Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4947, del 16-02-2005 (2005/1176)

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2004 del Centro de Desarrollo Marítimo de Valencia, por la que se otorga a Promociones Marsan, SL, concesión administrativa para acondicionar y explotar el edificio de la antigua lonja de pescados en el puerto de Santa Pola.
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Número DOGV
:   4947

Fecha DOGV
:   16-02-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/1176


Fecha del documento
:   16-12-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Santa Pola
    * industria pesquera
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2004 del Centro de Desarrollo Marítimo de Valencia, por la que se otorga a Promociones Marsan, SL, concesión administrativa para acondicionar y explotar el edificio de la antigua lonja de pescados en el puerto de Santa Pola. [2005/X1176]
  
Dada cuenta de la solicitud formulada por Manuel Marhuenda Irastorza, en representación de Promociones Marsan, SL, sobre el asunto de referencia.
  
Resultando que por Resolución del director del Centro de Desarrollo Marítimo de fecha 16 de noviembre de 2004 se ha otorgado concesión a la Cofradía de Pescadores de Santa Pola para el acondicionamiento y explotación de una superficie de 543,38 m² del edificio de la antigua lonja de pescado en el puerto de Santa Pola, lo que deja libre la superficie objeto de la presente solicitud de concesión.
  
Visto informe favorable emitido por el Servicio de Explotación y Conservación de Puertos proponiendo se otorgue la concesión administrativa solicitada en el que se indica, entre otros extremos, que:
  
?El local pretendido se ubica en la antigua lonja, ocupando una superficie de 273,4 m² según se recoge en plano adjunto. En él se plantea ubicar un centro de producción de moluscos vivos obteniendo el agua precisa de un pozo ya existente, depurando dicha agua y utilizándola para la cría de moluscos, y finalmente vertiendo el agua así utilizada a la dársena del puerto. Se implantarían también los procesos de limpieza, clasificación y embalaje y se complementaría la instalación con un local de degustación y venta al detall. Igualmente se contempla la instalación en la cubierta de paneles solares para la producción de energía eléctrica.
  
Su ejecución supone la implantación de una actividad directamente relacionada con el mar y que da rendimiento ya actividad a un local disponible para ello?.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Costas, se sometió la solicitud a información pública por plazo de veinte días, durante el cual no se presentaron alegaciones.
  
El Ayuntamiento de Santa Pola emite informe favorable, con entrada en esta Conselleria el 7 de octubre de 2004, haciendo constar que deberá aportarse a esa Entidad el proyecto de apertura de la actividad.
  
Solicitado informe a la Dirección General de Transportes, Puertos y Costas, lo emite con carácter favorable el 2 de noviembre de 2004.
  
Notificada al interesado la Resolución de sometimiento de condiciones en las que podría otorgarse la concesión de referencia, el 3 de diciembre de los corrientes tiene entrada en la Conselleria escrito de aceptación de dichas condiciones, y el 14 de diciembre siguiente se reciben las cartas de pago justificantes de haber depositado las fianzas exigidas.
  
En uso de las atribuciones que concede al director del Centro de Desarrollo Marítimo el artículo 14 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, resuelvo:
  
Otorgar a ?Promociones Marsan, SL.- concesión administrativa para acondicionar y explotar una superficie de 273,4 m² del edificio de la antigua lonja de pescados en el puerto de Santa Pola, según las condiciones que se indican en los pliegos insertados a continuación:
  
Pliego de condiciones de la concesión administrativa para acondicionar y explotar el edificio de la antigua lonja de pescados en el puerto de Santa Pola. índice.
  
1ª. Ámbito de la concesión
  
Lo constituye el acondicionamiento y explotación de la zona de una superficie de 273,4 m² del edifico de la antigua lonja de pescado en el puerto de Santa Pola, según plano que se adjunta a la presente en el que se indica: ?Depuradora y Centro de Expedición de Moluscos. Sup: 273,4 m²?.
  
2ª. Régimen jurídico
  
Prescripciones contenidas en el presente pliego
  
Normativa aplicable:
  
1) Capítulos I y II del Título preliminar, Capítulo I del Título I, Títulos II y IV y las Disposiciones Transitorias Cuarta y Sexta de la Ley 27/1.992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por Ley 62/1997, de 26 de diciembre (incorporados a la legislación de esta Comunidad Autónoma, como Derecho propio de la misma por Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana DOGV nº 4409 de 31 de diciembre de 2002), en lo que no se contradiga con el TRLCAP.
  
