Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4194, del 20-02-2002 (2002/1160)

Notificación a don Álvaro Casinos Martínez. Recurso número R-93/2001.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4194

Fecha DOGV
:   20-02-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/1160


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a don Álvaro Casinos Martínez. Recurso número R-93/2001. [2002/Q1160]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a don Álvaro Casinos Martínez, calle de Nicasio Benlloch, 18, escalera 1, 35ª (46482 Valencia) la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-93/2001.
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada formulado por don Álvaro Casinos Martínez contra resolución del Servicio Territorial de Valencia en el expediente, por solicitud de visado y de ayudas económicas directas para adquisición de una vivienda ya construida número 46/1T/2084/2000/250.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Don Álvaro Casinos Martínez, adquirente de una vivienda de protección oficial en segunda o posterior transmisión, mediante escritura de compraventa de fecha 30 de octubre de 2000, presentó, en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, solicitud de visado y de ayudas económicas directas el día 27 de noviembre de dicho año.
  
2. Examinada la documentación aportada y finalizada la instrucción del expediente mediante escrito remitido por carta certificada con acuse de recibo de fecha 4 de enero de 2001, el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia informó al interesado de los motivos que servirían de base a la propuesta de resolución desestimatoria de su solicitud y con carácter previo a redactar la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, le concedió trámite de audiencia del expediente, al objeto de que pudiera aportar, en el plazo de 15 días naturales, las alegaciones y/o documentos que estimase pertinente en defensa de sus intereses.
  
En fecha 12 de enero de 2001, por el interesado se presentó escrito de alegaciones, acompañado de la documentación que estimó pertinente en su defensa.
  
3. Visto el expediente, no considerando desvirtuados los hechos puestos de manifiesto en el trámite de audiencia, en fecha 24 de enero de 2001, el jefe del servicio territorial dictó resolución (VYC 217) denegando el visado y la subsidiación solicitada, por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 en relación con el artículo 16.1.a del Real Decreto 1.186/1998, de 12 de junio, y artículos 5.3 y 12.1 del Decreto 173/1996, de 20 de octubre, al quedar acreditado que el precio de la compraventa, por un importe de 9.300.000, superaba el máximo legal de venta de la vivienda: 8.665.538 pesetas.
  
4. Contra la citada resolución, don Álvaro Casinos Martínez interpuso recurso de alzada en tiempo y forma, con los documentos y las alegaciones que constan en el mismo y a los que nos remitimos en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta dirección general es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC), como por lo establecido en el Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano (DOGV número 3.798, de 21 de julio).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115 de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
3. A tenor de lo establecido en el artículo 24.1, párrafo tercero, del Real Decreto 1.186/1998, «Cuando las viviendas tengan garajes, talleres para artesanos, anejos para labradores, así como trasteros, estén o no vinculados a las viviendas, el precio máximo de venta por metro cuadrado útil de los mismos, no podrá exceder del 60% del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de aquéllas».
  
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 173/1998, en su párrafo segundo dice: «El precio máximo de venta o adjudicación será el resultado de multiplicar el módulo de venta por la superficie útil de la vivienda, y el 60% de éste por la superficie útil computable en caso de garaje y anejos, de acuerdo con las condiciones y limitaciones establecidas por el Real Decreto 1.186/1998».
  
Asimismo el artículo 5 del meritado Decreto 173/1998, de 20 de octubre, del Gobierno Valenciano, exige que: «A efectos, tanto de la adquisición protegida de otras viviendas ya construidas como del reconocimiento de la financiación cualificada, el precio de venta de estas viviendas no podrá exceder del que le corresponda en función de la zona, conforme al artículo 12 de este decreto, multiplicando por su superficie útil, con el límite de 90 metros cuadrados, y con las excepciones previstas para el caso de familias de seis o más miembros regulado en el artículo 16 de este decreto».
  
5. En el caso que nos ocupa examinada la documentación obrante en el expediente se comprueba:
  
5.1 Que en la instrucción del expediente se ha seguido el procedimiento administrativo, y en especial, el trámite de audiencia al interesado.
  
5.2 Que en la escritura pública de compraventa figura expresamente que la vivienda adquirida es una vivienda de protección oficial con una superficie útil de 76 metros y 50 decímetros cuadrados.
  
5.3 Que en el informe de tasación de la Sociedad Integral de Valoraciones Automatizadas, SA, aportado por el recurrente en fecha 12 de enero de 2001, se hace constar entre otros extremos lo siguiente:
  
Superficies: Edificación
  
(m²)
  
Escriturada: 76,50
  
Real: 94
  
Justificación: medida y comprobación la superficie escritura es útil.
  
5.4 Que justo con el recurso de alzada se ha presentado por don Álvaro Casinos Martínez, como documento número 1, copia simple de una escritura de compraventa, datada en 1 de marzo de 2001 (complementaria de la escritura pública de compraventa de la vivienda objeto de la solicitud de ayudas, sita en Valencia, calle del Doctor Nicasio Benlloch, número 18, escalera 1, piso 9, puerta 35, de fecha 30 de octubre de 2000), en la que literalmente se dice: «II. Dado que en la descripción de la vivienda misma, sólo se indica la superficie útil, es decir, setenta y seis metros y cincuenta decímetros cuadrados, la compareciente me hace entrega de escrito de la Gerencia Territorial del Catastro, expedido por... en el que aparece como superficie construida la de noventa y un metros cuadrados...». Es decir, que en dicha escritura, en fecha 1 de marzo de 2001, se vuelve a reiterar que la superficie útil de la vivienda de referencia es de 76,50 metros cuadrados, siendo irrelevante a los efectos que nos ocupan la superficie construida de dicha vivienda.
  
5.5 Que el precio de la compraventa supera el máximo legal de venta, en efecto:
  
- Precio máximo = 98.500 x 76,50 = 8.665.538 pesetas.
  
- Precio de adquisición = 9.300.000 pesetas.
  
5.6 Que el certificado de superficies útiles y construidas, aportado por el recurrente junto con el recurso, es de fecha 1 de marzo de 2001, es decir una vez conocida la resolución denegatoria y la causa de la misma y en el mismo no figura el criterio de medición que se ha empleado para efectuar el nuevo cómputo de la superficie útil cuestionada, por lo que no puede tenerse en cuenta a los efectos que nos ocupan.
  
Por lo expuesto, no habiéndose aportado por el recurrente prueba suficiente y adecuada que desvirtúe las razones de hecho y los fundamentos de derecho de la resolución impugnada, procede confirmar la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Álvaro Casinos Martínez, contra Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, de fecha 24 de enero de 2001, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente.