Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3756, del 24-05-2000 (2000/3417)

Notificación de la propuesta de resolución del expediente sancionador número 679/1996.
--------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3756

Fecha DOGV
:   24-05-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/3417


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la propuesta de resolución del expediente sancionador número 679/1996. [2000/A3417]
  
No habiendo podido notificar en el domicilio conocido por esta administración la propuesta de resolución del instructor del expediente sancionador número 679/1996, de fecha 17 de diciembre de 1999, por la que se propone declarar a doña Annette Grieser Beekmans, responsable de infracción de la Ley de Costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, se hace público el texto íntegro de la citada propuesta de resolución para que el presente anuncio sirva de notificación a la interesada.
  
"Propuesta de resolución que formula José Luis Martínez Zahonero, instructor del expediente sancionador que se sigue contra doña Annette Grieser Beekman, por la realización de obras en zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa.
  
Conforme con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, formulo la presente propuesta de resolución que baso en los siguientes hechos:
  
1. Con fecha 16 de junio de 1998 tuvo entrada en este Servicio un expediente de traslado de denuncia, con informe del Servicio de Costas en el que se indica que las obras consisten en demolición de escalera y garaje, movimientos de tierras, construcción de muros de hormigón armado y de mampostería, construcción de porche, construcción de garaje y construcción de piscina elevada, entre los hitos M-84 y M-86, del término municipal de El Campello (Alicante); que dichas obras se encuentran en la zona de servidumbre de protección; que no se cuenta con autorización administrativa para la realización de dichas obras.
  
2. Con fecha 8 de noviembre de 1999 se notificó la resolución del director general de Obras Públicas por la que se acordaba la instrucción de expediente sancionador, por la realización de obras descritas, en la zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa. Con esa misma fecha se notificó igualmente el pliego de cargos.
  
3. Por doña Annette Grieser Beekmans se formulan alegaciones en las que se expone que por el conseller de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en fecha 14 de septiembre de 1999, se acordó estimar el recurso de alzada interpuesto por la compareciente frente a la resolución sancionadora del director general de Obras Públicas de fecha 18 de enero de 1999, recaída en el expediente 679, que la incoación del expediente sancionador y el correspondiente pliego de cargos traen como causa los mismos hechos y supuestas infracciones que motivaron en su día similar resolución de iniciación en donde se imputó a la compareciente la misma conducta infractora consistente en haber ejecutado obras en zona de servidumbre de protección. Del mismo modo, alega que el anterior expediente resuelto y archivado al declararse la caducidad del mismo, fue registrado con el mismo número 679, así como que los hechos motivo de este nuevo expediente sancionador, son los mismos que motivaron la incoación del anterior expediente archivado que en ese momento fueron calificados como infracción grave y en este nuevo expediente se califican como infracción grave y leve. Considera, la interesada, que la valoración, al igual que ocurrió en el anterior expediente, es errónea, tanto de las obras calificadas como graves como de las leves, también da por reproducidas todas las alegaciones y escritos presentados en la tramitación del anterior expediente, así como que se acompañe en una pieza separada todas las actuaciones dimanantes del mencionado expediente que quedó archivado.
  
Igualmente, la senyora Grieser se reitera en su postura al alegar inexistencia del acto infractor, rechazando la calificación dada como infracción grave, considerándola en todo caso como infracción leve, y por tanto dándose una prescripción de la acción sancionadora, si se tiene en cuenta la fecha de incoación del anterior expediente y el transcurso de más de dos años hasta que se acordó su caducidad, sin que el anterior expediente haya podido interrumpir la prescripción.
  
4. A solicitud de este Servicio, con fecha 26 de noviembre de 1999, se emite un informe por el Servicio de Costas en el que se pone de manifiesto:
  
"... En visita realizada, por el técnico que suscribe, el día 18 de noviembre de 1999 (cuyo reportaje fotográfico se adjunta), se constata que las obras denunciadas que originaron la resolución referida, se encuentran completamente terminadas y que no se ha procedido a su demolición total o parcial, ni hay indicios de que se vaya a proceder a ello..."
  
Las alegaciones efectuadas no desvirtúan los hechos ni fundamentos tenidos en cuenta para la iniciación del presente expediente sancionador, por cuanto las obras se han efectuado sin contar con la preceptiva autorización previa de esta administración, además de por los motivos siguientes:
  
En primer lugar, atendiendo a la igualdad de expediente sancionador que fue objeto de archivo por la Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y transporte, recaída en fecha 14 de septiembre de 1999, cabe señalar que los hechos denunciados objeto de aquel expediente sancionador en nada coinciden con los aquí cuestionados, y ello por consiguiente hace desestimar todas y cada una de las alegaciones realizadas por la señora Grieser referidas a la igualdad de expedientes. No se corresponden porque las primeras obras denunciadas objeto del expediente archivado se encontraban ubicadas en la parte externa de la parcela según la orientación hacia el mar de las mismas, invadiendo zona de servidumbre de tránsito y protección, y las segundas obras objeto de este expediente se encuentran ubicadas en la parte interna, invadiendo la zona de servidumbre de protección, pero por si queda alguna duda a la interesada se destaca de manera puntual las obras correspondientes al primer expediente y las correspondientes al segundo:
  
Primer expediente; "... romper muro y formar escalera de acceso, levantar muro externo, el resto de reja, cambio de instalación subterránea para riego de jardín, arreglo de juntas existentes con nuevo llagueado, formación de baño en la planta sótano, arreglo de escalera y reparación de juntas, movimiento de tierra para evitar escorrerías de agua, tabicado de hueco existente, cambio de instalación de fontanería y electricidad, cambio de soldados y chapados en la vivienda, abrir ventana nivelar el suelo de salón y cubrir terraza". Parte externa de la parcela.
  
Segundo expediente; "... demolición de escalera y garaje, movimientos de tierras, construcción de muros de hormigón armado y de mampostería, construcción de porche, construcción de garaje y construcción de piscina elevada". Parte interna de la parcela.
  
Respecto a la coincidencia del número 679 del expediente, se debe aclarar, que el primer expediente tiene como número completo 679 - 4/1996, y el que ahora se ha iniciado tiene como número completo 679 - 5/1996, no considerándose por tanto el mismo expediente, puesto que la infracción-causa de cada uno de ellos, viene descrito en denuncias distintas como es lógico, por tratarse de obras y fechas diferentes, amén de que el número de expediente es un mero instrumento a efectos de ordenación y archivo. No afectando al presente expediente los documentos, alegaciones ni actuaciones presentados y realizados en la tramitación del anterior.
  
Con relación al error en la valoración, no es una alegación suficientemente acreditada, puesto que la señora Grieser se limita a destacar el supuesto error, sin aportar valoración contradictoria, ni factura o recibo, a efectos probatorios. Teniendo que señalar que en la memoria de la piscina presentada ante esta Conselleria, con motivo de la autorización solicitada en su día, dicha piscina se valoró en un importe total de 1.049.824 pesetas, por tanto la línea seguida por esta administración para realizar la valoración no puede tacharse de desorbitada. Cabe señalar también, que en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en su artículo 16 establece el derecho de los interesados para aportar, en un plazo de 15 días desde la notificación de la resolución de iniciación del expediente, cuantos documentos, alegaciones o informes estimen convenientes y en su caso proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. Habiendo transcurrido dicho plazo, la señora Grieser no ha aportado ningún justificante, ni señalado medio de prueba alguno.
  
En cuanto a la calificación de las obras que se discuten en este expediente, se han calificado de graves y leves, y ello, en base a que las obras consistentes en la demolición de la escalera y del garaje, junto con el movimiento de tierras, deben calificarse como infracciones leves, puesto que a la hora de realizarse no han cumplido la obligación que establece el artículo 48.1 del Reglamento de Costas, aprobado por el Real Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1.112/1992, de 18 de septiembre, que establece la necesaria autorización previa de la comunidad autónoma para poder realizar obras, usos o actividades en zona de servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre. En cuanto a las obras consistentes en muros de hormigón armado y mampostería (valla de cerramiento), se han calificado como infracción grave al ser vulnerado el artículo 44.3 del citado Reglamento de Costas, que establece la posibilidad de autorizar cerramientos opacos hasta una altura máxima de 1 metro y debiendo ser diáfanos por encima de dicha altura, al menos, un 80% de huecos, salvo que se empleen elementos vegetales vivos.
  
Respecto a la construcción de la piscina, se ha de indicar que su calificación es la de infracción grave, no sólo porque la autorización concedida en fecha de 18 de enero de 1995, caducó en el momento de proceder a su construcción, tal y como se advirtió en el punto 8 de la resolución de autorización, en donde se indicaba "La autorización quedará sin efecto por el vencimiento del plazo de ejercicio de la misma, que coincidirá con el que figure en la licencia de obras municipal, salvo que hubiera obtenido prórroga por motivos debidamente justificados. En todo caso, dicho plazo no podrá exceder de dos años, salvo cuando la falta de ejercicio sea imputable a la administración, tal como prescribe la disposición adicional cuarta de la Ley de Costas y el artículo 49.5 de su reglamento", siendo la denuncia de construcción de la piscina elevada de fecha 3 de marzo del año 1997, sino también porque no se respetaron las condiciones y requisitos especificados en dicha resolución, al realizar una piscina elevada, cuando la autorización se refería a una piscina enterrada.
  
En atención a la calificación dada, como infracción grave, de la construcción de garaje y porche, además de incurrir en el incumplimiento del mencionado artículo 48.1 del Reglamento de Costas respecto a la obligación de obtener previamente una autorización de la comunidad autónoma, se ha vulnerado la disposición transitoria decimotercera punto 1 apartado c) del mencionado reglamento, que establece que en la zona de servidumbre de protección podrán realizarse, previa autorización de la comunidad autónoma correspondiente, obras de reparación y mejora, siempre que no implique un aumento de volumen de las construcciones existentes, y sin que el incremento de valor de aquéllas comporte puedan ser tenidos en cuenta a efectos expropiatorios. Por tanto, al haber construido un garaje y un porche, no se ha procedido a una simple mejora o reparación, sino que se ha realizado un aumento de volumen dentro de la zona de servidumbre de protección.
  
Por lo que se refiere a la prescripción de la acción sancionadora, el artículo 176.1 del Reglamento de Costas establece que "el plazo de prescripción de las infracciones será de cuatro años para las graves y un año para las leves a partir de su total consumación. No obstante, se exigirá la restitución de las cosas y su reposición a su estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido". Como consecuencia de dicho artículo se desprende la prescripción de las infracciones leves, al haber transcurrido más de un año desde su total consumación, sin perjuicio de la obligación que se desprende de restituir y reponer las cosas a su estado anterior a las obras denunciadas, consistentes en la demolición de escalera y garaje y movimientos de tierras, que en este caso, debido a su imposibilidad material, por tratarse de una demolición y movimientos de tierras quedará exonerada. Ahora bien, respecto de las infracciones graves no se puede declarar prescripción, ya que están sancionadas dentro del periodo legal de los cuatro años, a contar desde su total consumación.
  
Conforme a lo actuado en el procedimiento se declaran hechos probados los siguientes:
  
1. Que entre los hitos M-84 y M-86 del término municipal de El Campello (Alicante), parcela del chalet El Roquero, se han realizado obras consistentes en demolición de escalera y garaje, movimientos de tierras, construcción de muros de hormigón armado y de mampostería, construcción de porche, construcción de garaje y construcción de piscina elevada.
  
2. Que las obras calificadas como infracción leve han prescrito, por haber transcurrido el plazo legal de un año a partir de su total consumación hasta la iniciación del expediente sancionador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 176.1 del Reglamento de Costas.
  
3. Que las obras se encuentran en zona afectada por la zona de servidumbre de protección.
  
4. Que no se cuenta con una autorización de esta administración para la realización de las obras.
  
5. Que no se ha procedido a la restitución de las cosas a su anterior estado.
  
Los hechos declarados probados están calificados como infracción grave tipificado en el artículo 175.2.e del Reglamento de Costas.
  
Para la indicada infracción se propone una sanción de 1.621.023 pesetas (9.742,54 euros) respecto de las obras calificas como infracción grave, consistentes en la construcción de piscina (1.067.315 PTA), construcción de porche (160.840 PTA), construcción de garaje (392.868 PTA), según lo dispuesto en el artículo 183.b del Reglamento para la Ejecución de la Ley de Costas
  
No procede la reducción de la sanción impuesta para la infracción al no haberse atendido el requerimiento efectuado en el punto quinto de la resolución de iniciación para que procediese a la restitución de las cosas y la reposición a su anterior estado.
  
De los indicados hechos es responsable en concepto de autora doña Annette Grieser Beekmans.
  
En consecuencia, este instructor propone:
  
Primero
  
Declarar responsable en concepto de autora de la infracción de la Ley de Costas, consistente en la demolición de escalera y garaje, movimientos de tierras, construcción de muros de hormigón armado y de mampostería, construcción de porche, construcción de garaje y construcción de piscina elevada, entre los hitos M-84 y M-86, del término municipal de El Campello (Alicante), en la zona de servidumbre de protección sin autorización administrativa, a doña Annette Grieser Beekmans.
  
Segundo
  
Declarar prescrita la infracción calificada como leve, por haber transcurrido el plazo legal de un año desde su total consumación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 176.1 del Reglamento de Costas.
  
Tercero
  
Imponer a doña Annette Grieser Beekmans una sanción consistente en la multa de 1.621.023 pesetas (9.742,54 euros) -construcción de piscina 1.067.315 PTA, construcción porche 160.840 PTA, construcción garaje 392.868 PTA-.
  
Cuarto
  
Ordenar a doña Annette Grieser Beekmans la restitución de las cosas y la reposición a su anterior estado, mediante la demolición de lo ilegalmente construido conforme a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de Costas.
  
Quinto
  
Dar traslado de la resolución que se dicte al Servicio de Costas a efectos de la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en el punto precedente.
  
Valencia, 17 de diciembre de 1999.- El instructor del expediente: José Luis Martínez Zahonero."