Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7956, del 12-01-2017 (2016/9960)

Resolución de la adjudicación del programa de actuación integrada para el desarrollo de las unidades de ejecución número 8, 9, 10 y 11 de Bonrepòs i Mirambell y contestación de alegaciones.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7956

Fecha DOGV
:   12-01-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2016/9960


Fecha del documento
:   25-11-2016

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Bonrepòs i Mirambell
    * plan de urbanismo
    * administración local

Resolución de la adjudicación del programa de actuación integrada para el desarrollo de las unidades de ejecución número 8, 9, 10 y 11 de Bonrepòs i Mirambell y contestación de alegaciones. [2016/9960]  
El Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo cuya parte dispositiva dice:  
Resolución de la adjudicación del programa de actuación integrada para el desarrollo de las unidades de ejecución n.º 8, 9, 10 y 11 de Bonrepòs i Mirambell y contestación de alegaciones.  
Vistas las actuaciones obrantes en el expediente que se ha tramitado en este ayuntamiento a instancia del agente urbanizador Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepòs de las unidades de ejecución 8, 9, 10 y 11, y considerando los siguientes antecedentes de hecho:  
  
I. Por acuerdo plenario de 18 de septiembre de 2002, se acordó aprobar la programación de las unidades de ejecución n.º 8, 9, 10 y 11 y adjudicar la gestión indirecta a la Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepòs, designándola como agente urbanizador de dicho programa.  
  
II. La aprobación y adjudicación del PAI se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el día 22 de octubre de 2002, n.º 251.  
  
III. Con fecha 10 de enero de 2003, se suscribió convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y el urbanizador, la Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepòs, depositándose previamente un aval bancario, por importe de 200.872,95 €, equivalente al 10% del coste previsto de las cargas de urbanización. La Agrupación depositó ante la tesorería municipal un aval bancario de la entidad Bancaja, por importe de 165.257,97 €, inscrito en el registro oficial de avales con el número 35700150 y otro aval bancario de la entidad Banco Popular, por importe de 35.614,98 €, inscrito en el registro oficial de avales con el número 0035.  
  
IV. En la estipulación primera del convenio urbanístico firmado, la Agrupación se compromete a iniciar la ejecución material del programa en el plazo de un año desde la aprobación y adjudicación del mismo y la completa ejecución y conclusión de las obras comprendidas en el proyecto de urbanización presentado y contempladas en el programa de actuación integrada, en el plazo de 18 meses a contar desde la notificación del acuerdo de adjudicación del programa de actuación integrada.  
  
V. El proyecto de urbanización de las unidades 8, 9, 10 y 11 se aprobó en el acuerdo de programación.  
  
VI. El proyecto de reparcelación de las unidades de ejecución 8, 9, 10 y 11 se aprobó por acuerdo plenario de fecha 18 de mayo de 2005 y se procedió a su inscripción en el Registro de la Propiedad.  
  
VII. Con fecha 1 de junio de 2006, se firmó el acta de replanteo de las obras de las referidas unidades de ejecución.  
  
VIII. Con fecha de 21 de octubre de 2009, se procedió a la recepción parcial de las obras de urbanización de las citadas unidades de ejecución, en la que se señalan que existían las siguientes deficiencias:  
  
Falta ejecutar los capítulos de media y baja tensión, así como los centros de transformación.  
Limpieza y barrido de la actuación.  
Traslado de nueve maceteros prefabricados al límite de la zona de patinaje con acera.  
Señalización vertical desplomada y falta de señalización horizontal para vehículos oficiales.  
Eliminación de vallado del ámbito.  
Desmontaje y montaje de luminarias de la fachada en donde se ubica el cuadro provisional de iluminación.  
  
Con posterioridad se procedió a subsanar todas las deficiencias señaladas en el acta de recepción parcial, a excepción de la ejecución de los capítulos de media y baja tensión, así como los centros de transformación.  
  
IX. Con fecha 7 de marzo de 2012, la Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepòs presentó proyecto refundido final de las obras de urbanización de las unidades de ejecución 8, 9, 10 y 11, en dicho proyecto se contemplaban tanto las obras ejecutadas y entregadas al Ayuntamiento como las pendientes de ejecutar, que se aprobó por acuerdo plenario de fecha 13 de junio de 2012.  
Se presentaron recursos de reposición contra dicho acuerdo por la entidad propietaria SOZ 8349 EXFRU y por la entidad afectada por el proyecto de urbanización Frigoríficos Laguarda, SL que se estimaron parcialmente mediante acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2013, dejándose sin efecto aquel y ordenando la retroacción del procedimiento de aprobación del referido proyecto de urbanización refundido.  
Se tramitó de nuevo la aprobación del proyecto de urbanización refundido que se aprobó definitivamente el 27 de noviembre de 2013.  
  
X. Contra dicha resolución se presentó recurso de reposición por las entidades FJH 9670 EXFRU y Frigorificos Laguarda, SL y frente a la desestimación del citado recurso de reposición se presentaron dos recursos contenciosos administrativos, el primero, presentado por la LTM 7671 EXFRU, (procedimiento ordinario n.º 147/2014) en la que se dictó sentencia, que desestimaba el citado recurso, y el otro presentado por Frigoríficos Laguarda, SL, (procedimiento ordinario n.º 150/2014), en la que se dictó sentencia, que estimó el mismo, se procederá una vez se apruebe la resolución a ejecutar dicha sentencia.  
  
XI. Que desde la recepción parcial de las obras de urbanización, en la fecha de 21 de octubre de 2009, se paralizaron las obras de urbanización.  
  
XII. A la vista de dicha paralización sin justificación por parte del urbanizador, se procede por parte del alcalde a solicitar informe del técnico municipal para que informe sobre el estado de las obras de urbanización de las unidades de ejecución n.º 8, 9, 10 y 11.  
  
XIII. En virtud de informe del técnico municipal, Ignacio Trénor García, de fecha 18 de febrero de 2015, a requerimiento de la Alcaldía, sobre las obras de urbanización de las unidades de ejecución 8, 9, 10 y 11, se establecía lo siguiente:  
«Con fecha 20 de febrero de 2015, se realizó inspección de la obra para valorar el estado en que se encontraban los trabajos de urbanización, y se cotejó la documentación incluida en el proyecto refundido y anejos. En consecuencia, se emite el siguiente informe:  
De la visita efectuada, se comprueba que:  
Las obras que se recepcionaron parcialmente a fecha de 21 de octubre de 2009, se encuentran en uso. Sin embargo, el conjunto de trabajos pendientes de ejecutar desde dicha fecha, y recogidos tanto en el proyecto refundido como en los correspondientes anexos, no se han ejecutado a fecha de hoy, y por lo tanto la obra no se puede recepcionar totalmente, por parte del Ayuntamiento.  
Dado el tiempo transcurrido, se solicita por parte de Alcaldía y Secretaría, que como resumen se indiquen los trabajos que faltan, para poder concluir las obras de urbanización de las mencionadas unidades de ejecución.  
De la comprobación tanto del proyecto refundido, como anexos y los presupuestos incluidos, a modo de resumen, los trabajos que faltaría para poder concluir las obras serían los siguientes:  
  
En cuanto a la red de media tensión:   
Conexión y entronque de las líneas.  
Retirada de los apoyos metálicos en celosía existente en la actualidad.  
  
En cuanto a los centros de transformación:  
En cuanto al CT1: certificado de instalación.  
  
En cuanto al CT2:  
La obra civil, la estructura incluido el cerramiento, el revestimiento exterior, los herrajes.  
Instalación de las celdas correspondientes y conexión de las líneas.  
Transformador y puentes de baja tensión.  
Cuadro de baja tensión y equipo de seguridad para el centro de transformación.  
Certificado de la instalación.  
  
En cuanto a la línea de baja tensión:   
Conexión/desconexión.  
Certificado de la instalación.  
  
En cuanto a la conexión hasta la CTC Frigoríficos Laguarda:  
Trabajos para realizar la conexión interior.  
Trabajos de adecuación de línea de media tensión.  
Acometida de baja tensión: desconexión de la antigua línea LABT y conexión de la nueva LABT con terminales.  
Conjunto de ensayos oficiales según MT 2.33.15 (09-10) en línea de MT de longitud superior a 50 metros.  
Así como el conjunto de trabajos relativos a la previsión de posibles averías, comprobación y reparación.  
Es evidente que, sin la realización de los trabajos especificados a modo de resumen en este informe e incluidos en el proyecto refundido y anexos, no es posible la recepción completa y final de las obras de urbanización de las unidades de ejecución 8, 9, 10 y 11.  
Se estima por parte de este que el plazo de ejecución de estas obras y trabajos complementarios es de 5 meses.»  
  
XIV. En virtud del informe técnico emitido, se procedió a adoptar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de marzo de 2015, con registro de salida n.º 299 de 13 de marzo de 2015, por el que se le requirió al urbanizador para que en el plazo de 5 meses finalizara las obras de urbanización. Dicho acuerdo fue notificado al urbanizador en fecha 26 de marzo de 2015.   
  
XV. Una vez transcurrido el plazo concedido al urbanizador para que finalizara las obras de urbanización, por parte de Alcaldía se requiere nuevamente al técnico municipal, Ignacio Trénor García, para que emita nuevo informe sobre el estado de las obras de urbanización de las unidades de ejecución 8, 9, 10 y 11.  
  
XVI. En base al informe del técnico municipal emitido en fecha 10 de septiembre de 2015, que transcribo literalmente: «de la visita realizada in situ el 10 de septiembre de 2015, se comprueba que el conjunto de trabajos pendientes de ejecutar desde la recepción parcial de 2009, no se han ejecutado, a fecha de hoy.  
- No existe justificación técnica razonable para la no ejecución/finalización de las mencionadas obras de urbanización.»  
  
