Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3804, del 31-07-2000 (2000/6255)

ACUERDO de 18 de julio de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la instalación de un vertedero de residuos sólidos inertes en el polígono 19, Partidas de Sondeo y Font de Senill o Peñotes, promovido por Explotaciones Xúquer, SL., en el termino municipal de Alzira.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3804

Fecha DOGV
:   31-07-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/6255


Fecha del documento
:   18-07-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Alzira
    * plan de urbanismo
    * eliminación de residuos

ACUERDO de 18 de julio de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la instalación de un vertedero de residuos sólidos inertes en el polígono 19, Partidas de Sondeo y Font de Senill o Peñotes, promovido por Explotaciones Xúquer, SL., en el termino municipal de Alzira. [2000/6255]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 18 de julio de 2000, adoptó el siguiente Acuerdo:
  
Explotaciones Xúquer, SL., ha promovido el expediente referido a la solicitud de declaración de interés comunitario, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable (en adelante, LSNU), para la instalación de un vertedero de residuos sólidos inertes en el Polígono 19, Partidas de Sondeo y Font de Senill o Peñotes, parcelas 5, 14, 15, 20, 21, 22, 30, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 53, 54, 58, 59, 71, 86, 96, 98, 103, 104, 112, 113, 114a y 115, del término municipal de Alzira y de conformidad con los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
El proyecto se presentó el día 13 de marzo de 1998.
  
En fecha 26 de marzo de 1998 se revisó la documentación del expediente, solicitándose su complementación y se dio audiencia al propio Ayuntamiento de Alzira y a los municipios de la zona: Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna y Carcaixent.
  
Con fecha 26 de marzo de 1998 se solicitó informe al Servicio de Explotación, Vías y Obras de la Diputación de Valencia, a la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (en adelante, COPUT), y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, remitiéndose el mismo día el estudio de impacto ambiental a la Conselleria de Medio Ambiente.
  
Con fecha 6 de abril de 1998 se requirieron informes a la Subdirección Territorial de Agricultura, Dirección General de Transportes (COPUT), Oficina del Plan de Carreteras (COPUT), Conselleria de Economía y Hacienda, Subdirección Territorial de Medio Ambiente y Servicio Territorial de Industria.
  
De ellos se han recibido los siguientes informes:
  
- Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna, no formulando ninguna observación.
  
- Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, de fecha 20 de julio de 1999, en el que, pese a no tener inicialmente ninguna objeción al expediente, solicita más información sobre la actividad y sobre la ubicación exacta de las instalaciones.
  
- Oficina del Plan de Carreteras de la COPUT, de fecha 7 de abril de 1998, de carácter favorable, indicando que deberá obtenerse la pertinente autorización de acceso desde la CV-50 (Ant. C-3322) a emitir por el Servicio Territorial de Carreteras de Valencia.
  
- Servicio Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, en el que se manifiesta que pese a no afectar a ninguno de los dominios públicos de los gestionados por la Dirección Territorial, debido a las características de la actuación, el promotor deberá someter ésta al preceptivo estudio de impacto ambiental, no pudiéndose dar autorización alguna hasta que se haya resuelto este expediente de forma favorable.
  
- Servicio de Explotación de la Diputación de Valencia, en el que se afirma la no procedencia de la emisión de informe.
  
- Ayuntamiento de Carcaixent, en el que se estima que no existe inconveniente para la continuación del trámite.
  
Con fecha 14 de mayo de 1998 se aporta por el solicitante documentación complementaria.
  
Asimismo, con fecha 5 de junio de 1998 se procede a dar traslado de la documentación aportada a la Conselleria de Medio Ambiente, y el día 23 de octubre de 1998 se reitera el informe municipal solicitado con fecha 26 de marzo de 1998.
  
El día 23 de diciembre de 1998 se requiere al promotor para que en el plazo de tres meses complete la documentación, advirtiéndole que en caso contrario se procederá a declarar la caducidad del expediente.
  
Con fecha 9 de febrero de 1999 se requiere al promotor la ampliación de la documentación, recibiéndose el día 25 de febrero y 2 de marzo nueva documentación por parte de Explotaciones Xúquer, SL.
  
Con fechas 4 de enero y 2 de marzo de 1999 se reciben dos informes municipales de carácter favorable, supeditado en el primero de ellos a la adecuada resolución de los siguientes parámetros:
  
A. Infraestructuras viarias de acceso
  
B. Recogida, canalización, depuración y gestión de lixiviados
  
C. Protección de cauces y barrancos
  
D. Recogida y canalización de aguas de escorrentía
  
E. Limitación en la producción de polvo
  
El día 6 de septiembre de 1999 se remite al Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, por parte del Servicio Territorial de Urbanismo, copia de la documentación técnica obrante en el expediente.
  
Segundo
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, tras el acuerdo de la Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión del día 4 de marzo de 1999, resolvió admitir a trámite el expediente de referencia, ordenando su sometimiento al trámite de información pública por el plazo de 20 días simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento.
  
A este respecto, se publicaron sendos anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 28 de mayo de 1999 y en el Diario Las Provincias de 12 de mayo de 1999, no habiéndose presentado ninguna propuesta ni alegación al expediente en cuestión, según se acredita en la diligencia emitida por la Jefa de Negociado del Registro de los servicios territoriales de Urbanismo de Valencia.
  
Tercero
  
La documentación presentada consta de memoria, estudio de impacto ambiental, anexo legislativo, planos de información y de caminos públicos afectados por las obras de infraestructuras, cuantificación económica y presupuesto.
  
El día 10 de enero de 2000 la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio, de la Conselleria de Medio Ambiente, emitió declaración de impacto ambiental por la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales, la actuación solicitada, siempre y cuando se cumplan los condicionantes en ella incluidos.
  
Cuarto
  
La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en fecha 23 de febrero de 2000, informó favorablemente la aprobación de la presente declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario, en suelo no urbanizable, del término municipal de Alzira.
  
Quinto
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 23 de marzo de 2000, informó favorablemente la presente declaración de interés comunitario.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Constituye el objeto del expediente la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico del proyecto de restauración de un ecosistema agrario mediante el relleno controlado de residuos sólidos inertes para el retorno a la situación que existía antes de haberse producido la extracción de tierra vegetal.
  
La superficie de intervención es de 123.256 m2, siendo el volumen de los agujeros de 478.819 m3, y la superficie de las instalaciones provisionales están estimadas en 25'56 m2.
  
Los terrenos tienen la clasificación de suelo no urbanizable no sujeto a especial protección.
  
Se afirma que en la actualidad en las parcelas no existe ningún uso conocido, siendo la intención volver al uso agrario que poseía inicialmente.
  
La vía principal de acceso es la CC-3322 (CV-50), si bien el acceso inmediato a las parcelas afectadas se produce a través de varios caminos rurales municipales y privados.
  
La actuación cuyo interés comunitario se solicita, dadas sus características, superficie necesaria para el desarrollo de la actuación superior a 4 hectáreas, constituye una actuación integral en sí misma considerada que hace imposible su ubicación en suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización previstos en los planeamientos vigentes de los municipios de la zona. De modo que su ordenación y aprovechamiento urbanístico debe resolverse en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable, por tratarse de una actividad de especial importancia que requiere una superficie ocupada superior a los cuarenta mil metros cuadrados, por lo que sólo puede autorizarse su implantación en suelo no urbanizable como una actuación integral a través del procedimiento extraordinario de declaración de interés comunitario.
  
Segundo
  
Respecto al procedimiento, se han observado en el presente caso las prescripciones legales que exige la citada LSNU. Y la documentación del expediente está completa en los términos requeridos en el artículo 20.2, segundo párrafo, de la referida Ley 4/1992 y la vigente legislación de impacto ambiental.
  
Tercero
  
La actuación integral proyectada, por sus propias dimensiones, constituye un elemento influyente en la estructura territorial.
  
Al tratarse de una actuación que pretende restaurar el estado inicial del terreno y las características idóneas para su futura explotación agraria, no se considera pertinente plantearse otro emplazamiento alternativo.
  
La actividad se plantea como una actuación integral que resuelve en sí misma su ensamblaje territorial, de forma que garantiza la solución de los servicios sin que, de otro lado, se ocasionen sobrecargas en el funcionamiento normal de las redes de servicios generales.
  
La vía principal de acceso es la CC-3322 (CV-50), si bien el acceso inmediato a las parcelas se produce a través de varios caminos rurales municipales y privados.
  
Por otra parte, se justifica que por las características de la actuación, dado que el objetivo final es la restauración del estado inicial del agrosistema con sus condiciones de explotación y usos, y ésta ya contaba con aquellos elementos necesarios para su desarrollo, para la fase de relleno quedan suficiente y adecuadamente resueltos los servicios requeridos.
  
Cuarto
  
Respecto al régimen de deberes y cesiones, conforme al artículo 20 de la Ley 4/1992, la promotora ha asumido las cargas y obligaciones propias de un adjudicatario de un programa de actuación urbanística. En el presente caso se plantea acogerse a las posibilidades de sustitución que permite la propia LSNU en los términos que a continuación se refieren.
  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la LSNU respecto de la asunción de cesiones y cargas propias de un suelo urbanizable no programado, que en ningún caso podrán ser inferiores a las legales propias del suelo urbanizable programado, se establece lo siguiente:
  
Se ha fijado sustituir el conjunto de cesiones por el pago del coste de ejecución de infraestructuras públicas adicionales. Concretamente, se han fijado éstas en la pavimentación de los caminos afectados, cuantificando el importe de las obras en 3.253.203 PTA.
  
Asimismo, se establece que el interesado deberá presentar un aval bancario o ingreso en metálico de 6.000.000 de PTA., como garantía de las obras de reparación de los caminos afectados.
  
Quinto
  
A la hora de definir la adecuación de la actuación a la ordenación territorial y urbanística cabe indicar que el emplazamiento de la actuación proyectada es técnicamente correcto en relación con la ordenación del territorio. Asimismo, hay que tener en cuenta los informes favorables de las Administraciones que se ven afectadas por la actuación y principalmente de los órganos medioambientales mediante declaración de impacto ambiental (Dirección General de Planificación y Gestión del Medio), así como del informe favorable emitido por la División de Carreteras de la COPUT, de fecha 7 de abril de 1998.
  
Sexto
  
El Gobierno Valenciano es el órgano competente para la aprobación de la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo preceptuado en el apartado segundo del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
  
De conformidad con lo establecido en los preceptos legales citados y concordantes de general y pertinente aplicación, y a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano
  
ACUERDA
  
I) Aprobar definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por la entidad Explotaciones Xúquer, SL., de una actuación integral consistente en la instalación de un vertedero de residuos sólidos inertes, en las parcelas 5, 14, 15, 20, 21, 22, 30, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 53, 54, 58, 59, 71, 86, 96, 98, 103, 104, 112, 113, 114a y 115, partidas de Sondeo y Font de Senill o Peñotes, polígono 19, en suelo no urbanizable, del término municipal de Alzira, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado II, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente.
  
La aprobación de la actuación integral llevará implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de interés social y la necesidad de ocupación de los terrenos que, conforme al proyecto aprobado, sean necesarios para la ejecución de aquella y para su enlace con los correspondientes sistemas generales. El promotor de la iniciativa finalmente aprobada tendrá, cuando no sea propietario de la superficie afectada por la actuación, o de parte de ella, la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo de su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer, con independencia de las obligaciones asumidas en el procedimiento de aprobación de su iniciativa.
  
II) Adjudicar dicha actuación integral a favor de la entidad mercantil Explotaciones Xúquer, SL., a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, para promover la instalación del referido vertedero de residuos inertes.
  
III) Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados - a favor del Ayuntamiento- para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
IV) El promotor deberá garantizar ante el Ayuntamiento de Alzira la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral por importe de 6.000.000 de PTA. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes del inicio de las obras.
  
V) Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Gobierno Valenciano.
  
VI) El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado II, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado III, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el interesado no ha solicitado la preceptiva licencia municipal de obras, acompañada de la documentación legalmente exigida para el inicio del trámite en los términos previstos en la disposición adicional cuarta de la LRAU. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por Resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado al caso, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente Acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Alzira. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.
  
VII) El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas Administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la declaración de impacto ambiental de 10 de enero de 2000. Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación del vertedero de residuos sólidos inertes.
  
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno Valenciano en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 18 de julio de 2000
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,