Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8576, del 21-06-2019 (2019/6316)

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de Valencia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8576

Fecha DOGV
:   21-06-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2019/6316


Fecha del documento
:   07-06-2019

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, de la directora general de Justicia, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de Valencia. [2019/6316]  
Visto el expediente de modificación estatutaria instruido a instancia del Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de Valencia, inscrito con el número 34 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, en el que se solicita la inscripción de la modificación de sus Estatutos en dicho Registro, atendiendo a los siguientes  
  
Hechos  
  
Primero. La decana del Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de Valencia presentó, en fecha 4 de abril de 2018, solicitud de inscripción de la modificación de sus Estatutos en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.  
Segundo. La modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de Valencia fue aprobada por la Junta General Extraordinaria celebrada el 12 de julio de 2017, tal y como consta en certificado del secretario, con el visto bueno de la presidenta, de fecha 4 de abril de 2018.  
Tercero. La modificación estatutaria cuya inscripción se solicita, se refiere a la modificación total de los Estatutos del Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de Valencia aprobados por Resolución de 3 de diciembre de 2004, de la directora general de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (DOGV 4923, 13.01.2005), pasando a tener la siguiente redacción:  
  
«SUMARIO  
  
DISPOSICIONES GENERALES art. 1 a 5  
TÍTULO I. EL COLEGIO  
CAPÍTULO 1. FINES DEL COLEGIO art. 6  
CAPÍTULO 2. FUNCIONES DEL COLEGIO art. 7  
Sección 1ª. Funciones de Ordenación del ejercicio profesional  
Sección 2ª. Funciones de defensa de la profesión y sus colegiados  
Sección 3ª. Funciones de representación  
Sección 4ª. Funciones de colaboración con la Administración de Justicia.  
Sección 5ª. Funciones del arbitraje y mediación institucionales.  
TÍTULO II. LOS COLEGIADOS  
CAPÍTULO 1. RÉGIMEN DE COLEGIACIÓN  
Sección 1ª.Incorporación al Colegio art. 8 a 10  
Sección 2ª. Clases de colegiados art. 11 a 13  
Sección 3ª. Adquisición de la condición de colegiado art. 14 y 15  
Sección 4ª. Modo de incorporación e inicio del ejercicio art. 16 a 19  
Sección 5ª. Pérdida y suspensión de la condición de colegiado art. 20 a 22  
CAPÍTULO 2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLEGIADOS art. 23  
Sección 1ª. Derechos de los colegiados art. 24  
Sección 2º. Obligaciones y Deberes de los colegiados art. 25 a 27  
Sección 3ª. Incompatibilidades art. 28 y 29  
Sección 4ª. Prohibiciones art. 30  
Sección 5ª. Sustituciones art. 31  
Sección 6ª. Despachos colectivos art. 32 a 34  
Sección 7ª. Cese del ejercicio profesional art. 35  
TÍTULO III, LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO, SU GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
CAPÍTULO 1. ORGANIZACIÓN  
Sección 1ª. Turno de oficio y Asistencia Jurídica Gratuita art. 36 y 37  
Sección 2ª. Servicio de depósito de bienes embargados y designación como entidad especializada en la realización de bienes art. 38 y 39  
Sección 3ª.Ventanilla Única art. 40  
CAPÍTULO 2. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO art. 41  
Sección 1º. La Junta General, competencias, convocatorias, sesiones, votaciones y acuerdos art. 42 a 54  
Sección 2ª. Régimen Electoral art. 55 a 71  
Sección 3ª. La Junta de Gobierno art. 72 a 74  
Sección 4ª. Provisión cargos de la Junta de Gobierno art. 75 a 79  
Sección 5ª. Competencias Junta de Gobierno y acuerdos art. 80 a 82  
CAPÍTULO 3. ATRIBUCIONES DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO art. 83 a 91  
TÍTULO IV. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y SU IMPUGNACIÓN  
CAPÍTULO 1. RÉGIMEN JURÍDICO art. 92  
CAPÍTULO 2. ACUERDOS art. 93  
Sección 1ª. Impugnación acuerdos art. 95 a 98  
TÍTULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO  
CAPÍTULO 1. PATRIMONIO COLEGIAL art. 99 a 101  
Sección 1ª. Ingresos del Colegio art. 102 a 105  
Sección 2ª. Gastos del Colegio art. 106 y 107  
Sección 3ª. Auditoría art. 108  
TÍTULO VI. RESPONSABILIDADES Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
CAPÍTULO 1. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL art. 109  
CAPÍTULO 2. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA art. 110  
Sección 1ª. Las infracciones art. 111 a 113  
Sección 2ª. Las sanciones disciplinarias art. 114 a 117  
Sección 3ª. Comisión Deontológica y tramitación del procedimiento sancionador art. 118 a 133  
TÍTULO VII. RÉGIMEN DE DISTINCIONES, TRATAMIENTOS Y SÍMBOLOS  
TÍTULO VIII. DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS, FINALES Y DEROGATORIA  
  
  
  
DISPOSICIONES GENERALES  
  
El objeto del presente Estatuto es regular la organización y funcionamiento del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, que actúa al servicio del interés general de la sociedad y de los colegiados, mediante el ejercicio de las funciones y competencias que le son propias.  
  
Artículo 1. El Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia es una corporación de derecho público, de carácter profesional, amparado por la Constitución y por la Ley, reconocida por el Estado y por la Comunitat Autónoma Valenciana, que goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y funciones  
  
Artículo 2. Su denominación es la de Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia y está constituido por los actuales colegiados y los que en lo sucesivo se incorporen  
El acrónimo del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia es ICPV.  
  
Artículo 3. Ámbito territorial: su ámbito se extiende a todo el territorio de la provincia de Valencia  
No obstante, el Colegio podrá realizar legítimamente actuaciones fuera de su ámbito territorial, respetando las competencias del Consejo General de los Procuradores de España (CGPE) en el ejercicio de sus fines y funciones, según lo dispuesto en la ley y en el presente Estatuto.  
  
  
Artículo 4. Domicilio: su domicilio se fija en la ciudad de València, calle Cirilo Amorós, número sesenta y nueve, puerta primera  
El Colegio tiene delegaciones oficiales en Alzira, Carlet, Gandia, Llíria, Massamagrell, Requena, Sagunt, Sueca, Ontinyent y Xàtiva. La Junta de Gobierno podrá establecer o suprimir delegaciones oficiales atendidos criterios de eficacia y racionalidad y en aras del interés general, con el fin de adecuarse a las demarcaciones judiciales.  
  
Artículo 5. El Colegio de Procuradores goza de plena autonomía para el cumplimiento de sus fines, ejerciendo las funciones que le atribuyen estos Estatutos, en su ámbito territorial y en el marco del ordenamiento jurídico, actuando bajo los principios de transparencia y responsabilidad en su gestión  
  
TÍTULO I: EL COLEGIO  
  
CAPÍTULO 1. FINES DEL COLEGIO  
  
Artículo 6. Son fines esenciales del Colegio:  
a) La ordenación, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo previsto en las leyes, del ejercicio de la profesión definida por el Estatuto General dentro de su territorio.  
b) La representación exclusiva de la procura dentro de su ámbito territorial y la defensa de los derechos e intereses profesionales de sus colegiados, como cooperadores necesarios de la Administración de Justicia.  
c) Colaborar activamente en la obtención y acreditación de la capacitación profesional de los colegiados y velar por el adecuado nivel de las prestaciones profesionales de los mismos, por medio de la formación continua y permanente.  
d) Velar por la observancia de la deontología profesional y protección de los intereses de consumidores y usuarios de los servicios profesionales de los colegiados.  
e) La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia, en el ámbito que establezcan las leyes, así como prestar los servicios que las leyes procesales y orgánicas le encomienden.  
  
CAPÍTULO 2. FUNCIONES DEL COLEGIO  
  
Artículo 7. Para la consecución de los fines anteriormente indicados, el Colegio ejercerá dentro de su ámbito territorial las funciones atribuidas por las leyes, por el Estatuto General y por el presente Estatuto  
  
Sección 1ª. Funciones de ordenación del ejercicio profesional  
a) Colaborar con el Poder Judicial y demás poderes públicos realizando los estudios, informes, dictámenes, trabajos estadísticos y demás actividades relacionadas con sus fines, que se le soliciten.  
b) Llevar el registro de los colegiados, su mantenimiento y actualización en el que deberá constar al menos los siguientes datos: nombre y apellidos de los colegiados, titulación oficial que posean, fecha del alta, situación de habilitación profesional, domicilio profesional, número de teléfono, dirección electrónica y cualquier otro medio tecnológico necesario para su localización.  
El Colegio ofrecerá a los consumidores y usuarios acceso gratuito al Registro de colegiados a través de su ventanilla única.  
c) Llevar el registro de las sociedades profesionales con domicilio social en el ámbito territorial del Colegio. Deberá comunicar al Consejo Valenciano de Procuradores, al Consejo General de Procuradores de España y a la Conselleria las inscripciones de las mismas para su constancia en el Registro General de Sociedades Profesionales.  
d) Participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de la Administración, así como en los organismos interprofesionales, de conformidad con los supuestos previstos en la legislación aplicable.  
e) Organizar cursos de formación y perfeccionamiento profesional y mantener y proponer al Consejo General de Procuradores, o Consejo de Colegios de la Comunidad Autónoma en su caso, la homologación de Escuelas de Práctica Jurídica y otros medios para facilitar el inicio de la actividad profesional.  
f) Suscribir convenios con la Universidad para establecer la fijación del programa de prácticas y la designación de los correspondientes tutores necesarios para preparar el acceso a la profesión de procurador.  
g) Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la deontología y la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales.  
h) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las disposiciones legales y estatutarias de la profesión y velar por la observancia de las normas adoptadas por los órganos colegiales en materias de su competencia.  
i) La organización de los servicios y funciones que les encomienden las Leyes.  
j) Ejercer en el orden profesional y colegial la potestad disciplinaria.  
k) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre ellos. Otorgar amparo, previa deliberación de la Junta de Gobierno, al colegiado que lo solicite.  
l) Resolver las discrepancias que puedan surgir entre los colegiados y sus clientes en relación con la actuación profesional de los mismos y la percepción de sus derechos, mediante arbitraje al que previamente se sometan de modo expreso las partes.  
m) Resolver las discrepancias que puedan surgir entre colegiados en relación con su actuación profesional y la percepción de sus derechos, previa solicitud de alguno de ellos.  
n) Promover la mediación, arbitraje o cualquier otra fórmula alternativa que pueda surgir para la resolución alternativa de conflictos entre partes y la participación activa en dichas instituciones.  
o) Posibilitar la constitución del Colegio como Institución de Arbitraje y Mediación conforme a la legislación vigente en dicha materia.  
p) Establecer sus presupuestos, así como regular la percepción de las cuotas de sus colegiados.  
q) Por medio de la Junta General, aprobar sus estatutos y reglamentos de régimen interior de forma autónoma, sin más limitaciones que las impuestas por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y el resto del ordenamiento jurídico, sin perjuicio del control de legalidad que sobre los mismos ejercerá la Conselleria competente de la Generalitat y en su caso el Consejo General de Procuradores.  
r) Colaborar con las Universidades en la elaboración y ejecución de los planes de estudio, sin menoscabo del principio de autonomía universitaria.  
s) Evacuar el informe preceptivo sobre todos los proyectos o anteproyectos de disposiciones normativas del Consell que afecten a la procura, así como en el resto de proyectos o iniciativas legislativas, cuando sea requerido para ello.  
t) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones que con carácter de firmes se les hubiera impuesto o cualquier otra petición de información que formulen las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las solicitudes de información deberán estar debidamente motivadas.  
u) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión, de los colegiados y demás fines de la Procura o que vengan dispuestas por la legislación estatal o autonómica.  
v) Velar por el cumplimiento por parte de los colegiados de lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 4/2015, de 27 de abril sobre el estatuto de víctimas del delito.  
  
Sección 2ª. Funciones de defensa de la profesión y sus colegiados.  
a) Defender y amparar a sus colegiados en el ejercicio de la profesión protegiendo su independencia y libertad de ejercicio.  
b) Facilitar el acceso necesario por medios electrónicos al registro de colegiados ejercientes previsto en el artículo 10 de la Ley 10/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.  
c) Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter formativo, cultural y otros análogos, incluso colaborando con instituciones para ello.  
d) Establecer y regular un servicio de atención de quejas o peticiones que puedan solicitar los colegiados  
e) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional.  
  
Sección 3ª. Funciones de representación:  
a) Ejercer, en su ámbito, la representación de los intereses generales de la profesión para el cumplimiento de sus fines y, especialmente, la representación y defensa de la profesión ante cualesquiera administraciones públicas, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales.  
b) Asegurar la representación de la Procura en los Consejos Sociales, Organismos consultivos, comisiones y otros análogos dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma valenciana, en los términos establecidos en las normas que los regulen.  
c) Participar en la elaboración de los planes de estudio y mantener permanentemente contacto con los centros docentes correspondientes, en los términos que determine la legislación sectorial.  
  
Sección 4ª. Funciones de colaboración con la Administración de Justicia:  
a) Organizar un servicio de notificaciones y traslados de copias y escritos de conformidad con lo dispuesto en las Leyes orgánicas y procesales. Dicha organización se desarrollará reglamentariamente.  
b) Colaborar con la Administración de justicia para garantizar la recepción por medios telemáticos de las notificaciones y demás actos de comunicación de los órganos judiciales u oficinas judiciales de notificación radicados en el ámbito territorial del ICPV y el traslado de copias de escritos y documentos por todos los procuradores que ejerzan en dicho ámbito territorial, sean o no colegiados del ICPV.  
c) Organizar, gestionar y reglamentar los servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita, atendiendo las peticiones de representación procesal derivadas del reconocimiento del derecho de asistencia jurídico gratuita cuando su intervención sea preceptiva o, no siéndolo, cuando el órgano judicial ordene que la parte sea representada por procurador y así lo solicite.  
d) Instituir en su caso y organizar unos servicios de depósito de bienes, asumiendo las funciones de depositario de bienes embargados y las responsabilidades legalmente establecidas para los depositarios.  
e) Constituirse en su caso y ser designada entidad especializada en realización de bienes embargados pudiendo organizar un servicio de valoración de los mismos.  
f) Establecer y organizar, si se considera eficaz, un servicio común de actos de comunicación.  
  
Sección 5ª. Funciones de arbitraje y mediación institucionales:  
El Colegio de Procuradores de Valencia impulsará y desarrollará la mediación, así como desempeñará funciones de arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.  
  
TÍTULO II: LOS COLEGIADOS  
  
CAPÍTULO 1. RÉGIMEN DE COLEGIACIÓN  
  
Sección 1ª. Incorporación al Colegio  
  
Artículo 8. Son procuradores del Colegio de Valencia los actuales colegiados y los que, teniendo las condiciones exigidas en los presentes Estatutos y las que se exijan en todo tipo de normativa que ordene el ejercicio de la profesión, se incorporen en el futuro  
  
Artículo 9. La incorporación al Colegio de Procuradores de Valencia es obligatoria y habilita al colegiado para ejercer su profesión de procurador de los tribunales en todo el territorio español. El Colegio no podrá exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de su colegiación comunicación o habilitación alguna ni pago de contraprestaciones económicas distintas a aquellas que exija habitualmente a sus colegiados por la presentación de servicios  
En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación y a los efectos del ejercicio de las competencias de ordenación y disciplinarias que corresponden al Colegio, este podrá utilizar los sistemas de comunicación y corporación administrativa previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios.  
Las sanciones que pudiera imponer el Colegio de Procuradores de Valencia surtirán efectos en todo el territorio español.  
  
Artículo 10. La pertenencia al Colegio de Procuradores de Valencia no afectará a los derechos de sindicación u asociación constitucionalmente reconocidos  
  
Sección 2ª. Clases de colegiados.  
  
Artículo 11. Los colegiados del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia podrán ser:  
- Ejercientes.  
- No ejercientes.  
Son ejercientes los que, habiéndose incorporado al Colegio de Procuradores de Valencia, ejerzan la profesión de procurador de los tribunales.  
Son no ejercientes los que se incorporan al Colegio en dicha situación; los que incorporados al Ilustre Colegio de Valencia se dieran de baja definitiva como ejercientes y así lo solicitaran; y los que solicitasen la excedencia forzosa para desempeñar cargos en la administración pública, o Consejo General del Poder Judicial.  
En el primer supuesto, si solicitan pasar a la condición de ejercientes, deberán satisfacer la diferencia entre la cuota de incorporación como no ejercientes y la de ejerciente hasta completar la totalidad.  
En los dos últimos supuestos, podrán reincorporarse al Colegio de Valencia como ejercientes sin abono de cantidad alguna y respetando su antigüedad y derechos como si hubieren continuado de ejercientes.  
Cada procurador dispondrá de un número de colegiado y deberá consignarlo en todos los documentos profesionales que suscriba, mencionando al Colegio al que pertenece.  
  
Artículo 12. Cuando un colegiado cause baja en el ejercicio por jubilación y continúe en el Colegio como no ejerciente podrá ser habilitado por el Colegio, para continuar tramitando los procedimientos, hasta la finalización de la correspondiente instancia, por un plazo máximo de dos años, sin poder aceptar la representación en ningún procedimiento nuevo, ni comparecer en nuevas instancias en los que tenga en trámite  
  
Artículo 13. El procurador colegiado no ejerciente que fuese parte en un proceso, podrá actuar por sí mismo ante el órgano jurisdiccional, sin necesidad de que otro procurador lo represente  
Para que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior es necesario que:  
a) El procurador obtenga la previa autorización de la Junta de Gobierno del Colegio. Sin perjuicio de la resolución que debe dictar la Junta de Gobierno, el decano podrá habilitar provisionalmente al solicitante hasta tanto recaiga resolución definitiva de la Junta de Gobierno.  
b) Que solicite y obtenga la tarjeta electrónica que permita la recepción de las notificaciones judiciales que se puedan producir a través del sistema Lexnet y la presentación de escritos de modo telemático ante los juzgados y tribunales que tramiten el procedimiento.  
  
Sección 3ª. Adquisición de la condición de colegiado  
  
Artículo 14. Para ser incorporado al Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia se requiere  
1. Poseer el título universitario oficial de Licenciado, Graduado en Derecho u otro título universitario de Grado equivalente.  
2. Poseer el título profesional de Procurador de los Tribunales que será expedido por el Ministerio de Justicia, previa acreditación de los requisitos establecidos.  
3. No haber sido declarado incapaz o inhabilitado legalmente para el ejercicio de la profesión de procurador y no estar incurso en causa de incompatibilidad o prohibición establecida legalmente, para el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales.  
4. No encontrarse suspendido en el ejercicio profesional por sanción colegial firme, impuesta por cualquier Colegio de Procuradores del territorio nacional.  
5. Abonar la cuota colegial de ingreso.  
6. Cumplir el resto de requisitos legalmente establecidos para el ejercicio en España de la profesión de procurador.  
7. Haber causado alta en la Mutualidad de Procuradores de los Tribunales de España o alternativamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA).  
8. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previas al alta en la profesión.  
9. Quienes estén en posesión de la titulación requerida y cumplan los requisitos establecidos en apartados anteriores tendrán derecho a ser admitidos en el Colegio.  
  
Artículo 15. Circunstancias de Incapacidad:  
No podrán ser dados de alta para el ejercicio de la profesión de procurador, los que estén incursos en alguna de las siguientes circunstancias de incapacidad.  
1. Los impedimentos que imposibiliten el cumplimiento de las funciones atribuidas a los procuradores.  
2. La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la profesión de procurador o de cualquier otra profesión del ámbito de la Administración de Justicia y demás Administraciones públicas en virtud de resolución firme. En este supuesto la Junta de Gobierno podrá requerir la presentación de certificación expedida por quien legalmente corresponda, que acredite no estar incurso en este supuesto.  
3. Las resoluciones disciplinarias firmes que impongan la suspensión en el ejercicio profesional o la expulsión de un Colegio de Procuradores.  
Las incapacidades desaparecerán cuando cesen las causas que las hubieren motivado o se haya extinguido la responsabilidad penal y disciplinaria, conforme a los Estatutos.  
  
Sección 4ª. Modo de incorporación e inicio del ejercicio  
  
Artículo 16. Para llevar a efecto la incorporación colegial, se requerirá que se formalice solicitud dirigida al decano-presidente, acompañando los siguientes documentos:  
a) Certificación de nacimiento.  
b) Certificación del Registro Central de Penados y Rebeldes.  
c) Título de licenciado o grado en Derecho.  
d) Título profesional de procurador de los tribunales librado a tal efecto por el Ministerio de Justicia o Administración que le sustituya en dichas funciones.  
e) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previas al alta en la profesión.  
f) Acreditar el abono de las cuotas de ingreso y formalización del alta en la Mutualidad General de los Procuradores de los Tribunales o alternativamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA)  
g) Resguardo de haber satisfecho en la Tesorería del Colegio la cuota de incorporación.  
h) Declaración responsable de no estar incurso en alguna de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales, en las Leyes o Estatutos.  
i) Autorización al Colegio para la cesión de los datos con el fin de ser incorporados en fuentes accesibles al público.  
j) Haber efectuado la solicitud de la correspondiente tarjeta electrónica que permita la recepción de las notificaciones judiciales a través del sistema Lexnet, y la presentación de escritos de modo telemático ante los Juzgados y Tribunales  
  
Artículo 17  
1. La solicitud de incorporación al Colegio de Procuradores de Valencia será resuelta por la Junta de Gobierno en el plazo máximo de un mes, pudiendo ser admitida, suspendida o denegada si no se cumplen los requisitos previstos en los artículos 14 y 16 del presente Estatuto.  
Transcurrido dicho plazo sin ser resuelta la incorporación por la Junta de Gobierno, se entenderá estimada la solicitud por silencio positivo.  
En los supuestos de suspensión o denegación, la Junta de Gobierno motivará su resolución.  
En ningún caso se podrá denegar el ingreso en el Colegio a quienes reúnan los requisitos establecidos en el presente Estatuto.  
En el supuesto de suspensión de la solicitud de incorporación, la Junta de Gobierno podrá suspender el plazo para resolver y practicará las diligencias y recabará los informes que en su caso considere oportuno dictando la resolución que proceda en el plazo máximo de dos meses, pasado el cual se considerará estimada la solicitud por silencio positivo.  
2. La Junta podrá decidir la suspensión del procedimiento de incorporación si la solicitud del interesado no reúne los requisitos documentales legales o estatutarios, en cuyo caso requerirá por término de diez días para subsanar el defecto detectado, transcurrido el cual, sin haber procedido a tal subsanación, se archivará la solicitud, sin más trámites.  
  
Artículo 18. Contra las resoluciones de la Junta de Gobierno que pongan fin al procedimiento de incorporación al Colegio cabrá recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Procuradores  
  
Artículo 19. Todos los procuradores ejercientes deberán prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en la forma y modo que determina la Ley Orgánica del Poder Judicial que se formalizará en un acto solemne que será convocado por la Junta de Gobierno intentando hacerlo coincidir con los actos de la fiesta colegial  
Aprobada la incorporación y hasta que dicho juramento o promesa se produzca, el procurador que haya cumplido todos los requisitos, podrá ejercer transitoriamente hasta que se preste dicho juramento o promesa.  
  
Sección 5ª. Pérdida y suspensión de la condición de colegiado  
  
Artículo 20. La condición de colegiado se perderá:  
1. Por fallecimiento  
2. Por renuncia voluntaria formulada ante la Junta de Gobierno.  
No procederá la baja por renuncia voluntaria del colegiado en el supuesto de que el procurador estuviere incurso en procedimiento disciplinario hasta su conclusión y a resultas del mismo.  
3. Por incumplimiento o no subsistencia debidamente comprobada, de las condiciones exigidas para la adquisición de la condición de colegiado indicas en el artículo 14  
4. Por expulsión acordada en virtud sanción disciplinaria firme, en expediente instruido por este Colegio o por cualquier otro Colegio de Procuradores del territorio español.   
En el supuesto del apartado 3 será requerido el colegiado por plazo de 15 días para que proceda a justificar ante la Junta de Gobierno el cumplimiento de las condiciones exigibles para la colegiación, cuyo incumplimiento haya sido comprobado.  
  
Artículo 21. Son causas de la suspensión de la condición de colegiado:  
1) La inhabilitación o incapacidad para el ejercicio profesional dispuesta por Resolución judicial firme.  
2) La sanción firme como consecuencia de un expediente disciplinario.  
3) El impago de dos cuotas colegiales ordinarias fijas o variables, sucesivas o alternativas en un mismo ejercicio, o el impago de dos cuotas extraordinarias, así como el impago de cuantas otras cargas económicas o contributivas se establezcan.  
4) En caso de incompatibilidad en el ejercicio, el no haber cumplido el requerimiento que se le efectúe al efecto para optar por una de las situaciones incompatibles.  
5) Por condena firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.  
En este supuesto, la pérdida de la condición de colegiado deberá ser comunicada por escrito al colegiado afectado.  
La suspensión de la condición de colegiado se mantendrá mientras subsista la causa determinante de la suspensión.  
  
Artículo 22. En el supuesto del número 3 del artículo anterior, se requerirá al colegiado para que proceda al abono de las cuotas pendientes y formule cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días. Transcurrido el plazo sin haber efectuado el abono o justificado su improcedencia, se acordará la suspensión de la condición de colegiado hasta que satisfaga las cantidades adeudadas. Dicha suspensión no tiene carácter de sanción disciplinaria, salvo en el supuesto que el colegiado incurra dos veces en el plazo de los 12 meses anteriores inmediatos en causa de suspensión de la condición de colegiado por impago de cuotas colegiales  
Para poder rehabilitar su condición de colegiado deberán satisfacer además de las cantidades adeudadas, el interés legal de su importe desde la fecha de su impago y las devengadas desde que se le practique el requerimiento de pago hasta el acuerdo de la suspensión de la condición de colegiado, así como la cantidad correspondiente por los trámites de la rehabilitación.  
La suspensión de la condición de colegiado conlleva la prohibición del uso de los bienes colegiales, la no prestación de servicios colegiales y la exclusión del ejercicio del sufragio activo y pasivo.  
  
CAPÍTULO 2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROCURADORES COLEGIADOS  
  
Artículo 23. Todos los procuradores de los tribunales colegiados en este Ilustre Colegio de Procuradores son iguales en derechos y obligaciones reconocidas en este Estatuto y su incorporación al Colegio de Procuradores de Valencia les confiere los derechos y obligaciones recogidos en el presente Estatuto, en el Estatuto General de los Procuradores de España, el Estatuto del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores y las Leyes  
  
Sección 1ª. Derechos de los colegiados  
  
Artículo 24. Son derechos de los colegiados:  
a) Actuar en el ejercicio de la profesión con total libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la Ley o por las normas deontológicas. Si el colegiado considerase que el Juzgado o Tribunal coarta su independencia y libertad necesaria para cumplir sus deberes profesionales dará cuenta a la Junta de Gobierno la que, si estimase fundada su queja, adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad, independencia y el prestigio profesional del colegiado.  
  
b) A recabar y obtener del Colegio y de las demás Administraciones Públicas, la protección de su lícita libertad de actuación, en particular del secreto profesional.  
c) La petición de amparo a los órganos corporativos del Colegio.  
d) Elegir y ser elegido para los cargos de la Junta de Gobierno si se cumplen los requisitos establecidos en el presente Estatuto.  
e) Participar con voz y voto en las Juntas Generales que se celebren.  
f) Solicitar la convocatoria de Junta General Extraordinaria en los términos previstos en estos Estatutos.  
g) Formular peticiones o presentar quejas y reclamaciones ante los órganos de gobierno.  
h) Derecho a la interposición de los correspondientes recursos contra los acuerdos y Resoluciones adoptadas por los órganos colegiales.  
i) Consultar la información necesaria para debatir los asuntos del Orden del Día de las Juntas Generales. A tal efecto, la Junta de Gobierno pondrá a disposición de los colegiados la citada Información al menos con setenta y dos horas de antelación, en la Secretaría del Colegio.  
  
j) Solicitar información sobre cualquier aspecto de la vida colegial. La Junta de Gobierno la facilitará dentro del plazo de un mes, salvo que existan razones fundadas para negarla basadas en la intimidad de las personas, el secreto profesional o industrial, y/o la protección de los derechos y libertades de terceros, todo ello dentro de la Ley de Protección de Datos. La resolución desestimatoria deberá ser motivada.  
k) Ejercer en aquellos expedientes en que sean interesados los derechos que le concede la legislación estatal, y autonómica si la hubiera, y la legislación sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.  
l) Participar en la gestión corporativa, de conformidad con lo establecido en el presente Estatuto.  
m) A percibir por los servicios profesionales prestados los derechos que fijen los aranceles vigentes, así como al reintegro de los suplidos satisfechos en el procedimiento y en la representación ostentada. A la remuneración justa y adecuada de sus servicios profesionales con arreglo a arancel, que será respetada en relación con sus herederos en caso de fallecimiento. En ningún caso se admitirá la fijación del pago que resulte incompatible con las normas arancelarias.  
n) A percibir las indemnizaciones que en cada momento se fijen por la tramitación de los asuntos referentes a justicia gratuita   
o) A percibir honorarios por los servicios de carácter extraprocesal, que aun cuando tengan relación con el procedimiento no correspondan a la actuación profesional estricta en juicio, y prestados de conformidad a las reglas del mandato.  
p) A ser sustituido en sus actuaciones judiciales por oficial habilitado, o por otro compañero sin más requisito que la presencia de estos en la actuación de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 543.4 LOPJ y art. 31 del presente Estatuto.  
q) Hacer publicidad de sus servicios y despachos conforme a lo establecido en la legislación vigente.  
r) A asociarse con otros procuradores u otros profesionales para el ejercicio de su actividad profesional, salvo en los casos de incompatibilidad establecidos por la Ley, con sometimiento al presente Estatuto.  
s) El derecho a crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del Colegio, con sometimiento en todo caso a los órganos de gobierno de estos.  
t) A solicitar la presencia del decano del Colegio o quien estatutariamente le sustituya cuando la Autoridad judicial deba practicar un registro en el despacho profesional de un colegiado.  
u) Al uso de toga en audiencia pública y actos solemnes judiciales y en su caso al uso de placa y medalla de acuerdo con su rango en actos solmenes colegiales. Así mismo permanecerán en estrados sentados al mismo nivel que ocupe el Juez o Tribunal ante el que se actúe.  
v) A formular la moción de censura contra los miembros de la Junta de Gobierno en los términos regulados en el presente Estatuto.  
w) A la utilización de los bienes y servicios colegiales en la forma y condiciones que se determinen.  
Los procuradores tendrán siempre presente el espíritu de solidaridad, asociación y hermandad que tradicionalmente presiden los colegios de procuradores.  
  
Sección 2ª. Obligaciones y deberes de los colegiados  
  
Artículo 25. El deber fundamental del procurador es representar en derecho los intereses de sus representados, y cooperar con la Administración de Justicia  
  
Artículo 26. Es obligación del procurador el deber de cooperación con la Administración de Justicia  
  
Artículo 27. Los procuradores colegiados están obligados a:  
1. Cumplir las obligaciones que les imponen las Leyes orgánicas procesales y sustantivas en el desempeño de su profesión y en particular en cuanto a los actos de comunicación, labores de colaboración, auxilio y cooperación con los Juzgados y Tribunales y de disponer de los medios técnicos y recursos adecuados y actualizados para ello.  
2. Acudir a los Juzgados y Tribunales en los que se ejerce la profesión para realizar sus actuaciones profesionales y asistir a todas las diligencias y actos para los que las Leyes lo prevengan, bien personalmente o sustituido por otro procurador, o por oficial habilitado, así como practicar todos los actos de comunicación que exijan las leyes de forma personal, sin perjuicio de la posibilidad de sustitución por otro procurador conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
  
3. Acudir a los servicios comunes establecidos por el Colegio para la recepción de cualquier acto de comunicación que se le efectúe en soporte papel.  
4. A recibir las notificaciones que le remitan los órganos judiciales, accediendo diariamente a los sistemas o plataformas establecidas para ello (Lexnet o plataforma del Consejo General de Procuradores, en su caso o cualquiera que las sustituya), mediante la utilización de los medios informáticos o telemáticos que deberá disponer activados y actualizados. Igualmente deberá acceder a dichos medios para la recepción de los traslados de copias de escritos de los que sea destinatario, por razón de la representación que ostente.  
5. Efectuar los correspondientes traslados de copias de escritos que presenten a los otros compañeros y a efectuar la presentación de escritos dirigidos a los órganos judiciales por los medios que se establezcan en las leyes procesales.  
6. Guardar el respeto debido a los titulares de los órganos colegiales y en el ejercicio profesional a los Jueces, Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados, litigantes, contrarios y compañeros y demás miembros de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.  
7. Comunicar al Colegio las circunstancias de su ejercicio profesional, así como sus modificaciones y demás datos necesarios y requeridos para el cumplimiento de las funciones colegiales de ordenación del ejercicio, debiendo facilitar su dirección de correo electrónico.  
8. Los colegiados están obligados a representar a los litigantes que tengan derecho al beneficio de justicia gratuita, a cuyo fin el Colegio llevará un registro para proceder al reparto de dichos asuntos entre los colegiados en ejercicio, en la forma en que se estime en el Reglamento del Turno de Oficio. Los colegiados que soliciten su incorporación a la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio deberán disponer de la cuenta de correo corporativo y tenerla activada para poder recibir cualquier comunicación, justificantes, etc., que se generen en dicha actividad.  
9. Consignar su número de colegiado en todos los escritos que suscriba.  
10. Presentar oportunamente el poder que tenga para comparecer en juicio o devolverlo si no lo aceptare, tan pronto como sea posible, para que no sea perjudicado el poderdante.  
11. Seguir el juicio mientras no haya cesado en su encargo por alguna de las causas que se expresan en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y demás leyes procesales.  
12. A trasmitir al Abogado elegido por su cliente, por él mismo o designado por asistencia jurídica gratuita o turno de oficio todos los documentos, antecedentes e instrucciones que le remitan o que el mismo pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca a la defensa de su poderdante, bajo la responsabilidad que las leyes impongan al mandatario.  
13. Cuando no tuviere instrucciones o fueren insuficientes las que se le hubieren dado, hacer lo que requiera la naturaleza o índole del negocio.  
14. Tener al cliente y al Letrado siempre al corriente del curso del negocio que se les hubiera confiado. Pasando al segundo copias de todas las resoluciones que se le notifiquen por el tribunal, así como los escritos y documentos que se le trasladen por los procuradores de las demás partes.  
15. Firmar todas las pretensiones que se presenten a nombre del cliente. Cuando el procurador estime necesario salvar su responsabilidad ante cualquier escrito firmado por el Letrado, puede anteponer a su firma la frase siguiente: «A los meros efectos de representación procesal y sin asumir las manifestaciones contenidas en el mismo».  
16. Oír, firmar, recibir y aceptar las notificaciones de cualquier clase, incluidas las de Sentencias, realizadas por medios telemáticos o en formato papel, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniera en ellas directamente el poderdante. No se admitirá la respuesta de que las expresadas diligencias se entiendan con este.  
17. Cumplir exactamente las obligaciones que las Leyes le impongan en su actuación profesional, y en las que en el orden corporativo se determinan en este Estatuto y demás normas que regulen el ejercicio de la profesión.  
18. Rendir cuentas al cliente con especificación y detalle de las cantidades percibidas de este y de los pagos realizados por su cuenta, precisando exactamente los conceptos e importes correspondientes, a solicitud de este.  
19. Guardar el secreto profesional de cuantos hechos, documentos y situaciones relacionadas con sus clientes hubiese tenido noticia por razón del ejercicio de su profesión, cuyo secreto alcanzará igualmente a los hechos que el procurador conozca por pertenecer a la Junta de Gobierno y así mismo a aquellos de los que tenga conocimiento como asociado o colaborador de otro compañero.  
20. Satisfacer dentro de los plazos señalados las cuotas ordinarias o extraordinarias acordadas por el Colegio, así como las demás cargas obligatorias o contribuciones económicas que se establezcan por las presentaciones de servicios colegiales según los acuerdos adoptados por los órganos colegiales.  
21. Denunciar ante el Colegio todo acto que llegue a su conocimiento que implique ejercicio ilegal de la profesión o que sea contrario a los Estatutos.  
22. Poner en conocimiento del Colegio cualquier acto que afecte a la independencia, libertad o dignidad de un procurador en el ejercicio de sus funciones.  
23. Minutar todos sus servicios de acuerdo con los Aranceles o Normas vigentes en cada momento, y en su defecto conforme a las reglas del mandato.  
24. Mantener un nivel adecuado y actualizado de los conocimientos requeridos para el desempeño de la profesión.,  
25. Actuar con lealtad y diligencia en el desempeño de cualquier cargo colegial para los que sea elegido o designado.  
26. A vestir toga en los actos judiciales que sean celebrados con audiencia pública adecuando su indumentaria personal a la dignidad que conlleva tal vestimenta.   
  
Sección 3ª. Incompatibilidades.  
  
Artículo 28. La profesión de procurador es incompatible:  
1. Con el ejercicio de la función judicial o fiscal, cualquiera que sea su denominación y grado; con el desempeño de la función de Letrado de la Administración de Justicia, gestor, tramitador y con todo empleo o función auxiliar o subalterna de los mismos.  
2. Con el ejercicio de la Abogacía.  
3. Con cualquier empleo remunerado en los del Colegio de Procuradores y Abogados.  
El procurador no podrá ejercer su profesión en el Juzgado o Tribunal donde desempeñe su función de Magistrado, Juez, Fiscal, Letrado de la Administración de Justicia, familiar o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad.  
  
Artículo 29. Cuando concurriere en algún colegiado cualquier causa de incompatibilidad de las mencionadas anteriormente, el decano requerirá al interesado para que el en plazo de quince días opte por una de las situaciones incompatibles con renuncia expresa de las demás, y si transcurriese dicho plazo sin atender dicho requerimiento, la Junta de Gobierno acordará la suspensión del procurador en su condición de colegiado mientras subsista la incompatibilidad, comunicándolo a los Juzgados y Tribunales entre los que ejerciera su profesión. El acuerdo de la Junta que declare la incompatibilidad del procurador será recurrible en alzada ante el Consejo Autonómico  
En el supuesto de ejercicio simultáneo con otra profesión, no declarada incompatible, se respetará el principio de inmediación, y asistencia a los Juzgados y Tribunales en horas de audiencia.  
Desaparecida la incompatibilidad, el procurador previa justificación de dicho extremo, podrá instar de la Junta de Gobierno del Colegio el alzamiento de la suspensión.  
  
Sección 4ª. Prohibiciones.  
  
Artículo 30. Se prohíbe a los procuradores:  
a) El ejercicio desleal hacia sus compañeros y la competencia ilícita, con sujeción a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose en cualquier caso a las normas deontológicas.  
b) La competencia desleal en general y en especial, para la obtención de poderes.  
c) Cobrar por sus servicios profesionales por debajo o con exceso de lo dispuesto en cada caso en los aranceles vigentes.  
d) La fijación del pago de un tanto por ciento o parte alícuota del valor que se obtenga en el litigio, o de los bienes litigiosos, prohibiéndose expresamente la «cuota Litis».  
e) La realización de cualquier acto publicitario que contravenga la reglamentación establecida en el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, y en los Reglamentos que lo desarrollan.  
f) De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de las víctimas del delito, los procuradores no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieren producido un número elevado de víctimas que puedan constituir delito para ofrecerles sus servicios hasta transcurridos 45 días desde el hecho.  
Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.  
g) Las demás prohibiciones que pueda establecer el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España.  
  
Sección 5ª. Sustituciones.  
  
Artículo 31. Cuando por cualquier causa le sea imposible al procurador asistir a la práctica de diligencias, actuaciones judiciales, recepción de notificaciones y escritos que se le trasladen, firma de escritos, y en general, para realizar cualquier acto propio de su función en los asuntos en que aparezca personado, podrá ser sustituido por otro procurador que reúna las condiciones establecidas por la normativa vigente, sin más requisitos que la aceptación del sustituto, manifestada en la asistencia a las diligencias o actuaciones, en la recepción de las notificaciones, en la firma del escrito o en la formalización del acto profesional que se trate  
En cualquier caso, para que opere la sustitución entre procuradores no será necesario que el sustituto se encuentre facultado en el apoderamiento del sustituido ni que el sustituido acredite la necesidad de tal sustitución.  
Así mismo cualquier procurador podrá ser sustituido por su oficial habilitado de conformidad con las normas reglamentarias vigentes, o las que se establezcan de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
  
Sección 6ª. Despachos colectivos.  
  
Artículo 32. Los procuradores podrán ejercer su profesión individual o conjuntamente en unión de otros profesionales de la misma o distinta profesión siempre que no sean incompatibles legalmente  
  
Artículo 33.Los procuradores del Colegio podrán asociarse para el ejercicio de la profesión en la forma y condiciones que tengan por conveniente dando cuenta de ello por escrito al Colegio. No obstante, las actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita o turno de oficio, tendrán carácter personal.  
La asociación para fines profesionales se hará público mediante la estampación en los membretes de cartas, comunicaciones profesionales, letreros o placas, etc., de los nombres, apellidos y profesión de los mismos, debiendo permitir en todo momento la identificación de sus integrantes.  
En ningún caso podrán ostentar los procuradores asociados la representación de quienes en el mismo proceso asuman posiciones contrapuestas de partes litigantes, extendiéndose a todos los integrantes asociados el deber de secreto profesional.  
  
Artículo 34. El Colegio llevará un Registro de las sociedades profesionales, que deban inscribirse cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley  
Tanto en el supuesto de ejercicio individual como de ejercicio conjunto se podrá actuar en forma societaria. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo dispuesto en las respectivas Leyes.  
Las sociedades profesionales que tengan su domicilio social único o principal en el ámbito territorial del Colegio se inscribirán obligatoriamente en el Registro de Sociedades Profesionales del mismo.  
Dichas sociedades en cuanto se dediquen al ejercicio de la procura estarán sujetas a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio.  
La inscripción de la sociedad profesional en el Registro de Sociedades profesionales del Colegio determinará la incorporación de la sociedad al Colegio y la consiguiente sujeción de esta a las competencias de la legislación sobre colegios profesionales atribuye al Colegio sobre los profesionales incorporados a la misma.  
La inscripción de las sociedades profesionales en el Registro de Sociedades profesionales del Colegio se comunicará al Consejo Valenciano de Procuradores, al Consejo General de Procuradores de España y a la Conselleria.  
  
Sección 7ª. Cese del ejercicio profesional.  
  
Artículo 35. El procurador cesará en el ejercicio de la profesión:  
1. Por fallecimiento  
2. Por pérdida de la condición de colegiado, en los supuestos previstos en el presente Estatuto.  
3. Por jubilación o incapacidad acreditada debidamente a través de un expediente en el que será oído el interesado.  
  
  
TÍTULO III. LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO,   
SU GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.  
  
CAPÍTULO 1. ORGANIZACIÓN.  
  
Sección 1ª. Turno de oficio y asistencia jurídica gratuita.  
  
Artículo 36. El Colegio de Procuradores de Valencia organizará un servicio de representación gratuita que atienda las peticiones del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o para garantizar la representación procesal de los justiciables al amparo de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución y de acuerdo con las leyes procesales, en su caso  
1. Corresponde a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, la regulación y organización del servicio del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita garantizando en todo caso su continuidad atendiendo a los principios de eficiencia y funcionalidad, procediendo a la designación del colegiado que deba asumir cada asunto con distribución objetiva y equitativa entre los colegiados y cuando el censo de colegiados lo permita, con especialización por órganos jurisdiccionales.  
2. La Junta de Gobierno establecerá las normas de reparto entre sus colegiados que lo soliciten y en su caso los requisitos que deban cumplir aquellos que deban prestarlo.  
  
Artículo 37  
1. Los colegiados adscritos al turno de oficio o asistencia jurídica gratuita deberán reunir en todo momento las siguientes condiciones:  
a) Estar incorporado como ejercientes en el Colegio, al tiempo de comenzar y seguir las actuaciones.  
b) No estar sancionado con carácter firme en expediente disciplinario, salvo si la sanción se encontrara prescrita o hubiera sido cumplida.  
c) Estar al corriente de sus obligaciones económicas tanto respecto del Colegio como en su caso, respecto de la Mutualidad General de Previsión de los Procuradores o Régimen de la Seguridad Social que corresponda, de acuerdo con la legislación vigente.  
d) Tener la formación y especialización, en su caso, necesarias y que reglamentariamente se determinen al objeto de asegurar la calidad y competencia profesionales.  
2. La designación realizada por el Colegio entre los colegiados que hayan solicitado su adscripción al servicio de asistencia jurídica gratuita o turno de oficio, es de aceptación obligatoria para los mismos. Excepcionalmente podrá suspenderse la obligación de presentación en casos debidamente justificados por razones graves de carácter personal o de orden profesional.  
  
Sección 2ª. Servicio de depósito de bienes embargados y designación como entidad especializada en la realización de bienes.  
  
Artículo 38. El Colegio de Procuradores de Valencia podrá constituir y organizar servicios de depósito de bienes embargados, que deberán ser adecuados para asumir las responsabilidades legalmente establecidas para el depositario, dictando para ello el oportuno Reglamento  
  
Artículo 39. El Colegio de Procuradores de Valencia podrá constituirse y ser designado como entidad especializada en la realización de bienes pudiendo organizar un servicio de valoración de bienes embargados, de acuerdo con las disposiciones legales, dictando al efecto un Reglamento  
  
Sección 3ª. Ventanilla Única.  
Artículo 40  
1. El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia prestará un servicio de atención a colegiados, consumidores y usuarios, tramitando y resolviendo cuantas quejas, reclamaciones o sugerencias se sustancien con relación a la actividad de los procuradores a través de esta ventanilla única, manteniendo la tecnología precisa que garantice la accesibilidad a la misma incluso a las personas con discapacidad.  
2. Los trámites de solicitud de ingreso o baja colegial podrán llevarse a cabo mediante tramitación telemática, mediante ventanilla única, según lo dispuesto en la Ley 17/2009, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como en la Ley de Procedimiento Administrativo vigente en el momento.  
3. De conformidad con lo dispuesto en la ley estatal de Colegios Profesionales, el Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia dispondrá de una página web para que, a través de la Ventanilla Única que conste en la misma, los procuradores puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio por medio de este único punto, por vía electrónica y a distancia, garantizando, en todo caso, que, por medio de dicha ventanilla puedan los colegiados, de forma gratuita:  
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.  
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.  
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios a pesar de que puedan utilizarse otros medios.  
d) Ser convocados los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y conocer la actividad pública y privada del Colegio.  
4. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia ofrecerá información, clara, inequívoca y gratuita sobre:  
a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.  
b) El acceso al Registro de Sociedades Profesionales, que tendrá el contenido descrito en la legislación vigente sobre sociedades profesionales.  
c) Interposición de quejas, reclamaciones y los recursos que puedan deducirse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el Colegio de Procuradores.  
d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.  
e) El contenido de los códigos deontológicos.  
  
CAPÍTULO 2. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO  
  
Artículo 41. Los órganos de gobierno del Colegio son:  
- La Junta General  
- La Junta de Gobierno.  
- El decano  
Tienen plena independencia para el ejercicio de sus funciones que emanan de las Leyes y de este Estatuto.  
  
Sección 1ª. Junta General, competencias, convocatorias, sesiones, votaciones y acuerdos.   
  
Artículo 42. Concepto: La Junta General es el órgano supremo de gobierno del Colegio, en ella se forma y expresa la máxima voluntad de la corporación. Está integrada por todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos y estén incorporados al Colegio con anterioridad a la fecha de la convocatoria de la misma. La Junta General resolverá con carácter deliberante y decisorio sobre los asuntos de mayor relevancia de la vida colegial establecidos en estos Estatutos  
  
Artículo 43. Competencias. Corresponde a la Junta General:  
1. La aprobación, derogación y modificación de los Estatutos.  
2. La aprobación de las liquidaciones de las cuentas generales de ingresos y gastos y de la aplicación del resultado de las mismas.  
3. La aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio siguiente. Caso de iniciarse un nuevo ejercicio sin que hubiera sido aprobado el presupuesto correspondiente, quedará prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo.  
4. La modificación del régimen económico, y el establecimiento de cuotas colegiales ordinarias o extraordinarias., su incremento o disminución  
5. La elección del decano y de los miembros de la Junta de Gobierno.  
6. Las aprobaciones en el desarrollo del presente Estatuto de cuantos Reglamentos sean necesarias para el impulso de la actividad profesional.  
7. Autorizar los actos de disposición, adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles y derechos reales constituidos sobre los mismos, así como los restantes bienes patrimoniales que figuren inventariados como de considerable valor.  
8. Controlar la gestión de los órganos de gobierno que se podrá ejercer a través de la figura de la moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros., mediante el procedimiento fijado en este Estatuto.  
9. Autorizar la fusión con otros colegios de procuradores, su segregación, o la disolución.  
10 Cualquier asunto que, aun siendo competencia de la Junta de Gobierno, esta decida someterlo a la Junta General, o sea propuesto por los colegiados en la forma prevista en estos Estatutos.  
11. Conocer y sancionar la Memoria Anual.  
  
Artículo 44. Tipos. La Junta General puede celebrar sesiones con carácter ordinario o extraordinario  
A. ORDINARIA: se reunirá obligatoriamente en sesión ordinaria, dos veces al año, para tratar los siguientes asuntos:  
a) Informe de gestión social y económica, análisis de la desviación presupuestaria, aprobación si procede de las cuentas generales, aprobación si procede de la aplicación del resultado, aprobación de la Memoria anual del ejercicio anterior y aprobación de la redacción del acta, todo ello referido al ejercicio anterior. Su convocatoria es obligatoria para que se celebre dentro del primer semestre del año.  
b) Aprobación si procede de la propuesta de presupuesto de ingresos y gastos del siguiente ejercicio. Si la propuesta de presupuesto de ingresos implica una modificación en el importe de la cuota colegial para el siguiente ejercicio, la aprobación de dicha modificación se incluirá en esta sesión, como punto separado del orden del día. Se convocará obligatoriamente para que se celebre dentro del segundo semestre del año.  
También se reunirá en sesión ordinaria y a este solo efecto, para la elección de los miembros de la Junta de Gobierno, por dimisión total de todos sus miembros o cuando deban cesar los anteriores por expiración del plazo para el que fueron elegidos. Esta Junta General, por excepción, no tiene carácter deliberante, y se celebrará conforme a lo dispuesto en estos Estatutos para la elección de los miembros de la Junta de Gobierno.  
Es obligación de la Junta de Gobierno convocarla para que se celebre, con al menos 1 mes de antelación a la fecha en que deba producirse el cese.  
B. EXTRAORDINARIA. En sesión extraordinaria podrá reunirse en cualquier momento, para tratar cualquier otra propuesta que sea fijada en su convocatoria, lo acuerde la Junta de Gobierno por propia iniciativa, a instancias del decano o por solicitud de al menos un veinte por ciento de los colegiados.  
  
Artículo 45. Convocatoria de la Junta General. Se podrá solicitar su convocatoria por:  
- La Junta de Gobierno, previo acuerdo de la misma.  
- El decano a iniciativa particular, haciendo constar esta circunstancia en la convocatoria, y siempre que previamente la Junta de Gobierno haya rechazado expresamente convocarla.  
- Los colegiados que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos podrán solicitar la convocatoria de Junta General Extraordinaria siempre que lo hagan al menos un 20 % de ellos con petición por escrito al decano expresando concretamente los temas a incluir en el Orden del Día y las propuestas a efectuar. En esta convocatoria la Junta de Gobierno mediante acuerdo, podrá incluir aquellos otros asuntos que decida en el orden del día.  
La solicitud para la convocatoria de Junta General Extraordinaria para el ejercicio del voto de censura a la Junta de Gobierno o alguno de sus miembros deberá ser solicitada, como mínimo, por un cuarto de los colegiados ejercientes que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, expresando con claridad las razones en que se funde dicha solicitud.  
  
Artículo 46. Formalización de las convocatorias. Las convocatorias de las Juntas Generales se llevarán a efecto por medio de comunicación escrita a cada colegiado a través de los Servicios de Recepción de Notificaciones organizados por el Colegio, así mismo se publicarán en el tablón de anuncios de la sede del Colegio y en los locales de las delegaciones del mismo, en la zona reservada a colegiados de la página web colegial, a través del correo corporativo o en cualquier otro medio que deje constancia de su comunicación al colegiado y en un diario de difusión provincial. Y en ella se hará constar, el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse en primera y en segunda convocatoria y el orden del día  
Cuando en la convocatoria haga referencia a documentación que sea necesaria para tratar los temas a debatir, dicha documentación quedará a disposición de los colegiados en la sede del Colegio o bien en la página web, desde el día de la convocatoria, para que los colegiados puedan tomar conocimiento de su contenido y se pondrá en conocimiento de esta circunstancia a los colegiados en la propia convocatoria.  
  
