Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4397, del 12-12-2002 (2002/13302)

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2002, de la secretaria general de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que resuelve inscribir los Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores con la nueva redacción dada a los mismos.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4397

Fecha DOGV
:   12-12-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/13940


Fecha del documento
:   30-09-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * profesión jurídica
    * reglamento interno
    * colegio profesional
    * legislación

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2002, de la secretaria general de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que resuelve inscribir los Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores con la nueva redacción dada a los mismos. [2002/13463]
  
Visto el expediente de modificación estatutaria instruido a instancia de doña Beatriz Llorente Sánchez, en nombre y representación, y como Secretaria del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, inscrito con el número 9 de la Sección Segunda del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, en el que solicita la inscripción de la modificación de sus Estatutos en el mencionado Registro, en base a los siguientes
  
Hechos
  
Primero
  
Que Doña Beatriz Llorente Sánchez, en nombre y representación del mencionado Consejo, solicitó la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la modificación estatutaria acordada, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 11.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
Segundo
  
Que según consta en la certificación aportada, el Pleno del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, en reunión celebrada el 23 de marzo de 2002, acordó aprobar la modificación de sus Estatutos, añadiendo un punto con la nomenclatura C en el artículo 9.1 de los mismos, con la siguiente redacción: «En los colegios cuyo ámbito territorial sólo comprenda un único partido judicial, aunque abarque distintas jurisdicciones, no podrán ser miembros de sus respectivas juntas de gobierno los procuradores, que sean parientes o familiares, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de magistrados, jueces, fiscales, secretarios, u oficiales que desempeñen sus funciones en dicho partido judicial».
  
Tercero
  
Que, en ejercicio del control de legalidad, establecido por el artículo 11 de la mencionada ley autonómica, se ha revisado la modificación acordada, y se ha requerido informe sobre la misma a la Dirección General de Justicia que no ha formulado ninguna objeción al respecto.
  
Cuarto
  
El nuevo texto de los estatutos queda incorporado íntegramente a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Que los estatutos contienen todas las determinaciones exigidas en el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
Segundo
  
Que la modificación estatutaria ha sido aprobada con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios estatutos del Consejo.
  
Tercero
  
Que el expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Secretaría General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por los Decretos 13/1999, y 91/1999, de 30 de julio, sobre asignación de competencias a la Presidencia y a las consellerias, y de aprobación del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, respectivamente, y en relación con el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
Vistos: El artículo 36 de la Constitución y el artículo 31.22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre de la Generalitat Valenciana, y demás disposiciones complementarias, resuelvo:
  
Inscribir los Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores con la nueva redacción dada a los mismos, tal como figura en el antecedente de hechos número cuatro.
  
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer, potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
  
Valencia, 30 de septiembre de 2002.- La secretaria general: Carmen Galipienso Calatayud.
  
Estatutos del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores
  
Título primero
  
Del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores
  
Capítulo primero
  
Disposiciones generales
  
Artículo 1
  
Al amparo de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores se constituye como corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, dentro del marco de la legalidad vigente.
  
Artículo 2
  
El Consejo Valenciano está integrado por los Colegios de Procuradores de Alicante, Elche, Castellón y Valencia, y los que en lo sucesivo pudiera constituirse, dentro del marco de la legislación vigente.
  
Artículo 3
  
El Consejo Valenciano es el órgano representativo de los intereses generales de la profesión en el ámbito de la Comunidad Autónoma y coordina las actividades de los Colegios, sin perjuicio de la autonomía de estos últimos.
  
Artículo 4
  
La sede del Consejo se fija en la c/. Cirilo Amorós nº 69 de Valencia. Por acuerdo del Pleno del Consejo podrá designarse otra sede.
  
Artículo 5
  
El Consejo Valenciano cooperará con el Consejo General en todas aquellas actividades que sean de interés común, y su representación en el mismo, se ajustará a los dispuesto en el artículo 18 de la Ley 6/97, de la Generalidada Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.
  
Capítulo segundo
  
Competencias del Consejo Valenciano
  
de Colegiosde Procuradores
  
Artículo 6. Funciones
  
a) Informar los anteproyectos de Ley y proyectos de disposiciones reglamentarias de la Generalitat Valenciana que se refieran o afecten a la profesión de Procurador o a su modo de ejercicio.
  
b) Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas o delegadas por la administración pública valenciana.
  
c) Emitir a requerimiento de la administración o por propia iniciativa, informes y dictámenes sobre cualquier aspecto relacionado con el ejercicio de la profesión.
  
d) Informar con carácter preceptivo los proyectos de fusión, absorción, segregación, cambio de denominación y disolución de los colegios de procuradores de la Comunidad Valenciana, salvo aquellos casos en que lo imponga directamente la ley.
  
e) Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión, teniendo legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales.
  
f) Ejercer el derecho de petición de acuerdo con la Constitución y las leyes.
  
g) Establecer relaciones de colaboración y suscribir convenios de cooperación con las administraciones públicas y con otras corporaciones y entidades públicas y privadas que redunden en beneficio de la profesión de procurador.
  
h) Conocer y dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los Colegios de Procuradores valencianos, sin perjuicio del ulterior recurso contencioso administrativo.
  
i) Conocer y resolver los recursos contra los acuerdos de los Colegios de Procuradores valencianos.
  
j) Elaborar las normas deontológicas comunes a la profesión de Procurador y velar por su cumplimiento, sin perjuicio de las competencias de cada colegio miembro.
  
k) Perseguir y denunciar el intrusismo profesional en el ámbito territorial, favoreciendo el ejercicio ante tribunales y autoridades, de las acciones judiciales que a cada colegio competan por razón de su territorio.
  
l) Velar por el cumplimiento de las condiciones exigidas en las leyes y en los estatutos respectivos para la presentación y proclamación de candidatos para los cargos de las juntas de gobierno de los colegios.
  
m) Informar los Estatutos particulares aprobados por cada colegio y sus reformas, previamente a su comunicación a la conselleria competente para su aprobación.
  
Capítulo tercero
  
Órganos de gobierno
  
Artículo 7
  
El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores estará regido por el Pleno del Consejo.
  
Artículo 8. Pleno
  
En proporción al número de colegiados, cada uno de los colegios tendrá en el Pleno la siguiente representación:
  
a) Dos representantes por Colegio.
  
b) Los primeros 250 colegiados dan derecho a un representante más .
  
450 colegiados dan derecho a un representante más.
  
750 colegiados dan derecho a un representante más.
  
2.000 colegiados dan derecho a un representante más.
  
Artículo 9
  
La representación de los colegios se ejerce de la siguiente forma:
  
a) Son miembros natos los decanos.
  
b) Los restantes, según las normas del artículo anterior, serán aquellos miembros de la Junta de Gobierno que sean elegidos democráticamente por ésta, conforme a los apartados siguientes.
  
c) En los Colegios cuyo ámbito territorial solo comprenda un único partido Judicial, aunque abarque distintas jurisdicciones, no podrán ser miembros de sus respectivas juntas de gobierno los Procuradores, que sean parientes o familiares, dentro del 2.º grado de consanguinidad o afinidad de magistrados, jueces, fiscales, secretarios, u oficiales que desempeñen sus funciones en dicho Partido Judicial .
  
2. Las candidaturas para participar en dicha elección deberán presentarse por los interesados, por escrito, cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la Junta de Gobierno del colegio respectivo que haya sido convocada al efecto, sin perjuicio de otros asuntos del orden del día, con los requisitos que los Estatutos de cada Colegio establezca.
  
3. Finalizada la votación, que será nominal, resultará elegido el candidato que obtenga mayor número de votos y, caso de empate, el de mayor antigüedad en el colegio de que se trate. El acta de la reunión de la Junta de Gobierno proclamará el candidato elegido, a favor del cual se expedirá la correspondiente certificación por el secretario, con el visto bueno del Decano.
  
Artículo 10. Causas de remoción
  
1. Los miembros natos del Consejo Valenciano cesarán al finalizar su mandato como decano del Colegio respectivo, siendo sustituidos por quienes les sucedan en el cargo.
  
2. Los miembros electos del Consejo Valenciano cesarán por las siguientes causas:
  
a) Incumplimiento sobrevenido de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.
  
b) Expiración del mandato para el que fueron elegidos.
  
c) Renuncia del interesado.
  
d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en el término de un año.
  
Artículo 11
  
Son funciones del Pleno:
  
a) La aprobación de los presupuestos de gastos e ingresos.
  
b) La aprobación del balance del año anterior y liquidación de las cuentas anuales.
  
c) La aprobación de las cuotas que los colegios deben aportar al Consejo.
  
d) La modificación de los presentes estatutos.
  
e) El ejercicio de la potestad disciplinaria con respecto a los miembros de las juntas de gobierno de los colegios y del propio Consejo, así como la resolución de los recursos interpuestos contra acuerdos de los colegios en materia disciplinaria, cuando en uno y otro caso la sanción impuesta determine la inhabilitación permanente o expulsión del colegiado.
  
f) La autorización para la adquisición o enajenación de inmuebles, así como la constitución de cualquier garantía real.
  
g) La aprobación de reglamentos relativos a las normas deontológicas, las relativas a la publicidad de los procuradores, y todos aquellos que se refieran a la regulación del ejercicio de la profesión en los aspectos de interés común para todos los colegios de procuradores.
  
h) Aprobar los reglamentos de régimen interior para el desarrollo y aplicación de estos Estatutos.
  
Artículo 12. Funcionamiento del Consejo
  
1. El Consejo Valenciano se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año para la aprobación de los presupuestos y liquidación de las cuentas anuales y, en su caso, la aprobación de cuotas. En sesión extraordinaria, cuando se trate de la adopción o modificación de normas reglamentarias o estatutarias, el ejercicio de la potestad disciplinaria en el supuesto previsto en el artículo 11.e de estos Estatutos, o la autorización para la adquisición o enajenación de inmuebles.
  
2. La convocatoria se realizará con al menos 15 días de antelación, debiendo constar en la misma el orden del día y el lugar y fecha de la celebración, tanto en primera como en segunda convocatoria, mediante escrito dirigido a todos los miembros del Consejo.
  
Artículo 13
  
1. La válida constitución del Consejo requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros en primera convocatoria, quedando válidamente constituido en segunda convocatoria, sea cual fuere el número de asistentes.
  
2. Para la válida constitución del Consejo deberán estar presentes, en cualquier caso representantes, de la mayoría de los Colegios de procuradores de la Comunidad Valenciana.
  
3. El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría de votos y se exigirá, además, que voten favorablemente la mayoría de los consejeros presentes, y que pertenezcan al menos a tres de los colegios que forman parte del Consejo.
  
En la resolución de los recursos, tendrán voz la totalidad de los Consejeros presentes, pero, únicamente tendrán voto los consejeros presentes pertenecientes a los colegios no implicados en los recursos.
  
Artículo 14
  
a) El proceso electoral para la designación de los cargos del Consejo será el de votación directa y secreta de los miembros del mismo, constituidos en cuerpo electoral, a razón de un voto por cada miembro.
  
En caso de empate, se celebrará una nueva votación, en la que sólo serán elegibles quienes hayan obtenido igual número de votos.
  
b) En la elección del Presidente participarán unicamente los decanos de los cuatro colegios .En caso de igualdad tras esta segunda votación, resultará elegido el candidato de mayor antigüedad en el ejercicio de la profesión de que se trate de entre los más votados.
  
Artículo 15
  
El Presidente ostenta la representación del Consejo en todas sus relaciones con las Administraciones Públicas atribuidas judiciales y personales, físicas y jurídicas, correspondiéndole promover y coordinar las tareas encaminadas al mejor cumplimiento de los fines del Consejo.
  
2. En particular, el presidente tiene atribuidas las siguientes funciones:
  
a) Velar por la legalidad de los actos y acuerdos del Consejo.
  
b) Convocar, presidir y dirigir las reuniones del Pleno del Consejo, concediendo y retirando el uso de la palabra, y utilizando el voto de calidad cuando proceda.
  
c) Firmar cuantos documentos públicos y privados fueren precisos en representación del Consejo, así como las actas de sus reuniones.
  
d) Ejecutar los acuerdos que adopte el Consejo en el ámbito de su competencia.
  
e) Visar los pagos, documentos y certificaciones que expida el Secretario.
  
Artículo 16
  
El bicepresidente suplirá al presidente en los casos de ausencia, enfermedad o vacante, teniendo en tales casos las mismas facultades que el Presidente.
  
Artículo 17
  
El decretario tendrá los siguientes cometidos:
  
a) Redactar y firmar citaciones para todos los actos del Consejo, según instrucciones a recibir del Presidente.
  
b) Recibir los escritos y correspondencia, dando cuenta a quien proceda, así como firmar los escritos que no fueren competencia del presidente.
  
c) Autorizar con su firma, con el visto bueno del presidente, las certificaciones y demás documentos, así como las actas del Consejo.
  
d) Informar al presidente de todas las cuestiones de interés y proponer las medidas que estime convenientes.
  
e) Custodiar la documentación del Consejo, dando cuenta de los expedientes en curso en los que actuará como Secretario con el Instructor que designe el Consejo.
  
f) Ostentar la Jefatura del Personal Administrativo del Consejo.
  
g) Llevar el libro registro de sanciones de los colegiados y recursos.
  
El secretario del Consejo será, el decretario del Colegio donde tenga la sede este Consejo, el cual asistirá a las juntas con voz pero sin voto.
  
Artículo 18
  
El Tesorero tendrá las siguientes funciones:
  
a) Recoger y custodiar los fondos del Consejo.
  
b) Pagar los libramientos expedidos por el Secretario.
  
c) Confeccionar anualmente el presupuesto, balance y cuentas del ejercicio económico del Consejo.
  
d) Llevar los libros precisos de ingresos y gastos del Consejo.
  
Título segundo
  
Régimen jurídico de los actos de los colegios
  
y del consejo, y de su impugnación
  
Artículo 19
  
1. Los acuerdos emanados de los órganos competentes de los colegios podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.
  
2. El recurso de alzada será presentado ante la Junta de Gobierno que dictó el acuerdo que, en el plazo de diez días, deberá remitirlo con su informe y una copia completa y ordenada del expediente al Consejo Valenciano.
  
El recurso de alzada deberá interponerse en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso, o en el de tres meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que, conforme a la legislación de procedimiento administrativo, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
  
El Consejo Autonómico, previos los informes que estime pertinentes, dictará y notificará la resolución en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo que éste se hubiera interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, en que se entenderá estimado el mismo.
  
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá interponer recurso de reposición.
  
3. Las resoluciones que afecten a situaciones personales deberán ser notificados a los interesados.
  
Artículo 20
  
La interposición de recurso corporativo ante el Consejo Autonómico no suspende la eficacia de los acuerdos salvo en los siguientes casos:
  
a) Cuando la Junta de Gobierno interponga recurso contra acuerdo de la Asamblea General fundado en la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho, salvo que se trate de la elección de cargos colegiales.
  
b) Cuando se recurra una sanción disciplinaria.
  
c) Cuando así lo acuerde el Consejo Valenciano, por concurrir circunstancias que puedan causar daños de imposible o difícil reparación.
  
En los dos primeros casos, la simple interposición del recurso suspenderá automáticamente la ejecutividad el acto. La suspensión se levantará una vez se resuelva el recurso.
  
Artículo 21
  
Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en que se den algunos de los siguientes supuestos:
  
Los manifiestamente contrarios a la Ley; los adoptados con notoria incompetencia; aquellos cuyo contenido sea imposible o sea constitutivo de delito; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados y aquellos previstos con tal carácter en la legislación básica estatal de régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
  
La Junta de Gobierno deberá en todo caso, formular recurso contra los actos de la Asamblea que estime nulos pleno derecho.
  
Artículo 22
  
Los Colegios de Procuradores y el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, como corporaciones de derecho público, están sujetos al derecho administrativo, en cuanto ejerzan potestades públicas. El resto de su actividad se rige por el derecho privado.
  
Artículo 23
  
Los actos y resoluciones emanados del Consejo, en cuanto estén sujetos al derecho administrativo, agotan la vía administrativa y podrán ser recurridos potestativamente en reposición o ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
  
2. El recurso potestativo de reposición se interpondrá, ante el mismo órgano que hubiera dictado los actos, en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso, o de tres meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que, conforme a la legislación de procedimiento administrativo, se produzca el acto presunto.
  
La resolución del recurso deberá ser dictada y notificada en el plazo de un mes y contra dicha resolución no podrá interponerse un nuevo recurso de reposición.
  
No podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que no se haya resuelto expresamente el recurso de reposición o se haya producido su desestimación presunta.
  
3. Los actos definitivos de los órganos de los Colegios y los de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, serán impugnables ante el Consejo Valenciano, con carácter previo a la vía contencioso administrativa, conforme al artículo 19.
  
Título tercero
  
De la responsabilidad por el incumplimiento de los deberes
  
y obligaciones de los correspondientes estatutos colegiales
  
Capítulo primero
  
Sección primera
  
De la responsabilidad disciplinaria
  
Artículo 24
  
Con independencia de la responsabilidad civil y penal, y de la correctiva que corresponde a los jueces y Tribunales en ejercicio de sus potestades, los colegiados son además responsables por el incumplimiento de sus deberes profesionales y corporativos, establecidos en las Leyes y en los Estatutos.
  
Artículo 25
  
El ejercicio de la potestad disciplinaria corporativa corresponde a los órganos colegiales.
  
Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales o el Colegio, se harán constar en el expediente personal de éste.
  
Artículo 26
  
Los órganos colegiales competentes según los Estatutos de cada Colegio, para el ejercicio de la función disciplinaria, se rigen por las siguientes normas:
  
1. La responsabilidad disciplinaria se declara previa formación del oportuno expediente por los trámites señalados en estos Estatutos y en las normas particulares de cada Colegio.
  
2. La responsabilidad disciplinaria, se corregirá con la imposición de las siguientes sanciones:
  
A las faltas leves:
  
a) Multa de 2.000 a 50.000 ptas, y apercibimiento por escrito.
  
b) Reprensión privada y apercibimiento por escrito.
  
A las faltas graves:
  
a) Multa de 50.000 a 500.000 ptas.
  
b) Suspensión de uno a seis meses, debiendo satisfacer previamente a la reincorporación del interesado cuantas prestaciones, cuotas o cargas tuviere pendientes de pago el mismo.
  
A las faltas muy graves:
  
a) Suspensión de seis meses y un día a dos años.
  
b) Expulsión.
  
Para la graduación de las sanciones se ponderarán en todo caso las circunstancias objetivas del hecho y de su autor, moderándose o agravándose la responsabilidad de éste, según la concurrencia de dichas circunstancias.
  
Sección segunda
  
De las faltas
  
Artículo 27
  
Son faltas muy graves:
  
a) Quebrantar el secreto profesional.
  
b) Quebrantar el secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno.
  
c) Ostentar los procuradores que ejerzan asociados la representación de quienes en el mismo proceso asuman posiciones contrapuestas como partes litigantes.
  
d) Realizar cualquier acto de campaña o propaganda electoral en los períodos prohibidos en los Estatutos de cada Colegio.
  
e) Atentar contra la dignidad y honor de las personas que constituyan la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones y contra los demás compañeros con ocasión del ejercicio profesional.
  
f) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión.
  
g) La embriaguez o toxicomanía habitual que afecte gravemente al ejercicio de la profesión.
  
h) La reiteración de falta grave en el plazo de cinco años.
  
i) Encubrir o favorecer el intrusismo profesional.
  
j) Infringir las normas de incompatibilidades, sin haber comunicado al Colegio la concurrencia de causa de incompatibilidad o ejercer la profesión a pesar de la prohibición declarada por el Colegio correspondiente.
  
k) La competencia desleal.
  
