Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 10680, del 16-12-2024 (2024/12575)

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a Green Capital Power, SL, la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la central fotovoltaica «La Morena» en Jalance (Valencia), de potencia instalada 14.800 kW, incluida la infraestructura de evacuación constituida por la subestación elevadora «FV Caycon – La Morena 30/132 kV» y la línea subterránea entre esta y el centro de entrega de la central, y se declara, en concreto, la utilidad pública de esta [Expediente ATREGI/2019/7/46].
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### Datos del documento

Número DOGV
:   10639

Fecha DOGV
:   16-12-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/12843

CVE
:   ZQEB-A-3021-81229

Fecha del documento
:   08-10-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

*Antecedentes*

Solicitud

Green Capital Power, SL, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 15/02/2019, con número de registro GVRTE/2019/90515 , en la que solicitó, autorización administrativa previa, relativa a una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica conectada en alta tensión, denominada «La Morena», de potencia en los inversores 16,50 MW y potencia de los módulos fotovoltaicos de 16 MWp, a ubicar en el término municipal de Jalance (Valencia), incluida la subestación elevadora «FV Caycon – La Morena 30/132kV» y su infraestructura de evacuación entre el centro de entrega y la subestación elevadora «FV Caycon – La Morena 30/132kV».

Conforme a la fecha de la solicitud presentada, está sometida al procedimiento de autorización de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat establecido por el Real decreto 88/2005, de 29 de abril. Para el procedimiento correspondiente a esta solicitud se ha incoado por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia (en adelante STIEMV) el expediente ATREGI/2019/7/46.

Con fecha 23/12/2020, en vista de la documentación presentada, se acuerda la admisión a trámite por la entonces Dirección General de Industria, Energía y Minas, la solicitud de autorización administrativa previa para la instalación de producción de energía eléctrica de 16 MWp de potencia instalada promovida por Green Capital Power, SL. a ubicar en el polígono 1 y 2, del término municipal de Jalance, provincia de Valencia, a los solos efectos de lo estipulado en el artículo 1.1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Con posterioridad, presentó instancia, por requerimiento de STIEMV, ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 26/05/2022, con número de registro GVRTE/2022/1696143, donde solicita autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción relativas a una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica conectada en alta tensión, denominada «La Morena», de potencia nominal 16,50 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 15.989,4 MWp, a ubicar en el término municipal de Jalance (Valencia), y declaración de utilidad pública, en concreto, de su infraestructura de evacuación hasta la subestación elevadora «FV Caycon – La Morena 30/132kV».

Consta el justificante de pago de la tasa administrativa correspondiente al proyecto inicial y posterior actualización.

Información pública

La solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y de su declaración de utilidad pública, en concreto, junto con la documentación presentada han sido objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental en los siguientes medios:

– El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 09/11/2022, (DOGV n.º9466-pg. 58914).

– El *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*  de fecha 16/11/2022, (BOP n.º220-pg. 36).

– Diario Las Provincias, de fecha 07/12/2022.

La solicitud se somete a una segunda información pública, por cambio sustancial de la instalación, de acuerdo con el artículo 9.1. del Decreto 88/2005, en los siguientes medios:

– El *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  de fecha 07/12/2023, (DOGV n.º9741-pg. 69947).

– El *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*  de fecha 14/12/2023, (BOP n.º239-pg. 1), con corrección de errores en el *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*  de fecha 4/01/2024, (BOP n.º3-pg. 1).

– Diario Levante el Mercantil Valenciano, de fecha 23/12/2023.

En cada una de las informaciones públicas, el STIEMV, en virtud del artículo 9 del Decreto 88/2005, remitió a los Ayuntamiento de Jalance y Cofrentes la instancia de exposición en el tablón de anuncios de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto a los efectos de poder iniciar posteriormente el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica. Consta en el expediente diligencia acreditativa de la exposición en el tablón de anuncios de ambos ayuntamientos.

También se realizan las correspondientes notificaciones a todas las personas que constan como titulares de los bienes y derechos afectados.

Asimismo, en cada una de las ocasiones, se ha puesto la documentación a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio web [https://cindi.gva.es /es/web/energía/información-publica](https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica)  (en castellano) y [https://cindi.gva.es/va/web/energia/ información-publica](https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica)  (en valenciano)

Alegaciones

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de información pública se presentaron alegaciones por parte del particular f.g.n. y de la Asociación Naturalista de Ayora y la Valle (ANAV). Se resumen a continuación las referidas a la instalación fotovoltaica de Morena y la contestación del promotor:

1. Alegaciones F.G.N.

– Consta alegación particular de F.G.N. copropietario de la parcela 54 del polígono 1 de Jalance y parcelas 54 y 57 del polígono 12 de Cofrentes, por la que pone en conocimiento »que en las mismas y con base en lo establecido en el Real decreto 244/2019, esta parte tiene en marcha un proyecto de instalación de planta fotovoltaica de autoconsumo para dar servicio a las instalaciones de naves ganaderas que tienen en las inmediaciones de la parcela objeto del presente expediente […] lo que hace inviable que los referidos terrenos puedan formar parte del expediente al que se refieren estas alegaciones».

El promotor manifiesta que no ha tenido conocimiento de la tramitación administrativa de este proyecto ya que el alegante no aporta justificante de dicha tramitación y manifiesta la voluntad de seguir intentando negociar con él en aras a suscribir un acuerdo para arrendar el terreno.

Finalmente, el promotor presenta el 13/09/2024 contrato arrendamiento de las parcelas en disputa, firmado por F.G.N.

2. Asociación Naturalista De Ayora y la Valle (anav).

– Se alega que la localización de los proyectos es impactante en los ecosistemas naturales para su supervivencia.

El promotor responde que la zona ya está antropizada por los campos de cultivo y a su vez presenta numerosas infraestructuras eléctricas. Además, justifica que se ha desarrollado un estudio de integración paisajística que junto con las medidas solicitadas por los organismos afectados como Paisaje y Medio Natural disminuirán el posible impacto que estas plantas puedan generar.

– Se alega insuficiente justificación de la necesidad energética de los proyectos.

El promotor alega que la Comunitat Valenciana es deficitaria en cuanto a la generación de energía y que las directivas europeas en materia de renovables, Objetivo 2020 para España, Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana han establecido unos objetivos en materia de energía renovable. Además, el Valle tiene un gran potencial de crecimiento de instalación de energías renovables, teniendo en cuenta el cierre previsto de la Central Nuclear de Cofrentes y la infraestructura eléctrica existente para la evacuación de dicha energía hacia los núcleos urbanos de consumo.

– Se alega la fragmentación de proyectos, tratándose de dos plantas localizadas una al lado de la otra, La Morena y Caycon, solicitando que se estudien todos los proyectos como una sola unidad y no de manera fragmentada.

El promotor dice que cabe tener en cuenta que el proyecto de ambas plantas solares incluye todas las instalaciones y equipos necesarios para la generación y evacuación de la energía a la red, por lo que, para determinar la necesidad de evaluación de impacto ambiental, se aplica el criterio de no fraccionar proyectos (de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 21/2013, en concordancia con el concepto n de la parte B del anexo VI). Además, el Estudio de impacto ambiental del proyecto anexa un Estudio de Sinergias que analiza los efectos acumulativos y sinérgicos sobre los recursos naturales, el paisaje y la agricultura, del que se concluye fehacientemente que el aprovechamiento de una infraestructura de evacuación común reduce la necesidad de infraestructuras auxiliares, lo que reduce el impacto negativo del proyecto sobre el medio.

– Se alega un insuficiente y sesgado análisis de alternativas al emplazamiento, solo tres alternativas y con criterios insuficientes para la localización.

El promotor indica que ha realizado un análisis multicriterio para la definición de las diferentes alternativas y se han tenido en cuenta los diferentes condicionantes que presenta el territorio, considerando factores físicos, culturales, socioeconómicos y criterios generales sobre conservación del patrimonio natural (espacios protegidos, hidrología, terreno forestal) y cultural (vías pecuarias, población y arqueología)

– Se alega carencia de un desarrollo normativo y planeamiento urbanístico que establezca y desarrolle los usos de la infraestructura verde.

El promotor indica que los proyectos de las plantas La Morena y Caycon cumplen con el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica

– Se alega insuficiente descripción del inventario ambiental y sus afecciones. Solicita que los ejemplares arbóreos sean inventariados y respetados; que no se ocupe monte público (MUP) para incorporarlo al recinto cerrado de la parcela 22 ni las líneas subterráneas se tiendan sobre terreno forestal; que se respete una distancia de seguridad mínima entre terreno forestal y las instalaciones de 30m.

