Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5617, del 11-10-2007 (2007/11850)

Información pública de la alternativa técnica y proposición jurídico-económica relativa a la unidad de ejecución del sector PR-12 del Plan General de Ordenación Urbana de Ibi.
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Número DOGV
:   5617

Fecha DOGV
:   11-10-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2007/11887


Fecha del documento
:   04-09-2007

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Ibi

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Ibi
    * plan de urbanismo
    * administración local

Información pública de la alternativa técnica y proposición jurídico-económica relativa a la unidad de ejecución del sector PR-12 del Plan General de Ordenación Urbana de Ibi. [2007/11240]  
En cumplimiento de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de julio de 2007 se somete a información pública el citado acuerdo, que a continuación se transcribe, junto con la alternativa técnica y proposición jurídico-económica presentadas por la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector PR-12 del Suelo Urbanizable:  
«Undécimo. Dictamen de la propuesta de acuerdo relativa a la gestión directa de la Unidad de Ejecución Única del Sector PR-12 UE R-12.  
Se conoce propuesta de acuerdo suscrita por el teniente alcalde delegado del Área de Urbanismo, de fecha 17 de julio de 2007, así como el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras Públicas, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2007, en el que se expresa:  
«I. Antecedentes. La ordenación vigente  
El Plan General vigente es consecuencia del documento de revisión aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2000, y ordenado publicar por resolución del presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha de 26 de abril de 2000, siendo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 120, de 26 de mayo de 2000.  
El suelo objeto de la presente, aparece clasificado como suelo urbanizable pormenorizado, y constituye la Unidad de Ejecución R 12 del Plan General. Esta unidad conforma por si sola el Sector PR- 12 de suelo urbanizable pormenorizado, con las características básicas que figuran en la ficha de planeamiento definida por el plan general.  
Como suelo urbanizable pormenorizado el plan lo define en su artículo 6.2.A como «aquellas áreas del territorio cuyo desarrollo se considera prioritario», y «se desarrollará mediante programas para el desarrollo de actuaciones integradas delimitadas en los planos de gestión.».   
El Plan General de Ordenación Urbana establece que cada sector del SUP sea su propia área de reparto, y que el aprovechamiento patrimonializable que en esta clase de suelo corresponde a cada finca es el resultado de aplicar a su superficie el porcentaje legal del aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentre.   
La calificación urbanística pormenorizada se corresponde con la norma zonal 8, conforme a lo establecido en el capítulo IX, artículo 9.0.3 y 9.8; y dentro de la misma a la subzona 8c, y conforme a tales normas:  
Las áreas y edificios afectados por ésta norma no se consideran fuera de ordenación y, en tanto no se produzca la transformación, estarán regulados por la normativa de uso de este Plan General aplicable al uso existente.  
Una vez efectuada la transformación serán de aplicación las determinaciones del Plan General para el nuevo uso. Se fija como límite para la ejecución de las zonas de transformación un periodo de 10 años, que se revisará con el propio plan.  
En el supuesto de hecho el tránsito de los usos industriales a los residenciales se realizarán a la calificación como zona de edificación cerrada 2/EC conforme a el esquema edificatorio prefijado por el plan y con los volúmenes e intensidades señaladas.  
Las condiciones de consolidación por la edificación de los suelos afectados, con mas de 11.000 m² de techo de naves consolidados, redundan en la inviabilidad de la ejecución del plan por las elevadas cuantías de las compensaciones a asumir por los interesados, al suponer una carga para la propiedad y para el Ayuntamiento de imposible asunción, y que por tanto inviabilizan la actuación.  
II. Convenio urbanístico de ejecución de planeamiento  
Todas las partes citadas, involucradas en el desarrollo de la Unidad de Ejecución R-12, sector PR 12 del suelo urbanizable pormenorizado del Plan General de Ibi estaban interesadas en alcanzar un acuerdo que permitiera la adecuada gestión y ejecución de los intereses puestos en juego.  
