Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7688, del 30-12-2015 (2015/10399)

DECRETO 240/2015, de 29 de diciembre, del Consell, por el que aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al colectivo de pensionistas, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud durante el ejercicio presupuestario de 2016.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7688

Fecha DOGV
:   30-12-2015

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2015/10281


Fecha del documento
:   29-12-2015

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Tipo de documento
:   Decreto

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
    * ayuda pública

DECRETO 240/2015, de 29 de diciembre, del Consell, por el que aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al colectivo de pensionistas, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud durante el ejercicio presupuestario de 2016.   
 [2015/10982]  
La Constitución española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud. El derecho a la salud se relaciona directamente con el derecho a la integridad física, que se recoge en el artículo 15 de la Constitución española. La íntima relación de ambos derechos implica un mandato constitucional a los poderes públicos para «organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». El derecho a la salud como parte de la integridad física y moral, es un derecho básico sin el cual los demás derechos fundamentales no pueden realizarse.  
Asimismo, «la dignidad de la persona», como fundamento del orden político y la paz social (art. 10.1 de la Constitución), obliga a reconocer a cualquier persona, independientemente de la situación en que se encuentre, aquellos derechos, o contenidos de los mismos, imprescindibles para garantizarla, erigiéndose así la dignidad en un mínimo invulnerable que por imperativo constitucional se impone a todos los poderes, incluido el legislador.  
En la Comunitat Valenciana nos encontramos con personas en situación de desamparo, que requieren una actuación protectora para atender unas necesidades que no están cubiertas por la Seguridad Social en el actual contexto normativo.  
Analizando la situación de determinados colectivos especialmente vulnerables, cabe indicar que en la actualidad hay más de 9.335.224 pensionistas en España y en la Comunitat Valenciana hay 910.358 pensionistas.  
De los datos que dispone la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, durante el periodo del mes de septiembre de 2014 a agosto del año 2015, en la Comunitat Valenciana se ha evidenciado que un 32 por ciento de pensionistas no iniciaron el tratamiento prescrito por el facultativo correspondiente, lo que supone que se dejaron de administrar 468.909 tratamientos necesarios para el cuidado de su salud.  
Además, el 16 por ciento de pensionistas que sí que iniciaron el tratamiento prescrito, no lo continuaron, con el resultado de 198.617 tratamientos abandonados.  
Estas cifras, así como las razones socio-económicas expuestas en la memoria e informe económico obrante en el expediente normativo del presente decreto, ponen de manifiesto que estos colectivos tienen verdaderas dificultades, por motivos económicos o sociales, para acceder a los tratamientos necesarios para garantizar su salud.  
Estas causas, así como la necesidad de una concesión ágil de estas ayudas que exige que quede garantizada su efectiva entrega a las personas beneficiarias, dificulta de modo objetivo su concesión mediante concurrencia competitiva. Y, por tanto, queda justificada su concesión mediante procedimiento directo.  
Para los pensionistas, como se indica en el artículo 50 de la Constitución, «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.»  
En su artículo 41, la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.  
Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, tiene como objetivo primordial establecer la estructura y el funcionamiento del sistema sanitario público en el nuevo modelo político y territorial que deriva de la Constitución. Según su artículo 1, su objeto consiste en la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución.  
  
La Ley General de Sanidad reconoce, en su título preliminar, como titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. A tal efecto, en su artículo 12 establece que los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio español, según lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución.  
En la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, cuyo objeto es establecer el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las administraciones públicas sanitarias, en el ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, así como la colaboración activa de este en la reducción de las desigualdades en salud, regula en su artículo 2 los principios generales para su consecución, de los cuales cabe resaltar:  
a) La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias.  
b) El aseguramiento universal y público por parte del Estado.  
c) La coordinación y la cooperación de las administraciones públicas sanitarias para la superación de las desigualdades en salud, en los términos previstos en esta ley y en la Ley General de Salud Pública.  
d) La prestación de una atención integral a la salud, comprensiva tanto de su promoción como de la prevención de enfermedades, de la asistencia y de la rehabilitación, procurando un alto nivel de calidad, en los términos previstos en esta ley y en la Ley General de Salud Pública.  
La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de Subvenciones, prevé en su artículo 168.1.c, un régimen excepcional de adjudicación consistente en la concesión directa de subvenciones, cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario; previniendo que las bases reguladoras para el otorgamiento directo de las subvenciones, se aprobaran por decreto del Consell, a propuesta de la conselleria competente por razón de la materia y previo informe de la conselleria competente en materia de hacienda. Dicho decreto no tendrá la consideración de disposición de carácter general.  
En similares términos se pronuncia la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, respecto del citado régimen excepcional de adjudicación directa, que no se sujeta a los principios de publicidad y concurrencia ni al procedimiento de concurrencia competitiva.  
Por ello, a propuesta de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, con el informe favorable de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, y previa deliberación del Consell, en su reunión del día 29 de diciembre de 2015,  
  
