Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2740, del 03-05-1996 (1996/838099)

ACUERDO de 16 de abril de 1996, del Gobierno Valenciano, por el que se deniega la declaración de interés comunitario promovida para la instalación en suelo no urbanizable de una planta de reciclaje y compostaje de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Serra.
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Número DOGV
:   2740

Fecha DOGV
:   03-05-1996

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1996/838099


Fecha del documento
:   16-04-1996

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 16 de abril de 1996, del Gobierno Valenciano, por el que se deniega la declaración de interés comunitario promovida para la instalación en suelo no urbanizable de una planta de reciclaje y compostaje de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Serra.   
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 16 de abril de 1996, adoptó el siguiente acuerdo:  
Antecedentes de hecho  
1. El 28 de noviembre de 1994 tuvo entrada en la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia la solicitud formulada por don Wenceslao José Navarro Doménech, en nombre y representación de Sovalder, SL, de la Declaración de Interés Comunitario de una actuación integral, consistente en la construcción de una planta para el reciclaje y compostaje de residuos sólidos urbanos, en suelo no urbanizable, en varias parcelas de los Polígonos 38 y 16 de la partida de Algepsars, del término municipal de Serra, y el 11 de noviembre de 1994, el Ayuntamiento de Serra presentó informe favorable a la declaración de interés comunitario. El 15 de diciembre de 1994 se dio audiencia a los ayuntamientos de la zona. En la misma fecha se solicitó un informe sectorial a la Diputación Provincial de Valencia, Servicio de Vías y Obras; a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Oficina del Plan de Carreteras y Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial; y a las Consellerias de Economía y Hacienda, de Industria y Comercio y de Agricultura y Medio Ambiente. El 2 de marzo de 1995, la Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo acordó informar favorablemente la admisión a trámite del expediente y el 17 de marzo de 1995 el Director General de Urbanismo y Ordenación Territorial resuelve admitir a trámite la solicitud presentada, sometiéndola al trámite de información pública por el plazo de un mes, simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento. A este respecto, se publicaron sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 77, de 31 de marzo de 1995, y en el periódico Levante de 4 de abril de 1995, anuncios que así mismo servían para someter a información pública la necesaria declaración de impacto ambiental. Se presentó una alegación y una alternativa técnica al expediente en cuestión.  
2. La alternativa a que se refiere el apartado anterior fue presentada por Fomento de Construcciones y Contratas, SA, el 4 de mayo de 1994, en la que se asumen todas las propuestas realizadas por la alternativa originaria y además se proponen tres mejoras técnicas. Alternativa que fue admitida a trámite, previo acuerdo de informe favorable de la Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de 16 de mayo de 1995, mediante resolución del director general de Urbanismo y Ordenación Territorial de 22 de mayo de 1995.  
Posteriormente, el 16 de junio de 1995, en acto público, se procedió a la apertura de plicas y proposiciones para la adjudicación de la declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio. En cada una de las plicas se pone de manifiesto la existencia de un compromiso entre las partes licitantes, de constitución de una Unión Temporal de Empresas, siendo su oferta concreta la ya obrante en el expediente.  
3. El proyecto consta de memoria básica, memoria técnica, memoria justificativa, estudio económico-financiero, planos de información y planos de ordenación. Además, el proyecto se acompaÑa de estudio de impacto ambiental.  
4. Constituye el objeto del expediente la ordenación, definición y atribución del uso y aprovechamiento urbanístico del proyecto para la implantación de una planta para el reciclaje y compostaje de residuos sólidos urbanos a través de una serie de máquinas y tratamientos de clasificación de la basura, consiguiendo la recuperación de todos los productos que la componen y el tratamiento de la materia orgánica. La planta dará solución al tratamiento de los residuos de los municipios ubicados en el ámbito de L'Horta Nord y parte de El Camp de Túria.  
