Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6888, del 24-10-2012 (2012/9200)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 230/2010.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6888

Fecha DOGV
:   24-10-2012

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2012/9200


Organismo emisor
:   Juzgado de Instruccion Número 3 de Gandia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 230/2010. [2012/9200]  
Procedimiento ordinario 000230/2010  
De: Bancaja.   
Procurador: Joaquín Manuel Villaescusa Soler.  
Contra: Joana Karola Mancheno Jiménez y Santiago Alexis García León.  
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:   
«Sentencia número 1/2012   
En nombre del rey   
Gandia, 16 de enero de 2012   
Amparo Tur Escrivá, magistrada titular de este Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia (antiguo mixto 8), ha visto las presentes actuaciones de juicio ordinario número 230/2010 que versan sobre reclamación de cantidad; autos que han sido tramitados ante este Juzgado a instancias de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, bajo la representación procesal acreditada del procurador de los tribunales Joaquín Villaescusa Soler y con la asistencia del letrado Francisco Javier Pla Mas, contra Joana Karola Mancheno Jiménez y contra Santiago Alexis García León, ambos en situación procesal de rebeldía.   
Antecedentes de hecho  
Primero. En la fecha del 19 de febrero de 2010 tuvo entrada en este Juzgado escrito que se presentó por la parte actora de demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción de reclamación de cantidad, la cual basó en el relato de hechos y en los razonamientos jurídicos que estimó de pertinente aplicación al caso y acompañó de los documentos que juzgó oportunos para fundar su derecho, terminando por interesar del Juzgado que, previos los trámites legales y de conformidad con el suplico de su demanda, se declarase judicialmente el efecto jurídico que satisfacía al derecho que actuaba, con la consiguiente condena de la parte demandada a abonar las costas en el procedimiento.   
Segundo. Mediante auto dictado por este Juzgado en la fecha del 25 de marzo de 2010 se admitió a trámite la demanda, previa verificación de oficio de la concurrencia de los requisitos integrantes de la jurisdicción y competencia de este órgano judicial, así como en torno a la capacidad, representación y postulación procesal necesarios para comparecer en juicio. En la propia resolución se acordó que se diera traslado de la demanda a la parte interpelada para que pudiera contestar a la misma en un plazo de 20 días. No se verificó la contestación en tiempo y forma por la parte interpelada, por lo que se declaró su rebeldía al amparo del articulo 496.1 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, con los efectos procesales que son propios de esta situación.   
Tercero. Efectuada la convocatoria para la audiencia previa, se celebró el acto el día 16 de enero de 2012 con la exclusiva asistencia en forma de la parte demandante. Después de conceder a la comparecida la oportunidad de realizar las aclaraciones o rectificaciones secundarias a su pretensión que tuviera por conveniente, se dio apertura al periodo probatorio.   
Por la actora se propuso como medio de prueba la documentación que ya se había adjuntado al escrito principal de demanda. Quedando los autos pendientes de dictar sentencia, con el resultado que es de ver en el soporte de grabación de imagen y sonido en el que quedó registrado el desarrollo de la sesión bajo la supervisión y fe del secretario judicial.   
Fundamentos jurídicos  
Primero. Por el demandante se ejercita acción de reclamación de cantidad, concretamente de 9164,68 euros basada en los artículos 1091 en relación con el 1254, y 1089 del Código Civil en relación con el artículo 51 y 50, 62, 63, 311, 315, 316 y 317 del Código de Comercio, y 1108 del Código Civil en cuanto a intereses y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a costas.   
Segundo. Establece el artículo 496.2 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario. En efecto, como regla general, la situación de rebeldía del demandado no puede en modo alguno equipararse a una ficta confessio, esto es, a la eficaz confesión por el mismo de los hechos alegados de contrario, subsistiendo para la parte actora la carga de probar los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a la pretensión que se ejercita; y para la demandada, la de los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los aducidos de contrario, con arreglo a lo que disponen los apartados 2° y 3° del artículo 217 de la citada Ley 1/2000. Ahora bien, la regla incumbit probatio ei qui dicit, non qui negat no llega a alcanzar un valor tan absoluto y axiomático, habiendo sido atemperada por una constante jurisprudencia plasmada, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1986, 15 de julio de 1988, 18 de mayo de 1988, 17 de julio de 1989, 23 de septiembre de 1989, 8 de marzo de 1991, 2 de julio de 1992, 18 de junio de 1993 o 6 de junio de 1994, en el sentido de afirmar que la norma distributiva del onus probandi no responde a principios inflexibles, sino que debe matizarse, según las circunstancias de cada caso, la naturaleza de los hechos afirmados o negados, y la facilidad y disponibilidad para la prueba que tenga cada parte (como ya consagra el párrafo 6° del citado artículo 217), doctrina que encuentra una particular aplicación en materia de oposición tácita, dado que el rebelde no debe encontrarse por su mera condición de tal en una posición más favorable que quien comparece para oponerse expresamente. Por otro lado, cuando se agota toda posibilidad de practicar la prueba propuesta por el demandante, como sucede cuando no puede llevarse a efecto el interrogatorio del litigante demandado por razón de su incomparecencia -y la que se frustra resulta ya inviable por causa no imputable a aquella parte, necesariamente adquiere singular relevancia la prueba documental privada obrante en autos; siendo reiterada al respecto la doctrina jurisprudencial que interpretando el artículo 1225 del Código Civil, establece que, aunque el documento privado no haya sido reconocido, bien en su firma, bien en la certeza de la deuda que instrumenta no por ello pierde toda eficacia en juicio declarativo ordinario, en cuyo ámbito y contexto debe otorgarse valor dentro del conjunto de los demás medios de prueba (y en este sentido, las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1981, 16 de julio de 1982 y 30 de diciembre de 1988); pues lo contrario supondría dejar su fuerza al arbitrio de aquél a quien perjudica (lo que se proscribe en las sentencias del alto tribunal 24 de abril y 5 de febrero de 1988); y nada impide, en cambio, que un documento privado sea adverado por otros medios probatorios que permitan su valoración en consonancia con el resto de los practicados. Asimismo, es jurisprudencia asentada que la falta de completa o perfecta adveración en el proceso de un documento privado no le priva en absoluto de eficacia, y por ello puede ser tomado en consideración a través de una razonable ponderación de su grado de credibilidad atendidas las circunstancias del debate (así, las sentencias del Tribunal Supremo de 11.05.1987, 20.04.1989, 11.10.1991, 23.06.1992, 16.11.1992, 4.12.1993 y 6.04.1994); añadiendo que cuando no se ha puesto en duda su autenticidad y su contenido no ha quedado desvirtuado por otras supuestas relaciones jurídicas que no han tenido constatación probatoria, aparece, del documento puesto en tela de juicio, un auténtico reconocimiento de deuda cuya protección a su reintegro ha de concederse a virtud de la acción ejercitada, tal y como expone la sentencia del mismo tribunal de 13 de julio de 1994.   
Pues bien, en el concreto caso de autos aparece suficientemente acreditado, mediante documentos públicos y privados, el efecto jurídico invocado por la actora.   
En efecto y al hilo de la doctrina que acaba de ser trazada, al no haberse impugnado la documentación acompañada a la demanda y consistente en contrato de préstamo(doc. 1), acta de liquidación expedida por notario que da fe de que el saldo deudor coincide con el que aparece en la cuenta abierta a la parte deudora (doc. 2), copia de las publicaciones en el Boletín Oficial del Estado de las respectivas resoluciones del Banco de España en las que se relacionan el índice de referencia del tipo de interés aplicable a la operación en los diferentes periodos, (doc. 3, 4, y 5) y sendos burofax, con acuse de recibo de notificación de vencimiento anticipado de la obligación así como del saldo deudor al día de cierre de la cuenta, remitido por la actora al domicilio pactado con el demandado (doc. 6 y 7), y previo a la reclamación judicial, resulta acreditada la pretensión de la actora, al resultar acreditado que en fecha 7 de diciembre de 2005 la actora concedió a los demandados un préstamo por importe de 5.000 euros, que quedó instrumentado en el correspondiente contrato de préstamo número 99501252233569, debidamente firmado por las partes. Resulta acreditado que los demandados dejaron de satisfacer la cuota de vencimiento al 7 de junio de 2008 y las posteriores, dando por vencido el préstamo la actora en uso de la cláusula rescisoria 8 de la póliza, de modo que a fecha del cierre de la cuenta, el 30 de octubre de 2009, presentaba un saldo deudor de 3.361,95 euros, y que dicho importe fue reclamado extrajudicialmente a los demandados mediante sendos burofaxes remitidos al domicilio pactado.   
Las razones anteriores llevan la íntegra estimación de la demanda.   
Cuarto. Según se establece en el artículo 1101 del Código Civil, queda sujeto a la indemnización de los daños y perjuicios causados el que contraviniere el tenor de la obligación contraída por incurrir en morosidad en su cumplimiento; mora que comienza, a tenor del artículo 1100 que le precede, desde la exigencia judicial de la prestación por el acreedor. Consistiendo la obligación en el pago de una cantidad de dinero, aquella indemnización se identifica por el artículo 1108 del mismo cuerpo legal, para el caso de mora, con la cuantía de los intereses convenidos, y en defecto de estos, con el interés legal. De la conjunta aplicación de los tres preceptos citados se desprende que las cantidades que por esta sentencia se declaran adeudadas devengarán el interés pactado, esto es el 16,248% desde la fecha de la liquidación el 30 de octubre de 2009 y hasta su completo pago, tal y como se dispone en el artículo 576.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.   
Quinto. Las costas causadas en el procedimiento deben ser impuestas a la parte demandada, en estricta aplicación del criterio del vencimiento objetivo que establece el artículo 394.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el que se prescribe su imposición a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, siendo así que la concurrencia de estas no se ha advertido en el supuesto examinado.   
En atención a lo expuesto, vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso planteado.  
  
Fallo   
Estimando íntegramente la demanda que fue interpuesta por el procurador de los tribunales Joaquín Villaescusa Soler en nombre y representación de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, debo condenar y condeno a Joana Karola Manchero Jiménez y a Santiago Alexis García León, a abonar solidariamente a la actora la cantidad de 3.361,95 euros, más intereses pactados al 16,248% desde la fecha de liquidación al 30 de octubre de 2009, con expresa imposición a la parte demandada de las costas causadas en el procedimiento.   
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este juzgado y para a Audiencia Provincial de Valencia.   
Así por esta mi sentencia, de la que se dejará testimonio en los autos, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo».   
Y como consecuencia del ignorado paradero de Joana Karola Mancheno Jiménez y Santiago Alexis García León, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.   
  
Gandia, 10 de septiembre de 2012.- La secretaria: Lucia Moratal Rodrigo.