Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3510, del 03-06-1999 (1999/5069)

ACUERDO de 15 de febrero de 1999, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, relativo al Plan Especial para ubicación de un centro penitenciario en Villena, al amparo del artículo 81 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, promovido por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3510

Fecha DOGV
:   03-06-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/5069


Fecha del documento
:   15-02-1999

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Villena
    * establecimiento penitenciario
    * plan de urbanismo

ACUERDO de 15 de febrero de 1999, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, relativo al Plan Especial para ubicación de un centro penitenciario en Villena, al amparo del artículo 81 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, promovido por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. [1999/S5069]
  
«Visto el expediente de referencia y de conformidad con los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
La Dirección General de Administración Penitenciaria del Ministerio de Justicia acordó su aprobación provisional, por resolución de 26 de febrero de 1996, tras cumplir los trámites de exposición pública, mediante anuncios aparecidos en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 9 de enero de 1996 y en uno de los diarios de mayor difusión provincial el 31 de diciembre de 1995, habiéndose presentado varias alegaciones.
  
Posteriormente, la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 10 de mayo de 1996 acordó suspender la aprobación definitiva del expediente hasta que se subsanaran determinadas deficiencias que se referían a que se completase la documentación integrante del expediente, se previesen las medidas compensatorias establecidas en el artículo 81 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, y se emitiese informe por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y la División de Recursos Hidráulicos de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
Así las cosas, el procedimiento urbanístico siguió suspendido, ya que, entre otras razones, tras el proceso electoral del año 1996, los nuevos responsables del Ministerio del Interior estimaron conveniente reconsiderar a la vista de las nuevas necesidades del conjunto del sistema penitenciario, algunas de las previsiones del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, aprobado en 1991. Tras los correspondientes estudios, por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 1998, se acordó revisar el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, dando lugar, entre otras medidas, a que se redujera la capacidad del centro penitenciario proyectado en Villena, de forma que de las 1.008 plazas inicialmente previstas se ha pasado a 720.
  
Con motivo de la modificación anteriormente expuesta se hizo necesario realizar las correspondientes adaptaciones en el proyecto de centro penitenciario que se había tramitado para el municipio de Villena. En este sentido por Resolución del director general de Instituciones Penitenciarias de 19 de octubre de 1998, se acordó poner de manifiesto el nuevo proyecto a las personas y entidades que en el mismo procedimiento formularon, en su día alegaciones en el trámite de información pública, sin necesidad de reiterar este trámite de exposición al público, por no ser preceptivo, de conformidad con el artículo 38.2.a de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Durante el periodo de audiencia se formularon diversas alegaciones. Asimismo se solicitaron informes y dictámenes a los diversos organismos afectados por la actuación propuesta, así como al Ayuntamiento de Villena. Por último, mediante resolución del director general de instituciones penitenciarias de 22 de diciembre de 1998, se aprueba provisionalmente el nuevo proyecto, desestimándose al mismo tiempo las diversas alegaciones presentadas.
  
Segundo
  
La documentación está integrada por memoria informativa y justificativa, memoria de ordenación del proyecto, estudio económico financiero y planos.
  
Tercero
  
El presente expediente tiene por objeto la construcción de un establecimiento penitenciario en la partida Alhorines del término municipal de Villena, en suelo clasificado como no urbanizable común. La actuación modifica el Plan General de Ordenación Urbana de Villena por cuanto implanta en el citado suelo un uso no contemplado. El proyecto ha sido redactado por encargo de la administración Penitenciaria a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP SA) y se tramita por la Dirección General al amparo del artículo 81 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
La actuación propuesta abarca un área de 308.150 m2 situada al noroeste de la ciudad de Villena, y al norte de la confluencia de la autovía N-330 con la carretera comarcal a Fontanares que parte de dicha autovía en el punto kilométrico 66 aproximadamente. Los principales parámetros urbanísticos son los siguientes:
  
Superficie total 308.150 m²
  
Superficie ocupada total 32.435 m²
  
Ocupación 0,11 m²/m²
  
Superficie construida total 73.383 m²
  
Edificabilidad 0,238 m²/m²
  
Número de plantas 4 (incluso cómputo de planta técnica)
  
Altura máxima frente de fachada por edificio 12 m
  
Altura máxima Torre de vigilancia hasta 35 m
  
Con respecto a la actuación que se planteo en el año 1996 las principales diferencias se centran en las dimensiones propuestas para el centro penitenciario.
  
