Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4398, del 13-12-2002 (2002/13843)

Notificación a Andrés Vega Paredes. Expediente número R-43/2002.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4398

Fecha DOGV
:   13-12-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/13715


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Andrés Vega Paredes. Expediente número R-43/2002. [2002/Q13563]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a Andrés Vega Paredes, calle de Vicente Navarro Soler, número 9, 6.ª (46005 Benetússer), la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-43/2002.
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada formulado por Andrés Vega Paredes contra resolución denegatoria del visado de contrato y de la financiación cualificada para la adquisición protegida de una vivienda ya construida número 46/1T/1934/2001/54.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Andrés Vega Paredes y Natalia Ferriols Mercader, adquirentes de una vivienda ya construida (VYC), mediante escritura de compraventa de fecha 3 de julio de 2001, presentaron en el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, solicitud de visado y de financiación cualificada el día 12 de septiembre de dicho año.
  
2. Examinada la documentación aportada y finalizada la instrucción del expediente, mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2001, el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia informó a los interesados de los motivos que servirían de base a la propuesta de resolución desestimatoria de su solicitud, y con carácter previo a redactar la mencionada propuesta, les concedió trámite de audiencia del expediente (art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, BOE de 27 de noviembre de 1992), al objeto de que pudieran aportar en el plazo de 15 días naturales, las alegaciones y documentos que estimasen pertinentes en defensa de sus intereses.
  
Según consta en el reverso del acuse de recibo obrante en el expediente dicha notificación se recibió en fecha 7 de noviembre de 2001.
  
3. Visto el expediente, transcurrido el plazo concedido sin que por los interesados se presentasen alegaciones y/o documentación alguna, el jefe del Servicio Territorial, en fecha 11 de diciembre de 2001, dictó resolución denegando el visado así como la subsidiación solicitada por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2.c del Real Decreto 1.186/1998, de 12 de junio, y artículo 5.4 del Decreto 173/1998, de 20 de octubre, del Gobierno Valenciano, al haber transcurrido más de dos meses entre la formalización de la escritura de compraventa y la solicitud del visado de la misma por el órgano competente.
  
4. Contra la citada resolución, Andrés Vega Paredes interpone recurso de alzada en tiempo y forma, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras de la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso de alzada, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 210/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 4.165, de 10 de enero de 2002).
  
2. Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115 de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso de alzada.
  
3. La concesión por parte de la administración de las ayudas económicas para adquisición de viviendas queda supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos que vienen establecidos en la norma de aplicación vigente en el momento de la solicitud. En el presente caso, el mencionado artículo 5.4 del Decreto 173/1998, de 20 de octubre, del Gobierno Valenciano, exige para la obtención de la financiación cualificada, que entre la celebración del contrato de opción de compra, compraventa o escritura y la solicitud del visado de los mismos por el órgano competente, no hayan transcurrido más de dos meses.
  
4. Asimismo, el artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que los términos y plazos establecidos en ésta y otras leyes, obligan a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.
  
5. En el caso que nos ocupa, examinada la documentación obrante en el expediente, se comprueba que han transcurrido más de dos meses entre la formalización de la escritura de compraventa (3 de julio de 2001) y la solicitud del visado de la misma (12 de septiembre de 2001) por el órgano competente.
  
En consecuencia, a la vista de lo actuado, no desvirtuando lo aducido por el recurrente, el contenido de la resolución impugnada, procede confirmar la misma.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Vivienda, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada formulado por Andrés Vega Paredes contra Resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, de fecha 11 de diciembre de 2001, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.