Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4668, del 13-01-2004 (2004/41)

Acuerdo de 30 de diciembre de 2003, del Pleno del Ayuntamiento de Sagunto, por el que se aprueba el convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, y la suspensión de licencias y PAIS en los ámbitos SUNP V y ZR-5 PINAETA.
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Número DOGV
:   4668

Fecha DOGV
:   13-01-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2004/41


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Sagunto

Tipo de documento
:   Acuerdo

Acuerdo de 30 de diciembre de 2003, del Pleno del Ayuntamiento de Sagunto, por el que se aprueba el convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, y la suspensión de licencias y PAIS en los ámbitos SUNP V y ZR-5 PINAETA. [2004/S41]
  
El pleno de la corporación municipal, en sesión ordinaria, celebrada el día 30 de diciembre de 2003, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
  
Convenio Ayuntamiento de Sagunto-Instituto Valenciano de Vivienda, SA. Expediente 47/8539 ZM.
  
Vistos los términos del convenio propuesto en el documento que tiene entrada en este ayuntamiento en fecha 31 de octubre de 2003, registro de entrada número 16.877, por la presente se informa lo siguiente:
  
1. Las actuaciones jurídicas y materiales que pretende realizar el Instituto Valenciano de Vivienda, SA., se encuentran legitimadas por las previsiones del artículo 42 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en los siguientes términos:
  
«Artículo 42. Planes y programas de ejecución directa a cargo de administraciones no municipales.
  
1. Las consellerias competentes de vivienda o industria, por sí mismas o a través de las empresas públicas de ellas dependientes, podrán elaborar y promover programas, planes parciales o de reforma interior, estudios de detalle y proyectos de urbanización de ejecución autonómica, para la promoción de suelo con destino a dotaciones públicas o a actuaciones urbanizadoras que fomenten la industrialización o la vivienda social, u otros fines públicos propios de su competencia. En este caso, su tramitación y aprobación se sujetará a las reglas establecidas por los planes especiales. En ejecución de dichos programas se tendrá como administración actuante a la de la Generalitat, quien deberá expedir cédula de urbanización previa para los programas que desarrolle y atenerse a su cumplimiento.
  
3. Iniciada la tramitación de un programa conforme a los números anteriores, se requiere la conformidad del conseller competente en urbanismo para que puedan aprobarse otros programas alternativos.
  
4. Para la ejecución de las actuaciones contempladas en este artículo será administración actuante la que elabore o promueva el programa si cuenta con la potestad expropiatoria; en otro caso lo será el municipio.»
  
La Conselleria de Territorio y Vivienda, y su ente instrumental, el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, tendrá la condición de administración actuante, correspondiéndoles la labor de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística.
  
En todo caso, la suscripción de convenio por parte del Ayuntamiento de Sagunto es toda una declaración de intenciones por parte de éste, indicativa de la voluntad de que para dichos ámbitos opere la gestión directa.
  
La actuación procedimental del Ayuntamiento consistirá en la emisión del preceptivo informe durante el o los períodos de información pública de los citados instrumentos.
  
2. En ese sentido, es preciso indicar que se considera necesario dar una especial trascendencia a dicho informe municipal, en lo que se refiere a la fijación de las condiciones de ordenación así como las condiciones objetivas de urbanización, que se entiende que deberán ser en unos parámetros de calidad razonables e idénticos a los exigidos por este ayuntamiento en otras actuaciones.
  
En ese sentido, y en lo que se refiere a las obras de urbanización, el Ayuntamiento, finalizada la actuación, pasará a ser titular de dichas infraestructuras, correspondiéndole la conservación y mantenimiento de las mismas, lo que determina la necesidad indicada de que reúna unos mínimos parámetros de calidad y de funcionalidad.
  
En consecuencia, será preciso que en el convenio figure que el carácter concertado no se refiera únicamente a la ordenación del ámbito ZR-5 Pinaeta sino también a las condiciones de ordenación del SUNP V y a las de urbanización de ambas, debiéndose seguir las indicaciones que se señalen en el informe municipal.
  
3. En la indicación del ámbito de actuación, será preciso tener en cuenta:
  
A) Respecto del ámbito del SUNP V.
  
La propuesta de convenio ha recogido las superficies indicadas en el artículo 224 del Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto, si bien es preciso indicar que una cosa es la superficie de ordenación, que efectivamente es de 124.000 metros cuadrados, y otra cosa es la superficie del área de reparto, que necesariamente deberá incluir 24.800 metros cuadrados más, a ubicar en el macrosector VII. Todo ello en los términos del artículo 224 del Plan General de Ordenación Urbana, antes citado.
  
En ese sentido, el Ayuntamiento indicará de forma motivada el emplazamiento concreto de los 24.800 metros cuadrados en el macrosector VII cuyos propietarios tendrán sus derechos de adjudicación en parcelas edificables dentro del SUNP V.
  
B) Respecto del ámbito ZR 5 Pinaeta.
  
En todo caso, habrá que estar a los parámetros y superficies a las que hacen referencia los acuerdos de modificación del ámbito, recogidos en el expediente municipal 34/01 PL.
  
