Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3166, del 21-01-1998 (1997/12024)

Expediente número 251/96. Notificación de la resolución del recurso ordinario.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3166

Fecha DOGV
:   21-01-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1997/12493


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Expediente número 251/96. Notificación de la resolución del recurso ordinario. [1997/C12761]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución del recurso ordinario con número de referencia interna CO-1242/96, a don José Sabino Socorro López.
  
Resolución:
  
Examinado el recurso ordinario formulado por don José Sabino Socorro López, contra la resolución del Servicio Territorial de Alicante en la solicitud de visado de contrato y ayudas económicas directas para la adquisición de una vivienda a precio tasado, expediente 03-1T-0251/96.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
El día 13 de febrero de 1996 se presentó en el Servicio Territorial de Alicante una solicitud de visado de contrato y ayudas económicas directas por adquisición de una vivienda a precio tasado.
  
Segundo
  
A la vista de la documentación aportada y en base a lo establecido en el artículo 2, párrafo 3, de la Orden de 10 de octubre de 1995, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Servicio Territorial dicta una resolución por la que se acuerda no dar trámite a la solicitud de ayudas económicas interesadas al haberse formulado la misma con posterioridad al 15 de octubre de 1995.
  
Tercero
  
Contra dicha resolución, interpone un recurso ordinario en tiempo y forma la parte interesada.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalidad Valenciana (DOGV núm. 1.547, de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117 de la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
La Orden de 26 de septiembre de 1995, del Ministerio de Obras Pública, Transportes y Medio Ambiente, por la que se regula el cierre ordenado del sistema de financiación de las actuaciones protegibles del Plan de Vivienda 1992-1995, con referencia a la fecha límite de 15 de octubre de 1995, aboca a la Generalitat Valenciana, una vez sobrepasados los objetivos del mismo y agotados los recursos que le habían sido asignados, a adoptar sus propias medidas en relación con el citado cierre, lo que viene a establecer en cumplimiento de la meritada orden ministerial, la Orden de 10 de octubre de 1995, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se adoptan medidas en relación con el cierre del citado Plan de Vivienda 1992-1995.
  
Cuarto
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 2 párrafo 3 de la mencionada Orden de 10 de octubre de 1995 del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, «no se tramitarán las solicitudes de visado de contrato para la adquisición de viviendas a precio tasado que se hayan presentado con posterioridad al 15 de octubre de 1995».
  
Quinto
  
En el caso que nos ocupa, examinada la documentación obrante en el expediente se comprueba que se presentó solicitud de visado de contrato y ayuda económica directa para la adquisición de una vivienda a precio tasado en 13 de febrero de 1996, es decir, después de la fecha límite de 16 de octubre de 1995, y una vez finalizado el Plan de Vivienda 1992-1995 en la Comunidad Valenciana, por lo que procede confirmar la resolución dictada por el Servicio Territorial.
  
Sexto
  
Por otro lado si se incluyera esta actuación en el Plan de Vivienda 1996-1999, habría que considerar como fecha de presentación de la solicitud el 2 de julio de 1996, día en que entró en vigor el Decreto 113/1996, de 5 de junio, del Gobierno Valenciano, y, por tanto, momento inicial para admitir a trámite las solicitudes, lo que conllevaría igualmente a denegar las ayudas por haber transcurrido mas de dos meses entre la fecha de la compraventa y la de solicitud, según dispone el artículo 5 apartado 3 del propio Decreto 113/1996.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Orden de 10 de octubre del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Decreto 113/1996, de 5 de junio, del Gobierno Valenciano, y demás legislación de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por don José Sabino Socorro López, contra la Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Alicante de fecha 7 de enero de 1996, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que, con carácter previo, el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello, de conformidad con lo previsto en el art. 57.2.f (en relación con la disposición adicional once de la LRJAPPAC) y artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 27 de diciembre de 1956, así como el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime conveniente.