Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5580, del 20-08-2007 (2007/8777)

Información pública de la aprobación de las bases particulares del Programa de Actuación Integrada del Sector 17 Industrial de Oliva.
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Número DOGV
:   5580

Fecha DOGV
:   20-08-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2007/8777


Fecha del documento
:   27-06-2007

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Oliva

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Oliva
    * plan de urbanismo
    * administración local

Información pública de la aprobación de las bases particulares del Programa de Actuación Integrada del Sector 17 Industrial de Oliva. [2007/8777]  
El Ayuntamiento de Oliva, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2007, adoptó, entre otros, acuerdo de aprobación de las bases particulares que han de regir el procedimiento de adjudicación del Programa para la Actuación Integrada del Plan Parcial Sector 17 Industrial, y, concretamente:  
Primero. Iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del sector 17 Industrial, conforme a lo establecido en los artículos 131 y siguientes de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.  
Segundo. Aprobar las bases particulares para la adjudicación del Programa de Actuación Integrada Sector 17 Industrial, que se transcribe a continuación:  
Bases particulares para la adjudicación del Programa de Actuación Integrada Sector 17 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Oliva (Valencia).  
0. Alcance de las presentes bases  
Las presentes bases particulares, que desarrollan las bases generales reguladoras de la gestión indirecta aprobadas como ordenanza municipal por el Pleno del Ayuntamiento de Oliva el 27 de julio de 2006 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (en adelante BOP) de fecha 25 de agosto de 2006, se redactan de acuerdo con lo previsto en el artículo 131.2 de la Ley Urbanística Valenciana (en adelante LUV) y 286 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en adelante ROGTU) que la desarrolla.  
Tiene por objeto regular todas aquellas cuestiones jurídicas, económicas y administrativas que afectan tanto al procedimiento de adjudicación como al desarrollo y ejecución del programa de referencia, por medio de la gestión indirecta.  
I. Objeto del contrato  
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada que se especifica en las presentes bases particulares, en las que se regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para la selección de una propuesta de programa de actuación integrada y de un urbanizador para el desarrollo urbanístico de la actuación. Se especifica en el anexo I, apartado A).  
II. Régimen jurídico (art. 286.1.d del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las presentes Bases Particulares, serán de aplicación la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, y las bases generales de programación.  
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, así como las normas que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación. En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
III. Ordenación urbanística vigente (art. 131.2.a Ley Urbanística Valenciana)  
La Ordenación Urbanística vigente en el ámbito de actuación es la que viene establecida en el Plan General de Oliva y que figura en el apartado B) del anexo I.  
IV. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación integrada (art. 131.2.b Ley Urbanística Valenciana)  
1. Memoria de necesidades  
Deberá justificarse en la propuesta de programación la necesidad de abordar un desarrollo urbano armónico, bajo un nuevo modelo que signifique una oferta de desarrollo inmobiliario industrial, de alta calidad, aprovechando al máximo las condiciones naturales y de accesibilidad del territorio.  
2. Objetivos de la programación  
El Programa deberá satisfacer los objetivos señalados en el artículo 124 de la LUV. Esto es:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el Programa. En este sentido el urbanizador estará obligado a:  
· Recabar, de los correspondientes registros (de la Propiedad y Catastro), toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.  
· Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación con carácter previo a la redacción del proyecto.  
· En caso de existir, efectuar un estudio fehaciente de las parcelas semiconsolidadas, con propuesta de solución en los términos previstos en el capítulo III del título I de la Ley Urbanística Valenciana.  
· Presentar para su aprobación el proyecto de reparcelación.  
· Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.  
· Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.  
· Hacer constar en el Registro de la Propiedad las afecciones existentes (carreteras, ferrocarril, barrancos y otros)  
· Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el Catastro.  
· Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.  
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituye el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa definiéndose, a nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar !os servicios urbanísticos y su conexión con las infraestructuras generales.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:  
· Los aspirantes a urbanizador deberán proponer la secuencia lógica de desarrollo de la ejecución de toda la obra de urbanización necesaria.  
· Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, dominio público hidráulico, Diputación y otros que pudieran verse afectados).  
· Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras), acreditando que existe suficiente capacidad de servicio para hacer frente al nuevo desarrollo previsto.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.  
E) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente. Para ello, el urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la certificación acreditativa de ello. Del mismo modo los entregará en perfectas condiciones cuando hayan finalizado las obras de urbanización, levantando la correspondiente acta de entrega. Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser asumido por los propietarios afectados.   
F) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público de suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, sin perjuicio de la obligación legal de soportar las cargas de urbanización correspondiente a la cesión.  
G) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.   
H) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora.  
I) El programa podrá incluir, si procede, otros objetivos complementarios cuyo coste sea asumido por el urbanizador sin repercutirlo a los propietarios de terrenos afectados, tales como la realización, bajo condiciones y plazos específicos, de obras particulares que revistan especial interés social, o la implantación de instalaciones recreativas o deportivas privadas, o de obras públicas accesorias susceptibles de concesión y que, por razones técnicas, hayan de ejecutarse junto a las principales del programa, o la ejecución de programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, conforme a las directrices establecidas en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. La edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa en plazos más breves que los establecidos por el programa con carácter general se considera siempre objetivo complementario del programa.  
V. Parámetros urbanísticos  
Son los que se reflejan en el apartado C) del anexo I  
VI. Criterios y objetivos territoriales  
Son los que se establecen en el apartado D) del anexo I  
VII. Criterios de ordenación urbanística (art. 131.2.d Ley Urbanística Valenciana)  
Los criterios de ordenación urbanística son los que se establecen en el apartado E) del anexo 1.  
VIII. Objetivos de edificación privada (art. 131.2.e Ley Urbanística Valenciana)  
Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán los establecidos en el PGOU y, en su caso, los instrumentos de planeamiento que deben formularse con anterioridad o simultáneamente a la aprobación del Programa, adecuándose dichos parámetros a lo indicado en la LUV y ROGTU.  
Se establece la obligación de simultanear la urbanización y la edificación en el porcentaje mínimo establecido en el apartado F) del anexo I.  
IX. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión (art. 131.2.f Ley Urbanística Valenciana)  
El desarrollo del sector 17 precisará la ordenación pormenorizada, en principio, conforme a las determinaciones previstas en el PGOU y en el concierto previo. Consecuentemente las figuras urbanísticas preceptivas para su desarrollo consisten en:  
- Plan parcial  
- Documento de justificación de integración territorial  
- Estudio sobre el paisaje  
- Estudio acústico.  
- Proyecto de urbanización  
- Proyecto de reparcelación.  
No obstante, si se introdujeran variantes en que, de manera justificada, se reconsiderase la ampliación del ámbito para una mejor resolución de las conexiones externas y de la integración del sector con su entorno, o se modificara la ordenación estructural o pormenorizada, deberán aportarse las figuras complementarias que, en su caso fueran exigibles.  
X. Prescripciones técnicas del proyecto urbanización (art. 131.2.h Ley Urbanística Valenciana)  
El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y del correspondiente reglamento aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. No podrá modificar las previsiones del Plan que desarrolla. En ningún caso, podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el artículo 156.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el artículo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
XI. Precio de licitación (art. 286.1.h del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
El precio de licitación, que tendrá carácter de máximo, y que sirve exclusivamente de base para el cálculo de la garantía provisional, es el establecido en el apartado G) del anexo I, de acuerdo con lo previsto en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana.  
XII. Plazos de desarrollo y ejecución del programa (art. 131.2.i. Ley Urbanística Valenciana y art. 286.1.i del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
Se establecen, en el apartado H) del anexo I los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por parte del urbanizador:  
1. Plazo máximo para la selección del empresario-constructor de la obra civil de urbanización, contado desde la aprobación del proyecto de reparcelación.  
2. Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación.  
3. Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización contado desde la selección del empresario constructor.  
4. Plazo máximo de edificación de los solares contado desde la recepción de las obras de urbanización.  
XIII. Capacidad para ser urbanizador (art. 121 Ley Urbanística Valenciana)  
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
3. No podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada los que hayan participado en la investigación, experimentación, estudio o desarrollo del Plan de Acción Territorial o Plan General que afecte a la ordenación del ámbito que se licita.  
XIV. Solvencia económica y financiera (art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana)  
La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe de instituciones financieras o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si se tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de éstas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios.  
XV. Solvencia técnica y profesional (art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana)  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación integrada, y especialmente de los responsables del control de calidad.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los tres últimos años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto, el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
XVI. Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación de un programa de actuación integrada tendrán que constituir, en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación aproximada de las cargas del programa, IVA no incluido, la cual asciende a la cantidad que se establece en los apartados G) y H) del anexo I.  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece en un 10 por ciento del valor de las cargas de urbanización, IVA no incluido, del programa de actuación integrada aprobado. Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
5. Procederá elevar la garantía definitiva al 20 por ciento en los supuestos de aprobación de programas de actuación integrada en los que las cargas urbanísticas se encuentren incursas en presunción de temeridad calculada en los términos establecidos en la legislación de contratos de las administraciones públicas.  
XVII. Presentación de proposiciones  
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar en el plazo y lugar que se establece en el apartado I) del anexo I, sus proposiciones, integradas por tres sobres, identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la siguiente documentación en idioma castellano o valenciano:  
Sobre A. Alternativa técnica, se presentará abierto.  
Sobre B. Proposición jurídico-económica, se presentará en sobre cerrado.  
La documentación obrante en estos sobres será objeto de valoración a los efectos de aprobación del programa y adjudicación de la condición de urbanizador.  
Sobre C. Se presentará con el título de Documentación, y contendrá la siguiente documentación:  
a. Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil.  
b. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en urbanismo.  
c. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.  
d. Cuando el ofertante actúe en nombre propio y es empresa individual, deberá presentar DNI o fotocopia legalizada del mismo.  
e. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional en los términos exigidos en la base XVI.  
f. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo el hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.  
g. Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.  
h. Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.  
i. Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4. En todo caso, con carácter previo a la adjudicación, el Ayuntamiento requerirá al adjudicatario propuesto la justificación documental íntegra de tales extremos.  
j. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, comprometidas a la constitución de una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad jurídica y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la administración, así como el compromiso formal de constituirse en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios.  
2. Cada concursante no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.  
3. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones coincidiera con sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil.  
4. Asimismo, los licitadores tendrán que incorporar a sus propuestas de programa un acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública por el plazo de un mes de los documentos establecidos en el artículo 293.1 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. A este efecto, los concursantes protocolizarán los documentos señalados anteriormente por medio de acta autorizada por un notario con competencia territorial en el municipio afectado y depositará una copia de los mismos en la sede del Ayuntamiento, exponiéndolos al público por sus propios medios, insertando un anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad, sólo a los efectos de la presentación de alegaciones.  
XVIII. Contenido mínimo de la alternativa técnica  
La alternativa técnica del programa de actuación integrada tendrá el contenido siguiente:  
a) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación pormenorizada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al presente concurso. En otro caso, la alternativa técnica deberá ir acompañada necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación pormenorizada para el ámbito de actuación.  
b) Ámbito de la actuación. Se permitirá la redelimitación del ámbito territorial a programar por parte de la alternativa técnica siempre que se den las condiciones previstas en el artículo 122 ROGTU. En defecto de previsión expresa, únicamente tendrá lugar cuando tenga por objeto la ampliación de la red primaria y secundaria prevista en el planeamiento vigente, así como cuando su extensión sea necesaria para conectarla a las redes de servicios existentes. En todo caso, se debe asegurar el suplemento de dotaciones de red primaria y de red secundaria que pudiera exigir la ampliación y su debida integración en la estructura urbanística del Plan.  
c) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno.  
d) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
e) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.  
f) Proyecto de urbanización.  
g) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en el artículo 124. de la Ley Urbanística Valenciana, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.  
h) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.  
i) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.  
j) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutibles a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
k) Si la propuesta de programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la documentación establecida para tales supuestos en la Ley Urbanística Valenciana.  
l) Deberá contenerse el compromiso del licitador de edificar de forma simultánea a la ejecución de la urbanización un porcentaje mínimo establecido en el apartado F) del anexo I.  
ll) Deberá aportarse la documentación de estudio de inundabilidad del sector con las propuestas y previsiones adaptadas y ajustadas a los estudios de inundabilidad del término municipal, Patricova y, en especial, el proyecto de encauzamiento de la rambla del río Gallinera, documentación, toda ella, obrante en el Ayuntamiento de Oliva.  
XIX. Proposición jurídico-económica  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos, de conformidad con lo establecido en el apartado K) del anexo I:  
A. Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
B. Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.  
C. Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
D. Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe reglamentariamente.  
E. Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
a) Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b) de la Ley Urbanística Valenciana.  
b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.  
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a los conceptos anteriores.  
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
e) Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización a aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, estén apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
F. Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
G. Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
2. Todas las magnitudes económicas se expresarán por metro cuadrado de suelo y de techo. Se hará indicación de que los importes serán revisados cuando se determinen cuantías definitivas correspondientes a los gastos variables del artículo 126.j de la LUV.  
3. La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada.  
4. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.  
XX. Admisibilidad de variantes (art. 131.2.9. de la Ley Urbanística Valenciana)  
1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca las de carácter económico, siempre y cuando estas últimas no alteren sustancialmente la ordenación urbanística propuesta.  
2. No se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
3. Se admite presentación de variantes.  
4. Cada aspirante a urbanizador podrá presentar una única variante.  
5. La presentación de una variante en ningún caso legitimará la presentación de una nueva proposición jurídico-económica.  
6. El Ayuntamiento podrá elegir, de entre la alternativa original y la variada, aquella que mejor satisfaga los intereses públicos, aplicándosele la proposición jurídico-económica formulada y sin poder modificar en ningún caso el contenido de las bases particulares.  
7. No se entenderá como alternativa técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar alternativa técnica, que no se considerará variante de su avance de programación, todo ello con respeto a lo dispuesto en las bases generales y particulares que regulen el procedimiento.  
XXI. Criterios de adjudicación (art. 286.1.j del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
Se valorarán de forma independiente la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica. La puntuación mínima que deberá superar la alternativa técnica para poder ser valorada la correspondiente proposición jurídico-económica ha de superar el 60% de la puntuación prevista, es decir 60 puntos, por lo que en caso de que ninguna de las proposiciones alcanzase esta puntuación, se declarará desierto el concurso. Por otra parte, no procederá analizar las proposiciones jurídico-económicas que se refieran a las alternativas técnicas que no superen los 30 puntos. Los criterios de baremación son los establecidos en el apartado L) del anexo I.  
XXII. Adjudicación del programa (art. 286.1.h del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
1. El programa de actuación integrada se aprobará condicionado a la efectiva realización de las obras de urbanización.  
2. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base XVI de las presentes bases particulares y aportar certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva del coste de las indemnizaciones, justiprecios y gastos de realojo necesarios para realizar la actuación y la totalidad del coste de las obras de urbanización complementarias.  
XXIII. Formalización del contrato  
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.  
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.  
3. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
XXIV. Cumplimiento  
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.  
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquellas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional.  
Al Acto de Recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo. Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un Acta de Recepción Definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.  
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.  
6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.  
XXVI. Resolución  
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.  
2. Son también causas de resolución del contrato por causas imputables al urbanizador, las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La no formalización del contrato en plazo.  
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.  
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello de lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20 por 100.  
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta ley.  
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.  
r) La caducidad del Programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
3. Serán causas de resolución del contrato por causas imputables al Ayuntamiento:  
a) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
4. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.  
5. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
6. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la Actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.  
XXVII. Prerrogativas de la administración (art. 286.1.e del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.  
XXVIII. Jurisdicción competente (art. 286.1.f del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística)  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del contrato administrativo especial entre la administración y el urbanizador seleccionado en pública concurrencia.  
ANEXO I  
A) Objeto del contrato  
Es objeto del contrato la programación de los terrenos que integran el sector 17, clasificados como suelo urbanizable industrial, del Plan General de Ordenación Urbana de Oliva, sector este redelimitado en las determinaciones del documento de concierto previo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Oliva de fecha 4 de abril de 2005.  
Ámbito de actuación: Se corresponde con los terrenos delimitados en el PGOU de 1982, delimitados por las determinaciones del concierto precio sector 17 suelo industrial, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Oliva.  
El sector 17 tiene una superficie de 232.875 m²s (según documento de concierto previo) y los siguientes lindes:  
Norte: autopista A-7  
Sur: con suelo no urbanizable de protección viaria.  
Este: con suelo industrial del sector 4.  
Sureste: con suelo urbano del polígono industrial Jovades.  
Noroeste: con suelo no urbanizable y barranco de La Gallinera.  
El programa deberá comprender los citados terrenos y los necesarios para garantizar una adecuada integración en el entorno y la resolución de las conexiones necesarias del mismo.  
B) Ordenación urbanística  
Esta programación desarrollará las directrices del Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo con fecha 30 de noviembre de 1982, que se redactó, tramitó y aprobó con arreglo a la normativa urbanística vigente en aquella fecha, contenida en la Ley de Suelo de 1976 y Reglamento de Planeamiento de 1978. Actualmente el PGOU se encuentra en trámite de revisión, habiéndose aprobado el concierto previo en el Pleno del Ayuntamiento de Oliva en fecha 4 de abril de 2005. Se redelimita el sector 17 según las determinaciones previstas en el concierto previo para su conexión e integración con el suelo urbano industrial ya urbanizado, colindante con este sector.  
