Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8440, del 10-12-2018 (2018/11557)

DECRETO 220/2018, de 30 de noviembre, del Consell por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas para realizar actuaciones de emergencia en el Estado de Palestina.
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Número DOGV
:   8440

Fecha DOGV
:   10-12-2018

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2018/11521


Fecha del documento
:   30-11-2018

Organismo emisor
:   Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

Tipo de documento
:   Decreto

Descriptores 

:   * Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
    * ayuda pública

DECRETO 220/2018, de 30 de noviembre, del Consell por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas para realizar actuaciones de emergencia en el Estado de Palestina. [2018/11298]  
La Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible, incluye, como acción humanitaria, el conjunto de actuaciones de ayuda a las víctimas de desastres naturales y conflictos armados, o a poblaciones en situación de vulnerabilidad extrema, orientadas a garantizar su subsistencia, proteger sus derechos, defender su dignidad y sentar las bases de su posterior desarrollo. Igualmente, comprende las actuaciones de postemergencia encaminadas a la rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras físicas, económicas y sociales, y la prevención y reducción de la situación de vulnerabilidad de comunidades y poblaciones víctimas de desastres del tipo que fuere.  
Las ayudas alimentaria y sanitaria de emergencia, la asistencia a personas refugiadas y desplazadas internas por motivo de conflictos armados o de guerras, y también de catástrofes naturales cuando su situación se prolonga en el tiempo, la prevención de desastres, la denuncia de violaciones de los derechos humanos asociada habitualmente a estos colectivos y los proyectos de defensa de los mismos, constituyen así mismo acción humanitaria.  
La ocupación Israelí en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este ha fragmentado el territorio palestino hasta hacerlo prácticamente inviable, ha mermado las tierras bajo control palestino y hoy en día los palestinos controlan menos del 20% de la Palestina del Mandato Británico.   
En este territorio, los palestinos viven bajo políticas discriminatorias que obstaculizan el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. En la Franja de Gaza, que acoge 1,9 millones de habitantes con una densidad de población de las más altas del mundo, el 67% de la población recibe ayuda alimentaria. En el caso de la franja de Gaza, el bloqueo impuesto desde 2007 por Israel supone la negación de los derechos humanos más básicos plasmados en la legislación internacional en lo que respecta al castigo colectivo. El bloqueo está deteriorando sus condiciones de vida y disminuyendo su acceso a los servicios básicos e infraestructura   
En Cisjordania y Jerusalén Este, a pesar de que los índices de pobreza son menores que en Gaza, la situación no presenta un futuro mejor ya que la destrucción de infraestructura y apropiación de tierras por la construcción del Muro y la expansión de los asentamientos Israelíes hace inviable, aquí también, cualquier proceso de desarrollo.  
La seguridad alimentaria es una de las mayores preocupaciones humanitarias en territorio Palestino ocupado. Aunque se han registrado mejoras en los últimos años, la inseguridad alimentaria sigue siendo alta en Palestina, pues el 26,8% de hogares estaban clasificados en las categorías de situación de inseguridad alimentaria en 2014.   
El territorio se encuentra en una situación de continuas violaciones del derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos que conlleva una situación de crisis humanitaria prolongada en el tiempo. El efecto de los bloqueos en la economía palestina ha hecho que miles de personas pierdan su capacidad de acceder a los medios de vida básicos. Las restricciones al acceso a la alimentación y los medios de vida, a los servicios básicos y las amenazas a la libertad y a la vida están generando una situación de vulnerabilidad en la población palestina que requiere de respuesta.  
La situación del territorio Palestino ocupado constituye, según Naciones Unidas, un claro ejemplo de ?situaciones complejas de emergencia humanitaria?, donde la vulnerabilidad de la población tiene graves efectos sobre su desarrollo psicológico, su capacidad productiva, la infraestructura institucional y la economía en su conjunto.   
