Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6014, del 15-05-2009 (2009/5208)

Bases particulares del concurso para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector Paraje Santuario de las Virtudes del PGOU.
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Número DOGV
:   6014

Fecha DOGV
:   15-05-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2009/5208


Fecha del documento
:   14-02-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Villena

Tipo de documento
:   Información Pública

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Villena
    * plan de urbanismo
    * administración local

Bases particulares del concurso para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector Paraje Santuario de las Virtudes del PGOU. [2009/5208]  
El Ayuntamiento en pleno, en sesión de 28 de febrero de 2008, acordó la aprobación de las bases particulares del concurso para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector Paraje Santuario de las Virtudes del Plan General de Ordenación Urbana de Villena, ordenando la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria del concurso.  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, y concordantes, se publica como anexo el texto íntegro de las bases particulares reguladoras del concurso.  
Contra el acuerdo de aprobación de las bases particulares, que es definitivo en vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:  
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Pleno municipal, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de inserción de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso, sin que éste se resolviera, podrá entenderse desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, desde esta desestimación presunta.  
b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, dentro del plazo de los dos meses contados desde el día siguiente al de esta publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que se estime procedente.  
Villena, 20 de febrero de 2009. La concejala delegada de Urbanismo Residencial: María José Hernández Sanjuán.  
Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector Paraje del Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes de suelo urbanizable residencial del Plan General de Ordenación Urbana de Villena  
I. Objeto del contrato  
Las presentes bases particulares tienen por objeto regular las condiciones básicas de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la selección de un programa de actuación integrada y un urbanizador para el desarrollo urbanístico del sector Paraje del Santuario de Nuestra Señora de Las Virtudes de suelo urbanizable de uso residencial.   
II. Régimen jurídico  
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial y, en todo lo no previsto en las presentes bases particulares, será de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, y bases generales de programación.  
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 16 de junio, y las establecidas en el Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 198/2001, de 12 de octubre, así como las normas que regulan la contratación administrativa de los entes locales que les sean de aplicación.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
III. Ordenación urbanística vigente  
1. La ordenación urbanística vigente en el planeamiento de Villena clasifica los terrenos objeto de la presente actuación como suelo no urbanizable común, y en parte como suelo no urbanizable de equipamientos (equipamiento cultural privado en Las Virtudes).  
2. El Ayuntamiento de Villena, mediante acuerdo plenario de 26 de julio de 2007, ha aprobado un convenio urbanístico para el desarrollo de esta actuación, que detalla las características propuesta para el sector que se delimita. Como anexo I de estas bases se acompaña texto íntegro del referido convenio.  
IV. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada  
1. Memoria de necesidades  
Deberá justificarse en la propuesta de programación la necesidad de abordar un desarrollo urbano armónico, bajo un nuevo modelo que signifique una oferta de desarrollo inmobiliario residencial de alta calidad, aprovechando al máximo las condiciones naturales y de accesibilidad del territorio.  
2. Objetivos de la programación  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:  
- Recabar de los correspondientes registros toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.  
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación con carácter previo a la redacción del proyecto.  
- Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación.  
- Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.  
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.  
- Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, ferrocarril, dominio público hidráulico y otras).  
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el catastro.  
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.  
b) Urbanizar completamente la unidad o unidades de ejecución que constituyen el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa (definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales).  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:  
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, dominio público marítimo-terrestre y otros).  
- Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).  
- Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las obras complementarias que fuesen necesarias.   
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:  
- El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.  
- Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantado la correspondiente acta de entrega.  
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados.  
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público del suelo a favor de la administración actuante de forma gratuita.  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados. Al objeto de permitir la obtención de suelo no urbanizable protegido en el término municipal de Villena, en la proporción adecuada, conforme exige el artículo 13 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección de Paisaje de la Comunitat Valenciana, se establece el siguiente orden de preferencia:  
- Terrenos que conforman el lugar de interés comunitario de la sierra de Salinas, calificado como de protección especial, clase 2, interés paisajístico.  
- Terrenos situados en las inmediaciones o proximidades del LIC Sierra de Salinas calificados de protección especial, clase 2, interés paisajístico.  
- Terrenos calificados de protección especial, clase 2, interés paisajístico.  
- Terrenos que afecten a suelos calificados por el Plan General de Villena como de especial protección, en otros niveles de protección.  
h) Establecer el plazo de seis años para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora.  
i) En su caso, y con carácter complementario, se fijan como objetivos a cargo del urbanizador y sin que sean repercutibles a los propietarios de terrenos afectados, la ejecución de los programas de restauración paisajística, dentro del ámbito del programa de actuación integrada, conforme a las directrices establecidas en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  
V. Parámetros urbanísticos  
De conformidad con lo indicado en la anterior base III, apartado 2, los parámetros urbanísticos de aplicación serán:   
- Superficie del sector: 46.465,74 m²s.  
