Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6700, del 26-01-2012 (2012/593)

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Universitat de València, la Fiscalía Provincial de Valencia y la Generalitat para la puesta en marcha de un programa de mediación en materia de intervención socioeducativa y ejecución de medidas de medio abierto con menores infractores.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6700

Fecha DOGV
:   26-01-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/593


Fecha del documento
:   19-01-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Universitat de València, la Fiscalía Provincial de Valencia y la Generalitat para la puesta en marcha de un programa de mediación en materia de intervención socioeducativa y ejecución de medidas de medio abierto con menores infractores. [2012/593]  
  
La Universitat de València, la Fiscalía Provincial de Valencia y la Generalitat han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 14 de diciembre de 2011, convenio de colaboración para la puesta en marcha de un programa de mediación en materia de intervención socioeducativa y ejecución de medidas de medio abierto con menores infractores.  
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de dicho convenio, que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 0024/2012, y que figura como anexo de esta resolución.  
  
Valencia, 19 de enero de 2012.- La directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts: Mª Teresa Lleó Alonso.  
  
  
Convenio de colaboración entre la Universitat de València (Estudi General), la Fiscalía Provincial de Valencia y la Generalitat para la puesta en marcha de un programa de mediación en materia de intervención socio-educativa y ejecución de medidas de medio abierto con menores infractores  
  
Valencia, 14 de diciembre de 2011  
  
Reunidos  
De una parte, Jorge Cabré Rico, conseller de Justicia y Bienestar Social, en nombre y representación de la Generalitat, autorizado para la suscripción del presente convenio por acuerdo del Consell de fecha 25 de noviembre de 2011.  
De otra parte, Esteban Morcillo Sánchez, rector de la Universitat de València (Estudi General), según nombramiento efectuado por Decreto 49/2010, de 26 de marzo (DOCV nº 6238, de fecha 1 de abril de 2010), en su nombre y representación, conforme a lo dispuesto en el Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueban los Estatutos de la Universitat de València (DOGV nº 4811, 3 de agosto de 2004).  
Y de otra parte, en representación de la Fiscalía, Ricard Cabedo Nebot, fiscal superior de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, según nombramiento efectuado por el Real Decreto 504/2010, de 30 de abril (BOE núm. 106, de 1 de mayo de 2010) y Teresa Gisbert Jordá, fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Valencia, según nombramiento efectuado por Real Decreto 282/2008, de 22 de febrero (BOE núm. 47, de 23 de febrero de 2008).  
Todas las partes se reconocen mutuamente la necesaria capacidad jurídica y de obrar para este otorgamiento en las representaciones que ostentan y acreditan.  
  