Cuarto
  
Análisis de infraestructuras:
  
Accesos
  
Dada la cercanía de la entrada al Centro Penitenciario con el enlace entre la carretera a Fontanares y el ramal de cambio de sentido de la autovía se adopta como solución más idónea la ejecución de una Rotonda que resuelva ambos enlaces, ordenando de forma conjunta todos los giros originados por la intersección del ramal de cambio de sentido de la autovía, carretera de Fontanares y acceso al centro penitenciario. La rotonda se plantea a unos 150m del enlace del ramal de cambio de sentido con la carretera a Fontanares, con un diámetro de 20m, 2 carriles de 4m y arcén de 1m.
  
Electricidad
  
Parte desde una línea de media tensión existente, propiedad de Iberdrola II, SA, de donde deriva la línea aérea de acometida de aproximadamente 4,6 km hasta el centro penitenciario donde se ubican dos centros de transformación.
  
Agua
  
El abastecimiento de agua al futuro centro penitenciario se plantea de doble alternativa:
  
1ª) Se ha previsto una instalación de abastecimiento de agua a partir de dos pozos situados en la propia parcela, para no afectar en lo posible a otras explotaciones de captación de agua.
  
2ª) Suministro de la red municipal
  
El trazado de la tubería de abastecimiento tiene una longitud aproximada de 9 km. Está previsto que se ejecute en polietileno de alta densidad de 125mm de diámetro y el punto de conexión con la red local se produce en el punto indicado en el plano PP-09.
  
Vertido y depuración
  
Se propone como solución al vertido de aguas residuales, la conducción de las mismas una vez depuradas en la propia estación depuradora del establecimiento, durante 2 o 3 km hasta una balsa de almacenamiento de unas 2 Ha de superficie aproximada. Esta balsa sería de propiedad y responsabilidad de la Comunidad General de Usuarios de Agua del Alto Vinalopó, siendo aprovechadas sus aguas para riego.
  
Residuos sólidos
  
El centro penitenciario generará residuos sólidos urbanos, y como consecuencia de la existencia de un edificio de enfermería, residuos sólidos sanitarios. La gestión será realizada por la empresa contratada al efecto por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en el supuesto de que el servicio no sea municipal.
  
Quinto
  
Constan en el expediente los siguientes informes sectoriales:
  
1. Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
  
Emite informe favorable con fecha 6 de octubre de 1998 aunque efectuando la observación de que el terreno a expropiar para la construcción de la rotonda en la CV-656, debe incluir también la zona de dominio público de 3 m desde la arista exterior de la explanación.
  
2. Unidad de Carreteras en Alicante del Ministerio de Fomento
  
Emite informe con fecha 19 de noviembre de 1998 del tenor literal siguiente:
  
«El informe de este Servicio será favorable a la implantación de las instalaciones proyectadas una vez se subsanen en el proyecto definitivo de construcción las siguientes cuestiones:
  
1. Tanto el tendido de la línea de media tensión para suministro eléctrico cuya trazado recoge el plano P.P 02, como las conducciones previstas para el suministro de agua potable (plano P.P 09) y canalización de aguas residuales (plano P.P 11), discurrirían sensiblemente paralelas al trazado actual de la autovía por su margen derecha, en la zona de curvas inmediata al enlace de Fontanares, cuyo trazado está previsto sea rectificado por este Ministerio por configurar un tramo de alta concentración de accidentes, encontrándose actualmente aprobada la orden de estudio para redacción del proyecto.
  