Artículo 47. Plazos de las convocatorias. Las sesiones de la Junta General serán convocadas al menos con un plazo de antelación de 10 días hábiles a la fecha de su celebración, salvo en los supuestos que se indican a continuación:  
En casos de urgencia y debidamente justificado este plazo podrá reducirse a la mitad.  
En el supuesto de cese de los miembros de la Junta de Gobierno por expiración del plazo para el que fueron elegidos, la sesión de la Junta General para las elecciones se convocará al menos con 1 mes de antelación a la fecha en que deba producirse el cese de estos.   
Cuando los cargos vacantes de la Junta de Gobierno por dimisión sean de seis o más o se produzca la dimisión de la totalidad de esta, la convocatoria de elecciones a todos los cargos se efectuará en el plazo de 45 días hábiles, desde dicha renuncia o dimisión total, continuando en funciones los anteriores cargos vigentes, hasta la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno.  
La sesión de la Junta General extraordinaria para la fusión segregación y disolución será convocada con al menos dos meses de antelación a la fecha en que deba de celebrarse.  
Cuando la sesión de la Junta General lo sea para la modificación total o parcial del Estatuto la sesión será convocada con al menos 40 días hábiles de antelación a la fecha de la celebración, poniendo en conocimiento de los colegiados la propuesta correspondiente, tanto en la página web colegial como en la Sede del Colegio y sus Delegaciones y a través del correo corporativo. En el plazo de 20 días hábiles desde su convocatoria se podrán presentar enmiendas a la modificación propuesta que deberán ser suscritas al menos por un 25 % de los colegiados.  
Cuando la sesión de la Junta General haya sido solicitada por los colegiados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 45 de este Estatuto, la Junta de Gobierno la convocará dentro de los 40 días hábiles siguientes a su solicitud.  
  
Artículo 48. Quorum de asistencia  
Para que la Junta General, pueda tomar acuerdos válidamente, será necesaria, en primera convocatoria, la asistencia de la mitad más uno de los colegiados con derecho a voto  
La segunda convocatoria se celebrará, transcurrida que sea al menos media hora, quedando válidamente constituida cualquiera que sea el número de colegiados presentes con derecho a voto.  
Para la validez de la constitución de la Junta General Extraordinaria que deba resolver la moción de censura se requerirá la concurrencia personal de más de la mitad del censo de colegiados con derecho a voto. El voto en esta Junta será siempre personal, directo y secreto.  
La validez de la constitución de la Junta General Extraordinaria sobre fusión, segregación o disolución del Colegio requerirá el quorum de asistencia de la mitad más uno de los colegiados con derecho a voto.  
  
Artículo 49. Asistencia a las Juntas  
La suspensión de la condición de colegiado no inhabilitará para la asistencia a la celebración de las sesiones de las Juntas Generales, si bien el colegiado suspendido en tal condición no podrá ejercer el derecho a voz y voto en las mismas  
  
Artículo 50. Desarrollo de las sesiones de la Junta General  
1. Las sesiones serán presididas por el decano-presidente y, en su ausencia, por el vicedecano o los demás miembros de la Junta de Gobierno, por orden estatutario. Actuará como secretario, el de la Junta de Gobierno, o quien estatutariamente le sustituya. De igual modo asistirán en tal condición cuando los miembros de la Junta de Gobierno se encuentren en funciones.  
2. En las Juntas Generales solo podrá tratarse los asuntos para los que hayan sido convocadas. En ningún caso se podrán adoptar acuerdos sobre asuntos no incluidos en el Orden del Día.  
3. Si reunida la Junta General, no pudiera en una sesión tratar todos los asuntos para los que hubiera sido convocada, por falta de tiempo o de cualquier otro motivo, se suspenderá y continuará el día o días que en la misma se señalen, o en su defecto, en los que designe la Junta de Gobierno, sin que puedan mediar más de cinco días.  
4. Abierta la sesión por el presidente, se dará lectura por el secretario del acta de la Junta anterior. Si algún colegiado pretendiera hacer observaciones sobre el contenido del acta, se le concederá la palabra solo para este objeto. Luego se someterá a votación si se aprueba o no la redacción del acta.  
5. El presidente someterá después a la discusión de la Junta los asuntos incluidos en el Orden del Día.  
6. Todos los asistentes tendrán derecho a solicitar y hacer uso de la palabra por una vez respecto a cada punto del orden del Día, dentro de un turno por riguroso orden de solicitud. Los miembros de la Junta de Gobierno podrán usar la palabra siempre que lo consideren oportuno, y sin que suponga consumo de turno.  
7. El colegiado podrá hacer uso de la palabra desde la Tribuna o desde el sitio que ocupe en la Sala, su intervención será personal y de viva voz.  
8. Ningún colegiado asistente podrá hablar sin haber pedido y obtenido del presidente la palabra. Si un colegiado no se encontrase presente, se entiende que ha renunciado a hacer uso de la palabra.  
9. Solamente podrán hablar tres colegiados en pro y tres en contra de las propuestas que se realicen dentro de cada punto del orden del día o de las cuestiones que se susciten. La propuesta o la cuestión se declararán suficientemente debatida cuando se hayan consumido los turnos o cuando no haya quien tenga pedida la palabra.  
10. El tiempo de intervención en los debates de cada una de las propuestas o cuestiones, que se susciten en cada punto del orden del día, se fijará por el presidente, y será el mismo para todos y cada uno de los intervinientes.  
Transcurrido el tiempo establecido el presidente podrá apremiar al orador para que concluya bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad disciplinaria, y si no lo hiciere, le retirará el uso de la palabra, haciéndolo constar en acta.  
11. En todo debate, el que fuera contradicho en sus argumentaciones por otro u otros intervinientes tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez.  
12. La Presidencia queda facultada para ampliar la discusión o debate por un tiempo prudencial, en caso de que la importancia o gravedad del asunto así lo exija.  
13. El cierre de una discusión podrá acordarlo siempre la Presidencia, cuando estimase que un asunto está suficientemente debatido.  
14. Quien esté en el uso de la palabra solo podrá ser interrumpido para ser llamado al orden si estuviera fuera de la cuestión, por manifestaciones extrañas al punto de que se trate, o por volver sobre lo que estuviera discutido o votado.  
15. Los colegiados asistentes serán llamados al orden:  
a) Cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Junta General o de sus asistentes o de cualquier persona, entidad o Institución.  
b) Cuando en sus intervenciones faltaren a lo establecido para la buena marcha de las deliberaciones.  
c) Cuando con interrupciones, o de cualquier otra forma, alteren el orden de las sesiones.  
d) Cuando retirada la palabra a un orador, pretendiere continuar haciendo uso de aquella.  
16. El colegiado que haya sido objeto de una llamada al orden conforme al artículo anterior tendrá derecho, si así lo solicitara, a que en Acta conste su protesta y sucintas alegaciones, para hacer uso del derecho del que se considere asistido.  
Si un colegiado al que se le haya retirado el uso de la palabra continúa faltando al orden, el decano adoptará la medida que crea conveniente, incluida la expulsión del local.   
17. El presidente podrá requerir por propia iniciativa o instancia de cualquier concurrente, a los que intervinieren en el debate y pronunciaren palabras incorrectas, ambiguas o que para alguien parecieren alusivas u ofensivas, para que las aclaren, estando obligado el requerido a explicarlas. Si el aludido u ofendido no se da por satisfecho con la explicación dada o cuando el que las hubiera pronunciado se negare a explicarlas o retirarlas, se harán constar las palabras o conceptos en el acta, para que el ofendido pueda hacer uso del derecho de que se crea asistido.  
18. Si en la discusión o en documentos que se leyeren se creyese aludido alguno de los colegiados, podrá usar la palabra para contestar o defenderse, sin entrar en la cuestión principal. En estos casos no se permitirá más que una rectificación a cada interesado.  
19. Si la alusión se refiere a algún ausente o fallecido y otro colegiado quisiera defenderle, podrá hacerlo previa la venia del presidente, permitiéndosele hacer una rectificación.  
20. Las cuestiones de orden en la discusión tendrán preferencia sobre cualquier otra.  
21. Los que hayan pedido la palabra por alusiones personales no podrán hacer uso de ella hasta que, consumido el turno y orden de la discusión del punto sobre que haya versado, se encuentren en estado previo a la votación.  
  
Artículo 51. Votaciones y sus clases. Cada colegiado tiene derecho a un voto en la Junta General. Las votaciones con carácter general serán públicas  
Las votaciones podrán ser:  
ORDINARIAS: La votación ordinaria podrá realizarse, por decisión de la Presidencia, a mano alzada, computando primero los votos de aprobación, después los de desaprobación y finalmente, las abstenciones.  
El presidente ordenará el recuento por el secretario si tuviera dudas del resultado o si, incluso después de publicado este, el diez por ciento de los colegiados asistentes lo reclamaren.  
SECRETAS: La votación secreta será por papeleta que confeccionará el Colegio a tal fin y homologada.  
En los casos de elección de miembros de la Junta de gobierno u otros órganos colegiales la votación será indelegable y secreta.  
Igualmente, la votación para resolver la moción de censura será siempre personal, indelegable y secreta.  
También podrán ser secretas cuando lo decida el decano a petición de la mayoría absoluta de los asistentes, con derecho a voto.  
En los casos de votaciones secretas, los colegiados votarán nominalmente por orden alfabético, depositándose las papeletas en una urna o urnas situadas al efecto, salvo en el caso previsto para las votaciones a elección de miembros de la Junta de Gobierno que se indicará posteriormente.  
El recuento de votos se realizará una vez finalizada la votación por el presidente o presidentes de la/s mesa/s, según los casos, con dos interventores que podrán designar los colegiados.  
El secretario vigilará porque no se rompa la cadena de custodia de la urna o urnas.  
Las papeletas depositadas en las urnas serán extraídas de las mismas una a una por el secretario y el presidente de cada mesa dará lectura en voz alta a su contenido.  
Finalizado el escrutinio, el presidente hará público el resultado.  
  
Artículo 52. Voto por delegación  
En casos de delegación del voto, cada colegiado asistente podrá ostentar un máximo de 2 delegaciones. La delegación será específica para cada convocatoria y deberá constar por escrito que se entregarán al secretario de la Junta previamente a la apertura de la sesión.  
No se admitirá otro tipo de voto por escrito de los colegiados no asistentes, salvo el voto por delegación anteriormente indicado.  
  
Artículo 53. Adopción de los acuerdos. Por regla general, los acuerdos de la Junta General se adoptarán por la mayoría simple de votos emitidos, salvo en los supuestos en que estos estatutos prevean una mayoría cualificada  
Para que prospere una moción de censura se requerirá el voto positivo de la mitad más uno de los colegiados concurrentes a la sesión.  
Los acuerdos sobre fusión, segregación o disolución colegial requerirán para su aprobación la mayoría de dos tercios de los colegiados asistentes.  
Los acuerdos de la Junta General se harán constar en acta, que redactará el secretario con el visto bueno del decano, o por quienes hubieren desempeñado sus funciones. Las actas se transcribirán una vez haya sido aprobada su redacción por la Junta General, a un libro foliado o en soporte informático, que con carácter obligatorio se llevará en el Colegio.  
  
Artículo 54. Ejecutividad de los acuerdos. Los acuerdos de la Junta General válidamente adoptados, serán inmediatamente ejecutivos, salvo en los supuestos previstos en estos Estatutos  
  
Sección 2ª. Régimen electoral. Junta Electoral, composición.  
Convocadas las elecciones por la Junta de Gobierno, esta procederá a la constitución de la Junta Electoral y al nombramiento de sus miembros.  
La Junta Electoral contará con un presidente, un vicepresidente, un secretario, un vicesecretario y cuatro vocales, dos de ellos serán designados como sustitutos. Estos cargos permanecerán vigentes hasta la finalización del proceso electoral.  
El cargo de presidente recaerá en cualquier colegiado ejerciente con una antigüedad de 10 años, con derecho de sufragio al tiempo de la constitución de esta Junta electoral, resultante del sorteo que efectuará la Junta de Gobierno al momento de la convocatoria de la Junta General para la elección de sus miembros.  
El vicepresidente de la Junta Electoral será elegido por sorteo que efectuará la Junta de Gobierno al tiempo de la convocatoria de la Junta General de elecciones, de entre los colegiados con una antigüedad de 5 años.  
El secretario y vicesecretario de la Junta electoral serán elegidos a sorteo entre los colegiados con antigüedad superior a 5 años.  
Los vocales de la Junta electoral serán elegidos por sorteo entre los colegiados incorporados en el último año anterior a la convocatoria de la Junta General para la elección de miembros de la Junta de Gobierno.  
Una vez efectuado el sorteo para los cargos de la Junta electoral se comunicará a los que resulten del mismo su designación quienes en el plazo de cinco días podrán presentar su renuncia justificada ante la Junta de Gobierno, para que por la misma si se admite la renuncia, se pueda efectuar nuevo sorteo.  
No podrán formar parte de la Junta Electoral ningún miembro de la Junta de Gobierno que deba cesar o que se encuentre en funciones al tiempo de la convocatoria de la Junta General para elección de cargos a la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 55. Convocatoria de la Junta General para la elección de sus miembros:  
1. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se hará en Junta General convocada al efecto en sesión ordinaria conforme a los plazos indicados en el artículo 44, o en sesión extraordinaria en los casos previstos en el mismo.  
2. En cualquier caso, las elecciones lo serán para la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno. No se podrá convocar la Junta General para la renovación parcial de miembros de la Junta de Gobierno.  
3. La Junta de Gobierno podrá acordar que las elecciones se produzcan durante un tiempo determinado de horas del día para facilitar las votaciones, en cuyo caso, se deberá concretar en la convocatoria las horas entre las que podrá votarse dentro del día señalado para la celebración de las elecciones.  
4. La convocatoria de la Junta General parta la celebración de elecciones deberá contener al menos los siguientes extremos:  
- Relación de los cargos de la Junta de Gobierno que serán objeto de elección.  
- Lugar, día y hora de celebración de las elecciones  
- Información sobre el calendario electoral  
- Información sobre la cuenta de correo de la Secretaría en la que se podrá solicitar el voto por correo o por depósito del mismo.  
  
Artículo 56. Sufragio activo. Serán considerados electores, todos los colegiados incorporados al Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, a la fecha de la convocatoria del proceso electoral  
La suspensión de la condición de colegiado inhabilitará para el ejercicio del voto.  
  
Artículo 57. Presentación de candidaturas: Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio dentro de los diez días hábiles siguientes al anuncio de la convocatoria de la Junta General para elecciones  
Se presentarán por escrito y firmado por cada uno de los candidatos en sobre cerrado que permanecerá bajo custodia del secretario de la Junta electoral hasta el día siguiente de expirar el plazo.  
Dichas candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales para cargos determinados.  
Cada candidatura deberá nombrar un representante de la misma para el proceso electoral.  
Ningún colegiado podrá presentar candidatura a más de un cargo.  
  
Artículo 58. Censo electoral: el secretario de la Junta Electoral elaborará un censo electoral en el que figurará el nombre y número de colegiado y demás datos que consten en las fuentes con acceso al público, de todos los colegiados que tengan derecho a voto y se expondrá en la Secretaría del Colegio y en las delegaciones del mismo, al día siguiente de la publicación de la convocatoria  
Los colegiados podrán formular reclamación ante la Junta Electoral, sobre la inclusión o exclusión de electores que habrán de verificarla dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la exposición de las mismas.  
La Junta Electoral, caso de haber reclamación contra las listas, resolverá dentro de los tres días hábiles siguientes a la expiración del plazo para formularlas, notificando su resolución a cada reclamante dentro de los dos días hábiles siguientes.  
  
Artículo 59. Modalidades de votación: el voto podrá ejercerse personalmente en el horario establecido en la convocatoria al efecto; por correo postal o depositando el sobre que contengan la votación en la Secretaría del Colegio o en cualquier delegación del Colegio en los distintos Partidos Judiciales, todo ello sin perjuicio de que las posibilidades tecnológicas permitan el ejercicio del voto por medios telemáticos seguros. La utilización del voto por medios telemáticos será desarrollada reglamentariamente  
En la celebración de la Junta General para la elección de miembros de la Junta de Gobierno no se admitirá el voto por delegación.  
  
Artículo 60. Voto por correo postal o por depósito del mismo en la Secretaría del Colegio  
El voto por correo postal o por depósito en la Secretaría del Colegio en el caso de la celebración de las elecciones para cubrir los cargos de la Junta de Gobierno, se llevará a efecto con sujeción a las siguientes formalidades:  
a) La solicitud del voto por correo postal deberá interesarse en la Secretaría del Colegio a través de la cuenta de correo que al efecto se indicará en la convocatoria de las elecciones. Dicha solicitud de voto por correo postal se podrá efectuar hasta dos días antes de la celebración de las elecciones.  
b) La solicitud del voto por depósito se puede efectuar a través de la misma cuenta de correo que se indique en la convocatoria o por comparecencia personal en la Secretaría del Colegio, Esta comparecencia podrá efectuarse hasta el mismo día de celebración de la elección.  
c) Por la Secretaría se remitirá por correo o entregará personalmente a cada solicitante una papeleta de voto oficial de cada candidatura, así como un sobre de menor tamaño homologado en el que se hará referencia a «elecciones». También se entregará un sobre en el que deberá introducirse el sobre de menor tamaño homologado en el que se habrá introducido la papeleta que contenga la votación efectuada. En el sobre de mayor tamaño, deberá incluirse también fotocopia del DNI del colegiado, firmada por el mismo, y en el exterior de dicho sobre deberá constar de manera clara el nombre, apellidos y núm. de colegiado.  
d) La papeleta de votación se rellenará sin enmienda. Si tuviera alguna se considerará voto nulo.  
e) El voto por correo postal, así como el emitido a través de depósito del mismo deberá recibirse en la Secretaría del Colegio con dos horas de antelación a la señalada para la celebración de la sesión.  
f) Todos los sobres recibidos tanto por correo postal como a través de comparecencia del colegiado serán registrados a su entrada en el Libro de Registro del Colegio y sin abrirlos serán entregados al secretario de la Junta Electoral quien procederá a la custodia de los mismos.  
g) Todo elector que haya emitido su voto por correo o a través de depósito del mismo en la Secretaría del Colegio únicamente podrá revocar su voto emitido por estos dos sistemas, mediante comparecencia personal en la Secretaria del Colegio tres horas antes de dar comienzo a la sesión de votación. En tal caso, se extenderá, por el secretario de la Junta Electoral, diligencia de su comparecencia y de la manifestación de revocar el voto emitido y, previa comprobación, su sobre de mayor tamaño que contenga su sobre de votación será destruido en el mismo acto y en su presencia, firmando una diligencia en señal de conformidad.  
  
