Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7890, del 07-10-2016 (2016/7645)

Notificación del auto dictado en el procedimiento de exequátur número 398/2015.
-------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7890

Fecha DOGV
:   07-10-2016

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2016/7645


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 9 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del auto dictado en el procedimiento de exequátur número 398/2015. [2016/7645]  
Procedimiento: asunto civil 000398/2015.  
Juicio: exequátor 000398/2015.  
Parte demandante: Daniel Alejandro Martín Salcedo.  
Parte demandada: Luisana Seijas.  
Sobre: ejecuciones en procesos relativos al derecho de familia.  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
  
«Jueza que lo dicta: Paloma Tomás Manglano, jueza de refuerzo de los juzgados de familia.  
Lugar: Valencia.  
Fecha: 1 de marzo de 2016.  
Demandante: Daniel Alejandro Martín Salcedo.  
Letrada: Adriana Pons Vila.  
Procuradora: Isabel Farinós Sospedra.  
Demandada: Luisana Seijas.  
  
Hechos  
Primero. La procuradora de los tribunales Isabel Farinós Sospedra, en nombre y representación de Daniel Alejandro Martín Salcedo, presentó solicitud de reconocimiento y ejecución en España de sentencia extranjera, en relación a la sentencia de fecha 5 de enero de 2011, dictada en el proceso de divorcio por el Circuit Court of the Seventeenth Judicial Circuit in and for Broward County, Florida (EEUU), en la que se declaró la disolución del matrimonio, aprobando el acuerdo de disolución propuesto por las partes.  
Segundo. Admitida a trámite la solicitud, conforme a lo dispuesto en los artículos 951 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, se dio traslado de la misma a la demandada, Luisana Seijas, a fin de que hiciese alegaciones en el término de nueve días, sin que tal parte hiciere manifestación alguna, tras el recibo del correo internacional remitido en que se hizo constar return to sender, unclaimed, unable to forward, return to sender. Igualmente se dio traslado de la solicitud al ministerio fiscal, el cual informó nada oponer a la eficacia civil de la resolución, quedando los autos pendientes de dictar la presente resolución.  
  
Razonamientos jurídicos  
Primero. Con carácter previo, y en orden a determinar la norma jurídica aplicable al supuesto de autos, pese a haberse dictado y hallarse en vigor la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, la cual en su disposición derogatoria única derogó los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, sin embargo la disposición transitoria única de la misma determina que: ?El título V se aplicará a las demandas de exequátur que se presenten ante los órganos jurisdiccionales españoles con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, con independencia de la fecha en que se hubiese dictado la resolución extranjera?. Dado que la solicitud inicial de reconocimiento de sentencia extranjera se presentó el 15 de marzo de 2015, resulta de aplicación al fondo del asunto y al procedimiento aplicable para el reconocimiento la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 en los artículos referidos.  
Segundo. El procedimiento del exequátur, tal y como ha manifestado el Tribunal Supremo en auto dictado el 6 de junio de 2001, se caracteriza por la naturaleza meramente homologadora de los efectos propios de la decisión extranjera, singularmente los procesales ?cosa juzgada, ejecutivos, preclusivos...-, se encamina a lograr una resolución que, sin examinar el fondo del asunto más allá de lo que obligue el control de la competencia legislativa cuando fuese procedente, el orden público del foro ?entendido en sentido internacional- permita la eficacia de la resolución, que desde entonces desplegará sus efectos en España con el alcance y extensión que poseen en origen, sin otros correctivos que los derivados de su desconocimiento en el foro o del obligado respeto al orden público. La resolución decisoria del exequátur presenta, por tanto, en este aspecto un neto carácter constitutivo procesal, por cuanto su objeto es la homologación de los efectos procesales de la sentencia extranjera con lo que, consecuentemente, la acción encaminada a realizar el derecho al reconocimiento es diferente y no puede confundirse con la acción ejercitada en el pleito de origen que motivó la sentencia por reconocer, ni con la acción de ejecución de esta, ya en el estado de origen, ya en el foro, una vez reconocida. En sentido análogo, los autos en el citado, también del Tribunal Supremo, de 21 de abril de 1998 (RJ 1998\3562), 5 de mayo de 1998 (RJ 1998/4296), 8 de septiembre de 1998 (RJ 1998/6840) y 27 de abril de 1999 (RJ 1999/2702).  
Entrando en el estudio del presente caso, de conformidad con el artículo 107 del Codigo Civil, las sentencias extranjeras de separación y divorcio producirán efectos en el ordenamiento español desde la fecha de su reconocimiento, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en otras palabras es conforme a lo dispuesto en los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, declarados expresadamente vigentes por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Ahora bien, esta referencia a la Ley de Enjuiciamiento Civil ha quedado directamente afectada por el proceso de armonización del derecho privado que se está llevando a cabo en el seno de la Unión Europea, y especialmente con la entrada en vigor el pasado 1 de marzo de 2001 del Reglamento 1347/2000, del Consejo, de 29 de mayo de 2000 (LCEur 2000\1558), relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes. De modo que a partir de esa entrada en vigor conviven en España, en relación a la eficacia de las resoluciones matrimoniales foráneas tres tipos de normas de diferente naturaleza que a su vez dan lugar a tres regímenes distintos de canalización de su posible eficacia: a) el régimen del reglamento; b) los distintos convenios bilaterales concluidos por España; y c) el régimen previsto en los artículos 952 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
En el caso de autos no existe convenio bilateral con los Estados Unidos, resultando pues de aplicación el régimen previsto en los artículos 952 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.  
Tercero. No habiéndose formulado oposición a la eficacia civil de la resolución anteriormente citada por el ministerio fiscal, apreciándose que dicha resolución así como los documentos aportados reúnen los requisitos que exige el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881: ?1.ª Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal. 2.ª Que no haya sido dictada en rebeldía. 3.ª Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España. 4.ª Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España?.  
  
Por lo demás, la sentencia objeto de este procedimiento afecta a una materia que no vulnera el orden público español, al tratarse del reconocimiento de un divorcio, institución reconocida y regulada en nuestro Código Civil.  
Atendiendo a que en la resolución dictada se cumplen los presupuestos indicados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 956 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, a que se ha escuchado al solicitante y al ministerio fiscal, procede, teniendo en cuenta la legislación vigente y que el título reúne todos los requisitos, acceder a lo solicitado en la demanda.  
  
Parte dispositiva  
Se acuerda reconocer la eficacia y ejecución en España de sentencia extranjera, en concreto de la sentencia de fecha 5 de enero de 2011, dictada en el proceso de divorcio por el Circuit Court of the Seventeenth Judicial Circuit in and for Broward County, Florida (EEUU), en la que se declaró la disolución del matrimonio formado por los cónyuges Daniel Martín y Luisana Seijas, aprobando el acuerdo de disolución propuesto por las partes.  
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma, cabe interponer recurso de apelación ante este juzgado en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, que deberá resolverse por la Audiencia Provincial de Valencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 956.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.  
Una vez que sea firme, comuníquese el presente auto al encargado del registro civil correspondiente para que proceda a la oportuna anotación marginal.  
  
Así lo pronuncio, mando y firmo.»  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por diligencia de ordenación de los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2001, publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de notificación.  
  
Valencia, 5 de septiembre de 2016.- El letrado de la Administración de Justicia: Antonio Salvador Rodríguez-Moldes Peiró.