Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3639, del 03-12-1999 (1999/10144)

ACUERDO de 23 de noviembre de 1999, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la ampliación de una nave industrial hortofrutícola, en la partida de La Barraca, en el término municipal de Piles, promovida por Exportaciones Aranda, SL.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3639

Fecha DOGV
:   03-12-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/10765


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 23 de noviembre de 1999, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la ampliación de una nave industrial hortofrutícola, en la partida de La Barraca, en el término municipal de Piles, promovida por Exportaciones Aranda, SL. [1999/F10173]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 23 de noviembre de 1999, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Antecedentes de hecho
  
1. El día 27 de marzo de 1997 tuvo entrada en la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia la solicitud formulada por don Salvador Aranda Bequio, en nombre de la mercantil Exportaciones Aranda, SL, de la declaración de interés comunitario de una actuación integral consistente en la ampliación de una nave industrial hortofrutícola en la partida de La Barraca, del término municipal de Piles, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable (en adelante, LSNU).
  
En fecha 8 de abril de 1997 se revisó la documentación del expediente requiriéndose documentación al interesado para que la completase en los términos indicados en el artículo 20 de la LSNU, y se dio audiencia al propio Ayuntamiento de Piles como municipio afectado por la actuación y a los municipios de la zona (Palmera, Alquería de la Condesa, Oliva y Miramar).
  
Ante la no presentación de documentación complementaria, el 13 de octubre de 1997 se advirtió la caducidad del expediente, y en fecha 6 de noviembre de 1997 se completó la documentación solicitada.
  
En fecha 8 de abril de 1997 se solicitaron informes a la Diputación Provincial de Valencia (Servicio de Explotación), Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (en adelante, COPUT), Oficina del Plan de Carreteras, Confederación Hidrográfica del Júcar y Dirección General de Desarrollo Sostenible.
  
Con fecha 11 de abril de 1997 se requirieron informes a la Subdirección Territorial de Agricultura, Dirección General de Transportes (COPUT), Conselleria de Economía y Hacienda y Subdirección Territorial de Medio Ambiente.
  
A la Dirección General de Desarrollo Sostenible se le adjunta el estudio de impacto ambiental.
  
De todos ellos se han recibido informes:
  
- Diputación Provincial, de 13 de abril 1997, condicionado a la concreción de los terrenos a ceder para la ejecución de la rotonda.
  
- Oficina del Plan de Carreteras (COPUT), de 4 de junio de 1997, de carácter favorable.
  
- Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, de 5 de mayo de 1997, de carácter favorable.
  
- Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, de fecha 2 de mayo de 1999, informando que no afecta a ninguna vía pecuaria del término municipal.
  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, de 24 de junio de 1997, señalando la falta de documentación para informar.
  
- Los ayuntamientos de la zona (Alquería de la Condesa, 30 de abril de 1997, y Miramar, 10 de junio de 1997) con carácter favorable.
  
- Ayuntamiento de Piles, de 5 de mayo de 1997, de carácter favorable, aceptando la propuesta de cesiones y cargas contenida en el documento.
  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, de 22 de febrero de 1999, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Piles la obra de desvío y encauzamiento del barranco de Beneteixir, con una serie de condicionantes que en la misma se contienen.
  
- Diputación de Valencia, Servicio de Explotación, de 21 de junio de 1999, de carácter desfavorable, ya que se requiere documentar en forma legalmente adecuada la cesión de los terrenos a la Diputación Provincial para la realización de la rotonda entre las carreteras VP-1061 y VV-1064.
  
2. El día 13 de enero de 1997 el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes resolvió admitir a trámite el expediente de referencia, ordenando el sometimiento del expediente al trámite de información pública por el plazo de 20 días simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento.
  
A este respecto se publicaron sendos anuncios, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 24 de febrero de 1998 y en el diario Levante de fecha 30 de enero de 1998, no habiendo sido presentada propuesta ni alegación alguna.
  
3. La documentación presentada consta de memoria justificativa, ordenación urbanística de la actuación integral, compromisos entre el promotor y el ayuntamiento, estudio de impacto ambiental, planos de información y planos de ordenación.
  
4. El día 18 de mayo de 1999 la Dirección General de Desarrollo Sostenible (Conselleria de Medio Ambiente) emitió declaración de impacto ambiental por la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales, la actuación solicitada, siempre y cuando se cumplan los condicionantes en ella incluidos.
  
5. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en fecha 24 de junio de 1999, informó favorablemente la aprobación de la presente declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario, en suelo no urbanizable, del término municipal de Piles.
  
6. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 20 de julio de 1999, informó favorablemente la presente declaración de interés comunitario.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Constituye el objeto del expediente la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico del proyecto de ampliación de una nave industrial hortofrutícola. La superficie de terrenos que precisa la actuación es de 44.470 metros cuadrados, debiéndose señalar que parte de los terrenos están afectados por el encauzamiento del barranco (2.700 metros cuadrados) y parte por cesión de terrenos al ayuntamiento (1.600 metros cuadrados). De modo que los 40.100 metros cuadrados restantes se vinculan completamente a la actividad.
  
La edificación proyectada tiene un total de 11.035 metros cuadrados, de los cuales 4.650 pertenecen a la edificación existente, estando en suelo clasificado como urbano industrial, estando el resto de la ampliación pretendida situada en suelo con clasificación de no urbanizable.
  
La actuación cuyo interés comunitario se solicita, dadas sus características, al tratarse de la ampliación de una industria hortofrutícola existente y contar con una superficie necesaria para el desarrollo de la actuación superior a 4 hectáreas, constituye una actuación integral en sí misma considerada que hace imposible su ubicación en suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar previsto en el planeamiento vigente de los municipios de la zona, teniendo además en cuenta la no existencia de suelo industrial suficiente en Piles para albergar la totalidad de la instalación. De modo que su ordenación y aprovechamiento urbanístico debe resolverse en los términos previstos en el artículo 20 de la LSNU, por tratarse de una actividad industrial, consistente en la ampliación de una nave hortofrutícola, que requiere una superficie ocupada superior a los 40.000 metros cuadrados, por lo que solo puede autorizarse su implantación en suelo no urbanizable como una actuación integral a través del procedimiento extraordinario de declaración de interés comunitario.
  
2. Respecto al procedimiento, se han observado en el presente caso las prescripciones legales que exige la citada LSNU. Asimismo, la documentación del expediente está completa en los términos requeridos en el artículo 20.2, segundo párrafo, de la referida LSNU y la vigente legislación de impacto ambiental.
  
3. La actuación integral proyectada, por sus propias dimensiones, constituye un elemento influyente en la estructura territorial.
  
Se propone un emplazamiento en suelo no urbanizable al oeste del casco urbano de la población, lindante con una zona industrial de 7.750 m2, que actualmente se encuentra consolidada por la nave que se pretende ampliar.
  
Igualmente, se prevé el desvío del actual trazado del barranco de Beneteixir, que atraviesa la zona, y que cuenta con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
  
La actuación se encuentra delimitada por el este por la carretera Nazaret-Oliva y por el sur por la carretera de Palmera a Piles.
  
A este respecto se cederá el terreno necesario a la Diputación de Valencia para que proceda a la ejecución de una rotonda prevista en la intersección entre sus dos carreteras, la VP-1061 y la VV-1064. De esta cesión no hay constancia en documento formal, por lo que el Servicio de Explotación de la Diputación Provincial de Valencia emite informe desfavorable hasta que quede acreditada dicha cesión legal de los referidos terrenos.
  
Respecto a los servicios, al tratarse de la ampliación de una industria existente en suelo urbano, los servicios e infraestructuras necesarios para la actuación se encuentran resueltos en la actualidad mediante los propios que dan servicio a la industria existente, bastando con la ampliación de las redes interiores a las parcelas para dar servicio a la parte de la industria objeto de la ampliación. Por tanto, la actividad se plantea como una actuación integral que resuelve en sí misma su ensamblaje territorial de forma que garantiza la solución de los servicios sin que, de otro lado, se ocasionen sobrecargas en el funcionamiento normal de las redes de servicios generales.
  
4. Respecto al régimen de cesiones y deberes, tal y como establece la LSNU, el promotor de la actuación ha asumido los mismos deberes y cargas que el promotor de un programa de actuación urbanística; en el presente caso se plantea acogerse en parte a las posibilidades de sustitución que permite la propia LSNU en los términos que a continuación se refieren:
  
a) En concepto de cesión de dotaciones:
  
Se calcula la cesión obligatoria de un 10% de la superficie de la actuación para zona verde (4.177 metros cuadrados) y un 4% para otras dotaciones (1.670 metros cuadrados).
  
La zona verde se transforma en una compensación económica de 9.147.630 pesetas, a razón de 2.190 pesetas el metro cuadrado, que se destinarán al encauzamiento del barranco.
  
La parte de las otras dotaciones se concreta en la cesión de una parcela de 1.670 metros cuadrados junto al cementerio para destinarla a aparcamiento del que actualmente adolece la zona.
  
b) En concepto de cesión de aprovechamiento:
  
Se calcula un aprovechamiento del 10% para el ayuntamiento, lo que supone 1.103 metros cuadrados construidos, que conforme a las ordenanzas reguladoras implica una parcela de 4.175 metros cuadrados.
  
Se establece una compensación económica al respecto que, con la misma valoración de suelo que la definida anteriormente, se concreta en 9.143.250 pesetas. De ellas, 7.138.770 pesetas irán destinadas al encauzamiento del barranco y 2.004.480 pesetas se pagarán en metálico al ayuntamiento.
  
A parte de estas cesiones exigidas legalmente, existe un compromiso de ceder a la Diputación Provincial los terrenos necesarios para la rotonda de enlace entre las dos carreteras que delimitan el ámbito de la actuación y que mejorará el acceso a Piles, señalándose por parte de Diputación la necesidad de documentarse la cesión en la forma legalmente adecuada.
  
5. A la hora de definir la adecuación de la actuación a la ordenación territorial y urbanística, cabe tener en cuenta los informes sectoriales favorables de las administraciones que se ven afectadas por la actuación y principalmente por los órganos medioambientales mediante declaración de impacto ambiental (Dirección General de Desarrollo Sostenible de la Conselleria de Medio Ambiente) y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
  
No obstante, habrá que tener en cuenta el informe del Servicio de Explotación de la Diputación Provincial de Valencia, que lo emite con carácter desfavorable hasta que se documente formalmente la cesión de terrenos a la misma para la construcción de la rotonda.
  
6. El Gobierno Valenciano es el órgano competente para la aprobación de la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo preceptuado en el apartado segundo del artículo 20 de la LSNU.
  
De conformidad con lo establecido en los preceptos legales citados y concordantes de general y pertinente aplicación, y a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano
  
ACUERDA
  
Primero
  
Aprobar definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por la mercantil Exportaciones Aranda, SL, de una actuación integral consistente en la ampliación de instalación de una central hortofrutícola en la partida de La Barraca, en suelo clasificado como no urbanizable, del término municipal de Piles, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos del artículo 20 de la LSNU.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado segundo, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente acuerdo.
  
La aprobación de la actuación integral llevará implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de interés social y de la necesidad de ocupación de los terrenos que, conforme al proyecto aprobado, sean necesarios para la ejecución de aquélla y para su enlace con los correspondientes sistemas generales. El promotor de la iniciativa finalmente aprobada tendrá, cuando no sea propietario de la superficie afectada por la actuación, o de parte de ella, la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo de su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer, con independencia de las obligaciones asumidas en el procedimiento de aprobación de su iniciativa.
  
Segundo
  
Adjudicar dicha actuación integral en favor de la entidad Exportaciones Aranda, SL, a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la LSNU, para promover la ampliación de la citada central hortofrutícola.
  
Tercero
  
Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, y especialmente la cesión de los terrenos necesarios a la Diputación de Valencia para que proceda a la ejecución de una rotonda prevista en la intersección entre sus dos carreteras, la VP-1061 y la VV-1064, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados, en favor del ayuntamiento, para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
Cuarto
  
El promotor deberá garantizar ante el Ayuntamiento de Piles la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes del inicio de las obras.
  
Quinto
  
Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Gobierno Valenciano.
  
Sexto
  
El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado segundo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Piles. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.
  
Séptimo
  
El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la declaración de impacto ambiental de 18 de mayo de 1999. Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación de la referida central hortofrutícola.
  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno Valenciano en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 23 de noviembre de 1999
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano, en funciones,
  
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