Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3394, del 16-12-1998 (1998/10608)

Recurso ordinario número R-249/1998. Notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3394

Fecha DOGV
:   16-12-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/10396


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso ordinario número R-249/1998. Notificación. [1998/S10382]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a doña Isabel Luque Quirós, SL, ( av. de los Campos Eliseos nº 1-3-1ª, 12800 Castellón), la Resolución del recurso ordinario con el número de referencia interna R-249/1998.
  
Resolución
  
Examinado el recurso ordinario formulado por don Juan Carlos y don Manuel Martí Aguilar, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón en el expediente de construcción número 12/1M/001/1995 (F80/97).
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por el Servicio Territorial de Industria y Energía se puso en conocimiento del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón que no había sido presentada la documentación para la puesta en marcha del ascensor del edificio de protección oficial sito en la calle Cuadra Salera nº 3, de Castellón, por lo que se envió a un perito de dicho organismo acordándose la incoación de expediente sancionador contra la promotora Isabel Luque Quirós, SL, y contra los arquitectos don Juan Carlos Martí Aguilar y don Manuel Martí Aguilar por las presuntas infracciones de los artículos 6.9 y 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, dándose traslado de correspondiente pliego de Cargos.
  
Segundo
  
Por el instructor del expediente sancionador se dictó propuesta de resolución en la que entendiendo probada la comisión por parte de los expedientados de las infracciones imputadas, proponía la imposición de una multa de 500.000 pesetas a cada uno de ellos, así como la orden de poner en funcionamiento el ascensor a la mercantil Isabel Luque Quirós, SL.
  
Tercero
  
El jefe del Servicio Territorial manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta dictó resolución imponiendo una sanción pecuniaria de 500.000 pesetas y la orden de obras citada a la promotora, y una sanción de 250.000 pesetas a cada uno de los arquitectos expedientados.
  
Cuarto
  
Contra dicha resolución interponen recurso ordinario don Juan Carlos y don Manuel Martí Aguilar, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 1547, de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
Presentan alegaciones los Arquitectos recurrentes en las que manifiestan su disconformidad con la resolución del Servicio Territorial, entendiendo que no existe la infracción imputada por cuanto no cometieron falsedad al certificar que los servicios estaban en condiciones de utilización, lo que resultó probado siendo complementario del certificado final de obra, y es una cuestión independiente el hecho de que el ascensor no se haya puesto en funcionamiento por no haberse tramitado determinados documentos con la Conselleria de Industria, lo que le corresponde al promotor o comunidad de propietarios. Solicitan la revocación de la resolución por ausencia de culpabilidad y en base al principio de presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución Española.
  
El recurso debe ser estimado, ya que según consta en las actuaciones tanto por el escrito de 22 de octubre de 1997, de la Conselleria de Industria como por el informe del técnico del Servicio Territorial asimismo de la misma fecha, se deduce que el ascensor está instalado y probado faltando la puesta en marcha, para lo que se precisa determinada documentación como es el boletín del instalador, pruebas de servicio y contrato de mantenimiento de la instalación, documentos que debe aportar la promotora al citado organismo de Industria y Energía para la autorización correspondiente de la puesta en funcionamiento. Asimismo obra en el expediente escrito de alegaciones de la promotora Isabel Luque Quirós, SL, en el que manifiesta que la empresa instaladora del mismo es Kone Levante, SA, y que no pudo cumplir con los pagos que tenía establecidos con ésta por lo que soldó las puertas del ascensor. De ello se concluye que la promotora no obtuvo de la instaladora los documentos requeridos por la Conselleria de Industria por un problema de falta de pago del ascensor que ha repercutido en perjuicio a los adquirentes de las viviendas. Siendo en consecuencia Isabel Luque Quirós, SL, la responsable de la falta imputada, procede la revocación de la parte dispositiva de la resolución en su apartado segundo, confirmando el resto de la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la división de promoción privada, resuelvo:
  
Estimar parcialmente el recurso ordinario formulado por don Juan Carlos y don Manuel Martí Aguilar contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón de fecha 26 de febrero de 1998, revocando la misma en su apartado segundo y confirmando el resto.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f (en relación con la disposición adicional undécima de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) y artículos 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956; así como el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.