Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9882, del 01-07-2024 (2024/6372)

ORDEN 5/2024 de 27 de junio de 2024, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a financiar proyectos de cooperación al desarrollo para la promoción de alianzas estratégicas con países estructuralmente empobrecidos.
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Número DOGV
:   9882

Fecha DOGV
:   01-07-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2024/6372


Fecha del documento
:   27-06-2024

Organismo emisor
:   Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

ORDEN 5/2024 de 27 de junio de 2024, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a financiar proyectos de cooperación al desarrollo para la promoción de alianzas estratégicas con países estructuralmente empobrecidos. [2024/6372]  
  
ÍNDICE  
PREÁMBULO  
TÍTULO PRELIMINAR  
Artículo 1. Objeto  
Artículo 2. Compatibilidad  
TÍTULO I. Ámbito subjetivo  
Artículo 3. Órganos competentes  
Artículo 4. Entidades beneficiarias  
Artículo 5. Requisitos de las entidades beneficiarias  
Artículo 6. Obligaciones de la entidad beneficiaria y del resto de entidades consorciadas  
Artículo 7. Participación financiera y límites de financiación  
TÍTULO II. Actuaciones y gastos subvencionables  
Artículo 8. Actuaciones subvencionables  
Artículo 9. Actuaciones no subvencionables  
Artículo 10. Gastos subvencionables  
Artículo 11. Naturaleza y tipología de los gastos subvencionables  
Artículo 12. Gastos no subvencionables  
Artículo 13. Anticipo de fondos para impuestos susceptibles de recuperación  
Artículo 14. Aportaciones en especie  
Artículo 15. Normas de valoración económica  
Artículo 16. Afectación de bienes  
Artículo 17. Cambios de moneda  
Artículo 18. Subcontratación  
TITULO III. Procedimiento de concesión  
Capítulo I. Iniciación del procedimiento  
Artículo 19. Convocatoria  
Artículo 20. Solicitudes  
Artículo 21. Reglas generales sobre la documentación a presentar  
Artículo 22. Documentación preceptiva  
Artículo 23. Documentación valorativa  
Artículo 24. Criterios de Evaluación  
Artículo 25. Cuantía individualizada de la subvención  
Capítulo II. Instrucción del procedimiento  
Artículo 26. Iniciación del procedimiento  
Artículo 27. Ordenación e Instrucción  
Artículo 28. Comisión de valoración  
Capítulo III. Resolución del procedimiento  
Artículo 29. Resolución  
Artículo 30. Criterios de desempate  
Artículo 31. Aceptación y renuncia  
Artículo 32. Reformulación  
Capítulo IV. Procedimiento de pago de las subvenciones  
Artículo 33. Pago y régimen de garantías  
Artículo 34. Aplicación de los rendimientos financieros  
Artículo 35. Remanentes no invertidos  
TÍTULO IV. Ejecución  
Artículo 36. Plazo de ejecución  
Artículo 37. Ampliación del plazo de ejecución de la actividad  
Artículo 38. Modificación de la actuación objeto de la subvención  
Artículo 39. Suspensión o finalización anticipada de la actividad subvencionada  
Artículo 40. Línea de Base  
Artículo 41. Informes de seguimiento  
Artículo 42. Seguimiento de la ejecución  
TÍTULO V. Justificación  
Artículo 43. Justificación de la subvención  
Artículo 44. Presentación de la cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría  
Artículo 45. Evaluación  
Artículo 46. Informe Final  
TÍTULO VI. Control, reintegro y régimen sancionador  
Capítulo I. Plan de control  
Artículo 47. Plan de control  
Artículo 48. Control financiero de las subvenciones  
Capítulo II. Reintegro  
Artículo 49. Reintegro de la subvención  
Artículo 50. Normativa aplicable en materia de reintegros  
Artículo 51. Graduación de los incumplimientos  
Capítulo III. Régimen sancionador  
Artículo 52. Régimen sancionador  
Artículo 53. Obligaciones de transparencia y protección de datos, y uso de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana en la edición de los materiales  
Artículo 54. Cláusula de protección de datos  
Artículo 55. Cláusula de responsabilidad social  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
Disposición adicional primera. Incidencia presupuestaria  
Disposición adicional segunda. No sujeción al artículo 107.1 del TFUE  
DISPOSICIONES FINALES  
Disposición final primera. Delegación y facultad de ejecución  
Disposición final segunda. Entrada en vigor  
  
  
PREÁMBULO  
  
El artículo 62.3 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana aprobado por Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, establece que los poderes públicos valencianos velarán por fomentar la paz, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la cooperación al desarrollo con el fin último de erradicar la pobreza. Para lograr este objetivo, establecerá programas y acuerdos con los agentes sociales de la cooperación y las instituciones públicas y privadas para garantizar la efectividad y eficacia de estas políticas en la Comunitat Valenciana y en el exterior.  
Su desarrollo normativo se ha establecido a través de la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible, la cual tiene por objeto establecer y regular el régimen jurídico al cual se ha de ajustar la actividad de la Administración de la Generalitat y de su sector público dependiente en materia de cooperación internacional.  
La Ley 18/2017, de 14 de diciembre, establece que las políticas y actuaciones que lleven a cabo las administraciones públicas o los agentes de cooperación internacional al desarrollo de la Comunitat Valenciana incorporarán como propios 5 ejes centrales, uno de las cuales consiste en fomentar las alianzas/partenariados para el desarrollo. En este mismo sentido, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, establece como principio básico de actuación el valor diferencial para el desarrollo sostenible de todos los actores, sean públicos o privados, de las organizaciones empresariales y sindicales y de la sociedad civil, así como la importancia de los partenariados y las alianzas múltiples y abiertas a todos estos actores.  
La Ley 18/2017, de 14 de diciembre, define en su capítulo II los sujetos intervinientes en la cooperación internacional al desarrollo, entre los cuales contempla la necesidad de considerar la participación del sector privado y de establecer un protocolo que asegure que sus actividades son respetuosas con los principios de la cooperación internacional al desarrollo. De manera específica, el artículo 26 define los límites y las condiciones de participación de las cooperativas, las empresas y las asociaciones empresariales de la Comunitat Valenciana, estableciendo que podrán contribuir a los esfuerzos de la cooperación internacional al desarrollo realizados por la Generalitat, aportando su experiencia y recursos en los distintos sectores de su actividad, siempre asegurando el carácter no lucrativo de esta actividad y respetando los principios, objetivos y prioridades de la ley, al tiempo que deberán cumplir con los requisitos básicos establecidos en un protocolo específico elaborado por el Consejo Valenciano de Cooperación. Igualmente, en dicho artículo se acotan los ámbitos a los que, de manera preferente, podrá referirse la participación del sector privado, entre los cuales se destacan la promoción de la responsabilidad social empresarial, la creación y fortalecimiento de la economía social, las alianzas entre el sector público y el sector privado para el fomento de la economía social, la transferencia de conocimientos empresariales y tecnología apropiada y las buenas prácticas empresariales, el fortalecimiento de las asociaciones empresariales de los países en vías de desarrollo y la formación de capital humano, y el apoyo a la erradicación de la explotación laboral infantil. La pertinencia de incorporar a los actores económicos de la Comunitat Valenciana en las actuaciones de cooperación se recoge además expresamente entre los principios de actuación establecidos en la ley, entre los que se encuentra la cooperación integral del territorio en la definición y construcción de políticas públicas e instrumentos de desarrollo económico local, que promueva la articulación de agentes y actores de la Comunitat en los países y municipios donde se centre la actuación.  
Por otra parte, la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, define en su título I los instrumentos de la cooperación internacional al desarrollo, entre los que cabe destacar, por su relación con las actuaciones que se pretende regular en esta disposición, la cooperación económica, la cooperación técnica y la investigación para el desarrollo. Estos instrumentos han sido abordados tradicionalmente de manera diferenciada, es decir, a través de fórmulas de financiación de actuaciones que respondieran, de manera exclusiva, a un único instrumento. Sin embargo, avanzar en una cooperación con mayor alcance transformador de las realidades sobre las que incide, hace además necesario el desarrollo de actuaciones más integrales que trabajen, simultáneamente, sobre varios de estos instrumentos, con la finalidad de producir impactos más amplios que permitan incidir, desde un enfoque multidimensional, sobre las causas complejas que se encuentran en la base de las desigualdades en los países estructuralmente empobrecidos.  
El V Plan director de la cooperación valenciana al desarrollo, aprobado por acuerdo del Consell de 25 de marzo de 2022, se hace eco de estos principios de actuación expresados en la legislación sectorial, al establecer entre sus objetivos el fomento de alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible, con objeto de mejorar la cooperación en materia de tecnología e innovación, potenciando a su vez acciones integrales que superen la dicotomía norte sur y que incidan de manera multidimensional sobre las causas estructurales que generan pobreza y desigualdad.  
Esta orden se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, relativo a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue el interés general de agilizar la gestión administrativa en materia de otorgamiento de subvenciones y su posterior seguimiento, así como la evaluación de las subvenciones en materia de cooperación internacional al desarrollo.  
Se fundamenta la oportunidad de esta disposición por la necesidad de promover una ciudadanía global crítica y constructiva que viene demostrando, a lo largo de más de treinta años en que se llevan ejecutando políticas públicas de cooperación al desarrollo en el ámbito de la Comunidad Valenciana, su compromiso con la erradicación de la pobreza. Además, a través de la presente orden, la ejecución de los proyectos se efectuará mediante la constitución de consorcios de cooperación al desarrollo, lo que permitirá consolidar alianzas estratégicas entre diferentes agentes de cooperación al desarrollo. Por otro lado, la eficacia queda justificada en la medida que las ayudas beneficiarán a poblaciones vulnerables a través del conocimiento de sectores en los que los agentes de cooperación al desarrollo han demostrado su experiencia.  
Por otro lado, se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad y seguridad jurídica, puesto que esta orden es el instrumento normativo adecuado para proporcionar un marco jurídico común al que atenerse las diferentes convocatorias de subvenciones, es coherente con el marco jurídico vigente y se dicta en el marco de la competencia que tiene la Generalitat en materia de acción exterior.  
Finalmente, respecto a los principios de transparencia y eficiencia, el proyecto de orden se ha sometido al trámite de consulta pública que prevé el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de información pública, lo que ha permitido la participación activa de los potenciales destinatarios de la misma, así mismo, se precisan con más claridad los requisitos y criterios de baremación, y se simplifican las cargas administrativas con la finalidad de agilizar el procedimiento y la tramitación electrónica.  
Con base en lo anteriormente expuesto, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a través de la presente orden, contempla la aprobación de las bases reguladoras para la financiación de proyectos de cooperación internacional al desarrollo para la promoción de alianzas estratégicas con países estructuralmente empobrecidos, siendo la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo el centro directivo competente para la tramitación de las mismas.  
Las subvenciones previstas en esta orden están vinculadas a la duración del Plan estratégico de subvenciones 2024-2026 de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.  
Las subvenciones a conceder en el marco de esta orden no están sujetas a la política de la competencia de la Unión Europea en materia de ayudas públicas y, por tanto, no precisan notificación a la Comisión Europea, por no reunir los requisitos del artículo 107.1 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, ya que en razón de la cualidad de las entidades beneficiarias y del objeto de las subvenciones, estas acciones subvencionables no afectan a la competencia, ni a los intercambios comerciales entre los estados miembros, y tampoco favorecen a determinadas empresas o producciones.  
Por tanto, con la percepción de las citadas subvenciones no existe ventaja económica alguna, ni desarrollo de actividad económica en el mercado relacionada con la oferta de bienes y servicios, que permitan la posibilidad de falseamiento de la competencia que afecte a los intercambios comerciales entre estados miembros, a los efectos señalados en el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.  
Esta Orden de Bases ha sido informada en el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo en su sesión de 20 de junio de 2024.  
Por todo lo expuesto, cumplidos los trámites procedimentales oportunos, en virtud de las facultades conferidas en los artículos 160 y 165 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en el del Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y en el Decreto 132/2023, de 10 de agosto, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda,  
  
  
  
ORDENO  
  
TÍTULO PRELIMINAR  
Disposiciones generales  
  
Artículo 1. Objeto  
Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras por las que se regirán las subvenciones dirigidas a financiar proyectos de cooperación internacional al desarrollo para la promoción de alianzas estratégicas en países estructuralmente empobrecidos.  
Estas actuaciones se financiarán con cargo al programa presupuestario de Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible incluido en los presupuestos de la Generalitat, teniendo como finalidad generar nuevos ámbitos de participación entre los agentes de cooperación al desarrollo, y sometidos a los principios de publicidad, eficacia, eficiencia, transparencia y concurrencia competitiva.  
  
Artículo 2. Compatibilidad  
1. Las subvenciones que se otorguen de acuerdo con lo dispuesto en esta disposición son compatibles con las que puedan otorgar otras administraciones o entidades públicas o privadas, siempre que se complementen los proyectos objeto de financiación.  
2. La entidad perceptora de la subvención, de las previstas en esta disposición, está obligada a comunicar al órgano gestor, en el plazo de un mes desde el momento en que se haya obtenido, y en todo caso, con anterioridad a la presentación de la justificación, toda financiación de la actuación subvencionada procedente de cualquier ente público o privado, local, nacional, internacional o supranacional, especificando la cuantía exacta de la aportación, la procedencia y el destino dado a dichos fondos, con el fin de que conste explícitamente qué parte del proyecto o actuación se subvencionará con la aportación de la Generalitat y qué parte con cada una de las otras aportaciones.  
3. En cualquier caso, el importe de la subvención no puede ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, supere el coste de la actuación, y a tal fin, la entidad solicitante deberá presentar ante el órgano gestor declaración responsable en ese sentido.  
4. En el caso de que el importe total de las subvenciones obtenidas para una misma actuación, en materia de cooperación al desarrollo, sea superior a su coste global se reducirá la subvención concedida en la cantidad correspondiente al exceso.  
5. No serán subvencionables proyectos en los que exista identidad de contenido, zona de ejecución, beneficiarios o cualquiera otra circunstancia que lo asemeje a un proyecto ya presentado en el mismo ejercicio económico en convocatorias de concurrencia competitiva en materia de cooperación internacional al desarrollo.  
  
