Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4517, del 09-06-2003 (2003/6669)

ACUERDO de 3 de junio de 2003, del Consell de la Generalitat, por el que se declara de interés comunitario la instalación de un Parque Tecnológico en el término municipal de Castalla.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4517

Fecha DOGV
:   09-06-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/6669


Fecha del documento
:   03-06-2003

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Castalla
    * plan de urbanismo
    * parque tecnológico

ACUERDO de 3 de junio de 2003, del Consell de la Generalitat, por el que se declara de interés comunitario la instalación de un Parque Tecnológico en el término municipal de Castalla. [2003/6669]
  
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 3 de junio de 2003, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
Visto el expediente promovido por D. Vicente Berbegal Pérez en representación de la mercantil Actiu Enterprises Corporation, SL, referido a la solicitud de declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, para la realización de un Parque Tecnológico de Uso Industrial, en el Paraje denominado ?Venta Flores?, en suelo no urbanizable del término municipal de Castalla, y de conformidad con los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Con fecha 28 de febrero de 2001, D. Vicente Berbegal Pérez, en representación de la mercantil Actiu Enterprises Corporation, SL, presentó en el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, instancia y documentación complementaria solicitando la declaración de interés comunitario para un proyecto de actuación integral referido a las actividades de fabricación-producción, almacenaje, distribución, administración y comerciali-zación de productos de la mercantil, en el paraje denominado ?Venta Flores?, en suelo no urbanizable del término municipal de Castalla. Se ocupan 3.380 metros cuadrados pertenecientes al término municipal de Onil que se ubican en parte de una rotonda de acceso.
  
Con fecha de 28 de octubre de 2000 se concluye entre Actiu Enterprises Corporation, SL, y el Ayuntamiento de Castalla un Convenio de colaboración y apoyo para llevar a cabo actuaciones urbanísticas, por el que el Pleno Municipal acuerda fijar la idoneidad del emplazamiento escogido para desarrollar la actividad industrial. Al propio tiempo, y dado el estado de los trabajos de revisión del Plan General, se considera adecuado proceder a la tramitación por la vía del artículo 20 de la Ley del Suelo No Urbanizable.
  
Segundo
  
En concreto, la instalación pretendida se refiere a suelo no urbanizable, con las siguientes categorías:
  
a) Común Agrícola, en el municipio de Castalla.
  
b) Común - subzona E (El Pla) en la parte que afecta al municipio colindante de Onil.
  
- Instalación Propuesta: Parque Tecnológico ?ACTIU?.
  
- Superficie de suelo afectado por la actuación: 191.480 m2.
  
- Superficie ocupada por la actividad: 155.538 m2 de parcela privada.
  
- Superficie destinada a suelo dotacional público, según la propuesta: 35.942 m2.
  
Parámetros del proyecto:
  
- Parcela edificable: única de 155.538 m2.
  
- Ocupación máxima: 40% (62.215 m2).
  
- Altura máxima: 22 m. sobre rasante natural.
  
- Edificabilidad bruta: IEB = 0,32 m2/m2.
  
- Edificabilidad neta: 0,39 m2/m2 (60.660 m2t).
  
- Separación a linderos:
  
- Los determinados por las líneas de edificación y protección de autovía y carreteras.
  
- Resto de linderos: 10 m.
  
- Otros: dotación de aparcamientos:
  
- Públicos. Aunque en la descripción de la propuesta no se prevén, tanto en los planos a escala 1/2000 (de red viaria y conexiones) como en el Anteproyecto de Urbanización, se proponen viarios rodados y dotación de aparcamientos en el interior de la zona verde, aunque no se cuantifica su superficie.
  
- Privados. En el interior de la parcela, que según la documentación del proyecto de urbanización, la dotación será de orden de 200 plazas para turismos y 50 para ciclomotores.
  
