Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6714, del 15-02-2012 (2012/1250)

Bases particulares reguladoras de la adjudicación del programa de actuación integrada por gestión indirecta correspondiente al sector SUS-R.1 QN-W Blue Lagoon del Plan General de San Miguel de Salinas.
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Número DOGV
:   6714

Fecha DOGV
:   15-02-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2012/1250


Fecha del documento
:   27-01-2012

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de San Miguel de Salinas

Tipo de documento
:   Anuncio

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * San Miguel de Salinas
    * contrato administrativo
    * plan de urbanismo

Bases particulares reguladoras de la adjudicación del programa de actuación integrada por gestión indirecta correspondiente al sector SUS-R.6 TC-J Blue Lagoon del Plan General de San Miguel de Salinas. [2012/1250]
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2012, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«Primero. Iniciar el procedimiento por medio de gestión indirecta para el desarrollo del programa de actuación urbanística integrada del sector de suelo urbanizable sectorizado SUS-R.1 DE-A Blue Lagoon, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
Segundo. Aprobar las bases particulares para la programación de la actuación urbanística integrada del sector de suelo urbanizable sectorizado SUS-R.4 ZN-Q Blue Lagoon.
Tercero. Ordenar la publicación del correspondiente anuncio de concurso para la selección del agente urbanizador, que se insertará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Diario Oficial de la Unión Europea, en primer lugar y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.»
Fecha de remisión del presente anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 27 de enero de 2012.
Entidad local adjudicadora del programa: Ayuntamiento de San Miguel de Salinas (Alicante) España; c/ 19 de Abril, nº 36, 03226.
Teléfono: +65 520 768 719 /Fax: +25 435 066 007
Página web:
Dirección mail:
Bases particulares para la programación del sector SUS-R.3 JO-X Blue Lagoon Plan General de San Miguel de Salinas (arts. 131 LUV y 286 y 287 ROGTU)
1. Planeamiento vigente (art. 228.6.4.DSD)
El vigente Plan General del término municipal de San Miguel de Salinas ha sido aprobado definitivamente por acuerdo de la CTU de Alicante de fecha 11 de mayo de 2007 (exp. 44/07). Su contenido ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOPA) nº 241-1 de fecha 16 de diciembre de 2008. El Plan General vigente contempla el sector SUS-R.0 CH-K Blue Lagoon como suelo urbanizable, con una superficie de sector de 26.105 m², y uso dominante residencial. Este sector constituye el ámbito de estas BBPP cuyo objeto ha de ser su ordenación, programación y gestión. El marco normativo regulador de estas bases particulares, se completa con las bases generales de adjudicación de propuesta de actuaciones integradas, con las que se ha dotado el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas y han sido publicadas en el BOPA nº 31 de fecha 8 de febrero de 2007 y corrección de errores publicadas en BOP nº 211 de 28 de octubre de 2007 y modificación de su ordenanza reguladora publicada en el BOP nº 170 de 6 de septiembre de 2010.
Se reproduce la ficha de planeamiento, del Plan General relativa al sector SUS-R.1 MQ-Q Blue Lagoon.Bases particulares
Primera. Objeto y ámbito
Las presentes bases particulares tienen como ámbito propio el desarrollo del sector SUS-R.9 KF-U Blue Lagoon, siendo que su ámbito se fija atendiendo a los siguientes datos objetivos establecidos por el Plan General.
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Segunda. Régimen jurídico (art. 286.1.d, e y f. ROGTU)
El presente contrato tiene naturaleza administrativa especial, y se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, por lo dispuesto en el reglamento que la desarrolla, y las cláusulas contenidas en las presentes bases particulares de programación, así como en las bases generales de programación.
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV, del libro II, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las normas de derecho comunitario y demás disposiciones que regulan la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación será el siguiente: bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución de programa de actuación integrada o aislada.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos para el desarrollo y ejecución de los programas de actuación integrada o aislada, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, efectos y procedimientos establecidos en la normativa aplicable
Tercera. Objetivos imprescindibles y complementarios del programa
De conformidad con el artículo 124 de la LUV, el programa de actuación integrada deberá contener las previsiones precisas para conseguir los siguientes objetivos mínimos:
a. Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa
b. Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen para cumplir lo dispuesto en los apartados siguientes, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.
c. Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras, red ferroviaria, dominio público hidráulico, dominio público marítimo-terrestre y otros)
- Presentar, en su caso, estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).
- Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las obras complementarias que fuesen necesarias.
d. Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existente y exigible reglamentariamente.
e. Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente, así como gestionar la obtención del suelo preciso para urbanizar los terrenos afectados por condiciones de conexión mediante las técnicas que puedan resultar precisas a tal efecto (reservas de aprovechamiento, ocupación directa, redelimitación de la unidad de ejecución, etc. ...). A estos efectos:
- El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente certificación acreditativa de ello.
- Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de urbanización, levantado la correspondiente acta de entrega.
- Los transformadores de energía eléctrica se considerarán equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados.
f. Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público de suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, y libre de cargas.
g. Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.
h. Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora, incluyendo un cronograma en el que se indique expresamente el plazo de edificación de los terrenos propiedad del urbanizador o de otros propietarios adheridos a su iniciativa de programa.
Cuarta. Procedimientos y forma de adjudicación del contrato
El presente concurso se regirá por las bases generales del término municipal de San Miguel de Salinas, las reglas y normas que resultan del contenido de las presentes bases particulares, por las contenidas en la LUV, el ROGTU y atendiendo a la legislación de contratos, en concreto a la modalidad establecida en la LCSP de procedimiento abierto y por concurso.
Se regirá el procedimiento por lo establecido en los arts. 130 a 140 LUV y arts. 284 a 325 ROGTU. Es criterio esencial de este procedimiento la celeridad, eficiencia y eficacia, ligada a omisión de trámites innecesarios.
Quinta. Candidatos a agente urbanizador (art. 121 LUV y art. 310 ROGTU)
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación integrada todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles según las presentes bases.
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación integrada las personas en las que concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
3. La presencia en el equipo técnico o redactor del aspirante a urbanizador de particulares que hubieran participado en la redacción, tramitación o aprobación, provisional o definitiva, del Plan de Acción Territorial o del Plan General que afecte a la ordenación del ámbito del Programa que se licita, determinará la descalificación de esa iniciativa de programa en los términos establecidos en la normativa reguladora de los contratos de las administraciones públicas.
4. El procedimiento para la exclusión de candidatos a urbanizador será el establecido en el artículo 311 del ROGTU.
El candidato a urbanizador, no podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una agrupación. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas de programa presentadas por éste.
Sexta. Precio de licitación, garantías provisional y definitiva (art. 140 LUV y art. 286.1.h) y i) ROGTU)
6.1. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 132.1.h y 140 LUV y art. 286.h) y i) ROGTU y base 11ª de las generales, los candidatos a agente urbanizador constituirán una garantía provisional equivalente al 2%, 29.799,80 euros (veintinueve mil setecientos noventa y nueve con ochenta euros) del coste estimado de cargas de urbanización que se concretan en la cantidad total de 1.489.980 euros, IVA incluido (un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta euros) En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la base 11ª de las generales. La expresada cantidad de 1.489.980 euros opera a los efectos del art. 140 LUV constituye una mera estimación. La estimación de cargas del programa de actuación integrada, se apunta en estas bases a los solos efectos de calcular el importe de la garantía provisional que deberán prestar todos los concursantes, de acuerdo con lo dispuesto en la base general 11ª, y en la Ley Urbanística Valenciana. La expresada estimación no opera como límite.
6.2. Cuando participe como licitador una unión temporal de empresas, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas partícipes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado anterior, y se garantice solidariamente por todos los integrantes de la UTE.
6.3. En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en la legislación de contratos. La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el contrato, acordándose su devolución en la adjudicación. Sin embargo, será retenida la del adjudicatario e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. En cualquier caso, será devuelta transcurrido un año desde la publicación de la convocatoria y no sea resuelto el expediente.
6.4. En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y la de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. Para el adjudicatario del presente concurso dicho porcentaje quedará afecto al pago de lo establecido en la cláusula de garantía definitiva.
6.5. La garantía definitiva, se constituirá (según la base general 23.2) en el plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa, previamente al otorgamiento del contrato de adjudicación de agente urbanizador por la cuantía mínima del 10% del coste estimado de la totalidad de cargas de urbanización, conceptos retribuibles al urbanizador, que resulten de los términos de la proposición jurídico económica que apruebe la corporación. (art. 140.3 LUV). Su constitución y efectos se regirán por lo dispuesto en el TRLCAP/00 y su Reglamento.
6.6. Podrán constituirse garantías adicionales respecto de las ofertas complementarias y se constituirán de igual modo que la garantía definitiva.
Séptima. Alternativa técnica (art. 131.2.f LUV, bbgg. 14ª, 15ª, 16ª y 17ª) Requisitos formales.
7.1. Que se integra de los correspondientes instrumentos de planeamiento y ejecución deberá contemplar el mandato expreso que al efecto establecen las bases generales y resto de normas aplicables.
7.2. La alternativa técnica (art. 126 LUV) deberá contemplar la ordenación de todo el ámbito del concurso, instrumentando al efecto el documento de planeamiento, Plan Parcial con los contenidos de la base 14ª de las generales. Deberá atender la ordenación propuesta a las singularidades del sector SUS-R.1 BS-K Blue Lagoon, a su aprovechamiento tipo y situaciones particulares, que resulten del Plan General vigente. La documentación de planeamiento y ejecución que se formule deberá prestar especial atención a la integración de la actuación en el entorno y territorio circundantes (art. 126.b LUV), deberá resolver la glorieta de acceso al sector así como urbanizar completamente los viales perimetrales del sector, prestando especial atención a su conexión y congruencia con las actuaciones coetáneas y con la ciudad. La alternativa técnica deberá ir acompañada de un proyecto de urbanización de la totalidad del ámbito de la actuación (art. 126.f LUV) en condiciones de ser sometido al trámite que establece el art. 160 y con los contenidos dispuestos por los arts. 152 y 156 también de la LUV y bases 16ª y 17ª de las generales. El proyecto de urbanización resolverá las cuestiones necesarias en orden a la conexión (viales perimetrales y accesos) e infraestructuras. Incorporará también el plan de trabajo y fases de ejecución de las obras de urbanización, sistema de plazos que podrá ser matizado y cumplimentado en la proposición jurídico-económica.
Se establece la obligación, una vez delimitado y ordenado el sector, de ubicar en el mismo el correspondiente PQL en la proporción que se establece en las fichas de gestión definidas en el Plan General de Ordenación Urbana en vigor.
7.3. La alternativa técnica cumplimentará la totalidad de los contenidos exigidos por el art. 126 LUV (arts. 307 a 309 ROGTU) que se reputan como mínimos. No obstante, el sistema de plazos de ejecución de las obras de urbanización deberá estar concretado, en el propio proyecto de urbanización (art. 126.e LUV). La propuesta contendrá el sistema de plazos para todo el despliegue y ejecución de la actuación. Todo ello sin perjuicio de su mejor precisión en la proposición jurídico-económica.
7.4. La alternativa técnica tendrá también los siguientes contenidos: a) plazos máximos que se proponen para el desarrollo de la actuación, determinándose tanto el plazo de despliegue, como el correspondiente a las obras de urbanización y que permitan el equilibrio viable de contraprestaciones entre propietario y urbanizador; b) enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en la LUV; c) medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso; d) inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización; e) estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.
Octava. Proposición jurídico-económica
Las propuestas estarán integradas también por una proposición jurídico-económica con el contenido que establece el artículo 127 LUV (arts. 302 a 306 ROGTU), que deberán contener además de lo expuesto en los citados preceptos, especialmente las siguientes determinaciones:
1. Cuantificación económica del Plan General de Etapas del desarrollo de la obra de urbanización.
2. Gastos de gestión y beneficio del urbanizador que no podrá superar, éste último, el 10% en la forma en la que calcula el artículo 127.2.d) de la LUV.
3. La proposición jurídico-económica articulará el sistema de relaciones entre urbanizador y propietario, en particular, la modalidad de retribución al urbanizador, y la información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución, así como condiciones y plazo para el ejercicio de la opción de retribución en metálico y demás determinaciones contenidas en el artículo 302 del ROGTU.
4. Contendrá también la propuesta las mayores obligaciones que, especialmente en materia de dotaciones e inversiones, sobre las mínimas establecidas en las presentes bases, se comprometa a asumir el concursante para el caso de que resulte adjudicatario del concurso.
5. Deberá presentar su propuesta de actuación que está dispuesto a desarrollar, con expresión completa de todos los costes, retribuciones o no, sistemas de plazos y garantías adicionales. Propuesta detallada en cuanto a valoración del suelo, valoración de costes de desarrollo, urbanización y gestión, de adquisición de suelo y permuta por obras de urbanización y gestión.
6. Deberá también concretarse el sistema de plazos, más allá, completándola y matizándola, de lo expuesto en la alternativa técnica en orden, incluso a la ponderación de las consecuencias financieras, demanda de suelo y modalidad de retribución. Esta propuesta deberá contenerse en plica cerrada.
7. El estudio de costes (art. 168 LUV) atenderá, como mínimo, a los siguientes:
a. gastos de gestión;
b. beneficio urbanizador;
c. costes de urbanización y conexiones.
d. coste de redacción de proyectos y honorarios profesionales de asesoramiento y dirección de obras;
e. honorarios profesionales que puedan generar en el Ayuntamiento la tramitación de estos expedientes, su desarrollo y ejecución;
f. estimación de indemnizaciones, si las hubiere, por causa de incompatibilidad con el planeamiento. Derechos de realojo;
g. gastos de gestión de cobro por vía ejecutiva;
h. tasas de trámite y gastos;
i. costes financieros;
j. coeficiente de canje, con información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución (art. 126.f LUV y arts 302.1.b) y 306 ROGTU;
k. Precio de suelo (art. 127.2.g) LUV);
l. Propuesta de financiación (art. 127.2.h) LUV);
m. Mejoras, medidas complementarias y las contenidas que proponga, a su criterio, el optante.
Asimismo, la proposición contendrá además del acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública de los documentos señalados en las letras a, f, y, si procede, k del artículo 126 de la LUV, esto es, documento de planeamiento y proyecto de urbanización, con lo requisitos establecidos en las bases generales y en los artículos concordantes de la LUV. Deberá presentar su propuesta de actuación que está dispuesto a desarrollar, con expresión completa de todos los costes, retribuciones o no, sistemas de plazos y garantías adicionales. Propuesta detallada en cuanto a valoración del suelo, valoración de costes de desarrollo, urbanización y gestión, de suelo y permuta por obras de urbanización y gestión.
Novena. Plazos y formalidades de presentación (arts. 131.2.l LUV y bbgg 13ª) Documentos a formular por los candidatos a urbanizador
Los candidatos a urbanizador vienen obligados a formular los siguientes documentos que se identifican y numeran:
1. Acreditación de la solvencia del optante y suficiente para su identificación (art. 133.1 LUV).
2. Documentación técnica de la alternativa técnica que ha de ser sometida a información pública. Art. 126, letras a), f) y en su caso k) de la LUV.
3. Documentación de la alternativa técnica que no ha de ser sometida a información pública. Art. 126 de la LUV, resto.
4. Proposición jurídico-económica (art. 127 LUV).
5. Acta notarial acreditativa del cumplimiento de trámite de información pública de la documentación correspondientes de la alternativa técnica y del trámite de notificaciones a interesados (art. 134 LUV).
Las proposiciones de los aspirantes a urbanizador, al amparo de lo establecido en el art. 133 de la LUV, constarán de tres sobres cerrados, denominados A, B y C, cada uno deberá incorporar la siguiente documentación:
1. Sobre A relativo a la documentación personal, deberá tener la siguiente inscripción "Documentación general del programa de actuación integrada del ámbito de actuación SUS-R.0 GR-X Blue Lagoon del PGMOU de San Miguel de Salinas, que se presentará cerrado.
Contendrá la documentación determinada en el art. 133.1 de la LUV. Los documentos deberán ser originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente:
a) Aquellos que acrediten la personalidad jurídica del concursante y, si procede, su representación.
b) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera, conforme a lo exigido en las presentes bases y en las particulares reguladoras del concurso.
c) Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
d) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
e) Acreditación de haber satisfecho la tasa por la tramitación de programas y documentos que los integren, de conformidad con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora correspondiente.
f) Los concursantes extranjeros tendrán que adjuntar una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, con renuncia expresa, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
g) Si concurriese una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución inscrita en el Registro Mercantil. Tratándose de una agrupación de interés urbanístico, se presentará escritura pública de constitución, así como inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico dependiente de la conselleria competente en urbanismo.
h) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o en representación de sociedad o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o registro público correspondiente.
i) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado o intentado practicar los avisos a que se refiere el artículo 134.4 de la LUV.
2. Sobre B relativo a la alternativa técnica y acta notarial de protocolización, expresará la inscripción "Alternativa técnica y acta notarial de protocolización del programa de actuación integrada del ámbito de actuación SUS-R.2 NP-R Blue Lagoon del PGMOU de San Miguel de Salinas, que se presentará abierto.
Contendrá la documentación exigida en el art. 126 de la LUV, que será la siguiente, presentándose una copia en papel y otra en soporte informático:
A) Identificación del documento de planeamiento que regule la ordenación detallada a desarrollar, si el mismo estuviera ya aprobado con anterioridad al concurso para la selección del urbanizador. En cualquier otro caso, la alternativa técnica deberá ir acompañada necesariamente de un documento de planeamiento que incluya una propuesta de ordenación detallada para el ámbito del programa, de conformidad con las prescripciones contenidas en la base 14.
B) Ámbito de la actuación integrada: consistirá en un plano de la ordenación sobre la base del levantamiento topográfico que incluirá todos los suelos colindantes del entorno, aún pertenecientes a otro sector, área de reparto, o clase de suelo, cuya inclusión es necesaria en la ejecución de la urbanización para hacer viable la actuación. Este plano estará incluido en el CD del documento de planeamiento y servirá para el replanteo de las alineaciones, a los efectos de lo dispuesto en la LCAP y su Reglamento.
C) Justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno. Se describirá la calificación según el Plan General de los suelos externos incorporados en el plano del ámbito de la actuación integrada y su modo de gestión.
D) Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.
E) Plazos que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, determinándose tanto el correspondiente a las obras de urbanización como a las obras de edificación de los solares resultantes.
F) Proyecto de urbanización, con el contenido y forma detallados en estas bases. Además, deberá aportase proyecto de edificación cuando el urbanizador ofrezca como compromiso voluntario la edificación simultánea a la urbanización o cuando se trate de programas de actuación aislada que tengan por objeto la edificación o rehabilitación de inmuebles.
G) Enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme al artículo 124.2, con indicación expresa, en su caso, de los compromisos de edificación simultánea a la urbanización que esté dispuesto a asumir por encima del mínimo legal.
H) Medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso.
I) Inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización.
J) Estimación preliminar y general de aquellos gastos de urbanización variables cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.
K) Si la propuesta de programa modificara la ordenación estructural, deberá incorporar la documentación establecida en los artículos 72 a 74 de la LUV.
L) Si se incorporan instrumentos de planeamiento que pretendan modificar la ordenación estructural, o se propone incorporar nuevos suelos urbanizables a la estructura territorial, deberán incorporar, al menos, la solicitud de cédula territorial de urbanización regulada en los artículos 112 y siguientes de la LUV. La solicitud deberá ser objeto de exposición al público junto con la alternativa técnica.
M) En el supuesto de que conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, proceda obtener informes sectoriales para la actuación propuesta, se deberá exponer al público junto con la alternativa técnica, la copia sellada del documento por el que se solicitaron.
3. Sobre C relativo a la proposición jurídico-económica, expresará la inscripción "Proposición jurídico-económica del programa de actuación integrada del ámbito de actuación SUS-R.8 YH-F Blue Lagoon del PGMOU de San Miguel de Salinas, que se presentará cerrado. Contendrá la documentación exigida en el artículo 127 de la LUV:
A) Regulación de las relaciones del urbanizador con los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor, así como la información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución, y en concreto:
a) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación, tales como dimensiones de parcela mínima de resultado, aprovechamiento subjetivo y superficie mínima de terreno de origen necesarios para resultar adjudicatario de parcela resultante o de cuota indivisa.
b) Importe global de las cargas de urbanización y del coeficiente de canje.
c) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.
d) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.
B) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa, debiendo incluir la siguiente documentación referida a esos terrenos:
a) Certificación registral de dominio y cargas de fecha no anterior a 15 días a la fecha de presentación de la proposición jurídico-económica.
b) En caso de que los terrenos no estén inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del aspirante a urbanizador, deberá aportar los títulos que acrediten su derecho de propiedad o las escrituras públicas otorgadas con terceros que le legitimen o le otorguen poder bastante para afectar las fincas con carácter real e inscribir esa afección en el Registro de la Propiedad.
c) Identificación gráfica de las fincas a afectar mediante plano catastral.
C) Hoja resumen de los datos económicos relevantes según modelo que se apruebe reglamentariamente.
D) Documentación necesaria para determinar con claridad las magnitudes económicas del programa, diferenciando los siguientes aspectos:
a) Presupuesto de ejecución material y de licitación de la obra de urbanización, con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b. de la LUV, que deberá desglosarse en las siguientes partidas, en las que se indicará las mediciones y los precios unitarios:
1. Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras y red peatonal.
2. Tratamiento de los espacios libres, incluyendo jardinería, arbolado y ornamentación.
3. Mobiliario urbano.
4. Señalización.
5. Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.
6. Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de depuración.
7. Sistema de evacuación de aguas pluviales.
8. Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones.
9. Red de alumbrado público.
10. Obras de enlace de los servicios urbanísticos con los de la red primaria de dotaciones públicas y el resto de obras de conexión e integración de la actuación en su entorno territorial o urbano.
