Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9219, del 19-11-2021 (2021/11966)

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2021, de la directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, sobre servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga indefinida en el sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Castellón convocada a partir del 22 de noviembre de 2021.
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Número DOGV
:   9219

Fecha DOGV
:   19-11-2021

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2021/11277


Fecha del documento
:   18-11-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * huelga

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2021, de la directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, sobre servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga indefinida en el sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Castellón convocada a partir del 22 de noviembre de 2021. [2021/11308]  
Vista la propuesta de resolución de la Subdirección General de Relaciones Laborales, de la que se ha dado traslado a esta Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral en la misma fecha, cuyo tenor literal es el siguiente:  
  
«Propuesta de resolución sobre servicios esenciales con ocasión de la huelga en el sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Castellón, convocada con carácter indefinido a partir del próximo 22 de noviembre de 2021  
  
Antecedentes  
Primero. Se ha dado traslado a la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Bienestar Laboral del siguiente escrito de preaviso de huelga indefinida del sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Castellón para el día 22 de noviembre.  
Con fecha 25 de octubre de 2021 tuvo entrada en el registro telemático de la Generalitat Valenciana escrito dirigido a la Dirección Territorial de Castellón de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, presentado por Josep Albors Ferrandis, en representación de CC.OO. HÁBITAT PV, por el que preavisa de la convocatoria de huelga en el sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Castellón, afectando a un número estimado de 8.000 trabajadores, con inicio el día 22 de noviembre de 2021, a las 00:00, o en su caso, en el inicio del turno de noche de cada centro, con carácter indefinido.  
Segundo La convocatoria de huelga afecta a los servicios de limpieza en centros públicos, el cual es considerado esencial y prioritario, dado que una limpieza mínima es indispensable para evitar consecuencias lesivas para la higiene y condiciones de salud, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del art. 10 del Real Decreto ley 17/1977, sobre Relaciones de Trabajo, y los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la Autoridad Laboral puede acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios afectados.  
Tercero. Consta en el expediente que en la reunión de mediación entre los convocantes de la huelga y los representantes de las asociaciones empresariales que tuvo lugar el día 17 de noviembre de 2021 en la sede del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, no se alcanzó acuerdo entre las partes y se mantiene la convocatoria de huelga con inicio el próximo 22 de noviembre de 2021.  
Cuarto. La Autoridad Laboral ha dado traslado de la citada convocatoria de huelga a las asociaciones empresariales ASPEL (Asociación Profesional de Empresas de Limpieza) y APYMELIC (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Limpieza de Castellón) para que formulen su propuesta respecto a los servicios mínimos que deban garantizarse durante la huelga. Asimismo, se ha dado traslado a las organizaciones sindicales convocantes, para que, en su caso, planteasen los servicios mínimos que consideren deban establecerse.  
  
Fundamentos jurídicos  
Primero. La competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del Servicio Público, a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, viene atribuida al Consell de la Generalitat Valenciana y por delegación a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de acuerdo con el Decreto 5/2019, de 186 de junio, del President de la Generalitat, por el que se determina el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones; Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat; Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; y por delegación de firma la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, de acuerdo con la Resolución del Secretario Autonómico de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo del 2 de agosto de 2019.  
Segundo. La convocatoria de huelga referida ha dado cumplimiento al preaviso preceptivo determinado por la legislación vigente cuando la huelga afecta a los servicios públicos, establecido con diez días naturales de antelación, en el artículo 4 RDLRT.  
Tercero. El derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 CE, tiene carácter de derecho fundamental, dada su ubicación en la Sección primera, del capítulo II, del título I CE, y por tanto con los medios de tutela y garantía reforzada establecidos en el artículo 53.1 y 2 CE. La STC 11/1981, de 8 de abril, señala (f.j. 9) que «la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea del Estado social y democrático de Derecho establecido por el artículo 1.1 CE, que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes, y entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos, conflictos que el Estado social no puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces institucionales; lo es también con el derecho reconocido a los sindicatos en el art. 7 de la Constitución, ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad democrática, vaciado prácticamente de contenido; y lo es, en fin, con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sociales sean reales y efectivas (art. 9.2 CE)». En el mismo sentido la STC 33/2011, de 28 de marzo.  
En esta línea, la STC 123/1992 de 28 de septiembre, estableció que «el derecho de huelga, que hemos calificado ya como subjetivo por su contenido y fundamental por su configuración constitucional, goza además de una singular preeminencia por su más intensa protección. En efecto, la Constitución reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la huelga, para colocarlo en lugar preferente, el art. 28, confiriéndole -como a todos los de su grupo- una mayor consistencia que se refleja en el mayor rango exigible para la Ley que lo regule y en la más completa tutela jurisdiccional, con un cauce procesal ad hoc en la vía judicial ordinaria y el recurso de amparo ante nosotros (arts. 53, 81 y 161 C.E.). La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva del empresario, regulada en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores». En el mismo sentido, la STC 33/2011, de 28 de marzo, de 2011 (f.j. 4).  
Cuarto. Como ocurre con los demás derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, estos no tienen la consideración de absolutos o ilimitados. Respecto del derecho de huelga, el límite viene dado por la concurrencia con otros derechos fundamentales y por el respeto de los bienes constitucionalmente protegidos. Desde la STC 11/1981, de 8 de abril, se han ido estableciendo estos límites (SSTC 26/1981, 33/1981, 51/1986, 53/1986, 27/1989 y 43/1999, entre otras), en la medida en que la destinataria y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y, al mismo tiempo, esenciales para ella, sin que la consideración de un servicio como esencial implique la supresión de este derecho, sino únicamente la adopción de las garantías precisas para compatibilizar ambos intereses.  
En tanto que ejercicio del derecho de huelga, la huelga implica necesariamente la interrupción del servicio, de donde se deriva, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28.2 CE, la obligatoriedad del mantenimiento de los servicios esenciales, lo que no quiere decir que se imponga el funcionamiento normal de dichos servicios (STC 53/1986, de 5 de mayo). Como tiene declarado la STC 8/1992, de 16 de enero, la resolución por la que se establecen los servicios mínimos ha de dar cuenta de modo explícito de los intereses tomados en consideración para justificar la calificación como esencial del servicio prestado con la intensidad y el alcance concurrentes en el supuesto concreto, puesto que solo así los destinatarios de las medidas adoptadas pueden conocer las razones por las que su derecho debe sacrificarse o defenderse en su caso en los Tribunales ante la restricción sufrida. Para ello es necesario determinar las circunstancias concretas y casuísticas concurrentes en cada supuesto y la confrontación especifica que de ello se deriva entre los derechos e intereses en conflicto.  
Respecto a las limitaciones de la huelga por afectar a servicios esenciales, las SSTC 184/2006, de 19 de junio, y 193/2006, de 19 de junio, han establecido que el derecho de huelga puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, aunque nunca podrán rebasar su contenido esencial, hacerlo impracticable, obstruirlo más allá de lo razonable o despojarlo de la necesaria protección. Una de esas limitaciones, expresamente previstas en la Constitución, procede de la necesidad de garantizar los servicios esenciales de la comunidad (SSTC 11/1981, de 8 de abril, FFJJ 7, 9 y 18; 51/1986, de 24 de abril, FJ 2; 53/1986, de 5 de mayo, FJ 3; 27/1989, de 3 de febrero, FJ 1; 43/1990, de 15 de marzo, FJ 5 a); 148/1993, de 29 de abril, FJ 5)».  
Consecuentemente, la consideración de un servicio como esencial no puede significar en modo alguno la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos. En el mismo sentido la STS de 29 de mayo de 1995 (RJ 4395), estableció que los límites ostentan diferente significación, en función del servicio afectado, por lo que debe establecerse una graduación jerárquica entre los mismos, atendiendo a las «características» de los que están en pugna.  
Quinto. Señala la STC 193/2006, de 19 de junio, que la noción de servicios esenciales hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se dirige, conectándose con los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos. Esta última óptica, que pone el acento en los bienes e intereses de la persona, es la que mejor concuerda con los principios que inspiran la CE. Los servicios esenciales no quedan lesionados por cualquier situación de huelga, por lo que es necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes (SSTC 26/1981, de 17 de julio, FJ 10; 51/1986, de 24 de abril, FJ 2; 53/1986, de 5 de mayo, FJ 3; 43/1990, de 15 de marzo, FJ 5 c); 148/1993, de 29 de abril, FJ 5). Así, la consideración de un servicio como esencial no puede suponer la supresión del derecho de huelga de los trabajadores que hubieran de prestarlo, sino la necesidad de disponer las medidas precisas para su mantenimiento o, dicho de otra forma, para asegurar la prestación de los trabajos que sean necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que satisface dicho servicio, sin que se exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar su funcionamiento normal [SSTC 26/1981, de 17 de julio, FJ 10; 53/1986, de 5 de mayo, FJ 3; 27/1989, de 3 de febrero, FJ 1; 43/1990, de 15 de marzo, FJ 5 c); 8/1992, de 16 de enero, FJ 2 a)].  
Consecuentemente, de acuerdo con doctrina constitucional reiterada, el carácter esencial de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa, como se ha señalado, en el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y en el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos.  
En la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales ha de ponderarse la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquella repercute (SSTC 26/1981, de 17 de julio, FJ 15; 53/1986, de 5 de mayo, FJ 3; 27/1989, de 3 de febrero, FJ 1; 43/1990, de 15 de marzo, FJ 5 d); 8/1992, de 16 de enero, FJ 2 b); 148/1993, de 29 de abril, FJ 5; 193/2006, de 19 de junio).  
Por ello, las características y volumen de trabajos que hayan de preservarse para atender los derechos y libertades que el servicio satisface, y el tipo de garantías que ha de adoptarse, no pueden determinarse de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes o derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurren para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho de huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de noviembre de 1997, núm. 1147/1997).  
En las huelgas que se produzcan en servicios esenciales de la comunidad, debe existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquellos (STC 193/2006, de 19 de junio). Las medidas a adoptar han de encaminarse a garantizar mínimos indispensables para el mantenimiento de los servicios, sin que ello signifique que se exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar el funcionamiento normal de los servicios. El interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga solo hasta extremos razonables, de modo que, aun cuando la huelga únicamente ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la propia comunidad, sumando así a la que se ejerce la que se realiza sobre los usuarios de las prestaciones de servicios públicos [SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 18; 26/1981, de 17 de julio, FJ 15; 51/1986, de 24 de abril, FJ 5; 53/1986, de 5 de mayo, FJ 3;43/1990, de 15 de marzo, FJ 5 e)].  
La Resolución por la que se establezca el mantenimiento de servicios esenciales para la comunidad, ha de estar adecuadamente motivada, en tanto que afecta a derechos fundamentales constitucionalmente garantizados. Esta motivación debe exteriorizarse adecuadamente, con objeto de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó y de que, en su caso, puedan defenderse ante los órganos judiciales (SSTC 26/1981, de 17 de julio, FJ 14; 51/1986, de 24 de abril, FJ 4; 53/1986, de 5 de mayo, FJ 6; 43/1990, de 15 de marzo, FJ 5 f); 122/1990, de 2 de julio, FJ 3; 8/1992, de 16 de enero, FJ 2 ; 193/2006, de 19 de junio).  
En este sentido la STS de 15 de enero de 2007 incidió en la exigencia de motivación en las resoluciones que fijen los servicios mínimos, señalando que esta misma debe concretarse hasta alcanzar a las circunstancias singulares de la convocatoria de que se trate. También la STS de 10 de noviembre de 2010, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, ha incidido en esta exigencia, en mayor medida cuando se refuerzan servicios mínimos establecidos en sentencias anteriores, y en la exigencia de distinguir en el establecimiento de servicios mínimos las peculiaridades de los diversos días y horas que concurren en una misma convocatoria.  
Sexto. La presente convocatoria afecta por su carácter amplio a otros derechos distintos al de huelga, pero también esenciales y constitucionalmente protegidos y a la totalidad de los servicios públicos competencia de la Generalitat, algunos en áreas que afectan a otros derechos constitucionalmente protegidos como la sanidad, educación o servicios sociales.  
Los servicios mínimos que se estiman proporcionados y con motivación suficiente vienen sustentados por la doctrina fijada en la STC 193/2006, de 19 de junio, y en las sentencias del mismo Tribunal antes citadas, y en las sentencias del Tribunal Supremo 3856/03 de 25 de julio y 7693/03 de 24 de septiembre, y la Sentencia 747/03 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la cual se ratifica en los contenidos fijados en el Auto de 19 de junio de 2002, del T.S.J. de la Comunitat Valenciana, respecto de la Orden de 13 de junio de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por la que se establecían los Servicios Esenciales Mínimos, para la huelga general convocada para el día 20 de junio de 2002.  
La clase y número de trabajos que hayan de realizarse para cubrir los derechos y libertades que el servicio satisface, y el tipo de garantías que ha de adoptarse, no pueden determinarse de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes o derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurren para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho de huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de noviembre de 1997, núm. 1147/1997).  
En el establecimiento de los servicios esenciales mínimos a desempeñar es una exigencia distinguir las peculiaridades concretas de cada convocatoria, reflejada en los días, horas o duración en que va a tener lugar, y que suponen una afectación en mayor o medida a los intereses de los usuarios.  
En el presente caso, la huelga se ha convocado desde el 22 de noviembre con carácter indefinido, afectando a todo el sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Castellón. Esto implica que se verán afectados una serie de servicios esenciales para la comunidad y constitucionalmente protegidos, como son los servicios sanitarios, educativos, sociales, y también otras dependencias de carácter público a las que habitualmente concurren un número importante de ciudadanos.  
  
