Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6118, del 07-10-2009 (2009/11190)

Suspensión del procedimiento de aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector PAU-1 El Murtal.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6118

Fecha DOGV
:   07-10-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2009/11679


Fecha del documento
:   09-09-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Benidorm

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * Benidorm
    * plan de urbanismo
    * administración local

Suspensión del procedimiento de aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector PAU-1 El Murtal. [2009/11313]  
Por medio del presente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a determinados interesados en el Proyecto de Reparcelación del Sector PAU-1 El Murtal, el Decreto del concejal de Urbanismo de fecha 23 de julio de 2009, que se transcribe literalmente:   
«Benidorm, 23 de julio de 2009.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por Decreto número 632 del concejal delegado de Urbanismo, de fecha 20 de enero de 2009, se acordó requerir al agente urbanizador para que en el plazo de un mes presentase ante este Ayuntamiento texto refundido del Proyecto de Reparcelación del Sector PAU-1 El Murtal, donde se incorporaran las correcciones y variaciones indicadas en la consideración jurídica segunda de dicha resolución.   
El anterior decreto fue notificado al agente público urbanizador el 27 de enero de 2009, tal y consta en el expediente administrativo.   
Segundo. El nuevo texto refundido tiene entrada en este Ayuntamiento el 27 de febrero de 2009 (RGE nº 6789), habilitándose al efecto un nuevo período de alegaciones contradictorias por 15 días, de conformidad con lo dispuesto en artículo 177 1.c de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV) en relación con el artículo 423.3 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística Valenciano, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo (ROGTU).   
Tercero. Tras este nuevo período de alegaciones contradictorias, se formulan por los interesados nuevos escritos de alegaciones que son informados por la asesoría externa, José Luis Martínez Morales, mediante informe de fecha 20 de julio de 2009.   
Cuarto. En dicho informe jurídico se informan, igualmente, los escritos presentados por TDA, SA, Promociones Carlos Meseguer, SL y Pueblo Nuevo, SL, con fecha 22 de junio de 2009, con RGE nº 21.100, 21.101, 21.103 y 21.104, en la medida que en estas nuevas alegaciones se aducen a determinadas cuestiones que deben de ser consideradas con anterioridad a la resolución del procedimiento.   
Concretamente, en estos últimos escritos se contiene una cuestión referida a la necesaria adaptación del coeficiente de canje o retribución a la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 2007, reivindicación que, lógicamente, afectaría a la reparcelación, por cuanto uno de los objetivos de los proyectos de equidistribución es materializar la retribución del urbanizador, proponiéndose en el citado informe jurídico -ante la inseguridad jurídica derivada de un posible y anunciado planteamiento de un incidente de ejecución de la sentencia- el requerimiento a dichos propietarios para que la planteen y -hasta tanto se resuelva- la suspensión del procedimiento.   
Quinto. Con fecha 20 de julio de 2009 es notificada a este Ayuntamiento sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Alicante nº 341/2009, de fecha 15 de julio de 2009, por el se acuerda «Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Jaime Eusebio Llinares Leicht contra la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Benidorm, de 5 de junio de 2007, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra el acuerdo del pleno de 2 de abril de 2007, por el que se dejó sin efecto el anterior acuerdo plenario de 30 de mayo de 2005 y se optó por pagar en suelo las cargas de urbanización correspondientes al 10 por ciento del aprovechamiento lucrativo municipal, en el sector PAU I el Murtal.»  
Esta nueva sentencia, aún cuando no es firme, podría tener una incidencia directa en el acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación, dado que en dicho instrumento se materializa la retribución del urbanizador.   
Consideraciones jurídicas  
Primera. El artículo 72.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) dispone que «Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello».  
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de ley. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.  
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.  
3. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.  
4. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.  
En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.»  
Este precepto, en definitiva, permite que en un procedimiento en curso, de oficio, se adopte la medida cautelar de suspensión o cualquier otra que se estime oportuna, hasta en tanto se resuelva otro procedimiento (administrativo o judicial) cuya eficacia se anticipa y tiene carácter principal al acto resolutorio del procedimiento en el que se adopta la medida cautelar, a mayor abundamiento, el Ayuntamiento no puede quedar a expensas de cuándo y cómo decidan unos particulares promover el incidente de ejecución y, por otra parte, la posibilidad de que ese incidente se promueva una vez aprobada la reparcelación, provocaría que incidiese sobre un acto administrativo, cuya eficacia ya se habría iniciado, artículo 57 de la LPC, y que únicamente podría ser alterado a través del sistema de recursos, en tanto que si de la ejecución de la sentencia derivase alguna modificación sobre el proyecto actual, sería mucho más simple, jurídicamente hablando, la adaptación.   
Segunda. En el informe jurídico de la asesoría externa y en relación con la petición de la alteración del coeficiente de retribución expresamente se mantiene que «[?] Cuestión distinta es, sin embargo, la referida al coeficiente de canje o retribución. En los escritos mencionados se insiste por las mercantiles en lo alegado en el trámite ordinario -no es, por tanto, novedosa su posición-, es decir, en la necesidad de adecuar dicho coeficiente a la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 2007; lo cierto es que se ha venido alegando, la existencia de una relación directa entre aquella sentencia y la revisión de este aspecto, fundamental y determinante, en la reparcelación.»  
Al propio tiempo, se ha podido constatar que la actuación del Ayuntamiento y del propio agente urbanizador viene siendo la de acatar el fallo, pero entendiendo que el cumplimiento íntegro de la sentencia tiene que producirse en el seno o contexto del procedimiento de reparcelación, en tanto en cuanto implica que los factores o elementos alterados por la sentencia repercuten en las restantes magnitudes de la reparcelación, sin que sea posible llevar a cabo una aplicación o cumplimiento de la sentencia al margen de la reparcelación.  
Teniendo en cuenta, por otra parte, que la ejecución de sentencia puede ser instada primordialmente por quienes se han visto favorecidos por el fallo, continuar la tramitación de la reparcelación ignorando o soslayando que en cualquier momento se podría promover el incidente por las actoras, supone un riesgo excesivo, en tanto en cuanto si el incidente se promoviese una vez aprobada la reparcelación -como se afirma por las alegantes-, se crearía una situación confusa. Por consiguiente, habida cuenta los términos en los que se vienen pronunciando las mercantiles afectadas, se considera imprescindible que con carácter previo a la aprobación de la reparcelación, aprobación que sería inminente a la vista de las alegaciones y los informes que sobre ellas se han emitido, se debería requerir a las mercantiles actoras del procedimiento que concluyó con la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 2007 a que presentasen el oportuno incidente o, en su defecto, que el Ayuntamiento acordase la remisión del presente proyecto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde se ha de sustanciar el incidente de ejecución, con el fin de que el citado tribunal se pronuncie.  
Naturalmente, la inevitable demora que ha de suponer esta garantía de viabilidad de la reparcelación, con respecto a la sentencia, requiere adoptar la medida provisional de suspensión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 72 LPC, porque, como dispone dicho precepto, las medidas provisionales deben ser las adecuadas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, caso en que se encuentra el presente procedimiento.  
En consecuencia vengo en resolver:  
Primero  
Requerir a Pueblo Nuevo, SL, TDA, SA, y Promociones Carlos Meseguer, SL, para que en su condición de favorecidos por el fallo promuevan incidente de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 2007, en el plazo máximo de 15 días, a contar desde la notificación de la presente resolución, caso contrario, deberá de promoverse dicho incidente de ejecución por el propio Ayuntamiento.   
Segundo  
Suspender el procedimiento de aprobación del Proyecto de Reparcelación Forzosa del Sector PAU-1 El Murtal, hasta en tanto se resuelva el referido incidente de ejecución por el Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 2007.   
Tercero  
Notificar la presente resolución a todos los interesados.  
Así lo ha resuelto y firma el concejal delegado de Urbanismo, José Ramón González de Zarate Unamuno, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados, de todo lo cual, como secretario, doy fe.»  
Los interesados a los que debiendo practicar la notificación, no se ha podido llevar a cabo la misma, son:  
Guy Lanuza Bielli  
Mª Cristina Lanuza Bielli  
Biomarocio, SL  
Vicente Pérez Bolufer y Encarnación Cerdá Ferrer  
Juan Pérez Bolufer y Mª del Carmen Sirvent Aznar  
Francisco Mayor Berenguer y Rosa Cano Such  
Gilcapri, SL  
Francisco Montes Pardo y Teresa Pérez  
José Luis Agustín Fernández y esposa  
Sthepanie Lanuza   
Muriel Lawrence Celia Ravassard  
Cyril Rapale Julian Ravassard  
Vicente Orts Zaragoza  
Prometosa Construcciones, SL  
Benidorm, 9 de septiembre de 2009.- El concejal delegado de Urbanismo: José Ramón González de Zárate Unamuno.