  
DECRETO  
  
Artículo 1. Objeto de la convocatoria, ámbito de aplicación y régimen jurídico  
1. El presente decreto tiene como objeto aprobar las bases reguladoras para la concesión de las ayudas directas de interés socio-sanitario destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario de la Comunitat Valenciana, que estén sujetos a financiación pública, correspondientes al periodo del ejercicio 2016.  
2. Las subvenciones se aplicarán en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana a las personas titulares de la tarjeta sanitaria, expedida por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que tengan la condición de personas beneficiarias según el presente decreto.  
3. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 168.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, por las razones de interés público, social, económico o humanitario, acreditadas en el expediente del presente decreto, las subvenciones objeto del mismo, tienen carácter excepcional, por lo que se concederán de forma directa a las personas beneficiarias.  
4. En todo lo no previsto en el presente decreto será de aplicación lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y en los preceptos declarados básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 88//2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.  
Respecto al procedimiento administrativo, será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, tras su entrada en vigor, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
  
Artículo 2. Financiación  
Las subvenciones se concederán con cargo a los presupuestos de la Generalitat para el 2016, sección 10, servicio 02.95, programa presupuestario 412.25, capítulo IV, línea de subvención T7484000, «Ayudas a colectivos especialmente vulnerables por razones económicas y/o sociales», importe total máximo de 84.804.937 de euros, siendo la procedencia y cuantía de los fondos, propios de la Generalitat.  
  
Artículo 3. No sujeción a políticas de competencia  
Las subvenciones que se concedan al amparo de la convocatoria realizada conforme a las bases generales de este decreto, no precisan de su notificación a la Comisión Europea, por no reunir todos los requisitos del apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, puesto que van dirigidas a personas que no ejercen actividad económica.  
  
Artículo 4. Personas beneficiarias  
1. Serán beneficiarias de las ayudas objeto de regulación de este decreto, las personas que cumplan los siguientes requisitos:  
a) Ostentar la condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud (SNS) con tarjeta sanitaria individual expedida por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y cuyo garante sea el INSS.  
b) Ostentar la condición de pensionista de la Seguridad Social.  
c) Tener un nivel de ingresos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuales y tener un régimen de aportación farmacéutica asignado TSI 002-01.  
2. Asimismo, tendrán derecho a las ayudas, que regula este decreto, las personas que figuren como beneficiarias de los asegurados que cumplan los requisitos del apartado anterior. Estas personas beneficiarias deben de estar identificadas como tales en el Sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.  
3. No podrán ser beneficiarias de estas ayudas, las personas en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a excepción del requisito previsto en la letra e), dada la naturaleza de estas ayudas.  
  
Artículo 5. Gastos subvencionables  
Se consideran gastos subvencionables las cantidades abonadas por tratamientos farmacológicos sujetos a financiación pública, prescritos por el personal médico del Sistema Sanitario Público Valenciano a las personas beneficiarias del presente decreto y adquiridos en establecimientos autorizados de la Comunitat Valenciana, en el ejercicio 2016.  
El importe máximo de la ayuda por beneficiario no podrá superar en cómputo anual, los 110 euros.  
  
Artículo 6. Procedimiento  
1. La tramitación del expediente se realizará por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, a instancia de la persona interesada, mediante el modelo normalizado adjunto al presente decreto, acompañado de la siguiente documentación:  
a) Documentación de los gastos correspondientes a los tratamientos farmacológicos sujetos a financiación pública, prescritos por el personal médico del Sistema Sanitario Público Valenciano a las personas beneficiarias del presente decreto.  
b) Fotocopia cotejada del documento de identificación del padre/madre o tutor, en su caso.  
c) Fotocopia cotejada del documento de identificación de la persona solicitante. En caso de menores, el libro de familia.  
d) Modelo de domiciliación bancaria, según el modelo normalizado adjunto al presente decreto, salvo que la cuenta bancaria estuviere de alta en la Generalitat.  
La solicitud contendrá declaración responsable de la persona solicitante de que no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, señaladas en el artículo 13 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
2. El modelo de solicitud de subvención estará disponible en la página web y en la guía PROP de la Generalitat (www.prop.gva.es).  
3. Las solicitudes se presentarán en el centro de salud donde esté adscrita la persona interesada, y en el caso de no existir dicha adscripción, se presentará en los servicios territoriales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, sitos en Alicante (c/ Gerona, 26. 03096), Castellón de la Plana (c/ Huerto Sogueros, 12. 12075) y Valencia (Gran Vía Fernando El Católico, 74. 46918). Sin perjuicio de cualquier otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
En caso de envío por correo certificado, la presentación de la solicitud en la oficina de Correos correspondiente, deberá hacerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, en sobre abierto, a fin de que el ejemplar destinado a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sea fechado y sellado antes de ser certificado. En caso de que la solicitud no esté fechada y sellada por la oficina de Correos correspondiente, se entenderá como fecha válida de presentación aquella que aparezca en la entrada de registro de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.  
4. El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.  
5. No obstante, los órganos administrativos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, podrán identificar de oficio, en función de los registros que obran en poder de la Administración, a las personas beneficiarias de estas ayudas y la realización del gasto objeto de subvención, en cuyo supuesto no se precisará de solicitud expresa.  
6. Las personas beneficiarias que quieran renunciar a la ayuda objeto de este decreto, deberán cumplimentar el modelo normalizado adjunto al presente decreto, presentando dicho escrito en cualquiera de las formas señaladas en el punto 3 de este artículo.  
  
Artículo 7. Resolución y notificación del procedimiento  
1. En el procedimiento iniciado a instancia de parte, la resolución y, en su caso, la denegación de la condición de persona beneficiaria y perceptora de la ayuda, se atribuye según lo previsto en el artículo 168.1.c, subapartado e) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de Subvenciones, a la persona titular de la Gerencia del Departamento de Salud al que está adscrita la persona beneficiaria, y en el caso de los departamentos gestionados en régimen de concesión administrativa al comisionado/a, previa propuesta del órgano gestor del centro de salud al que corresponda la adscripción de la persona interesada.  
El plazo máximo para tramitar, resolver y notificar tales expedientes será de dos meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.  
  
Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución, se entenderá desestimada la solicitud de concesión de la ayuda, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2. La concesión y, en su caso, la denegación de la condición de persona beneficiaria y perceptora de la ayuda, en el procedimiento iniciado de oficio, se atribuye según lo previsto en el artículo 168.1.c, subapartado e) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de Subvenciones, a la Secretaria Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público.  
En tales supuestos la notificación se efectuará mediante publicación de la resolución en la página web de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y en los distintos Centros de Salud. Asimismo, dicha notificación será puesta en conocimiento de la persona interesada a través de su hoja de tratamientos vigentes.  
  
Artículo 8. Recursos  
1. Contra la resolución que se dicte en los expedientes de tramitación a instancia de parte, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, en la forma y plazos establecida en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2. Contra la resolución que se dicte en los expedientes tramitados de oficio, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse, recurso de alzada ante la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, en la forma y plazos establecida en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Artículo 9. Forma de pago y justificación  
1. Se establecen dos procedimientos de pago de las ayudas: el abono directo a la entidad colaboradora titular del establecimiento autorizado, o el reembolso a la persona beneficiaria.  
2. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública acordará con las entidades colaboradoras el procedimiento para efectuar el abono directo, que se instrumentará a través de un convenio de colaboración.  
3. El pago de la subvención a la persona beneficiaria en los procedimientos de reembolso se efectuará mediante justificación por la persona beneficiaria del importe satisfecho en concepto de tratamientos farmacológicos, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat.  
4. Respecto a la justificación del gasto, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, se efectuará de la siguiente forma:  
a) Cuando la ayuda sea concedida a solicitud de la persona interesada, la justificación del gasto se realizará mediante la aportación por la misma de las correspondientes hojas de tratamiento y de las facturas del gasto efectuado.  
b) Cuando la ayuda sea concedida de oficio por la Administración, la justificación del gasto consistirá en las correspondientes facturas presentadas por los establecimientos autorizados por los tratamientos dispensados con la periodicidad que se establezca en el convenio de colaboración previsto en el apartado 2 de este artículo.  
  
  
DISPOSICIONES FINALES  
   
Primera. Producción de efectos  
El presente decreto, tras su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, producirá efectos a partir de 1 de enero de 2016.  
  
  
Segunda. Recursos  
De acuerdo con el artículo 168.1.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el presente decreto no tiene consideración de disposición de carácter general.  
Contra las bases reguladas por el presente decreto, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
Valencia, 29 de diciembre de 2015  
El president de la Generalitat,  
XIMO PUIG I FERRER  
  
La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,  
CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