Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4944, del 11-02-2005 (2005/980)

Notificación a Construcciones Ayodar, SL. Referencia interna número R-186/2004.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4944

Fecha DOGV
:   11-02-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/980


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Construcciones Ayodar, SL. Referencia interna número R-186/2004. [2005/Q980]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar a Construcciones Ayodar, SL, calle de Zubiaur, 7, 1.º (01156 Llodio), la resolución del recurso de alzada con el número de referencia interna R-186/2004.
  
Resolución
  
Examinado el recurso de alzada formulado por Joaquín Rambla Adelantado, en nombre y representación de la comunidad de propietarios de la calle de Almenara, número 9, de Castellón de la Plana, contra resolución de sobreseimiento y archivo de las actuaciones practicadas en el expediente número F-2/2004.
  
Antecedentes de hecho
  
1. Con fecha 30 de enero de 2004, Joaquín Rambla Adelantado, administrador de la comunidad de propietarios de la calle de Almenara, número 9, de Castellón de la Plana, presentó denuncia ante el Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos.
  
En la denuncia se enumeraban los siguientes defectos constructivos:
  
«En la fachada del edificio, entre el tercer y cuarto piso existe un ?agujero- pendiente de tapar.
  
Las juntas de dilatación de una porción de la superficie de la terraza comunitaria carecen del material necesario para garantizar la correcta impermeabilización de la misma, de forma que en el momento de redactarse el presente escrito, se están sufriendo los primeros problemas de filtraciones.
  
Los patios de luces y las terrazas todavía se encuentran sin pintar».
  
2. El técnico de Fiscalía del Servicio Territorial, emitió informe el 19 de febrero de 2004, en el que se advertían los siguientes defectos:
  
«Las juntas de dilatación de la cubierta presentan deficiencias de sellado que suponen un grado no aceptable de permeabilidad al agua.
  
En el cerramiento de medianería del Almenara, 9, se manifiestan perforaciones sin aparente justificación, cuya profundidad no es posible concretar por estar situadas en alto y a distintos niveles».
  
Y a continuación el mismo informante decía que:
  
«A juicio del técnico que informa, los citados vicios constructivos no constituyen en si mismo defecto grave a afecte a la edificación o habitabilidad de las viviendas, como determina el apartado 10 del artículo 6 de la Ley 1/1997, de Régimen Sancionador en Materia de Vivienda; sin embargo, pudieran dar lugar con el tiempo a infiltraciones de agua que sí podrían afectar a la habitabilidad y a la durabilidad de lo construido.
  
Por lo que se refiere al último punto de la denuncia relativo a la pintura de patios y terrazas, cumple informar que no se aprecia defecto constructivo alguno que pueda constituir infracción tipificada en el régimen sancionador antes aludido».
  
3. En base a este informe el Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Castellón acordó que no era procedente iniciar expediente sancionador, declarando el archivo de las actuaciones, sin sanción de ninguna clase.
  
4. Contra esta resolución el señor Rambla ha presentado recurso de alzada en la que en esencia dice que los vicios detectados sí son ?graves?, citando numerosa jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo en interpretación del artículo 1591 del Código Civil, e incluso un antecedente administrativo, el generado por el propio servicio territorial, autor de la resolución ahora recurrida, en el expediente F-103/2002, con cita entrecomillada de la resolución de fecha 14 de noviembre de 2003, dictada en ese expediente.
  
Fundamentos de derecho
  
1. Competencia.
  
Es órgano competente para la resolución de este recurso el director general de Vivienda y Proyectos Urbanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 19 del Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
2. Procedimiento.
  
Se ha observado en la tramitación del expediente lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
3. Sobre la resolución recurrida.
  
El artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Sancionador en Materia de Vivienda, tipifica como infracción grave:
  
«Las acciones u omisiones, por culpa o negligencia, de promotores, constructores o facultativos durante la ejecución de las obras de viviendas de protección oficial, que diesen lugar a vicios o defectos graves que afecten a la edificación o habitabilidad de las viviendas».
  
El recurrente pretende que se aplique a este artículo, la jurisprudencia que la Sala Segunda, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha ido generando al aplicar el contenido del artículo 1.591 del Código Civil, único artículo que hasta la promulgación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, ha regulado las responsabilidades de los diversos agentes de la construcción.
  
Pero esa aplicación no es posible.
  
Como hemos señalado en múltiples ocasiones la facultad sancionadora de la administración, en todas sus vertientes, es independiente de la responsabilidad contractual y extracontractual, general o singular, que en el ámbito del derecho privado puedan tener las personas.
  
De esta manera no es aplicable al ejercicio de esta facultad reglas jurisprudenciales que se generan en el ámbito de la responsabilidad civil.
  
Por ello debe rechazarse el intento del recurrente de traer aquí, al procedimiento sancionador, reglas propias de la responsabilidad contractual, reglas éstas que además vulnerarían el carácter restrictivo que debe hacerse de las normas sancionadoras, como prescribe el mismo texto constitucional.
  
Por otra parte, ninguna prueba ha aportado el recurrente de la incorrección de la conclusión ?la de considerarlas como no graves- en la que dice ha incurrido el técnico del Servicio Territorial, pretendiendo más bien que se acepten sus conclusiones en lugar de las del técnico de Fiscalía, lo que en ningún caso es admisible.
  
En segundo lugar, el recurrente en defensa de sus argumentaciones ha traído al expediente un precedente administrativo, la calificación de graves que el mismo técnico hizo, en unas deficiencias advertidas en otra promoción de protección oficial.
  
Aquellas deficiencias eran las siguientes:
  
«Se comprueban roturas puntuales de piezas en los tejados y también restos de materiales sueltos no retirados durante la obra, en la cornisa de la fachada orientada al Este, lo que deberá subsanarse, tanto por lo que supone un vicio constructivo que puede derivar en infiltraciones de agua, como por el riesgo de caída sobre los viandantes.
  
Se comprueba la denuncia de grietas en techo de aparcamiento, como defecto de ejecución en la junta de dilatación estructural en el aparcamiento de vehículos, lo que se manifiesta con agrietamientos de los bordes y desprendimientos en el guarnecido.
  
Así mismo se advierte, que en el pavimento del patio que resulta capa de protección del sistema de cubierta del aparcamiento situado en sótano, no se manifiestan las juntas preceptivas que se determinan en los apartados 4.4.5 de la NBE QB 90, en especial las juntas de cubiertas y juntas de la capa de protección».
  
Pues bien de la comparación de éstas con las que han sido objeto de la presente reclamación, se advierte que no puede citarse este caso como precedente dada la disparidad de las deficiencias advertidas en una y otra promoción.
  
Debe pues rechazarse también este motivo.
  
Por lo expuesto,
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución del Área de Promoción, resuelvo:
  
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Joaquín Rambla Adelantado, en nombre y representación de la comunidad de propietarios de la calle de Almenara, número 9, de Castellón de la Plana, contra la Resolución de la jefa del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos de Castellón, de fecha 14 de noviembre de 2003, confirmando en consecuencia íntegramente la misma.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón de la Plana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, a tenor de los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.