Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7251, del 09-04-2014 (2014/3020)

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2013, del secretario autonómico de Justicia, por la que se acuerda ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación Integra Laboral de la Comunidad Valenciana y autorizar la disposición de la dotación en el marco del proceso de liquidación a efectos de satisfacción de sus deudas con terceros.
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Número DOGV
:   7251

Fecha DOGV
:   09-04-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2014/3020


Fecha del documento
:   15-11-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Gobernación y Justicia

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Gobernación y Justicia

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2013, del secretario autonómico de Justicia, por la que se acuerda ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación Integra Laboral de la Comunidad Valenciana y autorizar la disposición de la dotación en el marco del proceso de liquidación a efectos de satisfacción de sus deudas con terceros. [2014/3020]  
Visto el expediente sobre ratificación por el Protectorado del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato de la Fundación Integra Laboral de la Comunitat Valenciana, en adelante la Fundación, conforme a los siguientes,  
  
Hechos  
  
Primero. Con fecha de registro de entrada en el Registro General de la Consellería de Gobernación y Justicia de 6 de marzo de 2013 fue presentada la solicitud de ratificación el acuerdo de extinción adoptado por el Patronato de la misma, en fecha 22 de febrero de 2013, y protocolizado en escritura pública de 26 de febrero de 2013, autorizada por el notario del Colegio de Valencia, Luis Lorenzo Serra, protocolo número 423, así como de la autorización para disponer de la dotación en el mismo indispensable para poder satisfacer deudas con terceros.  
Segundo. La Fundación se inscribió por Resolución de fecha 29 de marzo de 2005, del secretario autonómico de Justicia e Interior de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, clasificándose con el carácter de fomento de la economía.  
Sus fundadores fueron Juan Barreto Fernández, Manuel Varón Vicente y Antonio Martínez Follana.  
La Fundación tiene por objeto la integración laboral, la formación y reciclaje, el fomento de la economía social, la promoción empresarial, la consultoría, el diseño de actuaciones de responsabilidad social corporativa y mecenazgo y la promoción laboral individual, colectiva e institucional.  
El último patronato inscrito en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana está integrado por:  
Presidente: 1. Juan Barreto Fernández. Vicepresidenta: 2. Manuela Encarnación Martínez Vázquez (hasta el 20.12.2015). Secretario patrono: 3. Luciano Martínez Riquelme. (hasta el 20.10.2021).  
La dotación inicial de la Fundación, fue de 30.000 euros en metálico  
  
Tercero. La causa legal alegada por la Fundación es la imposibilidad del cumplimiento de fin fundacional, de conformidad con la letra c, del artículo 31 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.  
Según la memoria justificativa aportada, el Patronato fundamentó la misma señalando lo siguiente:  
«Durante toda la trayectoria de la Fundación, su patronato ha asegurado e invertido sus esfuerzos en dar respuesta a su objetivo, y prueba del mismo son las actuaciones conseguidas, que han dado respuesta al artículo 6 de sus estatutos, y garantizaban la viabilidad de la entidad, y son las siguientes:  
- Convenio de colaboración como centro asociado al Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), según la Orden reguladora de 25 de febrero de 2003, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, desde el 28.02.2006, con carácter indefinido, para las actuaciones De intermediación laboral y atención a demandantes de empleo.  
- Acuerdo en pleno del Ayuntamiento de Almoradí para desarrollar las actuaciones de orientación e inserción laboral en el marco del Programa EMPLEA-T, con carácter anual.  
- Centro colaborador del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Consellería de Economía, Hacienda y Empleo), con número de censo de la Generalitat Valenciana 1440973871, desde el año 2006 para la impartición de acciones de formación ocupacional de distintas especialidades profesionales. Las cuales se han ido adaptando a las actualizaciones realizadas por el citado Servicio Valenciano de Empleo y Formación, hasta conseguir la ejecución de acciones reguladas por los certificados de profesionalidad.  
- Ejecución de TFILs (talleres de formación e inserción laboral), regulados en orden de convocatoria por la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, con carácter anual, y que la Fundación viene gestionando ininterrumpidamente desde el año 2006, con carácter prioritario para el colectivo de exclusión social y otros, de especialidades formativas con salidas laborales en el entorno comarcal.  
- Planes integrales de empleo (PIEs) también regulados como los anteriores, y que han constituido un eje relevante en la atención a demandantes de empleo con objetivos de inserción laboral fijados y cumplidos en su mayoría. Y que también se han centrado en el colectivo de exclusión social, y se han desarrollado desde el año 2006.  
- Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo, reguladas en sus órdenes de convocatoria, y que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación concedía anualmente a la Fundación para dar cobertura de atención a 600 demandantes de empleo, con ámbito geográfico de ocho municipios de la Comarca de la Vega Baja, y con la misma trayectoria que en todos los anteriores.  
- Servicios de consultoría en recursos humanos, habiendo diseñado productos para las empresas fundamentalmente, en lo relacionado con la selección de personal, evaluación de competencias, evaluaciones de personal y programas de desarrollo profesional. Todos ellos enmarcados en actividad privada que nació con el objetivo de disponer de una fuente de ingresos propia, y que han sido prestados desde el mismo año 2006.»  
  
«Se produce a finales del año 2010 por vez primera en la trayectoria de Integra Laboral, un acentuado retraso en los cobros correspondientes a subvenciones de la administración autonómica, y por tanto empieza a repercutir en su liquidez. Y tras diversas gestiones de información y seguimiento se nos indica en todo momento, que son causas circunstanciales, y que en breve se liberarían los pagos.  
No obstante la Fundación ya decide e implanta medidas relativas a reducción de plantilla, evaluación de gastos y su minimización al extremo, retraso en la percepción de nóminas, mayor impulso al Servicio de Consultoría y actualización permanente de los supuestos cambios que se van a someter los programas.  
Por tanto el año 2011 supone el exponente de la sensata búsqueda de nuevos proyectos que sostengan la Fundación y den respuesta a sus fines, manteniendo un equipo motivado, integrado e identificado al máximo con Integra Laboral, y renunciando a aquellos que estaban lastrando económicamente a la entidad, lo cual se fundamenta como sigue:  
1°) Suspensión de las acciones formativas con expedientes FC099/201 1/741/03 y F0099/201 1/745/03.  
2°) Renuncia de las acciones formativas con expedientes FC099/201 1/742/03 y FCC99/201 1/744/03, resueltas favorablemente por el SERVEF.  
3°) Renuncia del programa formativo con expediente FTFO8/201 1/10/03, resuelto favorablemente por el SERVEF.  
4°) Renuncia al Plan Integral de Empleo con expediente APIMOP/201 1/28/03, resuelto favorablemente por el SERVEF.  
5°) Organización y planificación y solicitud de agencia de colocación, según el Decreto 1796/2012, y que vendría a sustituir la principal y permanente línea de actuación de la entidad, que suponía el centro asociado al Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Asegurándonos extremadamente y siguiendo las indicaciones del citado organismo autonómico en reunión expresa a todos los centros colaboradores y celebrada en Valencia.  
Se inicia el año 2012 con las siguientes circunstancias:  
Primera: ejecutándose la última edición de OPEAs iniciada en junio 2011, y pendiente de finalizar el 31.03.2012.  
Segunda: comunicación por parte del SERVEF que a fecha 31.03.2012 el convenio de colaboración como centro asociado al SERVEF se extinguiría a fecha 31.03.2012.  
Tercera: el Programa EMPLEA-T sigue su curso con normalidad.  
Cuarta: resolución favorable del SERVEF de la autorización administrativa como agencia de colocación con número 303678173  
Quinta: rescisión de los contratos laborales con tres de las cuatro empleadas.  
Sexta: extinción de las convocatorias que regulaban los programas mencionados en el punto primero de esta memoria.  
Séptima: renuncia expresa de la Fundación a La agencia de colocación, debido a la no existencia de dotación presupuestaria para las mismas, quedando pendiente para ejercicios posteriores.  
Octava: finalización de la relación laboral con la única y última empleada de la entidad a fecha 30.06.2012.  
Todas las descritas fueron produciéndose con la exclusiva finalidad de continuar haciendo viable la Fundación Integra Laboral de la Comunidad Valenciana, dar respuesta a su objeto, con los recursos y energías de un gran grupo de colaboradores que ha ido tejiendo a lo largo de su trayectoria. Y centrándose en exclusividad en acciones de promoción en estrecha colaboración y coordinación con el Ayuntamiento, como lo ha realizado hasta el final del mismo año 2012.  
A día de hoy dichos fines son imposibles de llevar a cabo dado que:  
- La Administración autonómica ha realizado pagos pendientes de subvenciones correspondientes al 2010 en enero de 2013.  
- A fecha actual todavía estamos pendientes de recibir una parte de las mismas.  
- Los programas y líneas de acción gestionadas desde el año 2006 ya no existen ni son convocadas.  
- La imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas que en su mayor parte corresponden a los despidos de las empleadas.  
- La consultoría en recursos humanos para empresas, a pesar de las cuantiosas gestiones realizadas, no ha dado fruto desde finales de 2011 debido a la situación de crisis por la que atraviesan las empresas.»  
Cuarto. Se aporta un plan de liquidación, asumiendo la misma el propio patronato directamente. En el caso de que así fuera necesario para proceder a la cancelación de deudas con terceros se solicita autorización para disponer de la dotación del mínimo indispensable a tales efectos conforme al artículo 40.3 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana (Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell).  
En cuanto a la atribución del remanente tras la liquidación dispone el artículo 29 de los Estatutos de la Fundación que en caso de extinción los bienes se destinarán a Caritas de Almoradí, aplicándose el remanente a fines de interés general análogos.  
Quinto. Consta informe de la Sección de Contabilidad del Servicio de Entidades Jurídicas de 29 de julio de 2013, conforme al cual:  
«Con fecha 6 de marzo de 2013, la Fundación presentó ante este Registro escritura de elevación a público de los acuerdos del Patronato de fecha 22 de febrero de 2013 sobre extinción de la Fundación. Asimismo aporta memoria justificativa, cuentas de la entidad y proyecto de distribución de bienes y derechos.  
La Fundación se inscribió en fecha 29 de marzo de 2005, con una dotación aportada por los fundadores en metálico de 30.000,00 euros. Dicha aportación se acreditó mediante certificado incorporado a la escritura fundacional de la entidad de crédito Caja Rural Central SCC.  
La Fundación ha presentado las cuentas regularmente y las tiene depositadas hasta 2012.  
Las cuentas de la entidad a la fecha del acuerdo de extinción se han presentado sin firmar, defecto que debe ser subsanado presentándolas firmadas por el secretario y el presidente de la fundación.  
Según balance de situación cerrado a 22 de febrero de 2013, fecha del acuerdo de extinción, la Fundación tiene un activo total de 101.423,84 euros y un pasivo exigible de 66.607,12 euros, de lo cual resulta un patrimonio neto positivo de 34.816,72 euros, que, a dicha fecha, es superior a la dotación fundacional de 30.000,00 euros.  
Desde el punto de vista económico contable, se estima que el expediente de extinción está lo suficientemente documentado, a falta de la firma del referido balance de extinción, no obstante, al figurar todavía en el balance de extinción cuentas de deudores y acreedores pendientes de saldar, no será posible determinar el remanente resultante, que será destinado, según articulo 29 de sus estatutos, a Cáritas de Almoradí hasta el cierre de las pertinentes operaciones de liquidación».  
Con fecha 12 de septiembre de 2013, se han aportado los documentos contables citados debidamente firmados.  
Sexto. Atendiendo a dichos antecedentes, la Comisión de Protectorado, en su sesión 14 de noviembre de 2013, informa favorablemente, entre otros, el punto del orden del día correspondiente a la ratificación del acuerdo de extinción aprobado por el Patronato de la Fundación Integra Laboral de la Comunidad Valenciana, y solicitud de disposición de la dotación para la satisfacción de deudas pendientes, en los términos expresados en los apartados precedentes.  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. El artículo 10 del Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se determina las consellerías en que se organiza la administración de la Generalitat, dispone la asignación a la Consellería de Gobernación y Justicia de las competencias, entre otras, en materia de fundaciones.  
A su vez, el artículo 28 del Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, así como el artículo 11 del Decreto 194/2012, de 21 de diciembre, del Consell por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Gobernación y Justicia, establecen que la Secretaría Autonómica de Justicia asume las competencias entre otras, en materia de fundaciones.  
Segundo. El artículo 2 del Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, establece que el protectorado de las fundaciones de la Comunidad Valenciana se ejerce por la consellería competente en materia de fundaciones, correspondiéndole al conseller la titularidad del protectorado, sin perjuicio de la posibilidad de su delegación o desconcentración.  
Tercero. Esta Secretaría Autonómica de Justicia es competente para conocer y resolver el presente expediente por delegación del ejercicio de competencias en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 19 de abril de 2013, de la Consellería de Gobernación y Justicia, sobre delegación en la Secretaría Autonómica de Justicia del ejercicio de determinadas competencias en materia de fundaciones.  
En todo caso, de conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones administrativas que se adopten por delegación se considerarán dictadas por el órgano delegante.  
Cuarto. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana,  
«1. La extinción de las fundaciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.  
2. El acuerdo de extinción o, en su caso, la resolución judicial se inscribirán en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana».  
Dicho artículo 31 de la Ley 50/2002, señala «la fundación se extinguirá:  
c) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la presente ley.  
Conforme a lo señalado en el artículo 32 del mismo texto legal, relativo a las formas de extinción:  
