Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8441, del 11-12-2018 (2018/10744)

Información pública de la resolución de la adjudicación del Programa de actuación integrada para la ejecución de la urbanización de la unidad de ejecución Garbinet - Gran Vía.
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Número DOGV
:   8441

Fecha DOGV
:   11-12-2018

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2018/10588


Fecha del documento
:   15-11-2018

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Alicante

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Alicante
    * administración local
    * plan de urbanismo

Información pública de la resolución de la adjudicación del Programa de actuación integrada para la ejecución de la urbanización de la unidad de ejecución Garbinet - Gran Vía. [2018/10896]  
  
El Pleno del Ayuntamiento, con fecha 27 de septiembre de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  
«I-3.4. Resolución de la adjudicación del PAI para la ejecución de la urbanización de la unidad de ejecución Garbinet - Gran Vía: aprobación.   
  
Antecedentes y cronología  
Con fecha 26 de mayo de 1999, Mare Nostrum de Inversiones, SL, solicitó que se sometiera a información pública una alternativa técnica de PAI para el desarrollo de la unidad de ejecución Garbinet - Gran Vía, de conformidad con cuanto permitía el artículo 45.1 de la LRAU. Acompañaba a su alternativa un documento de homologación modificativa del plan general, una memoria, y un anteproyecto de urbanización, que fueron sometidos a información pública mediante edictos publicados en el tablón de anuncios municipal, en el periódico Información del día 18 de septiembre de 1999, y en el DOGV número 3597, de 5 de octubre de 1999.  
Los informes técnicos de 26 de julio de 2000 y de 5 de febrero de 2001 exigieron la introducción de determinadas correcciones, que habrían de tenerse en cuenta en el proyecto de urbanización.  
El 3 de julio de 2001, el Ayuntamiento Pleno aprobó provisionalmente el documento de homologación y el PAI, y adjudicó su ejecución a Mare Nostrum de Inversiones, SL. Posteriormente, remitió la documentación a la Conselleria de Territorio y Vivienda, la cual exigió que se llevaran a cabo determinadas correcciones. Entre ellas, consideró necesario tramitar un plan de reforma interior (PRI).  
En la sesión celebrada el 12 de julio de 2005, el Ayuntamiento Pleno aprobó provisionalmente el PRI del ámbito y lo remitió a la Comisión territorial de Urbanismo para su aprobación definitiva.  
El 10 de marzo de 2006, el conseller de Territorio y Vivienda aprobó la modificación puntual, la homologación y el PRI de la unidad de ejecución.  
El 15 de marzo de 2007, se firmó el convenio urbanístico del PAI, entre el Ayuntamiento de Alicante y el agente urbanizador.  
  