En este sentido el Ayuntamiento de Ibi, con independencia de las características que puedan predicarse de las superficies dotacionales incluidas en la unidad, se ha manifestado siempre en la voluntad de que tales elementos puedan incorporarse a su patrimonio sin que se genere una cuenta de liquidación negativa para el Ayuntamiento.  
Lo expuesto en los antecedentes informa la dificultad de conseguir de forma realista la viabilidad de la voluntad municipal, en cuanto suponía una carga de imposible asunción por la propiedad del suelo. La carga que para la actuación tiene el valor de las indemnizaciones, imposibilitaba la viabilidad económica de la actuación. No obstante la voluntad de las partes se impuso a una realidad económica con la búsqueda de alternativas que dieron lugar al convenio que debidamente aprobado previamente por el Pleno por unanimidad en sesión de 30 de enero de 2006, fue suscrito por la alcaldesa y la propiedad en 24 de marzo de 2006.  
III. Ejecución del convenio  
El día 13 de julio de 2006 fue constituida mediante escritura pública ante el Notario de Villena, Enrique Sacristán Crisanti, la Agrupación de Interés Urbanístico UE12, Sector 12 de Ibi. Se incorporan a dicha escritura los estatutos que deben regir la entidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. En la constitución de la agrupación de interés urbanístico se han observado todos los requisitos establecidos en el artículo 144 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (DOGV 31 diciembre y BOE 21 febrero 2006).  
El interés de esta agrupación el desarrollo y ejecución de la unidad de ejecución de la que toma su nombre, convirtiendo este objetivo e interés en el objeto social principal de la entidad constituida, ya que las mercantiles que constituyen la entidad urbanística colaboradora, mercantil Promociones y Urbanizaciones del Vinalopó, SA, y Promoibi, SL, son las mismas sociedades que suscribieron con el Ayuntamiento de Ibi el convenio urbanístico para el desarrollo de la unidad de ejecución número 12 en fecha de 26 de marzo de 2006, y en el que asumían el compromiso de iniciar los tramites para presentar una propuesta de programa de actuación integrada para el desarrollo de la actuación.  
Operado el cambio legislativo de sustitución de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, por la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y la aprobación posterior del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, procede alterar el plan de actuación establecido en el convenio de tal forma que nos adaptemos al contenido de la nueva legislación.  
En tal sentido resulta improcedente la presentación de un programa de actuación integrada para la gestión indirecta de la unidad de ejecución, en cuanto la figura configurada por la legislación vigente no se adapta al conjunto de voluntades y decisiones que fueron adoptados en el convenio de colaboración aprobado por el Pleno y suscrito por las entidades mercantiles referidas. El objeto del convenio no fue sino perfilar y definir el conjunto de compromisos y obligaciones que de la ejecución del planeamiento, ordenación pormenorizada contenida en el Plan General, resultaban para la totalidad de los afectados por la misma, de tal forma que se viabilizara lo que en principio resultaba de imposible asunción por las partes incluidas en el ámbito de la actuación.  
En consecuencia el Convenio aprobado y suscrito resolvía gran parte las cuestiones que son objeto específico de los programas de actuación integrada conforme a su definición en el Texto de la Ley Urbanística Valenciana, Ley 16/2005, de 30 de diciembre, y así, si los programas para el desarrollo de actuaciones integradas tienen por objeto:   
a) Identificar el ámbito de una actuación integrada con expresión de las obras que se han de acometer.  
b) Programar los plazos para su ejecución.  
c) Establecer las bases técnicas y económicas para gestionar la actuación.  
d) Regular los compromisos y obligaciones que asume el urbanizador designado al aprobar el programa, definiendo, conforme a esta Ley, sus relaciones con la administración y con los propietarios afectados.  
e) Fijar las garantías de su cumplimiento.  
Y a estos efectos, los programas, han de contener las previsiones precisas para cumplir con los siguientes objetivos mínimos:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa.  
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen para cumplir lo dispuesto en los apartados siguientes, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente.  
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público de suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, sin perjuicio de la obligación legal de soportar las cargas de urbanización correspondientes a la cesión.  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.  
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora.  
Por todo ello, el convenio de 24 de marzo de 2006, junto al del acuerdo plenario de 30 de enero de 2006, complementado por las determinaciones materiales de los correspondientes proyecto de urbanización y documento jurídico de parcelación y cesión al Ayuntamiento, como elementos imprescindibles para conformar el conjunto documental que permite la materialización del contenido del mismo, contienen las determinaciones suficientes para considerar cumplimentados las objetivos y determinaciones de un programa de actuación integrada, restando únicamente por establecer las determinaciones relativas a plazos de ejecución y formulas de financiación.  
A este respecto las determinaciones relativas a plazos cabe obtenerlas de las propias previsiones legales en materia de desarrollo de programas y proyectos de urbanización, y en cuanto a la financiación, sin perjuicio de la constancia del aval depositado por importe de 1.275.872,52 euros, se estará al informe oportuno de los servicios económicos municipales.  
IV. Gestión del suelo. Cesión al Ayuntamiento de los suelos dotacionales  
La reparcelación voluntaria (art. 169.2 LUV), presentada por la totalidad de la propiedad que suscribió el convenio con por el Ayuntamiento de Ibi el 24 de marzo de 2006, y autorizado por el Ayuntamiento Pleno de 30 de enero de 2006 y que representan el 100% de la propiedad del área reparcelable.  
Este proyecto de reparcelación, en cuanto a la adjudicación y compensación de los derechos e intereses públicos, se ejecuta y rige por las determinaciones del Plan General y el Convenio suscrito por el Ayuntamiento, que le precede (aprobado por unanimidad en sesión Plenaria de 30 de enero de 2006), y en cuanto a la adjudicación y compensación de los derechos privados afectados, por los pactos libremente alcanzados entre la propiedad, que se remontan al propio contenido del Convenio público, y a la proporcionalidad en la adjudicación de derechos y obligaciones, con la debida compensación por las diferencias de adjudicación. En cualquier caso, resuelta en el convenio de adjudicación la relación de la propiedad con el Ayuntamiento, y ajustado el presente al contenido de aquel, no se afecta con su contenido al interés público o de tercero.  
La finalidad del proyecto cabe estructurarse del siguiente modo:  
- Formalizar las cesiones para dotaciones públicas, en cumplimiento del artículo 124.1.e) de la LUV. En este sentido, se describen las fincas objeto de cesión según se trate de red viaria u otras dotaciones.  
En virtud del contenido del Convenio con la administración, no procede efectuar las cesiones correspondientes a la cesión del excedente del aprovechamiento tipo del Sector, que se atribuye íntegramente a la mercantil Promoibi, SL.  
- Materializar la distribución de beneficios y cargas derivadas de la ordenación urbanística (art. 169.3.b de la LUV), de conformidad con la libertad de pactos que específicamente consagra el artículo 397 del ROGTU, define como principio inspirador de la reparcelación: la libertad de pactos entre los propietarios y el urbanizador, a efectos de consensuar reparcelaciones voluntarias, incluso horizontales. Estos pactos tendrán como único límite la observancia de la normativa aplicable y del planeamiento.  
- Regularizar urbanísticamente la configuración de las fincas (art. 169.3.a de la LUV), de acuerdo con el plano de zonificación y las condiciones urbanísticas fijadas en la normativa que compone el Plan General en la Unidad de Ejecución Única UE 12, Sector PR 12 del Plan General de Ibi.  
- De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, configurar los subsuelos de los espacios correspondientes a las zonas libres como fincas independientes, y su atribución a la propiedad privada de conformidad con el convenio con el Ayuntamiento de Ibi de 24 de marzo de 2006, autorizado por el Ayuntamiento Pleno de 30 de enero de 2006.  
Con fecha 16 de julio de 2007 la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución PR 12, de la UE 12 del Plan General de Ordenación Urbana vigente, como instrumento de gestión del convenio suscrito por la propiedad y el Ayuntamiento de Ibi el 24 de marzo de 2006, y autorizado por el Ayuntamiento Pleno de 30 de enero de 2006.  
