Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9320, del 19-04-2022 (2022/2812)

Información pública de la suspensión del otorgamiento y la admisión a trámite de cualquier licencia, autorización e instrumento de intervención que tenga por objeto la implantación de centrales fotovoltaicas, placas solares y eólicas, en el ámbito del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
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Número DOGV
:   9320

Fecha DOGV
:   19-04-2022

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2022/2812


Fecha del documento
:   29-03-2022

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Benlloc

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Benlloc
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de la suspensión del otorgamiento y la admisión a trámite de cualquier licencia, autorización e instrumento de intervención que tenga por objeto la implantación de centrales fotovoltaicas, placas solares y eólicas, en el ámbito del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. [2022/2812]  
El Pleno del Ayuntamiento de Benlloc en sesión ordinaria celebrada en fecha 28 de marzo de 2022, aprobó por unanimidad la siguiente propuesta de alcaldía:  
«Visto que el sector de las energías renovables, y más concretamente el de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la conversión de dichas energías en electricidad, está siendo objeto de un gran desarrollo y son numerosas las empresas que han manifestado su intención de realizar instalaciones de considerables dimensiones en el término municipal de Benlloc.  
Visto que a nivel de la Comunitat Valenciana, el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, que modifica entre otras la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana o el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Visto que el artículo 19.1 del citado Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto dispone que:  
«1. Con carácter previo a la solicitud de las autorizaciones contempladas en el artículo 21, el promotor solicitará ante el ayuntamiento del municipio o municipios donde esta se sitúe, la expedición del informe-certificado urbanístico municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales, en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana.  
El informe deberá ser evacuado en un plazo máximo de 1 mes. Si transcurrido este plazo no hubiera sido emitido podrá continuarse con la tramitación a la que se refiere el presente capítulo.  
Desde el punto de vista urbanístico solo se considera incompatible el uso de instalación fotovoltaica para generación de energía eléctrica cuando esté expresamente prohibido en el planeamiento urbanístico municipal para la zona urbanística en la que se pretende ubicar.»  
Visto que actualmente el Ayuntamiento de Benlloc cuenta con Normas Subsidiarias como elemento regulador de su planeamiento urbanístico, estando actualmente a punto de finalizar el largo procedimiento para la aprobación definitiva del Plan general de ordenación urbana.  
Visto que gran parte del suelo rustico, no urbanizable común, son terrenos cultivados por los vecinos del municipio, con lo que genera una parte de ingreso para sus familias y un factor económico importante para los vecinos del municipio, bien como primera actividad o como actividad suplementaria y de ocio.  
Visto que se han solicitado certificados de compatibilidad urbanística para la posible instalación de placas fotovoltaica, teniendo en cuenta que las normas subsidiarias no contemplan nada al respecto pues no se podía regular lo que no existía.  
Visto que tanto el Ayuntamiento de Benlloc, como numerosos vecinos, presentaron alegaciones durante el tramite de audiencia concedido por la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castelló por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica de 150 MWp / 127,8 Mwn denominada Magda y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Castellón.  
Visto que en fecha 26 de marzo de 2022 se emitió el informe técnico que a continuación se transcribe:  
  
«Expediente: 163/2022  
Título: Informe sobre suspensión de concesión licencias urbanísticas para placas fotovoltáicas, solares y eólicas  
   
Informe de los servicios técnicos municipales  
En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de1/3/2022, para Que, por parte de los Servicios Técnicos, se emita informe sobre la conveniencia y justificación de la procedencia de la suspensión potestativa del otorgamiento de licencias urbanísticas para placas fotovoltáicas, solares y eólicas. El técnico que suscribe ha comprobado la situación del objeto del expediente, y conforme a la documentación obrante, emite el siguiente  
  
Informe  
Se procede a realizar el presente informe para determinar la conveniencia o no de la suspensión de licencias por la necesidad de modificaciones de planeamiento para regular la implantación de instalaciones fotovoltaicas solares y eólicas en todo el término municipal de Benlloc.  
Índice del informe:  
Primero. Respecto del Real decreto 23/2020  
Segundo. Respecto del Decreto ley 14/2020  
Tercero. Respecto texto refundido de la Ley de ordenación del territorio urbanismo y paisaje (TRLOTUP).  
Cuarto. Respecto del NN.SS y PGOU Benlloc  
Conclusión.  
  