Consideraciones previas  
Como consideración previa, debe ponerse de manifiesto que, desde que la mercantil presentó su alternativa técnica, el 26 de mayo de 1999, se han emitido numerosos informes a anteproyectos, proyectos de urbanización y otros documentos remitidos por el urbanizador, sin que, hasta la fecha, haya sido posible la tramitación de un proyecto de urbanización, por los motivos que se dirán. Ello se ha puesto de manifiesto en varios informes técnicos que obran en el expediente. De entre ellos, cabe destacar el emitido por el Departamento Técnico de Urbanización el 18 de abril de 2012, que contiene un apartado de conclusiones especialmente gráfico, al que nos remitimos, sin perjuicio de utilizar su contenido en la presente argumentación.  
La mercantil Mare Nostrum de Inversiones, SL, obtuvo la condición de agente urbanizador con un anteproyecto de urbanización cuyo presupuesto era de 668.381,27 ?, acorde con los costes de urbanización habituales en el ámbito, según se desprende del informe del Departamento Técnico de Urbanización de 18 de abril, por remisión a otro informe anterior del Servicio de Obras y Proyectos, de 5 de febrero de 2001. Con motivo de la adjudicación del programa, los servicios técnicos municipales efectuaron una serie de observaciones, que habían de corregirse en el Proyecto de Urbanización -informes de fechas 26 de julio de 2000 y 5 de febrero de 2001. Se trataba de meras correcciones necesarias para la correcta ejecución de la obra, de acuerdo con la normativa vigente y los criterios de urbanización del Ayuntamiento de Alicante, que no habían sido tenidos en cuenta por los técnicos redactores del anteproyecto. O dicho de otro modo, no se trataba de un incremento de los precios por imposiciones de la Administración en los acuerdos de aprobación de los planos y proyectos, uno de los supuestos de retasación aprobados por la Comisión de Gobierno municipal el 24 de enero de 2001.  
La única modificación impuesta por el Ayuntamiento fue una obra suprasectorial, consistente en la implantación de una tubería de saneamiento de hormigón de 1.500 mm, por importe de 118.455,71 ?, que, no obstante, había de sufragar el Ayuntamiento.  
El urbanizador, por su parte, ha defendido la corrección técnica del proyecto de urbanización, y ha venido manteniendo, en consecuencia, que la incorporación de las demandas municipales justifica suficientemente los sucesivos aumentos presupuestarios. De acuerdo con su tesis, en el mes de abril de 2007, presentó un proyecto de urbanización que incorporaba las -según él- modificaciones derivadas de los informes municipales, en el que elevó el presupuesto de ejecución material a 1.806.248,94 ?, es decir, con un incremento del 170,27 % sobre el inicial. El proyecto, si bien era técnicamente correcto, no era asumible a causa del incremento presupuestario.  
Como se puede apreciar con detalle en el informe de 18 de abril de 2012, a partir de aquí el urbanizador llevó a cabo sucesivas retasaciones con independencia de que el proyecto hubiere sido informado favorablemente o no, utilizando fórmulas polinómicas inexistentes -al menos, no son las contempladas en el Decreto 3.650/1970-, y al margen de los criterios municipales establecidos en los acuerdos adoptados por la Comisión de gobierno de 24 de enero de 2001, que suponen incrementos presupuestarios inaceptables.  
No se estima necesario reproducir la alternancia de documentos cruzados entre el urbanizador y el Ayuntamiento, siempre alrededor de la inadecuación presupuestaria. Como botón de muestra, basta el denominado Proyecto de urbanización refundido de 7 de junio de 2011, documento que, de nuevo, presentaba carencias en su redacción, omisión de detalles constructivos normalizados, no se ajustaba a la normativa vigente en algunos supuestos, e incumplía determinadas correcciones impuestas por el servicio de obras y proyectos municipal. Todo ello para justificar un presupuesto de ejecución material de 2.117.722,20 ?, calificado en el informe técnico de 18 de abril, como de todo punto inasumible.  
