Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8856, del 14-07-2020 (2020/5563)

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Social, sobre servicios esenciales con ocasión de la huelga convocada en la empresa Zardoya Otis, SA, que afecta a la prestación del servicio de mantenimiento de aparatos elevadores y atención de avisos de ascensores parados, atrapados y emergencias de la Comunitat Valenciana.
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Número DOGV
:   8856

Fecha DOGV
:   14-07-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2020/5563


Fecha del documento
:   10-07-2020

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * huelga

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Social, sobre servicios esenciales con ocasión de la huelga convocada en la empresa Zardoya Otis, SA, que afecta a la prestación del servicio de mantenimiento de aparatos elevadores y atención de avisos de ascensores parados, atrapados y emergencias de la Comunitat Valenciana. [2020/5563]  
  
Antecedentes  
Primero. Con fecha 9 de julio de 2020, José María Ávila Muñoz, en nombre y representación de la empresa Zardoya OTIS, SA, presenta solicitud ante el conseller de Empleo Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de fijación de servicios mínimos para la convocatoria de huelga con inicio el día 13 de julio de 2020, a las 00:00, hasta las 24 horas del día 14 de julio de 2020.  
Segundo. Zardoya Otis, SA, es una entidad mercantil legalmente constituida dedicada a la fabricación, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos elevadores y escaleras mecánicas y atención de avisos de ascensores parados y emergencias teniendo afectos a este menester tres centros fabriles en España, 137 centros repartidos por toda España, 180.000 aparatos elevadores y escaleras mecánicas en cartera de mantenimiento y un total de 2.904 empleados en toda España  
Tercero. La empresa presta un servicio esencial para la comunidad, como son los servicios referidos a «atención de avisos de ascensores parados, atrapados y emergencias de aparatos elevadores», al tratarse de obligaciones tendentes a asegurar la integridad de las personas. La falta de prestación del servicio de mantenimiento de aparatos elevadores y la desatención de posibles averías en los mismos se entiende que podría ser causa de graves perjuicios para la vida, la integridad y la salud de las personas usuarias. Por este motivo, se considera necesario disponer de un contingente suficiente de trabajadores que permita solucionar las eventuales emergencias y los rescates de personas derivados de las averías que se produzcan en los ascensores durante los días en que está convocada la huelga.  
  
Fundamentos jurídicos  
I. La competencia para establecer las medidas necesarias para el funcionamiento del servicio público a que se refiere el artículo 10 del Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, viene atribuida a la Secretaría Autonómica de Empleo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias en que se organiza la Administración de la Generalitat y sus atribuciones; en relación con el artículo 116 del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y el Decreto 104/2017, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y por delegación de firma la Dirección General de Trabajo Bienestar y Seguridad Laboral, de acuerdo con la Resolución de 2 de agosto de 2019, del secretario autonómico de Empleo.  
II. El derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 CE tiene carácter de derecho fundamental, dada su ubicación en la sección primera del capítulo II del título I CE, y, por tanto, con los medios de tutela y garantía reforzada establecidos en el artículo 53.1 y 2 CE. La STC 11/1981, de 8 de abril, señala (f. j. 9) que «la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea del estado social y democrático de derecho establecido por el artículo 1.1 CE, que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes, y entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socio-económicos, conflictos que el estado social no puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces institucionales; lo es también con el derecho reconocido a los sindicatos en el artículo 7 de la Constitución, ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad democrática, vaciado prácticamente de contenido; y lo es, en fin, con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sociales sean reales y efectivas (art. 9.2 CE)». En el mismo sentido la STC 33/2011, de 28 de marzo.  
En esta línea, la STC 123/1992, de 28 de septiembre, estableció que «el derecho de huelga, que hemos calificado ya como subjetivo por su contenido y fundamental por su configuración constitucional, goza además de una singular preeminencia por su más intensa protección. En efecto, la Constitución reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la huelga, para colocarlo en lugar preferente, el art. 28, confiriéndole ?como a todos los de su grupo- una mayor consistencia que se refleja en el mayor rango exigible para la ley que lo regule y en la más completa tutela jurisdiccional, con un cauce procesal ad hoc en la vía judicial ordinaria y el recurso de amparo ante nosotros (arts. 53, 81 y 161 CE). La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva del empresario, regulada en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores».  
III. Sin embargo, lo señalado anteriormente no supone que los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución tengan la consideración de absolutos o ilimitados. Respecto del derecho de huelga, el límite viene dado por la concurrencia con otros derechos fundamentales y por el respeto de los bienes constitucionalmente protegidos.  
Desde la citada STC 11/1981, de 8 de abril, el Tribunal Constitucional ha ido estableciendo estos límites (SSTC 26/1981, 33/1981, 51/1986, 53/1986, 27/1989 y 43/1999, entre otras), en la medida en que la destinataria y acreedora de los servicios afectados por la huelga es la comunidad entera y, al mismo tiempo, esenciales para ella, sin que la consideración de un servicio como esencial implique la supresión de este derecho, sino únicamente la adopción de las garantías precisas para compatibilizar ambos intereses.  
Respecto a las limitaciones de la huelga por afectar a servicios esenciales, la STC 184/2006, de 19 de junio, ha establecido lo siguiente: «a) El derecho de huelga puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, aunque nunca podrán rebasar su contenido esencial, hacerlo impracticable, obstruirlo más allá de lo razonable o despojarlo de la necesaria protección. Una de esas limitaciones, expresamente previstas en la Constitución, procede de la necesidad de garantizar los servicios esenciales de la comunidad (SSTC 11/1981, de 8 de abril, FFJJ 7, 9 y 18; 51/1986, de 24 de abril, FJ 2; 53/1986, de 5 de mayo, FJ 3; 27/1989, de 3 de febrero, FJ 1; 43/1990, de 15 de marzo, FJ 5 a); 148/1993, de 29 de abril, FJ 5)». Consecuentemente, la consideración de un servicio como esencial no puede significar en modo alguno la supresión de este derecho para los trabajadores ocupados en tal servicio, sino solo la adopción de las garantías precisas para su mantenimiento; señalándose finalmente que si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma la presión adicional del daño innecesario que sufre la comunidad como usuaria de los servicios públicos.  
En el mismo sentido, la STS de 29 de mayo de 1995 (RJ 4395), estableció que los límites ostentan diferente significación, en función del servicio afectado, por lo que debe establecerse una graduación jerárquica entre los mismos, atendiendo a las «características» de los que están en pugna.  
IV. De acuerdo con doctrina constitucional reiterada, el carácter esencial de un servicio, lo es, no tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega, sino por la de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación de que se trata, debiendo ser esenciales los bienes e intereses satisfechos, para que el servicio sea esencial, lo que nos sitúa, como se ha señalado, en el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y en el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en el ámbito a que se concreta esta resolución, se traduce en el derecho a la salud pública reconocido en el artículo 43 de la CE, respecto a los cuales corresponde a los poderes públicos su organización y tutela a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y de los servicios necesarios.  
V. La clase y número de trabajos que hayan de realizarse para cubrir los derechos y libertades que el servicio satisface, y el tipo de garantías que ha de adoptarse, no pueden determinarse de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes o derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurren para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho de huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de noviembre de 1997, núm. 1147/1997).  
En este sentido la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2007 ha incidido en la exigencia de motivación en las resoluciones que fijen los servicios mínimos, señalando que esta misma debe concretarse hasta alcanzar a las circunstancias singulares de la convocatoria de que se trate. También la STS de 10 de noviembre de 2010, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, ha incidido en esta exigencia, en mayor medida cuando se refuerzan servicios mínimos establecidos en sentencias anteriores, y en la exigencia de distinguir en el establecimiento de servicios mínimos las peculiaridades de los diversos días y horas que concurren en una misma convocatoria.  
VI. En el establecimiento de los servicios esenciales mínimos a desempeñar es necesario distinguir las peculiaridades concretas de cada convocatoria.  
La falta de prestación del servicio de mantenimiento de aparatos elevadores y la desatención de posibles averías en los mismos se entiende que podría ser causa de graves perjuicios para la vida, la integridad y la salud de las personas usuarias. Por este motivo, se considera necesario disponer de un contingente suficiente de trabajadores que permita solucionar las eventuales emergencias y los rescates de personas derivados de las averías que se produzcan en los ascensores durante los días en que está convocada la huelga.  
El Real decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria AEM 1, «Ascensores», del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por el Real decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, tiene por objeto definir las reglas de seguridad aplicables a los ascensores para proteger a las personas y a las cosas contra los diferentes riesgos de accidentes que pudieran producirse como consecuencia del funcionamiento y mantenimiento de dichos aparatos.  
Así, por lo que afecta a las obligaciones de las empresas conservadoras de ascensores en relación con su actividad, deben garantizar en plazo máximo de 24 horas, el envío de personal competente cuando sea solicitado por el titular o por el personal encargado del servicio ordinario del ascensor para corregir averías que ocasionen la parada del mismo, sin atrapamiento de personas en la cabina; y de manera inmediata cuando sean requeridos por motivo de parada del ascensor con personas atrapadas en la cabina o accidentes o urgencia similar.  
El servicio de mantenimiento de ascensores que presta la empresa Zardoya Otis, SA, es un servicio esencial para la comunidad, que no se puede ver afectado por el ejercicio del legítimo derecho de huelga de sus trabajadores, ya que una deficiente atención a las emergencias derivadas de las averías de aparatos elevadores entraría en colisión con los derechos a la vida, a la libre circulación de las personas y a la salud que recogen los artículos 15, 19 y 43 de la Constitución, derechos fundamentales de la persona que, en conjunto, prevalecen respecto del derecho de huelga, previsto en el artículo 28.2 de la Constitución. A ello hay que añadir que la atención a las emergencias y reparaciones de aparatos elevadores, tiene aún mayor relevancia en aquellos casos en que estos estén instalados en determinado tipo de edificios públicos y privados en los que se presenten servicios sanitarios o en los que se atiendan a personas con diversidades funcionales físico-mtoras o de movilidad.  
VII. El establecimiento de los servicios mínimos, aun cuando debe asegurar la continuidad del servicio durante la huelga, ha de realizarse con un criterio restrictivo, sin pretender alcanzar el nivel de funcionamiento habitual, debiendo existir una razonable adecuación o proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga, derivada de la fijación de estos servicios mínimos, entre los sacrificios que se imponen a los huelguistas y los que padezcan los usuarios (SSTC 51/86, 53/86, y 123/90, entre otras).  
Por todo ello, cabe concluir que en la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los mismos, según establece el párrafo segundo del art. 10 del Real decreto legislativo 17/1977 mencionado, debe conjugarse el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y la atención de los servicios esenciales para la comunidad. De este modo, los servicios esenciales deben establecerse en la justa y estricta medida para el mantenimiento de dicho servicio, que implica únicamente la prestación de los trabajos necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertad o bienes que el propio servicio satisface, pero sin alcanzar el nivel de rendimiento habitual, ni asegurar su funcionamiento normal. Señala el Tribunal Constitucional que estos servicios mínimos afectan a la parte de la actividad que se juzga no susceptible de interrupción para no dañar irremediablemente los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes protegidos constitucionalmente, objetivo este que se considera cumplido con el nivel de servicios mínimos que se señalan a continuación.  
VIII. En orden a determinar el porcentaje de servicios esenciales mínimos a desempeñar hay que valorar, además de las consideraciones realizadas acerca del servicio que se presta y su incidencia en los derechos a la protección de la salud, las características concretas del servicio, que justifican la fijación de un porcentaje determinado para su prestación.  
Procede, en consecuencia, establecer unos servicios mínimos que permitan la atención de avisos de ascensores parados, atrapados y emergencias, ya que no puede quedar desatendido el servicio de mantenimiento para atender las averías que se produzcan en los ascensores, dado el grave perjuicio que podría ocasionar a las personas, por lo que la empresa deberá disponer de un número de trabajadores suficiente para solucionar las emergencias y los rescates de personas.  
Así, se determina lo siguiente:  
- Prestación del servicio previsto habitualmente para un domingo o día festivo.  
- Asimismo, deberá existir al menos un técnico en cada oficina de servicio, hasta un máximo de tres, según el siguiente ratio: por cada 1.000 unidades en mantenimiento, un técnico; entre 1.000 y 2.000 unidades, dos técnicos y más de 2.000 unidades, tres técnicos.  
- La atención al servicio deberá realizarse durante las 24 horas.  
La designación de los trabajadores que desarrollen estas labores se realizará por la compañía, debiendo asimismo considerarse como servicio mínimo el servicio de atención de llamadas 24 horas así como el de la asignación de los operarios disponibles para prestar los servicios mencionados.  
IX. Los anteriores servicios mínimos se han establecido teniendo en cuenta asimismo que en la fijación de los servicios mínimos se debe respetar el derecho de huelga, sin impedir ni menoscabar su ejercicio mediante medidas indirectas.  
X. En la presente resolución se han cumplido todas las prescripciones legales de carácter general, así como las específicas reguladoras de la materia concreta.  
  
