Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4400, del 17-12-2002 (2002/13020)

Notificación de expediente sancionador número 64/01 SAN, a Juan Peris Alcover.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4400

Fecha DOGV
:   17-12-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/13786


Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de expediente sancionador número 64/01 SAN, a Juan Peris Alcover. [2002/X13651]
  
De conformidad con lo acordado por esta Secretaría General, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente edicto 64/01 SAN, se procede a notificar a Juan Peris Alcover, con último domicilio conocido en c/ Rupert Chapí nº 7, del término municipal de Puig, declaración de caducidad del expediente sancionador 64/01 SAN de fecha 16 de octubre de 2002, dictado en el expediente sancionador, que se está tramitando en la Unidad de Inspección Medioambiental:
  
Visto que en fecha 24 de mayo de 2001 fue objeto de incoación de expediente sancionador nº 64/01 SAN, dirigido contra Juan Peris Alcover por los siguientes hechos:
  
Que a la vista de la queja formulada en esta Conselleria por las molestias ocasionadas por una granja sita en la calle Rupert Chapí nº 7 del término municipal de Puig, cuyo titular resultó ser Juan Peris Alcover se recabó del Ayuntamiento de Puig antecedentes relativos a la actividad denunciada, instándole al propio tiempo, a que adoptase las medidas pertinentes en el supuesto de que la actividad de referencia no se ajustase a lo previsto en la Ley de la Generalitat Valenciana 3/89, de 2 de mayo, sobre Actividades Calificadas.
  
Visto que, en el propio acuerdo de iniciación se hacía contar de conformidad con el art. 42.4 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el apartado 6 del art. 20 del Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del procedimiento fijándose en seis meses.
  
Visto que, hasta la fecha no ha recaído resolución sancionadora en el presente expediente y a la vista de la Jurisprudencia existente sobre la materia entre otras Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 1988: - La regla general de la validez de las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido... admite como excepción el supuesto de que por su propia naturaleza la actuación de la potestad administrativa esté esencialmente sometida a plazo, y éste es el caso de la potestad sancionadora, de suerte que transcurrido el plazo de tiempo necesario para producirse la caducidad, la administración ha de limitarse a declararla, sin que pueda legalmente hacer declaraciones que atribuyan a la persona la comisión de una infracción?.
  
Siendo la postura del Supremo clara: la resolución sancionadora dictada una vez caducado el procedimiento es nula, al encontrarse entre los casos de nulidad de pleno derecho contenidos en el art. 62 de la Ley 30/1992.
  
Visto que, la paralización del expediente no se debe a causas imputables al interesado y que en el presente supuesto no resultan de aplicación los supuestos de excepción previsto en los arts. 5 y 7 del RD 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Visto que, transcurrido el plazo de caducidad se procederá a declarar la caducidad del expediente y en consecuencia el archivo de las actuaciones, todo ello sin perjuicio de que se pueda iniciar un nuevo procedimiento para la determinación de posible responsabilidad siempre que la infracción no hubiese prescrito.
  
A la vista de lo anteriormente señalado, resuelvo:
  
Declarar la caducidad del expediente sancionador nº 64/01 SAN, incoado contra Juan Peris Alcover, por el transcurso del plazo de seis meses para resolver, establecido en el art. 42.2 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art. 20.6 del Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de Valencia o del domicilio del recurrente, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición ante el conseller de Medio Ambiente en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.