Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4922, del 12-01-2005 (2004/13245)

Acuerdo de 27 de octubre de 2004, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, relativa al plan especial del centro penitenciario de Albocàsser.
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Número DOGV
:   4922

Fecha DOGV
:   12-01-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/13908


Fecha del documento
:   27-10-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Albocàsser
    * plan de urbanismo

Acuerdo de 27 de octubre de 2004, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, relativa al plan especial del centro penitenciario de Albocàsser. [2004/F13033]
  
Visto el expediente relativo al plan especial del centro penitenciario de Albocàsser, y de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes
  
Primero. El 25 de noviembre de 2003 la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos penitenciarios, dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, presentó ante el Ayuntamiento de Albocàsser, para su tramitación, el Plan Especial del centro penitenciario que pretende construir en dicho municipio.
  
El Pleno del Ayuntamiento de Albocàsser, en sesión de 22 de diciembre de 2003, acordó someter a información al público el Plan Especial, lo que se llevó a efecto mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de 3 de enero de 2004, en el periódico Mediterráneo de 8 de enero de 2004 y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 23 de enero de 2004. Simultáneamente a la información al público, el Ayuntamiento de Albocàsser solicitó informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Servicio de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Del mismo modo, y por escritos de 14 de enero de 2004, se solicitó informes de los Ayuntamientos de Villar de Canes, Sierra Engarcerán, Culla, les Coves de Vinromà, Catí, Sarratella y Tírig. Asimismo, y mediante escrito de la Alcaldía de 23 de diciembre de 2003 se ofreció el trámite de audiencia a la denominada Plataforma No a la Prisión del Maestrat.
  
Durante el período de información al público se presentaron varias alegaciones. De otro lado, y según consta de la certificación expedida por el Secretario, durante el plazo conferido al efecto ninguna de las Administraciones a las que solicitó informe remitió escrito alguno.
  
Informadas las distintas alegaciones presentadas, el Pleno del Ayuntamiento de Albocàsser, en sesión de 13 de marzo de 2004, aprobó provisionalmente el Plan Especial. Consta en el expediente que este acuerdo ha sido comunicado a los interesados en el procedimiento.
  
Segundo. El Plan Especial consta de una parte escrita y planos. Como anexo se incorpora un estudio de impacto ambiental.
  
Tercero. El objeto del Plan Especial es establecer la reserva de suelo dotacional que permita la construcción un centro penitenciario en Albocàsser. Los terrenos están situados al noroeste del término municipal de Albocàsser, en un suelo clasificado como no urbanizable común en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio.
  
La tramitación del Plan Especial se efectúa a instancia de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos penitenciarios, organismo público dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior
  
Los principales parámetros de la actuación son los siguientes:
  
Superficie parcela: 418.727 m2
  
Superficie intramuros: 100.600 m2
  
Superficie ocupada estimada: 39.725 m2
  
Ocupación máxima: 0,150 m2/m2
  
Edificabilidad máxima: 0,220 m2/m2
  
Número máximo plantas: 4 (incluso planta técnica)
  
Altura máxima frente de fachada por edificio: hasta 12 m
  
Altura máxima torre de vigilancia: hasta 50 m
  
Cuarto. Según consta en el expediente administrativo, y con carácter previo a la tramitación del Plan Especial, se han adoptado acuerdos plenarios contrarios a la instalación del centro penitenciario por parte de los siguientes ayuntamientos:
  
- El Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat el 14 de agosto de 2003.
  
- El Ayuntamiento de Morella el 17 de julio de 2003.
  
- El Ayuntamiento de Forcall el 18 de julio de 2003.
  
- El Ayuntamiento de Villar de Canes el 28 de agosto de 2003.
  
- El Ayuntamiento de la Torre d'En Besora el 22 de septiembre de 2003.
  
- El Ayuntamiento de Culla el 6 de agosto de 2003.
  
- El Ayuntamiento de Benasal el 31 de julio de 2003.
  
- El Ayuntamiento de Ares del Maestre el 10 de julio de 2003.
  
- El Ayuntamiento de Vilafranca el 10 de julio de 2003.
  
- El Ayuntamiento de Tírig el 30 de julio de 2003.
  
- El Ayuntamiento de Cinctorres el 18 de julio de 2003.
  
Tras la aprobación provisional por parte del Ayuntamiento de Albocàsser, y a solicitud del Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial, se han emitido los siguientes informes:
  
- El 28 de junio de 2004 informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
  
- El 5 de julio de 2004 informe de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes.
  
El 2 de junio de 2004 se solicitó por el Servicio Territorial de Planificación y Ordenación Territorial de Castellón informe de la División de Recursos Hidráulicos de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sin que el informe solicitado haya sido emitido.
  
El 14 de octubre de 2004 se ha emitido estimación de impacto ambiental favorable por parte del director territorial en Castellón de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. La tramitación del Plan Especial ha sido correcta, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 43.1 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU), y en el artículo 168 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre (en adelante RPCV).
  
Debe resaltarse la escrupulosa tramitación del Plan llevada a cabo por el Ayuntamiento de Albocàsser, que ha dado puntual cumplimiento a lo prevenido en las citadas disposiciones legales y reglamentarias. Ha de recordarse que, como expresamente establece el artículo 168.1.A del RPCV, en la tramitación de los Planes Especiales no es necesaria la formulación de avances de planeamiento, ni tampoco llevar a cabo las consultas y acuerdos previos previstos en el artículo 38.1 de la LRAU y 155 y 156 del RPCV. Además, y conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la LRAU, es indudable la competencia de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos penitenciarios, empresa pública dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, para elaborar el Plan Especial del centro penitenciario de Albocàsser.
  
Segundo. La documentación está completa, a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la LRAU y en el artículo 91 del RPCV.
  
Tercero. El Plan Especial que se examina tiene por finalidad integrar en el planeamiento urbanístico y territorial la construcción por parte de la administración del Estado de un centro penitenciario en Albocàsser.
  
Una de las cuestiones que desde siempre se ha planteado en el campo del urbanismo ha sido la necesidad de integrar en la ordenación urbanística las actuaciones sectoriales de las Administraciones Públicas con incidencia sobre el territorio. Esta cuestión tiene ahora una transcendencia que afecta al sistema mismo de distribución constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
  
La Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y urbanismo. Esta competencia sobre ordenación del territorio y urbanismo «tiene por objeto la actividad consistente en la delimitación de los diversos usos a que pueda destinarse el suelo o espacio físico territorial» (sentencia del Tribunal Constitucional 77/1984). Pero, al mismo tiempo, el Estado tiene competencias cuyo ejercicio puede incidir de manera importante sobre el territorio: defensa (art.149.1.4 CE), puertos y aeropuertos (art.149.1.29 CE), ferrocarriles y transportes terrestres que transcurren por el territorio de más de una Comunidad Autónoma (art.149.1.21 CE), obras públicas de interés general (art.149.1.21 CE), etc. Se trata de una «pluralidad de competencias dotadas de una clara dimensión espacial, en tanto que proyectadas de forma inmediata sobre el espacio físico, y que, en consecuencia, su ejercicio incide en la ordenación del territorio» (sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997). Se plantea por ello la cuestión de integrar esta actuación sectorial de la administración dentro del ejercicio de las competencias en materia de urbanismo y ordenación territorial.
  
El Tribunal Constitucional ha abordado esta cuestión y ha establecido una doctrina que comienza en la sentencia 77/1984 y cristaliza en particular en la sentencia 40/1998. Según el Tribunal Constitucional, el constituyente ha previsto la coexistencia de títulos competenciales con incidencia sobre un mismo espacio físico, por lo que la atribución de una competencia sobre un espacio físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en ese espacio, siendo esta convergencia posible cuando, incidiendo sobre el mismo espacio físico, dichas competencias tienen distinto objeto jurídico. Es precisamente esta posibilidad de concurrencia de títulos competenciales lo que obliga a buscar fórmulas que, en cada caso, permitan su concreta articulación. La competencia sobre ordenación del territorio tiene, precisamente, la finalidad de que su titular pueda formular una política global para su territorio, con la que se trata de coordinar las actuaciones públicas y privadas que inciden en el mismo y que, por ello, no pueden ser obviadas por las distintas Administraciones, incluida la estatal. Por otro lado, las competencias de que es titular el Estado, si bien no persiguen de forma directa la ordenación del territorio, sí implican una disposición sobre determinadas porciones del mismo que viene a condicionar la capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas.
  
La Constitución, en su artículo 149.1.6º, atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de «legislación penitenciaria». La Comunidad Valenciana no se encuentra entre las Comunidades Autónomas que han asumido competencias de ejecución de la legislación penitenciaria que dicte el Estado (País Vasco, artículo 12.1 de su Estatuto; Cataluña, artículo 11.1 de su Estatuto; Andalucía, artículo 17.1 de su Estatuto; y Comunidad Foral de Navarra, art. 58.1 de la Ley Orgánica de amejoramiento), por lo que, conforme al artículo 149.3 de la Constitución, le corresponden al Estado las competencias de ejecución en esta materia (como ha recordado recientemente, para el caso de Aragón, la sentencia del Tribunal Constitucional 14/2004, de 12 de febrero). A su vez, el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establece que «la ubicación de los establecimientos será fijada por la administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen». De todo ello resulta que, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, corresponde a la administración del Estado determinar la ubicación de los centros penitenciarios.
  
El Plan Especial que nos ocupa ha sido redactado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos penitenciarios, y con el citado instrumento se integra en el planeamiento urbanístico y territorial la decisión estatal de construir el centro penitenciario, decisión con la que el Estado ejercita una competencia propia y exclusiva atribuida por la Constitución y por la Ley Orgánica General Penitenciaria.
  
Cuarto. El Tribunal Supremo ha señalado en numerosas ocasiones el excepcional interés público que concurre en la construcción de los centros penitenciarios. En este sentido, es expresiva la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1998 (R.A. 7984), que habla del «excepcional interés público en la construcción del proyectado centro (penitenciario), pues el artículo 25.2 del Texto Constitucional nos indica que nuestro sistema penitenciario esta orientado hacia la reeducación y reinserción social y que el recluso gozará de los derechos fundamentales reconocidos en el Capítulo II del Título I, teniendo en todo caso derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad, fines todos ellos de problemático cumplimiento en toda su plenitud, por las notorias insuficiencias de locales, acondicionamientos y espacios, aptos para el integral desarrollo de la personalidad y cultura de los reclusos, existentes en los actuales y vetustos establecimientos penitenciarios. Y es precisamente, desde este supuesto, independientemente, incluso, del mayor o menor índice de ocupación de éstos, donde ha de fundamentarse el excepcional interés público atribuible cualquier solución que persiga la consecución de los antecitados fines».
  
Este claro interés público en la construcción de los centros penitenciarios ha de ser determinante frente a las posiciones contrarias que pudieran manifestarse por parte de otras Administraciones distintas de la penitenciaria, o por particulares.
  
Además, concurren también en los centros penitenciarios otras peculiaridades que inciden también en su tratamiento urbanístico. Como ha señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de septiembre de 1990 (R.A.7094), «cabe perfectamente que razones de interés público hagan inconveniente la divulgación de las características detalladamente exactas del proyecto», pues «el específico destino de un centro penitenciario exige que sus características concretas, en muchos aspectos, hayan de permanecer en el secreto, en la medida de lo posible, por razones de seguridad», por lo que no resulta viable en estos casos «la exigencia de un detallado proyecto que agotase todos los aspectos de las instalaciones». Todo ello obliga a que la ordenación urbanística del centro penitenciario incluida en el Plan Especial no pueda llegar a determinados pormenores que sí podrían incluirse en el supuesto de otro tipo de instalaciones.
  
En el caso del centro penitenciario que la administración del Estado prevé construir en Albocàsser, la existencia de un acuerdo inicial entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior ha permitido que la integración urbanística de aquél se logre utilizando la figura de un Plan Especial elaborado por el Estado y tramitado por el Ayuntamiento. Sin embargo ello no puede hacernos olvidar que, en atención al interés público concurrente en los centros penitenciarios, incluso en el caso de disconformidad municipal, el Estado siempre hubiera podido utilizar el procedimiento especial establecido en el Artículo 244.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. Según este precepto (que reproduce el artículo 180 de la Ley del Suelo de 1976) «cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan, el Ministro competente por razón de la materia podrá acordar la remisión al Ayuntamiento correspondiente del proyecto de que se trate, para que en el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad del mismo con el planeamiento urbanístico en vigor», y en caso de disconformidad, el Consejo de Ministros decidirá «si procede ejecutar el proyecto, y en este caso, ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento, conforme a la tramitación establecida en la legislación urbanística». La conformidad a la Constitución del artículo 180 de la Ley del Suelo de 1976 (antecedente directo del 244.2 del Texto Refundido de 1992) fue establecida por la sentencia del Tribunal Constitucional 56/1986, de 13 de mayo, la cual señaló que «conviene recordar que el planeamiento urbanístico forma parte del ordenamiento jurídico al que están sujetos todos los poderes públicos» y que «el Estado tendrá que conformar en principio los actos que pretenda realizar al planeamiento existente», de forma que «sólo cuando esto no resulte posible y el excepcional interés público exija no sólo proceder por vía de urgencia que exime de solicitar previamente la licencia municipal, sino no respetar el planeamiento establecido, cabrá apartarse de éste y ordenar la iniciación del procedimiento de revisión o modificación del planeamiento previsto en el mismo».
  
Quinto. Durante la tramitación del expediente se ha puesto de manifiesto la oposición de determinados municipios vecinos a la construcción del centro penitenciario al que el Plan Especial sirve de cobertura urbanística. Igualmente, durante le información al público del Plan Especial del centro penitenciario se ha evidenciado la oposición de determinados colectivos a su construcción.
  
No puede desconocerse el importante papel del Municipio en el campo del urbanismo. La LRAU, desarrollando la garantía constitucional de la autonomía local, y de acuerdo con las exigencias de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (en especial en sus artículos 2.1 y 25.2.d), atribuye a los Municipios importantes competencias propias en materia de planeamiento y gestión urbanística. Sin embargo, la amplia autonomía en materia urbanística conferida por la Ley a los Municipios no supone que las competencias municipales no carezcan de límites, ni que puedan ejercitarse prevaleciendo frente a las competencias propias de la Comunidad Autónoma o del Estado.
  
El artículo 2.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local señala que para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales las distintas legislaciones sectoriales deberán asegurar al Municipio «su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente el círculo de sus intereses». A su vez, el artículo 62 de esta Ley establece que «en aquellos casos en los que la naturaleza de la actividad de que se trate haga muy difícil o inconveniente una asignación diferenciada y distinta de facultades decisorias en la materia, las leyes reguladoras de la acción pública en relación con la misma asegurarán, en todo caso, a las entidades locales su participación o integración en actuaciones o procedimientos conjuntamente con la administración del Estado y/o con la de la Comunidad Autónoma Correspondiente, atribuyendo a una de éstas la decisión final».
  
El Tribunal Constitucional en su sentencia 51/2004, de 13 de abril, ha señalado que en materia urbanística, cabe una intervención en la decisión final de otras Administraciones distintas de la municipal «en la medida en que concurran intereses de carácter supramunicipal o controles de legalidad que, de conformidad con el bloque de la constitucionalidad, se atribuyen a las Administraciones supraordenadas sobre las inferiores».
  
En el caso que ahora nos ocupa ha existido una plena conformidad a la implantación del centro penitenciario por parte del Ayuntamiento en el que éste se va ubicar, pero ha habido también una clara oposición por parte de un buen número de los municipios colindantes. Respecto de estos últimos, debe señalarse que se ha satisfecho plenamente la autonomía municipal de tales Ayuntamientos, puesto que se ha garantizado su derecho a participar o intervenir en el correspondiente procedimiento administrativo: en la tramitación del Plan Especial se dado oportuna intervención a los Ayuntamientos colindantes, que han podido emitir el dictamen a que se refiere el artículo 38.2.C de la LRAU, dictamen que no tiene carácter vinculante.
  
Como ha señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de enero de 1996 (R.A. 93) «si estamos en presencia de un conflicto de intereses, aun sin desmerecer un ápice los municipales, no debe caber duda que en el caso concreto que nos ocupa éstos deben ceder ?siempre dentro de la legalidad- a favor de los generales (defendidos aquí por la administración penitenciaria) pues no debe caber duda razonable alguna de que la construcción de tal centro penitenciario obedece, o viene demandado, por un interés general».
  
Aún más clara es la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2000 (R.A.6133), que indica lo siguiente:
  
«Se aduce por las Corporaciones demandantes que los acuerdos impugnados comportarían una lesión de su autonomía municipal.
  
Dijimos en una sentencia de 15 de junio de 1993 (RJ 1993, 4426) (en recurso referente a Ordenanza del Ayuntamiento de Anchuras), que el artículo 137 de nuestra Norma Fundamental delimita el ámbito de autonomía de los distintos entes territoriales en que se organiza el Estado, circunscribiéndolo a la gestión de sus intereses respectivos. La jurisprudencia de este Tribunal ha utilizado el criterio del interés respectivo, fijada en la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 4/1981, de 2 febrero (MQH 9120, 4), tanto para una definición positiva como también negativa de la autonomía municipal. Hemos afirmado así que, positivamente, la autonomía municipal significa un derecho de la comunidad local a la participación, a través de órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función de la relación entre intereses locales y supralocales dentro de las materias o asuntos de que se trate y ?desde la perspectiva negativa- que la autonomía no se garantiza por la CE para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la Nación española, o sobre otros intereses generales distintos de los propios de la entidad municipal. Es claro, en efecto, que los intereses nacionales prevalecen, en caso de conflicto, sobre el interés municipal (SSTC 123/1988, de 23 junio [QFZ 7345, 123], 170/1989, de 19 octubre [GKB 4663, 170] y 133/1990, de 19 julio [TLA 3401, 133]).
  
Por ello no encuentra amparo en la autonomía municipal, garantizada en el bloque de constitucionalidad constituido por el artículo 137 CE, la Carta Europea de Autonomía Local y las normas de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, un supuesto de conflicto de intereses municipales con competencias exclusivas del Estado en materia penitenciaria (artículo 149.1º.6 y 5 CE). Así lo ha declarado esta misma Sala en sentencias de 6 de octubre de 1998 (RJ 1998, 7984), 22 de enero de 1996 (RJ 1996, 93) y 18 de septiembre de 1990 (RJ 1990, 8149), en recursos referentes a la construcción de otros centros penitenciarios, siendo evidente, como los propios demandantes se ven obligados a reconocer, que ninguna norma del bloque de la constitucionalidad en materia local atribuye competencia alguna a los Ayuntamientos en el ámbito penitenciario (artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril) lo que se debe a los intereses de naturaleza claramente supralocal en presencia en dicha materia.
  
No se produce así lesión de la autonomía local por la decisión de la administración Central del Estado de establecer un centro penitenciario».
  
En definitiva, la oposición de determinados municipios colindantes al de Albocàsser no puede impedir la aprobación autonómica del Plan Especial.
  
Por el mismo motivo, tampoco pueden impedir la aprobación del Plan Especial suficientes los motivos aducidos por los alegantes contrarios a la instalación del centro, puesto que ha de prevalecer aquí el interés nacional subyacente en la construcción del centro penitenciario.
  
Sexto. El Plan Especial que se examina ha sido sometido al procedimiento de estimación de impacto ambiental previsto en la Ley Autonómica 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, y en su Reglamento de ejecución, aprobado por el Decreto 162/1990, de 15 de octubre.
  
En relación con ello, ha de señalarse que la construcción de los centros penitenciarios no es uno de los supuestos sujetos a declaración o estimación de impacto ambiental ni en la citada normativa autonómica, ni tampoco en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio (modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo). En tal sentido, el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 6 de octubre de 1998 (R.A. 7986) y de 6 de marzo de 2000 (R.A.6133), ha establecido con claridad que la construcción de los centros penitenciarios no está sujeta a declaración de impacto ambiental.
  