V. Proyecto de urbanización  
El proyecto de urbanización, definidor de las características técnicas de la ejecución de la obra pública en el ámbito de la actuación a programar, es parte indispensable en la conformación de los documentos de ejecución del convenio de colaboración en cuanto se configura como el instrumento que va a permitir la perfecta definición de alineaciones y rasantes del plan general en la zona, y por tanto concretar definitivamente las diferentes magnitudes de los suelos y dotaciones resultantes. Esta definición nos permite constatar la exactitud de las determinaciones del planeamiento general que se va a ejecutar y la adecuación de los instrumentos de Gestión del suelo previstos.  
VI. Gestión directa  
La ejecución de las actuaciones integradas es siempre pública, correspondiendo a la administración decidir su gestión directa o indirecta. Es de gestión directa, cuando la totalidad de las obras e inversiones que comporta son financiadas con fondos públicos y gestionadas por la administración, por sí misma o a través de sus organismos, entidades o empresas de capital íntegramente público. La gestión es indirecta cuando la administración decide cometer la actuación a cargo de la financiación comprometida por un tercero y delega la condición de urbanizador adjudicándola a favor de una iniciativa seleccionada de conformidad con el procedimiento establecido en la presente ley.  
En los términos establecidos por la ley, los programas de actuación integrada podrán ser aprobados a iniciativa de:  
a) Los municipios, los organismos o entidades dependientes o de los que formen parte, para la ejecución del planeamiento municipal. Cuando la entidad promotora no cuente con la potestad expropiatoria, se tendrá como administración actuante al municipio.  
b) La administración autonómica, por sí misma o a través de sus organismos o entidades o de las empresas de capital íntegramente público o participadas mayoritariamente por esta administración, para la promoción de suelo con destino a dotaciones públicas o a actuaciones promotoras que fomentan la industrialización o la vivienda sujeta a cualquier régimen de protección pública. En este caso, su tramitación y aprobación se sujetará a las reglas establecidas para los planes especiales, de acuerdo con lo que dispone el artículo 89 de la presente ley.  
c) Los particulares, personas físicas o jurídicas, sean o no propietarios de los terrenos, pudiendo a este efecto solicitar y obtener de las administraciones completa información sobre las resoluciones y previsiones oficiales que condicionen el desarrollo de cada actuación.  
De conformidad con lo que establecen los artículos 4, 15 y 16 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, los particulares, sean o no propietarios de los terrenos afectados, tienen derecho a promover la transformación urbanística del suelo. Este derecho se ejercitará de acuerdo con lo que establece la sección 5ª del capítulo XIV del título II de la presente ley.  
Por su parte el artículo 128 de la Ley Urbanística Valenciana, relativo a la iniciativa pública en la formulación de los programas dispone que los ayuntamientos pueden formular programas de actuación integrada, redactando de oficio la totalidad o parte de la documentación expresada en el artículo 126, sea para fomentar su desarrollo por gestión indirecta o con el fin de acometer su gestión directa. Si optara por la gestión indirecta, se adaptará el procedimiento de concurso previsto en esta ley, ajustándose la documentación requerida a los interesados a lo estrictamente necesario.  
La elaboración de dicha documentación y la ejecución del programa podrá llevarse a cabo bien directamente por los servicios técnicos municipales, bien mediante la convocatoria de concurso para la adjudicación conjunta de la elaboración de proyecto y obra, de conformidad con lo que dispone el artículo 125 del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, sin perjuicio de que el ayuntamiento opte por cualquier otra forma de adjudicación que considera más conveniente a los intereses públicos.   
En definitiva, la legislación permite a la administración actuante plena libertad para adecuar su iniciativa, de tal forma que sin vulnerar los principios de la legislación básica pueda ser satisfecha la necesidad de actuación.  
VII. Procedimiento y requisitos  
El acuerdo municipal que decida la gestión directa de la actuación deberá incluir necesariamente una descripción detallada de los compromisos de inversión y gestión que contrae la administración actuante y de la disponibilidad de recursos presupuestarios para financiar, siquiera parcialmente, la actuación sin ingresar cuotas de urbanización, en previsión de la retribución en terrenos o del impago de ellas.   
En el presente caso, la Agrupación de Interés Urbanístico ha depositado ante el Ayuntamiento de Ibi, como garantía para la ejecución de las obligaciones urbanísticas que le corresponden en aplicación de las determinaciones del convenio, un aval del 110% del coste establecido en el proyecto de urbanización del sector, de tal forma que se garantiza la inexistencia de incidencias en relación con la retribución en terrenos o los impagos de cuotas de urbanización, por lo que queda perfectamente garantizada la viabilidad de la actuación y la suficiencia de recursos a los efectos del artículo 270 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.   
En cualquier caso hay que tener presente que la administración municipal puede repercutir sus gastos de gestión directa mediante cuotas de urbanización, y que si bien no percibirá el beneficio empresarial del urbanizador, tampoco está limitada en la liquidación definitiva del programa por el precio máximo al que se refiere el artículo 127.2.e), por lo que sus liquidaciones tendrán siempre el carácter de provisional hasta la total ejecución de las obras programadas y su total repercusión a los sujetos pasivos de las mismas.  
La iniciativa de gestión pública para el ámbito del PR-12, debe adaptarse conforme a lo establecido en el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística a los siguientes trámites:  
- El acuerdo de gestión pública debe ser adoptado por el Pleno del Ayuntamiento y la iniciativa deberá ser sometida a información pública, que se realizará mediante anuncio publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y, simultáneamente o con posterioridad, en un periódico de amplia difusión en el municipio. Se remitirá notificación formal e individualizada a los interesados y a quienes consten en el catastro como titulares de derechos afectados por la actuación propuesta.  
- Al no tratarse de un procedimiento selectivo se expondrá al público conjuntamente la alternativa técnica y la proposición jurídica económica, que se presentarán de forma abierta.  
- En el anuncio de la información pública se hará constar la posibilidad de formular alegaciones al contenido de la documentación anteriormente señalada en el plazo de 20 días a contar desde el día siguiente a la última publicación del anuncio o desde la recepción del aviso si es posterior. El anuncio deberá hacer referencia expresa al régimen de gestión directa adoptado para la actuación y, en consecuencia, a no haber lugar ni a la presentación de alternativas técnicas ni proposiciones jurídico-económicas.  
- Concluidos los trámites de exposición pública y contestación de alegaciones procederá Aprobar provisionalmente el programa de actuación integrada por gestión directa, estimando o desestimando las alegaciones presentadas. La competencia para la aprobación provisional corresponderá al pleno del Ayuntamiento en régimen de gestión directa municipal.  
- Aprobado provisionalmente el programa, la administración actuante procederá a resolver sobre la aprobación definitiva del mismo, correspondiendo al Ayuntamiento aprobar definitivamente el programa de iniciativa municipal en cuanto que no modifica la ordenación estructural. El plazo máximo para resolver sobre la aprobación definitiva será de 30 días desde la fecha en la que fuera posible adoptar el acuerdo correspondiente.   
- El urbanizador notificará el acuerdo de aprobación definitiva del programa a los que consten como interesados en las actuaciones y publicará el anuncio correspondiente en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en Boletín Oficial de la Provincia si el plan contiene normativa urbanística.  
Conclusión   
En consecuencia, en atención a los antecedentes expuestos y documentados en el expediente conformado, resulta conveniente a los intereses generales para la ejecución del convenio de 24 de marzo de 2006, aprobado por unanimidad en acuerdo Plenario de 30 de enero de 2006, para la gestión de los suelos dotacionales de la unidad de ejecución PR-12 del Plan General de Ibi, la programación del suelo por gestión directa en cuanto que:  
- Está aprobado y en vigor el instrumento de planeamiento espacial suficiente para la ordenación pormenorizada del suelo del ámbito de actuación, resultando esta directamente de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 2000, que a su vez contiene la delimitación de la unidad de ejecución. El correspondiente proyecto de urbanización termina por conformar la denominada alternativa técnica de programa, con el nivel necesario requerido por la legislación vigente.  