11. Seguridad y salud.
12. Gastos generales.
13. Beneficio industrial.
14. Impuesto sobre el valor añadido.
b) Cuadro de precios descompuestos.
c) Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.
d) Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que en ningún caso podrá superar el 10%.
e) Otras cargas de urbanización: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la LUV, no se incluirán las indemnizaciones que procedan ni los gastos variables a los que se refiere el artículo 126.j) de la citada ley, cuya estimación preliminar debe constar en la alternativa técnica y fijarse con carácter definitivo en el proyecto de reparcelación. Se habrá de incluir dentro de este concepto la valoración de los suelos colindantes externos afectados por el desarrollo del programa. En las bases particulares se establecerá, en su caso, una partida específica para el control y vigilancia de obra.
f) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución. Debiendo expresarse el cálculo del coeficiente conforme a las fórmulas contenidas en el artículo 306 del RLUV.
g) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.
h) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el Urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización a aquellos propietarios que decidan acogerse a ellas, apoyadas, en su caso, por una entidad financiera debidamente registrada.
En cuanto al lugar y plazos de presentación, se establece que los documentos serán aportados al Registro Municipal en horas hábiles; no cabe la remisión por correo.
En cuanto al plazo, se establece el de cuatro meses contados a partir de la fecha de envío del anuncio del concurso al Diario Oficial de la Unión Europea (art. 133.3 LUV). Dentro de dicho plazo máximo, los concursantes deberán acreditar el efectivo cumplimiento del trámite de información pública que dispone el art. 134 LUV. La publicidad de las propuestas reunirá los requisitos que mandan los arts. 292 a 298 del ROGTU.
Diez. Presentación de proposiciones (bbgg 12ª)
1. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por parte del proponente de las presentes bases particulares, así como la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la administración. Cualquier salvedad se entenderá en todo caso como no puesta.
2. Las proposiciones de programa de actuación integrada se presentarán en sobre cerrado en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en el plazo de cuatro meses siguientes a la remisión del anuncio del inicio del procedimiento al DOUE. Si el último día coincidiera en sábado, se entenderá inhábil a estos efectos computándose el día siguiente hábil.
3. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal.
4. Con anterioridad al transcurso del anterior plazo, deberá haber finalizado la información pública de los documentos señalados en las letras a), f), y si procede k) del artículo 126 de la LUV. Asimismo, se deberá haber presentado en el Ayuntamiento el acta notarial que acredite dicha información.
5. Los licitadores podrán examinar las bases generales y particulares del programa en el lugar designado en el anuncio del concurso, donde podrán igualmente obtener las copias de la documentación. Las dudas respecto a la documentación y demás requisitos del concurso serán resueltas por la unidad administrativa designada en el citado anuncio.
6. Las proposiciones se presentarán en idioma español, y toda la información debe facilitarse tanto en papel impreso como en soporte informático (aplicaciones PDF, Excel y compatibles). En caso de discrepancia entre los datos o información de ambos soportes prevalecerá la contenida en la documentación presentada en papel impreso.
7. La totalidad del coste de la elaboración de la documentación para la confección de las ofertas que se presentan al concurso será por cuenta de los licitadores, que no podrán reclamar compensación económica alguna en caso de no resultar adjudicatarios.
8. Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del registro correspondiente expedirá una certificación relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que conjuntamente con aquella remitirán al secretario de la mesa de estudio de las propuestas. No cabe la recepción por correo.
Once. Mesa de estudio de las propuestas
Aplicando los criterios de la LCSP para el examen y valoración de las proposiciones de los licitadores, el órgano de contratación estará asistido por una mesa de estudio de las propuestas. Esta mesa estará compuesta por:
· Presidente: el alcalde de la corporación o concejal en quien delegue.
· Vocales:
- El concejal delegado de Urbanismo.
- Técnica del Servicio Jurídico de Urbanismo.
- Arquitecto municipal o arquitecto técnico municipal.
· Secretario: actuará como secretario de la mesa la secretaria general de la corporación o funcionario en quién delegue.
Los suplentes serán designados por el presidente.
Esta mesa podrá recabar en cualquier tiempo los asesoramientos de terceros expertos miembros o no de los servicios de la corporación, cuando lo estime oportuno (art. 137.1 LUV).
Doce. Calificación de documentos y estudio de las ofertas
Se estará a lo dispuesto en la ordenanza municipal de bases generales (21ª y 22ª).
1. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de estudio de propuestas se reunirá el siguiente día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de propuestas, previa convocatoria realizada por el presidente, para la apertura del sobre A, relativo a la documentación personal, y calificará las proposiciones formuladas a tenor de los establecido en el art. 136 y concordantes de la LUV.
Si la mesa de estudio de propuestas observara defectos formales en la documentación presentada, se requerirá a los interesados, concediendo un plazo no superior a tres días hábiles, para que el licitador los subsane o corrija ante la propia mesa de estudio de propuestas, dejando constancia de lo actuado en el acta que se levante al efecto. Tales circunstancias se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento que servirá de notificación a los interesados.
2. Una vez calificada la documentación y corregidos, si procede, los errores detectados, se procederá a constatar para cada licitador la concurrencia de los criterios de selección por medio del examen de la documentación acreditativa en las bases reguladoras, teniendo que pronunciarse motivadamente acerca de la admisión o inadmisión de cada uno de los concursantes.
3. Serán rechazadas, en principio y en todo caso, las proposiciones cuando, sobre A, no se acredite fehacientemente la posesión de los requisitos para contratar con las Administraciones públicas, la posesión de los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigidos en estas bases o cuya garantía provisional sea inferior a la señalada en estas bases así como aquellas en las que se observara en los documentos que la integran defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables.
4. La mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el apartado anterior y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo.
