Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5373, del 24-10-2006 (2006/11231)

Información pública de las bases particulares para la adjudicación del programa de actuación por gestión indirecta para el desarrollo de la unidad de ejecución 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Estubeny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5373

Fecha DOGV
:   24-10-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2006/11665


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Estubeny

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de las bases particulares para la adjudicación del programa de actuación por gestión indirecta para el desarrollo de la unidad de ejecución 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Estubeny. [2006/A11819]  
Por Acuerdo del Pleno de fecha 3 de agosto de 2006, se ha aprobado las bases particulares reguladoras del programa, que al presente se acompañan y que se adecuan al contenido legalmente establecido en los artículos 131.2 de la Ley 16/2005, de 31 de diciembre, Urbanística Valenciana, y 286 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Bases particulares para la adjudicación del programa de actuación integrada por gestión indirecta para el desarrollo de la unidad de ejecución 1 del Plan General de Ordenación de Estubeny  
CAPÍTULO I. Los elementos del contrato  
Base 1ª. El objeto del contrato  
El contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada que se especifica en el anexo I adjunto a las presentes bases particulares de programación.  
Base 2ª. El régimen jurídico del contrato  
El presente contrato tiene naturaleza administrativa especial, y se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de mayo, y las cláusulas contenidas en las presentes bases particulares de programación, así como en las bases generales de programación.  
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y las establecidas en el Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, así como las normas de Derecho comunitario y demás disposiciones que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución de programa de actuación integrada.  
Base 3ª Las prerrogativas del Ayuntamiento  
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos para el desarrollo y ejecución de los programas de actuación integrada, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, efectos y procedimientos establecidos en la normativa aplicable.  
Base 4ª. Precio de licitación  
Se establece un precio máximo de licitación de 536.000,00 € IVA excluido, que sirve de base para el cálculo de la garantía provisional.  
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de publicidad del procedimiento de licitación.  
Base 5ª. El plazo de desarrollo y ejecución del programa de actuación  
5.1. El plazo total estimado para el desarrollo y ejecución del programa de actuación será el fijado en el apartado H) del anexo I, y comenzará a partir del día siguiente al de la firma del contrato de adjudicación hasta la fecha de expedición del acta de recepción de las obras de urbanización.  
5.2. A efectos de lo dispuesto en el apartado H) del anexo I, el inicio de las obras de urbanización se acreditará mediante acta de replanteo y la finalización mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director de las mismas.  
5.3. En caso de aceptarse prórrogas sobre los plazos previstos en el apartado H) del anexo I, éstas deberán ser acordadas de forma expresa por el Ayuntamiento, previa solicitud del adjudicatario. En ningún caso se prorrogarán los plazos fijados por muto consentimiento tácito.  
Los plazos previstos en el apartado H) del anexo I podrán ser prorrogados y suspendidos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas, y demás normativa que resulte de aplicación.   
5.4. El incumplimiento de los plazos estipulados en el apartado H) del anexo I, así como de las posibles prórrogas que pudieran acordarse conllevará la imposición al adjudicatario de las penalidades por demora que resulten de aplicación o, en su caso, la resolución del contrato, de acuerdo a los términos y condiciones que se prevean en el contrato de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana.  
Base 6ª. La garantía provisional y definitiva  
6.1. Todos los concursantes que participen en el procedimiento de licitación del Programa de Actuación Integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía provisional por el importe señalado en el apartado I) del anexo I, equivalente al 2 por 100 de la estimación aproximada de las cargas del programa fijada en el apartado G) del anexo I.  
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa de actuación integrada por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del correspondiente programa.  
6.2. Las proposiciones que se retiren con anterioridad al transcurso del plazo de que dispone el Ayuntamiento para la adjudicación del programa actuación sin que ésta se haya resuelto, no tendrán derecho a la devolución de la garantía provisional. La renuncia del adjudicatario a la formalización del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación conllevará, entre otras cuestiones, la pérdida de la garantía provisional.  
6.3. En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía que figure en el apartado I) del anexo I, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.  