Las obras a realizar para mejorar la traza de la autovía estarán comprendidas entre el punto kilométrico 65 y el 66 y sustituirán las tres curvas actualmente existentes por un trazado de curvatura mas suave desplazándose la explanación de la misma por su margen derecha y dejando fuera de servicio las dos calzadas del actual trazado, por lo que resultarían afectados los servicios precitados, lo cual, en virtud de lo establecido por el artículo 38 del Reglamento General de Carreteras, motiva que el cambio de ubicación de los mismos sea condición indispensable para el favorable informe de este Servicio. En este sentido se recomienda que todos los servicios discurran por la margen izquierda de la autovía, previéndose los cruzamientos subterráneos mediante la ejecución de hincas que no afecten al firme de las calzadas.
  
2. Del examen del plano de movimiento de tierras se deduce que el vertido de tierras que ocasione la explanación a la cota 552 de la plataforma que servirá de solar a las instalaciones, provoca una ocupación del dominio público de la autovía (8 m desde la arista exterior de la explanación) provocando un encauzamiento de las aguas de escorrentía de insuficientes dimensiones, que afectaría a la propia cuneta del drenaje de la carretera. Dado que nos hallamos en una zona de afluencia de caudales procedentes de una extensa superficie de captación de aguas que tienen desagüe natural en la Rambla del Angosto, se considera imprescindible que al menos los ocho metros del dominio público permanezcan inalterados con independencia del estudio de drenaje para las aguas de escorrentía que se realice en el proyecto de construcción del centro penitenciario.
  
Por lo expuesto el informe de este Servicio es favorable a la ubicación en este paraje del centro penitenciario siempre y cuando se resuelvan satisfactoriamente las objeciones planteadas en este informe a la hora de redactar el definitivo proyecto de construcción de estas instalaciones.»
  
3. Confederación Hidrográfica del Júcar
  
Consta en el expediente informe emitido con fecha 30 de abril de 1996, en relación con el proyecto originario en el que se realizan diversas reflexiones en relación con el suministro de agua potable a través de pozos, concluyendo que todas las cuestiones planteadas acerca de la solución que al respecto se adopte serán depuradas durante la tramitación del expediente concesional que deberá instruirse en cualquier caso.
  
Posteriormente emite informe con fecha 29 de octubre de 1998, en relación con el nuevo proyecto que es del tenor literal siguiente:
  
«Lsa intervención urbanística, dada su extensión, puede modificar significativamente las escorrentías superficiales naturales de la zona del ámbito de la actuación, por lo que en la fase del proyecto de construcción deberá estudiarse el efecto producido de modo que no afecte en ningún caso a la seguridad de las personas y los bienes ni produzca efectos perjudiciales añadidos al entorno físico, debiendo estudiarse los efectos de la concentración de las aguas pluviales en los puntos de salida de la red.
  
En los planos del Proyecto presentado no se refleja la existencia de cauces públicos en la zona de ubicación del centro penitenciario, no obstante, aparte de respetar la servidumbre de paso de 5m, toda actuación que se quiera ejecutar en el dominio público hidráulico y/o dentro de la zona de policía tendrá como requisito previo e indispensable a la iniciación de las obras, la obtención de la autorización de esta Confederación Hidrográfica del Júcar de acuerdo con la legislación citada al final.
  
En cuanto a las infraestructuras longitudinales (accesos y conducciones) se observa que atraviesan algún cauce público, en consecuencia, cualquier modificación que se pretenda realizar en los cauces afectados, se deberá redactar por un técnico superior competente, debidamente firmado y visado, el preceptivo proyecto de construcción debiendo tener autorización previa de esta Confederación Hidrográfica para poder iniciar las obras.
  
Por otro lado se deberá obtener la autorización previa de esta Confederación Hidrográfica para el vertido de las aguas tanto residuales como pluviales, así como de la preceptiva concesión si se prevé realizar captaciones de agua superficial o subterránea.
  
En resumen, esta actuación, en cuanto afecte al dominio público hidráulico y/o a su zona de policía, deberá ajustarse en todas sus fases a lo dispuesto en la normativa especifica vigente y en particular a la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto, sus reglamentos y demás disposiciones que la desarrollen.»
  
4. RENFE
  
Emite informe con fecha 13 de julio de 1998 subrayando que la ejecución de las obras de conducción paralela al F.C para suministro de agua de acometida municipal, deberá discurrir por la zona de servidumbre, es decir, a partir de una distancia de 8m desde el límite de la explanación.
  
5. División de Recursos Hidráulicos de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
  
Emite informe con fecha 9 de febrero de 1999, en el que se realizan diversas consideraciones sobre la actuación propuesta, aunque en líneas generales se considera adecuada la solución propuesta para el vertido de aguas residuales.
  
6. La Conselleria de Cultura advirtió mediante informe emitido con fecha 15 de enero de 1996, sobre posibles yacimientos arqueológicos de un modo general. En la construcción de la autovía se estaba alerta al respecto de posibles restos de la Vía Augusta, no habiendo constancia de la existencia de algún resto hasta la fecha. Se considera conveniente que durante la fase de construcción se realicen estudios arqueológicos.
  
Consideraciones técnico jurídicas
  
Primera
  
La tramitación efectuada hasta la fecha por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se considera en líneas generales correcta, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y siguientes por remisión del artículo 81 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Segunda
  
La documentación se considera completa en líneas generales en lo que se refiere al contenido del Plan Especial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, así como en el artículo 91 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana aprobado por Decreto del Gobierno Valenciano 201/1998, de 15 de diciembre.
  
En cualquier caso, toda la documentación integrante del proyecto técnico debe aportarse por triplicado ejemplar y diligenciada con la fecha de su aprobación provisional.
  
Tercera
  
Durante el periodo de audiencia concedido a los interesados en el expediente originario conforme a lo dispuesto en el artículo 38.2.a de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística pese a que las modificaciones introducidas en el expediente originario difícilmente pudieran calificarse de sustanciales, se han presentado diversas alegaciones que han sido desestimadas por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias con base a las razones aludidas en el acuerdo de aprobación provisional. En particular resulta conveniente hacer hincapié en las formuladas por el Ayuntamiento de Villena en cuyo término municipal se ubica el centro penitenciario, y que coinciden sustancialmente con el dictamen que en su día fue emitido en relación con el proyecto original. En síntesis se refieren a lo siguiente:
  
1ª. Suministro de agua potable.
  
2ª. Aguas residuales.
  
3ª. Residuos generados por el Centro
  
4ª. La incidencia global que el nuevo centro penitenciario va a tener sobre el entramado urbano y social de Villena, entendiendo que ello requiere de un estudio que debiera incorporarse el Proyecto.
  
5ª. Insiste asimismo el Ayuntamiento de Villena, en que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se debe reservar el 1% del presupuesto de ejecución de la obra para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística.
  
6ª. Medidas compensatorias previstas en el artículo 81 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
No obstante las alegaciones que en su día se formularon, consta en el expediente acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Villena, adoptado con fecha 22 de enero de 1999, en el que se consideran subsanadas las objeciones señaladas por ese Ayuntamiento respecto a la implantación del Centro Penitenciario. No obstante, entendemos que el referido acuerdo debe ser ratificado por el pleno de la corporación municipal, pues en su día las objeciones al proyecto fueron indicadas mediante acuerdo plenario adoptado el 5 de noviembre de 1998.
  
Cuarta
  
Las determinaciones contenidas en el presente expediente se consideran en líneas generales correctas desde el punto de vista de las exigencias de la política urbanística y territorial de la Generalitat tal y como se recoge en el artículo 40 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística .No obstante lo anterior debemos señalar las siguientes observaciones que se refieren fundamentalmente a los informes sectoriales emitidos durante la tramitación del expediente y que fueron expuestos en los antecedentes de hecho:
  
El informe favorable de carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo i Transporte hace la observación de que el terreno a expropiar para la construcción de la rotonda en la CV-656, debe incluir también la zona de dominio público de 3m desde la arista exterior de la explanación.
  
El informe de carreteras del Ministerio de Fomento era favorable aunque condicionado a que en el proyecto definitivo de construcción el tendido de la línea de media tensión para suministro eléctrico cuyo trazado recoge el plano P.P 02, las conducciones previstas para el suministro de agua potable (plano P.P 09) y canalización de aguas residuales (plano P.P 11) discurran por la margen izquierda de la Autovía, previéndose los cruzamientos subterráneos mediante la ejecución de hincas que no afecten al firme de las calzadas. Asimismo manifiestan que en los movimientos de tierras que se ocasionen para la explanación a la cota 552 de la plataforma que servirá de solar a las instalaciones, se considera imprescindible que al menos los ocho metros del dominio público permanezcan inalterados con independencia del estudio de drenaje para las aguas de escorrentía que se realice en el proyecto de construcción del centro penitenciario.
  
El informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar incide en que dado que la actuación propuesta puede modificar significativamente las escorrentías superficiales naturales de la zona del ámbito de la actuación, en la fase del proyecto de construcción deberá estudiarse el efecto producido de modo que no afecte en ningún caso a la seguridad de las personas y los bienes ni produzca efectos perjudiciales añadidos al entorno físico, debiendo estudiarse los efectos de la concentración de las aguas pluviales en los puntos de salida de la red. En cualquier caso en cuanto se afecte al dominio público hidráulico y/o su zona de policía, deberá ajustarse en todas sus fases a lo dispuesto en la normativa especifica vigente y en particular a la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto, sus reglamentos y demás disposiciones que la desarrollen. Todo ello con independencia de las autorizaciones que resulten preceptivas en el trámite concesional que se lleve a cabo en relación con la perforación de pozos para suministro de agua potable.
  
RENFE emite informe con fecha 13 de julio de 1998, subrayando que la ejecución de las obras de conducción paralela al F.C para suministro de agua de acometida municipal deberá discurrir por la zona de servidumbre, es decir, a partir de una distancia de 8m desde el límite de la explanación.
  
Consideraciones efectuadas en el informe emitido por Recursos Hidráulicos con fecha 9 de febrero de 1999.
  
Por último, consta en el expediente informe emitido por técnico adscrito a la Dirección Territorial en Alicante de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia con fecha 15 de enero de 1996, en el que se recomienda al ayuntamiento que solicite se establezca la necesidad de prever dentro del proyecto de construcción del centro penitenciario la realización de estudios arqueológicos previos al desarrollo de la obra, los cuales deberán recoger tanto prospecciones como la realización de algunos sondeos mecánicos, con el objetivo último de evitar la destrucción de yacimientos arqueológicos que forman parte del patrimonio histórico nacional tal y como establece la Ley 16/1985.
  
Quinta
  
La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, es el órgano competente para la aprobación de planes especiales de municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.1 y 39 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con los artículos 9.1 y 10.a del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de pertinente aplicación, la Comisión Territorial de Urbanismo, acuerda
  
Aprobar definitivamente el plan especial para ubicación de un centro penitenciario en Villena, aunque supeditando su publicación y, en consecuencia, su eficacia, a que:
  
1º) se aporte proyecto técnico refundido, por triplicado ejemplar y debidamente diligenciado.
  
2º) Se ratifique por el pleno del Ayuntamiento de Villena el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno el 22 de enero de 1999.
  
3º) Se subsanen las observaciones señaladas en el informe de Carreteras del Ministerio de Fomento.
  
En cualquier caso, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias deberá respetar en su totalidad las consideraciones realizadas en los diversos informes sectoriales emitidos durante la tramitación del expediente.
  
Con fecha 12 de mayo de 1999, el presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo resolvió:
  
«Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 15 de febrero de 1999, por el que se aprobó definitivamente el expediente de referencia, supeditando su publicación al cumplimiento de ciertas condiciones, así como la documentación presentada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior con fecha 11 de mayo de 1999, así como por el Ayuntamiento de Villena con fecha 12 de marzo de 1999, que cumplimenta en todos sus extremos el referido acuerdo de la comisión, resuelvo
  
Ordenar la inmediata publicación del referido acuerdo de aprobación definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a efectos de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el artículo 59, apartados 2 y 4 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística. La publicación de la aprobación definitiva excusa su notificación individualizada».
  
Contra el presente acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes, según disponen los artículos 114 a 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 14.2 del Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Consell.»
  
Alicante, 20 de mayo de 1999.- El presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo: Fernando Modrego Caballero.