5.1. Una vez calificados los documentos incluidos en el sobre A se procederá a realizar las siguientes actuaciones:
5.1. El tercer día a aquél en que se produzca la calificación de los requisitos de personalidad, capacidad y solvencia de los aspirantes a urbanizador, se iniciará el plazo para que se emitan los informes correspondientes, únicamente, sobre aquellas alternativas técnicas y, en su caso, los instrumentos de planeamiento que les acompañen, formuladas por aspirantes cuyos requisitos de participación hayan sido calificados favorablemente.
5.2. Los informes previos sobre alternativas técnicas y, en su caso, los instrumentos de planeamiento que les acompañen, a los que se refiere el artículo 136.3 de la Ley Urbanística Valenciana, deberán emitirse en el plazo máximo de tres meses. Todo ello, sin perjuicio de los demás informes que se estimen procedentes y, en particular, de los informes de Técnicos externos a los que se refiere el artículo 137.1 de la Ley Urbanística Valenciana.
5.3. Cuando sea preceptivo o resulte exigible por estar previsto en las bases particulares, al mismo tiempo que el resto de informes, se solicitará al Consejo del Territorio y el Paisaje el informe al que se refiere el artículo 136.4 de la Ley Urbanística Valenciana. El citado órgano tendrá a tal efecto el plazo de un mes desde que la solicitud tenga entrada en su registro, suspendiéndose los plazos de emisión de informes municipales y de selección de la alternativa técnica. El informe del Consejo del Territorio y el Paisaje en ningún caso será vinculante y su falta de emisión en plazo no impedirá la continuación del procedimiento.
5.4. El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a urbanizador para que, en el plazo máximo de 20 días, aclaren la documentación presentada, subsanen la omitida, o completen la que sea insuficiente, suspendiéndose en tal caso los plazos de emisión de informes.
5.5. Por resolución de Alcaldía, dictada en los cinco días siguientes a la emisión de los informes anteriormente indicados, se determinarán las alternativas técnicas que han recibido una puntuación superior a la mínima fijada por las bases particulares. Dicha resolución será debidamente notificada a los interesados.
6. La apertura del sobre C de las proposiciones admitidas tendrán lugar en acto público dentro de los 10 días siguientes a la resolución de la Alcaldía sobre las alternativas técnicas. La fecha del acto de apertura de plicas se notificará a los aspirantes a urbanizador y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
7. El acto de apertura de proposiciones, a tenor de los establecido en el art. 136.3 y concordantes de la LUV (art. 317 ROGTU), comenzará dándose lectura al anuncio del concurso, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se hará público el número de proposiciones recibidas y nombres de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.
8. Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada.
9. En este mismo acto, o en cualquier momento del procedimiento, los concursantes podrán manifestar el desistimiento de su propuesta, asumiendo la pérdida de la garantía provisional prestada.
10. El secretario de la mesa, dará lectura a las proposiciones jurídico-económicas formuladas y las remitirá a los servicios técnicos municipales para que informen lo que proceda.
11. El Ayuntamiento podrá requerir a los aspirantes a urbanizador para que, en el plazo máximo de 10 días, aclaren la documentación presentada, subsane la omitida o completen la que sea insuficiente, suspendiéndose en tal caso, los plazos de emisión de informes.
12. En el plazo máximo de un mes, contado desde la apertura del sobre C, se deberán emitir los informes sobre las proposiciones jurídico-económicas abiertas. Todo ello sin perjuicio de los demás informes que se estimen procedentes y, en particular, de los informes técnicos externos a los que se refieren el art. 137.1 de la Ley Urbanística Valenciana.
13. En el supuesto que alguna proposición no guardase concordancia con la documentación requerida, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportarse omisiones, errores manifiestos o tachaduras 
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que impidan conocer el contenido esencial de la oferta, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.
El rechazo de proposiciones podrá acordarse por la mesa en cualquier momento antes de realizar su propuesta de adjudicación del contrato.
La mesa formulará propuesta razonada y motivada, atendiendo a los criterios del pliego de condiciones particulares, al órgano de contratación que resolverá. Podrá proponer modificaciones respecto de la propuesta seleccionada.
Trece. Criterios de adjudicación (art. 131.2.n LUV y art. 286.1.j ROGTU)
El señalado art. 131.2.n establece que las bases particulares contendrán los criterios de adjudicación especificada por orden descendiente de importancia, incluyendo su ponderación. Por otro lado, el art. 131.4 de la LUV señala que elementos o contenidos del programa no pueden tenerse como determinantes y ponderables para la selección. El art. 135 de la LUV separa la valoración de la alternativa técnica y de la proposición jurídica-económica. Se cumplimenta también la base general 18ª.
Alternativa técnica (70%, art. 312.2.b ROGTU, modif. D. 36/07) 70 puntos
En cumplimiento de lo que dispone el apartado k del número 1 del artículo 286 del ROGTU, se fija en 30 puntos el mínimo que deben superar las alternativas técnicas para que puedan ser sometidas a valoración las proposiciones jurídico-económicas que las desarrollan.
Proposición jurídico-económica (30%, art. 312.2.b ROGTU, modif. D. 36/07) 30 puntos
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Catorce. Plazos de desarrollo y ejecución del programa (art. 131.2.i LUV y bbgg 25ª)
El plazo establecido para el despliegue, desarrollo y ejecución del programa de actuación será de tres años. Ello sin perjuicio de las suspensiones de cómputo de plazo por causa imputable a la administración, y comenzará a partir del día siguiente al de la firma del contrato de adjudicación. El inicio de las obras se acreditará mediante acta de replanteo y la finalización mediante el correspondiente certificado final de obras expedido por el director de las mismas.
Deberán cumplirse los plazos establecidos en el artículo 332 del ROGTU para la presentación de documentos y sometimiento a información pública de éstos.
