Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6031, del 09-06-2009 (2009/6535)

ACUERDO de 28 de mayo de 2008, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo al plan de reforma interior de mejora Zona Alameda Norte y diligencia de 21 de noviembre de 2008, en el término municipal de Bétera. Expediente número 2007/0939.
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Número DOGV
:   6031

Fecha DOGV
:   09-06-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/6535


Fecha del documento
:   28-05-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Bétera
    * plan de urbanismo

ACUERDO de 28 de mayo de 2008, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo al plan de reforma interior de mejora Zona Alameda Norte y diligencia de 21 de noviembre de 2008, en el término municipal de Bétera. Expediente número 2007/0939. [2009/6535]  
Visto el expediente remitido por el Ayuntamiento de Bétera referido al plan de reforma interior de mejora Zona Alameda Norte, y de conformidad con los siguientes:  
Antecedentes  
Uno. Tramitación municipal  
El proyecto, que entró en la Comisión Territorial de Urbanismo el 20 de agosto de 2007, se sometió a información pública a través del procedimiento simplificado previsto en el artículo 48 de la Ley 6/1994, reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU). Transcurrido el período de exposición pública (DOGV núm. 4962, de 9 de marzo de 2005 y anuncio en el diario Levante de 2 de marzo de 2005), en el que no se presentaron alegaciones, sobre el proyecto recayó acuerdo plenario de aprobación provisional, de 28 de noviembre de 2005, condicionado a aceptar y cumplir las modificaciones y correcciones parciales impuestas.  
En fecha 6 de junio de 2007, mediante decreto de Alcaldía, se aprueba el Texto Refundido del plan de reforma interior y del programa de actuación integrada al haberse cumplimentado las determinaciones a las que quedó subordinada la aprobación provisional del mismo.   
Dos. Documentación  
El proyecto consta de programa de actuación integrada y plan de reforma interior (memoria informativa, memoria justificativa y planos).  
Tres. Objeto  
Se propone la delimitación de un sector en suelo urbano residencial, siguiendo el criterio de los artículos 20 y 33.1 de la Ley reguladora de la Actividad Urbanística, proponiendo modificaciones en la ordenación vigente y constituyendo un ámbito en el que se garantice una correcta urbanización.   
Cuatro. Determinaciones de proyecto  
El sector tiene una superficie de 10.426,44 m² y la unidad de ejecución de 10.283,15 m²; la diferencia, de 143,29 m², se debe a que se cedió a la actuación urbanística colindante a efectos de urbanización. El ámbito tiene como límites:  
- Norte: suelo dotacional docente.  
- Sur: manzana lindante con la alameda (unifamiliar de protección especial y manzana de núcleo antiguo).  
- Este: suelo dotacional docente y manzana de unifamiliar de protección especial.  
- Oeste: sector R-1 de reciente desarrollo.  
Los motivos por los que se presenta este proyecto son:  
- Situación de edificaciones fuera de ordenación.  
- Bloqueo de la trama viaria urbana del sector al no haberse creado conexiones y enlaces con la red viaria existente.  
- Falta de elementos de urbanización: viales, redes de suministro...  
Los objetivos principales del plan de reforma interior son:  
- No superar la edificabilidad máxima del plan general (en adelante PG) para el sector.  
- Mantener las calificaciones urbanísticas previstas en el PG.  
- Permitir tipologías residenciales compatibles con el entorno.  
- Eliminar la cuña residencial existente al norte del ámbito, recalificándolo a uso dotacional separando claramente la zona residencial y la dotacional.  
Fitxa de planejament i fitxa de gestió  
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Ficha de planeamiento y ficha de gestión:  
- Mantener constante los anchos de los viales que el PG estrechaba en su trazado.  
Lo anterior se concreta en las siguientes modificaciones:  
- Calle en proyecto 1, desde la c/ Juan Marín hasta la c/ José Miralles, se definen alineaciones en paralelo con una anchura igual en todo el tramo de 9 metros (vial zona Sur).  
- Calle en proyecto 2, desde la c/ Juan Marín hasta la c/ José Miralles, se definen alineaciones en paralelo con una anchura igual en todo el tramo de 9 metros (vial zona norte).  
- Se aumenta el suelo destinado a manzana abierta y la altura de las mismas a 4 plantas.  
- Se reduce el suelo destinado a núcleo antiguo a una porción de la manzana 16 y se aumenta la altura a 4.  
- Se prolongan los viales, se regularizan las anchuras y se urbaniza la c/ Juan Marín.  
- La edificabilidad total disminuye de 18.286,98 m²t previstos en el PG a 17.442,60 m²t.  
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  
En cumplimiento del artículo 17 del anexo del Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de planeamiento (en adelante RPCV) la reserva dotacional es la siguiente:  
Cinco. Tramitación autonómica  
Se han solicitado los siguientes informes:  
- Conselleria de Infraestructuras y Transportes. Dirección General de Transportes.  
