Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3615, del 29-10-1999 (1999/9140)

ACUERDO de 19 de octubre de 1999, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la solicitud de don Rafael Prats Sabater, en nombre y representación de la entidad mercantil ACILOE, SA, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley del Suelo No Urbanizable, para la instalación de un parque eólico en la partida La Cabrera, polígono 4, parcela 1, en el término municipal de Buñol.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3615

Fecha DOGV
:   29-10-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/9140


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 19 de octubre de 1999, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la solicitud de don Rafael Prats Sabater, en nombre y representación de la entidad mercantil ACILOE, SA, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley del Suelo No Urbanizable, para la instalación de un parque eólico en la partida La Cabrera, polígono 4, parcela 1, en el término municipal de Buñol. [1999/X9140]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 19 de octubre de 1999, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
El día 31 de octubre de 1997 tuvo entrada en la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia la solicitud formulada por don Rafael Prats Sabater, en nombre y representación de la mercantil ACILOE, SA, de declaración de interés comunitario de una actuación integral consistente en la implantación de un parque eólico en la partida La Cabrera, polígono 4, parcela 1, del termino municipal de Buñol, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable.
  
Con fecha 25 de noviembre de 1997 se revisó la documentación presentada, requiriéndose al interesado para que la completase.
  
En fecha 24 noviembre de 1997 se dio audiencia al propio Ayuntamiento de Buñol como municipio afectado por la actuación y a los municipios de Siete Aguas y Chiva, éste último con fecha 25 de noviembre de 1997.
  
El día 25 de mayo de 1998 se efectuó la advertencia de la caducidad del expediente, para el supuesto de no ser completada la documentación en el plazo de tres meses.
  
Con fecha 3 de julio de 1998 se presentó la documentación solicitada en su día, procediéndose a la reanudación del expediente.
  
Con fecha 23 de septiembre de 1998, en contestación al requerimiento efectuado el 22 de julio de 1998, tuvo entrada el informe municipal de carácter favorable a la actuación.
  
Con fecha 5 de noviembre de 1997 se dio adecuada intervención a la Subdirección Territorial de Agricultura, Dirección General de Transportes de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (en adelante, COPUT), Conselleria de Economía y Hacienda, Subdirección Territorial de Medio Ambiente y Servicio Territorial de Industria, a la Oficina del Plan de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas de la COPUT, y a la Agència Valenciana del Turisme de la Generalitat Valenciana.
  
Con fecha 28 de noviembre de 1997 se dio traslado de la documentación existente en el expediente a la Dirección General de Desarrollo Sostenible, Servicio de Programación y Evaluación de Impacto Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, a efectos de la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental.
  
De todos ellos se han recibido informes:
  
- Agència Valenciana del Turisme de la Generalitat Valenciana, de fecha 20 de noviembre de 1997, por el que no existen objeciones, al no encontrarse entre las actividades reguladas por la normativa turística.
  
- Servicio Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, de fecha 4 de diciembre de 1997 y 6 de octubre de 1998, en los que se indica que la actuación afectará a la vía pecuaria Cañada Real de la Mancha, o de Cuenca, y al Monte de Utilidad Pública nº 66 denominado Malacara, estando pendiente la resolución del preceptivo expediente de impacto ambiental, por lo que no deberá darse autorización alguna hasta que el mencionado expediente haya sido resuelto de forma favorable.
  
- Ayuntamiento de Buñol, de fecha 23 de septiembre de 1998, de carácter favorable, desde el punto de vista del impacto territorial y social. Respecto al posible impacto ambiental, se indica que se estará a lo dispuesto en la declaración solicitada, si bien los informes municipales son favorables.
  
- Ayuntamiento de Buñol, de fecha 14 de abril de 1999, por el que se remite el acuerdo municipal adoptado con fecha 30 de marzo de 1999, relativo a la sustitución de los deberes, cesiones y obligaciones de la actuación por el pago del coste de ejecución de infraestructuras públicas adicionales, procediéndose a su cuantificación.
  
Segundo
  
El día 27 de noviembre de 1998 el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes resolvió admitir a trámite el expediente de referencia, ordenando el sometimiento del expediente al trámite de información pública por el plazo de 20 días simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento.
  
A este respecto se publicaron sendos anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 12 de enero de 1999, y en el diario Las Provincias de 14 de diciembre de 1998, no habiéndose presentado propuesta ni alegación alguna al respecto, según se acredita en la diligencia emitida por la jefa de Negociado del Registro de los servicios territoriales de Urbanismo de 10 de febrero de 1999.
  
Tercero
  
La documentación presentada consta de memoria, anteproyecto de la actuación, planos de información y ordenación y estudio de impacto ambiental.
  
Cuarto
  
El día 7 de mayo de 1999, la Dirección General de Desarrollo Sostenible (Conselleria de Medio Ambiente) emitió Declaración de Impacto Ambiental, en la que se estima aceptable, desde el punto de vista ambiental la actuación solicitada, sujetándola a determinados condicionantes.
  
Quinto
  
La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en fecha 20 de mayo de 1999, informó favorablemente la aprobación de la presente declaración de interés comunitario, por el procedimiento extraordinario en suelo no urbanizable, en el término municipal de Buñol.
  
Sexto
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes informó favorablemente la presente declaración de interés comunitario, mediante Resolución de fecha 18 de junio de 1999.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Constituye el objeto del presente expediente la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico del proyecto para la implantación de un parque eólico, sobre una superficie de terrenos de 182.000 m2, emplazándose en el monte público nº 66 de 43 hectáreas y de titularidad municipal.
  
La actividad consiste en la instalación de un grupo de aeroturbinas para la producción de energía eléctrica, consistiendo las construcciones proyectadas en 42 apoyos para los aerogeneradores y la construcción de un centro de interconexión.
  
La actuación cuyo interés comunitario se solicita, dadas sus características, superficie necesaria para el desarrollo de la actuación superior a 4 hectáreas, constituye una actuación integral en sí misma considerada que hace imposible su ubicación en suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización previstos en los planeamientos vigentes de los municipios de la zona. De modo que su ordenación y aprovechamiento urbanístico debe resolverse en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable, por tratarse de una actividad industrial de especial importancia que requiere una superficie ocupada superior a los cuarenta mil metros cuadrados, por lo que sólo puede autorizarse su implantación en suelo no urbanizable como una actuación integral a través del procedimiento extraordinario de declaración de interés comunitario.
  
Segundo
  
Respecto al procedimiento, se han observado en el presente caso las prescripciones legales que exige la citada Ley de la Generalitat Valenciana del Suelo No Urbanizable y la documentación del expediente está completa en los términos requeridos en el artículo 20.2, segundo párrafo, de la referida Ley 4/1992 y la vigente legislación de impacto ambiental.
  
Tercero
  
La actuación proyectada, por sus propias dimensiones, constituye un elemento influyente en la estructura territorial. Se pretende realizar un parque eólico consistente en la implantación de un conjunto de aerogeneradores que utiliza el potencial eólico de la zona, conectando a un transformador que alimenta la línea de media tensión subterránea que está conectada al resto de aerogeneradores y a la red pública, mediante el correspondiente centro de entrega, medida y protección, donde podrá ceder la energía eléctrica generada a la red pública de la compañía distribuidora.
  
Asimismo las construcciones proyectadas consisten en 42 apoyos para los aerogeneradores y la construcción de un centro de interconexión prefabricado de 24 m.
  
Respecto a la infraestructura eléctrica, las instalaciones proyectadas consisten en la interconexión de los aerogeneradores mediante línea subterránea de media tensión, que recorrerá toda la zona de implantación hasta el centro de interconexión. De éste, se proyecta la proyección con la línea aérea de media tensión ya existente dentro de la zona de ubicación del parque eólico.
  
En la fase final se instalarán nuevos apoyos.
  
Si bien a tenor de lo indicado en el informe municipal dicha incidencia en la ordenación del territorio se considera nula, dada la clasificación del suelo como no urbanizable común, sus condiciones climatológicas y su situación alejada de elementos estructurantes de la autovía, a unos 900 m. de distancia, así como su distanciamiento de los núcleos urbanos, o el municipio de Buñol, dicha actuación se puede considerar que constituye un elemento influyente en la estructura del territorio.
  
