Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3589, del 23-09-1999 (1999/8168)

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 1999, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se autoriza a la empresa Enagás, SA, la realización de las instalaciones y se reconoce la utilidad pública correspondientes al proyecto Red de Tibi a Jijona (salida AS-7), en los citados términos municipales.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3589

Fecha DOGV
:   23-09-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1999/8168


Organismo emisor
:   Conselleria de Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 1999, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se autoriza a la empresa Enagás, SA, la realización de las instalaciones y se reconoce la utilidad pública correspondientes al proyecto Red de Tibi a Jijona (salida AS-7), en los citados términos municipales. [1999/S8168]
  
Por Resolución de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana de 1 de junio de 1993, se otorgó a Enagás, SA, la concesión administrativa para el suministro de gas natural para usos industriales en diversos términos municipales de la provincia de Alicante, entre los que se encuentran los de Tibi y Jijona (BOE número 175, de 23 de julio de 1993).
  
Enagás, SA, solicitó, mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 1998, ante este Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y al amparo de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el artículo 9.b del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2.913/1973, de 26 de octubre, autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de instalaciones de la Red de Tibi a Jijona (salida AS-7), en los citados términos municipales.
  
Vista la solicitud presentada por Enagás, SA, y estudiado el proyecto Red de Tibi a Jijona (salida AS-7), visado por el colegio oficial de ingenieros correspondiente.
  
