Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4441, del 17-02-2003 (2003/1432)

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2003, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se estima en parte el recurso interpuesto por Don Roberto García Mínguez, en nombre y representación de la mercantil Caolines Lapiedra, SL., contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, de fecha 21 de diciembre de 2001 por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Aras de los Olmos (Valencia).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4441

Fecha DOGV
:   17-02-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/1432


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2003, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se estima en parte el recurso interpuesto por Don Roberto García Mínguez, en nombre y representación de la mercantil Caolines Lapiedra, SL., contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, de fecha 21 de diciembre de 2001 por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Aras de los Olmos (Valencia). [2003/1432]
  
Visto el recurso de alzada interpuesto por don Roberto García Mínguez, en nombre y representación de la mercantil Caolines Lapiedra, SL., contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, de fecha 21 de diciembre de 2001 por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Aras de los Olmos (Valencia), y de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Con fecha 21 de diciembre de 2001 la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia acordó aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Aras de los Olmos, siendo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, en fecha 1 de abril de 2002, y reseñado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de fecha 8 de mayo de 2002.
  
Segundo. En fecha 2 de mayo de 2002, Don Roberto García Mínguez, en nombre y representación de la mercantil Caolines Lapiedra, SL., interpuso recurso de alzada contra el citado acuerdo aduciendo que la recurrente era titular de la concesión minera de explotación ?Santa Aurelia- nº 2118, junto con un primer permiso de investigación en ?La Losilla- y en trámite un segundo permiso de investigación en ?La Romerosa?, por lo que poseía derechos consolidados para la explotación sobre los recursos minerales existentes en la demarcación de aquellas; que las arenas caoliníferas, de acuerdo con el Real Decreto 3427/2000, tenía la calificación legal de materia prima mineral prioritaria; que el Ayuntamiento de Aras de los Olmos había iniciado la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, clasificando el suelo donde se encuentra la concesión minera como suelo no urbanizable y, con la prohibición de uso de actividades mineras, con la intención de privar a la misma de sus legítimos derechos mineros, omitiendo la Comunicación a la COPUT de la sentencia Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 12 de enero de 2.001, que le reconocía el derecho a la recurrente a que se admitiera a trámite tanto la solicitud de licencia de actividad, como la ocupación temporal del monte público, donde se desarrolla dicha extracción, invocando, por todo ello, la sentencia del Tribunal Constitucional 64/1982 de 4 de noviembre, que viene a reconocer que, si bien la imposición de una carga adicional para la protección del medio ambiente no es en sí misma contraria a la Constitución ni al estatuto, sí lo es la prohibición con carácter general de las actividades extractivas de las secciones C y D.
  
Tercero. Los servicios territoriales de Urbanismo de Valencia dieron traslado del citado recurso al Ayuntamiento de Aras de los Olmos, que tuvo entrada en dicha Corporación Local en fecha 9 de mayo de 2002, para que en el plazo de 15 días, conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiera alegar cuanto estimase conveniente. Con fecha 10 de mayo de 2002, el citado Ayuntamiento solicitó ampliación de plazo para emitir informe, el cual tuvo entrada en dicha Conselleria en fecha 3 de junio de 2002, en el sentido de desestimar el recurso.
  
Cuarto. Los servicios territoriales de Urbanismo de Valencia, con fecha 27 de junio de 2002, en relación con el objeto del presente expediente, emitieron informe proponiendo la estimación parcial del recurso.
  
Quinto. El Área Jurídica de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 2 de enero de 2003, informó favorablemente la estimación en parte del presente recurso de alzada.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. El recurso de alzada deducido es admisible puesto que se interpuso en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el artículo 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en consecuencia procede entrar en el fondo de las cuestiones que en el mismo se plantean.
  