«2. En los supuestos contemplados en los párrafos b, c y e del artículo anterior, la extinción de la fundación requerirá acuerdo del patronato ratificado por el protectorado.  
Si no hubiese acuerdo del patronato, o este no fuese ratificado por el protectorado, la extinción de la fundación requerirá resolución judicial motivada, que podrá ser instada por el Protectorado o por el Patronato, según los casos.  
Quinto. De conformidad con el artículo 26 de la citada Ley 8/1998, la extinción supone la apertura del procedimiento de liquidación, reflejándose las oportunas operaciones en el balance de liquidación, requiriendo, igualmente, la aprobación del patronato y la correspondiente ratificación del protectorado.  
Asimismo, los artículos 39 y 40 del Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, regulan los requisitos y procedimientos de extinción y liquidación de las fundaciones.  
De tal forma, el artículo 39 del citado reglamento establece que:  
«1. Cuando el patronato acuerde extinguir la fundación por haberse realizado íntegramente el fin fundacional, por resultar imposible su realización o por concurrir cualquier otra causa prevista en el acto constitutivo o en los estatutos, deberá solicitar la ratificación del protectorado, para lo que acompañará la siguiente documentación:  
a) Certificación del acuerdo de extinción adoptado por el patronato, emitida por el secretario o la secretaria con el visto bueno del presidente o la presidenta.  
b) Memoria justificativa de la concurrencia de una causa de extinción específica de las previstas en el primer párrafo de este apartado. En el supuesto de que la causa de extinción sea la imposibilidad de realizar el fin fundacional, habrá que justificar, además, la improcedencia o la imposibilidad de modificar los estatutos o de llevar a cabo un proceso de fusión.  
c) Las cuentas de la entidad a la fecha en que se adoptó el acuerdo de extinción.  
d) El proyecto de distribución de los bienes y derechos resultantes de la liquidación y, en el caso de no llevarse a cabo por el propio patronato, propuesta de designación de liquidadores y plan de actuación de los mismos».  
Por su parte el artículo 40 de dicho Reglamento señala que:  
«2. Durante el proceso de liquidación, el patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas y formalizar os actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la liquidación. Sin perjuicio de lo anterior, el patronato podrá apoderar o delegar la ejecución material de sus acuerdos relativos al proceso de liquidación  
3. Resultan aplicables al proceso de liquidación los requisitos establecidos con carácter general para los actos dispositivos de bienes y derechos de la fundación, así como las normas que regulan la responsabilidad de los patronos».  
Sexto. El citado artículo 26 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, dispone:  
«2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o a las entidades no lucrativas públicas o privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su extinción, a la consecución de aquellos, y que hayan sido designados en el negocio fundacional o en los estatutos de la fundación extinguida. En su defecto, este destino podrá ser decidido, en favor de las mismas fundaciones y entidades mencionadas, por el patronato, cuando tenga reconocida esta facultad por el fundador, y, a falta de esa facultad, corresponderá al protectorado cumplir ese cometido.  
Por su parte, los estatutos de la Fundación disponen en su artículo 29, que en caso de extinción los bienes se destinarán a Cáritas de Almoradí, aplicándose el remanente a fines de interés general análogos.  
Séptimo. Atendiendo al artículo 47.14 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, son actos objeto de inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, entre otros:  
«La extinción de la fundación, liquidación de la misma, y destino dado a los bienes fundacionales».  
Octavo. Se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 41.2.g del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell que establece:  
«2. En el ejercicio de las funciones que le corresponden, el protectorado podrá solicitar informe de la Comisión y, en particular, en los siguientes supuestos:  
g) En el ejercicio de las potestades que tiene atribuidas en materia de modificación, fusión y extinción de fundaciones».  
Vistos los preceptos legales citados, los artículos 39 y 40 del Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana (aprobado por Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell) y demás generales de pertinente aplicación, así como lo informado por la Comisión del Protectorado de 14 de noviembre de 2013, resuelvo:  
  