Vistas las alegaciones formuladas, mediante escritos registrados de entrada en este Servicio Territorial con fecha 4, 12 y 15 de febrero de 1999; y 3, 4, 5, 12 y 15 de marzo del mismo año, por don Sebastián Arques Mora, propietario de la finca referenciada como A-JI-51/6 y PO, en el que manifiesta que se ha producido un error en la relación de bienes y derechos publicada en cuanto a los metros lineales afectados, así como solicita una variante en la conducción de forma que se ajuste a la zona destinada a viario; doña Ángeles Sirvent Monerris, que reclama la titularidad de varias fincas adjudicadas a otros propietarios, mostrando su disconformidad con el trazado proyectado por el peligro que éste conlleva, ya que cruza una acequia de agua a la altura de un camino existente que recae en un barranco que podría formar bolsas; doña Concepción Rovira Carbonell, propietaria de las fincas número A-JI-90 y A-JI-94, propone un trazado alternativo que no discurra por una de las parcelas de su propiedad afectadas, solicitando al mismo tiempo que se tengan en cuenta las tuberías de riego existente en la finca para que no sean afectadas durante la realización de las obras; doña Isabel Abejaro Planelles, propietaria de las fincas A-JI-66 y A-JI-70, propone dos alternativas que perjudicarían en menor medida sus intereses al afectarse un menor número de olivos y no dividiendo sus parcelas por la mitad; don Alfonso Calero del Castillo, en su calidad de secretario del Ayuntamiento de Jijona, traslada la petición de realizar un pequeño ajuste del trazado en el interior del PA-2, ya que se afecta, entre los vértices V.271.7 y 271.5, a parcelas edificables del polígono industrial, por lo que se ha de aproximar la conducción a la carretera; don Alberto Germán Verdú Sirvent, propietario de las fincas referenciadas como A-JI-80 y A-JI-83,muestra su rotunda oposición al trazado en lo que se refiere al enlace de los vértices V-271.1 con el V.275, ya que causa graves perjuicios a sus fincas plantadas de almendros y árboles frutales, proponiendo un trazado alternativo que discurra por el borde de su propiedad; doña Teresa Galiana Ros, propietaria de las fincas núm. A-JI-14 y A-JI-16, propone el traslado de la tubería por unos terrenos yermos o por un camino paralelo, ya que sus fincas están cultivas y cercadas con una valla metálica siendo destrozadas con el paso de las máquinas; don Rafael Blanes Miquel, como propietario de la finca referenciada como A-JI-55, propone una nuevo trazado que discurre por caminos vecinales, sin afectarse edificaciones, cultivos, etc.; don Antonio José Pico Francés, doña María Rodríguez Cid, don Francisco Rico Monllor, don Francisco Garrigos Miquel, doña Emilia Sirvent Cortés y don Ramón Sirvent Miralles, son propietarios de las fincas A-JI-22, A-JI-23, A-JI-24, A-JI-25, A-JI-27 y A-JI-28, y manifiestan su disconformidad en cuanto a la calificación jurídica que se da a la afección con que se grava las fincas y consideran que sus bancales quedarán inservibles y divididos físicamente por la tubería, presentando una alternativa al trazado inicialmente proyectado para que la instalación se ubique en la zona de las fincas más cercana a la carretera de Jijona a Tibi; don Ismael y doña Carmen Verdú Arques, propietarios de las fincas A-JI-117 y A-JI-118, manifiestan su disconformidad con la calificación jurídica de la afección con la que se grava la finca, proponiendo la modificación del trazado por la zona del terreno por donde existe un azagador y una conducción de agua, de forma que no se vieran afectados los bancales y pudiesen seguir llevándose a cabo las labores normales de cultivo y explotación de las fincas; doña María Victoria Mañogil Monerris, propietaria de la finca referenciada como A-JI-58, solicita que el gasoducto se desplace lo más posible de la casa construida en la parcela ya que afectará a una zona de almendros sin poder volver a plantarse ninguno e impidiendo la construcción de una vivienda unifamiliar que tenía proyectada, debido a las limitaciones que impone la tubería; don Juan Carlos Arribas Ugarte, en representación de la asociación ecologista Coordinadora Ecologista del Sud del País Valenciá, enumera una serie de observaciones puntuales respecto del trazado del gasoducto, de los impactos sobre la avifauna y de las medidas correctoras del estudio de impacto ambiental; don Antonio Candela Blanes, propietario de la finca referenciada como A-JI-17, señala un error en cuanto al domicilio adjudicado en la relación de bienes y derechos afectados, y solicita se revise el trazado de la conducción al paso por su finca ajustándose a los caminos interiores de la misma; don Sergio Galiana Giner, manifiesta ser titular de la finca identificada con el número A-JI-93 y propone el traslado de la conducción al oeste de su finca sin que esto suponga ningún incremento en los costos de la obra; don Tomás Sirvent Plá, propietario de las fincas A-JI-53 y A-JI-56, solicita que la conducción se desvíe por caminos paralelos al trazado inicialmente proyectado, con el consiguiente ahorro de indemnizaciones, gastos y molestias; don Manuel Pico Cortés y doña María Encarnación García, manifiestan ser también propietarios de la finca A-JI-44, solicitando que se justifiquen y certifiquen las medidas de seguridad y medioambientales que se vayan a adoptar, así como las servidumbre y cualquier otra afección que vaya a afectar a sus propiedades y manifestando su interés por conocer las indemnizaciones a las que tendrán derecho en caso de que prospere su oposición al trazado, y don Alfredo Galiana Coloma, como propietario de la finca A-JI-54, solicita el desvío de la tubería de forma que se impida la unión física de la parcela.
  
Vista la contestación de Enagás, SA, a las cuestiones suscitadas, mediante escrito de fecha 27 de abril de 1999, en el que ponen de manifiesto en cuanto a las alegaciones presentadas por: don Sebastián Arques Mora, que serán subsanados todos los errores que se hayan producido respecto a mediciones y titularidad en la relación de bienes y derechos afectados, señalando que la conducción está proyectada por el vial, tal y como solicita el alegante, no afectándose en modo alguno los patios que indican los propietarios; doña Ángeles Sirvent Monerris, que se rectificarán los errores suficientemente clarificados y respecto del cruce proyectado con el barranco y con la acequia, el primero se efectuará por la línea de máxima pendiente, lo que técnicamente es más óptimo, además de que la tubería se protegerá en toda la extensión del cruce con hormigón en masa, lo que garantiza su seguridad, el segundo, igualmente se ejecutará de forma que la conducción quede protegida mediante losa de hormigón u hormigón en masa, garantizándose la restitución de la acequia su estado original caso de verse afectada por las obras; doña Concepción Rovira Carbonell, que el trazado actual es el más correcto ya que tiene por objeto salvar el barranco existente, además de que la variante propuesta supondría la afección de terceros particulares no incursos en el actual expediente, que podrían alegar con igual motivo, contactando los técnicos de esta empresa con la propietaria para ubicar físicamente las tuberías de riego por ella mencionadas; doña Isabel Abejaro Planelles, que la alternativa B no puede aceptarse bajo ningún motivo ya que supone un cambio total de trazado, afectándose a nuevos propietarios, que podrían alegar con igual motivo, y que por otro lado va a procederse a estudiar de inmediato la alternativa A en lo que se refiere a la finca A-JI-66, accediéndose a ella caso de que técnicamente fuese adecuada. Por último, es preciso señalar que la alegante deberá contar con el consentimiento del propietario de la finca A-JI-68, para poderse aceptar la variante propuesta para la parcela A-JI-70; Ayuntamiento de Jijona, que se ha consensuado un cambio de trazado que discurrirá por el viario público y que será objeto de una addenda que se presentará próximamente en ese Servicio Territorial; doña Alberto Germán Verdú Sirvent, que la finalidad del trazado es salvar el Barranco del Castillo y aproximar la conducción a las industrias existentes en la zona como posibles consumidores, rechazando la alternativa propuesta por los siguientes motivos: \* El trazado en paralelo con la carretera es técnicamente inviable, pues la tubería se ubicaría en una zona a media ladera, con los consecuentes peligros en cuanto a su seguridad y estabilidad \* El trazado, en su discurrir por calles y viales del municipio, ha sido consensuado con los Servicios Técnicos Municipales, no siendo posible modificarlo sin autorización expresa por parte del ayuntamiento \* La conducción afectaría a otros propietarios, los cuales podrían alegar en el mismo sentido; doña Teresa Galiana Ros, que en cuanto a los desperfectos que se ocasionen en la valla de cerramiento, será repuesta a su estado inicial una vez hayan terminado las obras, denegando al mismo tiempo la variante por afectarse a terceros propietarios no incursos en el actual expediente que podrán alegar en el mismo sentido; don Rafael Blanes Miquel, que no puede aceptarse la alternativa planteada ya que, en primer lugar, supondría la afección de fincas no incluidas en el actual expediente, así como la modificación de la afección en fincas ya afectadas cuyos propietarios no han formulado ningún tipo de alegación, en segundo lugar, porque aunque la tubería discurriese por caminos municipales, esto no evitaría la afección a las fincas colindantes con los mismos y la demolición de los muros de piedra que sirven de cerramiento a las parcelas, puesto que los citados caminos son de anchura reducida. Por último, señalar que la variante propuesta, en sus últimos 100 metros, comienza discurriendo por el cauce del río Coscón para posteriormente, discurrir muy próxima a él, lo cual es técnicamente desaconsejable por evidentes motivos de seguridad de la instalación; don Antonio José Pico Francés y cinco más, que durante la fase de Ingeniería de Detalle del proyecto la alternativa fue analizada con mucho detenimiento con objeto de evitar en la medida de lo posible los bancales existentes en la zona, siendo descartada debido a que si se ubicase la conducción en paralelo a la carretera se tendría que instalar en media ladera y sobre terrenos inestables, corriéndose riesgos de deslizamiento y erosiones que podrían originar la rotura de la tubería, y suponiendo además la afección sobre terrenos de otros particulares, que podrían alegar con igual motivo. Por último, recordar que la imposición de una servidumbre permanente de paso y demás limitaciones al dominio no suponen el que sobre los terrenos no puedan continuar llevándose a cabo las labores normales de cultivo y mantenimiento de las plantaciones, todo ello sin olvidar que son fundamentales las medias de seguridad de la instalación, para así poder garantizar la calidad del suministro y la seguridad de bienes y personas; don Ismael y doña Carmen Verdú Arques, que se deniega la variante puesto que supondría ejecutar el cruce con el río Torremanzanas de forma totalmente sesgada, lo cual es técnicamente desaconsejable, además se afectarían terrenos propiedad de particulares no incluidos en el actual expediente. No obstante se podría realizar una modificación del trazado muy similar a la propuesta de los propietarios pero teniendo en cuenta que siempre se haría por terrenos de su propiedad y con su consentimiento; doña Mª Victoria Mañogil Monerris, que el trazado se separa de la vivienda, en el punto más próximo, unos 60 metros, distancia muy superior a los 10 metros de zona de seguridad que establece la norma UNE 60-305, conviniendo señalar, de todos modos, que en la parcela de la alegante, está condicionado por la alineación que debe seguirse para cruzar el río Coscón de una forma técnicamente segura y adecuada para la instalación. Por último en cuanto al proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar en la zona de influencia de la red, ésta cuando se lleve a cabo, deberá separarse al menos a una distancia de 5 metros, la cual podrá reducirse siempre y cuando lo autorice el órgano competente de la administración; don Juan Carlos Arribas Ugarte, que el trazado actual fue sugerido por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana cuando se presentó a información pública el proyecto inicial, denominado Ibi-Jijona, habiendo sido necesario modificar gran parte del trazado con objeto de no afectar zonas especialmente sensibles en lo que se refiere al medio ambiente; don Antonio Candela Blanes, que se rectificará el error padecido en cuanto a la dirección del alegante y se tendrá en cuenta el señalado para todas las notificaciones que se lleven a cabo en el expediente, aceptando parcialmente la variante propuesta, es decir entre el vértice V-165 (menos 12 metros) y el vértice V-167, a partir de éste el trazado debe ser el proyectado ya que la modificación planteada en esta zona discurriría por un bancal sumamente estrecho, lo que además de dificultar seriamente la construcción, originaría la práctica destrucción del bancal y la afección adicional de nuevas propiedades; don Sergio Galiana Giner, que tendrá en cuenta al alegante como titular de la parcela señalada anteriormente y a todos los efectos que se deriven del expediente que ahora se tramita, reiterándose en lo relativo al cambio de trazado a lo establecido para doña Concepción Rovira Carbonell; don Tomás Sirvent Plá, que la variante propuesta no evita la afección de fincas de propiedad privada ya que el ancho de los caminos es insuficiente para la ejecución de las obras; don Manuel Pico Cortés y doña María Encarnación García, que se subsanará el error de titularidad padecido, señalando por otra parte que el proyecto de instalaciones presentado ante ese Servicio Territorial cumple con toda la normativa del Ministerio de Industria y Energía, normas UNE... adicionalmente, refleja las consideraciones, especificaciones, dibujos-tipo y normativa técnica de Enagás, SA, que, como mínimo, es tan exigente como la normativa anteriormente referenciada en cuanto a criterios de seguridad, construcción y explotación de las instalaciones. Además la propia autorización de instalaciones que tienen solicitada tiene por objeto, entre otros, garantizar que las obras que van a realizarse cumplen los criterios de seguridad exigidos por la legislación y normativa en vigor. En cuanto a las medias medioambientales, cabe destacar que el proyecto está sometido a la declaración de impacto ambiental por parte de la Dirección General para el Desarrollo Sostenible de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, que será la que establezca las medidas correctoras oportunas y que Enagás, SA, cumplirá fielmente. Finalmente, comunicar que nuestros técnicos, durante el levantamiento de las actas previas a la ocupación, informarán debidamente de las afecciones que se producen y de las indemnizaciones que se proponen a los afectados; don Alfredo Galiana Coloma, que dentro de las características constructivas del proyecto, ha previsto que la tubería vaya enterrada, como mínimo, a 1 metro de profundidad desde su generatriz superior, lo que significa que la conducción no constituirá ninguna barrera física dentro de la finca, además de que durante la ejecución de las obras, se habilitarán todos lo medios técnicos y humanos necesarios para no interrumpir el tránsito de vehículos, personas y animales por la finca, así como para permitir la continuación de la explotación, ya sea agrícola o ganadera de la misma.
  
