Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4719, del 25-03-2004 (2004/2907)

Notificación por edicto expediente sancionador 18/04 SAN, seguido contra José Martinez Fuentes.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4719

Fecha DOGV
:   25-03-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/2907


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación por edicto expediente sancionador 18/04 SAN, seguido contra José Martinez Fuentes. [2004/X2907]
  
De conformidad con lo acordado por esta Subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; mediante el presente edicto 18/04SAN, se procede a notificar a José Martínez Fuentes, con último domicilio conocido la Partida de La Hoya, Polígono 3 nº 40 de la localidad de Elche (Alicante), el Acuerdo de Iniciación de fecha 12 de enero 2004, dictado por la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, (por delegación de competencias. Orden de 26.11.2003, DOGV nº 4.665), en el expediente sancionador, que se está tramitando en el Area de Inspección del Territorio:
  
Vistas las actuaciones previas practicadas al amparo del artículo 12 del Real Decreto 1.398/1993 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Visto que en fecha 7 de marzo de 2003 mediante visita de inspección efectuada por la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Nacional adscrito a la Comunidad Valenciana a instancia del guía del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, ha podido constatarse que en la parcela 134 del polígono 72, partida ?La Hoya- del término municipal de Elx, ubicada en el interior del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, zona catalogada como de especial protección ecológica y cuyo titular es Manuel Aix Ferrades, por José Martínez Fuentes, arrendatario de la citada parcela, se procedió al vertido de bidones de 200 l. vacíos con etiquetas y pictogramas de peligrosidad, dos motores de vehículos, rollos de vallado, tubos metálicos, uralitas, plásticos, animales muertos en estado de putrefacción que pueden ser borregos, cabras u ovejas, produciendo visiblemente la degradación y desecación del suelo con pérdida de la superficie inundable y de la cubierta vegetal propia de saladar, infringiendo lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Visto que, los hechos referidos pueden constituir una infracción de acuerdo con lo tipificado en el artículo 73.3.c) en relación con el artículo 73.4.f) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, calificada como grave, y cuya sanción viene determinada en el artículo 75.2.b) de la citada Ley, el cual establece
  
Las infracciones previstas en esta Ley podrán dar lugar a la imposición de todas o de algunas de las siguientes sanciones:
  
b) Infracciones graves:
  
- Multa desde de 601,02 € hasta 30.050,61 €, excepto en los residuos peligrosos, que será desde 6.010,13 € hasta 300.506,05 €.
  
- Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año, en los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), d), e) y f) del artículo 73.4.
  
- Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la presente Ley por un período de tiempo de hasta un año.
  
En el presente supuesto correspondería una sanción de 12.000 € (doce mil euros).
  
Visto que, con independencia de la sanción que proceda el infractor esta obligado a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, según el artículo 78 de Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, consistente en este caso en la retirada de los residuos justificando su entrega a gestor autorizado ante el Área de Inspección del Territorio mediante la presentación de los documentos de control y seguimiento correspondientes, y si no procediera a ello, se podrá acordar, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, la imposición de multas coercitivas, que no superaran el 20% de la sanción establecida, o la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
  
Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, siendo órgano competente para la resolución del presente expediente la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.1.b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana en relación con la Orden de 26 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, sobre delegación de competencias sancionadoras (DOGV nº 4656, de 23 de diciembre de 2003).
  
A la vista de lo dispuesto en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y lo establecido en el Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, se acuerda:
  
La incoación del correspondiente expediente sancionador a José Martínez Fuentes, por una presunta infracción tipificada en el artículo 73.3.c) en relación con el artículo 73.4.f) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, que tipifica como infracción el abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos, en el territorio de la Comunidad Valenciana.
  
Asimismo se acuerda nombrar Instructora y Secretaria del Expediente sancionador, a doña Amparo Renau Almela y doña Susana Carrasco Marí respectivamente, a quienes se les notificará en forma este nombramiento, así como a los inculpados, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley 30/1728 AC-TNA y en el artículo 13.2 del RD 1398/1993 para que en cualquier momento del procedimiento puedan ser objeto de recusación a tenor de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del la citada Ley 30/2228 RW-SCG.
  
En virtud de lo establecido en el art. 16.1 del RD 1398/1993, se le concede un plazo de quince días contados a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga prueba concretando los medios de que pretenda valerse, significándole que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, el presente acuerdo podrá ser considerado Propuesta de Resolución con los efectos previstos en los arts 18 y 19 del RD 1398/1993.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 20.6 del Real-Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse dictado y notificado éste se producirá la caducidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 de la citada Ley 30/1992, de RJ-PAC.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.