Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4531, del 26-06-2003 (2003/7630)

Notificación a José Blas Clemente, de la declaración de caducidad del expediente sancionador 109/02 SAN.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4531

Fecha DOGV
:   26-06-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/7630


Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a José Blas Clemente, de la declaración de caducidad del expediente sancionador 109/02 SAN. [2003/X7630]
  
De conformidad con lo acordado por esta Secretaría General, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente edicto 109/02 SAN, se procede a notificar a José Blas Clemente, con último domicilio conocido en C/ Doctor Rafael Bartual, nº 22-3ª, de Valencia, declaración de caducidad del expediente sancionador 109/02 SAN, de fecha 30 de mayo de 2003, dictado en el expediente sancionador, que se está tramitando en la Unidad de Inspección Medioambiental:
  
Visto que en fecha 16 de octubre de 2002 fue objeto de incoación el Expediente Sancionador 109/02 SAN dirigido contra José Blas Clemente por los siguientes hechos:
  
Que, por el Grupo de Medio Ambiente de la Unidad de la Policía Autonómica de la Comunitat Valenciana (policía Local de Chiva), en visita de inspección efectuada el pasado 28 de agosto de 2002, se pudo constatar que en la granja sita en la Partida Blanquizar, Polígono 38, Parcela 92, del término municipal de Chiva, se efectuó un vertido no autorizado por esta Conselleria de neumáticos usados.
  
Visto que, en el propio Acuerdo de Iniciación se hacía constar de conformidad con el art. 42.4 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el apartado 6 del art. 20 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del procedimiento fijándose en seis meses.
  
Visto que hasta la fecha no ha recaído Resolución Sancionadora en el presente expediente y a la vista de la Jurisprudencia existente sobre la materia, entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de 1988: ?La regla general de la validez de las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido... admite como excepción el supuesto de que por su propia naturaleza la actuación de la potestad administrativa esté esencialmente sometida a plazo, y éste es el caso de la potestad sancionadora, de suerte que transcurrido el plazo de tiempo necesario para producirse la caducidad, la administración ha de limitarse a declararla, sin que pueda legalmente hacer declaraciones que atribuyan a la persona la comisión de una infracción?.
  
Siendo la postura del Supremo clara: «la Resolución Sancionadora dictada una vez caducado el procedimiento es nula, al encontrarse entre los casos de nulidad de pleno derecho contenidos en el art. 62 de la Ley 30/1992».
  
Visto que, la paralización del expediente no se debe a causas imputables al interesado y que en el presente supuesto no resultan de aplicación los supuestos de excepción previstos en los arts. 5 y 7 del RD 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Visto que, transcurrido el plazo de caducidad se procederá a declarar la caducidad del expediente y en consecuencia el archivo de las actuaciones, todo ello sin perjuicio de que se pueda iniciar un nuevo procedimiento para la determinación de posible responsabilidad siempre que la infracción no hubiese prescrito.
  
A la vista de lo anteriormente señalado, resuelvo:
  
Declarar la Caducidad del Expediente Sancionador 109/02 SAN, incoado contra José Blas Clemente por el transcurso del plazo de seis meses para resolver, establecido en el art. 42.2 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art. 20.6 del Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de Valencia o del domicilio del recurrente, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición ante el conseller de Medio Ambiente en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.