Artículo 61. Desarrollo del proceso electoral:  
1. La Junta Electoral convocará para el día hábil siguiente de la terminación del plazo de presentación de candidaturas, al representante designado por cada una de las candidaturas y en presencia de todos los que hubieran acudido se abrirán los sobres que contengan las candidaturas presentadas por el secretario de la misma. Acto seguido, se procederá a la proclamación de candidatos entre quienes reúnan los requisitos exigidos por estos Estatutos, de lo que levantará acta el secretario de la Junta Electoral, dando conocimiento de la proclamación a los colegiados a través de la página web colegial, del correo corporativo y en el tablón de anuncios del Colegio.  
2. Proclamados los candidatos, dará comienzo la campaña electoral, que finalizará veinticuatro horas antes de la hora señalada para la celebración de la Junta General en que debe producirse la elección. No podrá difundirse propaganda electoral, ni realizarse acto alguno de campaña electoral, una vez que esta haya oficialmente terminado, ni tampoco durante el período comprendido entre la convocatoria de las elecciones y la iniciación oficial de la campaña.  
3. El modelo oficial de papeletas y del sobre de menor tamaño para que pueda contener las papeletas de votación que sean remitidas por correo postal o por depósito en la Secretaría será aprobado por la Junta Electoral y su confección deberá iniciarse inmediatamente después de la proclamación de los candidatos.  
4. Las primeras papeletas confeccionadas se entregarán al representante de cada candidatura a partir de las 1200 horas del siguiente día hábil a la proclamación junto con una copia del censo electoral redactado al efecto según lo dispuesto en el artículo 58.  
5. En los recintos en que se vaya a producir la votación, deberán existir papeletas oficiales, impresas con el nombre de los candidatos y papeletas en blanco.  
6. Veinticuatro horas antes del previsto para la celebración de la Junta General de elecciones, las candidaturas que se presenten podrán comunicar al secretario de la Junta Electoral la designación de un interventor para cada una de las mesas que se instalen. Los interventores podrán asistir a todo el proceso de votación y escrutinio, sin formar parte de la mesa electoral.  
  
Artículo 62. Proclamación como electos de los candidatos únicos:  
En el supuesto de que se presente una única candidatura para la totalidad de los cargos y fuera proclamada la misma, la Junta Electoral acordará su proclamación como miembros de la Junta de Gobierno sin necesidad de proceder a la votación prevista, que quedará sin efecto procediéndose a su comunicación a los colegiados por los mismos medios en los que se ha llevado a efecto la convocatoria de elecciones.  
A continuación, y de acuerdo con el decano en funciones, se señalará día y hora para la toma de posesión de sus miembros.  
  
Artículo 63. Celebración de la sesión electoral:  
Dos horas antes del comienzo de la sesión de votaciones y en presencia del presidente de cada mesa, de los interventores designados por cada candidatura y del representante de cada una de ellas, se procederá a levantar acta de los sobres recibidos en la Secretaria que contengan los votos emitidos por correo postal o por depósito en la misma, haciendo constar el nombre de los colegiados que hayan elegido este sistema y su número.  
Por el secretario de la Junta Electoral, se comprobará que los colegiados que han hecho uso de esta modalidad de votación se encuentran incluidos en el censo electoral. Una vez efectuada esta comprobación y sin extraer los sobres de menor tamaño que contengan las papeletas de votación serán de nuevo custodiados por el secretario.  
El acta que se levante a tal efecto será firmada por todos los asistentes a este acto, junto con el presidente y secretario de la Junta Electoral y al finalizar el proceso electoral, será entregada la misma al secretario de la Junta de Gobierno junto con toda la documentación.  
  
Artículo 64. La Mesa electoral, la formará el presidente de la Junta electoral quien la presidirá, el secretario de la misma y dos vocales de los elegidos para la Junta electoral, quienes ejercerán de escrutadores. Caso de que tenga que formarse una segunda mesa electoral, esta segunda estará formada por el vicepresidente de la Junta electoral, quien la presidirá y el vicepresidente de la misma junto con los otros dos vocales elegidos como sustitutos de la Junta electoral que así mismo ejercerán de escrutadores.  
La urna o urnas destinadas a contener las papeletas para la elección podrán ser reconocidas por los colegiados que se encuentren presentes al comenzar el acto.  
Constituida la mesa o mesas y siendo la hora señalada el presidente de cada una de ellas abrirá la sesión y ordenará dar comienzo a la votación, introduciendo en la urna o urnas los votos emitidos por correo.  
Los votantes acreditarán ante la Mesa Electoral su personalidad, mediante documento oficial en el que aparezca la fotografía del interesado. A continuación, el elector entregará por su propia mano al presidente de la mesa el sobre que contenga su papeleta de votación y este procederá a depositarlo en la urna correspondiente.  
Los últimos que emitirán su voto serán los miembros de la mesa electoral.  
Siendo la hora fijada para el término de la votación, y cuando hayan votado todos los presentes, y los miembros que forman la Mesa, el presidente de la misma dará por terminada la votación con esta fórmula: «Queda concluida la votación».  
El secretario de la Junta Electoral velará porque no se rompa la cadena de custodia de los sobres que contengan las papeletas de votación remitidas por correo postal o por depósito en la Secretaría del Colegio o delegaciones colegiales y de la urna o urnas.  
  
Artículo 65. A continuación, se procederá al escrutinio. Abierta la urna, por el secretario se extraerán los sobres homologados que contengan las papeletas de votación y por el presidente de la mesa, se dará lectura a su contenido. En caso de que hayan existido dos mesas de votación, se procederá por orden, una en primer lugar y la otra a continuación  
  
Artículo 66. Cualquier cuestión que se suscitase con relación al proceso electoral, motivo referente a la elección o sobre nulidad o validez de algún voto, se decidirá en el acto por los miembros de la Mesa, formando acuerdo el de la mayoría y decidiendo en caso de empate el presidente de la mesa  
Artículo 67. Las papeletas que contengan tachaduras o raspaduras o expresiones ajenas al contenido de la votación, serán nulas. Serán nulas también las que indiquen más de un candidato para un mismo cargo o nombre de personas que no concurran al cargo  
Las papeletas rellenadas parcialmente, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, serán válidas para los cargos y personas correctamente expresados.  
Se considerarán válidas las papeletas oficiales en blanco que contengan escrito el nombre y apellidos de los candidatos, aunque los mismos figuren en distintas candidaturas, y se consigne además el puesto para el que se presenta y no otro.  
Los empates en esta elección se decidirán con una nueva votación a celebrar en un tiempo no superior a cinco días, anunciándose en el mismo acto por el presidente de la Junta Electoral y con convocatoria extraordinaria de la Junta General en el plazo de las 24 horas siguientes que será comunicada a los colegiados a través del correo corporativo, mediante anuncio en el tablón de anuncios de la Secretaría del Colegio y de las Salas de notificaciones de todas las Delegaciones colegiales, con indicación del lugar, fecha y hora para su celebración.  
En caso de que persista el empate tras la segunda votación, será el colegiado de mayor antigüedad en el Colegio el que resulte elegido.   
  
Artículo 68. Terminado el escrutinio, se levantará acta del resultado y por el presidente de la Junta electoral será anunciado el resultado  
En el supuesto de que existan dos mesas electorales, el presidente de la Junta electoral declarará elegidos para formar la Junta de Gobierno a los candidatos que hayan obtenido mayoría de votos para los respectivos cargos de la misma.  
Así mismo y de acuerdo con el decano en funciones, se señalará la fecha para la toma de posesión de los nuevos cargos, dentro de los cinco días siguientes a aquella en que deban cesar los cargos que se encuentren en funciones.  
El presidente de la Junta electoral dará por finalizada la sesión.  
  
Artículo 69. La redacción del acta de la Junta General de elecciones, la efectuará el secretario del Colegio, previa entrega por parte del secretario de la Junta electoral del acta redactada por los miembros de la Junta electoral que deberá estar firmada por los componentes de la misma y a la que se adjuntará como anexo las papeletas escrutadas, el acta levantada con relación a la emisión de los votos por correo o por depósito y cualquier otra diligencia que haya sido redactada con relación al proceso electoral  
Los colegiados que hayan votado podrán examinar las papeletas una vez anunciado el resultado de la votación.  
  
Artículo 70. Reclamaciones: Las reclamaciones contra el resultado de las elecciones se presentarán ante el Colegio para su resolución por el Consejo Valenciano de Procuradores en el plazo máximo de un mes desde la celebración de las mismas  
  
Artículo 71. Toma de posesión: Los miembros electos o proclamados, en caso de candidatura única, tomarán posesión del cargo el día señalado al efecto, jurando o prometiendo solemnemente ejercer el cargo con respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico, y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno. La toma de posesión se efectuará ante la Junta de Gobierno en funciones que cesará en ese momento  
Asimismo, en el plazo de cinco días desde la toma de posesión, deberá comunicarse la nueva composición de la Junta de Gobierno, al Registro de Colegios Profesionales, al Consejo Valenciano de Procuradores, al Consejo General, al Consejo Valenciano de Colegios Profesionales, así como a Autoridades judiciales, administrativas y a la Conselleria competente.  
  
Sección 3ª. La Junta de Gobierno  
  
Artículo 72. Concepto. La Junta de Gobierno es el órgano colegiado que asume la representación general del Colegio con sometimiento a la voluntad expresada por la Junta General, y le corresponde la dirección, administración y gestión ordinaria de aquel  
  
Artículo 73. Composición. La Junta de Gobierno está compuesta por once miembros con los siguientes cargos:  
- Un decano-presidente.  
- Un vicedecano.  
- Un secretario.  
- Un vicesecretario.  
- Un tesorero.  
- Un contador.  
- Un censor.  
- Cuatro vocales.  
  
Artículo 74. Junta de Gobierno transitoria:  
Cuando por fallecimiento, dimisión o cualquier otra causa distinta a la expiración del plazo para el que fueron elegidos, quedaran vacantes uno o más cargos de la Junta de Gobierno, estos serán cubiertos interinamente por los restantes miembros de la misma, en la forma y del modo previsto en estos Estatutos y, en su defecto, como la Junta de Gobierno determine.  
Cuando los cargos vacantes, lo sean en número de seis o más, el resto de miembros reunidos en Junta, deberá cesar obligatoriamente y convocar elecciones a todos los cargos en el plazo de 45 días, continuando en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno.  
Si por circunstancias excepcionales no fuera posible reunir al menos a tres miembros de la Junta de Gobierno, se constituirá una Junta provisional cuyos miembros serán designados por el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, hasta completar el número de tres. Dicha Junta Provisional convocará elecciones en el plazo previsto en el párrafo anterior, ejerciendo sus funciones hasta la toma de posesión de la nueva Junta.  
  
Sección 4ª Provisión de cargos de la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 75. Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos entre los colegiados en ejercicio que cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 14, de estos Estatutos, se encuentren incorporados al Colegio y hayan presentado su candidatura  
Todos los cargos electos habrán de ser desempeñados por colegiados en ejercicio.  
Para ser candidato a los cargos de Vocal de la Junta de Gobierno será requisito indispensable hallarse en el ejercicio profesional durante 2 años ininterrumpidos. Para la candidatura a los cargos de vicedecano, tesorero, contador, censor, secretario y vicesecretario deberán hallarse en el ejercicio profesional durante 5 años ininterrumpidos y para el cargo de decano se requerirán el ejercicio ininterrumpido durante 10 años.  
No podrán formar parte de la Junta de Gobierno:  
a) Los colegiados que hayan sido condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargo público, mientras subsista la misma.  
b) Los colegiados que hubieren sido sancionados por vía de corrección disciplinaria con suspensión en el ejercicio profesional por cualquier colegio de procuradores del territorio nacional mientras no hubieran obtenido su rehabilitación o hubieran sido canceladas las sanciones.  
c) Los colegiados miembros de una sociedad profesional que haya sido sancionada con la baja de la misma en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio por plazo de hasta dos años o baja definitiva.  
  
Artículo 76. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se realizará mediante sufragio universal libre, directo y secreto  
Todos los cargos serán honoríficos y no remunerados. Los que desempeñen los cargos podrán usar como distintivo en los actos oficiales la Medalla creada por RO de 26 de junio de 2013 y gozarán de las previsiones honorificas y protocolarias establecidas en el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España y las que se establezcan en las disposiciones autonómicas.  
  
Artículo 77. Duración de los cargos. La duración del cargo para el que haya sido elegido un colegiado, es de cuatro años, quedando limitada la reelección a dos mandatos consecutivos, para el mismo cargo  
Podrán ser reelegidos los miembros de la Junta a quienes corresponda cesar, con la limitación temporal establecida en el párrafo anterior.  
  
Artículo 78. Cese de los miembros de la Junta de Gobierno  
Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:  
a) Expiración del término o plazo para el que fueron elegidos y designados.  
b) Falta sobrevenida de los requisitos estatutarios fijados para desempeñar el cargo.  
c) Renuncia del interesado, que siempre será por escrito motivado.  
d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones deliberativas de la Junta consecutivas o cinco alternas en el término de un año, previa resolución firme adoptada en expediente abierto al efecto.  
e) Aprobación de moción de censura, según el regulado en el artículo siguiente.  
f) Fallecimiento.  
  
Artículo 79. Moción de censura. El voto de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros, deberá sustanciarse siempre en Junta General extraordinaria, convocada a este solo efecto  
1. La solicitud de esa convocatoria de Junta General extraordinaria deberá ser suscrita, como mínimo, por una cuarta parte de los colegiados ejercientes y expresará con claridad, las razones en que se funde.  
2. La Junta General extraordinaria a que se hace referencia en este artículo, deberá celebrarse dentro de los treinta días, contados desde que se hubiera presentado la solicitud, y no podrán debatirse en la misma otros asuntos que los expresados en la convocatoria.  
3. La válida constitución de dicha Junta General extraordinaria requerirá la concurrencia personal de más de la mitad del censo colegial con derecho a voto.  
4. Para que prospere la moción de censura será necesario el voto positivo de la mitad más uno de los concurrentes.   
5. En esta sesión de Junta, el voto será siempre personal, directo y secreto, no siendo posible la delegación del voto.  
6. Hasta transcurrido un año de su celebración no podrá volver a plantearse otra moción de censura por los mismos motivos.  
  
Sección 5ª. Competencias de la Junta de Gobierno y acuerdos.  
  
Artículo 80. La Junta de Gobierno ejerce las competencias no atribuidas a la Junta General u a otros órganos colegiales. De modo especial las siguientes:  
Con respecto a otros órganos de gobierno y Entidades:  
1. Proponer a la Junta General la aprobación o modificación del Estatuto colegial.  
2. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta General las propuestas de presupuestos anuales, la aplicación de sus resultados y el estado de cuentas. Acordar la realización de auditorías contables o de gestión. El estado de cuentas deberá ser formulado dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.  
3. Proponer a la Junta General la modificación del régimen económico; el presupuesto de ingresos y gastos para el año siguiente; la fijación de las cuotas colegiales ordinarias y extraordinarias, su elevación o disminución y el establecimiento de derramas colegiales.  
4. Elaborar la memoria anual del Colegio de acuerdo con el art. 11 del LCP y ordenar la publicidad de la misma en la página web colegial.  
5. Proponer a la Junta General la inversión o adquisición de bienes colegiales, previo informe si se tratare de inmuebles y proponiendo la disposición, mediante enajenación o gravamen del patrimonio colegial.  
6. Establecer relaciones de cooperación con la Administración y con otras Instituciones públicas o privadas. A tal efecto la Junta podrá suscribir los oportunos convenios de cooperación.  
7. Designar representantes del Colegio ante los Tribunales, organismos o instituciones, cuando fuera requerido para ello el Colegio.  
8. Realizar y promover, en nombre del Colegio, cuantas mejoras se estimen convenientes para el progreso e interés de la Procura y del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.  
  
