Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3948, del 27-02-2001 (2001/1485)

Notificación de la Resolución de 18.12.2000, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3948

Fecha DOGV
:   27-02-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2001/1485


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución de 18.12.2000, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. [2001/X1485]
  
Al no haberse podido practicar la notificación a doña Mª Consuelo Caplliure Arce y conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 18 de diciembre de 2000.
  
Visto el recurso de reposición formulado por doña Mª Consuelo Caplliure Arce contra la denegación presenta una solicitud de anulación de la resolución de 23 de diciembre de 1999, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba definitivamente el Plan Especial Modificativo del Plan General de Valencia con expediente de Homologación para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia, y del que resultan los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. El Plan Especial Modificativo del Plan General de Valencia con expediente de homologación para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia fue aprobado definitivamente por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por resolución de fecha 23 de diciembre de 1999. Dicha resolución junto con las correspondientes normas urbanísticas se publicó en el BOP de fecha 22 de febrero de 2000, y una reseña en el DOGV de fecha 7 de marzo de 2000.
  
Segundo. Con fecha 21 de enero de 2000 se presentó escrito por doña Mª Consuelo Caplliure Arce en el que se solicita ?se anule o declare nulo el acto administrativo por el que se aprueba el P. E. modificativo del P.G. de Valencia con homologación, para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Valencia, y a continuación se le conceda vista y traslado del expediente para que formule alegaciones en defensa de sus derechos e intereses.
  
Ante la falta de contestación expresa a su petición, por la interesada se presenta nuevo escrito de fecha 14.6.2000, con registro de entrada en esta Conselleria del día 19.6.2000, en el que reitera los argumentos expuestos en su petición anterior y termina solicitando que «se tenga por interpuesto recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo de mi solicitud de fecha de entrada en el registro el 21 de enero de 2000, de conformidad con el artículo 43.2 de la Ley 4/1999». Solicita a continuación que se le «expida certificación acreditativa del silencio administrativo producido sobre la anterior solicitud de fecha 21.1.2000, de conformidad con el artículo 43.5 del referido cuerpo legal».
  
Tercero. El Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia en fecha 13 de septiembre de 2000, informó desfavorablemente el presente recurso.
  
Cuarto. El Servicio Jurídico de la COPUT emite informe en el que se concluye con la procedencia de desestimar el recurso de reposición interpuesto por la interesada, así como ratificar expresamente la denegación por silencio administrativo de la petición formulada por la misma interesada el día 21 de enero de 2000.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Según se desprende de los antecedentes fácticos relatados, en un primer momento se advierte que nos hallamos ante un procedimiento administrativo incoado a petición de un particular, que no ha recibido contestación expresa por parte de la administración.
  
Dicha petición reclamaba de la administración la anulación de un acto administrativo ?»que se anule o declare nulo», requería concretamente la interesada- por el que se había otorgado la aprobación definitiva de un documento de planeamiento. Lejos de declarar la inadmisibilidad de dicha petición, en los términos en que la nueva redacción del artículo 102.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LPAC), permite hacer a la administración cuando las peticiones «no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento», se dejó transcurrir el tiempo sin contestar de forma expresa.
  
Ante la falta de respuesta expresa a su petición, la interesada presenta nuevo escrito de fecha 14.6.2000, con registro de entrada en esta Conselleria del día 19.6.2000, por el que manifiesta que interpone recurso de alzada «contra la desestimación por silencio administrativo de mi solicitud de fecha de entrada en el registro el 21.1.2000».
  
Ante tales antecedentes, son varias las cuestiones jurídico-formales planteadas:
  
1. Error en la calificación del recurso. Es evidente que la interesada ha calificado erróneamente su recurso como de alzada, debiéndose entender como de reposición, en los términos en que se expresa el artículo 110.2 LPAC. La petición que dio origen al procedimiento se formuló genéricamente ante la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, solicitando «que se anule o se declare nulo» un acto administrativo dictado por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Luego es este último órgano administrativo el que tiene la competencia para resolver dicha petición.
  
Ningún otro órgano administrativo a él subordinado podía resolverla, dado el sistema de distribución competencial entre los órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana diseñado por el Reglamento aprobado por Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano. Y teniendo el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes la competencia para resolver la petición, su desestimación presunta por silencio administrativo, al poner fin a la vía administrativa, sólo podía ser objeto de recurso de reposición, en los términos señalados por el artículo 116 de la LPAC.
  
2. Si el escrito de petición presentado por la interesada es calificado como solicitud de revisión de oficio de una disposición o acto nulo, en los términos del artículo 102 de la LPAC, y dado que la petición se formuló el día 21.1.2000, su denegación presunta se produjo el día 21.4.2000, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 de dicho precepto.
  
3. Al producirse la denegación de la petición por acto presunto, el plazo para la interposición del recurso de reposición es de tres meses, «a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto», como establece el artículo 117.1 LPAC. A la luz de los antecedentes incorporados al expediente administrativo, dicho plazo finalizaba el día 22.7.2000, por lo que cabe concluir que doña Mª Consuelo Caplliure Arce ha interpuesto el recurso de reposición dentro del plazo legal establecido para ello.
  
4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes, según establece el artículo 117.2 de la LPAC. Dado que el recurso se interpuso el día 19-6-2000, ha transcurrido con creces dicho plazo, por lo que habrá que valorar si los efectos del silencio son estimatorios o desestimatorios, teniendo en cuenta que el recurso de reposición se interpuso contra la denegación igualmente presunta de una petición.
  
De un estudio sistemático de los artículos 43, 115 y 117 de la LPAC, cabe concluir que la ley sólo contempla el efecto estimatorio de un recurso no resuelto dentro de plazo cuando se trata de un recurso de alzada interpuesto contra la denegación por silencio administrativo de una solicitud, pero no cuando dicho recurso es el de reposición. Es por ello que, en el estado actual de tramitación del procedimiento, deberá tenerse en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por la interesada debe entenderse desestimado por silencio administrativo, con independencia de la obligación de la administración de dictar un acto expreso.
  
En definitiva, tras las consideraciones jurídicas expuestas no cabe sino admitir a trámite el recurso interpuesto como de reposición, a pesar de su errónea calificación, al haber sido presentado dentro del plazo legal establecido en el artículo 117.1 de la LPAC, concurriendo en la interesada, igualmente, los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa necesarias para su interposición.
  
Segundo. La petición presentada por doña Mª Consuelo Caplliure Arce ante esta Conselleria el día 21.1.2000, por la que solicitaba «se anule o se declare nulo el acto administrativo por el que se aprueba el plan especial modificativo del Plan General de Valencia con expediente de homologación para desarrollo de la zona de actividades logísticas del Puerto de Valencia», debe considerarse a todas luces falto de motivación y fundamentación jurídica suficientes para prosperar, sin que dicha petición se base tampoco en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 de la LPAC. Por ello, resulta procedente inadmitir a trámite dicha solicitud, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, de conformidad con el art. 102.3 de la LPAC, que dispone: ?El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del art. 62 o carezcan manifiestamente de fundamento...-.
  
Dado que dicha denegación ya se produjo por silencio administrativo, en estos momentos no procede sino ratificarla de forma expresa, al mismo tiempo que se desestima el recurso de reposición interpuesto.
  
Tercero. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es competente para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, aprobado por Decreto 110/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano, y el artículo 14 del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de reposición formulado por doña Mª Consuelo Caplliure Arce y ratificar la denegación por silencio administrativo de la petición formulada por la recurrente en día 21 de enero de 2000.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso'administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso'administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.