Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 1867, del 22-09-1992 (1992/825921)

ACUERDO de 14 de septiembre de 1992, del Gobierno valenciano, por el que se aprueba el acuerdo suscrito por la Generalitat Valenciana y las organizaciones sindicales para modernizar la Administración y mejorar las condiciones de trabajo.
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Número DOGV
:   1867

Fecha DOGV
:   22-09-1992

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1992/825921


Fecha del documento
:   14-09-1992

Organismo emisor
:   Conselleria de Administración Pública

Tipo de documento
:   Acuerdo

Acuerdo de 14 de septiembre de 1992, del Gobierno valenciano, por el que se aprueba el acuerdo suscrito por la Generalitat Valenciana y las organizaciones sindicales para modernizar la Administración y mejorar las condiciones de trabajo.  
El Gobierno Valenciano, en la reunión de 14 de septiembre de 1992, adoptó el siguiente acuerdo:  
El capítulo III de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificado por la Ley 7/1990, de 19 de julio, establece con carácter básico para todas las administraciones públicas las condiciones de la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.  
En el marco de la Mesa General de Negociación de la Comunidad Valenciana se ha venido realizando el proceso de negociación que ha culminado con la firma del correspondiente acuerdo por parte del Conseller de Administración Pública y las organizaciones sindicales de dicha mesa.  
En virtud de lo anterior, a propuesta del Conseller de Administración Pública y a tenor de lo dispuesto en la Ley de Gobierno Valenciano, Ley de la Función Pública Valenciana y artículo 35 de la ley sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, el Gobierno valenciano  
ACUERDA  
Primero  
Aprobar el acuerdo suscrito el 4 y 9 de septiembre de 1992 por la Generalitat Valenciana y las organizaciones sindicales para modernizar la Administración y mejorar las condiciones de trabajo, que figura como anexo.  
Segundo  
Autorizar a la Conselleria d'Economia i Hisenda para realizar las transferencias de crédito y generaciones de crédito necesarias para dar cobertura presupuestaria a la aplicación del indicado acuerdo.  
Tercero  
Autorizar a la Conselleria d?Administració Pública; Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, en el ámbito de la gestión del personal docente no universitario, y a la Conselleria de Sanitat i Consum, en el ámbito de la gestión del personal que presta servicios en instituciones sanitarias, para que dicten las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución del presente acuerdo.  
Valencia, 14 de septiembre de 1992.  
El Conseller Secretario del Gobierno Valenciano,  
EMERIT BONO I MARTINEZ  
ANEXO  
Acuerdo Administración-sindicatos para modernizar la administración y mejorar las condiciones de trabajo  
Introducción  
1. Administración y sindicatos coinciden en el objetivo de que la Administración debe responder al reto de las demandas de la sociedad y que es prioritario satisfacerlas de manera ágil, eficaz y eficiente.  
2. Administración y sindicatos han desarrollado un proceso de reflexión sobre la situación de la Administración, y aun constatando los avances producidos en algunas áreas, reconocen la necesidad de impulsar un proceso de modernización.  
3. La Administración reconoce que en este impulso modernizador, el papel de los sindicatos, como cauces naturales de representación de los empleados, es importante para culminar con éxito el proceso de reforma.  
4. La Administración y los sindicatos están de acuerdo en que la consecución de servicios públicos de calidad y la gestión eficaz de los recursos humanos son compatibles con la mejora de las condiciones de empleo del personal, tales como carrera profesional, formación, retribuciones, salud laboral, etc.  
5. La Administración y los sindicatos consideran que la modernización es un proceso gradual, que requiere perseverancia y que implica reestructuraciones administrativas y orgánicas, introducción de nuevos sistemas y técnicas de gestión, descentralización de funciones, obtención de resultados en la prestación de los servicios y dignificación de la figura del empleado público. Ambas partes estiman que este conjunto de actuaciones deben abordarse, desde una óptica profesional y de gestión, en un marco de colaboración y mutua confianza, sin menoscabo de las necesarias consultas con los interlocutores sociales en los ámbitos correspondientes sobre aquellos aspectos que puedan incidir en la prestación de servicios públicos esenciales, y con un horizonte temporal superior del año.  
6. La Administración autonómica y los sindicatos recomendarán a las corporaciones locales que abran en sus respectivos ámbitos competenciales, líneas de encuentro que permitan avanzar en el proceso de modernización.  
7. La Administración y los sindicatos firmantes estudiarán e impulsarán desde el Consejo Superior de la Función Pública Valenciana, conjuntamente en las diferentes administraciones públicas, mejoras de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.  
8. Considerando que la organización del trabajo debe responder adecuadamente a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y facilitar la comunicación de la Administración con los administrados, las partes promoverán el desarrollo de acciones tendentes a que los ciudadanos conozcan directamente la identidad de los empleados que prestan servicio.  
9. A fin de satisfacer de manera ágil, eficaz y eficiente las demandas de la sociedad en relación con los servicios públicos de la Administración, las partes se comprometen a mejorar la calidad de aquellos y a tratar de implantar indicadores de gestión en los diversos organismos.  
10. Para la consecución de una mayor fluidez en las relaciones de la Administración con los administrados, así como una mejora en la calidad de los servicios públicos, las partes consideran conveniente adoptar medidas tendentes a:  
\* la información personalizada al ciudadano,  
\* la creación de centros de información integrada,  
\* la adaptación de horarios de las oficinas públicas de relación directa con los ciudadanos a las necesidades de éstos,  
\* la creación de servicios de atención al ciudadano,  
\* la extensión de aplicaciones informáticas de carácter divulgativo,  
\* la facilidad de acceso al servicio público, evitando desplazamientos innecesarios de los ciudadanos a las oficinas públicas,  
\* la motivación y formación del personal que se relaciona directamente con el ciudadano,  
\* la agilización y simplificación de los procesos administrativos.  
TITULO I  
Ambito de aplicación  
CAPITULO I  
Ambito de aplicación  
1. El presente acuerdo será de aplicación general al personal de la Administración de la Generalitat Valenciana y de sus organismos autónomos.  
2. Las condiciones concretas de aplicación y adaptación del presente acuerdo al personal de las instituciones sanitarias dependientes del Servicio Valenciano de Salud y al personal docente no universitario, serán acordadas, en su caso, en sus respectivos ámbitos sectoriales, para lo cual se convocarán en el mes de septiembre las. respectivas mesas sectoriales de negociación.  
3. El presente acuerdo no supondrá modificación de los acuerdos o pactos ya alcanzados en los respectivos ámbitos sectoriales sobre las materias aquí reguladas.  
4. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y tendrá un período de vigencia que comprende los años 1992, 1993, 1994 y 1995.  
TITULO II  
Acuerdos de mejora en la eficacia de la administración  
CAPITULO II  
Organización del trabajo. las relaciones depuestos de trabajo (RPT)  
1. La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Administración y su personal directivo, sin perjuicio de la participación de los representantes legítimos de los trabajadores, reconocida en la legislación vigente, y se basará en los principios de:  
\* adecuación de plantillas,  
\* racionalización y mejora de los procesos operativos,  
\* valoración de los puestos,  
\* profesionalización y promoción,  
\* evaluación del desempeño.  
2. En el marco de los principios señalados en el párrafo anterior, la Administración elaborará las relaciones de puestos de trabajo, de acuerdo con la normativa aplicable, previa negociación con los sindicatos.  
3. La Administración negociará con los sindicatos, en los diversos ámbitos sectoriales, las relaciones de puestos de trabajo, concretamente los aspectos retributivos de las mismas y los requisitos profesionales para el desempeño de los mismos. A tal fin se destinarán en las correspondientes leyes de presupuestos los fondos necesarios previstos en el título IV del presente acuerdo.  
