Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6118, del 07-10-2009 (2009/11611)

ACUERDO de 1 de julio de 2009, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de los terrenos incluidos en el ámbito 5.02, Apertura sur del bulevar San Pedro, del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyameral en el municipio de Valencia.
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Número DOGV
:   6118

Fecha DOGV
:   07-10-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/11915


Fecha del documento
:   01-07-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * València
    * plan de urbanismo

ACUERDO de 1 de julio de 2009, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de los terrenos incluidos en el ámbito 5.02, Apertura sur del bulevar San Pedro, del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyameral en el municipio de Valencia. [2009/11058]  
Visto el expediente de referencia y de conformidad con los siguientes  
Antecedentes  
1. Tramitación  
Mediante Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 2 de abril de 2001 se aprobó el plan especial de protección y reforma interior del Cabanyal-Canyameral, entre cuyos objetivos fundamentales figuraba la regeneración y revitalización de los barrios mediante un conjunto de determinadas intervenciones sobre el tejido urbano destinadas a su reequipamiento dotacional. Una de las actuaciones que merece destacarse en la ordenación interna del barrio es la creación de un eje norte- sur constituido por un nuevo bulevar que conecta la zona dotacional al norte con el mercado del Cabanyal. La nueva avenida tiene una anchura de 48 metros con bloques de edificación de V plantas. Se señala además que esta nueva avenida constituye el eje vertebrador estructurante de los barrios de El Cabanyal-Canyameral con el frente marítimo y resto de la ciudad.  
La gestión del Plan se plantea concretando una serie de ámbitos de actuación a desarrollar por expropiación. Cada una de estas actuaciones tiene una ficha de gestión en la que se establecen sus datos superficiales y parámetros edificatorios, así como las condiciones para su desarrollo   
Con fecha 10 de enero 2005 se suscribió convenio entre la Conselleria de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Valencia para la gestión del Plan especial de protección y plan de reforma interior, contemplándose en el mismo la constitución de la entidad Cabanyal 7687 UP, que tiene por objeto llevar a término todas las actuaciones urbanísticas y de edificación necesarias para la rehabilitación del ámbito comprendido en el citado Plan especial.  
Mediante Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de 2 de junio de 2006 se designó a la entidad Cabanyal 2010, SA como beneficiaria de las expropiaciones a ejecutar para la obtención y gestión de los suelos dotacionales incluidos en el ámbito del Plan especial, procediéndose por dicha entidad a la elaboración de los proyectos de expropiación de los ámbitos de intervención 5.01 y 5.02 del Plan especial a los trámites norte y sur, respectivamente, del bulevar San Pedro.  
Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valencia de 30 de marzo de 2007 se encomendó a la Conselleria de Territorio y Vivienda la tramitación administrativa de los mencionados proyectos por el procedimiento de tasación conjunta. La competencia la tiene atribuida en virtud del art. 11 del Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
El procedimiento se inició en el ámbito 5.02 apertura sur por Resolución del conseller de Urbanismo y Transportes de 18 de abril de 2007. El proyecto se sometió a información pública, procediéndose a la publicación en el BOE núm. 226 de 20 de septiembre de 2007, en el BOP núm. 165 de 13 de julio de 2007, en el DOCV, núm. 5551 de 9 de julio de 2007, y en el diario Las Provincias de 19 de julio de 2007, así como mediante edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia.  
Asimismo se notificó a todos los titulares de bienes y derechos afectados, con traslado de la hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración, concediéndoles el plazo de un mes para la formulación de alegaciones.   
Durante el plazo de exposición pública se han presentado diversos escritos de alegaciones, que han sido informadas por la administración actuante.  
En fecha 13 de mayo de 2009 la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos, acuerda remitir los expedientes a la Comisión Territorial de Urbanismo, para su aprobación definitiva, proponiendo la estimación o desestimación, total o parcialmente de las alegaciones presentadas, de acuerdo con el informe técnico obrante en el expediente administrativo.  
En la Resolución de 13 de mayo de 2009 de la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos se hace mención a que La entidad beneficiaria Cabanyal 0685 EM ha presentado el proyecto de expropiación del ámbito 5.02 objeto del expediente actual con las modificaciones derivadas de la estimación de las alegaciones relativas a la medición de las fincas afectadas.  
Asimismo, también se dispone en la citada Resolución de 13 de mayo de 2009, que se ha aplicado un incremento del 20% a todas las valoraciones del citado proyecto de expropiación con el fin de adecuar el valor medio resultante del mismo al precio medio de adquisición que ha satisfecho Cabanyal, 8749 LR en la compra de las fincas afectadas por la expropiación con cuyos titulares se ha alcanzado acuerdo de adquisición.  
En fecha 14 de mayo de 2009 tiene entrada en el registro de este Servicio Territorial, la Resolución de la directora general de Vivienda junto con dos copias del proyecto de expropiación.  
2. Documentación  
El proyecto de expropiación incluye la relación de propietarios y demás titulares afectados por la expropiación y la descripción de los bienes y derechos a expropiar, en particular consta de:  
- Memoria  
- Fichas Individualizadas  
- Hojas de aprecio  
- Fichas registrales  
- Planos (situación, emplazamiento, régimen urbanístico, estado actual catastral, expropiación fincas afectadas, servicios afectados).  
3. Instrumento de planeamiento  
El Plan especial de protección y reforma interior del Cabanyal-Canyameral fue aprobado definitivamente por Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 2 de abril de 2001 (DOGV núm. 4029 de 26 de junio de 2001 y BOP núm. 142, de 16 de junio de 2001).  
4. Objeto  
El objeto del expediente es la expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de los inmuebles afectados en el expediente expropiatorio que se integran en el ámbito de actuación Apertura sur bulevar San Pedro 5.02 que abarca una superficie a expropiar de 3.646, 40 m² de suelo y 5.692 m² de vuelo, con un total de 63 fincas originarias, siendo 56 las fincas afectadas, de las cuales 21 han sido adquiridas por Cabanyal 2010, SA por acuerdo alcanzado con sus titulares, quedando actualmente 35 fincas restantes pendientes de obtención.  
5. Informe sectoriales  
En fecha 21 de mayo de 2009 se ha solicitado informe a la Gerencia Regional del Catastro de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, no habiéndose emitido hasta la fecha.  
El informe del citado organismo se centra en determinar si la valoración llevada a cabo para la expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de los bienes inmuebles se encuentra conforme o no con la normativa vigente.   
El citado informe no tiene carácter preceptivo según se ha podido verificar en la legislación aplicable al efecto. No obstante y en relación a la Gerencia Regional del Catastro se han de tener en cuenta las siguientes disposiciones:  
- La disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del suelo aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2008, que regula el sistema de información urbana, establece que:  
«Con el fin de promover la transparencia, la administración General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, definirá y promoverá la aplicación de aquellos criterios y principios básicos que posibiliten, desde la coordinación y complementación con las administraciones competentes en la materia, la formación y actualización permanente de un sistema público general e integrado de información sobre suelo y urbanismo, procurando, asimismo, la compatibilidad y coordinación con el resto de sistemas de información y, en particular, con el catastro inmobiliario.»  
- El artículo 35.1 del Reglamento de la Ley del catastro Inmobiliario aprobado por Real decreto 417/2006, de 7 abril, a cuyo tenor dispone:  
«1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.c) del texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario, las administraciones públicas actuantes en los procedimientos de concentración parcelaria, deslinde administrativo y expropiación forzosa están obligadas a comunicar a la gerencia o subgerencia del catastro competente por razón del territorio la resolución de dichos procedimientos.»  
- Y el art. 69.2 del Real Decreto 417/2006:  
«2. La administración competente para la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico generales y parciales deberá suministrar, previo requerimiento de las gerencias o subgerencias del catastro, copia íntegra de la documentación gráfica y alfanumérica del citado planeamiento que revista trascendencia catastral. Igualmente, las administraciones actuantes en los procedimientos de concentración parcelaria, deslinde administrativo y expropiación forzosa deberán suministrar, previo requerimiento de la correspondiente gerencia o subgerencia del catastro, toda la información del correspondiente procedimiento, complementaria a la recogida en el artículo 35, que afecte a la descripción de los bienes inmuebles y que revista trascendencia para el catastro inmobiliario.»  