  
TÍTULO I  
Ámbito subjetivo  
  
Artículo 3. Órganos competentes  
1. La instrucción y gestión del procedimiento de otorgamiento de subvenciones, así como el seguimiento de la ejecución y la revisión de la justificación económica y técnica, corresponde al órgano directivo que tenga atribuidas las competencias en materia de cooperación al desarrollo, que de ahora en adelante se denominará órgano gestor.  
2. La persona titular de la conselleria que tenga asignada la competencia en materia de cooperación al desarrollo es el órgano competente para conceder las subvenciones reguladas en estas bases, que de ahora en adelante se denominará órgano concedente, sin perjuicio de las delegaciones realizadas.  
  
Artículo 4. Entidades beneficiarias  
1. Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta orden las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y las agencias de Naciones Unidas y sus Comités Nacionales u organizaciones que las representen en España, de conformidad con la legislación vigente en materia de cooperación al desarrollo, que cumplan con los requisitos previstos en el apartado siguiente.  
2. Las entidades a las que se ha hecho alusión en el apartado primero de este artículo, para ser beneficiarios, constituirán una agrupación sin personalidad jurídica propia, en la que se integrarán actores diversos, de naturaleza pública o privada de la Comunitat Valenciana y del país de ejecución del proyecto, con la finalidad de impulsar conjuntamente un proyecto de cooperación al desarrollo en los términos de la legislación sectorial vigente y en el marco de los objetivos establecidos en el Plan director de la cooperación valenciana al desarrollo. A los efectos de esta orden, dicha agrupación se denominará consorcios de cooperación al desarrollo.  
3. Podrán formar parte del consorcio de cooperación al desarrollo, junto a las entidades señaladas en el apartado primero, las siguientes entidades:  
a) Entidades del ámbito académico y de la investigación: universidades, fundaciones universitarias, centros de investigación y otros análogos, tanto públicos como privados, con sede o delegación permanente en la Comunitat Valenciana.  
b) Entes locales supramunicipales: mancomunidades, agrupaciones y asociaciones de municipios, con sede o delegación permanente en la Comunitat Valenciana.  
c) Entidades de iniciativa privada con domicilio social y/o fiscal en la Comunidad Valenciana.  
d) Organizaciones sindicales, con sede o delegación permanente en la Comunitat Valenciana  
e) Corporaciones de derecho público, con sede o delegación permanente en la Comunitat Valenciana.  
f) Entidades de carácter público, privado o social del país o territorio en el que se ejecuta el proyecto.  
No obstante, lo señalado en el apartado anterior, el consorcio de cooperación al desarrollo estará formado, al menos, por:  
a) La entidad beneficiaria de la subvención, prevista en el apartado primero del presente artículo.  
b) Una o más entidades establecidas en las letras a, b, c, d, e, del apartado anterior, que deberán tener sede o delegación permanente en la Comunitat Valenciana.  
c) Una o más entidades del país o territorio en el que se desarrollará el proyecto, en los términos establecidos en la letra f) del apartado 3 de este artículo.  
4. Los consorcios de cooperación al desarrollo deberán comprometerse y garantizar un interés no lucrativo en el proyecto, directo o indirecto, y quedar justificada su participación por la naturaleza técnica de la intervención.  
5. En cualquier caso, la participación en el consorcio de cooperación al desarrollo de las cooperativas, las empresas y las asociaciones empresariales se producirá en los términos y con las limitaciones establecidas en el artículo 26 de la Ley 18/2017, de 14 de diciembre.  
6. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con los requisitos exigidos en los artículos 11 y 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
7. La formación del consorcio de cooperación internacional al desarrollo se aportará junto a la solicitud de subvención mediante un acuerdo firmado por todas las partes intervinientes, y en el mismo se hará constar, al menos, los derechos y obligaciones de cada agente participante, el sistema de gestión de los recursos y de resolución de posibles conflictos que puedan derivarse de la ejecución.  
8. Las entidades beneficiarias a las que se refiere el apartado primero de este artículo asumen la responsabilidad directa de la gestión y justificación del proyecto subvencionado, sin perjuicio de la derivación interna de responsabilidades entre los miembros integrantes del consorcio.  
  
Artículo 5. Requisitos de las entidades beneficiarias  
En todo caso, para adquirir la condición de entidad beneficiaria de cualquiera de las subvenciones reguladas en esta orden, se requerirá:  
1. Cumplir los requisitos exigidos en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
2. Ser personas jurídicas legalmente constituidas, de carácter público o de carácter privado sin ánimo de lucro que por razón de los fines, objeto o ámbito de actividad puedan llevar a cabo actuaciones en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, y que acrediten los requisitos de capacidad financiera y de gestión para realizar la actuación subvencionable.  
3. Acreditar una experiencia mínima de cuatro actuaciones en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo en proyecto por importe superior a 150.000 euros cada uno de ellos, al menos dos de los cuales, deberán haber sido financiados por la Generalitat a través de su programa de cooperación internacional en los años inmediatamente anteriores a las respectivas convocatorias que se deriven de la presente orden. En el supuesto que se aporten como experiencia proyectos o programas financiados únicamente por entidades privadas, la financiación de cada proyecto no podrá ser inferior a 10.000 euros. Se excluye proyectos o programas financiados únicamente con fondos propios del consorcio de cooperación al desarrollo.  
4. En el caso que la entidad beneficiaria fuese una organización no gubernamental para el desarrollo, o una agencia que pertenezca al sistema de Naciones Unidas o entidad que tengan un acuerdo suscrito con estas que les reconozca como su comité en España, deberán estar inscrita en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunitat Valenciana, mediante resolución del órgano competente, en los términos previstos en la correspondiente convocatoria.  
5. No podrán ser beneficiarias de subvenciones entidades en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
6. En ningún caso podrán tener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en esta orden las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, es decir, asociaciones que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como a aquellas asociaciones que con su actividad promuevan o justifiquen el odio o la violencia contra personas físicas o jurídicas, o enaltezcan o justifiquen por cualquier medio los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares.  
7. Se considerará, a estos efectos, que una asociación realiza las actividades previstas en el párrafo anterior, cuando alguno de los integrantes de sus órganos de representación, o cualesquier otro miembro activo, haya sido condenado por sentencia firme por pertenencia actuación al servicio o colaboración con banda armada en tanto no haya cumplido completamente la condena, si no hubiese rechazado públicamente los fines y los medios de la organización terrorista a la que perteneció o con la que colaboró o apoyó o exaltó.  
Asimismo, se considerará actividad de la asociación cualquier actuación realizada por los miembros de sus órganos de gobierno y de representación, o cualesquiera otros miembros activos, cuando hayan actuado en nombre, por cuenta o en representación de la asociación, aunque no constituya el fin o la actividad de la asociación en los términos descritos en sus Estatutos.  
  
Artículo 6. Obligaciones de la entidad beneficiaria y del resto de entidades consorciadas  
A los efectos de obtener subvenciones en el ámbito de esta orden se requiere:  
a) Las entidades beneficiarias, están sujetas a las obligaciones generales derivadas de la normativa vigente sobre ayudas o subvenciones públicas y, en particular, a las que hace referencia el artículo 14 de la Ley 38/2003,17 de diciembre, así como, en su caso, a las exigencias que determina la normativa vigente en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  
b) Entidades consorciadas del país de ejecución del proyecto: cuando sea una entidad privada deberá acreditar documentalmente su capacidad jurídica y de obrar del país de ejecución de la actuación.  
c) Las entidades consorciadas de la Comunitat Valenciana deben estar al corriente de obligaciones fiscales, tributarias y de la seguridad social, así como no estar incursas en procedimiento de reintegro de subvenciones, y en las mismas no deberá concurrir ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
d) Las entidades que integren el consorcio de cooperación al desarrollo estarán sujetas al contenido del artículo 11.3 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
  
Artículo 7. Participación financiera y límites de financiación  
1. Los proyectos podrán obtener una subvención máxima de 600.000 euros.  
2. La participación financiera de la Generalitat será, como máximo, del 85 % sobre el coste total del proyecto subvencionado.  
3. Los consorcios de cooperación al desarrollo deben cofinanciar del coste total del proyecto presentado, al menos, en un 15 % con recursos ajenos a la ayuda prestada por la administración de la Generalitat, del siguiente modo:  
- Un mínimo del 2 % se realizará exclusivamente con fondos propios de la entidad beneficiaria mediante aportaciones dinerarias.  
- El 13 % restante podrá realizarse con fondos propios, o con aportaciones valorizadas de los integrantes del consorcio de cooperación al desarrollo.  
  
  
TÍTULO II  
Actuaciones y gastos subvencionables  
  
Artículo 8. Actuaciones subvencionables  
1. Las ayudas contempladas en la presente disposición irán dirigidas a financiar las siguientes actuaciones de las previstas en el artículo 5 de la ley 18/2017, de 14 de diciembre, de cooperación y desarrollo sostenible:  
a) Actuaciones de cooperación económica que propicien el emprendimiento social para generar nuevas actividades productivas, crear empleo y contribuir a la reducción de la pobreza y la cohesión social mediante el fortalecimiento del tejido económico y productivo locales.  
b) Actuaciones de cooperación técnica que contemplen asociaciones a largo plazo con el personal profesional y la población beneficiaria de los países socios, para su cualificación, aprendizaje, acompañamiento o formación continua.  
c) Actuaciones de investigación para el desarrollo dirigidas a la generación de conocimiento para la búsqueda de soluciones innovadoras y transformadoras del territorio con un enfoque en el desarrollo humano sostenible  
Los proyectos presentados deberán integrar, al menos, 2 de las anteriores actuaciones, desde un enfoque integral, que permita obtener impactos relevantes en las realidades sobre las que se interviene.  
2. Las actuaciones a financiar deberán dirigirse a los ámbitos sectoriales prioritarios establecidos en el Plan director de la cooperación valenciana al desarrollo vigente.  
3. Las actuaciones subvencionables tendrán que ser ejecutadas en uno o más de los países o territorios contemplados como prioritarios en el Plan director vigente, siempre que pertenezcan a la misma área geográfica  
4. Las actuaciones subvencionables podrán incluir actividades de sensibilización en la Comunitat Valenciana del proyecto financiado.  
  
Artículo 9. Actuaciones no subvencionables  
No serán subvencionables:  
a) Los proyectos que no sean viables técnicamente. A efectos de esta disposición, no se considerará que una actuación es viable técnicamente, cuando el proyecto técnico presentado obtenga una puntuación inferior a 65 puntos en los criterios de evaluación previstos en el artículo 24 de esta orden de los proyectos presentados  
b) Los proyectos que no sean viables presupuestariamente. A efectos de esta disposición, no se considerará que una actuación es viable presupuestariamente si la comisión de valoración, una vez estudiados los presupuestos validados aprecia una minoración en más de un 20 % sobre el presupuesto inicialmente presentado en la solicitud, siempre que esta minoración de gastos pueda afectar de manera determinante a los objetivos y resultados del proyecto.  
c) Las actuaciones que atenten contra los derechos humanos o que conlleven cualquier forma de discriminación contra personas o colectivos.  
d) Las actuaciones que contemplen cualquier forma de lucro, directo o indirecto, de las entidades que conforman el consorcio.  
e) Las actuaciones que no se enmarquen en los ámbitos de intervención sectorial especificados en el artículo 8.2 de la presente orden.  
f) Los proyectos que no contemplen desde un enfoque integral, al menos, 2 de las actuaciones establecidas en el artículo 8.1 de esta disposición.  
g) Los proyectos de cooperación interuniversitaria.  
  
Artículo 10. Gastos subvencionables  
1. Son gastos subvencionables: todos aquellos que están ligados de manera indubitada a la intervención y a la ejecución de las actividades presupuestadas y autorizadas, y que resulten estrictamente necesarios para su implementación, siempre que cumplan las normas sobre justificación y control establecidas y que se destinen a la financiación de la consecución de los objetivos concretados en la actuación. En ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado de la zona donde se realice la acción.  
2. El gasto subvencionable será realizado en el plazo de ejecución y deberá ser efectivamente pagado en el período comprendido entre la fecha de inicio de la intervención y antes de la finalización del período de justificación, excepto los de identificación y formulación, que pueden realizarse antes de la fecha de inicio, y los de auditoría y evaluación, traducciones y gastos notariales y registrales, que podrán realizarse y ser pagados después de la finalización del plazo de ejecución pero antes del fin del plazo de justificación.  
3. Serán subvencionables los gastos que se deriven del mantenimiento de los bienes muebles inventariables adscritos a la ejecución de la actuación subvencionada y que sean imprescindibles para su correcto funcionamiento. No tendrán carácter subvencionable las mejoras o incrementos de valor de dichos bienes que no sean autorizadas por el órgano gestor, o aquellos gastos que se deriven de un uso inadecuado del bien, cuyo coste será asumido por la entidad.  
4. Se establecerá el modelo de memoria económica que refleja el presupuesto a presentar por cada entidad solicitante. Dicho presupuesto deberá establecer una subdivisión por partidas presupuestarias de gastos que deberán recoger algunas o todas las partidas mencionadas en el artículo siguiente.  
  
