Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7015, del 02-05-2013 (2013/3793)

Notificación de la sentencia dictada en el rollo de apelación número 74/2013.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7015

Fecha DOGV
:   02-05-2013

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2013/3793


Organismo emisor
:   Audiencia Provincial de Valencia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el rollo de apelación número 74/2013. [2013/3793]  
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado, en el rollo de apelación número 74/2013, la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:  
Poder judicial: Audiencia Provincial de Valencia. Sección Sexta. Rollo número 74/2013.  
«Sentencia número 206  
Presidente: Vicente Ortega Llorca.  
Magistrados: María Mestre Ramos, M.ª Eugenia Ferragut Pérez.  
Valencia, 16 de abril de 2013  
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por el señor y las señoras del margen, ha visto el presente recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 21 de marzo de 2012, recaída en el juicio ordinario número 322/2004, del Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Sagunto, sobre reclamación de indemnización por retraso en la entrega de las viviendas compradas e inadecuación de estas a los planos pactados.  
Han sido partes en el recurso, como apelantes, los demandantes José Luis Ramos Fortea y José Artigot Chavarria, representados por el procurador Vicente Adam Herrero y defendidos por el abogado Víctor Saval Romaní, y, como apelados, la demandada C&T, Sagunto Asociados, SL, declarada en rebeldía, y los codemandados Manuel Emilio Torres Requena, José Torres Requena, Francisca Torres Requena, Francisco Cuadrado Gil, José Martín González, Francisco Cortes Ortega, Diego Cuadrado Gil, Soledad Cuadrado Gil y Margarita Cuadrado Gil, representados por la procuradora Mayra de Rafael Martínez y defendidos por el abogado Francisco Almenar Galarza.  
Es ponente Vicente Ortega Llorca, quien expresa el parecer del tribunal.  
Antecedentes de hecho  
Primero. La parte dispositiva de la sentencia apelada dice:  
Estimo parcialmente la demanda formulada por el procurador de los tribunales, Vicente Adam Herrero, en nombre y representación de José Luis Ramos Fortea y José Artigot Chavarría, contra la entidad C&T Sagunto Asociados, SL, Francisco Cuadrado Gil, José Martín González, Francisco Cortés Ortega, Diego Cuadrado Gil, Soledad Cuadrado Gil, Manuel Emilio Torres Requena, José Torres Requena, Francisca Torres Requena y Margarita Cuadrado Gil, y, en su virtud, absuelvo a Francisco Cuadrado Gil, José Martín González, Francisco Cortés Ortega, Diego Cuadrado Gil, Soledad Cuadrado Gil, Manuel Emilio Torres Requena, Francisca Torres Requena y Margarita Cuadrado Gil por las razones expuestas en la presente resolución, y condeno a C&T Sagunto Asociados, SL, y a José Torres Requena a que, firme sea esta sentencia, hagan pago solidariamente de la suma de 3.305,57 euros al señor Artigot y la suma de 7.310,44 euros al señor Ramos, así como los intereses legales.   
Sin expreso pronunciamiento en costas, de modo que cada parte deberá abonar las causadas a su instancia.  
Segundo. La defensa de los demandantes interpuso recurso de apelación, en solicitud de sentencia que estime el recurso, revoque la dictada en autos y estime la demanda en su integridad, y todo ello con expresa condena de la recurrente al pago de las costas de la instancia y de esta alzada.  
Tercero. La defensa de los demandados personados presentó escrito de oposición al recurso y solicitó sentencia que desestime el recurso de apelación e imponga las costas del recurso a la apelante.  
Cuarto. Recibidos los autos por este tribunal, se señaló para la deliberación y votación el día 15 de abril de 2013, en el que tuvo lugar.  
  
Fundamentos de derecho  
Se aceptan los de la resolución impugnada, solo en cuanto no se opongan a los de esta.  
Primero. La sentencia recurrida estimó la prescripción de la acción ejercitada contra los socios codemandados, razonando:   
[...]  
Cuarto. Prescripción de la acción conforme a los artículos 1968 del Código Civil.  
La responsabilidad de los socios, que son responsables por cuanto así lo proclama el artículo 123 de la Ley de Sociedades Anónimas, precepto que subraya que "los antiguos socios responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación [?]". Sin embargo, en este punto no podemos dejar en el tintero una realidad ineludible: no son parte del contrato. Al no ser parte contractual, solo puede invocarse su responsabilidad mediante una responsabilidad extracontractual, por lo que el plazo de prescripción tiene el cómputo de un año. [...]  
Socios   
Respecto de los socios ya hemos fijado que su responsabilidad, en todo caso, viene conducida por la responsabilidad extracontractual prevista en el artículo 1902 del Código Civil y su plazo de prescripción es de un año (art. 9106 YP), contado desde el momento en que "lo supo el agraviado" (STS 20.07.2001). Evidentemente, la demora en el cumplimiento de la obligación se tiene conocimiento desde la entrega del bien puesto que es notoriamente conocido. Respecto del resto de elementos que se invocan como cumplimiento defectuoso, son también notorios y perceptibles desde el momento en que se recibe el bien, por lo que el dies a quo debe entenderse como el aquel en que se recibe el bien, a saber: 8 de febrero de 2002 y 13 de febrero de 2002. El tiempo de prescripción concluye el 8 de febrero de 2003 y el 13 de febrero de 2003, salvo que se pruebe la interrupción de la prescripción. La declaración de Manuel Emilio Torres no es suficiente para probar si hubo reclamaciones o quejas, dado que manifiesta que ha oído que hubo quejas pero no fija una fecha concreta y que pueda quedar inmersa en ese año ni el origen de tales quejas, pudiendo ser aplicables a cualquier otro comprador. De esta forma, no hay prueba documental que evidencie la interrupción del plazo entre las fechas de 8 de febrero de 2002 y 13 de febrero de 2002 hasta la interposición de la demanda en fecha 9 de junio de 2004. En nada afectaría la reclamación formalizada por fax el 21 de enero de 2002, puesto que quedaría fuera del marco temporal requerido para la interrupción.  
Queda, por lo tanto, probado que el año previsto en el artículo 1968.2 del Código Civil transcurrió con creces, de modo que debe estimarse la excepción de prescripción respecto de la acción invocada contra los socios de la mercantil, y, en su virtud, absolver a Francisco Cuadrado Gil, José Martín González, Francisco Cortés Ortega, Diego Cuadrado Gil, Soledad Cuadrado Gil, Manuel Emilio Torres Requena, Francisca Torres Requena y Margarita Cuadrado Gil de todos los pedimentos formulados en su contra.  
  
Segundo. Frente a tal modo de razonar, la parte recurrente alega, en síntesis:   
Primero. Error respecto a la legitimación pasiva de los socios codemandados y la prescripción de la acción ejercitada contra ellos.   
Su legitimación pasiva se declaró en auto de 28 de enero de 2010 al resolver la excepción planteada de adverso, resolución no recurrida.   
  
Dicha legitimación vino admitida al amparo del artículo 123.2 de la antigua Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. La acción que dimana de él no tiene señalado término especial por lo que, en aplicación del artículo 1964 del Código Civil, el plazo es el de 15 años.   
Sin embargo, la sentencia señala que dicha acción debe reputarse de naturaleza extracontractual y por tanto sometida al plazo de prescripción de un año (art. 8405 DO), desestimando la demanda por este motivo. No podemos aquietarnos a tal consideración, por cuanto:   
1.° La resolución carece de motivación de la causa que lleva a considerar al juzgador que la responsabilidad perseguida tiene naturaleza extracontractual y no legal.  
2.º Deriva del artículo 123.2 de la antigua Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y es legal (art. 1307 KI), y no encuentra encuadre en el artículo 1902 del Código Civil, pues no concurriría en este supuesto culpa o negligencia.   
STS, Sala Primera, de 22 de diciembre de 2011, número 982/2011, recurso 1718/2008.  
  
Tercero. La naturaleza, fundamento, contenido y plazo de prescripción de la responsabilidad de los socios por las deudas sociales hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación de la sociedad de responsabilidad limitada, que se recogía en el artículo 123.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 2/1995, de 23 de marzo, conforme al cual "Los antiguos socios responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación, sin perjuicio de la responsabilidad de los liquidadores en caso de dolo o culpa" -que ahora recoge el artículo 399 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital-, fue objeto de estudio de la STS, civil, Sección Primera, del 22 de diciembre de 2011 (ROJ: KOZ 1959/2011), que dice de ella:  
"Segundo. [...] La acción de que se trata no requiere como requisito de prosperabilidad una reapertura del proceso de liquidación ni la existencia de fraude ni reproche alguno de culpabilidad. Es suficiente que se acredite la existencia del crédito (lo que en el caso ha devenido incólume en casación), que se ejercite la acción por el titular del crédito, o persona legitimada, y que se dirija contra el socio o socios que se han beneficiado del saldo positivo de la liquidación social, y hasta el límite de lo recibido como cuota de liquidación (lo que aquí tampoco suscita problema alguno).  
Sobre el fundamento del precepto (que se recoge en los sistemas latinos, y no en el alemán) existen diversas posturas, con variadas perspectivas jurídicas. Se habla de asunción por los socios de la posición de la sociedad, asunción de garantía de las deudas sociales pendientes, sucesión del socio en la sociedad extinguida (de modo similar a lo que sucede con las sucesiones hereditarias a beneficio de inventario), subrogación ex lege, enriquecimiento sin causa, y de afectación preferente del patrimonio social al pago de las deudas sociales (que constituye un principio general del régimen de las sociedades mercantiles: art. 235 C.Com., 277.2 LSA, 120 LSRL). En cualquier caso es una obligación legal para cuya efectividad no hay un plazo especial de prescripción extintiva, por lo que la acción, como personal, queda sujeta al plazo general de 15 años del artículo 1964 del Código Civil."  
De acuerdo con el artículo 1.6 del Código Civil, esa sola sentencia no crea jurisprudencia, pero no hemos hallado ninguna otra que, en interpretación del artículo 123.2 de la Ley de Sociedades Limitada, sostenga un criterio distinto, y desde luego no es fácilmente cuestionable la solidez de su construcción lógico jurídica, que armoniza el texto del precepto con la apreciación de que la ley es la primera fuente de las obligaciones (art. 1997 XR), con la previsión legal de que prescriben a los 15 años las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción (art. 6588 DH), y que la finalidad primera y natural del patrimonio social es cumplir las obligaciones de la sociedad.   
Desde esa perspectiva, es claro que esa responsabilidad del socio no es, como sostiene la sentencia recurrida, una responsabilidad por culpa extracontractual o aquiliana, del artículo 1902 del Código Civil, sometida al plazo de prescripción de un año previsto en el artículo 1968 del Código Civil, sino que, como dice el Tribunal Supremo, se trata de una obligación legal para cuya efectividad no hay un plazo especial de prescripción extintiva, por lo que, la acción, como personal, queda sujeta al plazo general de 15 años, y por ello no está prescrita sino viva.  
El referido artículo 123.2 de la Ley de Sociedades Limitada, establece un límite máximo de responsabilidad -lo que hubiera recibido como cuota de liquidación- pero este dato incumbía acreditarlo a los socios demandados conforme a las reglas sobre carga de la prueba establecidas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto por ser un hecho limitativo de la pretensión como por la mayor facilitad probatoria de la que ellos disponían, de tal modo que no habiendo practicado ni intentando prueba alguna al respecto, habrán de responder por el total que se determine.  
El motivo se estima.  
  
Cuarto. El segundo motivo del recurso impugna la desestimación de la demanda en relación con la inexistencia de puertas de acceso directo desde las viviendas a la calle peatonal Mare Nostrum, respecto de las cuales dijo la sentencia recurrida:  
Séptimo. [...]  
B) Inadecuación a los planos pactados.  
Las ventas de las viviendas se realizaron sobre plano, entendiendo la parte actora que tales planos cristalizan la determinación de cuál debía ser la estructura final de las viviendas. Argumenta la parte actora que las viviendas recibidas no se ajustan a los planos objeto de contrato en determinados elementos. Procederemos a su estudio pormenorizado.  
B.1) Ausencia de puertas.  
La parte demandante alega la ausencia en cada vivienda de una puerta que se encontraba en la planta de estar y que permitía el acceso directo desde el jardín privado de cada vivienda a la calle peatonal Mare Nostrum. Sin embargo, la configuración final no presenta las citadas puertas. Dicha alteración unilateral por la mercantil produce un perjuicio en los actores que, primero, han visto frustrada una de las razones por las que adquirieron dichas viviendas, ya que las referidas puertas les concedían mayor privacidad y comodidad al acceso de la playa. El perjuicio ha sido valorado según el informe pericial aportado junto a la demanda como documento número 15, calculando tal perjuicio en 8.752 euros para el señor Artigot y 9.375 euros para el señor Ramos.  
Frente a esta petición, la parte demandada alega que la ausencia de las puertas no es un hecho que pueda imputarse a la mercantil, dado que se debe a un cambio de criterio municipal.  
Antes de iniciar la motivación, debemos destacar que las periciales de parte han sido impugnadas, más los peritos redactores han ratificado sus periciales durante la vista.  
En este caso es la propia actora con su documento número 15 quien confirma que, efectivamente, no fue una modificación sujeta al arbitrio o unilateral por parte de la mercantil. Así, el folio número 5, último párrafo, se señala por el perito que el "arquitecto técnico municipal de Canet d'En Berenguer me ratificó la particularidad urbanística de dicha calle, es decir, que se trataba de una calle de propiedad privada con servidumbre de paso peatonal y ser conocedor de la polémica surgida por dichas puertas de acceso, reconociendo que se habían producido gestiones de los promotores para su mantenimiento, pero que la propiedad privada de la calle no permitía su apertura sin el consentimiento de los vecinos del otro lado de la calle peatonal paralela a la calle Mare Nostrum [?]". Es por ello que es el perito del propio actor quien nos indica que no ha habido una voluntariedad directa por parte de la mercantil demandada de modificar lo acordado, sino que fue compelida a su supresión.  
Los actores han manifestado durante la vista que la adquisición de esas viviendas tenía como uno de los alicientes que movieron su voluntad la existencia de las referidas puertas. Así, tanto el señor Artigot como el señor Ramos indican que fue un elemento importante a la hora de tomar la decisión de adquirir sendas viviendas, dado que tenían acceso directo a la playa. Nada puede oponerse a esta afirmación, pero igualmente nada puede oponerse a que la supresión de las puertas no puede imputarse a la mercantil.   
A ello debemos añadir la postura del perito judicial en cuyo informe obrante en autos señala que los planos, bocetos y demás documentos aportados no pueden considerarse como un reflejo fiel y exacto de la realidad final de la obra. De esta forma, expone que "una vez redactado el proyecto de ejecución material e incluso a lo largo del transcurso de la realización de la obra, siempre se producen modificaciones bien derivadas del propio proceso constructivo como de condicionantes del planteamiento de desarrollo" que en este caso debe achacarse a la intervención municipal. La conclusión del perito judicial es taxativa: "no se puede considerar alterada la configuración de la deificación ni supone un menoscabo de la misma".  
En consecuencia, debemos entender que, si bien es cierto que las puertas existían desde un inicio (hecho que no es objeto de controversia), igual de cierto es que su ausencia no puede imputarse a la acción de la mercantil, sino a la adecuación de la construcción a la realidad existente en la calle peatonal a la que se accedía por tales puertas. El efecto directo es que no puede reclamarse perjuicio alguno a la mercantil, no entrando en esta resolución a la valoración del mismo por cuanto no procede el resarcimiento del mismo, en caso de existir.   
En atención a la argumentación precedente, no procede estimar la demanda en este punto.  
  
Quinto. Es verdad que las puertas no se omitieron por capricho de la promotora sino por la adecuación de la construcción a la realidad existente en la calle peatonal a la que se accedía por tales puertas, pero esta realidad no puede ocultar que en la relación contractual, los compradores sufrieron por ello una merma en las viviendas compradas, que no tienen esa salida con que la promotora se comprometió a dotarlas, de modo que esta, que consciente de la realidad de la calle peatonal, incluyó tales puertas en el diseño de las casas en los planos que facilitó a los compradores, y luego no supo o no pudo cumplir esa obligación, debe compensar a estos del perjuicio que de tal incumplimiento se derive. Pues se trata de una cuestión que debió ser resuelta por la promotora en términos compatibles con el cumplimiento de las obligaciones que, conforme a lo dispuesto por los artículos 1225, 1278 y 1445 a 1520 del Código Civil, asumió frente a los compradores, quienes además tienen la condición de consumidores, y por ello gozan de la especial protección legal del artículo 61.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, conforme al cual "El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado". Dicho artículo se integra dentro del capítulo denominado de "contratos con consumidores y usuarios" y por ello, es común a todo tipo contractual, incluido el contrato de compraventa de inmuebles, de ahí que no quepa duda alguna de la extensión del contenido de la oferta, promoción o publicidad a la compra de viviendas por consumidores y la posibilidad de su exigencia al vendedor. En el ámbito específico de la vivienda, el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas, reafirma la previsión especial contenida en la legislación general de protección de los consumidores. En tal sentido, su artículo 1 proclama que dicha norma se aplicará a la promoción, oferta y publicidad que se realice para la venta de viviendas dirigida a consumidores, exigiendo el artículo 2 que dicha oferta, promoción o publicidad se ajuste a las verdaderas características y condiciones de la vivienda y fundamentalmente su artículo 3 impone que dicha publicidad no puede inducir a error a sus destinatarios de manera que afecte a su comportamiento económico ni silenciará datos fundamentales, confirmando la expresa exigibilidad de todo el contenido de la oferta, promoción o publicidad, aun cuando no figuren en el contrato. En esta línea, la STS, civil, Sección Primera, del 15 de marzo de 2010 (ROJ: MKS 1875/2010) y la STS, civil, Sección Primera, del 30 de mayo de 2011 (ROJ: MAX 9120/2011).  
De acuerdo con el informe del arquitecto señor Meseguer, que nos parece fiable, la pérdida de valor estimada por no tener la puerta de acceso directo a la calle es del cinco por ciento del valor de las viviendas, lo que se traduce en 8.752 euros para el demandante señor Artigot, y 9.375 euros para el demandante señor Ramos (folio 110).  
El motivo se estima.  
  
Sexto. El tercer motivo de recurso impugna la desestimación de la demanda en relación con la menor superficie de jardín en la vivienda del demandante José Artigot Chavarria, respecto de la cual dijo la sentencia recurrida:  
"B.2) Disminución de jardín.  
Otro de los elementos traídos a colación por la actora es la disminución de la superficie exterior de jardín prevista para cada una de las viviendas. Según lo estipulado contractualmente. Según el informe pericial presentado por la actora esta disminución reviste un 20,9 por ciento para el señor Ramos y un 6,06 por ciento para el señor Artigot, valorándose el perjuicio causado en 2.398,80 euros para el señor Ramos y 242,4 euros para el señor Artigot. Las mediciones recogidas en el citado informe señalan que la superficie de jardín del señor Artigot era de 33,36 m² y se ha ejecutado 31,34 m², originando un perjuicio del 6,06 por ciento, mientras que la superficie de jardín del señor Ramos es de 95,58 m² y que la ejecutada asciende a 75,59 m², causando un perjuicio del 20,9 por ciento Los cálculos para determinar el perjuicio irrogado parte del valor de suelo edificable en la zona equivalente a 300 euros y el valor suelo jardín que queda estimado en un 40 por ciento sobre el valor m², obteniendo 242,4 euros y 2.398,80 euros respectivamente.  
Frente a esta postura, la parte demandada señala que en los contratos se determina en todo momento que las superficies 'son aproximadas' y el precio se fija a tanto alzado por todo el conjunto de la construcción.  
La pericial judicial poco alumbra sobre este punto, por lo que debemos centrarnos en las periciales de parte. Así, mientras que el perito de la demandada indica que las medidas no difieren tanto de lo acordado ya que su extensión es de 30,80 m² y 81,20 m², respectivamente, el perito de la actora presenta una conclusión bien distinta y ya plasmada en esta resolución. Durante la vista se les pregunta cómo realizaron las mediciones. Mientras que el señor Messeguer manifestó que midió el jardín por triángulos, el señor Tortajada señaló que midió por medio de láser. Lo cierto es que tanto en una como en otra pericial se evidencia una diferencia entre la superficie que aproximadamente se pactó y la que realmente se ha ejecutado. Evidentemente, el tenor del término 'aproximado' debe ser tenido en cuenta al igual que se realizó cuando estuvimos dirimiendo la cuestión relativa a la demora en la entrega. De esta manera, cuando hacemos uso del término 'aproximado' debemos situarnos en un plano que, si bien no es un término justo, sí que es un término parejo o similar. De esta forma, hablar de una medida aproximada en el jardín del señor Artigot es justo y adecuado por cuando solo se ha vulnerado en un 6,06 por ciento, es decir, que el término 'aproximado' encuentra en este supuesto un acomodo palpable. De esta forma, no constituye un cumplimiento defectuoso cuando se ha causado una disminución del 6,06 por ciento, dado que lo que realmente se pactó fue una superficie aproximada."  
  
Séptimo. El recurso alega:   
1. Si se hace mención en el contrato al carácter "aproximado" de la superficie de la terraza, es exclusivamente por que así lo quiso la demandada/vendedora que no puede ahora acudir precisamente a esta cuestión, y la resolución acogerla.   
2. El contrato no establece una superficie aproximada. Habla exactamente de 33,36 m². Tal exactitud solo puede obedecer a que se sabía al milímetro cual iba a ser la superficie. El perito judicial señala que la superficie de las terrazas coinciden con los planos de ejecución material visados en el Colegio de Arquitectos, de suerte que la demandada era consciente al momento de elaborar los planos de que la superficie iba a ser menor a la convenida,   
3. Si el contrato era tan exacto (al milímetro) en cuanto a la superficie aproximada de la terraza 33,36 m² resulta incongruente que se entienda razonable una desviación de 2 m². Hubiera podido entenderse una desviación de unos centímetros, pero no 2,02 m².  
4. Igual carácter aproximado señalaba el contrato en relación con la superficie de la vivienda y sin embargo la misma cuenta al cm² con la superficie señalada.   
5. Una desviación de 2,02 m² es importante en una superficie de 33,36 m². Un 6,06 por ciento.   
El incumplimiento contractual existe. Será más grave o menos grave en relación con esta partida, pero existe y el comprador, a la sazón consumidor, no tiene obligación de soportarlo. No pudiendo obtener de la demandada la superficie de terraza que le ha sido hurtada, resulta innegable que tiene derecho al resarcimiento económico que la perdida supone, expresado en la demanda y que resulta del informe pericial del señor Messeguer.   
Octavo. Que en el contrato de compraventa se designara la terraza como de una superficie aproximada de 33,36 m² no autorizaba a la promotora a reducir esa medida -tan exactamente calculada por ella- por debajo de un razonable margen de tolerancia, que prudentemente debemos situar en el entorno de los decimales expresados por la propia constructora, pero no en más de dos metros cuadrados, pues tal merma nos parece excesiva teniendo en cuenta la superficie legítimamente esperada por el comprador, y sus expectativas de goce. Por ello, teniendo en cuenta el valor del suelo calculado en el informe pericial del señor Messeguer (folio 107), procede incrementar en 242,4 euros el perjuicio causado al demandante señor Artigot."  
  
Noveno. La sentencia del juez a quo estimó en parte la demanda en relación con la altura libre del falso techo en la vivienda del señor Ramos, diciendo:  
"B.3) Incumplimiento de altura mínima de salón del señor Ramos.  
La siguiente alegación solo afecta al señor Ramos y gira en torno a la altura libre del falso techo del salón de su vivienda ya que es inferior a la mínima fijada por normativa aplicable, artículo 2.4 de las Normas de Habitabilidad y Diseño de Viviendas de la Generalitat Valenciana, HD-91, que fijan una altura mínima de 2,50 metros, salvo en un 10 por ciento que puede reducirse a un 2,20 metros; la altura libre es de 2,32 metros en toda la superficie del salón del señor Ramos. En aras a su adecuación, es estima que las actuaciones imprescindibles para respetar tal medición se fijan, por el señor Meseguer, en 2.541,12 euros.  
Frente a esta alegación, la parte demandada, apoyándose en la pericial del señor Tortajada, manifiesta que se cumplen las mediciones legales según obra en el proyecto del arquitecto y aparejador. En caso de infringir la medición legal, el arquitecto municipal debía haber denegado la cédula de habitabilidad, siendo que no ocurrió del modo fijado.  
El informe del señor Tortajada no puede ser valorado frente al del señor Meseguer, por cuanto él mismo afirma que no accedió a las viviendas, por lo que sus conclusiones son meramente deductivas y no están contrastadas de modo fáctico. Por otro lado, la pericial judicial sostiene la misma postura del señor Meseguer, manifestando que no se cumple con la normativa vigente dado que la altura libre es de 2,27 metros en toda su superficie, arrojando una altura incluso menor a la plasmada en la pericial del actor. Es por ello que debemos entender que una causa más de cumplimiento defectuoso del contrato suscrito con el señor Ramos.  
Sin embargo, en cuanto a las acciones que deben acometerse y el precio de las mismas, mientras que el informe del perito judicial ajusta cada una de las operaciones que deben realizarse y el precio exacto de las mismas con un detalle excelente, el peritaje del señor Meseguer es excesivamente amplio y se limita a esbozar una serie de obras sin materializar un importe minucioso. Es por ello que la valoración de las obras que deben realizarse debe ubicarse en el cálculo desarrollado por el perito judicial, a saber: 1.425,77 euros.  
En atención a la argumentación precedente, estimo parcialmente la demanda en este punto, admitiendo el cumplimiento defectuoso respecto a la altura mínima del salón y siendo el cálculo de reparación 1.425,77 euros."  
  
Diez. Frente a esa desestimación parcial, el escrito de recurso alega, en síntesis:  
a) El informe del perito judicial no recoge los gastos generales -licencias, etcétera, para la realización de las obras, ni el beneficio industrial de los profesionales intervinientes que, según el informe de esta parte ascenderían a al menos un 10 por ciento sobre el total.   
b) Comparados uno y otro informe, el nivel de detalle es idéntico. Por consecuencia, la resolución carece de motivación suficiente en relación con la determinación del criterio que ha llevado al juzgador a decantarse por la valoración del perito judicial, generándose así indefensión a esta parte. En segundo término, la resolución incurre en error al valorar la prueba pues es de ver que la diferencia entre ambos presupuestos -al margen de pequeñas diferencias en los importes y los gastos generales y beneficio industrial, se debe partidas que no recoge el perito judicial y que son imprescindibles, como:  
Enlucido de yeso a buena vista, maestreando el perímetro. No son necesarios conocimientos técnicos para entender que, retirado el falso techo, será necesario enlucir el techo y la porción de pared inicialmente cubierta por el 239,04 euros.   
Limpieza de superficies verticales y suelo. Es obvio que se producirá suciedad que deberá ser limpiada, 60 euros.  
Montaje de todo el mobiliario, cortinas y demás elementos en su sitio. Igualmente se habrá de acometer esta tarea, 150 euros.   
En definitiva, tres partidas (459,04 €) que, con el beneficio industrial y los gastos generales (187,25 €) -y la diferencia por impuesto sobre el valor añadido al 16 y 18 por ciento considerado por cada perito en atención al momento de emitir su informe- son determinantes de la diferencia entre el coste total que arroja cada informe (1.425,77 € - 2.389,26 €).   
  
Once. Tal planteamiento, que cuestiona la valoración que el juez de la primera instancia hizo de las pruebas periciales practicadas en ella, nos obliga a recordar que es reiterada la doctrina jurisprudencial que considera que el juez tiene una amplia facultad de valoración de los informes periciales y que no tiene por qué someterse a un dictamen pericial concreto, e incluso le reconoce una expresa facultad de elección cuando, existiendo varios informes contradictorios, sigue más los criterios de uno que de otros. Así, por ejemplo, la STS, Civil, Sección Primera, del 12 de diciembre de 2005 (ROJ: KFU 2760/2005) dice: "En el supuesto de informes periciales contradictorios esta Sala de Casación Civil ha declarado que los juzgadores de instancia pueden decidirse por el dictamen que estimen más conveniente y objetivo para resolver la contienda procesal (sentencias de 11.05.1981 y 05.10.1998), y aquí el Tribunal de Apelación razona y explica su decisión de forma suficiente y convincente, conforme a lo que queda dicho. La prueba pericial más apropiada es aquella que se presenta mejor fundamentada y aporta mayores razones de ciencia y objetividad, y que, a su vez, tiene en cuenta todas aquellas circunstancias que pudieran servir para emitir dictamen neutral." Insistiendo esa doctrina en que la prueba pericial se ha de apreciar según las reglas de la sana crítica, por ser el módulo valorativo establecido en el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero sin que el juzgador se encuentre obligado a sujetarse al dictamen pericial (SSTS 10 de marzo, 11 de octubre y 7 de noviembre de 1994, 17 de mayo de 1995, 18 de julio y 29 de septiembre de 1997, todas ellas recogidas en la de 8 de octubre de 2003), al no constituir la pericial una prueba legal o tasada ("las reglas de la sana crítica no están predeterminadas, ni son pruebas sujetas a valoración legal", STS 14 de noviembre de 2006, y en el mismo sentido, STS de 10 de junio de 2009, RC núm. 2316/2004, entre muchas más), de manera que el dictamen de peritos no condiciona en un determinado sentido la conclusión que pueda llegar a obtener el juzgador en orden a tener o no tener por acreditados los aspectos fácticos que constituían el objeto de la pericia [...] siendo factible y además práctica judicial habitual que, de existir varias periciales, estas no se valoren aisladamente sino conjuntamente, entre sí y con el resto del material probatorio, valoración conjunta que justifica también que el tribunal priorice aquellas conclusiones contenidas en un dictamen, cuando se compadecen con las derivadas de otros elementos probatorios, principalmente documentos, y que postergue legítimamente aquellas otras periciales cuya resultancia carezca de dicho refrendo, sin que la impugnación fundada en la existencia de error de derecho en la valoración ampare que se pueda desvirtuar la conjunta de la instancia mediante el análisis de alguno de sus componentes (SSTS de 3 de marzo de 2004 y 30 de mayo de 2007, RC núm. 4710/2000) ni que, con el pretexto de una supuesta irracionalidad o ilogicidad del resultado, se pretenda no otra cosa que sustituir la resultancia objetiva plasmada en la sentencia por otra alternativa, más beneficiosa para los intereses o pretensiones de la parte, pero parcial y subjetiva (SSTS de 24 de marzo de 1998 y 30 de julio de 2008).  
Desde esa perspectiva jurisprudencial, en el caso que se nos plantea, debemos confirmar la apreciación que hizo de las pruebas el juez de la primera instancia, que no fue una valoración irracional o caprichosa, pues el perito de los actores, señor Meseguer, se limitó a cuantificar el defecto diciendo que "la valoración de rectificación del falso techo de escayola del salón-comedor se estima en 2.541,12 euros" (folio 113 del tomo I), sin especificar en tan escueta expresión de dónde extrajo esa suma; no es cierto que entre los conceptos pormenorizados por el perito judicial (folio 52 del tomo IV), falten los importes de los gastos generales y del beneficio industrial, que deben entenderse incluidos en el importe de cada partida.  
El motivo se desestima.  
  
Doce. La sentencia desestimó la demanda en relación con el pilar existente en el garaje de la vivienda del señor Artigot, razonando:  
"B.4) Existencia de un pilar en el garaje del señor Artigot.  
La última de las reclamaciones que encontramos en la demanda es la referida a la existencia de un pilar en el garaje del señor Artigot que no figura en los planos y que dificulta el uso normal de la plaza de garaje, evaluándose el perjuicio por el señor. Meseguer en 5.500 euros.  
Frente a esta posición, la parte demandada alega que la plaza de garaje cumple con el artículo 3.1 de las Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad Valenciana, HD-91, según lo fijado en el informe pericial del señor Tortajada.  
Sendos informes deben contraponerse a la luz del informe emitido por el perito judicial quien señala los siguientes puntos: primero, no supone 'ninguna limitación importante a su accesibilidad'; segundo, el espacio destinado a garaje cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 85/1989 sobre las Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad Valenciana, HD-91; tercero, los planos facilitados en el contrato de compraventa son susceptibles de modificación en cuanto a estructura y cimentación se refiere según el criterio del arquitecto del proyecto y de la dirección facultativa.   
La conclusión del perito judicial coincide con la del señor Tortajada en el sentido de que puede considerarse alterada la configuración física de la edificación y, atendiendo a las periciales obrantes en autos, debemos desestimar la demanda en este punto por cuanto la existencia del pilar no implica un cumplimiento defectuoso al no afectar a la normativa legal."  
  
Trece. Contra esa desestimación, el escrito de recurso alega, en resumen:  
Ha quedado acreditada la inexistencia de pilar en los planos que fueron entregados al señor Artigot con motivo de la compra de la vivienda, y su existencia a día de hoy.   
Ninguna relevancia tiene que la plaza de garaje cumpla o no la normativa a los efectos que nos ocupan por cuanto nos encontramos ante un incumplimiento contractual de la promotora, que supone un menoscabo de la utilidad de dicha plaza de garaje, que tiene unas dimensiones menores a las pactadas.   
En las fotografías del informe del perito judicial puede verse con claridad como el espacio creado entre el pilar y la pared ha tenido que ser utilizado por el propietario para instalar estantes, de suerte que el pilar impide el normal acceso al vehículo por el acompañante, así como al conductor que no tiene la posibilidad de abrir/cerrar por completo la puerta de acceso, e impide guardar una motocicleta o bicicletas,   
STS, Sala Primera, de 9 octubre 1998.   
  
Catorce. Los planos que facilitó la vendedora al señor Artigot cuando celebraron el contrato privado de compraventa, acreditan la inexistencia de un pilar en la plaza de garaje comprada por este (folio 30 del tomo I), así lo afirman todos los peritos, y todos reconocen que, pese a ello, tal pilar existe en la obra construida. Sin embargo, mientras el arquitecto señor Meseguer informa que ese pilar reduce la maniobrabilidad y el paso del vehículo en 72 cm, y valora ese defecto en 5.500 euros (folios 101 a 104 del tomo I), el perito señor Tortajada descarta su trascendencia porque, según afirma, en los bocetos que se entregan a los clientes no consta ningún pilar, pues se diseñan antes de calcular la estructura del proyecto, y resalta que pese a la existencia actual del pilar, el garaje cumple las Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad Valenciana (folio anterior al señalado como 121 del tomo 2), apreciación esta que comparte el perito judicial, quien sin embargo reconoce que a causa de ese pilar "deja de ser diáfano el espacio destinado al aparcamiento" (folios 46 a 49 del tomo IV).  
Sin embargo, no es verdad que en los bocetos que se entregaron a los clientes no constara ningún pilar, pues en el que recibió el señor Artigot es fácil detectar los lugares donde se ubicarían los pilares, y en los términos del debate mantenido por las partes, que gira en torno a si la promotora cumplió o no completamente su obligación de entregar el bien objeto del contrato de compraventa, teniendo en cuenta lo que antes dijimos sobre la exigibilidad de todo el contenido de la oferta, promoción o publicidad, aun cuando no figure en el contrato, hemos de proclamar que carece de relevancia que la plaza de garaje cumpla las Normas de Habitabilidad y Diseño de la Comunidad Valenciana, por cuanto lo relevante es el derecho del comprador a recibir en toda su integridad el garaje que compró, y es notorio que la presencia de ese pilar ocupando parte de su espacio útil no se corresponde con el que se le ofertó, y constituye un incumplimiento contractual en cuanto que reduce sus dimensiones, dificulta la maniobrabilidad y el acceso del coche, y complica el normal acceso al vehículo.  
El motivo se estima, por el importe de 5.500 euros.  
  
Quince. En resumen aritmético:  
La indemnización que corresponde al demandante señor Ramos es la de 7.310,44 euros, que fijó la sentencia recurrida, más 9.375 euros correspondientes al perjuicio por carecer de puerta de acceso directo a la calle Mare Nostrum. En total, 16.685,44 euros.  
La indemnización que corresponde al demandante señor Artigot es la de 3.305,57 euros, que fijó la sentencia recurrida, más 8.752 euros correspondientes al perjuicio por carecer de puerta de acceso directo a la calle Mare Nostrum; más 242,4 euros por la reducción de la superficie de su terraza; más 5.500 euros por el pilar existente en su garaje. En total, 17.799,97 euros.  
  
Dieciséis. Conforme a lo dispuesto por los artículos 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas en la primera instancia por la demanda en cuanto interpuesta por el señor Ramos, y debemos imponer a los demandados las ocasionadas en cuanto interpuesta por el señor Artigot.  
  
Diecisiete. Conforme a lo dispuesto por los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada.  
  
Dieciocho. Conforme a lo dispuesto por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estimado el recurso, devuélvase el depósito constituido para recurrir.  
En nombre del rey, y por la autoridad que nos confiere la Constitución aprobada por el pueblo español.  
Fallamos  
1. Estimamos el recurso interpuesto por José Artigot Chavarria y José Luis Ramos Fortea.  
2. Revocamos la sentencia apelada, y en su lugar:  
a. Estimamos íntegramente la demanda en cuanto formulada por José Artigot Chavarría, y parcialmente en cuanto formulada por José Luis Ramos Fortea, contra C&T Sagunto Asociados, SL, Francisco Cuadrado Gil, José Martín González, Francisco Cortés Ortega, Diego Cuadrado Gil, Soledad Cuadrado Gil, Manuel Emilio Torres Requena, José Torres Requena, Francisca Torres Requena y Margarita Cuadrado Gil.  
b. Condenamos a los demandados a que solidariamente hagan pago de 17.799,97 euros a José Artigot Chavarria, y de 16.685,44 euros a José Luis Ramos Fortea, así como los intereses legales.   
c. Imponemos a los demandados las costas causadas en la primera instancia por la demanda en cuanto interpuesta por José Artigot Chavarria.  
d. No hacemos expresa imposición de las costas causadas en la primera instancia por la demanda en cuanto interpuesta por José Luis Ramos Fortea.  
3. No hacemos expresa imposición de las costas causadas en esta alzada.  
Devuélvase el depósito constituido para recurrir.  
Esta sentencia no es firme y contra ella cabe recurso extraordinario por infracción procesal o recurso de casación por interés casacional.  
  
A su tiempo, devuélvanse al juzgado de procedencia los autos originales, con certificación de esta resolución para su ejecución y cumplimiento.  
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»  
  
Y para su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al objeto de notificar a la parte incomparecida y en ignorado paradero, C&T, Sagunto Asociados, SL, demandada-apelada.  
Doy fe.  
  
Valencia, 18 de abril de 2013.- La secretaria judicial: Eugenia Rosa Martín Landete.