Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4689, del 11-02-2004 (2004/1232)

Notificación por edicto del acuerdo de iniciación del expediente sancionador 023/04 SAN, seguido contra Darío Juárez Albero.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4689

Fecha DOGV
:   11-02-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/1232


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación por edicto del acuerdo de iniciación del expediente sancionador 023/04 SAN, seguido contra Darío Juárez Albero. [2004/X1232]
  
De conformidad con lo acordado por esta Subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30,1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente Edicto se procede a notificar a Darío Juárez Albero, con último domicilio conocido en Avenida Elche, s/n 03142 Cocentaina (Alicante), Acuerdo de Iniciación de fecha 16 de enero de 2004 dictado en el expediente sancionador 023/04 SAN, que se está tramitando en la Unidad de Inspección del Territorio de esta Conselleria:
  
Visto que en fecha 11 de marzo de 2003 se pudo constatar mediante visita de inspección efectuada por el Seprona de la Guardia Civil de Ibi que Darío Juárez Albero, procedía a la recogida de aceites y grasas de frituras de establecimientos públicos (bares y restaurantes), con el vehículo Seat Córdoba Var. 1.9 SDI, matrícula A-3503-DJ y un remolque de su propiedad, sin haber realizado el correspondiente registro administrativo, infringiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Visto que, los hechos referidos pueden constituir una infracción de acuerdo con lo tipificado en el artículo 73.5.a) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, calificada como leve, y cuya sanción viene determinada en el artículo 75.2.b) de la citada Ley, el cual establece:
  
Las infracciones previstas en esta Ley podrán dar lugar a la imposición de todas o de algunas de las siguientes sanciones:
  
b) En el caso de infracciones leves:
  
Multa de hasta 601,02 €, excepto en los residuos peligrosos, que será de hasta 6.010,13 €.
  
En el presente supuesto correspondería una sanción de 301 € (trescientos un euros).
  
Visto que, con independencia de la sanción que proceda el infractor esta obligado a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, según el artículo 78 de Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, consistente en este caso en la inscripción en el registro administrativo correspondiente justificando la misma ante el Área de Inspección del Territorio mediante la presentación de la documentación acreditativa, y si no procediera a ello, se podrá acordar, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, la imposición de multas coercitivas, que no superaran el 20% de la sanción establecida, o la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
  
Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, siendo órgano competente para la resolución del presente expediente el director general de Calidad Ambiental, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.1.a) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
A la vista de lo dispuesto en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y lo establecido en el Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, se acuerda:
  
La incoación del correspondiente expediente sancionador a Darío Juárez Albero, por una presunta infracción tipificada en el artículo 73.5.a) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, al ejercer la actividad descrita sin haberse efectuado el correspondiente registro administrativo.
  
Asimismo se acuerda nombrar instructora y secretaria del expediente sancionador, a Amparo Renau Almela y Susana Carrasco Marí respectivamente, a quienes se les notificará en forma este nombramiento, así como a los inculpados, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley 30/1992, RJ-PAC y en el artículo 13.2 del RD 1.398/1993 para que en cualquier momento del procedimiento puedan ser objeto de recusación a tenor de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del la citada Ley 30/1992, RJ-PAC.
  
En virtud de lo establecido en el art. 16.1 del RD 1.398/1993, se le concede un plazo de quince días contados a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga prueba concretando los medios de que pretenda valerse, significándole que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, el presente acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución con los efectos previstos en los arts 18 y 19 del RD 1.398/1993.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse dictado y notificado éste se producirá la caducidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 de la citada Ley 30/1992, de RJ-PAC.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.