Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7534, del 27-05-2015 (2015/4646)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia. Expediente número V-162/2014.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7534

Fecha DOGV
:   27-05-2015

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2015/4646


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia. Expediente número V-162/2014. [2015/4646]  
Pilar Álvarez Montero, presidenta de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Industrias Meyra, SL, que se ha dictado un laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidenta: Pilar Álvarez Montero. Vocales: Aurora Costa Vicente y Jaime Agramunt Font de Mora. Secretaria vocal: M.ª Carmen Blasco López. Partes. Reclamante: Transportes Alfonso Zamorano, SL, representada por José Vicente Porcar Vaquero. Reclamado: Industrias Meyra, SL, que no comparece al acto de vista, estando citada a través del DOCV.  
En Valencia, a 24 de febrero de 2015 y siendo las 10.40 horas se constituyó la Junta Arbitral de Transportes por los miembros arriba indicados y con la asistencia de las partes para resolver el expediente V-162/2014, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes. Incomparecencia del demandado. Citación a través del DOCV.  
Iniciada la vista oral por la presidenta se procede a comprobar la identidad de la parte compareciente y la calidad con que interviene.  
Se da cuenta de que ante la reiterada imposibilidad de citación y notificación realizada a través de correos, se ha procedido a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, por ser Almàssera el último domicilio conocido, número 7454 de 30 de enero de 2015.  
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes antecedentes de hecho  
1. Se ratifica en todos los motivos de su demanda y manifiesta que el reclamante realizó por cuenta de la reclamada varios servicios de transportes, por los cuales se generó la factura núm. S/0402025 por importe de 275,69 euros. El recibo correspondiente fue devuelto por el banco.  
Después de reiteradas gestiones de cobro sin conseguirlo, es por lo que se interpone la presente demanda, solicitando que una vez que sea reconocido su derecho se condene a la reclamada al pago de la cantidad de 275,69 euros.  
No habiendo más alegaciones que realizar se da por concluida la vista.  
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos  
1. En cuanto a la competencia territorial, dice el artículo 31.1 del CMR: para todos los litigios que pueda dar lugar el transporte regulado por este Convenio, el demandante podrá escoger, fuera de las jurisdicciones de los países contratantes, designadas de común acuerdo por las partes del contrato, las jurisdicciones del país en el territorio del cual: a) El demandado tiene su residencia habitual, su domicilio principal o sucursal de agencia por intermedio de la cual ha sido concluido el contrato de transporte, y b) Esta situado el lugar en que el transportista se hizo cargo de la mercancía o el lugar designado para la entrega de la misma, no pudiendo escogerse mas que estas jurisdicciones. En este mismo sentido señala la competencia territorial de la Junta Arbitral en los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/90) referida al transporte nacional.   
2. La sumisión viene determinada de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 15 de la Ley 9/2013, de 4 de julio: ?se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 15.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del transporte o actividad contratada?. No consta en el expediente que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido preceptuado, considerándose por otra parte que el importe de cada una de las facturas reclamadas no supera el límite legal establecido, por lo que la demanda fue admitida.  
No consta en la documentación probatoria aportada, que se haya hecho ninguna manifestación en el sentido de excepción de la presunción señalada, motivo que induce a la Junta Arbitral a aplicar la sumisión del artículo 38, puesto que de haber querido pactar para estos transportes sumisión expresa diferente debió así manifestarse en el momento anterior a la ejecución del transporte.  
3. De los documentos aportados y de las declaraciones realizadas durante el transcurso de la vista, se deduce que efectivamente los transportes reclamados se realizaron tal y como ha sido detallado, lo que da un derecho de cobro a favor de la reclamante.   
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista y demás documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Transportes Alfonso Zamorano, SL, representada por José Vicente Porcar Vaquero contra Industrias Meyra, SL, por haber quedado acreditado que se realizaron los transportes demandados tal y como se habían contratado.  
Por todo ello, Industrias Meyra, SL. deberá abonar a Transportes Alfonso Zamorano, SL, la suma de doscientos setenta y cinco euros con sesenta y nueve céntimos (275,69 ?).  
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los 10 días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos 20 días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia que corresponda, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, reformada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, y los artículos 545.2 y 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su texto consolidado por la Ley 1/2000 de 7 de enero.  
Y para que así conste, firman el presente Laudo los miembros de la Junta Arbitral referenciados, en el lugar y fecha al principio indicados.»  
  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 7 de mayo de 2015.- La presidenta de la Junta Arbitral de Transportes de Valencia: Pilar Álvarez Montero.