Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6057, del 15-07-2009 (2009/8298)

Notificación de la resolución del recurso de alzada, referencia interna R-253/2009 a D. Francisco Cutillas Ortiz.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6057

Fecha DOGV
:   15-07-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/8298


Fecha del documento
:   02-07-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la resolución del recurso de alzada, referencia interna R-253/2009 a D. Francisco Cutillas Ortiz. [2009/8298]  
De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se procede a notificar a D. Francisco Cutillas Ortiz, C/ Julio Romero de Torres, nº 4, esc.2-1º izqda. (03766 Monovar) la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-253/09  
Valencia, 2 de julio de 2009. - La directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos: Mª Jesús Rodríguez Ortiz  
"Resolución de la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del recurso de alzada relativo al expediente de resolución de contrato de arrendamiento y desahucio administrativo por realización de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas (A-DAMC-0010/08) de la vivienda sita en Monovar (Alicante), Calle Julio Romero de Torres Nº 4, Esc-2, Piso-1, Pta-D (Cod. Vvda. 03/0930/0015).  
Datos del reclamante.  
Nº Expte Apellidos y Nombre.  
A-DAMC-0010/08 Cutillas Ortiz, Francisco  
Datos de la vivienda.  
Código Vivienda. 03/0930/0015.  
Domicilio: c/ J.Romero de Torres nº 4, Esc-2, Piso-1, Pta-D de Monovar (Alicante)  
Régimen: Arrendamiento.  
Adjudicatario: Francisco Cutillas Ortiz.  
I. Antecedentes.  
Cronológicamente expuestos, los hechos esenciales relativos a dicho expediente, son los siguientes:  
Primero. Con motivo de las visitas periódicas realizadas por personal adscrito a la Inspección de Patrimonio del IVVSA y según informe remitido por los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Monovar, se detectó que en el interior de la vivienda objeto de este expediente se producían altercados reiterados que molestaban de modo notorio el tranquilo vivir de los demás vecinos, teniendo los ocupantes una conducta antisocial reiterada y notoria, haciendo su carácter muy difícil la convivencia, lo que dio lugar a que por providencia de 29 de enero de 2008 se procediera a la incoación del presente expediente.   
Segundo. El 14 de febrero de 2008 se formuló el correspondiente pliego de Cargos que no pudo ser notificado directamente al interesado por encontrarse ausente de la vivienda, por lo que fue objeto de notificación por edictos y de publicación en el DOCV nº 5722 de 12 de marzo de 2008.  
Tercero. No habiéndose presentado por el interesado pruebas ni formulado alegaciones se consideró el citado pliego como propuesta de resolución y el 9 de julio de 2008 se dictó por la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos la correspondiente resolución en la que se acordaba la resolución de contrato y el desahucio por actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, que, como consta en la misma, y al no poder ser notificada al interesado después de dos intentos negativos, fue objeto de notificación por edictos y publicada en el DOCV nº 5809 de 18 de julio de 2008.  
Cuarto. El 30 de julio de 2008, fue presentado a través de los servicios de Correos escrito por el interesado en el que interponía recurso de alzada contra la referida resolución, acompañando la documentación que consideró oportuna a dicho fin.   
II. Fundamentos de Derecho.  
El artículo 57.5.2.h) de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, en relación con los artículos 181 y 182 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, de Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, y por su Disposición Adicional Quinta, en relación con los artículos 138 del D. 2114/1968, de 24 de julio, y artículo 30 del RD 2960/76, de 12 de noviembre, configuran como motivo de resolución administrativa de contrato de arrendamiento cuando en la vivienda, o en el resto del inmueble, tengan lugar actividades prohibidas en los estatutos o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.  
El artículo 27.1 y 2-párrafos d) y e), de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.  
Los artículos 20 y 24 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.  
El artículo 183 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, de Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, Artículos 142 y 161 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968, Artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, y Artículo 16 y siguientes del RD 1398/93, de 4 de agosto, respecto al procedimiento a seguir.  
El artículo. 143 del Decreto 2114/1968 de 24 de julio que reputa en todo caso el domicilio del interesado como la vivienda objeto del desahucio en relación con el artículo 59 y siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
III. Contestación a las alegaciones.  
En el presente caso resulta evidente que nos encontramos ante una verdadera situación de realización en el interior de la vivienda de actividades molestas consistentes en altercados reiterados que hacen difícil la convivencia con los demás vecinos, con conducta antisocial reiterada que no sólo ha sido apreciada directamente por el personal adscrito a la Inspección de Patrimonio del IVVSA sino también por los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Monovar que en informe emitido al efecto y sobre Francisco Cutillas manifiestan que: "las relaciones con los vecinos son muy conflictivas, provocando continuas discusiones y generando malestar y miedo entre los vecinos", añadiendo que: "la convivencia con este vecino es insoportable". Por tanto de los documentos que dan lugar a la incoación del expediente, se desprende claramente que el adjudicatario produce constantes altercados que molestan de modo notorio el tranquilo vivir del resto de los vecinos, lo que hace necesaria una actuación inmediata en el edificio, que se encuentra, por este motivo, en una situación de grave deterioro.  
Con respecto a las alegaciones formuladas en el escrito de interposición del recurso, sobre que la convivencia es correcta y que las imputaciones no son reales no pueden ser admitidas ni desvirtúan la causa que dio lugar a la apertura del expediente, más si tenemos en cuenta que el informe que acompaña a su recurso del Secretario de la Comunidad es de fecha muy posterior a la de incoación del expediente y que, por el contrario, los informes que dieron lugar a la iniciación del procedimiento son producto de un seguimiento prolongado realizado tanto por personal adscrito a la Inspección de Patrimonio del IVVSA como por los Servicios Sociales municipales, a los que no pueden oponerse las manifestaciones de un presidente y secretario de comunidad que parece ser que se encuentran presionados por las desagradables circunstancias del caso. Por otro lado las manifestaciones del adjudicatario no han sido objeto de prueba (hubiera sido suficiente la presentación de firmas de los vecinos sobre su buena conducta) no pudiéndose considerar prueba suficiente el que se haya comprometido al abono de las cuotas por gastos comunes.  
A este respecto es reiterada, constante y uniforme la doctrina de nuestro Tribunal Supremo (SSTS 23-05-1996, 16-07-2001 y 23-04-2001) que indica que las actas de inspección " son instrumentos válidos y adecuados para completar y facilitar la labor inspectora y alcanzar valor probatorio por el hecho de su aceptación por el inspector, así como que el valor probatorio de las actas elaboradas por los servicios administrativos de inspección, con el alcance que les otorga la jurisprudencia puede ser eficaz para enervar el derecho a la presunción de inocencia; que las actas de la Inspección pueden constituir un medio de prueba susceptible de lograr el convencimiento del Tribunal sobre los hechos a que se refiere la documentación de la actuación inspectora sometida a control jurisdiccional (SSTS de 5-12-1997, 16-01-1998 y 5-12-1998) y que ese valor probatorio solo puede referirse a los hechos comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que los inspectores consignen en las actas y diligencias (Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990)". Así mismo "las infracciones pueden deducirse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1253 del Código Civil, cuando entre un hecho o hechos demostrados y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano". Esta doctrina alcanza rango legal en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.  
En virtud de lo anterior es por lo que solo se puede considerar que las circunstancias que se dan en el presente caso se corresponden con las que tiene en cuenta la normativa aplicable para dar lugar a la resolución del contrato y desahucio por actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, resultando procedente, con desestimación del recurso presentado, confirmar la resolución de la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos frente a la que se ha presentado esta alzada.  
RESOLUCIÓN  
Visto el expediente, se deduce que ha quedado acreditado que el adjudicatario de la vivienda objeto del expediente incurre en causa de resolución administrativa de contrato de arrendamiento por realización en la vivienda de promoción pública arrendada de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.  
Vistos los hechos, las disposiciones legales citadas y las de general aplicación, así como la propuesta de la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda resuelve la desestimación del recurso de alzada.  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de recibo de la misma, a tenor de los Arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.  
En Valencia, a 2 de abril de 2009.- La secretaria autonómica de medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: María Ángeles Ureña Guillém."