Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3655, del 29-12-1999 (1999/10522)

ORDEN de 22 de diciembre de 1999, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas en materia de prevención de riesgos laborales en minería y pirotecnia.
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Número DOGV
:   3655

Fecha DOGV
:   29-12-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1999/10548


Fecha del documento
:   22-12-1999

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * seguridad en el trabajo
    * apoyo económico
    * explotación minera
    * fuegos artificiales
    * explosivo

ORDEN de 22 de diciembre de 1999, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas en materia de prevención de riesgos laborales en minería y pirotecnia. [1999/M10839]
  
La actividad minera y la de fabricación de artificios pirotécnicos, conforman dos sectores en los que como consecuencia de las condiciones propias de estas industrias existen, además de los riesgos que pueden encontrarse en otros sectores de actividad, algunos muy específicos. Tradicionalmente en estos sectores ha existido una elevada siniestralidad laboral, por lo que se hace preciso aunar esfuerzos mediante la colaboración de las partes implicadas: administraciones, empresas y trabajadores, en el marco de sus respectivas competencias y responsabilidades.
  
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 5 establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. Del mismo modo, las administraciones públicas fomentarán aquellas actividades en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y la promoción de estructuras eficaces de prevención.
  
La referida Ley de Prevención de Riesgos, igualmente establece en su disposición derogatoria única, que no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el capítulo IV de Real Decreto 3.255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero, y en sus normas de desarrollo, así como las del Real Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias. Por otro lado, en su artículo 7, señala que, entre otras, las funciones relacionadas con la promoción de la prevención, continuaran siendo desarrolladas, en lo referente a trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera, a los que impliquen fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos o el empleo de energía nuclear, por los órganos específicos contemplados en su normativa reguladora.
  
La Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, tiene atribuidas competencias en materia de régimen minero. En el ejercicio de tales competencias procede a establecer un régimen de ayudas que tienda a conseguir la promoción de la prevención en las empresas de los sectores minero y pirotécnico radicadas en la Comunidad Valenciana.
  
Por último se señala que las ayudas que se concedan de acuerdo con lo previsto en la presente orden lo serán en el marco de la Comunicación de la Comisión 96/C 68/06 (DOCE C 68.6 de marzo de 1996).
  
Por ello y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, del Gobierno Valenciano, y el artículo 47 de la Ley de Hacienda Pública Valenciana,
  
ORDENO
  
CAPÍTULO I
  
Régimen de ayudas
  
Artículo 1. Objeto y ámbito
  
1. El objeto de la presente orden es establecer el régimen de concesión de ayudas en materia de prevención de riesgos laborales en las actividades minera y pirotécnica, para las acciones que se indicarán, desarrolladas en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que al efecto establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2000.
  
2. El régimen de ayudas será de aplicación tal y como se determina en los siguientes artículos.
  
Artículo 2. Acciones apoyables
  
1. Las ayudas podrán ir destinadas a las actuaciones siguientes:
  
a) Formación minera y pirotécnica:
  
Acciones formativas cuyo objetivo fundamental sea conseguir una buena cualificación técnica de los trabajadores y empresarios de los referidos sectores, a efectos de reducir la accidentalidad en las explotaciones mineras, en los establecimientos de beneficio y en los talleres de pirotecnia.
  
b) Fomento:
  
Elaboración de proyectos, estudios, u otras acciones, cuyo objetivo fundamental se relacione con la investigación y desarrollo en materia de seguridad en minería y pirotecnia.
  
c) Factores humanos:
  
Acciones cuyo objetivo fundamental se relacione con la elaboración de campañas o actividades específicas dirigidas a conseguir un nivel adecuado de competencia en todos los trabajos desarrollados en las explotaciones mineras, establecimientos de beneficio y talleres de pirotecnia, y a erradicar el alcohol y las drogas de las actividades mineras y pirotécnicas.
  
2. Las ayudas que se establecen en la presente orden tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.
  
3. Las subvenciones concedidas podrán alcanzar una cuantía máxima de hasta el 100% del coste total de las actividades a realizar. En el caso de actuaciones formativas, serán subvencionables los conceptos imputables a la acción formativa y los gastos necesarios para su realización.
  
4. El importe de las presentes ayudas no podrá hacer que el importe total de las ayudas de minimis que reciba la empresa durante un periodo de tres años sea superior al límite de 100.000 euros.
  
Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas
  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas:
  
a) Las empresas que desarrollen actividades mineras así como las empresas dedicadas a la fabricación de productos pirotécnicos en talleres de pirotecnia oficialmente autorizados, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Valenciana.
  
b) Las instituciones tanto publicas como privadas sin ánimo de lucro con sede en la Comunidad Autónoma Valenciana.
  
CAPÍTULO II
  
Procedimiento
  
Artículo 4. Presentación de solicitudes y plazo
  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente orden, deberán dirigirse a la Dirección General de Industria y Energía y se presentarán en el impreso normalizado, en el Registro General de la Conselleria de Industria y Comercio o en cualesquiera otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan:
  
a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y de su representante legal, en su caso.
  
b) En su caso, documentación acreditativa de hallarse el solicitante al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, cuya vigencia deberá extenderse hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
  
c) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se han presentado con anterioridad ante la Conselleria de Industria y Comercio y no han experimentado variación.
  
d) Memoria descriptiva de la actuación para la que se solicita la ayuda y su repercusión en relación con la prevención de riesgos laborales, con expresión de las fases y plazos de realización y finalización que necesariamente será dentro del ejercicio 2000, así como presupuesto detallado por partidas o factura proforma. Para las acciones de formación, se desglosará el presupuesto teniendo en cuenta: la naturaleza de la acción formativa, su ámbito de aplicación(colectivo/empresa), ubicación y acomodación de horarios, consumo de material para prácticas, alquileres y utilización de equipos, dirección, coordinación y publicidad, transporte y mantenimiento, gastos de profesorado, medios didácticos y personal auxiliar, otras obligaciones imprescindibles para la materialización del curso o actividad formativa.
  
e) Declaración responsable, si procede, de las ayudas de minimis concedidas por cualquier proyecto a la empresa durante los tres últimos años, contados desde la primera ayuda obtenida por la norma de minimis, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara; o en su caso, declaración de no haber recibido ninguna.
  
3. Las solicitudes se presentarán con anterioridad a la realización del proyecto o actuación.
  
4. Los solicitantes podrán ejecutar los proyectos a partir de 1 de enero de 2000, sin esperar a que la concesión de la ayuda se produzca y sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente se adopte.
  
5. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y el 31 de marzo de 2000.
  
6. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición
  
Artículo 5. Criterios de evaluación de las solicitudes
  
Para la concesión de las ayudas se valorará especialmente:
  
a) El grado de adecuación de los proyectos o actuaciones al objetivo de estas ayudas, reducción de las causas de siniestrabilidad en las actividades mineras y pirotécnicas.
  
b) La naturaleza e interés del proyecto de acuerdo con lo especificado en el artículo 2 anterior.
  
c) La incidencia sobre el mayor número de beneficiarios de la acción.
  
d) El menor tamaño de la empresa.
  
Artículo 6. Estudio y evaluación de las solicitudes
  
1. Para el estudio y evaluación de las solicitudes presentadas y la elaboración de las correspondientes propuestas de concesión o denegación de las subvenciones y, en su caso determinación de la cuantía de la ayuda, se crea una Comisión de Evaluación, presidida por el director general de Industria y Energía y cuyo vicepresidente será el Jefe del Area de Industria y Energía. Serán vocales, los tres directores Territoriales de Industria y Comercio y el jefe del Servicio de Minas, que además actuará como secretario de la misma.
  