- EB: < 15.939,72 m²t.  
- IEB: < 0'3 m²t/m²s.  
- Parcelas lucrativas: 22.500,69 m² suelo.  
- Dotacional público: 4.878,90 m²s.  
- Dotacional privado: 5.501,49 m²s.  
- Viario + aparcamiento: 13.584,66 m²s.  
VI. Criterios y objetivos territoriales  
El ámbito de la actuación viene constituido por terrenos que se encuentran colindantes a la delimitación del sector 22, zona 22.2, suelo urbano en Las Virtudes. La ordenación persigue completar la oferta residencial en Las Virtudes, que presenta características propias como núcleo urbano de segunda residencia, ligado a la actividad tradicionalmente generada por la existencia del santuario de Nuestra Señora de las Virtudes y como zona de esparcimiento de la ciudad. Se perseguirá la consolidación de la zona como núcleo residencial y de servicios, con las siguientes características:   
a) Uso dominante: residencial, con implantación de usos dotacionales privados.  
b) Garantizar la conexión de las redes estructurales con las de Las Virtudes, dotando de adecuados accesos a la futura urbanización.  
c) Completar la red básica viaria del Plan General de Ordenación Urbana en la zona.  
d) Completar la oferta dotacional existente en Las Virtudes.  
VII. Criterios de ordenación urbanística  
La ordenación completará la trama urbana existente en Las Virtudes, en condiciones de adecuación al entorno del santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, junto al que se ubica.  
Los terrenos dotacionales que se prevean, se situarán en las inmediaciones del santuario.  
Se estará a lo que se señala en el anexo II de estas bases.  
VIII. Objetivos de edificación privada  
1. Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los establecidos en el plan parcial.  
2. La reserva de suelo en el ámbito del sector para vivienda protegida, será como mínimo el correspondiente al 25% de la edificabilidad residencial resultante de la actuación.  
3. La tipología de la edificación prevista, se ajustará a las determinaciones del anexo III de estas bases.  
IX. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión  
El programa comprenderá, como mínimo, los siguientes documentos técnicos de ordenación y gestión:   
- Plan parcial.  
- Documento de justificación de la integración territorial.  
- Estudio de paisaje.  
- Estudio de impacto ambiental.  
- Proyecto de urbanización.  
- La prevista en LUV y ROGTU para propuestas que supongan una modificación de la ordenación urbanística vigente.  
Cada uno de ellos ajustado a las formalidades y contenido previstos en la legislación reguladora.  
Esta documentación se presentará:   
- Soporte papel, dos copias.  
- Soporte digital, en documentos o archivos con las siguientes extensiones: doc y dwg. Se aportará además un ejemplar de la totalidad de la documentación en documento o archivo con la extensión pdf.  
- Visualización en 3D del entorno.  
X. Prescripciones técnicas del proyecto de urbanización  
1. Las prescripciones técnicas particulares aplicables para la urbanización del sector se desarrollarán en el proyecto de urbanización que se acompañe a la propuesta de programación que, con el carácter de mínimo, deberán respetar en su redacción lo dispuesto en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y correspondientes.  
2. El proyecto de urbanización deberá resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los de la red primaria y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos. En los servicios de titularidad privada se acreditará la disponibilidad real de suministros por parte de las empresas titulares del servicio.  
3. El proyecto de urbanización resolverá todas las necesidades de conexión e integración de la actuación en su entorno territorial o urbano y las demás exigencias establecidas en el programa.  
4. El proyecto de urbanización cumplirá con las condiciones de urbanización exigidas en las ordenanzas municipales, en cuanto sean compatibles con la ordenación vigente:   
- Ordenanza para la redacción de proyectos de urbanización, control de las obras y recepción de las mismas en el término municipal de Villena (texto hecho público en Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 201, de 3 de septiembre de 2005, y en el BOP nº 163, de 18 de julio de 2006).   
- Ordenanza municipal de captación solar para usos térmicos (texto hecho público en el BOP nº 103, de 8 de mayo de 2006).  
- Ordenanza sobre vertidos a la red del alcantarillado (BOP 20.06.1994 y 20.04.1999).  
5. La zona se encuentra en las proximidades del santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, de marcado interés histórico y cultural, por lo que el diseño de los espacios públicos deberá contemplar especialmente la integración con el entorno, con un tratamiento de los acabados similar a los empleados en la zona.  
