Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5706, del 19-02-2008 (2008/2044)

ORDEN de 14 de febrero de 2008, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas a programas de atención a menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales en medio abierto, para el ejercicio correspondiente al año 2008.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5706

Fecha DOGV
:   19-02-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2008/2044


Fecha del documento
:   14-02-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Orden

Descriptores 

:   * apoyo económico
    * reinserción social
    * sociedad sin fines de lucro
    * protección de la infancia
    * administración local
    * joven
    * jurisdicción de menores
    * delincuencia juvenil
    * servicio social
    * ayuda pública

ORDEN de 14 de febrero de 2008, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas a programas de atención a menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales en medio abierto, para el ejercicio correspondiente al año 2008. [2008/2044]
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, encomienda a las Comunidades Autónomas la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores en el ejercicio de su función jurisdiccional, y atribuye a estas mismas entidades la competencia en materia de creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar su correcta ejecución. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, el ejercicio de estas atribuciones corresponde a la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 7/2007, de 28 de junio, del Presidente de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, y el Decreto 92/2007, de 6 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.
La reacción jurídica dirigida a los menores infractores es, ciertamente, una medida de naturaleza sancionadora. No en balde, la Ley Orgánica 5/2000 desarrolla la exigencia de una verdadera responsabilidad jurídica a los menores de edad por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. La Ley entiende, no obstante, que la responsabilidad penal de los menores presenta un carácter primordial de intervención educativa, que debe trascender a todos los aspectos de su regulación jurídica y, muy especialmente, a las propias medidas sancionadoras, cuya ejecución deberá ajustarse, en todo caso, al superior interés del menor de edad sobre cualquier otro interés concurrente.
Las medidas sancionadoras de medio abierto son aquéllas cuya ejecución no requiere el ingreso del menor en un centro de reeducación. Permiten dar prioridad a las actuaciones en el propio entorno familiar y social del menor y emplear, asimismo, los recursos normalizados del ámbito comunitario. Su idoneidad para llevar a cabo intervenciones educativas con los menores infractores es patente. Tanto es así que la propia Ley Orgánica 5/2000 obliga a incluir en todas las medidas de internamiento que se adopten un periodo final que debe llevarse a cabo en régimen de libertad vigilada.
A través de esta orden, se convocan ayudas destinadas a financiar los programas de atención a los menores y jóvenes que deben cumplir alguna de las medidas de medio abierto previstas por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en virtud de una resolución judicial.
De conformidad con el artículo 3.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, las presentes ayudas no afectan a la libertad de competencia establecida en el artículo 87 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat aprobado por Decreto legislativo de 26 de junio de 1991, y el Decreto 122/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas,
ORDENO
Título I
Ayudas y subvenciones
Capítulo I
Objeto y tipología
Artículo 1. Objeto
Es objeto de esta convocatoria regular y convocar ayudas económicas destinadas al sostenimiento de los programas de intervención y reinserción social con menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales de medio abierto para el año 2008, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Artículo 2. Tipología de las ayudas
Estas ayudas podrán ser de dos tipos:
a) Ayudas para el pago de los salarios y seguridad social de los profesionales de la entidad solicitante que intervienen en los programas.
b) Ayudas para los gastos de sostenimiento de estos programas.
Artículo 3. Exclusiones
Quedan expresamente excluidos de las ayudas contempladas en esta orden los conceptos correspondientes a otros ejercicios económicos, las cuotas pagadas por las personas físicas a las asociaciones o federaciones y los gastos suntuarios.
Capítulo II
Beneficiarios
Artículo 4. Solicitantes.
Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas ayudas:
- los municipios;
- las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes de los mismos, siempre que hayan sido creadas para intervenir en el ámbito de la acción social y no tengan carácter mercantil o industrial;
- las mancomunidades;
- las instituciones privadas sin ánimo de lucro.
Artículo 5. Requisitos de las entidades solicitantes
1. Las entidades solicitantes deberán reunir, con carácter general, los siguientes requisitos:
a) Inscripción en el Registro General de los Titulares de Actividades, de Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad Valenciana
- Entidades sin ánimo de lucro: todas las entidades tendrán que estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el citado Registro previamente a la concesión de la ayuda. No obstante, si no están inscritas en el momento de la solicitud, la Dirección Territorial de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas informará, en la plantilla técnica de estudio, si los fines de actuación de la entidad solicitante se adecúan al ámbito de la subvención solicitada.