Artículo 28
  
Son faltas graves:
  
a) Alterar gravemente el normal desarrollo de las sesiones de las Asambleas Generales.
  
b) El incumplimiento grave de las normas estatutarias y reglamentarias o de los acuerdos adoptados por las Asambleas Generales, o por la Junta de Gobierno, salvo que constituyan falta de mayor entidad.
  
c) La falta de respeto en Asambleas Generales o actos públicos por acción y omisión, a los componentes de la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.
  
d) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de la actividad profesional.
  
e) Los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las reglas éticas que la gobiernan.
  
f) Incumplir las normas sobre el beneficio de justicia gratuita.
  
g) No comunicar al Colegio el ejercicio en asociación de la profesión cuando los Estatutos así lo requieran.
  
h) Incumplir el deber de residencia en el ámbito territorial del Colegio con infracción de las normas que lo regulen.
  
i) El pacto de cuota litis.
  
j) Incumplir los deberes que en el ejercicio de la profesión impone este estatuto causando perjuicio grave al cliente.
  
k) No rendir liquidación de cuentas al cliente tras mediar solicitud.
  
l) El impago de las multas impuestas por infracción colegial, una vez que sean exigibles por ser firmes o no haber sido suspendidas cautelarmente por los Organos competentes de la jurisdicción contencioso administrativa.
  
m) Asumir la representación de un cliente, sin que acredite haber satisfecho los derechos y gastos del compañero que antes le representaba.
  
n) La reiteración de las faltas leves en el plazo de cinco años.
  
Artículo 29
  
Son faltas leves:
  
a) La falta de diligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias o reglamentarias.
  
b) El incumplimiento de deberes estatutarios que no estén tipificados como faltas graves o muy graves.
  
Capítulo segundo
  
Del procedimiento sancionador
  
Artículo 30
  
Se incoarán diligencias informativas con carácter previo al inicio del expediente.
  
Las faltas leves se sancionarán por la Junta de Gobierno o por el decano, conforme determinan los estatutos, mediante un procedimiento abreviado que se limitara a poner de manifiesto al interesado los hechos que los motiva y la propuesta de sanción. Una vez oído el interesado y, en su caso, practicadas las pruebas, se dictará la resolución que proceda.
  
Las faltas graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno tras la apertura del expediente disciplinario tramitado conforme a lo dispuesto en estos Estatutos y en las normas de procedimiento sancionador contenidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
En el mismo acuerdo de incoación del expediente la Junta designará de entre sus miembros Instructor y Secretario, notificándolo al interesado para que en el plazo de quince días formule cuantas alegaciones estime oportunas y proponga las pruebas pertinentes.
  
El instructor practicará todas las actuaciones que exija el esclarecimiento de los hechos, hayan sido o no propuestas por el interesado. Sólo podrán declarar inadmisibles aquellas pruebas que sean manifiestamente irrelevantes para determinar la inocencia o culpabilidad del interesado o por la acreditación de hechos determinantes para la resolución final.
  
Contra la resolución del Instructor denegando la admisión de pruebas no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado haga valer su impugnación para ser tenida en cuenta en la resolución final.
  
Una vez instruido el expediente, el Instructor formulará propuesta de resolución que podrá ser de sobreseimiento o sancionadora. Dicha propuesta se notificará al interesado para audiencia en el plazo de quince días, poniéndole de manifiesto el expediente completo.
  
La Junta de Gobierno a la vista de la propuesta y de las alegaciones del interesado resolverá lo procedente. No será admisible, sin embargo, la reforma de la propuesta de resolución que implique agravamiento de la sanción, salvo que previamente se ponga en conocimiento del interesado para que se alegue por plazo de quince días.
  
Cuando la Junta considere que existe un defecto de procedimiento que pueda determinar la anulabilidad de la resolución, ordenará al Instructor que se retrotraigan las actuaciones al momento inmediatamente anterior al que se hubieran producido, sin perjuicio de conservar todos aquellos trámites cuyo contenido no quede afectado por la anulación.
  
La Junta de Gobierno del Colegio remitirá al Consejo Autonómico testimonio de los acuerdos de sanción en los expedientes sobre responsabilidad disciplinaria del Procurador por faltas graves y muy graves.
  
Del resultado de toda denuncia de un colegiado, se dará conocimiento al denunciante, mediante acuerdo motivado.
  
Artículo 31
  
Cuando el inculpado fuese miembro de la Junta de Gobierno o del Consejo Autonómico, será éste último competente para instruir y resolver el preceptivo expediente. A tal efecto la Junta de Gobierno de cada Colegio estará obligada a poner en conocimiento del Consejo los hechos de que tuviera conocimiento indiciariamente constitutivos de infracción disciplinaria.
  
Artículo 32
  
Contra las sanciones impuestas por los Colegios podrá el interesado interponer recurso de alzada en los términos previstos en estos Estatutos.
  
De la prescripción
  
Artículo 33
  
Las faltas prescribirán:
  
a) Las leves, a los tres meses.
  
b) Las graves, al año.
  
c) Las muy graves, a los dos años.
  
Los plazos anteriores se computarán en todo caso a partir de la fecha de la comisión de los hechos constitutivos de infracción, interrumpiéndose los mismos por cualquier diligencia o actuación que se practique en averiguación de los hechos con conocimiento del interesado.
  
Artículo 34
  
Los sancionados podrán pedir su rehabilitación con la consiguiente cancelación de la nota de su expediente personal, en los siguientes plazos, contados desde el cumplimiento de la sanción:
  
a) Si fuere por falta leve, a los seis meses.
  
b) Si fuere por falta grave, a los dos años.
  
c) Si lo hubiera sido por falta muy grave, a los cuatro años.
  
La rehabilitación se solicitará a la Junta de Gobierno del Colegio que la acordó.
  
La Junta de Gobierno remitirá al Consejo Autonómico testimonio de sus resoluciones en los expedientes de rehabilitación de los que conozcan.
  
Título cuarto
  
Régimen económico
  
Artículo 35
  
Los recursos económicos del Consejo serán los siguientes:
  
a) Los procedentes de las cuotas aprobadas por el Pleno.
  
b) El producto de certificaciones, dictámenes o impresos de carácter profesional que puedan establecerse.
  
c) Los precios que pueda percibir como contraprestación por los servicios que preste.
  
d) Los intereses y rentas procedentes de su patrimonio.
  
e) Cualquier otro medio de financiación que se cree.
  
Artículo 36
  
Previamente a la aprobación de las cuentas anuales, el Consejo las someterá a profesional o empresa auditora independiente para que sean debidamente informadas.
  
Disposiciones finales
  
Primera
  
Los presentes estatutos entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, una vez aprobados por el Gobierno Valenciano.
  
Segunda
  
El Consejo entrará en funcionamiento el día en que se constituya sus órganos de gobierno. A tal efecto, y en el plazo de dos meses desde la publicación, los colegios de procuradores nombrarán a sus respectivos representantes para la sesión constitutiva de la Junta General . El Consejo deberá quedar constituido en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de estos Estatutos.
  
Diligencia:
  
Certificación, para hacer constar que los presentes estatutos son una modificación de los que fueron visados por Resolución de la Secretaría General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de fecha 29.9.99, y que los mismos han sido modificados por acuerdo de la Junta del Consejo Valenciano de fecha 21 de julio de 2001, ratificada con posterioridad en Junta de fecha 27 de diciembre de 2001, y por acuerdo de Junta del Consejo de fecha 16 de febrero de 2002.
  
Valencia, 5 de marzo de 2002.- El secretario. Vº Bº el presidente.
  
Diligencia:
  
Certificación; para hacer constar que los presentes Estatutos incluyen una modificación de los que fueron visados por Resolución de la Secretaría General de la Conselleria de Justicia y Administración Pública de fecha 13 de mayo de 2002, y que los mismos han sido modificados por acuerdo de la Junta del Consejo de fecha 23.3.2002.