Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3874, del 09-11-2000 (2000/8970)

ACUERDO de 31 de octubre de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la instalación de una industria de elaboración de mármoles y granitos en el término municipal de Novelda.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3874

Fecha DOGV
:   09-11-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/8970


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 31 de octubre de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la instalación de una industria de elaboración de mármoles y granitos en el término municipal de Novelda. [2000/M8970]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 31 de octubre de 2000, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Antecedentes de hecho
  
1. Con fecha 28 de abril de 1999, don Enrique Ramón Pina Navarro, en representación de la mercantil Levantina de Piedras, SA, presentó en el Servicio Territorial de Alicante de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, instancia y documentación complementaria solicitando la declaración de interés comunitario, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable, para la instalación de una industria de elaboración de mármoles y granitos, en el punto kilométrico 27,50 de la carretera N-330, en suelo no urbanizable del término municipal de Novelda, sobre la parcela 35 y la 34, en parte, del polígono catastral número 9, inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda, fincas número 11.498 y 31.190, en parte.
  
Con fecha 2 y 18 de junio y 13 de julio de 1999 se presentó nueva documentación por los interesados, en cumplimiento de los requerimientos formulados en tal sentido desde el Servicio de Urbanismo y Ordenación Territorial de Alicante.
  
Con fecha 3 de marzo de 2000 la representación legal de la mercantil promotora presenta nueva documentación solicitando modificar los parámetros de la inicial solicitud, ampliando la superficie construida.
  
Igualmente con fecha 29 de marzo de 2000 aporta nueva documentación, entre la que se encuentra la solicitud de cesión de la titularidad de la declaración de interés comunitario en trámite a favor de la mercantil Esteve y Máñez Stone, SL, representada por don Francisco Máñez Bellot, acompañando escritura de compraventa de la parcela registral nº 11.498 en favor de la citada mercantil.
  
2. Del análisis de la documentación aportada y de los informes emitidos por los servicios técnicos de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se desprende que la instalación pretendida se localiza en suelo no urbanizable común rústico, siendo sus parámetros los siguientes, de acuerdo con la última documentación rectificada formulada por los interesados:
  
- Instalación: Industria de elaboración de mármoles y granitos.
  
- Superficie de parcela: 150.000 m2.
  
- Superficie ocupada por la actividad: 100.000 m2 aproximadamente.
  
- Superficie ocupada por la construcción: 34.151 m2.
  
- Ocupación máxima: 22,77%.
  
- Superficie total construida: 36.634 m2.
  
- Altura media: 10 m.
  
- Edificabilidad: 0,244 m2/m2.
  
- Nº de plantas: PB (Naves), PB+1 (Servicios) y PS+PSS+PB+3 (Oficinas).
  
- Superficie ocupada por las instalaciones anexas: 40.000 m2 aproximadamente.
  
- Separación linderos: > 10 m.
  
- Separación a autovía (N-330): > 100 m.
  
- Aparcamientos: 1 plaza cada 200 m2 construidos.
  
3. La documentación aportada está integrada por memoria informativa y justificativa de la ordenación, planos de información urbanística y de ordenación, estudio económico- financiero, plan de etapas y estudio de impacto ambiental. En la misma quedan definidas las características de la ordenación propuesta, y se prevén todas las obras de conexión con las redes generales de infraestructuras y servicios públicos necesarios para el funcionamiento de la actividad.
  
4. Consta, asimismo, compromiso de asunción por el promotor del régimen de deberes, cesiones y obligaciones propios del suelo urbanizable, si bien el cumplimiento de los mismos se materializará en los términos que se derivan de la propuesta.
  
Igualmente consta compromiso de cesión a favor del Ayuntamiento de Novelda de los terrenos de la parcela donde se emplaza la actuación que son colindantes con la carretera N-330 (Autovía Madrid-Alicante), para la ejecución de un vial paralelo a la misma previsto por dicho Ayuntamiento en un plan especial en elaboración.
  
5. Mediante la Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 13 de septiembre de 1999, fue admitida a trámite la solicitud formulada y su sometimiento a información pública por plazo de veinte días, simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento. A este respecto, se publicaron sendos anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.598, de fecha 6 de octubre de 1999, y diario La Verdad de fecha 24 de septiembre de 1999, anuncios que, asimismo, servían para someter a información pública la necesaria declaración de impacto ambiental. Igualmente fueron remitidos avisos al domicilio de quienes aparecen como titulares catastrales de derechos afectados por la actuación, al constar la existencia de dos propietarios, no promotores de la actuación, comprendidos en el ámbito de la actuación.
  
