Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4667, del 12-01-2004 (2003/13784)

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2003, del director del Centro de Desarrollo Marítimo, relativa a la solicitud de concesión para ocupación y explotación de un local para restaurante en el puerto de Torrevieja, formulada por la mercantil Restaurante Miramar, SL.
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Número DOGV
:   4667

Fecha DOGV
:   12-01-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2003/13707


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2003, del director del Centro de Desarrollo Marítimo, relativa a la solicitud de concesión para ocupación y explotación de un local para restaurante en el puerto de Torrevieja, formulada por la mercantil Restaurante Miramar, SL. [2003/M13759]
  
Dada cuenta de la solicitud formulada por Silvia Martínez Ñíguez, en representación de la mercantil Restaurante Miramar, SL, de autorización para ocupar y explotar un local para restaurante ubicado en el puerto de Torrevieja.
  
Resultando del expediente los siguientes antecedentes de hecho:
  
1) Con fecha 30 de septiembre de 1977 se otorgó a Dolores Freixa Segarra concesión para construcción de un restaurante en el puerto de Torrevieja, con una superficie de 393,3 m2 por plazo de 30 años. Por Orden ministerial de 9 de diciembre de 1980 se produjo un cambio de titularidad a favor de Antonio Martínez Torres.
  
2) Por Orden ministerial de 30 de octubre de 1987 se otorgó concesión para cubrir la terraza de la concesión anterior.
  
3) Por la Autoridad Portuaria de Alicante se tomó posesión del local al vencimiento de la concesión el 3 de noviembre de 1997, y se valoraron las obras e instalaciones en 53.832.326 pesetas.
  
4) Con fecha 13 de diciembre de 1999 se otorgó a la solicitante autorización para la ocupación y explotación del local en cuestión por el plazo de un año a contar desde el 17 de diciembre siguiente.
  
5) El 18 de diciembre de 2000 se otorgó por el Centro de Desarrollo Marítimo autorización por plazo de un año, prorrogable a la tácita hasta un máximo de tres años, incluido el inicial. El canon anual se estipuló en 8.182.900 pesetas, desglosado en: 4.182.900 pesetas por aprovechamiento de superficies y edificios y 4.000.000 pesetas por rendimiento de actividad y valoración de activos del negocio. Esta autorización vence el día 17 de diciembre de 2003.
  
Visto informe de la Dirección General de Puertos y Costas, favorable al otorgamiento de la autorización, si bien por un plazo reducido de tiempo a fin de no hipotecar la toma de decisiones de esta administración, habida cuenta la necesidad de adaptación a los documentos de planeamiento correspondientes al puerto de Torrevieja, a día de hoy en elaboración.
  
Visto informe del Servicio de Explotación y Conservación de Puertos en el mismo sentido que el anterior en cuanto al plazo concesional, y añadiendo que se propone la realización de una serie de obras de mejora por importe de 42.052,67 euros, lo que supondrá una disminución lógica del canon a abonar por actividad industrial, al aumentar los gastos en que incurre el concesionario.
  
Considerando que la actividad pretendida se halla comprendida en los supuestos que prevé la sección II del título II de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento para la Ejecución de la Ley de Costas, se sometió la solicitud a información pública por plazo de 20 días, durante el cual no se presentaron alegaciones.
  
Solicitado informe al Ayuntamiento de Torrevieja, indicando que: «El plazo de emisión del informe será de un mes a contar desde la notificación de la presente, transcurrido el cual sin haberse evacuado, proseguirán las actuaciones en ausencia del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común». El requerimiento consta recibido por el Ayuntamiento el 24 de junio de 2003, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación.
  
En fecha 1 de octubre de 2003 se dicta la resolución de sometimiento de condiciones en las que se podría otorgar la concesión de referencia. El 17 de octubre de 2003 por la mercantil Restaurante Miramar, SL se aceptan las condiciones ofertadas, y el 24 de noviembre de 2003 se aportan al expediente los justificantes de haber depositado las fianzas preceptivas.
  
En uso de las atribuciones que concede al director del Centro de Desarrollo Marítimo el artículo 16 del Decreto 114/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, resuelvo:
  
Otorgar a la mercantil Restaurante Miramar, SL concesión administrativa para ocupar y explotar un local para restaurante ubicado en el Puerto de Torrevieja; de conformidad con las condiciones que se indican en los pliegos insertados a continuación:
  
Primera. Plazo
  
Esta concesión se otorga, por plazo de un año, a contar desde el 18 de diciembre de 2003, prorrogable semestralmente a la tácita hasta un máximo de cinco años incluido el inicial, dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero, sin cesión del dominio público ni de las facultades dominicales de la administración.
  
Segunda. Transmisibilidad
  
La presente concesión es transmisible por actos inter vivos previa autorización de la Autoridad Portuaria entendiéndose que quien se subrogue en sus derechos asumirá también las obligaciones que se imponen en esta concesión.
  
La Autoridad Portuaria podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en los términos legalmente previstos.
  
Cuando la persona jurídica titular de una concesión se transforme, se fusione con otra o se escinda, se considerará que se ha producido un cambio de titularidad, siendo por tanto necesario la autorización expresa a que se refiere el párrafo anterior.
  
Cuando el concesionario sea una persona jurídica, cuya actividad principal consista en el disfrute de la concesión, se considerará transmisión cualquier cambio de titularidad de las acciones o participaciones que suponga sustitución de los socios o accionistas que lo fueren al tiempo del otorgamiento de la concesión, en porcentaje igual o superior al 50% del capital social.
  
Si la sociedad titular cambia únicamente de denominación social, solamente estará obligado a notificarlo a la Autoridad Portuaria.
  
Tercera. Gravamen
  
La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre la concesión deberá ser autorizada por la Autoridad Portuaria.
  
Cuarta. Uso y explotación
  
La concesión se destinará a la actividad definida en la resolución de otorgamiento, sin que el concesionario pueda destinar el dominio público concedido, ni las obras en él ejecutadas a usos distintos de los expresados.
  
Quinta. Rescate por obras
  
En el caso de que el dominio público sea necesario total o parcialmente para la realización de actividades o ejecución de obras declaradas de utilidad pública y para realizarlas fuera preciso utilizar o destruir en todo o en parte las obras de la concesión, la administración podrá proceder al rescate de la misma antes de su vencimiento.
  
A tal efecto se incoará expediente de rescate de la concesión, en el que se dará audiencia al concesionario, sin que el concesionario tenga otro derecho que el de ser indemnizado por las obras no amortizadas, valoradas en los términos establecidos en la Ley de Puertos.
  
En esta valoración no se tendrán en cuenta las obras realizadas por el concesionario sin previa autorización, las cuales pasarán igualmente a la administración sin derecho a indemnización. El concesionario podrá, además, retirar libremente aquellos elementos existentes en la concesión que no hubieran sido relacionados en el acta de reconocimiento final y no estén unidos de manera fija al inmueble, siempre que con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, salvo que la administración decida también su rescate.
  
Si las obras se encontrasen deterioradas, se determinará por la administración el presupuesto de los gastos necesarios para dejarlas en buen estado, el cual se notificará al concesionario antes de ser aprobado. Su importe se rebajará de la tasación, y la diferencia que resulte será la cantidad que se abone al concesionario.
  
Realizada la entrega a la Autoridad Portuaria de los bienes rescatados se devolverá la fianza de explotación, a solicitud del concesionario, con la deducción, en su caso, de las cantidades que el concesionario deba hacer efectivas por las responsabilidades en que haya incurrido.
  
Sexta. Impuestos y fianzas
  
Dentro del plazo de un mes, contado a partir del conocimiento de la resolución de otorgamiento por el concesionario, se abonará por éste el importe correspondiente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
  
Con anterioridad al otorgamiento de la concesión, el concesionario deberá consignar en la Tesorería de la Generalitat, de cuyo cumplimiento dará conocimiento a esta administración:
  
a) Una fianza de explotación por importe de 44.196,39 euros en metálico o en aval bancario.
  
La fianza de explotación responderá de todas las obligaciones derivadas de esta concesión, de las sanciones que por incumplimiento de las condiciones de la misma se puedan imponer al titular de la concesión y de los daños y perjuicios que tales incumplimientos pueda ocasionar.
  
Si la administración ejecutase parcial o totalmente la fianza, el concesionario queda obligado a completarla o reponerla en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la disminución de su importe.
  
La fianza de explotación se podrá actualizar en proporción a la variación experimentada por el índice general de precios al consumo para el conjunto nacional total (IPC) durante ese periodo.
  
La fianza de explotación será devuelta al término del plazo concesional si no existiera responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de que responde.
  
b) Una fianza de ejecución de obras de 586,12 euros. La fianza definitiva por ejecución de obras responderá de la ejecución de las obras, y se devolverá al concesionario, a instancia de éste, una vez haya transcurrido un año desde que haya sido aprobada el acta de reconocimiento final de las obras.
  
El incumplimiento de estas obligaciones será causa de caducidad de la concesión.
  
Séptima. Obras. replanteo y proyecto de construcción
  
Las obras consistirán únicamente en las recogidas en el proyecto de reforma en dependencias del Restaurante Miramar en Torrevieja, redactado por el ingeniero Juan Manuel Cánovas Martínez.
  