6. Alegaciones  
Durante el periodo de exposición pública se han presentado diversas alegaciones que han sido informadas individualmente y que en función de su contenido u objeto de las mismas se pueden clasificar de la siguiente manera:  
1. Alegaciones formuladas conjuntamente para los ámbitos 5.01 y 5.02 por el Instituto de Defensa de lntereses Patrimoniales, Culturales y Artísticos del Cabanyal- Canyameral (IDIPCACC. Salvem el Cabanyal), suscrita por D. Faustino Villora Nicolau (RE 1359/07) y en las que se reclama, en primer lugar, la desestimación de la aprobación del expediente expropiatorio por las siguientes razones:   
- Principio de seguridad jurídica por estar sub iudice el PEPRI del Cabanyal-Canyameral.  
- Plazo de prescripción para la expropiación de las áreas de reserva para la ampliación del patrimonio público de suelo.  
- Carencia del PEPRI del Cabanyal-Canyameral de evaluación ambiental estratégica. Se adjunta informe de valoración de impacto ambiental emitido por D. Vicente-Agustín Cloquell Ballester como documento núm. 1.  
- Aplicabilidad de las normas reguladoras de la evaluación ambiental estratégica.  
- Constitución de la Sociedad Cabanyal 2010, SA.  
Subsidiariamente se manifiesta la disconformidad con los valores aplicados en el expediente expropiatorio, aportándose a tales efectos el informe emitido por las arquitectas doña M. José Casares Vivó y doña Irene Soriano Ferriol sobre los precios unitarios del suelo y construcción en los dos ámbitos expropiatorios (5.01 y 5.02), en base al cual se solicita la estimación de las hojas de aprecio presentadas por los interesados y el realojo de los mismos.  
Por parte del mencionado Instituto se ha presentado una segunda alegación conjunta para los dos ámbitos expropiatorios (RE 30728/08), suscrita por D. José Luís Ramos Segarra y en la que nuevamente se alude al plazo de prescripción para la expropiación de las áreas de reserva para la ampliación de los patrimonios públicos de suelo, solicitándose la declaración de caducidad de los expedientes expropiatorios y la anulación de las Resoluciones del conseller de fechas 18 de abril de 2007 por las que se inician los expedientes.   
2. Alegaciones presentadas por diversos interesados que se han adherido a las anteriores alegaciones del IDIPCACC. Salvem el Cabanyal y que, con carácter subsidiario, han manifestado su disconformidad con las valoraciones notificadas, presentando sus propias hojas de aprecio elaboradas a partir de los valores de suelo y construcción contenidos en el informe de las arquitectas doña M. José Casares Vivó y doña Irene J. Soriano Ferriol presentado por el mencionado instituto:   
- Alegación 14 (RE 1366/07) Ferrando Fernández, Juan Bautista, finca núm. 20 c / San Pedro, 55.  
- Alegación 26 (RE 1405/07) Furió Querol, Rafael, finca núm. 25 c/ San Pedro.  
3. Alegaciones formuladas por los interesados que también se han adherido a las formuladas por el citado IDIPCACC. Salvem el Cabanyal, pero con posterioridad a la terminación del plazo de exposición pública han presentado una tasación alternativa de Arquitasa a través de la instancia presentada en su nombre por la abogada doña Blanca Blanquer Prats (RE 3677/09), a la que se acompaña el correspondiente poder de representación:   
- Alegaciones 02 y 15(RE1263 Y RE 1370) Lluis Llorens Verdeguer, Tomas Llorens Verdeguer y Rosa M. Llorens Verdeguer, finca núm. 01 c/ San Pedro 75.  
- Alegación 06 (RE 1.344/07 y RE 3.677/09) Sanz Furió, Desamparados y Sanz Furió, Francisco, finca núm. 40 c/ San Pedro, 27 - bajo derecha (antes 27 y 29).  
