Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 10822, del 28-02-2025 (2025/3533)

ANUNCIO por el que se hace pública la Sentencia número 374/2025, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre la impugnación del VII Convenio Colectivo para la Industria de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas de la Comunitat Valenciana 2023-24.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   10148

Fecha DOGV
:   28-02-2025

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2025/3533

CVE
:   TQVX-M-1670-1019

Fecha del documento
:   06-02-2025

Organismo emisor
:   Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Anuncio

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * convenio colectivo

NIG: 6496111890179273321

Procedimiento en única instancia: impugnación convenio colectivo 25/2024. Negociado: 10

Presidenta, Inmaculada C. Linares Bosch

Esperanza Montesinos Llorens

Encarnación Lorenzo Hernández

València, 6 de febrero de 2025.

Compuesta por magistradas citadas al margen, ha dictado la siguiente,

Sentencia número 374/2025

En el procedimiento en única instancia – 000025/2014, seguido sobre impugnación del convenio colectivo (Sector Azulejero), a instancia de ASEMPLEO, Asociación de Agencias de Empleo y Empresas de Trabajo Temporal, representada por la graduada social Carolina Roo Pereiro, en sustitución del letrado Alfredo Briales Porcioles designado. De otra parte y como demandados: la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), representada por la letrada Josefina Rodríguez García; el sindicato Comisiones Obreras del Pais Valencià, representada por el letrado Isidro Monteagudo López; el sindicato FICA-UGT Pais Valencià, representada por la letrada Ana M.ª Mejías García; ha sido convocado el Ministerio Fiscal, que compareció representado por el Luis Carlos Díez Lirio, habiendo actuado como ponente M.ª Esperanza Montesinos Llorens.

*Antecedentes de hecho*

Primero. En este Tribunal tuvo entrada demanda fechada el 18 de octubre de 2024, presentada por el letrado  Alfredo Briales Porcioles en representación de ASEMPLEO, Asociación de Agencias de Empleo y Empresas de Trabajo Temporal (en lo sucesivo, ASEMPLO) en materia de impugnación de Acuerdo Colectivo para la Industria de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas de la Comunitat Valenciana 2023-24, publicado en el DOGV de 14-08-2024, contra la  Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (en lo sucesivo, ASCER); el Sindicato, Comisiones Obreras del Pais Valencià (en adelante, CCOO); y el Sindicado, FICA-UGT Pais Valencià (en lo sucesivo, UGT), en la que solicita sentencia por la que se decrete la nulidad del art. 8 del Convenio Colectivo aludido, por cuanto que el mismo incurre en lesividad para los intereses de su cliente.

Segundo. Por Decreto de 22 de octubre de 2024 se admitió a trámite la demanda, se designó ponente y se señaló para la celebración de los actos de conciliación y juicio el día 19 de noviembre de 2024, solicitándose por la parte actora la suspensión del inicial señalamiento que se fijó para el día 4 de febrero de los corrientes en que tuvo lugar el acto del juicio al cual comparecieron las partes y el Ministerio Fiscal en los términos que se han indicado en el encabezamiento, dándose por intentado y celebrado sin efecto el primero de los actos, y celebrándose a continuación el acto del juicio en el que las partes alegaron cuanto a su derecho convino y, tras la práctica de la prueba, circunscrita a la documental, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones, informándose por el Ministerio Fiscal en favor de la desestimación de la excepción propuesta por los sindicatos codemandados y la estimación de la demanda, quedando los autos conclusos para sentencia.

Tercero.  En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

*Hechos probados*

Primero. En el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  (DOGV) de 14 de agosto de 2024 (n.º 7002) se publicó la Resolución de 18 de junio de 2024, del Servicio de Relaciones Laborales y Gestión de Programas de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Social, por la que se dispone el registro y publicación del texto del VII Convenio Colectivo para la Industria de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas de la Comunitat Valenciana 2023-24.