Visto el Decreto 2.913/1973, de 26 de octubre (citado), el Decreto 1.775/1967, de 22 de julio, la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, modificado por órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984 i de 9 de marzo de 1994, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes.
  
Este Servicio Territorial resuelve:
  
Autorizar las instalaciones y reconocer la utilidad pública solicitada por Enagás, SA, de acuerdo con el proyecto Red de Tibi a Jijona (salida AS-7), en los citados términos municipales, con arreglo a las condiciones siguientes:
  
En todo momento, deberá cumplirse cuanto se establece en el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, así como de normas complementarias, Reglamento de Redes y acometidas de combustibles gaseosos aprobado por Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974 y modificado por Ordenes del Ministerio de 26 de octubre de 1983, de 6 de Julio de 1984 y 9 de marzo de 1994, y Resolución de 1 de junio de 1993 de la Conselleria de Industria y Comercio por la que se otorga a Enagás, SA, la concesión administrativa para el suministro de gas natural para usos industriales en los términos municipales de Tibi y Jijona.
  
El plazo para la puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de doce meses a partir de la fecha de la ocupación real de las fincas afectadas.
  
Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto denominado Red de Tibi a Jijona (salida AS-7) y demás documentación técnica presentada, quedando especificado en los siguientes datos básicos:
  
a) Descripción de las instalaciones: La tubería será de acero sin soldadura, según especificación API 5L GR.B., con diámetros de 4- y 6?. La presión máxima de servicio de la red será de 16 bares.
  
La longitud de las canalizaciones será de 20.262 ml, de los que 6.717 discurren por el término municipal de Tibi y 13.545, por el término municipal de Jijona.
  
b) El presupuesto total de las instalaciones objeto de la presente autorización asciende a la cantidad de cuatrocientos sesenta y un millones de pesetas (337.315.456 pesetas).
  
4. Para introducir modificaciones que afecten a los datos básicos a que se refiere la condición tercera, será necesario obtener autorización en este servicio territorial.
  
5. Una vez finalizadas las obras de instalación, se efectuarán los ensayos y pruebas oportunas, informando con un plazo de 48 horas de la realización de los mismos a este servicio territorial.
  
6. Este Servicio Territorial aprobará también las condiciones concretas de aplicación del proyecto e introducirá las modificaciones de detalle que resulten convenientes.
  
7. Enagás, SA, dará cuenta de la terminación de las instalaciones a este servicio territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en marcha, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento. Para ello, se aportará a este servicio territorial un certificado final de obra firmado por técnico superior competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en el que conste que la construcción y montaje se ha efectuado de acuerdo con la normativa técnica vigente que le sea de aplicación, acompañado de la documentación correspondiente a las pruebas y ensayos realizados.
  
8. Este servicio territorial se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique legalmente.
  
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la presente autorización y la declaración concreta de utilidad pública de las instalaciones, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados y dará lugar a la urgente ocupación de los mismos. Los referidos bienes y derechos son los incluidos en la relación que se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 10 de febrero de 1999.
  
La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente, de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otras necesarias para la realización de las obras de las instalaciones.
  
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el director general de Industria y Energía de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana, en el plazo de un mes, contado desde el día de la notificación de la misma, conforme determina el artículo 114 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.