Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4391, del 03-12-2002 (2002/13747)

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2002,de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se dispone el registro y la publicación del texto del laudo obligatorio dictado en el conflicto planteado en el sector de transporte de viajeros por carretera y urbanos de la provincia de Castellón.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4391

Fecha DOGV
:   03-12-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - B) CONVENIOS COLECTIVOS

Número del documento
:   2002/13550


Fecha del documento
:   29-11-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Castellón de la Plana
    * transporte de viajeros
    * conflicto laboral
    * convenio colectivo
    * derechos sindicales

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2002,de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se dispone el registro y la publicación del texto del laudo obligatorio dictado en el conflicto planteado en el sector de transporte de viajeros por carretera y urbanos de la provincia de Castellón. [2002/X13364]
  
Visto el texto del laudo obligatorio emitido en Castellón el 29 de noviembre de 2002 por Vicente Sampedro Guillamón, jefe provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castellón, actuando como árbitro designado por el Consell de la Generalitat Valenciana, en virtud de acuerdo del Gobierno Valenciano de 26 de noviembre de 2002 publicado en el DOGV núm. 4388 de 28 de noviembre, laudo obligatorio dictado en el conflicto suscitado en el sector de transportes de viajeros de la provincia de Castellón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral,
  
ACUERDA
  
Primero
  
Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de esta Dirección General.
  
Segundo
  
Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 29 de noviembre de 2002.- El director general de Trabajo y Seguridad Laboral: Román Ceballos Sancho.
  
Laudo arbitral obligatorio dictado en el conflicto planteado en el sector de transporte de viajeros por carretera de la provincia de Castellón.
  
En Castellón a 29 de noviembre de 2002, Vicente Sampedro Guillamón, jefe provincial de la Inspección de Trabajo en Castellón, actuando como árbitro designado por el Consell de la Generalitat Valenciana, para la resolución, mediante laudo obligatorio, del conflicto suscitado en el sector de transportes de viajeros de la provincia de Castellón, ha dictado el siguiente laudo obligatorio con fundamento en los siguientes:
  
Antecedentes
  
1. Con motivo de la negociación del Convenio Colectivo del Transporte de Viajeros de la Provincia de Castellón para el año 2002 y siguientes, la Mesa Negociadora del Convenio compuesta por representantes de la Federación de Comunicación y Transportes de CCOO-PV, la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT-PV y la Asociación de Empresarios del Transporte de Viajeros por Carretera de la Provincia de Castellón, ha venido manteniendo múltiples reuniones en el curso del presente ejercicio.
  
2. Tras el devenir de las indicadas reuniones, por la Federación de Comunicación y Transportes de CCOO-PV y la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT-PV se solicitó ante el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, en fecha 27/09/2002, mediación previa a la comunicación formal de huelga que tendría, en su caso, lugar los días 21, 25, 28 y 31 de octubre y 4, 8, 11 y 15 de octubre de 2002 por los siguientes motivos: ?desacuerdo en la negociación del convenio colectivo en materia de incremento salarial, jornada, exceso de horas extraordinarias, así como en los contenidos sociales y sindicales?. Tras diversos aplazamientos finaliza la mediación entre las partes con el resultado de ?sin acuerdo- el día 11.10.2002, habiéndose comunicado formalmente la huelga en fecha 11 de octubre de 2002.
  
No obstante, las partes continúan sus negociaciones. Los sindicatos convocantes llevan a efecto la huelga sin que se atiendan los servicios esenciales decretados por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana.
  
El día 5.11.2002 se registra nuevamente ante el Tribunal de Arbitraje Laboral solicitud de mediación previa a la comunicación formal de huelga por la parte social negociadora, como ampliación de la inicial huelga, y prevista para los días 22, 25 y 26 de noviembre; 2, 3, 4, 5, 9, 16 y 17 de diciembre de 2002 y 10, 13, 14, 20, 21, 24 y 27 de enero de 2003, por idénticos motivos que la anterior. El día 13 de noviembre finalizaron las negociaciones ante el Tribunal de Arbitraje Laboral con el resultado de ?sin acuerdo?. Esta ampliación de la huelga se registró en fecha 14 de noviembre de 2002.
  