El promotor aclara que antes de iniciar la ejecución del proyecto se llevará a cabo una prospección botánica en los recintos afectados por el proyecto, así como en las zonas circundantes, con el fin de conocer con detalle las especies botánicas presentes y evitar cualquier afección a especies protegidas o posibles hábitats prioritarios no cartografiados y/o inventariados. Respecto a la edafología, indica que los movimientos de tierra no son significativos. Sobre el MUP indica que se ha propuesto al organismo competente como medida compensatoria la reforestación de una zona del doble de la superficie forestal afectada en el lugar que este determine. La línea de evacuación subterránea discurre por parcelas agrícolas y/o caminos existentes. Informa que en la parte central de la planta se preservan el 100% de pies arbóreos de interés. Finalmente responde que la distancia de 30 metros al terreno forestal no está motivada.

– Se alega que la afirmación de que la central va a cambiar la tendencia a la despoblación, o a reducir significativamente el paro en la zona, no está fundada.

El promotor calcula los empleos generados a lo largo de la vida útil de la instalación (78 empleos directos, 114 indirectos y 45 inducidos) y una aportación de contribución al PIB de 22,3 millones de euros directa, 16,3 millones de manera indirecta y 3,1 diferida. La contribución fiscal la establece en 15 millones.

– Se alega la omisión de la evaluación de impacto sobre grupos faunísticos, indicando que el proyecto no va acompañado por ningún estudio faunístico.

El promotor cita los resultados de campo sobre ungulados, carnívoros y especies presa, quirópteros, invertebrados, anfibios y reptiles.

– Se alega la omisión de la evaluación del impacto sobre el lince.

El promotor manifiesta que actualmente no existe lince en la zona pero que el vallado cinegético dispondrá de una luz de malla suficiente para el futuro paso de esta especie.

– Se alega otras afecciones sobre la fauna y flora no consideradas.

El promotor alega que se cumplirá lo dispuesto en el Decreto 178/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los cerramientos cinegéticos. En relación con la instalación de balizas en el cerramiento para evitar la colisión de aves, murciélagos y otros grupos de fauna, el EsIA prevé la colocación de placas metálicas o de un material plástico fabricado en poliestireno, de color blanco y acabado mate de 25 x 25 cm instaladas cada tres vanos en la parte superior del cerramiento, cuyas dimensiones dependerán de la presencia de especies esteparias o no en la zona. No obstante, se tendrá en consideración el argumento esgrimido en la alegación y se incrementará su número, colocando al menos una placa por vano a diferente altura (al tresbolillo), sujetas al cerramiento en dos puntos con alambre liso acerado evitando su desplazamiento.

Teniendo en consideración el argumento esgrimido en la alegación en relación con la limitación temporal de los trabajos de desbroce, se valorará la conveniencia de acotar, en la medida de lo posible, el periodo de actuaciones entre los meses de septiembre y febrero, y exclusivamente al periodo diurno, para evitar molestias y/o daños a la fauna en la época de la cría de las aves y de mayor presencia y actividad de invertebrados.

En lo relativo a los impactos por «mortalidad directa» y por «contaminación lumínica» el promotor considera que el alegante emplea una referencia bibliográfica que no es aplicable a los proyectos objeto de evaluación.

En relación con la «colisión o electrocución con líneas eléctricas», señala que toda la evacuación de las plantas hasta el centro de seccionamiento se realiza en configuración subterránea y que desde esta subestación se conecta con una línea eléctrica aérea ya existente, por lo que los proyectos no suponen un incremento del riesgo de colisión y/o electrocución.

En cuanto a la «generación de campos electromagnéticos», indica que los proyectos cumplen con toda la normativa al respecto y no existe ninguna evidencia científica sobre los supuestos efectos negativos sobre la fauna.

En relación con los supuestos «efectos a nivel de microclima», el promotor concluye que el estudio empleado no es el que define el proyecto ni la documentación ambiental para las plantas de Caycon y la Morena, ya que estas se adaptan a la topografía existente y mantienen la cobertura vegetal continua dentro del vallado.

– Se alega la vocación agrícola del suelo y usos no permitidos.

El promotor indica que tanto Caycon como La Morena se encuentran en un suelo con una capacidad agrológica Moderada y Baja, cumpliendo con el artículo 10 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell. Además, dice que la ubicación cumple con el resto de los criterios del mismo. Por otro lado, el plan de desmantelamiento prevé la restitución del suelo a su actividad agrícola tras el cese.

– Se alega la falta de identificación y valoración de ciertos impactos.

El promotor responde sobre los impactos que plantea el alegante y concluye que la identificación y valoración de estos es suficiente y acorde a la naturaleza y magnitud de los proyectos.

– Se alega la identificación incompleta de impactos residuales.

El promotor considera que con el plan de gestión de residuos y el plan de vigilancia ambiental el impacto es prácticamente nulo. Por otro lado, los proyectos cuentan con integración paisajística recogida en los correspondientes estudios y medidas.

En relación con la afección a grandes aves y especies migratorias, se remite al estudio de avifauna. La protección de la avifauna contra la colisión no tiene cabida pues la línea de evacuación planteada es subterránea

– Se alega la falta de identificación y valoración de afecciones a la fauna debidas a la línea de alta tensión.

El promotor indica que las líneas de evacuación que proponen ambos proyectos son subterráneas.

– Se alega la insuficiente identificación y valoración de afecciones a la Red Natura 2000.

El promotor aclara que ninguna de las plantas queda dentro de espacios de la Red Natura 2000 ni hábitats de interés comunitario.

– Se alega la no valoración de la existencia de la IBA n.º 158 «Hoces del Cabriel y del Júcar» (Área Importante para las Aves).

El promotor dice que las dos plantas se encuentran al oeste de la IBA 158 «Hoces del Cabriel y del Júcar». Remarca que las IBAs no presentan un grado de protección impuesto por normativa oficial Si fuera declarada ZEPA, tendría que valorarse según los criterios de afección a Red Natura 2000 de la Guía metodológica de evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000. La planta Caycon supone un 0,009% de afección sobre la superficie de IBA. La Morena supone un 0,008% de afección, por lo que al ser valores inferiores al 1%, si no existen otras consideraciones ecológicas que lo desaconsejen, según esta guía, se entiende que los efectos apreciables derivados de la ejecución del proyecto, aunque significativos, no supondrían una afección sobre la integridad del espacio de la Red Natura 2000 afectado.

– Se alega la no valoración de la existencia de la ZIM n.º 096 «Sierras de suroeste de Valencia y Hoces del Cabriel y del Júcar» (zona de especial importancia para la conservación de los mamíferos en España).

El promotor recuerda que las ZIM tampoco presentan un grado de protección impuesto por normativa oficial; sin embargo, se procederá a ampliar la información solicitada. También dice que el estudio de impacto ambiental que acompaña al proyecto establece medidas preventivas, correctivas y compensatorias, así como un Plan de Vigilancia, que contempla los posibles efectos que el uso fotovoltaico pueda generar a los mamíferos que puedan hacer uso de la zona.

– Se alega la insuficiente valoración del impacto sobre el PRR 17 «Secanos y sierras del entorno de Carcelén y Alpera» (paisaje de relevancia regional).

El promotor indica que ha analizado las instrucciones técnicas para alcanzar los objetivos de paisaje relativas al PRR17 y estudia el grado de afección y/o cumplimiento del proyecto y concluye que los proyectos no implican ninguna afección a los criterios de calidad del PRR17.

– Se alega la insuficiencia de medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

El promotor concluye que tendrá en consideración las medidas compensatorias que se proponen y aplicará las que el organismo competente considere oportunas.

En definitiva, las alegaciones realizadas en materia medioambiental, patrimonial, territorial y paisajística, todas ellas se consideran incluidas en el alcance de las valoraciones técnicas que se realizan al efecto de emitir los pronunciamientos correspondientes, habiéndose obtenido, como posteriormente se indica, Declaración de Impacto Ambiental favorable, así como informes favorables en materia de territorio y paisaje.

