Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3987, del 26-04-2001 (2001/3008)

Notificación de la resolución del recurso de alzada con el número de ref. interna R-341/2000.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3987

Fecha DOGV
:   26-04-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/3008


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso de alzada con el número de ref. interna R-341/2000. [2001/3008]
  
De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a D. José Matoses Palacios, c/ Retor Antonio Bueno, 2-35ª (46573 Alaquas) la Resolución del Recurso de alzada con el número de ref. interna R-341/2000.
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada formulado por Dª Amparo Palop Guillem, en representación de la entidad mercantil Palop Beso Gmans SL.,, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, en el expediente nº VIVI/040500/238.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Por Don José Matoses Palacios propietaria de la vivienda de protección oficial sita en Alaquas, calle Rector Antonio Sancho Bueno nº 2, 35ª se presentó escrito de denuncia contra la mercantil Palop Besó Gmans, SL., ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia por sobreprecio en la compraventa de dicho inmueble, acordándose la incoación de expediente sancionador con traslado del correspondiente pliego de Cargos.
  
Segundo. Por el Instructor del expediente sancionador se dictó Propuesta de Resolución en la que entendiendo probada la comisión de una infracción muy grave del art. 6.6 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, proponía la imposición de una sanción pecuniaria de 501.000 PTA, así como la devolución del sobreprecio por un importe de 352.275 PTA.
  
Tercero. El Jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda dictó resolución en la que manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, acordó la imposición de una multa de 501.000 PTA, así como la devolución del sobreprecio.
  
Cuarto. Contra dicha resolución interpone recurso de alzada Dª Amparo Palop Guillem, en representación de la entidad mercantil Palop Beso Gmans SL, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 3798 de 21 de julio).
  
Segundo. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
Tercero. Solicita la mercantil recurrente que se declare nula la resolución y se proceda al archivo del expediente sancionador ya que alega que adolece de defecto en su inicio que no fue subsanado en su día, al no haberse dado traslado de una copia del mismo, entendiendo además la falta de pruebas, así como el haberse contabilizado por error documentos bancarios de pago y las facturas emitidas como recibo de cantidad de forma independiente, cuando se refieren a la misma operación.
  
Cuarto. Consta en el expediente el traslado del acuerdo de iniciación del mismo junto con el pliego de cargos, con el correspondiente certificado de correos de acuse de recibo, sin que el derecho que tiene la recurrente a tenor del art. 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, implique que se le tenga que remitir copia de todas las actuaciones.
  
Quinto. La cuestión de fondo a tratar en el presente recurso se centra en la existencia o no de la infracción imputada de cobro de sobreprecio en venta de vivienda de protección oficial y si ha resultado probada.
  
Por la documentación aportada por el denunciante consta que la vivienda que adquirió a Palop Besó Germans, SL., tenía un precio legalmente autorizado de 89.105.581 PTA, según se establece en la escritura, IVA incluido, siendo el préstamo hipotecario de 9.079.000 PTA
  
En base a los documentos obrantes en el expediente lo que ha quedado acreditado es que el Sr. Matoses Palacios pagó: 350.000 PTA por reserva de vivienda según se establece en el documento entregadas en ese acto; 1.105.000 PTA en 17 recibos bancarios de 65.000 PTA; 559.000 PTA mediante cheque nominativo, que por error en la resolución recurrida se ha contabilizado por duplicado, lo que da un total de 2.014.000 PTA. Esta cantidad sumada al préstamo hipotecario de 9.079.000 PTA, dan como resultado el total abonado de 20.375.254 PTA., lo que se encuentra dentro del precio legalmente establecido, sin que pueda entenderse como prueba del sobreprecio el cheque al portador de 474.600 PTA aportado por el denunciante, al no ser medio probatorio que acredite que fuera la promotora denunciada quién cobró su importe.
  
Por lo que procede la estimación del recurso con revocación de la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda, con archivo del expediente sancionador.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la Propuesta de Resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Estimar el recurso de alzada formulado Dª Amparo Palop Guillem, en representación de la entidad mercantil Palop Beso Gmans SL., contra Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia de fecha 26 de julio de 2000, que queda revocada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los arts. 10.1 a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.