Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3484, del 29-04-1999 (1999/3727)

ACUERDO de 19 de abril de 1999, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la ordenación urbanística solicitada por Danone, SA, para la instalación de una nueva factoría en el termino municipal de Aldaia.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3484

Fecha DOGV
:   29-04-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/3727


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

ACUERDO de 19 de abril de 1999, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la ordenación urbanística solicitada por Danone, SA, para la instalación de una nueva factoría en el termino municipal de Aldaia. [1999/M3727]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 19 de abril de 1999, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
El día 19 de junio de 1998 tuvo entrada en la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia la solicitud formulada por don Ricardo Fuster Fuster, en nombre y representación de la mercantil Danone, SA, de la declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario previsto en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable, de una actuación integral, consistente en la implantación de una nueva factoría de Danone, SA y sus empresas proveedoras, en los polígonos 18 y 20, parcelas 25 y otras que constan debidamente identificadas en el expediente, del término municipal de Aldaia.
  
El día 29 de junio de 1998 se dio audiencia al propio Ayuntamiento de Aldaia como municipio afectado por la actuación y a los municipios de la zona (Quart de Poblet, Alaquàs y Torrent).
  
El día 29 de junio de 1998 se solicitó informe de la Diputación Provincial de Valencia, Servicio de Explotación; de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de la Demarcación de Carreteras, del Ministerio de Fomento; de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Asimismo, en la misma fecha se dió traslado del estudio de impacto ambiental a la Dirección General de Desarrollo Sostenible, a los efectos de la emisión de la correspondiente declaración de impacto ambiental.
  
Con fecha 1 de julio de 1998 se solicitó informe a la Dirección Territorial de Agricultura de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación; Dirección General de Transportes de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública; Dirección Territorial de Medio Ambiente y Servicio Territorial de Industria.
  
Con fecha 25 de noviembre de 1998 se solicitó informe del Consell Metropolità de l'Horta.
  
Segundo
  
De todos ellos se han recibido informes:
  
- De la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento, de 15 de julio 1998, en el que se indica que la construcción que se pretende realizar está situada fuera de las zonas de protección de la Red de Interés General del Estado, por lo que no se emite informe.
  
- Del Servicio Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, de 23 de julio de 1998, por el que se manifiesta que la actuación afectará a la vía pecuaria Vereda del Llano de Quart, debiendo el promotor preservar este suelo de dominio público de cualquier tipo de actuación.
  
- De la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 11 de septiembre de 1998, de carácter desfavorable, debido tanto a la necesidad de concretar y ampliar en la documentación la definición completa del sistema de accesos a la factoría, así como su conexión con el sistema viario general, como en la obligación del promotor de colaborar en la ejecución del vial de conexión previsto en las Normas de Coordinación Metropolitana, que se concreta en el tramo comprendido entre la CV-408 y el distribuidor sur.
  
- De la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 18 de febrero de 1999, de carácter favorable, indicándose que tras la recepción de nueva documentación se constata que se han subsanado las deficiencias observadas en el anterior informe de fecha 11 de septiembre de 1998.
  
- Del Servicio de Explotación de la Diputación Provincial de Valencia, de fecha 24 de septiembre de 1998, de carácter favorable, condicionado a la solicitud a la diputación para la construcción del acceso que se solicita, para lo cual se deberá redactar proyecto constructivo.
  
- Del Consell Metropolità de l'Horta, de 9 de diciembre de 1998, en el que se indica que con relación a los valores de los parámetros de vertido a la salida de la depuradora de la empresa, el parámetro Sales Solubles no se ajusta a ninguno de los contemplados en las Normas de Coordinación Metropolitana
  
- Del Consell Metropolità de l'Horta, de fecha 5 de febrero de 1999, en el que se aclara que respecto al vertido de las aguas residuales de la empresa Danone, SA, a la red de saneamiento del Área Metropolitana de l'Horta, las condiciones de vertido son las mismas que se especificaron en el informe anterior. Respecto al vertido al Barranco del Poyo, se indica que la competencia es de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
  
- De la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 3 de febrero de 1999, por el que se manifiesta que la actuación, en cuanto afecte al dominio público hidráulico y/o su zona de policía, deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Aguas y demás disposiciones que la desarrollen.
  
- Del Ayuntamiento de Aldaia, en fecha de 14 de julio de 1998 y mediante acuerdo adoptado por el Pleno municipal, de carácter favorable, facultando a la Alcaldía para suscribir con Danone, SA, el convenio urbanístico presentado, una vez que se haya sometido el expediente a información pública y no se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones contra el mismo.
  
- Del Ayuntamiento de Alaquàs, en fecha 9 de julio de 1998, que establece las consideraciones a tener en cuenta dada la cercanía de la zona afectada con su término municipal, y en particular con las instalaciones municipales del cementerio que tiene previsto ser ampliado, por lo que no deberá afectar a esa futura ampliación del cementerio, y por lo que respecta al Camino Mas de Moter en su porción lindante con la zona objeto de declaración de interés comunitario, éste deberá tener una anchura suficiente, no apreciándose en lo demás impedimento alguno.
  
- Del Ayuntamiento de Torrent, en fecha 23 de julio de 1998, en el que se afirma que la actuación no afectará a su término municipal.
  
Tercero
  
El día 14 de octubre de 1998, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes resolvió admitir a trámite el expediente de referencia, ordenando el sometimiento del expediente al trámite de información pública por el plazo de 20 días, simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento.
  
A este respecto, se publicaron sendos anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 17 de noviembre de 1998 y en el diario Las Provincias de 3 de noviembre de 1998. Habiéndose presentado cinco alegaciones al mismo, más una fuera de plazo, pero ninguna alternativa al expediente en cuestión, según se acredita en la diligencia emitida por la jefa de Negociado del Registro de los servicios territoriales de Urbanismo de 14 de enero de 1999.
  
Cuarto
  
La documentación presentada consta de memoria informativa, memoria justificativa, ordenanzas reguladoras de la actuación integral, anexos relativos a los distintos informes solicitados, planos de ordenación e información y estudio de impacto ambiental.
  
Quinto
  
El día 1 de marzo de 1999, la Dirección General de Desarrollo Sostenible de la Conselleria de Medio Ambiente, emitió declaración de impacto ambiental, en la que se estima aceptable, desde el punto de vista ambiental, la actuación solicitada, sujetándola a determinados condicionantes.
  
Sexto
  
La Comisión Informativa de Urbanismo de Valencia, en sesión de 4 de marzo de 1999, adoptó, entre otros, el acuerdo de emitir un informe favorable del presente expediente.
  
Séptimo
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes emitió un informe favorable de la presente declaración de interés comunitario mediante la Resolución de 30 de marzo de 1999.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Constituye el objeto del presente expediente la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico del proyecto para la implantación de una nueva factoría sobre una parcela de 283.717,26 m², respecto a la cual se destinará a espacios libres privados 111.839 m², a viales de acceso 1.924 m² y a la zona industrial 169.954 m².
  
La actuación cuyo interés comunitario se solicita, dadas sus características, superficie necesaria para el desarrollo de la actuación superior a 4 hectáreas, constituye una actuación integral en sí misma considerada, que hace imposible su ubicación en suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización previstos por los planeamientos vigentes de los municipios de la zona. De modo que su ordenación y aprovechamiento urbanístico debe resolverse en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable, por tratarse de una actividad industrial, consistente en la implantación de una nueva factoría de Danone, SA, y sus empresas proveedoras, que requiere una superficie ocupada superior a los cuarenta mil metros cuadrados, por lo que sólo puede autorizarse su implantación en el suelo no urbanizable como una actuación integral a través del procedimiento extraordinario de declaración de interés comunitario.
  
Segundo
  
Respecto al procedimiento, se han observado en el presente caso las prescripciones legales que exige la citada Ley de la Generalitat Valenciana del Suelo No Urbanizable, y la documentación del expediente está completa en los términos requeridos en el artículo 20.2, segundo párrafo, de la referida Ley 4/1992 y la vigente legislación de impacto ambiental.
  
Tercero
  
La actuación integral proyectada, por sus propias dimensiones, constituye un elemento influyente en la estructura territorial. Se propone un emplazamiento próximo al norte, a la carretera VV-3017 de Aldaia- Alaquàs al Pla de Quart; al sur, con el barranco del Poyo y la Colada Camino de Hornillos o Torrent y en el resto con el camino linde con el término municipal de Alaquàs; al este, con la vereda del camino de Turís, y al oeste, con el canal trasvase Xúquer-Túria.
  
El acceso a la actuación se realizará a través de la carretera VV-3017, dependiente de la Diputación Provincial de Valencia, colaborando asimismo el promotor de la actuación en la ejecución del tramo viario comprendido entre la CV-408 y el Distribuidor Sur.
  
La actividad se plantea como una actuación integral que resuelve en sí misma su ensamblaje territorial, de forma que garantiza la solución de los servicios sin que, de otro lado, se ocasionen sobrecargas en el funcionamiento normal de las redes de servicios generales. En este punto se justifica que respecto al abastecimiento de agua potable para el consumo humano se conectará con la red de aguas potables del casco urbano de Alaquàs, mientras que el agua a suministrar para el proceso industrial procederá de los pozos que la empresa tiene en servicio en su actual emplazamiento así como la extracción de agua de nuevos pozos.
  
Para la evacuación de aguas residuales se prevé la construcción de una estación depuradora dentro del complejo industrial que verterá las aguas una vez depuradas al barranco del Poyo, de conformidad con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Respecto al suministro de energía eléctrica, se proyecta construir una nueva acometida mixta. Asimismo, ha sido previsto el suministro de gas natural.
  
