Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5581, del 21-08-2007 (2007/8849)

Notificación a Lahoucine Boufoullous del auto 197/2007 dictado en los autos del procedimiento de medidas provisionales previas 1.311/2006.
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Número DOGV
:   5581

Fecha DOGV
:   21-08-2007

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2007/8849


Fecha del documento
:   15-05-2007

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * sistema judicial

Notificación a Lahoucine Boufoullous del auto 197/2007 dictado en los autos del procedimiento de medidas provisionales previas 1.311/2006. [2007/8849]  
Procedimiento: medidas provisionales previas número 1.311/2006.  
Eva María Murciano Vicente, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana  
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Auto número 197/2007  
Juez que lo dicta: José Luis Conde-Pumpido García.  
Lugar: Castellón de la Plana  
Fecha: 15 de mayo de 2007  
Hechos  
Primero. La procuradora señora Belmonte Agost, en la representación que tiene acreditada de Ester Rut Pazos Morales, formuló solicitud de medidas previas a la demanda de separación del artículo 104 del Código Civil contra Lahoucine Boufoullous.  
Segundo. Admitida a trámite la solicitud, se citó a las partes y al ministerio fiscal a la comparecencia prevista en el artículo 771.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tuvo lugar el día 15 de mayo de 2007, compareciendo la parte actora, que se ratificó en su demanda, mientras que la parte demandada no compareció, pese a haber sido citada por edictos. El ministerio fiscal interesó que se resolviera con arreglo a lo que resultara probado.  
Tercero. Solicitado el recibimiento a prueba, su señoría accedió a lo solicitado, procediéndose a la práctica de la propuesta y admitida, que por la parte demandante consistió en documental (que aportó en el acto). El ministerio fiscal se adhirió a la prueba de las partes. Su señoría acordó de oficio el interrogatorio de la demandante.  
Cuarto. Practicada toda la prueba en el acto, y tras informar el ministerio fiscal sobre las medidas que interesaba, quedaron conclusos los autos.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. El artículo 104 del Código Civil establece que el cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio, puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los dos artículos anteriores. Estos efectos y medidas sólo subsistirán si, dentro de los treinta días siguientes a contar desde que inicialmente fueron adoptadas, se presenta la demanda ante el juez o tribunal competente.  
Segundo. La primera medida que hay que determinar es la relativa a la guarda y custodia del hijo menor, Rayyane, de 14 meses de edad. Como ha subrayado una abundantísima jurisprudencia el principio fundamental que ha de presidir la determinación de la guarda y custodia de los menores de edad es el de la protección de los hijos, o «favor filii», de acuerdo con los tratados y resoluciones de las organizaciones internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959, la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, la Resolución A 3-01750/1992, del Parlamento Europeo sobre la Carta de los Derechos del Niño, y la Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño de 19 de abril de 1996, así como el artículo 39.2 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección integral de los hijos; este principio inspira también numerosos preceptos del Código Civil, y constituye la idea básica de la regulación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Por lo tanto, a la hora de establecer el régimen de la guarda y custodia de los menores en las situaciones de crisis matrimoniales, sin desconocer que los padres gozan del derecho de relacionarse con sus hijos, ha de procurarse ante todo el interés del hijo menor de edad en cuyo favor se reconoce este derecho-deber de los padres, de acuerdo con el artículo 39.3 de la Constitución, que establece la obligación de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. De la prueba practicada se desprende que desde el nacimiento del hijo, ha sido la madre la que ha venido ocupándose del cuidado del mismo, sin que el padre haya tenido desde entonces más que contactos ocasionales con el hijo. Por ello, y atendiendo al interés del menor, procede atribuir la custodia a la madre, sin perjuicio del ejercicio compartido de la patria potestad.  
Tercero. La atribución de la custodia a la madre obliga a determinar el modo en que el padre, como progenitor no custodio, haya de relacionarse con su hijo menor. El artículo 94 del Código Civil establece que el progenitor que no tenga consigo a los hijos gozará del derecho a visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieran graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. Por lo tanto, el derecho de visitas regulado en el artículo 94 del Código Civil en concordancia con el artículo 161 también del Código Civil, no es un propio y verdadero derecho, sino un complejo de derechos-deberes cuyo adecuado cumplimiento no tiene por finalidad satisfacer los deseos o derechos de los progenitores sino también y sobre todo cubrir las necesidades afectivas y educativas de los hijos en aras de su desarrollo armónico y equilibrado; se trata de un derecho subordinado al interés del menor, y así está recogido en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por Asamblea General de Naciones Unidas de 1959, la Resolución de 29 de mayo de 1967 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; y la Convención del Consejo de Europa de 1980 sobre Reconocimiento y Ejecución de decisiones en materia de Guarda de Niños. Por ser el más valioso y necesitado de protección, debe ser concedido al margen y por encima de los motivos que dieron lugar a la separación o divorcio de los cónyuges, ya que el derecho de visitas cumple una evidente función familiar que aunque la familia atraviese una crisis o ruptura, incluso definitiva, se cumplan en la medida de lo posible, los fines asignados al núcleo familiar, entre ellos, el del pleno desarrollo de la personalidad de los mismos. Asimismo, el artículo 94 del Código Civil admite la posibilidad de limitar o suspender el derecho del progenitor a visitar al hijo que no tenga consigo en el caso de que incumpliera grave y reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial o se diesen circunstancias que así lo aconsejen, pero esta limitación o supresión únicamente puede entrar en juego cuando se den las circunstancias legalmente previstas en el artículo 94 del Código Civil, pues la misma no sólo produce una incidencia negativa sobre el progenitor, que no podrá ver colmadas sus aspiraciones a estar con su hijo, sino que redunda además en mayor o menor medida en una deficiente formación de la personalidad del hijo, que se habrá desarrollado sin contar con la asistencia, la tutela, el seguimiento y el apoyo de su progenitor, por lo que debe ser objeto de una interpretación restrictiva. Atendida la corta edad del hijo, y la escasa relación que el padre ha mantenido con él desde su nacimiento, aconseja establecer, al menos ahora con carácter provisional, un régimen limitado, de fines de semana alternos, durante 3 horas (en defecto de acuerdo, los sábados desde las 16.00 hasta las 19.00 horas), recogiéndolo y devolviéndolo en el domicilio materno.  
Se ha planteado también la imposición de limitaciones en cuanto a la posibilidad de que el padre pueda sacar al hijo del territorio nacional, por temor a que se lo lleve a su país de origen (Marruecos) y no lo devuelva. En principio, el artículo 19.2 de la Constitución contempla el derecho de los españoles a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, derecho que el Tribunal Constitucional ha declarado extensible a los extranjeros. Así, en sentencia del Tribunal Constitucional 94/1993, de 22 de marzo, se afirma que «?el presente recurso suscita la cuestión previa de si un extranjero puede ser considerado titular del derecho fundamental de libre circulación?, la inexistencia de declaración constitucional que proclame directamente la libertad de circulación de las personas que no ostentan la nacionalidad española no es argumento bastante para declarar resuelto el problema... La dicción literal del artículo 19 de la Constitución española es insuficiente, porque ese precepto no es el único que debe ser considerado; junto a él, es preciso tener en cuenta otros preceptos que determinan la posición jurídica de los extranjeros en España, entre los que destaca el artículo 13.1 de la Constitución. Su apartado 1 dispone que los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantizan el título I de la de la Constitución española, aun cuando sea en los términos que establezcan los tratados y las leyes- Por consiguiente, resulta claro que los extranjeros pueden ser titulares de los derechos fundamentales a residir y a desplazarse que recoge la de la Constitución española en su artículo 19». En el caso de autos, y habiendo manifestado la demandante que el demandado le ha amenazado en alguna ocasión con llevarse el hijo a Marruecos, y puesto que de modo provisional se han fijado unas visitas de unas pocas horas, procede prohibir provisionalmente que el padre pueda sacar al hijo del territorio español, posibilidad que, por otro lado, le queda vedada por la corta duración de las visitas fijadas.  
Cuarto. Por aplicación del artículo 96 del Código Civil, el uso del domicilio conyugal, sito en Castellón de la Plana, calle Artana, número 6, 5.º, 9.ª, ha de atribuirse a la esposa y al hijo menor que queda bajo su custodia.  
Quinto. Queda finalmente por determinar la contribución del padre al sostenimiento material del hijo, que se concretará en el abono de una pensión de alimentos. Visto lo exiguo de la prueba practicada acerca de las circunstancias económicas de las partes, y constando únicamente, mediante el interrogatorio de la demandante, que el demandado, de profesión cooperante, tiene ingresos irregulares en función de las misiones internacionales en las que participa, habiendo percibido unos 4.000 euros mensuales en el período en que estuvo con Cruz Roja en Colombia (de abril a noviembre de 2006), sin que conste si en la actualidad trabaja y tiene ingresos, y sin que nada conste tampoco sobre las necesidades materiales del hijo, se considera adecuado, al menos en sede de medidas provisionales, fijar una pensión de 300 euros mensuales, más la obligación de abonar la mitad de los gastos extraordinarios del hijo.  
Sexto. De conformidad con el artículo 771, párrafos 4 y 5, de la Ley 1/2000, contra este auto no cabrá interponer recurso alguno, subsistiendo los efectos y medidas acordados si, dentro de los 30 días siguientes a su adopción, se presenta la demanda de separación, nulidad o divorcio.  
Parte dispositiva. En atención a lo expuesto.  
José Luis Conde-Pumpido García, juez de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, acuerda que debía adoptar y adoptaba las siguientes medidas:  
1. Los cónyuges Lahoucine Boufoullous y Ester Rut Pazos Morales podrán vivir separados, cesando la presunción de convivencia conyugal entre ellos.  
2. Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.  
3. Se atribuye a la esposa la guarda y custodia del hijo menor, Rayyane, siendo compartida la patria potestad por ambos progenitores.  
4. Se atribuye a la esposa y al hijo menor el uso del domicilio conyugal, sito en Castellón de la Plana, calle Artana, número 6, 5.º,9.ª.  
5. Se establece, en defecto de lo que las partes puedan acordar libremente en cada momento, el siguiente régimen de visitas entre el padre y el hijo menor: sábados alternos, desde las 16.00 hasta las 19.00 horas, recogiéndolo y devolviéndolo en el domicilio materno.  
6. Se prohíbe expresamente que el padre pueda sacar al hijo del territorio español.  
7. El padre abonará, en concepto de pensión de alimentos para su hijo, la suma de 300 euros mensuales, que ingresará dentro de los 5 primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe la madre, y que se actualizará anualmente con arreglo a las variaciones del índice de precios al consumo. Los gastos extraordinarios necesarios que genere el hijo serán abonados a partes iguales por ambos progenitores.  
Estos efectos y medidas sólo subsistirán si en el plazo de 30 días desde la fecha de su adopción se interpone demanda de nulidad, separación o divorcio, salvo la revocación de poderes, que es definitiva.  
Para la notificación de este auto al demandado Lahoucine Boufoullous, en ignorado paradero, publíquense edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Así por este mi auto, que se unirá al libro de autos dejando testimonio en las actuaciones, y contra el que no cabe interponer recurso alguno, lo ordeno y firmo.»  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación del auto al demandado Lahoucine Boufoullous.  
Entregando el presente edicto a la procuradora Teresa Belmonte Agost, a la que se le faculta para el diligenciamiento y cumplimiento del presente.  
Castellón de la Plana, 15 de mayo de 2007.- La secretaria judicial: Eva María Murciano Vicente.