4. Quedan excluidas de los aspectos organizativos y económicos de este acuerdo las personas que desempeñen puestos de trabajo como jefes de área y aquéllos cuya forma de provisión sea la libre designación que tengan asignados nivel 26 o superior y secretarias de altos cargos.  
CAPITULO III  
Promoción y formación profesional  
1. Para facilitar la promoción interna y profesional, durante los años de vigencia del acuerdo, la Administración adopta los siguientes compromisos:  
a) Las ofertas de empleo público de 1993, 1994 y 1995 incorporarán la reserva máxima posible prevista en la normativa aplicable en cada uno de los sectores de puestos vacantes para promoción interna en cada convocatoria.  
b) La Administración facilitará al personal fijo cursos para la preparación de las pruebas de acceso, según los criterios que se establezcan.  
c) Podrán suprimirse algunas de las pruebas de aptitud, en función de los conocimientos ya demostrados.  
d) En el caso de puestos de trabajo adscritos a más de un grupo se procurará el mantenimiento en el puesto de trabajo de los empleados públicos que accedan a un grupo superior mediante promoción interna.  
e) La posibilidad de acceso por promoción interna a todos los grupos del mismo sector y naturaleza desde el grupo inmediatamente inferior, previa negociación con los sindicatos.  
2. Considerando que la formación es un instrumento fundamental para la profesionalización del personal y la mejora de los servicios, en función de las prioridades que señale la Administración, las partes reconocen la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en formación, en coherencia con los acuerdos alcanzados con anterioridad entre la Generalitat Valenciana y sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación.  
3. Para facilitar la formación y el reciclaje profesional, la Administración se compromete a adoptar las siguientes medidas concretas:  
a) Se autorizarán permisos retribuidos para concurrir a exámenes finales y pruebas de aptitud y evaluación para la obtención de un título académico o profesional.  
b) Concesión de cuarenta horas año como máximo, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, retribuidas cuando coincida con el horario de trabajo, el curso se celebre fuera de la Administración y el contenido del mismo esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o su carrera profesional en la Administración.  
c) Concesión de permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses al año, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional.  
En los supuestos b) y c), se requerirá motivar la resolución denegatoria, teniendo en cuenta la posible perturbación del servicio. Esta resolución se realizará por parte de la Dirección General de Función Pública o del órgano competente en la Administración sanitaria y educativa.  
4. El personal comprendido en el ámbito del acuerdo realizará los cursos de capacitación profesional o de reciclaje para adaptación a un nuevo puesto de trabajo, que determine la Administración. El tiempo de asistencia a estos cursos se computará como tiempo de trabajo a todos los efectos.  
5. El personal que haya realizado cursos específicos de elevado coste relativos a un área funcional a cargo de la Administración, asumirá un compromiso expreso de mayor vinculación temporal a la citada área. Esta circunstancia deberá especificarse en las convocatorias correspondientes.  
6. Considerando que una excesiva e indiscriminada movilidad produce efectos negativos en la estructura organizativa y en la profesionalización del personal, las partes acuerdan adoptar las siguientes medidas:  
a) Las relaciones de puestos de trabajo especificarán, en su caso, para cada puesto de trabajo, el área funcional o de actividad a la que aquél se adscribe.  
b) En los concursos se valorará, según la naturaleza del puesto de trabajo, la cualificación y experiencia en el área funcional o de actividad a la que esté adscrito el puesto.  
c) Un tiempo mínimo de permanencia en el destino obtenido se valorará positivamente en los concursos.  
d) Se podrá constituir una comisión de seguimiento del funcionamiento de los concursos de provisión de puestos de trabajo vacantes que analice la situación actual y elabore alternativas de futuro.  
7. Las partes consideran que un sistema de evaluación del desempeño que prime el mayor y mejor rendimiento en el puesto de trabajo es un factor necesario para la profesionalización de la Administración.  
Este sistema debe permitir un mayor estímulo para la promoción, fomentando, a su vez, la responsabilidad de los jefes de las unidades correspondientes. En tal sentido, las partes se comprometen a estudiar y diseñar un sistema de estas características en el plazo más breve posible.  