- Conselleria de Educación. Dirección General de Régimen Económico.  
El 25 de febrero de 2008, la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Educación emite informe favorable.  
El 22 de mayo de 2008, la Dirección General de Transportes de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes emite informe favorable.  
Seis. Agua y saneamiento  
El 15 de mayo de 2006, la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) emite un informe que concluye afirmando la «viabilidad del tratamiento en la EDAR de Bétera de las aguas residuales generadas por el programa de actuación integrada Zona Alameda Norte de Bétera (Valencia), siempre y cuando se cumplan los siguientes condicionantes:  
1. En su día, el urbanizador responsable del desarrollo urbanístico deberá realizar la correspondiente solicitud de la conexión al sistema público de saneamiento y depuración. Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las infraestructuras públicas se efectuarán por el peticionario a su cuenta y riesgo.  
2. En cualquier caso, el vertido generado por el desarrollo urbanístico de referencia deberá cumplir con los límites de vertido establecidos en la ordenanza municipal de vertidos o, en su defecto, en el modelo de ordenanza de vertidos de la Entidad de Saneamiento de Aguas al objeto de preservar la integridad del sistema de saneamiento y la calidad del efluente. A tales efectos el urbanizador deberá prever que antes del punto de conexión, debe disponer una arqueta de registro de la misma tipología que la que figura en el modelo de ordenanza de vertidos a la red municipal de alcantarillado editado por esta Entidad de Saneamiento de Aguas, dotada además de guías para la instalación de una tajadera que permita la desconexión del vertido.   
3. Para que se pueda realizar la conexión efectiva, y dado el funcionamiento actual de la EDAR, deberán ejecutarse las actuaciones previstas en la planta con el fin de adecuarla para el tratamiento del nuevo caudal generado.  
4. Con anterioridad a la ejecución de la conexión, se deberá ingresar a la Entidad de Saneamiento de Aguas la cantidad resultante de   
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  
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90.163,50 €, a cuyos efectos deberá establecerse, en su caso, el oportuno convenio entre la Entidad de Saneamiento de Aguas y el Ayuntamiento de Bétera.»  
Por lo que respecta al abastecimiento de agua potable, el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, exige informe de la Confederación Hidrográfica para los planes urbanísticos, únicamente cuando comporten nuevas demandas de recursos hídricos, lo que no ocurre en este caso, pues no se incrementa la edificabilidad (sino que disminuye en 844,38 m²t) ya prevista en el plan general, en consecuencia, no puede entenderse que este proyecto comporte una nueva demanda de recursos hídricos, no resultando de aplicación el artículo citado.  
Siete. Planeamiento vigente   
Bétera cuenta con plan general aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia con fecha 29 de marzo de 2000.  
Ocho. Informe de la comisión informativa  
La comisión informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 23 de mayo de 2008, por unanimidad, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, cumpliendo así lo preceptuado en el artículo 11 del Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Territoriales y Urbanísticos de la Generalitat.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. Aspectos formales  
La tramitación ha sido correcta, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley reguladora de la Actividad Urbanística, por remisión del artículo 55.1. La documentación está completa, a los efectos del cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.  
Segundo. Justificación de la reserva dotacional  
La reserva dotacional propuesta en el plan de reforma interior es superior a la prevista en el PG, cumpliendo así lo establecido en el artículo 17 del anexo del RPCV:  
Tercero. Reserva de vivienda protegida  
No se prevé vivienda protegida. No obstante, al tratarse de un suelo urbano residencial del plan general, que a su vez, no aumenta la edificabilidad ni cambia el uso, se exceptúa lo previsto en la disposición transitoria primera, apartado 3 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana según lo dispuesto en la disposición transitoria octava del Decreto 67/2006, por el que se aprueba el reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, en relación con el artículo 73 Ley Urbanística Valenciana.  
Cuarto. Valoración global  
El interés público está suficientemente justificado en la medida que se garantiza la urbanización integral de la zona y se procede a un justo reparto de beneficios y cargas, por lo que no se aprecia obstáculo legal que impida la aprobación autonómica, conforme al artículo 40 de la Ley reguladora de la Actividad Urbanística.  
No obstante, se aprecian los siguientes errores materiales que deberán subsanarse:  
- La trama de la calificación zona núcleo histórico del plano no coincide con la de la leyenda en los planos número 3 y 5.  
- Se eliminará de la memoria del plan de reforma interior uno de los objetivos que se fijan, al observarse que no se cumple: «mejorar y aumentar las dotaciones de espacios libres».   
