Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6629, del 13-10-2011 (2011/10739)

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2011, del director general de Administración Local por la que se publican los Estatutos del Consorcio Forestal del Túria.
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Número DOGV
:   6629

Fecha DOGV
:   13-10-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/10826


Fecha del documento
:   05-10-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2011, del director general de Administración Local por la que se publican los Estatutos del Consorcio Forestal del Túria. [2011/10690]  
Los municipios de Benagéber, Sinarcas, Aras de los Olmos, Titaguas, Chelva, Domeño, Chera y Tuejar adoptaron el acuerdo de constituir el Consorcio Forestal del Turia mediante los correspondientes acuerdos plenarios. La creación del citado consorcio, para adquirir eficacia, requiere ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.3 de la Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.  
Remitidos el expediente tramitado y los estatutos aprobados, no se advierte en ellos infracción del ordenamiento jurídico.   
Por todo ello, y de acuerdo con el artículo 109 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, y el artículo 33.2 del Decreto 110/2011, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Presidencia y la conselleria de Presidencia, resuelvo  
  
Artículo único  
Publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana los Estatutos del Consorcio Forestal del Túria, cuyo texto se transcribe a continuación como anexo, al haberse acreditado en el expediente la legalidad de las actuaciones.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el superior jerárquico del director general de Administración Local, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, teniendo en cuenta que en los litigios entre administraciones públicas no cabe interponer recurso en vía administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.   
  
Valencia, 5 de octubre de 2011.- El director general de administración local: Vicente Saurí Martí.  
  
  
ANEXO   
  
Estatutos del Consorcio Forestal del Túria  
  
Capítulo I. Disposiciones generales  
  
Artículo 1º. Constitución del consorcio  
1. Las Administraciones Públicas que se relacionan, al amparo del Artículo. 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Artículo 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y artículos 108, 109 y 110 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, acuerdan constituir un Consorcio, para aunar esfuerzos que mejoren la calidad de vida en el ámbito rural en su vertiente económica, social y ambiental.  
El consorcio está constituido inicialmente, por las siguientes entidades territoriales de derecho público:  
Ayuntamiento de Benagéber  
Ayuntamiento de Sinarcas  
Ayuntamiento de Aras de los Olmos  
Ayuntamiento de Titaguas  
Ayuntamiento de Chelva  
Ayuntamiento de Domeño  
Ayuntamiento de Chera  
Ayuntamiento de Tuéjar  
2. Podrán integrarse en el consorcio otras entidades territoriales sin continuidad territorial, que pertenezcan a distintas provincias e, incluso, a diferentes comunidades autónomas, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la legislación vigente.  
3. También podrán integrarse las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que tengan finalidades de interés público concurrentes con el objeto y finalidades del Consorcio, que acatando estos estatutos, lo soliciten y sean aceptadas.  
  
Artículo 2º. Naturaleza, capacidad potestades y prerrogativas  
1. El consorcio es una entidad administrativa de carácter local y goza de personalidad jurídica propia y de plena capacidad jurídica y de obrar para crear y gestionar servicios públicos y realizar actividades económicas de interés local o común, en el ámbito de sus finalidades estatutarias. Para dar cumplimiento a estas finalidades, el Consorcio podrá realizar o prestar, de forma unificada, todo tipo de servicios o actividades susceptibles de ser asumidas individualmente por sus miembros, en el marco de la legislación de régimen local y de la normativa sectorial aplicable.  
2. En el ámbito de sus competencias, el consorcio podrá adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar y alienar toda clase de bienes, celebrar contratos, asumir obligaciones, interponer recursos y ejercer cualquier acción prevista en la ley.  
3. El Consorcio, en el ámbito determinado por sus finalidades tiene las mismas potestades y prerrogativas de que pueden gozar los entes locales con las especificidades que se expresan a continuación:  
3.a) El Consorcio tiene las potestades siguientes:  
1. La reglamentaria, en relación a los servicios prestados.  
2. La autoorganización, en el marco de los presentes estatutos.  
3. La tributaria, referida al establecimiento de tasas.  
4. La financiera, en relación al establecimiento de precios públicos en cualquier caso y con la aprobación de los presupuestos y la apelación al crédito en los términos fijados en las leyes.  
5. La de programación o de planificación.  
6. La de ejecución forzosa y la sancionadora, en relación a los servicios y bienes del consorcio.  
7. La de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.  
8. Las necesarias para la protección de los bienes del consorcio o adscritos por las entidades consorciadas.  
3.b) El Consorcio tiene las prerrogativas siguientes:  
1. La de presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos y acuerdos.  
2. La de inembargabilidad de sus bienes y derechos, en los términos establecidos en las leyes, y las de prelación, de preferencia y otras prerrogativas reconocidas en la hacienda pública en relación a sus créditos, sin perjuicio de las que corresponden a la hacienda del Estado y de la Generalitat.  
3. La de exención de los impuestos estatales, autonómicos y locales, en los términos establecidos por las leyes. En caso de insuficiencia de las previsiones anteriores, corresponderán al Consorcio todas las potestades y prerrogativas otorgadas por la legislación básica de régimen local en los municipios, provincias e islas, siempre que sean necesarias para el cumplimiento de su finalidad y la prestación de sus servicios.  
4. En cualquier caso, el Consorcio puede emplear la vía administrativa de apremio para recaudar o recuperar, por sí mismo, los ingresos y otros derechos de carácter público de que sea acreedor, sin perjuicio que pueda encargar las gestiones recaudatorias que considere oportunas a cualquiera de los entes locales territoriales que lo integran.  
  