Con respecto a la actividad colegial:  
1. Resolver las solicitudes de incorporación al Colegio, así como acordar la pérdida o suspensión de la condición de colegiado.  
2. Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General  
3. Aprobar Reglamentos de desarrollo, organizativos o normas de régimen interior de los servicios colegiales o cualquier otro referido a la ordenación y buen funcionamiento del Colegio.  
4. Acordar la inscripción de las sociedades profesionales en el Registro colegial de Sociedades Profesionales.  
5. Cuidar de la actividad promocional y de divulgación del Colegio a través de campañas de prensa y otros medios que se consideren oportunos.  
6. Emitir comunicados que expresen la opinión del Colegio ante acontecimientos relevantes para la profesión o el Colegio.  
7. Impedir y perseguir ante los tribunales el intrusismo y el ejercicio profesional que incumplan las normas reguladoras, ejercitando las acciones legales que corresponden en defensa de la profesión y de los colegiados, y designando en su caso procuradores y abogados para ostentar la representación y defensa del Colegio.  
8. Vigilar, programar y controlar los servicios colegiales existentes u organizar nuevos servicios.  
9. Ejercer la potestad disciplinaria, incoando y resolviendo expedientes disciplinarios e imponiendo sanciones a los colegiados si así procediera cuidando de su ejecución.  
10. Contratar, despedir y corregir disciplinariamente conforme a la legislación laboral al personal dependiente del Colegio.  
11. Organizar los turnos de oficio y la asistencia jurídica gratuita, de acuerdo con los principios establecidos en el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España y en los Reglamentos o normas colegiales.  
12. Organizar los servicios de recepción de notificaciones y traslados de copias, y en su caso, el servicio de depósito de bienes embargados, o el servicio de entidad especializada de subastas, así como cualquier otro servicio público cuya organización estuviera encomendada al Colegio.  
13. Crear comisiones de trabajo si las circunstancias lo aconsejan, nombrando para ello colegiados sean o no miembros de la Junta de Gobierno.  
14. Acordar las convocatorias de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, en la forma y términos previstos en estos Estatutos.  
15. Suscribir todas las exposiciones, evacuar informes, resolver consultas y autorizar las certificaciones y documentos que competan al Colegio y hayan sido solicitados.  
16. Acudir en aquellos casos, en que la complejidad del asunto así lo requiriera, a los asesoramientos técnicos necesarios mediante la contratación de profesionales. Instar y promover por los cauces reglamentarios, cerca del Gobierno y Órganos competentes de la Administración, cualquier petición legal en beneficio de la profesión y los colegiales.  
17. Acordar el ejercicio de toda clase de acciones ante Autoridades y Tribunales en defensa del Colegio y/o de los colegiados.  
18. Disponer los pagos de las cantidades que al Colegio puedan corresponder por cualquier concepto; recaudar las cuotas con las que deben contribuir los colegiados distribuir y administrar los fondos del Colegio; proceder a la exacción de las multas que se les impongan a los colegiados, o cualquier otro ingreso, disponiendo así mismo del reintegro de los gastos de la Corporación.  
19. Determinar la estructura económica del Colegio, de sus presupuestos y del inventario de sus bienes.  
20. Disponer lo más conveniente a los intereses del Colegio respecto a la situación o inversión de sus fondos a propuesta del tesorero, dando cuenta de lo acordado a la Junta General.  
21. Acordar la concesión de distinciones y honores.  
22. Garantizar la transparencia y prácticas de buen gobierno.  
23. Cuidar de que se celebre anualmente, la fiesta en honor de la Virgen de los Desamparados, Patrona del Colegio.  
24. Asimismo, podrá establecer o suprimir dependencias y oficinas que, sin carácter de delegación oficial, tenga o pueda tener cedidas en uso para el cumplimiento de sus funciones, en todas las sedes de juzgados y tribunales.  
25. Aprobar las bases de los concursos que se convoquen para cubrir las plazas de empleados del Colegio y proceder a su contratación.  
26. Resolver las quejas o reclamaciones de los usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.  
27. Los Reglamentos que afecten a la financiación colegial y al Turno de Oficio serán sometidos a la aprobación de Junta General, precisándose para su aprobación la mayoría simple de votos emitidos.  
Con relación a los colegiados:  
1. Organizar y velar por la acción formativa, actualización y especialización de los colegiados  
2. Velar por que todos los colegiados cumplan puntualmente la legalidad vigente, los Estatutos Profesionales y Deontológicos de Procuradores y los acuerdos que se tomen en las Juntas y las que dictaren los tribunales y autoridades judiciales.  
3. Vigilar con el mayor celo que los colegiados ejerzan la profesión con decoro, diligencia y probidad necesarios para contribuir al buen nombre de la Corporación.  
4. Atender en todo momento el decoro profesional, defendiendo sus valores permanentes, con amparo inmediato al colegiado si en ellos fuere agraviado, pero al propio tiempo con la obligada corrección disciplinaria en las infracciones que cometiere.  
5. Resolver según corresponda las reclamaciones o quejas que por los colegiados se puedan presentar.  
6. Velar por el cumplimiento por parte de los colegiados de lo dispuesto en la normativa reguladora del Estatuto de la víctima en la Ley 4/2015, de 27 de abril  
7. Comunicar a los colegiados las convocatorias de Juntas Generales.  
8. Nombrar, expedir la acreditación, y dejar sin efecto el nombramiento de oficiales habilitados, todo ello previo expediente.  
Y, en general, ejercer todas las facultades, funciones y prerrogativas que le atribuyen las disposiciones en vigor y los presentes Estatutos, acordando lo necesario para el cumplimiento de los fines y funciones del Colegio.  
  
Artículo 81. Convocatoria de la Junta de Gobierno, quorum y acuerdos  
1. La Junta de Gobierno se reunirá, cuando menos, una vez al mes previa convocatoria del decano, cursada con la antelación necesaria para que se halle en poder de sus componentes cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada para la sesión, salvo que razones de urgencia justifiquen la convocatoria con menor antelación. Dicha convocatoria podrá efectuarse a través de correo electrónico.  
2. En la convocatoria se expresará el lugar, día y hora, en que deba celebrarse la sesión, en primera y segunda convocatoria y el orden del día.  
3. El orden del día será fijado por el decano y en él se podrá incluir cualquier asunto a solicitud de un miembro de la Junta de Gobierno. Podrán incorporarse otras cuestiones siempre que así se acuerde al principio de la sesión por los asistentes.  
4. Si por el decano no se convocara Junta de Gobierno con arreglo a lo establecido en los números anteriores, esta se podrá convocar por iniciativa de la mitad de los miembros que la compongan, con establecimiento del orden del día y asuntos a tratar.  
5. Por razones de urgencia podrá deliberarse y tomarse el oportuno acuerdo sobre cuestiones que no figuren en el orden del día, siempre que se tome este acuerdo por mayoría.  
6. Los miembros de la Junta de Gobierno están obligados a guardar secreto sobre las deliberaciones de las sesiones.  
  
Artículo 82.  
1. La Junta de Gobierno quedará válidamente constituida si concurren a la reunión al menos la mitad de sus componentes, entre ellos el decano y el secretario o quienes estatutariamente les sustituyan. Las concurrencias a la sesión de la Junta podrán efectuarse por cualquier medio telemático o electrónico que permita la participación en la reunión aunque no sea de modo presencial.  
2. Serán válidas las sesiones de la Junta de Gobierno a las que asista la totalidad de sus miembros, aunque no hayan sido convocados en forma.  
3. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos y en caso de empate decidirá el voto del decano o quien le sustituya.  
4. El acta se redactará por el secretario y se aprobará la redacción de la misma en la siguiente sesión a celebrar por la Junta de Gobierno salvo que, por razones de urgencia o legales, deba ser aprobada en la misma sesión.  
5. Los acuerdos de carácter general se comunicarán a los colegiados mediante su publicación en la zona reservada a colegiados de la página web del Colegio.  
6. Los acuerdos adoptados como Corporación de Derecho Público que afecten a intereses individuales de los colegiados se notificarán particularmente a los colegiados interesados a través de cualquier medio, incluidos los medios electrónicos o telemáticos que pueda garantizar y justificar la recepción del mismo por el destinatario, con respeto a la Ley sobre protección de datos.  
7. Cuando la notificación de un acuerdo sea llevada a cabo en la forma prevista en el Artículo 93 de este Estatuto y haya sido rechazado por el colegiado destinatario del mismo en dos ocasiones, la Junta de Gobierno acordará tenerlo por notificado a todos los efectos, quedando a disposición del colegiado en la Secretaría del Colegio.  
  
CAPÍTULO 3. ATRIBUCIONES DE LOS CARGOS   
DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
  
Artículo 83. El decano  
El decano es el presidente del Colegio y le corresponde la representación institucional, para ello dispone de las siguientes atribuciones:  
1. Convocar y presidir todas las Juntas y Comisiones, fijado el orden del día y decidiendo en caso de empate con su voto de calidad.  
2. Dirigir las deliberaciones de las Juntas, haciendo que se guarde el orden y decoro debidos.  
3. Abrir, cerrar y suspender las sesiones.  
4. Gestionar cuanto convenga al interés del Colegio.  
5. Representar al Colegio ante todas las autoridades y Tribunales, personas físicas y Jurídicas, autorizando los informes y comunicaciones que hayan de cursarse.  
6. Vigilar con especial interés el buen comportamiento de los colegiados y velar por el decoro de la Corporación.  
7. Visar los libramientos, cargos y certificaciones que se expidan por la Secretaría.  
8. La tutela de los derechos del Colegio y de sus colegiados.  
9. Autorizar con su firma los documentos de pago, cargo y balance.  
  
10. Dispondrá de firma de modo mancomunado con otro miembro de la Junta de Gobierno que al efecto se designe, en las cuentas que sean titularidad del Colegio abiertas en cualquier entidad bancaria o financiera.  
11. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno cuando esta facultad le haya sido delegada de forma expresa, en este caso podrá a su vez delegar en el vicedecano.  
12. Ejercer las acciones legales que correspondan al Colegio, pudiendo otorgar y revocar poderes de representación para pleitos en nombre del Colegio.  
13. Coordinar e impulsar la actividad colegial.  
14. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el mismo.  
15. Adoptar las resoluciones que procedan por razones de urgencia dando cuenta posteriormente a la Junta de Gobierno de la decisión adoptada para su ratificación.  
16. Ejercer cuantas otras funciones le sean atribuidas por la normativa vigente en cada momento, el Estatuto General, el presente Estatuto o cualquier reglamento de régimen interno que se dicte.  
En el caso de que el decano del Colegio, o quien estatutariamente le sustituya, fuese requerido por la Autoridad judicial, para la práctica de un registro en el despacho profesional de un colegiado, deberá personarse en dicho despacho y asistir a las diligencias que en este se practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional.  
  
Artículo 84. El vicedecano  
Corresponde al vicedecano sustituir al decano en todas sus funciones en los casos de delegación, ausencia, enfermedad, o cese. En el primer caso actuará como vicedecano «por delegación del decano», y no podrá delegar a su vez en otro miembro de la Junta las funciones delegadas. En los demás casos actuará como decano en funciones, pudiendo delegar en quien estatutariamente le sustituya. Además, desempeñará cuantas misiones le sean encomendadas por la Junta de Gobierno.  
Dispondrá de firma de modo mancomunado con el decano u otro miembro de la Junta de Gobierno que al efecto se designe, en las cuentas que sean titularidad del Colegio abiertas en cualquier entidad bancaria o financiera.  
  
Artículo 85. El tesorero  
Corresponde al tesorero la administración de los fondos y recursos económicos de la Corporación, para ello gestionará y propondrá para la adecuada inversión de los mismos, cuanto estime conveniente a la Junta de Gobierno.  
Los gastos que supongan una desviación presupuestaria, o no tengan asignada una partida presupuestaria, requerirán el acuerdo de la Junta de Gobierno.  
Los fondos deberán estar depositados en establecimiento financiero que designe la Junta de Gobierno, a propuesta del tesorero.  
El tesorero no podrá hacer pago alguno sin la firma mancomunada del decano o quien estatutariamente le sustituya.  
Dispondrá de firma de modo mancomunado con el decano u otro miembro de la Junta de Gobierno que al efecto se designe, en las cuentas que sean titularidad del Colegio abiertas en cualquier entidad bancaria o financiera.  
Son atribuciones del tesorero:  
1. Llevar los libros necesarios para las anotaciones de los ingresos y gastos del Colegio. Llevar un libro inventario de bienes muebles e inmuebles debidamente catalogado.  
2. Autorizar con su firma los gastos, en ejecución del presupuesto o de los acuerdos de la Junta de Gobierno.  
3. El cobro de cualquier cantidad que por cualquier concepto deba ingresarse en los fondos colegiales.  
4. Dar cuenta a la Junta de Gobierno de la morosidad que pueda observar en los cobros de cantidades que deba percibir el Colegio, especialmente de las cuotas colegiales.  
5. Dar cuenta trimestralmente a la Junta de Gobierno del estado de cuentas y desviación presupuestaria.  
6. Formar y entregar a la Junta de Gobierno el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del siguiente ejercicio.  
7. Formar y entregar a la Junta de Gobierno, las cuentas generales documentadas de cada ejercicio económico, con el informe de gestión y de la desviación presupuestaria.  
8. Proponer a la Junta de Gobierno la contratación de asesoramiento económico externo que le apoye en sus funciones, y la contratación de la auditoría externa de las cuentas anuales.  
9. Dentro de los treinta días siguientes a su cese en el cargo, deberá rendir cuentas justificadas de su gestión en el ejercicio corriente, por medio de informe escrito que presentará a la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 86. El secretario  
Corresponde al secretario:  
1. Asistir a todas las Juntas Generales y de Gobierno que se celebren, y extender y autorizar sus actas, dar cuenta de las anteriores y de los expedientes y asuntos que en las mismas deban tratarse.  
2. Llevar los libros de actas y acuerdos en los que consten las correcciones disciplinarias impuestas a los colegiados, y la correspondencia del Colegio.  
3. Extender y autorizar las certificaciones que se expidan y las comunicaciones, órdenes y circulares que hayan de dirigirse por acuerdo del decano-presidente, de la Junta de Gobierno o de la Junta General.  
4. Formar la lista de colegiados, y el censo electoral, en su caso cuidando que la lista de colegiados se inserte en la página web colegial y esté actualizada con los datos que se indican en la misma.  
5. Formar los Registros de Oficiales Habilitados, el de Antecedentes disciplinarios y cuantos otros se estimen oportunos por la Junta de Gobierno.  
6. Formar para cada colegiado un expediente físico o virtual al que se unirá oportunamente cualquier documentación o antecedente que sea pertinente.  
7. Llevar el turno de los asuntos, que para reparto se le pasen, anotándolos en los libros que crea necesarios.  
8. Acompañar al decano-presidente o a quien le sustituya, siempre que desempeñe actos del Colegio y reclame su compañía.  
9. Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.  
10. Para el supuesto que en la organización administrativa del Colegio carezca de la figura del Gerente, el secretario deberá asumir la dirección del personal laboral al servicio del Colegio, proponiendo a la Junta de Gobierno la adopción de acuerdos para la mejor organización administrativa del trabajo y para la creación, modificación y extinción de las relaciones jurídico laborales y ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno en materia de personal.   
  
Artículo 87. El vicesecretario  
Corresponde al vicesecretario sustituir al secretario en todas sus funciones en los casos de delegación, ausencia, enfermedad, o cese. En el primer caso actuará como vicesecretario «por delegación del secretario», en los demás casos actuará como secretario en funciones.  
1. Conservar en orden los expedientes fenecidos y otros documentos que deban archivarse, así como los ejemplares de libros, listados, estatutos y demás que pertenezcan al Colegio.  
2. Cuidar de la biblioteca colegial y formar el catálogo de los mismos para poder ser facilitado a los colegiados.  
3. Administrar la página web colegial.  
4. Además, desempeñará cuantas misiones le sean encomendadas por la Junta de Gobierno, y tiene el deber de colaborar con el secretario en las funciones que se le interesen.  
  
Artículo 88. El contador  
Corresponde al contador sustituir al tesorero en todas sus funciones en los casos de delegación, ausencia, enfermedad, o cese. En el primer caso actuará como contador «por delegación del tesorero», en los demás casos actuará como tesorero en funciones. Además, desempeñará cuantas misiones le sean encomendadas por la Junta de Gobierno, y tiene el deber de colaborar con el tesorero en las funciones propias del mismo o cualquier otra función que se le encomiende.  
Tendrá las siguientes facultades:  
1º. Intervendrá tomando razón necesariamente en todo ingreso o salida de Tesorería que previamente haya sido firmado por el tesorero y visado por el decano.  
2º. Efectuará el control sobre las anotaciones informáticas de Tesorería.  
3º. Vigilará el cumplimiento de los pagos puntuales que deban hacer los colegiados, incluso inspeccionándolos por cuantos medios estime oportunos.  
  
Artículo 89. El censor  
Corresponde al censor:  
1. Sustituir al decano en todas sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad, o cese de este y del vicedecano.  
2. Trasladar e informar a la Junta de Gobierno de las propuestas elevadas por la Comisión Deontológica, a fin de adoptar la resolución que proceda.  
3. Proponer a la Junta de Gobierno la incoación de oficio de procedimientos disciplinarios, cuando por cualquier medio tenga conocimiento de hechos que puedan suponer responsabilidad disciplinaria de los colegiados, o de cualquier hecho que pueda contravenir lo preceptuado en este estatuto, especialmente los referidos a posibles prácticas de posición dominante por parte de clientes con los procuradores, proponiendo, en su caso, a la Junta de Gobierno su denuncia ante los tribunales competentes.  
4. Dar cuenta a la Junta de Gobierno de las denuncias, o hechos que puedan ser constitutivos de responsabilidad disciplinaria, en los que el denunciado o implicado sea un miembro de la Junta de Gobierno.  
5. Informar a la Junta de Gobierno de los recursos que se interpongan contra resoluciones disciplinarias.  
6. Proponer a la Junta de Gobierno las medidas que procedan para ejecutar las sanciones.  
7. Se encargará de la anotación de las sanciones y de la cancelación de las mismas en el expediente personal de los colegiados, e informará preceptivamente a la Junta de Gobierno en todos los expedientes en los que se alegue la prescripción de la sanción, así como en todos aquellos en los que se solicite la rehabilitación y cancelación de la anotación en el expediente personal, por caducidad de la sanción.  
  
Artículo 90. Los Vocales  
Todos los Vocales formarán parte de las comisiones de trabajo y emitirán los informes que establezca la Junta de Gobierno en materia de consulta arancelaria o deontológica. Los vocales sustituirán en sus funciones al censor, contador y vicesecretario respectivamente en los casos ausencia, enfermedad y cese.  
Corresponderá a los vocales, como función específica y en unión de los delegados y subdelegados, la coordinación de todos los Partidos Judiciales, manteniendo informada a la Junta de Gobierno de todas y cada una de sus necesidades, problemas y vicisitudes.  
También es función de los vocales la vigilancia y control del turno de oficio, asistencia jurídica gratuita, y servicio de recepción de notificaciones y traslado de copias. Las funciones atribuidas a los vocales, se distribuirán entre ellos por acuerdo de la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 91. Delegaciones y Comisiones de trabajo  
La Junta de Gobierno podrá nombrar delegados y subdelegados en las Delegaciones de los Partidos judiciales. Su nombramiento y las facultades delegadas se determinarán mediante acuerdo de la Junta de Gobierno.  
Así mismo podrá acordar la constitución de grupos de trabajo, comisiones u otros en orden al cumplimiento de fines específicos, estableciendo su composición, número de miembros, objetivos, normas de funcionamiento o reglamentos, designando el miembro de la Junta de Gobierno que será responsable de dichos grupos o comisiones.  
  
