Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5257, del 12-05-2006 (2006/4690)

Notificación a Juan Carlos González García y otro de la sentencia recaída en los autos de juicio verbal de desahucio número 826/2004.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5257

Fecha DOGV
:   12-05-2006

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2006/4690


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Catarroja

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a Juan Carlos González García y otro de la sentencia recaída en los autos de juicio verbal de desahucio número 826/2004. [2006/Q4690]  
Procedimiento: asunto civil 826/2004  
Juicio verbal (desahucio por falta de pago) 826/2004  
Parte demandante: Salvador Cortés Llopis  
Parte demandada: Juan Carlos González García y José Pascual Doménech Calatayud  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Sentencia  
Catarroja, 11 de julio de 2005  
Vistos por mí, Inmaculada Serrano Pérez, jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de los de Catarroja y su partido, los autos de juicio verbal de desahucio seguidos y registrados con el número 826/2004, promovidos a instancia de la procuradora de los tribunales Carolina Llagaria Móner, en nombre y representación de Salvador Cortés Llopis, asistida por la letrada María Fuster Blay, contra José Pascual Doménech Calatayud y Juan Carlos González García, que no comparecen, y en atención a los siguientes.  
Antecedentes de hecho  
1. Por la procuradora de los tribunales, Carolina Llagaria Móner, en nombre y representación de Salvador Cortés Llopis, se presentó demanda de juicio verbal contra José Pascual Doménech Calatayud y Juan Carlos González García, y que por turno de reparto correspondió a este juzgado, fundada en la falta de pago de las rentas correspondientes a las mensualidades de octubre a diciembre de 2004, ambos inclusive, y en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que entendía de aplicación, terminaba suplicando del juzgado se dicte sentencia estimatoria de la demanda por la que se declare:  
1.1 La extinción del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y relativo a la vivienda sita en Catarroja (Valencia), avenida de la Rambleta, número 40, puerta 13, por la falta de pago, celebrado entre Salvador Cortés Llopis y Juan Carlos González García.  
1.2 Fijar día y hora de la fecha de lanzamiento.  
1.3 Condenar a José Pascual Doménech Calatayud, como fiador solidario, y a Juan Carlos González García al pago de la cantidad de 638,16 euros en concepto de rentas adeudadas, así como las rentas que se devenguen hasta el desalojo de la vivienda.  
Y todo ello con expresa condena en costas del demandado, haciendo constar que cabe enervar la acción de desahucio mediante el pago o consignación de las cantidades reclamadas en la demanda y las que en dicho instante adeude.  
2. Admitida a trámite la demanda por auto de 26 de enero de 2005, se señaló día y hora para la celebración del correspondiente juicio para el día 14 de junio de 2005, señalándose en el proveído el lanzamiento para el día 12 de septiembre de 2005 a las 11.30 horas.  
Llegado el día de juicio compareció la parte actora, y sin comparecencia de las partes demandadas, habiendo sido citada en legal forma y declarada en situación legal de rebeldía. Abierto el acto, la actora se afirmó y ratificó en el escrito de demanda, ampliando reclamación de la cantidad debida en concepto de rentas desde enero a junio de 2005 a razón de 217,48 euros más los gastos de comunidad del cuarto trimestre de 2004 por importe de 65,74 euros; gastos de comunidad del primer trimestre de 2005 por importe de 48,75 euros y agua del primer trimestre de 2005 por importe de 15,68 euros, de cuyas cantidades habrá que descontar el importe de 520,74 euros que el demandado ingresó en la cuenta del actor siendo por tanto el importe total reclamado de 1.552,47 euros y ello de conformidad a lo establecido en el artículo 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitando sea dictada sentencia de conformidad con el suplico de la misma y solicitado el recibimiento del pleito, propuso, interrogatorio de parte, documental, la cual fue admitida y declarada pertinente, quedando los autos en estado de dictar sentencia.  
3. En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.  
Fundamentos de derecho  
1. El presente procedimiento se ha originado a raíz de la demanda presentada por la parte actora, en la que ejercita acción de resolución de contrato y reclamación de cantidad contra José Pascual Doménech Calatayud y Juan Carlos González García, con fundamento en el incumplimiento de las obligaciones contraídas con el demandante a consecuencia del impago de las rentas correspondientes a las mensualidades de octubre de 2004 a junio de 2005, más determinados recibos lo que asciende a 1.552,47 euros, todo ello respecto de la vivienda arrendada sita en Catarroja, avenida de la Rambleta, número 40, puerta 13.  
Al no comparecer al acto del juicio la parte demandada y habiendo sido citada legalmente, se debe dictar sentencia declarando haber lugar al desahucio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
2. Procede examinar si concurren los requisitos necesarios para acordar la resolución del contrato y desalojo de la actual ocupante de la vivienda arrendada, partiendo para ello del contenido del artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, de noviembre de 1994, en cuyo párrafo segundo se indica que «el arrendatario podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas:  
a) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.»  
Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los procedimientos de desahucio por falta de pago de las rentas o de las cantidades cuyo pago hubiera asumido el arrendatario, éste podrá enervar la acción si en algún momento anterior al señalado para la celebración de la vista, paga al actor o pone a su disposición en el juzgado o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador, enervación que, en el presente caso, no se ha producido.  
Dicho lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda acreditada la causa de resolución del contrato, debiendo prosperar acción de desahucio entablada por el actor, declarando la resolución del contrato, y condenando en consecuencia a los demandados a que dentro del plazo previsto en la Ley, desalojen y dejen a la libre disposición de la parte actora la vivienda objeto del presente pleito, y en caso de no hacerlo acordar el lanzamiento a su costa en caso de no verificarlo para el 12 de septiembre de 2005, a las 11.30 horas.  
3. A su vez, procede realizar pronunciamiento sobre el pago de las rentas asumidas e insatisfechas por los demandados y a cuyo pago solicita la parte actora que se le condene. La parte demandada ha sido declarada en rebeldía de conformidad con lo previsto en el artículo 442.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tal y como establece el artículo 496 de la citada ley, la declaración de rebeldía no puede considerarse, salvo en los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario, ni como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, lo cual liberaría al actor de probar los que sirven de base o soporte a su demanda, por lo que la parte demandante no queda exceptuada de la obligación de probar los hechos de los que se desprenda el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda, según las normas jurídicas a ellos aplicables. Debe sin embargo recordarse que el principio general sobre carga de la prueba se ve matizado a través de los principios de normalidad y facilidad probatoria, en función de la posibilidad probatoria de las partes derivada de la posición de cada una respecto del efecto jurídico pretendido, tal y como hoy proclama el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo anterior da pie para considerar que ante la rebeldía procesal suele producirse una lógica reducción de la actividad probatoria a desplegar por el actor o una limitación de su auténtica naturaleza, y a la vez, la inactividad del demandado puede dificultar la previa del actor. De ahí que no se pueda ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el actor, porque la falta de los habituales medios probatorios se debe precisamente a la falta de comparecencia y/o de actividad del demandando. Exigir lo contrario supondría convertir la rebeldía no sólo en una cómoda defensa sino también en una situación de privilegio para el litigante rebelde, con infracción del principio de igualdad, aquí, en la posición de las partes en el proceso. Resulta acreditada la realidad del contrato de arrendamiento así como la del impago de las rentas y las cantidades asimiladas a la renta. Probado lo anterior, a la parte demandada hubiera correspondido probar tan sólo una cuestión fáctica: que las rentas estaban o habían sido abonadas, tal y como prevé el artículo 444 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Por lo tanto, y probado el impago de la cantidad reclamada, condeno a la parte demandada a que pague a la actora la cantidad de 1.552,47 euros que adeuda a la parte actora más el interés legal incrementado en dos puntos de conformidad con el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
4. Como se ha indicado, la rebeldía tiene el significado de oposición, aún tácita, a la pretensión de la parte actora, lo que no libera al demandante de la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, y ello conlleva a desarrollar una actividad procesal con sus consiguientes gastos, y siendo estimadas las pretensiones de la parte actora es por lo que debe de imponerse el pago de las costas procesales a la parte demandada, de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.  
Fallo  
Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales, Carolina Llagaria Móner, en nombre y representación de Salvador Cortés Llopis, asistido por la letrada María Fuster Blay, contra José Pascual Doménech Calatayud y Juan Carlos González García, debo declarar y declaro haber lugar al desahucio de la vivienda arrendada sita en Catarroja (Valencia), avenida de la Rambleta, número 40, puerta 13, condenando en consecuencia a los demandados a que dentro de plazo legal, desalojen y dejen a la libre disposición de la parte actora dicho inmueble, y en caso de no verificarlo, acordar el lanzamiento judicial a su costa para el día 12 de septiembre de 2005 a las 11.30 horas. Asimismo, declaro la resolución del contrato por impago de las rentas debidas y no satisfechas, debiendo los demandados abonar al actor la cantidad de 1.552,47 euros adeudados y reclamados, así como el interés legal incrementado en dos puntos, de conformidad con el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con condena de los demandados al pago de las costas procesales.  
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, debiendo en su caso presentar escrito de preparación del recurso en este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación.  
Líbrese y únase testimonio de la presente resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el libro de sentencias.  
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  
Publicación. La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por la jueza que la suscribe hallándose celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe».  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia del juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado para llevar a efecto la diligencia.  
Catarroja, 12 de abril de 2006.. La secretaria judicial: Patricia Zamorano Elriz.