- Entidades locales o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes de las mismas: se entienden registradas de oficio, estando exceptuadas de acreditar dicho requisito.
b) Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre.
- Las entidades solicitantes no podrán estar incursas en las prohibiciones que se establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.
2. Las entidades privadas deberán reunir, además:
a) Carecer de ánimo de lucro.
b) Tener como fin primordial en sus estatutos la realización de actividades relacionadas con el objeto de estas ayudas.
c) Acreditar la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Artículo 6. Prioridades
Tendrán prioridad para la concesión de estas ayudas los programas que fueron financiados por este mismo concepto en el ejercicio de 2007, siempre que reúnan los requisitos establecidos en esta orden para ser subvencionados.
En segundo lugar, aquellos municipios que presenten necesidades especiales a causa de su problemática social y, en especial, del número de medidas judiciales impuestas a menores de la localidad en el ejercicio 2007.
En tercer lugar, aquellas entidades que hayan tenido un mejor y más alto nivel de ejecución en el ejercicio de 2007.
En cuarto lugar, aquellas entidades que colaboren con la Generalitat en el ámbito de la promoción e inserción social de los menores, con especial referencia a las actuaciones orientadas a la prevención de la delincuencia juvenil.
Artículo 7. Subcontratación de las actividades subvencionadas.
La subcontratación se regirá por los siguientes criterios:
1. Entidades locales, agrupaciones de municipios y entidades dependientes de las mismas:
Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmente la actividad subvencionada siempre que el programa así lo requiera y se explicite y justifique en la solicitud de la subvención. La subcontratación de las actividades subvencionadas se hará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En todo caso, los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la actividad subvencionada por la administración.
No se entenderá como subcontratación las actuaciones realizadas por voluntarios, siempre que las mismas estén contempladas en el programa solicitado.
Tampoco se considerará subcontratación la prestación de servicios por un profesional, sea o no de forma continuada, cuando el modo de pago se realice al mismo mediante factura.
2. Entidades sin ánimo de lucro:
Las instituciones privadas sin ánimo de lucro no podrán subcontratar ningún porcentaje de la actividad subvencionada.
No obstante, no se entenderá como subcontratación la prestación de servicios por un profesional, cuando el modo de pago se realice por factura, ni las actuaciones realizadas por voluntarios, siempre que las mismas estén contempladas en el programa.
Capítulo III
Importe de las ayudas
Artículo 8. Criterios generales en la determinación de la cuantía.
El cálculo de la cuantía que se asignará a cada programa atenderá a los siguientes criterios:
1. Adecuación de los gastos:
Sólo se subvencionarán los gastos realmente previstos y adecuados al programa. En la plantilla técnica de estudio que efectuarán las Direcciones Territoriales competentes podrá indicarse, en su caso, qué gastos de los cuales se solicita subvención no se consideran adecuados al objeto de ésta.
En el supuesto de que se solicite la subvención de programas que incluyan gastos por conceptos que no se dediquen de modo exclusivo a la actividad para la cual se solicita la ayuda, la entidad indicará en la solicitud qué porcentaje dedica al programa. Dicho porcentaje podrá ser utilizado en la justificación que se efectuará respecto a la subvención concedida, en su caso.
2. Referido a gastos de personal:
a) La retribución salarial del personal que debe desarrollar el programa, y que esté en situación regular de contratación, incluidos los gastos de seguridad social, en sus diferentes regímenes y cualquier otro concepto que se incluya en la nómina por la entidad.
La subvención que se otorgue por este concepto no dependerá de la titulación de quien ocupa el puesto, sino de la que fuere necesaria para ocupar éste.
b) El importe máximo de la ayuda a subvencionar por la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas será el 100% del coste.
3. Referido a gastos de sostenimiento, se observarán como criterios para identificar el gasto y su cuantificación:
a) El importe máximo de la ayuda a subvencionar por la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas corresponderá a un 65% del importe a justificar, estando la entidad obligada a atender el resto: 35%, hasta completar el 100%.
Podrán subvencionarse aquellos gastos que sean necesarios para la realización del programa, como seguros, tributos, gastos de local, teléfono, desplazamientos, obras de reparación y similares. A este respecto se tendrá en cuenta que:
- Se excluirán las sanciones a que haya habido lugar por incumplimientos fiscales y las cantidades correspondientes al impuesto del valor añadido, en el supuesto de estar exento del pago del mismo.
- Respecto a los gastos en concepto de desplazamientos del equipo que desarrolle el programa, sólo se observarán para aquellas entidades públicas y privadas cuyo ámbito territorial de actuación sea superior al municipal. No obstante, si estos se incluyeran en la nómina, podrán contemplarse como gastos de personal.
Del mismo modo, podrán subvencionarse también como sostenimiento los gastos realizados por personal que presta sus servicios para la entidad de modo voluntario, y las prestaciones continuadas de servicios por profesionales, aún cuando éstas no cubran todo el periodo subvencionado.
4. Agrupación de conceptos:
Si estuviera justificado por las características del programa, y existe propuesta en tal sentido de la Comisión de Valoración, podrá concederse la subvención unificando los conceptos de personal y sostenimiento. No obstante, la resolución podrá indicar, respecto al personal subvencionado, el número mínimo y tipología que debe atender el programa.
Título II
Procedimiento
Capítulo I
Iniciación del procedimiento
Artículo 9. Iniciación
El inicio y tramitación del procedimiento se ajustará a lo establecido en la presente orden y, con carácter general, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Artículo 10. Solicitud
1. Las solicitudes de ayuda de la presente convocatoria se presentarán por triplicado, debidamente formalizadas y suscritas por quien ostente la representación legal de la entidad titular del programa, según el modelo que figura en el Anexo I.
Dichos modelos incluyen la «Ficha de mantenimiento de terceros», que servirá para acreditar la titularidad de la cuenta a través de la cual el beneficiario desea percibir la ayuda.
2. Los modelos de solicitud se encontrarán a disposición de los solicitantes en las Direcciones Territoriales de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en las Oficinas PROP y en la web de la Generalitat.
Artículo 11. Documentación
1. La documentación presentada será original o, si es copia, legalizada por notario, cotejada o compulsada.
2. La documentación a presentar, junto a la solicitud correctamente cumplimentada y firmada por un representante debidamente autorizado para ello, será la siguiente:
a) De modo general:
a.1) Todas las entidades:
- CIF de la Entidad.
- Si la entidad ya fue subvencionada para llevar a cabo el mismo programa en el ejercicio de 2007, al amparo de la Orden de 13 de diciembre de 2006, de la conselleria de Bienestar Social, publicada en el DOCV nº 5.429, de 16 de enero de 2007, la memoria del programa desarrollado incluida en la solicitud podrá sustituirse por la contemplada en dicha Orden.
- Si no se desarrolló en el ejercicio anterior el programa solicitado, oficio indicando tal circunstancia.
- Declaración responsable del solicitante en la que se haga constar que se ha cumplido la obligación del reintegro de las deudas con la administración, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- Relación de los menores (nombre, apellidos y, en su caso, municipio de residencia) respecto a los que se hayan ejecutado o estén ejecutándose medidas judiciales a lo largo del ejercicio de 2007, con independencia de que la misma se haya iniciado en este ejercicio de 2007 o en otro anterior.
a.2) Las agrupaciones de municipios harán constar en la solicitud, de modo expreso, lo siguiente:
- Compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la misma.
- En su caso, importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la condición de beneficiarios.
- Nombramiento de un representante o apoderando único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario corresponden a la misma.
a.3) Las entidades sin ánimo de lucro deberán presentar, además, la siguiente documentación:
- Estatutos de la entidad.
- Copia de las nóminas de los trabajadores que consten en la solicitud de subvención. Si los trabajadores no están aun contratados, oficio indicando las cuantías totales previstas de las nominas, desglosando las distintas partidas que se incluirán en las mismas, así como la parte que correspondería aportar a la propia empresa para impuestos, seguridad social, y otros gastos sociales.
- Si no estuviera inscrita, solicitud de la inscripción en el Registro General de Titulares de Actividades, de Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad Valenciana.
- Documentación acreditativa de que se dispone de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia operativa necesaria para ello
Artículo 12. Lugar de presentación
1. Las solicitudes de ayuda formuladas al amparo de la presente orden se presentarán, junto con la documentación requerida, en el Registro de la Dirección Territorial de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la provincia donde se desarrolle el programa para el que se solicita la subvención; o bien donde tenga su sede la entidad, para aquellos programas cuyo ámbito de actuación abarque más de una provincia.
Si la entidad no tiene su sede en la Comunidad Valenciana, se presentará en el registro de la Dirección Territorial de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas donde mayor implantación se prevé que tendría el programa si fuera subvencionado.
2. También podrán presentarse en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La presentación de las solicitudes en las oficinas de correos deberá ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la prestación de servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de liberalización de los Servicios Postales.
Artículo 13. Plazos de presentación
El plazo de presentación de solicitudes será un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Para dicho cómputo, se tendrá en cuenta que el día de finalización del plazo corresponderá al mismo ordinal del día en que se ha publicado esta orden. Caso de que no exista dicho ordinal, el plazo expirará el último día del mes. Si el último día fuera inhábil, se entenderá prorrogado el plazo al siguiente día hábil.
Artículo 14. Subsanación de la solicitud
1. Recibidas las solicitudes e incoado el expediente, las Direcciones Territoriales de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas las verificarán y podrán realizar de oficio las actuaciones que consideren necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución.
2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación que resulte exigible de acuerdo con esta orden, se notificará a la entidad interesada la causa que impide la continuación del procedimiento y se le requerirá para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de archivo, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, todo ello de conformidad con lo que previene el artículo 71 de la referida norma.
Esta resolución será dictada por el director o la directora Territorial de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Al adoptarse por delegación, indicará expresamente esta circunstancia y se considerará dictada por el órgano delegante, agotando la vía administrativa.
Contra la misma se podrá interponer recurso ante el orden jurisdiccional contencioso - administrativo en la forma, plazo y condiciones que determina la ley reguladora de dicha jurisdicción.
No obstante previamente cabrá interponer, potestativamente, y según proceda, recurso de reposición conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Capítulo II
Ordenación e instrucción del procedimiento
Artículo 15. Ordenación e instrucción
Recibidas las solicitudes, la Sección correspondiente las verificará y podrá realizar de oficio las actuaciones que considere necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la solicitud.
Cuando la subvención solicitada corresponda a un ámbito superior a una provincia, la instrucción del expediente corresponderá a la Dirección Territorial donde tenga ubicada su sede la entidad.
Si la entidad no tiene su sede en la Comunidad Valenciana, la instrucción del expediente corresponderá a la Dirección Territorial donde mayor implantación se prevé que tendría el programa si fuera subvencionado.
En esta fase, a la vista de la documentación obrante en el expediente y de las obligaciones que se adquieran por la concesión de la ayuda, se podrá recabar los informes de los organismos y entidades que se estimen oportunos y efectuar las comprobaciones necesarias sobre la exactitud de todo ello.
Artículo 16. Estudio del expediente
Completo el expediente, se procederá a elaborar las plantillas técnicas de estudio que serán firmadas por el director o la directora Territorial, según modelo que se elabore por instrucción interna de la Dirección General de Justicia y Menor, y que se remitirán junto al expediente a esta Dirección General. La Dirección Territorial mantendrá en su poder, en todo caso, uno de los ejemplares de la solicitud presentada por los interesados.
Capítulo III
Finalización del procedimiento
Artículo 17. Propuesta
Recibido el expediente en la Dirección General de Justicia y Menor, junto a la plantilla técnica, será valorado por una Comisión de Valoración que se constituirá al efecto y que elevará propuesta de resolución al director general de Justicia y Menores.
Artículo 18. Comisión de valoración
1. La Comisión de Valoración estará compuesta por el jefe de Área de Justicia Juvenil y Prevención de la Violencia, que actuará como Presidente; los directores Territoriales de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas; la jefa del Servicio de Atención al Menor Infractor, Mediación y Prevención de la Violencia; el jefe de Sección de Medidas Judiciales, que actuará como Secretario; y una técnico de esta misma unidad.
2. Dicha Comisión elaborará propuestas de concesión o denegación de las ayudas que serán elevadas al conseller de Justicia y Administraciones Públicas para que resuelva como estime procedente.
3. A la citada Comisión de Valoración podrá convocarse a los técnicos de las Direcciones Territoriales y/o de la Dirección General que se estime procedente.
Artículo 19. Resolución
1. El plazo máximo para tramitar, resolver y notificar las solicitudes sobre las ayudas recogidas en esta orden será de tres meses contados a partir de la fecha en que se hubieran hecho públicos los créditos para la financiación de las ayudas.
No obstante, si se desestimaran total o parcialmente algunas solicitudes por falta de consignación presupuestaria, y con posterioridad a la finalización del plazo de resolución se incrementaran los créditos destinados a financiar estas ayudas, dichas solicitudes podrán valorarse, resolverse y notificarse en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la Resolución del conseller de Justicia y Administraciones Públicas que dé publicidad a este incremento.
2. En aquellos supuestos en que no se produzca resolución expresa en el plazo señalado, se entenderá que las solicitudes han sido desestimadas, a los efectos previstos por el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
3. El importe de las subvenciones concedidas no podrá, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar el coste de la actividad que han de desarrollar las entidades beneficiarias.
Artículo 20. Recursos
Contra las resoluciones dictadas por el conseller de Justicia y Administraciones Públicas se podrá interponer directamente recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma, plazo y condiciones que determina la ley reguladora de dicha jurisdicción.
No obstante previamente se podrá interponer, potestativamente, y según proceda, recurso de reposición conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Título III
Del pago y de la justificación de las subvenciones
Artículo 21. Obligaciones
Las entidades subvencionadas deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Obligaciones generales:
a.1) Con posterioridad a la resolución de concesión de la solicitud:
- Atender los pagos de las obligaciones que se contraen.
- Formalizar adecuadamente los documentos de seguimiento técnico y financiero contemplados en esta orden, o en la resolución que dé publicidad a la forma de pago, justificación y disponibilidades presupuestarias para la subvención de las ayudas contempladas en esta orden.
- Presentar en la Dirección Territorial de Justicia y Administraciones Públicas correspondiente, antes del 31 de enero de 2009, una memoria de desarrollo de los programas subvencionados.
- Someterse a las actuaciones de comprobación respecto al programa subvencionado, facilitando la inspección, el control y el seguimiento de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y, en particular, de la Dirección General de Justicia y Menor o de sus unidades administrativas dependientes, con el fin de conocer cualquier aspecto de la actividad objeto de la subvención, especialmente, y a requerimiento de éstos, toda la información económica, fiscal, laboral, técnica y de cualquier tipo que les sea solicitada y tenga por objeto justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para la concesión de la subvención, la realización de las actividades o adopción del comportamiento que justifica el libramiento de ésta o bien la correcta aplicación de la suma librada a la finalidad prevista, sin perjuicio de la confidencialidad exigible.
- Someterse a las actuaciones de control financiero que corresponde a la Intervención General en relación con la subvención y ayudas concedidas.
- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.
- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
- Dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de los programas objeto de la subvención, haciendo constar explícitamente, cuando haga difusión de los mismos, que el programa está «Subvencionado por la Generalitat - conselleria de Justicia y Administraciones Públicas». Del mismo modo, se informará de dicha circunstancia a los usuarios de los programas.
- Reintegrar los fondos percibidos, en los supuestos y condiciones determinados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- No transferir el importe ni usar la subvención concedida en actividades que tengan lugar en otras comunidades autónomas, ni sufragar gastos de personal ni de sostenimiento de los representantes en otro u otros países extranjeros.
a.2) Durante todo el periodo subvencionado:
- Colaborar con la Generalitat en el ámbito del programa subvencionado, con la finalidad de favorecer su coordinación e integración en el campo del menor.
- No minorar ni anular la consignación que hubiesen previsto inicialmente en su presupuesto para este fin.
- Cumplir el objetivo y ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
- Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de las ayudas concedidas, en el plazo máximo establecido en la presente orden o las normas que sean de aplicación.
- Comunicar fehacientemente al órgano que concede la subvención la concesión de toda ayuda, con la misma finalidad, por parte de otros organismos públicos o privados. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
- Cumplimentar, cuando así sea solicitado, las memorias y documentos que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales requiera para la tramitación o justificación de los fondos que dicho Ministerio destina a cofinanciar estos programas. Dichas memorias y documentos, que deberán ser cumplimentados en el formato que sea solicitado por el citado Ministerio, podrán ser solicitados antes o después de la resolución de la solicitud, tanto para presentar el proyecto a realizar, como para justificar la realización del mismo una vez finalizado.
Artículo 22. Sistema de pagos de las ayudas y subvenciones
1. Para el régimen de libramientos de transferencias corrientes para el pago de las ayudas contempladas en esta orden, salvo que la legislación de la Generalitat permita otro régimen de libramientos, se aplicará el régimen general previsto en el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública, por los porcentajes máximos dispuestos en la misma.
2. No obstante lo anterior, la Resolución por la que se publiquen las cuantías máximas de las ayudas reguladas en la presente orden, especificará el régimen definitivo de libramiento, el cual será recogido en las resoluciones de concesión de ayudas.
3. Previamente al primer pago anticipado deberá haberse justificado, con carácter previo, la cuantía concedida por la conselleria de Bienestar Social durante el ejercicio de 2007 si la hubiera, o bien, caso de no haberse justificado la misma en su totalidad, haber efectuado el reintegro de la cantidad que correspondiera o haberse iniciado el expediente de compensación de deuda que proceda. En todo caso, para que se actúe de este modo será necesario que, por un lado, dicha circunstancia haya sido constatada y declarada por la administración mediante resolución expresa motivada, que ya sea firme, dictada en un procedimiento con audiencia y notificación a la entidad interesada y, por otro lado, que los fondos a reintegrar hayan sido efectivamente librados por la Generalitat.
Artículo 23. Garantías
1. Salvo en los supuestos exceptuados en el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, o en otras normas de aplicación, para la realización de anticipos de pago será necesario que el beneficiario de la subvención presente previamente garantías.
A estos efectos, se entenderá por anticipos de pago las cantidades que sean libradas a favor del beneficiario con anterioridad a que éste justifique el gasto correspondiente.
2. En el supuesto de que sea necesaria la presentación de garantías, el beneficiario de la subvención vendrá obligado a presentarlas mediante la aportación de un aval bancario solidario con renuncia expresa al beneficio de excusión, o póliza de aseguramiento suscrita con cualquier entidad oficialmente reconocida, por el importe de la cantidad anticipada. En el caso de anticipos, el aval se formalizará con antelación al primer anticipo y por el importe que corresponda, y no será necesaria ninguna garantía ulterior. La presentación de las garantías descritas será condición indispensable para poder efectuar el pago anticipado.
Para la constitución y tramitación de garantías, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el régimen general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y la Orden de 14 de febrero de 1986, de la conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.
Cualquiera que sea la forma elegida para formalizar la garantía, ésta deberá depositarse en los servicios territoriales de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la provincia correspondiente, los cuales harán entrega al beneficiario de la carta de pago acreditativa del depósito, que deberá ser presentada por éste en la Dirección Territorial de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas donde se realice el programa, o en la Dirección General de Justicia y Menor, en el caso de programas cuyo ámbito de actuación sea mayor de una provincia, como requisito previo e inexcusable para el pago.
3. El importe de las garantías será un 100% de la cuantía total anticipada.
Artículo 24. Sistema de justificación de las ayudas y subvenciones
1. La justificación del gasto de las ayudas que se concedan al amparo de la presente orden, deberá referirse, como mínimo, al coste total estimado que se determinará en la resolución de concesión.
Dicha justificación se corresponderá siempre con el contenido del programa subvencionado, no siendo admisibles gastos de actuaciones que no estén específicamente contemplados en la descripción de aquél. La justificación por un importe menor a dicho coste hará que se minore proporcionalmente la ayuda concedida.
La forma de justificación será la siguiente:
a) En el caso de ayudas concedidas a entidades locales y entidades de derecho público dependientes de las mismas, dicha justificación se realizará mediante la presentación ante la Dirección Territorial correspondiente de un certificado de obligación contraída o reconocida, o de pago ordenado, según modelo Anexo II, recogido en esta orden.
Deberá acreditarse también el periodo trabajado, número y tipología del personal que ha ejecutado el programa, mediante los contratos de trabajo o certificado emitido por la entidad local. En el supuesto de personal compartido, deberán indicar en qué otro programa o servicio trabaja, y por cuánto importe y porcentaje se justifica en otras subvenciones concedidas.
Los miembros de las agrupaciones de municipios vendrán obligados a cumplir los requisitos de justificación respecto de las actividades realizadas. Esta documentación formará parte de la justificación que viene obligado a rendir el municipio que actúa como representante o apoderado de la agrupación.
b) En el caso de ayudas concedidas a entidades privadas y cooperativas, la justificación del gasto consistirá en la presentación ante la Dirección Territorial correspondiente, o ante la Dirección General de Justicia y Menor, en su caso, de la siguiente documentación acreditativa del gasto efectuado:
b.1. Relación y documentos acreditativos del gasto correspondiente a la nómina de los trabajadores y pago a la Seguridad Social, así como cualquier otro que en esta orden estuviera contemplado dentro del concepto de personal.
b.2. Documentos y facturas de la cuantía del gasto efectuado en sostenimiento, adjuntando además relación de las mismas según modelo Anexo III, recogido en esta orden.
En el supuesto de indemnización por kilometraje, el importe máximo a facturar por kilómetro será el mismo que está estipulado para el personal de la administración de la Generalitat, en el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, de indemnizaciones por razón de servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios, o por aquel que le sustituya.
b.3. Los gastos correspondientes al personal voluntario se justificarán mediante los recibos acreditativos del gasto efectuado, en los que se harán constar el nombre y apellidos del voluntario, DNI ó NIF, su firma, nombre del programa en el que se ha realizado la actividad, y entidad privada o cooperativa que ha pagado dicho recibo.
b.4. El gasto efectuado con motivo de la prestación continuada de servicios por un profesional se justificará mediante la factura emitida por el mismo. Dicha factura deberá incluir su titulación y el concepto por el que se emite.
2. Todas las facturas acreditativas del gasto realizado deberán reunir los requisitos recogidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el reglamento del impuesto sobre el valor añadido (BOE nº 286, de 29 de noviembre de 2003).
3. Cuando la resolución de concesión diferencie los conceptos de personal y sostenimiento, en las justificaciones parciales presentadas respecto a la ayuda concedida se podrán unir, acumulándose, las cuantías correspondientes a personal y sostenimiento, siendo suficiente que en su conjunto cumplan el porcentaje requerido para efectuar el pago que proceda, ajustándose en la última justificación que se presente el porcentaje e importe procedente respecto a la cuantía concedida por conceptos y a justificar total, según lo dispuesto en la resolución de concesión.
4. En el supuesto de que la resolución de concesión unifique los conceptos de personal y sostenimiento, se podrá justificar la cuantía concedida en cualquiera de los conceptos hasta el importe total máximo a justificar.
5. La Dirección General de Justicia y Menor y la Dirección Territorial de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas correspondiente, podrán requerir de los beneficiarios de la subvención cuantos documentos, facturas, mandamientos de pago, etc., sean necesarios para justificar la cuantía del gasto efectuado de la ayuda concedida.
6. Los plazos y el sistema de justificación estarán en función de la forma de pago que se establezca. No obstante, la subvención concedida que incluya el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre deberá haberse justificado, como máximo a 31 de octubre de 2008, no pudiendo presentarse justificaciones de gasto efectuado en el ejercicio del año 2008 con posterioridad al 31 de enero del año 2009.
7. Excepcionalmente, la Dirección General de Justicia y Menor podrá admitir la documentación presentada fuera del plazo establecido en la presente convocatoria, acreditativa de la correcta realización de la actividad objeto de la subvención, siempre que el retraso obedeciera a causas debidamente justificadas en el expediente y no imputables al beneficiario de la subvención.
