Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8338, del 13-07-2018 (2018/6510)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 1310/2016.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8338

Fecha DOGV
:   13-07-2018

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2018/6510


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Torrent

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 1310/2016. [2018/6510]  
De: Bankia, SA.  
Procuradora: María Gisbert Rueda.  
Contra: Aziz Atif Mennana.  
En el presente procedimiento ordinario seguido a instancia de Bankia, SA, frente a Aziz Atif Mennana se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:  
  
«Sentencia número 27/2018  
Torrent, 5 de febrero de 2018  
Vistos por mí, M.ª José Férez Martí, magistrada jueza del Juzgado de Primera Instancia número 2 de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio ordinario seguidos en este juzgado y registrados bajo el número 1310/2016 a instancia de Bankia, SA, representada por la procuradora señora Gisbert y defendida por la letrada señora Casanova contra Aziz Atif, declarado en rebeldía y, atendiendo a los siguientes  
Antecedentes de hecho  
Primero. Por la procuradora señora Gisbert, obrando en la indicada representación, se formuló demanda de juicio ordinario, en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminó suplicando se dictase sentencia estimando la demanda, por la que:  
a) Declare perdido el beneficio del plazo de los demandados en la amortización del préstamo hipotecario y su obligación del pago del total capital pendiente de amortización desde el mismo momento de la declaración de perdida.  
b) Condene al demandado a pagar a la actora la cantidad de 97.491,16 ?, importe del saldo deudor del préstamo en fecha 15 de diciembre de 2015 de cierre de la cuenta, más los intereses devengados desde dicha fecha y que se sigan devengando hasta el completo pago de la deuda liquidados al tipo pactado en la escritura de préstamo, más los gastos y las costas del procedimiento.  
Segundo. Admitida la demanda a trámite, se dispuso el emplazamiento de la parte demandada para que, en el término legal, contestara a aquella, la cual no compareció, siendo declarado en rebeldía. Convocada las partes a la audiencia previa, esta se celebró el día señalado, con la asistencia de la parte actora. La actora se ratificó en el escrito de demanda, y abierto el periodo de prueba, se propuso la documental, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429.8 de Ley de enjuiciamiento civil, siendo la única prueba propuesta y admitida la documental, constando la prueba documental en autos sin haber sido impugnada, quedaron los autos conclusos para sentencia.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Por el letrado de la parte actora, se alega en síntesis, en la demanda, los siguientes hechos:  
Con fecha de 30 de marzo de 2006, mediante escritura autorizada por el notario de València Alfonso Mulet Signes la entidad Caja Madrid suscribió con Aziz Atif un contrato de préstamo garantizado con hipoteca por importe de 94.000 euros. Mediante escritura autorizada por el mismo notario de València, el día 30 de marzo de 2009, Caja Madrid, amplió el préstamo concedido al hoy demandado hasta un principal de 95.000 euros. Mediante escritura autorizada por el notario de València Vicente Tomás Bernat el día 29 de abril de 2013, la entidad Bankia, SA, modificó el préstamo hipotecario pactando una ampliación del mismo, hasta un importe de 95.501,90 ?, respondiendo con la hipoteca establecida sobre la finca registral número 16933 del Registro de la Propiedad de València número 17. En las escrituras referenciadas se pactó el beneficio a favor del prestatario del fraccionamiento y aplazamiento de la obligación de amortización del préstamo concedido, de tal forma que la parte prestataria quedó obligada a devolver el capital prestado mediante el pago de 480 cuotas mensuales, comprensivas de capital e intereses desde la firma de la última escritura de 29 de abril de 2013.También se pactó que el importe de las cuotas se revisaría en función de las sucesivas revisiones del tipo de interés, al ser este variable de acuerdo con lo pactado. Que en el presente caso, el prestatario dejó de atender el pago de las cuotas mensuales devengadas desde el mes de marzo de 2014 en adelante, resultando un saldo deudor a fecha 18 de diciembre de 2015 de 97.491,16 ?, debiendo de tenerse en cuenta que, el plazo concedido al prestatario para la amortización era de 40 años (mediante 480 cuotas mensuales) y sin embargo tan solo atendió las devengadas hasta marzo de 2014 dejando de pagar todas las restantes, esperando Bankia, dos años más, después del primer impago para proceder al cierre de la cuenta que se efectúa en diciembre de 2015, cuando el primer impago se produjo en marzo de 2014, considerando por ello que, a la vista del grave incumplimiento del contrato y de la falta de voluntad o de posibilidad del demandado de devolver el préstamo concedido, pues hace mas de dos años y siete meses que no entrega cantidad alguna, procede la pérdida del derecho al beneficio de plazo, y la exigencia tanto del capital pendiente de amortización como de sus intereses ordinarios y de los moratorios, habiendo requerido de pago al prestatario de la cantidad adeudada mediante el correspondiente burofax sin que el demandado haya abonado cantidad alguna desde entonces. Por ello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1129.1 del CC en relación con el artículo 1127 y art 1124 del CC, ejercita esta acción para la que se pretende exigir el cumplimiento por el prestatario de la obligación que le incumbe de amortización del préstamo sin que la entidad prestamista tenga que esperarse a la expiración del plazo pactado.   
A mayor abundamiento, el demandado constituyó hipoteca voluntaria sobre un inmueble, concretamente la finca registral número 16370 del Registro de la Propiedad de València número 17. Dicha garantía ha perdido su valor inicial, y además, la finca hipotecada ha sido embargada por la Tesorería General de la Seguridad Social, pudiendo predicarse a priori que el demandado es insolvente a los efectos del CC y que procedería la pérdida del beneficio del plazo.  
La parte demandada no compareció, siendo declarado en rebeldía, lo cual no implica allanamiento, ni admisión de los hechos.  
Segundo. La parte actora acciona con fundamento en el artículo 6346 NX, que prevé expresamente la posibilidad de que el acreedor pueda reclamar la totalidad de lo adeudado, antes del vencimiento del plazo pactado, cuando el deudor «pierde» el derecho a utilizar el plazo.  
En cuanto a la pérdida del derecho del plazo del deudor, el artículo 5280 ZM referido establece que: «Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo: 1.º Cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda. (...) 3.º Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras».  
Dado el tenor literal del artículo 1129.1 del CC, la pérdida del beneficio o vencimiento anticipado de la deuda, se conecta a una sobrevenida mutación de las condiciones patrimoniales de los deudores susceptibles de poner en evidente peligro la consecución por parte del acreedor de la prestación debida.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 Ley de enjuiciamiento civil, y según resulta de la prueba documental aportada, la cual despliega toda su eficacia, al no haber sido impugnada de adverso, y, en especial, de las distintas escrituras de préstamo hipotecario acompañadas, resulta que la entidad financiera concedió al demandado un préstamo por importe de 95.501,90 euros a devolver en 480 cuotas mensuales, pactándose en la última escritura de novación, un interés nominal inicial fijo del 2,20 por ciento durante los 24 primeros meses, y luego uno variable, con un interés moratorio por referencia al ordinario incrementado en seis puntos porcentuales al tipo vigente en el momento del pago, constituyéndose hipoteca sobre la finca registral número 16538 del Registro de la Propiedad de València número 17, finca hipotecada que ha sido embargada por la Tesorería General de la Seguridad Social.  
No ha resultado controvertido el impago del deudor, habiendo el prestatario dejado de atender el pago de las cuotas mensuales devengadas desde el mes de marzo de 2014, tal y como resulta del acta notarial de fijación de saldo de fecha 18 de diciembre de 2015 del notario de Madrid Carlos María García Ortiz, resultando un saldo deudor de 97.491,16 ?.  
No es viable que un prestamista no pueda reclamar por ningún cauce legal el impago del prestatario, aunque tengan la condición de consumidor, a pesar de haber cumplido íntegramente su obligación de entrega del capital. En el presente caso, conforme al artículo 2326 FA, «por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo», añadiendo el artículo 4190 VF «el que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a devolver al acreedores otro tanto de la misma especie y calidad». Resulta  
que la parte prestamista cumple con la entrega del dinero o cosa fungible, que constituye la esencia del contrato - de ahí que exista discusión doctrinal sobre la naturaleza real o consensual del préstamo- y la obligación principal del prestatario consiste en la devolución del importe de dinero prestado (con o sin intereses, art.1740.3 CC) o la cosa fungible de la misma especie y calidad prestado.  
Pues bien, en el presente caso, en el misma escritura de préstamo hipotecario consta que la parte demandada recibió el capital prestado. Por otro lado, el demandado no ha comparecido ni denunciado incumplimiento de cualquier tipo de la parte actora, y, en el otro extremo, siendo la obligación principal del demandado la devolución del capital prestado, a través del pago de las cuotas mensuales estipuladas, esta resulta incumplida desde el mes de marzo de 2014, no habiéndose efectuado pagos desde dicha fecha, sin que conste que a fecha actual, haya abonado cuota alguna o efectuados pagos a cuenta, por lo que el préstamo se encuentra impagado desde marzo de 2014, es decir, durante más de tres años en la actualidad. El demandado tampoco ha comparecido ni por ende formulado alegaciones ni presentado prueba que desvirtúe tales hechos.  
El artículo 1.129 CC, se refiere los supuestos en que el acreedor puede anticipar el vencimiento de la deuda, relativo a situaciones en las que el deudor ha devendido insolvente o ha incumplido la prestación de las garantías de la deuda pactadas, lo que se asemeja a una situación de incumplimiento total. Conforme a lo expuesto, debe estimarse la pérdida de plazo por insolvencia del deudor, puesto que después de contraída la obligación, el prestario resulta insolvente, a tenor del número de cuotas impagadas. Así, de la prueba practicada, consistente en documental, y en especial de la consulta patrimonial del demandado efectuada a través del PNJ, queda acreditado que el demandado ha sobreseído sus pagos, y que el mismo carece de bienes o ingresos para hacer frente a la deuda.  
Tercero De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1129 del CC, la pérdida del beneficio de plazo, conlleva que el acreedor pueda reclamar la totalidad de lo adeudado. Por tal concepto, reclama la entidad bancaria la cantidad de 97,491,16 ?, de los cuales, 94.191,68 - corresponden al capital; 3275,53 - a intereses ordinarios y 23,95 - a intereses de demora.  
Esta última partida se reclama al amparo de lo dispuesto en la estipulación sexta de la escritura de préstamo hipotecario, cuya nulidad fue planteada de oficio por la juzgadora al inicio del acto de la vista y que fijaba intereses de demora respecto de las cantidades impagadas al tipo resultante de incrementar en seis puntos porcentuales el tipo de interés nominal anual ordinario vigente en cada momento.  
Como señalaba la SAP de Burgos de 31 de enero de 2003 « tras la Ley 7/1998, de 13 abril, sobre condiciones generales de la contratación y modificación parcial de la Ley 26/1984 general de defensa de los consumidores y usuarios, la posibilidad de analizar el carácter abusivo de cláusulas como la de autos, aparece sin ningún problema, atendido el nuevo artículo 10 bis.1 que establece que «se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato», añadiendo que «En todo caso se considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional de la presente Ley», y en este sentido, el apartado 1.3° de la referida disposición adicional primera.   