6.4. El adjudicatario del contrato del programa de actuación integrada estará obligado a constituir una garantía definitiva, financiera o real prestada y mantenida por el Urbanizador, por el importe señalado en el apartado I) del anexo I, de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Transcurrido el plazo de doce meses desde que se entiendan recibidas las obras de urbanización, procederá la devolución de la garantía definitiva.  
CAPÍTULO II. La adjudicación del contrato  
Base 7ª. El procedimiento y forma de adjudicación  
El contrato se adjudicará mediante concurso, en los términos establecidos legal y reglamentariamente.  
Base 8ª. La presentación de las proposiciones  
8.1. Las proposiciones de programa de actuación integrada se presentarán de conformidad con el modelo que se acompaña a las presentes bases particulares de programación como anexo II.  
8.2. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.  
8.3. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición.   
8.4. Se admitirá las propuestas de mejoras en la ordenación mediante la presentación, en su caso, de los correspondientes instrumentos de planeamiento.   
8.5. Cada concursante no podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa de actuación presentadas por éste.  
8.6. Las ofertas deberán mantenerse hasta que transcurra el plazo para la adjudicación del programa de actuación sin que el Ayuntamiento haya resuelto su adjudicación y aprobación.  
Base 9ª. La documentación de las proposiciones  
9.1. Las proposiciones que se presenten constarán de tres sobres cerrados denominados Documento nº 1, Documento nº 2, y Documento nº 3.  
9.2. En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y su firma o de persona que le represente, persona o personas de contacto, domicilio social, teléfono y fax, a efectos de comunicaciones, así como denominación del programa de actuación.   
Cada uno de los sobres incluirá en original o copia auténticas o autenticadas, la documentación exigida. En el caso de empresas extranjeras, su documentación oficial deberá ser trascrita de forma oficial al castellano.  
Las proposiciones se presentarán con tipografía clara y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer claramente los datos o requisitos para considerar la oferta.  
La omisión de cualquiera de los documentos citados o la inobservancia estricta del cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores, será motivo para la inadmisión de la oferta, salvo que se observen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo cual se comunicará a los concursantes con el fin de que aporten los documentos o realicen las actuaciones que sean pertinentes.  
9.3. La documentación que deberán presentar los concursantes será la que a continuación se describe:  
Documento nº 1. Título: documentación administrativa:  
A) Documentos acreditativos de la personalidad del concursante:  
1. Escritura de constitución o de modificación del concursante, en caso de que sea persona jurídica, y acreditación de estar inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en la que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.  
2. Documento nacional de identidad o el documento que, en su caso, haga sus veces si el concursante es persona física individual.  
3. Las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad Europea, o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán acreditar su inscripción en los registros o presentar las certificaciones que se indican en el anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
4. La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior se acreditará mediante un informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España en el lugar del domicilio de la empresa, en el que se hará constar, previa acreditación por la empresa, que figura inscrita en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.  
Además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio o, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 23.1 del texto refundido.  
5. Cuando dos o más empresas concurran conjuntamente, cada una de ellas debe acreditar su personalidad y capacidad de obrar, y se presentará escrito, firmado por todas las empresas, comprometiéndose de forma expresa a constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios, y en el que deberán indicarse los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos en la futura unión temporal y designación de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ostentará la plena representación de todos ellos frente al Ayuntamiento.  
Todas las empresas que integren la unión temporal responderán solidariamente frente al Ayuntamiento del cumplimiento del contrato.  
B) Documentos acreditativos de la representación:  
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros presentarán documentación acreditativa de la representación debidamente bastanteada, y deberán acompañar su documento nacional de identidad, o el documento que, en su caso, haga sus veces.  
C) Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera:  
La justificación de la solvencia económica y financiera del concursante se acreditará por los medios previstos en el anexo III.   
Si por razones justificadas el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia económica y financiera mediante los documentos que el Ayuntamiento considera suficientes que figuran señalados en el anexo III.   
La justificación de la solvencia económica y financiera del concursante podrá basarse en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, siempre y cuando se acompañen los documentos señalados en el anexo III.  
Las agrupaciones de interés urbanístico acreditarán su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.  
Cuando dos o más personas naturales o jurídicas decidan concurrir conjuntamente al concurso mediante la constitución de unión temporal de empresarios, agrupaciones de interés económico u otras agrupaciones, cada uno de los que componen la agrupación deberá acreditar su capacidad y su solvencia conforme a lo establecido en las presentes bases particulares de programación.  