No obstante, el punto 4.b del anexo II del Reglamento de ejecución de la Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana sujeta a estimiación de impacto ambiental «salvo en suelo urbano», los «Planes Especiales Autónomos y sus modificaciones». En realidad, no parece que un Plan Especial por el que se establece una reserva dotacional en suelo no urbanizable, complementando y modificando el planeamiento urbanístico municipal, deba considerarse un «Plan Especial autónomo». Sin embargo, la sociedad estatal promotora del Plan Especial del centro penitenciario de Albocàsser ha elaborado un estudio de impacto ambiental que ha sido sometido al procedimiento de estimación de impacto, lo que, en cualquier caso, ha permitido la adecuada integración medioambiental de la actuación.
  
El director Territorial de la Conselleria de Territorio y Vivienda en Castellón, que es el órgano competente para ello, según resulta de la delegación conferida mediante la Orden de 18 de mayo de 2004, del director general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda, sobre delegación del ejercicio de competencias en las direcciones territoriales de Territorio y Vivienda,(DOGV nº 4764 de fecha 31/05/2004), y su corrección de errores de 19 de julio de 2004, (DOGV nº 4807 de 28/07/2004), ha emitido una estimación de impacto ambiental favorable con fecha 14 de octubre de 2004. En esta estimación se señalan las siguientes condiciones:
  
«1. Si durante la ejecución de las obras se encontrasen restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor deberá poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.
  
2. De acuerdo con la información aportada en el estudio presentado, la parcela de 42 has., donde se va a llevar a cabo la construcción del centro penitenciario, se puede ver afectada por las siguientes vías pecuarias :
  
Nº 29, Azagador del camino de Sant Mateu, ancho legal de 7 a 10 metros.
  
Nº 31, Azagador del barranco Carrascalet, ancho legal de 6 a 9 metros.
  
Nº 10, Azagador del Pou de la Figuera ancho legal de 10 a 15 metros.
  
Nº 2, Azagador Real de la Mata, ancho legal variable entre 20 y 45 metros.
  
En caso de ocupación de las mismas, deberá cumplirse la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias».
  
Estas condiciones deberán ser cumplidas en la ejecución de la actuación.
  
Séptimo. En el procedimiento de aprobación del Plan Especial de centro penitenciario de Albocàsser se ha emitido un informe favorable por parte de la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, ello en cuanto dicho centro tiene previsto su acceso a través de la carretera autonómica CV-129. A tal efecto, se ha previsto una glorieta de acceso desde dicha carretera. En relación con la glorieta, el informe de la Oficina del Plan de Carreteras señala lo siguiente:
  
«Primero. Se ha de desarrollar por técnico competente un Proyecto de Construcción de la conexión con la carretera CV-129, que deberá ser presentado para su aprobación ante el Servicio Territorial de Carreteras de Castellón.
  
Segundo. En dicho proyecto se deberá dotar de longitud adecuada a las isletas deflectoras de la rotonda, con objeto de que los vehículos que se aproximen a la misma puedan apercibirse a tiempo de su presencia, sobre todo ante la eventualidad de tráfico nocturno.
  
Tercero. En el sentido de lo comentado en el párrafo anterior, la rotonda deberá estar dotada de adecuada iluminación.
  
Cuarto. Como consecuencia de lo anterior, y de la necesidad de contar con el espacio necesario para abarcar las mencionadas isletas, así como la caída de tierras de la explanación, los terrenos necesarios para la construcción de la rotonda resultarán mayores de los previstos en la planta propuesta en el proyecto presentado, lo que deberá preverse en el proyecto de construcción correspondiente».
  
Todas estas condiciones deberán cumplirse en la ejecución del proyecto.
  
Octavo. La parcela en la que se va a ubicar el centro penitenciario, que no presenta riesgo de inundación según el Plan de Acción Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) es colindante con un barranco, por lo que en la tramitación del expediente se ha solicitado, conforme a lo previsto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Este organismo ha emitido informe con fecha 28 de junio de 2004, en el que se señala lo siguiente:
  
«Referente a la posible afección a cauces públicos, toda actuación que se requiera ejecutar en el domino público hidráulico y/o dentro de la zona de policía, aparte de respetar la servidumbre de paso mínima de 5 metros respecto a cauces, tendrá como requisito previo e indispensable a la iniciación de las obras, la obtención de la autorización de esta Confederación Hidrográfica del Júcar de acuerdo con la legislación de aguas vigente.
  
Igualmente si se prevé realizar captaciones de agua superficial o subterránea se deberá obtener autorización previa, así como para el vertido de las aguas tanto residuales como pluviales.
  
En resumen, esta actuación, en cuanto afecte al Domino Público Hidráulico y/o su zona de policía, deberá ajustarse en todas sus fases a lo dispuesto en la normativa específica vigente y en particular al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, sus reglamentos y demás disposiciones que lo desarrollen.
  
Así mismo, se propone que, una vez aceptado y remitido este informe, se dé traslado de una fotocopia del informe al Área de Calidad de aguas, para su consideración en el censo de vertidos si procede.
  
El presente informe no presupone autorización administrativa para la realización de obras».
  
Las condiciones establecidas en el informe deberán cumplirse en la fase de ejecución del proyecto.
  
Noveno. Como resumen de todo lo dicho hasta ahora, ha de concluirse que ningún impedimento legal existe a la aprobación definitiva del Plan Especial del centro penitenciario de Albocàsser.
  
El artículo 12 de la LRAU establece, en su letra E, que uno de los cometidos de los Planes Especiales, complementando o incluso modificando el planeamiento general, es el de la creación o ampliación de reservas de suelo dotacional. A su vez, según el artículo 11 de la LRAU los Planes pueden prever y ordenar reservas de suelo dotacional en suelo no urbanizable. Por otra parte, el artículo 86.2 del RPCV establece que los Planes Especiales pueden ser, entre otros supuestos, de reserva de suelo «cuando tengan por objeto crear o ampliar reservas de suelo para dotaciones, actuaciones de interés o patrimonios públicos de suelo», y de ordenación de usos «cuando tengan por objeto la ordenación de las actuaciones a desarrollar en los ámbitos incluidos en los Planes Especiales de reserva de suelo». Por último, y según lo establecido en particular en los artículos del 27 al 32 del RPCV, es indudable que un centro penitenciario tiene la condición de dotación pública, en concreto de equipamiento de infraestructura- servicio urbano, debiendo considerarse como elemento de la red primaria de dotaciones (dotación a la que correspondería la sigla PID, según lo señalado en dichos preceptos reglamentarios).
  
De conformidad con ello, es clara la posibilidad legal de calificar unos terrenos como suelo dotacional para la construcción de un centro penitenciario, ello en suelo clasificado como no urbanizable.
  
De otro lado, debe igualmente señalarse que, en el ámbito del Plan Especial, éste supone la plena adaptación de las determinaciones de los planeamientos generales afectados a lo dispuesto en la LRAU, por lo que, en el referido ámbito, se ha de tener por producida su homologación sectorial a la referida Ley, ello a los efectos de lo establecido en el apartado tercero de la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
  
En suma, procede aprobar definitivamente el Plan Especial del centro penitenciario de Albocàsser.
  
Décimo. La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta del director general de Planificación y Ordenación Territorial, es el órgano competente para resolver sobre la aprobación definitiva de los Planes Especiales de municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con el artículo 10.a) del Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto 201/2003, de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat.
  
En virtud de lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón acuerda:
  
Aprobar definitivamente el plan especial del centro penitenciario de Albocàsser, promovido por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos penitenciarios, dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.
  
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso administrativo de alzada, en el plazo de un mes, ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda, ello sin perjuicio de utilizar cualquier otro recurso que se considere oportuno.
  
Castellón de la Plana, 27 de octubre de 2004.- El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: Fernando Renau Faubell.