Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 1527, del 23-04-1991 (1991/820920)

DECRETO 46/1991, de 20 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se establece el número, composición y normas de funcionamiento de las juntas arbitrales del transporte en la Comunidad Valenciana.
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Estado**DEROGADA**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/1991/03/20/46/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   1527

Fecha DOGV
:   23-04-1991

Sección del DOGV
:   DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   1991/820920


Fecha del documento
:   20-03-1991

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Decreto

Análisis jurídico

Decreto 46/1991, de 20 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se establece el número, composición y normas de funcionamiento de las juntas arbitrales del transporte en la Comunidad Valenciana.  
La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, creó las juntas arbitrales del transporte como un instrumento para resolver de forma extrajudicial las controversias que pudieran surgir, derivadas del cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera.  
El reglamento que desarrolla la citada ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado mediante el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre establece las normas matrices para su funcionamiento.  
Dada la especial importancia que el sector del transporte de mercancías tiene en la Comunidad Valenciana y que se ve acrecentada al unirse a su consideración el transporte internacional y de viajeros, se ha considerado conveniente la inmediata puesta en funcionamiento en su territorio de las juntas arbitrales del transporte.  
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.e) y 35.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, en relación con el artículo 12 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, a propuesta del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y previa deliberación del Gobierno Valenciano en su reunión del día 20 de marzo de 1991,  
DISPONGO:  
Artículo primero  
Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán de aplicación a las actuaciones de las juntas arbitrales del transporte en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.  
Artículo segundo  
Existirán tres juntas arbitrales del transporte en el territorio de la Comunidad Valenciana, que tendrán su sede en las ciudades de Alicante, Castellón y Valencia, respectivamente.  
Artículo tercero  
Cada una de las Juntas estará compuesta por el presidente y tres vocales, designados todos ellos por la Dirección General de Transportes.  
El presidente, que será licenciado en derecho, y un vocal serán nombrados entre personal de la Administración con conocimiento de las materias de competencia de la junta.  
Las otras dos vocalías restantes serán ocupadas: una por un representante de los cargadores o usuarios, y la otra por un representante de las empresas de transporte o de actividades auxiliares y complementarias de éste. Los citados nombramientos se llevarán a cabo por la Dirección General de Transportes. En las dos últimas vocalías mencionadas, la designación recaerá en las personas propuestas por las organizaciones empresariales y de usuarios más representativas y las personas así designadas actuarán según cual sea el sector del transporte a que se refiera la controversia.  
La determinación de la mayor representatividad se realizará de acuerdo con la normativa vigente.  
La Dirección General de Transportes designará el secretario de cada una de las juntas, cargo que recaerá en el vocal miembro de la Administración.  
Podrán designarse miembros suplentes tanto del presidente como de los vocales de las juntas.  
Artículo cuarto  
1. Las juntas arbitrales en el ejercicio de sus funciones podrán:  
a) Resolver, con los efectos previstos en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, las controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera entre las partes intervinientes o que ostenten un interés legítimo en los mismos, que sean sometidas a su conocimiento, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Estarán excluidas de la competencia de las juntas las controversias de carácter laboral o penal.  
b) Informar y dictaminar, a petición de la Administración o de las personas que justifiquen un interés legítimo, sobre las condiciones de cumplimiento dé los contratos de transporte terrestre y de actividades auxiliares y complementarias de transporte por carretera, las cláusulas generales y particulares de su ejecución, las incidencias derivadas de dicha ejecución, las tarifas aplicables y los usos de comercio de observancia general.  
c) Actuar como depositarias y realizar, en su caso, la enajenación de las mercancías no retiradas que corrieran riesgo de perderse o cuyos portes no hayan sido pagados, a fin de garantizar la percepción de los mismos por el transportista.  
d) Realizar a instancia de cualquiera de los interesados, si existieran dudas o discusiones entre éstos sobre el estado de los efectos transportados, previamente al eventual planteamiento de las controversias a que se refiere el apartado a), las funciones de peritación sobre el estado de dichos efectos, procediendo en su caso a su depósito.  
e) Las demás que, para facilitar el cumplimiento del contrato de transportes y para proteger los intereses de los transportistas y de los usuarios o cargadores, le sean expresamente atribuidas legalmente.  
2. Las funciones previstas en el punto anterior serán ejercidas por las juntas en relación con los transportes terrestres y, asimismo, con los que se desarrollen en virtud de un único contrato por más de un modo de transporte siempre que uno de éstos sea terrestre.  
Artículo quinto  
La competencia de las juntas para la realización de las actuaciones previstas en los apartados a) y b) del artículo 4, vendrá determinada por el lugar de origen o destino del transporte, o el de celebración del pertinente contrato, a elección del peticionario o demandante. En cuanto a los apartados c) y d) del citado artículo, la junta competente será la del territorio en que se encuentren situadas las mercancías.  
Artículo sexto  
El laudo emitido por la junta se acordará por mayoría simple de sus miembros, dirimiendo los empates el voto de calidad del presidente La Junta podrá dictar el laudo siempre que cuente con la presencia del presidente y un vocal.  
Artículo séptimo  
Los laudos dictados por la junta tendrán los efectos previstos en la legislación general de arbitraje, cupiendo únicamente contra ellos recurso de anulación y de revisión por las causas específicas en ella previstas. Transcurridos diez días desde que fuera dictado el laudo, podrá instarse su ejecución ante el Juez de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado, siendo en tal caso aplicables, asimismo, las previsiones de la legislación general de arbitraje.  
Artículo octavo  
No será preceptiva para las actuaciones ante la junta la asistencia de abogado ni procurador. Ello no obstante las partes podrán conferir su representación mediante escrito dirigido a la junta o comparecencia ante su secretaría.  
Artículo noveno  
Las actuaciones de las juntas previstas en el apartado a) del artículo 4 tendrán carácter gratuito, con excepción de los gastos que se generen por la práctica de las pruebas necesarias para la resolución de la controversia planteada.  
El pago de las costas se regirá por lo dispuesto en la legislación general de arbitraje.  
DISPOSICIONES FINALES  
Primera  
En todo lo no previsto en el presente decreto será de aplicación para la actuación de las juntas arbitrales del transporte lo dispuesto en la Legislación General de Arbitraje.  
Segunda  
Se faculta al Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para el desarrollo, interpretación y aplicación del presente decreto.  
Tercera  
La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Valencia, 20 de marzo de 1991.  
El Presidente de la Generalitat Valenciana  
JOAN LERMA I BLASCO  
El Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,  
EUGENIO BURRIEL DE ORUETA


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