Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3906, del 28-12-2000 (2000/10168)

ORDEN de 21 de diciembre de 2000, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas en materia de recuperación del medio ambiente afectado por actividades mineras.
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Número DOGV
:   3906

Fecha DOGV
:   28-12-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2000/10522


Fecha del documento
:   21-12-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * explotación minera
    * eliminación de residuos
    * protección del medio ambiente
    * apoyo económico
    * ayuda pública

ORDEN de 21 de diciembre de 2000, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas en materia de recuperación del medio ambiente afectado por actividades mineras. [2000/10571]
  
Las actividades mineras ocasionan sobre el entorno una serie de impactos ambientales, de carácter residual, que en algunas ocasiones llegan a ser importantes. Estos impactos afectan a parte de los elementos del medio natural en el entorno de su emplazamiento, por lo que la sociedad en los últimos años tiene una especial sensibilización ante esta situación.
  
En la Comunidad Valenciana la situación se encuentra influenciada por ser una región donde predomina fundamentalmente la actividad minera relacionada con las rocas industriales y ornamentales, con gran tradición por tanto en la cantería de aquellas rocas, arcillas, caolines, etc,. y en donde además se han realizado numerosas obras públicas que han precisado ingentes cantidades de áridos para construcción, obtenidos de explotaciones mineras a cielo abierto, canteras, en cuya ubicación ha primado básicamente la proximidad de la obra. Todo ello ha dado lugar a una elevada cantidad de huecos mineros, así como a la existencia de ciertas escombreras, balsas y diques mineros, de gran variedad de formas y volúmenes que afectan en mayor o menor medida a la calidad paisajística y medioambiental.
  
Las actividades mineras de aprovechamiento de recursos minerales a cielo abierto que fueron realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 2.994/1982, de 15 de octubre, que obliga a la restauración de los terrenos afectados por aquella actividad minera, no están sujetas ni a esta normativa ni a las más recientes leyes de medio ambiente, tanto del Estado como de la Comunidad Valenciana. Por ello la restauración, recuperación y mejora del territorio donde se ubican los huecos y otras estructuras mineras creados al término de la operación de aprovechamiento minero, al carecer de una persona o entidad responsable de los mismos, debe entrar en consideración de la administración.
  
La Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, tiene atribuidas competencias en materia de régimen minero. En el ejercicio de tales competencias procede a establecer un régimen de ayudas que tienda a conseguir la mejora y recuperación del medio ambiente afectado por actividades mineras en Comunidad Valenciana.
  
El Gobierno Valenciano, consciente de la necesidad de conciliar la existencia y desarrollo racional de la actividad económica con el derecho social a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como de la realidad de los cambios producidos en la sociedad que afectan a esa actividad de manera sustancial, considera oportuno convocar ayudas que permitan proceder a subsanar las alteraciones ambientales causadas a lo largo del tiempo por aquellos aprovechamientos y estructuras mineras .
  
Por último se señala que las ayudas que se concedan de acuerdo con lo previsto en la presente orden lo serán en el marco de la Comunicación de la Comisión 96/C 68/06 (DOCE C 68.6 de marzo de 1996).
  
Por ello y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, del Gobierno Valenciano, y el artículo 47 de la Ley de Hacienda Pública Valenciana,
  
ORDENO
  
CAPÍTULO I
  
Régimen de ayudas
  
Artículo 1. Objeto y ámbito
  
1. El objeto de la presente orden es establecer el régimen de concesión de ayudas en materia de mejora y recuperación del medio ambiente afectado por antiguas actividades y estructuras mineras, para las acciones que se indicarán, desarrolladas en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que al efecto establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2.001.
  
2. El régimen de ayudas será de aplicación tal y como se determina en los siguientes artículos.
  
Artículo 2. Acciones apoyables
  
1. Las ayudas podrán ir destinadas a las actuaciones siguientes:
  
Realización de planes de restauración o de recuperación y mejora del medio ambiente, así como de otros proyectos o actuaciones dirigidas a corregir el impacto ambiental en zonas afectadas por las actividades mineras y estructuras mineras que se relacionan, cuya explotación, depósito o vertido, se hubiese realizado total o parcialmente con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras (B.O.E. nº. 274, de 15 de noviembre de 1982):
  
- Antiguos aprovechamientos mineros y otros huecos mineros, así como antiguas balsas, presas de residuos mineros y escombreras mineras, que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: inactivos, abandonados, caducados o en proceso de caducidad iniciado a la publicación de esta convocatoria.
  
