Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9267, del 31-01-2022 (2022/332)

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2021, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de centro de clasificación y valoración de residuos de la construcción y demolición en el término municipal de Santa Pola. Expediente 115/2019/AIA.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   9267

Fecha DOGV
:   31-01-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2022/332


Fecha del documento
:   15-10-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
    * Santa Pola
    * impacto ambiental

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2021, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de centro de clasificación y valoración de residuos de la construcción y demolición en el término municipal de Santa Pola. Expediente 115/2019/AIA. [2022/332]  
Declaración de impacto ambiental  
Expediente: 115-2019-AIA.  
Título: Centro de clasificación y valoración de residuos de la construcción y demolición.  
Promotor: Optimización en Reciclaje de Residuos, SL.  
Órgano sustantivo: Ayuntamiento de Santa Pola.  
Ref. órgano sustantivo: 2018/32.  
Localización: calle Fontaneros, 55 de Santa Pola (Alicante).  
  
Descripción del proyecto.  
La empresa Optimización en Reciclaje de Residuos, SL, promueve un proyecto de centro de clasificación y valoración de residuos de la construcción y demolición (RCD) en la calle Fontaneros, 55, polígono industrial IN-2, del término municipal de Santa Pola (Alicante).  
La actividad se instalará en una parcela de 3.518 m² de superficie sin edificar, vallada y con acceso desde la calle Fontaneros. Junto a la puerta de acceso peatonal, se instalará la zona de administración y los vestuarios y aseos de los trabajadores, distribuidos en tres edificios prefabricados, cada uno de ellos con 14 m² de superficie. A continuación, la zona de almacenamiento de contenedores vacíos de RCD y seguidamente la zona de clasificación y valorización de RCD, que cuenta con una zona para la descarga de los residuos (playa de descarga) junto a la que se hallan los contenedores para el almacenamiento de los residuos reutilizables por otros gestores, la zona de cribado y acopio del material triturado y la zona de aparcamiento de maquinaria. No dispondrá de planta fija de trituración. La parcela linda al norte con una parcela sin ocupar, al oeste con la calle Pintores y al sur con dos naves industriales.  
Al objeto de adecuar las instalaciones, la playa de descarga (de 180 m² de superficie) se encuentra techada, con pavimento de hormigón impermeabilizado y canaletas para la recogida de derrames. Cuenta con una red fija de agua, con un depósito de 10 m³ y equipo de bombeo para abastecer el sistema de aspersión que será controlado manual o automáticamente. La instalación dispone de una red de drenaje para recogida de aguas procedentes de la escorrentía con filtro separador de hidrocarburos y grasas y depósito subterráneo para su almacenamiento.  
Los residuos se recogerán en los contenedores de obras que la empresa gestora presta en su zona de trabajo. También se aceptarán residuos procedentes de demoliciones y excavaciones. Los residuos llegarán a la instalación en contenedores metálicos estancos que se descargarán en la playa de descarga donde sufrirán operaciones de clasificación y triaje. Los operarios separarán los residuos peligrosos que, accidentalmente, puedan llegar mezclados y clasificarán los RCD asistidos por maquinaria ligera que permita separar la fracción inerte de material reutilizable, la fracción de materiales que se valorizarán por otras empresas gestoras y la fracción no reutilizable. El material reciclable se someterá a cribado y trituración (operaciones de valorización de residuos R5) para convertirlo en árido reutilizable, separado en diferentes fracciones según su granulometría, que se almacenarán en superficie en acopios que no superarán los 3 metros de altura. Estos materiales se destinarán a la venta o utilización en obras de restauración, acondicionamiento, relleno o con fines de construcción. Los residuos destinados a valorizar por otros gestores (madera, plástico, metal, cartón, vidrio, etc.) se clasificarán y almacenarán en contenedores adecuados hasta su retirada posterior por gestores autorizados (operaciones de valorización R13). Dispondrá de un contenedor cerrado para el almacenamiento exclusivo de los residuos peligrosos que lleguen accidentalmente mezclados entre los RCD. La fracción no reutilizable, catalogada como rechazo, se acopiará en un contenedor para su trasporte a vertedero controlado. Se llevará un control documental de las entradas y salidas de residuos en las instalaciones. El promotor cumplirá con las obligaciones de información a las administraciones públicas competentes establecidas en la normativa vigente.  
Los códigos LER de los residuos para los que se solicitan las correspondientes autorizaciones administrativas como gestor de residuos, corresponden principalmente al grupo 17 (residuos de la construcción y demolición, incluida la tierra excavada de zonas contaminadas). La relación descrita en la documentación técnica es la siguiente:  
- Valorización R5: 07·09·04, 10·12·06, 10·12·08, 10·13·14, 17·01·01, 17·01·02, 17·01·03, 17·01·07, 17·03·02, 17·05·04.  
- Valorización R13: 15·01·01, 15·01·02, 17·02·01, 17·02·02, 17·02·03, 17·03·02, 17·04·01, 17·04·02, 17·04·03, 17·04·04, 17·04·05, 17·04·06, 17·04·07, 17·04·11, 17·06·04, 17·06·05, 17·08·02.  
La capacidad de tratamiento anual prevista para las operaciones de valorización R5 se estima en 45.000 toneladas/año, con un tratamiento aproximado de 170 toneladas/día y un almacenamiento máximo de 90 toneladas de estos residuos. La capacidad máxima de almacenamiento prevista para los residuos valorizables por otros gestores (R13) es de 150 toneladas.  
La relación de maquinaria que intervendrá en el proceso incluye: pala mixta, cinta transportadora, criba mecánica y manual y trituradora de mandíbulas móvil. Esta última se alquilará cuando se considere necesario porque exista un acopio suficiente de fracción pétrea reutilizable para la fragmentación.  
La instalación dispone de suministro de agua potable procedente de la red municipal. Se dispone de contrato con una compañía abastecedora de agua para el suministro del agua necesaria para abastecer el sistema de aspersión para contención y reducción de partículas en suspensión.  
  