Manifiestan  
Primero. Que la Conselleria de Justicia y Bienestar Social es el departamento del Consell al que corresponde ejercer las atribuciones sobre el menor infractor derivadas de la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.  
Segundo. Que la Universitat de València (Estudi General) es una institución de derecho público, con personalidad jurídica propia, que está al servicio del desarrollo intelectual y material de los pueblos, del progreso del conocimiento, de la paz, de la igualdad entre las mujeres y los hombres y de la defensa ecológica del medio ambiente, y que dedica especial atención al estudio y desarrollo de la cultura de la Comunitat Valenciana, y se proyecta activamente sobre los problemas valencianos mediante programas específicos de docencia, investigación y divulgación.  
Tercero. Que el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.  
De acuerdo con el artículo 124.1 de la Constitución Española, corresponde al Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.  
En materia de responsabilidad penal de menores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban realizarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento.  
Cuarto. Que en el contexto de esta ley reviste un particular interés la reparación del daño causado y la conciliación con la víctima que, en aras del principio de intervención mínima, y con el concurso mediador del equipo técnico, pueden dar lugar al sobreseimiento del expediente (artículos 19 y 27.3 LORPM), o a la finalización del cumplimiento de la medida impuesta en sentencia (artículo 51.3 LORPM).  
A este fin, el artículo 8.7 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, prevé que las entidades públicas podrán poner a disposición del Ministerio Fiscal y los juzgados de menores los programas necesarios para realizar las funciones de mediación.  
Quinto. Que la Ley Orgánica 5/2000, en su artículo 40.2.c), contempla expresamente la posibilidad de acordar la suspensión de la ejecución del fallo bajo ciertas condiciones, entre las que se cuenta, si el juez así lo establece, la obligación de realizar la actividad socio-educativa recomendada por el equipo técnico o la entidad pública de protección o reforma de menores, incluso con el compromiso de participación de los padres, tutores o guardadores del menor.   
El artículo 8.1 del Reglamento atribuye a las comunidades autónomas la competencia en la ejecución de dicha actividad.  
Sexto. Que los equipos técnicos de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social adscritos a las fiscalías y los juzgados de menores, compuestos por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, tienen la función de asistir técnicamente, en las materias propias de su disciplina profesional, a los jueces y al Ministerio Fiscal, pudiendo informar sobre la posibilidad de que el menor efectúe una actividad reparadora o de conciliación con la víctima, o proponer una concreta intervención socio-educativa.   
De acuerdo con el artículo 19 de la LORPM, corresponde también a estos equipos técnicos realizar las funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado, e informar al Ministerio Fiscal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento.  
Séptimo. La Ley Orgánica 5/2000 prevé la posibilidad de imponer a los menores infractores una serie de medidas que se han dado en llamar «de medio abierto», porque su ejecución no requiere el ingreso de los menores en centros de reforma, lo que permite llevar a cabo todas las actuaciones previstas en el proyecto individualizado de ejecución en su entorno sociofamiliar, y hacer uso de los recursos normalizados del ámbito comunitario. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no retribuidas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. La medida de realización de tareas socioeducativas obliga a participar en actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitar el desarrollo de la competencia social.  
La Conselleria de Justicia y Bienestar Social cuenta con la colaboración de diferentes entidades locales y privadas sin ánimo de lucro para la ejecución de todas las medidas judiciales de medio abierto, incluidas las prestaciones en beneficio de la comunidad y la realización de tareas socio-educativas.  
Octavo. Por todo lo expuesto, las partes deciden concretar su colaboración para la puesta en marcha del presente acuerdo, con la finalidad de hacer efectivas las previsiones de la Ley Orgánica 5/2000 en lo que se refiere a la conciliación con la víctima o perjudicado, la reparación del daño, la realización de actividades y tareas socioeducativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad.  
En consecuencia, habiendo llegado las partes a su completo y total acuerdo, deciden formalizar el presente Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes  
  
CLÁUSULAS  
  
Primera. Objeto  
Constituye el objeto del presente convenio sentar las bases de colaboración entre la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, la Universitat de València (Estudi General) y la Fiscalía Provincial de Valencia para hacer posible el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores relativas a la conciliación con la víctima o perjudicado, la reparación del daño, la realización de actividades y tareas socioeducativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad.  
  