Según el último informe elaborado por UNRWA, de fecha 28 de julio de 2018, la capacidad de recibir apoyo por parte de la población refugiada palestina se ha visto considerablemente reducida, debido a la decisión adoptada por Estados Unidos, con relación a la reducción de 300 millones de dólares americanos de los fondos que anualmente donaba a la Agencia. Como consecuencia de esta coyuntura, resulta necesario la movilización por parte de todos los agentes necesarios, para aumentar el apoyo financiero necesario para dotar de la adecuada atención a la población que se encuentra afectada por la situación de bloqueo en la zona.   
Según dicho informe elaborado por UNRWA, la situación ha venido caracterizada en los últimos meses en la zona por las siguientes incidencias:   
Entre el 10 de julio y el 22 de julio, barcos patrulleros israelíes abrieron fuego contra barcos palestinos frente a las costas de la Franja de Gaza en 14 ocasiones, obligándolos a desembarcar.   
Entre el 10 de julio y el 23 de julio, las fuerzas israelíes posicionadas en la valla fronteriza abrieron fuego contra áreas palestinas en 20 ocasiones.   
Entre el 10 de julio y el 23 de julio, civiles, incluidos muchos jóvenes, continuaron participando en varias protestas bajo el lema "Gran Marcha del Retorno" cerca de la cerca perimetral en diferentes áreas de Gaza. Las fuerzas israelíes respondieron con disparos y gases lacrimógenos. Según OCHA y la OMS, desde el inicio de la "Gran Marcha del Retorno" del 30 de marzo hasta el 23 de julio, 155 palestinos fueron asesinados y unos 16.847 resultaron heridos.  
Entre el 12 de julio y el 22 de julio, las fuerzas israelíes lanzaron 136 misiles dirigidos a los militantes que entrenaban en la Franja de Gaza en respuesta a los proyectiles de mortero disparados por los militantes. 41 resultaron heridos y tres fueron asesinados, dos de ellos son niños.  
Por todo ello, se estima necesaria realizar esta convocatoria para la concesión directa, con carácter excepcional, y por razones humanitarias y de emergencia, de subvenciones para la realización de proyectos de acción humanitaria consistentes en actuaciones de emergencia en los Territorios Palestinos para paliar los efectos del bloqueo en las zonas de Gaza y Cisjordania, debiendo los proyectos responder a una intervención en el ámbito de la seguridad alimentaria, la nutrición y la ayuda alimentaria.  
Por todas estas razones, esta situación de emergencia requiere actuaciones de emergencia en el Estado de Palestina.  
Se ha reunido el 29 de octubre con carácter urgente al Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana, (CAHE), que es el órgano de coordinación de las instituciones públicas y entidades privadas de la Comunitat Valenciana que destinen fondos a la acción humanitaria planteada, regulado por Decreto 24/2013, de 25 enero, del Consell, exponiendo la necesidad de conocer los proyectos de las organizaciones no gubernamentales que cuentan con estructura suficiente sobre el terreno para atender esta situación urgente y excepcional.  
La Generalitat ha establecido como objetivo estratégico y como prioridades que deben cumplir dichos proyectos, como mínimo, alguna de las siguientes áreas de intervención prioritarias: Seguridad Alimentaria, Nutrición y Ayuda Alimentaria. La zona de intervención delimitada debe circunscribirse a la Franja de Gaza o Cisjordania. Asimismo, los proyectos deben ejecutarse en un plazo máximo de nueve meses desde la recepción de los fondos.  
La selección de los proyectos a subvencionar se ha hecho conforme a la Carta Humanitaria y las Normas Mínimas para la Respuesta Humanitaria del Proyecto Esfera. Dicho Proyecto fue iniciado en 1997 por un grupo de organizaciones no gubernamentales a fin de elaborar un conjunto de normas mínimas universales en ámbitos esenciales de las respuestas humanitarias. La Carta Humanitaria y las normas mínimas para la respuesta humanitaria son el resultado de la experiencia colectiva de muchas personas y organizaciones y, por lo tanto, no representan las opiniones de ninguna entidad en particular, y es el instrumento idóneo para realizar la valoración y selección de los proyectos de acción humanitaria.  
En este contexto, el procedimiento más adecuado para articular la respuesta humanitaria que ofrece la Generalitat ante esta catástrofe es la concesión directa de subvenciones, según lo señalado en el artículo 168.1.c) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, que establece que, con carácter excepcional, podrán otorgarse subvenciones mediante concesión directa en aquellos casos en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.   
Para financiar dichas actuaciones es preciso realizar una previa modificación presupuestaria, dotando una nueva línea de subvención del Programa presupuestario 06.18.27.272.18 del Presupuesto de la Generalitat para 2018, por un importe de 49.999,92 euros.  
Por todo lo anterior, previo informe favorable de la conselleria competente en materia de Hacienda, y a propuesta del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, y previa deliberación del Consell, en la reunión de 30 de noviembre de 2018,  
  
  
DECRETO  
  
Primero. Objeto  
1. Este Decreto tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para la concesión directa, con carácter excepcional, y por razones humanitarias, de ayudas para la realización de proyectos de acción humanitaria consistentes en actuaciones de emergencia en el Estado de Palestina, con el fin de atender las necesidades básicas de la población refugiada palestina afectada por el bloqueo y reducir su inseguridad alimentaria.  
2. El proyecto deberá ejecutarse en la franja de Gaza y/o Cisjordania, y estará centrado en las prioridades de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Ayuda Alimentaria.  
La ejecución del proyecto conllevará la realización de las siguientes actividades por parte de la entidad beneficiaria:  
- Identificación y selección de la población destinataria de la ayuda.  
- Licitación, adquisición y transporte de los alimentos.  
- Comprobación de los alimentos, diseño de los paquetes y embalajes.  
- Distribución de los alimentos a la población.  
- Seguimiento de la intervención.  
3. El periodo de ejecución del proyecto subvencionado se extenderá a un período de nueve meses a contar desde el pago de la subvención.  
  
Segundo. Régimen Jurídico aplicable y compatibilidad con la normativa de competencia de la Unión Europea  
Estas ayudas se regirán, además por lo establecido en este decreto, por lo previsto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio; y, con carácter más general, por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cualquier otra disposición normativa que, por su naturaleza, pudiera resultar de aplicación.  
A los efectos de lo establecido en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la subvención concedida al amparo de este decreto es compatible con el Derecho comunitario puesto que no falsea ni amenaza falsear la competencia en el mercado interior de la Unión Europea ni afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros, por lo que, al no distorsionar la competencia, no precisa de su notificación a la Comisión Europea por no reunir todos los requisitos previstos en el aludido artículo 107, apartado 1, Z.V.B.M.  
  
Tercero. Modalidades de ayuda  
Las ayudas destinadas a financiar el proyecto amparado por las bases reguladoras objeto de este decreto adoptarán la modalidad de subvención.   
  
Cuarto. Entidad beneficiaria y criterios de selección  
1. La Asociación Comité Español de la UNRWA, con CIF U80161676, será beneficiaria de una subvención por importe de 49.999,92 euros, con cargo al programa presupuestario 60.11.36.577.61 de los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018, para la ejecución del proyecto denominado ?Ayuda alimentaria de emergencia para la población refugiada de Palestina en situación de extrema pobreza en la Franja de Gaza?.  
2. Para seleccionar el proyecto de la entidad beneficiaria se ha utilizado la Carta Humanitaria y Normas Mínimas para la Respuesta Humanitaria del Proyecto Esfera.  
  
Quinto. Procedimiento de Concesión  
1. La subvención será concedida de forma directa según dispone el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el artículo 168.1.c) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, por concurrir razones humanitarias.  
2. Las bases reguladoras de la subvención se determinan en este decreto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y en el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en el citado artículo 168.1.c) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  
  
Sexto. Órgano competente para la concesión de la subvención  
La subvención será concedida mediante resolución de la persona titular de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por delegación del Consell, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1.a), 4 y 5 del artículo 160 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.  
  
Séptimo. Financiación  
1. Para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión de esta subvención, de acuerdo con la previsión legal del último párrafo del artículo 168 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, mediante modificación presupuestaria y una vez aprobado este decreto, se creará una línea de subvención, dentro del programa presupuestario 74.80.96.715.84 del Presupuesto de la Generalitat para 2018, por un importe de 49.999,92 euros, para la financiación de gastos corrientes.  
2. La nueva línea se dotará mediante una transferencia de crédito por importe de 49.999,92 euros procedentes de la línea de subvención S8054000, Subvenciones para atención de emergencia ante fenómenos naturales o catástrofes humanitarias (CAHE).  
  
Octavo. Forma de pago  
1. El pago de la subvención se efectuará, con carácter inmediato, tras la resolución de concesión, hasta el 100 por 100 de su importe, de acuerdo con lo que establece el artículo 112 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, en relación con el artículo 19.5 de la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible. Se procederá a la entrega del 100 por 100 del importe de la subvención después de la notificación de la resolución de concesión.  
2. La fecha de recepción de los fondos deberá ser comunicada a la Dirección General de Cooperación y Solidaridad.  
  
