Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5697, del 06-02-2008 (2008/759)

Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Aislada para el Desarrollo del Plan de Reforma Interior de la Avenida de la Paz, carretera de Benejúzar, de Jacarilla.
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Número DOGV
:   5697

Fecha DOGV
:   06-02-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2008/759


Fecha del documento
:   21-11-2007

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Jacarilla

Tipo de documento
:   Información Pública

Descriptores 

:   * Jacarilla
    * plan de urbanismo
    * administración local

Bases particulares para la selección y adjudicación del Programa de Actuación Aislada para el Desarrollo del Plan de Reforma Interior de la Avenida de la Paz, carretera de Benejúzar, de Jacarilla. [2008/759]  
Primera. Objeto del contrato  
Las presentes bases particulares tienen por objeto el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Aislada para el desarrollo de un plan de reforma interior de avenida de la Paz, carretera de Benejúzar, de Jacarilla, regulando las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo para seleccionar una propuesta de programa de actuación aislada.  
Referencia del expediente: PAA 1/2007.  
Segunda. Régimen jurídico  
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, siendo de aplicación en lo no previsto en estas bases particulares la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística aprobado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell de la Generalitat, modificado por Decreto 36/2007, de 13 de abril, y las bases generales de programación vigentes en este municipio.  
Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en el título IV del libro II del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y las establecidas en el reglamento general de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, así como las normas reguladoras de la contratación administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación.  
En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de prelación es el siguiente: Bases particulares de programación, bases generales de programación y contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación aislada.  
Tercera. Ordenación urbanística vigente  
La ordenación urbanística vigente es el Plan General de Ordenación Urbana, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 16, de 20 de enero de 2007.  
Plan de desarrollo o en tramitación: plan de reforma interior.  
Clasificación: suelo urbano.  
Calificación: s/ ordenación pormenorizada plan general.  
Aprovechamiento tipo:  
Red primaria: s/ plan general.  
Red secundaria: s/ plan general.  
Uso global: residencial.  
Zona de ordenación:  
Cuarta. Memoria de necesidades y objetivos del programa de actuación aislada  
1. Memoria de necesidades.  
El presente ámbito cuya ordenación pormenorizada se contiene en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, pretende con su desarrollo la urbanización completa y edificación del ámbito del plan de actuación aislada, integrando la propuesta planteada en la trama urbana del municipio.   
2. Objetivos de la programación.  
Los objetivos de la programación son los siguientes:  
a) Gestionar la transformación jurídica de las fincas afectadas por el programa, estando obligado el urbanizador a realizar las siguientes actuaciones:  
- Recabar del Catastro y Registro de la Propiedad toda la información de las fincas y titulares de derechos y deberes incluidos en la actuación.  
- Amojonar y deslindar las parcelas aportadas a la reparcelación con carácter previo a la redacción del proyecto.  
- Presentar el proyecto de reparcelación.  
- Pagar a los acreedores netos antes de que la reparcelación acceda al Registro de la Propiedad.  
- Inscribir en el Registro de la Propiedad las nuevas fincas resultantes, especialmente las destinadas al dominio público.  
- Cancelar las fincas catastrales aportadas a la reparcelación e inscribir las resultantes en el Catastro.  
- Cualesquiera otras actuaciones necesarias para la transformación jurídica de las fincas afectadas.  
b) Urbanizar y edificar la superficie del sector que constituye el objeto del programa, realizando las obras públicas adicionales que se precisen, con sujeción a las previsiones temporales y económicas del programa.  
c) Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, debiendo para ello:  
- Aportar informes de las administraciones sectoriales cuyas competencias resulten afectadas por la actuación (carreteras y otros en su caso).  
- Presentar en su caso estudios e informes favorables para realizar las conexiones con las correspondientes compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía y otras).  
- Incluir en el proyecto de urbanización la construcción de las obras complementarias que fueran necesarias.  
d) Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas rotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente.  
e) Obtener los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación, a favor de la administración gratuitamente. A estos efectos:  
- El urbanizador efectuará su inscripción en el Registro de la Propiedad y trasladará a la administración la correspondiente Acta de entrega.  
- Los transformadores de energía eléctrica se consideran equipamiento privado y se entregarán a la compañía suministradora. Tanto el suelo necesario para su implantación como el coste de la misma deberá ser asumido por todos los propietarios afectados.  
f) Obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda, con destino al patrimonio público del suelo, a favor de la administración actuante.  
g) Ordenar el reparto equitativo de beneficios y cargas entre los afectados.  
h) Establecer los plazos para edificar los solares resultantes de la acción urbanizadora.  
Quinta. Parámetros urbanísticos  
Los parámetros urbanísticos son los que se reflejan en la normativa establecida en el plan general para el núcleo urbano U-1 (zona de ordenanza 1). (Art. 44, 45 y 46 del PGOU.)  
Sexta. Criterios de ordenación urbanística  
Los criterios de ordenación urbanística son, como mínimo, los regulados en el plan general vigente, que contiene la ordenación pormenorizada del sector.  
La alternativa técnica podrá proponer la modificación de la ordenación pormenorizada, de forma motivada. No se podrá modificar la ordenación estructural.  
Séptima. Objetivos de edificación privada  
Las condiciones de las edificaciones privadas serán las establecidas en el plan general, que contiene la ordenación pormenorizada, así como la normativa contenida en la Ley del Suelo 8/2007, la Ley Urbanística Valenciana y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
Octava. Prescripciones técnicas de los documentos de ordenación y gestión  
Planeamiento de desarrollo: Plan de Reforma Interior.  
Se podrá presentar proyecto de reparcelación voluntaria.  
La documentación se presentará en soporte papel (dos copias) y soporte digital, Autocad 2000, Word y Excel.  
Novena. Prescripciones técnicas del proyecto de urbanización  
1. El proyecto de urbanización deberá definir los detalles técnicos con precisión suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor original, debiendo cumplir lo establecido en el articulo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. No podrá modificar las previsiones del plan que desarrolla. En ningún caso, podrá contener determinaciones sobre ordenación, régimen de suelo o de la edificación. Comprenderá todos y cada uno de los documentos señalados en el artículo 156.1 de la Ley Urbanística Valenciana y en el articulo 350 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.  
2. Antes de la aprobación del proyecto de urbanización se deberá disponer de los informes de las compañías suministradoras de los diferentes servicios sobre las instalaciones previstas y el dimensionamiento de las mismas.  
3. En su caso, se deberá aportar los convenios suscritos con las compañías suministradoras.  
4. El proyecto deberá cumplir las condiciones de urbanización reguladas en las ordenanzas municipales, en cuanto sean compatibles con la legislación vigente, en especial la ordenanza de vertidos a la red municipal de alcantarillado.  
5. Deberá preverse una partida para control de calidad de los materiales, que incluya la realización de los ensayos pertinentes a cada elemento de obra y el certificado de calidad.  
6. Los pavimentos serán de adoquín o tratamiento de acabado similar, de alta resistencia a la abrasión y antideslizantes.  
Diez. Precio de licitación  
El precio de licitación de las cargas del programa que sirve de cálculo para el importe de la garantía provisional es de 305.000 euros, más IVA.  
Once. Plazos de desarrollo y ejecución del programa  
Se establecen los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes actuaciones por parte del urbanizador:  
A) Plazo máximo para la presentación del proyecto de reparcelación: dos meses, contados desde la firma del contrato.  
B) Plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización: 12 meses contados desde la firma del acta de comprobación del replanteo.  
C) Plazo máximo de edificación de los solares: 12 meses a partir de la recepción municipal de las obras de urbanización.  
Doce. Capacidad para ser urbanizador  
1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente programa de actuación aislada cualquier persona que pretenda resultar adjudicatario del mismo y acredite la disponibilidad civil de terrenos regulada en el artículo 148 de la Ley Urbanística Valenciana y concordantes del reglamento.  