Segundo. El objeto del recurso interpuesto por don Roberto García Mínguez, en nombre y representación de la mercantil Caolines Lapiedra, SL., es la nulidad parcial del Acuerdo dictado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, de fecha 21 de diciembre de 2001, por cuanto que el material extraído por la recurrente es de vital importancia económica y social para el desarrollo de nuestra Comunidad Autonómica, debiendo dejarse sin efecto del citado Acuerdo, en los terrenos que afectan a la actividad de la recurrente, la clasificación como suelo no urbanizable de especial protección, así como la prohibición de actividades de uso minero en las mismas.
  
Tercero. Tal y como indica acertadamente el informe de los servicios territoriales de Urbanismo de Valencia, confluyen en el presente supuesto dos intereses que es necesario valorar, por un lado, el derecho que asiste al concesionario de la explotación minera que, en cuanto a su condición de dominio público natural, forma parte de la riqueza del estado, y como tal, preservada por la propia Constitución, en su artículo 128.1 que establece ?Toda la riqueza del país en sus distintas formas y fuese cuál fuese su titularidad está subordinada al interés general?, y por otro, los intereses, igualmente dignos de protección, relativos a la vocación agrícola del territorio, el patrimonio cultural y los valores paisajísticos del terreno sobre el que se asienta la concesión minera. Acerca de todos ellos se han manifestado: la Conselleria de Medio Ambiente, mediante la Declaración de Impacto Ambiental, la Conselleria de Cultura y Educación, a través de su inclusión en el Inventario de Yacimientos de la Comunidad Valenciana, y el Ayuntamiento de Aras de los Olmos al manifestar la vocación agrícola de los terrenos y el interés de preservar los valores paisajísticos de la zona.
  
Ciertamente, en los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección sobre los que se asienta la actividad extractiva confluyen valores de orden superior, exigibles constitucionalmente, que vienen a configurar el interés general al que debe subordinarse la riqueza del país y que, en consecuencia pudieran justificar la preservación en dicha zona de las actividades mineras.
  
Ahora bien, no puede acudirse a la misma interpretación para justificar la exclusión de dicha actividad en la zona que ha sido calificada como de uso Común, dado que en ésta se permiten todos los usos del art.8 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable, incluido el uso industrial, en las zonas y con las condiciones que determine el Plan. La potestad de planificar como bien ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 6/05/98; STS 4/11/81;STS 12/04/00), tiene como manifestación la posibilidad, entre otras, de determinar los usos permitidos en cada zona del territorio, que como actividad discrecional debe justificarse en atención al interés general de la comunidad, que en última instancia será el principio rector de su actuación. En el presente caso, como se manifiesta en el informe del Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia, el Ayuntamiento de Aras de los Olmos no ha justificado la exclusión de la actividad minera en todo su Suelo No Urbanizable, sino que de forma genérica se limita a incluir dicha prohibición dentro de un artículo de las Normas urbanísticas, y no obstante lo cuál dicha actividad viene implícitamente aceptada en otras disposiciones repartidas por las mismas Normas Urbanísticas. No se dan en consecuencia, en el Suelo No Urbanizable Común, a diferencia del suelo de uso Protección Acuífera y Paisajística, valores dignos de protección que puedan ser oponibles a la explotación o investigación de los recursos económicos del Estado, a los que ha sido atribuida la condición de prioritarios, y a los que ha sido concedido el derecho de investigación y explotación mediante concesión del dominio público.
  
Por lo que en el Suelo No Urbanizable Común se deberá concretar justificadamente en qué zonas y bajo qué condiciones se pueden permitir las actividades mineras de esta índole.
  
Cuarto. Para resolver el presente recurso tiene atribución el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de la Generalitat Valenciana, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Decreto 210/2001, de 18 de diciembre y en el artículo 14.2 del Reglamento de Organos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto 77/1.996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Estimar en parte el recurso interpuesto por Don Roberto García Mínguez, en nombre y representación de la mercantil Caolines Lapiedra, SL., contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, de fecha 21 de diciembre de 2001 por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Aras de los Olmos (Valencia), en el sentido de eliminar de las normas urbanísticas de éste, la prohibición genérica de la actividad extractiva en el suelo no urbanizable común, manteniendo el resto de pronunciamientos del acuerdo.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.