Servicios sanitarios  
El desarrollo de la huelga presupone un riesgo para la salud de los pacientes, afectando a la asepsia exigible en el ámbito de los centros sanitarios, sin que la limpieza precisa en el mismo pueda ser interrumpida en su totalidad durante un solo día, máxime en una situación como la actual donde la afectación de la pandemia Covid-19 sigue repercutiendo de forma significativa en los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana.  
En la propia finalidad de los servicios de limpieza en estos centros se encuentra la justificación de su esencialidad, en cuanto a que la higiene y asepsia en los mismos son valores decisivos para el mantenimiento de otros derechos constitucionalmente protegidos, tales como la vida y salud (art. 15 y 43 de la Constitución). No obstante, no en todos los servicios resulta exigible el mismo nivel de prestación, pues si bien en los hospitales los quirófanos de urgencia, o servicios como diálisis, radioterapia, oncología, transplantes, UCI, unidades de reanimación, unidad de hospitalización a domicilio, etc. no pueden experimentar la más mínima merma en la limpieza, la cual supondría la cesación total del servicio, hay otros espacios en el recinto hospitalario, como pasillos o salas de espera, donde la misma no alcanza en absoluto el mismo nivel de exigencia, lo cual permite la fijación de unos servicios en menor porcentaje, con un criterio razonable, según la incidencia de los mismos en los derechos constitucionales afectados.  
De manera similar, no en todas las dependencias de los centros de salud resulta exigible el mismo nivel de prestación, ni la misma puede en general ser comparable a la necesaria en algunas dependencias de un centro hospitalario, si bien también se debe considerar que el carácter primario de la atención en estos centros ocasiona un elevado nivel de usuarios, por lo que este aspecto cuantitativo no puede dejar de ser tenido en cuenta en la fijación de los servicios mínimos.  
También se debe seguir la doctrina fijada en las sentencias en casación 3856/03 de 25/07 y 7693/03 de 24/09 del Tribunal Supremo, que estima desproporcionado establecer los servicios de una jornada habitual en el caso de los quirófanos programados, y en el Auto de 19.06.2002 del T.S.J. de la Comunidad Valenciana, que fija un 25 % de servicios mínimos para las consultas externas en hospitales.  
Por otro lado, la limpieza debe mantenerse a lo largo de todos los días, porque la realizada los fines de semana, aunque esta se reduzca, también repercute en la higiene del resto de los días y cualquier interrupción total de un solo día repercutiría en días posteriores, de manera acumulativa y sin posibilidad de recuperación, por el carácter indefinido de la convocatoria. Además, para asegurar el derecho fundamental a la salud, se requiere la limpieza, sin perjuicio de distinguir grados en su necesidad, de todas las dependencias de los centros sanitarios. Cualquier foco infeccioso, dentro del recinto, y no solo en las «zonas sensibles» puede originar un riesgo para la salud, la integridad física, e incluso la vida de los pacientes.  
  
Centros educativos  
Los centros educativos deben ser considerados lugares especialmente sensibles en el caso de una huelga de limpieza por la normal presencia y concentración de un número considerable de alumnos, y la comprensible vulnerabilidad de la que adolecen, por tratarse en muchos casos de niños de muy corta edad, de escuelas infantiles o colegios de primaria, que carecen de la «defensa y prevención» de un adulto ante la suciedad que pueda acumularse en el transcurso de una huelga indefinida.  
En consecuencia, resulta de clara evidencia la necesidad de mantener unas mínimas condiciones de higiene y limpieza, sin que pueda obviarse la imposibilidad de que los centros educativos afectados por la huelga puedan soportar una falta de limpieza total de manera indefinida, debiendo el servicio prestarse prioritariamente mediante el mantenimiento de las zonas de aseo y comedor y la retirada de la basura generada.  
Además, hay que considerar que la asistencia de los alumnos a los centros educativos, en ejercicio del derecho fundamental a la educación, no se puede eludir, y que a su presencia se une la de otras personas, coincidiendo o no en el tiempo, como el personal docente, trabajadores y padres.  
  
Servicios sociales  
La prestación de servicios en el sector de atención a personas con discapacidad requiere intervenciones distintas y diversificadas, reflejándose las mismas en la necesidad de la existencia de centros especializados, lo que supone en la Comunidad Valenciana la presencia de una determinada tipología de centros y servicios, dependiendo de las necesidades de la población afectada, que se describen en la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat Valenciana sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, modificada por la Ley 9/2018, de 24 de abril. d Los centros pueden ser de atención diurna o de atención continuada las 24 horas del día, estando afectados en la presente convocatoria por su carácter sectorial, la totalidad de los mismos, cuya descripción es la siguiente:  
  
Centros de atención continuada 24 horas:  
- Residencias: son recursos de vivienda destinados a las personas con discapacidad que precisen de una atención integral, continuada, personal y multidisciplinar, que no puede ser llevada cabo en su medio familiar por sus condicionamientos personales o familiares.  
- Viviendas tuteladas: son hogares funcionales de dimensiones reducidas en los que conviven, de forma estable en el tiempo, pequeños grupos de personas con necesidad de apoyo intermitente o limitado, y en régimen parcialmente autogestionado.  
  
Centros de atención diurna:  
Son recursos destinados a la atención social de las personas con discapacidad, mediante un equipo multidisciplinar, donde se prestan los servicios determinadas horas del día:  
- Centros de Atención Temprana: son recursos destinados al tratamiento asistencial y/o preventivo de niños con problemas de desarrollo o riesgo de padecerlos por causas de origen prenatal, perinatal o posnatal, con edades comprendidas entre los 0 a 3 años.  
- Centros Ocupacionales: son recursos dirigidos a proporcionar a personas con discapacidad ocupación terapéutica para su ajuste personal, técnicas profesionales para su integración laboral y habilidades sociales para su integración social.  
- Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS): dirigidos a enfermos mentales crónicos con un deterioro significativo de sus capacidades funcionales, en los que se llevará a cabo programas de trabajo adecuados a las características, necesidades y situación concreta de los usuarios.  
- Centros de Día: destinados a personas con discapacidad con gran deterioro de sus capacidades funcionales, que requieren apoyos generalizados para acceder y utilizar recursos sociales, educativos y laborales, a través de programas que desarrollen las capacidades globales de las personas atendidas, procurando su mayor autonomía e integración social.  
La limpieza y la higiene son factores clave en los centros en los que se atienden a usuarios de servicios sociales para su protección y la de los trabajadores, disminuyendo la carga bacteriana, mediante el empleo racional de útiles y productos adaptados para este fin. Se incluye la limpieza general de instalaciones y mobiliario y el depósito de las basuras, que se extiende a todos los residuos que se generen en el centro. Entre estas tareas destaca el fregado y desinfección de suelos, aseos, y baños, zonas de comedor y cocinas.  
En consecuencia, se considera necesario un mínimo mantenimiento del servicio afectado por la huelga, en atención a que el mismo se desarrolla en unas dependencias de atención permanente a personas de extrema vulnerabilidad, cuya higiene requiere especiales cuidados que no pueden interrumpirse en su totalidad, y que no son comparables a los requeridos en otras dependencias públicas. En este sentido, las labores de los trabajadores/as en este sector suponen un soporte del cuidado prestado a las personas atendidas, sin que por ello sea posible transferir la responsabilidad de las tareas de limpieza y lavado a trabajadores con otras funciones, las cuales en cualquier caso tampoco podrían desatender.  
Por último, hay que señalar que, obviamente, por el diferente grado de ocupación y por las características de los usuarios, no son comparables las necesidades de limpieza en los centros diurnos residenciales que en los de atención diurna.  
  
Dependencias públicas  
La huelga afectará al servicio de limpieza de una serie de dependencias de carácter público, respecto al cual se considera necesario un mínimo mantenimiento, especialmente por el carácter indefinido de la convocatoria, y por ser lugares donde la concurrencia de personas, tanto de trabajadores como de ciudadanos en general, que no pueden eludir en muchos casos acudir a las mismas para poder ejercer sus derechos, puede llegar a ser notable. Se incluyen oficinas de organismos públicos, y también otras dependencias como los mercados municipales, en los cuales, desde el punto de vista de la salud, las consecuencias de la falta del servicio de limpieza resultan especialmente gravosas, por la circulación de alimentos que se produce, y las estaciones de transportes públicos, por tratarse de edificios donde la deambulación de personas es especialmente elevado, siendo sus recintos abiertos y accesibles al público en general, por lo que la ausencia de un mínimo de limpieza puede dar lugar a focos de insalubridad absolutamente indeseables. En todo caso, el servicio deberá ir dirigido, estableciendo un criterio preferencial, a la limpieza de los aseos y a la retirada de residuos.  
  
Séptimo. Asimismo, como se ha señalado, el establecimiento de los servicios mínimos aún cuando debe asegurar la continuidad del servicio durante la huelga, ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, derivada de la fijación de estos servicios mínimos, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios, (SSTC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).  
Por todo ello, cabe concluir que, en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del art. 10 del Real decreto legislativo 17/1977 mencionado, debe conjugarse el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y la atención de los servicios esenciales para la comunidad. De este modo, los servicios esenciales deben establecerse en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal. Señala el Tribunal Constitucional que estos servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente, objetivo este que se considera cumplido con el nivel de servicios mínimos que se señalan a continuación.  
  
Octavo. En orden a determinar el porcentaje de servicios esenciales mínimos a desempeñar se valora, además de las consideraciones realizadas acerca del servicio que se presta y su incidencia en los derechos a la protección de la salud, las características concretas del servicio, que justifican la fijación de un porcentaje determinado para su prestación.  
En este caso, para la fijación de los servicios esenciales mínimos a desempeñar, en orden a obtener la mayor concreción posible, se debe hacer una distinción con base en la tipología de centros que se ha descrito:  
  
Servicios sanitarios  
Como ya se ha mencionado, no en todos los servicios resulta exigible el mismo nivel de prestación del servicio de limpieza, ni su ausencia total tiene las mismas consecuencias. En este contexto los servicios esenciales mínimos deben respetar esta diversificación a través un catálogo de las distintas unidades, de hospitales y centros de salud, como se ha venido realizando en anteriores resoluciones, sin que sea desproporcionado que en algunas unidades en las que el cese total del servicio pueda poner en peligro incluso vidas humanas, se exija el mantenimiento de un 100 % del servicio habitual, que se reduce en otras unidades y dependencias sanitarias hasta un 50 y un 25 %.  
  
Centros escolares  
Hay que valorar, en primer lugar, que obviamente no todas las zonas de los centros educativos precisan del mismo grado en el mantenimiento de la limpieza habitual, por lo que en este caso el servicio debe ir dirigido, estableciendo un criterio preferencial, prioritariamente a la limpieza de los aseos y comedores donde estos existan y a la retirada de residuos. En segundo término, se podrá atender a la limpieza de las zonas comunes y por último a otras tareas con carácter más esporádico.  
En segundo lugar, en cuanto a la fijación de los servicios mínimos a desempeñar, se debe hacer una distinción entre los centros de educación infantil y primaria, por el evidente carácter más vulnerable de los niños afectados, que carecen de la conciencia protectora de los adultos y niños de más edad, los centros de educación secundaria, donde también hay niños de corta edad y en todo caso menores y el resto de los centros de enseñanza reglada.  
Con base en lo anterior, se considera proporcionado y el mínimo imprescindible para garantizar el mantenimiento de los intereses cuya salvaguarda se ha expuesto, sin menoscabo del derecho de huelga, y considerando el carácter indefinido de la misma, la prestación de unos servicios esenciales mínimos consistentes en un 40 % en las escuelas infantiles y de primaria, de un 30 % en los centros de enseñanza secundaria y del 20 % en el resto de los centros de enseñanza reglada, de las horas habituales de cada día en cada uno de los centros, en consonancia con el criterio mantenido en convocatorias recientes de carácter similar, como las dictadas con ocasión de las huelga en colegios de Requena y San Vicente del Raspeig, de fechas, respectivamente, 14.10.2013 y 24.02.2016.  
  
Servicios sociales  
Resulta evidente que la huelga afecta a un colectivo especialmente vulnerable, cuyas exigencias en el aseo y limpieza exceden de las exigibles en centros públicos de tipología diferente. Pero para el establecimiento de los servicios esenciales mínimos se debe tener en consideración, para su proporcionalidad, la tipología de centros que se ha descrito. En este sentido resulta razonable, con la perspectiva del carácter indefinido de la huelga, el establecimiento de unos servicios esenciales mínimos del 40 % en los centros de atención continuada, por el diferente grado de ocupación y por la característica de mayor vulnerabilidad de sus usuarios, y de un 20 % en los centros de atención diurna, los cuales irán dirigidos prioritariamente a la limpieza de los aseos, comedores, cocinas y a la recogida de residuos  
  
Dependencias públicas  
En las oficinas de organismos públicos, donde, como se ha señalado, la concurrencia de personas, tanto de trabajadores como de ciudadanos en general, que no pueden eludir o posponer en muchos casos acudir a las mismas para poder ejercer sus derechos, puede llegar a ser notable, se considera necesario un mínimo mantenimiento en el servicio afectado por la huelga de un 20 %. El servicio debe ir dirigido, estableciendo un criterio preferencial, a la limpieza de los aseos y a la retirada de residuos, no pudiendo obviarse la imposibilidad de que las dependencias públicas puedan soportar una falta de limpieza de manera indefinida, principalmente en las zonas mencionadas. Igual nivel de servicios esenciales mínimos debe establecerse en las estaciones de transportes públicos, donde la deambulación de personas es en especial elevada, encontrándose especialmente abierto y accesible al público en general.  
Por su parte, en relación con los mercados municipales hay que hacer una consideración especial, por el tránsito y manipulación de alimentos que se produce y la elevada concentración de residuos orgánicos que se generan, lo que provoca que la necesidad de limpieza no sea comprable a la del resto de las dependencias públicas, por lo que en este caso se considera razonable establecer un 40 % de servicios esenciales mínimos.  
Por último, se debe destacar que, siendo el rasgo definitorio de la presente convocatoria su planteamiento con carácter indefinido, esto puede conducir a un empeoramiento progresivo de las consecuencias expuestas por la interrupción del servicio. Por tanto, debido al riesgo que para la salud pública pudiera constatarse por los servicios sanitarios competentes como consecuencia del transcurso de la huelga, se debe prever que este porcentaje pueda ser modificado por la Autoridad Laboral de manera razonada en el marco de las competencias expuestas en el fundamento jurídico primero.  
También se debe destacar que en el sector no existe posibilidad de servicios alternativos por parte de los usuarios.  
  
Noveno. En la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta. En su virtud, de conformidad con los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores, y habiéndose cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta.  
  
Por todo ello, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, así como los precedentes en otras convocatorias de huelga de características similares a la actual se eleva la siguiente,  
  
Propuesta de resolución  
  
Primero  
A los efectos previstos en artículo 10.2 del Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, se determinan las medidas necesarias para asegurar los servicios esenciales mínimos que deberán prestarse por el personal afectado mientras dure la situación de huelga, indefinida a partir del 22 de noviembre de 2021 en la provincia de Castellón, en los términos que a continuación se especifican:  
  
Servicios sanitarios  
Se prestarán como servicios mínimos el 100 % de los servicios habituales en las siguientes unidades:  
1. Zonas de urgencia relacionadas con enfermos  
2. Unidades de Cuidados Intensivos  
3. Neonatología  
4. Paritorios  
5. Quirófanos y Áreas quirúrgicas de urgencia.  
6. Unidades de Aislamiento  
7. Unidades de Esterilización  
8. Hemodiálisis  
9. Prematuros  
10. Lactantes  
11. Biberonería  
12. Unidades de reanimación  
13. Unidad de quemados  
14. Oncología médica  
15. Unidades de enfermedades infecciosas  
16. Hemodinámica  
17. Laboratorios, extracciones y bancos de sangre  
18. Servicio de bacteriología y microbiología  
19. Urodinámica y radioterapia  
20. Sintron y Coagulopatías congénitas  
21. Recogida de basuras biocontaminantes y su transporte al compactador, incluyendo todo tipo de residuos (Grupos I, II, III y IV) y el transporte al compactador o al almacén de residuos, según corresponda.  
22. Unidades de transplantados  
23. Litotricia  
24. Endoscopia  
25. Cocinas: preparación y servicio de alimentos a enfermos.  
26. Transporte y reparto de ropa limpia a todos los servicios y unidades que utilicen ropa.  
27. Limpieza de camas y aseos de alta  
28. Cualquier zona considerada de alto riesgo no contemplada anteriormente  
  
Se prestarán como servicios mínimos el 50 % de los servicios habituales en las siguientes unidades:  
1. Unidades de hospitalización/hospitales de día  
2. Lavandería  
3. Laboratorios generales  
4. Unidades de radiología  
5. Farmacia  
6. Resto de quirófanos (programados)  
7. Parapléjicos  
8. Psiquiatría  
9. Clínica del dolor  
10. Tanatorio  
11. Prestación nocturna  
12. Aseos de las habitaciones de enfermos  
13. Aseos públicos y de personal  
14. Recogida de ropa sucia, su clasificación, transporte a lavandería  
  
15. Reparto de toallas, papel higiénico y jabón  
16. Centros de Transfusiones  
17. Medicina Nuclear  
18. Gimnasio  
19. Centros de salud, en las salas de curas, urgencias, aseos y salas de extracciones.  
  
Se prestarán como servicios mínimos el 25 % de los servicios habituales en las siguientes unidades:  
1. 1. Vestuarios  
2. 2. Salas de espera  
3. 3. Consultas externas en hospitales y salas de consulta en centros de salud.  
4. 4. Resto de zonas de los centros sanitarios.  
  
Centros educativos  
Se prestará el servicio equivalente a un 40 % de las horas habituales de prestación diarias en cada uno de los centros de educación infantil y primaria, de un 30 % en los centros de enseñanza secundaria y de un 20 % en el resto de los centros de enseñanza reglada, el cual irá dirigido prioritariamente a la limpieza de los aseos públicos y comedores escolares y a la recogida de residuos, y en segundo término a la limpieza de las zonas comunes.  
  
Servicios sociales  
Se prestará el servicio equivalente a un 40 % en los centros de atención continuada, y de un 20 % en los centros de atención diurna, el cual irá dirigido prioritariamente a la limpieza de los aseos, comedores, cocinas y a la recogida de residuos.  
  
Dependencias públicas  
Dependencias públicas: Se prestará el servicio equivalente a un 20 % en las oficinas de organismos públicos y en estaciones de transportes públicos, que debe ir dirigido, estableciendo un criterio preferencial, a la limpieza de los aseos y a la retirada de residuos, y de un 40 % en los mercados municipales.  
A la empresa, oído el comité de huelga, corresponderá la aplicación de estos servicios, así como los demás de carácter esencial no previstos en este acto, que deberán prestarse con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose las partes del cumplimiento de estos servicios esenciales mínimos.  
  
Segundo  
Habida cuenta del posible grave riesgo que para la salud pública pudiera constatarse como consecuencia de la huelga y de su carácter indefinido, podrán ser modificados estos servicios esenciales mínimos en el marco de las competencias establecidas.  
  
Tercero  
Lo dispuesto en los apartados anteriores de esta resolución, no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.  
  
Cuarto  
Notifíquese la Resolución a la empresa y al comité de huelga.  
  
Quinto  
La presente Resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su notificación a las partes interesadas.  
Lo que se traslada a los oportunos efectos. No obstante, por esa dirección general se acordará lo pertinente en derecho.  
El subdirector general de Relaciones Laborales: Joaquín Vañó Gironés.»  
A los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho arriba señalados, son de aplicación los siguientes,  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. La competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio público, a que se refiere el artículo 10 del Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, viene atribuida al Consell de la Generalitat Valenciana y por delegación a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de acuerdo con el Decreto 5/2019, de 186 de junio, del President de la Generalitat, por el que se determina el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones; Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat; Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y por delegación de firma la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, de acuerdo con la Resolución del Secretario Autonómico de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo del 2 de agosto de 2019.  
Segundo. De todo lo actuado, obrante en este expediente, cabe estimar en su integridad los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho recogidos en la propuesta de resolución arriba transcrita literalmente, por lo que procede asumir en sus propios términos la referida propuesta de resolución.  
Por todo ello, resuelvo:  
  