Condicionados

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que en el plazo de treinta (30) días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitieron las separatas correspondientes del proyecto a las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, recibiéndose los siguientes informes, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

1. Ayuntamiento de Cofrentes.

Contesta al oficio con informe de fecha 30/04/2024, donde indica no tener alegaciones que realizar y están a la espera de que se emita informe por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, para completar el expediente y poder tramitar la licencia municipal de obras solicitada en su día por Green Capital Power, SL.

2. Ayuntamiento de Jalance.

No se recibe contestación al oficio emitido por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia por lo que, conforme al artículo 9 del Decreto 88/2005, se entiende la conformidad con la solicitud.

3. Iberdrola Distribución Eléctrica SAU.

No se recibe contestación al oficio emitido por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia por lo que, conforme al artículo 9 del Decreto 88/2005, se entiende la conformidad con la solicitud.

4. CHJ.Confederación Hidrográfica del Júcar.

Contesta con informe n.º2022AM0775, de 16/05/2023 no manifestando oposición a la instalación e indicando las condiciones a cumplir sobre el cruzamiento de los cauces por la línea y sobre estos, y las autorizaciones a obtener antes de la ejecución de las obras que se localicen en la zona de policía de los cauces públicos.

5. Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental.

Consta informe FV\_74/2022 de fecha 16/12/2022 en el que se muestra conformidad con los proyectos, bajo el cumplimiento de los condicionantes establecidos.

Tras los sucesivos cambios de la planta, se emite nuevo informe de fecha 25/02/2024, en el que informa como favorable el proyecto técnico de ejecución y las modificaciones propuestas, siempre y cuando se tengan en cuenta las observaciones y medidas recogidas en él. Recuerda que se deberá solicitar la ocupación correspondiente según la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana y la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.

El condicionado establecido en los distintos informes, y que es aceptado por el promotor es el siguiente:

Respecto a la afección por pérdida de suelo:

– Se mantengan los bancales y muros de contención.

– Se deberá mantener la capa fértil del suelo y no se permitirá su retirada.

– En consonancia con el punto anterior, se deberá realizar el mínimo movimiento de tierras y compactado de suelo con la finalidad de disminuir las afecciones al mismo. Por ello deberá emplear sistemas de hincado directo sin cimentaciones, siempre que la geología lo permita, e infraestructuras que se adapten al terreno y que no requieran un nivelado, desmonte, acondicionamiento topográfico o explanación de este.

– Tenido en cuenta los efectos de la escorrentía de las placas sobre el suelo, producida tanto por la lluvia como por la limpieza, que podría provocar la aparición de surcos o cárcavas de erosión bajo las líneas de estas. Se deberá realizar una canalización que recoja estas aguas y las deposite de manera más dispersa o bien las acumule o redirija para su uso posterior. En su caso, podrá mantener durante todo el periodo de funcionamiento de la planta solar y en buenas condiciones, una capa de «mulch» con restos de vegetación o paja, de modo que se disipe la energía cinética de las gotas de lluvia y se evite la erosión por salpicadura y erosión laminar.

– En el proceso de desmantelamiento de la planta solar se recuerda que no deberá quedar ningún elemento artificial en el enclave y que se deberá restaurar el suelo afectado de tal manera que se garanticen sus usos anteriores al cambio de uso del suelo.

– Se deberá mantener una capa de cultivo herbáceo en todas las instalaciones que favorezca el mantenimiento de la estructura edáfica y, además, la presencia de insectos polinizadores, pudiendo hacer posible su uso combinado con la apicultura o la agrovoltaica.

Respecto a las afecciones a las aves silvestres:

– La afección más grave a los grupos de aves se debe a la pérdida de superficie de campeo, en el caso de las rapaces. Por todo ello, para poder reparar las pérdidas en la calidad del hábitat de las especies se considera necesario mantener los cultivos o vegetación forestal existentes en todas aquellas zonas posibles de las parcelas catastrales que no se utilicen para la disposición de los paneles solares, además de adquirir o arrendar parcelas de cultivo, con la intención de mantener cultivos que permitan el desarrollo de un ecosistema que aporte hábitat a las especies afectadas. Esta subsanación de afecciones se realizaría en una proporción de al menos el 25% de la superficie afectada.

– Para aumentar la presencia de aves silvestres, se considera adecuada la instalación de una caja nido por cada 100 metros de vallado perimetral y una caja para quirópteros por cada 200 metros de vallado perimetral. Estas cajas se deberán revisar y limpiar periódicamente sobre todo en la época de cría, y realizar un seguimiento de su utilización para garantizar que su instalación cumple con los objetivos. El resultado de estos seguimientos se deberá de enviar al Servicio de Vida Silvestre de esta Subdirección General.

Respecto a las afecciones a las poblaciones de fauna silvestres:

– Para mantener o limitar el crecimiento de vegetación en la planta solar, no se aconseja el empleo de herbicidas, siendo recomendable la ganadería extensiva o el desbroce selectivo mecanizado de la misma. Si el promotor prevé el uso de herbicidas, deberá definir la composición, selectividad, movilidad, persistencia, toxicidad, dosis, forma y frecuencia de aplicación. Y dada la peligrosidad y capacidad contaminante de estos, en fase de explotación, cabría la posibilidad de prohibir el empleo de herbicidas para proteger a los factores agua, clima, flora y fauna de la planta y su entorno.

– Aprovechando la concentración del agua de lluvia que se dará por la instalación de los paneles, se deberán crear y mantener una charca para fomentar la población de anfibios y avifauna.

Respecto a la reducción de la fragmentación territorial:

– Se deberán crear islas de paneles solares no superiores a 10 ha y se dispondrán corredores de vegetación entre las mismas que permitan crear un espacio en mosaico que favorezca la circulación de la fauna y el mantenimiento de un ecosistema naturalizado.

– La barrera de integración paisajística deberá estar compuesta por diferentes especies de flora pertenecientes a la serie de vegetación correspondiente a la zona natural y los individuos se dispondrán en forma de bosquete, y no de manera lineal, para favorecer el tránsito de fauna a través de la misma y la conectividad del ecosistema.

Evaluación Ambiental

Consta formulada la Declaración de Impacto Ambiental favorable del proyecto instalación de central fotovoltaica de 15,9894 MWp (ATREGI/2019/7/46, La Morena) e instalación de central fotovoltaica de 14,99128 MWp (ATREGI/2019/8/46, Caycon), en los términos municipales de Jalance y Cofrentes, (exp. 004/6715-EZU La Morena y 005/2023/AIA Caycon), publicada en el DOGV de fecha 06/03/2023 (N.º 9547–pág. 14463). Los condicionados recogidos en la misma, de acuerdo con la legislación de evaluación ambiental se incorporan en el punto Primero, relativo a la autorización administrativa previa, de la parte dispositiva de la presente resolución.

Implantación en suelo no urbanizable

La instalación se ubica en Jalance, municipio de la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora. El ámbito territorial de suelo no urbanizable común de la misma fue declarado de prioridad energética, por resolución de 27 de julio de 2022, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, publicada en el DOGV N.º 9411 de 24 de agosto de 2022. Esto implica la tramitación de urgencia del presente expediente, la compatibilidad territorial y urbanística de la instalación y la exención de la ocupación del territorio prevista en la normativa. No obstante, debido a que la instalación fotovoltaica se emplaza sobre suelo no urbanizable protegido (ámbito no recogido en la Declaración de interés estratégico prioritario), son de aplicación las determinaciones establecidas en la Instrucción de la consellera de Política Territorial, Obras Publicas y Movilidad de la Generalitat de fecha 5 de diciembre de 2022 para el uso de estos suelos.

Consta informe favorable de los servicios técnicos municipales relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales, emitido por el Ayuntamiento de Jalance el 21/07/2021, en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

Consta informe favorable relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales, emitido por el Servicio Territorial de Urbanismo en relación con la solicitud de informe remitida por el ayuntamiento de Cofrentes el 08/06/2021, que dicta que la actuación es compatible según el artículo 19.1 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, que establece: «Con carácter previo a la solicitud de las autorizaciones contempladas en el artículo 21, el promotor solicitará ante el ayuntamiento del municipio o municipios donde esta se sitúe, la expedición del informe-certificado urbanístico municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento y las ordenanzas municipales, en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana.»

Constan en el expediente informes del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de fecha 13/12/2022, 13/01/2023 y 16/04/2024 y del Servicio de Gestión Territorial, de fecha 19/01/2023, 15/12/2023 y 12/01/2024, ambos servicios dependientes de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, que informan favorablemente de la central fotovoltaica y el trazado final de la línea de evacuación. Los condicionados recogidos en los mismos han sido aceptados por la entidad promotora y se incorporan en el punto PRIMERO de la parte dispositiva de la presente resolución.

Adaptación a condicionados y a la evaluación ambiental

El expediente ha estado sometido a información pública en dos ocasiones, una primera vez la instalación completa y la siguiente solo la parte de generación por cambio sustancial en la misma, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat y el artículo 115 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con el resultado ya expuesto anteriormente.

Debido a los condicionantes indicados por los diferentes organismos, la parte promotora presentó la siguiente documentación en la que, según manifiesta, se han incluido todos los condicionantes derivados del conjunto de informes recibidos:

– «Proyecto planta solar fotovoltaica Caycon – La Morena. subestación FV Caycon – La Morena 132/30 kv» (octubre 2022) (con declaración responsable de la persona técnica proyectista con fecha 11/10/2022).

– «Proyecto de ejecución Planta Solar Fotovoltaica La Morena (septiembre 2023)» (con declaración responsable de la persona técnica proyectista con fecha 20/11/2023).

– «Adenda de modificación N1º al Proyecto Ejecutivo Administrativo Planta Solar Fotovoltaica La Morena (Marzo 2024)» (con declaración responsable de la persona técnica proyectista con fecha 21/03/2024).

Evacuación y Conexión a la red

La evacuación se realizará mediante una línea subterránea de 30 kV, que a partir del centro de entrega de «La Morena» se unirá con la línea de evacuación de la central fotovoltaica «Caycon» en la misma zanja externa para las dos plantas. De esta forma la evacuación de la energía producida se realizará de forma conjunta para las dos instalaciones hasta la Subestación compartida «FV Caycon – La Morena» incluidas en la presente resolución.

La Subestación «FV Caycon – La Morena» 132/30 kV, estará anexa a la Subestación de Maniobras «ST Rochizos», que realizará la entrada/salida a la línea CH Cofrentes-Contreras de 132 kV, propiedad ambas de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. y que será tramitada en otro expediente independiente.

Consta garantía económica actualizada para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte, depositada en fecha 03/05/2022 con número de garantía 786577F237 ante la Agencia Tributaria Valenciana que sustituye a la presentada el 25/06/2018 con número de garantía 672914X191, para una instalación de producción denominada «Solar Fotovoltaica La Morena» de tecnología fotovoltaica b.1.1 a ubicar en el término municipal de Jalance y de 16 MW instalados, por importe de seiscientos cuarenta mil euros (640.000 €) correspondientes a una cuantía equivalente a 40 €/kW instalados (según normativa vigente en el momento de constitución de la garantía, tanto por la cuantía como por la definición de potencia instalada), en virtud del artículo 59 bis del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

El promotor suscribe un contrato de encargo con I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU. del proyecto de las infraestructuras eléctricas necesarias para el acceso y la conexión a las instalaciones de la red a las que el solicitante conectará su instalación, de fecha 13/12/2021, relativo a la evacuación de energía en la red de distribución de las plantas fotovoltaicas «Caycon» y «La Morena» de Green Capital Power, SL. en Jalance y Cofrentes (Valencia).

A la vista del contenido y pronunciamientos de dichos permisos, debe considerarse que las instalaciones no generarán incidencias negativas en el Sistema.

Al ser inferior la potencia instalada (14,80 MW) a la capacidad de acceso otorgada (16,00 MW), según se indica en la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, la instalación no necesita disponer de un sistema de control, coordinado (PPC) para todos los módulos de generación que la integran, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso concedida. Sin embargo, consta en el proyecto la instalación de dicho sistema.

Acreditaciones previas a la resolución

El agente promotor acredita los siguientes aspectos, tal y como establece el artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020, de forma previa a la resolución del procedimiento:

– Disponer de los terrenos donde se va a implantar la instalación.

– Disponer de los permisos de acceso y conexión para la instalación, indicados anteriormente.

Acredita igualmente la capacidad legal, técnica y económica para llevar a cabo el proyecto.

Consta en el expediente propuesta de resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente, así como propuesta definitiva conjunta del Servicio de Energías Renovables, Eficiencia Energética e Instalaciones Radiactivas y de la Subdirección General de Energía y Minas, quien ha elevado la misma a este centro directivo.

*Fundamentos de derecho*

Competencia autonómica y órgano de esta que debe resolver la solicitud

La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el Decreto 226/2023, de 19 de diciembre, de 2023, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, desarrollado en la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la mencionada Conselleria, corresponde a esta dirección general la resolución del presente procedimiento.

De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

Sobre la necesidad de autorizaciones administrativas del sector eléctrico

Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

Sobre la necesidad de pronunciamiento de evaluación de impacto ambiental

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Sobre la ordenación territorial, paisaje y urbanismo

Conforme al artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, las autorizaciones se otorgarán, y así expresamente lo recogerán, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte del solicitante de la instalación para ejecutar y poner en servicio la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio, urbanismo, al medio ambiente y a servicios públicos o de servicios de interés económico general. Dentro de la fase de Consulta a Administraciones públicas afectadas se procede a solicitar informe a los órganos competentes en materia de infraestructura verde y paisaje.

Conforme a la disposición transitoria cuarta del Decreto ley 14/2020 (instalaciones de energías renovables que se encuentren en tramitación), no será necesario reiterar la petición de informes ya emitidos, o trámites ya realizados conforme al procedimiento regulado por la normativa anterior, incluido el resto de los aspectos incluidos en el informe en materia de ordenación del territorio y paisaje del artículo 25.1. Igualmente, no será necesaria la emisión de un nuevo certificado de compatibilidad urbanística en aquellos procedimientos en tramitación en los que ya se haya emitido dicho certificado con carácter favorable, conforme a la regulación anterior. En este supuesto, tampoco será exigible el informe no vinculante sobre valoración favorable o desfavorable que realiza el ayuntamiento, y que está regulado en el artículo 19.1. En ningún caso se exigirá la tramitación de una Declaración de Interés Comunitario para la instalación de cualquier proyecto en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto-ley.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.5 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto de Consell, vigente en ese momento, previa propuesta de las Consellerias competentes en materia de energía o cambio climático, el conseller o consellera competente en materia de territorio y urbanismo podrá declarar un determinado ámbito territorial o un proyecto concreto, situado en suelo no urbanizable común, como prioritario energético. Cualquiera de estas declaraciones implicará la tramitación de urgencia de los proyectos de construcción de las instalaciones, la compatibilidad territorial y urbanística, y la exención de la ocupación del territorio prevista en el artículo 7.7 del texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Por resolución de 27 de julio de 2022, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, publicada en el DOGV N.º 9411 de 24 de agosto de 2022, se declara de prioridad energética el ámbito territorial de suelo no urbanizable común de la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora.

Sobre la declaración de utilidad pública, en concreto

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las instalaciones de generación de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 55.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir el proyecto de ejecución de la instalación una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.

No obstante lo anterior, es preciso dejar sentado que las referencias a la declaración de utilidad pública que recogen tanto la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, como el resto de normativa que, en apoyo de su solicitud, presenta la interesada, hacen referencia a una potestad que ostenta la Administración, como requisito previo y preceptivo a la expropiación, no a una obligación ni a una declaración genérica u objetiva, si se prefiere, de utilidad pública, en el sentido de que se deba reconocer esa utilidad para cualquier tipo de instalación fotovoltaica que se pretenda construir y poner en marcha, sin tener en cuenta otros criterios.

En este sentido, la declaración de utilidad pública se ha de interpretar en un sentido restrictivo, en atención a su naturaleza de causa expropiandi, y ello por afectar de manera directa al derecho constitucional a la propiedad privada, recogido en el artículo 33 de nuestra Carta Magna, siendo regla general en estos casos la transmisión voluntaria, esto es, el negocio jurídico entre el promotor de la instalación y los titulares de los derechos afectados.

La declaración ex lege de la utilidad pública ciertamente limita la discrecionalidad de la Administración, pero no hasta el punto de convertir el acto de concreción de la utilidad pública para los casos concretos en una actividad reglada, como defiende la mercantil, de manera que una mera solicitud y una relación de bienes o derechos a expropiar, sea suficiente, sin atender a otras circunstancias, para reconocer la utilidad pública de las instalaciones.

Entenderlo de esa manera iría en contra del espíritu de la norma y eliminaría la actividad administrativa de garantía, en la que se incluye la actividad de policía administrativa, entendida como la reglamentación de la convivencia social en sentido amplio, garantizando que las actividades de los particulares no entren en conflicto entre sí, ni con el interés general, incluyendo todas las medidas que utiliza la Administración para que los particulares ajusten su actividad a un fin de utilidad pública.

Ese fin de utilidad pública es el que valora la Administración a través de la resolución por la que se declara de utilidad pública una concreta instalación, potestad de la que hace uso amparada en el reconocimiento ex lege de la utilidad pública que realiza la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE); potestad que no puede entenderse como una actividad reglada, ni mucho menos reducida a un mero acto burocrático, automático y debido, exento de valoración, en el que la Administración abandone su papel como garante de los intereses de la colectividad y, por tanto, desatienda el sentido último del concepto de utilidad pública.

Muy al contrario, existe en ese acto de concreción un análisis implícito de las razones de eficiencia energética, tecnológicas o medioambientales (impacto sobre el territorio) que justifican la utilidad pública de la instalación. No tiene sentido, como defiende la mercantil, que esas razones sólo sean atendidas en el supuesto de sustitución por nuevas instalaciones o modificación sustancial de las existentes, y no en la implantación de las instalaciones, momento inicial, y por tanto crucial, en el que la Administración ha de extremar su diligencia para proteger los intereses generales.

Hay que recordar que toda afectación del derecho a la propiedad privada, como derecho constitucional, está sometida a una doble limitación. Por un lado, el respeto estricto al contenido esencial del derecho (artículo 53.1 CE) y por otro, el principio de proporcionalidad, también conocido como prohibición de exceso.

Entender que todo proyecto de instalación fotovoltaica es merecedor de una declaración de utilidad pública sin más sobrepasa ambos límites y nos llevaría a un escenario donde todas las parcelas afectadas por las instalaciones podrían ser objeto inmediato de incoación del procedimiento de expropiación, con claro perjuicio para sus propietarios, que sufrirían claramente indefensión por el automatismo con que se aplicaría la norma al no existir valoración alguna de las alegaciones que formularan en defensa de sus derechos.

Por encima de la concreta regulación sectorial que nos ocupa, el instituto de la expropiación forzosa exige la plena justificación de la finalidad de la causa expropiandi concurrente en cada supuesto de expropiación. Su definición y control administrativo son una exigencia inexcusable, derivada del carácter medial de la expropiación como instrumento al servicio de fines públicos sustantivos, cuya procura material corresponde a la Administración.

En definitiva, el reconocimiento ex lege que realiza la LSE es la necesaria norma legal habilitante que establece el supuesto de utilidad pública o interés social que legitima la privación forzosa de bienes o derechos patrimoniales de los particulares en beneficio de la colectividad, pero que no la impone como un supuesto tasado para todos los casos que entren en su categoría. Así, la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 37/1987, FFJJ 2 y 6), ya puso de manifiesto que: «la expropiación forzosa no es una institución unitaria que, en lo que ahora interesa, constitucionalmente quede circunscrita a fines previa y anticipadamente tasados dentro de los que, en principio, pueden englobarse en las genéricas categorías de utilidad pública o interés social, ya que justamente con su carácter instrumental -y no finalista– no es sino consecuencia de la variabilidad y contingencia de lo que, en cada momento, reclama la utilidad pública o el interés social de acuerdo con la dimensión social de la propiedad privada y con los principios establecidos e intereses tutelados por la Constitución».

Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de parte de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

Según el artículo 27 del Decreto ley 14/2020, para la valoración del reconocimiento o declaración de la utilidad pública, en concreto, de la instalación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, entre otros:

– Las infraestructuras de evacuación de las instalaciones de producción quedan abiertas a que la misma puedan ser objeto de cotitularidad por otros generadores, sin perjuicio de los costes equitativos y razonables que estos deban sufragar para ello. En el caso que nos ocupa, la línea de evacuación de 30 kV va a ser compartida con la central fotovoltaica «Caycon».

– El compromiso por parte de la persona titular de que la energía que producirá la central durante su vida útil y comercial será ofertada al mercado organizado de producción de energía eléctrica en el que se fijan los precios mayoristas para las personas consumidoras del sistema eléctrico.

En virtud de los dispuesto en el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en lo que resulte de aplicación del artículo 162.3 del Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable. Comprenderá igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes instalaciones.

Conforme el artículo 162.3 del Real decreto 1955/2000, en cualquier momento, el solicitante de la declaración de utilidad pública podrá convenir libremente con los titulares de los necesarios bienes y derechos la adquisición por mutuo acuerdo de los mismos. Este acuerdo, en el momento de declararse la utilidad pública de la instalación, adquirirá la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, causando, por tanto, la correspondiente conclusión del expediente expropiatorio.

Que en relación con la utilidad pública resulta aplicable el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre, con el alcance y los efectos previstos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y de las Secciones 2ª y 3ª del Capítulo V del Título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Procedimiento específico aplicable a la presente solicitud

Según la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor se regirán por la normativa anterior. Por tanto, al procedimiento objeto de la presente le es de aplicación el Decreto 88/2005, de 29 de abril en su redacción original.

El procedimiento es el establecido en el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, al tratarse de una instalación clasificada en el grupo primero de acuerdo con el artículo 3.

Sobre el alcance material, contenido y requisitos sectoriales de las autorizaciones sustantivas eléctricas

De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.

De conformidad con el artículo 36.2 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, para la obtención de la autorización de la instalación, será un requisito previo indispensable la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes por la totalidad de la potencia de la instalación.

De acuerdo con el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.

Dicho artículo dispone además que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso. En este sentido, la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece que las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.

De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:

a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.

b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.

Esta definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva, según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

de acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

Conforme al artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para la solicitud de la autorización administrativa de construcción, el promotor presentará un proyecto de ejecución junto con una declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación.

Sobre la regulación aplicable en materia de seguridad y calidad industriales

De acuerdo con el art. 53.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las instalaciones de producción de energía eléctrica deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación.

Al referirse la presente solicitud a una instalación eléctrica fotovoltaica que genera en baja tensión e inyecta a la red eléctrica en alta son de aplicación los reglamentos de seguridad industrial:

– el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

– el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Y resto de disposiciones técnicas de aplicación.

Sobre los requisitos subjetivos a acreditar por la persona solicitante

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 121 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, las personas solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.

Sobre la obligación y garantías de desmantelamiento y restauración de la central al finalizar la actividad.

Según lo establecido en el Capítulo III del Título III del Decreto ley 14/2020, la persona titular de la instalación está obligada a desmantelarla completamente y restaurar los terrenos y su entorno al finalizar la actividad, debiendo constituir una garantía económica a favor del órgano competente en materia de energía para autorizar la instalación, cuyo importe para el caso de centrales fotovoltaicas será del 3% del presupuesto de ejecución material, siempre y cuando esta cantidad no sea inferior a 20.000€/MWp. Si la cuantía resultante es inferior a esa cifra, el importe de la garantía será de 20.000€/MWp. La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo. Las variaciones negativas no modificarán la cuantía de la garantía. Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, al Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y el Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, de 29 de abril en la redacción vigente en el momento de la solicitud.

Esta Dirección General de Energía y Minas, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas,

RESUELVE

*Primero. Autorización administrativa previa del proyecto de central fotovoltaica «Solar Fotovoltaica La Morena», incluida su infraestructura de evacuación*

Otorgar autorización administrativa previa a la mercantil «Green Capital Power SL.», para la instalación de la central fotovoltaica «La Morena», su infraestructura de evacuación exclusiva y la compartida con la central fotovoltaica «Caycon», que a continuación se detalla:

Datos generales de la central eléctrica autorizada y su acceso a la red

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| Denominación | La Morena |
| Titular | Green Capital Power SL. |
| Tecnología | Fotovoltaica |
| Términos municipales grupos (PROVINCIA) | Jalance (Valencia) |
| Términos municipales evacuación hasta punto de conexión con la red (PROVINCIA) | Jalance y Cofrentes (Valencia) |
| Potencia nominal inversores (MWn) | 14,80 |
| Potencia pico módulos fotovoltaicos (MWp) | 17,262 |
| Potencia instalada (MW) [según art 3 RD 413/2014] | 14,80 |
| Capacidad de acceso a la red concedida (MW) | 16,00 |
| Necesidad de sistema de control coordinado de potencia [según DA 1ª RD 1183/2020) | No, por ser inferior la potencia instalada a la capacidad de acceso concedida. |
| Red a la que se conecta: | Distribución |
| Punto de conexión /Titular de la red | línea CH Cofrentes-Contreras de 132 kV, de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. |
| Presupuesto (PEM) | 6.487.200,28 € (central FV + LSMT 30 kV)  1.185.942,98 € (Subestación Caycon La Morena) |