8. La entidad deberá conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
Artículo 25. Denegación, dejación sin efectos y minoración de las ayudas económicas
1. Podrán dictarse resoluciones de denegación de estas ayudas:
a) Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta orden.
b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de esta orden, previamente a la resolución de las mismas.
c) Por falta de adecuación de los fines de actuación de la entidad solicitante al ámbito de la subvención solicitada.
d) Por no disponer la entidad de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos o no acreditar la experiencia operativa necesaria para ello.
e) Por no haber desarrollado de modo adecuado el mismo programa o haber justificado insuficientemente las ayudas económicas recibidas en el ejercicio de 2007 por la conselleria de Bienestar Social.
f) Por tratarse de un programa que no responda específicamente a las características expresadas en esta orden.
g) Por tratarse de un programa que, por su naturaleza, sea propio de otros organismos, sin perjuicio de la necesaria colaboración para el caso de materias concurrentes.
h) Por tratarse de un programa para el que ya exista otra orden de ayudas específica o ya sea subvencionado, en todo o en parte y para el mismo objeto, por la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
i) Por tratarse de un programa cuya realización ya esté suficientemente atendida por otras entidades a nivel local, provincial o comunitario.
j) Por haberse atendido otras solicitudes con mayor orden de prioridad, atendiendo a los criterios establecidos en esta orden de ayudas, y haberse agotado los créditos disponibles para resolver.
2. Podrán dictarse resoluciones de dejación sin efectos o minoración, de las ayudas concedidas y, en su caso, reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se dé cualquiera de las circunstancias contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Según lo dispuesto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando se alteren las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y se obtengan de modo concurrente subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones públicas u otros entes públicos o privados. En el supuesto de que la cantidad total percibida por la Entidad sea superior al coste de la actividad subvencionada, podrá solicitarse el reintegro de la cuantía abonada que supere dicho coste.
c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de esta orden.
d) Si durante el intervalo temporal subvencionado existen periodos sin que el personal que consta en la resolución de concesión esté contratado para desarrollar el programa o servicio, o no lo atienda por cualquier otra circunstancia, tal como baja por enfermedad sin sustituir u otro motivo, la ayuda se minorará proporcionalmente. Queda exceptuado de este hecho el periodo de vacaciones reglamentarias, siempre y cuando el personal se mantenga en situación de contratación, aun cuando no sea sustituido.
e) Podrá dictarse una resolución de minoración o dejación sin efecto de la ayuda a una entidad cuando la falta de cumplimentación de las memorias y documentos que solicite el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dé lugar a la imposibilidad de tramitar o justificar el convenio correspondiente entre la Generalitat y el citado Ministerio. Dicha resolución podrá efectuarse aún cuando se haya justificado el gasto objeto de la ayuda y efectuado el programa subvencionado.
3. Las cantidades que se deberán reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público a los efectos del procedimiento aplicable a su cobranza.
4. En los casos de nulidad, anulabilidad y rectificación de errores de los actos administrativos que sirvieron de base a la concesión de estas ayudas se estará a lo dispuesto en el capítulo I, del título VII, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Para la dejación sin efectos o minoración de las ayudas económicas se garantizará, en todo caso, por la Dirección Territorial de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, el derecho del interesado al trámite de audiencia.
6. El plazo para resolver y notificar será de seis meses contados a partir de que se inicie el expediente.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Las ayudas a que se refiere la presente orden serán financiadas con cargo a la línea de subvención denominada medidas judiciales de menores en medio abierto, código línea T2194000, del programa 141.30 de Justicia Juvenil y Prevención de la Violencia gestionado por la Dirección General de Justicia y Menor, por un importe global máximo de 2.071.690 euros.
Segunda
La conselleria de Justicia y Administraciones Públicas no asumirá obligaciones que se deriven de la relación laboral del personal de los programas subvencionados, sino que serán los titulares de los mismos quienes responderán con carácter exclusivo.
Tercera
La concesión de una subvención al amparo de esta orden no conllevará obligación alguna por parte de esta conselleria para próximos ejercicios.
Cuarta
A esta orden se acompañan los siguientes anexos:
Anexo I: modelo de solicitud de ayuda de programas y servicios de atención a menores y jóvenes con medidas judiciales en medio abierto.
Anexo II: modelo certificación de justificación de obligación contraída, o reconocida, o de pago ordenado de entidades locales.
Anexo III: modelo de justificación de entidades privadas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Se autoriza a la Secretaría Autonómica de Justicia de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y a la Dirección General de Justicia y Menor a elaborar las instrucciones de desarrollo de esta orden.
Segunda
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercera
Contra las bases de la presente convocatoria, se podrá interponer de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación, o el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; o bien puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente.
Valencia, 14 de febrero de 2008
El conseller de Justicia y Administraciones Públicas,
FERNANDO DE ROSA TORNER