Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6183, del 13-01-2010 (2010/184)

Notificación de la resolución recaída en el expediente sancionador número 42/2009.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6183

Fecha DOGV
:   13-01-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2010/184


Fecha del documento
:   29-12-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Turismo

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución recaída en el expediente sancionador número 42/2009. [2010/184]  
Por no haber sido posible notificar de forma personal y directa al interesado la resolución de la secretaria autonómica de Turismo y directora de l'Agència Valenciana del Turisme de fecha 29 de diciembre de 2009, en relación con el expediente sancionador incoado contra Petrus Adrianus M. Ballemans, como titular del alojamiento turístico denominado El Paradero de Tibi, recaída en el expediente 42/09-A, se procede a su publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   
Valencia, 11 de enero de 2010.- El subsecretario de la Conselleria de Turismo: Jorge Juan Muñoz Gil.  
Con fecha 29 de diciembre de 2009 la secretaria autonómica y directora de la Agència Valenciana del Turisme, ha dictado la siguiente resolución:  
Resolución sancionadora  
Visto el expediente sancionador de referencia, incoado por el Servicio Territorial de Turismo de Alicante, contra Petrus Adrianus M. Ballemans con NIF E-6919775-O, como titular del alojamiento turístico El Paradero, sito en la Partida El Castillo, Polígono 12 Parcela 44 de Tibi, por presuntas infracciones a la normativa turística.  
Antecedentes de hecho  
Primero. El expediente sancionador se incoó mediante acuerdo de iniciación del jefe del Servicio Territorial de Turismo de Alicante de fecha 13 de julio de 2009 a la vista de:  
Sendas denuncias de la Asociación de Vecinos El Castell de fecha 25 de febrero y 14 de abril de 2009, en las que se dice, entre otras cosas:  
"Que el establecimiento objeto de reclamación se construyó de forma irregular, sin contar con los permisos legales y sin las cargas tributarias que se deben en territorio español, y se sigue ampliando"  
"Que existe un problema de diferencia de superficie entre la real y la inscrita que podría afectar muy negativamente a los colindantes"  
"Que los Sres. Ballemans preguntaron por la posibilidad de conectarse a la red eléctrica no actuando de buena fe, puesto que no comunicaron en ningún momento que lo que se pretendía no era una red doméstica sino para un establecimiento hostelero, como se desprende de su página web : www.el-paradero.nl"  
"Que tiraron un cable a ras de tierra sin protección alguna, lo cual pone en grave riesgo de incendio una amplia zona de pinos"  
"Que los vecinos insisten en el temor y la inseguridad que les produce los perros que los Sres. Ballemans poseen sin bozal y estando su parcela sin vallar."  
Y del Acta de la Inspección de Turismo nº 310/09-A de fecha 11 de mayo de 2009, en la que se dice:  
"El Paradero es un conjunto de tres casas en una zona rural cercana al pantano de Tibi. En una de ellas viven sus propietarios, y las otras dos las dedican al alquiler con fines de vacaciones o de ocio. Una de ellas es una cabaña tipo estudio sin baño o aseo en el interior y la otra dispone de dos estancias, habitación con dos camas y salón-comedor-cocina, además de un pequeño aseo con ducha."  
"Si hacen publicidad a través de la página web y en cinco idiomas"  
"No acredita en este acto estar en posesión de la preceptiva autorización otorgada por la administración Turística para el ejercicio de la actividad propia de alojamiento."  
Segundo. Por el compareciente se hicieron las siguientes manifestaciones referentes al acta:  
"Hemos solicitado la D.I.C. hace aproximadamente un mes en el Ayuntamiento de Tibi"  
Tercero. En el acuerdo de iniciación se nombró instructor y secretaria, imputándosele al encausado los siguientes hechos:  
"En el establecimiento se prestan servicios de alojamiento turístico rural mediante precio, careciendo de la autorización de puesta en funcionamiento otorgada por la administración de turismo".  
Lo que infringe los artículos 2 y 3 del Decreto 188/05 de 2 de diciembre (DOCV de 7 de diciembre de 2005), regulador del alojamiento turístico rural en el interior de la Comunitat Valenciana., en relación con el artículo 18. dos. b) de la Ley 3/98 de 21 de mayo (DOCV de 22 de mayo), de Turismo de la Comunitat Valenciana.  
El hecho citado está calificado como falta muy grave en el artículo 52.1 de la Ley 3/98, de 21 de mayo (DOCV de 22 de mayo), de Turismo de la Comunitat Valenciana, pudiendo ser sancionado, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, con multa de hasta 90.000 Euros.  
Cuarto. Dentro del plazo concedido al efecto, el inculpado no presentó escrito de recusación contra el Instructor y Secretaria nombrados, si bien presentó escrito de alegaciones con fecha de entrada 7 de agosto de 2009 en el que expone, en síntesis:  
"Que solicita paralizar el inicio sancionador puesto que:  
Compramos la casa con la intención de empezar la actividad de casa rural. Con este fin estamos arreglando la casa.  
Hasta el día de hoy nunca hubo clientes pagando por servicios de alojamiento. Los únicos que han dormido aquí son amigos ayudándonos a montar la empresa.  
La página web estaba en pruebas y esta desactivada desde hace unos meses  
Aun no somos residentes ni afiliados a la seguridad social española.  
Solicitamos información sobre cómo obtener las licencias pero aún nos falta un montón de papeleo. Ni siquiera tenemos cédula de habitabilidad."  
Quinto. Notificada la propuesta de resolución, por el interesado se presentó escrito de alegaciones, en el que en síntesis indica:  
- Que la denuncia de la asociación se debe a problemas entre sus animales domésticos.  
- La empresa, a pesar de lo descrito en el acta, no se encuentra en funcionamiento, tratándose de un proyecto, las instalaciones no están terminadas y no se ha cobrado importe alguno por prestar servicios turísticos.  
Sexto. Girada visita de inspección el 25 de noviembre, se emite informe del siguiente tenor:  
"Personada en el emplazamiento arriba indicado se comprueba que éste se encuentra cerrado en el momento de la inspección. No existe cartel publicitario que indique la explotación de la finca como casa rural.  
En el Ayuntamiento de Tibi me informan que no les consta que exploten la casa, sin embargo, un agente de la Policía Local me comenta que quitaron los carteles y el logotipo del coche y cree que también la página web, pero que le consta que hacen viajes al aeropuerto a recoger personas y las instalan en su casa, pero no puede asegurar si son clientes o familia".  
Por otra parte, consultada la página de Internet, efectivamente esta no se encuentra en funcionamiento.  
Séptimo. En los archivos del Servicio Territorial no hay constancia de que el inculpado haya sido sancionado con anterioridad, en los términos del artículo 131.3c) de la Ley30/92 de 26 de noviembre.  
Tampoco ha presentado solicitud de autorización y puesta en funcionamiento del establecimiento.  
Fundamentos de derecho  
Primero. Establece el articulo 2 del Decreto 188/05 de 2 de diciembre, regulador de los alojamientos turísticos rurales, que será de aplicación el mismo a los establecimientos, que estando ubicados en las zonas de interior de la Comunitat Valenciana, se dediquen a prestar de forma habitual y mediante precio, alojamiento turístico de acuerdo con las especificaciones que se establecen en la misma.  
El artículo 3 del mismo Decreto señala como una de las modalidades de este tipo de alojamiento el efectuado en casa rural, compartida o no con sus propietarios o usuarios.  
Asimismo el artículo 22 del mismo Decreto señala el procedimiento administrativo que deberá iniciar el titular de la actividad para legalizarla en la administración turística.  
Dispone a su vez el artículo 14 de la Ley 3/98 de 21 de mayo de Turismo de la Comunitat Valenciana, que las empresas turísticas, con anterioridad a la entrada en funcionamiento de sus establecimientos, deberán obtener de la administración turística la correspondiente autorización de funcionamiento y/o clasificación con arreglo al procedimiento reglamentariamente determinado.  
Dicha autorización previa al funcionamiento no es una figura caprichosa de la administración, sino el modo legal de controlar que lo pretendido por la Empresa Turística, se adecua a la legalidad vigente y en consecuencia al interés público por ella protegido, lo cual a su vez le facilita al empresario turístico solucionar las discrepancias legales con anterioridad al ejercicio de la actividad turística, obviando molestias con los clientes y sanciones por infracciones a la normativa turística.  
El hecho reflejado en el acuerdo de iniciación infringe los artículos mencionados, tipificándose como falta muy grave en el artículo 52.1 de la Ley 3/98 de 21 de mayo de turismo de la Comunitat Valenciana el ejercicio de una actividad turística sin la autorización, habilitación o título administrativo requerido.  
Segundo. No se admiten las alegaciones del encausado como eximente total de responsabilidad, por cuanto que los hechos imputados infringen lo dispuesto anteriormente, ya que la actividad de alojamiento rural se ejerció sin contar con las autorizaciones previas correspondientes, indicando a tal efecto el artículo 14 de la Ley 3/98 de 21 de mayo (DOCV de 22 de mayo) de Turismo de la Comunitat Valenciana, que sin perjuicio del cumplimiento de la legislación general y del sector que corresponda, las empresas turísticas con anterioridad a la entrada en funcionamiento de sus establecimientos, deberán obtener de la administración Turística la correspondiente autorización de funcionamiento y/o clasificación. No obstante, lo constatado por la Inspección de Turismo en su última visita, la desactivación de la página Web, y la escasa capacidad alojativa del establecimiento, serán circunstancias determinantes de la sanción a imponer.  
Tercero. Según los artículos 20.5 y 37.1 del Decreto 206/99 de 9 de noviembre (DOCV de 17 de noviembre) del Consell, regulador de la Disciplina Turística, los hechos constatados en las Actas de Inspección, se presumirán ciertos, salvo que del conjunto de las pruebas que se practiquen resulte lo contrario.  
Cuarto. De conformidad con el artículo 53 de la Ley 3/98 de 21 de mayo (DOCV de 22 de mayo), de Turismo de la Comunitat Valenciana, las infracciones contra lo dispuesto en la misma y demás disposiciones en materia de Turismo, darán lugar a la imposición de las correspondientes sanciones.  
Quinto. De conformidad con el artículo 131 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre y el artículo 54 de la Ley 3/98, en la imposición de las sanciones se guardará la debida adecuación entre la gravedad de los hechos constitutivos de infracción, para lo cual se tendrá en cuenta tanto el que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, como el beneficio ilícito obtenido, así como la naturaleza de los perjuicios ocasionados al usuario turísticos y el resarcimiento ofrecido al mismo.  
Sexto. El presente expediente se ha tramitado conforme a los principios del procedimiento sancionador, recogidos en el Título IX, Capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Decreto 206/99 de 9 de noviembre (DOCV. de 17 de noviembre) del Consell, regulador de la Disciplina Turística, modificado por el Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Agència Valenciana del Turisme.  
Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y especial aplicación, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 57 de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana, y según redacción dada por la Disposición Adicional Primera del Decreto 209/2004, de 8 de octubre del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Agència Valenciana del Turisme, resuelvo:  
Imponer a Petrus Adrianus M. Ballemasn, con NIF C-9496673-N la sanción de dos mil euros (2.000 €), por infracción al artículo 52.1 de la Ley 3/98, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrá interponer recurso de alzada ante la consellera de Turismo y presidenta de la Agència Valenciana del Turisme, dentro del plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 115 y 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.  
De conformidad con el artículo 26 del Decreto 206 /1999, de 9 de noviembre, del Consell, regulador de la Disciplina Turística, esta resolución no será ejecutiva en tanto no haya recaído Resolución del Recurso de alzada que, en su caso, se interponga, o haya transcurrido el plazo para su interposición sin que ésta se haya producido.   
Valencia, 29 de diciembre de 2009.- La secretaria autonómica y directora de la Agència Valenciana del Turisme: Mª Victoria Palau Tárrega.