Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6154, del 27-11-2009 (2009/13788)

Información pública del Acuerdo del Pleno de 25 de junio de 2009, por el que se aprueba definitivamente el proyecto de expropiación forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de parcelas viales en el ámbito del Programa de Actuación Integrada Corts Valencianes II.
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Número DOGV
:   6154

Fecha DOGV
:   27-11-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2009/13641


Fecha del documento
:   29-10-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Benicarló

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Benicarló
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública del Acuerdo del Pleno de 25 de junio de 2009, por el que se aprueba definitivamente el proyecto de expropiación forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de parcelas viales en el ámbito del Programa de Actuación Integrada Corts Valencianes II.  
 [2009/13611]  
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Fecha entrada Reg. entrada Interesado/a DNI  
22.02.2007 3268 Claudio Cassissa, en representación de Odemira, SL  
02.03.2007 3808 Antonia Caldés Lluch 34583954  
02.03.2007 3807 Benito Caldés Lluch 44002016M  
13.03.2007 4567 Benito y Antonia Caldés Lluch 49183199B / 72485623  
13.03.2007 4565 Luis M. Barrachina Alonso, en representación de Fundación Caja Castellón R80580756  
15.03.2007 4710 Juan Pascual Sorlí Achell, en representación de Odemira, SA A-58785528  
15.03.2007 4711 Juan Pascual Sorlí Achell, en representación de Odemira, SA A-58785528  
La corporación, en sesión plenaria celebrada el dia 25 de junio de 2009, con carácter ordinario y en primera convocatoria, adoptó el siguiente Acuerdo:  
«Punto 15. Dictamen a la propuesta de aprobación definitiva del proyecto de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta de parcelas viales en el ámbito del Programa de Actuación Integrada Corts Valencianes II. Se somete a consideración de la corporación el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, sobre el procedimiento de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta para la obtención de suelo calificado como vial público de parcelas viales en el ámbito del Programa de Actuación Integrada corts Valencianes II.  
Relación de hechos  
I.Visto que el Pleno de la corporación, en sesión celebrada el 24 de enero de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta, para la obtención del suelo calificado como vial público en el ámbito del Programa de Actuación Integrada Corts Valencianes II, redactado por los servicios técnicos municipales, sometiendo a exposición pública la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación.  
II. Visto que, en fecha 19 de febrero de 2007, se publicó el correspondiente anuncio de información pública en el periódico Mediterráneo, en el Boletín Oficial de la Província de Castellón número 24, de 24 de febrero de 2007, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5476, de 23 de marzo de 2007, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benicarló, desde el 13 de febrero al 1 de marzo de 2007.  
III. Visto que se notificó individualmente a cada uno de los titulares de bienes y derechos afectados por la expropiación las correspondientes hojas de aprecio municipales, concediéndoles un plaza de un mes desde su notificación, para aceptarla o rechazarla y formular la suya propia.  
IV. Visto que durante los plazos concedidos al efecto, se han presentado las siguientes alegaciones y/o hojas de aprecio particulares:  
V. Visto el informe emitido por el arquitecto municipal, Luis Pérez Lores, en fecha 17 de abril de 2007, en relación con las alegaciones y hojas de aprecio particulares formuladas por las personas interesadas:  
"[...]  
1. Alegación de Claudio Cassisa, en representación de Odemira, SL.  
La alegación se basa en la constatación por parte del interesado de la existencia de una casa en la esquina de la calle Peñíscola y Nou d'Octubre, de su propiedad, que se ha demolido y que no consta en la relación de bienes a destruir, de igual manera que la parcela que ocupa.  
Efectivamente, la edificación que se menciona no está incluida en la relación de bienes afectados por cuanto en el proceso de negociación con el interesado se manifestó que la misma se incorporaba en la cuenta detallada de cuotas del programa para su indemnización.   
Dicha edificación consta en tal cuenta detallada y se incorpora en el haber del interesado como indemnización a recibir. No obstante, se incluirá en la ficha correspondiente a dicha parcela.  
La descripción que consta en la memoria y que fue expuesta al público es la siguiente:  
Edificación en planta baja, de 59m² de superficie, fecha de construcción aproximada 1950, estado de conservación normal, tipología edificatoria 44m² de vivienda (01285), 15 m² almacén (01533).  
Valor.  
400 €/m² x (44m² x 0,85 + 15 x 0,40) x 0,40 = 6.944 euros  
Por otra parte, respecto del suelo ocupado por tal edificación, sí se encuentra incluido en la parcela a expropiar (ver plano de la ficha individual núm. 1)  
Por todo ello, se informa favorablemente la inclusión de la edificación en la ficha individual del interesado.   
Por otro lado, se informa desfavorablemente la inclusión del suelo sobre el que se asienta por constar ya éste en la relación de bienes a expropiar.   
2. Alegación de Benito Caldés Lluch.  
La alegación se estructura en tres apartados. Los dos primeros de carácter jurídico y el tercero, valorativo.  
El primero hace referencia a la falta de utilidad pública de la expropiación. El segundo, a la infracción del principio de equidistribución de beneficios y cargas. Por último, el tercero, cuestiona la valoración del suelo y de las construcciones a derribar.  
No es objeto de este informe contestar las cuestiones de carácter jurídico. Sin embargo, con objeto de mantener la unidad de la alegación y su contestación, cabe indicar que el vial que se va a expropiar figura en el Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, aprobado el año 1986 y, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 58.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRAU), vigente en la fecha de redacción del programa, el artículo 109 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) , la utilidad pública que habilita para su expropiación viene implícita en la aprobación de tal planeamiento. La obtención del vial, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, debe llevarse a cabo por cesión gratuita y obligatoria. Sin embargo, ante el no cumplimiento de tal obligación por parte del propietario en desarrollo del programa, se hace necesario acudir a la expropiación como sistema para su obtención.  
En relación con la infracción del principio de equidistribución de beneficios y cargas, el planeamiento no establece un ámbito de gestión en el que deba llevarse a cabo tal equidistribución mediante una reparcelación conjunta. El planeamiento prevé la obtención del suelo de acuerdo con el sistema de cesión de viales a medida que se va ejecutando la edificación prevista en el plan. El programa se redacta como sistema de ejecución de obra urbanizadora, pues la legislación vigente en el momento de su inicio no preveía otro sistema. Sin embargo, la actuación urbanizadora mediante un programa no implica modificar el régimen de derechos y obligaciones que se establecía, en cumplimiento de la legislación, en el planeamiento. El área de reparto que afecta a cada parcela edificable viene definida explícitamente en la LRAU, en su artículo 63.2, vigente en el momento de aprobación del programa: 'En defecto de previsión explicita del plan o si éste así lo dispone, la delimitación de áreas de reparto se presume implícitamente efectuada, por aplicación directa de la siguientes reglas:  
A) Se entenderá que integra un área de reparto cada solar o, en su caso, cada parcela de destino privado, junto con el suelo dotacional colindante que le confiera la condición de solar o que sea preciso para dotarle de ella mediante su urbanización'.  
Ésta es la razón por la que el proyecto de expropiación vincula la parcela vial a la parcela edificable colindante y repercute sobre ella el coste de su obtención o mantiene el aprovechamiento urbanístico en propiedad del que financia tal expropiación como reserva de aprovechamiento, tal como indica el artículo 77 de la LRAU (artículo 186 de la LUV).  
Se analizará ahora la alegación sobre la improcedencia de la valoración, una vez justificada la procedencia de la expropiación.  
Se manifiesta que resulta curioso que se acepten algunas de las valoraciones presentadas por la hermana del alegante en la parcela vecina, evidenciando lo kafkiano de la situación. Para la contestación a esta alegación nos remitimos a la siguiente realizada por Antonia Caldés, que es la interesada sobre el tema.   