  

Características eléctricas de la central fotovoltaica dentro del vallado

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| Emplazamiento y Superficie | | |
| Jalance | Polígono: 1 | 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 44, 53, 54. |
| Área superficie de vallado (m²) | 180.800 | |
| Área superficie ocupada por módulos (m²) | 81.518 | |

  

|  |  |
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| Campo generador | |
| N.º módulos FV | 31.968 |
| Área unitaria del módulo (m²) | 2,55 |
| Potencia unitaria máxima (Wp) | 540 |
| Potencia total módulos (kWp) | 17.262,72 |
| Tipo de células | Silicio monocristalino |
| Caras activas módulos | 1 |
| Inclinación (º) | 18º |
| Orientación | Acimut 0º |
| Seguidor FV | Fija biposte |
| Anclaje estructura al terreno | Hincado directo al terreno |
| Pitch | 11,3 m |

  

|  |  |
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| Conexionado módulos – Inversores | |
| N.º módulos/string | 27 |
| N.º Strings/inversor | 16 |
| Cableado | Cable 6 mm² Cu XLPE2 |

  

|  |
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| Bloques de potencia |

  

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| N.º | CT-01 | CT-02 | CT-03 | CT-04 | CT-05 | CT-06 | CT-07 | CT-08 | CT-09 |
| Inversores | | | | | | | | | |
| N.º inversores | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Potencia unitaria nominal (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Potencia total nominal (kWn) | 2000 | 1400 | 1200 | 1400 | 2000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Conexionado inversor-CT | XLPE AL 1,5 kV (3x240mm²) | | | | | | | | |
| Centro de transformación | | | | | | | | | |
| N.º Trafos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potencia trafo(s) (MVA) ONAN | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Tensión nominal trafo (kV) | 0,80/30 | | | | | | | | |
| Tipología celdas CT SF6 | 2L+1P | 1L+1P | 2L+1P | 2L+1P | 2L+1P | 1L+1P | 2L+1P | 2L+1P | 2L+1P |
| Trafo SSAA (kVA) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tensión nominal trafo (V) | 800/273-948-664 V | | | | | | | | |

  

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| Líneas 30 kv interconexión interna | |
| Tipologías líneas | Línea eléctrica subterránea 30 kV |
| N.ºcircuitos | 2 |
| Origen | Cada una de las 2 agrupaciones (desde los centros transformación CT02 y CT06) |
| Final | Centro de entrega 30 kV |
| Trazado y longitud (m) | Tramo 1.1 (inicio CT02, fin CT01):cable 3x1x95 mm² RHZ1 AL. L=61 m.  Tramo 1.2 (inicio CT01, fin CT03):cable 3x1x95 mm² RHZ1 AL. L=76 m.  Tramo 1.3 (inicio CT03, fin CT04) cable 3x1x95 mm² RHZ1 AL .L=273 m.  Tramo 1.4 (inicio CT04, fin CT05) cable 3x1x95 mm² RHZ1 AL. L=21 m.  Tramo 1.5 (inicio CT03, CE) cable 3x1x185 mm² RHZ1 AL. L=801 m  Tramo 2.1 (inicio CT06, fin CT07):cable 3x1x95 mm² RHZ1 AL. L=125 m.  Tramo 2.2 (inicio CT07, fin CT09):cable 3x1x95 mm² RHZ1 AL. L=237 m.  Tramo 2.3 (inicio CT09, fin CT08) cable 3x1x95 mm² RHZ1 AL. L=270 m.  Tramo 2.4 (inicio CT08, CE) cable 3x1x150 mm² RHZ1 AL. L=13 m. |
| Tensiones nominales cable (U0/Un) kV | 18/30kV |

  

|  |  |
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| Centro de entrega | |
| Emplazamiento (UTM ETRS89 30S) | X: 256650.34 Y: 9245013.45 |
| Características | Centro prefabricado de maniobra con envolvente prefabricada de hormigón monobloque, para instalación en superficie y de maniobra exterior de hasta 40,5 kV |
| Sistema de 30 kV | Tres (3) celdas modular de línea modelo L, de corte y aislamiento en SF6, con interruptor seccionador de tres posiciones |

  

Características de la infraestructura de evacuación exterior al vallado

|  |  |  |
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| Línea de evacuación 30 kv | | |
| Cofrentes | Polígono: 12 | 54, 57, 9004. |
| Polígono: 14 | 7, 9001, 9007. |
| Jalance | Polígono: 1 | 54. |
| Tipo de instalación | Línea eléctrica subterránea 30 kV | |
| Origen | Centro de seccionamiento | |
| Final | Subestación La Morena – Caycon 132/30 kV | |
| Longitud total línea (m) | 1.422 | |
| Tensiones nominales cable (U0/Un) kV | 18/30 kV | |
| Tipo de cable | 2x(3x240) mm² RHZ1 AL | |

  

Nota: La zanja exterior es compartida por la planta «Caycon»

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| Subestación transformadora 30/132 Kv Caycon – La Morena |

  

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| Características generales | |
| Municipio: Cofrentes | Polígono: 12, parcela 54, 57 |
| Construcción | – Un parque de intemperie en el que se instala una posición línea-transformador en 132 kV con tecnología AIS.  – Transformador 132/30 kV de 35 MVA.  – Edificio de celdas y elementos auxiliares. |
| Sistema de 30 kV | |
| Esquema | Simple barra, tipo interior, en celdas de media tensión aisladas en SF6 |
| Posiciones y características | – Tres (3) autoválvulas Uc=27 kV Un=33 kV.  – Una (1) celda de acometida de transformador.  – Dos (2) celdas de línea.  – Una (1) celda de servicios auxiliares.  – Una (1) celda de línea y medida. |
| Transformador de SSAA | – Un (1) transformador de servicios auxiliares de intemperie 30/0,400-0,230 kV de 50 kVA. |
| Sistema de 132 kV | |
| Esquema | Línea-transformador tipo intemperie |
| N.º posiciones y características | Una posición de línea-transformador dotada de:  – Tres (3) autoválvula Uc=106 kV Un=132 kV.  – Tres (3) transformadores de intensidad.  – Tres (3) transformadores de tensión inductivos. |
| Transformador de potencia | – Un (1) transformador de potencia intemperie, trifásico de 35 MVA ONAN, 132/30 kV.  – Una (1) reactancia de puesta a tierra de 500 A, 30 segundos. |

  

En el anexo I se refleja la zona delimitada por vallado para ocupación por los grupos conversores de energía solar a electricidad, así como las coordenadas geográficas que la definen. En el anexo II se refleja la infraestructura de evacuación.

Para esta autorización se cumplirán las determinaciones reflejadas en la declaración de impacto ambiental de fecha 20/01/2023, en concreto las condiciones del proyecto y medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los efectos adversos sobre el medio ambiente. Se incluye también el condicionado determinado en el informe de territorio y paisaje, conforme a la redacción vigente del artículo 30.1 del Decreto ley 14/2020.

Declaración de Impacto Ambiental

1. El promotor deberá cumplir todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en el EsIA, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y las aceptadas tras la información pública, o contenidas en la información complementaria, en tanto no contradigan lo establecido en la presente resolución.

2. Se recuerda el cumplimiento de toda la legislación relevante que le sea de aplicación, y que afecte a los elementos del medio recogidos en la presente resolución.

3. En los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. A estos efectos, el promotor notificará al órgano ambiental el comienzo de las obras.

4. No se dispondrán elementos de la instalación en la parcela 36 del polígono 1 correspondiente a la planta Caycon, en la parte de la misma afectada por riesgo geomorfológico según la cartografía del PATRICOVA. Si de la emisión de nuevo informe de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, en consideración del estudio de inundabilidad presentado, se determinase que las instalaciones en la parcela indicada no se encontrasen afectadas por riesgo de inundación, quedará sin efecto la presente condición.

5. En el mismo sentido no se dispondrán elementos de la instalación en las parcelas 54, 41, 53, 40, 34, 33, 32, 37, 44 del polígono 1 correspondientes a la planta La Morena. Si de la emisión de nuevo informe de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, en consideración al estudio de inundabilidad presentado, se determinase que las instalaciones en las parcelas indicadas no se encontrasen afectadas.

6. Se respetarán las zonas de bosquetes o arbolado y ribazos interiores a las parcelas señaladas en los informes del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, así como en el Informe de Medio Natural, adaptando la disposición de los paneles fotovoltaicos dentro de la zona de ocupación proyectada.

7. Respecto de la especie Orchis papilionácea – Orquídia mariposa, incluida en el anexo Ia, en peligro de extinción del Catálogo valenciano de especies de flora amenazadas. Se deberá realizar una prospección previa al inicio de las obras para comprobar la presencia de ejemplares y determinar si puede existir afección a esta especie, así como a otras especies prioritarias, bajo la supervisión del órgano competente en materia de biodiversidad.

8. Se deberán adoptar las medidas de control que dispone la Orden del 11 de junio de 2009, de las directrices extraordinarias para el aprovechamiento, gestión y control del conejo de montaña, teniendo especial consideración del artículo 14.

9. Se incorporarán al proyecto todas las medidas correctoras aceptadas durante el proceso de información pública en relación con la protección de la vegetación y la fauna. Previo al comienzo de las obras, se comprobará la inexistencia de nidos o camadas de especies protegidas. En caso de su existencia, se informará a los agentes medioambientales para que dispongan las actuaciones necesarias para su mejor conservación.

10. Se ejecutarán las medidas de integración paisajísticas desarrolladas en el EIP e informe técnico presentados, incluyendo las medidas de integración paisajística expuestas como condicionado en los Informes del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje.

11. Se balizará y se realizará el seguimiento de los bienes de interés etnológico indicados en el informe de la Dirección General de Patrimonio. Si durante la ejecución de las obras se encontraran restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento del órgano competente en patrimonio cultural de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación, en conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano.

12. Se dispondrá de zonas impermeabilizadas y de un sistema de recogida de posibles fugas de aceites y combustibles, procedentes de la maquinaria y de las estructuras que se generen durante la ejecución de la obra. Los residuos generados se gestionarán según la normativa vigente y mediante un gestor autorizado, estableciéndose las zonas de recogida de residuos, y no haciéndose acopio en zonas con pendientes elevadas y peligrosidad de inundación.

13. No podrán utilizarse herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas u otros productos químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna. Tampoco se utilizará en el proceso de limpieza de los módulos fotovoltaicos ningún tipo de jabón, disolvente o sustancia que pueda contaminar el suelo o el acuífero.

14. Para la ocupación de suelo forestal de un monte público, será necesario obtener las autorizaciones oportunas o en su caso, las de ocupación necesarias según el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana, y la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

15. Los suelos y otros materiales naturales excavados durante las actividades de construcción, cuando no vayan a emplearse en la propia obra, serán gestionados por gestor autorizado.

16. En cuanto a la ejecución y explotación, se respetará lo indicado en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, relativo a prevención de incendios. También se respetará la zona de servidumbre de los viales identificados en el Plan de prevención de incendios de la demarcación de Enguera. Al inicio de las actuaciones sobre terreno forestal, se comunicará a los servicios técnicos y agentes ambientales para su supervisión.

17. El uso de agua en la planta quedará condicionado a que se disponga de suministro por una empresa autorizada o concesión del organismo de cuenca.

18. En lo que respecta a la afección a vías pecuarias, se garantizará su continuidad, y si en su caso, se desvían, será de acuerdo con las condiciones del órgano competente en la materia según las disposiciones de la ley 3/2014, de 11 de julio, de vías pecuarias.

19. Finalizada la vida útil de la instalación fotovoltaica, la emisión de la autorización administrativa de cierre definitivo de la central obligará al promotor al desmantelamiento de esta.

20. Deberá definirse un plan de seguimiento especifico de la avifauna durante la vida útil de la instalación.

21. Las acciones incluidas en el programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas, y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.

Dirección territorial de Política Territorial y Paisaje. Gestión Territorial.

1. Se mantendrán las condiciones de infiltración con los cambios de pendientes, contando con una estratificación en forma de tablas del terreno (niveles de topografía) entre zonas de placas solares y zonas de paso, realizadas en sentido transversal a la pendiente que disminuyan la escorrentía y aumenten la infiltración. Es decir, la disposición de las placas solares deberá acompañar las curvas de nivel.

2. Se deberá plantar y conservar zonas de vegetación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia y generan condiciones favorables para la infiltración disminuyendo las escorrentías.

3. Se deberán hacer labores del suelo que mantengan su textura esponjosa para que se facilite la infiltración o, en su caso, desarrollar tareas agrícolas como actividades complementarias.

4. El cerramiento perimetral de la parcela deberá ser permeable al flujo.

Dirección territorial de Política Territorial y Paisaje. Infraestructura Verde y Paisaje.

1. Se mantendrá un espacio de transición entre los paneles solares y el terreno forestal estratégico, concretamente en las áreas correspondientes al CT8 y CT9. El espacio de transición deberá tener una longitud, al menos, de 20m medidos entre el borde del terreno forestal y el panel fotovoltaico más cercano.

2. Los viales interiores de la PF se ejecutarán con acabado de zahorra compacta o similar, procedentes de la parcela, de forma que se mantenga la permeabilidad del terreno rural y no se produzca modificación del acabado visual del terreno.

3. Los majanos situados en las parcelas de las zonas de CT5, CT6 y CT9 deberán conservarse modificando la implantación de los paneles solares sin que éste quede afectado.

4. Deberá modificarse la disposición de los paneles solares del norte de la zona del CT7, de forma que no se invada la parcela ubicada al norte del mismo y se mantenga la formación del borde divisorio entre parcelas.

5. Las plantaciones de bosquetes arbustivos discontinuos deben ejecutarse, al menos en:

– Zona perimetral norte. Se implantarán bosquetes en aquellas zonas entre paneles solares y la vía pecuaria.

– Zonas de transición. Deberá ejecutarse de acuerdo con la MIP complementaria n.º1.

– Zona perimetral sur. Se implantarán bosquetes en la zona norte del camino que separa la instalación de La Morena y la de Caycon. Concretamente se ejecutarán en aquellas zonas del camino encajonadas por ambas instalaciones y, en su caso, eliminando filas de instalaciones de paneles solares.

Las especies vegetales que se incorporen como MIP deben ser de acuerdo con las preexistentes en el paisaje del entorno.

6. El revestimiento de los elementos e instalaciones auxiliares, así como a los centros de transformación e inversores será de colores similares al entorno.

7. El vallado deberá ajustarse a los límites parcelarios de forma que se evite la formación de áreas residuales entre lindes de parcela y vallado de la instalación de paneles solares. No obstante, en caso de que el límite de parcela entre en zona forestal, el vallado no deberá penetrar en la misma sino mantenerse en zona agrícola.

8. La iluminación, en caso de existir, no producirá contaminación lumínica, por lo que los haces de luz que produzcan se orientarán hacia el suelo.

Las referidas autorizaciones se otorgan condicionadas al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos por las diferentes administraciones y organismos, y que han sido aceptadas por las personas titulares de la presente autorización.

La persona titular de la autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, la mercantil deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte titular, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Las instalaciones de producción de energía eléctrica autorizadas deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.

*Segundo. Autorizaciones administrativas de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto Primero.*

Otorgar las autorizaciones administrativas de construcción para las instalaciones descritas en el punto Primero de la presente resolución, con base en los proyectos de ejecución, y anexos a estos, que se relacionan a continuación y constan en el expediente instruido:

– «Proyecto planta solar fotovoltaica Caycon – La Morena subestación FV Caycon – La Morena 132/30 kv (octubre 2022) (con declaración responsable de la persona técnica proyectista con fecha 11/10/2022).

– «Proyecto de ejecución planta solar fotovoltaica La Morena (septiembre 2023)» (con declaración responsable de la persona técnica proyectista con fecha 20/11/2023).

– «Adenda de modificación n1º al proyecto ejecutivo administrativo planta solar fotovoltaica La Morena (marzo 2024)» (con declaración responsable de la persona técnica proyectista con fecha 21/03/2024).

Estos proyectos cuentan con declaración responsable de la persona técnica proyectista, así como de cumplimiento de la normativa de aplicación, conforme el artículo 53 de la Ley 24/2013.