XVII. Por todo ello, finalmente el Ayuntamiento en fecha 23 de septiembre de 2015 adopta acuerdo plenario por el que se inicia procedimiento para la declaración de caducidad y resolución de la adjudicación del programa de actuación integrada de las unidades de ejecución n.º 8, 9, 10 y 11, de conformidad con el artículo 29.10 de la LRAU en relación con el artículo 29.13 de la LRAU, por las razones anteriormente expuestas, con incautación de la garantía constituida por la Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepòs, para garantizar las previsiones del programa de actuación integrada. Dicho acuerdo fue notificado al urbanizador y a todos los propietarios y terceros afectados.  
Se presentaron las siguientes alegaciones dentro del período de trámite de audiencia que se concedió a los afectados:  
- Pilar Romero Pellicer, en nombre y representación de la Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepòs, presentada por registro de entrada en fecha 11 de noviembre de 2015, n.º registro entrada 3757/2015.  
- Fermín Laguarda Ferrer, en nombre y representación de EZW 5073 EXFRU, presentada por registro de entrada en fecha 13 de enero de 2016, n.º registro 138/2016.  
  
XVIII. Este procedimiento administrativo quedó paralizado desde esta fecha y no se dictó ninguna resolución que pusiera fin al mismo, por ello, al haber transcurrido el plazo establecido sin haber dictado dicha resolución se debe declarar la caducidad del expediente, y consecuentemente el archivo del mismo, en un acto administrativo anterior al que estoy informando.  
  
XIX. Se emite nuevo informe por parte del arquitecto municipal en fecha 16 de mayo de 2016, en el que se realiza un detalle exhaustivo de las partidas del proyecto refundido de urbanización aprobado por acuerdo plenario de fecha 13 de junio de 2012, que quedan pendientes por ejecutar para poder realizar la recepción total de las obras de urbanización de las unidades de ejecución n.º 8, 9, 10 y 11, así como los honorarios por dirección de obra que quedan pendientes de pagar y de ejecutar. En concreto se establece en el apartado de conclusión del informe lo siguiente:  
Como resumen de presupuesto de obra a falta de finalizar se presenta:  
  
Capítulo   
1 Media tensión 9.034,37  
2 Centro de transformación 1 457,00  
3 Centro de transformación 2 70.411,18  
4 Baja tensión 3.500,13  
5 LSMT desde CEE hasta CTC Frigoríficos Laguarda 8.636,56  
6 Acometida del BT 400,00  
7 Nuevas unidades que faltan en el contrato 6.000,00  
Incidencias Estimación de costes de reparación de incidencias, ensayos y puesta en marcha 30.397,51  
 Total presupuesto 128.836,75  
  
  
  
Como resumen de los honorarios de las diferentes asistencias técnicas se presenta:  
  
Honorarios SAR Ingeniería pendientes 40.200 (sin IVA)  
Honorarios pendientes B. Chova 600 (sin IVA)  
Otros costes ATISAE (asistencia técnica SAE) 4.876,30 (con IVA)  
  
  
XX. Mediante acuerdo plenario de fecha 13 de julio de 2016, se incoa procedimiento para la resolución de la adjudicación de la condición de urbanizador, concediéndose audiencia a todos los interesados.  
  
XXI. Se ha presentado una única alegación por parte de Fermín Laguarda Ferrer, en nombre y representación de LSD 6927 EXFRU, presentada por correo certificado con sobre abierto en fecha 27 de septiembre de 2016, registro de entrada del Ayuntamiento en fecha 3 de octubre de 2016, n.º registro 3062/2016.  
  
Fundamentos de derecho  
  
1. Normativa aplicable. En cuanto a la normativa aplicable cabe distinguir, entre la normativa aplicable al procedimiento y la normativa sustantiva. En materia de procedimiento la normativa a aplicar es la vigente al tiempo de iniciarse el procedimiento de resolución, es decir, Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, con incidencia en dos aspectos importantes: uno regulado en el párrafo segundo de su disposición transitoria cuarta que elimina, en los procedimientos de resolución o prórroga de actuación integrada o aislada, la emisión del dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones, como exigía la legislación precedente; y otro, referido al plazo para resolver el procedimiento, que según establece en su artículo 167.3, el plazo fijado ahora es de seis meses.  
En cuanto a la normativa sustantiva a aplicar, como el programa de actuación integrada se aprobó definitivamente el 18 de septiembre de 2002, es aplicable la Ley 6/1994, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la actividad urbanística, al amparo de lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, se establece que:   
«Los programas de actuación adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa que le resultaba de aplicación antes de la entrada en vigor de esta ley.»  
Así pues, si acudimos a la legislación de aplicación antes de la entrada en vigor de la Ley 5/2014, tendremos que acudir a la disposición transitoria primera de la Ley 16/2005, urbanística valenciana, en la que se señala que los procedimientos urbanísticos, sea cual sea su denominación o naturaleza, iniciados antes de la entrada en vigor de la ley, se regirán por la legislación anterior siempre que hubiera concluido el trámite de exposición pública. Este artículo hay que examinarlo a la luz del Decreto 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística, cuya disposición transitoria tercera señala que los procedimientos de programación en los que la alternativa técnica y proposición jurídico-económica hubieran sido objeto de aprobación definitiva con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley urbanística valenciana, se regirán por la Ley reguladora de la actividad urbanística (en adelante LRAU).  
Además, el artículo 29.13 de esta Ley 6/1994 se remite a las normas rectoras de la contratación administrativa, entonces el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado mediante Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, (en adelante TRLCAP,) y, de forma complementaria, deberán aplicarse las previsiones del artículo 109 del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado mediante Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto regula el procedimiento para la resolución de los contratos que celebren las administraciones públicas, ante la ausencia en la legislación urbanística de tal regulación procedimental.  
  