C) Parámetros de edificabilidad  
Superficie Total del sector (SS): 232.875 m²s.  
Superficie computable del sector (SCS): 232.875 m²s  
Índice de edificabilidad bruta (IEB): 0,60 m²t /m²s  
Edificabilidad bruta: 139.725 m²t  
Área de reparto: 232.875 m²s  
Aprovechamiento tipo: 0,09 m²t/m²s  
Aprovechamiento objetivo: 139.725 m²t  
Aprovechamiento subjetivo: 125.752,5 m²t  
Gestión indirecta  
Usos y tipologías  
Uso dominante: Industrial aislada  
Usos compatibles: Almacén, viviendas (portero, seguridad...), oficinas de las industrias, aparcamientos.  
Usos prohibidos: Los no señalados  
Tipología: Bloque exento o adosado. Dos plantas  
Condiciones  
Desarrollo:  
1. Los estándares de dotaciones deberán adaptarse a la LUV y ROGTU.  
2. La actuación se puede llevar a cabo siempre y cuando se cumplan las condiciones de conexión e integración previstas en esta ficha.  
3. Todo el sector constituye una unidad de ejecución. En caso de subdivisión, se exigirá una proporcionalidad entre el suelo dotacional y la superficie de cada una de las unidades previstas.  
Conexión e integración:  
1. En las conexiones con la CN-332 se estará a lo que determinen los servicios de Diputación.  
2. La red de saneamiento será separativa y deberá conectar a la red existente.  
D) Criterios y objetivos territoriales  
· En aras de la sostenibilidad se debe plantear una utilización racional del suelo que lo será dentro del marco de los suelos de previsible desarrollo que define el Plan General que es el instrumento idóneo para acotar el marco de ocupación del territorio.  
· Deberá garantizarse la disponibilidad de recursos hídricos así como la prevención de riesgos naturales o inducidos.  
· En las alternativas técnicas deberá contemplarse la integración del paisaje, la mejora de los entornos urbanos y la calidad de los equipamientos y dotaciones publicas.  
· Será de suma importancia el contemplar las necesidades de acceso a la zona industrial.  
4. Plazo máximo de edificación de los solares contado desde la recepción de las obras de urbanización: cinco años.  
E) Criterios de ordenación urbanística  
Cada una de las alternativas que se presenten marcarán sus criterios de ordenación urbanística que estimen oportuno para la solución técnica que planteen, no obstante se estará en todo caso a lo dispuesto en lo establecido en los artículos 210 del ROGTU, en relación con los artículos 40, 52, y 63 de la LUV.  
F) Objetivos de la edificación.  
El porcentaje mínimo de solares sobre los que simultaneara la urbanización y la edificación vendrá determinado en cada una de las alternativas técnicas que se presenten, siendo el porcentaje mínimo exigible el 10%.  
G) Precio de la licitación.  
La estimación de costes prevista para la realización de las obras de urbanización (sin computar gastos de honorarios, de gestión, generales, beneficio urbanizador, gastos financieros?..) asciende a la cantidad de nueve millones trescientos quince mil euros (9.315.00 €).  
H) Garantías  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación del Programa de Actuación Integrada tendrán que constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una garantía provisional equivalente al 2 por ciento de la estimación aproximada de las cargas del programa, la cual asciende a la cantidad de ciento ochenta y seis mil trescientos euros (186.300 €).  
2. La garantía provisional responderá del mantenimiento de las propuestas de programa por los licitadores hasta la adjudicación, y de la propuesta del adjudicatario hasta la formalización del contrato para el despliegue y ejecución de los programas de actuación integrada.  
3. La garantía provisional será incautada a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su Proposición antes de la adjudicación definitiva.  
4. La garantía definitiva, a constituir en la forma y a los efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se establece en un 10 por ciento del valor de las cargas de urbanización, del programa de actuación integrada aprobado, ascendiendo a la cantidad de novecientos treinta y un mil quinientos euros (931.500 €). Se ingresará en plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa.  
I) Presentación de proposiciones  
El plazo máximo para presentar proposiciones será de tres meses a contar desde la publicación del anuncio de concurso en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), y deberá hacerse en las oficinas del Ayuntamiento en horario de atención al público.  
