Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4275, del 20-06-2002 (2002/6005)

Notificación a don Máximo Silla García. Expediente número R-366/2001.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4275

Fecha DOGV
:   20-06-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/6005


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a don Máximo Silla García. Expediente número R-366/2001. [2002/M6005]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Máximo Silla García, calle de Ausias March, número 1-7ª, 46373 Carlet, la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-366/2001.
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada formulado por don Máximo Silla García contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, en el expediente por solicitud de visado y de ayudas económicas directas para adquisición de una vivienda a precio tasado número 46/1T/2033/2000/244.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Don Máximo Silla García y doña Isabel Zamora Piquer, adquirentes de una vivienda ya construida (VYC), mediante escritura de compraventa de fecha 18 de septiembre de 2000, presentaron en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, solicitud de visado y de ayudas económicas directas el día 20 de noviembre de dicho año.
  
2. Mediante escrito, remitido por carta certificada con acuse de recibo de fecha 19 de diciembre de 2000, el Servicio Territorial requirió a los interesados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76, en relación con el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC) modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a fin de que subsanaran los reparos que en dicho escrito se relacionaban.
  
3. Ante el incumplimiento del requerimiento, mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2001, el Servicio Territorial comunicó a los interesados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 92 de la meritada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC, que disponían de un plazo máximo de tres meses para cumplimentar el mismo, advirtiéndoles que de no hacerlo, se procedería a dictar resolución declarando la caducidad y consiguiente archivo del expediente.
  
Según consta en el reverso del acuse de recibo obrante en el expediente dicha notificación fue recibida el 15 de marzo de 2001.
  
4. A la vista del expediente, transcurrido el plazo de tres meses concedido, el jefe del Servicio Territorial, en fecha 24 de septiembre de 2001, dictó resolución declarando la caducidad del procedimiento iniciado a solicitud del interesado, con archivo de todas las actuaciones practicadas en el mismo, al no haber sido subsanados los siguientes reparos:
  
- Falta: una fotocopia compulsada de los DNI de ambos solicitantes.
  
- Falta: en relación a Máximo Silla García e Isabel Zamora Piquer:
  
- En el supuesto de tener la obligación fiscal de autoliquidar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, deberán aportar las declaraciones del citado impuesto de todos los miembros de su unidad familiar, correspondientes al período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido (IRPF 1999) a la solicitud de financiación cualificada.
  
- En el supuesto de que alguno de los miembros de su unidad familiar no tenga obligación fiscal de realizarla, deberán aportar la notificación-liquidación de los cálculos efectuados por la Agencia Tributaria en relación con la solicitud de devolución (modelos 104 ó 105).
  
- En el caso de que no hubiesen tenido obligación fiscal de realizar la declaración del IRPF y que tampoco hubiesen cursado las solicitudes de devolución rápida (modelos 104 ó 105), deberán aportar declaración responsable de los ingresos percibidos durante el año 99, por cada uno de los miembros de la unidad familiar que se encuentren en este supuesto, debiendo adjuntar a la misma la siguiente documentación: informe de vida laboral, certificado o certificados de retenciones emitidos por las empresas en las que haya prestado servicios, contrato o contratos de trabajo, prórrogas de los mismos, nóminas; en el supuesto de pensionista, el certificado de la pensión y si se trata de trabajadores con prestación o subsidio de desempleo, se aportará el certificado del INEM: todo ello, sin perjuicio de que puedan acreditar cualquier otro rendimiento computable a efectos de determinar la base imposible del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
  
- Falta: deberán aportar una fotocopia compulsada de la escritura de compraventa. La fotocopia aportada en la solicitud de ayudas no está compulsada.
  
- Falta: deberán aportar una modificación de la escritura de compraventa de la vivienda objeto del expediente en el sentido de que consten expresamente, mediante cláusula, que el comprador se compromete a obtener préstamo cualificado.
  
- Dado que en la escritura de compraventa no consta la cláusula obligatoria de no cesión, deberá practicarse la oportuna rectificación de la escritura incluyendo la siguiente cláusula como establece el artículo 12 del Real Decreto 1.186/1998, de 12 de junio, en relación con el artículo 14 del Decreto 173/1998, de 20 de octubre: «La vivienda objeto de la presente compraventa, no podrá ser cedida inter vivos por ningún título durante el plazo de cinco años, a contar desde la formalización del préstamo cualificado, sin cancelar el mismo y recabar autorización de los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, previo reintegro a las administraciones concedentes de las ayudas, la totalidad de los importes recibidos, incrementados con los intereses legales devengados desde su percepción». Deberá presentar una fotocopia compulsada de la escritura rectificada, una vez presentada en el Registro de la Propiedad.
  
- En la escritura no consta la cláusula obligatoria de residencia habitual, por lo que deberá practicarse la oportuna rectificación de la escritura, incluyendo la siguiente cláusula: «La parte compradora manifiesta que la vivienda adquirida va a ser destinada a residencia habitual y permanente, comprometiéndose a ocuparla en el plazo de tres meses desde su entrega, salvo prórroga autorizada por la administración competente». Deberá presentar una fotocopia de la escritura rectificada, una vez presentada en el Registro de la Propiedad.
  
Según consta en el expediente dicha resolución fue recibida en 13 de octubre de 2001.
  
5. Contra la citada resolución, don Máximo Silla García interpuso recurso de alzada en tiempo y forma, con las alegaciones que constan en el mismo y a los que nos remitimos en aras de la brevedad. Junto con el escrito de recurso se acompaña:
  
- Escritura con la inclusión de las cláusulas obligatorias.
  
- Fotocopia compulsada de los DNI de los solicitantes.
  
- Declaración de la renta del ejercicio 1999 de doña Isabel Zamora Piquer.
  
- Declaración responsable de don Máximo Silla.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 4.165 de 10 de enero de 2002).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115 de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
3. A tenor de lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC, «En los procedimiento iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado».
  
4. Asimismo el artículo 47 de la meritada Ley 30/1992 dispone que «Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes, obligan a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos».
  
5. En el caso que nos ocupa, examinada la documentación obrante en el expediente se comprueba:
  
1º. Que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los requisitos procedimentales y específicamente, el requerimiento de subsanación de reparos y la advertencia de caducidad de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2º. Que la documentación aportada por el recurrente, no desvirtúa el hecho de que desde la fecha de recibo del requerimiento hasta la fecha en que se dictó la resolución de caducidad y consiguiente archivo del expediente, transcurrieron sobradamente en la instrucción del expediente los plazos señalados en la legislación vigente.
  
3º. Que la documentación que acompaña al recurso se ha presentado una vez incumplidos los plazos para aportar documentos o subsanar las faltas del expediente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 92 en relación con el artículo 57.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
  
6. La concesión por parte de la administración de las ayudas económicas para adquisición de vivienda, constituye en principio una actividad reglada a la que debe sujetarse la actividad administrativa, lo cual no permite al órgano que resuelve, decidir ponderando las circunstancias que concurren en cada caso a fin de no convertir el control en arbitrariedad.
  
Por lo expuesto, no desvirtuando lo aducido por el recurrente, el contenido de la resolución de caducidad impugnada, procede confirmar la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Máximo Silla García contra Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, de fecha 24 de septiembre de 2001, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente.