Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4505, del 22-05-2003 (2003/5407)

Notificación de la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 14-10-02 (RA-132/2002), a Elvira Olmos i Esteve.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4505

Fecha DOGV
:   22-05-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/5407


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 14-10-02 (RA-132/2002), a Elvira Olmos i Esteve. [2003/5407]
  
Al no haberse podido practicar la notificación a Dª Elvira Olmos i Esteve y conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, se publica texto íntegro de la resolución adoptada por el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en fecha 14 de octubre de 2002 (RA-132/2002)
  
Vista la solicitud de suspensión de ejecución en los recursos de alzada interpuestos por doña Elvira Olmos Esteve, en nombre propio y representación de la Associacio de Veins Sants Patrons, Les Basses, Sant Judes; don Salvador Josep Pérez Fontana, en nombre propio y en representación de L`Associacio Xarquia Alternatives; don Salvador Iñigo Luis, don Enrique Alfonso Mata Carbonell, doña Carmen Bernia Pascual, don José Borrull Martí, doña Concha Oliver Bertomeu, contra el acuerdo dictada por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2001, por la que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Alzira, y de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión de fecha 21 de diciembre de 2001, acordó suspender la aprobación definitiva de la ordenación propuesta por Plan General de Alzira en el ámbito del sector Tulell y, supeditar la aprobación definitiva del proyecto en el resto de sus determinaciones, hasta tanto se elabore un texto refundido del Plan, donde se adscriban los yacimientos arqueológicos al suelo no urbanizable protegido y se complete el Catálogo, siguiendo las indicaciones de la administración con competencia en materia patrimonial y se justifique que la tramitación se ajusta a lo establecido en la LRAU, mediante la acreditación de que se han efectuado las correspondientes notificaciones sobre las modificaciones introducidas, a los personados en el procedimiento.
  
Segundo
  
Con fecha 23 de mayo de 2002, los Servicios Técnicos del Servicio Territorial de Urbanismo y Ordenación Territorial examinaron la documentación presentada por el Ayuntamiento de Alzira el día 15 de mayo de 2002, informando favorablemente la misma, considerándose cumplimentado el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de fecha 21 de diciembre de 2001, por lo que el director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, en fecha 27 de mayo de 2002, dio por subsanadas las deficiencias a que se refiere el acuerdo antes referido declarando definitivamente aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Alzira, ordenando su publicación, lo que tuvo lugar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, de fecha 5 de julio de 2002.
  
Tercero
  
En fecha 14 de septiembre de 2002, doña Elvira Olmos Esteve, en su propio nombre y en representación de la Associació de Veins Sants Patrons, Les Basses, Sant Judes, y don Salvador Josep Pérez Fontana, en su propio nombre y en representación de L`Associació Xarquia Alternatives, representaciones que no ha quedado acreditadas, interpusieron sendos recursos administrativos de alzada contra el citado acuerdo, alegando la innecesariedad de la construcción del L`Avinguda de La Ribera, ya que esta incrementaría el trafico interior de la ciudad, y, que la misma podría incrementar el riesgo de inundabilidad de la zona. Que en los citados recursos se peticionó la suspensión de la resolución recurrida, por causar un grave perjuicio.
  
Cuarto
  
En fecha 14 de septiembre de 2002, don Salvador Iñigo Luis, interpuso recurso de Alzada contra el meritado acuerdo, alegando que la zona grafiada como Suelo no Urbanizable de Protección Ecológica, era inferior a los límites de los terrenos protegidos por el actual Plan Especial de Protección de los Valles de La Murta y La Casella; que debería suprimirse el aparcamiento al aire libre que proponían las normas urbanísticas del Plan General de Alzira, excepto la parcela 407 del polígono 55; que debería ampliarse la zona de Suelo no Urbanizable de Protección Paisajística a la totalidad de los terrenos del Plan Especial de los valles de La Murta y La Casella, excepto las zonas de áreas de uso público. Que en el citado recurso se peticionó la suspensión de la resolución recurrida, por causar un grave perjuicio.
  
Quinto
  
En fecha 14 de septiembre de 2002, doña Elvira Olmos Esteve, en su propio nombre y en representación de la Associació de Veins Sants Patrons, Les Basses, Sant Judes, y don Salvador Josep Pérez Fontana, en su propio nombre y en representación de L`Associació Xarquia Alternatives, representaciones que no han quedado acreditadas, interpusieron sendos recursos administrativos de alzada, manifestando que deberían protegerse 947.407 m2 tal y como constan en el Proyecto de clasificación de la Vías Pecuarias que establece la Orden del Ministerio de Agricultura, de fecha 14 de septiembre de 1977, en vez de los 887.057 que aparecen en la Memoria Justificativa del Plan General de Ordenación de Alzira, dejando sin protección 60.350 m2 de Vías Pecuarias clasificados por la Orden Ministerial antes reseñada; que se debería indicar cuales eran los terrenos clasificados como Suelo no Urbanizable de Protección de Vías Pecuarias en los planos de Clasificación del Suelo, Serie B1, B3 y B5, en donde no aparecen grafiados en la leyenda de los mismos; que no se detallaban los usos dominantes, usos permitidos y usos prohibidos en las Vías Pecuarias; que tendrían que excluirse los terrenos afectados por el dominio público de las vías pecuarias, del Suelo Urbano y Suelo Urbanizable, pues clasificados como Suelo No Urbanizable no podían formar parte bajo ningún concepto del Suelo Urbano, que es como se les clasificaba en los planos de la Serie B1, B3 y B5, ?Clasificación de Suelo?, ni podían aparecen superpuestos, en vez de excluirlos, desde los planos de la serie C ?Ordenación Urbanística- del Plan General, ya que no debería computarse como un suelo dotacional público para los cálculos de los sectores, ni áreas de reparto, por no ser suelo de libre disposición municipal; que debían fijarse los lindes que delimitasen las propiedades privadas respecto a las vías pecuarias, efectuando el correspondiente deslinde y amojonamiento; que mientras no se realizase el deslinde de los actuales trazados de las vías pecuarias, definidas en la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1977, no se podría aprobar otro uso que el previsto en la Ley de Vías Pecuarias; que las nuevas urbanizaciones de terrenos lindantes con las vías pecuarias, tendrían que respetar la continuidad de los usos contemplados en la Ley de Vías Pecuarias, y que la ejecución del Plan General de Alzira debería suspenderse con el fin de evitar innecesarias indemnizaciones.
  
Sexto
  
En fecha 14 de septiembre de 2002, doña Elvira Olmos Esteve, en su propio nombre y en representación de la Associació de Veins Sants Patrons, Les Basses, Sant Judes, y don Salvador Josep Pérez Fontana, en su propio nombre y en representación de L`Associació Xarquia Alternatives, representaciones que no han quedado acreditadas, interpusieron sendos recursos administrativos de alzada contra el acuerdo en cuestión, en donde alegaban que los terrenos que en el momento de publicarse la Orden de 8 de marzo de 1999 de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, estuviesen clasificados como no urbanizables, se ampliase la zona de policía a 100 metros; que no se declarasen urbanizables más terrenos con riesgo de inundación y que se incorporen al Plan General de Alzira las actuaciones previstas en el estudio TYPSA (agosto de 1994).
  
Séptimo
  
En fecha 14 de septiembre de 2002, don Enrique Alfonso Mata Carbonell, Doña Carmen Bernia Pascual, Don José Borull Martí, y Doña Concha Oliver Bertomeu, interpusieron sendos recursos de alzada contra el acuerdo de referencia, por el que se solicitaba que suspendiese la aprobación del Plan General de Alzira, mientras que por parte del Ayuntamiento de Alzira no se procediese a notificar a los 6.295 interesados personados en el procedimiento, tal y como se establecía en la Condición Segunda del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 21 de diciembre de 2001.
  
Octavo
  
En fecha 14 de septiembre de 2002, don Salvador Josep Pérez Fontana, en su propio nombre y en representación de L`Associació Xarquia Alternatives, representación que no ha quedado acreditada, interpuso recurso de alzada, solicitando que se procediese a notificar a los 6.295 interesados personados en el procedimiento, tal y como se establecía en la Condición Segunda del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 21 de diciembre de 2001, o en su defecto que se abriera un nuevo periodo de exposición pública, suspendiendo la ejecución del Plan de Alzira, para evitar indemnizaciones innecesarias, mientras se llevase a término dicha petición; que el Ayuntamiento de Alzira no había permitido el acceso al expediente ni tan siquiera a las personas notificadas; y que se cumpliera la Ley para garantizar a los ciudadanos la protección de la legalidad vigente.
  
Noveno
  
En fecha 14 de septiembre de 2002, doña Elvira Olmos Esteve, en su propio nombre y en representación de la Associació de Veins Sants Patrons, representación que no ha quedado acreditada, interpuso recurso de alzada contra el acuerdo de referencia, instando la suspensión de la ejecución del Plan de Ordenación de Alzira, en tanto no se eliminase la previsión de instalación de un vertedero de inertes a la Garrofera de Alzira.
  
Décimo
  
En fecha 14 de septiembre de 2002, don Salvador Josep Pérez Fontana, en su propio nombre y en representación de L`Associació Xarquia Alternatives, representación que no ha quedado acreditada, interpuso recurso de Alzada contra el meritado acuerdo, instando la suspensión de la ejecución del Plan de Ordenación de Alzira, en tanto no se eliminase la previsión de instalación de un vertedero de inertes a la Garrofera de Alzira; que se incluyera en la documentación del Plan General de Ordenación Urbana de Alzira las cartografías de accesibilidad a los recursos hídricos y la de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos subterráneos, y que una vez incluida la misma se notifique a los personados, y se aperture una nueva fase de información al público.
  
Décimoprimero
  
El Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia, en fecha 8 de octubre de 2002, emitió informe desfavorable respecto a la solicitud de suspensión del acto recurrido.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
El artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, regula la suspensión de la ejecución de los actos administrativos como consecuencia de la interposición de un recurso administrativo. El apartado 4 del citado artículo 111 dispone que:
  
«La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto?.
  
Por lo tanto, y según indica el artículo 111.2 de la LRJAP, el órgano a quien competa resolver el recurso deberá acordar lo procedente sobre la suspensión solicitada «previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o terceros la suspensión y el perjuicio que se causaría al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido.»
  
Segundo
  
Los presentes recursos de alzada tienen una íntima conexión e identidad sustancial entre sí, por lo que procede su acumulación, de conformidad con lo establecido en el art. 73 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Tercero
  
El principio de eficacia de la actuación administrativa, establecido en el artículo 103.1 de la Constitución, con el apoyo que recibe de la presunción de legalidad del acto administrativo (artículo 57.1 de la LRJAP), da lugar a la regla general de la ejecutividad (artículo 56 de la citada Ley), que se mantiene, en principio, aunque se formule recurso (artículo 111.1 de la LRJAP).
  
Al propio tiempo, el principio de la efectividad de la tutela judicial recogido en el artículo 24.1 de la Constitución reclama que el control jurisdiccional que tan ampliamente traza su artículo 106.1 haya de proyectarse también sobre la ejecutividad del acto administrativo, y dada la duración del proceso, el control sobre la ejecutividad ha de adelantarse al enjuiciamiento del fondo del asunto.
  
La armonización de las exigencias de ambos principios da lugar a que la regla general de la ejecutividad haya de ser controlada en cada caso concreto contemplando, por un lado, en qué medida el interés público demanda ya una inmediata ejecución y, por otro, qué tipo de perjuicios podrían derivar de aquélla.
  
Interés público, por una parte, y perjuicios, por otra, son, pues, los dos conceptos que, armonizados, determinarán la procedencia o improcedencia de la suspensión.
  
Esta doctrina general, establecida de modo reiterado por el Tribunal Supremo (por ejemplo, en el auto de 15 de enero de 1991 R.A. 504), viene a concretarse, en el caso de que la suspensión solicitada afecte a un Plan de Urbanismo, en la doctrina establecida por el Alto Tribunal, entre otros, en sus autos de 12 y 13 de mayo de 1993 R.A. 3480 y 4215, de 9 de febrero, 11 de octubre y 28 de diciembre de 1993 R.A. 525, 7354 y 9844, y de 24 de enero de 1994 R.A. 174. Según esta jurisprudencia, «cuando la suspensión de la ejecución que se solicita es la de un Plan General de Ordenación Urbana, aunque solamente se pretenda en cuanto a un aspecto del mismo, incide en una disposición de carácter general en que el interés público está más acentuado que si de un acto singular se tratase, lo que condiciona en grado sumo la suspensión, que queda supeditada a la producción con la ejecución de unos daños y perjuicios, no ya difíciles o imposibles de reparar, sino de una entidad semejante o superior a los que a la comunidad acarrearían las dilaciones en ejecutar».
  
Cuarto
  
En el caso que nos ocupa se recurre el nuevo Plan General de Ordenación de Alzira. Que es claro el acentuado interés general en el mantenimiento de la plena ejecutividad del nuevo Plan General de Alzira, que viene a establecer una ordenación urbanística del municipio adaptada a la legislación urbanística actual y a las necesidades del municipio. Que en definitiva, las alegaciones vertidas por los recurrentes en la petición de suspensión del acto recurrido, no justifican suficientemente que la ejecutividad del Plan cause perjuicio alguno a éstos, de difícil o imposible repararación, equivalente a los perjuicios que a la comunidad acarrearía la misma suspensión.
  
De este modo, y en aplicación de la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, resulta claro que no concurren los requisitos para que pueda acordarse la suspensión solicitada, la cual, de otro lado, causaría graves e irreparables perturbaciones en el interés general.
  
Quinto
  
Para resolver el presente recurso tiene atribución el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de la Generalitat Valenciana, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Decreto 210/2001, de 18 de diciembre y en el artículo 14.2 del Reglamento de Organos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto 77/1.996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, resuelvo:
  
Desestimar la petición de suspensión de la ejecución del acto impugnado formuladas en los recursos de alzada interpuestos doña Elvira Olmos Esteve, en nombre propio y representación de la Associacio de Veins Sants Patrons, Les Basses, Sant Judes; don Salvador Josep Pérez Fontana, en nombre propio y en representación de L`Associacio Xarquia Alternatives; don Salvador Iñigo Luis, don Enrique Alfonso Mata Carbonell, doña Carmen Bernia Pascual, don José Borrull, Martí, doña Concha Oliver Bertomeu, contra la el acuerdo dictada por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2001, por la que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Alzira.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.