Durante el citado plazo no consta la presentación de alegaciones ni de alternativas en competencia.
  
6. El Ayuntamiento de Novelda, mediante acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 5 de agosto de 1999, ha informado favorablemente la instalación pretendida, señalándose como antecedente el convenio suscrito con la promotora el 5 de mayo de 1999 en el que el ayuntamiento se compromete a informar favorablemente la actuación a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable, y a aceptar, como compensación por los deberes legales de cesión, la cantidad de 27.812.067 pesetas. No obstante, respecto a este último extremo, en el curso de la tramitación del expediente se requirió la concreción y motivación de la referida propuesta de monetarización de los deberes legales de cesión por referencia al aprovechamiento lucrativo y el correspondiente a suelos de cesión para el uso y dominio público.
  
A la vista de la nueva documentación presentada ampliando los parámetros edificatorios de la inicial solicitud, el Ayuntamiento de Novelda, nuevamente, mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado en sesión de fecha 20 de abril de 2000, acordó informar favorablemente tal modificación, incluyendo una nueva propuesta de compensación de los deberes legales de cesión, cuantificados en 43.664.227 pesetas, y estableciéndose como condicionante que el promotor se comprometa igualmente a la plantación de un seto de chopos a lo largo de todo el perímetro de la actuación, con el fin de reducir en la medida de lo posible su impacto visual.
  
Trasladado el contenido del referido informe municipal a la promotora, la representación legal de la misma, mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2000 manifiesta su conformidad a la nueva propuesta de cesiones y al condicionante antes citado.
  
7. Durante la tramitación del expediente han sido emitidos los siguientes informes sectoriales:
  
1º. Respecto del acceso a la instalación, obra en el expediente autorización otorgada el 17 de marzo de 2000 por la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento para el acondicionamiento del camino de servicio de Las Salinetas, conforme al proyecto presentado en dicho órgano administrativo y fechado a febrero de 2000. El citado proyecto prevé la ejecución de obras de acondicionamiento en un tramo de 1.350 metros. Con esta autorización deben considerarse subsanados los reparos impuestos en los previos informes desfavorables emitidos en fechas 2 de julio de 1999 y 16 de junio de 1999, por el Ministerio de Fomento y por la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Respecto a este último debe destacarse que, mediante la documentación aportada por los interesados en fecha 13 de julio de 1999, quedó subsanada la deficiencia relativa al grafiado de la línea de edificación de la autovía, quedando la correspondiente franja de 50 metros libre de construcciones y usos, remitiendo a la competencia del Ministerio de Fomento, como titular de la vía, la autorización de las obras de acondicionamiento del camino de servicio para posibilitar los accesos a las instalaciones.
  
Los representantes de ambos órganos administrativos en la Comisión Informativa de Urbanismo han ratificado que con la autorización otorgada para el acondicionamiento del camino de servicio y la nueva documentación que grafía la línea de edificación y la deja libre de construcciones y usos, han quedado cumplimentados los condicionantes impuestos en su día.
  
2º. Por lo que se refiere al impacto ambiental de la actuación integral, la directora general de Planificación y Gestión del Medio ha emitido el 19 de enero de 2000 declaración de impacto ambiental favorable, siempre que se cumplan las condiciones que en la misma se señalan, así como las medidas correctoras del estudio de impacto ambiental que no entren en contradicción con los mismos. Solicitado informe de la citada dirección general acerca de las modificaciones producidas en los parámetros iniciales de la solicitud, con fecha 10 de abril de 2000 se recibe respuesta en la que se significa que tales variaciones no afectan al contenido de la declaración emitida.
  
3º. Con fecha 21 de diciembre de 1999, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante de la Conselleria de Industria y Comercio emite informe favorable a la actuación.
  
4º. Solicitado con fecha 25 de mayo de 1999 informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar no se ha recibido respuesta hasta la fecha. Igualmente, la promotora ha presentado copia de la solicitud presentada a dicho organismo con fecha 8 de junio de 1999 para la aprobación del estudio de drenaje de la parcela que, según consta en la declaración de impacto ambiental emitida, ha sido ya objeto de autorización por el organismo de Cuenca. Tales informes y autorizaciones han sido requeridos en cuanto la implantación de la actividad implica el desvío y encauzamiento de un barranco.
  
8. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en sesión del día 6 de junio de 2000, acordó emitir un informe favorable de la aprobación de la presente declaración de interés comunitario.
  
Igualmente emitió un informe favorable de la minoración de la reserva legal de suelo dotacional establecida en el artículo 14 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, considerando procedente permitir la minoración de la parte correspondiente a la red viaria, manteniendo el deber mínimo de cesión del 10% de suelo correspondiente a zona verde, que en el presente caso son superados, alcanzando el 20%, en los términos que son asumidos en la propuesta, en que se plantea su sustitución económica en los términos autorizados por el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable.
  
9. Mediante Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 26 de julio de 2000, se acordó minorar la reserva legal de suelo dotacional establecida en el artículo 14 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, estableciendo que la presente actuación integral queda sujeta únicamente al deber de reserva y cesión del 20% de suelo con destino a equipamientos y zonas verdes.
  
10. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 28 de julio de 2000, emitió un informe favorable de la presente declaración de interés comunitario.
  
Consideraciones técnico-jurídicas
  
1. La solicitud formulada debe resolverse al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable, debiendo sustanciarse por el procedimiento de declaración de interés comunitario a que se refiere el artículo 8.2 de dicha ley en relación con el artículo 20 de la misma.
  
En efecto, de conformidad con el último de los preceptos legales, las edificaciones e instalaciones destinadas a actividades terciarias e industriales que, entre otros, precisen la ocupación de una superficie mayor de 4 hectáreas, requieran más de 8.000 m2 construidos o exijan la realización de más de 1000 metros lineales de desarrollo, sólo podrán realizarse como actuaciones integrales, previo cumplimiento de las condiciones exigidas por el párrafo primero del citado artículo.
  
A la vista de las características concurrentes en la actuación pretendida no cabe duda de que el cauce procedimental adecuado para la resolución del expediente resulta ser el procedimiento extraordinario previsto en el artículo citado, una vez constatado que se cumplen las condiciones fijadas en el número 1 de tal precepto, toda vez que:
  
a) Las características de la actuación precisan disponer de una superficie de grandes dimensiones, siendo igualmente importantes las necesidades constructivas de la industria, no siendo posible su localización dentro de los suelos urbanos o urbanizables existentes en el municipio.
  
b) La actuación resuelve los servicios que demanda su establecimiento sin que se produzca una sobrecarga de demanda de las infraestructuras existentes, siendo de destacar, a estos efectos, los informes favorables emitidos por las diferentes administraciones sectoriales que han intervenido en el procedimiento.
  
c) La mercantil promotora de la actuación asume el cumplimiento de las obligaciones, deberes y cesiones propias del adjudicatario de un programa de actuación, no inferiores a las legalmente exigibles en suelo urbanizable, si bien se materializarán en los términos que se derivan de la propuesta obrante en el expediente.
  
2. La tramitación del expediente ha sido formalmente correcta, habiéndose cumplido las exigencias procesales establecidas en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable.
  
3. Los servicios que demanda la actuación quedan adecuadamente resueltos a cargo de la mercantil promotora, en los términos que resultan del expediente.
  
4. La actuación solicitada es de implantación adecuada desde el punto de vista de la ordenación territorial, al efectuarse en suelo no urbanizable común no merecedor de ninguna protección.
  
Desde el punto de vista económico y social, la actuación aporta soluciones, sin duda, al desarrollo de la zona.
  
5. En relación con la cuantificación de las cesiones correspondientes a los promotores de la actuación, que se cifran en el 10% del aprovechamiento lucrativo de la actuación y el 20% del suelo afectado con destino a zonas verdes y equipamientos públicos, debe destacarse que a la presente solicitud, dada su fecha de admisión a trámite, resulta de aplicación el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, que en el artículo 14, al definir los estándares aplicables a sectores industriales los establece en un 40% de la superficie total de la actuación, de los cuales el 10% deberá ser necesariamente destinado a zonas verdes.
  
Al propio tiempo, se establece la posibilidad de minorar esta reserva mediante resolución motivada del conseller competente en Urbanismo, previo informe de la conselleria competente en materia de Industria y del Consejo Superior de Urbanismo, siempre que se trate de complejos industriales aislados o esté prevista algún tipo de actividad productiva especial para la que no resulta adecuado.
  
En el presente caso se estima procedente resolver la minoración del estándar aplicable con carácter general a estos suelos, al estimarse que concurren los requisitos establecidos en el citado precepto:
  
1º. La Conselleria de Industria y Comercio ha emitido informe favorable a la propuesta contenida en el expediente en los mismos términos en que se plantea.
  
2º. Se trata de un complejo industrial aislado, constituido por una única actividad industrial. En consecuencia, resulta absolutamente superfluo el establecimiento de cualquier previsión de viario público interior a la actuación. Por lo tanto, dado que la actuación resuelve convenientemente, de acuerdo con la autorización otorgada por el Ministerio de Fomento, sus conexiones con la red pública viaria de carácter supramunicipal exterior a la actuación, el interior de la parcela queda configurado como una unidad de íntegra titularidad privada, en cuyo interior existirán, únicamente, las vías y aparcamientos privados que demande el funcionamiento de la actividad industrial.
  
Por lo tanto, se considera procedente permitir la minoración de la parte correspondiente a red viaria, manteniendo el deber mínimo de cesión del 10% de suelo con destino a zona verde, que en el presente caso son superados, alcanzando el 20%, en los términos que son asumidos en la propuesta, en que se plantea su sustitución económica en los términos autorizados por el artículo 20 de la Ley 4/1992.
  
Al propio tiempo debe destacarse el compromiso asumido por los promotores de la actuación del suelo necesario para la futura ejecución de un vial paralelo a la autovía, tal y como se señala en el antecedente cuarto del presente acuerdo.
  
En consecuencia con lo expuesto, mediante la Resolución de 26 de julio de 2000, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes minoró la reserva legal de suelo dotacional de la presente actuación integral, de conformidad con el citado artículo 14 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.
  
6. El Gobierno Valenciano es el órgano competente para la resolución del expediente, con la consiguiente aprobación de la ordenación y definición del correspondiente uso y aprovechamiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
De conformidad con los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano
  
ACUERDA
  
Primero
  
Aprobar definitivamente la ordenación urbanística para la actuación integral consistente en la implantación de una industria de elaboración de mármoles y granitos, en el punto kilométrico 27,50 de la carretera N-330, sobre la parcela 35 y parte de la 34, del polígono catastral número 9, en suelo no urbanizable del término municipal de Novelda, en los términos que se derivan de la documentación técnica asumida por la mercantil Esteve y Máñez Stone, SL, que afecta a una superficie de 150.000 m2, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado segundo, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente acuerdo.
  
La aprobación de la actuación integral llevará implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de interés social y de la necesidad de ocupación de los terrenos que, conforme al proyecto aprobado, sean necesarios para la ejecución de aquélla y para su enlace con los correspondientes sistemas generales. El promotor de la iniciativa finalmente aprobada tendrá, cuando no sea propietario de la superficie afectada por la actuación, o de parte de ella, la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo de su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer, con independencia de las obligaciones asumidas en el procedimiento de aprobación de su iniciativa.
  
Segundo
  
Adjudicar la referida actuación integral de interés comunitario a la mercantil citada a quien se le otorga la legitimación necesaria a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, para promover la actuación urbanística aprobada.
  
Tercero
  
Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados, en favor del ayuntamiento, para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
El promotor deberá satisfacer al Ayuntamiento de Novelda las compensaciones económicas sustitutivas de los deberes de cesión de terrenos para equipamientos y zonas verdes y las equivalentes al aprovechamiento urbanístico no patrimonializable en los términos que se derivan del expediente. Todo ello, sin perjuicio del compromiso asumido por la promotora de la futura cesión, a favor del Ayuntamiento de Novelda, de los terrenos de la parcela en que se emplaza la actuación colindante con la CN-330 (autovía Alicante-Madrid), para la ejecución de un vial paralelo a la misma, previsto para el ayuntamiento en un plan especial en elaboración.
  
Cuarto
  
El promotor deberá garantizar ante el Ayuntamiento de Novelda la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral por importe de un 7% del coste total de los servicios y obras de urbanización previstos. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes del inicio de las obras.
  
Quinto
  
Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Gobierno Valenciano.
  
Sexto
  
El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado segundo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente Acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Novelda. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.
  
Séptimo
  
El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas Administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la Declaración de Impacto Ambiental de 19 de enero de 2000. Igualmente deberá darse cumplimiento a la condición impuesta por el Ayuntamiento de Novelda en su informe de 20 de abril de 2000, relativo al establecimiento de una pantalla de arbolado para reducir el impacto visual de la instalación. Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación de dicha industria.
  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno Valenciano en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 31 de octubre de 2000
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,
  
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO