Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5866, del 08-10-2008 (2008/11492)

Licitación de la programación del Sector R-24, suelo urbanizable residencial.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   5866

Fecha DOGV
:   08-10-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2008/11055


Fecha del documento
:   29-09-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Pobla de Vallbona, la
    * plan de urbanismo
    * contrato administrativo

Licitación de la programación del Sector R-24, suelo urbanizable residencial. [2008/11938]  
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 15 de julio de 2008, se aprobaron las bases particulares reguladoras del concurso de programación del Sector R-24, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona, procediéndose a su publicación en cumplimiento de lo establecido en los artículos 132 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana y 291 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Bases generales  
Las que figuran como anexo al Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Instrumento urbanístico y ámbito  
Plan General de la Pobla de Vallbona, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 2 de julio de 2004.  
Ámbito objeto de programación  
Sector R-24, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona.  
Acuerdo municipal aprobación inicio concurso  
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2008   
Fecha remisión anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea  
Lunes, 29 de septiembre de 2008.  
Bases particulares reguladoras del concurso  
I. Objeto y naturaleza del contrato  
1. Es objeto de las presentes bases la selección de la alternativa técnica y la adjudicación de la condición de urbanizador del Programa de Actuación Integrada del Sector R-24, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona, conforme a estas bases y los pliegos de prescripciones técnicas que forman parte de las mismas, y el Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Comisión territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 2 de julio de 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 100, de fecha 28 de abril de 2006.  
En el propio Plan General se delimita el sector R-24 y en la ficha de planeamiento y gestión se establece la ordenación estructural del citado sector, estableciéndose que será objeto de programación única.  
Estas bases y los pliegos de prescripciones y cláusulas administrativas particulares, con los documentos que preceptivamente los integran, formarán parte del contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada.  
2. El contrato para el despliegue y ejecución del programa de actuación integrada suscrito entre el Ayuntamiento y el urbanizador seleccionado, tiene la naturaleza de contrato administrativo especial y se regirá por lo establecido en la normativa urbanística valenciana y por lo dispuesto en las presentes bases. En todo lo no previsto en las disposiciones anteriores será de aplicación la normativa vigente sobre el contrato de gestión de servicios públicos prevista en la legislación contractual de las administraciones públicas.   
3. Serán de aplicación las bases generales descritas en el anexo II del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial, cuya publicación se realizó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5.264, de 23 de mayo de 2006.  
II. Ámbito de la actuación integrada   
El ámbito territorial sobre el que se ejecutará la actuación integrada se circunscribe al Sector R-24, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona.  
En el anexo I de estas bases se incorpora plano de delimitación del Sector R-24, así como la ficha de planeamiento del citado sector que forma parte de las normas de ordenación estructural del Plan General.  
No se admitirán variantes en cuanto a la ampliación o disminución del ámbito territorial objeto de programación.   
A los efectos señalados en el artículo 131.2.g) Ley Urbanística Valenciana, no se considerarán variantes, por lo que serán admisibles, en todo caso, las modificaciones del ámbito territorial que supongan meros retoques o ajustes de detalle en algún punto perimetral de la actuación o de sus conexiones viarias, o cuando el terreno añadido, por su escasa dimensión, no sea técnicamente susceptible de programación autónoma.  
No se entenderá como alternativa técnica el avance de planeamiento que formule quien inste la iniciación del procedimiento de programación. En consecuencia, el referido aspirante podrá presentar alternativa técnica, que no se considerará variante de su avance de programación, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 309.4 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
III. Prescripciones técnicas  
Las prescripciones técnicas que como mínimo deberán respetarse en los documentos de ordenación y gestión, la normativa a desarrollar, así como con referencia al proyecto de las obras de urbanización exigibles figuran en el anexo II de estas bases.  
IV. Plazos de ejecución y cumplimiento del contrato   
1. Se fijan los siguientes plazos máximos para el desarrollo del programa de actuación integrada que podrán mejorarse por los licitadores en su alternativa técnica.  
1. Presentación, si fuera necesario, de un texto refundido del plan parcial del sector: dos meses desde la notificación del acuerdo de adjudicación del programa en el que se detallen las modificaciones.   
2. Presentación, si fuera necesario, de un texto refundido del proyecto de urbanización: dos meses desde la notificación del acuerdo de adjudicación del programa en el que se detallen las modificaciones.   
3. Selección de empresario constructor: licitación, en su caso, de las obras de urbanización: el empresario constructor será seleccionado atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa de conformidad con los artículos 134 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público y artículos 120 y 160 de la Ley Urbanística Valenciana y concordantes del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, salvo que concurran las excepciones legalmente previstas.  
4. Acreditación ante el Ayuntamiento de la práctica de las notificaciones a los propietarios afectados para elección de la modalidad de retribución: dos meses antes de la exposición al público del proyecto de reparcelación.  
5. Proyecto de reparcelación:  
5.1 Exposición al público: seis meses desde la finalización del plazo concedido a los propietarios para la opción por la modalidad de retribución. La concesión de dicho plazo no será necesaria en el supuesto de que la retribución del urbanizador se articule mediante la modalidad de pago en metálico, en cuyo caso el proyecto de reparcelación podrá ser sometido a información pública junto con la alternativa técnica de programa.  
5.2 Presentación de textos refundidos del proyecto de reparcelación en el caso de haberse impuesto modificaciones en su aprobación: dos meses desde la notificación al urbanizador del acuerdo de aprobación del proyecto.  
5.3 Elevación a documento público: un mes a contar desde el momento en que el acuerdo de aprobación sea firme en vía administrativa.  
5.4 Presentación en el Registro de la Propiedad: a los cinco días hábiles desde la elevación a documento público.  
1. Obras de urbanización:  
1.1 Suscripción del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras: 1 mes desde la notificación al urbanizador de la aprobación del proyecto de reparcelación.  
1.2 Plazos parciales (si se prevén en el pliego de prescripciones técnicas)  
1.3 Plazo máximo para ejecución del programa: 36 meses. A su vez, las obras de urbanización deberán concluirse en el plazo máximo de 30 meses.  
1.4 Expedición del certificado final de obras, de acuerdo con el proyecto de obras, no se expedirá en un plazo superior a los treinta (30) meses desde su inicio.  
7. Edificación de los solares: los programas preverán la edificación de los solares resultantes de manera justificada con las condiciones de absorción del mercado inmobiliario, con un plazo máximo de cuatro años, determinándose la secuencia y prioridad de la ejecución, en dos fases bianuales, en aplicación del artículo 125.6 de la Ley Urbanística Valenciana.  
8. El incumplimiento de los plazos será sancionado a tenor de lo establecido en las presentes bases.  
9. El urbanizador está obligado a cumplir los plazos fijados en la Ley Urbanística Valenciana, en las presentes bases particulares y en el contrato que suscriba con el Ayuntamiento.  
En caso de incumplimiento de los referidos plazos se estará a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley Urbanística Valenciana.  
No obstante el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, a solicitud del urbanizador y por causa justificada, podrá conceder prórrogas en el plazo previsto para la ejecución de las obras o para la presentación de proyectos y por la mitad del plazo principal previsto, siempre que ello permita una más adecuada conclusión de la actuación programada.  
V. Capacidad para contratar  
Están capacitados para participar en el concurso de programación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, no estando afectadas por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público como prohibitivas para contratar, tengan plena capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles en las presentes bases.  
La administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escrituras públicas hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la administración y ante la cual nombrarán un representante o apoderado único.  
VI. Tipo de licitación   
Conforme a lo establecido en el artículo 140.1 de la Ley Urbanística Valenciana y artículo 286.h) del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, se establece como precio cierto de licitación -excluido el impuesto sobre el valor añadido- que tendrá carácter de máximo y que servirá de base para el cálculo de las garantías reguladas en la base siguiente, la cantidad de veintisiete millones setecientos ochenta y siete mil doscientos trece euros y veinte céntimos euros (18.590.948,20?).   
Repercusión cargas/m²t con base en el precio de licitación  
Precio licitación Edif. sector (m2t) Cargas/m2t  
51.871.231,92 936.484,40 135,85 -  
VII. Régimen de las garantías   
De acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística valenciana, estas bases particulares precisan las siguientes especialidades:  
1. Garantía provisional  
La garantía provisional será de quinientos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro euros y veintiséis céntimos (555.744,26?), equivalente al 2% de la estimación aproximada de las cargas de urbanización (con el detalle que figura en la siguiente tabla), y se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en la legislación contractual.  
