Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7293, del 11-06-2014 (2014/4997)

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2014, del director general de Justicia, por la que se resuelve inscribir al Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana y sus estatutos en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, y se dispone su publicación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   7293

Fecha DOGV
:   11-06-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2014/4997


Fecha del documento
:   07-05-2014

Organismo emisor
:   Conselleria de Gobernación y Justicia

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Gobernación y Justicia

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2014, del director general de Justicia, por la que se resuelve inscribir al Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana y sus estatutos en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, y se dispone su publicación. [2014/4997]  
Visto el expediente de inscripción colegial instruido a instancia del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana, para su inscripción y la de sus Estatutos, en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, atendiendo a los siguientes  
  
Hechos  
  
Primero. Mediante Ley 2/2013, de 4 de julio, de la Generalitat, se creó el Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7064, de 10 de julio) estableciéndose en su disposición transitoria única, apartado 2.º, que «La Asamblea Constituyente, en el plazo de seis meses desde la aprobación de los estatutos provisionales, elaborará y aprobará los estatutos definitivos del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana [?]». Asimismo su apartado 3.º dispone que «El acta de la Asamblea Constituyente se remitirá a la consellería competente en materia de colegios profesionales, e incluirá la composición de sus órganos de gobierno y los Estatutos del colegio, para que verifique su legalidad y consecuente inscripción registral y publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».  
  
Segundo. En fecha 9 de enero 2014, por el decano del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana, se presentó escrito por el que se presentaban los estatutos del mismo en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana. Complementando el mismo mediante sendos escritos de 3 y 4 de marzo de 2014.  
  
Tercero. No reuniendo los requisitos establecidos al efecto, con fecha 11 de marzo de 2014, por el Servicio de Entidades Jurídicas, de la Consellería de Gobernación y Justicia se formuló requerimiento para que subsanará su petición.  
  
Cuarto. Tras la oportuna subsanación, en fecha 24 de abril de 2014, el Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana presentó la redacción definitiva de sus estatutos. Los estatutos definitivos del Colegio fueron aprobados por la Asamblea General del mismo de fecha 14 de diciembre de 2013, según certificado de 8 de enero de 2014 y ratificados según certificación librada el día 23 de abril de 2014 por el secretario del Colegio, con el visto bueno del decano.  
  
Quinto. El texto de los estatutos figura como anexo a la presente resolución, dándose aquí por reproducido.  
  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. La documentación aportada contiene todos los extremos exigidos por la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, y por el Decreto 4/2002 de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la misma, para proceder a la inscripción del citado colegio en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.  
  
Segundo. Asimismo, revisados los estatutos del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana, estos contienen todas las determinaciones exigidas por el artículo 10 de la citada Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana.  
  
Tercero. El texto estatutario ha sido aprobado con los requisitos y formalidades previstos en dicho artículo y en los propios estatutos del Colegio.  
  
Cuarto. El expediente ha sido tramitado por el Servicio de Entidades Jurídicas, adscrito a la Dirección General de Justicia de la Consellería de Gobernación y Justicia, competente por así disponerlo el artículo 6.1 de la citada Ley 6/1997, teniendo en cuenta lo previsto por la Disposición Final del Decreto 4/2002, de 8 de enero, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por el Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, y por el Decreto 194/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Gobernación y Justicia, modificado por el Decreto 35/2014, de 7 de marzo.  
Vistos el artículo 36 de la Constitución y el artículo 49.1.22ª del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana; la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, con sus modificaciones posteriores, en sus preceptos básicos; la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana; el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de esta última; y demás disposiciones complementarias de pertinente aplicación, se dicta la siguiente resolución  
  
Primero  
Inscribir al Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana con el número 114 de la Sección Primera.  
  
Segundo  
Inscribir los estatutos del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.  
  
Tercero  
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana  
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10, 14, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.  
  
Valencia, 7 de mayo de 2014.- El director general de Justicia: Julián Ángel González Sánchez.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Estatutos del Colegio Oficial de Criminólogos  
de la Comunitat Valenciana  
  
PREÁMBULO  
  
La Criminología puede definirse como aquella ciencia que estudia los comportamientos delictivos y las reacciones sociales frente a ellos. En el primer apartado, se incluye tanto el estudio del delincuente como de la víctima. Mientras que los análisis criminológicos del delincuente pretenden descubrir el conjunto de factores de variada índole que nos permita explicar el inicio, desarrollo y finalización de las actividades delictivas, en el caso de la víctima interesa tanto profundizar en aquellas circunstancias que facilitan y previenen su victimización, como en todas aquellas medidas tendentes a su recuperación social y emocional, incluyendo su papel dentro del sistema de justicia.  
Según la definición anterior en su segundo apartado, el análisis criminológico se ocupa de un conjunto muy amplio de comportamientos humanos y de reacciones sociales de rechazo, de variada naturaleza. Algunas conductas delictivas dañan gravemente a otras personas (el homicidio o la violación, por ejemplo), mientras que otras tienen una menor entidad. La reacción social más extrema consiste en la persecución formal de los delitos a través de la justicia penal. Sin embargo, existen también otros mecanismos de control social del delito, llamados informales, relacionados con las familias, los amigos, el vecindario, o los medios de comunicación.  
De acuerdo con la definición propuesta, el objeto sustantivo de la Criminología es, por tanto, un cruce de caminos en el que convergen ciertas conductas humanas, las delictivas, que afectan a determinadas personas o a la sociedad en su conjunto (las víctimas), y ciertas reacciones sociales frente a tales conductas. La confluencia de estas dos dimensiones principales encuadra el espacio científico de la Criminología:  
1) La dimensión comportamiento delictivo es una magnitud conductual, de acción. Esta dimensión criminológica tiene, sin duda, un referente normativo ineludible, la ley penal, que define qué comportamientos en una sociedad van a ser considerados delictivos. El referente legal especifica el extremo de mayor gravedad en la magnitud comportamiento, delimitando un sector de acciones que van a ser objetivo prioritario de atención criminológica, los delitos. Sin embargo, el análisis criminológico de esta primera dimensión no se agota en los delitos establecidos por la ley penal. Por el contrario, la necesidad de comprender la génesis de los comportamientos delictivos dirige la atención de la Criminología hacia dos conjuntos de elementos no delictivos: a) hacia todas aquellas conductas infantiles y juveniles problemáticas o antisociales que pueden ser predictoras de la posterior delincuencia (entre ellas el absentismo escolar, la violencia infantil y juvenil, las fugas del hogar, etc.), y b) hacia los diversos factores de riesgo biopsicológicos y sociales, facilitadores de la conducta delictiva.  
2) La dimensión reacción social es una magnitud fundamentalmente valorativa, de aceptación o rechazo de ciertos comportamientos (aunque tiene también, como es lógico, implicaciones para la acción o re-acción de los ciudadanos frente al delito). Su extensión abarca desde la mera desaprobación y el control paterno de algunas conductas infantiles o juveniles inapropiadas (mediante regañinas o pequeños castigos), hasta la intervención de los sistemas de justicia penal establecidos por las sociedades para el control legal de los delitos (leyes penales, policía, tribunales, prisiones, etc.). Así pues, al igual que el comportamiento delictivo, la dimensión reacción social posee un polo inferior y otro superior. En el polo inferior se encuentran los mecanismos de control social informal (la familia, la escuela, el vecindario, los medios de comunicación, etc.). El polo superior lo delimitan los controles formales del estado. La Criminología se ocupa también de estudiar el funcionamiento de todos estos sistemas sociales que responden a la conducta delictiva, o a ciertas conductas y factores de riesgo que se hallan asociados con la conducta infractora. Y analiza también los efectos que los mecanismos de control producen sobre el comportamiento delictivo.  
Según lo razonado hasta aquí, el concepto criminológico de comportamiento delictivo es diferente del concepto jurídico de delito, del que se ocupa el derecho penal. El derecho penal presta atención exclusivamente a aquellos comportamientos concretos tipificados como delitos. Su perspectiva es por definición estática: analiza acciones específicas realizadas en un momento dado. Tales acciones son confrontadas a un tipo delictivo, legalmente previsto, con el propósito de comprobar si determinada conducta encaja en la norma penal, si un comportamiento dado puede ser considerado o no delito. Por el contrario, la Criminología no se halla tan estrechamente vinculada a concretas acciones delictivas ni al código penal presente. Contempla y estudia el comportamiento humano desde una perspectiva más amplia. Su punto de partida es que un hecho delictivo aislado solo puede ser adecuadamente comprendido si lo relacionamos con otros factores y comportamientos previos del mismo individuo, que no necesariamente tienen que ser delictivos.  
En conclusión, la Criminología posee un objeto de estudio sustantivo y propio que es diferente de los objetos de otras ciencias sociales y jurídicas, ya sea por la amplitud de sus análisis, ya sea por sus pretensiones, ya sea por su método. El área de conocimiento científico delimitada por las magnitudes comportamiento delictivo y reacción social constituye el objeto distintivo del análisis criminológico. Ninguna otra ciencia social o jurídica tiene en su punto de mira científico la intersección entre conductas delictivas y valoraciones y reacciones sociales frente a tales conductas. De esta manera, la Criminología claramente posee una sólida entidad científica, ni menor ni mayor que otras ciencias sociales, y un objeto de estudio sustantivo y genuino.  
Por último, deben traerse a colación las siguientes palabras contenidas en la exposición de motivos de la Ley 2/2013, de 4 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Creación del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana:  
«El interés público en la creación del citado colegio profesional se fundamenta en que la intervención profesional de criminólogos, en diversos campos, supone de hecho una importante intervención en ámbitos sensibles a los más elementales derechos de los ciudadanos, como pueden ser el honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen, el libre desarrollo de la personalidad o la libertad y seguridad de las personas, tanto en relación con mayores de edad como con menores.  
A su vez, los análisis criminológicos pueden dar lugar a políticas públicas más o menos represivas o severas, articuladas a través de medidas penales y policiales de grave incidencia en la vida de los ciudadanos. Entre ellas, las evaluaciones de riesgo y peligrosidad, los dictámenes sobre tendencias o dinámicas delictivas, el análisis sobre elementos criminógenos y evaluaciones de reincidencia, las propuestas de sanciones u opción entre diversos mecanismos sancionatorios, la valoración de irregularidades en el cumplimiento de penas y medidas y el dictamen recomendando el mantenimiento de estas o su sustitución por otras más gravosas, y las intervenciones en procesos de mediación de adultos y menores.  
Además, cabe destacar, en el presente caso, que los estudios de criminología no vieron la forma de título oficial sino a raíz de las directrices generales establecidas por el Real Decreto 858/2003, de 4 de julio, siendo la primera promoción de licenciados/as la del año 2006. No obstante, hasta entonces proliferaron títulos diversos y de muy distinta calidad y solvencia que solo tienen en común apelar a la Criminología en su denominación, pudiendo dar lugar a un panorama profesional de personas con formaciones muy diversas y con frecuencia deficitarias, que puedan arrogarse en público y ante las instituciones la condición de criminólogo/a sin estar cualificados por un título oficial. Lo que aconseja, en suma, que el colectivo, al constituirse en colegio profesional, esté sometido a unas normas deontológicas y de control, propio de estas corporaciones de derecho público.»  
  
  
TÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  
  
Artículo 1  
El Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana es una corporación de derecho público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimento de sus fines.  
  
Artículo 2  
1. El ámbito territorial del Colegio es el de la Comunitat Valenciana.  
2. El domicilio del Colegio estará ubicado en Valencia, por razones geográficas e institucionales, en la calle Antonio Sacramento, 7-dcha-2.º-5.ª (46306).  
  
Artículo 3  
El Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana integra en su ámbito territorial a quienes poseen la titulación prevista en la Ley 2/2013, de 4 de julio, de la Generalitat, de Creación del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana, de licenciatura en Criminología, grado en Criminología o titulación equivalente o que la sustituya.  
  
Artículo 4  
Este colegio oficial se regirá por los presentes estatutos, por los reglamentos corporativos que se desarrollen y por los acuerdos tomados por sus órganos de gobierno de acuerdo con las respectivas competencias atribuidas en las normas estatales y autonómicas. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones del Colegio observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.  
  
Artículo 5  
Este colegio oficial se relacionará directamente con las administraciones públicas, en el marco establecido por la legislación correspondiente.  
  
  
TÍTULO II  
FINES Y FUNCIONES  
  
CAPÍTULO I  
Fines y funciones  
  
Artículo 6  
Son fines esenciales del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana: la ordenación del ejercicio de la actividad profesional, la representación institucional exclusiva de la profesión en su ámbito territorial, la observancia de los principios jurídicos, éticos y deontológicos, la formación permanente de las personas colegiadas, así como la defensa de los intereses profesionales de las mismas.  
El Colegio fomentará la promoción y desarrollo técnico y científico de la profesión, la solidaridad profesional y el servicio de la profesión a la sociedad.  
  
Artículo 7  
Para el cumplimento de sus fines, el Colegio ejercerá las siguientes funciones:  
1. Ostentar la representación institucional que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines.  
2. Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de la ciudadanía, consumidores y personas usuarias de los servicios de sus colegiados.  
3. Colaborar con la administración pública mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus funciones, que pueden serles solicitados o acuerden formular por propia iniciativa. Así como estudiar los proyectos de ley y disposiciones de cualquier otro rango que se refieran a las condiciones del ejercicio de la profesión, incluso titulación requerida, e incompatibilidades, elevando, en su caso, el oportuno informe al Organismo que corresponda.  
4. Ostentar la representación y defensa de la profesión ante la administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecte a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición conforme a ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre Colegios Profesionales.  
5. Participar, en materia de competencia de la profesión en los consejos u órganos consultivos de la administración de acuerdo con la normativa vigente en cada caso.  
6. Estar representado en los patronatos universitarios.  
7. Participar en la elaboración de los planes de estudio e informar de las normas de organización de los centros docentes correspondientes a la profesión y mantener permanente contacto con los mismos, preparando la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los/las nuevos/as profesionales.  
8. Facilitar a los tribunales, conforme a las leyes, la relación de personas colegiadas que pudieran ser requeridas para intervenir como peritos en los asuntos judiciales o designarlos por sí mismo, según proceda.  
9. Regular, organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los/las colegiados/as, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo el sostenimiento económico mediante las medidas necesarias.  
10. Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales cuando el/la colegiado/a lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el Colegio tenga creados los servicios adecuados y en las condiciones que se determinen en los estatutos del Colegio.  
11. Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.  
12. Organizar cursos u otras actividades para la formación profesional de las personas colegiadas, cuya asistencia será facultativa.  
13. Cumplir y hacer cumplir a los/las colegiados/as las leyes generales y especiales y los estatutos profesionales y reglamentos de régimen interior, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.  
14. Mantener regularmente informados a los/las colegiados/as de las actividades desempeñadas, así como de cualquier cuestión que pudiera serles de interés.  
15. Administrar la economía colegial, repartiendo equitativamente las cargas mediante la fijación de cuotas y aportaciones, con las facultades de recaudación y gestión necesarias.  
16. Organizar y promover la investigación científica en el terreno profesional.  
17. Impulsar la publicación y difusión de estudios y publicaciones que traten de temas o investigaciones profesionales.  
18. Cuantas otras funciones le atribuyen las disposiciones legales o redunden en beneficio de los intereses profesionales de los/las colegiados/as.  
19. Procurar la armonía y colaboración entre los/las Colegiados/as, impidiendo la competencia desleal entre ellos/as.  
20. Intervenir en los procedimientos de arbitraje y mediación, en aquellos conflictos que por motivos profesionales se susciten entre colegiados/as o en los que el Colegio sea designado para administrar arbitraje, todo ello de acuerdo con la normativa vigente.  
21. Actuar en el ámbito de la mediación, como corporaciones de derecho público para la resolución de conflictos con carácter extrajudicial en los términos previstos por la legislación vigente.  
22. Emitir informes y dictámenes, de carácter no vinculante, en procedimientos judiciales o administrativos en los que se susciten cuestiones relativas a honorarios profesionales.  
23. Evacuar el informe preceptivo sobre los proyectos de normas del Gobierno Valenciano que afecten a la profesión.  
24. Dar apoyo a la persona colegiada en las actividades que esta emprenda para promover la acción asociada de individuos, grupos y comunidades afectados por una problemática social al objeto de lograr su participación activa para transformar su situación.  
25. Ordenar la actividad profesional de las personas colegiadas en el ámbito de sus competencias, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares, y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.  
26. Atender las solicitudes de información sobre las personas colegiadas y sobre las sanciones firmes impuestas a ellas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones, e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.  
27. Llevar los registros de sociedades profesionales en los términos previstos en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.  
28. Elaborar los códigos deontológicos de la profesión en el ámbito de sus respectivas competencias de conformidad con las leyes.  
  
  
  
  
  
CAPÍTULO II  
Principios de gestión del Colegio Oficial de Criminólogos  
  
Artículo 8  
1. La organización colegial de los/las criminólogos/as dispondrá de una web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre para el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, los profesionales puedan realizar los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia.  
A través de la citada ventanilla, los/las profesionales podrán:  
a) Obtener los formularios necesarios y la información suficiente para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.  
b) Presentar la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo las que se exijan para la colegiación.  
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que se acredite la calidad de la persona interesada y recibir notificaciones referidas a los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos.  
Los expedientes disciplinarios podrán notificarse a través de la ventanilla Única solo cuando no fuera posible por otros medios y sin perjuicio de documentar las actuaciones de manera fehaciente.  
d) La organización colegial, a través de su web, podrá convocar a las personas colegiadas, a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias y comunicarles la actividad, tanto pública como privada realizada por el colegio profesional.  
2. A través de la ventanilla única, con el fin de garantizar los derechos de los consumidores y personas usuarias, la organización colegial ofrecerá de forma gratuita la siguiente información:  
a) Acceso al registro de personas colegiadas actualizado, con inclusión de, al menos los siguientes datos: nombre y apellidos de los/las profesionales colegiados/as, número de colegiación, títulos oficiales que posean, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.  
b) Acceso al Registro de Sociedades Profesionales con los contenidos previstos por el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.  
c) Información sobre las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre un consumidor o usuario y una persona colegiada o el colegio profesional.  
d) Información sobre los datos de las asociaciones de consumidores y usuarios/as a las que los/las destinatarios/as de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.  
e) Información sobre el contenido de los códigos deontológicos profesionales.  
  
Artículo 9.  
El colegio profesional deberá atender las quejas y reclamaciones presentadas por las personas colegiadas. El Colegio habrá de determinar los procedimientos a seguir en estos casos mediante la aprobación de reglamentos internos a los que dará la debida publicidad.  
  
Artículo 10  
1. El Colegio Profesional dispondrá de un servicio de atención a las personas consumidoras o usuarias que tramitará y resolverá las quejas y reclamaciones referidas a la actividad profesional de las personas colegiadas que formulen las personas consumidoras y usuarias que contraten servicios profesionales o las asociaciones y organizaciones de consumidores/as y usuarios/as en su representación o defensa de sus intereses.  
  
2. El colegio profesional, a través de este servicio de atención a las personas consumidoras o usuarias, resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir expediente informativo o disciplinario, archivando o adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.  
3. La regulación de este servicio de atención a las personas consumidoras o usuarias habrá de prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.  
  
Artículo 11  
1. Las organizaciones colegiales están sujetas al principio de transparencia en su gestión. Cada una de ellas vendrá obligada a elaborar una memoria anual que contendrá la información siguiente:  
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal desglosados y especificando las retribuciones, si las hubiere, de las personas que componen la Junta de Gobierno en razón de su cargo.  
b) Importe de las cuotas percibidas desglosadas por conceptos y por el tipo de los servicios prestados, así como los criterios para su cálculo y aplicación.  
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en su fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.  
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por las personas consumidoras o usuarias o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, con respeto, en todo caso, a la normativa de protección de datos de carácter personal.  
e) Modificaciones en el contenido de los códigos deontológicos.  
f) Normas sobre incompatibilidades y situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los/las componentes de la Junta de Gobierno.  
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la web dentro del primer semestre de cada año.  
  
  
TÍTULO III  
DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN   
Y DE LAS PERSONAS COLEGIADAS  
  
CAPÍTULO I  
Las competencias de los criminólogos  
  
Artículo 12  
Las competencias de los criminólogos son las siguientes:  
1. La recogida y sistematización de información válida sobre la delincuencia, a partir de diversas fuentes, tales como cuestionarios de autoinforme, encuestas de victimización, datos policiales, judiciales, penitenciarios, etc. También para la obtención de información, paralela a la anterior, sobre miedo al delito y percepción pública sobre seguridad ciudadana.  
2. El análisis matemático, numérico y gráfico, de las cifras de la delincuencia y de la percepción de inseguridad, y su presentación pública en términos técnicos coherentes, comprensibles e interpretables.  
3. La interpretación de la prevalencia delictiva y de la evolución de las cifras de la delincuencia, a la luz de la investigación y teorías criminológicas vigentes.  
4. La evaluación y descripción de los factores de riesgo que influyen sobre individuos y contextos concretos, incrementando la probabilidad de comisión de delitos. O dicho de otro modo, la evaluación técnica del riesgo delictivo.  
5. La explicación científica del inicio y desarrollo de las carreras delictivas individuales, a partir de considerar la confluencia en los sujetos de factores de riesgo, individuales, sociales y ambientales.  
6. El análisis y la predicción del riesgo de repetición de los delitos, o reincidencia delictiva, lo que puede tener gran relevancia para la gestión más adecuada y eficiente de los riesgos asociados a las decisiones judiciales, para la administración de las instituciones juveniles, y para la organización y funcionamiento de las prisiones u otros sistemas de ejecución de penas y medidas judiciales.  
7. La mejor comprensión y explicación, a través de las teorías criminológicas generales, de los fenómenos criminales a nivel de los vecindarios y barrios, ciudades, regiones o países.  
8. Los análisis comparativos de la criminalidad (global, o bien la correspondientes a ciertas tipologías) entre diversos contextos, territorios o poblaciones.  
9. La evaluación y emisión de informes técnicos sobre perfiles de categorías específicas de delincuentes, como puedan ser delincuentes violentos, agresores sexuales, maltratadores, traficantes de drogas, etc., en cualesquiera de los momentos del proceso penal o de ejecución de la sentencia, si es requerido para ello, en tareas como predicción de la reincidencia, análisis del hecho criminal, valoración de sistemas de control y propuestas de actividades de tratamiento.  
10. La colaboración con los diversos cuerpos oficiales y con los tribunales en tareas de investigación criminal.  
11. El análisis de lugares y contextos de alta concentración de delitos, y, sobre la base de los conocimientos de la criminología ambiental, la especificación de los factores sociales y situacionales que favorecen la delincuencia.  
12. La creación, aplicación y evaluación de iniciativas y proyectos de prevención del comportamiento infractor y antisocial en los ámbitos de mayor influencia sobre los adolescentes y jóvenes, tales como las familias, las escuelas y otras instituciones formativas, los contextos vecinales, los marcos deportivos, los lugares de ocio y el uso de las nuevas tecnologías de la información.  
13. El diseño, aplicación y evaluación de programas innovadores de prevención de los delitos en contextos adultos, incluyendo el comercio y los negocios, las transacciones bancarias, las relaciones de pareja, las interacciones sexuales, los lugares de trabajo, las áreas de ocio, los contextos urbanos, etc.  
14. La aplicación y evaluación de intervenciones y tratamientos sólidos con delincuentes juveniles y adultos, tanto en instituciones como en la comunidad.  
15. El asesoramiento, orientación y ayuda en un sentido amplio a las víctimas de los delitos, incluyendo tanto el tránsito por el proceso penal como la asistencia en su recuperación emocional y social.  
16. La elaboración y diseño, en colaboración con los poderes públicos, de programas de política criminal.  
17. Desarrollar su actividad en los equipos de valoración y protección integral en relación con la violencia de género y doméstica.  
18. La elaboración de estudios, valoraciones e informes en materia de seguridad vial, con incidencia en tráfico, siniestralidad y conductas infractoras al volante.  
  
Artículo 13  
Las competencias profesionales de los criminólogos pueden ser de gran utilidad para las instituciones y en los contextos siguientes:  
a) Organismos municipales de análisis y gestión de la seguridad urbana.  
b) Departamentos de interior o gobierno de las comunidades autónomas.  
c) Fuerzas y cuerpos de seguridad, así como en la seguridad privada.  
d) Ministerios con competencias en materia de seguridad, educación, salud y prevención general.  
e) Juzgados y tribunales de justicia.  
f) Instituciones y programas juveniles.  
g) Servicios sociales en relación con familias y barrios en riesgo.  
h) Centros de internamiento de menores infractores y, en general, instituciones y programas conectados con el campo de la justicia juvenil.  
i) Prisiones y otras instituciones de ejecución de penas y medidas de privación de libertad para sujetos adultos.  
j) Servicios de tratamiento de delincuentes juveniles y adultos.  
k) Servicios de atención, ayuda y tratamiento de víctimas de los delitos y servicios de mediación en los diferentes ámbitos jurisdiccionales.  
l) Organismos de preparación de las reformas legales en materia de prevención y represión del delito y en instituciones encargadas de hacer valoraciones o diagnósticos relacionados con la violencia y la delincuencia.  
  
CAPÍTULO II  
El ejercicio de la profesión  
  
Artículo 14  
Podrán incorporarse al colegio, voluntariamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 2/20238, de 4 de julio, de la Generalitat, de creación del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana, en igualdad de derechos corporativos, quienes reúnan los requisitos de titulación legalmente previstos.  
  
Artículo 15  
Son requisitos para el ejercicio de la profesión:  
a) Hallarse en posesión del título legalmente previsto.  
b) No hallarse incapacitado/a legalmente.  
c) No hallarse inhabilitado/a o suspendido/a, en virtud de sentencia firme, para el ejercicio de la profesión.  
d) No hallarse bajo sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio profesional o expulsión de cualquier otro colegio.  
  
Artículo 16  
1. Para adquirir la condición de colegiado/a será necesaria la presentación de la solicitud a la Junta de Gobierno del Colegio y presentar los documentos siguientes:  
a) Acreditación de la mayoría de edad.  
b) Título profesional, fotocopia compulsada del mismo o, en su caso, certificación académica acreditativa de la terminación de los estudios, con resguardo del pago de los derechos de expedición del título, hasta la entrega de este, momento en él que deberá presentarlo en el Colegio para su registro.  
Los/las profesionales cuyo título de Criminólogo haya sido expedido por otros estados miembros de la Unión Europea deberán acompañar, además del respectivo título académico, la correspondiente resolución de reconocimiento del mismo para el ejercicio de la profesión en España. En los casos de títulos expedidos por países no miembros de la Unión Europea, acompañaran el correspondiente título de convalidación de sus estudios con los de licenciado o graduado en Criminología.  
c) Será necesario que la persona interesada satisfaga la cuota de inscripción que determine el Colegio que en ningún caso podrá superar el coste de tramitación. En el caso de que el/la solicitante ya hubiese estado inscrito/a en otro colegio de diferente ámbito territorial, será suficiente que aporte certificación de este último, acreditativa del período de colegiación y del pago de las cuotas que le hubiesen correspondido en tal período. El certificado se remitirá de un colegio a otro, poniéndolo en conocimiento del Consejo General.  
La Junta de Gobierno acordará la admisión, siempre que se cumplan los requisitos señalados, en el plazo máximo de 30 días.  
d) La adquisición de la condición de colegiado/a se hará efectiva mediante la correspondiente resolución expresa del Colegio, previa constatación del cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 1 de este artículo.  
e) En los casos de desplazamiento temporal de un profesional de otro estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente recogida en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado.  
2. La Junta de Gobierno podrá denegar la colegiación en los siguientes casos:  
a) Por carecer de la titulación requerida.  
b) Por haberse dictado sentencia firme contra el/la interesado/a que le condene a inhabilitación para el ejercicio profesional.  
Contra el acuerdo denegatorio de colegiación, que habrá de comunicarse al interesado/a debidamente razonado, cabe recurso de reposición ante la Junta de Gobierno, en el plazo de treinta días. La Junta de Gobierno resolverá el recurso en el plazo no superior a 30 días.  
  
Contra el acuerdo denegatorio definitivo podrá recurrir el/la interesado/a ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  
  
Artículo 17  
La condición de colegiado/a se perderá:  
a) Baja voluntaria de la persona interesada presentando la correspondiente solicitud dirigida a la presidencia de la Junta de Gobierno del Colegio a la que deberá acompañarse documento que acredite el cese o baja en el ejercicio de la profesión.  
b) No satisfacer durante el plazo de un año el pago de las cuotas colegiales, previo requerimiento de pago y audiencia del/de la colegiado/a.  
c) Ser condenado/a por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación del ejercicio profesional, en tanto no quede extinguida la correspondiente responsabilidad.  
d) Ser sujeto de sanción disciplinaria firme de expulsión del Colegio.  
La pérdida de la condición de colegiado/a por las causas expresadas en los apartados a, b, c y d deberá ser comunicada por escrito al interesado/a, con acuse de recibo, momento en el que surtirá efecto.  
  
Artículo 18  
La reincorporación al Colegio se regirá por las mismas normas que la incorporación, debiendo acreditar el/la solicitante, en su caso, el cumplimiento de la sanción, cuanto este haya sido el motivo de su baja.  
  
Artículo 19  
La Junta de Gobierno podrá proponer a la Asamblea General el nombramiento de miembro de honor del colegio a las personas que, por sus merecimientos científicos, técnicos o profesionales, hayan contribuido al desarrollo de la profesión o de la criminología en general.  
  
CAPÍTULO III  
Derechos y deberes de los colegiados y colegiadas.  
Regulación del secreto profesional  
  
Sección primera  
Derechos y deberes de los/las colegiados/as  
  
Artículo 20  
Son derechos de los/las colegiados/as:  
a) Ejercer la profesión de criminólogo con plena libertad, dentro del marco jurídico, deontológico y estatutario.  
b) Participar como elector/a y como elegible, en cuantas elecciones se convoquen en el Colegio, intervenir de modo activo en la vida del Colegio, ser informado/a y participar con voz y voto en la Asamblea General.  
c) Ser asistido/a, asesorado/a y defendido/a por el Colegio, de acuerdo con los medios de que este disponga y en las condiciones que reglamentariamente se fijen, en cuantas cuestiones se susciten con motivo del ejercicio profesional.  
d) Participar, dentro del respeto al resto de personas colegiadas, del uso y disfrute de los bienes y servicios del Colegio en las condiciones estatutariamente establecidas.  
e) Formar parte de las comisiones o secciones que se establezcan.  
f) Beneficiarse de las actividades y servicios comunes de interés para las personas colegiadas de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de prevención.  
g) Ser representado por la Junta de Gobierno del Colegio, cuando necesiten presentar reclamaciones fundadas a las autoridades, Tribunales y entidades oficiales o particulares, siempre que sean consecuencia del ejercicio profesional.  
h) Formular ante la Junta de Gobierno las quejas, peticiones y sugerencias que considere oportuno.  
i) Recibir información regular sobre la actividad colegial y de interés profesional.  
j) Examinar los libros de contabilidad y de actas del Colegio, previa solicitud, así como de recabar la expedición de certificaciones de aquellos acuerdos que le afecten personalmente.  
k) Guardar secreto profesional y obtener la protección del Colegio Profesional en el uso y mantenimiento del secreto profesional.  
l) Promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas formuladas en los términos estatutarios.  
m) Crear grupos de trabajo de intereses específicos, con sometimiento en todo caso a los órganos de gobierno.  
n) Remover a los/las titulares de los órganos de gobierno mediante votos de censura.  
  
Artículo 21  
Son deberes de los/las colegiados/as:  
a) Ejercer su profesión de acuerdo con la ética profesional.  
b) Guardar secreto profesional, sin perjuicio de las comunicaciones interprofesionales encaminadas al correcto tratamiento de los casos.  
c) Cumplir las normas corporativas, así como los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del Colegio.  
d) Satisfacer las cuotas y demás cargas corporativas, ordinarias o extraordinarias, de acuerdo con lo establecido en los estatutos.  
e) Comunicar al Colegio los cambios de residencia o domicilio, en el plazo de 30 días.  
f) Desempeñar diligentemente los cargos para los que fuera elegido/a, y cumplir los encargos que los órganos de gobierno del Colegio puedan encomendarles.  
g) Participar activamente en la vida colegial, asistiendo a las asambleas y a las comisiones a las que sea convocado/a.  
h) Cooperar con la Junta de Gobierno y facilitar información en los asuntos de interés profesional en que sea requerido/a, así como en aquellos otros que las personas colegiadas consideren oportuno.  
i) No perjudicar los derechos profesionales o corporativos de otros/as colegiados/as.  
j) Notificar al Colegio cualquier acto de intrusismo profesional o ejercicio ilegal de la profesión de que tuvieran conocimiento para que este adopte las medidas necesarias en su evitación.  
k) Llevar con la máxima lealtad las relaciones con el Colegio y con los/as demás colegiados/as.  
l) Comparecer ante los órganos colegiales cuando sean requeridos para ello.  
m) Cualesquiera otros deberes que deriven de los Estatutos del Colegio o de las prescripciones jurídicas, éticas o deontológicas vigentes en cada momento.  
  
Sección segunda  
Del secreto profesional  
  
Artículo 22  
El secreto profesional es un derecho y un deber del y de la criminólogo/a; derecho y deber que permanecen incluso después de haber cesado la prestación de los servicios profesionales.  
  
Artículo 23  
El/la criminólogo/a debe guardar secreto de todo lo que las personas usuarias/clientes le transmitan y confíen, así como de lo que conozca en su ejercicio profesional. Tanto la recogida como la comunicación de datos deben ser restringidas a las necesidades de la intervención profesionales.  
  
Artículo 24  
La información que le sea requerida al profesional a efectos estadísticos, de planificación, evaluación de programas u otros, debe facilitarla sin los datos identificativos de las personas usuarias/clientes.  
  
Artículo 25  
Los sistemas de información de los datos contenidos en fichas, historias, expedientes e informes sociales, deben garantizar el derecho a la intimidad de la persona usuaria, siendo el acceso a la citada información, restringido a los/las profesionales directamente implicados/as en la práctica profesional.  
  
Artículo 26  
La interrupción o finalización de la relación profesional o la muerte de la persona usuaria/cliente, no exime al criminólogo/a, del deber de guardar el secreto profesional.  
  
Artículo 27  
El/la criminólogo/a que se encuentre en situación de sufrir una perturbación por el mantenimiento del secreto profesional, debe comunicarlo por escrito a la junta de gobierno de su colegio oficial para obtener la defensa y protección colegial en el uso del secreto dentro de su actuación profesional.  
  
Artículo 28  
No se vulnera el secreto profesional en los siguientes supuestos:  
a) Por la realización de la actividad profesional en equipo, siempre que lo que se revele sea necesario para la intervención profesional.  
b) En la relación y colaboración del y de la criminólogo/a con profesionales de distinto ámbito técnico o de otras disciplinas, siempre que dicha colaboración se produzca en el marco de la intervención profesional.  
c) Si con el mantenimiento del secreto profesional se produjera un perjuicio a la persona usuaria/cliente, por causa de su incapacidad física o psíquica, o se dañaran los intereses de terceros declarados incapaces o no.  
d) Para evitar una lesión notoriamente injusta y grave que la guarda del secreto profesional pudiera causar al/a la profesional o a un tercero.  
e) Cuando el/la profesional fuera relevado del secreto profesional por el propio usuario/cliente o sus herederos. Dicho acto de relevo deberá constar por escrito.  
En los casos contemplados en los casos c y d del presente artículo, los/las criminólogos/as deben ser relevados/as de la guarda del secreto profesional por la junta de gobierno del colegio oficial donde se hallen colegiados/as, previo asesoramiento de la comisión deontológica, cuando la haya.  
  
  
TÍTULO IV  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL COLEGIO  
  
CAPÍTULO I  
Generalidades  
  
Artículo 29  
1. Son órganos de dirección y control del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana:  
a) Asamblea General de Colegiados/as.  
b) Junta de Gobierno.  
c) El decano/a.  
2. Son órganos auxiliares de la Junta de Gobierno:  
a) Las demarcaciones territoriales en cada una de las tres provincias valencianas, que recibirán el nombre de juntas provinciales.  
b) La Comisión Deontológica.  
c) Las secciones o comisiones de trabajo.  
  
Artículo 30  
Territorialmente, la estructura organizativa del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana comprende dos niveles:  
a) La estructura de Comunitat, compuesta por las tres provincias valencianas.  
b) La estructura provincial, compuesta por las demarcaciones territoriales constituidas en cada provincia.  
  
CAPÍTULO II  
De la asamblea general de personas colegiadas  
  
Artículo 31  
1. La Asamblea General de personas colegiadas, válidamente constituida, será el órgano supremo y soberano del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana, y los acuerdos y resoluciones adoptadas en la misma serán de obligado cumplimiento.  
2. Todas las personas colegiadas que estén incorporadas con anterioridad a la fecha de la convocatoria podrán asistir, con voz y voto, a las reuniones de la Asamblea General.  
3. El voto en Asamblea General es indelegable.  
  
Artículo 32  
La Asamblea General de personas colegiadas es el órgano soberano y tiene competencia para conocer de cualquier asunto no atribuido a otros órganos colegiales por este Estatuto, y en concreto, los siguientes:  
a) Definir los principios organizativos y establecer las líneas profesionales a desarrollar.  
b) Recibir para su análisis, debate y aprobación, los informes de gestión de la Junta de Gobierno y aprobar los programas de actuación y la política profesional.  
c) Adoptar los acuerdos relativos a la representación, gestión y defensa de los intereses del Colegio y de las personas colegiadas.  
d) Elegir a los miembros de la Junta de Gobierno y decidir sobre las mociones de censura que pudieran presentarse, en su caso.  
e) Elegir a los miembros de la Comisión Deontológica y revocar su nombramiento, así como la aprobación del código deontológico profesional.  
f) Fijar las cuotas que hayan de satisfacer las personas colegiadas, según se regule en estos Estatutos.  
g) Aprobar los presentes estatutos y sus modificaciones, los Reglamentos corporativos que los desarrollen, así como cualquier otro documento que regule el funcionamiento de los órganos del Colegio.  
h) La adquisición y enajenación de los bienes inmuebles del Colegio.  
i) Cuantas competencias le atribuyan los presentes estatutos y cualquier otra que de forma reglamentaria se someta a debate y votación de la Asamblea General.  
  
Artículo 33  
Las asambleas generales pueden ser ordinarias y extraordinarias.  
  
Artículo 34  
Se celebrará Asamblea General ordinaria en el último cuatrimestre de cada año, y contendrá, como mínimo, el siguiente orden del día:  
1.º. Informe del decano/a sobre los acontecimientos más importantes con relación al Colegio que hayan tenido lugar durante el año.  
2.º. Examen y votación de la cuenta general de ingresos y gastos del ejercicio anterior, así como la aprobación de los presupuestos para el ejercicio siguiente.  
3.º. Lectura, discusión y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.  
4.º. Ruegos y preguntas.  
  
Artículo 35  
1. Toda asamblea general distinta a la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración de extraordinaria.  
2. Se convocará Asamblea General extraordinaria con punto único del orden del día para los casos de aprobación, modificación y derogación de los Estatutos, y para el voto de censura a la Junta de Gobierno o cualquiera de sus miembros.  
  
Artículo 36  
1. La Asamblea General ordinaria será convocada por la Junta de Gobierno con una antelación mínima de tres meses a la fecha de su realización.  
2. La Asamblea General extraordinaria será convocada por la Junta de Gobierno con una antelación mínima de un mes a la fecha de su realización, cuando lo solicite un número de personas colegiadas que representen al menos el veinte por ciento del censo de las ejercientes, salvo que se proponga una moción de censura, en cuyo caso el porcentaje mínimo será del treinta y tres por ciento. En la solicitud se expresarán los asuntos concretos que hayan de ser tratados en la Junta.  
3. En ambos casos, la documentación referente a las juntas debe estar a disposición de las personas colegiadas, en la Secretaría del Colegio, en un plazo de 20 días antes para la Asamblea General ordinaria, y de diez días para la extraordinaria.  
4. La Asamblea General Extraordinaria solicitada por las personas colegiadas de acuerdo con lo previsto en el punto segundo de este artículo, deberá celebrarse en el plazo máximo de dos meses contados desde la entrada de la solicitud en el Registro del Colegio.  
  
Artículo 37  
1. La Convocatoria de Asamblea General, con su correspondiente Orden del día, se fijará en el tablón de anuncios del Colegio en el plazo de tres días hábiles desde su convocatoria.  
2. También se comunicará por escrito o medios telemáticos a todas las personas colegiadas en la semana siguiente de la convocatoria.  
  
Artículo 38  
1. La Asamblea General quedará válidamente constituida cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que haya sido debidamente convocada, excepto para los siguientes supuestos:  
a) Cuando la Junta tenga por objeto la aprobación, modificación o derogación del estatuto del Colegio, para la válida constitución de la misma se requerirá la asistencia de la mitad más una de las personas colegiadas con derecho a voto. Si no se alcanzare dicho quórum, se celebrará nueva Asamblea General en la que no se exigirá quórum especial alguno.  
En la convocatoria se podrá señalar día y hora para la celebración de esta segunda Asamblea General, en el plazo máximo de los cinco días hábiles siguientes a la primera convocatoria.  
b) Cuando la Junta tenga por objeto el voto de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros, la solicitud de su convocatoria expresará con claridad las razones en que se funde. La Junta habrá de celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud, y no se podrán tratar en la misma más asuntos que los expresados en la convocatoria. Para la válida constitución de la Junta se requerirá la asistencia de la mitad más una de las personas del censo colegial con derecho a voto.  
2. El decano o decana presidirá la Asamblea General y dirigirá los debates, concediendo y retirando el uso de la palabra, pudiendo advertir a las personas colegiadas que se excedan en sus intervenciones, que no se ciñan a la cuestión debatida o que falten al respeto o a la consideración debidos al Colegio, a la Junta de Gobierno, o al resto de personas colegiadas o que alteren en cualquier otra forma el desarrollo de la Junta. En tales supuestos, la Presidencia, si la persona interviniente no modificare su actitud tras ser advertida, podrá acordar su expulsión de la sala.  
3. En los debates se concederán turnos a favor y en contra por cada proposición o asunto que se trate, a discreción de la presidencia, quien, además, podrá conceder intervenciones para rectificaciones o por alusiones, que deberán ceñirse a la causa concreta que las motive.  
4. Una vez debatidas las propuestas, serán sometidas a votación conjunta o separadamente.  
  
Artículo 39  
1. Hasta un mes antes de la celebración de la Asamblea General ordinaria o quince días antes de la Asamblea General extraordinaria, se podrán presentar a la misma las proposiciones o enmiendas referidas a los asuntos incluidos en el orden del día, que serán sometidos a deliberación y votación.  
2. Las proposiciones deberán presentarse por escrito y firmadas por un número de colegiados no inferior al cinco por ciento del censo, a cuyo efecto, en la propia convocatoria se especificará el mismo a estos efectos.  
3. Las enmiendas se presentarán por escrito y firmadas por el enmendante o enmendantes, pudiendo presentarse individualmente.  
  
Artículo 40  
1. Las asambleas generales adoptarán sus acuerdos por mayoría simple de votos de los asistentes.  
2. La votación se realizará a mano alzada, salvo que el 10 % de los asistentes acuerde que sea nominal o secreta.  
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las personas colegiadas podrán emitir su voto por correo, cumpliendo las normas reguladoras del mismo.  
Por excepción, cuando el objeto de la Junta sea el voto de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros la votación será secreta.  
4. La Junta de Gobierno someterá a aprobación de la Asamblea General las normas que regulen el voto por correo. Dichas normas deberán garantizar el carácter personal, directo y secreto del sufragio activo.  
5. En la medida que los avances tecnológicos lo permitan y de acuerdo con las disponibilidades de medios materiales y personales del Colegio, la Junta de Gobierno someterá a aprobación de la Asamblea General las normas que regulen el voto por medios electrónicos, telemáticos o informáticos. Dichas normas deberán garantizar el carácter personal, directo y secreto del sufragio activo.  
  
CAPÍTULO III  
De la Junta de Gobierno  
  
Artículo 41  
La Junta de Gobierno, órgano rector del Colegio de Criminólogos de la Comunitat Valenciana, se compondrá de nueve miembros: un decano/a, tres vicedecanos/as provinciales, un secretario/a, un tesorero/a y tres vocales que se denominan diputados provinciales. El secretario/a y el tesorero/a deberán pertenecer a juntas provinciales distintas y distinta de la que proceda el decano. Los tres diputados serán, cada uno, de una junta provincial distinta.  
  
Artículo 42  
1. El decano y otros miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos entre personas colegiadas residentes en la demarcación del Colegio, que al ser proclamados candidatos, acrediten las siguientes antigüedades mínimas de colegiación:  
- Para decano/a y vicedecano/a, cuatro años.  
- Para los restantes miembros de la Junta de Gobierno, dos años.  
2. Los candidatos no podrán estar incursos en ninguna de las siguientes situaciones:  
a) Estar condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto estas subsistan.  
b) Haber sido disciplinariamente sancionados en cualquier Colegio profesional, mientras no hayan sido rehabilitados.  
c) Ser miembros de órganos rectores de otro Colegio Profesional.  
d) No hallarse al corriente de las cargas colegiales.  
  
Artículo 43  
1. Los cargos de la Junta de Gobierno, que no serán remunerados, tendrán una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegidos sus miembros al finalizar su mandato. La renovación de la Junta de Gobierno se realizará de forma que no afecte a todos los componentes a la vez, para facilitar la existencia de continuidad en su funcionamiento.  
2. La elección del decano, secretario y tesorero se efectuará por la Asamblea General mediante votación a la que podrá presentarse el colegiado/a que reúnan los requisitos de los artículos anteriores.  
3. Las vacantes que pudieran producirse en la Junta se cubrirán por el órgano que lo hubiese designado por el tiempo que quedara para agotar el mandato de la persona a quien sustituya.  
4. Provisionalmente por designación de la propia Junta de Gobierno, con un colegiado perteneciente a la misma junta provincial, hasta la celebración de la siguiente Asamblea General, que confirmará a los designados provisionalmente, por el tiempo que quedara para agotar el mandato de la persona a quien sustituyan.   
5. En cualquier momento, la Junta de Gobierno podrá proponer a la Asamblea General la ampliación del número de sus integrantes, para garantizar la representatividad en su composición.  
  
Artículo 44  
1. La Junta de Gobierno se reunirá una vez al mes, excepto en el mes de agosto y en casos justificados, y cuantas veces sea convocada por el decano/a, por propia iniciativa, o a petición de cinco de sus miembros.  
2. La convocatoria la realizará el secretario/a por orden del decano/a, mediante escrito remitido con una antelación mínima de siete días salvo en supuestos de urgencia, expresando lugar, día y hora de la reunión y asuntos a tratar.  
3. Para que la Junta de Gobierno quede válidamente constituida será necesaria la concurrencia de la mayoría numérica de los miembros que la integren, salvo en los supuestos que requieran quórum especial de asistencia.  
4. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos emitidos, excepto los supuestos que requieran mayorías cualificadas.  
5. En caso de que en la votación se produjera un empate, decidirá el voto del Decano/a.  
  
Artículo 45  
1. La asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno será obligatoria, salvo que en la convocatoria se prevea la posibilidad de utilización de medios telemáticos de comunicación por parte de los miembros de la Junta.  
2. Los miembros de la Junta de Gobierno, incluido el decano/a, serán cesados por la misma por la falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno, o a cinco alternativas en el término de un año.  
  
Artículo 46  
1. La Junta de Gobierno tiene competencias para aquellas materias no atribuidas específicamente a la Asamblea General, y además:  
a) La dirección y gestión del Colegio para el cumplimiento de los fines, funciones y facultades de este, y en general, para la consecución de todos los cometidos y asuntos corporativos que no correspondan a la Asamblea General.  
b) La representación judicial y extrajudicial del Colegio, con facultades de delegación y apoderamiento.  
c) La designación de las comisiones y ponencias encargadas de preparar dictámenes, informes o estudios, o de dictar laudos o arbitrajes, así como el establecimiento de los correspondientes turnos de colegiados para este fin o para la emisión de dictámenes solicitados por la autoridad judicial.  
d) La preparación de las asambleas generales, la ejecución de sus acuerdos y la gestión de los cometidos encargados por aquellas.  
e) La formación del presupuesto de ingresos y gastos del Colegio, de las cuentas anuales y del cierre del ejercicio económico, y de cuanto concierne a la gestión económica de la Corporación.  
f) La recaudación de las cuotas colegiales y de los demás ingresos ordinarios o extraordinarios del Colegio y el ejercicio de las acciones precisas para ello.  
g) El cobro de las percepciones y remuneraciones profesionales en ejecución de los convenios suscritos por el Colegio con las Administraciones o entidades públicas, así como el cobro de las remuneraciones particulares de las personas colegiadas, siempre a petición expresa de estas, si el Colegio estableciera un servicio con este fin.  
h) La defensa de los derechos y del prestigio de las personas colegiadas y de la profesión de criminólogo/a, así como velar por la libertad e independencia de las personas colegiadas en el ejercicio de la profesión.  
i) La convocatoria de consultas a las personas colegiadas en aquellos asuntos de interés y trascendencia para la profesión.  
j) La exigencia a las personas colegiadas, a los órganos y al personal del Colegio del cumplimiento de los deberes colegiales, de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, y de los acuerdos adoptados por los órganos rectores del Colegio.  
k) La admisión de nuevas colegiaciones.  
l) La llevanza del Registro de Personas Colegiadas y del Registro de Sociedades Profesionales, practicando las inscripciones, cancelaciones y notas que procedan.  
m) La contratación del personal del Colegio y de las colaboraciones o prestaciones de servicios que sean precisas para su buena marcha y gestión.  
n) La persecución del intrusismo profesional.  
o) Crear las secciones y comisiones de personas colegiadas que interesen a los fines del Colegio, confiriéndoles las facultades que estime procedentes. Las comisiones serán presididas por el decano/a, pudiendo este delegar en cualquier miembro de la Junta de Gobierno.  
p) Organizar e informar a las personas colegiadas de las actividades de carácter profesional, cultural y formativo de perfeccionamiento profesional, así como de servicios asistenciales, de previsión y otros de análogo interés.  
q) El ejercicio de todas las funciones atribuidas por las disposiciones legales reguladoras de los colegios profesionales, o que se dicten sobre cuestiones que les afecten, y las demás que se establecen en estos estatutos.  
La Junta de Gobierno podrá delegar el ejercicio de estas funciones en personas colegiadas o en comisiones, siempre que la función sea legalmente delegable y bajo la responsabilidad, en todo caso, de la propia Junta de Gobierno.  
2. Corresponde a la Junta de Gobierno el ejercicio de la potestad disciplinaria de las personas colegiadas, en ejecución de la resolución adoptada por la Comisión Deontológica y de Garantías, salvo que el imputado sea miembro de la Junta de Gobierno, en cuyo caso esa potestad será ejercida por la Asamblea General, a propuesta de la citada comisión.   
3. Las funciones señaladas en las letras j, k y l del apartado 1 anterior podrán ser delegadas en el Secretario del Colegio, quien dará cuenta a la Junta de Gobierno de las resoluciones adoptadas en la primera reunión de esta. La delegación podrá ser revocada en cualquier momento.  
En el supuesto de que el Secretario hubiera admitido una solicitud de colegiación que no cumpliera los requisitos legales y estatutarios, podrá ser revisada por la Junta de Gobierno y anulada conforme a las normas generales sobre el régimen de anulación de los actos de las administraciones públicas.  
4. Con relación a los tribunales de justicia, la administración pública y otros organismos, son funciones de la Junta de Gobierno:  
a) Procurar una permanente y fluida relación con los órganos y funcionarios de la administración.  
b) Amparar y defender, cuando lo estime procedente, a las personas colegiadas en el ejercicio de la profesión o con motivo de esta.  
c) Informar sobre los proyectos de disposiciones de carácter general sometidos a la consideración del Colegio.  
d) Ejercitar los derechos y acciones contra las personas y organismos que entorpezcan el libre ejercicio de la criminología.  
e) Colaborar con las administraciones públicas en materias de sus respectivas competencias.  
5. La Junta de Gobierno podrá emitir dictámenes, evacuar consultas, mediar y dictar laudos. Los derechos económicos que perciba por estas actuaciones se ingresarán en la caja del Colegio.  
  
Artículo 47  
1. El mandato de la Junta de Gobierno será de cuatro años contados desde el día de su toma de posesión.  
2. Los miembros de la Junta de Gobierno, sean cuales fueran los cargos o vocalías desempeñadas en ella, solo podrán ser reelegidos consecutivamente para otro mandato. Agotado este último, o concluido por causas estatutarias, no podrán ser candidatos a una nueva elección para el mismo cargo ejercido en la Junta de Gobierno anterior hasta que no haya transcurrido un mínimo de cuatro años desde el momento de su cese.  
3. Para la elección o renovación parcial de los miembros de la Junta de Gobierno, que se hará en Asamblea General, los colegiados y colegiadas votarán al vicedecano y al diputado de la junta provincial donde se encuentren inscritos, salvo que la reglamentación de la junta provincial correspondiente confiera a esta la potestad de designarlos, en cuyo caso será ratificado por la Asamblea General.  
  
Artículo 48  
El mandato de los miembros de la Junta de Gobierno concluirá por las siguientes causas:  
a) Fallecimiento.  
b) Incapacidad manifiesta para el desarrollo de sus funciones apreciada por la propia Junta de Gobierno, sin perjuicio de los recursos del artículo 80.  
c) Dimisión o renuncia, que surtirá sus efectos inmediatamente después de finalizada la reunión en que se comunique dicha decisión.  
d) Pérdida de la condición de persona colegiada.  
e) Condena por sentencia judicial firme por la comisión de delitos dolosos o culposos, si en este último caso la sentencia impusiera la pena de privación de libertad o la de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.  
f) Incompatibilidad declarada por la Asamblea General, por haberse aceptado después de la elección cargos o puestos directivos en las administraciones públicas, corporaciones de derecho público, partidos políticos, o entidades o empresas, públicas o privadas, que tengan intereses contrapuestos a los del Colegio.  
Los acuerdos de la Asamblea General declarando la incompatibilidad conllevarán, asimismo, la imposibilidad para formar parte de candidaturas a la Junta de Gobierno, a no ser que la Asamblea General revoque el acuerdo adoptado en su día.  
g) Incumplimiento de sus deberes como miembros de la Junta de Gobierno y, en especial la reiterada falta de asistencia no justificada a las sesiones de la Junta de Gobierno, declarado por la propia Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de los estatutos.  
  
CAPÍTULO IV  
Del decano/a y los miembros de la Junta de Gobierno  
  
Artículo 49  
El decano/a del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana deberá estar colegiado. El decano/a del Colegio lo será también de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General. El decano/a o, en su defecto, los vicedecanos/as por su orden, presidirá todas las reuniones de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno a las que asista, y dirigirá sus deliberaciones.  
  
Artículo 50  
Le corresponden las siguientes funciones:  
a) Ostentar la representación máxima y el ejercicio de la capacidad de obrar del Colegio en el territorio de la Comunitat Valenciana, correspondiéndole el ejercicio de cuantos derechos, funciones y atribuciones se le reconocen en estos Estatutos.  
b) La representación en todos los actos, contratos, convenios o conciertos que celebre el Colegio, así como la representación en todas las relaciones que el Colegio mantenga con los poderes públicos, entidades y corporaciones, públicas o privadas, y con personalidades de cualquier orden. La representación del Colegio en la firma de conciertos, convenios o contratos que creen o puedan crear obligaciones directas al colegiado, exigirá la autorización de la Asamblea General.  
c) Convocar, presidir y levantar las reuniones de la Asamblea General, de la Junta de Gobierno y de las comisiones que presida, fijando el orden del día de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos; mantener el orden y el uso de la palabra y decidir con su voto de calidad los empates en las votaciones no secretas, cuando la Junta se haya constituido con un número par de sus miembros.  
d) Proponer la creación de las comisiones o grupos de trabajo que estime necesarios para el mejor desarrollo de las funciones del Colegio, cuya constitución será aprobada por la Junta de Gobierno. Estas comisiones o grupos de trabajo serán presididos por el decano/a o miembro de la junta de Gobierno en quien delegue.  
e) Revisar y autorizar con su firma los otorgamientos de escrituras públicas, convenios, contratos, comunicaciones oficiales, actas y certificaciones que procedan. La firma de contratos podrá ser delegada en los vicedecanos/as o en el secretario/a del Colegio.  
f) Presidir las sociedades que puedan constituirse para la prestación de servicios y actividades en beneficio de los colegiados o del propio Colegio.  
g) Autorizar, conjuntamente con el tesorero, los pagos y los libramientos de fondos para el cumplimiento de las obligaciones del Colegio, pudiendo delegar esta función en otros miembros de la Junta de Gobierno, previo acuerdo de la misma.  
h) Examinar, intervenir y revisar la documentación de todos los departamentos y servicios del Colegio.  
i) Intervenir muy especialmente para mantener la armonía entre todos los colegiados y procurar que cualquier diferencia de carácter profesional que se suscite entre ellos se resuelva en el seno del Colegio.  
j) Otorgar mandatos, incluso especiales, a favor de procuradores de los Tribunales y abogados, o de otras personas, para el ejercicio de los derechos de todo orden que correspondan a la corporación.  
  
Artículo 51  
1. El Colegio contará con tres vicedecanos/as, cada uno en representación de una junta provincial, de la que ostentarán su presidencia, y sustituirán al decano/a en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, o cualquier otra causa que impida el ejercicio de sus funciones, en orden rotatorio determinado por la propia Junta de Gobierno. Los vicedecanos podrán sustituirse entre sí en caso necesario y a petición del interesado.  
2. Las facultades y obligaciones de los vicedecanos/as, cuando sustituyan al Decano/a, serán las mismas que las de este. En todo caso, en los actos que adopten constará expresamente que actúan por sustitución estatutaria.  
3. Asimismo, los vicedecanos/as realizarán funciones de apoyo al decano/a, y se harán cargo de cuantas delegaciones este les hiciera, tanto de representación como ejecutivas, en beneficio del mejor funcionamiento colegial.  
  
Artículo 52  
1. El secretario del Colegio lo será, asimismo, de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno.  
2. Sus funciones son las siguientes:  
a) Dar fe de los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno, mediante el levantamiento de las oportunas actas y su transcripción a los libros correspondientes.  
b) Redactar, firmar y expedir certificaciones con el visto bueno del Decano.  
c) Redactar la memoria anual para la Asamblea General de Colegiados/as.  
d) Despachar la correspondencia, dirigir y custodiar los archivos, llevar el Registro de Personas Colegiadas, de títulos oficiales habilitantes para el ejercicio de la profesión de criminólogo, y de entrada y salida de documentos, así como el Registro de Sociedades Profesionales.  
e) Convocar las reuniones de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno siempre que así se lo ordene el decano/a o quien estatutariamente le sustituya y cuidar de que las convocatorias reúnan los requisitos señalados en estos Estatutos.  
f) Mantener actualizada la relación de todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que afecten a la profesión.  
g) Proponer los oportunos asesoramientos para orientar a la Asamblea General, a la Junta de Gobierno y a las comisiones que puedan crearse, sobre el contenido de las normas vigentes relacionadas con los asuntos objeto de debate y decisión.  
h) Vigilar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones señalados en estos estatutos para el funcionamiento del Colegio y de la Junta de Gobierno y para el desarrollo de las asambleas generales.  
  
Artículo 53  
1. El tesorero del Colegio desempeñará las siguientes funciones:  
a) Dirigir y autorizar la contabilidad del Colegio.  
b) Recibir los ingresos del Colegio.  
c) Formalizar las cuentas, balances y presupuestos que deban ser presentados a la Junta de Gobierno y a la Asamblea General.  
d) Formular los proyectos de presupuesto y de liquidación del ejercicio anual del Colegio, para que se someta a la aprobación de la Asamblea General.  
e) Intervenir en su más amplio sentido las cuentas que, dentro del Colegio, correspondan a las secciones y comisiones.  
2. En unión del decano/a, llevará la firma de la Tesorería ante toda clase de organismos, incluso el Banco de España, sin limitación alguna. Autorizará conjuntamente con el decano/a los libramientos para la inversión o manejo de fondos y cheques para el movimiento de las cuentas del Colegio, pudiendo ser sustituido en estas funciones conforme a lo previsto en los presentes estatutos, así como delegarlas, en su caso, en otros miembros de la Junta de Gobierno, previo acuerdo de la misma.  
  
Artículo 54  
1. Los vocales de la Junta de Gobierno, denominados diputados/as provinciales, participarán con voz y voto en las reuniones de la Junta de Gobierno.  
2. Sus funciones serán las siguientes:  
a) Formular propuestas a la Junta de Gobierno, notificándolas previamente al Secretario/a para que sean incluidas en el orden del día.  
b) Participar en las Comisiones de Trabajo que se constituyan, cuando fueren designados para ello.  
c) Informar por escrito de los asuntos que se les hubiere encomendado por la Junta de Gobierno.  
d) Ejercer la representación del Colegio de Criminólogos de la Comunitat Valenciana en actos privados o institucionales, cuando tal ejercicio haya sido expresamente delegado por el decano/a y los vicedecanos/as.  
  
CAPÍTULO V  
Otros órganos de gobierno  
  
Artículo 55  
Son órganos auxiliares de la Junta de Gobierno, previstos en el Artículo 29.2 de los presentes estatutos, las juntas provinciales, la Comisión Deontológica y de Garantías y las secciones o comisiones de trabajo que se creen.  
  
Artículo 56  
1. Dentro de cada provincia se podrá constituir una junta provincial, cuya estructura será aprobada por la Asamblea General, correspondiendo la composición a los integrantes de la propia Junta Provincial.  
2. La presidencia de la Junta Provincial será ostentada por el vicedecano/a de esa provincia, con las responsabilidades inherentes a su cargo y de conformidad con lo previsto en estos Estatutos.  
3. La Junta Provincial, a través de su presidente/a, podrá proponer a la Junta de Gobierno cualquier actuación que resulte de interés para las personas colegiadas en su provincia, así como la celebración de acuerdos y pactos institucionales con administraciones de dicha demarcación territorial.  
  
Artículo 57  
La Comisión Deontológica tiene como función primordial colaborar en el asesoramiento, consejo, orientación y ayuda a la Junta de Gobierno para el mejor cumplimiento de los deberes que impone el recto ejercicio de la profesión.  
  
Artículo 58  
La Comisión Deontológica, por propia iniciativa o a instancia de los órganos rectores del Colegio, podrá:  
a) Proponer la modificación de las normas deontológicas del Colegio y de toda norma ética profesional que afecte a los colegiados, cuya aprobación corresponderá en todo caso a la Asamblea General.  
b) El estudio y análisis de la legislación vigente en cada momento, dando la mayor difusión a las indicaciones u observaciones que considere necesarias u oportunas para lograr el mejor cumplimiento de la labor profesional.  
  
Artículo 59  
1. La Comisión Deontológica estará integrada por tres colegiados con al menos dos años de antigüedad en el Colegio, y por otras dos personas de reconocido prestigio profesional o académico, elegidos por la Asamblea General a propuesta de la Junta de Gobierno.  
2. La pertenencia a la Comisión Deontológica será incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo de la Junta de Gobierno.  
3. Los miembros de la Comisión Deontológica lo serán por un período de cuatro años ininterrumpidos, a cuyo término podrán ser renovados por otro período igual.  
4. En el caso de disolución de la Comisión Deontológica por cualquier causa, la Junta de Gobierno procederá a una nueva designación que deberá ser ratificada en la primera Asamblea General que se convoque.  
5. En caso de cese o renuncia de alguno de los miembros de la Comisión Deontológica, esta decidirá sobre la conveniencia de su sustitución, provisional o definitiva, proponiendo a la Junta de Gobierno que sea cubierta dicha vacante o que sea amortizada hasta la finalización del tiempo previsto para su actuación.  
6. Si por alguna causa justa fuera necesario, la Junta de Gobierno podrá destituir a cualquier miembro de la Comisión Deontológica, previa comunicación, y explicando a esta las causas que la mueven a tomar tal decisión.  
7. La Junta de Gobierno dará cuenta a la Asamblea General, en la primera reunión que esta celebre, de todas las decisiones que adopte conforme a lo dispuesto en este artículo.  
  
  
TÍTULO V  
RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
  
Artículo 60  
Corresponde a la Junta de Gobierno el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre las personas colegiadas.  
  
Artículo 61  
1. Serán sancionables todas las acciones y omisiones en que incurran los/las componentes del Colegio en el ejercicio profesional que se hallen tipificadas como falta en los presentes estatutos.  
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.  
A) Son infracciones leves:  
a) La negligencia en el cumplimiento de los deberes profesionales y de las obligaciones colegiales.  
b) La falta de respeto hacia otras personas colegiadas.  
B) Son infracciones graves:  
a) El incumplimiento reiterado de la obligación de pago de las cuotas colegiales, siempre que sea requerido para ello.  
b) El incumplimiento reiterado de la obligación de pago de la tarifa que corresponda ingresar en el Colegio.  
c) El incumplimiento reiterado de la disciplina colegial.  
d) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del Colegio o por el Consejo General de Colegios.  
e) La reincidencia de faltas leves. A tal efecto se entenderá por reincidencia la comisión de más de dos faltas en un período de tres meses consecutivos.  
C) Son infracciones muy graves:  
a) La comisión de delitos en cualquier grado de participación como consecuencia del ejercicio de la profesión.  
b) Atentar contra la dignidad o el honor de otros profesionales o colegiados.  
c) Atentar contra los intereses de los consumidores y usuarios en relación con los servicios profesionales prestados por los colegiados.  
d) El incumplimiento de las obligaciones deontológicas y deberes profesionales establecidos por norma legal o estatutaria.  
e) El encubrimiento del intrusismo profesional.  
f) La reincidencia de faltas graves. A tal efecto se entenderá por reincidencia la comisión de más de dos faltas graves en el período de un año.  
  
