Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3885, del 24-11-2000 (2000/9404)

ACUERDO de 14 de noviembre de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la instalación de un centro de vuelos en la partida Llano del Rebollar, en el término municipal de Requena.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3885

Fecha DOGV
:   24-11-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/9404


Fecha del documento
:   14-11-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Requena
    * plan de urbanismo
    * aeropuerto
    * cultura regional
    * propiedad inmobiliaria

ACUERDO de 14 de noviembre de 2000, del Gobierno Valenciano, por el que se declara de interés comunitario la instalación de un centro de vuelos en la partida Llano del Rebollar, en el término municipal de Requena. [2000/M9404]
  
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 14 de noviembre de 2000, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Antecedentes de hecho
  
1. En el Registro de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 2 de diciembre de 1998, tuvo entrada solicitud y documentación de la entidad Centro de Vuelos La Fundación, para la declaración de interés comunitario, por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable, (en adelante, LSNU), de una actuación integrada en suelo no urbanizable, consistente en la instalación de un centro de vuelos en la partida Llano del Rebollar, finca Casa de Don Juan, en el término municipal de Requena que, conforme a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Requena están clasificados como suelo no urbanizable protegido por muy permeable.
  
2. Presentada la documentación y tras su pertinente comprobación, en fecha 19 de enero de 1999, se requiere al interesado que complete la documentación necesaria a los efectos de la continuación del expediente.
  
El día 19 de enero de 1999 se requiere informe de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y con fecha 16 de diciembre de 1998 se dió adecuada intervención a la Dirección General de Transportes de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a los servicios territoriales de la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, a la Dirección Territorial de Agricultura de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, al Servicio Territorial de Industria de la Conselleria de Industria y Comercio y a la Dirección Territorial de Medio Ambiente de la Conselleria de Medio Ambiente.
  
En fecha 19 de enero de 1999 se da audiencia al Ayuntamiento de Siete Aguas, y con fechas 9 de febrero y 8 de marzo de 1999 se solicitan informes de la Dirección General de Aviación Civil y de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento.
  
Con fecha 25 de marzo de 1999 se dio traslado de la documentación presentada a la Conselleria de Medio Ambiente, a los efectos de la emisión de la declaración de impacto ambiental.
  
Los días 5 de marzo y 19 de mayo de 1999 se presentó la documentación solicitada en su día, procediendo la continuación de la tramitación del expediente.
  
3. Han sido emitidos los siguientes informes:
  
- División de Carreteras de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 9 de febrero de 1999, en el que se indica que la instalación puede afectar a la carretera A-3, perteneciendo a la Red de Interés del Estado, por lo cual es necesario el informe del Ministerio del Fomento.
  
- Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento, de fecha 9 de abril de 1999, de carácter desfavorable, en el que se indica que la instalación aérea está situada junto a la Autovía A-3, a una distancia aproximada de 150 metros, (según dicho informe), las condiciones topográficas del terreno y la rasante de las calzadas permite la visión de la instalación desde la autovía, y por último, se señala que la situación de un centro de vuelos tan próximo y paralelo a una autovía puede generar riesgos para la seguridad vial, tanto derivados de la actividad que se realiza como por incrementar los riesgos de distracción en los conductores.
  
- Ayuntamiento de Siete Aguas, de fecha 17 de marzo de 2000, en el que se considera que la actuación objeto del expediente no tiene especial afección sobre el municipio de Siete Aguas desde el punto de vista urbanístico.
  
4. El día 27 de abril de 1999 se interpone por el solicitante recurso contra el informe antedicho del Ministerio de Fomento, desfavorable a la instalación del centro de vuelos. Se fundamenta dicho recurso en considerar que la situación de los edificios, hangares y club social, a 240 metros de la arista exterior de la explanación de la traza de la autovía, está fuera de la zona de protección de dicha autovía, respetando la zona de dominio público, de servidumbre y de afección.
  
Dándose traslado del recurso al Ministerio de Fomento se emite contestación el día 14 de mayo de 1999, en el sentido de no ser procedente recurso contra informes emitidos por los diferentes organismos competentes, debiendo considerarse el escrito presentado como escrito de alegaciones.
  
5. La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión del día 24 de junio de 1999, acordó emitir un informe desfavorable de la admisión a trámite de la presente actuación.
  
Con fecha 9 de agosto de 1999 el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes resolvió no admitir a trámite el expediente antedicho.
  
El día 1 de octubre de 1999 se presentan alegaciones por parte del Ayuntamiento de Requena indicándose que la actividad que genera el campo de vuelos es de interés para el ayuntamiento, por considerar que es una actividad complementaria del naciente turismo de la comarca Requena-Utiel, así como que el campo de vuelo se sitúa fuera de la zona de influencia de la autovía Madrid-Valencia.
  
6. Con fecha 14 de diciembre de 1999, la Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo acordó emitir un informe favorable de la admisión a trámite de la presente declaración de interés comunitario por el procedimiento extraordinario del artículo 20 de la LSNU.
  
El día 14 de enero de 2000, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes resolvió admitir a trámite el expediente de referencia, ordenando el sometimiento del expediente al trámite de información pública por el plazo de 20 días simultáneamente con la convocatoria para la presentación de iniciativas alternativas a la desencadenante del procedimiento. En este sentido se publicaron sendos anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.683, de 8 de febrero de 2000, y en el diario Las Provincias de 3 de febrero de 2000, no habiéndose presentado alegaciones ni ninguna alternativa al expediente en cuestión, según se acredita en la diligencia emitida por la jefa de Negociado del Registro de los servicios territoriales de Urbanismo de Valencia de 7 de marzo de 2000.
  
7. La documentación presentada consta de contrato de arrendamiento de los terrenos por plazo de 20 años, suscrito con la propietaria de éstos, Fundación Hospital de Pobres de Requena, memoria justificativa, ordenanzas urbanísticas de aplicación, anejo a la memoria de acometidas e instalaciones, presupuesto actuación, planos de ordenación e información y estudio de impacto ambiental.
  
El día 31 de marzo de 2000 se emitió por la Dirección General de Desarrollo Sostenible de la Conselleria de Medio Ambiente, declaración de impacto ambiental favorable, supeditando la ejecución del proyecto a una serie de condicionantes establecidos en la propia declaración.
  
8. En sesión celebrada el día 2 de mayo de 2000, la Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia acordó emitir un informe favorable de la presente declaración de interés comunitario.
  
9. Mediante escrito de fecha 28 de junio de 2000, la Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial solicita a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia que informe respecto a aquellas materias de su competencia que pudiesen verse afectadas con la instalación del centro de vuelos.
  
Con fecha de 8 de agosto de 2000, se emite informe por el Servicio de Seguridad Vial de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia en el que se emite un informe favorable en lo que a seguridad vial de la circulación por la carretera paralela se refiere, interesando al Club Centro de Vuelos La Fundación para que tomen las medidas necesarias que aseguren el correcto desarrollo de los cometidos de los helicópteros de la Dirección General de Tráfico en sus labores de vigilancia y regulación del tráfico.
  
10. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 25 de septiembre de 2000 emitió un informe favorable de la presente declaración de interés comunitario.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Constituye el objeto del presente expediente la ordenación y definición del uso y aprovechamiento urbanístico del proyecto para la implantación de un aeródromo para aviación ligera y deportiva, en la partida del Llano del Rebollar, en los terrenos adyacentes al actual caserío conocido como Casa de Don Juan. En la misma zona existió un aeródromo al servicio del ICONA.
  
Los terrenos tienen una superficie de 74.000 m², de los cuales 25.000 m² correspon-den a la zona de servicios y el resto a las pistas, encontrándose las edificaciones a unos 240 metros de la arista exterior de la explanación de la autovía N-III.
  
Además de la pista de aterrizaje de 955 metros de longitud y 40 metros de anchura, se prevé una zona de hangares consistente en dos bandas rectangulares, subdivididas interiormente por participaciones que provocan 12 espacios cuadrados.
  
En el lado oeste del rectángulo de hangares se sitúa la zona de ocio del aeródromo, que consta de una zona ajardinada con el edificio del club social y una piscina, así como una zona de aparcamientos.
  
Por otro lado se prevé la rehabilitación del citado caserío denominado Casa de Don Juan.
  
La actuación cuyo interés comunitario se solicita, dadas sus características, superficie necesaria para el desarrollo de la actuación superior a 4 hectáreas, constituye una actuación integral en sí misma considerada que hace imposible su ubicación en suelos urbanos, urbanizables o aptos para la urbanización previstos por los planeamientos vigentes de los municipios de la zona. De modo que su ordenación y aprovechamiento urbanístico debe resolverse en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable, por tratarse de una actuación consistente en la implantación de un aeródromo para aviación ligera y deportiva que requiere una superficie ocupada superior a los 40.000 metros cuadrados, por lo que sólo puede autorizarse su implantación en el suelo no urbanizable como una actuación integral a través del procedimiento extraordinario de declaración de interés comunitario.
  
2. Respecto al procedimiento, se han observado en el presente caso las prescripciones legales que exige la citada Ley Valenciana del Suelo No Urbanizable y la documentación del expediente está completa en los términos requeridos en el artículo 20.2, segundo párrafo, de la Ley 4/1992, del Suelo No urbanizable y la vigente legislación de impacto ambiental.
  
3. La actuación integral proyectada, por sus propias dimensiones constituye un elemento influyente en la estructura territorial. Se propone un emplazamiento que transcurre paralelo a la autovía N-III.
  
El acceso a la actuación se realizará a través de la vía de servicio sur de la autovía N-III que nace de la salida del Rebollar y discurre paralela hasta la altura del Caserío de Don Juan.
  
La actividad se plantea como una actuación integral que resuelve en sí misma su ensamblaje territorial, de forma que garantiza la solución de los servicios sin que, de otro lado, se ocasionen sobrecargas en el funcionamiento normal de las redes de servicios generales. En este punto se justifica en relación con el abastecimiento de agua la conexión con la conducción del agua potable.
  
La instalación de saneamiento del proyecto se llevará a cabo mediante un sistema de fosa de decantación-digestión prefabricada con pozo filtrante.
  
La conexión con la red eléctrica se prevé realizando la acometida desde la línea de media tensión existente actualmente, enterrando la línea de acometida resultante e instalándose un centro de transformación.
  
También se contempla la previsión de la instalación de acometida de telefonía.
  
4. Respecto al régimen de deberes y cesiones, conforme al artículo 20 de la Ley 4/1992, la promotora ha asumido las cargas y obligaciones propias de un adjudicatario de un programa de actuación urbanística. En el presente caso se plantea acogerse a las posibilidades de sustitución que permite la propia LSNU en los términos a que a continuación se refieren:
  
Se plantea la sustitución de la cesión de dotaciones públicas y la cesión de aprovechamiento por la cesión bien de otros terrenos, bien por el pago del coste de ejecución de infraestructuras públicas adicionales, siempre que quede justificado su valor equivalente.
  
En este sentido, se ha considerado un precio por metro cuadrado de 350 pesetas, resultando tras aplicarlo a la totalidad del suelo de cesión la cantidad de un millón seiscientas noventa y dos mil novecientas cincuenta pesetas, optando el interesado por el pago del coste de ejecución de infraestructuras públicas adicionales.
  
5. A la hora de definir la adecuación de la actuación a la ordenación territorial y urbanística cabe tener en cuenta que la actuación cuenta con informe municipal favorable en el que se indica que el emplazamiento de la instalación propuesta es compatible con el ordenamiento urbanístico vigente, así como lo indicado en la declaración favorable de impacto ambiental emitida por la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente.
  
6. El Gobierno Valenciano es competente para la aprobación de la ordenación y definición del aprovechamiento urbanístico de la presente actuación integral, en virtud de lo preceptuado en el apartado segundo del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable.
  
De conformidad con lo establecido en los preceptos legales citados y concordantes de general y pertinente aplicación, y a propuesta del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el Gobierno Valenciano
  
ACUERDA
  
Primero
  
Aprobar definitivamente de la ordenación urbanística relativa a la atribución de uso y aprovechamiento solicitado por la entidad Centro de Vuelos La Fundación, de una actuación integral, consistente en la instalación de un centro de vuelos en la partida El Llano del Rebollar, en suelo no urbanizable, del término municipal de Requena, como actuación integral de interés comunitario a desarrollar en los términos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable.
  
Dicha ordenación y declaración de interés comunitario, así como la adjudicación a que se hace referencia en el siguiente apartado II, se sujetarán a las condiciones especiales establecidas en el presente acuerdo.
  
Segundo
  
Adjudicar la referida actuación integral de interés comunitario a la entidad citada, Centro de Vuelos la Fundación, a quien se le otorga la legitimación necesaria a los efectos del artículo 20 de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana, para promover la instalación del referido centro de vuelos.
  
Tercero
  
Condicionar y vincular dicha adjudicación y legitimación a que el promotor designado cumpla y satisfaga, en su totalidad, todas las obligaciones y cargas de naturaleza urbanística, así como los compromisos que ha asumido a lo largo de la tramitación de este procedimiento, que quedarán afectados ?en favor del ayuntamiento- para sufragar actuaciones urbanísticas públicas. El incumplimiento o no satisfacción de dichas obligaciones determinará la caducidad de esta adjudicación y, en su caso, de la propia declaración de interés comunitario que tiene por objeto.
  
Cuarto
  
El promotor deberá garantizar ante el Ayuntamiento de Requena, la correcta y puntual ejecución de la implantación en que consiste esta actuación integral por importe como mínimo de un 7% del coste total de los servicios y obras de urbanización previstos. Dicha garantía financiera y personal de promoción deberá prestarse mediante aval, fianza o depósito de valores, antes del inicio de las obras.
  
Quinto
  
Todo cambio que se produzca en la titularidad de la promoción de la actuación integral precisará de la previa autorización del Gobierno Valenciano.
  
Sexto
  
El acuerdo de adjudicación expresado en el precedente apartado II, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado III, caducará si en el plazo de un año, a contar desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la interesada no ha solicitado, en condiciones de obtenerla, la preceptiva licencia municipal de obras. Asimismo, el plazo máximo para la ejecución de la actuación integral será el que se señale en la licencia municipal, con un máximo de dos años prorrogables por resolución del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. La eventual declaración de caducidad de la adjudicación la emitirá, llegado el caso, el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a quien el presente acuerdo confiere las facultades necesarias con ese fin, previo expediente instruido con la audiencia del interesado y del Ayuntamiento de Requena. Dicha declaración, de producirse, determinaría la suspensión temporal de la declaración de interés comunitario de esta actuación integral hasta que el Gobierno Valenciano resuelva una nueva adjudicación de la misma o su suspensión definitiva.
  
Además de la citada licencia municipal de obras, el adjudicatario deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.
  
Séptimo
  
El desarrollo de la actuación integral se ajustará al proyecto presentado por el promotor adjudicatario, con la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, respetando las condiciones fijadas por las distintas administraciones que han participado en el procedimiento y, en especial, en la Declaración de Impacto Ambiental de 31 de marzo de 2000 cuyo condicionante establece:
  
«1. Se prohibirá la utilización de pozos ciegos para el vertido de las aguas residuales producidas en las instalaciones debiendo construirse fosas sépticas o cualquier sistema adecuado para el tratamiento de las mismas.
  
2. Se dará destino adecuado a los residuos generados por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo con las características físico-químicas de los mismos de forma que los residuos sólidos asimilables a urbanos serán gestionados por los servicios municipales. Los materiales sobrantes procedentes de obras y de movimientos de tierras deberán ser retirados a vertederos controlados y debidamente autorizados. En cuanto a los residuos tipificados como tóxicos y peligrosos deberán disponer de un almacenamiento adecuado, a cubierto y separado del resto de materiales almacenados, debiendo disponer de los documentos de aceptación de gestor autorizados para los mismos.
  
3. Si durante la ejecución de las obras se encontrasen restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el titular deberá poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura y Educación, de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.
  
4. En caso de afección a vías pecuarias se mantendrá como suelo de dominio público en la anchura legal establecida para la misma, garantizando su continuidad y estando sujetos los usos que se establezcan a las autorizaciones y prohibiciones contempladas en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
  
5. Se establecerá un programa de vigilancia ambiental cuyos resultados se remitirán con periodicidad anual a esta dirección general en el que se incluirá el seguimiento de las medidas correctoras reflejadas en el presente condicionado, con especial referencia a los movimientos de tierra, afección por ruidos a la población, gestión de las aguas residuales y gestión de los residuos generados, así como las que se establezcan con el fin de minimizar los impactos generados en el transcurso del funcionamiento de la actividad.
  
6. Otros condicionantes de carácter ambiental que se deriven de las autorizaciones sectoriales preceptivas».
  
Igualmente, deberá darse cumplimiento a la condición impuesta por la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, en su informe de 8 de agosto de 2000, relativo a que por parte del centro de vuelos se tomen las medidas necesarias que aseguren el correcto desarrollo de los cometidos de los helicópteros de la Dirección General de Tráfico en sus labores de vigilancia y regulación del tráfico.
  
Estas condiciones prevalecerán y deberán ser asumidas tanto en los proyectos de obras que desarrollen esta solicitud como en el posterior mantenimiento y explotación de dicho centro de vuelos.
  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno Valenciano en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Resguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
Valencia, 14 de noviembre de 2000
  
El conseller secretario del Gobierno Valenciano,