Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4865, del 19-10-2004 (2004/10933)

Notificación a Cristophe Simonne Robert Drieskens. Expediente número 192/9027 ZIS.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   4865

Fecha DOGV
:   19-10-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/10615


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Cristophe Simonne Robert Drieskens. Expediente número 192/9581 SDU. [2004/F10569]
  
De conformidad con lo acordado por esta Subsecretaría, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente edicto se procede a notificar a Cristophe Simonne Robert Drieskens con último domicilio conocido en Haantjeslei, 86 Antwerpen-2018 de (Bélgica-België), acuerdo de iniciación de fecha 26 de mayo de 2004 dictado por el director territorial de Territorio y Vivienda de Alicante en el expediente sancionador número 192/1375 XOY, que se está tramitando en la Unidad de Inspección del Territorio de esta conselleria:
  
Vistas las actuaciones previas practicadas al amparo del artículo 12 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Visto que en fecha 22 de enero de 2004, por agentes medioambientales se pudo constatar que en la parcela 216 del polígono 38, paraje Carrizales, del término municipal de Elche, ámbito territorial de la Zona Húmeda número 13 del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana aprobado por Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano (DOGV nº 4.336, de 16.09.2002), denominada Els Carrissars d'Elx, por Cristophe Simonne Robert Drieskens se ha construido una vivienda de obra, lo cual podría ser constitutivo de una violación del artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, establece que las zonas húmedas deberán ser preservadas de actividades susceptibles de provocar su recesión y degradación, a cuyo fin los terrenos incluidos en las mismas serán clasificados en todo caso como suelo no urbanizable de especial protección de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo No Urbanizable.
  
Visto que también la citada parcela se encuentra ubicada dentro de las áreas sujetas a plan especial, y más concretamente a la zona PE 3 del Decreto 60/2003, de 13 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba la ordenación de las zonas periféricas de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante, en cuyo artículo 25, punto 1, se establece que: «Se consideran actividades compatibles las siguientes: (...) 3. Se considerarán actividades autorizables las instalaciones directamente vinculadas a la actividad agrícola en las áreas que presenten este uso en el ámbito de Els Carrissars d'Elx (...)» y en su punto 5 se recoge que: «La totalidad de los sectores afectados por esta categoría de zonificación conservarán, una vez formalizado el plan especial, su actual clasificación de suelo no urbanizable», y en el sector 2 de la zonificación recogida en la Orden de 14 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se acuerda iniciar el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante, orden que en su artículo segundo determina que durante la tramitación del plan no podrán realizarse en todo su ámbito territorial actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que puedan llegar a hacer imposible la consecución de los objetivos del mencionado plan, no pudiéndose autorizarse por parte de las administraciones públicas, actos de transformación de la realidad física y biológica dentro del ámbito del plan sin que conste, con carácter previo, informe favorable de la Conselleria de Territorio y Vivienda (informe preceptivo y vinculante).
  
Visto que igualmente resulta de aplicación del Acuerdo de 21 de noviembre de 2003, del Consell de la Generalitat, por el que se determina la forma de aplicación de las medidas cautelares previstas en el ámbito territorial afectado por el proyecto del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante que en su punto tercero dispone que: «Se incluyen en esta categoría las zonas incluidas en el ámbito del presente documento donde se han producido asentamientos y concentración de viviendas ajenas a un proceso correcto de urbanización, con la consiguiente carencia de infraestructuras básicas (especialmente de saneamiento) y la evidente repercusión negativa sobre los parques (...)» y en su punto 5 se recoge que: «La totalidad de los sectores afectados por esta categoría de zonificación conservarán, una vez formalizado el plan especial, su actual clasificación de suelo no urbanizable».
  
Visto que la citada construcción no cuenta con el preceptivo informe favorable previo de la Conselleria de Territorio y Vivienda que determine que reúne los requisitos para su autorización de conformidad con los instrumentos de ordenación de espacios naturales vigentes y aplicables, y que además no consta que se trate de uno de los supuestos legalmente previstos para ello.
  
Visto que los referidos hechos pueden ser constitutivos de una infracción tipificada en el artículo 52 apartado 19 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, y calificada de menos grave en el artículo 54.2.c), y cuya sanción viene determinada en el artículo 58 de la citada Ley, el cual establece:
  
Las infracciones tipificadas en el artículo 52 de esta ley se sancionarán con las siguientes multas:
  
b) Infracciones menos graves: de 601,02 € a 6.010,12 €.
  
En el presente supuesto la sanción sería de 5.710 euros (Cinco mil setecientos diez euros), por la gravedad de los hechos imputados de conformidad con lo expuesto anteriormente.
  
Visto que, con independencia de la sanción que proceda el infractor ésta obligado a reparar el daño causado adoptando las medidas necesarias para restablecer el equilibrio medioambiental según el artículo 55 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, en el presente caso consistirá en la eliminación de la vivienda, y si no procediera a ello, la Conselleria de Territorio y Vivienda podrá optar por imponer multas coercitivas de hasta 3.005,06 euros, reiteradas por lapsos de tiempo suficientes para llevar a cabo lo ordenado, o proceder a la reparación de forma subsidiaria siendo exigibles las cantidades correspondientes por vía ejecutiva.
  
Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, siendo órgano competente para la resolución del presente expediente el director territorial de Territorio y Vivienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
  
A la vista de lo dispuesto en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
  
Se acuerda:
  
La incoación del correspondiente expediente sancionador a Cristophe Simonne Robert Drieskens, por presunta infracción del artículo 52 apartado 19 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, por la construcción de una vivienda de obra en una parcela catalogada como zona húmeda sin haber obtenido el informe previo favorable de la conselleria de Territorio y Vivienda para ello.
  
Asimismo, se acuerda nombrar instructora y secretaria del expediente sancionador, a Amparo Renau Almela y Susana Carrasco Marí respectivamente, a quienes se les notificará en forma este nombramiento, así como a los inculpados, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, para que en cualquier momento del procedimiento puedan ser objeto de recusación a tenor de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la citada Ley 30/1992.
  
En virtud de lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, se le concede un plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga prueba concretando los medios de que pretenda valerse, significándole que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, el presente acuerdo podrá ser considerado propuesta de resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993.
  
Actuaciones que pueden formularse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el artículo 10 de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano.
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 20.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el plazo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin haberse dictado y notificado éste se producirá la caducidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Y para que sirva de notificación al interesado mencionado anteriormente, se expide el presente edicto.