Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4348, del 02-10-2002 (2002/10742)

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los Servicios Esenciales Mínimos con ocasión de la huelga planteada en los servicios públicos sanitarios de Atención Primaria, Atención Especializada, Residentes en Formación, Inspección Médica, SEU y SOU, SAMU, Diputación de Valencia, Castellón y Alicante, en el ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4348

Fecha DOGV
:   02-10-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/10431


Fecha del documento
:   27-09-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * servicio sanitario
    * huelga
    * derecho de huelga
    * legislación
    * profesión sanitaria

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen los Servicios Esenciales Mínimos con ocasión de la huelga planteada en los servicios públicos sanitarios de Atención Primaria, Atención Especializada, Residentes en Formación, Inspección Médica, SEU y SOU, SAMU, Diputación de Valencia, Castellón y Alicante, en el ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana. [2002/X10570]
  
Vistos los escritos de convocatoria de huelga de las organizaciones sindicales Confederación Española de Sindicatos Médicos de la Comunidad Valenciana, (CESM-CV), Convergencia Estatal de Médicos y ATS, (CEMSATSE), SATSE, y por CCOO, CSI-CSIF, FSP-UGT, SA.E y STSPV-IV, mediante convocatoria única las cinco señaladas en último lugar, que han tenido entrada en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral el 13 de septiembre del año en curso, en virtud de los que, dando cumplimiento al requisito de preaviso obligatorio establecido en el artículo 3.3. del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, se comunica la realización de una huelga en los servicios públicos sanitarios de Atención Primaria, Atención Especializada, Residentes en Formación, Inspección Médica, SEU y SOU, SAMU, Diputación de Valencia, Castellón y Alicante, en el ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana con iniciación el 2 de octubre, y desarrollo en los días y horas establecidos en los mencionados escritos de convocatoria,
  
Resultando que la huelga anunciada afecta a un derecho esencial constitucionalmente protegido, la salud, implicando a los servicios públicos sanitarios prestados a través de la administración valenciana en virtud de las normas de atribución de competencias, debiendo compatibilizarse, según reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el legítimo derecho de huelga reconocido en el artículo 28 de la Constitución española, con los derechos esenciales de los ciudadanos, estableciendo nuestro más alto Tribunal la necesaria relación entre los derechos fundamentales, las libertades públicas y los derechos constitucionalmente protegidos (STC. 26/1981).
  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2 del RD 17/1977, cuando la huelga afecte a servicios públicos de reconocida e inaplazable necesidad, y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad competente podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.
  
Resultando que ha sido desconvocada la huelga planteada por las organizaciones sindicales CCOO, CSI-CSIF, SAE y SATSE, manteniendo éste último la huelga para todo el personal de enfermería que presta sus servicios en el Hospital General Universitario de Valencia, Consorcio Diputación-Conselleria de Sanidad.
  
Resultando que con la finalidad de intentar un acuerdo en el conflicto planteado, y específicamente en la concreción de los servicios esenciales a establecer durante el desarrollo de la huelga, se ha dado audiencia a la Confederación Española de Sindicatos Médicos de la Comunidad Valenciana, (CESM-CV), el día 26 del presente mes de septiembre, sin haber obtenido acuerdo en cuanto a los quirófanos programados en horario de mañana, entendiendo la administración que la supresión de la actividad en los mismos, podría significar en algún caso, riesgo grave para la salud de los pacientes.
  
Considerando que la competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio público prevista en el artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, corresponde al Consell de la Generalitat Valenciana y por delegación a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 4105/1982, de 29 de diciembre, en el Decreto 7/2002, de 25 de julio, del presidente de la Generalitat Valenciana sobre asignación de competencias, y el Decreto 90/2001 de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y de conformidad con lo establecido en los artículos 28.2, 148.1.5ª y 149.1.7ª de la Constitución española y el artículo 33.1 y 38 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio.
  
Considerando como cualquier otro derecho fundamental reconocido en la Constitución, el de huelga no es absoluto e ilimitado, sino que en su alcance, jerarquía y ?limitabilidad?, ostentan diferente significación, por lo que, de acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, debe establecerse una graduación jerárquica entre los mismos, atendiendo a las ?características- de los que están en pugna, (STS 29-V-95, RJ 4395).
  
