Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5199, del 15-02-2006 (2006/1365)

Notificación a José Antonio Morales Lozano. Recurso número R-188/2005.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5199

Fecha DOGV
:   15-02-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/1365


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a José Antonio Morales Lozano. Recurso número R-188/2005. [2006/A1365]  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a José Antonio Morales Lozano, Doctor Jiménez Díaz, número 12, 5º, 18A (03623 Alicante), la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-188/2005.  
Resolución de la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente del recurso de alzada relativo al expediente de resolución administrativa de contrato de compraventa por no uso (A-RACNU-0095/2003) de la vivienda sita en Alicante, avenida del Doctor Jiménez Díaz 12, escalera 5 8º a (cod. vvda. 03/7009/0079).  
Datos del reclamante   
Apellidos y nombre: Morales Lozano, José Antonio.  
Núm. exp: a-racnu-0095/2003.  
Datos de la vivienda   
Código vivienda: 03/7009/0079.  
Domicilio: av. Doctor Jiménez Díaz 12, esc. 5 8º A.   
Régimen: compraventa.  
Adjudicatario: Morales Lozano, José Antonio.  
I. Antecedentes  
Cronológicamente expuestos, los hechos esenciales relativos a dicho expediente, son los siguientes:  
1. El 4 de junio de 2003, con motivo de las visitas periódicas realizadas por personal adscrito a la Inspección de Patrimonio del IVVSA, se detectó la falta de ocupación de manera habitual y permanente de la vivienda de referencia por su adjudicatario (documento 1).  
2. Los días 3 y 5 de noviembre de 2003 se realizaron los dos intentos de notificación del pliego de cargos de fecha 30 de octubre del citado expediente, tras lo cual al ser infructuosos se realizó la correspondiente notificación edictal (documento 2).  
3. El 11 de noviembre de 2003, se emite informe por el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Alicante, constatando que el señor Morales en fecha 18 de mayo de 2001 fue dado de baja en el padrón por cambio de residencia a otro municipio (documento 3).  
4. El 26 de enero de 2004 tuvo entrada en el registro del IVVSA escrito de alegaciones contra el pliego de cargos anterior (documento 4). Dicho escrito fue contestado mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2004 (documento 5).  
5. Los días 20 y 23 de febrero de 2004 se realizaron los dos intentos de notificación de la propuesta de Resolución de fecha 18 de febrero del citado expediente, tras lo cual al ser infructuosos se realizaron las publicaciones del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alicante y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.798 del 15 de julio de 2004. (documento 6)  
6. Los días 23 y 24 de septiembre de 2004 se realizaron los dos intentos de notificación de la Resolución de fecha 22 de septiembre de 2004, del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos del citado expediente, tras lo cual al ser infructuosos se realizaron las publicaciones del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alicante y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.869 del 25 de octubre de 2004 (documento 7).  
7. El 13 de octubre de 2004 el interesado obtuvo copia cotejada del presente expediente (documento 8).  
8. El 12 de noviembre de 2004 tuvo entrada en el Registro del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, Recurso de Alzada contra la Resolución anterior. (Documento 9)  
II. Fundamentos de derecho  
El artículo 141 en relación con el artículo 138, ambos del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, sobre Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, en relación también con el artículo 30 del Real Decreto 2.960/1976, de 12 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación de viviendas de protección oficial, que incluye entre las causas legales de desahucio administrativo de viviendas de promoción pública: «No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente del beneficiario ...»  
Los artículos 5, 7 y 8, en relación con los artículos 112 y 113 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, que califica de administrativos especiales aquellos que tengan carácter administrativo por satisfacer de forma directa e inmediata una finalidad pública, y en general por suponer una especial tutela del interés público.  
El artículo 12 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Sancionador en Materia de Vivienda.  
El artículo 143 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, que reputa en todo caso el domicilio del interesado como la vivienda objeto del desahucio en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo la que, interpretando el régimen sancionador en materia de vivienda, entiende que la obligación de destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente no es absoluta y admite la existencia de situaciones excepcionales y causas justas, debiéndose también atender a la voluntad de los beneficiarios de mantener el destino de la misma como residencia domiciliaria (STS de 10-11-82, 15-7-87, 28-1-93, 14-6-2001).  
III. Contestación a las alegaciones  
De la documentación aportada por el propio interesado junto al cuerpo del recurso (informes médicos correspondientes a Ascensión Gutiérrez Fernández y a Francisco Tomás Sáez, padres de la esposa del adjudicatario Ascensión Tomás Gutiérrez), se desprende la enfermedad de los familiares de la esposa del adjudicatario durante un extenso periodo (desde marzo de 1993 hasta junio de 2003), situación que llega incluso a causar una crisis depresiva en doña Asunción Tomás y obliga a la familia a desplazarse en determinados periodos de tiempo al domicilio de sus padres para poder atenderlos debidamente, siendo precisamente en uno de estos momentos en que no se encuentran en la vivienda (el 4 de junio de 2003) cuando se produce la visita del personal adscrito a la Inspección de Patrimonio del IVVSA (documento 1), que da origen a la incoación del expediente. Por otro lado, si se tiene en cuenta también que los intentos de notificación del pliego de cargos, propuesta de resolución y resolución se realizaron en horario laborable y escolar y que por el adjudicatario también se aportó certificado de convivencia emitido por la Policía Local de Alicante (en el que se testimonia la convivencia de los esposos en la vivienda adjudicada a fecha 19 de enero de 2004), sólo se puede concluir que a vivienda objeto de este expediente constituye el verdadero hogar de la familia Morales y su domicilio legal, y quedando probada su voluntad de permanecer en la misma, no se puede desprender de sus ausencias accidentales y justificadas incumplimiento alguno de su obligación de habitar la misma, por lo que ha quedado desvirtuada la causa que originó la incoación del expediente.   
Aunque el expediente de referencia se ha tramitado de conformidad con la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con la legislación de viviendas de protección oficial vigente, tal y como queda acreditado en los antecedentes de hecho y en la documentación complementaria, practicándose las notificaciones conforme al artículo 59 de la citada ley, por lo anteriormente dicho, procede la estimación del recurso de alzada presentado, y la Resolución del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos de fecha 22 de septiembre de 2004 debe ser revocada y procederse al archivo del expediente.  
Resolución  
Visto el expediente, se deduce que ha quedado acreditado el cumplimiento de los requisitos y obligaciones legales exigidos quedando desvirtuada la causa que originó la incoación del expediente, procediendo la estimación del presente recurso.  
Vistos los hechos, las disposiciones legales citadas y las de general aplicación, así como la propuesta del director general de Vivienda y Proyectos Urbanos, la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente resuelve:  
La estimación del recurso de alzada.  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime oportuno.  
Valencia, 19 de octubre de 2005.. La secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente: Cristina Serrano Mateo.