CAPITULO IV  
Empleo público  
1. La política de empleo público se ajustará a los siguientes objetivos:  
\* Adecuado redimensionamiento de las plantillas, procediendo, en su caso, a la reasignación de efectivos, según los procedimientos establecidos en este acuerdo.  
\* Crecimiento selectivo de las oportunidades de empleo en algunos servicios públicos básicos.  
\*,Creación de oportunidades de empleo para la promoción profesional.  
\* Coordinación de la política de empleo con la de formación y promoción.  
\* Mejora del conocimiento de los recursos humanos existentes para una eficaz programación de los mismos.  
\* Mejora de los niveles de estabilidad en el empleo.  
\* La Administración negociará con los sindicatos las soluciones al tema de la estabilidad, por lo que hace referencia a la reducción a los mínimos imprescindibles del personal interino o laboral temporal, así como a su limitación en el tiempo.  
2. En el marco de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 19 de julio, la Administración negociará la preparación y diseño de los planes de oferta de empleo público, en las siguientes condiciones:  
a) Los aspectos de la oferta de empleo público relacionados con la promoción interna y los criterios básicos de selección serán negociados con las organizaciones sindicales.  
b) Finalizado el proceso, la Administración determinará el número y características de los puestos de trabajo a incluir en la oferta de empleo público.  
c) Durante el mes de enero de cada año, la Administración entregará a las centrales sindicales firmantes todos los listados de puestos de trabajo que a 31 de diciembre anterior no estén cubiertos con destino definitivo.  
3. La Administración aplicará en su ámbito la Ley 2/1991, sobre derechos de información de los representantes de los trabajadores en materia de contratación, extendiéndola a los nombramientos interinos y se elaborará anualmente una estadística de empleo interino y eventual que se facilitará a los sindicatos.  
4. La Administración se compromete a dimensionar adecuadamente los efectivos de personal, de manera que se reduzca al mínimo imprescindible el empleo laboral temporal.  
5. Dentro de la política de descentralización, se fomentará la realización de alguna de las pruebas de los procesos de selección de personal en diversas localidades del territorio.  
CAPITULO V  
Reorganizaciones y reestructuraciones  
1. Las partes coinciden en que el proceso de reforma de la Administración exige introducir nuevas fórmulas organizativas y de gestión, que necesariamente suponen reestructuraciones que afectan parcialmente a las condiciones de empleo del personal.  
2. Reconociendo la capacidad autoorganizativa de la Administración, las partes acuerdan que los proyectos de reorganización administrativa que impliquen modificación en las condiciones de empleo del personal tendrán el siguiente tratamiento:  
a) La Administración informará previamente a los sindicatos de los proyectos de cambios organizativos que impliquen transformaciones del régimen jurídico de un organismo o reasignación de efectivos de personal.  
b) En la fase de elaboración del proyecto de cambio de marco jurídico del organismo afectado o de realización de los trabajos técnicos necesarios para la reasignación de efectivos, la Administración consultará a los sindicatos sobre la repercusión que tales procesos tengan en las condiciones de trabajo del personal afectado.  
c) Administración y sindicatos negociarán los aspectos del estatuto de organización, personal y funcionamiento del organismo que afecten a las condiciones de trabajo del personal del mismo.  
d) Una vez realizado el cambio de marco jurídico o finalizados los trabajos técnicos para la reasignación de efectivos, la Administración negociará con los sindicatos el destino y régimen del personal afectado en el marco de los criterios y condiciones que se acuerden, así como los posibles cursos de adaptación o reciclaje que fueran necesarios.  
CAPITULO VI  
Acción social  
1. Cada año de vigencia del acuerdo, y a fin de mejorar el bienestar social de los empleados públicos, la Administración destinará progresivamente a financiar acciones y programas de carácter social un porcentaje de la masa salarial de todo el personal que preste servicios en la misma o en los organismos autónomos que de ella dependen, de manera que al final del período de este acuerdo se alcance un ratio del 0,8% para cada uno de los sectores que integran la Mesa General de Negociación. Este fondo de acción social se destinará para todos los empleados públicos de la Generalitat Valenciana y sus organismos autónomos, sin detrimento de los incrementos retributivos y de la masa salarial.  
Para este fin, será tenido en cuenta lo destinado mediante las negociaciones de años anteriores a este apartado.  
2. Se constituirá una comisión paritaria de acción social, integrada por el mismo número de representantes de la Administración y de los sindicatos firmantes.  
3. La comisión paritaria de acción social tendrá las siguientes funciones:  
a) Establecer las prioridades y los criterios generales de actuación que se aplicarán en esta materia en el ámbito de la Administración de la Generalitat Valenciana.  
b) Realizar el seguimiento de los planes de acción social sectoriales. En estos ámbitos descentralizados existirá una comisión paritaria de acción social que participará en la elaboración, ejecución y control del plan correspondiente, en el marco de los criterios establecidos por la comisión paritaria general.  
c) Formular las propuestas que considere oportuno en materia de acción social.  
4. Con carácter anual, la Administración aprobará el correspondiente plan de acción social, elaborado con el mayor acuerdo posible con las centrales sindicales firmantes.  
5. El plan de acción social contemplará los objetivos a alcanzar, las acciones a desarrollar, la dotación económica que se vaya a destinar para su financiación, las condiciones generales para la concesión de las ayudas que se establezcan y el procedimiento de gestión de los recursos destinados.  
CAPITULO VII  
Salud laboral  
1. Considerando que los empleados públicos tienen derecho a una protección eficaz de su integridad física y su salud en el trabajo y que la Administración tiene el deber de promover, formular y aplicar una adecuada política de prevención de riesgos, las partes se comprometen a colaborar estrechamente para elevar los niveles de salud y seguridad en el trabajo en la Administración de la Generalitat Valenciana.  
2. A fin de garantizar una actuación coordinada en relación con la salud laboral, que afecte tanto al colectivo de personal funcionario y estatutaria como al de régimen laboral, la representación y participación que contemple la futura ley de salud laboral se configurarán con arreglo a este criterio.  
3. Los criterios de aplicación de la ley de salud laboral y de constitución de las comisiones de salud laboral serán establecidos en la mesa general de negociación.  
4. Se constituye en el ámbito de cada mesa sectorial de negociación una comisión de salud laboral, integrada a partes iguales por representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales.  
5. Las comisiones de salud laboral tendrán las siguientes funciones:  
a) Promover la difusión, divulgación y conocimiento del proyecto de ley de salud laboral, en el ámbito de la mesa sectorial respectiva.  
b) Proponer el ámbito específico para la constitución de los comités de salud y seguridad correspondientes al ámbito de la mesa sectorial teniendo en cuenta para ello los órganos de representación existentes, la actividad desarrollada por los organismos afectados y el tipo y frecuencia de los riesgos.  
c) Participar en la identificación de los riesgos y elaboración del mapa de riesgos de su ámbito sectorial.  
d) Participar en la elaboración de planes y programas generales de prevención y en su puesta en práctica.  
e) En general, formular las propuestas que consideren oportunas en esta materia a fin de lograr una normal y eficaz aplicación de la futura ley de salud laboral.  
f) Analizar y controlar las condiciones de trabajo en relación a la salud ambiental, así como la utilización de nuevas tecnologías.  
6. En el supuesto de que una incapacidad temporal o enfermedad impida al empleado público el normal desempeño de las funciones asignadas a su puesto de trabajo incluido en la RPT correspondiente, la Administración, previa prescripción facultativa, cambiará al empleado público a otro puesto de trabajo, siempre y cuando existan vacantes, no se perjudique el normal funcionamiento del servicio y no suponga incremento de retribuciones. Este cambio será temporal, sin pérdida de las retribuciones fijas y periódicas, no supondrá cambio de localidad ni menoscabo de la categoría profesional en su caso. Una vez superada la incapacidad o la enfermedad la Administración reintegrará a su puesto de trabajo al empleado afectado.  
7. Se reconoce el derecho de los empleados públicos, individualmente o a través de sus representantes sindicales, a ser informados de los riesgos que implica el desempeño de su puesto de trabajo.  
Transitoriamente, en tanto la futura ley de salud laboral no entre en vigor, y en cumplimiento de acuerdos anteriores continuará funcionando el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo de acuerdo con las tareas prioritarias fijadas en su sesión constitutiva. Además, se iniciarán las gestiones encaminadas a la constitución de los comités de centros correspondientes.  
TITULO III  
Acuerdos para la articulación del proceso de negociación colectiva  
CAPITULO VIII  
Principios generales  
1. En el marco de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 19 de julio, y teniendo en cuenta las experiencias y procesos de negociación colectiva producidos en la Administración de la Generalitat Valenciana, las partes manifiestan la necesidad de profundizar en el diálogo y la cooperación como los instrumentos más adecuados para ordenar las relaciones entre la Administración y los sindicatos.  
2. Las partes constatan la necesidad de mejorar los procesos de negociación colectiva. Por ello consideran conveniente una reordenación del proceso de negociación, potenciando su articulación.  
3. Considerando que las controversias deben resolverse siempre que sea posible de forma consensuada, ambas partes manifiestan la voluntad de promover y potenciar órganos propios de comunicación y conciliación como instrumentos útiles de solución de diferencias, que eviten acudir al conflicto colectivo.  
4. La articulación del proceso de negociación tiene los siguientes fines:  
\* Potenciar la negociación colectiva como cauce fundamental de participación en la determinación de las condiciones de empleo.  
\* Articular el proceso negociador, dotándolo de mayor agilidad y eficacia.  
\* Establecer mecanismos voluntarios de solución de conflictos entre las partes.  
CAPITULO IX  
Criterios inspiradores de la negociación  
1. Las partes firmantes negociarán bajo los principios de buena fe, mutua lealtad y cooperación.  
2. Las partes, a través de la negociación colectiva, perseguirán una razonable mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, una mayor eficacia en el funcionamiento de la Administración y una mejor calidad de los servicios públicos que prestan a los ciudadanos.  
3. La Administración se compromete a poner en conocimiento de los sindicatos firmantes la información y documentación técnica que se le solicite por los mismos con el fin de facilitar el desarrollo de la negociación.  
4. La Administración facilitará a los sindicatos firmantes los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de las tareas propias de la negociación colectiva.  
5. Los sindicatos firmantes se comprometen a no plantear ni secundar, durante la vigencia del acuerdo suscrito, reivindicaciones sobre cuestiones ya pactadas en el citado acuerdo y cumplidas por la Administración.  
Asimismo, plantearán a través de los procedimientos de solución de conflictos que se establecen en el capítulo XII, las discrepancias que pudieran producirse.  
CAPITULO X  
Estructura de la negociación colectiva  
1. La negociación colectiva en la Generalitat Valenciana se desarrollará en los siguientes ámbitos y materias que se regulan en los  
apartados siguientes.  
2. El ámbito general, que se realizará en torno a las siguientes materias:  
\* Condiciones generales de trabajo que afecten a los empleados públicos de la Generalitat Valenciana.  
\*,Derechos sindicales que afecten a todos los empleados públicos.  
Los acuerdos suscritos en este ámbito podrán reenviar la negociación sobre determinadas materias, total o parcialmente, a los ámbitos sectoriales.  
3. El ámbito sectorial se realizará en el marco de cada una de las tres mesas sectoriales de negociación actualmente constituidas (función pública, instituciones sanitarias y personal docente no universitario) o en las que por decisión de la mesa general de negociación pudieran crearse, y en torno a las siguientes materias, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 7/1990:  
\* Condiciones específicas de trabajo del personal funcionario o estatutario del correspondiente sector.  
\* Aplicación y desarrollo en el respectivo sector de los acuerdos producidos en el ámbito general.  
