Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7865, del 05-09-2016 (2016/6802)

ACUERDO de 4 de agosto de 2016, del Consell por el que se adjudican las concesiones administrativas para la explotación de tres programas del servicio público de la televisión digital terrestre con cobertura local y se transforman en licencias. Lote 1 - Alcoy (Canal 56 TL01A).
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7865

Fecha DOGV
:   05-09-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2016/6802


Fecha del documento
:   04-08-2016

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Acuerdo

Análisis jurídico

ACUERDO de 4 de agosto de 2016, del Consell por el que se adjudican las concesiones administrativas para la explotación de tres programas del servicio público de la televisión digital terrestre con cobertura local y se transforman en licencias. Lote 1 - Alcoy (Canal 56 TL01A). [2016/6802]  
Antecedentes  
I. Por resolución de fecha 1 de julio de 2005, del conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5042, de 5 julio de 2005, se convocó concurso público, mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de concesiones para la explotación de programas del servicio público de la televisión digital terrestre con cobertura local.  
II. La sentencia de 18 de julio de 2012, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, estimó el recurso de casación número 5128/2008, interpuesto por Servicios de Difusión Tele Elx, SAU, declarando la nulidad de la Resolución de 30 de enero de 2006, dictada por el conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat Valenciana, por la que se adjudicaron las concesiones, así como de la Resolución de 12 de abril de 2006, de la Subsecretaría de la Presidencia de la Generalitat, por delegación del President, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra aquella.  
III. En ejecución de la mencionada sentencia, mediante resolución de 12 de febrero de 2013, del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua (DOCV 6972, 25.02.2013), se ordenó la retroacción del procedimiento al momento anterior a que la mesa de contratación formule la propuesta de adjudicación de las concesiones, conservando las actuaciones anteriores llevadas a cabo en el seno de dicho procedimiento, sin perjuicio de salvaguardar las facultades que a la mesa de contratación le otorga la cláusula 16, letra d, del pliego de cláusulas administrativas que rigen la adjudicación.  
IV. De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 24.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares, la mesa de contratación ha elevado, con fecha 16 de junio de 2015, propuesta de adjudicación de todos los lotes del concurso según el informe técnico elaborado, siguiendo los criterios objetivos de valoración establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la presente convocatoria.  
V. El Servicio de Contratación y Asuntos Generales de la Presidencia ha emitido informe en el que se hace constar que los licitadores propuestos en el presente lote han presentado, ante el órgano competente para su tramitación, la documentación preceptiva prevista en la cláusula 24.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares, no existiendo en el lote 1, aparte de los adjudicatarios, otros licitadores que reúnan los requisitos exigidos. A este respecto, hay que significar que en fecha 22 de julio de 2016 la Abogacía General de la Generalitat, en un supuesto idéntico y en el marco de este procedimiento, emite informe en el que concluye que la declaración de concurso voluntario de acreedores de Mediamed Comunicación Digital, SA, empresa matriz del grupo al que pertenece una licitadora, implica que la propuesta de la licitadora no puede ser cumplida.  
VI. Por último, se hace constar que las empresas propuestas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para ser titular de una licencia de comunicación audiovisual, y no incurren en ninguna de las circunstancias que impiden ser titular de una licencia conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de dicha ley.  
A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. El presente concurso fue convocado al amparo de la entonces legislación vigente en materia de servicios de comunicación audiovisual y, en particular, de lo dispuesto en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, cuya disposición adicional cuadragésimo cuarta establecía que, para la explotación de los servicios de televisión digital terrestre, considerados servicios públicos, era necesario disponer del correspondiente título habilitante.  
Segundo. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, entonces vigente, la gestión indirecta del servicio mediante concesión administrativa por particulares debía otorgarse por el procedimiento de concurso público, al que resultaban de aplicación las normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y demás de aplicación en aquel momento.  
Tercero. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (en adelante, LGCA), legislación básica en la materia, estableció un nuevo marco regulador de la comunicación audiovisual en nuestro ordenamiento jurídico. El nuevo régimen pivota sobre el principio de liberalización de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual que, de acuerdo con el artículo 22 de la citada ley, se configuran, ya no como servicios públicos, sino como servicios de interés general. De esta manera, los ahora denominados servicios de comunicación audiovisual de interés general se prestan en régimen de libre competencia, con las restricciones derivadas de la limitación del espectro radioeléctrico y de la necesaria protección de los derechos e intereses de los ciudadanos. Así, cuando dichos servicios se presten mediante ondas hertzianas terrestres necesitarán licencia previa otorgada mediante concurso por la autoridad audiovisual competente.  
Cuarto. A este concurso le es de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la LGCA que establece que los concursos de adjudicación de concesiones para la gestión indirecta del servicio de interés general de radio y televisión de ámbito estatal no resueltos antes de la entrada en vigor de esta ley, continuarán su tramitación de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vigente en el momento de la convocatoria del concurso, debiendo procederse por la autoridad competente, una vez resuelto el concurso, a transformar las concesiones en licencias con la vigencia prevista en ella.  
Quinto. De conformidad con el artículo 115 del TRLCAP, en ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 20, entre los que figuraba la circunstancia - letra b) - de haber sido declarados en quiebra, en concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento, o sujeto a intervención judicial; haber iniciado expediente de quita y espera o de suspensión de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores, mientras, en su caso, no fueren rehabilitados. Atendiendo al análisis de la normativa de aplicación, la Abogacía General de la Generalitat en informe de fecha 22 de julio de 2016, respecto de otra de las empresas licitadoras perteneciente al mismo grupo empresarial concluye que  
«?la empresa licitadora propuesta para la adjudicación [...] no se encuentra en concurso de acreedores. También se concluye que Mediamed Comunicación Digital, SA, tiene prohibida la realización parcial de la prestación al encontrase en una de las causas de prohibición de contratar con la administración -concurso voluntario de acreedores-.  
Esta circunstancia implica de hecho que la propuesta ofrecida por la licitadora no puede ser cumplida, ya que, tal y como se ha descrito en su oferta técnica resumida en el apartado tercero del presente informe, la participación de Mediamed es esencial para poder llevar a cabo su ejecución material.  
Debe recordarse que el artículo 22 del TRLCAP, denominado «Efectos de la falta de capacidad, solvencia y de las prohibiciones de contratar», dispone lo siguiente: las adjudicaciones de contratos en favor de personas que carezcan de la capacidad de obrar o de solvencia y de las que se hallen comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 20 serán nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de ello, el órgano de contratación podrá acordar que el empresario continúe la ejecución del contrato, bajo las mismas cláusulas, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público correspondiente.»  
Sexto. De conformidad con el artículo 27.3 de la LGCA, el acto de otorgamiento de la licencia precisará con toda exactitud las condiciones que tienen el carácter de esenciales. En este sentido, es necesario destacar que el plazo de vigencia de los títulos habilitantes ha resultado modificado, pasando de los diez años previstos para las concesiones convocadas en el presente concurso, a los quince años de vigencia que la LGCA prevé para las licencias, y que deben computarse desde la fecha de transformación de las concesiones.  
Séptimo. El artículo 43.2 de la Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual, dispone que el otorgamiento de las concesiones administrativas compete al Consell de la Generalitat, y corresponde el impulso y gestión del concurso público al departamento que ostente las competencias en materia audiovisual. Estas competencias actualmente están asignadas a la Presidencia de la Generalitat conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, así como el Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que determina las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat.  
No obstante, el president de la Generalitat manifestó el 11 de febrero de 2016 su abstención en el procedimiento por concurrir lo previsto en el artículo 28.2.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y su sustitución por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.  
En consecuencia, a propuesta de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y vicepresidenta del Consell, y de acuerdo con lo que establece el artículo 15.1 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, el Consell, previa deliberación, en su reunión de 4 de agosto de 2016,  
  
  
ACUERDA  
  
Primero  
No adjudicar una concesión para la explotación de un programa de televisión digital terrestre con cobertura local, correspondiente al lote 1, demarcación Alcoy canal 56 referencia TL01A a la licitadora 43 TV, SL, dado que la empresa matriz del grupo al que pertenece, Mediamed Comunicación Digital, SA, tiene prohibida la realización parcial de la prestación, al encontrase en una de las causas de prohibición de contratar con la administración.  
  
Segundo  
Adjudicar, por tanto, las concesiones para la explotación de tres programas de televisión digital terrestre con cobertura local, correspondientes al lote 1, demarcación Alcoy canal 56 referencia TL01A, a favor de los siguientes licitadores:  
- Editorial Prensa Alicantina, SA  
- Canal 37 Televisión Marina Alta, SL  
- Consorcio de Televisión Comarcal  
  
Tercero  
Transformar las concesiones adjudicadas en licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva, que tendrán una duración de quince años desde la fecha de formalización en documento administrativo del contrato de concesión, prorrogables de forma automática por el mismo plazo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.  
  
Cuarto  
Los licenciatarios están obligados al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual y demás normativa que resulte de aplicación, y quedan vinculados, durante todo el periodo de vigencia de las licencias, por las condiciones incluidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y, singularmente, al mantenimiento de los compromisos adicionales asumidos en la oferta presentada.  
  
Quinto  
El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Consell, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y ello sin que puedan simultanearse ambos recursos y sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
Valencia, 4 de agosto de 2016  
  
La consellera secretaria,  
MÓNICA OLTRA JARQUE