2. Convenio urbanistico  
 Hecha esta consideración previa, habría que acudir a lo establecido en el artículo 29 de la LRAU, en sus puntos 10 y 13, y al convenio suscrito entre el agente urbanizador y el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell de fecha 10 de enero de 2003.  
- El artículo 29.10 de la LRAU, dispone:   
« [...] El incumplimiento del plazo de ejecución de un programa determinará, salvo prórroga justificada en causa de interés público, la caducidad de la adjudicación. El adjudicatario que incumpla sus compromisos puede ser objeto de las penas contractuales previstas en el propio programa y ser, en casos graves, privado de su condición de urbanizador.»   
- El artículo 29.13 de la LRAU, establece:   
«Las relaciones derivadas de la adjudicación del programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que éstas no contradigan lo dispuesto por esta ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que reglamentariamente sean desarrollados.  
La resolución de la adjudicación se acordará por la administración actuante, previo dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación a las previsiones del artículo 10. El correspondiente acuerdo deberá, además y cuando proceda:  
A) Declarar, de conformidad con el referido dictamen, la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido suficientemente a las cargas de urbanización.  
B) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible concluirlas en el régimen propio de las actuaciones aisladas.  
C) Incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la que la sustituya o, en otro caso, y salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, disponer:  
1.º La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento seguido para su adopción de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa cancelado; o  
2.º La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el antiguo urbanizador, cuando ésta proceda.  
  
D) Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinentes.»  
El convenio urbanístico suscrito con el urbanizador, en su cláusula primera, establece:   
«La Agrupación se compromete a iniciar la ejecución material del programa en el plazo de un año desde la aprobación y adjudicación del mismo y la completa ejecución y conclusión de las obras comprendidas en el proyecto de urbanización presentado y contempladas en el programa de actuación integrada, en el plazo de 18 meses a contar desde la notificación del acuerdo de adjudicación del programa de actuación integrada».  
El convenio urbanístico, en su cláusula tercera, establece:  
1. «Para el supuesto de incumplimiento del desarrollo del programa y de sus proyectos, se constituye aval del 10% con el carácter de indemnización exigible a la AIU, sin perjuicio de las posibles acciones a favor de los perjudicados.  
La AIU asume expresamente el régimen de penalizaciones previsto en el artículo 95 y siguientes del Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas.  
2. El incumplimiento por parte del urbanizador del plazo de ejecución del programa determinará, salvo prórroga justificada, la caducidad de la adjudicación, lo que, en su caso, comportará la penalidad de la cantidad de la fianza constituida, sin perjuicio de las facultades reconocidas a la Administración por la legislación vigente».  
  
