Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6961, del 08-02-2013 (2013/1137)

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 067/12-A.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6961

Fecha DOGV
:   08-02-2013

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2013/1137


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del laudo emitido por la Junta Arbitral de Transportes de Alicante. Expediente número 067/12-A. [2013/1137]  
Ramón Escrig Moreno, presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante, manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, hace saber a Actiu Transport, SA, que se ha dictado laudo en el expediente referenciado y no siendo posible su notificación por desconocido, ignorado paradero o ausencia, se hace a través de la presente publicación, a los efectos legales oportunos. El contenido íntegro del laudo es el que se reseña seguidamente:  
«Tribunal. Presidente: Ramón Escrig Moreno. Vocales: Francisco Ortiz Gutiérrez, Miguel García Navaro, que justifica su ausencia. Secretaria-Vocal: Carolina Casal Asensio. Partes. Reclamante: Hevi-Translecon, SL, representada por Danilo Angelini. Reclamado: Actiu Transport, SA, representada por M.ª Eduarda Aparicio García.  
En Alicante, a 25 de octubre de 2012 y siendo las 11.15 horas se constituye la Junta Arbitral de Transportes por los miembros expresados al margen y con la asistencia de las partes para resolver los expedientes 067/12-A, procediéndose a la celebración de la vista oral respecto de la siguiente reclamación: impago de portes.   
Iniciada la vista oral por el presidente se procede a comprobar la identidad de las partes comparecientes y la calidad con que intervienen.   
Concedida la palabra a la reclamante deja basada su reclamación en los siguientes antecedentes de hecho:  
1. Ratificándose en todos los motivos de su demanda manifiesta que como consecuencia de las relaciones comerciales existentes entre las partes, la reclamante contrató con la reclamada la realización de un transporte con carga en Imola- Bologna (Italia) y descarga en Coslada-Madrid (España). Finalizado el transporte sin ningún inconveniente, se presentó al cobro la factura número A/187 de 6.07.2011 por un importe de 2.124,00 euros. Tras diversas gestiones de cobro sin conseguirlo es por lo que se interpone la presente demanda con el ruego de que una vez que sea reconocido su derecho, se condene a la reclamada al pago de la cantidad total de 2.124,00 euros.  
2. Tomando la palabra la representación de la reclamada presenta, en este acto, escrito de contestación a la demanda al que adjunta prueba documental referida a la presentación ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante Diligencia de Ordenación, Providencia y Sentencia recaída en otro asunto.   
La Diligencia y la Providencia dictada por el señalado Juzgado de Alicante, van referidas a la solicitud de la reclamada de concurso voluntario, del que no consta que haya sido admitido, después de subsanar los defectos que se señalan.  
El escrito, que sirve de apoyo a las manifestaciones que la representación de la reclamada realiza en vista, señala en su punto primero, el incumplimiento de las instrucciones de carga donde se establecían las condiciones de pago y las obligaciones que la misma asumía al respecto, el incumplimiento por parte de la reclamante al no haber presentado el original del CMR, que no existe recibí de la factura del transporte, así como la falta de aportar al expediente del certificado previsto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.  
En base a lo expuesto solicita se desestime la demanda.  
  
No existiendo mas cuestiones a debatir se da por finalizado el acto de vista.   
Son de aplicación los siguientes fundamentos jurídicos  
1. La competencia territorial de la Junta, de la que nada se alega, viene determinada en el artículo 1.º del CMR y los artículos 6 y 7.2 del Reglamento de la LOTT (RD 1211/90). La Cláusula V.1 del Convenio Europeo sobre arbitraje Comercial Internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 dice:«La parte que pretenda promover una excepción o declinatoria por incompetencia del tribunal arbitral, deberá, cuando se trate de excepciones basadas en hechos de inexistencia, nulidad o caducidad de acuerdo o compromiso arbitral, hacerlo durante el procedimiento arbitral no después del momento de presentar sus alegaciones sobre el fondo o sustancia de la controversia...». El punto 2 añade: «Aquellas excepciones contra la competencia del tribunal arbitral aludidas en el precepto del párrafo 1.º que no hubieran sido promovidas dentro de los plazos fijados en dicho párrafo, no podrán ser lo durante el curso ulterior del procedimiento arbitral...»  
En este sentido a esta Junta Arbitral no le consta que en ningún momento del procedimiento, habiendo sido notificado en tiempo y forma según se constata con la firma de recepción de la notificación y traslado de la demanda objeto de este litigio, que la demandada haya hecho ninguna alegación ante la misma que cuestione la existencia de convenio arbitral o imposibilidad de intervención de este tribunal, por lo que se entiende que puede entrar en el fondo del asunto por así permitirlo las leyes de arbitraje de nuestra legislación según se señala.  
2. La sumisión, además de venir expresamente pactada en la orden de carga expedida en el momento de contratación del transporte, la determina el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, conforme a la redacción dada al mismo por el artículo 162 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres que dice: «se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 6.000,00 euros y ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o actividad contratado.»  
3. Por tratarse de un transporte internacional la normativa aplicable es el Convenio de 19 de mayo de 1956 al que se adhirió España por instrumento del 12 de septiembre de 1973 (Ministerio de Asuntos Exteriores, BOE de 7 de mayo de 1974, número 109). Contrato de Transporte Internacional de mercancías por carretera (CMR), modificado por el Protocolo de 05.07.1978 al que se adhirió España por Instrumento de 23.09.1982 (Jefatura del Estado) publicado en el BOE de 18.12.192 núm. 203, que establece para cuestiones de competencia lo regulado en el artículo 31.1 a). No obstante y dado que el CMR no constituye una regulación completa y sistemática de los transportes de mercancías por carretera, sus lagunas han de completarse acudiendo a las normas materiales internas del los Estados, por lo que supletoriamente serán de aplicación el Código de Comercio, LOTT y su Reglamento y demás Normas de general aplicación.  
4. No hay motivo fundado en Derecho que mantenga que la actuación de las Juntas Arbitrales de Transportes deban circunscribirse solamente a las controversias nacidas como consecuencia del transporte de carácter interno. En este sentido no hay mas que considerar de aplicación lo establecido en el artículo 33 del CMR que dice «El contrato de transporte puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un Tribunal arbitral, a condición de que esta cláusula prevea que dicho Tribunal arbitral aplicará el presente convenio».   
Abundando en esta línea, el artículo 31 del CMR hace una remisión a la jurisdicción de los Estados para la resolución de los litigios a que pueda dar lugar el transporte regulado en él, lo que en este caso hace plenamente aplicable el sometimiento a la Junta Arbitral de Transportes de Alicante que expresamente se consigna en los respectivos CMR.   
5. Dada la ausencia del vocal representante de empresas cargadoras que excusó su asistencia, el presente laudo se dicta de conformidad con la previsión contenida en el apartado 7 del artículo 9 del ya mencionado RD 1211/1990, de 28 de septiembre, que aprobó el reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que literalmente dispone que «la inasistencia de cualquiera de los miembros de la Junta, con excepción del presidente, no impedirá que se dicte el laudo».  
6. De las declaraciones realizadas en vista por las partes, se deduce y así lo confirman los documentos aportados al expediente, que el transporte objeto de litigio fue realizado sin ningún inconveniente, lo que otorga un derecho de cobro a la demandante como porteadora de la mercancía transportada.  
Contra este derecho de cobro, por la demandada han sido presentadas alegaciones que en nada desvirtúan la obligación de pago por su parte. No se ha presentado prueba que desvirtúe el derecho de reclamación de los portes y consecuentemente su cobro, ya que su realización en ningún momento ha sido negada.   
Esta Junta Arbitral, estimando totalmente la demanda no puede tener en cuenta para su fallo, las alegaciones que en nada desvirtúan los hechos, la realización del transporte y la obligación a su pago.  
Por todo ello, valoradas las declaraciones manifestadas en la vista, practicadas las pruebas oportunas y analizados los documentos que constan en el expediente, tras las oportunas consideraciones, la Junta, por unanimidad de sus miembros, dicta el siguiente laudo:  
Estimar la demanda interpuesta por Hevi-Traslecon, SL, representada por Danilo Angelini, contra Actiu Transport, SA, representada por M.ª Eduarda Aparicio García, ya que de los hechos relatados, documentos probatorios y declaraciones efectuadas se establece, que la porteadora siguiendo las instrucciones de la demandada cumplió con la realización del transporte contratado, lo que le da un derecho de cobro de acuerdo con lo demandado.   
Por todo ello Actiu Transport, SA, deberá abonar a Hevi-Traslecon, SL, la cantidad de dos mil ciento veinticuatro euros (2.124,00 euros).  
Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.  
Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa, ante el Juzgado de 1.ª Instancia de Alicante conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.»  
Dichos plazos de recursos contenidos en el laudo transcrito serán computables a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Alicante, 25 de enero de 2013.- El presidente de la Junta Arbitral de Transportes de Alicante: Ramón Escrig Moreno.