Artículo 3º. Duración y denominación  
1. La entidad se constituye por tiempo indefinido y recibe el nombre de Consorcio Forestal del Túria.  
2. El Consejo General podrá modificar el nombre establecido en el apartado primero.  
  
Artículo 4º. Domicilio  
1. El consorcio tendrá su domicilio social en el municipio de Benagéber, Plaza Pío XII, 1 en las instalaciones del Ayuntamiento, no obstante, podrán acordar la celebración de sus sesiones en cualquier local habilitado por los miembros del Consorcio, así como por acuerdo del Consejo General podrán existir delegaciones, sucursales, oficinas de trabajo, o cualesquiera otras instalaciones en alguno de los municipios que lo integran.  
2. El Consejo General podrá modificar el domicilio establecido en el apartado primero.  
  
Artículo 5º. Normas de aplicación  
1. El Consorcio se regirá por los presentes estatutos.  
2. En lo no previsto en ellos se estará a la normativa de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, Reglamentos que las desarrollen, y demás legislación de aplicación en el ámbito de la administración Local con las siguientes asimilaciones a los órganos municipales de poblaciones de régimen común menores de 5.000 habitantes:  
a) El Consejo General, al Pleno.  
b) La Presidencia, a la Alcaldía  
c) La Comisión Ejecutiva, a la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 6º. Porcentajes de participación  
1. La participación de las entidades territoriales en la gestión y gastos generales de funcionamiento del consorcio tendrá carácter igualitario, es decir, cada entidad un voto.  
2. Las entidades sin ánimo de lucro, nunca podrán acumular más de un 10 por ciento de participación total del consorcio, dividiéndose este porcentaje entre las mismas.  
  
Artículo 7º. Objeto del consorcio  
1. Constituye el objeto del consorcio el desarrollo rural sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental.  
2. Se establecen como objetivos inmediatos del consorcio los siguientes:  
a) Potenciar la biodiversidad y la función medioambiental de los montes, subordinando a la misma, la actividad económica de los terrenos forestales de su ámbito.  
b) Promover el uso de la biomasa como fuente de energía renovable, de generación de empleo y de actividad económica en los municipios consorciados.  
c) Estudiar, planificar, ordenar y aprovechar los recursos forestales con estos criterios.  
d) Mejorar la prevención de los incendios forestales y su impacto sobre la biodiversidad.  
e) Prestar, tanto a las entidades consorciadas como a los particulares, los servicios encaminados a dichos objetivos, sin que sea necesario ser socio del Consorcio para poder recibirlos.  
  
Capítulo II. Órganos de gobierno y administración  
  
Artículo 8º. Órganos de gobierno  
1. El Consorcio se estructura en los siguientes órganos  
- El Consejo General.  
- La Comisión Ejecutiva.  
- El presidente.  
2. Todos los cargos de carácter representativo del consorcio son honoríficos y no remunerados.  
3. La pérdida de la condición de miembro de la entidad representada lleva aparejado el cese como representante de la misma en el consorcio.  
4. La finalización del mandato de los órganos de gobierno unipersonales y de los miembros de los colegiados coincidirá con la de las entidades locales. Sin embargo, continuarán en sus funciones sólo para la administración ordinaria hasta la renovación de los miembros. Deben ser renovados en su totalidad en el plazo de 6 meses desde la toma de posesión de los nuevos concejales.  
5. El Consorcio, mediante acuerdo del Consejo General, podrá dotarse de los órganos complementarios que se consideren pertinentes para el cumplimiento de sus finalidades.  
  
Artículo 9º. El Consejo General  
1. Es el órgano superior de gobierno del consorcio con capacidad para adoptar cuantas resoluciones considere adecuadas para el buen funcionamiento y consecución de su objeto y finalidades.  
2. Estará integrado por un representante de cada una de las entidades consorciadas, elegidos por un plazo máximo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.  
3. Son atribuciones del Consejo General las establecidas por los presentes estatutos y en concreto:  
a) El gobierno del consorcio y la fijación de los objetivos y líneas de acción del mismo.  
b) La integración, baja o expulsión de miembros.  
c) La modificación de los estatutos.  
d) La aprobación del presupuesto anual, las aportaciones económicas de los miembros, las cuentas generales, el inventario y los planes y programas de actuación.  
e) La aprobación de los reglamentos u ordenanzas.  
f) La elección de la Comisión Ejecutiva, del presidente y del tesorero y la fiscalización de los mismos.  
g) Contratar las obras y servicios necesarios para la ejecución de los fines del consorcio.  
h) Adquirir, aceptar y administrar los bienes patrimoniales del Consorcio, adquiridos tanto con carácter oneroso como a título lucrativo.  
i) Establecer las Comisiones de Trabajo.  
j) La disolución del Consorcio.  
k) Aceptar la delegación de competencias y el encargo de gestión y de funciones hechos por otras Administraciones públicas.  
l) Aprobar la plantilla y la relación de puestos de trabajo.  
m) Delegar en el Presidente, así como en la Comisión Ejecutiva, cuantas atribuciones estime convenientes para el logro de la mayor eficacia en la gestión del consorcio.  
4. Sus reuniones serán moderadas por el presidente.  
  