2. La evaluación se efectuará atendiendo a los criterios de prioridad definidos en el artículo 5.
  
3. El régimen jurídico de la Comisión es el establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Artículo 7. Resolución de la concesión de ayudas
  
1. La Dirección General de Industria y Energía podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.
  
2. Evaluadas las solicitudes, el conseller de Industria y Comercio dictará resolución de concesión de ayudas, a propuesta de la Dirección General de Industria y Energía, fijando expresamente la cuantía e incorporando en su caso las condiciones y obligaciones que afecten al desarrollo del proyecto. Asimismo, podrán establecerse plazos parciales para que el beneficiario ejecute como mínimo un determinado porcentaje del proyecto y para la justificación del cumplimiento de otras condiciones.
  
3. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
4. El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen para la concesión de las ayudas que se establecen en la presente orden será de tres meses contados desde la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución se entenderá desestimada la solicitud de concesión de ayuda, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
5. Las resoluciones a que se refieren los párrafos anteriores agotan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de 2 meses a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución correspondiente.
  
Artículo 8. Resolución de incidencias
  
1. El órgano competente para la concesión de las ayudas contempladas en la presente orden, resolverá las incidencias que se produzcan con posterioridad a dicha concesión y en especial los supuestos de:
  
- Cambios de titularidad.
  
- Cambios de ubicación.
  
- Prórrogas para la ejecución del proyecto o actuación y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión con carácter excepcional.
  
- Modificaciones justificadas del proyecto inicial.
  
- Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto o acción a los efectos de liquidación de la ayuda.
  
2. El beneficiario deberá comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
  
Artículo 9. Control de las acciones
  
1. La Dirección General de Industria y Energía, por sus propios medios o a través de sus servicios territoriales, realizará el control y seguimiento de los proyectos o actuaciones por medio de las inspecciones que estime necesarias, emitiendo certificado final de conformidad a los objetivos del proyecto aprobado, que servirá de base para la tramitación del correspondiente expediente de liquidación de la subvención concedida.
  
2. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, en relación con las subvenciones o ayudas concedidas.
  
Artículo 10. Liquidación de las ayudas
  
1. La liquidación de las ayudas se efectuará una vez ejecutado el proyecto en su totalidad o en las fases previstas, de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados para la concesión de la ayuda.
  
2. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los beneficiarios, en el plazo de un mes desde la ejecución del proyecto o de las fases previstas, y en todo caso con anterioridad al 1 de octubre de 2000 y salvo que por circunstancias concurrentes se determine un plazo distinto en la resolución de concesión de la ayuda, deberán presentar:
  
a) Documentación acreditativa del gasto efectuado, de acuerdo con la normativa vigente.
  
b) Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se hubieran establecido en la resolución de la concesión de la ayuda.
  
3. No será subvencionable el impuesto sobre el valor añadido (IVA) satisfecho por la adquisición de bienes y servicios , y en general cualquier impuesto pagado por el beneficiario.
  
Artículo11. Minoración y resolución de las ayudas
  
1. La alteración de alguna de las características de la acción aprobada, el incumplimiento de condiciones y plazos establecidos en la resolución, la no ejecución parcial de la inversión, la falta de justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas o privadas que en su conjunto excedan de los límites establecidos, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.
  
2. El incumplimiento por el beneficiario de cualesquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención o la falta de justificación de la realización del proyecto o actuación, dará lugar a la incoación por el órgano competente para la concesión de las ayudas del correspondiente expediente que podrá finalizar en su caso, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
La concesión de las ayudas previstas en esta orden estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para ello en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2000.
  
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública y de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2000, por orden de la Conselleria de, Industria y Comercio se dará publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo destinado a la concesión de las ayudas previstas en la presente disposición.
  
Segunda
  
En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o en su caso emitidos y cuando no hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento , el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta al director general de Industria y Energía para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 22 de diciembre de 1999
  
El conseller de Industria y Comercio,
  
FERNANDO V. CASTELLÓ BORONAT