Esta autorización habilita a las personas titulares de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. Sera condición necesaria el obtener la autorización administrativa de construcción de las infraestructuras de conexión a la red indicadas en el punto de Evacuación y conexión a red, perdiendo su vigencia esta autorización en caso contrario.

2. Se deberá presentar ante el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia la elevación a escritura pública, con la constancia de la inscripción en el registro de la propiedad cuando sea necesario, de los contratos, acuerdos o cualquier otro documento presentado para la acreditación de la disponibilidad de los terrenos, antes del inicio efectivo de la construcción de la instalación. Se acompañará también justificante del pago del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados de estos, ante la Agencia Tributaria Valenciana.

3. Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por la parte solicitante. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.

4. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Asimismo, el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

5. Puesto que la potencia total instalada y autorizada (14,8 MW) es inferior a la capacidad de acceso a la red concedida (16,00 MW) no será obligatorio el sistema de control coordinado autorizado en el punto segundo de esta resolución para todos los módulos de generación autorizados por la presente que impida que la potencia activa que la instalación pueda inyectar a la red supere la citada capacidad de acceso. Con la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible para otorgar esta que la persona titular de la instalación presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la instalación del referido sistema de control, acompañado de la documentación justificativa del fabricante de las características del citado sistema y del cumplimiento por este de la funcionalidad limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada.

6. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.

7. Conforme al artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a tres (3) meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b) 5.º del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los ocho (8) años. En dicha solicitud se deberá indicar, al menos:

– el semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y

– el compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.

8. Acorde al artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y a lo indicado en el proyecto de ejecución de las instalaciones, el período de tiempo en el cual está prevista la ejecución de la instalación será el menor de los siguientes: a) el plazo de seis (6) meses contado a partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente resolución, o b) el plazo que para este proyecto resulta de aplicar el periodo establecido para la obtención de la autorización de explotación en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Conforme al artículo 30.3.b) del Decreto ley 14/2020, se establece un plazo máximo para solicitar la autorización de explotación de un (1) mes, desde la finalización del período de ejecución ya indicado.

No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables a la persona titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.

En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico.

Tampoco cabrá otorgarlas cuando la parte peticionaria pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad financiera exigida para su realización o la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de las personas consumidoras o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los agentes gestores y titulares, respectivamente, de las redes.

Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.

En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, sin perjuicio de la extensión excepcional prevista en el artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre.

Todo ello teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 43 o 47, según el caso, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, respecto a la vigencia de la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental.

9. En virtud del artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el agente promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.

Para los trabajos que se realicen en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de este, o exista una continuidad de combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesario presentar ante la dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, con 20 días naturales de antelación al inicio de los trabajos, una declaración responsable, acompañada de la documentación indicada en el artículo 144 del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana

10. La persona titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.

11. La persona titular de la presente resolución deberá cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

12. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a este Servicio Territorial o a la dirección general con competencias en materia de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

13. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la persona titular, en el plazo máximo de un mes solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.

14. A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV N.º 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.

Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.

Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución y los indicados en la Declaración de Impacto Ambiental. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el Servicio Territorial Competente en energía correspondiente solicitará de las Administraciones y organismos que han emitidos aquéllos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.

La persona titular de la presente autorización podrá solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.

15. La persona titular tiene la obligación de constituir una garantía económica para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno, por un importe del 3% del presupuesto de ejecución material, siempre y cuando esta cantidad no sea inferior a 20.000 €/MWp. Si la cuantía resultante es inferior a esa cifra, el importe de la garantía será de 20.000 €/MWp. Deberá acreditarse su debida constitución (aportando la carta de pago correspondiente) con la solicitud de autorización de explotación provisional de la instalación, siendo requisito indispensable para poder otorgarse esta.

La duración mínima de esta garantía económica deberá ser de cinco años, debiendo renovarse durante toda la vida útil de la central fotovoltaica al menos dos meses antes de su expiración. La cuantía de la garantía se actualizará cada 5 años con base en el cálculo de variaciones del índice general nacional del Índice de Precios de Consumo, o conforme la normativa vigente en ese momento.

La garantía deberá depositarse en la Agencia Tributaria Valenciana, siendo beneficiaria la Dirección General de Industria, Energía y Minas, debiendo constar los datos de la instalación (nombre de la instalación, potencia instalada, municipios donde se ubican los grupos generadores) y que se deposita para el cumplimiento de la obligación de desmantelamiento de la instalación y restauración de los terrenos y su entorno.

Esta garantía será cancelada cuando la persona titular de la instalación acredite el cumplimiento de las obligaciones a las que aquella está afecta.

16. La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de transporte, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.3 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

17. Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la persona titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.

Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de la misma.

18. Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, la persona titular, en el plazo máximo de (1) mes solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.

19. Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la persona titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. No solicitar las autorizaciones de explotación en plazo podrá suponer la caducidad de las autorizaciones concedidas.

20. La persona titular de instalación tiene la obligación de desmantelar la instalación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación. Deberá obtener autorización de cierre definitivo de la instalación, conforme a lo indicado en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como para el cierre temporal.

21. La transmisión o cambio de titularidad, modificaciones sustanciales de la instalación y el cierre temporal o definitivo de la instalación autorizada por la presente resolución requieren autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

22. Tal y como se indica en el artículo 38 del Decreto ley 14/2020, la concesión de la licencia urbanística municipal obligará a la persona titular o propietaria de la instalación, sin perjuicio de la exacción de los tributos que legalmente corresponda por la prestación del servicio municipal o por la ejecución de construcciones, instalaciones y obras, a pagar el correspondiente canon de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable y a cumplir los restantes compromisos asumidos y determinados en la correspondiente licencia.

23. El respectivo canon de uso y aprovechamiento se establecerá por el ayuntamiento en la correspondiente licencia, por cuantía equivalente al 2 % de los costes estimados de las obras de edificación y de las obras necesarias para la implantación de la instalación. El canon se devengará de una sola vez con ocasión del otorgamiento de la licencia urbanística, pudiendo el ayuntamiento acordar, a solicitud de la parte interesada, el fraccionamiento o aplazamiento del pago, siempre dentro del plazo de vigencia concedido. El otorgamiento de prórroga del plazo no comportará un nuevo canon urbanístico.

El ayuntamiento podrá aplicar las reducciones del importe del canon que proceda de las recogidas en el artículo 38 del Decreto ley 14/2020. El impago dará lugar a la caducidad de la licencia urbanística. La percepción del canon corresponde a los municipios y las cantidades ingresadas por este concepto se integrarán en el patrimonio municipal del suelo.

24. Según lo establecido en el artículo 26 del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas imputables a la persona titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres años.

*Tercero. Sobre la solicitud de declaración de utilidad pública*

Desestimar la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de las instalaciones titularidad de Green Capital PoweR SL. que forman parte del proyecto autorizado y que afectan a las parcelas solicitadas para el establecimiento de los grupos generadores de la central fotovoltaica «La Morena» y de la subestación elevadora «FV Caycon – La Morena 30/132kV», por pérdida sobrevenida del objeto, teniendo en cuenta que aquélla dispone de los acuerdos con las personas propietarias de todos los terrenos afectados por la instalación autorizada, además de que en el expediente no ha quedado acreditada la causa expropiandi, para la primera de las partes mencionada.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea subterránea de 30 kV que discurrirá entre el centro de medida y la subestación elevadora «FV Caycon – La Morena 30/132kV» de la central fotovoltaica autorizada en el punto Primero de la presente resolución.

Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de urgente ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo la persona titular la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación que figura en el anexo, con el alcance y los efectos previstos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y de las secciones 2ª y 3ª del capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

En el momento de la presente declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en los artículos 149 y 151 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los acuerdos mutuos de adquisición de los bienes y derechos con los titulares de estos adquieren la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.

Se incluye en anexo III la relación de bienes y derechos afectados.

*Cuarto. Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución*

Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto ley 14/2020:

– La publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  y en el *Boletín Oficial de la Provincia de Valencia*, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente Resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

– La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en el apartado de Energía (<https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en castellano y <https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades>  en valenciano).

– La notificación de la presente resolución a la persona titular y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a las restantes partes interesadas en el expediente.

– La notificación al órgano ambiental a los efectos previstos en legislación de evaluación ambiental sobre caducidad del pronunciamiento ambiental, así como a los órganos competentes en ordenación del territorio y paisaje.

Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l’Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.

Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

  

València, 8 de octubre de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director general de Energía y Minas

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