2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover programas de actuación aislada las personas en quienes concurra alguna prohibición de contratar de las previstas en los artículos 15 al 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Trece. Solvencia económica y financiera. (Art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana.)  
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del urbanizador se acreditará por uno o algunos de los medios siguientes:  
a) Informe favorable de, al menos, una institución financiera con la que opere habitualmente el interesado, con indicación de la normalidad de sus operaciones y ausencia de incidencias relativas a sus pagos o, si procede, justificando la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Si de tratara de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o de extracto de las mismas, en el caso en que la publicación de estas sea obligatoria en la legislación del país donde el aspirante a urbanizador esté establecido.  
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, si procede, sobre el volumen de negocios relacionado con el desarrollo y la promoción de actuaciones parecidas que son objeto de concurso, correspondiendo como máximo a los tres últimos ejercicios, 2004, 2005 y 2006.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia económica y financiera basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del Programa de Actuación Aislada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. A estos efectos, las agrupaciones de interés urbanístico podrán acreditar su solvencia económica y financiera con la acreditación de la titularidad registral de los derechos sobre los terrenos que sirvieron de base para su constitución.  
3. La justificación de la solvencia económica de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso, podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
Catorce. Solvencia técnica y profesional. (Art. 131.2.m Ley Urbanística Valenciana.)  
1. La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:  
a) Presentación de una relación de los programas de actuación integrada, o instrumentos o contratos relacionados con el planeamiento y la gestión urbanística similares, promovidos y gestionados por el concursante.  
b) Indicación del equipo técnico, esté o no integrado en la estructura organizativa del urbanizador, que vaya a participar en la gestión del programa de actuación aislada.  
c) Titulaciones académicas y profesionales del personal de dirección del urbanizador.  
d) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los últimos tres años.  
e) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos.  
f) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación aislada, incluyendo los medios de estudio e investigación de los que se disponga.  
g) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación aislada.  
2. Si por razones justificadas en cada caso concreto el urbanizador no estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras entidades, con independencia de las vínculos jurídicos que tengan establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan suscrito entre ambos. Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de interés urbanístico.  
3. La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros.  
Quince. Garantías.  
1. Quienes deseen participar en el procedimiento de licitación del presente programa de actuación integrada tendrán que constituir, en la forma y efectos previstos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las siguientes garantías:  
- Garantía provisional: Un 2% del coste estimado de cargas del programa, como garantía provisional, por importe de 6.100,00 euros.  
- Garantía definitiva: La totalidad de las obras de urbanización y un 7% de las obras de edificación.  
Dieciséis. Presentación de proposiciones  
1. Además de remitir aviso a los titulares catastrales, será preceptiva la notificación a los titulares registrales. El promotor expondrá al público la alternativa técnica, acreditando mediante acta notarial la notificación a los interesados y la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.   
2. Previa remisión de anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea, el plazo de información al público será de un mes y se contará desde la publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un diario no oficial, de amplia difusión, y el plazo para la presentación de otras alternativas técnicas será de un mes, transcurrido el cual se abrirá un plazo de información pública de 15 días.  
3. El plazo para la presentación de proposiciones jurídico-económicas será de 10 días, contados desde la finalización de los plazos anteriormente indicados. La presentación de proposiciones jurídico-económicas se hará en sobre cerrado. Acompañará en sobre aparte la siguiente documentación:  
a) Si concurriera una sociedad mercantil, deberá presentar escritura de constitución de la sociedad, inscrita en el Registro mercantil. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán presentar escritura de poder, inscrita en el registro mercantil o registro público correspondiente.  
b) Si concurriera una persona física que sea empresario individual, deberá acompañar copia compulsada de su DNI.  
c) Documento de la garantía provisional.  
d) Acreditar la disponibilidad civil de terrenos regulada en el artículo 148 de la Ley Urbanística Valenciana y concordantes de su Reglamento.  
e) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en los artículos 15 a 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, incluyendo la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social, impuestas por las disposiciones vigentes.  
f) Los documentos que acrediten los requisitos de solvencia técnica y profesional, económica y financiera.  