- Están perfectamente definidas las distintas responsabilidades en relación con los derechos y deberes resultantes de la actuación, habiendo sido suscrito convenio de viabilización de la gestión del suelo, el documento de reparcelación voluntaria y aval de urbanización simultánea termina configurando el completo contenido de la proposición jurídico-económica para la actuación.  
Visto el artículo 128 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana y el informe favorable de fecha 24 de abril de 2007, emitido por los servicios técnicos municipales, este teniente de alcalde delegado del Área de Urbanismo y Obras Públicas, eleva al Pleno de la corporación la siguiente  
Propuesta de acuerdo  
Primero. En atención a lo establecido en los artículos 130 en relación con el 127 y 128 de la LUV (Ley 16/2005) tomar en consideración la propuesta hecha por la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector PR-12 del Suelo Urbanizable, y considerar:  
1. Alternativa técnica de programa, el proyecto de urbanización presentado en desarrollo de la ordenación pormenorizada contenida en el plan general vigente, y   
2. Proposición jurídico-económica suficiente el convenio de gestión de suelos aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de enero de 2006, suscrito en fecha de 24 de marzo de 2006, junto a la reparcelación voluntaria y formulada en escritura pública y el aval del total de los costes de ejecución del programa, presentados ambos por la agrupación en fecha de 20 de marzo de 2007. Estableciendo los siguientes parámetros complementarios de programación:  
Se deberán iniciar las obras de urbanización en el plazo máximo de un mes desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, siendo el plazo máximo de ejecución de las mismas de 12 meses.  
Segundo. A la vista de la documentación antes reseñada acordar la gestión directa de la unidad de ejecución PR-12 del Plan General de Ibi, y a tal efecto:  
1. Someter el presente acuerdo junto a la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica a información pública, que se realizará mediante anuncio publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y, simultáneamente o con posterioridad, en un periódico de amplia difusión en el municipio.   
2. Se remitirá notificación formal e individualizada a los interesados y a quienes consten en el Catastro como titulares de derechos afectados por la actuación propuesta.  
3. Al no tratarse de un procedimiento selectivo se expondrá al público conjuntamente la alternativa técnica y la proposición jurídica económica de forma abierta.  
4. En el anuncio de la información pública se hará constar la posibilidad de formular alegaciones al contenido de la documentación anteriormente señalada en el plazo de 20 días a contar desde el día siguiente a la última publicación del anuncio o desde la recepción del aviso si es posterior. El anuncio deberá hacer referencia expresa al régimen de gestión directa adoptado para la actuación y, en consecuencia, a no haber lugar ni a la presentación de alternativas técnicas ni proposiciones jurídico-económicas.  
5. Concluidos los trámites de exposición pública y contestación de alegaciones procederá aprobar provisionalmente el programa de actuación integrada por gestión directa, estimando o desestimando las alegaciones presentadas.»  
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No promoviéndose ninguna otra intervención, y sometido el dictamen a votación, el Ayuntamiento Pleno por trece votos a favor (12 del GMP y 1 del concejal Nicolás Martínez Ruiz) y seis votos en contra (6 del GMS) diecinueve miembros presentes de los veintiuno que componen la corporación, acuerda aprobar el dictamen transcrito.»  
Durante el periodo de información pública se podrán formular alegaciones al contenido de la documentación anteriormente señalada en el plazo de 20 días a constar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana o desde la recepción del aviso si es posterior. Siendo el régimen de gestión directa el adoptado para la actuación no cabe la posibilidad de presentar alternativas ni proposiciones jurídico-económicas. La documentación podrá ser consultada en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ibi, sito en la calle Les Eres, 63, todos los días laborables de 09.00 horas a 14 horas.  
Ibi, 4 de septiembre de 2007.- El teniente de alcalde: Miguel Ángel Agüera Sánchez.