2) Ley 22/1.988, de 28 de Julio, de Costas, en cuanto sea de aplicación por remisión de la ley de Puertos y su Reglamento.
  
3) Con carácter supletorio, el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP; y según lo dispuesto en la Disposición Derogatoria de la Ley, el Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En este contexto, la administración ostenta la prerrogativa de interpretar las cláusulas de la concesión, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarla por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
  
3ª. Plazo
  
Esta concesión se otorga por el plazo de quince (15) años, dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de tercero, sin cesión del dominio público ni de las facultades dominicales de la administración. El plazo comienza a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente.
  
4ª. Canon y su revisión
  
El titular de la concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 16/2003 de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, viene obligado a abonar a la Generalitat Valenciana las siguientes cantidades:
  
a) Canon por aprovechamiento de superficies: 5.634,77 euros / año, a razón de: 20,61 €/m²/año aplicados a los 273,4 m² de tinglados y almacenes.
  
b) Canon por resultado de la explotación para el concesionario: 4.804,17 euros/ año.
  
Total canon anual: 10.438,94 euros
  
El importe señalado no incluye el IVA o cualquier otro impuesto que deba ser aplicado.
  
El día 1 de enero de cada año el canon será revisado aplicando las variaciones registradas en el Índice de Precios de Consumo del año anterior, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. Igualmente la cuantía del canon estará sujeta a actualización conforme a las disposiciones legales que al respecto se dicten con carácter general por la Generalitat Valenciana para instalaciones náutico deportivas.
  
El otorgamiento de autorizaciones dentro del ámbito de la concesión que supongan una actividad por la que el concesionario perciba ingresos, según lo dispuesto en la cláusula 16ª, supondrá necesariamente el establecimiento de una partida independiente de canon por rendimiento de actividad, que se fijará de acuerdo con las normas vigentes o los criterios aplicables en cada momento, y que se devengará junto con el canon anual.
  
El canon se abonará por semestres adelantados, mediante transferencia bancaria a la cuenta que se le indique en cada liquidación que se le practique por la administración, a partir de la fecha de entrada en vigor de la concesión.
  
A tal efecto, deberá aportar domiciliación bancaria para el abono del canon, debidamente cumplimentado, con anterioridad al otorgamiento de la concesión.
  
El período de pago voluntario será de un mes desde la notificación de la liquidación correspondiente.
  
De no hacer efectivo el pago en período voluntario podrá procederse a su cobro por la vía de apremio en la forma reglamentariamente establecida. Para iniciar el expediente de caducidad será suficiente que no se haya efectuado el ingreso en período voluntario.
  
El impago del canon durante dos semestres consecutivos será causa de caducidad de la concesión.
  
5ª. Impuestos y garantías definitivas:
  
5.1) impuestos.
  
Dentro del plazo de un mes, contado a partir del conocimiento de la resolución de otorgamiento por el concesionario, se abonará por éste el importe correspondiente al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, conforme al RD Legislativo 1/93, de 24 de septiembre
  
5.2) fianzas.
  
El concesionario mantendrá en la Tesorería de la Generalitat Valenciana, servicios territoriales de la Conselleria de Economía y Hacienda, las fianzas que a continuación se relacionan, aportando las correspondientes cartas de pago que se les expidan a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte para su incorporación al expediente:
  
Fianza definitiva de obras: por importe de cuatro mil euros (4.000 Euros) responde de la dirección y ejecución de las obras a realizar y se devolverá al concesionario, a instancia de éste, una vez haya transcurrido un año desde que haya sido aprobada el acta de reconocimiento final de las obras.
  
Fianza definitiva de explotación: por importe de diez mil cuatrocientos treinta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos (10.438,94 euros).
  
La fianza de explotación responderá de todas las obligaciones derivadas de esta concesión, de las sanciones que por incumplimiento de las condiciones de la misma se puedan imponer al titular de la concesión y de los daños y perjuicios que tales incumplimientos pueda ocasionar.
  