Segundo. El artículo 8 del citado convenio colectivo dispone lo siguiente: «Las empresas afectadas por el presente convenio de conformidad con la legislación vigente, podrán concertar con las empresas de trabajo temporal, si bien, en beneficio y promoción del empleo directo, deberán observar los siguientes compromisos:

a) La contratación con empresas de trabajo temporal al objeto de cubrir puestos de trabajo mientras dure el proceso de selección o promoción para los mismos, no podrá superar los dos meses.

b) Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este convenio se obligan a no concertar contratos de puesta a disposición, por causa de acumulación de tareas o exceso de pedidos, por más de seis meses dentro de un período de doce. Tal limitación debe entenderse referida única y exclusivamente a la permanencia en la empresa usuaria del trabajador en misión.

c) Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este convenio pagarán a los trabajadores en misión, a la finalización de su contrato y a través de la empresa de trabajo temporal, una indemnización equivalente a la diferencia entre la legal que deban cobrar con cargo a la empresa de trabajo temporal y la equivalente a 25 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de duración inferior al año. El conjunto de ambas indemnizaciones no podrá superar el límite de 25 días de salario/año de servicio o de la fracción que resulte aplicando la regla de prorrateo antes expresada».

Esta redacción aparecía en los mismos términos, en los convenios I a VI del sector y del mismo ámbito.

Tercero. Mediante sentencia de esta Sala número 1383/2014 de fecha 29 de mayo d 2014, dictada en los autos del proceso de única instancia número 17/2014, que es firme, se desestimaba la demanda interpuesta por FEDETT Asociación de Empresas de Trabajo Temporal, contra Organizacion Empresarial ASCER (Asociación de Agencias de Empleo y Empresas de Trabajo Temporal), MCA-UGT (Metal Construcción y Afines de UGT), FECOMA-CC.OO (Federación de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras) en la que se impugnaba por ilegalidad, el texto del artículo 8 del Convenio Colectivo para la Industria de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas de la Comunitat Valenciana, con vigencia desde el día de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2014, publicado en el DOGV de 12 de abril de 2013 (n.º 7002).

Dicha sentencia obra incorporada en los ramos de prueba de ASCER (doc. 1) y CCOO (doc.10) y se tiene por reproducida en su integridad.

*Fundamentos de derecho*

Primero. 1. Como se ha indicado en los antecedentes de esta resolución, el pleito se contrae a analizar la impugnación que, invocando lesividad la demandante, ASEMPLEO, imputa a la redacción del artículo 8 del del VII Convenio Colectivo para la Industria de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas de la Comunitat Valenciana 2023-24, que hemos trascrito en los antecedentes, la cual a su juicio vulnera lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 14/1994, de 1 junio, en redacción procedente de la Ley 35/2010, de 17 septiembre, en tanto implica una restricción muy amplia del recurso a empresas de trabajo temporal en el sector afectado por el convenio, que a su juicio, contradice frontalmente la Directiva 2008/104/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 noviembre 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal.

2. Los codemandados se opusieron a la demanda, invocando previamente las representaciones de los dos sindicatos codemandados, la excepción de cosa juzgada, sustentada en la sentencia a que se ha hecho referencia en el HPTERCERO del relato, aludiendo a que, en la medida en que la dicción del convenio colectivo en el precepto cuestionado, ha sido la misma que en su momento examinó y avaló esta sala en dicha resolución, esa decisión produce efectos directos y prejudiciales en este pleito que no pueden ser desconocidos y deben surtir los correspondientes efectos en este debate.

En orden al fondo de la cuestión aludieron a que el artículo 8 del Convenio se somete a las prescripciones de artículo 15 de Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET); no impone obligaciones a las ETTs, solo modalizaciones autorizadas en el ámbito de la negociación colectiva, a determinadas contrataciones que deben interpretarse como medidas de favorecimiento de los trabajadores de éstas, quedando el gravamen en la indemnización superior prevista la finalización del contrato, a cargo de la usuaria y no de las ETTs; negando que pueda calificarse la regulación contenida en dicho precepto en los términos de gravedad exigidos por el art. 165.1 b) de la Ley reguladora de la jurisdicción social (en adelante, LRJS); advocando a que tales previsiones tienen por objeto el interés general de favorecer el empleo de calidad e indefinido, así como proteger a los trabajadores de modo particular en un sector en que la actividad, debido al contacto con el polvo de sílice es especialmente peligrosa; invocando que la autoridad laboral no ha puesto objeción alguna al texto, y, finalmente negando que se haya acreditado por la accionante, el perjuicio efectivo causado.

Segundo. 1. Debemos comenzar por analizar y resolver la excepción de cosa juzgada formulada por ambos sindicatos codemandados, al efecto de lo cual, forzoso resulta acudir al artículo 222, de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) en cuyo apartado 4 se dispone que, «Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal».

2. Sobre la cosa juzgada, la reciente sentencia del TS de 17-12-2024, RCUD 13/2023, nos recuerda didácticamente y recopilando doctrina, lo que trascribimos: Tercero. 1. Nuestra sentencia de 7 de marzo de 2000 (Rcud. 1165/1998), después de declarar que el principio de cosa juzgada material se integra en los mandatos constitucionales de los artículos 9 (principio de seguridad jurídica) y 24 (tutela judicial efectiva), indica que la cosa juzgada en su manifestación positiva ha entrado en el derecho público al obligar al juzgador a reconocer su existencia en todas las resoluciones que adopte, de modo que ni siquiera se exige que sea excepcionada, sino que puede apreciarse de oficio. Igualmente, la Sala ha establecido que, también, puede estimarse el efecto positivo de la cosa juzgada en este caso. En este sentido la STS de 17 de diciembre de 1998 (Rcud. 4877/1997 ) recordando las SSTS de 23 octubre 1995, de 29 mayo 1995 y de 15 abril 1992, señala que, dentro de la concepción del efecto positivo de la cosa juzgada que pondera el elemento prejudicial de conexión lógica entre dos decisiones judiciales, hay dos posibles alternativas: 1) la más rigurosa que considera que sólo lo que se ha incorporado a la parte dispositiva de la sentencia es susceptible de producir esa vinculación... y 2) la más flexible que sostiene que la vinculación afecta también a aquellos elementos de decisión que siendo condicionantes del fallo no se incorporan a éste de forma específica, aunque actúan sobre él como determinantes lógicos. Esta es la concepción que la Sala acoge en la Sentencia de 29 mayo 1995, en la que se establece que «la jurisprudencia no exige que el pleito nuevo sea una reproducción exacta de otro precedente para aplicar la presunción legal, pues no es necesario que la identidad se produzca respecto de todos los componentes de los dos procesos, sino que, aunque en alguno de ellos no concurra la más perfecta igualdad, es bastante con que se produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionante y prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio». En definitiva, la sentencia que, en el propio pleito, desconoce otra anterior que adquirió firmeza, vulnera los principios de tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) y de seguridad jurídica (artículo 9.3), ya que el principio de la cosa juzgada material se integra en aquellos dos mandatos constitucionales.

2. Como hemos recordado en nuestra STS 26 diciembre 2013 (Rcud. 386/2013), esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse acerca del alcance del artículo 222 de la Ley de enjuiciamiento civil y lo ha hecho, entre otras, en SSTS de 3 de mayo de 2010, recurso 185/07, y de 18 de abril de 2012, recurso 163/11, en las que ha establecido el criterio flexible con que han de interpretarse, aplicarse y apreciarse las identidades a que se refiere el mencionado precepto, como lo venía haciendo esta Sala en relación con el derogado 4272 HS. De esta concepción amplia de la cosa juzgada se hace eco ahora la LEC en su artículo 222 que, en tono más condescendiente, ha mitigado el rigor en la apreciación de las identidades, con especial incidencia en la subjetiva pues, según este precepto, en relación con el artículo 10 del propio texto legal, la cosa juzgada afecta a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes, tanto de las que comparezcan y actúen en juicio como a los titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.

En este sentido, hemos venido declarando que la aplicación del efecto de la cosa juzgada no precisa que el nuevo pleito sea una exacta reproducción de otros anteriores, sino que, pese a la ausencia de alguna de las identidades basta con que no produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionando y prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio pues no cabe duda que los hechos sentados en el primitivo proceso son vinculantes en el segundo, toda vez que si pudieran discutirse los ya firmes, equivaldría a poder revisar subrepticiamente la ejecutoria [ STS de 9 de diciembre de 2010, (Rec. 46/2009)]. A diferencia de lo que ocurre con el efecto negativo, el efecto positivo de la cosa juzgada no exige una completa identidad, que de darse excluiría el segundo proceso, sino que para el efecto positivo es suficiente que lo decidido -lo juzgado- en el primer proceso entre las mismas partes actúe en el segundo proceso como elemento condicionante o prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluya el segundo pronunciamiento, pero lo condiciona, vinculándolo a lo ya fallado.

Por su parte la STS de 4 de marzo de 2010, (Rec. 134/07) establecía: «1.- A tal afirmación llegamos, partiendo de las siguientes consideraciones: a) la cosa juzgada es una proyección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, exigiendo que las resoluciones judiciales tengan la eficacia que supone la ejecución en sus propios términos y el respeto a la firmeza de las situaciones jurídicas declaradas (aparte de las que en ellas se citan, SSTC 190/1999; 58/2000; 135/2002; 200/2003 Y 15/2006) b) por ello se impone una concepción amplia de la cosa juzgada y la consiguiente interpretación flexible de sus requisitos [entre las recientes, SSTS de 9 de diciembre de 2010 (Rec. 46/2009) ; 5 de diciembre de 2005 (Rec. 996/04) y 6 de junio de 2006 (Rec. 1234/05)]; c) con mayor motivo se impone esa flexibilidad al aplicarse a una relación como la laboral, de tracto sucesivo y susceptible de planteamientos plurales por distintos sujetos de una idéntica pretensión, de manera que no ha de excluirse el efecto de cosa juzgada material por el hecho de que en los procesos puestos en comparación se hayan ejercitado acciones distintas por sujetos diferentes [ SSTS de 30 de septiembre de 2004 (Rec. 1793/03) y de 20 de octubre de 2004 (Rec. 4058/2003), que hacen eco de la precedente de 29 de mayo de 1995]; y d) conforme al 222 LEC, «la cosa juzgada ... excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo» [párrafo 1] y que «lo resuelto con fuerza de cosa juzgada ... vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal»».

En definitiva, como hemos reiterado en la STS 70/2024, de 17 de enero (Rec. 108/2022) se trata del llamado «efecto positivo» de la cosa juzgada, respecto del cual esta Sala ha sostenido que se configura como una especial vinculación que, en determinadas condiciones, se produce entre dos sentencias, en virtud de la cual, lo decidido por la resolución dictada con carácter firme en el primer proceso vincula la decisión que ha de adoptarse en la segunda cuando la primera decisión actúa como elemento condicionante de carácter lógico o prejudicial en la segunda [ STS de 25 de mayo de 2011, (Rcud. 1582/2010)], de forma que la aplicación del efecto de la cosa juzgada no precisa que el nuevo pleito sea una exacta reproducción de otros anteriores, sino que, pese a la ausencia de alguna de las identidades basta con que no produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionando y prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio [ SSTS de 9 de diciembre de 2010, (Rec. 46/2009), antes citada, criterio que se sigue ya en la STS de 23 de octubre de 1995, (Rcud. 627/1995); y es reiterado en sentencia recientes, como las SSTS de 3 de marzo de 2009, (Rcud. 1319/2008); y de 20 de enero de 2010, (Rcud. 3540/2008)]. Por tanto, lo importante es la conexión de las decisiones; no la identidad de objetos, que por definición no podría producirse» [ SSTS de 25 de mayo de 2011, (Rcud. 1582/2010) y de 4 octubre 2012, (Rec. 273/ 2011)].

Proyectada esta doctrina a nuestro caso, forzoso resulta desestimar la excepción en tanto que ni se da identidad subjetiva entre los litigantes de los procesos comparados, ni la hay respecto del objeto y causa de pedir en uno y otro, puesto que, tal y como explícitamente se indica en el primer fundamento de la sentencia de esta sala de 29 de mayo de 2014, dictada en el proceso 17/2014, «A pesar de que el suplico también contiene una referencia a la «manifiesta lesividad» del convenio, es lo cierto que tanto del texto de la demanda como del trámite de ratificación en el acto del juicio, quedó establecido que la impugnación se basa en la supuesta ilegalidad del mencionado precepto por contener limitaciones a la contratación a través de las empresas de trabajo temporal».

Tercero.1. En orden al fondo del debate, nos remitiremos a la doctrina contenida en las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo que, examinando diversas cláusulas convenidas en otros convenios sobre la materia, nos dan la clave de la resolución de éste. En especial y en tanto que invoca las antecedentes y resuelve la mayoría de las objeciones que formulan los codemandados en este pleito, la dictada por el alto Tribunal en 11 de septiembre de 2024, RCUD259/2022, que comienza por recordarnos, en relación con la normativa que la demandante invoca en su favor, lo que sigue: «2.- El art. 4 de la Directiva 2008/104/CE, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, establece: «1.Las restricciones o prohibiciones al recurso a la cesión temporal de trabajadores por empresas de trabajo temporal deberán estar justificadas exclusivamente por razones de interés general relativas, sobre todo, a la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a las exigencias en materia de salud y seguridad en el trabajo o a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo y de evitar posibles abusos. 2. A más tardar el 5 de diciembre de 2011, los Estados miembros, tras consultar a los interlocutores sociales, de conformidad con la legislación nacional, los convenios colectivos y las prácticas nacionales, revisarán las restricciones o prohibiciones establecidas al recurso a la cesión temporal de trabajadores a fin de comprobar si siguen estando justificadas por las razones expuestas en el apartado 1. 3. En caso de que dichas restricciones o prohibiciones estén establecidas en convenios colectivos, los interlocutores sociales que hayan negociado el acuerdo correspondiente podrán efectuar la revisión a la que se refiere el apartado 2».

La aparición de la indicada directiva implicó la obligación de su transposición al derecho interno, lo que necesariamente conllevó la necesidad de modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, de empresas de trabajo temporal (LETT), lo que se llevó a cabo, primeramente, a través del Real decreto ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo; y, seguidamente por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. En ese sentido interesa destacar que, por lo que a los presentes efectos interesa, se modificaron los artículos 8.b) y 11 LETT y se introdujo una disposición adicional segunda, sobre trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad y la salud en el trabajo y se incorporó una nueva disposición adicional cuarta, en la que se establece: «A partir del 1 de abril de 2011, se suprimen todas las limitaciones o prohibiciones actualmente vigentes para la celebración de contratos de puesta a disposición por las empresas de trabajo temporal, incluida la establecida en la disposición adicional quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público , con la única excepción de lo establecido en la presente Ley. A partir de esa fecha, las limitaciones o prohibiciones que puedan ser establecidas sólo serán válidas cuando se justifiquen por razones de interés general relativas a la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo y a evitar posibles abusos. (...) Las empresas de trabajo temporal no podrán realizar con las administraciones públicas contratos de puesta a disposición de trabajadores para la realización de tareas que, por una norma con rango de ley, estén reservadas a los funcionarios públicos».

Tal como ponen de relieve, tanto el preámbulo de la Directiva 2008/104/CE, como las exposiciones de motivos de las normas que transpusieron su contenido 2008/104/CE, la mejora de la base de protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal debe ir acompañada de una revisión de las restricciones o prohibiciones de que podría ser objeto el recurso a la cesión temporal de trabajadores; por tanto, solo pueden justificarse tales restricciones o prohibiciones por el interés general relativo, en particular, a la protección de los trabajadores por cuenta ajena, las exigencias de salud y seguridad en el trabajo y la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo, incluida la necesidad de evitar posibles abusos».