Primero. Respecto del Real decreto 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.  
En el artículo 3 se indican los apartados y artículos en los que el Real decreto 23/2020 modifica el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Las autorizaciones requeridas a este tipo de instalaciones son:  
a) Autorización administrativa previa, que se refiere al anteproyecto de la instalación como documento técnico que se tramitará, en su caso, conjuntamente con el estudio de impacto ambiental.  
b) Autorización administrativa de construcción, que se refiere al proyecto concreto de la instalación y permite a su titular la construcción o establecimiento de la misma.  
c) Autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación comercial.  
Pudiendo las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción definidas en los párrafos a y b efectuarse de manera consecutiva, coetánea o conjunta.  
Destaca respecto a la tramitación de las autorizaciones mencionadas que las solicitudes formuladas conforme al artículo 122 se someterán al trámite de información pública durante el plazo de treinta días, durante el cual podrán formularse por los interesados las alegaciones que estimen oportunas. Será remitida, por la Administración competente para la tramitación del expediente, una separata del anteproyecto, conteniendo las características generales de la instalación y la documentación cartográfica correspondiente y, en su caso, un documento de síntesis del estudio de impacto ambiental, en orden a que en un plazo de treinta días presten su conformidad u oposición a la autorización solicitada las administraciones implicadas, entre otras, indicando que transcurrido dicho plazo sin que las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas en sus bienes y derechos hayan contestado, se entenderá la conformidad de dicha Administración con la autorización de la instalación.  
A todas luces, el plazo de un mes es insuficiente para estudiar los documentos de las autorizaciones que se requieren, y la información que se aporta, suele ser sesgada y en ocasiones sin documento de síntesis del estudio de impacto ambiental, para poder realizar un análisis de la compatibilidad con el planeamiento.  
Hay que tener en cuenta que según lo indicado el no contestar en plazo supone la conformidad a cada uno de los trámites.  
  
Segundo. Respecto del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.  
Es de aplicación para Centrales fotovoltaicas con potencia instalada sea inferior a 50 MW  
En el artículo 8 se indican los criterios generales para la localización e implantación de centrales fotovoltaicas, debiéndose procurar con carácter general la construcción de centrales fotovoltaicas sobre las envolventes de las edificaciones, incluidas sus cubiertas o techos, y otras construcciones auxiliares de estas, y cuando se realicen en suelos, se considera preferente el aprovechamiento de los suelos en situación urbanizada frente al suelo en situación rural  
Y matiza: las centrales fotovoltaicas se ubicarán en emplazamientos compatibles con el planeamiento territorial y urbanístico que reúnan las condiciones idóneas desde el punto de vista energético, ambiental, territorial y paisajístico, así como de protección del patrimonio cultural, histórico y arqueológico.  
Estas instalaciones, incluidas sus infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes de transporte o distribución de energía eléctrica, deberán:  
a) Mantener los valores, la estructura y la funcionalidad de los procesos y servicios de la infraestructura verde del territorio.  
b) Garantizar los valores ambientales, culturales y paisajísticos del territorio.  
c) Evitar los riesgos naturales e inducidos en el territorio.  
d) Priorizar su implantación en suelos degradados por explotaciones mineras y vertederos, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las obligaciones de restauración y rehabilitación exigidas por la regulación a los titulares y explotadores de tales actividades, así como en suelos de baja capacidad agrícola.  
e) Evitar, con carácter general, la ocupación de suelo no urbanizable protegido o afectado por figuras de protección medioambiental, así como los espacios de elevado valor natural con independencia de su grado de protección legal.  
f) Utilizar caminos existentes evitando la apertura de nuevos accesos.  
g) Minimizar el impacto generado por infraestructuras de evacuación hasta la conexión a las redes de transporte o distribución de energía eléctrica, priorizando las centrales fotovoltaicas ubicadas a mayor proximidad de las redes existentes y que aprovechen los pasillos o corredores ya creados, compartiendo cuando sea posible técnica y económicamente los apoyos y zanjas existentes, o que los proyectos coincidan o se solapen temporal y territorialmente. Cuando sea viable técnica y económicamente en función del terreno y la tensión nominal o asignada, las líneas eléctricas de evacuación se proyectarán y construirán como cables de configuración soterrada. En particular tendrán esta disposición las líneas eléctricas interiores al perímetro en que se localicen los grupos primarios conversores y los equipos de adaptación de frecuencia y tensión para su conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad. En otro caso, cuando deban ser aéreas evitarán discurrir por espacios de elevado valor natural, en especial por lo que respecta a la protección de las aves, y, sin perjuicio de lo que en su caso se disponga en los procedimientos ambientales que sean de aplicación, deberán incorporar de forma expresa medidas para evitar impactos sobre la avifauna cuando se trate de infraestructuras aéreas con conductores desnudos que discurran por zonas de protección de la avifauna.  
h) Favorecer la integración paisajística de los apoyos o torres metálicas de las líneas eléctrica o la infraestructura asociada a las centrales.  
i) Procurar acuerdos con los titulares de los derechos reales afectados a la implantación de la central fotovoltaica, evitando la solicitud de la declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación, excepto cuando quede debidamente justificado.  
Estos condicionantes, no suelen estar documentados en las solicitudes de informes previos a los ayuntamientos afectados, entiendo que es por planeamiento donde se deben señalar los suelos degradados, así como suelos de baja capacidad agrícola, que son los prioritarios para la implantación de placas fotovoltaicas  
Así mismo dado que con carácter general, se debe evitar la ocupación de suelo no urbanizable protegido o afectado por figuras de protección medioambiental, así como los espacios de elevado valor natural, a este respecto, Benlloc tiene todo el territorio Norte y Sur con suelo protegido, ya sea forestal paisajístico o agrícola, por lo que no cabría bajo este artículo la instalación de parques fotovoltaicos, entiendo que debe ser estudiado más rigurosamente para detectar zonas dentro del suelo protegido en el que el impacto sea mínimo y se puedan establecer estas instalaciones  
Por lo tanto sí debe modificarse el planeamiento para adaptarlo a lo que este decreto ley establece como zona aptas para plantas fotovoltaicas.  
Sin embargo el artículo 19, Actuaciones previas, dice «Con carácter previo a la solicitud de las autorizaciones contempladas en el artículo 21, el promotor solicitará ante el ayuntamiento del municipio o municipios donde esta se sitúe, la expedición del informe-certificado urbanístico municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales, en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana. El informe deberá ser evacuado en un plazo máximo de 1 mes. Si transcurrido este plazo no hubiera sido emitido podrá continuarse con la tramitación a la que se refiere el presente capítulo.  
Y dice: «Desde el punto de vista urbanístico solo se considera incompatible el uso de instalación fotovoltaica para generación de energía eléctrica cuando esté expresamente prohibido en el planeamiento urbanístico municipal para la zona urbanística en la que se pretende ubicar.»  
De este artículo se infieren los criterios específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas en áreas sometidas a protección medioambiental: la normativa considera compatible, sin perjuicio de la evaluación ambiental a la que en su caso deba someterse, la implantación de centrales fotovoltaicas en las áreas sujetas a algún régimen especial de protección, pues entiendo que se considera que la normativa urbanística ya ha estudiado la implantación de plantas solares y por consiguiente prohíbe o no su uso en las diversas zonas del término municipal  
  