Tramitación administrativa.  
En fecha 29 de noviembre de 2019, el ayuntamiento de Santa Pola (órgano sustantivo) dio traslado a este órgano ambiental de la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto. La misma se acompañaba de:  
- Certificado de compatibilidad urbanística de fecha 13 de febrero de 2018, de carácter favorable.  
- Estudio de impacto ambiental de fecha 28 de marzo de 2018.  
- Proyecto de instalación de la planta, de fecha 21 de mayo de 2018.  
- Proyecto memoria para la licencia ambiental de fecha 21 de mayo de 2018.  
- Proyecto memoria para la licencia ambiental de fecha 24 de junio de 2019.  
- Estudio acústico de fecha 25 de junio de 2019.  
- Anexo al proyecto de fecha 6 de noviembre de 2019.  
- Certificado de información pública de la secretaria de ayuntamiento de fecha 28 de noviembre de 2019, junto con la alegación presentada durante el trámite.  
- Informes de los servicios técnicos municipales de fechas 11 de diciembre de 2018, 2 de abril de 2019, 10 de junio de 2019, 4 de octubre de 2019 y 25 de noviembre de 2019 con los reparos del órgano sustantivo a la documentación técnica presentada en los aspectos de competencia municipal y con las actuaciones realizadas en relación con las alegaciones presentadas durante la información pública.  
- Alegaciones presentadas por el titular en fechas 21 de enero de 2019, 28 de junio de 2019 y 6 de noviembre de 2019 para subsanar los reparos de los informes anteriores.  
De acuerdo con el certificado remitido, el expediente ha sido sometido a información pública durante un periodo de 30 días mediante inserción del edicto de información pública en el tablón de edictos del ayuntamiento, en la página web y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 185 de fecha 27 de septiembre de 2019. Asimismo, se ha dado audiencia a los vecinos inmediatos mediante notificación, presentándose alegaciones en fecha 14 de noviembre de 2019 que refieren el desplazamiento, en condiciones meteorológicas adversas, de residuos y basura hacia los colindantes, lo cual sugiere que el proyecto se encuentra parcial o totalmente ejecutado. Dado los antecedentes administrativos proporcionados por el órgano sustantivo, se considera que el promotor inició las actuaciones de legalización de la actividad con anterioridad a la fecha a la entrada en vigor de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre que modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y no le es de aplicación la modificación introducida en el artículo 9.1, por lo que se continúa con la tramitación del procedimiento.  
En fecha 6 de abril de 2020 el órgano sustantivo remitió documentación adicional presentada por el promotor para subsanar requerimientos de los informes emitidos por el órgano sustantivo y en respuesta a las alegaciones presentadas durante la información pública del expediente.  
En fecha 10 de diciembre de 2020 este órgano ambiental remitió al órgano sustantivo y al promotor requerimiento de documentación adicional y ampliación en los contenidos de la documentación técnica presentada. En fecha 29 de enero de 2021 el promotor remitió documentación técnica para subsanar el expediente que fue ratificada por el órgano sustantivo con el envío realizado el 13 de abril de 2021 a través de la plataforma informática Táctica. Se acompañaba de:  
- Solicitud del promotor de tramitación del expediente por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.  
- Estudio de impacto ambiental de fecha 20 de enero de 2020 (en adelante, ESIA).  
  
Consideraciones ambientales.  
La actividad se desarrollará en el polígono industrial IN-2, en suelo urbano industrial. Es compatible con la normativa y los usos del polígono, de acuerdo con el certificado de compatibilidad urbanística que consta en el expediente.  
Consultado la cartografía de la infraestructura valenciana de datos espaciales (IDEV), se observa que la instalación no se encuentra en el ámbito de la Red Natura 2000 ni de otros espacios naturales protegidos. Se encuentra incluida en el ámbito de conexión del plan de acción territorial de la Infraestructura verde del Litoral (PATIVEL). Existe terreno forestal estratégico PATFOR a menos de 50 metros de la instalación, separado por una parcela sin edificar y por una vía pública en la cual transcurre la vía pecuaria Colada de la Cañada. La vulnerabilidad de los acuíferos en la zona es media. El polígono dispone de acceso desde la carretera CV-865.  
Como alternativas al proyecto, el ESIA considera que no es necesario plantear otras alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas. Únicamente considera la alternativa 0, de no realización del proyecto. Justifica la propuesta adoptada por las características del terreno, la disponibilidad de la zona y los efectos positivos que producirá un centro de gestión y reciclado de este tipo de residuos en las proximidades del lugar donde se producen que reducirá los impactos ambientales derivados de su transporte a vertedero (emisión de gases de efecto invernadero, consumo de combustibles, etc), además de aminorar las cantidades destinadas a su depósito y se favorecerá la reutilización de los mismos mediante el proceso de valoración.  
El ESIA incluye una descripción del proyecto y del inventario ambiental de la zona. Identifica y analiza las acciones del proyecto susceptibles de causar impactos ambientales significativos en las fases de construcción, explotación y abandono. Los factores del medio más relevantes sobre los que podría incidir el proyecto se considera que son la atmósfera, aguas superficiales, aguas subterráneas, suelo, fauna, vegetación, paisaje, población y medio socioeconómico, producidas principalmente durante la fase de funcionamiento del proyecto. Analiza los efectos, sobre dichos factores, derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves y catástrofes y justifica la no aplicación de este apartado al proyecto. Propone medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos significativos y establece un programa de vigilancia ambiental para garantizar su eficacia y cumplimiento.  
Las afecciones sobre la calidad del aire se podrían producir por las emisiones de polvo y la generación de ruidos, principalmente en la fase de explotación. Las tareas de transporte, descarga de residuos, y valorización de RCD (trituración, machaqueo, clasificación y vertido de los áridos) serán las principales fuentes de emisiones de partículas que pueden alterar la calidad del aire. Para minimizar los impactos negativos, se aplicarán las siguientes medidas correctoras:  
- La zona de valorización de la fracción pétrea dispone de una red fija de agua para aspersión/pulverización, filtro de mangas y un sistema de supresión de polvo con nebulizador de agua con tensioactivos. Toda la maquinaria de la instalación susceptible de producir polvo contará con un sistema de supresión de polvo por riego por aspersión. Se programarán riegos periódicos de las zonas susceptibles de acúmulo de polvo y su retirada periódica.  
- La playa de descarga contará con un cerramiento con cubiertas o similares que eviten la dispersión de emisiones. Dispondrá de cerramiento perimetral removible que permitirá su despliegue en condiciones de fuertes vientos. También se cubrirán, a modo de túnel, las cintas transportadoras. En todo el perímetro de la parcela, se instalará una pantalla vegetal capaz captar las partículas de polvo, así como de reducir la propagación de emisiones sonoras.  
- Se limitará la velocidad máxima de circulación de maquinaria y vehículos por la instalación a 5 km/h para evitar levantamiento de polvo. En las zonas de tránsito se practicarán riegos periódicos mediante cisterna móvil o un sistema de aspersión.  
- Los acopios se situarán de forma que queden protegidos de las corrientes de los vientos predominantes mediante el relieve del terreno, la disposición de la planta o la instalación de algún tipo de pantalla. La altura máxima de los acopios se limitará a 3 metros. Los contenedores de residuos valorizables (papel, cartón, envases y plástico) estarán provistos con una malla que permita su cierre. En caso de condiciones climáticas adversas que no pueda garantizarse la eficacia de las medidas correctoras, se reducirá la actividad de la planta, en especial dejarán de llevarse a cabo aquellas operaciones susceptibles de producir emisiones a la atmósfera.  
Para prevenir la contaminación acústica se propone la elección de maquinaria con bajas emisiones sonoras, su mantenimiento adecuado, ubicación del sistema de trituración en la zona central de la parcela, instalación de una pantalla vegetal y realización de auditorías acústicas para comprobar los niveles acústicos e implementar las medidas para su atenuación, si fuera necesario. Se incluye un estudio acústico que justifica que, en estado de explotación, por ubicarse la actividad en un polígono industrial y con las medidas protectoras adoptadas, no se transmitirán al exterior o a colindantes niveles de ruido superiores a los permitidos por la normativa.  
Hay que señalar que las instalaciones de tratamiento de residuos están catalogadas, con carácter general y, salvo que estén específicamente contemplados en otro apartado, como grupo B, código 09·10·09·07 en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Real decreto 100/2011, de 28 de enero, regulado en la Comunidad Valenciana por el Decreto 228/2018, de 14 de diciembre). La actividad cumplirá con los requisitos establecidos en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y demás normativa que le sea de aplicación.  
Para prevenir afecciones a la calidad de las aguas superficiales, subterráneas y del suelo, las instalaciones dispondrán de una red de drenaje, compuesta por canaletas e imbornales, para la recogida de las aguas pluviales que las conducirá a un depósito donde serán almacenadas para su reutilización posterior en el riego de las zonas verdes o en el sistema de aspersión para la reducción del polvo. A la entrada se ha instalado un separador de grasas e hidrocarburos para la limpieza de las aguas procedentes de la recogida. Esta red de drenaje de la parcela no tendrá ningún tipo de conexión con la red de saneamiento conectada al alcantarillado municipal. Las aguas sanitarias verterán a la red municipal de alcantarillado previo paso por una arqueta con pozo de registro. Las zonas susceptibles de que aparezcan residuos peligrosos mezclados con el resto de los residuos valorizables (únicamente se valorizan residuos no peligrosos) contarán con solera impermeabilizada y un sistema de canaleta para la recogida de los derrames accidentales que puedan producirse. El contenedor habilitado para el almacenamiento de los residuos peligrosos se situará sobre suelo impermeabilizado, con sistema de recogida de derrames y bajo techado. Se prestará especial atención en el mantenimiento de la maquinaria para evitar la pérdida de cualquier tipo de fluido tóxico.  
Se entiende que está garantizada la estanqueidad de la instalación del depósito subterráneo de almacenamiento de las aguas recogidas en la campa, sin fugas ni filtraciones al terreno.  
La actividad se desarrollará al aire libre en una zona de uso industrial, fuertemente antropizada y de escaso interés visual por lo que no se consideran relevantes los impactos sobre la fauna, vegetación y paisaje. Identifica la existencia de terreno forestal estratégico PATFOR y una vía pecuaria en las proximidades sin destacar incidencias sobre estos factores. La delimitación de los terrenos de la instalación se hará con un vallado de simple torsión de 2 metros de altura y una pantalla vegetal a fachada de viarios y colindantes, formado por especies arbustivas tipo tuya, con una proporción de tres unidades por cada metro lineal que reducirá la visibilidad del interior de las instalaciones.  
El impacto sobre la población se considera positivo pues la actividad contribuirá a la creación de puestos de empleo, mejorar la economía y favorecer la recogida y gestión de los residuos producidos en la zona de ubicación del proyecto.  
El ESIA incluye un apartado específico para justificar que el proyecto no es vulnerable frente a los riesgos de accidentes graves o catástrofes naturales derivados inundaciones, tormentas eléctricas, terremotos, incendios y almacenamiento de sustancias peligrosas. Indica la relación de equipos que intervendrán en la seguridad y limpieza de las instalaciones, entre los que se citan los extintores, equipos de recogida de derrames accidentales y equipos de seguridad individuales. Se establece un plan de emergencia con la finalidad de realizar con orden y eficacia las acciones previstas en respuesta a una situación de emergencia.  
Aunque el ESIA no lo menciona, Santa Pola está incluido en el listado de municipios donde se ha detectado el mosquito tigre, por lo que se deberán evitar diseños en la instalación que, como consecuencia de la lluvia o el riego, puedan dar lugar a acúmulos de agua que se conviertan en focos de cría de la especie. Por utilizar sistemas de dispersión de agua para evitar las emisiones de polvo, se estará a lo dispuesto en el Real decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Se establece un programa de vigilancia ambiental que prevé el control de la ejecución correcta de las medidas correctoras propuestas, así como detectar los impactos ambientales negativos que pudieran producirse estableciendo las medidas correctoras adicionales. Indica que se incluirá un sistema de vigilancia y control del transporte de los residuos y de la calidad del aire en cuanto a emisión de partículas y de ruidos. El seguimiento de las medidas se llevará a cabo por personal técnico cualificado, contratado durante el tiempo necesario para justificar el cumplimiento del programa.  
Este programa de vigilancia ambiental deberá incluir el programa de mantenimiento y limpieza adecuado de la red de drenaje de las aguas pluviales y del separador de grasas de manera que se garantice un funcionamiento eficaz. Incluirá también la vigilancia y control de las instalaciones y equipos que intervienen en la seguridad y limpieza de las instalaciones, así como del plan de emergencia. Deberá extenderse a toda la fase de funcionamiento del proyecto.  
Señalar que el control del correcto funcionamiento del sistema de tratamiento de los residuos y control y seguimiento del origen y destino de los residuos, conforme a lo dispuesto en la autorización en materia de gestión de residuos, constituyen asimismo medidas de vigilancia ambiental.  
  
Consideraciones jurídicas.  
Las instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales están sujetas a evaluación de impacto ambiental simplificada por corresponder a un supuesto recogido en el anexo II, grupo 9, apartado c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. En concordancia con el artículo 7.1 c el proyecto se ha sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria por haberlo solicitado así el promotor.  
El expediente ha observado los trámites previstos en la sección 1ª, capítulo II del título 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en las demás disposiciones que le son de aplicación.  
El artículo 13 del Decreto 176/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, atribuye a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental la competencia sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos.  
  
Por todo cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en uso de las atribuciones que ostento, resuelvo:  
  
Primero  
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de «Centro de clasificación y valoración de residuos de la construcción y demolición», promovido por Optimización en Reciclaje de Residuos, SL, en calle Fontaneros, 55, polígono industrial IN-2, de Santa Pola (Alicante), siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y de conformidad con las siguientes condiciones:  
1. Respecto al listado definitivo de residuos admisibles, quedará limitado por el alcance de la autorización sectorial, entre los propuestos por el promotor según la documentación aportada a este órgano. Se podrán incluir otros códigos LER que el órgano competente considere susceptibles de autorización, siempre y cuando su inclusión no conlleve la modificación sustancial del proyecto evaluado y no responda a supuestos en los que se exija la tramitación de un procedimiento de evaluación ambiental de acuerdo con la legislación sectorial vigente.  
2. Los contenedores de almacenamiento de residuos permanecerán cubiertos siempre que no se estén realizando trabajos de clasificación que requieran su apertura. La altura de los acopios de áridos no superará la altura de las pantallas o estructuras protectoras del viento.  
3. Periódicamente, o tras un periodo de luvias importante, se revisará la red de drenaje para la recogida de pluviales y se procederá a la limpieza y vaciado del separador de grasas, mediante gestor autorizado.  
  
4. Dada la proximidad a terreno forestal, resulta de aplicación el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. El promotor tomará todas las precauciones relativas a evitar originar incendios forestales, cumpliendo cuantas medidas preventivas se señalen en los planes de prevención de incendios que le afecten.  
5. Las acciones incluidas en el programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.  
6. En los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. A estos efectos, el promotor notificará al órgano ambiental el comienzo de las obras.  
  
Segundo  
Conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre:  
a) Publicar la presente declaración de impacto ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, así como en la sede electrónica.  
b) La presente declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.  
  
Tercero  
El órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, referidos tanto al contenido de la autorización como a la publicidad de la decisión.  
  
València, 15 de octubre de 2021.- El director general de Calidad y Educación ambiental: Joan Piquer Huerga.