Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4315, del 16-08-2002 (2002/8058)

Notificación a Arne Gosta Anderson de la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 20 de Mayo de 2002 por la que se desestima el recurso de alzada presentado contra la resolución del director general de Puertos y Costas de fecha 9 de enero de 2002, recaída en el expediente sancionador Cost/041101/14.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4315

Fecha DOGV
:   16-08-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/8058


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Arne Gosta Anderson de la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 20 de Mayo de 2002 por la que se desestima el recurso de alzada presentado contra la resolución del director general de Puertos y Costas de fecha 9 de enero de 2002, recaída en el expediente sancionador Cost/041101/14. [2002/8058]
  
Con fecha 20 de mayo del corriente el Honorable conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, ha dictado la siguiente resolución:
  
 ?Visto el recurso de alzada presentado por don Arne Gosta Andersson contra la resolución del director general de Puertos y Costas de 9 de enero de 2002, recaída en el expediente sancionador COST/041101/14, por la que se le impone una sanción de 11.268,98 euros como promotor de unas obras no autorizadas en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Alicante.
  
Visto el informe de la División de Puertos y Costas.
  
Visto el informe del Área Jurídica.
  
Se adopta resolución que se basa en los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Con fecha 21 de marzo de 2002 tiene entrada en esta Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes escrito presentado en la oficina de Correos de Torrevieja el 11 de marzo de 2002 firmado por don Arne Gosta Andersson por el que recurren en la resolución del director general de Puertos y Costas de 9 de enero de 2002, recaída en el expediente sancionador COST/041101/14. El recurso se interpone en plazo.
  
Segundo
  
Argumentando lo que considera más conveniente a su derecho, fundamenta su recurso en los siguientes extremos:
  
- que se reproducen los razonamientos formulados en su momento en el expediente sancionador
  
- que la denuncia se interpuso el 5 de enero de 1999, por lo que se ha excedido con creces el plazo de seis meses establecidos para la conclusión del expediente, por lo que los hechos se encuentran prescritos
  
- que en el expediente sancionador no se citan las normas jurídicas infringidas, porque la mención que se hace a los artículos 12 de la Ley y 21 del reglamento de Costas no contienen la norma de protección provisional, por lo que se le causa indefensión al no ser definitiva la protección de servidumbre que se alega
  
- que la parcela y vivienda se encuentran en suelo totalmente consolidado, por lo que con la sanción se puede entorpecer la labor de protección llevada a cabo por la administración, ya que si la zona va a estar protegida como zona de servidumbre, y así se puede hacer constar n el Registro de la Propiedad, dicha construcción no va a impedir la protección que la norma pretende
  
- que la construcción se hizo con el asesoramiento de arquitecto, constructor y aparejador, que cobraron por sus conceptos, con el fin de ajustar la edificación a la norma, puesto que no había ánimo de incumplirla, alegando que se adjuntan al escrito ciertos documentos que, sin embargo, no se incluyen
  
- que no se ha cometido infracción grave alguna, puesto que el recurrente desconoce las autorizaciones y licencias necesarias, para lo que se asesoró por los técnicos citados
  
En virtud de todo lo cual solicita el archivo del expediente sancionador sin imposición de sanción alguna.
  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
  
Fundamentos de derecho
  
I. De la competencia para dictar la presente resolución:
  
El artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
El artículo 7 del Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
II. Del fondo del asunto:
  
Alega el recurrente que reproduce los argumentos presentados en el expediente sancionador, si bien los reproduce íntegramente en su recurso, por lo que se pasa a analizarlos a continuación.
  
Dice el recurrente en su escrito de recurso que en la tramitación del expediente se han excedido los seis meses señalados para ello, respecto de lo cual hay que poner de manifiesto que confunde el plazo de seis meses que señala el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, que debe computarse desde la iniciación del procedimiento, y el plazo señalado en el artículo 176, 1 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que establece que el plazo de prescripción de las infracciones graves es de cuatro años.
  
En el primer caso, según resulta del expediente, el acuerdo de iniciación es de 1 de octubre de 2001, por lo que, habiéndose notificado la resolución que pone fin al mismo el 19 de febrero de 2002, se cumple el requisito del plazo, de forma que no puede atenderse la pretensión de caducidad del expediente sancionador.
  
En el segundo, se ha iniciado el expediente antes del transcurso de los cuatro años que se establecen para la prescripción de las infracciones graves, por lo que la infracción es sancionable, de modo que igualmente debe desatenderse la pretensión de prescripción que se alega.
  
Examinado el expediente sancionador, resulta que tanto en el acuerdo de iniciación como en la propuesta de resolución han quedado perfectamente establecidas las normas cuya infracción da lugar a la incoación del expediente, sin que en modo alguno quepa atender la alegación de falta de información de las normas infringidas en este expediente sancionador, por cuanto que el tenor literal de las normas que el propio inculpado cita en su escrito es suficientemente expresivo de la infracción cometida.
  
Alega el recurrente que el deslinde está en tramitación y de ello obtiene una serie de conclusiones en cuyo análisis no procede entrar por cuanto que resulta un hecho incontestable es no sólo que realizó las obras sin la preceptiva autorización administrativa sino también que, habiéndola solicitado en su día, le fue expresamente denegada por resolución de 21 de junio de 2000, lo que es frontalmente contradictorio con su alegación de estar actuando de acuerdo con la Ley, sin que nada aporte a esta circunstancia el hecho de que manifieste que los profesionales con los que contrató no le informaran de las limitaciones constructivas existentes la parcela que adquirió, y ello sin perjuicio, naturalmente, de que, como ya se dijo en la resolución que ahora se recurre, pueda hacer uso, si lo considera oportuno, del derecho a reclamar la responsabilidad de quienes hayan podido incumplir sus deberes de asesoramiento.
  
También se refiere a que la servidumbre se pueda hacer constar en el Registro de la Propiedad, lo que nada tiene que ver en el presente asunto, puesto que la servidumbre puede existir, y en este caso existe, con independencia de que figure o no en el Registro.
  
Por la misma razón debe desatenderse la alegación relativa a la consolidación de la construcción en los alrededores de la vivienda de su propiedad, puesto que nada aporta al hecho no contradicho por el recurrente de que se edificó careciendo de la preceptiva autorización de la administración autonómica.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada presentado por don Arne Gosta Andersson contra la resolución del director general de Puertos y Costas de 9 de enero de 2002, recaída en el expediente sancionador COST/041101/14, por la que se le impone una sanción de 11.268,98 euros como promotor de unas obras no autorizadas en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Alicante, y, en su consecuencia, mantener dicha sanción por ajustarse plenamente a Derecho.
  
Esta resolución pone fin la vía administrativa y contra ella puede interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la fecha de notificación o publicación de la presente, sin perjuicio de la utilización de cualquier otro recurso que estime oportuno?.