Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3397, del 21-12-1998 (1998/10127)

Notificación de la resolución del recurso ordinario con el número de ref. interna R-69/98.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3397

Fecha DOGV
:   21-12-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/10641


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del recurso ordinario con el número de ref. interna R-69/98. [1998/X10357]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Juan A. Moreno Marin (Av. Tarragona, 17-5º-C. 12132 Vinaròs) la resolución del recurso ordinario con el número de ref. interna R-69/98.
  
Resolución
  
Examinados los recursos ordinarios formulados por don Luis González Vela y Mª Angeles Lera Otal, y don Octavio Balaguer Moliner en representación de Miguel Adell Pascual, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón en el expediente de construcción núm. 12/RG/I/39/91/138 (F-21/97).
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por doña Mª Pilar Valls Reverte y otros propietarios de las viviendas de protección oficial sitas en Vinaròs, av. de Tarragona nº 17, pisos 1ºC, 3ºC, 3ºB y 5ºC se presentó denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón contra la promotora Arturo Vinuesa Pascual, SL, por deficiencias constructivas en el citado inmueble, enviándose a un perito de dicho organismo emitiendo informe, en base al que se acordó la incoación de expediente sancionador contra dicha promotora-constructora así como contra el arquitecto y aparejador de la obra, con traslado del correspondiente pliego de cargos.
  
Segundo
  
El instructor del expediente sancionador dictó propuesta de resolución en la que entendiendo probada la comisión de dos infracciones muy graves del art. 153C) 4 y 6 del RVPO, proponía la imposición de dos sanciones pecuniarias de 250.000 pesetas a cada uno de los expedientados, así como la orden de obras al promotor de subsanación de las deficiencias recogidas en el pliego de cargos.
  
Tercero
  
El jefe del Servicio Territorial dictó resolución en la que manteniendo los fundamentos de derecho de la propuesta, acordó la imposición de las multas y orden de obras establecidas en la misma.
  
Cuarto
  
Contra dicha resolución interponen recursos ordinarios don Luis González Vela y Mª Angeles Lera Otal, y don Octavio Balaguer Moliner en representación de Miguel Adell Pascual, con las alegaciones que constan en los mismos y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y del PAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 1.547, de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y del PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
Solicitan el arquitecto don Miguel Adell Pascual y los arquitectos técnicos don Luis González Vela y doña Mª Ángeles Lera Otal que se revoque y deje sin efecto la resolución recurrida por la caducidad del expediente a tenor del art. 20.6 del RD 1.398/93, de 4 de agosto, en relación con el art. 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, haciendo constar la existencia de la prescripción de la infracción imputada del art. 153 C)4 del RVPO, la necesidad de demostrar la culpabilidad, inaplicabilidad del principio de responsabilidad solidaria y vulneración del principio de presunción de inocencia respecto de la infracción del citado art. en su apartado 6.
  
En cuanto a la caducidad alegada ésta no existe ya que a los expedientes iniciados a instancia de parte como en el presente caso que se incoó el expediente sancionador por denuncia, se les aplica en lo referente a los plazos el art. 43.1 de la aludida ley en relación con el art. 20.6 último párrafo del RD 1.398/93, de 4 de agosto, porque independientemente de la obligación de resolver en el término legalmente establecido entra en funcionamiento la posibilidad de solicitar la certificación de acto presunto del art. 44 de dicha ley, o la certificación de caducidad del aludido RD, lo que da lugar o bien a que se resuelva en el término de veinte días o a que se emita la certificación que ha de solicitar el interesado para poder presentar el recurso que corresponda.
  
Cuarto
  
La prescripción de la infracción del art. 153C)4 del RVPO, alegada debe estimarse, ya que la fecha de calificación definitiva es de 30 de octubre de 1992, habiéndose presentado la denuncia en fecha 26 de febrero de 1997, por lo que ha transcurrido el plazo de tres años que para las infracciones muy graves establece tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su art. 132, como la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, en su art. 16.c), en relación con su disposición transitoria, por lo que procede la revocación de la resolución en este apartado y en consecuencia la sanción impuesta por la citada infracción.
  
Quinto
  
En cuanto al fondo del asunto resulta suficientemente probado por los informes técnicos del perito del Servicio Territorial de fechas 2 de abril y 19 de mayo de 1997, no desvirtuados en contra, que las deficiencias constructivas denunciadas existentes en las viviendas se deben al incumplimiento de las Normas de Habitabilidad y Diseño-91, así en lo referente a las humedades de condensación se dice: «...se detectan diversas interrupciones del sistema de aislamiento térmico del cerramiento exterior de la vivienda...», «...lo que contraviene la recomendación que la NB-CT-79 hace expresamente en el punto 4.6 del Anexo 4, e incumple lo que la HD-91 dispone con carácter general, sobre confort higrotérmico en su Anexo III». En cuanto a otros defectos constructivos de los cuartos de baño interiores y cocinas de las viviendas de los denunciantes se establece: «...la salida de aire se encuentra reducida en su sección útil exigible (150cm2), art. 2.3 TT-02... la ventilación mecánica de humos y gases se encuentra conectada a un conducto vertical no independiente..». Todo ello significa una actuación por omisión por parte de los agentes intervinientes en la obra, al haber efectuado su trabajo sin la diligencia debida, como es para el Arquitecto ordenar y dirigir, para el Aparejador vigilar y para todos, incluido el promotor-constructor, observar las reglas y las normas del buen construir, habiéndose producido como resultado un perjuicio a los propietarios de las viviendas, configurando dicha actuación la infracción imputada del art. 153 C)6 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.
  
Sexto
  
Independientemente de lo expuesto procede mantener la orden de obras al promotor, a tenor del art. 111 del RVPO, por la responsabilidad objetiva que tiene frente a los compradores al ser viviendas de protección oficial y por los genéricos compromisos que adquiere al ser mediador entre la administración y dichos adquirentes al promocionar este tipo de construcción, lo que le obliga a la reparación de las deficiencias constructivas que aparecieran en el inmueble en el plazo de cinco años desde la fecha de calificación definitiva.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación, y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Estimar parcialmente los recursos ordinarios formulados por don Luis González Vela y Mª Angeles Lera Otal, y don Octavio Balaguer Moliner en representación de Miguel Adell Pascual contra la resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Castellón, de fecha 15 de diciembre de 1997, revocando una de las sanciones impuestas de 250.000 pesetas y confirmando el resto de la resolución.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los arts. 57.2.f (en relación con la disposición adicional undécima de la LRJAP y del PAC), y art. 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956; así como art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.