Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4753, del 14-05-2004 (2004/4530)

Notificación a Miguel-Hugo Zurriaga Hernández. Expediente número 121/4563 YRG.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4753

Fecha DOGV
:   14-05-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/4530


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Miguel-Hugo Zurriaga Hernández. Expediente número 121/3529 TJS. [2004/Q4530]
  
De conformidad con lo acordado por esta Subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente edicto se procede a notificar a Miguel-Hugo Zurriaga Hernández, con último domicilio conocido en la calle de La Paz, 8, 1,ª, de Puerto de Sagunto (Valencia), acuerdo de iniciación de fecha 5 de abril de 2004, dictado por el director territorial de Territorio y Vivienda de Valencia en el expediente sancionador número 121/3596 UQT, que se está tramitando en la Unidad de Inspección del Territorio de esta conselleria:
  
Vistas las actuaciones previas practicadas al amparo del artículo 12 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Visto que en fecha 20 de enero de 2004, por la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Valenciana ha podido constatarse que, en la parcela número 724 del polígono número 56, del término municipal de Sagunto, Marjal de la Almardá, cuyo titular es Miguel-Hugo Zurriaga Hernández, parcela incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana número 4, Marjal i Estany d'Almenara, siendo suelo protegido y no urbanizable según el Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto. La referida parcela ha sido objeto de aterramiento consistente en material de derribo, constatando a su vez la presencia de tubos de plástico, algunos objetos metálicos y escombros procedentes de derribos, infringiendo lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
  
Visto que los hechos referidos están tipificados en el artículo 52 apartado 16 de la Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, y calificada de menos grave en el artículo 54.2.c, y cuya sanción viene determinada en el artículo 58 de la citada ley, el cual establece:
  
Las infracciones tipificadas en el artículo 52 de esta ley se sancionarán con las siguientes multas:
  
b) Infracciones menos graves: de 601,02 euros a 6.010,12 euros.
  
En el presente supuesto la sanción sería 3.005 euros (tres mil cinco euros).
  
Visto que, con independencia de la sanción que proceda, el infractor está obligado a la reparación del daño y reposición de las cosas a su estado original tal y como establece el artículo 55 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. En el presente caso consistirá en la reposición del terreno a su ser y estar anteriores a la realización de los aterramientos.
  
En el supuesto de que los responsables de las infracciones no procedan a la reparación del daño causado, la Conselleria de Territorio y Vivienda podrá optar por imponer multas coercitivas de hasta 3.005,06 euros, reiteradas por lapsos de tiempo suficientes para llevar a cabo lo ordenado, o proceder a la reparación de forma subsidiaria a costa del responsable. Las cantidades correspondientes a la ejecución subsidiaria serán exigibles por vía ejecutiva.
  
Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, siendo órgano competente para la resolución del presente expediente el director territorial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
  
A la vista de lo dispuesto en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y lo establecido en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se acuerda:
  
La incoación del correspondiente expediente sancionador contra Miguel-Hugo Zurriaga Hernández, por presunta infracción del artículo 52, apartado 16, de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, en relación con el artículo 15 de la citada ley.
  
Así mismo se acuerda nombrar instructora y secretaria del expediente sancionador, a Amparo Renau Almela y Susana Carrasco Marí, respectivamente, a quienes se les notificará en forma este nombramiento, así como a los inculpados, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, para que en cualquier momento del procedimiento puedan ser objeto de recusación a tenor de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del la citada Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
En virtud de lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, se le concede un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes, significándole que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, el presente acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1.398/1993.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, apartado 4, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el apartado 6 del artículo 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse dictado y notificado éste se producirá la caducidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.