Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4653, del 18-12-2003 (2003/12394)

Edicto de notificación a Josep Cubertorter Pesudo de la Resolución de 16.10.03, del expediente nº 0089/2003.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4653

Fecha DOGV
:   18-12-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2003/12091


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Edicto de notificación a Josep Cubertorter Pesudo de la Resolución de 16.10.03, del expediente nº 0089/2003. [2003/X12838]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a Josep Cubertorter Pesudo la Resolución del conseller de Infraestructuras y Transporte de 16 de octubre de 2003, del expediente 0089/2003.
  
Resolución de 16 de octubre de 2003, del conseller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Josep Cubertorter Pesudo y con número de expediente 0089/2003.
  
Vista la documentación que consta en el expediente 0089/2003, y los antecedentes obrantes en el Servicio de Gestión Administrativa, resultan los siguientes:
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Con fecha 21 de Julio de 2003, tuvo entrada en el registro del Servicio Territorial de la COPUT, en Castellón (núm. 16450) reclamación de responsabilidad patrimonial, instada por Josep Cubertorter Pesudo.
  
En la citada reclamación, el interesado relata que:
  
?1. El que suscribe accedió mediante coacciones, a dejar que la Dirección de Obras pudiera entrar en su parcela para efectuar los trabajos de la misma.
  
Por circunstancias que a fecha de hoy se desconocen, al día siguiente 24 de mayo del 2002, sin dar tiempo a recoger todos los muebles, enseres y bienes que se encontraban en la vivienda, almacén e invernadero, una excavadora sobre las 8 horas de la mañana penetró en la vivienda y la destrozó con todos los enseres que había dentro. Se destrozó el sistema eléctrico y de abastecimiento de agua y saneamiento, por lo que durante unos días quedó sin suministro eléctrico y sin agua potable la otra vivienda...se acompaña relación de los mismos, que en su día fue remitida al servicio de expropiaciones y el anexo que sigue, y que no han sido indemnizados.
  
Con posterioridad a estos hechos ha realizado actuaciones adentrándose en la propiedad y destrozando las vallas exteriores por arrancamiento, en lugar de acotar y destrozar únicamente lo indispensable.... A continuación se detallan los daños producidos para que sean repuestos y en su caso se declare el derecho del que suscribe a ser indemnizado por estos daños y perjuicios....
  
1. Enseres existentes en la vivienda destruida...12.731 euros...
  
2. Daños producidos durante las obras.....
  
3. Reposición de los muros laterales....-
  
Segundo. Con fecha 29 de agosto de 2003 fue solicitado informe técnico al Servicio de Contratación y Expropiaciones sobre la reclamación, oficiándose al interesado, en la misma fecha (con práctica de notificación el 13 de septiembre de 2003, según acuse de recibo de correo certificado) lo previsto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, disponiéndose la suspensión del procedimiento, en tanto se recababa el informe técnico aludido, durante el plazo máximo de un mes.
  
Con fecha 25 de septiembre de 2003, el Servicio de Expropiaciones comunica al Servicio de Gestión Administrativa que:
  
1º. Que, efectivamente, se ha seguido expediente expropiatorio con motivo de las obras de referencia en el que, entre otras, se ha visto afectada la finca 145 de titularidad del reclamante...se adjunta copia del expediente.
  
2º. Que respecto a las afirmaciones vertidas por el reclamante en su escrito, este Servicio no dispone de datos objetivos para pronunciarse sobre su veracidad, entendiendo que debería ser la dirección de obra que informara sobre las mismas.
  
Ello no obstante, les significamos que, con carácter, previo a la entrada a la finca, mediante escrito de 9 de mayo de 2002, y de acuerdo con la autorización judicial de entrada en la finca previamente obtenida, se le notificó al propietario que debía proceder al desalojo de la edificación existente en la misma en el plazo de 5 días naturales.
  
Por otra parte, en el convenio de adquisición ofrecido, se incluía una partida para traslado de enseres y elementos de jardín....-.
  
Tercero. Por el Servicio Territorial de Carreteras de Castellón, con fecha 15 de octubre de 2003, se da conformidad al informe emitido por la Dirección de las obras.
  
En dicho informe se relata la falsedad de las afirmaciones del Sr. Cubertorter sobre los enseres dañados y sobre la secuencia de hechos que motivan la reclamación.
  
A los anteriores hechos le son aplicables los siguientes:
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. Respecto de la competencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el órgano competente para la resolución del presente procedimiento es el conseller de Infraestructuras y Transporte, siendo de esta Conselleria la titularidad de la expropiación y obra realizada.
  
Segundo. Con independencia del fondo del asunto, y sin aceptar la relación de hechos y causas expresadas por el reclamante, de la reclamación instada y la documentación que se acompaña, se pueden extraer como acreditadas las siguientes conclusiones:
  
Fecha de producción de los daños. 24 de mayo de 2002.
  
El ciudadano conocía el hecho motivador de su reclamación de responsabilidad patrimonial, y tuvo 1 año para interponer la reclamación, cosa que no hizo, hasta que fue interpuesta formalmente el 21 de julio de 2003, es decir, excedido el año.
  
De este modo se pronuncia la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, pudiendo citar entre otras muchas, la de 3 de mayo de 2000 (RJ 2000\5578), que, en su Fundamento de Derecho Quinto, entre otros extremos, establece expresamente:- Según la jurisprudencia de esta Sala sobre el cómputo del plazo de prescripción de un año establecido para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, ésta no puede ejercitarse sino desde el momento en que resulta posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos. Esta doctrina tiene su origen en la aceptación por este Tribunal (sentencias de la Sala Tercera de 19 de septiembre de 1989 [RJ 1989\6418], 4 de julio de 1990 [RJ 1990\7937] y 21 de enero de 1991 [RJ 1991\4065]) del principio de «actio nata» (nacimiento de la acción), según el cual el plazo de prescripción de la acción comienza en el momento en que ésta puede ejercitarse, y esta coyuntura sólo se perfecciona cuando concurren los dos elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad?.
  
No obstante lo anterior, y aun cuando quedaría excusado entrar a mayores consideraciones sobre el asunto al ser la reclamación extemporánea, deben de examinarse otras circunstancias, de mayor profundidad que la ya citada.
  
Tercero. La Ley 30/192, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 139, párrafo 1, dispone:
  
?Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos?.
  
Constan totalmente acreditadas la instrucción y la resolución de un expediente de expropiación forzosa (2000/6), incoado con motivo de las obras 211-C-1273-Autovía de Castelló-La Pobla Tornesa. Tramo Borriol-La Pobla Tornesa.- Provincia de Castellón?.
  
De dicho expediente se deduce, tanto la discrepancia del hoy reclamante, como la negativa habitual a ser notificado, o a comparecer en Oficina de correos para la práctica de la notificación, tras intentos fallidos y reiterados.
  
Consta la autorización judicial para entrada en propiedad privada y auxilio policial para ello.
  
Consta la interposición de recurso contencioso administrativo 03/204/02, la presentación de denuncia en el Juzgado de Guardia y una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Castellón por coacciones. Así mismo, consta elevación de lo actuado al Jurado Provincial de Expropiación, vista la disconformidad del expropiado.
  
Llegados a este punto debe reflexionarse sobre el cauce procedimental seguido. Como se ha descrito, el instituto de la responsabilidad patrimonial tiene por objeto la lesión de bienes o derechos.
  
En el asunto planteado no existe lesión, sino privación singular de bienes y derechos, conforme al carácter estatutario de la propiedad privada, definido en el artículo 33 de la Constitución Española.
  
En el presente caso, la privación por causa justificada y utilidad pública está acreditada palmariamente, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo previsto en las leyes, conforme al punto 3 del mencionado artículo 33.
  
En definitiva, el cauce apropiado para ser indemnizado en una expropiación, y sus incidencias, es el cauce expropiatorio, en sus diversas fases. Dichas fases han sido recorridas por el reclamante, incluida la fase de interposición de un recurso contencioso administrativo, que impediría actuaciones administrativas y resoluciones diferentes a las ya adoptadas, por razones de litispendencia.
  
No es el caso de la responsabilidad patrimonial, a la hora de tramitar y resolver, habida cuenta de la inadecuación del cauce procesal presente.
  
Cuarto. El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, en su Dictamen 246/2003, relativo a otro expediente, ha manifestado que
  
- La acción por responsabilidad patrimonial no constituye instrumento jurídico para recuperar la propiedad de los bienes ocupados, por lo que no es cauce jurídico para accionar contra la administración por la ocupación de bienes privados sin seguir el procedimiento legalmente establecido.
  
En este sentido, se ha dicho que en los supuestos de reclamaciones por la ocupación de bienes por parte de la administración por la vía de hecho, ?no se ejercita en puridad una acción derivada de responsabilidad patrimonial....sino que se demanda el derecho a que se incoe un procedimiento expropiatorio respecto de los bienes de su propiedad ocupados por la administración (Dictamen 522/2001), mientras que el Dictamen 296/2000 expresó que ...-Los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulan el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualesquiera de sus bienes y derechos los preceptos referidos a la responsabilidad patrimonial de la administración ...no se refieren al modo de adquirir la propiedad por la administración...-, no siendo por tanto, el procedimiento por responsabilidad patrimonial el que ha de seguirse para satisfacer, en su caso, la indemnización solicitada?.
  
El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (Expte 580/02), en su Dictamen 258/2003, de 15 de mayo de 2003, valora que:
  
?...la reclamación formulada debía de haberse conocido y resuelto propiamente en el marco de los procedimientos establecidos en la legislación de expropiación forzosa)cfr. SSTS 22-2-00 y 5-4-01 y dictámenes de este Consejo 296/2000 y 522/201)?.
  
A nivel jurisprudencial, se dice en la STS de 5-4-01, entre otras, que:
  
?En la Sentencia de 22 de febrero de 2000 y las que en ella se citan, hemos declarado, ante la alegación de que había prescrito la acción de reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial, formulada por la parte demandante al amparo de lo dispuesto por los artículos 120 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa (SIC 5214\1848 y NDL 12579), que no se ejercita en puridad una acción derivada de responsabilidad patrimonial de la administración, cuyo plazo de prescripción se fija en un año por el artículo 122.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, sino que se demanda el derecho a que se incoe un procedimiento expropiatorio respecto de los bienes de su propiedad ocupados por la administración Municipal demandada con el consiguiente pago del justiprecio, ello en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33.3 de la Constitución (DPG 7160\2836 y ApNDL 2875), 349 del Código Civil, 1 a 55 y 124 a 126 de la Ley de Expropiación Forzosa y 1, 2, 3, 10 a 55, 139 y 140 de su Reglamento (WRB 4962\843 y NDL 12357)?.
  
Por todo lo anterior, vistos los informes y documentos obrantes en el expediente 0089/2003, resuelvo:
  
No admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial, interpuesta por Josep Cubertorter Pesudo, por no ser el instituto de la responsabilidad patrimonial el cauce procedimental adecuado, siendo extemporánea, también la reclamación presentada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el conseller de Infraestructuras y Transporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la recepción de la misma, de acuerdo con lo previsto en el art. 116 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la recepción de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.