Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4723, del 31-03-2004 (2004/2613)

Información pública del inicio de expediente de revisión de oficio de las bases de técnico de Archivos y Bibliotecas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4723

Fecha DOGV
:   31-03-2004

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - E) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/2613


Fecha del documento
:   26-02-2004

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Sagunto

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Sagunto
    * concurso administrativo
    * procedimiento administrativo

Información pública del inicio de expediente de revisión de oficio de las bases de técnico de Archivos y Bibliotecas. [2004/F2613]
  
La Comisión de Gobierno de este ayuntamiento, en la sesión del día 23 de julio de 2003, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
  
Inicio expediente revisión de oficio, bases técnico de Archivos y Bibliotecas
  
Visto el escrito de Concepción Martín Díez, con DNI 79276270, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle del Pintor Ferrer Calatayud, número 29, 46717, Valencia, presentado en la oficina de correos de Valencia con fecha 18 de junio de 2003, en el que considera nula de pleno derecho la base segunda, apartado a), de las bases para a cubrir en propiedad dos plazas de técnico de Archivos y Bibliotecas, aprobadas por Comisión de Gobierno con fecha 3 de septiembre de 2002, y publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 13 de febrero de 2003, y en extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 14 de abril de 2003; en el que solicita:
  
a) La suspensión de la referida base segunda, apartado a), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 30/1992.
  
b) La revisión de oficio por la administración, y declarar la nulidad de pleno derecho por vulnerar el contenido esencial de los artículos 14, 23 y 103.3 de la Constitución Española.
  
Visto que la base segunda, apartado a), de las bases de la convocatoria dispone que los aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos: «Ser funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Sagunto, y estar integrados en el grupo C del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto ...»
  
Considerando que contra las bases se puede interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, o directamente recurso contencioso administrativo (art. 52.2 LRBRL, en la redacción dada por la Ley 11/1999, y arts. 107 y 116.2 BNHLC-VRF).
  
Considerando que la interesada solicita la suspensión de la base de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 30/1992; y que según este artículo: «1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
  
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causaría al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran algunas de las causas siguientes:
  
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
  
b) Que la impugnación se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta ley.
  
3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos 30 días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, este no ha dictado resolución expresa al respecto.»
  
Considerando que en el presente caso no nos encontramos en sede de recurso, sino en sede de revisión de oficio, y que este procedimiento tiene en la Ley 30/1992 un artículo específico dedicado a la suspensión, el 104, que dispone: «Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.»
  
Considerando que por la Ley 23/1988 fue modificada la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el sentido de eliminar el porcentaje máximo de vacantes permitido para promoción interna; pero no obstante, y según el Tribunal Supremo, en sentencias de 20 de enero de 1992 (Arz 2467) y 19 de noviembre de 1992 (Arz 9204) el hecho de que todas las plazas vacantes sean reservadas para promoción interna puede vulnerar el contenido esencial del derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y a los cargos públicos.
  
Considerando que según el artículo 15 del Reglamento General de Ingreso «las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común.»
  
Considerando que el artículo 102 de la Ley 30/1992 dispone que las administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado o órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si existe, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recorridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1 (entre los que se encuentran aquellos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional).
  
Considerando que la Comisión de Gobierno puede entenderse como órgano competente para la revisión de oficio, al ser el mismo órgano que dictó el acto controvertido, y no estar esta competencia reservada al Pleno en los artículos 21 y 22 de la LRBRL.
  
En consecuencia, de conformidad con la propuesta de la concejala delegada de Personal, la Comisión de Gobierno, por unanimidad, acuerda:
  
Primero
  
Desestimar la suspensión solicitada por la interesada, fundamentada en el artículo 111 de la Ley 30/1992, por las razones anteriores.
  
Segundo
  
Suspender el acto de que se solicita la revisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 30/1992.
  
Tercero
  
Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 30/1992.
  
Cuarto
  
Notificar el presente acuerdo a la interesada.
  
Quinto
  
Remitir el expediente al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con el artículo 102 de la Ley 30/1992.
  
Lo que se hace público para general conocimiento, se establece trámite de audiencia por un plazo de 10 días a partir del día siguiente de la publicación del presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.