Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5496, del 23-04-2007 (2007/4845)

ORDEN de 2 de abril de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se determina un Programa Especial de Formación Profesional Continua en el Sector Textil y de la Confección y se regula el procedimiento general para la concesión de ayudas durante el ejercicio 2007.
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Número DOGV
:   5496

Fecha DOGV
:   23-04-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2007/4845


Fecha del documento
:   02-04-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * organización patronal
    * apoyo económico
    * ayuda a las empresas
    * ayuda pública
    * fundación
    * economía social
    * pequeña y mediana empresa
    * sindicato
    * reciclaje profesional
    * cámara de comercio e industria
    * universidad

El pasado 26 de enero de 2007 se suscribió entre el Gobierno Valenciano y el Observatorio Industrial Textil un Acuerdo, que prevé el mantenimiento de las ayudas puestas en marcha en 2004, que garantice a las personas afectadas por expedientes de suspensión de empleo una formación que les permita acceder a una mejora en su formación y cualificación, para que de este modo puedan disponer de los medios necesarios para facilitar su adaptación a la situación que atraviesa el sector de la industria textil y de la confección.  
Dentro de dicho Sector Industrial, a fin de conseguir los objetivos del indicado Acuerdo, es aconsejable dar un tratamiento específico cuando los expedientes de suspensión de empleo afecten a más de doscientos trabajadores, ya que el volumen de trabajadores afectados dificulta su encaje en otras acciones formativas ya programadas en el ámbito sectorial o intersectorial.  
Por todo ello, y en uso de las facultades que me confieren la Ley 5/1983 de 30 de diciembre de Gobierno Valenciano; la Ley de la Generalitat Valenciana 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio Valenciano de Empleo y Formación; el Decreto 112/2003, de 11 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y el Decreto 41/2001, de 27 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del SERVEF, oídas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la CV.  
ORDENO  
CAPÍTULO I  
Normas generales  
Artículo 1. Objeto, gestión y concesión.  
1. El objeto de la presente orden es el fomento y el desarrollo de planes de formación continua para los trabajadores y trabajadoras de las empresas del sector textil y de la confección, afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos, en acciones formativas que faciliten su reciclaje profesional o la adquisición de nuevas cualificaciones profesionales, mejorando con ello su adaptabilidad a los cambios en el entorno empresarial, tecnológico y productivo, y favoreciendo la creación de empleo estable y la empleabilidad de estos trabajadores y trabajadoras, siempre que se trate de expedientes de suspensión de los contratos de trabajo que afecten a más de 200 trabajadores autorizados por la Dirección General de Trabajo y Seguridad laboral de esta Conselleria, en expedientes vinculados al Acuerdo Marco de 26 de enero de 2007, suscrito entre la Generalitat y el Observatorio Industrial Textil.   
2. La gestión de las ayudas contempladas en la presente orden corresponderá al Servicio Valenciano de Empleo y Formación (en adelante SERVEF).  
3. El procedimiento de concesión de las ayudas contempladas en la presente orden será el de concurrencia competitiva.  
Artículo 2. Naturaleza de las ayudas  
Las ayudas contempladas en la presente orden tendrán la naturaleza jurídica de subvenciones públicas e irán destinadas a la financiación, total o parcial, del coste de los planes formativos que se realicen al amparo de la misma.  
Artículo 3. Entidades beneficiarias  
1. Podrán solicitar las ayudas contempladas en la presente orden:   
a) Organizaciones empresariales representativas, constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, que agrupen empresas del sector textil, así como las fundaciones sin fin de lucro por ellas constituidas, entre cuyas finalidades esté la formación, a fin de impartir acciones formativas a los trabajadores de las indicadas empresas.  
b) Organizaciones sindicales más representativas en el Sector Textil, así como las fundaciones sin fin de lucro por ellas constituidas a fin de impartir acciones formativas, entre cuyas finalidades esté la formación.  
2. A los oportunos efectos, la mayor representatividad de las organizaciones sindicales se determinará teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto. A su vez, la representatividad de las organizaciones empresariales se determinará de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores  
3. Todas las entidades deberán reunir los requisitos generales siguientes:  
· Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social en los términos establecidos por la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda.  
· Acreditar la capacidad suficiente en medios materiales, humanos y organizativos, para cumplir con los objetivos establecidos en el programa.  
4. No podrán obtener la consideración de beneficiario las entidades incursas en alguna de las situaciones previstas en el artículo 13.2) y 3) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
5. Será requisito para la concesión de las subvenciones y para el pago de las mismas que los beneficiarios se encuentren al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando no tengan deudas con la administración por reintegro de subvenciones en período ejecutivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.  
Artículo 4. Destinatarios de las acciones formativas  
En todos los casos, los destinatarios de las acciones formativas serán los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo, de suspensión de los contratos de trabajo, autorizados en el ámbito del Acuerdo suscrito entre el Gobierno Valenciano y el Observatorio Industrial Textil, el pasado 26 de enero de 2007, cuando dichos expediente afecten a más de 200 trabajadores.  
Artículo 5. Difusión  
Será obligación de los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente orden dar a conocer de forma inequívoca que se trata de una acción subvencionada por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.  
CAPÍTULO II  
Procedimiento  
Artículo 6. Presentación de solicitudes, documentación y plazo, e Instrucción  
1. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas reguladas en la presente orden será de diez días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Las solicitudes deberán presentarse en los registros de las direcciones territoriales del SERVEF, o en cualquiera de los registros a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999.  
2. Las solicitudes se formularán en los modelos normalizados establecidos al efecto.   
3. Toda solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:  
A) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y su representante legal.  
B) Documento de identificación fiscal del solicitante.  
C) Declaración responsable de no encontrarse en los supuestos del artículo 13-2-y3) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  
D) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros).  
E) Autorización expresa al Servef para recabar respectivamente ante la Agencia Estatal de la administración Tributaria, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y la Tesorería General de la Seguridad Social, la documentación acreditativa de hallarse el solicitante al corriente en las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones. La validez de los certificados deberá extenderse al momento del otorgamiento de la ayuda.  
En el supuesto de falta de autorización, deberán presentarse certificados originales positivos de la Agencia Estatal de la administración Tributaria, la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y la Tesorería General de la Seguridad Social, expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la ayuda.  
F) Plan formativo a desarrollar.  
El proyecto que contenga el plan formativo de la entidad se presentará en una única solicitud en soporte magnético y papel, y en el mismo se indicarán los siguientes aspectos:  
o Caracterización de los fines de la formación continua que se persiguen y la formulación de los objetivos que la realización del acción formativa puede cumplir en relación con el incremento de la cualificación profesional de los trabajadores asistentes, y con el crecimiento de la productividad de la empresa o al desarrollo de la organización en su caso.  
o Datos generales de las acciones formativas:  
- denominación de la acción formativa.  
- número de grupos a desarrollar.  
- número de alumnos por cada acción y grupo.  
- número de horas.  
o Perfil del alumnado hacia el que está dirigido la acción formativa: categoría y grupo profesional.  
o Indicación expresa de los datos del perfil del profesorado (titulación, experiencia profesional y docente, así como formación en didáctica), que acredite su idoneidad para impartir la docencia en cuestión. El SERVEF podrá solicitar cuantos certificados de los extremos contenidos en dicho perfil estime conveniente.  
En cualquier caso, el Plan Formativo garantizará una formación mínima por participante de 45 horas, si el expediente de regulación de empleo tiene una duración de 21 días, de 60 horas si la suspensión de los contratos es de 30 días y de 180 horas cuando la suspensión autorizada fuese de 90 días, o la proporción correspondiente a todo el período de suspensión de contratos que efectivamente se haya llevado a cabo.  
5. En el supuesto de que los documentos que deben acompañar a la solicitud de concesión de las ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha, el expediente y el órgano o la dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y que no hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.  
6. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.  
7. Cuando la solicitud no refleje los datos establecidos en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de dicha Ley.  