Artículo 10º. La Comisión Ejecutiva  
1, La Comisión Ejecutiva es el órgano colegiado que asume el gobierno y la gestión ordinarios del consorcio.  
2. Estará integrada por el presidente, y los representantes elegidos por el Consejo General, por periodos de cuatro años. Su número será impar con un mínimo de 3 y un máximo de 5 incluido el presidente. Uno de ellos ejercerá de Tesorero. Son elegidos por el Consejo General, por un periodo máximo de 4 años, pudiendo ser reelegidos.  
3. Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva las establecidas por los presentes Estatutos y en concreto:  
a) Impulsar la acción del consorcio y el cumplimiento de sus objetivos y finalidades.  
b) Acordar y coordinar la preparación de planes, programas y proyectos de actuación y presentarlos para su aprobación al Consejo General.  
c) Preparar las propuestas para la ejecución de los programas y proyectos aprobados, designando a las entidades gestoras y estableciendo los procedimientos de seguimiento y evaluación.  
d) Realizar el seguimiento permanente de las tareas de diseño, ejecución y evaluación de los proyectos y programas puestos en marcha por el consorcio, coordinando acciones y recursos para obtener la máxima eficiencia en su gestión.  
e) Elaborar las propuestas de contratos y convenios a establecer con terceros para el desarrollo de las acciones en que se considere conveniente la contratación.  
f) Contratar obras y servicios, con las limitaciones establecidas en la normativa de régimen local respecto a la Junta de Gobierno.  
g) Acordar las suspensiones establecidas en el apartado segundo y quinto del artículo 38 y del apartado tercero del artículo 26.  
h) Las Comisiones de Trabajo estarán coordinadas por un representante de la Comisión Ejecutiva, que informará en las reuniones de sus avances y resultados.  
i) Cualquier otra función que le sea delegada por el Consejo General.  
4. Sus reuniones serán moderadas por el presidente.  
  
Artículo 11º. Presidencia  
1. La presidencia del consorcio será elegida por el Consejo General, de entre los miembros territoriales, para una duración de cuatro años.  
2. Será presidente aquel candidato que obtenga en primera votación, el voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros del Consejo General, y en segunda votación el de la mayoría absoluta de los miembros de la misma.  
3. Al Presidente, le corresponderán las siguientes atribuciones:  
a) La representación del consorcio a todos los efectos, pudiendo comparecer sin necesidad de poder previo y especial ante toda clase de autoridades, tribunales y juzgados de cualquier orden o jurisdicción, así como ante todo tipo de instancias administrativas y otras personas, públicas y privadas, físicas y jurídicas. incluso otorgar escrituras de apoderamiento a favor de terceras personas.  
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo General y las de la Comisión Ejecutiva, dirigir sus deliberaciones y decidir los empates con voto de calidad.  
c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras competencia del consorcio.  
d) Desarrollar la gestión económica de la entidad y contratar obras y servicios, con las limitaciones establecidas en la normativa de régimen local respecto a la Alcaldía.  
e) Desempeñar la jefatura superior, dirección y organización de los servicios administrativos de la entidad.  
f) Ejecutar los acuerdos del Consejo General y de la Comisión Ejecutiva.  
g) Ejercer en caso de urgencia las funciones encomendadas al Consejo General y a la Comisión Ejecutiva, dando cuenta de las resoluciones que adopte en la siguiente reunión del órgano colegiado correspondiente.  
h) Ejercer la dirección superior del personal, que incluye el despido del personal laboral y la propuesta a la administración matriz de la imposición de sanciones al personal funcionario adscrito por la comisión de faltas muy graves, dando cuenta al Consejo General en la primera sesión que tenga lugar.  
i) En materia de personal:  
a) Aprobar la oferta pública de ocupación y sus bases.  
b) Nombrar y disponer el cese de los cargos del consorcio.  
c) Resolver los expedientes de incompatibilidades.  
d) Sancionar los empleados, incluido el despido de personal laboral y la propuesta a la Administración matriz de la imposición de sanciones al personal funcionario adscrito por la comisión de faltas graves.  
e) Ejercer el resto de competencias que integren la jefatura directa en materia de personal.  
j) Aprobar las operaciones de crédito en los supuestos no reservados al Consejo General y concertar las operaciones de tesorería.  
k) Aprobar la liquidación del presupuesto.  
l) Aprobar, autorizar el gasto y adjudicar los expedientes de contratación cuya cuantía no exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto del consorcio, y siempre que no tengan una duración superior a cuatro años.  
m) Ordenar los gastos corrientes incluidos en el presupuesto hasta el límite máximo que se determine en las bases de ejecución del presupuesto y ordenar todos los pagos.  
n) Adquirir bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, y aceptar subvenciones.  
o) Reconocer las obligaciones, ordenar los pagos y abrir y cancelar todo tipo de cuentas corrientes.  
p) Aprobar las bases, la convocatoria y el otorgamiento de becas y premios.  
q) Firmar los contratos y convenios que sean aprobados por el Consejo General y la Comisión Ejecutiva.  
r) Autorizar las actas y certificaciones.  
s) Elevar a la Comisión Ejecutiva las propuestas sobre asuntos cuyas resoluciones finales corresponden a ésta.  
t) Todas aquellas otras competencias que, siendo inherentes a los cometidos propios del Consorcio, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuya a la Presidencia de la entidad local con el carácter de indelegables.  
  
Artículo 12º. Vicepresidencia  
1. El Presidente elegirá un vicepresidente de entre los miembros de la Comisión Ejecutiva, pudiendo sustituirlo en cualquier momento.  
2. El Vicepresidente sustituirá al presidente en caso de ausencia, vacante, o enfermedad.  
3. El Presidente podrá delegar en el vicepresidente todas o algunas de sus atribuciones.  
  
Capítulo III. Régimen de sesiones  
  
Artículo 13º. Sesiones del Consejo General  
1. El Consejo General celebrará sesión ordinaria al menos 1 vez al año, en los días y horas que al efecto se fijen.  
2. Celebrará sesión extraordinaria cuando lo decida el Presidente, o lo soliciten al menos la tercera parte de sus miembros. En este último caso la celebración no podrá demorarse por más de un mes desde que fuera solicitada y la convocatoria deberá efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición.  
3. Las sesiones no serán públicas.  
  
Artículo 14º. Convocatorias del Consejo General  
1. La convocatoria se efectuará con 5 días hábiles de antelación, indicando en la misma el día, hora, lugar de celebración y asuntos a tratar. Se pondrán a disposición de los miembros cuantos documentos sean necesarios para mejor conocimiento de los temas a tratar. En caso de urgencia se podrá reducir el plazo de la convocatoria a la mitad.  
2. El Consejo General celebrará sus sesiones en la sede del Consorcio, salvo que se adoptara previamente acuerdo para realizarlas en lugar distinto.  
3. El Consejo General podrá establecer un procedimiento de convocatorias que aprovechando las nuevas tecnologías de la información permita una agilización de las mismas, cumpliendo lo establecido en el apartado primero, sin menoscabo de la seguridad.  
  
Artículo 15º. Sesiones de la Comisión Ejecutiva  
1. La Comisión Ejecutiva celebrará reuniones ordinarias una vez al trimestre, y extraordinarias cada vez que así lo solicite alguno de sus miembros. En este caso, la reunión no podrá demorarse más de quince días desde que fuera solicitada.  
2. Las sesiones no serán públicas.  
  
Artículo 16º. Convocatoria de la Comisión Ejecutiva  
1. La convocatoria se efectuará con 48 horas de antelación, indicando en la misma el día, hora, lugar de celebración y asuntos a tratar. Se pondrán a disposición de los miembros cuantos documentos sean necesarios para mejor conocimiento de los temas a tratar. En caso de urgencia se podrá reducir el plazo de la convocatoria a 24 horas.  
2. La Comisión Ejecutiva celebrará sus sesiones en la sede del consorcio, salvo que se adoptara previamente acuerdo para realizarlas en lugar distinto.  
3. La Comisión Ejecutiva podrá establecer un procedimiento de convocatorias que aprovechando las nuevas tecnologías de la información permita una agilización de las mismas, cumpliendo lo establecido en el apartado primero, sin menoscabo de la seguridad.  
  
Artículo 17º. Quórum de asistencia  
1. Para la válida constitución y celebración de las sesiones de los órganos colegiados será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de miembros en primera convocatoria y de un tercio en segunda, convocada automáticamente media hora después pero nunca podrá ser inferior a tres miembros y mantenerse durante toda la sesión.  
2. En ambos casos será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario, o de las personas que los sustituyan.  
3. En el caso de que, por no alcanzarse el quórum exigido, no se celebrara la sesión, podrá tener lugar una reunión informativa para dar cuenta a los presentes de los asuntos que habían sido incluidos en el orden del día.  
4. De concurrir las circunstancias indicadas en el párrafo anterior, quedarán acreditadas las razones de urgencia para que la Presidencia del consorcio, si así lo considera oportuno, ejerza las competencias del órgano colegiado, al cual se dará cuenta, en la siguiente sesión que se celebre, al efecto de ratificación.  
5. En todas las sesiones de los órganos colegiados asistirán, con voz y sin voto el secretario-interventor, así como las personas que la Presidencia convoque, ya sean responsables del consorcio o personas ajenas, que informarán o asesorarán al órgano colegiado sobre los asuntos para los cuales se requiera su presencia.  
  
Artículo 18º. Adopción de acuerdos  
1. Los acuerdos tanto del Consejo General como de la Comisión Ejecutiva, se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes, teniendo en cuenta la ponderación del voto. Todo ello sin perjuicio de las mayorías exigidas para la adopción de determinados acuerdos por disposiciones legales o reglamentarias o por los presentes Estatutos.  
2. Cuando se produzca empate, se repetirá la votación y si se vuelve a producir de nuevo decidirá la Presidencia con su voto de calidad.  
3. Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Consejo General para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:  
a) La propuesta de modificación de los Estatutos del consorcio.  
b) La aprobación de Ordenanzas y Reglamentos.  
c) La admisión o separación de algún miembro del consorcio.  
d) La disolución del consorcio.  
e) La elección del presidente.  
  
Artículo 19º. Actas y resoluciones de presidencia  
1. De cada sesión tanto del Consejo General como de la Comisión Ejecutiva se extenderá por el secretario la correspondiente acta en la que se hará constar el lugar, fecha y hora en que la sesión comienza y acaba, los nombres y calidad de los asistentes, los asuntos tratados, los acuerdos adoptados y la expresión de los votos.  
2. El acta, aprobada en la sesión siguiente a aquella a que se refiere, será redactada por el secretario, y suscrita por éste con el visto bueno del presidente.  
3. De los Decretos de la Presidencia se extenderá por el secretario la correspondiente Resolución escrita en la que se hará constar el lugar, fecha y contenido de la misma.  
4. Las Resoluciones redactadas por el secretario, serán firmadas por el presidente y con el visto bueno del Secretario.  
5. La custodia de las actas y las resoluciones de Presidencia corresponde al secretario.  
  
Artículo 20º. Régimen de recursos contra los actos de los órganos del consorcio  
1. Las disposiciones de carácter general y los actos administrativos adoptados por la Presidencia, el Consejo General y la Comisión Ejecutiva del consorcio agotan la vía administrativa, siendo susceptibles de recurso contencioso administrativo en los términos y condiciones establecidos en la legislación procesal y administrativa.  
2. Contra los actos administrativos mencionados cabrá recurso de reposición, con carácter potestativo y previo al contencioso administrativo.  
3. Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos y del resto de ingresos de derecho público locales, los interesados podrán formular recurso de reposición preceptivo ante el órgano que los haya dictado.  
  
Capítulo IV. Régimen del personal al servicio del consorcio  
  
Artículo 21º. Personal  
1. El Consorcio dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y finalidades. Su número, categorías y funciones vendrán determinadas en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo aprobadas por el Consejo General.  
2. Las plazas de la plantilla y los puestos de trabajo serán establecidos y modificados atendiendo a los principios de eficacia, economía y racionalización de recursos, en el marco de la legislación aplicable a la administración Local.  
3. La selección del personal del Consorcio, cualquiera que sea el régimen jurídico de su relación de servicio con éste, se hará de acuerdo a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.  
4. El Consorcio podrá disponer de personal propio o de personal adscrito por las entidades consorciadas, en régimen funcionarial o laboral.  
5. El personal laboral restará sometido al Estatuto de los trabajadores, al convenio colectivo, a los demás pactos que formalice el Consorcio con los representantes de los trabajadores y al resto de normativa legal vigente.  
6. Los funcionarios de los entes consorciados adscritos al Consorcio se regirán por la normativa aplicable a la función pública local de la Comunidad Valenciana y por los acuerdos sobre condiciones de trabajo vigentes en las respectivas entidades en los términos que se determinen en estos Estatutos.  
4. En cuanto al procedimiento disciplinario, la calificación de faltas y la determinación de las sanciones del personal funcionario, se aplicará lo que dispone la normativa establecida para los funcionarios locales de la Comunidad Valenciana, y para el personal laboral lo que fije el Estatuto de los trabajadores y el convenio colectivo vigente, en su caso.  
5. El consorcio dotará un puesto de trabajo de secretario-interventor, con la dedicación que se considere necesaria, reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal al que corresponderán las funciones comprensivas de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo, así como el control y fiscalización interna de la gestión Económico-Financiera del consorcio.  
  
Artículo 22º. Secretaría-Intervención y Tesorería de fondos  
1. El consorcio estará asistido por una Secretaría-Intervención y una Tesorería.  
2. La Secretaría-Intervención será ejercida por un funcionario de habilitación nacional  
3. La Tesorería será ejercida por un miembro de la Comisión Ejecutiva elegido por el Consejo General.  
4. De los fondos dispondrán, mancomunadamente, la Presidencia, la Secretaría-Intervención y la Tesorería.  
  
Capítulo V. Régimen Económico y Financiero  
  
Artículo 23º. Régimen económico  
1. El régimen económico financiero del consorcio se adaptará a la normativa vigente en cada momento para las entidades locales en materia presupuestaria financiera, de control, contabilidad y de gestión de sus recursos económicos.  
2. El régimen financiero del consorcio no alterará el propio de las entidades que lo integran.  
  