En la limitación del ejercicio de huelga por otros derechos y por el respeto de bienes constitucionalmente protegidos, el Tribunal Constitucional ha establecido en su importante Sentencia de 8 de abril de l98l, desarrollada posteriormente, entre otras, por las Sentencias nº 26 y 33/81, 51 53/86, 27/89 y 43/90, que en la medida en que la destinataria, y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y que éstos son al mismo tiempo esenciales para ella, aquella no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los citados servicios, entendiendo que el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga, sin que, por otra parte, la consideración de un servicio como esencial signifique la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos.
  
Considerando que si bien la continuidad del servicio debe quedar asegurada durante la huelga, el establecimiento de los servicios mínimos ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios, (SSTC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).
  
De cuanto se ha señalado se concluye que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el artículo 10.1 del RD 17/1977 mencionado, debe conjugarse la atención de los servicios esenciales para la comunidad con el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, por lo que se debe limitar éste en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, mantenimiento que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal, estableciendo el Tribunal Constitucional que los servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente.
  
Considerando que el servicio público afectado tiene en este caso carácter de esencial para la comunidad, y su salvaguarda es de reconocida e inaplazable necesidad, de manera que no puede quedar paralizado su ejercicio por el del derecho de huelga.
  
Escuchado el comité de huelga sobre el establecimiento de los servicios mínimos, se ha alcanzado acuerdo salvo en el caso de los quirófanos programados en horario de mañanas que la administración mantiene porque su supresión podría significar en algún caso, riesgo grave para la salud de los pacientes dado el planteamiento de la huelga.
  
El hecho de que la misma esté programada en horario de 8,30 a 10, no permite afirmar que la lesión del bien constitucionalmente protegido y perjudicado, el derecho a la salud, sea de poca entidad puesto que los días 2, 7, 11, 16, 23 y 30 del próximo octubre en que está anunciado el cese en la prestación sanitaria, alteran la actividad normal de todas las semanas del mes, con la trascendencia que ello supone para las actividades que se realizan en el ámbito de los servicios públicos de que se trata, pudiendo resultar afectada de modo sustancial la salud de la población.
  
Considerando que en la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones normativas de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta, el director general de Trabajo y Seguridad Laboral, resuelve:
  
Primero
  
A los efectos previstos en el apartado 2º del artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, se determinan las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios dependientes de la Conselleria de Sanidad en toda la Comunidad Valenciana, que se estiman esenciales para la comunidad, en la huelga convocada para los días 2, 7, 11, 16, 23 y 30 de octubre de 2002, en horario de 8.30 a 10.00 horas, quedando establecidos como a continuación se especifica:
  
A. Hospitales:
  
I. Los propios de los domingos en los servicios siguientes:
  
1) Salas de Hospitalización.
  
2) Servicios Centrales urgentes.
  
3) Quirófanos de Urgencia.
  
4) Puertas de urgencia.
  
II. En los siguientes servicios, los propios de una jornada habitual:
  
1) Diálisis.
  
2) Radioterapia.
  
3) Oncología.
  
4) Programa de Transplantes.
  
5) UCI.
  
6) Unidades de Reanimación.
  
7) Quirófanos programados en horario de mañanas.
  
B. SAMU- CICU: Los servicios propios de una jornada habitual.
  
C. Centros de salud y centros de especialidades: se prestarán como mínimo los servicios propios de un sábado.
  
D. Asistencia pública domiciliaria: los servicios propios de los domingos.
  
E. Centro de transfusiones: el 50% del personal que presta servicio en jornada habitual.
  
Segundo
  
Los servicios esenciales mínimos que se establecen en virtud de la presente resolución, podrán ser modificados habida cuenta de la esencialidad del bien protegido y de la responsabilidad de la administración en orden al establecimiento de las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los mismos.
  
Tercero
  
Los servicios esenciales establecidos en la presente resolución, no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación. En caso de producirse serán considerados ilegales y quienes los ocasionaran incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
  
Cuarto
  
Lo dispuesto en esta resolución no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.
  
Quinto
  
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su notificación a las partes.
  
Adviértase con la notificación, que la misma no es definitiva en vía administrativa, pudiendo interponerse dentro del plazo de los diez días siguientes a su notificación, recurso administrativo ante la Sala de lo Contencioso'administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso'administrativa.