Los empresarios que deseen concurrir integrados en la unión temporal, deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios. El licitador que suscriba individualmente una proposición, no podrá hacerlo en unión temporal con otros, ni podrá figurar en más de una unión temporal.  
Las empresas extranjeras acreditarán su solvencia económica y financiera de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas.  
D) Documentos que acrediten la solvencia técnica y profesional:  
La justificación de la solvencia técnica y profesional del concursante se acreditará por los medios previstos en el anexo IV.  
Si por razones justificadas el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, siempre y cuando se acredite que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación, debiendo presentar a tal efecto los documentos señalados en el anexo IV.  
Las agrupaciones de interés urbanístico acreditarán su solvencia económica y financiera de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.  
Cuando dos o más personas naturales o jurídicas decidan concurrir conjuntamente al concurso mediante la constitución de unión temporal de empresarios, agrupaciones de interés económico u otras agrupaciones, cada uno de los que componen la agrupación deberá acreditar su capacidad y su solvencia conforme a lo establecido en las presentes Bases Particulares de programación.  
Las empresas extranjeras acreditarán su solvencia técnica y profesional de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas.  
E) Declaración responsable en relación con la capacidad de obrar y con las prohibiciones de contratar:  
Las proposiciones de los concursantes deberán incluir los siguientes documentos:  
(i) Declaración responsable expresa de no hallarse incurso en ninguna causa de prohibición, incapacidad o incompatibilidad de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ajustada al modelo acompañado como anexo V.   
(ii) Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de sus obligaciones con la Seguridad Social conforme al modelo acompañado como anexo VI.  
No obstante, el empresario que resulte adjudicatario deberá presentar antes de la firma del contrato una certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  
F) Resguardo acreditativo de la garantía provisional:  
Cada uno de los concursantes tendrá que aportar el resguardo que acredite la constitución de la garantía provisional señalada en la base 6ª.  
En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las entidades participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía del dos por ciento señalado en el párrafo anterior y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.   
G) Declaración de empresas extranjeras de sometimiento a jurisdicción:  
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pueda corresponder al licitador.  
H) Acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentando practicar los avisos de inicio del procedimiento de gestión indirecta del programa de actuación integrada a que se refiere la Ley Urbanística Valenciana:  
Cada uno de los concursantes tendrá que presentar acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar el aviso de inicio del procedimiento de gestión indirecta del programa de actuación integrada al domicilio fiscal de los que consten en el catastro como titulares de los derechos afectados por la actuación propuesta.  
I) Declaración del artículo 121 de la Ley Urbanística Valenciana:  
Las proposiciones de los concursantes deberán incluir la declaración ajustada al modelo acompañado como anexo VII, en el que se refleje:  
(i) Declaración responsable expresa del concursante de no haber participado en la investigación, la experimentación, el estudio o el desarrollo del Plan General que afecte la ordenación del ámbito del programa que se licita.   
(ii) Declaración responsable expresa del concursante de que las personas de su equipo técnico o redactor no han participado en la redacción, o en la tramitación y aprobación, provisional o definitiva, de planes de acción territorial o de planes generales relacionados con el ámbito objeto del programa, en los dos años anteriores a la exposición al público de la iniciativa.  
En defecto de las dos anteriores, deberá incluirse declaración responsable expresa del concursante de que su participación o, en su caso, la de las personas de su equipo técnico o redactor en la redacción, o en la tramitación y aprobación, provisional o definitiva, de planes de acción territorial o de planes generales relacionados con el ámbito objeto del programa, no ha influido en beneficio propio o de su grupo empresarial en la fijación de las condiciones que vayan a regir el procedimiento de programación, o bien porque no sea empresa vinculada con la que incurra en las causas de inhabilitación referidas.  
J) Índice de la documentación enunciado numéricamente  
La documentación contenida en este sobre deberá ir precedida de un índice realizado en hoja independiente en el que constará enumerado el contenido del mismo.  
Documento nº 2. Título: alternativa técnica  
La alternativa técnica del programa de actuación tendrá el contenido mínimo siguiente:  
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación detallada a desarrollar.  
b) Ámbito de la actuación.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes  
f) Proyecto de urbanización determinándose el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
Será objeto de valoración la documentación señalada en las letras e), f), g) y h)  
Documento nº 3. Título: proposición jurídico-económica  
La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.  
Deberá contener la documentación necesaria para determinar los aspectos enunciados en el artículo 127 de la Ley Urbanística Valenciana siendo objeto de valoración los señalados en las letras e) y f) de su apartado 2.  
Además, deberá incluir la siguiente información que se considerará suficiente a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1.a) del referido artículo 127:  
Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación, tales como dimensiones de parcela mínima de resultado, aprovechamiento subjetivo y superficie mínima de terreno de origen necesaria para resultar adjudicatario de parcela resultante o de cuota indivisa.  
Importe global de las cargas de urbanización y del coeficiente de canje.  
Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.  
Base 10ª. El lugar y plazo de presentación de las proposiciones  
10.1. Las proposiciones de los interesados para participar en el concurso del programa de actuación integrada se ajustarán al modelo de proposición que se acompaña como anexo II.  
10.2. Las proposiciones, junto con la documentación exigida, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de tres meses a partir de la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea. Todos los gastos de publicación que se generen serán a cargo del urbanizador.  
10.3. La presentación de proposiciones supone la aceptación de la presentes bases particulares de programación por parte de los interesados, e implica la declaración responsable de que el licitador reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para resultar adjudicatario del programa de actuación integrada.  
Base 11ª. Criterios de adjudicación del programa de actuación  
11.1. Los criterios de adjudicación relativos a la alternativa técnica valorarán los aspectos siguientes:  
Mejor estructuración zonas verdes  
De 0 a 5 puntos.  
Calidad técnica de las resoluciones propuestas para la urbanización  
De 0 a 5 puntos.  
Medios para el control de la calidad de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa.  
De 0 a 4 puntos.  
Número de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que se comprometa a promover el urbanizador  
De 0 a 4 puntos.  
Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del Programa.  
De 0 a 3 puntos.  
Plazo de ejecución del programa.  
De 0 a 2 puntos.  
Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes por encima del 5%.  
De 0 a 2 puntos.  
Otros compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador.  
De 0 a 1 punto.  
El derecho a la apertura de la proposición jurídico-económica se adquirirá respecto de aquella alternativa técnica que haya recibido una puntuación igual o superior a 6 puntos.  
11.2. Los criterios de adjudicación relativos a la proposición jurídico-económica serán los siguientes:  
Coeficiente de cambio a efectos de pago en terrenos, 15 puntos.  
Importe de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad, 10 puntos.  
Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador, 1 punto.  
11.3. Resultará adjudicataria del programa de actuación integrada aquella proposición que, sin exceder del precio máximo de licitación estipulado en la base 4ª, obtenga mayor puntuación resultado de la suma de las obtenidas por la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica.  
11.4. El programa de actuación integrada podrá aprobarse condicionado a la efectiva realización de determinaciones propias de otras actuaciones previa o simultáneamente programadas.  
Base 12ª. Las actuaciones previas a la formalización del contrato  
Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva prevista en el apartado I) del anexo I, que será del 10% sobre las cargas de urbanización, o la mayor a la que se haya comprometido el urbanizador en su proposición jurídico-económica, y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, y certificación positiva de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  
Base 13ª. La formalización del contrato  
13.1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
13.2. El documento de formalización será firmado por el alcalde y el urbanizador, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.  
13.3. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.  
13.4. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
CAPÍTULO III. La ejecución del contrato  
Base 14ª. La ejecución del contrato  
14.1. La ejecución del programa de actuación integrada se realizará a riesgo y ventura del urbanizador, sin perjuicio de lo dispuesto de forma legal y reglamentariamente para la retasación de cargas, con estricta sujeción a las presentes bases particulares de programación, y a las órdenes e instrucciones que en interpretación de éstas diera el Ayuntamiento.  
14.2. El urbanizador podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las siguientes prestaciones correspondientes al programa de actuación:  
La ejecución de obras cuyo coste se sitúe por debajo del umbral previsto en el artículo 120.6 de la Ley Urbanística Valenciana, siempre y cuando no suponga un porcentaje superior al 50 por 100 del importe del presupuesto de ejecución de las obras de urbanización.  
Los levantamientos topográficos preceptivos.  
La redacción del proyecto de reparcelación.  
La gestión del cobro de las cuotas de urbanización.  
Aquellas otras prestaciones accesorias que no estén expresamente sujetas a pública licitación por la Ley Urbanística Valenciana o por la legislación reguladora de los contratos de las administraciones públicas.  
Base 15ª. Las obras de urbanización  
Las obras de urbanización serán ejecutadas por el urbanizador, por si o a través de contratistas de su elección dado que el precio máximo de licitación del programa no excede de 5.278.000'00 €.  
Base 16ª. El cumplimiento del plazo y penalidad por demora  
16.1. El Urbanizador está obligado a cumplir el plazo total de ejecución del contrato, así como los plazos parciales fijados en el apartado H) del anexo I.  
16.2. La constitución en mora del urbanizador no precisará de previa intimación por parte del Ayuntamiento. Cuando exista demora del plazo total imputable al Urbanizador, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,12 € por cada 601,01 euros sobre las cargas de urbanización del programa de actuación, acordando en este último caso la oportuna ampliación del plazo de ejecución. Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del cinco por ciento de las cargas de urbanización aprobadas, el Ayuntamiento podrá resolver el contrato o acordar la continuidad con la imposición de nuevas penalidades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Al incumplimiento de los plazos parciales fijados también se les aplicará el régimen de penalidades previstas legalmente para el incumplimiento del plazo total.  
Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al urbanizador y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole ampliación del plazo que se había señalado, se concederá por el Ayuntamiento un plazo que será por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Base 17ª. Penalidades por defectuoso cumplimiento del contrato  
El Ayuntamiento exigirá al urbanizador la subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto un plazo prudencial que no podrá exceder de un mes.  
De persistir el incumplimiento en cuanto a la ejecución parcial de las prestaciones objeto del contrato, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente, por su resolución o por computar el tiempo requerido para las correcciones de los trabajos defectuosos o mal ejecutados a efectos de sanción por retrasos, de acuerdo con lo establecido en la base 17ª.  
Base 18ª. La prórroga del contrato  
A petición del urbanizador por causas debidamente justificadas y con arreglo a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Base 19ª. La modificación del contrato  
En el supuesto de modificación del contrato se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
TÍTULO IV. La extinción del contrato  
Base 20ª. La resolución del contrato  
20.1. Son causas de resolución del contrato las previstas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con los efectos que se establecen en la normativa de aplicación, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador para el desempeño de su tarea y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.  
20.2. Son también causas de resolución del contrato por causas imputables al urbanizador:  
La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las presentes bases particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.  
La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello de lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20 por 100.  
La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta ley.  
El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.  
La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
20.3. Serán causas de resolución del contrato por causas imputables al Ayuntamiento:  
La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
20.4. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.  
20.5. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
Base 21ª. La extinción del contrato  
21.1. El contrato se extinguirá una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
21.2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
21.3. Para que pueda operar la recepción de obras definitiva, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.  
21.4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo respectivamente.  
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.  
21.5. La recepción obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.  
21.6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.  
Base 22ª. Suspensión de licencias y programas.  
La publicación del anuncio de las presentes bases particulares de programación en el Diari Oficial de la Generalitat será el que produzca los efectos suspensivos del otorgamiento de licencias regulados en el artículo 101 de la Ley Urbanística Valenciana, así como, de los acuerdos de nuevos programas en la zona afectada por la actuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Urbanística Valenciana. Durante el período de vigencia de la suspensión de los acuerdos aprobatorios de programas no se admitirán iniciativas de programación. Tampoco se podrán aprobar bases particulares de programación, ni de forma expresa ni por aplicación del silencio administrativo.  
Asimismo, el Ayuntamiento en pleno acordó aplicar las bases generales para la aprobación de programas para el desarrollo de actuaciones integradas, que forman parte del anexo II del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Estubeny, 25 de septiembre de 2006.. El alcalde: Ramón Simón Pérez.