Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8879, del 11-08-2020 (2020/6564)

Información pública de la resolución de la adjudicación de la condición de agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada ZU.7 de las Normas Subsidiarias.
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Número DOGV
:   8879

Fecha DOGV
:   11-08-2020

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2020/6564


Fecha del documento
:   05-08-2020

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Borriol

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Borriol
    * plan de urbanismo
    * administración local

Información pública de la resolución de la adjudicación de la condición de agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada ZU.7 de las Normas Subsidiarias. [2020/6564]  
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en fecha 25 de junio de 2020 ha adoptado el siguiente acuerdo:  
  
«5. Expediente 2017/2019. Urb. 2019/0553: Resolución Adjudicación y Finalización PAI Sector ZU-7 (DUCA)  
Visto el expediente tramitado para la resolución de la condición de Urbanizador de la mercantil Desarrollos Urbanísticos Costa del Azahar, SL, en relación con el Programa de Actuación Integrada del suelo apto para urbanizar (SAU) residencial ZU7 de las Normas Subsidiarias de Borriol.  
Conforme consta en el expediente administrativo, mediante acuerdo plienario de fecha 27 de febrero de 2001 se aprobó definitivamente el programa de actuación integrada y se adjudicó a la mercantil Desarrollos Urbanísticos Costa del Azahar, SL, la condición de agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada ZU7 de las Normas Subsidiarias de Borriol, y a tal efecto, en fecha 14 de marzo de 2001 se firmó el convenio urbanístico.  
En fecha 21 de septiembre de 2001 se inscribe en el Registro de la Propiedad el proyecto de reparcelación.  
En el citado convenio urbanístico suscrito por la mercantil Desarrollos Urbanísticos Costa del Azahar, SL, y el Ayuntamiento de Borriol, se dispone en su cláusula tercera una serie de compromisos en relación con el tratamiento de las aguas residuales y en su clausula quinta se establecen los plazos de ejecución de las obras de urbanización con el siguiente tenor: «Plazos de Ejecución: El urbanizador se compromete a cumplir sus obligaciones en los siguientes plazos máximos: 1. Se iniciarán las obras de urbanización en un plazo de tres meses, a partir de la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad, el Proyecto de Reparcelación. 2.Dichas obras de urbanización terminarán en el plazo no superior a dieciocho meses contados desde la fecha de su inicio.»  
Asimismo, en el citado expediente, se constata que se depositaron tres avales que venían a garantizar la completa ejecución de las obras de urbanización del Programa de Actuación Integrada ZU7, y que se corresponden con el desglose siguiente:  
- Fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del programa: 41.823,80 euros.  
- Fianza para garantizar las obligaciones derivadas de la construcción de una depuradora: 42.280,55 euros.  
- Fianza para garantizar la obra de urbanización: 821.538,96 euros. (correspondiendo el mismo al 100 % del coste de las obras de urbanización del programa garantizado conforme al otorgamiento de la licencia de obras simultaneas expedientes 86/01 y 159/01)  
Consta en el expediente certificado final de obra parcial referido a las obras de urbanización de fecha 3 de diciembre de 2004 en el cual se justificaba por el arquitecto redactor del proyecto de urbanización que las obras se habían ejecutado en un 90 %.  
A tal efecto, y dado el nivel de ejecución de las obras de urbanización, se depositó por la mercantil que tenía y todavía tiene la condición de agente urbanizador, con el objeto de garantizar lo que resta de la obra de urbanización, un aval por la cantidad de 82.153,90 euros que sustituía al de 821.538,96 euros. De tal forma que en la actualidad y según obra en el citado expediente administrativo, se constata la existencia de los siguientes avales:  
- Fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del programa: 41.823,80 euros.  
- Fianza para garantizar las obligaciones derivadas de la construcción de una depuradora: 42.280,55 euros.  
- Fianza para garantizar la obra de urbanización pendientes de ejecutar: 82.153,90 euros. (correspondiendo la misma al 10 % del total 100 % de las obras de urbanización)  
Las obras de urbanización se encuentran pendientes de finalización.  
Mediante acuerdo plenario de fecha 31 de octubre de 2019 se acuerda, entre otros, incoar expediente a los efectos de llevar a cabo la resolución de la adjudicación de la condición de Agente Urbanizador de la sociedad mercantil Desarrollos Urbanísticos Costa del Azahar, SL, del Programa de Actuación Integrada, Z.U.7 de las Normas Subsidiarias de Borriol por caducidad de la adjudicación, con cancelación de la programación, sin que ello comporte la cancelación de los instrumentos de planeamiento y gestión, soporte para la finalización de la urbanización.  
La incoación deriva de un incumplimiento culpable del contratista.  
Se propone la incautación de las garantía depositadas.  
Notificado el acuerdo a todos los interesados y en particular al agente urbanizador y a las entidades avalistas o aseguradoras no se han presentado alegaciones en relación con la resolución de la adjudicación, la incautación de las garantías depositadas, así como de los posibles daños y perjuicios que se les haya podido causar a los interesados.  
En fecha 15 de junio de 2020 se emite informe por los servicios jurídicos municipales, el cual en sus fundamentos de derecho señala:  
«Normativa jurídica de aplicación al objeto del presente informe.  
El referenciado Programa fue aprobado y adjudicado por el Ayuntamiento de Borriol por Acuerdo Pleno de fecha 27 de febrero de 2001, al amparo de lo dispuesto en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, (LRAU) y vigente el Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP).  
Por tanto la legislación sustantiva aplicable a la resolución del programa serán dichas normas con las siguientes especialidades contenidas en el TRLCAP, la Ley 10/1.994, de 19 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de creación del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (LCJC), la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) y la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en cuanto al procedimiento:  
- Dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (Artículo 96.1 del TRLCAP y artículo 10, apartado 8, inciso c), y apartado 10, de la LCJC).  
- Dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones: No será necesario (Disposición transitoria cuarta de la LOTUP).  
- Publicación en el DOGV, previa comunicación al Registro de Programas de Actuación (art. 162.8 de la LOTUP).  
- Plazo de resolución: 8 meses (Artículo 162.9 de la LOTUP), debiéndose acordar por la Administración, la suspensión del procedimiento al amparo del artículo 22.1.d de la LPAC en el caso de que sea necesario.  
Será aplicable así mismo en cuanto al procedimiento la LPAC y el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, vigente en la actualidad.  
Valoraciones jurídicas en orden a la existencia de causa de resolución de la adjudicación.  
De acuerdo con el artículo 32 de la LRAU en los Programas de Actuación Integrada «Si la Administración Local optase por la gestión indirecta del Programa se formalizará en su documentación un convenio urbanístico a suscribir, de una parte, por el adjudicatario particular de la Actuación y, de otra, tanto por la Administración actuante como, en su caso, por aquellas otras que resolvieran asumir compromisos en dicha ejecución. En él se harán constar los compromisos y plazos que asumen la Administración y el Urbanizador, las garantías que este presta para asegurarlos y las penalizaciones a que se somete por incumplimiento.»  
  