g) Los concursantes extranjeros adjuntarán una declaración de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir durante el procedimiento de adjudicación y durante el desarrollo y ejecución del programa de actuación aislada, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.  
h) Declaración responsable suscrita por el proponente acreditativa de que no existe por su parte ni por el equipo redactor o asesor, relación alguna con la investigación, experimentación, estudio o desarrollo de los planes de acción territorial o Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Jacarilla.  
i) Documentación acreditativa de la titulación del equipo técnico redactor o asesor.  
j) Declaración jurada o acta notarial acreditativa de haber practicado los avisos acreditativos del inicio del procedimiento de gestión indirecta.  
4. De conformidad con el artículo 258.4 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística en relación con el artículo 166 de la Ley Urbanística Valenciana, se adaptará obligatoriamente el proyecto de reparcelación formulado inicialmente en función de la modalidad de retribución elegida por los propietarios.  
Toda la documentación se presentará mediante una solicitud (se facilitará modelo en el Ayuntamiento) en horario de 08.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.  
Diecisiete. Contenido mínimo de la alternativa técnica  
La alternativa técnica consiste en un anteproyecto o proyecto de edificación, complementado con plan de reforma interior, en su caso, proyecto de obras de urbanización y proyecto de reparcelación.  
Se acompañará asimismo documentos que comprendan el ámbito de la actuación y la justificación del cumplimiento de las condiciones de integración de la actuación con el entorno; Plazos totales y parciales de desarrollo de la actuación, determinándose según la base XI; medidas de control de calidad y cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en su caso; inventario preliminar de construcciones, plantaciones e instalaciones cuya demolición, destrucción o erradicación exija la urbanización; estimación preliminar o general de aquellos gastos de urbanización variable cuyo importe, aun siendo repercutible a los propietarios, no se pueda determinar por la concurrencia de ofertas.  
Igualmente acompañará documento con enunciado de los objetivos complementarios que se proponen conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley Urbanística Valenciana.  
Dieciocho. Proposición jurídico-económica.  
1. La proposición jurídico-económica deberá incluir necesariamente la documentación relativa a los siguientes aspectos:  
a) Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en particular, la modalidad de retribución al promotor e información suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada modalidad de retribución.  
b) Expresión de las magnitudes urbanísticas relevantes establecidas por el planeamiento que incidan en la determinación de los derechos de adjudicación.  
c) Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se adjudiquen tras la reparcelación.  
d) Hoja resumen de los datos económicos relevantes.  
e) Descripción de los siguientes elementos económicos-financieros relativos a las cargas urbanísticas:  
· Presupuesto de licitación de la obra de urbanización: con el alcance previsto en el artículo 168.1.a y b de la Ley Urbanística Valenciana.  
· Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos técnicos, especificando cada proyecto, a que se refiere el artículo 168.1.c de la Ley Urbanística Valenciana.  
· Gastos de gestión: gastos de gestión del urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas correspondientes a conceptos anteriores.  
· Beneficio del urbanizador: beneficio empresarial del urbanizador, calculado en un porcentaje de la suma de los conceptos expresados en los apartados anteriores, que, en ningún caso, podrá superar el 10%.  
· Cargas de urbanización: cargas de urbanización que el urbanizador se compromete a repercutir, como máximo, a los propietarios afectados por los conceptos anteriormente expresados.  
· Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución.  
· Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con ellos al urbanizador.  
· Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad financiera debidamente registrada.  
f) Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución en dinero, y modo, condiciones y plazo para el ejercicio de esa opción de retribución.  
g) Estimación preliminar de la repercusión unitaria por metro cuadrado de los gastos variables y de la indemnización individualizada que corresponda a los interesados por construcciones y plantaciones que deban desaparecer o por otros conceptos.  