Tercero
  
La documentación aportada está integrada por memoria informativa y justificativa de la ordenación, planos de información urbanística y de ordenación, estudio económico-financiero, plan de etapas, y estudio de impacto ambiental. En la misma se definen las características de la ordenación propuesta, y se prevén todas las obras de conexión con las redes generales de infraestructuras y servicios públicos necesarios para el funcionamiento de la actividad.
  
Cuarto
  
Consta compromiso de asunción por el promotor del régimen de deberes, cesiones y obligaciones propios del adjudicatario de un programa en suelo urbanizable, proponiendo la minoración de estándares dotacionales y solicitando para ello la preceptiva autorización del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.
  
Quinto
  
Mediante la Resolución de 21 de octubre de 2002, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, fue admitida a trámite la solicitud formulada, acordándose su sometimiento a información pública por plazo de veinte días, simultáneamente con la convocatoria para presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento.
  
A este respecto, se publicaron sendos anuncios en el DOGV nº 4.389, de 29 de noviembre de 2002, y en el Diario La Verdad de 22 de noviembre de 2002.
  
No fue necesaria la notificación a los titulares catastrales al ser promovida la actuación por la sociedad propietaria de todos los terrenos comprendidos en ello.
  
No consta la presentación de alegaciones ni de alternativas en competencia.
  
Sexto
  
Obran en el expediente los informes municipales del Ayuntamiento de Onil de fecha 18 de febrero de 2002, del Ayuntamiento de Castalla de 28 de octubre de 2000, de 25 de junio de 2001 y de 22 de julio y 29 de agosto de 2002 y del Ayuntamiento Ibi de 25 de septiembre de 2002, a los que se remite en aras a la concreción y claridad del presente Acuerdo.
  
Asimismo, constan en el expediente los informes favorables, de carácter sectorial, de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía de 9 de enero de 2003, de la Oficina del Plan de Carreteras, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 17 de enero de 2002, del Servicio de Ordenación del Territorio, de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial de 23 de abril de 2003, y del Ministerio de Fomento de 10 de mayo de 2003.
  
Séptimo
  
Por la Resolución de 9 de abril de 2003, de la directora general de Planificación y Gestión del Medio, de la Conselleria de Medio Ambiente, se emitió declaración de impacto ambiental de carácter favorable.
  
Octavo
  
La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, en sesión de 8 de mayo de 2003, acordó informar favorablemente la aprobación definitiva de la presente solicitud de declaración de interés comunitario, con la minoración de estándares dotacionales solicitada.
  
Noveno
  
Con fecha 14 de mayo de 2003, el conseller de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes resolvió motivadamente autorizar la minoración de estándares dotacionales respecto a la presente Actuación Integral.
  
Décimo
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con fecha 14 de mayo de 2003, informó favorablemente la presente declaración de interés comunitario.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Respecto al procedimiento, la solicitud formulada debe resolverse al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, debiendo sustanciarse por el procedimiento extraordinario de declaración de interés comunitario a que se refiere el artículo 8.2.d) de la Ley de Suelo No Urbanizable en relación con el artículo 20 del mismo texto legal.
  
A este respecto, se han observado las prescripciones legales establecidas y se han recabado los preceptivos informes, por lo que la documentación está completa.
  
Segundo
  
En cuanto al fondo del asunto, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Suelo No Urbanizable, las edificaciones e instalaciones destinadas a actividades terciarias e industriales que, entre otras condiciones, precisen la ocupación de una superficie mayor de 4 Hectáreas, requieran más de 8.000 m2. construidos o exijan la realización de más de 1.000 m. lineales de desarrollo sólo podrán realizarse como Actuaciones Integrales previo cumplimiento de las condiciones exigidas en dicha Ley.
  
Sobre este aspecto, el artículo 55.2 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat, Reguladora de la Actividad Urbanística, establece que:
  
?Las determinaciones cuyo objeto sea realizable mediante una o varias Declaración de Interés Comunitario de las reguladas en la Ley del Suelo No Urbanizable, se aprobarán conforme a ésta, evitando establecerlas mediante modificaciones parciales de los Planes.-
  
En este sentido, así se manifiesta también el artículo 175 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Consell de la Generalitat.
  
Conviene destacar que según se expresa en el Preámbulo de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable:
  
?Las actuaciones productivas y terciarias, en el suelo no urbanizable, requerirán la previa declaración de interés comunitario otorgada por la Generalitat, dando participación a los municipios en el procedimiento. Esta declaración, que complementa la ordenación urbanística, es concebida como una especie de planeamiento puntual.
  
La Ley hace un esfuerzo analítico por definir qué tipo de actuaciones y bajo qué supuestos se podrán amparar, mediante la declaración de interés comunitario, y cuáles no. Se desarrolla así, siquiera de forma básica y preliminar, el viejo concepto indeterminado de ?necesidad de emplazamiento en el medio rural?, previsto en la Ley de 1976. Formulada una propuesta, dentro de estos supuestos, el órgano otorgante deberá examinar tanto su compatibilidad con el planeamiento y con los estándares y condiciones generales que establece la Ley, que complementarán sus reglamentos de desarrollo, como la conveniencia y oportunidad misma de acometer la propuesta, ponderando su incidencia en la correcta vertebración del territorio.-
  
Por ello, dicha Ley exige que la declaración de interés comunitario de estas actuaciones mayores, por su especial relevancia territorial, se someta a la aprobación del Consell de la Generalitat, así como que su proyecto y desarrollo sea formulado y efectuado como una Actuación Integral, resolutoria de todas las incidencias que su ensamblaje territorial pueda acarrear. A este respecto, el promotor de la actuación ha asumido durante el procedimiento, las obligaciones y responsabilidades corrientemente requeridas para actuar en suelo urbanizable, así como la ejecución de las infraestructuras y medidas correctoras precisas, aun de las generales o externas al ámbito de actuación, de modo que su desarrollo comportará necesariamente la ejecución de la totalidad de las infraestructuras de servicios, internas y externas, que precise y genere la actuación para no menguar los niveles de servicios existentes o deseables, a cargo de la correspondiente actuación integral.
  
De los informes y dictámenes que obran en el expediente se desprende la compatibilidad de la actuación propuesta con el planeamiento y con los demás requisitos exigidos por la legislación aplicable, así como la conveniencia y oportunidad de dicha actuación en el suelo no urbanizable común, cuya incidencia sobre la estructura del territorio, el desarrollo económico-social local, autonómico y general, así como su impacto sobre el medio físico, se considera positiva desde el punto de vista de la ponderación de la racional utilización del territorio valenciano.
  
Tercero
  
El Consell de la Generalitat es el órgano competente para la aprobación de la ordenación y definición del aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo preceptuado en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, conforme al acuerdo de la Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, de fecha 8 de mayo de 2003, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Consell de la Generalitat
  
ACUERDA
  
I) Aprobar definitivamente de la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por la entidad Actiu Enterprises Corporation, SL, de una actuación integral referente a las actividades de fabricación-producción, almacenaje, distribución, administración y comercialización de productos de la entidad, como declaración de interés comunitario que se ha de desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado II, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente Acuerdo.
  
II) Adjudicar dicha actuación integral en favor de la mercantil Actiu Enterprises Corporation, SL, a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, para promover la instalación de la referida instalación.
  
III) Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados ?en favor del Ayuntamiento- para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
IV) El promotor deberá garantizar la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral por importe de al menos un 7% del coste total de los servicios y obras de urbanización previstos. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes de inicio de las obras.
  
V) Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Consell de la Generalitat.
  
VI) El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado II, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado III, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente Acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y de los Ayuntamientos de Castalla y Onil. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral, hasta que el Consell de la Generalitat resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarias para el lícito ejercicio de la actividad.
  
VII) El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas Administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la Declaración de Impacto Ambiental de 9 de abril de 2003.
  
Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación de dicha instalación.
  
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consell de la Generalitat en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 3 de junio de 2003
  
El vicepresidente y secretario del Gobierno Valenciano,