Artículo 62  
1. La comisión de los actos tipificados en el artículo anterior podrá determinar la imposición de las siguientes sanciones:  
A) Para las infracciones leves:  
a) Apercibimiento por escrito.  
b) Amonestación privada.  
B) Para las infracciones graves:  
a) Amonestación pública.  
b) Suspensión del ejercicio profesional por período máximo de seis meses.  
c) Privación temporal del derecho a desempeñar cargos corporativos por período máximo de un año.  
C) Para las infracciones muy graves:  
a) Suspensión de la condición de colegiado por período máximo de dos años.  
b) Expulsión del Colegio.  
2. En todo caso, deberá atenderse al principio de proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción a imponer.  
  
Artículo 63  
1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los nueve meses y las muy graves a los doce meses, a contar desde el día en que se produjeron los hechos que las motivaron.  
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de el/la interesado/a, del procedimiento sancionador, reanudándose el computo del plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante un mes por causa no imputable a el/la presunto/a responsable.  
2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán a los doce meses, las impuestas por infracciones graves a los quince meses y las impuestas por faltas muy graves a los dieciocho meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.  
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de el/la interesado/a, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable a el/la infractor/a.  
  
Artículo. 64  
1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.  
2. Para la imposición de sanciones graves y muy graves será preceptiva la apertura de expediente sancionador, a cuyo efecto la Presidencia del Colegio designará, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, un instructor, pudiendo recaer dicho nombramiento en cualquier persona colegiada.  
3. La apertura del expediente, que contendrá una relación sucinta de los hechos constitutivos de la infracción y de las sanciones que pudieran ser objeto de aplicación, deberá comunicarse personalmente a la persona interesada por los medios que acrediten debidamente su notificación, siendo cursada por el secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial, a fin de que evacue el correspondiente pliego de descargo en el plazo de cinco días hábiles desde su notificación, efectuando las alegaciones que estime pertinentes y aportando y proponiendo cuantas pruebas estime necesarias. En cualquier caso, la no formulación de dicho pliego no impedirá la ulterior tramitación del expediente.  
El plazo para la práctica de la prueba que sea propuesta en el pliego de descargo, vendrá determinado en función de los medios que resulten pertinentes en cada caso.  
4. Practicadas, en su caso, las pruebas propuestas por la persona interesada y las que de oficio haya solicitado el instructor, este elevará propuesta de resolución a la Junta de Gobierno, a fin de que dicte la oportuna resolución en el plazo máximo de 20 días.  
5. La imposición de las sanciones de apercibimiento y amonestación privada requerirán apertura de expediente sancionador que quedará circunscrito a las actuaciones de notificación de la falta y su posible sanción a la persona interesada, su audiencia mediante pliego de descargo conforme a las reglas contenidas en el apartado 3 de este artículo y ulterior resolución sin más trámite, por parte de la Junta de Gobierno.  
  
Artículo 65  
1. La resolución de la Junta de Gobierno, que será motivada y no podrá referirse a hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, deberá comunicarse por escrito y personalmente a la persona interesada por los medios que acrediten debidamente su notificación, siendo cursada por el secretario de la Junta de Gobierno.  
En la adopción de dicha resolución no podrán intervenir el Instructor y cuantas otras personas hayan actuado en el expediente.  
2. Contra la resolución que ponga fin al expediente, la persona interesada podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo General, en un plazo de 20 días naturales desde su comunicación.  
3. Agotados los recursos corporativos, la persona interesada podrá recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  
  
Artículo 66.  
No requerirá la instrucción de expediente la baja de el/la colegiado/a por los motivos 2.a y 2.b del artículo 17.  
  
  
TÍTULO VI  
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO  
  
Artículo 67  
El Colegio deberá contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines, estando obligados/as los/las colegiados/as a contribuir a su sostenimiento en la forma reglamentaria.  
  
Artículo 68  
Son recursos económicos del Colegio:  
a) Las cuotas de inscripción de los/las colegiados/as  
b) Las cuotas ordinarias de los/las colegiados/as.  
c) Las cuotas extraordinarias que apruebe la Asamblea General.  
d) El porcentaje que sobre honorarios corresponde devengar a los/as colegiados/as por los trabajos profesionales que le encargue el Colegio.  
e) Los rendimientos de sus propios bienes y derechos, así como los que produzcan las actividades de toda clase que el mismo desarrolle.  
f) Los ingresos que el colegio pueda obtener por venta de publicaciones, impresos, suscripciones y expedición de certificaciones, así como por realización de dictámenes, funciones de asesoramiento y similares que le sean solicitados.  
  
Artículo 69  
Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:  
a) Las subvenciones, donativos o cualquier clase de ayudas que les sean concedidas por las administraciones públicas, entidades públicas y privadas, y por los particulares.  
b) Los bienes y derechos de toda clase que por herencia, donación o cualquier otro título pasen a formar parte de sus patrimonios.  
c) Las cantidades que por cualquier concepto no especificado les corresponda percibir.  
  
Artículo 70  
La Asamblea General del Colegio, sobre propuesta de la Junta de Gobierno, fijará periódicamente la cuantía de la cuota de colegiación de las ordinarias y de las extraordinarias que eventualmente pueden aconsejar las necesidades del Colegio.  
  
Artículo 71  
Asimismo, la Junta de Gobierno fijará periódicamente la cuantía del porcentaje que sobre honorarios percibidos con arreglo al artículo 68.d deban abonar los/las colegiados/as.  
  
Artículo 72  
Con independencia de la competencia de el/la tesorero/a estarán a disposición de los/las colegiados/as que lo soliciten, así como de los/las miembros de la Junta de Gobierno, los estados de cuentas, comprobación de saldos y libro de inventarios de recursos extraordinarios.  
  
Artículo 73  
En caso de disolución del Colegio, la Junta de Gobierno, actuará como comisión liquidadora y ejecutará el acuerdo de la Asamblea General sobre el destino de los bienes sobrantes.  
  
  
TÍTULO VII  
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES  
  
Artículo 74  
1. Los actos y acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno son inmediatamente ejecutivos, salvo que en los mismos se establezca lo contrario y deberán ser publicados en la forma que se determine en el Reglamento de Régimen Interior, con la finalidad de que sean conocidos por todos/as los/as colegiados/as.  
2. No obstante, la eficacia de dichos actos y acuerdos quedará demorada cuando así lo exija el contenido de los mismos o se halle supeditada a su notificación.  
  
Artículo 75  
El archivo y conservación de actas de los diversos órganos colegiales, así como la documentación contable, se llevarán por los sistemas técnicos adecuados, siempre que garanticen suficientemente la autenticidad.  
  
Artículo 76  
Todos los actos del Colegio estarán sometidos en sus requisitos y efectos a la vigente ley de procedimiento administrativo.  
  
Artículo 77  
Son nulos de pleno derecho los siguientes actos de los órganos colegiales:  
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.  
b) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio.  
c) Aquellos cuyo contenido sea imposible.  
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.  
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiales.  
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.  
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.  
  
Artículo 78  
1. Serán anulables aquellos actos colegiales que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.  
2. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de las personas interesadas.  
  
3. La realización de actos fuera de tiempo establecido para ellos, solo implicará su anulabilidad cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo.  
  
Artículo 79  
En el plazo de cinco días desde que tuviese conocimiento de un acto que considere nulo, la Junta de Gobierno deberá suspender el acto.  
  
Artículo 80  
Los actos y acuerdos propios de la Junta de Gobierno son recurribles en reposición ante la misma y, en su caso, en alzada ante la Asamblea General.  
  
Artículo 81  
Contra las resoluciones expresas o tácitas del Colegio podrán interponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y/o los recursos que correspondan en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.  
  
Artículo 82  
Están legitimados/as para recurrir los actos colegiales:  
a) Cuando se trate de actos o acuerdos con efectos jurídicos individualizados, los titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.  
b) Cuando se trate de actos o acuerdos que afecten a una pluralidad indeterminada de colegiados/as o al Colegio en sí mismo, cualquier colegiado/a.  
  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
  
 Primera  
Lo previsto en el artículo 43.1 sobre turnos de renovación de cargos no será de aplicación para la elección de la primera Junta de Gobierno.  
El mandato del decano, del secretario y del tesorero de la primera Junta de Gobierno será de cuatro años y el del resto de los miembros de la Junta de Gobierno será de dos años, no teniéndose en cuenta este primer mandato breve a efectos de renovación de cargos.  
  
Segunda  
Las antigüedades previstas en el artículo 42.1 no serán de aplicación para el acto de constitución del Colegio y su Junta de Gobierno ni para la primera renovación de vicedecanos y diputados, pero sí para las sucesivas renovaciones que se produzcan.  
  
Tercera  
La Comisión Deontológica se constituirá, conforme a lo previsto en el artículo 59, en la primera Asamblea General que se convoque.  
  
Cuarta  
El requisito de antigüedad del artículo 59.1 no será exigible para la primera constitución de la Comisión, sino a partir de la primera renovación de la Comisión Deontológica.  
  
Quinta  
La Comisión Deontológica aprobará, en el primer ejercicio de su mandato, su propio reglamento de funcionamiento, en el que se regulará la forma de elección de sus miembros.  
  
DISPOSICIÓN FINAL  
  
Los presentes estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.