En líneas generales, la instalación se compone de báscula, playa de recepción, playa de fermentación, planta de compostaje, planta de afino, oficinas y aseos. Dichas instalaciones se concentran en una parcela de 61 x 62 m, rodeada en todo su perímetro por viales de circulación rodada, con una edificabilidad de 10.533 m2 de techo, que se concretan en 2.093 m2 nave de reciclaje, 2.093 m2 nave de compostaje, 2.093 m2 nave de almacenamiento, 300 m2 oficinas y servicios, 9 m2 entrada, 1.500 m2 campa cubierta y 15 m2 transformador. El resto de la parcela se destina, prácticamente en su totalidad, al vaso de vertido de los residuos. La actuación afecta a una superficie total de 98.232 m2, que se concreta en 20.518 m2 de plataforma de instalación industrial, 70.549 m2 de restauración/recuperación del vaso y 7.165 m2 de restitución de cauce, camino, contenciones, etc.  
Se sitúa sobre unos terrenos clasificados por las normas subsidiarias vigentes, aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo el 27 de septiembre de 1990, como suelo no urbanizable común, excepto una porción que afecta a suelo no urbanizable protegido.  
5. El Servicio de Explotación de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Valencia emite un informe favorable, aunque previamente a la implantación de la instalación deberá presentarse en dicho Servicio la remodelación del acceso, de forma que se pueda acceder en condiciones a dicha instalación.  
La División de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes emitió un informe desfavorable al no adjuntarse en la documentación inicialmente presentada los planos de localización de las instalaciones. Dichos planos han sido aportados posteriormente en la documentación complementaria presentada.  
La Declaración de Impacto Ambiental, emitida el 19 octubre de 1995, es favorable, aunque sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones.  
6. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión del día 27 de septiembre de 1995, analizó el expediente, emitiendo un informe favorable y acordando que, una vez se recibiera la declaración de impacto ambiental, se continuara la tramitación del expediente.  
7. Con posterioridad a dicho acuerdo, el 15 de diciembre de 1995, la Cartuja de Portacoeli presentó escrito de alegaciones en el que ponía de manifiesto que, siendo propietaria de terrenos afectados por la actuación, no había sido notificada personalmente del trámite de información pública del expediente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley 4/1992. Asimismo, el 20 de diciembre de 1995, la propia Cartuja de Portacoeli solicita la derivación de la adjudicación del expediente en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992 alegando ser propietaria de más del 60% de los terrenos afectados por la actuación. Esto último no ha quedado acreditado.   
Hay que seÑalar que la petición de la Cartuja de Portacoeli se produce sin que todavía hubiera recaído resolución definitiva en el expediente por parte del Gobierno Valenciano.   
8. La falta de notificación a los propietarios afectados constituía un vicio procedimental relevante, habida cuenta que el artículo 20 de la Ley del Suelo No Urbanizable exige el cumplimiento de las condiciones de tramitación prescritas para los planes de iniciativa particular por el artículo 53 y concordantes de la Ley del Suelo de 1976 -artículo 139.3 del Reglamento de Planeamiento- entre las que destaca la notificación nominal a los propietarios afectados del inicio del período de información pública. Por ello, se acuerda la retrotracción de actuaciones y la apertura de un período de audiencia subsanatorio de las deficiencias detectadas en la tramitación de la información pública.   
9. Durante el período de audiencia del expediente, a raíz de la mayor difusión social de las actuaciones, ocasionada por la notoria relevancia pública que suscitó el incidente de derivación, se presentan hasta 11 escritos de alegaciones al expediente en cuestión, todos ellos oponiéndose a la implantación del uso propuesto. Entre dichos escritos destaca el del Ayuntamiento de Náquera. Los principales motivos de oposición pueden resumirse en éstos:  
- La actuación puede afectar a la población, tanto residente, como transeúnte, turística, excursionista y, por ende, a la economía de la comarca.  
- Existencia en las proximidades, aproximadamente un kilómetro, del Hospital Dr. Moliner, de enfermos terminales con afecciones pulmonares.  
- El inicio de aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra Calderona (PORN).  
- La existencia de la Cartuja de Portacoeli, con la importancia que la misma tiene en cuanto centro cultural y arquitectónico de la zona.  
- La afectación que la actuación puede tener sobre el monte de Portacoeli, habida cuenta de sus valores ecológicos y de su carácter de zona de esparcimiento y recreativa.  
- La presencia de zonas residenciales a menos de un kilómetro de la actuación.  
10. A la vista del contenido de todas esas alegaciones y la oposición social que empieza a suscitar el proyecto, el director General de Urbanismo y Ordenación Territorial requiere un informe del Servicio de Ordenación del Territorio de dicha Dirección General respecto al contenido de ellas.   
El 22 de marzo de 1996, el Servicio de Ordenación del Territorio emite un informe desfavorable al desarrollo del proyecto, por motivos de incidencia territorial de la actuación, de la vertebración comunitaria y de la estructura urbanístico-territorial, así como de su impacto en el medio físico, la no idoneidad de su localización y su inconveniencia e inoportunidad.  
Fundamentos de derecho  
I. La tramitación es correcta de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable. Pese a haberse cometido un vicio procedimental en el primer período de información pública, como es la falta de notificación de su apertura a propietarios de una parte significativa del terreno, éste ha quedado subsanado con el período de audiencia complementario, el cual ha sido aprovechado legítimamente por terceras personas para deducir nuevas alegaciones. La documentación está completa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83 y 105 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, así como los artículos 57 y 64 del Reglamento de Planeamiento. Estas disposiciones son las que resultan de aplicación por considerar que dichos artículos son los equivalentes a los artículos 13 y 53 de la Ley del Suelo de 1976, a los que remite el artículo 20.2 de la Ley del Suelo No Urbanizable.  
II. La actuación cuyo interés comunitario se solicita que se declare, dadas sus características, se plantea por los promotores como una actuación integral en sí misma considerada, de modo que su ordenación y aprovechamiento urbanístico debe resolverse en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, por tratarse de una actividad industrial que requiere la ocupación de una superficie mayor a cuatro hectáreas. Por lo que sólo puede autorizarse su implantación en el suelo no urbanizable como actuación integral a través del procedimiento extraordinario de declaración de interés comunitario.  
III. La resolución del expediente debe tener en cuenta la valoración de las circunstancias que concurren en la actuación solicitada. Valoración que ha de efectuarse en dos planos. Primero, la comprobación reglada de que se cumplen las condiciones legales genéricas e insoslayables explícitamente estipuladas en la Ley. Segundo, la apreciación específica en el proyecto y emplazamiento propuesto de elementos de mejora de la ordenación del territorio comunitario y de su actividad productiva que lo hacen merecedor de su declaración como uso del suelo de interés comunitario. Dicha resolución, por tanto, en ningún caso tiene un carácter íntegramente reglado.   
Esto significa, ante todo, que no existe un derecho preexistente de los promotores a realizar la construcción y actividad que proponen, sino que tal derecho, en su caso, se originaría y derivaría de la propia declaración de interés comunitario. Pero, además y sobre todo, ello implica que al Gobierno Valenciano no le es dado declarar el interés comunitario por comprobación del mero cumplimiento, en la solicitud, de las condiciones legales genéricas expresadas en la Ley, sino que, además de cumplir inexcusablemente esas condiciones, ha de apreciarse la concurrencia en el proyecto de específicas características -desde el punto de vista de la ordenación territorial- que lo hagan merecedor de la declaración de interés comunitario.   
