Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8429, del 22-11-2018 (2018/10861)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 126/2017.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8429

Fecha DOGV
:   22-11-2018

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2018/10819


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Gandia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 126/2017. [2018/10374]  
Juicio procedimiento ordinario (arrendamientos - 249.1.6) [OR6]-000126/2017.  
Parte demandante: Federico Boix Romero.  
Parte demandada: Bernardo Montero Gento.  
Sobre: otros asuntos de parte general.  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
  
«Sentencia número 20/2018  
Magistrada-juez que la dicta: Sandra Gil Vicente.  
Lugar: Gandia.  
Fecha: 5 de febrero de 2018.  
Parte demandante: Federico Boix Romero.  
Abogado/a: -  
Procurador: Juan Vicente Romero Peiró.  
Parte demandada: Bernardo Montero Gento.  
Abogado/a: -  
Procurador/a: -  
Objeto del juicio: otros asuntos de parte general.  
Antecedentes de hecho  
Primero. El presente procedimiento se incoó en virtud de demanda presentada el 7 de febrero de 2017 que por reparto correspondió a este juzgado.  
Segundo. El día 21 de febrero se dictó decreto por el que se admitió la demanda y se requirió a la parte demandada para que en el plazo de 10 días procediese a desalojar el inmueble, o bien compareciera ante este juzgado formulando oposición, cosa que no hizo dentro del plazo señalado.  
Tercero. Al acto de la vista compareció únicamente la parte actora. Practicada toda la prueba que fue admitida, quedaron los autos vistos para sentencia.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. En el presente procedimiento la parte actora ejercita acumuladamente una acción de resolución contractual en base a lo dispuesto en el artículo 62.1.3ª y 5ª de la Ley de arrendamientos urbanos de 1964 ordenando el desalojo de la vivienda por parte del demandado y con imposición de las costas procesales.  
Por la parte actora no se opuso formalmente a la demanda deducida en su contra al no contestar a la misma.  
Segundo. El juicio de desahucio tiene por objeto la recuperación de una finca dada en arrendamiento, con fundamento en el impago de la renta o en la expiración del plazo fijado contractualmente, pudiendo también concurrir como pretende la parte actora la denegación de prórroga por alguna de las causas tasadas legalmente.  
Respecto a la legislación aplicable nos encontraríamos con la Ley de arrendamientos urbanos de 1964 tal y como pretende la parte actora ya que el contrato inicial fue suscrito en 1969 siendo de aplicación la disposición transitoria de la LAU de 1994 que declaró la subsistencia del artículo 62 de la mencionada ley para contratos celebrados antes de 1 de mayo de 1985 como es el caso.  
El artículo 62.1.3 y 5 de la Ley de arrendamientos urbanos de 1964 establece que:  
"1. No tendrá derecho el inquilino o arrendatario a la prórroga legal en los siguientes casos:  
3.º Cuando la vivienda no esté ocupada durante más de seis meses en el curso de un año, o el local de negocio permanezca cerrado por plazo igual, a menos que la desocupación o cierre obedezca a justa causa.  
5.º Cuando el inquilino, en un plazo de seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la demanda, hubiese tenido a su libre disposición, como titular de un derecho real de goce o disfrute, una vivienda desocupada y apta para la satisfacción de sus necesidades y de características análogas a la arrendada."  
En el presente caso, con la documental aportada al presente procedimiento, considero que la parte actora acredita la concurrencia no solo de una sino de las dos causas de denegación de prórroga del contrato de arrendamiento. Así con los documentos números 9 y 10 se justifica que el demandado tiene a su disposición otros inmuebles para su uso (causa 5) y también que la vivienda está desocupada (causa 2), tal y como se justifica por el hecho de no se le hallara en la misma para realizar el emplazamiento, que haya impagado los gastos de comunidad del inmueble arrendado desde 2014 o que no haya habido consumo de agua en la mencionada vivienda.  
Tercero. En cuanto a las costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento civil, y siguiendo el criterio del vencimiento objetivo, procede imponerlas a la parte demandada.  
En virtud de lo expuesto,  
Fallo  
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador Juan Vicente Romero en nombre de Federico Boix Romero contra Bernardo Montero Gento debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento relativo a la vivienda sita en Gandia plaza de España 5, piso tercero, puerta 6 integrada en el edificio Odec debiendo el señor Montero dejar la vivienda libre, vacua y a disposición del demandante con imposición de costas a la parte demandada.  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia (art. 455 LECn).  
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, con expresión de los pronunciamientos que impugna (art. 458LECn).  
De conformidad con la disposición adicional 15.ª de la Ley orgánica del poder judicial, para que sea admitido a trámite el recurso de apelación deberá constituir un depósito de 50 ?, que le será devuelto solo en el caso de que el recurso sea estimado.  
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente (jjjj 0000 cc eeee aa) indicando, en el campo "concepto" el código "02 civil-apelación" y la fecha de la resolución recurrida con el formato dd/mm/aaaa.  
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el código de cuenta corriente (ccc, 20 dígitos), se indicará en el campo "concepto" el número de cuenta el código y la fecha que en la forma expuesta en el párrafo anterior.  
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»  
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por diligencia de ordenación de fecha 31 de octubre de 2018, la letrada de la Administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado, para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia al demandado Bernardo Montero Gento.  
Diligencia. La extiendo yo, la letrada de la Administración de justicia, para hacer constar que el presente edicto ha quedado fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios de este juzgado.  
Doy fe.  
  
Gandia, 31 de octubre de 2018.- La letrada de la Administración de justicia: Silvia Lacueva Subirats.