- Alegación 09 (RE 1353/07 y RE 3.677/09) López Martínez, Antonio, finca núm. 50 c/ San Pedro, 23, 5 (antes 13).  
- Alegación 10 (RE 1.358/07 y RE 3.677/09) Safont Bernat, María Desamparados, finca núm. 59 c/ San Pedro, 13, 1-1.  
- Alegación 12 (RE 1.362/07 y RE 3677/09) Villora Escorihuela, Enric, Villora Escorihuela, Joaquim y Villora Escorihuela, Pilar, finca núm. 2, c/ San Pedro, 75, 1.  
- Alegación 13 (RE 1.363/07 y RE 3677/09) Furió Coll, Francisco, finca núm. 34, c/ Luis Despuig, 16 (antes San Pedro 27 y 29).  
- Alegación 16 (RE 1.378/07 y RE 3677/09) Moreno Aigües Manuel, finca núm. 58,c/ San Pedro, 13, bajo.  
- Alegación 23 (RE1.400/07 y RE 3677/09) Ballester Ballester, Antonio, finca núm. 3, c/ San Pedro, 73.  
4. Alegaciones presentadas por interesados en las que manifiestan su disconformidad con las valoraciones notificados y que van acompañadas de informe o tasación emitida por técnico competente:   
- Alegación 21 (RE 1.395/07) Joli Lozano, José Vicente y García Moya, Jerónima, finca núm. 41 c/ San Pedro, 27, bajo izquierda.  
- Alegación 25 (RE 1.404/07) García Beltrán, Pilar, finca núm. 48 c/ San Pedro, 23, 3 (antes 13).  
- Alegación 27 (RE 1.413/07) Juan Ignacio Sánchez Micó, en representación de Ferrandis Picornell, Lourdes, Ferrandis Picornell, Isabel, Ferrandis Picornell, Maria Teresa, y Ferrandis Picornell, Joaquín Santiago, finca núm. 10, c/ San Pedro, 61.  
- Alegación 28 (RE 1.430/07) Ballester Ortolá, Inmaculada, Ballester Ortolá, Gloria y Ballester Ortolá, Luís, finca núm. 10, c/ San Pedro, 61.  
- Alegación 29 (RE 1.432/07) Eduardo Margarit Solbes en representación del Arzobispado de Valencia, finca núm. 9, c/ San Pedro, 63.  
- Alegación 31 (RE 1.434/07) Mª Amparo Marco Cambrils en representación de Pallás Escribá, Antonia, Pallás Escribá, Manuel, Pallás Escribá, María Victoria y Pallás Escribá, Josefa, finca núm. 29, c/ San Pedro, 39.  
- Alegación 32 y 37 (RE 1.482 y 1.541/07) Llorens Santamaría, Francisco y Llorens Santamaría, Diego, finca núm. 31, c/ San Pedro 35, finca núm. 32, c/ San Pedro, 33 (antes 23) y finca núm. 37 c/ Luis Despuig, 20.  
- Alegación 41 (RE 1.837/07) Recio Romeu, Guillermo Carlos y Recio Romeu Amparo Dolores, finca núm. 28 c/ San Pedro, 41 (antes 31).  
5. Alegaciones presentadas por interesados que se limitan a manifestar su disconformidad con las valoraciones notificadas y a solicitar un valor expropiatorio más elevado, sin informe o tasación adjunta:  
- Alegaciones 34 y 36 (RE 1.502 y 1.536/07) José Escobar Lomeña en representación de la mercantil Carem 97, SL finca núm. 35, c/ Luis Despuig, 18, bajo, (antes San Pedro, 31).  
- Alegación 38 (RE 1.670/07) Pilar Alonso Carles, finca núm. 07 c/ San Pedro, 67.  
6. Alegaciones e instancias presentadas por interesados que manifiestan tener la condición de arrendatarios y solicitan el realojo así como las indemnizaciones que resulten procedentes:  
- Alegación 07 (RE 1.345/07) San Juan Torres, Encarnación, finca núm. 40 c/ San Pedro, 27, bajo derecha (antes 27 y 29).  
- Alegación 20 (RE 1.393/07) Villora Nicolau, Amparo, finca núm. 3 c/ San Pedro 73.  
