Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5822, del 06-08-2008 (2008/8338)

Juicio ordinario 001153/2005. Notificación de la sentencia a Sociedad Iberoamericana Profesional Estética, SL.
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Número DOGV
:   5822

Fecha DOGV
:   06-08-2008

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2008/8338


Fecha del documento
:   23-05-2008

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 14 de València

Tipo de documento
:   Edicto

Descriptores 

:   * sistema judicial

Juicio ordinario 001153/2005. Notificación de la sentencia a Sociedad Iberoamericana Profesional Estética, SL. [2008/8338]  
Demandante: María Soledad Muñoz Matut.  
Procurador: Raúl Martínez Giménez.  
Demandados: Sociedad Iberoamericana Profesional Estética, SL y Juan Antonio Mira González.  
Procuradora: Herminia Arnau Arnau.  
Pilar Peña Parreño secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Valencia, hace saber:  
Que en el proceso de ejecución seguido en dicho juzgado con el número 1153/2005, a instancia de María Soledad Muñoz Matut contra Sociedad Iberoamericana Profesional de Estética, SL y Juan Antonio Mira González sobre juicio ordinario, se ha acordado notificar por edictos a la primera codemandada (Sociedad Iberoamericana Profesional de Estética, SL) la siguiente sentencia:  
«Jueza que la dicta: María Asunción Solís García del Pozo.  
Lugar: Valencia  
Fecha: 30 de noviembre de 2007  
Parte demandante: María Soledad Muñoz Matut.  
Abogada: María José Gil Tortajada.  
Procurador: Raúl Martínez Giménez.  
Parte demandada: Sociedad Iberoam. Profesional Estética, SL y Juan Antonio Mira González.  
Abogada: María Dolores Carrascosa Ferrer.  
Procuradora: Herminia Arnau Arnau.  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por el procurador de los tribunales Raúl Martínez Giménez, en nombre y representación de María Soledad Muñoz Matut, se formuló demanda de juicio declarativo ordinario contra Sociedad Iberoamericana Profesional Estética, SL y contra Juan Antonio Mira González. En la que tras alegar los hechos que consideró conveniente y los fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó suplicando que, previos los trámites legales, se dicte sentencia por la que estimando la demanda se condene a los demandados.  
1. A abonar a la actora la cantidad de 180 mil euros (180.000 €).  
2. O cantidad superior que se derive de la prueba practicada.  
3. Más los intereses legales que se devenguen. Y las costas del procedimiento.  
Segundo. Admitida a trámite la anterior demanda se emplazó válidamente a los demandados, para que en el plazo de 20 días se personen y contesten bajo apercibimiento de ser declarados en situación de rebeldía procesal. En tiempo y forma se personó en las actuaciones Juan Antonio Mira González, representado por la procuradora Herminia Arnau Arnau, que alegó la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, y expresó las razones de su oposición a la pretensión actora suplicando se dicte sentencia desestimatoria: la codemandada Sociedad Iberoamericana Profesional Estética, SL, no se personó en el proceso, por lo que fue declarada en situación de rebeldía procesal.  
Tercero. En fecha 31 de mayo de 2007 se celebró la Audiencia previa al juicio, en la que se desestimó la excepción propuesta, ratificando las partes sus respectivos escritos expositivos. Seguidamente se propuso prueba, acordándose sobre su admisión y práctica, para finalizar con el señalamiento de juicio oral. Dicho acto tuvo lugar en dos sesiones, por haberse interrumpido la vista a instancia de la parte demandada, que tuvieron lugar los días 19 de octubre y 21 de noviembre de 2007. Quedando finalizado el juicio y visto para dictar sentencia.  
Cuarto. Que, en la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales.  
Fundamentos de derecho  
Primero. En el presente supuesto se deduce demanda por María Soledad Muñoz Matut basada en la pretendida responsabilidad e incumplimiento contractual, o en su caso, extracontractual, del doctor Juan Antonio Mira González y de la mercantil Sociedad Iberoamericana Profesional Estética, SL, en relación con una intervención de reducción de mamas efectuada a la actora, que ha originado daños estéticos y secuelas consistentes en mastitis de repetición y fistulación persistente; debido según la reclamante a la mala praxis médica y falta de información a la paciente.  
Pretensión a la que se opone el codemandado Juan Antonio Mira González, negando la mala praxis médica; alegando que las operaciones realizadas a la actora lo fueron con un escrupuloso cumplimiento de la lex artis ad hoc, tanto en el preoperatorio, como en la operación utilizando la mejor técnica y la más idónea, así como en el post-operatorio; afirmando que la intervención practicada ha mejorado la forma y volumen de la señora Muñoz Matut, y que las cicatrices que le han quedado se encuentran dentro de la normalidad, consecuencias en todo caso conocidas por la demandante; y que el consentimiento informado explicaba de manera clara y veraz las indicaciones, contraindicaciones, riesgos y potenciales secuelas.  
Segundo. Dentro del ámbito de responsabilidad médica, es reiterada la jurisprudencia que declara:  
a) Que la relación jurídica médico-enfermo no implica una obligación de resultado, sino de medios, es decir, la labor del facultativo no tiene por objeto necesario la curación del paciente, que normalmente nadie puede asegurar, sino el compromiso de proporcionarle todas las medidas que requiera, según el estado de la ciencia y la denominada lex artis ad hoc (SSTS 20 de febrero de 1992, 18 de diciembre de 1997, 22 de mayo de 1998, 12 de marzo de 1999 y 23 de marzo de 2001).  
b) Que la culpa del médico, la infracción de la lex artis y la relación causa-efecto entre la acción u omisión culposa y el daño padecido, incumbe probarlo al perjudicado (SSTS 8 de mayo de 1991, 7 de junio de 1994 y 29 de mayo de 1998).   
c) Que en este tipo de responsabilidad médica queda descartada toda idea de responsabilidad más o menos objetiva, y no opera la inversión de la carga de la prueba (SSTS 12 de julio de 1994, 10 de diciembre de 1996, 14 de abril de 1999). Como indica la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia de 9 de febrero de 2002: «...cierto es que la jurisprudencia considera que lo anterior es aplicable a aquellas especialidades que tienen por finalidad la curación directa de un paciente, en cuanto que el facultativo no puede comprometerse en garantizar la rehabilitación de la salud enferma, sin embargo, junto a ellas hay otras cuyo objetivo no es ese, cual es el caso de la cirugía plástica o estética, y cuya peculiar característica motiva que exista una tendencia, aunque no absoluta, a calificar la relación jurídica que de ello surge como propia de un contrato de obra, por tanto de una obligación de resultado, en la medida en que al no ser plenamente correctiva, ni encaminarse a evitar grandes deformidades o sufrimientos psíquicos, quien lo emprende debe dar una garantía de su intervención que no puede exigirse en las demás ramas de la medicina. De ahí que aun siendo doctrina reiterada la que considera que el contrato que une a un médico y paciente es de arrendamiento de servicios y no de obra, en aquellos casos en que se acude al médico para el mejoramiento de un aspecto físico o estético, el contrato, sin perder su carácter de servicios, se aproxima de manera notoria al de obra. Ello propicia la exigencia de una mayor garantía en la obtención del resultado que se persigue, ya que si así no sucediera es obvio que el interesado no acudiría al facultativo para la obtención de la finalidad buscada. En consecuencia, esta obligación que es todavía de medios, se intensifica haciendo caer sobre el facultativo, no ya solo, como en los supuestos de medicina conectiva, la utilización de los medios idóneos a tal fin, sino también las obligaciones de informar al cliente -que no paciente- tanto del posible riesgo que la intervención acarrea, como de las posibilidades de que la misma no comporta la obtención del resultado que busca».  
Tercero. En el presente supuesto, la valoración de la prueba practicada permite afirmar como probados los hechos siguientes:  
1. Que María Soledad Muñoz Matut, se sometió en fecha 4 de octubre de 1999, en el Hospital 9 de Octubre, en Valencia, a una intervención quirúrgica de reducción mamaria, según la técnica de Madelane Lejour, con una resección de 1700 gr en la mama derecha y 1800 gr en la mama izquierda. Practicada por el doctor Mira.  