Benlloc tiene como normativa urbanística en vigor: Normas Subsidiarias vigentes desde 1996  
La primera planta piloto fotovoltaica se instaló en San Agustín de Guadalix en 1984  
No fue hasta 1993 cuando se pudieron instalar otros cuatro sistemas de conexión a red, en unas viviendas particulares  
A finales de 1995 la potencia total de España sumaba 1,6 MW a pesar de que ninguno de los sistemas mencionados estuviera incorporado legalmente en el contexto general del sistema eléctrico. Al no existir una normativa específica que los regulase, se encontraban en una especie de vacío legal.  
Fue en 1998 cuando el Gobierno aprobó el Real decreto 2818/1998 que reconocía la necesidad de un tratamiento específico para esta alternativa energética, y comenzaron las regulaciones, y fue en el año 2000 cuando el Gobierno publicó un nuevo Real Decreto, el 1663/2000 que estableció condiciones técnicas y administrativas específicas, y supuso el inicio de un lento despegue de la fotovoltaica en España.  
Pues bien, las Normas Subsidiarias de Benlloc, aprobadas en 1996, no podían contemplar la regulación de las Plantas Fotovoltaicas en su término municipal puesto que era algo anecdótico en España y no contaba con ninguna regulación  
Por tanto no existe ninguna área del municipio de Benlloc en el que se prohíba la implantación de las instalaciones fotovoltaicas ni eólicas.  
  
Por contra ahora se nos exige que desde el punto de vista urbanístico solo se considere incompatible el uso de instalación fotovoltaica para generación de energía eléctrica cuando esté expresamente prohibido en el planeamiento urbanístico municipal para la zona urbanística en la que se pretende ubicar. Esto es altamente absurdo enlazándolo con el punto anterior  
Entiendo que, si debe regularse en el planeamiento urbanístico la implantación de plantas fotovoltaicas, siendo en general una actividad favorable al medio ambiente y a la economía, se debe regular previo un estudio de impacto ambiental y económico adaptado al término municipal de Benlloc, y limítrofes, puesto que si hay zonas a proteger  
En el Artículo 10 de este mismo decreto-ley se establecen los criterios territoriales y paisajísticos específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas, Los emplazamientos de las centrales fotovoltaicas, además de los criterios generales indicados, tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos territoriales y paisajísticos:  
a)Respetar los valores, procesos y servicios de la infraestructura verde del territorio, así como de sus elementos de conexión territorial no pudiendo reducir en más de un 10 % la anchura de los corredores territoriales que se encuentren afectados por la instalación de la central fotovoltaica.  
b)Distar al menos 500 metros de recursos paisajísticos de primer orden como son los Bienes de Interés Cultural, Bienes de Relevancia Local, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos  
c)Evitar ocupar suelos con pendientes superiores al 25 %.  
d)Evitar la ocupación de zonas de peligrosidad de inundación 1, 2, 3 y 4 de las categorías del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) o categorías equivalentes establecidos a partir de cartografías de peligrosidad aprobadas por organismos oficiales, como el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.  
e)Utilizar el menor suelo posible de alto valor agrológico, no pudiendo implantarse en los suelos de muy alta capacidad agrológica, salvo mejor conocimiento científico.  
f)Minimizar el suelo sellado y los movimientos de tierras de forma que los módulos fotovoltaicos se sitúen de forma prioritaria sin cimentación continua y sobre el terreno natural.  
g)Alejar el perímetro o envolvente del emplazamiento de la central fotovoltaica al menos 100 metros del cauce de los corredores territoriales fluviales regionales y hasta 50 metros del resto de cauces, sin perjuicio del informe del organismo de cuenca competente.  
h)Priorizar la adaptación de la central fotovoltaica a la morfología del territorio y del paisaje y a los elementos naturales de interés aunque la planta fotovoltaica tenga que ser discontinua.  
i)Minimizar la ocupación de suelos de interés para la recarga de acuíferos, no pudiendo implantarse en los de alta permeabilidad y buena calidad del acuífero subyacente, excepto mejor conocimiento científico disponible o empleo de tecnología apropiada que garantice la infiltración del agua al subsuelo.  
  
Benlloc está desarrollando un Plan general de ordenación urbana (PGOU) aprobado inicialmente por el Ayuntamiento, y en sus normas urbanísticas para el suelo no urbanizable tampoco se regula el uso e implantación de plantas fotovoltaicas ni solares ni eólicas, en su redacción no se podía prever el auge de las nuevas fuentes renovables y su posible implantación en el territorio, por tanto no constan ni como autorizadas ni como prohibidas.  
Entiendo que siendo el PGOU la nueva normativa urbanística a sustituir la actual, y estando en aun en fase de rectificaciones, se debe incorporar el estudio para dictaminar las zonas en que sea aconsejable la prohibición de implantación de centrales solares siguiendo las directrices de este articulo 10, solo cabe la protección mediante la prohibición de dichas instalaciones en el planeamiento para proteger aquellas zonas de especial protección para el municipio ya que las posibles protecciones que pudieran tener quedan suspendidas por el artículo 19 del decreto-ley  
  
Respecto al diseño e implantación de las centrales fotovoltaicas, en el artículo 11 se determina los criterios energéticos específicos para la implantación y diseño de centrales fotovoltaicas.  
En el diseño, cálculo y construcción de centrales fotovoltaicas se deben cumplir los siguientes criterios específicos energéticos:  
a) Cuando vayan a instalarse sobre suelo no urbanizable, utilizar módulos o paneles fotovoltaicos de la banda comercial de alta o muy alta eficiencia,y que su modo de montaje optimice la ratio entre la producción generada y la superficie de suelo ocupada de acuerdo a un análisis coste-beneficio debidamente justificado.  
b) Las infraestructuras de evacuación de la central fotovoltaica hasta la conexión con las redes de transporte o distribución tendrán una capacidad, de al menos, el 200 % de la potencia instalada de la central fotovoltaica objeto de solicitud de autorización, con el fin de que la misma infraestructura pueda emplearse para futuras ampliaciones u centrales eléctricas, y calcularse para que la pérdida de potencia total en la transmisión sea menor o igual al 1 % de la potencia instalada.  
  
Teniendo en cuenta esto, se debería tener en la posible modificación puntual del PGOU que se debería realizar, se debería obligar a que en los proyectos que se presenten se justifiquen todos estos puntos.  
Respecto a la implantación de centrales fotovoltaicas sobre suelos urbanos y urbanizables se determina en los artículos 13 a 17:  
En el artículo 13, Normas y parámetros urbanísticos de aplicación directa, en el punto primero, se declara la compatibilidad urbanística de las centrales fotovoltaicas, sin necesidad de modificar el planeamiento vigente, cuando estas se localicen a) En edificación existente, b) En suelo urbanizado no edificado y c) En suelo urbano y urbanizable sin programa aprobado. Quedando, eso sí, excluidos de esta compatibilidad aquellas instalaciones que afecten o sean incompatibles con las normas de protección del patrimonio histórico-artístico y cultural.  
Este artículo impone que las centrales fotovoltaicas sean compatibles en suelo urbano y urbanizable con los perjuicios que ello pueda suponer desde el punto de vista del desarrollo urbano en el caso de suelos urbanizables, y desde el punto de vista visual, paisajístico y de protección del conjunto histórico.  
Se debería establecer una regulación de este tipo de actividades en una posible modificación puntual del PGOU para el suelo urbano y urbanizable, para intentar eliminar posibles los efectos negativos de su implantación en este tipo de suelo.  
En el artículo 14, Centrales fotovoltaicas sobre techos de edificios, en su punto primero se insta a las administraciones públicas a impulsar la implantación de centrales fotovoltaicas sobre edificación existente para favorecer el carácter distribuido y de proximidad al consumidor de la producción de electricidad, fomentando acuerdos entre los propietarios de las edificaciones y los agentes productores de energía.  
En su punto segundo, se obliga a que en los nuevos edificios de uso residencial, dotacional, industrial o terciario, los que se rehabilitan o cambian de uso, así como estacionamientos en superficie que dispongan de cubierta sobre suelo urbano, de titularidad pública o privada, que ocupen un área total construida de la azotea o cubierta del edificio o estacionamiento superior a 1.000 metros cuadrados se instalarán módulos fotovoltaicos para producción de energía eléctrica.  
Adicionalmente, se indica en el punto tercero que en las edificaciones existentes o aparcamientos construidos a la entrada en vigor del decreto ley, se fomentará su implantación mediante exenciones o reducciones del importe de las licencias o ingresos públicos cuya regulación sea competencia de la Generalitat.  
Si que indica en el punto cuarto, que estas implantaciones deberán cumplir la normativa en materia de protección del patrimonio cultural y podrán ser limitadas por razones constructivas funcionales, por una baja producción energética debido al sombreamiento, o por el uso de las edificaciones a la producción de otros servicios ambientales, tales como la regulación del ciclo hídrico, del bienestar climático o la mejora de la biodiversidad.  
En el punto sexto se determina que los ayuntamientos podrán aprobar ordenanzas para la implantación de centrales fotovoltaicas en edificaciones existentes. Los valores relativos a la contribución de energía renovable y potencia a instalar establecidos en las normas estatales y autonómicas tienen la consideración de mínimos.  
Por lo que este técnico entiende que sería necesario una ordenanza para regular la implantación de centrales fotovoltaicas en edificaciones existentes o incluir sus determinaciones en una posible modificación puntual del PGOU para regular las instalaciones en suelo urbano y urbanizable.  
  
Respecto a las centrales fotovoltaicas en solares urbanizados no construidos, el artículo 15, establece que las administraciones públicas fomentarán la implantación de centrales fotovoltaicas en solares urbanizados no edificados con carácter provisional hasta que estos sean destinados a los usos que tienen previstos en el planeamiento urbanístico, y que estas instalaciones se autorizarán, a efectos urbanísticos, mediante licencia de obras y usos provisionales siempre que no exista ninguna solicitud de licencia de edificación u orden de edificación forzosa. El otorgamiento de esta licencia no exime de los deberes de edificación, conservación y rehabilitación, ni de las consecuencias de su incumplimiento. La autorización se otorgará sujeta al compromiso de desinstalar la instalación cuando venza el plazo o se cumplan las condiciones establecidas en la autorización, con renuncia a cualquier indemnización. Esta obligación deberá constar en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la instalación.  
Cabe tener en cuenta que el suelo urbanizado no construido y destinado a centrales fotovoltaicas podría influir en la protección del conjunto histórico, por lo que este técnico entiende que sería necesaria su regulación mediante la modificación puntual del PGOU indicada o la regulación de la ordenanza específica.  
Respecto a la ubicación de centrales fotovoltaicas en parcelas no urbanizadas de suelo urbano o urbanizable sin programar, el artículo 16, indica que las administraciones públicas fomentarán las centrales fotovoltaicas en parcelas no urbanizadas ni edificadas de suelo urbano o urbanizable sin programar con carácter provisional hasta que sean destinadas a los usos previstos en el planeamiento urbanístico. La autorización, a efectos urbanísticos, se otorgará mediante licencia de obras y usos provisionales, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales. El otorgamiento de esta licencia no exime del cumplimiento de los deberes de urbanización. La autorización se otorgará sujeta al compromiso de desmantelar la central fotovoltaica cuando venza el plazo o se cumplan las condiciones establecidas en la autorización, con renuncia a cualquier indemnización, y sin perjuicio de las garantías económicas exigibles para el desmantelamiento. Esta obligación deberá constar en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la instalación. En aquellos supuestos en que la administración pública competente acordara la urbanización, y la parcela de origen donde se ubica central fotovoltaica no coincida con la parcela resultante tras la reparcelación, el adjudicatario de la licencia provisional deberá asumir la indemnización de la desinstalación fotovoltaica en los suelos que no coincidan con la parcela adjudicada.  
Se debe tener en cuenta que estos artículos permiten y animan a la construcción de centrales fotovoltaicas en el suelo urbano y urbanizable, por lo que convendría, dentro de las posibilidades de regulación del planeamiento local, establecer una regulación de este tipo de actividades en una posible modificación puntual del PGOU para el suelo urbano y urbanizable, para intentar eliminar posibles los efectos negativos de su implantación en este tipo de suelo.  
En el artículo 17 analiza la instalación de centrales fotovoltaicas en equipamientos públicos indicando que las administraciones públicas fomenten la implantación de centrales fotovoltaicas en edificaciones públicas, tanto de carácter patrimonial como demanial, bien por gestión pública directa o indirecta, mediante concurso público. Fomentar la implantación de centrales fotovoltaicas en aquellos terrenos destinados a dotaciones y equipamientos públicos en tanto no esté prevista su ejecución, mediante concesión. Las administraciones públicas podrán constituir sobre terrenos de su propiedad de naturaleza patrimonial un derecho de superficie mediante concurso público reservado para cooperativas o comunidades de energías renovables legalmente constituidas según la legislación vigente. En los polígonos industriales, donde no se justifique la utilidad pública de los espacios libres y zonas verdes ni resulten necesarios para su correcta integración en la infraestructura verde, el ayuntamiento podrá destinar hasta el 50 % de su superficie para la implantación de centrales fotovoltaicas destinadas a los servicios comunes del polígono, y en su caso de excedente, al resto de servicios públicos municipales.  
  
Respecto a la implantación de centrales fotovoltaicas sobre suelos no urbanizables, únicamente se indica en el artículo 18 que, a efectos de este decreto ley, y para la ubicación de centrales fotovoltaicas, es suelo no urbanizable común todo aquel que, a la entrada en vigor del mismo, haya sido considerado como tal en el planeamiento vigente, tanto sean planes de acción territorial; planes generales, adaptados o no a la legislación urbanística o normas subsidiarias que distingan en su suelo rural ámbitos protegidos.  
El capítulo II del decreto-ley trata el procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable y de parques eólicos, que incluye los artículos 19 a 35.  
No se establece un procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas en suelo urbano o urbanizable, permitiéndose de forma directa, por lo que parece necesario regular desde el planeamiento local y desde la redacción de una ordenanza específica, para la implantación de estas instalaciones.  
Sólo se requiere el informe informe-certificado urbanístico municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales indicado en el artículo 19 respecto de las autorizaciones en suelo no urbanizable. No se requiere esta compatibilidad respecto del suelo urbano o urbanizable teniendo en cuenta los artículos 13 a 17, por lo que este técnico alerta de la dificultad de evitar la implantación de estas instalaciones en el suelo urbano y urbanizable teniendo en cuenta este decreto-ley.  
  
Tercero. Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio urbanismo y paisaje (TRLOTUP).  
Las actuaciones de implantación de centrales fotovoltaicas deberían de cumplir las indicaciones respecto al suelo no urbanizable y a la infraestructura verde, el paisaje y la ocupación racional del territorio, reguladas en el TRLOTUP.  
Las actuaciones de implantación de centrales fotovoltaicas en suelo urbano y urbanizable, deberían de ser compatibles con la protección del conjunto y con el desarrollo del suelo urbanizable.  
La suspensión de licencias viene regulada en el artículo 68, estableciendo que la administración promotora del plan podrá acordar la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición, para ámbitos determinados, con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística.  
Este técnico estima que sería necesaria la suspensión de licencias para la tramitación de la modificación puntual del PGOU respecto del suelo no urbanizable.  
Respecto de la protección del suelo urbano y urbanizable debida a la posible instalación de instalaciones fotovoltaicas, se debería de regular la ordenanza respecto de estos usos y, en su caso, la modificación puntual del PGOU en estos tipos de suelo.  
  
Plan de Acción Territorial del área funcional de Castelló  
Actualmente se está revisando y no es de aplicación, pero convendría realizar el estudio pormenorizado del citado PAT para tenerlo en cuenta en la protección del territorio en el posible desarrollo de una modificación puntual del PGOU respecto a las instalaciones fotovoltaicas.  
  
Cuarto. Respecto de las normas subsidiarias y PGOU de Benlloc  
Como se ha descrito anteriormente, Benlloc, no tiene prohibida la instalación fotovoltaica ni eólica en ninguna parte del territorio, por normativa urbanística, tanto en las NN.SS vigentes como en el PGOU en tramitación  
Benlloc, tiene más del 50 % del territorio protegido, ya sea por valores patrimoniales, por paisaje, por valores forestales, por valores agrícolas, por acuíferos, por inundabilidad, por infraestructuras básicas etc.. que según legislación anteriormente expuesta debe ser protegida y no se recomienda en esas zonas la instalación de plantas solares  
Sin embargo, debemos dar un informe urbanístico favorable ya que expresamente no está prohibida en la normativa urbanística  
  
Conclusión  
Por todo lo indicado en los anteriores puntos, este técnico estima que sería necesaria la regulación de la implantación de instalaciones fotovoltaicas, solares y eólicas en el suelo no urbanizable mediante una modificación del PGOU en tramitación, debiendo ser vinculante este estudio a las Normas Subsidiarias vigentes  
La Ley dicta que estas actividades se pueden conceder si no están expresamente prohibidas, en planeamiento, y da un plazo de un mes para resolver, entendiéndose como positivo el silencio administrativo. En este plazo es imposible resolver, ni modificar normativa por los conflictos que pueden generar la instalación de plantas de producción fotovoltaica y eólica, frente a la protección debida del territorio y en especial de las zona protegidas y los modos de vida tradicionales  
Entiendo que la única forma de garantizar esta protección, y a la vez permitir la implantación de energías verdes, es un estudio pormenorizado del territorio en cuanto a implantación de plantas fotovoltaicas, solares y eólicas, adaptado a la normativa actual, con lo cual queden detalladas las zonas donde se prohíban, y las zonas donde se permitan con los condicionantes que sean necesarios  
Respecto al suelo urbano y urbanizable y la implantación de estas instalaciones, estudiar la posibilidad de elaborar una ordenanza de regulación de dichas instalaciones en estos tipos de suelo.  
Teniendo en cuenta la posible tramitación de estas modificaciones de planeamiento y la redacción de la mencionada ordenanza, estimo conveniente la suspensión de licencias para instalaciones fotovoltaicas solares con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística tanto en suelo no urbanizable como urbano y urbanizable.  
Entiendo que Si que se debe permitir la solicitud de licencias para las instalaciones de autoconsumo en suelo urbano con los condicionantes de integración paisajística que fueran convenientes  
  
Y para que sirva a los efectos oportunos, firmo el presente informe.  
  
Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma.»  
  
Visto el informe de Secretaría de fecha 28 de marzo de 2022, sobre la legislación aplicable y el procedimiento administrativo a seguir.  
  
Vistos los artículos 22.2.c y 47.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, se propone al Pleno la adopción del siguiente  
  
Acuerdo  
   
Primero  
Suspender el otorgamiento y la admisión a trámite de cualquier licencia, autorización e instrumento de intervención en materia de urbanismo y actividades, así como las solicitudes de informe-certificado urbanístico municipal, relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales, previsto en el artículo 19 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, que tengan por objeto la implantación de centrales fotovoltaicas, placas solares y eólicas, en el ámbito del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable del termino municipal de Benlloc.  
  
Segundo  
La suspensión establecida en el apartado anterior no afectará a las solicitudes de licencias para las instalaciones de autoconsumo en suelo urbano con los condicionantes de integración paisajística que fueran convenientes.  
  
Tercero  
Iniciar los trámites para la revisión, estudio y modificación de la normativa urbanística aplicable al término municipal, considerando lo expuesto en los antecedentes y los informes que constan en el expediente.  
  
Cuarto  
La suspensión tendrá una duración máxima de dos años. Este plazo se interrumpirá, con alzamiento de la suspensión, si, transcurrido un año, no se somete a exposición pública la propuesta de plan.  
Después de la exposición al público del plan en tramitación, se retomará la suspensión hasta que se complete el plazo de dos años máximo.  
  
Quinto  
Remitir el presente acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para su publicación, momento a partir del cual entrará en vigor la suspensión.  
  
Sexto  
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castelló de la Plana o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así como en los artículos 8, 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.»  
  
Benlloc, 29 de marzo de 2022.- El alcalde: Ángel Ribes Bellés.