Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9230, del 07-12-2021 (2021/12653)

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se modifica la Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se crea la Unidad de Atención Social en la Ciudad de la Justicia de València, y se crean las de Alicante y Castelló de la Plana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9230

Fecha DOGV
:   07-12-2021

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2021/12726


Fecha del documento
:   24-11-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se modifica la Resolución de 15 de febrero de 2019, por la que se crea la Unidad de Atención Social en la Ciudad de la Justicia de València, y se crean las de Alicante y Castelló de la Plana. [2021/12623]  
En fecha 15 de febrero de 2019, se dictó por la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Resolución por la que se creaba la Unidad de Atención Social en la Ciudad de la Justicia de València.  
El servicio prestado por la referida Unidad en los dos años que lleva en funcionamiento ha cumplido sobradamente con los objetivos para los que se creó. Garantizando el acceso a la justicia, dando una atención integral al justiciable y a sus familias, al detectar sus problemas con ocasión de un procedimiento judicial, complementando y mejorando la actual red de servicios sociales.  
El justiciable acude a la Unidad de Atención Social directamente o por derivación de los órganos judiciales. O bien por indicación de otros profesionales.  
Recientemente ha entrado en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que introduce importantes novedades en el tratamiento de la discapacidad.  
La presente reforma da un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, tratado internacional que en su artículo 12 proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los estados partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.  
Como se recoge en el preámbulo de la misma, la nueva regulación está inspirada, como nuestra Constitución en su artículo 10 exige, en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, así como en los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que, en su caso, pueda necesitar esa persona para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás.  
La idea central del nuevo sistema es la de apoyo a la persona que lo precise, apoyo que es un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones: desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. Cabe añadir, incluso, que en situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo y solo ante esa situación de imposibilidad, este pueda concretarse en la representación en la toma de decisiones. Es importante señalar que podrá beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que las precise, con independencia de si su situación de discapacidad ha obtenido algún reconocimiento administrativo.  
Por todo ello se ha considerado necesario crear dos nuevas Unidades de Atención Social en Alicante y Castelló de la Plana, que presten su servicio en los referidos partidos judiciales.  
De conformidad con las atribuciones que confiere a la consellera el Decreto 172/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública (desarrollado por Orden 5/2021, de 19 de febrero y modificada por la Orden 24/2021, de 22 de septiembre), resuelvo:  
  
Primero. Creación de las unidades de Atención Social en Alicante y Castelló de la Plana  
Se crean dos nuevas unidades de Atención Social en las localidades de Alicante y Castelló de la Plana, compuestas cada una de ellas por profesionales de la disciplina del trabajo social.  
Segundo. Ámbito territorial de las unidades de Atención Social  
Las unidades de Atención Social se ponen en funcionamiento en los partidos judiciales de Alicante y Castelló de la Plana.  
  
Tercero. Estructura y organización  
Las referidas Unidades de Atención Social dependerán funcionalmente de los decanos de los partidos judiciales donde se crean.  
  
Cuarto. Modificación de las funciones de la Oficina de Atención Social  
Las funciones de los/las profesionales de la disciplina del trabajo social serán fundamentalmente:  
1. Colaborar con los tribunales, juzgados, y órganos técnicos en materia de su disciplina profesional, actuando como enlace entre los juzgados y los organismos y servicios de protección social e instituciones, así como los servicios asistenciales.  
2. Facilitar información, orientación o, en su caso, iniciar la tramitación de los recursos públicos y/o privados al alcance del justiciable por derivación de los órganos judiciales, por indicación de otros profesionales o por recomendación del propio/a profesional de la disciplina del trabajo social. Asimismo, emitirá los informes que le sean solicitados por los órganos judiciales.  
  
Quinto. Entrada en funcionamiento y dotación de plantilla  
La entrada en funcionamiento y dotación de las plantillas de las unidades de Atención Social de Alicante y Castelló de la Plana se efectuará atendiendo a la disponibilidad presupuestaria existente para la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias, creación y dotación de los puestos de trabajo.  
  
Sexto. Entrada en vigor  
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de València o aquel en cuya circunscripción tenga el recurrente su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que pueda interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación o cualquier otro recurso que estime procedente para la defensa de sus intereses.  
  
València, 24 de noviembre de 2021.- La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.