En cumplimiento de dicho artículo se suscribió el convenio urbanístico que regulaba el compromiso por parte del Agente Urbanizador de ejecutar y llevar a efecto tanto la Alternativa Técnica como la Proposición Económica aprobada en el acuerdo plenario junto con las condiciones especificadas en el mismo.  
La clausula tercera del convenio recogía el tratamiento de las aguas residuales con varias alternativas y en su caso la realización de una estación depuradora. Por el urbanizador se han incumplido dichos compromisos que se derivan de lo dispuesto por la Comisión territorial de Urbanismo de Castellón en sesión 20 de julio de 2000 y del acuerdo de aprobación y adjudicación definitivo de fecha 27 de febrero de 2001 y el convenio urbanístico suscrito en fecha 14 de marzo de 2001.  
La clausula quinta del convenio recogía los plazos de ejecución para el cumplimiento de las obligaciones por parte del urbanizador estableciendo como plazos máximos tres meses para iniciar las obras de urbanización a partir de la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad del proyecto de Reparcelación y dieciocho meses para su terminación, contados desde la fecha de su inicio.  
El proyecto de reparcelación se inscribe en el Registro de la Propiedad en fecha 21 de septiembre de 2001.  
La mercantil que ostenta la condición de Agente Urbanizador ha incumplido el plazo máximo para cumplir con sus obligaciones y los plazos y obligaciones establecidos conforme figura en el convenio urbanístico suscrito por la mercantil, agente urbanizador, y por el Ayuntamiento.  
En la actualidad, tal y como se ha expuesto en los antecedente, resta por culminar un 10 % de las obras de urbanización y en ningún momento se llegó a ejecutar la estación depuradora. La urbanización se encuentra pendiente de finalización, principalmente las conexiones con el casco urbano, fundamentales para integrar la urbanización con el mismo sin que por el agente urbanizador se haya efectuado actuación alguna, tanto administrativa como material, desde hace mucho tiempo, existiendo un incumplimiento culpable del mismo.  
De acuerdo con la clausula sexta del convenio, que se reproduce en el apartado siguiente, los tres primeros meses de demora son objeto de penalidades. Si transcurre dicho plazo de tres meses de demora y subsistiese el incumplimiento de los plazos y demás compromisos la demora determina la caducidad según los dispuesto en el art. 29.10 de la LRAU.  
De acuerdo con el artículo 29.10 «El incumplimiento del plazo de ejecución de un Programa determinará, salvo prórroga justificada en causa de interés público, la caducidad de la adjudicación. El adjudicatario que incumpla sus compromisos puede ser objeto de las penas contractuales previstas en el propio Programa y ser, en casos graves, privado de su condición de Urbanizador. «  
El artículo 29 apartado 13 de la LRAU dice lo siguiente: «Las relaciones derivadas de la adjudicación del programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que estas no contradigan lo dispuesto por esta Ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que reglamentariamente sean desarrollados.  
  
La resolución de la adjudicación se acordará por la Administración actuante, previo dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación...»  
El TRLCSP, en su Título V, sobre la extinción de los contratos, Capítulo III, artículo 111 (causas de resolución), dispone que: «Son causas de resolución del contrato: (?)  
e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista (?)»,  
h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. (...)  
Por tanto, de acuerdo con el convenio suscrito y los artículos 29.10 y 29.13 de la LRAU en relación con el artículo 111.e y h del TRLCSP, concurre causa de resolución, por incumplimiento de los plazos y de los demás compromisos asumidos, y procede declarar la caducidad de la adjudicación y la cancelación del programa, sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan por incumplimiento culpable del contratista.  
  
Incautación de las garantías depositadas y daños y perjuicios.  
De acuerdo con la clausula sexta del convenio «durante los tres primeros meses de demora, y salvo que procediese la aplicación de prórroga justificada en causa de interés público, el agente Urbanizador asumirá el pago al Ayuntamiento de Borriol de una indemnización equivalente a 10.000 ptas. por cada día que exceda del plazo máximo de terminación establecido en al Cláusula Cuarta del presente convenio.  
Si transcurrido dicho plazo de tres meses de demora subsistiese el incumplimiento por parte del Agente Urbanizador de los plazos y demás compromiso adquiridos en la alternativa técnica, dicha demora determinará, salvo prorroga justificada en causas de Interés Público, la caducidad de la adjudicación, según lo dispuesto por el art. 29.10 de la LRAU, anteriormente referenciada, y como penalidad, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, además de las sumas anteriormente indicadas, la pérdida de la fianza depositada; todo ello sin perjuicio de la previa tramitación del oportuno expediente con audiencia del adjudicatario.»  
En relación a los avales depositados en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el agente urbanizador hay que tener en cuanta también el artículo 113 aparatados 4 y 5 del TRLCSP y la doctrina emanada el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. En los casos en que sea de aplicación la legislación que previene la incautación de la fianza de forma automática, como es el caso, el acuerdo definitivo se pronunciará sobre dicho extremo y se acordará simultáneamente la instrucción del correspondiente expediente administrativo contradictorio para la determinación de los daños y perjuicios, a fin de concretar el quantum indemnizatorio, en su caso, con la correspondiente liquidación de cuentas entre las partes. Este expediente será independiente del de resolución y cancelación del programa.  
Por tanto, procede la incautación de las garantías depositadas y en su caso, resuelta la adjudicación, instruir el correspondiente expediente administrativo contradictorio para la determinación de los daños y perjuicios.  
Prohibición para contratar.  
De acuerdo con el artículo 20 del TRLCSP «En ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:  
«...  
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.  
...»  
Resuelta la adjudicación y a la vista de la misma, deberá iniciarse, en su caso, expediente para la declaración de la prohibición para contratar.  
De acuerdo con el artículo 29.13 de la LRAU, y dado el avanzado estado de ejecución de las obras, la totalidad del ámbito puede culminarse con la ejecución de las obras pendientes o en su caso con actuaciones aisladas. No procede la sujeción del ámbito de la Actuación a las previsiones del artículo 10 de la LRAU.  
A tal efecto la resolución de la adjudicación llevará aparejada la cancelación de la programación pero en ningún caso la cancelación de los instrumentos de planeamiento y gestión, soporte para la finalización de la urbanización.  
Por todo lo expuesto el Ayuntamiento Pleno acuerda, por 10 votos a favor y 3 abstenciones de la Concejala Vicent, de los Concejales del Grupo Veïns de Borriol, Acuerda:  
  
Primero  
Resolver la adjudicación de la condición de Agente Urbanizador de la sociedad mercantil Desarrollos Urbanísticos Costa del Azahar, SL, del Programa de Actuación Integrada, Z.U.7 de las Normas Subsidiarias de Borriol por caducidad de la adjudicación, con cancelación de la programación, sin que ello comporte la cancelación de los instrumentos de planeamiento y gestión, soporte para la finalización de la urbanización.  
La incoación deriva de un incumplimiento culpable del contratista.  
  
Segundo  
Incautar las garantía depositadas»  
  
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos:  
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido (salvo que se trate de un acto dictado por delegación en cuyo caso corresponderá la resolución al órgano delegante), en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.  
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que este haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta.  
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.  
En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.  
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente.  
  
Borriol, 5 de agosto de 2020.- El alcalde: Héctor Ramos Portolés