La vigente Ley 4/1992 parte de la premisa de que el destino primordial del suelo clasificado de no urbanizable es no ser urbanizado, ni edificado. El legislador, no obstante, ha dotado a la administración de la Generalitat Valenciana con atribuciones excepcionales para poder atribuir usos y aprovechamientos -productivos o terciarios- a este suelo, al margen de las previsiones explícitas en el planeamiento municipal. Pero para evitar que estos poderes de excepción se conviertan en un modo de desvirtuar todo el sistema de planificación urbanística, su ejercicio ha quedado legalmente limitado por dos vías. La primera es la estipulación en la propia ley de condiciones jurídicas inexcusables, susceptibles de verificación indubitable, que debe cumplir la iniciativa para ser declarada de interés comunitario. Pero eso no basta, si bastara sería superflua la declaración de interés comunitario, que hubiera podido subsumirse en la licencia urbanística ordinaria, y el concepto de suelo no urbanizable quedaría en cuestión si se pudiera construir con esas simples condiciones, que son las propias del suelo urbano.  
La Ley ha limitado los poderes de la administración de la Generalitat Valenciana con otra exigencia adicional, a saber, la declaración de interés comunitario requiere que la administración aprecie motivadamente en la iniciativa que se somete a su examen la concurrencia específica de factores que permitan valorarla como una mejora en la ordenación del territorio que, atendiendo a la idoneidad de su concreta localización, redunde positiva y relevantemente en el bienestar comunitario.   
La administración, en este caso el Gobierno Valenciano, para poder atribuir, por interés comunitario, al suelo no urbanizable, usos y aprovechamientos no previstos en el planeamiento general vigente, no le basta, por tanto, con verificar mecánicamente el cumplimiento de las limitaciones legales que siempre son de obligada observancia.   
En este sentido, se trata de un acto administrativo de los previstos en el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que requiere motivación expresa aun cuando sea favorable a las pretensiones del solicitante interesado y motivación que, para ser suficiente, no puede limitarse a consideraciones abstractas o ceÑidas a la simple apreciación del cumplimiento de condiciones legales.   
Centrada así la cuestión, se trata pues de apreciar, en el presente caso, si concurren o no las circunstancias que permiten demostrar y declarar el interés comunitario de la solicitud presentada.  
IV. Centrándose en la propia actuación y la necesidad de su emplazamiento en el suelo no urbanizable, hay que decir que la cuestión que se debe dilucidar es si verdaderamente es preciso o necesario que una actuación de este tipo se enclave en suelo no urbanizable por no poder emplazarse en suelo urbano o urbanizable con calificación apta para ello. Al respecto hay que seÑalar que si bien es cierto que el vaso de vertido, por sus dimensiones, más de 70.000 m2, difícilmente puede emplazarse en estos suelos, no puede decirse lo mismo respecto de la planta de tratamiento, cuyas dimensiones de unos 25.000 m2 aproximadamente no determinan su imposible emplazamiento en suelo urbanizable. En este sentido se ha manifestado también el Tribunal Supremo al seÑalar que el tamaÑo de la edificación no determina su necesaria instalación en suelo no urbanizable, en tal sentido la Sentencia de 21 de junio de 1993.  
« ... sus instalaciones requieren una superficie de 40.000 m., por lo que es lógico pensar que su ubicación como punto de partida resulte más fácil en suelo no urbanizable que en suelo ya zonificado como industrial. Sin embargo ello no implica la necesidad de emplazarse en medio rural ... »  
De acuerdo con ello, si se tiene en cuenta, además, que la planta no tiene el porqué de formar una unidad indisoluble con el vaso vertedero, se puede concluir que la cuestión, desde este punto de vista genérico, es dudosa, siendo preciso descender al análisis concreto del emplazamiento propuesto.   
V. El emplazamiento propuesto para dicha instalación ha sido fundamentado por los solicitantes, aduciendo esencialmente dos razones. Se concretan en que:   
1.º Los municipios que actualmente reciben servicio de recogida por parte de las empresas promotoras se localizan principalmente en la subcomarca de L'Horta Nord, cuyo ámbito territorial apenas dispone de suelo con las características geológicas adecuadas para soportar un sistema de tratamiento como el propuesto.  
2.º El emplazamiento propuesto ha sido utilizado como vertedero incontrolado de residuos sólidos urbanos desde principios de los aÑos setenta hasta la fecha, generando un grave problema de seguridad y salubridad pública.  
La primera razón, relativa a la proximidad de la zona a que se da servicio y a la calidad de los terrenos para albergar la actuación, ha sido puesta en duda por el informe del Servicio de Ordenación Territorial de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial, puesto que en el entorno metropolitano de Valencia es evidente que existen mejores ubicaciones, tanto desde el punto de vista de la vertebración, como de la estructura territorial y el impacto.   
La segunda razón no es enteramente concluyente, puesto que la existencia de un antiguo vertedero en el emplazamiento puede ser controlada y paliada mediante medios tendentes a la regeneración de la zona, que no impliquen una actuación tan fuerte como la prevista. Es obvio que la mera existencia de una situación fáctica, si ésta es contraria a ley y al interés público, no justifica, sin más, su consagración legal.   
VI. Por el contrario, las alegaciones recientemente presentadas durante el período de audiencia subsanatorio de la insuficiencia inicial de la información pública, oponen diversas razones contra la declaración de interés comunitario de la actuación. Se pueden concretar en:  
1.º La existencia de un importante enclave ecológico en el ámbito escogido, conformado genéricamente por la Sierra Calderona y en particular por el monte de Portacoeli.  
2.º El hecho de que dicho enclave es zona de general uso de la población del entorno metropolitano de Valencia como lugar de expansión y sede de numerosas actividades turísticas y recreativas que se verían seriamente enturbiadas por las consecuencias, directas e indirectas, de la implantación solicitada.  
3.º También la existencia en las proximidades de un importante hito histórico-artístico-cultural, determinado por la Cartuja de Portacoeli, y no sólo en cuanto al edificio en sí mismo considerado sino en cuanto al entorno del mismo.  
4.º La presencia en las inmediaciones de un centro hospitalario, el Hospital Dr. Moliner, a menos de un kilómetro del emplazamiento escogido y muy próximo a las vías de acceso al mismo, con la incidencia que sobre el hospital podría tener el tránsito de camiones que la actuación pretendida supone, llegando a una media de 120 movimientos de entrada y salida diarios, concentrados en una franja horaria de seis horas.  
5.º La existencia de zonas residenciales en los alrededores, y una posible merma en la calidad de vida que respecto de las mismas puede entraÑar la actuación.   
VII. Las previsiones del planeamiento municipal de Serra, normas subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 27 de septiembre de 1990, son un factor indiciario muy relevante que también debe ser ponderado al dar una respuesta a la cuestión objeto del expediente. La actuación se sitúa en unos terrenos ubicados en el límite entre el suelo no urbanizable común y el no urbanizable protegido, de tal manera que se ven afectados tres categorías de suelos dentro del no urbanizable, el especialmente protegido, la banda de transición entre éste y el común y el propiamente común. De acuerdo con ello en las normas se prohíbe en el primero los vertidos, los movimientos de terrenos y la actividad edificatoria. En la denominada banda de transición, se prohíbe cualquier tipo de construcción. Y, únicamente en la parte de suelo no urbanizable común sería posible, en su caso, la realización de actuaciones edificatorias. Por lo tanto, considerando la actuación en su conjunto como un todo integrado, ha de colegirse que la propuesta es más bien contradictoria con las previsiones del planeamiento municipal vigente y con los criterios que fundaron su redacción y aprobación.  
VIII. El informe emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial, por su parte, aborda la cuestión partiendo de la distinción de diferentes aspectos objeto de análisis:  
a) La vertebración territorial: vista desde esta perspectiva, el informe se pronuncia negativamente, pues la Sierra Calderona forma parte del Sistema Valenciano de Espacios de Interés, conforme al Avance aprobado del Plan de Desarrollo Urbanístico.  
b) La estructura territorial: en este aspecto, la actuación se considera también negativamente, al afectar a diversos núcleos de población situados a menos de dos kilómetros, a un sanatorio y a un pequeÑo núcleo residencial a un kilómetro escaso de la ubicación de aquella. También se considera la posible afección negativa respecto de la CV-328 por el tráfico pesado que debería soportar, no siendo adecuada esta vía para el mismo.  