Por todo ello, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:  
  
Primero  
A los efectos previstos en artículo 10.2 del Real Decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, y disposiciones concordantes, se determinan las medidas necesarias para asegurar los servicios esenciales mínimos que deberán prestarse por el personal afectado mientras dure la situación de huelga, en los términos que a continuación se especifican:  
Se prestará el servicio previsto habitualmente para un domingo o día festivo. Asimismo, deberá existir al menos un técnico en cada oficina de servicio, hasta un máximo de tres, según el siguiente ratio: por cada 1.000 unidades en mantenimiento, un técnico; entre 1.000 y 2.000 unidades, dos técnicos y más de 2.000 unidades, tres técnicos. Y la atención al servicio deberá realizarse durante las 24 horas.  
La designación de los trabajadores que desarrollen estas labores se realizará por la compañía, debiendo asimismo considerarse como servicio mínimo el servicio de atención de llamadas 24 horas, así como el de la asignación de los operarios disponibles para prestar los servicios mencionados. En particular, requerirá a la mayor brevedad, de modo individual y fehaciente, a todos los trabajadores que designen para cubrir los servicios mínimos, cuyo incumplimiento llevará aparejadas las responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.  
A la empresa, oído el comité de huelga, corresponderá la aplicación de estos servicios, así como los demás de carácter esencial no previstos en este acto, que deberán prestarse con los medios personales estrictamente necesarios para asegurar su prestación en condiciones de máxima seguridad, responsabilizándose las partes del cumplimiento de estos servicios esenciales mínimos.   
  
Segundo  
Lo dispuesto en los apartados anteriores de esta resolución, no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconozca al personal en dicha situación no empleado en la cobertura de los servicios mínimos establecidos, ni tampoco afectará a la tramitación o efectos de las peticiones que motiven la huelga.  
  
Tercero  
Notifíquese la resolución a la empresa, al comité de huelga y a la Subdelegación del Gobierno.  
  
Cuarto  
La presente resolución tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su notificación a las partes interesadas.  
  
Adviértase con la notificación a las partes el derecho que les asiste de recurrir la presente resolución ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a su notificación, en la forma prevista en los artículos 115 y ss. de la mencionada ley.  
  
València, 10 de julio de 2020.- El secretario autonómico de Empleo, p. d. (R 02.08.2019), el director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral: Gustavo José Gardey Cardona.