Artículo 11. Naturaleza y tipología de los gastos subvencionables  
1. Costes directos  
Son aquellos ligados directamente a la ejecución de la intervención, que financian la consecución de los objetivos y la realización de las actividades previstas. Se dividen en directos corrientes y directos de inversión.  
1.1. Costes directos corrientes:  
a) Identificación y formulación. Se incluirán en esta partida los gastos derivados de la identificación en el terreno -en el país o países prioritarios o preferentes- y posterior formulación de la intervención, así como la traducción contemplada en la formulación, siempre que se hayan realizado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria. En el caso de que se solicite la financiación de estos gastos, deberán acompañarse como anexos a la formulación de la intervención los documentos resultantes de la identificación y los documentos justificativos del gasto realizado, a efectos de valorar su procedencia para ser subvencionados. Los gastos imputables a esta fase serán siempre corrientes.  
b) Línea de Base.  
c) Evaluación externa.  
d) Auditoría externa. Se incluirán en esta partida los gastos derivados de la revisión de la cuenta justificativa mediante procedimiento de auditoría.  
El total del gasto imputado a la subvención de la Generalitat Valenciana por estos conceptos, letras a, b, c y d será como máximo de un 12 % de la subvención concedida por esta, sin que pueda superar los 60.000 euros por actuación  
e) Otros servicios técnicos y profesionales. Se incluirán en esta partida aquellos servicios, asistencias técnicas o consultorías, requeridos para la realización de planes de negocio, capacitaciones, seminarios, informes (distintos de los de identificación y formulación, evaluación, auditoría y proyectos de obra, que se imputan a sus respectivas partidas), servicios de diseño y maquetación de materiales, gastos de control de gestión u otras necesidades tales como notariales, registrales, de compulsa y de traducción que no impliquen relación laboral con la entidad beneficiaria y no puedan incluirse en otras partidas.  
f) Arrendamientos. Se incluirán en esta partida los gastos de alquiler de terrenos, inmuebles -salvo viviendas- vehículos, maquinaria, instalaciones y utillajes necesarios para la ejecución de la intervención en el país de ejecución. Se excluye de esta partida el alquiler de las sedes administrativas de las entidades consorciadas, así como las viviendas del personal en el país de ejecución.  
g) Materiales y suministros. Se incluirán en esta partida la adquisición de consumibles de oficina e informática que sean necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en la intervención, enseres, materiales y otros bienes o servicios que resulten necesarios para su ejecución, tales como reprografía e imprenta y soportes audiovisuales, así como cualquier tipo de material fungible necesario para la ejecución de las actividades (material sanitario, agrario, etc.), así como el mantenimiento y los seguros de los vehículos en el terreno.  
h) Viajes, alojamientos y dietas. El total del gasto subvencionado por este concepto no podrá superar la cuantía del 25 por 100 de la subvención concedida por la Generalitat Valenciana.  
Se incluirán en esta partida los gastos por transporte o desplazamiento, carburante, alojamiento y manutención, devengados por razón del servicio por el personal vinculado a la intervención, en virtud de una relación laboral. El importe máximo subvencionable para este tipo de gastos no podrá superar el previsto para el personal que presta servicios para la Generalitat Valenciana, en las cuantías que la normativa vigente en materia de indemnizaciones por razón del servicio resulte de aplicación para cada ejercicio económico. Estas cantidades servirán de referencia, tanto para los gastos realizados en España como para los generados en los países de ejecución de las actividades, siempre respetando el valor de mercado. En el caso de servicios técnicos y profesionales que requieran desplazamientos para su ejecución, solo se imputarán a este concepto aquellos relacionados con servicios que no requieran de un contrato escrito (servicios esporádicos de profesorado/docencia, abogacía, notaría o tasación). Si el servicio requiere la suscripción de un contrato, los gastos de desplazamiento y dietas estarán comprendidos en el precio del contrato, computarán a efectos de los límites aplicables en la normativa de contratación y se justificarán de acuerdo con el apartado relativo a otros servicios técnicos y profesionales. La aportación de un vehículo en especie será incompatible con la imputación con cargo a la subvención de gastos de desplazamientos realizados con el mismo vehículo, su seguro y su mantenimiento. En el formulario de identificación de la actividad y en la memoria económica se desglosará el importe correspondiente de este gasto imputado al personal local, en sede, expatriado, voluntario y el de la población beneficiaria.  
i) Actividades de Formación y Coordinación. El total del gasto subvencionado por este concepto no podrá superar la cuantía del 30 por 100 de la subvención concedida.  
Se incluirán en esta partida aquellas actividades destinadas a transporte, alojamiento y manutención del personal participante en las actividades del proyecto que no tenga relación jurídica con la entidad beneficiaria.  
j) Personal. El total del gasto subvencionado por este concepto no podrá superar la cuantía del 60 por 100 de la subvención concedida por la Generalitat Valenciana.  
Se incluirán en esta partida los gastos derivados de la contratación del personal al servicio, total o parcialmente, de la intervención, siempre que exista una relación laboral, fija o temporal, entre la entidad beneficiaria y la persona trabajadora. No se incluirán gastos originados por las personas integrantes de las juntas directivas o consejos de dirección de las entidades consorciadas. Igualmente se incluirán en esta partida salarios, seguros sociales a cargo de la entidad y otras provisiones de fondos de obligado depósito de acuerdo con la legislación local y, en caso de personal en el exterior, todos los gastos derivados de la aplicación del Estatuto de los Cooperantes, siempre que estén contemplados en el documento de formulación de la intervención. Estos últimos, de no ser obligados por la legislación laboral que corresponda, deben figurar en el contrato laboral suscrito por la entidad beneficiaria.  
Respecto de las entidades vinculadas a la Conferencia Episcopal, diócesis, órdenes, congregaciones, o vinculadas a cualquier iglesia o comunidad religiosa inscrita en Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, será financiable la puesta a disposición de la intervención de sus recursos humanos, cuya relación se regirá por su propia normativa.  
No se incluirán penalizaciones o compensaciones por incumplimientos de contrato imputables a la entidad beneficiaria ni a las consorciadas, ni recargos por impago o retrasos en impuestos retenidos o seguridad social. En todo caso deberá disponerse del correspondiente contrato de trabajo, junto con el acuerdo complementario de destino en caso de cooperantes, de acuerdo con la normativa que lo rija. En los contratos se deben especificar las tareas que se desempeñan, la modalidad de contratación, la categoría profesional y el salario. En el caso de que un contrato de trabajo sea anterior a la concesión de la subvención o quien lo desempeñe solo se dedique parcialmente a actividades relacionadas con la ejecución de una determinada intervención, no será necesario que figuren expresamente en el contrato las actividades que realiza con relación a esa intervención.  
El personal adscrito al proyecto deberá responder a alguna de las siguientes tipologías:  
- Personal local: personal contratado por las entidades consorciadas del país de ejecución del proyecto sometido a la legislación laboral del país donde se ejecuta la intervención y en el que presta sus servicios, de acuerdo con el régimen laboral correspondiente, estando sus funciones y tareas directamente relacionadas con la intervención.  
- Personal expatriado: personal contratado por la entidad beneficiaria y las consorciadas con sede en la Comunitat Valenciana sometido a la legislación española, que presta sus servicios en el país de ejecución y cuyas tareas se vinculan directamente a la intervención. La relación con la entidad beneficiaria estará regida, además de por el resto de la legislación aplicable, por lo regulado en el Real decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes. Sus acuerdos complementarios de destino deben, por tanto, haber sido presentados con la justificación ante el órgano gestor.  
- Personal contratado por la entidad líder para el seguimiento, coordinación del consorcio, evaluación y justificación del proyecto, o personas contratadas por las entidades consorciadas en la Comunitat Valenciana, para los fines del proyecto.  
La retribución mensual bruta del personal imputable a la subvención ya sea personal local, técnico o expatriado, no excederá de la cantidad especificada en la resolución de convocatoria correspondiente.  
En el documento de formulación de la actuación subvencionable, la entidad solicitante indicará el porcentaje de la jornada laboral que el personal dedique al proyecto. La retribución máxima subvencionable se calculará aplicando el porcentaje correspondiente.  
k) Voluntariado. Se incluirán en esta partida los gastos en que incurra la entidad beneficiaria que ejecute ciertas actividades mediante personas voluntarias de sus organizaciones que -conforme a la normativa vigente en materia de voluntariado- no perciban retribuciones, tales como los gastos de las pólizas de seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil que -en su caso- sean suscritas y se deriven directamente de la intervención, siempre y cuando dichos gastos no sean financiados por las personas voluntarias, así como los gastos por transporte o desplazamiento, se-guros de vehículos, carburante, alojamiento y manutención, devengados por razón del servicio por la persona voluntaria. Igualmente, los gastos de alquiler de viviendas destinadas a su alojamiento en el país de ejecución de la intervención siempre que esté contemplada en el documento de formulación. Sus acuerdos de incorporación deberán cumplir lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, y ser presentados en el órgano directivo en materia de cooperación internacional para el desarrollo.  
l) Actividades de sensibilización vinculadas a la intervención de cooperación internacional para el desarrollo, con un máximo de 25.000 €.  
m) Gastos bancarios. Se incluirán en esta partida los gastos bancarios y de transferencia de las cuentas que figuren a nombre del proyecto.  
1.2. Costes directos de inversión:  
a) Adquisición de terrenos o inmuebles. Se incluirán en esta partida todos los gastos necesarios para la adquisición de terrenos o inmuebles en el caso de que tales bienes resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la intervención, y siempre que queden vinculados a los fines de la actividad subvencionada, y su inscripción legal en los registros locales de la propiedad, impuestos, tasas, gastos notariales, licencias, y otros directamente relacionados.  
Deberá especificarse el régimen de propiedad y titularidad, aportando la documentación probatoria suficiente.  
Se excluye la compra de sedes administrativas o viviendas del personal de las entidades consorciadas.  
b) Obras de infraestructuras, construcción o reforma de inmuebles. Se incluirán en esta partida la construcción o instalación de actuaciones vinculadas al proyecto, tales como: pozos, sistemas de regadío, de electricidad, de comunicaciones, caminos rurales y vías pecuarias y similares; gastos de construcción o reforma, que incluirán materiales y su transporte, mano de obra y traslado, en su caso, contratas, dirección de las obras, licencias y tasas, seguros obligatorios y otros directamente relacionados.  
Las obras de infraestructura podrán ser de primer establecimiento, de reforma o de gran reparación.  
En ningún caso se podrán imputar gastos de construcción ni rehabilitación de sedes administrativas de la entidad beneficiaria, ni de las entidades consorciadas, ni en la vivienda del personal en el exterior.  
En esta partida se incluirán los trabajos y estudios técnicos inherentes a la inversión, dictámenes facultativos, estudios previos y redacción de proyectos.  
c) Equipos y materiales inventariables. Se incluirán en esta partida los gastos de adquisición, en su caso, envío y tránsito de aduana e instalación para su puesta en funcionamiento de maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, elementos de transporte y otro equipamiento.  
El importe de los bienes adquiridos para la ejecución de la intervención y durante su período de ejecución, que vayan a ser transferidos una vez finalizado dicho plazo a la población destinataria o a la entidad consorciada en el país de ejecución podrá imputarse en su totalidad. Cuando dichos bienes no vayan a ser transferidos, podrán imputarse únicamente los gastos de amortización durante el período de ejecución, atendiendo a la vida útil del bien, calculados en los términos que se indican en la guía de justificación aprobada por el órgano gestor y publicada en la sede electrónica.  
Se excluye el equipamiento y la adquisición de materiales y suministros para sedes administrativas o viviendas del personal adjudicatario o de la entidad consorciada en el país de ejecución.  
2. Costes indirectos:  
Se entenderá por coste indirecto aquel propio del funcionamiento regular de las entidades consorciadas que resulte imprescindible para la ejecución de la intervención y atribuible a ella, en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza. Los costes indirectos de las subvenciones para actuaciones se podrán acreditar mediante declaración responsable firmada por la persona representante legal de la entidad, en la que se describirán los tipos de costes incluidos y los importes destinados a cada uno de ellos, y se hará constar que han sido realizados para el sostenimiento de la ejecución de la actuación subvencionable, sin que la suma de los costes indirectos imputados a la intervención pueda superar el 10 por 100 del total del presupuesto validado por la Generalitat Valenciana. En todo caso, los datos deben obrar en la contabilidad de las entidades consorciadas.  
  
Artículo 12. Gastos no subvencionables  
No son subvencionables los siguientes gastos:  
a) Los intereses deudores de cuentas bancarias.  
b) Los recargos y las sanciones administrativas y penales o los intereses de aplicación a la demora de los pagos.  
c) Los gastos de procedimientos judiciales derivados o relacionados con la actuación subvencionada.  
d) Los gastos de representación o atenciones protocolarias, almuerzos, catering, recepciones, regalos, flores, espectáculos.  
e) Las cuotas satisfechas por la pertenencia a cualquier agrupación, plataforma o federación de entidades u ONGD.  
f) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.  
g) Indemnizaciones por despido.  
h) Los gastos de publicidad o visibilización de la entidad beneficiaria o de las entidades consorciadas.  
  
Artículo 13. Anticipo de fondos para impuestos susceptibles de recuperación  
1. En el ámbito de las subvenciones reguladas en esta orden, los impuestos susceptibles de recuperación serán atendidos por un anticipo con cargo a la subvención concedida, en tanto no sean efectivamente recuperados.  
2. Por tanto, si llegado el momento de la finalización del plazo de ejecución no se hubiera producido la recuperación, los justificantes que incluyeran dichos impuestos se justificarán por su importe íntegro, y se adjuntará a la cuenta una declaración responsable de la entidad beneficiaria acreditando dicha circunstancia, indicando el importe total de los impuestos pendientes de recuperación e imputados a la subvención de la Generalitat Valenciana en concepto de anticipo.  
3. En el momento de la presentación de la justificación de la subvención concedida, se aportará, en su caso, declaración responsable de no haber recuperado dichos impuestos, acompañada de certificado de la Administración tributaria de origen acreditando que no se ha producido dicha recuperación o, en caso de manifiesta imposibilidad de obtener dicho certificado, de acreditación de este extremo emitida por el órgano de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el exterior o por la embajada de España.  
4. Si la recuperación de dichos impuestos se produjera durante el plazo de ejecución de la actuación subvencionada, los importes recuperados serán aplicados a sufragar gastos vinculados a la actividad, dentro de su plazo de ejecución, sin que sea necesaria autorización previa del órgano gestor, salvo que su aplicación implique cambios o modificaciones que afecten a objetivos, resultados, ubicación territorial, entidad consorciada en el país de ejecución o población beneficiaria.  
5. En caso de que la recuperación se produzca en los cuatro años siguientes a la finalización del plazo de ejecución de la actuación, la entidad beneficiaria podrá proponer su aplicación a actividades asociadas o complementarias a la intervención subvencionada. El órgano gestor emitirá resolución de autorización o denegación de la aplicación de los fondos, indicando, en caso de aprobación, su plazo de ejecución y justificación. Si la resolución fuera denegatoria se procederá a la devolución del anticipo.  
6. La obligación de devolver los impuestos recuperados subsistirá durante cuatro años desde la presentación de la justificación, al cabo de los cuales, de no haberse recuperado aún los impuestos, deberá aportarse nueva declaración responsable acreditando dicha circunstancia.  
7. Las entidades beneficiarias que se encuentren exentas del pago de impuestos en el país donde realiza la intervención quedarán obligadas a informar de este extremo y presentar la documentación correspondiente, de acuerdo con lo establecido en estas bases.  
  
Artículo 14. Aportaciones en especie  
1. Se admitirán como aportaciones en especie de valorizaciones de los bienes y servicios:  
a) Materiales, terrenos, locales y equipos que vayan a ser transferidos definitivamente al final de la ejecución a la población beneficiaria de la subvención.  
b) Terrenos e inmuebles que sean objeto de mejora con cargo total o parcial al proyecto no podrán ser valorizados.  
c) Mano de obra y servicios directamente vinculados a la ejecución de las actividades presentadas en terceros países.  
d) El uso, convenientemente acreditado y valorado, de locales y terrenos convenientemente que no se transfieran a la población beneficiaria de la subvención.  
2. No podrán valorizarse:  
a) La actividad del voluntariado.  
b) La participación de la población beneficiaria en eventos, jornadas o cursos.  
c) Las sedes administrativas de la entidad consorciada en el país de ejecución, cuando exista pago del alquiler o hipotecas sobre estas.  
d) Los equipos y materiales de la entidad solicitante o de las entidades consorciadas, que no se transfieran a la población beneficiaria de la subvención.  
3. Las aportaciones en especie serán admitidas solo en el caso en que se acompañen de certificación de la persona física o jurídica que aporte los bienes o servicios. En dicha certificación o como aneja a ella, se describirá y cuantificará la aportación, indicando número de unidades, horas de trabajo, precio unitario cuando corresponda, además de la valorización total; asimismo, en el caso de bienes, se acompañará a la certificación factura de compra del bien o, en caso de no disponer de ella, de aquellos documentos que permitan determinar su valor y la forma de adquisición.  
4. Las valorizaciones deberán ajustarse a los precios del mercado local y, en el caso de equipos o bienes, se tendrá en cuenta su antigüedad y valor de adquisición. En todo caso, serán objeto de control al igual que el resto de las aportaciones.  
  
Artículo 15. Normas de valoración económica  
1. Para la correcta valoración de los gastos subvencionables, la entidad solicitante facilitará, en la memoria económica que presente junto con la solicitud, la información adecuada sobre las previsiones justificativas de los costes que la ejecución de la actuación subvencionable supone.  
2. Cuando el importe del gasto subvencionable sea igual o superior al que establezca la normativa aplicable en materia de contratos del sector público en los supuestos de ejecución de obra, suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes entidades proveedoras, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, salvo en el caso de gastos de identificación o formulación inicial de la actuación subvencionable.  
3. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la fase de justificación económica, se realizará conforme a criterios de eficiencia, economía y potenciación de recursos locales, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. No podrá, en ningún caso, fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir su cuantía, y eludir el cumplimiento de los requisitos mencionados.  
4. Sin la adecuada justificación en una oferta que no fuera la más favorable económicamente, el órgano gestor podrá recabar una tasación pericial contradictoria del bien o servicio, siendo de cuenta de la entidad beneficiaria los gastos ocasionados. En tal caso, la subvención se calculará tomando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por la entidad beneficiaria o el resultado de la tasación.  
5. En el caso de igualdad de condiciones, se dará preferencia a los bienes o servicios de origen local y, en su caso, a los suministrados en la Comunitat Valenciana.  
6. Para la fijación de los salarios a cobrar por la mano de obra local, se estará al índice de precios establecido en el país donde se desarrolle la acción, para lo cual se consultarán cuantas fuentes oficiales acrediten que las cantidades contempladas por la organización como costes salariales de mano de obra local se ajustan a los salarios establecidos en el correspondiente país.  
7. En la contratación se observarán las cláusulas de responsabilidad social estipuladas para la contratación pública, reguladas en el Decreto 118/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones.  
8. Para la compra de bienes y contratación de servicios se debe acudir con preferencia a profesionales, empresas y particulares locales del país de ejecución.  
  
Artículo 16. Afectación de bienes  
1. De conformidad con el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, en el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, dichos bienes deben quedar formalmente vinculados a los fines de la intervención realizada, por lo que una vez concluya esta o se manifieste la imposibilidad sobrevenida de su ejecución, deben ser transferidos a las entidades beneficiarias finales de la intervención subvencionada o entidades públicas que garanticen su continuidad o permanencia, sin que puedan disponer libremente de ellos las entidades consorciadas.  
2. Por tanto, la transferencia efectiva de dichos bienes se realizará a nombre de entidades públicas o de entidades beneficiarias finales, o agrupaciones legalmente constituidas de estas, siendo los bienes inscribibles a nombre de entidad consorciada en el país de ejecución cuando:  
a) La entidad consorciada en el país de ejecución sea una entidad pública.  
b) La entidad consorciada en el país de ejecución sea al mismo tiempo la beneficiada final.  
c) Deberá quedar reflejo documental de la propiedad de los bienes al final de la intervención. La fórmula mediante la que haya de instrumentarse la entrega deberá explicitarse en el documento de formulación de la intervención.  
3. Cuando ni las entidades públicas ni las destinatarias finales estuvieran en disposición de asumir la transferencia, la entidad beneficiaria de la subvención junto al órgano directivo competente en materia de cooperación al desarrollo determinará consensuadamente la manera de proceder, en cuyo caso podrá transferirse -entre otras- a aquella organización que hubiere actuado como entidad consorciada en el país de ejecución en la ejecución de la intervención.  
4. Cuando circunstancias extraordinarias no previstas, como la existencia de un conflicto bélico o una situación de inestabilidad e inseguridad pública, impidan realizar dichas transferencias, podrá solicitarse una prórroga para ello. Si dichas circunstancias se mantuvieran por un período de diez años, durante los cuales la entidad consorciada en el país de ejecución hubiera demostrado fehaciente y suficientemente la vinculación de los inmuebles a la finalidad para la que se otorgó la subvención se dará por concluida la obligación de su transferencia.  
5. Cuando finalizada la intervención la entidad beneficiaria tenga concedida una subvención para continuar trabajando con las mismas personas o entidades beneficiadas finales o cuando sean susceptibles de recibir la transferencia final las mismas autoridades locales, se podrá solicitar la autorización para la vinculación de los bienes a la nueva actuación subvencionada y la demora de la transferencia hasta el final de esta.  
6. El período de afectación a los fines de la intervención, computable desde la fecha de finalización de la ejecución, será de veinte años para aquellos activos susceptibles de inscripción en registro público en cuyo caso tanto el citado período como el importe de la subvención concedida deben constar en la escritura y ser objeto de inscripción en el citado registro.  
7. Para los bienes que no lo sean, como es el caso de vehículos y otros equipos y materiales, este período será para:  
a) Maquinaria Industrial o agrícola o generadores: 120 meses (10 años).  
b) Mobiliario de oficina: 120 meses (10 años).  
c) Útiles y herramientas industriales y agrícolas 72 meses (6 años).  
d) Medios de Transporte: 60 meses (5 años).  
e) Equipos informáticos, fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de radio u otros medios de similar naturaleza: 48 meses (4 años).  
8. En caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida por la Generalitat Valenciana, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.  
9. En caso de incumplimiento de la obligación de afectación de bienes establecida en este artículo, se estará a lo que establecen los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la LGS.  
  
Artículo 17. Cambios de moneda  
1. En el momento de la formulación de la actuación subvencionada, para la aplicación de los tipos de cambio de moneda, se considerará el promedio de los últimos 6 meses anteriores a la publicación de la respectiva convocatoria.  
2. Las operaciones de cambio de moneda se realizarán, en todos los casos, en mercados oficiales, debiendo acreditarse con los justificantes emitidos por las entidades que operan en dichos mercados, salvo que no existan dichos mercados, extremo que deberá ser acreditado por alguno de los órganos de representación españoles en el país de ejecución, oficinas técnicas de cooperación, embajadas o consulados o, en su defecto, por la embajada del país de la Unión Europea que ejerza la representación de España.  
3. Para la aplicación de los tipos de cambio documentados a la elaboración de la cuenta justificativa, la entidad beneficiaria podrá optar por cualquier sistema admitido contablemente, explicando el sistema utilizado en los informes de justificación.  
4. Salvo previsión distinta en la normativa reguladora de la subvención, en la gestión y justificación de una misma subvención no podrán utilizarse diferentes sistemas de aplicación de los tipos de cambio.  
  
Artículo 18. Subcontratación  
1. Se entenderá por subcontratación todo encargo, de la entidad beneficiaria a otra persona física o jurídica, consistente en la realización -en todo o en parte- de la actividad subvencionada que es propia del objeto social o habitual de la entidad beneficiaria. Se considerarán subcontrataciones las contrataciones de servicios o asistencias cuando se trate de la realización de actividades propias del ámbito de actuación de las entidades beneficiarias, como es el caso de la realización de identificaciones de intervenciones de cooperación para el desarrollo. Además, la prestación de servicios o asistencias se considerará subcontratación, sea cual sea su objeto, siempre que se encomiende a otras entidades de la misma naturaleza.  
2. No se considerará subcontratación, y por tanto tendrá el carácter de realización por la entidad beneficiaria, la contratación de obras, suministros, prestación de servicios u otras asistencias que, siendo necesarias para la ejecución de la actividad subvencionada, no formen parte del objeto social o habitual de la entidad beneficiaria. Igualmente, la ejecución total o parcial por las entidades consorciadas en el país de ejecución, que figuren identificadas en el proyecto no será considerada como subcontratación.  
3. La entidad beneficiaria podrá subcontratar, en su caso, hasta un máximo que no exceda del 30 por 100 del importe de la actuación subvencionada.  
4. Cuando la actividad subcontratada con terceras partes exceda de un 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, el contrato se celebrará por escrito y su celebración habrá de ser autorizada previamente por el órgano gestor.  
5. Las personas o entidades subcontratadas quedarán obligadas solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la intervención subvencionada frente a la Generalitat Valenciana.  
6. No podrá, en ningún caso, fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir su cuantía, y eludir el cumplimiento de los requisitos mencionados.  
7. Las organizaciones contratistas quedarán obligadas solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Generalitat Valenciana.  
8. A estos efectos, las entidades beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de la intervención subvencionada concertada con terceras partes se respeten los límites que se establecen en estas bases y en la correspondiente convocatoria. En cuanto a la naturaleza y cuantía de los gastos subvencionables, las personas y entidades subcontratadas estarán sujetas al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003,17 de noviembre, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.   
9. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la intervención subvencionada, no aporten valor añadido a su contenido.  
10. En ningún caso podrá subcontratarse la prestación de servicios con las entidades que formen parte del consorcio de cooperación al desarrollo.  
11. En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:  
a) Personas o entidades que no podrían ostentar la condición de entidad beneficiaria de subvenciones por incumplir los requisitos aplicables establecidos en estas bases, en las que concurran alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o se encontrasen incursas en las causas de prohibición previstas en la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo.  
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.  
c) Intermediaciones o asesorías en las que los pagos se definan como un porcentaje del coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.  
d) Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:  
1ª. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.  
2ª. Que se obtenga la previa autorización del órgano gestor en los términos que se fijan en el presente artículo y en el artículo 68 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, general de subvenciones.  
e) Entidades solicitantes de ayuda o subvención para alguna intervención de igual o similar finalidad que la concedida a la entidad beneficiaria en la misma convocatoria que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la puntuación mínima, ya sea en solitario o agrupadas.  
12. En la subcontratación se observarán las cláusulas de responsabilidad social estipuladas para la contratación pública, reguladas en el Decreto 118/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones.  
13. Cuando la entidad beneficiaria subcontrate con terceros la realización de parte de la actividad subvencionada, exigirá por escrito el cumplimiento de la normativa ambiental y social, así como los compromisos sociales, de transparencia, éticos y ambientales asumidos por la entidad beneficiaria, todo ello en los términos del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  
  
  
TITULO III.  
Procedimiento de concesión  
  
CAPÍTULO I  
Iniciación procedimiento  
  
Artículo 19. Convocatoria  
1. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la persona titular de la Conselleria competente en materia de cooperación internacional para el desarrollo, y publicada en la Base de datos nacional de subvenciones, que dará traslado al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del extracto de la convocatoria, para su publicación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con el contenido necesario que exige su artículo 23.  
2. Las convocatorias deberán recoger el contenido mínimo del artículo 166 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector instrumental y de subvenciones.  
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad estas se incluyan en la propia convocatoria.  
b) Línea o líneas a las que se imputa la subvención, así como el importe global máximo destinado a la misma. En los supuestos de tramitación anticipada, se hará constar la línea o líneas que figuren en el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat, así como su importe máximo estimado.  
c) Objeto y condiciones de la concesión de la subvención.  
d) Forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.  
e) Plazo de resolución y notificación.  
f) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.  
g) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa o no, señalando el órgano y plazo para interponer el recurso que proceda.  
  
h) Criterios de valoración de las solicitudes.   
i) Medio de notificación o publicación de los distintos trámites a cumplimentar en el procedimiento.  
3. Las convocatorias fijarán necesariamente la cuantía total máxima destinada a las subvenciones convocadas y los créditos presupuestarios a los que se imputan.  
4. Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria, de acuerdo con las reglas previstas en el apartado 2 del artículo 58 del Reglamento 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LG y el artículo 11 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat Valenciana.  
  
Artículo 20. Solicitudes  
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que necesariamente figurará en las respectivas convocatorias. En cualquier caso, el modelo de solicitud y de la documentación anexa estará a disposición de las entidades interesadas en la sede electrónica de la Generalitat Valenciana.  
2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
3. De conformidad con el artículo 31.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante Ley 39/2015, de 1 de octubre), el órgano directivo que tenga atribuidas las competencias en materia de cooperación al desarrollo prestará asistencia para la presentación electrónica de las solicitudes hasta las 15.00 horas del último día hábil.  
4. La resolución de convocatoria de las subvenciones podrá establecer un límite en el número de solicitudes que puede presentar cada entidad, referido a cada una de las líneas presupuestarias correspondientes a los programas o a las modalidades que se establezcan, si procede.  
5. Las entidades solicitantes presentarán las solicitudes de manera telemática en la Sede Electrónica de la Generalitat, accediendo al buscador de trámites y servicios en la URL http://www.gva.es/va/inicio/atencion\_ciudadano/buscadores/tramites\_servicios. También se podrá acceder mediante la página web de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, en la URL http://inclusio.gva.es. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.  
6. Para poder realizar la presentación telemática, la entidad solicitante tendrá que disponer de un sistema de firma electrónica, de los admitidos en la sede electrónica de la Generalitat:  
a) Certificado digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientemente a la entidad solicitante.  
b) Certificado digital de la persona física, que conste inscrita como representante de la entidad solicitante en el Registro de Representantes de la Generalitat, para tramitar este procedimiento.  
c) Excepcionalmente, y para el supuesto que no se pudiera presentar la solicitud de la manera prevista en alguno de los dos supuestos anteriores, se admitirá la presentación de la solicitud con un certificado digital de la persona física que ostenta la representación de la entidad solicitante para realizar la tramitación de este procedimiento, si se acredita documentalmente esta representación ante el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional de la Comunitat Valenciana.  
7. La presentación de la solicitud telemática incluirá las declaraciones responsables requeridas en esta disposición y la declaración responsable de la entidad solicitante acreditativa de los fondos aportados como cofinanciación.  
8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, la presentación de la solicitud de subvención comportará la autorización de la entidad solicitante para que el órgano directivo que tenga atribuidas las competencias en materia de cooperación al desarrollo (de ahora en adelante órgano directivo) obtenga directamente de los órganos administrativos correspondientes la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento 887/2006, así como la acreditación del cumplimiento del resto de obligaciones derivadas de la obtención de subvenciones, y en este caso las entidades no tendrán que aportar los correspondientes certificados. En caso de que la entidad solicitante se oponga a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, tendrá que indicarlo expresamente en el formulario telemático de solicitud, y quedará obligada a aportar los documentos acreditativos correspondientes.  
9. Los modelos de formularios y de anexos se encuentran en la URL de la solicitud citada, y en la sede de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.  
10. La presentación de la solicitud significa la plena aceptación de lo dispuesto en esta disposición e implicará el sometimiento por parte de las entidades consorciadas a los requisitos y condiciones fijados para la utilización y destino de la subvención que, para cada caso, en virtud de la naturaleza de la subvención o de la entidad beneficiaria, resulten aplicables sin perjuicio de lo previsto en esta disposición.  
11. La gestión de las subvenciones previstas en esta disposición requerirá del tratamiento de datos de carácter personal, debiendo contemplarse las medidas y garantías que recoge la normativa de referencia en la materia, especialmente el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
  
Artículo 21. Reglas generales sobre la documentación a presentar  
1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación preceptiva y valorativa en la forma establecida en esta orden y en la respectiva convocatoria, respetando lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015.  
2. Si los documentos que las entidades solicitantes deben presentar con sus solicitudes ya se hubieran presentado en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunitat Valenciana, deberá indicarse este extremo en la solicitud al efecto de no volver a presentarlos.  
3. Asimismo podrá autorizarse la comprobación válida de forma electrónica de la representación de las personas solicitantes en el correspondiente registro electrónico de apoderamientos de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 39/2015.  
4. También podrá autorizarse al órgano directivo para consultar o recabar electrónicamente los documentos necesarios elaborados por otras Administraciones Públicas, a través de sus redes corporativas. Para dicha verificación se podrán utilizar los servicios de verificación de la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad (PAI) de la Generalitat, u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.  
Artículo 22. Documentación preceptiva  
La solicitud irá acompañada de la documentación que se determine en la convocatoria, incluyendo, como mínimo, con carácter indisoluble a la misma, la que se detalla a continuación:  
a) La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta disposición por parte de la entidad beneficiaria y de las entidades consorciadas.  
b) El acuerdo de colaboración entre las entidades que formen parte del consorcio para el desarrollo al que se refiere el artículo 4 apartado 7 de las presentes bases.  
c) Los anexos y formularios establecidos por el órgano convocante en cada convocatoria para facilitar una mejor organización de la información técnica y presupuestaria aportada.  
d El proyecto técnico será requisito esencial, estará compuesto de un formulario descriptivo y de una matriz de planificación, según los modelos facilitados en cada convocatoria por el órgano convocante.  
e) El presupuesto será requisito esencial, será elaborado según el modelo facilitado por el órgano convocante, así como la documentación presupuestaria complementaria que se establezca en cada convocatoria.  
La no aportación o la aportación incompleta del presupuesto o del proyecto técnico dentro del periodo de presentación de solicitudes conllevará la inadmisión de la solicitud, salvo que afecten a defectos formales o meramente materiales.  
  
Artículo 23. Documentación valorativa  
1. En cada convocatoria se establecerá la documentación que las entidades podrán aportar como fuente de verificación para la valoración los criterios de evaluación establecidos en esta disposición y en cada convocatoria.  
2. La documentación valorativa deberá ser aportada dentro del plazo de presentación de solicitudes y no será subsanable, ni podrá admitirse en ningún trámite posterior a la finalización del plazo de solicitud.  
  
Artículo 24. Criterios de evaluación  
Los criterios generales de valoración de los proyectos técnicos concurrentes a estas subvenciones serán los siguientes:  
Bloque A: Capacidad de gestión de la entidad solicitante y calidad del consorcio (hasta 25 puntos). En este bloque serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
A1. Capacidad de gestión de la entidad solicitante (hasta 9 puntos). Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Implantación territorial de la entidad solicitante en la Comunitat Valenciana  
- Experiencia en materia de cooperación al desarrollo en el país de intervención  
- Base social de la entidad en la Comunitat Valenciana  
A2. Implantación de medidas de responsabilidad social (hasta 6 puntos). Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Haber obtenido la entidad solicitante y, en su caso, las entidades consorciadas la calificación como entidad socialmente responsable por parte del órgano competente de la Generalitat Valenciana.  
- Disponer la entidad solicitante de un Plan de igualdad debidamente acreditado por el órgano competente en la Comunitat Valenciana.  
A3. Calidad del consorcio (hasta 10 puntos). Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Nivel de participación e instrumentos de coordinación de las entidades consorciades y perspectiva estratégica  
- Impacto del proyecto en la Comunitat valenciana  
Bloque B. Calidad del proyecto técnico (hasta 75 puntos)  
B1. Pertinencia al contexto (hasta 15 puntos). Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Calidad de la identificación y el diagnóstico realizados  
- Idoneidad de la justificación de la intervención  
- Detalle y concreción en el análisis de riesgos e hipótesis  
B2. Capacidad de transformación (hasta 10 puntos). Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Desarrollo y concreción de una estrategia de trabajo a largo plazo en la zona de intervención  
- Incorporación al proyecto del enfoque local-global.  
B3. Eficacia y coherencia de la formulación (hasta 15 puntos). Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Claridad y viabilidad de los objetivos y resultados del proyecto técnico formulado.  
- Claridad y Concreción del diseño de indicadores de evaluación y las fuentes de verificación.  
- Claridad de la incorporación en el diseño del proyecto de los enfoques transversales establecidos como prioritarios en el Plan director de la Cooperación Valenciana al desarrollo vigente.  
B4. Participación y perspectiva de sostenibilidad de la intervención (hasta 10 puntos). Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Nivel de detalle y concreción en la definición de medidas propuestas en el proyecto para la generación de sinergias entre actores locales de distintos ámbitos  
- Pertinencia de las medidas propuestas para el fortalecimiento de las capacidades locales de las medidas propuestas para el fortalecimiento de las capacidades locales  
B5. Eficiencia y calidad de los procesos de conducción del proyecto (hasta 20 puntos). Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Adecuación de los conceptos de gasto a las actividades programadas  
- Calidad de los procedimientos e instrumentos de seguimiento y evaluación del proyecto  
- Calidad en el diseño de las actividades de socialización de resultados y rendición de cuentas en terreno y en la Comunitat Valenciana.  
B6. Alineación con las prioridades de la Generalitat Valenciana (hasta 5 puntos): Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Alineación del proyecto con las políticas de cooperación al desarrollo de la Generalitat Valenciana.  
En el caso de proyectos que contengan un componente específico de investigación para el desarrollo, la puntuación obtenida en el Bloque A será hasta 25 puntos, los criterios descritos en el Bloque B del apartado anterior ponderarán un 80 %, es decir, hasta 60 puntos. Para alcanzar la puntuación final, se evaluará un Bloque C hasta 15 puntos con los siguientes criterios específicos:  
Bloque C. Calidad de la Investigación  
a) Pertinencia (hasta 3 puntos). Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Solidez de los antecedentes de la investigación propuesta y calidad de la justificación de la propuesta formulada  
- Experiencia y relevancia del equipo investigador propuesto.  
b) Eficacia (hasta 3 puntos). Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- La calidad, detalle y concreción de los objetivos y resultados esperados de la investigación  
- La viabilidad técnica y presupuestaria de la propuesta formulada.  
c) Eficiencia (hasta 3 puntos). Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Calidad científico-técnica de la propuesta formulada  
- Nivel de concreción y pertinencia de los instrumentos de seguimiento y evaluación  
d) Coherencia (hasta 3 puntos): Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Complementariedad de la investigación con el proyecto de desarrollo presentado y su contribución al logro de los resultados formulados en dicho proyecto  
- Alineación de la propuesta de investigación con el marco estratégico de la Generalitat Valenciana en materia de cooperación internacional al desarrollo.  
e) Sostenibilidad (hasta 3 puntos). Serán objeto de valoración los siguientes aspectos:  
- Calidad de los instrumentos y actividades propuestas para la diseminación, más allá de la duración del proyecto, del conocimiento generado.  
- Impacto previsto de los resultados en el ámbito de la cooperación al desarrollo.  
  
Artículo 25. Cuantía individualizada de la subvención  
1. La actuación subvencionada deberá obtener la puntuación mínima fijada en cada convocatoria, que en ningún caso será inferior a 65 puntos sobre 100 de los criterios de valoración recogidos en esta orden para superar la valoración técnica.  
2. La cuantía máxima de la subvención no podrá superar los 600.000 euros por proyecto.  
3. Si las disponibilidades presupuestarias lo permiten se concederán las subvenciones por el total de las peticiones de subvención, pero si ello no fuese posible, y de acuerdo con el principio de suficiencia de la financiación de las actuaciones, la Comisión de Valoración determinará a partir de qué puntuación mínima obtenida se subvencionarán actuaciones en la convocatoria.  
4. La Comisión de Valoración podrá determinar que las solicitudes que, habiendo obtenido la puntuación mínima del apartado 1, del artículo 25 de esta orden, de acuerdo a los criterios de valoración correspondientes, no resultaran seleccionadas en el correspondiente procedimiento por insuficiencia del crédito asignado, puedan constituirse en una lista de reserva debidamente ordenada de acuerdo a la puntuación obtenida, en caso de que se produjese la renuncia expresa de alguna de las entidades beneficiarias, o la aparición de circunstancias en las entidades beneficiarias propuestas que pusieran de manifiesto el incumplimiento de los requisitos exigidos para concurrir a la convocatoria, libere el crédito suficiente.  
  
CAPÍTULO II.  
Instrucción del procedimiento  
  
Artículo 26. Iniciación del procedimiento  
1. Las subvenciones serán concedidas respetando los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con el artículo 164 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero y el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
2. La concesión de las subvenciones, los incidentes derivados de la ejecución, la justificación, la evaluación y en general todos los procedimientos o comunicaciones regulados en esta disposición se realizarán exclusivamente por medios telemáticos.  
3. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante la publicación de la respectiva resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con las consignaciones previstas en la ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio económico correspondiente.  
  
Artículo 27. Ordenación e instrucción  
1. El órgano encargado de la ordenación e instrucción del procedimiento será el órgano directivo que tenga las competencias en materia de cooperación al desarrollo que, de oficio, acordará todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales tiene que pronunciarse la resolución.  
2. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en el artículo 21 de esta orden y en la correspondiente convocatoria, el órgano gestor requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo de diez días, indicando que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
3. Finalizada la subsanación de las solicitudes, el órgano gestor emitirá informe previsto en el artículo 164 f) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero.  
4. La valoración se efectuará siguiendo los criterios de valoración previstos en esta orden y en la correspondiente convocatoria, por una comisión de valoración, prevista en el artículo siguiente.  
5. Como elemento de deliberación, la comisión podrá utilizar los informes técnicos elaborados por el personal del órgano gestor, o bien por una entidad externa contratada al efecto, o entidad colaboradora. En la contratación de dicha entidad se seguirán los trámites preceptivos establecidos en la legislación de contratos del sector público. Los informes técnicos se basarán en los criterios del título II de esta orden. En ningún caso dichos informes supondrán el ejercicio de potestades públicas.  
6. La comisión una vez finalizada la valoración de los proyectos emitirá el informe previsto en el artículo 164.f de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, y elevará la propuesta al órgano competente para su resolución.  
7. La comisión de evaluación elaborará una relación ordenada de entidades solicitantes de las ayudas convocadas, de acuerdo con los criterios establecidos en estas bases, proponiendo al órgano competente para la concesión de las ayudas la relación priorizada de entidades beneficiarias, de acuerdo con el límite del crédito existente para cada convocatoria. Así mismo, elaborará una relación de las solicitudes que se proponga desestimar o excluir motivadamente.  
8. La comisión de evaluación actuará como órgano colegiado de conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a efectos de elevar al órgano concedente la propuesta de resolución de las ayudas.  
  