c) El impacto sobre el medio físico: se califica de crítico, sobre la base de la no justificación de la actuación y el evidente impacto paisajístico que supone, difícilmente asumible en el contexto de un espacio natural de interés.  
d) La idoneidad de la localización: según el informe no parece demostrada, considerando que existen mejores ubicaciones, tanto desde el punto de vista de la vertebración, como de la estructura territorial y el impacto.  
e) Inoportunidad e inconveniencia: inoportunidad porque está en proceso de tramitación el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra Calderona (PORN), por lo que sería conveniente, a fin de asegurar los efectos que en el mismo se establezcan, adoptar, como medida cautelar, la no autorización de actuación alguna hasta tanto no se produzca su aprobación, determinando cuales de éstas se ajustan o no a sus previsiones. Inconveniencia porque, desde un punto de vista de la utilización colectiva del territorio, este área constituye un espacio libre del área metropolitana y su entorno.  
IX. En relación con el último aspecto del apartado anterior, sería conveniente profundizar un poco más en la figura del PORN. Este Plan distingue dos zonas, dentro de su ámbito, la zona de protección, que será objeto de declaración de parque natural, y la zona de influencia, que actuará como colchón protector de la primera respecto del resto de terreno que le rodea. La ubicación escogida por los promotores del expediente para su implantación está precisamente en la zona de protección de Plan, es decir, la zona sujeta a unas mayores limitaciones de uso, entre las que por supuesto no cabe la realización de actividad industrial alguna. Por lo tanto, la autorización de la actuación solicitada sería contraria a las previsiones de un documento cuya tramitación ya se ha iniciado. Hay que tener presente que el hecho de que el PORN no esté definitivamente aprobado no exime a las autoridades de tener presentes sus previsiones en la fase de elaboración y tramitación, según se desprende del artículo 7 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.  
X. De todo lo anterior se deduce que no se evidencia la concurrencia del interés comunitario en la realización del proyecto sometido a consideración atendiendo al emplazamiento propuesto, ya que no se constata con la necesaria claridad la presencia del interés público de la comunidad autónoma en que esa actividad se localice precisamente en ese emplazamiento, máxime cuando la iniciativa tiene el carácter extraordinario y la especial relevancia territorial propia del artículo 20 de la Ley del Suelo No Urbanizable y habida cuenta de la indudable existencia de serias objeciones al emplazamiento.   
XI. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes posee la competencia para proponer al Gobierno Valenciano la resolución de los expedientes tramitados de conformidad con el artículo 20 de la Ley 4/1992, de conformidad con lo establecido en dicho artículo en relación con el Decreto 137/1990, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el Reglamento de arganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.  
El Gobierno Valenciano es el órgano competente para la aprobación de la ordenación y definición del aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo preceptuado en el artículo 20.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable. El hecho de que el Gobierno Valenciano sea responsable de la apreciación del interés comunitario que, por lo extraordinario del procedimiento y la especial relevancia territorial de la propuesta, pudiera conllevar, incluso, el beneficio de la expropiación forzosa en favor de su promotor, obliga a una consideración especialmente rigurosa del acuerdo que se ha de adoptar.   
De conformidad con los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, a propuesta del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano,  
ACUERDA  
Denegar la solicitud de declaración de interés comunitario presentada para instalar una planta de reciclaje y compostaje de residuos sólidos urbanos, promovida por Sovalder, SL - FCC, SA, Unión Temporal de Empresas, en suelo no urbanizable, en varias parcelas de los polígonos 38 y 16 de la partida de Algepsars del municipio de Serra.  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, procede interponer un recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día de la notificación o publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana  
Con carácter previo a la interposición del mencionado recurso, será requisito imprescindible que el recurrente lo comunique al Gobierno Valenciano, de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f) y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Todo ello, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que estime oportuno.  
Valencia, 16 de abril de 1996  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,  
JOSÉ JOAQUíN RIPOLL SERRANO