2. Que, previamente a la intervención se le practicaron a la señora Muñoz de forma minuciosa una serie de estudios y pruebas preoperatorias, como analíticas, anamnesis y E.C.G.; habiendo suscrito la paciente el documento de «consentimiento para operación» que se acompaña como documento número 6 de la demanda.  
3. Que, tras la intervención, el doctor Mira siguió una pauta de seguimiento y curas a la paciente, prescribiéndole pomadas antibióticas efectuando desbridamientos según la evolución de las cicatrices.  
4. Que, en fecha 2 de agosto de 2000 el doctor Mira practica a la señora Muñoz un retoque de cicatrices, así como una cirugía de párpados.  
5. Que, en fecha 24 de diciembre de 2004, se diagnostica a Soledad Muñoz en el Hospital General de Valencia, de mastitis en mama derecha. Y el 2 de enero de 2005, bajo anestesia local, se le drena un absceso en la mama derecha, practicándole curas sucesivas.  
6. Que en el mes de mayo del año 2005 se le practica una fistulectomía-biopsia en la mama derecha, con diagnóstico de granuloma en cuerpo extraño.  
En orden a calificar el contrato que a las partes vinculaba, han de tenerse muy en cuenta las opiniones periciales, acerca de si la operación de cirugía llevada a cabo puede considerarse como curativa o sanadora, o bien entraría en el ámbito de la denominada cirugía voluntaria o satisfactiva. El perito judicial en las conclusiones de su dictamen se inclina por la primera, al exponer: «cualquier intervención quirúrgica se realiza con carácter curativo, y especialmente en un caso como éste donde el gigantismo mamario ... y la cantidad de tejido mamario extirpado de cada glándula mamaria, 1.700 grs y l.800 grs, se desprende que el cuadro preoperatorio de la paciente ante el peso mamario le debía de haber ocasionado, en caso de no haber realizado esta cirugía, un problema de invalidez muy serio ante el sobrepeso que su columna cérvico-dorsal venía ya soportando».  
Por su parte, según la opinión del doctor Ramón Canet: en cuanto a la técnica quirúrgica empleada, he de explicar que se trata de una corrección primero funcional y después estética. Es decir, el primer objetivo es el de reducir volumen a nivel de ambas glándulas mamarias para descargar el excesivo peso sobre la columna vertebral. Lógicamente tampoco hay que olvidar la parte estética, pero en casos de grandes resecciones (como el caso que nos acompaña) hemos de saber que son situaciones que muy posiblemente requerirán de algún que otro retoque posterior» (Conclusiones de su informe).  
Con arreglo a estas premisas, y atendiendo a que la propia actora en su demanda manifiesta que se sometió a la operación quirúrgica de reducción de mamas por motivos de salud, hemos de concluir que no estamos ante un supuesto de medicina satisfactiva, sino que más bien la intervención practicada a la actora puede considerarse de medicina correctiva, terapeútica o asistencial: o cuanto menos participaría de ambas cualidades o características.  
Cuarto. En cuanto a si existió mala praxis médica por lo inadecuado del tratamiento o impericia en su aplicación, o en el seguimiento post-operatorio, debemos acudir necesariamente a los informes médicos-periciales.  
El doctor Vicente Mirabet Ippólito y el doctor Antonio Ramón Canet coinciden en señalar que la técnica empleada por el doctor Mira fue del todo correcta, como también lo fue el seguimiento y atención postoperatoria. En el mismo sentido se pronuncia el perito judicial doctor Vila Sanchís, al calificar la técnica de Lejour modificada, empleada en la intervención como, totalmente adecuada. Refiriéndose todos ellos al resultado como, excelente, teniendo en cuenta el peso de la glándula mamaria extirpada.  
En lo que atañe al consentimiento informado, se trata de un presupuesto y elemento integrante de la lex artis, y su ausencia o deficiencia constituye per se título suficiente de imputación de responsabilidad. Toda información debe ser la más completa y precisa posible, independientemente de las obligaciones legales o reglamentarias, pero además debe ser continuada y renovada, pues si no se renueva, los efectos nocivos que puedan producirse sirven para establecer una relación causal entre aquel deber y este resultado sobre el que asienta la responsabilidad.  
En el presente caso, «los consentimientos informados firmados por María Soledad son los correctos y habituales en este tipo de cirugía, siendo además muy detallados en cuanto a las posibles complicaciones que podría presentar ...habiéndosele explicado los problemas de las cicatrices y constatando el mayor riesgo de patologías que presentan en determinadas intervenciones quirúrgicas, las pacientes que fuman más de 10 cigarrillos diarios» (informe pericial judicial página 8).  
Indica el mismo informe, que la cicatrización en el supuesto concreto de la señora Muñoz, no solo es la habitual, sino que además el resultado logrado por el doctor Mira es excelente, ya que tras la cantidad de glándula mamaria extirpada, es bastante frecuente que existan problemas de necrosis del complejo areola-pezón, mucho más serios y graves que una cicatriz más o menos ancha, en la que además influye el hábito de tabaquismo de la paciente. Extremo en el que existe acuerdo entre todos los peritos que han informado en este pleito, y a sus dictámenes y declaraciones en la vista oral nos remitimos.  
Tampoco podemos aceptar la pretensión actora basada en establecer una relación causa-efecto entre la actuación médica del doctor Mira a través de las dos intervenciones quirúrgicas que le practicó a la señora Muñoz (de reducción mamaria y retoque de cicatrices) y la posterior mastitis diagnosticada. Descartan dicha relación de causalidad todos los peritos.  
Por una parte, dado el tiempo transcurrido, más de cuatro años, dado la intervención realizada por el médico demandado y el momento en que se declaró la mastitis; y de otro lado, debido a los factores que intervienen en su génesis, de inmunidad, físicos, químicos, e incluso cobrando especial relevancia el factor hormonal. Una infección, expone el perito judicial «no tiene un período normal de 5 años, nunca».  
El doctor Ramón Canet hace hincapié en que «las mastitis son inflamaciones de la glándula mamaria, las cuales pueden aparecer tanto si está operada como si no lo está. En este caso es muy difícil afirmar que lo haya sido a propósito de la intervención, ya que pasó tiempo hasta que se declaró dicha mastitis». Así mismo que el granuloma por cuerpo extraño, que fue el resultado de la biopsia, tuviera su origen en los materiales de sutura empleados por el doctor Mira, que tienen un período de reabsorción de unos 5-8 meses, de modo que cuando se declaró la mastitis habían dejado de existir.  
El análisis de todas estas circunstancias, ponderando el resultado de las pruebas practicadas y la aplicación de la doctrina expuesta al caso concreto, no permite otorgar la razón a la accionante, pues ni puede imputarse al demandado mala praxis médica, ni incumplimiento contractual, amén de descartar la relación causal entre la intervención y tratamiento realizado y la mastitis persistente que padece. Lo que conlleva necesariamente a la desestimación de la demanda.  
Quinto. Costas. Han de imponerse a la parte demandante, cuyas pretensiones han sido íntegramente rechazadas, en aplicación de lo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.  
Fallo   
Que, desestimo la demanda formulada por el procurador Raul Martínez Giménez, en nombre y representación de María Soledad Muñoz Matut, contra Juan Antonio Mira González y contra Sociedad Iberoamericana Profesional Estética, SL, y debo absolver y absuelvo a los citados demandados de los pedimentos de la demanda. Con imposición de costas procesales a la parte demandante.  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia (artículo 455 LECn).  
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).  
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».  
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la juez que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la secretaria judicial doy fe, en Valencia, 30 de noviembre de 2007.  
Y para que sirva de notificación a la parte codemandada Sociedad Iberoamericana Profesional Estética, SL de la mencionada sentencia incluida en este edicto, que se publicará en el boletín oficial de la comunidad autónoma o en el Boletín Oficial del Estado.  
Valencia, 23 de mayo de 2008.- La secretaria judicial: Pilar Peña Parreño.