Primero  
A los efectos previstos en artículo 10.2 del Real Decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, se determinan las medidas necesarias para asegurar los Servicios Esenciales Mínimos que deberán prestarse por el personal afectado mientras dure la situación de huelga indefinida convocada a partir del día 22 de noviembre de 2021 en la provincia de Castellón, en los términos que a continuación se especifican:  
Servicios sanitarios  
Se prestarán como servicios mínimos el 100 % de los servicios habituales en las siguientes unidades:  
1. Zonas de urgencia relacionadas con enfermos  
2. Unidades de Cuidados Intensivos  
3. Neonatología  
4. Paritorios  
5. Quirófanos y Áreas quirúrgicas de urgencia.  
6. Unidades de Aislamiento  
7. Unidades de Esterilización  
8. Hemodiálisis  
9. Prematuros  
10. Lactantes  
11. Biberonería  
12. Unidades de reanimación  
13. Unidad de quemados  
14. Oncología médica  
15. Unidades de enfermedades infecciosas  
16. Hemodinámica  
17. Laboratorios, extracciones y bancos de sangre  
18. Servicio de bacteriología y microbiología  
19. Urodinámica y radioterapia  
20. Sintron y Coagulopatías congénitas  
21. Recogida de basuras biocontaminantes y su transporte al compactador, incluyendo todo tipo de residuos (Grupos I, II, III y IV) y el transporte al compactador o al almacén de residuos, según corresponda.  
22. Unidades de transplantados  
23. Litotricia  
24. Endoscopia  
25. Cocinas: preparación y servicio de alimentos a enfermos.  
26. Transporte y reparto de ropa limpia a todos los servicios y unidades que utilicen ropa.  
27. Limpieza de camas y aseos de alta  
28. Cualquier zona considerada de alto riesgo no contemplada anteriormente  
  
Se prestarán como servicios mínimos el 50 % de los servicios habituales en las siguientes unidades:  
1. Unidades de hospitalización/hospitales de día  
2. Lavandería  
3. Laboratorios generales  
4. Unidades de radiología  
5. Farmacia  
6. Resto de quirófanos (programados)  
7. Parapléjicos  
8. Psiquiatría  
9. Clínica del dolor  
10. Tanatorio  
11. Prestación nocturna  
12. Aseos de las habitaciones de enfermos  
13. Aseos públicos y de personal  
14. Recogida de ropa sucia, su clasificación, transporte a lavandería  
  
15. Reparto de toallas, papel higiénico y jabón  
16. Centros de Transfusiones  
17. Medicina Nuclear  
18. Gimnasio  
19. Centros de salud, en las salas de curas, urgencias, aseos y salas de extracciones.  
  
Se prestarán como servicios mínimos el 25 % de los servicios habituales en las siguientes unidades:  
1. Vestuarios  
2. Salas de espera  
3. Consultas externas en hospitales y salas de consulta en centros de salud.  
4. Resto de zonas de los centros sanitarios.  
  
Centros educativos  
Se prestará el servicio equivalente a un 40 % de las horas habituales de prestación diarias en cada uno de los centros de educación infantil y primaria, de un 30 % en los centros de enseñanza secundaria y de un 20 % en el resto de los centros de enseñanza reglada, el cual irá dirigido prioritariamente a la limpieza de los aseos públicos y comedores escolares y a la recogida de residuos, y en segundo término a la limpieza de las zonas comunes.  
  
Servicios sociales  
Se prestará el servicio equivalente a un 40 % en los centros de atención continuada, y de un 20 % en los centros de atención diurna, el cual irá dirigido prioritariamente a la limpieza de los aseos, comedores, cocinas y a la recogida de residuos.  
  
Dependencias públicas  
Dependencias públicas: Se prestará el servicio equivalente a un 20 % en las oficinas de organismos públicos y en estaciones de transportes públicos, que debe ir dirigido, estableciendo un criterio preferencial, a la limpieza de los aseos y a la retirada de residuos, y de un 40 % en los mercados municipales.  
A la empresa, oído el comité de huelga, corresponderá la aplicación de estos servicios, así como los demás de carácter esencial no previstos en este acto, que deberán prestarse con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose las partes del cumplimiento de estos servicios esenciales mínimos.  
  
Segundo  
Habida cuenta del posible grave riesgo que para la salud pública pudiera constatarse como consecuencia de la huelga y de su carácter indefinido, podrán ser modificados estos servicios esenciales mínimos en el marco de las competencias establecidas.  
  
Tercero  
Lo dispuesto en los apartados anteriores de esta resolución, no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.  
Cuarto  
Notifíquese la resolución a la empresa y al comité de huelga.  
  
Quinto  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su notificación a las partes interesadas.  
  
València, 18 de noviembre de 2021.- El secretario autonómico de Empleo, p. d. (R 05.825891,), la directora general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral: Elvira Ródenas Sancho.