Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7155, del 19-11-2013 (2013/10660)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de modificación de medidas número 1514/2011.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7155

Fecha DOGV
:   19-11-2013

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2013/10052


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia número 26 de València

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de modificación de medidas número 1514/2011. [2013/10996]  
Alicia Ordeig Rabadán, secretaria titular del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Valencia, por el presente hago saber que en los autos de modificación de medidas supuesto contencioso 001514/2011, seguidos a instancia de José Fernando Ramírez Gimeno contra Claudia Carla Ferreira Silva, en situación de rebeldía, en los que, en fecha 4 de julio de 2012, ha recaído sentencia cuyo tenor literal dice así:  
«Sentencia número 000465/2012  
Jueza que la dicta: María de la Cueva Santa Raro Marín.   
Lugar: Valencia.   
Fecha: 4 de julio de 2012.   
Parte demandante: José Fernando Ramírez Gimeno.   
Abogada: Cristina Alcañiz Castells.  
Procuradora: Elvira Orts Rebollida.   
Parte demandada: Claudia Carla Ferreira Silva.   
Abogado/a: -   
Procurador/a: -  
Objeto del juicio: modificación medidas contencioso.  
Vistos por María de la Cueva Santa Raro Marín, jueza del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Valencia, los presentes autos de juicio verbal de modificación de medidas número 1514/2011, recaídas en el procedimiento sobre guardia y custodia 294/2010, seguidos a instancia de José Fernando Ramírez Gimeno, representado por la procuradora señora Orts Rebollida y asistido de la letrada señora Alcañiz Castells, frente a Claudia Carla Ferreira Silva, no comparecida y declarada en rebeldía a pesar de su emplazamiento personal, habiendo sido parte el ministerio fiscal y conforme a los siguientes:  
Antecedentes de hecho  
Primero. Correspondió a este Juzgado conocer, por turno de reparto, de la demanda de modificación de medidas definitivas, frente a la sentencia de fecha 25 de marzo del año 2010, dictada por este Juzgado en autos de guardia y custodia 294/2010, de este mismo Juzgado, en que, entre otros pronunciamientos, se atribuía la guardia y custodia compartida de la hija menor común, I. R. F., de 11 años de edad, y una aportación económica consistente en el abono de la mitad de un alquiler a cargo del ahora demandante, en el sentido de dejar sin efecto las mismas, y que se la atribuyera al demandante la guardia y custodia de la menor, I., ante la situación personal de la demandada, por la precariedad económica y desahucio de la vivienda que ocupaba, lo cual implica un riesgo para la menor.   
Segundo. Repartida a este Juzgado dicha demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 775 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y una vez contestada la misma, se señaló la comparecencia prevenida en dicho último precepto para el día de la fecha, con traslado a la demandada, que fue citada en legal forma de modo personal, con los traslados y apercibimientos necesarios, no compareciendo, donde igualmente consta el resultado de la prueba admitida y practicada a instancia de parte, consistente exclusivamente en la documental aportada.  
Tercero. Observadas las reglas de procedimiento.  
Hechos declarados probados  
Primero. De las actuaciones practicadas, teniendo en cuenta las alegaciones del demandante, las pruebas documentales aportadas y la previa exploración de la menor. Se considera probada la situación socio-personal de la demandada expuesta en el escrito de la demanda que derivan, bajo su guarda, una situación de la menor de grave incomodidad para la misma al ocupar la madre actualmente solo una habitación en una vivienda compartida. Asimismo, se comprueba la buena actitud del padre, así como su estabilidad económica y profesional para poder cuidar y satisfacer las necesidades de la menor.  
Segundo. La menor manifiesta, previas preguntas tanto de la jueza como por parte del ministerio fiscal su deseo de vivir con su padre, porque no le gusta el ambiente ni donde vive su madre. La menor se muestra introvertida pero manifiesta de forma clara su deseo de pasar las vacaciones de verano con su padre en el pueblo, Oliva, donde pasan también las vacaciones la familia paterna y tiene muchos amigos. Que cuando empiece el colegio quiere vivir con su padre, pero no dejar de ver a su madre y que le parece bien dormir algún día con su madre.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Conforme se ha expuesto por la Sección Décima de nuestra Audiencia Provincial en múltiples resoluciones. No cabe duda que las medidas definitivas adoptadas en sentencia, bien procedan del acuerdo de las partes, bien hayan sido adoptadas por la autoridad judicial, de conformidad con lo expuesto en los artículos 90 y 91 del Código Civil, son susceptibles de modificación cuando se haya producido una alteración sustancial de las circunstancias. De modo que dicha alteración sustancial se erige en presupuesto necesario sobre el que debe operar la modificación. Mas el problema surge en la aplicación práctica de dicho concepto ante la falta de concreción del legislador, para lo cual es necesario acudir a la interpretación que del mismo realizan los tribunales. Y así, tomando como preferente la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 15 de mayo de 1995, ha de entenderse por alteración sustancial de las circunstancias cuando ?las bases personales o económicas que sirvieron para articular el sistema de convivencia, relación y asistencia de cada uno de los progenitores entre sí y para con los hijos de la pareja, hayan sufrido un cambio tan relevante y estable que, por afectar de modo sustancial a la justicia, equidad o suficiencia de aquellas medidas, justifiquen su alteración, en más o en menos, o sus sustitución por otras de diversa naturaleza?.  
En otras palabras, la regla rebus sic stantibus tiene en el proceso matrimonial aplicación a través de la modificación de medidas cuando ha habido un cambio sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta al pactarse o decidirse judicialmente los efectos de la separación o divorcio de los cónyuges. La adaptación de las nuevas circunstancias se obtienen a través de la acción prevista en los artículos 90, 91, 100 y 101, tendente a modificar o extinguir alguna o todas aquellas medidas, y en su aspecto procesal a través del procedimiento del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahora bien, la ley no dice cuando ha habido un cambio sustancial de las circunstancias, por lo que será la exégesis jurisprudencial la que nos irá dando las pautas a través de las cuales deduciremos los requisitos exigidos para la procedencia de la demanda de modificación y que son:  
1. Que haya existido un cambio objetivo de las circunstancias que concurrieron y se tuvieron en cuenta cuando se dictó la sentencia matrimonial anterior, lo que supone que los hechos en los que se base la demanda se hayan producido con anterioridad a dictarse la sentencia que fijó las medidas.  
2. Que la variación o cambio sea sustancial, esto es, que la variación o cambio de circunstancias tenga relevancia legal y entidad suficiente como para justificar la modificación pretendida.  
3. Que el cambio de circunstancias sea permanente o al menos que no obedezca a una situación de carácter transitorio.  
4. Que se trate de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.  
5. Involuntarias, esto es, ajenas a la voluntad del cónyuge que solicita la modificación  
6. Que se acrediten forma por el cónyuge que las solicita el cambio de las circunstancias, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y debiendo probar las existentes entonces, de modo que quien la inste debe acreditar no solo el cambio sino también la situación anterior, para que el tribunal pueda establecer la exacta comparación entre el entonces y el ahora.  
Segundo. Respecto a la atribución de la guardia y custodia, actualmente y en interés de la menor. No puede ser otro, que la de pasar a residir con el padre bajo la guarda y custodia del mismo. Al resultar ser la decisión más apropiada para el bienestar y estabilidad emocional, social, personal y familiar de la misma. Al considerarse probada la situación de riesgo que se produciría de seguir bajo la guarda compartida, procediendo su otorgamiento al padre, con un régimen de visitas para con aquella que, a falta de otra petición, será conforme al interesado por el demandante, sin pernoctas, en tanto se mantenga la indicada situación y quedando sin efecto la aportación económica por alimentos y alquiler de vivienda a cargo del demandante. Pero sí pidiéndole a la madre la retribución de una pensión por alimentos a favor de la menor, I., por cuestión de orden público, aunque no haya sido pedida en la demanda por el demandante.  
Tercero. Ateniéndose a la naturaleza de este tipo de procedimientos no ha lugar a la imposición de costas, visto el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Fallo  
Que debo estimar y estimo la demanda de modificación de medidas deducida por José Fernando Ramírez Gimeno contra Claudia Carla Ferrreira Silva, modificando las medidas vigentes sobre la guardia y custodia de su hija, I. R. F., establecidas en el procedimiento indicado en el encabezamiento de la presente resolución en los siguientes términos:  
Único. Se otorga al padre la guardia y custodia de su hija menor, I., quedando sin efecto la obligación de alimentos y alquiler vigentes a cargo del demandante, mientras se mantenga dicha situación, y reconociéndose un régimen de visitas para con la madre de todos los fines de semana alternando sábados y domingos entre las 12.00 a las 20.00 horas, sin pernocta, manteniéndose dicho sistema durante las vacaciones escolares, salvo acuerdo entre las partes.  
Se establece una pensión alimenticia a favor de la menor, I. R., de 180 euros mensuales, para satisfacer las necesidades básicas de la menor por cuestión de orden público. Aunque no fuera pedido por el demandante y valorando la buena fe del mismo. Es de justicia incluir esta clausula para velar por las necesidades de la menor y las obligaciones comunes de los progenitores para con sus hijos, aun más si residen de forma tan amplia con uno de los progenitores.  
No se hace expresa imposición de costas a ninguna de las partes.  
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, advirtiendo que no es firme, pudiendo interponer frente a la misma, en el plazo legalmente establecido, recurso de apelación ante este Juzgado en el término de veinte días, de conformidad con lo prevenido en el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El citado recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 20 días, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. Deberá efectuarse la consignación de 50 euros, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banesto: 0030; oficina: 3072; dígito de control: 20; cuenta del Juzgado: 7942828148; en descripción: 1193-0000-02 - número del procedimiento con cuatro dígitos - dos últimos números del año, salvo que el recurrente tenga concedido el beneficio de justicia gratuita, según dispone la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, acreditándose dicha consignación. En caso de no efectuarse el depósito, será subsanable el defecto en el plazo de dos días, inadmitiéndose a trámite en caso de no subsanarlo.  
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. El juez, el secretario judicial».  
  
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada Claudia Carla Ferreira Silva, en situación de rebeldía e ignorado paradero, expido y firmo el presente.  
  
Valencia, 12 de noviembre de 2013.- La secretaria judicial: Alicia Ordeig Rabadán.