8. Corresponderá la instrucción de los expedientes a la Dirección General de Formación y Cualificación Profesional  
Artículo 7. Valoración  
Las solicitudes efectuadas al amparo de la presente orden serán objeto de valoración por un órgano colegiado formado por cuatro técnicos al servicio de la Dirección General de Formación y Cualificación Profesional y presidida por el Jefe de Área de Formación y Cualificación Profesional, en la que se analizará:  
- La adecuación de las acciones formativas propuestas a la finalidad de la presente orden.  
- Si la entidad dispone de capacidad suficiente para la realización de las acciones formativas previstas.  
El órgano colegiado efectuará una valoración positiva o negativa de cada uno de los indicados aspectos, de la que dará traslado al órgano instructor.  
Artículo 8. Resoluciones   
1. La Dirección General de Formación y Cualificación del SERVEF, a la vista del expediente y del informe resultado de la valoración, formulará la propuesta de resolución debidamente motivada.   
2. La directora general del SERVEF, o el órgano en que delegue, dictará la resolución procedente, de acuerdo con la propuesta recibida, y hasta que se agoten las disponibilidades presupuestarias.  
3. La resolución contendrá los datos relativos a cada Plan formativo, número de expediente, entidad beneficiaria, acción formativa, grupos a desarrollar, duración horaria de cada grupo, número de alumnos, así como el importe de la subvención.  
4. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada en la Ley 4/1999.  
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de tres meses a partir de la fecha de presentación de las solicitudes.  
6. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.  
7. Las resoluciones ponen fin a la vía administrativa, y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. Y ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.  
8. El SERVEF publicará de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las ayudas concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.  
Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios  
Son obligaciones de los beneficiarios:  
· Ejecutar el Plan formativo subvencionado según lo previsto en esta orden y en la resolución de aprobación, y justificar su realización.  
· Facilitar al SERVEF las tareas de seguimiento y control técnico.  
· Sujetarse a las acciones de control de calidad de la docencia que se establecen en esta misma Orden.  
· Sujetarse a las acciones de control financiero que legalmente correspondan en relación con la subvención concedida, incluidas las previstas en el artículo 45 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
· Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.  
· Comunicar al SERVEF la concesión de cualesquiera otras subvenciones o ayudas que, con la misma finalidad, les sea otorgada por otra administración o ente público o privado.  
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.   
· No percibir cantidad alguna del alumnado participante en la acción formativa.  
· Llevar contabilidad separada de los gastos imputables a cada Plan formativo   
· Las demás obligaciones de los beneficiarios previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
Artículo 10. Cuantía de la subvención   
1. El importe máximo de la subvención para la impartición de cada una de las acciones formativas será de 15 euros por hora y alumno, distribuidos de la siguiente forma:  
a) Parte A: 10 euros por hora y alumno.  
b) Parte B: 5 euros por hora y alumno.  
2. La cuantía de la subvención a percibir será del 100% de los gastos justificados correctamente, y sin superar la cuantía que se derive de la aplicación del apartado 1 de este artículo.  
Artículo 11. Liquidación y pago de las ayudas  
1. Una vez notificada la resolución de concesión de la ayuda podrá anticiparse a la entidad beneficiaria el pago del 75% del importe de la ayuda concedida, previas las correspondientes garantías constituidas a favor del Servef en la forma legalmente prevista.   
2. La justificación del posible anticipo y/o el pago de la subvención se harán efectivos al finalizar el Plan formativo a través de la aplicación informática SIDEC facilitada por el SERVEF, previa presentación de acuerdo con lo señalado en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones de una cuenta justificativa con la siguiente documentación:  
a) una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas,;  
b) una memoria económica, desglosada por cada acción formativa, justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:  
- una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con indicación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago;  
- las facturas o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago;  
- indicación en su caso de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados a la relación de gastos antes citada;  
- una relación detallada de otros ingresos que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y procedencia;  
- los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario;  
- en su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados.   
3. Los gastos se justificarán con copia compulsada de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Los justificantes originales se marcarán con una estampilla establecida al efecto.  
4. La cuenta justificativa deberá presentarse en el plazo máximo de 30 días naturales a contar de la fecha de finalización del plan formativo subvencionado, sin superar el 15 de diciembre. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera efectuado la presentación de la indicada documentación, por la Dirección Territorial correspondiente se aplicará lo previsto para estos casos en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
5. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en esta norma.  
6. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.  
Artículo 12. Costes elegibles  
Los costes elegibles se distribuirán en:  
1. Parte A: gastos de profesorado y control de la docencia  
Quedarán comprendidos en este concepto:  
o Los costes salariales del profesorado o, en su caso, del servicio docente externo, para el horario exclusivo de impartición de la acción formativa, evaluaciones y revisiones periódicas de los alumnos, preparación de clases y tutorías. En estos costes se incluirán los de la Seguridad Social a cargo de la entidad, cuando haya contratado a los docentes como trabajadores por cuenta ajena con obligación de su afiliación y/o alta en la Seguridad Social.  
o Costes del control de la calidad de la docencia, concepto que deberá estar especificado en el proyecto que acompaña a la solicitud de la acción formativa, si se fueran a justificar gastos por el mismo. Las actividades de control de la docencia podrán ser desempeñadas por personal no docente. Como máximo, el importe que se impute a este apartado será el 10% del total que se justifique de conformidad como Parte A.  
2. Parte B: gastos de organización o institucionales, entre los que podrán incluirse:  
o Gastos de personal de dirección, coordinación, asesoría y administración atribuibles al desarrollo del Plan formativo, hasta un máximo del 20% de la Parte B que figure en la resolución de concesión.   
o Amortización de instalaciones, equipos y herramientas, que habrán de tener siempre una conexión directa con la actividad docente, de duración superior a un ejercicio natural, con exclusión de la de aquellos bienes que hayan sido objeto de subvención pública para su adquisición. Dichos gastos se calcularán de acuerdo con la normativa vigente y deberán corresponder a inversiones oficialmente registradas en la contabilidad del beneficiario de la subvención.  
o Material consumible adquirido para el desarrollo de la docencia no recuperable a la finalización de la acción formativa.  
o Material didáctico.  
o Gastos de traducción, recopilación o impresión de materiales de enseñanza.  
o Otros costes:  
- Alquileres, tanto de instalaciones como de maquinaria ligada directamente a la docencia.  
- Energía eléctrica, combustible y, en general, mantenimiento de las instalaciones y equipos docentes.  
- Comunicación (fax, teléfono, Internet, etc.), hasta un máximo del 5% de la Parte B que figure en la resolución de concesión, limitación que no se aplicará en la modalidad a distancia.  
En el caso de otros costes contemplados anteriormente, el beneficiario deberá acompañar a la documentación exigida con carácter general para la justificación de gastos, una memoria explicativa por plan formativo de los cálculos realizados para imputar dichos costes.  
3. No se considerará coste elegible el IVA u otras cargas tributarias cuando sean susceptibles de ser compensadas por las entidades beneficiarias.  
4. En ningún caso, el coste de adquisición de los conceptos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.  
5. Los beneficiarios podrán subcontratar la impartición y el control de la docencia sin que supere el 85% de la actividad subvencionada. En el supuesto de subcontratación el profesorado deberá ajustarse al perfil del profesorado que haya sido objeto de valoración.  
Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá formalizarse por escrito y ser autorizado previamente por el órgano concedente, ya sea de forma expresa en la propia resolución de concesión de la subvención o mediante resolución posterior, emitida en el plazo de 15 días a contar desde la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente. En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de este requisito.  
6. Los pagos correspondientes a la parte "A", cuando sean efectuados directamente por la entidad beneficiaria a la persona física interesada, se justificarán mediante el pertinente comprobante de la transferencia bancaria. En los demás casos se justificarán preferentemente mediante el documento de transferencia bancaria. En cualquier caso, para gastos menores, acreditados mediante recibos, éstos identificarán claramente el perceptor firmante de los mismos.   
Artículo 13. Minoraciones y reintegro de la ayuda concedida  
1. La alteración de alguna de las características no esenciales del plan aprobado, el incumplimiento de algunas condiciones establecidas en la resolución, la falta de justificación de la totalidad de los gastos subvencionados, y la concesión, con posterioridad a la presentación de la solicitud, de otras ayudas públicas o privadas que en su conjunto superen el coste de la actividad que ha de desarrollar por el beneficiario, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.  