Se alega también sobre el valor del suelo, indicando que el valor de repercusión es de 886,91?/m²t. Tal valoración no se encuentra avalada por estudio alguno oficial y no se corresponde con la valoración posteriormente presentada por el mismo alegante en la alegación número 5.  
La valoración llevada a cabo por el Ayuntamiento en proyecto de expropiación se realiza de acuerdo con el criterio establecido en el artículo 28.1 de la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones:  
'El valor del suelo urbano sin urbanización consolidada, se determinará, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, por aplicación al aprovechamiento resultante del correspondiente ámbito de gestión en que esté incluido, del valor básico de repercusión más específico recogido en las ponencias de valores catastrales para el terreno concreto a valorar'.  
El valor básico de repercusión más específico para el terreno concreto a valorar, que consta en la ponencia de valores de suelo catastrales que figura en el Ayuntamiento (se acompaña certificado del Centro de Gestión) es de 83,30 €/m²t. No se deducen los gastos de urbanización, tal como se indica en el artículo 30 Ley 6/1998, por considerarse que el VBR establecido por la ponencia ya ha tenido en cuenta tal circunstancia, al encontrarse el ámbito sin urbanizar.  
El aprovechamiento resultante del ámbito se ha obtenido dividiendo el techo total del ámbito por su superficie. En el caso de considerarse que el suelo no tiene atribuido aprovechamiento al tratarse de un vial, el aprovechamiento resultante de la media ponderada de los aprovechamientos del polígono fiscal en que está incluido es de 1,95 m²t/m²s.  
Por lo tanto, se informa desfavorablemente la valoración aportada por no ajustarse ni justificarse los valores de mercado, en el caso de que deba aplicarse el método del valor residual, por una parte. Y por otra, por no ajustarse al método valorativo establecido en el artículo 28.1, al no haber utilizado los valores catastrales explicitados en el mismo. Por último, por tratarse de una valoración que dista mucho de la obtenida mediante sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de fecha 28 de noviembre de 2003, para la obtención del suelo del mismo ámbito primera fase, y que fijó en 18.711 pts/m² (mismas características viarias y de edificación, mismos aprovechamientos). La valoración municipal resulta mucho más aproximada a fijada judicialmente que la realizada por el interesado.   
3. Alegación de Antonia Caldés Lluch.  
La alegación es básicamente idéntica a la alegación anterior, salvo en el apartado referente a las construcciones que deben destruirse, que en el caso presente sí pertenecen a la interesada alegante. Por lo tanto, me remito a la contestación anterior.  
En relación con la valoración de las construcciones a demoler, cabe indicar que, en opinión de este técnico informante, algunas de las valoraciones presentadas no se ajustaban a su valor legal, pues no están hechas de acuerdo con el criterio establecido en el artículo 31 Ley 6/1998, al no haberse aplicado coeficientes por antigüedad y estado. Por lo tanto, resulta coherente, desde mi punto de vista, poder aceptar las que se consideran acordes con el valor real y rechazar las que se consideren sobrevaloradas. No resultaría acertado indemnizar a la afectada, con cargo a fondos públicos o repercutiendo en terceros, por el valor de las construcciones como si de obra nueva se tratara, sin aplicación de los coeficientes de depreciación que establece la legislación.  
Por lo tanto, se informa desfavorablemente la valoración aportada, por no ajustarse, ni justificarse los valores de mercado, en el caso de que deba aplicarse el método del valor residual, por una parte. Y por otra, por no ajustarse al método valorativo establecido en el artículo 28.1, al no haber utilizado los valores catastrales explicitados en el mismo. Por último, por tratarse de una valoración que dista mucho de la obtenida mediante sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de fecha 28 de noviembre de 2003, para la obtención del suelo del mismo ámbito primera fase, y que fijó en 18.711 pts/m² (mismas características viarias y de edificación, mismos aprovechamientos). La valoración municipal resulta mucho más aproximada a la fijada judicialmente que la realizada por el interesado.   
Se informa desfavorablemente las valoraciones por elementos a destruir por no ajustarse algunas de ellas a los criterios legales vigentes.   
4. Alegación de Luis M. Barrachina, gerente de Fundación Caja Castellón.  
La alegación cuestiona el valor aplicado al suelo y aporta una valoración realizada por el arquitecto técnico Alfonso Fernández Delgado, que establece el valor de repercusión en 900 euros/m²t.  
La valoración presentada no aporta la base legal sobre la que se ha obtenido tal valor. No se realiza un estudio que permita conocer dicho valor, ni se aplica ningún método de cálculo legal para su obtención.  
Por otro lado, tal como ya se ha informado anteriormente, la valoración llevada a cabo por el Ayuntamiento en proyecto de expropiación se realiza de acuerdo con el criterio establecido en el artículo 28.1 de la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones:  
'El valor del suelo urbano sin urbanización consolidada, se determinará, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, por aplicación al aprovechamiento resultante del correspondiente ámbito de gestión en que esté incluido, del valor básico de repercusión más específico recogido en las ponencias de valores catastrales para el terreno concreto a valorar'.  
El valor básico de repercusión más específico para el terreno concreto a valorar, que consta en la ponencia de valores de suelo catastrales que figura en el Ayuntamiento (se acompaña certificado del Centro de Gestión) es de 83,30 euros/m²t. No se deducen los gastos de urbanización, tal como se indica en el artículo 30 Ley 6/1998, por considerarse que el VBR establecido por la ponencia ya ha tenido en cuenta tal circunstancia, al encontrarse el ámbito sin urbanizar.  
El aprovechamiento resultante del ámbito se ha obtenido dividiendo el techo total del ámbito por su superficie. En el caso de considerarse que el suelo no tiene atribuido aprovechamiento al tratarse de un vial, el aprovechamiento resultante de la media ponderada de los aprovechamientos del polígono fiscal en que está incluido es de 1,95 m²t/m²s.  
Por lo tanto, se informa desfavorablemente la valoración aportada, por no ajustarse, ni justificarse los valores de mercado, en el caso de que deba aplicarse el método del valor residual, por una parte. Y por otra, por no ajustarse al método valorativo establecido en el artículo 28.1, al no haber utilizado los valores catastrales explicitados en el mismo. Por último, por tratarse de una valoración que dista mucho de la obtenida mediante sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de fecha 28 de noviembre de 2003, para la obtención del suelo del mismo ámbito primera fase, y que fijó en 18.711pts/m² (mismas características viarias y de edificación, mismos aprovechamientos). La valoración municipal resulta mucho más aproximada a la fijada judicialmente que la realizada por el interesado.   
5. Alegación de Benito Caldés Lluch y Antonia Caldés Lluch.  
La alegación cuestiona el valor del suelo a expropiar. Por otra parte, vuelve a cuestionar las valoraciones de los bienes que deben ser destruidos y solicita la reposición del vallado que debe destruirse, con cargo al Ayuntamiento.  
En relación con el valor del suelo, se ha aportado una valoración llevada a cabo por el Alberto Vilás Pérez. En dicha valoración, que no se encuentra visada por colegio oficial, tratándose de una fotocopia, el técnico manifiesta que ha obtenido el valor orientativamente, por el método residual dinámico. Dicho método no se encuentra desarrollado en el informe aportado. Se ha aplicado un valor de obra nueva de 2.700 €/m² y un coste de construcción de 600 euros/m². El resultado es de 2.134,27 euros/m²s.  
En mi opinión, además de no poder validar la valoración por no encontrarse visada por colegio profesional, cosa que puede resultar subsanable, el valor aplicado a la obra nueva resulta desorbitado. No se aporta el estudio de mercado que pueda avalarlo. No se ha tenido en cuenta que el vial no se encuentra urbanizado y, por lo tanto, no se ha aplicado el artículo 30 de la Ley 6/1998 (gastos de urbanización).   
Analizados por este técnico municipal los precios de venta de las viviendas ejecutadas en la promoción que se lleva a cabo junto a la parcela a expropiar por otro de los afectados y cuya alegación se analizará posteriormente, se ha podido comprobar que los precios de venta obtenidos como media de cuatro testigos de ese edificio es de 1.355?/m² construido.  
Vivienda en planta 1ª, 64,22 m², 75.925,50 euros.  
Vivienda en planta 2ª, 64,22 m², 68.457,94 euros.  
Vivienda en planta 3ª, 64,22 m², 84.500,00 euros.  
Vivienda en planta 4ª, 64,22 m², 119.300,00 euros.  
Por otro lado, no se justifica si, además del valor de construcción, que se ha establecido en 600 euros/m², se contabilizan todos los costes derivados de la promoción, como sería necesario en aplicación del método aplicado.  
La valoración llevada a cabo por el Ayuntamiento en proyecto de expropiación se realiza de acuerdo con el criterio establecido en el artículo 28.1 de la Ley 67/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones:  
'El valor del suelo urbano sin urbanización consolidada, se determinará, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, por aplicación al aprovechamiento resultante del correspondiente ámbito de gestión en que esté incluido, del valor básico de repercusión más específico recogido en las ponencias de valores catastrales para el terreno concreto a valorar'.  
El valor básico de repercusión más específico para el terreno concreto a valorar, que consta en la ponencia de valores de suelo catastrales que figura en el Ayuntamiento (se acompaña certificado del Centro de Gestión) es de 83,30 euros/m²t. No se deducen los gastos de urbanización, tal como se indica en el artículo 30 de la Ley 6/1998, por considerarse que el VBR establecido por la ponencia ya ha tenido en cuenta tal circunstancia, al encontrarse el ámbito sin urbanizar.  
El aprovechamiento resultante del ámbito se ha obtenido dividiendo el techo total del ámbito por su superficie. En el caso de considerarse que el suelo no tiene atribuido aprovechamiento al tratarse de un vial, el aprovechamiento resultante de la media ponderada de los aprovechamientos del polígono fiscal en que está incluido es de 1,95 m²t/m²s.  
Por lo tanto, se informa desfavorablemente la valoración aportada, por no ajustarse, ni justificarse los valores de mercado, en el caso de que deba aplicarse el método del valor residual, por una parte. Y por otra, por no ajustarse al método valorativo establecido en el artículo 28.1, al no haber utilizado los valores catastrales explicitados en el mismo. Por último, por tratarse de una valoración que dista mucho de la obtenida mediante sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de fecha 28 de noviembre de 2003, para la obtención del suelo del mismo ámbito 1ª fase, y que fijó en 18.711 pts/m² (mismas características viarias y de edificación, mismos aprovechamientos). La valoración municipal resulta mucho más aproximada a fijada judicialmente que la realizada por el interesado.   
En relación con la valoración de los bienes que no puedan conservarse, nos remitimos a lo contestado a la alegación presentada a modo individual por Antonia Caldés, alegación número 3, por lo que también se procede a emitir informe desfavorable.  
Por último, ante la solicitud de restitución del vallado por parte del Ayuntamiento, no se puede acceder a la solicitud y, por lo tanto, se informa desfavorablemente, por cuanto la longitud de vallado eliminado es inferior a la del nuevo vallado a realizar, por lo que, salvo acuerdo sobre compensaciones o tipología de valla, el coste del nuevo vallado superaría el de compensación que les corresponde.   
6. Alegación de Juan Pascual Sorlí Achell, en representación de Odemira, SA.  
La alegación cuestiona el valor del suelo a expropiar en la parcela del interesado relacionada en el proyecto como finca número 1.  
El interesado ha aportado una valoración llevada a cabo por el Arquitecto Alberto Vilás Pérez. En dicha valoración, que no se encuentra visada por colegio oficial, tratándose de una fotocopia, el técnico manifiesta que ha obtenido el valor orientativamente, por el método residual dinámico. Dicho método no se encuentra desarrollado en el informe aportado. Se ha aplicado un valor de obra nueva de 2.700 euros/m² y un coste de construcción de 600 euros/m². El resultado es de 2.134,27 euros/m²s.  
En mi opinión, además de no poder validar la valoración por no encontrarse visada por colegio profesional, cosa que puede resultar subsanable, el valor aplicado a la obra nueva resulta desorbitado. No se aporta el estudio de mercado que pueda avalarlo. No se ha tenido en cuenta que el vial no se encuentra urbanizado y, por lo tanto, no se ha aplicado el artículo 30 Ley 6/1998, gastos de urbanización.   
Analizados, por este técnico municipal, los precios de venta de las viviendas ejecutadas en la promoción que se lleva a cabo junto a la parcela a expropiar por el interesado, se ha podido comprobar que los precios de venta obtenidos como media de cuatro testigos de ese edificio es de 1.355 euros/m² construido. No resulta coherente que para establecer el precio de venta en documento público se fije un valor y se reclame otro muy superior para estimar la expropiación.   
Vivienda en planta 1ª, 64,22 m², 75.925,50 euros  
Vivienda en planta 2ª, 64,22 m², 68.457,94 euros  
Vivienda en planta 3ª, 64,22 m², 84.500,00 euros  
Vivienda en planta 4ª, 64,22 m², 119.300,00 euros  
Por otro lado, no se justifica si además del valor de construcción, que ha establecido en 600 euros/m², se contabilizan todos los costes derivados de la promoción, como sería necesario en aplicación del método aplicado.  
La valoración llevada a cabo por el Ayuntamiento en el proyecto de expropiación se realiza de acuerdo con el criterio establecido en el artículo 28.1 de la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones:  
"El valor del suelo urbano sin urbanización consolidada, se determinará, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, por aplicación al aprovechamiento resultante del correspondiente ámbito de gestión en que esté incluido, del valor básico de repercusión más específico recogido en las ponencias de valores catastrales para el terreno concreto a valorar"  
El valor básico de repercusión más específico para el terreno concreto a valorar, que consta en la ponencia de valores de suelo catastrales que figura en el Ayuntamiento (se acompaña certificado del Centro de Gestión) es de 83,30 euros/m²t. No se deducen los gastos de urbanización, tal como se indica en el artículo 30 Ley 6/1998, por considerarse que el VBR establecido por la ponencia ya ha tenido en cuenta tal circunstancia, al encontrarse el ámbito sin urbanizar.  
El aprovechamiento resultante del ámbito se ha obtenido dividiendo el techo total del ámbito por su superficie. En el caso de considerarse que el suelo no tiene atribuido aprovechamiento al tratarse de un vial, el aprovechamiento resultante de la media ponderada de los aprovechamientos del polígono fiscal en que está incluido es de 1,95 m²t/m²s.  
Por lo tanto, se informa desfavorablemente la valoración aportada, por no ajustarse ni justificarse los valores de mercado, en el caso de que deba aplicarse el método del valor residual, por una parte. Y por otra, por no ajustarse al método valorativo establecido en el artículo 28.1, al no haber utilizado los valores catastrales explicitados en el mismo. Por último, por tratarse de una valoración que dista mucho de la obtenida mediante sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de fecha 28 de noviembre de 2003, para la obtención del suelo del mismo ámbito 1ª fase, y que fijó en 18.711 ptas/m² (mismas características viarias y de edificación, mismos aprovechamientos) la cual nos da una mayor aproximación la valoración municipal que la realizada por el interesado.   
7. Alegación de Juan Pascual Sorlí Achell, en representación de Odemira, SA.  
La presente alegación reproduce la anterior para la finca denominada finca número 2 en el proyecto de expropiación.  
Por lo tanto, se mantienen los criterios allí enunciados y se informa desfavorablemente la valoración aportada, por no ajustarse, ni justificarse los valores de mercado, en el caso de que deba aplicarse el método del valor residual, por una parte. Y por otra, por no ajustarse al método valorativo establecido en el artículo 28.1, al no haber utilizado los valores catastrales explicitados en el mismo. Por último, por tratarse de una valoración que dista mucho de la obtenida mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 28 de noviembre de 2003, para la obtención del suelo del mismo ámbito 1ª fase, y que fijó en 18.711 ptas/m² (mismas características viarias y de edificación, mismos aprovechamientos) la valoración municipal resulta mucho más aproximada a fijada judicialmente que la realizada por el interesado.   
Por todo ello se propone el mantenimiento de las valoraciones fijadas en el proyecto de expropiación, incorporando la relativa a la casa que se ha derribado en el cruce de calle Peñíscola, con calle Nou d'Octubre, propiedad de Odemira, SA, en la ficha nº1, valorada en 6.944 euros, si bien tal indemnización conocida por el propietario y no cuestionada, ya figura en la cuenta de liquidación, del programa, a su favor».  
VI. En fecha 19 de abril de 2007, se solicitó informe a la Intervención municipal, que en fecha 2 de abril de 2009 determina que no existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal, por importe de 328.713,60 euros, para proceder a la presente expropiación.  
No obstante, hay que tener en cuenta que en la memoria detallada de cuotas de urbanización del Programa de Actuación Integrada Corts Valencianes II, aprobada mediante acuerdo del Pleno de 13 de febrero de 2006, se preveía lo siguiente:  
"El Ayuntamiento de Benicarló, en la calle Dr. Coll, en el tramo entre la calle Dr. Fleming y Nou d'Octubre, procedió a la expropiación de un resto de vial que debe ser compensado por los propietarios que compartían con dicho suelo su área de reparto establecida como se define en el artículo 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Para el establecimiento de la compensación, se ha procedido a determinar el valor básico de repercusión de suelo que figura en las ponencias de valores de suelo catastrales. Este valor, actualizado, se ha aplicado a la totalidad de la edificación del ámbito y se ha procedido a dividirlo por la totalidad del suelo afectado, dando lugar a un valor unitario de suelo que permite, mediante el costeamiento de su obtención, materializar la edificabilidad que radica sobre el mismo al constituir un área de reparto con el suelo colindante que resulta edificable según el Plan General de Ordenación Urbana. Ello da un resultado de 202,08 euros/m²s".  
En consecuencia, el importe total del coste de la presente expropiación, que asciende a 328.713,60 euros, más 6.944 euros resultado de la estimación de la alegación formulada por Odemira, SA, debe repercutirse como una carga más de urbanización de los propietarios que compartían, con el suelo afectado por la expropiación, su correspondiente área de reparto, debiendo incluirse dicho gasto en la cuenta de liquidación de las correspondientes cuotas de urbanización del Programa de Actuación Integrada Corts Valencianes II. En la cuenta de liquidación provisional se preveían compensaciones que ascendían a 295.195,67 euros e indemnizaciones por importe de 18.117,00 euros, incluyendo en ambas columnas los importes resultado de la presente expropiación. La diferencia, hasta alcanzar el importe definitivo del coste de la presente expropiación, deberá incluirse en la cuenta de liquidación definitiva de cuotas de urbanización de Corts Valencianes II, debiendo repercutirse a los propietarios que deben asumir dicha carga".  
VII. De conformidad con lo previsto en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en el Decreto del Consell 67/2006, de 12 de mayo, que aprueba el reglamento que la desarrolla, así como, en los artículos 202 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y en la Ley de Expropiación Forzosa y su reglamento.  
En consecuencia, la corporación, de conformidad con la propuesta del teniente de alcalde delegado del Área de Urbanismo y Medio Ambiente y el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, por unanimidad de los asistentes, se acuerda:  
1. Estimar parcialmente la alegación presentada en fecha 22 de febrero de 2007 (reg. entr. 3268), por Claudio Cassissa, en representación de Odemira, SA, e incluir la edificación en la ficha individual del interesado, pero no el suelo sobre el que se asienta por constar ya éste en la relación de bienes a expropiar, de acuerdo con lo informado por el arquitecto municipal, Luis Pérez Lores, en fecha 17 de abril de 2007.  
2. Desestimar la alegación y rechazar la hoja de aprecio formuladas en fecha 2 de marzo de 2007 (reg. entr. 3807), por Benito Caldés Lluch, por los argumentos indicados por el arquitecto municipal, Luis Pérez Lores, en su informe de fecha 17 de abril de 2007.  
3. Desestimar la alegación y rechazar la hoja de aprecio formuladas en fecha 2 de marzo de 2007 (reg. entr. 3808), por Antonia Caldés Lluch, por los argumentos indicados por el arquitecto municipal, Luis Pérez Lores, en su informe de fecha 17 de abril de 2007.  
4. Rechazar la hoja de aprecio formulada en fecha 13 de marzo de 2007 (reg. entr. 4565), por Luis M. Barrachina Alonso, en representación de Fundación Caja Castellón, por los argumentos indicados por el arquitecto municipal, Luis Pérez Lores, en su informe de fecha 17 de abril de 2007.  
5. Desestimar la alegación y rechazar la hoja de aprecio formuladas en fecha 13 de marzo de 2007 (reg. entr. 4567), por Benito y Antonia Caldés Lluch, por los argumentos indicados por el arquitecto municipal, Luis Pérez Lores, en su informe de fecha 17 de abril de 2007.  
6. Rechazar la hoja de aprecio formulada en fecha 15 de marzo de 2007 (reg. entr. 4710), por Juan Pascual Sorlí Achell, en representación de Odemira, SA, por los argumentos indicados por el arquitecto municipal, Luis Pérez Lores, en su informe de fecha 17 de abril de 2007.  
7. Rechazar la hoja de aprecio formulada en fecha 15 de marzo de 2007 (reg. entr. 4711), por Juan Pascual Sorlí Achell, en representación de Odemira, SA, por los argumentos indicados por el arquitecto municipal, Luis Pérez Lores, en su informe de fecha 17 de abril de 2007.  
8. Remitir el expediente al Jurado de Provincial de Expropiación Forzosa para que determine el justiprecio definitivo en aquellos casos en los que la valoración municipal ha sido rechazada expresamente por los titulares de bienes y derechos afectados, designándose a estos efectos, a Luis Pérez Lores, en calidad de arquitecto municipal, para que, de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa, forme parte, en su caso, del Jurado Provincial de Expropiación.   
9. Aprobar definitivamente la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación forzosa para la obtención del suelo calificado como vial público en el ámbito del Programa de Actuación Integrada Corts Valencianes II, redactado por el arquitecto municipal, Luis Pérez Lores, el 31 de octubre de 2006, y tramitado por el procedimiento de tasación conjunta, con las modificaciones introducidas como resultado de la estimación de las alegaciones presentadas por los interesados en el plazo concedido al efecto, según informe del arquitecto municipal, de 17 de abril de 2007.  
10. Publicar este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia de Castellón, así como, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benicarló.  
11. Notificar este acuerdo a los interesados, indicándoles que contra el dispositivo 9º, que pone fin a la vía administrativa, pueden interponer recurso potestativo de reposición, ante el órgano que lo dicta, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación de este acuerdo, según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. O bien, directamente, pueden interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación o publicación de este acuerdo, según lo previsto en los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que pueden interponer cualquier otro recurso que consideren pertinente».   
Benicarló, 29 de octubre de 2009.- El teniente alcalde delegado del Área de Urbanismo: Antonio Cuenca Caballero.