Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6198, del 03-02-2010 (2010/1058)

ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y convocan para el ejercicio del 2010, subvenciones destinadas a financiar los costes por constitución de avales que garanticen los anticipos en las ayudas concedidas por la Generalitat en materia de Formación Profesional para el empleo.
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Número DOGV
:   6198

Fecha DOGV
:   03-02-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2010/1058


Fecha del documento
:   20-09-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda pública

ORDEN de 30 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan y convocan para el ejercicio del 2010, subvenciones destinadas a financiar los costes por constitución de avales que garanticen los anticipos en las ayudas concedidas por la Generalitat en materia de Formación Profesional para el empleo. [2010/1058]  
De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, el pago de las subvenciones concedidas por la administración se efectúa una vez se justifica la realización de la acción subvencionada y los costes de la misma, a fin de que el importe de la subvención no supere el importe de dichos costes.  
Cuando el titular y beneficiario de una subvención constituye una empresa, sea persona física, sea persona jurídica, su actividad económica empresarial le permite financiar la actividad subvencionada y llevarla a cabo independientemente de la percepción de una subvención.  
Sin embargo, existen entidades sin fin de lucro que carecen de una actividad estrictamente empresarial que les permita obtener una financiación para su labor.  
Esas entidades en ocasiones realizan una actividad de importancia para la sociedad como es la formación profesional, dirigida a facilitar unas cualificaciones profesionales a los desempleados que les permita reintegrarse a la vida laboral, la formación ocupacional, o una mejora de las cualificaciones profesionales de los trabajadores en activo, como es la formación continua. Esa actividad formativa realizada por las mencionadas entidades está dotada de una calidad que, además, responden a auténticas necesidades del tejido socio-laboral, que aconseja a la administración potenciarla.  
Sin embargo, su carácter no empresarial determina que la realización de actividades formativas y la necesidad de financiarlas antes de la percepción de la correspondiente subvención, en el supuesto de ser subvencionada dicha actividad, origine a dichas entidades unas dificultades económicas negativas.  
Dichas dificultades se pueden paliar parcialmente a través de un anticipo del importe de la subvención que, de acuerdo con la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, debe ser objeto de un aval o garantía admitida en Derecho que garantice su reintegro, si fuere el caso, a la administración. Por supuesto, dicho aval origina unos costes financieros que gravan, así mismo, la economía de las repetidas entidades.  
Previo informe del Consejo Valenciano de Formación Profesional, y en uso de las facultades que me confieren la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el Decreto 127/2007, de 27 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,   
ORDENO  
Artículo 1. Objeto  
1. Las subvenciones que se regulan y convocan mediante la presente orden tienen por objeto la financiación parcial de los costes financieros, desde su constitución hasta el momento en el que se proceda al levantamiento de los avales bancarios prestados como garantía de los anticipos de pago de las subvenciones concedidas para la realización de acciones formativas en el ejercicio 2010 o en ejercicios anteriores, con cargo al subprograma presupuestario 322.52, Formación para el Empleo, cuya denominación en ejercicios anteriores era Formación Profesional Ocupacional y Continua.  
2. El levantamiento de los avales deberá producirse durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2010.  
Artículo 2. Cuantía de la subvención  
1. Las subvenciones convocadas mediante la presente orden tendrán como objetivo la financiación de los costes financieros de los avales mencionados en el artículo 1.  
2. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado, tanto nacional como internacional, supere el coste de la actividad subvencionada.  
En el caso de que la subvención principal sea de la Generalitat procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.  
Artículo 3. Beneficiarios  
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente orden, las entidades sin ánimo de lucro, que estén obligadas a constituir avales bancarios como garantía de los anticipos del importe de las ayudas concedidas por la Generalitat en materia de Formación Profesional Ocupacional y Continua, y financiadas con cargo al subprograma presupuestario 322.52, Formación para el Empleo, de los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010, que en el caso de ejercicios anteriores se denominaba Formación Profesional Ocupacional y Continua.  
2. Para obtener la condición de beneficiario, las entidades solicitantes deberán cumplir con la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, estar exentas de dicha obligación.  
3. No podrán obtener la consideración de beneficiarios las entidades incursas en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2) y 3) del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario, las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.  
