Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6801, del 21-06-2012 (2012/5976)

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2012, de la subsecretaria de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se resuelven los recursos de alzada planteados contra la reducción de haberes practicada con efectos de 1 de marzo de 2012, en el componente retributivo relacionado con la formación del profesorado y la realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6801

Fecha DOGV
:   21-06-2012

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/5976


Fecha del documento
:   30-05-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2012, de la subsecretaria de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se resuelven los recursos de alzada planteados contra la reducción de haberes practicada con efectos de 1 de marzo de 2012, en el componente retributivo relacionado con la formación del profesorado y la realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza. [2012/5976]  
Por los interesados que se relacionan en el anexo de la presente resolución se interponen sendos recursos de alzada contra la reducción de haberes practicada en las correspondientes nóminas del pasado mes de marzo respecto del componente relacionado con la formación permanente del profesorado y la realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza, regulado en el Decreto 157/1993, de 31 de agosto, y en el que resultan los siguientes  
  
Hechos  
  
Primero. Mediante Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6688, de 10.01.2012), fueron modificados los importes correspondientes al componente retributivo relacionado con la formación permanente de los funcionarios de carrera de los diferentes cuerpos docentes, estableciéndose que los efectos económicos en cuanto a la percepción de las nuevas cantidades del citado componente retributivo, sería a partir del 1 de marzo de 2012.  
  
Segundo. Los interesados, al no encontrarse de acuerdo con la reducción practicada en la nómina del mes de marzo, respecto de la cantidad abonada por el componente relacionado con la formación permanente del profesorado y la realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza, interponen los correspondientes recursos de alzada solicitando que «sea dictada resolución estimatoria por la que se reconozca el derecho a percibir el citado componente retributivo relacionado con la formación permanente de los funcionarios (sexenios) en su integridad durante todos los meses sin reducción alguna y, por consiguiente, se acuerde la devolución de las cantidades que, en su caso, se hubieran detraído del importe total del mismo, así como se proceda a la regularización de las nóminas a partir de los corrientes».  
  
Fundamentos de derecho  
  
Primero. La subsecretaria de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo resulta competente para conocer de los presentes recursos de alzada en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1 del Decreto 98/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo (DOCV número 6597, de 30.08.2011), así como con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC).  
  
Segundo. Debido a la identidad sustancial existente entre los recursos de alzada presentados y por razones de economía procesal y unificación de doctrina, procede disponer el tratamiento unitario de los mismos mediante su acumulación en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la LRJ-PAC.  
  
Tercero. Los recursos se han interpuesto por quienes son titulares de un derecho que les confiere legitimación activa, y dentro del plazo establecido para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la LRJ-PAC.  
  
Cuarto. Los recurrentes fundamentan su pretensión en el artículo 21 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a la determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos, entre otros preceptos, y alegan, en síntesis, que la reducción practicada «no se ajusta a derecho, por cuanto que atenta contra un derecho económico adquirido y consolidado en el tiempo».  
Por tanto, con el objeto de proceder a la resolución de los recursos de alzada planteados resulta imprescindible determinar si resulta ajustado a derecho la utilización de la figura del decreto ley como instrumento normativo válido para alterar las retribuciones complementarias de los empleados públicos así como la posible validez de su afectación a derechos económicos supuestamente consolidados en el tiempo.   
  
Quinto. La regulación del sistema retributivo de los funcionarios públicos aparece contemplada en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), estableciendo en el artículo 22 que «las retribuciones de los funcionarios se clasifican en básicas y complementarias».  
En concordancia con esta clasificación, el artículo 23 del EBEP determina que las retribuciones básicas se fijarán en la Ley General de Presupuestos Generales del Estado, mientras que en el artículo 24 se dispone que «la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración pública», por lo que en consecuencia, son las comunidades autónomas quienes ostentan la potestad y la competencia para establecer la cuantía y la estructura de las retribuciones complementarias, y entre ellas, las del complemento específico.  
Es por ello que, ostentando la Generalitat Valenciana la competencia para determinar el complemento específico de los funcionarios integrados en la misma, fue creado dentro del mismo un componente retributivo destinado al personal docente a su servicio, relacionado con la formación permanente y la realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza, mediante la aprobación del Decreto 157/1993, de 31 de agosto (DOCV núm. 2104, de 16.09.1993).  
La cuantía del citado componente retributivo vigente a 29 de febrero de 2012, se encontraba establecida en el anexo del Acuerdo de 11 de junio de 2010, del Consell, por el que se da publicidad a las tablas retributivas a las que hace referencia la disposición adicional octava del Decreto Ley 3/2010, de 4 de junio, del Consell, de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público valenciano (DOCV núm. 6288, de 14.06.2010).  
  
Sexto. Pues bien, el actual contexto económico y fiscal caracterizado por la grave crisis financiera internacional y los compromisos asumidos por las comunidades autónomas en el Acuerdo Marco sobre Sostenibilidad de las Finanzas Públicas 2010-2013, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como el establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas durante el período 2012-2014, fijado en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 24 de junio de 2011, ha originado que sea necesaria la adopción urgente de una serie de medidas tendentes a la racionalización y eficacia de los gastos de personal en las administraciones públicas, al constituir los mismos una partida significativa en los presupuestos generales, y con ello reducir el déficit público para asegurar, así, la sostenibilidad fiscal.  
De esta forma, la Generalitat Valenciana haciendo uso de la potestad legislativa conferida en virtud del artículo 44.4 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el cual dispone que «el Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de decretos leyes sometidos a debate y votación en Les Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 de la Constitución española para los decretos leyes que pueda dictar el Gobierno de España», y atendiendo a la doctrina constitucional consolidada en diversas sentencias, entre otras, la Sentencia número 6/1983, de 4 de julio, y número 137/2003, de 3 de julio, así como en el Auto número 63/2010, de 28 de octubre, en las que se señala que «la utilización del decreto ley para el tratamiento de coyunturas económicas problemáticas representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro, según tenemos reiterado, que subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes», ha abordado la adopción de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana, mediante el ya mencionado Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell (DOCV núm. 6688, de 10.01.2012).  
Por tanto, resulta conveniente resaltar frente a las alegaciones de los recurrentes en cuanto a la imposibilidad de modificar las retribuciones de los funcionarios públicos con un instrumento normativo distinto a la correspondiente Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, que el supuesto de recurrir a normas extrapresupuestarias que incidan precisamente sobre las leyes de presupuestos en cuanto que éstas últimas contienen la previsión de ingresos y autorizaciones presupuestarias, resulta ajustado a derecho pues según ha señalado nuestro Tribunal Constitucional en la Sentencia número 3/2003, de 16 de enero, «la Constitución y las normas que integran el bloque de la constitucionalidad establecen una reserva material de la ley de presupuestos -la previsión de ingresos y autorizaciones de gastos para un año-, reserva que, aun cuando no excluye que otras normas con contenido presupuestario alteren la cuantía y destino del gasto público autorizados en dicha ley, sí impide una modificación de la misma que no obedezca a circunstancias excepcionales». Esta excepcionalidad se encuentra justificada según los razonamientos expuestos anteriormente.   
  
Séptimo. Por último, en cuanto a la alegación de los recurrentes fundamentada en la vulneración de un derecho económico adquirido y consolidado en el tiempo, esto es, el derecho a recibir en su integridad el componente de formación regulado en el Decreto 157/1993, de 31 de agosto, como consecuencia de la reducción operada en la cuantía del citado componente retributivo, ha de destacarse que resulta inapropiado el intento de aplicar la controvertida teoría de los derechos adquiridos en el ámbito estatutario pues de acuerdo con la doctrina constitucional «es indudable que en el campo de la relación funcionarial, el funcionario adquiere y tiene derechos subjetivos que la ley ha de respetar. Pero una cosa es o son esos derechos y otra la pretensión de que aparezcan como inmodificables en su contenido concreto. El funcionario que ingresa al servicio de la Administración pública se coloca en una situación objetiva, definida legal y reglamentariamente y, por ello, modificable por uno u otro instrumento normativo de acuerdo con los principios de reserva de ley y de legalidad, sin que, consecuentemente, pueda exigir que la situación estatutaria quede congelada [...]» (así en Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 99/1987, de 11 de junio, y en la reciente sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, de 02.03.2012).  
En consecuencia, cabe concluir que la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad derivada de una alteración sustancial en las circunstancias económicas posibilita que la reducción en la cuantía de las retribuciones de los empleados públicos pueda ser legítimamente adoptada mediante la figura del decreto ley, dentro de los límites formales y materiales que respecto de dicho instrumento normativo exige la legalidad vigente.  
En virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20 del Decreto 98/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo y demás legislación de general y pertinente aplicación, y vista la propuesta de resolución del subdirector general de Personal Docente, resuelvo:  
Desestimar por las razones anteriormente expuestas, los recursos de alzada interpuestos por los interesados que se relacionan en el anexo de esta resolución, confirmando así las liquidaciones de haberes practicada en las correspondientes nóminas del pasado mes de marzo respecto del componente relacionado con la formación permanente del profesorado y la realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza, regulado en el Decreto 157/1993, de 31 de agosto.  
Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción tengan las personas interesadas su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección de los demandantes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2.a, 14.1 segunda, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
  
Valencia, 30 de mayo de 2012.- La subsecretaria de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo: Virginia Jiménez Martínez. ANNEX / ANEXO  
  
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