Paralelamente, el director general de Trabajo y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana se ofreció a mediar entre las partes en conflicto como refuerzo al intento de solución de la controversia, sin que se consiguiese desatascar el conflicto tras diversas reuniones con las partes.
  
Los días 22, 25 y 26 de noviembre se llevó a cabo la huelga sin que fuesen atendidos los servicios esenciales para la comunidad decretados por la Autoridad Laboral.
  
A última hora del día 25 de noviembre del presente, representantes de las partes implicadas en el conflicto alcanzaron un preacuerdo tras la mediación del director general de Trabajo y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana. El mencionado preacuerdo no fue ratificado ni admitido por la asamblea de trabajadores afectados, continuándose las medidas de presión adoptadas sin atención a los servicios esenciales establecidos.
  
3. Los servicios mínimos esenciales mencionados en los párrafos anteriores y previstos para los días en que se desarrollaba la huelga fueron decretados por la Autoridad Laboral de la Comunidad Valenciana mediante resoluciones de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de fechas 24 de octubre y 20 de noviembre del presente año, ante la falta de acuerdo para su concreción entre las representaciones sindicales y empresariales afectadas por el conflicto. Dichos servicios fueron fijados por considerar que el transporte por carretera de viajeros en la provincia de Castellón es un servicio esencial para los intereses generales de la comunidad, no sólo por su importantísima incidencia en la economía general, sino también y fundamentalmente por su estrecha vinculación al ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos que gozan de la máxima protección jurídica.
  
4. Las circunstancias que han acompañado al desarrollo de las jornadas de huelga, en especial el reiterado incumplimiento de los servicios esenciales establecidos, han llevado al Consell de la Generalitat Valenciana a acordar mediante Acuerdo del Gobierno Valenciano de 26 de noviembre de 2002, apreciando la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 10.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, un arbitraje obligatorio para la resolución del conflicto planteado, por entender que la situación suponía un agravamiento de los perjuicios causados al conjunto de la sociedad y, especialmente, a los usuarios de este tipo de transporte y habida cuenta de la imposibilidad de llegar a acuerdos negociados en la solución del conflicto, habiéndose agotado las medidas contempladas en el ordenamiento jurídico para dicha solución negociada. Y para ello designó árbitro a quien suscribe para que resolviera en equidad los puntos suscitados en el desarrollo del conflicto, estableciendo plazo de cinco días para dictar el laudo.
  
5. En cumplimiento del requisito procedimental de previa audiencia de las partes, el árbitro que suscribe y para su mayor ilustración, mantuvo reuniones, una vez designado y notificada dicha designación a las partes, con cada uno de los colectivos interesados en el conflicto, solicitándoles la comunicación de los antecedentes y de las argumentaciones que se estimasen oportunas.
  
Por su importancia para la resolución del presente arbitraje en equidad, se solicitó a las partes se facilitase al árbitro los extremos y pormenores del preacuerdo alcanzado por la mesa negociadora del convenio, finalmente no ratificado por la asamblea de trabajadores afectados.
  
6. En cuanto a su fundamentación y base jurídica, la adopción por parte del Consell de la Generalitat Valenciana de un arbitraje obligatorio para poner fin, en la medida de lo posible, al conflicto suscitado y restablecer la paz social en el sector de transporte de viajeros por carretera de la provincia de Castellón, encuentra su fundamento en la concurrencia, en el presente caso, de los requisitos establecidos en el artículo 10 del RD Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, oportuna y debidamente interpretado por el Tribunal Constitucional en Sentencia nº 11/1981, de 8 de abril, que en su fundamento jurídico decimonoveno viene a considerar este arbitraje obligatorio como ?medio idóneo de solución posible en tan excepcionales casos- siempre que se garanticen las condiciones de imparcialidad del árbitro.
  
7. Respecto a las características adicionales del presente arbitraje, cabe señalar que se trata de un arbitraje en equidad. Esto significa que en cierto modo, el árbitro debe suplir la capacidad negociadora fracasada de las partes, la capacidad creadora de normas que corresponde a los agentes sociales en virtud de su autonomía colectiva. No obstante, el laudo no puede proceder a redactar el articulado completo del nuevo convenio colectivo ni afrontar todas las cuestiones implicadas en la negociación del mismo, muchas de las cuales no han sido siquiera abordadas por los negociadores.
  
El laudo no puede sustituir totalmente la función negociadora de las partes, ni afrontar cuestiones no abordadas en la negociación, ni dar respuesta a alegaciones genéricas no concretadas. Debe resolver aquellos puntos respecto de los cuales ha fracasado la negociación, teniendo en cuenta la diversidad de posturas de las partes que ha provocado el conflicto. Se trata en definitiva de dar respuesta a los objetivos de la huelga y, esto es muy importante, a las cuestiones concretas que en relación con ellos se han suscitado en el desarrollo de la misma y de este procedimiento arbitral.
  
Queda por ello al árbitro la no fácil tarea de presumir el inexistente punto de equilibrio negociador sobre los puntos efectivamente controvertidos y debatidos en el proceso arbitral y sus inmediatos antecedentes, dejando la puerta abierta para que a través de los mecanismos negociales y salvados los iniciales obstáculos se complete la labor negociadora de las partes.
  
Esta tarea arbitral exige recabar de las partes la máxima información oral y documental a fin de poder resolver del modo más equitativo posible, que en el presente supuesto significa aproximarse, en la medida de lo razonable y con las limitaciones propias de la figura de un tercero ajeno, a los intereses concurrentes de las partes negociadoras.
  
Durante el proceso arbitral se ha podido constatar un progresivo acercamiento de las posturas de los protagonistas en el camino negociador, plasmado en la estrecha discrepancia final del preacuerdo alcanzado y no ratificado en la reunión del pasado día 25 de noviembre de 2002.
  
8. Nacido este laudo a partir de un proceso negociador y adquiriendo la eficacia de un convenio colectivo, deja en vigor todo el contenido normativo del Convenio anterior, salvo aquellas materias directamente abordadas por esta propia resolución. Esto conduce a aconsejar que una vez dictado, se proceda a una refundición normativa que facilite un mejor y más claro conocimiento de la normativa sectorial aplicable.
  
Del mismo modo, una vez denunciada la finalización de la vigencia del presente laudo, mientras no se adopte un nuevo Convenio, quedarán en vigor sus cláusulas normativas, esto es, el propio cuerpo del laudo.
  
9. Finalmente, en atención a la paz laboral que el laudo y su correcta aplicación deben garantizar, este árbitro, desde la prudencia y respeto, se permite hacer una última recomendación dirigida a las partes y a las autoridades públicas.
  
A los trabajadores y sindicatos para que, siendo consciente de la situación socio-laboral del colectivo de trabajadores afectado, recuperen la normalidad en las actividades atajando la espiral de tensión y restableciendo un adecuado clima de diálogo.
  
A los empresarios afectados, para la retirada y cese de efectos de cualesquiera sanciones se hayan podido adoptar legítimamente con fundamento en los eventuales incumplimientos de algunos trabajadores que hayan tenido lugar durante el proceso negociador y durante la huelga consecuente.
  
A las autoridades públicas a los efectos de que de ser jurídicamente posible, eviten la imposición de sanciones a las empresas por incumplimientos de los servicios esenciales decretados de los que difícilmente son responsables.
  
A la vista de las consideraciones anteriores, las posturas de las partes y su evolución, he resuelto:
  
I. Ámbito funcional
  
El presente laudo será de aplicación a todas las empresas y trabajadores del sector de transporte de viajeros por carretera y urbanos de la Provincia de Castellón.
  
II. Vigencia
  
El presente laudo arbitral tendrá una vigencia de tres años, abarcando el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004, para acomodarlo a la finalización del proceso de la asimilación de la antigüedad.
  
Entrará en vigor al día siguiente de su dictado. No obstante, las condiciones económicas establecidas en el mismo tendrán carácter retroactivo desde el día 1 de enero de 2002. Salvo los atrasos correspondientes al año 2002 que las empresas podrán abonar en tres plazos, debiendo estar percibidos totalmente antes del 28 de febrero de 2003.
  
Al término de su vigencia se prorrogará de año en año si no media denuncia expresa de alguna de las partes legitimadas para instar el correspondiente convenio colectivo. La denuncia deberá producirse dentro del plazo de dos meses anteriores a su vencimiento o al de sus respectivas prórrogas, si las hubiere.
  
Producida la denuncia del laudo y mientras no se acuerde un nuevo Convenio Colectivo que lo sustituya, quedará en vigor el contenido normativo del mismo.
  
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores y a tenor de lo establecido en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores, en los términos establecidos en el Título III de dicho Texto Legal, las partes legitimadas para ello podrán adoptar un Acuerdo válido que sustituya al presente laudo, cesando desde entonces la vigencia de éste.
  
III. Retribuciones
  
Las mejoras retributivas que se establecen atienden la revisión salarial para cada uno de los años de vigencia del laudo.
  
Año 2002:
  
Desde 1 de enero incremento de 45 euros en el salario base en cada una de las 15 pagas.
  
A los conceptos de horas extras y dietas fuera de plaza se les aplicará el IPC real resultante a final de año, aplicándose a cuenta un incremento de un 3% a estos conceptos.
  
Los cálculos para el incremento del 2002 se harán teniendo en cuenta la tabla de salarios del año 2001, sin que pueda considerarse tabla definitiva en cuanto puede haber pronunciamiento jurisdiccional sobre el tema.
  
Año 2003:
  
Se garantiza el IPC real más un 1,10% sobre el salario base, abonando desde el 1 de enero el IPC previsto más 1 punto al salario base.
  
En el resto de los conceptos salariales, salvo dietas en plaza, se garantiza el IPC real más 1 punto.
  
Año 2004:
  
Los mismos criterios que para el año 2003.
  
IV. Antigüedad
  
Se mantiene vigente el régimen de antigüedad establecido en el artículo 20 del Convenio Colectivo del Sector Transporte de Viajeros por Carretera y Urbanos de la Provincia de Castellón 2000-2001.
  
V. Incapacidad temporal
  
En los supuestos de incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional se abonará el 100% de la base reguladora desde el primer día.
  
VI. Refundicion del articulado de la normativa aplicable
  
En la refundición a la que se alude en el punto 8 de los antecedentes del presente laudo se incorporarán al convenio colectivo el laudo arbitral de ámbito nacional derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral para las empresas de transporte por carretera, en lo que se refiere al subsector de transporte de viajeros por carretera, en los capítulos de clasificación profesional y régimen disciplinario.
  
VII. Comisión paritaria
  
Se constituye una comisión paritaria integrada por seis representantes de cada una de las partes, empresarial y social, para entender, de manera preceptiva, de cuantas cuestiones de carácter general referentes a la aplicación del presente laudo le sean sometidas por cualquiera de las partes. Entenderá igualmente de las propuestas de inaplicación del régimen salarial que los interesados puedan someterle.
  
Cuando la Comisión Paritaria no logre en su seno acuerdos para la solución de los conflictos a ella sometidos en virtud de lo previsto en el apartado anterior, las partes se obligan a acudir a los procedimientos del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana establecidos en el III Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de la Comunidad Valenciana y su Reglamento de 9 de mayo de 2001 (DOGV núm. 4070, de 23 de agosto de 2001).
  
Del mismo modo se acudirá a los indicados procedimientos en los supuestos de conflictos colectivos de aplicación e interpretación de este laudo y cualesquiera otros que afecten a trabajadores y empresas incluidos en su ámbito de aplicación.
  
VIII. Cláusula final
  
Salvo las previsiones establecidas en el presente laudo que le puedan afectar, se mantiene vigente en su contenido normativo el Convenio Colectivo del Sector de Transporte de Viajeros por Carretera de la Provincia de Castellón con vigencia para los años 2000 y 2001.