Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6827, del 26-07-2012 (2012/7234)

Notificación del expediente de resolución de la condición de agente urbanizador del sector 2-A del plan general de ordenación urbana.
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Número DOGV
:   6827

Fecha DOGV
:   26-07-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/7234


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Caudete de Las Fuentes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del expediente de resolución de la condición de agente urbanizador del sector 2-A del plan general de ordenación urbana. [2012/7234]  
José Luis Guaita Mateo, como alcalde presidente del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes (Valencia).  
Habiendo sido imposible la notificación por correo ordinario certificado y con acuse de recibo a Palmiro Soriano Frasquete, como administrador único de Atlas Compañía Urbanizadora, SL, con motivo del expediente de resolución de la condición de agente urbanizador del sector 2-A, se procede a publicar íntegramente la notificación a los efectos de dar audiencia al interesado, cuyo texto es el siguiente:  
«En sesión plenaria de fecha 5 de diciembre de 2011, se acordó el siguiente acuerdo que transcrito literalmente dice así:  
Octavo. Incoación del expediente de resolución de la condición de agente urbanizador del sector 2-A a Atlas Compañía Urbanizadora, SL.  
Recapitulando en el expediente tramitado, resulta que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de enero de 2004, aprobó provisionalmente y adjudicó, a la entidad mercantil Atlas Compañía Urbanizadora, SL, el programa de actuación integrada del sector 2-A de suelo urbanizable del Plan General de Ordenación Urbana de Caudete de las Fuentes.  
La citada mercantil, en su condición de adjudicataria del programa de actuación integrada y conforme a lo dispuesto en el artículo 32.1.c de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, suscribió con fecha 24 de febrero de 2006, convenio urbanístico en el que constan los compromisos y plazos que asumían esta administración y el urbanizador, las garantías que éste prestaba para asegurarlos y las penalizaciones a que se sometía por su incumplimiento (se acompaña como documento anexo I copia del referido convenio urbanístico).  
De acuerdo con la condición 2 Plazos, que figura en el convenio urbanístico, apartado 2, el urbanizador disponía de un plazo de dos años para terminar las obras de urbanización, cuyo día inicial de cómputo será «a partir de los tres meses siguientes a la publicación de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación.» El mismo apartado 2 establece otro criterio para determinar el plazo de ejecución de las obras de urbanización, en concreto «El plazo de ejecución de las obras de urbanización se iniciará al día siguiente de la firma de dicha acta (acta de inicio y replanteo).» En este caso, el plazo es el que figura en la condición 2 Plazos - Inicio y conclusión, según el cual «se prevé el inicio de la ejecución material dentro de su primer año de vigencia y la conclusión de la urbanización antes de tres años desde su inicio.» De este modo, se planteaban dos posibles fechas de finalización de las obras de urbanización, a saber:  
A) Atendiendo al primero de los criterios, la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación se produjo el 16 de agosto de 2005, en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, por lo que las obras de urbanización debían estar finalizadas el 16 de noviembre de 2007.  
B) Atendiendo al segundo de los criterios, el acta de inicio y replanteo de la obra de urbanización se firmó el 8 de julio de 2005 por parte del agente urbanizador (Palmiro Soriano Frasquet), de la Dirección Facultativa de las Obras (Manuel Sánchez Martí y Pedro Rubio Navarro), y de los servicios técnicos municipales (José Antonio Sánchez García), registro de entrada núm. 614. En este caso, las obras de urbanización debían estar finalizadas el 8 de julio de 2008.  
A la vista de la discrepancia de fechas existentes, y aceptando el caso más favorable para el agente urbanizador, se consideró como fecha de finalización de las obras de urbanización del sector 2-A, el 8 de julio de 2008.  
Con fecha 18 de junio de 2008, registro de entrada número 549, la mercantil Atlas Compañía Urbanizadora, SL solicitó una prórroga de 90 días para la finalización de las obras de urbanización del sector 2-A, comprometiéndose en su punto 7º a finalizar las obras en 9 semanas a partir del 1 de julio de 2008.  
Con fecha 3 de julio de 2008, registro de salida número 600, y a la vista de los informes técnicos municipales obrantes en el expediente, el Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes resolvió conceder la prórroga de 90 días solicitada por el agente urbanizador, hasta el 8 de noviembre de 2008.  
Con fecha 15 de octubre de 2008, registro de salida número 857, y por estar próxima la finalización del plazo fijado para la terminación de las obras de urbanización, se le remitió a la entidad Atlas Compañía Urbanizadora, SL, en su condición de agente urbanizador, la documentación mínima necesaria para la recepción de las citadas obras. Las mencionadas obras no fueron entregadas por el agente urbanizador al Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes en la fecha acordada en el aplazamiento, 8 de noviembre de 2008, ni aportó en fecha ninguno de los informes y documentación requerida.  
De igual modo, el 1 de diciembre de 2008, registro de salida número 988, se requirió nuevamente a la entidad Atlas Compañía Urbanizadora, SL y al director de la obra, Pedro Rubio Navarro, arquitecto, a que aporte la documentación solicitada anteriormente. Con fecha 12 de diciembre de 2008, registro de entrada número 1071, Pedro Rubio Navarro, en su calidad de arquitecto director de las obras de urbanización del sector 2-A presentó escrito en el Ayuntamiento según el cual traslada la responsabilidad de aportar la documentación requerida al agente urbanizador y al contratista de la obra. Con fecha 14 de enero de 2009, registro de entrada número 17, se presenta escrito por la entidad Atlas Compañía Urbanizadora, SL en el que se queja de la reiterada petición de documentación por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, y sin cumplimentar ninguno de los extremos requeridos.  
A la vista de lo anteriormente expuesto, de lo estipulado en el convenio urbanístico del programa, y de la legislación vigente en materia de contratos del sector público, procedía la imposición de penalidades desde la fecha de terminación de las obras de urbanización hasta la actualidad.  
A tal efecto, mediante acuerdo plenario de fecha 3 de diciembre de 2009, se acordó iniciar expediente de imposición de penalidades a la mercantil Atlas Compañía Urbanizadora, SL, por demora en el cumplimiento del plazo establecido en el convenio urbanístico para finalizar las obras de urbanización del programa de actuación integrada del sector 2-A del Plan General de Ordenación Urbana de Caudete de las Fuentes.  
Con independencia de lo anterior, lo realmente grave es que las obras de urbanización fueron interrumpidas por el agente urbanizador durante el cuarto trimestre del año 2008, permaneciendo completamente paralizadas hasta la actualidad, habiendo sufrido un importante deterioro como consecuencia del abandono de la obra por parte del agente urbanizador y el incumplimiento de la obligación de éste de conservar y mantener dichas obras hasta su recepción definitiva por parte del Ayuntamiento.  
La situación expuesta, ya de por sí realmente grave, se agrava todavía más por las siguientes circunstancias:  
- La mercantil Atlas Compañía Urbanizadora, SL, en el momento de la firma del convenio urbanístico y aprobación del proyecto de reparcelación del sector 2-A, ostentaba a través de si misma y de sociedades vinculadas (Cronos Capital, SA) la condición de propietario del 74,49% de los terrenos afectados por la actuación urbanística.  
- Posteriormente, ha enajenado parte del suelo edificable que le correspondía según el proyecto de reparcelación, asumiendo la obligación de urbanizar los terrenos enajenados.  
- La propia Atlas Compañía Urbanizadora, SL, así como otros propietarios a los que les ha vendido parcelas edificables, como Isotex 2000, SL o José González Rodríguez, SL, solicitaron licencias de edificación simultáneas a las obras de edificación. En conjunto, las citadas mercantiles están promoviendo más de 61 viviendas y 1 nave industrial. El 6 de agosto de 2009, la mercantil Isotex 2000, SL solicitó licencia de primera ocupación para 7 de las 14 viviendas que está promoviendo en el sector 2-A. Las 47 viviendas unifamiliares promovidas por la propia Atlas Compañía Urbanizadora, SL se encuentran en un avanzado estado de ejecución, algunas de ellas ya acabadas. La nave industrial promovida por José González Rodríguez, SL está completamente acabada, y sin poder proceder a su apertura. Como se ha visto, las obras de urbanización se encuentran paralizadas, lo que genera un grave perjuicio no solo a las entidades promotoras sino también a terceras personas adquirentes de las viviendas que no podrán ocuparlas en el plazo previsto o poseedoras de negocios que no pueden ejercer.  
Junto a estas actuaciones se procede por parte del Ayuntamiento a:  
- Exigir la garantía de acuerdo con el acuerdo plenario de fecha 3 de diciembre de 2009.  
- Ejecución subsidiaria de acuerdo con el acuerdo plenario de fecha 17 de mayo de 2010.  
A tenor de lo dispuesto en el artículo 143.2 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV) «Serán causas de resolución de la adjudicación del Programa, las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del Urbanizador para el desempeño de su tarea y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración, incluyendo la falta de prestación de garantías o de suscripción del contrato que formalice los compromisos contraídos ante ésta, así como el incumplimiento grave de los mismos, y también, las siguientes:  
d) La caducidad del Programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.»  
El artículo 337 del Decreto 67/2.006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), dispone que «La inactividad injustificada del Urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos determinará la resolución del contrato con la administración. A los efectos de computar el plazo de inactividad del urbanizador se estará a los documentos y antecedentes obrantes en el expediente administrativo, sin perjuicio de la potestad inspectora que, en todo caso, corresponde a la administración.»  
De los antecedentes expuestos se constata que la mercantil Atlas Compañía Urbanizadora, SL ha rebasado ampliamente el plazo del que disponía para acabar las obras de urbanización, cuyo vencimiento se produjo el día 8 de noviembre de 2008 tras la prórroga concedida.  
  
Conforme dispone el artículo 342.1 y 342.2 del ROGTU, la resolución del contrato con el urbanizador «se dispondrá por el órgano de contratación, de oficio o en su caso, a instancia del urbanizador.  
2. Para la resolución del contrato deberá instruirse el procedimiento para declarar la extinción del contrato, y los efectos que derivan de la resolución. En todo caso, deberán sustanciarse los trámites siguientes:  
a. Cuando la resolución se inste de oficio, audiencia al urbanizador por plazo mínimo de 10 días naturales.  
b. En ese caso, y siempre que se proponga la incautación de la fianza, también se dará audiencia por el mismo plazo a quien hubiera avalado o garantizado al urbanizador.  
c. El técnico de Urbanismo y el secretario del Ayuntamiento emitirán informe en el plazo máximo de 15 días naturales.  
d. Será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje. El informe debe ser emitido en el plazo de dos meses desde que la solicitud de la administración actuante tenga entrada en el registro del Consejo del Territorio y el Paisaje. De conformidad con la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, el informe tiene carácter determinante, por lo que su falta de emisión impedirá la continuación del procedimiento.  
3. Cuando la causa de resolución sea la realización de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario, la efectiva concurrencia de esa causa deberá ser valorada por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Sólo podrá resolverse el contrato cuando ese informe sea favorable.»  
El convenio suscrito entre la mercantil Atlas Compañía Urbanizadora, SL y el Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, de fecha 24 de febrero de 2006, en orden a la ejecución del programa (plazos de ejecución, garantía, etc.) se formalizó bajo la vigencia de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística que en su artículo 29.10 dispone que «El incumplimiento del plazo de ejecución de un programa determinará, salvo prórroga justificada en causa de interés público, la caducidad de la adjudicación. El adjudicatario que incumpla sus compromisos puede ser objeto de las penas contractuales previstas en el propio programa y ser, en casos graves, privado de su condición de urbanizador».  
La citada ley resulta de aplicación al presente programa, ya que la disposición transitoria tercera ROGTU dispone que los procedimientos de programación en los que la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica hubieran sido objeto de aprobación definitiva con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana, se regirán en su cumplimiento y ejecución por lo previsto en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, por la que se regirán las siguientes actuaciones:  
a. La tramitación y aprobación del proyecto de urbanización, cuando se hubiese presentado anteproyecto de urbanización junto con la alternativa técnica.  
b. La prestación de garantías  
c. La firma del convenio de programación.  
d. La ejecución de las obras de urbanización.  
e. El contenido, tramitación y aprobación del proyecto de reparcelación, si ese proyecto hubiese formado parte de la alternativa técnica aprobada y hubiese sido objeto de aprobación junto con ella. En otro caso, su contenido, tramitación y aprobación se regirá por la Ley Urbanística Valenciana, al igual que los eventuales expedientes de retasación.  
El artículo 29.13 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, (LRAU), dispone que «las relaciones derivadas de la adjudicación del Programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que éstas no contradigan lo dispuesto por esta Ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que reglamentariamente sean desarrollados.  
La resolución de la adjudicación se acordará por la Administración actuante, previo Dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, que podrá ser instado también por el Urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la Actuación a las previsiones del artículo 10. El correspondiente acuerdo deberá, además y cuando proceda:  
A) Declarar, de conformidad con el referido dictamen, la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido suficientemente a las cargas de urbanización.  
B) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de las actuaciones aisladas.  
C) Incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya o, en otro caso, y salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, disponer:  
1.º La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento seguido para su adopción de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa cancelado; o  
2.º La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo urbanizador, cuando ésta proceda.  
D) Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes.»  
Es decir, en todo lo no regulado en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, son de aplicación las normas rectoras de la contratación administrativa; en este sentido, el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio (vigente en el momento de la aprobación y adjudicación del Programa), disponía que es causa de resolución del contrato «La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista» y en el mismo sentido se pronuncia el artículo 206, letra e), de la actual Ley de Contratos del Sector Público, que establece que es causa de resolución del contrato «La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el incumplimiento del plazo señalado en la letra d) del apartado 2 del artículo 96.»  
Se hace constar en acta por Cecilio Martínez Ezquerro (PSOE) la necesidad de que en este asunto se debería exigir responsabilidades penales a la anterior corporación y a su gestión.  
En relación con el programa de actuación integrada del sector 2-A del Plan General de Ordenación Urbana de Caudete de las Fuentes, cuyo agente urbanizador es la entidad mercantil Atlas Compañía Urbanizadora, SL.   
El Pleno acuerda por 6 votos a favor: José Luis Guaita Mateo (PP), Roberto García García (PP), Vanesa López Guijarro (PP), Andrés Broseta Eslava (PP); Carlos Javier Iranzo Pérez Duque (OIV); Rafael Giménez Monterde (OIV) y con la abstención de Cecilio Martínez Ezquerro (PSOE).   
Primero. Acordar el inicio de expediente en orden a la resolución de la condición de agente urbanizador del sector 2-A del Plan General de Ordenación Urbana de Caudete de las Fuentes, que ostenta la mercantil Atlas Compañía Urbanizadora, SL.  
Segundo. Conceder un trámite de audiencia, por plazo de 10 días al agente urbanizador, Atlas Compañía Urbanizadora, SL, al objeto de que manifiesten y aporten los documentos que tenga por conveniente.  
Tercero. Solicitar, una vez concluido el trámite de audiencia, dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, así como del Consejo de Territorio y Paisaje.  
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándole que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer, alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el alcalde presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Así mismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.  
  
Caudete de las Fuentes, 18 de junio de 2012.- El alcalde: José Luis Guaita Mateo.