Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6456, del 09-02-2011 (2011/39)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1945/2008.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6456

Fecha DOGV
:   09-02-2011

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2011/39


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Castellon de la Plana

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1945/2008. [2011/39]  
Juicio verbal 001945/2008  
De: Enrique Cruella Jaime y Josefa Tosca Gil.  
Procuradora: Rosa M.ª de la Salud Bermell Espeleta.  
Contra: Alin Gheorghe Artene y Florentin Marian Groza.  
Procurador/a: -  
En el presente procedimiento juicio verbal 1945/2008 seguido a instancia de Enrique Cruella Jaime y Josefa Tosca Gil frente a Alin Gheorghe Artene y Florentin Marian Groza se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
«Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón de la Plana  
Procedimiento: juicio verbal número 1945/2008.  
Sentencia número 208/2010  
Castellón de la Plana, 19 de octubre de 2010  
Vistos ante mí, Víctor Calatayud Chollet, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón de la Plana, los presentes autos de juicio verbal por desahucio y reclamación de rentas, promovidos por la procuradora Rosa Bermell Espelleta, actuando en representación de Enrique Cruella Jaime y Josefa Tosca Gil dirigida por la letrada de Abisag Cruella Tosca, contra Alin Gheorghe Artene y Florentin Marian Groza (que han sido declarados en rebeldía), con base en los siguientes:  
Antecedentes de hecho  
Primero. En fecha 11 de noviembre de 2008 se presentó por la procuradora de los tribunales Rosa Bermell Espelleta, en la representación ya dicha de Enrique Cruella Jaime y Josefa Tosca Gil, demanda de juicio verbal en reclamación de rentas contra Alin Gheorghe Artene y Florentin Marian Groza.  
Segundo. Por medio de auto de 12 de diciembre de 2008, se acordó admitir a trámite la demanda y conforme a lo previsto en el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil citar a las partes para la celebración de la vista, haciendo saber a la parte demandada que de no comparecer a la vista se declarará el desahucio sin más trámites.  
Tercero. El juicio ha tenido lugar el día 19 de octubre de 2010, compareciendo la parte actora asistida de letrado y procurador, no compareciendo los demandados pese a haber sido citados por medio de edictos.  
En la propia vista, la parte actora ha solicitado que la sentencia incluya la condena al pago de las rentas vencidas con posterioridad a la presentación de la demanda.  
Recibido el pleito a prueba y practicada con el resultado que obra en los autos, estos quedaron vistos para sentencia, habiéndose observado en la tramitación de este procedimiento todas las prescripciones legales.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Ejercitan los actores en el presente procedimiento acción de reclamación de rentas y cantidades asimiladas debidas, en demanda de los 925,18 euros en que cifran la deuda de los demandados.  
Las pretensiones de Enrique Cruella Jaime y Josefa Tosca Gil se fundan en que las partes hoy litigantes suscribieron, los actores en calidad de arrendadores y los demandados Florentin Marian Groza y Alin Georghe Artene de parte arrendataria, en fecha 1 de julio de 2007 contrato de arrendamiento destinado a vivienda, sobre el inmueble sito en la calle Méndez Núñez, número 19, piso 2.º, puerta 4, de Castellón de la Plana, por una renta mensual de 565,00 euros más aparte los gastos de escalera que se cifran en 40,00 euros, susceptibles de ser aumentados, habiendo dejado de abonar los demandados una mensualidad de renta (565,00 euros), así como los 9 días más que permanecieron en el inmueble desde el 1 de julio hasta el 9 de julio (169,49 euros), 83,77 euros de la tasa de recogida de residuos urbanos del año 2008, 34,11 euros de agua (Facsa), 72,81 euros de Iberdrola y 9 días de comunidad de escalera (11,99 euros).  
En prueba de cuanto se afirma en el escrito de demanda, se acompaña al mismo: el contrato de arrendamiento (documento número 2), recibo de tasa de recogida de residuos urbanos (documento 3), recibo de Iberdrola (documento 4), recibo de Caja Rural Castellón referente a los gastos de Comunidad de Propietarios (documento 5), y recibo de Facsa (documento 6).  
Segundo. Frente a la acción ejercitada por la parte actora, los demandados se han limitado a una actitud pasiva. Precisamente la no comparecencia de la parte demandada, determina la declaración de la misma en situación de rebeldía de la misma. Como se expone en la sentencia de la Audiencia Provincial Valencia, Sección Octava, de 7 de junio de 2005: «La situación de rebeldía, conforme reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial, no supone ni el allanamiento del demandado o renuncia a la oposición, como tampoco la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión, que liberaría al actor de la carga de probar los que sirvan de soporte a su demanda, de manera que el promotor del proceso ha de desarrollar la actividad probatoria que entienda necesaria para que su acción llegue a buen término. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, siguiendo la doctrina jurisprudencial antes expuesta, ha venido a recoger en el artículo 496.2 dichos principios, al decir que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario». No obstante, como se precisa en la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 2.ª, de 16 octubre de 1998 «[...] también debe decirse que situándose voluntariamente el demandado en esa cómoda posición procesal, la exigencia de un rigor excesivo en las probanzas del actor, no resulta equitativo ya que, precisamente por esa actitud de la contraparte, el demandante se ve privado de los habituales medios probatorios de mayor entidad (absolución de posiciones del demandado, cotejo de letras, etc.)». Atendiendo a lo expuesto y, a la vista del voluntario e indolente proceder de los demandados, que han adoptado una conducta de absoluta pasividad ante la presente reclamación, así como la documental adjunta al escrito de demanda, que no ha sido impugnada, deben tenerse por ciertos los hechos de la demanda, debiendo considerase que la cantidad reclamada en este proceso es la debida por los demandados al no constar datos, hechos o circunstancias diferentes de las presentadas por la actora y de las que se desprendan hechos extintivos, impeditivos o excluyentes de la deuda solicitada. En definitiva, la parte actora ha acreditado suficientemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los hechos generadores de la deuda, mientras que los demandados no han acreditado hecho extintivo, excluyente o impeditivo alguno.  
Puesto que se adeudan las rentas y cantidades asimiladas objeto de reclamación, siendo el pago de la renta la principal obligación del arrendatario (artículos 1543 y 1555 del Código Civil y 27.2.a de la Ley de Arrendamientos Urbanos), procede la condena de los demandados a su pago, en aplicación de los citados preceptos y de los artículos 1.258 y 1901 del Código Civil, de los que resulta la obligatoriedad de los contratos y de las obligaciones que nacen de los mismos, y de convenido en el contrato, y muy especialmente de su cláusula segunda.  
Tercero. Según resulta del artículo 1.101 del Código Civil, queda sujeto a indemnización de los daños y perjuicios causados el que contraviniere el tenor de la obligación contraída por incurrir en morosidad en su cumplimiento; mora que comienza, a tenor del precedente artículo 1.100, desde la exigencia judicial o extrajudicial de la prestación por el acreedor. Consistiendo la obligación en el pago de una cantidad de dinero, aquella indemnización se identifica por el artículo 1.108 del mismo cuerpo legal, para el caso de mora, con la cuantía de los intereses convenidos, y en defecto de éstos, con el interés legal. De la conjunta aplicación de los tres preceptos citados se desprende que las cantidades que por esta sentencia se declaran adeudadas devengarán el interés legal desde la fecha de la interposición de la demanda, incrementándose en dos puntos el mencionado rédito desde la data de la presente resolución hasta su completa ejecución, tal y como establece el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las cantidades vencidas o devengadas con posterioridad a la interposición de la demanda, devengarán intereses sino desde su exigibilidad.  
Cuarto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales se imponen a la parte demandada al ser estimadas las pretensiones de la actora en su integridad.  
Fallo  
Que estimando como estimo íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora Rosa Bermell Espelleta, en nombre y representación de Enrique Cruella Jaime y Josefa Tosca Gil, contra Alin Gheorghe Artene y Florentin Marian Groza (declarados en rebeldía): condeno a los demandados a que paguen a la actora la suma de novecientos veinticinco euros con dieciocho céntimos (925,18 euros), más los intereses devengados desde la interpelación judicial, todo ello con expresa condena en costas a los demandados.  
Notifíquese la presente resolución a las partes en los términos acordados, advirtiéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, que se preparará mediante escrito dirigido a este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles desde su notificación y, con los requisitos del artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo constituir el depósito exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.  
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, incluyéndose la original en el libro de sentencias.  
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo».  
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el juez que la suscribe, estando constituido en audiencia pública, en el día de su fecha, de lo que hoy doy fe.  
Y encontrándose dichos demandados, Alin Gheorghe Artene y Florentin Marian Groza, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma a los mismos.  
Castellón de la Plana, 17 de diciembre de 2010.- El secretario judicial: Alexandre Ros Ros.