En especial, a la vista de la documentación presentada, relativa al Plan formativo desarrollado por la entidad, se procederá a la minoración de la subvención concedida en los siguientes supuestos:  
a) No haberse impartido la totalidad de las horas lectivas aprobadas por resolución. Se procederá en este supuesto a la minoración proporcional de la subvención concedida para las partes A y B.  
b) Por bajas de los alumnos. La diferencia entre el número de alumnos que figure en la resolución de concesión y los alumnos que finalicen cada una de las acciones formativas que integran el Plan determinará la minoración proporcional en la Parte B de la subvención concedida, o del importe de la subvención resultante una vez practicada la minoración por horas, en su caso.  
c) Por no haberse justificado en los términos establecidos en la Orden y en la resolución de concesión de ayudas la totalidad de los gastos subvencionados.  
2. Cualquiera de los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 91 y siguientes del Reglamento de aplicación de dicha Ley, dará lugar a la incoación por el órgano competente para la concesión de las ayudas del correspondiente procedimiento de reintegro, que podrá finalizar, en su caso, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas y el interés de demora, desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará en todo caso el derecho del interesado a la audiencia.  
En especial, se podrá resolver la subvención concedida en los siguientes supuestos de incumplimiento por parte de la entidad:  
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.  
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida, o de las condiciones exigidas para su concesión en la resolución de aprobación.  
c) Percepción por parte de la entidad colaboradora de cualquier cantidad económica procedente del alumnado participante en las acciones formativas.  
d) Cualquier otro motivo que perjudique el fin último por el que la subvención haya sido concedida y, en particular, el incumplimiento de los criterios emanados de la presente orden.  
e) La falsedad de los datos contenidos en la declaración contemplada en el apartado 2 del artículo 11 de la presente orden.  
f) La obstaculización de las actuaciones de seguimiento y control por el SERVEF, o el incumplimiento de las obligaciones de información de datos.  
Todo ello sin perjuicio de lo previsto en la mencionada Ley 38/2003, en cuanto a infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.  
CAPÍTULO III   
Normas relativas al desarrollo de las acciones formativas  
Artículo 14. Características de las acciones formativas  
Las acciones formativas tendrán preferentemente una estructura modular y estarán dirigidas a un número de alumnos comprendido entre 10 y 30.  
La duración de los contenidos teóricos y prácticos no será inferior a lo previsto en el artículo 6. 3. F de la presente orden.  
Artículo 15. Realización de las acciones formativas  
Las acciones formativas se realizarán durante el ejercicio 2007 y deberán finalizar, como máximo, el 30 de noviembre.  
Las acciones formativas podrán haberse realizado con posterioridad al uno de enero de 2007 y con anterioridad a la autorización del correspondiente Plan, si bien su validez, a efectos de la concesión de la ayuda prevista en esta orden, estará condicionada a la aprobación de dicho Plan, así como al cumplimiento de todas las obligaciones respecto a su desarrollo que se derivan de la presente orden, sin que ello implique ningún compromiso para la administración.  
Artículo 16. Inicio del acción formativa  
1. Es preceptiva la comunicación fehaciente por parte de la entidad beneficiaria, incluso mediante fax, de la fecha de inicio de cada grupo al técnico de enlace, con indicación del horario y del lugar de impartición, todo ello con anterioridad a dicha fecha.  
2. La entidad dispondrá de siete días naturales desde el comienzo del grupo para remitir a la Dirección General de Formación y Cualificación Profesional la siguiente documentación:  
o Datos del grupo: especialidad, calendario lectivo, y lugar de impartición.  
o Relación de participantes que comienzan el grupo.   
Artículo 17. Control del desarrollo de las acciones formativas  
1. Una vez comenzado el grupo y presentada la documentación anteriormente citada, la entidad beneficiaria estará obligada a aportar la siguiente documentación, de acuerdo con las instrucciones que le serán notificadas con anterioridad al inicio de la acción formativa:  
o Control de asistencia que contenga la firma diaria de los alumnos asistentes.  
o Comunicación de incidencias que se produzcan en el desarrollo de cada grupo.  