Si la administración ejecutase parcial o totalmente la fianza, el concesionario queda obligado a completarla o reponerla en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la disminución de su importe. El incumplimiento de esta obligación será causa de caducidad de la concesión.
  
La fianza de explotación será devuelta al término del plazo concesional si no existiera responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de que responde.
  
6ª. Uso y explotación
  
La superficie del local en concesión sólo podrá utilizarse para los fines previstos en el ?proyecto básico para una instalación para producción de moluscos vivos?, sin que el concesionario pueda destinar el dominio público concedido, ni las obras en él ejecutadas a usos distintos de los expresados. No se admitirá el uso como terraza del exterior del local. La cubierta del edificio sólo podrá destinarse a la instalación de paneles solares.
  
7ª. Transmisibilidad (cesión) y segregación
  
Aprobada el Acta de reconocimiento final de las obras, el Concesionario podrá transmitir la Concesión de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes
  
La presente concesión es transmisible por actos «inter vivos» previa autorización de la administración entendiéndose que quién se subrogue en sus derechos asumirá también las obligaciones que se imponen en esta concesión.
  
Para que se autorice la transmisión, será necesario:
  
- Que hayan transcurrido al menos dos años desde la fecha de otorgamiento de la concesión.
  
- Que el concesionario se halle al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la concesión.
  
- Que el nuevo titular reúna los requisitos exigidos para contratar con la administración, y para ejercer la actividad y prestar el servicio objeto de la concesión.
  
La Administración podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en los términos legalmente previstos.
  
Cuando la persona jurídica titular de una concesión se transforme, se fusione con otra o se escinda, se considerará que se ha producido un cambio de titularidad, siendo por tanto necesario la autorización expresa a que se refiere el párrafo anterior.
  
Cuando el concesionario sea una persona jurídica, cuya actividad principal consista en el disfrute de la concesión, se considerará transmisión cualquier cambio de titularidad de las acciones o participaciones que suponga sustitución de los socios o accionistas que lo fueren al tiempo del otorgamiento de la concesión, en porcentaje igual o superior al 50% del capital social.
  
Si la sociedad titular cambia únicamente de denominación social, solamente estará obligado a notificarlo a la Autoridad competente.
  
En caso de adjudicación por remate judicial, si el adjudicatario no reuniera los requisitos exigidos para contratar con la administración, y para ejercer la actividad y prestar el servicio objeto de la concesión, deberá transferirla, en el plazo de doce meses, a un nuevo concesionario que, a estos efectos, no presente limitación alguna.
  
No se inscribirá en el Registro de la Propiedad la transmisión de la concesión sin que se acompañe certificación de la administración acreditativa de este extremo, con inserción de las cláusulas de la concesión.
  
8ª. Modificación e indivisibilidad
  
Modificación. La Administración podrá autorizar a solicitud del interesado modificaciones de la concesión, que cuando sean sustanciales deberán someterse a información pública. En todo caso, tendrán el carácter de modificación sustancial las siguientes:
  
a) Ampliación de la superficie de la concesión en más de un 10% de la fijada en las actas de replanteo y reconocimiento. A estos efectos, únicamente será admisible la ampliación de la superficie con bienes colindantes a los concedidos.
  
b) Ampliación del volumen o superficie construida e inicialmente autorizada en más de un 10%.
  
c) Cambio de ubicación de la concesión.
  
Indivisibilidad: la concesión que se otorga es indivisible.
  
9ª. Subcontratación
  
Se prohibe expresamente la subcontratación o cesión de la prestación de los servicios básicos.
  
Si existieran servicios y prestaciones accesorias, podrá subcontratarse, de cuyos contratos se dará previamente conocimiento a la administración, entendiéndose que ésta otorga su aprobación si en 2 meses no se opone expresamente.
  
La Administración se reserva el derecho a prohibir, por causas justificadas, la celebración de determinados subcontratos.
  
En todo caso, la total responsabilidad del cumplimiento de lo dispuesto en los pliegos frente a la administración corresponde al concesionario.
  
10ª. Gravamen
  
La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre la concesión deberá ser previamente autorizada por la administración Portuaria.
  
No se inscribirá en el Registro de la Propiedad la constitución de hipotecas u otros derechos reales sobre la concesión sin que se acompañe Certificación de la administración a este respecto, con inserción de las cláusulas de la concesión.
  
11ª. Entrega de la superficie en concesión.
  
Si no se indicase otra cosa en la cláusula relativa al plazo, la administración fijará la fecha de entrega al concesionario de la superficie e instalaciones en concesión.
  
De la entrega se levantará Acta y plano que suscribirán el Concesionario y la administración otorgante en la persona en que delegue, en los que se detallará la ubicación, forma y superficie de la parcela, el estado de las instalaciones y cualquier otro extremo que pueda interesar.
  
12ª. Proyecto de construcción y ejecución de las obras.
  
Proyecto de construcción
  
En el plazo de tres meses, a contar desde el otorgamiento de la concesión, el concesionario deberá presentar el proyecto de construcción.
  
Este proyecto de construcción será examinado por los servicios técnicos de la administración. Si dichos servicios estiman que el proyecto es incompleto, el concesionario deberá completarlo debidamente en el plazo que al efecto se le conceda.
  
Si el concesionario incumpliera cualquiera de los plazos anteriores ?entrega del proyecto de construcción o plazo para su modificación- será potestativo de la administración el concederle una nueva prórroga extraordinaria (por un máximo de dos meses) de dicho plazo, imponiéndose una sanción de hasta el 1% del presupuesto total de las obras, o archivar el expediente.
  
Ejecución de las obras.
  
Una vez aprobado por la administración el Proyecto de construcción, el concesionario deberá dar inicio a la ejecución de las obras en el plazo máximo de un mes contado desde la notificación de dicha aprobación.
  
La ejecución de las obras no supondrá variación de la fachada del edificio de la lonja, siguiéndose en todo caso las instrucciones que al respecto dicte la Dirección Técnica del Puerto.
  
El plazo de ejecución de las obras será el que se establezca en la resolución de aprobación del proyecto de construcción que al efecto dicte la administración.
  
En cualquier caso, la ejecución de las obras se llevará a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del concesionario.
  
Si el concesionario incumpliera el plazo de inicio o de ejecución de las obras, será potestativo de la administración, siempre que existan razones que justifiquen su demora, el concederle una prórroga (por un máximo de seis meses) de dicho plazo, pudiendo imponerse una sanción de hasta el 5% del presupuesto de ejecución por contrata, o incoar el expediente de caducidad de la concesión, con pérdida de la fianza definitiva de construcción depositada. En el caso de que el concesionario incumpliera el nuevo plazo prorrogado, la administración podrá:
  
a) Declarar la caducidad de la concesión.
  
b) Concederle una última prórroga con imposición de una sanción de hasta el 5% del presupuesto de ejecución por contrata. Un nuevo incumplimiento del plazo llevará la incoación del expediente de caducidad de la concesión, con pérdida de la fianza.
  
En el supuesto en que el concesionario acredite que no ha iniciado las obras en el plazo establecido porque se le han denegado, por parte de otros organismos públicos, las licencias, permisos y otras autorizaciones necesarias, podrá renunciar a la concesión, en cuyo caso se le devolverá la fianza de construcción.
  
Durante la vigencia de la concesión el titular de ésta no podrá realizar ninguna modificación o ampliación de las obras sin previa autorización. El incumplimiento de esta condición podrá ser causa de la caducidad de la concesión.
  
13ª. Reconocimiento de las obras:
  
Terminadas las obras el concesionario solicitará por escrito de la Dirección Técnica del Puerto el reconocimiento de las mismas, que se practicará con asistencia de éste y del interesado, levantándose acta que será propuesta para su aprobación, si procede.
  
En el acta se recogerá la superficie exacta ocupada por la concesión.
  
14ª. Vigilancia de las obras:
  
Las obras quedarán bajo la inspección y vigilancia del director Técnico del Puerto y no serán obstáculo al paso para el ejercicio de la vigilancia litoral, quedando obligado el concesionario o conservarlas en buen estado y no pudiendo, lo mismo que el terreno, arrendarlas ni destinarlas a usos distintos que los expresados.
  
15ª. Inspección de la ejecución:
  
La Administración podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras, para comprobar si las mismas se ajustan al proyecto con base en el que se ha otorgado la concesión. Si apreciara la existencia de desviaciones en relación con el mismo, podrá aprobar el reconocimiento de las obras cuando estime que la modificación no altera sustancialmente la concesión, ni requiere una nueva información pública, o tramitar su legalización mediante el procedimiento correspondiente, o disponer que las obras se ajusten al proyecto autorizado. En este último supuesto, si el concesionario no lo hiciese en el plazo que se le indique, se procederá a la incoación de expediente de declaración de caducidad de la concesión.
  
16ª. Otras prescripciones relativas a las obras.
  
Finalizadas las obras, los terrenos afectados por las mismas pertenecientes a la zona portuaria, deberán quedar completamente libres de escombros o materiales. De no cumplirse esta condición se procederá por la administración a la retirada de escombros y limpieza del terreno, con cargo al titular de la autorización, sin perjuicio de imponerle las sanciones a que hubiere lugar.
  
17ª. Destrucción de las obras autorizadas
  
La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la presente concesión, siempre que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, dará derecho al concesionario para optar entre la extinción de la concesión sin indemnización alguna o la reconstrucción de las obras en la forma y plazo que se le señale sin que, en este último supuesto, se altere el plazo concesional primeramente señalado.
  
Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario o personas que de él dependan, la opción anteriormente establecida corresponderá a la administración otorgante, que podrá, en todo caso, obligar al concesionario a la reconstrucción de las obras sin perjuicio de las demás responsabilidades que le fueran exigibles.
  
18ª. Otras autorizaciones:
  
El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones que sean legalmente exigibles, ni del pago de los impuestos que le sean de aplicación, incluyendo el impuesto sobre bienes inmuebles, o el que legalmente le sustituya.
  
En concreto, deberá presentarse al Ayuntamiento la documentación que dicha entidad solicite antes del comienzo de las obras.
  
Vertido de aguas. Previamente el inicio de la actividad el concesionario deberá disponer de la autorización para el vertido de las aguas del proceso industrial a la dársena portuaria.
  
La realización de actividades dentro del ámbito de la concesión no previstas en el Proyecto o en el Estudio Económico conforme a los cuales se otorga la concesión, requerirá la previa y preceptiva autorización de la administración, y se estará en su caso a lo dispuesto en la cláusula cuarta sobre el canon concesional.
  
19ª. Obligación de conservación y mantenimiento
  
El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos concedidos en perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, de higiene y de estética, realizando a su cargo los trabajos de conservación y mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello.
  
La Administración podrá inspeccionar en todo momento el estado de conservación y mantenimiento de los bienes adscritos al servicio y señalar las reparaciones y otras acciones que deban realizarse a fin de que los bienes se encuentren en perfecto estado de conservación para el correcto funcionamiento del servicio así como para su reversión al final del plazo concesional.
  
Queda obligado el concesionario a cumplir las órdenes que la administración le dicte a los anteriores fines dentro del plazo prudencial que se le señale.
  
El concesionario deberá, cuando las obras de conservación a realizar tengan el carácter de gran reparación, presentar previamente, para su aceptación en su caso por la administración, el proyecto correspondiente.
  
20ª. Otras obligaciones del concesionario.
  
El concesionario está obligado a:
  
1. Gestionar la actividad de la concesión a su riesgo y ventura, no siendo en ningún caso la administración responsable de las obligaciones contraidas por el concesionario ni de los daños o perjuicios causados por éste a terceros.
  
2. Organizar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas los pliegos, prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas en el pliego correspondiente.
  
3. Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, si bien la administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate
  
4. Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la administración
  
5. Facilitar la información técnica o económica que le solicite la administración.
  
Todo el personal necesario para la explotación de la concesión será por cuenta y a cargo del concesionario. También serán a su cargo los gastos de electricidad, agua, teléfono, limpieza, jardinería, recogida de basuras, etc., necesarios para el desarrollo de la actividad y todos los gastos que ésta ocasione, así como la contratación de aquéllos, las acometidas y el pago de los derechos correspondientes.
  
En el primer semestre de cada año natural, e inmediatamente a su presentación en el Registro Mercantil, el concesionario entregará a la administración una copia registrada de su declaración anual de cuentas, que incluirá la cuenta de resultados y el balance de situación de la sociedad.
  
A los efectos de lo prevenido en el art. 159 aptdo. l del Rgto de Costas y por venir asociada a la solvencia económica de la entidad explotadora, se establece como motivo de caducidad de la concesión su devenimiento a una situación patrimonial que legalmente fuere causa de disolución de la empresa.
  
Conocida la misma, la administración requerirá que sea subsanada en el plazo de 2 meses realizando las pertinentes operaciones de capital, si transcurrido el plazo no acreditara haber subsanado la situación, se declarará la caducidad de oficio por la autoridad competente, a propuesta de la administración, y tras el trámite de audiencia al interesado, sin que la misma pueda ser revocada por la posterior capitalización de la entidad. El ocultamiento de la situación por el mismo plazo de 2 meses desde que fuera conocida por la entidad será también causa de caducidad.
  
21ª. Incumplimientos del concesionario
  
Si del incumplimiento por parte del concesionario se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio público y la administración no decidiese la resolución de la concesión, podrá acordar la intervención de la misma hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el concesionario deberá abonar a la administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.
  
22ª. Sanciones
  
El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas en la concesión dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, con arreglo a lo establecido a la Ley de Puertos o legislación que en su momento sea de aplicación, sin perjuicio de que, cuando a juicio de la administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, ésta pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente.
  
23ª. Causas de resolución
  
Además de las establecidas con carácter general en la legislación aplicable y en los pliegos de esta concesión, son causas de resolución de la concesión:
  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad concesionaria. En el primer caso la administración podrá acordar la continuación de la concesión con sus herederos o sucesores, salvo disposición expresa en contrario de la legislación específica del servicio.
  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.
  
c) El mutuo acuerdo entre la administración y el concesionario
  
d) La falta de prestación por el concesionario de la garantía definitiva o las especiales o complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no formalización del contrato en plazo.
  
e) El rescate del servicio por la administración.
  
f) La supresión del servicio por razones de interés público.
  
g) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este pliego y en los demás que regulan la concesión, y en general el incumplimiento de las restantes obligaciones concesionales esenciales
  
24ª. Revocación
  
La concesión podrá ser revocada por la administración, sin derecho a indemnización, cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otrogamiento que impliquen la imposibilidad material o jurídica de la continuación en el disfrute de la concesión y en caso de fuerza mayor, cuando, en ambos supuestos, no sea posible la revisión del título de otorgamiento
  
25ª. Caducidad
  
Será causa de declaración de caducidad de esta concesión, además de las previstas legalmente, el incumplimiento de las obligaciones descritas en los pliegos del contrato, en particular:
  
- El impago del canon concesional durante dos semestres consecutivos. Para iniciar el expediente de caducidad será suficiente que no se haya efectuado el ingreso en período voluntario.
  
- La cesión a un tercero del uso total o parcial, sin autorización de la administración.
  
- La transferencia del título de otorgamiento, sin autorización de la administración.
  
- La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía, sin autorización de la administración.
  
- La ocupación de dominio público no otorgado
  
- El desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título.
  
La declaración de caducidad supondrá la perdida de la fianza o fianzas constituidas, pudiendo llevar aparejada, a criterio de la administración, la demolición, retirada de las obras e instalaciones, parcial o total, a cargo del concesionario, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna.
  
La tramitación del expediente de caducidad se realizará con independencia de la incoación del procedimiento sancionador que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en la anterior condición.
  
26ª. Rescate por obras:
  
En el caso de que el dominio público sea necesario total o parcialmente para la realización de actividades o ejecución de obras declaradas de utilidad pública y para realizarlas fuera preciso utilizar o destruir en todo o en parte las obras de la concesión, la administración podrá proceder al rescate de la misma antes de su vencimiento.
  
A tal efecto se incoará expediente de rescate de la concesión, en el que se dará audiencia al concesionario, sin que el concesionario tenga otro derecho que el de ser indemnizado por las obras no amortizadas, valoradas en los términos establecidos en la Ley de Puertos.
  
En esta valoración no se tendrán en cuenta las obras realizadas por el concesionario sin previa autorización, las cuales pasarán igualmente a la administración sin derecho a indemnización. El concesionario podrá, además, retirar libremente aquellos elementos existentes en la concesión que no hubieran sido relacionados en el acta de reconocimiento final y no estén unidos de manera fija al inmueble, siempre que con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, salvo que la administración decida también su rescate.
  