Artículo 28. Comisión de valoración  
1. Una vez completos los expedientes, las solicitudes admitidas a trámite serán evaluadas por una comisión de valoración.  
2. La valoración de las solicitudes se efectuará siguiendo los criterios de valoración recogidos en esta disposición, por una comisión de valoración compuesta por los siguientes miembros titulares, o personas que designe la presidencia como suplentes:  
a) La persona titular del órgano directivo competente en materia de cooperación al desarrollo, que ocupará la presidencia.  
b) La persona titular de la subdirección general competente en materia de cooperación internacional al desarrollo.  
c) Dos personas titulares de las jefaturas de servicio del órgano directivo competente en materia de cooperación al desarrollo.  
d) Un funcionario o funcionaria del órgano directivo competente en materia de cooperación al desarrollo, con categoría de jefe o jefa de sección.  
e) Un funcionario o funcionaria del órgano directivo competente en materia de cooperación al desarrollo, que ocupará la secretaría con voz, pero sin voto, con las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.  
3. Se procurará que las comisiones que se constituyan al amparo de esta orden se ajusten a los principios de composición y presencia equilibrada entre mujeres y hombres, establecidos por la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  
4. La comisión se someterá, en cuanto a su régimen de funcionamiento, a lo que se dispone para los órganos colegiados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.  
5. Después de evaluar todas las solicitudes admitidas a trámite, la comisión de valoración elevará al órgano competente para resolver una propuesta motivada de resolución, en la cual:  
a) Figurarán, en una relación por orden decreciente de puntuación obtenida, las entidades y organizaciones a las cuales podría otorgarse la subvención, así como la cuantía a otorgar, con el límite máximo establecido en esta disposición y sin que en ningún caso se supere el crédito total disponible. En esta relación se indicará, por cada una de las entidades beneficiarias, la identificación del expediente, de la entidad beneficiaria, de la puntuación obtenida en la valoración y de la cuantía a otorgar de subvención.  
b) Se harán constar, si procede, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a las que deba sujetarse la entidad beneficiaria.  
c) Se relacionarán las solicitudes de quienes hayan desistido en su solicitud y las que deban ser denegadas o excluidas, así como las causas de desistimiento, denegación o exclusión de estas.  
d) Se especificarán las solicitudes que deban ser reformuladas, cuando el importe de la subvención concedida en la propuesta de resolución sea inferior o distinto al que figura en la solicitud presentada y según el presupuesto validado.  
  
  
CAPÍTULO III.  
Resolución del procedimiento  
  
Artículo 29. Resolución  
1. El plazo máximo para tramitar, resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses a contar desde la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que esta posponga sus efectos a una fecha posterior.  
2. Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se hubiera notificado resolución expresa, las entidades interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo. Todo esto sin perjuicio de que subsista la obligación legal de la administración de resolver expresamente sobre la petición formulada.  
3. La resolución tendrá los efectos y el contenido previstos en el artículo 25 de la Ley 38/2003 y se publicará en la Base de datos nacional de subvenciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20 de la citada ley, y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Esta publicación surtirá los efectos de notificación a las entidades interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015. Asimismo, esta resolución se publicará en la sede electrónica de la conselleria competente en materia de cooperación al desarrollo.  
4. La resolución de concesión, que tendrá que ser motivada, pone fin a la vía administrativa y contra esta podrán interponerse los recursos establecidos en la legislación vigente.  
  
Artículo 30. Criterios de desempate  
En el supuesto de que varias solicitudes tengan la misma puntuación total y a causa de la falta de disponibilidad presupuestaria, tenga que desempatarse para poder distribuir los fondos, se establece como criterio de desempate:  
a) La fecha de inscripción o resolución como entidad socialmente responsable en registro público emitido por el órgano competente de la Comunitat valenciana o equivalente.   
b) La fecha y hora de entrada de la solicitud en el Registro de entrada.  
  
Artículo 31. Aceptación y renuncia  
1. La entidad a la que se le haya otorgado la subvención deberá comunicar su aceptación o renuncia expresa, en el plazo de siete días hábiles desde el día siguiente en que tenga lugar la publicación de la resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
2. El otorgamiento y aceptación de estas subvenciones supondrá el sometimiento por parte de la entidad beneficiaria a los requisitos y condiciones fijados para la utilización y destino de la subvención, que, para cada caso, en virtud de la naturaleza de la subvención, o de la entidad beneficiaria, resulten aplicables.  
3. En el supuesto de que una entidad renuncie expresamente en plazo la subvención, se podrá reunir de nuevo la comisión de valoración a los efectos de proceder conforme a lo establecido en el artículo 25.4 de esta orden.  
  
Artículo 32. Reformulación  
1. En el supuesto de que el importe de la subvención concedida en la resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada, la entidad beneficiaria deberá reformular la actuación subvencionada para ajustar los compromisos y condiciones en él establecidos a la subvención otorgada, en el plazo de siete días hábiles desde la publicación de la resolución de concesión en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
2. En cualquier caso, la reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los requisitos establecidos en esta orden y en la resolución de convocatoria.  
  
  
CAPÍTULO IV  
Procedimiento de pago de las subvenciones  
  
Artículo 33. Pago y régimen de garantías  
1. Una vez publicada la resolución de concesión en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la administración tramitará el pago de la subvención concedida.  
2. Las subvenciones podrán ser anticipadas en los términos previstos en el artículo 171.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero y artículo 19.5 de la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de cooperación y desarrollo sostenible.  
3. La cuantía de la subvención se ingresará en una cuenta bancaria, a nombre de la entidad beneficiaria, la cual quedará a disposición de cualquier inspección por parte de los órganos competentes de la Generalitat Valenciana para el seguimiento del destino adecuado de estos fondos. Una vez transferidos los fondos, la entidad beneficiaria deberá comunicar una cuenta bancaria abierta exclusivamente para el proyecto objeto de la subvención e ingresar el importe en dicha cuenta. Este apartado no será de aplicación cuando la entidad beneficiaria sea una entidad pública.  
4. Asimismo, los fondos que se trasladen al exterior deberán depositarse en una cuenta a nombre de la actuación subvencionada, excepto en aquellos casos en los que las leyes del país de ejecución no lo permitan, u otras circunstancias que impidan el depósito, que deberán ser autorizados por el órgano gestor. Estos extremos deberán ser acreditados documentalmente por la entidad afectada y contar con informe favorable de un órgano de representación de España en el país, Embajada, Consulado u Oficina Técnica de Cooperación o, en su defecto, por la Embajada del país de la Unión Europea que ejerza la representación de España.  
  
5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o tenga la condición de sujeto deudor por resolución de procedencia de reintegro. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizarse el pago de la subvención desde el momento en que, por el órgano competente de la Administración de la Generalitat, se haya notificado al sujeto deudor del reintegro, el inicio del correspondiente expediente de compensación de deudas, en orden a su completa extinción.  
6. No procederá la constitución de garantías, dado que las entidades beneficiarias son expresamente exoneradas por el artículo 171.5.f de la Ley 1/2015.  
  
Artículo 34. Aplicación de los rendimientos financieros  
1. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos transferidos a las entidades beneficiarias deberán ser comunicados e incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán exclusivamente a la financiación de gastos directos de la actividad subvencionada, con las mismas condiciones que aquella, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente.  
2. También es posible aplicar los referidos rendimientos financieros a una actividad distinta a la actividad subvencionada si concurren causas que así lo aconsejen. En estos casos será precisa la autorización del órgano gestor.  
  
Artículo 35. Remanentes no invertidos  
1. Cuando se hayan cumplido plenamente los objetivos para los que fue concedida la subvención, y por una utilización eficiente de los recursos, existan remanentes no invertidos, incluyendo los posibles rendimientos financieros no aplicados a la actividad subvencionada, se deberá solicitar autorización para su utilización en la misma actividad u otra de análoga naturaleza, financiada por la Generalitat Valenciana, dirigida a la misma población destinataria y que esté ejecutándose por la entidad beneficiaria.  
2. En la solicitud se detallará la ampliación de los objetivos de la actuación subvencionada finalizada o en curso, según los casos, y además el correspondiente presupuesto.  
3. El órgano concedente será el competente para resolver sobre dicha autorización, salvo delegación expresa en el órgano gestor, debiendo reintegrar los remanentes en el caso de que la solicitud sea denegada. La resolución de la autorización de uso de remanentes no invertidos agota la vía administrativa, y contra ella cabrán los recursos establecidos en el artículo 41 de esta disposición.  
  
  
TÍTULO IV  
Ejecución  
  
Artículo 36. Plazo de ejecución  
1. El plazo de ejecución de las actuaciones será de un máximo de 20 meses y mínimo de 6 meses en los términos previstos en esta orden.  
2. Las entidades beneficiarias deberán iniciar la ejecución de la actuación subvencionada en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción total o parcial de los fondos, salvo en supuestos excepcionales previstos en esta disposición o autorizados por el órgano gestor. No obstante, las entidades beneficiarias podrán iniciar la ejecución de las actuaciones subvencionadas en cualquier momento a partir de la resolución de la concesión, si disponen de fondos para poder comenzar la ejecución.  
3. En cualquier caso, la fecha de inicio de la ejecución de la actuación subvencionada deberá ser comunicada al órgano gestor. El modelo de comunicación de inicio, que estará disponible en la página web del órgano gestor, deberá remitirse en el plazo citado, indicando la fecha de inicio y la fecha prevista de finalización de la actuación subvencionada.  
  
Artículo 37. Ampliación del plazo de ejecución de la actividad  
1. Los plazos de ejecución de las actuaciones objeto de subvención y ayudas reguladas en esta disposición podrán ampliarse hasta 4 meses.  
2. La entidad beneficiaria podrá solicitar la ampliación del periodo de ejecución del proyecto, motivada en supuestos de fuerza mayor o por la concurrencia de otras circunstancias objetivas e imprevisibles, debidamente acreditadas, y siempre que se demuestre la relación de causalidad entre la situación excepcional y la imposibilidad de ejecutar las actividades programadas en el período de ejecución aprobado por el órgano gestor. En estos casos es necesario que la entidad las justifique debidamente y las comunique al órgano gestor lo más pronto posible.  
3. Las autorizaciones del órgano gestor reguladas en este artículo se iniciarán por solicitud telemática de la entidad beneficiaria, antes de la finalización del plazo inicial. El órgano gestor deberá resolver en el plazo máximo de treinta días hábiles a contar desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la petición.  
  
Artículo 38. Modificación de la actuación objeto de la subvención  
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de esta disposición podrán solicitar al órgano gestor de la subvención, de modo excepcional, extraordinario y por circunstancias sobrevenidas, modificaciones sustanciales de la misma siempre que no afecte a las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.  
2. Son modificaciones sustanciales del proyecto:  
a) Las que afecten a la definición del objetivo general o del objetivo específico inicialmente formulados.  
b) Las que comporten eliminación o modificación del alcance de los resultados inicialmente formulados en la matriz de planificación del proyecto.  
c) Las que supongan una disminución del 30 % o más de la población destinataria inicialmente prevista, o cambien el tipo de destinatarios del proyecto.  
d) Las que supongan un cambio del ámbito territorial inicialmente definido en la formulación del proyecto.  
e) La supresión o incorporación de una entidad al consorcio.  
f) Cuando la suma de la variación de las partidas modificadas sea igual o superior al 15 % del presupuesto total de la subvención concedida.  
g) Las que perjudiquen derechos de terceros.  
3. La solicitud de modificación sustancial se presentará por escrito antes de que transcurran dos meses desde que aparezca la circunstancia que la justifique, deberá estar motivada en circunstancias excepcionales y será aprobada siempre que se demuestre la relación de causalidad entre dichas circunstancias y las modificaciones propuestas. Así mismo, deberá aportarse documentación que la justifique y, en su caso, se acompañará de nuevo cronograma de actividades, nuevo desglose presupuestario y la matriz del marco lógico incorporando los cambios propuestos cuando estos afecten a la temporalidad, los gastos previstos o los contenidos de la planificación. La modificación es un supuesto excepcional en los procedimientos de concesión de subvenciones u otro tipo de ayudas, no pudiendo estar motivada en razones de oportunidad, conveniencia o deficiencias en la conducción del proyecto.  
4. El resto de las modificaciones tienen la consideración de no sustanciales y se comunicarán al órgano gestor en el momento en el que se produzcan, debiendo incluirse la información, además, en el siguiente informe de seguimiento del proyecto o, cuando no exista obligación de aportarlo, en el informe final.  
5. La modificación sustancial requiere la autorización expresa del órgano gestor, dentro del plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción de la solicitud de modificación en dicho órgano.  
6. Si el órgano no acepta la modificación sustancial presentada, la entidad beneficiaria tiene que optar entre mantener el proyecto inicial o bien reintegrar la cuantía correspondiente a la modificación no aceptada. Las modificaciones sustanciales no comunicadas o que se hayan denegado expresamente pueden dar lugar a la revocación total o parcial de la subvención.  
7. No podrán solicitarse o comunicarse modificaciones cuando resten tres meses para la finalización de la ejecución del proyecto, incluida su ampliación, con excepción de causas de fuerza mayor debidamente acreditadas.  
8. En ningún caso podrán modificarse los porcentajes de aquellas partidas que, en el momento de la aprobación de la actuación subvencionada o, en su caso, su reformulación, quedaron estipulados en función de los límites marcados por esta orden o las resoluciones de convocatoria.  
  
Artículo 39. Suspensión o finalización anticipada de la actividad subvencionada  
1. Si durante la ejecución del proyecto acontecieran circunstancias excepcionales que impidieran continuar con su normal ejecución, la entidad beneficiaria solicitará de forma motivada autorización de suspensión del proyecto, que, en su caso, deberá ser autorizada expresamente por el órgano gestor para su validez y efectos. La solicitud de suspensión incluirá la documentación justificativa y el plazo máximo de suspensión.  
2. La autorización de suspensión fijará el plazo y condiciones de suspensión. Una vez finalizado el mismo, el órgano gestor podrá dar por finalizada cualquiera de las actividades subvencionadas, procediéndose en tal caso a la presentación del informe final por parte de la entidad beneficiaria y a la devolución de los fondos no ejecutados hasta ese momento.  
3. Del mismo modo, si existiesen motivos fundados para suponer que la actuación de cooperación está siendo incorrectamente desarrollada, el órgano gestor podrá:  
a) Suspender provisionalmente el desarrollo de la intervención hasta que se supervise la ejecución de la actuación subvencionada, a menos que la entidad beneficiaria afiance la devolución de los fondos percibidos.  
b) Acordar la finalización anticipada de la actividad subvencionada.  
c) Iniciar, si procede, el procedimiento de reintegro.  
4. En el caso de producirse situaciones excepcionales debidamente acreditadas, no imputables a las entidades beneficiarias ni a las entidades consorciadas, tales como desastres naturales o acontecimientos climáticos imprevistos, enfrentamientos armados, golpes de estado o situaciones de inestabilidad social o política, o cualquier otra causa que pueda suponer un peligro para la integridad física de las personas involucradas en las intervenciones, o que dificulten o impidan la ejecución de la intervención subvencionada y/o el cumplimiento de las obligaciones, la entidad beneficiaria podrá solicitar la finalización anticipada de la actividad subvencionada.  
5. La solicitud de finalización anticipada de la actividad subvencionada deberá dirigirse al órgano gestor y estar adecuadamente motivada. La finalización anticipada de la actividad subvencionada deberá ser autorizada expresamente por el órgano gestor para su validez y efectos, siempre que los hechos causantes resulten suficientemente acreditados.  
6. En el supuesto de finalización anticipada de la actividad subvencionada, la entidad beneficiaria deberá:  
a) Presentar el informe final, el informe de evaluación final, el informe de auditoría y la documentación justificativa de la actividad ejecutada.  
b) Proceder a la devolución de los fondos no ejecutados de la actividad subvencionada, sin perjuicio de los reintegros procedentes tras la revisión de la documentación justificativa, en su caso.  
  
Artículo 40. Línea de Base  
1. La línea de base es la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de una actuación, estableciendo su punto de partida.  
2. La línea de base será preceptiva en todos los proyectos de duración superior a 12 meses. Para su ejecución, podrán contratarse los servicios de una consultoría externa o realizarla la misma entidad con sus recursos técnicos.  
3. La línea de base deberá presentarse en el plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de inicio de la ejecución de la actuación subvencionada.  
4. El órgano directivo competente en materia de cooperación al desarrollo establecerá, a través de la Guía de seguimiento y evaluación de proyectos en materia de cooperación al desarrollo cofinanciados por la Generalitat Valenciana, el contenido mínimo y los estándares de calidad a seguir en la elaboración de los informes de línea de base. Igualmente establecerá en esta guía los requisitos de cualificación y experiencia mínimos a cumplir por las personas consultoras.  
5. Se deberán recabar un mínimo de tres ofertas cuando el contrato exceda de 15.000 euros más IVA. En dicho caso, la entidad subvencionada remitirá, junto con el informe de línea de base, los Términos de Referencia (TdR) elaborados para la contratación, así como un informe en el que se especifique el procedimiento de contratación empleado, la auditora seleccionada y el coste económico.  
6. Junto con el informe de línea de base, el órgano gestor podrá solicitar la aportación de información adicional para el seguimiento del marco de indicadores de evaluación del Plan director de la cooperación valenciana al desarrollo, o de cualquier otra información dirigida al tratamiento de datos relativos a la ayuda oficial al desarrollo de la Comunitat Valenciana.  
  
Artículo 41. Informes de seguimiento  
1. Las entidades beneficiarias deberán presentar, por cada actuación subvencionada de duración superior a 12 meses, un informe de seguimiento anual sobre la marcha de la ejecución, según el modelo normalizado que será facilitado por el órgano convocante.  
2. Transcurrido el periodo anual de ejecución, los informes de seguimiento deberán aportarse en el plazo máximo de treinta días hábiles.  
3. El informe irá acompañado de las fuentes de verificación de las actividades ejecutadas en el periodo de seguimiento.  
4. Los informes anuales no podrán contener solicitudes de modificación sustancial de la actuación subvencionada, ni de ampliaciones de plazo, que deberán realizarse en otra solicitud, sin perjuicio de su mención, una vez autorizada, en el correspondiente informe anual.  
  
Artículo 42. Seguimiento de la ejecución  
1. El órgano gestor, a través de sus propios medios, o bien con la colaboración de entidades especializadas, deberá realizar el seguimiento de la realización y gestión de las actuaciones subvencionadas, tanto en las sedes de las entidades en la Comunitat Valenciana como en los países de ejecución, a fin de verificar el grado de cumplimiento de las actuaciones, de forma fehaciente y efectiva.  
2. El personal de la Generalitat Valenciana mantendrá contactos periódicos con la entidad subvencionada, comprometiéndose esta a facilitar al órgano gestor la información y documentación que se le solicite.  
3. El órgano gestor podrá articular, en el marco del plan de control de subvenciones, instrumentos complementarios de seguimiento de los proyectos aprobados, a través de modalidades telemáticas o presenciales, cuyos resultados se incorporarán al expediente de la subvención.  
  
  
TÍTULO V  
Justificación  
  
Artículo 43. Justificación de la subvención  
1. Las entidades beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y el grado de consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión de la subvención.  
2. La justificación de la subvención irá dirigida al órgano directivo con competencias en materia de cooperación internacional al desarrollo.  
3. La aplicación del importe de la subvención será justificada por la entidad beneficiaria mediante la presentación de la cuenta justificativa acompañada de un informe de auditoría, cumpliendo todos los términos previstos en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado mediante RD 887/2006, de 21 de julio, (en adelante EHA/1434/2007).  
El informe realizado por profesional inscrito en el Registro oficial de auditores de cuentas, dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, contendrá, al menos, los siguientes documentos:  
a) Una memoria de actuación, suscrita por la entidad beneficiaria, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas, periodo de tiempo durante el que se ha venido desarrollado cada actividad y resultados obtenidos.  
b) Una memoria económica abreviada justificativa del gasto realizado, que incluya la siguiente documentación:  
- Detalle de las cantidades inicialmente presupuestadas para cada actividad y, en su caso, las desviaciones acaecidas.  
- Relación detallada de las actividades realizadas con personal propio, especificando para cada una de ellas el personal que ha intervenido, identificación de la nómina correspondiente con indicación del mes o periodo, porcentaje imputado a la misma y desglose de importes (bruto, neto, retención IRPF, seguridad social a cargo del trabajador, seguridad social a cargo de la entidad).  
- Una relación clasificada del resto de los gastos en los que se haya incurrido como consecuencia de la realización de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, concepto de gasto, su importe desglosado (base imponible, IVA no recuperable o compensable, IRPF), fecha de emisión y fecha de pago.  
- Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.  
c) Certificaciones acreditativas de que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, o autorización para su obtención de forma telemática por esta conselleria.  
d) Declaración responsable de que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y que no tiene la condición de deudora por reintegro de subvenciones.  
e) Relación, en su caso, de las facturas y justificantes de gasto utilizados en esta cuenta justificativa que hayan sido empleadas con la misma finalidad ante otras entidades públicas o privadas, con indicación de la cuantía que resulte afectada.  
f) Declaración, en su caso, de que la entidad beneficiaria no tiene la posibilidad de recuperar ni de compensar el IVA correspondiente.  
4. El informe de auditoría deberá ajustarse a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007. En la emisión del informe, la persona auditora deberá comprobar:  
a) La adecuación de la cuenta justificativa de la subvención presentada por la entidad beneficiaria y que la misma ha sido suscrita por persona con poderes suficientes para ello.  
b) La concordancia entre la información contenida en la memoria de actuación y los documentos que hayan servido de base para realizar la revisión de la justificación económica.  
c) La efectiva realización por la entidad beneficiaria de las actividades subvencionadas mediante, entre otros, los siguientes procedimientos o recursos:  
- Cuando se trate de elaborar estudios, informes y protocolos, se requerirán estos.  
- Para las actividades formativas se requerirá la convocatoria, el programa de la actividad y la evaluación realizada por las personas asistentes o destinatarias de las mismas.  
- Para las actividades de difusión y divulgación se requerirá la correspondiente grabación, imagen, documento u otro soporte utilizado.  
d) Que la información contenida en la memoria económica abreviada está soportada por una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, en los términos previstos en estas bases.  
e) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos y pagos realizados, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables.  
f) Que los costes indirectos se imputan a la actividad subvencionada de acuerdo con los límites establecidos y que su importe ha sido convenientemente desglosado en la cuenta justificativa.  
g) Que los gastos que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en estas bases; que se han clasificado correctamente; y que se produce la necesaria coherencia entre los gastos justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.  
h) Que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor, en aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.  
i) Que no se han realizado subcontrataciones de la actividad subvencionada, fuera de los casos permitidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y artículo 68 de su reglamento.  
j) Que se ha cumplido con la obligación de dar la adecuada publicidad a la financiación obtenida de la Generalitat a través de esta subvención.  
Una vez finalizado su trabajo, la persona auditora solicitará a la entidad beneficiaria una carta, firmada por la persona que subscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado al auditor sobre todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la subvención. Asimismo, se incluirán las manifestaciones que sean relevantes y que sirvan de evidencia adicional al auditor sobre los procedimientos realizados.  
Este informe contendrá los puntos y la estructura establecidos en el artículo 7 de la citada Orden EHA/1434/2007. En él se detallarán las comprobaciones realizadas y se hará constar todos aquellos hechos o excepciones que pudieran suponer un incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria, de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la percepción de la subvención, proporcionando la información con suficiente detalle y precisión para que el órgano gestor pueda concluir al respecto, con indicación expresa, en su caso, de los importes a minorar.  
6. La justificación de las subvenciones que sean ejecutadas en terceros países por las agencias que pertenezcan al sistema de Naciones Unidas y entidades que tengan un acuerdo suscrito con estas que les reconozca como su comité en España, podrá realizarse a través del sistema de auditoría interna, y otros procedimientos previstos en los reglamentos financieros de las Naciones Unidas, de acuerdo con el Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.  
7. La no presentación de la justificación del gasto en el plazo fijado dará lugar al reintegro de la subvención, sin perjuicio de que se conceda, con carácter previo a la adopción de cualquier decisión, el trámite de audiencia legalmente establecido.  
8. La Conselleria competente en materia de cooperación internacional al desarrollo, a través de la dirección general competente en dicha materia, podrá comprobar mediante técnicas de muestreo aleatorio o por razón del importe o el concepto de gasto, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la entidad beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.  
  
Artículo 44. Presentación de la cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría  
1. Para la presentación de la cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría se seguirá el siguiente procedimiento:  
a) La entidad subvencionada remitirá, con anterioridad a la finalización de la actuación subvencionada, la auditora seleccionada, adjuntando: los Términos de Referencia (TdR) que informan la contratación, el coste económico y la modalidad de pago y la certificación de su legalidad como firma auditora inscrita en el Registro oficial de auditores de cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, (en adelante ROAC), si es española, o poderes notariales o registro de inscripción similar si es extranjera. Se deberán recabar un mínimo de tres ofertas para importes de licitación del contrato que superen las cantidades que establezca la normativa aplicable en materia de contratos del sector público en los supuestos de ejecución de obra, suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica.  
b) El informe deberá estar realizado por un auditor o auditora de cuentas inscrito como ejerciente en el ROAC, no siendo necesario que este informe sea realizado por el mismo auditor o auditora que, en su caso, realice la auditoría de las cuentas anuales de la entidad beneficiaria.  
c) En caso de que el informe sobre la cuenta justificativa por parte de un auditor o auditora de cuentas se produzca en el extranjero, podrá ser realizada por auditores o auditoras ejercientes en el país donde deba llevarse a cabo, siempre que en dicho país exista un régimen de habilitación para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas. De no existir sistema de habilitación, el informe previsto en este artículo podrá realizarse por un auditor o auditora establecido en el citado país siempre que su designación la lleve a cabo el órgano gestor, o sea ratificada por este a propuesta de la entidad beneficiaria, con arreglo a unos criterios técnicos que garanticen la adecuada calidad.  
d) El coste del informe de auditoría se justificará mediante el contrato, al que se acompañará la acreditación de que la persona auditora cumple los requisitos establecidos en la orden, así como la factura correspondiente. Esta factura podrá ser fechada dentro del plazo de presentación de la justificación, aunque esta fecha sea posterior a la de finalización de la ejecución de la intervención.  
2. Los contratos de auditoría, requisitos, características, procedimiento a aplicar a la persona auditoria, contenido del informe, vendrán detallados en la guía de justificación señalada en la sede electrónica del órgano gestor.  
  
Artículo 45. Evaluación  
1. Para todas las actuaciones subvencionadas será preceptiva la realización de una evaluación final. La evaluación deberá llevarse a cabo en modalidad externa o mixta, siendo preceptivo en ambas modalidades el concurso de una consultora independiente.  
2. La entidad beneficiaria de la subvención es responsable directa de la gestión de la evaluación. Dicha evaluación será preceptiva para el cierre de la actuación y formará parte del expediente de justificación.  
3. El órgano directivo con competencias en materia de cooperación al desarrollo establecerá, a través de la Guía de seguimiento y evaluación de proyectos en materia de cooperación al desarrollo cofinanciados por la Generalitat Valenciana, el contenido mínimo y los estándares de calidad a seguir en las evaluaciones finales. Igualmente establecerá en esta guía los requisitos de cualificación y experiencia mínimos a cumplir por las personas evaluadoras.  
4. Se deberán recabar un mínimo de tres ofertas cuando el contrato exceda de 15.000 euros más IVA. Se observarán las cláusulas de responsabilidad social reguladas en el Decreto 118/2022, de 5 de agosto, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones.  
En dicho caso, la entidad subvencionada remitirá, junto con el informe de evaluación final, los Términos de Referencia (TdR) elaborados para la contratación, así como un informe en el que se especifique el procedimiento de contratación empleado, la evaluadora seleccionada y el coste económico.  
5. De conformidad con la política pública de transparencia de la ayuda y rendición de cuentas, la Generalitat podrá publicar, difundir y divulgar, en todo o en parte, el contenido de los informes de evaluación que se hayan realizado con cargo a la subvención, sin perjuicio de la difusión que pueda darle la entidad beneficiaria. Para facilitar esta difusión, en todas las evaluaciones realizadas se deberá aportar, junto al informe de evaluación final, en documento separado, un resumen ejecutivo del informe de evaluación. El derecho de propiedad intelectual que pueda recaer sobre el informe de evaluación final corresponderá a la entidad beneficiaria.  
6. En el caso de que, por razones de fuerza mayor acontecidas en el país de intervención, debidamente justificadas, no pudiera acometerse en terreno la evaluación del proyecto por imposibilidad material de ejecución o por falta de garantía en las condiciones de seguridad del equipo evaluador, el órgano gestor podrá autorizar a la entidad beneficiaria para que realice la evaluación de manera interna.  
  
