Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6129, del 23-10-2009 (2009/11527)

Juicio ordinario 1138/2007. Notificación de la sentencia a Maria Gio Richart.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6129

Fecha DOGV
:   23-10-2009

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2009/11808


Fecha del documento
:   30-06-2009

Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Orihuela

Tipo de documento
:   Edicto

Juicio ordinario 1138/2007. Notificación de la sentencia a Maria Gio Richart. [2009/11932]  
Juicio ordinario 001138/2007  
Parte demandante: María Luisa Jover Nicolás, María Dolores Jover Nicolás, Mercedes Jover Nicolás y Óscar Juan Jover.  
Parte demandada: María Gio Richart.   
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:   
«Sentencia número  
Orihuela, 16 de marzo de 2009  
Vistos por Fernando Madrid Rodríguez, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de los de Orihuela, los presentes autos de juicio ordinario número 1138/2007, promovidos por Oscar Juan Jover, Mª Luisa Jover Nicolás, Mª Dolores Jover Nicolás y Mercedes Jover Nicolás, representados por el/la procurador/a señor/a Diez Saura y dirigido por el/la letrado/a señor/a Poveda Pérez, contra María Gio Richart, declarada en situación legal de rebeldía, sobre derechos reales.   
Antecedentes de hecho  
Primero. Por el/la procurador/a señor/a Diez Saura, en nombre y representación de Oscar Juan Jover, Mª Luisa Jover Nicolás, Mª Dolores Jover Nicolás y Mercedes Jover Nicolás, se presentó demanda de juicio ordinario que fue turnada a este Juzgado contra María Gio Richart. Expresó a continuación los hechos y los fundamentos de derecho que consideró aplicables y terminó en súplica al Juzgado para que dictara sentencia por la que se reconozca el derecho de propiedad de los actores sobre la finca designada en autos, condenando a la demandada a otorgar escritura pública a favor de los mismos, con imposición de las costas del procedimiento.   
Segundo. Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar a la demandada para su contestación en el plazo de 20 días. Y no habiendo comparecido ni contestado dentro de plazo se le declaró en situación legal de rebeldía, notificándosele en los términos establecidos en la ley.  
Tercero. Citadas a las partes, en legal forma, para la celebración de la audiencia previa, que se celebró el día señalado, la actora ratificó su demanda solicitando el recibimiento a prueba, y recibido el pleito a prueba, por la parte actora se propuso la documental, admitiéndose las mismas en los términos que constan en el acta levantada y convocando a las partes para la celebración del juicio.  
Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todas las formalidades legales.  
Fundamentos de derecho  
Primero. La demandada en el presente proceso ha sido declarada en rebeldía, al no contestar la demanda ni personarse con posterioridad en los autos; a pesar de esta actitud negativa, es preciso extremar en los procesos en rebeldía las medidas para garantizar una efectiva aplicación de las disposiciones legales, una tutela judicial efectiva, de forma que se cumpla con los dos principios básicos del proceso civil, el de dualidad de partes y el de contradicción, entendiéndose este último no en el sentido de que el proceso no es válido sin la presencia del demandado, lo que sería tanto como darle al mismo la llave del proceso, sino que dicho principio queda cumplido con la oportunidad de ser oído en juicio a través de una citación judicial válida. Por ello la rebeldía no implica la ficta confessio del demandado sino que el actor deberá acreditar de forma inequívoca su causa de pedir, conforme a las reglas generales de la carga de la prueba previstas en el artículo 217 Ley Enjuiciamiento Civil, para que pueda ser estimada su pretensión.   
La propiedad en cuanto derecho subjetivo tiene a su favor una serie de acciones judiciales tendentes a protegerla y a reprimir las violaciones o perturbaciones de que pueda ser objeto. El paradigma de las acciones dominicales es la acción reivindicatoria, a la que acompañan una serie de acciones menores, dirigidas a encauzar otros posibles intereses del propietario, distintos del de recuperar la cosa de quien indebidamente la tiene. Todas estas acciones, entre ellas la acción declarativa, tienen su origen en el artículo 348 del Código Civil y los requisitos necesarios para su ejercicio han sido puntualizados por una copiosa y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.   
La acción declarativa del dominio tiene como fin la condena al demandado a que reconozca el dominio del actor simplemente, que discute o se atribuye ese derecho (como sucede en el presente caso).   
La acción declarativa exige la prueba del dominio por el actor y la identificación de la cosa en iguales términos que la acción reivindicatoria, y que el demandado niegue o conteste al derecho del actor, (sin que sea necesario que el demandado se halle en la posesión).  
Segundo. En cuanto al dominio del actor debe estar fundado en el título adquisitivo completado por la tradición. La identificación de la cosa cuya protección se pretende consiste en una perfecta descripción de la misma, y finalmente en la comprobación de la identidad de la identidad de tal cosa con aquella que aparece descrita o mencionada en el título del actor, y en su caso en el demandado. Debe atenderse a la situación y linderos para la identificación más que al dato de la cabida STS 6 de noviembre de 1949 y 10 de diciembre de 1960.   
En este caso el título en que funda su dominio el actor, es la escritura pública de compraventa de fecha 12 de mayo de 1976, documento uno y uno bis de la demanda. La compraventa debe considerarse como título suficiente para la adquisición del dominio, en virtud del artículo 1.462 Código Civil párrafo segundo cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario. De manera que en el presente caso dicho título ha sido completado por la tradición, ya que el mismo establece expresamente que se trasmite el pleno dominio y la posesión de lo vendido, sin reserva ni limitación alguna, cumpliendo lo establecido el artículo 609 Código Civil para la adquisición del dominio.   
La identificación de la finca queda suficientemente clara de la documental pública que consta en autos. De la documental, no impugnada por la parte contraria, se puede deducir que desde la adquisición de la mitad indivisa de la finca los actores se han comportado públicamente como los titulares de la totalidad de la finca (pagando impuestos, y realizando obras no sólo de conservación, sino también de modificación del inmueble). Los actores pretenden que se declare que son propietarios de la totalidad del inmueble por aplicación de las normas de la usucapión.   
Tercero. Establece el artículo 1930 Código Civil que mediante la prescripción se adquiere, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y los demás derechos reales. Por su parte el artículo 1959 Código Civil establece que el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescribe por su posesión no interrumpida durante 30 años, sin necesidad de título ni buena fe. En todo caso, debe ser la posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida (artículo 9484 CA). No aprovechan a la posesión los actos de carácter posesorio, ejecutados en virtud de licencia o mera tolerancia del dueño (artículo 8043 AX).   
En el título se describe la finca como, una casa habitación, hoy convertida en solar edificable. De los documentos dos a seis resulta que los actores han realizado diversas obras y reparaciones en la finca, sin que resulte que ellos hayan precisado la voluntad de quienes serían los copropietarios de la finca.   
Por otro lado, de los documentos emitidos por el Catastro resulta que la titularidad de finca está reconocida a Mª Mercedes Jover Nicolás. Así como que desde la adquisición el día 12 de mayo de 1976 hasta la interposición de la demanda han transcurrido más de 30 años.   
De la documental, no impugnada por la parte contraria, se puede deducir que desde la adquisición de la mitad indivisa de la finca los actores se han comportado públicamente como los titulares de la totalidad de la finca (pagando impuestos, y realizando obras no sólo de conservación, sino también de modificación del inmueble). Igualmente, del documento 12-13 resulta la publicidad de los actos de dominio incluso frente al que podría ser el titular de la mitad indivisa del inmueble objeto del litigio. Tampoco consta acto alguno de dominio de la demandada sobre la finca, no ha actualizado el Registro de la Propiedad, no consta que haya realizado acto alguno de oposición a la posesión pública, pacífica de los actores durante estos más de 30 años. Estos hechos deberían haber sido alegados y probados por la demandada conforme al artículo 217.3 Ley de Enjuiciamiento Civil.   
A la vista de esa posesión de la totalidad de inmueble como dueños durante más de 30 años de forma pública, pacífica e ininterrumpida, debe declararse que los actores son propietarios de la totalidad de la inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa del Segura al tomo 132, libro 6, finca 797, folio 164; quienes han adquirido por usucapión mitad indivisa que en el registro figura a nombre de Emilia González Bernabeu.   
Cuarto. Solicita la actora que se condene a la demandada a otorgar escritura pública. Dicha pretensión debe ser desestimada toda vez no existe ningún negocio jurídico, no hay obligación contractual alguna que una a los actores con la demandada. Por lo que no procede imponer obligación alguna declaración de voluntad a la demandada.   
Todo ello sin perjuicio de los efectos jurídicos de la presente sentencia en el ámbito registral.   
Quinto. De conformidad con lo previsto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los juicios declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte cuyas pretensiones hubieren sido totalmente rechazadas. En el presente caso se ha producido una estimación sustancial de la demanda, por lo que deben imponerse las costas al demandado.   
Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2008 afirma que, «cabe considerar que ha habido estimación sustancial de la demanda pues la diferencia existente entre lo pedido y lo obtenido ha derivado de una diferente forma de cálculo del importe de la indemnización que no tenía carácter sustancial para el éxito de la pretensión formulada, siendo correcta la imposición de las costas a la demandada», en el mismo sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Valencia de 20 de mayo de 2008.   
Vistos los artículos citados y los demás de general aplicación,  
Fallo   
Que estimando la demanda interpuesta por el/la procurador/a señor/a Diez Saura, en nombre y representación de Oscar Juan Jover, Mª Luisa Jover Nicolás, Mª Dolores Jover Nicolás y Mercedes Jover Nicolás, debo declarar y declaro que los actores son propietarios de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa del Segura al tomo 132, libro 6, finca 797, folio 164, habiendo adquirido por usucapión la mitad indivisa que en el registro figura a nombre de Emilia González Bernabeu; debo condenar y condeno a María Gio Richart a estar y pasar por la anterior declaración, y todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.   
Notifíquese a las partes esta sentencia, advirtiéndoles que no es firme, y contra la misma cabe recurso de apelación que deberá ser preparado en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente resolución, a través de escrito presentado en este Juzgado en la forma prevista en el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para su conocimiento y fallo por la Audiencia Provincial de Alicante.   
Así lo acuerdo, mando y firmo».   
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la señor/a que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la secretario/a judicial doy fe, en Orihuela, 16 de marzo de 2009.  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 30 de junio de 2009 el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia de fecha 16 de marzo de 2009.  
Orihuela, 30 de junio de 2009.- La secretaria judicial: Ana Belén Serrano Saura.