TÍTULO IV. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS   
Y SU IMPUGNACIÓN  
  
CAPÍTULO 1. RÉGIMEN JURÍDICO  
  
Artículo 92. El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia se rige por las siguientes normas:  
1. La legislación básica estatal y autonómica en materia de Colegios Profesionales.  
2. El presente Estatuto, el Estatuto del Consejo General de Procuradores y el Estatuto del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.  
3. Los Reglamentos de régimen interior existentes en la actualidad y Código Deontológico, así como cualquier otra norma que se adopte reglamentariamente en el desarrollo y aplicación de este Estatuto.  
4. La legislación vigente sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común vigente en el momento que tendrá carácter supletorio.  
5. El resto del ordenamiento jurídico en cuanto resulte de aplicación.  
  
CAPÍTULO 2. ACUERDOS  
  
Artículo 93  
1. Los acuerdos adoptados por la Junta General y la Junta de Gobierno se presumen válidos y surtirán efectos desde que fueron acordados, salvo que de sus propios términos resulten sometidos a plazo o condición de eficacia, exceptuándose los acuerdos y resoluciones en materia disciplinaria que se ejecutaran en los términos específicos dispuestos en este Estatuto.  
2. Cualesquiera actos del Colegio, que sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas se regirán, con carácter supletorio, por la Legislación Administrativa común, tal como dispone el art. 2.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
3. Los acuerdos que afecten a intereses individuales de los colegiados deberán ser notificados individualmente por medio de un empleado del Colegio, en la Secretaría o en la Sala de Notificaciones de cualquier delegación del Colegio de Procuradores. Caso de que no pueda efectuarse la notificación del modo anteriormente indicado, se realizará en el domicilio profesional que el colegiado tenga comunicado al Colegio, en cumplimiento de la obligación dispuesta en el artículo 27, 7 de este Estatuto, con plena validez o a través de cualquier otro medio, incluidos los medios electrónicos o telemáticos que garanticen y justifiquen la recepción de los mismos por el destinatario, con respeto a lo establecido en la Ley sobre protección de datos.  
Si la notificación no pudiera realizarse por ninguno de los medios anteriormente citados, la misma se entenderá efectuada por la publicación sucinta del acuerdo en el tablón de anuncios del Colegio en la forma prevista en el artículo 46 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
4. Cuando la notificación de un acuerdo llevada a cabo a través de cualquier medio que pueda garantizar su remisión haya sido rechazada por el colegiado destinatario del mismo en dos ocasiones, la Junta de Gobierno acordará tenerlo por notificado a todos los efectos y quedando a disposición del colegiado en la Secretaría del Colegio.  
Artículo 94. Ejecución  
Cuando el Colegio no disponga de capacidad propia ni medios para la ejecución forzosa de sus actos administrativos, lo pondrá en conocimiento de la Generalitat a través de la Conselleria de adscripción y recabará de esta el auxilio ejecutivo que le sea necesario para dicha ejecución forzosa de sus actos administrativos.  
  
Sección 1ª. Impugnación de acuerdos.  
  
Artículo 95  
1. Los acuerdos y resoluciones emanados de los órganos competentes del Colegio podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores. La resolución del recurso de alzada agotará la vía administrativa.  
2. El recurso de alzada deberá interponerse ante la Junta de Gobierno que dictó el acuerdo en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso. Si se hubieran producido los efectos del silencio administrativo de acuerdo con la legislación del procedimiento administrativo común (acto presunto), dicho recurso de alzada podrá interponerse en cualquier momento, desde el siguiente a la producción del silencio.  
3. Los recursos de alzada contra los actos de la Junta General se interpondrán directamente ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.  
4. El recurso de alzada deberá interponerse en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso, o en el de tres meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que, conforme a la legislación de procedimiento administrativo, se produzcan los efectos del silencio administrativo.  
   
Artículo 96. La interposición de recurso alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores no suspende la eficacia de los acuerdos, salvo en los siguientes casos:  
a.) Cuando la Junta de Gobierno interponga recurso contra acuerdo de la Junta General fundado en la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho, salvo que se trate de la elección de cargos colegiales.  
b.) Cuando se recurra una sanción disciplinaria. En estos casos, la simple interposición del recurso suspenderá automáticamente la ejecutividad del acto.  
c.) También quedará en suspenso la eficacia cuando así lo acuerde el Consejo Valenciano, por concurrir circunstancias que puedan causar daños de imposible o difícil reparación.  
d) A petición del recurrente cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:  
- Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.  
- Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.  
En cualquier caso, la suspensión se levantará una vez se resuelva el recurso.  
  
Artículo 97. Las causas de nulidad y de anulabilidad de los actos colegiales, serán las previstas en la legislación estatal sobre procedimiento administrativo común  
La Junta de Gobierno deberá en todo caso suspender y formular recurso contra los actos de la Junta General que estime nulos pleno derecho.  
  
Artículo 98. Los actos emanados de los órganos colegiales en cuanto estén sujetos al derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa  
  
TÍTULO V. RÉGIMEN ECONÓMICO  
  
CAPÍTULO 1. PATRIMONIO COLEGIAL  
  
Artículo 99  
1. El régimen económico del Colegio es presupuestario. El presupuesto será anual, único y equilibrado y comprenderá la totalidad de los ingresos, gastos e inversiones del Colegio referidos a un año natural.  
2. En cada presupuesto se cifrarán con la suficiente especificación los gastos previstos en función del programa de actividades a desarrollar por los órganos colegiales, así como los ingresos que se prevean devengar durante el correspondiente ejercicio.  
  
Artículo 100. El patrimonio colegial lo forman el conjunto de todos los bienes, derechos y obligaciones que posea o adquiera el Colegio  
El Patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 101. El capital del Colegio se invertirá preferentemente en valores de toda garantía. Los valores se depositarán en la entidad que la Junta de Gobierno acuerde y los resguardos de depósito se custodiarán en la caja del Colegio bajo la personal e inmediata responsabilidad del tesorero  
  
Sección 1ª. Ingresos del Colegio.  
  
Artículo 102. Los ingresos del Colegio serán ordinarios y extraordinarios  
Son ingresos ordinarios del Colegio:  
a) Los productos de los bienes, derechos y obligaciones del patrimonio colegial.  
b) La cuota de incorporación para los colegiados que se incorporen por primera vez como Colegiados ejercientes o no ejercientes.  
c) El importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias, derramas establecidas o que se acuerden en la Junta General.  
d) Los intereses, rentas y pensiones que produzcan sus bienes y derechos y cualquier otro concepto que legalmente corresponda.  
e) Los derechos por prestación de los servicios de notificaciones, depósitos y de subasta, en su caso.  
f) Las percepciones por expedición de certificaciones, informes de aranceles, dictámenes, estudios, arbitrajes u otros de asesoramientos que se soliciten al Colegio.  
g) Los beneficios que puedan ser obtenidos por publicaciones o actividades remuneradas que pueda realizar el Colegio.  
h) Las tasas establecidas como consecuencia de la tramitación de expedientes de habilitación, expedientes de rehabilitación, por fotocopias etc. o que puedan establecerse.  
Son ingresos extraordinarios del Colegio:  
a) Las subvenciones procedentes del Estado, de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Públicas, Entidades Privadas y particulares.  
b) El producto de la enajenación de bienes de su patrimonio.  
c) Los bienes y derechos de los que sea beneficiario el Colegio por herencia, legado o donación  
d) Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio por administración de bienes ajenos.  
e) El importe de las multas por sanción  
f) Los ingresos por patrocinio publicitario  
g) Cualquier otro no previsto en los presupuestos anuales y que legalmente le corresponda percibir.  
  
Artículo 103. Contribuciones de los colegiados:  
Constituyen las contribuciones económicas de los colegiados:  
a) La cuota de incorporación al Colegio fijada tanto para los colegiados ejercientes como para los colegiados no ejercientes. Su importe no podrá superar en todo caso a los costes asociados a la tramitación de la colegiación.  
b) La cuota ordinaria fija que se determine en Junta General para los colegiados ejercientes tendrá carácter periódico.  
c) La cuota variable que pueda ser fijada por la Junta General por prestación de servicios a los procuradores no colegiados en el Colegio de Procuradores de Valencia que será igual a fijada para los colegiados ejercientes en este Colegio por la prestación de iguales servicios.  
d) Las cuotas extraordinarias o derramas  
e) Las cantidades que en su caso se establezcan por la Junta General por el uso individual de los servicios colegiales.  
  
Artículo 104. Las contribuciones económicas de los procuradores colegiados en cualquier otro Colegio del ámbito nacional que anteriormente se han indicado, serán vinculadas en el presupuesto anual a la satisfacción de los gastos de los servicios correspondientes, y serán fijadas por la Junta General  
A los procuradores colegiados en cualquier otro Colegio del ámbito nacional que realicen actuaciones en el ámbito del Colegio de Procuradores de Valencia no podrá exigírseles cuotas de ingreso, cuotas ordinarias fijas ni cuotas extraordinaria o derramas colegiales.  
El presupuesto será único y equilibrado y comprenderá los ingresos, gastos e inversiones y referido a un año natural.  
  
Artículo 105. La Junta General podrá dictar un Reglamento sobre el sistema de financiación con relación a las contribuciones económicas de los colegiados, en desarrollo de estas previsiones estatutarias  
  
Sección 2ª. Gastos del Colegio.  
Artículo 106. Los gastos del Colegio serán:  
A. Ordinarios: los previstos en el presupuesto anual.  
B. Extraordinarios: los no previstos en el citado presupuesto y que fueran imprevisibles en el momento de formularlos, o resulten inaplazables para salvaguardar los intereses de la buena administración del Colegio.  
  
Artículo 107. Contratación de bienes y servicios:  
La Junta de Gobierno garantizará la concurrencia de ofertas para la adquisición de bienes y prestación de servicios, siendo adjudicadas las mismas siguiendo los criterios que garanticen la solvencia, validez, capacidad, eficiencia y economía.  
  
Sección 3ª. Auditoria.  
  
Artículo 108. Las cuentas anuales colegiales deberán ser auditadas por Auditor de cuentas titulado, que será designado por la Junta de Gobierno, sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponde a los organismos públicos legalmente habilitados para ello  
  
TÍTULO VI. RESPONSABILIDADES Y  
 RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
  
CAPÍTULO 1. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL.  
  
Artículo 109. Los procuradores en su ejercicio profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya representación les hubiere sido confiada, responsabilidad que será exigible conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia, pudiendo establecerse legalmente su aseguramiento obligatorio.   
Los procuradores están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.  
  
CAPÍTULO 2. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA  
  
Artículo 110. El ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde a la Junta de Gobierno, y se declarará previa la formación de expediente seguido por los trámites que se establecen en el presente Estatuto  
1. La Junta de Gobierno ejercerá la potestad disciplinaria corporativa siempre que, por acciones u omisiones en el ejercicio profesional, los procuradores vulneren los preceptos de este Estatuto o de los contenidos en los Estatuto del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores o en el General de los Procuradores de España.  
2. Así mismo se ejercerá la potestad disciplinaria cuando infrinjan los deberes profesionales que le son específicos fijados por las Leyes, el Estatuto General de los Procuradores de España, el Estatuto del Consejo Valenciano, las normas de funcionamiento o Reglamentos que dicte el Colegio y Código Deontológico.  
3. En iguales supuestos serán sancionadas disciplinariamente las sociedades profesionales.  
4. La competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria con relación a los miembros de la Junta de Gobierno corresponde al Consejo Valenciano de Colegio de Procuradores.  
5. El ejercicio de las facultades disciplinarias que la autoridad judicial tiene sobre los procuradores, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las leyes procesales.  
6. La responsabilidad disciplinaria será exigida por la Junta de Gobierno previa audiencia del interesado y valoración de las pruebas que se practiquen a instancia del mismo o de oficio por el Instructor, mediante resolución motivada.  
  
Sección 1ª. Las Infracciones  
Las infracciones se califican en: muy graves, graves y leves.  
  
Artículo 111. Infracciones muy graves  
Son infracciones muy graves:  
a) La infracción de las prohibiciones y de las incompatibilidades contempladas en las Leyes y este Estatuto.  
b) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, en el ejercicio de la profesión, cuando exista condena en sentencia firme. La condena de un procurador en sentencia firme a penas graves previstas en el art. 33.2 del Código Penal.  
c) Los actos, expresiones o acciones que atenten contra la dignidad u honor de las personas que integran la Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio o del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores o del Consejo General, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones y contra los compañeros con ocasión del ejercicio profesional.  
d) La embriaguez o consumo de drogas, de modo habitual cuando afecten gravemente al ejercicio de la profesión.  
e) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de la actividad profesional  
f) Quebrantar el secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno  
g) La emisión de minutas o facturas por actuaciones o prestaciones profesionales no realizadas.  
h) La reiteración de infracción grave, en el plazo de dos años.  
i) El encubrimiento del intrusismo profesional, realizado por profesionales incorporados a este Ilustre Colegio de Procuradores, una vez declarada la existencia del mismo por resolución firme.  
j) La inasistencia reiterada y no justificada a los órganos judiciales y a los servicios comunes de notificaciones,  
k) La no aplicación de las disposiciones arancelarias en los devengos de derechos por cualquier actuación profesional, cobrando por debajo o en exceso de lo dispuesto en el Arancel aprobado y vigente.  
l) El incumplimiento de la prohibición establecida por el art. 8 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima que establece un periodo para garantizar los derechos de las víctimas.  
m) Ostentar los procuradores que ejerzan asociados la representación de quienes en el mismo proceso asuman posiciones contrapuestas como partes litigantes.  
n) Quebrantar el secreto profesional.  
o) La comisión de actos que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las reglas deontológicas que la gobiernan.  
p) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la Procura.  
q) La percepción indebida de derechos económicos en la prestación del servicio de representación en la asistencia jurídica gratuita.  
  
Artículo 112. Infracciones graves  
Son infracciones graves:  
a) Alterar gravemente el normal desarrollo de las sesiones de las Juntas Generales.  
b) El incumplimiento grave de las normas estatutarias y reglamentarias o de los acuerdos adoptados por las Juntas Generales, o por la Junta de Gobierno, salvo que constituyan falta de mayor entidad.  
c) La falta de recepción o recogida reiterada de las notificaciones recibidas a través de la plataforma Lexnet o plataforma del Consejo General de Procuradores o cualquier otra que se establezca a tal fin.  
Se entenderá que existe reiteración cuando el procurador deje de aceptar las notificaciones recibidas a través de la plataforma Lexnet o Plataforma del Consejo General de forma injustificada durante 3 días hábiles consecutivos en el plazo de un mes.  
d) La falta de respeto en Juntas Generales u actos públicos por acción y omisión, a los componentes de la Junta de Gobierno, a los miembros del Consejo General de Procuradores o del Consejo Valenciano de Procuradores, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.  
e) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de la actividad profesional y en especial el incumplimiento de la obligación de colaboración en los casos de cese de la representación por sustitución entre profesionales.  
f) Incumplir los deberes que en el ejercicio de la profesión impone este Estatuto, y los fijados por las Juntas Generales o la Junta de Gobierno.  
g) La falta de fidelidad en el desempeño de cualquier cargo colegial o el incumplimiento de los deberes correspondientes al cargo.  
h) El incumplimiento o desatención de los requerimientos que practiquen los órganos colegiales.  
i) Las prácticas de comunicaciones comerciales no ajustadas a lo dispuesto en la Ley General de Publicidad y a la Ley sobre Competencia desleal.  
j) La práctica de actos de competencia desleal declarados por órganos administrativos o jurisdiccionales competentes.  
k) El incumplimiento de la obligación de puesta a disposición de los destinatarios del servicio profesional, de la información exigida por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (LAASE).  
l) El incurrir dos veces en el plazo de los 12 meses anteriormente inmediatos en causa de suspensión de la condición de colegiado por impago de cuotas colegiales.  
m) La reiteración de una infracción leve, en el plazo de dos años.  
n) El ejercicio de la actividad profesional en situación de embriaguez o bajo el influjo de drogas tóxicas.  
  
Artículo 113. Infracciones leves:  
Son infracciones leves:  
a) La falta de diligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias o reglamentarias.  
b) El incumplimiento de deberes estatutarios que no estén tipificados como faltas graves o muy graves.  
c) La falta de respeto o desconsideración no ofensiva a los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio o del Consejo General y del Consejo Valenciano de Procuradores.  
d) El mal uso y abuso de los bienes del Colegio que se encuentren al servicio de los colegiados.  
e) La falta de veracidad o autenticidad en los datos personales que se faciliten al Colegio.  
f) Los actos y omisiones enumeradas en el artículo anterior cuando no tuviesen la entidad suficiente para ser consideradas como graves.  
  
Sección 2ª. Las sanciones disciplinarias  
  
Artículo 114.. Podrán imponerse las siguientes sanciones disciplinarias:  
1. Apercibimiento o amonestación verbal.  
2. Apercibimiento por escrito.  
3. Multa hasta 300 euros.  
4. Multa de 301 euros hasta 6.000 euros.  
5. Suspensión en el ejercicio de la Procura, por un plazo de hasta seis meses.  
6. Suspensión en el ejercicio de la Procura, por un plazo superior a seis meses y hasta dos años.  
7. Expulsión del Colegio.  
Cuando las infracciones sean cometidas por una sociedad profesional podrán imponerse las sanciones previstas en los apartados anteriores y en su caso especialmente también.  
a) La baja de la sociedad profesional en el Registro de Sociedades Profesionales por plazo de hasta dos años.  
b) La baja definitiva de la sociedad profesional en el Registro de Sociedades Profesionales.  
  