Noveno. Gastos subvencionables  
1. Son gastos subvencionables todos aquellos que, de manera indubitada, están ligados a la ejecución de las actividades subvencionadas y que resulten estrictamente necesarios para la implementación de las mismas, siempre que cumplan las normas sobre justificación y control establecidas y que se destinen a la financiación de la consecución de los objetivos concretados en el proyecto subvencionado.   
2. De acuerdo con el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en ningún caso, el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado de la zona donde se realice la actuación.  
3. Los gastos subvencionables serán realizados en el plazo de ejecución del proyecto subvencionado y deberán ser efectivamente pagados en el período comprendido entre la fecha de inicio del proyecto subvencionado y antes de la finalización del período de justificación, excepto los de auditoría que podrán realizarse y ser pagados después de la finalización del plazo de ejecución pero antes del fin del plazo de justificación.  
4. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable será igual o superior al que establezca la normativa aplicable en materia de contratos del sector público, la entidad beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten.  
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la fase de justificación económica, se realizará conforme a criterios de eficiencia, economía y potenciación de recursos locales, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. No podrá, en ningún caso, fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo, y eludir el cumplimiento de los requisitos mencionados.  
Sin la adecuada justificación en una oferta que no fuera la más favorable económicamente, el órgano concedente podrá recabar una tasación pericial contradictoria del bien o servicio, siendo de cuenta de la entidad beneficiaria los gastos ocasionados. En tal caso, la subvención se calculará, tomando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el beneficiario o el resultado de la tasación.  
En el caso de igualdad de condiciones, se dará preferencia a los bienes y/o servicios de origen local y, en su caso, a los suministrados en la Comunitat Valenciana.  
5. Los gastos subvencionables, de naturaleza corriente, son de dos tipos:  
5.1. Costes directos: son aquellos gastos ligados directamente a la ejecución del proyecto objeto de este decreto y que son estrictamente necesarios para la financiación de las actividades que darán cumplimiento a los objetivos del mismo.  
5.1.1. Auditoría externa. Se incluirán en esta partida los gastos derivados de la revisión de la cuenta justificativa mediante procedimiento de auditoría. El total del gasto imputado a la Generalitat por este concepto no podrá superar la cuantía del 4 por 100 del importe de la subvención concedida por ésta.  
5.1.2. Arrendamientos. Se incluirán en esta partida los gastos de alquiler de terrenos, inmuebles - salvo viviendas - vehículos, maquinaria, instalaciones y utillajes necesarios para la ejecución del proyecto subvencionado. Se excluye de esta partida el alquiler de las sedes administrativas o viviendas del personal de la entidad beneficiaria o, en su caso, de su socio local o contraparte extranjera.  
5.1.3. Materiales y suministros. Se incluirán en esta partida la adquisición de consumibles de oficina e informática que sean necesarios para el desarrollo de las actividades subvencionadas, enseres, materiales y otros bienes o servicios que resulten necesarios para su realización, tales como reprografía e imprenta y soportes audiovisuales, así como cualquier tipo de material fungible necesario para la ejecución de las actividades (material sanitario, agrario), así como el mantenimiento y los seguros de los vehículos en el terreno.  
5.1.4. Personal. Se incluirán en esta partida los gastos derivados de la contratación del personal al servicio, total o parcialmente, del proyecto subvencionado, siempre que exista una relación laboral, fija o temporal, entre la entidad beneficiaria y la persona trabajadora. No se incluirán gastos originados por los integrantes de las juntas directivas o consejos de dirección de la entidad beneficiaria ni de la contraparte. Igualmente se incluirán en esta partida salarios, seguros sociales a cargo de la entidad y otras provisiones de fondos de obligado depósito de acuerdo con la legislación local y, en caso de personal en el exterior, todos los gastos derivados de la aplicación del Real decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes (BOE núm. 114, de 13 de mayo de 2006), siempre que estén contemplados en el proyecto presentado inicialmente por la entidad beneficiaria. Estos últimos, de no ser obligados por la legislación laboral que corresponda, deben figurar en el contrato laboral suscrito por la entidad beneficiaria.  
No se incluirán penalizaciones o compensaciones por incumplimientos de contrato imputables a la entidad beneficiaria, su socio local o contraparte, ni recargos por impago o retrasos en impuestos retenidos o seguridad social. En todo caso deberá disponerse del correspondiente contrato de trabajo, junto con el acuerdo complementario de destino en caso de cooperantes, de acuerdo con la normativa que lo rija. En los contratos se deben especificar las tareas que se desempeñan, la modalidad de contratación, la categoría profesional y el salario. En el caso de que un contrato de trabajo sea anterior a la concesión de la subvención o quien lo desempeñe sólo se dedique parcialmente a actividades relacionadas con la ejecución de una determinada actuación, no será necesario que figuren expresamente en el contrato las actividades que realiza en relación a esa actuación.  
Se contemplan tres subpartidas para este concepto:  
9.4.2.0. Personal local: Personal contratado por la entidad beneficiaria o, en su caso, su socio local o contraparte extranjera, sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta el proyecto subvencionado y en el que presta sus servicios, de acuerdo con el régimen laboral correspondiente, estando sus funciones y tareas directamente relacionadas con la actividades subvencionadas.  
0.5.4.8. Personal expatriado: Personal contratado por la entidad beneficiaria sometido a la legislación española, que presta sus servicios en el país de ejecución y cuyas tareas se vinculan directamente al proyecto subvencionado. La relación con la entidad beneficiaria estará regida, además de por el resto de la legislación aplicable, por lo regulado en el Real decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes (BOE núm. 114, de 13 de mayo de 2006). Sus acuerdos complementarios de destino deben, por tanto, haber sido presentados con la justificación ante el órgano gestor.  
1.5.4.6. Personal en sede en la Comunitat Valenciana: Personal contratado por la entidad beneficiaria, sometido a la legislación española, y que realiza su trabajo de forma continuada en la Comunitat Valenciana, y cuyas tareas se vinculan directamente al proyecto subvencionado, con independencia de sus desplazamientos ocasionales a otras zonas de España o país/es vinculado/s al proyecto.  
La retribución mensual bruta del personal en sede, local y expatriado, imputable a la subvención, no excederá de la cantidad de 3.000 euros.  
En el proyecto presentado inicialmente por la entidad beneficiaria, dicha entidad indicará el porcentaje de la jornada laboral que el personal dedique al proyecto subvencionado. La retribución máxima subvencionable se calculará aplicando el porcentaje correspondiente.   
El total del gasto subvencionado por este concepto (personal) no podrá superar la cuantía del 60 por 100 del importe de la subvención concedida por la Generalitat.   
5.1.5. Voluntariado. Se incluirán en esta partida los gastos en que incurra la entidad beneficiaria que ejecute ciertas actividades mediante personas voluntarias de sus organizaciones que -conforme a la normativa vigente en materia de voluntariado- no perciban retribuciones, tales como los gastos de las pólizas de seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil que -en su caso- sean suscritas y se deriven directamente del proyecto, siempre y cuando dichos gastos no sean financiados por las personas voluntarias. Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, y ser presentados en el órgano directivo en materia de cooperación internacional para el desarrollo.   
5.1.6. Otros servicios técnicos y profesionales. Se incluirán en esta partida aquellos servicios, asistencias técnicas o consultorías, requeridos para la realización de planes de negocio, capacitaciones, seminarios, informes (distintos del de auditoría, que se imputa a su respectiva partida), servicios de diseño y maquetación de materiales, gastos de control de gestión u otras necesidades tales como notariales, registrales, de compulsa y de traducción que no impliquen relación laboral con la entidad beneficiaria y no puedan incluirse en otras partidas.  
5.1.7. Viajes, alojamientos y dietas. Se incluirán en esta partida los gastos por transporte o desplazamiento, carburante, alojamiento y manutención, devengados por razón del servicio por el personal vinculado al proyecto subvencionado en virtud de una relación laboral, así como por las personas voluntarias e, incluso, por las personas destinatarias últimas del mismo cuando su ejecución así lo requiera, entendiéndose, a tales efectos, que son personas destinatarias últimas las personas beneficiadas por las actividades subvencionadas.   
El importe máximo subvencionable para este tipo de gastos no podrá superar el previsto para el personal que presta servicios para la Generalitat, de conformidad con las cuantías y los conceptos establecidos en el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Consell, sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios. Estas cantidades servirán de referencia, tanto para los gastos realizados en España como para los generados en el país de ejecución del proyecto, siempre respetando el valor de mercado.  
En el caso de servicios técnicos y profesionales que requieran desplazamientos para su ejecución, solo se imputarán a este concepto aquellos relacionados con servicios que no requieran de un contrato escrito (servicios esporádicos de profesores, abogados, notarios o tasadores). Si el servicio requiere la suscripción de un contrato, los gastos de desplazamiento y dietas estarán comprendidos en el precio del contrato, computarán a efectos de los límites aplicables en la normativa de contratación y se justificarán de acuerdo con el apartado relativo a otros servicios técnicos y profesionales.   
La aportación de un vehículo en especie será incompatible con la imputación con cargo a la subvención de gastos de desplazamientos realizados con el mismo vehículo, su seguro y su mantenimiento.  
El total del gasto subvencionado por este concepto no podrá superar la cuantía del 15 por 100 del importe de la subvención concedida.  
5.1.8. Actividades de testimonio vinculadas a proyectos de acción humanitaria. Se incluirán en esta partida los gastos imputables al desarrollo de acciones de sensibilización e incidencia en actores locales o internacionales relacionados con las poblaciones beneficiarias. Las actividades testimoniales deben estar vinculadas a las asistenciales e incidir en los objetivos del proyecto, así como desarrollarse en el país de actuación o en los espacios nacionales o internacionales que atiendan estas problemáticas. No podrán imputarse a este concepto gastos relacionados con la visibilidad de la entidad beneficiaria.   
5.1.9. Gastos bancarios. Se incluirán en esta partida los gastos bancarios y de transferencia de las cuentas que figuren a nombre del proyecto.  
5.2. Costes indirectos: Se entenderá por gastos indirectos aquellos propios del funcionamiento regular de la entidad beneficiaria o, en su caso, su socio local o contraparte extranjera, que resulten imprescindibles para la ejecución del proyecto subvencionado y atribuibles al mismo, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza.  
Los gastos indirectos, con la definición y límites previstos en este decreto, se podrán acreditar mediante declaración responsable firmada por la persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria en la que se describirán los tipos de gastos incluidos y los importes destinados a cada uno de ellos, y se hará constar que los mismos han sido realizados para el sostenimiento de la ejecución del proyecto subvencionado. En todo caso, los datos deben obrar en la contabilidad de la entidad beneficiaria.  
La suma de los costes indirectos imputados al proyecto subvencionado no podrá superar el 10 por 100 del total de los costes directos de acuerdo con el presupuesto presentado por la entidad beneficiaria. Tampoco podrá la entidad beneficiaria imputar en concepto de costes indirectos más del 10 por 100 del importe de la subvención concedida por la Generalitat.  
6. En ningún caso serán subvencionables:  
6.1. La adquisición de elementos inventariables como maquinaria, mobiliario, equipos, vehículos, infraestructuras, bienes inmuebles y terrenos.  
6.2. Los intereses deudores de cuentas bancarias.  
6.3. Los recargos y las sanciones administrativas y penales o los intereses de aplicación a la demora de los pagos.  
6.4. Los gastos de procedimientos judiciales derivados y/o relacionados con el proyecto subvencionado.  
6.5. Los gastos de representación o atenciones protocolarias, almuerzos, catering, recepciones, regalos, flores, espectáculos.   
6.6. Las cuotas satisfechas por la pertenencia a cualquier agrupación, plataforma o federación de entidades u ONGD.  
6.7. Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.  
6.8. Indemnizaciones por despido.  
7. La acreditación de los gastos subvencionables, según su tipo, se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.4 de la Orden 3/2017, de 31 de mayo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo (DOGV núm. 8054, de 02.06.2017).  
  
Décimo. Régimen de justificación  
1. La entidad beneficiaria deberá presentar, de forma electrónica y en plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución del proyecto subvencionado, informe final, en modelo normalizado, que especifique las actividades realizadas, los objetivos alcanzados, los resultados obtenidos y los documentos preceptivos para la justificación del proyecto.  
2. Dada su condición de agencia perteneciente al sistema de las Naciones Unidas y entidades que tienen un acuerdo suscrito con éstas que les reconoce como su comité en España, la entidad beneficiaria podrá realizar la justificación de la subvención concedida a través del sistema previsto en los reglamentos financieros de Naciones Unidas que sean de aplicación, de acuerdo con la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidad.   
  
Undécimo. Incumplimientos y reintegros  
1. En los supuestos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la entidad beneficiaria de la subvención deberá reintegrar a la Generalitat las cantidades correspondientes.  
2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
  
Duodécimo. Facultad de ejecución y desarrollo  
Se faculta a la persona titular de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para hacer efectivo este decreto.  
  
Decimotercero. Recursos  
Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
València, 30 de noviembre de 2018  
  
El president de la Generalitat,  
XIMO PUIG I FERRER  
  
El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social,   
Participación y Cooperación,  
MANUEL ALCARAZ RAMOS