Una vez aprobada e inscrita la reparcelación se procederá a licitar, en su caso, la obra de urbanización.
El acta de replanteo será suscrita, por el urbanizador, el empresario constructor, el arquitecto del Ayuntamiento y la dirección facultativa, y en ella se harán constar los siguientes extremos (art. 14.2 TRLS/78): a) la comprobación de la adecuación del proyecto de ejecución a la realidad geométrica del terreno o de la edificación sobre la que se actúa; b) la verificación de la disponibilidad del terreno necesario para el comienzo de las obras; c) la viabilidad del proyecto de ejecución, a la vista de las características físicas del terreno y otras contingencias no previstas que pudieran presentarse.
El urbanizador convocará a quienes deban suscribir el acta de replanteo, con una antelación mínima de cinco días, computados desde la recepción de la misma por las partes convocadas. En el acta de replanteo se recogerá la fecha de comienzo de las obras, así como cualquier reserva o discrepancia que se pudiera observar por quienes estén llamados a suscribirla.
En caso de aceptarse prórrogas sobre las fases de calendario propuestas, éstas deberán ser acordadas de forma expresa por el Ayuntamiento, previa solicitud del adjudicatario. En ningún caso se prorrogarán los plazos fijados por mutuo consentimiento tácito. Los plazos previstos podrán ser prorrogados y suspendidos atendiendo a las incidencias de la ejecución y al espíritu de la LCSP, y demás normativa que resulte de aplicación. En particular: a) en lo relativo a la redacción de textos refundidos y proyecto de reparcelación resultarán aplicables las reglas propias del contrato administrativo de consultoría y asistencia técnica; b) por lo que se refiere a la ejecución de las obras, serán aplicables los preceptos relativos al contrato administrativo de obras.
El incumplimiento de los plazos resultantes de la propuesta ganadora, así como de las posibles prórrogas que pudieran acordarse conllevará la imposición al adjudicatario de las penalizaciones por demora que resulten de aplicación o, en su caso; la resolución del contrato, de acuerdo a los términos y condiciones que se prevean en el contrato de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana.
Quince. Ejecución de la obra de urbanización
1. El urbanizador deberá ejecutar la totalidad de las obras de urbanización previstas en la alternativa técnica en los plazos contenidos en la propuesta que presente el urbanizador seleccionado. En ningún caso el plazo de ejecución será superior a 36 meses desde su inicio (art. 332.1.f ROGTU), salvo los supuestos de suspensión imputable a la administración o compañías suministradoras, desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, acreditándose mediante acta de replanteo suscrita por la dirección de las obras y, al menos por un técnico municipal. A estos efectos, el urbanizador deberá acreditar, en el acta de replanteo, el pago a los acreedores netos de la cuenta de liquidación o bien la consignación de dicha cantidad en la tesorería municipal.
2. La ejecución del proyecto de urbanización aprobada por el Ayuntamiento corresponde al empresario-constructor, quién será seleccionado por el urbanizador de conformidad con las previsiones establecidas por la legislación básica de carácter estatal de contratación pública, la LUV y el ROGTU, en concreto en sus artículos 357 a 370. Todo ello sin perjuicio de los supuestos de excepción que contiene el art. 120 de la LUV.
3. El empresario-constructor será seleccionado mediante concurso.
Dieciséis. Relaciones con los propietarios y retribución al urbanizador
La iniciativa que formulen los candidatos a urbanizador deberá prestar especial atención al sistema de relaciones que la gestión y desarrollo del sector requieran con los propietarios de suelo y especial respeto por sus derechos patrimoniales que han de ser compatibles según el nuevo espíritu tutelante de la LUV, y a favor del interés público. Siempre garantizando el equilibrio de las prestaciones y la efectiva retribución al urbanizador.
Los propietarios podrían determinar la forma de pago al urbanizador en metálico o en suelo dentro del plazo de dos meses desde la recepción de la información establecida por el art. 166 de la LUV y en la forma que dispone el art. 167 de la LUV.
1. El propietario que opte por el pago en metálico deberá notificar su opción al urbanizador y al Ayuntamiento mediante solicitud formalizada en documento público o mediante comparecencia administrativa. Dispondrá para ello de un plazo de dos meses desde que reciba la comunicación regulada en el artículo anterior o desde la aprobación del proyecto de urbanización, cuando éste no forme parte de la alternativa técnica, y deberá cumplir las siguientes reglas:
a) La solicitud se acompañará de garantía, real o financiera, bastante, que asegure el desembolso de la retribución.
b) La garantía se prestará mediante los medios que libremente pacten los interesados y el urbanizador.
c) Si el solicitante adquiere, en escritura pública y en beneficio del urbanizador, la obligación de pagarle con desembolso previo al ejercicio de cualesquiera acciones contra la liquidación de cuotas de urbanización, será bastante garantía la prestada hasta un importe equivalente al valor de los terrenos, sin urbanizar, que se dejan así de retribuir en especie. Las parcelas que se le adjudiquen quedarán afectas al pago de cuota de urbanización en proporción al importe no garantizado ante el urbanizador. El importe garantizado ante éste podrá reducirse en el momento y medida en que sea suficiente para garantizar los pagos pendientes.
2. La retribución en suelo se concretará conforme al art. 167 LUV
Diecisiete. Mejoras y medidas complementarias y variantes (art. 131.2.g) LUV)
La propuesta de programa deberá atender inexcusablemente a los objetivos imprescindibles establecidos por el art. 124.1 LUV. Por otro lado, podrán plantearse objetivos complementarios asumiendo el régimen que al objeto establece el art. 124.2 LUV.
Variantes:
1. Únicamente se considerarán variantes las modificaciones de carácter técnico y nunca las de carácter económico, siempre y cuando estas últimas no alteren sustancialmente la ordenación urbanística propuesta.
2. Se considerarán variantes, por lo que serán admisibles en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.
Mejora y medidas complementarias:
El programa podrá incluir como objetivos complementarios, cuyo coste será asumido por el urbanizador, en virtud de lo establecido en el art. 124.2 de la Ley Urbanística Valenciana, la ejecución de obra por importe de 55.339,79 euros, IVA incluido (cincuenta y cinco mil trescientos treinta y nueve con setenta y nueve euros). Dicha obra será definida por el Ayuntamiento, siendo obras que revistan especial interés público y social de las definidas en el art. 53 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de San Miguel de Salinas.
Dichas obras deberán iniciarse en el mismo plazo en que comience la ejecución de las obras de urbanización del sector SUS-R.2 CS-F Blue Lagoon.
A efectos de garantizar el cumplimiento de las mismas, el urbanizador aportará previamente al otorgamiento del contrato de adjudicación de la condición de urbanizador, aval por el importe de la totalidad del coste de las obras.
Dieciocho. Obligaciones y prerrogativas de la administración actuante (art. 286.1.e) ROGTU)
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
Diecinueve. Formalización del contrato
Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, que será del 10% sobre las cargas de urbanización.
En el plazo de un mes a partir de la notificación eficiente del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.
El documento de formalización será firmado por el alcalde y el urbanizador, dando fe de ello el secretario general, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación y de su proposición jurídico-económica.
El documento podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.
Si por causas imputables al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el TRLCAP/00.
La ejecución del programa de actuación integrada se realizará a riesgo y ventura del urbanizador, sin perjuicio de lo dispuesto de forma legal y reglamentariamente para actualización de costes y retasación de cargas, con estricta sujeción a las presentes bases particulares de programación, y a las órdenes e instrucciones que en interpretación de éstas diera el Ayuntamiento.
El urbanizador podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las prestaciones correspondientes al programa de actuación integrada que tenga por conveniente, en los términos establecidos en la LCAP, en la LUV y en sus reglamentos. En concreto, la celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que se dé conocimiento por escrito al Ayuntamiento del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes a realizar por el subcontratista.
b) El límite cuantitativo de las prestaciones que pueden subcontratarse será el establecido en la legislación reguladora de los contratos, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 335.1.a del RLUV.
c) Los subcontratistas quedarán obligados ante el urbanizador, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del programa ante la administración.
Veinte. Cumplimiento, modificaciones, incumplimiento, resolución y extinción del contrato
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario-constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidado previa y definitivamente el programa.
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.
Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento levantará un acta de recepción definitiva que acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el plazo de garantía.
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.
6. El plazo de garantía será de 12 meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este período, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.
Prórroga del contrato.
La posibilidad de prorrogar el contrato y el alcance de la prórroga se establece como una posibilidad y tras el correspondiente expediente en el que se justifique su necesidad. Esto es, con independencia de la suspensión puntual del cómputo de plan imputable a la administración.
En el supuesto de modificación del contrato se estará a lo dispuesto en la LCSP.
Resolución del contrato.
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.
d) La no formalización del contrato en plazo.
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación.
Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entiende incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario-constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
o) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuestos por esta ley.
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.
u) La suspensión, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.
3. Para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.
Veintiuna. Recursos administrativos (art. 447 y 448 ROGTU)
Serán de aplicación los artículos 447 y 448 del ROGTU, y en concreto, antes de la interposición del recurso contencioso-administrativo, las decisiones que se adopten por el Ayuntamiento en los procedimientos de adjudicación de programas de actuación deberán ser objeto de los recursos regulados en la Ley 30/1992.
Podrán impugnarse:
a) El acto de aprobación de las bases particulares reguladoras del programa.
b) La calificación de la capacidad y solvencia para participar en el proceso de selección.
c) El acto de adjudicación del contrato al urbanizador, y de aprobación del programa de actuación integrada.
d) El acto de adjudicación del contrato al empresario constructor.
e) El acto de aprobación del proyecto de reparcelación.
El recurso debe interponerse en el plazo máximo de un mes contado a partir del siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto objeto de impugnación, sin perjuicio de la posibilidad de interponerlo desde la fecha en que se tenga noticia de la existencia y contenido completo del acto. El escrito de interposición se presentará en el Registro del Ayuntamiento, con el contenido exigido en la Ley 30/1992.
Veintidós. Pago de costes por el adjudicatario
El pago del coste de todas las publicaciones, anuncios, etc. que sean necesarios para la adjudicación de la condición de urbanizador será repercutido al adjudicatario del contrato, esto es, a quien sea adjudicada la condición de urbanizador.
Veintitrés. Jurisdicción competente
El orden jurisdiccional competente para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución y ejecución del citado contrato administrativo especial entre la administración municipal y el agente urbanizador será el contencioso-administrativo, tal como establece el artículo 2.b) de la LRJCA 29/1998.
Veinticuatro. Entrada en vigor
Las presentes bases particulares adquieren validez con la aprobación municipal y su eficacia quedará demorada hasta la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Contra el acto que se publica, que pone fin a la vía administrativa, y el texto de las bases de programación transcrito, se puede interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que lo ha dictado (art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local modificado por las leyes 11/1999 y 57/2003 y 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificados por Ley 4/1999) o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón dentro del plazo de dos meses (art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por las leyes 11/1999 y 57/2003 y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre).
En ambos casos, el plazo se computará desde el día siguiente a aquel en que se publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el presente anuncio.
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Miguel de Salinas, 27 de enero de 2012.- El alcalde: Ángel Sáez Huertas.