Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4763, del 28-05-2004 (2004/5473)

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2004, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se acuerda avocar en dicha Dirección el conocimiento y resolución de los expedientes de regulación de empleo de suspensiones de contrataciones de trabajo, vinculadas al Plan de Ayudas en el Sector Textil.
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Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/2004/05/26/(1)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   4763

Fecha DOGV
:   28-05-2004

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2004/5473


Fecha del documento
:   26-05-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * competencia administrativa
    * industria textil
    * supresión de empleo
    * legislación
    * apoyo económico

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2004, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se acuerda avocar en dicha Dirección el conocimiento y resolución de los expedientes de regulación de empleo de suspensiones de contrataciones de trabajo, vinculadas al Plan de Ayudas en el Sector Textil. [2004/X5473]
  
El artículo 14.1 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, establece la posibilidad de que los órganos administrativos superiores recaben para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial, lo hagan conveniente, pudiendo producirse esta avocación de competencias con carácter general o con carácter puntual.
  
Ante el horizonte de la liberalización de los productos textiles a partir de enero de 2005 y la repercusión en la industria textil y de la confección nacional, los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y el de Ciencia y Tecnología y el Observatorio Industrial Textil, suscribieron el 21 de noviembre de 2003, un Acuerdo Marco que contempla determinadas medidas orientadas a favorecer la adecuación del sector textil-confección al nuevo escenario, evitando de este modo, que situaciones de posibles crisis de carácter coyuntural, se conviertan en irreversibles.
  
Siendo la industria textil y de la confección, una de las actividades industriales con mayor implantación en la Comunidad Valenciana y con la finalidad de concretar en la misma las medidas contempladas en el citado Acuerdo Marco en cuanto a la necesidad de potenciar la ?empleabilidad- de los trabajadores del citado sector mediante el diseño de instrumentos formativos que garanticen la perfecta adecuación del capital humano al nuevo entorno empresarial, el Gobierno Valenciano y los miembros del Observatorio Textil, suscribieron el 16 de febrero de 2004 un Acuerdo en el que se prevén actuaciones específicas de formación para los trabajadores de las empresas de la Comunidad Valenciana que tengan sus contratos de trabajo suspendidos a través de un expediente de regulación de empleo y durante la duración de la citada suspensión, formación que el Gobierno Valenciano favorece, a través de una ayuda a las empresas del sector contempladas en los citados acuerdos, consistente en una subvención por cada trabajador vinculada a su participación en las citadas actividades de formación.
  
La repercusión social de este Plan, que afecta a empresas de toda la Comunidad Valenciana, la necesidad de coordinar las distintas peticiones y cooperar con todos los órganos administrativos implicados en este proceso así como el gran número de trabajadores afectados, hace aconsejable que se resuelvan por esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral todos los expedientes de regulación de empleo por causas técnicas, económicas, organizativas o de producción para la autorización de suspensiones de contratos de trabajo que se presenten por las empresas que se encuentren en una situación de crisis coyuntural, en las que corresponda la competencia para resolver las mencionadas solicitudes, a los directores territoriales de Empleo y Trabajo de Valencia, Alicante y Castellón de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
  
Considerando la conveniencia que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral avoque para sí el conocimiento y resolución de las mencionadas solicitudes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
  
Considerando lo dispuesto en los artículos 2º del RD 43/1996, de 19 de enero, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Regulación de Empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, 33.1 de la Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Valenciana, en relación con el Real Decreto 262/1985 de 23 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de Regulación de Empleo, y Decreto 112/2003 del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
  
Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación, acuerdo:
  
Avocar en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral el conocimiento y la resolución de los expedientes de regulación de empleo de suspensiones de contratos de trabajo vinculadas al Plan de Ayudas al Sector Textil, instados ante la Autoridad Laboral, que se presenten por las empresas de la Comunidad Valenciana, cuyas características se especifican en la presente resolución, en las que corresponde la competencia para resolver a los directores territoriales de Empleo y Trabajo de Valencia, Alicante y Castellón de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2º de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, contra el mismo no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que pueda impugnarse en el recurso que en su caso se interponga contra la resolución del procedimiento.


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