Por fin, en un informe de 21 de enero de 2016, el jefe del Servicio de Gestión y Urbanización, tras reiterar la argumentación vertida en el anterior de 18 de abril de 2012, propuso la resolución del contrato.  
Como consecuencia de este último informe, a finales de 2016, se requirió al urbanizador para que presentase un proyecto de urbanización con un presupuesto acorde con el programa de actuación integrada aprobado por el Ayuntamiento y con los criterios municipales expresados en los sucesivos informes técnicos municipales. Se le advertía de que, en caso de incumplimiento, se procedería a incoar el correspondiente expediente dirigido a la declaración de la caducidad del programa y/o la resolución del contrato, de conformidad con los términos prevenidos en el convenio, en el artículo 143 de la LUV, y legislación concordante.  
La resolución fue recurrida en reposición y, tras su desestimación, en vía contenciosa: es el procedimiento ordinario núm. 590/2017, que se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante.  
Finalmente, en un escrito presentado el pasado 2 de agosto de 2017, el urbanizador solicitó expresamente la resolución de la adjudicación, con base en los siguientes argumentos:  
a) El programa debe de ser resuelto de acuerdo con cuanto establece el artículo 155.7 de la LUV y la estipulación novena del propio convenio urbanístico, ya que es indiscutible la superación del 20 % de las cargas de urbanización.  
En el sentido indicado, el citado artículo 155 de la LUV establecía en sus párrafos 6 y 7 lo siguiente:  
«6. Al seleccionar una propuesta de programa de actuación integrada, los ayuntamientos podrán introducir modificaciones en el contenido del proyecto de urbanización presentado por el concursante seleccionado como urbanizador.  
7. Si como consecuencia de las modificaciones que el ayuntamiento pretendiera introducir se incrementara el coste de las obras de urbanización en más de un 20 % del presupuesto del proyecto originario presentado por el concursante seleccionado como urbanizador, se tendrá que convocar un nuevo concurso para la selección y aprobación del programa de actuación integrada que se trate.»  
Y la estipulación novena del convenio urbanístico:  
«Otras causas de resolución de la adjudicación. Las decisiones públicas que alteren el desarrollo de la Actuación Integrada, variando las previsiones del programa, comportarán las compensaciones económicas que procedan para restaurar el equilibrio económico de la actuación a favor de la Administración o del adjudicatario. Cuando estas alteraciones, por su importancia, afecten en más de un veinte por ciento el coste de los compromisos y las obligaciones asumidas por el adjudicatario, se resolverá la adjudicación, salvo que, por el estado de desarrollo de la Actuación, ello lesione los intereses públicos o que, para la mejor satisfacción de estos, se alcance acuerdo entre las partes afectadas que permita proseguir la actuación».  
b) Resolución del programa, por incumplimiento de las obligaciones municipales de tramitación del proyecto de urbanización. Incumplimiento de las obligaciones previstas en la estipulación cuarta del convenio:  
«El Ayuntamiento se compromete a tramitar y a aprobar, de acuerdo con los principios de máxima agilidad y eficacia, los instrumentos urbanísticos de desarrollo del programa de actuación integrada, básicamente los proyectos de urbanización y reparcelación. Asimismo asumirá todas las obligaciones que sean correlativas de los derechos del urbanizador establecidos en la legislación urbanística.»  
El urbanizador argumenta que la demora en la tramitación se ha prolongado, nada menos que ocho años y siete meses. Es más, ni siquiera se ha expuesto al público el proyecto de urbanización, a pesar de que Mare Nostrum de Inversiones, SL, lo presentó en tiempo y forma, y a pesar de que ningún reproche se le ha hecho técnicamente.  
c) Procedencia de la devolución de la garantía, dado que no se está ante una resolución por incumplimiento culpable del urbanizador, y no existe daño ni perjuicio para el Ayuntamiento, ni para tercero.  
  
Expediente de resolución  
El 3 de octubre de 2017, un informe suscrito por el Departamento de Planeamiento Urbanístico propuso iniciar un expediente dirigido a la resolución del contrato; y un decreto de 6 de octubre acogió la propuesta y dio audiencia en el expediente al urbanizador, a la entidad avalista del programa -Caja Rural del Mediterráneo, Rural Caja, S. Cooperativa de Crédito- y a los propietarios afectados por la actuación.  
En el trámite de audiencia, el urbanizador insistió en su argumentación anterior, y, como novedad, propuso la resolución de la adjudicación por mutuo acuerdo, con renuncia a las posibles compensaciones o indemnizaciones a las que pudiera tener derecho, y con devolución de la garantía prestada en su día.  
  
Legislación aplicable  
La disposición transitoria cuarta de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat -LOTUP- regula la legislación aplicable a los programas aprobados con anterioridad a su entrada en vigor:  
«1. Los programas de actuación adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa que le resultaba de aplicación antes de la entrada en vigor de esta ley.  
2. No obstante lo anterior, en el procedimiento de resolución o prórroga del programa de actuación integrada o aislada no se deberá solicitar dictamen del Consejo Superior del Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones.»  
Antes de la entrada en vigor de la LOTUP, la legislación aplicable era la LUV y su reglamento, el ROGTU. Este disponía en su disposición transitoria cuarta su aplicación a los programas que, como aquí sucede, habían sido aprobados provisionalmente antes de la vigencia de la LUV y definitivamente después de su entrada en vigor.  
En consecuencia, son de aplicación la LUV y el ROGTU.  
El artículo 119.4 de la LUV, además, hace una remisión expresa a la aplicación supletoria de la normativa de contratación administrativa:  
«La relación entre el urbanizador y la administración actuante se rige por lo establecido en la presente Ley, aplicándose supletoriamente las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del Texto Refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, en adelante TRLCAP».  
  
Causas de resolución contractual  
A los efectos de presente documento, nos interesa, en primer lugar, el artículo 143.2 de la LUV, a cuyo tenor:  
«2. Serán causas de resolución de la adjudicación del programa, las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador para el desempeño de su tarea y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración, incluyendo la falta de prestación de garantías o de suscripción del contrato que formalice los compromisos contraídos ante esta, así como el incumplimiento grave de los mismos, y también, las siguientes:  
[...]  
e) El mutuo acuerdo entre la administración actuante y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.»   
También son causas de resolución las contempladas en el artículo 155.7 de la LUV y en la cláusula novena del convenio -que reproduce, literalmente, el artículo 29, párrafo 10, in fine, de la LRAU- alegadas por el urbanizador en su escrito de 2 de agosto de 2017.  
Se da la circunstancia de que, en el expediente que nos ocupa, el convenio fue el último acto administrativo válido, a partir del cual únicamente ha habido un cruce de propuestas y contrapropuestas dirigidas a la determinación del presupuesto, como condición sine qua non para la tramitación y aprobación del proyecto de urbanización. En definitiva, las contenidas en los informes técnicos municipales de 26 de julio de 2000 y de 5 de febrero de 2001 son meras correcciones al anteproyecto presentado por Mare Nostrum de Inversiones, SL, para obtener la adjudicación, que juegan como auténticas condiciones legales. Dicho de otro modo: el proyecto de urbanización solamente habría sido válido en la medida en que hubiese incorporado las correcciones indicadas en los informes técnicos municipales. Precisamente por ello, no nos hallamos ante modificaciones que la administración hubiese pretendido incluir en el proyecto de urbanización con motivo de su tramitación, que sería el supuesto del artículo 155, párrafos 6 y 7 de la LUV, ni ante posteriores decisiones públicas que hayan alterado el desarrollo de la actuación integrada, variando las previsiones del programa.  
Dicho esto, no es de recibo la propuesta del urbanizador de declarar la resolución del contrato debido al incremento de las cargas en un porcentaje superior al 20 %, con fundamento en el artículo 155.7 de la LUV y en la cláusula novena del convenio.  
Sí que parece asumible, en cambio, la resolución por mutuo acuerdo, que dejaría libre el acceso a una nueva programación, en un momento de reactivación del sector inmobiliario.  
En el sentido indicado, el artículo 112 del TRLCAP, relativo a la aplicación de las diversas causas de resolución, establece en su apartado cuarto que:  
«La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato».  
Según el informe técnico de referencia -el de 18 de abril de 2012-, el origen de tanta confusión -con independencia de otras consideraciones, como podría ser la parálisis de la actividad inmobiliaria, acaecida precisamente en el periodo al que se circunscribe la "polémica" mantenida, prácticamente, desde el año 2000, entre urbanizador y Ayuntamiento- tiene que ver, fundamentalmente, con la forma en que se llevó a cabo el presupuesto contenido en el anteproyecto de urbanización, calculado a partir de la Guía de urbanización para el diseño y formulación de programas de actuación integrada de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports y el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, que determinaba los costes de urbanización por metro cuadrado de viario y zonas verdes, en función de las categorías que incluye (S3 -agua, electricidad, alumbrado y alcantarillado-, S4-5 -agua, electricidad, alumbrado, alcantarillado y teléfono-, y S6 -agua, electricidad, alumbrado, alcantarillado, teléfono y gas-), sin unidades de obra ni partidas, y sin tener en consideración ni los criterios normalizados por el Ayuntamiento ni los criterios y normas de las compañías suministradoras de servicios, para su redacción. De este modo, por poner un ejemplo, al categorizar y presupuestar el coste de urbanizar una calle como S3, se supone que la misma incluye de suyo los servicios indicados. Si, como ha sucedido, estos no aparecen en los proyectos presentados, la corrección del documento llevada a cabo por el Ayuntamiento para incluirlos no supone, en modo alguno, una imposición ni una modificación, y menos retasable. Así sucedió, por poner un ejemplo, en la calle del escultor Montañés (S3), en la que solo se preveía la implantación de la red de saneamiento y de alumbrado, pero no los de agua potable y electricidad. Obviamente, cualquier informe en el que se especifique la necesidad de implantar el agua potable no debe producir un aumento de carga de urbanización ya que estas ya vienen contempladas en la implantación de un viario del tipo S3.  
Y también tendría que vez con la polémica interpretación de los artículos 29.4 y 67.3 de la LRAU, vigentes en la época en que se inició el expediente.  
A los efectos de determinar la posible resolución contractual por mutuo acuerdo, hemos de considerar que han transcurrido más de dieciocho años desde la propuesta inicial de programación, y once desde la firma del convenio; y, tras un sinfín de escritos e informes municipales de difícil valoración en algunos casos, lo cierto es que no se ha conseguido un consenso en ninguno de los extremos citados. Es más, ni siquiera ha llegado a tramitarse el proyecto de urbanización ni se ha procedido a la reparcelación del suelo afectado ni se han ejecutado las obras. Tampoco se ha declarado la caducidad del programa, a pesar de haber transcurrido con creces el plazo para ejecutarlo -art. 29.10 LRAU y 143.2.d) LUV-. Todo está como al principio, sin modificación alguna en el status físico y jurídico de los propietarios afectados. En este sentido, se ignora el trasfondo de la conducta de la mercantil, pues, en definitiva, se trata de una empresa que ha desarrollado otros polígonos en Alicante, sin mayor problema. Puede inferirse, no obstante, que todo se debe a la modificación sustancial de la situación en el momento de ejecutar el contrato en relación con la existente al tiempo de su celebración: nos referimos a la crisis que ha padecido el sector inmobiliario y que, sin lugar a duda, ha influido en la ralentización de esta actuación urbanística, como así ha ocurrido en la mayoría de instrumentos de ordenación y ejecución que se han visto imposibilitados de cumplir sus objetivos.  
Por los motivos indicados, se estima razonable acabar con esta situación, a fin de posibilitar la nueva programación del ámbito en cuestión. Cualquier otro tipo de medida no sería coherente con la actuación municipal en otros sectores que, del mismo modo, han padecido los efectos de la crisis.  
Por último, respecto de la procedencia de la devolución de la garantía, y dado que el acuerdo de resolución del programa ha de contener un pronunciamiento expreso sobre su destino, es necesario concretar el régimen legal que ha de aplicarse. Así, la finalidad de la garantía -un aval bancario por valor de 148.346,70 ?, equivalentes al 7 % del total de costes del presupuesto de ejecución material previstos, constituida por exigencia del artículo 29.8 de la LRAU-, era la de asegurar el cumplimiento de las previsiones del programa, previsiones que, obviamente, no se han cumplido  
Según el convenio, la garantía se cancelaría "tras la recepción definitiva de las obras de urbanización, liquidada la actuación y saldadas la deudas resultantes".  
El artículo 43.2 del TRLCAP -vigente en el momento de la adjudicación- establece que la garantía definitiva responderá, entre otros conceptos, de las obligaciones derivadas del contrato y de la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter general en esta ley. Esta última procede siempre que el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, el cual deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada -art.113.4 TRLCAP-.  
En el sentido indicado, se han pronunciado, además, el Consejo de Estado y el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana: la incautación de garantías solo procederá en caso de incumplimiento culpable del contratista y verificados los daños y perjuicios para la administración y, en su caso, para los particulares.  
A contrario sensu, cuando no se aprecie o no se pueda fundamentar la culpabilidad del urbanizador, procederá la devolución de la garantía. Es el supuesto de la resolución por mutuo acuerdo.  
  
Procedimiento y efectos  
1. Como dice el párrafo 4 del citado artículo 143 de la LUV, "La resolución de la adjudicación se acordará por la administración actuante, previo dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo". Este último no es necesario, por mor de lo dispuesto en el párrafo 2 de la disposición transitoria cuarta de la LOTUP, a cuyo tenor «...en el procedimiento de resolución o prórroga del programa de actuación integrada o aislada no se deberá solicitar dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones».  
A continuación, el mismo precepto enumera una serie de pronunciamientos que habrán de contener los acuerdos resolutorios, «cuando proceda», relativos a la situación jurídica del ámbito afectado, tras dejar sin efecto la adjudicación, de los que únicamente hacemos alusión al señalado con la letra d), pues, como se ha dicho, no se ha producido ninguna actuación jurídico-administrativa -aparte del intercambio de propuestas y contrapropuestas citado anteriormente, relativo al alcance del presupuesto de urbanización- ni de transformación material del suelo. Dice así:  
«d) A los efectos de lo previsto en el presente apartado, la administración, en caso de mantener la gestión indirecta del programa, podrá requerir a quienes formularon proposiciones jurídico-económicas a la alternativa técnica seleccionada, por el orden derivado de la aplicación de los criterios de adjudicación del artículo 135, a fin de que acepten la adjudicación y prosigan con la ejecución del programa. Subsidiariamente, la administración actuante podrá acordar el inicio de nueva licitación sobre la alternativa técnica seleccionada por el procedimiento previsto en el artículo 130 y siguientes de la presente ley, o declarar la caducidad del programa.»  
Debe descartarse la posibilidad de requerir a la otra mercantil que concurrió a la adjudicación, la Inmobiliaria Albir, SL, que desistió expresamente de su opción. El desistimiento fue aceptado por el Pleno municipal de 3 de julio de 2001.  
Por otra parte, la posibilidad de acordar una licitación sobre la alternativa técnica seleccionada choca con el hecho de que aquella no llegó a completarse con el condicionado técnico derivado de los informes de 26 de julio de 2000 y de 5 de febrero de 2001. Desde este punto de vista, la alternativa técnica está incompleta, si consideramos los requisitos que, con tal fin, establecía el art. 126 de la LUV.  
Procede, en consecuencia, declarar la caducidad del programa.  
2. El procedimiento para la resolución viene regulado en el artículo 342 del ROGTU, si bien con algún matiz derivado de la aplicación supletoria de la legislación de contratación pública. En concreto, de los artículos 111 y siguientes del TRLCAP.  
Según el artículo 342.2 del ROGTU:  
«Para la resolución del contrato deberá instruirse el procedimiento para declarar la extinción del contrato, y los efectos que derivan de la resolución. En todo, caso, deberán sustanciarse los trámites siguientes:  
a) Cuando la resolución se inste de oficio, audiencia al urbanizador por plazo mínimo de diez días naturales.  
b) En ese caso, y siempre que se proponga la incautación de la fianza, también se dará audiencia por el mismo plazo a quien hubiera avalado o garantizado al urbanizador.   
c) El técnico de urbanismo y el secretario del Ayuntamiento emitirán informe en el plazo máximo de quince días naturales[...]»  
3. Son de aplicación supletoria los siguientes preceptos del TRLCAP:  
- el artículo 112, párrafo cuarto, del referido texto legal, relativo a la aplicación de las diversas causas de resolución, establece que:  
«La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato».  
- el artículo 113, párrafos 2) y 5), sobre los efectos de la resolución:  
«2) Cuando obedezca a mutuo acuerdo los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre la Administración y el contratista.  
[...]   
5) En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida».  
4. La resolución por mutuo acuerdo implica la renuncia a cualquier acción de responsabilidad patrimonial por parte del urbanizador.  
En el sentido indicado, con fecha 26 de abril, la mercantil Mare Nostrum de Inversiones, SL, puso en conocimiento del Ayuntamiento su compromiso expreso e indubitado de no reclamar indemnización o compensación alguna, así como de no ejercitar ninguna acción judicial en relación con la resolución por mutuo acuerdo de la adjudicación del PAI; así como de llevar a cabo las actuaciones pertinentes para finalizar el procedimiento ordinario número 590/2017, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante.  
5. Obra en el expediente un informe favorable del letrado jefe de la asesoría jurídica municipal, de fecha 12 de junio de 2018.  
Otros acuerdos que debe adoptar el Ayuntamiento  
A la vista de la argumentación y de los preceptos legales que preceden, es necesario resolver sobre la resolución del contrato por mutuo acuerdo, efectos de la resolución, y acuerdos complementarios. En particular:  
a) La subsistencia del plan de reforma interior aprobado como consecuencia de la programación.  
«Los planes con contenidos normativos tienen vigencia indefinida, salvo que en ellos se disponga otra cosa, y vinculan a la Administración y a los particulares. Su revisión y sustitución procede en los casos que ellos mismos regulen o cuando se manifieste la inadecuación de su modelo territorial a nuevas circunstancias.» (art.67 LOTUP).  
b) Declarar la caducidad de la programación, en cumplimiento de cuanto establece el artículo 143.4.d) in fine de la LUV.  
c) Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre la Administración y el contratista. En este caso, implica la renuncia a cualquier acción de responsabilidad patrimonial por parte del urbanizador, y su desistimiento del recurso contencioso administrativo 590/2017 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de Alicante.  
  
Órgano competente  
Es competente para adoptar los presentes acuerdos el Ayuntamiento Pleno, por ser este el órgano que acordó la adjudicación del programa, tal y como establece el artículo 109 del Real decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas.  
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes acuerdos:  
El expediente ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión permanente de Urbanismo.  
  
Debate:  
  
[...]   
  
Votación y acuerdos:  
El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría - 27 votos a favor (GP, GS, GGA, GC's, GC, Nerea Belmonte Aliaga y Fernando Sepulcre González) y 1a abstención de Daniel Simón Pla que se ausentó del Salón de Sesiones durante la deliberación y no estuvo presente en el momento de la votación, artículo 113.2 ROP ?, adopta los siguientes acuerdos:  
Primero. Resolver por mutuo acuerdo el contrato suscrito con la mercantil Mare Nostrum de Inversiones, SL, para el desarrollo y ejecución de la unidad de ejecución Garbinet - Gran Vía de Alicante.  
Segundo. Declarar la subsistencia del plan de reforma interior aprobado como consecuencia de la programación.  
Tercero. Declarar la caducidad del programa.  
Cuarto. Declarar la procedencia de la devolución del aval bancario que, por valor de 148.34030 ?, depositó en su día, la mercantil Mare Nostrum de Inversiones, SL.  
Quinto. Notificar los presentes acuerdos a Mare Nostrum de Inversiones, SL, y a los demás interesados en este procedimiento, y comunicarlo al Departamento Económico, y al Servicio de Estudios, Proyectos y Viario.  
Sexto. Publicar los acuerdos precedentes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
Séptimo. Facultar a la concejala de Urbanismo para dictar las resoluciones necesarias para la ejecución de los acuerdos precedentes."  
  
Alicante, 15 de noviembre de 2018.- El vicesecretario: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.