Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3502, del 25-05-1999 (1999/4749)

DECRETO 73/1999, de 17 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se actualizan los módulos y bases de compensación económica contenidos en el Decreto 299/1997, de 9 de diciembre, y en el Decreto 23/1998, de 2 de marzo.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/1999/05/17/73/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   3502

Fecha DOGV
:   25-05-1999

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   1999/4749


Fecha del documento
:   17-05-1999

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Decreto

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * asistencia judicial
    * salario
    * profesión jurídica
    * legislación

DECRETO 73/1999, de 17 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se actualizan los módulos y bases de compensación económica contenidos en el Decreto 299/1997, de 9 de diciembre, y en el Decreto 23/1998, de 2 de marzo. [1999/M4749]
  
I. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, el Gobierno Valenciano aprobó el Decreto 299/1997, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica Gratuita (DOGV nº 3.142, de 15 de diciembre).
  
Esta norma fue dictada en el ejercicio de las competencias que, en virtud de lo establecido por el Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, fueron transferidas a la Generalitat Valenciana en materia de justicia; entre ellas, «la indemnización, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la defensa por abogado y representación por procurador de los tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en la Comunidad Valenciana y a la asistencia letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia esté situado en el territorio de la Comunidad Autónoma».
  
II. En el anexo II del referido Decreto 299/1997, modificado por el Decreto 23/1998, de 2 de marzo, fueron establecidos los módulos y bases de compensación según los cuales ha de retribuirse la actuación de profesional de abogados y procuradores que prestan servicios de asistencia jurídica gratuita en la Comunidad Valenciana.
  
También el Decreto 299/1997, en su artículo 33.2, establece que «en función de las dotaciones presupuestarias, los módulos y bases serán actualizados».
  
III. El presupuesto consignado para subvencionar a los colegios de abogados y de procuradores de la Comunidad Valenciana por la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita (capítulo 4 del programa 141.10, servicio 03, sección 16, de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 1999) ha sido aumentado por la Ley de Presupuestos para el año 1999, al objeto de obtener la consiguiente actualización económica del precio social de las actuaciones profesionales en favor de los ciudadanos más desasistidos de medios de subsistencia, y para asimismo dignificar tales retribuciones a abogados y procuradores.
  
Por otra parte, a lo largo de los años 1997 y 1998, se ha venido consolidando una tendencia a la baja en las cantidades liquidadas por los colegios de abogados y procuradores de la Comunidad Valenciana, lo que ha permitido que una partida presupuestaria tradicionalmente deficitaria, en el ejercicio 1998, por primera vez, ha resultado suficiente para terminar el año, habiendo abonando la totalidad de las liquidaciones presentadas.
  
IV. La aprobación de nuevas normas procesales, y la experiencia adquirida tras la implantación del baremo regulado en el Decreto 299/1997, aconsejan igualmente la revisión del baremo, incluyendo nuevos epígrafes.
  
Debe destacarse en este punto la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece que, para las actuaciones ante órganos colegiados, se deberá conferir la representación a un procurador; que reparte competencias entre la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y los juzgados de lo contencioso administrativo; que distingue entre procedimiento ordinario y abreviado; y que prevé la apelación de resoluciones dictadas en primera instancia. Con todo ello surgen nuevos procedimientos y trámites, que deben ser recogidos en el baremo.
  
Del mismo modo es conveniente incluir en el baremo una categoría que permita la retribución de aquellos asuntos en los que, conforme a lo establecido por las correspondientes normas procesales, no es preceptiva la intervención de profesionales; pero en los que el juzgado conocedor del asunto requiere expresamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.3 de la citada Ley 1/1996, mediante auto motivado y para garantizar la igualdad de las partes en el proceso, la designación de profesionales.
  
Con la inclusión de esta nueva categoría se pretende facilitar el acceso a un proceso, con las debidas garantías, de todas aquellas personas que son víctimas en supuestos de violencia doméstica o agresión sexual; supuestos en los que, por no ser preceptiva la intervención de letrado o procurador, como ocurre en el juicio de faltas, o en los que, por no ser preceptiva la personación de la víctima como acusación particular, como ocurre en procedimientos penales seguidos como consecuencia de violencia doméstica o de agresión sexual, podría privarse a ciudadanos doblemente desfavorecidos de la defensa y representación por profesionales del Derecho.
  
Por ello, con esta previsión no sólo se quiere fijar la cuantía de la retribución que deben percibir letrados y procuradores que, conforme a lo previsto por la ley y según criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, son designados tras requerimiento judicial, para asuntos en los que no es preceptiva su intervención; ya que con ello también se pretende facilitar el acceso de ciudadanos desfavorecidos, por su situación económica y por su condición de víctima, a un proceso con garantías.
  
Finalmente, también debe incluirse una nueva categoría que permita la correcta retribución de aquellas designaciones que, como consecuencia de la aplicación del artículo 31 de la Ley 1/1996, sobrevienen en fase de ejecución de sentencia; supuestos en los que, transcurridos más de dos años desde que fue dictada la sentencia, los profesionales que en su día llevaron el procedimiento no están obligados a hacerse cargo de la ejecución, por lo que procede una nueva designación.
  
V. Por el Decreto 4/1997, de 26 de febrero, del presidente de la Generalitat Valenciana, por el que se asignaron competencias a la presidencia y a las consellerias, y por el Decreto 37/1997, de 26 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social, ha sido atribuida a la Conselleria de Bienestar Social la gestión de las competencias en materia de justicia.
  
Por todo ello, conforme con el Consejo Jurídico Consultivo, y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 17 de mayo de 1999, a propuesta de la consellera de Bienestar Social y en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 35. c), 38 y 40 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano,
  
DISPONGO
  
Artículo único
  
Se modifica el anexo II del Decreto 299/1997, de 9 de diciembre, del Gobierno Valenciano, de Asistencia Jurídica Gratuita, quedando redactado del siguiente modo:
  
Disposición final
  
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, siendo aplicable a las designaciones de abogado y procurador efectuadas a partir del 1 de abril de 1999.
  
Valencia, 17 de mayo de 1999
  
El presidente de la Generalitat Valenciana,
  
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
  
La consellera de Bienestar Social,


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