Los acuerdos suscritos en este ámbito podrán reenviar la negociación sobre determinadas materias, total o parcialmente, a los ámbitos descentralizados de negociación que se prevén en el presente acuerdo.  
4. No obstante los ámbitos de negociación mencionados, previa decisión de la mesa sectorial correspondiente, podrán constituirse ámbitos singulares de negociación en el marco de una conselleria u organismos de ellas dependientes que presenten una problemática claramente específica dentro del sector. En estos casos participarán los sindicatos presentes en la mesa sectorial correspondiente, la conselleria u organismo afectado y, en su caso, el organismo que tenga asumidas las competencias del personal de que se trate.  
Podrán ser objeto de negociación en este ámbito materias tales como la aplicación de la normativa de horarios de trabajo y vacaciones, salud laboral y prevención de riesgos, reasignación de efectivos en su ámbito, criterios de productividad y rendimiento y formación profesional específica.  
5. La coordinación entre los distintos ámbitos de negociación se llevará a cabo con los siguientes criterios:  
a) Criterio de primacía, por el cual las partes acuerdan no modificar en los ámbitos sectoriales los criterios generales marcados sobre las materias tratadas en el ámbito general, ni plantear en los ámbitos descentralizados de negociación temas distintos a los que expresamente remita el acuerdo establecido en la correspondiente mesa sectorial.  
b) Criterio de complementariedad, por el que los acuerdos o pactos establecidos en un ámbito inferior de negociación, cuando aborden una materia ya regulada en un acuerdo de ámbito superior, no podrán modificar lo acordado, limitándose exclusivamente a complementar el acuerdo de ámbito superior.  
c) Criterio de competencia, por el que la aplicación de un acuerdo o pacto queda supeditado a que haya sido suscrito según lo establecido en este acuerdo.  
d) Criterio de cobertura presupuestaria, por el que por parte de la Administración y previamente a la firma de un acuerdo o pacto, se requerirán los informes favorables de las consellerias de Administració Pública; Cultura, Educació i Ciencia o Sanitat i Consum, en su caso, y de la Conselleria d'Economia i Hisenda en todo caso.  
Si un acuerdo o pacto contraviniera cualquiera de los criterios señalados anteriormente, no será de aplicación.  
CAPITULO XI  
Ordenación de la negociación  
1. Las partes consideran conveniente abordar la negociación colectiva desde una perspectiva general en cada período de negociación. En tal sentido plantearán de manera integral las materias que consideren deben ser objeto de negociación en cada proceso negociador.  
2. Las partes promoverán que el ámbito de vigencia temporal de todos los acuerdos resultantes de los procesos de negociación sea superior al año.  
3. El proceso negociador anual se abrirá en la fecha que de común acuerdo fijen la Administración y los sindicatos. En cualquier caso, se abrirá con antelación suficiente a la elaboración de los presupuestos de la Generalitat Valenciana.  
Cuando se trate de revisar un acuerdo anterior, la negociación se abrirá cuando lo acuerden las partes firmantes del mismo y en cualquier caso siempre antes de la terminación de su vigencia.  
Salvo acuerdo o pacto en contrario, éstos se entenderán prorrogados.  
4. El desarrollo del proceso negociador se realizará en tres fases. En la primera fase la Administración y los sindicatos se comunicarán sus propuestas de negociación, en las que especificará, al menos, las materias que se proponen, los ámbitos a que afecta y el plazo de vigencia del posible acuerdo o pacto.  
En la segunda fase las partes fijarán las materias que serán objeto de negociación.  
En la tercera fase se desarrollará la negociación propiamente dicha, durante el tiempo que se estime necesario.  
CAPITULO XII  
Procedimientos de resolución de conflictos  
L Los conflictos en materia de interpretación y aplicación de los acuerdos o pactos se dilucidarán a través de una comisión paritaria de seguimiento que se constituirá en cada ámbito de negociación; las partes someterán sus discrepancias a la citada comisión, con carácter previo a cualquier otra instancia, incluso administrativa o judicial.  