Segunda. Obligaciones de las partes  
a) Obligaciones de la Universidad de València:  
La Universitat de València, a través del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS), y siempre en función de su disponibilidad real y efectiva de medios personales y materiales, se compromete a:  
- Determinar el número de menores que, en cada momento, puedan disponer de plaza.  
- Proporcionar el personal y los recursos materiales adecuados para colaborar en la búsqueda de una solución extrajudicial en los casos derivados por el equipo técnico de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social adscrito a la Fiscalía y los juzgados de menores de Valencia.  
- Seleccionar, conjuntamente con la Unidad de Medidas Judiciales de la Dirección Territorial de Justicia y Bienestar Social de Valencia, oído el técnico responsable de la ejecución de cada medida, el recurso más adecuado para la realización de las tareas socioeducativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad, y designar el personal idóneo para que pueda supervisar la actividad a desarrollar por el joven.  
- Presentar y explicar al menor la actividad que deba realizar y comunicar al técnico responsable del caso cualquier incidencia que se produzca, así como su finalización y adecuado cumplimiento.  
- Impulsar la realización de estudios de investigación en el campo a que se refiere el convenio.  
b) Obligaciones de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.   
1. Corresponde al equipo técnico de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social adscrito a la Fiscalía y los juzgados de menores de Valencia:   
- Valorar las circunstancias personales del menor y la posibilidad de llevar a cabo una solución extrajudicial del caso, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000.  
- Realizar las funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado, en aquellos casos en que sea posible y conveniente la conciliación o reparación directa o social del daño causado.  
- Seleccionar, conjuntamente con el personal de la Universitat de València, una actividad que permita una solución extrajudicial del caso, y elaborar el proyecto socioeducativo de la misma, en el que hará constar su naturaleza y objetivos, su calendario de realización y los nombres del técnico responsable y de la persona designada por la Universidad.  
- Llevar a cabo el seguimiento de la actividad, a menos que se disponga otra cosa en su proyecto socioeducativo.  
- Notificar al menor y a su familia la suspensión de la actividad, en su caso, y poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los motivos por los que no han podido llevarse a término los compromisos alcanzados, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 19.4 y 5 de la Ley Orgánica 5/2000.  
2. Corresponde a la Unidad de Medidas Judiciales de la Dirección Territorial de Justicia y Bienestar Social de Valencia:  
- Designar al técnico responsable de la ejecución de las medidas de realización de tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad, y de la elaboración de su programa individualizado de ejecución.  
- Valorar junto con el técnico designado la conveniencia de incluir alguna actividad organizada por la Universitat de València en el programa individualizado de ejecución de las medidas de realización de tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad, teniendo en cuenta las circunstancias personales del menor y las características del caso.  
- Seleccionar, conjuntamente con el personal de la Universitat de València, y oído el técnico responsable de la ejecución de la medida, la actividad a la que se hace referencia en el apartado anterior.  
- Llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de estas medidas a través del profesional designado, comunicando las incidencias que puedan surgir al juez de menores y al Ministerio Fiscal.  
- Elaborar y tramitar a través del profesional designado todos los informes previstos en el artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000.   
3. La Conselleria de Justicia y Bienestar Social se compromete a mantener las pólizas de Responsabilidad Civil y de Accidentes ya suscritas para los menores susceptibles de participar en las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de este convenio. Dichas pólizas contemplan un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes por los actos de los menores derivados a esta Conselleria por los órganos correspondientes de la administración de Justicia, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.  
  
Tercera. Publicidad  
Todas las actividades incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio que sean objeto de divulgación, difusión o publicación deberán hacer constar de forma expresa que se realizan en virtud de un convenio suscrito por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, la Universitat de València (Estudi General) y la Fiscalía Provincial de Valencia (Sección de Menores).  
  
Cuarta. Comisión mixta paritaria  
1. Para el seguimiento del presente convenio se constituirá una comisión mixta que estará integrada por un máximo de dos representantes de la Universitat de València; dos fiscales de la Fiscalía Provincial de Valencia, propuestos por la fiscal jefa y nombrados por el fiscal superior; y dos representantes de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, actuando éstos últimos como presidente y secretario de la comisión, y tendrá las siguientes funciones:  
a) Señalar las actuaciones concretas a realizar para hacer efectivas las previsiones del convenio.  
b) Llevar a cabo el seguimiento del grado de cumplimiento de estas previsiones y de los criterios fijados por la Comisión.  
c) Estudiar cualquier asunto relativo al ámbito de aplicación del presente convenio que las partes consideren de interés.  
d) Realizar una evaluación anual de las actuaciones practicadas y los resultados obtenidos.  
2. La comisión se reunirá con la periodicidad que se determine en el momento de su constitución, que tendrá lugar dentro de los dos meses siguientes a la firma del presente convenio, y siempre que lo solicite una de las partes.  
  
Quinta. Vigencia del convenio  
El convenio tendrá un plazo de vigencia de dos años desde el momento de la firma, pudiendo prorrogarse expresamente por el mismo periodo de tiempo por acuerdo de las partes.  
Constituirá motivo de resolución del presente convenio el incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas o la concurrencia de cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.   
Bajo los términos referenciados y en prueba de conformidad, suscriben las partes el presente convenio, por cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.  
  
El conseller de Justicia y Bienestar Social: Jorge Cabré Rico.  
El rector de la Universitat de València (Estudi General): Esteban Morcillo Sánchez.  
El fiscal superior de la Comunitat Valenciana: Ricard Cabedo Nebot.  
La fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Valencia: Teresa Gisbert Jordà.