El concesionario solicitará por escrito, con la suficiente antelación para que las obras puedan comenzarse dentro del plazo, el replanteo de las mismas, que se practicará por el ingeniero director del puerto y personal auxiliar a sus órdenes, con asistencia del interesado, levantándose acta y plano en los que se consignará la superficie ocupada, que será sometida al director general de Obras Públicas para su aprobación, si procede.
  
Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto técnico a que se ha hecho referencia y en el plazo de seis meses desde el acta de replanteo.
  
Cuando el proyecto presentado por el concesionario tenga carácter de básico, antes del replanteo de las obras, y en todo caso y en el plazo de dos meses, desde el conocimiento de la adjudicación de la concesión, el concesionario deberá presentar el proyecto de construcción.
  
Este proyecto de construcción será examinado por los servicios técnicos para comprobar que es suficientemente completo y no altera el proyecto básico sometido a información pública. Si dichos servicios estiman que el proyecto es incompleto, el concesionario deberá completarlo debidamente en el plazo que al efecto se le conceda.
  
En el caso de que el proyecto de construcción difiera sustancialmente del proyecto básico sometido a información pública la administración podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones:
  
a) Obligar al concesionario a que adapte el proyecto de construcción al básico.
  
b) Someter el proyecto de construcción a información pública y a los trámites pertinentes para la modificación de las concesiones.
  
La concesión no surtirá efectos hasta que esta administración dé su conformidad al proyecto de construcción.
  
Si transcurrido el plazo señalado en las condiciones particulares para el comienzo de las obras, éstas no se hubiesen iniciado por causas no justificadas, a juicio de la Autoridad Portuaria, ésta declarará la caducidad de la concesión, quedando a su favor la fianza de construcción.
  
En el supuesto en que el concesionario acredite que no ha iniciado las obras en el plazo establecido porque se le han denegado, por parte de otros organismo públicos, las licencias, permisos y otras autorizaciones necesarias, podrá renunciar a la concesión, en cuyo caso se le devolverá la fianza de construcción.
  
En todo caso, el concesionario podrá solicitar la prórroga del plazo establecido para el inicio de las obras que será otorgada por la Autoridad Portuaria siempre que existan razones que justifiquen la demora en la iniciación de las obras.
  
Octava. Reconocimiento de las obras
  
Terminadas las obras el concesionario solicitará por escrito de la dirección técnica del puerto el reconocimiento de las mismas, que se practicará con asistencia de éste y del interesado, levantándose acta que será elevada al director general de Obras Públicas, para su aprobación, si procede.
  
En el acta se recogerá la superficie exacta ocupada por la concesión, a la que se aplicará el canon a que se hace referencia en la condición catorce.
  
Novena. Vigilancia de las obras
  
Las obras quedarán bajo la inspección y vigilancia del director técnico del puerto y no serán obstáculo al paso para el ejercicio de la vigilancia litoral, quedando obligado el concesionario o conservarlas en buen estado y no pudiendo, lo mismo que el terreno, arrendarlas ni destinarlas a usos distintos que los expresados.
  
Diez. Inspección de la ejecución
  
La administración podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras, para comprobar si las mismas se ajustan al proyecto en base al cual se ha otorgado la concesión. Si apreciara la existencia de desviaciones en relación con el mismo, podrá aprobar el reconocimiento de las obras cuando estime que la modificación no altera sustancialmente la concesión, ni requiere una nueva información pública, o tramitar su legalización mediante el procedimiento correspondiente, o disponer que las obras se ajusten al proyecto autorizado.
  
 En este último supuesto, si el concesionario no lo hiciese en el plazo que se le indique, se procederá a la incoación de expediente de declaración de caducidad de la concesión.
  
Once. Gastos
  
Los gastos originados por los anuncios de la información pública y de la resolución de otorgamiento de la concesión serán de cuenta del concesionario.
  
Los gastos que se originen por el replanteo, la inspección y el reconocimiento de las obras, serán de cuenta del concesionario.
  
Doce. Otras autorizaciones
  
El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones que sean legalmente exigibles, ni del pago de los impuestos que le sean de aplicación, incluyendo el impuesto sobre bienes inmuebles, o el que legalmente le sustituya.
  
Trece. Renuncia
  
Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza o fianzas constituidas. Además, salvo decisión contraria de la administración, quedará obligado a levantar las obras e instalaciones a su costa, dejando el terreno de la concesión libre de toda ocupación, en el plazo que se le señale.
  
Catorce. Canon
  
El titular de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, viene obligado a abonar a la Generalitat Valenciana las siguientes cantidades:
  
a) Canon por aprovechamiento de superficies: veintiséis mil ciento noventa y seis euros con treinta y nueve céntimos/ año (26.196,39 e/año) pagaderos por semestres adelantados, previa liquidación que se le practicará por esta administración, obtenido por aplicación de (28,8 e/m2/año aplicados a los 738 m2 construidos y 10,65 euros/m2/año aplicados a los 507 m2 urbanizados, según Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana)
  
b) Canon por resultado de la explotación para el concesionario: dieciocho mil euros/año (18.000 e/año)
  
Total canon anual: 44.196,39 euros
  
El importe señalado no incluye el IVA o cualquier otro impuesto que deba ser aplicado.
  