2. Las subvenciones concedidas podrán alcanzar una cuantía máxima de hasta el 100 por ciento del coste total de las actividades a realizar exclusivamente en los terrenos afectados por las referidas actividades o estructuras mineras hasta la entrada en vigor del expresado RD 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración, sin que en ningún caso el importe máximo de la subvención otorgada pueda superar la cantidad de nueve millones de pesetas, conforme a los siguientes criterios:
  
a) Para las empresas o agrupaciones de empresas definidas en el apartado a) del artículo 3, la subvención máxima posible será de hasta el 30 por ciento del coste total subvencionable del proyecto.
  
b) Para las entidades locales referidas en el apartado b) del artículo 3, según el siguiente baremo de población:
  
- Inferior a 5.000 habitantes, hasta el 100 por ciento del coste total subvencionable.
  
- Comprendidas entre 5.000 y 20.000 habitantes, en escala descendente, entre el 80 por ciento y el 40 por ciento de la cuantía subvencionable.
  
- Superior a 20.000 habitantes, hasta un 30 por ciento del importe total del proyecto.
  
3. Las ayudas que se establecen en la presente orden tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.
  
Serán subvencionables los gastos por contratación externa de redacción del plan de restauración o proyecto técnico requerido en el apartado 8 del artículo 7 relativo a la actividad propuesta.
  
4. No será subvencionable:
  
- El IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servicios, salvo en los supuestos de realización de actividades promovidas por personas o entidades que acrediten la no sujeción o exención del impuesto, y en general cualquier impuesto pagado por el beneficiario.
  
- Los gastos financieros consecuencia de la inversión.
  
- Los gastos de adquisición de terrenos, maquinaria, equipos, en su caso.
  
- Los gastos de personal propio y los ocasionados por los consumos habituales utilizados para el normal funcionamiento y desarrollo de las funciones inherentes a los beneficiarios
  
5. El importe de las presentes ayudas no podrá hacer que el importe total de las ayudas de minimis que reciba la empresa durante un periodo de tres años sea superior al límite de 100.000 euros.
  
Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas
  
Podrán ser beneficiarios de las ayudas:
  
a) Las empresas o agrupaciones de empresas que desarrollen actividades mineras de aprovechamiento de materias primas minerales dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Valenciana.
  
b) Las entidades locales de la Comunidad Autónoma Valenciana
  
CAPÍTULO II
  
Procedimiento
  
Artículo 4. Presentación de solicitudes y plazo
  
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente orden, deberán dirigirse a la Dirección General de Industria y Energía y se presentarán en el impreso normalizado, en los Registros de los correspondientes servicios territoriales de Industria y Energía, o en cualesquiera otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. Las solicitudes deberán acompañarse de los documentos que a continuación se relacionan:
  
a) Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y de su representante legal, en su caso.
  
b) En su caso, documentación acreditativa de hallarse el solicitante al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, cuya vigencia deberá extenderse hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
  
c) Datos de domiciliación bancaria según modelo facilitado al efecto (ficha de mantenimiento de terceros), salvo si se han presentado con anterioridad ante la Conselleria de Industria y Comercio y no han experimentado variación.
  
d) Memoria duplicada de la actuación para la que se solicita la ayuda, incluyendo los objetivos perseguidos, la descripción del proyecto y su repercusión en relación con la recuperación y mejora del medio ambiente, con expresión del plan, fases y plazos de realización y finalización que necesariamente será dentro del ejercicio 2001. Se hará constar la titularidad de los terrenos objeto de la inversión, con indicación del lugar concreto donde se efectuará aquella actuación dentro del término municipal. Igualmente se adjuntarán los oportunos planos y perfiles a escala conveniente.
  
e) Presupuesto total desglosado de la inversión, incluidos, en su caso, los gastos de redacción del proyecto, que especificará, entre otros, los siguientes aspectos:
  
- Cuantía global de la inversión necesaria.
  
- Cuantía de la ayuda que se solicita.
  
f) Declaración responsable, si procede, de las ayudas de minimis concedidas por cualquier proyecto a la empresa durante los tres últimos años, contados desde la primera ayuda obtenida por la norma de minimis, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara; o en su caso, declaración de no haber recibido ninguna.
  
g) Acreditación de la titularidad de los terrenos y autorización documental del titular de dichos terrenos para la ejecución programada.
  
h) Copia del plano de clasificación urbanística de la zona según el planeamiento vigente.
  
i) Certificación del acuerdo del pleno o del correspondiente órgano de gobierno de la entidad local en el que se exprese su voluntad de acogerse a la presente orden de subvenciones, en su caso.
  
j) Si procede, autorización del titular del derecho minero para la ejecución del proyecto, así como renuncia definitiva del mismo a la realización de cualquier actividad minera en el área afectada por la subvención solicitada.
  
k) Certificación del padrón del municipio o municipios solicitantes a la fecha de petición de ayuda, en su caso.
  
3. Las solicitudes se presentarán con anterioridad al inicio de la ejecución del proyecto.
  
4. Los solicitantes podrán ejecutar los proyectos a partir de 1 de enero de 2001, sin esperar a que la concesión de la ayuda se produzca y sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente se adopte.
  
5. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y el 15 de marzo de 2.001.
  
6. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.
  
Artículo 5. Criterios de evaluación de las solicitudes
  
Para la concesión de las ayudas se valorará especialmente:
  
a) El grado de adecuación de los proyectos o actuaciones al objetivo de estas ayudas, mejora y recuperación del medio ambiente afectado por antiguas actividades y estructuras mineras.
  
b) La naturaleza e interés del proyecto de acuerdo con lo especificado en el artículo 2 anterior.
  
c) La incidencia sobre zonas con mayor ubicación de actividades o estructuras mineras.
  
d) El mayor valor ambiental del área afectada por la actividad minera.
  
e) La mayor aportación de la empresa, agrupación o entidad solicitante.
  
f) El interés social del proyecto.
  
g) La creación de fuentes de riqueza alternativa.
  
h) La mayor incidencia sobre explotaciones o estructuras mineras caducadas, abandonadas.
  
i) El mayor impacto ambiental del hueco o estructura minera.
  
j) La proximidad a nucleos de población o vias de comunicación.
  
Artículo 6. Estudio y evaluación de las solicitudes
  
1. Para el estudio y evaluación de las solicitudes presentadas y la elaboración de las correspondientes propuestas de concesión o denegación de las subvenciones y, en su caso determinación de la cuantía de la ayuda, así como definición de condiciones y obligaciones específicas, se crea una Comisión de Evaluación, presidida por el director general de Industria y Energía y cuyo vicepresidente será el Jefe del Area de Industria y Energía. Serán vocales, los tres directores Territoriales de Industria y Comercio y el Jefe del Servicio de Minas, que además actuará como secretario de la misma.
  
2. La evaluación se efectuará atendiendo a los criterios de prioridad definidos en el artículo 5.
  
3. El régimen jurídico de la Comisión es el establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
4. En su caso, la Comisión podrá solicitar informe a las Consellerias de Medio Ambiente o Agricultura respecto a cualquiera de los proyectos planteados. El plazo de evacuación del mismo y sus efectos en el procedimiento serán los establecidos en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Artículo 7. Resolución de la concesión de ayudas
  
1.Los servicios territoriales de Industria y Energía, remitirán los expedientes con su informe a la Dirección General de Industria y Energía tras comprobar la documentación aportada por los solicitantes y subsanadas las deficiencias observadas, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. La Dirección General de Industria y Energía podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.
  
3. Recibidos los expedientes de solicitud de ayudas y los correspondientes informes, las solicitudes serán estudiadas y valoradas por la Comisión de Evalución definida en el artículo 6 anterior.
  
4. Evaluadas las solicitudes, el conseller de Industria y Comercio dictará resolución de concesión de ayudas, a propuesta de la Dirección General de Industria y Energía, fijando expresamente la cuantía de la ayuda e importe de la inversión subvencionada e incorporando, en su caso, las condiciones técnicas, económicas y obligaciones adicionales que afecten al desarrollo de la actuación objeto de subvención. Asimismo, podrán establecerse plazos parciales para que el beneficiario ejecute como mínimo un determinado porcentaje del proyecto y para la justificación del cumplimiento de otras condiciones.
  
5. La resolución se notificará a los interesados en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común..
  
6. El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen para la concesión de las ayudas que se establecen en la presente orden será de tres meses contados desde la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución se entenderá desestimada la solicitud de concesión de ayuda, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
7. Las resoluciones a que se refieren los párrafos anteriores agotan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de 2 meses a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución correspondiente.
  