- Alegación 40 (RE 1.819/07) Martí Andriá Angel, finca núm. 57 c/ San Pedro, 15 (antes 15 y 17).   
7. Por último, otras alegaciones:   
- Alegación 04 (RE 1.335/07) Joli Serrano, Antonio, finca núm. 33 c/ San Pedro, 31 y finca núm. 35 C / Luis Despuig, 18, bajo, (antes San Pedro, 31).  
Por parte de algunos interesados se ha solicitado, además, la rectificación de errores de medición de las fincas afectadas por la expropiación (alegaciones 02-15, 07, 16, 21 y 32-37.)  
7. Informe de la Comisión Informativa  
La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 23 de junio de 2009, por unanimidad, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, cumpliendo así lo preceptuado en el art. 11 del Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat.  
Fundamentos jurídicos  
1. Competencia Administración Autonómica.   
La aprobación definitiva de los proyectos de expropiación por tasación conjunta, corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo conforme a lo establecido en el articulo 10.c) del Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat.   
La resolución de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo se limita a un mero control de legalidad, sin valoración alguna de la oportunidad del proyecto y a la vez, la intervención de este órgano lo va a ser sin perjuicio de la ulterior actuación del Jurado Provincial de Expropiación, que será el que en última instancia, de existir oposición de los expropiados, resolverá sobre el justiprecio. Así las cosas, la intervención de la Comisión deberá limitarse a la comprobación de que la tramitación del proyecto se ha ajustado a la normativa vigente, que la documentación es suficiente para cumplir los preceptos legales y que el método de valoración efectuado se ha ajustado a los procedimientos legales.  
El articulo 433 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística establece los requisitos para la ejecución de actuaciones mediante expropiación forzosa, que a continuación se enumeran:   
a) Que su ámbito haya sido delimitado por el planeamiento general o de desarrollo, por tratarse de una determinación propia de la ordenación pormenorizada.   
b) Que el proyecto de expropiación incluya la relación de propietarios y demás titulares afectados por la expropiación y la descripción de los bienes y derechos a expropiar.   
c) Que durante la tramitación del proyecto de expropiación sean notificadas a los propietarios y demás titulares las correspondientes hojas de aprecio.   
En el presente supuesto, queda acreditado en el expediente remitido que se ha dado debido cumplimiento a todos los extremos anteriormente señalados.  
En cuanto al tema de la publicación, el proyecto se sometió a información pública, procediéndose a la publicación en el BOE núm. 226 de 20 de septiembre de 2007, en el BOP núm. 165 de 13 de julio de 2007, en el DOCV núm. 5551 de 9 de julio de 2007, y en el Diario Las Provincias de 19 de julio de 2007, así como mediante edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia.  
En consecuencia, se ha procedido correctamente de conformidad con lo dispuesto en el art. 202.3 del Reglamento de gestión urbanística de 1978, que establece que la información pública se efectuará mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, en el de la respectiva provincia y en un periódico de los de mayor circulación de la provincia.   
2. Alegaciones.  
Respecto a las alegaciones formuladas, consta en el expediente informe jurídico relativo a las alegaciones señaladas. En la Resolución de fecha 13 de mayo de 2009 la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos se propone la estimación/desestimación de las alegaciones formuladas de acuerdo con el informe emitido por Cabanyal 2010, SA, que forma parte del expediente y que han sido contestadas conforme a derecho. Así se propone:  
- La desestimación de las alegaciones relativas al proyecto de expropiación, al PEPRI del Cabanyal-Canyameral y la constitución de la entidad Cabanyal 2010, SA.  
- La remisión al Jurado de Expropiación Forzosa de las hojas de aprecio presentadas por los interesados que han manifestado su disconformidad con las valoraciones del expediente expropiatorio, teniendo por aportadas a tales efectos las nuevas tasaciones de Arquitasa presentadas por la letrada Blanca Blanquer en sustitución de las hojas de aprecio inicialmente presentadas por sus representados por no comportar un incremento de las mismas, a excepción de la tasación correspondiente a la alegación 9, que por superar la valoración inicial, debe tenerse igualmente por aportada pero con el límite del valor reclamado en la primera hoja de aprecio presentada por el interesado.  
- La estimación de las alegaciones relativas a los errores de superficie que van acompañadas de la correspondiente medición.   
- El condicionamiento de la concesión de los realojos a la efectiva acreditación del cumplimiento de las condiciones legales establecidas al efecto por parte de los interesados.  
- La desestimación de las restantes alegaciones.  
3. Justificación del método de valoración aplicado en el proyecto de expropiación.  
El método de valoración utilizado en este expediente es el previsto en la Ley 6/1998, de 13 abril del régimen del suelo y valoraciones.  
Se justifica la aplicación de este método de valoración en las siguientes consideraciones jurídicas contenidas en la Resolución de la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos de 13 de mayo de 2009, con las siguientes premisas:  
«1. Son de aplicación a este expediente los arts. 33 y siguientes de la Ley 6/1998, sobre el régimen del suelo y valoraciones (en adelante LRSV), bajo cuya vigencia se inicia la tramitación del expediente expropiatorio, así como los arts. 432 y siguientes del Decreto 67/2006, de 19 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística, relativos al procedimiento de tasación conjunta.  
2. Todo ello de conformidad con el apartado primero de la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley del suelo aprobado por Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, que establece "1. Las reglas de valoración contenidas en esta ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo" (1 de julio de 2007).  
3. En los expedientes dicha iniciación se produce a través de la Resolución del conseller de 18 de abril de 2007 por el que se procede a la incoación de los expedientes expropiatorios de los ámbitos 5.01 y 5.02 y al sometimiento a información pública por término de un mes de los respectivos proyectos de expropiación, con la relación de bienes y derechos afectados, por lo que siendo dicha incoación anterior a la entrada en vigor de la citada Ley 8/2007, que tiene lugar el día 1 de julio de 2007, según su disposición final cuarta, la reglas de valoración aplicables a los mencionados expedientes expropiatorios son las establecidas en la Ley 6/1998, conforme a la misma se han redactado lo correspondientes proyectos de expropiación.»  
Se fundamenta esta tesis en cuanto al método de valoración aplicable, en diversas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (STS 6 de febrero de 1999 - RJ 1999/1700-, STS 10 de mayo de 1999 - RJ 1999/7276, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 5 de noviembre de 2008- KXW 5771/27094-), que en síntesis vienen a determinar que, el trámite procedimental mas cierto y seguro para aplicar uno u otro ordenamiento valorativo es el de la incoación del expediente expropiatorio.  
4. Criterios de valoración   
Los criterios de valoración empleados según consta en el proyecto de expropiación son los siguientes:  
1. Valoración del suelo:  
Se trata de suelo urbano, por lo que es de aplicación el art. 28 de la Ley 6/1998, del régimen del suelo y valoraciones, que especifica que el valor del suelo se determinará por aplicación al aprovechamiento resultante del correspondiente ámbito de gestión en que esté incluido, del valor básico de repercusión más específico recogido en las ponencias de valores catastrales para el terreno concreto a valorar. En los ámbitos de gestión que tengan por objeto la reforma, renovación o mejora urbana, el aprovechamiento de referencia de cada parcela a los solos efectos de su valoración, será el resultante del planeamiento o el resultante de la edificación existente, si fuera superior. En los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los valores de las ponencias catastrales o inaplicabilidad de éstos por modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método residual.   
Por lo que se ha determinado el método residual para la valoración del suelo, según el cual, el valor de repercusión del suelo se establece deduciendo del valor del producto inmobiliario terminado, el coste de ejecución, los beneficios y los gastos de su promoción, hasta llegar a obtener, como residuo final el valor del suelo.  
2. Valoración de las edificaciones, obras y arrendamientos.  
Las edificaciones y construcciones han sido valoradas con independencia del suelo, de acuerdo con la normativa catastral, en función de su coste de reposición, corregido según su antigüedad, uso y estado de conservación, tal y como establece el artículo 31.2 de la Ley 6/1998, del régimen del suelo y valoraciones.  
Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios se han fijado de acuerdo con lo previsto en la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 y la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, tal y como establece el art. 31.3 de la Ley 6/1998 del régimen del suelo y valoraciones.  
A las valoraciones resultantes se les ha aplicado el premio de afección del 5% que establece el artículo 47 de la Ley de expropiación forzosa.   
5. Valoración global  
Analizada la documentación remitida y habida cuenta que la intervención de la Comisión Territorial de Urbanismo se limita a la comprobación de que la tramitación del proyecto se ha ajustado a la normativa vigente, que la documentación es suficiente para cumplir los preceptos legales y que el método de valoración efectuado se ha ajustado a los procedimientos legales, se concluye:  
1. La tramitación del expediente ha sido correcta de conformidad con el art. 202 del Reglamento de gestión urbanística aprobado por el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto y arts. 432 y siguientes del Decreto 67/2006, de 19 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística, relativos al procedimiento de tasación conjunta.  
2. La documentación presentada es suficiente para cumplir los preceptos legales.  
3. El método de valoración practicado en el proyecto de expropiación se ha ajustado a los procedimientos legales previstos en el título III de la Ley 6/1998 del régimen del suelo y valoraciones, en los artículos 28 y 31 de la misma.  
Tal y como dispone el artículo 203.1 Reglamento de gestión urbanística de 1978, la Resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo implicará la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados.  
6. Órgano competente  
De conformidad con lo establecido en el articulo 10.c) del Decreto 162/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la Generalitat, corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo la resolución de los expedientes de expropiación tramitados por el procedimiento de tasación conjunta.  
A la vista de cuanto antecede la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 1 de julio de 2009, por unanimidad, acuerda:  
Primero  
Aprobar definitivamente el proyecto de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de los terrenos incluidos en el ámbito 5.02 Apertura sur del bulevar San Pedro del Plan especial de protección y reforma interior del Cabanyal-Canyameral del municipio de Valencia.  
Segundo  
Declarar la urgente ocupación de los bienes o derechos afectados.  
Tercero  
Estimar o desestimar las alegaciones en el mismo sentido que la Resolución de la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos de 13 de mayo de 2009.  
Cuarto  
Ordenar la publicación del acuerdo aprobatorio, conforme al procedimiento legalmente previsto.  
Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, en lo que atañe al punto 2, se puede interponer recurso de alzada ante la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, según dispone el artículo 68.3.c) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, en su redacción dada por la Ley 12/2007 de 20 de marzo y el artículo 26 del Decreto 92/2007, de 6 de julio, que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la Generalitat, en su redacción dada por el Decreto 177/2008, de 28 de noviembre del Consell, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la presente notificación.  
En el caso de las administraciones públicas, de conformidad con el Artículo 44. 1 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, no cabrá interponer recurso en vía administrativa. Las mismas podrán interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 de la citada ley. También podrán formular requerimiento de anulación o revocación al amparo de lo previsto en el artículo 44 de dicha norma. Dicho requerimiento deberá dirigirse a esta administración mediante escrito razonado y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la notificación del presente o desde que la administración requeriente hubiera conocido o podido conocer el mismo.  
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno.  
Respecto del punto 1 no cabe recurso alguno por tratarse de acto de trámite que no da lugar a la imposibilidad de continuar un procedimiento ni produce indefensión.  
Así mismo procede notificar la presente resolución a los interesados titulares de bienes que figuren en el proyecto de expropiación, acompañando a éste copia de la correspondiente hoja de aprecio y de los criterios de valoración, significándoles que, en el plazo de los 20 días hábiles siguientes al de recibo de tal notificación, podrán manifestar por escrito ante esta Comisión Territorial de Urbanismo su disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado. Si en tal plazo los interesados no formulan oposición a la valoración, se entenderá aceptada la que se fija en el acto presente de aprobación del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.  
De las hojas de aprecio impugnadas se dará traslado por esta Comisión, junto con el expediente, al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia, a efectos de fijar el justiprecio.  
Lo que le notifico a los efectos oportunos.  
Valencia, 1 de julio de 2009.- El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: Juan Ramón Castaño Martínez.