Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3250, del 26-05-1998 (1998/3975)

ORDEN de 13 de mayo de 1998, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en la pequeña empresa en el sector de la construcción.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3250

Fecha DOGV
:   26-05-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1998/3975


Fecha del documento
:   13-05-1998

Organismo emisor
:   Conselleria de Empleo, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Orden

Corrección de errores

Análisis jurídico

ORDEN de 13 de mayo de 1998, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas para la mejora de las condiciones de trabajo en la pequeña empresa en el sector de la construcción. [1998/X3975]
  
Los datos relativos a la siniestralidad laboral de la Comunidad Valenciana durante 1997 indican que el sector de la construcción es la actividad económica que acumula mayor número de accidentes, con un 19'5% del total. Atendiendo a su gravedad, representa el 22'7% de los graves y el 28'2% de los mortales.
  
Estas cifras confirman que la construcción es una actividad peligrosa y sector que sin duda debe considerarse de actuación preferente.
  
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 5 establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, del mismo modo, las Administraciones Públicas fomentarán aquellas actividades en orden a reducir los riesgos laborales y a la promoción de estructuras eficaces de prevención.
  
Es notorio el predominio de las pequeñas empresas en el modelo industrial implantado en la Comunidad Valenciana, que a menudo no cuentan con los medios necesarios para dedicar una parte suficiente de sus recursos a la seguridad de sus obras e instalaciones, lo que origina un mayor número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y que no disponen de las infraestructuras necesarias que faciliten el desarrollo de la acción preventiva, especialmente en lo que se refiere a la información de los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos y la formación teórica y práctica, suficiente y adecuada para su protección.
  
Un análisis más detallado de los accidentes graves y mortales en la construcción según la forma en que se produjeron en 1997 indican que el 42,4% de los mortales y el 54% de los graves lo fueron por caídas de personas a distinto nivel. El estudio de este tipo de accidentes, según el tamaño de la empresa, revela que el 62% de los graves y el 38'1 de los mortales por caídas de personas a distinto nivel ocurren en empresas de hasta 25 trabajadores.
  
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su artículo 1 que la normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por mencionada ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
  
El Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en lo que se refiere a caídas de altura establece:
  
a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
  
b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.
  
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia.
  
En consecuencia está plenamente justificada la actuación en el sector de la construcción mediante la concesión de ayudas para protecciones colectivas dirigidas a las pequeñas empresas y destinadas a la renovación y/o adquisición de elementos y sistemas de seguridad, certificados o de acuerdo a normas, y por tanto de seguridad garantizada.
  
La Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, tiene atribuidas las competencias en materia de trabajo y seguridad e higiene. En el ejercicio de tales competencias procede a establecer un régimen de ayudas que tienda a conseguir la promoción de la prevención en las pequeñas empresas del sector de la construcción radicadas en la Comunidad.
  
La presente orden de ayuda ha sido comunicada en aplicación de la Directiva del Consejo 83/189/CE, de 28 de marzo, y del Real Decreto 1.168/1995, de 7 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas.
  
Por último se señala que las ayudas que se concedan de acuerdo con lo previsto en la presente orden lo serán en el marco de la Comunicación de la Comisión 96/C 68/06 (DOCE C 68, 6 de marzo de 1996).
  
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, y el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,
  
ORDENO
  
Artículo 1. Objeto y ámbito
  
1. El objeto de la presente orden es establecer el régimen de concesión de ayudas para la realización de inversiones destinadas para la mejora de las condiciones de trabajo en las pequeñas empresas de la Comunidad Valenciana del sector de la construcción, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que a tal efecto establece la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1998.
  
2. El régimen de ayudas será de aplicación tal y como se determina en los siguientes artículos.
  
Artículo 2. Acciones apoyables
  
Las ayudas podrán ir destinadas a las actuaciones siguientes:
  
a) Inversiones en infraestructuras (simulador de riesgos), que faciliten a las pequeñas empresas del sector de la construcción el desarrollo de las acciones de información de los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos y la formación teórica y práctica suficiente y adecuada para su protección.
  
b) Inversiones en las pequeñas empresas del sector de la construcción para la adquisición de elementos de seguridad y protección colectiva de los trabajadores frente a las caídas de personas a distinto nivel, que se señalan a continuación:
  
1. Protección de bordes de forjado mediante el conjunto de redes y sistemas de fijación por pescantes tipo horca: redes de seguridad certificadas AENOR y pescantes de acuerdo con las características técnicas que se indican en el anexo 1.
  
