Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9741, del 07-12-2023 (2023/12268)

DECRETO LEY 13/ 2023, de 5 de diciembre, del Consell, por el que se regulan la comunicación de información a la Generalitat por las empresas comercializadoras de referencia para la gestión del bono social térmico y otras medidas relacionadas de carácter social.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/dl/2023/12/05/1/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   9741

Fecha DOGV
:   07-12-2023

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2023/12408


Fecha del documento
:   05-12-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Decreto ley

Descriptores 

:   * Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo
    * legislación

DECRETO LEY 13/ 2023, de 5 de diciembre, del Consell, por el que se regulan la comunicación de información a la Generalitat por las empresas comercializadoras de referencia para la gestión del bono social térmico y otras medidas relacionadas de carácter social. [2023/12411]  
PREÁMBULO  
  
El bono social térmico fue creado mediante el Real decreto ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores y de las consumidoras, como parte de la política de lucha contra la pobreza energética e inspirado en los principios reformadores que se formularían en la Estrategia nacional contra la pobreza energética 2019-2024.  
El bono social térmico, financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado, pero gestionado y pagado por las comunidades autónomas, se configura como un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en personas consumidoras vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Se trata de una medida protectora para las personas consumidoras más vulnerables ante la escalada y las oscilaciones generalizadas de los precios de la energía, y en concreto del gas natural y otros hidrocarburos afectados por las fuertes tensiones en los mercados internacionales.  
Tal como ha sido delimitado en el Real decreto ley 15/2018, las personas beneficiarias del bono serán aquellas que hayan sido beneficiarias del bono social de electricidad a 31 de diciembre del año anterior.  
En el año 2020 se dictó la Sentencia 134/2020, de 23 de septiembre, de 2020, del Tribunal Constitucional, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad 4178-2019, interpuesto por el Gobierno vasco, en relación con varios preceptos del Real decreto ley 15/2018. Entre otros, quedó anulado el artículo 11, que preveía la obligación de las empresas comercializadoras de referencia de facilitar al órgano competente de la Administración general del Estado los datos personales de las personas beneficiarias del bono social de electricidad a 31 de diciembre del año anterior.  
El Tribunal Constitucional consideró que ello excedía de las facultades estatales en relación con la ayuda al estar directamente vinculado a las tareas de gestión que son competencia de las comunidades autónomas.  
La declaración de inconstitucionalidad de este precepto dificulta actualmente el acceso por parte de las comunidades autónomas a una serie de datos que están en poder de las empresas comercializadoras de referencia, y que son imprescindibles para la gestión y el abono del bono social térmico.  
La cesión de estos datos tiene que venir avalada por una norma con rango de ley de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1.c del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el cual se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como en el artículo 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, norma que supuso la adaptación de la normativa del Reglamento UE citado a la normativa española.  
De este modo, la comunicación de los datos personales de las personas beneficiarias del bono social de electricidad por las comercializadoras de referencia al órgano competente para la tramitación y pago del bono social térmico estaría amparada por una obligación legal.  
A esto debe añadirse ahora la necesidad de comunicar a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) los datos de las personas beneficiarias del bono social térmico, en virtud de lo dispuesto en artículo segundo del Decreto ley 11/2023, de 29 de septiembre, del Consell, para minimización del impacto sobre las familias y empresas del pago del canon de saneamiento aplazado por el D


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