2. En nuestro caso, el precepto discutido del convenio, que hemos trasladado literalmente al relato en el HPSEGUNDO, comienza por realizar lo que consideramos toda una declaración de intenciones para justificar lo que sin duda supone un elenco de gravámenes para desincentivar que las empresas del sector contraten con las ETTs, cual es la indicación que dirige a estas empresas en relación con los compromisos que les impone, razonando ser su objetivo, «en beneficio y promoción del empleo directo» que no podemos entender, como se sugiere por los codemandados, con otros fines que el expresamente señalado, desde luego ajeno al de fomento del empleo indefinido frente al temporal o a la protección de los trabajadores de las ETTs frente a la peligrosidad de la actividad relacionada con el contacto con el polvo de sílice. El objetivo es explícito y concreto e interpretamos que en modo alguno puede subsumirse en alguna de las circunstancias eventualmente justificativas de las limitaciones que al amparo de la legislación analizada, se acomoda a la doctrina que acabamos de trascribir.

De conformidad con tal doctrina, pues, no consta circunstancia de valor, atinente a los fines superiores que la directiva traspuesta en la DA 4ª LETT señala, que ampare o justifique las limitaciones del art. 8 que como hemos visto, solo tiene por finalidad promover la contratación directa, frente a la interpuesta a través de la contratación con ETTs.

En orden a las restantes objeciones, sigue la sentencia del TS de 11-09-2024 señalando que, «2.- Otra razón argumental que esgrimen los recurrentes se refiere a que las restricciones y limitaciones impuestas se han llevado a cabo, mediante la negociación colectiva, cuyo resultado -el convenio- tiene fuerza vinculante según el artículo 37 CE y cuyo cumplimiento resultaría obligado tal como se desprende de los artículos 82 y 85 ET". Olvidan los recursos que la autonomía colectiva como fuente reguladora de normas cogentes está sujeta y subordinada a la ley, como se desprende -sin dificultad técnica alguna- de los artículos que invocan los recursos. Así el artículo 37.1 establece que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral, así como la fuera vinculante de los convenios, que -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 ET- actúan dentro del respeto a la ley. Como ya advirtió nuestra STS 288/2022, de coagentes 31 de marzo (Rec. 59/2020) es irrelevante que lo impugnado sea producto de la autonomía colectiva porque, precisamente, lo que se denuncia es lo que colectivamente se ha acordado y ello puede ser objeto de control judicial por las vías procesales como las que aquí se han activado.

Además, hemos afirmado [SSTS 288/2022, de 31 de marzo (Rec. 59/2020) y 52/2020, de 23 enero (Rec.157/2018)] que el convenio colectivo no puede contener cláusulas obligacionales que afecten a quienes no son parte en la negociación, ni en su contenido normativo cabe establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas que no estuvieran incluidas en su ámbito de aplicación. Así se infiere del art. 82.3 ET, al disponer que los convenios colectivos regulados por su título III obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, en el que sólo pueden estar comprendidos quienes, formal o institucionalmente, estuvieron representados por las partes intervinientes en la negociación del convenio [entre las recientes, SSTS de 21 de diciembre de 2010 (Rec 208/09); de 11 de julio de 2011 ( Rcud. 2861/10) de 17 de septiembre de 2012 -( Rcud 2693/11); y de 19 de septiembre de 2012 (Rcud. 3056/11)]. Recientemente, la Sala en STS 333/2019, de 6 de mayo (Rcud. 4452/17) ha mantenido que una Administración sin Convenio propio no puede quedar afectada por lo dispuesto en un convenio sectorial del que ni ha formado parte ni está representada por los firmantes del mismo.

Es más, aunque la negociación colectiva pudiera limitar o prohibir la contratación con las ETT, en el marco del artículo 85 del ET, al que se refiere la sentencia recurrida y desde los argumentos que ofrece, sería preciso acreditar razones de interés general relativas a la protección de los trabajadores cedidos por dichas empresas o que con ello se garantiza el buen funcionamiento del mercado de trabajo o se evita posibles abusos, nada de lo cual parece acontecer con la previsión que aquí se impugna.

3.- Tampoco impide apreciar la existencia de lesividad porque la autoridad laboral no haya actuado frente a los convenios colectivos que, como el presente, hayan podido contemplar cláusulas de exclusión como la que aquí se valora ya que ello no impide a los terceros actuar y acudir a la vía judicial y en vía judicial dejar constancia de la lesividad que justifica la pretensión. Como tampoco el que existan debates en la negociación colectiva que afecten al referido tema ya que tampoco ello obstaculiza la impugnación judicial que se permite por la LRJS».

3. Cierto es que, en el supuesto de autos, no se impone obligación alguna directa a las ETTs tal como se argumenta por los codemandados, pero es obvio que, al margen de la legalidad de una previsión que impusiera obligaciones a terceros (lo que no es el caso de autos) el gravamen que de modo indirecto presupone contratar con las ETTs en esos términos para las empresas del sector, redunda de modo indiscutible en el tercero accionante, sobre quien repercute de modo fatal y preclaro su posibilidad de contratar en el sector, pues el efecto claramente desincentivador para acudir a las ETTs en esas peores condiciones redundará en suma en ellas, reduciendo su posibilidad de competencia libre en el mercado, al ser limitada la duración de la contratación en su caso e incrementado sustancialmente el importe de la indemnización que la usuaria debe abonar a la finalización del contrato de los empleados de aquéllas, por otro lado, también colateralmente perjudicados, sin causa que legitime la diferencia de trato con los trabajadores temporales contratados directamente por la usuaria que obvio es pensar, optará por la contratación menos onerosa; daño plural (a las ETTs y a sus trabajadores) que, finalmente, frente a la calificación que se postula por los demandados, consideramos sin duda de la entidad suficiente, como para obtener la calificación de lesión grave en los términos que exige el art. 165.1 b) LRJS y que determina la nulidad por lesividad del precepto analizado, lo que nos conduce en suma, a la estimación de la demanda.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que, desestimando la excepción de cosa juzgada opuesta y, estimando la demanda entablada por ASEMPLEO, Asociación de Agencias de Empleo y Empresas de Trabajo Temporal frente a la  Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER); el Sindicato, Comisiones Obreras del Pais Valencià; el Sindicado, FICA-UGT Pais Valencià; habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, declaramos la nulidad por lesividad del artículo 8 del VII Convenio Colectivo para la Industria de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas de la Comunitat Valenciana 2023-24, publicado en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  (DOGV) de 14 de agosto de 2024 (n.º 7002).

Sin expresa declaración sobre costas procesales.

La presente sentencia comuníquese a la autoridad laboral y publíquese en el boletín oficial de la provincia en el que lo fue el citado convenio colectivo.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, indicando que contra la misma cabe recurso de Casación, que podrá prepararse dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación. El recurso podrá prepararse, verbalmente o por escrito dirigido a esta misma Sala, indicando como destinatario expresamente: «Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de Valencia, València [7466325178]», indicando que quien no tenga la condición de trabajador, no sea beneficiario del sistema público de la Seguridad Social o no tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, deberá depositar la cantidad de 600,00 € en la cuenta que la Secretaría de esta Sala tiene abierta en el Banco de Santander, cuenta: XXXXXXXXXXXXXXX, o por transferencia a la cuenta centralizada siguiente: XXXXXXXXXXXX, añadiendo a continuación en la casilla «concepto» los datos señalados para el ingreso en metálico.Asimismo, de existir condena dineraria, deberá efectuar en el mismo plazo la consignación correspondiente en dicha cuenta, indicando la clave 66 en lugar de la clave 35. Transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Así se acuerda y firma.

  

València, 6 de febrero de 2025

Inmaculada C. Linares Bosch

Presidenta