Si las obras se encontrasen deterioradas, se determinará por la administración el presupuesto de los gastos necesarios para dejarlas en buen estado, el cual se notificará al concesionario antes de ser aprobado. Su importe se rebajará de la tasación, y la diferencia que resulte será la cantidad que se abone al concesionario.
  
Realizada la entrega a la Autoridad competente de los bienes rescatados se devolverá la fianza de explotación, a solicitud del concesionario, con la deducción, en su caso, de las cantidades que el concesionario deba hacer efectivas por las responsabilidades en que haya incurrido.
  
27ª. Gastos
  
Los gastos originados por los anuncios de la información pública y de la resolución de otorgamiento de la concesión serán de cuenta del concesionario.
  
Los gastos que se originen por el replanteo, la inspección y el reconocimiento de las obras, serán de cuenta del concesionario.
  
28ª. Renuncia
  
Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza o fianzas constituidas. Además, salvo decisión contraria de la administración, quedará obligado a levantar las obras e instalaciones a su costa, dejando el terreno de la concesión libre de toda ocupación, en el plazo que se le señale.
  
29ª. Efectos reversión
  
Cuando por vencimiento del plazo concesional se produzca la reversión, quedarán extinguidos automáticamente, sin necesidad de declaración expresa, los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre el dominio público concedido y las obras e instalaciones objeto de la concesión. Tampoco asumirá la administración los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por lo tanto, pueda en forma alguna entenderse que la reversión implica la sucesión de empresa prevista en el artículo 44 del texto refundido de Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ni que la Autoridad Portuaria sea el empresario principal de la actividad realizada por el concesionario, a los efectos del artículo 42 de dicho texto refundido.
  
La Administración no asumirá ningún tipo de obligación laboral o económica del concesionario, vinculada o no a la actividad objeto del título extinguido.
  
Con una antelación de al menos un año respecto al fin del plazo concesional, la administración notificará al concesionario la resolución relativa al mantenimiento o no de las obras e instalaciones, e igualmente comunicará al concesionario las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones de buen uso y conservación aquí estipuladas.
  
Terminado el plazo concesional, revertirán al dominio público estatal los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, que habrán de encontrarse en todo caso en perfectas condiciones de buen uso y conservación, estando obligado el concesionario, a sus expensas, a la demolición y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna, excepto en el caso de que la administración, de propia iniciativa o a petición del concesionario, declare que, dado que se mantiene el interés público de las obras e instalaciones, procede su mantenimiento para continuar su explotación en la forma que se determine.
  
El concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de reconocimiento final levantada al efecto, siempre que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, si la administración no decide también su adquisición.
  
30ª. Acta de reversión
  
De la recepción por la administración de los bienes revertidos, se levantará la correspondiente acta en presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se reseñará el cumplimiento por el concesionario de la obligación de reponer el terreno a su anterior estado o, en el caso de que la administración hubiera optado por el mantenimiento de las obras e instalaciones, el estado de conservación de las mismas, especificándose los deterioros que presenten. En este último caso, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se indicará al concesionario el conjunto de reparaciones necesarias a ejecutar a su cargo en el plazo que se le señale.
  
31ª. Inscripción en el Registro de la Propiedad
  
Si el concesionario inscribiera la concesión en el Registro de la Propiedad, deberá facilitar a la administración certificación acreditativa de dicha inscripción.
  
No se inscribirá en el Registro de la Propiedad la transmisión de las concesiones o la constitución de derechos reales sobre las mismas sin que se acompañe certificación acreditativa de este extremo, con inserción de las cláusulas de la concesión.
  
Extinguida la concesión el concesionario solicitará la cancelación de la inscripción y dará cuanta de ello a la administración concedente.
  
32ª. Ejecución subsidiaria
  
Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se le ordenen por la administración, en aplicación de las condiciones correspondientes, ésta, de conformidad con la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de los gastos, así como de los daños y perjuicios a cargo del concesionario.
  
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la presente, sin perjuicio de la utilización de cualquier otro recurso que se estime oportuno.