Cuarto
  
Respecto al régimen de deberes y cesiones, conforme al artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, la promotora ha asumido las cargas y obligaciones propias de una adjudicataria de un programa de actuación urbanística. En el presente caso se plantea acogerse a las posibilidades de sustitución que permite la propia Ley del Suelo No Urbanizable en los términos que a continuación se refieren:
  
a) En concepto de cesión de dotaciones la valoración de los 28.372 m² de zona verde urbanizada se ha fijado en 72.817.894 pesetas.
  
b) En concepto de aprovechamiento:
  
- Se establece un precio de compra de 841 PTA/m². Entendiendo que con este precio se está adquiriendo el 90% del aprovechamiento a que tienen derecho los propietarios de terrenos, el valor que correspondería al 100% sería de 93,44 PTA/m².
  
- Aplicando este precio al ámbito de 283.717,26 m², daría la cantidad de 85.118.284 PTA.
  
La suma de las dos cesiones asciende a 83.254. 541 PTA.
  
Quinto
  
A la hora de definir la adecuación de la actuación a la ordenación territorial y urbanística cabe tener en cuenta los informes sectoriales favorables de las administraciones que se ven afectadas por la actuación y principalmente de los órganos medioambientales mediante declaración de impacto ambiental (Dirección General de Desarrollo Sostenible) y de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Sin embargo se presentan una serie de alegaciones que se concretan en:
  
- La consideración del suelo como suelo no urbanizable de protección agrícola PA 2. Sin embargo, cabe argumentar tanto la existencia de la declaración favorable de impacto ambiental como el informe favorable municipal en el que se indica que si bien este suelo no dispone de elevados valores para la actividad agrícola, debe ser protegido para reserva esta zona para el futuro crecimiento ordenado, que se cumple en el presente supuesto al ser la actuación equiparable a un plan parcial.
  
- Asimismo se alega la vulneración del artículo 20. 1. a) de la Ley 4/1992, el expediente incompleto, la no acreditación de la necesidad de implantación en suelo no urbanizable, el interés económico, la existencia de una subvención encubierta, así como la falta de resolución a cargo de la actuación de los servicios.
  
Estas alegaciones ya han sido contestadas y desvirtuadas a lo largo de la tramitación del expediente, por lo que cabe remitirse a su contenido, produciéndose el cumplimiento de los requisitos y presupuestos establecidos en el artículo 20 de la Ley sobre Suelo No Urbanizable.
  
- Respecto a la alegación procedente de la Cooperativa del Campo del Pozo de El Salvador de Aldaia en la que se indica que la aprobación de la actuación debería contemplar la existencia de las conducciones de riego actuales procedentes del Pozo de El Salvador y su sustitución por otras funcionalmente similares con un trazado distinto debiéndose asumir su coste por Danone, SA, cabe indicar, según la contestación remitida por la empresa y a tenor de lo establecido en las ordenanzas, que dicha cuestión ya ha sido prevista y resuelta en el proyecto presentado, y las características técnicas de dichos desvíos y reposiciones se definirán pormenorizadamente en el proyecto de urbanización.
  
Por ello, deben desestimarse las alegaciones presentadas.
  
Sexto
  
El Gobierno Valenciano es competente para la aprobación de la ordenación y definición del aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo preceptuado en el artículo 20.2 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Suelo No Urbanizable.
  
De conformidad con los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano
  
ACUERDA
  
Primero
  
Aprobar definitivamente la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por la mercantil Danone, SA, de una actuación integral consistente en la instalación de una nueva factoría de Danone, SA, y sus empresas proveedoras en los polígonos 18 y 20, parcela 25 y otras que constan debidamente identificadas en el expediente, del término municipal de Aldaia, en suelo no urbanizable, sobre una parcela de 283.717,26 metros cuadrados, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado II, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente acuerdo.
  
La aprobación de la actuación integral llevará implícita, a efectos expropiatorios, la declaración de interés social y de la necesidad de ocupación de los terrenos que, conforme al proyecto aprobado, sean necesarios para la ejecución de aquélla y para su enlace con los correspondientes sistemas generales. El promotor de la iniciativa finalmente aprobada tendrá, cuando no sea propietario de la superficie afectada por la actuación, o de parte de ella, la condición de beneficiario de la expropiación, corriendo de su cargo el abono de los justiprecios a satisfacer, con independencia de las obligaciones asumidas en el procedimiento de aprobación de su iniciativa.
  
Segundo
  
Adjudicar dicha actuación integral en favor de la entidad Danone, SA, a quien se le otorga la legitimación necesaria, a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, para promover la instalación de una nueva factoría.
  
Tercero
  
Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados, en favor del Ayuntamiento, para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
Cuarto
  
El promotor deberá garantizar ante el Ayuntamiento de Aldaia la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes del inicio de las obras.
  
Quinto
  
Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Gobierno Valenciano.
  
Sexto
  
El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado II, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado III, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años, prorrogables por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Aldaia. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.
  
Séptimo
  
El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor-adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas Administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la declaración de impacto ambiental de 1 de marzo de 1999. Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación.
  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Gobierno Valenciano, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la recepción de la notificación o publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de este acuerdo, de conformidad con lo previsto en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común o, directamente, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación o publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de este Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.
  
Valencia, 19 de abril de 1999
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,
  
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO