Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4701, del 27-02-2004 (2004/687)

Notificación a Antonio Fernández Montilla. Expediente número 514/8464 FES.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4701

Fecha DOGV
:   27-02-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/687


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Antonio Fernández Montilla. Expediente número 514/0006 LZQ. [2004/F687]
  
De conformidad con lo acordado por esta subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente edicto 514/0309 EFE, se procede a notificar a Antonio Fernández Montilla, con último domicilio conocido en la calle del Cronista Vicente Beguer Esteve, número 1-10, de Torrente (Valencia), el acuerdo de iniciación de fecha 29 de diciembre de 2003, dictado en el expediente sancionador, que se está tramitando en el Área de Inspección del Territorio:
  
Vistas las actuaciones previas practicadas al amparo del artículo 12 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Visto que en fecha 10 de abril de 2002 se pudo constatar por el Seprona de la Guardia Civil de Paiporta que en una nave situada en la partida de Aleta, s/n, detrás de la Hípica Rabel, del término municipal de Aldaia, habían sido abandonados unos 8.000 litros de diferentes tipos de residuos líquidos (disolventes y tintes) envasados en bidones de 25 y 200 litros y catalogados con los códigos y 14.06.03 y 08.01.11 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, así como unas 800 garrafas y botes que han contenido disolventes, tintes y productos de acabado.
  
Efectuadas las investigaciones pertinentes por la Guardia Civil resultó que los residuos fueron abandonados por Antonio Fernández Montilla, el cual ejerció una actividad en dicha nave que había cesado en el momento de la inspección, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana.
  
Visto que los hechos referidos pueden constituir una infracción de acuerdo con lo tipificado en el artículo 73.3.c) en relación con el artículo 73.4.f) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, calificada como grave, y cuya sanción viene determinada en el artículo 75.2.b) de la citada Ley, el cual establece:
  
«Las infracciones previstas en esta ley podrán dar lugar a la imposición de todas o de algunas de las siguientes sanciones:
  
b) Infracciones graves:
  
- Multa desde de 601,02 euros hasta 30.050,61 euros, excepto en los residuos peligrosos, que será desde 6.010,13 euros hasta 300.506,05 euros.
  
- Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año, en los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), d), e) y f) del artículo 73.4
  
- Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la presente ley por un período de tiempo de hasta un año.»
  
En el presente supuesto correspondería una sanción de 12.020 euros (doce mil veinte euros).
  
Visto que, con independencia de la sanción que proceda, el infractor esta obligado a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, según el artículo 78 de Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, consistente en este caso en la retirada de los residuos justificando, su entrega a gestor autorizado ante el Área de Inspección del Territorio mediante la presentación de los documentos de control y seguimiento correspondientes, y si no procediera a ello, se podrá acordar, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, la imposición de multas coercitivas, que no superaran el 20% de la sanción establecida, o la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
  
Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, siendo órgano competente para la resolución del presente expediente el conseller de Territorio y Vivienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.1.b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
A la vista de lo dispuesto en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), y lo establecido en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se acuerda:
  
La incoación del correspondiente expediente sancionador a Antonio Fernández Montilla, por una presunta infracción tipificada en el artículo 73.3.c) en relación con el artículo 73.4.f) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, que tipifica como infracción el abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos, en el territorio de la Comunidad Valenciana.
  
Así mismo, se acuerda nombrar instructora y secretaria del expediente sancionador a Amparo Renau Almela y Susana Carrasco Marí respectivamente, a quienes se les notificará en forma este nombramiento, así como a los inculpados, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley 30/1992 (LRJPAC), y en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, para que en cualquier momento del procedimiento puedan ser objeto de recusación a tenor de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la citada Ley 30/1992 (LRJPAC).
  
En virtud de lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, se le concede un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes, significándole que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, el presente acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1.398/1993.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse dictado y notificado éste se producirá la caducidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 de la citada Ley 30/1992 (LRJPAC).
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.