Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3472, del 13-04-1999 (1999/3116)

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, por la que se adecuan las normas reguladoras de los procedimientos administrativos universitarios a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/1999/03/30/(1)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   3472

Fecha DOGV
:   13-04-1999

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   1999/3116


Fecha del documento
:   30-03-1999

Organismo emisor
:   Universitat Jaume I de Castelló

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Universitat Jaume I
    * procedimiento administrativo
    * legislación
    * universidad

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, por la que se adecuan las normas reguladoras de los procedimientos administrativos universitarios a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. [1999/L3116]
  
La disposición adicional tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que se llevará a efecto la adecuación a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos administrativos, cualesquiera que sea su rango, señalando expresamente los efectos estimatorios y desestimatorios que se produzcan por la falta de resolución expresa. El artículo 43.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, posibilita que cada administración, para mejor conocimiento de los ciudadanos, publique, de acuerdo con el régimen de actos presuntos previstos en la misma, una relación de procedimientos a los que la falta de resolución expresa produzca efectos estimatorios y de aquellos en que los produzca desestimatorios.
  
En atención a lo expuesto, la Junta de Gobierno de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, en su reunión del día 29 de marzo de 1999, acuerda:
  
Efectuar la adecuación de los procedimientos administrativos que se tramitan en la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana en los siguientes términos:
  
Primero. Objeto y ámbito de ampliación
  
La presente resolución tiene por objeto la adecuación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de las normas reguladoras de los procedimientos administrativos de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, así como la determinación del órgano competente para resolverlos, a los efectos de la aplicación a éstos del capítulo segundo del título séptimo de la misma.
  
Segundo. Recursos y reclamaciones
  
Las resoluciones del rector o rectora, los acuerdos del Claustro Universitario, de la Junta de Gobierno y del Consejo Social agotan la vía administrativa y serán impugnables ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
  
Contra los actos dictados por los restantes órganos colegiados o unipersonales podrá formularse un recurso ordinario.
  
Asimismo, contra los acuerdos y resoluciones que no agoten la vía administrativa, podrá formularse una reclamación administrativa cuando la normativa específica así lo contemple. El plazo para formular la reclamación será el previsto en la norma que la contempla.
  
Tercero. Plazos para resolver y efectos de la falta de resolución expresa
  
Los procedimientos universitarios que se detallan en el anexo deberán ser resueltos en el plazo máximo indicado para cada uno de ellos.
  
Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento sin que haya recaído una resolución expresa, se podrá entender estimada o desestimada la solicitud, de acuerdo con lo establecido para cada supuesto en el anexo, requiriéndose, para la eficacia de las resoluciones presuntas, la certificación prevista en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Durante el transcurso del plazo para la emisión de la certificación se podrá resolver expresamente sobre el fondo, de acuerdo con las normas aplicables y sin vinculación con los efectos atribuidos a la resolución presunta cuya certificación se ha solicitado.
  
No será necesaria la expedición de la certificación de acto presunto en los casos de desestimación por silencio de las reclamaciones previas a la vía jurisdiccional civil o laboral.
  
Cuarto. Resoluciones de procedimientos no incluidos
  
El plazo de resolución de cualquier otro procedimiento no incluido en este anexo será el señalado en su normativa específica y, en su defecto, el general de tres meses dispuesto en la Ley 30/1992, y la falta de resolución expresa producirá efectos desestimatorios.
  
Quinto. Delegaciones de competencia y firma
  
La resolución adoptada por el órgano en cada procedimiento se verifica sin perjuicio de las delegaciones de competencia y de firma que sean acordadas, al amparo de lo dispuesto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992.
  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
  
Los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente resolución se hayan iniciado antes de su entrada en vigor se regirán por la normativa anterior.
  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
  
Quedan derogadas cuantas normas de régimen interior de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana se opongan o contradigan la presente resolución.
  
DISPOSICIÓN FINAL
  
La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Castellón de la Plana, 30 de marzo de 1999.- El Rector: Fernando Romero Subirón.
  
(1) Plazos fijados por su normativa específica y, en su defecto, el general de tres meses previsto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
  
(2) A partir del 1 de enero de cada año.
  
Nota: el plazo de resolución de cualquier otro procedimiento, no incluido en este anexo, será el señalado en su normativa específica y, en su defecto, el general de tres meses previsto en la Ley 30/1992, y su falta producirá efectos desestimatorios.
  
La resolución adoptada por el órgano competente en cada procedimiento se verifica sin perjuicio de las delegaciones de competencias y de firmas que, al amparo de lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, se acuerden al respecto.
  
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
  
b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,
  
OPOSICIONES Y CONCURSOS


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