Precio licitación % Garantía provisional Importe fianza  
82.462.182,20 2 % 555.744,26 -  
2. Garantía definitiva  
La garantía definitiva que, en cuanto a su forma de constitución y efectos se regirá por lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, se fija en el 12,50% del valor de las cargas de urbanización previstas en el programa, IVA no incluido conforme a lo previsto en el artículo 140 de la Ley Urbanística Valenciana cuantificado en la cantidad tres millones cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos un euros y sesenta y cinco céntimos (3.473.401,65-?), conforme a la tabla adjunta. La garantía podrá ser financiera o real.  
Precio licitación % Garantía provisional Importe fianza  
14.065.801,20 12,50 % 3.473.401,65 -  
En el supuesto de adjudicación a un urbanizador cuyo presupuesto de urbanización hubiera estado incurso inicialmente en presunción de temeridad, la garantía definitiva será del 20% del valor de las cargas de urbanización.  
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los supuestos que regula la legislación estatal de contratos   
3. Garantías complementarias  
3.1 Se establecen las siguientes garantías complementarias:  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 4 puntos del umbral a partir del cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 2%.  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 5 puntos del umbral a partir del cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 4%.  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 6 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 6%.   
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 7 puntos del umbral a partir del cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 8%.  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 8 puntos del umbral a partir de cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 10%.  
- Si la oferta seleccionada se desvía a la baja de la que se defina como oferta media en 9 puntos del umbral a partir del cual las ofertas se consideren como bajas temerarias, se prestará garantía complementaria del 12%.  
3.2 La constitución de las garantías complementarias, cuando proceda, deberá acreditarse junto con la garantía definitiva. El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la resolución del contrato.  
VIII. Documentación  
1. Lugar y plazo de presentación. La documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio de la tramitación administrativa que deba efectuarse a través de la notaría con competencia territorial en este municipio.   
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 293 ROGTU, estableciéndose especialidad en cuanto al plazo, dado que la documentación a presentar es de especial complejidad y dificultad técnica, en virtud de las dimensiones del sector y el gran número de propietarios afectados. A tal efecto, el plazo de tres meses, previsto en el citado artículo, se incrementa en un mes; por tanto, con anterioridad al transcurso del plazo de cuatro meses desde el envío del anuncio de concurso al Diario Oficial de la Unión Europea, deberá haberse cumplido con todas las formalidades propias de la información al público y, en particular, deberán haberse remitido todas las publicaciones y todos los avisos.  
Plazo: cuatro (4) meses.   
Cuando el último día coincida en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente.  
2. Contenido. Las proposiciones se ajustarán a lo previsto en el artículo 302 ROGTU, con las siguientes especialidades:  
1. Sobre número 1, expresará la inscripción de: «Documentación administrativa para concurrir al concurso de programación por gestión indirecta del Sector R-24, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona y contendrá la documentación indicada en los artículos 121, 122 y 123 LUV, debidamente foliada y precedida, en hoja independiente, de una relación numerada de los documentos que la integran, y que en resumen será:  
- Documentos que acrediten la capacidad y personalidad jurídica del concursante y la representación, en su caso, del firmante de la proposición de conformidad con la legislación contractual.  
- Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas por la legislación de reguladora de la contratación administrativa, incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.  
- Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera del concursante de conformidad con la legislación de contratos del sector público.  
- Documentos acreditativos de la solvencia técnica y profesional del concursante. Al respecto, el adjudicatario estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el presente pliego, así como a la dirección técnica de las obras y, en su caso, a la coordinación de la seguridad y salud de la ejecución de las obras de urbanización, los facultativos cuyo nombre figure en su oferta, con la dedicación definida en ella. Por consiguiente, durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Igualmente el adjudicatario no podrá sustituir al personal facultativo establecido en su oferta sin expresa autorización del Ayuntamiento.  
- Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional.  
- En caso de concursantes extranjeros: sumisión a la jurisdicción de los tribunales españoles.  
- Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haberse practicado los avisos previstos en artículos 292 y 293 ROGTU.  
- Acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública de la documentación técnica integrante del programa.  
La documentación que acredite la personalidad jurídica, la capacidad y la solvencia técnica y económica del aspirante, en los términos de los artículos 122 y 123 LUV, se presentará en un sobre cerrado y sellado y contendrá justificación documental de los extremos referidos en el artículo 133.1, letras a), b), c), d), e) y f) de la LUV.  
2. Sobre número 2, denominado «Alternativa técnica para concurrir al concurso de programación por gestión indirecta del Sector R-24, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona», se ajustará a lo establecido en los artículos 126 LUV y 307 y siguientes ROGTU.   
La alternativa técnica se compone de los siguientes dos bloques documentales, clasificados en función de su presentación en sobre abierto o cerrado.  
2.1 Documentación técnica, integrada por aquella parte de la alternativa técnica que es objeto de información pública y que es objeto de presentación en sobre abierto:  
- Instrumento de planeamiento que acompañe a la alternativa técnica.  
- Proyecto de urbanización.  
- Proyectos específicos de instalaciones.  
- Estudio de seguridad y salud.  
- Estudio de paisaje.  
- Estudio acústico.  
- Cualesquiera otros documentos técnicos que fueran necesarios.  
2.2 Memoria de programa integrada por aquella parte de la alternativa técnica que no es objeto de información pública y que es objeto de presentación en sobre cerrado:  
a) Identificación de la actuación integrada y de sus parámetros urbanísticos esenciales.  
b) Existencia o no agrupación de interés urbanístico y, en su caso, estatutos y acuerdos sociales de la misma.  
c) Plazos máximos, totales y parciales, que se proponen para el desarrollo de la actuación integrada, distinguiendo las siguientes fases:  
- Fase administrativa previa, que comprende, como mínimo, la presentación de textos refundidos de los documentos integrantes del programa; el inicio del procedimiento de pública concurrencia para la selección del empresario constructor; la práctica de las notificaciones a los propietarios para que puedan optar por la modalidad de retribución de las cuotas urbanísticas; la exposición al público del proyecto de reparcelación, etc.  
- Fase de ejecución material de las obras de urbanización: fecha del acta de replanteo y de inicio y finalización de las obras de urbanización.  
- Solicitud de licencia de edificación de los solares resultantes.  
d) Objetivos complementarios que se proponen, incluyendo una valoración de su coste económico, que deberá ser asumido íntegramente por el concursante a su exclusiva costa, sin posibilidad de repercutirlo a los propietarios. Si el objetivo complementario fuera una edificación simultánea a la urbanización, acompañará un anteproyecto de edificación.  
3. Sobre número 3, denominado «Proposición jurídico-económica para concurrir al concurso de programación por gestión indirecta del Sector R-24, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona», se presentará en plica cerrada y se ajustará a lo establecido en los artículos 127 LUV y 302 ROGTU, redactada conforme al modelo que se inserta a continuación:  
«(Nombre y apellidos) ... mayor de edad, vecino de ..., con domicilio en ..., titular del DNI núm. ... expedido con fecha ..., en nombre propio (o en representación de ... con domicilio en ..., conforme acredito con poder bastanteado) enterado del concurso tramitado para la gestión indirecta del programa de actuación integrada para el desarrollo de (indicar el ámbito de la actuación) y la adquisición de la condición de urbanizador, se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por la cantidad de ... a que ascienden las cargas del programa, según presupuesto detallado y desglosado que a continuación se adjunta en los términos de los artículos 302 a 306 del ROGTU. Lugar, fecha, firma y sello.»  
IX. Vigencia de las ofertas  
Durante el plazo máximo fijado en la Ley Urbanística Valenciana y en el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, el licitador aspirante a urbanizador queda obligado al mantenimiento de la oferta que presenta.  
Transcurrido dicho plazo, e independientemente del número de proposiciones presentadas, el concursante tendrá derecho a retirar su proposición y a la devolución de las garantías provisionales.  
X. Mesa de programación  
La mesa de programación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 299 ROGTU, estará integrada del modo siguiente:  
- Presidente, que lo será el alcalde o miembro de la corporación en quien delegue.  
- El concejal delegado de Urbanismo o el concejal de Obras Públicas.  
- El secretario del Ayuntamiento, que actuará como vocal y como secretario de la mesa, sin perjuicio de que pueda acordarse de que la secretaría la asuma cualquier otro miembro técnico de la mesa.  
- El interventor municipal.  
- El arquitecto municipal  
- El ingeniero técnico de obras públicas.  
- El Ingeniero técnico industrial.  
- El oficial mayor.  
XI. Calificación de la documentación general  
En el plazo de los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo para presentar la documentación se constituirá la mesa de programación en la forma prevista en la cláusula anterior a los efectos de proceder a la calificación de la documentación presentada por los aspirantes a urbanizador. Si el cómputo de este plazo finaliza en sábado se entenderá prorrogado al lunes inmediato siguiente.  
Para ello, se estará a lo dispuesto en los artículos 121 LUV y 310 y 311 ROGTU, tanto en lo referente a la calificación de la documentación, como a la resolución del incidente de exclusión de licitadores.  
XII. Valoración de la alternativa técnica  
1. Finalizado el acto de calificación de la documentación, firmes en vía administrativa los incidentes de exclusión que hubieran podido plantearse, acto seguido la mesa procederá a la apertura de los sobres cerrados (número 2) continentes de la alternativa técnica.  
Se procederá en la forma establecida en los artículos 135 y 137.1 LUV.  
2. La valoración total que la alternativa técnica tiene en el concurso será de un 65%, distribuidos en los siguientes criterios de puntuación:  
A) Calidad técnica de la ordenación propuesta: 50% de la valoración de la alternativa técnica. Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:  
- Tipología edificatoria: se valorará aquella ordenación que contemple una tipología edificatoria residencial acorde con los derechos derivados de las superficies originarias, de tal modo que mantenga el mayor número posible de propietarios en el proceso urbanizador.  
- Diseño viario: se valorará un diseño viario que facilite la circulación rodada mediante la creación de un vial perimetral al sector, que mejore los flujos de entrada y salida de vehículos y limite las intersecciones en las zonas de conexión el resto de la red viaria; por lo que respecta a la circulación de peatones, se valorará la amplitud de las aceras y la ubicación de los pasos de peatones en los lugares más adecuados en orden a la disminución de la longitud de los itinerarios peatonales, así como la previsión de carriles para el desplazamiento en bicicleta (carril bici).  
- Estacionamiento de vehículos en vía pública: se valorará fundamentalmente aquellos estacionamientos que faciliten las maniobras de aparcamiento de vehículos con la mínima interferencia en la circulación de vehículos y la dotación que se adjudica a las zonas escolares.  
B) La resolución adecuada de la integración de la actuación en su entorno.  
Se entiende por integración aquellas soluciones de conexión global del ámbito a todo tipo de infraestructuras generales existentes o previstas que atiendan mejor las necesidades que el ámbito nuevo va a demandar o generar. Los extremos referentes a la integración en el entorno de los nuevos espacios, localización de usos y su distribución ya se entiende incluido en el apartado a).  
C) La mejor estructuración de dotaciones públicas y de espacios libres.  
Se valorará, principalmente, el diseño y ubicación de las parcelas dotacionales públicas en lugares que permitan un mejor aprovechamiento y disfrute de las mismas conforme a su destino público, evitando su localización en zonas residuales, de escaso valor, así como facilitando su integración con el resto de elementos dotacionales situados en sus inmediaciones o cuya ejecución se prevea en otros sectores limítrofes.   
Los criterios establecidos en los apartados b) y c) anteriores representarán en conjunto un 20% de la valoración de la alternativa técnica.  
D) La calidad técnica de las soluciones propuestas para la urbanización. Este criterio representará un 10%. de la valoración de la alternativa técnica.  
E) Número, diseño, ubicación y calidad de las viviendas sometidas a algún régimen de protección que se comprometa a promover el urbanizador. Este criterio representará un 5% de la valoración de la alternativa técnica.  
F) Inversión en programas de restauración paisajística o de imagen urbana dentro del ámbito del programa, como objetivos complementarios del mismo, de acuerdo con las directrices establecidas en los artículos 30 a 35 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Este criterio representará un 5% del valor total de la alternativa técnica.  
G) Plazo de ejecución del programa de actuación integrada. Este criterio representará un 4% del valor total de la alternativa técnica.  
H) Compromiso de edificación simultánea a la urbanización de los solares resultantes de la actuación por encima de un mínimo legalmente exigible. Este criterio representará un 2% del valor total de la alternativa técnica.  
I) Compromisos adicionales asumidos voluntariamente y a su cargo por el urbanizador. Este criterio representará un 1% del valor total de la alternativa técnica.  
J) Medios para el control de cada una de las prestaciones que constituyen el objeto del programa. Este criterio representará un 3% del valor total de la alternativa técnica.  
XIII. Valoración de la proposición jurídico-económica  
1. Dentro de los 10 días siguientes a la resolución indicada en el artículo 314.5, se procederá a la apertura de las proposiciones jurídico-económicas en acto público presidido por el secretario, quien levantará acta. La fecha del acto de apertura de plicas se notificará a los aspirantes a urbanizador y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.  
Solamente se procederá a la apertura los sobres número 3 continentes de la proposición jurídico- económica de aquellas alternativas que hayan superado el umbral mínimo de puntuación previsto en la cláusula anterior.  
Se actuará en la forma establecida en los artículos 135 y 137.1 LUV.  
2. La valoración total que la proposición jurídico-económica tiene en el concurso será de un 35% distribuidos en los siguientes criterios de puntuación:  
a) Menor importe respecto de referencias de cuadros de precios de práctica usual de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad. Este criterio representará un 35% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
Todas las propuestas se evalúan con la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión:  
PJE = 35 x precio oferta más económica  
 Precio de la oferta que se puntua  
b) La valoración de los terrenos a efectos de fijar el coeficiente de cambio para el pago en especie. Este criterio representará un 25% de la valoración de la proposición jurídico-económica  
Todas las propuestas se evalúan con la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión:  
PJE = 35 x precio oferta más económica  
 Precio de la oferta que se puntua  
c) La mayor proporción de terrenos propios o de asociados que deban quedar afectos con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad al cumplimiento de las obligaciones especiales de edificación derivadas de la aprobación del programa. Este criterio representará un 35% de la valoración de la proposición jurídico-económica.  
Todas las propuestas se evalúan con la puntuación obtenida mediante la siguiente expresión:  
PJE = 25 x precio oferta más económica  
 Precio de la oferta que se puntua  
c) Compromisos financieros para la ejecución de las obligaciones complementarias asumidas voluntariamente y a su costa por el urbanizador. Este criterio supondrá un 5% del valor total de la proposición jurídico-económica.   
En el supuesto de ofertas desproporcionadas se estará a lo dispuesto en la legislación contractual.  
XIV. Adjudicación del programa  
Concluido el trámite de aceptación de las modificaciones propuestas por los informes técnicos a la alternativa técnica y a la proposición jurídico-económica, la mesa de programación, elevará al Pleno la propuesta de adjudicación, quien resolverá la adjudicación del programa.  
La propuesta de adjudicación hecha por la mesa de programación no creará derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la administración, mientras no se le haya adjudicado el programa.  
El acuerdo de adjudicación del programa deberá adoptarse en un plazo no superior a los 2 meses desde la apertura de las proposiciones jurídico-económicas.  
La adjudicación se efectuará en la forma prevista en el artículo 137 LUV.   
XV. Formalización del contrato  
La administración y el urbanizador deberán formalizar el contrato para la ejecución del programa de actuación integrada en documento administrativo, dentro del mes siguiente a la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa, constituyendo título suficiente para acceder a cualquier registro. No obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del urbanizador y a su costa.  
El urbanizador, además del contrato, deberá firmar estas bases particulares y de todos sus anexos, que quedarán incorporadas a su contenido.  
Regirá para la formalización del contrato lo dispuesto en el artículo 331 ROGTU.   
XVI. Gastos a cargo del urbanizador  
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:  
a) Los de publicación cualquier anuncio que genere el expediente para la aprobación del programa de actuación integrada y para su adjudicación siempre que su inserción en los boletines oficiales o en periódicos de amplia circulación ocasione un gasto al Ayuntamiento. Los gastos de los anuncios de licitación se abonarán en el mismo momento en que se deposite la garantía definitiva. Los gastos de los restantes anuncios que resulten onerosos a la administración se abonarán a la medida en que se vayan conociendo. Estos gastos se incluirán dentro de los gastos de gestión como cargas del programa   
b) Los gastos correspondientes a la asistencia técnica externa, en la forma en que se dispone a continuación se consideran cargas de urbanización que todos los propietarios deben retribuir en común al urbanizador  
c) Los tributos estatales, municipales y regionales derivados del contrato.  
d) Los de elevación a escritura pública del contrato de adjudicación, si así lo solicitare el contratista.  
e) Tasas y cánones de empresas suministradoras y/o municipales.   
Por lo que respecta al abono de los gastos de los honorarios por la asistencia técnica y jurídica externa relativos a toda la ejecución del programa, que se cifra en el 1% de los gastos de gestión del urbanizador, se abonarán:  
- Un 25% junto con el depósito de la garantía definitiva, que se elevarán al 50% en el caso de que no se requiera aprobación del programa por el órgano competente de la comunidad autónoma  
- Un 25% con carácter previo a la aprobación del proyecto de urbanización  
- El resto coincidiendo con la última certificación de obra. Para la cuantificación de la cantidad pendiente de abonar en este último plazo se realizará una liquidación definitiva para proceder a su recálculo en el caso de que los gastos fueran superiores al 1% de los gastos de gestión del urbanizador inicialmente previstos.  
XVII. Retasación de cargas  
El importe máximo de las cargas de urbanización derivadas de la ejecución del programas de actuación integrada, será el previsto en la proposición jurídico- económica que resulte adjudicada.  
Sólo será posible una retasación de cargas en los supuestos expresamente previstos en la legislación urbanística valenciana vigente1, y por el procedimiento expresamente regulado para tal finalidad.   
En el caso de que opere la retasación por transcurso de dos años desde la presentación de la proposición jurídico-económica sin que se haya iniciado el programa por motivos no imputables al urbanizador, la revisión de precios tendrá lugar automáticamente, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Contratos del Sector Público.  
XVIII. Ejecución del contrato   
1. La ejecución del contrato comenzará a computarse a partir del día siguiente al de su firma conforme con sus cláusulas y con las instrucciones que para ello de la administración, y se realizará a riesgo y ventura del urbanizador quien no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras de urbanización, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público y siempre que no medie actuación imprudente por su parte. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases y en la normativa urbanística valenciana respecto a la retasación de cargas.  
El urbanizador será responsable de la calidad de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados de acuerdo con lo previsto en los artículos 281 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.  
Tratándose de un contrato cuyo presupuesto de ejecución, de las obras de urbanización, supera los 5.278.000 €, el Urbanizador, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 LUV y el pliego de cláusulas particulares y prescripciones técnicas que figura como anexo III a estas bases, deberá seleccionar al empresario constructor de conformidad con los que disponen los artículos 134 y 135 de la Ley de Contratos del Sector Público.  
2. La recepción se realizará conforme a lo previsto en el artículo 218 de la Ley de Contratos del Sector Público y concordantes.  
XIX. Cesión de la condición de urbanizador  
Se estará a lo dispuesto en los artículos 141 de la LUV y 333 - 334 del ROGTU.  
En todo caso la cesión, ya sea total o parcial requerirá de autorización expresa del Ayuntamiento Pleno.  
XX. Responsabilidad del urbanizador por los daños causados a terceros durante la ejecución del programa  
El urbanizador será responsable, durante la ejecución de las obras de urbanización, de todos los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o a cargo del empresario constructor, o de una deficiente organización, protección o señalización de las obras.  
XXI. Responsabilidad del urbanizador por vicios ocultos  
El urbanizador responderá, durante un año para la obra vista y 3 años para las instalaciones ocultas siguientes a la fecha de la recepción definitiva de las obras de urbanización, de los daños y perjuicios ocasionados por ruina de las mismas motivada por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento del contrato.   
XXII. Penalidades al urbanizador por incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato  
1. El incumplimiento, por causa imputable al urbanizador, de los plazos máximos totales y parciales fijados en estas bases particulares de programación y en el contrato, cuando se refieran a actuaciones propias de la fase administrativa previa, incluyendo el incumplimiento de cualquier requerimiento que el Ayuntamiento efectúe en desarrollo y ejecución del programa, comportará la aplicación de una penalidad por importe del 1 por 1.000 por día natural de demora aplicado sobre la suma del beneficio empresarial y los gastos de gestión del urbanizador, incluido el coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos.  
2. El incumplimiento, por causa imputable al urbanizador, de los plazos máximos totales y parciales fijados en estas bases particulares de programación y en el contrato, cuando se refieran a actuaciones propias de la fase de ejecución material de las obras de urbanización, la imposición de una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000,00 euros del precio del contrato, según lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público. Este importe se aplicará sobre el precio del contrato, entendiendo por tal el importe de las cargas de urbanización del programa (CU) fijadas en el acuerdo de aprobación y adjudicación del mismo, excluida la estimación preliminar de las indemnizaciones y demás gastos variables a que se refiere el artículo 308 del ROGTU e incrementadas con el 16% de IVA.  
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% de las cargas de urbanización, el órgano de contratación estará facultado para optar entre la resolución de aquel o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
3. La demora injustificada durante la realización y terminación de las obras, salvo las prórrogas que procedan, será objeto de análogas penalidades a las previstas en la legislación general de contratación administrativa relativa al contrato de obras  
XXIII. Resolución de la adjudicación del programa  
Para la resolución de la adjudicación del programa se estará a lo dispuesto en la normativa urbanística valenciana y en la legislación estatal en materia de contratación pública.  
Además de las causas de resolución previstas en las disposiciones normativas vigentes, también lo serán:  
- La pérdida sobrevenida del urbanizador de los requisitos necesarios para contratar con la administración.  
- El incumplimiento reiterado de as prescripciones técnicas del contrato.  
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la administración, siempre que tales causas hayan sido previamente advertidas por escrito al urbanizador.  
- La facturación de ejecuciones no realizadas o medios no utilizados, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al urbanizador por la no aportación íntegra de los medios comprometidos y el derecho de la administración a requerirlos.   
XXIV. Selección del empresario constructor  
Para la selección de empresario constructor se estará a lo dispuesto en la legislación urbanística y contractual.  
El pliego de cláusulas particulares y prescripciones técnicas que ha de servir de base para la selección del empresario constructor se incluye en el anexo III de estas bases, resultando aplicable al mismo lo dispuesto en las bases generales respecto a la posibilidad del urbanizador de proponer modificaciones.   
XXV. Prerrogativas del Ayuntamiento  
Corresponden al Ayuntamiento las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la legislación urbanística valenciana y en la legislación contractual aplicable.  
Los acuerdos dictados al efecto pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  
XXVI. Jurisdicción competente  
Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción o el recurso potestativo de reposición en los términos descritos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Asimismo, las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa de los tribunales de Valencia, no obstante lo cual, las partes pueden acordar el sometimiento de sus litigios a arbitraje, conforme a lo establecido en la legislación vigente.  
XXVII. Régimen jurídico  
El contrato que con base a este pliego se realice, tendrá carácter administrativo especial y en todo lo no previsto en él se estará a lo dispuesto en:  
- La Ley 16/05, de 31 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, urbanística Valenciana.  
- El D 67/06, de 12 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística  
- El Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
- Las bases generales aprobadas por el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, en su caso.  
- El Plan General de La Pobla de Vallbona de 24 de julio de 2004 y los instrumentos de desarrollo del mismo que afecten al ámbito territorial de actuación objeto de la contratación.  
- Las ordenanzas municipales reguladoras de servicios públicos.  
- La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
- El Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que sea de aplicación.  
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.  
- Ley 3/2004, de 30 junio, de la Comunidad Valenciana, sobre Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.  
- Supletoriamente regirán las restantes normas del derecho administrativo y, en su defecto, las del derecho privado vigentes a la firma del contrato.  
En caso de contradicción entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y el resto de la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego.  
Anexo I  
Ordenación urbanística vigente en el ámbito de la actuación integrada, memoria de necesidades y objetivos.  
Plano de delimitación del sector R-24, suelo urbanizable residencial ensanche, del Plan General de la Pobla de Vallbona y ficha de planeamiento del mismo.  
Ordenación y planeamiento vigente:   
Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 2 de julio de 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 100, de fecha 28 de abril de 2006.  
En el propio Plan General se delimita el sector R-24 y en la ficha de planeamiento y gestión se estable la ordenación estructural del citado sector, estableciéndose que será objeto de programación única.  
Memoria de necesidades y objetivos a satisfacer con el programa de actuación integrada:  
Además de lo establecido en el artículo 124 de la Ley Urbanística Valenciana, son objetivos imprescindibles del programa, los siguientes:  
a) Con respecto a la parcela identificada con la Clave ED-45, cuya calificación urbanística es la de equipamiento docente de la red primaria estructural, la ordenación pormenorizada del sector se supeditará, íntegramente, a la ordenación que de dicha parcela y su entorno ya han realizado -por razones de interés público- los servicios técnicos municipales.  
b) La parcela dotacional pública identificada con la Clave QL-12, parque público de la red primaria estructural, con una superficie de 19.111,35 m², se entregará al Ayuntamiento completamente ajardinada conforme a su destino público; asimismo, se ejecutará, con cargo a la actuación, un teatro al aire libre de forma semicircular, con las siguientes características:  
- Radio exterior mínimo de las gradas: 27m.  
- Radio interior máximo de las gradas: 12m.   
- Aforo mínimo de las gradas: 1200 personas sentadas.  
- Explanada pavimentada circular de 12m de radio a pie de escenario.  
- Escenario de una superficie mínima de 180m² (albergar orquestas, grupos danza, bandas de música, etc?)  
- Vestuarios, aseos y almacén con una superficie mínima de 180m².  
- Superficie total aproximada: 2500m²  
- Se contemplará una superficie de 2500 m² de superficie anexa al auditorio destinado a zonas pavimentadas (cenadores, zonas cubiertas con pérgolas, carpas, etc?).  
- La superficie restante se habilitará para zona ajardinada y pasillos de comunicación (peatonales y vehículos de carga para espectáculos y emergencia): 14.111,35m²  
- Se incluirá la iluminación, riego, dotación eléctrica y suministro de agua potable para escenarios y fuentes.   
- incluirá la ejecución de un auditorio al aire libre, todo ello a costa de la actuación urbanística programada, sin posibilidad de repercutirlo a esta Administración.  
c) Ejecución de un inmueble, de uso dotacional público, cuyo destino se concretará en el acuerdo de adjudicación del Programa, con una superficie mínima construida de 2.000 m², todo ello a costa de la actuación urbanística programada, sin posibilidad de repercutirlo a esta administración.  
Anexo II  
Prescripciones técnicas  
1. Antecedentes y normativa a desarrollar  
1.1 Ordenación urbanística que se ejecuta a través de la programación   
Se delimita una única Unidad de Ejecución comprensiva de todo el sector R-24, suelo urbanizable residencial del Plan General de La Pobla de Vallbona, sin modificación alguna en cuanto a la delimitación que del mismo se contienen en los planos de ordenación estructural del sector.   
1.2 Documentos de ordenación: plan parcial con el contenido que figura en el artículo 68 LUV Y 155 y siguientes ROGTU.  
2. Memoria de necesidades y objetivos imprescindibles a satisfacer con el programa de actuación integrada   
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa.  
b) Urbanizar completamente la unidad de ejecución que constituya el objeto del programa y realizar las obras públicas adicionales que se precisen para cumplir lo dispuesto en los apartados siguientes, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, o adscritos a la misma, a favor de la administración gratuitamente.  
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público de suelo, a favor de la administración actuante de forma gratuita, sin perjuicio de la obligación legal de soportar las cargas de urbanización correspondientes a la cesión.  
g) Ordenar el reparto equitativo de las cargas y beneficios de la actuación entre los afectados.  
h) Establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación urbanizadora.  
3. Prescripciones técnicas que como mínimo deben respetarse en la redacción del Proyecto de urbanización.   
Será de aplicación lo establecido en los artículos 156 y 157 de la LUV, y los artículos 97.b) y 346 a 350 ROGTU.  
Los proyectos de urbanización se ajustarán a la ordenanza municipal sobre condiciones particulares y obras de urbanización, aprobada junto con el Plan General; igualmente, y por lo que respecta a los proyectos de alumbrado público, éstos deberán ajustarse a lo dispuesto en la ordenanza reguladora de las normas técnicas relativas a los proyectos de alumbrado público municipal (publicada en el BOP número 69, de fecha 22 de marzo de 2004).  
4. Proyecto de reparcelación  
Se ajustará a lo establecido en los artículos 176 y 177 LUV y los artículos 394 a 428 ROGTU.  
5. Informe del Consejo del Territorio y Paisaje (artículo 186.1.c ROGTU)  
Resulta innecesario al tratarse de un sector con una superficie inferior a cincuenta hectáreas y no revestir especial complejidad su desarrollo urbanístico.  
Anexo III  
Pliego de cláusulas administrativas generales y prescripciones técnicas que ha de servir de base a la selección del empresario constructor para la ejecución de las obras de urbanización del Programa de Actuación Integrada del Sector R-24, suelo urbanizable residencial  
I. Disposiciones generales  
1. Objeto del contrato (arts. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG)  
Es objeto del contrato la selección del empresario constructor para la ejecución de las obras de urbanización descritas en el proyecto de urbanización integrante de la alternativa técnica del Programa de Actuación Integrada del Sector R-24, y de acuerdo con el presupuesto de ejecución que forma parte de la proposición jurídico económica de dicho programa.  
Dicho proyecto de obras se aprobó por el Ayuntamiento Pleno en sesión de ..., junto con el acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada para el desarrollo del Sector R-24.  
El proyecto, incluyendo las prescripciones técnicas particulares, y el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, con los documentos que preceptivamente los integran, formarán parte del contrato de adjudicación de obra que en su día se otorgue. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato.  
2. Financiación de la obra.  
Las obras objeto del contrato se financiarán por el urbanizador con cargo a las cuotas de urbanización que perciba de los propietarios afectados por el ámbito de la actuación.  
3. Régimen jurídico y jurisdicción (art. 160.8 LUV y 357.2 ROGTU)  
1. La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma Valenciana, en el marco de sus respectivas competencias.  
2. Las relaciones jurídicas entre el urbanizador y el empresario constructor tendrán en todo caso, naturaleza privada, aplicándose a las mismas lo que establece el artículo 211 LCSP.  
4. Capacidad para contratar (art 43, 45, 46,47, 53 y 61.3 LCSP y arts. 9 y 10 RG; art. 120 LUV)  
1. Podrán contratar con el urbanizador las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 49 del LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 62 del LCSP.  
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  
Las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.  
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 44 LCSP.   
2. Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar la adecuada clasificación, a tenor de la cláusula 5 de este pliego.  
No obstante, las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, no necesitarán disponer de dicha clasificación debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación a que se refieren los artículos 51, 64 y 65 LCSO.  
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos del artículo 73.1 LCSP.  
Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores deberán asumir el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales para llevarla a cabo adecuadamente, medios que, con arreglo a la cláusula 13.3.5 de este pliego, deberán acreditar en su oferta, cuya efectiva adscripción se considera obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 206.g) LCSP.  
3. No podrán concurrir a la licitación, y en ningún caso el urbanizador podrá contratar:  
- Con quienes hayan participado en la investigación, experimentación, el estudio o desarrollo de algún instrumento que afecte la ordenación del ámbito de ejecución de las obras objeto de este procedimiento licitatorio.  
- Con él mismo ni con empresa vinculada en los términos del artículo 42 del vigente Código de Comercio.  
4.4 Los que contraten con el urbanizador para la ejecución de esta obra, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)  
5. Clasificación de los licitadores (art 54, disp. transit. 5ª LCSP)  
1. La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente:   
  
No obstante, para la ejecución de las partes del objeto del contrato que tengan que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada autorización o autorización profesional, siempre que estas no excedan del 50% del precio del contrato, no será necesario que el licitador acredite disponer de la clasificación que igualmente se detalla, siempre que en su oferta se comprometa a subcontratar su ejecución con empresa que acredite tal clasificación. (art.54.1 LCSP y 36.3 RG)  
2. Para los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados, será suficiente acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y técnica, conforme a lo estipulado en la cláusula 4 del presente pliego, así como que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislación del estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 47 de la LCSP.   
6. Presupuesto de licitación (art. 76 LCSP)  
1. El presupuesto o tipo de licitación del contrato, que podrá ser mejorado a la baja por los licitadores, asciende a un total de \_\_\_\_\_ - e incluye:   
- Presupuesto de ejecución material.  
- 13% de gastos generales   
- 6% de beneficio industrial.  
Este precio deberá gravarse con la aplicación del tipo del 16% del IVA.  
2. El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la aprobación del proyecto de urbanización integrante de la alternativa técnica del programa de actuación integrada del sector R-24.  
7. Financiación de la obra  
Las obras objeto del contrato se financiarán por el urbanizador con cargo a las cuotas de urbanización que perciba de los propietarios afectados por el ámbito de la actuación.  
8. Revisión de precios   
Procederá únicamente en los casos en que la legislación urbanística valenciana así lo disponga.  
9. Plazo de ejecución de las obras (art. 23 LCSP)  
1. El plazo máximo de ejecución de las obras será de el que disponga el proyecto de urbanización aprobado por el Ayuntamiento.  
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 197.2 del LCSP, dicho plazo de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.  
II. Adjudicación del contrato  
10. Procedimiento de adjudicación (arts. 93.4, 134, 141 y 144 LCSP, arts. 120 y 160 LUV, y arts. 357 a 370 ROGTU)  
1. El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente, por ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecución de la obra a realizar que se relacionan a continuación:   
1.1. Dado que se trata de obras de urbanización incluidas en un programa de actuación integrada cuyo coste se asume directamente por los propietarios del suelo afectados por este desarrollo urbanístico, el precio menor de la ejecución de las obras de urbanización repercutirá directamente en un menor coste soportado para estos propietarios y con ello a un menor importe en sus cuotas de urbanización.  
1.2. Además la ejecución de las obras en el menor tiempo posible redunda en beneficio:  
- Del urbanizador, pues en el caso de que no se le permita la simultaneidad con las obras de edificación, estará en disposición antes de comenzar estas cuanto menor sea el tiempo de duración de las obras de urbanización.  
- De los propietarios del suelo que verán transformado este de urbanizable en urbano con lo que podrán participar antes de las plusvalías que esta transformación les aporte.  
- Del Ayuntamiento, que verá urbanizada anticipadamente una zona de su término municipal y con ello también anticipará la disposición de los suelos rotacionales y del PMS obtenido como consecuencia de esta actuación urbanística.  
2. Criterios de adjudicación  
Los citados anteriormente Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación:  
Criterios   
- Precio de ejecución de las obras de urbanización, que se ofrecerá a la baja respecto del que figure en el presente contrato como tipo de licitación, debiendo especificarse de forma separada el IVA con que tal precio resulte gravado.  
- Plazo de ejecución de las obras: que se ofertará a la baja sobre el previsto en el proyecto como de ejecución de las obras de urbanización del sector R-24  
Ponderación  
- Precio: 70 puntos  
- Plazo: 30 puntos  
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta LCSP, en caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes:   
a) Que cuente en su plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.  
b) Que se trate de empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, reguladas en la disposición adicional novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los siguientes colectivos, cuya situación será acreditada por los servicios sociales públicos competentes:  
a) Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en la Comunidad Autónoma Valenciana.  
b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora, o por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.  
c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de instituciones de protección de menores.  
d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social.  
e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos.  
f) Personas con discapacidad.  
3. Procedimiento de evaluación de las proposiciones  
La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:   
1º. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios.  
2º. Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.  
3º. A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que proporcionalmente correspondan calculados aplicando una regla de tres.   
4º. Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial para las empresas antes expuesto. En caso de producirse empate en la puntuación final, la adjudicación recaerá en la oferta que en su conjunto se considere más beneficiosa para el interés público, teniendo en cuenta el orden de prelación de los criterios de adjudicación y la ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas empatadas. Si el empate se produce entre empresas que se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en la disposición adicional sexta LCSP preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla.  
11. Garantía provisional   
De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1 de la LCSP, los licitadores no deberán constituir garantía provisional.  
12. Plazo y presentación de proposiciones (art. 129.1 LCSP y art.80 RG)   
1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación.  
2. Las proposiciones se presentarán en plica sellada en el Registro de la Notaría indicada en el anuncio de la convocatoria, durante los 2 meses naturales siguientes a la fecha del envío del anuncio para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea a la oficina de publicaciones de la Unión Europea. Cuando el último día coincida en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente.  
También podrán presentarse proposiciones por correo siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
- Que el interesado acredite la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos.  
- Que anuncie el mismo día a la notaría, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición. También podrá anunciarse por correo electrónico, si bien este anuncio sólo será válido si existe constancia de la transmisión y la recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario.  
- Que los documentos que se presenten fotocopiados se encuentren debidamente compulsados por fedatario público.  
No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.  
A efecto de seguimiento del procedimiento de contratación, los licitadores comunicarán al Ayuntamiento por vía telemática (qinxg.kk@xqroxykhycrkldzea.pu) la presentación de plicas en la notaria que figure en el anuncio. En esta comunicación los licitadores harán constar, la denominación de la adjudicación contrato al que concurre, el nombre del licitador, su domicilio, la fecha de remisión de la documentación a la notaria y la de su recepción.   
3. Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria, la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica, así como cuanta documentación consideren necesaria para la preparación de sus ofertas, siempre que esta no esté protegida al amparo de los artículos 124 y 137.2 LCSP, en las oficinas de la notaria señalada en el anuncio de licitación y en la página web Ayuntamiento (www.lapobladevallbona.es).  
4. Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en este pliego y su presentación presume la aceptación incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.  
13. Contenido de las proposiciones (arts. 61, 129 y 130 LCSP y art. 80 RG)  
1. Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados, identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente.  
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación:  
2. Sobre número 1: deberá tener el siguiente título: «Sobre número 1: documentación general para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de las obras de urbanización del sector R-24». Su contenido será el siguiente:  
2.1 El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente:  
2.1.1 Documento nacional de identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.  
Las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.  
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la representación diplomática española en el estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato.  
Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española relativo a que el estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la administración, en forma substancialmente análoga.  
Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (art. 44.2 LCSP)  
2.1.2 Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por el Notario o por la secretaría del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona.   
2.1.3 Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.  
2.2 Certificado de la clasificación requerida en la cláusula 5 del presente pliego, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, o en su caso, por el organismo comunitario correspondiente (art. 73 LCSP). Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber obtenido la clasificación exigida en el plazo de subsanación de defectos u omisiones en la documentación a que se refiere la cláusula 15 del presente pliego.  
El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación. (art. 130.3 LCSP)  
No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no españoles de estados miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a los requisitos establecidos en la cláusula 4.2 del presente pliego.   
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que integran la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularán las clasificaciones individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la clasificación global exigida en el presente pliego.   
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica.  
2.3 Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la administración conforme al artículo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arts. 62 y 130.1.c) LCSP)  
Cuando se trate de empresas de estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del estado respectivo, podrá sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  
2.4 Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  
2.5 La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma Valenciana le eximirá de aportar la documentación que se detalla:  
- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 13.2.1 de este pliego, siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, la Mesa de contratación podrá requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato.  
- Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de Contratistas conste la clasificación referida al objeto del contrato.  
- Declaración responsable a que se refiere la cláusula 13.2.3, salvo en lo que se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habrá que aportar, en todo caso, declaración responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público.  
El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma Valenciana deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. (art. 130.3 LCSP)  
2.6. A los efectos de acreditar la relación laboral con personas con discapacidad en los términos establecidos en la cláusula 10.2 del presente pliego, las empresas deberán aportar, en el momento de la licitación, la siguiente documentación:  
a) Declaración responsable:  
1. Del número de trabajadores:  
- Fijos discapacitados,   
- Perceptores de rentas mínimas de inserción o prestación similar y porcentaje que éstos representan sobre el total de la plantilla.  
- Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de instituciones de protección de menores  
- Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social  
- Internos de centros penitenciarios, liberados condicionales y ex reclusos  
2. porcentaje que estos trabajadores, respecto de cada uno de los colectivos citados, sobre el total de los trabajadores de la empresa.  
b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el personal de la empresa.  
c) Relación de los trabajadores citados en la letra a y acreditación fehaciente de su situación. En el caso de discapacitados se acompañará de la resolución o certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad.  
d) Contrato de trabajo de los trabajadores incluidos en alguno de los colectivos citados.  
Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano.  
3. Sobre número 2: Deberá tener el siguiente título: «Sobre número 2: proposición para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de de las obras de urbanización del sector R-24». (Arts. 129 y 130 LCSP)   
3.1 Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los criterios de adjudicación a que se refiere la cláusula 10.2 del presente pliego, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.  
3.1.1 El contenido de la oferta económica será redactado según el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que deba ser repercutido. (Art. 129.5 LCSP)  
3.1.2 En relación con los restantes criterios de adjudicación, se deberá aportar lo siguiente:  
- Programa de trabajo que acredite la ejecución de la sobras en el plazo ofertado por los licitadores.  
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.  
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. El urbanizador se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.  
3.2 Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de las obras objeto del contrato.  
3.3 Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (Art. 129.3 LCSP)  
3.4 El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. (Art. 129.3 LCSP)  
3.5 Los licitadores deberán incluir en su proposición una relación detallada de los medios personales y materiales que se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato. (art. 53 LCSP)  
14. Calificación de la documentación general (arts. 361 ROGTU, 71 LCSP y 22, 81 y 82 RG)  
El urbanizador, en sesión no pública celebrada el quinto día hábil, no sábado, siguiente a la conclusión del plazo de presentación de proposiciones, a las 12.00 horas, en presencia del notario y de un representante del Ayuntamiento, procederá a la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre número 1.  
Si el urbanizador o el notario observasen defectos u omisiones subsanables formales en la documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndoles un plazo no superior a 3 días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen. Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.  
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, el urbanizador, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.   
15. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación (art. 361 ROGTU, 142 LCSP y art. 83 RGLCAP)  
A continuación de la apertura del sobre de documentación (o primer día hábil no sábado siguiente a la finalización del plazo de subsanación de irregularidades concedido. O el de la resolución del procedimiento de exclusión), el urbanizador, en acto público, bajo fe publica notarial y con la asistencia del representante de la administración, dará cuenta de los licitadores admitidos a la licitación y los rechazados, motivando las causas de su rechazo.  
El acto de apertura seguirá los siguientes trámites:  
- Lectura del anuncio del contrato  
- Recuento de proposiciones presentadas, dando cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores  
- Concesión posibilidad a los licitadores de comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados  
- Anuncio del urbanizador sobre el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas y de las rechazadas, indicando, en este caso, las causas de la inadmisión o del rechazo.  
- Invitación a los asistentes a manifestar dudas o a la petición aclaraciones  
- Apertura proposiciones económicas  
- Propuesta de adjudicación provisional   
Del acto de apertura se levantará acta en la que se harán costar las actuaciones e incidencias, así como la supervisión y asesoramiento legal ejercido por el notario, que será suscrita por el urbanizador y el notario.  
16. Adjudicación provisional (arts. 135, 139, 145 LCSP)  
El urbanizador a la vista de las propuestas económicas acordará la adjudicación provisional del contrato en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación provisional, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. (art. 145.4 LCSP)  
La adjudicación provisional deberá producirse salvo cuando, de acuerdo con lo previsto en esta cláusula, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP.  
La adjudicación provisional deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 139 de la LCSP, el urbanizador, antes de dictar la adjudicación provisional, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado.  
El órgano de contratación podrá estimar que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias previstas en el artículo 85 del RGLCAP. En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 136 del LCSP  
La adjudicación provisional deberá notificarse a los licitadores, y publicarse en el diario oficial en que se publicó el anuncio de licitación. (arts. 42.2 y 135.3 LCSP)   
17. Constitución de la garantía definitiva (arts. 83, 84, 87 LCSP)  
1. El adjudicatario provisional deberá acreditar, en el plazo de 15 días hábiles desde que se publique la adjudicación provisional en un diario oficial la constitución de la garantía definitiva por importe del 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.   
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante la administración contratante, en los términos previstos en el artículo 86 del LCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 83.2 del LCSP, se establece una garantía complementaria de un Máximo 5% del importe de adjudicación del contrato que, a todos los efectos, tendrá la consideración de garantía definitiva.  
2. La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona.   
3. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato de acuerdo con la normativa urbanística valenciana, experimente variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la LCSP.  
4. En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.  
18. Documentación a presentar por el adjudicatario provisional (arts. 53 y 135.4 LCSP y arts. 13 a 16 RG)  
El adjudicatario provisional deberá acreditar, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en que se publique la adjudicación provisional en un diario oficial, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  
1. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:  
- Último recibo del impuesto sobre actividades económicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.   
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.  
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la administración de la Comunidad Autónoma Valenciana, y por la tesorería del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con cualquiera de estas administraciones.  
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.  
2. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.  
Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al urbanizador por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto.   
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.  
3. El adjudicatario provisional deberá aportar, asimismo, los documentos que acrediten la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido adscribir a la ejecución del contrato, de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 4.2 y 13.3.5 del presente pliego.  
19. Adjudicación definitiva (art.135.4 LCSP)  
En el plazo de los cinco días naturales siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 días hábiles para la presentación de la documentación del adjudicatario provisional, a que se refiere la cláusula anterior, el urbanizador elevará al Ayuntamiento propuesta de adjudicación, junto con el resto de las propuestas presentadas, incluidas las que hayan sido calificadas negativamente.  
La propuesta de adjudicación no creará derecho alguno en favor del licitador propuesto ni frente a la administración, ni frente al urbanizador mientras no se le haya ratificado o rectificado por la primera y se haya adjudicado el contrato en su consecuencia.  
Recibidas las propuestas el Ayuntamiento dará traslado de las mismas a los servicios técnicos municipales para que en un plazo no superior a 5 días informen de forma preceptiva y no vinculante:  
- Sobre el contenido de las ofertas  
- Sobre el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia previstos en el presente pliego por los licitadores.  
Emitidos estos informes el Ayuntamiento, a través de resolución de la alcaldía, ratificará o rectificará la propuesta de adjudicación en un plazo que no será superior a quince días naturales a aquel en que esta tenga fecha de registro de entrada. La falta de resolución expresa determinará la ratificación de la propuesta.  
Para la ratificación o rectificación de las propuestas de adjudicación se estará a lo dispuesto en el artículo 363 del ROGTU.  
La resolución por la que se ratifique o rectifique la propuesta se remitirá al urbanizador en el plazo de diez días para que este la notifique a todos los participantes, protocolizándose certificado de la misma en el acta notarial del proceso licitatorio.  
En el caso de que no se presentaran ofertas o, habiéndose formulado, ninguna resulte elegible se estará a lo previsto en el artículo 366 del ROGTU.  
III. Formalización del contrato  
20. Formalización del contrato (art. 140 LCSP)  
El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de 10 días hábiles desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, el documento administrativo de formalización del contrato, según modelo anexo II al presente pliego, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y del proyecto de urbanización, debidamente compulsados.   
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. (art.. 48 LCSP).  
El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.  
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  
Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el urbanizador podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el artículo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, procederá la incautación de la garantía y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. En estos casos para la selección de nuevo empresario constructor se seguirán los trámites previstos en el art. 366.2,a) del ROGTU.   
IV. Ejecución del contrato  
21. Comprobación del replanteo y apobración del Plan de Seguridad y Salud (art. 212 LCSP y arts. 139, 140 y 141 RG)  
1. En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, del urbanizador y de un representante de la administración, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la LCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.  
Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.  
2. Durante el tiempo que medie entre la formalización del contrato y el acta de comprobación del replanteo, y dentro de los diez primeros días, el empresario constructor deberá presentar el plan de seguridad y salud a los efectos de que los directores de las obras puedan aprobarlo antes de la firma de al acta de comprobación del replanteo.  
22. Programa de trabajo (art. 144 RG)  
El contratista deberá presentar, en plazo no superior a treinta días desde la formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el artículo 144 del Reglamento General de la LCAP. El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones contractuales.  
El urbanizador resolverá dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación del programa de trabajo, pudiendo introducir, en su aprobación, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.  
Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.  
V. Ejecución de las obras  
23. Dirección de la obra y delegado del contratista   
El urbanizador, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.  
El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y aceptada por el urbanizador antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación exclusiva.   
A los efectos, se entiende por dedicación exclusiva, la no posibilidad de adscripción a ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecución.  
24. Responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato (arts. 41 y 213 LCSP)  
El Ayuntamiento podrá designar una persona física o jurídica, vinculada o no a la administración, como supervisor de la ejecución de la obra de urbanización, que comprobará que su realización se ajusta a lo establecido en el proyecto de urbanización aprobado por la administración, con facultades para cursar al contratista las órdenes e instrucciones que considere oportunas. En particular, le corresponderá a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:  
- Proponer al urbanizador las penalizaciones a imponer al contratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 196.8 LCSP).  
- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 218.1 LCSP)  
Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo V, del título II, del Libro IV, de la LCSP.  
25. Obligaciones del contratista (art. 213 LCSP)  
1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto de urbanización que forma parte de la alternativa técnica del programa de actuación integrada del sector R-24, que sirven de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras, o en su caso el supervisor designado por el Ayuntamiento. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  
2. Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 10.2 del presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados o de cualesquiera de los colectivos previstos en dicha cláusula, durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo.  
El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución.  
3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. Esta responsabilidad se ejercerá de forma solidaria con el urbanizador respecto al Ayuntamiento.  
Si a juicio del facultativo director designado por la administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción.  
Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.  
4. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, para los casos de fuerza mayor. (art. 199 LCSP)   
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes (art. 198 LCSP). Esta responsabilidad se establece con carácter solidaria junto con el urbanizador frente a los terceros perjudicados y frente al Ayuntamiento.  
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.  
5. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.  
6. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.   
26. Gastos e impuestos por cuenta del contratista (art. 153 RG)  
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:  
a) Los de cualquier anuncio que genere el expediente de contratación siempre que se inserte en boletines oficiales. Los gastos de los anuncios de licitación se abonarán en el mismo momento en que se deposite la garantía definitiva. Los gastos de los restantes anuncios que resulten onerosos al urbanizador, se descontarán en las certificaciones de obra.   
b) Los tributos estatales, municipales y regionales derivados del contrato.  
c) Asumir el pago del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de adjudicación.  
d) Los de elevación a escritura pública del contrato de adjudicación, si así lo solicitare el contratista.   
e) Los de la composición y colocación de un cartel indicativo de las obras en los términos y con las dimensiones determinadas por el Ayuntamiento.  
2. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista   
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato.  
27. Abonos al contratista (arts. 200 y 215 LCSP y art. 150 RG)  
1. A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los 10 días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la administración.  
2. El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del contrato. El urbanizador deberá abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de expedición de los documentos que acrediten la realización del contrato.  
En caso de demora por el urbanizador en el pago del precio, éste deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales.  
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de los dos meses a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al urbanizador con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP.  
Si la demora del urbanizador fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.   
3. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. (Art. 152 RG)  
4. Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.   
5. El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y el urbanizador expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a éste último el acuerdo de cesión. (Art. 201 LCSP)  
28. Cumplimiento de los plazos (art. 196 LCSP)  
1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los términos que resulten de la adjudicación y figuren en el contrato a la vista de que el plazo de ejecución de las obras se considera como criterio de adjudicación.  
2. Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, el urbanizador podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.  
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
Esta misma facultad tendrá el urbanizador respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.  
3. La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho el urbanizador por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.  
4. La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte del urbanizador.  
5. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, el urbanizador podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 197.2 de la LCSP.   
29. Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato  
En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se refieren las cláusulas 4.2 y 13.3.5, el urbanizador podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10% del presupuesto del contrato. (Art. 196.1 LCSP)  
V. Subcontratación  
31. Subcontratación (art. 210 LCSP)  
1. El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 20% del importe de adjudicación del contrato. Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al urbanizador con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación:  
1.1 Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.  
1.2 Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 49 de la LCSP.  
1.3 Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 20% del importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal.  
1.4 Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 210 de la LCSP.  
2. Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al urbanizador y al Ayuntamiento, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas.  
3. Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratación.   
VI. Modificación de contrato  
31. Modificación del contrato (arts. 194, 202, 217, 220.e), art. 158 RG)  
1. El contrato se podrá modificar por razones de interés público y para atender a causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 194, 202 y 217 de la LCSP, y siempre que la normativa urbanística valenciana vigente lo permita.  
En todo caso, el urbanizador y el Ayuntamiento deberán aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato, y deberá suscribirse la correspondiente addenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202.3 de la LCSP, en relación con el artículo 140 de dicha ley.  
Siempre que de acuerdo con la normativa urbanística valenciana sean posibles, serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no supere el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteración sustancial del proyecto inicial. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  
Si el importe de la modificación superase el 20% del presupuesto inicial, será necesario el mutuo acuerdo de las partes.   
3. Cuando las modificaciones, si son posibles, supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por el urbanizador, previa audiencia del contratista y al Ayuntamiento. Si éste no aceptase los precios fijados, el urbanizador podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.   
4. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará al urbanizador autorización para iniciar el correspondiente expediente, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 217.3 de la LCSP.  
32. Suspensión de las obras (art. 203 LCSP y 103 RG)  
Si el urbanizador acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 200.5 de la LCSP y la cláusula 27 del presente pliego, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el urbanizador, por el representante del Ayuntamiento, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.  
Acordada la suspensión, el urbanizador abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP)  
33. Subrogación administrativa por incumplimiento del contratista (art. 160 LUV y 369 ROGTU)  
El incumplimiento continuado del contratista de las obligaciones que para él deriven de este contrato, que determine la paralización de las obras de urbanización por plazo superior a dos meses, o de cualquier otro modo perjudique de forma grave el interés general, el Ayuntamiento podrá subrogarse en todos los derechos del urbanizador de exigir al contratista empresario constructor el cumplimiento y las penalizaciones que procedan, en el supuesto de que el urbanizador haga dejación de sus funciones al efecto.  
VII. Finalización del contrato  
34. Cumplimiento del contrato y recepción de las obras (arts.205, 218 LCSP y arts. 163 a 165 RG)  
1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del urbanizador y de la administración.  
2. El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  
Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 15 días hábiles, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberán concurrir el designado por la administración como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por la administración al efecto, el urbanizador, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el urbanizador, levantándose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía.  
Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta, y el director de las mismas o el representante de la administración, señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
3. Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el expediente, La administración acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento General de la LCAP.  
4. Podrán ser objeto de recepción parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público de forma separada o independiente, en cuyo caso, deberá expedirse la correspondiente certificación a cuenta  
35. Resolución y extinción del contrato  
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 206 y 220 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 207 y 222 de la LCSP.  
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de la obligación de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 25, respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.  
36. Certificación final de obra y liquidación (arts. 200, 218 LCSP y arts. 166 y 169 RG)  
1. Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el urbanizador deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta días a partir de su expedición, a cuenta de la liquidación del contrato.  
En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se refiere la cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que será notificada al contratista para que, en el plazo de diez días, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.  
Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin, el urbanizador deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.   
2. Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  
37. Plazo de garantía (art. 205.3 y 218 LCSP)  
1. El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual tanto el urbanizador como la administración podrán comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.  
2. Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa y de forma solidaria con el urbanizador, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 218 de la LCSP.  
38. Devolución o cancelación de la garantía definitiva (art. 90 LCSP)  
1. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se procederá a la devolución o cancelación de aquélla.  
2. En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía.  
39.3 Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, el urbanizador procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 88 de la LCSP.  
Anexo A  
Modelo de proposición económica  
(Nombre y apellidos) ..., con DNI núm. ... mayor de edad, con domicilio en ..., enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación de las obras de urbanización del sector R-24, y aceptando íntegramente su contenido, en nombre ... (propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia en las siguientes condiciones:  
- Precio: (indicar en letra y en número y de forma separada en IVA que lo gravará) (art. 129.5 LCSP):  
- Plazo de ejecución de las obras que, de acuerdo con el programa de trabajo que se acompaña, será de: ...  
Lugar, fecha y firma del licitador.  
Anexo B  
Modelo de contrato de obras  
..., .... de ... de 20...  
Reunidos  
De una parte: la mercantil ..., en calidad de urbanizador del sector R-24 en La Pobla de Vallbona (Valencia), y en su representación (nombre y apellidos) ..., de acuerdo con los poderes que acreditan tal condición de fecha ..., otorgados ante el notario (nombre y apellidos) ..., anotados al núm. ... de su protocolo, e inscritos en el Registro Mercantil de ..., al tomo ..., folio???, hoja ...  
De otra parte: (nombre y apellidos) ... mayor de edad, con DNI núm. ... expedido el día ..., actuando en calidad de ... de ... con domicilio en ... (en el caso de actuar en representación de una mercantil) de acuerdo con los poderes que acreditan tal condición de fecha ..., otorgados ante el notario (nombre y apellidos) ..., anotados al núm. ... de su protocolo, e inscritos en el Registro Mercantil de ... al tomo ..., folio ..., hoja ...  
Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes, convienen suscribir el presente contrato de obras de urbanización del sector R-24 de La Pobla de Vallbona, cuyos antecedentes administrativos y cláusulas son:  
Antecedentes administrativos  
Primero. El proyecto de obra de urbanización cuya ejecución se contrata forma parte de la alternativa técnica del programa de actuación integrada del sector R-24 de La Pobla de Vallbona, aprobado por acuerdo plenario de fecha ..., por un presupuesto de ...  
Segundo. El pliego de cláusulas administrativas particulares fue aprobado por acuerdo plenario de fecha ...  
Tercero. La adjudicación de este contrato se acordó tras la licitación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratación del sector público, por acuerdo del urbanizador de fecha ...  
Cláusulas del contrato  
Primera. (Nombre y apellidos) ... [en la representación que ostenta] se compromete a ejecutar las obras de urbanización incluidas en el proyecto de urbanización de la alternativa técnica del programa de actuación integrada del sector R-24 de La Pobla de Vallbona, con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares, así como al proyecto aprobado por la administración, documentos contractuales que acepta plenamente, y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos.  
Segunda. El precio de este contrato es de ... euros, siendo el importe del IVA a repercutir el de ... euros, y su abono se realizará en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.   
Dicho precio será revisado de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares que lo rige.  
.era. El plazo de ejecución de la obra será de ... y comenzará una vez suscrita el acta de comprobación de replanteo.  
La comprobación de replanteo tendrá lugar dentro de los ... días hábiles siguientes a la formalización de este contrato.  
El plazo de garantía es de un año a contar desde la fecha en que se realice la recepción de las obras.  
Cuarta. El contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato que se anexa como parte integrante del mismo, y ambas partes se someten, para cuanto no se encuentre expresamente previsto en el presente contrato, a la Ley de Contratos del Sector Público, al Reglamento General de la Ley de Contratos del las Administraciones Públicas, y a las demás disposiciones reglamentarias de desarrollo, y supletoriamente, a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Quinta. Serán causas de resolución del contrato las previstas en la cláusula 34 del pliego de cláusulas administrativas particulares que lo rige.  
El incumplimiento de los plazos de ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, será penalizado de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 28 y 29 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.  
Sexta. Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, el adjudicatario ha constituido a favor del urbanizador una garantía definitiva por importe de ... euros, cuyo resguardo se une como anexo al presente contrato.  
Séptima. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.   
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de ésta, serán resueltas por el urbanizador, cuyos acuerdos serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos ante el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona.  
Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar y fecha al principio mencionado.  
El urbanizador El contratista  
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana y el artículo 291 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de de Ordenación y Gestión Urbanística y Territorial.  
La Pobla de Vallbona, 29 de septiembre de 2008.- La alcaldesa-presidenta: Mª Carmen Contelles Llopis.