El día 1 de enero de cada año, el canon podrá ser revisado aplicando las variaciones registradas en el índice de precios al consumo del año anterior, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística
  
Igualmente la cuantía del canon estará sujeta a actualización conforme a las disposiciones legales que al respecto se dicten con carácter general por la Generalitat Valenciana.
  
El canon se pagará por semestres adelantados, previa liquidación que se practicará por esta Administración.
  
El período de pago voluntario será de un mes desde la notificación de la liquidación correspondiente.
  
De no hacer efectivo el pago en período voluntario podrá procederse a su cobro por la vía de apremio en la forma reglamentariamente establecida.
  
El impago del canon durante dos semestres consecutivos será causa de caducidad de la concesión
  
Quince. obligación de conservación y mantenimiento
  
El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos concedidos en perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, de higiene y de estética, realizando a su cargo los trabajos de conservación y mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello.
  
Dieciséis. Efectos reversión
  
Cuando por vencimiento del plazo concesional se produzca la reversión, quedarán extinguidos automáticamente, sin necesidad de declaración expresa, los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre el dominio público concedido y las obras e instalaciones objeto de la concesión. Tampoco asumirá la administración los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por lo tanto, pueda en forma alguna entenderse que la reversión implica la sucesión de empresa prevista en el artículo 44 del Texto Refundido de Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ni que la Autoridad Portuaria sea el empresario principal de la actividad realizada por el concesionario, a los efectos del artículo 42 de dicho texto refundido.
  
Terminado el plazo concesional, revertirán al dominio público estatal los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, estando obligado el concesionario, a sus expensas, a la demolición y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna, excepto en el caso de que la administración, de propia iniciativa o a petición del concesionario, declare que, dado que se mantiene el interés público de las obras e instalaciones, procede su mantenimiento para continuar su explotación en la forma que se determine.
  
El concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de reconocimiento final levantada conforme establece la anterior condición novena, siempre que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, si la administración no decide también su adquisición.
  
Diecisiete. Acta de reversión
  
De la recepción por la administración de los bienes revertidos, se levantará la correspondiente acta en presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se reseñará el cumplimiento por el concesionario de la obligación de reponer el terreno a su anterior estado o, en el caso de que la administración hubiera optado por el mantenimiento de las obras e instalaciones, el estado de conservación de las mismas, especificándose los deterioros que presenten. En este último caso, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se indicará al concesionario el conjunto de reparaciones necesarias a ejecutar a su cargo en el plazo que se le señale.
  
Dieciocho. Vencimiento anticipado
  
La mercantil autorizada renuncia a cualquier incremento de valor que pudiera derivarse de las obras que se autorizan (ya que esto ya ha sido compensado con la disminución del canon por actividad). El concesionario renuncia a reclamar cualquier indemnización o plusvalía que pueda originarse a causa de un posible incremento de valor derivado de las obras de reforma que se incluyen en el proyecto, en caso de producirse el vencimiento anticipado de la concesión.
  
Diecinueve Sanciones
  
El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas en la concesión dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, sin perjuicio de que, cuando a juicio de la administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, ésta pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente.
  
Veinte. Caducidad
  
Será causa de declaración de caducidad de esta concesión, además de las previstas legalmente, el incumplimiento de las obligaciones descritas en este pliego.
  
La declaración de caducidad supondrá la pérdida de la fianza o fianzas constituidas, pudiendo llevar aparejada, a criterio de la administración, la demolición, retirada de las obras e instalaciones, parcial o total, a cargo del concesionario, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna.
  
La tramitación del expediente de caducidad se realizará con independencia de la incoación del procedimiento sancionador que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en la anterior condición.
  
Veintiuna. Inscripción en el registro de la propiedad
  
Si el concesionario inscribiera la concesión en el registro de la propiedad, deberá facilitar a la administración certificación acreditativa de dicha inscripción. Extinguida la concesión el concesionario solicitará la cancelación de la inscripción y dará cuanta de ello a la administración concedente.
  
Veintidós. Ejecución subsidiaria
  
Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se le ordenen por la administración, en aplicación de las condiciones correspondientes, ésta, de conformidad con la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de los gastos, así como de los daños y perjuicios a cargo del concesionario.
  
Esta resolución no agota la vía administrativa. Contra ella puede interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de la presente, sin perjuicio de la utilización por el interesado de cualquier otro recurso que se estime oportuno.