La actividad se plantea como una actuación integral, ya que resuelve por sí misma su ensamblaje territorial, en la que quedan previstos y justificados de manera adecuada los servicios requeridos, sin que suponga una sobrecarga en la demanda de los servicios generales del municipio de Buñol.
  
Los accesos viarios se realizarán a través de un camino existente desde la Carretera N-III hasta el camino Alto Gordo, y desde este último, discurriendo paralelamente a la parcela hasta la cabecera del parque, de anchura de 4 m, siendo el linde de parcela el propio del camino.
  
No se necesita el abastecimiento de agua para el desarrollo de la actividad, no existiendo por otra parte ni residuos ni vertidos.
  
Cuarto
  
Respecto al régimen de deberes y cesiones, conforme al artículo 20 de la Ley 4/1992, el Ayuntamiento y el promotor han llegado al acuerdo de sustituir los deberes, obligaciones y cesiones de la actuación por el pago del coste de ejecución de infraestructuras públicas adicionales, cuantificándose en 479.447.745 PTA, que el promotor deberá abonar en los años que se indican y con la distribución que se recoge en el propio acuerdo, desde el año 2000 hasta el año 2049, así ha quedado establecido en el acuerdo de 30 de marzo de 1999 del Ayuntamiento pleno de Buñol.
  
Quinto
  
El Servicio Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente manifiesta en la Comisión Informativa, y posteriormente mediante informe de fecha 2 de junio de 1999, lo siguiente:
  
«El artículo 12.2 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, establece que para la autorización de ocupaciones que graven los bienes inscritos en cualquiera de los catálogos citados (Catálogo de Montes de Utilidad Pública), sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica estatal, se requerirá la previa autorización de la administración, que la otorgará si son compatibles con la naturaleza y funciones de los bienes. La constitución será siempre por tiempo determinado, siendo el periodo máximo fijado reglamentariamente. Los ingresos que se deriven de estos conceptos tendrán la consideración de aprovechamientos».
  
Por su parte, el artículo 36 .1 de la misma norma preceptúa que «las entidades públicas propietarias de montes o terrenos forestales están obligadas a invertir, al menos, el 15% del importe de los aprovechamientos en la ordenación y mejora de las masas forestales».
  
A la vista de lo anterior se concluye en el citado informe que se deberá invertir el 15% de los ingresos que genere un monte de utilidad pública en la ordenación y mejora del mismo.
  
Sexto
  
El Gobierno Valenciano es competente para la aprobación de la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo preceptuado en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable.
  
De conformidad con los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, y a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano,
  
ACUERDA
  
I. Aprobar definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por la mercantil ACILOE, SA., de una actuación integral consistente en la instalación de un parque eólico, en la parcela 1, polígono 4, en la partida La Cabrera, en suelo no urbanizable, del término municipal de Buñol, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado II, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente acuerdo.
  
La aprobación de la actuación integral llevará implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de interés social y de la necesidad de ocupación de los terrenos que, conforme al proyecto aprobado, sean necesarios para la ejecución de aquélla y para su enlace con los correspondientes sistemas generales. El promotor de la iniciativa finalmente aprobada tendrá, cuando no sea propietario de la superficie afectada por la actuación, o de parte de ella, la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo a su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer, con independencia de las obligaciones asumidas en el procedimiento de aprobación de su iniciativa.
  
II. Adjudicar dicha actuación integral a favor de la entidad ACILOE, SA., a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, para promover la instalación del referido parque eólico.
  
III. Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados ?a favor del Ayuntamiento- para sufragar actuaciones urbanísticas públicas y en la ordenación y mejora del monte público nº 66 de titularidad municipal. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
IV. El promotor deberá garantizar ante el Ayuntamiento de Buñol la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes del inicio de las obras.
  
V. Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Gobierno Valenciano.
  
VI. El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado II, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado III, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Buñol. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.
  
VII. El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas Administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la Declaración de Impacto Ambiental de 7 de mayo de 1999. Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación de dicho parque eólico.
  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno Valenciano en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 19 de octubre de 1999
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,
  
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO