Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4097, del 01-10-2001 (2001/9322)

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, corrección de error de la resolución de 6 de agosto de 2001, por la que se desestiman las alegaciones presentadas al programa para el desarrollo de actuaciones integradas de la unidad de ejecución 1 de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia y se aprueba definitivamente el programa para el desarrollo de actuaciones integradas unidad de ejecución número 1 de la Zona de Actividades Logísticas de Valencia.
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Número DOGV
:   4097

Fecha DOGV
:   01-10-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2001/9322


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, corrección de error de la resolución de 6 de agosto de 2001, por la que se desestiman las alegaciones presentadas al programa para el desarrollo de actuaciones integradas de la unidad de ejecución 1 de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia y se aprueba definitivamente el programa para el desarrollo de actuaciones integradas unidad de ejecución número 1 de la Zona de Actividades Logísticas de Valencia. [2001/9322]
  
En la resolución de esta Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 6 de agosto de 2001, por la que se aprueba definitivamente el programa para el desarrollo de actuaciones integradas de la unidad de ejecución 1 de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia se ha advertido un error material y de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a subsanar el mismo:
  
En la parte resolutiva:
  
Donde dice: "La presente resolución con transcripción de las Normas Urbanísticas se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de publicar adicionalmente una reseña en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, según dispone la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística."
  
Debe decir: "La presente resolución se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, según dispone la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística."
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno."
  
Valencia, 6 de septiembre de 2001.- El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: José Ramón García Antón.
  
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
  
Resolución de 6 de agosto de 2001, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se desestiman las alegaciones presentadas al programa para el desarrollo de actuaciones integradas de la unidad de ejecución 1 de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia y se aprueba definitivamente el programa para el desarrollo de actuaciones integradas unidad de ejecución número 1 de la Zona de Actividades Logísticas de Valencia.
  
Visto el programa para el desarrollo de actuaciones integradas para el desarrollo de la unidad de ejecución 1 de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia, remitido por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), y de conformidad con los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
El proyecto se sometió a información pública mediante Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 15 de mayo de 2001. Dicho trámite se ha cumplimentado mediante publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y periódico Las Provincias, con fecha 5 de junio de 2001, y mediante aviso a los propietarios catastrales. Durante el citado trámite se han presentado 78 alegaciones, cuyo contenido básico versa sobre las siguientes cuestiones:
  
- Existencia de errores en los proyectos, además de estar incompletos y ser imprecisos.
  
- Inexistencia de interés general en la actuación.
  
- Existencia de deficiencias en el procedimiento.
  
- Necesidad de Declaración de Impacto Ambiental.
  
- Existencia de una zona de protección agraria
  
- Improcedencia en la delimitación de dos unidades de ejecución.
  
- Vulneración del artículo 29.8 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística al no prestar SEPES las garantías exigibles legalmente.
  
- Vulneración de la disposición adicional octava de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable.
  
- Improcedencia en la utilización de la institución de la expropiación.
  
- Del derecho al realojo.
  
- Observaciones basadas en la naturaleza industrial del proyecto.
  
- Otras argumentaciones.
  
Durante la información pública no consta la presentación de alternativas técnicas a la expuesta al público.
  
Segundo
  
El programa consta de propuesta de programación, anteproyecto de urbanización de la zona industrial y de proyecto básico de los accesos.
  
Tercero
  
Durante la tramitación del expediente se ha solicitado informe de los siguientes organismos: Dirección General Obras Públicas (División de Carreteras) de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento y Ayuntamiento de Valencia. Al mismo tiempo se ha dado traslado y audiencia a SEPES, Autoridad Portuaria de Valencia y VPI.
  
De los anteriores se han recibido los siguientes:
  
- Autoridad Portuaria de Valencia. Emitido con fecha 25 de junio en sentido favorable.
  
- Dirección General Obras Públicas (División de Carreteras) de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Emitido con fecha 8 de junio de 2001 en sentido favorable.
  
- Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento. Emitido con fecha 18 de julio de 2001, en sentido favorable, si bien establece una serie de prescripciones a cumplimentar en el futuro proyecto de construcción.
  
Hay que hacer constar que de las alegaciones presentadas se ha dado traslado a SEPES y VPI, contestando estos organismos con fecha 26 de julio de 2001.
  
Cuarto
  
El municipio de Valencia cuenta con Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes con fecha 28 de diciembre de 1988.
  
Sobre el ámbito en cuestión se aprobó, con fecha 23 de julio de 1998, por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, un plan especial con el objeto de ampliar el Patrimonio Público de Suelo para el desarrollo de una Zona de Actividades Logísticas.
  
Con fecha 23 de diciembre de 1999, por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se aprueba definitivamente el plan especial modificativo del Plan General de Valencia para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
La tramitación ha sido correcta, conforme a lo establecido en los artículos 42 y 46, ambos de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con los artículos 6.K) y 9.1 del Decreto 77/1996, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Segundo
  
La documentación está completa, a los efectos del cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
En la documentación aportada figura una relación precisa de los compromisos que asume la entidad urbanizadora. En concreto, en el punto 10 de la Memoria, denominado "Los compromisos asumidos", se recoge dicho aspecto, con lo que se da cumplimiento a lo establecido en el artículo citado de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
En la documentación presentada queda clara la forma de obtención de los terrenos (por expropiación), así como una estimación de los costes de urbanización, además de la existencia de crédito suficiente (según certificación que consta en el anexo V) para asegurar el cumplimiento de las previsiones, por lo que se cumple lo establecido en los artículos 29.8 y 32. D) de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Tercero
  
El objeto del presente proyecto es la programación de los terrenos incluidos en el ámbito del "plan especial modificativo del Plan General de Valencia con expediente de Homologación para desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia", aprobado por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes con fecha 23 de diciembre de 1999. El ámbito de actuación abarca una superficie de 71,6 Ha, de las cuales 68,3 pertenecen propiamente a la Z.A.L., siendo el destino de las restantes reservar el suelo suficiente para la el futuro acceso ferroviario al Puerto de Valencia, con una edificabilidad total de 404.056 m2t y un uso industrial, almacenes y viviendas (destinadas estás últimas al realojo).
  
La zona en cuestión se encuentra en la zona denominada "La Punta" y se encuentra delimitada al norte por el suelo urbano de Nazaret, al sur por el Nuevo Cauce del Río Turia, al este por el recinto portuario y, al oeste, por el barrio de Pinedo, la calle Jesús Morante y Borras y la línea férrea.
  
Cuarto
  
En lo que atañe a las alegaciones presentadas cabe hacer referencia a cada una de las argumentaciones aducidas.
  
A)Existencia de errores en los proyectos, además de estar incompletos y ser imprecisos.
  
Respecto de esta argumentación cabe aducir -como se ha puesto de manifiesto en anteriores Fundamentos- que el proyecto recoge las prescripciones establecidas en los artículos 29 y 32 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, con lo que no puede admitirse esta aseveración, más cuando no se alude en las alegaciones a las supuestas imprecisiones o incorrecciones de los proyectos.
  
En lo que atañe al visado colegial, y visto el artículo 128 de la Ley de Contratos del Estado, además de tratarse de un proyecto presentado por una entidad pública, se aprecia su innecesariedad.
  
B) Inexistencia de interés general en la actuación.
  
Respecto de esta argumentación sólo cabe remitirse para su contestación a lo establecido en los instrumentos de planeamiento que dan cobertura al presente programa para el desarrollo de actuaciones integradas, en los cuales se alude y justifica la existencia de un interés general en la actuación.
  
C) Existencia de deficiencias en el procedimiento.
  
La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística prevé un sistema de exposición al público del programa para el desarrollo de actuaciones integradas que se ha seguido escrupulosamente en el presente supuesto, no pudiendo considerarse como una irregularidad en el procedimiento el anteponer o posponer el anuncio en los medios de difusión oficial a la comunicación catastral, más cuando en el presente caso se ha cumplido con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Respecto de la duración del plazo de información pública (se aduce por los alegantes que deben ser de un mes en lugar de los 20 días establecidos), cabe decir que esta es una de las cuestiones en las que mayor hincapié se hace en las alegaciones, al pretender aplicar a éste procedimiento lo previsto en el artículo 38.2.a) de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, que prevé el plazo de información pública de un mes para la tramitación de los "Planes Generales, Especiales y Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos" en lugar del plazo de 20 días otorgado de acuerdo con el artículo 46.4 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Esta afirmación se apoya en el artículo 42.1 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, donde se dice que los planes y programas de ejecución directa a cargo de administraciones no municipales, su tramitación y aprobación se sujetará a las reglas establecidas para los Planes Especiales. Esta afirmación sería válida si el trámite de información pública no tuviese una específica contemplación en el artículo 46, tanto para los Programas elaborados "de oficio o presentados por un particular" planes de oficio como sinónimo de iniciativa pública, y consecuentemente impera la regla especial (por el apotegma jurídico de que la ley especial se antepone a la ley general), en cuanto se prevé específicamente para la tramitación de todo programa un plazo de información pública y comunicación a los interesados de 20 días.
  
A mayor abundamiento, y como apoyo irrefutable al argumento expuesto, basta con aludir a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, que establece que para los planes especiales el trámite de información pública será de 20 días.
  
D) Necesidad de Declaración de Impacto Ambiental.
  
Respecto de esta argumentación sólo cabe remitirse a la Declaración de Impacto Ambiental emitida respecto del "plan especial modificativo del Plan General de Valencia para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia", por lo que no cabe reproducir trámites ya realizados, más cuando en el artículo 29.4.D) de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, al referirse al impacto ambiental de los vertidos, lo hace aludiendo a la necesidad de valorar esta cuestión, pero no exigiendo una Declaración de Impacto Ambiental específica.
  
E) Existencia de una zona de protección agraria.
  
Respecto de esta argumentación sólo cabe aludir a que el presente programa para el desarrollo de actuaciones integradas cumple y se adecua al plan especial modificativo del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia al que hemos aludido con anterioridad, limitándose aquel a ejecutar la propuesta urbanizadora.
  
En lo que atañe a la vulneración de normas europeas o del llamado Plan Verde, decir respecto de la normativa europea que no nos encontramos en el presente supuesto ante un espacio natural protegido por lo que no es de aplicación. Respecto del llamado Plan Verde sólo cabe decir que se trata de una propuesta sin que se apoyen en una aprobación, por lo que no cabe su consideración.
  
F)Improcedencia en la delimitación de dos unidades de ejecución.
  
Respecto de esta argumentación, para su contestación, basta con remitirse a lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, que define como ámbito mínimo de un programa para el desarrollo de actuaciones integradas el referido a una unidad de ejecución, por lo tanto nada obsta la existencia o previsión de dos o más unidades. En cuanto al argumento referido a que con esta división se dificulta la ejecución de la zona destinada a realojos, sólo cabe decir que no se encuentra fundamento a dicha afirmación, ya que la división efectuada en dos unidades obedece a la necesidad de ejecutar y desarrollar el suelo según los usos previstos (distintos en las dos unidades), sin que esto suponga la supuesta renuncia a ejecutar la citada unidad de ejecución número 2.
  
G) Vulneración del artículo 29.8 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística al no prestar SEPES las garantías exigibles legalmente.
  
Respecto de esta argumentación cabe aducir que cualquiera que sea la interpretación que quiera darse por los alegantes a la Ley 52/1997, de la misma resulta claramente la exoneración de la constitución del deber de garantizar o avalar para la sociedad pública estatal, y así lo certifica su secretario general tal como figura en el anexo número 4 del programa para el desarrollo de actuaciones integradas. La amplitud del texto no deja lugar a dudas:
  
Artículo 12. Exención de depósitos y cauciones
  
"El Estado y sus organismos autónomos, así como las entidades públicas empresariales, los organismos públicos regulados por su normativa específica dependientes de ambos y los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes.
  
En los Presupuestos Generales del Estado y demás instituciones públicas se consignarán créditos presupuestarios para garantizar el pronto cumplimiento, si fuere procedente, de las obligaciones no aseguradas por la exención."
  
Por otra parte, la inversión cuenta con la programación adecuada y suficiente por parte de SEPES, según resulta de la documentación aportada, así como en el apartado 10.6 "Adscripción de compromisos a las diferentes instituciones".
  
H) Vulneración de la disposición adicional octava de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable.
  
Respecto de esta argumentación sólo cabe decir que la norma citada se complementa perfectamente con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, por lo que no se aprecia ni contraposición ni vulneración del precepto indicado.
  
I) Improcedencia en la utilización de la institución de la expropiación.
  
Respecto de esta argumentación, cabe aducir que la gestión expropiatoria está especialmente legitimada en el artículo 66.8 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística cuando el programa "se desarrolle por gestión directa de la administración". A este respecto es necesario añadir que este suelo estaba clasificado en el Plan General como no urbanizable, y bajo ésta clasificación podían haber sido expropiados los propietarios para la transferencia coactiva de sus bienes a favor del beneficiario. En cambio, se ha procedido a considerar los valores del suelo como urbanizable y, en lugar de abonar el beneficiario la diferencia a la administración, se ha desechado ésta posibilidad, para que toda la rentabilidad acreciese a los expropiados. El artículo 66.8 párrafo 2 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, justifica plenamente lo que estamos diciendo: "el urbanizador, cuando sea beneficiario legal de la expropiación de terrenos, debe compensar al erario público por el mayor aprovechamiento objetivo que éstos presenten respecto al valorable para fijar, conforme a derecho el justiprecio". Si los terrenos se hubiesen expropiado directamente para la constitución de un patrimonio público del suelo desde su clasificación de no urbanizables, el mayor aprovechamiento objetivo que éstos después tuvieran podría haberse aplicado al erario público, en lugar de a los expropiados.
  
En lo que atañe a otras cuestiones, referidas sobre todo a la posible existencia de un futuro derecho de reversión, decir que no es el momento procedimental oportuno el presente para plantear dicha posibilidad, más cuando esta posibilidad, para que se dé, debe reunir unos requisitos que no se dan en el momento actual.
  
J) Del derecho al realojo.
  
Respecto de esta argumentación cabe decir que el derecho al realojo, en los términos estrictamente legales, ha sido cumplido y quienes han querido acogerse a él lo han hecho. Otras opciones, como el realojo en las edificaciones unifamiliares que se realicen, constituyen una oferta complementaria a la que podrán acogerse quienes cumplan las condiciones al efecto establecidas, pero en modo alguno como obligación legal ni un impedimento para la aprobación del presente Programa.
  
K) Observaciones basadas en la naturaleza industrial del proyecto.
  
Respecto de esta argumentación sólo cabe aducir que se trata de una mera hipótesis que ni coincide ni coincidirá con la realidad. La ZAL no pretende una implantación industrial, sino un complejo de actividades y servicios al margen de todo proceso industrial, lo que queda perfectamente acreditado con sólo estudiar y conocer las ordenanzas que conforman el Plan Especial Modificativo al que tantas veces hemos aludido. En todo caso, será al pedir la correspondiente licencia, cuando se procederá a calificar la actividad y, en función de dicha clasificación, a establecer las medidas correctoras oportunas.
  
L) Otro tipo de argumentaciones.
  
Existe otro tipo de argumentaciones que aluden a cuestiones ya resueltas en anteriores trámites procedimentales realizadas con el fin de implantar la ZAL (impugnación de carácter indirecto al plan especial modificativo del Plan General de Valencia), o que deberán ser resueltas en trámites posteriores (titularidad de los bienes y derechos afectados por la expropiación), por lo que no procede su resolución en la presente fase procedimental, ya que o bien ya han sido resultas o lo serán en trámites posteriores.
  
Quinto
  
Las determinaciones contenidas en el programa para el desarrollo de actuaciones integradas se consideran correctas desde el punto de vista de las exigencias de la política urbanística y territorial de la Generalitat, tal y como se recoge en el artículo 40 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Sexto
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.D) y E.2º) del Decreto 77/1996, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Organos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, la competencia para la aprobación definitiva del programa para el desarrollo de actuaciones integradas reside en el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
1. Desestimar las alegaciones presentadas al programa para el desarrollo de actuaciones integradas de la unidad de ejecución 1 de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia.
  
2. Aprobar definitivamente el programa para el desarrollo de actuaciones integradas unidad de ejecución número 1 de la ZAL de Valencia.
  
La presente resolución con transcripción de las Normas Urbanísticas se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, sin perjuicio de publicar adicionalmente una reseña en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, según dispone la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.