Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4253, del 21-05-2002 (2002/5049)

Notificació a la senyora Josefa Luisa Martínez.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4253

Fecha DOGV
:   21-05-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/5049


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a doña Josefa Luisa Martínez. [2002/A5049]
  
Al no haberse podido practicar la notificación a doña Josefa Luisa Martínez y conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 10 de abril de 2002 (SC-4/2002).
  
Vistos los antecedentes obrantes en esta Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes relativos a la realización de obras sin licencia consistentes en almacén para el acopio de materiales y enseres, un cerramiento perimetral y la cubrición de una terraza contigua mediante cubierta metálica ligera sobre los terrenos del parque urbano PU-5 urbanización Sant Esperit, en el término de Gilet, y de conformidad con los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
1. Como se pone de manifiesto en el informe emitido por el técnico competente de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, sobre los terrenos del parque urbano PU-5 urbanización Sant Esperit 1 se han realizado obras consistentes en almacén para el acopio de materiales y enseres, un cerramiento perimetral y la cubrición de una terraza contigua mediante cubierta metálica ligera.
  
El planeamiento vigente es el Plan General de Ordenación Urbana de Gilet que clasifica los terrenos sobre los que se ubica como suelo urbano, con calificación de zona verde parque urbano (PU-5 Urbanización Sant Esperit 1), sistemas generales. Además el emplazamiento está afectado por la protección de la vía pecuaria V-1 azagador del río Palància, y posiblemente por el dominio público hidráulico del barranco de Maladicha.
  
2. Según consta en el informe técnico de este organismo, la valoración actual de las obras realizadas asciende estimativamente a la cantidad de dieciocho mil treinta euros y treinta y seis céntimos de euro (18.030,36).
  
3. En fecha 6 de marzo de 2001 se remitieron las actuaciones al ministerio fiscal por si pudieran ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio previsto en el artículo 319 del Código Penal.
  
El 21 de junio de 2001 se requirió al Ayuntamiento de Gilet para que ejerciera las competencias que en cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora le corresponden de acuerdo con el artículo 25.d de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con apercibimiento de que, si en el plazo de un mes no procedía a ello, esta administración autonómica entendería que podía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la misma norma, proceder al ejercicio de éstas por sustitución.
  
4. En el expediente aparece como responsable, en concepto de promotor, doña Josefa Luisa Martínez, sin que conste la identidad del constructor y del técnico director.
  
5. Con fecha 2 de mayo de 2001 se resuelve el archivo de las actuaciones por parte del ministerio fiscal por no revestir los requisitos necesarios para el tipo del artículo 319 del Código Penal.
  
6. Por el director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, en fecha 29 de octubre de 2001, se adoptó resolución por la que se incoaba expediente sancionador por los hechos referidos. Debidamente notificada a la interesada, por ésta no se presentan alegaciones.
  
7. En sesión celebrada el 15 de marzo de 2002, la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia acordó elevar informe al conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, proponiendo la imposición de una sanción de dos mil setecientos cuatro euros con cincuenta y cinco céntimos de euro a doña Josefa Luisa Martínez en concepto de promotor por la realización de las obras anteriormente descritas.
  
Fundamentos de derecho
  
1. De acuerdo con la disposición adicional tercera, apartado 6, de la Ley del Suelo No Urbanizable se prevé la posibilidad de que la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes pueda ejercer la competencia propia del Ayuntamiento, en materia sancionadora, por sustitución, según lo previsto en el artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y previo requerimiento específico que en presente caso se ha llevado a efecto.
  
2. Las obras llevadas a cabo requieren de la previa y preceptiva licencia municipal tal y como establece el artículo 242 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y en el artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
  
3. Dichas obras son constitutivas de una infracción urbanística por contravenir lo establecido en la legislación aplicable al caso, apareciendo concretamente tipificada en los artículos 76 y 90 del Reglamento de Disciplina Urbanística, sin perjuicio de lo que se determine a lo largo de la instrucción del expediente, procediendo, en consecuencia, la imposición de la sanción de multa del 10 al 20% del valor de la obra ejecutada.
  
4. No son de aplicación circunstancias modificativas de la responsabilidad, y a tenor de los artículos 55 y 63 del Reglamento de Disciplina Urbanística, procede imponer la sanción en su grado medio, esto es, el 15%, que supone la cantidad de dos mil setecientos cuatro euros y cincuenta y cinco céntimos de euro (2.704,55)
  
5. El presente expediente ha sido tramitado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
6. La resolución de incoación del expediente sancionador puede ser considerada como propuesta de resolución a los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, cuando no se presentan alegaciones por el interesado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la misma norma.
  
7. El órgano competente para imponer la sanción es el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, conforme al artículo 6 del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Imponer, a doña Josefa Luisa Martínez, en concepto de promotor, la sanción de dos mil setecientos cuatro euros y cincuenta y cinco céntimos de euro (2.704,55), por la ejecución de las obras consistentes en almacén para el acopio de materiales y enseres, un cerramiento perimetral y la cubrición de una terraza contigua mediante cubierta metálica ligera, sobre los terrenos del parque urbano PU-5 urbanización Sant Esperit 1, en el término de Gilet.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.