La vegetación y mobiliario urbano deberán ser acordes y con diseño adaptado a la zona.   
XI. Precio de licitación  
El precio de licitación, establecido a los solos efectos del cálculo de la garantía provisional, se establece en la cuantía de 1.300.000 euros, IVA no incluido.   
XII. Plazos de desarrollo y ejecución del programa  
1. Se establecen los siguientes plazos máximos:  
A. La presentación de los textos refundidos correspondientes al planeamiento o al proyecto de urbanización deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de la aprobación, provisional o definitiva, que imponga modificaciones a la alternativa técnica.  
B. El inicio del procedimiento de pública concurrencia para la selección del empresario constructor deberá tener lugar en el plazo de un mes desde la formalización del contrato entre el urbanizador y el Ayuntamiento. No obstante en este supuesto, al ser el presupuesto de ejecución de las obras de urbanización no superior a los 5.278.000 euros, no hay que seleccionar al empresario constructor tal y como establece el artículo 120 de la LUV, pudiendo las obras ser ejecutadas por el urbanizador por sí a través de contratistas de su elección  
C. El proyecto de reparcelación deberá someterse a información pública por el urbanizador en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo para la opción por modalidad de retribución prevista en los artículos 166 de la LUV. En todo caso, el urbanizador a tal efecto deberá presentar ante el Ayuntamiento acreditación justificativa de la práctica de las comunicaciones reguladas exigibles. No obstante, no se aprobará el proyecto de reparcelación si previamente no se ha suscrito el correspondiente contrato y depositado las correspondientes garantías.   
D. La presentación de los textos refundidos correspondientes al proyecto de reparcelación deberá producirse en el plazo máximo de dos meses desde que tenga lugar la notificación al urbanizador de las modificaciones a introducir en el proyecto inicialmente formulado.  
E. El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, acreditándose mediante acta de replanteo suscrita por la dirección de obras, y al menos por un técnico municipal. A estos efectos, el urbanizador deberá acreditar, en el acta de replanteo, el pago a los acreedores netos de la cuenta de liquidación o bien la consignación de dicha cantidad en la Tesorería Municipal.  
F. Las obras de urbanización deberán finalizar en el plazo máximo de 24 meses a contar desde su inicio. La finalización de las obras se acreditará mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director facultativo.   
G. Plazo máximo de edificación de los solares: seis años, a contar desde la recepción municipal de las obras de urbanización.   
2. Los plazos anteriores solamente podrán ser prorrogados y suspendidos de conformidad con lo previsto en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
XIII. Capacidad para ser urbanizador  
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
XIV. Solvencia económica y financiera  
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante cualquier otro documento que la administración considere suficiente, pudiendo basarse en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos. A estos efectos las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.  
3. La justificación de la solvencia económica y financiera de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, por lo menos, uno de sus miembros.  
XV. Solvencia técnica y profesional  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, habiendo de demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
XVI. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía provisional equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, establecidas en la anterior base VIII. Esta garantía asciende a la cifra de 26.000 euros.  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece en un 10% del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20% en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
XVII. Presentación de proposiciones  
1. Las proposiciones de los interesados se presentarán en el Registro Municipal, en las horas establecidas de apertura del mismo, en las dependencias del Ayuntamiento de Villena, plaza de Santiago, número 2. Podrán también presentarse por correo, acreditándose con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar el mismo día al Ayuntamiento, por fax o telegrama, la remisión de la proposición. Todo ello en los términos del artículo 80 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas. Resulta admisible, por último, la presentación en cualquiera de los registros acreditados conforme al artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Las proposiciones se ajustarán al modelo de proposición que se acompaña como anexo de estas bases.  
Las proposiciones se presentarán dentro del plazo de los tres meses siguientes, contado a partir de la fecha de envío del anuncio de concurso al Diario Oficial de la Unión Europea.  
2. Las proposiciones están integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
Sobre A. Alternativa técnica, se presentará abierto.  
Sobre B. Proposición jurídico-económica, se presentará en sobre cerrado.  
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.  
Sobre C. Se presentará con el título de «Documentación» y contendrá la siguiente documentación:  
A. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en urbanismo. Para cualquier otro tipo de persona jurídica, escritura pública de constitución e inscripción en el registro correspondiente, si así procediera.  
B. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el registro mercantil o registro público correspondiente.  
C. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y sea empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
D. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base XIII.  
E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
F. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.  
G. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.  
H. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
I. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición, ni formular variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la indagación de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.  
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes de los documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones.   
XVIII. Contenido mínimo de la alternativa técnica  
Contendrá la siguiente documentación:   
a) Documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación detallada para el ámbito del programa, que incorpore los estudios o planes sectoriales específicos exigidos por la legislación vigente.  
b) Ámbito de la actuación integrada.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico, y en su caso, estatutos y acuerdos sociales.  
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
f) Proyecto de urbanización determinándose el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
g) Enunciado de los objetivos complementarios, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
k) Documento de justificación de la integración territorial, en los términos del artículo 125.5 de la LUV.  
l) Se deberá incorporar la documentación establecida en los artículos 72 a 74 LUV, para propuestas que afecten a la ordenación estructural del Plan General de Ordenación Urbana.  
m) En el supuesto de que, conforme a lo dispuesto en la legislación de ordenación del territorio y protección del paisaje, proceda obtener informes sectoriales para la actuación propuesta, se deberá exponer al público junto con la alternativa técnica, la copia sellada del documento por el que se solicitaron.  
n) Compromiso del licitador de edificar de forma simultánea a la ejecución de la urbanización de un porcentaje del aprovechamiento lucrativo, que no podrá ser inferior al establecido en el apartado H) de la anterior base IV.  
n) Cédula territorial de urbanización o, al menos, solicitud de la misma.  
XIX. Proposición jurídico-económica  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:   
a) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución que comprenderá, en todo caso, la expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento y que inciden en los derechos de adjudicación, tales como dimensiones de parcela mínima, aprovechamiento subjetivo y superficie mínima de terrenos de origen necesarios para resultar adjudicatario de parcela resultante o de cuota indivisa.  
b) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.   
c) Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
c.1. Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b de la LUV, y desglosado en los términos recogidos en el artículo 303 del ROGTU.  
c. 2. Coste de los proyectos, indicando por separada el coste de redacción y el de dirección, a que se refiere el artículo 168.1.c de la LUV.  
c.3. Gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
c.4. Beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
c.5. Cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
c.6. Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución. Se expresará conforme a las dos fórmulas matemáticas, con idéntico resultado en ambas, recogidas en el artículo 306 del ROGTU.  
c.7. Precio del suelo a efectos de canje, que se descontará de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
c.8. Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
c.9. Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
c.10. Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
d) Todas las magnitudes económicas se expresarán por metro cuadrado de suelo y de techo.  
e) Si el aspirante a urbanizador se compromete a afectar terrenos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, la proposición jurídico-económica ha de contener la documentación adicional señalada en el artículo 304 del ROGTU:  
1. Certificación registral de dominio y cargas, de fecha no anterior a 15 días de la de presentación de la proposición jurídico-económica.  
2. Si los terrenos no están inscritos a nombre del aspirante a urbanizador, deberán aportarse los títulos que acrediten su derecho de propiedad o las escrituras que le legitimen u otorguen poder bastante para afectar las fincas con carácter real e inscribir esa afección en el Registro de la Propiedad.  
3. Identificación gráfica de las fincas a afectar, mediante plano catastral.  
2. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.  
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con claridad aquellos aspectos que resulten fundamentales, según estimación municipal.  
XX. Adjudicación del programa  
1. En la adjudicación de la condición de urbanizador se tendrá en cuenta los siguientes porcentajes: la puntuación de la alternativa técnica representará un 60% de la valoración total, en relación con al proposición jurídico-económica, que representará un 40% de la misma.  
2. La puntuación máxima que podrán obtener los aspirantes a urbanizador será de 100 puntos, que se asignarán siguiendo los siguientes criterios:  
A) La puntuación de la alternativa técnica será como máximo de 60 puntos, de acuerdo con la siguiente distribución:  
a) La calidad técnica de la ordenación propuesta: 30 puntos máximo.  
b) La resolución adecuada de la integración de la actuación en su entorno: 6 puntos máximo.  
c) La mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios libres: 6 puntos máximo.  
d) La calidad técnica de las resoluciones propuestas para la urbanización, que representen mejoras respecto de las prescripciones técnicas básicas establecidas en la base IV: 4 puntos máximo.  
e) Mayor porcentaje al establecido en la base VII de reserva de suelo para vivienda protegida: 3 puntos máximo.  
f) La incorporación de un estudio de paisaje que dé una adecuada imagen urbana del sector: 3 puntos máximo.  
g) Proponer un calendario para el desarrollo del programa con plazos inferiores a los establecidos en la base IX: 3 puntos máximo.  
h) Aportar un compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes que mejore el regulado en la base IV: 3 puntos máximo.  
i) Aportar otros compromisos adicionales asumidos voluntaria y a su cargo por el aspirante a urbanizador: 1 punto máximo.   
Será necesario haber obtenido una puntuación mínima de 25 puntos.  
B) La puntuación de la proposición jurídico-económica será como máximo de 40 puntos, de acuerdo con la siguiente distribución:  
a) Menor importe propuesto de cargas de urbanización al estimado en la base VIII, que deberá expresarse en euros por metro cuadrado de edificabilidad: 8 puntos máximo.  
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie: 10 puntos máximo.  
c) Justificación de la relación efectiva de los propietarios de terreno con el urbanizador mediante convenio o compromiso: 15 puntos máximo.  
d) La menor proporción de solares o aprovechamiento que deban ser puestos a disposición del urbanizador por medio de reparcelación forzosa como retribución a cuenta de terceros con los que no tenga contrato suficiente: 8 puntos máximo.  
e) Mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa: 3 puntos máximo.  
f) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador: máximo 2 puntos.  
XXI. Adjudicación del programa  
1. Para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 139 de la LUV, este programa de actuación integrada está condicionado a la efectiva realización simultánea de las determinaciones propias de las diferentes conexiones a los sistemas generales de infraestructuras señaladas en la base IV.  
2. Con anterioridad a la firma del contrato, el adjudicatario del PAI deberá presentar resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, en los términos previstos en la anterior base XIII y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva del coste de las indemnizaciones, justiprecios y gastos de realojo necesarios para realizar la actuación, la totalidad del coste de las obras de urbanización complementarias y un 7% del coste de las obras de edificación.  
XXII. Formalización del contrato  
1. En el plazo de un mes, a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.  
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.  
3. Si por causa imputable al urbanizador, no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
XXIII. Cumplimiento  
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.  
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo. Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.  
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.  
6. El plazo de garantía será de 12 meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.  
XXIV. Resolución  
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.  
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La falta de formalización del contrato en plazo.  
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que desarrollen.  
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación.  
Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.  
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta ley.  
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.  
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.  
XXV. Prerrogativas de la administración  
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  
XXVI. Jurisdicción competente  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el agente urbanizador seleccionado en pública concurrencia.  
Anexo   
Modelo de proposición  
«(Nombre y apellidos) ..., mayor de edad, con domicilio en ..., CP ..., de ..., con NIF número ..., en nombre propio (o en representación de ..., con domicilio en ..., CP ... de ..., con CIF número ..., conforme se acredita por medio de poder),  
Expone  
Que enterado del anuncio del concurso publicado en el DOCV número ..., de fecha ..., para la ejecución del Programa de Actuación Integrada del Sector Paraje del Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, del PGOU de Villena:  
- Acepta íntegramente y sin ninguna excepción las bases generales de programación del Ayuntamiento de Villena, según texto hecho público en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 25 de abril de 2007.   
- Acepta íntegramente y sin ninguna excepción las bases particulares del concurso para la adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector Paraje del Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, del PGOU de Villena, así como todas las obligaciones que se deriven como concursante y, en su caso, como adjudicatario.  
- Declara bajo su responsabilidad, tener capacidad de obrar y no encontrarse incurso en ninguna de las causas que impiden contratar con la administración establecidas en el artículo 20 del TRLCAP, así como que no forman parte de los órganos de gobierno y administración de la empresa ninguna de las personas a que se refieren las disposiciones vigentes sobre incompatibilidad de altos cargos.  
- Se compromete a ejecutar las obras objeto de este concurso con sujeción a los requisitos y condiciones establecidos por el Ayuntamiento de Villena.  
- Adjunta la documentación necesaria en cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente:  
Sobre A: alternativa técnica del Programa de Actuación Integrada del Sector Paraje del Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, en los términos del artículo 126 de la LUV.  
Sobre B: proposición jurídico-económica del Programa de Actuación Integrada del Sector Paraje del Santuario de Nuestra Señora de Las Virtudes, en los términos del artículo 127 de la LUV.  
Sobre C: documentación del aspirante a agente urbanizador del sector Paraje del Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, en los términos del artículo 122 y 123 de la LUV.  
Fecha y firma»  
Villena, 14 de febrero de 2008. La concejala delegada de Urbanismo Residencial: María Josefa Hernández Sanjuán.  
ANEXO I  
Convenio urbanístico aprobado por el Pleno   
municipal en 26 de julio de 2007  
ANNEX II  
Determinacions de l'ordenació urbanística  
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ANNEX III  
Tipologies de l'edificació  
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ANEXO II  
Determinaciones de la ordenación urbanística  
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ANEXO III  
Tipologías de la edificación  
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