2. Es causa de exclusión de los alumnos incurrir en un número de faltas que sea superior al 20% de la duración total de la acción formativa. La entidad que imparta la acción formativa deberá hacer efectiva la baja del participante el día lectivo siguiente, tras la acumulación de las faltas mencionadas. Las faltas de asistencia justificadas derivadas de incapacidad temporal no computarán a estos efectos, a no ser que por su cuantía supongan una evidente falta de aprovechamiento de la acción formativa.  
3. Procederá la suspensión cautelar del desarrollo de la acción formativa cuando:  
· La acción formativa no esté en funcionamiento.  
· El personal técnico docente y/o el alumnado no esté presente en el lugar de desarrollo de la acción formativa.  
· El material de consumo o los equipos/dotaciones no se correspondan con los aprobados en la resolución.  
· El número de alumnos es inferior al indicado en el artículo 14.  
Será competente para acordar la suspensión cautelar la directora general del SERVEF, o el órgano en que delegue, previa audiencia del interesado.  
Artículo 18. Técnico de enlace  
La Dirección General de Formación y Cualificación Profesional asignará a cada una de las entidades beneficiarias un técnico que actuará como interlocutor entre éstas y la Dirección General, a fin de agilizar la gestión.  
Dicho técnico tendrá entre sus funciones:  
· Informar a la entidad de los trámites que ha de seguir al desarrollar el curso.  
· Conocer el comienzo y la finalización de cada curso.  
· Conocer el horario de las clases.  
· Estar informado de las incidencias acaecidas en cada curso.  
· Coordinar las tareas necesarias para llevar a cabo el control de calidad de la docencia.  
· Comprobar que todos los alumnos son trabajadores de la empresa o empresas afectadas por los expedientes de suspensión a los que se refiere el artículo 1º de la presente orden.  
· Velar por el correcto desarrollo del curso proponiendo las medidas oportunas a la entidad o a la Dirección General del SERVEF, en su caso, incluida la suspensión cautelar de la acción formativa.  
Artículo 19. Finalización de las acciones formativas  
1. En el plazo de 15 días naturales desde la conclusión de cada grupo se presentará un acta que contendrá el aprovechamiento final de los alumnos asistentes, especificando el número de horas de formación que ha recibido cada alumno.  
2. El SERVEF expedirá el correspondiente certificado de aprovechamiento a los alumnos que hayan superado con éxito la acción formativa.   
Artículo 20. Sobre la calidad de la docencia  
Los técnicos de enlace y el alumnado evaluarán la calidad de las acciones formativas de Formación Profesional en los que participen. Esta valoración se realizará a través de modelos normalizados. La entidad beneficiaria facilitará el acceso y la realización de las oportunas pruebas, y será informada del contenido y del resultado de estas evaluaciones de la calidad de la formación desarrollada en cada acción formativa impartido por la misma.  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
Primera  
De conformidad con lo previsto en la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2007, el importe global destinado para la concesión de las ayudas previstas en la presente orden con cargo al subprograma presupuestario 322.52 "Formación Profesional Ocupacional y Continua", línea T4165000, será de doscientos setenta mil euros (270.000 euros),  
Segunda  
En lo no previsto en la presente orden, se aplicará la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, así como la normativa autonómica en vigor contenida en el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública Valenciana  
Tercera  
La presente orden tiene como referencia el Reglamento (CE) Nº 68/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 13 de enero de 2001, Reglamento modificado por el Reglamento (CE) Nº 363/2004 de la Comisión de 25 de febrero de 2004, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de febrero de 2004.  
DISPOSICIONES FINALES  
Primera  
Se faculta a la directora general del SERVEF, para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo dispuesto en la presente orden.  
Segunda  
Se faculta a la directora general del SERVEF para incrementar si fuera necesario la dotación económica de la presente orden y para conceder un nuevo plazo de presentación de solicitudes  
Tercera  
La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Cuarta  
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante éste mismo órgano en el plazo de un mes, computado en los términos ya dichos, según lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso de los previstos en la vigente legislación.  
Valencia, 2 de abril de 2007  
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo,  
GERARDO CAMPS DEVESA