnica.  
Se aplica el rango mínimo previsto en el ROGTU, dada la ubicación de los terrenos en la malla urbana de la ciudad y la mayor facilidad para su conexión.  
c) Plazo de ejecución del programa de actuación integrada.  
d) Compromisos de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente exigible.  
e) Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador.  
f) Medios para el control de la calidad de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa.  
Los criterios establecidos en las letras c), d), e) y f) representarán en su conjunto un 20% de la puntuación total de la alternativa técnica. Estos porcentajes se distribuirán de la siguiente manera: plazo de ejecución, puntuará un 1%; compromisos de edificación simultánea, puntuará un 1%; los compromisos adicionales del urbanizador puntuarán un 17%; los medios para el control de calidad puntuarán un 1%.   
Se aplica en conjunto el rango mínimo previsto en el ROGTU, ya que el plazo de ejecución de esta actuación no es decisivo y la demora puede ser objeto de penalizaciones; los compromisos de edificación simultánea no es tampoco decisivo ya que la ejecución de la urbanización no se prevé que sea larga; se pretenden potenciar los compromisos adicionales asumidos en exclusiva a su cargo por el urbanizador, y los medios de control de calidad dada la reducida superficie de la actuación, son más fáciles de aplicar.   
g) Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. Este criterio representará un 5% de la valoración de la alternativa técnica.   
Se aplica el rango mínimo previsto en el ROGTU, dado que la localización de la actuación en el casco urbano y la tipología edificatoria prevista para ella en las normas subsidiarias no facilitan la construcción de viviendas protegidas.   
h) Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de conformidad con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Este criterio representará un 5% de la valoración de la alternativa técnica.   
Se aplica el rango mínimo previsto en el ROGTU, dado que la valoración de los elementos de urbanización exterior ya se incluye en la máxima puntuación asignada en la letra a) de este apartado 2.  
3. La puntuación mínima que deberán superar las alternativas técnicas para poder ser valoradas las proposiciones jurídico-económicas que las desarrollen será de 80 puntos (equivalente a 40 puntos sobre los 50 que, como máximo, representa dicha alternativa técnica dentro del conjunto de la valoración).  
4. Los criterios de puntuación de las proposiciones jurídico-económicas y su importancia relativa serán los siguientes:   
a) Menor importe respecto de referencias de cuadros de precios de práctica usual de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. Este criterio representará un 35% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
Se aplica el rango máximo previsto en el ROGTU, por considerar muy relevante el importe de las cargas de urbanización, dado que también se ha considerado de relevancia la idoneidad y calidad de las obras de urbanización.   
b)`Mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa. Este criterio representará un 35% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
Se aplica el rango mínimo previsto en el ROGTU, por cuanto se entiende menos prioritario el establecer obligaciones especiales de edificación.   
c) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie y la menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente. Este criterio representará un 25% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
Se aplica un porcentaje medio del previsto en el ROGTU, por considerar que será determinante para facilitar la retribución del urbanizador en terrenos, lo que a su vez beneficiará a los propietarios.   
d) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. Este criterio representará un 5% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
Se aplica el porcentaje máximo previsto en el ROGTU, por considerar que se ha establecido una puntuación alta para los compromisos adicionales.  
5. Los documentos de la alternativa técnica y de la proposición jurídico-económica que serán objeto de valoración como criterios de adjudicación del programa de actuación integrada, ordenados de mayor a menor importancia, según la ponderación que se atribuya a cada uno de éstos, serán aquellos en los que se contengan los criterios de puntuación señalados en los apartados 2, 3 y 4 de las presentes bases particulares.  
Base XX. Adjudicación del programa  
La adjudicación del programa de actuación y la posterior formalización del contrato para el despliegue y ejecución de tales programas, se realizarán mediante el procedimiento abierto de licitación y la forma de concurso, en los términos establecidos legal y reglamentariamente.  
Base XXI. Formalización del contrato  
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.   
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.   
3. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.   
Base XXII. Dictamen del Consejo del Territorio y Paisaje  
No resulta exigible el dictamen del Consejo de Territorio y Paisaje, de conformidad con lo establecido en el artículo 136.4 de la LUV, dada la escasa complejidad que presenta el programa de actuación integrada, y al no superarse la superficie de 50 hectáreas.  
Base XXIII. Cumplimiento  
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario-constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá de haberse liquidado previa y definitivamente el programa.   
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.   
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.  
6. El plazo de garantía será de 12 meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este periodo, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.   
Base XXIV. Resolución  
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable.  
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:  
a. La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.  
b. La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c. La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d. La no formalización del contrato en plazo.  
e. La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.  
f. La inactividad injustificada del urbanizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.   
g. La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.   
h. La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
i. La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.   
j. La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones correspondientes.   
k. La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.  
l. La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario-constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.   
m. El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.   
n. Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.   
o. Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.   
p. El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta ley.  
q. El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.   
r. La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
s. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de los terrenos u otros afectados.   
t. La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
u. La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
v. El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo de Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.   
Base XXV. Prerrogativas de la administración  
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.   
Base XXVI. Jurisdicción competente  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.  
Montesa, 11 de junio de 2008.- El alcalde: José Albalat Grimaltos.