3. Incumplimiento obligaciones contractuales   
Como ya hemos mencionado anteriormente, la LRAU, en su artículo 29.13 establece que las relaciones derivadas de la adjudicación del programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que éstas no contradigan lo dispuesto por esta ley, ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que la misma sea desarrollada. Normativa de la contratación administrativa, a la que, a su vez, se remite en cuanto a las penalizaciones por incumplimiento de la propia estipulación tercera punto segundo del convenio urbanístico suscrito con el agente urbanizador.  
Como consecuencia de la remisión hecha en el párrafo primero del artículo anteriormente transcrito, y la disposición transitoria primera por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector publico, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, ha de considerarse lo dispuesto en el artículo 111.e) del TRLCAP, normativa vigente, a la firma del convenio urbanístico.  
«Artículo 111. Causas de resolución. Son causas de resolución del contrato: a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 16 c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. d) La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las especiales o complementarias de aquella en plazo en los casos previstos en la ley y la no formalización del contrato en plazo. e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo señalado en el artículo 71. 2, letra d). f) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses, conforme al artículo 99.6.g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales. h) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en el articulado de esta ley.»  
Asimismo, hay que acudir a lo dispuesto en el artículo 59 TRLCAP, que establece que: «Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta».   
Así, la resolución contractual se configura como una prerrogativa de la Administración que tiene su fundamento, en materia de contratos ?al igual que, en general, en todo el ámbito del derecho administrativo- en la consecución del interés público que subyace en toda actuación de las administraciones públicas.  
Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, el incumplimiento de las condiciones del contrato al amparo de la Ley de contratos de las administraciones públicas facultan al órgano de contratación para la resolución del contrato, siempre que se acredite en el expediente el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista «con la entidad suficiente para decretar dicha resolución» (STS de 17.05.1995; 17.0.-1995; 14.10.1997 y 16.10.1997).  
En suma, al acreditarse el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales se incurre en el supuesto contemplado en el artículo 111 y concordantes del TRLCAP, como causa de resolución por incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales esenciales, al constar incumplidas las obligaciones esenciales del contrato y en particular la ejecución de la obra por causa imputable a la adjudicataria.  
En concreto el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y el urbanizador, así como el artículo 30 LRAU, establece como objetivos del programa de actuación integrada lo siguiente:   
A) La conexión e integración adecuadas de la nueva urbanización con las redes de infraestructuras, comunicaciones y servicios públicos existentes.   
B) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes o deseables.   
C) Urbanizar completamente la unidad o unidades de ejecución que constituyan el objeto del programa y realizar las obras públicas complementarias que se precisen para cumplir lo dispuesto en los apartados anteriores, haciendo todo ello con sujeción a plazos pormenorizados.  
D) Obtención gratuita en favor de la Administración de los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación.  
E) Obtención gratuita en favor de la Administración actuante del aprovechamiento que exceda del 85% de aprovechamiento tipo o porcentaje que legalmente corresponda con destino al patrimonio público de suelo.  
En este caso, las unidades de ejecución n.º 8, 9, 10 y 11 no están conectadas e integradas con las redes de infraestructuras, comunicaciones y servicios públicos existentes, pues las obras de urbanización no están ejecutadas en su totalidad, y falta por ejecutar una parte importante de la partida de energía eléctrica, lo que impide que las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación aprobado sean solares.  
Este es un incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, que puede ser generador del legítimo ejercicio de la potestad de resolución del contrato y ello cuando esta opción sea la que más conviene al interés público. Además dicho incumplimiento ha de ser relevante en el sentido de que afecte a la prestación principal del contrato y que se exteriorice a través de una inobservancia total o esencial de la prestación. En el caso que nos ocupa, una de las obligaciones principales que era conectar la nueva urbanización a las redes existentes y urbanizar completamente las unidades de ejecución, esto no se ha cumplido y ha estado paralizada durante largo tiempo, y no se pueden quedar sin finalizar las obras de urbanización de las unidades de ejecución nº 8, 9, 10 y 11, y sin alcanzar la condición de solar todas las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación. En este caso, esta opción es la que más conviene al interés público.  
Procede, pues, acordar la resolución, acreditado el incumplimiento culpable del urbanizador, en este caso, la Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepos, adjudicataria de la ejecución y desarrollo del citado PAI de las unidades de ejecución n.º 8, 9, 10 y 11, por lo que el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell puede ejercer la potestad administrativa de resolver el contrato, justificada al tratarse de un incumplimiento relevante y que afecta a las condiciones esenciales del contrato (dictámenes 21/1999, de 21 de enero y 263/2000, de 20 de julio, de este Consell Jurídic y SSTS 14.10.1097 y 16.10.1997).  
  
4. En relación al procedimiento de resolución, según lo establecido en el artículo 109 del Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se estipula lo siguiente:   
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes:  
a) Audiencia del contratista por plazo de 10 días naturales, en el caso de propuesta de oficio.  
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía.  
c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la ley.  
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.  
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente.  
Del tenor literal del precepto, se puede concluir que únicamente será preceptivo el dictamen del órgano consultivo cuando el contratista se oponga a la resolución del contrato, por lo que parece fácil concluir que no procederá la emisión del dictamen cuando no exista oposición del contratista en el procedimiento de resolución del contrato.   
En el presente expediente no se ha presentado oposición por parte del urbanizador, Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepòs, en el período concedido de trámite de audiencia, por ello, no se ha solicitado el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.  
Por su parte, el artículo 114.1 del RDL 781/1986, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, dispone que «el órgano competente para contratar según la ley ostenta también la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar, por razones de interés público, los contratos celebrados y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados legalmente».  
Así pues la resolución deberá acordarse por el órgano de contratación, Pleno del Ayuntamiento, con audiencia del contratista y el avalista, en su caso, emisión de informes técnico y jurídico municipales, recabando, además, si se formula oposición la emisión de dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.   
El artículo 29.13 de la LRAU exige dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, no obstante, la disposición transitoria cuarta de la Ley 5/2014 (LOTUP) establece lo siguiente:  
No obstante lo anterior, en el procedimiento de resolución o prórroga del programa de actuación integrada o aislada no se deberá solicitar dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones.  
  
5. En relación a la garantía   
Según dispone el apartado 8 del artículo 29 de la LRAU, la garantía general que el urbanizador debe presentar ante el Ayuntamiento, no sólo garantiza la ejecución de la obra de urbanización, sino que la misma se extiende a un conjunto de obligaciones que han sido asumidas por el urbanizador y que se extiende más allá de la obligación de urbanizar, así dicho precepto dispone:   
«8. Garantías. Todo programa ha de asegurar el cumplimiento de sus previsiones ya sea mediante crédito comprometido con cargo al presupuesto de una administración, o bien con garantía (financiera o real) prestada y mantenida por el adjudicatario seleccionado como urbanizador, por el importe mínimo que reglamentariamente se determine y que nunca excusará la prestación de aval o fianza por valor mínimo del 7% del coste de urbanización previsto».  
Las previsiones del programa de actuación integrada no son únicamente las de realizar una obra de urbanización, pues, como se infiere del propio precepto artículo 29 de la LRAU, en relación con el artículo 30, del mismo cuerpo legal, el programa de actuación integrada tiene además otros objetivos para culminar con el principal de convertir las parcelas en solar, cumpliendo además las obligaciones frente tanto la administración actuante, como frente a los propietarios afectados por la actuación urbanística, en la medida que en toda ella se cumpla el principio de la justa distribución de cargas y beneficios.  
El urbanizador del PAI responde frente al Ayuntamiento de cumplir dichas obligaciones y, en el caso que nos ocupa, nos consta la falta de finalización de las obras de urbanización, en concreto, las partidas que se detallan en el informe del arquitecto municipal, y la puesta en marcha de toda la instalación eléctrica, llevando a cabo todas las reparaciones necesarias por la paralización de las obras durante un largo tiempo. Pues bien, las referidas responsabilidades deben ser cubiertas por el urbanizador y la garantía general está a disposición de cubrir la liquidación de las consecuencias de todas y cada una de las obligaciones incumplidas y de los daños y perjuicios que de las mismas se devenguen.  
La determinación de los daños y perjuicios exigen una labor de inspección técnica no sólo en cuanto a la obra ya ejecutada y su cuantificación sino además el determinar el estado de la misma, su funcionalidad en condiciones adecuadas y en definitiva, el determinar si la obra está en condiciones de reemprenderse o de ser reparada para ello. Así, en el informe del arquitecto municipal, de fecha 16 de mayo de 2016, se establece una valoración inicial de la obra pendiente de ejecutar, así como el pago de los honorarios por dirección de obra, necesarios para poder llevar a cabo la recepción definitiva de las obras de urbanización de las unidades de ejecución n.º 8, 9, 10 y 11. Este es un estudio previo de la misma, pero el montante final se conocerá una vez se realice la finalización de la obra.  
Así pues, en este caso, se ejecutará la garantía, se satisfarán con cargo a ella todos los costes derivados de las obligaciones incumplidas por el urbanizador, incluidos los gastos de gestión necesarios para concluir la cuenta de liquidación definitiva, y todos los necesarios para llevar a cabo la transformación urbanística de los terrenos sujetos a programación. Así pues, si una vez cubiertos dichos gastos, existiera sobrante, se le devolvería al urbanizador.   
  
6. Efectos de la resolución   
Debe tenerse en consideración la naturaleza jurídica que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, tiene la relación contractual entre la Administración y el agente urbanizador en la LRAU.  
En este sentido la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2007 señala que esta sala y sección del Tribunal Supremo ha declarado en sus sentencias de fechas 28 de diciembre de 2006 (recurso de casación 4245/2003 €RJ 2007,405) y 27 de marzo de 2007 (recurso casación 6007/2003) ?RJ 2007,3149, que es aplicable a las adjudicaciones de actuaciones urbanísticas contempladas en la Ley autonómica valenciana 6/1994, de 15 de noviembre, lo dispuesto en la Ley de contratos de las administraciones públicas 13/1995, de 18 de mayo, y en el texto refundido de la misma, aprobado por Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, dado que estos textos legales constituyen legislación básica sobre contratos administrativos de acuerdo con el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y han incorporado a nuestro ordenamiento interno el propio de la Unión Europea, entre otras la Directiva 93/37/CEE (LCEur 1993, 2560) en materia de contratos de obras. La tesis del tribunal sentenciador, al declarar en la sentencia recurrida que la ejecución urbanística concedida por el Ayuntamiento al agente urbanizador reúne las características de una obra pública y tiene la naturaleza propia de un contrato de obras.  
Visto, pues, que la relación contractual entre la Administración y el agente urbanizador regulada en la LRAU se asimila en cuanto a su naturaleza jurídica al contrato de obras, cabe añadir que el artículo 151 de la LCAP, al regular la resolución del contrato de obras, en su apartado primero señala que:   
«La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición».  
Así pues, una vez resuelto el programa se procederá a la liquidación del contrato y a la fijación de los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista.  
Asimismo, en orden a los efectos de la resolución por incumplimiento culpable del contratista, el artículo 113.4 de la Ley de contratos de las administraciones públicas (TRLCAP), determina la pérdida de la fianza, así como indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios ocasionados que excedan del importe de la garantía incautada. Así lo ha reiterado la jurisprudencia (SSTS 04.07.1984; 22.11.1993; 14.05.1995) y la doctrina del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (dictámenes 491/98 y 21/99, entre otros), por lo que la resolución deberá decretar la incautación de la fianza depositada por el contratista y, en su caso, la reclamación de la indemnización que corresponda.  
Así pues, se procede a llevar a cabo la incautación del aval que la Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepòs depositó en la Tesorería Municipal, en concreto un aval de la entidad Bancaja, por importe de 165.257,97 €, inscrito en el registro oficial de avales con el número 42735248 y otro aval bancario de la entidad Banco Popular, por importe de 35.614,98 €, inscrito en el registro oficial de avales con el número 0035. Como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el urbanizador, y puesto que la garantía definitiva responde del cumplimiento de aquellas y de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración con motivo de la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2.b del TRLCAP y la estipulación tercera del contrato suscrito entre este, la corporación municipal y la referida agrupación se deberá proceder a la incautación de la fianza depositada al efecto.  
  
7. Otros efectos de la resolución  
En relación con el pronunciamiento sobre los apartados A), B) y C) del artículo 29.13 habrá que tener en consideración la situación a fecha de hoy de las unidades de ejecución n.º 8, 9, 10 y 11, las obras de urbanización se encuentran ejecutadas casi en su totalidad, a excepción de la puesta en tensión de las nuevas redes eléctricas de las unidades de ejecución, para desmantelamiento de las líneas aéreas previas a las obras de urbanización, la instalación de un centro de transformación y la conexión con la línea privada de Frigoríficos Laguarda, así como la ejecución de una serie de ensayos en la línea de media tensión de acuerdo con el proyecto de urbanización refundido presentado por el propio urbanizador, y la realización de un conjunto de trabajos relativos a la previsión de posibles averías, comprobación y reparación, todo ello de conformidad con los requerimientos técnicos y de proyectos que la compañía suministradora Iberdrola, SA solicite, teniendo en cuenta todo el tiempo que han estado paralizadas las obras.   
Cabe recordar que las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación aparecen ya inscritas en el Registro de la Propiedad, en cuanto a la urbanización, está totalmente ejecutada a excepción de la parte eléctrica mencionada anteriormente, que impide que las parcelas resultantes sean solares.  
En relación con la necesidad de acordar una nueva programación, esta no sería procedente dado el avanzado estado de las obras, pero el Ayuntamiento podría gestionar directamente las obras pendientes, con cargo a la garantía incautada.   
  
8. Resultado del trámite de audiencia  
Se plantean por Fermín Laguarda Ferrer, en nombre y representación de la SYC 4605 EXFRU, las alegaciones siguientes:  
En primer lugar, plantea que la legislación aplicable no es la LRAU, sino que se debería aplicar la LUV y ROGTU, ya que en el listado que establece la disposición transitoria tercera del ROGTU, para las actuaciones que se regirán por la legislación anterior (LRAU), no se incluye la extinción/resolución del programa.  
Ante esta cuestión, cabe contestar lo siguiente: aunque en la disposición transitoria tercera del ROGTU no se especifique expresamente en el listado la extinción/resolución del programa, se debería considerar incluida en los apartados c) que regulan la firma del convenio de programación.  
El incumplimiento del convenio de programación, nos lleva a aplicar la resolución del contrato con el urbanizador, por ello, aunque no se establezca expresamente la resolución en dicho listado se podría realizar una inclusión de la misma en los citados apartados c y d de la disposición transitoria tercera del ROGTU.  
Pues si no se realizara dicha interpretación ocurriría que se quebraría el principio de seguridad jurídica, puesto que el programa para el desarrollo de la actuación integrada UE 8, 9, 10 y 11 se aprobó por acuerdo del Pleno de 18 de septiembre de 2002, y el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell y el urbanizador se firmó el 10 de enero de 2003, es decir, al amparo de la LRAU, por ello también debe aplicarse la resolución de la adjudicación la LRAU, puesto que aplicar la LUV implicaría otorgar preferencia a una normativa distinta y posterior de la que siguió la preparación y adjudicación del programa, así como la formalización del convenio que en su día se firmó, lo cual quebraría el principio de seguridad jurídica.  
Nos remitimos a lo establecido en el fundamento jurídico primero para justificar la legislación aplicable a la resolución del programa de actuación integrada de las UE 8, 9, 10 y 11.  
Por lo argumentado anteriormente, se desestima la alegación.  
En segundo lugar, se solicita que no se incaute totalmente la garantía prestada por el urbanizador, en base a que no existe incumplimiento culpable del contratista sino que se incaute aquella cantidad que se demuestre necesaria una vez que ésta se determine.  
En contestación a ello, cabe decir que como ya hemos argumentado anteriormente, el urbanizador, en este caso, la Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepòs no ha cumplido las obligaciones contraídas con la Administración, en su condición de urbanizador, por medio de la gestión indirecta, pues por una parte incumplió los plazos iniciales de ejecución y a pesar de ello el Ayuntamiento le concedió diversos plazos para que finalizara la obra. Por otra parte, el urbanizador no finalizó las obras de urbanización sin que existiera justificación técnica razonable para la no ejecución/finalización de las mencionadas obras de urbanización.  
Con ello, se llega a la situación de no haber finalizado las obras de urbanización y no alcanzar la condición de solares todas las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación.   
Para justificar el incumplimiento culpable del contratista, nos remitimos a lo establecido en el fundamento jurídico tercero, que establece el incumplimiento de las obligaciones contractuales.  
Por lo argumentado anteriormente, se desestima la alegación.  
En tercer lugar, solicita que se aclaren los costes y demás gastos previamente a cualquier actuación, solicitando expresamente la comprobación de que las cuotas y derramas ya giradas no incluyan gastos pendientes de ejecución. Así como solicita aclaración de los honorarios pendientes de pago a SAR Ingeniería.  
Ante esta cuestión, se le contesta que con posterioridad a la aprobación de la resolución, se llevará a cabo la liquidación del contrato y se llevará a cabo un estudio exhaustivo por parte del Ayuntamiento de los costes y obligaciones asumidas por el urbanizador y de las cuotas y derramas giradas a los propietarios. Esta liquidación se realizará una vez esté aprobada la resolución y en ella se tendrán en cuenta todas las cuestiones que plantea Fermín Laguarda Ferrer en esta alegación.  
En este punto nos remitimos al apartado sexto de los fundamentos jurídicos que establece que la liquidación será posterior a la resolución.  
Lo planteado por el alegante se estudiará en el momento procedimental oportuno.  
En base a lo argumentado, se desestima la alegación .  
En cuarto lugar, plantea que debe reconocerse a su favor una indemnización que quedaba pendiente de pago por plantaciones e instalaciones, en virtud de acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2007, entre la Agrupación y Fermín Laguarda Ferrer.   
En contestación a ello, se establece lo mismo que en el apartado anterior, que esta cuestión forma parte de la liquidación del contrato de programa de actuación integrada. Por tanto, se resolverá en el momento procedimental oportuno. En base a lo argumentado, se desestima la alegación.  
En quinto lugar, se solicita de nuevo copia de los informes que consten en el expediente.  
En contestación a ello, se establece que se le facilitará copia de los mismos.  
En base a lo argumentado, se estima la alegación.  
Visto, así mismo, el informe de fecha 11 de noviembre de 2016, emitido por Ana María Ballester García, como abogada asesora de urbanismo.  
  