2. La proposición jurídico-económica se presentará ajustada al siguiente modelo:  
«(Nombre y apellidos) ?, con domicilio a estos efectos en ?, con DNI núm. ?, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de ?, con DNI/CIF ?), toma parte en el proceso de selección y adjudicación del Programa de Actuación Aislada del Plan de Reforma Interior de la Avenida de la Paz de Jacarilla, carretera de Benejúzar, a cuyos efectos hace constar:  
a) Afirma conocer el contenido íntegro de las bases particulares y generales que rigen el procedimiento y acepta cuantas obligaciones se deriven de las mismas.  
b) Ofrece la ejecución y desarrollo del programa de actuación aislada de acuerdo con la alternativa técnica y proposición jurídico-económica presentadas.  
(Fecha y firma del licitador)  
- »  
3. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la proposición jurídico-económica.  
Diecinueve. Criterios de adjudicación  
La valoración de la alternativa técnica se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios y su ponderación:  
1. Que parte de las viviendas construidas sean en régimen de protección, bien en venta, alquiler o alquiler con opción de compra. 30%.  
2. Que el plazo de ejecución del programa sea menor: 15%.  
3. Que se ofrezcan mayores garantías para llevarlo a cabo: 5%.  
4. Condiciones de diseño más idóneas para la ordenación prevista en el planeamiento, debiendo tener en cuenta los factores siguientes:  
a) Distribución funcional de las plantas de edificación y adecuación a la disposición de la estructura portante.  
b) Diseño y expresión formal de todos los alzados y fachadas de la edificación.  
c) Integración arquitectónica en el entorno urbano.  
d) Criterios de edificación sostenible.  
Para adoptar criterios sobre estos factores, podrá solicitarse al Colegio de Arquitectos u otros organismos oficiales, el correspondiente informe técnico que se incorporará al expediente para su consideración. 10%.  
Los criterios de puntuación de la proposición jurídico-económica y su importancia relativa serán los siguientes:  
- Menor importe respecto de referencias de cuadros de precios de práctica usual de las cargas de urbanización, expresado en euros por metro cuadrado de edificabilidad: 25%  
- Subsidiariamente, regirán los criterios regulados en el artículo 147 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.  
Veinte. Adjudicación del programa  
1. Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento el adjudicatario del programa de actuación aislada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva en los términos previstos en la base XV de las presentes bases particulares y aportar certificaciones positivas de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con este ayuntamiento.  
Veintiuna. Dictamen del consejo del territorio y del paisaje  
En los supuestos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana deberá recabarse el informe del Consejo del Territorio y del Paisaje. En principio, no se considera necesario el citado dictamen.  
Veintidós. Formalización del contrato  
1. En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación aislada al adjudicatario, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato. El documento de formalización será firmado por el alcalde, el urbanizador y el secretario de la corporación a efectos de fedatario público, acompañando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación.  
2. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite alguna de las partes. En todo caso, los gastos derivados de su otorgamiento serán asumidos por el urbanizador.  
3. Si por causa imputable al urbanizador no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Veintitrés. Cumplimiento  
1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento.  
2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el urbanizador realizará ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de urbanización, previa remisión por el urbanizador de todas las certificaciones de obras, las facturas emitidas por el empresario constructor y la documentación que justifique el pago efectivo de las obras.  
3. Para que pueda operar la recepción definitiva de las obras, de forma tácita o expresa, deberá haberse liquidada previa y definitivamente el programa.  
4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquellas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, que se consignara en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción asistirán, en todo caso, un facultativo designado por el Ayuntamiento, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el urbanizador y el contratista, ambos asistidos, si lo estiman oportuno, por un facultativo.  
5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa expresa, o desde que queden abiertas al uso público.  
6. El plazo de garantía será de doce meses desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento. Durante ese periodo, el contratista responderá de los defectos constructivos que se manifiesten. Finalizado este periodo, procederá la devolución de las garantías prestadas por el adjudicatario.  
Veinticuatro. Resolución  
1. Son causas de resolución del contrato las previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del urbanizador y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración.  
2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes:  
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del urbanizador o la extinción de su personalidad jurídica.  
b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.  
c) La falta de prestación en plazo de la garantía definitiva.  
d) La no formalización del contrato en plazo.  
e) La demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados en las bases generales y particulares de programación, y demás plazos establecidos en la Ley Urbanística Valenciana y las normas que la desarrollen.  
f) La inactividad injustificada del urbanizador durante un período de seis meses consecutivos o nueve alternos en el desarrollo y ejecución del programa de actuación. Se entenderá producida la inactividad o el abandono cuando el desarrollo y ejecución del programa de actuación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para su normal ejecución en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al urbanizador para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento, salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo mayor.  
g) La imposición de alguna sanción al urbanizador por infracciones urbanísticas o medioambientales graves o muy graves en relación con el ámbito programado será causa de resolución del contrato. A tal efecto, se requerirá que la resolución del correspondiente expediente sancionador haya ganado firmeza o puesto fin a la vía administrativa.  
h) La obstaculización por el urbanizador del ejercicio de los derechos y deberes urbanísticos de los afectados por la programación. Se entienden incluido dentro de esta causa de resolución el incumplimiento por el urbanizador de la obligación de facilitar información para que los propietarios puedan optar por la modalidad de retribución y para que éstos puedan ejercitar plenamente los derechos que la Ley Urbanística Valenciana les otorga.  
i) La resolución anticipada de la adjudicación para su gestión directa por causa justificada de interés público, sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ello dé lugar y que deberá evaluar el acuerdo correspondiente.  
j) La suspensión de licencias en el ámbito programado, la aprobación de planes o proyectos incompatibles con el desarrollo del programa, así como las resoluciones administrativas que impidan proseguirlo o paralicen su desarrollo material o económico por inactividad de la administración durante más de seis meses y de modo relevante, teniendo derecho el urbanizador a instar la resolución con las compensaciones procedentes.  
k) La renuncia del urbanizador ante una retasación de cargas fundada en causa legal, que implique un incremento del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica superior al 20%.  
l) La realización por el urbanizador de prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia en el mercado inmobiliario relacionadas con el programa de actuación. Se entenderá por prácticas manifiestamente restrictivas de la competencia la inobservancia de las reglas de exclusión de entidades en la selección del empresario Constructor, los acuerdos de reparto de mercado y aquellas otras que, de alguna otra manera, defrauden o falseen la libre competencia.  
m) El descubrimiento de condiciones territoriales no tenidas en cuenta al acordar el programa de actuación y que hagan legalmente inviable la prosecución de ésta, sin perjuicio de las compensaciones que procedan, en su caso, o de la posibilidad de subsanar sus previsiones, si ello fuera posible, sin desvirtuar sustancialmente las mismas.  
n) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
o) Las reiteradas deficiencias en las ejecuciones del contrato.  
p) El incumplimiento grave de los deberes esenciales del urbanizador directamente impuesto por esa ley.  
q) El incumplimiento de algunos de los compromisos ofertados.  
r) La caducidad del programa por transcurso del plazo total para acometerlo y, en su caso, la prórroga.  
s) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados.  
t) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.  
u) La suspensión, por causa, por causa imputable al Ayuntamiento, de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.  
v) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el Ayuntamiento.  
3. Para la resolución del Contrato entre el Ayuntamiento y el urbanizador será preceptiva la previa emisión de informe favorable por el Consejo del Territorio y el Paisaje.  
4. El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el urbanizador continúe la ejecución del programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público.  
5. La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, previa audiencia al urbanizador por plazo de 10 días hábiles, y previo dictamen del Consejo del Territorio y el Paisaje, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación.  
Veinticinco. Prerrogativas de la administración. (Art. 286.2.e del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.)  
El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, entre ellas, las de interpretar el presente contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las presentes bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.   
Veintiséis. Jurisdicción competente. (Art. 286.1.f del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.)  
Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que puedan suscitarse en relación con la preparación, adjudicación, efectos y extinción del contrato administrativo especial entre administración y agente urbanizador seleccionado en pública competencia.  
Jacarilla, 21 de noviembre de 2007.- El alcalde: José Manuel Gálvez Ortuño.