8. Una vez aprobada la subvención, el titular deberá presentar en el Servicio Territorial de Industria y Energía que le corresponda, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda, el oportuno plan de restauración o proyecto técnico relativo a la actividad subvencionada. El citado proyecto se someterá a informe de supervisión del personal técnico del propio Servicio Territorial, salvo que a tal efecto la Dirección General de Industria y Energía designe expresamente otro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.3 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.
  
9. La ejecución del proyecto, así como la obtención de las autorizaciones precisas, será responsabilidad del solicitante, quien deberá tener completamente finalizada la actuación y presentados los certificados y documentación correspondientes ante el Servicio Territorial de Industria y Energía procedente en los plazos señalados en la respectiva resolución de concesión de ayuda.
  
10 En su caso, la obtención de las autorizaciones precisas para la realización de cualquier obra, instalación, etc., que pudiera incluirse dentro del proyecto objeto de subvención será por cuenta y responsabilidad del beneficiario y su procedimiento será independiente del relativo a la concesión y liquidación de las ayudas correspondientes.
  
Artículo 8. Resolución de incidencias
  
1. El órgano competente para la concesión de las ayudas contempladas en la presente orden, resolverá las incidencias que se produzcan con posterioridad a dicha concesión y en especial los supuestos de:
  
- Cambios de titularidad.
  
- Cambios de ubicación.
  
- Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión con carácter excepcional.
  
- Modificaciones justificadas del proyecto inicial.
  
- Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto a los efectos de liquidación de la ayuda.
  
2. El beneficiario deberá comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
  
Artículo 9. Control de las acciones
  
1. La Dirección General de Industria Energía, por sus propios medios o a través de sus servicios territoriales, realizará el control y seguimiento de los proyectos por medio de las inspecciones que estime necesarias, emitiendo certificado final de conformidad a los objetivos del proyecto objeto de ayuda, que servirá de base para la tramitación del correspondiente expediente de liquidación de la subvención concedida.
  
2. El beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, en relación con las subvenciones o ayudas concedidas.
  
Artículo 10. Liquidación de las ayudas
  
1. La liquidación de las ayudas se efectuará una vez ejecutado el proyecto en su totalidad o en las fases previstas, de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados para la concesión de la ayuda.
  
2. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los beneficiarios, en el plazo de un mes desde la ejecución del proyecto o de las fases previstas, y en todo caso con anterioridad al 15 de octubre de 2.001 y salvo que por circunstancias concurrentes se determine un plazo distinto en la resolución de concesión de la ayuda, deberán presentar:
  
a) Facturas, certificaciones de obra y demás documentos justificativos de la inversión efectuada expedidos de acuerdo con la normativa vigente. Cuando se trate de inversiones realizadas por entidades locales, bastará a estos efectos la presentación de los correspondientes certificados de contracción del gasto, expedidos por el Secretario o Interventor, en los que conste el acuerdo de reconocimiento de la obligación por el órgano competente, acompañados en su caso de las respectivas certificaciones de obra.
  
b) Acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones y condiciones que se hubieran establecido en la resolución de la concesión de la ayuda.
  
c) Certificado de dirección y terminación de obra suscrito por técnico competente y visado, en su caso, por el colegio oficial correspondiente, y si procede acta de recepción de la obra.
  
Artículo11. Minoración y resolución de las ayudas
  
1. La alteración de alguna de las características del proyecto aprobado, el incumplimiento de condiciones y plazos establecidos en la resolución, la no ejecución parcial de la inversión aprobada, la insuficiente justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas o privadas en su conjunto excedan de los límites establecidos, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.
  
2. El incumplimiento por el beneficiario de cualesquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención o la falta de justificación de la realización del proyecto, dará lugar a la incoación por el órgano competente para la concesión de las ayudas del correspondiente expediente que podrá finalizar en su caso, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES
  
Primera
  
1. La concesión de las ayudas previstas en esta orden estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para ello en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2001.
  
2. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública y de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2.001, por orden de la Conselleria de Industria y Comercio se dará publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo destinado a la concesión de las ayudas previstas en la presente disposición.
  
Segunda
  
1. En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o en su caso emitidos y cuando no hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
  
2. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
  
DISPOSICIONES FINALES
  
Primera
  
Se faculta al director general de Industria y Energía para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que considere oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
  
Segunda
  
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia 21 de diciembre de 2000.
  
El conseller de Indústria y Comercio
  
Fernando V. Castelló Boronat