En base a todo ello, el Pleno de este ayuntamiento adopta el siguiente acuerdo:  
  
Primero. Desestimar las alegaciones formuladas por Fermín Laguarda Ferrer, en nombre y representación de la entidad TNO 0468 EXFRU, excepto la de facilitar copia de los informes que consten en el expediente, que se estima. Todo ello por los motivos expuestos en los fundamentos jurídicos del presente acuerdo.  
  
Segundo. Resolver la adjudicación del programa de actuación integrada para el desarrollo de la UE 8, 9, 10 y 11 a la Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepòs por los motivos expuestos en los fundamentos jurídicos del presente acuerdo, y en concreto, por el incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras de urbanización, así como del resto de obligaciones esenciales del contrato.  
  
Tercero. Ejecutar las garantías presentadas por la Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepòs, en relación al programa para el desarrollo de las unidades de ejecución 8, 9, 10 y 11, por incumplir el urbanizador las obligaciones esenciales establecidas en el programa, quedando afectas a la ejecución de las obras necesarias para la recepción definitiva de las obras de urbanización de las referidas unidades y a la realización de las actuaciones de gestión urbanísticas pendientes para la culminación del proceso reparcelatorio hasta la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva, así como al cumplimiento de cualquier tipo de obligaciones y compromisos asumidos por el agente urbanizador.  
  
Cuarto. En relación con la necesidad de acordar una nueva programación, esta no sería procedente dado el avanzado estado de las obras, pero el Ayuntamiento podría gestionar directamente las obras pendientes para la conversión en solar de las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación del ámbito aprobado, con cargo a los avales incautados constituidos por el agente urbanizador.  
  
Quinto. Iniciar expediente de liquidación, complementario al expediente de resolución, en el que se realizará una comprobación y medición de las obras ejecutadas, así como un estudio y comprobación de los costes girados por el urbanizador y las cuotas y derramas asumidas por los propietarios. Asimismo, se procede a la determinación de los posibles daños y perjuicios que el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell haya podido sufrir como consecuencia del incumplimiento del agente urbanizador, requiriendo para ello a los servicios técnicos municipales que emitan informe de valoración al respecto.  
  
Sexto. Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, previa comunicación al Registro de Programas de Actuación de la conselleria.  
  
Séptimo. Notificar el presente acuerdo al urbanizador, Agrupación de Interés Urbanístico Braç de Bonrepòs, a las entidades avalistas, a los propietarios afectados y a quien pudiera resultar interesado en el presente expediente.  
  
Bonrepòs i Mirambell, 25 de noviembre de 2016.- El alcalde: Rubén Rodríguez Navarro.