Artículo 24º. Patrimonio del consorcio  
1. El consorcio por el hecho de tener personalidad jurídica, será titular del patrimonio incluido en cada momento en su inventario de bienes, pudiendo, en consecuencia, adquirir, poseer, administrar, gravar, enajenar, e inventariar sus bienes con arreglo a la normativa establecida para las entidades locales.  
  
Artículo 25º. Recursos económicos del consorcio  
1. La Hacienda del Consorcio estará constituida por los siguientes recursos:  
a) Aportaciones de los municipios, de acuerdo con lo establecido en los estatutos.  
b) Ingresos de derecho privado.  
c) Tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia.  
d) Contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de servicios.  
e) Participaciones en los tributos de la Generalitat que, en su caso, se puedan establecer a su favor.  
f) Recargos sobre impuestos de la Generalitat o de otras entidades locales, que procedan.  
g) Subvenciones y otros ingresos de derecho público.  
h) Ingresos procedentes de operaciones de crédito.  
i) Multas y sanciones en el ámbito de su competencia.  
j) Cualquier otra forma de financiación que reconozca la legislación vigente.  
2. Las operaciones de crédito que pueda concertar una mancomunidad para financiar la realización de fines de su competencia podrán ser avaladas por los municipios que la integren, cuando el patrimonio propio de la mancomunidad o sus recursos ordinarios no sean suficientes para garantizar dicha operación.  
  
Artículo 26º. Aportaciones de las entidades consorciadas.  
1. Las entidades consorciadas contribuirán a la consecución de los objetivos previstos en estos Estatutos mediante aportaciones económicas, prestaciones de servicios y cesiones de uso de instalaciones, infraestructuras, medios materiales o personales de que dispongan, así como de cualesquiera otras ayudas económicas o en especie necesarias para esta finalidad.  
2. Las aportaciones se realizarán en la forma y plazos que determine el Consejo General, su incumplimiento podrá acarrear las sanciones que se establezcan.  
3. La Comisión Ejecutiva podrá suspender a los deudores la prestación de los servicios y si persiste en su incumplimiento, proponer al Consejo General la expulsión del consorcio.  
4. En caso de impago de la aportación de los municipios aprobada por los órganos colegiados del consorcio, su importe podrá ser embargado de los libramientos que la diputación o la comunidad autónoma tenga pendiente a favor de dichos municipios, de acuerdo con el procedimiento establecido en las normas correspondientes.  
  
Artículo 27º. Presupuestos  
1. El Consorcio elaborará y aprobará anualmente un presupuesto propio, de conformidad con el establecido en la Legislación de Régimen Local.  
  
Artículo 28º. Contabilidad y contrataciones del Consorcio  
1. El régimen de contabilidad y de rendición de cuentas, así como los contratos y la prestación de servicios por parte del Consorcio se realizarán de acuerdo a la Legislación de Régimen Local.  
  
Capítulo VI. Incorporación, separación y disolución  
  
Artículo 29º. Incorporación al consorcio  
1. Para la incorporación al consorcio de nuevos miembros será necesaria la solicitud de la persona jurídica interesada, a la que se acompañará certificación del acuerdo plenario adoptado por la misma o documento equivalente, a fin de someterlo al acuerdo del Consejo General del Consorcio.  
  
Artículo 30º. Separación del consorcio  
1. La separación del consorcio podrá producirse a petición de la parte interesada o como sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en estos estatutos, o de los acuerdos y plazos del consejo  
General necesarios para el correcto desenvolvimiento del consocio. En todo caso y previamente se procederá a la liquidación de los compromisos y obligaciones así como de las posibles responsabilidades a que hubiere lugar.  
2. La decisión de separación forzosa deberá ir precedido de un requerimiento previo por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, con o sin las suspensiones establecidas en el apartado segundo y quinto del artículo 38 y del apartado tercero del artículo 26, y del otorgamiento de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones. Si éstas no se hicieren efectivas en dicho plazo, se adoptará acuerdo de separación forzosa y se concluirán los trámites señalados en los estatutos para la separación definitiva.  
  
Artículo 31º. Efectos de la incorporación o separación del consorcio  
1. Cualquiera que sea el momento en que se adopte el acuerdo de incorporación al consorcio de un nuevo miembro, no surtirá efectos hasta la aprobación del Presupuesto General del siguiente ejercicio económico del Consorcio.  
2. En caso de separación, la misma surtirá efectos al finalizar el ejercicio económico en que se hubiera adoptado el correspondiente acuerdo.  
  
Artículo 32º. Causas de extinción del consorcio  
1. El consorcio se extinguirá por alguna de las causas siguientes:  
a) Por disposición legal.  
b) Por imposibilidad de cumplir sus finalidades.  
c) Por acuerdo de las entidades consorciadas.  
  
Artículo 33º. Disolución del consorcio  
1. El acuerdo de disolución del consorcio deberá ser adoptado por mayoría de los dos tercios de sus miembros. En dicho acuerdo se determinará la forma de proceder a la liquidación de los bienes y se nombrará una Comisión Liquidadora.  
2. Cesará la representación de todos los órganos para realizar nuevos contratos y contraer nuevas obligaciones.  
3. Se determinará el destino de los funcionarios y personal del consorcio en las plantillas respectivas de los entes consorciados, con respeto de todos sus derechos.  
4. Los bienes, derechos y acciones revertirán a la entidades que lo integren en la misma proporción de sus respectivas aportaciones y se establecerán del mismo modo las obligaciones respectivas.  
5. Si la disolución del Consorcio se llevara a cabo antes de terminarse las obras o implantarse los servicios objetos del mismo, las Entidades integrantes de éste responderán, en su caso, frente a los acreedores hasta el límite de sus respectivas aportaciones.  
  
Capítulo VII. Relaciones con los entes consorciados  
  
Artículo 34. Niveles de relación.  
1. La relación entre el consorcio y los entes consorciados podrá establecerse, con carácter general, en los niveles de información, asistencia, coordinación, encomienda de gestión y de funciones, y delegación.  
  
Artículo 35. Regimenes y sistemas de información y comunicación  
1. El consorcio y las entidades consorciadas se facilitarán recíprocamente la información sobre la propia gestión que sea relevante para el desarrollo adecuado del ejercicio de sus respectivas competencias.  
2. El Consorcio y las entidades consorciadas desarrollarán los procesos y técnicas de colaboración mutua que sean convenientes para poder compartir la optimización de sus respectivos sistemas de información y comunicación.  
  
Artículo 36. Régimen de coordinación y asistencia  
1. Las entidades consorciadas podrán adoptar medidas de coordinación y asistencia respecto al consorcio, de carácter general o contingente.  
2. En el marco de las medidas de asistencia, y a fin y efecto de cumplir sus funciones, el consorcio se podrá valer de los servicios administrativos y técnicos de cualquiera de sus entidades consorciadas y, al mismo tiempo, podrá formalizar con éstas los instrumentos de cooperación que considere pertinentes.  
3. Las entidades consorciadas podrán valerse de los servicios administrativos y técnicos del Consorcio cuando razones técnicas o de especialización así lo aconsejen.  
  
Artículo 37. Encomienda o encargo de gestión y de funciones  
1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia del consorcio podrá ser encargada a unidades, organismos o sociedades de cada una de las entidades consorciadas, o a otros consorcios en los cuales éstas participen, por razones de eficacia o de optimización de los medios disponibles.  
2. La encomienda o encargo de gestión o de funciones no supone la cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, y corresponderá al órgano competente del consorcio la adopción de los actos administrativos definitivos o complementarios que den soporte o en los que se integre la concreta actividad objeto del encargo.  
3. La realización de actividades establecidas con carácter general en el ámbito de las entidades consorciadas y del Consorcio se llevará a cabo de acuerdo con las determinaciones aprobadas, las cuales fijarán las actividades incluidas, su plazo de vigencia y la naturaleza y el alcance de la gestión y funciones encomendadas.  
4. Las actividades realizadas por cuenta del consorcio tendrán plena validez y no necesitarán de la adopción de un acto expreso de encargo por parte de sus órganos de gobierno.  
5. Por razones de eficacia o de optimización de los medios disponibles, podrá ser encargada al consorcio la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de las entidades consorciadas, con las mismas determinaciones establecidas en los apartados anteriores.  
  
Artículo 38. Régimen de delegación intersubjetiva  
1. El consorcio podrá efectuar la delegación intersubjetiva de competencias de gestión a favor de una o varias de las entidades consorciadas en aquellos casos en que, por motivo de complejidad técnica u otras razones que comporten una insuficiente capacidad de gestión en determinados ámbitos, la aplicación del instituto del encargo de gestión no pudiera dar cobertura a todas las funcionalidades exigidas.  
2. La delegación intersubjetiva de competencias supone la cesión de los elementos substantivos del ejercicio de la competencia por cuenta del consorcio, que mantiene la titularidad. En el ejercicio de estas funciones, las entidades delegadas disfrutan de todas las potestades y las prerrogativas atribuidas por la legislación.  
3. Para su aplicación, el órgano competente del consorcio ha de adoptar el acuerdo de delegación a favor de la entidad o entidades consorciadas, cuyos órganos competentes han de adoptar los acuerdos correlativos de aceptación. Una referencia de estos acuerdos se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.  
4. El acuerdo de delegación ha de contener las determinaciones por las que se regirá la delegación, y que harán referencia, como mínimo, a los aspectos relativos a su contenido, carácter, duración, medios y órganos actuantes, y otras condiciones aplicables.  
5. Estas determinaciones específicas contenidas en el acuerdo de delegación podrán adicionalmente ser formalizadas, si se cree necesario, en un acuerdo de colaboración entre el consorcio y la entidad o entidades delegadas.  
  
Artículo 39. Régimen de ratificaciones por las entidades consorciadas  
1. Deberán ser ratificados por los órganos competentes de las entidades consorciadas los acuerdos relativos a:  
a) Modificación de los estatutos.  
b) Incorporación de nuevos miembros al consorcio.  
c) Aportaciones económicas extraordinarias por las entidades consorciadas.  
d) Disolución del consorcio.  
2. Transcurrido el plazo establecido por el Consejo General para realizar la ratificación, si la misma ha sido adoptada ya por la mayoría absoluta de las entidades consorciadas, el acuerdo entrará en vigor para los que lo hayan adoptado y el resto quedarán suspendidos de voto, aunque no de voz, en los órganos colegiados.  
3. Si procede, y se establece en el acuerdo de la Comisión Ejecutiva, la suspensión podrá extenderse también a la prestación de los servicios del consorcio a las entidades que no hayan realizado la ratificación.  
4. Una vez se haya producido la ratificación, la suspensiones serán levantadas expresamente por la Comisión Ejecutiva o por la Presidencia.  
5. El mismo régimen de suspensión se podrá aplicar a los incumplimientos de los acuerdos adoptados por el Consejo General, antes de proceder a la separación de miembros del Consorcio.  
  
Capítulo VIII. Relaciones con los usuarios  
de los servicios públicos del consorcio  
  
Artículo 40. Derechos y deberes de los usuarios  
1. Los derechos y deberes de los usuarios en relación a los servicios públicos prestados por el consorcio son los definidos y regulados en las normativas respectivas que determinan el alcance y el régimen jurídico de las prestaciones correspondientes.  
  
Artículo 41. Responsabilidad patrimonial  
1. Cuando de la gestión dimanante del consorcio se derive responsabilidad patrimonial respecto a terceros, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, de conformidad con las previsiones de los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26.11, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2. Sin perjuicio de las previsiones del apartado anterior y para el caso que la satisfacción patrimonial tuviera que ser asumida por las entidades consorciadas, la redistribución interna de sus efectos económicos se hará a partes iguales o cuotas proporcionales a la representación de las entidades consorciadas en el seno del Consejo General  
  
Capítulo IX. Modificación de los estatutos  
  
Artículo 42. Modificación de los estatutos  
1. La modificación de los estatutos se iniciará mediante acuerdo por, al menos dos tercios, de los miembros de la Comisión Ejecutiva. Dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la propuesta debe convocarse el Consejo General en cuyo orden del día se incluirá el estudio de la misma, siendo necesario el voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros de la Junta para la aprobación provisional de la modificación.  
2. Dicho acuerdo provisional será publicado en el boletín oficial y se expondrá en el Tablón de Anuncios de la entidad y en el de todos los municipios consorciados durante treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones u alegaciones que estimen oportunas.  
3. Finalizado el periodo de exposición pública, el Consejo General adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, sin necesidad de someterlo de nuevo al Consejo General.  
4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo el texto integro de las modificaciones, habrá de ser publicado en el boletín oficial de la provincia de Valencia y en el de las provincias donde radiquen los otros municipios consorciados.  
  
Disposición Transitoria. Personal adscrito  
1. Los funcionarios adscritos por los entes consorciados que presten sus servicios al consorcio se mantendrán en la situación de servicio activo en la administración de procedencia, y se integran en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del consorcio a todos los efectos, causando baja en la plantilla y relación de puestos de trabajo de aquella. . Este personal se podrá reintegrar en la plantilla de origen por cualquiera de los sistemas previstos legalmente.  
2. Con respecto al personal funcionario adscrito que se integra en la plantilla del Consorcio, las Administraciones de procedencia mantendrán su expediente personal. A estos efectos, el consorcio les notificará todos los acuerdos y resoluciones que les afecten. El consorcio ejercerá directamente con respecto a estos funcionarios todas las atribuciones legales en materia de personal, excepto las que hagan referencia a:  
a) Modificación de las situaciones administrativas y extinción de la relación funcionarial.  
b) Imposición de sanciones para la comisión de faltas muy graves.  
En estos dos supuestos, el órgano competente del consorcio elevará propuesta en la Administración de procedencia para que esta resuelva.  
3. Los acuerdos sobre condiciones de personal vigentes por las entidades consorciadas se entenderán aplicables al respectivo personal que hayan adscrito al consorcio.  
4. Los órganos de representación de las entidades consorciadas asumirán la defensa de los intereses de los respectivos colectivos de personal laboral o funcionario que hayan sido adscritos por aquellas.  
  
Disposición adicional. Efectos de las modificaciones legislativas  
1. Las prescripciones de estos estatutos que incorporan o reproducen aspectos de la legislación básica del Estado o la autonómica de aplicación a los consorcios locales valencianos se entenderán automáticamente modificadas en el momento en que se produzca su revisión.  
2. Las modificaciones o aclaraciones derivadas de la revisión operada en la legislación básica del Estado o la autonómica de aplicación a los consorcios locales valencianos no necesitarán de la expresa publicación por parte del Consorcio ni de los entes consorciados.  
3. La remisión que se hace en los presentes Estatutos a las normas legales de cualquier otro ámbito, general o sectorial, se entenderá referida a las sucesivas que interpreten, amplíen, condicionen, substituyan, modifiquen o deroguen las vigentes.  
  
Disposición final  
En lo no previsto en estos estatutos, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normas que las desarrollen aplicables a las entidades locales.  
  
22 de febrero de 2011.