Primero  
Ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación Integra Laboral de la Comunidad Valenciana, aprobado por el patronato de la misma en fecha 22 de febrero de 2013 en los términos descritos en la presente resolución, autorizando, en la fase de liquidación, la disposición de los bienes y derechos integrantes de la dotación en la cuantía mínima indispensable para hacer frente a las obligaciones con terceros asumidas por la Fundación.  
  
Segundo  
Inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana la ratificación del citado acuerdo de extinción, así como la autorización de disposición referida.  
  
Tercero  
Establecer como destinatario de los bienes y derechos resultantes de la liquidación Cáritas de Almoradí entidad sin ánimo de lucro.  
  
De conformidad con el artículo 26 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana la Fundación deberá aportase el balance de liquidación aprobado por el patronato y solicitar su ratificación, así como la transferencia del remanente a la citada entidad aportando justificante de la transferencia solicitando la baja en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana de la Fundación. Dicho artículo señala así:  
«1. La extinción de la fundación, salvo en los supuestos en que tiene lugar como consecuencia de una fusión, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el patronato de la fundación bajo el control del protectorado. El patronato no tendrá más facultades que la de cobrar créditos, satisfacer las deudas y formalizar los actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la liquidación. Terminadas las operaciones, formará el oportuno balance de liquidación, que deberá ser aprobado por el patronato y sometido a la ratificación por el protectorado. Recaída la misma, se procederá a cumplir lo dispuesto en el apartado siguiente, para finalizar la liquidación. Concluida esta, se hará constar en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana su baja, a solicitud del patronato, por un escrito dirigido al Registro al que se acompañará la certificación del acuerdo aprobatorio del balance de liquidación, la ratificación del mismo por el protectorado y una copia de los documentos en que se hayan formalizado las operaciones a que se refiere el apartado siguiente. No obstante, la baja de la fundación en el Registro, si resultan operaciones pendientes de ejecución o formalización, deberán ser llevadas a cabo por el protectorado».  
Notifíquese la presente resolución que es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de poder interponer, en su caso, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el conseller de Gobernación y Justicia, o cualquier otro recurso que estime procedente.  
  
Valencia, 15 de noviembre de 2013.- El secretario autonómico de Justicia: Antonio Gastaldi Mateo.