4. Será requisito para la concesión de las subvenciones y para el pago de las mismas que los beneficiarios se encuentren al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se entenderá que están al corriente cuando no tengan deudas con la administración por reintegro de subvenciones en período ejecutivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.  
Artículo 4. Obligaciones de las entidades beneficiarias  
Son obligaciones de las entidades beneficiarias:  
a) Haber adoptado el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.  
b) Justificar ante el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (en adelante SERVEF), el cumplimiento de los requisitos y las condiciones exigidas en esta orden, así como la realización de las actividades que determinan el disfrute de la subvención.  
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el SERVEF, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  
d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.  
e) Comunicar al SERVEF la concesión de cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, provenientes de cualquier otra Administración o ente público o privado, tanto nacional como internacional, que tengan por objeto la financiación de las actividades subvencionadas.  
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca dicha circunstancia y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.   
f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos establecidos reglamentariamente.  
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 91 y siguientes del Reglamento de aplicación de dicha Ley, y en la circunstancia contemplada en el artículo 2.2, de la presente orden.  
Artículo 5. Forma de conceder las subvenciones  
Las subvenciones previstas en la presente orden se concederán, hasta agotar el crédito máximo disponible, en atención a su orden de presentación en el registro de entrada de los órganos competentes para su tramitación y a medida que, en su caso, sea completado el expediente, hasta agotar el crédito presupuestario.  
Artículo 6. Órganos competentes   
1. La gestión de estas subvenciones corresponderá al SERVEF, siendo órganos instructores las Direcciones Territoriales de Empleo del SERVEF  
2. El órgano competente para otorgar las subvenciones será el director general del SERVEF u órgano en el que delegue.  
Artículo 7. Presentación de solicitudes, documentación y plazo  
1. El plazo de presentación de las solicitudes de subvención reguladas en la presente orden finalizará el 30 de noviembre de 2010.   
2. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas por la presente orden, deberán dirigirse al SERVEF y se presentarán en modelo normalizado en la Dirección General del SERVEF, o bien en las Direcciones Territoriales de Empleo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
3. Toda solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:   
a) Documentación acreditativa e identificativa de la entidad solicitante y de su representante legal.  
b) Documento de identificación fiscal de la entidad solicitante.  
c) Autorización expresa al SERVEF para obtener a través de técnicas electrónicas, informáticas o telemáticas, los datos acreditativos de que la entidad solicitante se encuentra al corriente del cumplimento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y con la Hacienda autonómica valenciana, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social. En otro caso, deberán aportarse certificados originales positivos, o copia compulsada, de la Agencia Estatal de la administración Tributaria, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Tesorería General de la Seguridad Social, expresiva de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la ayuda.  
d) Documento acreditativo del último abono del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), o declaración responsable de su exención o no sujeción.  
e) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros).  
f) Documentación que acredite el levantamiento del aval, el coste del mismo y su pago.  
g) Justificación de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos establecidos en el apartado 7, del citado artículo.  
h) Declaración responsable de la entidad solicitante sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de dicha obligación, según lo establecido en el decreto 279/2004, de 17 de diciembre del Consell.  
i) Declaración responsable de la entidad solicitante de no realizar actividades económicas.   
En el supuesto de que los documentos mencionados en el anterior apartado, letras a) y b) ya estuvieran en poder del SERVEF, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha, el órgano o dependencia en que fueron presentados, así como el expediente correspondiente, y que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.   
4. Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la presente orden, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con la misma resulte exigible, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el órgano instructor se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos necesarios, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.  
Artículo 8. Resolución y recursos   
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de dos meses a contar desde la presentación de la solicitud.   
2. Previa propuesta de resolución efectuada por las direcciones territoriales de Empleo del SERVEF, el director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, u órgano en que delegue, dictará la correspondiente resolución, que agotará la vía administrativa, y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
3. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada en la Ley 4/1999.  
4. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat; y ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.  
Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interponerse, frente al acto presunto, el recurso contencioso-administrativo dicho, en el plazo de seis meses a contar desde que hubiese finalizado el plazo para dictar y notificar la resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que consideren procedente.  
5. El SERVEF publicará de acuerdo con la normativa vigente las ayudas concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.  