2. Protección de bordes de forjado mediante barandillas de acuerdo con las características técnicas que se indican en el anexo 2.
  
3. Elementos para andamios tubulares que cumplan la norma UNE 76-502-90 (HD 1000) andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. Los elementos son:
  
- Plataforma metálica con sujeción a la estructura del andamio.
  
- Escalera interior, con o sin trampilla para acceso.
  
- Barandilla de seguridad y sus complementos.
  
Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas
  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas:
  
a) Para las actuaciones señaladas en el artículo 2 a), las Organizaciones Empresariales constituidas al amparo de la Ley 19/1977 y sus Fundaciones con sede en la Comunidad Valenciana entre cuyos objetivos y estatutos figure de forma destacada la prevención de riesgos laborales en la construcción.
  
b) Para las actuaciones señaladas en el artículo 2 b), las pequeñas empresas de la Comunidad Valenciana del sector de la construcción que ocupen hasta 25 trabajadores y que, adicionalmente, no incumplan los criterios de independencia recomendados por la Comisión Europea para su consideración como pequeña empresa.
  
Artículo 4. Cuantía de las ayudas
  
1. Para las acciones señaladas en el artículo 2 a), las ayudas podrán alcanzar una cuantía máxima de 10 millones de pesetas por proyecto de inversión, con el límite de un proyecto en cada una de las tres provincias de la Comunidad.
  
2. Para las acciones señaladas en el artículo 2 b), las ayudas serán del 40% del coste de la inversión. El impuesto sobre el valor añadido (IVA), por la adquisición de bienes no será considerado, a efectos de la ayuda, como coste de la inversión. En ningún caso la cuantía de las ayudas podrá ser superior a 1 millón de PTA. por beneficiario. Este umbral de un millón de pesetas, se aplicará al conjunto de la empresa beneficiaria y de todas las empresas en las que se posea directa o indirectamente el 25% o más de su capital o de los derechos de voto.
  
3. Las ayudas que se establecen en la presente orden tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido
  
4. El importe de las ayudas del apartado 2 b) no podrá hacer que el importe total de ayudas de minimis que reciba la empresa durante un periodo de tres años sea superior al límite de 100.000 ecus.
  
Artículo 5. Presentación de solicitudes y plazo
  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente orden deberán dirigirse a la Dirección General de Trabajo y se presentarán en el impreso normalizado en los registros de las correspondientes áreas territoriales de Trabajo o en cualesquiera otra de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan:
  
a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y de su representante legal, en su caso.
  
b) Justificación de hallarse el solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos previstos en la Orden de la Conselleria de Economía y Hacienda de 30 de mayo de 1996.
  
c) Para las acciones indicadas en el art. 2 a), memoria descriptiva de la actuación para la que se solicita la ayuda y su repercusión en la mejora de las condiciones de trabajo de las pequeñas empresas del sector de la construcción y un programa de trabajo en el que se refleje su desarrollo temporal así como presupuesto detallado por partidas o facturas proforma.
  
En caso de resultar necesario por la naturaleza de la actuación a realizar, deberá presentarse proyecto técnico, que deberá ser sometido a informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos o de técnicos designados por la Conselleria.
  
Para las acciones indicadas en el artículo 2 b) relación detallada del proyecto de inversión, acompañado de facturas proforma, de acuerdo con lo establecido en el anexo
  
d) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se han presentado con anterioridad ante la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio y no han experimentado variación
  
e) Declaración responsable, según modelo, de las ayudas de minimis concedidas por cualquier proyecto a la empresa durante los últimos tres años, contados desde la primera ayuda obtenida por la norma de minimis, con indicación del importe, organismo, fecha de concesión régimen de ayudas en que se ampara; o en su caso declaración responsable de no haber recibido ninguna.
  
3 .Los solicitantes podrán ejecutar los proyectos sin esperar a que la concesión de la ayuda se produzca y sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente se adopte.
  
4. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y el 1 de julio de 1998.
  
5. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite.
  
Artículo 6. Criterios de evaluación de las solicitudes
  
1. Para la concesión de las ayudas indicadas en el artículo 2 a), se valorará que el proyecto del simulador de riesgos sea de aplicación a los riesgos más comunes en construcción.
  
2. Para la concesión de las ayudas indicadas en el artículo 2 b) el proyecto deberá ajustarse a lo establecido en el mencionado apartado en lo relativo a características técnicas. Las ayudas se concederán a las entidades que cumplan los requisitos, por orden de registro de entrada del expediente completo, hasta agotar el crédito disponible.
  
Artículo 7. Resolución de la concesión de ayudas
  
1. Las áreas de Trabajo, remitirán los expedientes a la Dirección General de Trabajo tras comprobar la documentación aportada por los solicitantes y subsanadas las deficiencias observadas, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. La Dirección General de Trabajo podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos complementarios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.
  
3. La competencia para la concesión o denegación de las ayudas contempladas en la presente orden, corresponde al conseller de Empleo, Industria y Comercio.
  
4. La resolución de concesión fijará expresamente la cuantía de la ayuda e incorporará, en su caso, las condiciones y obligaciones que afecten al desarrollo del proyecto, pudiendo establecer plazos parciales para que el beneficiario ejecute como mínimo un determinado porcentaje del proyecto y para la justificación del cumplimiento de otras condiciones.
  
5. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
6. El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen para la concesión de las ayudas que se establecen en la presente orden será de un mes contado desde la fecha en que el expediente se encuentre completo. Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución se entenderá desestimada la solicitud de concesión de ayuda, en los términos previstos en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
7. Las resoluciones a que se refieren los párrafos anteriores agotan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de 2 meses a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución correspondiente.
  
Artículo 8. Resolución de incidencias
  
1. El órgano competente para la concesión de las ayudas contempladas en la presente orden, resolverá las incidencias que se produzcan con posterioridad a dicha concesión, y en especial los supuestos de:
  
- Cambios de titularidad.
  
- Cambios de ubicación.
  
- Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión, con carácter excepcional.
  
- Modificaciones justificadas del proyecto inicial.
  
- Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto a los efectos de liquidación de la ayuda
  
2. El beneficiario deberá comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
  
Artículo 9. Control de las acciones
  
1. La Dirección General de Trabajo realizará el control y seguimiento de los proyectos por medio de las inspecciones que estime necesarias, emitiendo certificado final de conformidad a los objetivos del proyecto aprobado, que servirá de base para la tramitación del correspondiente expediente de liquidación de la subvención concedida.
  
2. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General, en relación con las subvenciones o ayudas concedidas.
  
Artículo 10. Liquidación de las ayudas
  
1. La liquidación de las ayudas se efectuará una vez ejecutado el proyecto en su totalidad o en las fases previstas, de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados para la concesión de la ayuda.
  
2. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los beneficiarios, en el plazo que se determine en la resolución de concesión de la ayuda, y en todo caso con anterioridad al 1 de noviembre de 1998, deberán presentar:
  
a) Facturas del gasto efectuado, de acuerdo con la normativa vigente.
  
b) En los casos en que resulte exigible proyecto técnico, certificación de la obra expedida por un técnico competente.
  
c) Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se hubieran establecido en la resolución de la concesión de la ayuda.
  
3. No será subvencionable el impuesto sobre el valor añadido (IVA) satisfecho por la adquisición de bienes y servicios y en general cualquier impuesto pagado por el beneficiario.
  
Artículo 11. Minoración y resolución de las ayudas concedidas
  
1. La alteración de alguna de las características del proyecto aprobado, el incumplimiento de condiciones y plazos establecidos en la resolución, la no ejecución parcial de la inversión, la falta de justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas que en su conjunto excedan de los límites establecidos, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.
  
2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, la variación de la finalidad de la actuación o la falta de justificación de la realización del proyecto, dará lugar a la incoación, por el órgano competente para la concesión de las ayudas, del correspondiente expediente que podrá finalizar en su caso, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
Para el ejercicio 1998 y de conformidad con lo establecido en la Ley 13/1997, de 29 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Presupuestos para el ejercicio 1998, las ayudas previstas en la presente orden se financiarán con cargo a la sección 11, Programa 315.10 "Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales" línea 703, con un importe global máximo de 863.232.363 de pesetas, de los cuales 80.531.141 irán destinados a las acciones señaladas en el artículo 2 a), y 218.006.972 a las señaladas en el artículo 2 b).
  
Segunda
  
En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta al director general de Trabajo para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 13 de mayo de 1998
  
El conseller de Empleo, Industria y Comercio,
  
DIEGO SUCH PÉREZ