Quinto. Voto particular  
Por el representante del Ministerio de Medio Ambiente se emite voto particular que se transcribe a continuación:  
«El artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio; modificado por Ley 11/2005, de 22 de junio) exige que los actos y planes que las comunidades autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias sobre ordenación del territorio y urbanismo deben contar con el informe previo preceptivo de las confederaciones hidrográficas. Dicho informe debe versar sobre la posible afección de la actuación al dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre y policía, sobre la existencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer las nuevas demandas planteadas, así como sobre la posible incidencia de la actuación en el régimen de corrientes. El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al efecto.  
Por su parte, el artículo 19.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/2004, de ordenación del territorio y protección del paisaje - LOTPP - (modificada por Ley 16/2005), determina que la implantación de usos residenciales, industriales, terciarios, agrícolas u otros que impliquen un incremento del consumo de agua, requerirá la previa obtención de informe del organismo de cuenca competente, sobre su disponibilidad y compatibilidad con las previsiones de los planes hidrológicos, además de la no afectación o menoscabo a otros usos existentes legalmente implantados; lo cual requiere título habilitante mediante resolución adoptada en expediente administrativo, con audiencia a terceros afectados y análisis de compatibilidad con la planificación hidrológica. La conjunción de los tres extremos sobre los que debe manifestarse el informe, supone necesariamente la existencia de derechos de agua, no pudiendo identificarse disponibilidad con la simple existencia de recursos hídricos.  
Del mismo modo, hay que señalar que la disposición adicional segunda de la Ley 13/2003, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas, de 23 de mayo, en relación con el artículo 83.3 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, establece que la administración general del Estado emitirá informe en la instrucción de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial y urbanística que puedan afectar al ejercicio de las competencias estatales y que dicho informe tiene carácter vinculante.  
Asimismo, el auto de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (medidas cautelares número 1/001003/4032-VYZ), de 15 de enero de 2007, en el seno del proceso instruido por recurso 1003/2006, interpuesto por la administración del Estado contra Acuerdo de 30 de junio de 2006, dictado por esa Comisión Territorial de Urbanismo, de aprobación de la homologación modificativa y plan parcial sector Pinaret, en término municipal de Ador, establece tres cuestiones esenciales:  
1. Que el informe del organismo de cuenca es preceptivo, no pudiendo la Comunidad Autónoma legislar sobre la forma, modo y manera en que el Estado debe ejercer sus competencias, ni puede sustituir su intervención mediante norma autonómica.  
2. Que el informe que pueda emitir una presunta entidad colaboradora autorizada para el suministro - tal como alude el artículo 19.2 de la LOTPP - no puede sustituir al informe del Organismo de cuenca.  
3. Que el informe previo del organismo de cuenca es requisito necesario para que pueda aprobarse por la Generalitat Valenciana (incluso por el Ayuntamiento) un instrumento de planeamiento, cuando se den las condiciones del artículo 25 TRLA.  
A mayor abundamiento de lo anterior, la legitimación de las entidades colaboradoras debe venir avalada por una inscripción en un registro al efecto, cuya llevanza corresponde a la propia Generalitat Valenciana; todo ello, amparado por normativa específica sobre su regulación. A este respecto, el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, que regula las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y crea y regula su registro - aprobado por cierto con posterioridad a la LOTPP - no parece amparar las funciones a que alude el precepto del artículo 19.2 LOTPP. No se tiene constancia de la existencia de otra norma reguladora de tales entidades. Se desconoce también si las condiciones de la posible concesión para el suministro de abastecimiento o el objeto social de la mercantil posibilitan a la misma para emitir los informes en cuestión.  
En consecuencia, debe concluirse necesariamente que las empresas suministradoras carecen de legitimidad, idoneidad y capacidad para informar sobre derechos de agua, competencia originaria, exclusiva y por tanto insustituible de los organismos de cuenca; derechos, por otra parte, cuyos titulares legítimos han debido o bien declarar - en los plazos establecidos en la legislación de aguas - para su inscripción en el registro de aguas o en el catálogo de aguas privadas, o bien acceder al uso privativo mediante la preceptiva concesión administrativa que finalmente debe ser inscrita asimismo en el registro de aguas. Ni que decir tiene que la llevanza de dicho Registro de Aguas o Catálogo de aguas privadas corresponde al organismo de cuenca, en virtud del TRLA.  
Por otra parte, dada la complejidad de los expedientes sometidos a la comisión, el no disponer de la documentación necesaria para emitir el informe, con la antelación suficiente para poder ser estudiada, analizada y valorada, imposibilita que este miembro de la Comisión pueda ejercer de manera adecuada la función para la que ha sido designado, lo cual puede suponer infracción del artículo 24 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así como contravenir la doctrina jurisprudencial al respecto; pudiendo incluso constituir una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española. A pesar de haberse solicitado reiteradamente a la administración Autonómica dicha documentación, por lo general no se remite nunca en las condiciones señaladas, a pesar de estar publicados los requisitos al respecto, para las distintas componentes del informe, en la página web del organismo de cuenca ().  
Por todo lo expuesto, y tenidos en cuenta todos los argumentos anteriores, deben hacerse adicionalmente las siguientes precisiones y consideraciones sobre el expediente de referencia, que se somete a la comisión territorial:  
- No consta en este organismo de cuenca que se haya formulado solicitud del preceptivo informe preceptuado en el artículo 25.4 TRLA, así como artículo 19.2 LOTPP; a pesar de que el instrumento de planeamiento de referencia supone nuevas demandas efectivas de recurso hídrico, actualmente no consumidas, por lo que se dan los supuestos de ambos preceptos.  
Esta conclusión se desprende a resultas de los datos recabados durante la sesión previa de la Comisión Informativa, ya que según parece el instrumento de referencia supone la construcción de 170 viviendas, de lo cual - considerando una ocupación media de 3 hab/viv y una dotación unitaria estándar de 250 l/hab y día - conduce a una estimación de volumen de agua adicional de 46.538 m³/año.  
En consecuencia, el instrumento se aprueba a pesar de la ausencia del informe de la CHJ, esto es con omisión de trámite preceptivo, debido a falta de solicitud expresa de informe.  
Debe recordarse aquí la posición defendida por la síndica de greuges de la Comunitat Valenciana en relación con los informes del artículo 25.4 TRLA, y que reiteradamente viene defendiendo la necesidad de contar con los informes del organismo de cuenca, previos y vinculantes, a la aprobación de instrumentos urbanísticos. Posición, pues, de una Institución valenciana, que coincide plenamente con los planteamientos de esta CHJ.  
Por todo lo anteriormente expuesto, el representante del Ministerio de Medio Ambiente en la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia vota en contra de la propuesta de aprobación del instrumento urbanístico de referencia, solicitando que este voto particular conste en el acta de la sesión; y que se incorpore a la misma y al expediente 2007.0939, el presente escrito que sustenta y fundamenta dicho voto.»  
Sexto. Órgano competente  
La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta de la directora general de Ordenación del Territorio, es el órgano competente para emitir dictamen resolutorio sobre la aprobación definitiva de los planes de reforma interior modificativos de la ordenación estructural, de municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2.b de la Ley reguladora de la actividad urbanística, en relación con el artículo 10.a del Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat Valenciana.  
A la vista de cuanto antecede la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 28 de mayo de 2008, con el voto favorable de todos los vocales presentes salvo el representante del Ministerio de Medio Ambiente que lo emite en sentido desfavorable, aportando voto particular acuerda: aprobar definitivamente el plan de reforma interior de mejora Zona Alameda Norte de Bétera condicionado a que se subsanen los errores materiales referenciados en el fundamento jurídico cuarto.  
Para el sellado del proyecto, el Ayuntamiento deberá aportar dos copias en soporte digital.»  
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la secretaria autonómica de esta Conselleria, según dispone el artículo 68.3.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 26 del Decreto 92/2007, de 6 de julio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de la Presidencia y de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de la presente notificación.  
En su caso las administraciones públicas pueden formular requerimiento de anulación o revocación según dispone el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la secretaria autonómica de esta Conselleria, en relación con el artículo 68.3.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 26 del Decreto 92/2007, de 6 de julio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de la Presidencia y de las consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a la fecha de la presente publicación. El citado artículo 44 de la Ley 29/1998 establece literalmente:  
«Artículo 44.1. En los litigios entre administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una administración interponga recurso contencioso administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.»  
En el supuesto de no formular el requerimiento indicado, las administraciones públicas podrán interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación, recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo previsto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.  
Diligencia para hacer constar: que en fecha 6 de noviembre de 2008 el Ayuntamiento de Bétera ha presentado en los servicios territoriales de Ordenación del Territorio, dos ejemplares del Texto Refundido del plan de reforma interior de mejora alameda norte, habiéndose comprobado por parte de estos servicios territoriales que el citado Texto Refundido incorpora los condicionantes del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 28 de mayo de 2008, que acuerda declarar definitivamente aprobado el citado proyecto. Así queda incorporado al texto refundido:  
1. La eliminación como uno de los objetos del plan de reforma interior, «mejorar y aumentar las dotaciones de espacios libres»  
2. La leyenda de los planos número 3 y 5 coincide con la trama de la calificación «zona núcleo histórico».  
Por tanto, en el documento se han realizado todas las modificaciones indicadas en el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 28 de mayo de 2008. Excepto las modificaciones enumeradas, el Texto Refundido de plan de reforma interior de mejora sector Alameda Norte, no varia en ningún parámetro con respecto del inicialmente presentado en estos servicios territoriales. Procede por tanto el sellado y publicación del proyecto.  
Valencia, 21 de noviembre de 2008.- La secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo: Concepción del Campo Ram de Viu.