Extremo que en principio así aparece, dado que la superfície indicada, de 41.603 metros cuadrados, coincide.
  
4. La propuesta de convenio exige como obligación del Ayuntamiento que proceda a adoptar acuerdo de suspensión de licencias y PAIS en los ámbitos objeto del mismo.
  
Cuestión que este ayuntamiento está capacitado para realizar en los términos del artículo 57 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y 152 del RPCV 98, en los siguientes términos:
  
Señala el artículo 57 de la Ley 6/1994, lo siguiente:
  
Artículo 57. Suspensión de licencias y de acuerdos de programación.
  
1. Rige en la Comunidad Valenciana el contenido de los artículos 101 a 103 del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, aunque ?a tenor de su disposición final- prevalece la aplicación de las siguientes reglas específicas:
  
A) Los acuerdos de suspensión de licencias, para surtir su efecto, bastará que sean publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
B) La resolución por la que se convoca el período de información pública de los planes surtirá el efecto suspensivo de licencias que la ley estatal asocia a la aprobación inicial de ellos, sin que sea preciso ni exigible que dicha resolución señale expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
  
C) Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados del coste oficial de los proyectos y a la devolución de los tributos y cargas satisfechas a causa de la solicitud, siempre que ésta fuera conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento en que fue efectuada y resultara denegada por incompatibilidad con el nuevo planeamiento. Sólo en caso de existencia de cédula de garantía urbanística u orden de ejecución procederá, además, la indemnización de los demás perjuicios irrogados por el cambio de planeamiento.
  
2. La suspensión de licencias implicará, también, la de acuerdos aprobatorios de nuevos programas en la zona afectada. Los programas ya aprobados y aún vigentes, antes de la suspensión de las licencias, no se verán afectados por ésta, salvo que, al acordarla, así se haga constar expresamente, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.
  
El Reglamento de planeamiento de la Comunidad Valenciana de 1998, establece al respecto lo siguiente:
  
Artículo 152. Suspensión del otorgamiento de licencias.
  
1. Los órganos administrativos competentes para someter a información pública planes y programas, aun antes de convocar ésta, podrán acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición para áreas o usos determinados, con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística.
  
2. El acuerdo de la administración por el que se somete a información pública un plan o programa determinará, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del proyecto de planeamiento expuesto al público cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, sin que sea preciso ni exigible que dicha resolución señale expresamente las áreas afectadas por la suspensión.
  
3. La suspensión a que se refiere el número 1, se extinguirá, en todo caso, en el plazo de un año. Si se hubiera producido dentro de ese plazo la convocatoria de la información pública, la suspensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas determinaciones de planeamiento supongan modificación de la ordenación urbanística y sus efectos se extinguirán definitivamente transcurridos dos años desde el acuerdo de suspensión adoptado para facilitar el estudio de planeamiento o su reforma. Si la convocatoria de información pública se produce una vez transcurrido el plazo del año, la suspensión derivada de esta convocatoria de información pública tendrá también la duración máxima de un año.
  
4. Si con anterioridad al acuerdo de convocatoria de información pública no se hubiese suspendido el otorgamiento de licencias conforme a lo dispuesto en el número 1 de este artículo, la suspensión determinada por dicha convocatoria de información pública tendrá una duración máxima de dos años.
  
5. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la aprobación definitiva del planeamiento.
  
6. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución de los tributos y cargas satisfechas a causa de la solicitud, siempre que ésta fuera conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento en que fue efectuada y resultara denegada por incompatibilidad con el nuevo planeamiento. Sólo en los casos previstos en las leyes procederá, además, la indemnización por los perjuicios irrogados por la alteración de planeamiento.
  
7. Extinguidos los efectos de la suspensión en cualquiera de los supuestos previstos, no podrán acordarse nuevas suspensiones en el plazo de cinco años, por idéntica finalidad y sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.
  
Artículo 154. Suspensión de acuerdos aprobatorios de programas.
  
La suspensión de licencias implicará, también, la de los acuerdos aprobatorios de nuevos programas en la zona afectada. Los programas ya aprobados y aún vigentes, antes de la suspensión de las licencias, no se verán afectados por ésta, salvo que, al acordarla, así se haga constar expresamente, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.
  
Ello supone la adopción de un acuerdo municipal de suspensión en los términos indicados, así como a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo de 15 días desde su adopción. Su eficacia queda subordinada a la efectiva suscripción del convenio por ambas partes.
  
Conviene precisar en relación con este aspecto lo siguiente:
  
En fecha 3 de diciembre de 2003 se ha presentado por una agrupación de interés urbanístico la documentación de un PAI correspondiente al sector SUNP V, a los efectos de iniciar la información pública del mismo, en los términos del artículo 48.1.a) de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
En fecha 15 de diciembre de 2003, se ha completado la misma, presentado documentos de homologación del ámbito.
  
En fecha 17 de diciembre de 2003, se ha presentado anuncio en diario de tirada provincial.
  
Los promotores del PAI son conocedores de la voluntad del Ayuntamiento de suscribir un convenio entre el Ayuntamiento de Sagunto y el Instituto Valenciano de Vivienda, SA.
  
Está pendiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a los efectos de que la AIU inicie formalmente la información pública.
  
En ese sentido se señala que es objeto de otro expediente, el 51/03 PL, el PAI que se pretende tramitar.
  
Dado que la eficacia del acuerdo de suspensión se supedita a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, será preciso esperar a la misma para concretar los efectos de la suspensión sobre dicha solicitud y, en concreto, si formalmente y de forma correcta se ha presentado la documentación que permita entender cuál es previa, si la apertura de la información pública del PAI o el acuerdo de suspensión.
  
Si la del PAI es previa, en ese caso se procederá en los términos del artículo 57.1.c) de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Si por el contrario, la del PAI es posterior, en ese caso se procederá su inadmisión, por verse afectado por un acuerdo de suspensión dels PAIS en ese ámbito.
  
Extremo que, como se ha indicado, se concluirá de la instrucción del expediente 51/03 PL, y que no es este el momento de evaluar.
  
5. Respecto de las obligaciones a asumir por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA.
  
A propuesta del concejal delegado, se realizan las siguientes precisiones.
  
La retribución que perciba el Instituto Valenciano de Vivienda, SA. en terrenos, como pago de la obra urbanizadora, deberá ser destinada a la construcción de viviendas protegidas, por medio de la venta de los mismos a terceros, en las condiciones indicadas en el convenio.
  
Los terrenos que correspondan a la cesión de aprovechamiento a favor de la administración actuante, se podrán destinar a la construcción de viviendas protegidas, a construir directamente por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, o por medio de la venta a terceros, en iguales condiciones que en el caso anterior.
  
La fijación de un grado de cobertura mayor, aumentando el abanico de los destinatarios de la vivienda, exigirá el previo consenso expreso entre Ayuntamiento e Instituto Valenciano de Vivienda, SA.
  
6. Competencia para su adopción.
  
Vistos el objeto del mismo, y en concreto, la circunstancia de que supone el compromiso de adopción de un acuerdo de suspensión de licencias, se entiende que es una competencia que corresponde al Pleno.
  
7. A la vista de lo expuesto se concluye:
  
1. Que los términos del convenio propuesto son legales.
  
2. Que en todo caso es preciso que se añadan los siguientes condicionantes:
  
A) La necesidad de consensuar por parte de ambas administraciones las soluciones de ordenación y urbanización de los ámbitos, extremo que este ayuntamiento indicará por medio del oportuno informe.
  
B) Los ámbitos a tener en cuenta como áreas de reparto, en todo caso serán los identificados en la parte expositiva número 3 del presente acuerdo.
  
C) La retribución que perciba el Instituto Valenciano de Vivienda, SA en terrenos, como pago de la obra urbanizadora, deberá ser destinada a la construcción de viviendas protegidas, por medio de la venta de los mismos a terceros, en las condiciones indicadas en el convenio.
  
Los terrenos que correspondan a la cesión de aprovechamiento a favor de la administración actuante, se podrán destinar a la construcción de viviendas protegidas, a construir directamente por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, o por medio de la venta a terceros, en iguales condiciones que en el caso anterior.
  
La fijación de un grado de cobertura mayor, aumentando el abanico de los destinatarios de la vivienda, exigirá el previo consenso expreso entre Ayuntamiento e Instituto Valenciano de Vivienda, SA.
  
En consecuencia y de conformidad con el informe de la sección de urbanismo, el Pleno de la corporación acuerda:
  
Primero. La aprobación del convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, en los términos indicados en el documento presentado ante este ayuntamiento en fecha 31 de octubre de 2003, registro de entrada número 16.877, con los condicionantes indicados en la parte expositiva, punto 7.
  
Segundo. Habilitar a la alcaldesa para la suscripción del citado convenio.
  
Tercero. Acordar la suspensión de licencias y PAIS en los ámbitos SUNP V y ZR-5 Pinaeta.
  
Dicho acuerdo de suspensión deberá ser remitido para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo de 15 días desde la adopción del presente acuerdo, subordinándose a la efectiva firma del mismo por ambas partes.
  
Este acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pone fin a la vía administrativa.
  
Contra el mismo podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición o impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa.
  
En el supuesto de que opte por la interposición del recurso de reposición, lo hará ante el órgano municipal que dictó el acto y en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del mismo, debiendo tener en cuenta que su interposición impedirá, hasta su resolución expresa o desestimación presunta, la utilización de la vía contencioso administrativa.
  
El recurso deberá resolverse y notificarse en el plazo de un mes, entendiéndose desestimado, y quedando expedita la vía contencioso administrativa en caso contrario.
  
En el supuesto de que decida interponer recurso contencioso administrativo directamente, lo hará, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en el Palacio de Justicia de la ciudad de Valencia, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acuerdo.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción o recurso que estime conveniente en defensa de sus derechos.
  
Lo que se traslada a los efectos oportunos y a reserva de lo que resulte de la aprobación del acta correspondiente.