J) Redelimitación del ámbito  
La redelimitación del ámbito se permitirá cuando se produzcan las condiciones previstas en el artículo 122.2 ROGTU  
K) Proposición jurídico-económica  
(Ver base XIX).  
En la proposición jurídico-económica deberán establecerse las relaciones entre el urbanizador y los propietarios. Se plasmará la modalidad de retribución.  
El modo, condiciones y plazos para la posibilidad de optar por la retribución en metálico establecerán los derechos de adjudicación en función de la parcela de aportación, estableciendo la mínima para ser adjudicatario del aprovechamiento subjetivo, y las parcelas mínimas de salida.  
Se reseñarán los terrenos a disposición del urbanizador.  
Deberán quedar definidos los siguientes elementos económicos:  
· Presupuesto de licitación,  
· Coste de los proyectos técnicos.  
· Gastos de gestión.  
· Beneficio del urbanizador que no deberá sobrepasar el 10% sobre la suma de los anteriores conceptos.  
· Importe de las cargas de urbanización.  
· Coeficiente de canje y precio del suelo a efectos de canje a efectos de determinar la retribución en espacie y el planteamiento, caso de existir, de algún tipo de financiación a efectos de abonar las cargas de urbanización.  
L) Criterios de adjudicación. Ponderación  
1. alternativa técnica: 100  
€ Calidad técnica de la ordenación propuesta: 50  
€ Resolución adecuada de la integración de la actuación en su entono y mejor estructuración de las dotaciones públicas y espacios libres: 20   
- Calidad técnica de las soluciones propuestas para las obras de urbanización: 8  
- Plazo de ejecución del programa de actuación: 5  
- Compromiso de edificación simultánea a la urbanización por encima del mínimo legalmente exigible: 2,5  
- Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el programa: 2,5  
- Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje: 2,5  
- Mayor superficie dentro del ámbito de la actuación y disposición del urbanizador, propia o de terceros con los que tenga contrato suficiente, que haya de quedar afecta con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador para asegurar la ejecución de los objetivos del programa. 6  
- Compromisos adicionales voluntarios.  
Medidas de fomento adquisición y conservación del patrimonio histórico. Aportaciones económicas/ofrecimiento de inmuebles. En el ámbito del área de rehabilitación del Plan director del Palacio Condal de Oliva. 3  
2. Proposición jurídico-económica 100  
€ Importe de las cargas de urbanización, expresado en ?/m²t de edificabilidad. 30  
€ Coeficiente de cambio a efectos de pago en terrenos especificado en el artículo 127.2.f Ley Urbanística Valenciana 65  
€ Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador: 5  
ANEXO II  
Modelo de presentación de las proposiciones   
de programa de actuación integrada  
(Indicar ayuntamiento al que se dirige la instancia) ...  
(Nombre y apellidos) ..., con domicilio a estos efectos en ... y provisto del DNI ..., actuando en su propio nombre y derecho (o en representación de ...), con domicilio en ... y CIF ..., ante este ayuntamiento comparezco y  
EXPONGO  
I. Que he tenido conocimiento del anuncio del concurso que va a regir en el procedimiento para la adjudicación del programa de actuación integrada que tiene por objeto ..., así como de las bases generales y particulares de programación.  
II. Que cumplo (o la entidad a la que represento cumple) con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente y por las bases generales de programación y bases particulares de programación para la adjudicación del presente contrato.  
III. Que a tal efecto, mediante el presente escrito se acompañan los sobres denominados sobre A, sobre B, y sobre C, exigidos en las bases particulares de programación.  
IV. Que, además, mediante el presente escrito se acompaña copia de los documentos protocolizados que deben someterse a información al público, así como el texto del anuncio de información pública para su inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de exposición al público.  
V. Las notarías donde deberán remitirse las alegaciones presentadas son ... .  
Que en virtud de lo expuesto, al Ayuntamiento  
SOLICITO participar en el procedimiento de licitación del contrato en relación con el Programa de Actuación Integrada ..., número de expediente ... .  
Oliva, ... de ... de 200... .  
Tercero. Ordenar la publicación del anuncio de concurso de programación en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al amparo de lo previsto en los artículos 132.2 de la LUV y 291 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo.  
Lo que se hace publico a los efectos previstos en el articulo 131.2 de la Ley 16/2005, significando que contra las transcritas bases podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Ayuntamiento en pleno en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio. Podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Oliva, 27 de junio de 2007.- El alcalde: Salvador Fuster Mestre.