La citada comisión deberá pronunciarse sobre los asuntos que se le sometan de forma que, en su caso, puedan ejercitarse en plazo los recursos legales correspondientes, para lo cual se convocará con plazo suficiente.  
2. Los conflictos derivados de la negociación colectiva tendrán un primer tratamiento preventivo, por lo cual los sindicatos se comprometen a comunicar las dificultades surgidas al órgano administrativo correspondiente para que trate de eliminarlas a la mayor brevedad posible. Si no se resuelven las dificultades, los sindicatos podrán adoptar las medidas que estimen oportunas.  
3. Las partes, de común acuerdo, podrán nombrar un mediador para resolver las controversias surgidas en el desarrollo de un proceso negociador o en el cumplimiento de los acuerdos o pactos.  
El nombramiento del mediador y el sometimiento al mismo de una determinada controversia requerirá la unanimidad de las partes.  
Una vez finalizado el proceso negociador sin alcanzarse acuerdo entre las partes, el Consell procederá a establecer las condiciones de trabajo conforme a lo señalado en el artículo 37 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificado por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sin perjuicio de las acciones que otra parte estime conveniente según sus intereses y de acuerdo con la normativa vigente y con este mismo acuerdo.  
TITULO IV  
Acuerdo sobre retribuciones  
CAPITULO XIII  
Retribuciones  
1. En el marco de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, y teniendo en cuenta las experiencias y procesos de negociación colectiva producidos hasta el momento, se hace manifiesta la necesidad de fijar un marco de referencia sobre el que negociar en cada ejercicio las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Generalitat Valenciana.  
2. A tal efecto, se dotará en el presupuesto de cada ejercicio unos fondos adicionales equivalentes al resultado de aplicar a la masa salarial bruta un coeficiente igual al 50% del porcentaje de crecimiento del PIB en términos reales. En cualquier caso, se garantiza una dotación mínima de tales fondos equivalentes al 1% de la masa salarial.  
Para 1992 y con efectos desde 1 de enero, dicho fondo se fija en el 1,8% de la masa salarial bruta.  
Se entenderá por masa salarial bruta, a los efectos de este título, el conjunto de retribuciones devengadas en el ejercicio anterior, así como las cotizaciones a los diferentes regímenes o sistemas de la seguridad social a cargo del empleador.  
3. La distribución individualizada de este fondo, tanto de la cuantía garantizada como de la que puede resultar de la aplicación de la evolución real del PIB al término de cada ejercicio, se realizará en el seno de las mesas sectoriales de Función Pública, Sanidad y Educación. En este último caso la aplicación de la distribución tendrá en cuenta lo previsto en el punto 3 del acuerdo entre la Generalitat Valenciana y los sindicatos del sector de la enseñanza de fecha 17 de diciembre de 1991. En el caso del sector del personal de instituciones sanitarias, se tendrá en cuenta el acuerdo de Consejo de Ministros publicado por Resolución de 10 de junio de 1992, del Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE de 03.07.92), así como su desarrollo en el acuerdo posterior de fecha 3 de julio de 1992 referente a la atención primaria.  
4. Con independencia del fondo a que hace referencia el punto 2, se establece una cláusula de revisión salarial en función de la evolución del IPC y la previsión de inflación que figure en la ley de presupuestos generales del Estado.  
Dicha revisión se fijará en función de la variación del IPC de noviembre a noviembre de cada ejercicio, de forma que el incremento de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Generalitat Valenciana, una vez incorporada dicha revisión, mantenga la misma diferencia en puntos, respecto al IPC realmente registrado, que el incremento general incluido en la ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana en relación con el IPC previsto.  
TITULO V  
Seguimiento del acuerdo  
CAPITULO XIV  
Comisión de seguimiento  
Se constituye la comisión de seguimiento del presente acuerdo, integrada por el mismo número de representantes de los sindicatos firmantes y de la Administración que se reunirá durante los años de vigencia del mismo en los meses de julio y diciembre.