Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8183, del 04-12-2017 (2017/9910)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento exequatur número 2271/2014.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   8183

Fecha DOGV
:   04-12-2017

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2017/9910


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Torrevieja

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento exequatur número 2271/2014. [2017/9910]  
Procedimiento: exequatur [EXE] 2271/2014.  
Materia estadística: otros contenciosos (procesos de familia).  
Demandante: Elena Samarina.  
Procuradora: Araceli Devesa Partera.  
Demandado: Oleg Alexandrovich Samarin.  
  
En el juicio referenciado se ha dictado auto cuyo texto literal es el siguiente:  
«Auto número 184/2017  
Magistrada jueza que lo dicta: Rosa Barea Moncholí.  
Lugar: Torrevieja (Alicante).  
Fecha: 9 de mayo de 2017.  
  
Antecedentes de hecho  
Primero. En fecha 29 de octubre de 2014, por la representación procesal de Elena Samarina se presentó demanda solicitando el reconocimiento de la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Paz del Sector Judicial número 76 de Moscú, por la que se declaraba el divorcio entre la señora Samarina y Oleg Alexandrovich Samarin, alegando en su demanda cuantos fundamentos de hecho y de derecho tuvo por convenientes y que se dan por reproducidas.  
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma al cónyuge Oleg Alexandrovich Samarin, quien no fue localizado y se procedió a su citación a través de edictos, declarándose en situación de rebeldía procesal.  
Tercero. Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por informe de fecha 5 de febrero de 2015 se manifestó su conformidad con el reconocimiento de la resolución dictada por los tribunales rusos, dando por reproducidas las alegaciones contenidas en su escrito.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Para que una sentencia o resolución dictada por un tribunal extranjero surta efectos en España, es preciso que previamente se someta a un procedimiento legal de reconocimiento de la misma por parte de los tribunales españoles. Dicho procedimiento se denomina exequatur y se regula en los artículos 951 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881.  
El procedimiento de exequatur se encuentra regulado en la sección II, De las sentencias dictadas por tribunales extranjeros, del título VIII, De la ejecución de las sentencias, de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881 en los artículos 951 a 958. No obstante, si lo que se pretende reconocer y ejecutar es una resolución dictada por un Tribunal de la Unión Europea, nos encontramos con el Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y el Reglamento (CE) 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) 1347/2000.  
Segundo. Según establece la Ley de enjuiciamiento civil de 1881, en los artículos 951 a 954, para que una sentencia extranjera tenga fuerza ejecutoria en España es necesario:  
1. Que así lo dispongan los tratados internacionales.  
2. En el supuesto de que no hubiere tratado internacional, se atenderá al principio de reciprocidad entre ambos países, es decir, si el estado del que emana la sentencia otorga o no valor a las sentencias dictadas en España, así si la sentencia procede de un estado en el que se da cumplimiento a las sentencias dictadas por los tribunales españoles, tendrá fuerza en España, por el contrario si la sentencia procede de un estado en el que no se da cumplimiento no tendrá fuerza en España.  
3. Por último a falta de tratado internacional o principio de reciprocidad aplicable, la sentencia tiene que reunir los siguientes requisitos:  
a) Que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal.  
b) Que no haya sido dictada en rebeldía.  
c) Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España.  
d) Que reúna los requisitos necesarios en la nación en la que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España.  
Tercero. Una vez presentada la solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia el juez deberá dar audiencia a la parte contra quien se dirija y al Ministerio Fiscal. Para citar a la otra parte el juzgado librará certificación a la audiencia en cuyo territorio esté domiciliada, y el interesado dispondrá de un plazo de treinta días a partir de la recepción de la comunicación para su comparecencia. Pasado dicho plazo, aunque no haya comparecido la parte contraria el tribunal deberá proseguir con el conocimiento de los autos.  
Tal y como hemos dicho, el juzgado podrá homologar la sentencia dictada en el país extranjero o no homologar la misma, siempre que se cumplan los siguientes presupuestos:  
1. Si existen tratados al respecto con el estado del cual emana la sentencia. De existir se debe atener a éstos. En caso contrario, se aplica el principio de reciprocidad.  
2. Si hay reciprocidad con el país de origen de la sentencia, o sea, si el estado del cual emana la sentencia le otorga valor a las emanadas del estado ante quien se tramita el exequatur.  
3. La compatibilidad de la sentencia con las leyes del país donde se solicita que sea reconocida. Especialmente está referido a:  
Que no contenga nada contrario a la legislación del país donde se tramita.  
Que no se oponga a la jurisdicción del país donde se tramita.  
Que la parte contra quien se invoca la sentencia haya sido notificada conforme a derecho.  
Que la sentencia se encuentre ejecutoriada conforme a la ley del estado de donde se otorgó.  
  
En el procedimiento de exequatur, el tribunal español no controla la ley aplicada al fondo del asunto ni se controla el fondo del asunto, sino que se limita a verificar que la resolución dictada por el tribunal extranjero es acorde al ordenamiento jurídico español para que pueda surtir efectos en nuestro país.  
Cuarto. En el caso de autos, concurren todos los presupuestos necesarios para reconocer la validez de la resolución dictada por el tribunal extranjero:  
a) Existe convenio internacional suscrito con Rusia, el convenio sobre asistencia judicial en materia civil entre el Reino de España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmado en Madrid el 26 de octubre de 1990.  
b) La resolución dictada en Rusia, cuyo reconocimiento se pretende, no fue dictada en rebeldía de ninguno de los intervinientes.  
c) La resolución rusa es acorde con el ordenamiento jurídico español, al pretender que se reconozca una sentencia de divorcio que no contraviene las disposiciones del artículo 85 y siguientes del Código Civil.  
d) La resolución cumple con todos los requisitos de autenticidad exigidos por los tratados internacionales y la legislación española, al gozar de la preceptiva apostilla.  
Por todo ello, procede reconocer la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Paz del Sector Judicial número 76 de Moscú y permitir que dicha resolución surta efectos en España mediante su inscripción en el Registro Civil.  
Vistos los preceptos legales invocados y demás de preceptiva y legal aplicación, procede dictar la siguiente  
  
Parte dispositiva  
Se reconoce la validez en España de la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Paz del Sector Judicial número 76 de Moscú (Rusia) respecto de los cónyuges Elena Samarina y Oleg Alexandrovich Samarin, debiendose proceder a su inscripción en el Registro Civil del Consulado General de España en Moscú y en el Registro Civil central.  
  
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que no es firme y frente a ella puede interponerse recurso de apelación en el plazo de veinte días en la forma prevista en los artículos 455 y siguientes Ley de enjuiciamiento civil.  
Así, por este mi auto, lo dispongo, mando y firmo. La jueza, Rosa Barea Moncholí, del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrevieja y su partido judicial. Doy fe.»  
   
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de Oleg Alexandrovich Samarin, en calidad de demandado, por resolución recaída en el procedimiento de referencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, yo, la letrada de la Administración de justicia María Amparo Marco Martínez-Arenas, he acordado la publicación del presente edicto en Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación.  
  
Torrevieja, 6 de julio de 2017.- La letrada de la Administración de justicia: María Amparo Marco Martínez-Arenas.