Artículo 115. Los acuerdos de suspensión en el ejercicio de la profesión por más de seis meses o la expulsión, deberán ser tomados por la Junta de Gobierno en votación secreta y aprobada por los dos tercios de la misma  
  
Artículo 116. Sanciones y su correspondencia  
A las infracciones muy graves le corresponde la aplicación de las sanciones previstas en los números 6 y 7 del artículo 114.  
A las infracciones graves le corresponde la aplicación de las sanciones previstas en los números 4 y 5 del artículo 114,  
A las infracciones leves le corresponde la aplicación de las sanciones previstas en los números 1, 2 y 3 del artículo 114.  
La sanción de suspensión del ejercicio de la Procura podrá limitarse a la designación en el turno de oficio o justicia gratuita, cuando sean adoptadas en expedientes disciplinarios por actuaciones efectuadas en procedimientos en los que el colegiado haya sido designado por el turno de oficio o asistencia jurídica gratuita.  
  
Artículo 117. Criterios de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones  
En la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:  
- Intencionalidad manifiesta de la conducta  
- Negligencia profesional inexcusable  
- Obtención de lucro ilegitimo  
- Daño o perjuicio grave a terceros  
- Hallarse en el ejercicio de cargo público colegial cuando prevalezca esta condición.  
- Haber sido sancionado anteriormente por resolución colegial firme no cancelada, a causa de una infracción grave.  
- La continuidad o persistencia de la conducta infractora.  
  
Sección 3ª. Comisión Deontológica y tramitación del procedimiento sancionador  
  
Artículo 118.  
1. Las sanciones disciplinarias solo podrán imponerse en virtud de procedimiento instruido al efecto en el que se garanticen al interesado los derechos a ser notificado de los hechos que se le imputan, formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes.  
2. El procedimiento disciplinario se sustanciará conforme a las normas que se indican a continuación o bien sean previstas en un Reglamento de Procedimiento disciplinario que se apruebe y rija en lo sucesivo. Y en defecto de dicho Reglamento, se estará a lo dispuesto en las normas de procedimiento sancionador contenidas en la Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos de la Administración del Estado, aprobado por Real decreto 33/1986, de 10 de enero, y demás legislación concordante, sin perjuicio de las especialidades contenidas en este Estatuto.  
  
COMISIÓN DEONTOLÓGICA  
  
Artículo 119. La instrucción de los procedimientos disciplinarios recaerá en la Comisión Deontológica, que será un órgano deliberante compuesta por un mínimo de tres miembros que serán designados discrecionalmente por la Junta de Gobierno, pudiendo formar parte de dicha Comisión colegiados que hayan formado parte de la Junta de Gobierno o que cuenten con más de diez años de ejercicio profesional. El cese de los referidos componentes de la comisión corresponderá igualmente a la Junta de Gobierno  
No formarán parte de esta Comisión ningún miembro de la Junta de Gobierno en vigor.  
Los miembros de dicha Comisión serán los designados por la Junta de Gobierno con plena delegación de la misma para adoptar las propuestas de sanción, la incoación de la información previa, la apertura de expediente disciplinario y la propuesta de archivo de denuncias, quejas y expedientes.  
  
Artículo 120. Cuando se tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción deontológica, merced a denuncia de un colegiado o de un tercero con interés legítimo, la Comisión Deontológica acordará el inicio del proceso disciplinario  
Así mismo, la Comisión Deontológica podrá proponer a la Junta de Gobierno la incoación de expediente disciplinario de oficio, cuyo acuerdo de iniciación de expediente deberá ser acordado por la misma.  
En caso de queja o denuncia deberá constar la misma por escrito con identificación del denunciante, relato de los hechos que a su juicio constituyan la infracción y con identificación del colegiado.  
Con anterioridad al acuerdo de iniciación, la Comisión deontológica podrá abrir un período de información previa con el fin de determinar si procede o no iniciar el procedimiento sancionador, nombrando a estos efectos a un instructor, con facultades para practicar las diligencias informativas que considere convenientes, para la comprobación de los hechos.   
El acuerdo de iniciar diligencias será comunicado al colegiado afectado quien podrá en el plazo de 10 días hábiles formular las alegaciones que tenga por conveniente para su descargo, incluso solicitar práctica de pruebas.  
  
Artículo 121. La Comisión Deontológica, tras el trámite anterior y vistas las alegaciones propondrá a través del censor a la Junta de Gobierno el archivo de las diligencias o en su caso, la apertura de expediente disciplinario  
La Junta de Gobierno podrá acordar de oficio la apertura de procedimiento disciplinario. De este acuerdo se dará traslado a la Comisión, para la tramitación del expediente que corresponda.  
En el caso en que se acuerde el inicio de expediente disciplinario, se deberá nombrar un instructor de entre los miembros de la Comisión Deontológica, y un secretario para cada caso concreto.  
  
Artículo 122. Concluida la instrucción del expediente, la Comisión Deontológica elevará propuesta de resolución a través del censor a la Junta de Gobierno, identificando al colegiado y fijando los hechos probados, su calificación, determinación de la infracción y la sanción a imponer  
EL censor informará a la Junta de las propuestas recibidas de la Comisión Deontológica y esta adoptará la resolución que corresponda. Del acuerdo que adopte la Junta de Gobierno resultante de un expediente disciplinario por denuncia interpuesta contra un colegiado, se dará conocimiento al denunciante, comunicándole el resultado de la resolución adoptada.  
  
Artículo 123. La ejecución de las sanciones corresponde a la Junta de Gobierno  
Del mismo modo, la Comisión Deontológica propondrá a la Junta de Gobierno a través del censor las medidas a adoptar en cada caso, con carácter provisional o cautelar. Dicha propuesta deberá ser motivada.  
  
Artículo 124. Caducidad del procedimiento. Conforme a las disposiciones del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos de la Administración del Estado, aprobado por Real decreto 33/1986, de 10 de enero, si transcurrido el plazo de un año desde la iniciación del expediente disciplinario, teniendo en cuenta las posibles interrupciones para su cómputo de las causas imputables al interesado, no hubiere recaído resolución, se producirá la caducidad del procedimiento sancionador  
La declaración de caducidad, de oficio o a instancias del interesado, no impedirá la incoación de un nuevo expediente en el supuesto de que la falta cometida no hubiera prescrito.  
  
Artículo 125. Las sanciones de suspensión en el ejercicio de la Procura de más de seis meses y de la sanción de expulsión del Colegio, se impondrán en su caso mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en votación secreta y por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros. A esta sesión deberán asistir obligatoriamente todos sus componentes, si bien para la validez de la constitución de la misma y a efectos de quorum, no constituirá vicio ni defecto la ausencia de alguno o algunos de sus componentes. La inasistencia injustificada será causa para cese en el cargo  
  
Artículo 126. Cuando el colegiado denunciado fuese miembro de la Junta de Gobierno, será el Consejo Valenciano de Procuradores el competente para instruir y resolver el preceptivo expediente. En estos casos la iniciación del procedimiento dará lugar exclusivamente al acuerdo de remisión del expediente al Consejo Valenciano de Procuradores  
  
Artículo 127. Recursos contra las sanciones. Contra las sanciones impuestas por la Junta de Gobierno podrá el interesado interponer Recurso de alzada en el plazo improrrogable de un mes desde la notificación de la resolución del expediente disciplinario, ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores  
  
Artículo 128. Extinción de la responsabilidad  
1. La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento del colegiado y la prescripción de la falta o de la sanción.  
2. La baja, no voluntaria, en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y la sanción quedará en suspenso, para ser cumplida si el colegiado causase nuevamente alta en cualquier colegio de procuradores del territorio nacional.  
  
Artículo 129. Prescripción de las infracciones  
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.  
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiere cometido.  
3. La prescripción se interrumpirá por la notificación al colegiado afectado del acuerdo de incoación de diligencias informativas previas a la apertura del expediente disciplinario, reanudándose el cómputo del plazo de prescripción si en los tres meses siguientes no se incoa expediente disciplinario o el mismo permaneciere paralizado durante más de seis meses, por causa no imputable al interesado.  
  
Artículo 130. Prescripción de las sanciones  
1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por infracciones graves, a los dos años, y las impuestas por infracciones leves, al año.  
2. El plazo de prescripción de la sanción, por falta de ejecución de la misma, comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que haya quedado firme la resolución sancionadora.  
3. El plazo de prescripción de la sanción, cuando el sancionado quebrante su cumplimiento, comenzará a contar desde la fecha del quebrantamiento.  
  
Artículo 131. Anotación de las sanciones y su cancelación  
1. Las sanciones disciplinarias de cualquier clase, una vez firmes, se anotarán en el expediente personal del colegiado.  
2. La Junta de Gobierno remitirá al Consejo General de Procuradores y al Consejo Autonómico testimonio de los acuerdos de sanción en los expedientes sobre responsabilidad disciplinaria del procurador por faltas graves y muy graves, una vez firmes los mismos.  
3. La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelará, siempre que no hubiera incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria, por el transcurso de los siguientes plazos:  
a) Seis meses en caso de sanciones de apercibimiento verbal, apercibimiento por escrito o multa;  
b) Un año en caso de sanción de suspensión no superior a seis meses;  
c) Tres años en caso de sanción de suspensión superior a seis meses  
d) Cinco años en caso de sanción de expulsión.  
4. El plazo para la cancelación de la anotación de las sanciones en el expediente personal se contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la sanción.  
5. La cancelación de la anotación de las sanciones, una vez cumplidos los plazos, podrá hacerse de oficio o a petición del sancionado y supondrá la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos.  
  
Artículo 132. Suspensión cautelar. La Junta de Gobierno, en el ejercicio de su facultad sancionadora podrán acordar, mediante resolución motivada, la suspensión cautelar de la ejecución de la sanción consistente en la suspensión en el ejercicio profesional del colegiado frente a quien se siga procedimiento sancionador  
  
Artículo 133. Ejecución de las sanciones  
1. Las sanciones impuestas por el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia surtirán efectos en todo el territorio español de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la LCP.  
2. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según la legislación vigente y se ejecutarán una vez que sean firmes.  
3. La sanción de suspensión en el ejercicio de la procura y la de expulsión producirán accesoriamente la suspensión de los derechos electorales por el mismo periodo de su duración, así como el cese en los cargos colegiales que se ejerzan y deberán ser comunicadas al Consejo Valenciano de Procuradores y al Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de España.  
Igualmente se aplicará la sanción accesoria del cese en los cargos colegiales, a los colegiados miembros de la sociedad profesional que haya sido sancionada con la baja de la sociedad profesional en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio por plazo de hasta dos años o baja definitiva.  
4. Cuando la sanción haya sido impuesta a un procurador colegiado en cualquier otro Colegio del territorio nacional, se recabará la colaboración esencial y obligatoria de este para la ejecución de la sanción. Análogamente procederá el Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia cuando se trate de ejecutar la sanción impuesta por otro Colegio del territorio nacional a un colegiado de este.  
  
TÍTULO VII. RÉGIMEN DE DISTINCIONES,   
TRATAMIENTOS Y SÍMBOLOS  
  
Artículo 134. La Junta de Gobierno podrá nombrar colegiados de honor a personas físicas y jurídicas que haya acreditado méritos o realizados servicios relevantes a la profesión o prestado los mismos al Colegio. Dicha distinción podrá incluso concederse a título póstumo  
La Junta de Gobierno podrá otorgar el título honorifico de decano a cualquier persona que sea merecedora de tal distinción por sus excepcionales cualidades profesionales, sociales o artísticas o por su contribución a la defensa y desarrollo de la institución de la Procura o por su colaboración o dedicación al Colegio.  
También podrá conceder otro tipo de recompensas tales como felicitaciones, menciones, propuestas de condecoraciones oficiales o cualquier otra que en el futuro se determine por la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 135. El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia tiene el tratamiento de Ilustre y su decano el de Excelentísimo/a señor/a, dicho tratamiento se ostentará con carácter vitalicio  
El decano tendrá la consideración honorifica de presidente de Sala del TSJ, llevará vuelillos en su toga, así como las medallas, distinciones correspondientes a su cargo en actos solmenes a los que asista en ejercicio del mismo o en audiencia pública.  
Todos los miembros de la Junta de Gobierno podrán usar como distintivo en los actos oficiales o solemnes la medalla creada por la RO de 26 de junio de 1913 y gozarán de las previsiones honorificas y protocolarias que establezca el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España o que se establezcan en disposiciones autonómicas.  
  
Artículo 136. Escudo  
El distintivo del Colegio que tradicionalmente viene usando, consiste en el escudo de la ciudad de Valencia formado por enseña de forma romboidal con cuatro palos de gules (color rojo) sobre campo de oro (fondo amarillo). Sobre el escudo una corona real y sobre esta un murciélago con las alas extendidas («lo rat penat»). A ambos lados sendas letras L mayúsculas también coronadas. Con la leyenda «Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia».  
El escudo no podrá modificarse sin acuerdo adoptado en Junta General.  
El Logotipo que se utiliza para las comunicaciones y para la distinción del Colegio consta de las Letras ICPV a la izquierda; en la parte superior derecha, el escudo colegial y en la parte inferior derecha la leyenda «Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia».  
En todos los documentos así como en las comunicaciones que el Colegio expida, se estampará el sello que representa el escudo del colegio o el logotipo del ICPV anteriormente indicado que ha sido registrado y patentado.  
  
TÍTULO VIII. DISPOSICIONES ADICIONALES,   
TRANSITORIAS, FINALES Y DEROGATORIA  
  
Disposición adicional primera. Se autoriza a la Junta General y a la Junta de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dictar los Reglamentos o Normas de Régimen interior para el desarrollo y aplicación de estos Estatutos.  
  
Disposición adicional segunda. Para el cómputo de los plazos previstos en el presente Estatuto se estará a las reglas fijadas en las leyes de desarrollo del art. 149 de la Constitución Española.  
  
Disposición adicional tercera. Cuando el presente Estatuto se refiera a mayorías y estas no sean cualificadas se entenderá que se trata de mayoría simple.  
  
Disposición adicional cuarta. Las referencias contenidas en el presente Estatuto a normas estatales o autonómicas se entenderán sustituidas por aquellas que las modifiquen.  
  
Disposición adicional quinta. En todo aquello no previsto en el presente Estatuto, se estará a lo dispuesto en el Estatuto del Consejo Valenciano de Procuradores, en el Estatuto del Consejo General de Procuradores de España, cuyas normas serán de aplicación con sujeción siempre a la legislación en vigor.  
  
Disposición transitoria primera. Aplazamiento de la exigencia del título profesional de Procurador de los Tribunales.  
El título profesional de Procurador de los Tribunales exigido para el ingreso en el Colegio en el presente Estatuto solo será exigible a partir de la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales de acuerdo con lo dispuesto en su disposición final tercera y con las dispensas previstas en su Disposición transitoria única.  
A quienes de acuerdo con el apartado anterior no se les exija el título profesional de Procurador de los Tribunales deberán poseer el título oficial de Procurador de los Tribunales expedido por el Ministerio de Justicia para poder solicitar el ingreso en el Colegio contemplado en el art. 8. D) del RD 1281/2002 de 5 de diciembre y cumplir además los requisitos establecidos en este Estatuto.  
  
Disposición transitoria segunda. Título de Licenciado en Derecho.  
La condición de Licenciado en Derecho recogida en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras su modificación por la Disposición final primera de la Ley 16/2006, de 26 de mayo por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea se entenderá exigible desde la entrada en vigor de esta última disposición producida el día 28 de mayo de 2006, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición final cuarta de la misma.  
De acuerdo con la Disposición transitoria segunda de dicha ley, la exigencia del título de Licenciado en Derecho no afectará a las situaciones anteriores a su entrada en vigor, no siendo de aplicación a quienes se encontrarán amparados por la misma la condición de ingreso al Colegio contenida en el art. 14 de este Estatuto.  
  
Disposición transitoria tercera. Los expedientes administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Estatuto se regirán por las normas de procedimiento vigentes en el momento de su iniciación.  
Los procedimientos sancionadores que tengan por objeto exigir responsabilidad disciplinaria por hechos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Estatutos se regirán por el régimen de sanciones que resulte más favorable al inculpado.  
  
Disposición transitoria cuarta. Los miembros de los actuales órganos del gobierno del Colegio podrán permanecer en sus cargos hasta la expiración de su mandato, no siendo de aplicación a los mismos la limitación temporal de su cargo hasta que no transcurran dos mandatos consecutivos desde su toma de posesión.  
  
Disposición final primera. Se ordena y faculta a la Junta de Gobierno, para que rectifique los errores materiales, mecanográficos y aritméticos, así como que subsane los posibles defectos de legalidad que pudieran ser alegados por los Servicios Jurídicos de la Conselleria de Justicia y Administraciones Publicas en el correspondiente visado de legalidad del presente Estatuto.  
  
Disposición final segunda. En el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Estatuto se procederá a la adecuación normativa interna del Colegio que mantendrá su vigencia en cuanto no contradiga lo dispuesto en el presente.  
  
Disposición final tercera. Los presentes Estatutos, una vez aprobados por la Junta General, serán comunicados al Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España, al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores y a la Conselleria correspondiente de la Generalitat para la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales,  
  
Disposición final cuarta. El presente Estatuto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Disposición derogatoria única. Una vez publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana los presentes Estatutos, quedará derogado el Estatuto de los Procuradores de los Tribunales de Valencia aprobado por acuerdo de Junta General de fecha 30 de septiembre de 2004, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 13 de enero de 2005, y modificado por acuerdo de Junta General de fecha 17 de noviembre de 2009, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 19.01.2010, así como cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Estatuto.»  
  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. Revisada la solicitud de modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales, estos contienen todas las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.  
Segundo. La modificación estatutaria ha sido aprobada con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios Estatutos del Colegio.  
Tercero. El expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la citada Ley 6/1997, teniendo en cuenta lo previsto por la Disposición Final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y por el Decreto 87/2017, de 7 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.  
Por todo lo anterior, visto el artículo 36 de la Constitución y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; los artículos 11, 25 y 26 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana; así como de los artículos 21 y 74 del Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de esta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, resuelvo:  
  
Inscribir la modificación total de los Estatutos del Ilustre Colegio Profesional de Procuradores de los Tribunales de Valencia en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos Profesionales de la Comunitat Valenciana.  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
València, 7 de junio de 2019.- La directora general de Justicia: Verónica López Ramón.