Cláusulas abusivas, considera abusivas las cláusulas que impliquen «la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla sus obligaciones». Actualmente artículo 82 RD Legislativo 1/2007. Obviamente, las cláusulas que establecen intereses de demora superiores al legal del dinero no son abusivas «per se», pues son expresión de la libertad contractual, y tienen su amparo en el artículo 1.108 del Código Civil. De igual manera, el simple hecho de encontrarnos ante un contrato de adhesión no determina sin más que sus cláusulas sean abusivas, ya que para resultar merecedoras del carácter, se exige además que tales cláusulas generen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. No obstante, si merecen tal calificación, todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, y en concreto las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones. Los intereses de mora no pueden configurarse como el precio de la prestación, sino que se trata de una indemnización, una cláusula penal que compele a cumplir la obligación. Así, el análisis no es otro que si tal indemnización es o no desproporcionada a la luz de la norma protectora de los intereses de los consumidores. A tal efecto, debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante un préstamo hipotecario donde el banco tiene a su favor una garantía real para la satisfacción de su crédito.  
Y a este respecto debe estarse a la doctrina jurisprudencial fijada en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de diciembre de 2015 al establecer que «en los prestamos hipotecarios debe mantenerse el mismo criterio establecido en la mencionada sentencia 265/2015 de 22 de abril para los prestamos personales, de manera que la nulidad afectara al exceso respecto del interés remuneratorio pactado». Indica la referida sentencia de fecha 22 de abril de 2015, a la que se remite la STS de 23 de diciembre de 2015 «Que en los contratos de préstamo sin garantía real concertados con consumidores, es abusiva la clausula no negociada que fija un interés de demora que suponga un incremento de mas de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado.», agregando que, «por consiguiente, en el supuesto objeto del recurso, la consecuencia de la apreciación de la abusividad del interés de demora no debe ser, como pretende el recurrente, la moderación de dicho interés hasta un porcentaje que se considere aceptable (que sería lo que se ha dado en llamar «reducción conservadora de la validez»), pero tampoco el cese en el devengo de cualquier interés, ni la aplicación de la norma de Derecho supletorio que prevé el devengo del interés legal. Es, simplemente, la supresión del incremento del tipo de interés que supone el interés de demora pactado, y la continuación del devengo del interés remuneratorio hasta que se produzca el reintegro de la suma prestada».  
En consecuencia, la clausula de interés de demora establecida en la escritura de préstamo hipotecario objeto de litis, es claramente abusiva porque supone un incremento de mas de dos puntos respecto del interés remuneratorio pactado. Por todo ello, debe considerarse abusivo el interés de mora pactado y la declaración de nulidad de la cláusula abusiva que fija los intereses moratorios, conlleva su no aplicación, resultando por ello improcedente la cantidad reclamada por tal concepto (23,95 ?) y la consecuencia de tal apreciación es la supresión del incremento del tipo de interés que supone el interés de demora pactado, y la continuación del devengo del interés remuneratorio hasta que se produzca el reintegro de la suma prestada.  
Cuarto. De conformidad con el artículo 394 Ley de enjuiciamiento civil, tratándose de una estimación sustancial de la demanda, en tanto se declara la perdida del beneficio del plazo y la obligación de pago de la cantidad principal, las costas se imponen a la parte demandada.  
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,  
Fallo  
Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por Bankia, SA, representada por la procuradora señora Gisbert contra Aziz Atif, declarado en rebeldía, debo:  
Declarar perdido el beneficio del plazo del demandado en la amortización del préstamo hipotecario y su obligación del pago del total capital pendiente de amortización, condenando al demandado a pagar a la actora la cantidad de 97.467,21 ?, más los intereses moratorios devengados hasta su completo pago, conforme a lo establecido en el fundamento jurídico tercero de la presente resolución.  
Todo ello, con expresa condena en costas a la parte demandada.  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia (art. 455 LECn). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días, exponiendo las alegaciones en que base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (art. 458.2 LEC). De conformidad disposición adicional 15.ª Ley orgánica poder judicial al interponer el recurso se deberá acreditar la constitución de un depósito de 50 euros mediante su ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado.  
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»  
  
Y encontrándose dicho demandado, Aziz Atif Mennana, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Torrent, 27 de junio de 2018.- El letrado de la Administración de justicia: José David Sevilla García.