Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5264, del 23-05-2006 (2006/5743)

Acuerdo de 6 de marzo de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la tasación conjunta constitución patrimonio PCO en Siete Aguas.
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Número DOGV
:   5264

Fecha DOGV
:   23-05-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - F) EXPROPIACIONES

Número del documento
:   2006/5743


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

ACUERDO de 6 de marzo de 2006, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la tasación conjunta constitución patrimonio PCO en Siete Aguas. [2006/X5743]  
En relación con el expediente remitido por la Conselleria de Empresa, Universidad y ciencia, la finalidad del procedimiento es disponer de terrenos para la creación de un polígono industrial y con el fin de que puedan establecerse industrias y servicios para la zona, sobre la que existe una importante demanda de suelo calificado de este tipo. La reserva del área afectada no estaba prevista en las Normas Subsidiarias del municipio, por lo que se efectuó a través del citado Plan Especial, tal y como posibilita el artículo 99 de la Ley 6/1994.Dicha reserva se efectuó para legitimar en ella la expropiación de inmuebles y el destino de este suelo, una vez aprobado el pertinente planeamiento, será el de usos de interés público, al preverse la promoción de suelo urbanizado para atender demandas sociales relativas al empleo y la industrialización; se destacan los siguientes Antecedentes y Fundamentos Jurídicos:  
Antecedentes  
Uno. El conseller de Industria, Comercio y Turismo, mediante resolución adoptada en 5 de febrero de 2003 acordó aprobar el proyecto de expropiación por tasación conjunta, siendo sometido a información pública por acuerdo del pleno de esa misma fecha y publicado DOGV nº 4.445 de 21 de febrero de 2003; en el BOP nº 55 del 6 de marzo de 2003 y publicado en el diario El Mundo del 21 de febrero de 2003 .Igualmente fue notificado individualmente a los propietarios de las fincas afectadas. Durante el plazo de exposición pública se han presentado diversos escritos de alegaciones, que han sido informadas por la administración actuante en su acuerdo de fecha 31 de enero de 2005.  
Dos. El proyecto consta de relación de fincas y descripción de bienes y derechos afectados, planos en los que se determina el ámbito territorial, con fijación razonada del precio de los inmuebles y hojas de justiprecio individualizadas, por lo cual está completo y cumple con lo establecido en el art. 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.  
Tres. Siete Aguas cuenta con Normas Subsidiarias que fueron aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 28 de junio de 1988.   
Cuatro. El objeto del presente expediente, es el procedimiento expropiatorio por tasación conjunta con la finalidad de disponer de terrenos para la creación de un polígono industrial y con el fin de que puedan establecerse industrias y servicios para la zona, sobre la que existe una importante demanda de suelo calificado de este tipo. La reserva del área afectada no estaba prevista en las Normas Subsidiarias del municipio, por lo que se efectuó a través del citado Plan Especial, tal y como posibilita el artículo 99 de la Ley 6/1994.Dicha reserva se efectuó para legitimar en ella la expropiación de inmuebles y el destino de este suelo, una vez aprobado el pertinente planeamiento, será el de usos de interés público, al preverse la promoción de suelo urbanizado para atender demandas sociales relativas al empleo y la industrialización.  
Cinco. Durante la tramitación del expediente se solicitó informe, con fecha de salida 20 de febrero de 2003, a la Gerencia Regional del Catastro de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda.   
En fecha 5 de enero de 2006, tiene entrada en este Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial de Valencia el citado informe, en el que, en resumen, se indica lo siguiente:  
En cuanto a la valoración del suelo, debe efectuarse siguiendo los criterios del art.26 de la citada 6/1998,por estar clasificado como Suelo no Urbanizable y Urbanizable no programado .En el proyecto de referencia se procede a aplicar los dos métodos descritos en el artículo, pues se compara con valores aplicados en expropiaciones de diversas administraciones en la zona para el mismo tipo de suelo, con valores fijados por el Jurado Provincial de expropiación, con los valores medios del precio de la tierra de la estadística de la Conselleria de Agricultura y con los precios medios de mercado utilizados por la Conselleria de Hacienda en la comprobación de valores para transmisiones patrimoniales. También se hace un estudio de mercado. Por otra parte, se capitalizan las rentas agrícolas del suelo. Tras efectuar estos cálculos, se propone aplicar valores superiores a los obtenidos.  
En consecuencia, los criterios de valoración del suelo del proyecto de tasación conjunta de referencia se consideran conformes a los fijados por Ley 6/1998.  
En cuanto a la Valoración de las Edificaciones y plantaciones no existen construcciones que valorar.  
En lo referente a las plantaciones se efectúa la valoración según indica el art 31.1 de la ley 6/1998, ya que, aunque no se realiza con independencia del suelo, se tiene en cuenta en la determinación del valor del terreno. También se valoran las cosechas pendientes, según indica el art. 45 de la Ley de Expropiación Forzosa.   
A las valoraciones resultantes se les ha aplicado el premio de afección del 5% que establece el art. 47 de la ley de Expropiación Forzosa.  
Seis. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2006, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, cumpliendo así lo preceptuado en el art. 23 del Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana.  
Fundamentos jurídicos  
Primero. La aprobación definitiva de los proyectos de expropiación por Tasación Conjunta, corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo conforme a lo establecido en los apartados del 6 al 8 del artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto (en adelante RGU) y en el artículo 10.e) del Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Gobierno Valenciano.  
La resolución de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo, deberá limitarse a un mero control de legalidad, sin valoración alguna de la oportunidad del proyecto y a la vez, la intervención de este órgano lo va a ser sin perjuicio de la ulterior actuación del Jurado Provincial de Expropiación, que será el que en última instancia, de existir oposición de los expropiados, resolverá sobre el justiprecio. Así las cosas, la intervención de la Comisión deberá limitarse a la comprobación de que la tramitación del proyecto se ha ajustado a la normativa vigente, que la documentación es suficiente para cumplir los preceptos legales y que el método de valoración efectuado se ha ajustado a los procedimientos legales.  
El artículo 23 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (en adelante LRSV) dispone que .a los efectos de expropiación, las valoraciones del suelo se efectuarán con arreglo a los criterios establecidos en la presente Ley, cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime.. De este modo, en ese simple control de legalidad que nos ocupa, de lo que se tratará fundamentalmente es de comprobar la adecuación del proyecto a esta Ley y a la normativa complementaria de la misma.  
Segundo. El expediente se ha tramitado conforme a lo establecido en los artículos 138 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, por lo que se han cumplido las garantías procedimentales exigibles.  
La STC de fecha 11 de julio de 2.001 declara inconstitucional el art.38 de la Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones, en el que se regulaba que, en la tramitación de las expropiaciones por tasación conjunta, el pago o depósito del importe de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el proyecto de expropiación habilitará para proceder a la ocupación de la finca. No obstante, y en virtud de la declaración de inconstitucionalidad de la Disposición derogatoria del Texto Refundido de la Ley del Suelo 1992 (efectuada por la STC 61/1997) que derogaba la Ley del Suelo de 1.976, se ha venido a rehabilitar dicho texto legal, en cuyo art.138 se recoge el mismo contenido legal que en el inconstitucional art.38. Por lo tanto, en defecto de regulación autonómica, y en virtud de la cláusula residual del art.149.3 de la Constitución, el procedimiento de tasación conjunta será el regulado por el art.138 de la Ley del Suelo de 1.976.  
Tercero. La tramitación del expediente no ha sido correcta, al faltar la publicación del Proyecto en el Boletín Oficial del Estado, pues únicamente se procedió a la información pública, mediante inserción de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia en el DOGV y en un Diario no Oficial de la Provincia, con lo que se incumple lo establecido en el artículo 202.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, que exige la publicación en el BOE. No obstante, la Comisión Territorial de Urbanismo considera que puede aceptarse la interpretación de no resultar exigible la publicación en el BOE, dado que se ha practicado publicación en el DOGV.  
Por otra parte, el proyecto ha de entenderse completo de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 del TRLS de 1976.  
Cuarto. La valoración del suelo debe efectuarse siguiendo los criterios del artículo 26 LRSV por tratarse de suelo no urbanizable y urbanizable no programado.  
Quinto. Tal y como dispone el artículo 203.1 RGU, la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados.  
A la vista de cuanto antecede la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 6 de marzo de 2006, acuerda:   
Aprobar definitivamente, el Proyecto de Expropiación Forzosa por Tasación Conjunta cuyo objeto es disponer de terrenos para la creación de un polígono industrial y con el fin de que puedan establecerse industrias y servicios para la zona, en el municipio de Siete Aguas.  
Aprobar las valoraciones de bienes y derechos a expropiar, así como resolver todas las alegaciones presentadas por los interesados en el presente procedimiento.  
Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados.  
Contra el presente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, en lo que atañe al punto 3, se puede interponer recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente, según dispone el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del Título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las Consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación.  
En su caso las Administraciones Públicas pueden formular requerimiento de anulación o revocación según dispone el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente por analogía con el artículo 74.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano y artículo 55 del Título IX del Decreto 81/2003, de 27 de junio, del Consell de la Generalitat, que establece la estructura orgánica de las Consellerias de la administración de la Generalitat, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación. El citado artículo 44 de la Ley 29/1998 establece literalmente:  
Art. 44.1. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga Recurso Contencioso Administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.  
En el supuesto de no formular el requerimiento indicado, las Administraciones Públicas podrán interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, conforme a lo previsto en el artículo 46-1 de la citada Ley 29/98.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.  
Respecto de los puntos 1 y 2 no cabe recurso alguno por tratarse de actos de trámite que no dan lugar a la imposibilidad de continuar un procedimiento ni producen indefensión.  
Asimismo, procede notificar la presente resolución a los interesados titulares de bienes que figuren en el proyecto de expropiación, acompañando a éste copia de la correspondiente hoja de justiprecio y significándoles que, en el plazo de los 20 días hábiles siguientes al de recibo de tal notificación, podrán manifestar por escrito ante esta Comisión Territorial de Urbanismo su disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado. Si en tal plazo los interesados no formulan oposición a la valoración, se entenderá aceptada la que se fija en el acto presente de aprobación del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.  
De las hojas de aprecio impugnadas se dará traslado por esta Comisión, junto con el expediente, al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia, y la tasación de los bienes se hará de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la Ley sobre régimen del suelo y valoraciones.  
Lo que se certifica con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente y a reserva de los términos precisos que se deriven de la misma, conforme lo autoriza el artículo 27-5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).  
Valencia, 6 de marzo de 2006.. El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: Álvaro Aleixandre Ortí.