Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5117, del 19-10-2005 (2005/10904)

Autos de guarda y custodia número 1.309/2004. Cédula de notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5117

Fecha DOGV
:   19-10-2005

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2005/10550


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Castello de la Plana

Tipo de documento
:   Anuncio

Autos de guarda y custodia número 1.309/2004. Cédula de notificación. [2005/M10941]
  
Montserrat Isabel Cabrera, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón, en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
  
Sentencia número 1064/2005.
  
Castellón de la Plana, 23 de septiembre de 2005.
  
José Luis Conde-Pumpido García, magistrado-juez de Primera Instancia número 7 de Castellón, ha conocido los presentes autos sobre guarda y custodia número 1.309/2004, promovidos por Manuela Cruz Fernández, representada por la procuradora señora Cruz Sorribes y defendida por el letrado señor Janés Medina, contra José Manuel López Colazo, en rebeldía, y en los que ha sido parte el Ministerio Fiscal.
  
Antecedentes de hecho:
  
1. La procuradora señora Cruz Sorribes, en la representación que tiene acreditada de Manuela Cruz Fernández, formuló demanda para la adopción de medidas relativas a guarda y custodia de hijo menor contra José Manuel López Colazo, solicitando que se dictase sentencia por la que se elevasen a definitivas las medidas provisionales del Auto de 27 de octubre de 2004.
  
Los hechos en que se fundamentaba la demanda eran los siguientes:
  
1) En fecha 27 de octubre de 2004, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón dictó auto adoptando medidas provisionales previas entre los litigantes.
  
2) Interesa la elevación a definitivas de las medidas provisionales previas.
  
2. Admitida a trámite la demanda, se emplazó al demandado, quien no compareció en tiempo y forma, por lo que fue declarado en rebeldía. El Ministerio Fiscal contestó solicitando que se dictase sentencia conforme a lo que resultara probado.
  
3. Se convocó a las partes a juicio verbal, que tuvo lugar el día 22 de septiembre de 2005, y en el que la parte actora se ratificó en su demanda, mientras que el demandado no compareció. El Ministerio Fiscal, en la persona de Dolores Ofrecio, no se opuso a las medidas interesadas por la demandante.
  
Solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se procedió a la práctica de los siguientes medios probatorios, propuestos por las partes y admitidos por su señoría.
  
A instancias de la parte actora: documental (dar por reproducida la obrante en autos).
  
El Ministerio Fiscal no propuso prueba.
  
4. Practicada toda la prueba en el mismo acto, quedó el pleito visto para sentencia.
  
5. En este procedimiento deben declararse como hechos probados los que se relatan a continuación:
  
1) José Manuel López Colazo y Manuela Cruz Fernández mantuvieron una relación de convivencia de hecho, fruto de la cual nacieron dos hijos: Ainoa (7 de octubre de 1990) y José Manuel (5 de diciembre de 2003) López Cruz. (Hecho probado mediante las certificaciones de nacimiento de los hijos aportadas con la demanda.)
  
2) Este Juzgado dictó, en fecha 27 de octubre de 2004, auto con la siguiente parte dispositiva: «Que debía adoptar y adoptaba las siguientes medidas:
  
1. Atribuir a Manuela Cruz Fernández la guarda y custodia de sus dos hijos menores, Ainoa y José Manuel López Cruz, con la patria potestad compartida por ambos progenitores.
  
2. Atribuir a la señora Cruz Fernández y a sus dos hijos el uso de la vivienda familiar, sita en Castellón de la Plana, Grupo Perpetuo Socorro, calle Larga, número 21-A, bajo.
  
3. Establecer un régimen de visitas entre el señor López Colazo y sus dos hijos menores que, en defecto de acuerdo entre las partes, consistirá en los sábados desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, recogiéndolos y devolviéndolos en el domicilio materno al inicio y final de cada visita.
  
4. José Manuel López Colazo abonará, en concepto de levantamiento de las cargas familiares, la suma de 400 euros mensuales, que ingresará dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe la esposa.
  
Estos efectos y medidas sólo subsistirán si en el plazo de 30 días desde la fecha de su adopción se interpone demanda para la regulación definitiva de las consecuencias de la finalización de la convivencia entre la demandante y el demandado.»
  
(Hecho probado mediante el testimonio del Auto de 27 de octubre de 2004 obrante en el procedimiento de medidas previas 1.058/2004 que está unido al presente procedimiento.)
  
3) No se han acreditado circunstancias nuevas y distintas a las que se tuvieron en cuenta al adoptar las medidas provisionales en el auto de 27 de octubre de 2004. (No existe prueba al respecto.)
  
Fundamentos jurídicos:
  
1. En el presente procedimiento, se ejercita por la parte actora demanda de guarda y custodia sobre hijos menores con fundamento en el artículo 748.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 770.6.º del mismo texto legal. En primer lugar, hay que tener presente que para la resolución y adopción de las presentes medidas, debe partirse de la igualdad absoluta de los hijos nacidos de una unión de hecho, con respecto a los matrimoniales, dada la claridad del artículo 39 CE que asegura la protección integral de los hijos ante la ley con independencia de la filiación; debe decirse, que en las uniones de hecho, cuando se extinguen, como en este caso, surgen previsiones normativas que tienen como destinatarios a los hijos, ya que éstos ?como ya se ha indicado- son iguales ante la ley con independencia de su filiación (artículo 39.2 CE) y habidos dentro o fuera del matrimonio, los padres deben prestarles asistencia de todo orden (artículo 39.3 CE), precisamente, entre otros motivos, como dice la STC 15 de noviembre de 1990 «...porque su filiación y condición de habidos dentro o fuera del matrimonio es el resultado de decisiones ajenas a los mismos», y en esa asistencia, dentro de la patria potestad como función, es decir, como derecho-deber, está el velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarles y procurarles una formación integral, según el artículo 154.1 CC, deberes y facultades que se engloban dentro del concepto de relaciones paterno-filiales. No se puede olvidar que el criterio de nuestra jurisprudencia actual apunta a que toda la normativa legal reguladora de las medidas relativas a los hijos en los casos de nulidad, divorcio y separación, y por extensión a los supuestos de cese de la convivencia en uniones no matrimoniales, está informada por el criterio primordial del favor filii, de tal forma que los acuerdos sobre cuidado y educación habrán de ser tomados siempre en beneficio del menor, y ello supone que debe atenderse, como guía para resolver todas las cuestiones que suscite el ejercicio efectivo de la guarda y custodia, a la formación integral de los hijos, entendida como adecuado desarrollo de las aptitudes morales, intelectuales y físicas. Por ello, no pueden entenderse las pretensiones de las partes en este litigio como derechos e intereses exclusivos de uno u otro que queden favorecidos o perjudicados por una sentencia dictada a favor o en contra. Debe entenderse el pronunciamiento como un fallo que pretende, ante todo, velar por el interés del menor y procurar para él una situación que le favorezca en la mayor medida posible. La Ley 30/1981, de 7 de julio, alteró sustancialmente el criterio determinador de la atribución de la guarda y custodia de los hijos menores en casos de crisis matrimonial, de tal manera que de concebirse como un premio o castigo a los esposos en atención a la relación matrimonial en sentido estricto, pasó a considerarse exclusivamente en el interés de los hijos y en el mantenimiento de la unidad familiar dentro de lo posible. Dicho cambio, del que es muestra el artículo 92.2 del CC en cuanto establece que «las medidas judiciales sobre el cuidado y educación de los hijos serán adoptadas en beneficio de ellos», se reforzó aún más tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, en la que se expone que «primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir». Dando por reproducidos los razonamientos comprendidos en los fundamentos jurídicos del auto de 27 de octubre de 2005, y no constando acreditadas circunstancias nuevas y distintas de las que allí se tuvieron en cuenta para aprobar las medidas provisionales, procede elevar éstas a definitivas.
  
2. Dada la especial naturaleza de las pretensiones deducidas en este procedimiento, y no siendo aplicables a los procedimientos especiales las reglas contenidas en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede imponer el pago de las costas a ninguno de los litigantes.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.
  
Fallo:
  
Que estimando la demanda formulada por la procuradora señora Cruz Sorribes, en nombre y representación de Manuela Cruz Fernández, contra José Manuel López Colazo, debo decretar y decreto la adopción de las siguientes medidas:
  
1. Atribuir a Manuela Cruz Fernández la guarda y custodia de sus dos hijos menores, Ainoa y José Manuel López Cruz, con la patria potestad compartida por ambos progenitores.
  
2. Atribuir a la señora Cruz Fernández y a sus dos hijos el uso de la vivienda familiar, sita en Castellón de la Plana, Grupo Perpetuo Socorro, calle Larga, número 21-A, bajo.
  
3. Establecer un régimen de visitas entre el señor López Colazo y sus dos hijos menores que, en defecto de acuerdo entre las partes, consistirá en los sábados desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, recogiéndolos y devolviéndolos en el domicilio materno al inicio y final de cada visita.
  
4. José Manuel López Colazo abonará, en concepto de levantamiento de las cargas familiares, la suma de 400 euros mensuales, que ingresará dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que designe la esposa.
  
Estos efectos y medidas sólo subsistirán si en el plazo de 30 días desde la fecha de su adopción se interpone demanda para la regulación definitiva de las consecuencias de la finalización de la convivencia entre la demandante y el demandado.
  
Todo ello sin realizar expresa imposición de costas a ningún litigante. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, que no suspenderá la eficacia de las medidas acordadas.
  
Para la notificación de la sentencia al demandado José Manuel López Colazo, en ignorado paradero, se librarán edictos que se publicarán en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. El juez.
  
Publicación: leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez que la ha dictado, estando constituido en audiencia pública, en el mismo día de su pronunciamiento, ante el secretario judicial. Doy fe.
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia del juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia al demandado Manuel López Colazo.
  
Castellón de la Plana, 23 de septiembre de 2005.- La secretaria judicial: Montserrat Isabel Cabrera.
  
Diligencia: Castellón de la Plana, 23 de septiembre de 2005.