Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3327, del 10-09-1998 (1998/6518)

Recurso ordinario número R-565/97. Notificación.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   3327

Fecha DOGV
:   10-09-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/6518


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso ordinario número R-565/97. Notificación. [1998/A6518]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de la resolución del recurso ordinario con número de referencia interna R-565/97 a don Juan Escudero Cala, calle Paterna número 2, 3.ª, de Manises.
  
Resolución
  
Examinado el recurso ordinario formulado por don Juan Escudero Cala, contra resolución del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia en el expediente de construcción número 46/1G/174/93.
  
Antecedentes de hecho
  
Primero
  
Por don Juan Escudero Cala, propietario de la vivienda de protección oficial sita en Manises (Valencia), calle Paterna número 2, 3.ª, se presentó escrito de denuncia ante el Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia contra la mercantil Inmobiliaria Guadalmedina, SA, por defectos de construcción en el citado inmueble, y se envió a un perito de dicho organismo para que efectuara inspección, que emitió el correspondiente informe.
  
Segundo
  
Por el jefe del Servicio Territorial se dictó resolución en la que acordaba el archivo de las diligencias por no tener la consideración de graves las deficiencias denunciadas, a tenor del artículo 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana.
  
Tercero
  
Contra dicha resolución interpone recurso ordinario don Juan Escudero Cala, con las alegaciones que constan en el mismo y que aquí se dan por reproducidas en aras a la brevedad.
  
Fundamentos de derecho
  
Primero
  
Esta Dirección General es competente para la resolución del presente recurso ordinario, tanto por lo dispuesto en el artículo 114 y 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y de PAC), como por lo establecido en el Decreto 65/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 1.547 de 21 de mayo).
  
Segundo
  
Lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114, 115, 116 y 117, de la LRJAP y PAC, en cuanto a la admisión y tramitación del recurso ordinario.
  
Tercero
  
Solicita el recurrente que se deje sin efecto la resolución del Servicio Territorial y se acuerde la incoación de expediente sancionador contra Inmobiliaria Guadalmedina y contra Construcciones Ballester, SA, ya que considera que los defectos de construcción sí que son graves, afectando a la habitabilidad de la vivienda, así como que los defectos denunciados no estaban a la vista y tratándose de defectos graves el plazo de prescripción es de cinco años, a tenor de los artículos 16.1 en relación con el 6.10 de la Ley 1/1997, de 21 de febrero, y el artículo 111 del Reglamento sobre Vivienda de Protección Oficial (RVPO).
  
El recurso debe ser desestimado, la cuestión en el presente asunto se centra en la determinación de la gravedad de los vicios constructivos recogidos en la denuncia para proceder o no a la incoación de expediente sancionador. En las diligencias consta un informe pericial en el que se dice que: «... no pueden considerarse como graves los defectos denunciados- »; es por lo que en base a dicha apreciación pericial, el Servicio Territorial, y en actuaciones previas, entiende que los mismos no pueden ser objeto de la incoación de un expediente sancionador al no reunir los requisitos para configurarse como infracción muy grave de la nueva Ley 1/1997, de 21 de febrero, y concretamente del artículo 6.10 de la misma en el que se establece que: «Las acciones u omisiones, por culpa o negligencia, de promotores, constructores o facultativos durante la ejecución de las obras de viviendas de protección oficial, que diesen lugar a vicios o defectos graves que afecten a la edificación o habitabilidad de las viviendas.»
  
Ello significa que la decisión de archivo se ajusta a la aludida norma aplicada a sensu contrario, estimándose la no gravedad de las deficiencias que se denuncian de forma objetiva en base a un informe pericial. Procede mantener dicho criterio teniendo en cuenta además que la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la interpretación que hace del artículo 1.591 del Código Civil sobre defectos de construcción graves, viene referida a aquéllos sobre elementos importantes de la obra que, de no subsanarse, podrían devenir en ruina total del inmueble (ruina funcional), pronunciándose así la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1990, y las de fechas 16 de diciembre de 1991, 20 de octubre de 1994 y 7 de febrero de 1995 entre otras, concepto de gravedad que no se produce en el presente caso por las propias características de las deficiencias que se enumeran en la denuncia. Los mismos motivos son de aplicación para la desestimación de las alegaciones sobre prescripción.
  
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación de general y pertinente aplicación y de conformidad con la propuesta de resolución de la División de Promoción Privada, resuelvo:
  
Desestimar el recurso formulado por don Juan Escudero Cala contra la Resolución de fecha 8 de mayo de 1997, del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, que queda confirmada.
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
  
Para la interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f (en relación con la disposición adicional undécima de la LRJAP y PAC) y artículo 58 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; así como artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.