Artículo 46. Informe final  
1. El plazo de presentación del informe final será de tres meses, a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de ejecución.  
2. Junto con el informe de auditoría y el informe de evaluación, la entidad presentará un informe final de ejecución. El órgano directivo con competencias en materia de cooperación al desarrollo facilitará un modelo preceptivo para la presentación de dicho informe.  
3. El informe irá acompañado de las fuentes de verificación que no hubieran sido aportadas, en su caso, junto con los informes de seguimiento.  
4. Junto con el informe final el órgano gestor podrá solicitar la aportación de información adicional del proyecto para el seguimiento del marco de indicadores de evaluación del Plan director de la cooperación valenciana al desarrollo, o de cualquier otra información dirigida al tratamiento de datos relativos a la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Comunitat Valenciana.  
  
  
TÍTULO VI  
Control, reintegro y régimen sancionador  
  
CAPÍTULO I  
Plan de Control  
  
Artículo 47. Plan de control  
1. El órgano concedente aprobará el plan de control con carácter previo a su ejecución.  
2. El órgano concedente llevará a cabo la comprobación y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las actuaciones desarrolladas según lo contemplado en estas bases y convocatoria de subvenciones.  
2. La persona titular del órgano directivo con competencias en materia de cooperación al desarrollo aprobará un plan de control para garantizar la realización material de la actividad subvencionada, en los términos establecidos en el artículo 169.3 de la Ley 1/2015.  
3. El órgano concedente podrá designar, en su caso, los órganos, comisiones o personas expertas que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación de la subvención.  
4. Asimismo, desde el órgano directivo con competencias en materia de cooperación al desarrollo, se podrá requerir a la entidad beneficiaria, la remisión de todos aquellos elementos o materiales (folletos, carteles publicitarios, programas, publicaciones, etc.) relacionados con todas las actividades subvencionadas.  
5. La entidad beneficiaria estará sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como a las de control por la Intervención General de la Generalitat y por la Sindicatura de Cuentas.  
  
Artículo 48. Control financiero de las subvenciones  
1. La conselleria con competencia en materia de hacienda ejercerá, a través de la Intervención General, el control financiero de las subvenciones concedidas, sin perjuicio de las actividades de seguimiento y control que lleven a cabo los órganos gestores, y sin perjuicio de las actividades ordinarias de fiscalización que sean procedentes en aplicación de la normativa general de control económico-financiero.   
2. Cuando en el ejercicio de las funciones de seguimiento y control se deduzcan indicios de incorrecta obtención, destino o justificación de la subvención percibida, el personal encargado de su realización podrá adoptar las medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de impedir la desaparición, destrucción o alteración de los documentos afectos a aquellas. Las medidas adoptadas en ningún caso producirán un perjuicio hacia la entidad beneficiaria y en todo caso, serán proporcionadas al fin que se persigue.  
  
  
CAPÍTULO II  
Reintegro  
  
Artículo 49. Reintegro de la subvención  
1. Las entidades beneficiarias, en los casos contemplados en el apartado siguiente, deberán reintegrar la totalidad o parte de las cantidades percibidas. Esta obligación será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.  
2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, en los siguientes casos:  
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.  
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.  
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la administración a las entidades beneficiarias, así como de los compromisos por estas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.  
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la administración y entidades beneficiarias, así como de los compromisos por estas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.  
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de Funcionamiento la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.  
i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.  
3. Cuando el supuesto previsto en la letra b) del apartado anterior sea debido a la imposibilidad material de ejecución o fuerza mayor, procederá el reintegro del importe no ejecutado.  
4. Igualmente, cuando el importe de la subvención sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre tal coste.  
5. Cuando el incumplimiento por la entidad beneficiaria sea de poca o escasa cuantía y esta acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar será proporcional a la parte incumplida.  
6. En caso de resoluciones de reintegros parciales, no se aceptará la sustitución de justificaciones de gastos distintas de las que se presentaron inicialmente junto con la cuenta justificativa que conformó el informe final.  
  
Artículo 50. Normativa aplicable en materia de reintegros  
En cuanto al reintegro de subvenciones, se estará a la regulación sustantiva y al procedimiento establecidos en la legislación estatal básica y en la autonómica en la materia.  
  
Artículo 51. Graduación de los incumplimientos  
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.n de la Ley 38/2003, para la graduación de los incumplimientos establecidos en estas bases, se establecen los siguientes porcentajes de reintegro:  
a) Incumplimiento total de los fines para los que se otorgó la subvención: 100 por 100 de la subvención.  
b) Incumplimiento de la obligación de justificación: 100 por 100 de la subvención.  
c) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello: 100 por 100 de la subvención.  
d) En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones impuestas por la administración a las entidades beneficiarias, así como de los compromisos por estas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada por la parte adjudicataria se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad que, no obstante, se podrá modular teniendo en cuenta el hecho de que el cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total, y se acredite por la entidad adjudicataria una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos. Entre estos incumplimientos serán objeto de reintegro, por los porcentajes que se indican, los siguientes:  
1º. Incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad sin haberse autorizado la correspondiente ampliación: hasta el 100 por 100 de los gastos ejecutados fuera de plazo.  
2º. Incumplimiento de la fecha de inicio de la actuación o de la reanudación del proyecto en los casos de suspensión tras requerimiento del órgano gestor: hasta el 100 por 100 de los gastos no ejecutados.  
3º. Demora en la presentación de la justificación, de la línea de base, del informe de seguimiento o del informe final: el 0,1 por 100 de la subvención por cada trimestre completo de demora, hasta un máximo de dos trimestres, siendo de aplicación a partir de ese momento lo previsto para el incumplimiento de la obligación de justificación.  
4º. Justificación insuficiente o deficiente: hasta el 10 por 100 de la subvención, proporcionalmente a la documentación obligatoria no presentada o deficiente, salvo cuando se trate de justificantes de gasto cuyos defectos afecten a la acreditación de su realización, en cuyo caso se reintegrará el 100 por 100 de su importe.  
5º. Introducción de modificaciones sustanciales sin la preceptiva autorización de la conselleria competente, 100 por 100 de los gastos en que se haya incurrido a causa de la modificación, salvo que fuera aceptada en virtud del artículo 86 del RD 887/2006, de 21 de julio.  
6º. Incumplimiento de apertura de una cuenta en el país de ejecución para la gestión de la actuación subvencionada, salvo que se aporte justificación, se procederá al reintegro de la totalidad del importe no transferido mediante acreditación bancaria.  
7º. Incumplimiento de la obligación de apertura de una cuenta abierta exclusivamente para el proyecto objeto de subvención e ingresar el importe en dicha cuenta, el 10 por 100 de la subvención concedida.  
8º. Incumplimiento de difusión de la participación de la Generalitat Valenciana en las actividades, publicaciones, etc., realizadas: 5 por 100 de la subvención.  
e) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro en este caso procederá el reintegro establecido en la referida decisión.  
f) Subvención no ejecutada por cualquier causa: el 100 por 100 de la subvención no ejecutada.  
2. Cuando se haya producido un incumplimiento parcial de los objetivos generales y específicos de las actuaciones subvencionadas, en caso de producirse por situaciones excepcionales debidamente acreditadas, tales como desastres naturales, enfrentamientos armados o crisis humanitarias, que dificulten o imposibiliten su ejecución total, el reintegro o la pérdida del derecho al cobro de la subvención no afectará a las cantidades invertidas en los objetivos cumplidos.  
  
  
CAPÍTULO III  
Régimen sancionador  
  
Artículo 52. Régimen sancionador  
1. Para la aplicación del régimen y del procedimiento sancionador se estará a la legislación estatal básica y a la autonómica en materia de cooperación al desarrollo, de subvenciones, de procedimiento administrativo común y de régimen jurídico del sector público.  
2. En lo referente a las sanciones y su graduación, se estará a la legislación estatal básica y a la autonómica en la materia.  
3. Las sanciones en materia de ayudas o subvenciones de cooperación para el desarrollo serán impuestas por los órganos que tengan atribuida la competencia en virtud de disposición legal o reglamentaria.  
Artículo 53. Obligaciones de transparencia y protección de datos, y uso de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana en la edición de los materiales  
1. En cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley 19/2013), la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana (en adelante Ley 1/2022) y del artículo 18 de la Ley 38/2003, las entidades beneficiarias estarán sujetas a las siguientes obligaciones de transparencia:  
a) Deberán cumplir las obligaciones de publicidad activa recogidas en el capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  
1º) Que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros.  
2º) Que perciban durante el periodo de un año natural ayudas o subvenciones de las entidades públicas de la Comunitat Valenciana recogidas en el artículo 3 de la Ley 1/2022 en una cuantía superior a 50.000 euros.  
3º) Que las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.  
En particular, deberán publicar en los términos previstos en los principios generales del artículo 5 de la Ley 19/2013 la información institucional y organizativa del artículo 6 y la económica y presupuestaria del artículo 8 de la misma. Dicha publicación se realizará a través de la página web de la entidad, o bien a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la que se puede acceder en gvaoberta.gva.es/tep. Esta información se deberá publicar a partir del año siguiente a aquel en el que se hayan superado los umbrales establecidos, y tendrá que mantenerse publicada durante al menos cuatro años naturales.  
b) Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el apartado anterior, las entidades beneficiarias deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, incluyendo el logotipo de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda en medios de difusión tales como carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales y en cualquier otro medio de publicidad que se realice de la actividad subvencionada.  
c) Las entidades beneficiarias de estas subvenciones están obligadas a suministrar a la entidad concedente, previo requerimiento, toda la información que sea necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley de transparencia que esta requiera, en el plazo de quince días hábiles desde el requerimiento. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, el órgano que ha realizado el requerimiento podrá acordar, previa advertencia y audiencia a la persona interesada, la imposición de multas coercitivas en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 1/2022.  
d) Los nuevos conjuntos de datos que se generen por la formalización y el desarrollo de las subvenciones otorgadas por la administración de la Generalitat se deben disponer, siempre que sea posible, como conjunto de datos abiertos.  
2. De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos, los datos de carácter personal proporcionados por las entidades interesadas serán tratados por la Generalitat para proceder a la tramitación de la solicitud al amparo de la Ley 38/2003, y de la Ley 1/2015.  
Las entidades podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que gestiona esta ayuda, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.  
3. Los documentos publicados como acción o resultado de alguna actuación financiada, además de contener el logotipo o nombre de la Generalitat como financiador, deberán incluir el siguiente párrafo, traducido a las lenguas en que se publique el documento: «Está publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de «NOMBRE ENTIDAD» y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat».  
4. Previamente a la edición o publicación de los materiales impresos o de los instrumentos de comunicación y difusión vinculados a las actividades del proyecto, cualquiera que sea el tipo de soporte empleado, estos deberán remitirse previamente, con la suficiente antelación, al órgano gestor, para su autorización en el uso de la imagen corporativa de la Generalitat. En la página web del órgano gestor están disponibles las instrucciones para la realización de publicaciones y actos de difusión y divulgación. Igualmente, los manuales corporativos de estilo para el uso de logotipos de la Generalitat están disponibles en la URL https://breu.gva.es/b/o397JH3S6r.  
5. Todos los documentos impresos y los soportes comunicativos de cualquier tipo elaborados para la difusión del proyecto, la socialización y la comunicación de resultados deberán editarse en las dos lenguas oficiales de la Comunitat.  
6. Junto con el informe final, se deberá remitir al órgano gestor una relación de todos los materiales de difusión editables y materiales didácticos producidos durante la ejecución. El órgano gestor podrá disponer de estos materiales para su difusión gratuita y con mención expresa de la entidad que los haya producido.  
  
Artículo 54. Cláusula de protección de datos  
1. La gestión de las subvenciones previstas en las presentes bases conlleva el tratamiento de datos de carácter personal, debiendo cumplirse con las medidas y garantías reguladas en la normativa en materia de protección de datos, en especial el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.  
2. En el diseño de los formularios de solicitud y aportación documental y en las publicaciones (en diarios oficiales, portal de transparencia, etc.) y demás actos administrativos deberán tenerse en cuenta los principios de protección de datos. En concreto, los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.  
3. En las convocatorias se incluirá la información que debe facilitarse a las personas interesadas en relación con sus datos de carácter personal, de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 11 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.  
4. En toda la gestión de las subvenciones se garantizará una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas y conseguir así la integridad y confidencialidad de los datos.  
  
Artículo 55. Cláusula de responsabilidad social  
Las cláusulas de responsabilidad social han sido incorporadas en los criterios de evaluación de los proyectos presentados y criterios de desempate.  
  
  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
  
Primera. Incidencia presupuestaria  
La presente orden no tiene incidencia económica, no obstante, el gasto correspondiente a las convocatorias basadas en esta orden deberá estar dotado, en todo caso, por los presupuestos de la Generalitat de los ejercicios que proceda.  
  
Segunda. No sujeción al artículo 107.1 del TFUE  
1. Las subvenciones a conceder en el marco de esta disposición no precisan notificación a la Comisión Europea, por no reunir los requisitos recogidos en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que se otorgan a instituciones y entidades que carecen de ánimo de lucro, para la realización de actuaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo, no suponiendo las actuaciones subvencionables ventaja económica alguna, ni desarrollo de actividad económica en el mercado relacionada con la oferta de bienes o servicios.  
2. La percepción de las citadas subvenciones no provoca, en ningún caso, un falseamiento de la competencia que afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros, a los efectos señalados en el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.  
  
DISPOSICIONES FINALES  
  
Primera. Delegación y facultad de ejecución  
Se autoriza a la persona titular del órgano directivo competente en materia de cooperación al desarrollo para que dicte las resoluciones e instrucciones necesarias para la aplicación e interpretación de la presente disposición y se delega en la misma persona la resolución de incidencias que puedan producirse con posterioridad a la resolución de las subvenciones, incluidos los errores materiales, aritméticos o de hecho.  
  
Segunda. Entrada en vigor  
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
València, 27 de junio de 2024  
  
La vicepresidenta segunda del Consell y   
consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda,  
SUSANA CAMARERO BENÍTEZ