Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3676, del 28-01-2000 (2000/525)

Notificación de la Resolución de 23 de noviembre de 1999, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que no se admite a trámite el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 8 de febrero de 1999, del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3676

Fecha DOGV
:   28-01-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2000/525


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la Resolución de 23 de noviembre de 1999, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que no se admite a trámite el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 8 de febrero de 1999, del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial. [2000/F525]
  
Notificación a don José Luis Mañas Gadea, en representación de Aplicaciones de Personal, SL, de la Resolución de 23 de noviembre de 1999, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que no se admite a trámite el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, de 8 de febrero de 1999, por la que se expide la cédula de urbanización con número de clave 981458 para la unidad de ejecución Única/PP Sector 1 Santa Rosa Centro, del término municipal de Riba-roja de Túria.
  
«Visto el recurso ordinario interpuesto por don José Luis Mañas Gadea, en representación de la mercantil Aplicaciones de Personal, SL, contra la Resolución del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, de fecha 8 de febrero de 1999, por la que se expide la cédula de urbanización Única/PP Sector 1 Santa Rosa Centro sobre la propuesta de planeamiento de terrenos sitos en Riba-roja de Túria a instancias de la mercantil Jedoman, SL, y del que resultan los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. La mercantil recurrente, Aplicaciones de Personal, SL, formuló un programa de actuación integrada para el desarrollo urbanístico de los terrenos comprendidos en el sector de suelo urbanizable programado residencial Santa Rosa Centro, sector 1, del término municipal de Riba-roja de Túria, acogiéndose al procedimiento simplificado a instancia de particulares regulado en el artículo 48 en relación con el 46 de la Ley 6/1994, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, depositando en la notaría, con fecha 9 de enero de 1998, el programa de actuación integrada y resto de documentación.
  
Mediante acuerdo plenario de fecha 24 de abril del mismo año el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria resolvió la no programación de la actuación integrada presentada por la recurrente. El 6 de julio de 1998 se expidió por el subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial de esta Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes la correspondiente cédula de urbanización a instancias de la mercantil recurrente.
  
Segundo. Con fecha 8 de febrero de 1999, y para el mismo ámbito territorial para el que se concedió a la mercantil recurrente, el subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial expide la cédula de urbanización a instancias de la mercantil Jedoman, SL.
  
Tercero. Mediante un escrito presentado por correo certificado el día 24 de abril de 1999, que tiene entrada en el Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia el 27 del mismo mes y año, don José Luis Mañas Gadea, en la representación que consta acreditada en el expediente, y en su calidad de apoderado de la mercantil Aplicaciones de Personal, SL, interpone un recurso ordinario contra la Resolución del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, de 8 de febrero de 1999, por la que se expide la cédula de urbanización con número de clave 981458 para la unidad de ejecución Única/ PP Sector 1 Santa Rosa Centro.
  
Cuarto. El 8 de mayo de 1999 se da traslado al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria del recurso interpuesto para que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, alegue cuanto estime conveniente; traslado que no ha sido evacuado a fecha de hoy.
  
Quinto. Por los Servicios Territoriales de Urbanismo de Valencia, con fecha 4 de junio de 1999, se propone la no admisión a trámite del recurso interpuesto.
  
Sexto. El Servicio Jurídico de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes emitió, en fecha 15 de noviembre de 1999, un informe favorable a la inadmisibilidad del presente recurso ordinario.
  
Fundamentos jurídicos
  
Primero. El recurso interpuesto se sustancia al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que el recurso ha sido interpuesto después de la entrada en vigor de la misma, motivo éste por el que, además, procede considerar el recurso ordinario interpuesto como el de alzada regulado en el artículo 114 de la referida Ley 4/1999.
  
Segundo. El objeto del presente procedimiento es la resolución del recurso interpuesto por don José Luis Mañas Gadea, en representación de la mercantil Aplicaciones de Personal, SL, contra la Resolución del subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, de 8 de febrero de 1999, por la que se expide la cédula de urbanización para la unidad de ejecución Única/PP Sector 1 Santa Rosa Centro, del término municipal de Riba-roja de Túria.
  
Tercero. En primer lugar, y como cuestión previa, es necesario significar que el recurrente centra su argumentación jurídica en impugnar el acuerdo plenario municipal de 24 de abril de 1998 €recurrido según sus propias palabras en vía contenciosa administrativa?, por el que se resuelve la no programación de la actuación integrada Santa Rosa Centro presentada por la mercantil a la que representa, argumentación que no procede considerar ni rebatir en esta instancia por cuanto la conveniencia o no de la programación propuesta es una cuestión de competencia municipal y no autonómica.
  
Cuarto. Por lo que respecta la expedición de la cédula de urbanización a instancias de la mercantil Jedoman, SL, para el mismo ámbito territorial para el que se concedió a la mercantil recurrente, es necesario señalar, por un lado, que el artículo 128.4 del Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, contempla expresamente la posibilidad de solicitar y obtener cédula de urbanización para distintas propuestas de planeamiento que sean alternativas y distintas entre sí, razón por la que no puede ser acogida la pretensión del recurrente. Por otra parte, y a la vista de lo establecido en los artículos 125, 126 y 134 del Reglamento de Planeamiento, la expedición de la cédula de urbanización es un acto de trámite que permite la aprobación por la correspondiente administración de la propuesta de planeamiento para la que se concede, de modo que al no poner fin a la vía administrativa, ni decidir directa o indirectamente el fondo del asunto, ni impedir la continuación del procedimiento, ni producir perjuicios irreparables a derechos e intereses legítimos, no cabe ser recurrida, por lo que no procede la admisión del recurso presentado.
  
En efecto, el tratamiento que le otorga la normativa vigente a esta novedosa figura jurídica denominada cédula de urbanización indica que nos hallamos ante una actuación administrativa de trámite; esto es, se constituye como una condición necesaria pero no suficiente para resolver sobre la aprobación definitiva de una propuesta de planeamiento. Necesaria por cuanto supone un trámite preceptivo, exigido por el artículo 32 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (artículo 134 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana) para aprobar una propuesta de programa, pero no suficiente por cuanto la cédula por sí sola no basta para llevar a cabo la aprobación de dicha propuesta de programa, que requerirá de otras actuaciones administrativas colaterales, necesarias también para su aprobación definitiva.
  
La cédula de urbanización es el instrumento que se encarga de constatar el cumplimiento de una serie de requisitos por una propuesta de planeamiento, así como de garantizar unas concretas condiciones de conexión e integración de dicha actuación urbanística en la red de infraestructuras tanto municipales como supramunicipales. Se caracteriza, en definitiva, la cédula, por ser un instrumento de coordinación entre el ejercicio de las competencias municipales en materia de planeamiento con el de las competencias urbanísticas y sectoriales de las demás administraciones titulares de infraestructuras supramunicipales que pueden resultar afectadas; y como tal instrumento se incardina dentro del procedimiento complejo de aprobación de los programas para el desarrollo de actuaciones integradas, como uno de sus trámites esenciales.
  
Sirva como refuerzo de todo lo anterior, el pronunciamiento claro y concluyente de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana número 2/1999, de fecha de 2 de enero de 1999, recaída en el recurso número 1/1111/1996.
  
Sentada la caracterización de la cédula de urbanización como un acto de trámite, y en respuesta a la pregunta que se sigue, en relación con la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que pudieran convertir en recurrible el referido acto, cabe señalar que no es razonable pensar que el otorgamiento de la cédula pueda ?decidir directa o indirectamente sobre el fondo del asunto?, pues eso sólo sería posible en el supuesto de que se denegara, decisión esta última que sí vincularía a la administración competente obligándola a denegar la propuesta sometida a su aprobación. Tampoco se constata que el otorgamiento de la cédula ?determine la imposibilidad de continuar el procedimiento?; también en esta supuesto sirve lo dicho para el anterior: sólo en le caso de denegación de la cédula cabría entender que se impide la continuación del procedimiento, pero no, desde luego, cuando se otorga. Por último no es de apreciar que la resolución recurrida haya producido ?indefensión o perjuicio irreparable a los derechos o intereses legítimos- de los recurrentes, pues el otorgamiento de la cédula a un propuesta de programa alternativa es perfectamente viable, y así viene expresamente recogido por la norma (artículo 128.4 del Reglamento de Planeamiento).
  
En definitiva, se puede afirmar que nos hallamos ante un acto de trámite no susceptible de recurso administrativo, por lo que será coherente concluir con la declaración de inadmisibilidad del recurso ordinario interpuesto.
  
Quinto. El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes es la autoridad competente para la resolución del recurso interpuesto, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la reforma operada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, y el artículo 14.2 del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
  
Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación, resuelvo no admitir a trámite el recurso de alzada interpuesto por don José Luis Mañas Gadea, en representación de la mercantil Aplicaciones de Personal, SL, contra la Resolución del Subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, de 8 de febrero de 1999, por la que se expide cédula de urbanización con número de clave 981458 para la unidad de ejecución Única/ PP Sector 1 Santa Rosa Centro, del término municipal de Riba-roja de Túria.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de 13 de julio de 1998. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno».
  
La presente notificación es transcripción exacta de la resolución original que consta en el expediente.
  
Valencia, 9 de noviembre de 1999.- El director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, p. s. (art. 23.3, Decreto 85/1999, de 30 de julio), el secretario general: Gaspar Peral Ribelles.