Artículo 9. Pago de la subvención  
Una vez dictada la resolución de concesión de la ayuda solicitada, se librará a cada una de las entidades beneficiarias el importe íntegro de la subvención concedida.  
Artículo 10. Minoración y reintegro de subvenciones  
Dará lugar a la minoración del importe de la subvención concedida y, en su caso, el reintegro total o parcial de la misma, cuando concurra cualquiera de los supuestos establecidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 91 y siguientes del Reglamento de la indicada Ley y, en especial, el supuesto previsto en el apartado 2, del artículo 2 de la presente orden.  
Se establecen las siguientes causas específicas de minoración y reintegro:  
a) La alteración de alguna de las características no esenciales del comportamiento que fundamenta la concesión, el incumplimiento de alguna condiciones establecidas en la resolución, la falta de justificación de la totalidad de los gastos subvencionados, y la concesión, con posterioridad a la presentación de la solicitud, de otras ayudas públicas o privadas que en su conjunto superen el coste de la actividad subvencionada, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.  
b) Por no haberse justificado en los términos establecidos en la Orden y en la resolución de concesión de ayudas, la totalidad de los gastos subvencionados.  
c) Cualquier otro motivo que perjudique el fin último por el que la subvención haya sido concedida y, en particular, el incumplimiento de los criterios emanados de la presente orden.  
Todo ello sin perjuicio de lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.  
DISPOSICIONES ADICIONALES  
Primera  
A fin de atender a la financiación de las ayudas previstas en la presente orden, de acuerdo con lo previsto en el Proyecto de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010, subprograma presupuestario 322.52, se destinan como importe máximo 280.000 euros con cargo a la línea presupuestaria T5272000. La concesión de las ayudas está condicionada a la existencia, en los Presupuestos de 2010 de la Generalitat, del correspondiente crédito adecuado y suficiente.   
Dicha cantidad global máxima, podrá ser ampliada en función del presupuesto disponible para lo cual se faculta al director general del SERVEF para aprobar dichas ampliación, debiéndose publicar la correspondiente Resolución el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
Segunda  
Las ayudas concedidas mediante esta orden, están acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE 1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 (DOUE número L 379 de 28 de diciembre de 2006), relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis.   
Estas ayudas estarán exentas de la obligación de notificar establecida en el artículo 88, apartado 3, del Tratado, y de comunicar de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.3 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.  
En ningún caso estas ayudas podrán superar el importe máximo total por beneficiario de 200.000 €, que se reduce a 100.000 € en el caso de beneficiarios que operen en el sector del transporte por carretera, durante un período de tres ejercicios fiscales, ni individualmente ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de mínimis concedidas al mismo beneficiario, conforme establece el Reglamento CE nº 1998/2006 de la Comisión.  
Sin perjuicio de lo anterior, será posible la acumulación de otro tipo de ayudas para la misma acción subvencionada, salvo si tal acumulación condujera a una intensidad de la ayuda superior a la establecida para la circunstancias concretas de cada caso en un reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión.  
Para asegurar el cumplimiento de las condiciones recogidas en el punto anterior, se exigirá a los solicitantes, una declaración acerca de todas las ayudas públicas que tengan concedidas o solicitadas para esta misma acción, así como de las ayudas de mínimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.  
Tercera  
En lo no previsto en la presente orden, es de aplicación la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las prescripciones contenidas en los artículos del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, que siendo de aplicación a esta materia no estén en contradicción con aquella y en lo no previsto por este, por los preceptos que no tengan carácter básico de la Ley 38/2003.  
DISPOSICIONES FINALES  
Primera  
Se faculta al director general del SERVEF, para dictar cuantas instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y la aplicación de la presente orden; así como para modificar los plazos establecidos en la misma, con carácter excepcional, cuando concurran circunstancias debidamente motivadas que imposibiliten el cumplimiento de los mismos.  
Contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1.a) y 46.1. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, computado en los términos ya dichos, según lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso de los previstos en la vigente legislación.  
Valencia, 30 de diciembre de 2009  
El vicepresidente segundo y   
conseller de Economía, Hacienda y Empleo,  
GERARDO CAMPS DEVESA